Agustí Alcoberro (Pals, Gerona, 1958) es doctor en Historia y profesor de la Universidad de Barcelona. Ha sido director del Museo de Historia de Cataluña entre los años 2008 y 2014. Se ha especializado en la investigación sobre la Cataluña moderna, y en especial sobre la Guerra de Sucesión de España y su posguerra. Ha colaborado y ha dirigido un gran número de proyectos sobre historia de Cataluña en los ámbitos de la edición, la enseñanza, la divulgación, la museografía y la televisión. También ha publicado novelas. Podéis seguirle en www.agustialcoberro.cat.

Desde la Prehistoria hasta el siglo XXI, este libro repasa los momentos clave para entender de dónde vienen y quiénes son los catalanes. ¿Cómo sería Cataluña sin la romanización? ¿Cómo sería Cataluña si Borrell II no hubiera roto el vasallaje con los reyes francos? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la Guerra de los Segadores quizás sin saber casi nada de ella? ¿Por qué la Cataluña contemporánea emprendió los rumbos de la industrialización, la utopía y la lucha por el autogobierno? En este libro encontrarás una selección de 100 momentos sin los cuales Cataluña sería de otra manera. Esta es, por lo tanto, una historia sin final o, más exactamente, con el final provisional que su ciudadanía decida darle.

• Colección Cien × 100 – 22 •

Historia de Cataluña
en 100
episodios clave

Agustí Alcoberro

Primera edición: octubre de 2016

© del texto: Agustí Alcoberro

© de la edición:

9 Grupo Editorial

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Producción del ebook: booqlab.com

ISBN digital: 978-84-16012-84-8

DL T 924-2016

Tenen los catalans altra inclinació natural, i és ser ferms, constants i tenaços i no mudables en ses coses, governant-se molt per llurs lleis i usos i privilegis. [...] D’aquí procedeix que guarden els Usatges, les Constitucions i els privilegis amb tota la valor que poden.

PERE GIL. Història catalana (1600)

El genio de los naturales es amante de la libertad, aficionadísimo a todo género de armas, prontos en la cólera, rijosos y vengativos, y que siempre se debe recelar de ellos aguarden coyuntura para sacudir el yugo de la justicia. [...] Son apasionados a su patria con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablan en su lengua nativa.

JOSÉ PATIÑO. Informe al Consejo de Castilla sobre el
Decreto de Nueva Planta de Cataluña (1715)

La Catalogne enfin peut se passer de l’univers entier, et ses voisins ne peuvent se passer d’elle. Loin que l’abondance et les délices aient amolli les habitants, ils ont toujours été guerriers, et les montagnards surtout on été féroces; mais, malgré leur valeur et leur amour extrême pour la liberté, ils ont été subjugués dans tous les temps.

VOLTAIRE. Le siècle de Louis XIV (1751)

A MODO DE PRÓLOGO

Como es sabido, la historia de los pueblos se construye sobre dos ritmos. Uno lento, casi estático, que marca la tradición y el poso, las estructuras de larga duración. El otro acelerado, pautado por los acontecimientos, que corre a un ritmo vertiginoso. El primero nos remite a las continuidades profundas. El segundo, a los cambios. Uno casi niega el paso del tiempo. El otro convierte el relato histórico en periodismo. La historia se construye en realidad sobre el diálogo entre ambos. Lo cierto es que, por ejemplo, hoy reproducimos cotidianamente acciones y gestos que tienen miles de años de vida —empezando por la dieta, que viene del Neolítico, o el habla, romana. Pero también lo es que cualquier persona de hoy ha vivido a lo largo de su vida gran cantidad de cambios tecnológicos y de otro tipo que le han exigido una modificación de sus hábitos diarios.

Sobre estas bases, elegir cien episodios de la historia de una nación es siempre un reto y un ejercicio doloroso. Los episodios no son exactamente acontecimientos, ni tampoco estructuras. Por definición, tienen una duración imprecisa. Los hay que vienen marcados por la huella individual de personas concretas. Otros responden a una voluntad o a una pulsión colectivas. Los hay que expresan nuevas realidades materiales, económicas o tecnológicas. Y otros se mueven a nivel de la dominación política o de las novedades culturales.

Esta selección de episodios pretende presentar una visión calidoscópica e incompleta de la historia de los catalanes y las catalanas en sus marcos más amplios —el Mediterráneo, Iberia, Europa y el mundo. Un relato que interrelaciona el ser humano y su medio natural, pero que refleja también las relaciones (de colaboración, de conflicto, de dominación) entre los seres humanos de un mismo colectivo, y entre este y los demás grupos próximos o lejanos.

En su modestia, esta elección implica valoraciones y jerarquías. A principios del siglo XXI, como en la época de los studia humanitatis, hace ya seis centurias, la historia es maestra de la vida porque nos enseña a pensar históricamente. Esta es la grandeza de la historia, lo que hace de ella una disciplina extraordinariamente útil y necesaria.

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ANTES DEL AMANECER

Los orígenes de los colectivos humanos siempre han generado curiosidad. En los pueblos clásicos, y también en los primeros siglos medievales, la búsqueda de los orígenes se hizo a través de la mitología. Algunos eruditos medievales afirmaron que el primer poblador de la península Ibérica había sido Túbal, hijo de Cam y nieto de Noé. La familia de este, única superviviente humana del Diluvio Universal, se había dispersado por el mundo, y Túbal había llegado a nuestras costas proveniente del levante mediterráneo. En el siglo XV el humanista italiano Annio de Viterbo falsificó algunas supuestas crónicas antiguas que confirmaban el inicio, con Túbal, del primer linaje real hispánico, y su vínculo, en el futuro, con el griego Hércules. La lista de supuestos reyes míticos inventada por Annio reaparece desde entonces en la mayor parte de historias de Cataluña hasta bien entrado el siglo XIX. Pero no todos los historiadores fueron tan crédulos. El archivero real Pere Miquel Carbonell denunció la falsedad de aquellos relatos en sus Cròniques d’Espanya publicadas en 1547. En opinión de este humanista catalán eran “errores y cuentos”, “sueños manifiestos” y “locuras”.

Hoy, por suerte, la arqueología nos permite adentrarnos de forma más segura (si bien siempre provisional) en aquellos tiempos remotos. Los restos líticos encontrados en varias comarcas permiten afirmar que el territorio de la actual Cataluña fue poblado de manera ininterrumpida por grupos humanos desde hace un millón de años. Los restos humanos más antiguos, sin embargo, son de hace unos 450.000 años. Se encuentran en la Cueva del Aragó, en Talteüll (Rosellón), y pertenecen al cráneo de un Homo erectus, o heidelbergensis. Aquellos colectivos humanos corresponden a las primeras etapas del Paleolítico, un larguísimo período histórico caracterizado por la economía depredadora, basada en la caza y la recolección, y el nomadismo. El grupo de Talteüll había ya aprendido a dominar el fuego y elaboraba herramientas de piedra muy sencillas. Posteriormente, detectamos la presencia de otros grupos, como los hombres de Neandertal, a los que corresponde la mandíbula de Bañolas, de unos 85.000 años de antigüedad. El Homo sapiens, nuestro antepasado directo, aparece unos 40.000 años atrás.

Hacia el 6000 aC, los grupos humanos empezaron a practicar la agricultura y la ganadería. Con este cambio económico y cultural se da inicio a la etapa conocida como Neolítico. Los cambios fueron sustanciales: los humanos redujeron su dependencia del medio y optaron por convertirse en seminómadas o sedentarios. También aparecieron la cerámica y las primeras construcciones sepulcrales megalíticas, a las que denominamos dólmenes. Hacia 1800 aC se extendió, además, la metalurgia del bronce, una aleación de cobre y estaño, utilizada en la elaboración de herramientas y armas.

Sin embargo, mil años antes de Cristo se detecta un cambio sustancial, por lo menos en las comarcas del oeste de la actual Cataluña. Aparecen los primeros poblados, con sus calles centrales y murallas. Los grupos humanos, hasta entonces basados en la familia y el linaje, resultaron mucho más numerosos y heterogéneos. Y en ellos se dibujan las primeras diferencias de jerarquía política. Aquellos “protoestados” evolucionarían muy pronto como consecuencia de las influencias culturales y humanas llegadas del norte y del Mediterráneo.

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FENICIOS, GRIEGOS, IBEROS…

Los grupos humanos que poblaban el actual territorio de Cataluña recibieron durante el primer milenio antes de Cristo un triple influjo. Primeramente, los pueblos indoeuropeos introdujeron la metalurgia del hierro a través de los valles pirenaicos, que han sido tradicionalmente una vía de contacto, y no un obstáculo físico, entre la Península y el resto del continente.

Poco después, hacia el siglo VII aC, los fenicios, originarios del actual Líbano, accedieron al litoral catalán desde sus colonias del sur de Iberia y, sobre todo, desde la gran base de Ibiza. También ellos llevaban el conocimiento de la metalurgia del hierro, que extendieron entre los pueblos litorales. Las ánforas fenicias, con aceite, vino y salazón, conquistaron especialmente las áreas del Ampurdán y del río Ebro, que sus naves remontaron para expandirse hacia el interior peninsular.

Sin embargo, posteriormente otro grupo del Mediterráneo oriental accedió también a nuestras costas: eran los griegos originarios de Focea, en Asia Menor, que poco antes habían abierto la colonia de Masalia, la actual Marsella. Los foceos establecieron una primitiva ciudad (la Palaia Polis, o Ciudad Vieja) en la península de San Martín de Ampurias hacia el 580 aC. Pocas décadas después añadieron la Nea Polis, o Ciudad Nueva, en el litoral. El conjunto tomó el nombre de Emporion, o Mercado, de donde deriva Ampurias, y también el topónimo Ampurdán, que da nombre a la comarca. El hecho de que la ciudad fuese abandonada en la Edad Media ha permitido una excavación integral, que inició en 1909 la Diputación de Barcelona en el marco cultural y político del novecentismo. Este elemento singulariza la ciudad griega de Emporion en el conjunto de ciudades de la Hélade. En los siguientes siglos la prosperidad de Ampurias, basada en el comercio naval con los pueblos autóctonos desde el sur del Ebro hasta la Provenza, la convirtió en una ciudad independiente, que incluso acuñó moneda propia. Hacia el siglo V aC también se formó la colonia griega de Rhode.

Los grupos autóctonos recibieron y procesaron este cúmulo de influencias. De aquí surgió la sociedad y la cultura ibera, entendida como un conjunto cultural que se extendía por la Iberia Mediterránea, desde Andalucía hasta más allá de la desembocadura del Ródano. En cuanto al actual territorio de Cataluña, las crónicas romanas mencionan varios pueblos organizados de forma independiente en espacios coherentes, muchos de los cuales hoy constituyen comarcas. En el litoral, de norte a sur, se extendían sordones, indigetes, layetanos, cosetanos e ilercavones. Ausetanos, bergistanos y lacetanos ocupaban las comarcas centrales, mientras que los ilergetes se extendían por las comarcas de Poniente, y airenosinos, andosinos y ceretanos poblaban los valles del Pirineo.

La sociedad ibera vivió importantes cambios desde el siglo VI aC. Dentro de las comunidades se empezó a diferenciar claramente a una clase de dirigentes y guerreros. También fueron creados asentamientos amplios y muy fortificados, que actuaban como capitales de los grupos respectivos. Hoy se encuentra particularmente bien conservada la ciudad del monte de Sant Andreu, de Ullastret, que correspondía a los indigetes. Ya en el siglo V aC, las comunidades introdujeron el uso de herramientas de hierro en la agricultura, lo que permitió aumentar su productividad, e incrementaron la demanda de importaciones mediterráneas. La sociedad ibera desarrolló también una escritura de base silábica, que hoy podemos transcribir fonéticamente pero no comprender.

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… CARTAGINESES Y ROMANOS

La Segunda Guerra Púnica (219-201 aC) enfrentó de nuevo a las dos grandes potencias que rivalizaban por el dominio del Mediterráneo occidental: por una parte, Roma, en la región del Lacio, en la península Itálica; por otra parte, la ciudad fenicia de Cartago, en el actual Túnez. Los cartaginenses se habían expandido por la península Ibérica, donde habían creado Cartago Nova (la actual Cartagena). Sin embargo, en 225 aC habían firmado con Roma el Tratado del Ebro, por el que el río de los iberos delimitaba las áreas de influencia de una y otra potencia.

En 218 aC Aníbal Barca inició un movimiento estratégico del todo inesperado. Al frente de un ejército formado por 59.000 hombres, cartagineses y autóctonos, atravesó los Pirineos (probablemente, siguiendo el eje del río Segre), la Provenza y finalmente los Alpes, para plantarse en la península Itálica. El ejército de Aníbal disponía de numerosos elefantes, un animal hasta entonces desconocido en Europa. Una vez en Italia, Aníbal venció a los romanos en varias batallas y llegó a las puertas de Roma. Pero entonces, sorprendentemente, optó por desplazarse hacia la Campania, al sur de la península transalpina. Esto dio alas a Roma, y a la larga supuso la derrota del caudillo cartaginés.

La República romana optó entonces por enviar un importante contingente militar a Hispania, con el objetivo de cortar el contacto del ejército cartaginés con su retaguardia. Así, Cneo Cornelio Escipión desembarcó con dos legiones en la ciudad griega de Emporion, aliada de los romanos. Escipión trabó alianzas con los pueblos iberos litorales y estableció una nueva base en Tarraco, que estaba destinada a convertirse en la capital de la Hispania romana. Por el contrario, los romanos se encontraron con la oposición de los ilergetes, a los que vencieron. Una vez conquistado el territorio de la actual Cataluña, la guerra entre Roma y Cartago se extendió hacia otros espacios peninsulares. Publio Cornelio Escipión conquistó Cartago Nova (209 aC) y Gadir (Cádiz, 206 aC). Entre tanto, los romanos reprimieron una sublevación de los ilergetes (207 aC); su rey, Indíbil, murió en combate y su hermano, Mandonio, fue ejecutado.

Los romanos habían llegado a Hispania por un motivo coyuntural. Sin embargo, una vez terminada la Segunda Guerra Púnica, se hizo evidente que no pensaban abandonarla. Ya en 197 aC dividieron los territorios conquistados en dos provincias: la Hispania citerior, o próxima, con capital en Tarraco, y la Hispania ulterior. Dos años después, las tribus indígenas protagonizaron una sublevación generalizada contra los tributos impuestos por los nuevos conquistadores. Los romanos aplastaron el alzamiento con contundencia. Desde entonces, se impuso la Pax Romana en la provincia citerior. Tarraco, sin embargo, capital y base naval de los romanos, vio pasar el tráfico continuado de legiones que se adentraban en las tierras aún no conquistadas del oeste y el norte peninsulares.

Durante prácticamente 700 años, nuestro territorio vivió en la órbita de Roma. Inicialmente, el trato que los romanos dispensaron a los autóctonos fue diverso: los pueblos aliados mantuvieron sus derechos, mientras que los conquistados fueron obligados a pagar fuertes tributos. Sin embargo, a la larga las fronteras entre unos y otros fueron borrándose, así como con las colonias fundadas por exlegionarios romanos. En 212 dC el emperador Caracala concedió la ciudadanía romana a todos los individuos libres del Imperio.

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UNA INTENSA ROMANIZACIÓN

Siete siglos de Pax Romana marcaron profundamente al territorio y a sus habitantes. Denominamos a este proceso romanización. Sus consecuencias son plenamente visibles todavía hoy. Los catalanes somos, esencialmente, primigeniamente, romanos.

La romanización implicó de hecho dos fenómenos. Por un lado, los pueblos autóctonos, de cultura ibera, vivieron una progresiva pero imparable tendencia a integrarse en los modelos culturales romanos. Por otro lado, el asentamiento en el territorio de legionarios romanos jubilados, que obtenían tierras en propiedad, también contribuyó a hacer realidad este salto cultural. A la larga, la fusión entre unos y otros generó una nueva realidad social.

El dominio romano permitió mejorar la producción agraria y sus expectativas comerciales. Hasta la crisis del siglo III dC, Roma era un imperio y una unidad de mercado. La Hispania citerior se especializó en la trilogía mediterránea, basada en el trigo, la vid y el olivo. Junto con los modelos tradicionales iberos, se extendieron las villas romanas, al mismo tiempo residencias y unidades de producción dispersas. Los propietarios solían ser veteranos de guerra, y la mano de obra utilizada era de carácter esclavo.

Las comunicaciones navales de las colonias con Roma a través del Mare Nostrum (Nuestro Mar) fueron reforzadas también con la construcción de calzadas. La Vía Augusta, que comunicaba Roma y Cádiz, atravesaba nuestro territorio siguiendo aproximadamente la misma ruta de la actual autopista del Mediterráneo. Roma creó también una potente red de ciudades entre las que destacaban Barcino y, sobre todo, Tarraco, la capital provincial. La ciudad logró la cifra de 30.000 habitantes y disponía de importantes edificios públicos, además de un anfiteatro, un teatro y un circo.

La romanización supuso importantes cambios culturales. Los romanos difundieron su derecho, que es, de hecho, también el nuestro. Si bien en la alta Edad Media los pueblos germánicos dejaron huella en este ámbito, a partir del siglo XIII se produjo un retorno a la tradición romana que marcó claramente las instituciones jurídico-políticas recién nacidas.

Y los romanos, sobre todo, aportaron su lengua, el latín, que se encuentra en la raíz de las lenguas románicas. Las tierras de habla catalana, como áreas precozmente y profundamente romanizadas, emplean una lengua que proviene del latín vulgar, es decir, del latín que hablaban las clases populares. Esto vincula las raíces del catalán con las lenguas gálicas, y no con las hispánicas, surgidas del latín culto que hablaban los funcionarios foráneos.

El Imperio romano fue, finalmente, el ámbito de expansión de la religión cristiana, otro de los rasgos que nos distingue desde el punto de vista cultural. A pesar de las persecuciones, el cristianismo se difundió por las ciudades de Hispania, muy probablemente a través de las provincias africanas del Imperio. En el siglo III ya había núcleos cristianos en Tarraco y en otras ciudades. En el año 259 fueron quemados en el anfiteatro de la capital provincial el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, que establecía la libertad religiosa y autorizaba el culto cristiano. En 380, el emperador Teodosio declaró el cristianismo religión oficial del Imperio. En los años siguientes, la disolución del Estado romano confirió a la Iglesia un enorme protagonismo político y social.

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GOTOLANIA: TIERRA DE GODOS Y ALANOS

La crisis imparable del Imperio romano y la debilidad de sus legiones obligaron a modificar su estrategia de defensa. Roma intentó diferenciar entre bárbaros (es decir, extranjeros) malos y bárbaros buenos. Para frenar a los primeros, estableció pactos y alianzas con los segundos. Estos se convirtieron en federados (aliados), y contaron con el apoyo y la inyección económica de las autoridades imperiales. Pero la realidad fue siempre más compleja: pueblos federados resultaron ser de repente enemigos feroces, y pueblos estigmatizados como enemigos establecieron nuevas alianzas con Roma.

Las ciudades hispanorromanas de la actual Cataluña ya sufrieron los saqueos de dos pueblos bárbaros, francos y alanos, en el siglo III. En el año 409, los alanos, junto con los vándalos y los suevos, cruzaron los Pirineos e invadieron la península Ibérica. Dos años después, entraban, persiguiéndolos, los visigodos, o godos del oeste (en contraposición a los ostrogodos, o godos del este).

Los visigodos llegaban como federados, una condición que habían logrado ya en el año 376, pero su pasado reciente no era precisamente de amistad con Roma. Los visigodos se encontraban entonces ya parcialmente romanizados. Practicaban el arrianismo, una variante del cristianismo que había sido explícitamente condenada como herejía en el concilio de Nicea (325). Formaban una monarquía electiva, puesto que el rey era elegido de forma vitalicia por el cuerpo de la nobleza.

Liderados por su rey, Alarico, los visigodos habían saqueado la capital del Imperio en 410. Y Alarico no había dudado en secuestrar a la princesa Gala Placidia, hija del emperador Teodosio y hermanastra del emperador Honorio. A pesar de que inicialmente el propósito de los visigodos era trasladarse al norte de África, finalmente se vieron obligados a desplazarse al sur de la Galia, y, desde allí, penetrar en tierras de Hispania. Aquí el rey Ataúlfo, sucesor de Alarico, situó su capital en Barcino, una ciudad bien amurallada, en el año 415.

Ataúlfo se había casado con Gala Placidia, en Narbona, el año anterior. Este matrimonio ha sido considerado como un intento de fusionar las clases dirigentes romanas y la nobleza visigoda. En Barcelona, Gala Placidia engendró un hijo, a quien llamaron Teodosio, en homenaje a su abuelo. Sin embargo, el niño murió poco después. Desde Barcelona, los visigodos consiguieron arrinconar a los suevos, que acabarían ubicados en Galicia, en el otro extremo de Hispania. Y también frenaron las bagaudas, los movimientos de esclavos, campesinos pobres y soldados desertores que se oponían a los grandes propietarios latifundistas en aquella última etapa del Imperio romano. En cualquier caso, Ataúlfo no sobrevivió a una conspiración en la que participaron algunos de sus nobles más cercanos. Fue asesinado en el Palacio Real de Barcelona el 14 de agosto de 415.

Barcelona volvió a ser la capital de la monarquía visigoda a principios del siglo VI, cuando fueron derrotados por los francos en la Galia. Sin embargo, con el paso del tiempo se establecieron en Toledo y dominaron la mayor parte de Hispania. Nunca superaron las cien mil personas, y vivieron un imparable proceso de integración cultural: en el año 589 abrazaron el cristianismo, mayoritario entre la población hispanorromana, y en el año 643 publicaron las lex iudicorum, su primer código jurídico.

En el siglo XV, los humanistas catalanes vindicaron aquella corte de Barcelona como precedente de sus condes y reyes de Aragón. A ellos les debemos una de las primeras etimologías de Cataluña: esta palabra proviene tal vez de Gotolania, la tierra de godos y alanos.

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DENTRO DE AL-ÁNDALUS

Los árabes son un pueblo autóctono de la península Arábiga que, a partir de la muerte del profeta Mahoma (632), inició una rapidísima expansión militar. Mahoma había predicado una nueva religión, el islam, con fuertes influencias hebreas y cristianas, que había contribuido a cohesionar a su pueblo y a lanzarlo a la conquista de otros territorios. A finales del siglo VII, sus dominios se extendían desde el Oriente Próximo hasta las tierras de Berbería, o Magreb. En esta región, los árabes dominaron a la población autóctona, bereberes, o amazighs, que se convirtieron al islam.

La expansión prosiguió en los siguientes años. En Occidente, un importante grupo de árabes y bereberes entró en Andalucía en 711, y se extendieron acto seguido por la península Ibérica. En el año 720 habían llegado a Narbona, en la Septimania, en tierras de la Galia. Pero doce años después, en 732, fueron detenidos por los francos en Poitiers. El rápido dominio de la península Ibérica, a la que denominaron al-Ándalus, es una prueba de la crisis en la que se encontraba entonces la monarquía visigoda.

Inicialmente, al-Ándalus pasó a formar parte del califato omeya, con capital en Damasco, que se extendía hasta la India. El dominio de los abasíes trasladó la capital a Bagdad. Sin embargo, entonces, un omeya, Abd al-Rahman, se desplazó a al-Ándalus y creó el emirato de Córdoba (756), que era políticamente independiente. Casi dos siglos después, un descendiente suyo, Abd al-Rahman III, fue proclamado califa, esto es, descendiente del profeta y primera autoridad religiosa del islam. El califato de Córdoba se prolongó del año 929 a 1031. Desde esta fecha, en al-Ándalus se alternaron los momentos de fragmentación política, con la creación de reinos de taifas independientes, y los de unificación, bajo el dominio de nuevos pueblos llegados de África: los almorávides (1099) y los almohades (1147). Como veremos, el dominio político islámico en la península Ibérica se cierra en 1492, con la caída del reino nazarí de Granada.

La influencia araboislámica en tierras de la actual Cataluña fue desigual. En la Cataluña Vieja, es decir, la que está situada al norte del eje Macizo del Garraf – Llobregat – Cardener – Montsec – Valle del Cinca, fue muy escasa. La presencia árabe no llegó a un siglo, y a menudo se limitó a algunas guarniciones. Por el contrario, en la Cataluña Nueva, por debajo de esta línea geográfica, el dominio árabe se prolongó durante tres siglos y medio, y generó numerosas influencias económicas y culturales. En esta área, aunque subsistieron algunos núcleos hebreos y cristianos (denominados mozárabes), la inmensa mayoría de la población adoptó el islam. Otro tanto en referencia a la lengua árabe y a las costumbres y los vestidos. Hay que tener en cuenta que la comunidad araboislámica había logrado un nivel económico, tecnológico y cultural muy superior al de la Europa cristiana. Por otra parte, la superioridad militar de al-Ándalus sobre los reinos cristianos del norte peninsular fue abrumadora hasta las puertas del año mil —momento en el que empezaron a cambiar las cosas.

En cualquier caso, el influjo económico y cultural islámico no se acabó con la conquista cristiana. En la Cataluña Nueva, como veremos, una gran parte de la población autóctona pudo permanecer en el territorio y mantener su religión después de la conquista cristiana. Otro tanto sucedió en el Reino de Valencia. Fueron denominados mudéjares, y a partir del siglo XVI, formalmente cristianizados, moriscos. Su expulsión se produjo en los años 1609-1610.

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FRONTERA DEL IMPERIO FRANCO

La monarquía franca, que había detenido la expansión islámica en Poitiers (732), dedicó las siguientes décadas al control del extremo sudoriental de la antigua Galia. En el año 759 dominó Narbona y muy pronto controló toda la Septimania. En el corazón de Europa, el reinado de Carlomagno (768-814) señala el inicio de la recuperación política y militar del mundo cristiano, así como la de su Renacimiento cultural. Carlos el Grande (en latín, Carolus Magnus, de donde deriva la fórmula popular Carlomagno) fue proclamado emperador por el papa León III, en Roma, el día de Navidad del año 800. Se iniciaba así el Imperio de Occidente, o Sacro Imperio Romanogermánico.

Entonces, Carlomagno ya había fracasado en su proyecto de establecer una firme base al sur de los Pirineos, conquistando Zaragoza. La expedición franca del año 778 se había cerrado con una sonada derrota en Roncesvalles (Navarra) —que, no obstante, dio lugar a uno de los primeros cantares de gesta compuestos en lengua vulgar, la Chanson de Roland.

Aun así, el interés de los monarcas francos por crear una frontera, o marca, segura dentro de la península Ibérica se mantuvo. La marca tendría que operar como barrera ante el emirato de Córdoba, el poderoso enemigo del sur. Sin embargo, la iniciativa correspondió entonces a los hispanogodos de las comarcas del norte de Cataluña. Ya hemos avanzado que, en las regiones más próximas a los Pirineos, el dominio árabe siempre fue poco concreto, y a menudo se limitó a algunas guarniciones de frontera y a las expediciones anuales para el cobro de tributos. En resumidas cuentas, esto favoreció que en el año 785 los vecinos de Gerona, una plaza estratégica y bien defendida, entregasen la ciudad a las tropas francas. Otro tanto hicieron, cuatro años más tarde, los habitantes de la Cerdaña, el Alto Urgel, el Pallars y la Ribargorza.

En 801 las tropas francas pusieron sitio a Barcelona, donde pudieron penetrar el 3 de abril. Barcelona contaba con un recinto amurallado muy bien fortificado, que había sido totalmente reconstruido en el siglo IV, en la última etapa del Imperio romano, y que entonces resultaba poco menos que inexpugnable.

Con la conquista de Barcelona se delimitó un territorio al que las crónicas europeas de la época denominan Marca Hispánica, o frontera de Hispania. Con el tiempo también se conocería con el nombre de Cataluña Vieja, en contraste con el resto de la actual Cataluña, donde el dominio islámico se prolongaría todavía por espacio de dos siglos y medio.

Los monarcas francos dividieron el territorio en unidades administrativas, llamadas condados. A su frente pusieron a funcionarios llegados de fuera, aunque también en algunas ocasiones fueron nombrados nobles locales. Eran los condados de Rosellón, Ampurias, Peralada, Gerona, Osona, Barcelona, Cerdaña, Urgel, Pallars y Ribagorza.

No obstante, a lo largo del siglo IX la auténtica epopeya no la protagonizaron los nobles, sino los campesinos. Miles de familias campesinas fueron abandonando las comarcas pirenaicas, ya superpobladas, y conquistaron las llanuras. La repoblación se hizo en base al contrato de presura: los condes, propietarios de la tierra, la cedían a las familias campesinas que la hubiesen puesto en cultivo y trabajado durante treinta años. Este fue el origen de la propiedad campesina, y también el fundamento del poblamiento de la Cataluña central.

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DE WIFREDO A BORRELL II: LA MARCHA HACIA LA INDEPENDENCIA

A lo largo de los siglos IX y X la situación en la Marca Hispánica no fue nada fácil. Las tierras de la Cataluña Vieja se encontraban en la periferia meridional del Imperio franco, y en frontera directa con el emirato de Córdoba (que, como hemos visto, se convirtió en califato en el año 929). Los intereses de los habitantes del país, de origen hispanogodo, no siempre coincidieron con los que se definían muy lejos, en la corte franca. Por otra parte, las etapas de crisis en el imperio supusieron también una relajación de los vínculos con el poder central, y dieron más margen de maniobra a los notables locales.

Los apenas cien años que separan los condados de Wifredo y de Borrell II señalan el proceso de ruptura de los condes de Barcelona con los monarcas francos. Este proceso ha sido definido como la marcha hacia la independencia, ya que supuso la soberanía de hecho de los condes.

A partir del año 870, Wifredo el Velloso fue nombrado conde de Urgel, de Cerdaña y de Conflent (de donde era originario). Ocho años después fue proclamado también conde de Barcelona y Gerona, uniendo bajo su persona la mayor parte de tierras y vasallos del país. Wifredo impulsó decididamente la repoblación de la Cataluña central. Sin embargo, a su muerte, en el año 897, ocurrió un hecho sin precedentes. El imperio franco vivía una situación de crisis interna, y los hijos de Wifredo se autoproclamaron sucesores sin esperar a la confirmación de la corte. Wifredo II se hizo cargo de los condados de Barcelona, Gerona y Osona, mientras que sus hermanos Miró y Sunifredo se proclamaban condes, respectivamente, de Cerdaña y de Urgel. Esto fue lo que dio origen a la casa de Barcelona.

Otro tanto hicieron acto seguido, a su muerte, los herederos de Suniario II de Ampurias-Rosellón (915) y de Ramón I de Pallars-Ribagorza (920). De esta forma, a lo largo del siglo X, se consolidaron en Cataluña cinco casas condales hereditarias: la de Barcelona, que fue reconocida como primum inter pares, o primera entre iguales, y las de Pallars-Ribagorza, Urgel, Cerdaña-Besalú y Ampurias-Rosellón.

A finales de siglo, el conde Borrell II (944-992), ante la debilidad creciente de la monarquía franca, estableció una diplomacia directa con el cada vez más poderoso califato de Córdoba. Desde el año 976, el visir Almanzor inició una durísima política de razias contra los reinos cristianos del norte de la Península. En 985 le tocó el turno a Cataluña. Barcelona fue saqueada e incendiada y una gran parte del país fue destruida. En aquel contexto, Borrell II solicitó la ayuda del monarca franco, que no llegó nunca. Desde la perspectiva del conde, esto rompía el pacto vasallático, por el que el conde había jurado fidelidad al monarca a cambio de que este le garantizara protección. Por esto ni Borrell II ni sus sucesores no le renovaron el juramento de fidelidad. Otro hecho legitimó entonces la ruptura: a la muerte de Lotario, en 986, fue proclamado el primer rey de la dinastía de los Capetos Hugo I, a quien Borrell no reconoció.

Desde entonces, pues, los condes de Barcelona, como primera autoridad de Cataluña, actuaron como señores soberanos. Pero la independencia de derecho no fue reconocida por los reyes franceses hasta el tratado de Corbeil (1258). En este intervalo, a principios del siglo XII, aquel núcleo humano que acababa de nacer empezó a ser conocido con el nombre de Cataluña —y sus habitantes, con el de catalanes y catalanas.

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LA VIOLENCIA FEUDAL

A finales del siglo X y durante el siglo XI, la nobleza consiguió privatizar el poder público y puso fin a la propiedad y la libertad campesinas. Esto se produjo en un momento de debilidad de las administraciones condales, y tuvo en la nueva clase de los caballeros el principal instigador y motor. Este proceso fue generalizado en la Europa Occidental y llevó a la aparición del feudalismo.

La popularización del estribo, un invento nacido en China hacia el siglo VII, revolucionó la relación entre jinete y caballo y, por extensión, las técnicas de la guerra. Los estribos dieron estabilidad al jinete, quien, dotado de monturas, armadura, escudo, lanza y espada, resultó ser un arma de guerra casi invencible. Alrededor del año 1000, los enfrentamientos bélicos se habían convertido ya en guerras privadas entre nobles, que contaban con huestes de caballeros sobre las que ejercían una relación clientelar. Y los caballeros constituían una clase militar consolidada, que ejercía la violencia entre ellos, pero también sobre las comunidades campesinas.

En Cataluña, los nobles que ejercían la autoridad pública en el territorio por encargo de los condes se proclamaron señores de las tierras y vasallos que custodiaban. En algunos casos, además, optaron por la sublevación. Este fue, entre otros, el caso del noble de la marca del Penedés Mir Geribert, que se proclamó príncipe de Olérdola, y finalmente fue vencido por el conde de Barcelona (1040-1059). Pero la mayoría no esperó a la aquiescencia de aquellos que formalmente eran sus superiores. Lo mismo ocurrió en la relación entre nobles y gobernadores de castillos, o castellanos: también aquí los responsables directos en el territorio se arrogaron su plena soberanía.

La nueva realidad social y política, caracterizada por la fragmentación del poder, tuvo que institucionalizarse mediante el establecimiento de vínculos de vasallaje. En una ceremonia llamada de homenaje, el conde cedía la titularidad del señorío al noble, y este le juraba fidelidad y se obligaba a prestarle ayuda militar. Otro tanto ocurrió entre nobles y poseedores de castillos, ensanchando así la pirámide feudal. Muchos de estos actos fueron recogidos, por escrito, en el Liber Feudorum Maior y en otras compilaciones de derechos y deberes feudales. En la práctica, esto supuso la privatización del poder público. El noble pasó a ser titular del señorío y, como tal, responsable de la administración de justicia en su territorio de forma plena, permanente y hereditaria.

La violencia feudal también destruyó la propiedad campesina. Muchos labradores se vieron obligados a reconocer al noble como propietario eminente de sus tierras. Y por esto se comprometieron a pagarle censos, tascas (partes proporcionales de la cosecha) e impuestos en trabajo. Estas fueron las bases del feudalismo.

Frente a la violencia de los caballeros, la Iglesia ejerció su poder simbólico. Las asambleas de Paz y Tregua, presididas por obispos, definieron unos mínimos espacios de seguridad, como por ejemplo: la protección de la clerecía, la inmunidad de los edificios eclesiásticos y de su entorno (sagreras), el derecho de asilo en iglesias y monasterios o la prohibición de la comisión de actos violentos en determinadas fiestas señaladas o en algunos días de la semana. Quienes no cumplían estos acuerdos eran castigados con la excomunión.

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EL SUEÑO OCCITANO

Los condes de Barcelona miraron siempre hacia el norte. Ya en el siglo XI, entre los años 1067 y 1070, Ramón Berenguer I compró los derechos señoriales sobre Carcasona y Rasés. Unos años más tarde, en 1112, Ramón Berenguer III se casaba con Dulce de Provenza y extendía los dominios de la casa de Barcelona sobre la Provenza, Millau, Gévaudan y otros territorios. En la misma línea, Pedro I el Católico esposó con María de Montpellier (1204).

Occitania era entonces un espacio profundamente romanizado, con unos índices económicos y culturales muy elevados. La lengua occitana, o provenzal, había sido la primera lengua vulgar que había generado una poesía culta, admirada por toda Europa. Los trovadores habían difundido nuevos modelos culturales, como el amor cortés, y tenían seguidores (e imitadores) en todas las cortes. Occitania era, además, una tierra de señores, pero sin un rey. Los condes de Barcelona, que pronto serían también reyes de Aragón, no eran los únicos que movían ficha. Estaban también los condes de Tolosa, en franca rivalidad con estos. Y, al oeste y al norte, dos poderosos reyes: el de Inglaterra, parapetado en la costa atlántica, y el de Francia, que esperaba su oportunidad.

Las tierras de Occitania vieron el despliegue de una nueva corriente religiosa, el catarismo, que muy pronto fue condenada como herejía por la Iglesia romana. Los cátaros eran conocidos también con el nombre de albigenses desde que se dieron a conocer en un concilio realizado cerca de Albi en 1165. Ellos se denominaban buenos hombres o, simplemente, cristianos. Los cátaros sostenían que el universo era el resultado del enfrentamiento esencial entre el bien y el mal, en el que ubicaban a la Iglesia oficial. Predicaban la pobreza, negaban la existencia de los sacramentos y creían en la reencarnación.

El 11 de marzo de 1208 el papa Inocencio III predicó la cruzada contra los cátaros. Era la primera cruzada que no se dirigía a Tierra Santa y no se enfrentaba a los infieles, sino a los herejes. La llamada papal congregó a unos cinco mil jinetes y unos diez o quince mil infantes provenientes del norte. Al frente se puso el legado pontificio Arnaldo Amalric, monje cisterciense. Las prácticas del ejército de la cruz fueron de una enorme brutalidad. Amalric ordenó en Béziers el asesinato de más de veinte mil personas (la práctica totalidad de la población que allí se había refugiado) alegando que Dios ya distinguiría entre los buenos y los herejes.

El conde de Barcelona y rey de Aragón, Pedro I el Católico, optó por defender a sus vasallos. En 1204 había obtenido del papa este título, al renovar el vasallaje de sus reinos a Roma. En 1212, junto con los reyes de Castilla y de Navarra, apenas acababa de ganar a los almorávides la batalla de Las Navas de Tolosa, que supuso la consolidación de la hegemonía de los reinos cristianos en la Península. No obstante, un año después, el 12 de septiembre de 1213, se enfrentó en Muret, junto con otros nobles occitanos, a las tropas cruzadas comandadas por Simón de Montfort. La batalla resultó ser una verdadera derrota para los catalanes y occitanos, y Pedro I perdió allí su vida.

La cruzada se prolongó hasta 1255 y supuso la aniquilación de los albigenses y el dominio del rey de Francia sobre Occitania. Muchos occitanos se refugiaron en Cataluña, que fue también el cobijo de la poesía trovadoresca. Sin embargo, la Corona de Aragón permaneció en manos de un niño de cinco años, prisionero del verdugo de su padre: el príncipe Jaime. Su supervivencia como entidad política estuvo en entredicho durante décadas.

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LA CONQUISTA DE LA CATALUÑA NUEVA, LA UNIÓN CON ARAGÓN

El fin del califato de Córdoba, a principios del siglo XI, dio paso a la formación de los reinos de taifas. La nueva situación, aparentemente muy favorable a los condados catalanes, no tuvo consecuencias territoriales durante más de un siglo. El motivo fue la imposición de duras contribuciones a los nuevos estados islámicos, conocidas como parias Hispaniae. Las parias permitieron la supervivencia de las taifas de Lérida y Tortosa, pagadoras regulares, y de otras taifas más alejadas, que en algunos momentos también se vieron obligadas a tributar. Dentro de la Cataluña Vieja, consolidaron el poder de los condes de Barcelona y de Urgel, que eran sus máximos receptores. La dominación almorávide de al-Ándalus (1099), que unificó de nuevo las tierras bajo dominio islámico, paradójicamente dio alas a la conquista cristiana.

Así, en 1105 Balaguer fue anexada por el condado de Urgel, del que fue capital. Poco después, en 1119, Tarragona era conquistada por Ramón Berenguer III. El conde se propuso restituir a la ciudad su primacía eclesiástica; por este motivo, la ciudad resultó ser un señorío compartido entre el conde y el arzobispo.

Sin embargo, correspondió a Ramón Berenguer IV la conquista de las comarcas meridionales de Cataluña —y, de hecho, la fijación de sus límites en el río Senia. Previamente, el conde unió bajo su gobierno Cataluña y Aragón. Este pequeño reino pirenaico se había independizado de Navarra en el siglo XI. La muerte sin descendencia de Alfonso el Batallador (1134) lo había situado en una posición crítica. El testamento del monarca dejaba el reino a las órdenes militares del Hospital, del Templo y del Santo Sepulcro, que, junto con Roma, exigían que se cumpliera. Por otra parte, los reinos de Navarra y de Castilla proyectaban su anexión. En aquel contexto, la nobleza aragonesa consiguió que el hermano de Alfonso, Ramiro, monje y obispo de Roda, aceptara la corona y contrajera matrimonio con Inés de Poitou. No obstante, Ramiro abandonó el cargo al nacer su hija Petronila (1136), a quien comprometió con el conde de Barcelona a pesar de la evidente diferencia de edades. Desde entonces, Ramón Berenguer IV reinó en Aragón con el título de príncipe. Nacía, así, la Corona de Aragón, unión dinástica de dos estados (el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña) que mantuvieron sus leyes, cortes y sistemas de gobierno hasta principios del siglo XVIII.

La unión dinástica tuvo un primer proyecto común en la ampliación de los territorios más allá del Ebro. La fuerza combinada de los nobles catalanes y aragoneses y la presencia de caballeros de órdenes militares resultaron determinantes. Tortosa fue conquistada en 1148; Lérida, Fraga y Mequinenza lo fueron al año siguiente. Los últimos reductos islámicos, Siurana y Miravet, caían en 1153.

La Cataluña Nueva que nacía entonces lo hacía con unas características sociales diferenciadas. La población aborigen, islámica, obtuvo capitulaciones que le permitían continuar residiendo en el territorio: desde entonces fueron conocidos como mudéjares. La población cristiana proveniente del norte lo hizo a cambio de importantes promesas, tales como la libertad personal o la ausencia de cargas feudales. El poblamiento se concentró en núcleos compactos. Las órdenes militares obtuvieron tierras y rentas, mientras la orden del Cister construía los imponentes monasterios reales de Poblet, Santes Creus y Vallbona, que hospedarían tumbas de reyes y reinas.

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EL REINADO DE JAIME I, EL CONQUISTADOR

El largo reinado de Jaime I se encuentra repleto de detalles novelescos, algunos de los cuales él mismo relató con humor e inteligencia en su magna autobiografía, el Llibre dels feits. Nacido de un engendramiento poco menos que milagroso, que tuvo que resolver la negativa de su padre, Pedro I, a compartir cama con su madre, María de Montpellier, el bebé sufrió un atentado a los pocos meses de vida. Y con cinco años quedó huérfano de madre y de padre, prisionero del verdugo de este, Simón de Montfort, y con un país prácticamente deshecho. No obstante, su legado militar y político resulta imponente, y no solo por la larga duración de su reinado. En el terreno sentimental, Jaime I tuvo tres esposas, un número indeterminado, pero nutrido, de amantes, y, además, catorce hijos —cinco de ellos ilegítimos.

En 1228, cuando solo tenía quince años, la Corte de Barcelona aprobó el proyecto de conquistar la isla de Mallorca. La escuadra catalana, de más de 150 naves, partió de Salou y de otros puertos meridionales de Cataluña el 5 de septiembre de 1229. El rey adolescente guardó para siempre un nítido recuerdo de ello: “todo el mar parecía blanco de velas, así de grande era la escuadra”, escribió más adelante en su crónica personal. Palma cayó el 31 de diciembre. No obstante, la resistencia se prolongó hasta 1232. La empresa mallorquina fue realizada exclusivamente por catalanes, pues el Reino de Aragón no quiso participar. La población autóctona fue esclavizada y vendida. La isla fue repoblada por catalanes, sobre todo ampurdaneses y roselloneses. Los recién llegados obtuvieron cartas de población y tierras en régimen de enfiteusis. Otro tanto sucedió en Ibiza y Formentera, conquistadas en 1235. Los musulmanes de Menorca tuvieron que aceptar ser vasallos y tributarios del rey.

La conquista del Reino de Valencia fue muy distinta. Algunas áreas del norte habían sido conquistadas ya por nobles aragoneses de frontera, lo que puso de manifiesto la debilidad de las taifas. Por este motivo, Jaime I se puso al frente de la empresa en 1232, e invitó a sus vasallos catalanes y aragoneses a participar de forma conjunta. En 1238 Jaime I entró en la ciudad de Valencia, pero la conquista del territorio se prolongó hasta 1245. El nuevo reino tuvo unas características singulares. La población islámica, que por todas partes se había rendido mediante capitulaciones, pudo permanecer en el territorio. Los mudéjares valencianos constituyeron, durante mucho tiempo, el grupo de población mayoritario. Por otra parte, la repoblación cristiana tuvo una doble línea de asentamiento. Las comarcas de interior pertenecieron a nobles aragoneses, que las repoblaron con labradores de su reino. Por el contrario, las áreas litorales, donde había las grandes ciudades, fueron pobladas por catalanes. Jaime I creó el Reino de Valencia, al que dotó de una legislación propia (los Fueros). Pero la nobleza aragonesa del interior, que había previsto que las tierras conquistadas se integrarían en Aragón, reconoció solo la legislación de su reino de origen, y continuó asistiendo a la Corte de Aragón.

A la muerte de Jaime I, la heterogeneidad de sus reinos quedó sellada por una decisión polémica. En su testamento, el monarca cedió Aragón, Valencia y el Principado de Cataluña a su hijo primogénito, Pedro. Jaime, el hermano de este, recibió el reino de Mallorca, el señorío de Montpellier y los condados de Rosellón y Cerdaña.

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EL REINADO DE PEDRO II, EL GRANDE

Pedro II de Barcelona, III de Aragón y I de Valencia y de Sicilia dejó una huella decisiva en la historia de sus reinos, a pesar de que su reinado duró solo nueve años. Dos de nuestros grandes cronistas medievales lo comparan con Alejandro Magno. Fue “un segundo Alejandro por caballería y por conquista”, afirma Bernat Desclot. Y Ramon Muntaner escribe que “otro Alejandro hubiera sido en el mundo si solo diez años más hubiese vivido”.

Pedro II, nacido en 1240, tenía apenas 36 años cuando heredó los reinos peninsulares de su padre, Jaime I: Cataluña, Aragón y Valencia. A su muerte, nueve años después, en 1285, había incorporado Sicilia y Malta, y proyectaba la reincorporación del Reino de Mallorca, que su padre había dado a su hermano Jaime II, y que incluía los condados de Rosellón y Cerdaña.

Mientras vivió Jaime I, los encontronazos entre el monarca y su heredero fueron frecuentes. Un punto de fricción fue Sicilia. El reino había sido invadido por Carlos de Anjou en 1266, con el apoyo de Francia y del papa Clemente IV. Sin embargo, la esposa de Pedro, Constanza de Sicilia, era la legítima heredera después de la muerte en combate de su padre, Manfredo I (1266), y de la ejecución de su hermano Conrado II de Sicilia (1268), últimos representantes varones de la dinastía de los Hohenstaufen.

El 30 de marzo de 1282 los sicilianos se sublevaron contra la dominación francesa, en el episodio conocido como vísperas sicilianas, y pidieron apoyo a Pedro. La escuadra catalana, que en aquellos momentos supuestamente proyectaba la conquista del norte de África, se desplazó hacia la isla. En los siguientes meses, las tropas catalano-aragonesas, encabezadas por los almogávares, garantizaron el dominio de Sicilia, mientras que las galeras capitaneadas por Roger de Lauria se adueñaban del mar.

La conquista de Sicilia provocó las iras papales y la enemistad de Francia. Pedro el Grande fue excomulgado y desposeído de todos sus reinos por el papa Martín IV. Por instigación suya, Felipe III el Atrevido de Francia lideró una cruzada contra Cataluña, que contó con el apoyo de Jaime II de Mallorca, que le permitió atravesar los condados de Rosellón y Cerdaña. Los cruzados, muy superiores en número y en potencial militar, asediaron Gerona a partir del 27 de junio de 1285. No obstante, la extensión de la peste entre el ejército cruzado y la derrota francesa en la batalla naval de las islas Formigues, frente a la costa de Palamós, que cerró sus posibilidades de aprovisionamiento, obligó a los invasores a retirarse. El ejército en retirada fue durísimamente diezmado por los almogávares en el collado de Panissars.

Las victorias de Pedro el Grande ante unos enemigos muy superiores en términos demográficos y económicos ponen de manifiesto su habilidad política y militar. En muchos sentidos, prueban también la precocidad de la Corona de Aragón en el giro hacia la formación del Estado moderno, un fenómeno apenas iniciado entonces en las monarquías de Europa. El cambio es patente en la hegemonía de la infantería profesionalizada (los temidos almogávares) por encima de la caballería y en las nuevas modalidades de guerra naval. También lo es en la búsqueda de consensos políticos, ya que la Corte General de Barcelona de 1283 puso las bases del pactismo, es decir, del gobierno compartido entre dos soberanías, la del rey y la de la tierra, representada en los brazos.

Pedro el Grande fue enterrado en el monasterio de Santes Creus, como él había solicitado. Su tumba es la única sepultura real catalana que nunca ha sido profanada. Recientemente ha sido restaurada y estudiada por el Museo de Historia de Cataluña.

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LA EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA

La Cataluña del siglo XIII ya no era solo un país de señores y campesinos. Las ciudades y villas vivían una etapa de prosperidad. Barcelona alcanzó los 40.000 habitantes a finales de la centuria, mientras Perpiñán y Lérida superaban los 10.000. Otras localidades, como Tortosa, Tarragona, Gerona, Puigcerdà y Cervera, se situaban por encima de los 6.000. Las ciudades, amuralladas, eran espacios de libertad. Unas nuevas clases sociales —los menestrales o artesanos, los mercaderes, los ciudadanos honrados— empujaron el ascenso del comercio interior y exterior. Y este miraba hacia el Mediterráneo.

La expansión, naval, comercial y militar al mismo tiempo, se inició con la conquista de Mallorca por Jaime I (1229) y tomó el camino de no retorno con la entrada de Pedro II en Sicilia en 1282. Veinte años después, en 1302, el tratado de Caltabellotta confirmó la soberanía de la casa de Barcelona en aquella isla. Entonces los almogávares, comandados por Roger de Flor, formaron la Gran Compañía Catalana, que llegó a dominar los ducados de Atenas y Neopatria. Otras empresas más cercanas, y de consecuencias más evidentes, permitieron la expansión por el sur del Reino de Valencia, la anexión del Reino de Mallorca y la conquista del Reino de Cerdeña. El ciclo se cierra ya en el siglo XV con la conquista del Reino de Nápoles por parte de Alfonso IV, el Magnánimo. Una expansión de estas dimensiones resulta, ciertamente, sorprendente, sobre todo dado el reducido peso demográfico de su núcleo inicial, o, cuando menos, de su metrópolis.

Sin embargo, el imperio mediterráneo de los catalanes tenía unos fundamentos esencialmente económicos y comerciales, así como sus grandes competidores, la República de Génova. Barceloneses y genoveses, catalanes y ligures, competían por la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Eran —son, de hecho— espacios y pueblos de rasgos similares: con una tierra accidentada y seca y abiertos al mar, unos y otros se habían habituado a las nuevas prácticas comerciales capitalistas —y se habían ganado ya entonces una justa fama de avaros.

El marco habitual del comercio catalán bajomedieval fue el Mediterráneo occidental. Las cocas (el barco comercial de entonces, de amplia bodega y un único palo) y las galeras catalanas exportaban productos agrícolas duraderos, como aceite y frutos secos, y también la producción artesanal propia: en especial telas, cueros y armas. Las naves regresaban con otros productos, como algodón, sal y trigo. En particular, Sicilia resultó ser el granero de las ciudades catalanas, ya que el Principado nunca fue autosuficiente en cereales. Los puertos de Berbería, o Magreb, proporcionaban oro y esclavos, provenientes de los estados sudánicos.

También se estableció comercio con el imperio bizantino, que era la puerta de Oriente, en especial a partir de la presencia de los almogávares. Esta ruta abría el mercado de las especias, dominado sobre todo por la República de Venecia. Los catalanes también comerciaron con la fachada atlántica europea, desde Sevilla hasta el mar del Norte.

En el siglo XIV, los mercaderes catalanes habían abierto consulados en más de cincuenta ciudades mediterráneas. Los cónsules representaban los intereses de los mercaderes catalanes y también ejercían como autoridad judicial para resolver los conflictos que pudieran surgir entre ellos. Sus leyes, usos y costumbres se compilaron en el Libro del Consulado del Mar, que fue traducido a varias lenguas y llegó a ser normativo en todo el Mediterráneo occidental.

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CORTE GENERAL, DIPUTACIÓN DEL GENERAL

A finales del siglo XIII y a lo largo de todo el siglo XIV se inicia por toda Europa Occidental el proceso de formación de los estados modernos. Cataluña y los otros reinos de la Corona de Aragón vivieron este proceso con una notable precocidad. El motor de la formación de los estados modernos fue la guerra de estado. Efectivamente, las nuevas formas de la guerra barrieron la guerra feudal, que enfrentaba a algunas decenas o centenares de caballeros que actuaban al servicio de familias nobles. Obviamente, la guerra de estado requería el impuesto de estado. Y este solo se podía aprobar y extender en base al consenso entre la Corona y los notables, es decir, los que disponían del poder real en una parte importante del territorio. Así nacieron por todo el continente las asambleas que reciben varios nombres: Estados Generales, Parlamento, Corte General…

En Cataluña existía el precedente de las Asambleas de Paz y Tregua, que se congregaban desde el siglo XI. Durante el reinado de Jaime I fue habitual la convocatoria de Cortes, a las que asistían los miembros de los tres brazos: los señores eclesiásticos que dominaban tierras y vasallos; los militares, o nobles, también propietarios de señoríos, y los representantes de las ciudades, villas y sitios reales, no sometidos a nobles privados.

No obstante, la Corte General se institucionalizó en la Corte de Barcelona de 1283, convocada y presidida por Pedro II el Grande. Hay que decir que el monarca convocó a los notables del país en un momento particularmente duro para la corona, en el que se enfrentaba a la fuerza conjunta del rey de Francia y del papa de Roma. Por este motivo los notables aprovecharon aquel contexto para arrancar importantes concesiones políticas. Desde entonces, la Corte General dispuso de plena soberanía legislativa y fiscal: todas las leyes e impuestos tenían que ser aprobados en esta reunión. Las leyes podían ser propuestas por iniciativa real (constituciones) o por los brazos (capítulos de Corte), pero solo tenían validez si estaban aprobadas también por la otra instancia. Además, el monarca se comprometió a convocar la Corte General una vez al año.

Esta lógica, de carácter pactista (porque partía del reconocimiento y el pacto entre dos poderes, el del rey y el de la tierra), se concretó también en la dinámica interna de la Corte General. La reunión se iniciaba con la proposición, o discurso, real. Continuaba con la deliberación de los brazos y la presentación de agravios. Y se cerraba, por este orden, con la resolución de los agravios por parte del soberano y la votación del donativo, o servicio, por parte de los brazos.

En 1359, en tiempos de Pedro III el Ceremonioso, la Corte General reunida en Cervera aprobó la creación de una Diputación del General que llegó a ser permanente. Volvían a ser tiempos de guerra, entonces contra Castilla. Y los brazos lograron que se creara una institución para encargarse del cobro del donativo aprobado en aquel momento —y, aún más importante, de su gestión. Desde entonces, en Cataluña el dinero público no fue gestionado por el rey, sino por la delegación de los brazos.

A principios del siglo XV, coincidiendo con la entronización de Fernando de Antequera, la Diputación del General pasó a ser también la institución encargada por los brazos de garantizar el cumplimiento de las constituciones. Justamente entonces la Diputación del General estrenó un edificio propio en la calle San Honorato de Barcelona (base del actual Palacio de la Generalidad) e iniciaba su Dietario institucional, ininterrumpido hasta 1714.

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LA PESTE NEGRA

Desde la antigüedad, la humanidad ha identificado tres grandes factores de mortalidad catastrófica: el hambre, la guerra y la peste. En el mundo judeocristiano son conocidos como los tres flagelos bíblicos. Y san Juan los denominó, junto con la muerte, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Los tres elementos suelen llegar juntos o, por lo menos, en pareja. Esto es lo que ocurrió en Cataluña (y en la mayor parte de Europa) en 1348.

La peste se había iniciado en el Lejano Oriente. Siguiendo las rutas comerciales, se había adentrado en el Mediterráneo y en el continente europeo hacia 1347, y muy pronto se extendió al levante ibérico. Hay que añadir que se trataba de una de las modalidades más extremas de la epidemia: la conocida como peste bubónica. La enfermedad era transmitida a los humanos a través de pulgas, que la habían adquirido a través de roedores. Esto provocaba que el índice de contagio fuese muy elevado, en especial en las ciudades medievales, caracterizadas por su elevada promiscuidad y por la falta de medidas higiénicas elementales. La bacteria de la peste provocaba, al cabo de unos días de la inoculación, fiebres, dolores de cabeza, escalofríos e inflamaciones dolorosas en los ganglios linfáticos —es decir, los bubones, de los que tomó su nombre. La mortalidad podía llegar hasta el 75% de los inoculados, pero también los había que sobrevivían.

La peste trastornó totalmente la vida diaria, y tuvo grandes consecuencias de largo alcance. En Cataluña, la peste negra es el episodio más importante de la denominada crisis bajomedieval. Así, la población del Principado y los condados de Rosellón y Cerdaña pasó de los 550.000 habitantes, hacia el año 1300, a poco más de un cuarto de millón hacia 1480. En otras palabras, en menos de dos siglos la población se redujo a la mitad. Y aquí hay que hablar del encadenamiento de factores de mortalidad catastrófica. Las malas cosechas y la hambruna se iniciaron en 1333, año al que las crónicas coetáneas llaman ya “el primer mal año”. Se repitieron en 1347, el año anterior a la llegada de la peste: el hambre y la subalimentación crónica sin duda multiplicaron sus efectos. Otro tanto ocurrió en 1374, y en varias ocasiones posteriores.

Por su parte, los brotes epidémicos se reprodujeron, con enfermedades diversas como la peste de los niños de 1362, que afectaba sobre todo a la población infantil, la peste de los medianos de 1371 y otros episodios similares. La plaga de langostas de 1357, que arrasó las cosechas, y los terremotos de 1373 y de 1427, especialmente activos en el área de la Garrotxa, completaron un paisaje tétrico. Y en 1462 se iniciaba la Guerra Civil entre el rey Juan II y la Generalidad.

La dureza de las epidemias y sus terribles consecuencias en las ciudades concienciaron a las élites locales de la necesidad de emprender medidas de carácter higiénico y sanitario. En Barcelona, por ejemplo, el Consejo de Ciento reguló las corrientes de agua y abrió varias fuentes públicas. Y junto con el obispado creó el Hospital de la Santa Creu, en el barrio del Raval, entonces muy poco habitado. Otro tanto hicieron otras ciudades y villas catalanas. Mucho más tarde, en el siglo XVII, la mayoría construyeron lazaretos extramuros, donde los viajeros que venían de lugares de riesgo tenían que pasar cuarenta días (la cuarentena) antes de entrar en la localidad.

La peste avivó los conflictos sociales y el odio a los diferentes, en especial a los judíos, a quienes el pueblo acusaba de envenenar las aguas y extender el contagio. En 1391, los calls, o juderías de las principales ciudades y villas catalanas, fueron arrasados por una masa obcecada.

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EL COMPROMISO DE CASPE

El 31 de mayo de 1410 murió el rey Martín el Humano. Pocos meses antes había muerto en Sicilia su único hijo, Martín el Joven. Este escenario imprevisto abrió un período de incertidumbre en los reinos de la Corona de Aragón. Inicialmente, el conde Jaime de Urgel, cuñado del difunto monarca, mantuvo los cargos de procurador y gobernador general para los que lo había nombrado el rey Martín. El conde de Urgel contaba con importantes apoyos en Cataluña y Mallorca, pero también contaba con un núcleo pequeño pero poderoso de partidarios en los reinos de Aragón y de Valencia.

Durante el interregno, cada uno de los estados de la Corona de Aragón se organizó mediante un Parlamento General. Obviamente, una de las funciones que correspondía a los parlamentos era acordar conjuntamente quién debía ser el futuro monarca. El nuevo rey lo sería, pues, “elegido mediante pactos”, lo que tenía que garantizar un modelo de monarquía pactista, donde las respectivas Cortes Generales obtuvieran la soberanía legislativa y fiscal.

Junto con Jaime de Urgel, había otros candidatos que podían presentar relaciones de linaje con el difunto monarca. Sin embargo, el más directo, Fadrique de Luna, hijo de Martín el Joven, fue excluido de entrada al ser ilegítimo. Los otros candidatos eran Luis de Anjou, duque de Calabria; Alfonso, duque de Gandía y conde de Ribagorza; Juan, conde de Prades, y Fernando de Antequera, de la dinastía castellana de los Trastámara. Este último pronto destacó entre los demás candidatos. El de Antequera era hermano de Enrique III de Castilla, y desde su muerte (1406) era regente en nombre de su hijo, Juan II. Fernando poseía, además, un enorme patrimonio en los reinos meridionales de la Corona de Castilla.

En el escenario que hemos apuntado, el conflicto no quedó circunscrito a los vasallos de la Corona de Aragón. Desde su condición de regente, Fernando utilizó varias veces tropas castellanas en beneficio propio. Sin embargo, otro elemento externo se añadió a la disputa: el papa Benedicto XIII. Desde 1378, la Iglesia vivió el cisma de Occidente: dos papas, uno en Roma y el otro en Aviñón, se disputaban la autoridad dentro del mundo cristiano. De hecho, desde el concilio de Pisa de 1409 no eran dos, sino tres.

El aragonés Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII, papa de Aviñón, solo contaba entonces con el apoyo de los reyes de Escocia, Castilla, Navarra y Aragón, lo que le colocaba en una posición muy débil. Parece lógico, pues, que decidiera observar lo que pasaba en la Corona de Aragón con un especial detenimiento. Y su hombre de confianza en el territorio era el predicador valenciano Vicente Ferrer, maestro en oratoria que ya entonces convencía a auditorios muy diferentes en toda Europa —y siempre empleando solo la lengua catalana. Con la elección de Fernando, Benedicto XIII creía que podría consolidar sus apoyos en Aragón y Castilla.

Durante el interregno, Aragón y Valencia se partieron por la mitad. En los dos reinos se crearon sendos Parlamentos Generales favorables, respectivamente, a Jaime y a Fernando, y los primeros acabaron siendo arrinconados por sus adversarios.

A propuesta de Benedicto XIII, los tres reinos peninsulares eligieron cada uno tres compromisarios con el objetivo de estudiar a quién correspondía el trono. Reunidos en Caspe, el 28 de junio de 1412, por una mayoría de seis votos proclamaron a Fernando nuevo rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona. La sublevación de Jaime de Urgel fue inútil. El conde fue encarcelado en 1413 y murió en prisión veinte años después.

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ALFONSO EL MAGNÁNIMO: EL INFLUJO DE NÁPOLES

Alfonso IV el Magnánimo (1416-1458) orientó su gobierno a la obtención del Reino de Nápoles. Y, al convertirse en su rey, en 1442, instaló allí su corte. Ya no regresó a los reinos deçà mar de la Corona de Aragón, donde dejó como gobernadora a su esposa, María de Castilla —y donde su hermano Juan, el futuro Juan II, ejerció un importante papel político. A su muerte, Alfonso dejó el Reino de Nápoles en manos de su hijo Fernando, a quien legitimó, e inició así una rama colateral de los Trastámaras catalanoaragoneses. Entre una cosa y otra, los últimos años de su reinado coincidieron con la llegada al solio pontificio del valenciano Alfonso de Borja, proclamado papa con el nombre de Calixto III (1455-1458).

El influjo de Nápoles y, más en general, de Italia podían ser justificados, pero resultaron muy costosos. Nápoles era entonces una de las primeras ciudades de Europa y uno de los puertos más activos del Mediterráneo. Su reino se extendía por toda la mitad meridional de la bota italiana. Por otra parte, la península transalpina vivía un momento de crecimiento económico sin precedentes. Y su diversidad de estados, caracterizada por las repúblicas urbanas del norte y el influjo inamovible de los estados pontificios, sufría una profunda inestabilidad militar y política. Era la época de los condottieri, los empresarios de la guerra que ponían sus ejércitos al servicio de los estados. Y también de las dinastías que conspiraban contra las repúblicas libres para poder ser sus tiranos —como los Sforza en Milán o los Medici en Florencia. En aquel contexto, franceses y catalanes vieron un ámbito de expansión —y también, una vez más, un inevitable punto de choque.

Alfonso se fijó en Nápoles poco después de haber alcanzado el dominio efectivo de Cerdeña (1420). La ocasión se presentó muy pronto. La reina Juana II solicitó su ayuda debido a la ofensiva iniciada por Luis de Anjou para adueñarse del reino. La escuadra catalana desembarcó en Nápoles el 5 de julio de 1421, y la reina nombró a Alfonso como su sucesor. Pero el rey Magnánimo tuvo que marcharse ante la sublevación de los napolitanos. La segunda y definitiva oportunidad se presentó en 1435, al morir la reina. La guerra contra la casa de Anjou, aliada del papado, se prolongó siete años.

Una vez coronado rey, Alfonso desplegó todos los atributos de un príncipe moderno. En la corte napolitana se rodeó de grandes intelectuales humanistas, como Lorenzo Valla, considerado el fundador de la filología moderna, y Leonardo Bruni, el mejor historiador de su generación. Él mismo fue discípulo suyo, como explica el humanista catalán Pere Miquel Carbonell: “porque a los cincuenta años de edad empezó a aprender las artes liberales, primero gramática, y luego poesía y retórica; hasta el fin de sus últimos días tuvo maestros en teología, en derecho canónico y civil, poetas, oradores y en gramática, lógica, y en otras disciplinas muy bien instruidos y doctos”. No era un mecenazgo gratuito. Los humanistas escribieron tratados políticos, históricos e incluso filológicos que le favorecían. Y los artistas que embellecieron Nápoles dejaron constancia de su poder y de su magnanimidad.

Incluso algunos hábitos cambiaron entonces en tierras catalano-aragonesas, si nos creemos a Carbonell: “al escribir y ordenar en latín algunos privilegios y letras, nosotros, vasallos de dicho rey de Aragón, usábamos mucho la barbarie, y no teníamos aquella suavidad y elegancia que por gracia de Nuestro Señor hoy tienen algunos”.

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LOS REMENSAS

La despoblación del campo como consecuencia de la crisis bajomedieval tuvo importantes repercusiones sociales, y no siempre negativas para todos. Muchas masías quedaron abandonadas, debido a la muerte de todos los miembros de su familia: eran los denominados masos rònecs. Los campesinos supervivientes muy pronto los ocuparon. Y los señores, propietarios eminentes de las tierras, lo aceptaron provisionalmente como única vía para garantizar algunas rentas, esperando así que, tarde o temprano, el cambio de tendencia demográfica les permitiera recuperarlas plenamente. El tamaño real de las tierras de los campesinos creció, y con ello su nivel de vida. Por esto los labradores empezaron a exigir la legalización de las ocupaciones, a lo que se oponían los grandes propietarios, es decir, la nobleza y la Iglesia.

En la Cataluña Vieja el conflicto tenía también otra cara: la de la servidumbre campesina. A lo largo de los siglos XII y XIII, la nobleza se había hecho, por vía legal o mediante la violencia, con algunos derechos que conculcaban la libertad de los campesinos. Eran los denominados seis malos usos. El más importante era la remensa, que prohibía que el campesino abandonara la masía si no era a cambio de una indemnización. Los demás malos usos castigaban al campesino con pagos y otras penas en caso de morir sin testamento (intestia) o sin descendencia directa (eixorquia), de incendio de la masía (arsia) o de hipoteca (ferma d’espoli forçada), e incluso en caso de adulterio (cugucia). Además, los señores se otorgaban el derecho a maltratar (ius maletractandi), esto es, a poder encarcelar o castigar a sus vasallos sin tener que alegar motivo alguno. Existían aún otros malos usos incluso más perniciosos, como el didatge, que obligaba a la madre campesina a abandonar a sus bebés para amamantar al bebé de sus señores. Los remensas denunciaron también la existencia del derecho de pernada, que los señores negaron siempre.

La condición de los campesinos se complicó tras la Corte General de 1413, en la que Fernando I concedió varios derechos a los señores. Sin embargo, su hijo, Alfonso el Magnánimo, desde Nápoles, en 1448 concedió el derecho de reunión a los campesinos. Así nació el sindicato remensa.

Durante las siguientes décadas, el conflicto entre remensas y señores fue sobre todo de carácter jurídico. Pero a partir de 1462, coincidiendo con la Guerra Civil Catalana, adquirió una dimensión armada. En las comarcas de la Cataluña Vieja, una parte muy importante de los remensas tomó partido a favor del monarca, Juan II, mientras los señores se alineaban con la Diputación del General y el Consejo de Ciento. El rey ganó la guerra, pero los remensas no consiguieron ninguno de sus objetivos —aunque sí la promoción personal de alguno de sus caudillos, como Francesc de Verntallat.

Por este motivo, en 1485, ya durante el reinado de Fernando II, hubo un segundo alzamiento remensa. La respuesta del monarca, junto con la Generalidad y el Consejo de Ciento, fue brutal. El ejército remensa fue destruido y sus jefes fueron ejecutados, como Pere Joan Sala, o tuvieron que marcharse al exilio.

Sin embargo, una vez restablecido el principio de autoridad, Fernando II proclamó la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486), que abolía los malos usos y el derecho a maltratar y reconocía la ocupación de los masos rònecs a cambio de una fuerte indemnización a los señores. La sentencia consolidó, por lo tanto, una clase campesina con una posesión permanente de la tierra (contrato de enfiteusis) y unas masías que triplicaban las dimensiones de las posesiones agrarias anteriores a la crisis.

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LA BUSCA Y LA BIGA

Los sucesivos episodios de hambruna y pestes de los últimos siglos medievales afectaron también a las ciudades. En el ámbito urbano, la mortalidad fue mucho más elevada debido a la facilidad con la que se podía extender el contagio. Pero también la reposición de población fue muy significativa, a causa de la atracción que generaba la vida urbana entre los campesinos. Al fin y al cabo, aunque las ciudades no crecieron, se recuperaron con relativa facilidad de las intermitentes mortalidades catastróficas.

No obstante, la disminución general de la población, el encarecimiento del precio del trigo como consecuencia de las malas cosechas y la parálisis comercial tuvieron efectos devastadores sobre la economía y la sociedad urbanas. Los menestrales, el colectivo más numeroso, sufrieron una caída severa de la demanda justo cuando el grano se encarecía más. Muchos bancos privados quebraron, y los consejos municipales vivieron un proceso imparable de endeudamiento. En aquel contexto, los mercaderes que habían podido salvar su capital lo destinaron a la compra de deuda, y se convirtieron en rentistas. Todo ello tenía que provocar inevitablemente enfrentamientos sociales. Ya en 1391, como hemos avanzado, los calls de muchas ciudades y villas catalanas fueron asaltados por el pueblo bajo.

Pero a mediados del siglo XV esa contestación tomó un formato político. Así, dos partidos rivales se disputaron la hegemonía de los consejos municipales y la aplicación de su programa. El conflicto afectó a ciudades como Lérida, Tarragona, Gerona y Palma. En Barcelona los dos bandos adoptaron los nombres de la Busca y la Biga. La Biga reunía a los ciudadanos honrados, los rentistas y los grandes comerciantes que basaban su negocio en la importación. Su nombre respondía a la función que ellos mismos creían que representaban en el entramado urbano: el soporte o la base de su arquitectura. Frente a ellos se formó la Busca: esta palabra define una astilla, y también una mota o partícula muy pequeña. En definitiva, los de la Busca se reivindicaban como los pequeños, los aparentemente poco importantes pero que, metidos en el ojo, pueden provocar graves molestias. Los de la Busca reunían a un colectivo socialmente más amplio: eran menestrales, artistas y mercaderes e incluso llegaron a contar con el apoyo de algunos ciudadanos honrados.

En 1452 la Busca impulsó la fundación del Sindicato de los Tres Estamentos y Pueblo de Barcelona. Ellos denunciaban que el Consejo de Ciento estaba en manos de los ciudadanos honrados, que representaban apenas algunas decenas de familias, mientras que los sectores populares y medios estaban claramente infrarrepresentados. Además, pretendían impulsar una política de estímulo a la producción y a la exportación basada en la devaluación de la moneda.

Como pasaba también en el campo, el monarca Alfonso el Magnánimo vio en el apoyo a los sectores populares una vía para disminuir la fuerza de los estamentos privilegiados. Por este motivo su lugarteniente general en Cataluña, Galceran de Requesens, facilitó su acceso al poder municipal en 1453 mediante el cambio de la composición del Consejo de Ciento. Así pues, desde aquel año, los ciudadanos honrados vieron reducida su presencia de un 34% de los consejeros a apenas el 12,5%, mientras que los menestrales la aumentaron del 26% al 44%.

No obstante, la Busca no pudo aplicar su programa, ya que la Diputación del General seguía en manos de los sectores afines a la Biga. A partir de 1462, en el contexto de la Guerra Civil, los de la Busca fueron arrinconados y represaliados por sus enemigos políticos.

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LA PRIMERA CAZA DE BRUJAS: LA VALL D’ÀNEU

En contra de una opinión muy extendida, la caza de brujas no es estrictamente un fenómeno medieval, sino moderno. En Cataluña, los primeros procesos conocidos que pueden ser calificados como tales se dieron en el siglo XV. Y la etapa crítica, en la que la caza de brujas tomó unas dimensiones terribles, llegó, como veremos, en el siglo XVII.

La brujería, como la conocemos hoy, es una construcción conceptual que fue formándose a lo largo de los últimos siglos medievales. Hasta entonces, la Iglesia seguía en este punto el pensamiento de Agustín de Hipona (350-430), para quien todo lo que sucede en la Tierra es obra de Dios. Este paradigma llevaba inevitablemente a la condena de la brujería como superstición, pero no por su supuesta capacidad de causar daño. El cambio doctrinal dentro de la Iglesia se produjo a partir de los textos de Tomás de Aquino (1225-1274), que afirma la presencia física del demonio en la Tierra y su capacidad de producir maldad. En base a esto nació el concepto acumulativo de brujería.

La brujería es una secta universal, presidida por el demonio, que conspira contra el mundo cristiano. Como en toda secta, sus miembros realizan ritos de iniciación y encuentros. Estos repiten en cualquier parte unos mismos ritos, que se caracterizan por la inversión: la adoración al demonio, quien normalmente toma forma de macho cabrío; los bailes y falsos banquetes; una especie de orgía colectiva en la que el demonio copula con todos y todas las presentes, siempre por el ano, y, llegados a este punto, después de untarse con unos ungüentos, todos los asistentes se elevan encima de escobas e inician los actos de maldad. Estos pueden ser de carácter atmosférico —formar granizadas, grandes tormentas o nubes espesas que acaban por dañar la cosecha— o de carácter biológico —matar o provocar enfermedades a niños, viejos y animales domésticos. Curiosamente, las brujas no poseen poderes para hacer enfermar a hombres y mujeres adultos.

Esta visión cristalizó en los primeros grandes procesos acontecidos en el siglo XV. Y la imprenta se encargó de su difusión. Es el caso del Malleus Maleficarum (Martillo de brujas), la obra escrita por los dominicos alemanes Heinrich Institer y Jakob Sprenger en la que describen los procesos que juzgaron. Esta obra, publicada en 1486, fue un auténtico best-seller: en dos siglos se imprimieron treinta y cuatro ediciones.

Sin embargo, unos años antes, en 1424, el conde de Pallars y los prohombres de la Vall d’Àneu habían aprobado el Llibre d’Ordinacions, donde, por primera vez en términos absolutos, se denunciaba la brujería como una práctica real y criminal: “Y como en dicho valle se hayan cometido enormes crímenes hacia Dios y dicho valle. Esto es, que van de noche con las brujas al demonio, y aquél toman por señor haciéndole homenaje, renegando del nombre de Dios antes de anochecer; quitan los niños pequeños del lado de sus madres y los matan; les dan veneno de varias maneras.”

Años después, hacia 1460, el poeta valenciano Jaume Roig describía aquellos mismos hechos y el fin de las procesadas: “Con cierta grasa fundida, / como dice la gente, / se preparan ungüentos / y se vuelven brujas; / por la noche rondan, / muchas se reúnen, / de Dios reniegan, / a un macho cabrío adoran, / todas honran / de su caverna / llamado Biterna, / comen y beben, / luego se levantan, / por el aire vuelan, / entran adonde quieren. / Muchas han muerto / en el fuego quemadas, / sentenciadas / con buenos procesos / para tales excesos / en Cataluña.”

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LA GUERRA CIVIL CATALANA

Juan II (1458-1479) poseía ya una importante experiencia de gobierno cuando accedió al trono. Había sido lugarteniente de los reinos deçà mar de la Corona de Aragón desde que su hermano, el rey Alfonso el Magnánimo, había instalado la corte en Nápoles. Como lugarteniente, había encauzado una política de fortalecimiento de la autoridad real basada en la disminución del poder de la nobleza y el apoyo a los sectores populares —los remensas en el campo, y la Busca en las ciudades. Además, desde la muerte de su primera esposa, Blanca de Navarra, se había negado a ceder sus derechos sobre aquel reino al heredero, Carlos de Viana. Este había tenido que marcharse a Nápoles, donde fue protegido por su tío, el rey Alfonso.

En enero de 1460, Juan II, ya proclamado rey, aceptó por la Concordia de Barcelona que el primogénito fuese proclamado gobernador general de Cataluña, como correspondía al heredero a la corona. No obstante, en diciembre de aquel año, le encarceló acusándolo de conspiración, lo que causó una profunda conmoción entre los seguidores de Carlos de Viana, en especial en Cataluña y Navarra. La imagen popular, ampliamente reproducida en la literatura, acusó de aquel hecho a las instigaciones realizadas por la segunda esposa del rey, la castellana Juana Enríquez, quien había maniobrado a favor de su hijo primogénito, el príncipe Fernando (futuro Fernando II).

La combinación de argumentos emocionales y motivaciones políticas y económicas tuvo unos efectos sensacionales. La Diputación del General nombró a un Consejo del Principado, quien se hizo cargo del gobierno y emprendió la movilización armada contra Juan II. En aquellas circunstancias el monarca tuvo que aceptar la Capitulación de Vilafranca (21 de junio de 1461), que ponía el gobierno de Cataluña en manos de Carlos, como gobernador general, y de la Generalidad.

Sin embargo, pocos meses después Carlos de Viana murió en extrañas circunstancias. Esto contribuyó a mitificarlo, e incluso se iniciaron procesos de canonización. Pero, a nivel político, la lectura literal de la Capitulación de Vilafranca suponía la cesión de los derechos de Carlos, como primogénito, a su hermanastro Fernando, hijo de Juana Enríquez. La Guerra Civil resultaba inevitable.

El conflicto armado se prolongó durante diez años, 1462-1472, y contribuyó a la crisis económica y social del país. En la composición de los bandos se mezclaban intereses políticos y sociales. Así, la guerra enfrentó en primer lugar el modelo de monarquía autoritaria propugnado por Juan II y el modelo pactista, defendido por la Diputación del General y el Consejo de Ciento. Esta contienda también reprodujo los conflictos de clase. Así, la mayoría de remensas y buscaires se alinearon con Juan II, mientras que los sectores más numerosos de la nobleza, la jerarquía de la Iglesia y los ciudadanos honrados apoyaron a la Generalidad. No obstante, en unos y otros hubo importantes excepciones. Y tampoco fueron infrecuentes los cambios de bando.

Juan II cedió los condados de Rosellón y Cerdaña al reino de Francia, para obtener de él apoyo militar. La Generalidad, por su parte, ofreció la corona de Cataluña sucesivamente a Enrique IV de Castilla (1462-1463), el condestable Pedro de Portugal (1463-1466) y Renato de Anjou (1466-1472). La Capitulación de Pedralbes puso fin al conflicto. Juan II, victorioso, mantuvo las instituciones catalanas y renunció a ejercer la represión sobre los vencidos.

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FERNANDO EL CATÓLICO: LA UNIÓN CON CASTILLA…

Fernando II (1479-1516) recibió el título de Rey Católico de manos del papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo de Borja, pero también los encendidos elogios de Maquiavelo en El Príncipe. El pensador florentino, que ha sido considerado el fundador de la política moderna, presentó a sus coetáneos la figura de Fernando II como el modelo a seguir por parte de los gobernantes, puesto que, según dijo, “se ha convertido, por mérito y gloria propios, de rey de un pequeño Estado en primer soberano del mundo cristiano”.

De hecho, el lema de los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, era “tanto monta, monta tanto”: una expresión que, contra una opinión sesgada muy posterior, hace referencia al conocido dilema de Alejandro Magno ante el nudo gordiano. Requerido por los habitantes de Frigia para que desatara el nudo, el príncipe macedonio optó por cortarlo con la espada. Fernando respondía, siglos después, que las cosas se podían hacer tanto por la fuerza como por la astucia: que el príncipe, como dice Maquiavelo, debe ser al mismo tiempo león y zorro, y que debe ejercer la violencia y la diplomacia y la persuasión sin sentimentalismos, atendiendo únicamente a criterios de eficacia.

La unión de las dos coronas fue, en origen, el enlace de dos príncipes ambiciosos y con graves problemas en sus reinos. En el momento de la boda, en 1469, el príncipe Fernando y su padre, Juan II, se enfrentaban a la Diputación del General en la Guerra Civil Catalana. Y la infanta Isabel, hermana de Enrique IV de Castilla, se postulaba como heredera suya ante la hija del rey, Juana, a quien consideraba ilegítima. También en Castilla sonaban tambores de guerra, que inevitablemente estallarían a la muerte del monarca, en 1474.

Debido a los pactos matrimoniales, Fernando se comprometió a vivir en la Corona de Castilla. Esta era también una opción estratégica. Castilla casi cuadruplicaba los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, y multiplicaba por seis su población, diezmada por la crisis bajomedieval. Además, los Fueros castellanos daban un amplio margen de maniobra legislativa y fiscal a sus monarcas, cosa que no hacían las Constituciones de Cataluña o los Fueros de Aragón y Valencia. Durante todo su reinado, Fernando siguió una política expansiva, que dio sus frutos: la reincorporación de los condados de Rosellón y Cerdaña (1493) y la conquista definitiva de Nápoles, para la Corona de Aragón; la conquista de Granada (1492) y la anexión de Navarra (1515), para Castilla. En el contexto de euforia que siguió a su entrada en Granada, los reyes firmaron con el navegante Cristóbal Colón las Capitulaciones de Santa Fe, con el objetivo de abrir una vía occidental para el acceso a las Indias. Los reyes, además, siguieron una activa política matrimonial, y emparentaron con los monarcas de Portugal, Inglaterra y el Imperio germánico.

Sin embargo, su unión fue estrictamente dinástica. Ambos estados constitutivos mantuvieron sus leyes, impuestos e instituciones de gobierno. La única institución común en las dos coronas fue, como veremos, la Inquisición. Por ello, cuando Isabel murió (1506), el monarca tuvo que regresar a sus reinos patrimoniales, cediendo Castilla a su hija Juana, y al esposo de esta, Felipe el Hermoso. Incluso entonces Fernando se casó nuevamente, con la noble francesa Germana de Foix, y llegó a tener un heredero que habría supuesto la ruptura definitiva de la unión de Coronas —pero murió al cabo de pocas horas.

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… Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PACTISMO

La Corte General de Barcelona de 1480-1481 aprobó una constitución de gran trascendencia. Ha sido conocida por sus primeras palabras, De poco valdría, y por su contenido, del que deriva el nombre de Constitución de la Observancia. Como en todas las constituciones, el rey se expresa en primera persona: “De poco valdría hacer leyes y constituciones si no fueran por Nos y por nuestros oficiales observadas. Por eso, confirmando los Usatges (“Usanzas”) de Barcelona y las Constituciones del Principado de Cataluña, Capítulos y Actos de Cortes, privilegios comunes y particulares y otras libertades de dicho Principado, queremos que aquellos y aquellas sean observados.”

La Constitución de la Observancia garantizaba la superioridad de la ley sobre el rey y sus funcionarios. Confirmaba, por consiguiente, la soberanía de la Corte General, la única institución que podía hacer y deshacer leyes e impuestos. Por eso ha sido considerada el fundamento del moderno Estado catalán.

La fuerza de las Constituciones quedó confirmada con la edición de la primera compilación de las Constituciones, Capítulos y Actas de Corte de Cataluña, impresa en 1495 —apenas veinte años después de que la imprenta hubiese llegado aquí. La compilación permitía tener en una misma obra todas las leyes que habían sido aprobadas en las sucesivas convocatorias parlamentarias y que seguían vigentes. Así, mientras la Corona de Castilla avanzaba en una deriva autoritaria, Cataluña y los demás estados de la Corona de Aragón lo hacían en una perspectiva parlamentaria.

Las instituciones denominadas “de la tierra”, la Diputación del General y los consejos municipales (en especial el Consejo de Ciento), vivieron entonces algunas reformas importantes. La selección de diputados y consejeros ya no se hizo por elección, sino por sorteo, o insaculación. El Consejo de Ciento admitió por primera vez la presencia de caballeros y fue dominado por los ciudadanos honrados. A diferencia de su padre, Juan II, que se había enfrentado a las clases dirigentes catalanas, Fernando II optó por la creación de un bloque común que unió monarquía y aristocracia rural y urbana. Esto tuvo efectos drásticos en algunos conflictos arrastrados de otros reinados, como veremos con el de los remensas. Sin embargo, también garantizó la autonomía de las instituciones “de la tierra” y su adecuación a los tiempos modernos. A lo largo de dos siglos, hasta 1714, estas instituciones aumentaron su representación social, sus competencias y sus rentas.

La reforma también afectó a la propia administración real, que tuvo que adecuarse al absentismo habitual del monarca. Durante su ausencia, el país era gobernado por un lugarteniente (más adelante sería llamado virrey), que ejercía como su “alter Nos”, u “otro yo”. Fernando II también constituyó la Audiencia de Cataluña (1493), que ejerció como tribunal supremo tanto en las causas civiles como en las criminales. En la corte, Fernando II creó el Consejo de Aragón (1494), que tenía que asesorarle en los asuntos de gobierno de la Corona de Aragón.

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LA INQUISICIÓN. LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS

Los pogromos de 1391 liquidaron a una parte de la población judía y destruyeron los calls. Además, tuvieron otra consecuencia: la conversión al cristianismo, forzada o sincera, de muchos judíos. Pero los bautismos no redujeron el odio acumulado contra su comunidad. Al fin y al cabo, los denominados cristianos nuevos (descendientes de hebreos o de islámicos) generaban incluso más recelos entre los cristianos viejos, ya que, al haber sido bautizados, gozaban de los mismos derechos que el resto de la población. Por eso, de forma progresiva, fueron introduciéndose los decretos de limpieza de sangre, que prohibían el acceso de los cristianos nuevos a determinadas instancias de la administración, la Iglesia o las universidades.

Sobre los cristianos nuevos pesaba la sospecha de judaizar, es decir, de mantener en secreto sus ritos religiosos, lo que, a ojos de la Iglesia, les convertía en herejes. Para controlarlos de cerca, Fernando e Isabel obtuvieron del papa Sixto IV una bula que les permitía crear en Castilla el Tribunal del Santo Oficio y de la Santa Inquisición (1478). La Inquisición era un tribunal eclesiástico destinado a combatir las herejías. Pero su control efectivo quedaba en manos de los monarcas, que desde el primer momento lo orientaron hacia el control de los conversos. El tribunal utilizaba procedimientos poco habituales: mantenía en secreto el nombre de los delatores; no informaba a los detenidos de los delitos de los que eran acusados; leía sus sentencias en autos de fe públicos, que incluían la quema en la hoguera de los condenados a muerte, y secuestraba los bienes de todos los reos. Su actuación en la Corona de Castilla, y especialmente en las regiones meridionales, donde los conversos eran más numerosos, fue contundente: hasta 1498 fueron condenadas a muerte más de 3.000 personas.

En 1483 Fernando II obtuvo del papa que el dominico Tomás de Torquemada, que ya era inquisidor general de Castilla, fuese nombrado también inquisidor general de la Corona de Aragón. Hay que tener en cuenta que en la Corona de Aragón ya existía una Inquisición desde el siglo XIII, que dependía de Roma y había permanecido prácticamente inoperante. Con el control de las dos inquisiciones, Fernando creó el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que fue la única institución de gobierno común en toda la monarquía.

La oposición a la instauración de la nueva Inquisición reunió a las principales instituciones de Cataluña. En enero de 1484 los brazos se negaron a asistir a las Cortes de Tarazona, donde Torquemada tenía que ser nombrado inquisidor general. En junio de aquel año el Consejo de Ciento de Barcelona se negó a aceptar la presencia de inquisidores castellanos. Pero las resistencias fueron en vano. En 1487 los inquisidores castellanos entraron en la capital. Aun así, la oposición de las instituciones al Santo Oficio se prolongó durante más de un siglo.

La resistencia a la nueva Inquisición permitió que muchos conversos se exiliaran en el Rosellón, entonces en manos francesas. Entre los años 1487 y 1505 el nuevo tribunal procesó a más de mil personas, 590 en ausencia —y ejecutó a 38.

Faltaba todavía el último capítulo de aquella tragedia. El 31 de marzo de 1492, aún bajo el impacto de la conquista de Granada, los Reyes Católicos decretaron la expulsión de los judíos. De Cataluña partieron unas 3.000 personas. Muchas acabaron instalándose en tierras del Imperio otomano. Una cifra similar se convirtió y permaneció en el país —quedando bajo control de la Inquisición.

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EL ATENTADO CONTRA FERNANDO II DEL REMENSA JOAN DE CANYAMARS

El viernes 7 de diciembre de 1492, hacia las doce y cuarto del mediodía, el rey Fernando II abandonaba el Palacio Real de Barcelona después de haber asistido a una audiencia pública que se había alargado durante toda la mañana. Justo en aquel momento, cuando bajaba las escaleras del palacio que dan a la actual plaza del Rey, un hombre se abalanzó sobre él. Llevaba una espada escondida bajo la capa, con la que le golpeó fuertemente y le provocó una herida. Fernando II cayó al suelo en medio de un charco de sangre, mientras sus hombres reducían al agresor, que intentaba volver a las andadas. El rey gritó entonces “no lo matéis”, lo que para el agresor tan solo tenía que suponer prolongar unos días su agonía.

El autor del atentado fue reconocido como Joan de Canyamars, campesino, que había tenido que exiliarse a Francia después del fracaso del segundo alzamiento remensa. Llevaba unos días residiendo de incógnito en una fonda de Barcelona. Su llegada casi había coincidido con la del monarca, quien, desde la boda con Isabel de Castilla, había situado su residencia habitual en aquel reino.

De Canyamars y Fernando II expresaban en aquel momento dos vidas abiertamente antagónicas. El agresor pertenecía al colectivo más radical de los payeses de remensa, aquellos que habían sido explícitamente excluidos de la amnistía decretada por la Sentencia Arbitral de Guadalupe por decisión del monarca. En aquellas circunstancias, sus posibilidades de regresar del exilio y recuperar una vida normal eran nulas.

Fernando II, por su parte, cerraba un año triunfal. El día de la Epifanía de 1492 había entrado solemnemente en Granada, acompañado por su esposa, la reina Isabel de Castilla. Con aquella guerra, los monarcas acababan con ocho siglos de dominio político araboislámico en la península Ibérica. Y dos meses después, el 31 de marzo, aún en Granada, los reyes decretaban la expulsión de los judíos, que se cumplió sin muchos problemas en verano de aquel año. Realmente, al Trastámara todo le iba de perlas. Una cohorte de poetas y predicadores compusieron entonces textos que lo presentaban como un nuevo mesías destinado a liberar definitivamente a Jerusalén del yugo islámico. Y un papa valenciano, Alejandro VI, antes Rodrigo de Borja, ultimaba el nombramiento de la real pareja como Reyes Católicos, definitivamente concedido en 1494 —entre otras cosas, para moderar el efecto que había tenido unos años antes la proclamación de los reyes de Francia como Reyes Cristianísimos.

Joan de Canyamars fue detenido y torturado durante unos días. La versión oficial aseguró que era un pobre demente, y que había actuado en solitario. Pero el Consejo Real decidió que había que someterlo a una muerte pública y particularmente cruel para que sirviera a todos de escarmiento. Y así se hizo. La ejecución se prolongó durante horas y recorrió varios espacios de una ciudad expectante, con sus calles abarrotadas.

El rey, muy debilitado, fue trasladado a Sant Jeroni de la Murtra, donde permaneció durante meses. Fernando II finalmente se restableció, pero una parte de la aureola que él mismo se había encargado de cultivar quedó tocada para siempre. Paradójicamente, la herida fue la causa de la estancia más prolongada en Cataluña de Fernando II mientras mantuvo el título de rey consorte de Castilla. Por este motivo, además, la ilustre pareja recibió en el monasterio de la Murtra, en abril de 1493, al navegante Cristóbal Colón, acompañado por una nutrida embajada en la que destacaban algunos nativos de las Antillas.

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EN EL CORAZÓN DEL IMPERIO

En 1516, a la muerte de Fernando II, su nieto Carlos I, de dieciséis años, se hizo cargo de los reinos hispánicos. Carlos era hijo de Felipe el Hermoso, que había muerto prematuramente, y de Juana, que había sido inhabilitada por problemas mentales. De repente, aquel adolescente se convirtió en el monarca más poderoso del universo. Del abuelo paterno, Maximiliano, heredó el archiducado de Austria y los reinos de Hungría, de Bohemia y de Moravia. De la abuela paterna, María, el ducado de Borgoña, que incluía los Países Bajos, entonces ya una de las regiones más ricas de Europa. El abuelo materno, Fernando, aportó la Corona de Aragón, con los estados italianos, mientras la abuela materna proporcionaba la Corona de Castilla y sus posesiones en África y América. Poco después, en 1519, el joven monarca era elegido emperador del Sacro Imperio Romanogermánico con el nombre de Carlos V —por un precio no precisamente menor, que avanzó la casa de banqueros Függer. Y además, dos años más tarde, en 1521, Hernán Cortés conquistaba Tenochtitlán (México), con lo que derrotaba al Imperio azteca. Poco después, Francisco Pizarro hacía lo propio en Cuzco, en el Imperio inca. Y pronto las minas de Zacatecas, en México, y de Potosí, en la actual Bolivia, se encargaron de mostrar al mundo las riquezas del nuevo continente. El entorno de Carlos, además, difundió la idea de un joven príncipe llamado a crear una monarquía universal, que tenía que reunir a toda la cristiandad en la lucha contra los infieles.

Pero el proyecto político de Carlos y de la dinastía de los Habsburgo era el de una monarquía compuesta, esto es, de un conglomerado de estados bajo un mismo soberano. Y dentro de cada estado, el monarca tenía que ser respetuoso con su sistema de gobierno. Durante el reinado de Carlos (que murió en 1556), Cataluña y la Corona de Aragón participaron de este proyecto en calidad de socios constitutivos. La nobleza y los altos funcionarios catalanes se fusionaron con los de los demás reinos y formaron parte de una corte, inevitablemente nómada, que acompañaba al emperador. Para Carlos, además, la política mediterránea constituía una prioridad, y Barcelona fue el centro de las empresas diplomáticas y militares en este ámbito.

No obstante, el reinado de Carlos V pone de manifiesto la imposibilidad de gobernar un imperio tan vasto. El primer Habsburgo hispánico se enfrentó reiteradamente a Francia y al Imperio otomano. Pero también tuvo graves problemas internos. En Alemania, Martín Lutero puso en marcha la Reforma protestante, a partir de 1517, lo que dividió a la sociedad y a los príncipes. En Castilla, al inicio de su reinado, se produjeron las Comunidades (1520-1521), una sublevación de un fuerte contenido nacionalista. Y en los reinos de Valencia y de Mallorca estallaron las Germanías (1519-1523), un movimiento de artesanos y labradores que reivindicaba la libertad y la igualdad. Este movimiento tuvo también algunas réplicas en Cataluña.

Carlos se hallaba en Barcelona cuando recibió la noticia de que había sido elegido emperador. Entonces proclamó, ante un público fervoroso, que “antes prefiero ser conde de Barcelona que emperador de Romanos”. Unos años después, la noble catalana Estefania de Requesens, casada con Juan de Zúñiga, tutor del futuro Felipe II, explicaba a su madre el comportamiento de su nieto Lluïset en la corte de Madrid: “que quiere ser catalán, que ya defiende su tierra con los demás pajes del príncipe [Felipe] que maldicen de Cataluña”. Lluïset era el futuro Lluís de Requesens i Zúñiga, el héroe de Lepanto.

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CUANDO EL ENEMIGO VENÍA POR MAR

En los siglos XVI y XVII el corso proveniente de Berbería, o Magreb, asedió continuamente las costas y los barcos del Mediterráneo peninsular. El corso, a diferencia de la piratería, cuenta con el apoyo de un estado, que lo autoriza, siempre que actúe contra los estados enemigos. El corso es, pues, un negocio perfectamente legal y considerado honesto allí donde se produce. Todos los estados del mundo lo han practicado en alguna ocasión como arma de debilitamiento del adversario y como negocio. En aquella época también lo hicieron la Monarquía Hispánica y sus otros enemigos, como la Inglaterra de Isabel I. Pero el corso berberisco adquirió entonces una fuerza y una frecuencia inusitadas.

En su importancia se mezclaban dos realidades que podrían parecer contradictorias. Por una parte, el Imperio otomano logró, en los años centrales del siglo XVI, una fuerza enorme, y resultó ser un enemigo muy serio de los estados cristianos y, en primer lugar, de la monarquía compuesta de Carlos V. Durante el largo gobierno de Solimán el Magnífico (1520-1566), los turcos conquistaron Hungría y llegaron a asediar Viena en dos ocasiones, en 1529 y en 1532. Además, desde 1516, la ciudad de Argel era un protectorado otomano, bajo las órdenes de los hermanos Barbarroja. No obstante, múltiples factores marcaron entonces el inicio de una progresiva distancia económica, tecnológica y militar entre las dos orillas del Mediterráneo. Como botón de muestra: la progresiva periferización del mundo islámico con la apertura de nuevas rutas comerciales oceánicas con Oriente por parte de los europeos; la enorme expansión económica que entonces se inició en Europa; los cambios culturales que supusieron el humanismo y el Renacimiento, y la aparición de la imprenta. De forma gradual, pero muy evidente, se abrió entonces un abismo entre el norte y el sur. Desde el siglo XVI, el Magreb miraba hacia Europa por interés y por necesidad, mientras desde las costas europeas cada vez había menos que buscar en la otra orilla.

Los ataques más duros se produjeron en los momentos de alianza entre la Francia de Francisco I y el Imperio otomano de Solimán el Magnífico. Entonces los franceses abrieron el puerto de Tolón, en la Provenza, a la armada otomana. Son los años de los saqueos de Cadaqués y Palamós (1543) y de Ciudadela de Menorca (1558). Pero el corso más agobiante, por reiterativo, era el que provenía de las costas del Magreb, en particular de Argel. Nos referimos a empresas minifundistas: leños o naves que emprendían la navegación de cabotaje rumbo al litoral peninsular, de Alicante al Rosellón. Y a acciones puntuales, que utilizaban el factor sorpresa y se ejecutaban con una inusual violencia. Su razón de ser era el botín, que incluía también a los cautivos, que tenían que pagar para ser redimidos o que eran convertidos en esclavos.

La Monarquía Hispánica sacó adelante una política mediterránea que pretendía acabar con el enemigo islámico. De Barcelona salieron las expediciones contra Túnez (1535) y Argel (1541), de resultado contradictorio: Túnez y su puerto, la Goleta, se convirtieron en presidios cristianos, mientras que Argel resultó inalcanzable. También salió de allí la escuadra vencedora en la batalla de Lepanto (1571). Pero la guerra contra el corso se libró pueblo a pueblo, villa a villa, con la construcción de torres de vigilancia y la fortificación de los puertos y las ciudades. A principios del siglo XVIII el corso remitió justamente porque el litoral de los Países Catalanes resultó ser poco menos que inexpugnable.

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¡BANDOLEROS!

El Quijote de Miguel de Cervantes supo que estaba en Cataluña cuando encontró un grupo de cuerpos de bandoleros colgados de un árbol. “No tienes de qué tener miedo”, advirtió el Quijote a Sancho, “porque estos pies […] sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de veinte en veinte y de treinta en treinta; por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona.” El bandolerismo catalán se había convertido alrededor del año 1600 en un tópico casi étnico para los escritores castellanos. Pero para muchos catalanes era un verdadero quebradero de cabeza.

El bandolerismo catalán de los siglos XVI y XVII tiene sus raíces y sus causas. La aparición del estado moderno había ido arrinconando las formas de violencia legítima propias del mundo feudal. El Estado empezaba a tener el monopolio de la violencia, y criminalizaba sus otras formas, como las viejas guerras privadas entre señores. Por esta vía, las luchas de bandos se convirtieron en bandolerismo.

Pero había más. La extensión de la ballesta, a partir del siglo XV, y sobre todo de las armas de fuego, como el pedreñal, desde la siguiente centuria, habían democratizado el acceso a la violencia. Un caballero medieval necesitaba largos años de aprendizaje y entrenamiento para ser un experto en el uso de la espada, el escudo y la lanza. Todo eso resultaba de repente más fácil con las armas de fuego. La violencia ya no era patrimonio de una clase social ociosa. Aparecía el bandolerismo popular, es decir, de extracción humilde. Y, por otra parte, los enormes cambios económicos vividos en el “siglo decisivo”, 1550-1640, habían generado progreso y riqueza para unos, pero también pobreza y marginación para una amplia legión de perdedores, en el campo y en la ciudad. El recurso a la delincuencia podía parecerles una buena salida.

La primera pragmática, o decreto del lugarteniente, contra este nuevo bandolerismo es de 1539. Los historiadores sabemos que lo primero que explican las leyes es aquello que existe: en todas las épocas tan solo se prohíbe lo que está pasando. En cualquier caso, la publicación de nuevas leyes sobre el mismo tema solo señala el fracaso de sus precedentes, y la continuidad de lo que se quería perseguir. Pues bien: pragmáticas y leyes contra el bandolerismo siguieron redactándose durante un siglo.

Los bandoleros se organizaban en partidas, o pandillas. Había algunos lugares donde actuaban de manera habitual, en especial en los puertos de montaña, donde los carruajes cargados de mercancías eran divisables con mucha antelación. También las masías aisladas de campesinos acomodados, donde podían moverse con impunidad e incautar importantes botines. Una cosa y otra —la extensión del comercio interior y la formación de una clase media campesina— revelaban las contradicciones del crecimiento económico. Pero los bandoleros también actuaban en las ciudades y villas, eran contratados por notables locales en sus guerras intestinas y fomentaban la falsificación de moneda, entre otros delitos.

La represión tomó varias formas: desde los indultos generales, que pretendían debilitar la amenaza bandolera, hasta la represión indiscriminada contra aquellos a quienes se acusaba de colaboración. Este escenario se dio de forma extrema durante la lugartenencia del duque de Alburquerque (1616-1619). Durante aquellos años se produjeron numerosas ejecuciones, y también el derribo de masías y castillos y talas de bosques.

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EL SIGLO DECISIVO: REDES URBANAS E INMIGRACIÓN OCCITANA

Desde un punto de vista económico y social, Cataluña salió definitivamente de la crisis bajomedieval a mediados del siglo XVI. La expansión fue clara durante el “siglo decisivo”, 1550-1640. Los cambios fueron también estructurales, y pusieron las bases de la modernidad: unos fundamentos lo bastante sólidos como para poder superar dos guerras y sus respectivas posguerras (la de los Segadores y la de Sucesión) y encarar el gran crecimiento de la decimoctava centuria, verdadera antesala de la Revolución Industrial del XIX.

Los datos demográficos, si bien escasos y a veces imprecisos, resultan concluyentes. Los menos de 250.000 habitantes de 1497 habían aumentado a casi 475.000 en 1626. Este crecimiento, además, se produjo básicamente desde mediados del siglo XVI. Su gran motor fue la inmigración occitana, particularmente numerosa entre 1540 y 1620. Durante aquellos ochenta años, el número de inmigrantes del Reino de Francia albergados en el Hospital de la Santa Creu de Barcelona nunca fue inferior al 30% del número total de pacientes. Cifras similares se podrían encontrar en un gran número de villas y lugares del litoral y del prelitoral catalán.

Los inmigrantes solían ser campesinos jóvenes, que eran contratados como peones agrícolas o urbanos. Pero también hubo una inmigración de oficios, especialmente en las ciudades. Habían marchado del sur de Francia, que entonces vivía la dureza de las guerras de religión, y lo hacían atraídos por los altos salarios de una economía en expansión y necesitada de mano de obra como era la catalana. Aunque inicialmente formaron parte de los estratos sociales más débiles, algo inevitable en cualquier inmigración, pronto vivieron un acelerado proceso de integración. Este se fundamentó en la proximidad cultural y lingüística, en los matrimonios mixtos y en las vías abiertas a la promoción social.

Los cambios económicos no fueron menores. Por todo el país se extendió el sistema domiciliario. Las familias campesinas dedicaban los momentos de paro estacional a la producción manufacturera, bajo el estímulo de empresarios urbanos que aportaban las primeras materias, y pagaban la producción a destajo. El sistema domiciliario empleó sobre todo la mano de obra infantil y femenina, y permitió que las familias campesinas redondearan sus ingresos. También facilitó la creación de una clase empresarial urbana con inversiones repartidas por el país. Una economía construida en red desde las principales ciudades, y liderada por Barcelona, fomentó el aumento de los intercambios y la división comarcal del trabajo, rompiendo con la autarquía medieval.

Pero el gran crecimiento de aquel siglo no fue igual para todos. El campesinado enfiteuta consolidó su condición social: eran los denominados pagesos grassos (“payeses gordos”, ricos). Por el contrario, apareció una especie de semiproletariado agrícola, sometido a contratos menos beneficiosos, como la aparcería, o simplemente pendiente de un jornal inestable e inseguro. Otro tanto ocurrió en el seno de los gremios.

A principios del siglo XVII, Cataluña era más rica, pero más desigual y cruel. El jesuita Pere Gil afirmaba en su Geografia: “Cataluña tiene para sí misma suficientemente todas las cosas útiles y necesarias para la vida humana, y muchas de ellas en abundancia para comunicar a otras provincias.” Pero la prosperidad no venía del azar, sino del trabajo. Según Gil, “la tercera o cuarta parte de las mujeres honestas pobres de Cataluña se dedican a hilar la lana”.

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JOAN MALET, EL CAZADOR DE BRUJAS CAZADO

Entre los primeros compases pirenaicos de la caza de brujas, en el siglo XV, y la gran ola represiva de 1614-1622, que afectó a la práctica totalidad del país, encontramos al cazador de brujas Joan Malet, que actuó en las comarcas del Ebro y del Campo de Tarragona a mediados del siglo XVI. Malet es un personaje siniestro, y dotado de inteligencia y de capacidad de seducción. En sus buenos tiempos, los pueblos le llamaban “maestro Malet”, o simplemente el “conocedor de las brujas”. Cuando su suerte cambió, los informes inquisitoriales presentaron su otro rostro. Nacido en Flix (Tarragona), Malet era morisco, pobre y casi sin oficio, con un defecto físico que le hacía andar cojo, y, además, era hijo de un homicida.

Según sus declaraciones, Malet había aprendido el arte de cazar brujas en Alcañiz. Su primera acción fue en Arnes (Tarragona), entonces un pueblo muy rico por la explotación de la madera utilizada para fabricar galeras. Pero allí erró el blanco: acusó a dos mujeres de casas acomodadas, y terminó teniendo que huir a todo correr para salvar el pellejo.

Durante la primavera de 1548 le encontramos actuando en varias ciudades y villas: Tortosa, Alcover, Montblanc, Valls, Tarragona, Reus… Su modus operandi era siempre el mismo: acompañado por los jurados, elegía a las supuestas brujas en una inspección en la calle. Luego, las detenidas acababan siempre confesando sus delitos —y eran colgadas en la horca, después de sufrir tortura. Huelga decir que sus honorarios eran elevados, a la altura de los males que tenía que extirpar.

Pero las cosas se complicaron en Montblanc y en Tarragona. En la primera localidad, Malet llegó a la conclusión de que una mujer joven de buena familia, Magdalena Reynera, era bruja. Magdalena era hija de Jaume Mediona, el hombre más rico de Montblanc y propietario de la casa donde Malet se hospedaba. Avisada por la familia, Magdalena se desplazó a Barcelona, donde, asesorada por un abogado, también familiar, se entregó a la Inquisición afirmando que no tenía nada que esconder y que no era ni había sido nunca bruja.

En Tarragona, por instigación de Malet, el consejo municipal detuvo a nueve mujeres. No obstante, el arzobispo se negó a que fuesen represaliadas. El conflicto entre unos y otro se resolvió pasando el pleito y las encausadas a la Inquisición de Barcelona. Al cabo de pocas semanas las brujas de otras villas también fueron enviadas al tribunal del Santo Oficio.

Sin embargo, en la capital, la situación se hizo insostenible. El inquisidor Diego Sarmiento de Sotomayor había previsto un proceso rápido, que aumentase el prestigio del tribunal en Cataluña. Por el contrario, se encontró con cerca de cuarenta mujeres, la mayoría muy pobres, que tenían que compartir trece pequeñas celdas. Además, la Suprema, desde Valladolid, y su inquisidor general, Fernando de Valdés, no paraban de pedir informes y poner obstáculos. El 18 de enero de 1549, seis mujeres fueron quemadas en un auto de fe en el Born. “Hubo mucha gente porque era cosa nueva de brujas, el pueblo esperaba con deseo ver su ejecución por el gran daño que habían causado”, explica el Dietari del Consejo de Ciento.

Pero en los meses siguientes la Suprema ordenó la liberación de todas las encausadas. Malet fue condenado a muerte y quemado en un auto de fe en julio de 1549. De aquel hecho se compuso un romance de ciego: ”Alegraos cristianos / cantando las alabanzas a Dios / que Malet y sus engaños / han pagado su deuda.”

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EL TRIUNFO DE LA CONTRARREFORMA

La amenaza luterana y calvinista forzó a la Iglesia católica romana a una amplia revisión de sus postulados. Este debate se produjo en el Concilio de Trento (1545-1563) y tuvo importantes consecuencias a nivel dogmático y moral. El movimiento que surgió de él se denomina Contrarreforma, o Reforma católica. Algunos autores han constatado las enormes diferencias sociales y culturales que existen hoy entre las dos Europas, la del norte y la del sur, que en gran parte derivan de la consolidación, respectivamente, de las iglesias evangélicas y del catolicismo.

Efectivamente, en Trento la Iglesia católica reformuló sus grandes dogmas, que quedaron reflejados en una oración universal, el Credo. También confirmó el carácter sagrado de la Iglesia como institución y la autoridad del papa y de los obispos. Se confirmaron los siete sacramentos, y se ordenó que los rectores de parroquia llevasen unos registros regulares de bautismos, matrimonios, óbitos y penitencia (ya que se exigía a los fieles que se confesasen y comulgasen como mínimo una vez al año). La única versión permitida de la Biblia era la Vulgata, la traducción al latín de san Jerónimo. La eucaristía debía acompañarse siempre de las lecturas sagradas y de un sermón. No obstante, aunque la misa tenía que decirse íntegramente en latín, la prédica debía realizarse en la lengua de los fieles. A pesar de la presión de la Iglesia hispánica, la Iglesia universal no aceptó entonces el dogma de la inmaculada concepción de María, pero permitió que fuese considerado como tal en estos reinos.

Los años de generalización de los dogmas aprobados en Trento casi coinciden con los del reinado de Felipe II (Felipe I de Barcelona), 1556-1598. Son los años de mayor dominio de la Monarquía Hispánica y de la dinastía de los Habsburgo en Europa y en el mundo. Felipe heredó de su padre, Carlos, la posición beligerante a favor de Roma y contra la Reforma. Además, combatió la extensión del calvinismo en los Países Bajos, donde las provincias del norte iniciaron en 1566 la lucha por su independencia.

Felipe II siguió una política de impermeabilización de los reinos hispánicos. Así, en 1559 prohibió que sus súbditos estudiasen o impartiesen docencia en universidades extranjeras, incluso de países católicos (excepto los Estados Pontificios). También instauró la censura previa (1573) y el control riguroso de la importación de libros. Pero la medida más importante fue la reconversión de la Inquisición. Efectivamente, el Santo Oficio instaurado por los Reyes Católicos para reprimir el judaísmo fue entonces el principal instrumento de estado para combatir el luteranismo y, más en general, cualquier disidencia. Su actuación no se detuvo ni ante la jerarquía de la Iglesia o el profesorado universitario. Esto dio a la Inquisición un amplio control social, en especial en la Corona de Castilla. No obstante, el tribunal de Barcelona quemó a más de cuarenta personas en autos de fe en los años 1563-1578.

En Cataluña, otra cuestión estratégica era el control de fronteras con Francia, de donde provenía, como hemos visto, una importante inmigración, y donde se refugiaban algunos bandoleros. Por este motivo se creó un nuevo obispado, el de Solsona, que reunía territorios que hasta entonces pertenecían a los de Urgel y Vic: se decía que era el obispado más pobre de toda la monarquía.

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EN LA PERIFERIA DEL IMPERIO

Con Felipe II la monarquía europea de Carlos I se convirtió, esencialmente, en Monarquía Hispánica. Algunos grandes hechos marcaron este cambio estratégico, un cambio también de prioridades y de mentalidad. Por una parte, Carlos repartió sus enormes territorios entre su hermano Fernando, que se quedó los reinos centroeuropeos y la dignidad imperial, y su hijo Felipe, que poseyó el resto. Por otra parte, la anexión del reino de Portugal, en 1580, supuso alcanzar la unidad peninsular, es decir, el ideal renacentista de Hispaniam restaurare et recuperare —e incorporó a las posesiones de la Monarquía las colonias portuguesas de África, Asia y América. Esta situación se mantuvo durante sesenta años, hasta la ruptura de 1640. La sublevación holandesa y el dominio de Portugal desplazaron la atención del monarca hacia el mar del Norte, donde Felipe II proyectó la expedición contra Inglaterra llamada de la Gran Armada, o Armada Invencible, que fracasó (1588).

Ya en 1561, Felipe II situó de forma permanente la corte en Madrid. En general, a diferencia de su padre, sus desplazamientos fuera de la Corona de Castilla resultaron ser escasos y breves. En Madrid se construyó una poderosa maquinaria de estado, basada en consejos y secretarías, que muy pronto convirtió la villa y corte en una potente metrópolis. La aristocracia castellanoandaluza tendió a copar la mayoría de cargos y mercedes a nivel administrativo, militar y eclesiástico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los obispos eran nombrados por el rey.

El dominio de Europa y del mundo se fundamentaba en la llegada masiva de plata de las minas americanas. Además, con la conquista de las islas Filipinas (1571) se consolidó el carácter universal de la Monarquía, confirmado por la anexión de Portugal. La apertura de la ruta Manila-Acapulco-Veracruz-Sevilla constituyó una vía alternativa de comercio con Oriente. A pesar de los enormes recursos, los ingentes gastos militares obligaron a la Monarquía a pedir abundantes préstamos a los bancos. Al no poder satisfacer la deuda, la Monarquía se declaró en bancarrota en 1576, y una vez más pasados veinte años, en 1596.

Con Felipe II se produjo, por consiguiente, la periferización política de Cataluña y de la Corona de Aragón, aunque formalmente siguieron siendo socios constitutivos de una monarquía compuesta. Contribuyó a ello el proceso de castellanización de la nobleza, mediante los matrimonios mixtos y el desplazamiento a la corte, y también de la jerarquía de la Iglesia, y muy especialmente de los obispos. Pero este no fue un fenómeno unidireccional. La segunda mitad del siglo XVI, coincidiendo con una etapa de crecimiento económico y de relevo social, es el momento de consolidación de las instituciones de la tierra, en especial la Generalidad y el Consejo de Ciento. A su amparo, y a través de la reflexión de los juristas, maduró la ideología pactista, entendida como pensamiento moderno opuesto al absolutismo y fundamentado en la superioridad de la ley. Por eso los primeros encontronazos entre las instituciones catalanas y la Monarquía se produjeron ya entonces. Los diputados de la Generalidad fueron encarcelados en 1569 a raíz de la polémica sobre un nuevo impuesto. En 1591 el Consejo de Aragón ordenó la detención del diputado Joan Granollacs, que se refugió en el Palacio de la Generalidad durante once meses, y finalmente se exilió en Francia. También fueron detenidos otros diputados en 1602.

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LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS

Como hemos avanzado, la conquista cristiana de las comarcas del Ebro y del Segre permitió la pervivencia de la población islámica. Lo mismo ocurrió en las comarcas meridionales del Reino de Aragón, en el Reino de Valencia y, dentro de la Corona de Castilla, en el Reino de Granada. Los mudéjares, o islámicos que vivían en tierra de cristianos, fueron sistemáticamente bautizados en el siglo XVI y pasaron a ser moriscos, o cristianos nuevos. El fenómeno se inició en Valencia, donde los rebeldes agermanados practicaron el bautismo forzado de sus enemigos mudéjares. Sin embargo, una vez reprimida la sublevación, una junta de teólogos determinó que los bautismos habían sido libres, ya que los mudéjares habían podido elegir entre la conversión o la muerte, y obviamente habían optado por la primera. Y, poco tiempo después, para evitar la mezcla de mudéjares y moriscos, las autoridades reales optaron por la conversión general obligatoria.

Con estos precedentes, el proceso de integración de los moriscos fue muy variado, y se relacionó también con su realidad demográfica y económica próxima. Los moriscos castellanos, descendientes de la población de Granada, fueron definitivamente dispersados después de la guerra de 1568-1570. A principios del siglo XVII eran unos 92.000; la mayoría se repartían entre Andalucía y Castilla-La Mancha, vivían en ciudades y realizaban oficios urbanos. En el Reino de Valencia, por el contrario, eran unos 135.000, un tercio de la población total, y se concentraban en localidades donde eran ampliamente mayoritarios. En estos lugares, las prácticas diarias y las expresiones culturales eran casi unánimemente araboislámicas. El nivel de integración era muy escaso, y la Inquisición había optado por la no intervención. Una situación similar se produjo en el sur de Aragón, donde residían 61.000 moriscos. En Cataluña entonces eran más de 5.000.

El debate sobre la expulsión de los moriscos entrelazaba cuestiones religiosas, políticas y sociales. Dentro de la Iglesia algunos sectores argumentaban la imposibilidad de su integración sincera al cristianismo, y afirmaban que los moriscos mantenían su religión propia a nivel privado (y, en algunos lugares, incluso a nivel público). Entre los más feroces partidarios de su expulsión hay que mencionar a Joan de Ribera, arzobispo de Valencia desde 1569, lugarteniente del reino durante los años 1602-1604 y patriarca de Antioquía. También al dominicano Jaume Bleda, autor de Defensio fidei (1610) y de Crónica de los moros de España (1618). Los argumentos políticos se referían a la supuesta connivencia de los moriscos con el Imperio otomano y el corso islámico, a cuyo favor, afirmaban, actuaban como quinta columna. Finalmente, cabe destacar que muchos señores de vasallos moriscos, laicos y eclesiásticos, les defendieron, ya que constituían una mano de obra barata y nada conflictiva. Sea como fuere, la expulsión se decretó el 4 de abril de 1609, la misma fecha en la que Felipe III firmó la humillante tregua de los 12 años con las Provincias Unidas de los Países Bajos.

La expulsión de los moriscos valencianos se concretó en otoño de aquel año. Los moriscos catalanes y los de los demás reinos fueron expulsados un año más tarde. No obstante, en Cataluña estuvieron afectadas por la expulsión entre 3.500 y 4.000 personas. Cerca de 1.500 se salvaron de esta medida, al ser consideradas plenamente cristianas. Tuvo que marcharse, eso sí, la práctica totalidad de moriscos de Lérida, Aitona, Seròs, Ascó, Benissanet, Miravet y Tivenys. Pero pudieron quedarse los de Garcia, Mora, Riba-roja, Vinebre, Flix y Tivissa.

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ROCAGUINARDA Y SERRALLONGA, EL FIN DEL BANDOLERISMO

Dos jefes de cuadrilla destacan en el primer tercio del siglo XVII, la última y probablemente la más aguda etapa del bandolerismo. Son, respectivamente, Perot Rocaguinarda (1582 – después de 1635) y Joan Sala i Ferrer, alias Serrallonga (1594-1634).

Rocaguinarda nació en Oristà (Barcelona). Provenía de una masía acomodada, pero quizá no lo suficiente como para poder alimentar a los siete hijos de su familia; él era el quinto. En cualquier caso, Perot fue alfabetizado (conservamos escritos suyos), y a los diecinueve años se desplazó a Vic para aprender un oficio. Pero allí muy pronto se lió en las guerras de bandos entre nyerros y cadells, que entonces partían Cataluña por la mitad. En Vic, en concreto, los nyerros estaban dirigidos por el noble Carles de Vilademany, mientras que los cadells tenían a su frente al obispo de la ciudad, Francesc de Robuster i Sala. Después del asalto al palacio episcopal, en 1602, Rocaguinarda fue declarado expulsado de paz y tregua, y tuvo que pasar a la clandestinidad. Cinco años más tarde, ya era el principal jefe de cuadrilla de Cataluña. Un testigo lo describe así: “hombre espigado, delgado, flaco de cara, con poca barba casi tirando a roja, que llevaba un sombrero de muy buena talla con unas plumas”. Con su cuadrilla se puso al servicio de nobles y eclesiásticos y actuó en numerosas guerras privadas por toda Cataluña.

Incluso el poeta Francesc Vicent Garcia le dedicó un célebre soneto en el que destacaba su fuerza y su valentía: “Cuando te bajas de la montaña, valiente Roca, / como si una roca de Montseny bajara, / muestras al mundo tu fortaleza rara, / que para ti su furia toda es poca.” Por su parte, Miguel de Cervantes lo convirtió en el único personaje real que aparece en El Quijote —y en el único y verdadero colega y amigo de su protagonista. Sin embargo, en 1611 Rocaguinarda aceptó un indulto real, y se fue como capitán de los tercios a Italia, donde aún residía en 1635.

Serrallonga nació en una masía de Viladrau (Barcelona); era el quinto de nueve hermanos; cuatro de ellos, como mínimo, fueron bandoleros. En 1618 se casó con Margarida Tallades, hija mayor de la masía Serrallonga (Querós, Sant Hilari Sacalm, Gerona), de quien tomó el apellido. Serrallonga, que era analfabeto, fue, por lo tanto, campesino. Los primeros pasos de la actuación bandolera de Serrallonga casi coinciden con la lugartenencia del duque de Alburquerque (1616-1619), el período de extrema represión. Después de participar en algunos pequeños robos, en 1622 Serrallonga fue denunciado por un vecino y tuvo que ponerse fuera de la ley. Cinco años después su cuadrilla reunía cerca de cien hombres, y él era el bandolero más buscado de Cataluña. Su persecución resultó implacable y le obligó a huir a Francia en 1630. Traicionado por un pequeño caballero de frontera, regresó en solitario en 1632. Desde entonces le acompañó Joana Massissa, una mujer a quien conoció camino de Nuria el 25 de julio de aquel año y se convirtió en su amante.

Serrallonga fue delatado y detenido en octubre de 1633. Fue ejecutado en Barcelona el 8 de enero del año siguiente, como explica el Dietari del Consejo de Ciento: “fue su sentencia de cien azotes, llevado en carretón, atenazado y descuartizado, y su cabeza puesta en una de las torres del portal de San Antonio”. Sobre su muerte se publicaron varios romances de ciego, que siglos más tarde acabaron inspirando a poetas y músicos como Víctor Balaguer, Joan Maragall y Esquirols. Y “las niñas lloraron de tristeza”.

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PERE GIL, EL ABOGADO DE LAS BRUJAS

La gran caza de brujas se produjo en Cataluña entre 1614 y 1622. Justamente en aquella primera fecha, la Inquisición había publicado el edicto del silencio, que ordenaba a sus miembros detener todos los procesos desde su inicio. Porque, como había afirmado uno de ellos, “nunca hubo brujas hasta que se habló de ellas”. Sin embargo, en Cataluña, donde las leyes daban competencias en materia de derecho criminal a las autoridades locales y baroniales, la Inquisición se mostró incapaz de aplicar entonces este principio.

Los procesos afectaron a la totalidad del país, pero fueron más intensos y más cruentos en dos áreas. Por una parte, en la Cataluña Central: Bages, Osona, Moianès, Lluçanès y Vallès. Por otra parte, en el Rosellón. Algunas cifras resultan particularmente inquietantes: sabemos de 14 mujeres ejecutadas en Viladrau, 12 en Caldes de Montbui, 10 en Granollers, 8 en Calders, 6 en Sant Feliu Sasserra, 5 en Tarrasa y en Sau, 14 en Perpiñán o 9 en Palau-del-Vidre. Por lo que se refiere a la totalidad del país, hace ya tiempo se aventuró la cifra de 400 víctimas. Pero un informe inquisitorial de 1621 las situaba ya entonces por encima de mil. Hay que decir que la represión se acentuó después de otoño de 1617, el Año del Diluvio. Aquel año las tormentas provocadas por los vientos fuertes de levante fueron particularmente intensas. Muchos ríos se desbordaron y se llevaron puentes, molinos y fraguas. Los temporales de mar amenazaron a muchas villas litorales, como la propia ciudad de Barcelona, que expuso todas las imágenes de sus iglesias en la muralla de mar. Mucha gente acusó de ello a las brujas.

Como en otros ciclos represivos, los procesos fueron instigados por adivinos o saludadores, que se proclamaban conocedores de las brujas. Fue el caso de Llorenç Calmell, en el Rosellón, y de Cosme Soler, alias Tarragó, en la Cataluña Central. Los procesos contaron con un amplio apoyo popular.

En aquel contexto destaca la figura del jesuita Pere Gil, el autor del primer memorial contra la caza de brujas en Cataluña, que entregó al lugarteniente, duque de Alburquerque, en 1619. Gil (Reus 1551 – Barcelona 1622) fue provincial de la Compañía de Jesús en la Corona de Aragón y rector de los colegios de Belén, en Barcelona, y de Montision en Mallorca. Autor de una Història Catalana, encabezada por una magnífica Geografía, o “Descripción natural”, el jesuita escribió y tradujo también textos de contenido moral. Además, fue calificador de la Inquisición de Barcelona y confesor de lugartenientes.

En su memorial contra la caza de brujas, el jesuita exige “que se proceda con gran cautela y madurez respecto a las brujas, porque se cree, y casi se confirma, que algunas de ellas son inocentes; […] y si existen culpables, no merecen pena de muerte”. Gil denuncia especialmente los procedimientos judiciales: “con miedos y amenazas algunos jueces y notarios y ministros de justicia les hacen decir lo que no es verdad, ni ellas ni otras han hecho; […] al ser torturadas, confiesan, sobre ellas y sobre otras, cosas que no son verdad por miedo y dolor de los tormentos, y por sus confesiones les dan sentencia de muerte”.

Pere Gil inició la oposición a la caza de brujas. Sin embargo, murió escasos meses antes de que la Real Audiencia de Cataluña se declarase competente en todos los procesos, lo que supuso el fin definitivo de la caza de brujas en Cataluña.

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HACIA LA RUPTURA DE 1640

El año 1640 señala la ruptura de Cataluña con la Monarquía Hispánica. Aquel hecho tuvo unos precedentes inmediatos. La coronación de Felipe IV (Felipe III de Barcelona), en 1621, supuso el ascenso al poder de su valido, Gaspar de Guzmán y de Fonseca, conde de Olivares y, muy pronto, duque de Sanlúcar la Mayor. Olivares llegaba al poder en los primeros compases de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que habían resultado claramente favorables a los Habsburgo. Su programa se basaba en la “reputación”, es decir, en la recuperación del prestigio militar y político en Europa, y en la “reformación”, que debía suponer una mayor presión centralizadora sobre los reinos hispánicos. Así, Olivares decidió no renovar la tregua con las Provincias Unidas de los Países Bajos (1621), y extender ahí la guerra que ya asolaba a Europa. Y se propuso la creación de una “Unión de Armas”, en la que la Corona de Aragón y Portugal tenían que hacerse cargo de una parte importante de los gastos militares.

Olivares expresaba, de hecho, un sentimiento político cada vez más extendido en Castilla. Él mismo se lo manifestó a Felipe IV en un memorial secreto escrito poco después de su coronación: “Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España: quiero decir, señor, que no se contente V. M. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y procure, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo.” (Como reza la letra tradicional de Els Segadors: “Lo gran comte d’Olivars | sempre li burxa l’orella: | «Ara és hora, nostre rei, | ara és hora que fem guerra».”) El proyecto de Olivares pretendía, de este modo, el fin de la monarquía compuesta creada un siglo y medio antes y la imposición de una monarquía unitaria. Para Cataluña y para el resto de la Corona de Aragón y para Portugal tenía que significar la castellanización de las leyes, del gobierno y de la hacienda: el fin de sus respectivos estados.

El proceso de enrarecimiento de las relaciones entre la Corona y las instituciones de la tierra dio un giro determinante en 1626, cuando Felipe IV abandonó precipitadamente la Corte General de Cataluña que había convocado, e hizo evidente esa ruptura política. El intento de reabrir la Corte General en 1632 acabó con otro fracaso.

Un motivo de tensión permanente eran los alojamientos de los ejércitos de la Monarquía. Los alojamientos suponían una muy dura carga para las villas y lugares. A menudo, las tropas, mercenarias y poco disciplinadas, cometían abusos sobre la población civil. Esta situación se agravó a partir de 1635, cuando Francia se incorporó a la Guerra de los Treinta Años, situando la primera línea del conflicto en la frontera catalana.

En 1639 el ejército francés ocupó las fortalezas de Òpol y Salses, en el Rosellón. La contraofensiva hispánica se prolongó hasta enero de 1640. Participaron en ella tropas profesionales y milicias locales catalanas, en unas condiciones meteorológicas muy duras y en un ambiente de tensión creciente entre unas y otras. Recuperado Salses, el 6 de enero, Olivares ordenó distribuir los diez mil soldados profesionales por las comarcas del litoral y el prelitoral. Contraviniendo las Constituciones, la tropa tenía que ser alimentada íntegramente por los vecinos de los pueblos. A lo largo del invierno, la tensión fue generalizada, en especial en las comarcas del Ampurdán y La Selva.

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LA JUNTA GENERAL DE BRAZOS DE PAU CLARIS: LA REVOLUCIÓN CATALANA

La revolución campesina y popular contra los abusos de los tercios reales se extendió durante el invierno y la primavera de 1640. Las instituciones de la tierra apoyaron a los pueblos. Para Olivares y para el lugarteniente, conde de Santa Coloma, todo obedecía a una conspiración. Por eso detuvieron a dos consejeros de Barcelona, el 10 de febrero, y al diputado militar de la Generalidad, Francesc de Tamarit, el 18 de marzo.

No obstante, las acciones de los campesinos y los soldados no dejaron de crecer, y entraron en una verdadera espiral de violencia. A principios de mayo, las villas de Riudarenes y de Santa Coloma de Farners, en La Selva (Gerona), fueron saqueadas y quemadas por los soldados tras importantes combates. Centenares de campesinos de las comarcas de los alrededores entraron en Gerona, Barcelona, Mataró, Perpiñán y otras ciudades y quemaron las casas de las autoridades reales y de algunas familias acomodadas. En Barcelona también liberaron a los presos, entre los que se encontraban los dichos consejeros y el diputado (22 de mayo).

El 7 de junio, día de Corpus, en la capital un gran tumulto de segadores y del pueblo bajo de la ciudad destruyó las casas de algunos jueces de la Audiencia, ocupó las Atarazanas después de enfrentarse al ejército y desde allí bombardeó las galeras reales. No obstante, el hecho culminante de aquella jornada fue el asesinato del lugarteniente, cuando huía hacia la fortaleza de Montjuïc. Esta fecha ha sido conocida posteriormente como Corpus de Sangre.

Desde aquel momento, la ruptura con la Monarquía Hispánica resultó inevitable. Mientras Olivares preparaba la invasión militar de Cataluña, la Diputación del General, encabezada por el diputado eclesiástico Pau Claris, iniciaba la revolución política. Las tropas reales se habían concentrado en el Rosellón y en las Terres de l’Ebre. El 8 de diciembre, una muchedumbre de 20.000 hombres, comandados por el marqués de Los Vélez, inició desde Tortosa lo que tenía que ser un paseo militar hasta Barcelona. Las escasas resistencias, en Cambrils, fueron liquidadas a sangre y fuego.

Sin embargo, la Generalidad había convocado una Junta General de Brazos, que se constituyó en Barcelona el 10 de septiembre. La Junta General, o Parlamento, era la máxima expresión de la representación del país y encarnaba su soberanía. La Junta legitimó la ruptura con la Monarquía Hispánica y estableció medidas inmediatas a tres niveles: la creación de una junta de hacienda, que tenía que obtener los recursos para garantizar su defensa; la constitución de una junta de guerra, que debía organizar su ejército propio, y la apertura de contactos con Francia, enemiga de la Monarquía Hispánica.

A pesar de que la Junta General de Brazos proclamó la República Catalana, el 23 de enero de 1641 tuvo que aceptar la proclamación de Luis XIII de Francia como conde de Barcelona. Era el precio para obtener la ayuda militar francesa en un contexto extremo. Tres días después, las tropas del marqués de Los Vélez eran derrotadas en la batalla de Montjuïc. Aparentemente, Cataluña mantenía sus constituciones bajo el amparo francés. No obstante, Claris falleció por muerte súbita, y quizá provocada, un mes después, el 27 de febrero, y dejaba al país sin un liderazgo claro.

Mientras tanto, también Portugal había proclamado su independencia (diciembre de 1640), y obligaba a Olivares a elegir. Se decantó por Cataluña, y la Guerra de los Segadores se prolongó durante diecinueve años.

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LA PAZ DE LOS PIRINEOS

Desde 1641, la Guerra de los Segadores se convirtió también en un episodio local de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que entonces enfrentaba a Francia con la Monarquía Hispánica en su combate por la hegemonía de Europa. Pero la Paz de Westfalia de este último año mantuvo abierto el frente catalán. De hecho, la paz entre las dos potencias solo se estableció de manera solemne, pero precaria, en 1659, y con un claro vencedor: la Francia de Luis XIV, quien había sucedido a su padre, Luis XIII, en 1643.

La guerra afectó a la práctica totalidad del país. Las tensiones entre las instituciones de la tierra y los lugartenientes franceses aparecieron desde un primer momento, así como los conflictos derivados de los alojamientos. Por eso, especialmente a partir de 1643, algunos de los sectores que habían apoyado a la Revolución de 1640 se pasaron al bando hispánico. Los problemas fueron particularmente graves a partir de 1648 cuando, en plena minoría de edad de Luis XIV, se inició en Francia una importante sublevación, conocida como la Fronda. Desde entonces, las tropas francesas en Cataluña se mantuvieron sobre el país, donde extorsionaron las villas y lugares, y los conflictos resultaron ser más frecuentes. El balance macabro de la guerra se completó con la extensión de la peste, entre los años 1650 y 1652, y solo en Barcelona provocó 16.000 muertes. Por otra parte, en la Monarquía Hispánica, Olivares cayó en desgracia (1643) y Felipe IV inició un cambio de política. Así, después de conquistar Lérida (1644), el monarca juró allí las Constituciones.

Los grandes episodios bélicos se cerraron con la caída de Barcelona en 1652, después de doce meses de asedio. El Consejo de Ciento y la Generalidad tuvieron que reconocer de nuevo a Felipe IV. Sin embargo, en los años siguientes las tropas francesas y también los que entonces se exiliaron continuaron el combate desde el Rosellón y la fortaleza de Rosas. Los términos de la capitulación de Barcelona de 1652 son los propios de una derrota. Las instituciones de la tierra perdieron entonces algunas competencias importantes, como el control de las listas de elegibles para los cargos (listas de insaculados) o de la defensa de Barcelona, que pasaron a manos reales. Incluso se especuló entonces con la posibilidad de construir una gran ciudadela militar.

Así, el 7 de noviembre de 1659 los reinos de España y de Francia firmaron la Paz de los Pirineos. Felipe IV cedía a Luis XIV el condado del Rosellón y la mitad norte de la Cerdaña. La frontera se desplazó, pues, del macizo de las Corberas, su límite tradicional, al macizo de las Alberas. A finales del siglo XVII, las nuevas fortalezas construidas o reformadas por el mariscal Vauban, como Mont-Louis, en la Cerdaña, consolidaron el dominio militar francés. Cataluña perdía una parte importante de su territorio y de su población y su segunda ciudad más poblada, Perpiñán.

En los condados de Rosellón y Cerdaña pronto se inició el proceso de asimilación francesa. Ya en el mismo 1659 fueron suprimidas las instituciones catalanas. En 1700 Luis XIV prohibió allí el uso público de la lengua catalana. No obstante, la introducción de nuevos impuestos, como la gabela de la sal, provocó el estallido de importantes rebeliones populares: la rebelión de la Sal (1663) y la de los Angelets de la Terra (1667-1670). Durante la Guerra de Sucesión la Corte General de 1705, con Carlos III, se propuso la reunificación del país.

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GUERRAS, REVUELTAS Y PROYECTOS

La Paz de los Pirineos no supuso el fin real de la guerra. Durante los años siguientes, las invasiones francesas de Cataluña desde la nueva frontera del Rosellón fueron frecuentes. En general, se trató de campañas centradas en verano, que tenían como objetivo debilitar el territorio y demostrar el enorme potencial galo, pero no establecer una ocupación permanente.

El reinado de Carlos II, el último Habsburgo hispánico (1665-1700), modificó la agenda de la diplomacia y de la guerra en toda Europa. La Monarquía Hispánica era entonces el gran enfermo del continente: un imperio decadente pero de enormes dimensiones, con territorios en Europa, América y Asia. Y en cuanto al monarca, enfermo físico y mental, muy pronto se constató que no tendría descendencia. Así, las dos familias más directamente implicadas, la rama de los Habsburgo de Viena y los Borbones, tomaron cartas en el asunto. Unos y otros movieron gestiones diplomáticas y firmaron tratados de reparto de la Monarquía Hispánica. También se enredaron en varios conflictos bélicos de desgaste. Y mantuvieron respectivamente un partido proaustríaco y un partido profrancés en Madrid.

La continua presencia militar en Cataluña provocó todavía un nuevo alzamiento contra los alojamientos. Fue la revuelta de los Barretines, o Gorretes (1687-1689). Los campesinos llegaron a movilizar más de 10.000 hombres, pero, a diferencia del año 1640, no contaron con el apoyo de las instituciones. La represión fue muy dura, y algunos de los dirigentes barretines partieron hacia el Rosellón, donde se pusieron al servicio de Francia.

La presencia gala resultó ser una ocupación permanente durante la Guerra de los Nueve Años (1688-1697). El ejército francés se hizo fuerte en Rosas (1693) y en el año siguiente ocupó toda la veguería de Gerona. En 1697, después de un asedio muy violento, entró en Barcelona, y el duque de Vendôme se proclamó lugarteniente en nombre de Luis XIV. Pero en aquel mismo año Francia firmó el tratado de Ryswick por el que abandonó Cataluña sin ninguna contrapartida aparente. En realidad, Luis XIV había demostrado su fuerza y su voluntad de utilizarla si la cuestión sucesoria no se resolvía a su favor. Sin embargo, en aquella guerra no fue el único que movió ficha. El emperador Leopoldo I envió a Cataluña dos mil hombres, comandados por el príncipe Jorge de Hessen-Darmstadt. Las tropas imperiales establecieron una gran complicidad con los cuerpos de fusileros de montaña organizados en el eje Vic-Ripoll. Muchos de sus jefes iban a ser los vigatans, o austracistas, en los primeros compases del reinado de Felipe V.

Pero, para Cataluña, el balance del último tercio del siglo XVII no fue precisamente negativo. Superada la posguerra, la recuperación económica fue espectacular, basada en la especialización agraria, con la vid y el aguardiente, y manufacturera, y con la apertura del comercio con los países del mar del Norte, Inglaterra y Países Bajos. El abogado, economista e historiador Narcís Feliu de la Penya, ideólogo y hombre de acción del primer austracismo, publicó en 1683 el Fénix de Cataluña, un proyecto político y económico que abogaba por que Cataluña fuese “la Holanda del Mediterráneo”. Con él, una nueva generación de nobles, ciudadanos y burgueses empezaba a soñar con un futuro de carácter parlamentario y moderno.

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VIGATANS Y FELIPISTAS. EL PRIMER REINADO DE FELIPE V

Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700. Su testamento cedía la totalidad de la Monarquía Hispánica al duque Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. El nuevo monarca, Felipe V (Felipe IV de Barcelona), no fue recibido con entusiasmo en ninguno de los reinos hispánicos. En Cataluña, además, estaba bastante presente la situación de los condados de Rosellón y Cerdaña, donde Luis XIV había abolido las instituciones y acababa de prohibir el uso público de la lengua catalana. Pero primó el realismo político: no parecía sensato enfrentarse a un rey que contaba con el aparato de estado de la monarquía y con el apoyo activo de la Francia de Luis XIV.

La oposición al nuevo monarca provino del resto de Europa. El emperador Leopoldo I entendía que la Monarquía Hispánica correspondía a la rama vienesa de los Habsburgo. Inglaterra y Países Bajos, por su parte, recelaban de una Monarquía Hispánica convertida de hecho en una colonia de Luis XIV. Al fin y al cabo, el conglomerado hispánico era un enorme imperio, con posesiones en Europa, América y Asia. La decisión de Felipe V de ceder el asiento de negros, el monopolio del comercio de esclavos con Hispanoamérica, a una compañía francesa hizo disparar definitivamente todas las alarmas. De esta manera se formó la Gran Alianza de La Haya, que declaró la guerra a los dos estados borbónicos (1702). Pronto se añadieron Portugal y Saboya. En septiembre de 1703, en Viena, el archiduque Carlos de Austria, hijo segundo del emperador, fue proclamado rey de la Monarquía Hispánica con el nombre de Carlos III.

Felipe V convocó la Corte General de Cataluña. Hacía más de un siglo que no había sido concluida, y en general cumplió las expectativas. Se tomaron importantes acuerdos políticos, como la creación del Tribunal de Contrafacciones (una especie de tribunal constitucional), y económicos, como el derecho de comercio directo con América. Pero los recelos entre Cataluña y los Borbones no se disiparon del todo entonces, y no dejaron de crecer en los siguientes años. Sin duda, contribuyeron a ello las noticias que llegaban del exterior, y que confirmaban la existencia de una potente coalición internacional que podía doblegar a Luis XIV.

Es así como, en la más estricta clandestinidad, se formó el partido austracista, o vigatà. El austracismo reunió a la burguesía de Barcelona y de las ciudades litorales, fuertemente relacionada con el comercio con Inglaterra y Países Bajos; el campesinado acomodado y la pequeña nobleza del eje Vic-Ripoll, que se había endurecido en el combate contra las recientes invasiones francesas; una parte importante del estamento eclesiástico, especialmente sus sectores más populares, y la universidad y el mundo profesional. Pronto el austracismo se mostró ampliamente mayoritario, mientras que los seguidores de Felipe V, los botiflers, quedaban restringidos a la alta administración y un segmento de la aristocracia. El austracismo catalán estableció lazos con los núcleos opositores de los demás reinos hispánicos y también con las potencias aliadas a través de Lisboa (donde se encontraba Carlos III), Génova, Viena y, desde 1704, Gibraltar.

El 20 de junio de 1705 el austracismo firmó en Génova un acuerdo internacional con Inglaterra, que garantizaba el apoyo inglés a una Cataluña alzada en armas. Dos meses después, el 22 de agosto, el desembarco aliado ante Barcelona coincidía con el alzamiento de los vigatans —y de los maulets en territorio valenciano. El 7 de noviembre Carlos III entraba solemnemente en Barcelona.

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BARCELONA, CORTE REAL DE CARLOS III

Desde otoño de 1705, dos jóvenes príncipes, uno en Barcelona y otro en Madrid, se proclamaban señores de unos mismos territorios y lideraban sendas cortes de consejos y secretarías que respondían a los mismos nombres —y que estaban en guerra. La Guerra de Sucesión fue la primera guerra mundial, ya que afectó a la totalidad de Europa y a sus colonias de ultramar; se calcula que murieron más de 1,2 millones de hombres. Y fue también la primera guerra civil peninsular, ya que, más allá del pleito dinástico, enfrentó a dos concepciones irreconciliables: la visión absolutista y castellanizadora de los Borbones y un planteamiento respetuoso con las constituciones y las libertades políticas de los reinos, que se asoció a Carlos III de Habsburgo. En Cataluña, el eje de la movilización austracista fue la defensa de las constituciones.

A pesar de que los aliados entraron en dos ocasiones en Madrid, después de la batalla de Almansa (25 de abril de 1707) la guerra peninsular quedó prácticamente reducida a Cataluña. Una canción popular reza que “cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza”. Esto es parcialmente cierto. Con la derrota aliada, los borbónicos ocuparon los reinos de Valencia y de Aragón y las comarcas occidentales de Cataluña —y proclamaron el primer decreto de Nueva Planta, que afectaba a aquellos reinos. Pero los aliados permanecían victoriosos en todos los frentes de Europa. En 1709 Roma reconoció a Carlos III como legítimo rey de la Monarquía Hispánica. En invierno de aquel año, unos 400.000 franceses murieron de hambre y de frío —y, en este contexto, Luis XIV llegó a pedir la paz.

Barcelona fue durante unos años una corte real. La vida urbana se polarizó entre el lujo cortesano y la pobreza de los refugiados que habían tenido que huir de otros reinos —entre ellos, unos 8.000 valencianos. Alrededor del Palacio Real, en el Pla de Palau, la Lonja y la basílica de Santa María del Mar, la corte de Carlos III reunía a la nobleza antigua o apenas ascendida de Cataluña y de los demás reinos hispánicos, a los altos funcionarios, al entorno germánico de los reyes y a los embajadores de los países aliados y neutrales. La demanda cortesana generó la llegada de artistas y músicos, sobre todo de Italia. Pero sin duda el acontecimiento más importante fue la boda de Carlos e Isabel Cristina de Brunswick, el 1 de agosto de 1708. En aquella ocasión, se estrenó en la Lonja la ópera Il più bel nome, de Antonio Caldara, que ha sido considerada la primera ópera representada en la península Ibérica.

Sin embargo, la dinámica internacional de la guerra se modificó en 1710 con la llegada de los tories al poder en Inglaterra. Los conservadores ingleses muy pronto iniciaron negociaciones de paz con Luis XIV. Al año siguiente falleció José I, el hermano primogénito de Carlos, y este fue proclamado emperador, bajo el nombre de Carlos VI. Todo eso aceleró la firma de la Paz de Utrecht, el 11 de abril de 1713. Un mes antes, el 19 de marzo, la reina Isabel Cristina abandonó Barcelona. El tratado entre Inglaterra y la España de Felipe V parecía decidir el fin del “caso de los catalanes”: “Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa de instar con suma eficacia para que todos los habitantes del principado de Cataluña […] conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios”, Felipe V les concedía todos “aquellos privilegios que poseen y gozan, y en adelante pueden poseer y gozar los habitadores de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los mas amados del rey católico”.

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DESPUÉS DE LA PAZ DE UTRECHT

Los acuerdos firmados en Utrecht fueron acompañados por el tratado de evacuación, por el que Carlos III se comprometía a retirar los casi 25.000 soldados imperiales que permanecían en Cataluña, y a ceder el territorio a las tropas borbónicas. El hombre encargado de llevar a cabo la evacuación era el general Starhemberg, nombrado lugarteniente al partir la reina Isabel Cristina. Imperiales y borbónicos concretaron sus aspectos técnicos en el convenio de Hospitalet (22 de junio).

No obstante, la Conferencia de los Tres Comunes (que reunía a la Diputación del General, el Consejo de Ciento y el Brazo Militar) se hizo cargo entonces de la representación del país. El Consejo de Ciento ordenó que la Coronela, la milicia urbana de Barcelona, ocupase Montjuïc y las Atarazanas para evitar que Starhemberg pudiera entregar la ciudad a los borbónicos. Y la Generalidad convocó una Junta General de Brazos, o Parlamento de Cataluña, la máxima institución del país, que apenas contaba con el precedente de Pau Claris de 1641. El Parlamento se reunió el 30 de junio, con el objetivo de resolver uno de los dilemas más terribles de nuestra historia: la rendición o la defensa a ultranza. Conservamos los discursos pronunciados en el Brazo Militar, que son de una gran potencia retórica y de una enorme carga política. La opción de la rendición partía de la constatación de la derrota y de la voluntad de no infligir más daños materiales y humanos. La defensa a ultranza se proponía ganar tiempo, en la perspectiva de un cambio político inminente en Gran Bretaña —que efectivamente se produjo a finales de verano de 1714— y recordaba que bajo ningún concepto era posible una negociación política con Felipe V. Contra todo pronóstico, la Junta General de Brazos proclamó la defensa a ultranza el 9 de julio. Por su parte, el ejército de las Dos Coronas, comandado por el duque de Popoli, iniciaba el asedio de Barcelona el día 25.

El gobierno catalán envió embajadores a las antiguas capitales aliadas y se encargó de organizar la defensa, la fiscalidad de guerra, las provisiones a la Barcelona asediada y la información y la propaganda. Fue un gobierno de carácter republicano y colegiado, con un discurso político fundamentado en el patriotismo.

Aquel combate desigual se prolongó durante catorce meses. El ejército de las Dos Coronas llegó a reunir a unos cien mil hombres, la mayoría franceses. En la capital resistían poco más de 2.000 soldados profesionales, comandados por el general Antonio de Villarroel, y los aproximadamente 4.000 civiles encuadrados en la Coronela. Por su parte, el denominado ejército exterior disponía de la guarnición de Cardona, encabezada por Manuel Desvalls i de Vergós, y de unos 4.000 militares y fusileros de montaña, comandados por su hermano Antoni, marqués de El Poal. La ciudad asediada tuvo el apoyo activo de Mallorca y de su lugarteniente, el marqués de Rubí, Josep Antoni de Rubí i de Boixadors. Mientras fue técnicamente viable, de Mallorca llegaron la harina, la pólvora y todos los elementos imprescindibles para mantener viva una ciudad asediada.

Barcelona fue durísimamente bombardeada por la artillería borbónica, en especial entre abril y julio de 1714. Pero esta represión se generalizó por toda Cataluña. Ya en verano de 1713 las tropas borbónicas incendiaron Manresa, Tarrasa, Premià, Teià y Vilassar. En invierno de 1714, la revuelta de las quincenadas fue reprimida a sangre y fuego. Más de veinte villas y lugares fueron incendiados.

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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1714

Hacia las cuatro y media de la madrugada, el duque de Berwick ordenó el asalto de Barcelona. Unos veinte mil hombres, mayoritariamente franceses, penetraron por las siete brechas abiertas en la muralla entre el baluarte de Jonqueres y el baluarte Nuevo. En pocas horas, los borbónicos consiguieron ocupar cuatro baluartes, hacerse fuertes en el convento de Santa Clara y estabilizar una línea defensiva a la altura del Pla d’en Llull y de los conventos de San Agustín y de Sant Pere de les Puel·les. La contraofensiva catalana reunió a las últimas fuerzas. En el Pla d’en Llull estuvo liderada por el general Villarroel, mientras que en el baluarte de Sant Pere lo estaba por el conseller primero, Rafael Casanova. Casanova enarbolaba la bandera de Santa Eulalia, máxima expresión de la libertad de la ciudad, y movilizó a miles de defensores. Este último esfuerzo permitió recuperar el baluarte. No obstante, Villarroel y Casanova cayeron heridos.

Mientras tanto, las mujeres y los niños construyeron, en solo media hora, una nueva línea de defensa en el Pla de Palau. Así lo contó el exiliado catalán Francesc de Santacruz en el gravado Barcino Magna Parens, publicado en Viena en 1718:

Plaza de Palacio guarnecida y fortificada por seis cañones y trincheras construidas por las mujeres y niños el mismo día del asalto general, que sin reserva de edad ni sexo concurrieron al trabajo para impedir el avance, cortando con trincheras las calles para hacer con ellas más disputable el terreno, ejecutándose con media hora de tiempo, después de haber ocupado el enemigo las cortaduras, brechas y cuatro baluartes.

La resistencia de los barceloneses y las barcelonesas el Once de Septiembre no era producto de la desesperación. Según las leyes de la guerra, el asedio solo podía tener dos desenlaces: conquista o capitulación. En el primer caso, la ciudad y todos sus habitantes quedaban sometidos a la voluntad de los vencedores, lo que debía suponer el saqueo sistemático y el abuso sobre la población civil. Por el contrario, la capitulación implicaba un pacto entre vencedores y vencidos, por el que estos tenían que obtener, cuando menos, la garantía plena de la vida, la libertad y la propiedad. Este es el motivo por el que miles de defensores de la ciudad mantuvieron sus posiciones, inmolando su vida en defensa del bien común.

En cualquier caso, con la situación enquistada, a las tres de la tarde se iniciaron las conversaciones para establecer una capitulación. Las negociaciones continuaron al día siguiente. Entonces, el mercader Marià Duran y el noble Jacint Oliver, en nombre de la ciudad, y el coronel Juan Francisco Ferrer, recién reincorporado desde Viena, en nombre de la guarnición militar, arrancaron de Berwick el compromiso no firmado de garantizar la vida, las propiedades y la libertad de todos los civiles. En cuanto a la guarnición, Berwick solo se comprometió a tratar a los mandos “conforme a las costumbres de la guerra”.

Así, el día 12 al atardecer las tropas borbónicas ocuparon Montjuïc. Al día siguiente por la mañana, el sargento mayor de la Coronela, Fèlix Monjo, entregó las llaves de la ciudad al marqués de Guerchy, y las tropas francesas entraron ordenadamente en Barcelona. La última consigna que corrió entre los barceloneses fue la de actuar como si no hubiese pasado nada. Incluso algunos, por la tarde, hicieron como que abrían sus negocios —absolutamente vacíos, o medio derruidos. Era el último acto de orgullo de un pueblo agotado y vencido.

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EL FIN DEL ESTADO CATALÁN

El cronista Francesc de Castellví dejó constancia del clima de represión que se vivió en Cataluña durante largos años después de 1714:

La condición de catalanes en este gobierno fue la más triste. No solo era peligroso el hablar, sino también el callar, y aún los pensamientos pagaban tributo y recibían daño. […] El mundo es testigo que en las ciudades y villas era delito comunicar los amigos, detenerse por las calles los conocidos, advertidos de las espías, era peligroso comunicarse entre sí la nobleza. El retirarse a sus castillos y bienes era dar motivo a la acusación para perderlos.

La represión institucional se inició el 15 de septiembre. El intendente José Patiño y otros altos funcionarios borbónicos comunicaron a sus respectivos responsables la disolución del Consejo de Ciento, de la Diputación del General y del Brazo Militar, las tres instituciones que constituían la Conferencia de los Tres Comunes y que se habían encargado del gobierno de la resistencia. El día 22 fueron detenidos y embarcados en un buque dieciocho mandos militares. Todos ellos fueron enviados inicialmente al castillo de Alicante. Desde allí, la mitad, encabezados por el general Villarroel, fueron trasladados al castillo de San Antón, en La Coruña. La otra mitad, con los generales Joan Baptista Basset, Francesc de Sans y Josep Bellver, fueron confinados en la fortaleza de Fuenterrabía o en las casamatas de Pamplona. No se les abrió ningún proceso judicial, pero permanecieron en prisión como “presos de estado” hasta la paz de Viena de 1725. Por su parte, un gran número de oficiales y soldados fueron encarcelados en las fortalezas de Tortosa, Peñíscola, Rosas y Sant Pol, o bien fueron enviados a galeras o al presidio de Ceuta.

El 2 de octubre se publicó el primer bando de destierro de eclesiásticos. Bandos similares se repitieron en los siguientes meses y años, y la represión en el interior de la Iglesia fue particularmente dura. También el 12 de noviembre se publicó el primer bando de destierro de todos los no catalanes que habían permanecido en Cataluña durante el asedio. Esta medida, que se repitió sistemáticamente, afectó a valencianos, aragoneses y castellanos austracistas, que tuvieron que marcharse al exilio. El primer bando de este tipo supuso el desplazamiento de 635 personas con sus familias.

La represión afectó a cualquier ámbito. Supuso el secuestro de bienes de los austracistas más destacados, el cierre de todas las universidades catalanas —y la creación de una nueva universidad en Cervera— y una destrucción de símbolos: quema de banderas, derribo de monumentos, destrucción de publicaciones austracistas, etc. La cifra de represaliados, encarcelados o ejecutados superó los 4.000 hombres.

Esta represión se volvió incluso más extrema en 1715. En aquel contexto, el general Josep Moragues fue ejecutado el 27 de marzo con el mismo ritual que la justicia había reservado a los grandes bandoleros. En palabras de un alto funcionario borbónico, Moragues fue “arrastrado vivo por las calles por un caballo, degollado y hecho cuartos, puesta su cabeza en una jaula en el Portal de Mar”. Con él fueron ejecutados también sus compañeros Jaume Roca y Pau Massip “después de haberles hecho pasar por los tormentos, no obstante cuyo rigor no quisieron confesar nada en cabeza de los socios y cómplices en el delito”. La cabeza del general Moragues permaneció colgada en una jaula en el Portal de Mar de Barcelona hasta 1727.

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LA NUEVA PLANTA (Y EL “CATÁSTROFE”)

El 12 de enero de 1716 se publicó el Decreto de Nueva Planta de Cataluña. Pocos meses antes había sido aprobada también la creación del Real Catastro, el principal impuesto del nuevo gobierno borbónico. No era, evidentemente, el primer decreto de este tipo. En 1707, poco después de la batalla de Almansa, había sido promulgado el Decreto de Nueva Planta de Valencia y Aragón. En 1711, después de la segunda ofensiva aliada que llegó hasta Madrid, el gobierno borbónico tuvo que redactar un nuevo decreto para este reino. Y en 1715 había sido publicado también el decreto referido al Reino de Mallorca. La argumentación formal de todos ellos se refería a la “soberanía absoluta” del monarca, y a su derecho, por consiguiente, de hacer y deshacer leyes sin ningún límite ni control. El decreto de 1707 argumentaba, además, “el justo derecho de la conquista que de ellos [es decir, de los reinos de Valencia y de Aragón] han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión”. Su terminología —pero no su contenido de fondo— aparentemente se moderó en el decreto de 1716: “Habiendo con la asistencia divina y justicia de mi causa pacificado enteramente mis armas ese Principado.”

En ocasiones se ha dicho que los decretos de Nueva Planta impusieron las leyes de Castilla en los antiguos reinos de la Corona de Aragón, o incluso que con las Nuevas Plantas nace el Estado español como unidad legislativa y fiscal. Esto es incierto. Las Nuevas Plantas fueron un experimento absolutista que llegó mucho más lejos de lo que marcaba la legislación castellana, y que se aplicaron sobre un país vencido. El nuevo gobierno se organizó de manera vertical, y eliminó todas las formas de representación anteriores. En Cataluña, se estructuró sobre tres patas. Por una parte, el capitán general, primera autoridad del territorio, presidente de la Real Audiencia y jefe de un ejército que nunca estuvo por debajo de los 25.000 efectivos durante el siglo XVIII. Por otra parte, esta institución, la Audiencia, formada más o menos paritariamente por jueces botiflers y forasteros, encargada del orden público y de la justicia y organizada sobre el territorio mediante los corregidores y los alcaldes. Y, finalmente, la Superintendencia, encargada del cobro de los impuestos viejos y nuevos y estructurada en delegaciones territoriales.

El nuevo modelo político vino acompañado también por un nuevo modelo fiscal. Las autoridades borbónicas mantuvieron todos los impuestos anteriores. Sin embargo, la Corona pasó a cobrar todas las rentas que hasta entonces pertenecían a la Generalidad y al Consejo de Ciento, instituciones abolidas. Además, creó nuevos impuestos indirectos muy onerosos, como el de la sal. E instituyó el catastro, un nuevo impuesto directo que, como los servicios votados anteriormente en las Cortes Generales, introducía elementos de proporcionalidad. El catastro generó un amplio rechazo, se impuso mediante apremios militares, encarcelamientos y coacciones, y, paradójicamente, acabó nutriendo el numeroso grupo de descontentos y marginados que se alistaron en la guerrilla austracista. No fue para menos. El método de reparto no difería mucho de la fiscalidad parlamentaria del Estado catalán. Pero la presión fiscal se multiplicó, de media, por 7,84 (y en algunas áreas lo hizo por 10 y por 11). La gente lo llamó el “catástrofe”. La imposición de la nueva fiscalidad prolongó la posguerra y la pobreza. El gran crecimiento económico catalán del siglo XVIII se produjo a pesar del catastro —y a pesar del Estado borbónico.

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LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA LENGUA CATALANA

El primer monarca que prohibió el uso público del catalán fue Luis XIV. Lo hizo en febrero de 1700 en los condados de Rosellón y Cerdaña. Según el Rey Sol, cuarenta años después de la paz de los Pirineos, “los procesos de los juicios subalternos decididos en el país, las deliberaciones de los magistrados de las villas, las actas de los notarios y otras actas públicas” seguían haciéndose en catalán en Cataluña del Norte. Más aún: los estudiantes roselloneses continuaban yendo “a estudiar a las villas de dominación de España”, es decir, al Principado. Todo eso, concluía Luis XIV, “repugna y es contrario a nuestra autoridad y al honor de la nación francesa”.

La misma política se instauró en el Principado con la victoria borbónica de 1714. Los catalanes, afirmaba José Patiño, uno de los principales ideólogos de la Nueva Planta, eran “apasionados a su patria con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablan en su lengua nativa”. Por este motivo el decreto ordenó que las sesiones de la Audiencia “se substanciarán en lengua castellana” —e introdujo jueces forasteros. Otro tanto ocurrió poco después en el Tribunal del Consulado de Mar.

Las instrucciones a los corregidores de 1717 detallan lo que fue una sistemática política de sustitución lingüística: “pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”. Hay gente que se sorprende de que en 1714 no se prohibiese la enseñanza o la prédica en catalán. La respuesta es bastante evidente: la sociedad catalana había sido hasta entonces esencialmente monolingüe. Excepto algunos sectores dirigentes, la gente era incapaz de expresarse en castellano. No había entonces, pues, suficientes maestros ni curas para generalizar el uso de la lengua castellana en estos ámbitos.

Pero esa constancia tuvo sus efectos: el 23 de junio de 1768, Carlos III de Borbón, hijo de Felipe V, prohibió la lengua catalana en la enseñanza y en las iglesias:

Mando que la enseñanza de las primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por el mi Consejo a los diocesanos, universidades y superiores regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace recíproco.

Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la escuela y la Iglesia fueron instrumentos de castellanización, como también lo eran, evidentemente, el ejército y la administración civil del Estado. Pero el catalán mantuvo intacto su prestigio como lengua de los negocios y de las empresas y como instrumento de sociabilidad y de distinción. Visto en la distancia, la pervivencia del catalán como lengua no minorizada o no arrinconada a los estratos rurales más pobres fue sobre todo el resultado de una voluntad tozuda de las clases medias urbanas. La abundante legislación que fue prohibiendo su uso en ámbitos cada vez más numerosos es, sobre todo, un testimonio incuestionable de su vigencia y de su vitalidad. Ningún legislador se preocupa de hacer leyes para prohibir cosas que no existen.

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EL EXILIO AUSTRACISTA

El exilio de los vencidos de la Guerra de Sucesión fue el primer gran exilio político hispánico. Se vieron afectadas entre 25.000 y 30.000 personas, aproximadamente, cuya mitad eran catalanas del Principado y la otra mitad —valencianos, aragoneses, castellanos— se había refugiado en Cataluña en el transcurso de la guerra.

El éxodo se produjo en varias etapas. En verano de 1713 se fueron de Barcelona, con la evacuación de las tropas imperiales, unos centenares de familias de la nobleza cortesana y de altos funcionarios. También partieron entonces unos 2.500 militares profesionales, con sus familias. Al finalizar el asedio, la oficialidad de la guarnición de Cardona y del denominado ejército del exterior pudo embarcarse en el Maresme en cumplimiento de los acuerdos de la capitulación de aquella fortaleza. Por otra parte, las nuevas autoridades borbónicas de ocupación desterraron a tierras de Carlos VI un nutrido número de eclesiásticos austracistas, y la totalidad de los no catalanes que habían residido en el Principado durante el último asedio. Pero, en paralelo, se produjo un exilio clandestino de grandes dimensiones, que no se detuvo hasta después de la paz de Viena de 1725. El éxodo se avivó con fuerza con la caída de Mallorca (1715) y Cerdeña (1717), y después de la Guerra de la Cuádruple Alianza (1718-1720), durante la que se reactivó la guerrilla austracista en Cataluña. Los últimos exiliados se marcharon con la amnistía de 1725; entre ellos había muchos de los mandos militares de la defensa de Barcelona de 1714, que por entonces estaban encarcelados en La Coruña y en Segovia.

Los exiliados se desplazaron mayoritariamente a tierras de Italia, donde el emperador Carlos VI tenía en su poder Nápoles y Milán, y a Viena, la capital imperial. Los regimientos hispánicos, por su parte, lucharon en la Tercera Guerra Turca (1714-1718) y participaron muy activamente en la conquista de Temesvar (hoy Timisoara) y de Belgrado. En Viena el emperador fundó los Consejos de España y de Flandes, encargados del gobierno de los territorios incorporados a la Monarquía de los Habsburgo en las paces de Utrecht y de Rastatt. La mayoría de sus miembros eran exiliados, y el Consejo de España tenía como única lengua oficial el castellano. Entre las huellas del exilio en la capital imperial destacan la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, contigua al Hospital de Españoles fundado en 1718, el monasterio de Montserrat y el convento de los Trinitarios Descalzos.

El exilio mantuvo su identidad y generó espacios de sociabilidad colectiva. También se encargó de la gestión de la memoria. Así, Francesc de Castellví escribió las Narraciones históricas, la mejor crónica de la Guerra de Sucesión en Cataluña; el ingeniero Francesc de Santacruz elaboró el magnífico grabado Barcino Magna Parens —“Barcelona Gran Padre (o Madre)”—, que describe el último asedio de Barcelona, y el canónigo Antoni de Bastero publicó en Roma La Crusca Provençale, historia de los trovadores catalanooccitanos y de su influencia en los poetas toscanos del Trecento.

Además, el exilio mantuvo los vínculos con los núcleos austracistas clandestinos de Cataluña, y siguió presionando por una resolución positiva del “caso de los catalanes”. Estas gestiones fueron más amplias y más precisas en el marco de las nuevas guerras internacionales: la Guerra de la Cuádruple Alianza (1718-1720) y la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738). En uno y otro momento se encendió de nuevo la guerrilla en Cataluña.

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VIA FORA ELS ADORMITS! LOS ÚLTIMOS COLETAZOS DEL AUSTRACISMO

En 1734, en el marco de la Guerra de Sucesión de Polonia, las tropas de Felipe V invadieron Nápoles y Sicilia. En estos reinos residían algunos miles de refugiados austracistas que habían tenido que abandonar Barcelona veinte años antes, en 1714. Su conquista fue rápida y tuvo efectos determinantes sobre la situación del exilio y sobre la política imperial hacia la Monarquía Hispánica. Los exiliados en Nápoles tuvieron que emprender un nuevo viaje de final incierto hacia Viena, la capital imperial.

Aquella fue la última oportunidad de internacionalizar el “caso de los catalanes”. Mientras en el interior se avivaba la guerrilla, un núcleo de exiliados publicaba en los Países Bajos dos opúsculos con un doble objetivo: movilizar de nuevo al país y situar Cataluña en la agenda de la diplomacia internacional. Via fora els adormits, el primero de los dos, se imprimió el mismo año 1734 en una doble versión en catalán y francés, la lengua de la diplomacia. Esta obra, de más de ochenta páginas, pretendía recordar los compromisos adquiridos por la Gran Alianza de La Haya con Cataluña, en la perspectiva de una victoria en la presente contienda. El opúsculo insistía en las deudas contraídas por Inglaterra, ya que supuestamente era el resultado de una correspondencia entre el secretario de Mitford Crowe (el ministro plenipotenciario que había firmado con Cataluña en nombre de la reina Ana el pacto o tratado de Génova en 1705) y un corresponsal suyo residente en Barcelona. Via fora els adormits proponía la creación de un estado tapón entre las monarquías borbónicas de España y de Francia, que incluiría el País Vasco y Navarra, con el Lapurdi, la Corona de Aragón, con los condados de Rosellón y de Cerdaña, y el Reino de Murcia. Alternativamente, abogaba también por una “república libre de Cataluña en su antigua integridad”, es decir, con Cataluña del Norte, bajo protectorado británico. El título, por otra parte, recordaba a uno de los opúsculos más importantes imprimidos en Barcelona durante el último asedio: Despertador de Catalunya; aquel texto había recorrido Europa y se había editado también en versión italiana.

En la misma línea, en 1736 se publicó Record de l’Aliança fet al sereníssim Jordi, augusto rei de la Gran Bretanya, amb una carta del Principat de Catalunya i ciutat de Barcelona. El texto, bilingüe latín-catalán, había sido supuestamente redactado por un abogado de Oxford e incidía en la responsabilidad de Inglaterra en el “caso de los catalanes”. Además, publicaba varios documentos originales, como el propio tratado de Génova.

Durante la conquista borbónica de Nápoles, los exiliados aún fundaron una compañía de voluntarios, bajo las órdenes de Pere Joan Barceló, Carrasclet, quien participó en la batalla de Bitonto, de victoria borbónica. Poco después, Carrasclet y algunos de sus oficiales fueron detenidos y enviados a la fortaleza de Cádiz, de donde no salieron hasta 1740.

El fin de la Guerra de Sucesión de Polonia consolidó a Felipe V y su dominio de la Italia meridional. La guerrilla interior fue liquidada a sangre y fuego, y su comandante, Andreu Garcia, fue ejecutado y descuartizado el 30 de junio de 1735. Su cabeza fue colgada en La Selva del Camp, su villa, y los cuartos de su cuerpo fueron repartidos a lo largo del camino que une esta localidad con Tarragona.

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LA NUEVA BARCELONA DEL DANUBIO

La caída de Nápoles y Sicilia en manos de las tropas de Felipe V, en 1734, causó una verdadera conmoción en el exilio austracista. Unos miles de exiliados tuvieron que emprender entonces la reemigración hacia Viena. Carlos VI clausuró el Consejo de España, y las personas que obtenían de él un sueldo o una pensión se encontraron de repente sin ingresos. Esta circunstancia afectó por igual a los residentes en la capital imperial y a los que se habían desplazado huyendo del dominio borbónico.

En aquellas circunstancias, la administración imperial resucitó los proyectos para ubicar el exilio en las tierras del Banato de Temesvar, recién conquistadas a los turcos. El Banato, con capital en la actual Timisoara, es una región geográfica absolutamente llana delimitada por el río Danubio y sus afluentes Tisza y Maros y surcada por otros ríos menores. El territorio había sido incluido dentro de la Militargrenze, o Frontera Militar, un área gobernada directamente por la Hofkammer (o Cámara Imperial) y el Kriegsrat (o Consejo de Guerra), con sede en Viena. Por este motivo, en esta región no había ningún tipo de prohibición de extranjería. Desde la década de 1720, la administración imperial fomentó ahí la emigración de habitantes de los distintos dominios de los Habsburgo. Los colonos eran sobre todo parejas de campesinos alemanes jóvenes.

En este contexto, el proyecto de construir una “nueva patria” para los exiliados hispánicos podía parecer hasta cierto punto razonable. El colectivo dispondría de tierras. Y, en contrapartida, esta región de frontera del Imperio contaría con un nuevo contingente de personas de una fidelidad probada. La coloración étnica diversa del Banato de Temesvar —que, de hecho, se ha mantenido hasta nuestros días— parecía, por otra parte, un marco adecuado para el establecimiento de un nuevo grupo nacional.

El acuerdo de creación de la colonia se tomó en la conferencia imperial celebrada el día 4 de octubre de 1734. El primer contingente de exiliados se trasladó al Banato un año más tarde, en otoño de 1735. Pronto la colonia hispánica alcanzó la cifra de casi ochocientas personas, una cantidad que ya no sería superada posteriormente. La concentración de personas aceleró los trabajos de construcción. Los exiliados hispánicos se concentraron en Beckerek. La Nueva Barcelona que se fundó en este lugar corresponde hoy a la localidad de Zrenjanin, en la región autónoma de Voivodina (República de Serbia).

Sin embargo, el proyecto no prosperó debido a las características del terreno y a la propia composición de los exiliados. El Banato era entonces una zona insalubre, con muchas ciénagas y enfermedades endémicas, como la malaria. Los exiliados, muchos de ellos ya mayores, heridos o impedidos, y sin conocimientos agrícolas, no respondían al tipo de colonizador habitual. La reemigración hacia Buda se inició en verano de 1737, coincidiendo con el estallido de una nueva guerra contra los turcos. El último traslado del que tenemos constancia corresponde a junio de 1738. Fue conducido por el padre trinitario castellano Alonso de Brihuega y compuesto por treinta y tres personas, la mayoría viudas y huérfanas.

Los supervivientes, unos 400, se desplazaron a Buda y Viena. Algunos todavía participaron como voluntarios en la Guerra de Sucesión de Austria bajo el mando de Pere Joan Barceló. El coronel Carrasclet murió en combate contra los Borbones en Breisach (Selva Negra) la madrugada del 4 de septiembre de 1743. Fue enterrado allí con honores militares.

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LA UNIVERSIDAD DE CERVERA. ACADEMIAS Y ESCUELAS

Los estudiantes y profesores de la Universidad de Barcelona habían jugado un papel importante de oposición durante el primer reinado de Felipe V. A partir de 1705, muchos formaron parte de la administración de Carlos III, y participaron en la última defensa de la capital. No es extraño que, en septiembre de 1714, las autoridades borbónicas de ocupación prohibiesen el inicio del curso escolar en Barcelona y ordenasen que la comunidad universitaria se trasladara a Cervera. Esta medida, tomada de forma excepcional y por razones de seguridad, se institucionalizó tres años más tarde. Así, el 11 de mayo de 1717 se publicó el decreto de creación de la Universidad de Cervera, que ordenaba también el cierre de las demás universidades catalanas.

Cervera tenía entonces poco más de 2.000 habitantes, y no era una de las ciudades más pobladas de Cataluña. La elección de la ubicación de la única universidad borbónica del Principado obedeció a motivaciones políticas. El municipio había enviado unos años atrás a unos embajadores a Madrid que reivindicaron, con algunas exageraciones y muchas verdades a medias, el supuesto unánime pasado botifler de la población. A cambio, los concejales de Cervera solicitaron hasta treinta medidas de premio, entre las que había la creación de la universidad —la única que de hecho obtuvieron. Además, el boticario y concejal perpetuo Josep Corts redactó un Estudio antiguo y moderno de la ciudad de Cervera, que se convirtió en la nueva versión oficial de la historia de la ciudad.

El traslado a Cervera del mundo académico generó grandes problemas. Las obras del nuevo (y magnífico) edificio se iniciaron en 1718, pero no fue posible impartir clases allí hasta 1740. De hecho, ese edificio no estuvo del todo terminado hasta 1789. El nivel académico fue siempre muy bajo, y especialmente los alumnos de medicina buscaron alternativas donde estudiar. Unos centenares de estudiantes catalanes prefirieron desplazarse a la Universidad de Toulouse, en la Francia también borbónica pero mucho más ilustrada. Solo entre los años 1715 y 1754 se doctoraron allí 677 estudiantes del Principado. En estas condiciones, la Universidad de Cervera no pudo superar la revolución liberal. Los estudios universitarios regresaron a Barcelona a partir de 1837, y la Universidad de Cervera cerró definitivamente en 1842.

No obstante, la pujanza económica del siglo XVIII y las novedades técnicas requirieron la formación de profesionales especializados. La Junta Particular de Comercio de Barcelona, fundada en 1758, resultó ser la expresión de la burguesía manufacturera y comercial. Como tal, y ante la pasividad del Estado borbónico, puso en marcha una serie de nuevas escuelas. La primera fue la de Náutica (1770). Le siguieron la Escuela de Nobles Artes, o de Lonja (1775) y, acto seguido, entre otras, las escuelas de comercio, arquitectura, química, taquigrafía, economía política, física, botánica y agricultura, matemáticas, aritmética y geometría, etc.

En paralelo, la Real Academia de Buenas Letras, sucesora de la austracista Academia de los Desconfiados, reanudó de manera oficial a partir de 1752 la tarea de estudio de la lengua y la historia de Cataluña. Por su parte, el ejército borbónico fundó en 1716 la Academia Militar de Barcelona, o Academia de Matemáticas, destinada a la formación de ingenieros, y, más adelante, el Colegio de Cirugía (1760).

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LOS MEMORIALES DE AGRAVIOS

La nostalgia de las Constituciones abolidas en 1714 marcó a varias generaciones de catalanes. A partir de la década de 1740 resultó ya evidente que la apuesta por un apoyo internacional al “caso de los catalanes” era una vía muerta. Pero un segmento importante del país siguió considerando viable el restablecimiento de las constituciones mediante un cambio dentro del régimen borbónico.

Estas esperanzas vivieron un momento álgido en 1759, con la proclamación de Carlos III de Borbón como rey de España. Carlos era hijo de Felipe V y de Isabel de Parma y había reinado hasta entonces en el Reino de las Dos Sicilias, donde se había labrado una imagen de monarca reformista y modernizador. En aquella coyuntura, algunos altos responsables de la administración borbónica en Cataluña y en los demás reinos de la Corona de Aragón redactaron textos en los que proponían la abolición de las nuevas plantas y la recuperación de los sistemas constitucionales anteriores. Conviene remarcar que los autores de estos proyectos eran altos funcionarios borbónicos, de fidelidad probada a la nueva dinastía, lo que pone de manifiesto el fracaso de las nuevas plantas y la escasa consideración que tenía el nuevo gobierno absolutista incluso entre aquellos que tenían que encargarse de su aplicación. Estos textos fueron denominados memoriales de agravios.

El memorial más completo lo redactaron los diputados de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Palma que asistieron a las Cortes convocadas por Carlos III en 1760, con ocasión del juramento del heredero de la corona. Hay que señalar que, aunque las Cortes de la Corona de Aragón habían sido abolidas, el régimen borbónico había concedido a estas ciudades el derecho a asistir a las Cortes de Castilla —que solo eran convocadas por causas protocolarias, como la que entonces les ocupaba.

El texto del memorial de agravios de 1760 es moderado en sus formas pero contundente en su contenido. Se afirma, por ejemplo, que “contra la piadosa intención del glorioso padre de Vuestra Majestad”, Felipe V, con la implantación de las nuevas plantas habían sido “imponderables los males que en su ejecución han padecido aquellos reinos”. Y se constata que “siendo diferentes los climas de las provincias y los genios de sus naturales, deben ser diferentes sus leyes para que esté bien ordenado el todo y sea dichoso el cuerpo de esta Monarquía”. El documento reprueba también el nuevo modelo fiscal y las instituciones municipales impuestas por los Borbones.

Esta reivindicación no se limitó al ámbito político. Los diputados catalanoaragoneses exigieron que la prédica se hiciese en las lenguas del país. Y de forma muy significativa destacaron la discriminación que se vivía en este punto incluso en contraste con los pueblos aborígenes de América: “En las Indias, cuyos naturales, según se dice, no son capaces del ministerio eclesiástico, los párrocos deben entender y hablar la lengua de sus feligreses. ¿Y han de ser los labradores catalanes y valencianos de peor condición que los indios?”

Sin embargo, aquel memorial no tuvo ninguna consecuencia práctica. Muy al contrario, como ya hemos avanzado, Carlos III de Borbón fue el monarca que prohibió el uso del catalán en las escuelas. Pero la reivindicación de las constituciones de Cataluña se reanudó en cada nueva coyuntura de cambio. Y lo hizo, en uno y otro bando, durante la Guerra de la Independencia.

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INDIANAS Y AGUARDIENTE

Superada la durísima posguerra, el siglo XVIII fue, globalmente, un período de gran crecimiento. La expansión económica empezada en el período 1550-1640, y reiniciada durante el último tercio del siglo XVII, se retomó con fuerza a partir de la década de 1730.

La población de Cataluña pasó de 470.000 habitantes a cerca de 900.000. Este empujón fue producido básicamente por el crecimiento vegetativo. Su población urbana también creció a buen ritmo. Barcelona, que al inicio de aquel siglo se situaba alrededor de 40.000 habitantes, se acercó a los 100.000 al final de la centuria. Pero aún fue más significativo el crecimiento de las ciudades medianas, que articulaban un país en red. A finales de siglo, Tortosa alcanzaba los 16.000 habitantes, Reus los 14.500 y Lérida y Mataró superaban los 10.000. Nueve ciudades más superaban los 5.000: Olot, Vic, Tarragona, Valls, Manresa, Gerona, Vilanova i la Geltrú, Figueras y Sant Feliu de Guíxols. El crecimiento demográfico y los cambios económicos impulsaron, a finales del siglo XVIII, una importante corriente emigratoria. Núcleos comerciales catalanes se instalaron en La Higuerita (actual Isla Cristina, Huelva), Vigo, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, donde impulsaron industrias pesqueras y agroalimentarias.

El crecimiento económico tenía una base sólida, que arrancaba de los cambios iniciados en el siglo XVI. Las comarcas litorales y prelitorales se especializaron en productos comerciales y de exportación: la viticultura, y en particular la producción de aguardientes, el aceite y los frutos secos. La viña trepó montaña arriba, mediante la construcción de terrazas y bancales de piedra seca, el barbecho disminuyó mientras aumentaban los rebaños estabulados, y la mula y el caballo sustituyeron a la pareja de bueyes como animales de labor.

Esta revolución agraria fomentó la consolidación de una clase media campesina con cierto poder adquisitivo. Las comarcas interiores, por su parte, se concentraron en el cultivo de trigo, que contaba con una demanda creciente en las ciudades y en el litoral. Todo ello llevó a la creación de un mercado nacional articulado, con sus consecuencias: intercambios regulares, división regional del trabajo, tendencia a la equiparación de precios y salarios, etc.

Los cambios en el sector preindustrial no fueron menores. El sistema domiciliario, que ocupaba a población campesina, mayoritariamente femenina, se generalizó. Los gremios se especializaron en productos de lujo y vivieron una etapa de esplendor. Y en las principales ciudades apareció un nuevo tipo de empresas: las manufacturas de indianas. Eran talleres, a veces de grandes dimensiones, donde podían trabajar decenas o centenares de operarios. A diferencia del taller artesanal, en la manufactura se produjo una nítida división entre el empresario y los obreros, que eran retribuidos por aquel con un jornal.

La manufactura de indianas era ya, por lo tanto, una empresa capitalista. La especialización en las indianas, es decir, en los estampados de algodón, permitió a sus empresarios saltarse la rígida legislación gremial, ya que este era uno de los pocos sectores que no disponía de un gremio. La producción se destinó mayoritariamente a la exportación. A finales del XVIII se extendieron también nuevos ingenios mecánicos movidos por la energía hidráulica, como la bergadana, un huso mecánico inventado por el carpintero de Berga Ramon Farguell en 1789. Con este aparato un único hilandero podía accionar ciento treinta husos al mismo tiempo.

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… ¡AMÉRICA!

La economía catalana del siglo XVIII se orientó hacia la exportación. Superada la posguerra, las compañías catalanas volvieron a tener una importante presencia en los mercados mediterráneos y del mar del Norte. Pero los mercaderes catalanes aspiraban a acceder directamente al mercado colonial hispanoamericano. En este aspecto, la corona mantenía el monopolio comercial de Cádiz, que había sustituido a Sevilla al inicio de la centuria.

La reivindicación del comercio directo con ultramar venía de lejos. Ya las dos Cortes Generales celebradas a principios del siglo XVIII habían aprobado la liberalización del comercio. Y en 1709, en plena Guerra de Sucesión, varios empresarios catalanes habían constituido la Compañía Nueva de Gibraltar, que tenía como objetivo el comercio directo con América. El fin de la guerra y la victoria borbónica acabaron con aquel proyecto.

No obstante, el crecimiento económico catalán generó un aumento de las exportaciones a ultramar. A partir de la década de 1730, los productos catalanes eran desembarcados y vendidos en Cádiz, y desde allí reexportados a América. Sin embargo, desde 1745, los barcos catalanes comerciaron directamente con el Nuevo Mundo. La parada de estas naves en Cádiz se limitaba al tiempo justo para pasar las inspecciones, satisfacer los impuestos y obtener la autorización correspondiente. En el decenio de 1750, muchas compañías comerciales catalanas ya disponían de corresponsales en los puertos americanos.

La ruptura del monopolio gaditano se inscribe en el marco de la política económica del despotismo ilustrado conocida como fisiocracia. Esta medida, tomada por Carlos III, pretendía aumentar el volumen comercial y también los ingresos fiscales. En realidad, esa decisión se tomó en dos tiempos. En 1765, un primer decreto liberalizó el comercio con las Antillas. Un nuevo decreto, en 1778, liberó el comercio con todo el mercado hispanoamericano (excepto México y Venezuela) y facultó a varios puertos peninsulares para llevarlo a cabo. En Cataluña, los puertos beneficiados por esta medida fueron Barcelona y Els Alfacs (donde, por iniciativa de la corona, se proyectaba la ciudad de San Carlos, hoy Sant Carles de la Ràpita).

En los años siguientes, las exportaciones catalanas a América crecieron de forma espectacular. En 1778 tenían un valor aproximado de 8,5 millones de reales, diez años después superaban ya los 30, y en 1794 alcanzaron la cifra de 55. Sin embargo, más allá de las cifras, hay que remarcar que su impacto sobre el país fue directo, ya que las mercancías exportadas desde el puerto de Barcelona provenían en su práctica totalidad de Cataluña —a diferencia de lo que ocurría en Cádiz, que era sobre todo un puerto de reexportación. Así, la exportación de aguardientes y de indianas y de otros productos agrarios y manufacturados tuvo consecuencias altamente positivas sobre todos los sectores productivos. Por su parte, las importaciones consistían en productos coloniales, materias primas de uso industrial y metales preciosos.

A pesar de la gran trascendencia del mercado americano en la economía catalana, cabe destacar que su duración fue muy breve. El comercio se detuvo de repente con el inicio de la Guerra de la Independencia, en 1808, justo treinta años después de su liberalización. Y ya no se retomó, debido al arranque del proceso emancipador de Hispanoamérica. Solo Cuba y Puerto Rico siguieron vinculadas a la metrópolis otro siglo, hasta 1898.

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EL MOTÍN DE LAS QUINTAS Y LAS REVUELTAS DEL PAN

El gran crecimiento demográfico y económico del siglo XVIII hizo aumentar las desigualdades sociales. Un segmento importante de pagesos grassos (campesinos ‘gordos’, ricos), propietarios y enfiteutas mejoraron su situación económica, mientras que los campesinos pobres constituían una especie de semiproletariado rural. Los nuevos contratos agrarios, como la rabassa morta, agravaron las diferencias entre unos y otros. La rabassa morta cedía en alquiler al campesino las tierras forestales que roturaba para plantar viñedos.

En las ciudades la polarización social fue también muy evidente. Un pequeño segmento de artesanos y mercaderes creó las nuevas manufacturas, mientras otros menestrales seguían un proceso inevitable de proletarización. El crecimiento de las grandes ciudades, como Barcelona, implicó la aparición de la clase obrera, entendida como colectivo de trabajadores y trabajadoras de las fábricas que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un jornal. Las ciudades se volvieron más inestables, y los disturbios resultaron frecuentes. Esta situación se prolongó durante todo el siglo XIX, y aún tuvo algunas expresiones sonadas en la primera década del siglo XX, como la Semana Trágica.

El incipiente proletariado urbano de Barcelona protagonizó dos importantes revueltas a finales del siglo XVIII. Ambas fueron reprimidas con mucha dureza por parte del ejército. Son el motín de las quintas (1773) y las revueltas del pan (1789).

A pesar de la imposición de la Nueva Planta, en la Cataluña del siglo XVIII no había sido implantado el sistema de levas militares forzosas que se aplicaba en el resto del Estado español —con la otra excepción de Navarra y el País Vasco, las denominadas provincias exentas. La contribución catalana al ejército español se basaba exclusivamente en levas voluntarias. No obstante, en 1773 el gobierno borbónico decretó la introducción de las quintas en el Principado. A través de este sistema, uno de cada cinco jóvenes en edad militar (un quinto) sería movilizado de forma obligatoria. La sublevación contra las quintas, protagonizada por la juventud de Barcelona, se desató el 4 de mayo. Fue sofocada por el ejército, con algunos muertos. Pero tuvo unos efectos positivos: no se abrieron procesos judiciales contra los sublevados y, lo más importante, se acabó con el sistema de quintas. De hecho, la excepcionalidad catalana en el sistema de movilización militar se mantuvo hasta la década de 1840.

Las revueltas del pan estallaron el 28 de febrero de 1789 y se prolongaron durante tres días. Fueron la expresión de indignación de una típica crisis de subsistencias. El pueblo protestaba por la escasez, el elevado precio y la mala calidad del pan, que lo habían convertido casi en un producto de lujo, y que habían generalizado el hambre entre las clases populares. Los sublevados asaltaron las barracas de venta del pan y el horno municipal, además de las casas de algunas autoridades; hicieron sonar las campanas de las iglesias y de la catedral, lo que les enfrentó al obispo, y tropezaron repetidamente con la tropa, que disparó y provocó un gran número de heridos y muertos. La actuación conciliadora del Ayuntamiento, que de repente acordó la rebaja del precio del pan; la falta de un programa y de un liderazgo claros por parte de los sublevados, y, finalmente, la actuación contundente del ejército acabaron con los disturbios. Su posterior represión comportó algunas penas de muerte y ejecuciones públicas.

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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El estallido de la Revolución Francesa, en 1789, tuvo repercusiones inmediatas en Cataluña. Muchos nobles y eclesiásticos franceses se refugiaron en el Principado. La ejecución de Luis XVI (1793) dio paso a una guerra de varios estados absolutos de Europa contra la Francia revolucionaria. Fue la llamada Guerra Grande. No obstante, el Estado español fue el primero en abandonar el conflicto, debido a su debilidad militar y política —a pesar del parentesco que desde Felipe V unía a los reyes de España con los depuestos reyes de Francia.

La alianza con la Francia revolucionaria se consolidó después de que Napoleón Bonaparte fuese proclamado emperador (1804) y sus ejércitos dominasen todo el continente. El nuevo emperador ordenó el bloqueo naval de Gran Bretaña, la única potencia que entonces se le oponía. Portugal, aliada histórica de los ingleses, se negó a participar en el bloqueo. Por este motivo Napoleón firmó con Carlos IV de España el tratado de Fontainebleau (octubre de 1807), por el que el Estado español facilitaría el paso de las tropas francesas que tenían que invadir Portugal; este país sería desmembrado y repartido entre los dos estados.

Las tropas francesas que entraron por La Junquera el 9 de febrero de 1808 lo hacían, por lo tanto, en calidad de amigas. Sin embargo, muy pronto se constató que uno de sus objetivos era la ocupación permanente del país. En Barcelona entraron el 13 de febrero, y dos semanas después, el 29, ocupaban la Ciudadela y Montjuïc, y se adueñaban de la ciudad. Otro tanto hicieron en otros puntos estratégicos.

Esta ocupación militar vino acompañada de la quiebra del Estado. El motín de Aranjuez (17-18 de marzo) depuso a Carlos IV y proclamó rey a su hijo, Fernando VII. Pero uno y otro se desplazaron a Bayona, en el País Vasco francés, donde cedieron sus derechos dinásticos a Napoleón. Este, por su parte, proclamó rey de España a su hermano José I. La operación se completó con la convocatoria de unas Cortes Generales, a las que asistieron nobles, eclesiásticos y altos funcionarios. Las Cortes juraron fidelidad al nuevo monarca y aprobaron un Estatuto, que proclamaba algunas reformas políticas.

La oposición a los franceses tuvo que construirse, por consiguiente, al margen de la estructura del Estado. Fueron creadas juntas provinciales, que se coordinaron en una Junta Suprema Central. Esta se refugió en Cádiz, la única ciudad que no fue ocupada, y dio paso a un Consejo de Regencia (1810), quien también convocó unas Cortes.

Cataluña fue uno de los lugares donde la resistencia contra la invasión francesa fue más amplia y más persistente. Como en los conflictos bélicos precedentes, jugaron un papel muy importante los cuerpos irregulares, que protagonizaron la guerra de guerrillas. Ya en junio de 1808 una columna francesa fue derrotada cerca de Montserrat, en un episodio que generó la leyenda del tambor del Bruc. Por su parte, la ciudad de Gerona sufrió tres asedios, y capituló el 11 de diciembre de 1809.

Sin embargo, hacia 1810 el dominio francés se había consolidado por todas partes y José I había establecido una corte ya bastante normalizada en Madrid. El traslado de tropas napoleónicas hacia el frente ruso y el desembarco de fuerzas inglesas en Portugal, en 1812, invirtieron el curso de la guerra. El tratado de Valençay (10 de diciembre de 1813) reconoció a Fernando VII como rey. Pocos meses después las últimas fuerzas francesas abandonaron el país.

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CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Como en el resto de la Monarquía, unos miles de catalanes colaboraron con el nuevo orden napoleónico. Especialmente a partir de 1810, las autoridades francesas, encabezadas por el mariscal Augereau, hicieron algunos gestos de aproximación tales como proclamar la oficialidad de la lengua catalana, junto a la francesa. Incluso en 1812 Napoleón decretó la integración de Cataluña a Francia, sustrayéndola de la soberanía de su hermano, José I. Los llamados afrancesados tuvieron que exiliarse al finalizar la contienda.

En un contexto excepcional, el 24 de septiembre de 1810 se abrieron las Cortes del reino en Cádiz. Las Cortes se atribuyeron la representación de la soberanía nacional. Muy pronto los diputados se dividieron en dos tendencias políticas irreconciliables. Por una parte, los absolutistas deseaban el retorno del statu quo anterior. Por otra parte, los liberales proponían la instauración de algunos principios revolucionarios, como la soberanía nacional, los derechos individuales o la división de poderes. Paradójicamente, la quiebra del Estado borbónico había facilitado la entrada de ideas provenientes de Francia, que habían arraigado en ciertos sectores urbanos. Estos querían organizar la resistencia contra los franceses justamente con las ideas que habían triunfado en aquel país.

La obra más importante de las Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, porque fue proclamada el día de San José. De aquí viene la expresión popular “¡y viva la Pepa!”, entendida como libertinaje y exceso. Esta fue la primera constitución española, es decir, destinada a su aplicación en todo el territorio del Estado, incluida Hispanoamérica —a la que se refería de manera elocuente en su artículo primero: “La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.” La constitución introdujo los grandes principios liberales, pero proclamó la confesionalidad católica del Estado y prohibió el culto de las demás religiones.

Entre los diputados catalanes en Cádiz, hay que destacar la figura de Antoni de Capmany. El autor de las Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona escribió, en pleno debate constitucional, una obra que reflejaba de nuevo la nostalgia por el régimen político anterior a 1714. Nos referimos a Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una noticia de las de Castilla y de Navarra.

Capmany reivindica en esta obra la continuidad política entre la obra legislativa de Cádiz y las constituciones abolidas por Felipe V:

Estas instituciones populares que V. M. acaba de establecer no las ha tenido que imitar de modelos extranjeros. Nacieron dentro de España antes que en Inglaterra y en otros estados monárquicos de Europa. Entre nosotros se oyeron sin rubor de las clases más elevadas los nombres y las profesiones, así liberales como mecánicas, de los ciudadanos que ocupaban los puestos repúblicos. […] En esta forma popular continuó este cuerpo municipal hasta el año 1714, en que las armas de Felipe V, más poderosas que las leyes, hicieron callar las instituciones libres de Cataluña.

No obstante, la Constitución de 1812, como también las posteriores, proclamó un modelo unitario de Estado. En 1821, con ocasión de un nuevo período liberal, se editó en Madrid la obra de Capmany, acompañada significativamente de los reglamentos del Consejo de Ginebra y de la Cámara de los Comunes de Inglaterra.

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EL FIN DEL ABSOLUTISMO

En marzo de 1814, Fernando VII regresó en medio de la aclamación popular. Él mismo pronunció la célebre frase: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda de la Constitución”. Pero muy pronto se dio cuenta de que el impacto de las Cortes de Cádiz entre la población había sido muy escaso. Por eso, el 4 de mayo, en Valencia, anuló la Constitución de 1812. El Reino de España volvía a ser una monarquía absoluta. Y los patriotas liberales que habían luchado por el retorno del rey muy pronto tuvieron que seguir los pasos del exilio iniciados meses antes por los afrancesados.

El contexto europeo lo favorecía. Después de la definitiva derrota de Napoleón, se impuso la Restauración. Las grandes potencias vencedoras (Austria, Rusia y Prusia) crearon la Santa Alianza, a la que también se añadió la Francia de Luis XVIII. El objetivo de este organismo era evitar la reimplantación del liberalismo por toda Europa, si fuese necesario mediante el intervencionismo militar.

La monarquía restaurada no se pudo hacer cargo de los enormes problemas heredados por la hacienda. El proceso de emancipación de las repúblicas hispanoamericanas, iniciado en los años anteriores, se encontraba ya muy avanzado. Por este motivo, la metrópolis no pudo contar con los enormes ingresos que provenían del continente americano. Muy al contrario: tuvo que financiar una costosa y, a la postre, inútil guerra en ultramar.

Pero la Guerra de la Independencia había permitido que personas llegadas de los estamentos populares accediesen a la oficialidad del ejército. Muchos de ellos, jefes de las partidas guerrilleras en los momentos difíciles, constataron en propia piel entonces las discriminaciones sociales propias del Antiguo Régimen. Por eso, dentro del ejército persistieron sectores favorables al liberalismo. Y los liberales, represaliados y con poca presencia, fomentaron los pronunciamientos, es decir, los golpes de estado protagonizados por mandos militares —iniciando así una de las tradiciones más oscuras de la España contemporánea.

No es extraño, por lo tanto, que el régimen liberal regresara a España de la mano del pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego el 1 de enero de 1820. Así, el Trienio Liberal restableció la Constitución y sacó adelante la legislación iniciada en Cádiz, que incluía, entre otras medidas, la abolición del régimen señorial, la supresión de los mayorazgos (permitiendo a la nobleza la venta de su patrimonio inmobiliario) y la venta de las tierras de los monasterios.

El Trienio Liberal fue derrocado finalmente por una nueva invasión militar francesa. Los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, que actuaban en nombre de la Santa Alianza, cruzaron la frontera en abril de 1823, y cinco meses después, el 30 de septiembre, entraron en Cádiz, donde se encontraba retenido Fernando VII. Barcelona, el último reducto liberal, fue ocupada en noviembre. En una aparente paradoja, muchos de los hombres que habían entrado en la Península en 1808 con el objetivo de imponer las ideas de la Revolución Francesa, ahora regresaban para aplastar a sus seguidores.

Los últimos años del gobierno de Fernando VII son conocidos como la Década Ominosa. La represión volvió a hacer estragos, pero los sectores más radicales dentro del absolutismo acusaban al monarca de tibieza, y en Cataluña protagonizaron la insurrección de los Malcontentos (1827). A la muerte del rey que había sido llamado “el Deseado” se inició, como veremos, una cruel guerra civil: la primera de las guerras carlistas.

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CARLISTAS Y CRISTINOS (O ISABELINOS)

Como todos los conflictos civiles, la Primera Guerra Carlista (1833-1840) obedece a varias causas. La primera es dinástica. En 1829, Fernando VII, viudo por tercera vez, se casó con su joven sobrina María Cristina de Nápoles. En marzo de 1830 publicó la Pragmática Sanción que abolía la Ley Sálica de los Borbones, que prohibía que las mujeres accediesen al trono. En aquel momento María Cristina ya estaba embarazada de su hija, Isabel, que nació en el mes de octubre. El cambio en la línea sucesoria perjudicaba al hermano del rey, Carlos María Isidro, quien hasta entonces había sido el heredero. Carlos reunió a su alrededor a los sectores más reaccionarios que, a la muerte de Fernando VII, le consideraron el monarca legítimo, bajo el nombre de Carlos V.

Pero el conflicto dinástico no puede explicar en ningún caso las dimensiones y la violencia de la guerra. Alrededor de la joven reina regente María Cristina y de su hija, Isabel II, se organizaron los sectores partidarios de las reformas, es decir, los absolutistas moderados, y también los liberales, muchos de los cuales habían regresado del exilio con motivo de la amnistía concedida en 1832. A medida que la guerra se fue enquistando, los liberales cobraron protagonismo, y en 1836 se hicieron con el poder. Entonces redactaron una nueva Constitución de carácter progresista (1837) e iniciaron la desamortización de los bienes de la Iglesia.

El carlismo, por su parte, reunió a los partidarios del absolutismo. Sin embargo, paradójicamente, obtuvo muy pocos apoyos entre la nobleza cortesana, la jerarquía de la Iglesia y el aparato del Estado. Por el contrario, fue ampliamente mayoritario en el País Vasco y Navarra y en muchas áreas rurales de Cataluña, Aragón y Valencia. En estas zonas obtuvo el apoyo del campesinado acomodado empobrecido por las reformas liberales.

El alineamiento de estos sectores con el carlismo puede tener una triple explicación. El liberalismo español, de carácter jacobino, interpretaba el concepto de igualdad ante la ley desde una perspectiva radicalmente unitarista: la ley debía ser única para todo el Estado, y, por lo tanto, no era admisible ninguna forma de autonomía o de excepción foral. De hecho, todas las constituciones aprobadas en el siglo XIX fueron de carácter unitario y de concepción abiertamente centralizadora y uniformista. Por esta razón, el País Vasco y Navarra se movilizaron en defensa de sus fueros, cuestionados por el nuevo régimen. En Cataluña y en el resto de antiguos estados de la Corona de Aragón, el carlismo también asumió muy pronto la reivindicación de la restauración de las constituciones abolidas al final de la Guerra de Sucesión.

Desde un punto de vista social, el liberalismo favoreció claramente a las viejas y nuevas clases dominantes, es decir, a la nobleza y a la burguesía. Muchos campesinos pequeños y medianos independientes no pudieron sobrevivir al cambio. Por eso el apoyo al carlismo fue muy numeroso en las áreas donde tradicionalmente había arraigado una clase media campesina. Finalmente, una parte importante del bajo clero interpretó el liberalismo como una amenaza para la Iglesia, y fomentó también el apoyo al carlismo.

La causa carlista se reanudó en la Guerra de los Matiners, o Segunda Guerra Carlista (1846-1849), centrada en Cataluña, y en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Todas, como guerras civiles, vivieron episodios de una gran crueldad.

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LAS DESAMORTIZACIONES

La construcción del Estado liberal y de una sociedad burguesa tenía que superar un primer escollo: convertir la tierra en una propiedad libre, es decir, que pudiese ser comprada y vendida. A lo largo de los siglos, las instituciones eclesiásticas habían acumulado grandes propiedades rurales y urbanas. Eran bienes amortizados, que no podían ser vendidos en ningún caso. Y a menudo eran bienes infrautilizados.

Aunque con algunos precedentes desde finales del siglo XVIII, la desamortización de los bienes de la Iglesia se hizo realidad con el decreto del 19 de febrero de 1836, del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal. La desamortización se articuló en dos fases. En la primera, el Estado expropió y nacionalizó estas propiedades. Y en la segunda, las puso a la venta entre los particulares.

El objetivo declarado de la desamortización era aumentar la productividad de las tierras y generar una especie de clase media agraria favorable a la revolución liberal. O, en los términos en los que aparece en el decreto: “crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones”. Pero las cosas no fueron así.

El Estado español había acumulado una deuda ingente desde la Guerra de la Independencia. Los gastos militares destinados a intentar recuperar las colonias hispanoamericanas ampliaron todavía más este agujero. La derrota definitiva de los ejércitos metropolitanos, en 1824, permitió la consolidación de las nuevas repúblicas libres de América. De repente, el imperio colonial quedaba reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y, por si eso no fuese suficiente, el estallido de la Guerra Carlista exigía de nuevo un enorme esfuerzo fiscal.

Por eso, a la hora de la verdad, las necesidades fiscales resultaron ser la primera prioridad en el reparto de las tierras desamortizadas. Los bienes expropiados fueron vendidos en grandes lotes y en subasta pública, lo que favoreció a la burguesía urbana —e impidió que los campesinos accediesen a las tierras. Por otra parte, la reforma agraria liberal no cuestionó las propiedades de la nobleza, quien desde entonces pudo hacer también un uso libre de sus tierras. También en el ámbito agrario, de este modo, la revolución liberal española favorecía a las viejas y a las nuevas clases dirigentes, quienes iniciaron un proceso de fusión mediante matrimonios. Este no es un aspecto menor, ya que una buena parte del liberalismo español entendía que el país tenía que especializarse en la producción agraria y destinarla a otros países de Europa que entonces iniciaban la industrialización.

La desamortización tuvo otros efectos. En las ciudades, muchos antiguos conventos pasaron a ser edificios del gobierno, o fueron derribados para construir plazas o mercados. En los ámbitos rurales, la práctica totalidad de monasterios fueron saqueados por los propios vecinos del entorno. Estas actuaciones mezclaban el odio acumulado durante siglos por un sistema feudal injusto con el afán de obtener botines, a menudo alimentado por leyendas que hablaban de la proverbial riqueza de las órdenes religiosas. En cualquier caso, el patrimonio artístico e histórico sufrió en todas partes una pérdida irreversible.

Sin embargo, esta no fue la única desamortización. En 1855 el ministro de Hacienda Pascual Madoz emprendió la desamortización de los bienes civiles, que afectó sobre todo a los bienes comunales y municipales. Con esta privatización el Estado financió la construcción de la red ferroviaria.

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LAS BULLANGAS Y LOS ORÍGENES DEL ANTICLERICALISMO

El día de San Jaime de 1835, mientras se celebraba una corrida de toros en la plaza del Toril, en la Barceloneta, el público inició un tumulto popular, o bullanga, de grandes dimensiones. La memoria colectiva relaciona este episodio con la mansedumbre de los toros que salieron aquella tarde. La ira popular se encendió ante la poca bravura del quinto toro, motivo por el que los espectadores arrancaron los bancos y los lanzaron a la arena. Al sexto animal ya no le dejaron ni intentarlo: la masa enfurecida lo mató y lo arrastró por las calles.

Sin embargo, acto seguido, los alborotados dirigieron su ira contra los conventos de la ciudad. Aquella noche fueron quemados seis: el de los dominicos de Santa Caterina (hoy mercado); el de los mínimos de San Francisco de Paula, en la calle Sant Pere; el de los trinitarios descalzos (donde ahora se encuentra el Liceo); el de los agustinos de la calle del Hospital; el de los carmelitas calzados de la calle del Carme, y el de los carmelitas descalzos de la Rambla (donde ahora está el mercado de la Boqueria). De aquellos hechos ha quedado una canción: “Van sortir cinc toros, / tots van ser dolents, / aquesta n’és la causa / de cremar convents.”

En realidad, las causas de la bullanga eran más profundas. Unos días antes, el 19 de julio, una partida carlista había atacado un regimiento de la milicia liberal de Reus, y había matado a algunos de sus hombres. La gente de Reus, de talante liberal, pero rodeados por un área rural donde el carlismo era hegemónico, culpó de aquel hecho a los eclesiásticos, a los que acusaban de connivencia con las partidas carlistas. De hecho, algunos de los voluntarios carlistas eran “curas trabucaires”. Por eso el 22 de julio el pueblo de Reus, sublevado, quemó algunos conventos de la ciudad, y en los siguientes días fueron incendiados algunos de los monasterios de los alrededores, como los cistercienses de Santes Creus y Poblet y la cartuja de Escaladei.

Las llamas se extendieron por toda Cataluña, y afectaron entre otros a los monasterios benedictinos de Sant Cugat del Vallès, Montserrat y Ripoll, a los conventos de jerónimos del Valle de Hebrón y de Sant Jeroni de la Murtra, en los alrededores de Barcelona, o a la cartuja de Montalegre.

En la capital, la bullanga se prolongó durante dos semanas y tuvo un nuevo repunte el 5 de agosto, cuando fue asesinado el general Bassa, quien tenía que ponerse al mando de la represión. También entonces los sublevados derribaron la estatua de Fernando VII ubicada en el Pla de Palau.

La bullanga de 1835 inicia la tradición anticlerical que ha caracterizado a la izquierda catalana (y española) por lo menos hasta 1939. A lo largo de un siglo, la derecha fue asociada con el catolicismo, y la izquierda con el anticlericalismo. Por este motivo, los estallidos de rabia popular a menudo dieron lugar a la quema de conventos. Esta práctica se repitió hasta muy entrado el siglo XX.

Sin embargo, también entonces se inició otra tradición. El 6 de agosto, un grupo no identificado quemó el Vapor Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía., la primera manufactura que, dos años antes, había incorporado una máquina de vapor. El ludismo, la oposición obrera a la mecanización, viviría un nuevo episodio durante la bullanga de 1854, con la destrucción de las modernas selfactinas (del inglés self acting).

Por cierto, en una nueva revuelta, en 1842, el general Espartero inició también otra práctica habitual: el bombardeo de Barcelona desde el castillo de Montjuïc.

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VAPORES…

En noviembre de 1833, la empresa Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía. instaló la primera máquina de vapor de Cataluña. La máquina en cuestión venía de Inglaterra, y no era barata. Pero su instalación en la nave de la calle Tallers, de Barcelona, prometía, en muy poco tiempo, multiplicar la producción y los beneficios. Como hemos avanzado, no fue exactamente así. El éxito de aquel artefacto prodigioso preocupó a sus competidores y generó una gran angustia entre los obreros manuales, que vieron peligrar su trabajo y su jornal. En agosto de 1835, en plena bullanga, unos desconocidos prendieron fuego a la factoría, y sus propietarios se arruinaron.

Pero la desdicha que acompaña a menudo a los pioneros y a los visionarios no detuvo el cambio. Cataluña iniciaba la Revolución Industrial casi medio siglo después que Inglaterra, pero prácticamente al mismo tiempo que las regiones más avanzadas del continente: Valonia, la Ile-de-France, Hesse o el Piamonte, por mencionar algunas. Así, las factorías movidas por energía hidráulica y por el trabajo manual dieron paso a un complejo sistema presidido por la máquina de vapor. En 1841 había en Cataluña dieciocho máquinas de vapor, y doce de ellas estaban en Barcelona. En 1860 eran 127 —y afrontaban ya la competencia de otro invento revolucionario: la turbina, alma de las colonias industriales. De forma muy acelerada, pues, las manufacturas urbanas y el trabajo domiciliario daban paso a la fábrica. Este fenómeno transformó un gran número de ciudades medianas, como Sabadell, Tarrasa o Mataró.

En realidad, las fábricas nacientes se movían al ritmo sincopado de una única máquina de vapor. Por eso se llamaron también vapores. Esta máquina se alimentaba con carbón (hulla o lignitos). Por este motivo, el paisaje urbano se llenó de altivas chimeneas —y de un polvo negruzco. El ritmo de la máquina se trasladaba por toda la factoría mediante un sistema de árboles de transmisión y poleas.

Durante casi medio siglo, el único sector plenamente industrializado fue el textil. Y en muchos de sus procesos predominaban las mujeres. Así, un censo de Barcelona en 1856 registró 32.223 obreros asalariados, de los que aproximadamente un 10% eran niños, y 22.049 obreras, de las que 748 eran niñas. Las condiciones de trabajo eran muy duras, las jornadas laborales resultaban largas y monótonas y los sueldos eran bajos y muy desiguales.

La Revolución Industrial catalana dirigió inicialmente sus productos al mercado interior, que ya estaba plenamente consolidado. Pero otro artefacto movido por vapor permitió aumentar las dimensiones de su mercado. Nos referimos al ferrocarril. Como es sabido, el primer ferrocarril peninsular cubrió la línea Barcelona-Mataró en 1848. Los ferrocarriles vivieron un impulso decisivo con la ley de 1855, que subvencionaba la construcción de nuevas líneas. En solo diez años se construyeron 4.354 kilómetros de vía. Pero la nueva red se construyó bajo criterios radiales, con el objetivo de vertebrar el Estado alrededor de la capital, Madrid. Una gran parte de las nuevas líneas no obedecían a una demanda real, y constituyeron un fracaso rotundo cuando se pusieron en funcionamiento. Todo eso provocó la crisis financiera de 1866, que acabó con la “fiebre de oro” de los años anteriores. Sin embargo, con el ferrocarril se abrió el mercado peninsular. Los productos textiles catalanes conquistaron la Meseta, mientras el trigo castellano llegaba a Cataluña.

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… Y COLONIAS

La naciente industria catalana arrastraba un problema de fondo: la pobreza de su subsuelo. Los vapores de Barcelona y de su entorno tenían que alimentarse con la hulla que provenía de Cardiff (País de Gales), que resultaba muy costosa y que la hacía muy poco competitiva. Hay que tener en cuenta que el carbón asturiano solamente llegó al puerto de Barcelona en 1892, cuando resultó competitivo debido a los fuertes aranceles proteccionistas aplicados a las mercancías extranjeras.

Pero los vapores no habían liquidado ni mucho menos las factorías movidas por molinos hidráulicos que recorrían los ríos catalanes. Un invento sensacional, la turbina, permitió multiplicar la producción de energía. Este cambio justificaba las fuertes inversiones que suponía la creación de nuevas colonias. Este fenómeno se dio especialmente a partir de la década de 1860, momento en el que ya había unos ochenta saltos de agua aprovechables.

Las colonias crearon, de este modo, una nueva geografía congregada alrededor de estos saltos. Eran poblaciones de nueva creación. Por eso dieron lugar a una arquitectura y a un urbanismo complejos. Junto a la presa y a la fábrica, los empresarios mandaron construir la iglesia, la escuela, el economato, el matadero, el centro de recreo o la taberna, y evidentemente las viviendas para las familias obreras. Además, a menudo destinaron espacios para huertos privados de los trabajadores.

Las colonias se extendieron por el alto Llobregat (y el Cardener), el alto Ter (y el Freser) y el alto Fluvià. Aunque exigían una fuerte inversión inicial, esta se podía ver compensada muy pronto gracias a la gratuidad de la energía y a una mano de obra barata y dócil.

Y es que todo en la colonia era del amo. Hombres y mujeres trabajaban en la fábrica, y también lo hacían sus hijos desde muy pequeños. Los salarios acababan en el economato o en la taberna, que también pertenecían a la empresa. Y cualquier disidencia podía ser castigada no solo con la pérdida del trabajo, sino también de la vivienda. De esta manera, los trabajadores de las colonias se encontraron mucho más sujetos a la disciplina empresarial que sus compañeros de los vapores. Excepto conflictos puntuales, los sindicatos de clase prácticamente no tuvieron ninguna presencia. Entre empresarios y trabajadores se estableció una relación de tipo paternalista, que algunos observadores calificaron de “feudalismo industrial”.

En cualquier caso, vapores y colonias modificaron profundamente la estructura productiva catalana. En 1900, al iniciarse la Segunda Revolución Industrial, todavía un 53% de la población activa catalana trabajaba en el sector primario. Pero el sector secundario ya había alcanzado el 27%. El crecimiento industrial se había logrado a pesar de la política de los gobiernos, que hacía primar las exportaciones agrarias y los tratados comerciales con Inglaterra y Francia. Frente al librecambismo de Madrid, durante decenios la industria catalana reivindicó, con escaso éxito, una política económica proteccionista, que hiciese primar la producción “nacional”. Pero la actitud del gobierno varió a partir de 1891, cuando el sector triguero castellano se vio amenazado por los cereales que provenían de América —debido a la puesta en funcionamiento de los grandes barcos de vapor transatlánticos. El proteccionismo tan deseado llegaba tarde para una industria ya consolidada —y supuso, a la larga, la pervivencia de unas estructuras económicas atrasadas.

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LA RENAIXENÇA

A menudo convenimos en considerar que la publicación de la ”Oda a la pàtria”, de Bonaventura Carles Aribau, en la revista El Vapor es el punto de partida de la Renaixença. Corría el año 1833. Desde el Decreto de Nueva Planta, la lengua catalana vivía una clara situación de diglosia. De manera progresiva, pero firme, el castellano se había convertido en la única lengua de la administración, de la escuela y de la Iglesia. Pero el catalán seguía siendo la lengua de la calle, y una gran parte de las clases populares eran incapaces de expresarse en castellano. En este aspecto, la impotencia o el desinterés del Estado liberal español por generalizar la escuela primaria se había convertido en un factor a favor de la lengua catalana. Hay que tener en cuenta que en 1900 más de la mitad de la población catalana todavía no sabía ni leer ni escribir —en contraste con lo que pasaba en los demás países industriales de Europa. Pero el catalán era, además, la lengua de los negocios, es decir, la que empleaba habitualmente la burguesía y el mundo de la empresa.

En aquel contexto, la Renaixença literaria prestigió el uso del catalán como lengua de expresión culta. Lo hizo, de entrada, en los géneros que apelaban más directamente a los sentimientos, como la poesía, o que se dirigían a un público amplio e interclasista, como el teatro. En estos ámbitos los éxitos fueron tan fenomenales que incluso forzaron al gobierno a publicar una “real orden” que decretaba que “en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España” (1867). Por el contrario, los avances del catalán fueron mucho más lentos en los géneros de la prosa y en su uso público.

La Renaixença fue también un cambio de paradigma cultural, influido por el Romanticismo alemán que identificaba lengua con patria. Joaquim Rubió i Ors, Lo Gaiter del Llobregat, lo expuso con claridad en el prólogo a la antología de su poesía publicada en 1841:

Cataluña puede aspirar todavía a la independencia; no a la política, pues pesa muy poco en comparación con el resto de las naciones, que pueden poner en el plato de la balanza, además del volumen de su historia, ejércitos de muchos miles de hombres y escuadras de cientos de navíos; pero sí a la literaria, hasta la cual no se extiende ni puede extenderse la política del equilibrio.

El texto de Rubió i Ors ha sido considerado acertadamente el manifiesto fundacional de la Renaixença. Habitualmente lo hemos leído en clave positiva: Rubió proponía el uso desacomplejado de la lengua catalana, la recuperación de los clásicos medievales, la creación de los Juegos Florales, la construcción de una literatura moderna y propia. Pero también contiene un mensaje en negativo: entonces Cataluña ya no podía aspirar a contar con un estado propio. Incluso la nostalgia de las constituciones abolidas en 1714, que había mantenido el espíritu catalán durante más de un siglo, se revelaba como un sueño imposible. No obstante, si Cataluña no podía ser un estado, sí podía ser una nación, porque su lengua era la nación.

La Renaixença alcanzó su madurez literaria durante la década de 1870, con la eclosión de grandes autores como Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà o Narcís Oller. También tuvo una importante expresión en la historia, aunque en lengua castellana, donde sobresalieron Víctor Balaguer, arquetipo del romanticismo histórico, y Antoni de Bofarull.

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POR LA REPÚBLICA FEDERAL

La revolución liberal española tuvo hasta 1868 dos fuerzas políticas básicas, que fueron alternándose en el poder: progresistas y moderados. Esto da al siglo XIX una apariencia más o menos caótica de bienios, trienios, sexenios y décadas de colores distintos, que en realidad obedece a cierta lógica. Ambos partidos tenían algunos puntos en común, como el discurso unitario y centralizador del Estado o la oposición al sufragio universal. Pero también tenían diferencias. Los progresistas subrayaban el concepto de libertad, mientras que los moderados priorizaban la noción de orden. En los períodos progresistas se avanzó en la separación entre la Iglesia y el Estado, se hicieron las desamortizaciones, se organizó el orden público mediante la milicia nacional y, en algunas ocasiones, incluso se legalizaron los sindicatos. Por su parte, las etapas moderadas permitieron rehacer puentes con la Iglesia, con la firma del concordato de 1851, y generaron un cuerpo de orden público centralizado, la Guardia Civil.

Fuera del sistema se organizaron los republicanos, quienes inicialmente también fueron llamados demócratas. Un personaje destacadísimo del republicanismo, y uno de sus pioneros, fue el figuerense Abdó Terrades. Terrades es el autor de la comedia satírica antimonárquica El rei Micomicó (1838) y del himno revolucionario La campana (1842), con música de Josep Anselm Clavé. Fue elegido alcalde de Figueras en dos ocasiones, pero no pudo ejercer el cargo y pasó largas temporadas en prisión, en el exilio o desterrado.

En realidad, el republicanismo vivió largos períodos en la clandestinidad. No obstante, muy pronto se hizo fuerte entre las clases populares y medias de las ciudades, y en especial en la Iberia mediterránea, es decir, en los antiguos territorios de la Corona de Aragón y en Andalucía.

El republicanismo se definía como partidario del sufragio universal y de la igualdad de derechos y oportunidades entre los ciudadanos. Por este motivo rechazaba la monarquía. Históricamente, recogió también una posición política anticlerical, en la medida que denunciaba el monopolio que ejercía la Iglesia en el poder del Estado y en ámbitos básicos como la educación o la caridad. En un país tradicionalmente católico, el laicismo se tiñó de una actitud militantemente anticonfesional.

Otro rasgo esencial del republicanismo catalán del XIX fue el discurso federal. El federalismo definido por Francesc Pi i Margall en su obra La reacción y la revolución (1854) se inspiraba claramente en los principios mutualistas y utópicos de Pierre-Joseph Proudhon. En síntesis, pretendía combinar la idea de libertad individual y la de fraternidad. Así, el gobierno se construiría en base a entidades libres que se irían federando, yendo del individuo a la federación universal. Esta idea, en gran parte precursora del anarquismo, no partía del reconocimiento de realidades nacionales distintas, que requerían gobiernos propios. Más bien se expresaba como una especie de geometría que procuraba encajar en términos armónicos todas y cada una de las piezas, que eran esencialmente iguales.

El republicanismo protagonizó algunos de los disturbios urbanos y se ganó una gran popularidad por su lucha contra los consumos (los impuestos indirectos que gravaban los bienes básicos) y contra las quintas, o levas forzosas, que esencialmente movilizaban a los jóvenes de las clases populares.

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ILDEFONS CERDÀ Y EL ENSANCHE DE BARCELONA

Durante el siglo XIX la población de Cataluña se duplicó, y pasó de 900.000 habitantes a principios de siglo a cerca de dos millones en 1900. Este crecimiento fue esencialmente natural, pero no fue igual en todas partes. Las migraciones interiores favorecieron a las comarcas litorales, a las ciudades y a los lugares donde se desarrolló la Revolución Industrial. Barcelona es el ejemplo más destacado, ya que pasó de cerca de 100.000 habitantes a principios de siglo a aproximadamente 250.000 en 1860 y, finalmente, a 544.137 en 1900. Esto supuso el aumento del peso relativo de la capital: si en 1800 los barceloneses constituían el 9% de la población de Cataluña, a finales de siglo eran ya el 27%.

Este enorme crecimiento demográfico se dio en una ciudad subyugada a las consecuencias de la derrota de 1714. El mantenimiento en activo de las murallas y de la Ciudadela militar y la prohibición de construir en el Llano de Barcelona convirtieron la ciudad en un espacio superpoblado y con importantes problemas higiénicos. No obstante, la sublevación general de 1854 que dio paso al Bienio Progresista consiguió, finalmente, que las murallas fuesen cedidas a las autoridades civiles, y que estas iniciasen su derribo.

En 1859, el proyecto de Ensanche de Barcelona diseñado por Ildefons Cerdà se impuso a otros proyectos con el apoyo del gobierno del Estado. Cerdà, ingeniero de caminos, topógrafo, arquitecto, precursor del urbanismo y de la sociología, político de izquierdas y reformador social, fue un verdadero visionario. Su proyecto se inspiraba en los principios del socialismo utópico de Étienne Cabet, el autor de Viaje a Icaria, que tuvo numerosos seguidores entre los intelectuales y los profesionales catalanes, como Narcís Monturiol. Partía, por otra parte, de dos estudios de gran importancia realizados por el propio Cerdà: la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856 y la Teoría general de la urbanización.

El proyecto de Cerdà ocupaba la totalidad del Llano de Barcelona y enlazaba la ciudad con los municipios de su alrededor. Cerdà definió un trazado ortogonal, conformado por calles anchas y manzanas con grandes jardines. Se trataba, esencialmente, de una ciudad igualitaria, que no definía una jerarquía de calles. Solo tres ejes (las actuales Diagonal, Meridiana y Gran Vía) se cruzaban en una plaza central (ahora plaza de las Glorias) que, en opinión de Cerdà, tenía que convertirse en el centro de la ciudad.

El proyecto de Cerdà fue muy criticado, y finalmente pervertido, por los propietarios del terreno y los constructores. Inicialmente, sus manzanas tenían que destinar la mitad de su espacio a edificios y la otra a jardín, y la altura de sus casas no podía superar los 16 metros. Pero las sucesivas reformas legales (la última, durante la dictadura franquista) permitieron una ocupación de hasta el 73,6% de la superficie y una altura de 24,4 metros.

Por otra parte, el diseño de Cerdà tenía algunos rasgos uniformizadores que fueron modificados por las propias inercias. La centralidad de la ciudad se construyó sobre la vieja Barcelona, a través del eje plaza Cataluña – paseo de Gracia —y no en la plaza de las Glorias como él había proyectado. Los nombres de las calles, que Cerdà imaginó con números y letras, fueron encargados a Víctor Balaguer, quien convirtió el nomenclátor del Ensanche en una lección de historia de Cataluña.

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LA GLORIOSA

El 18 de septiembre de 1868, la escuadra de Cádiz, mandada por el brigadier Juan Bautista Topete, inició un pronunciamiento contra la monarquía de Isabel II al grito de “¡viva España con honra!”. Al día siguiente desembarcó en aquella ciudad el general Joan Prim, que estaba exiliado en Inglaterra. Prim se encargó de extender la insurrección, que contó, además, con un amplísimo apoyo popular en las ciudades. Pocos días después, el 29 de septiembre, la reina tomaba el camino del exilio.

El golpe de estado de 1868, conocido también como la Revolución Gloriosa, se había gestado en los últimos años debido a la identificación de la corona con el partido moderado, a los comportamientos extravagantes de la reina en la denominada corte de los milagros y a la crisis financiera de 1866. En agosto de aquel año el Partido Progresista, liderado por Prim, y los demócratas, o republicanos, habían firmado el Pacto de Ostende por el que se comprometían a trabajar juntos para acabar con la monarquía borbónica y a convocar unas elecciones constituyentes por sufragio universal que decidieran el modelo de estado. A principios de 1868 se había adherido también la Unión Liberal, liderada por el general Francisco Serrano.

La insurrección contra Isabel II dio lugar a la formación de juntas revolucionarias, que defendían programas más radicales. La junta de Barcelona abolió las quintas y los consumos e inició el derribo de la Ciudadela militar, el primer y más odiado símbolo de la opresión borbónica: “odioso baluarte, símbolo de oprobio e ignonimia, sangrienta memoria de Felipe V”, como recordó entonces el presidente de la junta.

No obstante, el poder quedó básicamente en manos de la Unión Liberal y del Partido Progresista, que estaban liderados, como hemos visto, por dos generales. De acuerdo con los pactos previos, el gobierno provisional, presidido por Serrano y con Prim como ministro de la guerra, convocó elecciones a la Asamblea Constituyente en febrero de 1869. La coalición de unionistas, progresistas y demócratas moderados obtuvo una clara mayoría. A la derecha quedó el partido carlista, mientras la izquierda se encuadraba en el Partido Republicano Federal, que obtuvo un muy buen resultado (57 diputados en una asamblea de 304), y que en Cataluña resultó ampliamente vencedor, con 28 de los 37 escaños que había en juego. Ni tan solo el prestigio de Prim pudo impedir entonces una clara victoria republicana.

La Asamblea proclamó una nueva constitución el 6 de junio de 1869. El nuevo régimen se definió como una monarquía constitucional, y aprobó el sufragio universal masculino y la libertad religiosa. Serrano fue regente, y Prim fue primer ministro y encargado de buscar a un monarca europeo que encajase en la nueva constitución.

La elección recayó finalmente en el príncipe italiano Amadeo de Saboya, proclamado rey con el nombre de Amadeo I en noviembre de 1870. Sin embargo, el 27 de diciembre el general Prim resultó malherido en un atentado en Madrid, y como consecuencia murió tres días más tarde. El asesinato de Prim coincidió prácticamente con el desembarco de Amadeo I, y probablemente marcó el futuro del nuevo régimen. Aunque el nuevo monarca manifestó una actitud de respeto a la constitución, no consiguió nunca el apoyo de los antiguos monárquicos y de los grupos de orden, mientras las oposiciones carlista y republicana se expandían y se radicalizaban. El 11 de febrero de 1873, Amadeo I abdicó. La República estaba a la vuelta de la esquina.

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LA PRIMERA REPÚBLICA

En el mismo día de la abdicación de Amadeo I, el 11 de febrero de 1873, una reunión conjunta de la Cámara de los Diputados y del Senado, constituida en Asamblea Nacional, proclamó la República, y eligió como presidente al republicano federal catalán Estanislau Figueras. Era una situación bastante atípica: la mayoría parlamentaria, que seguía siendo monárquica constitucionalista, se había visto forzada por la abdicación del rey a dar paso a un régimen republicano. La distancia entre el Parlamento y la calle se hizo evidente desde el primer momento, ya que acto seguido en la mayoría de ciudades se constituyeron de nuevo juntas revolucionarias que exigían la formación inmediata de una república federal. Incluso en algunas localidades de Andalucía los jornaleros ocuparon tierras, para reivindicar una reforma agraria que liquidase el latifundismo surgido de la desamortización.

Sin embargo, los republicanos federales consiguieron el poder real tras las elecciones a Cortes Constituyentes de mayo de 1873. Entonces obtuvieron 344 escaños de un total de 391, y otro republicano federal catalán, Francesc Pi i Margall, fue proclamado presidente. La nueva cámara inició la redacción del único proyecto de constitución federal de España, que nunca llegó a ser aprobado. La constitución republicana preveía la formación de quince estados federados, a los que se añadirían, en igualdad de derechos, las colonias.

Pero el nuevo régimen no pudo consolidarse debido a las oposiciones exteriores y a la división interna de los propios republicanos. Por una parte, la Tercera Guerra Carlista amenazó seriamente la estabilidad del nuevo régimen, mientras se iniciaban también las revueltas independentistas de Cuba y Filipinas. Por otra parte, muy pronto se pudo constatar que la mayoría parlamentaria republicana no reflejaba una realidad social consolidada. Si bien el republicanismo federal era mayoritario en Cataluña y, más en general, en el arco mediterráneo, su presencia en el centro y norte peninsulares era menos evidente. Además, la etiqueta federal escondía en realidad distintos proyectos políticos. Así, mientras los federales catalanes reivindicaban una verdadera confederación surgida desde abajo, el planteamiento mayoritario en otros territorios subrayaba la unidad nacional y la soberanía del gobierno federal.

En aquel contexto, Francesc Pi i Margall se decantó por el “federalismo desde arriba”. Pi i Margall argumentaba entonces que cualquier movimiento surgido de la base podía cuestionar la frágil existencia de la nueva República. En cualquier caso, esto ocurrió a partir de julio de 1873, cuando los republicanos de Cartagena se constituyeron en cantón independiente, con el objetivo de avanzar acto seguido hacia la federación de cantones libres. El movimiento se extendió por Andalucía y Valencia, y en Alcoy fue protagonizado por los anarquistas. Sin embargo, hay que decir que Cataluña no participó en el movimiento cantonal, probablemente porque los federales catalanes eran conscientes de que aquel movimiento podía suponer el fin de la República.

En aquel contexto, Pi i Margall tuvo que dimitir. La República quedó en manos del republicano unitario Nicolás Salmerón, y, unos pocos meses después, del más conservador Emilio Castelar. Sin embargo, esto no bastó. El 3 de enero de 1874 el general Manuel Pavía irrumpió con la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Unos meses después, el hijo de Isabel II, Alfonso XII, inició la Restauración borbónica.

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LA AIT Y EL PRIMER 1º DE MAYO

La industria moderna se fundamentaba en la desigualdad creciente. Mientras los propietarios de las fábricas acumulaban grandes capitales, miles de campesinos y artesanos que habían sido independientes pasaron a ser asalariados, y sus condiciones de trabajo y de vida tendieron a retroceder. Por eso se crearon las primeras asociaciones de defensa obrera y, de manera progresiva, se generaron unas prácticas de lucha común, como la huelga, y una consciencia de clase.

Ya en 1834 los obreros de Barcelona protestaron contra la pretensión de los empresarios de alargar el tamaño de las piezas de tela; puesto que los trabajadores cobraban a destajo —es decir, a tanto la pieza—, esto significaba, en la práctica, una reducción de su salario. La primera asociación obrera se fundó seis años más tarde, en 1840: era la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón. Los primeros sindicatos recogieron algunas experiencias de los gremios. Por una parte, se organizaron por oficios, y no por empresas o ramas de producción, algo que a veces les llevó a rivalizar entre ellos. Por otra parte, se erigieron en sociedades de ayuda mutua, o mutualidades: las cuotas de los afiliados generaban una caja colectiva que servía para ayudar a los socios que se encontraban en situaciones precarias, como por ejemplo paro o enfermedad. Esto era muy importante en una época en la que no existían servicios sociales públicos de ningún tipo. Pero hizo que los primeros sindicatos reunieran primordialmente a los sectores más calificados y mejor pagados de la clase obrera.

La cultura obrera también se expresó en asociaciones corales, como los Coros de Clavé, fundados por Josep Anselm Clavé a partir de 1845, y en ateneos como el Ateneo Catalán de la Clase Obrera (1863).

Con el Sexenio Democrático, el movimiento obrero se pudo organizar abiertamente. El Congreso de Barcelona de 1870 fundó la Federación Regional Española de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores, o I Internacional). Participaron en ella 89 delegados, de los que 74 representaban a sindicatos catalanes —con una clara mayoría del sector textil. En 1873 disponía ya de 40.000 afiliados y 210 federaciones locales, un 63% de las cuales eran catalanas.

En el ámbito internacional, la FRE se singularizó porque optó por los planteamientos apolíticos o antipolíticos del movimiento libertario, frente a la corriente “autoritaria” liderada por Karl Marx. Ya entonces la clase obrera catalana (y, por extensión, la de la periferia mediterránea peninsular) se acercó al anarquismo, o al anarcosindicalismo. La desconfianza histórica en el Estado y la tradición federal proudhoniana casaban más con el discurso libertario que con la dictadura del proletariado preconizada por Marx. Este ha sido un rasgo distintivo de la clase obrera catalana en el contexto europeo, por lo menos hasta 1939.

El golpe de estado del general Pavía declaró ilegal la FRE. Su reconstrucción fue difícil y muy lenta. En 1881 otro congreso en Barcelona creó la Federación de Trabajadores de la Región Española. Nueve años después, se celebró la primera fiesta del Primero de Mayo con manifestaciones festivas en muchas ciudades y una misma reivindicación: la jornada laboral de ocho horas. Sin embargo, a aquellas alturas el obrerismo libertario se debatía ya entre dos estrategias antagónicas: por una parte, la lucha de masas y el recurso a la huelga y, por otra parte, la acción individual y el uso de la violencia.

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LA PRIMERA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

La restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, se produjo en dos actos. Como hemos visto, en enero de 1874 el golpe de estado del general Pavía acabó con la república democrática. El general Serrano de nuevo fue nombrado presidente, mientras que el historiador y político alfonsino Antonio Cánovas del Castillo iba poniendo las bases para el retorno del joven príncipe. Sin embargo, los hechos se precipitaron cuando otro general, Arsenio Martínez Campos, se alzó en Sagunto el 29 de diciembre y proclamó a Alfonso rey de España.

El nuevo monarca desembarcó en Barcelona el 9 de enero de 1875. Previamente había publicado un documento, el manifiesto de Sandhurst, en el que se comprometía a crear un régimen liberal moderado. El nuevo gobierno consiguió de forma muy rápida poner fin a la insurrección cubana y a la Tercera Guerra Carlista. En el País Vasco y Navarra abolió los fueros propios, pero respetó su concierto económico.

Además, aprobó la Constitución de 1876, que perduraría durante casi medio siglo. La Restauración incluso superó con nota la muerte prematura de Alfonso XII (1885) y la regencia de su esposa, María Cristina. La pérdida de las últimas colonias (1898) y la mayoría de edad de Alfonso XIII (1902) generaron nuevas incertidumbres, pero no está de más recordar que la monarquía resistió hasta 1931.

La estabilidad del régimen de la Restauración se fundamentó en el miedo que había generado en las clases dirigentes el rumbo errático y a menudo radicalizado de la etapa anterior, y también en la represión contra los sectores más conspicuos del republicanismo y del movimiento obrero.

El verdadero arquitecto del sistema de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo. Él, como líder del Partido Conservador, y Práxedes Mateo Sagasta, jefe del Partido Liberal Fusionista, compartieron el poder durante más de dos décadas mediante un sistema de alternancia política.

A pesar de que ambos partidos dinásticos compartían muchos puntos en común, aparentemente expresaban tonalidades diferentes. Los conservadores gozaban de una amplia base social entre la burguesía, los terratenientes, la Iglesia y, en general, los sectores de orden. Los liberales, quienes incorporaron incluso a antiguos republicanos desencantados u oportunistas, tenían una mayor presencia entre las clases medias urbanas, los profesionales y los funcionarios.

La alternancia se inició ya en 1881, cuando los liberales alcanzaron por primera vez el poder, y se perpetuó más allá de 1890, cuando se estableció finalmente el sufragio universal masculino. De hecho, de las diez elecciones llevadas a cabo entre los años 1876 y 1898, seis las ganaron los conservadores y cuatro los liberales. El mecanismo de funcionamiento del sistema se basaba en el falseamiento de los resultados. El monarca optaba en un momento dado por hacer caer el gobierno, y cederlo al jefe de la oposición. Este, acto seguido, convocaba elecciones, que inevitablemente ganaba. El ministro de gobernación y los gobernadores civiles provinciales se encargaban de garantizar el resultado previsto. Los pucherazos eran, de este modo, una práctica habitual.

Este sistema se valía también de otros dos fenómenos. Por una parte, el abstencionismo generalizado, que reflejaba un escaso nivel de politización. Por otra parte, el caciquismo, es decir, el control de una circunscripción electoral por parte de una persona o de una familia que contaba con un gran poder político y económico.

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ORÍGENES DEL CATALANISMO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO

El catalanismo político, entendido como movimiento que reivindica un poder político propio para Cataluña, se formó durante las dos últimas décadas del siglo XIX. En este período inicial se pusieron las bases ideológicas y programáticas del movimiento. Desde sus orígenes reunió a tradiciones y sectores muy variados, lo que le dotó de una amplia transversalidad. En la formulación del catalanismo confluyeron, por lo menos, cuatro colectivos. Por un lado, una gran parte del republicanismo federal tomó nota del fracaso de la experiencia de la Primera República y de la poca receptividad que la ideología federal había tenido fuera de Cataluña. Este sector, encabezado por Valentí Almirall, dio muy pronto el salto del federalismo abstracto, entendido como ideología o pensamiento filosófico, a la reivindicación del Estado catalán como expresión política de una nación y de una identidad. Almirall desarrolló estas ideas en Lo catalanisme (1886). A su alrededor se congregó el catalanismo de carácter laico, democrático y de izquierdas.

También algunos sectores de la Iglesia, que venían del antiguo partido moderado o incluso del carlismo, dieron este salto. Entre sus figuras clave destaca el obispo de Vic Josep Torras i Bages. Torras desarrolló su ideario en la obra La tradició catalana (1892). Para el obispo de Vic, Cataluña era una nación porque contaba con un espíritu o alma propia, que tenía en la religión católica uno de sus pilares. Con el colectivo vicense se iniciaba, así, un catalanismo de carácter conservador y católico.

Otro sector importante en la formación del catalanismo fue el de la intelectualidad de la Renaixença. En este ámbito, la figura más prestigiosa era Àngel Guimerà. El dramaturgo había alcanzado enormes éxitos por toda Europa y América y poseía un gran prestigio. Los intelectuales jugaron un papel clave porque pudieron tender puentes entre los otros dos sectores, que se encontraban profundamente alejados desde el punto de vista de las convicciones y de los proyectos sociales.

Finalmente, y de forma clara después del Desastre de 1898, un segmento importante de la burguesía industrial se sumó a la causa del catalanismo. Este colectivo había tenido un litigio histórico con el Estado debido a la política económica librecambista de sus sucesivos gobiernos. Pero el arancel proteccionista de 1891 ya no pudo detener sus recelos ni evitar su salto a la política. El fracaso de Cuba les convenció de la inutilidad de los gobiernos españoles y de la necesidad de disponer de un poder propio en Cataluña.

Estos sectores confluyeron en los Congresos Catalanistas celebrados a partir de 1880 y participaron en la presentación de la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, redactada por Valentí Almirall, que entregaron a Alfonso XII con ocasión de su estancia en Barcelona en 1885.

Ese movimiento naciente constituyó en 1891 la Unió Catalanista. Un año después, su asamblea general reunida en Manresa aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana, también conocidas como Bases de Manresa. Este es un texto de gran importancia, puesto que por primera vez concreta cuáles deben ser las competencias del gobierno catalán y su relación con el gobierno central. Así, las Bases definían unas Cortes propias, con poderes casi soberanos, e instituían la oficialidad de la lengua catalana.

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LA CRISIS DEL SISTEMA

A finales del siglo XIX era bastante evidente que el Estado español constituía una realidad atrasada e ineficiente en el contexto europeo. Así, mientras los grandes estados de Europa iniciaban entonces su carrera colonial, España perdió sus últimas colonias de ultramar. Esto tuvo unas innegables consecuencias económicas, políticas e incluso psicológicas.

En Cuba, la Paz de Zanjón (1878) había acabado con la primera guerra de independencia. No obstante, las autoridades metropolitanas no supieron aprovechar aquella oportunidad para poner en marcha un proceso de reformas. Los cubanos reivindicaban el fin del arancel, que mantenía la isla en una situación de dependencia colonial, y la obtención de una autonomía. La economía de la isla se fundamentaba en el azúcar, y tenía una relación cada vez más estrecha con Estados Unidos de América.

Así, la revuelta se avivó en 1895. Los patriotas cubanos, liderados por José Martí, lograron inicialmente importantes éxitos. El envío de un contingente de 200.000 soldados y los métodos expeditivos aplicados por el general Valeriano Weyler —que incluso incluyeron la despoblación masiva de algunas áreas y el establecimiento de campos de concentración— no lograron sino radicalizar el conflicto y ampliar su alcance. Y, en paralelo, en 1896 estalló un movimiento independentista armado en Filipinas. Esta sublevación fue reprimida con contundencia, y algunos de sus líderes, como José Rizal, fueron ejecutados.

En febrero de 1898, cuando los patriotas cubanos controlaban ya dos terceras partes de la isla, la explosión en el puerto de La Habana del acorazado estadounidense Maine inició una escalada diplomática entre ambos países que dio paso a la declaración de guerra, el 25 de abril. En España, esto fue vivido con una ola de euforia patriótica y de desprecio hacia los nuevos enemigos, de la que apenas se sustrajeron algunos sectores republicanos, obreristas y catalanistas. No obstante, al cabo de pocas semanas, la escuadra estadounidense destruyó la escuadra española en el Pacífico y en el Atlántico, y su infantería irrumpió victoriosa en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Así pues, el gobierno español tuvo que aceptar la paz. En el tratado de París, firmado en diciembre de 1898, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasaban a ser colonias estadounidenses, y Cuba se constituyó en república independiente, bajo protección de su vecino del norte.

Como hemos avanzado, la crisis colonial tuvo graves efectos. En la Península surgió un importante movimiento regeneracionista, que se manifestó en obras como Oligarquía y caciquismo, del aragonés Joaquín Costa. El regeneracionismo pretendía poner fin a las prácticas viciadas del régimen de la Restauración. No obstante, a pesar de reunir un importante sentimiento de indignación, no llegó a ninguna concreción práctica. Muy al contrario, la denuncia de la corrupción del sistema volvió a dar protagonismo político a la oficialidad del ejército. En paralelo, la denominada Generación del 98 elaboró un discurso mayoritariamente pesimista, antieuropeo y antimoderno.

Este fue también un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y España. En aquel contexto, el poeta Joan Maragall concluyó así su Oda a Espanya: “On ets, Espanya? No et veig enlloc. / ¿No sents la meva veu atronadora? / ¿No entens aquesta llengua que et parla entre perills? / ¿Has desaprès d’entendre an els teus fills? / Adéu, Espanya!” (“¿Dónde estás España, dónde que no te veo? / ¿No oyes mi voz atronadora? / ¿No comprendes esta lengua que entre peligros te habla? / ¿A tus hijos no sabes ya entender? / ¡Adiós, España!”).

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LA GENERACIÓN DE 1901

La independencia de Cuba y de las últimas colonias generó en Cataluña un sentimiento muy amplio de desconfianza en el Estado español y en sus instituciones. En aquel contexto, el catalanismo político dio un salto espectacular, que lo convirtió en primera fuerza política, junto a las distintas corrientes republicanas. A partir de 1901 los partidos dinásticos, conservadores y liberales, pasaron a ser residuales. Este proceso se vivió primero en Barcelona, y se extendió a la totalidad del país, con Solidaridad Catalana, seis años más tarde.

Un primer termómetro de la nueva sensibilidad social fue el “cierre de cajas”. En junio de 1899 el gobierno anunció un notable aumento de impuestos con el objetivo de enjugar el déficit causado por la guerra de Cuba. Ante aquel hecho, un total de 185 gremios se fusionaron en la Liga de Defensa Industrial y Comercial de Cataluña. En septiembre anunciaron el “cierre de cajas”, es decir, la negativa a pagar impuestos. Los responsables de la protesta tenían el apoyo del alcalde de Barcelona, el doctor Bartomeu Robert, quien dimitió del cargo al producirse los primeros embargos. Esa movilización condujo a una huelga general del comercio, a partir del 9 de noviembre. A pesar de que el movimiento no alcanzó sus objetivos, sirvió para concienciar a una buena parte de la burguesía de Barcelona, que desde entonces apoyó al catalanismo conservador.

El mapa político de esta corriente también vivió modificaciones sustanciales. Una nueva generación catalanista, liderada por Enric Prat de la Riba, decidió romper con Unión Catalanista y fundar el Centro Nacional Catalán. A diferencia de la primera generación de la Unión, Prat era partidario de participar en las elecciones y de entrar en las instituciones de gobierno. Contaba, además, con el diario La Veu de Catalunya. En paralelo, algunos sectores de la burguesía catalana, desencantados con el susodicho regeneracionismo, crearon la Unión Regionalista. De la unión de ambos grupos surgió la Liga Regionalista de Cataluña, fundada a principios de 1901.

Las elecciones generales de mayo de aquel año les dieron la posibilidad de irrumpir con fuerza en el panorama político. La Lliga formó la candidatura de los cuatro presidentes, ya que estaba constituida por cuatro personas de prestigio: Bartomeu Robert, exalcalde de Barcelona y expresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; Albert Rusiñol, expresidente del Fomento del Trabajo Nacional; Lluís Domènech i Montaner, expresidente del Ateneo Barcelonés, y Sebastià Torres, presidente de la Liga de Defensa Industrial y Comercial.

Los cuatro salieron elegidos, así como dos republicanos y un liberal, el único diputado de un partido dinástico en Barcelona. Los dos electos republicanos también evidenciaron el salto generacional: eran, respectivamente, Francesc Pi i Margall, federal veterano y expresidente de la I República, y un jovencísimo Alejandro Lerroux, quien muy pronto evidenciaría una evolución hacia el españolismo militante. Las elecciones municipales de aquel mismo año confirmaron el cambio de tendencia: regionalistas y republicanos obtuvieron respectivamente 11 concejales, mientras que las fuerzas dinásticas solo consiguieron 4. El año 1901 marca, de este modo, en Barcelona, el origen de un mapa político que se prolongó hasta 1939.

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SOLIDARIDAD CATALANA

A pesar de que las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona de 1905 fueron ganadas por los republicanos, la Liga Regionalista decidió celebrar sus buenos resultados en un acto público en el Frontón Condal. Al día siguiente, un chiste de la revista satírica Cu-cut!, próxima a la Lliga, mostraba un civil y un militar ante este local. “¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?”, pregunta el militar. “El Banquet de la Victòria”, responde el vecino. “¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos”, espeta el militar. El chiste jugaba con el doble sentido de la palabra paisano, es decir, alguien originario de un mismo lugar, y también un civil, en el sentido de no militar. En realidad, manifestaba una afilada ironía contra las constantes derrotas del ejército español, primero en Cuba y después en Marruecos.

Como respuesta al chiste, unos trescientos oficiales de la guarnición de Barcelona asaltaron la redacción del Cu-cut! y de La Veu de Catalunya el 25 de noviembre. Pero el atentado contra la libertad de expresión y la brutalidad militar empleada en aquella acción recogieron amplios apoyos entre las fuerzas políticas dinásticas y el ejército. El gobierno no solo no castigó a los militares, sino que promulgó la Ley de Jurisdicciones (1906), que ponía bajo la jurisdicción militar cualquier ofensa o injuria contra la unidad de la patria y la bandera españolas y el honor del ejército.

Esto generó una amplia respuesta de las fuerzas políticas catalanas, que supuso de hecho un salto cualitativo en la presencia pública del catalanismo. La Unión Republicana de Nicolás Salmerón se opuso a la política del gobierno y dio pleno apoyo a la Liga Regionalista. En base al acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en Barcelona, se formó Solidaridad Catalana, una amplia alianza que congregó también a carlistas y republicanos nacionalistas. Solo quedaron fuera de ella los partidos dinásticos y los sectores republicanos cercanos a Alejandro Lerroux, que al año siguiente constituyeron el Partido Radical.

El 22 de mayo de 1906 una manifestación a favor de los diputados de Solidaridad se convirtió en la movilización política más multitudinaria vivida hasta entonces en Cataluña. Las convocatorias electorales inmediatas convirtieron Solidaridad en una coalición. Las elecciones a Diputaciones Provinciales de 1907 fueron un primer éxito para Solidaridad Catalana, que obtuvo una clara mayoría en la provincia de Barcelona, donde Enric Prat de la Riba fue elegido presidente.

Pero el éxito más clamoroso se produjo en las elecciones generales de aquel mismo año. Solidaridad obtuvo 41 de los 44 escaños correspondientes a Cataluña en el Congreso de los Diputados. Por primera vez, el Congreso de la Restauración se encontró ante una fuerza muy numerosa que no correspondía a los partidos dinásticos. En Cataluña, el efecto de aquellas elecciones fue aún más importante, ya que rompió definitivamente la lógica del caciquismo.

Añadamos ahí todavía un episodio con consecuencias de futuro. Un coronel de ingenieros, Francesc Macià i Llussà, denunció el comportamiento del ejército y aceptó presentarse como diputado por Solidaridad Catalana: fue elegido al mismo tiempo por dos circunscripciones, Barcelona y Les Borges Blanques. Macià, a los 47 años y con una vida aparentemente resuelta, optó por un incierto futuro que le acabaría convirtiendo en el primer presidente de la Cataluña autónoma.

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UN DÍA NACIONAL Y UN HIMNO

El catalanismo político no solo generó un discurso y un relato propios. También construyó unos elementos simbólicos de referencia, y en particular un día nacional y un himno. Este proceso se vivió entre las décadas de 1880 y 1900. El éxito de estos referentes, y del propio catalanismo, hizo que, en las siguientes décadas, estos se convirtieran en verdaderos símbolos nacionales, es decir, una expresión global del país reconocida por toda su ciudadanía.

Hay que decir que la mayoría de estados nación de Europa también construyeron sus propios elementos simbólicos en las últimas décadas del siglo XIX. En este contexto, el caso catalán, referido a una nación sin estado y con un movimiento político soberanista apenas incipiente, resulta notablemente precoz.

Pero este no fue ni mucho menos un proceso lineal. Para empezar, Els Segadors, himno nacional, y la Diada Nacional del Once de Septiembre nos remiten a dos episodios diferentes, las guerras de los Segadores y de Sucesión, que a menudo aparecen confundidas o mezcladas en el imaginario colectivo.

El recuerdo de ambas guerras se encuentra ya en el nomenclátor de calles del Ensanche de Barcelona creado por el historiador Víctor Balaguer. Balaguer se propuso convertir las nuevas calles en una lección de Historia de Cataluña, en un momento en el que las autoridades públicas, en toda Europa, empezaban a construir políticas de memoria. Por eso el historiador dedicó dos calles a Antoni de Villarroel y Rafael Casanova, respectivamente, y todavía otra bastante más céntrica a Pau Claris.

Varios folcloristas y escritores descubrieron en la década de 1860 algunas versiones de una canción popular denominada Els Segadors. Manuel Milà i Fontanals las recogió en el Romancerillo catalán (1882), que reunía canciones tradicionales catalanas que habían subsistido mediante la tradición oral. Sin embargo, el salto cualitativo lo dio el músico Francesc Alió en su obra Cançons populars catalanes. En este recopilatorio, Alió dotó al romance de la música de otra canción, de temática picante, que tenía el mismo título. Esta versión fue enormemente popular en los siguientes años. Amadeu Vives, Lluís Millet y Enric Morera hicieron de ella versiones armonizadas. Y el Orfeó Català y otros grupos corales la incluyeron en su repertorio, donde pasó a ser la canción de conclusión. Con esta popularidad no nos puede extrañar que fuese prohibida ya por primera vez en 1897. Dos años después, sin embargo, el poeta Emili Guanyavents compuso una versión más breve de ese texto, destinado a ser el himno nacional de Cataluña.

El recuerdo de 1714 está vinculado desde el principio a la figura de Rafael Casanova. La primera conmemoración de este día nacional fue en 1886: un grupo catalanista convocó una misa en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona en recuerdo de los defensores de la ciudad enterrados en el Fossar de les Moreres. Dos años después, en 1888, con ocasión de la Exposición Universal, el Ayuntamiento inauguró las estatuas de la Galería de Catalanes Ilustres, entre el Arco de Triunfo y el Parque de la Ciudadela. Entre ellas, enseguida destacó la de Rafael Casanova, obra de Rossend Nobas. El 11 de septiembre de 1901 un grupo de jóvenes catalanistas hizo la primera ofrenda floral a esta estatua. Todos ellos fueron encarcelados, lo que contribuyó a dar continuidad a aquella práctica. En 1914, con motivo del bicentenario de 1714, dicha estatua fue trasladada a su emplazamiento actual.

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EL AUTOMÓVIL Y LA ELECTRICIDAD

Alrededor del año 1900, se producen dos grandes saltos tecnológicos que comportarán cambios sensacionales en la economía, en la sociedad y, sobre todo, en la vida cotidiana de las personas. Nos referimos a la producción y transporte de electricidad (y a la aparición del motor eléctrico) y al motor de combustión interna, que funciona con derivados del petróleo. La electricidad y el automóvil (y, por extensión, el metro y el avión) son, todavía hoy —en plena revolución tecnológica—, dos elementos clave de nuestro mundo.

A pesar de algunos precedentes, la producción masiva de electricidad se inició en Cataluña de la mano de dos empresas: Barcelona Traction, Light and Power y Energía Eléctrica de Cataluña. La primera fue fundada en Toronto por el ingeniero Fred S. Pearson en 1911. Por eso fue conocida como La Canadiense. Esta compañía absorbió empresas consumidoras de electricidad como Tranvías de Barcelona o Ferrocarriles de Cataluña (que ya entonces comunicaban Barcelona y el Vallès). Mediante la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, la Barcelona Traction llevó a cabo una explotación intensiva del tramo del río Noguera Pallaresa situado entre el congosto de Collegats y su confluencia con el Segre, con la construcción de cinco aprovechamientos hidroeléctricos entre 1912 y 1935.

Energía Eléctrica de Cataluña, por su parte, fue iniciativa del empresario del Pallars Emili Riu, pero contó con capital mayoritariamente francés. En 1914 la compañía puso en funcionamiento la primera gran central hidroeléctrica catalana, en Cabdella, en la Vall Fosca (Lérida).

Energía Eléctrica de Cataluña vendía, así, la energía que producía a los consumidores directos, en especial en el área de Barcelona y en las grandes ciudades, mientras que La Canadiense controlaba al mismo tiempo a sectores productores y consumidores de energía. Esta estrategia resultó a la larga más beneficiosa, y por este motivo en 1923 Barcelona Traction compró la empresa fundada por Emili Riu. Con esta compra, La Canadiense resultó ser casi un monopolio en el sector energético, y con notables ramificaciones en otros sectores estratégicos, como el transporte.

Tenemos constancia de que el primer vehículo catalán movido por un motor de combustión interna fue creado por Francesc Bonet i Dalmau en 1889. No obstante, la primera gran compañía catalana de automoción fue Hispano-Suiza, formada en 1904 por Damià Mateu, Francesc Seix y el ingeniero suizo Marc Birkigt. Sus talleres se encontraban inicialmente en la calle Villarroel de Barcelona, pero en 1908 se trasladaron a La Sagrera. Los Hispano-Suiza alcanzaron un gran prestigio, y la empresa creó una filial en Francia. La otra gran compañía catalana fue Elizalde, fundada por Arturo Elizalde Rouvier en 1915. Fabricaba automóviles de lujo y deportivos, y desde 1925 también motores de aviación. La fábrica Elizalde se hallaba en el paseo de San Juan de Barcelona.

La aparición del motor eléctrico transformó totalmente las fábricas: los antiguos vapores abandonaron el uso del carbón, y las colonias dieron el salto de la energía hidráulica a la hidroeléctrica. También cambiaron las ciudades y las viviendas. La aparición del ascensor permitió construir edificios de más altura —e invirtió la jerarquía social, ya que los pisos más cotizados dejaron de ser los principales, y pasaron a serlo los áticos. Y, poco a poco, se introdujeron los electrodomésticos. En Barcelona, en 1924 se inauguró la primera línea de metro.

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LA SOCIEDAD DE MASAS

Entre los años 1900 y 1936, Cataluña se convierte en un país urbano, y la suya es ya una sociedad de masas. Su población, que en 1900 era de casi dos millones de habitantes, al cabo de treinta años alcanzaba la cifra de 2.758.000. Barcelona pasaba, en aquellas fechas, de 533.000 a más de un millón —y su porcentaje sobre la población total de Cataluña saltaba del 27% al 36%. El crecimiento de las ciudades de su entorno no fue menor. En números redondos, Tarrasa pasó, en aquel período, de 15.000 a 40.000 habitantes; Badalona, de menos de 20.000 a más de 44.000; Sabadell, de 23.000 a 45.000; Mataró, de 19.000 a 28.000, etc.

Este crecimiento demográfico tuvo un componente completamente nuevo: la inmigración. Históricamente, el saldo migratorio catalán había sido negativo, debido a la emigración hacia América. La expansión de las ciudades se había hecho a través de migraciones interiores, que habían comportado el trasvase de una parte de la población rural a las grandes urbes.

El cambio de tendencia se produjo a partir de 1915. En los siguientes quince años, el saldo migratorio catalán superó las 500.000 personas. La inmigración provenía esencialmente de la región de Murcia y se desplazó a barrios de los alrededores de Barcelona, como La Torrassa y Collblanc, en Hospitalet de Llobregat. Muchos fueron empleados, en los años de la Primera Guerra Mundial, en el sector industrial, que aumentó enormemente las exportaciones debido a la neutralidad de España. A pesar de la crisis industrial posterior, las grandes obras públicas, y en especial la construcción del Metro de Barcelona y de la Exposición Internacional de 1929, continuaron generando una importante demanda de mano de obra poco cualificada. Aquella primera gran ola inmigratoria inició, pues, un factor clave en la formación de la Cataluña de hoy. Posteriormente, las grandes olas inmigratorias se repitieron en las décadas de los 50 y 60, con población llegada del resto de España, y en los primeros años del siglo XXI (hasta 2008), con población americana, africana, asiática y de Europa del Este.

Los cambios se reflejaron también en la estructura laboral. El sector primario pasó de emplear al 52% de la población activa en 1900 al 27% en 1930, mientras que el sector secundario vivió el proceso inverso: los trabajadores de la industria pasaron en aquel mismo período del 26% al 50% del total de activos. Decididamente, entonces, Cataluña ya era un país industrial.

Las ciudades se volvieron grandes y ruidosas, y se produjo de forma clara una división territorial por razones de clase, con barrios burgueses y obreros. La clase obrera generó sus espacios de cultura y de ocio, tal y como también hizo la burguesía. En Barcelona, el Paralelo pasó a ser la gran arteria del ocio nocturno. A pesar de que los toros seguían siendo un espectáculo muy popular, los deportes de masas empezaron a robarles terreno. Aquel es, efectivamente, el momento de la generalización de la práctica del deporte, a varios niveles, como el atletismo, el ciclismo, la natación o incluso el automovilismo. Algunos deportes nacían en ambientes de élite, como el tenis. Otros, sin embargo, resultaron enormemente interclasistas. Este fue el caso del fútbol, un deporte nacido en el seno de la clase obrera inglesa que, no obstante, en Cataluña echó raíces en todos los sectores sociales. En 1899 el suizo Hans Gamper fundó el Fútbol Club Barcelona. Un año después nació el Club Deportivo Español.

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LA SEMANA TRÁGICA

Marruecos era uno de los últimos territorios pendientes en la carrera colonial de Europa. Para evitar las reticencias del resto de potencias, en 1906 Francia pactó con España la ocupación del país. El protectorado español quedó reducido a una franja montañosa y áspera, presidida por la sierra del Rif. No obstante, el gobierno español lo presentó ante la opinión pública como una prueba de la recuperación del prestigio internacional. La colonización del territorio obedecía también a intereses mineros, en los que estaba implicado Alfonso XIII.

Sin embargo, su ocupación efectiva no fue fácil. Las tribus bereberes organizaron una resistencia armada que impidió la consolidación de la dominación española. El 27 de julio de 1909 las fuerzas bereberes infligieron una severa derrota a las tropas coloniales que protegían la construcción de un ferrocarril minero en Barranco del Lobo.

Semanas antes, el gobierno había decretado una movilización extraordinaria con el objetivo de reforzar el ejército colonial. Esta orden debía movilizar a unos miles de hombres, la mayoría de ellos reservistas, es decir, que ya habían cumplido el servicio militar y se habían reintegrado a la vida civil. Hay que decir que el sistema de quintas resultaba enormemente injusto, ya que los “quintos” sorteados para ir al servicio militar que contaban con recursos económicos podían pagar a otra persona para que les sustituyera. Por eso se decía que las guerras las declaraban los ricos, pero las sufría el pueblo. La oposición a las quintas era una de las reivindicaciones más populares del movimiento republicano.

La movilización de los reservistas catalanes generó un amplio rechazo en el que participaron republicanos, socialistas y anarquistas. El lunes 26 de julio, prácticamente coincidiendo con el desastre de Barranco del Lobo, se declaró la huelga general para evitar los primeros embarques. En la movilización jugaron un papel clave las mujeres y los niños. El gobierno declaró el estado de guerra y en los enfrentamientos la tropa hirió a mujeres y niños.

Esto provocó un disturbio general en Barcelona, que también se extendió a otras ciudades catalanas. En aquel contexto, se produjo el pillaje y la quema de muchas iglesias y conventos. Al día siguiente la ciudad apareció llena de barricadas y se produjeron enfrentamientos entre los sublevados y las fuerzas del orden. Hubo decenas de muertos. Ningún dirigente político quiso ponerse al frente de la revuelta.

El 29 de julio el ejército entró en la ciudad. Y el lunes 2 de agosto la gente regresó a su trabajo. El balance de aquella Semana Trágica fue de 113 muertos, centenares de heridos y unos setenta edificios religiosos quemados. Su represión fue indiscriminada y extrema. Fueron cerrados los centros obreros y sus publicaciones y escuelas. Se produjeron centenares de detenciones y más de 200 destierros. Y cinco personas fueron fusiladas, entre ellas el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de la Escuela Moderna, acusado de ser el “inspirador intelectual” de la revuelta.

La Semana Trágica dejó a todas las fuerzas políticas en una situación incómoda. Los radicales de Alejandro Lerroux, desaparecidos de Barcelona durante aquellos días, hacía años que incitaban a sus “jóvenes bárbaros” al odio: “destruid sus templos, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres”. La Veu de Catalunya, portavoz de la Liga, aplaudió la represión y fomentó la delación.

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LA CNT

El 30 de octubre de 1910 se fundó en Barcelona una nueva central sindical. Se denominó inicialmente Confederación General del Trabajo, pero ya al año siguiente fue conocida como Confederación Nacional del Trabajo. Entonces contaba con casi 30.000 afiliados, en su mayoría en Cataluña. La CNT nació bajo el impacto de la Semana Trágica y de la durísima represión que se desencadenó acto seguido sobre el movimiento obrero. Recogía la tradición anarcosindicalista que, como hemos visto, se había iniciado en los años del Sexenio Democrático, y que se había consolidado a partir de 1907 con la creación en Barcelona de Solidaridad Obrera.

La CNT se posicionó mayoritariamente por el anarcosindicalismo, es decir, por la confluencia de los ideales anarquistas, entendidos como un objetivo a medio o largo plazo, y el sindicalismo como práctica cotidiana. En este sentido, apostó por la acción directa y la huelga como estrategia de lucha.

En los años siguientes, su crecimiento fue vertiginoso. En 1917, la CNT organizó junto a la UGT una huelga general que recogía el malestar por el encarecimiento del coste de la vida y la oposición al régimen ineficaz y corrupto de la Restauración. Las dos centrales sindicales albergaban ideas y tradiciones diferentes, y tenían una implantación territorial también muy diferenciada: por este motivo resultaban altamente complementarias. La CNT concentraba su fuerza y su estructura en Barcelona, era claramente hegemónica en Cataluña y tenía una presencia mayoritaria en Valencia, Aragón y Andalucía —donde encuadraba a una gran parte de los jornaleros del campo. Su geografía, la Iberia mediterránea, correspondía, por lo tanto, a los puntos históricos de implantación del republicanismo federal. Por el contrario, la UGT, que había sido fundada en Barcelona en 1888, era especialmente fuerte en Asturias, el País Vasco y Madrid, donde se encontraba su dirección. La UGT, de ideología socialista, estaba vinculada al Partido Socialista Obrero Español.

En 1918, en un contexto marcado por la Revolución Rusa, la CNT dio un salto cualitativo importante. En el congreso regional de Cataluña celebrado en Sants se acordó transformar los sindicatos de oficio en sindicatos únicos, es decir, que reunían a la totalidad de asalariados de una empresa. Esto aumentó la capacidad de lucha y de negociación del sindicato, lo que se tradujo en un importante aumento de la afiliación. La CNT tenía entonces en Cataluña unos 345.000 afiliados, cifra que duplicó en los siguientes años. Entre sus dirigentes destacaban Salvador Seguí —conocido como el Noi del Sucre—, Joan Peiró y Ángel Pestaña.

En 1919 un conflicto en La Canadiense se convirtió en una gran huelga general en Barcelona. Como hemos avanzado, la Barcelona Light and Power, conocida como La Canadiense, era la gran empresa eléctrica y la propietaria de otros sectores estratégicos, como los tranvías. Por eso el conflicto se generalizó acto seguido, y fue una clara demostración de fuerza del anarcosindicalismo. Como resultado de esta huelga, el gobierno proclamó la jornada de 8 horas en toda España.

Sin embargo, los siguientes años se complicaron por la violencia patronal y por el auge dentro del movimiento libertario de los partidarios de la violencia revolucionaria. Fueron los años del pistolerismo, “cuando mataban por las calles”. Seguí fue asesinado por pistoleros del Sindicato Libre en 1923. Y una nueva generación de cuadros forjados en la violencia libertaria se preparaban para liderar la CNT.

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LA MANCOMUNIDAD

Desde 1907, la Diputación de Barcelona, presidida por Enric Prat de la Riba, se había convertido en la primera institución de gobierno del nuevo catalanismo político. La Diputación solicitó la creación de un organismo que albergara las cuatro diputaciones catalanas. La petición fue aprobada también por las diputaciones de Tarragona, Lérida y Gerona y negociada con el gobierno. A pesar de que el proceso no fue fácil, en diciembre de 1913 el gobierno conservador de Eduardo Dato aprobó el decreto que permitía la creación de mancomunidades provinciales.

La Mancomunidad de Cataluña, fundada el 6 de abril de 1914, reunía en un único organismo a las cuatro diputaciones. Se organizaba mediante una Asamblea General, con todos los diputados, un Consejo Permanente y un presidente. Este cargo correspondió a Prat de la Riba. A su muerte, en 1917, fue sustituido por Josep Puig i Cadafalch.

Sobre el papel, la Mancomunidad recogía las competencias y los presupuestos de las cuatro diputaciones provinciales. No era, por lo tanto, propiamente un gobierno, sino un organismo administrativo al servicio de los municipios. Sin embargo, desde el primer momento la Mancomunidad se llenó de un valor simbólico y de una connotación política muy superiores. Contribuyó a ello, sin duda, la fuerte personalidad y la ambición nacional de su presidente. El propio Prat lo explicó en un discurso dirigido a los diputados al ser reelegido para el cargo en 1917:

No hemos creado la Mancomunidad para tener una Diputación más grande, ni para dar al alma catalana un pequeño cuerpo de administración subordinada, secundaria: una provincia. Todos, yendo más o menos allá, quien deteniéndose pronto, quien viendo lejos todavía el término de su ideal, todos queremos para Cataluña un cuerpo de Estado.

Por eso, una de las apuestas estratégicas de la Mancomunidad fue la redacción de un Estatuto de Autonomía, que finalmente fue aprobado por la Asamblea General el 14 de mayo de 1917, y que el líder regionalista Francesc Cambó defendió en el Congreso de los Diputados, sin éxito.

Desde unas competencias menguadas, pero con voluntad de estado, la Mancomunidad emprendió una política decidida de modernización del país. Este ideal se concretó en el objetivo de que cada pueblo tuviese policía, escuela, biblioteca, teléfono y carretera. La Mancomunidad contribuyó así a la electrificación y a la construcción de la red viaria y telefónica del país. Su aportación en el campo de la educación fue notable y se concretó, entre otras medidas, en la creación de los Estudios Normales, para la formación de maestros, y en el despliegue de la formación profesional. También fue importante la tarea de recuperación y conservación del patrimonio cultural y el impulso de la investigación científica.

Hay que destacar muy especialmente la apuesta por la creación de una lengua normativa, con una gramática y un diccionario reconocidos por todos. Esta tarea, que históricamente corresponde a los estados, aquí pudo ser puesta en marcha gracias a la existencia de la Mancomunidad. Fue encargada a la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans, un organismo que Prat había creado en 1907 con la intención de erigirse en academia nacional. Y fue realizado de una forma modélica por un equipo liderado por Pompeu Fabra.

La Mancomunidad no sobrevivió a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El directorio militar inicialmente nombró presidente al industrial y cacique de Tarrasa Alfons Sala i Argemí. Pero finalmente optó por su disolución en 1925.

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EL IMPACTO DE LA GRAN GUERRA

La Primera Guerra Mundial tuvo enormes repercusiones en todas partes. El mundo no había visto nunca hasta entonces las consecuencias de un conflicto global, tan largo y enormemente igualado, entre potencias industriales. La destrucción humana y económica fue masiva y afectó a varias generaciones. La sociedad y la cultura sufrieron también un fuerte impacto.

España no entró en el conflicto, probablemente porque ninguna potencia tuvo interés en ello. La posición geográfica de la península Ibérica era excéntrica en aquella contienda, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con Italia. Y el ejército español no era precisamente una fuerza desequilibrante. No obstante, la guerra fue vivida con pasión por la opinión pública. España se dividió entre aliadófilos y germanófilos. Los primeros, mayoritarios en Cataluña, venían en general de los sectores liberales, republicanos y de izquierdas. Los segundos tenían una cierta presencia entre la gente de orden y los carlistas. La prensa tomó posición activa en aquel debate, y los diarios rivalizaban por enviar a los mejores corresponsales de guerra. Incluso el excoronel Francesc Macià se desplazó al frente por encargo de La Publicidad.

Barcelona, puerto y ciudad neutral, muy pronto se llenó de agentes y espías de los estados contendientes, y también de desertores y refugiados. Fueron unos años de oro en el Paralelo, que integró las nuevas modas como el jazz, y donde corrían el juego, la prostitución, el whisky y las drogas.

La neutralidad favoreció a la economía. Los países beligerantes habían desplazado al frente a millones de hombres, y habían reconvertido su producción en función de las demandas bélicas. Por eso las exportaciones se multiplicaron, lo que permitió un crecimiento exponencial de la industria catalana. Pero la prosperidad no llegó a todos. El aumento de la demanda externa precipitó el encarecimiento del coste de la vida y la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. El descontento obrero se manifestó en las huelgas generales de diciembre de 1916 y de agosto de 1917, convocadas conjuntamente por la CNT y la UGT. En aquel contexto, los diputados catalanistas, republicanos y socialistas convocaron una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona el 19 de julio de 1917, que fue disuelta por la Guardia Civil.

El impacto de la guerra fue también enorme para el catalanismo. Siguiendo el modelo irlandés, algunos sectores catalanistas se proclamaron independentistas. Algunos, encabezados por el doctor Joan Solé i Pla, canalizaron la participación de voluntarios catalanes en el ejército francés, esperando internacionalizar la causa de Cataluña. A pesar de que se ha especulado con cifras muy superiores, los voluntarios catalanes debieron de ser aproximadamente mil y se encuadraron en la Legión Extranjera francesa. Al final de la guerra, la aplicación del principio de autodeterminación posibilitó la independencia de las naciones sometidas hasta entonces a los imperios ruso y austrohúngaro, como Finlandia, Polonia, las repúblicas bálticas o Checoslovaquia; también Irlanda pasó a ser estado libre en 1921. Esto fortaleció al independentismo en Cataluña.

Por otra parte, el estallido en Rusia de la primera revolución proletaria tuvo una gran incidencia en el movimiento obrero. Algunos sectores provenientes del socialismo y del anarquismo se acercaron a los comunistas rusos. No obstante, la CNT fue muy crítica desde el primer momento con el nuevo estado.

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LAS PRIMERAS BANDERAS INDEPENDENTISTAS

Las primeras organizaciones que se posicionan de forma explícita por la independencia de Cataluña surgen en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Con ellas aparece también la bandera independentista, la estelada. Así, el 11 de septiembre de 1915, el doctor Joan Solé i Pla y otros miembros de Unión Catalanista entregaron una bandera independentista a un grupo de voluntarios catalanes que luchaban en la Legión Extranjera francesa. “La bandera catalana con el triángulo azul y la estrella solitaria voló extendida por primera vez en manos de aquellos bravos”, escribió Solé i Pla. La bandera independentista reaparece en varias fotografías de 1918 y en un documento bilingüe catalán-inglés que el Comité Pro Cataluña dirigió al presidente estadounidense Woodrow Wilson el 11 de septiembre de aquel año. Como es sabido, al acabar la Primera Guerra Mundial Wilson defendió el derecho de autodeterminación de los pueblos. Curiosamente, la versión inglesa del documento estaba decorada con la bandera de Estados Unidos de América y con la independentista, pero en la versión catalana esta segunda era reemplazada por la bandera de las cuatro barras. La explicación para esto puede encontrarse en un texto de Vicenç Albert Ballester, probablemente el diseñador de la nueva bandera. Ballester consideraba que la bandera independentista tenía que ser una bandera de combate con una duración limitada, y que, una vez Cataluña lograra la independencia, habría que instaurar “de nuevo la bandera de las cuatro barras, la bandera catalana, sin estrellas, sin azules, pero con todos sus honores. ¡Muy alta, muy erguida y muy sola!”.

No obstante, España, como estado neutral, no participó en las negociaciones que siguieron a la guerra, y no fue objeto de modificaciones de fronteras. Hay que destacar que la derrota de los imperios centrales supuso el descuartizamiento de los imperios austrohúngaro y turco y la amputación de territorios del Imperio alemán, además de la independencia de las naciones europeas sometidas hasta entonces a Rusia y la creación del estado libre de Irlanda.

El independentismo catalán contaba ya entonces con un líder: Francesc Macià i Llussà. El antiguo coronel de ingenieros que había sido elegido diputado por Solidaridad en 1907 había hecho una interesante evolución política que le había llevado hacia posiciones más radicales tanto en el eje nacional como en el eje social. Macià participó en 1919 en la formación de Federación Democrática Nacionalista, que se definió como independentista. Y el 18 de julio de 1922 fundó Estat Català. El nuevo grupo adoptó la bandera de la estrella solitaria.

La dictadura de Miguel Primo de Rivera radicalizó a este colectivo, que optó por la lucha armada. El 6 de junio de 1925 un comando de Bandera Negra de Estat Català planeó un atentado en los túneles de Garraf contra el tren en el que viajaban Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera, que finalmente fracasó. Un año después, en noviembre de 1926, Francesc Macià ensayó la invasión de Cataluña desde Prats de Molló; aquella acción armada tenía el apoyo de los anarcosindicalistas de la CNT. Aquello precipitó la detención de Macià, quien aprovechó su juicio en París para internacionalizar el caso de Cataluña. En los siguientes años, Macià se desplazó por las repúblicas de América, donde consiguió el apoyo de la numerosa colonia catalana. En Cuba, en 1928, aprobó la Constitución de la República Catalana, conocida como Constitución de La Habana, que establecía la independentista como bandera del nuevo estado.

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LA DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA

El 12 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y suspendió el régimen constitucional. En su manifiesto proclamaba: “Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la Patria preparamos.” Primo de Rivera justificaba su acción como una respuesta a la violencia obrera y al auge del catalanismo. Pero también jugaron un papel clave los continuos fracasos del ejército español en Marruecos y los escándalos de corrupción que afectaban a los mandos militares y al propio rey, Alfonso XIII. Tampoco hay que olvidar que apenas un año antes, en octubre de 1922, Benito Mussolini había alcanzado el poder en Italia al frente del partido fascista con el apoyo del monarca Víctor Manuel III.

Miguel Primo de Rivera formó un gobierno de generales, al que denominó Directorio Militar. Abolió todos los partidos políticos y disolvió todas las corporaciones de gobierno, incluidos ayuntamientos y diputaciones, y puso a su frente a hombres de confianza. En 1924 creó un partido único, a imitación del partido fascista italiano, al que llamó Unión Patriótica. En septiembre de 1925 planificó el desembarco de Alhucemas, que contó con el apoyo de Francia, y que supuso una importante victoria en el Protectorado.

Desde diciembre de 1925 el gobierno de la dictadura volvió a contar con civiles, todos ellos de la Unión Patriótica. En muchos sentidos, la dictadura de Primo de Rivera ha sido considerada una especie de ensayo de la dictadura del general Francisco Franco. Lo fue sin duda en cuanto a la política anticatalana. A pesar de que inicialmente Primo de Rivera tuvo el apoyo de la patronal catalana y de la Lliga, la política de la dictadura supuso una agresión directa y sistemática a Cataluña y a sus símbolos. Como hemos visto, la Mancomunidad fue disuelta en 1925. La dictadura también clausuró más de 150 entidades culturales catalanistas, el sindicato CADCI (Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria) y prohibió el uso público de la lengua catalana, la senyera y la edición de libros en catalán. Además, reprimió muy especialmente las expresiones culturales o civiles de carácter popular. Así, prohibió los Juegos Florales e incluso clausuró el campo del Barça y suspendió sus actividades deportivas durante seis meses como represalia por el hecho de que el público del campo de Les Corts había silbado a la Marcha Real.

En el ámbito político, la represión afectó muy especialmente a republicanos y anarquistas. En 1926, como hemos avanzado, Francesc Macià ensayó una acción armada contra la dictadura desde Prats de Molló, en Cataluña del Norte. Macià y sus colaboradores tuvieron que permanecer en el exilio hasta 1931.

No obstante, la dictadura no superó la prueba de fuego que supuso el inicio de la depresión internacional de 1929. Totalmente desprestigiado ante la opinión pública, el dictador presentó su dimisión el 28 de enero de 1930, y murió un mes y medio después en París. Tampoco la monarquía de Alfonso XIII superaría sin castigo aquella etapa. Las primeras elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, enterraron el régimen de la Restauración.

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EL 14 DE ABRIL DE 1931

El fin de la dictadura de Miguel Primo de Rivera había dejado tocada la monarquía de Alfonso XIII. En agosto de 1930 las fuerzas republicanas y de izquierdas acordaron el pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a proclamar la República y a reconocer la autonomía de Cataluña. Entre los firmantes del pacto había tres catalanes: Jaume Aiguader, de Estat Català, Manuel Carrasco i Formiguera, de Acción Catalana, y Macià Mallol, de Acción Catalana Republicana. Por el contrario, en aquel contexto, la Liga Regionalista de Francesc Cambó optó por colaborar con la monarquía.

Pero la fuerza que tenía que liderar Cataluña en los siguientes años se fundó en marzo de 1931, en el Congreso de Izquierdas celebrado en Sants. Allí confluyeron Estat Català de Francesc Macià, el Partido Republicano Catalán de Lluís Companys y otros grupos y personalidades republicanos e independentistas. La fuerza naciente fue denominada Esquerra Republicana de Catalunya. Estat Català aportó en primer lugar el prestigio indiscutido del líder, Macià, quien entonces seguía en el exilio y ya era popularmente conocido como l’Avi (el Abuelo). Los republicanos, por su parte, aportaron sobre todo una potente red de centros y entidades repartidos por un gran número de pueblos y ciudades. No obstante, ERC no era todavía un partido con un proyecto político cerrado, y tenía un nivel de cohesión que se acercaba más al de una coalición. Lo que les había unido (y que también había acercado a una parte importante de la CNT) era la lucha contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la dureza de la represión.

El 12 de abril, con el nuevo partido se presentó en coalición, como socio minoritario, la Unión Socialista de Cataluña de Manuel Serra i Moret. En aquellos comicios, a parte de las fuerzas monárquicas, también participaron la Liga Regionalista, el Partido Catalanista Republicano (fruto de la fusión de AC y de ACR) y la coalición republicanosocialista con el Partido Radical y el PSOE. La victoria de ERC-USC fue brillante. En Barcelona obtuvo 25 concejales frente a los 12 de la Lliga. En el conjunto de Cataluña, 3.219 y un 68% de los votos, mientras que la Lliga obtuvo 1.014 y un 20,7% de los sufragios. En el conjunto del Estado, las fuerzas republicanas vencieron en 41 de las 50 capitales de provincia.

A medida que se conocieron los resultados, fue generalizándose la sensación de que el cambio era inevitable. El 14 de abril, muchos ciudadanos salieron a la calle con banderas catalanas y republicanas. En Barcelona, Lluís Companys entró en el Ayuntamiento y desde el balcón de la plaza San Jaime proclamó la República. Horas después, Francesc Macià, desde el antiguo Palacio de la Generalidad, proclamó la “República Catalana como estado integrante de la Federación Ibérica” y se hizo cargo de las funciones de presidente del gobierno de Cataluña. Mientras en otras ciudades también se proclamaba la República, en Madrid se formaba el gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Alfonso XIII aceptó los resultados y partió hacia el exilio.

Sin embargo, la República Catalana tuvo una vida muy breve. El gobierno provisional envió a Barcelona a tres ministros: los catalanes Marcel·lí Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer, y Fernando de los Ríos. La República Catalana se convirtió en Generalidad de Cataluña, algo que la parte catalana interpretó como la recuperación de la soberanía abolida en 1714.

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LA AUTONOMÍA: LA GENERALIDAD REPUBLICANA

La Generalidad provisional surgida de los pactos con el gobierno republicano de Madrid se hizo cargo de las competencias de las antiguas diputaciones provinciales y lideró el proceso de redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía. A pesar de que este horizonte quedaba muy por debajo de las expectativas generadas por Francesc Macià el 14 de abril, constituía un hito histórico, ya que Cataluña no había tenido autogobierno desde 1714.

Una asamblea de representantes municipales votó la comisión que tenía que redactar el Estatuto, que estaba formada por 46 miembros. Estos, reunidos en el Hotel de la Vall de Núria, aprobaron el texto definitivo el 20 de junio de 1931. El Estatuto fue ratificado por los ayuntamientos y votado en referéndum el 2 de agosto. Esta campaña se realizó en un clima de euforia, y sus resultados fueron espectaculares: votó cerca de un 75% del censo, y los votos afirmativos superaron el 99%. Por otra parte, las mujeres, que en aquel momento todavía no tenían reconocido el derecho a voto, reunieron más de 400.000 firmas a favor del Estatuto.

El Estatuto de Núria definía Cataluña como un “Estado autónomo dentro de la República española” y planteaba una relación de carácter federal con el gobierno de Madrid. Además, dotaba al Parlamento y al gobierno de Cataluña de muy amplias competencias y proclamaba la oficialidad de la lengua catalana.

Este proceso fue vivido en paralelo a la formación del nuevo poder republicano. Las Cortes constituyentes de la República, elegidas el 28 de junio, aprobaron la nueva Constitución el 9 de diciembre. Esta definía a la República Española como “un Estado integral compatible con las autonomías de los municipios y las regiones”. Este modelo de estado entraba en clara colisión con el que había votado el pueblo catalán cuatro meses antes.

Las Cortes republicanas iniciaron el debate sobre el Estatuto en mayo de 1932. Muy pronto se hizo evidente que una gran parte de los diputados españoles, de todos los colores políticos, eran contrarios a la autonomía. Además, algunos intelectuales de prestigio, entidades empresariales y civiles y un gran número de medios de comunicación iniciaron campañas contra Cataluña, que incluyeron también el boicot a los productos catalanes. Sin embargo, esta estrategia se moderó después del fracaso del golpe de estado del general José Sanjurjo (10 de agosto de 1932). En aquel contexto, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, defendió ese texto y consiguió su aprobación, el 9 de septiembre. El gesto de Azaña era fruto del cálculo político. Hay que decir que otro tanto hizo con otro texto bloqueado entonces en las Cortes: la Ley de Reforma Agraria. Y es que el golpe de estado había convencido a Azaña de que la República no podría sobrevivir sin una fuerte base social.

Sin embargo, el Estatuto de 1932 sufrió profundos recortes. Cataluña era una “región autónoma dentro de España”, y las competencias y recursos del gobierno catalán se vieron claramente menguados. No obstante, las fuerzas políticas catalanas y la opinión pública lo consideraron un primer paso hacia la recuperación de la soberanía. Solo votó en contra un diputado catalán en Madrid, al considerar que las Cortes republicanas no podían modificar lo que había votado el pueblo de Cataluña: era Manuel Carrasco i Formiguera, quien acababa de fundar Unió Democràtica de Catalunya, un partido catalanista de inspiración social y cristiana.

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EL 6 DE OCTUBRE DE 1934

Las elecciones al Parlamento de Cataluña del 19 de noviembre de 1932 dieron una amplia mayoría a Esquerra Republicana: 56 diputados frente a los 16 de la Liga Regionalista (Lliga Catalana desde febrero de 1933). El gobierno presidido por Francesc Macià empezó a contar con las competencias y los recursos que otorgaba el Estatuto, mientras en Madrid gobernaba una coalición de izquierdas. Niceto Alcalá Zamora era el presidente de la República y Manuel Azaña presidía el gobierno.

Sin embargo, este mapa se modificó radicalmente con las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. En España ganaron las derechas encuadradas en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José M. Gil-Robles. También en Cataluña la Lliga superó a ERC. En Madrid se formó un gobierno presidido por Alejandro Lerroux, del Partido Radical, con el apoyo de la CEDA.

En los siguientes meses se vivió un proceso de radicalización de la sociedad española, y de ruptura del diálogo entre los gobiernos de España y de Cataluña. Los republicanos del 14 de abril veían con preocupación el creciente poder de la CEDA, un partido que en algunos aspectos tenía claras similitudes con el fascismo italiano. El debate enfrentaba, así, a la derecha reaccionaria con una izquierda reformista que veía detenidos algunos de sus grandes proyectos, como la reforma agraria. Pero también se dirimía entre los dos únicos gobiernos presentes en la dinámica política: el de la República, en manos de la derecha española, y el de la Generalidad, en manos de la izquierda catalana. Hay que tener en cuenta que la Constitución de la República ponía muchos obstáculos para la aprobación de estatutos. Por eso Cataluña fue la única autonomía hasta 1936, cuando pudo añadirse el País Vasco, tras las elecciones del Frente Popular. El Estatuto de Galicia, aprobado en plena guerra, nunca fue efectivo.

Ya en las elecciones de noviembre de 1933, Francesc Macià y el propio Manuel Azaña habían insistido en el carácter de Cataluña como “baluarte de la República”. Al morir Macià, el día de Navidad de aquel año, Lluís Companys se hizo cargo de la presidencia de la Generalidad y abordó el primer conflicto constitucional grave. La Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlamento de Cataluña preveía que aparceros, masoveros y rabasaires accediesen a la propiedad de la tierra con una indemnización a los propietarios. Dicha ley fue llevada por el gobierno del Estado, a petición de la Lliga, al Tribunal de Garantías Constitucionales, y este dictaminó contra la Generalidad.

Pero los hechos se precipitaron el 4 de octubre con la entrada en el gobierno de la República de tres ministros de la CEDA, algo que la izquierda interpretó como una amenaza a la pervivencia del nuevo régimen. El día 5 se inició una huelga general. Pero la insurrección que tenía que ser general se redujo a Cataluña y Asturias, donde la UGT y la CNT iniciaron una revolución obrera. En Barcelona, Companys proclamó “el Estat Català de la República Federal Española” e invitó a las izquierdas españolas “a establecer en Cataluña el Gobierno Provisional de la República”. El movimiento fue aplastado con rapidez por el general Domènec Batet (pero no con la contundencia del general Francisco Franco, que entonces se entregó a una represión aterradora en Asturias). El presidente Companys, el gobierno y un gran número de alcaldes y concejales fueron encarcelados. El Estatuto quedó suspendido.

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DEL 16 DE FEBRERO AL 19 DE JULIO DE 1936

Las elecciones de febrero de 1936 se celebraron en un clima de clara polarización. Las izquierdas se congregaron en España en el Frente Popular, y en Cataluña en el Frente de Izquierdas, donde confluyeron ERC y otros grupos republicanos, socialistas y comunistas. La derecha, por su parte, se coaligó en el Bloque Nacional, que reunía a la CEDA, monárquicos y carlistas, y en Cataluña en el Frente Catalán de Orden, liderado por la Lliga. El resultado fue claramente favorable a las izquierdas. En las nuevas Cortes había 257 diputados de izquierdas frente a 139 de derechas. En Cataluña la diferencia fue incluso más notable: el Frente de Izquierdas obtuvo 41 diputados, mientras que el Frente Catalán de Orden apenas logró 13.

La campaña del Frente de Izquierdas se había centrado en dos objetivos: la amnistía para los presos del 6 de octubre, encabezados por el presidente Lluís Companys, que había sido condenado a treinta años de cárcel, y el restablecimiento de la Generalidad y de la autonomía. Con la victoria electoral, los presos fueron liberados y recibidos en Cataluña de forma triunfal. Companys fue confirmado como presidente de la Generalidad el 24 de febrero. También se restableció la Ley de Contratos de Cultivo. En Madrid, las izquierdas recuperaron el poder, y Manuel Azaña sustituyó a Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República el 10 de mayo.

Los nuevos gobiernos de Madrid y de Barcelona retomaron las reformas. Pero el ambiente en la calle fue caldeándose. La Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), partido fascista fundado en 1934 por el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera, los requetés (pelotones carlistas) y sectores de la derecha monárquica actuaban con violencia. También los partidos y sindicatos obreros y las organizaciones independentistas organizaron pelotones armados. Y la Federación Anarquista Ibérica, fundada en 1927, liderada por la CNT, defendía la “gimnasia revolucionaria” y la insurrección ante el gobierno republicano.

Por su parte, un número importante de los mandos del ejército preparó un golpe de estado desde el día siguiente a la victoria del Frente Popular. Esta trama estaba coordinada desde Lisboa por el general Sanjurjo, exiliado desde 1932, y tenía el apoyo de oficiales conspicuos como Mola, en Navarra; Yagüe, en Marruecos; Goded, en Mallorca, y Queipo de Llano, en Sevilla.

El golpe empezó el 17 de julio en el Protectorado de Marruecos, donde estaban las fuerzas más competentes del ejército. El general Francisco Franco controló las Canarias, y desde allí se trasladó a Tetuán, donde pasó a dirigir el golpe. En la Península, la fecha clave fue el día 19. Los militares insurrectos se hicieron con Navarra, Galicia, Castilla la Vieja y el valle del Guadalquivir, pero fracasaron en las grandes ciudades, y en particular en Madrid.

En Cataluña el golpe de estado fue detenido por la actuación de las guardias de asalto y republicana (antes Guardia Civil), mandadas por el comisario general de orden público Frederic Escofet, y por la movilización de partidos de izquierdas y sindicatos. El general Goded, que llegó en hidroavión desde Mallorca, se vio obligado a rendirse. No obstante, la CNT consiguió un gran número de armas de fuego, y después de la derrota de los rebeldes se convirtió de hecho en la fuerza que controlaba las calles. Cataluña iniciaba una revolución de inspiración libertaria, que en muchos sentidos puede considerarse única en el mundo.

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LA GUERRA CIVIL Y LA REVOLUCIÓN

El 20 de julio de 1936, el día siguiente al fracaso del golpe de estado fascista, el presidente Companys propuso a la CNT la creación de un organismo que coordinase las milicias que controlaban las calles. El Comité Central de Milicias Antifascistas estaba formado por tres representantes de la CNT, dos de la FAI, tres de ERC, tres de UGT y uno de cada una de estas formaciones: Acción Catalana Republicana, Unión de Rabasaires, el Partido Obrero de Unificación Marxista y el Partido Socialista Unificado de Cataluña. El PSUC y el POUM eran fuerzas de ideología comunista, pero totalmente enfrentadas, ya que la primera se alineaba con la URSS de Stalin y la segunda era crítica con ella. El Comité Central de Milicias Antifascistas se disolvió, sin embargo, dos meses más tarde, cuando la CNT entró en el gobierno de la Generalidad.

Con el estallido de la guerra se inició una durísima violencia revolucionaria, que se dirigió de nuevo contra la Iglesia. Decenas de templos fueron destruidos y muchos sacerdotes fueron asesinados. Se calcula que, en total, la violencia revolucionaria provocó en Cataluña unos 8.500 muertos. Sin embargo, hay que decir que la Generalidad salvó a más de 9.000 personas, a las que dio salvoconductos para que se embarcaran rumbo a Génova o Marsella.

El nuevo orden económico se concretó en el decreto de colectivizaciones, publicado el 24 de octubre de 1936. Todas las empresas de más de cien trabajadores fueron colectivizadas, es decir, pasaron a pertenecer a sus trabajadores, mientras que las empresas más pequeñas fueron sometidas a un fuerte control obrero. Quedaron fuera del decreto los bancos, las cajas de ahorros y las industrias de guerra, que fueron controladas directamente por el gobierno de la Generalidad. A diferencia de la economía planificada, de inspiración marxista, las colectivizaciones partían de un modelo de raíz libertaria, y construían una economía social organizada desde abajo.

La revolución dotó también a la Generalidad de competencias de gobierno muy superiores a las previstas en el Estatuto. Cabe destacar, en este sentido, la creación de la Consejería de Defensa. Ese salto revolucionario tuvo también importantes repercusiones sociales, como por ejemplo la creación del CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada), en el ámbito educativo, o la formación de las veguerías y comarcas, rompiendo con la división provincial, en el campo de la gestión territorial.

No obstante, pasados los momentos iniciales, se reprodujeron las tensiones por el poder entre la CNT-FAI, por una parte, y el gobierno de la Generalidad, por otra. Los primeros tenían el apoyo minoritario del POUM y consideraban que la revolución era una condición imprescindible para la victoria. El segundo contó con el PSUC, partido que aumentó de forma exponencial su influencia política como contrapartida al apoyo soviético a la República. Los comunistas del PSUC defendían que primero había que ganar la guerra, lo que suponía aparcar la revolución en curso.

En mayo de 1937 una guerra civil dentro de la Guerra Civil enfrentó a unos y otros en Barcelona, con el resultado de 300 muertos y centenares de heridos. La CNT perdió una parte importante de su influencia social, y el POUM y sus dirigentes, como Andreu Nin, fueron liquidados. Al final, unos y otros perdieron: el gobierno de la República, presidido por Juan Negrín y con una fuerte presencia del PCE, se trasladó a Barcelona, se hizo cargo del orden público e incautó las industrias de guerra de Cataluña.

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1939. LA DERROTA

El 25 de julio de 1938, el ejército de la República inició una última y desesperada ofensiva. La batalla del Ebro se prolongó durante casi cuatro meses, y evidenció la superioridad militar franquista, basada en la colaboración masiva de los ejércitos italiano y alemán. La derrota republicana, sellada el 15 de noviembre, era la antesala del fin de la contienda. Previamente, el 30 de septiembre, en Múnich, Francia e Inglaterra se habían arrodillado de nuevo ante Hitler: Checoslovaquia y la República Española fueron abandonadas a su suerte. Y a finales de octubre, Barcelona había despedido a los voluntarios de las Brigadas Internacionales.

El ejército de ocupación de Cataluña (este era su nombre oficial) inició su última ofensiva desde el Segre y el Ebro el 23 de diciembre de 1938. El ataque vino acompañado por los bombardeos masivos de la aviación italiana. El 15 de enero las fuerzas fascistas ocuparon Tarragona. Once días después, el 26 de enero, entraron en Barcelona. El 4 de febrero conquistaban Gerona, y el 10 alcanzaban la frontera.

Por todas partes, columnas de civiles y de militares, famélicos y desmoralizados, emprendieron el camino del exilio. Los presidentes de Cataluña y del País Vasco, Lluís Companys y Joseba Andoni Aguirre, respectivamente, cruzaron la frontera el 5 de febrero. También lo hicieron, pero en un grupo expresamente diferenciado, el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del gobierno, Juan Negrín. El 1 de abril el ya “generalísimo” Franco emitió el último comunicado de guerra: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.”

La derrota republicana supuso una verdadera aniquilación. Durante los tres años de guerra habían muerto en combate unas 300.000 personas, a las que habría que añadir cerca de 150.000 que habían sido asesinadas en la retaguardia o habían sucumbido a los bombardeos. Las cifras de presos se elevaban a 550.000, que incluían a los detenidos en las cárceles y a los internados en campos de concentración o en batallones de trabajadores. El exilio afectó a medio millón de personas, de las que aproximadamente la mitad eran catalanes y la otra mitad refugiados en Cataluña a lo largo de la guerra. La mayoría fue a parar a campos de concentración improvisados en el Rosellón por las autoridades de la República Francesa. Con el inicio de la II Guerra Mundial y la ocupación de Francia, su situación se haría insostenible. Unos 17.000 exiliados republicanos fueron deportados a Mauthausen y a otros campos de concentración nazis.

Como en 1714, la derrota afectó a todas las parcelas de la sociedad. Ya el 5 de abril de 1938, cuando las tropas franquistas alcanzaron por primera vez territorio catalán, Franco derogó el Estatuto de Autonomía “en mala hora concedido por la República”. El 9 de febrero de 1939 el nuevo régimen proclamó la Ley de Responsabilidades Políticas, que tenía como objetivo programar la represión en época de paz. Solo en Cataluña, entre 1938 y 1957, hubo 3.400 ejecuciones. Con la ocupación nazi de Francia, la policía franquista pudo detener impunemente a algunos de los líderes republicanos exiliados. El presidente Lluís Companys, entregado por la Gestapo a las autoridades españolas, fue fusilado en el castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Es el único presidente de un país democrático ejecutado por un régimen fascista.

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EL NUEVO ORDEN FASCISTA

Los vencedores de la Guerra Civil crearon un nuevo régimen de corte nazifascista. No obstante, junto al partido único, algunas instituciones tradicionales, como el ejército y la Iglesia católica, gozaron de un gran poder y de una fuerte capacidad de control social. Con la victoria aliada en la II Guerra Mundial, el régimen tuvo que maquillar algunos de sus comportamientos. Pero mantuvo intactos sus fundamentos autoritarios y su maquinaria represiva hasta después de la muerte del dictador, en 1975.

Como en el resto de regímenes fascistas, el franquismo se organizó políticamente en torno a un partido único. Falange Española Tradicionalista y de las JONS, formada el 19 de abril de 1937, era el fruto de la fusión forzada de falangistas y carlistas. A su alrededor se estructuraban varias organizaciones que debían encuadrar a la población: la Organización Sindical Española (después Central Nacional-Sindicalista), el sindicato vertical al que estaban afiliados de forma obligatoria empresarios y trabajadores; la Sección Femenina, que debía encuadrar a las mujeres bajo el principio de su inferioridad natural y de su sumisión a la autoridad masculina; el Frente de Juventudes, que movilizaba en términos paramilitares a los niños y adolescentes a partir de los siete años; el Auxilio Social, que controlaba las ayudas a la pobreza, etc. Todo este conjunto de entidades era conocido como Movimiento Nacional.

El nuevo régimen creó en 1942 unas nuevas Cortes de representación estamental y no democrática, convertidas en un instrumento de ratificación automática de las decisiones del dictador. En los siguientes años, las Cortes aprobaron varias “leyes fundamentales” que caracterizaron al régimen hasta su fin. La primera fue el Fuero de los Españoles (1945), que enmarcaba los principios básicos de la dictadura. La siguió la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), que definió España como “reino” y dotó a Franco del poder vitalicio y de la potestad para nombrar a su sucesor. Y en 1958 el dictador, como “caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia”, proclamó la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. Esta ley definía a España como “una unidad de destino en lo universal” y afirmaba que “la unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible” y que “la integridad de la Patria y su independencia son exigencias de la comunidad nacional”.

Un fundamento esencial del régimen franquista fue la represión contra los grupos y personas de ideas democráticas, de izquierdas o catalanistas. La represión era un instrumento cotidiano, que se expresó no solo mediante ejecuciones, encarcelamientos o torturas, sino que tuvo concreciones en todos los ámbitos: la depuración de funcionarios, y especialmente de profesores; la instigación a la delación; la exigencia de avales de personas adictas al régimen para cualquier gestión; la censura de prensa y la prohibición de libros; la destrucción de símbolos públicos y de imágenes; el cambio de nombre de las calles, y, evidentemente, la prohibición del uso público de la lengua catalana. La Iglesia impuso, además, un rígido control de la moral pública y de los comportamientos sociales y logró en la práctica el monopolio de la educación de los niños. Globalmente, algunas de las conquistas de años anteriores, como la igualdad jurídica de las mujeres, dieron un enorme retroceso.

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LA AUTARQUÍA

El desastre humano provocado por la Guerra Civil vino acompañado también de la destrucción de infraestructuras y del tejido industrial. La pobreza y la desnutrición eran muy amplias, y también se generalizaron algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y el tifus. Pero los efectos económicos y sociales de la posguerra se prolongaron durante dos décadas. Hasta 1951 España no recuperó los niveles de producción y de renta per cápita anteriores a 1936. Hasta aquella fecha, además, la práctica totalidad de productos básicos y alimentarios estaban racionados. El racionamiento suponía la restricción del acceso al consumo de las familias y el control estricto del mercado por parte de las autoridades. En la práctica, el racionamiento fomentó otra realidad: la existencia del mercado negro, popularmente conocido como estraperlo. Así, una parte de la producción agroalimentaria escapó al control del Estado y llegó a los consumidores de forma clandestina, y a precios muy superiores a los fijados por las autoridades.

La prolongación de la posguerra fue debida, en primer lugar, a causas políticas. Como régimen fascista, el franquismo abogaba por la autarquía como política económica. La autarquía era un modelo que tenía como primer objetivo garantizar la independencia y la superioridad del Estado en caso de conflicto bélico. Así, la autarquía apostaba por la autosuficiencia económica y energética. Limitaba, de forma muy estricta, las importaciones y fomentaba la compra de productos nacionales. Esta autarquía suponía también la apuesta por el dirigismo económico, es decir, por el control de la producción y de la distribución por parte del Estado, y por la nacionalización de algunas de las infraestructuras básicas, como los ferrocarriles o la telefonía. Este era el modelo que había funcionado, con relativo éxito, en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler.

Sin embargo, el modelo autárquico tuvo consecuencias desastrosas en la España de la posguerra. El dirigismo económico y las restricciones a las importaciones desarrollaron una corrupción sistémica, en la que participaron, a distintos niveles, prácticamente todas las capas de la administración. Sus efectos nocivos fueron particularmente destacados en el sector industrial, que requería importar de forma regular materias primas y energía.

Durante la década de 1950 empezaron a notarse algunas señales positivas. Así, en 1954 entró en funcionamiento en la Zona Franca de Barcelona la fábrica SEAT, fruto de la colaboración del Instituto Nacional de Industria, de titularidad estatal, que aportó el capital, con el grupo privado italiano FIAT, que puso la tecnología. Hay que decir que la ubicación de la factoría en Barcelona fue una exigencia del grupo italiano.

No obstante, la superación del período de la autarquía tuvo que esperar hasta el Plan de Estabilización, aprobado por el gobierno en 1959. La liberalización económica tuvo de entrada algunos efectos negativos, como por ejemplo la destrucción de ciertos sectores económicos inviables, pero puso las bases del desarrollo económico de la década de 1960.

Sin embargo, durante la década de 1950 el lento despegue de la economía catalana tuvo ya algunos reflejos. La población catalana pasó de 3,2 millones de habitantes en 1950 a cerca de 4 en 1960. Este incremento se explica por las altas tasas de natalidad, pero también, ya, por el inicio de la inmigración peninsular.

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EL EXILIO REPUBLICANO Y LA II GUERRA MUNDIAL

La dictadura de Franco se propuso entrar en la II Guerra Mundial con las potencias del Eje. Con este objetivo, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 y con Mussolini en Bordighera cuatro meses después. Pero los estados nazifascistas, que se sentían vencedores, rechazaron las demandas territoriales y económicas de España. Valoraban, además, que la potencialidad bélica de su ejército era entonces muy escasa. Aun así, España colaboró con Alemania e Italia a lo largo de la guerra. En junio de 1941 participó en la invasión de la URSS con el envío de la División Azul, formada por 18.000 hombres. Al final de la contienda, la dictadura de Franco fue condenada por la naciente Organización de Naciones Unidas (1946) y fue excluida por el gobierno estadounidense del Plan Marshall. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría favoreció la rehabilitación del régimen, presentado entonces como estado anticomunista. En 1952 Barcelona acogió un Congreso Eucarístico, y en el año siguiente España firmó un Concordato con la Santa Sede. También en 1953 Estados Unidos de América firmó un tratado de cooperación, que permitió que el ejército estadounidense contara con bases militares en la Península. Dos años después, la España de Franco fue admitida en la ONU.

El estallido de la II Guerra Mundial tuvo importantes efectos sobre el exilio. Un numeroso grupo de refugiados en Francia participó en los batallones de trabajadores de su ejército. Muchos pasaron después a la clandestinidad y participaron en la Resistencia Francesa, o se alistaron en la Legión Extranjera en las colonias africanas. El exilio también estuvo presente en la lucha antifascista en la URSS, que había acogido a militantes comunistas, y en Gran Bretaña, donde Winston Churchill había reunido a algunos de los responsables de la defensa civil de Barcelona, como el alcalde Carles Pi i Sunyer y el doctor Josep Trueta.

Conviene destacar a los 17.000 deportados a Mauthausen y a otros campos de concentración y de exterminio nazis. Más de la mitad murieron allí. No obstante, algunos jugaron un papel clave en la recuperación de la memoria del holocausto. El fotógrafo Francesc Boix pudo documentar el horror nazi en centenares de fotografías, hoy conservadas en el Museo de Historia de Cataluña, y participó como testigo en el proceso de Núremberg. El escritor Joaquim Amat-Piniella escribió K. L. Reich, un aterrador testimonio novelado de aquellos hechos.

Sin embargo, una parte importante del exilio pudo trasladarse a Latinoamérica, donde tuvo una buena acogida por parte de los gobiernos de México, Chile y la República Dominicana. Desde América, durante los años de la guerra, se pudo emprender una importante acción de resistencia cultural, con la creación de editoriales y revistas en lengua catalana, la celebración de Juegos Florales y otros eventos y la creación o la reavivación de centros catalanes.

El exilio republicano veía la II Guerra Mundial como una continuación de la Guerra Civil. Esperaba, por consiguiente, que las fuerzas aliadas liberaran a la España de Franco como habían hecho con Alemania e Italia. Incluso un grupo guerrillero comunista protagonizó con este objetivo la invasión del Valle de Arán (1944). Pero las gestiones del gobierno de la República en el exilio; del gobierno de la Generalidad, presidido por Josep Irla, y del Consejo Nacional Catalán de Londres resultaron improductivas.

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LA RESISTENCIA EN EL INTERIOR

A pesar de la contundencia de la derrota republicana y el exilio masivo, algunos núcleos de oposición iniciaron la lucha contra el régimen franquista desde el mismo instante de la derrota. Eran grupos militantes y nada numerosos y sufrieron una represión durísima, que supuso en muchos casos la tortura, la prisión y finalmente la ejecución de los detenidos. Los grupos resistentes se vincularon en una primera etapa a los países aliados, entendiendo que la lucha contra Franco era un episodio más de un combate global entre la libertad y el fascismo. Luego, la consolidación de la dictadura en un contexto de victoria aliada les obligó a replantear sus estrategias políticas.

La consciencia de la necesidad de reunir esfuerzos en organizaciones políticamente amplias dio lugar a dos nuevos grupos. En abril de 1940 nació en París el Front Nacional de Catalunya, que reunía a cuadros provenientes de Estat Català y de otras fuerzas independentistas. El Front optó por la lucha armada en el interior, colaboró estrechamente con las redes de evasión aliadas y organizó acciones de pedagogía, que pretendían visualizar la resistencia en un contexto de miedo y de desmovilización generalizados. Así, colgaron una bandera catalana en el aéreo del Puerto de Barcelona el 11 de septiembre de 1944, y otra en la Sagrada Familia al año siguiente el día de San Jorge. Esta clase de acciones comportaba un gran riesgo, y algunos militantes independentistas pagaron con la cárcel o la muerte su compromiso.

Poco después, en enero de 1945 se fundó en paralelo en Toulouse, en México y en el interior el Movimiento Socialista de Cataluña. Este grupo estaba formado por miembros del POUM y del sector socialista del PSUC, desencantados con la vía estalinista que había tomado el partido. También la CNT, el PSUC y ERC contaron con grupos en el interior, que, como los demás, suplían su debilidad numérica con voluntarismo y militancia. Todos los grupos clandestinos poseían su estructura armada y de autodefensa y sufrieron caídas policiales periódicas.

Cuando el régimen de Franco superó la crisis que supuso la victoria de los aliados, la oposición abandonó progresivamente la lucha armada. Los últimos guerrilleros pertenecían al movimiento libertario. Quico Sabaté, hijo de Hospitalet de Llobregat, fue abatido por el somatén en Sant Celoni el 5 de enero de 1960. Ramon Vila Capdevila, Caracremada, originario de Fígols, cayó muerto por la Guardia Civil en Castellnou de Bages, el 7 de agosto de 1963: fue el último maqui.

En otro ámbito, también algunos sectores de la Iglesia expresaron su oposición a la actitud de la dictadura con Cataluña. El arzobispo de Tarragona y cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, quien durante la guerra se negó a firmar la carta colectiva del episcopado español a favor de Franco, permaneció en el exilio, donde murió en 1943. Algunos de estos sectores participaron en la entronización de la Virgen de Montserrat en 1947.

A pesar del miedo, la indignación colectiva provocada por el oprobio de la dictadura y la miseria estalló de forma contundente en marzo de 1951. La huelga de los tranvías sacudió a Barcelona y constituyó la primera movilización masiva contra la dictadura. Fue un movimiento de raíz espontánea, aunque participaron algunos grupos activos en el antifranquismo. Cinco años después, la Universidad de Barcelona fue temporalmente clausurada debido a las protestas de los estudiantes.

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DESARROLLO ECONÓMICO E INMOVILISMO POLÍTICO

La aplicación del Plan de Estabilización, en 1959, dio paso a una etapa de gran crecimiento económico que se detuvo de manera súbita en 1973. Después del largo paréntesis de la guerra y la autarquía, España emprendió un proceso de industrialización y de modernización que resultó irreversible. Los cambios se notaron de forma más intensa en Cataluña, que ya tenía una importante tradición industrial, una red de pequeñas y medianas empresas y mano de obra cualificada.

Desde el punto de vista del régimen, este crecimiento se encarriló mediante los planes de desarrollo, que correspondían a un modelo de “planificación indicativa” que planteaba objetivos de carácter cuatrienal. Sin embargo, la receta real se basó en tres ingredientes concretos. Por una parte, la inversión extranjera, que apostó por España en un contexto de gran crecimiento económico en el conjunto de la Europa Occidental. Los capitales foráneos invirtieron en sectores industriales poco cualificados y lo hicieron atraídos por los bajos salarios y por la ausencia de derechos sindicales, que ayudaban a que los costos laborales fuesen muy bajos. Por otra parte, el turismo, que activó una importante industria en todas las regiones mediterráneas peninsulares y en los archipiélagos. Finalmente, la emigración masiva de trabajadores españoles, que liberó mano de obra y garantizó la entrada regular de divisas. Hay que decir, en este sentido, que la emigración española, que tradicionalmente se había dirigido a Latinoamérica y a Magreb, se desplazó entonces a Francia, Alemania, Suiza y otros países de Europa Occidental donde el enorme crecimiento había generado una gran demanda de mano de obra.

Todos estos fenómenos estuvieron muy presentes en Cataluña, pero con ciertas características diferenciadas. La población catalana, que en 1960 se acercaba a 4 millones de personas, superó los 5,6 millones en 1975. La primera causa de este crecimiento fue la inmigración. Además, la llegada de colectivos jóvenes venidos de medios rurales disparó la natalidad, lo que provocó, a partir de 1970, el inicio de un baby-boom. Aquel año, solo el 62% de la población catalana había nacido en Cataluña. Más de 840.000 personas, el 16,45%, provenían de Andalucía. En localidades del entorno de Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Cornellá o Santa Coloma de Gramanet, más de la mitad de la población no era originaria del Principado.

El crecimiento económico y la porosidad de la sociedad catalana, donde históricamente ha funcionado el llamado ascensor social, permitieron la creación de una incipiente clase media, que progresivamente adoptó hábitos de consumo más amplios —como por ejemplo el acceso al 600 o a otros vehículos utilitarios y a los electrodomésticos.

La Ley General de Educación (1970) implantó la educación obligatoria hasta los 14 años y los estudios regulados de formación profesional. Pero, excepto esta medida, el régimen manifestó una clara incapacidad para evolucionar. El nombramiento del príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco se hizo dentro de la más estricta ortodoxia. El inmovilismo generó tensiones con algunos sectores de la Iglesia, que vivieron los cambios iniciados con el Concilio Vaticano II. El atentado de ETA contra Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, radicalizó de nuevo la represión. Aquel año, además, la crisis mundial debida al aumento de los precios del petróleo cuestionó el crecimiento económico de la última etapa.

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LA RECUPERACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL

A partir de 1960, veinte años después de la derrota, la oposición antifranquista empieza a tener una importante presencia pública. Con ella también lo hace la cultura catalana. Este cambio de tendencia refleja importantes cambios sociales y generacionales. Por una parte, como hemos visto, se cierra el ciclo de la autarquía y se inicia una etapa de crecimiento económico, caracterizada por el auge de la industria y el turismo y por la aparición de la clase media. Por otra parte, llega a la mayoría de edad una generación que no ha vivido la guerra y que no tiene los miedos atávicos de sus progenitores.

El nuevo movimiento obrero fue protagonizado por una organización de base asamblearia. Las Comisiones Obreras de Cataluña se fundaron en la iglesia de Sant Medir, en el barrio de la Bordeta de Barcelona, el 20 de noviembre de 1964. Muy pronto lideraron un movimiento obrero de nuevo cuño, centrado en grandes fábricas como la SEAT y en áreas de industrialización muy reciente, como la comarca del Bajo Llobregat. También el movimiento estudiantil universitario alcanzó la madurez con la creación del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Barcelona el 9 de marzo de 1966. En los siguientes años se organizó un movimiento vecinal, que denunciaba la desatención de los nuevos barrios obreros y la especulación. En estos años, al calor del Concilio Vaticano II, algunos sectores cristianos de base participaron de este cambio. Por otra parte, en 1974 se fundó el sindicato agrario Unió de Pagesos.

Desde 1963, el régimen organizó la represión política a través del Tribunal de Orden Público, y recurrió en varias ocasiones a los estados de excepción. Dentro de la oposición antifranquista, los comunistas del PSUC eran la fuerza más numerosa, pero también habían aparecido otros grupos situados a su izquierda. A otro nivel, los hechos del Palacio de la Música (19 de mayo de 1960) dieron a conocer a un joven Jordi Pujol, quien, años después, en 1974, fundó Convergència Democràtica de Catalunya. Cabe destacar también la fundación, en 1969, del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans. El PSAN fue una escisión del Front Nacional de Catalunya, que pretendía combinar socialismo e independencia, y que apostó por los Países Catalanes como marco nacional.

Muchos de estos sectores confluyeron en la Asamblea de Cataluña, organismo unitario fundado en la iglesia de San Agustín de Barcelona el 7 de noviembre de 1971. Esta asamblea se proponía la consecución de la amnistía y de las libertades democráticas y el restablecimiento del Estatuto de 1932 “como expresión del derecho de autodeterminación”. En los siguientes años, la Asamblea de Cataluña alcanzó una gran implantación territorial y puso en marcha importantes movilizaciones populares.

La renovación de la oposición antifranquista vino acompañada por la conquista de las calles por parte de la cultura catalana. La Nova Cançó, con presencia pública desde 1961, se convirtió en un fenómeno de masas y en un éxito comercial, gracias a grupos como Els Setze Jutges y el Grup de Folk y a cantautores como Raimon. También aquel año nació Òmnium Cultural. Un año después se fundó Edicions 62, que muy pronto publicó dos obras que renovaron el catalanismo político y que fueron notables éxitos de ventas: Nosaltres els valencians, de Joan Fuster (1962), y Els altres catalans, de Paco Candel (1964). En 1965 se fundó la Escuela de Maestros Rosa Sensat, dedicada a la renovación pedagógica.

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¿REFORMA O RUPTURA?

Los últimos compases de la dictadura de Franco, y de su agonía, estuvieron caracterizados por la incertidumbre. La crisis económica de 1973 tuvo unas repercusiones sociales muy duras. El asesinato del almirante Luis Carrero Blanco por parte de ETA dejó al régimen sin una cabeza visible que pudiese liderar la nueva etapa. La Revolución de los Claveles, en Portugal (25 de abril de 1974), generó nuevas esperanzas entre la oposición. En aquel contexto, el gobierno de Marruecos organizó la Marcha Verde con el objetivo (fácilmente conseguido) de anexionarse la colonia española del Sáhara Occidental. De puertas adentro, la dictadura extremó la represión. Aprobó la primera ley antiterrorista y ejecutó a dos militantes de ETA y a tres del FRAP el 27 de septiembre de 1975. El 1 de octubre, en su última aparición pública en una concentración masiva en la plaza de Oriente de Madrid, Franco se refirió de nuevo a los eternos enemigos de la dictadura, la masonería y el comunismo.

Los primeros pasos de Juan Carlos I como rey se caracterizaron por el continuismo. El nombramiento como presidente del gobierno de Adolfo Suárez el 1 de julio de 1976 inició la vía de las reformas. La monarquía se propuso un cambio hacia la democracia a través de la legalidad franquista, que no debía suponer en ningún caso la demanda de responsabilidades por los crímenes de la dictadura. La oposición exigía una ruptura democrática que rompiese con el viejo régimen e instaurase una nueva legalidad. La correlación de fuerzas era incierta. Los herederos de la dictadura sabían que tendrían que aceptar algunos cambios si pretendían que la monarquía fuese reconocida por Europa y EUA. Pero la oposición era consciente de su escasa fuerza social más allá de Cataluña, el País Vasco y algunas grandes ciudades.

Así, Suárez llevó en todo momento la iniciativa. Aprobó en un referéndum la Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1975) y convocó las primeras elecciones generales sin que se cumplieran todavía todos los requisitos democráticos (15 de junio de 1977). El nuevo Congreso de los Diputados tenía una mayoría clara de la Unión del Centro Democrático, el partido de Suárez (165 diputados), mientras el PSOE lideraba la oposición con 118. En Cataluña el resultado fue más repartido: el PSC obtuvo 15 diputados, el Pacto Democrático por Cataluña de Jordi Pujol 11, la UCD 9, el PSUC 8, UDC 2 y AP y una ERC todavía ilegal 1. Las Cortes aprobaron una ley de amnistía, que imponía el olvido sobre los crímenes de la dictadura, y redactaron una nueva Constitución, que fue ratificada el 6 de diciembre de 1978.

El único punto de ruptura con el franquismo fue el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña. En el Principado, las movilizaciones de la Asamblea de 1976 resultaron masivas. El 11 de septiembre de 1977 salieron a la calle centenares de miles de personas. Esto precipitó el restablecimiento de la Generalidad provisional y el retorno de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. No obstante, el Estatuto redactado en el parador de Sau de acuerdo con la nueva legalidad constitucional preveía unas competencias sustancialmente inferiores a las de 1932. Aun así, todavía fue recortado por las Cortes españolas. El referéndum del Estatuto obtuvo una participación del 60% y un 88,1% de votos afirmativos. A pesar de todo, Cataluña recuperaba su autonomía en el marco de una España democrática.

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LOS GOBIERNOS DE JORDI PUJOL

Las primeras elecciones al nuevo Parlamento de Cataluña tuvieron lugar en 1980. La coalición Convergència i Unió, liderada por Jordi Pujol, obtuvo una victoria muy ajustada, con 43 diputados. El PSC consiguió 33 escaños, el PSUC 25, UCD 18, ERC 14 y el Partido Socialista de Andalucía 2. CiU gobernó de forma consecutiva durante seis legislaturas, tres de ellas con mayoría absoluta.

Los veintitrés años de gobierno de CiU se caracterizaron por el fortalecimiento nacional, la construcción de una administración propia y la modernización de las estructuras económicas y sociales. Entre otros hitos, cabe mencionar la Ley de Normalización Lingüística y el inicio de la inmersión en las escuelas de educación primaria, la creación y el despliegue del cuerpo de Mossos d’Esquadra, la creación de Catalunya Ràdio y de TV3 (1983) y la Ley de Organización Territorial (1987), que fijó las comarcas pero no pudo sustituir a las diputaciones provinciales. Los avances fueron también muy importantes a nivel de sanidad, garantizando el carácter universal de este servicio.

Ese período coincide también con importantes cambios políticos en el conjunto de España, de la mano del PSOE (1982-1996) y del Partido Popular (1996-2004). Entre ellos, destacan por su importancia los derivados de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (después Unión Europea), que fue firmada el 12 de junio de 1985.

La hegemonía de CiU en el gobierno de la Generalidad fue contrapesada por la hegemonía socialista en los ayuntamientos de las grandes ciudades. Este fenómeno se denomina voto dual y supuso en la práctica la ausencia de alternancias en las instituciones y cierta tendencia a su patrimonialización. Ya sea en Cataluña, ya sea en el conjunto del Estado, la inmadurez democrática, la ausencia de mecanismos claros de financiación de los partidos, la falta de filtros y controles reales y la inexistencia de una verdadera división de poderes facilitaron cierta extensión de prácticas corruptas, que durante mucho tiempo permanecieron impunes.

No obstante, la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 permitió emprender importantes transformaciones urbanísticas en la capital de Cataluña y dio a conocer al mundo la “marca Barcelona”, que se ha revelado como una marca de éxito. 1992 resulta también un hito en la importante transformación económica y social que ha vivido el país. La crisis de 1973 supuso la destrucción de sectores industriales de larguísima tradición, como el textil. La entrada en la Unión Europea puso de relieve las dificultades de adecuación de otras ramas de la industria, que sufrieron sacudidas y deslocalizaciones. También el mundo agrario y el comercio tradicional tuvieron que ceder a la reconversión o a la desaparición. Por eso el cambio de ciclo iniciado con los Juegos Olímpicos, aunque no tuvo repercusiones inmediatas, señaló un cambio de prioridades. La economía catalana fue orientándose desde entonces hacia la terciarización, el turismo, la construcción y, en menor grado, los sectores productivos de alto valor añadido. Este modelo entró parcialmente en crisis en 2008, cuando estalló con toda su crudeza la burbuja inmobiliaria, pero se ha revelado suficientemente sólido en otros sectores. Ese salto económico tuvo también otras importantes consecuencias. La población de Cataluña pasó de 6 millones en el año 2000 a más de 7 en 2008. La nueva inmigración llegaba de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este.

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LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDAS. EL FIASCO DEL ESTATUTO DE 2006

Las elecciones del 16 de noviembre de 2003, las primeras a las que no se presentó Jordi Pujol, posibilitaron la alternancia política. CiU obtuvo 46 diputados, pero la suma de los diputados del PSC (42), ERC (23) e ICV-EUiA (9) dio mayoría a la izquierda. El nuevo gobierno, catalanista y de izquierdas, se constituyó mediante el Pacto del Tinell, firmado el 14 de diciembre. Pasqual Maragall fue presidente de la Generalidad y Josep-Lluís Carod-Rovira, conseller en cap.

El nuevo gobierno arrancó con algunas dificultades previsibles. La administración catalana era el fruto de 23 años de gobierno monocolor, y hasta entonces no había existido ninguna alternancia política. Tampoco había tradición de gobiernos de coalición entre fuerzas que competían en las elecciones. El gobierno anterior, además, había comprometido grandes sumas en obras públicas, como la línea 9 del Metro de Barcelona. Esto, que condicionaba las posibilidades presupuestarias del nuevo gobierno, se sumaba a las urgencias históricas que acumulaban las fuerzas de izquierdas.

Pero el guion se complicó con algunos imprevistos. La publicación del encuentro de Carod-Rovira con la dirección de ETA (que tenía como objetivo abrir perspectivas de negociación y de paz en el País Vasco) forzó una primera crisis de gobierno. Además, la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno de Madrid, en parte por la mala gestión que el gobierno del PP hizo del atentado islamista del 11 de marzo de 2004, obligó a replantear la estrategia del gobierno catalán, que se había construido en gran parte en base a la oposición a la mayoría absoluta del PP en el gobierno central. No obstante, el gobierno de izquierdas sacó adelante, entre otras medidas, el Pacto Nacional por la Educación, la Ley de la Dependencia y la Ley de Barrios.

Además, el Parlamento de Cataluña aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía, que tenía como objetivos definir a Cataluña como nación y ampliar las competencias y los recursos del gobierno catalán (30 de septiembre de 2005). El Estatuto, no obstante, fue recortado en primera instancia por un acuerdo entre Zapatero y el jefe de la oposición de Cataluña, Artur Mas, y después por las Cortes españolas. El Congreso de los Diputados modificó la mitad de sus artículos, lo que permitió afirmar a un exultante Alfonso Guerra, exvicepresidente del gobierno y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, “nos hemos cepillado el Estatuto”. En el referéndum de 2006, ERC pidió el voto negativo, lo que forzó su salida del gobierno. La participación fue del 48,8%, y los votos favorables alcanzaron el 73,9%. Acto seguido, el PP, el defensor del pueblo y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el PSOE presentaron recursos de inconstitucionalidad.

En las elecciones avanzadas del 1 de noviembre de 2006, CiU fue la fuerza más votada, con 48 diputados, pero las fuerzas de izquierdas formaron de nuevo gobierno. José Montilla fue nombrado presidente de la Generalidad, y Josep-Lluís Carod-Rovira vicepresidente. No obstante, en 2008 empezó una severa crisis económica. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP (28 de junio de 2010) liquidó prácticamente el nuevo Estatuto, y en muchos sentidos supuso una reducción de las competencias ya adquiridas. La indignación se canalizó acto seguido en la manifestación “Som una nació. Nosaltres decidim”, organizada por Òmnium Cultural el 10 de julio. En aquel contexto, las elecciones del 28 de noviembre dieron una amplia mayoría a CiU. Artur Mas fue proclamado presidente de la Generalidad.

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DEL AUTONOMISMO AL INDEPENDENTISMO

Los sucesivos embates de España contra el Estatuto de Autonomía de 2006 generaron un proceso de cambio en la opinión pública catalana, que ha dado lugar a movilizaciones de dimensiones insólitas. A día de hoy, el proceso hacia la independencia cuenta con una base social sólida y transversal, que reúne a gente de diferentes sensibilidades políticas y orígenes sociales. También los sectores unionistas han perfilado su discurso, aunque ni mucho menos han alcanzado una movilización comparable. Podemos afirmar, por lo tanto, que el discurso socialmente mayoritario ha pasado del autonomismo al independentismo. Además, en Cataluña se ha instalado un sentimiento muy amplio, también transversal, que exige la pulcritud y la transparencia políticas y el castigo de la corrupción.

El punto de inflexión de estos cambios de tendencia se sitúa en el 10 de julio de 2010, cuando salieron a las calles de Barcelona centenares de miles de personas (las cifras oficiales hablan de más de un millón) convocadas por Òmnium Cultural bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”. Esta manifestación era una respuesta directa a la sentencia del Tribunal Constitucional publicada unos días antes, que de hecho suponía la liquidación del nuevo Estatuto. Con este acto, la histórica institución fundada en 1961 bajo el lema “Llengua, cultura, país” se situaba de forma inequívoca a favor del derecho a decidir y de la independencia.

Pero, como pasa en todos los procesos históricos, aquel evento tenía precedentes. El 8 de febrero de 2006, la Plataforma pel Dret a Decidir, constituida apenas unos meses antes, había convocado una manifestación en Barcelona contra los recortes del Estatuto; esta convocatoria contó con el apoyo de ERC y de EUiA y fue masiva. El 13 de septiembre de 2009, Arenys de Munt celebró la primera consulta sobre la independencia de Cataluña. El éxito de esta convocatoria animó a otras localidades a imitarla. Se inició así un proceso de consultas populares locales que culminó con la consulta celebrada en Barcelona el 10 de abril de 2011. Pocos días después, el 30 de abril, la Conferència Nacional per l’Estat Propi puso las bases para la creación de la Assemblea Nacional Catalana. La ANC se constituyó formalmente el 10 de marzo de 2012, bajo la presidencia de Carme Forcadell.

En paralelo, el 5 de julio de 2010 el Ayuntamiento de El Port de la Selva declaró su municipio “moralmente excluido de la Constitución Española”. Otro tanto hizo al día siguiente Vilafranca del Penedès. En las semanas y meses siguientes otros municipios se adhirieron a la iniciativa. De esta forma, el 14 de diciembre de 2011 se fundó en Vic la Associació de Municipis per la Independència.

La masiva manifestación en Barcelona del 11 de septiembre de 2012 bajo el lema “Catalunya, nou estat d’Europa” decidió al presidente Artur Mas a convocar elecciones anticipadas. Una clara mayoría soberanista en el Parlamento apostó por el derecho a decidir. La Via Catalana del 11 de septiembre de 2013 llenó 400 km de ruta, desde el norte de Portbou hasta el sur del río Senia. Otro tanto ocurrió en la manifestación del 11 de septiembre de 2014, bajo el lema “Ara és l’hora”. La prohibición de la consulta propuesta para el 9 de noviembre de aquel año no detuvo la movilización. El número de votos emitidos superó los 2,3 millones, y cerca de 1,9 fueron favorables al Estado independiente.

El 27 de septiembre de 2015 se convocaron unas nuevas elecciones anticipadas, que para las fuerzas independentistas tuvieron un carácter de plebiscito. Con una participación que superó el 77,4%, la coalición Junts pel Sí (formada por CDC y ERC, con una importante presencia de independientes y representantes de la sociedad civil) consiguió 62 diputados y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 10. En total, los partidarios de la independencia obtuvieron cerca de 2 millones de votos (48%). Tres meses después, el 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont fue investido presidente, y un gobierno de Junts pel Sí, con Oriol Junqueras de vicepresidente, inició el camino hacia la proclamación de la República Catalana.

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