Índice

LA RECONCILIACIÓN. NUESTRO ÚNICO DESTINO COMO PAÍS. Manuel Ramiro Muñoz

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO Y EN COLOMBIA. Gorka Urrutia Asua

INTRODUCCIÓN. UNA MIRADA COMPARTIDA SOBRE LA RECONCILIACIÓN. Felix Arrieta y Grace Boffey

PRIMERA PARTE

CONTEXTO, ORÍGENES Y REALIDAD ACTUAL DEL CONFLICTO

CAPÍTULO 1. CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: CARACTERIZACIÓN, FASES Y BÚSQUEDA DE LA PAZ. Óscar David Andrade Becerra

CAPÍTULO 2. EL LIDERAZGO EN EL CONFLICTO VASCO: PROTAGONISMO(S). Felix Arrieta y Eider Landaberea

SEGUNDA PARTE

PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL PARA LA RECONCILIACIÓ: UN ENFOQUE INTERCULTURAL

CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL PARA LA RECONCILIACIÓN: UN ENFOQUE INTERCULTURAL. Xabier Etxeberria

TERCERA PARTE

ACERCAMIENTOS A LA RECONCILIACIÓN DESDE LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

CAPÍTULO 4. ¿RECONCILIACIÓN A PARTIR DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL? EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN EN COLOMBIA. Grace Boffey

CAPÍTULO 5. AFRONTAR LO IRREPARABLE: HACIA LA CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA MEDIANTE UNA JUSTICIA SENSIBLE A LA RESTAURACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS. José Ramón Intxaurbe Vitorica

A MODO DE CONCLUSIÓN. Grace Bpffey y José Ramón Intxaurbe Vitorica

CUARTA PARTE

PAZ Y RECONCILIACIÓN EN PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL: LOS CASOS COLOMBIANO Y VASCO

CAPÍTULO 6. LA CLAVE INTERGENERACIONAL COMO CONDICIÓN NECESARIA PARALA RECONCILIACIÓN. Myriam Román Muóz

CAPÍTULO 7. LA RECONCILIACIÓN EN EL PAÍS VASCO: EL PROCESO QUE TAMBIÉN MIRA AL FUTURO. Iker Usón González

A MODO DE CONCLUSIÓN. Myriam Román Muñoz e Iker Usón González

QUINTA PARTE

EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA Y EL PAÍS VASCO

CAPÍTULO 8. UN CAMINO Y MÚLTIPLES RECORRIDOS EN LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA. Sandra Llliana Londoño Calero

CAPÍTULO 9 . VÍCTIMAS SIN HISTORIA: LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL PAÍS VASCO. Ángela Bermúdez y Galo Bilbao

A MODO DE CONCLUSIÓN

SEXTA PARTE

MODELO ECONÓMICO Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

CAPÍTULO 10. ENRAIZAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA. Ángela Quiroga y Laura Álvarez

CAPÍTULO 11. EMPRESA Y TERRITORIO: EL CASO GUIPÚZCOA. Cristina Iturrioz, Lorea Narvaiza y Cristina Aragón

A MODO DE CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LOS PROCESOS DE RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA Y EUSKADI. Felix Arrieta y Grace Bofey

SIGLAS

SOBRE LAS AUTORES Y AUTORAS

NOTAS

Felix Arrieta y Grace Boffey (eds.)

Hacia la reconciliación

UNA MIRADA COMPARTIDA ENTRE EL PAÍS VASCO Y COLOMBIA

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

LA PUBLICACIÓN DE ESTA OBRA HA CONTADO CON EL APOYO DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

© MANUEL RAMIRO MUÑOZ, GORKA URRUTIA ASUA, FELIX ARRIETA, GRACE BOFFEY, ÓSCAR DAVID ANDRADE BECERRA, EIDER LANDABEREA, XABIER ETXEBERRIA, JOSÉ RAMÓN INTXAURBE VITORICA, MYRIAM ROMÁN M., IKER USÓN GONZÁLEZ, SANDRA LILIANA LONDOÑO CALERO, ÁNGELA BERMÚDEZ, GALO BILBAO, ANGÉLICA QUIROGA, LAURA ÁLVAREZ, CRISTINA ITURRIOZ, LOREA NARVAIZA Y CRISTINA ARAGÓN, 2019

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2019

FUENCARRAL, 70

28004 MADRID

TEL. 91 532 20 77

WWW.CATARATA.ORG

COORDINADORA SELLO EDITORIAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA: CLAUDIA LORENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

AUXILIAR EDITORIAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA: MANUELA TRIVIÑO MONAR

HACIA LA RECONCILIACIÓN.

UNA MIRADA COMPARTIDA ENTRE EL PAÍS VASCO Y COLOMBIA

ISBNE: 978-84-1352-076-6

ISBN: 978-84-9097-857-3

DEPÓSITO LEGAL: M-30.894-2019

IBIC: GTJ/1DSER/1KLSC

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

LA RECONCILIACIÓN, NUESTRO ÚNICO DESTINO COMO PAÍS

MANUEL RAMIRO MUÑOZ

Colombia vive una etapa significativa de su historia. Por primera vez se abre la posibilidad cierta de pasar la página de la violencia que por más de 50 años produjo una barbarie descomunal. El asesinato, el secuestro, las masacres, las desapariciones forzadas, los combates y el desplazamiento forzado produjeron, durante todos estos años, profundas heridas en el conjunto de la sociedad. Los colombianos estamos marcados por dolores incesantes y sentimientos de venganza que, con cada hecho producido por un conflicto armado prolongado, progresivamente se hicieron más fuertes, más hondos, más profundos. Múltiples factores se conjugan en la historia política, social, cultural y económica de Colombia para producir este tipo de conflicto armado tan degradado, polarizado, descompuesto y fratricida, que nos dejó como sociedad en la más profunda crisis ética y humana, hasta el punto de hacernos permanecer indiferentes, en el mejor de los casos, o volvernos capaces de aplaudir, alegrarnos o celebrar cuando con sevicia se mataba a quien era diferente, contrario o enemigo.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se abre una luz de esperanza y se inicia un camino para dejar atrás la violencia, vista como el medio para resolver los conflictos políticos y sociales. Hoy, con la Comisión de la Verdad, nos preguntamos en Colombia: ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué hacer para que no nos siga pasando?

De manera tímida al comienzo, y actualmente con más frecuencia y fuerza, se crean espacios de encuentro entre víctimas y victimarios, enemigos a muerte, contrarios que se enfrentaron en disputas marcadas por el antagonismo y diversos que nunca se reconocieron en la diferencia. Cada encuentro es sorprendente, mágico, inédito, real, como el mejor de los sueños en medio de la horrible noche de la violencia criminal. En esos encuentros, al mismo tiempo que afloran respuestas a las tres preguntas anteriores, se producen reconciliaciones nunca imaginadas; se escuchan voces de perdón de los que hasta hace poco vociferaban y llamaban al odio y la guerra; se observan abrazos cargados de emoción y guerreros recios se conmueven hasta las lágrimas con el milagro de la reconciliación.

Estos encuentros entre diversos, contrarios y enemigos movidos por la esperanza de la no repetición, del “nunca más”, y realizados con la ilusión de pasar la página de la violencia, pareciera que se quedan cortos, no en significación y esperanza, pero sí en magnitud y velocidad, para evitar volver atrás. Esta sensación de urgencia se produce porque gran parte de la sociedad aún permanece en el agrio espacio de la venganza y la retaliación. Esta permanencia y dificultad para salir de la violencia no puede ser diferente. 50 años de dolor no se superan de la noche a la mañana; las víctimas tienen en su dignidad, su dolor, su memoria y su opción de dar o no perdón, sus baluartes para evitar seguir siendo revictimizadas. A su vez, los estudios comparados nos hablan de procesos generacionales, donde los hijos y los nietos son una nueva oportunidad para evitar que se prolongue en el tiempo el odio y la violencia.

Pero más allá de estas consideraciones fundamentales, en Colombia existen actores económicos, sociales y políticos que sacan provecho al exacerbar los sentimientos de odio, venganza y miedo en una sociedad frágil éticamente, y humanamente insensible, donde el sentido de dignidad de todos y cada uno se desvanece y se opaca, donde es fácil creer que hay personas que no tienen dignidad y que pueden ser “descartadas”, “desechadas”, “suprimidas”, “dadas de baja”.

Como en épocas pasadas, estos actores cuentan explícita o tácitamente con intelectuales y académicos rigurosos que fundamentan y justifican continuar con la barbarie. Escuchamos, desde la Ciencia Política, narrativas sobre la “amenaza terrorista”, el “conflicto armado interno”; desde el Derecho, teorías de justicia contra la impunidad; desde la Educación, pedagogías del orden y de las buenas costumbres para “gente de bien”; interpretaciones históricas que afirman que somos un país de guerreros y que la violencia será la partera de nueva sociedad. Uno de los relatos más usados para inflamar los sentimientos de odio, venganza y miedo es el de la lucha contra la impunidad. Se trata de hacer que los victimarios de todos los bandos paguen por sus crímenes y paguen también una pena proporcional al daño realizado. Ojalá, afirman, se pueda hacer que a cada crimen se imponga un castigo merecido.

Estos relatos, junto a los nuevos vientos de guerra que se escuchan desde la selva y desde los clubes sociales, nos enfrentan al reto de encontrar las claves para no volver a la guerra. Al reto de hacer que las actuales generaciones seamos capaces, a través de un examen profundo interior, de remover los rencores, los odios, las venganzas, los prejuicios y los dolores, ya sea para perdonarlos o para sanarlos; en todo caso, lo más importante es no heredarlos a nuestros hijos y nietos y que se pueda poner fin a la barbarie que hemos vivido. También tenemos el reto de cambiar las narrativas del odio y la violencia que justifican la acción social y política de quienes se lucran de la guerra. Es un reto generacional que, por un lado, se juega en lo personal, humano, ético, traducido en la vivencia diaria y en la forma como nos relacionamos con los diversos, contrarios y antiguos enemigos; y, por otro, en el plano social y político, donde es imprescindible enfrentar la justificación de la violencia, como la única forma de resolver los múltiples conflictos sociales, económicos, políticos y culturales.

El reto final es hacer que nuestros hijos no vivan en el rencor, con sentimiento de venganza y odio, en medio de inmensas inequidades y falta de oportunidades, que son el caldo de cultivo perfecto para que, desde múltiples intereses, se desate nuevamente la guerra y la violencia fratricida.

En medio de los llamados a continuar con la confrontación armada de parte de las “barras bravas” de todos los bandos y de los relatos justificadores de la violencia, es grato y esperanzador este libro de “experiencias no comparadas, sino compartidas” entre el País Vasco y Colombia, como las ha denominado Felix Arrieta. Este es un libro realizado a varias voces que polifónicamente hacen emerger una sola partitura, la de la reconciliación y el perdón. Este es un libro hecho en el camino, cerca y acompañando a las víctimas de todos los bandos y a quienes están empeñados y comprometidos en el esfuerzo por hacer que la paz de Colombia se consolide y no tenga marcha atrás. Este libro es una buena noticia y anima a quienes con paciencia, persistencia y resistencia transitan por los caminos del encuentro con el otro y se empeñan en construir la paz que tanto necesita Colombia. Mi profunda gratitud a quienes desde dos universidades hermanas siguen los pasos de San Ignacio de Loyola y nos dan claves para “juntar a los desavenidos” y hacer posible que emerjan experiencia de reconciliación y perdón.

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO Y EN COLOMBIA

GORKA URRUTIA ASUA

La sociedad colombiana y la sociedad vasca han sufrido durante décadas el azote de la violencia. No es sino hasta la segunda década de este siglo XXI cuando, casi en paralelo y de forma diferenciada, se abren nuevos escenarios en Colombia, con la firma de los Acuerdos de Paz (24 de noviembre de 2016)1, y en Euskadi con la declaración de ETA sobre el final de su trayectoria y disolución (3 de mayo de 2018)2. Ambos hechos suponen un punto de inflexión en su historia.

No es tarea fácil la de la paz y la de la implementación de espacios de convivencia, ya que a la hora de escribir estas líneas se mantienen ciertas incertidumbres sobre cómo gestionar cuestiones de relevancia como la del abordaje del pasado reciente y sus implicaciones con el futuro, por no mencionar inercias de épocas anteriores, que no facilitan el tránsito a contextos de mayor concordia y armonía.

En efecto, abordar la cuestión de la reconciliación y de la convivencia plantea dificultades y polémicas derivadas, entre otras, de las visiones particulares y/o subjetivas que se tiene de la violencia sufrida, del contexto social y político, de los planteamientos que se hacen de la historia y la memoria reciente, así como por las propuestas e iniciativas que se plantean para abordar ese relato y el tratamiento de las consecuencias de décadas de sufrimiento.

El sufrimiento de colectivos específicos, víctimas de la violencia y del terrorismo, ha recibido la atención de diversos ámbitos, como el institucional o el de la sociedad civil. Con los nuevos escenarios, esta atención se ha visto intensificada, tanto en lo que respecta al abordaje de las injusticias padecidas por esos colectivos como por las consecuencias que a lo largo de estas décadas se han producido en la sociedad en general.

La Compañía de Jesús se ha venido involucrando a lo largo de las últimas décadas en varias de ellas. Su compromiso con la construcción de sociedades más justas y cohesionadas, así como su implicación en la búsqueda del fin de la violencia y la atención a las víctimas, ha proseguido en el periodo actual. En concreto, con relación a la cuestión de la convivencia, recientemente la propia Compañía en su conjunto ha destacado la relevancia de la reconciliación, identificándola como un elemento prioritario para los próximos años. Su implicación en esta cuestión ha incardinado en muchos de los proyectos impulsados durante estos años en numerosos lugares del mundo.

Es en este contexto en el que surge esta publicación, resultado de una iniciativa en la que varias personas de dos universidades jesuitas, una de Colombia y otra de Euskadi (Universidad Pontificia Javeriana de Cali y Universidad de Deusto), impulsaron un proyecto con el que abordar algunos de los retos que nos plantean estos escenarios de una manera entrelazada; para reflexionar y contrastar inquietudes sobre cómo encarar los desafíos que se presentan en los próximos años, desde una aproximación al pasado reciente, desde los retos a futuro e iniciativas y experiencias recientes en estas cuestiones.

Como es bien sabido, ambas realidades tienen rasgos que las diferencian, en términos de procesos y en cuanto a dinámicas, orígenes de las violencias, particularidades de los actores, etc. Sin embargo, este trabajo parte de una inquietud compartida por los dos equipos y que atraviesa los capítulos que componen el libro: la forma en la que ambas sociedades han encarado y están abordando esta realidad desde una perspectiva de la reconciliación y la convivencia.

La publicación recoge una serie de miradas cruzadas entre dos contextos sociales, dos continentes. Este entrelazamiento también se produce entre las diversas disciplinas académicas de los autores y las autoras (Derecho, Historia, Pedagogía, Economía, Filosofía, Ciencia Política), las diversas aproximaciones (teóricas, aplicadas) y el formato de las aportaciones (conjuntas, comparadas). Todo ello permite abordar el reto de una manera poliédrica y dotarle de una riqueza especial a este análisis. Esta lógica responde a los objetivos que se plantearon en el proyecto.

Los objetivos del proyecto proponían entender mejor los conflictos vasco y colombiano desde la perspectiva de los esfuerzos para avanzar hacia la reconciliación, construir un marco conceptual compartido sobre los procesos de pacificación y reconciliación, proponer elementos que ayuden a mejorar las políticas públicas sobre memoria y educación para la paz y hacer una lectura de los procesos de paz y reconciliación en el País Vasco y Colombia. Tal y como se podrá observar en las siguientes páginas, creo que se ha cumplido con estos objetivos.

Para dotar de cierto orden a todas estas cuestiones, el libro ha quedado estructurado en varios apartados en los que se abordan aspectos que contribuyen a profundizar en las dos realidades. Estos apartados abarcan cuestiones conceptuales, elementos del contexto y de los orígenes de la violencia; aspectos relacionados con la justicia transicional y la justicia restaurativa en cada uno de los casos; iniciativas sobre la educación y la cultura de la paz y, por último, iniciativas en el ámbito de la economía y el desarrollo territorial.

Una de las principales contribuciones de esta publicación es su visión pluridisciplinar, aportando claves conceptuales, contextuales y a futuro para abordar la reconciliación y la convivencia en Colombia y en el País Vasco. Se trata de una aportación original a los lazos que unen ambos países, ya que las numerosas miradas cruzadas que se han producido a lo largo de las últimas décadas (publicaciones, contribuciones e iniciativas de solidaridad) se han focalizado, primordialmente, en cuestiones más particulares o específicas. Esta lo hace de una manera más poliédrica, abordando elementos que enriquecen el trabajo en favor de la reconciliación y la convivencia desde un enfoque más integral y también desde una aproximación combinada entre las dos orillas.

En definitiva, se trata de un ejercicio de especial interés, ya que se ofrece desde la teoría, desde la cotidianeidad de la vida y desde diversas experiencias en esta materia. Aporta claves para abordar la convivencia a futuro y, en paralelo, contribuir a la cicatrización de las heridas que han dejado tantas décadas de sufrimiento. Se trata de una publicación de la que se pueden extraer aprendizajes, sugerencias, propuestas e ideas sobre cómo contribuir a la gestión y promoción de una cultura de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en Colombia y en Euskadi, teniendo presente el pasado más próximo. No es fácil abordar una reflexión de estas características, comparada y/o contrastada. Se trata de un laberinto en el que mis colegas se han adentrado con entusiasmo y en el camino han encontrado una vía exitosa.

INTRODUCCIÓN

UNA MIRADA COMPARTIDA SOBRE LA RECONCILIACIÓN

FELIX ARRIETA Y GRACE BOFFEY

La preocupación por sanar las heridas causadas por la violencia surge siempre en las sociedades que están transitando hacia la construcción de paz. Este es un proceso esencial para evitar que las divisiones del pasado sigan causando conflictos en el futuro. Bloomfield (2003: 12) afirma que:

El objetivo de la reconciliación es una aspiración hacia el futuro, algo importante hacia lo cual hay que apuntar, quizás un estado ideal a desear. Sin embargo, el proceso es realmente la manera de afrontar el estado actual de cosas en el presente —construir un proceso de reconciliación es la forma de trabajar, efectivamente y en un sentido práctico, hacia ese objetivo final— y es inestimable en sí mismo3.

Únicamente desde procesos imperfectos, construidos en contextos donde las sociedades aún están divididas y marcadas por las huellas de sus conflictos, pueden sembrarse las bases de las posibilidades para alcanzar una sociedad reconciliada. Por eso es esencial conocer experiencias prácticas, para saber cómo se ha empezado a construir este arduo camino hacia la reconciliación y extraer lecciones que pueden aportar al avance de los procesos en varios contextos.

En este orden de ideas, el presente libro es una propuesta de varios académicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, y de la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Surge con el interés de intercambiar reflexiones sobre la reconciliación para fomentar la difusión de los conocimientos y las lecciones aprendidas de los procesos de construcción de paz y reconciliación que se han vivido en ambos países. Se espera que las reflexiones aquí contenidas puedan servir para otros contextos en los que también se persigue el horizonte de la paz y la reconciliación. El libro ofrece a los lectores perspectivas compartidas en torno a diferentes ámbitos de cada contexto, lo mismo que frente a las iniciativas y procesos que buscan aportar en los procesos de reconciliación. Específicamente, las contribuciones examinan la relación entre la reconciliación y la justicia —tanto transicional como restaurativa—, las dinámicas intergeneracionales, la educación para la paz y la interacción entre los modelos económicos y el desarrollo territorial para la paz.

En el primer capítulo, Andrade, Arrieta y Landaberea nos proveen el contexto de los conflictos que marcaron Colombia y el País Vasco. Este es un primer paso de comprensión histórica esencial que pone el foco en las distintas fases de liderazgo que ha habido en los distintos procesos de paz. Este primer apartado nos permite pensar en las necesidades de cada sociedad al momento de avanzar en el proceso de reconciliación. Andrade nos da varias claves para entender el contexto del conflicto armado colombiano y los diferentes momentos de la búsqueda de paz con diversos actores armados. En un primer momento, explora los debates académicos frente al conflicto colombiano, sus causas y su caracterización. Luego se adentra en las dinámicas cambiantes de la confrontación, explicando cómo el conflicto colombiano se define por diferentes periodos: violencia bipartidista, génesis de las guerrillas, expansión guerrillera y eclosión paramilitar, tragedia humanitaria y nuevos ciclos de violencia e incertidumbre. Finalmente, narra los diferentes intentos de buscar la paz en Colombia que se han entablado por el Gobierno nacional desde los años ochenta hasta el presente, mientras explica la importancia que han tenido los movimientos de la sociedad civil en jalonar iniciativas de paz frente a la realidad del conflicto violento colombiano.

Posteriormente, Arrieta y Landaberea nos introducen en el conflicto del País Vasco a través de las claves que lo han configurado y las manifestaciones que este ha producido. Los autores perfilan cómo durante los casi cuarenta años de la lucha terrorista de ETA, el accionar de diferentes sectores de la sociedad fue crucial para avanzar hacia la transformación del conflicto. También evidencian cómo cada actor ha asumido distintos momentos de liderazgo en el conflicto. Especialmente, examinan el rol que ha jugado la rama ejecutiva del Gobierno español junto a los partidos vascos, los movimientos de la sociedad civil y la izquierda abertzale. A través de este análisis de los momentos clave en el conflicto vasco, vemos como el contexto produjo un marco de liderazgos múltiples y de múltiples esfuerzos de resolución del conflicto, lo cual será un elemento fundamental a tener en cuenta para el desarrollo exitoso de los procesos de reconciliación.

En el segundo capítulo, Etxeberria nos ofrece un marco teórico de la reconciliación que nos ayuda a entender los procesos e iniciativas que se abordarán en los capítulos posteriores. El autor invita a los lectores a reflexionar sobre el sentido de la reconciliación y sus implicaciones en las sociedades que emergen de contextos e historias violentos. La reflexión propuesta se origina en la pregunta por la noción de la reconciliación y se cuestiona si realmente es un concepto universal. Etxeberria afirma que, aunque la reconciliación como proceso reviste importancia transcultural, son las particularidades culturales las que le dan sentido y definen cuáles son los componentes específicos de un proceso de reconciliación. A partir de esta reflexión, se examinan las diferencias entre los procesos de reconciliación que suceden a las rupturas de relaciones personales —predominantemente con implicaciones en la esfera privada— y los que se emprenden luego de rupturas en contextos grupales, que afectan a las relaciones en la esfera pública y, por tanto, suelen ser más complejos porque buscan reconstruir las relaciones sociales a través de un proceso que Etxeberria llama reconciliación cívica. Inmediatamente, ahonda en la definición de la reconciliación, desglosando sus varios elementos y determinantes.

En el capítulo “Acercamientos a la reconciliación desde la justica transicional y la justicia restaurativa”, Boffey e Intxaurbe examinan las experiencias y propuestas de sus respectivos contextos para ver como cada sociedad ha intentado pasar la página de sus historias de conflicto violento hacia la reconstrucción del tejido social. Boffey estudia la propuesta de justicia transicional construida en el marco de las negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que actualmente se está implementando en Colombia. La autora resalta la manera en que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) plantea la integralidad de proceso transicional para sembrar las bases de la construcción de la convivencia y la reconciliación. Sin embargo, Boffey explica que esta teoría de la relación entre la justicia transicional y la reconciliación tiene varios desafíos prácticos debido a factores como la naturaleza del conflicto colombiano, las revisiones a la estructura del sistema y la oposición política al mismo, lo que impide la implementación integral de este complejo y ambicioso sistema que actualmente está apenas empezando su labor.

En el caso del País Vasco, Intxaurbe rastrea cómo se han utilizado iniciativas de justicia restaurativa para empezar a reconstruir relaciones destruidas durante la violencia de la lucha separatista de ETA. El apartado muestra de qué forma las iniciativas se han basado en tres lógicas: víctima-victimario, víctima-víctima y víctima-sociedad. También relata que las iniciativas llevadas a cabo en el País Vasco se han caracterizado por ser ejercicios precedidos por una preparación psicológica minuciosa de las partes participantes, lo que ha permitido que los espacios fueran experiencias sanadoras para los participantes. No obstante, Intxaurbe también señala que las iniciativas realizadas hasta el momento han dejado unos vacíos para muchas víctimas que aún desconocen la verdad sobre lo acontecido a sus seres queridos; esta situación se debe a la falta de una mayor implementación de este tipo de mecanismos en el contexto vasco.

Román y Usón nos plantean una reflexión sobre las dinámicas y las dimensiones intergeneracionales de la reconciliación tomando como ejemplo varias iniciativas que han involucrado a la población joven. Román explica el concepto de la intergeneracionalidad y argumenta por qué es importante para entender las diferentes perspectivas de personas pertenecientes a distintas generaciones. Para situarnos en el contexto colombiano, Román nos provee un resumen de las investigaciones que se han hecho en Colombia acerca de la relación entre los jóvenes, la construcción de paz y las perspectivas sobre la reconciliación. Estas investigaciones se valen de encuestas para indagar las opiniones de los jóvenes frente al tema de la paz y cómo conciben su rol en la política. Para finalizar, presenta el marco normativo colombiano que incluye a los jóvenes para resaltar las posibilidades que abren estos instrumentos legales en términos de promover la participación de la juventud en los espacios orientados a la construcción de paz; también discute el rol que ha jugado la educación para los jóvenes en el ámbito de reconciliación.

Usón narra cómo la reconciliación no es aún un ámbito de trabajo explícito en las políticas públicas de jóvenes en Euskadi, pero identifica que en la práctica se han desarrollado varias iniciativas juveniles referidas a la paz y la convivencia. Asimismo plantea que, aunque estas iniciativas no se llamen propiamente como “de reconciliación”, son relevantes para ella, particularmente en los casos de los jóvenes, pues tienen un enfoque de la reconciliación como proceso futuro y comparten el propósito de modificar las estructuras sociales y las actitudes de diferentes actores que han estado involucrados en el conflicto. Para poder acercarnos más a las percepciones de la juventud vasca sobre la convivencia y la reconciliación, Usón nos comparte un estudio hecho por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto que explora las opiniones de los jóvenes sobre las violaciones a los derechos humanos. Este estudio da luces frente a tres áreas que Usón considera importante resaltar: el interés en cuestiones de paz y convivencia, el conocimiento sobre el conflicto y la valoración ética frente al uso de la violencia. Además de los resultados del estudio, el autor expone otras iniciativas en Euskadi que son relevantes para los jóvenes. Desde las reflexiones tanto de Colombia como Euskadi, queda evidente la importancia de pensar en incluir a los jóvenes en el ámbito de la reconciliación para asegurar la no repetición de las estructuras causantes de la violencia.

En el capítulo sobre educación y cultura de paz, Bermúdez, Bilbao y Londoño deliberan sobre las necesidades educativas de sus respectivos contextos para promover un conocimiento crítico sobre el pasado y capacitar a la ciudanía con las herramientas para transformar los conflictos sociales sin el uso de la violencia. Londoño inicia las reflexiones introduciendo el caso colombiano y resaltando la importancia de la educación para la paz, no solo como forma de mantener vivo el conocimiento del pasado, sino como medio para transformar la violencia que por tantos años ha golpeado a Colombia. El autor resalta la importancia de la educación como instrumento de transformación estructural de la sociedad. Londoño reseña varias iniciativas estatales de educación para la paz y encuentra que la más significativa es la Cátedra de la Paz, iniciada en el 2015 a través de la Ley 1.732, pues todas las instituciones educativas en Colombia deben implementarla. Otro punto clave de su reflexión resalta el desafío que tiene la educación para la paz en las zonas rurales, dadas las brechas sociales que existen entre la cuidad y el campo en este ámbito. Aunque hay muchos retos para superar estas brechas y materializar una educación que responda a las necesidades de la población y a la interculturalidad característica de Colombia, Londoño afirma que enfrentar estos retos disminuye, al menos en parte, los factores que podrían provocar la continuidad del conflicto en las áreas rurales y que, por tanto, hacen vulnerable a la población del campo frente a una nueva oleada de violencia.

Bermúdez y Bilbao nos comparten su reflexión sobre el ambiente de la educación para la paz en Euskadi, en la que identifican el reto central de avanzar en la reconstrucción de las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad que se rompieron durante el conflicto. Los autores insisten en la importancia de diferenciar entre el conflicto vasco —como un conflicto político y de identidad— y el conflicto violento vasco, que es una degradación no inevitable de las diferentes posiciones sobre el conflicto anteriormente mencionado. Además, identifican tres fases distintas en los enfoques de las iniciativas de educación para la paz implementadas en Euskadi. Una primera tiene como centro evitar el uso de la violencia por parte de los actores armados. La segunda se posiciona desde la búsqueda de soluciones negociadas y creativas para transformar el conflicto. Solamente durante la última fase las víctimas y sus testimonios ocupan el eje central de la estrategia educativa. Los autores plantean que, teóricamente, es posible acercarse a la construcción de iniciativas y propuestas de educación para la paz desde dos enfoques: la educación ética, centrada en los relatos de las víctimas, y la educación histórica, que busca un entendimiento crítico del ambiente social complejo en el que las partes del conflicto deciden recurrir al uso de la violencia. El texto ofrece argumentos acerca de la importancia de entablar un diálogo entre los dos enfoques, de manera que sea posible construir iniciativas en las que confluyan el conocimiento histórico y las necesidades sociales.

El último capítulo del presente texto invita a los lectores a pensar en cómo los modelos económicos y el desarrollo del territorio se relacionan con los procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social. Quiroga y Álvarez nos comparten un análisis del sector empresarial en el norte del Cauca, una zona de Colombia altamente conflictiva y afectada tanto por episodios violentos del conflicto armado como por conflictos sociales por la tierra y el territorio. El texto parte de un cuestionamiento al modelo neoliberal y señala su rol en incremento de la desigualdad en varios contextos; posteriormente, nos introduce al concepto de la economía solidaria como una forma alternativa de abordar el desarrollo económico territorial. Las autoras presentan una breve contextualización de las dinámicas de la región antes de examinar la relevancia y los impactos territoriales de cada uno de estos modelos. En el caso del desarrollo promovido desde iniciativas del modelo neoliberal, se resalta que los incrementos en la producción de bienes y servicios en la región no han traído consigo el mejoramiento en la calidad de vida de la población, lo cual exacerba los niveles de desigualdad. Por otro lado, hay varios ejemplos de iniciativas económicas emprendidas desde una lógica de economía solidaria que han aportado un valor importante a su comunidad, pero que enfrentan muchos retos para ser sostenibles, rentables y eficientes. Resaltan la necesidad de implementar modelos productivos que generen enraizamiento, es decir, valor económico y social para los habitantes del territorio.

En la misma línea de la relación entre desarrollo económico, paz y reconciliación, Aragón, Iturrioz y Narvaiza presentan el caso de Euskadi a través de la región de Guipúzcoa, que se destaca por ser de alta especialización en la producción y donde hay un peso muy relevante de las cooperativas. El texto explora los retos existentes para lograr el enraizamiento de las empresas en sus respectivos territorios. En el caso de Guipúzcoa, las autoras identifican un factor clave para comprender las dinámicas del territorio: la alta presencia de empresas familiares y cooperativas. Este rasgo implica que muchas de las empresas están en manos de los trabajadores de Guipúzcoa, lo cual crea un vínculo social y humano con el entorno. Como parte de esta reflexión, Aragón, Iturrioz y Narvaiza enuncian las características más importantes de las empresas familiares y las cooperativas con base en estudios académicos previamente realizados en el área. Analizan por qué la presencia de estas dos tipologías empresariales hace más propicia la generación de valor en su región. Por otro lado, estudian la importancia del capital social, en particular en el caso de las pymes, en tanto les permite a las empresas emprender procesos con agentes para alcanzar objetivos en común. También resaltan cómo en un solo territorio se han fomentado los clústeres para impulsar la cooperación en la cadena de valor. Como consecuencia de todas estas características, el territorio guipuzcoano ha logrado un desarrollo armónico en los ambientes tanto económicos como sociales, lo cual ha sido un elemento clave en la construcción de escenarios de reconciliación.

BIBLIOGRAFÍA

Bloomfield, D. (2003): “Reconciliation: An Introduction”, Handbook Series. Reconciliation after violent conflict: a handbook, Bloomfield, Barnes y Huyse, Estocolmo, International IDEA, pp. 10-18.

PRIMERA PARTE

CONTEXTO, ORÍGENES Y REALIDAD ACTUAL DEL CONFLICTO

CAPÍTULO 1

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: CARACTERIZACIÓN, 
FASES Y BÚSQUEDA DE LA PAZ

ÓSCAR DAVID ANDRADE BECERRA

INTRODUCCIÓN

Pese a los devastadores efectos de la violencia y su prolongada duración, Colombia apenas comienza a comprender su propia tragedia. Es cierto que se han escrito innumerables investigaciones y trabajos de memoria histórica con el objetivo de caracterizarla, sin embargo, aún no hay perspicuidad sobre la denominación de esa violencia, su proyección en el tiempo ni sus causas.

La persistencia de debates alrededor de la caracterización de la violencia y los obstáculos que existen para establecer su magnitud son un gran problema; sin embargo, también dan cuenta de los numerosos análisis e intentos que se han hecho para comprenderla y reconstruir su historia. Sus resultados no son todavía suficientemente precisos, pero sí han arrojado importantes claridades y consensos sobre sus características: es un conflicto prolongado, complejo, discontinuo, político, regionalmente diverso y atroz. Justamente, la primera sección del presente capítulo se ocupa de los debates y consensos alrededor de la caracterización del conflicto en Colombia.

El segundo apartado presenta una cronología general del conflicto armado. Aunque se mantienen los debates acerca del horizonte temporal del mismo y sobre las rupturas y continuidades entre los diferentes periodos violentos que ha atravesado el país, es posible proponer una periodización cronológica basada en las transformaciones experimentadas por los actores armados, las modalidades de violencia, el sistema político y económico del país y el ambiente internacional: violencia bipartidista (1948-1958), génesis de las guerrillas (1958-1982), expansión guerrillera y eclosión paramilitar (1982-1997), tragedia humanitaria (1997-2006) y nuevos ciclos de violencia e incertidumbre (2006-2019).

La tercera sección presenta una síntesis de los intentos de solución negociada al conflicto armado desde principios de la década de los ochenta del siglo XX hasta la actualidad. Para finalizar, la cuarta parte expone brevemente algunas características del liderazgo de la sociedad civil organizada en materia de construcción de paz en Colombia.

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO

DEBATES Y OBSTÁCULOS

Las innumerables reflexiones alrededor de la violencia provenientes de la academia, los espacios políticos y la sociedad civil dejan ver importantes debates alrededor de la propia denominación de esa violencia, sus causas y su delimitación temporal (CHCV, 2015: 6-7).

A la hora de definir la violencia, algunas perspectivas se decantan por una noción de “conflicto social armado”. Esta caracterización trata de evidenciar la íntima interrelación entre el conflicto social y la violencia política. Otros puntos de vista parten del hecho de que no se trata simplemente de un fenómeno de violencia criminal generalizada ni de una violencia unilateral por parte del Estado, por lo que hablan de “conflicto asimétrico”, “guerra civil” o simplemente de “guerra” (CHCV, 2015: 43-45).

Otras lecturas que no resisten ningún análisis jurídico o académico serio, y que son propias de sectores políticos belicistas, hegemónicos y negacionistas, arguyen que lo que hay en Colombia es una “amenaza terrorista” de los actores armados —primordialmente las guerrillas— en contra del Estado y la sociedad. La mayoría de los análisis se basan en la doctrina del Derecho Internacional Humanitario y utilizan la denominación de “conflicto armado interno”. Aunque desde un punto de vista jurídico esa definición es indistinta frente a otras4, a nivel teórico y metodológico permite salvar las limitaciones y debates en torno a otras enunciaciones.

En cuanto a la delimitación temporal del conflicto, aunque todos los análisis comparten una perspectiva histórica, difieren en varios elementos: la magnitud del tiempo considerado, la ponderación que hacen entre las continuidades y las rupturas entre las diferentes fases de la violencia y la marcación de un momento exacto de génesis del conflicto armado (CHCV, 2015: 8).

Algunas perspectivas consideran que para comprender el conflicto contemporáneo es necesario remontarse hasta el dificultoso proceso de construcción del Estado desde el siglo XIX. Otros analistas piensan que el conflicto se debe estudiar a partir de un periodo histórico restringido y que este solo surgió como tal después del Frente Nacional5, cuando se consolidaron las guerrillas comunistas y aparecieron los gérmenes de los futuros grupos paramilitares. También hay algunas posturas intermedias que sitúan el origen del conflicto en las luchas agrarias de los años veinte del siglo XX o en la violencia partidista de los cincuenta.

En la discusión sobre las causas de la violencia, algunos analistas les han dado mayor relevancia a los factores objetivos, es decir, a las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Desde esta perspectiva, el origen y la reproducción de la violencia se encuentra en la desigualdad, la pobreza, la exclusión y retraso del sistema político, la ausencia de justicia y demás factores similares. Otras lecturas, por el contrario, ponen el énfasis en los factores subjetivos, esto es, en las decisiones de individuos y grupos concretos, lo mismo que en sus características emocionales, políticas, ideológicas y culturales. Parte de la discusión sobre las causas también ha girado en torno a la influencia que tuvieron diferentes sucesos y procesos internacionales en el conflicto armado interno colombiano, por ejemplo, los levantamientos armados en otros países de América Latina, la Doctrina de Seguridad Nacional o la injerencia de los Estados Unidos (CHCV, 2015: 50-54).

La amplia discusión alrededor de la caracterización del conflicto colombiano y la gran pluralidad de enfoques disciplinares, metodológicos y políticos para abordarlo han estado motivadas por la dificultad para establecer las dimensiones reales y las características de la violencia —o más bien, las violencias— que históricamente han azotado al país.

Este problema se explica, en parte, porque la recolección y el procesamiento de la información al respecto se inició tardíamente debido a la falta de voluntad política para reconocer la problemática y afrontarla. También existen obstáculos logísticos y metodológicos para recoger y registrar la información. No podemos perder de vista los problemas derivados de la dinámica misma de la guerra, esto es, su prolongación en el tiempo, las transformaciones en los mecanismos y repertorios de violencia de los actores armados, y el entrecruzamiento u ocurrencia simultánea de múltiples tipos de violencia. Es necesario contemplar la dificultad de identificar a los perpetradores, quienes han desplegado una serie de estrategias de invisibilización y ocultamiento igualmente violentas (acciones sicariales, desapariciones forzadas, culpar a otros actores, distraer a la opinión pública, entre otras). Diversos motivadores y responsables del conflicto han impuesto el silencio a las víctimas, los testigos e incluso a las autoridades y los medios de comunicación (CNMH, 2013: 31-33).

CONSENSOS Y CLARIDADES

En medio de estos serios debates y obstáculos, la academia, el Estado y la sociedad civil organizada también han alcanzado algunas claridades y puntos de consenso en torno al proceso de caracterización, reconstrucción y análisis del conflicto armado. Hay pocas o ninguna divergencia cuando se describe el conflicto armado interno colombiano como prolongado, complejo, discontinuo, político, regionalmente diverso y atroz (CHCV, 2015: 45-48).

Se plantea que es prolongado porque constituye una de las confrontaciones armadas más antiguas del mundo, bien sea que su inicio se ubique en la violencia bipartidista (incluso antes), en la emergencia de las guerrillas comunistas posrevolución cubana o a partir los años ochenta del siglo XX. El conflicto colombiano es complejo debido al número de actores involucrados: el Estado, numerosos grupos guerrilleros con distinta orientación político-estratégica y estructuras paramilitares profundamente diversas e incluso antagonistas entre sí. La complejidad del conflicto también se refiere a la superposición y la articulación de conflictos de distinta naturaleza.

Se caracteriza como discontinuo porque los repertorios de violencia han sido altamente variables y porque los actores armados atravesaron momentos de decadencia y renacimiento, o transiciones generacionales completas. Se afirma que es político porque la confrontación involucra proyectos antagónicos de organización del Estado, la sociedad y los modelos productivos. Cuando menos, se considera que el conflicto tiene raíces políticas, dado que ha involucrado a actores claramente políticos, como las guerrillas (a pesar de la utilización de recursos criminales como medio de financiación), y a otros en los cuales el barniz político es más superficial y la dimensión criminal más pronunciada, como los grupos paramilitares. También se han articulado otros actores abiertamente criminales, como los carteles del narcotráfico.

El conflicto colombiano es regionalmente diverso porque la complejidad geográfica del país y las heterogéneas formas de ocupación de los territorios y de relacionamiento de los actores dentro los mismos han generado diferentes dinámicas de conflicto y distintas formas de control social en los territorios; se le cataloga como atroz porque gran parte de la población civil ha sufrido múltiples y graves repertorios de violencia y ha sido la mayor damnificada con el conflicto.

Efectivamente, la conclusión más clara a la hora de examinar el conflicto es que todos los actores armados han incorporado premeditadamente el ataque a la población civil como estrategia de guerra: se considera que, hasta 2012, ha habido aproximadamente 220.000 muertes provocadas por el conflicto armado. De estas, el 81,5% correspondía a civiles y el 18,5% a combatientes. En el marco del conflicto, la población civil es vista como una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico determinante en el resultado final del conflicto. Por esa razón los actores armados no solo se relacionan con ella articulándola a su base de operaciones, sino que también se proponen atacar a la población civil que rodea al adversario. Esta es una forma de debilitarlo y, al mismo tiempo, de acumular fuerzas. Una vez se ha producido el ataque, los actores armados obligan a la población civil a transferir o a mantener sus lealtades y a servirle como proveedora de recursos. Según el discurso de los actores armados, la violencia contra la población civil es siempre justificada porque es una prolongación del enemigo —poco importa si ese respaldo es consentido o forzado—. También se argumenta que las victimizaciones que se causan dentro de la población civil forman parte de los costes inevitables de la guerra o de los daños colaterales (CNMH, 2013: 37-38).

Cuando la población civil es percibida como un apoyo determinante en el resultado final del conflicto, los actores armados usan la violencia para lograr su subordinación; cuando la población civil es vista como una prolongación del enemigo, el objetivo de la violencia es la desestabilización y el exterminio. La intensidad y el tipo de violencia —masiva e indiscriminada o selectiva recurrente— varían según el grado de disputa o hegemonía territorial, de tal forma que el uso de una u otra obedece a valoraciones y cálculos estratégicos diversos de los actores armados (CNMH, 2013: 38).

Ahora bien, la sistematicidad e intensidad de la violencia, así como sus modalidades, difieren y se ajustan según los objetivos, evaluaciones del territorio, momento de la guerra y estrategias de los actores armados. Algunas prácticas fueron usadas más recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distintivas de su accionar:

Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además, afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonales. La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. La violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera. En otras palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares (CNMH, 2013: 35).

Otro punto de consenso importante son las condiciones que han contribuido a la persistencia del conflicto armado: la economía de guerra, especialmente el narcotráfico; la incidencia del secuestro y la extorsión; la precariedad institucional; la provisión privada de la coerción y la seguridad; el vínculo entre la violencia y la política electoral; el sistema político clientelista; la inequidad, los derechos de propiedad, la cuestión agraria irresuelta y el círculo vicioso de la violencia (CHCV, 2015: 55-70).

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO COLOMBIANO

Pese a los debates acerca del horizonte temporal del conflicto armado, o sobre las rupturas y continuidades entre los diferentes periodos violentos que ha atravesado el país, es posible proponer una cronología con base en las transformaciones experimentadas por los actores armados, las modalidades de violencia, el ambiente internacional y el sistema político y económico del país.

ANTECEDENTES: VIOLENCIA BIPARTIDISTA (1948-1958)

En Colombia se conoce como “violencia” a la confrontación sectaria entre liberales y conservadores, la cual se expresó en miles de asesinatos (la mayoría de ellos con altos componentes de sevicia), masacres, agresiones, persecuciones, amenazas, violencia sexual, robo o destrucción de propiedades, desplazamientos forzados y despojo de tierras. Se calcula que esta confrontación causó cerca de 200.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas. Si se considera que la población de Colombia era aproximadamente de 11 millones de habitantes, las víctimas podrían llegar a ser una quinta parte del total de los habitantes6. Aunque el sectarismo partidista fue el principal combustible del odio y la violencia, numerosos analistas han evidenciado que en el conflicto se entrecruzaron otras causas políticas, sociales, económicas e incluso religiosas.

Algunas lecturas plantean que la violencia comenzó con los brotes de violencia revanchista en algunas zonas periféricas desde la década de 1930, cuando finalizó la hegemonía del partido conservador. Sin embargo, la mayoría de las perspectivas coinciden en afirmar que el mayor desencadenante de la violencia fue El Bogotazo. El 9 de abril de 1948 se desató una insurrección en la capital del país a raíz del magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. En poco tiempo, la sublevación se expandió y replicó en otras ciudades y pueblos. Algunas de las expresiones violentas estuvieron motivadas simplemente por el oportunismo (saqueos o incendios a propiedades). Otras se encauzaron política u organizativamente para exigir la renuncia de Mariano Ospina Pérez, el entonces presidente, perteneciente al Partido Conservador. Algunos sectores de izquierda aprovecharon la coyuntura para hacer llamados revolucionarios. El Gobierno logró aplacar las revueltas mediante el uso de la represión. A lo largo de los siguientes años el ambiente político se crispó e incluso hubo conatos de golpes de Estado.

Ospina Pérez fue sucedido por Laureano Gómez, otro miembro del Partido Conservador. Tras su posesión presidencial en 1950, Gómez le dio continuidad a la política de represión y exterminio que se había implementado desde la anterior administración. Bajo su mandato y con la complacencia del Gobierno, se conformaron bandas armadas en diferentes puntos del país conocidas coloquialmente como pájaros o chulavitas. Estas bandas se dedicaron a hostigar y asesinar liberales y comunistas con el apoyo de la Policía, el Ejército y los caciques políticos locales. En respuesta, comenzaron a surgir grupos de liberales armados conocidos como cachiporros. Algunos de ellos establecieron vínculos con el Partido Comunista y con el tiempo se convirtieron en guerrillas.

A partir de entonces, se produjo una exacerbación generalizada de la violencia; aumentaron los enfrentamientos entre las bandas partidistas, lo mismo que entre estas últimas y las fuerzas del Estado. Hubo episodios de intransigencia gubernamental y fracasaron numerosas políticas propuestas por el Gobierno. Todo lo anterior estimuló un golpe de Estado. Con apoyo de la clase política tradicional, el 13 de junio de 1953 el Ejército tomó el poder con el general Gustavo Rojas Pinilla a la cabeza. Se instauró un Gobierno militar que ofreció una amnistía para cesar el conflicto. Muchas bandas liberales se acogieron a ella. Aunque algunos analistas plantean que con ello se acabó la violencia, lo cierto es que solo cerró una etapa, pues las cuadrillas liberales se reactivaron motivadas por el cariz dictatorial del Gobierno, el incumplimiento de las promesas oficiales y la pervivencia de las bandas conservadoras que asesinaron jefes liberales amnistiados y continuaron cometiendo masacres, violaciones y despojos.

GÉNESIS DE LAS GUERRILLAS (1958-1982)

Los partidos liberal y conservador decidieron turnarse los periodos presidenciales y distribuir paritariamente los puestos burocráticos bajo el denominado Frente Nacional (1958-1974). Su objetivo era cerrarle el camino al Gobierno populista de Rojas Pinilla y desactivar la violencia. Si bien el Frente Nacional sirvió para apaciguar la violencia y recuperar la democracia formal, el ambiente de la Guerra Fría alentó a los sucesivos gobiernos a exacerbar la represión no solamente contra los focos armados que persistían, sino también contra las organizaciones campesinas, los sindicatos y en general cualquier alternativa política legal, puesto que todas las mencionadas expresiones eran englobadas dentro del complot del comunismo internacional y tratadas bajo la noción de enemigo interior.

A su turno, la inutilidad de reformismo social (especialmente en materia agraria), las iniciativas estatales de recuperación del territorio, la erradicación de las prácticas delincuenciales que sustentaron a las bandas armadas durante la violencia y la cerrazón del régimen político para las fuerzas políticas alternativas fueron leídos por la izquierda como una confabulación nacional e internacional de la derecha. Además, ante la falta de legitimidad política de la fórmula consociacional7, la coalición bipartidista se vio forzada a conseguir respaldo mediante estrategias ligadas al clientelismo y la corrupción.

Todo este escenario abrió la puerta para el surgimiento de las guerrillas y una nueva fase de la violencia. El germen de estas agrupaciones armadas fue un grupo de bandoleros liberales que no se plegó a la amnistía formulada por Rojas Pinilla y paulatinamente abrazó la plataforma política e ideológica comunista. Su principal territorio de actuación era el sur de Tolima y estaban lideradas por Pedro Antonio Marín, quien posteriormente se convirtió en uno de los fundadores de las FARC-EP bajo el alias de Manuel Marulanda Vélez, nombre tomado de un sindicalista asesinado. En 1959 las guerrillas llegaron a un acuerdo con el Gobierno y cesó el levantamiento rebelde sin que hubiera entrega de armas. Así, las guerrillas se transformaron en grupos de autodefensa rural (Verdad Abierta, 18 de noviembre de 2012).

No obstante, la firma del acuerdo continuó la persecución a quienes difundieran ideas comunistas, especialmente entre los campesinos; en enero de 1960 una alianza entre el Ejército y un grupo paramilitar de liberales “limpios”8 liderados por Jesús María Oviedo, alias Mariachi9, asesinó al líder comunista Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Ante esta situación, Marín conformó un nuevo grupo armado de aproximadamente 30 hombres, denominado La Móvil, y se estableció en la zona de Marquetalia (Tolima). En abril de 1961 se llevó a cabo una conferencia con presencia del Partido Comunista y la participación de delegados de varios grupos armados de resistencia (Verdad Abierta, 18 de noviembre de 2012).

El 14 de mayo de 1964 el presidente Guillermo León Valencia desplegó la Operación Marquetalia, un feroz ataque por aire y tierra llevado a cabo por 16.000 soldados que contaban con la asesoría de militares estadounidenses del Plan Laso (Latin American Security Operation). En respuesta a esa operación y a la ofensiva general del Gobierno contra las denominadas “repúblicas independientes”10, el 20 de julio de 1964 el grupo liderado por Marín tomó la decisión de convertirse en una guerrilla revolucionaria. En 1965 se conformó el Bloque Sur y en 1966 adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para ese entonces, la naciente organización guerrillera agrupaba aproximadamente 300 personas divididas en seis frentes (Verdad Abierta, 18 de noviembre de 2012).

Por la misma época surgieron las otras dos guerrillas de primera generación: en julio de 1964 nació el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en febrero de 1967 surgió el Ejército Popular de Liberación (EPL). En abril de 1974 apareció el Movimiento 19 de Abril (M-19). El sustrato de estas guerrillas fueron los sectores descontentos con las restricciones de participación política en el Frente Nacional; estos estaban conformados principalmente por las antiguas guerrillas campesinas de la región del Magdalena medio y el departamento de Córdoba, así como por los jóvenes urbanos formados y radicalizados bajo los lineamientos de las revoluciones cubana y china. A pesar de ello, la lucha armada no fue significativa durante las décadas de 1960 y 1970 debido al carácter incipiente de las guerrillas tanto en el plano político como en el militar, a su confinamiento en zonas periféricas y a la fuerte presión armada por parte del Ejército (CNMH, 2013: 123-128).

EXPANSIÓN GUERRILLERA Y ECLOSIÓN PARAMILITAR (1982-1997)

Desde principios de los años ochenta las guerrillas emprendieron un proceso de expansión territorial y adoptaron nuevas estrategias. En 1982 se desarrolló la VII Conferencia de las FARC, a partir de la cual empezarían a llamarse FARC-EP y adoptarían el objetivo de levantar un ejército de alcance nacional y tomar el poder. Para tal fin implementaron una táctica de crecimiento basada en el desdoblamiento de los frentes existentes con la pretensión de copar todo el territorio nacional y llegar a Bogotá. Por su parte, en 1983 el ELN decidió duplicar las estructuras existentes con el propósito de extender su presencia hacia las zonas mineras y de explotación petrolera. El EPL también registró un crecimiento importante, sobre todo en zonas de desarrollo agroindustrial, colonización y enclave (Echandía, 2014).

En ese periodo también aparecieron las guerrillas de segunda generación, como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), una guerrilla indígena conformada en 1984; el Movimiento de Integración Revolucionario (MIR-Patria Libre), y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros. En septiembre de 1987 las guerrillas conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) con el objetivo de unificar su accionar. Sin embargo, solo ejecutaron algunas acciones armadas conjuntas y cada guerrilla mantuvo su independencia militar, política y financiera (Echandía, 2014).

Como reacción contra las negociaciones de paz y con el fin de frenar la expansión del aparato armado de las guerrillas y evitar el posicionamiento de las alternativas políticas de izquierda, surgió el fenómeno paramilitar. En una primera fase, estos grupos de civiles armados contaron con respaldo legal y eran entendidos como organizaciones de autodefensa o cooperativas de seguridad dedicadas a proteger la propiedad y ayudar al Estado a restablecer la normalidad y el orden público en las zonas donde operaban. Posteriormente se convirtieron en estructuras que, escudándose en una debatible pretensión antisubversiva, se utilizaron para favorecer los intereses privados de narcotraficantes, empresarios, ganaderos, terratenientes, políticos regionales y los propios comandantes paramilitares. Un factor clave para el surgimiento, consolidación y expansión de estos grupos fue el apoyo que les otorgaron la fuerza pública y los demás organismos de seguridad del Estado.

Muerte a Secuestradores (MAS) fue una de las primeras organizaciones paramilitares. Fue conformada en 1981 por los carteles del narcotráfico en respuesta al secuestro de Martha Nieves Ochoa, familiar de los capos del cartel de Medellín, perpetrado por el M-19. Durante los siguientes años el MAS se expandió a diferentes regiones del país, donde cometió secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de guerrilleros o personas sospechosas de simpatizar con la causa subversiva (Verdad Abierta, 23 de septiembre de 2011).

De manera paulatina y en el marco de un proyecto de expansión que tuvo su epicentro en Puerto Boyacá y el Magdalena medio, fueron expandiéndose por todo el país nuevos grupos de ese tipo: Córdoba y Urabá albergaron nuevas agrupaciones bajo el liderazgo del clan Castaño; en el Cesar ocurrió lo mismo con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron Hernán Giraldo y los Rojas quienes jalonarían el proceso; en Casanare los actores principales fueron los Buitrago. Los llanos orientales y Putumayo se sumaron a esta tendencia con los aparatos armados al servicio del narcotráfico (CNMH, 2013: 140).

A lo largo de las siguientes décadas, estos grupos desataron una “guerra sucia” cuyas expresiones incluyeron masacres, asesinatos selectivos y otras varias modalidades de violencia. Su accionar tuvo varios componentes: expulsión de las guerrillas de los territorios; el desencadenamiento de una campaña de violencia y terror para impedir el desarrollo de las vertientes políticas de izquierda, la cual se hizo patente en el exterminio de la Unión Patriótica; el control de enclaves económicos legales e ilegales, el dominio territorial; la construcción de regulaciones sociales y el apoyo a proyectos políticos regionales (Huhle, 2001; Barón y Gutiérrez, 2005; Pécaut, 2006: 393-398; Barón, 2011). Pese a las alarmantes y visibles muestras de la multidimensionalidad de este fenómeno, el paramilitarismo no fue considerado como una amenaza autónoma. Hasta bien entrada la década del ochenta se le vio solamente como el brazo armado de los carteles del narcotráfico (Cubides, 2004: 14).

En 1991, una serie de signos alentadores hicieron pensar que por fin sería posible detener la violencia que azotaba al país. Primero, la nueva constitución política promovió reformas dirigidas a modernizar el Estado y aumentar los niveles de inclusión, participación y apertura democrática, pues se partía de la premisa de que la violencia era el resultado de la exclusión y el histórico cierre del sistema político. Segundo, se llevaron a cabo procesos de paz con algunas guerrillas (M-19, EPL, MAQL, PRT), los cuales fueron evaluados como exitosos tras el logro de varios acuerdos; la nueva constitución política ofrecía un marco favorable para la implementación de las herramientas acordadas y el logro efectivo del desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes de dichos grupos armados. Tercero, también ofrecía alternativas jurídicas que podrían contribuir a contrarrestar el auge de la violencia asociada al narcotráfico. Se pensaba que los carteles tendrían que cesar la escalada terrorista contra el Estado y someterse a la justicia (Vargas, 2011; Villarraga, 2011; Gutiérrez, 2011: 421-423).

No obstante, el optimismo se desvaneció pronto. Por un lado, las FARC-EP y el ELN mostraron desconfianza frente al proceso de paz y acordaron incrementar su actividad bélica contra las fuerzas armadas, atacando la infraestructura económica del país y la población civil11. Con los paramilitares sucedió algo similar: aunque en 1991 algunos entregaron las armas a cambio de beneficios penales12 y los que siguieron activos en el Magdalena medio disminuyeron la violencia, en 1994 comenzó el proceso de expansión nacional del fenómeno paramilitar con la conformación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que posteriormente se transformaría en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

TRAGEDIA HUMANITARIA (1997-2006)

A partir de las directrices de la VIII Conferencia (1993), las FARC-EP rompieron los vínculos con la izquierda política legal y mostraron el predominio de la estrategia militar sobre el accionar político. Hubo importantes transformaciones en su estructura13 y se ratificó la importancia de las ciudades como objetivo estratégico. El proceso de crecimiento y expansión le permitió a esta guerrilla tener presencia en 622 municipios, equivalentes al 60% del país; las FARC-EP pasaron de tener 48 frentes y 5.800 combatientes en 1991, a 62 frentes y 28.000 combatientes en 2002 (CNMH, 2013: 162).

A partir de 1997 las FARC-EP combinaron los golpes militares a la fuerza pública con la presión a las elites regionales, los ataques a la infraestructura eléctrica y vial, el bloqueo y la restricción de la movilidad y la expulsión de funcionarios regionales y locales. El ELN, aunque no alcanzó la misma envergadura militar, fue capaz de sostener hostilidades en varias zonas del país. Las guerrillas lograron sumar 30.000 combatientes, intensificaron el secuestro y la utilización de recursos provenientes del narcotráfico y le propinaron grandes derrotas a la fuerza pública en el sur y en el oriente del país (CNMH, 2013: 161-162).

En 1997 los hermanos Castaño (comandantes de las ACCU) lograron poner bajo su liderazgo una coalición de grupos paramilitares locales y regionales y constituyeron las AUC. Aunque esta alianza no estaba exenta de fricciones internas, y pese a que muchas de sus estructuras armadas conservaron altos niveles de autonomía, permitió que en un par de años el paramilitarismo se propagara desde el norte y cubriera prácticamente la totalidad del país. Las AUC manifestaban defender un proyecto político y militar antisubversivo, pero para compensar su debilidad militar y logística frente a las guerrillas, la estrategia se concentró en atacar a la población civil y no en la confrontación bélica (Cubides, 1999: 163; Huhle, 2001: 70).

Como resultado de esas dinámicas, entre 1997 y 2006 el conflicto armado interno alcanzó su apogeo. Se transformó en una disputa a sangre y fuego por la tierra y el poder local; en ese contexto, la relación de los actores armados con la población civil cambió: la intimidación, la agresión, el destierro y la muerte reemplazaron a la persuasión. La violencia adquirió un carácter masivo. Todos los repertorios de violencia registraron sus máximos históricos; las masacres se convirtieron en el signo característico del conflicto y el desplazamiento forzado escaló hasta llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas (CNMH, 2013: 156).

El conflicto alcanzó un pico entre 2002 y 2003, el cual se corresponde principalmente con la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) formulada por el presidente Álvaro Uribe, quien ocupó este cargo durante dos periodos, transcurridos entre 2002 y 201014. Su Gobierno capitalizó varios elementos: el desencanto generalizado frente a la negociación como fórmula para solucionar el conflicto, la desconfianza social frente a las instituciones y la percepción de inseguridad. A partir de ellos, propuso una política de mano dura basada en la recuperación del control militar del territorio, el endurecimiento de la guerra contra las drogas y la guerrilla, el restablecimiento de la seguridad y la deslegitimación del carácter político de los grupos subversivos. En adelante, los grupos guerrilleros fueron caracterizados como simples “narcoterroristas” que atacaban a un Estado legítimo (Vargas, 2004: 85-86; González, 2006).

La materialización de la PDSD consistió en el despliegue de una fuerte ofensiva militar, denominada Plan Patriota, y otras medidas de orden púbico que tuvieron efectos ambivalentes: por un lado, tuvieron impactos positivos en los principales indicadores de seguridad, permitieron recuperar el control de zonas copadas por las guerrillas y asestaron duros golpes a los comandantes insurgentes15; por otro, fomentaron la criminalización de la oposición política y la protesta social y promovieron graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras la PDSD se focalizó en combatir a las guerrillas, con los paramilitares hubo un proceso de negociación que concluyó con la desmovilización escalonada de sus estructuras entre 2004 y 2006. En principio, las cifras de homicidios, masacres, desapariciones forzadas y demás modalidades de violencia descendieron en la mayoría del país, pero dado que el Estado no copó el territorio, el conflicto se reconfiguró y pervivió como resultado de la pugna entre las FARC-EP, el ELN y los grupos armados sucesores de los paramilitares, quienes buscaban aumentar su control territorial y ejercer el control de las economías legales e ilegales.

NUEVOS CICLOS DE VIOLENCIA E INCERTIDUMBRE (2006-2019)

Para 2007 la Policía Nacional tenía identificadas 34 organizaciones armadas que evidenciaban diferentes fenómenos: el reagrupamiento y rearme de paramilitares desmovilizados; la persistencia de reductos paramilitares que no hicieron parte de los procesos de paz entre los paramilitares y el Gobierno (disidencias) y la aparición de nuevos aparatos coercitivos al servicio de los intereses del narcotráfico (grupos emergentes) (CNMH, 2013: 187). La expansión de estos grupos por el territorio nacional se aceleró durante los años 2008 y 2010 y registró un importante repunte en 2011 y 2012. Las estructuras más nombradas fueron el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y los Rastrojos.

El común denominador de todas esas bandas armadas es la fuerte orientación hacia el narcotráfico y los vínculos con antiguos comandantes paramilitares y jefes de la mafia. Para evitar atraer la atención de las autoridades y la veeduría internacional, estos grupos rara vez llevan a cabo masacres o incursiones de “tierra arrasada” y concentran sus acciones violentas en asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados, delitos contra la propiedad, violencia sexual y la imposición de medidas de regulación social que les permitan mantener el control del territorio y las economías ilícitas.

Mediante el Plan Renacer, las FARC-EP incrementaron su accionar armado desde el 2009; para aliviar la presión contra la cúpula de la organización, se concentraron fundamentalmente en acciones que requirieran muy bajo esfuerzo en su ejecución. También se produjo un descenso en los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares. Ello no significó una reducción en la capacidad militar del Estado, sino una mayor concentración del esfuerzo militar en los objetivos de alto valor y en la contundencia de las operaciones (Echandía, 2014).

A pesar de que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos hubo un repunte de las acciones de las FARC-EP, estas no mostraron un grupo fortalecido, reactivado y a la ofensiva, sino una táctica de repliegue y defensa de la retaguardia que se evidenció en la utilización de francotiradores, minas antipersona y ataques contra la infraestructura. Esta guerrilla también se mostró más flexible al decretar treguas o llevar a cabo pequeñas ofensivas, dependiendo del ritmo de las negociaciones con el Gobierno, que se llevaban a cabo en La Habana, Cuba, desde 2012. Paralelamente retomó la promoción de la protesta social y la acción política (Echandía, 2014; Fundación Paz y Reconciliación, 2013). Las acciones de las FARC-EP descendieron drásticamente después del cese bilateral de hostilidades pactado con el Gobierno a mediados de 2016, el cual sería la antesala para el Acuerdo de Paz definitivo alcanzado en noviembre de ese año.

El proceso de desmovilización y desarme de las FARC-EP significó un descenso en los niveles de violencia y se esperaba que los territorios donde operaba (242 de los 1.102 municipios del país) fueran ocupados por el Estado después de la firma del Acuerdo de Paz. No obstante, desde finales de 2016 esas zonas comenzaron a ser copadas por el ELN, bandas criminales o grupos paramilitares (principalmente el Clan del Golfo) y disidencias o desertores de las FARC-EP. En otros territorios la salida de la guerrilla favoreció el incremento de la criminalidad común (Fundación Paz y Reconciliación, 2017).

Las disputas por el territorio y el control de las economías ilegales han provocado un nuevo incremento en los niveles de violencia, especialmente de los asesinatos selectivos. En ese contexto son bastante preocupantes los hechos sistemáticos de violencia que buscan limitar la participación en política de defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Estos hechos violentos también buscan entorpecer los procesos de implementación del Acuerdo de Paz, restitución de tierras y defensa del medio ambiente (Fundación Paz y Reconciliación, 2017).

LOS PROCESOS DE PAZ

Desde los años ochenta, en Colombia se han hecho múltiples intentos por encontrar una salida negociada al conflicto. El primero fue en 1981, cuando el presidente Julio César Turbay (1978-1982) proclamó una ley de amnistía (Ley 37) y creó la primera Comisión de Paz. No obstante, estas medidas no funcionaron porque la ley era demasiado restrictiva y la comisión fue estéril y estuvo sujeta a la correlación de fuerzas políticas predominantes para la época (Arias, 2008: 11-12). En el fondo, tanto la propuesta de amnistía como la creación de la comisión obedecieron a la necesidad de calmar las críticas que recibía el Gobierno, dentro y fuera del país, por los abusos que trajo la aplicación del Estatuto de Seguridad, y no a un viraje en las fórmulas jurídicas y políticas para enfrentar la violencia.

El segundo intento de negociación se dio durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). La Administración advirtió que la desigualdad era la principal causa objetiva de la violencia, por lo que las reformas políticas, económicas y sociales debían ser la prioridad. De igual forma, reconoció el carácter político de los grupos insurgentes, estableciendo la negociación política como la condición básica para la búsqueda de la paz (Chernick, 1996: 2; Arias, 2008: 12). Para lograr esos cometidos, el Gobierno levantó el estado de sitio, suspendió el Estatuto de Seguridad, reactivó la Comisión de Paz y promulgó una ley de amnistía incondicional para acoger a los múltiples grupos guerrilleros que actuaban en el país (Ley 35 de 1982).

La estrategia logró resultados esperanzadores: se produjo el acuerdo de La Uribe (28 de marzo de 1984), mediante el cual se convino un cese al fuego bilateral con las FARC-EP, el EPL, el M-19 y el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO). También permitió avances importantes en materia sindical y de apertura política, entre los que se cuentan la creación de la Unión Patriótica (UP) y el Frente Popular16. A pesar de sus avances, los diálogos fracasaron debido a diversos factores: la mutua desconfianza entre las partes, la falta de una metodología clara de negociación, la imposibilidad de concretar acuerdos definitivos con los grupos insurgentes más fuertes y la falta de apoyo de las elites económicas y políticas del país (Semana, 1997; Arias, 2008: 12-16).

El clima a favor de la paz se diluyó nuevamente como resultado de la continuidad y el agravamiento de la violencia: pese a la tregua pactada, las guerrillas continuaron creciendo y realizando acciones bélicas; los militares emprendieron una ofensiva y los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares acometieron una nueva arremetida. Efectivamente, en esos años los paramilitares desataron la primera fase de la “guerra sucia” contra campesinos, trabajadores y activistas políticos de izquierda, incluyendo a los negociadores de las guerrillas y los integrantes de la UP y del Frente Popular. Esta guerra sucia contó con la aquiescencia del Estado e incluso varias estructuras de la fuerza pública actuaron en coordinación con los grupos ilegales (Arias, 2008: 12-16; Villarraga, 2012: 123; Mayorga, 2015).

Ante la ruptura de estos procesos de negociación, Virgilio Barco asumió la presidencia para el periodo comprendido entre 1986 y 1990 en medio de una escalada de violencia por parte de las guerrillas y los carteles de la droga. El Gobierno intentó nuevamente la vía del reconocimiento político y la negociación con las guerrillas. Teniendo en cuenta que durante los años anteriores se habían logrado acercamientos con el M-19, el EPL y el MAQL, Barco conformó diferentes instancias como la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, desde las cuales proponer una política seria de paz. El proceso finalmente tuvo como corolario un acuerdo bajo el cual el M-19, el EPL y el MAQL entregaron las armas entre marzo de 1990 y marzo de 1991. Fruto de la negociación, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual redactó una nueva constitución que fue aprobada en 1991 y por la que, formalmente, se consolidaba el Estado de derecho (Arias, 2008: 16-18; Fisas, 2010: 5).

Teóricamente, el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) intentó darle continuidad a la estrategia, la naturaleza y el alcance de la política de paz de Barco. Para ello utilizó —con algunas modificaciones— el modelo de negociación aplicado con el M-19 y avalado por el proceso constituyente. El Gobierno esperaba consolidar el proceso de paz y cambiar la postura reacia a la negociación de las FARC-EP y el ELN. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1990, mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir a los constituyentes17, el Ejército ejecutó una operación militar contra Casa Verde, como era llamada la base del Secretariado de las FARC-EP ubicada en La Uribe, departamento de Meta. Con la ejecución de esta operación se complicaron las posibilidades de negociación. Durante el primer semestre de 1991, las fuerzas que integraban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FARC-EP, ELN y EPL) adelantaron una ofensiva militar sin precedentes (Arias, 2008: 18).

En 1991 y 1992 hubo varios encuentros entre el Gobierno y la CGSB que se desarrollaron en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), pero las conversaciones avanzaron poco y se rompieron el 4 de mayo de 1992 tras de la muerte del exministro de Obras Públicas, Argelino Durán, mientras estaba secuestrado por las FARC-EP (Fisas, 2010: 5). Pese a esa nueva crisis, al fortalecimiento del discurso en contra de las guerrillas y al aumento de la actividad bélica contra ellas, el Gobierno nacional logró concretar acuerdos con la Corriente de Renovación Socialista (9 de abril de 1994), las milicias de Medellín (26 de mayo de 1994) y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera (30 de junio de 1994) (Arias, 2008: 18-19). La exitosa estrategia de negociación fue conducida mediante la Dirección Presidencial para la Reinserción y el Consejo Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, que después pasaría a llamarse Consejería para la Paz.

César Gaviria Trujillo fue sucedido por Ernesto Samper, quien gobernó el país entre 1994 y 1998. Samper consideraba a las guerrillas como actores políticos con los que era factible negociar (Chernick, 1996: 4). Desde el inicio de su gobierno planteó propuestas en esa dirección, las cuales se concretaron en la creación del Alto Comisionado para la Paz y, más adelante, del Consejo Nacional de Paz (Ley 434 de 1998). Al principio, la intención de restaurar la concepción política del conflicto armado y el viraje en la política de paz fueron retribuidas por los grupos subversivos con una disminución en las acciones violentas, pero tiempo después las acciones bélicas volvieron a aumentar en función de varios cambios estratégicos y organizacionales de las insurgencias. El país entero recuerda operaciones que demostraron la gran capacidad logística y bélica de la guerrilla, como las tomas de Las Delicias, Miraflores y Patascoy. En ellas las FARC-EP movilizaron centenares de combatientes, destruyeron bases del Ejército y la Policía, produjeron decenas de muertos y capturaron a cientos de prisioneros.

Estos éxitos militares de las FARC-EP alejaron aún más a dicha insurgencia de las negociaciones, de tal forma que las labores del Gobierno nacional se concentraron en el proceso con el ELN. Sin embargo, apenas se avanzó en la propuesta para establecer una mesa de diálogo donde participarían el Gobierno, los dirigentes de esta guerrilla y representantes de la sociedad civil18. Pese a los esfuerzos institucionales y al liderazgo de la sociedad civil, los resultados en materia de paz fueron precarios (Arias, 2008: 21). El panorama político nacional se oscureció aún más debido al Proceso 8.00019 y la expansión del paramilitarismo.

Andrés Pastrana asumió la presidencia entre 1998 y 2002. Su Administración enfrentaba dos grandes retos: limitar la expansión del conflicto armado y reconstruir la autoridad de las instituciones (Pécaut, 2006: 418-420). Pese a que las guerrillas venían en una escalada de violencia sin precedentes, el Gobierno nuevamente le apostó a la negociación. Aunque después de varias décadas de fracasos no parecía tener mucho sentido insistir en esa vía, lo cierto es que la correlación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y los grupos insurgentes, los costos económicos de la guerra y el agotamiento social hacían que esta fuera la única alternativa viable para solucionar el conflicto.

Para convencer a las FARC-EP de que se sentaran a la mesa de negociación, Pastrana hizo una acelerada y amplia concesión: desmilitarizó sin condiciones 42.000 km² del territorio nacional distribuidos entre los departamentos del Meta y Caquetá, que correspondían a los municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, La Macarena, Vistahermosa y Mesetas. El territorio desmilitarizado se conoció como la Zona de Distensión. Posteriormente conformó la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático Nacional, retomó la figura del Alto Comisionado para la Paz y fomentó la operación del Consejo y el Comité Nacional de Paz. El Gobierno confiaba en que ese complejo dispositivo institucional permitiría lograr acuerdos, y tenía buenos indicios para creer en la posibilidad de que el proceso rendiría frutos. Especialmente esperanzador fue el hecho de que en mayo de 1999 se construyó y aprobó una agenda común de negociación entre las FARC-EP y el Gobierno nacional cuyo título completo fue “Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia”.

Mientras tanto, las negociaciones con el ELN avanzaron de forma paralela y se lograron acuerdos como la constitución de una zona de encuentro, de una comisión de facilitación civil y del grupo de países amigos compuesto por Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza (Arias, 2008: 21-22).

A pesar de los avances, no se puede desconocer que ambos procesos siempre estuvieron llenos de tropiezos: nunca hubo reglas de juego claras en temas tan importantes como la finalidad de la negociación. Mientras que la guerrilla buscaba la transformación del sistema político y económico, el Gobierno simplemente perseguía la terminación de las hostilidades. Tampoco había acuerdos frente a la duración de la negociación misma; la agenda fue demasiado amplia y algunas demandas eran consideradas desfasadas, por ejemplo, el canje de prisioneros de la guerrilla por secuestrado; los diálogos se estancaron y se suspendieron en varias oportunidades, los negociadores eran frecuentemente relevados, los acuerdos eran incumplidos y no había mecanismos de verificación (Fisas, 2010; Soto, 2011; León, 2012).

Los diálogos también fueron duramente criticados por varios sectores —incluyendo los militares—, porque existían serias evidencias de que, al tiempo que estaban negociando en la mesa, las FARC-EP estaban utilizando la zona de distensión para planear operaciones, reclutar y entrenar combatientes, esconder secuestrados, almacenar armamento y producir estupefacientes; de igual forma, la guerrilla incrementó los secuestros, la toma de poblaciones, los hostigamientos a la fuerza pública y los atentados20. Finalmente, una serie de atentados cometidos por la guerrilla y el secuestro del congresista Eduardo Gechem provocaron la ruptura de las negociaciones y el fin de la Zona de Distensión el 21 de febrero de 2002.

Contra todos los pronósticos y en abierta contradicción con su discurso belicista, Álvaro Uribe Vélez se posicionó como presidente y no clausuró definitivamente la vía de la negociación. Si bien la PDSD restringió los límites de la negociación a un estricto cese de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales, a la larga el Gobierno se vio obligado a ceder y negociar en medio del conflicto, al igual que sus antecesores. Se llevaron a cabo algunos acercamientos con las FARC-EP y el ELN, pero nunca se consiguieron acuerdos. A lo largo de todo el mandato se mantuvo el lenguaje de confrontación con las guerrillas. Por el contrario, con los paramilitares se logró el acuerdo de Santa Fe de Ralito que permitió avanzar en el desarme, la desmovilización y la reinserción de sus estructuras armadas (Arias, 2008: 23-24). A este último proceso le llovieron todo tipo de críticas, que iban desde la ineficacia de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y demás normas hasta las acusaciones al presidente de tener vínculos con el paramilitarismo.

En 2010 asumió la presidencia Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa de Uribe y adelantó su campaña electoral basado en la consigna de darle continuidad a la PDSD. Sin embargo, una vez elegido, el nuevo presidente viró hacia un nuevo intento de solución negociada al conflicto armado. En agosto de 2012 comenzaron los diálogos exploratorios con las FARC-EP. En septiembre se anunció el inicio formal de las negociaciones y en octubre se instaló la mesa. La hoja de ruta se articuló en torno a seis puntos:

Política de desarrollo agrario integral.

Participación política.

Fin del conflicto.

Solución al problema de las drogas ilícitas.

Víctimas.

Implementación, verificación y refrendación (Presidencia de la República, 2016).

En gran parte como un respaldo al proceso en curso, Santos fue reelegido en 2014 para el nuevo periodo presidencial que se extendió hasta 2018. Pese a las fuertes tensiones, obstáculos y retrasos, a lo largo de los años se consiguieron avances parciales sobre cada uno de los puntos. Finalmente, el 24 de agosto de 2016 el Gobierno y las FARC-EP firmaron en La Habana el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y un mes después sellaron el pacto con una ceremonia protocolaria en la ciudad de Cartagena.

En la mesa de negociación se decidió que el acuerdo sería refrendado mediante un plebiscito. En medio de una profunda polarización política y social y una campaña de desprestigio, desinformación y manipulación orquestada por los sectores que se oponían al proceso de paz21, el 2 de octubre de 2016 el acuerdo fue rechazado por una diferencia irrisoria: 50,21% de los votantes marcaron el “No”, en rechazo de los acuerdos; el 49,78% restante marcó el “Sí” para expresar que estaba a favor de lo pactado en la mesa de La Habana. Pese a que el resultado puso en entredicho la negociación, el Gobierno y las FARC-EP reabrieron los diálogos e integraron en el acuerdo algunas de las recomendaciones formuladas por los opositores. Finalmente, un nuevo Acuerdo de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” contiene disposiciones sobre seis puntos:

1. Reforma Rural Integral. Sienta las bases para la transformación del campo y crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de diez años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Algunas medidas concretas para ello son: subsidios y créditos para compra de tierras, actualización del catastro y el impuesto predial rural, formalización de propiedad rural, fondo de tierras para pequeños campesinos y constitución de zonas de reserva campesinas.

El núcleo de este punto son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumentos de planificación y gestión para implementar los componentes de la Reforma Rural Integral establecidos en el acuerdo final. Los municipios priorizados para la aplicación de los PDET presentan altos niveles de afectación por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Los PDET giran alrededor de ocho pilares: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; reactivación económica y producción agropecuaria; educación rural; vivienda, agua potable y saneamiento; derecho a la alimentación; reconciliación, convivencia y paz; infraestructura y adecuación de tierras y salud rural.

2. Participación política. Apertura democrática para construir la paz. Pretende fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la puerta para que Colombia se integre a una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización.

Para tal fin, propone medidas como la creación del partido político Fuerza Alternativa del Común (FARC), un estatuto para la oposición, un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, un sistema de alertas tempranas, un programa de protección para integrantes del partido político FARC y una misión electoral especial. También incluye la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para que las zonas más afectadas por el conflicto tengan representantes en la Cámara por dos periodos electorales.

3. Fin del conflicto. Establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC-EP mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de las armas y el inicio de su reincorporación a la vida civil. La Organización de Naciones Unidas recibió la totalidad de las armas de las FARC-EP y garantizó su almacenamiento y destrucción. Este punto también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad para las personas desmovilizadas y compromisos para combatir el paramilitarismo y la corrupción política.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas. Promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la trasformación de los territorios afectados bajo un enfoque de salud pública e intensificando la lucha contra el narcotráfico. Contempla el tratamiento penal especial para pequeños cultivadores; la erradicación manual de los cultivos; la formulación de programas de prevención de consumo y salud pública para los adictos con énfasis en rehabilitación; estrategias de lucha contra el narcotráfico transnacional, crimen organizado, corrupción y lavado de activos; y aumentar los controles a los insumos y precursores químicos.

El elemento clave de este punto es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.

5. Víctimas del conflicto armado. Estipula la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que trabajarán coordinadamente con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz. El SIVJRNR está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

6. Implementación, verificación y refrendación. Establece el mecanismo de refrendación del acuerdo por la ciudadanía en las urnas como paso previo a la implementación de todos los puntos acordados. Creó la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por representantes del Gobierno y las FARC con el fin de hacer seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias e impulsar y dar seguimiento a la implementación legislativa. También instauró un mecanismo internacional de verificación y acompañamiento integrado por los países garantes y acompañantes de la negociación.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, asimismo, intentó negociar con el ELN. Entre 2011 y 2014 se llevaron a cabo contactos y reuniones secretas con representantes de esta guerrilla. En 2016 se anunció que Gobierno y guerrilla tenían una agenda que comprendía seis puntos: participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones, víctimas, fin del conflicto e implementación. En febrero de 2017 se instaló la mesa en Quito (Ecuador), pero solamente se logró pactar un cese al fuego que estuvo vigente hasta enero de 2018. Debido al asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano por parte de disidencias de las FARC-EP en abril de 2018, el Gobierno vecino canceló su participación como garante y pidió que la mesa saliera del país. Semanas después la mesa se instaló en La Habana, pero el periodo de Gobierno de Juan Manuel Santos finalizó sin que hubiera ningún fruto en la negociación (Celis, 2018).

En agosto de 2018 Iván Duque asumió la presidencia. Con el fin de capitalizar la polarización generada por las negociaciones de paz, él y sus copartidarios convirtieron en bandera política la falacia de que el acuerdo negociado con las FARC-EP no conduce realmente a la paz porque significó impunidad, violación de los derechos de las víctimas y la rendición del Estado y la sociedad ante los criminales y terroristas22. Aunque Iván Duque representa a los sectores políticos y económicos opositores al proceso de paz, durante la campaña se presentó como un político moderado y aseguró que su interés no era —como pedía el ala más radical de su propio partido y su base electoral— hacer trizas el Acuerdo de Paz, sino introducir reformas para, supuestamente, mejorarlo.

El acuerdo con las FARC tiene un fuerte blindaje jurídico y apoyo internacional que lo protegen de reformas unilaterales. Tanto en su campaña como durante lo que va de su gobierno, Duque y su partido han pronunciado un discurso ambiguo. Afirmaron entonces que, si definitivamente no podían modificar el acuerdo, por lo menos introducirían fuertes condiciones para futuras negociaciones. No obstante, desde el principio el Gobierno manifestó su intención de acabar los diálogos con el ELN y efectivamente lo hizo después del atentado cometido por esa guerrilla contra una escuela de la Policía en Bogotá en enero de 2019.

Si bien es cierto que el Gobierno todavía no ha hecho trizas el Acuerdo de Paz, tampoco ha demostrado voluntad para sacarlo adelante. En gran parte debido al alto coste político que significaría desmantelarlo, el Gobierno ha adoptado una posición mixta: por un lado, apoya medidas en su favor, como la reincorporación de los excombatientes, pero por el otro se opone a las reformas estructurales, sobre todo a las relacionadas con la reforma agraria (Johnson, 2018). El más reciente informe divulgado por el Instituto Kroc, entidad designada para monitorear la implementación del acuerdo, resalta la necesidad de acelerar el ritmo de implementación en esas reformas, que concretamente aluden a los PDET y el PNIS (El Espectador, 2019).

De acuerdo con el informe, tras dos años y cuatro meses desde la firma del acuerdo final, casi el 70% de los 578 compromisos pactados están en marcha. Sin embargo, no todos los componentes tienen el mismo nivel de avance: el 23% (133) ya se implementó completamente, el 12% (69) está en fase intermedia y el 34% (194) va en fase mínima. Los avances más destacados están en el fin del conflicto y en los mecanismos de implementación, verificación y refrendación. El informe también recalca los avances en materia de justicia transicional, en tanto la JEP, la CEV y la UBPD están en funcionamiento a nivel nacional y avanzando en su despliegue territorial (El Espectador, 2019).

Ahora bien, la mayoría de los avances se lograron durante la administración de Juan Manuel Santos. Durante el último bimestre de su periodo presidencial y los primeros nueve meses de la presidencia de Duque solamente se ha avanzado en el 8% de los compromisos (47). Aunque hasta cierto punto, la desaceleración en la implementación es normal23, y pese a que retóricamente el Gobierno dice respetar los acuerdos, en la práctica ha demostrado su intención de asfixiarlos.

Las entidades del SIVJRNR sufrieron un recorte presupuestal, lo cual afecta gravemente su funcionamiento general y, en particular, su despliegue territorial a las zonas más afectadas por el conflicto: los recursos disminuyeron en un 28% para la JEP; la CEV cuenta con 40% menos de presupuesto y la UBPD dispone de un 68% menos de recursos (Valdés, 2019). Públicamente la administración ha reconocido que no hay recursos para financiar los PDET24 y viene desmontando el PNIS, que ya venía dando resultados: en 2018, cerca de 100.000 familias responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca habían firmado acuerdos de sustitución. Adicionalmente, el Gobierno ha hecho declaraciones en favor de la erradicación forzada e incluso está haciendo cabildeo por reactivar la aspersión aérea con glifosato (Johnson, 2018). Tampoco ha apoyado los procesos productivos de los guerrilleros en proceso de reincorporación y no es un secreto que el partido de Gobierno es el principal obstáculo para la aprobación de las circunscripciones especiales para las víctimas de la violencia en el Congreso.

Otro punto primordial de la cruzada contra los acuerdos de paz que han emprendido el Gobierno, sus adeptos en el Congreso y los medios de comunicación ha sido el ataque a la JEP. De manera reiterada han intentado restarle legitimidad política a la JEP, acusando a sus miembros de corrupción y de estar sesgados a favor de la izquierda y la insurgencia. A través de estrategias jurídicas, se obstaculizó y dilató su pleno funcionamiento al objetar parcialmente su ley estatutaria o de procedimiento, lo que tuvo como consecuencia la devolución del documento legislativo al Congreso para que fuera nuevamente debatido. Arguyendo vacíos legales e inconveniencias políticas, en marzo de 2019 Duque objetó seis artículos y, de nuevo, afirmó que su interés no es atacar el proceso de paz, sino mejorarlo.

Minuciosos análisis jurídicos han demostrado que esos vacíos e inconveniencias son falaces, entre otras cosas porque ya han sido rigurosamente revisados y explicados en sentencias de la Corte Constitucional. Ante un escenario político adverso para las objeciones, el Gobierno anunció entonces que el camino que queda para conseguir “genuina paz, genuina verdad, genuina justicia y genuina reparación” es la modificación de los acuerdos de paz mediante nuevas iniciativas legales, incluyendo reformas constitucionales. Algunas voces radicales dentro del partido de Gobierno incluso piden una nueva constitución política con la cual podrían no solo modificar los acuerdos, sino también toda la estructura del Estado.

LIDERAZGO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La paz en Colombia ha sido buscada por diversas vías, muchas veces contradictorias entre sí: procesos de negociación, ofensivas militares, presión internacional. En ese ambiente de avances y retrocesos, las iniciativas de paz de la sociedad civil han desempeñado un papel cardinal (Rettberg, 2006: 11-12).

Entre 1978 y 1985 se abonó el terreno en favor de una mayor injerencia de la sociedad civil en asuntos relacionados con la superación del conflicto, pero el activismo fue limitado y se dirigió con mayor énfasis a las reivindicaciones sociales. La etapa entre 1986-1992 estuvo marcada por la activación de la movilización por la paz, pues en medio de procesos de negociación y posterior desmovilización de grupos guerrilleros, se abrieron espacios para la participación ciudadana, campañas por la paz y la convivencia, diálogos regionales e instancias de mediación con actores armados ilegales. El periodo 1993-1999 se caracterizó por masivas movilizaciones por la paz. Entre 2000-2003, a raíz del fracaso del proceso de paz, se observó un debilitamiento de la movilización a escala nacional y un mayor protagonismo del nivel regional y local (Ramírez, 2011: 233).

A lo largo de ese periplo, el movimiento por la paz ha pasado por diferentes etapas caracterizadas por niveles fluctuantes de activistas, la aparición y desaparición de actores y temas y periodos de eficacia diferenciada en el planteamiento de la agenda de la paz (Rettberg, 2006: 12). Vale mencionar que el movimiento por la paz está compuesto por múltiples iniciativas sin coordinación central, pero con un propósito general compartido.

Varios factores explican el auge del movimiento durante la segunda generación de negociaciones de paz que inició a finales de los años ochenta y principios de los noventa:

Las negociaciones que condujeron a la desmovilización del EPL, el M-19, el PRT y el MAQL.

La movilización en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva Constitución, que fue percibida como un tratado paz.

La reacción contra el escalamiento de la violencia.

La crisis política del Gobierno Samper.

La recesión económica, que incrementó los costos del conflicto armado.

Las bases normativas fortalecidas. Por ejemplo, la nueva Constitución, la Ley 134 de 1994 (ley de participación) y la Ley 434 de 1998 (Consejo Nacional de Paz).

La alta disponibilidad de recursos provenientes de cooperación internacional.

El nuevo intento de negociación emprendido por el Gobierno Pastrana (Rettberg, 2006: 19-24).

El movimiento por la paz estuvo compuesto por un amplio rango de afiliaciones sociales, económicas, ideológicas y étnicas, dentro de las cuales se incluyen asociaciones de mujeres y jóvenes, partidos políticos, organizaciones campesinas, ambientalistas, iglesias, sindicatos, gremios, medios de comunicación, ONG internacionales, excombatientes y organizaciones indígenas y afrocolombianas. Los principales temas en los que buscaban incidir las iniciativas de paz eran: ampliación de la democracia, autonomía de las comunidades étnicas, resistencia al conflicto armado, apoyo a los procesos de paz, educación para la paz y el desarrollo (Rettberg, 2006: 25-26).

En ese contexto se observan algunas tendencias interesantes (Rettberg, 2006: 27-32): primero, la vinculación de diversos temas con la paz, el entrecruzamiento de los mismos y la ampliación de las agendas originales de muchas iniciativas ciudadanas que trabajaban, por ejemplo, en materia de igualdad de género o en el mejoramiento de las condiciones laborales. Segundo, la transformación de los temas predominantes en la búsqueda de la paz, por ejemplo, el vínculo de la paz con el desarrollo adquirió relevancia a raíz de la crisis económica de mediados de los noventa. Tercero, la creciente especificidad en la agenda de la paz, que pasó de categorías generales como cultura de paz, justicia social o convivencia, a demandas específicas como el cese del secuestro y las garantías de retorno para las comunidades desplazadas. Cuarto, el incremento en las iniciativas de alcance regional y local, en consonancia con la realidad regionalmente fragmentada del conflicto armado. Quinto, la formulación de estrategias de resistencia y construcción de paz autónomas, es decir, sin contar con el respaldo estatal ni esperar ningún beneficio a cambio.

Durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) el movimiento por la paz se desinfló debido al contexto internacional marcado por la “guerra contra el terrorismo”, la preeminencia de las salidas bélicas o armadas como respuestas a los conflictos, el desprestigio de la negociación y el diálogo, el recrudecimiento del conflicto armado, la polarización, la estigmatización y la violencia en contra de defensores de derechos humanos, docentes, sindicalistas, periodistas, promotores de paz y líderes sociales. Pese a que el número de iniciativas y sus correspondientes acciones decrecieron, la resistencia en los territorios y las demandas de construcción de paz provenientes de distintos ámbitos sociales no desaparecieron (Montaña, 2007). La situación se mantuvo prácticamente igual durante el segundo gobierno de Uribe (2006-2010).

El movimiento por la paz se revitalizó con la negociación entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente después del resultado del plebiscito de refrendación. Antes de este, la actividad ciudadana por la paz —fuertemente liderada por organizaciones de jóvenes— se concentró en la pedagogía sobre el acuerdo; posteriormente se concentró en exigir la pronta consecución de un nuevo acuerdo y la implementación de este (Osorio, 2016).

Ante los resultados del plebiscito, la primera estrategia fue la movilización, por lo que se realizaron marchas, “velatones”, batucadas y actividades por el estilo. Posteriormente, se focalizó en la conformación de grupos estructurados para abordar aspectos jurídicos, propuestas de innovación, pedagogía, relaciones externas, logística y comunicaciones, con el fin de construir nuevas formas de movilización e injerencia política para exigir el respeto al cese al fuego bilateral y los pactos alcanzados en la mesa de negociación, así como la salvaguarda del acuerdo de los intereses y las manipulaciones partidistas (Osorio, 2016).

Actualmente, Colombia enfrenta una alta posibilidad de sufrir una nueva decepción frente a la paz: la soterrada cruzada del Gobierno por desmantelar el acuerdo con las FARC-EP, la incertidumbre e impotencia que generan los incumplimientos con los exguerrilleros, el resurgimiento de los enfoques coercitivos para enfrentar el conflicto, la intensificación del mismo por cuenta de las confrontaciones entre viejos y nuevos grupos armados ilegales y la victimización a la población civil, especialmente a los líderes sociales, representan graves amenazas de que el país podría retornar a un nuevo ciclo de violencia. Sin embargo, la recia defensa del acuerdo que han emprendido algunos sectores políticos, la sociedad civil organizada (en especial las víctimas) y la comunidad internacional no dejan fenecer las esperanzas de paz en Colombia, más aún después de haber logrado un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla más grande e importante del país.

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CAPÍTULO 2

EL LIDERAZGO EN EL CONFLICTO VASCO: PROTAGONISMO(S)

FELIX ARRIETA Y EIDER LANDABEREA

INTRODUCCIÓN

El 20 de octubre de 2011 ETA anunció en un comunicado “el cese definitivo de su actividad armada”. Lo hizo tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco (Conferencia de Aiete, Donostia). Años después, el 17 de marzo de 2017, la organización anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones, el cual se hizo efectivo el 8 de abril de ese mismo año. El 3 de mayo de 2018, y tras un debate interno, ETA comunicó haber tomado la decisión de dar por terminado “su ciclo histórico” y confirmó la disolución de sus estructuras tras 59 años de existencia. El trayecto recorrido hasta mayo de 2018 no ha sido ni sencillo ni corto; han sido muchas las idas y venidas, y varios los intentos llevados a cabo por distintos actores para llegar a ese momento.

En este capítulo realizaremos un breve repaso de este largo y difícil camino que comenzaremos a recorrer en 1977, año en el que se celebraron las primeras elecciones generales tras cuarenta años de dictadura. El recorrido, fundamentalmente cronológico, se ha estructurado atendiendo a los actores principales que han protagonizado las distintas etapas del proceso que culmina en mayo de 2018. De esta manera, tras un apartado dedicado a exponer los elementos clave que han caracterizado el conflicto vasco y otro que contextualiza el inicio del camino señalado, el capítulo se organiza en cuatro secciones principales cuyos ejes son, precisamente, esos protagonismos: 1) los distintos ejecutivos españoles desde la década de los ochenta; 2) el liderazgo de los partidos vascos en los años noventa (Ajuria Enea, 1988 y Lizarra-Garazi, 1998); 3) la movilización de la sociedad civil, y 4) la respuesta de la izquierda abertzale (Declaración de Anoeta, 2004). El capítulo finaliza con un apartado en el que sinterizaremos las principales conclusiones.

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO VASCO

El conflicto acaecido en el País Vasco se extiende mucho más allá de sus manifestaciones violentas. Son muchos los autores que han analizado la historia contemporánea del País Vasco y variadas las perspectivas que hacen referencia al origen social y político de lo que allí acontece. La principal diferencia analítica (también política y social) al respecto radica en la existencia de un conflicto político previo (y posterior) a la aparición de la banda terrorista ETA y a las consecuencias que ello ha supuesto en la sociedad vasca25.

Una aproximación a lo sucedido en el País Vasco durante los últimos 40 años nos lleva a poner el foco en los elementos explicativos de esta realidad. Los elementos más claros y característicos son los apuntados por Mínguez-Alcaide, Alzate y Sánchez (2014):

Las diferentes manifestaciones de violencia ejercidas por ETA y grupos afines, por el Estado español y por grupos parapoliciales o de extrema derecha. Estas manifestaciones traen aparejados los procesos de sufrimiento y victimización correspondientes. Según el informe de Landa, Carmena, Múgica y Uriarte para el Gobierno vasco (2013), ETA y sus grupos derivados han causado alrededor de 837 muertes y 2.600 heridos; por su parte, los GAL, grupos parapoliciales y de extrema derecha son responsables de al menos 73 muertes y 426 personas heridas. De acuerdo con Argituz (2017), las fuerzas de seguridad del Estado español han ocasionado 100 muertes y 650 personas heridas. Además, alrededor de 4.113 personas pueden haber sido víctimas de torturas y malos tratos según el informe realizado para el Gobierno Vasco por Etxeberria, Martín Beristain y Pego (2017).

La vulneración de las necesidades humanas básicas. El estudio de Mínguez-Alcaide, Alzate y Sánchez (2014) defiende la presencia de una estrecha vinculación entre la vulneración de las diferentes necesidades humanas básicas y la existencia del conflicto. Más específicamente, la vulneración de las necesidades de seguridad e identidad colectiva ocupan un lugar central en la definición del propio conflicto.

La interdependencia negativa entre las identidades colectivas vasca y española. Se refiere a la percepción según la cual la supervivencia de la propia identidad colectiva solamente es posible a costa de la desaparición de la otra. Todo ello se acrecienta en un contexto secularizado, de amplia presencia en Europa y también en el País Vasco, puesto que ha facilitado la sustitución del concepto de Dios por el concepto de patria y su consecución en absoluto (Elzo y Arrieta, 2005; Casquette, 2009).

Cuestiones ideológicas y políticas. El conflicto vasco da cuenta de una contradicción nacional acerca de cuál debe ser el estatus político, jurídico y administrativo de los territorios vascos. Coexisten distintas y enfrentadas visiones y proyectos al respecto.

Violencia cultural y legitimación de la violencia. La legitimación de la violencia del Estado español se vincula a la ideología del Estado nacional, según la cual el monopolio de la violencia del Estado hace que este pueda usar todos sus recursos para acabar con ETA y garantizar la unidad de España. Por su parte, ETA ha justificado su violencia atribuyéndole una función defensiva, es decir, su violencia sería una respuesta ante la historia de dominación del Estado español sobre los territorios vascos, lo que supone la existencia de un conflicto político y armado provocado por el Estado español y anterior a la existencia de ETA. La violencia de ETA ha sido justificada, también, en la necesidad de luchar por la supervivencia de la identidad vasca y la supervivencia de la lengua vasca, el euskera.

CONTEXTUALIZACIÓN: LA MUERTE DE FRANCO Y LOS PRIMEROS MOMENTOS DEL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA

El proceso de transición política desde la dictadura de Franco hacia la democracia en España duró casi cuarenta años. Ha sido calificado como ejemplar por dos elementos que ciertamente lo caracterizaron: se trató de un proceso razonablemente pacífico y se basó en amplios consensos fundamentados en la valoración del debate y la negociación entre distintos. No podemos dejar de mencionar que esta visión un tanto idílica del proceso está siendo cuestionada desde ámbitos políticos y academico-intelectuales. Los primeros están visibilizando un relato que, precisamente, cuestiona de raíz lo idílico del proceso; los últimos señalan la importancia de los movimientos sociales en general y del movimiento obrero en particular como agentes protagónicos en el proceso de cambio. Ambas respuestas se diferencian del relato generalizado que, por un lado, ha sostenido la importancia de personas concretas que desempeñaban roles de responsabilidad política en ese momento y, por el otro, se ha limitado a la visión/historia de la “alta política” y de la política institucional.

Sin caer en idealizaciones ni en demonizaciones del proceso de “cambio”, es innegable que la Transición en España fue un proceso complejo, agitado, diverso e incluso contradictorio, tal y como defienden muchos historiadores. Así también ocurrió en el País Vasco. El proceso de transición política en Euskadi, aunque subordinado al proceso de cambio general, tuvo problemas y características particulares. Dichas particularidades pueden observarse, por ejemplo, en el comportamiento electoral: las tasas de abstención y voto negativo que el referéndum constitucional tuvo en el País Vasco fueron superiores a la tendencia del resto del Estado español26. Asimismo, el sistema de partidos políticos en el País Vasco presenta ciertas peculiaridades que ha llevado a distintos politólogos a hablar de un modelo de “pluralismo polarizado” (Sartori, 1980), caracterizado por la heterogeneidad ideológica y por contar con varias líneas de fractura. A la división clásica entre izquierda y derecha se añade la línea de tensión entre partidos nacionalistas/abertzales y estatalistas/españolistas. Estos rasgos característicos han llevado a muchos autores a calificar el sistema como “multidimensional”27. Durante la Transición, esta multidimensionalidad estuvo encarnada por cuatro grandes tendencias políticas: el centro derecha español, representado por Unión de Centro Democrático (UCD); la izquierda estatal, representada por el Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español (PSE-PSOE); el nacionalismo histórico representado por Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), y la izquierda abertzale, representada por las coaliciones Euskadiko Ezkerra (EE) y Herri Batasuna (HB), en los primeros momentos del cambio.

Otro ingrediente que reafirma la particularidad del caso vasco en comparación con el resto del Estado español es el mayor nivel de movilización política y social de diversos sectores de la sociedad vasca en torno a una serie de reivindicaciones como la amnistía, la legalización de la ikurriña28 o la autonomía. Otro de los elementos diferenciadores es la actuación del Estado español en materia de Orden Público, la cual ha sido especialmente dura en el País Vasco durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición29. Otra particularidad está definida por la violencia de ETA (Euskadi ta Askatasuna, 1959), que no solo no cesó, sino que incrementó sus acciones en el periodo que estamos analizando30. La violencia política fue un elemento que formó parte del proceso de transición, aunque continuará durante muchos años más; tanto organizaciones de extrema derecha vinculadas al régimen anterior como ETA cometieron atentados que se saldaron con un número importante de víctimas.

El primer atentado mortal de ETA tuvo lugar en 1968 y la víctima fue el guardia civil José Antonio Pardines. En el mismo año, asesinó al comisario Melitón Manzanas. En 1973 ETA cometió el atentado contra Carrero Blanco, ministro de Franco. Dicho atentado tuvo una gran repercusión social e internacional. En 1974 colocó una bomba cerca de la Dirección de Seguridad, en la cafetería Rolando de Madrid. El saldo de la explosión fue de 12 muertos, casi todos civiles. En el mismo año (1974) la dictadura ejecutó a Salvador Puig Antich (anarquista catalán) y a un preso común por el método de garrote vil31. En septiembre de 1975 tuvieron lugar los fusilamientos de los miembros de ETA Jon Paredes (Txiki) y Ángel Otaegi; también de Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez y Ramón García, tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Meses más tarde, el 20 de noviembre, falleció el dictador, pero no desaparecieron ni la tensión ni la violencia.

Considerando la cantidad de muertos que causó y su duración en el tiempo, ETA ha sido, sin duda, la organización que más atentados ha cometido y más muertes ha causado. 1978, 1979 y 1980 quedarán registrados como los años más sangrientos de su historia con 65, 76 y 89 muertos, respectivamente.

Los gobiernos españoles constituidos a partir de las primeras elecciones generales celebradas tras la dictadura franquista en junio de 1977 exploraron el establecimiento de contacto y diálogo con la organización. Como resultado de estas iniciativas, ETA decretó varias treguas y altos al fuego, algunos parciales y otros indefinidos. Desde estos primeros intentos hasta la disolución definitiva de ETA han transcurrido 38 años; 38 años de muchas idas y venidas, con distintos acontecimientos y protagonistas que resumiremos en las siguientes páginas.

LOS DISTINTOS EJECUTIVOS ESPAÑOLES LO INTENTAN

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1976, en las etapas previas a la celebración de las primeras elecciones generales y en el contexto del referéndum para la Ley de Reforma Política, se produjeron los primeros contactos entre representantes del Gobierno español y ETA-pm en Suiza. ETA-m se incorporó a esta dinámica en febrero de 197732. Mientras se produjeron estos contactos de forma secreta, ETA no dejó de actuar y protagonizó atracos, secuestros y asesinatos, entre los que destacan los secuestros y posteriores asesinatos del industrial Ángel Berazadi (abril de 1977) y del empresario, exalcalde de Bilbao y expresidente de la Diputación de Vizcaya, Javier Ybarra (junio de 1977). Ambos hechos fueron reivindicados por ETA-pm.

Los gobiernos españoles constituidos en la década de los ochenta mantuvieron las conversaciones y contactos con ETA.

Hubo diversos encuentros entre los gobiernos de UCD presidios por Adolfo Suárez y ETA, pero no fue hasta el tercer y último ejecutivo centrista, presidido ya por Leopoldo Calvo Sotelo, cuando estos contactos y negociaciones tuvieron algunas consecuencias. La principal fue la disolución de ETA-pm y la consecución de un acuerdo para un plan de reinserción de los miembros de ETA que dejaran las armas. Juan María Bandrés y Mario Onaindia, dirigentes de la coalición de la izquierda abertzale EE, mediaron entre ETA-pm y el Gobierno, cuyo representante en estas negociaciones fue Juan José Rosón, ministro del Interior en ese entonces. Las negociaciones se llevaron a cabo en un contexto muy difícil marcado por los atentados de ETA, las intervenciones de las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado y el intento de golpe de Estado de Tejero del 23 de febrero de 198133. Con todo, el 30 de septiembre de 1982, en una rueda de prensa y a cara descubierta, los dirigentes de ETA-pm VII Asamblea anunciaron su disolución. Los miembros de ETA-pm que discreparon de esta decisión terminaron militando en ETA-m, que continuó su actividad.

También hubo varios intentos de los gobiernos socialistas, que, tras ganar las elecciones de 1982 y presididos por Felipe González, llevaron a cabo distintas iniciativas para negociar con ETA. Hubo distintos contactos exploratorios entre el Gobierno, Domingo Iturbe (Txomin) y Eugenio Etxebeste (Antxon), ambos dirigentes de ETA; estos se adelantaron con la mediación de EAJ-PNV. Sin embargo, no fue hasta comienzos del tercer ejecutivo socialista cuando se produjeron las que se conocieron como “conversaciones de Argel” entre el Gobierno español presidido por Felipe González y ETA. Se trató de una negociación larga e intensa. Los primeros contactos se realizaron en 1986 con Domingo Iturbe Abasolo (Txomin), que se encontraba deportado en Argelia. El abogado Jorge Argote, el comisario Manuel Ballesteros y el secretario de Estado para la Seguridad, Julián Sancristóbal, fueron quienes mantuvieron los primeros contactos con Txomin hasta que este falleció en febrero de 1987. El diálogo se retomó con el segundo al mando de ETA, Eugenio Etxebeste, Antxon, que fue trasladado a Argelia desde Ecuador, donde se encontraba deportado. Julen Elgorriaga, delegado del Gobierno en Euskadi, fue quien retomó el diálogo con Antxon.

Las conversaciones fueron intermitentes y, mientras transcurrían, ni ETA ni el ejecutivo español dejaron de actuar. El Ministerio del Interior, dirigido por el ministro socialista José Barrionuevo, organizó tres frentes de lucha contra ETA: el frente policial, la colaboración con Francia y la llamada “guerra sucia”. ETA, por su parte, intensificó sus atentados en 1987 como forma de presionar las negociaciones. En febrero de ese año secuestró al empresario Emiliano Revilla, a quien liberó en octubre, tras 249 días de cautiverio. En junio atentó contra Hipercor34 (Barcelona), causando la muerte a 21 personas e hiriendo a unas 45. La policía detuvo a la cúpula de ETA en Bidart. ETA terminó el año atentando contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre y ocasionando 11 muertos y 88 heridos.

En enero de 1989 ETA anunció una tregua de 15 días que coincidió con la detención del entonces número uno de la organización, Josetxo Urrutikoetxea (Josu Ternera). El anuncio de tregua facilitó una reunión entre ETA (Eugenio Etxebeste “Antxon”, Ignacio Aracama “Makario” y Belén González) y el Ejecutivo socialista (Rafael Vera, entonces secretario de Estado para la Seguridad, y Juan Manuel Eguiagaray, delegado del Gobierno en Murcia en esa época, ambos hombres de confianza de José Luis Corcuera, ministro del Interior). El encuentro se celebró el 14 de enero de 1989 y fue la primera de seis reuniones desarrolladas entre enero y abril con la colaboración del Gobierno argelino. No hubo resultados y las conversaciones se dieron por terminadas sin éxito el 10 de abril de 1989.

También los sucesivos gobiernos de José María Aznar (1996-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) establecieron procesos de negociación con ETA. El proceso iniciado con el Gobierno Aznar fue breve y no se produjo más que una reunión en Suiza. Durante el Gobierno de Zapatero se logró un proceso de más hondo calado que transcurrió en dos fases. Profundicemos un poco más en este último.

Desde su llegada a la Moncloa35 en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero explicitó su intención de resolver el “conflicto vasco”. Los acercamientos que en años precedentes habían tenido lugar entre dirigentes del PSE y líderes de la izquierda abertzale (especialmente entre Jesús Egiguren y Arnaldo Otegi) fueron dando sus frutos y a finales de 2004 se produjo la Declaración de Anoeta. En ella, Arnaldo Otegi expuso en público la propuesta de crear dos mesas para la resolución del conflicto: una entre el Gobierno y ETA (los interlocutores de ETA fueron Josu Urrutikoetxea “Ternera” y Xabier López Peña “Thierry”), y otra entre los distintos partidos políticos. En mayo de 2005, el presidente del Ejecutivo español expuso en un Pleno del Congreso su propuesta de paz. A partir del verano de 2005, y hasta finales de 2006, se produjeron distintas reuniones y encuentros entre ETA y el Gobierno español en Oslo y varias localidades suizas. ETA declaró un alto al fuego permanente el 24 de marzo de 2006; en junio de ese mismo año el presidente Rodríguez Zapatero anunció que iniciaría conversaciones directas con ETA para lograr el fin de la violencia. Además, entre septiembre y noviembre de 2006 se realizaron 12 reuniones en el Santuario de Loiola entre EAJ-PNV, PSOE y Batasuna36 que finalizaron también sin éxito y que fueron perfectamente descritas por Imanol Murua (2010).

En el segundo semestre de 2006 el proceso vivió una crisis de desconfianza mutua: la izquierda abertzalefue presionada por medio de varias detenciones; el PP, en la oposición, ejerció mucha presión política; ETA siguió rearmándose, aumentó la violencia callejera y las exigencias mutuas fueron muchas. Sin previo aviso, ETA hizo explotar una bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid el 30 de diciembre de 2006. Después de ello, el Gobierno oficializó la ruptura de las negociaciones.

Pese a lo tenso del contexto, durante 2007 todas las partes aludieron a la necesidad de retomar las conversaciones: tanto Otegi, que solicitó a ETA que mantuviera “intactos” los compromisos de su declaración de alto al fuego permanente del 22 de marzo de 2006, como Rodríguez Zapatero, que además de prometer firmeza policial declaró no renunciar al final dialogado si ETA abandonaba las armas. ETA le envió una carta al presidente del Gobierno para retomar los contactos. Esa fue la última vez que algún Gobierno se sentó con ETA.

LA INICIATIVA PASA A EUSKADI: EL LIDERAZGO DE LOS PARTIDOS 
EN AJURIA ENEA (1988) Y LIZARRA-GARAZI (1998)

El pacto de Ajuria Enea puede considerarse como el primer gran acuerdo político de la etapa democrática firmado por la mayoría de los partidos políticos vascos, excepto HB. El manifiesto, que apostaba por la normalización y la paz en Euskadi, fue suscrito por Alfredo Marco Tabar, de CDS; Inaxio Oliveri, de EA; Txiki Benegas, del PSE; Kepa Aulestia, de EE; Xabier Arzallus, de EAJ-PNV, y Julen Guimón, de AP. El acuerdo abogaba por la construcción de un frente común en contra de la violencia de ETA y por la salida dialogada al conflicto vasco con la condición de que los actos violentos cesaran.

El Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi supuso un punto de inflexión en la historia contemporánea del País Vasco en muchos sentidos. Fue suscrito el 12 de enero de 1988 por todas las fuerzas políticas, excepto por HB. Censuró toda violencia y, por vez primera, explicitó el apoyo de todos los partidos a acción policial contra ETA. También solicitó la derogación de la legislación especial contra el terrorismo.

Los firmantes del Pacto de Ajuria Enea entendieron que el Estatuto de Autonomía de Guernica37representaba la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y que, por lo tanto, era el “instrumento necesario para el autogobierno y para lograr la normalización del país”. En este mismo sentido, el manifiesto sitúa al Ejecutivo vasco como líder de “toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz”. Los partidos políticos vascos firmantes del documento reclaman protagonismo en el proceso de normalización y pacificación de Euskadi, y dejan claro que aun apoyando todos los procesos de diálogo entre los ejecutivos españoles y ETA “las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular” en clara alusión a las “conversaciones de Argel” que se estaban produciendo en ese momento y a la propuesta de ETA de creación de una mesa de negociación política entre el PSOE y HB. Un claro ejemplo de esta reivindicación por mayor protagonismo de los partidos vascos que firmaban el acuerdo fue la manifestación realizada en marzo de 1989 en Bilbao. El lehendakari38 del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, y la recién constituida mesa de Ajuria Enea convocaron la manifestación para pedir la paz. La asistencia fue multitudinaria, aunque también hubo contestaciones de HB y ETA. Esta división produjo el endurecimiento de las posturas durante las negociaciones.

El pacto o mesa de Ajuria Enea llegó a su final cuando el lehendakari Ardanza presentó formalmente su propuesta de articulación para el final de la violencia, la cual también incluía un acápite referido a la relación entre la comunidad autónoma de Euskadi y España. Esta propuesta se conoció como el Plan Ardanza. Los partidos “constitucionalistas” (PSE y PP) se levantaron de la mesa aduciendo que no era el espacio oportuno para presentar dicha propuesta. La mesa de Ajuria Enea fue, en cualquier caso, un espacio en el que se articuló la posición de liderazgo de los partidos vascos y una valiosa experiencia de decisión e interlocución.

Diez años más tarde, y con distintos actores, tuvo lugar el segundo espacio en que se pudo evidenciar el liderazgo de los partidos vascos a la hora de escenificar posibles salidas a la situación vasca. En 1998 los partidos políticos EAJ-PNV, EA, Euskal Herritarrok (EH), Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB), así como asociaciones y sindicatos del ámbito vasco, firmaron el acuerdo de Lizarra-Garazi. Este giró en torno al derecho a decidir como herramienta de solución del conflicto. Por primera vez hasta entonces se produjo la ruptura del eje “demócratas-violentos” y se sustituyó por el de “nacionalistas-constitucionalistas” o “nacionalistas vascos-nacionalistas españoles”. Además, los firmantes se comprometían a apoyar la gobernabilidad institucional. Después de la firma de este acuerdo, ETA declaró una tregua. En las elecciones celebradas en la CAE en 1998, los partidos firmantes del acuerdo obtuvieron 755.000 votos y un lehendakari (Juan José Ibarretxe) fue elegido gracias a un acuerdo firmado con EH. El Gobierno español con el presidente Aznar a la cabeza habló de “movimiento vasco de liberación nacional” y nombró una comisión formada por tres personas. Su objetivo era explorar las posibilidades de duración de la tregua de ETA.

Durante los meses de tregua tuvo lugar en Zúrich un encuentro entre el Ejecutivo español y los dirigentes de ETA Mikel Albisu (“Antza”), Vicente Goikoetxea y Belén González. ETA rompió las conversaciones en agosto de 1999 sin resultados positivos y la tregua finalizó en noviembre de 1999. ETA argumentó el fin de la tregua responsabilizando a los partidos nacionalistas (EAJ-PNV y EA) de no haber hecho lo suficiente para alcanzar los objetivos planteados. Ese fue el final del segundo intento de colaboración entre partidos que también implicó su liderazgo.

El final de la tregua supuso la vuelta a los atentados. Entre los más impactantes se encuentran los que se dirigieron a los políticos socialistas Fernando Buesa y Ernest Lluch. El lehendakari Ibarretxe rompió su acuerdo con EH, lo que supuso el final práctico del Pacto de Lizarra-Garazi. En diciembre de 2000 el PSOE y el PP firmaron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo (Pacto Antiterrorista) reforzado más adelante por el contexto de lucha contra cualquier grupo terrorista tras los atentados del 11S de Nueva York. ETA quedó inscrita en la lista estadounidense de organizaciones terroristas.

LA SOCIEDAD CIVIL SE MOVILIZA CONTRA ETA

La sociedad civil ha jugado un papel fundamental en la configuración del proceso de paz de Euskadi. Muchos autores han destacado la histórica presencia de la acción movilizadora en la sociedad vasca en distintos ámbitos sociales y económicos. Pese a su presencia sostenida, debemos situarnos hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa para subrayar los hitos más significativos.

En 1985 empieza a tomar forma Gesto Por la Paz. A principios de los años noventa surgió Elkarri, un movimiento por el diálogo que luego se convertiría en Lokarri. Estos dos movimientos son las iniciativas más significativas de articulación de la sociedad civil para la conformación de movimientos en contra de la violencia. Ambas iniciativas pueden ser consideradas ejemplos del liderazgo de la sociedad civil en la construcción de la paz. Según Gago (2017) el cambio de modelo político que se consolidó en la década de los ochenta, así como la consolidación de las opciones nacionalistas para obtener el poder, propiciaron la aparición de dichos movimientos.

Ambos movimientos tenían un eje común fundamentado en la reivindicación de la no violencia, el fomento de la movilización ciudadana y los llamados al entendimiento y al diálogo. Mientras estuvieron activos, convocaron a cientos de movilizaciones y manifestaciones en las que posicionaron públicamente sus principios articuladores. Veamos un poco más de su historia.

Gesto por la Paz surgió en 1984 como resultado de una serie de pequeños “gestos” (concentraciones públicas) en rechazo a los atentados de ETA. En 1989 la Coordinadora Gesto por la Paz y el Movimiento por la Paz de Euskal Herria hicieron un llamamiento a la movilización conjunta que tuvo como resultado la creación de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Gesto por la Paz se caracterizó por los llamamientos a manifestaciones y concentraciones con lemas como “La paz es el camino” o “Demos una oportunidad a la paz”. El 1 de junio de 2013 realizó su acto público de despedida.

Elkarri nació en 1992 como movimiento social por el diálogo y el acuerdo. Su precedente más inmediato fue la coordinadora Lurraldea, que tuvo un papel significativo en el diseño final de la autovía de Leitzaran, entre Guipúzcoa y Navarra. Durante su existencia hasta 2006, Elkarri organizó varios encuentros en formato de “conferencias de paz”, así como llamamientos a manifestaciones por el acuerdo (Elkarri, 2002). En el año 2006 se convirtió en Lokarri, que promovió la organización de la conferencia de paz de Aiete, en el año 2011. Lokarri se disolvió el 9 de octubre de 2014.

La relación entre ambas organizaciones no fue siempre cordial. En palabras de Gago (2017: 42) la idea de proponer escenarios políticos concretos iba en contra de la filosofía de Gesto por la Paz, mientras que para Elkarri, Gesto por la Paz carecía de un objetivo político concreto. Esto confirma que Elkarri jugaba un papel de mediación que Gesto no buscaba, puesto que su objetivo se centraba en la movilización. A pesar de sus diferentes enfoques, ambas organizaciones jugaron un papel importante en la articulación de las iniciativas civiles frente a ETA.

Es también necesario destacar las iniciativas llevadas a cabo por la Iglesia católica en el País Vasco. Los obispos vascos escribieron innumerables pastorales conjuntas centradas en la necesidad de respetar los derechos humanos y de finalizar la violencia (Setién, 1998; Uriarte, 2006). Igualmente, tanto la Iglesia diocesana como las comunidades de base pusieron en marcha iniciativas para el acercamiento de los distintos actores del conflicto y realizaron varias acciones bajo la reivindicación de la no violencia, tales como las marchas anuales a Arantzazu o la generación de espacios para el encuentro.

En 2016, la capitalidad cultural de Donostia/San Sebastián recogió un gran número de iniciativas puestas en marcha por la sociedad civil durante los últimos años. Su objetivo era encontrar espacios de ausencia de violencia y para la resolución del conflicto. Ello constituye lo que Mínguez (2017) ha llamado el Movimiento Vasco por la Paz, cuyas iniciativas se enumeran en el mencionado artículo del mismo autor.

También conviene destacar que durante estos años se fue consolidando otra de las expresiones de movilización de la sociedad civil: los “movimientos de defensa de las personas afectadas por la violencia”. Así, se crearon asociaciones como Covite o la Asociación de Víctimas del Terrorismo para agrupar a las víctimas del terrorismo de ETA. Otras asociaciones como Etxerat o Senideak agruparon a los familiares de personas presas y tenían reivindicaciones en contra de la dispersión.

Vale precisar que, durante los primeros años de transición, las protestas de los ciudadanos contra ETA no fueron generalizadas. Las manifestaciones civiles en contra de esta organización se reducían a los gritos que los familiares de sus víctimas emitían durante los funerales sus seres queridos. Estas manifestaciones ocurrían mayoritariamente en las honras fúnebres de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Las primeras protestas contra ETA organizadas por partidos políticos tuvieron lugar a finales de junio de 1978. Puede citarse el ejemplo de la movilización convocada tras el asesinato de José María Portell39 el 28 de junio, el cual fue reivindicado por ETA-m. El PCE-EPK convocó una manifestación en Portugalete con el fin de repudiar este asesinato. El lema fue “Estamos hartos de violencia y asesinatos. Askatasuna eta pakea”. El 28 de octubre del mismo año, EAJ-PNV convocó una manifestación en Bilbao “contra el terrorismo” bajo el lema definitivo de “Euskadi askatu eta paketsu baten alde/Por una Euskadi libre y en paz”. La convocatoria fue respondida por HB con una contramanifestación bajo el lema “Por los gudaris40 de ayer y de hoy”.

Casquette (2009) ha analizado las movilizaciones que sucedieron después. El autor afirma que durante los años noventa y la primera década de los 2000, el número de movilizaciones sucedidas en Euskadi ha sido significativamente superior que en otros lugares. La presencia del conflicto incidió directamente en ello, sin duda alguna. Una de las movilizaciones ciudadanas más numerosas contra el accionar de ETA fue la que se produjo en julio de 1997 para rechazar del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La indignación ciudadana se transformó en una movilización que recorrió las calles del País Vasco. Es importante recordar la manifestación que tuvo lugar tras el cierre de Euskaldunon Egunkaria41 (2003) o las que se llevaron a cabo en favor de los derechos de las personas presas, pues ambas tuvieron la capacidad de movilizar a mucha población. Todas ellas forman parte de esa capacidad de tracción y liderazgo de la sociedad civil.

LA IZQUIERDA ABERTZALE MUEVE FICHA: LA DECLARACIÓN 
DE ANOETA (2004)

A principios de 2003, la izquierda abertzale estaba atravesando un proceso de ilegalización motivado por la aprobación de la Ley de Partidos. Esta iniciativa legislativa estaba apoyada por PP, PSOE y una parte del nacionalismo catalán. En este contexto, y con el trasfondo de las conversaciones secretas entre su líder, Arnaldo Otegi, y el dirigente del PSE, Jesús Egiguren, la izquierda abertzale adquirió incluso mayor protagonismo que ETA, elemento que fue decisivo en el proceso de desmovilización de la organización armada.

La declaración de Anoeta42 supuso un cambio de eje frente a las propuestas realizadas hasta entonces por la izquierda abertzale; esta vez se proponía la creación de dos mesas para la resolución del conflicto. El liderazgo de Otegi y de la propia izquierda abertzale fue fundamental en esta etapa. Las estructuras y elites del partido (ilegalizadas desde el año 2003, pero en debate constante) apoyaron la nueva estrategia de desmarque de la violencia de ETA. En el año 2011 se creó Sortu, un partido que en sus estatutos rechazaba la violencia como elemento para la acción política. A partir de las elecciones forales y municipales del año 2011, la izquierda abertzale vuelve a estar representada en las instituciones a través de la coalición Bildu, junto con Eusko Alkartasuna, Alternatiba y personas independientes.

Desde la etapa anterior, la izquierda abertzale fue dando pasos hacia el desmarque de la violencia. A pesar de la encarcelación de varios dirigentes de Batasuna, entre los que estaba el mismo Otegi, esta corriente política se mantuvo firme en rechazar la violencia. En varias declaraciones (Bruselas, Pamplona, Aiete), reiteró que usaría únicamente las vías políticas para conseguir sus objetivos políticos, lo mismo que para hacer frente a cualquier tipo de proceso judicial o afrontar cualquier forma de condicionamiento externo que pudiera presentársele. La estructura del partido, sus liderazgos y la existencia de una estrategia para cada uno de los espacios en que hacían presencia contribuyeron a forjar esta nueva visión. Vale decir que, a día de hoy, todavía se trata de un proceso abierto43.

El 20 de octubre de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Ejecutivo español y Patxi López como lehendakari, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. En mayo de 2018 anunció su disolución.

CONCLUSIONES

El análisis compartido de los últimos cuarenta años de historia nos demuestra claramente que los esfuerzos para interpretar, comprender y resolver el conflicto han sido plenamente compartidos por el País Vasco. Ha habido momentos en que este liderazgo ha correspondido más a los actores institucionales y otros en los que este ha pivotado más en torno a los partidos políticos. También la sociedad civil ha tenido sus momentos de protagonismo. La idea fuerza de este capítulo es el protagonismo coral y compartido de los actores que han formado parte de un camino largo y complejo.

En esta perspectiva, las instituciones son el primero de los actores que se ha analizado. Hemos mencionado a los gobiernos español y vasco y también hemos reconocido las acciones que cada uno ha llevado a cabo desde sus distintas responsabilidades. Estas acciones han dejado en evidencia la fortaleza del tejido institucional del País Vasco, capaz de traccionar y articular en torno a sí mismo dinámicas sociales diversas. Los distintos niveles de éxito que han tenido las iniciativas no han puesto en tela de juicio el tejido institucional. Es más, este ha salido reforzado con el tiempo y a día de hoy es uno de los principales actores en la construcción de los escenarios de reconciliación.

Los partidos políticos son los actores cuyo rol más ha evolucionado tanto en el País Vasco como en el resto de las democracias occidentales. En muchos lugares se está observando como la falta de legitimidad de los partidos hace que estos se disuelvan en plataformas electorales, movimientos o amplias coaliciones en las que se disuelve también su identidad propia. Los partidos políticos del País Vasco no son ajenos a esta realidad, sin embargo, han sido y siguen siendo actores y líderes fundamentales en la construcción de los relatos compartidos y plurales sobre lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Sus decisiones y llamamientos han marcado la agenda política y lo seguirán haciendo. El reconocimiento del protagonismo y la fuerza de los partidos no es incompatible con la aceptación de que también se requieren aperturas y visiones complementarias en la mayoría de los casos.

Mención aparte merece el liderazgo de la sociedad civil. Aunque el momento y las acciones a partir de las que se puede empezar a hablar de la activación de la sociedad civil en el País Vasco son cuestiones ampliamente discutidas, el papel que esta ha tenido como complemento, y en ocasiones como contrapeso, de la acción institucional en esta materia está fuera de toda duda. Precisamente por eso nos ha parecido imprescindible subrayar el liderazgo de la sociedad civil en el proceso que desembocó en el cese y disolución de ETA. Igualmente importante es destacar el rol que sigue ejerciendo en los escenarios posteriores.

El escenario vasco es pues un escenario que, caracterizado por los elementos que hemos visto en este capítulo, ha establecido un marco de liderazgos múltiples. Estos liderazgos múltiples, de distintos niveles, son los que han hecho de la sociedad vasca una sociedad resiliente ante lo acontecido, una sociedad que, a futuro, tendrá que abordar también los retos pendientes en materia de reconciliación.

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SEGUNDA PARTE

PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL PARA LA RECONCILIACIÓN: 
UN ENFOQUE INTERCULTURAL

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL PARA LA RECONCILIACIÓN: 
UN ENFOQUE INTERCULTURAL

XABIER ETXEBERRIA

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se ofrecerá un análisis del significado de la reconciliación, que contiene elementos del enfoque intercultural. Se espera que, una vez terminado el capítulo, el lector reconozca los posibles tipos de reconciliación, sus elementos constitutivos, las situaciones problemáticas o retos que surgen en medio de la materialización de estas propuestas y logre ubicar las principales tendencias del debate público a este respecto. Con el objetivo de ilustrar mejor la forma en que se materializa la reconciliación con enfoque intercultural, se citarán experiencias reales internacionales (Colombia, México, España).

BASES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
COMO FENÓMENO PLURAL Y CULTURAL

LA INEVITABLE DIVERSIDAD CULTURAL DE LO HUMANO

La idea de que la diversidad cultural es un rasgo característico de lo humano ha ido ganando popularidad hasta llegar a ser una verdad comúnmente aceptada. De ahí que nuestras concepciones de la realidad, nuestros valores, nuestras instituciones, etc. estén marcadas ineludiblemente y de modo diferenciado por las particularidades culturales, esto es, por la pluralidad. Diversos pensadores como Geertz (1988) y Walzer (1996) han ido demostrando con una sólida argumentación que los humanos somos seres constitutiva y eminentementeculturales y que ello es incompatible con la existencia de una cultura única o común; por el contrario, da lugar a la existencia de culturas múltiples y, por lo tanto, diferentes.

Las investigaciones también demuestran que esta pluriculturalidad se sostiene como tal en el tiempo. Esto significa que pueden fenecer culturas concretas —en general a causa de opresiones y dominaciones sufridas—, pero, a su vez, emergerán otras culturas. Finalmente, también se ha planteado que la existencia de múltiples culturas no impide la comunicación respetuosa y constructiva entre ellas (comunicación intercultural). Aunque conseguir verdaderas experiencias de comunicación intercultural no es fácil, cuando estas se hacen posibles, producen experiencias muy enriquecedoras para los grupos implicados.

Más recientemente, no solo se ha reafirmado la necesidad de reconocer la diversidad cultural como un hecho socioantropológicamente descriptible, sino que además se ha avanzado en identificar el gran reto ético que esta conlleva: apuntar la existencia de la diversidad cultural implica darles relevancia a los asuntos relacionados con ello y, por tanto, aumenta la sensibilidad frente a los problemas y conflictos que de allí se derivan. Así, aparece la necesidad de superar las violencias intraculturales44 y las violencias interculturales45.

Ahora bien, cuando buscamos superar dichas violencias entramos en una paradoja: por un lado, y dado que estos conflictos ocurren a nivel mundial, necesitamos sustentar tal labor en categorías éticas universales, esto es, llamadas a dirigirse y, en el mejor de los casos, a ser asumidas por la humanidad en su conjunto. Al mismo tiempo, es necesario reconocer la crítica a la universalidad y advertir que las categorías utilizadas no podrían aspirar a ser aculturales, en el sentido de tener pretensiones de ser algo previo o exterior a las culturas que se integrarían en este proceso. Tal pretensión es simplemente un imposible: de cualquier manera, las categorías éticas estarán inevitablemente inmersas en y contagiadas por las culturas en las que se asientan. Con lo que —he ahí la paradoja— lo que parece mostrarse como particular no estaría cualificado para juzgar lo particular.

Afrontamos positivamente esa paradoja cuando proponemos categorías transculturales, es decir, que tienen la pretensión de desbordar las culturas particulares, pero atravesándolas, encarnándose en ellas con sus singularidades y especificidades. En consecuencia, las categorías transculturales son universales en la medida en que aspiran a estar en todas las culturas y servir como criterio para identificar y superar las relaciones de dominación entre culturas, así como los rasgos culturales indebidos. Estas categorías también son pluralmente “inculturadas”, es decir, respetuosas de las diversas culturas y capaces de dejarse transformar a partir del diálogo. Vale decir que este ajustado equilibrio siempre debe estar en evolución, es difícil de lograr y se consigue únicamente a través de diálogos interculturales que merezcan el nombre de tales:

Diálogos en los que se da una circularidad virtuosa de tipo hermenéutico basada en el respeto de ciertos principios de pretensión universal como los de respeto, equidad e imparcialidad entre los participantes.

Se producen intercambios auténticos entre culturas, en los que se ponen sobre la mesa las concepciones de verdad de cada una de ellas y se ponen en diálogo constructivo (diálogos de verdad).

A partir de los diálogos de verdad, se posibilita la concreción de esos y otros principios tanto universales como locales. El desarrollo de este tipo de diálogos también permite observar, examinar y llevar el seguimiento de las inculturaciones que se producen como resultado del proceso de intercambio.

Todo lo anterior puede resultar muy abstracto y aparentemente poco práctico, sin embargo, para demostrar la aplicabilidad de los anteriores postulados, consideremos el tema más relevante al respecto: el de los derechos humanos universales. Los derechos humanos surgieron de la macrocultura occidental. Se refirieron a temas como la propiedad privada, la libertad individual o la relación con la naturaleza. Aunque los postulados sobre estos temas son evidentemente occidentales, el surgimiento de los derechos humanos se acompañó de un discurso que buscaba su expansión global bajo la pretensión de que eran aculturales (o preculturales). Bajo este postulado, los derechos humanos debían imponerse, en la literalidad de la expresión, a todas las culturas. De ese modo, aunque los derechos humanos tenían elementos relevantes que reconocían la importancia de la libertad en ciertos sentidos, implicaban simultáneamente dinámicas culturales opresoras.

Debido a esta dimensión de dominación cultural de los derechos humanos, hay quienes individual o colectivamente han propuesto rechazarlos o no aceptarlos. Tal es el caso de varias agrupaciones indígenas que ponen de presente los límites del universalismo y señalan la existencia de imposiciones culturales. A pesar de la reticencia de varias agrupaciones étnicas y culturales, la mayoría, atinadamente, ha optado por aceptar el marco de los derechos humanos e involucrarse activamente en transformar las dinámicas impositivas existentes en la concepción y concreción universal de los derechos. Como resultado, se han llevado a cabo numerosos diálogos interculturales, que a su vez han conllevado la apertura y el enriquecimiento de los derechos humanos desde distintos horizontes y perspectivas culturales. Hoy puede hablarse de la progresiva conformación de una transculturalidad inculturada, o lo que es lo mismo, una universalidad/pluralidad parcial o relativa cuando se hace referencia a los derechos humanos. Estos ejercicios de diálogo e intercambio intercultural han impactado positivamente en la superación de los ejemplos de dominación antes citados y han tenido efectos positivos en múltiples cuestiones sociales y culturales más, aunque aún queda mucho trabajo por hacer46.

LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LA RECONCILIACIÓN

¿Es la reconciliación una de esas categorías llamadas a tener una incidencia universal? O lo que es lo mismo, ¿es la reconciliación una categoría políticamente relevante en cualquier parte del mundo y en cualquier contexto cultural?

Si bien la reconciliación no tiene la contundencia ni la difusión de otras categorías como libertad/autonomía, soberanía política o justicia distributiva, pensamos que va ganando terreno en esa orientación hacia la universalidad. En cada vez más países se acude a ella para afrontar la superación de los conflictos que se dan en nuestras sociedades. La reconciliación es un referente ético y filosófico útil a la búsqueda de salidas simultáneamente justas y pacíficas a conflictos armados; también contribuye en los procesos de transición de la dictadura a la democracia. Ambas situaciones, tanto los conflictos armados como los gobiernos dictatoriales, atentan contra los derechos: los derechos humanos o los derechos específicos de los pueblos con sus particularidades culturales.

Ante la constatación del creciente uso del concepto de reconciliación, conviene aplicar a ella las mismas reflexiones en relación con la universalidad/pluralidad relativa de las categorías éticas con pretensión de universalidad: la reconciliación deberá abordarse como una categoría que, teniendo rasgos comunes fundamentales que se comparten en los diversos lugares y culturas (es lo que permite hablar en todos ellos de reconciliación), puede también abrirse a la inculturación plural producto del diálogo intercultural correspondiente. Esto es algo que debemos tener especialmente presente considerando los países de referencia inmediata para esta publicación. En España, México y Colombia se da una rica diversidad cultural, tanto por lo que se refiere a las variaciones de la macrocultura occidental como a culturas con otros orígenes, por ejemplo, las indígenas o las afrodescendientes.

En este apartado se abordará esta noción de inculturación aplicada a la reconciliación en el siguiente orden: ofreceremos un planteamiento general sobre la reconciliación, el cual contiene todos aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando se la pretende definir y llevar socialmente a cabo47. Ahora bien, como hemos dicho antes, todo tiene un sesgo y debemos reconocer de antemano que el contenido de esta primera parte tiene un sesgo occidental. A pesar de ello, trataremos de ponderarlo y relativizarlo, apuntando constantemente al horizonte intercultural al que tiene que abrirse esta categoría cuando se encarna en realidades concretas. A este respecto, es necesario apuntar que el contexto en que tiene lugar la reconciliación modula y moldea significativamente la definición que se tome como base para trabajar.

LA RECONCILIACIÓN Y SUS DIMENSIONES

DEFINICIÓN BÁSICA DE LA RECONCILIACIÓN

En términos generales, la reconciliación puede definirse como “restauración de relaciones interhumanas preexistentes que se habían quebrado”. A partir de esta definición podemos plantear los siguientes postulados básicos:

La reconciliación se refiere a una acción que realizan recíproca e imbricadamente dos sujetos: “Nos reconciliamos”48.

La reconciliación presupone la ruptura de una relación anterior que puede calificarse como una buena relación o, al menos, como una relación no negativa.

La ruptura se produce debido a un suceso que creó un enfrentamiento relevante; si dicho suceso creó un enfrentamiento, se deduce que fue interpretado como una ofensa o daño injusto. A su vez, de ello se desprende que hubo una asignación de culpabilidad, con o sin razón, para al menos una de las partes.

Dicha asignación de culpabilidad puede dejar de percibirse como tal. En ese caso no se perdona la acción, sino que se dis-culpa.

La contundencia de la ruptura depende decisivamente, aunque no únicamente, de la intensidad de la heteroasignación del daño, es decir, de la intensidad con la que una o más partes señalan la culpabilidad y se expresan sobre las ofensas o daños causados por otra parte.

Aunque se considera que la reconciliación propicia la restauración de las relaciones, es imposible volver al estado original de la relación antes de la ofensa. La reconciliación, más bien, conduce a que las partes en conflicto integren positiva y creativamente la ruptura, produciéndose así un restablecimiento de la convivencia armónica.

La ruptura de las relaciones se produce debido a referentes valorativos que la parte culpable no cumplió. Por ejemplo, ser o hacer algo; no ser o no hacer algo. En última instancia, estos referentes valorativos se refieren a un deber incumplido hacia el ofendido. En la motivación que impulsa la reconciliación también hay referentes valorativos que buscan restablecerse. Dichos referentes o deberes no deben entenderse como algo impuesto de parte del ofendido o la víctima. Por el contrario, son el producto de una transformación y disposición mutua, lo que a su vez las lleva al acercamiento recíproco conducente a la reconciliación.

Además de estas características o postulados generales de la reconciliación, es necesario reconocer que existen diferencias culturales importantes que introducen importantes variaciones y matices. Estas diferencias aparecen o se manifiestan cuando se contextualiza y se le da contenido real al anterior esquema formal básico. Dichas diferencias culturales son especialmente evidentes en las asignaciones de culpabilidad, en las motivaciones que impulsan hacia la reconciliación y en el modo en que se entiende la restauración de las relaciones.

TIPOS DE RECONCILIACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES

La reconciliación puede ser interpersonal o grupal. En el primer tipo intervienen personas individuales entre las que se dio una ruptura, luego de la cual optan por la reconciliación. En la segunda participan grupos sociales o culturales que comparten una identidad colectiva; cuando las colectividades son muy numerosas, y con el fin de lograr una interlocución fluida, generalmente se utilizan mecanismos de delegación/elección de representantes, quienes se reúnen para contrastar, enfrentar y poner en diálogo sus perspectivas, percepciones y puntos de vista hasta llegar a un acuerdo sobre cómo superar el hecho ofensivo que causó la ruptura de las relaciones armónicamente llevadas.

Esta distinción es importante, pues desde el punto de vista y la subjetividad de la macrocultura occidental, se tiende a considerar que la reconciliación se produce por la iniciativa libre de los individuos. Ello significa que son los individuos concretos los que se reconcilian. Como resultado de esta percepción individual de la reconciliación, tiende a desconfiarse de las reconciliaciones grupales, puesto que se considera que estas últimas dependen de las voluntades, diversas y cambiantes, de los individuos que componen la colectividad: hay que estar muy atentos a que los individuos no se sientan presionados por la colectividad para implicarse en procesos de reconciliación en contra de su voluntad; también existe la posibilidad de que los individuos sean ignorados en medio del predominio de la colectividad y no logren concluir su proceso subjetivo de reconciliación.

Desde la perspectiva de culturas más comunitarias, como las indígenas, se tiende a valorar más, a dar una mayor importancia y a confiar más en las reconciliaciones grupales. La razón es la identificación superior de las personas con las comunidades a las que pertenecen, lo que conduce a la existencia de la concepción de sujetos colectivos. Por supuesto, tanto en el caso de la macrocultura occidental como de la macrocultura indígena y demás cosmovisiones, estamos describiendo tendencias generales, no una realidad unívoca y cerrada a los matices. Es conveniente que cada cosmovisión y sensibilidad, siendo fiel a sí misma, esté abierta a aprender de las demás.

La diferenciación entre lo individual y lo colectivo vuelve a tener relevancia para analizar la ruptura: en el caso de las relaciones interpersonales se trata de rupturas que afectan al ámbito privado49, a historias que las personas —individualmente consideradas— han tejido entre ellas con sus correspondientes acuerdos y deberes, bien sean estos últimos explícitos o implícitos. Por el contrario, en las relaciones intergrupales la ruptura afecta al ámbito público, a las relaciones cívicas entre quienes no se conocen personalmente, pero están unidos por deberes de convivencia, justicia y, en algunas ocasiones, democracia. Los aspectos sentimentales son muy intensos en ambos casos si el motivo de la ruptura es percibido como grave, pero las expresiones de dichos sentimientos son diversas.

También aquí hay trasfondos diferenciados: la sensibilidad o sensibilidades varían asimismo de una cultura a otra, por lo tanto, hablaremos de las sensibilidades culturales; concretamente, nos enfocaremos en la percepción de la distinción privado-público y su relevancia. Para la sensibilidad cultural occidental esta diferenciación tiende a ser muy marcada, definida e importante, mientras que, para sensibilidades culturales más comunitarias como las indígenas, esta diferenciación es menor, menos relevante y, en ocasiones, hay un límite más difuso y complejo entre los ámbitos público y privado. En el primer caso, la sensibilidad cultural occidental tiene el riesgo de subestimar o soslayar las rupturas que afectan a las relaciones colectivas. En el segundo caso, por el contrario, las rupturas y los procesos de reconciliación tienden a abordarse únicamente con parámetros colectivos, poniendo menor importancia en los procesos individuales.

Consideremos ahora las responsabilidades de las partes en la generación de la ruptura, con lo que aparecen las figuras del victimario (o causante del daño) y la víctima (quien sufre el daño causado). Vale recordar que las complejidades de los conflictos hacen que exista la posibilidad de que ambas partes hayan acabado siendo víctimas y victimarios simultáneamente. Sin quitar peso a otros elementos o contextos, puede plantearse que cuando ocurre esta condición simultánea de víctima-victimario, la reconciliación se vuelve una tarea moral más compleja de lo que ya es en sí misma. Es decir, la complejidad y dificultad de la reconciliación es directamente proporcional a lo complejos que sean los fenómenos de victimización, especialmente si existen partes que desempeñan el rol de víctima y de victimario, simultáneamente. Este elemento está presente tanto en la ruptura interpersonal como en la colectiva o cívica; sin embargo, en esta última hay una complejidad mayor por las siguientes razones: 1) la victimización abarca a una colectividad, es decir, a múltiples personas con distintas vivencias y perspectivas de lo sucedido; 2) puede haber simultaneidad de víctimas y victimarios con intrincadas historias de ofensas sucesivas y múltiples entre ellos; 3) además aparece un tercer sujeto: la comunidad política o la sociedad políticamente organizada, con sus diversas estructuras, mecanismos y posturas respecto de la victimización o las victimizaciones. Para terminar, 4) esta comunidad política también puede ser víctima (como en las violencias de intencionalidad política que, dañando a personas concretas, lo que pretenden es dañar sus estructuras) o puede ser victimaria (como cuando las instituciones públicas se utilizan para oprimir reivindicaciones cívicas legítimas de ciudadanos organizados en torno a recursos legítimos de movilización).

Si abordamos ahora el horizonte de la reconciliación, en la versión privada, el objetivo principal es restaurar las relaciones interpersonales entre dos personas o pequeños grupos. Del otro lado, en la versión pública se pretende restaurar la ciudadanía compartida o diversas nociones de convivencia en colectividad/comunidad. Tales diferencias de horizonte conducen a diferencias en los procesos por los que se llega a la reconciliación. Habrá que afrontar cuestiones formalmente similares como la autenticidad en la búsqueda de reconciliación, la buena gestión de las secuelas emocionales de los conflictos y la intención de revelar la verdad respecto a ofensas y daños, etc., todo lo anterior con modos y alcances diversos. Además de esto, no se puede olvidar que en las reconciliaciones cívicas habrá que considerar la participación de las instituciones públicas u organismos colectivos garantes del bien común y de la ciudadanía o colectividad organizada, además de las víctimas y los victimarios.

Con los anteriores elementos claros, pasamos a precisar que en este texto nos vamos a enfocar sobre todo en las rupturas y reconciliaciones cívicas de alcance público. Por lo tanto, son los elementos referidos a este tipo de procesos los que vamos a tomar más en cuenta. Los planteamientos referidos a las reconciliaciones interpersonales también serán de interés y los citaremos en casos en los que consideremos que pueden aportarnos luz sobre las complejidades, multiplicidades y matices propios de las reconciliaciones cívicas o colectivas.

VICTORIA, NEGOCIACIÓN, RECONCILIACIÓN

Hechas las primeras clarificaciones sobre la reconciliación y presentada la variedad de formas y dinámicas que puede tomar, es importante precisar las diferencias existentes entre los horizontes de victoria, negociación y reconciliación cuando se quiere afrontar una ruptura cívica o colectiva para el interés de este trabajo dedicado a la construcción de paz.

Si presuponemos una intención de moralidad y la ausencia de deseo puro de venganza o de dominio, el horizonte de victoria se lo propone quien considera que el acto de ruptura implica una gran inmoralidad de la otra parte, de la que él ha sido víctima. Vencerle es considerado como obtener una victoria sobre el mal y, así, hacer justicia. Esta concepción puede llevar hasta el punto de entender la reconciliación como sinónimo de claudicación o derrota. Pero ¿cómo se le vence sin causar a su vez un mal? Si nos encontramos en un Estado democrático con imperfecciones “razonables”, si quien ha causado la ruptura es un grupo violento que se enfrenta a este Estado, y si el Estado acude únicamente a medios legítimos según los derechos humanos para vencerle —y por tanto a medios que respetan la dignidad de todos—, está claro que el horizonte de victoria se hace legítimo, aunque podamos pensar que no es el mejor y que puede conducir, a su vez, a la comisión de inmoralidades, ofensas y hechos victimizantes. Si nos encontramos en un Estado autoritario y surge una reacción ciudadana de movilización potente contra él, que busca derrocarle a través de medios no violentos e instaurar estructuras acordes con los derechos humanos, está también claro que ese horizonte de victoria es legítimo, aunque acabe encarcelando a los responsables de la situación anterior.

Ahora bien, el horizonte de victoria muestra sus riesgos morales en el hecho de que los estados tienden a activar poderes que suponen violencia ilegítima, y quienes se oponen a ellos tienden a hacerlo utilizando medios violentos inescrupulosamente. Esta sucesión de actuaciones o comportamientos da lugar a que crezca constantemente la carga de inmoralidad e injusticia, lo cual afecta directamente a la victoria que se pretende lograr. Además de eso —dato muy relevante para nuestra indagación—, el horizonte de victoria muestra su límite en que, expresamente, no pretende ser inclusivo: los vencidos son apartados de la nueva realidad de victoria. Si no nos resignamos a estas consecuencias y exclusiones, es necesario proponernos otras metas y mecanismos para superar una situación conflictiva.

Pasando a la negociación, hay dos posibilidades al respecto: una versión de ella se acerca mucho al objetivo de la victoria, es decir, derrotar al contendor. Esto quiere decir que, desde el poder del que se dispone, se persigue y se impulsa la realización de negociaciones y acuerdos con la intención de lograr el máximo posible de objetivos propios y restarle capacidad de acción a la otra parte. En realidad, se trata de una búsqueda de la imposición de fuerza sobre la otra parte, aparentando llegar a un equilibrio por medio de concesiones menores. Aquí el papel o rol que juegan las víctimas y a la justicia es irrelevante, aunque se pueda hacer referencia a ellas retóricamente. Incluso puede haber alusiones a la reconciliación como proceso; sin embargo, dadas las intenciones y motivaciones reales, se hace necesario ejercer una vigilancia crítica con el uso de este término.

De todas maneras, hay otras modalidades honestas de negociación. La segunda versión busca lograr el mejor acuerdo posible según criterios de justicia entre las partes que han roto sus relaciones y buscan restaurarlas para su bien y el bien social o comunitario. En esta situación, se tiene expresamente en cuenta a quienes han sufrido más los daños, es decir, a las víctimas de ambas partes. Este lugar central de las víctimas hace que estas se “contagien” del espíritu de la reconciliación y sean un actor abanderado de la misma. En ocasiones, la reconciliación se hace presente en algunas dimensiones o etapas de la negociación, aunque se asuma que se impone la necesidad de atender las posibilidades reales, más materiales y concretas para lograr implementar los acuerdos negociados50.

La reconciliación pone en cuestión tanto la victoria como la negociación; aunque va más allá de ellas, también recoge algunos de sus elementos centrales. De la victoria, el hecho de que la reconciliación no debe sustituir a la justicia, al mismo tiempo que la cuestiona con preguntas como: a la hora de plantearse la justicia, ¿es positivo, incluso justo, considerar irrelevantes las transformaciones personales de quien ha hecho mal? Si la respuesta apunta a que habría que darles mayor relevancia, ¿no es entonces la reconciliación el modo pleno de gestionar la superación de un conflicto, aunque habrá que ver cómo integrarla con la justicia? En cuanto a la negociación, es importante tirar del hilo de esa modalidad que en realidad añora la reconciliación y tratar de hacerla presente en la mayor parte posible del proceso, a fin de que se acabe resaltando con claridad que el ideal ante las relaciones cívicas rotas es su restauración a través de la reconciliación, puesto que devuelve las posibilidades de construir una convivencia armónica a nivel colectivo, lo que tiene beneficios evidentes a escalas sociales y comunitarias. En cualquier caso, las diferencias entre la reconciliación y los modelos anteriores (de negociación y de victoria) se percibirán más claramente cuando abordemos sus fundamentos éticos o móviles primarios.

VARIEDADES DE LA RECONCILIACIÓN EN FUNCIÓN DE SUS FUNDAMENTOS

La reconciliación no varía únicamente en función de sus sujetos, según ya lo vimos en los apartados anteriores; varía también en función de los fundamentos éticos y de sentido en los que se apoya.

Estos fundamentos pueden ser de dos tipos: religioso-espirituales y seculares. En ambos hay una dimensión ética, pero en los primeros hay un marco de sentido que trasciende lo humano, mientras que los segundos se nuclean en torno a una ética que encuentra su consistencia en lo humano mismo.

Esta ética secular, asentada en la racionalidad, practicada en la deliberación pública e integradora de la dimensión moral de los derechos humanos, apunta hacia la reconciliación cuando se propone el ideal de inclusión cívica de todas las personas, incluso las que han delinquido, cuando busca una justicia restaurativa ante la comisión de delitos, cuando propugna y alienta virtudes cívicas para la convivencia con las que hacer frente a las rupturas que puedan presentarse, etc.

La fundamentación religioso-espiritual de la reconciliación tiene que ver, específicamente, con concepciones de la realidad ligadas a la existencia de entidades o fuerzas superiores a las humanas bajo la forma de Dios. De acuerdo con estas concepciones, el objetivo último puede ser la búsqueda de una armonía global (espiritualidades holistas, como las orientales y las indígenas, con diferencias entre ellas), o la restauración de las relaciones con entre la humanidad y Dios o entre la humanidad misma (religiones como la cristiana y la judía, con diferencias entre ellas). En ambos casos, el amor ocupa un lugar central, y es a partir de este que nos sentimos convocados para afrontar nuestras rupturas y diferencias a través del perdón y la reconciliación.

No es este el lugar para desarrollar a profundidad estas fundamentaciones que acabamos de formular con trazos excesivamente gruesos y, por tanto, inexactos. Nos interesa únicamente destacar la función que pueden y deben desempeñar en la reconciliación cívica. Bajo la modalidad occidental se plantea del modo siguiente:

Primera consideración: todas las personas gozan del derecho humano que les permite elegir libremente entre las propuestas religiosas y de espiritualidad, lo mismo que entre las propuestas estrictamente seculares. En la medida en que la mayoría de las sociedades y agrupaciones se organizan a partir del modelo estatal, la fundamentación de una reconciliación que pretenda resonar entre todos o la mayoría de los ciudadanos debe ser secular. Aunque se reconocen los aportes de cada una de las tradiciones religiosas a la vida en sociedad, no es posible asumir los valores o principios de una sola religión para que sirvan de base a un proceso amplio de reconciliación. Esto se debe a que las concepciones religioso-espirituales tienen una diversidad de planteamientos y principios incompatibles entre ellas, lo cual conlleva que surjan conflictos entre las colectividades sociales si se impusiera uno de ellos como parámetro para adelantar un proceso de reconciliación cívica.

Segunda consideración: los dos tipos de fundamentación no son excluyentes entre sí. Es cierto que quien rechaza todas las referencias religioso-espirituales por considerarlas ilusorias las excluye y opta por quedarse únicamente con la referencia secular. Por el contrario, quien acoge alguna tradición religiosa desde la fe y desde la experiencia interior, por lo general se inscribe también en una comunidad de sentido mayor, como la sociedad, su país, la ciudadanía, etc. De este modo, tiene que integrar los postulados de la religión a la que se inscribe con los de la referencia secular que tienen que ver con los derechos humanos, aun cuando haya diferencias culturales. Hay además otra posibilidad interesante: que esta persona participe de los espacios públicos en los que se trabaja por la reconciliación y se remita a los referentes seculares que comparte con todos los ciudadanos, mientras que, al mismo tiempo, pueda aportar elementos desde sus referentes religioso-espirituales que sean compatibles con la dinámica secular y que contribuyan a agilizar y facilitar el proceso de reconciliación.

Tercera consideración: aunque se propone la separación entre las dos fundamentaciones, esto no quiere decir que haya una separación o exclusión radical. Ya hemos subrayado que la fundamentación religioso-espiritual debe acoger dimensiones de la fundamentación secular, y también puede ser una gran fuerza motivacional que confluya con la fundamentación secular para dar más fuerza a las iniciativas reconciliadoras (piénsese, por ejemplo, en las iniciativas de dar y pedir perdón en medio de los procesos de reconciliación). Pero hay algo más: las fundamentaciones religioso-espirituales pueden aportar elementos relevantes de sus tradiciones a las fundamentaciones seculares, siempre lo hagan en el marco de las reglas de juego seculares. Por ejemplo: recientemente, varios estados nacionales y líderes políticos, en nombre de su nación, han pedido perdón por las opresiones que sus pueblos han infringido en el pasado a otros pueblos. Estos actos tienen como trasfondo el esquema del perdón cristiano, sin embargo, se llevan a cabo a través de instituciones laicas o seculares, en las que se separan de sus referentes religiosos, es decir, estos aportes atraviesan un proceso de secularización y transculturización.

Las tres consideraciones anteriores tienen una aplicación directa para la mayoría de los ciudadanos de países en los que la macrocultura occidental es hegemónica y, por tanto, ha avanzado la secularización social. Tal es el caso de los países europeos y concretamente de España. En los países de América Latina las realidades sociales son diferentes. Simplificando, pero, esperamos, no falseando la realidad, dentro de los contextos culturales con más dominancia de lo occidental, la presencia pública de lo religioso es claramente más relevante y aceptada, aunque existan también corrientes que propugnen una laicidad y secularidad consistentes. Además de esos contextos, están los grupos con tradiciones culturales predominantes que difieren de la occidental, aunque, al mismo tiempo, hayan sido influidas por esta última; tal es el caso de las agrupaciones indígenas o afrodescendientes.

Esto hace que las fundamentaciones públicas para los procesos de reconciliación y negociación sean plurales. Por ejemplo: en culturas occidentales muy juridificadas51 hay resistencias a la reconciliación. En estos contextos, lo que se pide es justicia penal proporcional al daño, confinando la reconciliación al ámbito estrictamente privado de la decisión e iniciativa de los individuos que quieran llevar el proceso a cabo. Otro ejemplo: las referencias a la fe religiosa en las víctimas dispuestas a perdonar y reconciliarse que hacen pública su intención son porcentualmente mucho más numerosas en Colombia que en España. Se dan, además, casos como el de los tzeltales52, en los que hay una síntesis entre los referentes cosmovisionales indígenas tradicionales y los referentes cristianos en lo que se refiere a las formas de hacer justicia y promover la reconciliación.

Creemos que la existencia de estos diferentes enfoques fundamentadores, orientadores y alentadores de la reconciliación constituye una oportunidad inmejorable para establecer diálogos interculturales respetuosos y colaborativos que nos enriquezcan a todos. En estos diálogos las sensibilidades occidentales señalarán que la reconciliación no debe suponer el menoscabo de los derechos individuales de ninguna persona en nombre de las pertenencias comunitarias o de los valores de los mundos de sentido, mientras que las sensibilidades culturales, más holistas y comunitarias, pedirán que no se ignore nunca nuestra condición de ser en comunidad ni nuestros arraigos identitarios colectivos.

RASGOS DE LA RECONCILIACIÓN CÍVICA

Tras haber presentado la visión general de la reconciliación y haber esbozado una definición básica de la misma, el siguiente apartado busca ahondar en sus elementos constitutivos. De este modo, se pasará a enunciar qué elementos o prácticas supone el ejercicio real y completo de un proceso de reconciliación. Estos elementos o prácticas existen simultáneamente y se articulan entre ellos para constituir o dar lugar a la reconciliación como horizonte posible53.

LA VERDAD COMO SUSTRATO DE LA RECONCILIACIÓN

La reconciliación, dijimos, pretende superar un acontecimiento traumático que causó daño y que condujo a la culpabilización de al menos una de las partes. Ello solo puede ocurrir si el proceso de acercamiento y diálogo se sustenta en la verdad de lo que pasó. Dicha verdad tiene dos vertientes que se necesitan y se complementan mutuamente: la vertiente empírica y la vertiente moral. Imaginemos uno de esos acontecimientos: diez guerrilleros matan delante de sus familiares a cinco campesinos de un poblado; los acusan de haber dado información a los paramilitares sobre los movimientos de la guerrilla. Diez años más tarde aparece voluntad de reconciliación tanto en los guerrilleros como en los familiares.

En primer lugar, y con el objetivo de que la reconciliación avance y llegue al mejor término posible, es necesario saber la verdad empírica de lo que pasó respecto a las muertes, en qué se fundamentaban las acusaciones que motivaron al asesinato, por qué se usó el asesinato como único recurso, por qué se cometió el hecho en frente de los familiares, cuáles eran las presiones que estaban ejerciendo los paramilitares, etc. Una vez se establezca la verdad empírica, debe avanzarse hacia la verdad moral. Esta última, a diferencia de la empírica, indaga por la dimensión ética a partir de la cual actuó el victimario. Puede explorarse a partir de preguntas como: ¿realmente estuvo justificado matar, o fue una grave violación de los derechos de las personas ejecutadas y de sus familiares, incluso si hubo delación?54.

La reconciliación demanda bases fuertes compuestas por una verdad compleja y bidimensional (empírica y moral). El primer paso para restaurar las relaciones es tender puentes para la reconstrucción de la confianza entre las partes, y la verdad es imprescindible para ello. Se ha demostrado que los procesos de reconciliación deben empezar por la reconstrucción de la verdad, pues no solamente contribuye a la elaboración emocional de los duelos de las víctimas y la aceptación de la culpa de los victimarios, sino que también sirve como “diagnóstico” para comprender mejor cómo se desarrollaron los episodios de victimización y violencia y para establecer compromisos de reparación y no repetición. Permítasenos utilizar el símil de una herida que necesita ser sanada y, para ello, primero debe ser diagnosticada acertadamente; la verdad es, entonces, el diagnóstico inicial que permite que se desenvuelvan los procesos de reconciliación.

Una vez se haya develado la verdad de los hechos, las partes deben revisar y analizar detenidamente lo que sucedió y evaluarlo moralmente. Esto implica el compromiso de asumir la verdad en su totalidad, les afecte como les afecte. A veces la brutalidad de los hechos victimizantes y la inocencia de las víctimas son tan evidentes que su verdad grita ante nosotros; en estas situaciones, plantearse dudas llega a ser ofensivo para las víctimas. En otras ocasiones, ante daños menos nítidos o circunstancias más complejas, son imprescindibles la indagación y la contextualización rigurosas. Como ya se ha dicho, para lograr los mejores resultados en la restauración de las relaciones, es muy conveniente que la búsqueda de la verdad se convierta en el primer paso hacia ella. En concreto, se sugiere que la verdad sea puesta sobre la mesa a través de la escucha y del diálogo entre las partes, por duros que puedan resultar.

Además de la verdad empírica y moral, está también la verdad judicial. Esta se refiere a la compleja relación existente entre justicia y reconciliación. Vale decir que cuando se logra reconstruir la verdad a partir del aparato judicial, se producen circunstancias favorables que aumentan la probabilidad de que las partes afectadas se sientan motivadas a emprender procesos de reconciliación. Para ilustrar mejor esta situación imaginemos, por ejemplo, a un preso etarra55 que, tras 15 años de haber sido juzgado y condenado por asesinar a un diputado, ha madurado su arrepentimiento y quiere reconciliarse con la viuda del asesinado.

LA RECONCILIACIÓN Y LA NECESARIA ASIMETRÍA ENTRE VICTIMARIO Y VÍCTIMA

Una de las razones por las que suele rechazarse la reconciliación cívica es que, se dice, equipara a víctimas y victimarios. Otra de las razones que esgrimen quienes están en contra de la reconciliación es que termina por dársele algo de razón al victimario, cuando lo único que merece alguien que causó daño es la justicia penal retributiva proporcional. Bajo estos planteamientos, se considera que la reconciliación refuerza la injusticia y es una falta de respeto y de reconocimiento al dolor de las víctimas. A veces, estas afirmaciones buscan confundir o desinformar, pero en otras ocasiones están motivadas por malentendidos sobre lo que es la reconciliación. Lo decimos porque, precisamente, una de las condiciones que debe cumplir la reconciliación para que contribuya a superar el conflicto es que mantenga la asimetría entre víctimas y victimarios y se sostengan las exigencias a los victimarios. Es claro que muchas situaciones de victimización son muy complejas y esta distinción no es tan fácilmente visible. En este sentido, este rasgo es la guía maestra para dar cuenta de lo que la reconciliación es y supone realmente (Bilbao, 2008). Veamos lo que implica y cómo se expresa.

Únicamente cuando se mantiene la asimetría entre víctimas y victimarios en la reconciliación, esta se aleja de ser impunidad. La reconciliación no se opone al reconocimiento de las culpas y responsabilidades, ni mucho menos a la aplicación de la justicia; por el contrario, las necesita. Incluso se considera que, a través de la reconciliación, las víctimas acceden a componentes de la justicia que no siempre están cubiertos por la justicia penal (verdad, cierre de ciclos de dolor, angustia y duelo emocional, etc.). Por supuesto, es reconciliación porque además contempla la restauración de las relaciones con los victimarios, pero siempre en procesos y exigencias diferenciadas respecto a las víctimas.

Pasando ahora a abordar cómo se materializan estos procesos de asimetría, debe decirse que los objetivos de la reconciliación y de la justicia restaurativa56 son similares. Evidentemente también existen diferencias que pueden ser llamadas adicionales debido a las similitudes de fondo existentes entre ellas; estas diferencias se refieren a los aspectos de reconocimiento, reparación y la restauración de los derechos de la víctima en relación con el victimario. Estos elementos diferenciales desbordan a los protagonistas directos de la reconciliación (víctima-victimario) para pasar a involucrar a las colectividades social o comunitarias; con ello, las instituciones públicas deben servir como garantes del proceso. Aquí incluiremos a todos los sujetos implicados para no hacer repeticiones en el momento en que abordemos la conexión entre reconciliación y justicia. Pues bien, volviendo a los sujetos centrales de la reconciliación, es decir, quién dañó injustamente y quién fue dañado, es necesario mostrar que ambos atraviesan sendos procesos morales que, siendo distintos y asimétricos, se encuentran, dialogan y confluyen. Es precisamente este encuentro, diálogo y confluencia al que llamamos reconciliación.

A la víctima debe garantizársele su lugar asimétrico en todo el proceso a través de las garantías de no repetición ni reiteración del daño; también tiene derecho a conocer la verdad empírica y moral de lo sucedido según acabamos de especificar. Esta verdad constituye, a su vez, la base de la memoria histórica y la reparación integral (simbólica y material) para revertir el daño lo máximo posible y para apoyar a su restauración personal y cívica, de manera que todas ellas liberen los bloqueos debido a los sucesos de victimización que ocurrieron en el pasado. Lo que la reconciliación aporta es el distanciamiento de la concepción retributiva de la justicia, el reconocimiento del victimario como sujeto de dignidad más allá de lo que hizo y de que también es capaz de transformación interior y la disposición tanto de la víctima como de la sociedad a restaurar la relación cívica con él en un horizonte de superación de la violencia y no repetición.

De entrada, en el victimario se imponen los siguientes deberes: reconocer con toda honestidad el daño injusto que ha causado tanto a la víctima y su entorno inmediato como a la sociedad, colaborar en la construcción de verdad y memoria sobre los hechos victimizantes, contribuir en la reparación de las víctimas en lo que esté a su alcance; también se requiere que el victimario quiera participar con honestidad en los procesos de justicia restaurativa con la víctima, cuya dignidad fue violentada. Bajo estos supuestos, el proceso trae para la parte victimaria estos frutos: restauración de su identidad moral, consideración de su culpa como pasada, relativización del castigo y reorientación restaurativa del enfoque jurídico con que se aplica justicia, y reincorporación cívica plena en la sociedad.

En el diálogo de ambos hacia la reconciliación, un elemento clave es la transformación de la rememoración del pasado: la verdad del acontecimiento como tal, inmodificable, sigue ahí, pero las vivencias y experiencias ligadas a él se reconfiguran con gran intensidad moral. Esta reconfiguración abarca el proceso de duelo en la víctima, que ahora incluye la apertura subjetiva a la posibilidad de transformación moral, comportamental y social del victimario, y también el trauma positivo que supone en la víctima que el victimario se reconozca como responsable o culpable delante de ella. En un diálogo así, el protagonismo de sentimientos intensos es muy marcado.

Sabemos que la realización práctica de esta propuesta es muy exigente, pero también debemos poner de presente que es igualmente fecunda y fructífera. No queremos desconocer que su aplicación tiene elementos complicados, especialmente los que se deben a elementos comunes en las rupturas complejas producto de las violencias de intencionalidad política como las ocurridas en Colombia y España. Estos contextos conducen, por lo general, a la existencia de sujetos que han vivido una historia en la que han sido a la vez víctimas y victimarios: víctimas con acciones de respuesta a la violencia que inicialmente se cometió contra ellos, pero que los han llevado a convertirse en victimarios; victimarios que han sufrido violencias y violaciones de sus derechos humanos por parte de quienes se enfrentaron a su violencia inicial.

Sin duda, estas situaciones complejizan el proceso de reconciliación en todos sus elementos y componentes, pero también abren la posibilidad de que existan reconciliaciones simétricas que, por ello, no son menos arriesgadas. En estos casos es necesario tomar precauciones para que no haya impunidad bajo la etiqueta de reconciliación, pues hay altas posibilidades de que las partes implicadas aprovechen su simetría para hacer “transacciones simples” del tipo “ojo por ojo o tu víctima por mi víctima” bajo el supuesto de “ambos ocasionamos dolores y víctimas y también sufrimos, así que démoslo por superado”. Esta simplificación y falseamiento de la reconciliación conduce a que se diluya la culpa de los sujetos implicados sin haber hecho el proceso interior de reflexión y reelaboración sobre lo sucedido, lo que dificulta que los hechos victimizantes tengan escenarios de reconocimiento, e impide que los victimarios asuman la responsabilidad por los daños causados, aun cuando exista una simultaneidad de roles. En estos casos, la reconciliación reclama más bien que asumamos en toda su verdad e intensidad los relatos que llevaron a la existencia de víctimas y victimarios simultáneamente y, sobre todo, a que se asuma con total responsabilidad la dimensión de victimario, así como se asume la posición de víctima. Quienes viven la realidad de ser víctimas y victimarios, quienes tienen este “rostro de Jano”57 (Bilbao, 2008), desde su condición de víctimas también experimentan el rol de culpables, abriéndose complejamente a la justicia y la restauración.

RECONCILIACIÓN MEMORIAL

La asimetría entre víctimas y victimarios debe aplicarse también a la cuestión de la memoria. Si reconciliarse es restaurar la relación rota e integrar de una manera más constructiva adecuadamente la ruptura, ello supone, en primer lugar, que no hay reconciliación sin memoria de lo que pasó; también implica que no cualquier forma de memoria le aporta a la reconciliación.

La memoria para la reconciliación debe incluir la memoria de los sucesos que provocaron la ruptura, lo mismo que la memoria de los procesos de resistencia y superación de la violencia. Esta tarea aplicada a la reconciliación cívica tiene dos vertientes: por un lado, la de la memoria producida por los sujetos más directamente implicados en la ruptura, densamente cargada de vivencias subjetivas, pero con proyección pública; por el otro, la vertiente de la memoria que podemos llamar social.

Centrados en la primera vertiente, podemos plantear que la memoria para la reconciliación se enraíza en la forma subjetiva en que recuerdan los sucesos violentos quienes estuvieron implicados en ellos. Para localizarla y comprenderla es importante distinguir entre lo recordado, el acto violento en su verdad y la vivencia psíquica de su rememoración. Esta última, en cuanto vivencia absolutamente subjetiva, da lugar a diversos relatos que pueden variar tanto en la selección, secuencialidad y entramado de los hechos como en el lugar que se ocupó en el acontecimiento violento, pasando por la experiencia emocional, la visión ética y de sentido que motivó el hecho y las expectativas que se tienen en el presente frente a ese hecho, etc. Esto hace que la memoria vivencial esté compuesta por una gran pluralidad de relatos sobre un mismo hecho. También ocasiona que haya un memorar radicalmente diferente entre víctimas y victimarios. En esta situación es la clave moral la que debe hacer el discernimiento decisivo, la que debe establecer la diferencia radical entre culpabilidad e inocencia, para ser aplicada a la construcción de memoria para la reconciliación, pero ¿cómo se hace concretamente?

Ni lo que sucedió ni su especificidad fáctica y moral puede ser cambiado: por el contrario, la vivencia de lo que sucedió sí puede transformarse tanto en victimarios como en víctimas. Son precisamente estas últimas transformaciones las que hacen que la memoria se oriente hacia la reconciliación. De los victimarios, es necesario resaltar los relatos que dan cuenta del cambio de la representación de sus acciones como heroicas (vivencia heroica del ejercicio de la violencia) y del surgimiento de relatos en los que se reconoce la culpabilidad de lo acontecido. En cuanto a los relatos de las víctimas, deben buscarse las transformaciones que desbloquean liberadoramente la fijación en el resentimiento y en la pura exigencia de justicia penal retributiva, para abrirse a la consideración del violento como persona que, por encima de lo que hizo, pero sin ignorarlo, puede asumir sus responsabilidades y pasar a ser exvictimario, llegando incluso a contribuir en las acciones de verdad, reparación y no repetición. La reconciliación o restauración de las relaciones se produce cuando las transformaciones en los relatos de lo acontecido confluyen, entran en diálogo y se influyen recíprocamente, siendo comprendidas tanto por las partes implicadas (víctima-victimario) como por la sociedad o colectividad. Los relatos que logren asir e integrar esta transformación contribuirán decisivamente al avance de la reconciliación.

Este tipo de rememoración abre la puerta a la reconciliación intersubjetiva entre quien sufrió directamente la ruptura cívica y quien la causó. Como indicamos con anterioridad, este tipo de ruptura también incluye a la sociedad políticamente organizada, por lo que se precisa una segunda expresión de la memoria para la reconciliación que sea capaz de implicar a la sociedad en su conjunto y de perfilar los contornos de un futuro de convivencia armónica. A esta nueva modalidad la podemos llamar memoria social. He aquí algunos aspectos que la definen.

La memoria intersubjetiva precedente a la reconciliación está llamada a salir de su privacidad para incorporarse al nuevo entramado de la memoria social para la reconciliación. No se trata de que desaparezca, sino de que sea un componente nuclear de ella, aportando tanto los testimonios de las víctimas y de los victimarios arrepentidos como la información acerca de sus relaciones e interacciones; así como acerca de las solidaridades sociales que crean con las víctimas del conflicto que desbordan ampliamente a los implicados directos e incluso llegan a promover su reconciliación y la superación del conflicto.

La reconciliación memorial o la reconstrucción de memoria para la reconciliación ocurre cuando surge una nueva memoria social que se encuentra en ruptura con los relatos tradicionales del conflicto. Aunque estos últimos pueden haber predominado durante muchos años, la nueva memoria social le apunta a su superación y transformación a partir del entrelazamiento de la verdad empírica y la verdad moral. Este estado de la memoria o de la rememoración se logra a través de una afinada y compleja articulación de todas las fuentes de memoria (testimonios de víctimas y victimarios, memoria judicial, memoria histórica, memoria literaria, etc.), y de su difusión social por todos los medios posibles. De esta manera, se espera que, progresivamente, esta memoria sea compartida y apropiada por la comunidad cívica hasta el punto de ser transmitida intergeneracionalmente a través de los procesos públicos y privados de socialización que la revitalizan por medio de recursos cada vez más creativos y eficaces. Una memoria así es una expresión categórica de la reconciliación social en forma de comunidad de memoria (Etxeberria, 2013).

Alcanzar este estado de cosas no es nada fácil. Si el conflicto cívico ha implicado una fuerte y larga violencia, aparece la “lucha social de memorias”, especialmente tras el cese de la expresión violenta de los conflictos. En la lucha social de memorias, las partes no reconciliadas ofrecen sus visiones contrapuestas y pugnan por posicionar sus relatos como predominantes. Evidentemente, ante esa confrontación no se puede ser moralmente neutral. Hay que denunciar como inaceptable una construcción de memoria social que plasme relatos legitimadores de la violencia y de quienes la ejercieron, puesto que su principal efecto es la revictimización de los más afectados por el conflicto.

Esta situación demanda que los ciudadanos y las organizaciones que promueven la reconciliación contribuyan a divulgar crítica y reflexivamente los relatos y versiones de las víctimas situadas en el nivel prepartidario o preorganizativo. Igualmente importante es la actuación de las instituciones que participan en los procesos de socialización, de las cuales se espera que se sitúen a favor de la construcción de una memoria social que permita difundir una visión completa y compleja sobre lo que pasó. Los mencionados actores sociales e institucionales deben promover la idea de que es necesario cumplir los deberes de justicia pendientes e instar a la ciudadanía a que se una al proceso de reconciliación y reconstrucción pacífica de la identidad colectiva. Estos criterios básicos no ahogan el pluralismo social de memorias, inevitable por él mismo y en sí positivo, lo que buscan es demarcar los límites éticos entre los cuales deben llevarse a cabo las rememoraciones si se quiere alcanzar la reconciliación como meta (Etxeberria, 2013).

Para lograr este tipo de memoria social, deben desarrollarse tareas cívicas en campos como el de la socialización familiar, la educación, el debate público, los medios de comunicación en todas sus expresiones y la legislación. Asimismo, deben abarcarse las iniciativas como los centros de memoria, las conmemoraciones, los monumentos, la producción académica de las y los historiadores, etc. Todas estas acciones deben acompañar el proceso de reconciliación, pero deben extenderse por un lapso mayor a esta última, de manera que, progresivamente, se configure una sociedad reconciliada, con nuevas formas y mecanismos de interacción ligados al civismo y la vida comunitaria armónica (Etxeberria, 2013).

Los conflictos violentos sobre los que estamos hablando en este trabajo impactan al conjunto del Estado en que se sitúan; en ese sentido, la memoria social es memoria que abarca a toda su ciudadanía. Cuando dentro de esos estados hay colectivos identitarios con consistencia política propia (más allá de las discusiones públicas que pueda haber respecto al grado y modo de su soberanía) a los que la violencia ha afectado expresa y relevantemente, como es el caso de los pueblos indígenas en Colombia o del País Vasco en España, el deber memorial concretado como memoria social tiene una incidencia específica en ellos: deben afrontar las responsabilidades que les correspondan; las formas que adquiera esa memoria social dependerán de los referentes ético-simbólicos e institucionales de sus culturas. En algunos pueblos indígenas, por ejemplo, la rememoración es una síntesis de su pasado de resistencia y los hechos de victimización que sufrieron.

RECONCILIACIÓN QUE SE CONFRONTA CON UNA JUSTICIA PENAL A LA QUE INTERPELA

Las reconciliaciones de las que estamos hablando, es decir, las públicas, son motivadas por conflictos derivados de daños de carácter jurídico. Ante estos delitos, los jueces intervienen haciendo que se aplique la ley penal. ¿Cómo afecta esto a las propuestas de reconciliación? Hay que partir de la base de que la reconciliación solo es completa si no sustituye o contradice a la justicia, es decir, si no ampara la impunidad con el pretexto de querer restaurar las relaciones sociales. Una vez aclarado esto, planteamos que cualquier intención de reconciliación puede verse desde tres enfoques diferentes en lo que atañe a la relación entre reconciliación y justicia penal.

En el primero de ellos se defiende que justicia y reconciliación son esferas separadas: las tareas de reconciliación se llevan a cabo bajo el supuesto de que la justicia actúa a su modo; por principio, todas las iniciativas de reconciliación están fuera del ámbito jurídico. Por supuesto, si se defiende una visión dominantemente retributiva de la justicia, es el enfoque que se impone, pues la reconciliación no pretende retribuir castigos en función de los daños, sino restaurar relaciones.

En el segundo enfoque se sostiene también la separación entre justicia y reconciliación, pero se añade que cabe y es conveniente que existan influencias entre ellas, siempre y cuando haya límites claros y no se ponga en riesgo la autonomía de ninguna de las dos esferas. Este planteamiento se basa en la convicción de que su incidencia mutua puede ser relevante para el avance del proceso. Un ejemplo ocurrido en el País Vasco puede ilustrar esto: hace unos años, amparados por la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y con el permiso de Instituciones Penitenciarias, un pequeño pero significativo grupo de presos por sus delitos cuando eran miembros de ETA, tras haber seguido un proceso de transformación interior, solicitaron entrevistarse en la propia cárcel con familiares de sus víctimas (Rodríguez Pascual, 2013). Así iniciaron los que fueron llamados “encuentros restaurativos”. La experiencia demostró que dichos espacios eran fecundos para exetarras y víctimas58. Sin que se interrumpiera el curso de los procesos penales, estos se hicieron compatibles con procesos que tenían una significativa dimensión reconciliadora, se la llamara o no así; en tanto que los resultados de estos espacios se extendían a la esfera intersubjetiva, ello tuvo impactos en el debate público, y ayudó a ofrecer una nueva visión sobre los delitos que habían tenido intencionalidad política.

Desde nuestra apuesta por una reconciliación que tenga repercusiones públicas, como mínimo hay que defender este segundo enfoque. Pero, incluso, hay que apostar por adentrarse todo lo posible (lo poco en cantidad puede ser mucho en significatividad social) en un tercer enfoque de la relación entre justicia y reconciliación, en el que esta última encuentra un lugar intrínseco en, o hace parte de la justicia. Tal pretensión solo es posible si la concepción y práctica de la justicia se transforma, es decir, si pasa de ser concebida como justicia retributiva a ser concebida como justicia restaurativa (Etxeberria, 2014). Este último enfoque no solo considera el castigo o pena como herramienta para hacer justicia, sino que da un lugar sustancial a la restauración de la dignidad de los implicados en el delito (víctima y victimario). Ello supone, por supuesto, procesos de reelaboración y resignificación moralmente asimétricos entre ellos, tal como venimos insistiendo. Se trata de una restauración que contempla entre sus posibilidades acabar, precisamente, en la reconciliación. En este enfoque es la reconciliación la que alienta la transformación de la justicia; por su parte, la justicia hace énfasis en que la reconciliación no puede ni debe amparar la impunidad. Veamos por dónde va esta transformación59.

Recordemos que en el modelo retributivo la justicia no está centrada en la restauración de la víctima, sino en la condena del culpable, por tanto, no hay posibilidades de que el proceso penal se oriente hacia la reconciliación. Recordemos también que esto ocurre porque la reconciliación es percibida como externa a este modelo de justicia. Ello implica que, si la víctima desea contactarse con los perpetradores, no lo logrará a través de los mecanismos de la justicia retributiva, pues este modelo no cuenta con mecanismos de acompañamiento que apoyen a la víctima para abrirse a tal encuentro. Culturalmente continúa predominando la idea de que el daño hecho se compensa con el castigo definido por el sistema penal, y que el rol de la víctima luego del fallo es esperar a que se cumpla el castigo judicial que obtiene su victimario.

Esta concepción penal de la justicia por lo general tampoco se propone alentar procesos de restauración del victimario que lo puedan encaminar a la reconciliación. Los pocos casos que se proponen restaurar la autoimagen o la imagen social del victimario lo hacen por medio de iniciativas que evitan cualquier tipo de relación con su víctima. Lo que prima, como ya se ha mencionado, es el castigo jurídico: le basta el “mérito” de cumplirlo completamente para “no deber nada” a la sociedad ni a sus víctimas, aunque siga sin ningún sentimiento positivo hacia estas.

Frente a ello, lo que proponemos es avanzar todo lo que se pueda en el diseño y aplicación de una justicia restaurativa, una justicia en el sentido amplio del término. Una justicia que se exprese como tal precisamente en la restauración de las relaciones entre víctimas y victimarios a través del proceso más asimétrico que pueda darse entre ellos60 y, por ende, sea capaz de comprometerlos en la reconciliación. Este tipo de justicia podrá efectuar una transformación intersubjetiva, creando así una conciencia social reconciliadora para quienes la conozcan, sino que además podrá ser un agente motivador de otras reconciliaciones cívicas que involucren a otros conjuntos de ciudadanos, contribuyendo así a superar fracturas que afectaron a la sociedad en el marco de la cual ocurrieron.

Nada de esto debe hacerse forzando indebidamente a las víctimas. Ello supone respetar sin renuencias su voluntad de participar o no en procesos restaurativos reconciliadores e, independientemente de ello, garantizar que todas accedan a las posibilidades de justicia que están dirigidas a ellas, incluyendo las que se basan en el modelo retributivo. De todos modos, no se puede ocultar que pretender avanzar hacia el modelo restaurativo supone pedir a las víctimas que identifiquen las medidas de la justicia a aplicar de acuerdo con el nivel de daño cometido contra ellas y que sean conscientes de su derecho a la reparación en sentido amplio (verdad, memoria, reconocimiento, reparación). Parte de esos derechos deben ser cumplidos por el victimario, parte por el Estado y parte por la sociedad. También se requiere que se contemple la posibilidad de que lo decisivo sea la transformación interior del victimario y el reconocimiento hacia la víctima, acompañado de correspondiente cambio de conducta. Todos los procesos anteriores son social y psíquicamente muy costosos, pero también hay un gran valor en ellos del que pueden beneficiarse tanto la víctima como el victimario y la sociedad.

Este tercer enfoque de la reconciliación está muy facilitado en realidades culturales predominantemente no occidentales, especialmente entre pueblos indígenas. En estas colectividades se concibe la justicia como las acciones por las que se produce una vuelta a la armonía de la comunidad. Quien victimizó rompió esa armonía, excluyéndose a la vez de ella y forzando a la víctima a su no disfrute. La justicia restaura esta ruptura reintegrándolos a ambos a partir de su reconocimiento como sujetos. Esta reconciliación intersubjetiva es a la vez, per se, reconciliación social. Esto es algo que quedará bien ilustrado más adelante, cuando se presenten las concepciones de justicia, paz y reconciliación en las culturas nasa y tzeltal.

EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN: UNA RELACIÓN INTERSECCIONAL

Dado que la reconciliación es la restauración de una relación que se fracturó mediando culpabilidad(es), de un modo u otro tiene que incluir el perdón, se le dé o no este nombre. A este respecto, consideramos pertinentes las siguientes tesis (Etxeberria, 2018)61:

La reconciliación más completa es la que se expresa a partir de procesos de arrepentimiento y oferta de perdón auténticos entre los implicados directos en la ruptura de una relación. En el acto que culmina en el perdón podemos ver la expresión más fundamental y auténtica de la reconciliación.

De todos modos, la reconciliación no se agota en el acto del perdón, sino que es de algún modo su comienzo, o su semilla llamada a desarrollarse. La reconciliación se hace plena cuando se muestra en la práctica la relación restaurada. Esto requiere que transcurra tiempo para que el nuevo entorno de colaboración y convivencia pueda madurar hacia la superación de la fractura por medio de acciones concretas y el establecimiento de nuevas dinámicas.

Estas dos tesis muestran el tipo de relación interseccional que se da entre perdón y reconciliación, la cual implica que hay un espacio que comparten ambos fenómenos y espacios separados para cada uno:

El perdón abarca siempre una dimensión básica y relevante de reconciliación; y la reconciliación que merece sin duda ese nombre es la que ha integrado el perdón.

El perdón auténtico no necesariamente tiene que abocar a la “reconciliación desarrollada”. Es muy legítimo que, por ejemplo, quien perdona con toda honestidad y finura moral, comunique a quien perdonó que, por razones diversas, no se siente alentado a reavivar una relación intersubjetiva, si la hubo. Esto, en cuanto a la relación cívica significa que se le reconoce al victimario una plena inclusión sin reservas como ciudadano. Asimismo, la víctima puede negarse a colaborar expresamente con el victimario. En síntesis, la víctima le concede el estatus de ciudadano al victimario, pero se reserva el derecho a no favorecer sus posiciones o iniciativas en la esfera pública. Por ejemplo: un ciudadano colombiano pudo haber votado “Sí” en los acuerdos de paz y estar a favor de la creación de las FARC como partido político, sin embargo, no votará jamás por dicha colectividad política en el marco del juego democrático.

¿Cabe hablar de “reconciliación imperfecta” sin perdón? Para una respuesta intuitiva a esta pregunta puede considerarse el ejemplo de una ruptura de convivencia cívica cuyo culpable ha sido judicialmente condenado. Al salir de la cárcel, la parte no culpable acepta sin cuestionamientos la reinserción cívica plena de la parte culpable. Esto puede llamarse una reconstrucción básica de la relación cívica de acuerdo con las disposiciones legales. A pesar de ello, la parte no culpable puede no tener intención de perdonar a la parte culpable, ni tampoco de establecer ningún tipo de lazos directos. ¿Puede hablarse aquí de reconciliación cívica elemental sin que se haya integrado el perdón? Con nuestras dudas, tenderíamos a responder que sí, advirtiendo que se perciben rasgos básicos de cierto tipo de perdón en la aceptación de la inclusión cívica plena de la parte que hizo daño.

En cambio, no se da ni siquiera una reconciliación elemental en alguien que, en la misma circunstancia, se limita a tolerar/soportar obligadamente una reinserción en el cívica de la víctima tras cumplir su condena. Hay que reconocer que pueden presentarse situaciones en las que el perpetrador se reintegre en la sociedad a través de medidas judiciales que favorecen la impunidad. Tal es el caso de la amnistía general al final del franquismo en España, considerada indebidamente como reconciliación.

LA RECONCILIACIÓN EMOCIONAL

Así como las rupturas de la relación están acompañadas de una gran carga emotiva, los procesos de reconciliación implican también una fuerte dinámica afectiva. En cierto sentido, esta dimensión emocional está llamada a articularse con las otras dimensiones ya vistas y puede percibirse como el corazón de la reconciliación. Describamos su dinamismo (Etxeberria, 2014b y 2008).

En la ruptura, los sentimientos iniciales de las partes ante un hecho violento son contrapuestos. En la víctima es normal que surjan espontáneamente sentimientos como el odio, el resentimiento, el rencor y la ira hacia su violentador. Estos sentimientos estimulan el surgimiento de deseos de venganza, e incluso de otros sentimientos dirigidos hacia sus círculos cercanos y hacia sí mismo. Estos últimos empujan a la víctima hacia la autodestrucción psíquica y llegan a causarle culpa por haber permitido que algo así le pasara. También surgen otros sentimientos que pueden ayudarle al devenir de su autoconsciencia y su recuperación personal luego del hecho traumático. En el perpetrador, en cambio, los sentimientos están ligados al hecho de que considera que sus acciones están políticamente justificadas. Surge así el orgullo, la autoafirmación, la autoaprobación y la alegría; también crecen los sentimientos de desprecio y quizá odio a la víctima.

La reconciliación tiene que confrontarse con esa fortísima fractura emocional, entendiendo que en la mayoría de los casos son esos sentimientos sostenidos y acrecentados en el tiempo los que mantienen la ruptura. La tarea sentimental que se impone es inmensa. Los sentimientos, en efecto, pueden ser clasificados en dos tipos: los que acercan a las personas y posibilitan la comunicación e incluso la comunión y los que las distancian hasta el rechazo radical. Los aquí citados son los de puro rechazo del otro y pueden sostenerse por sí mismos o debido al contexto en que se producen. ¿Cómo alentar, en unos y otros, sentimientos de acercamiento? La respuesta es simple de enunciar y difícil de llevar a cabo: transformando los sentimientos existentes. Pese a los retos que esto conlleva, el resultado final beneficiará a ambas partes siempre y cuando se mantenga la asimetría moral para que no haya injusticia.

A las víctimas hay algo que se les puede pedir: que a pesar de sus sentimientos de odio e ira busquen formas de justicia que se encuentren dentro de los parámetros de los derechos humanos, los cuales admiten el modelo “retributivo humanizado”. Esto per se no es reconciliador, pero a ellas no se les debe exigir ir más allá. El avance de las víctimas hacia la disposición de reconciliación se sitúa ya dentro del terreno de sus propias convicciones y por la intuición de que también a ellas les hará bien, aunque no puede desconocerse que siempre hay una dosis de generosidad.

Sin entrar a fondo podríamos resumir los sentimientos derivados de un hecho victimizante en una síntesis compuesta por tres de ellos, fuertemente imbricados: el de la indignación, que hay que seguir manteniendo ante el mal realizado; el de la compasión hacia el daño injusto sufrido por la propia víctima y el conjunto de víctimas, más allá de los diversos agentes que las causaron y, finalmente, el del respeto a la dignidad de la persona que causó el daño y a la que no se la identifica con lo que causó aunque se le asigne responsabilidad por ello. Este puede transformarse en respeto empático cuando deriva en la disposición de ofrecerle una oportunidad de reconstrucción moral al victimario.

Al victimario hay que comenzar reclamándole que, como deber moral, cultive el sentimiento de respeto a la dignidad de quien victimizó; en la misma vía, se le solicita que trabaje para inhibir el desprecio radical con que la vio para causarle daño. Esta primera exigencia debería provocar un segundo sentimiento clave: el del dolor psicomoral por lo que hizo, que a su vez causa rechazo y arrepentimiento. Todos estos sentimientos deben traducirse en el esfuerzo por reparar a la víctima y expresárselo así a ella y a la sociedad. Como puede observarse, a través de la dimensión emocional se evidencia con gran claridad la existencia de la asimetría entre víctimas y victimarios.

Con sentimientos de este tipo, la superación de la ruptura pasa a ser posible. En algunos casos se logrará y los sujetos experimentarán mutuamente la reconciliación; en otros no se llegará tan lejos, pero ciertamente se habrán dado pasos en esa dirección. Hay que reconocer que el proceso no es nada fácil, que, además de la confluencia de convicciones y vivencias, se precisan tiempo y apoyos sociales, pero el que haya personas que lo han hecho muestra que es viable.

Lo dicho hasta aquí tiene que ver con la dimensión sentimental de la reconciliación entre quienes son actores directos de los actos violentos, es decir, las víctimas y los victimarios. Pero, dado que esos actos supusieron una fractura social general, debemos contemplar en el horizonte también una reconciliación sentimental general, de alcance social. Cuando el proceso de reconciliación es público, se avanza hacia esa reconciliación sentimental social, puesto que amplios sectores de la sociedad pueden identificarse con el diálogo y las transformaciones que tienen víctimas y victimarios en el transcurso del proceso. También hay que dirigirse explícitamente a los sentimientos grupalmente compartidos entre los ciudadanos, que les han hecho identificarse con uno u otro bando, generando enfrentamientos o polarizaciones sociales más allá de los actores directamente implicados. Esto último supone mirar críticamente las prácticas y los discursos de socialización que se producen en torno a sentimientos clave como la admiración o veneración por los que consideramos “héroes” violentos, la alegría que nos provoca que causen víctimas “en los otros” o el bando opuesto, la compasión selectiva únicamente por las víctimas de “los nuestros”, etc. Sabemos que a diario se producen estímulos significativos a favor de la generación de estos sentimientos colectivos de confrontación entre las familias, los grupos sociales, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Desactivarlos a través de actividades sociales concienciadoras y de testimonios impactantes de quienes han hecho procesos reconciliadores, es una tarea que se impone. En la medida en que se logra se consigue la reconciliación sentimental general.

Debe añadirse aún algo más. Es también importante que se integren en esta reconciliación social los ciudadanos en los que ha predominado el sentimiento de indiferencia ante todo lo que ha pasado que, de hecho, los “fracturó” del dolor de las víctimas y del horizonte de construcción de paz, impidiéndoles la generación de cualquier lazo de empatía.

EL ACUERDO DE RECONCILIACIÓN

Suele considerarse que la última dimensión de la reconciliación es la del acuerdo que la sella; parece más correcto decir que la culminación de la reconciliación es el reconocimiento compartido por las partes de la restauración de la relación cívica. Esta declaración marca el inicio de un enriquecedor proceso de diálogo y aprendizaje con unos horizontes prácticos que no pueden ser encerrados en un acuerdo, aunque este último sea un marco orientador que ayuda a la restauración de las relaciones.

El acuerdo es un documento fruto de una negociación, firmado por ambas partes como señal de su compromiso para cumplir lo que está allí escrito. Como bien sabemos, ese tipo de documentos tienen el objetivo de suturar grandes fracturas sociales ocasionadas por la violencia. Para poner un ejemplo, podemos citar el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, del 24 de noviembre de 2016, firmado por el presidente de la República de Colombia y el comandante en jefe de las FARC-EP. Aunque es un gran avance, es muy problemático considerarlo como una expresión final o un acta de reconciliación. Reconocemos que contiene elementos relevantes y válidos que enuncian el horizonte de querer restaurar la relación fracturada: da cuenta del fin del conflicto armado; lo más crudo de la fractura. También marca el comienzo de un proceso que será largo y delicado, en el que se probará la solidez y fecundidad de lo acordado en el documento, y la posibilidad real de que se produzca la restauración de la relación. Por otro lado, en documentos así caben aspectos que reflejan y alientan reconciliaciones parciales e imperfectas, pero hay otros elementos que no pueden clasificarse como parte de dichas reconciliaciones, pues responden más a las pautas de la justicia transicional y a la prudencia política mejor o peor aplicada en una negociación62.

Lo mínimo que debe exigírsele a estos “cierres y comienzos” para que sean aceptables desde el punto de vista de la reconciliación tal como aquí se ha presentado es que, cuando se remitan a ella, mantengan lo fundamental de la asimetría moral entre víctimas y perpetradores. Como sugiere Bilbao (2008), los victimarios deberán transformar los aspectos sustanciales de la imagen que tenían de sí mismos, y aceptar que es imposible admitir un punto medio entre violencia y democracia (Innerarity, 2006). Para ello, se necesita de la presencia activa de las víctimas a lo largo del proceso. Se recomienda que esta presencia no ocurra desde su politización partidaria, sino desde su testimonialidad activa y reflexiva prepartidaria, como testigos vivenciales y morales. Esto es fundamental, tal y como quedó demostrado en el acuerdo colombiano.

La reconciliación, como se ve, se asienta en el pasado memorial, realiza su acto fundante en el presente con el reconocimiento de la restauración de la relación y se proyecta a un futuro de coparticipación y colaboración en el que se reafirma. Este futuro es complejo, porque en rupturas como las que se consideran aquí, hay mucho que construir y que transformar: las actitudes y relaciones cívicas, la cultura política, las estructuras sociales y gubernamentales, etc. Recordemos que, para este propósito, las iniciativas provenientes del ámbito público-social de las organizaciones cívicas son muy importantes. Frente a rupturas que afectaron a toda la comunidad política, siempre se precisarán iniciativas de las instituciones públicas del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

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TERCERA PARTE

ACERCAMIENTOS A LA RECONCILIACIÓN 
DESDE LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El presente capítulo examina los mecanismos utilizados para dar respuesta a las víctimas del conflicto armado en Colombia y la violencia terrorista asociada con la lucha separatista de ETA en el País Vasco. Como se pone en evidencia a lo largo de este capítulo, son experiencias con más contrastes que similitudes, debido a las divergentes circunstancias que rodean cada proceso y los niveles de avance de los mismos.

En el caso colombiano, el actual proceso de implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) busca acercar el país a la reconciliación a partir de un proceso integral. Es un sistema basado en una compleja serie de medidas interrelacionadas, que intentan dar un trato jurídico a un número asombroso de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y esclarecer la verdad de estos hechos, intentan encontrar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado y posibilitan la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

En cambio, en el caso vasco, vemos que las iniciativas desarrolladas para enfrentarse a la historia violenta se han enfocado en iniciativas de justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que parte de un reconocimiento de las deficiencias de la justicia retributiva en reparar los daños causados, busca llevar a las víctimas al centro del proceso y reparar los daños individuales y sociales causados por el delito. Los espacios desarrollados en el contexto vasco han funcionado en aras de la reconciliación desde lo individual y lo humano, buscando, desde experiencias particulares, generar cambios en la construcción de otro y sanar heridas. Específicamente, examinamos tres iniciativas con estructuras y lógicas muy distantes, los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios en Nanclares de la Oca; la Iniciativa Glencree, que reunió diversas víctimas de diferentes victimarios, y el modelo educativo Adi-Adian63, que junta a víctimas con estudiantes.

A partir de estas reflexiones variadas, esperamos poder generar conclusiones en el lector sobre la difícil tarea de reconstruir lazos sociales después de contextos de violencia marcada.

CAPÍTULO 4

¿RECONCILIACIÓN A PARTIR DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL? 
EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 
Y NO REPETICIÓN EN COLOMBIA64

GRACE BOFFEY

Como hemos visto en capítulos anteriores, Colombia actualmente se encuentra en un difícil momento de transición hacia la construcción de paz después de más que 50 años de guerra. Uno de los componentes clave en esta transición es el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición que tienen las víctimas. Igualmente importante es la resolución de los expedientes judiciales de los excombatientes y los agentes del Estado colombiano implicados en el conflicto. En este contexto, los mecanismos de justicia transicional que integran el SIVJRNR son esenciales tanto para facilitar el tránsito de conflicto armado a la construcción de paz como para crear las bases de la reconciliación.

Para entender cómo estos mecanismos pueden facilitar el proceso de reconciliación nacional, primero examinaremos la literatura académica sobre la justicia transicional, esto es, varios referentes teóricos y estudios de caso. A partir de esas bases, buscaremos comprender cómo la propuesta del SIVJRNR busca acercarse a la reconciliación desde una concepción integral de la justicia transicional. Finalmente, exploraremos los retos potenciales de su implementación atendiendo, por un lado, a las complejidades de la violencia en el contexto colombiano, y por el otro, a las modificaciones del diseño del SIVJRNR y el retraso de su implementación debido al fracaso del plebiscito para aprobar el Acuerdo de La Habana65 el 2 de octubre de 2016.

JUSTICIA TRANSICIONAL: PASAR DE LA DISYUNTIVA DE PAZ 
VERSUS JUSTICIA A UNA REPUESTA INTEGRAL AL PASADO

En el contexto del actual proceso de paz con las FARC-EP, la justicia transicional se entiende como una forma de sembrar las bases necesarias para la construcción de paz; sin embargo, no siempre la justicia transicional y la reconciliación han sido vistas como procesos complementarios. Como veremos a continuación, en los primeros textos académicos sobre dichos procesos, varios autores plantean la paz y la justicia como caminos divergentes e incluso antagónicos. Con la evolución de la normatividad de protección a los derechos humanos, esta suposición de oposición entre la paz y la justicia ha sido reemplazada por modelos integrales que entienden que los procesos de justicia y verdad son fundamentales para permitir que una nación supere su pasado violento, cumpla con sus obligaciones bajo el derecho penal internacional y empiece el difícil camino hacia la reconciliación nacional. Uno de los pasos más decisivos para esta evolución fue el planteamiento sobre la necesidad de que los procesos de paz eviten a toda costa la impunidad cuando ha habido casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Según Huntington (1991), en 1974 en Portugal empezó lo que él denomina “la tercera ola de democratización”. Esta incluye varias transiciones de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos en América Latina, así como la superación de regímenes autoritarios y el cambio hacia la democracia, como ocurrió en los países de Europa del Este. En el marco de esas transiciones a la democracia surgió la necesidad de que las víctimas de represión y violencia hicieran valer sus derechos. Es así como los académicos empezaron a estudiar los factores que inciden en la manera en que las naciones afectadas toman decisiones frente a su pasado; también se empezaron a analizar los niveles de responsabilidad alcanzados en los procesos de justicia transicionales. Hacia mediados de la década de los noventa, el término “justicia transicional” da paso al surgimiento de un área de estudio académico a partir de la publicación de Kritz titulada Justicia transicional: Cómo democracias emergentes se enfrentan con antiguos regímenes (Arthur, 2009: 329-330).

En este primer momento se consideraba que la justicia era un factor que podía impedir el proceso de reconciliación nacional; en el contexto de aquellas transiciones el concepto de reconciliación fue frecuentemente utilizado para frenar procesos de responsabilidad penal y era “invocado como una forma de abreviar los compromisos y los tratos con el antiguo régimen, que, a su vez, eran percibidos como necesarios para estabilizar las nuevas democracias” (Leebaw, 2008: 102). Hubo cuestionamientos sobre la deseabilidad de los procesos judiciales por su supuesto potencial de desestabilizar las democracias en construcción (Huyse, 1995: 58). Así, el balance de poder entre el nuevo Gobierno y el anterior régimen en el momento de la transición era visto como el factor determinante en la adopción de los mecanismos para enfrentar (o no) el pasado (Skaar, 1999; Van Zyl, 1999: 648).

Los mecanismos como las comisiones de verdad o los procesos judiciales eran vistos como una amenaza para la reconciliación, bajo el supuesto de que su aplicación revivía momentos críticos de la historia caracterizados por la división y la polarización, lo cual generaba inestabilidad política e impedía cambios políticos orientados al futuro (Leebaw, 2008: 96-97). Dugard (1999: 1005) argumenta que los procesos judiciales y las comisiones de verdad son mecanismos que se complementan entre sí para enfrentar los crímenes del pasado, y que las comisiones de la verdad son implementadas cuando el nuevo régimen carece del poder para llevar a cabo procesos judiciales en contra de los perpetradores. En ese contexto, las comisiones de la verdad tomaron un papel protagónico. Según las personas que promovieron su creación, una comisión representaba el equilibro entre “la insistencia sin compromiso de realizar procesos judiciales, por un lado, y la aceptación derrotista de amnistía e impunidad, por el otro” (Van Zyl, 1999: 648). Por lo anterior, estos procesos de transición fueron interpretados como el resultado del balance de poder entre las demandas de justicia de las víctimas y las presiones de los perpetradores por permanecer en la impunidad.

Sin embargo, las normas internacionales evolucionaron hacia una concepción integral que sirvió para orientar la forma en la que una nación debía enfrentarse a un pasado de violaciones de derechos humanos para llevar adelante un proceso transicional, bien sea en el marco de un conflicto armado o de un régimen autoritario. En el sistema de protección de derechos humanos de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) se crearon los principios Joinet (1997) sobre la lucha contra la impunidad. Estor principios fueron actualizados por Diane Orentlicher (2005) y definen las obligaciones de los estados frente a graves violaciones de derechos humanos. En su esencia, la lucha para enfrentar la impunidad se desarrolla alrededor de cuatro ejes: el derecho a saber, el derecho a la justicia, el derecho a obtener reparaciones y las garantías de no repetición66. En su discusión del derecho a la justicia, Louis Joinet hace referencia específica a la importancia de la verdad y el perdón para los procesos de reconciliación: “No habrá una reconciliación justa y duradera sin una repuesta efectiva a la necesidad de justicia; como componente de la reconciliación, el perdón, un acto privado, implica que la víctima sepa quién es el perpetrador de las violaciones y que esa persona haya sido capaz de demostrar arrepentimiento. Es necesario que el perdón se busque antes de ser otorgado67 (Joinet, 1997: 7).

Contrariamente a lo que se argumenta en la literatura anteriormente examinada, Joinet afirma que la justicia es una condición necesaria para que se pueda producir una reconciliación verdadera entre víctima y victimario. Actualmente, el concepto de justicia está en la base de los estándares internacionales y de las obligaciones de los estados frente a los procesos de justicia transicional.

Ese concepto también es desarrollado en los principios suizos para “enfrentar el pasado” (Swisspeace, 2012). Allí, los cuatros ejes identificados por Joinet y Orentlicher constituyen pilares fundamentales e interrelacionados que se deberían poner en marcha de una forma integral. Esa mirada holística de la justicia transicional permite fomentar la transformación, tanto de víctimas como de victimarios, e incluso de los ciudadanos con derechos iguales. A largo plazo apunta al establecimiento de una cultura de la responsabilidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y el avance de la reconciliación (Swisspeace, 2012: 2). Todo lo anterior es posible porque los procesos entablados buscan la transformación de normas, estructuras y relaciones de poder causantes de desigualdades e injusticias (Swisspeace, 2012: 9). Según ese concepto, los procesos se realizan en tres niveles.

El nivel individual se puede realizar a través del reconocimiento de la marginalización histórica y de los daños causados a las víctimas; también de su reparación y del aseguramiento de que la ciudanía tendrá acceso igualitario a los recursos. A nivel colectivo, enfrentar el pasado puede contribuir a la reducción de actitudes y discursos sociales que fomentan conflicto entre individuos y grupos o que promueven la discriminación en contra de ciertos sectores de la sociedad. A través de eventos simbólicos como actos oficiales, peticiones de perdón, conmemoraciones o implementación de reformas institucionales pueden forjarse nuevas relaciones sociales. Enfrentar el pasado a nivel del Estado incluye la transformación de estructuras políticas a través de reformas constitucionales o ciudadanas. Estos cambios pueden contribuir a la transición democrática y a construir a una comunidad política sólida para lograr una paz sostenible68 (Swisspeace, 2012: 13).

El énfasis del enfoque de “enfrentar el pasado” pone en evidencia que en un mismo momento transicional hay varias transiciones en juego. Aunque normalmente la transición más visible es del contexto político, bien sea de una transición del autoritarismo hacia la democracia o de la guerra hacia la paz, hay otras transformaciones que son igualmente importantes. Por ejemplo, la de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos e impunidad generalizada a un Estado de derecho y la posibilidad de reestablecer el contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Todos esos procesos se vuelven fundamentales para crear las condiciones necesarias para la reconciliación.

Paralelamente a la concertación de los componentes clave en los procesos de justicia transicional, se han desarrollado debates sobre la definición de la justicia, tanto en ámbitos de justicia ordinaria como de justicia transicional. Esto se explorará en el apartado del caso del País Vasco. La justicia restaurativa se centra en la idea que “la justicia tiene que hacer un esfuerzo para ‘restaurar’ el equilibrio perdido y plantea que los procesos judiciales no son la única ni la mejor, forma de alcanzar dicho equilibrio”69 (Leebaw, 2008: 104). Tradicionalmente, la justicia restaurativa ha tomado la forma de espacios de mediación en los que confluyen las víctimas, los victimarios y la comunidad para discutir los hechos y daños, identificar las causas y definir las sanciones (Huyse, 2003: 111). Un ejemplo de los procesos de justicia restaurativa en un contexto transicional fueron los Gacacas en Ruanda. Estos eran espacios mediados por los ancianos de la comunidad, en los que se resolvían los conflictos a través del diálogo; después se llegaba a acuerdos que fomentaba la convivencia (Domínguez Mendoza y Rosero González, 2017: 224). Estos espacios fueron modernizados y complejizados para procesar personas involucradas en genocidios, y ofrecieron beneficios frente a las posibles sanciones que normalmente se aplicarían bajo un esquema de justicia ordinaria por los hechos imputados. Los máximos beneficios de disminución de la severidad de la sentencia se le concedieron a quienes confiesan su culpa al inicio del proceso; reducciones menores fueron otorgadas a quienes confesaron durante el proceso; los castigos normales son aplicados a los que no confiesan y son declarados culpables (Uvin, 2003: 117-118).

Un concepto asociado con ese debate es el de la reparación, como lo veremos en la definición de los estándares de justicia restaurativa que se encuentra en el apartado sobre el País Vasco. La centralidad de esta noción se debe a que los procesos se centran en reparar daños y en restaurar la armonía comunitaria. Vandeginste (2003: 145-146) provee una definición que se vale de cuatro componentes, muy útil para hacer entender el concepto de reparación desde una perspectiva ampliada:

Restitución: devolución de propiedad, restauración de libertad, ciudanía u otros derechos legales, retorno al lugar de residencia y restauración del empleo.

Compensación: indemnización como reconocimiento de los daños causados.

Rehabilitación: restauración de la salud física y mental de la víctima.

Satisfacción: verificación de los hechos, petición de perdón, sanciones contra perpetradores individuales, conmemoraciones y reconocimientos públicos de las víctimas.

Vandeginste (2003: 146) resalta que, aunque todas medidas de reparación pueden tener un impacto disuasivo hacia el futuro, las garantías de no repetición incluyen reformas estructurales a instituciones como la rama judicial, el control civil de las fuerzas armadas y la protección a defensores de derechos humanos. Por lo tanto, reconoce la importancia restaurativa y reparadora tanto de los procesos de justicia y verdad, como de la identificación de las reformas estructurales que pueden prevenir que los hechos vuelven a suceder. Así se materializa un acercamiento integral al proceso.

EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

El SIVJRNR busca acercarse a los principios suizos de “enfrentar el pasado”, proponiendo un modelo de justicia transicional integral que permite fomentar los procesos necesarios para progresar hacia una reconciliación en la sociedad colombiana desde una perspectiva restaurativa y reparadora de la justicia. En la práctica, eso se manifiesta en que el SIVJRNR prioriza las acciones conducentes a la verdad, la reparación y la no repetición por encima del concepto tradicional de castigo.

Este apartado tiene el objetivo de examinar cómo el SIVJRNR establecido en el Acuerdo de La Habana le aporta a la realización de un proceso integral de reconciliación. En la siguiente sección, exploraremos los desafíos de la propuesta integral del sistema, incluyendo las modificaciones hechas a su diseño inicial a partir del fracaso del acuerdo tras haber sido rechazado durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Aunque el tema de las víctimas es de cierta forma transversal a todo el acuerdo, el diseño del SIVJRNR se desarrolla principalmente en el quinto punto. El acuerdo proclama que:

Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades (Mesa de Conversaciones, 2016a: 118).

Adicionalmente, contempla cinco componentes que son: la Unidad de búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UPBD); la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); las medidas de reparación, y las garantías de no repetición. En la práctica, eso implica la creación de tres entidades —la UBPD, la CEV y la JEP—, las cuales tienen a su cargo la realización de ciertas acciones y tareas, además de los distintos procesos que nacen del acuerdo. Todo ello está encaminado a poner en práctica las medidas de reparación y las garantías de no repetición. La relación entre los componentes del sistema está representada en el siguiente gráfico, que muestra cómo cada uno de los ejes apoya la realización de los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, contribuye a promover la reconciliación. La descripción detallada del funcionamiento de cada uno de esos componentes está fuera del alcance de este apartado debido a su alta complejidad. Sin embargo, dado que es importante ofrecer elementos orientativos que permitan comprender cuál es el funcionamiento del sistema, se expondrá un breve resumen de esos mecanismos, se analizarán los niveles de interdependencia y relacionamiento entre ellos y se mostrará cómo, en teoría, cada componente está diseñado para complementar a los demás y así contribuir a sembrar las bases para la reconciliación.

Fuente: Elaboración propia.

La UBPD es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial, creada para buscar a las personas que han desaparecido durante el conflicto armado y poder dar una respuesta a las familias sobre su paradero. Según los cálculos del Observatorio de Memoria y Conflicto (2018) hay 80.514 personas desaparecidas por razones del conflicto. Debido a la cantidad de personas potencialmente afectadas y a la delicada naturaleza de esta labor, el funcionamiento de la UBPD está proyectado a 20 años, con la posibilidad de extender este plazo. La naturaleza de la entidad hace que no tenga ningún rol en la identificación de los responsables de las desapariciones. Únicamente los reportes forenses de los restos tendrán un valor probatorio; el resto de información utilizada para ubicar a las personas desaparecidas no podrá ser utilizada en ningún proceso de administración de la justicia.

La CEV es una entidad extrajudicial compuesta por once comisionados, liderada por el sacerdote padre Francisco de Roux. La comisión funciona durante tres años a partir de noviembre 2018, después de completar una fase inicial de preparación. Esta comisión tiene la responsabilidad de contribuir al esclarecimiento de la verdad, al reconocimiento de las víctimas y al reconocimiento, bien sea a nivel individual o colectivo, de las responsabilidades por la participación directa o indirecta en el conflicto armado. También tiene tareas de promoción de la convivencia en los territorios del país. La comisión puede indagar acerca de hechos ocurridos durante todo el conflicto armado con las FARC-EP, incluso se da la posibilidad a los comisionados de que examinen hitos históricos previos al conflicto con el fin de obtener luces sobre las múltiples causas del conflicto armado. Vale precisar que las actividades de la CEV no están limitadas a las actuaciones de las FARC-EP y el Estado colombiano, sino que también deben examinar el fenómeno de violencia paramilitar y la relación del conflicto con el narcotráfico. Como puede verse, la comisión tiene la posibilidad de examinar el conflicto armado desde una perspectiva muy amplia, fortaleciendo la integralidad del proceso.

La última institución que se creó como parte del SIVJRNR es la JEP, una entidad judicial. La JEP tiene dos grandes objetivos: garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y resolver la situación jurídica de las personas que estuvieron implicadas directa o indirectamente en la generación de violencias a lo largo del conflicto armado. La JEP está compuesta por la Unidad de Investigación y Acusación, el Tribunal para la Paz y tres salas más, a saber, la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos, la Sala de Amnistías o Indultos y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

La JEP tiene jurisdicción temporal sobre crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado70 antes del 1 de diciembre de 2016. Como ya se ha sugerido, es la entidad encargada de determinar la responsabilidad penal individual para los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado a partir de una mirada restaurativa de la justicia en relación con sus sanciones. En la práctica, eso implica una combinación de amnistías, indultos y renuncias a las medidas penales tradicionales. Vale resaltar que, según las normas del Derecho Penal Internacional, existen crímenes no amnistiables. En estos casos se contempla la posibilidad de generar sentencias alternativas que no implican cárcel, siempre y cuando los responsables cuenten toda la verdad de manera temprana, al inicio del proceso; también existe la posibilidad de permanecer un periodo de sentencia reducida en la cárcel para quienes reconocen la verdad en una fase más adelantada del proceso.

Según lo acordado, los excombatientes de la guerrilla recibirán amnistía para los delitos políticos y conexos cometidos en el marco del conflicto. Los delitos políticos son “aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 260). Para que un delito sea considerado conexo al delito político, las acciones criminales tienen que estar “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión […] no se trata de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal en beneficio propio o de un tercero” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 260). En el caso de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública71 que no son considerados suficientemente graves para ser sujetos de un proceso judicial en el sistema, se contempla la renuncia de la persecución penal, que se define como “un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 281). Aunque no se llama oficialmente una amnistía, en la práctica su efecto es igual, pues elimina la posibilidad de presentes y futuras acciones judiciales por los delitos identificados.

En cumplimiento de los estándares del Derecho Internacional Penal, de los derechos humanos y del DIH, hay varios crímenes para los que no se pueden conceder amnistías ni indultos, aun cuando se trate del SIVJRNR. Tales delitos son “los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra72, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 136). En el caso de estos delitos, en los cuales no existe la posibilidad de una amnistía, la JEP propone sentencias alternativas a las de la justicia ordinaria. Estas últimas varían en su severidad según la voluntad del perpetrador de reconocer su responsabilidad por los hechos en cuestión y contribuir a la restauración de los derechos de las víctimas. En ese orden de ideas, el sistema hace una distinción entre tres tipos de sentencias que pueden ser impuestas por la JEP: sentencias propias, alternativas y ordinarias (Mesa de Conversaciones, 2016a: 147).

Las sentencias propias de la JEP son sentencias planteadas desde la justicia restaurativa. Se enfocan más en la reparación del daño que en el castigo del perpetrador y buscan incentivar un pronto y completo reconocimiento de la verdad y la responsabilidad. Para acceder a sus beneficios, los perpetradores deben reconocer la verdad y su responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad, la cual es el punto de acceso al sistema. Cuando los delitos son infracciones muy graves, la persona debe comprometerse a realizar las correspondientes acciones reparadoras y restauradoras en un lapso de entre cinco y ocho años. Durante ese periodo de tiempo, los responsables se someterán a una restricción efectiva de libertad. Las acciones consideradas como reparadoras en el contexto de la JEP deben ser acordadas con las víctimas; puede ser iniciativas tales como la construcción o reparación de infraestructura, los programas de sustitución de cultivos ilícitos o la limpieza y erradicación de minas antipersona (Mesa de Conversaciones, 2016a: 152-154). En el caso de las personas que reconocen su responsabilidad cuando su caso ya está en el Tribunal, pero antes de la sentencia, recibirán sentencias de privación de la libertad. Para las personas que tuvieron una participación determinante en los hechos estas sentencias pueden extenderse entre cinco y ocho años; para las personas que intervinieron en crímenes graves sin tener una participación determinante en ello, la privación de la libertad puede durar entre dos y cinco años. Las sentencias ordinarias se aplicarán a las personas que no reconocen la verdad y la responsabilidad durante su proceso en la JEP. En estos casos, las sanciones consisten en penas privativas de la libertad que pueden durar entre 15 y 20 años. De esta forma, el sistema busca promover el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad, ofreciendo incentivos diferenciados para las personas que acuden al proceso y al mismo tiempo le aportan. Obsérvese que no se elimina completamente la lógica del castigo que fundamenta la justicia ordinaria, y que esta aumenta para quienes no contribuyen con los aportes requeridos por el sistema de justicia transicional para el avance hacia escenarios de reconciliación.

En concordancia con la lógica de una justicia transicional integral y restauradora, para acceder a los beneficios que ofrece la JEP en términos de la reducción en la severidad del castigo, los comparecientes tienen que hacer aportes a los otros mecanismos del sistema. Según lo acordado entre las partes, no cumplir esta obligación puede resultar en la perdida de los beneficios otorgados por el sistema:

[…] Si se rehusaran de manera reiterada e injustificada a los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas de existir la obligación de acudir o comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (Mesa de Conversaciones, 2016a: 261).

Como parte del proceso, tanto el Gobierno como las FARC-EP se comprometieron explícitamente a entregar a la UBPD toda la información que pueda ayudar en la ubicación de personas desaparecidas (Mesa de Conversaciones, 2016a: 129). De esa forma, los comparecientes que van a tener los beneficios que otorga la JEP deben contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas, entre otras cosas, revelando el paradero de los restos de personas de los cuales tienen conocimiento.

La priorización de la verdad y la reparación por encima del castigo a los individuos también se refleja en el flujo de información entre los diferentes mecanismos. Por ejemplo, la CEV no puede trasladar la información que reciba o produzca “a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 121). La información que reciba o produzca la UPBD también tiene restricciones parecidas que prohíben su uso en procesos judiciales para atribuir responsabilidades; solamente la información relacionada con “los informes técnicos forenses y los elementos materiales asociados al cadáver” tendrán valor probatorio (Mesa de Conversaciones, 2016a: 129). En el sentido contrario, el acuerdo exige la cooperación entre la UBPD y la CEV, incitándolas a crear “un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 129). Además, los casos de la JEP también formarán parte del esclarecimiento de la verdad. Su tribunal debe remitir inmediatamente a la CEV las sentencias que firme (Mesa de Conversaciones, 2016a: 145). En la práctica esto tendrá unas limitaciones obvias, más aún teniendo en cuenta las temporalidades diferenciadas con que funciona cada uno de los mecanismos, especialmente la CEV y la JEP. También es necesario observar que es altamente improbable que la JEP culmine cualquier proceso antes del fin de la vigencia de la CEV. Las dinámicas de relacionamiento entre estos mecanismos dejan claro que el sistema concibe la justicia desde una perspectiva reparadora, que busca promover la verdad, la reparación y la no repetición por encima de los castigos penales e individuales.

Más allá de la naturaleza restaurativa de las sanciones aplicadas por la JEP, a la que ya se hacía referencia, las medidas de reparación se implementan de una forma transversal, teniendo lugar en varios puntos del acuerdo. Existen opciones diversas para llevar a cabo la reparación de las víctimas, incluyendo los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, las acciones concretas de contribución a la reparación, los procesos de reparaciones colectivas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la rehabilitación psicosocial, los procesos colectivos de retorno, las medidas sobre restitución de tierras y la adecuación y el fortalecimiento participativo de la políticas de atención y reparación integral a las víctimas (Mesa de Conversaciones, 2016a: 158-165). Hay otros componentes del acuerdo que van dirigidos a la reparación, como, por ejemplo, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, por medio de las cuales se iban a elegir dos delegados a la Cámara de Representantes a partir de elecciones llevadas a cabo en 16 regiones del país. Su participación en la cámara es temporal (dos mandatos) y tienen como fin dar voz y visibilidad pública a las regiones del país que habían sido históricamente marginadas, fomentando así “una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como medida de construcción de la paz” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 41).

Así como las medidas de reparación, las garantías de no repetición son transversales al acuerdo. Estas incluyen factores que han sido identificados como motivadores de conflicto y que están asociados a la existencia de inequidades estructurales. Como tal, el fin del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP, junto a la implementación exitosa de lo acordado, son el principal mecanismo para garantizar la no repetición. Como se afirma en el acuerdo final: “[…] las garantías de no repetición serán resultado, por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra de la implementación de medidas adicionales de no repetición que se acuerden en el marco del Punto 3” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 117).

En ese sentido, puede plantearse que el SIVJRNR es un sistema concebido de una forma integral, que busca el goce efectivo de los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana, lo mismo que crear las condiciones para garantizar la no repetición de la violencia asociada con el conflicto armado. En ese orden de ideas, la Reforma Rural Integral, por ejemplo, se concibe en el acuerdo como “la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre a las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 8). Por otro lado, el punto tres del acuerdo prevé la creación de una unidad especial para investigar las conductas individuales y colectivas relacionadas con la violencia en contra de los líderes sociales y los movimientos sociales y políticos73. La unidad tiene como objetivo apoyar la generación de garantías de no repetición contrarrestando la impunidad que tradicionalmente ha habido en los delitos cometidos contra colectividades políticas y sociales. Uno de sus objetivos es acudir a los mecanismos de responsabilidad penal para detener ese tipo de crímenes, incrementar los costos y penas asociadas a su comisión, proveer un elemento disuasivo desde el castigo penal y desmantelar las organizaciones que actualmente están incurriendo en estos crímenes.

¿RECONCILIACIÓN EN UN PROCESO DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL FRAGMENTADA?

El modelo holístico e integral de “enfrentar el pasado” se propone ofrecer mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, lo cual permite avanzar hacia el fin de la impunidad, el establecimiento de un Estado de derecho y la reconciliación. En la sección anterior, vimos como el SIVJRNR diseñado en los diálogos de La Habana propone tratar la violencia asociada al conflicto armado desde una mirada integral, con una variedad de mecanismos que contribuyen de una forma distinta pero complementaria a la realización de los derechos de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social. En la práctica, ese proceso de justicia transicional que apenas está empezando a implementarse enfrentará varios retos, particularmente llevar a la practica la integralidad del proceso.

Hay varios retos que se derivan de la naturaleza del conflicto armado en Colombia; otros se originan en los cambios que se le hicieron al diseño del sistema originalmente pactado en La Habana. Finalmente, hay otros retos propios del panorama político después de las elecciones presidenciales y legislativas en 2018, en la que los partidos políticos opuestos a la implementación del SIVJRNR tomaron la presidencia y lograron un número significativo de escaños en el Congreso colombiano.

Empecemos por los retos provenientes del contexto del conflicto armado colombiano. Uno de ellos es la aplastante cantidad de hechos a la cual se tiene que enfrentar el sistema. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (2018) desde 1958 hasta 2018 el conflicto armado ha dejado 262.197 víctimas fatales, de las cuales el 82% fueron civiles. La gran mayoría de esas víctimas, es decir, el 69,9%, son víctimas de asesinatos selectivos, es decir, no relacionados directamente con acciones bélicas o las dinámicas de la guerra. El Observatorio (2018) también ha documentado 80.514 casos de desaparición forzada, 37.094 de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual, 17.812 niños, niñas o jóvenes reclutados y 4.222 masacres que resultaron en la muerte de 24.518 personas. Todo ello sin contar las personas desplazados por la violencia, que según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas suma casi 7.500.000 personas (RUV, 2019).

Responder de forma adecuada e integral a todas las víctimas representa un serio reto para todos los mecanismos del sistema: la JEP debe procesar una cantidad masiva de hechos violentos relacionado con el conflicto armado y tratarlos de forma que logre satisfacer las aspiraciones de justicia de las víctimas. También se espera que establezca la relación entre los hechos para poner en evidencia dinámicas y patrones que han definido la prolongación y degradación excesivas del conflicto armado colombiano. El gran reto de la CEV es encontrar la forma de avanzar en el esclarecimiento del contexto del conflicto de tal manera que las tendencias globales no desdibujen la cantidad de los relatos individuales y viceversa. Finalmente, para la UBPD el mayor reto es su razón de ser: dar respuesta a los familiares de las decenas de miles de personas desaparecidas.

Otro de los grandes retos para este proceso es la naturaleza fragmentada del conflicto. Por un lado, esto significa que se está intentando llevar a cabo un proceso integral de justicia transicional que le apunta a lograr una transición parcial del conflicto armado a la construcción de paz; por el otro, esa misma fragmentación dificulta el establecimiento claro de los límites existentes entre la violencia propia del conflicto armado, la violencia política y la asociada a la delincuencia común. Pizarro (2017: 48) describe la histórica fragmentación del conflicto armado en Colombia y sus transiciones parceladas, anotando que, aunque los anteriores procesos de paz han desescalado el conflicto armado colombiano, se ha producido una “mezcla de posconflictos parciales y la persistencia del conflicto armado con los grupos renuentes ha prolongado la agonía de nuestraguerra interna por décadas”. Si bien la desmovilización de las FARC-EP es un hito en el desescalamiento del conflicto armado colombiano, dado que son la guerrilla más numerosa del país, no puede perderse de vista que queda activo el ELN. Las posibilidades de negociación con esta insurgencia son aún menores después de que se disolviera la mesa de negociación entre esta guerrilla y el Gobierno en enero de 2019 (Molano Jimeno, 2019a).

Al mismo tiempo, el país sigue enfrentando a los grupos que surgieron después de la desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales constituyen un desafío permanente para la consolidación de la paz, pues mantienen control sobre tierras despojadas en algunas regiones impidiendo la restitución, y se han venido articulando a diversos intereses locales y grupos sociales que se oponen a la transición democrática y a las reformas agrarias derivadas del Acuerdo de Paz (Defensoría del Pueblo, 2017: 160).

Como se ha visto, después de la desmovilización en “algunas zonas dejadas por las FARC-EP comienzan a tener problemas delicados de seguridad, allí los homicidios han aumentado, se presenta un copamiento por parte de organizaciones criminales y varias de estas zonas son teatros de guerra” (Montoya Cely et al., 2018: 13). La continuación de la violencia en varias zonas, particularmente en las más afectadas por el conflicto armado, hace difícil construir un proceso de justicia transicional integral, para ser más claros, la transición del conflicto hacia la construcción de paz es parcial y varias víctimas y comunidades están viviendo la repetición de los hechos.

Otra de las consecuencias de la fragmentación del conflicto armado es la dificultad para delimitar las expresiones del conflicto y las de otras violencias. No se trata de una diferencia meramente semántica; para las víctimas de la violencia en Colombia esta diferenciación incide directamente en las oportunidades que tienen o dejan de tener para restablecer los derechos que les han sido vulnerados en el marco del conflicto. Este debate ha sido relevante respecto de temas como la atención a víctimas bajo la Ley 144874 y el examen preliminar de la Corte Penal Internacional de la situación en Colombia75. La definición de conflicto armado entonces se vuelve supremamente relevante para entender el alcance del actual proceso de justicia transicional y su capacidad de responder a las víctimas de los diversos actores armados que han azotado, y en algunos casos siguen azotando, a la población civil. El tema de cómo entender el alcance del conflicto armado ya se ha presentado en diferentes casos antes de la JEP. Por ejemplo, en el caso de los excongresistas David Char Navas76 y Álvaro Ashton Giraldo77, involucrados en temas de parapolítica, la Sala de Resolución de Situaciones Jurídicas rechazó sus solicitudes de sometimiento a la JEP, bajo el argumento de que los delitos por los cuales están siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia no hacían parte del repertorio del conflicto armado y, por lo tanto, no eran de competencia de la JEP. Esa decisión fue llevada por los interesados a la Sección de Apelación, cuyo fallo plantea que “el procesamiento de agentes del Estado y terceros civiles que contribuyeron a la prolongación e intensificación del conflicto armado es necesario para esclarecer la verdad, superar el conflicto y dignificar a las víctimas” (JEP, 2018b). Este caso pone en evidencia las diferentes formas de entender el alcance del conflicto armado y las implicaciones que esto puede tener en la justicia y el esclarecimiento de verdad, particularmente en casos de terceros y la relación de estos últimos con las lógicas y dinámicas del conflicto armado.

Existe otro desafío que resulta de las modificaciones que sufrió el SIVJRNR, particularmente la JEP, después del fracaso del Acuerdo de La Habana en el plebiscito del 2 de octubre. La modificación afecta la competencia personal de la JEP. Según dicho acuerdo: “Se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado… [abarca] las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares que no sean resultado de coacciones, respeto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 134).

En el acuerdo final se habla de la participación voluntaria de terceros que no hayan tenido una participación determinante (Mesa de Conversaciones, 2016a: 158), y en el Acto Legislativo 02 de 2017 que contiene las reformas constitucionales necesarias para poner en marcha el SIVJRNR se establece que los civiles podrán acogerse a la JEP, sin que eso afecte la competencia sobre la personas con una participación activa o determinante en los crímenes no amnistiables (Congreso de la República, 2017, art. trans. 16). Finalmente, la Corte Constitucional falló que la JEP podría tener una competencia obligatoria solamente frente a los actores armados, dejando “los terceros civiles, los agentes del Estado que no integran a la Fuerza Pública y los propios aforados constitucionales” con una participación voluntaria (Guerrero Pérez et al., 2017: 411).

El anterior es un cambio que afecta la integralidad del proceso en la medida en que reduce de una forma significativa la probabilidad de que personas no integrantes de las FARC-EP o la Fuerza Pública pasen por la JEP. Esto limita la posibilidad de entender el conflicto armado en su integralidad y complejidad. Lo más probable, como se evidencia en los perfiles de los terceros que están buscando someterse de forma voluntaria a la JEP, es que las personas que ya han sido condenadas o que tienen procesos avanzados en la justicia ordinaria aprovechen las posibilidades que ofrece la JEP para reducir la severidad de la sanción impuesta o prevista. Desde que la JEP empezó a funcionar, políticos como Ashton, Char o Juan José Chaux Mosquera, que tienen investigaciones muy adelantadas en la Corte Suprema de Justicia, han presentado sus casos para ser procesados en la JEP. Es similar el caso de la empresaria costeña Enlice López, alias la Gata, quien fue condenada a 37 años de cárcel por vínculos con grupos paramilitares (“La Gata ahora busca un cupo en la JEP”, 2018). Esta modificación de la JEP también puede afectar otros componentes del proceso, como la CEV, puesto que ya no tiene la potestad de llamar a terceros a comparecer. En la práctica, se disminuye la probabilidad de que su caso llegue a ser investigado, ya que la justicia ordinaria en Colombia no representa una amenaza sustancial debido a los altos índice de impunidad que tiene en estos tipos de casos. Por lo tanto, participar en procesos de verdad y reconocimiento de responsabilidad entablados por la CEV puede ser visto como una forma innecesaria de revelar información potencialmente incriminadora. Aunque la información que reciba la CEV no puede ser utilizada con fines probatorios, es un hecho que ciertas series de acontecimientos pueden dar pistas para que otros organismos judiciales u organizaciones defensoras de derechos humanos busquen otras formas de comprobar la responsabilidad penal de estos actores. En ese sentido, la modificación de la jurisdicción frente a los terceros puede poner en cuestión la integralidad del sistema y debilitar los cimientos sobre los cuales se está buscando construir la reconciliación de la nación.

Sin embargo, no todas las modificaciones que sufrió el SIJVRNR son necesariamente dañinas para la naturaleza integral del proceso. La Corte Constitucional ha hecho unas precisiones en sus sentencias sobre algunas de las normas relevantes al sistema que fortalecen los incentivos a los perpetradores, especialmente en el caso de las FARC-EP, y, en algunos casos, de terceros que quieran acudir a la JEP, esto último en términos de su capacidad para participar en política. La participación política de las FARC-EP ha sido uno de los componentes más controvertidos del acuerdo, puesto que, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, las sentencias proferidas por la JEP no inhabilitarían la participación de los sentenciados en política. La Corte aclaró que solamente quienes recibieran sentencias propias de la JEP podrían participar en política, es decir los casos en los cuales los perpetradores reconocen la verdad y la responsabilidad desde el momento en que su caso pasa por la Sala de Reconocimiento (“Luz verde de la Corte Constitucional a la estatuaria de la JEP”, 2018). En otras situaciones, si el caso pasa al tribunal y las personas reciben una sentencia alternativa u ordinaria, quedarían inhabilitadas para la participación política. Esto puede ser un incentivo importante para las personas implicadas en crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado que están interesadas en empezar a ejercer o en seguir desempeñando un papel en escenarios políticos, particularmente en el caso de los miembros de las FARC-EP, quienes tienen una clara apuesta de hacer la transición de movimiento político armado a movimiento político cívico.

Finalmente, uno los mayores retos que enfrenta actualmente el sistema es la oposición política que han suscitado varios de sus componentes. Esta situación ha ocasionado el retraso en la promulgación de la normatividad necesaria para el funcionamiento de los mecanismos, recortes presupuestales a las entidades y campañas para deslegitimar sus mecanismos. En resumen, ha dificultado que el sistema en su conjunto funcione de la forma en que fue diseñado y ha impedido que se lleven a cabo los procesos de la manera más integral posible. Como vimos en la anterior sección, los componentes que conforman el sistema, sobre todo en los ámbitos de reparación y no repetición, tienen varias dimensiones más allá del contenido quinto punto del acuerdo. Por ejemplo, en materia de no repetición, la Unidad Especial de Investigación, organismo encargado de investigar los asesinatos a líderes sociales, no ha logrado avanzar en la ejecución de su cometido. Ello ha significado que “la Unidad no ha tenido el impacto esperado para frenar la escalada de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido evidenciados por múltiples fuentes con gran preocupación” (KROC Institute, 2018: 145). Varios estudios han señalado la situación crítica de violencia contra los líderes sociales después de la firma del Acuerdo Final, lo mismo que el aumento del número de excombatientes asesinados (Garzón et al., 2018: 7; Montoya Cely et al., 2018: 36). En lo referido a las reparaciones, hay varios problemas que se evidencian en la inadecuación de la Ley de Víctimas (Ley 1448/2011) para responder a las situaciones de reparación que identifica el acuerdo. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz no fueron aprobadas antes del fin del periodo legislativo y de las elecciones del Congreso en marzo de 2018; actualmente no hay claridad sobre el futuro de esta iniciativa de reparación simbólica a las víctimas.

Uno de los actos más frontales de oposición política al sistema, específicamente a la JEP, fue la objeción del presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP por razones de conveniencia. En febrero de 2019 el fiscal Néstor Humberto y el senador y expresidente Álvaro Uribe sugirieron que el presidente no debía firmar la norma por cuestiones de conveniencia (“Los duros reparos del fiscal general a la Ley Estatuaria de la JEP”, 2019; “Los trinos en los que Uribe propone que se elimine la ley de la JEP”, 2019). Uribe declaró públicamente: “Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la JEP, pero, ante los hechos, lo que hemos procurado es que haya algunas reformas […] el presidente de la República conserva la competencia para objetar [la ley] por razones de conveniencia” (citado en: “‘Nunca hemos estado de acuerdo con la JEP’: Álvaro Uribe”, 2019). Las objeciones del presidente se dirigieron a los siguientes temas:

La obligación de los victimarios de reparar a las víctimas.

La veeduría del Alto Comisionado de Paz sobre las listas de integrantes de los grupos armados.

La suspensión de acciones judiciales en la justicia ordinaria.

La renuncia de la acción penal contra quienes no son máximos responsables.

La competencia de decidir sobre procesos de extradición (Presidencia de la República, 2019).

En las objeciones también se indica que el Gobierno va a buscar modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que contiene la base del SIVJRNR, con el fin de excluir de la competencia del sistema los delitos sexuales contra menores y las conductas delictivas que continúen ejecutándose después de la firma del acuerdo final. También declara que quiere claridades sobre la pérdida de los beneficios por reincidir en actividades criminales (Presidencia de la República, 2019). Sin embargo, varias de esas objeciones que recogen la postura del fiscal Martínez ya habían sido catalogadas como engañosas por varios expertos (Herrera Durán y Dulce Romero, 2019). El excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que las objeciones del presidente responden a “su deseo de acabar con la JEP […] [y a] los intereses electorales del Centro Democrático, cuya intención es usar las objeciones para tensionar al máximo la política y hacer campaña para las elecciones regionales y luego para las presidenciales” (Molano Jimeno, 2019b). En junio de 2019, la norma finalmente entró en vigencia, después de que la Corte Constitucional reconociera que las objeciones del presidente no fueron recogidas por el Congreso.

De formas más sutiles, los partidos opuestos al SIVJRNR han buscado cortar los recursos para financiar los mecanismos del sistema, lo que mella su buen funcionamiento. Según el comisionado Alfredo Molano, la CEV sufrió un recorte del 40% de su presupuesto (“Comisión de la Verdad, con menos recursos para funcionar”, 2019); la JEP advirtió que iba a tener problemas para lograr sus objetivos, particularmente en el trabajo regional, si el Gobierno procedía con el recorte presupuestal de 70.000 millones de pesos (“JEP advierte que sin los recursos completos no podrá llegar a las regiones”, 2018). Desde que el Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a comienzos de 2019, hay tanta incertidumbre sobre cómo se van a asignar los recursos para la implementación del Acuerdo Final que la Comisión de Paz del Senado y la Cámara convocó a una audiencia pública para revisar el tema (“Comisión de Paz convocará audiencia pública sobre el presupuesto para la paz en el PND”, 2019). Sin recursos suficientes para el desarrollo de sus competencias, los mecanismos de justicia transicional del SIVJRNR difícilmente van a poder cumplir con la propuesta de llevar a cabo un proceso integral.

Otros elementos de la oposición política se han esforzado por deslegitimar el SIVJRNR, especialmente, las competencias que le fueron otorgadas para examinar la conducta de la Fuerza Pública. Entre los esfuerzos de deslegitimación se cuenta un intento de descalificar a varios magistrados electos de la JEP aludiendo a sus posturas ideológicas (“Senado aprieba la JEP, la corte hizo el milagro”, 2017). Cuando aquel intento fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, la misma bancada buscó crear un subsistema dentro de la JEP para tratar los casos de la Fuerza Pública, sin embargo, dicha iniciativa se hundió en el Congreso en octubre de 2018 (Molano Jimeno, 2018). El Proyecto de Acto Legislativo 87 de 2018 buscaba restringir la capacidad de los mecanismos del SIVJRNR de acceder a documentos de entidades públicas. Específicamente, buscaba negar el acceso a información relacionada con:

[…] operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional… [tampoco puede] requerir ningún tipo de información personal contenida en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la vida profesional o privada del personal de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado (Pérez Pineda, 2018: 1).

La propuesta despertó mucha controversia, sobre todo en los responsables de los mecanismos del SIVJRNR. Francisco de Roux, presidente de la CEV, declaró que con la medida “[…] se destruirá la base de una paz basada en la verdad. Esto no solo destruye la posibilidad de la verdad, sino que destruye los derechos de las víctimas” (citado en “Buscan hundir proyecto que restringe acceso a la verdad del conflicto”, 2018). El proyecto fue retirado de consideración de la Cámara el 23 octubre de 2018. Esos intentos fallidos son representativos de la postura de los opositores del actual proceso de paz, que buscan impedir los posibles hallazgos frente a la responsabilidad de la Fuerza Pública y otros actores asociados con esas prácticas. Su estrategia es crear la percepción social de que el sistema tiene un sesgo en contra de la Fuerza Pública. Ese discurso divisionista puede tener obvias implicaciones en la capacidad de los mecanismos de justicia transicional para fomentar la reconciliación. Por supuesto, si alguna de estas modificaciones hubiera sido aprobada, habría afectado de una forma significativa la capacidad del sistema para operar de una forma integral.

CONCLUSIONES

El SIVJRNR diseñado en el marco de los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano marcó un hito en los procesos de justicia transicional debido a su diseño innovador, que busca sembrar las bases para la reconciliación en Colombia a través de un proceso integral que reconoce la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como pilares fundamentales del proceso. Este acercamiento a la relación teórica entre procesos de justicia transicional y reconciliación nacional confirma que los procesos de justicia transicional son el paso previo necesario para empezar el proceso de reconciliación.

Sin embargo, como hemos podido apreciar, el sistema se enfrenta con varios retos para poder alcanzar el ideal de un proceso de justicia transicional integral. Estos retos surgen desde el mismo contexto de la transición hacia la construcción de paz después de décadas de conflicto armado. Dado que se trata de una transición parcial y, por tanto, de un conflicto fragmentado, surgen varios desafíos frente al cumplimiento de los objetivos del sistema. Ello también implica que sigue habiendo dinámicas del conflicto en el país. Además, los cambios en el diseño del sistema después de que la población colombiana se pronunciara en contra del acuerdo por medio del plebiscito del 2 de octubre, disminuyeron su alcance. Son particularmente visibles los cambios de la jurisdicción de la JEP en cuanto a la comparecencia voluntaria de terceros implicados en el conflicto, con lo que se limitó efectivamente su alcance a las FARC-EP y la Fuerza Pública. Actualmente, los mecanismos del sistema están enfrentando una oposición desde sectores políticos del Gobierno del presidente Iván Duque.

El proceso de justicia transicional colombiana que empezó con el proceso de paz con las FARC-EP todavía está en su infancia. Tendremos que esperar varios años para poder evaluar si este ambicioso e integral sistema logra fomentar la reconciliación en Colombia.

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CAPÍTULO 5

AFRONTAR LO IRREPARABLE: HACIA LA CONVIVENCIA 
SOCIAL ARMÓNICA MEDIANTE UNA JUSTICIA SENSIBLE 
A LA RESTAURACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS

JOSÉ RAMÓN INTXAURBE VITORICA

Una aclaración terminológica previa: en numerosos documentos y trabajos encontramos una diversidad de denominaciones (justicia restaurativa, justicia reparadora, justicia terapéutica, justicia reconstructiva, justicia participativa, justicia recreadora o justicia victimal) que tratan de hacer referencia a un paradigma jurídico que busca situar a las víctimas y sus necesidades en el centro del proceso de administración de justicia y no en los márgenes pasivos del mismo. En el presente texto emplearemos el término “justicia restaurativa” sin perjuicio de que, en numerosos textos doctrinales, algunos de ellos citados en este trabajo, se emplee algún otro de los términos ya citados para hacer referencia a la misma realidad.

En las siguientes páginas se tratará de explicar en qué consiste el modelo de justicia restaurativa, cuáles son sus fundamentos jurídicos y éticos, así como en qué puede resultar útil en el caso del País Vasco. Asimismo, se aportarán algunos ejemplos de prácticas restaurativas llevadas a cabo y se tratará de dilucidar, principalmente a través del testimonio de sus protagonistas, si ofrecieron frutos reseñables o no. Finalmente, se reflexionará acerca de la eventual aplicación de prácticas de justicia transicional en el ámbito vasco.

EL TERRORISMO COMO ATAQUE AL PLURALISMO 
DE LA SOCIEDAD Y A LA LIBERTAD Y DIGNIDAD 
DE LAS VÍCTIMAS

El 3 de mayo de 2018 se dio a conocer el comunicado en el que la banda terrorista ETA anunciaba su disolución incondicional. Habían pasado seis años y medio desde el anuncio previo del cese definitivo de sus actividades terroristas y 36 años desde la disolución de ETA-pm. El listado de sus 864 víctimas mortales (Defensor del Pueblo, 2016: 8) resulta abrumador, así como el de las personas que han sido secuestradas o han sufrido mutilaciones y heridas físicas78 o psicológicas79. Tampoco se puede olvidar que determinados delitos generan una cifra de victimización oculta que resultará difícil o imposible de determinar, bien por la propia naturaleza del hecho delictivo (extorsiones, amenazas…) como por la solución a la que las víctimas se vieron obligadas a recurrir en numerosas ocasiones (escoltas, autoexilio, silencio). La mayoría de los datos que aportaremos en este texto harán referencia a víctimas de ETA o a atentados de esta banda.

Desgraciadamente ETA ha sido un grupo terrorista muy longevo y en sus casi 60 años de historia ha convivido con otras organizaciones que igualmente han pretendido cercenar la pluralidad existente en la sociedad vasca mediante atentados y acciones vulneradoras de los derechos humanos. La constatación de diferentes fuentes de victimización en ningún caso debe servir para justificar o explicar la gravedad de los crímenes cometidos ni para generar un relato que iguale o compense las gravísimas responsabilidades en las que se ha incurrido. Las víctimas y las injusticias cometidas contra ellas nunca se compensan, sino que se suman en el relato de lo intolerable que nunca debe volver a repetirse (Olalde Altarejos, 2013: 36).

En este sentido, la represión del régimen franquista hasta la década de los años setenta, la violencia incontrolada de grupos de extrema derecha u organizaciones parapoliciales entre las décadas de los setenta y los ochenta son realidades igualmente patológicas que han coexistido en algún momento de los 60 años que van desde la constitución de ETA hasta su disolución en 2018, formando todo ello un mosaico de injusticias incompatible con una sociedad plural. Informes sobre la violencia (Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, 2008; Fonseca, 2014)80 han cifrado en 27 las víctimas mortales del GAL, 40 los del Batallón Vasco Español y grupos afines (Triple A, ATE, ANE y GAE)81 y 11 de autoría desconocida por no haber sido reivindicados o por no tener certeza de la veracidad de la reivindicación.

LA RAZÓN DE SER DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

La condena penal ha sido históricamente empleada como la única respuesta a la patología social del delito. Este paradigma clásico ha ido siendo completado por planteamientos que pretendían poner el respeto a la persona en el centro de la gestión de las políticas penitenciarias y del Poder Judicial. Ya a mediados del siglo XX, la consolidación del modelo garantista en el proceso penal, la positivización constitucional del principio rehabilitador o resocializador de las penas privativas de libertad, así como la implementación de modelos terapéuticos en los sistemas penitenciarios constituyeron hitos decisivos en la consideración tuitiva o humanista de la Administración de Justicia, especialmente (en los ejemplos propuestos) en relación con el infractor.

Faltaba por surgir una corriente que llamase la atención acerca de las necesidades de las víctimas y de la urgencia de reparar su dignidad socavada. Sería el surgimiento de la victimología como disciplina científica la que contribuiría a llevar el punto de vista de las víctimas de los delitos a una criminología que, hasta ese momento, tenía una visión más estática del hecho criminal82 (Díaz Colorado, 2006; Giménez Salinas y Rodríguez, 2017). Fue la aparición de la perspectiva de la víctima la que llevó a varios autores del último cuarto del siglo XX a atreverse a plantear un cambio de paradigma que transitaba desde un modelo punitivo de justicia hacia otro centrado en la idea de restauración (Barnett, 1977; Galaway y Hudson, 1972).

El modelo canónico de administración de justicia ofrece una perspectiva estática de los intervinientes en una causa judicial. El Tribunal se coloca en disposición de resolver una disputa planteada por las partes adversarias, las cuales ofrecen sus respectivos argumentos a lo largo de un proceso tasado. Los autores que aventuraron un paradigma restaurativo se atrevieron a llamar la atención acerca del hecho de que en el modelo punitivo las expectativas e intereses de las víctimas eran ignorados o, al menos, se pensaba que quedaban plenamente satisfechos simplemente con la eventual sentencia condenatoria dictada por el tribunal de justicia. Su intuición era que otro modelo de administración de justicia era posible.

En la actualidad, producto del desarrollo doctrinal y normativo que la justicia restaurativa ha experimentado en las últimas décadas, podemos aportar una definición precisa de ella. Toda vez que este epígrafe está dedicado al análisis desde el País Vasco, recurriremos a la definición que podemos encontrar en el derecho de la Unión Europea. Es en el artículo 2 (a) de la Directiva 2012/29/UE en la que se nos aporta una definición de justicia reparadora como “cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial”.

A partir de esta definición, podemos desgranar ciertas características que conforman el núcleo de la justicia restaurativa:

En primer lugar, efectivamente, su caracterización se aleja del modelo tradicional/adversarial de administración de justicia.

En segundo lugar, las partes involucradas se encuentran llamadas a una labor proactiva y colaborativa en el proceso de impartición de justicia.

En tercer lugar, la vocación reparadora de esta figura supone una apelación a valorar las perspectivas de las diferentes partes involucradas en el fenómeno delictivo. Por un lado, la comunidad, a través de las instituciones del Estado, ha sancionado una expectativa de comportamiento mediante la ley penal que ha sido vulnerada por una de las partes (victimarios) produciendo con su acción u omisión un daño o menoscabo en otras personas (víctimas). En consecuencia, tanto víctimas e infractores como la misma comunidad tienen un rol en la articulación de una respuesta a la patología producida. Se pretende el restablecimiento de la paz jurídica y un refuerzo del carácter preventivo de la pena impuesta, ya que el compromiso de reparación de quienes han infringido la norma está vinculado con el reconocimiento de la injusticia cometida y un compromiso de reintegración a la comunidad (Giménez Salinas y Rodríguez, 2017: 72; Zehr, 2002).

En cuarto lugar, en dinámicas especialmente conflictivas, este modelo parece que puede estar llamado a dar un espacio a las expectativas e intereses de las víctimas, una perspectiva que, al ser ignorada con frecuencia, puede llegar a generar una frustración entre ellas.

En último lugar, este espacio de comunicación debe resultar garantista mediante el respeto al principio de autonomía de la voluntad (es un proceso voluntario para las partes), principio tuitivo y emancipador para las víctimas (nunca debería producir el riesgo de incidir en la victimización o conducir a victimizaciones secundarias o reiteradas), principio de privacidad (preservar la confidencialidad del proceso comunicativo), principio de presunción de inocencia (como resulta imperativo en cualquier procedimiento relacionado con la impartición de justicia en el ámbito penal) y el principio restaurativo (el objeto de todo este proceso deberá ser el de restaurar lo vulnerado por el delito). Para una explicación más detallada de estas garantías, véase Subijana, Porres y Sánchez (2015).

Como resumen de todo aquello a lo que está llamada a aportar la justicia restaurativa, reproducimos las palabras del magistrado Sáez Valcárcel (2011: 118): “La justicia restaurativa, y la concepción moral que la acompaña, pone el acento en las personas, en los seres humanos, en su dignidad y en la necesidad de reparar el mal que han padecido, antes que en reglas o principios abstractos. Frente a la justicia retributiva, cuya centralidad es el castigo y la pena de prisión, la moral reconstructiva propone la escucha, el diálogo, el acompañamiento y la protección de la víctima”.

Junto a esta dimensión individual centrada en la víctima, también se ha puesto de manifiesto el potencial de transformación social e, incluso, de desvictimización que este modelo trae consigo precisamente gracias a la disposición al reconocimiento del sufrimiento causado, la asunción de responsabilidad y la vocación de reintegración social que este modelo demanda de las personas victimarias o infractoras (Tamarit Sumalla, 2012: 72).

EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO DEL MODELO 
DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ÁMBITO PENAL

La justicia restaurativa es aplicable a todos los órdenes jurídicos, aunque en este escrito nos limitaremos al ámbito penal y posteriormente nos preguntaremos por la utilidad de este modelo en los casos de violencia terrorista.

Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han reflejado en sus ordenamientos jurídicos algunos elementos propios de la justicia restaurativa. Los ejemplos que ofreceremos a continuación indican que el léxico y la lógica propia de este modelo está comenzando a impregnar el ideal del proceso penal. No obstante, la diversidad de las disposiciones que citaremos y la variabilidad de su carácter vinculante hacen que, por el momento, su aplicación práctica esté poco consolidada.

Dentro de las medidas propias del Consejo de Europa83, merece una mención la Recomendación CM/Rec (2010) relativa a la probation. El término probation hace referencia a la ejecución en medio abierto de penas y medidas legales impuestas al autor de un delito. Entre los servicios de probation disponibles pueden encontrarse medidas de justicia restaurativa. Tales medidas, de acuerdo a lo que de manera muy descriptiva y acertada propone la Recomendación, deben partir de las siguientes premisas:

Una respuesta apropiada al delito debe permitir reparar, en la media posible, el daño sufrido por la víctima.

Es necesario llevar a los infractores a entender que su comportamiento no es aceptable y que tiene consecuencias reales para la víctima y la comunidad.

Los infractores pueden y deben asumir la responsabilidad de sus actos.

Las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y participar en reflexiones que lleven a determinar la mejor manera en que el infractor repare el perjuicio causado.

La comunidad tiene la responsabilidad de contribuir a este proceso.

Las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2011) sobre la erradicación de la impunidad en violaciones graves de derechos humanos invitan a los estados miembro a que implementen mecanismos de prevención de la impunidad de estos crímenes, así como a que tomen medidas que salvaguarden a las víctimas. En las dos últimas directrices del documento se invita igualmente a la implementación de mecanismos no judiciales (tales como investigaciones parlamentarias, defensorías del pueblo, comisiones investigadoras independientes, mediación) así como de medidas que aseguren de manera accesible y efectiva que las víctimas reciban una reparación rápida y adecuada al daño padecido, basadas en principios como la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, la restitución y las garantías de no repetición.

El ordenamiento de la Unión Europea también ha sido sensible de manera creciente a la idea de mediación o de justicia restaurativa. El artículo 10 de la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI del 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal preveía, aunque de manera no especialmente exhaustiva, que los Estados miembros procurasen impulsar la mediación en las causas penales al tiempo que se velase por el cumplimiento de estos eventuales acuerdos. Sin embargo, ha habido que esperar hasta la ya mencionada Directiva 2012/12/UE para encontrar en su artículo 12.1 un mandato para proteger a las víctimas contra la victimización secundaria o reiterada, así como frente a represalias o intimidaciones cuando se recurra a servicios de justicia restaurativa. Por tanto, a las víctimas que consientan en participar en procesos de justicia restaurativa deberán garantizárseles los siguientes principios de manera segura y competente:

Que se recurra a los servicios de justicia reparadora si redundan en interés de la víctima, atendiendo a consideraciones de seguridad, y si se basan en el consentimiento libre e informado de la víctima. La víctima podrá retirarse en cualquier momento.

Antes de que acepte participar en el proceso de justicia reparadora, se ofrecerá a la víctima información exhaustiva e imparcial sobre el mismo y sus posibles resultados, así como sobre los procedimientos para supervisar la aplicación de todo acuerdo.

El infractor tendrá que haber reconocido los elementos fácticos básicos del caso.

Todo acuerdo deberá ser alcanzado de forma voluntaria y podrá ser tenido en cuenta en cualquier otro proceso penal.

Los debates en los procesos de justicia reparadora que no se desarrollen en público serán confidenciales y no se difundirán posteriormente, salvo con el acuerdo de las partes o si así lo exige el derecho nacional por razones de interés público superior.

Esta previsión tuvo su trasposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. Su artículo 15 recoge las garantías reproducidas más arriba y en este mismo precepto encontramos consagrada la confidencialidad del proceso, así como la posibilidad de revocar el consentimiento prestado tanto por la víctima como por la parte agresora.

En relación con la pregunta que nos hacíamos al comienzo, cabe decir que ni la legislación ni la doctrina descartan la utilización de servicios de mediación o justicia restaurativa en el caso de delitos terroristas. Su rol no es incompatible con la actuación de la justicia punitiva aunque se estima que debería operar con posterioridad a la depuración de responsabilidades penales y siempre de manera voluntaria (Sáez Valcárcel, 2012: 52; Varona Martínez, 2013: 70).

AUGE DEL MODELO PUNITIVO EN ESPAÑA

Por más que el modelo de justicia restaurativa haya encontrado formulación positiva en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que en las últimas décadas en España parece que el modelo de justicia punitiva no solo resulta hegemónico, sino que hay amplios sectores de la opinión pública que parecen estar exigiendo un endurecimiento en los tipos penales y las sanciones aparejadas a los mismos. De hecho, las últimas reformas legislativas han sido reflejo de debates sociales y políticos en los que se pedía al ordenamiento penal y penitenciario un mayor rigor punitivo como remedio para actuar contra las patologías delictivas o terroristas. Valga como ejemplo el debate en torno a la eficacia de las penas privativas de libertad, que ha llevado históricamente a parte de la sociedad a demandar que, en el caso de aquellas personas condenadas por delitos que repugnan especialmente a la opinión pública, cumplan estas condenas no solo de manera efectiva, sino de manera íntegra. Frente a esta sensibilidad no faltó quien llamó la atención acerca de la dudosa compatibilidad de ese ideal con el mandato resocializador de las penas de cárcel presente en el artículo 25.2 de la Constitución española84. Finalmente, la Ley Orgánica 7/2003 fue la que introdujo, junto al concepto de “cumplimiento efectivo de las penas”, el de “cumplimiento íntegro de las penas”.

Ciertamente, este debate aún no ha sido apaciguado en una sociedad española que recibió con una agitada controversia el hecho de que España fuese condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este último tomó la decisión al entender que el cómputo de las redenciones de pena mediante la aplicación de la así llamada doctrina Parot85 resultaba contraria al principio de no aplicación retroactiva de la ley penal consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)86 (Agencias, 2013; Europa Press, 2018a, 2018b; Sáez Segovia, 2014).

No nos parece ajena a esta polémica la reciente adopción en el ordenamiento jurídico español de la figura de la prisión permanente revisable87 avalada por el TEDH88, pero que también ha sido objeto de discusión debido a las voces que lo consideran incompatible con el dictado de la propia Constitución (Euronews, 2018).

Otras reformas del Código Penal producidas en los últimos años igualmente han abundado en la tendencia punitiva ya mencionada: la Ley Orgánica 5/2010 (que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubiesen causado la muerte de una persona), la Ley Orgánica 1/2015 y la Ley Orgánica 2/2015.

Si bien esta tendencia a ahondar en el carácter punitivo de la ley penal puede responder a debates guiados por la alarma social, los datos aportados por el Ministerio del Interior para el año 2016 ilustran que la tasa de criminalidad en España fue de 43,2 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que, en cifras globales, el número de asesinatos consumados y homicidios dolosos fue inferior a 300. Los datos en general posicionaron en 2016 a España como el país de la Unión Europea con menor tasa de muertes violentas, solo por detrás de Austria (Ministerio de Interior, 2017b). Los datos acumulados para 2017 arrojaron un ligero aumento de esa tasa hasta un porcentaje de 43,8 delitos por cada 100.000 habitantes, similar a la de 2015, en que estuvo en un 43,7 (Agencia EFE, 2018).

Estos datos tienen su correlativo reflejo en las encuestas realizadas entre la población, particularmente por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este último inquirió en junio de 2018 acerca de los tres principales problemas que existen en España. Solamente un 2,5% de las personas encuestadas mencionaron la inseguridad ciudadana; de estas personas, solamente el 0,4% respondió que se trataba del primero de los problemas en orden de importancia. El terrorismo internacional alcanzaba el 0,6%. Esta misma pregunta fue realizada ocho años antes, en junio de 2009. En aquel tiempo la inseguridad ciudadana alcanzó el 12,6% y, particularmente, el terrorismo de ETA alcanzó el 13,6% de las respuestas totales (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, 2018).

¿HAY MARGEN PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
EN EL PANORAMA POSTERRORISTA EN EL PAÍS VASCO?

A pesar de esta tendencia a reforzar la perspectiva punitiva del ordenamiento penal, es preciso decir que los mecanismos mediadores de la justicia restaurativa pueden jugar y, de hecho, juegan un papel en el proceso de gestión de la tríada verdad, justicia y reparación del panorama posterrorista en el País vasco. Esta relevancia encuentra su sentido en la interacción de las tres variables que trata de articular la justicia restaurativa: a) la perspectiva de las víctimas, eje central de su ideario, con su potencial desvictimizador y el imperativo ético que supone poner la vivencia de las víctimas en el centro del relato de la memoria colectiva; b) la asunción de la responsabilidad por parte de los victimarios, el reconocimiento del daño causado en el prójimo y la injusticia que este ha padecido, todo ello con vistas a la reintegración del victimario en la sociedad; y, finalmente, c) la óptica de la cohesión social, que es el punto de llegada de todo este proceso, tratar de recomponer desde la perspectiva de la coexistencia democrática aquello que el terrorismo ha hurtado a la sociedad y volver a dar valor al pluralismo de la convivencia entre diferentes.

A continuación nos centraremos en tres casos ya finalizados o aún en marcha que han bebido de los principios inspiradores anteriormente expuestos. Explicaremos su evolución y reproduciremos los testimonios de sus protagonistas para contar con elementos de juicio que nos ayuden a comprender cuál ha sido su valor en la experiencia vasca. Se abordarán entonces los encuentros restaurativos entre víctimas y condenados por delitos de terrorismo de ETA que se llevaron a cabo dentro de la denominada vía Nanclares durante el año 2011; los encuentros entre víctimas de grupos terroristas de diferente motivación política que tuvieron lugar dentro de la denominada Iniciativa Glencree y el programa de víctimas educadoras que trata de llevar no solo el testimonio, sino, más relevante aún, la presencia física de las víctimas a la comunidad educativa en forma de material didáctico.

ENCUENTROS RESTAURATIVOS ENTRE VÍCTIMAS Y CONDENADOS 
POR TERRORISMO DE ETA

Hasta ahora hemos definido la mediación restaurativa desde el punto de vista jurídico, pero no sería conveniente avanzar sin detenernos en el fundamento ético que imperativamente debe ser tenido en cuenta al afrontar un proceso de esta naturaleza. De acuerdo al profesor Etxeberria Mauleon (2013a):

Los hechos del pasado son inmodificables y en ello radica su durísima contundencia. Una contundencia radical en el asesinato. El marido de Maixabel fue asesinado. Eso es irreparable. Luis participó en su asesinato. Eso es irreparable. La primera exigencia ética consiste en reconocer esa irreparabilidad básica y la asimetría moral decisiva que se crea entre la víctima (inocente) y el perpetrador (culpable) en todo el proceso restaurativo. Ahora bien, si lo que pasó (el acontecimiento) no puede cambiarse, la vivencia de lo que pasó sí puede ser transformada, en la víctima y en el victimario. Es aquí donde arraigan los encuentros restaurativos, haciendo de estos un elemento clave para esa transformación vivencial del pasado, buscando además que den frutos de convivencia social a través de su impacto público. Pero los procesos solo serán éticos si se desarrollan dentro de esa asimetría antes expuesta. Asimetría que los participantes deben asumir con lucidez y coherencia.

Si bien el arrepentimiento de los victimarios resulta un presupuesto ético para que estos encuentros restaurativos puedan comenzar, ¿es preciso que en este proceso de sanación personal y comunitaria surja el perdón? No cabe duda de que el término “perdón” tiene una poderosa fuerza evocadora en lo moral89, pero es su vertiente política la que aquí nos interesa. Para los victimarios, perdón podría ser sinónimo de una exigencia de arrepentimiento mostrada públicamente y sin reparos ante sus víctimas y ante toda la sociedad. Para las víctimas, el perdón se interpretaría como un acto que manifiesta, en palabras de Hannah Arendt (2002: 17-18) “una de las más grandes capacidades humanas y quizá la más valiente de las acciones en la medida en que intenta lo aparentemente imposible —deshacer lo que ha sido hecho— y consigue llevar a cabo un nuevo comienzo donde todo parecía haber concluido”. Como acto subjetivo personalísimo, en el caso de las víctimas, nunca puede constituir con carácter previo ni la inspiración ni el objetivo de una mediación restaurativa.

En el caso de los victimarios, la legislación española además exige la petición de perdón a las víctimas entre los requisitos previstos por la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 72.6 a fin de progresar al tercer grado de tratamiento penitenciario a aquellas personas condenadas por delitos de terrorismo como forma de hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90.1 del Código Penal.

A lo largo del año 2011 varios presos que habían manifestado su desacuerdo con ETA y que habían sido trasladados a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca, desde la diversidad de sus planteamientos, expresaron su voluntad de acogerse a una dinámica de encuentros restaurativos. La persona que llevó a cabo la mediación fue la psicóloga Esther Pascual bajo la coordinación de la directora de Instituciones Penitenciarias y la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco90. Los encuentros no consistieron en llevar meramente a las víctimas al centro penitenciario, sino que con carácter previo el colectivo de personas presas ya había trabajado con el funcionariado de prisiones y posteriormente fueron asesorados, fundamentalmente en el aspecto emocional y el desarrollo de la empatía, por la mencionada psicóloga. Ella fue, asimismo, la encargada de dirimir si todas las personas que se habían presentado voluntarias estaban en condiciones de dar el paso a las entrevistas. De las cinco que se presentaron, una no recibió el visto bueno para conocer cara a cara a las víctimas. En palabras de la propia Esther Pascual (citado en Ceberio Belaza, 2018):

Son personas que no se van a perdonar nunca lo que han hecho y que simplemente tratan de vivir con ello. La reflexión sobre el pasado que llevaban a cabo era dolorosa, llena de soledad. Cuando alguien recupera la humanidad, le resulta difícil convivir con lo que hizo […] El discurso en contra de la violencia tenía que estar claro. Las víctimas no pueden tolerar ningún tipo de justificación. Por eso a uno de los cinco le dije que no podía seguir adelante. Era una persona que, de alguna manera, seguía justificando algunos crímenes. Al final continuaron los cuatro que consideré preparados.

Por su parte, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo contactó con algunas víctimas y les explicó la iniciativa de los encuentros restaurativos. Cuatro de ellas mostraron interés en tomar parte y también con ellas se trabajó previamente. De esa disposición inicial entre cuatro víctimas y cuatro condenados por terrorismo surgió una primera tanda de entrevistas que vinieron seguidas por otras tres más. Unos meses después se repitió la iniciativa, esta vez con seis parejas de dialogantes. Si bien estos encuentros fueron realizados con discreción, posteriormente varias de estas víctimas han decidido contar en público cuáles fueron sus expectativas antes del encuentro, cómo se desarrolló el mismo y finalmente qué conclusiones extrajeron. Reproducimos aquí, por lo sincero y representativo del testimonio, las palabras de Iñaki García Arrizabalaga, quien participó en los diálogos restaurativos de la vía Nanclares en 2011. Iñaki se entrevistó con un miembro de ETA condenado por terrorismo, que no formaba parte del comando que asesinó a su padre. El crimen aún no ha podido ser esclarecido por la justicia91.

Pregunta. ¿Cómo fue el encuentro?

Respuesta. Me dio la mano y se presentó como preso de ETA. Yo ya sabía quién era. Sabía que tenía delitos de sangre; que había matado a gente. Al principio evitaba mirarme a los ojos, pero empezó a hablar. Me contó su vida durante los últimos 20 o 25 años. Su actividad como militante de ETA, su detención, su estancia en la cárcel. Me dijo que reconocía que había cometido daños irreparables y que ojalá fuera yo uno de los familiares de sus víctimas, pero que, en todo caso, me pedía perdón como miembro de la banda por lo que a mí me había ocurrido. Fue muy impactante. Era la primera vez que un terrorista me pedía perdón.

P. ¿Le pareció sincero?

R. Sí. Vi enfrente a una persona que reconocía que había cometido un daño y que estaba allí libremente. Yo me había asegurado previamente de que no habría remuneración ni beneficios penitenciarios para él. No estaba dispuesto a ser un tonto útil al servicio de ninguna causa. Él acudió allí solo porque humanamente necesitaba hacerlo. Creo que le alivió poder hablar con una víctima porque necesitaba transmitir la inquietud que tenía más allá de su círculo.

P. ¿Y usted qué le expresó?

R. Le puse delante la realidad de las víctimas. Le mostré que cada asesinato suponía una familia rota, amigos destrozados… En mi caso, por ejemplo, mi padre tenía una mujer y siete hijos. Le conté las trayectorias de cada uno, cómo nos había afectado, cómo me impactó a mí, con 19 años y empezando a vivir… Él pasó un mal trago, pero era consciente de que tenía que recibir esos golpes. Apenas habló. Es muy distinto que alguien se ponga a hacer cábalas sobre lo que ha podido provocar un asesinato a que alguien frente a ti te diga “mírame a los ojos que te voy a contar lo que habéis causado tú y tu organización” (Ceberio Belaza, 2011).

También podemos reproducir el testimonio de un terrorista arrepentido que participó en los encuentros restaurativos. La víctima con la que dialogó resultó ser la viuda del hombre al cual asesinó. Lo que podemos destacar de su testimonio es la contundencia con la que llega a expresar su arrepentimiento y la determinación por tratar de encontrar palabras con las que hacer llegar ese sentimiento a la víctima que va a tener frente a él.

El primer encuentro restaurativo en el que participé fue con un familiar —la viuda— de la persona a la que asesiné en un atentado cuando era miembro de ETA. […] El encuentro se produjo finalmente y fue —he de admitirlo— muy complicado emocionalmente […] Acudí con un solo objetivo: pedirle a ella, y a todos los que habían sufrido por mi culpa, perdón. Perdón por ser el causante de una gran injusticia, por ser el culpable del asesinato de su marido, el culpable de su sufrimiento, el culpable de haber destruido su proyecto de vida en común y sus sueños compartidos, el culpable de haber impedido que disfrutaran juntos de todos los momentos felices que les tenía reservados el futuro, el culpable de haberles despojado de miles de posibilidades que jamás se habrían de concretar, el culpable de haber acabado con todo lo que hubiera podido ser su vida y que ya nunca sería (Carrasco Aseguinolaza, 2013: 280).

A caballo entre las dos tandas de diálogos restaurativos, y también dentro del centro penitenciario de Nanclares de la Oca, se organizó una vez por semana un taller en el que participaron una decena de internos. Los talleres fueron pedidos por los propios presos y se desarrollaron durante todo el mes de noviembre de 2011 (entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre); contaron con la participación de varios ponentes para tratar la cuestión de la recuperación de víctimas y victimarios para la sociedad una vez que estos últimos hubiesen decidido dejar atrás su pasado, renunciar a ETA y reconocer la injusticia cometida ante las víctimas. Estos espacios tuvieron un carácter más general que los encuentros cara a cara con las víctimas. Uno de los ponentes de aquellos talleres fue el periodista Gorka Landaburu, quien acudió a disertar acerca del papel de los medios de comunicación en el proceso de construcción de paz. Reproducimos su testimonio:

Hablé con ellos de mi historia; del exilio de mi familia durante el franquismo; del dolor; de la ETA anterior a Franco; de la ETA posterior a Franco; de mis comienzos en el periodismo en 1977 cuando mi trabajo consistía, fundamentalmente, en cubrir atentados y funerales, uno tras otro; de mi propia condición de víctima de ETA después de haber sobrevivido a un paquete bomba en 2001… Y en ellos vi ganas de explicar, de reconocer el dolor causado, de hacer autocrítica y de trasladarla también fuera de los muros de la cárcel. Sobre todo, tenían ganas de hablar. Fue un diálogo de más dos horas. […] Hablamos de que ellos también tendrían que sacar su voz de la cárcel, contar su historia, explicar cómo llegaron a la conclusión de que la violencia no era el camino correcto, por qué habían cambiado de opinión… Tienen mucho camino por delante, pero yo creo en la reinserción incluso en los crímenes más duros cuando es sincera. Tienen un valor que hay que reconocer. Ojalá todos los que están en la cárcel siguieran el mismo trayecto (Cebeiro Belaza, 2012).

Aunque no era el objetivo de este tipo de talleres, llama la atención en el relato de Gorka Landaburu cómo, terminada la sesión, dos internos se le acercaron para decirle: “Formamos parte del comando Buruntza, aquel que te mandó la bomba en 2001. Nosotros no participamos directamente en el atentado, pero te pedimos perdón”. “Lo agradecí” (Ceberio Belaza, 2012).

En octubre de 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista. Un mes después se celebraron elecciones generales y el nuevo Gobierno decidió no seguir adelante con esta iniciativa; a pesar de ello, se llevaron a cabo algunos diálogos que estaban ya gestionados, aunque no contaron con la labor previa de los profesionales con víctimas y victimarios. Como conclusión, recogemos las palabras de la directora de Instituciones Penitenciarias en el momento de producirse los encuentros restaurativos de la vía Nanclares:

La construcción de la paz y de la convivencia es mucho más que el cese de la violencia. Y no es fácil saber cómo avanzar en esa dirección. No había muchas experiencias sobre ello, pero considerábamos que se podía abrir un camino por el que, tarde o temprano, debían transitar muchos más si queríamos llegar algún día a ese objetivo. Por eso era tan importante no improvisar. Tomarse tiempo. Hacerlo bien. Recurrir a profesionales, sobre todo a psicólogos, capaces de romper capas para llegar a lo más profundo del alma humana. Y capaces, más que de mediar, de ordenar un diálogo de manera positiva y de escuchar. Y era muy importante también estar seguros de que el paso dado iba a ser útil y de que las personas que lo diesen no iban a quebrarse en él. No todas las víctimas con las que se trabajó llegaron a tener encuentros. Fueron los profesionales quienes tomaron la decisión sobre esto.

El futuro de la paz o la paz del futuro tendrá sin duda una deuda con las personas que se atrevieron, frente a muchas incomprensiones, a hacer frente al pasado, sin concesiones, sin mixtificaciones, descarnadamente, y que decidieron que podían aportar algo a ese futuro (Gallizo Llamas, 2012).

Tras los mencionados talleres se dio a conocer un escrito firmado por varios miembros de ETA, que se autodenominaban “Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz”, en el que se vertían las siguientes afirmaciones:

Tenemos que llegar a reconocer todo el sufrimiento que hemos causado, todos los actos que afectaron a la dignidad de las personas y que no tenían que haber ocurrido. Pensamos que, sin enzarzarnos en motivaciones ni justificaciones, ni relatos más o menos interesados de lo ocurrido, podríamos empezar por compartir que las barbaridades que hemos hecho por razones políticas no debieron haber ocurrido. Durante años, nosotros mismos hemos sido muy sensibles ante los actos de violencia que provocaban sufrimiento a las personas que apreciábamos y, al mismo tiempo, nos hemos mostrado completamente insensibles al sufrimiento de las personas que considerábamos debían ser objeto de la violencia que nosotros practicábamos (Cardie Simon et al., 2012: 42-43).

LA INICIATIVA GLENCREE

Este proyecto tuvo su origen en la propuesta de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, que en septiembre de 2007 se puso en contacto con varias víctimas del terrorismo de distinto signo: víctimas del terrorismo de ETA en sus diversas siglas, así como víctimas del terrorismo del GAL y de organizaciones afines y similares o de la extrema derecha, para ver si era posible iniciar un diálogo entre ellas y, en caso de que fuera posible, saber sobre qué bases (Iniciativa Glencree, 2012: 2). Con el fin de huir del clima de violencia y de la polarización política que se vivía por aquel entonces tanto en el País Vasco como en España, se tomó la decisión de llevar la sede de estos encuentros al extranjero, concretamente a Glencree (República de Irlanda).

Los encuentros fueron diseñados y coordinados por un equipo dinamizador, que eran profesionales de diferentes ámbitos de conocimiento: la psicología, la ética o la victimología. La experiencia de un primer grupo que comenzó en diciembre de 2007 fue considerada positiva y, en consecuencia, un segundo grupo empezó sus reuniones en diciembre de 2008. En este segundo grupo también participaron víctimas de ETA que viven fuera del País Vasco. En mayo de 2011 comenzó sus reuniones un tercer grupo en el que se dio cabida a víctimas de amenazas, así como de torturas o de otro tipo de actuaciones policiales. La sede de sus encuentros fue Santa María de Nave (Palencia). Visto que la experiencia se había juzgado como positiva hasta el momento, los propios protagonistas decidieron que los tres grupos podrían trabajar conjuntamente, y así se hizo, de forma que a partir de ese momento se entendieron a sí mismos como un único grupo y decidieron dejar sus impresiones y conclusiones plasmadas en un documento que lleva por título “Iniciativa Glencree: Nuestra experiencia compartida” (Iniciativa Glencree, 2012). Los encuentros se llevaron a cabo dentro de la máxima discreción y, solo una vez que se dieron por terminados, en 2012, se pusieron en conocimiento de la opinión pública.

Una de las grandes aportaciones de este proyecto ha sido la de propiciar el diálogo en un colectivo en el que inicialmente parecía haber puntos en común pero que, por diferentes circunstancias principalmente de carácter ideológico, nunca habían dado un paso para facilitar el intercambio de experiencias, sentimientos y apoyo. Las propias personas que participaron reconocen que cuando la idea les fue transmitida en un primer momento pasaron por un inicial estado de expectación, sorpresa e, incluso, recelo, puesto que el reto consistía en lo siguiente:

[...] teníamos que compartir nuestra experiencia con personas que habían sufrido injustamente, pero de las que nos separaban aspectos políticos e ideológicos a veces muy importantes […] Algunos de nosotros habíamos querido antes conocer a víctimas de signo contrario, sentíamos la necesidad de estar con ellas, de sentarnos para escuchar sus testimonios. Por la mente de muchos de nosotros no había pasado nunca esta posibilidad (Iniciativa Glencree, 2012: 4)92.

Resulta muy ilustrativo, dentro del escrito dado a conocer por la Iniciativa Glencree, la forma en la que reconocen la labor terapéutica de hablar y escuchar dentro de un colectivo diverso pero que comparte vivencias esencialmente similares:

Es difícil hablar de tu dolor y escuchar el de los demás. Sin comparar, con respeto. También se dan conflictos cuando se habla de la violencia. En ocasiones, se dijeron frases horribles y hubo momentos muy duros. A algunos nos entraron ganas de dejarlo. También fue duro, muy duro, escuchar. Llegaba muy adentro, porque lo que se escuchaba revolvía lo que cada uno y cada una tenemos ahí. Era de alguna manera también parte de nosotros, no era distinto. Lo oyes y te dices: ¿también a vosotros os ha pasado eso? Ahí comienzas a sentir que somos exactamente iguales. De la historia del otro nos quedamos con la sensación de dolor, de sufrimiento. Eran historias contadas por alguien que es como uno mismo y se reconoce lo que está contando porque uno lo ha vivido personalmente. Eso llega muy hondo: te metes en la piel de la persona, pones rostro al sufrimiento, no es una mera noticia. Y cuanta más diversidad hay, más te acercas a todos los demás (Iniciativa Glencree, 2012: 6).

Tal y como se cuenta en el documento, tras la escucha de los testimonios fue el llanto, el abrazo, la reacción más física y humana de empatía y reconocimiento la que llevó definitivamente a romper las pocas barreras que quedaban entre personas que al inicio del trayecto eran desconocidas entre sí y podían albergar algún tipo de recelo hacia la clase de encuentro a la que habían sido convocadas. También se reporta cómo los relatos sirvieron para romper ciertos estereotipos en relación con cómo son percibidas las víctimas de ETA o las víctimas de los GAL.

Para algunos, conocer directamente a víctimas de ETA supuso una sorpresa porque pensaban que ya recibían apoyo institucional y reparaciones que las ayudaban a enfrentarse a lo sucedido, y descubrieron que eran personas que han luchado, que han tenido problemas y poco apoyo en muchas ocasiones, cosas que la gente no conoce. Se destacó que, en muchas ocasiones, la realidad de las víctimas de ETA que salen habitualmente en prensa es muy distinta a la que viven otras, anónimamente, día a día. Para otros, conocer la experiencia de una víctima de tortura o del GAL abrió su sentir a cosas que habitualmente se ven desde la lejanía o no se reconocen. Se vio que al final el sufrimiento es el mismo, independientemente de las profesiones de los asesinados, y que lo importante es quedarse con lo que compartimos y no con lo que nos diferencia (Iniciativa Glencree, 2012: 8).

El siguiente paso consistió en buscar un lenguaje común en el que reflejarse mutuamente, así como avanzar en los procesos de reconocimiento y reparación. La propia Iniciativa Glencree ya fue, en sí misma, un acto de reconocimiento mutuo, y ello debe ir acompañado por el reconocimiento social e institucional, incluso en el ámbito de la responsabilidad civil. El texto de la Iniciativa presenta valiosas reflexiones y propuestas. Merece la pena también en este punto traer el testimonio de una de las personas que trabajaron en el equipo dinamizador y que, una vez terminada su labor, quiso poner en valor todo aquello que se había conseguido. Galo Bilbao (2012: 39) dejó escritas sus impresiones acerca de los logros de esta experiencia.

En definitiva, las víctimas de la violencia de la experiencia muestran comportamientos muy valiosos desde la perspectiva de la convivencia: pueden desarrollar actividades conjuntas y convivir intensa y normalizadamente; su condición diversa no les impide hacerlo en respeto e incluso afecto; pueden llegar a establecer un terreno común bastante amplio e importante entre ellas a partir de su experiencia de victimación; las divergencias, bloqueos y perspectivas contrapuestas respecto a la realidad política persisten, pero se abordan con mayor serenidad y respeto que incluso entre ciudadanos de adscripciones distintas pero que no han padecido directamente la victimación; en varias ocasiones hay un cambio de actitud de alguno de los participantes, una corrección en su posición, una valoración autocrítica por el escaso reconocimiento del otro, un reconocimiento de duda o error por lo manifestado, que es agradecido y alabado por el que un momento antes era su antagonista en el debate; y, finalmente, pero no por ello menos importante, quieren aportar generosamente a la sociedad en su conjunto toda esta experiencia.

VÍCTIMAS EDUCADORAS: EL MÓDULO EDUCATIVO ADI-ADIAN

La violencia terrorista debe estar presente en la comunidad educativa no solo en su dimensión pedagógica, sino también con su potencial de reflexión y transformación social. Quienes están en mejor posición para dar cuenta de esa violencia son, precisamente, las víctimas. Pero esa presencia no debe limitarse a una muestra de solidaridad y empatía con el drama padecido, sino que debe contar con un rol activo, que en la escuela implica tener un papel educativo. De ahí que el programa que vamos a referir a continuación lleve la denominación de víctimas educadoras.

Cuando se redactó el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos se previó por primera vez la inclusión, a partir de 2006, de unidades didácticas propias que introdujesen el testimonio de las víctimas en las aulas. Se planteó como experiencia piloto, tomó la forma de teatro-fórum y llevó el nombre de Bakerako Urratsak e “Historias que nos marcan”.

El conocido como Programa de Víctimas Educadoras tuvo que esperar hasta 2011. Para ese momento ya había un marco legal en el que ejercer estas iniciativas, pues había incluido en el currículum educativo vasco la empatía hacia las víctimas como un eje de la “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” en la educación secundaria obligatoria93. Desde ese mismo curso, el programa de víctimas educadoras ofreció a víctimas del terrorismo de diferentes grupos armados la posibilidad de acudir a las aulas a impartir esta unidad didáctica, que ya estaba perfilada por educadores, para enmarcar la experiencia. El valor de esta iniciativa radica en la presencia física de las víctimas en las aulas y, al igual que ocurrió con la preparación de los encuentros restaurativos, a fin de garantizar tanto el buen fin de la iniciativa como evitar el riesgo de revictimización, era imprescindible un trabajo previo con los diferentes agentes que intervendrían, tanto el alumnado como el profesorado habitual del centro educativo y, principalmente, la víctima educadora. En consecuencia, se entendió que resultaba imprescindible diseñar la presencia de las víctimas en las aulas de tal manera que, por un lado, fuese activa y tuviese voz propia, y, por otro, era preciso que estuviese coordinada y no interfiriera, sino que potenciara la labor docente del centro educativo. De esta manera se buscaba superar las reticencias que se habían detectado en varios centros, entre la dirección y el profesorado, en algunos casos producto de la habitual resistencia a toda nueva iniciativa, pero en otros casos de naturaleza ideológica.

Xabier Etxeberria Mauleon (2013b) ha desgranado muy adecuadamente los logros principales del programa de víctimas educadoras, y aquí seguiremos su razonamiento. Los testimonios de las víctimas educadoras en las aulas permiten:

Huir de la fría abstracción de los datos numéricos y, con su concreta presencia física “dan carne tanto a lo que supone la violencia como a lo que exige la democracia y la paz”.

Evitar el paternalismo. “La presencia física de las víctimas nos elimina el riesgo de hablar por ellas y para ellas, pero sin ellas”.

Contribuir al reconocimiento social al que las víctimas tienen derecho, desde el sistema educativo. “La comunidad educativa repara con ello la deuda que tenía con las víctimas por su ausencia durante tanto tiempo”, tratando de contribuir así a su desvictimización.

Eliminar parcialidades en el sistema educativo debido a la universalidad de las víctimas. Dar la voz a todas las víctimas permite evitar la “lógica de la balanza” y comprender que todas las víctimas son solidariamente iguales.

Beneficiarse de la riqueza del cara a cara “con su correspondiente expresividad y apertura a diálogos no programados” al privilegiar la presencia física de las víctimas por encima de otras formas de presencia indirectas (testimonios audiovisuales, ficción…).

Resulta especialmente clarificador recoger en este punto los testimonios de dos víctimas que han participado en este programa y han expresado públicamente cuáles han sido sus vivencias y conclusiones:

Para mí [participar en este programa] implicaba revivir un ámbito que en lo personal fue muy duro y además era exponer mis emociones, desnudar y contar una parte de mi vida que forma parte de mi intimidad y al final eso sí que te remueve… y me inquietaba […] [en el aula] podía ver la cara de todos. Llegó un momento en que se hizo el silencio. Los chavales escuchan con un silencio abrumador y creo que todo lo que yo les explico, me doy cuenta, lo siento, que les llega directamente a su corazón […] Siempre me hacen una pregunta de cómo no pude sentir odio. […] Lo primordial es un mensaje deslegitimador de la violencia […] A mí no me gusta hablar de pasar página. No me parecería justo que nos pidieran que corriéramos una persiana y que dejáramos el pasado atrás y que miráramos al futuro, porque entonces nos estaríamos haciendo trampas a nosotros mismos (Gómez, 2015).

He estado con cuatro grupos de jóvenes, alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Al principio no sabes cómo van a reaccionar y eso te genera bastante intranquilidad y nerviosismo, pero en lo que me ha tocado me he quedado sorprendida de la atención y el respeto con el que me han escuchado y eso te tranquiliza y te ayuda a ir contando tu historia. Compartí con ellos el día más triste de mi vida, el hecho que me cambió la vida por completo. Eso es lo que les empecé diciendo. Ha sido duro, pero muy gratificante. Revivir lo sucedido es doloroso, pero al mismo tiempo es emotivo. Además de hablarles del suceso, les he hablado de otros temas, de cómo he ido reconstruyendo mi vida, la convivencia con diferentes víctimas. Hablaba, incluso del tema de los presos y de la importancia del arrepentimiento y el reconocimiento del daño causado […] Cuando terminé de hablar, al principio les costó, pero luego se lanzaron a hacerme preguntas acerca de lo que les había contado… una de sus reflexiones, por ejemplo, ¿para qué ha servido tanta violencia? ¿qué se ha ganado? (Hernández, 2013).

El módulo educativo Adi-Adian, de acuerdo al Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, contempla la traslación del programa a las aulas universitarias.

EL ESPACIO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Cabe preguntarnos ahora si los mecanismos de justicia transicional tendrían cabida en el panorama posterrorista en el País Vasco. Una definición completa de qué se entiende por justicia transicional la aportó el secretario general de Naciones Unidas (2004: 6):

Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos.

En consecuencia, se trata de un modelo que busca dar respuesta a situaciones excepcionales vividas por sociedades en las que se han dado vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, todo ello con el fin de esclarecer la verdad evitando la impunidad y construir una memoria colectiva reparando las injusticias mientras se avanza en la consolidación y legitimación de instituciones democráticas. En palabras de Díaz Colorado (2008: 119), la justicia transicional es un “mecanismo de urgencia que una sociedad se ve precisada a utilizar para pasar de un estado de caos político y social a un estado de orden y justicia, donde la democracia sea viable y las libertades y garantías ciudadanas se restablezcan”. Como apunta Gómez Isa (2012: 174), por más que carezcamos todavía de ejemplos exitosos de aplicación de justicia transicional, lo cierto es que este término goza de buena prensa tanto en ámbitos políticos como académicos. Hay que reconocer que esa carencia se debe posiblemente a que los contextos en que trata de aplicarse este tipo de justicia son muy complejos.

En el encuentro que en 2012 se celebró en la Universidad de Deusto, organizado por Deusto Forum y que abordó la articulación de la justicia restaurativa en los delitos de terrorismo, hubo opiniones a favor y en contra del empleo de la justicia transicional en el caso vasco. Quien defendía su aplicación lo hacía sobre la base de entender que la sociedad vasca alberga aún un sector muy relevante de la población que desconfía de las instituciones públicas y que, incluso, esa desconfianza mutua puede predicarse entre distintas sensibilidades políticas que proponen diversos diagnósticos y soluciones en relación con el devenir político del País Vasco en el pasado y en el futuro. Visto que existen diferentes demandas de justicia para las distintas vulneraciones de derechos humanos, una buena forma de superarlas es la búsqueda de mecanismos propios de la justicia transicional (Goirizelaia, 2012: 168).

Por otro lado, quienes no ven el encaje de este modelo de justicia en el caso de Euskadi, argumentaron que no se dan los presupuestos para su aplicación, ya que no estamos ante un estadio de transición de un modelo de Estado a otro ni tampoco nos encontramos gestionando las consecuencias de un proceso bélico o dictatorial (Echano Basaldua, 2012: 126). Coincidimos con este último planteamiento, toda vez que desde hace décadas las instituciones propias de un Estado democrático están vigentes, con independencia del evidente margen de mejora que puedan tener y de la crisis de legitimidad que una parte no desdeñable de la población les achaca. En consecuencia, pensamos que resulta excesivo plantear la implementación íntegra de un modelo de justicia transicional.

Sin embargo, sí que hay un ámbito en el que pensamos que podrían llegar a ejecutarse algunos mecanismos relacionados con la justicia transicional, principalmente a fin de generar inercias sociales emparentadas con las ventajas que ya han sido argumentadas para la justicia restaurativa, con la cual guardaría, en este punto, cierta relación. Nos referimos a ese número nada desdeñable de crímenes cometidos por ETA y por las organizaciones parapoliciales y de extrema derecha que a día de hoy permanecen sin resolver y que, desgraciadamente, parece que están condenados a seguir así de manera indefinida.

Es preciso tener en cuenta que hay más de 300 atentados mortales de ETA que no han sido esclarecidos aún. Un informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, fechado en 2011 y actualizado a petición del Defensor del Pueblo en 2015, concluía que hay 349 víctimas mortales sin resolución judicial, lo cual afecta a 270 procedimientos penales (Defensor del Pueblo, 2016: 9).

Sobre las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL, el citado informe concluía que, de todos los crímenes reportados en él, solo en 33 se abrieron causas judiciales, y de ellos apenas 16 culminaron con sentencia inculpatoria firme. Consecuentemente se concluía que

[…] el grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados en el informe es, como puede comprobarse del estudio de las escasas sentencias condenatorias existentes, manifiestamente insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos (Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, 2008: 94).

Más recientemente, un informe encargado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco abordó la situación procesal de los atentados perpetrados en el País Vasco por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Las conclusiones ilustran que 197 de esos atentados perpetrados por ETA siguen sin poder ser esclarecidos, 10 atentados de los perpetrados por el Batallón Vasco Español o siglas afines tampoco han obtenido resolución judicial y otros diez atentados de los GAL han quedado igualmente indeterminados en cuanto a su responsabilidad penal. Finalmente, tres de los de autoría desconocida o perteneciente a grupos descontrolados quedan aún por ser aclarados (Fonseca, 2014: 20-23).

Resulta evidente que allí donde la Administración de Justicia pueda actuar y esclarecer las responsabilidades del delito, debemos mantener la seguridad de que así se hará. Ahora bien, en aquellos crímenes en los que, por el tiempo transcurrido, por la falta de pruebas o por el fallecimiento de los testigos clave, parezca difícil su resolución, estimamos que como sociedad no debemos renunciar a exigir la necesaria combinación de verdad, justicia y reparación que las víctimas requieren y demandan. Todo ello desde una perspectiva socialmente restaurativa.

Podríamos citar varias propuestas en este ámbito:

La constitución de comisiones de la verdad compuestas por personas independientes y de reconocido prestigio en las diferentes áreas de conocimiento que participan en la investigación de los hechos del pasado y en la defensa de los derechos humanos. Su objetivo consistiría en indagación de aquellos crímenes que la Justicia Penal no pudo dirimir a fin de abundar en ellos, en el contexto histórico, los testimonios disponibles… con el objetivo de establecer unos hechos probados sobre lo que ocurrió, definir claramente cuáles fueron los derechos conculcados a las víctimas, estimar las responsabilidades en que los victimarios incurrieron, así como (en caso de que se pudiese llegar a saber) sus identidades, formular recomendaciones y conclusiones acerca de lo que se pudo hacer o debió haberse evitado hacer e impulsar acciones de reparación y reconocimiento a las víctimas de estos delitos.

El impulso decidido de los poderes públicos para alentar la investigación judicial o extrajudicial (especialmente cuando la primera no sea posible) de los crímenes sobre los que no se ha podido determinar una autoría, así como evitar que las víctimas de estos delitos vean sus demandas de verdad, justicia y reparación desatendidas o caídas en el olvido, con independencia del grupo terrorista que causó la victimación.

Impulsar acciones de memoria y reparación dentro de la sociedad civil que tengan en cuenta especialmente la figura de las víctimas cuyos victimarios aún no hayan sido determinados ni, previsiblemente, vayan a poder serlo en un plazo indefinido.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto podemos concluir, en lo relativo a la utilidad del modelo de justicia restaurativa en la gestión del panorama posterrorista en el País Vasco que:

1. La creciente sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de las víctimas en relación con la administración de justicia penal ha llevado a la doctrina a proponer un modelo de justicia que complemente el paradigma punitivo con mecanismos restaurativos dirigidos tanto a reparar a la víctima como a cohesionar a la sociedad en aquello en lo que el delito la ha menoscabado. Estos servicios de mediación restaurativa han ido obteniendo reconocimiento progresivo en diversas previsiones normativas, tanto en el ordenamiento comunitario como en el del Consejo de Europa. Recientemente estas normas han sido traspuestas al ordenamiento español. Su empleo en delitos tan graves como los terroristas no se descarta, ya que puede aportar valor para las víctimas, la sociedad y los victimarios. Se estima que previamente deberían haberse depurado las responsabilidades penales existentes.

2. Respetando los imprescindibles principios de voluntariedad y confidencialidad, durante el año 2011 y por iniciativa de miembros de ETA que habían iniciado un camino de abandono de la violencia y de su militancia en la banda terrorista, se inició un proceso de encuentros restaurativos. Estos encuentros vinieron precedidos de una intensa labor psicológica y ética tanto con los victimarios (para asegurar su arrepentimiento, renuncia de la violencia y compromiso resocializador) como con las víctimas (para evitar la revictimización y tratar de asegurar la dimensión reparadora de este tipo de encuentros). Esta intensa preparación parece que logró que los diálogos restaurativos se desarrollasen en el marco ético y reparador que pretendían. Los testimonios de las víctimas que en ellos participaron denotan la dureza del trance vivido, pero también su enorme capacidad para resignificar la experiencia traumática y para poner en palabras, cara a cara ante sus victimarios, todo el dolor provocado por sus intolerables actos terroristas. La dimensión transformadora de esta confrontación es notoria también en los testimonios de los terroristas arrepentidos. La socialización posterior de estos diálogos y de lo hablado en ellos nos permite, al resto de la sociedad, participar de esa dimensión restaurativa. El valor que nos aporta ser testigos de la asimetría moral en la que las conversaciones tienen lugar, en la cual la víctima explica las consecuencias del trauma a quien estuvo involucrado en el origen de su sufrimiento, puede contribuir a recomponer la cohesión social y la convivencia entre sujetos diferentes, que el acto terrorista pretendió socavar. Nos parece que es de lamentar que estos encuentros restaurativos no hayan tenido continuidad, ya que la lectura de los testimonios de sus protagonistas hoy día sigue conservando su enorme tracción moral.

3. Los encuentros entre víctimas de diversos grupos terroristas en Glencree supusieron, desde su misma concepción, un acto de reconocimiento mutuo entre personas que, siendo depositarias de una experiencia parecida, no habían encontrado hasta ese momento un espacio de diálogo en el que poner en común sus vivencias. No fue un proceso fácil ni libre de controversias como ilustran algunos pasajes del documento “Iniciativa Glencree: nuestra experiencia compartida”, pero el hecho de que los distintos grupos de trabajo que se fueron constituyendo decidieran trabajar como uno solo y el valor que tiene el haber condensado sus sensaciones y pensamientos en un documento común es claramente indicativo de la capacidad reparadora de su puesta en común. Una vez más, fue necesario un enorme esfuerzo por parte de profesionales de la salud para poder preparar esta plataforma de encuentro y, si hacemos caso a los testimonios que nos han llegado por parte de sus protagonistas, no solo se evitó el peligro de victimizaciones secundarias (principal línea roja de todas estas iniciativas), sino que el balance que hacen es claramente positivo. La puesta en conocimiento de los resultados una vez que el proceso hubo terminado permitió cumplir el otro eje determinante de este servicio restaurativo: la socialización de sus vivencias y el tránsito hacia la cohesión social.

4. La comunidad educativa ha estado demasiado tiempo sin recibir el testimonio de las víctimas. El valor del módulo educativo Adi-Adian reside en que lo materializa de manera presencial (con su potente presencia física) y con un contenido pedagógico predeterminado. El valor de aportar el testimonio cara a cara se añade al de facilitar un diálogo posterior potenciando la empatía y el mismo aprendizaje de experiencias. Como ilustran los testimonios aportados, no es un encargo fácil para las víctimas, que se encuentran ante el trance de poner en palabras vivencias extremadamente íntimas, pero de acuerdo a las citas que hemos reproducido, el respeto, la atención y la corriente emocional que se despliega entre el alumnado y la víctima educadora otorga a esta iniciativa un enorme valor constructivo.

5. No parece que existan argumentos para implementar prácticas de justicia transicional en el panorama posterrorista del País Vasco. No obstante, desde el punto de vista de las víctimas, resulta preocupante que la Justicia no pueda clarificar la autoría de numerosos crímenes terroristas, algunos de los cuales, bien por el tiempo transcurrido desde su comisión, bien por la inexistencia de pruebas disponibles, parece que van a quedar sin ser resueltos en un plazo indefinido. El sufrimiento que este hecho causa en las víctimas es fácilmente imaginable. El camino de la verdad, la justicia y la reparación parece bloqueado para ellas. Ahí sí que las instituciones públicas y la sociedad civil pueden tener algo que decir, pidiendo que se clarifiquen, hasta donde sea posible con los medios disponibles, aquellos crímenes no resueltos. Sería en este ámbito en el que algunos mecanismos de la justicia transicional podrían entrar en juego, tal y como se ha propuesto, a fin de evitar el abandono de las víctimas, la sensación de impunidad entre la sociedad y contribuir a reforzar, con esta acción, la legitimidad de las instituciones democráticas.

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A MODO DE CONCLUSIÓN

GRACE BOFFEY Y JOSÉ RAMÓN INTXAURBE VITORICA

Las experiencias e iniciativas de los dos contextos contrastan entre sí. La naturaleza de la violencia que cada sociedad está buscando tramitar, las estrategias desarrolladas y el nivel de avance de los procesos son distintos. Cada proceso nos permite reflexionar desde diferentes experiencias sobre sus mayores logros o ventajas, lo mismo que sobre sus deficiencias. Detenernos en estas particularidades nos orienta en la generación de nuevas reflexiones sobre otros contextos y enriquece los aprendizajes sobre cómo poner la justicia transicional y la justicia restaurativa en función de la reconciliación.

Con tres iniciativas diferentes, el caso vasco nos demuestra el potencial que tienen los espacios de justicia restaurativa para empezar a sanar las relaciones víctima-victimario, víctima-víctima y víctima-sociedad. La primera de ella son los diálogos restaurativos, los cuales consisten básicamente en un diálogo entre víctimas y victimarios. Además de que estas experiencias pueden ser replicables en otros contextos, también permiten extraer lecciones sobre la importancia de la preparación psicológica de los participantes de los espacios para asegurar que están apercibidos y dispuestos, de manera que el proceso sea realmente restaurativo. Por otro lado, está la experiencia de la Iniciativa Glencree, en la que se convocaron a dialogar a víctimas de diversos grupos terroristas. A pesar de sus diferencias, finalmente se decidieron trabajar como uno solo para construir un documento común con sus vivencias, sensaciones y pensamientos. El valor de este documento es un indicativo contundente de la capacidad reparadora de la puesta en común de sus vivencias. Finalmente, citamos la experiencia de víctimas educadoras, en las que las víctimas directas de terrorismo hicieron presencia física en las aulas de clase para llevar a cabo un intercambio con los estudiantes.

Aunque el modelo vasco tiene buenos indicadores desde el punto de vista de los participantes en los procesos, es evidente que su área de acción ha sido limitada en términos del número de personas involucradas y de la capacidad del proceso para esclarecer la verdad de los hechos. Como ya se ha mencionado anteriormente, desde el punto de vista de las víctimas resulta preocupante que la justicia no pueda terminar de clarificar la autoría de numerosos crímenes terroristas, algunos de los cuales, bien por el tiempo transcurrido desde su comisión, bien por la inexistencia de pruebas disponibles, parece que van a permanecer irresueltos por un plazo indefinido. El camino de la verdad, la justicia y la reparación parece bloqueado para ellas. En este caso, las instituciones públicas y la sociedad civil pueden tener algo que decir pidiendo que se clarifiquen, hasta donde sea posible con los medios disponibles, aquellos crímenes no resueltos. Sería en este ámbito en el que algunos mecanismos de la justicia transicional podrían entrar en juego a fin de evitar el abandono de las víctimas y la sensación de impunidad entre la sociedad. Esta intervención de la justicia restaurativa también podría contribuir a reforzar la legitimidad de las instituciones democráticas para fomentar la reconciliación. Como enseñanza de buenas prácticas para otros procesos, vale destacar la importancia de entablar estas herramientas de diálogo de acuerdo a los distintos tipos de procesos para así responder mejor a la situación de las víctimas.

De manera distinta, en el caso colombiano se plantea un ambicioso proceso de justicia transicional que busca enfrentar el pasado violento y dar respuesta a los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado. Este incorpora elementos de justicia reparadora y restaurativa e intenta dar primacía al reconocimiento de las víctimas, el esclarecimiento de verdad y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los victimarios, todo ello por encima de la lógica de la justicia retributiva. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es un sistema concebido para operar en una escala macro, razón por la cual sería difícil llegar a espacios de encuentros minuciosamente preparados como los del País Vasco. Su fortaleza reside en la integralidad del sistema, que implementa de una forma simultánea y complementaria varios mecanismos de justicia transicional. La propuesta inicial consignada en el Acuerdo de La Habana se basaba en las experiencias de varios países y buscaba crear un sistema que respetara las normas globales de lo que los estados deben hacer en un momento transicional.

El proceso transicional está apenas empezando. Como veremos en este capítulo, para lograr el gran desafío de sembrar las bases para la reconciliación en Colombia, va a tener que superar varios retos, pues, aunque se requiere llevar a cabo un proceso realmente integral, ello no es sencillo en el contexto de un conflicto tan largo y fragmentado. Teniendo en cuenta que varios de los componentes del sistema funcionarán durante periodos de tiempo distintos, vamos a tener que esperar como mínimo una década para empezar a evaluar la contribución real de esta experiencia a la reconciliación en Colombia. Seguramente con el desarrollo de sus entidades y procesos, el SIVJRNR va dejando muchas lecciones para otros contextos, incluyendo cómo manejar el funcionamiento de varias entidades con funciones y duraciones diferentes pero interrelacionadas en sus resultados y articuladas en el tiempo. Paradójicamente, una de las deficiencias del proceso colombiano podría llegar a ser su integralidad, puesto que depende de iniciativas diversas que deben ser implementadas y desarrolladas en conjunto y simultáneamente para que el proceso tenga sentido.

En este capítulo hemos revisado distintas maneras de enfrentar un pasado de conflicto violento en el País Vasco y Colombia. En ambos contextos se ha buscado facilitar procesos de reconciliación: en el País Vasco se han impulsado espacios muy concretos de encuentros restaurativos, mientras que en Colombia se ha creado una compleja serie de mecanismos e iniciativas interrelacionadas. Tanto en el caso del País Vasco como en el de Colombia falta mucho camino por recorrer para llegar a sociedades realmente reconciliadas, sin embargo, las propuestas examinadas indican que se va avanzando hacia este elevado objetivo.

CUARTA PARTE

PAZ Y RECONCILIACIÓN EN PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL: 
LOS CASOS COLOMBIANO Y VASCO

Las sociedades colombiana y vasca, desde sus diferentes condiciones y contextos, se encuentran actualmente frente a la oportunidad de transitar hacia la reconciliación. Tras décadas de conflicto violento que han generado múltiples vulneraciones de derechos humanos, hoy se ha abierto un escenario para la superación de la violencia como fórmula central de gestión de las desavenencias políticas y sociales.

Ante esta apertura, son muchos los ámbitos y aspectos sobre los que se considera posible intervenir para así promover una nueva convivencia reconciliada. Este capítulo quiere aproximarse a un aspecto en concreto: la relación entre juventud y reconciliación en Colombia y Euskadi. Se ofrecerán perspectivas sobre la conceptualización del rol de los y las jóvenes en pro de la reconciliación, lo que ellos y ellas piensan respecto a los procesos por los que atraviesan sus países y también se abordarán algunos de los programas que se están implementando para fomentar y canalizar la participación de la juventud en la promoción de la reconciliación.

Esta reflexión binacional empieza con consideraciones sobre la clave intergeneracional como condición necesaria para la reconciliación. Se estudia el interés de los jóvenes en tomar parte activa de los espacios de participación que los consideran actores sociales con importantes contribuciones a la construcción de paz. En estos espacios la educación se entiende herramienta y escenario de participación política. Asimismo, se profundiza en la importancia que tiene el trabajo con los y las jóvenes en aras de no repetir las conductas violentas del pasado, de manera que las nuevas generaciones se constituyan en garantes de una nueva cultura de convivencia y, por lo tanto, actores fundamentales de la reconciliación.

Posteriormente se plantea el estado de la cuestión. En el caso colombiano, se alude a investigaciones que permiten aproximarse a la mirada de los jóvenes sobre la reconciliación. También se mencionan las normas, acuerdos y decretos cuyo sujeto principal son los jóvenes, y se refieren a sus deberes y oportunidades en el actual contexto de posacuerdo. Desde la perspectiva del País Vasco, se aborda el conocimiento de los jóvenes sobre el sistema vasco universitario y se explora el posicionamiento ético de las juventudes frente a las vulneraciones de derechos humanos con móviles políticos.

Seguido de ello, se describen varias experiencias para la promoción de la reconciliación entre los jóvenes. En Colombia, exploraremos una iniciativa en la que la educación es concebida como escenario de reconciliación. En el País Vasco, haremos el recorrido por cuatro experiencias que están directamente relacionadas con la juventud y la promoción de la convivencia.

Para terminar, se proponen algunas ideas a manera de conclusiones con el ánimo de seguir avanzando en la discusión y de proyectar nuevos temas y preguntas de investigación.

CAPÍTULO 6

LA CLAVE INTERGENERACIONAL COMO CONDICIÓN 
NECESARIA PARA LA RECONCILIACIÓN

MYRIAM ROMÁN MUÑOZ

¿De qué manera tramitar las diferencias intergeneracionales le aporta al contexto del posacuerdo que vive Colombia? ¿Qué tantas oportunidades y espacios de participación tienen los jóvenes en este contexto? Partimos de la siguiente premisa para responder estos interrogantes: los jóvenes como actores sociales contribuyen a la construcción de paz desde su relación con la educación, entendiendo esta última como un escenario de participación política.

La clave intergeneracional permite reconocer la importancia de las relaciones entre los miembros de generaciones distintas y los aportes que pueden hacerse mutuamente a través del intercambio de experiencias, ideas y puntos de vista. Se trata de explorar las transformaciones propias del momento de posacuerdo que vive la sociedad colombiana, considerar las demandas e inquietudes que tiene la juventud alrededor de la construcción de paz y, de manera particular, hacer una reflexión sobre la potencialidad transformadora de los jóvenes en su relación con la familia, la escuela y las comunidades.

En el contexto de posacuerdo que vive el país emergen los conocimientos, visiones y experiencias de los jóvenes acerca del tratamiento que se le da al pasado y a la actualidad colombiana. La construcción de paz es, definitivamente, un momento que demanda reflexionar sobre las diferencias marcadas, las formas alternativas de tramitar los conflictos que pudieran emerger de ellas y la generación de acciones que incidan positivamente en las dinámicas de construcción de paz. Para ello, es necesario dar importancia prioritaria a los razonamientos en torno a la familia, la escuela y la política.

Con respecto a la familia, las relaciones intergeneracionales son variadas y dependen de diferentes factores como la edad, el género y la clase social, entre otras. Márquez (s. f.) señala que, para pensar las relaciones intergeneracionales, es necesario tener en cuenta que los viejos y las viejas son personas con una visión del tiempo y la historia diferente a la de los otros grupos de edad. Debido a su experiencia y a su edad, son personas “con una visión hacia el futuro distinta, que en muchos casos es un ‘no futuro’, por las condiciones de salud, económicas y sociales existentes” (p. 391).

Partiendo de lo anterior, podemos plantear que en la intergeneracionalidad las relaciones son diversas y dependen del contexto y la cultura. Respecto de esta última, Mead (2002) distingue tres opciones distintas de captar o aprender “tres tipos diferentes de cultura: cultura posfigurativa, en la que los niños aprenden primordialmente de sus mayores; cultura cofigurativa, en la que tanto los niños como los adultos aprenden de sus pares, y cultura prefigurativa, en la que los adultos también aprenden de los niños” (p. 35).

En cuanto a la escuela, Dale (1988) propone un aprendizaje intergeneracional que tiene como objetivo central avanzar hacia la democracia como forma de vida. Su propuesta está basada en la noción de responsabilidad compartida y democracia participativa. El autor le da importancia a la relación entre adultos y jóvenes, y plantea que esta ha variado a lo largo del tiempo. El móvil de transformación de esta relación ha sido la necesidad de explorar nuevos temas, los cuales demanda la escuela a partir de su necesidad de responder a las necesidades del contexto en que se desenvuelve. De ahí que sea necesario recordar el poder prefigurativo de la educación, en el que los adultos aprenden de los niños. Así, los adultos pueden aprender el poder de los más jóvenes no solo para imaginar un futuro mejor, sino para crear uno ahora. A decir de Dale (1988):

[…] Esta perspectiva sugiere que la educación a través de sus procesos, las experiencias que ofrece y las expectativas que crea debe prefigurar, en microcosmos, una sociedad más igualitaria, justa y satisfactoria […] Las escuelas deben ser críticas del mundo, y mostrar que la sociedad puede ser caracterizada por valores comunitarios al igual que individuales, que toda la gente se merece igual tratamiento e igual dignidad, que la habilidad académica no es la única medida de la persona, que el racismo y el sexismo no son ni inevitables ni aceptables (p. 17).

Interesa destacar el poder socializador de la escuela para incidir en las formas de relacionamiento entre pares, lo mismo que sobre los encuentros y desencuentros entre docentes, padres y estudiantes, favoreciendo la dinámica del proceso educativo. Así se demuestra cómo todos estos elementos trascienden y proyectan la dinámica de la escuela hacia el escenario de la política.

Frente a la cuestión política, existen paradigmas que explican la juventud como el periodo de transición hacia la vida adulta y, por ende, productiva (PNUD, 2010; Zorro y Patiño, 2013; CONPES, 2014). Los jóvenes también han sido vistos como una población de riesgo, tanto por provocar la perturbación del orden social como por participar de diferentes demandas al Estado o a quien lo represente. Estas visiones sobre la juventud han ido cambiando y actualmente hay concepciones que reconocen capacidades de los jóvenes desde las cuales se proyectan en su rol de ciudadanos, sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.

Esta diversidad de concepciones pone en escena las diversidades que también caracterizan la vida juvenil: una experiencia que puede llegar a estar cruzada por miedos y discontinuidades que configuran subjetividades diversas y variadas formas de vida. “Esto hace que no se pueda hablar de un sujeto juvenil unívoco y homogéneo y, a la vez, se ponen de manifiesto las capacidades y potencialidades de las juventudes contemporáneas que, en su dinamismo y fluidez, pueden motorizar transformaciones profundas en tiempos relativamente cortos” (Vommaro, 2016: 127).

Se pueden construir sociedades más justas y democráticas considerando y reconociendo la participación de los jóvenes a través de sus diversidades, capacidades y potencialidades. Tal como lo expresa la CEPAL (2011), estamos ante la necesidad de reformular en clave generacional las diversas políticas. Desde la perspectiva de las instituciones, es necesario que los jóvenes sean concebidos “como sujetos de derechos y actores del desarrollo para poder ser realmente eficaces en la mejora de las condiciones de vida de las juventudes latinoamericanas y caribeñas y obtener impactos verificables y duraderos” (p. 129). Queda abierta la invitación a reflexionar acerca de la participación juvenil como alternativa para la materialización de formas alternativas de lo público.

Ahora bien, habría que plantearse algunos interrogantes: ¿cómo la mirada de los jóvenes sobre reconciliación está permeada —o no— por la familia y la escuela? ¿Cuál es la mirada de los jóvenes sobre la reconciliación? Empecemos por definir la reconciliación para responder adecuadamente. A decir de Bloomfield (2006), “la reconciliación es el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida” (p. 12). En este sentido, podríamos complementar retomando el planteamiento de que “la reconciliación es el largo, amplio y profundo proceso de construir relaciones intercomunitarias, que incluye como componentes constitutivos la justicia, la verdad, la sanación y la reparación-reconciliación como lugar de encuentro” (Lederach, 1998). En el actual contexto colombiano, podemos decir que la reconciliación es también un proyecto político.

En síntesis, la reconciliación implica la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento de los vínculos que se han roto a causa de la existencia de conflictos violentos. Estos vínculos existen fundamentalmente entre ciudadanos, es decir, entre habitantes de las naciones o miembros de las comunidades con situaciones de conflicto.

También es necesario reconocer las consecuencias que dichos conflictos traen en la familia, la escuela, la sociedad en general y, de manera particular, en la vida de los jóvenes.

Ospina, Salazar y Velásquez (2017) plantean la reconciliación en el plano del reconocimiento, de la memoria y de la conciencia histórica e introducen la discusión sobre cómo los jóvenes se distancian críticamente de los procesos de reconciliación, pues afirman que:

[…] [piensan] en una responsabilidad de todos de cambiar las mentalidades y los corazones, en la que lo que pase duela, indigne y motive a actuar sin violencia. La reconciliación propuesta por el Estado les parece un discurso de orden religioso y que esconde intereses políticos sospechosos. La vida dominada, excluida y dirigida por grupos armados lleva a dudar de que los procesos de reconciliación sean fáciles. Por eso se propone en vez de la reconciliación el reconocimiento, la recuperación y el cambio de la memoria en escenarios más íntimos, locales y de barrio (p. 47).

La materialización de la reconciliación, entonces, es propuesta más en las relaciones inmediatas, propias de la cotidianidad de los sujetos, a partir de cómo estos construyen y reconstruyen en las relaciones que tienen lugar en la calle, el barrio, la familia, la ciudad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN: ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

En primer lugar, se presentan las investigaciones que tratan sobre papel de los jóvenes en la construcción de paz, las cuales permiten aproximarse a su mirada sobre la reconciliación. En segundo lugar, se mencionan las normas, acuerdos y decretos que centran su mirada en los jóvenes, sus deberes y oportunidades de participación.

Barnes (2004) en su escrito Democratización de los procesos de pacificación: estrategias y disyuntiva para la participación ciudadana realiza un abordaje holístico y sistémico de los espacios de participación para la construcción de paz. Revisa los mecanismos y herramientas que fortalecen y sanan el tejido social resquebrajado en escenarios de conflicto como Sudáfrica, Irlanda del Norte, Guatemala, Filipinas y Colombia. Para el caso colombiano se refiere a la Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes (AMC) en el departamento de Santander como “una muestra de la participación basada en la implicación directa de las personas de la población en la construcción local de la paz” (p. 12). También recuerda cómo Mogotes es una de las principales zonas de paz del país. La AMC se inauguró el 6 de abril de 1998; dos terceras partes de los delegados eran mujeres y participaron jóvenes que luego se vincularon a las iniciativas de jóvenes constructores de paz. Esta investigación plantea que la participación ciudadana en los procesos de paz cobra sentido cuando se la entiende como el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer una auténtica participación en los temas de Gobierno. En este sentido, la participación es una forma de tomar decisiones políticas. Además, da cuenta de los instrumentos de la ONU que son aplicables a Colombia y que se refieren al derecho a la participación. Esta autora considera, como varios otros autores, que un Acuerdo de Paz marca el inicio de un proceso, no su final.

En su trabajo titulado Participación juvenil y política pública: un modelo para armar, Hopenhayn (2004) discute el papel de los jóvenes en los campos de la participación social y el ejercicio ciudadano cuando estos últimos se desligan de modelos tradicionales que se reproducen de generación en generación y a los que denomina “utópicos” o “mesiánicos”. Indica que estos modelos han cambiado radicalmente. Las motivaciones que llevan a los jóvenes a participar también han variado: ahora están ancladas a ámbitos locales y fuera de los partidos políticos. El autor pone de manifiesto las dificultades para que se lleve a cabo la participación política de los jóvenes:

Si bien los jóvenes manifiestan su descrédito respecto de organizaciones tradicionales de la política, valoran altamente la participación como mecanismo para la autorrealización y obtención de logros. Lo que rechazan, más bien, es el tipo de práctica política en que ellos, como jóvenes, tienden a sentirse manipulados por otros y para fines con los que no se identifican. Por otra parte, los jóvenes actuales tienden a ser más esporádicos y discontinuos en la participación: se involucran generalmente en actividades puntuales, durante ciertos periodos, sin comprometerse en el largo plazo (p. 14).

Uno de los más importantes aportes de este estudio es plantear un importante cambio de concepción: estamos viviendo “el tránsito de los jóvenes como protagonistas del cambio político y social a los jóvenes como sujetos de derecho y objeto de políticas” (p. 13).

Botero et al. (2008), en el artículo “Condiciones de participación y formación política de los jóvenes colombianos constructores de paz”, buscan comprender cómo un grupo de jóvenes en tres regiones de Colombia (el Eje Cafetero, la costa atlántica y el Valle del Cauca) resignifican los sentidos y prácticas de participación ciudadana y consolidan valores favorables a la democracia como la equidad, la sensibilidad ciudadana y la convivencia democrática. Es un estudio mixto bajo el modelo hermenéutico comprensivo de reconstrucción de categorías. Además, contiene un análisis comparativo con base en la escala de Likert94 para la medición de actitudes.

La investigación sostiene que la participación es un constructo que varía según los contextos y los tiempos. Sus hallazgos evidencian las problemáticas de la participación política de jóvenes constructores de paz ante las realidades sociales del país y las persecuciones de las que son víctimas. De igual forma, muestra una perspectiva frente a las motivaciones de la participación en la que los temas de la violencia y el conflicto armado toman relevancia, pero también se entrelazan con los sentimientos de miedo. También se analizan las condiciones de varios contextos y los procesos de desnaturalización de la violencia. Esta investigación aporta a la discusión sobre la escuela como institución ambivalente, bien como reproductora de modelos de poder y dominación o bien como experiencia de formación para la paz. Frente a esto último, se valora la escuela como “espacio de desnaturalización de las injusticias en las acciones cotidianas” (p. 90), y se consolida como escenario propicio para la creación y el ejercicio de cultura política en espacios concretos de actuación en los que los jóvenes hacen presencia.

Sandoval (2000), en su artículo “La relación entre los cambios de fin de siglo y la participación social y política de los jóvenes”, presenta diferentes paradigmas de lo juvenil: el joven como rebelde, revolucionario, politizado, sujeto exento de problemas o consumidor. El autor pretende evidenciar los cambios culturales y los retos que tienen los jóvenes en cuanto a la participación y plantea la tesis de que es necesario referirse a la construcción de ciudadanía en el mundo juvenil. Para ello hace un barrido teórico sobre la juventud, plantea el contexto actual de los jóvenes en Chile y discute el concepto de participación desde su acepción convencional y no convencional. A partir de los anteriores elementos, plantea la necesidad de impulsar la participación juvenil y de transformar los esquemas tradicionales de participación, incorporando mayores prácticas concretas. Lo anterior exige un esfuerzo de las instituciones sociales, desde la familia hasta la escuela.

Wilches y Hernández (2016) investigaron sobre “Jóvenes universitarios: percepciones y encuestas sobre conflicto armado y paz en Colombia”. Realizaron 500 encuestas a estudiantes, hombres y mujeres entre 16 y 30 años, de diferentes carreras y semestres, estudiantes de universidades públicas y privadas en la ciudad de Bogotá. Estas se aplicaron de manera aleatoria durante el mes de abril de 2015 y tenían 20 preguntas distribuidas en las siguientes temáticas: conocimiento general sobre el proceso de paz en Colombia, refrendación, reconciliación, conflicto urbano y actores sociales.

Para efectos del presente documento, interesa detenernos en dos preguntas y sus respectivas respuestas: “1) Usted, como joven universitario, ¿cree posible el perdón y la reconciliación entre el conjunto de la sociedad colombiana y los miembros desmovilizados de las FARC?”. 288 jóvenes, equivalentes al 57,6%, respondieron con un sí. 156 respuestas, equivalentes al 31,2%, se inclinaron por el no. Se anularon 30 respuestas correspondientes al 6% y 26 encuestados no respondieron (5,2%).

La pregunta número 2 fue: “¿Cuál es el aporte diferenciador de los jóvenes universitarios en la construcción de paz en Colombia?”. Las respuestas fueron: cultura, 189 jóvenes; educación profesional, 80 jóvenes; valores, 45 jóvenes; conciencia ciudadana, 32 jóvenes; pensamiento integral, 30 jóvenes; acciones legales, 22 jóvenes; no responde, 18 jóvenes; dejar a un lado la indiferencia, 17 jóvenes; apoyo social, 16 jóvenes; educación familiar, 15 jóvenes; pesimismo, 12 jóvenes; postura crítica, 8 jóvenes, y reflexión, 4 jóvenes.

De las respuestas anteriores, interesa destacar que los jóvenes creen en el perdón y la reconciliación. Los principales aportes (cultura, educación profesional, valores y conciencia ciudadana) corresponden a características valoradas contemporáneamente, que también son rasgos de las juventudes (Zorro y Patiño, 2013; CONPES, 2014; Vommaro, 2016).

Finalmente, el informe de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (PUJ, 2010) “Cultura y participación política en jóvenes universitarios javerianos: una mirada analítica desde jóvenes y para jóvenes” se ocupa de estudiar los conocimientos, creencias y prácticas relacionadas o asociadas con la participación política de los universitarios de la PUJ. También se interesa por los costos de transacción que generan los mecanismos de participación política y cómo estos influyen en la cultura política. Esta fuente abarca los escenarios convencionales y no convencionales en los cuales los jóvenes ejercen participación política y también aborda las reacciones apáticas juveniles frente a participación. Estos elementos forman un panorama completo y útil a la hora de plantear proyectos, iniciativas diversas y políticas públicas dirigidas a los jóvenes. En dicho informe se señala:

Dos tipos de participación política por parte de los jóvenes: la convencional y la no convencional. La primera se enmarca en la afiliación a partidos, la participación en la contienda electoral y en la toma de decisiones, en cuyas investigaciones buscan analizar los comportamientos, las motivaciones, las creencias, entre otras características que determinan la conducta política de los y las jóvenes. La segunda se centra en estudiar cómo la juventud desde sus subjetividades construye nuevos escenarios para la participación ciudadana, social y política (p. 7).

La contribución de esta investigación es la atención que le otorga a los espacios de construcción de ciudadanía que se consideran alternativos a la participación política tradicional.

Habiendo revisado los principales antecedentes de investigación y de acuerdo con el propósito de este capítulo95, se pasa a explicar los conceptos de jóvenes y ciudadanía, que guiarán nuestras reflexiones.

La categoría de “joven” es una construcción social reciente que surgió para dar cuenta de los efectos que tuvo la revolución industrial, primero sobre la familia y, segundo, como originadora de la escuela. Inicialmente el sujeto joven fue entendido como un individuo con valores, intereses y necesidades propias. Posteriormente, se le definió como un ciudadano con exigencias sociales y de participación, con saberes, pero también con necesidades de aprendizaje para construir su identidad, de la que depende en gran medida su relación con sus pares y con un colectivo o grupo del que se siente parte (Acosta, Gabrysch y Góngora, 2007, citado en Leguizamón y Román, 2018: 3).

En cuanto a “ciudadanía”, se ha convertido en un término que atraviesa toda la dimensión política (Heater, 2007). Se refiere a la construcción de escenarios permanentes donde se pueda convivir con los otros. La otredad o los otros son quienes consideramos distintos a nosotros, pero no por ello dejan de ser depositarios de dignidad humana. Tácitamente, la ciudadanía implica la capacidad para poder convivir con el otro en el marco de reglas socialmente aceptadas, las cuales deben estar basadas en la libertad y la igualdad (Mora y Román, 2014). Requiere además determinar y acordar previamente una serie de derechos y deberes que se asignen a los ciudadanos con criterios de igualdad; también exige de la transferencia y puesta en práctica de herramientas e instrumentos que les permitan a los sujetos desarrollar prácticas de muy diversa naturaleza (sociales, productivas, culturales) a fin de empoderar a los individuos y a los colectivos en la diversidad, orientada esta última a su crecimiento y desarrollo (Oraisón y Pérez, 2006, citado en Leguizamón, 2018).

LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA SOBRE JÓVENES Y PARTICIPACIÓN

En este apartado se presenta un acercamiento a la normatividad colombiana con el fin de reconocer las oportunidades y estrategias disponibles en materia de jóvenes, haciendo énfasis en las referidas a participación para la construcción de paz.

Junto al anterior marco normativo, es necesario considerar la Resolución 2250 de 2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual se “incita a los gobiernos a apoyar a la juventud para incrementar su participación y representación en las iniciativas de paz”. Esta resolución establece que el rango de edad de los jóvenes se encuentra entre los 18 y 29 años. En este documento se señala: “Reconociendo que los jóvenes deben participar activamente en la configuración de una paz duradera y contribuir a la justicia y la reconciliación, y que, si se adoptan políticas inclusivas, una población joven numerosa ofrece un dividendo demográfico singular que puede contribuir a la paz duradera y la prosperidad económica” (Resolución 2250, 2015).

En el contexto actual del país se puede destacar el reconocimiento al papel de la participación de los jóvenes para la construcción de paz. En el documento del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado por el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se pactó el punto 2, titulado “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. Su objetivo es abrir el camino a nuevas fuerzas políticas en el escenario político colombiano e internacional, por ello enuncia la participación activa y eficaz de diversos sujetos como mujeres, organizaciones sociales, academia, movimientos políticos y, especialmente de nuestro interés, los jóvenes.

TABLA 1

PRINCIPAL NORMATIVA FRENTE AL TEMA DE LOS JÓVENES EN COLOMBIA

NORMA

TÍTULO

PRINCIPALES TEMAS

Ley 1014 de 2006

Fomento a la cultura del emprendimiento

En su artículo 5 establece la participación de jóvenes empresarios en la Red Nacional para el Emprendimiento

Ley 1429 de 2010

Formalización y generación 
de empleo

Crea programas especiales para emprendimientos de jóvenes urbanos y rurales menores de 28 años. Además, genera herramientas para impactar en la ocupabilidad y establece la obligación al Fondo Nacional de Garantías para la financiación de los incentivos de dichos programas

CONPES 3673 de 2010

Política de prevención del reclutamiento y utilización 
de niños, niñas, adolescentes 
por parte de grupos armados organizados al margen de la 
ley y de los grupos delictivos organizados

Se crea una línea de atención al fenómeno de reclutamiento que abordan los diferentes niveles del problema

CONPES 147 de 2012

Lineamentos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas y jóvenes en edades entre 6 y 19 años

Se desarrolla a partir de cuatro ejes: intersectorialidad; desarrollo humano y proyecto de vida; oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos y, el eje de monitoreo, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento

Ley 1622 de 2013

Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil

Guía la definición de lo que significa para el Estado colombiano la juventud; establece la estructura de conformación del Sistema Nacional de Juventudes; y reglamenta el funcionamiento de los Consejos Juveniles

Decreto 1919
de 2013

Asigna funciones al Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

Amplia el marco funcional del programa presidencial “Colombia Joven”

CONPES 173 
de 2014

Lineamientos para la generación 
de oportunidades 
para los jóvenes

Propone los lineamientos de política social en seis estrategias: generación de capital social y recuperación de la confianza como factor para la minimización de condiciones de vulnerabilidad; mejorar la transición de los jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas y decentes; incrementar el acceso a los programas de emprendimiento, innovación, I + D, tecnología e investigación aplicada con fines productivos para los jóvenes urbanos y rurales del país; oportunidades a los jóvenes rurales que permitan el relevo generacional de esta población en el campo; y coordinación institucional en torno a las oportunidades para los jóvenes

Decreto 1885 
de 2015

Crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para adolescentes (SNCRPA) y se dictan otras disposiciones

Establece el sistema nacional de responsabilidad penal de adolescentes, los órganos que lo componen y las funciones 
de este

Ley 1780 de 2016

Promueve el empleo y el emprendimiento juvenil y se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado 
e trabajo

Crea incentivos para la contratación de jóvenes y su vinculación al sector productivo, la promoción del empleo juvenil en el sector público, regula el tema de prácticas laborales, y genera mecanismos para la promoción de la vinculación laboral y normalización de la situación militar

Fuente: Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios (2016).

LA EDUCACIÓN COMO ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN

Se reconoce que los jóvenes son actores sociales que se vinculan a la construcción de paz desde la educación, entendida esta última como una herramienta y escenario de participación política.

La educación se entiende como una oportunidad para tramitar las contradicciones e ideas, así como la relación entre estas y la realidad social. Se comprende que es un medio que permite el acercamiento de los jóvenes con la realidad. De ahí, la apuesta por que este escenario posibilite generar pensamiento crítico como uno de los principales retos abierto y permanente, y dé lugar a una “educación intergeneracional como un diálogo libre entre personas de culturas distintas que, partiendo de campos y motivaciones comunes; intenta descubrir los valores entre iguales para enriquecer los proyectos de vida de las personas” (García, 2003: 20).

Los planteamientos anteriores dejan evidenciar que deben construirse herramientas necesarias para que, desde la escuela, los jóvenes profundicen su comprensión de la realidad y guarden coherencia en su actuación como actores sociales constructores de paz. Si estas herramientas se acompañan de un enfoque claro, les posibilitan a los jóvenes reflexionar sobre sus vivencias y transformar lógicas culturales tradicionales en torno a su participación en la construcción de paz. Un ejemplo de ello es el Programa Nacional de Educación para la Paz (EDUCAPAZ), cuya más reciente experiencia y sus logros asociados están sintetizados en el informe de gestión titulado “Sembrando oportunidades” publicado en 2017 (EDUCAPAZ).

De acuerdo a los requerimientos actuales del país, EDUCAPAZ plantea que es necesario formar a la “generación de la paz”. Para ello, cuenta con tres líneas de acción: educación rural, educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional (Crese) e, investigación e incidencia en políticas de educación para la paz. Todas ellas se proponen contrarrestar la naturalización de la violencia en la cultura y la ausencia de oportunidades educativas en los territorios rurales. EDUCAPAZ reconoce que, pese a las dificultades, Colombia tiene múltiples oportunidades para avanzar hacia la paz y la reconciliación. Veamos algunas de ellas:

Los acuerdos de paz y los efectos positivos que tendrá la cesación del conflicto armado en la vida de los niños, niñas, familias y comunidades.

Las reformas institucionales en el marco del posacuerdo, sobre todo los acuerdos de Desarrollo Rural Integral y Participación Política. Igualmente positivo es el procedimiento legislativo especial de justicia transicional; las reformas al Plan Decenal de Educación y al Sistema General de Participaciones que se encuentran en curso, entre otras.

La disposición y el compromiso de trabajar por la superación del conflicto que han demostrado muchas personas e instituciones con una importante experiencia en educación para la paz (EDUCAPAZ, 2018: 2).

La línea de acción “Educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional” (Crese) suscita un especial interés. Detengámonos en su objetivo principal: “Incrementar la importancia de la construcción de capacidades socioemocionales para la ciudadanía y la reconciliación, como una forma de contribuir a la formación integral de los individuos, a la construcción de paz en la sociedad y a la promoción de la implementación de metodologías para esa construcción desde las escuelas y comunidades educativas” (EDUCAPAZ, 2017: 46).

Así, la estrategia pedagógica Crese acompaña y forma en temas de educación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación. También promueve la transformación de las relaciones pacíficas y democráticas en la escuela. Entre los temas que se trabajan bajo esta estrategia se encuentran: los estilos de liderazgo; justicia y equidad en el sistema de relaciones; regulación de los conflictos y construcción colectiva de la norma, y participación en la toma de decisiones. Veamos el testimonio de un orientador de EDUCAPAZ, quien señala:

Yo trabajo en el área de convivencia escolar, con los estudiantes. [Lo que yo hago] es promover el fortalecimiento de la convivencia, de la paz… Entonces creo que el programa responde […] a las necesidades de los jóvenes, porque la paz no solamente [se refiere] a los conflictos que se dan a nivel político, económico o de los grupos subversivos con el Estado, sino [también] aquí en las aulas. [Aquí es] donde fundamentalmente queremos trabajar y donde construimos la paz. La idea también es integrar a toda la comunidad educativa, tanto a padres como a maestros, como a estudiantes, como a directivos, y a la comunidad circundante (EDUCAPAZ, 2017: 54).

Cada área está orientada por una ruta metodológica que se construyó como un ejercicio de proyección y planeación programática. Durante la fase de formulación de dicha ruta “[…] se hizo evidente el rol crucial de la orientación escolar en la construcción de la convivencia porque constituye un puente entre la institución escolar y las familias, pero además es aquel que conoce de primera mano las problemáticas socioemocionales y el que responde a nivel institucional para afrontarlas” (p. 56).

Entre los logros más destacables a nivel territorial “se propició un diálogo directo y franco con jóvenes, docentes y familias sobre las oportunidades educativas de la población rural en zonas de conflicto, y se han explorado estrategias piloto de articulación entre la educación media y superior en estas zonas” (EDUCAPAZ, 2017: 62).

Finalmente, y atendiendo a la pregunta guía de esta reflexión, los jóvenes se vinculan a la construcción de paz desde una educación caracterizada por la diversidad de acuerdo a los diferentes sectores poblacionales que la construyen y la reciben. Los fines educativos deben estar sintonizados con los fines de la sociedad y la comunidad. Así, lograr una educación eficaz supone pensar sobre problemas relacionados con la construcción de educación en ciudadanía y cómo la educación contribuye en la construcción de subjetividades políticas (Mora y Román, 2014).

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CAPÍTULO 7

LA RECONCILIACIÓN EN EL PAÍS VASCO: 
EL PROCESO QUE TAMBIÉN MIRA AL FUTURO

IKER USÓN GONZÁLEZ

El 17 de octubre de 2011, la ciudad de Donostia-San Sebastián acogió en el Palacio de Aiete la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto político en el País Vasco. El evento logró convocar a una gran diversidad de actores de la política nacional e internacional, partidos políticos, organizaciones humanitarias y sindicatos, todos unidos en torno al propósito común de superar las manifestaciones violentas del conflicto. El principal resultado de la conferencia fue la Declaración de Aiete. Desde el primer punto del documento se instaba a ETA a que hiciera una declaración pública donde comunicara el cese definitivo de su actividad armada. También se le solicitaba iniciar diálogos con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

El 20 de octubre de 2011 la organización terrorista ETA comunicó públicamente ese “cese definitivo”, por lo que se consideró que estaba cumpliendo con el primer punto de la declaración ya citada. Su determinación también fue entendida como la apertura de una ventana de oportunidad hasta entonces desconocida e inesperada en la historia reciente de Euskadi. Tal y como expresa el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, “[…] todas las personas por debajo de 50 años hemos vivido toda nuestra vida con ello [la actividad violenta de ETA]. Estamos ante un acontecimiento verdaderamente histórico” (Eusko Jaurlaritza, 2013: 12). Independientemente de las valoraciones que pueda haber al respecto, este “cese definitivo” generó un contexto de esperanza propicio para la superación de la situación de conflicto más violenta vivida hasta entonces en el Estado español.

Como consecuencia de esta “era post-ETA” (Elzo, 2014: 19) se desencadenó una multiplicidad de iniciativas innovadoras que buscaban incidir en los planos público y privado. Más más allá de su diversidad, todas compartían un compromiso firme y claro con la superación del escenario de violaciones de derechos humanos y la defensa de estos para todas las personas. Las iniciativas también aspiraban a superar la clásica y perversa consecuencia de todo conflicto, incluido el vasco, por el que las personas son separadas entre los bandos de “los míos” y “los otros”.

En general, resurgió la política pública a favor de la paz y la convivencia liderada desde el Gobierno Vasco, que, aunque ya existía, tomó aires renovados: en este nuevo contexto pasó a tener un carácter prioritario. Además, y esto fue algo nuevo, también se sumaron a ella el resto de los niveles institucionales. Por ejemplo, las diputaciones forales (gobiernos con alta capacidad ejecutiva de las provincias vascas) han creado y desarrollado más políticas al respecto, especialmente la Diputación de la provincia de Guipúzcoa. Un número significativo de los gobiernos municipales también se involucró en la promoción de programas y acciones en pro de la paz y la convivencia.

A pesar de la implicación que lograron las instituciones en este proceso, es necesario mencionar que el concepto de reconciliación no es un término mayoritariamente utilizado en los textos institucionales vascos. El binomio de “paz y convivencia” tiene mucha más popularidad y acogida, tanto así que el máximo órgano ejecutivo del Gobierno Vasco para estos temas lo incluyó en su nombre: entre 2012 y 2015 se llamó Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

Son múltiples las definiciones que podrían conceptualizar el escenario vasco como un proceso de promoción de la reconciliación social; sin embargo, debe reconocerse que al menos hasta la actualidad el término de “reconciliación” es más objeto de debate que de acuerdo, sobre todo entre partidos políticos. A pesar de estas diferencias, el presente artículo apuesta por la utilización de este concepto. Desde los planteamientos de Jean Paul Lederach y su definición de reconciliación, puede considerarse que el momento histórico vasco corresponde al “proceso que ha de invitar a la búsqueda de un encuentro donde las personas puedan replantearse sus relaciones y compartir sus percepciones, sentimientos y experiencias con el fin de crear nuevas percepciones y una nueva experiencia compartida” (Lederach, 1998). Lejos de interpretaciones que se consideran excesivamente reduccionistas, la reconciliación no nos remite a una búsqueda naif de la “amistad” entre partes enfrentadas y, menos aún, entre víctimas y victimarios. La reconciliación nos mueve a la generación de condiciones para que una comunidad, en este caso la vasca, pueda gestionar los conflictos consustanciales a toda la agrupación social desde el respeto a la dignidad humana entre todos sus miembros.

Es en este nuevo contexto de oportunidad y desde esta concepción de la reconciliación que se quiere subrayar la importancia vital de la clave intergeneracional. Frente a la noción que entiende la reconciliación como un proceso centrado en el pasado (las violaciones sufridas, su clarificación, el resarcimiento…), se quiere destacar la relevancia de la mirada sobre el futuro. Adicionalmente, desde la perspectiva del concepto de peacebuilding y en palabras del secretario general Boutros Ghali, la reconciliación sí nos remite a un “[…] proceso paulatino en el que se busca el cambio de las estructuras sociales y de las actitudes de las partes que han estado bajo la influencia del conflicto” (Murillo, 2016: 7). Es por eso que estas perspectivas se revelan como fundamentales para trabajar con los y las jóvenes. Aplicando lo anterior al caso vasco podemos plantear que, si la reconciliación no dirige su mirada a las generaciones más jóvenes, dejará de ser una apuesta por la no repetición de las vulneraciones y fracturas producidas; sin las juventudes, la reconciliación no es más que un mejor o peor cierre de un pasado que corre el riesgo de repetirse en el futuro.

Es cierto que la clave intergeneracional podría tener mucho más protagonismo en el proceso vasco de reconciliación. A pesar de ello, no pueden minimizarse ni pasarse por alto las iniciativas que existieron y existen al respecto. Este texto quiere reconocer su valor. Todas las iniciativas que han existido, que existen en el presente y que se espera que vengan en el futuro reafirmarán la relevancia que tiene la juventud en toda sociedad en un contexto de posconflicto, tanto para cerrar las heridas del pasado como para evitar que sigan abriéndose heridas en el presente y, especialmente, que sigan teniendo lugar en el futuro.

CONCRETANDO LA CLAVE INTERGENERACIONAL PARA EL CASO VASCO

Inexorablemente, quienes hoy son jóvenes vascos tendrán que gestionar los conflictos que se darán en la sociedad del mañana. Algunas fricciones serán nuevas, mientras que, dependiendo del contexto, otros problemas se mantendrán en el tiempo, especialmente los conflictos como los que llaman nuestra atención en este trabajo. Su impacto emocional o su presencia en la agenda de inquietudes personales e institucionales podrá reducirse, pero el conflicto y la violencia ya vividos marcarán a más de una de las siguientes generaciones. Esta situación es compleja, porque quienes no han vivido directamente las peores etapas del conflicto tendrán que seguir gestionando sus consecuencias. Hoy podemos decir que nuestros jóvenes vivieron cuando ETA aún asesinaba, pero eran muy niños y niñas para no ser conscientes de ese horror. La gran mayoría de la juventud no padeció el conflicto violento en primera línea, pero fruto de su proceso de socialización y educación política, fueron conociendo parte de lo que ocurría en ese momento y ocurrió en el pasado. En este punto surgen numerosas preguntas de investigación, máxime si se quiere contribuir realmente a promover la reconciliación: ¿cómo fue ese proceso?, ¿quiénes fueron los principales agentes socializadores?, ¿qué contenidos se han transmitido y se conocen?, ¿qué lagunas de conocimiento existen?, ¿en qué medida el discurso ético frente al uso de la violencia aún existe o está consolidado?

Para estas y otras preguntas similares, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco encargó al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto la realización del estudio “Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”, del que se describirán los principales resultados a lo largo de los próximos apartados.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este apartado se quiere ofrecer una sencilla descripción de la juventud vasca en general. Posteriormente, se presentará lo que ellos y ellas, al menos en el nivel universitario, piensan sobre las violaciones de derechos humanos en Euskadi.

JUVENTUD EN EUSKADI

Se considera pertinente aportar una fotografía general de la juventud en Euskadi. Para ello se utilizarán los datos que el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) ofrece a través de su portal, así como otros del Observatorio Vasco de la Juventud.

En 2017, Euskadi tenía una población total de 2.175.000 personas; de estas, 284.417 eran jóvenes. Hay que tomar en cuenta que la sociedad vasca atraviesa por un proceso de envejecimiento poblacional, lo que ha producido una reducción significativa de las juventudes, que en el año 2001 eran aproximadamente 448.000 personas. El porcentaje de mujeres es levemente menor al de los hombres, quienes representan el 51%. Si Euskadi fuera un Estado miembro de la Unión Europea, ostentaría el índice de juventud más bajo.

En lo que respecta a la educación, en 2014 la tasa de abandono escolar de las personas vascas con edades entre 18 y 24 años era de 7,5%, muy por debajo de la media de la Unión Europea y más aun de la media de España, que se ubica en un 21,9% (Eustat, 2018). El 47,5% de la juventud cuenta con titulaciones universitarias y de grado superior; este hecho es mucho mayor para las mujeres (55,7%) que para los hombres (40,2%).

Una de las señas de identidad centrales de la cultura vasca es su lengua, el euskera. Con anterioridad a la democracia, pero especialmente desde el desarrollo de la autonomía vasca en esta materia, la extensión del conocimiento del euskera ha sido espectacular. En 2014 se reportó que el 64,4% de las personas jóvenes conocía el idioma. El inglés está cada vez más presente: lo conoce el 54,4% de las juventudes.

Algo más de la mitad de la juventud vasca trabaja o está en disposición de trabajar. La tasa de paro de larga duración fue del 10,7% en 2015. La tasa de temporalidad96 llega al 57%, con un salario medio neto mensual de 1.195,29 euros a jornada completa o de 604,78 para quienes trabajan a jornada parcial. Esta percepción de ingresos ha dificultado significativamente la emancipación de los jóvenes, que se produce a los 30 años en promedio. Aunque puede pensarse que esta edad es tardía, resulta ser claramente superior si se la compara con otros países europeos.

En lo que respecta a las creencias, casi la mitad de la juventud se define como agnóstica (53,6%); apoya mayoritariamente causas como el matrimonio entre personas del mismo sexo (87%), el cambio de sexo (80,6%), el aborto libre y voluntario (78,9%), la eutanasia (73%) y la legalización del cannabis (60,5%). Una de cada tres personas entre los 15 y los 29 años (el 34,1%) pertenece a alguna asociación, y dos de cada tres jóvenes (el 64,9%) desearían un cambio social. En una escala de 0 a 10, los jóvenes vascos se ubican como personas de izquierdas con un puntaje de 3,7. En la misma escala, pero respecto del nacionalismo, se autoasignan el valor de 5: ni nacionalistas, ni no nacionalistas. Se evidencia un creciente desapego con el proyecto de independizar Euskadi respecto de España: el 20% de los jóvenes se muestran de acuerdo con la idea.

UNA APROXIMACIÓN A LA OPINIÓN DE LA JUVENTUD VASCA UNIVERSITARIA
SOBRE LAS VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS

En 2015, a petición del Gobierno Vasco, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe realizó una investigación para lograr aproximarse al conocimiento que tiene la juventud del sistema vasco universitario y a su posicionamiento ético respecto de las vulneraciones de derechos humanos de motivación política producidas en el pasado reciente (1960-2010)97.

Este estudio se enfocó en una muestra de jóvenes pertenecientes a la población universitaria, esto es, en aquellos estudiantes que estuvieran cursando un grado universitario98 en alguna de las tres universidades que conforman el Sistema Universitario Vasco99, como son la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón100. La muestra final fue de 1.011 participantes. Los grupos mayoritarios por edad fueron: el de los estudiantes de 18 años, con un 57% de la muestra total; estudiantes de 19 años, equivalentes al 15,8%, y estudiantes de 17 años, con el 8,1%.

Se utilizó un cuestionario compuesto por bloques temáticos de preguntas. Para este escrito se eligieron los tres siguientes bloques: nivel de interés de la juventud por las cuestiones de la paz y la convivencia, nivel de conocimiento sobre lo sucedido en el pasado y valoración ética respecto del pasado reciente.

En cuanto a los resultados generales del bloque temático sobre el interés de la juventud por las cuestiones de la paz y la convivencia, el alumnado mostró un interés personal alto por los temas relacionados con el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi; también evidenció una participación destacable en actividades relacionadas con la paz y la convivencia. Sin embargo, al hacer un acercamiento mayor y un análisis discriminado, se observó que las temáticas de paz y la convivencia quedaban entre las más bajas en comparación con cuestiones como la violencia de género o la pobreza internacional, que se posicionaron como los temas que despertaban mayor interés.

Sin embargo, cuando se preguntaba específicamente por su interés directo sobre los temas relacionados con el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi, un 61,7% de los y las jóvenes que participaron tenían un interés personal alto. Si a esa cifra le adicionamos los jóvenes que tenían un interés medio, se obtiene un porcentaje del 87,6%. Dicho interés no solo era personal, sino que se extendía también a una percepción generacional, pues un 80% consideró que el tema era algo o muy interesante para la juventud.

Para explorar la perspectiva intergeneracional se les pidió que compararan su interés por la temática con el interés que ellos consideraban que tenían sus padres y madres. Un 53% consideraba que ese interés era menor, mientras que un 23% creía que era igual y un 17% que incluso era mayor.

En lo que se refería a su nivel de participación en actividades pertenecientes al ámbito de la paz y la convivencia, el 57,5% del alumnado participante respondió haber participado en el último año en alguna actividad relacionada realizada en Euskadi. De todos ellos y ellas, un 40,5% manifestó haber participado de estos eventos entre una y cinco veces; el 17% expresó haber participado entre seis y diez veces o más.

Una variable considerada central para este estudio fue el conocimiento de los jóvenes respecto de los hechos violentos. Antes de indagar por esa variable en específico, la encuesta preguntó a los y las participantes por su autopercepción sobre esta cuestión, es decir, sobre el nivel de conocimiento que consideraban que tenían como generación. También indagó sobre las fuentes de información a partir de las que habían adquirido dicho conocimiento. Las respuestas mostraron que el alumnado consideraba que su nivel de conocimiento no era bajo: un 58,6% consideró que tenía un nivel de conocimiento medio-alto sobre el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi. Las tres principales fuentes de información fueron los medios de comunicación (68%) la familia (59%) y las redes sociales e internet (54%); posteriormente aparecen los amigos con un (35%) y los libros como última opción, con un (13%). El 60,7% de los jóvenes participantes manifestaron que su familia había tenido una influencia alta o muy alta en la configuración de su conocimiento sobre el pasado. En lo que respecta a la influencia del colegio en su conocimiento, se observa una tendencia a la división: el 50,7% consideraba que los aportes de la institución habían sido bajos o muy bajos, a diferencia del 44,2% que consideró que la influencia escolar había sido alta o muy alta.

Una conclusión muy destacable es el nivel de insatisfacción generalizado respecto de la información recibida sobre lo ocurrido en el pasado reciente. El 60% de la juventud no estaba satisfecha con la información recibida sobre el tema; de esta cifra, el 49% estaban poco satisfechos y un 11% muy insatisfechos.

Luego de esta fase preparatoria se realizó un primer acercamiento al nivel de conocimiento que los participantes del estudio tenían sobre lo ocurrido durante el conflicto. Para ello se utilizaron preguntas directas acerca de una serie de hechos ocurridos antes de que ellos nacieran o durante su infancia. Predominaron las respuestas acertadas, aunque también se evidenciaron niveles significativos de duda y desconocimiento. El 50% del alumnado no parecía contar con información suficiente para definir qué fue el atentado de Hipercor101, frente a un 44% que sí lo sabía. En la misma línea, el 54% definió correctamente el caso “Lasa y Zabala”102; un 32% respondió que no sabía o no quería contestar y el 13% llegó a calificarlo como un acto de ETA. En respuesta a otra pregunta, un 53% sabía que Miguel Ángel Blanco103 había sido secuestrado y asesinado por ETA, mientras que un 40% parecía no tener información, pues optó por la opción “no sabe, no contesta”. Finalmente, el 55% tenía un conocimiento adecuado sobre qué fueron los GAL, mientras que el 38% se ubicó en la opción “no sabe, no contesta”.

Debe destacarse que las preguntas de este apartado son las que obtuvieron el mayor número de respuestas “no sabe, no contesta” de todo el cuestionario. Hay dos vías posibles para interpretar esta alta cantidad de preguntas no respondidas: el desconocimiento sobre lo que estaban siendo preguntados y su falta de voluntad para cooperar con el estudio. Se considera que la más acertada es la primera: falta de conocimiento sobre los acontecimientos ligados a la violencia.

Pero todo no es conocimiento; sin reflexión ética, cualquier saber sufre una merma de su potencial transformador. Así, se consideró que la reflexión ética era tan importante como el conocimiento sobre el pasado para promover en ellos y ellas una actitud ética. Fernando Savater lo define como “una reflexión individual sobre la libertad propia en relación con la libertad de los demás y con la libertad social en que nos movemos” (Savater, 2002: 11). El cuestionario incluyó seis afirmaciones; ante cada una de ellas, los jóvenes participantes debían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo:

Prevalencia del derecho a la vida: ante la afirmación de que “ningún proyecto político es más importante que el derecho a la vida de una persona” la gran mayoría de las respuestas estuvieron totalmente de acuerdo (91%). Un 66% manifestó estar bastante de acuerdo con la afirmación. El nivel de desacuerdo representó un 2%.

Posicionamiento personal: los y las jóvenes participantes se mostraron divididos en dos bloques cuando se les preguntó sobre si “en la actualidad, en Euskadi vivimos en una situación de paz”. El 49% consideró que estaba totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación, mientras el 47% respondió que estaba poco de acuerdo o en desacuerdo.

Rechazo de la violencia de ETA: la tercera afirmación se centraba en el nivel de deslegitimación de la violencia de ETA. La afirmación utilizada fue: “Estoy en contra de la violencia de ETA”. La gran mayoría de los estudiantes (79%) respondió que estaba totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación. De hecho, más de la mitad (57%) dijo estar “totalmente de acuerdo”. El 12% optó por las respuestas de “poco de acuerdo” o “en desacuerdo”, pero solo un 2% escogió esta última.

Rechazo de toda acción violenta: la cuarta afirmación no se centraba en los hechos ocurridos en Euskadi, sino que planteaba una afirmación general sobre la necesidad de rechazar éticamente las acciones violentas: “Toda acción violenta que atente contra la dignidad de una persona debe ser rechazada”. Para la gran mayoría de los y las jóvenes participantes, la violencia contra la dignidad de las personas era claramente rechazable, pues un 65% respondió estar “totalmente de acuerdo”. Si se toma en cuenta que otro 21% optó por estar “bastante de acuerdo”, el resultado es de un 86% de rechazo a toda acción violenta.

Lucha contra el terrorismo: un 76% de los participantes estuvo “totalmente” o “bastante de acuerdo” con la afirmación “el Estado no debe vulnerar derechos básicos de las personas en nombre de la lucha contra el terrorismo”. El 51% de todos los participantes escogió la opción de mayor nivel de acuerdo. El nivel de bajo acuerdo o desacuerdo tuvo un valor del 6%.

Libertad de expresión: el alumnado fue preguntado sobre la afirmación “me siento libre de expresar en público lo que pienso sobre el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”. Los y las participantes se mostraron divididos: mientras un 49% estaba “poco de acuerdo o en desacuerdo”, el 44% opinó que estaba “totalmente” o “bastante de acuerdo”.

EXPERIENCIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
ENTRE LOS JÓVENES

Como se ha destacado previamente, desde octubre de 2011 se iniciaron toda una serie de iniciativas a nivel político y social para consolidar un proceso que supere irreversiblemente la violencia. A continuación se describirán cuatro experiencias que están directamente relacionadas con la juventud y la promoción de la convivencia. Todas ellas se consideran modelos de buenas prácticas, pues han demostrado ser útiles y eficaces en su contexto. Los elementos comunes a todas las iniciativas son:

Ser parte de una política pública y, por lo tanto, estar diseñadas e implementadas por la Administración.

Los testimonios de las personas directamente implicadas en el conflicto son su fuente fundamental para la generación y difusión de conocimiento.

Están comprometidas con la promoción de la reflexión ética a partir de los conocimientos de los directos implicados en el conflicto, se diferencian de la mera transmisión de contenidos morales a los jóvenes.

LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
EL CASO DEL PROGRAMA ‘VÍCTIMAS EDUCADORAS’

Durante la legislatura presidida por Patxi López (2009-2012), el Gobierno Vasco aprobó un Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación del Terrorismo que incluía la propuesta innovadora de ofrecer el testimonio directo de las víctimas del terrorismo de ETA en los centros educativos (Eusko Jaurlaritza, 2009). El programa se denominó “Víctimas educadoras”. Además de lo que la propia intuición puede indicarnos respecto de la fuerza pedagógica de los testimonios directos en un aula de clase, este plan siguió las recomendaciones del Defensor del Pueblo de Euskadi, cuyo nombre en euskera es Ararteko. En su informe extraordinario de junio de 2009 sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo, se destacaba que “la oralidad fomenta una verdadera participación de las víctimas y el conocimiento del proceso dinámico de la victimización. Previa formación y coordinación, las víctimas pueden preguntar y responder a las preguntas de los escolares y su protagonismo resulta insustituible” (Ararteko, 2009). Ello también era coherente con una recomendación del mismo informe por la cual se instaba a realizar acciones que permitieran la participación de las víctimas del terrorismo en virtud de la Ley Estatal 4/2008104.

El citado plan hacía una apuesta decida por la escuela como marco para la promoción de la educación para la paz porque “[…] en ese contexto, se pueden vivir los desencuentros y conflictos, parte consustancial de la vida y de las relaciones intra e interpersonales, como oportunidades para desarrollar estrategias no violentas, poderosas pero no autoritarias, igualitarias, legítimas, reparadoras, responsables; como situaciones y momentos en los que los derechos humanos quedan salvaguardados, así como el potencial de crecimiento personal y social” (Eusko Jaurlaritza, 2009).

Pese a su impacto inicial reducido en la comunidad de centros escolares, la experiencia de “Víctimas educadoras” cobró una relevancia central y permitió mostrar y demostrar lo que el Consejo Escolar de Euskadi ya había planteado sobre el testimonio de las víctimas, el cual “constituye un recurso pedagógico valioso y contribuye al proceso de educación para la convivencia” (Bilbao, 2005: 3). Debe subrayarse que esta experiencia pedagógica llevada a cabo en el 2010 se realizó en un contexto en el que aún había manifestaciones de violencia terrorista abierta; si bien su intensidad era mucho menor que en décadas anteriores, también es necesario mencionar que ETA tenía una actividad significativa y amenazaba la vida e integridad de muchas personas. La apuesta por esta iniciativa no puede más que calificarse como valiente e imprescindible para que en la actualidad un programa como Adi-Adian, al que nos referiremos a continuación, pueda ser viable y exitoso hoy en el ámbito educativo.

LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
LA EXPERIENCIA DE ADI-ADIAN

Adi-Adian surge como la continuidad de la iniciativa de Víctimas educadoras. Adi-Adian es un módulo educativo integral, es decir, que forma parte de un trabajo educativo más amplio y global inserto en los planes de formación de cada centro educativo en materia de educación para la convivencia. El módulo educativo Adi-Adian representa la oportunidad de realizar un itinerario de experiencia y aprendizaje con cinco paradas: los derechos humanos, las víctimas, el testimonio, la empatía y la convivencia. A través de estos cinco conceptos, se desarrolla lo establecido en el currículo de la educación básica en materia de solidaridad con las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos. Todo el módulo y la experiencia de aprendizaje se basa en los testimonios de víctimas que voluntariamente participan en este proyecto. El rol de las víctimas es compartir con el alumnado de entre 14 y 17 años cuál fue el hecho traumático que sufrieron, qué supuso el golpe de la violencia para ellos y sus familias, y el mensaje para el futuro que quieran trasmitir.

El proyecto, en su aparente sencillez, ha tenido un impacto positivo muy significativo tanto para los alumnos como para las propias víctimas. La aplicación del módulo ha tenido otras consecuencias positivas inicialmente no previstas, entre ellas la escritura y publicación del Manifiesto Eraikiz, presentado el 11 de septiembre de 2015105. En él, 15 víctimas de diferentes actos violentos (cometidos fundamentalmente por ETA, pero también por los GAL o el franquismo) construyeron un claro mensaje público contra toda forma de violencia, llamando a la deslegitimación de su uso y solicitando la no patrimonialización del dolor de las víctimas por parte de ningún actor. Además de otros mensajes a favor del cese de los actos violentos, el manifiesto representa un hecho histórico de confluencia entre víctimas de diversos actores sin precedentes en la historia vasca.

En la actualidad este módulo sigue vigente y su implementación es cada vez mayor. Adi-Adian es utilizado en centros educativos públicos y en los privados que tienen algún régimen de concertación con la Administración. Su punto fuerte ha sido también su principal reto: la participación directa y sin intermediarios de las víctimas no deja de implicar obstáculos. Es necesario tener en cuenta el esfuerzo emocional de las víctimas, la dedicación que deben poner a cada encuentro con los estudiantes y las condiciones que dificultan que haya una conciliación de su presencia en las aulas con sus responsabilidades laborales. Estos factores hacen que el módulo no pueda cubrir toda la demanda que se quisiera y que, incluso, se prevea la posibilidad de no seguir funcionando en el futuro. Ante esta situación, el Gobierno Vasco está trabajando en la elaboración de un amplio banco de vídeos testimoniales de las víctimas que doten de sostenibilidad a esta exitosa experiencia. También debe destacarse que, en reconocimiento de sus positivos efectos, el Gobierno Vasco suscribió en octubre de 2017 un nuevo acuerdo en el que, entre otras medidas, se plantea la inclusión del módulo Adi-Adian en las aulas universitarias.

LA EXPERIENCIA DE AHOTSAK106

El Proyecto Ahotsak se enmarca en el convenio marco que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea firmaron con el Gobierno Vasco el 8 de enero de 2014 para el diseño, desarrollo y ejecución de una contribución compartida de las tres universidades al Plan de Paz y Convivencia de Euskadi 2013-2016. Las tres universidades vascas acordaron diseñar un proyecto con tres componentes: 1) un itinerario factible; 2) una propuesta práctica para insertar en el ámbito universitario la educación para la paz y la convivencia, y 3) la promoción de la experiencia en cada una de las tres universidades por medio del desarrollo de un programa piloto que se valiera en el uso de documentales y películas que suscitaran la reflexión en los espectadores.

Puntualmente, los objetivos educativos del proyecto fueron:

Impulsar un proceso que favoreciera la reflexión sobre el terrorismo, la violencia, las vulneraciones de derechos humanos y la construcción de la paz.

Representar y reconocer la pluralidad de voces en torno a esa experiencia colectiva.

Promover el análisis crítico de todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas en nuestro país.

Facilitar el diálogo sobre las diferentes versiones de acontecimientos que han marcado el contexto de la realidad vasca, haciendo especial énfasis en la memoria de episodios, acciones y experiencias que dan testimonio de ella.

Reforzar el compromiso con los derechos humanos de la juventud vasca.

En total se seleccionaron 12 documentales o películas con base en los siguientes criterios:

Su promoción del respeto a los derechos humanos.

La pluralidad de puntos de vista y de violaciones de derechos humanos ocurridas.

La actualidad de los materiales.

Para cada uno de los audiovisuales se propuso la construcción de una ficha descriptiva con la sinopsis, la información básica del audiovisual y los temas y conceptos clave que aborda. También se elaboraron varias preguntas para orientar la reflexión y discusión de los estudiantes tanto antes como después de observar la película. Las preguntas previas buscan activar y socializar el conocimiento y las concepciones del alumnado sobre los temas o conceptos clave objeto del documental. Las preguntas para después de la visualización se orientan a la clarificación conceptual, la comprensión de temas claves y la socialización de las diversas opiniones.

La valoración de los y las participantes desde su primera experiencia en 2015 fue muy positiva. Nueve de cada diez estudiantes participantes se mostraron satisfechos con la experiencia. Los docentes que condujeron las sesiones también se mostraron altamente satisfechos con el desarrollo de la actividad y sus resultados.

El valor de Ahotsak es haber sido la primera experiencia de trabajo conjunto entre tres universidades para explorar la introducción en el aula de la reflexión crítica sobre el terrorismo, la violencia, las vulneraciones de derechos humanos y la construcción de la paz en Euskadi. Se considera que el proyecto no solo aportó un recurso funcional y aplicable para el profesorado, sino que, además, supuso la realización de una primera experiencia piloto que demostró sus impactos positivos y la buena acogida por parte del alumnado. En la actualidad Ahotsak sigue activo.

La metodología del proyecto Ahotsak puede replicarse haciendo uso de otros documentales de temática similar, por lo que su uso queda abierto para quien desee ponerla en práctica.

PLAZA DE LA MEMORIA

En el año 2014 el Gobierno Vasco creó a través de la Ley 4/2014 el Instituto para la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, con el nombre de Gogora107. Su función es “preservar y transmitir la memoria de las experiencias traumáticas marcadas por la violencia durante los últimos cien años”, y su objetivo es “promover la configuración de la memoria de forma inclusiva y garantizando la participación ciudadana”108. Uno de los primeros proyectos del Instituto Gogora es Plaza de la Memoria, el cual tiene una especial incidencia en la población joven.

Plaza de la Memoria es un gran programa público plurianual de participación ciudadana. A través de una exposición itinerante y de su página web busca recoger testimonios de la ciudadanía, bien sean estos escritos, en formato móvil o incluso vídeos que se hagan en la misma exposición, siempre y cuando hagan referencia a la memoria. Su premisa fundamental es que “la construcción de la memoria es una tarea compartida y plural a la que todas las personas tenemos derecho y a la que todas estamos invitadas a participar. Cualquier persona es parte de la memoria” (Gogora, 2018).

En su primer año de itinerancia, “Plaza de la Memoria” ya ha visitado las tres capitales de Euskadi y otras localidades en las que las vulneraciones de derechos humanos han tenido especial relevancia: Guernica, Tolosa, Lasarte-Oria, Durango y Arrasate. La exposición permite a todo ciudadano acceder a dos grandes espacios: uno para el visionado de testimonios de víctimas de vulneraciones por parte de movimientos terroristas, abusos policiales y hechos victimizantes ligados a la Guerra Civil y la dictadura franquista. El segundo espacio se desarrolla bajo formato de ágora: durante los días que el proyecto visita un municipio, se organizan conferencias y presentaciones ligadas a la temática del proyecto, pero con referencia local.

Desde su creación, Plaza de la Memoria se propuso dirigirse a los jóvenes. La exposición itinerante cuenta con un taller especial para los asistentes entre 14 y 17 años, que los invita a reflexionar sobre lo que han visto a lo largo de todo el recorrido. Cientos de jóvenes de las localidades visitadas han tenido la oportunidad de conocer lo ocurrido de mano de los testimonios de las víctimas, así como de dar su opinión y participar en la construcción de la memoria.

Plaza de la Memoria también se adaptó para hacer presencia en las aulas escolares y pasó a hacer parte, junto a las iniciativas de Víctimas Educadoras y Adi-Adian, de las posibilidades para que los centros educativos pudiesen trabajar con su alumnado esta compleja cuestión. Plaza de la Memoria no solo ha ampliado la visión del conflicto de los estudiantes de la educación obligatoria, sino que también lo ha hecho dentro de los campus universitarios. Concretamente, cientos de estudiantes de Mondragon Unibertsitatea y de la Universidad de Deusto han podido conocer su mensaje.

EL CONSEJO VASCO DE LA JUVENTUD

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) es un organismo autónomo histórico. Esta entidad de derecho público tiene una antigüedad de más de 30 años109 y actualmente cuenta con unas 60 asociaciones que trabajan en temas relacionados con la juventud. Su objetivo es “impulsar la participación de las personas y las asociaciones jóvenes, reclamar la importancia de las políticas de juventud, hacer que las instituciones tengan en cuenta nuestros puntos de vista y realizar el trabajo de puente entre estas administraciones y las personas y asociaciones de jóvenes” (Consejo Vasco de la Juventud, 2018).

Desde sus inicios, el Consejo estableció varias áreas de trabajo, dentro de las que se encuentra la sección de “paz y convivencia”. Los objetivos de esta dependencia son:

Crear, organizar, desarrollar y evaluar proyectos relacionados con los temas de paz y convivencia: sesiones formativas, encuentros, dinámicas, intercambio de experiencias, grupos de trabajo, etc.

Facilitar espacios seguros y participativos para la reflexión y el diálogo.

Comunicar a las instituciones y medios de comunicación las necesidades, intereses, puntos de vista y propuestas que las personas jóvenes tienen ante la paz y la convivencia.

Dependiendo el proyecto, coordinar o trabajar con jóvenes, asociaciones juveniles, movimientos organizados, agentes sociales y administraciones.

Dar asesoramiento en materia de paz y convivencia.

Asegurar la perspectiva de paz y convivencia en las demás áreas técnicas.

El motivo fundamental por el que hemos seleccionado a este consejo como una iniciativa de buenas prácticas en materia de juventud y reconciliación es que constituye un espacio de encuentro y trabajo autónomo orientado a la paz, que está construido desde la juventud y para la juventud. Este consejo ha realizado incontables acciones, todas ellas de gran aporte a la superación del pasado violento. En esta oportunidad solamente vamos a centrarnos en dos iniciativas por dos razones: son las más novedosas en una perspectiva temporal y ambas han querido trabajar en clave de reconciliación.

La primera es la publicación Jóvenes y paz: reflexiones sobre el pasado, oportunidades en el presente, retos para el futuro. Este documento muestra el compromiso que han tenido los jóvenes con la construcción de paz en Euskadi, tanto a lo largo de la historia pasada como en el presente. El lector encontrará un interesante recorrido histórico por las principales iniciativas desarrolladas por las juventudes de Euskadi, así como un balance de los elementos que se consideran replicables en otros casos y contextos. Puede descargarse desde el portal web del consejo.

En segundo lugar, citamos la experiencia Bakehizketak110. Esta iniciativa se inspira en muchas de las lecciones de la publicación Jóvenes y paz… sobre la que acabamos de hablar. Su objetivo central fue “visibilizar que las personas jóvenes también pueden ser protagonistas del proceso de pacificación” (Consejo Vasco, 2018). Para cumplir este cometido, se propició la reunión de 20 jóvenes de procedencias e ideas muy diferentes para reflexionar sobre temas relacionados con la paz y la convivencia. También se convocó a diversos actores con varias perspectivas sobre el conflicto: historiadores, políticos, escritores, víctimas y victimarios. El encuentro tuvo lugar en la localidad de Arrasate y se prolongó durante un fin de semana. Como resultado de las jornadas de trabajo, se realizó un documental que puede gratuitamente verse en su web. Pese a la sencillez de la iniciativa, es considerada una acción pionera para la adopción de nuevas prácticas que permitan tramitar y elaborar productivamente las diferencias. Pese a su impacto cuantitativo aparentemente reducido, conserva un gran valor por demostrar que los jóvenes tienen el derecho a participar en el proceso de construcción de una nueva convivencia y que muchos quieren ejercerlo; está en las manos de las autoridades generar los espacios y oportunidades para encauzar este deseo de participación. También demuestra que las dinámicas de encuentro entre perspectivas diferentes son fundamentales para un proceso de reconciliación, porque son ventanas de oportunidad real para avanzar hacia esa sociedad reconciliada que se proyecta construir. Pudo comprobarse que este tipo de escenarios generan altos niveles de satisfacción entre las personas que participan, y que de ellos se pueden obtener importantes materiales gráficos, audiovisuales y escritos para hacer pedagogía de paz y reconciliación.

BIBLIOGRAFÍA

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Consejo Vasco de la Juventud (disponible en http://www.egk.eus).

Durán, M. (2016): Notas para una definición sobre reconciliación (disponible enhttps://www.javeriana.edu.co/documents/15838/6918698/NOTASsobreRECONCILIACIO%C2%BFN_vf.pdf/4a710251-d9e1-4de4-8e0c-a701c07ca9d8).

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Murillo, E. (2016): “Gobernanza para el posconflicto: hacia una política pública de reconciliación social”, XXI Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Santiago de Chile, 8-11 de noviembre de 2016 (disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/34431B22E5BC883F05258152007AD153/$FILE/murillo.pdf).

Savater, F. (2002): Ética y ciudadanía, Madrid, Monte Ávila Editores Latinoamericana.

A MODO DE CONCLUSIÓN

MYRIAM ROMÁN MUÑOZ E IKER USÓN GONZÁLEZ

Se considera fundamental realizar una reflexión en clave de política pública acerca de la importancia de promover la paz y la reconciliación, así como sobre el papel que la juventud puede cumplir en ambos contextos.

La paz y la reconciliación, tanto en Euskadi como en Colombia, gozan de reconocimiento social en la actualidad y cuentan con prácticas interesantes; sin embargo, puede que se requiera profundizar en el trabajo que ya se ha realizado para incluir a los más jóvenes; de esa manera, los procesos de cada país se dotarían de una mayor sostenibilidad a futuro.

Los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana. En ellos se materializan las tendencias por las que se consolidan o no los valores de paz y reconciliación que hoy se están sembrando en Colombia y Euskadi. Si estos procesos de superación de la historia violenta solamente se basan en las perspectivas de los adultos y personas mayores en tanto que son los principales actores implicados en el conflicto violento, podrían estarse generando condiciones indeseadas de posible repetición del uso de la violencia ante los conflictos sociales y políticos en el futuro. La concreción de la paz y la reconciliación toma más de una generación para ver sus mejores frutos, lo que, a todas luces, nos habla de la existencia de un reto claramente intergeneracional.

Interesa reconocer que la juventud es un actor social legitimado en nuestras sociedades. La normatividad existente, así como la realidad práctica en la política y la sociedad, concibe a los jóvenes como actores de gran relevancia en múltiples áreas de la vida de un país. Las políticas de paz y reconciliación no pueden ser la excepción y deben desarrollar espacios de participación para que ellos y ellas realicen su mejor contribución. La revisión de ambas experiencias nos ha confirmado que las juventudes no se sienten ajenas a la temática; es necesario revaluar la imagen de la juventud como un colectivo social centrado en sus propias necesidades y ajeno a las del resto de generaciones. En los contextos colombiano y vasco, los y las jóvenes se muestran medianamente concienciados acerca de la relevancia de la reconciliación, lo mismo que sobre la importancia de participar en los diversos procesos que hacen parte de la construcción de realidades que proscriban el uso de la violencia.

Los y las jóvenes de Colombia y Euskadi están realizando sus propios aportes a la consolidación de la paz y la reconciliación por medio de múltiples planes, programas y acciones. Este texto ha pretendido presentar una pequeña muestra de aquellas prácticas que se han considerado de éxito. Aunque todas ellas son muy diversas, tienen un importante punto en común: la educación. En su concepción más amplia y no solo circunscrita al aula de la educación obligatoria, la educación se rebela como un gran espacio que, desde ya, impacta positivamente la generación de valores y actitudes en pro de la reconciliación social, y que indudablemente podría aumentar este potencial en el futuro.

QUINTA PARTE

EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA Y EL PAÍS VASCO

Esta sección reúne dos apartados sobre la educación para la paz en Colombia y en el País Vasco. Dos sociedades atravesadas por el conflicto y la violencia en las que emergen gradualmente distintos esfuerzos de reconciliación. En el proceso de concebir y escribir los textos, vimos que serían muy distintos entre sí. Esta diferencia refleja los contextos sociales e históricos radicalmente distintos, que plantean necesidades, retos y oportunidades igualmente diferentes. También nos dimos cuenta de que las trayectorias de sus autores sitúan sus ideas en ángulos distintos desde los cuales entender y analizar la educación para la paz.

Así, los apartados que siguen no son paralelos ni se prestan para hacer comparaciones de los recorridos de la educación para la paz en cada caso; ello no significa, sin embargo, que no haya puntos de diálogo y contraste de los que podemos aprender. Por ello, optamos por exponer y resaltar las diferencias, para construir un apartado final en el que reflexionamos lo que nos suscitan los contrastes aquí incluidos. Ambos textos proponen reflexiones sobre la educación para la paz en Colombia y el País Vasco. No ofrecen un balance exhaustivo de todo lo hecho y por hacer, sino más bien una lectura selectiva a la luz de preguntas e inquietudes particulares que a juicio de sus autores tienen particular relevancia en cada contexto.

El capítulo sobre el caso colombiano reflexiona sobre los diferentes modos en que la sociedad colombiana ha intentado afrontar la formación para la paz. Pone especial atención a la política de Estado sobre del tema y resalta que esta no se reduce a la introducción de la Cátedra de la Paz en la educación formal. Por el contrario, está compuesta por un conjunto de estrategias que van más allá de las aulas y buscan motivar iniciativas, alianzas y propuestas de política pública que reconozcan que, en un país tan golpeado por la violencia, educarse para la paz es educarse para la vida y para la ciudadanía. El texto también señala otras iniciativas de educación para la paz que nacen en la sociedad civil y le otorgan una especial importancia a la educación rural. A propósito de esta última, el autor desarrolla una hipótesis sugerente: el país fue introducido a la modernidad por medio de la imposición de un modelo educativo que quiso anular su diversidad; en los entornos rurales esta realidad se materializó como la prolongación de la confrontación armada hasta el presente. Si reconocemos que es necesario contrarrestar dicha tendencia, la educación intercultural, diversa y para el reconocimiento de la pluralidad de discursos, es una oportunidad de revertir estos procesos violentos.

El capítulo sobre el caso vasco reflexiona sobre el desarrollo desigual de dos vías que puede adoptar la educación para la paz: La “vía de la educación ética a través del testimonio de las víctimas de la violencia” y la “vía de la educación histórica a través del análisis crítico del proceso y el contexto en el que se desarrolló la violencia”. Mientras que la vía ética cuenta con un amplio recorrido en el País Vasco y muestra importantes logros de los que pueden aprender otras sociedades, la vía histórica apenas se ha abordado; esto pone en evidencia los vacíos y las limitaciones que invitan a la sociedad vasca a aprender de otras experiencias.

CAPÍTULO 8

UN CAMINO Y MÚLTIPLES RECORRIDOS 
EN LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA

SANDRA LILIANA LONDOÑO CALERO

Para Colombia, igual que para muchos otros países que han vivido conflictos armados y violencia generalizada, parece ser importante hablar de educar para la paz. Esta tarea aparece como relevante no solo por la posibilidad de legar a las siguientes generaciones el conocimiento acumulado sobre temas clave para la convivencia y la construcción de una mejor sociedad; es igualmente importante visualizar y liderar un futuro distinto que está en emergencia y tratar de no repetir las experiencias que han configurado el estado de violencia que ha sitiado al país por tantos años. Fernando Bárcena y Joan-Carles Mèlich, filósofos contemporáneos, proponen que toda la educación sea pensada como “un acontecimiento ético”. Su perspectiva se inspira en una obra de Theodor Adorno titulada La Educación después de Auschwitz, que plantea que en tiempos tan difíciles de guerra y de posguerra, la educación tiene un papel esencial en construir memoria. ¿Y para qué la memoria? Para que no se repitan hechos tan dolorosos y para que, con estas vivencias en mente, se pueda avanzar reparando y rectificando el rumbo (Bárcena y Mèlich, 2000).

En este apartado, analizaremos la importancia que tiene y ha tenido la educación para la paz al momento de proponer otras formas de convivencia pensadas de forma amplia e incluyente. Se observarán las diversas maneras en que esta educación puede materializarse, ya sea a través de iniciativas gubernamentales, propuestas de la sociedad civil, iniciativas de las industrias culturales, componentes de la educación formal y no formal, expresiones de la educación propia impulsada por los pueblos indígenas y afrodescendientes, o como parte de la educación rural. Como ya se mencionaba, haremos especial énfasis en esta última, por ser el campo un escenario que ha experimentado con más intensidad la guerra en Colombia. Al final, se sostiene que todas estas iniciativas son necesarias, complementarias y no excluyentes. Así, se propone mantenerlas y fomentar especialmente aquellas iniciativas orientadas no solo a informar, sino a fortalecer la incidencia de los líderes de los territorios más afectados por el conflicto armado en el país. Estas medidas cobran aún más relevancia en el posacuerdo, escenario en el que se ha recrudecido la violencia y han arribado nuevos grupos que articulan los actores del narcotráfico y economías ilegales, dando como resultado el surgimiento de nuevas crisis humanitarias causadas por brotes de violencia mucho más degradados y virulentos que los que ya se “habían superado”.

¿POR QUÉ HABLAR DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA?

Educar para la paz es un empeño que convoca a toda la sociedad, al que no se vinculan solamente instituciones formales y convencionales de educación, sino todas aquellas organizaciones, instituciones, industrias culturales, asociaciones de víctimas, casas de la memoria y personas que se proponen intervenir o acompañar procesos sociales y políticos en tiempos de confrontación y de posconflicto (UNESCO, 1994). No es necesario que haya una única definición o estrategia de lo que conviene llamar educación para la paz; es propicio y necesario que emerjan muchas y diversas iniciativas orientadas a comunicar a todos los actores de la sociedad lo que se espera que sea un objetivo común hacia el futuro.

En septiembre de 2017 el Gobierno de Colombia lanzó una cartilla con una estrategia de educación para la paz con cuatro componentes: I) capacidades para la convivencia en instituciones públicas; II) nuevas pedagogías para la paz; III) red de facilitación para el diálogo y la transformación de conflicto, y IV) acción capaz con enfoque territorial. Todas ellas están pensadas para fortalecer las capacidades de construcción de paz y convivencia en los espacios formativos relacionados con el tema. La estrategia no piensa solamente en la necesidad de formar competencias en las personas, sino que ve necesario fortalecer las instituciones, las redes, las alianzas, las cooperaciones y, en general, el campo social y político. Esto impactaría la política pública, la legislación y elaboración de normas, los patrones culturales, las tradiciones y las prácticas sociales (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017). De esta manera se impactaría la gobernanza, la toma de decisiones y la comunicación para la paz.

Tanta diversidad de temas, herramientas y propuestas educativas para la paz en Colombia quizás pueda explicarse a partir de la siguiente premisa: educar para la paz es algo similar a educar para la vida individual y social. Ello no debe interpretarse en el sentido más literal, sino en su significado más profundo, por el que esta formación define el destino de la sociedad, su posibilidad de existencia y su pervivencia. Así reflexionaba De Zubiría (2017) en una revista local al señalar que lo que habitualmente se enseña como conocimientos y competencias en programas y experiencias de educación para la paz se refiere a asuntos esenciales que en general se necesitan para convivir y resolver las diferencias con otros, en los contextos en los que cada cual vive, por ejemplo: diálogo social, resolución pacífica de conflictos, habilidades sociales y de convivencia, entre otros temas.

Otto Scharmer, un economista con perspectiva sistémica y ecológica que habla desde un laboratorio social para transformar la educación superior en el mundo, plantea que es necesario liderar el futuro mientras emerge. Scharmer señala que hay dos fuerzas que mueven un sistema social o económico: por un lado, el factor de empuje o los desafíos sociales exteriores y, por el otro, el factor de atracción, que se refiere al desarrollo de la consciencia. El cambio social se produce cuando la fuerza de empuje y de atracción se encuentran. El desafío externo ya no puede ser ignorado y la resonancia interna coincide con él, estimulando el cambio. Tal vez la educación pueda contribuir al desarrollo de esa consciencia interna profunda y quizás es también responsable de que exista una presión exterior social que promueva cambios profundos. Si así se pensara la educación para la paz, esta podría contribuir no solo la transmisión de un legado, sino que sería un auténtico movilizador del cambio para todos aquellos que han logrado sintonía interior y profunda con la paz y su aprendizaje (Scharmer, 2017).

¿Por qué hablar entonces de educación para la paz en Colombia? Quizá porque de todos los cambios estructurales en la sociedad, los que produce la educación son más transversales. Podríamos decir que motivan la mudanza de consciencia e impulsan las acciones que reorientan el cambio (Jing, 2007). No hay sociedad que no le apueste a la educación como uno de sus más importantes instrumentos de transformación y de pervivencia.

Desde un punto de vista crítico, es necesario señalar que la educación puede inducir a la guerra, como ya lo ha hecho. Uno de los ejemplos históricos más elocuentes está en el caso de las ideologías que impulsaron las acciones de exterminio colectivo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ello no puede invisibilizar el hecho de que también puede aportarle a la paz. Desde luego, la educación no puede ser el único esfuerzo que se haga frente a problemas que son económicos, políticos y sociales, pero sí debe hacer parte de las tareas que hay que hacer y los campos sobre los que hay que actuar para rectificar el camino que nos condujo hasta el presente.

Tampoco sería acertado decir que todo lo que se propone desde la educación es educación para la paz. Hay esfuerzos explícitos, diseñados como propuestas educativas que tienen un objetivo específico de facilitar el aprendizaje de pautas, valores y prácticas de paz, pero lo que parece estar quedando más claro por la historia vivida en Colombia es que una educación para la paz no podría ser nuevamente una narrativa de una única manera de ser, vivir o estar en el mundo, por más idílica, bien estructurada y consistente que pueda proponerse (Harris, 2014). Una educación para la paz es una educación abierta a diferentes posibilidades de existencia y de formas de pensar; seguramente la humanidad ya ha aprendido con dolor las consecuencias de los grandes relatos para definir el mundo.

LEY 1732 DE 2015 Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ

Entre las muchas propuestas de formación para la paz en Colombia, quizá la que más claramente expresa el sentido de la política de Estado a este respecto es la creación de la Cátedra de la Paz. En 2015, a través del Decreto 1038111, se estableció que esta cátedra debe dictarse en todas las instituciones educativas con un carácter de asignatura de obligatorio cumplimiento. Según este decreto, a través del que se reglamenta la Ley 1732112, todos los planes de estudio de educación preescolar, básica y media deben incluir una materia con el nombre de Cátedra de la Paz; en la educación superior debe haber propuestas educativas cuyo eje sea esta misma temática, que guarden coherencia con el modelo educativo utilizado y con los programas académicos impartidos.

El Decreto 1038 describe los lineamientos para el desarrollo de la cátedra en cumplimiento de los artículos 22113 y 41114 de la Constitución política de Colombia. Así, contiene un camino expedito para asegurar la presencia de esta reflexión en la educación. La propuesta estatal de la cátedra está compuesta por doce temas:

Justicia y derechos humanos.

Uso sostenible de los recursos naturales.

Protección de las riquezas culturales y naturales de la nación.

Resolución pacífica de conflictos.

Prevención del acoso escolar.

Diversidad y pluralidad.

Participación política.

Memoria histórica.

Dilemas morales.

Proyectos de impacto social.

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.

Proyecto de vida y prevención de riesgos (Decreto nº 1038, 2015).

Si revisamos este temario, podemos deducir el significado que el legislador quiso darle a la cátedra: se entiende que reconoció la importancia de la diversidad natural, cultural, social, política, al menos como metas a lograr en el futuro; en esa misma vía, también reconoció el valor de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación115, e identificó la importancia de hacerse responsable de la historia por medio de la educación sobre memoria histórica para la no repetición de hechos y la toma de consciencia sobre prácticas que históricamente han fracturado a muchos individuos, no solo en Colombia, sino globalmente. A través de estos elementos, se plantea el tránsito hacia una sociedad con horizontes más amplios e incluyentes y, posiblemente, más reconciliada.

El camino de creación e implementación de la cátedra no ha sido fácil. Probablemente se cuestione su existencia como una materia en un plan de estudios, pues para muchas personas no es claro que realmente se esté implementando y se ha llegado a plantear que las temáticas de la cátedra bien podrían estar incluidas en los contenidos de las asignaturas de Ciencias Sociales o de Ética. Sin embargo, también se puede valorar la intención de darle un lugar definido a la construcción de paz de la escuela y a incorporar una mirada distinta a la que tuvieron las reflexiones académicas sobre la guerra en los años ochenta y noventa por parte de los llamados “violentólogos” en Colombia, que aunque buscaron explicar por qué nos enfrentábamos y por qué éramos una sociedad violenta, avanzaron muy poco en pensar cómo salir de esta encrucijada nacional.

Por mucho tiempo los colombianos hemos soportado el calificativo mundial de “país violento”, tuvimos uno de los conflictos más largos del mundo solo superado por el de israelíes y palestinos en el Oriente Medio, tenemos la segunda mayor cantidad de desplazados internos del mundo (7,7 millones de desplazamientos forzosos) (ACNUR, 2017), y aun habiendo firmado un Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, no logramos detener la violencia.

Ivonne Leadith Díaz, científica social caleña y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, mencionaba en una entrevista para el curso masivo y en línea “Perdón y reconciliación. Cómo sanar heridas”(Pontificia Universidad Javeriana-Cali, 2018) que la categoría de los ofendidos es casi siempre olvidada en la ecuación de la reconciliación después de la guerra. Los ofendidos son las personas que no han vivido directamente el conflicto, es decir, no son víctimas ni victimarios, pero se sienten afectados y tienen una opinión sobre lo que se debería hacer (guerra o paz) conforme a sus valores y experiencia.

En un país como Colombia, cuya población asciende a 48,6 millones de habitantes y en el que además se cuentan aproximadamente 8 millones de víctimas reconocidas y 60.000 actores reincorporados a la vida civil, podría calcularse una cifra de más de 40 millones de potenciales ofendidos. A ellos también tendría que dirigirse la educación para la paz, de manera que esa enorme masa social pueda concebir y agenciar el cambio, la paz y la reconciliación. Los ofendidos necesitan ser vinculados a la paz, nos dice la profesora Díaz; no son combatientes, no son víctimas directas, pero pueden ser la mayoría de la población que esté dispuesta o no a favorecer la construcción de paz.

INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL TEMA DE LA PAZ

Como hemos tratado de dejar en evidencia, en Colombia hay innumerables iniciativas para la paz, hay redes de redes alrededor del tema; algunas son educativas y tienen el propósito de fortalecer la paz y la reconciliación. También es necesario mencionar que el país forma parte de la Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de Latinoamérica, vinculada al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Esa sola red tiene vinculación con otras redes locales e internacionales que, sin llevar la educación explícita como propósito, utilizan de forma permanente estrategias educativas orientadas por este fin (CEAAL, s. f.). La Plataforma Latinoamericana y caribeña para la Prevención de Conflictos y la Construcción de la Paz (PLACPaz) pertenece al Foro Internacional Democracia y Cooperación (FIDC) y es una de las redes locales más importantes vinculadas a la CEAAL. El FIDC es, a su vez, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil para la investigación, consulta, incidencia, difusión y capacitación en materia de prevención de conflictos armados y construcción de la paz en América Latina y el Caribe. Esta red contribuye a la paz mediante la implementación de la Agenda Global y la sensibilización acerca de los conflictos armados; difunde experiencias y aporta información que ayuda a evitar que los conflictos armados en el mundo escalen (Gloobal, 2008). Desde luego esta mirada no es exhaustiva, y difícilmente podría serlo si se tiene en cuenta el panorama cambiante de todas las iniciativas que emergen todos los días para aportar en la construcción de paz.

Adicionalmente a lo ya dicho, el Ministerio de Educación de Colombia se planteó un catálogo para registrar iniciativas pequeñas y grandes de distintas instituciones y también para registrar redes de educación para la paz. El esfuerzo de constituir redes, divulgarlas y articularlas habla del interés que suscita el tema, lo mismo que de la importancia que tiene para los líderes conocerse, entender los planteamientos comunes y divergentes en el tema, generar articulación y colaboración y aunar esfuerzos alrededor de la paz y de lo múltiple y diverso de estas iniciativas (Ministerio de Educación Nacional, 2015).

En un sentido amplio, otras iniciativas de educación para la paz se enmarcan en los compromisos adquiridos por Colombia y demás países pertenecientes a la ONU para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS). Esta iniciativa se cuenta dentro de los aportes a la superación de la violencia pues pretende ser universal y adoptar medidas que logren poner fin a la pobreza, proteger el planeta y que todos los individuos gocen de paz y prosperidad. En ese marco, es necesario tener en cuenta las propuestas de “Educación inclusiva y equitativa de calidad” (ODS 4), y de “Una sociedad pacífica e inclusiva, donde la violencia se reduzca mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno y las comunidades, en función de construir instituciones sólidas que impartan paz y justicia” (ODS 16) (PNUD, 2015).

Seguramente la abundancia de propuestas muestra que este problema no se resuelve solamente dentro de los límites del país, sino que forma parte de un reto global. También indica que hay necesidad de idear y proponer múltiples maneras de trabajar en el tema. A partir de este paneo general, podemos plantear que lo que puede suceder hacia el futuro es que muchas más iniciativas y estrategias sigan surgiendo, incluyendo estrategias educativas de mayor o menor nivel que busquen revertir o restaurar los efectos del uso de la violencia.

LOS DESAFÍOS IMPLÍCITOS DEL ACUERDO DE LA HABANA 
PARA LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA: 
PENSAR LA PAZ DESDE EL TERRITORIO

Además de lo que ya se hace en las ciudades de manera formal e informal, mostrando el interés de buena parte de la sociedad en pensar y educar para la paz, la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Colombia hizo relevante pensar en la educación para la paz en los territorios no centrales ni urbanos. Superar este desafío implica concebir de una manera nueva el campo colombiano, algo realmente distinto a como hasta ahora se había pensado, pues implica dejar de atribuirle a las ciudades su lugar de epicentro de todos los discursos en general y de la educación para la paz en particular.

Lo que parece haber dejado bastante claro el acuerdo es que Colombia es un país de regiones, más específicamente, que en Colombia hay territorios compartidos por actores territoriales empoderados. Ello significa que territorialmente se expresan apuestas de país en las que confluyen y divergen muchos actores: indígenas, campesinos, afrodescendientes, representantes de la agroindustria, propietarios de tierras diversos, grupos armados en combate y excombatientes, por solo nombrar algunos. Esta lección ha permitido comprender mejor la importancia de pensar la educación, no solo desde el nivel central ni desde regiones geográfica o políticamente establecidas, sino a través de propuestas que toman en serio ese país rural y periférico donde se ha librado la guerra y donde colapsa la noción de país que hasta ahora se ha considerado. Es necesario pensar este tipo de educación porque los parámetros y modelos unificados de la educación convencional no han sido suficientes y porque ahora existen comunidades más fuertes, que defienden su manera de pensar y sus valores como válidos y necesarios para comprender su realidad (Córdoba Cavledes, 2016).

El interés del país en la educación rural como apuesta integral se hace más importante después del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Colombia. Aunque existan muchos obstáculos que ponen en riesgo este acuerdo, el tema quedó instalado en la agenda nacional. La educación rural aparece como condición para que se cumpla el primer punto del acuerdo acerca de un nuevo campo colombiano a través de la implementación de instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El Gobierno de Colombia redactó un plan de educación rural (Congreso Educación Rural, 2018) en el que diagnostica la situación del campo en los diversos niveles educativos y reconoce la importancia de trabajar por reducir las brechas en los diferentes niveles para alcanzar la paz.

El primer punto del acuerdo resalta el papel de la educación para producir cambios necesarios en el campo y revertir el proceso violento. Estos cambios requieren del pensamiento y madurez de las comunidades rurales que tendrían que repensarse a sí mismas en el nuevo país por construir y frente a los desafíos que enfrentan las zonas rurales. Se espera que las comunidades incorporen nuevas ideas, discutan las perspectivas actuales de sus comunidades en la coyuntura, investiguen y analicen sus realidades para el futuro que desean. Ese futuro se ha venido trazando en sus planes de vida y salvaguarda, en sus proyectos productivos, culturales y educativos actuales, pero también podría ser debatido a la luz de la diversidad de actores que coexisten para pervivir y reexistir en el tiempo (Ávila, 2017).

La educación no formal y las industrias culturales han hecho su aporte a la educación para la reconciliación y la paz. Muchas de estas iniciativas se han desarrollado en los barrios periféricos de las ciudades, epicentros de recepción de población desplazada y que emigra desde las zonas rurales. En estos espacios, la formación teatral, la música —especialmente el hip hop y otras músicas populares (Luján Villar, 2016) —, la acrobacia, el circo y otras prácticas culturales han sido alternativas y propuestas para alejar a los jóvenes de los grupos ilegales y para fomentar la expresión y canalización de su inconformidad.

Respecto de la educación formal, el Estado colombiano ha asignado recursos para presentar iniciativas y programas de educación rural y educación superior para el posacuerdo en 2017 y 2018. El Ministerio de Educación Nacional ha emprendido algunos de estos proyectos a través de iniciativas como el Programa para la Excelencia Docente y Académica: Todos a Aprender. Desde 2015 y a través de este programa se han entregado 7.193 créditos educativos a docentes de 92 entidades territoriales, con el objetivo de promover la calidad de la educación cualificando el ejercicio de los docentes por medio de créditos condonables para cursar maestrías en universidades acreditadas de alta calidad en el país. El Ministerio también ha propuesto la formación docente de niveles alto y experto, junto al diseño y la implementación del Plan Maestro de Ampliación de Cobertura con Calidad y la política de Excelencia en el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Viceministerio de Educación Superior, 2015).

Todo el conjunto de programas formales y no formales, iniciativas de diferente magnitud y perspectiva, son el resultado de la emergencia social y humanitaria en un país al que se le dificulta pasar la página de su conflicto prolongado y violento; representan la urgencia con la que se trata de implementar una agenda de cambio y una propuesta de país en la que sea posible un mínimo nivel de sobrevivencia y pervivencia digna para todos sus habitantes en el futuro inmediato.

FORTALECER LA EDUCACIÓN RURAL

El Panel Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, citado en el borrador del Plan Nacional de Educación Rural (Congreso Educación Rural, 2018), señala que existe una correlación estadística significativa entre las variables de conflicto (actos terroristas, desplazamiento, homicidios y otros), el número de estudiantes con mal desempeño y el número de instituciones educativas de baja calidad. La guerra impide que puedan llegar buenos docentes, que se invierta en infraestructura y que se hagan más planes de desarrollo para mejorar la calidad educativa. El proceso de enseñanza y aprendizaje también se ve afectado por el reclutamiento de menores para la guerra, pues los niños y jóvenes que son captados por grupos ilegales difícilmente regresan a las dinámicas escolares.

Las brechas educativas se mantienen en un nivel preocupante, aunque el Plan Nacional de Educación Rural dice en su diagnóstico que se han venido cerrando de manera sostenida. En el presente son muy grandes las brechas entre la educación urbana y rural en cobertura en la educación básica secundaria y media. En 2006 la brecha era del 62,5% en la zona rural, 60,4% en la zona rural dispersa y 56,8% en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), Las zonas urbanas, por el contrario, registraban una cobertura del 76%. La educación media y superior rural tiene los niveles más bajos de cobertura del sistema educativo (Congreso Educación Rural, 2018).

Si las personas del campo quieren conseguir una educación a la altura de sus expectativas, deben migrar del campo a la ciudad. Cuando conocen la educación citadina se encuentran con contenidos, enfoques y pedagogías que poco o nada responden a sus necesidades o a sus problemas; en el caso de los pueblos étnica y culturalmente diferenciados, la educación de la ciudad no ofrece alternativas para sus prioridades de pervivencia cultural. Los campesinos que no pueden migrar permanecen analfabetos o con bajos niveles de escolaridad, presas del dinero fácil y de las bandas criminales que los reclutan o los exterminan. La tasa de permanencia en el sistema educativo de la población rural es muy baja, más en mujeres que en hombres; la inasistencia escolar de quienes se matriculan es muy alta, y la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes deben vincularse al trabajo del campo desde muy temprano, teniendo pocos o muy bajos logros educativos. Todos estos elementos configuran el panorama de rezago escolar rural. Esta posición desfavorable se traslada de lo educativo a lo laboral: la rentabilidad de la educación superior de alguien que permanece en el sector rural es de 0,76, a diferencia de la rentabilidad de alguien que emigra a la ciudad, la cual corresponde a 1,06 (Vargas Urrutia, 2013: 13). Del mismo modo, según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación Nacional, el 61,1% de los recién graduados deciden permanecer trabajando en la misma zona geográfica en la cual cursaron sus estudios de educación superior (Viceministerio de Educación Superior, 2012: 25); para los habitantes del campo colombiano, permanecer en el mismo territorio no significa mejores condiciones de vida ni aplicabilidad de sus profesiones o reconocimiento social. Aunque estas estadísticas no son las más recientes, la tendencia se mantiene en el tiempo sin que se haya logrado revertir esta situación.

En cuanto a la enseñanza, los docentes en las zonas rurales son pocos, no cuentan con niveles suficientes de educación (el máximo nivel de formación de buena parte de quienes ejercen la docencia es el bachillerato) y, en general, el campo predominante de docencia es la educación básica. Las escuelas e instituciones educativas son escasas y dispersas; dada la magnitud y las características de los territorios, no son accesibles a toda la población en edad escolar ni están dotadas con los medios ni la infraestructura educativa, deportiva y cultural necesaria. Tampoco cuentan con las condiciones para que los estudiantes permanezcan por mucho tiempo en ellas. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), que en Colombia debe cubrir toda la educación rural, no funciona adecuadamente o solo cubre aquellas instituciones con jornada extendida, lo que hace que los niños, niñas y adolescentes que habitan las zonas más necesitadas tengan más obstáculos para estudiar en condiciones adecuadas. Las razones para que los programas de apoyo a los escolares no funcionen adecuadamente van desde la corrupción hasta la falta de recursos.

Desde hace algunos años el Ministerio de Educación Nacional ha impulsado la educación rural y particularmente el llamado modelo de Escuela Nueva, como alternativa para la primaria completa. La metodología de este modelo abarca el componente curricular, el organizativo-administrativo, la interacción comunitaria y una propuesta didáctica por la que se dota a las instituciones con materiales como cartillas y medios para construir un Centro de Recursos para el Aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Este modelo está pensado para ser flexible y así minimizar los déficits de profesores y alumnos en todos los niveles educativos, también busca propiciar la aceleración del aprendizaje, reconociendo que la gente en el campo debe trabajar desde muy temprano para poder sobrevivir y que hay muchos estudiantes que han superado las edades en que habitualmente se ingresa a los distintos grados escolares.

En secundaria se han promovido programas de postsecundaria y telesecundaria, principalmente a través del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), que incluye contenidos relacionados con la vida económica del campo y los proyectos productivos necesarios para las zonas rurales (Ministerio de Educación Nacional, 2006).

Para la formación avanzada se han dispuesto los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), que ofrecen programas de educación superior flexibles relacionados con los intereses y necesidades de las regiones. También se ha hecho uso de la educación virtual o e-learning facilitada por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Con ello se ha ampliado la oferta educativa virtual a 12 programas de pregrado, cuatro especializaciones y dos maestrías (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Existen algunos otros proyectos educativos impulsados desde las comunidades indígenas, como la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN-CRIC), la Misak Universidad, la Escuela de Derecho Propio en Nariño, el Instituto Departamental para la Educación Indígena en Antioquia y otras iniciativas que se abren paso, tratando de encontrar modos de fortalecer la educación propia. Todos estos esfuerzos son importantes, pero todavía tienen que seguirse pensando, reflexionando y construyendo, para que no solo respondan funcionalmente a leyes o intencionalidades institucionales, sino que, como lo vienen haciendo, refuercen perspectivas comunitarias y sociales para sus propósitos de vida, buen vivir y pervivencia cultural.

RETOS DEL CENTRO HACIA LA PERIFERIA. 
EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR Y PENSAMIENTO DE BORDE

A lo largo del siglo XX, la educación en Colombia estuvo al servicio de la modernización como también ocurrió en muchos países de Latinoamérica. Ello significó que los procesos educativos se erigieron teniendo los modelos europeo y estadounidense como norte. Esta misma idea se encuentra en el trabajo de Santiago Castro-Gómez, quien habla de los proyectos modernizadores que se instauraron en toda América Latina para crear un Estado nación moderno. Estos proyectos querían transformar lo que habíamos sido y lo que éramos: diversos, indígenas, afrodescendientes, campesinos, en algo “mejor”, léase más “desarrollado”, europeo, norteamericano, educado, “culto” y homogéneo (Castro-Gómez, 1998). El mismo planteamiento es defendido por otros autores latinoamericanos de los años ochenta y noventa, quienes señalan el papel que cumplieron los intelectuales en la pérdida de los valores propios de este continente al buscar otros ideales que se veían como “mejores” que los que localmente tenían los pobladores originarios y locales.

Si bien el proyecto modernizador tuvo adeptos y actores locales que le sirvieron como vehículo de transmisión, también generó resistencias de grupos sociales que no quisieron acomodarse ni entonces ni en el presente al modelo de desarrollo basado en la idea de progreso y en el poder de las elites. Siglos después, el balance es que nadie ganó finalmente esta pugna, de hecho, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia es una de las expresiones de la imposibilidad de las fuerzas en conflicto por imponerse unas sobre otras, imposibilidad a la todavía hoy no se resignan parte de los grupos armados y de la sociedad colombiana. Son estos sectores sociales y políticos los que persisten en la disputa violenta y, con ello, vuelven poco menos que inviable el acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.

En síntesis, y para concretar la relación entre educación y conflicto, planteamos que la persuasión sobre el modelo de nación única y de sujeto homogéneo no se logró a través de la educación, ni del funcionamiento de instituciones sociales convencionales, ni del Estado legítimamente constituido; se trató y se sigue tratando de lograr por la fuerza, y es eso lo que está en la base de la violencia que se ha instalado en el país por tantos años. Los discursos sobre el conflicto entre el Estado y los combatientes han sido uno de los diferentes “campos de batalla” donde ha quedado atrapado el sujeto-enemigo (Angarita et al., 2008), es decir, ese sujeto diferente que, en la lógica de la guerra, debe ser destruido o usado para destruir física o moralmente a otro. Por fortuna, la educación formal se ha venido transformando y propone hablar de nuevos sujetos, de sujetos con derechos, de la capacidad de incidencia y participación, y de otras maneras de ser y de sentir igualmente válidas.

Particularmente en América Latina existieron y existen distintas corrientes educativas alternativas y de pensamiento crítico. La teología de la liberación, la educación popular y otras perspectivas afines han ido ampliando el espectro educativo e incidido en las instituciones escolares para que dejen de estar al servicio de la normalización y la reproducción de un sistema social creado por grupos dominantes. A través de la educación también se han realizado labores pedagógicas críticas que han permitido difundir la importancia de los derechos en un espacio abierto para que el otro pueda apropiarse y difundir sus propios discursos cada vez con mayor fluidez. Esta tendencia ha sobrepasado el ámbito de las clases sociales o las etnias para abrirse a otras dimensiones como el género, la edad, las ideas y las culturas.

Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, consideramos que la educación actual, especialmente en ámbitos marcados por conflictos violentos, ya no solo tiene una función de transmisión cultural y socialización del sujeto: también tiene tareas de contención del sujeto-víctima, es decir, de niños, niñas, jóvenes y adultos que sobreviven a la guerra. En algunos lugares la escuela sustituye o viabiliza la acción del Estado en términos de la reparación; incluso llega a cumplir el papel de la familia cuando esta misma familia ha sido abatida por la confrontación armada (Castaño y Lasso Toro, 2016). La educación actual, más aún en estos contextos, es una educación que repara, que renueva, que tiene una tarea de reflexión y difusión de los derechos y que asume el reto de proponer diálogos nuevos para encontrar verdades posibles, quizás inéditas, cuando los discursos absolutos no se sostienen en un mundo interconectado, plural y más consciente.

Estos nuevos discursos vienen de la mano del pensamiento otro, pensamiento con otras formas de conocimiento que Boaventura de Sousa Santos llama epistemologías del sur (Sousa Santos, 2011), o que Mignolo llama pensamiento del borde (Mignolo, 2005). Otros saberes y nuevas maneras de concebir el mundo hacen de la educación un proceso de diálogo que construye conocimiento útil a la vida social, que requiere memoria para reivindicar a quienes han sido negados o excluidos, que inspira a la construcción de acuerdos y prescinde de la imposición de unos estilos y formas de vida sobre otros.

Según se ha querido argumentar en este apartado, las distintas modalidades educativas que hemos descrito (la educación propia, la educación rural, la educación que prepara para la incidencia y la que favorece la contención en la escuela de los niños que han sufrido violencia) cumplen con todas las características para ser llamadas educación para la paz.

LA INTERCULTURALIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LA INCIDENCIA 
COMO PROPUESTA DE PAZ

Desde hace algún tiempo, en diferentes lugares de América Latina se viene fortaleciendo una educación cuyo origen se remonta a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; una educación que es parte constitutiva de sus plataformas de lucha y que busca educar a las nuevas generaciones respecto de sus visiones políticas, sus modos de vida y sus perspectivas de conocimiento. En Colombia, una muestra de ello es el Decreto 1953 de 2014, que pone en funcionamiento los territorios indígenas que quedaron esbozados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Además de viabilizar esta orden constitucional, el Decreto 1953 reconoce y afirma la existencia de la educación, la salud, el derecho y el gobierno propio en las jurisdicciones indígenas.

El resurgimiento y fortalecimiento de estas formas de conocimiento, que abren su camino para posicionarse socialmente y dialogar con el conocimiento dominante, marca un derrotero político que ya se ve reflejado en las constituciones de países como Bolivia, Ecuador y Colombia (Massal, 2012), que ya incluyen los derechos de la madre tierra, contemplan el buen vivir como una meta nacional y reconocen el derecho de pueblos diversos a gobernarse, educarse y legislarse con base en tradiciones y perspectivas propias. Estas renovaciones le abren un espacio social al trámite de las diferencias y los conflictos a través de medios no violentos; amplían los canales del diálogo social, perfilan el surgimiento de rutas que avizoran posibilidades para la reconciliación y la transformación de la sociedad, y cambian la ruta de la negación por la ruta de la negociación y el pacto social.

Dentro de las propuestas educativas que actualmente ofrece el país, la educación intercultural empieza a abrirse paso de forma lenta pero contundente. Los esfuerzos de los pueblos indígenas y afrodescendientes por recibir una educación acorde con sus intereses empiezan a dar sus frutos: poco a poco se observa la inclusión en la educación convencional de cátedras, ofertas educativas y espacios que incluyen la educación intercultural. Más allá de los importantes avances que esto representa en el campo educativo, ello también supone la apertura de posibilidades a la interculturalización de la sociedad (Londoño Calero et al., 2018).

Algunos ejercicios que avanzan en esta dirección son la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la educación básica, media y superior; la intervención intercultural en varios programas de formación docente en la educación superior; el desarrollo de la Cátedra de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia y la enseñanza de la lengua nasa yuwe116 en la Universidad del Valle, entre otras (Ministerio de Educación, 2013).

Este cambio en la concepción de la educación no es menor. Apunta directamente a uno de los aspectos cruciales que han originado la confrontación del pueblo colombiano por largos años: la exclusión o negación de las diferencias y la utilización de métodos violentos para homogenizar o imponer. Trabajar por la interculturalización de la sociedad desde la educación está directamente orientado a mejorar las condiciones de convivencia y a fomentar la reconciliación entre los diversos.

A pesar de estos avances, es necesario apuntar que la educación convencional del país aún tiene una deuda con la historia de los héroes y heroínas de los pueblos nativos o esclavizados, pues estas experiencias han estado excluidas de los manuales educativos y las historias oficiales que se han divulgado y enseñado a lo largo de varias generaciones. Subsanar esa deuda hace parte de las acciones cruciales que hay que adelantar. El reconocimiento del impacto histórico que ha tenido el conocimiento de los pueblos en la constitución de la nacionalidad es un elemento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. En el diálogo de saberes puede haber también una clave para la paz y una forma de educación para la convivencia y la reconciliación.

CONCLUSIONES

A lo largo de este apartado sobre la educación para la paz en Colombia, se ha ofrecido una perspectiva de las iniciativas para promover la paz y la reconciliación desde la educación: iniciativas gubernamentales y no gubernamentales, apuestas de movimientos y esfuerzos sociales y comunitarios; todos estos son importantes, y se necesita el surgimiento de muchos más.

El gran número de programas, iniciativas y perspectivas de educación para la paz son el reflejo de la importancia que este tema tiene para Colombia. También es un llamado a analizar los fenómenos de cambio social que están ocurriendo y que tienen un anclaje en el aprendizaje y en la cultura política. El país ve cómo se ponen en práctica los valores que están inscritos en la normatividad vigente y en la Constitución política de 1991, que le apuntan a concertar un país multicultural.

Se ha dicho aquí que la educación para la paz debe incluir a todos los victimarios, los sobrevivientes y a los que la profesora Díaz llama ofendidos. Esta última categoría hace referencia a una mayoría social que por lo general no se incluye en las reflexiones sobre construcción de paz y reconciliación, aunque es decisiva para la existencia de paz en el futuro. El camino es largo; se necesita ver aflorar la paz en los microespacios, esos ámbitos de mínimo respeto, reconocimiento y convivencia, lo mismo que en los macroespacios, dinamizados por la institucionalidad y la legislación; la educación para la paz debe incidir en ambas dimensiones (Mendez-Mendez y Casas-Casas, 2009; Cox et al., 2014).

Una posibilidad interesante que también se ha contemplado aquí es la de una educación que puede ponerse en práctica desde los territorios, particularmente los rurales y las zonas más afectadas por el conflicto armado. Son estas áreas las que han sufrido una confrontación más prolongada y conocen de primera mano los desastres de la guerra. La práctica educativa en estos contextos puede convertirse en un colofón del Acuerdo de Paz e incluso sumar algunos esfuerzos para que todavía sea posible rescatar parte de él.

En el texto se habló de Otto Scharmer. Este autor tiene una propuesta de transformar el liderazgo desde la subjetividad misma de los líderes, a través de su toma de conciencia, de la experimentación, del trabajo colaborativo con otros, del desarrollo de una mirada sistémica y territorial de los problemas. Los postulados de Scharmer podrían ser los pilares para construir educación para la paz y la incidencia: una educación forjada sobre estos pilares, que también sea intercultural y esté orientada al respeto de la diversidad de visiones e ideas. Si se logra avanzar en ello, podría ser un elemento esperanzador porque lo que promueve la transformación de los individuos tiene efectos directos en el cambio del sistema social entendido como un todo. Podemos seguir intentándolo.

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CAPÍTULO 9

VÍCTIMAS SIN HISTORIA: LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL PAÍS VASCO

ÁNGELA BERMÚDEZ Y GALO BILBAO

INTRODUCCIÓN

La sociedad vasca enfrenta actualmente el desafiante reto de repensarse a sí misma tras una compleja historia de violencia política. En mayo de 2018 ETA anunció su disolución definitiva. Al momento de este anuncio habían transcurrido 50 años de violencia de distinto signo político que dejaron experiencias traumáticas, graves violaciones de los derechos humanos y una cultura ciudadana fracturada en la que se gestaron posiciones dispares: algunos colaboraron y justificaron la violencia, muchos la toleraron y miraron a otro lado, otros tantos temieron las consecuencias de disentir en público, y otros se opusieron a ella y defendieron vías alternativas, aun siendo una minoría que fue aumentando con el tiempo (Sáez de la Fuente, 2011). Hoy, la sociedad vasca sigue enfrentando el desafío de lograr que una ciudadanía polarizada aprenda a mirar al pasado y a dialogar civilizadamente sobre un conflicto profundo que no puede considerarse resuelto con el fin de la violencia directa, pues está relacionado con otro de naturaleza identitaria y política que sigue vigente.

El panorama ha ido cambiado en los últimos años. La distancia temporal y el clima social más distendido abren la posibilidad de abordar pedagógicamente el conflicto vasco. Aun así, la discusión abierta entre visiones contrapuestas del conflicto sigue siendo en buena medida un campo minado por la polarización y por una mordaza social que hace de este tema un tabú en la sociedad vasca. En este contexto se plantean dos preguntas importantes: ¿cómo enfrentar el pasado sin reavivar la violencia en el presente?, ¿cómo mirar el futuro sin postergar un examen crítico del pasado?

El presente capítulo propone una reflexión crítica sobre algunos recorridos de la educación para la paz en el País Vasco. Hemos optado por enfocar la reflexión en el desarrollo desigual de dos vías que puede adoptar la educación para la paz: la “vía de la educación ética” y la “vía de la educación histórica”. Mientras que la vía ética cuenta con un amplio recorrido en el País Vasco y muestra hoy importantes avances y logros de los que pueden aprender otras sociedades, la vía histórica apenas se ha abordado, poniendo en evidencia vacíos y limitaciones que invitan a la sociedad vasca a aprender de otras experiencias pedagógicas y referentes académicos.

En el primer apartado se establece un punto de partida conceptual para el conjunto del capítulo. El segundo apartado describe el contexto educativo en el que se ha desarrollado la educación para la paz en el País Vasco. Los apartados tercero y cuarto presentan la “vía de la educación ética” y la “vía de la educación histórica”, respectivamente. Finalmente, el apartado de conclusiones reflexiona sobre los puntos de encuentro y desencuentro entre ambas vías.

PUNTO DE PARTIDA

En este capítulo nos preguntamos específicamente por lo que significa hablar de educación para la paz en sociedades que, como la vasca, han vivido conflictos violentos en el pasado reciente y ahora buscan la reconciliación.

En este contexto, consideramos que la educación para la paz debe prestar especial atención a la deslegitimación de la violencia como estrategia para enfrentar los conflictos sociales subyacentes. Tal objetivo supone una comprensión particular de la relación entre conflicto, violencia y paz. Partimos de la premisa que plantea que el conflicto no es necesariamente una fuente de destrucción violenta; es más bien un fenómeno natural de las sociedades, que tiene el potencial de generar trasformaciones creativas a partir de las contradicciones subyacentes. La violencia es solo una de las posibles formas en que las personas se relacionan entre sí en situaciones de conflicto; se caracteriza por la instrumentalización del “otro”, que es tratado como un medio desechable para lograr bienes o fines disputados (Galtung, 1996).

La primera implicación de este planteamiento es que la violencia no puede explicarse como un rasgo natural e inevitable de la acción humana o de los procesos sociales e históricos. Por ello, la educación para la paz debe desvelar el carácter instrumental y prescindible de la violencia, su lógica estratégica como mecanismo intencional para obtener objetivos deseados a través de la dominación o aniquilación de otros que se presentan como obstáculos para la autosatisfacción. Socialmente, esto hace que la violencia no sea sostenible. Éticamente, la hace profunda e irremediablemente injusta.

Si aplicamos este razonamiento al caso específico del País Vasco, este supuesto nos lleva a hablar de manera diferenciada de un “conflicto vasco”, definido como un conflicto social e histórico de carácter identitario y político, y de un “conflicto violento vasco”, entendido como degradación intencionada y estratégica de tal conflicto. Con ello asumimos que no hay continuidad inevitable entre el conflicto y la violencia y que la violencia no es una necesidad histórica, sino una opción. Por tanto, la educación para la paz debe ayudar a los jóvenes a comprender cómo se construye socialmente la violencia, los factores que la generan y sostienen, y sus consecuencias nefastas. La segunda implicación es que la educación para la paz debe plantearse como una educación para el conflicto; es decir, una educación que prepare a las personas para convivir en contextos de conflicto y así superarlos de manera digna, responsable y constructiva117 (Galtung, 2008).

La aspiración de comprender cómo se gesta, sostiene y transforma la violencia descansa en otro planteamiento. Galtung (1996) propone un modelo triangular que sitúa la violencia directa como una manifestación episódica y visible que descansa en otras dos formas de violencia profundas, duraderas y menos visibles: la violencia estructural, que se refiere a las estructuras sociales que generan formas sistémicas de violencia; y la violencia cultural, que se refiere al conjunto de creencias normativas y prácticas sociales y culturales que naturalizan, justifican y legitiman el uso de violencia. Así, la educación para la paz no puede reducirse a condenar y prevenir la violencia directa. En tanto educación para el conflicto, la educación para la paz debe desarrollar también herramientas críticas para cuestionar la normalización de la violencia como respuesta necesaria y legítima ante el conflicto, y las sensibilidades, conocimientos y capacidades necesarias para participar en la transformación de las distintas formas de violencia estructural.

Del planteamiento anterior se derivan tres características de los enfoques de educación para la paz propuestos: la convicción de que la educación para la paz debe confrontar explícitamente los horrores de la violencia (pedagogía del mal), la centralidad de la perspectiva de las víctimas que da cuenta del carácter esencialmente inmoral de la violencia y la importancia de la contextualización histórica que da cuenta del carácter social e instrumental de la violencia.

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL PAÍS VASCO

La presencia real, concreta y operativa de la violencia terrorista que padece el País Vasco es escasísima en las aulas, tanto en la educación en general como en el ámbito específico de la educación para la paz. Así lo demuestra la investigación sociológica titulada Actitudes y comportamientos hacia la educación para la paz en Euskadi (Fernández, 2004), cuyos resultados sirven para caracterizar la situación de la educación para la paz en el País Vasco. Según este estudio:

Prácticamente el 55% del profesorado que ha impulsado la educación para la paz lo ha hecho al confrontarse con la realidad del conflicto violento vasco.

Sin embargo, dicha problemática solo se aborda directamente en un 4% de los casos; quienes tienen la opinión de que este tema debería abordarse representan poco más del 7%.

Las razones que se aducen como dificultades para el abordaje en las aulas del conflicto violento vasco son: la ausencia de consensos sociales previos acerca de la naturaleza y la caracterización de dicho conflicto; la pretensión de evitar que la división política de la sociedad se reproduzca en el aula; la carencia de visiones compartidas en la comunidad educativa sobre la conveniencia de abordarlo y el modo de hacerlo; la sospecha de que los efectos o consecuencias negativas pueden superar con creces las positivas.

Un somero análisis del desarrollo en el tiempo de la educación para la paz en el País Vasco nos permite perfilar tres momentos distintos en función del foco de atención que se destaca:

En una primera fase, los esfuerzos de educación para la paz se concentran en la figura del victimario, buscando convencerle de abandonar el uso de la violencia.

En una segunda fase, el acento se pone en la figura del mediador, quien busca intervenir con soluciones negociadas y creativas que satisfagan equilibradamente a las partes en conflicto.

Solo en una tercera fase se ha pasado a proponer a las víctimas como eje central y vertebrador de la educación para la paz, apostando a que solo el reconocimiento de su dolor y padecimiento injusto permite construir un contexto ajeno a la lógica victimizante que subyace a la violencia, deslegitimándola definitivamente (Etxeberria, 2013; Bilbao, 2007).

Sin descontar los méritos que las dos primeras fases puedan tener en otras situaciones, en lo que se refiere al conflicto violento vasco han dado lugar al surgimiento de problemas éticos profundos: dado que se prioriza el resultado pragmático de lograr el cese de la violencia, se opta por apaciguar al victimario sin confrontar críticamente el mal y la injusticia de los actos que ha cometido y el contexto que lo ha favorecido. Con ello se le otorga al terrorismo un protagonismo no merecido, ya que, paradójicamente, se presta más atención a los autores de la violencia que a quienes la han padecido.

En el segundo caso, la figura del mediador presupone una posición neutral y equidistante en un conflicto que se concibe como simétrico118. Pero dada la asimetría real de las experiencias de víctimas y victimarios en contextos de conflicto y violencia, la presunción de neutralidad en una situación de injusticia contribuye a la postre a prolongarla (Bilbao, 2008).

Apenas recientemente ha comenzado una tercera fase en la que se ha empezado a proponer a las víctimas como eje central y vertebrador de la educación para la paz. En este escenario se propone que solo el reconocimiento de su dolor y de los padecimientos injustos que vivieron permite construir un contexto ajeno a la lógica victimizante que subyace a la violencia, deslegitimándola definitivamente (Etxeberria, 2013; Bilbao, 2007). Sin embargo, cabe resaltar que la visibilización de las víctimas del terrorismo que se ha producido en nuestro contexto sociopolítico a partir de mediados de la década de los noventa (30 años después del comienzo de la actividad violenta de ETA) no tenía, a comienzos del siglo XXI, un correlato adecuado en el terreno específico de la educación para la paz. Por este motivo, a continuación, destacaremos el avance logrado y la importancia de seguir fortaleciendo su desarrollo hacia el futuro.

AVANCES

La constatación de la importancia de visibilizar los testimonios de las víctimas y el deseo de avanzar hacia ello propiciaron la confluencia de personas integrantes del Aula de Ética de la Universidad de Deusto119 y de las organizaciones pacifistas Bakeaz y Gesto por la Paz. El objetivo fue proponerle a la sociedad vasca en su conjunto y específicamente a la comunidad educativa la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas. Su propuesta incluía la elaboración de un estudio fundamentador (Bilbao y Etxeberria, 2005) y la formulación de una propuesta didáctica concreta (Arana, Harillo y Prieto, 2006).

La iniciativa se denominó Víctimas Educadoras y fue asumida por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, que inició el trabajo para su implementación junto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. A partir del curso 2006-2007 y como fruto de este diálogo, no siempre fácil ni exento de polémica120, se impulsó la realización de varias experiencias piloto apoyadas en diversos soportes pedagógicos121. La evaluación de las experiencias realizada por profesores y alumnos constata que lo que más valoraron fueron las actividades con protagonismo de las víctimas y su testimonio, bien a través de su presencia directa o mediante teatro-fórum (Garaigordobil, 2009). En el 2010, el “Decreto de modificación del currículum en el área de Educación para la Ciudadanía” incluyó la deslegitimación de la violencia y la promoción de la empatía y solidaridad hacia sus víctimas, especialmente a través de su propio testimonio en las aulas122. El programa Víctimas educadoras adquiere así rango oficial y a partir de 2011 con la inestimable aportación de un reducido número de víctimas de ETA y de grupos terroristas de ideologías políticas opuestas (BVE o GAL). Las víctimas ofrecieron su testimonio personal y directo a los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato. En la legislatura siguiente el programa fue evaluado y reformulado para superar las deficiencias detectadas, sobre todo de implementación de la iniciativa. A partir de entonces pasó a tener el nombre que todavía hoy ostenta: “Módulo Educativo Adi-Adian. Aprendizajes de dignidad humana, convivencia y empatía mediante una experiencia de escucha de testimonios de víctimas”.

TAREAS PENDIENTES

En contraste con el recorrido de la educación para la paz desde el testimonio de las víctimas, no conocemos experiencias educativas que hayan apostado por la indagación crítica sobre la historia y la memoria histórica del conflicto vasco123. Algunas características del contexto social y educativo vasco dan pistas fragmentarias para entender este vacío. En primer lugar, existe una profunda preocupación respecto de la ausencia de consensos sociales en la explicación e interpretación del conflicto vasco, condición que se considera indispensable para abordar el tema en la escuela. Ante estos escenarios de controversia, las opciones de “pasar página” y “guardar silencio” han tenido un peso considerable en la cultura política española como estrategias para mantener la paz. De ello resulta una especial dificultad para enfrentar críticamente las historias del pasado violento. La escasa vinculación de los historiadores profesionales en proyectos de educación para la ciudadanía también es un factor que juega en contra.

Por otra parte, se ha generalizado la asociación entre el concepto de “memoria histórica” y la recuperación de la memoria social de la Guerra Civil y la dictadura, lo cual ha llevado a reducir su significado y a excluir al conflicto vasco de los objetos de “memoria histórica”124. En un plano más práctico, el abordaje del periodo histórico correspondiente al conflicto vasco se encuentra en el último tema de la asignatura de Historia de 2º de Bachillerato, lo que lo ubica a pocas semanas de la prueba de Estado (Selectividad o EBAU). Ello dificulta que los profesores tengan tiempo suficiente para aprovechar este espacio y promover un análisis profundo que aborde la historia de dicho conflicto como fuente de reflexión y aprendizaje para la paz.

LA VÍA DE LA EDUCACIÓN ÉTICA A PARTIR DEL TESTIMONIO 
DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Todo lo dicho hasta ahora motiva el planteamiento de una propuesta de educación ética a partir del testimonio de las víctimas de violencia de intencionalidad política que ha padecido el País Vasco. Esta apuesta se apoya en una ética de la alteridad y, más propiamente, de las víctimas. Filósofos como Reyes Mate han avanzado en fundamentar esta propuesta que pone de presente la necesidad de acoger la perspectiva o visión de las víctimas como el punto de partida fundamental. Trasladado a nuestro contexto, esto quiere decir que, si queremos conocer y comprender a profundidad la realidad del terrorismo, debemos hacer nuestra la perspectiva de las víctimas y su peculiar visión. No basta con que dirijamos nuestra mirada a los damnificados del terror, tenemos que asumir su perspectiva y renunciar a la propia, aunque sea parcial y temporalmente.

Por diversas razones, la voz y los testimonios de las víctimas deben escucharse socialmente y también en el aula:

Porque reconociendo su dolor y conociendo la verdad de lo ocurrido seremos capaces de construir un contexto ajeno a la lógica victimaria que subyace a la violencia, deslegitimándola definitivamente.

Porque el testimonio de la víctima le permite a esta recuperar la libertad perdida al convertirse en autora de su propia historia (la víctima no ha elegido su condición, ha sido victimizada contra su voluntad).

Porque si, como seres humanos, y especialmente como educandos, dependemos del testimonio de los otros y estamos inmersos en una red de testigos, hemos de saber considerar jerárquicamente a estos y entre ellos aparecen las víctimas como referencia prioritaria.

Porque en la elaboración de un “currículo educativo vasco” que recoja nuestra especificidad se hace imprescindible la presencia significativa entre nosotros, no marginal, de las víctimas del terror.

Porque en la educación moral de los sentimientos, la referencia decisiva “debe situarse en el otro como extraño y especialmente en el otro como víctima” (Etxeberria, 2008: 94).

LOS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

La propuesta de la educación ética a partir del testimonio de las víctimas de la violencia política aparece formulada a través de una triple estrategia pedagógica: la pedagogía sentimental, la pedagogía narrativa y la pedagogía del reconocimiento (Bilbao y Etxeberria, 2005). Veámoslas brevemente.

LA PEDAGOGÍA SENTIMENTAL

En la medida en que el terrorismo que hemos padecido tiene una intencionalidad política y se vincula a un supuesto conflicto de identidades nacionales (vasca versus española), debemos dimensionar el papel que allí juegan los sentimientos. Las ideologías se apoyan y retroalimentan en sentimientos que determinan las distintas posiciones dentro y frente a este conflicto. A pesar de su importancia, la educación sentimental es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. La renuncia a esta tarea ha estado abonada por diversas convicciones como el emotivismo o el racionalismo que, a pesar de ser opuestas, coinciden en la exclusión del ámbito de los sentimientos y las emociones de la intervención educativa.

La postura que se defiende en este trabajo considera que los sentimientos han de ser educados, no solo, pero también, en el ámbito escolar (Etxeberria, 2008). Con ello se realiza un inestimable servicio a la sociedad y, en concreto, a su dimensión más pública y política. Si los sentimientos —con sus dos grandes capacidades: relacional y motivacional— no están sometidos al discernimiento racional y a la orientación ética, pueden provocar una vida política moralmente deplorable. Los sentimientos pueden y deben ser educados, y como nos recuerda Aristóteles (Ética a Nicómaco, 1104b), la buena educación consiste en experimentar los sentimientos apropiados a cada circunstancia. La educación en o para la ciudadanía ha de ser comprendida también como educación en los sentimientos apropiados para la vida sociopolítica. Si se desarrolla adecuadamente, formando ciudadanos críticos con sus propios sentimientos, se dificultará la temible manipulación de las emociones de la población por parte de sus líderes políticos, causante en gran medida de los grandes desastres bélicos y de los constantes conflictos de convivencia social.

¿Qué sentimientos tienen una relevancia especial en el terreno público y han de ser objeto de un abordaje específico? La iniciativa educativa descrita se centra en tres:

La indignación que surge ante la injusticia. El terror ha de provocar indignación y voluntad de enfrentarse a él, no alegría ni indiferencia.

La compasión ante el sufrimiento ajeno —mejor que la empatía—, acompañada del correspondiente discernimiento y diferenciación entre el sufrimiento inocente (siempre injusto) y el culpable.

El respeto de la dignidad humana tanto de la víctima como del victimario, con un escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos.

LA PEDAGOGÍA NARRATIVA

La presencia de las víctimas en la educación debe adoptar la forma de pedagogía narrativa por dos razones fundamentales: por un lado, porque la narración es la estrategia a través de la cual la víctima construye su identidad en cuanto víctima; por otro, porque la narración es además la estrategia que utiliza la víctima para comunicarles a los demás su identidad. Toda sociedad es también una comunidad de memoria, por lo tanto, las víctimas han de tener la oportunidad de incorporar el relato de su experiencia a la realidad colectiva; sus narraciones, su testimonio hablado y también vital han de contribuir a configurar una comunidad plural que las asuma en cuanto tales, enriqueciendo una identidad colectiva cuyas señas distintivas sean, de un lado, la oposición radical a la violencia terrorista y su injusticia; del otro, la solidaridad con los damnificados de estos actos violentos.

Esto nos lleva a la aparición de un nuevo agente educativo: el testigo de la victimación sufrida, quien ha de mostrar unas especiales cualidades, entre las que destacan la capacidad de expresar la injusticia padecida, el sufrimiento que esta ha generado y la importancia de la solidaridad; debe dar prioridad a la dimensión política prepartidaria125, o renunciar a la conducta violenta cuando a su condición de víctima se añade la de haber sido también victimario.

El testimonio del testigo puede hacerse básicamente de dos modos: 1) cuando el testigo está físicamente presente y se establece una comunicación directa, y 2) aquel en el que el testimonio ha quedado objetivado en un “texto”, en el sentido amplio del término. En el primer caso, nos encontramos con una serie de connotaciones especialmente pertinentes para su impacto educativo, que compensan con creces las dificultades que comporta:

Da la fuerza de la presencialidad, del cara a cara, tanto para la víctima que habla (“está ahí”) como para quien la escucha (“se dirige a mí”).

Esa presencialidad se da en tales condiciones que resulta claro que la iniciativa está en la víctima que habla. Mientras que al educando le corresponde la actitud primaria de escucha receptiva.

Por su parte, la objetivación del testimonio de victimación provoca lógicamente una distancia respecto a lo que significa la presencialidad física. Esto supone ciertas limitaciones, ya que desaparecen las ventajas que antes han sido resaltadas para la presencialidad. Esta forma también tiene otras ventajas: el mensaje emitido queda sólidamente plasmado en un texto que es, de algún modo, autónomo respecto a sus autores; a parir de este texto puede emprenderse un complejo proceso de interpretación. En ambos casos, el proceso pedagógico a seguir es de carácter interpretativo, hermenéutico, con toda la complejidad y riqueza que comporta.

LA PEDAGOGÍA DEL RECONOCIMIENTO

Reconocer a las víctimas es una ineludible tarea ética que comporta varias facetas complementarias entre sí. Podemos decir que “reconocer a las víctimas” significa, en primer lugar, volver a conocerlas (“re-conocerlas”), es decir, volver a elaborar socialmente la lista de las víctimas. Entre nosotros existen víctimas olvidadas, víctimas desconocidas y sin relevancia mediática, incluso auténticas víctimas no conocidas como tales. También es necesario reconocerlas en su problemática e incómoda pluralidad en cuanto víctimas. Asimismo, significa conocer como lo hacen ellas, es decir, asumir su perspectiva. Así debemos ser capaces de identificar la sinrazón que provocó los hechos victimizantes y de deslegitimar la violencia en todas sus expresiones y justificaciones, al tiempo que asumimos el deber de justicia que, como sociedad, hemos contraído hacia ellas. Implica, igualmente, aceptarlas como sujetos y referentes políticos: no se puede hacer política auténtica y real entre nosotros actuando como si no hubiese víctimas; su presencia es molesta, “políticamente incorrecta”, pero ineludible y necesaria: obliga a actuar garantizándoles sus derechos al máximo posible, y atendiendo a su testimonio como testigos morales de la barbarie.

Uno de los objetivos —y al mismo tiempo, medio— de este planteamiento es el de expresar el reconocimiento y la solidaridad debidos a las víctimas; la consiguiente exigencia de justicia y la condena de las actividades de los victimarios a través de distintos actos e iniciativas. En el plano educativo, ese objetivo tiene que ensamblarse con el proceso de educación para la paz como una actividad explícita de aprendizaje.

Lo que estos actos tienen de reconocimiento, solidaridad y exigencia de justicia con algunas víctimas concretas es universalizable a todas las víctimas en cuanto tales. Debe haber además una intención explícita de ofrecérselo a todas, de llegar sin discriminación a todas ellas, aunque se haga el acto centrado en alguna que pueda tener o haber tenido lazos especiales de proximidad con el centro escolar126.

UNA PROPUESTA QUE ALTERA ELEMENTOS NUCLEARES 
DEL MARCO EDUCATIVO

Asumir la perspectiva de las víctimas supone un cambio radical en diversos aspectos de la práctica educativa, abriéndonos a planteamientos y perspectivas novedosos (Bilbao, 2007). Tal vez en ello radique la explicación de las dificultades que tuvo la implantación de la presencia de las víctimas de la violencia en el ámbito educativo, al menos entre nosotros. Veamos algunas oposiciones en las que se sintetizan estos nuevos enfoques.

OPOSICIÓN RECEPTIVIDAD/ACTIVIDAD

Aprender del testimonio de las víctimas de la violencia requiere del estudiante una disposición esencialmente receptiva, en la que se da prioridad al otro, al radicalmente otro, en este caso, la víctima. Esta disposición contrasta con la de carácter inquisitivo por la que abogan los modelos pedagógicos constructivistas para el aprendizaje en otros ámbitos, en los que se destaca al estudiante mismo como punto de partida, el valor de la autonomía (autodirección del proceso de aprendizaje) y la importancia de la experimentación al interrogar los fenómenos y objetos del mundo social y natural. La víctima, por su propia condición, se resiste a ser objetivada, no es un objeto que el estudiante somete a su manipulación, sino un sujeto que le interpela, transforma y exige respuesta. No es lo que el estudiante “hace con la víctima” lo que genera aprendizaje, sino lo que la víctima provoca en él o ella. Así, mediante la educación no solo aprendemos y sabemos más cosas, sino que formamos nuestra subjetividad moral. Junto a los hechos constatables, analizables, clasificables y previsibles, también podemos encontrarnos con los acontecimientos que no son sino despliegues novedosos y radicalmente provocativos de la experiencia testimoniada de las víctimas: los acontecimientos adquieren una dimensión ética en los educandos. La ética no se concibe como conocimiento, sino como acontecimiento que interrumpe mi espacio y tiempo, haciéndome heterónomo y responsable del otro.

En esto consiste precisamente la “pedagogía del don recibido”, que se propone una actitud de escucha y disposición a ser interpelados por las víctimas en cuanto radicalmente otros y que, consecuentemente, provoca transformaciones en nuestra identidad desde una perspectiva ética, caracterizada por la responsabilidad hacia dichas víctimas y hacia la realidad social en la que estas se han generado. Así, los relatos del mal pueden producir el bien moral en nosotros y nuestro entorno.

OPOSICIÓN DIFERENCIA/IDENTIFICACIÓN

La presencia de las víctimas en el aula puede ser adecuadamente asumida si somos conscientes de que supone sustituir, o al menos complementar, los mecanismos más habituales de nuestras estrategias educativas como son, por ejemplo, partir de la propia realidad e identidad del educando e influir en él a través de mecanismos de identificación. Por el contrario, la víctima se presenta como alguien totalmente distinto, como un “otro” que no comparte con el educando más que las condiciones generales del contexto sociopolítico. Estas condiciones, a pesar de ser el factor común, han sido experimentadas por la víctima de una forma radicalmente distinta a la del educando. Con la presencia de la víctima se inicia un proceso no de identificación, sino de contraste radical.

La víctima es una realidad no prevista por el sistema democrático, por ello complica todo análisis de carácter político y obliga a cuestionar, revisar y corregir todas las seguridades conceptuales previas del tipo “todos tenemos derechos”, “todos somos iguales”, “todos somos actores activos”. La existencia de las víctimas refleja el fracaso o el mal funcionamiento del sistema político; también introduce un elemento: la asimetríaradical, que cuestiona la universalidad de los supuestos democráticos: un “igual” ha sido desigualmente tratado. Los hechos de victimización también reflejan el fracaso de un sistema educativo que ha permanecido ajeno a esta dolorosa realidad social y que ha sido incapaz (como sistema) de oponerse eficazmente a la violencia y a la ideología que la justifica.

En definitiva, es necesario educar desde la “mirada excéntrica” de la víctima, desde la fragilidad del otro en cuanto víctima y no desde la fortaleza de la identidad del yo. Se trata de cruzar la frontera que los separa mientras se mantiene la asimetría que los distingue.

OPOSICIÓN CORDURA/PRUDENCIA

En nuestra vida social y también en el sistema educativo nos regimos a menudo por la prudencia; desgraciadamente la dotamos de un sentido que no se corresponde con la virtud que Aristóteles ensalzó. Así, nos mostramos cautos, buscamos equilibrios no comprometedores, intentamos huir de los conflictos, priorizamos la inacción, dejamos que el paso del tiempo haga innecesaria la decisión… Si no sustituimos esta prudencia de baja calidad por la virtud de la cordura, entendida como un “injerto de la prudencia en el corazón de la justicia” (Adela Cortina), no seremos capaces de posibilitar la educación moral. Si aplicamos la cordura en vez de la prudencia, ocurren novedades importantes a la hora de abordar el testimonio y la presencia de las víctimas en la escuela:

Se transforma la idea del aula como lugar seguro y confortable, ajeno a determinadas situaciones especialmente graves y dolorosas del contexto social, por la de un aula preparada con las condiciones más adecuadas para abordarlas.

Se sustituye la —no siempre bienintencionada— búsqueda de respuestas creativas a los conflictos o alternativas a la violencia por la deslegitimación explícita del terrorismo.

Se pasa de la mera provocación, expresión, escucha y respeto de los sentimientos a la educación acerca de los mismos.

Se evita la exposición ideologizada de los derechos humanos, historizándolos (Ignacio Ellacuría), haciéndolos concretos y reales, aunque sea en la constatación de su vulneración.

LA VÍA DE LA EDUCACIÓN HISTÓRICA

LA AUSENCIA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Tras tantos años de violencia dolorosa y destructiva es comprensible que la sociedad vasca sienta la necesidad de mirar hacia el futuro para reconstruir la convivencia entre sus miembros. Pero sabemos que esto no pude hacerse a costa de “pasar la página” y desviar la mirada del pasado, aunque ello resulte tentador. En el intento de navegar esta tensión, distintas organizaciones han puesto en marcha iniciativas educativas que proponen reflexionar críticamente sobre “lo que ocurrió en el pasado” y sobre sus consecuencias127 de distintas maneras. Muchas de estas iniciativas buscan acercar a los ciudadanos de hoy a las experiencias vividas en el pasado reciente por las víctimas de la violencia para reconocer su sufrimiento injusto y generar compasión y solidaridad con ellas.

Partiendo de la escucha de sus testimonios y de la movilización sentimental que generan, también buscan restablecer espacios y relaciones de diálogo rotos por la violencia. El objetivo es reunir ciudadanos con posicionamientos, experiencias y memorias dispares del conflicto violento para crear escenarios en los que se pueda hablar sobre cuestiones que han sido tabú. También se posibilita la escucha de las vivencias y perspectivas de otros que habían sido invisibilizadas. Este esfuerzo es especialmente significativo en el contexto vasco, donde la violencia generó profundas fracturas en comunidades en su mayoría pequeñas, asentadas sobre redes sociales estrechas (como la familia o la cuadrilla), y que comparten una variedad de espacios comunes como plazas y bares del pueblo, fiestas anuales o instituciones de Gobierno local. Muchas relaciones y espacios compartidos lograron mantenerse al margen de la violencia, pero se perdió el diálogo sobre las vivencias; el silencio se extendió como estrategia para blindar la vida cotidiana del conflicto, por ello las iniciativas para restablecer la comunicación personal, fomentar el diálogo reflexivo y humanizar al “otro” cobran tanta importancia.

Siendo iniciativas tan relevantes, es necesario señalar que “aquello que ocurrió en el pasado” se aborda a través de memorias personales de la violencia, abstraídas de su contexto histórico. Los testimonios de las víctimas no se acompañan de un análisis histórico que sitúe los hechos del conflicto violento dentro de procesos sociales más amplios, explique las causas del conflicto y la violencia, establezca sus consecuencias en distintas esferas, examine la perspectiva de distintos actores o coteje críticamente distintas explicaciones128.

Una razón importante de la ausencia de la historia en estos proyectos educativos es el temor de que las controversias inevitables sobre cómo explicamos el pasado interrumpan los procesos de diálogo iniciados y quiebren las frágiles relaciones restablecidas. La reticencia también se explica por concepciones particulares y diversas sobre la historia, la memoria y la educación histórica. Ya en la Ley 4 de 2014, por la que se crea el Instituto Gogora, se plantea que la gestión del pasado es la parte más compleja de un proceso de reconstrucción de la convivencia, porque “en el pasado se encuentra el diagnóstico de la culpa y de la responsabilidad, el dolor y el sufrimiento padecidos y, junto a ello, las diferentes lecturas sobre las causas y génesis de lo ocurrido” (Gogora, 2017: 21). Por ello, se plantea que el cese definitivo de la violencia de ETA representa un contexto de oportunidad cuando se mira al futuro, y un contexto de dificultad cuando se mira al pasado (Gogora, 2017: 8) ¿Acaso la comprensión crítica del pasado violento no abre también importantes oportunidades para la construcción de culturas de paz?

HERENEGUN!

Hasta ahora, la estrategia educativa del País Vasco para abordar el pasado reciente ha privilegiado las memorias personales de victimización por encima del análisis de los procesos históricos subyacentes. La aparición de la unidad didáctica Herenegun! representa sin duda un paso importante para la subsanación de ese desequilibrio. Herenegun! incluye cinco documentales organizados por décadas con testimonios de diversos actores, un marco histórico introductorio para el profesorado y dos cuadernos de actividades para estudiantes de 4º de ESO y 2º de Bachillerato.

La publicación de este material ha generado encendidas polémicas, develando así la profunda resistencia social a abordar el pasado violento desde un enfoque histórico. Adicionalmente, algunos de sus elementos ponen en evidencia su propia debilidad como propuesta de educación histórica, siendo la primera de su tipo.

Lo primero que llama la atención es que el material que se ofrece al alumnado se reduce a los testimonios personales contenidos en los documentales. La síntesis histórica se dirige exclusivamente al profesorado, privando así al alumno de un marco histórico equivalente que le ayude a situar e interpretar los testimonios. Por otra parte, el plan de trabajo para los alumnos consiste en una secuencia de actividades en las que se intercambian opiniones respecto a los documentales, sin apoyo en una base de conocimientos históricos más amplia, en otras fuentes propias de la historia, o en ejercicios de indagación histórica. Las preguntas planteadas a los estudiantes se refieren a cuestiones éticas (por ejemplo, ¿por qué es inaceptable responder a la violencia con violencia?), no a cuestiones que requieran del análisis e interpretación histórica. En consecuencia, las actividades y orientaciones pedagógicas recurren a técnicas generales de discusión en grupo, sin ninguna consideración de la didáctica específica de la historia. Ninguna de las actividades requiere ejercicios propios del área como la lectura crítica de fuentes, el análisis de evidencias, la contextualización y reconstrucción causal, el contraste de perspectivas e interpretaciones o la identificación de procesos de cambio y continuidad.

De esta manera, aunque Herenegun! se plantee como una unidad didáctica para la asignatura de Historia, la cuestión de la violencia de ETA se sigue tratando como un asunto de “educación en valores”, no como objeto de educación histórica.

Vale aclarar que el cuaderno 1 ofrece al profesor una síntesis histórica de gran utilidad (salvados algunos matices y precisiones), que contextualiza el surgimiento y desarrollo de la violencia de ETA a través de un análisis de los distintos procesos sociales, políticos y económicos en los que se enmarcan sus posiciones, acciones y transformaciones. Las disparidades entre la aproximación de los profesores y la de los alumnos reflejan el inconveniente de hablar de “un periodo de memoria reciente”: el periodo en cuestión está conformado por hechos históricos que reconstruimos a través de la memoria personal y social, a través de la historia académica o a través del diálogo entre ellas, que constituye la memoria histórica. Si los hechos del periodo no son objeto de memoria histórica, es inútil incluir actividades que pongan en diálogo las memorias personales/sociales y el conocimiento histórico disciplinado.

Esta debilidad del enfoque de educación histórica genera otro reto por resolver. La estrategia educativa de Gobierno Vasco asume un compromiso con el reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo que se traduce en unos “mínimos éticos democráticos” para garantizar que la pluralidad de memorias expuestas no vulnere la dignidad de las víctimas ni ponga en riesgo las posibilidades de paz y convivencia: las memorias personales no pueden ser excluyentes ni justificativas de la violencia. Aunque en un horizonte ético este planteamiento es razonable, también entraña la dificultad de que la memoria no es en sí misma democrática. Las personas y los grupos hacen memoria para dar sentido a sus experiencias y para construir cohesión interna en entornos conflictivos; esas son dos de sus funciones psicológicas primordiales. Por ello la memoria también puede ser, por lo menos en su origen, justificadora y excluyente. Lo que se necesita es aprender a dialogar democráticamente sobre distintas memorias, porque es a través del diálogo que se pueden incluir otras voces, comprender los límites de los propios argumentos, reconocer la injusticia de la violencia y dimensionar el daño causado. Un recurso fundamental para estos diálogos democráticos es la historización de las memorias, interpelándolas desde criterios de verdad, inclusividad, integralidad y justicia. Esa es una de las contribuciones que la educación histórica puede hacer a la construcción de paz y reconciliación.

La propuesta de Herenegun! ha generado una fuerte polémica. Sus críticos reclaman que los materiales no le dan a la perspectiva de las víctimas el lugar que merecen, que “blanquean” o limpian la historia de ETA y que “diluyen” las responsabilidades del grupo terrorista. La mayoría de las críticas se refieren a los documentales, y en cierta medida tienen razón. No abordaremos aquí todo el debate, pues rebasa el alcance de este artículo. Sin embargo, nos detendremos en una de las quejas más recurrentes, pues es muy relevante para el argumento que buscamos plantear.

En la polémica se ha denunciado que la unidad didáctica ayuda a consolidar una “teoría del conflicto” que justifica la historia y la violencia de ETA129. Esta teoría se refiere al relato histórico común entre la izquierda abertzale que plantea un conflicto entre dos bandos en igualdad de condiciones, cada uno con sus víctimas y con sufrimientos equiparables. También se alega que la representación de la historia utilizada sugiere o implica que la violencia de ETA era necesaria e inevitable, por lo tanto, su uso estaba justificado como oposición al franquismo, en respuesta a la represión del Estado, en defensa de los derechos de los vascos, etc. De esto a su vez se desprende que la responsabilidad por el terror de ETA debe ser compartida por todos. Todo lo anterior evidencia la necesidad de un relato histórico que reconozca el papel preponderante de ETA en la historia de violencia de los últimos 50 años, que reconozca la inocencia de las víctimas y la injusticia de la violencia impuesta a ellas, y que revise críticamente la responsabilidad que los miembros de ETA deben asumir por las consecuencias de su uso deliberado de la violencia.

Este debate, que bien podría darse en el marco de una discusión histórica rigurosa, se convierte rápidamente en una serie de reclamos ideológicos y políticos. Los críticos de la propuesta demandan que “no se hable de conflicto”; que no se “mezcle” la historia de ETA con la represión del franquismo, las denuncias por torturas, la represión policial o la violencia de los GAL y otros grupos de extrema derecha “como si existiera un punto de unión entre todo ello”130. A estos reclamos subyace la idea de que “en el País Vasco no ha habido ningún conflicto y el único agente violento que ha atentado contra la paz y la libertad de los vascos desde el inicio de la Transición es la propia ETA”.

Confundir conflicto y violencia es tan problemático como negar la existencia del conflicto. Los excesos de esta postura desconocen la explicación histórica e inducen una confusión muy problemática entre explicación y justificación. No pueden suprimirse de la reconstrucción histórica la represión franquista, la oposición a la dictadura, los ciclos de crisis y recuperación económica, el conflicto identitario y político en torno a la autonomía o independencia vasca o los abusos de poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los autores del cuaderno 1 entretejen estos factores cuidadosamente para explicar en qué contexto surgen los posicionamientos de ETA y qué factores influyen en su transformación. El mismo ejercicio es realizado con los posicionamientos del Estado, de los distintos partidos políticos y de la opinión pública. Por lo tanto, el texto ofrece una contextualización y explicación histórica, no una justificación. En esta explicación no hay dos bandos monolíticos, sino actores diversos, tomando posturas y estableciendo relaciones que fueron cambiando en el tiempo. Los autores no asumen una posición equidistante que atenúe la responsabilidad de ETA; al contrario, señalan el peso mayor de la violencia de ETA y destacan el daño que esta causó injusta e innecesariamente. Lejos de ser una justificación de la violencia, el análisis histórico muestra la incongruencia entre los planteamientos ideológicos de ETA, el desarrollo de las instituciones políticas y las condiciones sociales en el País Vasco. Con ello, se desvirtúa la supuesta necesidad e inevitabilidad de la violencia.

Reconocer el conflicto político e identitario que subyace a la violencia, reconstruirlo y explicarlo no tiene nada que ver con justificar la violencia. Supone, sí, afirmar que la violencia es un fenómeno social e históricamente complejo que necesita ser explicado y comprendido. Dicha explicación es fundamental para comprender cómo surge, cómo se desarrolla, qué sostiene y qué debilita a la violencia. Solo a través de su comprensión se pueden tomar medidas tendientes a la no repetición. Junto a las explicaciones podemos y debemos incluir un juicio ético tajante que condene a la violencia como un hecho inmoral e injusto, pues la reconstrucción de relaciones causales no niega la agencia de los actores. Al contrario, permite explicar cómo, situados e influidos por un contexto conflictivo, algunos actores optan deliberada y estratégicamente por hacer uso de la violencia; a partir de la explicación histórica, la reflexión ética puede juzgar las responsabilidades que se derivan de la capacidad de agencia de los actores históricos. Es por ello por lo que no se puede equiparar la explicación del pasado con la emisión de un juicio ético favorable, en este caso, a la violencia.

HISTORIZAR LA MEMORIA

¿Qué comporta entonces la dimensión histórica de la educación para la paz? Significa buscar la desnormalización y deslegitimación de la violencia a través de la comprensión crítica, plural y sensible de los procesos históricos que transformaron los conflictos sociales en conflictos violentos, así como la comprensión de las consecuencias que tienen estos últimos.

Esto supone ampliar el ámbito de la experiencia personal para situar los hechos en contextos históricos; historizar la memoria al interrogarla y procesarla con herramientas del pensamiento histórico; explicar cómo y por qué pasó lo qué pasó (qué lo hizo posible) para entender qué debe hacerse para que no vuelva a ocurrir. Supone también indagar sobre cómo construimos nuestras representaciones del pasado y cómo marcan nuestra actuación en el presente. El pasado está siempre presente cuando miramos al presente o al futuro. Nuestra comprensión del pasado define cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo entendemos nuestras comunidades y nuestras responsabilidades en ellas, y cómo concebimos el futuro posible y las acciones y transformaciones que nos llevarán a él (Haste y Bermúdez, 2017). Por ello, pretender obviar la confrontación crítica de la historia del conflicto violento vasco solo posterga un problema y priva a los ciudadanos de un marco crítico desde el cual interrogar distintas narrativas y desarrollar comprensiones más matizadas, complejas y reflexivas.

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN HISTÓRICA

Existe una amplia literatura internacional sobre la educación histórica, desde la que se han planteado visiones y herramientas que podrían ser de gran utilidad para pensar cómo abordar la historia del conflicto vasco. La educación histórica constituye una práctica social que engloba mucho más que la enseñanza formal en un aula escolar. Incluye diversos procesos formales e informales (visitar museos y memoriales, observar películas y novelas históricas o dialogar con otros sobre las experiencias y recuerdos del pasado) a través de los cuales se aprende a navegar, comprender y negociar los significados e implicaciones del pasado (Carretero, Berger y Grever, 2017). En tanto práctica social, la educación histórica cumple funciones sociales fundamentales como la construcción de conocimientos y memoria, la negociación de identidades personales y colectivas, la orientación de la agencia social e histórica, la generación de cohesión social y la movilización de procesos transformativos (Haste y Bermúdez, 2017; Rüsen, 2004).

En este marco, la frontera entre historiografía y memoria histórica se reconoce como porosa. Historiografía y memoria no son compartimentos estancos, autónomos e irreconciliables. Al contrario, entre ellas se da una interacción constante en la que se alimentan e interpelan mutuamente. Rüsen (2004) nos recuerda que la historia académica se construye a partir de viabilizar metodológicamente necesidades sociales de interpretación y orientación; por lo tanto, retorna al plano social contribuyendo a construir la memoria pública del pasado. A partir de ello, Seixas (2016) redefine la educación histórica como “un proceso de mediación entre la historia académica y la memoria histórica” que opera en dos direcciones: por un lado, conecta la historia académica con la memoria social, con el presente y con las realidades de los ciudadanos, dándole relevancia y utilidad al conocimiento histórico. Por otro, historiza la memoria, examinándola con procedimientos disciplinados y contrastándola con la pluralidad de interpretaciones de la historia académica. En esta doble dinámica se desarrolla la “conciencia histórica”, una función sociocognitiva que conecta explicaciones del pasado con experiencias del presente e imaginaciones del futuro para posibilitar que los individuos se reconozcan como seres sociales e históricos, contextualicen sus identidades y orienten su agencia social (Rüsen, 2004; Seixas, 2004).

Lo anterior implica que la educación histórica tiene una dimensión ética ineludible que resulta de la interacción entre conocimiento y necesidades sociales. La historia busca explicar lo que ocurrió en el pasado en su propio contexto (no lo que debió pasar), pero esa explicación responde a preguntas e inquietudes del presente. Por ello, como conocedores del pasado en el presente, hacemos juicios éticos sobre su significado e implicaciones. Esto, sin embargo, no equivale a reducir la complejidad del pasado a lecciones morales unívocas para apuntalar conclusiones predeterminadas al margen del análisis histórico riguroso. La historia no puede dar “lecciones morales”, pero proporciona muchas oportunidades de reflexión ética sobre la experiencia humana y sobre las prácticas sociales de distintas comunidades. Es por ello por lo que el desarrollo de una comprensión sofisticada, rigurosa y plural del pasado conflictivo puede contribuir a la transformación de conflictos sociales y al desarrollo de condiciones para la construcción de paz y reconciliación131.

TRANSFORMACIONES NECESARIAS EN LA EDUCACIÓN HISTÓRICA

La visión planteada supone cambios profundos en la enseñanza tradicional de la historia. Significa pasar de la enseñanza de hechos desconectados del presente y de la experiencia vital de los estudiantes a implementar una práctica que entable un diálogo reflexivo entre pasado, presente y futuro. También requiere pasar del aprendizaje memorista de contenidos factuales al desarrollo de la capacidad de pensar históricamente.

Las explicaciones históricas descansan sobre un conjunto de conceptos epistemológicos y procedimientos disciplinares (multicausalidad, cambio y continuidad, multiperspectividad, contextualización, evidencia, interpretación, narrativa) que definen la esencia y rigor de la indagación histórica132. Es este ejercicio disciplinado el que permite generar explicaciones del pasado relevantes para el presente, sin caer en la manipulación política del pasado. El desarrollo del pensamiento histórico incluye aprender a: a) reconstruir y contextualizar las perspectivas, creencias y prácticas de distintos actores; b) identificar y coordinar múltiples causas y consecuencias, así como procesos simultáneos de cambio y continuidad; c) generar explicaciones que integren factores intencionales (acciones intencionadas de sujetos) y factores causales (impersonales y sistémicos); d) proponer relatos y explicaciones fundadas en el análisis crítico de evidencias, y e) reconocer el carácter interpretativo del conocimiento histórico. Así, cualquier narrativa del pasado ha de entenderse como provisional, abierta al examen y la argumentación persuasiva.

Estos aprendizajes permiten que la confrontación de relatos y explicaciones sobre el pasado deje de tener un registro político-ideológico para pasar a adquirir un registro académico y reflexivo. Con ello, la meta de la educación histórica no debe ser transmitir una única narrativa consensuada sobre el pasado, sino desarrollar la capacidad para interrogar críticamente distintos relatos, incluidos los propios, y discutir sobre su validez e implicaciones para nuestras vidas.

Las transformaciones anteriores facilitan el desarrollo de la capacidad de asumir la controversia en la enseñanza de historias difíciles. Si entendemos la educación para la paz como aquella que enseña a reconocer y vivir constructivamente los conflictos, la educación histórica debe ayudar a comprender la complejidad de los mismos, las cuestiones en disputa, sus orígenes y desarrollos, las perspectivas encontradas de distintos actores, así como las dinámicas sociales que degradan y transforman los contextos de conflicto en escenarios de violencia inaceptables.

El concepto de “historias difíciles” denota cuestiones que movilizan las emociones, las identidades y las relaciones sociales de los estudiantes y de los profesores. Por esta razón despiertan sensaciones de disonancia y vulnerabilidad, o sentimientos de culpa, vergüenza o indignación. Esto hace que la enseñanza-aprendizaje de estas historias requiera no solo del análisis y el rigor intelectual, sino también de la conexión emocional y de la reflexión ética (Bermúdez, 2012; Bekerman y Zembylas, 2012). La investigación e innovación desarrollada en países con mucha conflictividad social e histórica (por ejemplo, Alemania, Sudáfrica, Palestina-Israel, Ruanda, Irlanda del Norte, Guatemala, Chipre o los Balcanes) nos da luces sobre los retos y oportunidades que se abren al enseñar a las nuevas generaciones la historia de sus pasados violentos más o menos recientes y de los conflictos subyacentes, bien sean activos, latentes o resueltos (Bekerman y Zembylas, 2012; Cole, 2007; McCully, 2010; Paulson, 2015; Psaltis, Carretero y Cehajic-Clancy, 2017). Estos autores destacan el potencial para incidir en la transformación de la manera en la que las personas comprenden su realidad social e histórica y su rol en ella. Con ello se hacen importantes contribuciones a la transformación de los conflictos y la construcción de condiciones para la paz133.

CONCLUSIONES

Este capítulo presenta dos novedades para la conceptualización y práctica de la educación para la paz: desde una perspectiva ética, se plantea la centralidad de las víctimas, desde quienes se debe configurar la educación para la paz. Esto supone una pedagogía narrativa y sentimental, que rebasa la tradicional educación centrada en la racionalidad y la reflexión. Por otra parte, se plantea que la educación para la paz puede abordarse también desde una dimensión histórica que no se ha tenido en cuenta de forma significativa en el País Vasco, aunque en el plano internacional tenga una presencia considerable y creciente.

Hay diferencias evidentes entre los dos enfoques: la vía ética está centrada en las víctimas de la violencia, recurre al testimonio personal para generar conmoción sentimental y requiere de una actitud receptiva del estudiante. La vía histórica se centra en el proceso y el contexto histórico de conflicto en el que se genera la violencia y ocurre la victimación, recurre a la memoria histórica para generar una comprensión sensible y crítica (que no justificadora) del pasado y requiere una actitud inquisitiva del estudiante.

Estas diferencias descansan sobre supuestos también diferentes:

La vía ética parte del supuesto de que hay unos principios morales irrenunciables, no negociables, y que la educación para la paz requiere que los estudiantes comprendan estos principios y los usen en la comprensión, valoración y toma de decisiones respecto a su realidad circundante y su acción en ella. En relación con la comprensión crítica de la violencia, la vía ética plantea que el estudiante debe aprender, a partir de los testimonios del sufrimiento inmerecido de las víctimas, cómo se han violado estos principios-derechos inalienables, y con qué consecuencias. A partir de ello se busca que la experiencia sentimental de conmoverse ante la experiencia del otro lleve al estudiante a comprender lo que significa la injusticia y la violación de la dignidad, y, por tanto, a entender la ilegitimidad de la violencia. Así, la vía ética plantea que lo que el estudiante debe comprender es que, en determinado momento, algunas personas o sectores de la sociedad antepusieron otros valores, intereses o bienes al de la justicia y la dignidad de todos sus miembros, y que tal desarreglo del orden ético en las relaciones humanas generó una violencia inaceptable.

La vía histórica parte del supuesto de que los procesos y relaciones sociales que desencadenan la violencia son multifacéticas y complejas, y que la educación para la paz requiere que los estudiantes aprendan a desenmarañar, reconstruir y articular esos distintos factores y procesos para llegar a comprender cómo se genera la violencia, qué la sostiene y alimenta, y eventualmente, cómo se contiene o desactiva. La explicación histórica busca elucidar cómo y por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron, reconstruyendo los contextos sociales en que los hechos y acciones tenían sentido para sus actores, aunque ese sentido sea distinto o contrario al nuestro. Una vez que hemos construido una explicación histórica contextualizada sobre los hechos del pasado, podemos poner en diálogo esta explicación con nuestros propios juicios éticos al respecto, juicios que reconocemos que también están situados en nuestro propio contexto histórico, social, ideológico y valorativo.

Estas dos vías de la educación para la paz tienen sin embargo varios puntos de encuentro fundamentales:

Las dos vías tienen el objetivo compartido de deslegitimar la violencia. La vía ética evidencia la inmoralidad e injusticia de la violencia (imposición de sufrimiento inmerecido y violación de dignidad de las personas). La vía histórica busca exponer que la violencia es una construcción social, instrumental, no necesaria, y que tiene efectos devastadores.

Las dos vías rescatan el valor de la microhistoria, reconociendo que los relatos testimoniales con base en la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes pueden ser transformados en historia.

Aunque la vía histórica descansa sobre un enfoque analítico y racionalista, reconoce la dimensión ética y emocional del conocimiento histórico y destaca la necesidad de trabajarlo pedagógicamente.

Adicionalmente, las dos vías reconocen el potencial educativo de confrontar el mal y la injusticia desde lo concreto; reconocen el sustrato irrebasable de los derechos humanos; la importancia educativa de la asimetría radical que aflora de la alteridad; el valor de la narratividad como recurso pedagógico y la importancia de los sentimientos como síntesis condensada de emoción y razón.

Finalmente, es necesario que el ámbito educativo adopte ambas vías y las armonice con la construcción de una educación cívica que sirva de marco a la educación para la paz. La mejor manera de articular las dos vías es poner en diálogo sus diferencias y puntos de encuentro, al tiempo que se respeta el enfoque y las necesidades metodológicas de cada una.

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A MODO DE CONCLUSIÓN

DESDE EL PAÍS VASCO

Sabíamos que los contextos sociohistóricos de la violencia en Colombia y el País Vasco tienen poco en común más allá de ciertas coincidencias cronológicas. A pesar de ello, la lectura de estos capítulos vuelve a sorprendernos con la magnitud de esta diferencia y, sobre todo, con lo que supone para la educación para la paz en cada uno de los contextos-nación.

Pareciera que en Colombia todo es educación para la paz. Posiblemente ello se deba a una laxitud conceptual; también es posible que, como dice Sandra Londoño, educar para la paz suponga educar para la vida individual y social, en el sentido más profundo del término. Dada la multidimensionalidad del conflicto colombiano (exclusión política, pobreza extendida, concentración de la riqueza, marginación de amplios sectores sociales y culturales, profundos desequilibrios regionales, abandono del campo en un país rural), lo que ha destruido la violencia es tanto que se requiere una reconstrucción total. En sociedades marcadas por la violencia, la educación para la paz inevitablemente tiene un carácter reconstructivo: busca ayudar a recomponer lo que se ha roto, y a prevenir que se vuelva a romper. Para ello es necesario responder a las características de los fragmentos rotos, y entender cuáles fueron las causas de la rotura. Las cuestiones de interculturalidad, ruralidad y diversidad/desigualdad territorial no parecen tener correlato en el caso del conflicto vasco. Tampoco lo tiene el recrudecimiento de la violencia tras los acuerdos de paz. Nos aventuramos a plantear la siguiente pregunta: ¿esto significa que los retos de la educación para la paz en el caso vasco son menos complejos?

La cuestión de la legitimidad social hacia la violencia cobra especial relevancia en una sociedad como la vasca, en la que, en medio del bienestar social relativo y el desarrollo funcional de las instituciones y mecanismos democráticos, un sector reducido optó por usar la violencia para dirimir un conflicto político e identitario, pero en la que amplios sectores eligieron apoyarlos o por mirar para otro lado. Pensar la educación para la paz como estrategia para deslegitimar la violencia, bien sea a través de la toma de conciencia del sufrimiento injusto que les impuso a sus víctimas o del develamiento de su carácter instrumental y el cuestionamiento de su necesidad e inevitabilidad histórica, responde a este reto particular de la sociedad vasca. También coincide con esfuerzo de otros sectores que eligieron defender la viabilidad de la no violencia. ¿Pueden estas reflexiones servir de espejo para seguir indagando sobre los retos y posibilidades de la educación para la paz en Colombia? ¿No es la normalización de la violencia un mal que aqueja también a esta sociedad en la que década tras década la violencia ha ido engullendo y destruyendo más y más recodos de la vida pública y de la vida cotidiana? ¿No es este otro aspecto en el que, como diría Sandra, es necesario “mudar la conciencia” para proponer nuevas formas de convivencia? Estos son, a nuestro juicio, importantes derroteros para continuar el diálogo.

DESDE COLOMBIA

Tanto para Colombia como para el País Vasco, el debate ético e histórico es trascendente. Si bien el capítulo sobre Colombia no toma las dos categorías como ejes de reflexión, y se dedica más bien a reflexionar sobre iniciativas desde muchos ángulos que pueden verse bajo una lente de educación para la paz, reconoce que estas dos categorías son vitales y un acierto en la deliberación.

Desde el punto de vista histórico, este capítulo reconoce el impacto que tuvo la imposición forzada de la modernidad en Colombia, pues es un punto en el que se ubica el origen del conflicto hasta el presente. La imposición de formas de vida y de cultura a través de la violencia (ejercida para “desterrar”, de forma literal, la diferencia), usó la educación formal como uno de sus vehículos. La labor devastadora de esta forma de educación cubrió a toda Latinoamérica y justificó la pérdida de derechos, de tierras, de formas de vida autóctonas. Se considera que este despojo fue el germen de todo el conflicto, que luego se trasladó a la confrontación armada y se vivió con particular virulencia en las zonas rurales del país.

Desde el punto de vista ético, se profundiza en iniciativas que, desde diversos lugares y horizontes, buscan proponer alianzas, actividades, trabajos orientados a la construcción de espacios nuevos y distintos para hablar de paz, reconstruir la memoria, decir la verdad, avanzar en la reparación y no repetición, entre otros aspectos que abonan el camino para fortalecer liderazgos que promuevan una cultura de paz en Colombia. Si bien no hace un esfuerzo tan profundo en el tema de las víctimas, como sí pasa en el capítulo del País Vasco, hay una reflexión sobre su importancia en los procesos de paz y reconciliación. También se recomienda profundizar y transversalizar esta reflexión, de modo que logre impactar a la sociedad en su conjunto, en la que puede haber personas que no participaron directamente del conflicto, pero que se sienten profundamente afectados por él.

En suma, en los dos capítulos hay una reflexión que reconoce la historia de los conflictos y que da importancia a la educación para promover nuevas personas, revitalizando esta estrategia como una apuesta ética. Las experiencias son diferentes: Colombia no deja de estar en el huracán de la violencia a pesar de todos los esfuerzos realizados. Quizás por eso hay tantas aristas y entradas de reflexión dispersa, no explícitamente hablando de educación, sino de cómo aprender a vivir y convivir siendo tan distintos. Quizás la apuesta no sea cómo enseñar, sino cómo aprender y lo que se evidencia son múltiples caminos para hacerlo.

SEXTA PARTE

MODELO ECONÓMICO Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ 
Y LA RECONCILIACIÓN

Las actividades económicas de un territorio y las relaciones sociales y políticas que ocurren al interior del mismo son elementos que se encuentran en mutua interacción. Esta relación resulta determinante tanto en el proceso de construcción territorial como en la capacidad que tienen las actividades económicas de generar valor social para el territorio en que se desarrollan. En este capítulo se presenta el enraizamiento del tejido empresarial en dos territorios: Guipúzcoa, en el País Vasco, y el norte del departamento del Cauca, en Colombia.

Para el caso del norte del Cauca, se comienza presentando los fundamentos del modelo neoliberal y su crisis, pues es desde este modelo que predominantemente se construye el tejido empresarial de la región. Luego se explica la relación entre las empresas y el territorio, describiendo sus particularidades y cómo la actividad económica no está articulada con los procesos sociales territoriales. Lo anterior resulta en una falta de mejoramiento de las condiciones de vida de la población local y por ende genera mayor desigualdad en la región. Las autoras contrastan esta tendencia con varios ejemplos de procesos económicos promovidos por las comunidades de la zona bajo el enfoque de la economía solidaria. Estas iniciativas buscan generar un mayor bienestar social, pero enfrentan muchos retos para alcanzar mayores niveles de impacto y de estabilidad económica.

En el caso de Guipúzcoa, se hace una descripción del tejido empresarial de la región, resaltando la relación entre la tradición empresarial y la economía social, la forma en que se ha dado el enraizamiento de la actividad productiva en el territorio y la relevancia de la empresa familiar en este proceso. Se concluye que tanto el cooperativismo como los estímulos de la política económica son iguales de importantes para facilitar la cooperación entre actores territoriales y que, a su vez, todo ello es importante para la construcción de condiciones sociales, económicas y culturales que resistan y se repongan a las manifestaciones de la violencia en perspectiva de construcción de paz y reconciliación.

CAPÍTULO 10

ENRAIZAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y RECONCILIACIÓN 
EN EL POSCONFLICTO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA

ANGÉLICA QUIROGA Y LAURA ÁLVAREZ

INTRODUCCIÓN

En esta sección presentaremos el actual escenario de enraizamiento del sector industrial del norte del Cauca. A lo largo del texto, se argumentará por qué este contexto puede ser visto como un factor clave en la superación de la violencia estructural que ha afectado al territorio. También se ofrecerán elementos para entender estas configuraciones territoriales como una oportunidad para avanzar en la reconciliación a nivel territorial. Para finalizar, se plantearán una serie de conclusiones y varias propuestas que esperan estar acordes con los retos del actual contexto socioeconómico colombiano.

Para comenzar, es necesario aclarar que territorio hace referencia a un proceso colectivo que se construye a partir de las interacciones entre actores en el interior de este. Dichas interacciones están mediadas por intereses y tensiones, en las que el contexto sociopolítico resulta determinante para su entendimiento. En medio de estas dinámicas, las empresas presentes en el territorio (tejido empresarial) juegan un rol clave en el proceso colectivo ya mencionado. La actividad económica en un territorio no se encuentra desvinculada de la sociedad: el enraizamiento, o embeddedness, se refiere al grado en que la actividad económica está condicionada por instituciones no económicas134, aún más “[…] en vez de la economía estar en vuelta en relaciones sociales, son las relaciones sociales las que están insertadas en un sistema económico” (Polanyi, 1957). De allí se desprende que las particularidades del enraizamiento de una actividad económica determinada permiten o no la generación de valor para los actores que conviven en el territorio, lo cual aporta a la empresa permanencia y sostenibilidad social (Centro UC). Siguiendo esta lógica, la manera como ocurre este proceso de enraizamiento está sujeta al tipo de modelo económico y a las políticas que regulan su desarrollo.

Para el caso del norte del Cauca es necesario adoptar perspectivas analíticas que permitan analizar la diversidad del tejido empresarial: desde el modelo neoliberal podemos comprender la existencia de grandes empresas en los parques industriales; desde el enfoque de la economía solidaria podemos evaluar las empresas comunitarias y entender las apuestas productivas de las comunidades de la zona. Comenzaremos entonces con una breve presentación de los rasgos básicos de estos dos modelos y luego analizaremos cómo se expresan en el tejido empresarial de la región. Posteriormente argumentaremos cómo pueden contribuir a la reconciliación en el territorio.

EL MODELO NEOLIBERAL: DEFINICIÓN Y CRISIS

El modelo neoliberal se sustenta en varias bases: la primera de ellas es el liberalismo económico. Esta doctrina considera que la economía de mercado es la mejor vía para garantizar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población, por eso el liberalismo se identifica como una ideología que está al servicio de la clase menos favorecida. La segunda base del modelo neoliberal es el Estado liberal, que debe defender y promover el libre mercado sin regular sus dinámicas y proteger la propiedad privada. Bajo el neoliberalismo, el Estado social de derecho se reduce a un Estado de leyes135 (Villar, 2007). Así, es importante analizar desde un punto de vista político cómo se concibe el Estado de derecho de una sociedad, lo mismo que preguntarse cómo se crean las leyes. De esta manera se evidenciará que los poderes económicos están controlados mayoritariamente por los dueños del capital.

La tercera base del modelo neoliberal es el capitalismo, un sistema económico que se basa en la propiedad privada, el interés propio o individual, la competencia, el libre mercado, la libertad de elección y la intervención limitada del Estado. Esta última, plantea la teoría, es necesaria para que los mercados puedan tener un correcto funcionamiento (Vargas Hernández, 2007). Si hablamos de capitalismo, debemos referirnos a la globalización. Para Robinson (2000) la globalización es el paso de la fase del Estado nación hacia una fase transnacional. La transnacionalización propicia el crecimiento del desarrollo capitalista y se caracteriza por un periodo de reestructuración del sistema económico como un todo, incluyendo su dimensión institucional.

Por último, y aunque parezca redundante, el neoliberalismo es la cuarta base del modelo neoliberal. Asumimos que el neoliberalismo es una doctrina o corriente filosófica que comparte postulados fundamentales con el liberalismo económico. De acuerdo a De Vroey (2009), quienes se enmarcan en esta corriente son defensores del pleno liberalismo y evalúan críticamente el periodo histórico en que se sostuvo un liberalismo más keynesiano. En otras palabras, el “neoliberalismo es un liberalismo a la Friedman”136. Adicionalmente, para Márquez Covarrubias (2010) el neoliberalismo es un proyecto de clase donde la concentración de la riqueza, del poder y el capital ha sido exitoso.

A pesar de los beneficios y ventajas de este modelo económico, algunos autores han identificado dos grandes síntomas que lo llevarían a estar en crisis: el incremento de la desigualdad y las crisis económicas recurrentes.

La desigualdad es una consecuencia del modelo económico neoliberal. Se han incrementado las brechas entre los deciles de la población, desde los más pobres hasta los más ricos, lo que ha generado una reducción de las libertades de las personas de más bajos recursos. Sin embargo, en la discusión académica sobre la desigualdad, algunos autores plantean que esta no es producto de la crisis del modelo económico, sino que es causada por la ausencia de un Estado que promueva la justicia para todos. A pesar de ello, se ha demostrado que la población que se encuentra en el decil más alto es la que tiene un mayor acceso a los bienes y servicios del Estado; este decil poblacional también se beneficia con las leyes tributarias en la mayoría de los países. Stiglitz (2012) considera que el contenido de las leyes y normativas, así como la manera en que se aplican, sirven a los intereses de los estratos más altos de la sociedad en detrimento de los sectores medios e inferiores. El incremento de las brechas de desigualdad es un factor fundamental de la crisis del modelo neoliberal. Bajo el supuesto de que el mercado se equilibra por sí mismo, únicamente está generando más injusticia a los deciles poblacionales más bajos.

Las crisis económicas también son consecuencia de un sistema sin regulación, que marcha al ritmo de lo que impone la oferta y la demanda, pero no tiene límites en caso de que se presente un desequilibrio en el mercado. Los defensores de este modelo argumentan, por el contrario, que las crisis son generadas por la intervención de los gobiernos sobre la dinámica del mercado.

EL MODELO DE ECONOMÍA SOCIAL Y LAS EMPRESAS COMUNITARIAS

El modelo de la economía social, también conocido como “economía social y solidaria” o simplemente como “economía solidaria”, es una nueva aproximación conceptual a la problemática económica. Su pensamiento se formula en términos ético-filosóficos que señalan el deber ser de nuevas propuestas de organización e intercambio económico.

La economía solidaria responde a las problemáticas del sistema neoliberal ya descritas. Propende por la sostenibilidad y por la materialización de un modelo de desarrollo integral y a escala humana. Se trata de una economía basada en un nuevo concepto de eficiencia con una perspectiva solidaria e inclusiva que, al mismo tiempo, busca producir ganancias económicas. Las prácticas económicas de la economía social y solidaria tienden a surgir en contextos que incluyen las siguientes características:

La prevalencia de una tradición de pertenencia colectiva o la noción de que existe un pasado común y de reconocimiento mutuo, que incluye una identidad basada en el trabajo o las actividades económicas comunes.

La existencia de organizaciones populares con liderazgos movilizadores.

La poca eficacia de las prácticas convencionales de subsistencia para satisfacer las necesidades de las personas. Esta baja eficacia puede estar causada por múltiples razones. Entre las más frecuentes está la falta de acceso a los mercados de trabajo o su baja capacidad; también la ausencia de políticas económicas que contrarresten las ineficiencias o fallos del mercado laboral.

El apoyo de organismos u organizaciones que permitan traducir la solicitud o demanda social en una propuesta económica.

El reconocimiento político ideológico de la validez y viabilidad de estas demandas.

Estos elementos no son característicos de economías del tercer mundo con grandes fragilidades institucionales; también se encuentran en democracias maduras en las que el Estado de bienestar tradicional está en crisis (Gaiger, 2004).

Las empresas comunitarias se agrupan dentro de lo que se considera economía social solidaria junto a las cooperativas, asociaciones, mutuales y demás formas de organización que se funden en valores como la cooperación, la solidaridad y la autogestión. Para comprender cuáles son los rasgos que definen estas formas empresariales, es necesario referirnos a “lo comunitario”. Según Maldonado “[…] lo comunitario designa un sujeto colectivo, con derechos y obligaciones, constituido con base en la adhesión voluntaria de sus miembros (individuos o familias), con o sin sustento institucional en el derecho consuetudinario o en una territorialidad común. La identidad puede nutrirse de un conjunto de objetivos, valores y normas de participación codificados por sus miembros” (2005: 3).

Cuando le añadimos el término “comunitario” a una empresa, hablamos de “[…] una forma cualitativamente diferenciada de propiedad, organización productiva y fines perseguidos (con respecto a la empresa privada y la empresa pública), que se rige por el control social de los recursos y el reparto equitativo de los beneficios que reportan al ser valorados a través del mercado” (2005: 4).

Lastimosamente, se ha observado que la propuesta de la economía solidaria no ha logrado consolidar y mucho menos generalizar un modelo organizativo que genere la suficiencia económica deseada; con el tiempo, las experiencias que nacieron bajo estos parámetros pierden el carácter social o solidario y empiezan a parecerse más a las formas empresariales predominantes de las que querían diferenciarse. Esta tendencia hace que este tipo de empresas tengan dificultades para asegurar la autonomía cultural del movimiento social detrás de ella (Razeto, 2010).

Con estos elementos conceptuales y prácticos claros, pasemos a evidenciar cómo ambos modelos de desarrollo se manifiestan en el norte del Cauca.

EL CASO DEL NORTE DEL CAUCA

El departamento del Cauca se ubica en el suroccidente de Colombia. Su región norte, más conocida como el norte del Cauca, tiene una extensión de 350.259 ha aproximadas. Abarca los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica. La región es geográficamente diversa y presenta todos los pisos térmicos, desde zonas planas hasta montañas pertenecientes a la cordillera central y occidental. El norte del Cauca está atravesado por la vía Panamericana, que comunica el suroccidente de Colombia con el resto del país. Geoestratégicamente, conecta los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y Huila con el Trapecio amazónico y el Pacífico. Todos estos elementos lo han convertido en un corredor geoestratégico para los grupos armados al margen de la ley y ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado interno. En esta zona se ha registrado presencia de los grupos guerrilleros FARC-EP y ELN, así como de la agrupación paramilitar denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de bandas criminales (BACRIM).

La diversidad étnica y cultural de la región es una característica que resulta vital para comprender sus dinámicas territoriales. Según el último censo realizado por el DANE en 2005, el 48% de la población es afrodescendiente y el 30% es indígena. Otro elemento de gran relevancia es la distribución de la tierra. Según cálculos elaborados a partir de la información disponible en el IGAC, el 77,47% de los propietarios rurales poseen microfundios (menores a 3 ha), acumulando el 13,46% de la superficie rural. El minifundio (predios de 3 a 10 ha) agrupa el 14,81% de los propietarios rurales en el 15,02% de la superficie, siendo el segundo tamaño predial que más propietarios acumula. Por su parte, tan solo el 0,25% de los propietarios son dueños del 31,08% de la superficie rural en predios de más de 200 ha. El conflicto armado, las diferencias étnicas y culturales y las dramáticas desigualdades en cuanto a la distribución y tenencia de la tierra son las principales fuentes de conflictos en la región.

EL MODELO NEOLIBERAL EN EL NORTE DEL CAUCA

Tras la avalancha del río Páez en el año 1994, el Gobierno de Colombia promulgó la Ley 218 de 1995, más conocida como ley Páez, para mitigar las consecuencias de esta catástrofe. Esta ley trajo consigo una serie de beneficios tributarios para empresas que se instalaran en la zona. Así, comenzaron a instalarse parques industriales que invirtieron, principalmente, en el norte del departamento. En 1998 ya se habían conformado más de mil empresas en el norte del Cauca (El País, 1998). Como consecuencia, se presentó un alto flujo migratorio de población que buscaba convertirse en mano de obra de estas empresas. El enraizamiento de esta actividad industrial ha estado dificultado por las complejidades del territorio y por una incapacidad para la generación de valor social y creación de vínculos con procesos locales.

Actualmente, en el norte del Cauca hay siete zonas francas, es decir, territorios delimitados donde se aplica un régimen tributario especial con beneficios para las empresas que allí se encuentran. Hay dos zonas francas permanentes (ZPF): la ZFP del Cauca, ubicada entre los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada, y la ZFP Conjunto Industrial Parque Sur, ubicada en el municipio de Villa Rica. Además, hay cinco zonas francas especiales (ZFE)137: Papeles del Cauca S. A. (Puerto Tejada), Propal Zona Franca S. A. S. (Guachené), Colombina del Cauca S. A. (Santander de Quilichao) y Agroindustriales del Cauca S. A. (Guachené).

Entre las empresas asentadas en la región, se destacan las que hacen parte de la agroindustria de la caña de azúcar: los ingenios de Incauca, en el municipio de Miranda, La Cabaña, en el municipio de Guachené, y el ingenio Occidente, en el municipio de Villa Rica. En total hay un aproximado de 1.212 empresas, y la mayoría se encuentran situadas en los municipios de Puerto Tejada, Guachené, Miranda, Caloto y Villa Rica.

La creación de las zonas francas ha tenido como consecuencia la proletarización de los municipios donde se ubican, pues la mayoría de las actividades laborales giran en torno a estas industrias. Según el IEI (2016), la expansión de este modelo ha venido acompañada de un incremento de la economía informal.

Se han realizado varios estudios respecto a los impactos económicos de la instalación de los parques industriales tras la ley Páez, pero sus efectos aún son tema de debate. Los indicadores económicos muestran que

[…] desde que entró en funcionamiento, el sector industrial ha logrado una mayor participación dentro del producto departamental y el ciclo económico ha estado más cerca del comportamiento de este sector que del agropecuario […] Si bien antes y después de la ley Páez, la mayoría del valor agregado era generado a partir del trabajo, después de la promulgación de la ley esta tendencia empieza a disminuir y la generación de valor agregado se hace más sensible a los cambios del ciclo económico nacional […] además de aumentar el grado de inserción a la economía nacional, la ley Páez generó cambios estructurales que se reflejan en el aumento de las importaciones, cerrando la brecha existente que tenía el departamento con respecto al grado de apertura comercial y dejándola al nivel de la de otras regiones, como Bogotá (Gamarra, 2007).

A pesar de lo anterior, los indicadores socioeconómicos de la región demuestran grandes deficiencias en términos de salud, educación, vivienda, entre otros. La coexistencia de indicadores que demuestran un amplio crecimiento económico junto a unos que presentan un desarrollo social precario es una de las evidencias de la falta de interacción entre estas empresas y el territorio del norte del Cauca. El crecimiento económico, entendido como la capacidad de una economía de aumentar el nivel de producción de bienes y servicios, no se traduce necesariamente en desarrollo económico, el cual se relaciona más con la calidad de vida de las personas y la satisfacción de sus necesidades básicas (Jiménez, 2016).

Como se aprecia en los indicadores presentados en la sección anterior, el crecimiento económico que se reporta en la zona no se ve reflejado en el desarrollo económico. La calidad de vida de los habitantes de la región no ha aumentado en los últimos años de la forma en que la economía lo ha hecho. El éxito del tejido empresarial no necesariamente se refleja en objetivos sociales de desarrollo del territorio, evidenciándose entonces la creación de una brecha de desigualdad entre las empresas y el resto del territorio.

Muchas de las grandes empresas de la región tienen planes de responsabilidad social empresarial (RSE) que focalizan sus esfuerzos en las comunidades que están más próximas a su actividad empresarial. Estos programas brindan apoyo para la superación de la pobreza y la mejora en educación y atención médica. Sin embargo, los esfuerzos de asistencia de cada una de las empresas no son suficientes para la transformación de un territorio con problemáticas tan diversas y complejas, menos aún en un contexto de posconflicto y con diferencias étnicas y sociales marcadas. Asimismo, la responsabilidad de este cambio no recae totalmente en las acciones de asistencia voluntaria de las empresas, ni existe un diseño institucional en Colombia que lo demande así. La legislación sobre la RSE en el país se puede clasificar como ley blanda o soft law138.

EMPRESAS COMUNITARIAS

Por otro lado, hay una serie de iniciativas productivas de pequeña escala impulsadas por parte de las organizaciones sociales y étnicas que han decidido constituir microempresas comunitarias. La mayoría de estas últimas pertenecen al sector de la economía agrícola familiar, o se especializan en la creación de alianzas productivas y asociaciones para la producción agropecuaria.

La agricultura familiar predomina como actividad económica principal en las comunidades rurales afrodescendientes, indígenas y campesinas. Abarca la producción de alimentos para el autoconsumo y para el mercado local, así como la producción de materias primas sin valor agregado para el mercado regional, nacional e internacional; en caso de lograr producir excedentes se comercializan en el mercado local o en las ciudades de Cali y Popayán. La agricultura familiar permite la soberanía alimentaria de las comunidades y las hace parte de la economía social, pues es “[…] una práctica que, de manera respetuosa con el medio ambiente y adaptada a cada territorio, produce alimentos para las comunidades locales a la vez que se convierte en un medio de vida para quienes la desarrollan, generando economías de pequeña escala” (Economía Solidaria, s. f.).

Por su parte, las alianzas productivas son iniciativas desarrolladas por asociaciones legalmente constituidas que han establecido alianzas comerciales con empresas privadas o públicas para vender sus productos a distintos compradores: supermercados, agroindustrias, intermediarios o consumidores finales.

Se han identificado proyectos asociativos diversos desarrollados por organizaciones sociales presentes en el territorio (cabildos indígenas, consejos comunitarios, juntas de acción comunal y asociaciones campesinas) que ejercen un manejo administrativo, financiero, comunitario y social de las iniciativas comerciales o productivas.

Varias de las grandes empresas de la zona tienen entre sus objetivos de RSE el apoyo a proyectos productivos locales. Sin embargo, las iniciativas locales de agricultura familiar aún no han logrado transformarse en grandes empresas familiares ni han podido expandirse a nivel regional.

Existen varios ejemplos de empresas comunitarias en la región, dentro de los que se destacan los proyectos productivos del municipio de Toribío. Como se describirá a continuación, estas iniciativas han logrado mantenerse en el tiempo y han generado beneficios para sus socios y comunidades; sus prácticas económicas responden a las costumbres y valores de los pueblos indígenas que las impulsan. Sin embargo, enfrentan dificultades para su crecimiento y reproducen muchas de las restricciones ya descritas en el apartado en que se explicaba el modelo de economía solidaria.

Un ejemplo es Nasalac, una empresa de productos lácteos creada en 1988 por el cabildo indígena de Tacueyó en el municipio de Toribío. El modelo de negocio se abastece de leche a partir de la producción de las fincas comunitarias del cabildo y de otras familias que no pertenecen a la comunidad. La empresa ha construido diversas formas de beneficiar a sus asociados, por ejemplo, cuenta con un esquema de apoyo para cubrir los gastos funerarios de familias de bajos recursos. A pesar de sus logros significativos, en 2017 todavía no contaban con una planta de procesamiento propia; realizaban los procedimientos de la fase de procesamiento en un caserío que se adecuó para dicho fin, pero que no da abasto. Además, la producción de leche de las familias asociadas y demás miembros de la comunidad no es suficiente para suplir adecuadamente las necesidades de la cadena de producción.

Otro ejemplo es la empresa piscícola Juan Tama, creada en 1998 por 30 jóvenes emprendedores de Toribío con el apoyo de la cooperación internacional y la alcaldía del municipio. La empresa busca generar energía para suplir su producción y las necesidades de la población vecina, y ha fomentado el consumo de proteína animal entre las familias de la comunidad, ya que estas mismas son proveedoras del negocio. Entre los retos que enfrenta la organización está el aumento de sus ganancias, la modernización y ampliación de la capacidad de los equipos de procesamiento y la afiliación de sus empleados a la seguridad social, de la que no gozan debido a las restricciones económicas de la empresa.

Como puede apreciarse, la actividad económica de estas empresas no está influenciada por instituciones económicas, sino por organismos de carácter más social y cultural. Por ello han generado valor para los actores del territorio donde se encuentran. Más aún: el valor generado responde a las particularidades culturales específicas de estas comunidades. Es decir, el proceso de enraizamiento de estas empresas en el territorio es robusto y se mantiene en el tiempo. Aunque las empresas responden a los valores y principios de la comunidad, enfrentan una problemática característica de los modelos de economía solidaria: tienen el gran reto de garantizar eficacia y rentabilidad económicas.

DESARROLLO Y RECONCILIACIÓN 
EN EL CASO DEL NORTE DEL CAUCA

La reconciliación no se trata únicamente de cuestiones como el perdón y las garantías de no repetición. Tampoco atañe únicamente a episodios de violencia directa, sino que también debe abarcar la violencia estructural. La reconciliación es “la condición bajo la cual los ciudadanos establecen relaciones de confianza entre sí y hacia sus instituciones (que pueden darse por primera vez o restablecerse)” (Greiff, 2006), por lo tanto, incluye la prevención de la violencia estructural, la cual se reproduce en las mediaciones institucionales o estructurales. Es decir, debe buscar enfrentar la injusticia social o las circunstancias que no satisfacen las necesidades básicas de la población (Jiménez-Bautista, 2012).

Siguiendo esta idea, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Medellín creó el Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional (ICRN), para medir estadísticamente las posibilidades de lograr la reconciliación en determinado territorio (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014). El índice cuenta con cuatro dimensiones:

La confianza: entre instituciones del Estado y comunidad, así como entre antagonistas.

La democracia: como forma de convivencia social que garantiza libertades y derechos políticos.

Derechos de las víctimas: justicia, verdad, reparación.

Territorio: economía, resolución pacífica de conflictos y seguridad. También se incluyen indicadores de pobreza, cobertura educativa, acceso a servicios de salud, tasa de alfabetismo, desempeño fiscal de los municipios y otros indicadores propios de la violencia estructural.

A partir de los enunciados anteriores, sostenemos que la superación de las problemáticas económicas de la región es necesaria para lograr la reconciliación. No es posible garantizar la no repetición del conflicto si las causas estructurales (falta de desarrollo social e insatisfacción de necesidades básicas) siguen presentes.

La superación de estas problemáticas es una tarea de las instituciones del Estado. Sin embargo, si la actividad económica de la región estuviera orientada a la búsqueda de desarrollo social, y no solamente a la persecución de fines económicos, podría crear un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y en la construcción de territorio. Esta doble orientación debe contar con la orientación del Estado y tener unas proyecciones estratégicas para lograr la mayor eficiencia posible.

Como se explicó anteriormente, cada uno de los modelos económicos presentes en la región del norte del Cauca tiene diferentes formas de enraizamiento: el modelo liberal ha generado grandes ganancias económicas y ha recibido gran apoyo del Estado, pero no ha generado valor social significativo para los habitantes de la zona; el modelo solidario se enfoca en generar valor social, pero sin producir grandes ganancias económicas. Si pudiera crearse de un vínculo entre el tejido empresarial responsable de grandes ganancias económicas y el territorio rezagado en cuanto a desarrollo social se tendría como resultado una transformación económica de inmensas dimensiones para el norte del Cauca, pues se podría lograr incluso el despegue económico de las empresas de economía solidaria y la generación más eficiente de ganancias económicas.

Como ya se ha dicho antes, no se trata de dejar el desarrollo de la región en las manos de las empresas; se trata de reconocer que estas juegan un rol poderoso en el mismo. Para lograr esta sinergia, se requiere cambiar el sistema de incentivos que reglamentan la actividad industrial. Por ejemplo, no hay políticas que promuevan una cultura de enraizamiento, de modo que tampoco se fomenta la generación de valor económico y social para los actores que conviven en el territorio. La primera razón para que ello continúe ocurriendo es que en Colombia la RSE se reglamenta a través de soft law, es decir, en caso de incumplir la norma, no hay sanción alguna. Se requieren invitaciones más llamativas para que las empresas adopten políticas de RSE (Guerrero, Rueda y Ruiz, 2013).

Además de que la RSE no es obligatoria, tampoco hay incentivos significativos para fomentar esfuerzos adicionales, con alcances territoriales y que sean el resultado de procesos de planificación y trabajo conjunto entre varias empresas o entre las empresas y el Estado. Especialmente en zonas donde hay numerosas empresas, la falta de estímulos para este tipo de estrategias provoca una falta de cultura de colaboración y responsabilidad territorial.

Si se desea gozar de los beneficios de la economía social en Colombia y en el norte del Cauca, es necesario estimular el modelo solidario mediante la creación de programas de capacitación y la promulgación de leyes que ofrezcan incentivos para la aplicación de este modelo. Se sugiere generar estímulos y subsidios para productores, avanzar en el mejoramiento de vías para el transporte de productos, realizar capacitaciones para aumentar la competitividad, entre otras. El primer punto del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano sobre desarrollo rural integral también incluye cuestiones como la formalización de la tierra, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, así como la implementación de los llamados PDET.

A propósito, el norte del Cauca es una zona beneficiada por estos planes y varios de sus municipios están incluidos en el programa de zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC). Ambos programas tienen componentes dirigidos a acelerar el crecimiento económico regional, por eso ofrecen una serie de beneficios tributarios para las empresas y las nuevas sociedades que se creen en los territorios. También incentivan la ejecución de obras que le produzcan un beneficio social al municipio bajo la modalidad de obras por impuestos (Presidencia, 2017).

En su transición a la vida civil y como parte del Acuerdo de Paz, el partido político FARC creó la iniciativa denominada economías sociales del común (ECOMUN). Su objetivo es propiciar un diálogo entre las economías comunitarias o solidarias y los grandes empresarios que están interesados en hacer parte de la construcción de paz y el desarrollo del territorio (ECOMUN, s. f.). Está por verse si hay suficiente voluntad de las empresas para participar en ECOMUN. El recién creado partido político deberá trabajar arduamente para ganarse la confianza de las comunidades, el Estado y el tejido empresarial.

CONCLUSIONES

El contexto actual es una oportunidad para que el tejido empresarial asuma un rol activo en el desarrollo social de su entorno territorial inmediato. El momento también es propicio para fomentar el crecimiento de la economía solidaria y así lograr mejorar la producción de valor social para los actores del territorio. En otras palabras, es necesario crear nuevas formas de enraizamiento y de relación entre la actividad económica y las instituciones no económicas. Todo lo anterior, con el fin de que puedan construirse dinámicas de sostenibilidad empresarial y social.

El desarrollo social es un elemento clave para alcanzar la reconciliación en el territorio. El rumbo que tome la actividad económica territorial jugará un rol clave en posibilitar la materialización de un país con sus territorios en paz y reconciliados. El posconflicto es una ventana de oportunidad única para avanzar hacia esa meta.

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CAPÍTULO 11

EMPRESA Y TERRITORIO: EL CASO DE GUIPÚZCOA

CRISTINA ITURRIOZ, LOREA NARVAIZA 
Y CRISTINA ARAGÓN139

INTRODUCCIÓN

Dos de los problemas de estudio más tradicionales de la geografía económica han sido, por un lado, el papel del espacio-lugar en la configuración de la actividad económica de un territorio y, por el otro, el impacto que tiene dicha actividad económica en el desarrollo económico territorial (Dicken y Malmberg, 2001). Desde Marshall y su concepto de los distritos industriales (1890), el rol de los territorios en la organización industrial se ha estudiado profusamente, pues contribuye a entender y debatir la forma en que se desarrollan procesos sociales de los que, a su vez, emergen formas y relaciones específicas que caracterizan y condicionan el desarrollo territorial (Harvey, 1982; Schoenberger, 2000). A pesar del énfasis económico que se pone en la definición de “territorio”, es necesario precisar que este es mucho más que un espacio donde se desarrolla determinada actividad económica; con “territorio” nos referimos a la construcción dinámica que resulta de las interacciones entre distintos actores que confluyen en el mismo (Boschma, 2005). Por lo tanto, el enraizamiento de la actividad empresarial a un territorio, conocida en inglés como firm territorial embeddness, es un concepto relevante aunque complejo, producto de la combinación única de los distintos factores presentes en un espacio territorial determinado.

Teniendo como base los anteriores planteamientos, el propósito de este capítulo es presentar una serie de pinceladas acerca de las características del tejido empresarial guipuzcoano que ofrezcan una visión panorámica del contexto económico y empresarial de este territorio; todo lo anterior, en relación con la construcción de paz y la generación de escenarios propicios para la reconciliación.

LA TRADICIÓN EMPRESARIAL GUIPUZCOANA Y LA ECONOMÍA SOCIAL

Guipúzcoa es uno de los tres territorios que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco. A pesar de su limitada extensión (1.890 km²) cuenta con una población de más de 700.000 habitantes. En cuanto a su actividad económica, su especialidad se centra en el sector metalúrgico y en la elaboración de productos metálicos, maquinaria y equipo, papel, equipo eléctrico y productos informáticos y electrónicos (Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, 2015). El tejido empresarial guipuzcoano está constituido principalmente por empresas de reducida dimensión y cuenta con un elevado porcentaje de producción originaria del sector industrial. El 97% de las empresas tienen menos de 50 empleados; de este porcentaje, más de 900 empresas industriales tienen más de 10 empleados, con un promedio de 32 empleados. El 53% de las empresas tienen una antigüedad de más de 25 años; el 48 maneja productos propios y el 54 desempeñan actividades exportadoras (Aragón e Iturrioz, 2017).

Según el Informe de Competitividad del País Vasco del 2015, si se compara a Guipúzcoa con Vizcaya y Álava140, encontramos que la primera:

[…] presenta una mayor especialización en manufacturas de mayor nivel tecnológico y en bienes de equipo. Esto también se traduce en sus exportaciones, que se caracterizan por un mayor nivel tecnológico, por concentrarse sobre todo en bienes de equipo (máquina herramienta, material ferroviario…) y por ser intensivas en diferenciación y en sectores de innovación global para mercados locales. El mayor porcentaje del empleo industrial se encuentra en el tramo de empresas grandes. Es también el territorio donde las cooperativas tienen un mayor peso relativo […] La mayor presencia de cooperativas en Guipúzcoa puede guardar relación con el alto nivel de internalización de la industria guipuzcoana y también con que una mayor proporción del gasto de innovación corresponde a actividades de I+D, sobre todo de carácter interno. […] Guipúzcoa es el territorio con mayor tendencia a la cooperación con otros agentes de I+D […], especialmente con centros tecnológicos y de investigación, siendo de los tres territorios vascos el [que tiene] mayor porcentaje de empresas innovadoras y […] de ventas innovadoras, nuevas tanto para la empresa como para el mercado (Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra).

La actividad económica guipuzcoana no es solo industrial, pero su historia económica está estrechamente ligada con la industria y con la generación de empresarios pioneros que pasaron de ser trabajadores para invertir en maquinaria y así desarrollar sus propios talleres. Con el tiempo, estos talleres se convirtieron en fábricas y fueron la base para el desarrollo de las actuales empresas guipuzcoanas. Allí surgió la figura estereotípica de empresario-trabajador guipuzcoano a la cual se le atribuyen virtudes como trabajo de calidad, espíritu de sacrificio, humildad, compromiso con la palabra dada y, cómo no, una apuesta firme por la actividad empresarial.

EL ENRAIZAMIENTO EMPRESARIAL EN EL TERRITORIO

El enraizamiento de la actividad empresarial es una tarea de todos los agentes que componen un territorio. Su objetivo último es potenciar o mantener la actividad de los inversores en el territorio, lo que implica minimizar los distintos tipos de riesgos que amenazan las tendencias constantes o positivas de inversión. Si la competitividad empresarial no se mantiene, hay riesgo de que los establecimientos empresariales cierren. Si el deseo o la capacidad de inversión de los empresarios disminuyen, hay riesgos de que las empresas se vendan. La existencia de un entorno económico favorable no es suficiente para gestionar estos riesgos: cada empresa debe fomentar el espíritu creativo, la ilusión de sus propietarios y trabajadores por tener un proyecto propio en el que aportar sus ideas y crear; debe incentivarse la motivación de ver que su proyecto funciona. El mantenimiento de este espíritu emprendedor, propio de los empresarios guipuzcoanos, debe tocar a las generaciones más jóvenes para garantizar el relevo generacional de nuevos empresarios y, por lo tanto, el futuro enraizamiento de la actividad empresarial en el territorio. Además del esmero en el funcionamiento empresarial, es necesario potenciar la aspiración de forjar un progreso responsable e inclusivo.

El reto es seguir los aprendizajes de las empresas que han sabido superar exitosamente su condición de taller; que han avanzado desde la excelencia operativa hasta llegar a la eficiencia rentable; de los asociados que ya no solamente gestionan la empresa o trabajan en ella, sino que participan en las decisiones y la distribución de su capital. El reconocimiento y acompañamiento a los empresarios del territorio es un factor clave para lograr esta transformación cualitativa, pues se ha evidenciado que las empresas toman decisiones aisladas de los demás actores y agentes que inciden en el territorio. A partir de estas acciones de cohesión social-empresarial, se espera lograr enraizar la iniciativa empresarial y, por ende, retener el poder de decisión del tejido empresarial en el territorio para consolidar su desarrollo económico y social.

Es necesario tener en cuenta que hay dos paradigmas de propiedad empresarial que predominan en el panorama guipuzcoano: la empresa familiar y el fenómeno cooperativista. En Guipúzcoa, alrededor del 70% del entramado empresarial no cooperativo es de carácter familiar. Ello quiere decir que es fruto de la consolidación de las actividades iniciadas por los emprendedores, quienes se introdujeron en el oficio de empresarios como medio de desarrollo de su familia y del entorno local. El porcentaje restante corresponde a las pymes industriales de la economía social (cooperativismo, sociedades laborales, etc.). Datos recientes revelan que cerca del 57% de las pymes industriales guipuzcoanas pertenecen mayoritariamente a sus trabajadores (Aragón e Iturrioz, 2017).

La razón para detenernos en el análisis de ambas realidades es la incidencia que estas dos tipologías de empresa tienen en el territorio. Por un lado, promueven una visión de empresa a largo plazo que demuestra su vocación de permanencia en el territorio y de vinculación con el mismo. Por otro lado, el beneficio social que aportan al territorio las hace actores relevantes en la promoción del empleo y la construcción de vínculos con distintos agentes del entorno orientados al compromiso social. Según el estudio ya citado, el impacto que este conjunto de empresas tiene en el territorio se evidencia en que el 42% de las compras y el 37% de las ventas de las pymes industriales guipuzcoanas se realizan entre empresas del propio territorio.

LA EMPRESA FAMILIAR: IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPALES RETOS

La empresa familiar es aquella gobernada o dirigida predominantemente por miembros de la misma familia, quienes le dan forma a la visión del negocio y lo proyectan de manera que sea potencialmente sostenible para futuras generaciones familiares (Chua, Chrisman y Sharma, 1999). Debido a la interacción familia-negocio, la idiosincrasia de la empresa familiar se caracteriza por la voluntad de permanecer en el largo plazo y por la vinculación de la familia con los grupos de interés más cercanos al negocio. Estos dos rasgos le otorgan un valor diferencial en el desarrollo sostenible del territorio frente a otro tipo de empresas (Aronoff y Ward, 1992; Salvato y Melin, 2008; Stavrou et al., 2007).

Como ya se ha sugerido, distintos estudios dejan ver en la empresa familiar una realidad relevante en el conjunto de la economía, con un peso superior al 70% del entramado industrial guipuzcoano. En general, este tipo de empresas cuenta con una trayectoria que llega mayoritariamente hasta la segunda generación familiar. Como es de esperarse, su capital es fundamentalmente familiar: la propiedad de la empresa y su gestión también está en manos de la familia. En más del 80% de los casos, su capital está concentrado en menos de cinco miembros de la familia pertenecientes a la misma generación y está dirigida por un miembro de la familia. También hay casos de empresas familiares longevas (Aragón e Iturrioz, 2016) que han sabido enraizarse en el territorio, implicándose en iniciativas tanto a nivel social (trabajadores y comunidad) como medioambiental.

Los estudios de Stavrou et al. (2007) y Block (2010) evidencian que incluso en tiempos de crisis, las empresas familiares conservan más o menos estable su capacidad de emplear en comparación con las empresas no familiares, que se ven más afectadas. Esta prevalencia de empleo sobre rentabilidad empresarial radica en la diversidad de objetivos y los grupos de interés presentes en la empresa familiar; también se debe a la existencia de un “capital paciente” en este tipo de empresas y a la perspectiva de largo plazo de los propietarios familiares, no necesariamente presente en las empresas no familiares (Gallo y Vilaseca, 1996; Miller y Le Breton-Miller, 2006; McConaughy y Phillips, 1999; Sirmon y Hitt, 2003). Todo ello favorece los comportamientos socialmente responsables o de foco ético, como, por ejemplo, tener mayor consideración y cuidado por los grupos de interés, cuidar la reputación familiar y velar por el bienestar de la comunidad local. Este conjunto de atributos puede considerarse una fuente de ventajas competitivas (Sorenson et al., 2009; O’Boyle et al., 2010).

La empresa familiar también se enfrenta a dificultades propias de su naturaleza, especialmente causadas por la necesidad de conciliar y alinear tres realidades diferentes: el negocio, la familia y la propiedad (Tagiuri y Davis, 1982). Dyer (1986) afirmaba que de cada cien empresas familiares que se acercan a la segunda generación, solo 30 sobreviven, y de estas únicamente 15 continúan activas en la tercera generación. Esto ocurre porque a las presiones habituales del mercado hay que sumar las dificultades derivadas de la naturaleza familiar del negocio, que son la principal causa de su debilidad (Lansberg, 1988; Ward, 1987; Ward, 2004). Entre los principales causantes de las altas tasas de mortalidad de la empresa familiar se destacan los siguientes riesgos: problemas de sucesión, discrepancias entre accionistas familiares respecto a políticas de inversiones y reparto de dividendos, deseo de mantener el control y limitación de recursos financieros y gerenciales.

En el caso de Guipúzcoa y pese a los riesgos ya mencionados, el estudio citado de Aragón e Iturrioz (2017) muestra que las empresas familiares tienen un alto nivel de enraizamiento al territorio. En términos generales, las pymes guipuzcoanas tienen interés en mantener su sede social en Guipúzcoa (7,3 puntos sobre un máximo de 10) y aproximadamente una cuarta parte de ellas le otorga la máxima importancia a este factor (10 puntos). Este porcentaje es mayor en las empresas familiares (27%) que en las no familiares (21%).

En muchos casos, la empresa familiar enraizada actúa desde una propiedad responsable. Este tipo de propiedad surge del término “compromiso de los propietarios”, que se define como el grado de apego emocional, involucramiento e identificación que el grupo de dueños siente con la empresa de su propiedad (Vilaseca, 2002). De acuerdo con Uhlaner et al. (2007), la propiedad responsable o responsible ownership se expresa en una serie de comportamientos o actos que sirven al bienestar colectivo de los dueños y de la sociedad. En el caso de la empresa familiar, la familia, la empresa y la propiedad conviven y, por tanto, el concepto de propiedad responsable está sin duda vinculado a la sostenibilidad de empresa y a su impacto en el territorio. Las empresas familiares de cierta trayectoria y dimensión, por lo general, cuentan con un código de gobierno familiar que contempla cuestiones clave para el cuidado de la familia empresaria y por ende de la empresa familiar. Algunas de ellas son:

La generación de foros de encuentro de la familia empresaria para establecer su gobierno y las pautas que deben seguir los miembros de la empresa.

La adaptación del espíritu de los códigos de buen gobierno a la realidad de la empresa familiar, delimitando los derechos y obligaciones personales y empresariales y distinguiendo los espacios de la familia y de la empresa.

Un apartado relativo a la sucesión en la dirección y en el gobierno como proceso específico de las empresas familiares.

Un conjunto de recomendaciones sobre la elaboración de protocolos familiares.

El mantenimiento de la orientación emprendedora de los miembros de la familia de generaciones siguientes.

En definitiva, el objetivo de este código de gobierno familiar es ayudar al negocio familiar a desarrollar una serie de capacidades ligadas a la propiedad que contribuyan a su sostenibilidad. Esta sostenibilidad abarca el compromiso con la sociedad y con sus agentes, y contribuye a la generación de riqueza y bienestar del territorio.

En conclusión, dado el impacto económico y social de las empresas familiares en los territorios donde se ubican, resulta necesario cuidar su nivel de enraizamiento y considerar los riesgos que acechan el mantenimiento y retención del capital familiar. Ello es una cuestión relevante para los agentes responsables del desarrollo sostenible de los territorios y, por lo tanto, debe orientar el desarrollo de políticas que faciliten entornos amigables para este tipo de empresas.

LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: EL COOPERATIVISMO Y OTRAS FORMAS 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS

Según el texto de la legislación europea, economía social es el conjunto de actividades económicas y empresariales llevadas a cabo por instituciones que siguen los siguientes principios cooperativos: primacía de las personas y del objetivo social sobre el capital; distribución social e igualitaria de los resultados de la actividad; independencia; solidaridad interna y con la comunidad local. Las actividades de estas empresas persiguen el bien general de la sociedad, tanto en su sentido económico como en su significado social. Las distintas modalidades de economía social son respuestas de la sociedad civil a los problemas que no han tenido respuestas adecuadas ni de la Administración pública ni de las empresas convencionales (Chaves y Monzón, 2018).

La denominada “economía social” agrupa a distintos tipos de organizaciones: cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, sociedades laborales, empresas de inserción laboral o centros especiales de empleo; asociaciones de primer sector, fundaciones con objetivo social, entre otras. Todas estas organizaciones buscan un equilibrio entre los resultados sociales y los económicos. Su éxito no se mide solamente en términos económicos, sino en función de la consecución de sus objetivos sociales, contribuyendo a la solidaridad, la cohesión social y el desarrollo territorial. Aunque el papel de la economía social ha sido relevante, su reconocimiento ha tardado en llegar. Esta falta de visibilidad se debe en parte a la escasez de datos sobre la magnitud del sector y sobre las características de las organizaciones que lo conforman (European Commission, 2015).

El fenómeno cooperativo tiene una gran relevancia a nivel mundial. Según cifras recientes del World Cooperative Monitor, el conjunto de las 300 mayores cooperativas en el mundo equivalen a la séptima mayor economía nacional y aproximadamente 250 millones de personas están empleadas u obtienen rendimientos gracias a las cooperativas. El caso del País Vasco es paradigmático, ya que cerca del 20% de los empleados que trabajan en cooperativas en España lo hacen en cooperativas ubicadas en el País Vasco. Debido a sus raíces totalmente vinculadas al territorio y a la comunidad en la que se insertan, el movimiento cooperativo en Guipúzcoa tiene una destacada relevancia en el desarrollo local y contribuye significativamente a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y a la creación de empleo estable.

Un ejemplo insoslayable de la economía social se encuentra en territorio guipuzcoano: el Grupo Mondragón, uno de los grupos de cooperativas más grandes del mundo. Este grupo empresarial nació en 1956 y se creó a partir un proceso asociativo de cooperativas locales que decidieron agruparse para sumar fuerzas. El grupo se regula combinando altos niveles de descentralización con una serie de reglas y compromisos que todos los asociados deben respetar. El Grupo Mondragón ha operado de forma competitiva en mercados nacionales e internacionales basado en los principios cooperativos, y abarca distintos sectores de actividad.

Organizativamente hablando, cada una de las cooperativas conserva su autonomía e independencia, pero el grupo está gobernado por la Asamblea General de Socios Trabajadores. Actualmente, el Grupo Mondragón está organizado en distintos niveles: el nivel corporativo, donde se sitúa la Presidencia del grupo y el Consejo General, que está a cargo de liderar la evolución estratégica del grupo y apoya a las pequeñas y medianas cooperativas para que puedan competir en el mercado global. También están las áreas de actividad (industrial, distribución, finanzas y conocimiento); las divisiones industriales y finalmente, las cooperativas y unidades de negocio de cada una de ellas. Todos ellos operan de forma independiente guiadas por la estrategia general, es decir, actuando de acuerdo con los objetivos estratégicos fijados por el Consejo General, que es el responsable de alinear y coordinar las estrategias y objetivos corporativos a lo largo del grupo. Como resultado de su evolución, hoy el Grupo Mondragón detenta la décima posición en el ranking de las mayores empresas españolas, alcanzando así un perfil global. Cuenta con nueve oficinas corporativas internacionales, 105 plantas y oficinas comerciales en el extranjero y más de 14.000 empleados en subsidiarias y oficinas internacionales.

Sin embargo, el caso del Grupo Mondragón no es único y en Guipúzcoa existe una amplia variedad de iniciativas de economía social (fundaciones, sociedades sin ánimo de lucro, etc.). También hay varias asociaciones, como el Consejo de Gobierno de las Cooperativas Vascas (1983), la Federación de Cooperativas Agrarias (1989), la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (1992), la Asociación de Sociedades Laborales (1992), la Federación de las Cooperativas de Transportistas del País Vasco (1992), Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa (KONFEKOOP) (1996); Elkar-Lan (2002) y Euskadiko Kooperatiben Federazioa (ERKIDE) (2007). Hay también varias redes de empresas basadas en valores, denominadas por la literatura values based networks (Breuer y Ludeke-Freund, 2017) en la que situaríamos, entre otros, al Grupo NER (2010). Este nuevo referente ofrece una nueva perspectiva teórica que plantea que la colaboración basada en valores puede promover modelos de negocio que avancen hacia la innovación sostenible.

A pesar de la importante presencia de estas organizaciones que favorecen el fortalecimiento y enraizamiento de la economía social, también conviene revisar los riesgos que conducen a la degeneración del carácter social de estas organizaciones. Según Aragón et al. (2017) esta degeneración ocurre particularmente en épocas de crisis, cuando el endurecimiento de las condiciones del mercado puede poner en jaque los principios sociales y solidarios, desnaturalizando la esencia de estas entidades (Narvaiza et al., 2017). Si esto sucede, puede ocasionar la disminución de la iniciativa emprendedora en el territorio, e incluso su pérdida total. Asimismo, promover la competitividad entre los modelos asociativos requiere de un trabajo en red con la participación fundamental de intermediarios facilitadores de dinámicas, que favorezcan la creación y el fortalecimiento del capital social (Iturrioz et al., 2014).

Para terminar, es necesario señalar que la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa es una de las opciones que más están apoyando las instituciones. Se considera que a través de esta medida se obtiene un mejor arraigo de las actividades empresariales en el territorio y se logra de manera óptima el equilibrio económico-social que una empresa de estas características persigue. Además de este esfuerzo institucional, las propias pymes ven posible esta transición, máxime en los casos en que la continuidad de la actividad económica se ve amenazada. En términos generales, según los datos del estudio de Aragón e Iturrioz (2017), la mayoría de las pymes industriales consideran factible la continuidad de la empresa mediante la transmisión de la propiedad total o parcial a los trabajadores o directivos de la empresa.

LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA COOPERACIÓN: 
EL CASO DE LAS POLÍTICAS CLÚSTER Y LAS AGENCIAS 
DE DESARROLLO COMARCAL

El caso del País Vasco, y particularmente el de Guipúzcoa, nos permite aproximarnos a la realidad de un territorio donde la capacidad de las diputaciones forales ha permitido el desarrollo de políticas de apoyo a la empresa, así como de iniciativas de innovación en la gobernanza de políticas públicas. Las instituciones y los diversos actores territoriales han podido sentarse en una mesa y compartir sus visiones sobre el devenir territorial a través de las políticas públicas (Aranguren et al., 2010).

En términos generales, la participación de las pymes en las redes de cooperación les permite adquirir recursos complementarios, lo cual mejora su capacidad de competir en mercados más amplios (Lee et al., 2010). Pese a que la flexibilidad y especialización de las pymes constituyen factores que promueven y posibilitan la innovación empresarial, estos por lo general compiten con factores negativos como la limitación de recursos disponibles, que restringe su capacidad innovadora (Nieto y Santamaría, 2010) y les obliga a enfocarse en iniciativas innovadoras de pequeña escala ligadas a productos y servicios específicos en vez de desarrollar líneas de innovación estratégicas (Vossen, 1998; Acs y Audretsch, 1990); también se les dificulta la gestión del proceso completo de innovación por ellas mismas. Ante estas dificultades, la única alternativa para aprender y practicar la innovación es colaborar con otros agentes (Edwards, Delbridge y Munday, 2005). En definitiva, la participación de pymes en redes (Knoke y Kukliski, 1983) puede ser un modelo adecuado (Lee et al., 2010), especialmente cuando se trata de redes de cooperación sostenibles, pues con el diseño y la gestión adecuadas ofrecen claros beneficios para la mejora de la competitividad de las pymes (Inkpen y Tsang, 2005).

CAPITAL SOCIAL: EL CALDO DE CULTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO 
DE REDES DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN

El concepto de capital social no tiene una definición unánimemente aceptada (Dolfsma y Dannreuther, 2003). Muchos autores se basan en las definiciones de Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putnam (1993), los precursores del capital social como noción. La definición de Putnam es una de la más reconocidas en el ámbito académico. Según este autor, el capital social se refiere a las características “de la organización social tales como la confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada y la cooperación para el beneficio mutuo” (Putnam, 1993: 67).

En esta definición, Putnam (1993) plantea que el capital social es el resultado de las interacciones de confianza entre los individuos, pero siempre con base en un conjunto de normas de conducta que permiten la interrelación y la colaboración entre dichos sujetos para conseguir un beneficio mutuo. Esta afirmación es la base de la teoría del capital social, que defiende la importancia de la interacción entre individuos como una forma de generar recursos que posibilitan la cohesión y fortaleza de las propias redes para así conseguir el objetivo propuesto por todas las partes (Bourdieu, 1986; Nahapiet y Ghoshal, 1998). El capital social es “la suma de los recursos actuales y potenciales inmersos en, disponibles a través de y derivados de la red de relaciones de un individuo o unidad social” (Nahapiet y Ghoshal, 1998: 243). En esta definición se aprecian los principales componentes del capital social, como son la confianza mutua, las normas reguladoras y las redes sociales (Coleman, 1988 y 1990; Burt, 1992; Putnam, 1993; Streeten, 2002 y Spence et al., 2003) que se corresponden, siguiendo a Nahapiet y Goshal (1998), con las tres dimensiones del capital social: la cognitiva, construida a partir de la confianza mutua, esencial para la creación de relaciones y la acción colectiva (Cooke et al., 2005); la estructural, que integra las normas que se establecen en una red, base de las actividades sociales y de la resolución de problemas (Streeten, 2002), y la relacional o de reciprocidad, básica para la sostenibilidad en la cooperación entre distintos agentes. Los elementos del capital social no son independientes, sino que tienden a reforzarse entre sí, con lo que se establece un círculo virtuoso que produce equilibrios sociales con altos niveles de cooperación (Putnam, 2000) o viceversa. En el ámbito empresarial, este tipo de capital es un recurso potente de ventaja competitiva para las empresas (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Adler y Kwon, 2002; Spence et al., 2003), ya que recoge la singularidad del ser humano, sus capacidades y relaciones (Woolcock y Narayan, 2000; Sánchez y Pena, 2005).

El capital social es particularmente importante para las pymes (Habisch et al., 2001; Spence y Schmidpeter, 2003; Spence et al., 2003), pues pueden valerse de dichas relaciones de confianza para cooperar con diferentesagentes y alcanzar objetivos comunes. La teoría del capital social propone que con base en las relaciones de confianza sostenidas entre agentes se puede evaluar su nivel de actuación responsable. Varios estudios consideran que el capital social es una fuente de ventajas competitivas, pues reduce los costos de agencia, facilita los flujos de información, mejora la creatividad (Cibrián, 2010) y facilita el funcionamiento eficiente de las redes de cooperación.

LAS POLÍTICAS CLÚSTER Y LAS AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL

La utilización de los clústeres, en su sentido más amplio, como instrumento de política económica no se ha extendido solo a Europa occidental y Norteamérica, sino también a países menos desarrollados. Las políticas clúster han sido promovidas por organizaciones internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés). La visibilización de este modelo ha propiciado que las regiones interesadas en impulsar el desarrollo de clústeres se asocien, como en el caso de los institutos de competitividad y los clubes franceses e italianos de los distritos industriales (Iturrioz et al., 2013).

Las políticas soft y de clúster han cobrado una creciente importancia para la competitividad territorial. En respuesta a ello, la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsó el diseño y la creación de una política industrial de clúster a principios de los años noventa. Esta iniciativa coincidió con la puesta en marcha del Programa de Competitividad del Gobierno Vasco. Desde entonces, los principales sectores industriales vascos han ido creando las asociaciones clúster. La mayoría de las veces, la base ha sido una agrupación de asociaciones sectoriales ya establecida que, gradualmente, se ha convertido en agente promotor de la cooperación entre empresas y distintos sujetos a lo largo de las cadenas de valor relacionadas. La política de clústeres del Gobierno Vasco, junto con otros instrumentos de apoyo específico a la innovación, ha sido una de las características propias de la política industrial vasca para apoyar la cooperación y la innovación en las empresas.

Pero ¿a qué nos referimos con el término “clúster”? Este concepto también se utiliza para referirse a fenómenos tales como las redes de trabajo (networks) o los sistemas sectoriales de innovación, que no implican necesariamente la idea de concentración geográfica de la actividad. En el País Vasco se ha adoptado la definición de Porter (1998), un pionero en la revitalización de este término. Este autor optó por una interpretación omnicomprensiva de este fenómeno y define un clúster como “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas”.

Las dimensiones de acción más habituales de una política clúster comprenden:

La provisión de ciertos bienes públicos que el mercado no provee adecuadamente tales como formación, infraestructuras e investigación, especialmente adaptados a cada clúster.

El apoyo a la cooperación y al funcionamiento en red de sus miembros.

La construcción de una comunidad de cooperación.

El apoyo para cubrir las debilidades o desequilibrios que pudieran existir en algunas áreas o actividades del clúster (Aranguren et al., 2006).

En el País Vasco, las asociaciones clúster asumen estas funciones y, por tanto, son agentes dinamizadores de las empresas pertenecientes al clúster y de la materialización misma de la política de clúster. La misión de este tipo de instrumentos de política es la mejora de la competitividad a través de los retos estratégicos en cooperación. Para alcanzar este objetivo, ejecutan diversas acciones tendientes a la creación de grupos de cooperación. Desde el año 2000, el Gobierno Vasco ha ampliado el seguimiento a la financiación otorgada a las asociaciones clúster: las entidades beneficiarias están obligadas a elaborar planes de acción anuales que incluyen, entre otros aspectos, una memoria con el análisis de situación del clúster y la descripción de los objetivos y las actuaciones que han de realizar, junto con un calendario, presupuesto, financiación e indicadores que permitan el análisis y evaluación posteriores. A partir de 2001 se empezó a exigir la formulación de planes estratégicos de la asociación a tres o cuatro años, que contemplen como mínimo las áreas de internacionalización, tecnología y calidad (Iturrioz et al., 2013).

Tras décadas de funcionamiento, esta política de ámbito regional se ha consolidado sobre todo en el territorio guipuzcoano. Su gran tradición industrial ha favorecido el surgimiento de asociaciones de clústeres de gran relevancia, como, por ejemplo, la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM); la Asociación Clúster del Papel de Euskadi (ACP) y la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco (GAIA). También se destaca la importancia que han tenido las actividades de las agencias de desarrollo comarcal en el territorio, pues cuentan con un potencial superior al de otros instrumentos para llegar a los agentes económicos implicados en los distintos procesos productivos e integrarse con las demás políticas de apoyo a la cooperación.

Cabe señalar que, paralelamente a la política clúster, las Agencias de Desarrollo Comarcal también han evolucionado sustancialmente. Empezaron a constituirse en Comunidad Autónoma del País Vasco a finales de los años ochenta como una respuesta de las autoridades locales a los altos niveles de desempleo. Su papel era fungir como intermediarias entre las empresas y la fuerza de trabajo de sus áreas de influencia. Desde sus inicios tuvieron perspectiva de territorio, por lo que se crearon para funcionar en unidades territoriales con procesos productivos comunes y grupos sociales con fuertes vínculos e interdependencia (Iturrioz et al., 2006). En el caso guipuzcoano, las agencias fueron la herramienta de trabajo de varios ayuntamientos que lograron cohesionar relaciones en ámbitos territoriales superiores al de un solo municipio. Actualmente, las agencias comarcales actúan en los territorios con marcada especialización industrial y con menor influencia polarizadora de las capitales de provincia. También es importante destacar el papel de la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (GARAPEN), creada en 1993 ante la necesidad de colaborar y de coordinar con las agencias, sin perder la autonomía ni la potestad de desarrollar su actividad en zonas geográficamente diferenciadas. El trabajo sinérgico entre las agencias y GARAPEN lo dio la oportunidad a esta última de integrarse en otras redes nacionales e internacionales.

Esta estructura, aparentemente simple, reafirma que la tarea más importante de las políticas públicas es la de crear las condiciones para estimular la capacidad de cooperación y, por qué no, de aprendizaje y generación de proyectos compartidos por las empresas. Dicho aprendizaje es un proceso predominantemente interactivo y socialmente arraigado en un contexto institucional y cultural (Iturrioz et al., 2006).

En conclusión, las redes presentadas buscan aumentar el capital social para así crear el caldo de cultivo que facilite el establecimiento de vínculos valiosos que promuevan la cooperación entre las empresas que participan en las mismas. Esta tarea puede desarrollarse al nivel de la cadena de valor en el caso de las asociaciones clústeres o también a nivel comarcal en el caso de las agencias de desarrollo local. En este proceso, desarrollado a menudo de forma bottom-up (o de abajo arriba), cierto nivel de institucionalización facilita que la red sea más eficaz y alcance los resultados de competitividad a los que aspira (Parrilli et al., 2019).

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Y LAS DINÁMICAS 
DE RECONCILIACIÓN: ALGUNAS REFLEXIONES

En tiempos convulsos, cuando la violencia azota a un territorio y a sus agentes empresariales y sociales, un abanico amplio de impactos tanto directos como indirectos afectan las actividades empresariales, las relaciones entre los agentes sociales, políticos y económicos, y la esfera personal de cada uno de estos agentes. Ello condiciona negativamente sus comportamientos y decisiones. Entre los pocos estudios que analizan los impactos económicos y empresariales que se derivan de la violencia, cabe destacar el de Rose (2009), que presenta un marco integral para el análisis y la medición de los impactos económicos totales causados por eventos extremos, como la violencia terrorista. En este marco emerge con fuerza el concepto de resiliencia, que se refiere a la manera en que la economía y los agentes que la conforman logran seguir funcionando pese a la violencia; también incluye los vínculos sistémicos entre elementos y agentes, que pueden aminorar el impacto de los actos violentos y amplificar las redes de expansión y fortalecimiento.

En este sentido, cabría esperar que la resiliencia de la actividad empresarial y económica generara impactos que de alguna forma aminoraran la ruptura de las relaciones territoriales que todo fenómeno terrorista entraña. Tal y como se ha presentado anteriormente, en el País Vasco, tanto el empresariado familiar como la empresa cooperativa, vinculados e identificados estrechamente al territorio, promueven desde su esencia ese enraizamiento territorial, esa visión a largo plazo de generación de riqueza con vocación de permanencia basados en su compromiso con el empleo y con el desarrollo social del territorio. Así, contribuyen a la construcción de una sociedad y un tejido empresarial resiliente frente a la violencia.

Desde luego, la reconciliación no depende en última instancia de todo ello, sino que es fruto de un largo y complejo proceso multidimensional. Sin embargo, en este proceso, una tupida red de relaciones económicas en un territorio puede contribuir a estructurar un contexto facilitador de las dinámicas de reconciliación orientadas a construir el escenario de posconflicto.

Más concretamente, un entorno de desarrollo económico y social donde la cooperación y los intangibles son clave puede facilitar la identificación de las interdependencias que existen entre el bienestar de los unos y los otros, el reconocimiento de las oportunidades de avance en el diálogo y la persistencia para tratar de reconciliar y unificar en torno a objetivos económicos y sociales de aspiración común a una sociedad convulsa. En distintos momentos del proceso de reconciliación, el desarrollo económico y social equilibrado, o lo que es lo mismo, la mejora del territorio y de las condiciones de vida de los integrantes del mismo, se configura como caldo de cultivo para promover acercamientos que permitan encuentros y cooperación entre distintos, donde se manifieste una voluntad compartida de superar el conflicto y de dar pasos adelante hacia la reconciliación.

CONCLUSIONES

Dos líneas han dominado la panorámica del tejido empresarial guipuzcoano que aporta este capítulo. Por un lado, la existencia de un tejido empresarial enraizado en el territorio con una propiedad comprometida y responsable. Y, por otro, el incentivo del reto de la cooperación e innovación a través de dinámicas locales, sectoriales o promovidas por políticas públicas de cooperación e innovación.

En cuanto al primero, hemos visto que son dos los paradigmas de propiedad empresarial dominantes dentro del panorama empresarial guipuzcoano (la empresa familiar y las cooperativas) y en ambos, entre otros aspectos, hemos destacado la vinculación de ambos tipos de empresa con el territorio. Tanto la visión a largo plazo y de vocación de continuidad como el beneficio social que aportan a la comunidad en la que se ubican justifican en ambos modelos de propiedad su relevancia para el desarrollo de la economía guipuzcoana.

En segundo lugar, el reto de la cooperación entre empresas, así como de estas con otros agentes (universidades y centros de formación profesional, centros tecnológicos y otras instituciones promotoras de innovación) ha permitido al tejido empresarial guipuzcoano mejorar la adquisición de recursos complementarios que promuevan su capacidad innovadora, pese a que quedan, sin duda, muchos retos aún por resolver. Entre estos últimos cabe destacar las múltiples limitaciones a las que las pequeñas empresas se enfrentan al momento de poner en marcha estrategias de innovación, ya que precisamente las empresas de menor dimensión son las que más necesitan de la cooperación para innovar y las que, al mismo tiempo, tienen mayores dificultades para asumir dinámicas de cooperación, puesto que para ello se requieren recursos y holguras de las que la pequeña empresa no dispone generalmente. En definitiva, los distintos modelos de cooperación sectoriales y locales, apoyados en muchos casos por políticas públicas, han ofrecido una solución para la mejora de la competitividad de las pymes guipuzcoanas.

Todas y cada una de las crisis sufridas en el territorio han exigido profundas y decididas reestructuraciones del tejido productivo, lo que a su vez ha tenido importantes consecuencias sociales. Indudablemente, todos esos episodios nos han enseñado que más allá de las políticas económicas e industriales que se pongan en marcha, son los recursos y capacidades de los agentes del territorio, instituciones públicas, organizaciones privadas y empresas, así como la parte social de estas, los recursos fundamentales para reconstruir la riqueza económica y social perdida. Es ahí donde está el reto: tanto en coyunturas de bienestar como de crisis se debe tratar de mantener una cultura institucional, un capital humano y un tejido productivo responsables y comprometidos con el territorio y su desarrollo económico y social.

Como conclusión, cabe señalar que Guipúzcoa se destaca por haber logrado un estado de equilibrio entre el desarrollo económico y el social, lo que ha permitido el desarrollo armónico del territorio; sin embargo, la sostenibilidad de este equilibrio económico-social dependerá en gran parte de las personas y del mantenimiento de una visión de territorio sólidamente enraizada en valores de paz y reconciliación.

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A MODO DE CONCLUSIÓN

Los dos casos presentados tratan diferentes formas de enraizamiento del tejido empresarial en distintos territorios. En Guipúzcoa se destacan las microempresas antiguas, que vienen de emprendedores y son negocios familiares, estas características les han garantizado continuidad y una reputación donde prevalece la ética y el compromiso con sus agentes. El cooperativismo, alimentado también por la política económica del Estado, consigue un beneficio social. La cooperación entre empresas en redes y clústers se ve facilitada por el apoyo de la política estatal y el capital social acumulado.

Por otro lado, en el norte del Cauca hay una serie de empresas cuya instalación en el territorio fue estimulada por la ley Páez, una serie de beneficios tributarios para fomentar la inversión en la zona tras la catástrofe de un desastre natural. El resultado de esta política permite apreciar el crecimiento económico del departamento, pero este no ha generado desarrollo social en el mismo nivel, identificándose una desconexión entre las empresas y los procesos sociales del territorio. Hay varios ejemplos de iniciativas comunitarias que buscan el desarrollo económico desde el mismo territorio, pero por los desafíos que se enfrentan, se han visto limitadas en su capacidad de crecimiento.

Tras haber examinado estos casos, pueden afirmarse que los siguientes elementos son clave para explicar cada proceso.

En cuanto a la llegada de las empresas al territorio, el tejido empresarial de Guipúzcoa responde a un proceso configurado a través de generaciones. Su carácter familiar y antigüedad le otorga un valioso capital social que a la vez se transforma en una ventaja competitiva. Mientras que, en el norte del Cauca, el contexto ha sido marcado por conflictos, condiciones de pobreza y un acceso deficiente a servicios públicos y sociales por parte de la población. En este escenario, tras la ley que siguió a la avalancha del río Páez, la llegada del tejido empresarial puede caracterizarse como abrupta, al ser comparada con el proceso desarrollado en Guipúzcoa, y que carece de una perspectiva integrada del desarrollo del territorio.

Luego, al respecto de la política económica, en ambos casos esta pretende estimular la consolidación y el fortalecimiento del tejido empresarial; sin embargo, es evidente que se trata de diferentes estrategias. Los estímulos para la cooperación entre empresas que facilitem la creación de redes y que permitan la innovación y el apoyo a los principios cooperativos son elementos identificados en el caso de Guipúzcoa, y que no se encuentran en la política económica colombiana para el norte del Cauca, ni en sus resultados alcanzados hasta ahora. La falta políticas más estrictas para garantizar la búsqueda de un objetivo social por parte del tejido empresarial ha tenido como resultado un crecimiento económico del sector que no ha venido acompañado de desarrollo social.

Finalmente, y en estrecha relación con los anteriores elementos, vale resaltar las instituciones sociales con las que se asociaron las empresas. En Guipúzcoa, valores como el trabajo duro, la humildad y el sacrificio, al originarse las empresas en emprendedores, otorgan una ventaja competitiva a los negocios. Otro elemento a considerar es el beneficio social que brinda la empresa familiar y el cooperativismo. Esta búsqueda de objetivos sociales que acompaña la de ganancia económica también creó una fuerte relación entre las mencionadas instituciones y el tejido empresarial. Como se menciona anteriormente, se trata de una visión del territorio basada en valores, compartida por los actores en la actividad económica y cuyo papel juega un rol fundamental en la perpetuación de dichos valores.

Por su parte, en el norte del departamento del Cauca el entrelazamiento de estas empresas con las instituciones sociales del territorio se dificulta entre otras razones por la diversidad cultural del mismo. Tradiciones como la economía familiar o la cosmovisión indígena de la relación con la madre tierra difícilmente son compatibles con la actividad económica industrial o agroindustrial. En última instancia, no existe una visión compartida del territorio entre los habitantes y el tejido empresarial, lo que genera conflictos entre los diferentes valores y perspectivas de desarrollo. Eso se contrasta con la experiencia de las iniciativas comunitarias que buscan entablar procesos conectado con la lógica y valores de las comunidades, pero que sufren varios retos frente a capital e infraestructura que limita su capacidad crecimiento.

La exposición de los anteriores casos permite examinar la forma en que la actividad económica está inmersa en un contexto social dentro del cual esta es a la vez un agente transformador. El contraste del enraizamiento entre las empresas de Guipúzcoa y las del norte del Cauca deja en claro los retos que enfrenta cada sistema para lograr su permanencia y a la vez aportar a la sostenibilidad social del territorio. Particularmente frente a la necesidad, en el caso colombiano, de enfrentar los altos índices de desigualdad, que generan dificultades en la convivencia en el territorio y pueden frustrar el proceso de reconciliación.

CONCLUSIÓN

AVANCES Y DESAFÍOS PARA LOS PROCESOS DE RECONCILIACIÓN 
EN COLOMBIA Y EUSKADI

FELIX ARRIETA Y GRACE BOFFEY

Como señalamos al inicio de este texto, la reconciliación puede ser vista como un objetivo ideal inalcanzable. En la práctica, las sociedades se acercan a ella a través de procesos imperfectos que buscan restaurar parte de las relaciones sociales afectadas. Por lo anterior, este libro busca dar cuenta de algunas de las iniciativas desde diferentes enfoques que tienen como propósito la generación de condiciones favorables para la reconciliación en Colombia y Euskadi.

El análisis de las iniciativas parte desde el marco teórico de la reconciliación que nos ofrece Xabier Etxeberria, quien nos resalta la importancia de distinguir entre procesos de reconciliación entre individuos que se centran principalmente en la esfera privada y procesos colectivos situados en la esfera pública que apuntan a la reconstrucción de las relaciones sociales. Es desde este segundo enfoque, que Etxeberria llama la reconciliación cívica, que los autores de los diferentes apartados del libro examinan propuestas y experiencias en pro de la reconciliación. Todo ello entendiendo que las pautas específicas de reconciliación en cada contexto serán diferentes debido tanto a las disímiles experiencias de conflicto vividas en cada ámbito como a las variaciones de los contextos culturales.

Etxeberria identifica en su exposición sobre la reconciliación varios elementos como constitutivos de la reconciliación cívica, los cuales nos pueden permitir evaluar desde las propuesta e iniciativas examinadas en este libro cómo se ha avanzado en el proceso de reconciliación en ambos contextos, y las áreas donde hay necesidad de atención. Los elementos que identifica Etxeberria se dividen en siete componentes, que tienen evidentes conexiones entre sí: verdad como fundamento de la reconciliación, asimetría entre víctimas y victimarios, reconciliación memorial, justicia y reconciliación, perdón y reconciliación, reconciliación emocional y acuerdo de la reconciliación. Vamos entonces a analizar las iniciativas presentadas en este libro, en un primer momento frente a cómo han posicionado a víctimas y victimarios, luego desde sus apuestas a la verdad, justicia, perdón, memoria y reconciliación emocional. Finalmente, se buscará cómo concebir un acuerdo sobre la reconciliación en ambos contextos.

Cuando hablamos de la asimetría, según el marco que nos ofrece Etxeberria, debemos ver un diálogo entre víctimas y victimarios que reconoce, por un lado, los derechos de las víctimas, y por el otro, la obligación del victimario a reconocer su responsabilidad en el daño causado. Parte importante de esto es el reconocimiento, la reparación y la restauración, tanto de la víctima como del victimario. Eso se ve reflejado en el diseño del SIVJRNR en el contexto del proceso de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano, que declara que las víctimas son el centro del acuerdo. Como se evidencia en el apartado sobre el SIVJRNR, el sistema escala la severidad del castigo a los perpetradores en función del reconocimiento de responsabilidad para graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra. Sin embargo, en la práctica la asimetría entre víctimas y victimarios se ve puesta en riesgo por algunas de las razones expuestas en el anterior mencionado capítulo, como la oposición del Gobierno Duque a los varios mecanismos del sistema, cortes presupuestarios que limitarán el alcance de estas entidades a actuar en las regiones, y, por lo tanto, su capacidad de interactuar con víctimas que viven en la periferia colombiana.

En el caso de Euskadi, las iniciativas que hemos visto a lo largo de este libro parecen responder a estas pautas de asimetría. El primer ejemplo son los encuentros entre víctimas y miembros de ETA presos por delitos de terrorismo, llevadas a cabo en la cárcel Nanclares de la Oca. El proceso, como se explica en el apartado sobre la justicia restaurativa en el País Vasco, involucró una preparación psicológica previa, tanto de las víctimas como de los victimarios, para asegurar que el encuentro iba a promover un espacio de justicia restaurativa, y no a revictimizar a partir de la negación o discursos justificadores de violencia. Esta iniciativa parece ser, por lo tanto, un importante elemento en el proceso de reconciliación en Euskadi, aunque tiene obvias limitaciones por el limitado número de personas involucradas, que significa que los encuentros pueden ser muy significativos en términos de las relaciones personales, pero no trascienden a tener un gran impacto en la reconciliación cívica.

Según nuestro marco teórico, la verdad es la base del proceso de reconciliación, para que se identifique el daño que hay que reparar y las relaciones sociales que se tienen que restaurar. En Colombia, otra vez vemos que en el proceso de justicia transicional derivada del Acuerdo Final hay un énfasis importante en la verdad, siendo parte de la base de las sentencias menos severas que se ofrece a los comparecientes ante las JEP, que reconoce de forma temprana su responsabilidad, en combinación con el trabajo de esclarecimiento que hará la CEV. Sin embargo, en esta área se pueden presentar desafíos debido a las temporalidades diferentes de las instituciones. Específicamente, la CEV, que además del esclarecimiento y reconocimiento, debe promover la convivencia y la no repetición, pero tiene solo tres años de mandato. Situación que lleva a que haya una alta probabilidad de que los procesos judiciales vayan a estar aún en momentos iniciales, lo que provoca que estos espacios de reconciliación se hagan con el componente de verdad todavía en marcha. En Euskadi se nota un menor énfasis en el proceso de esclarecimiento de la verdad; aunque los anteriormente mencionados encuentros entre víctimas y victimarios de ETA sí se hicieron sobre una base de reconocimiento de responsabilidad y el perdón, no siempre fue en el con un victimario que tenía conocimiento sobre el caso de la víctima, limitante la posibilidad de esclarecimiento. La necesidad de mayor elucidación de las victimizaciones asociadas con la lucha terrorista es resaltada por Intxaurbe, que hace referencia a los más que 300 casos de violencia que siguen sin esclarecerse.

En términos del lugar de la justicia en la reconciliación, en el caso de la experiencia del País Vasco, Etxeberria menciona los encuentros de Nanclares como un proceso en el cual los procesos son complementarios, pero no directamente dependientes el uno del otro. Es decir, los encuentros proporcionaron un espacio restaurativo tanto a las víctimas como a los perpetradores, sin tener un impacto sobre el desarrollo de los procesos judiciales en contra de los exetarras. Fueron igualmente en estos espacios donde se ha dado la posibilidad de perdón entre víctimas y victimarios, pero no hay ejemplos de reconocimiento de responsabilidades más amplios, lo cual puede ser importante en el caso de Euskadi para fomentar el proceso de reconciliación al nivel más amplio de la sociedad vasca. En cambio, en el caso colombiano, ya la reconciliación es dada en un lugar dentro de la misma práctica de justica, moviendo el foco de la justicia retributiva hacia una justicia que busca la restauración de las personas implicadas en los hechos, como expresa Boffey en el apartado sobre el SIVJRJR. En teoría, este acercamiento de la justicia a la reconciliación debe fortalecer el propio proceso de reconciliación. Sin embargo, en la práctica las víctimas pueden sentirse revictimizadas si las concesiones en términos de castigos no se ven reflejadas en mayores niveles de verdad y reparación y garantías de no repetición. Frente al tema del perdón, todavía falta tiempo para saber cómo se va a manifestar el proceso de justicia transicional; no obstante, ya ha habido actos públicos por parte de las FARC-EP de arrepentimiento por casos reconocidos, como la muerte de los diputados del Valle, y el caso de la masacre de Bojayá.

En cuanto a la memoria histórica de la violencia y la reconciliación emocional, veamos en las experiencias de ambos contextos la importancia de la educación y programas con jóvenes para el avance del proceso de reconciliación cívica. Eso es imprescindible con el fin de reconocer la ruptura o la violencia, sin caer en discursos justificadores de violencia que dividen más a la sociedad, en vez de reconciliarla. El contexto vasco tiene experiencias interesantes para la promoción de una cultura de paz y de rechazo de la violencia. Bermúdez y Bilbao argumentan que ha sido solo en las últimas fases de la educación frente al conflicto donde se ha buscado integrar los testimonios de las víctimas como una estrategia educativa que permite mayor sensibilidad de los estudiantes frente a los impactos de la violencia. En el contexto colombiano, abundan iniciativas que enseñan a los estudiantes sobre la cultura de paz, especialmente a partir de la introducción de la Cátedra de Paz en 2015. Pero como Londoño nos señala, uno de los grandes retos para el fortalecimiento de una cultura de paz y la construcción de una memoria social del conflicto se deriva de la brecha entre la ciudad y el campo. Es necesario que esta brecha disminuya para reducir la vulnerabilidad de esta comunidad a nuevas oleadas de violencia.

Es especialmente destacable, tal y como apuntan Usón y Román, el rol de las personas jóvenes y su aportación a las experiencias de intercambio intergeneracional. Especialmente en el caso vasco, es interesante mencionar el trabajo que se está realizando para que no deje de haber conocimiento sobre lo ocurrido, y se puedan trabajar todos los elementos mencionados con anterioridad. A fin de cuentas, las percepciones frente al uso de violencia son cuestiones con un recorrido y una memoria breve si no se trabajan con las generaciones más jóvenes. Esas claves son las que Usón y Román apuntan, las imprescindibles para avanzar en la construcción de una sociedad en clave de reconciliación, implicando también a las generaciones más jóvenes.

Etxeberria establece que en el momento en que se produce un acuerdo de relación entre las partes es cuando se restauran paulatinamente las relaciones cívicas y se produce un escenario de reconciliación. Las personas que hemos participado en esta reflexión conjunta somos conscientes de que este escenario es todavía lejano, tanto en Colombia como en Euskadi. Sin embargo, pensamos que los elementos dibujados en estas páginas pueden ayudar a ambos contextos a avanzar en esta línea, con la filosofía de que la investigación tiene que ser, obligatoriamente, el escalón imprescindible para pasar a la acción. Estas páginas solo tendrán sentido si se convierten en el aliciente necesario para seguir trabajando en la dirección apuntada. Para seguir resistiéndonos, como afirmaba Francisco de Roux, a quien afirma la imposibilidad de andar este camino. Porque los caminos para la dignidad humana se transitan a través de las vías de la reconciliación. Esperamos que este trabajo sea un aporte para ello.

Cali, Colombia; Donostia-San Sebastián, Euskadi

Agosto de 2019

SIGLAS

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACP Asociación Clúster del Papel de Euskadi

AD M-19 Alianza Democrática M-19

AFM Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta

AICO Autoridades Indígenas de Colombia

AMC Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes

ANV Acción Nacionalista Vasca

AP Alianza Popular

AUC Autodefensas Unidas de Colombia

BVE Batallón Vasco Español

BACRIM Bandas Criminales

CEAAL Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

CEE Comunidad Económica Europea

CEPES Confederación Empresarial Española de la Economía Social

CERES Centros Regionales de Educación Superior

COVITE Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Eusko Alkartasuna

CRESE Educación Ciudadana para la Reconciliación y Socioemocional

CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EA Eusko Alkartasuna, partido político

EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco

ECOMUN Economías Sociales del Común

EE Euskadiko Ezkerra

EH Euskal Herritarrok

EHAK Euskal Herriko Alderdi Komunista, Partido Comunista de Euskal Herria

ELN Ejército de Liberación Nacional

EMK Euskadiko Mugimendu Komunista, Movimiento Comunista de Euskadi

EPL Ejército Popular de Liberación

ERKIDE Euskadiko Kooperatiben Federazioa

ESO Educación Secundaria Obligatoria

ETA Euskadi Ta Askatasuna. País Vasco y Libertad

ETA-m Euskadi Ta Askatasuna Militar

ETA -pm Euskadi Ta Askatasuna Político-militar

EUSTAT Instituto Vasco de Estadística

FARC Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (después de 2016)

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (antes de 2016)

FIDC Foro Internacional Democracia y Cooperación

FRAP Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

GAIA Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información 
del País Vasco

GAL Grupos Antiterroristas de Liberación

GARAPEN Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo

HB Herri Batasuna

ICRN Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional

IEI Instituto de Estudios Interculturales

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

JEP Jurisdicción Especial para la Paz

KONFEKOOP Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa

M-19 Movimiento 19 de abril

MAQL Movimiento Armado Manuel Quintín Lame

MAS Muerte a Secuestradores

MSN Movimiento de Salvación Nacional

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAE Programa de Alimentación Escolar

PCE/EPK Partido Comunista de Euskadi/Euskadiko Partidu Komunista

PC-ML Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista

PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

PDSD Política de Defensa y Seguridad Democrática

PLACPaz Plataforma Latinoamericana y Caribeña para la Prevención de Conflictos 
y la Construcción de la Paz

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito

PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores

PSE Partido Socialista de Euskadi

PSOE Partido Socialista Obrero Español

RSE Responsabilidad Social Empresarial

SAT Sistema de Aprendizaje Tutorial

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UAIIN-CRIC Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca

UC Movimiento Unión Cristiana

UCD Unión de Centro Democrático

UP Unión Patriótica

UPV Universidad del País Vasco

ZOMAC Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado

ZFP Zona Franca Permanente

ZFE Zona Franca Especial

SOBRE LAS AUTORES Y AUTORAS

Ángela Bermúdez

Investigadora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Su interés principal es la relación entre la educación histórica y la construcción de paz. De manera más amplia, le interesan los procesos pedagógicos formales e informales que puedan contribuir a generar culturas de paz sostenibles y orientar a las personas y comunidades en la resolución no violenta de los conflictos. En 2008 obtuvo el Doctorado en Educación de la Universidad de Harvard. Antes de ello, trabajó en estos temas en Bogotá, Colombia, de donde es originaria.

Cristina Iturrioz Landart

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales; es, desde 2006, profesora titular de Deusto Business School, obteniendo en 2014 su primer tramo de investigación otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Investigación. Su actividad investigadora se centra en el estudio de la competitividad de las pymes y, en especial, de las empresas familiares. Cristina pertenece a un equipo de investigación reconocido en la categoría A por la Convocatoria de Grupos de Investigación del Gobierno Vasco. Además, ha desempeñado distintos cargos universitarios, entre los que destacan los de vicerrectora de Investigación de la Universidad de Deusto y vicedecana de la Deusto Business School, entre otros.

Xabier Etxeberria Mauleon

Doctor en Filosofía, es profesor emérito de la Universidad de Deusto, en la que ha sido catedrático de Ética y director del Centro de Ética Aplicada. Profesor visitante de diversas universidades de América Latina. Imbrica su investigación filosófica con sus compromisos sociales en temas como el de las víctimas de la violencia de intencionalidad política. Entre sus numerosos trabajos, cabe citar El perdón y la reconciliación en la convivencia cívica (2018).

Galo Bilbao Alberdi

Es licenciado en Filosofía y Teología y doctor en Teología. Profesor en la Universidad de Deusto, integrante de su Centro de Ética Aplicada y de su equipo de investigación. Colaborador del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Responsable del área de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao. Sus publicaciones académicas tratan principalmente de ética social y política, trabajando en educación para la paz desde la conflictividad vasca y sus víctimas.

Cristina Aragón-Amonarriz

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora titular de la Deusto Business School (DBS). Pertenece a un equipo reconocido en la categoría A por la Convocatoria de Grupos de Investigación del Gobierno Vasco y cuenta con un tramo de investigación otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Investigación. Es responsable de la Cátedra de Empresa Familiar que la DBS tiene en colaboración con la Fundación Antonio Aranzábal y con AEFAME. Su principal interés se centra en la competitividad de las pymes familiares, aunque también participa en estudios de otras pymes, como las de economía social.

Lorea Narvaiza

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora titular y directora del Departamento de Marketing de la Deusto Business School. Su actividad investigadora se centra en la competitividad de las pymes y de las organizaciones de la economía social, y en marketing y servitización. Cuenta con un tramo de investigación otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Investigación (CNEAI).

Eider Landaberea Abad

Es doctora en Historia por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesora del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de dicha universidad en su campus de Donostia y su actividad docente se concentra en el Grado en Comunicación. Es, además, secretaria general de la Universidad de Deusto. Sus publicaciones tratan principalmente sobre Historia Contemporánea del País Vasco, entre las que destacan Los “nosotros” en la Transición: memoria e identidad en las cuatro principales culturas políticas del País Vasco (1975-1980) (Tecnos, 2016) y “España lo único importante: el centro y la derecha española en el País Vasco durante la Transición” (Historia del Presente, 2012).

Iker Usón González

Politólogo y Trabajador Social. Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Deusto. En la actualidad es investigador doctoral sobre la juventud vasca y el proceso de reconciliación en el caso vasco. Antiguo responsable de la Fundación Baketik y agente activo en procesos de dinamización de la paz y la convivencia con base municipal.

José Ramón Intxaurbe Vitorica

Investigador en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto así como profesor de Derecho Constitucional e Historia del Derecho. Sus publicaciones y las áreas de investigación en las que trabaja están relacionadas con los retos jurídicos que plantea la gestión de la diversidad sociocultural en las democracias contemporáneas, el derecho y las políticas de igualdad y no discriminación o las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea. Dentro del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, es coautor de varios informes relativos a estrategias y acciones en favor de la paz y la convivencia, así como a la atención a víctimas del terrorismo y la violencia, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

Felix Arrieta Frutos

Doctor en Ciencia Política. Actualmente es profesor en el grado de Trabajo Social en el campus de Donostia-San Sebastián de la Universidad de Deusto. Sus publicaciones tratan principalmente del análisis de la gobernanza de la política social y los sistemas de servicios sociales. Pertenece al equipo de investigación Deusto Valores Sociales. Otras áreas de interés investigador son el análisis político y electoral. Es el director del Máster en Intervención con Personas en Situación de Vulnerabilidad y Exclusión Social.

Óscar David Andrade Becerra

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador de la línea de Movimientos Sociales Construcción de Paz del Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana-Cali.

Grace Boffey

BA (Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales, y Francés) Honours de la University of Western Australia. Doctorada en Evaluando Complementariedad: A Corte Penal Internacional y Políticas de Derechos Humanos en Colombia de UWA. Investigadora de la línea de Movimientos Sociales Construcción de Paz del Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con enfoque en temas de justicia transicional, víctimas y casos emblemáticos.

Sandra Liliana Londoño Calero

Investigadora y profesora universitaria, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali con Maestría en Estudios Políticos en la misma universidad. Lodoño es doctorada en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana D. F., y posdoctorada en Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Actualmente se desarrolla como la coordinadora de la línea Educación en Contextos de Multiculturalidad y es la directora de la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali.

Myriam Román Muñoz

Socióloga, especialista en Teorías y Métodos de Investigación en Sociología y Magíster en Sociología de la Universidad del Valle. Estudiante del Doctorado en Estudios sobre Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Docente del Departamento de Ciencias Sociales e Investigadora en la línea Memorias, Cultura y Convivencia Social del grupo de investigación BITACUS, Pontificia Universidad Javeriana-Cali.

Angelica Quiroga

Economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. Tiene una Maestría en Métodos Cuantitativos en Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia de Nueva York. Trabajó en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá como investigadora y consultora en temas de salud y protección social. Posteriormente trabajó en el Departamento Nacional de Planeación como coordinadora de evaluación de políticas públicas del sector salud y protección social y en el Instituto de Estudios Interculturales coordinando la línea de investigación Sistemas Económicos, Interculturalidad y Sostenibilidad con énfasis en el relacionamiento entre empresas y comunidades. Se ha desempeñado como consultora cuantitativa en temas sociales. Ha sido docente de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá y Cali) y en la Universidad del Rosario en Microeconomía y Macroeconomía. Actualmente es la directora de Sostenibilidad de Incauca S. A. S.

Laura Álvarez

Investigadora en el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali desde el año 2016. Es politóloga con énfasis en gobernabilidad e integración al sistema internacional de la misma universidad. Realizó un curso en Diálogo Histórico y Rendición de Cuentas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se encuentra cursando una Maestría en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Passau, en Alemania.

NOTAS

1 . Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

2 . Declaración final de ETA al Pueblo Vasco. Documentos RTVE.

3 . Traducción de los autores.

4 . “El término ‘guerra civil’ no tiene un significado jurídico como tal. Algunos lo utilizan para referirse a un conflicto armado no internacional. En el artículo 3, común a los Convenios de Ginebra […] no se utiliza el término ‘guerra civil’, sino que se hace referencia a conflictos armados de índole no internacional” (CICR, 2012).

5 . El Frente Nacional fue un acuerdo entre los partidos liberal y conservador, por el que se turnaron la presidencia cada cuatro años y distribuyeron paritariamente los puestos burocráticos sin considerar la participación de otras expresiones políticas. Se estableció el 24 de julio de 1956 en España con el Pacto de Benidorm, pero comenzó después de la caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en 1958. El Frente Nacional se inauguró con la presidencia del político liberal Alberto Lleras Camargo y terminó en 1974 con el mandato del conservador Misael Pastrana Borrero. Aunque el Frente ya no estaba vigente, el siguiente presidente fue el liberal Alfonso López Michelsen, quien mantuvo la participación equitativa de conservadores y liberales en el Gobierno.

6 . “De la magnitud de la violencia bipartidista dan cuenta los distintos cálculos sobre los homicidios y el despojo de tierras, entre estos los del analista Paul Oquist. Según Oquist, entre 1948 y 1966, 193.017 personas resultaron muertas producto de la violencia partidista en Colombia. La mayor proporción tuvo lugar entre 1948 y 1953, los años de mayor intensidad de violencia, según los estudiosos del tema. Los departamentos más afectados por los homicidios fueron el antiguo Caldas (24,6%), Tolima (17,2%), Antioquia (14,5%), Norte de Santander (11,6%), Santander (10,7%) y Valle del Cauca (7,3%). En cuanto al abandono o despojo de tierras, Oquist calculó que los propietarios de tierras perdieron 393.648 parcelas, y que los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y antiguo Caldas” (CNMH, 2013: 112).

7 . “[…] se ha entendido por ‘pacto consociacional’, a los acuerdos ‘en los que las elites forman una coalición para equilibrar una fragmentación política o cultural’ (Pécaut, 1989: 575). Se ha denominado así a la alianza bipartidista que en Colombia conllevó al periodo del Frente Nacional, como una forma de ‘consociacionalismo’ en tanto fue una alianza de largo plazo, o de larga duración, para la consolidación de la democracia bipartidista o para la transición de la dictadura Rojaspinillista a la democracia” (Moreno, 2013).

8 . Se conoció como liberales limpios a los que se mantuvieron al margen de la doctrina comunista.

9 . Conocido como uno de los primeros paramilitares de Colombia.

10 . El concepto aludía a las zonas del país que escapaban del control estatal y eran dominadas por campesinos armados. Las más significativas estaban ubicadas en el departamento del Tolima.

11 . Aunque se presentaron oscilaciones, las emboscadas, los hostigamientos y los ataques contra instalaciones militares y de policía, así como las agresiones contra la población civil y la infraestructura —secuestros, toma de poblaciones, homicidios, voladura de oleoductos y torres de energía, destrucción de medios de transporte, etc.— aumentaron sostenidamente durante toda la década (Echandía, 2000: 118-119).

12 . “En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho (Cundinamarca); el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de Ariel Otero, con cerca de 400 integrantes y el de Fidel Castaño [Tangueros] que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá” (Verdad Abierta, s. f.).

13 . El Secretariado, máximo órgano rector de la guerrilla, aumentó su número de miembros de cinco a siete, crearon los bloques de frentes, los comandos conjuntos y el comando general para planear y ejecutar ofensivas (CNMH, 2013: 161).

14 . En 2004, durante el primer mandato de Álvaro Uribe (2002-2006), se promulgó un dudoso acto legislativo que permitió su reelección inmediata para un nuevo periodo (2006-2010). Investigaciones y condenas contra Diego Palacio Betancourt (ministro de Protección Social), Sabas Pretelt de la Vega (ministro del Interior) y Alberto Velásquez (secretario general de Presidencia) demostraron que los votos favorables de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que permitieron sacar adelante la norma, se negociaron a cambio de puestos burocráticos para sus allegados.

15 . “A pesar de las limitaciones en los resultados iniciales, producto de la confrontación con una guerrilla combativa y militarmente fuerte, la persistencia de la ofensiva logró asestar golpes importantes y contundentes contra las FARC al abatir a importantes mandos regionales e incluso a miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. Este fue el caso de las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos en marzo de 2008, junto con la muerte de su jefe histórico Manuel Marulanda Vélez, presuntamente por causas naturales, en mayo del mismo año. A estas se sumaron las de Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, comandante militar de las FARC, en septiembre del 2010, y la de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez, en noviembre de 2011. Esta ofensiva sumió a este grupo armado en una profunda crisis” (CNMH, 2013: 180).

16 . La Unión Patriótica fue un partido promovido por las FARC-EP y otras guerrillas minoritarias, como el ADO y varias disidencias del ELN; también contó con la participación del Partido Comunista Colombiano. Fue fundado en 1985. Por su parte, el Frente Popular fue promovido por el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PC-ML) desde la clandestinidad, pero se constituyó y actuó como un partido político legal, con programa, dirección y militancia propia. Algunos de sus dirigentes eran cuadros políticos del PC-ML que actuaban en el ámbito político, sindical y de organizaciones sociales. Nació en 1986 y actuó hasta 1990.

17 . La Asamblea Nacional Constituyente estuvo compuesta por 70 delegados de las principales colectividades políticas del país, los cuales recibieron el nombre de “constituyentes”.

18 . Este propósito quedó plasmado en las declaraciones de Viana (5 de febrero de 1998) y Mainz (15 de julio de 1998).

19 . El Proceso 8.000 fue un proceso judicial abierto contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial. El proceso fue precluido sin determinar si Samper era o no culpable por los cargos que se le imputaban.

20 . “La guerrilla se sirvió de la zona de despeje para adelantar la guerra contra el Estado, para esconder secuestrados, para adiestrar en sus escuelas militares a los combatientes a todos los niveles y para aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos. De igual forma, durante el proceso de paz, esta misma guerrilla elevó a 70 sus frentes de combate y consiguió el mayor nivel de guerrilleros de toda su historia, llegando los 17.000 combatiente […] Es más, se va a registrar un importante incremento de las actividades bélicas, los secuestros, la extorsión y otras actividades criminales que van a terminar por poner de manifiesto cómo la idea de negociar la paz en medio de la guerra va a ser profundamente errada, sirviendo más bien como acicate de la violencia […] Los datos hablaban por sí solos. Entre 1998 y 2001, durante el proceso de negociación, las FARC habían acumulado 1.610 acciones guerrilleras, a lo que se adicionaban 3.265 secuestros y medio millar de casos de extorsión. Asimismo, el ELN protagonizaba 1.067 acciones armadas, a lo que se unían 3.088 secuestros y otros tantos casos de extorsión. La presencia del conflicto afectaba a más de la mitad de los municipios del país, con 130 municipios con presencia del ELN y otros 350 municipios con presencia de FARC toda vez que el paramilitarismo se encontraba en su mayor punto de efervescencia. En medio de la paz, se estaba haciendo la guerra, si bien una guerra cada vez más favorable para un Estado que si en 1998 apenas fue capaz de dirigir 201 combates unilaterales contra las FARC y 93 contra el ELN, para 2001 ascendía a 660 y 290 respectivamente” (Ríos, 2015).

21 . En una entrevista concedida a un periódico, Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña a favor del “No” en el plebiscito, reconoció que la campaña tuvo éxito gracias a que hicieron que “la gente saliera a votar verraca” y que lo lograron al “dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación” (El Espectador, 2016). Aunque días después el político se retractó, en respuesta a una demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos, el Consejo de Estado promulgó un pronunciamiento en el cual aseguró que en la campaña hubo un engaño generalizado que anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente en el plebiscito para la paz: “A través de múltiples evidencias el alto tribunal asegura que quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela. El efecto de la campaña fue crear un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad —necesaria para la adopción de una decisión soberana— relacionado con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad”. El tribunal consideró evidente que hubo significativos hechos de violencia psicológica, en la modalidad de fraude al sufragante, cuya incidencia irradia de manera global el acto que declaró al “No” como ganador en la contienda del 2 de octubre” (Semana, 2016).

22 . Por ejemplo, en una entrevista a un medio de comunicación español durante la campaña presidencial, Duque afirmó: “Es muy grave que se haya permitido que los cabecillas de las FARC sean candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República sin haber dicho toda la verdad, sin haber reparado a las víctimas y sin haber cumplido las penas por los delitos que cometieron. Eso le genera un gran daño al país. Además, los cultivos ilícitos en Colombia vienen aumentando y lograron que el narcotráfico fuera un delito amnistiable, diciendo que era conexo al delito político. Lograron que la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos fuera voluntaria y no obligatoria. Tengo claro que si yo llego a la Presidencia, voy a presentar una reforma constitucional para que quede en la Constitución colombiana que el narcotráfico no es un delito amnistiable. La sustitución y erradicación serán obligatorias y no voluntarias. En tercer lugar, es supremamente importante darle un mensaje a las FARC y es que armas escondidas que no fueran entregadas para su destrucción y dinero escondido que no fuera entregado para reparar a las víctimas implica que los cabecillas de esa organización pierdan todos los beneficios. Y la Justicia Especial para la Paz tal como está es un mecanismo de impunidad que permite la elegibilidad política de los criminales de lesa humanidad, y donde quedó claro que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Eso, por supuesto, es una burla a las víctimas y una gran afrenta a nuestro Estado de derecho” (El País, 17 de enero de 2018).

23 . De acuerdo con el Instituto, esto es normal por dos motivos: primero, el funcionamiento mismo de los procesos de implementación, que siempre son acelerados al principio y tienden a ralentizarse con el paso del tiempo; y segundo, por la fase de empalme entre los antiguos y los nuevos funcionarios encargados de la implementación (El Espectador, 2019).

24 . En una entrevista, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Mauricio Archila, expresó: “Hay una asimetría entre lo que la Administración anterior estimó que podía hacer y los recursos que nos dejaron. Dentro de las expectativas que tenía el Gobierno anterior estaban unos recursos que provenían del Presupuesto General de la Nación, unos de los municipios, unos de los departamentos, unos que dependían de la colaboración internacional y otros de los privados. El primer problema con eso es que el Gobierno Nacional solamente controla el Presupuesto General, no controla ninguna otra fuente de recursos. Esos recursos aún no existen” (El Colombiano, 2018).

25 . Entre los autores que han abordado la historia contemporánea del País Vasco se destacan como referentes José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Juan Pablo Fusi, Manuel Montero, Javier Ugarte, Joseba Agirreazkuenaga, Josu Txueka, ente otros. En los últimos años una nueva generación de historiadores está investigando aspectos concretos de nuestra historia más reciente. Véanse los trabajos de Gaizka Fernández, Raúl López, Virginia Maturana, Leyre Arrieta, Eider Landaberea.

26 . La abstención del referéndum constitucional en el País Vasco fue del 55,35% y el voto negativo supuso el 25,4% de los votos emitidos, mientras que en el Estado la abstención fue del 32,89% y el voto negativo no superó el 8% (Procesos electorales. Departamento de Interior del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza y Ministerio del Interior, Gobierno de España.

27 . Sobre el sistema de partidos políticos vasco, véanse los trabajos de J. Corcuera (1991, 2009), J. Jiménez de Aberasturi y E. López (1989), E. Mancisidor (1983), y A. Pérez (1977).

28 . La Ikurriña es el nombre que recibe la bandera oficial del País Vasco.

29 . Los estados de excepción decretados desde 1967 recayeron, algunos exclusivamente y otros compartidos con otros lugares del Estado, en Guipúzcoa y Vizcaya, dos de las tres provincias que componen el País Vasco. De los 31 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden entre 1977 y 1979, 15 lo fueron en ciudades de la actual Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y territorio vascofrancés.

30 . Siguiendo el Informe de Landa et al.(2013), de diez muertos a manos de ETA en 1977 se pasó a 65 víctimas fatales en 1978, luego a 76 muertos en 1979 y a 89 víctimas en 1980.

31 . El garrote vil fue una máquina utilizada para aplicar la pena de muerte en España y varias de sus colonias, especialmente las islas ubicadas en el Caribe. Consistía en un collar con un gran tornillo que causaba la rotura del cuello y, con ella, la muerte. Su uso se extinguió con la aprobación de la Constitución en 1978 y la eliminación de la pena de muerte del Código Penal en 1983. La ejecución de Salvador Puig Antich fue la última que se realizó con este método en España.

32 . Conviene recordar que a finales de 1974 se consumó la separación de ETA en dos corrientes: la rama político-militar (ETA-pm) y la rama militar (ETA-m). ETA-pm celebró una Asamblea en septiembre de 1976 (VII Asamblea) en la que aprobó la denominada ponencia Otsagabia fruto del pensamiento de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desaparecido en julio de 1976. La ponencia sentó las bases ideológicas de lo que sería ETA-pm en los siguientes años. En esta Asamblea, ETA-pm optó por priorizar la vía política creando para ello un partido político (Euskal Irauntzarako Alderdia [EIA]), pero sin renunciar a la vía militar (ETA-pm), considerando que ambas vías eran complementarias y estratégicas. Esta decisión provocó la salida de varios militantes que terminaron formando parte de ETA-m (los Berezis) o de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. EIA, junto al Movimiento Comunista de Euskadi (conocido como EMK, por sus siglas en euskera: Euskadiko Mugimendu Komunista) se presentó a las elecciones generales de 1977 en la coalición EE.

33 . Fue un intento fallido de golpe de Estado adelantado por algunos mandos militares en cabeza de Antonio Tejero, teniente-coronel español. Las causas de dicho intento de golpe están estrechamente relacionadas con la transición a la democracia (dificultades de reordenamiento territorial, resistencia de los militares a asumir la democracia, crecientes atentados de ETA) y con la coyuntura de entonces, marcada por una fuerte crisis económica.

34 . Es una cadena de supermercados española. El atentado se dirigió a un centro comercial perteneciente a la cadena.

35 . Así se le llama coloquialmente al Palacio de la Moncloa, el cual acoge al Gobierno español. Su nombre se debe a que se encuentra ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca, al noroeste de Madrid.

36 . La izquierda abertzale ha tenido a lo largo de su existencia distintas siglas: HB (Herri Batasuna, unidad popular), EH (Euskal Herritarrok, los vascos), Batasuna (unidad). Tras la ilegalización del partido, se presentó con distintas denominaciones, entre las que las más conocidas fueron EHAK (Euskal Herriko Alderdi Komunista, Partido Comunista de Euskal Herria) o ANV (Acción Nacionalista Vasca). Actualmente se articulan en el partido Sortu, que forma parte de la coalición EH-Bildu junto con Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y Aralar.

37 . Este estatuto reconoce el autogobierno del País Vasco y, por lo tanto, su carácter de comunidad autónoma dentro del Estado español.

38 . El presidente del Gobierno Vasco es llamado lehendakari.

39 . Director de Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe del periódico La Gaceta del Norte.

40 . La palabra gudari se utiliza para referirse a un soldado vasco.

41 . Diario vasco publicado totalmente en euskera.

42 . Recibe su nombre por haber sido firmada en el velódromo de Anoeta, una ciudad de San Sebastián.

43 . Desde su fundación, Sortu ha tenido tres congresos y tres ejecutivas distintas. Esto ha hecho que el proceso haya estado abierto a múltiples interpretaciones acerca de la mejor manera de implementar esta nueva visión.

44 . Aquellas que ocurren cuando al interior de una misma agrupación/concepción cultural se produce la inferiorización de ciertos sujetos y se justifica el dominio sobre ellos. Por ejemplo: el machismo y la relación desigual entre mujeres y hombres (inferiorización de las mujeres y justificación del dominio de los hombres sobre las mujeres).

45 . Este tipo de violencias se producen entre dos o más agrupaciones o concepciones culturales distintas. Entre ellas también se asignan posiciones de dominio y de inferiorización que legitiman situaciones desiguales o de explotación. Pueden citarse como ejemplo los conflictos derivados de las migraciones.

46 . Sobre este tema puede consultarse la obra colectiva Etxeberria, Muñoz y Vázquez (coords.) (2012), especialmente el primer estudio “Derechos humanos y diversidad cultural”.

47 . Asumiremos el esquema básico y bastantes análisis del capítulo sobre la reconciliación del estudio de Etxeberria (2018), pero con desarrollos específicos y resituándolos expresamente en el marco de interculturalidad aquí propuesto.

48 . A veces decimos que nos reconciliamos con nosotros mismos. En este caso, aunque no existen dos sujetos implicados, sí hacemos referencia a dos tendencias de nuestro comportamiento que pueden resultarnos conflictivas o contradictorias. Al utilizar esta expresión, estamos hablando de la existencia imaginaria o mental de una especie de desdoblamiento o duplicidad de personalidad que, luego de la reconciliación, recupera su unidad.

49 . Si bien esta es la tendencia predominante, no deben ignorarse las rupturas de las relaciones interpersonales que también tienen impacto público, como se verá más adelante.

50 . Para aclarar las diferencias entre lo que es una negociación y lo que es una reconciliación, hay que analizar cada realidad, su contexto y sus problemáticas. Por ejemplo, en el contexto colombiano de violencia, Orozco hizo la propuesta de “perdones recíprocos” entre bandos enfrentados que comparten el hecho de haber cometido grandes violaciones de derechos humanos (citado en Umprimmy y Saffon, 2005). Esta puede parecer una iniciativa de reconciliación por la vía del perdón, pero en realidad es una propuesta de negociación estricta que falsea lo que es perdón y reconciliación y que acaba invisibilizando a las víctimas (“yo no exijo justicia para las víctimas que causaste si tú no exiges justicia para las que causé yo”).

51 . La juridificación es el proceso por el cual una sociedad o colectividad, así como las relaciones que se dan entre sus miembros, se encuentran cada vez más reguladas por leyes, normas, instituciones y procedimientos en el marco de la expansión del derecho como disciplina y de la legalidad como marco regulatorio general.

52 . Los tzeltales son un pueblo indígena ancestral descendiente de los mayas, principalmente asentado en Chiapas, México.

53 . Para completar lo que aquí digamos y acercarse a más perspectivas, puede consultarse: Bilbao (2008), Cante y Ortiz (2006), Galtung (1998) y Lederach (1998).

54 . Para los rebeldes armados hay además otra pregunta ética general de fondo: ¿estuvo justificado su alzamiento violento? O, ante las graves injusticias detectadas, ¿no debió tratarse de rebelión no violenta?

55 . La palabra “etarra” es utilizada para referirse a los miembros del movimiento armado ETA.

56 . La justicia restaurativa tiene un enfoque alternativo al de la justicia retributiva proporcional. Más adelante se explicarán cuáles son las diferencias fundamentales.

57 . Jano es un dios de la mitología griega que tiene dos rostros que miran hacia direcciones opuestas. Es venerado por representar los tránsitos, la relación entre el presente y el futuro y la dualidad.

58 . La iniciativa se bloqueó con un cambio de Gobierno en España, que suprimió el permiso penitenciario para estos encuentros.

59 . Se expone con amplitud esta cuestión en el capítulo sobre el perdón en Etxeberria (2018). Aquí se retoman algunos aspectos básicos y se introduce la variable de la diversidad cultural.

60 . Remítase a la definición de asimetría que se encuentra en el apartado “La reconciliación y la necesaria asimetría entre víctimario y víctima”.

61 . Se retoma aquí lo que se dice en Etxeberria (2018). En esta obra se ofrece un amplio análisis del perdón, en diálogo con diversos autores, que aquí se presupone.

62 . En Herrera y Torres (2005) se ofrece un acercamiento a esta y otras temáticas relacionadas, en el marco del análisis de las transiciones a la democracia y, más específicamente, del caso colombiano.

63 . Adi-Adian es una expresión en euskera que traducida al español significa “atentamente, con atención”.

64 . Es importante reconocer que Colombia ha tenido procesos anteriores al SIVJRNR que se basaron en mecanismos de la justicia transicional. Basta citar el proceso conocido como Justicia y Paz, realizado en el marco de la desmovilización paramilitar, o las iniciativas de reparación y restitución de tierras entabladas en el marco del Ley de Víctimas. Aunque estos procesos han sido importantes en el contexto colombiano, un análisis detallado de los mismos supera el alcance del presente trabajo.

65 . Como el acuerdo inicialmente firmado entre las partes fue modificado después del plebiscito, este texto utiliza el término Acuerdo de La Habana para referirse al documento inicial, y Acuerdo del Colón o Acuerdo Final para denominar la segunda manifestación del acuerdo.

66 . Inicialmente, para Joinet (1997) las garantías de no repetición no eran un componente autónomo, sino que eran parte del derecho a obtener reparaciones.

67 . Traducción de la autora.

68 . Traducción de la autora.

69 . Traducción de la autora.

70 . La competencia de la JEP fue una de las modificaciones más significativos que sufrió el sistema después del plebiscito. Discutiremos en detalle esta modificación y sus implicaciones en la siguiente sección.

71 . En Colombia el término Fuerza Pública es empleado para agrupar las fuerzas armadas y la Policía Nacional, que dependen del Ministerio de Defensa.

72 . El término “graves crímenes de guerra” fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, considerando que “se trata de una categoría de crímenes de guerra no contemplada en el Derecho Internacional Humanitario ni en el Derecho Penal Internacional o nacional, lo que impide rodear de precisión la exclusión, y crea la posibilidad de que se desconozca el deber internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al derecho internacional humanitario” (Linares Cantillo et al., 2018, párr. 520).

73 . Se creará una “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (Mesa de Conversaciones, 2016a: 74).

74 . Inicialmente, la norma no contemplaba la posibilidad de atender a víctimas de los grupos posdesmovilización paramilitar o bandas criminales BACRIM, como fueron denominados por el Estado colombiano. La razón es que estas agrupaciones no eran consideradas como actores del conflicto armado. Sin embargo, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad para las Víctimas atender a las víctimas de desplazamiento forzado de esos grupos por medio de la Sentencia C-280/2013 y el Auto 199/2013.

75 . La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó que, según la información de que disponía, ninguno de eso grupos armados posdesmovilización paramilitar podría ser considerado como parte del conflicto armado debido a la carencia de organización y de control territorial para llegar a alcanzar ese estatus. Tal es el caso de los Rastrojos o las Águilas Negras. Otro de los argumentos esgrimidos para no considerarlos actores del conflicto era que estos grupos no tenían confrontaciones suficientes con otros actores del conflicto, como en el caso de los Urabeños (OTP, 2013: 31).

76 . Investigado por la CSJ por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las FF MM (JEP: 2018a).

77 . Investigado por la CSJ por el delito de concierto para delinquir agravado y cohecho (JEP, 2018a).

78 . Aunque todavía está por determinarse la cifra definitiva de personas heridas, recientemente se ha aludido a 6.389 personas afectadas en los diferentes atentados terroristas de ETA a partir de una información aportada por el Ministerio del Interior (Europa Press, 2017).

79 . El Ministerio del Interior ha reconocido a 7.242 personas la condición de víctima del terrorismo de ETA. Durante el año 2016 se destinaron 35.325 euros en ayudas para la asistencia psicológica de víctimas del terrorismo de diferentes grupos armados a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (Ministerio de Interior, 2017a: 828).

80 . El informe de la Dirección de Atención a las Víctimas de Terrorismo aborda el estudio de 74 actos terroristas perpetrados por distintos grupos que reivindicaron los atentados con diferentes denominaciones o bien que no fueron reivindicados por tratarse de grupos incontrolados. En estos 74 atentados, fueron asesinadas 66 personas, 63 fueron heridas y se produjo un secuestro.

81 . Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Antiterrorismo ETA), Acción Nacional Española (ANE) y Grupos Armados Españoles (GAE).

82 . El I Simposio Mundial de Victimología celebrado, no por casualidad, en la ciudad de Jerusalén, es visto en retrospectiva no solo como la consolidación de la victimología como disciplina científica, sino también como un hito fundador de la reflexión acerca de la justicia restaurativa.

83 . Con carácter previo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ya había dado pasos hacia la figura de la mediación penal en forma de recomendaciones. Por ejemplo, en la Recomendación nº R (85) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y el proceso penal, adoptada el 28 de junio de 1985, ya expresaba una vocación tuitiva de las víctimas de los delitos teniendo en cuenta que los objetivos del sistema penal habían sido tradicionalmente expresados en torno a la relación existente entre el Estado y quienes habían infringido la ley. Por ello, además de una creciente consideración hacia las necesidades de las víctimas en el procedimiento penal, se proponía la adopción de medidas que, buscando la rehabilitación de los infractores, favoreciesen la eventual reconciliación entre víctima y victimario. Con posterioridad, ya en 1999 la Recomendación nº R (99) 19 sobre mediación en materia penal del 15 de septiembre hacía referencia a la mediación en materia penal como complemento o alternativa en el proceso penal tradicional. Para más detalles, véase Jimeno (2015).

84 . Así lo entendía, con motivo del debate surgido a raíz de la promulgación del Código Penal, la catedrática de derecho penal de la Universidad Autónoma de Barcelona García Arán (1995).

85 . Jurisprudencia del Tribunal Supremo introducida a partir de la sentencia de la sección 1 de la Sala de lo Penal de 28 de febrero de 2006, ECLI: ES:TS:2006:753. En virtud de esta doctrina las redenciones parciales de pena logradas por los penados a partir de beneficios penitenciarios debían ser computadas en relación con la pena total a la que habían sido condenados y no teniendo en cuenta el tiempo máximo de permanencia en prisión establecido por el Código Penal de 1973.

86 . La Sentencia del TEDH en el asunto Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, demanda nº 42750/09, condenó a España por vulnerar el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) al aplicar las redenciones de pena no sobre el límite máximo de 30 años (que era lo que preveía el Código Penal vigente en el momento en que fue condenada la demandante), y sí sin embargo sobre cada una de las penas pronunciadas en las distintas sentencias de condena separadamente.

87 . Se hizo en la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal (BOE nº 77, 31 de marzo de 2015).

88 . Entre otros casos, en la STEDH Kafkaris vs. Chipre del 12 de febrero de 2008, demanda nº 21906/04, como bien recuerda la exposición de motivos de la ley.

89 . Podemos encontrar reflexiones muy inspiradas acerca del perdón en Mate (2013), autor que, además, actuó en el papel de mediador en este proceso que ahora relatamos; también en Sáez Valcárcel (2012: 55-64).

90 . Todo este proceso quedó minuciosamente detallado y analizado por sus propios protagonistas en el volumen de Pascual Rodríguez (2013).

91 . Iñaki García Arrizabalaga actualmente es profesor de marketing en Deusto Business School. Su padre José Manuel García Cordero, que en ese momento era delegado de Telefónica en Guipúzcoa, fue asesinado el 23 de octubre de 1980 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA.

92 . También existe un testimonio audiovisual en el documental que recoge la historia y los testimonios de participantes en esta iniciativa que fue realizado por Euskal Telebista (televisión pública vasca) y que lleva por título Glencree, el camino recorrido juntos.

93 . “El necesario rigor conceptual que debe tener el acercamiento didáctico a los derechos humanos es perfectamente compatible con la búsqueda de empatía con las víctimas de su conculcación, mediante el conocimiento de su testimonio, así como con el conocimiento de las situaciones estructurales que impiden o dificultan su disfrute y los movimientos que históricamente los han defendido”, Decreto 97/210, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto que establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV nº 72, de 20 de abril.

94 . La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos (Echauri, Hiroe e Izquierdo Sandoval, 2014).

95 . Recordemos que el propósito es “reflexionar sobre cómo los jóvenes se vinculan a un escenario que ha cambiado de acciones de guerra y expresiones de violencia a uno de cese al conflicto armado y establecimiento de acuerdos de cara a la paz y la reconciliación en nuestro país”.

96 . La tasa de temporalidad mide la proporción de contratos temporales sobre el total de contratos del país. Para una explicación sencilla pero completa, véase “¿Qué es la tasa de temporalidad en el mercado laboral?”, disponible en la página web de El Economista.

97 . Este es el marco histórico temporal dispuesto en el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016.

98 . Los grados universitarios que hicieron parte del estudio fueron los de Filosofía, Antropología Social, Educación, Trabajo Social y Comunicación.

99 . El artículo 2 de la Ley 3/2004 del Sistema Universitario Vasco establece que este sistema está formado por todas las universidades con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que en él se integrarán las instituciones que sean creadas o reconocidas en el futuro por el Parlamento Vasco.

100 . La Universidad del País Vasco UPV/EHU tiene campus en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián; Deusto en Bilbao y Donostia-San Sebastián y Mondragón en diversas localidades de Guipúzcoa, fundamentalmente en el Alto Deba, así como una sede en Bilbao.

101 . Véase “Hipercor, el atentado más salvaje”, La Vanguardia, 19 de junio de 2017.

102 . Dos personas refugiadas en Francia que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer por miembros de la Guardia Civil que eran parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) (Miralles y Oneti, 2006; sentencia de la Audiencia Nacional del año 2000).

103 . Véase una de las muchas noticias del día 11 de julio de 1997 que informaban del secuestro: “ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con matarlo mañana si el Gobierno no acerca a los presos”, El País.

104 . La Ley de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo fue promulgada el 17 de junio.

105 . Véase “Un grupo plural de víctimas presenta el documento Eraikiz”, irekia, 11 de septiembre de 2015.

106 . Ahotsak es una expresión en euskera que, traducida al español, significa “voces”.

107 . En euskera. Significa “recordar, traer a la memoria”.

108 . Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

109 . Fue creada por la Ley 6 de 1986.

110 . En euskera. Traducida al español significa “diálogos sobre la paz”.

111 . Decreto número 1038 de 2015 por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz.

112 . Ley 1732 de septiembre 01 de 2014 por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país.

113 . Artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

114 . Artículo 41. “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

115 . Derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales y culturales, derechos a la autodeterminación, derechos de la naturaleza y de los seres vivos.

116 . Idioma propio del pueblo indígena nasa. Los principales asentamientos de esta colectividad indígena están en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Tolima, en el sur de Colombia.

117 . Desde esta perspectiva, la visión habitual de la educación para la paz como educación para el posconflicto nos parece inadecuada y problemática.

118 . Se ubicaba a dos contendientes en pie de igualdad (el Estado y ETA), igualmente responsables del mal sufrido. Se ha llegado a plantear la legitimidad al terrorismo como expresión necesaria, no deseada pero inevitable, de un conflicto político previo y de mayor envergadura.

119 . Tanto Bakeaz como Gesto por la Paz desaparecieron en la primera década del siglo XXI. El Aula de Ética se transformó en el actual Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. No se puede olvidar que, para entonces (desde finales de los años ochenta y durante la década de los noventa), ya se habían producido algunas aportaciones de educación para la paz significativas a cargo de la propia Coordinadora Gesto por la Paz o de víctimas del terrorismo como Abel Uceda (2013).

120 . En los propios medios de comunicación social del País Vasco se recogió intensamente el debate, mostrándose una fuerte resistencia a la propuesta de la presencia de las víctimas en las aulas, calificándola de “abrupta” o “inadecuada”.

121 . Así, a la unidad didáctica Historias que nos marcan le acompaña otra, Bakerako Urratsak.

122 . La polémica precedente fue superada. Estos cambios se hicieron con un gran consenso parlamentario y la valoración positiva de la mayoría del Consejo Escolar de Euskadi.

123 . Al cierre de la redacción de este artículo, el Instituto Gogora, la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco acababan de presentar la versión preliminar de la unidad didáctica Herenegun! que busca insertar el denominado “periodo de la Memoria Reciente (1960-2018)” en la asignatura de Historia de 4º de DBH-ESO y de 2º de Bachillerato. Aunque el material aún no es definitivo (tras un breve periodo de discusión y aportaciones públicas, el material será experimentado en un plan piloto), comentaremos más adelante algunas cuestiones sobre el mismo y sobre la polémica que ha suscitado, que son muy indicativas sobre la ausencia de una aproximación histórica en la educación para la paz.

124 . Herenegun! trata al conflicto vasco como una cuestión de “memoria reciente”.

125 . El testimonio de la víctima ha de situarse en una dimensión política (relativa a la justicia y la solidaridad), pero estrictamente prepartidaria. Es decir, la denuncia de la injusticia y la invitación a la solidaridad no deben supeditarse a su pertenencia a uno u otro partido. Por el contrario, debe abogar por un planteamiento crítico frente a la violencia en el que puedan confluir personas de distinto posicionamiento partidario.

126 . La pedagogía de los gestos de reconocimiento y solidaridad con víctimas presenciales puede encontrarse con dificultades similares a la pedagogía narrativa por el hecho de que entre los educandos —y, desgraciadamente, los educadores— cabe encontrar personas que simpatizan con y justifican la causa de los victimarios. Esto hace conflictivo y problemático todo proceso de solidaridad educativa a través de gestos que implican denuncia sin paliativos de esa causa. Pero tal dificultad no debe inhibir la iniciativa pedagógica bajo el pretexto de evitar el conflicto o de mantener una neutralidad en ámbitos en los que es ilegítimo moralmente hacerlo. Al revés, debe empujar a dotar la iniciativa pedagógica de los recursos que permitan manejar el conflicto, para lo que habrá que tener buenas dosis de coraje y prudencia en el mejor sentido de los términos.

127 . Ejemplo de ello son los proyectos como Memoria Lab (Gernika Gogoatuz, Bakeola, Museo de la Paz) Bibliotecas Humanas (Bakeola), Ahotsak (UPV, Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón) o la Plaza de la Memoria (Gogora).

128 . La Plaza de la Memoria es un buen ejemplo de este fenómeno. Desde inicios del 2016 esta exposición itinerante del Instituto Gogora emplaza en distintas localidades una carpa en la que, a través de recursos audiovisuales e interactivos, los visitantes pueden conocer los testimonios de víctimas del terrorismo y del franquismo (Gogora, 2017). Llama la atención que la exposición no incluya paneles expositivos, ni ofrece recursos documentales o pedagógicos que le ayuden al visitante a situar históricamente los hechos narrados. En algunas de las otras iniciativas mencionadas se ofrece, de modo introductorio, una sinopsis histórica del surgimiento y evolución de ETA, los GAL y otros grupos de extrema derecha (por ejemplo, en Historias que nos marcan o en el Museo de la Paz de Gernika); o se utilizan recursos puntales como líneas de tiempo para que los participantes se ubiquen en relación con algunos hechos destacados y recuerden lo que ocurría entonces alrededor de ellos. Aun así, estos complementos históricos no pretenden involucrar a los participantes en un ejercicio de indagación histórica que les permita comprender de manera más amplia el conflicto violento vivido en el País Vasco.

129 . Numerosos artículos en El Correo en las dos últimas semanas de octubre de 2018 exponen esta crítica.

130 . Véase Lorena Gil, El Correo, octubre de 2018. Artículo sobre el comunicado de los colectivos de víctimas.

131 . Para Seixas (2017), la dimensión ética de la conciencia histórica incluye confrontar los crímenes e injusticias del pasado, lo mismo que su legado en nuestras vidas en el presente.

132 . Décadas de investigación e innovación pedagógica han mostrado que los estudiantes aprenden a utilizar estos conceptos y procedimientos de formas progresivamente más sofisticadas, y que tal desarrollo mejora su comprensión del pasado, a la vez que fomenta competencias intelectuales democráticas (Barton y Levstik, 2004; Lee y Ashby, 2000; McCully, 2010; Seixas y Morton, 2006; Wineburg, 2001).

133 . Faridah Shaheed, relatora de Derechos Culturales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomienda en sus reportes sobre la preservación de la memoria histórica y la enseñanza de la historia (2014) un enfoque pedagógico que recoge muchos de los puntos planteados: enseñar la historia reciente aunque sea difícil y controversial, usar y desarrollar la multiperspectividad, representar la complejidad de los procesos históricos y enseñarle a los jóvenes a investigarlos de manera disciplinada y a abordar el impacto que las historias de conflicto y violencia han tenido en nuestra vida cotidiana. Otros organismos internacionales como el Consejo de Europa, o Euroclio, hacen recomendaciones similares.

134 . Este concepto fue desarrollado por Karl Polanyi. Para un desarrollo de su historia, véase Beckert (2007).

135 . Nos permitimos citar un fragmento del autor para profundizar en lo que significa un Estado de leyes: […] “Como consecuencia de lo anterior, el Estado de derecho material es desplazado por una idea formal de Estado de derecho, para la cual ya no cuenta el fin y contenido del Estado, sino que lo reduce exclusivamente a sus principios formales. Estos son, principalmente, los postulados de ‘legalidad de la Administración’: prelación y reserva legal, primacía de la ley formal y la protección del derecho de la Administración mediante tribunales independientes. El Estado de derecho se empobrece de esa manera y se estrecha al quedar reducido a un ‘Estado de leyes’, a través de un concepto puramente formal. La preocupación se centra en la seguridad jurídica y la previsibilidad y control de la acción del Estado, partiendo de la presunción de la ley como máxima expresión de la voluntad y de la soberanía estatal” (Villar Borda, 2007: 75).

136 . “Según Friedman, las ventajas del mercado son varias: a) tiene poder de asignación al permitir, mediante el intercambio, la coordinación de actividades en la producción eficiente de bienes y servicios; ese intercambio debe darse de manera voluntaria por ambas partes, las cuales deberán estar bien informadas; b) fomenta la voluntad sin la coerción: ‘En tanto se mantenga el verdadero libre intercambio, la característica central de la organización económica de mercado es que evita que una persona interfiera en las actividades de otra’; c) transmite información sin coordinación explícita; esa transmisión se realiza mediante los precios relativos que proveen información acerca de la escasez de los recursos, y d) es justo en el sentido de que iguala las diferencias y permite la remoción de la discriminación; el mercado permite además el desarrollo de la diversidad sin desorden social; es en definitiva un sistema de representación proporcional” (Pérez Caldentey, 2009: 16).

137 . En las ZFE puede instalarse solamente una empresa a diferencia de las ZFP, donde pueden instalarse varias.

138 . La ley blanda hace referencia a instrumentos legislativos que no son jurídicamente vinculantes, por ejemplo, las declaraciones internacionales.

139 . Las autoras agradecen especialmente los comentarios recibidos de María José Aranguren, directora de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que han permitido mejorar el presente capítulo.

140 . Los otros dos territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.