«Los gobiernos no solo ejecutan la política fiscal y monetaria de suma importancia, también crean e incorporan todo tipo de instituciones que contribuyen a facilitar el crecimiento económico [...]. En conjunto, las políticas económicas conforman la estrategia nacional y las instituciones crean la necesaria estructura organizativa.

El hecho de que la organización del Estado siga una estrategia nacional hace que los países sean grandes o se hundan en el subdesarrollo».

RICHARD H. K. VIETOR,

catedrático en la Harvard Business School,

Cómo compiten los países.

Estrategia, estructura y gobierno de la economía

«Hago continuamente lo que puedo para infundir amplitud a mi mente y trabajo con sinceridad de corazón; el resto ya no depende de mí».

Carta de GUSTAVE FLAUBERT a George Sand

cuando estaba escribiendo Madame Bovary, hacia 1857

ACLARACIÓN DEL AUTOR

E

ste libro es una síntesis en diez capítulos del trabajo de investigación que, con el mismo título, se publica en edición digital en la web www.esferalibros.com/pagina/hacia-el-colapso-trabajo-de-investigacion. En los cuatro primeros se resume el contenido básico de dicho trabajo, motivado por el hecho fundamental de que los nuevos estatutos de autonomía de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y los demás profundizan al límite los desequilibrios del sistema económico producidos e inherentes al sistema económico territorial autonómico, de signo netamente más confederal que federal, inviable en el largo plazo en el que ya estamos, y consolidado y preponderante en el conjunto de la economía española hacia 2000. Con los efectos, por un lado, de anular los rendimientos a escala y, por otro, induciendo un proceso iterativo depresivo entre productividad, eficiencia técnica y competitividad que está conduciendo la economía española hacia el colapso; a la manera de un nudo gordiano que inmoviliza a los agentes económicos y constriñe el crecimiento.

Un nudo gordiano de tres cables sin cabos a la vista que solo se puede deshacer actuando simultáneamente sobre el conjunto de magnitudes macroeconómicas que determinan cada una de dichas tres ratios; lo que exige incardinarlas en un plan de acción que las haga consistentes entre sí y coherentes con el mismo y único objetivo principal de aumentar la competitividad interna y externa de la economía, así como de relanzar el crecimiento y el empleo. Un plan macroeconómico de este tipo es necesariamente un plan de estabilización, uno de cuyos instrumentos sine qua non es la política fiscal. Pero en España, las materias propias de las políticas macroeconómicas y fiscales están transferidas en su mayor parte a la competencia de las comunidades autónomas, lo que las imposibilita constitucionalmente. De aquí se colige la imperativa necesidad de reformar el Título VIII de la Constitución como condición, también sine qua non, para sacar la economía y la sociedad española del marasmo y desconcierto en que se encuentran. Este es el contenido de los capítulos 6 a 10, exclusivo de este libro y no abordado en el trabajo de investigación del texto digital. Se estudia y analiza «el qué y el cómo económico» de lo que hay que hacer, con el arcano de «el cómo político».

DEDICATORIA

E

n homenaje a cuatro catedráticos preclaros que me enseñaron a comprender los conceptos y fundamentos microeconómicos de la economía clásica y moderna, las interdependencias macroeconómicas con la economía monetaria, las interrelaciones que vinculan a esta con la economía del Estado en la economía mixta y las interdependencias con la economía social; a no olvidar que todas las aplicaciones de la economía inciden siempre sobre la existencia de hombres y mujeres, cuya ilusión y confianza en una vida satisfactoria y digna depende en una parte significativa de la gestión profesional, competente y honesta de quienes voluntariamente dirigen la economía.

A José Castañeda Boniche (catedrático de Teoría Económica/Microeconomía),

que enseñaba los dos primeros principios universales de la economía clásica y moderna: el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la especialización y el intercambio como la fuente de los bienes y servicios necesarios para la vida; y el objeto de la ciencia económica como el mejor uso de los bienes escasos disponibles, eligiendo la opción que produce el máximo beneficio entre las de igual coste, y la que tiene el mínimo coste entre las que reportan igual beneficio.

España, decía, es un país, comparativamente al resto de Europa, muy poco dotado de recursos naturales y con una orografía que encarece el transporte; por lo que su riqueza deberá basarse en el trabajo productivo, en la organización eficiente de las empresas y en políticas económicas que impulsen la productividad de los factores y la competitividad frente al exterior.

A Enrique Fuentes Quintana (catedrático de Economía de la Hacienda Pública),

que enseñaba las interdependencias propias de la economía mixta, basadas en el concepto de que el marco normativo fijado por el Estado, la progresividad fiscal y el gasto público son la rueda, junto con la iniciativa y la inversión privada, y la innovación, que mueve la economía, y asegura una distribución menos injusta y la aspiración al bienestar social para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

A Luis Ángel Rojo Duque (catedrático de Teoría Económica/Macroeconomía),

con el que colaboré durante cinco años como profesor de Teoría Económica, y enseñaba una de las dos especialidades fundamentales que vertebran la economía: la economía monetaria, que se sustenta en grado sumo en la interrelación entre principios teóricos y evidencia empírica. Teoría y práctica económicas que él logró integrar como nadie antes lo había hecho en España, desde su doble pertenencia a la Universidad Complutense de Madrid, como catedrático de Teoría Económica y director de Estudios —después gobernador— del Banco de España.

A José Luis Sampedro Sáez (catedrático de Estructura e Instituciones Económicas),

la mente más abierta de todas, que enseñaba, mientras fue catedrático, el recurso más escaso de todos: a pensar. A pensar la economía en términos de la vida ordinaria de las personas que trabajan, consumen y ahorran; de las que invierten y producen; de las que buscan trabajo y no lo encuentran y de las que teniéndolo lo pierden porque el ahorro no se transforma en inversión. A pensar en la acumulación de capital como la variable esencial del crecimiento económico, que genera inversiones allí donde tal acumulación es elevada, impulsando la retroalimentación hacia la espiral de la riqueza en unos pocos países ricos.

A pensar en los mercados potenciales de otras muchas partes del mundo, en los que la demanda de alimentos y otros productos básicos no alcanza ningún precio de equilibrio, porque no hay oferta para formar mercados reales, produciéndose con ello la espiral simétrica a la anterior, la espiral del hambre y la desesperanza. A pensar que la economía son ambas simetrías y el estudio de la economía la de ambas espirales.

Su compromiso decidido con el dolor y los costes humanos que comporta la segunda espiral, la de la pobreza, y su denuncia frontal e inequívoca de la primera, la de la riqueza, como gran responsable de la pobreza del mundo, le fue alejando de la economía académica ortodoxa, en la que lógicamente tuvo cada vez menos predicamento; acabó por refugiarse en el campo de la literatura, a la que ha aportado importantes creaciones, acordes con su espíritu progresista y libre.

Sin duda, unos eran de derechas y otros de izquierda, pero todos antepusieron su impecable responsabilidad profesional como enseñantes exigentes a su ideología, inculcando, cada uno a su estilo, el saber y el conocimiento, los conceptos y reglas —a veces intrincados e inextricables— que rigen la economía.

TRES PODERES EN CONJUNCIÓN EN ESPAÑA

D

esde el inicio de la Trilateral (comisión de reconocidos empresarios mundiales) en los años setenta, y «como era de esperar, hoy en día son las élites empresariales quienes con mayor ardor se declaran ciudadanos de Europa, e incluso del mundo, y, al parecer, en su mayoría desean renunciar a las identidades específicas del Estado-nación».1

Pero en paralelo, desde otro ángulo ideológico, solo aparentemente opuesto a como se vio en el siglo XX, «las tendencias nacionalistas y separatistas que operan bajo el sello del “derecho a la autodeterminación” han amenazado la imagen y la realidad del Estado-nación como agente único y unificado dentro y fuera de sus fronteras y han tenido un impacto decisivo incluso en un supuesto bastión de la moderación como Canadá».2

Una ideología, el nacionalismo, que nos es familiar y, como las plagas históricas, se vuelve a extender nuevamente por Europa, recobrando fuerzas en Bélgica (Flandes), Italia (Liga Norte), Reino Unido (Escocia) y principalmente en España, donde el Estado autonómico lo ha elevado a la categoría de lo sacro y donde el «nacionalismo franquista» se ha pretendido sustituir por los «nacionalismos autonómicos». Parecería que la expansión renovada de la ideología nacionalista excluyente quisiera devolvernos a la primera mitad del siglo xx: lo que empezó como algo sin importancia, en regiones europeas aisladas, extendiéndose inocentemente por distintos países, entre ellos España, acabó destruyendo toda Europa y provocando 50 millones de muertos.

La experiencia de doscientos años de economía industrial de mercado demuestra que sin el contrapeso de un Estado democrático unitario o federal fuerte, la codicia de la nueva economía financiera y la avaricia del capital financiero en los mercados financieros y cambiarios son insaciables, lo que en simbiosis con los nacionalismos se vuelve amenazante. Los nacionalismos han demostrado que el respeto a la democracia lo invocan solo mientras acceden al control absoluto del poder; lo que sucede después es suficientemente conocido.

En efecto, en la actualidad no hay suficientes contrapesos al poder como para alterar la dirección de los negocios y la economía y como para que la política social no quede subordinada a criterios economicistas de rentabilidad y eficiencia en el empleo del capital. Como consecuencia, las compañías internacionales y los bancos registran beneficios con operaciones de devaluación y subcontratación, trasladando su producción a países asiáticos y a cualquier otra parte. Es una medida que hace que el mercado de valores alcance niveles récord, o casi; mientras que la vida de las clases bajas y medias continúa estancada o incluso se deteriora, con reducciones en los salarios y recortes en los servicios públicos.3

Pero en España, estos dos poderes —el capital financiero y los nacionalismos—, que han fragmentado el Estado-nación, transformándolo en la práctica en un Estado confederal, mediante el Estado autonómico, han estado y continúan estando, incomprensible y desconcertantemente, encabezados por el socialismo confederal del PSOE y del resto de la izquierda, en simbiosis con los nacionalismos y en connivencia con la derecha conservadora. ¿Alguien se acuerda en España de que en el siglo XX la izquierda europea fue el bastión del Estado democrático unitario, cuyo formidable contrapeso a la enorme fuerza del capital financiero y a las tendencias disgregadoras de los nacionalismos excluyentes hizo posible el progreso y bienestar de la inmensa mayoría de ciudadanos en gran parte de los países de Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial?

Y, sin embargo, sin saber cómo, y aunque parezca imposible, en España queda la esperanza del retorno al Estado-nación democrático y a la economía industrial de mercado, impulsados ambos por un nuevo orden regulatorio, bajo la presión creciente de los sectores políticamente más conscientes de la ciudadanía europea.

El bienestar es una cuestión de calidad, no de cantidad. Dado que ni los gobiernos regionales ni el mundial son proyectos políticos viables en un futuro previsible, es prácticamente seguro que el Estado-nación conservará el papel clave como actor político, tanto en el nivel ceremonial como en el más profundo, y que seguirá siendo quien actúe para imponer decisiones y mediar entre las fuerzas sociales enfrentadas, aunque cada vez sea más cuestionado como fuente de identidad política.4

INTRODUCCIÓN

Ante la inviabilidad técnica del euro y el oscuro futuro del trasatlántico de la Eurozona, es vital para España resolver el enorme agujero de baja competitividad de la economía nacional, a modo de lancha salvavidas, tornándola competitiva y eficiente

Como es sabido, gran parte de la población vive en estado de zozobra en los dos últimos años, cada vez más agudizado, al menos hasta las últimas semanas de junio de 2012 en las que se ha cerrado el presente trabajo, por el deterioro creciente del estado propio de la economía nacional, del que se realiza un breve análisis en el capítulo 1 de este libro; así como por la incertidumbre del euro y la Eurozona, los rescates y el Banco Central Europeo, que se analizan en el capítulo 2 del texto. Respecto al estado de la economía en el nivel interno, este desasosiego está siendo provocado por los continuos sobresaltos en la prima de riesgo, en las tasas de interés a pagar por las emisiones de bonos y obligaciones del Estado y por las fuertes fluctuaciones con tendencia bajista de las bolsas españolas y del Ibex 35. Zozobra también y muy especialmente por las tasas de desempleo que trimestre tras trimestre no dejan de crecer, alcanzando ya al final del segundo de este año, según la EPA, el 24,5% de la población activa y 5,67 millones de desempleados. Un estado de inquietud, en fin, producido por la consternación ciudadana de constatar y asistir al derrumbamiento de la imagen de España como nación de ciudadanos y trabajadores responsables, sustituida por el perfil de una España transformada en «nación de naciones», económicamente subvencionada por los cuatro costados, indolente, escasamente competitiva y altamente ineficiente, a lo que han contribuido sobremanera desde 2004 las políticas de economía inmobiliaria especulativa, de desmembración territorial y de desenfrenado endeudamiento interior y exterior del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Un solo botón de muestra disipa cualquier duda: recibió en 2004 una economía con un endeudamiento exterior de 337.000 millones de euros y, solo seis años después, en 2009, se había multiplicado casi por tres hasta los 952.000 millones de euros, según el Banco de España.

Pero, lamentablemente, las preocupaciones y desasosiegos no terminan ahí; se derivan también en el plano externo de la inseguridad del euro, que es nuestra moneda nacional y de dieciséis países más; después de escuchar mes tras mes en los últimos dos años que «en la reunión del Eurogrupo se han alcanzado al fin los acuerdos que terminan con la permanente inestabilidad del euro» para pocas semanas después, o incluso días, volver a oír que las tensiones financieras se siguen agravando y que la deuda soberana continúa comprometiendo la estabilidad económica de la zona euro. Y es que el problema fundamental del euro sobrepasa con mucho la capacidad política de los jefes de Estado y de gobiernos en sus reuniones ordinarias, al ser de naturaleza jurídico-institucional del propio Tratado de Maastricht, por el que se creó el euro en 1992. En efecto, todas las monedas funcionan en el mundo en base a dos pilares: por un lado, la regulación por el Estado de la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés, mediante la política monetaria —en el caso de la Eurozona esta función la desempeña el Banco Central Europeo (BCE)—. El segundo pilar es la política fiscal, que emana de la regulación por el Estado de los impuestos y el gasto público, mediante la unificación de ambas competencias en un Ministerio de Economía. Pues bien, dicho Tratado ha privado al euro de este segundo componente institucional, imprescindible para su viabilidad técnica.

En el capítulo 2 del presente texto se señala que ante la posible alternativa de tener que abandonar el euro debido a dicha inviabilidad técnica y económica, nunca por voluntad propia, España se encontraría en una situación desesperada y mucho peor que la mayoría de los demás países que integran la Eurozona, debido a los bajísimos registros que ofrecen la productividad —desde mediados de los años noventa—, la eficiencia económica —medida por el bajo peso de las inversiones en tecnologías informáticas y digitales— y unos niveles de competitividad extremadamente reducidos, todo ello respecto del resto de países de la UE-27 y la OCDE. Además, estas características tan preocupantes no son algo coyuntural sino que constituyen un estado crónico desde 1979-1980, como lo demuestran los déficits por cuenta corriente, entre otras magnitudes económicas fundamentales.

Al inicio del capítulo 1 de este libro se analizan las interrelaciones entre los déficits fiscales (lo que ingresa menos lo que gasta anualmente todo el Estado) y la elevada deuda soberana (deuda acumulada del Estado) en España a la luz de los enormes desequilibrios en la economía real, que se manifiestan en una secuencia interminable de déficits por cuenta corriente en la balanza de pagos (lo que exportamos menos lo importado anualmente), principal determinante de la deuda externa colosal de un billón de euros con el resto del mundo en este ecuador de 2012. Como es sabido y los medios de comunicación lo recuerdan a diario, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Gobierno alemán en particular han convertido la reducción del déficit fiscal en España en el objetivo fundamental de la política económica que nos exigen con la finalidad de reducir la deuda externa.

A la vista de tal insistencia y ante la presión implacable de los mercados financieros en el mismo sentido, cabría pensar en apariencia que el binomio déficit fiscal-deuda soberana constituye el epicentro de los problemas realmente trascendentes de la economía española. Sin embargo, el estudio en profundidad que aquí se presenta demuestra que tal binomio es simple consecuencia de los bajísimos niveles comparados en tres magnitudes clave de la economía: la productividad (lo que se produce anualmente por trabajador), la eficiencia tecnológica (el peso de las inversiones informáticas, robóticas y digitales en la inversión total) y la competitividad de las empresas y de los productos españoles. Estas tres deficiencias sistémicas recíprocamente interrelacionadas conforman el auténtico nudo gordiano que genera los enormes desequilibrios internos y externos de la economía y bloquea el crecimiento económico, induciendo la colosal deuda con el exterior que padecemos.

La secuencia de casi treinta años de déficits por cuenta corriente desde 1980 muestra un nivel crónico extremadamente bajo de competitividad de la economía española

Uno de los más graves problemas de la economía española es el déficit crónico por cuenta corriente, que los datos del cuadro 1/3.b (capítulo 1)5 ponen de manifiesto. Como allí se observa, en veintinueve de los treinta y dos años del período 1980-2011, la balanza de pagos en España se cerró con déficit por cuenta corriente; y en quince de los veintinueve años ha sido el mayor del mundo respecto del PIB, habiendo alcanzado magnitudes desproporcionadas entre 2005 y 2009. Como se verá a continuación, un registro tan negativo en un período tan prolongado de casi tres décadas no es una cuestión baladí ni una alteración en un área marginal de la economía; muestra, por el contrario, un estado de desequilibrio económico permanente y creciente del sistema productivo, que se manifiesta en su vertiente exterior en una incapacidad continuada de incrementar las exportaciones al nivel en que las importaciones satisfacen las necesidades de la población; e, igualmente, en la cara interna, una dificultad de generar el ahorro nacional necesario para financiar las inversiones y el crecimiento económico.

Las subidas desproporcionadas de los precios del petróleo en 1973 y 1979 impulsaron fuertemente al alza los costes de producción y la inflación en todos los países industriales, tal como se analiza en el apartado 1.3.6 del capítulo 1.6 Allí se señala que aquellas subidas provocaron el fin de la era de la energía barata y de los grandes complejos industriales intensivos en consumo de energía, colocando a prácticamente todos los países industriales en posición deficitaria en sus respectivas balanzas de pagos con elevados déficits por cuenta corriente, ya que aquella enorme perturbación de la oferta afectó a todos los países industriales. Sin embargo, ya desde la primera subida en 1973, la mayoría de tales países, excepto lamentablemente España, conscientes de la profundidad de la transformación que iban a sufrir los costes, procesos y tecnologías industriales, iniciaron a toda prisa la investigación de nuevos procesos y sistemas orientados a la descomposición por componentes especializados en lo que ha llegado a ser la industria moderna, asignando enormes cantidades de recursos financieros a la investigación de componentes altamente especializados y al desarrollo e innovación de las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC).

En referencia a las causas que han originado la crisis económica internacional iniciada en 2007, principalmente, en los países industriales avanzados, en el apartado 1.1 del capítulo 1 se recoge una cita de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), en su «Informe sobre el comercio y el desarrollo» de 2009, en el que, entre otras cosas, se dice: «La actual crisis económica no fue algo caído del cielo; estalló tras varios años de enormes desequilibrios entre las mayores economías nacionales y dentro de cada una de ellas». En diversos informes sobre la misma cuestión del FMI y el BCE, que también se citan, se insiste en la misma causa. Pero ¿a qué desequilibrios se refieren? Lo aclara el mismo informe de referencia, que añade: «Los desequilibrios más ostensibles eran los grandes déficits por cuenta corriente de Estados Unidos, Reino Unido, España y varias economías de Europa oriental, por una parte, y los grandes y crecientes superávits de China, Japón, Alemania y los países exportadores de petróleo, por otra». Como se ve, España estaba situada en 2007 en la cúspide mundial de los desequilibrios económicos internos y de los déficits por cuenta corriente.

¿Qué es y qué significado económico tiene el déficit por cuenta corriente? Se ha dicho antes que el déficit por cuenta corriente es la diferencia entre exportaciones e importaciones, que a su vez es la misma entre ahorro e inversión. Para evaluar la capacidad de un gobierno para reducir el déficit por cuenta corriente de un país a través de políticas económicas que impulsen directamente las exportaciones y frenen las importaciones es preciso tener en cuenta que los acuerdos internacionales prohíben expresamente tales políticas; por lo que el único recurso posible cuando se tiene moneda propia es utilizar la devaluación encareciendo las importaciones y abaratando las exportaciones en destino. En los países de la Eurozona, entre ellos España, esta medida tampoco es posible ya que las políticas sobre el euro competen al BCE. En suma, la única alternativa para España y el resto de países de la Eurozona es la política fiscal que opere sobre el ahorro y la inversión.

La magnitud de la deuda externa de España en este ecuador de 2012 es prácticamente un billón de euros, que equivale al 100% del PIB. Una cuantía descomunal, casi ocho veces mayor que el promedio de países de la Eurozona y cuyos intereses anuales se acercan ya al 4% del PIB, lo que sumado a las amortizaciones anuales en aproximadamente diez años de solo la mitad de la deuda —refinanciando la otra mitad a más largo plazo— requiere unos desembolsos anuales de aproximadamente el 8% del PIB que se acercan gradualmente hacia el 10%. En otras palabras, la economía española ha sido incapaz de generar suficiente producción y riqueza para sostener el nivel de vida que hemos disfrutado los españoles en las décadas noventa y dos mil, consumiendo productos extranjeros que no podíamos pagar, con lo que ahora nos enfrentamos a la obligación ineludible de tener que realizar un gigantesco esfuerzo durante otras dos décadas para pagar una deuda tan elevada.

En efecto, en todos estos países excepto en España, el ahorro de una parte y la inversión de otra constituyen los dos componentes fundamentales de la estrategia económica nacional para conseguir equilibrar y estabilizar la economía. Así, a título de ejemplo, en el cuadro 5/2.a del capítulo 5 se observa que entre 2000 y 2007 Alemania redujo la inversión bruta de capital fijo en vivienda y construcción un 2,2%, mientras que en España se incrementó elefantiásicamente nada menos que al 224,8%. Como se ve, dos estrategias totalmente dispares y diametralmente opuestas. Esta divergencia tan desproporcionada solo puede ser explicada por el hecho de que en Alemania hay una estrategia económica nacional que orienta la economía hacia los equilibrios intersectoriales más ventajosos, mientras que en España existen 1+17 estrategias de inversión autonómicas desvinculadas de cualquier objetivo de política nacional, debido al carácter territorial y no sectorial del sistema económico. Y como señala el profesor de economía de la estadounidense Universidad de Harvard, Richard Vietor, en la cita al comienzo de este libro: «El hecho de que la organización del Estado siga una estrategia nacional hace que los países sean grandes o se hundan en el subdesarrollo».

Los niveles extremadamente bajos de productividad de la economía española

Se ha señalado anteriormente que los déficits por cuenta corriente y la enormidad de la deuda externa generada por la acumulación de los mismos durante años y años constituyen el principal indicador estructural de la crisis que padecemos en España desde 2008 y que según la EPA del segundo trimestre de 2012 ha provocado que el paro haya llegado ya al 24,5% de la población activa, con 5,67 millones de desempleados. La salida de una situación como esta solo es posible si la economía reemprende la senda del crecimiento económico, que como es sabido depende fundamentalmente del crecimiento de la productividad y constituye la fuente del crecimiento económico estable. El tipo de crecimiento que caracteriza las economías industriales avanzadas, justamente el que no ha tenido lugar en España.

Dicho crecimiento diverge radicalmente del basado en la mera acumulación de factores de producción. La diferencia entre los dos tipos se comprende muy fácilmente con un sencillo ejemplo. Supongamos una empresa dedicada a la construcción y venta de viviendas que en 2010 obtuvo una producción de 10 millones de euros, con 100 trabajadores; la productividad al dividir ambas cantidades es 100.000 euros por trabajador; si en 2011 la empresa construyó y vendió mayor número de viviendas por importe de 13 millones de euros con 130 trabajadores, la producción se incrementó el 30% pero la productividad no ha variado, los mismos 100.000 euros por trabajador. En consecuencia, el aumento del 30% de la producción ha estado basado en la construcción y venta de más viviendas, mediante la calificación de más suelo, la contratación de más trabajadores y la contratación de más créditos, pero no mediante mayor productividad. Este ha sido el tipo de crecimiento económico en España desde mediados de los años noventa hasta 2007, que se detiene si cesa el suministro de más cantidades de factores (por ejemplo la interrupción del crédito). Entonces la producción y el crecimiento se paralizan, que es lo que está sucediendo en España desde 2008.

España, a considerable distancia en el uso de las tecnologías informáticas y digitales de la economía moderna

El nivel relativo de inversiones en tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en relación a la inversión bruta de capital fijo total, en trece países industriales avanzados, en el período 1980-2007, se pone de manifiesto en los datos del cuadro 2/3.c (capítulo 2), así como en el cuadro 2/3.d. En este último se compara esa misma relación técnica en los períodos 1996-2000 y en 2000-2007, entre España y ocho de los países más avanzados: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

Los datos del cuadro 2/3.d muestran dos características principales: primera, que los ocho países citados señalan porcentajes significativamente superiores en la proporción entre inversiones en información y telecomunicaciones (TIC) respecto a España, situándose a la cabeza de todos ellos Estados Unidos; y segunda, que entre el quinquenio 1996-2000 y el septenio 2000-2007, todos los países sin una sola excepción han aumentado las diferencias con España. Dicho de otra manera, entre 2000 y 2007 España ha acentuado el retraso de inversiones en información y telecomunicaciones en relación con la inversión bruta total, respecto a ocho de los países que constituyen el núcleo principal de los económicamente más desarrollados y socialmente más avanzados del mundo. Recuérdese que el período 2000-2007 ha sido el de mayor crecimiento del PIB y de la demanda interna de los últimos treinta años en España, coincidiendo con el período de mayor expansión de las tecnologías más avanzadas basadas en la informática y en la digitalización de procesos productivos en todo el mundo, soportes principales de la industria y la economía modernas.

No hay la menor duda de que un componente fundamental de la crisis económica en España lo explican los datos de los dos cuadros referidos. Las desventajas y retrasos de la economía española respecto al resto de países mencionados se corresponde con el retraso en la incorporación de las pequeñas y medianas empresas españolas a los nuevos procedimientos industriales, los nuevos sistemas de organización de los procesos productivos y las nuevas tecnologías informáticas y digitales. Y también aquí, la dispersión y fragmentación autonómica en la organización de la producción y la economía constituye un freno insalvable al cortocircuitar y bloquear la red de vasos comunicantes entre sectores especializados y empresas de todas las regiones españolas.

Productividad-competitividad-eficiencia tecnológica: la trinidad sacra de las economías avanzadas, olvidada y maltrecha en la economía española

Los conceptos de esta trilogía de relaciones desiderátum del futuro de la economía española —la mejora drástica de la competitividad, la mejora draconiana de la competitividad y la mejora imperativa de la eficiencia tecnológica— están estrechamente interrelacionados entre sí. Ciertamente y de una parte, la competitividad de las empresas de un país depende fundamentalmente de que sus costes laborales unitarios (CLU) sean cuantitativamente más bajos que los de los países con los que se desea competir, pero los descensos en los CLU son inversamente proporcionales a la productividad; y, de otra parte, los aumentos de la productividad dependen en una parte esencial del nivel de interpenetración de las nuevas tecnologías informáticas y digitales en la industria y más en general en los procesos productivos (eficiencia productiva).

Los CLU están determinados por tres magnitudes: a) los salarios y remuneraciones por todos los conceptos, incluidas las aportaciones a la seguridad social, que desembolsan las empresas por cada trabajador empleado en los procesos de producción; b) la inflación medida por el índice general de precios (IPC), y c) la productividad. Los CLU son las remuneraciones salariales así definidas ajustadas por el índice de inflación —los salarios reales— y descontada o deducida la productividad.

Siguiendo el hilo conductor del doble papel fundamental que desempeña la productividad en el sistema económico tal como se acaba de decir, se colige que la productividad, soportada en las modernas tecnologías, constituye la piedra angular que sostiene las políticas de competitividad y, consecuentemente, las políticas de crecimiento económico.

Pero las políticas que impulsan la productividad son inconstitucionales en España

A partir del análisis de las políticas generalmente aplicadas en los países industriales avanzados, del cuadro de políticas estructurales sobre productividad de la Unión Europea (Dirección General de empresa e industria y base de datos pública New Cronos de Eurostat), de la OCDE (Productivity Database y Structural Analysis/STAN) y del FMI (World Economic Outlook), se obtiene un cuadro de políticas sobre productividad que incluye, entre otras: políticas sobre desarrollo y modernización de las instituciones económicas; políticas sobre nuevas tecnologías, procesos y sistemas, en particular las tecnologías TIC; sobre I+D, venture capital y otras; políticas sobre empleo, y en particular sobre empleo de trabajadores de mayor edad; políticas sobre capital humano (educación, formación profesional, políticas laborales y otras); también de integración del mercado financiero; de estrategias de costes (intensidad energética de la economía, costes y sistemas de transportes y otras); políticas PYME de capacitación, financiación y especialización sectorial, así como de integración y asociación de empresas (clúster, etc.) y otras.

Fácilmente se aprecia que todas ellas son políticas gubernamentales de ámbito macroeconómico focalizadas hacia el conjunto de la economía y de las empresas, muy especialmente las pymes, aunque no exclusivamente. Pero el mencionado carácter macroeconómico de tales medidas soportadas en la capacidad política y económica de los gobiernos, entra en abierta colisión con la eliminación de hecho del funcionamiento macroeconómico de la economía en España, sustituido mediante el Título VIII de la Constitución, artículos 148.1 y 149.1 y 3, por la organización territorial del Estado, con diecisiete estrategias económicas propias, necesariamente de alcance regional.

La gran mayoría de tales políticas reseñadas, por no decir la totalidad, inciden directamente sobre las instituciones económicas y la inversión pública y privada de la nación. Pero las instituciones económicas son en sí mismas y conceptualmente de ámbito macroeconómico, tales como las políticas de reducción del riesgo-país para captación de IED (inversión extranjera directa), bancos públicos especializados en financiación a largo y muy largo plazo para la industria, entidades especializadas en venture capital para financiar las innovaciones, y muchísimas otras. Por otra parte, ambos tipos de inversión pública y privada y el total de la misma en España están fragmentadas en diecisiete territorios y 1+17 gobiernos ejecutantes. Promover tales políticas de impulsión y desarrollo de la productividad, necesariamente de ámbito macroeconómico, en el presente marco constitucional económico, fragmentado y compartimentado en territorios estancos, en España, deviene más en un problema cabalístico o de cuadratura del círculo que en una estrategia coherente y racional de estabilidad y crecimiento económico. Políticas, pues, por lo que se deduce, de todo punto imposibles en la España constitucional actual.

Análisis individualizado de los principales factores que determinan los bajos niveles de productividad, eficiencia productiva y competitividad de la economía española

En una de las últimas páginas del libro, bajo el título «Organización del trabajo», se resumen los principales factores determinantes de la crisis económica en España. La primera característica que se pone de manifiesto es la estructura de tres niveles en los que se ordenan los componentes principales de la misma. El primer nivel es el de la economía internacional en el que España realiza el comercio exterior (capítulo 1), que comprende: las causas de la crisis económica y financiera internacional (apartado 1.1), los enormes desequilibrios mundiales (apartado 1.2) y, con mayor detalle, los persistentes desequilibrios de la economía española producidos por los déficits por cuenta corriente desde 1980 (apartado 1.3).

El segundo nivel es la UE-27 y la Eurozona, de las que España es miembro de pleno derecho. En los apartados 2.1 y 2.2 del capítulo 2 se analiza el divorcio entre la política monetaria del BCE y la economía real, así como la limitación institucional del euro al no estar fundamentado su funcionamiento en la política fiscal única, además de la política monetaria única. En el apartado 2.3 se analizan las enormes diferencias de productividad entre los diecisiete países de la Eurozona, concluyendo que tales divergencias son la causa fundamental de la economía real que imposibilita la unidad de la política fiscal en la Eurozona. En este mismo apartado se analiza el grave problema institucional del euro y las consecuencias que puede acarrear, arrastrando a una gran depresión a toda la Unión Europea si no se modifica el Tratado de Maastricht en el que se fundamenta su funcionamiento. Igualmente se estudia (apartado 2.4) el tipo de crecimiento en España, basado en la mera acumulación de factores de producción y no en la productividad.

El tercer nivel es el puramente interno del propio sistema productivo. Los factores determinantes (capítulos 3 y 4) se clasifican en tres bloques; el primero, los factores que motivan las diferencias sistémicas de la economía territorial española con el sistema universal sectorial de economía mixta (apartados 3.2 a 3.4); el segundo, la inconsistencia del modelo económico en España con el modelo económico general representado en el flujo circular de la renta (apartados 3.5 y 3.6); en tercer lugar, el contraste absoluto entre el sistema económico del Estado de las autonomías con el de los estados federales, particularizados en Estados Unidos y Alemania (apartados 3.7 y 3.8); por último, el coste desmesurado del Estado autonómico (apartado 3.9). También se examinan (capítulo 4) los mecanismos técnicos por los que el Estado autonómico —que se asemeja a los estados confederales o a las agrupaciones de estados independientes— descompone y destruye la cohesión interna del sistema productivo en España.

La estrategia económica del Estado autonómico (capítulo 5) se sintetiza en el zigzaguear de la evolución de las actividades productivas desde la economía predominantemente industrial nacional en las décadas sesenta y setenta del pasado siglo hacia las economías regionales en el final de los setenta y ochenta (apartado 5.1), para desembocar abiertamente en la economía especulativa del ladrillo en la décadas noventa y dos mil. Ello se manifiesta en la desproporción de la inversión en capital fijo en el sector de la construcción (apartado 5.2). Después se estudia el marco jurídico legal del suelo, único en el mundo (apartado 5.4); la desproporción de la vivienda en propiedad que hace desplazar la curva de demanda de suelo siempre hacia la derecha y provoca irremediablemente precios al alza (apartado 5.5). Después se estudia la evolución de los costes y precios, así como la estimación cuantitativa del monto anual de los beneficios de la especulación (apartado 5.7). En el apartado 5.8 se analiza la «virginal» Ley 8/2007 de 30 de mayo del gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, cuya principal característica ha sido no haber percibido, ni contemplado, ni previsto, y menos aún modificado, ni uno solo de los mecanismos legales e institucionales que crearon y propulsaron la gigantesca burbuja inmobiliaria que estalló en 2008; una ley promulgada solo siete meses antes de que esta estallara y se llevara por delante la estabilidad y el crecimiento económico en España para muchos años.

Mención muy especial dentro del mismo capítulo 5 merecen los epígrafes 5.6.3 y 5.6.4 del apartado 5.6, en los que se analizan los mecanismos jurídico-constitucionales que han determinado, de una parte, la sustitución del sistema de economía mixta de mercado —estructurado en sectores interdependientes, regidos todos ellos por el mismo marco regulatorio— por el sistema económico autonómico —estructurado en territorios compartimentados y estancos, regidos cada uno de ellos por su propio marco regulatorio individual e independiente cada uno respecto a los demás—, situación que emana de cada Estatuto de autonomía, que es la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Por otra parte, esos mismos mecanismos jurídico-constitucionales determinaron el cambio diametral en la trayectoria de la economía española a partir de 1985 desde la economía predominantemente industrial de las décadas sesenta y setenta hacia la nueva economía autonómica —basada esta en la urbanización masiva e indiscriminada de suelo rural, en la construcción masiva de viviendas muy por encima de las necesidades de la demanda, en la producción intensiva de todo tipo de equipamientos públicos y privados, en la construcción en general y en las actividades y servicios inmobiliarios—. Todos estos factores han sido los que han generado la colosal burbuja inmobiliaria que explotó en 2008. Por último, en el apartado 5.6.5 se analizan las responsabilidades institucionales de los partidos políticos que han provocado irreflexiva e interesadamente tales cambios; así como los principales dirigentes que tenían la competencia de los mismos y la responsabilidad de haber dirigido la Transición hacia unos objetivos y prioridades afines al interés general del conjunto de los ciudadanos y no de los intereses de la clase dirigente tanto a escala nacional como de las diferentes regiones.

La estrategia financiera del Estado autonómico (capítulo 6) se sintetiza en tres hechos fundamentales sobre las entidades de crédito. El primero y más general, la práctica desregulación total del sistema financiero (apartados 6.1 a 6.3). El segundo, la supresión de la vinculación orgánica de las cajas de ahorro con el Banco de España —que quedó como mero supervisor— mediante la Ley 31/1985 de 2 de agosto, y su traspaso a la dependencia política de las CC.AA., con el final catastrófico por todos conocido de quiebra y bancarrota de gran número de ellas y la transformación en bancos privados del resto (apartado 6.4). La tercera seña de identidad ha sido la supresión de todos los bancos que hacían competencia a la banca privada: las propias cajas de ahorro, los bancos industriales y de inversión, la banca especializada y todos los bancos públicos sin una sola excepción (apartado 6.5); la privatización del Banco Hipotecario de España (apartado 6.6); la supresión del BCI y la financiación a largo plazo de la industria (6.7.1); la supresión del banco especializado en la exportación (6.7.2), y la supresión de toda acción del Estado en la banca social y cooperativa con la privatización del BCA (apartado 6.8), con la secuela antisocial de que los millones de ciudadanos que viven en los 4.000 municipios más pequeños son víctimas de exclusión financiera.

Igualmente, hay que destacar (capítulo 7, apartado 7.1) el impacto sobre la estructura sectorial del sistema productivo, concluyendo que se ha producido un giro copernicano desde la estructura predominantemente industrial entre 1960 y 1985 (dos tercios del crédito y financiación a las actividades productivas) hacia la estructura basada en la vivienda, construcción y actividades inmobiliarias entre 1985 y 2007, que han absorbido las dos terceras partes del mismo crédito en este segundo período. En el apartado 7.2 se analiza el impacto de la política de financiación y subvenciones que alteraron los patrones industriales de localización de la actividad económica. A continuación se estudia el efecto económico de reducción del multiplicador de inversión en la economía al desplazar el centro de gravedad económico de la industria al sector de vivienda, construcción y actividades inmobiliarias (apartado 7.3), lo que ha dado lugar a un proceso de endeudamiento creciente y desmesurado de todos los agentes económicos (apartados 7.4 a 7.7).

Por último, se profundiza (capítulo 8) en el impacto demoledor del nuevo sistema económico territorial autonómico sobre la industria, las actividades interdependientes, los servicios a empresas y a la producción, que constituyen el tejido principal de la economía moderna (apartado 8.1); así como también el impacto negativo directo sobre la industria (apartados 8.2 a 8.5). Mediante el análisis de tendencias (apartado 8.5), se proyectan las tendencias registradas en 2000-2007 al período 2008-2015. En el apartado 8.6 se analiza el impacto contractivo neto sobre la capacidad productiva, con el resultado estremecedor de que hacia 2015 el sistema productivo en España podría llegar a alcanzar la pérdida acumulada del 33% de la capacidad productiva y consecuentemente de la población activa, aproximadamente entre 7,5 y 8,5 millones de empleos. Y ello, independientemente de que las tasas estadísticas de desempleo no alcancen tales cotas debido al retorno de una parte de inmigrantes a sus países de origen o se acelere la emigración de trabajadores españoles hacia otros países que operen con sistemas productivos más racionales que el nuestro.

Lo que parece el único medio posible para deshacer el nudo gordiano que paraliza el crecimiento y hunde la economía española: un plan de estabilización que actúe simultáneamente sobre salarios, precios y productividad

Ninguna de las tres ratios reiteradamente citadas posee una variable económica mágica sobre la que se puedan aplicar medidas concretas que impulsen su reactivación tirando de las demás e induciendo el crecimiento económico general. No está pues al descubierto ningún cabo de ninguna de las tres ratios sobre el que se pueda tirar para deshacer el nudo gordiano que interrelaciona los muy reducidos niveles de productividad, eficiencia económica y competitividad de la economía española.

El único camino que parece quedar abierto es actuar simultáneamente, y en el marco de una estrategia única de objetivos y prioridades, sobre el conjunto de los factores de producción que inciden de forma significativa sobre las mismas tres ratios, a saber: sobre los salarios y el mercado laboral; sobre concentración y especialización de empresas; sobre la financiación y especialización bancaria (a largo plazo, a pymes, etc.); sobre I+D y la introducción de innovaciones (venture capital para la experimentación aplicada, start up, etc., y crédito a la inversión derivada de las patentes de las pymes y otras); sobre políticas y costes energéticos, de transportes y otros, así como un conjunto más completo y coherente que condiciona la iniciativa de las empresas para invertir en nuevas tecnologías informáticas, digitales, robóticas y otras.

Fácilmente se comprende que las políticas que actúen sobre todos estos factores y todos los demás que resulten necesarios, para que sean efectivas y actúen simultáneamente elevando la productividad, la eficiencia y la competitividad de la economía, deben estar interrelacionadas y responder todas ellas a los mismos objetivos y prioridades, dentro del fin principal de creación en España del conjunto de condiciones básicas que requieren las empresas inversoras nacionales e internacionales con el propósito de que permanezcan las ya implantadas y especialmente elijan nuestro país las extranjeras para materializar sus planes y programas de inversión dentro de sus respectivas políticas de expansión o de recolocación de sus empresas productoras. Tal conjunto integrado y coherente de políticas, actuaciones y medidas solo puede ser un plan de estabilización, denominado así por la importancia singular que adquieren dentro del conjunto los tres factores ya referidos que determinan la competitividad, a saber: las remuneraciones salariales, los niveles de precios y la productividad real. Un desarrollo más detallado se encuentra en el capítulo 9 de este libro.

Sin reformar el Título VIII de la Constitución ningún plan de estabilización será posible

Se ha señalado en apartados precedentes la existencia de tres desequilibrios institucionales en el sistema productivo provocado por la fragmentación territorial del sistema económico autonómico instaurado por el Título VIII de la Constitución, así como la compartimentación estanca entre ahorro e inversión, la dispersión de competencias entre impuestos y gasto público que anula constitucionalmente la potestad del Estado sobre la política fiscal y los desequilibrios sistémicos intersectoriales. También se ha señalado la disparidad extrema entre el desarrollo y eficacia de las infraestructuras económicas y el desarrollo y eficacia de las instituciones económicas, al estar la competencia sobre ambas fragmentada en las diecisiete comunidades autónomas.

Por otra parte, del análisis en términos macroeconómicos de la crisis económica en España se colige que el factor fundamental que paraliza la inversión, la producción y la creación de empleo en España es el impacto combinado e interdependiente entre las extraordinariamente reducidas tasas de productividad, los bajos niveles de eficiencia tecnológica de la economía española y los niveles de competitividad de las empresas y productos españoles, muy por debajo de los promedios de los países de la Eurozona y del resto de países avanzados. También se ha señalado que la causa determinante de tales bajos niveles es la incapacidad constitucional del Estado para promover e impulsar las políticas económicas adecuadas, debido a la competencia constitucional exclusiva de las comunidades autónomas en gran parte de las materias económicas en las que se sustenta la política fiscal.

En el apartado precedente se ha llegado a la conclusión de que, debido a las intrincadas interrelaciones recíprocas entre productividad, eficiencia y competitividad, únicamente es posible actuar sobre las mismas de forma simultánea y en paralelo mediante un plan de estabilización que actúe sobre el conjunto de los factores que condicionan los reducidos valores de tales tres ratios estructurales. Todo lo cual resulta de todo punto inviable si el Estado continúa despojado de la potestad de la política fiscal y las CC.AA. siguen manteniendo sus competencias actuales en materias económicas.

Se infiere de todo ello que es condición sine qua non la reforma del Título VIII de la Constitución, en un sentido igual o equivalente al que se desarrolla en los capítulos 6 al 8 del presente texto. Pero hablar de la reforma del Título VIII de la Constitución supone trasladar el problema desde el ámbito estrictamente económico al plano puramente político; y es aquí donde surge un obstáculo aún de mayor envergadura que el económico, con ser la solución a este último en sí sola extraordinariamente compleja, extremadamente difícil y de un reto difícilmente asumible por muy pocas personas, realistas, capacitadas y responsables.

La responsabilidad de PSOE y PP en el origen y génesis de la crisis les incapacita para la solución

En algunos medios, por ejemplo en El País del 30 de julio de 2012, en un artículo firmado por Manuel Sanchís se afirma: «Por ello, sería conveniente avanzar hacia una Gran Coalición que asuma la defensa del euro». Una solución de este tipo plantea una pregunta clave: ¿por qué si ninguno de los dos partidos por separado ha sido capaz de alumbrar una solución efectiva después de cuatro años y medio de crisis, van a conseguirlo gobernando juntos? La premonición de lo que podría llegar a ser la política de la Gran Coalición no parece que vaya a ser un misterio para nadie, ya que lógicamente no podrá ser muy diferente de las políticas que han venido aplicando por separado cada uno los dos partidos que han gobernado entre 2004 y 2012. Políticas que, como se reseña a continuación, han supuesto, de una parte, la marginación y olvido total de los factores de la economía real que han deteriorado seriamente el sistema productivo y a los que, no obstante, ni el PSOE hasta 2011 ni el PP en lo que llevamos de 2012 han hecho ni siquiera la más mínima mención.

Respecto al autismo absoluto en los debates sobre el estado de la nación de los principales indicadores del deterioro estructural que se venía produciendo desde 2000 en la economía real, así como la total ausencia de medidas concretas en las políticas de los gobiernos de uno y otro partido, bastan cuatro botones de muestra que no dejan lugar a dudas. Tomemos como referencia los debates de la nación de los años 2005, 2007 y 2009, así como las consiguientes políticas de aquellos años, y prestemos atención a lo que estaba sucediendo en la economía real en cuatro magnitudes absolutamente fundamentales del sistema productivo, a saber: el déficit por cuenta corriente (cuadro 1/3.b del capítulo 1), la deuda externa (cuadro 7/4.c del capítulo 7), el índice de producción industrial (cuadro 8/4.a del capítulo 8) y el número de ocupados en la industria (cuadro 8/4.d del mismo capítulo). Igualmente, podrían ser tomadas otras magnitudes económicas de la economía real también analizadas en el presente trabajo. Veamos lo que sucedió en cada una de las cuatro magnitudes citadas en algunos de los años.

En 2005 respecto a 2003, el déficit por cuenta corriente aumentó más del doble desde el -3,5% al -7,4%, el mayor del mundo a considerable distancia del segundo, La deuda externa aumentó desde 337.700 millones de euros en 2003 (41% del PIB) a 511.000 millones en 2005 (57% del PIB). El índice de producción industrial se elevó 2,7 puntos desde 91,9 a 94,6. Y, finalmente, el empleo en la industria se incrementó solo en 79.200 personas (el 1% de toda la economía) desde 3,20 millones en 2003 a 3,28 millones en 2005. Pues bien, ni en el debate sobre el estado de la nación en 2005 ni en ningún otro debate o propuesta de políticas de ningún tipo, esta evolución, que ya era preocupante, de la economía real fue objeto de la menor referencia ni atención; ni por el Gobierno ni por la oposición.

Pero dos años después, en 2007, la situación era ya de verdadera alarma. En efecto, en los dos años transcurridos desde 2005, el déficit por cuenta corriente se disparó hasta el -10,1% del PIB, cifra desorbitada completamente ajena a cualquier otro país industrial avanzado en ningún otro período; la deuda externa aumentó de forma parecida desde los 511.000 millones de euros (57% del PIB) a los 826.700 millones en 2007 (85% del PIB); el índice de producción industrial aumentó un raquítico punto porcentual desde los 94,6 puntos hasta los 95,6; y, por último, la población ocupada en la industria descendió de 3,28 millones de personas en 2005 a 2,26 en 2007. Esta evolución no podía ser peor y mostraba ya con absoluta claridad y en toda su crudeza la catástrofe que se avecinaba. Pero para el señor Rodríguez Zapatero, para su gobierno socialista y para su partido, el PSOE, incluyendo los miembros responsables del área económica y todos los demás, este cuadro ya estremecedor era una «economía Champions», y desde la oposición dirigida por el señor Rajoy tampoco nadie alzó la voz para denunciar y alertar a la opinión pública sobre la extrema gravedad de tales datos.

Dos años más tarde, en 2009, ya se llevaban dos años de crisis y la economía real continuaba hundiéndose, como lo demuestra el empeoramiento de las cuatro magnitudes de la economía real sobre las que se fundamenta esta parte del análisis. En efecto, el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos fue del -9,2%, un año más el primero en el ranking mundial; la deuda externa se incrementó hasta los 942.000 millones de euros, el 95% del PIB; el índice de producción industrial descendió hasta los 79,1 puntos, con una caída respecto a 2007 de 16,5 puntos, descendiendo al nivel de 1994, y, por último, la ocupación en la industria descendió en 190.000 personas hasta 3,07 millones de trabajadores. Pues bien, con estos datos demoledores, prueba palpable y evidente del manifiesto hundimiento que ya se estaba produciendo en la economía real y en la actividad productiva, el señor Rodríguez Zapatero, su gobierno y su partido, el PSOE, después de muchos meses de no haber reconocido el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desencadenamiento de la crisis al inicio de 2008, en el mismo 2009 con los datos referidos no tuvieron reparo en desinformar a la opinión pública afirmando que la recuperación ya había empezado por los «brotes verdes» que ellos ya estaban percibiendo, manifestando que la recuperación era cuestión de pocos meses.

Se podría extender el análisis a 2011, y también a los años intermedios 2004, 2006, 2008 y 2010, y el resultado sería casi idéntico; nadie desde el Gobierno (el PSOE desde 2004 a 2011 y el PP ya en 2012) ni cuando estaban en la oposición; así como tampoco desde ningún otro partido, ya fueran los nacionalistas, Izquierda Unida y los demás, alzó una sola voz en el Parlamento denunciando la situación y alertando a la población sobre el tsunami que ya estaba a la vista y que ya había empezado a llevarse por delante millones de puestos de trabajo. Con estos antecedentes resulta imposible entender cómo el PP y el PSOE, juntos o por separado, pueden sacar a España de la crisis económica que ellos han provocado; por sí mismos o con los partidos nacionalistas que han sido sus valedores parlamentarios, alternativamente de uno y de otro, a cambio de transferencias económicas que han roto la cohesión interna del sistema productivo y han hundido la economía española.

Y por exclusión, solo se vislumbra una posibilidad: un gobierno de emergencia nacional

Se colige por exclusión lógica que solo parece quedar una única posibilidad: la elección y designación de un gobierno de emergencia nacional, que debería estar formado por personas suficientemente capacitadas y cualificadas, con experiencia probada, honestas y con capacidad de comprometerse en un reto de tal envergadura y, muy especialmente, capaces y dispuestas a cumplir los compromisos que adquieran; más o menos en la forma que se describe en el citado capítulo 10. En abstracto parece algo demasiado complejo y extremadamente difícil de conseguir; pero en la práctica, la participación activa de las principales instituciones económicas y políticas pueden, sin la menor duda, alumbrar la solución más adecuada. España y los ciudadanos españoles no somos en absoluto diferentes al resto de ciudadanos de Europa y del mundo.

Cuando en 1959 la aplicación del plan de estabilización propulsó el saneamiento de la economía informal y el paro encubierto haciendo explícito el desempleo real, más de dos millones de trabajadores españoles tuvieron que emigrar a Alemania, Francia, Suiza y Bélgica, principalmente, y se integraron y desarrollaron una productividad en promedio idéntica a la de los trabajadores autóctonos. E igualmente, cuando a partir de 1963 el efecto expansivo sobre la actividad preferentemente industrial abrió progresivamente la economía española a la competencia internacional, los empresarios españoles fueron capaces de catapultar la economía española al octavo puesto en el ranking mundial y a unas tasas de crecimiento industrial equivalentes a las de Japón, que era la economía estrella de aquella época. Pero para demostrar la capacidad de las empresas españolas no es necesario remontarse a época tan lejana: ahora mismo estamos asistiendo a un fenómeno extraordinario de gran importancia, como es la capacidad competitiva del conjunto de subsectores industriales directamente relacionados con la exportación, que entre 2008 y 2011 han hecho crecer las exportaciones el 13,5%, de tal modo que el índice de producción industrial ha retrocedido 22 puntos porcentuales en el mismo período. Dicho grupo —lamentablemente minoritario— de empresas que producen y exportan desde España están demostrando que son tan capaces y eficientes como cualquier otra de cualquier otro país. Adicionalmente, tienen la virtud de estar señalando el camino que debe orientar el nuevo plan de estabilización que aquí se propone. Esta no es pues ninguna quimera, sino una vía de salida concreta y perfectamente realizable desde el estricto punto de vista económico.

No obstante y también sin la menor duda, en lo más o menos parecido a una cierta hoja de ruta de salida de la crisis económica que aquí se plantea, ya se ha señalado que frente a la envergadura desproporcionada y de muy seria complejidad del problema puramente económico, el obstáculo aún mayor, a la manera de un muro de acero y cemento que parece impenetrable, es el inmenso poder de los partidos políticos sobre todos los ámbitos de la economía y la sociedad españolas, así como el hecho trascendente de que todos ellos sin una sola excepción continúan siendo defensores acérrimos del actual sistema económico territorial-confederal-autonómico, en su actual conformación.

A tal efecto, resulta premonitorio de lo que podría pasar con tal reforma que nadie en el mundo del poder real de la política en España haya cuestionado en lo más mínimo el sistema electoral de listas cerradas imperante en España —fuente principal de tal poder absoluto del que gozan los partidos políticos— de manera formal en el Parlamento —aunque de manera informal, algún pequeño partido político como UPyD lo haya mencionado—. Un sistema que faculta al jefe de cada partido (secretario general o presidente) a decidir, por un lado, la composición de las listas de candidatos y, en consecuencia, quién adquiere o no adquiere la condición de diputado dentro del número de escaños que cada uno obtiene; y, por otro lado, a orientar de forma imperativa el sentido del voto en cada votación parlamentaria, por el sencillo procedimiento de que el ayudante de turno (el jefe del correspondiente grupo parlamentario) levante la mano en cada votación indicando el sentido del voto; ya que «quien se mueva no sale en la foto», tal como en su momento señaló Alfonso Guerra; o lo que es lo mismo, quien no acate las órdenes en las siguientes elecciones no estará en las listas de diputados. Teniendo en cuenta que en la autocracia franquista bastaba un solo ayudante del general para que todos los parlamentarios en aquellas cortes orgánicas votaran al unísono, y al considerar ahora que en el actual Parlamento son poco más de media docena los ayudantes en los partidos políticos que transmiten las decisiones de los correspondientes jefes (secretario general o presidente), se puede concluir que, en la práctica, la autocracia franquista ha sido sustituida en esta cuestión capital por una oligocracia real disfrazada de democracia formal; un término, «oligocracia», que no está en el DRAE pero que bien podría estarlo si la actual situación de la economía no desembocara en el colapso y en el pánico general más pronto que tarde.

Palabras que sin duda sonarán muy duras y catastrofistas a algunas personas, pero que son solo la consecuencia lógica de la situación real que los datos oficiales ponen de manifiesto, entre los cuales el nivel de desempleo de 5,67 millones de personas en el primer semestre de 2012 —que suponen el 24,5% de la población activa— es suficientemente lacerante por sí solo para hacer callar a los políticos responsables directos e indirectos de tal catástrofe. Este es un trabajo en el que se ha hecho un esfuerzo ímprobo de objetividad, si bien en ningún caso de neutralidad. Simplemente, no se puede ser neutral ante los creadores de leyes y de políticas que han destruido una parte significativa de la capacidad productiva de la economía española y del empleo, ni ante los millones de ciudadanos que ya lo han perdido, los que corren alto riesgo de quedarse sin él y la mitad de los jóvenes que no han encontrado ninguno; ni ante los nuevos caciques territoriales autonómicos y los especuladores, de una parte, y, de otra, los que deben trabajar sin descanso durante el resto de sus vidas para pagar unas hipotecas que doblan el valor real de las viviendas que compraron; así como tampoco ante los políticos que se han beneficiado en loor de multitudes de unas prestaciones sociales ficticias —al ocultar que estaban siendo financiadas con un endeudamiento monstruoso que ha alcanzado el billón de euros—, ni ante la inmensa mayoría de los ciudadanos de clase media y de las clases populares que tendrán que sudar tinta trabajando sin descanso durante los próximos veinte años para poder pagar anualmente entre el 8 y 10% del PIB para amortizar con ello la deuda principal y sus intereses.

Obviamente, los beneficiarios de tal estado de cosas, que los hay y no son pocos, si este trabajo llega a tener alguna mínima difusión, no solo lo descalificarán bajo argumentaciones políticas o ad hóminem e incluso con epítetos mucho peores, sino que procurarán seguir ignorando los datos reales armonizados, ciertos e incontestables —los contenidos en los más de noventa cuadros estadísticos y en las más de 350 citas numeradas de la edición digital—, especialmente quienes sin el menor escrúpulo y en el ejercicio de cargos públicos han impuesto sus intereses particulares y/o de partido, políticos y/o económicos, prioritariamente y por encima de los de la colectividad social y de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. En unas ocasiones con las banderas de los partidos «progres» y en otras con la de la derecha tradicional; y en todos los casos, con el apoyo de las banderas nacionalistas o regionalistas; lustrosas y brillantes estas, costeadas con las jugosas compensaciones recibidas que pagamos —mediante la desintegración del sistema económico— la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.

Capítulo 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, UN CASO ÚNICO

En 2011, el 12º lugar de trece países industriales en cinco magnitudes clave, según el FMI; el lugar 1º en desempleo entre los treinta y cuatro países de la OCDE; déficit comercial exterior en veintisiete de los treinta años entre 1980 y 2009 y el más elevado del mundo respecto del PIB en 2000-2008 según UNCTAD

La zozobra de los elevados déficits fiscales y deuda soberana a la luz de los enormes desequilibrios en la economía real: deuda exterior y déficits corrientes muy elevados desde 1980

Desde que en 2009 el déficit presupuestario en España se elevó bruscamente del 4,5% del PIB en el año precedente hasta el 11,5% empezaron a saltar alarmas y preocupaciones sobre la economía española por todas partes, en los ámbitos financieros y políticos de la Unión Europea e incluso en ámbitos internacionales más amplios. A la vista del mal comienzo de 2010, la cúpula dirigente de la Unión Europea en Berlín y Bruselas, al unísono, acentuaron fuertemente la presión sobre el Gobierno socialista de entonces, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, para que adoptara drásticas medidas de ajuste fiscal mediante la reducción de importantes prestaciones sociales, por una cuantía aproximada de unos 15.000 millones de euros.

Para poder tener una idea clara de la importancia relativa del déficit fiscal en España en el período reciente comparativamente a la Eurozona y la UE-27, así como respecto de las tres mayores economías de esta última, se resumen muy brevemente los datos de Eurostat en el período 2005-2011 sobre déficits fiscales en el siguiente cuadro:

A

(% PIB)

2005

2007

2008

2009

2010

2011

UE-27

-2,4

-0,9

-2,4

-6,8

-6,6

-4,5

Eurozona

-2,5

-0,7

-2,1

-6,4

-6,2

-4,1

Alemania

-3,3

0,2

0,1

-3,2

-4,3

-1,0

Francia

-2,9

-2,7

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

Reino Unido

-3,4

-2,7

-5,0

-11,5

-10,3

-8,3

España

1,3

1,9

-4,5

-11,2

-9,3

-8,9

Como se observa, España registró en 2005 y 2007 posiciones de superávit presupuestario, arrojando el mejor resultado entre todos los países y áreas económicas de referencia. A partir del desencadenamiento de la crisis económica en 2008 el déficit cambió súbitamente de signo, y se registraron déficits crecientes que sobrepasaron a partir de entonces muy ampliamente los valores promedio de la UE-27, la Eurozona y los tres países de referencia; no obstante, tales valores no fueron excesivamente exagerados, pues alcanzaron niveles sensiblemente parecidos a los de Reino Unido. En principio, un mayor o menor déficit en un año determinado no debe constituir motivo de excesiva preocupación, ya que es mucho más significativa su relación con la deuda soberana: por ejemplo, el déficit en 2010 en Alemania fue del 4,3% y su deuda soberana fue del 81,2%; en cambio, el déficit fiscal en España fue del 9,3% y la deuda soberana del 68,5%; en una conclusión meramente lógica aunque no económica, se podría deducir que la situación de España es más o menos parecida a la de Alemania, y sin embargo veremos que no es así.

Como la situación de la economía española continuaba deteriorándose, las agencias de rating, los mercados financieros, los inversores privados y las autoridades económicas y financieras internacionales aumentaron de forma creciente e intensa las presiones sobre el Gobierno de España. En razón a que los valores de la prima de riesgo y el interés que España debe pagar por las emisiones de bonos eran cada vez más elevados, en paralelo con una tendencia persistentemente a la baja de las bolsas de valores y en particular del Ibex 35, el nuevo Gobierno inició una política fuertemente reformista desde el mismo comienzo de su toma de posesión en la última semana de 2011. Pero desde entonces, después de cada nuevo paquete de medidas que adoptaba, los indicadores de la presión de los inversores y los mercados se incrementaban más y más, hasta que finalmente en el Consejo de Ministros del 13 de julio de 2012 se vio obligado a adoptar medidas de bastante mayor calado para incrementar los ingresos públicos y especialmente para reducir los gastos de las Administraciones Públicas, fundamentalmente concentradas en recortes de las prestaciones sociales. El monto del objetivo económico que pretende conseguir ha sido cifrado por el propio Gobierno en 65.000 millones de euros, entre lo que queda de 2012 y hasta 2014. Entre las medidas destacan —por la mayor cuantía relativa— la subida del IVA, la reducción en la prestación por desempleo, supresión de la paga de Navidad de los funcionarios, bajada en las cotizaciones sociales, supresión de la desgravación por compra de vivienda y otras más hasta un total de 35. En particular, el tipo general del IVA aumenta tres puntos (del 18% al 21%) y sube el tipo reducido, que pasa del 8% al 10%. Es de señalar que estas medidas de ajuste del déficit fiscal del Gobierno del Partido Popular presidido por el señor Rajoy se incardinan dentro de la misma política de ajuste fiscal con reducción de las prestaciones sociales que practicó el Gobierno socialista presidido por el señor Rodríguez Zapatero, quien, como se ha señalado, se vio obligado en mayo de 2010 a adoptar una batería de medidas de ajuste fiscal en cuantía de unos 15.000 millones de euros aproximadamente.

Desde el punto de vista del análisis económico, la justificación de esta política estriba no en el hecho de que desde 2008 los gastos sociales y más en general el gasto total de las administraciones públicas en España hubiera experimentado incrementos significativos por encima de la tendencia de gasto del período precedente, sino debido a que se han reducido drásticamente los ingresos recaudados y, consiguientemente, se abrió una brecha con los gastos que generó la cuantía del déficit público que registra el cuadro A precedente.

Antes de continuar adelante parece conveniente aclarar la relación entre déficit fiscal y deuda soberana o deuda pública, la otra magnitud financiera estrechamente correlacionada con aquel. Pues bien, el déficit público no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestados anualmente por el Gobierno; como en cualquier familia o empresa, cuando los primeros son inferiores a los gastos se produce la situación de déficit. La deuda pública no es otra cosa que la suma de los déficits acumulados a lo largo de un período.

Los datos referidos a la deuda pública o deuda soberana en los mismos países y en los mismos años fueron los que se resumen en este cuadro:

B

(% PIB)

2005

2007

2008

2009

2010

2011

UE-27

62,9

59,0

2,5

74,8

80,0

82,5

Eurozona

70,2

66,3

70,1

79,9

85,3

87,2

Alemania

68,6

65,2

66,7

74,4

83,1

81,2

Francia

66,4

64,2

68,2

79,2

82,3

85,8

Reino Unido

42,5

44,4

54,8

69,6

79,6

85,7

España

43,2

36,3

40,2

53,9

61,2

68,5

La lectura de los datos de deuda soberana en los mismos países pone de manifiesto un hecho sorprendente: España, a pesar de los considerables aumentos de los déficits fiscales desde 2008, continuaba ofreciendo todavía en 2011 los mejores datos de deuda soberana entre los mismos países y áreas económicas, y además con diferencias bastante significativas. En todos los años referidos, sin excepción, España presenta los niveles más bajos de deuda soberana. Por solo referirse al último año de la serie se observa que el monto de la deuda soberana de España era 14 puntos porcentuales inferior a la UE-27, 18,7 puntos menos que la Eurozona, 12,7 puntos más baja que en Alemania, 17,3 puntos menos que Francia y 17,2 puntos porcentuales por debajo de Reino Unido. El palmarés, como verifican los datos de Eurostat, fue significativamente más brillante que el del resto de países.

Y, sin embargo, la presión de las instancias financieras internacionales sobre la situación de la economía española continuó siendo muy fuerte y se ha venido materializando en nuevos diferenciales al alza de la prima de riesgo y del tipo de interés que España tiene que pagar por colocar las emisiones de bonos en los mercados financieros, en torno al 7%, así como en la tendencia persistente a la baja del Ibex 35, que con sus altibajos continuos señala sin embargo una tendencia inequívoca a la baja desde 2010. Obviamente, respecto a las agencias de rating, no pasa semana sin que no se olviden de España para darle tajo tras tajo a la calificación de la deuda de todas las instituciones financieras españolas, incluidas naturalmente las propias emisiones del Tesoro. En el mismo sentido, las presiones en el plano político son de igual intensidad o parecida; del Consejo de Europa, la CE, el FMI, la OCDE y todos los demás; a la vez que también individualmente muchos gobiernos, no pasa día en que alguno no haga referencia a la grave situación de la economía española.

Pero si la situación relativa de la deuda soberana resulta que no es muy elevada y, en todo caso, era inferior en 2005-2011 a los valores correspondientes a las dos áreas económicas y tres países referidos. ¿Dónde reside, pues, la clave del problema? ¿Qué otros indicadores netamente representativos de la situación real de la economía española están motivando tan grandes preocupaciones por que los prestatarios y deudores españoles no vayan a pagar sus deudas? La respuesta hay que buscarla en otras dos magnitudes financieras altamente representativas del grado de solvencia estructural del conjunto de la economía: la cuantía de la deuda total de la economía española con el resto del mundo, o deuda externa, así como la cuantía de los déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente; magnitudes financieras que son más significativas que el déficit fiscal y la deuda soberana. La diferencia es clara: del total de la deuda soberana, una parte probablemente mayoritaria está suscrita por personas físicas o jurídicas residentes, mientras que la deuda externa está íntegramente suscrita por extranjeros.

Si volvemos a repetir el mismo análisis refiriéndolo ahora a los déficits de balanza de pagos por cuenta corriente y la deuda externa, veremos que el panorama cambia significativamente. Los datos disponibles en Eurostat sobre saldos por cuenta corriente (exportaciones menos importaciones) todavía no incorporan los valores agregados referidos a la UE-27, así como tampoco a la Eurozona, por lo que el análisis comparado se tiene que limitar necesariamente a los cuatro países individualmente considerados. Los saldos en las balanzas de pagos por cuenta corriente son los que se registran en el siguiente cuadro:

C

(% PIB)

2005

2007

2008

2009

2010

2011

UE-27

–

–

–

–

–

–

Eurozona

–

–

–

–

–

–

Alemania

5,0

7,5

6,2

5,6

5,5

–

Francia

-0,5

-1,0

-2,0

-2,0

-2,1

–

Reino Unido

-4,6

-5,9

-5,6

-2,2

-6,5

–

España

-7,4

-10,0

-9,6

-5,1

-4,5

–

La primera reflexión que suscitan estos datos es el contraste radical entre las respectivas posiciones de dos países entre los que la comparación es muy ilustrativa: Alemania y España. Mientras que el primero muestra una secuencia de saldos positivos en todos los años (superávits), España presenta los resultados contrarios, saldos negativos en todos los años (déficits), y en cuantías tan elevadas que han determinado que España haya encabezado el ranking mundial, en 2000-2007, entre los países del mundo que han tenido los mayores déficits por cuenta corriente respecto al PIB.

La evolución comparada respecto a Francia presenta un resultado menos desfavorable para España, ya que el país galo registró, como España, déficits en todos los años de referencia; sin embargo, las diferencias cuantitativas entre ambos países son muy elevadas; hasta 2007 los déficits de España fueron unas diez veces superiores, si bien una vez que estalló la crisis económica las importaciones se redujeron muy fuertemente y las diferencias con Francia disminuyeron sensiblemente; no obstante, tanto en 2009 como en 2010 los déficits en España fueron más del doble que los franceses. Las diferencias de España con Reino Unido fueron más reducidas, si bien desde el punto de vista económico tienen menor importancia porque este país tiene su propia moneda, la libra, y no está sometido a las mismas reglas del euro y las directrices del Banco Central Europeo (BCE).

El análisis comparado de la situación española con los mismos países de la Unión Europea se completa con la información respecto a la deuda externa neta, cuyos datos se resumen en este cuadro:

D

(% PIB)

2005

2007

2008

2009

2010

2011

UE-27

–

–

–

–

–

–

Eurozona

–

–

–

–

–

–

Alemania

9,8

-4,1

-1,1

-7,3

-5,8

-2,7

Francia

6,5

10,8

19,1

21,5

23,5

27,0

Reino Unido

45,6

43,9

38,1

46,5

46,3

46,2

España

44,5

68,5

76,2

88,2

91,4

93,3

Al igual que en el caso anterior, Eurostat no tiene disponibles todavía los datos correspondientes a la UE-27 y la Eurozona, por lo que el análisis comparado se realiza solo entre los cuatro países individualmente. Conviene aclarar al respecto que una deuda con signo negativo indica siempre posición acreedora, como es el caso de Alemania desde 2007, que posee una posición excedentaria, resultado de haber acumulado superávits en la balanza de pagos en años precedentes. Contrariamente, en todos los demás países son posiciones deudoras en porcentaje respecto al PIB.

Como se observa, la posición de España fue crecientemente negativa, acumulando déficits año tras año entre 2005 y 2011 hasta casi haber duplicado la deuda externa en 2011, en cuantía tal que casi se aproxima al monto del PIB, es decir unos 963.000 millones de euros. La cuantía de la deuda en 2007, unos 650.000 millones de euros aproximadamente y el 68,5% del PIB, llama mucho la atención porque fue el duodécimo año de la etapa de más alto y prolongado crecimiento de la economía española desde los años sesenta del pasado siglo, por lo que no tiene justificación económica un endeudamiento tan elevado. Como se aprecia, en dicho año, la deuda externa de España era 70 veces mayor que la alemana, seis veces superior a la francesa y un 156% por encima de la de Reino Unido.

¿Pero es solo esta elevada cuantía de la deuda externa, con ser muy importante, la única causa de tanta alarma y preocupación crecientes sobre la economía española, que sigue incrementándose incluso después de las contundentes medidas de ajuste fiscal cuasi semanales del Gobierno popular del señor Rajoy? Veremos seguidamente que no.

En efecto, para evaluar correctamente el riesgo de una deuda es preciso relacionar el monto de la misma con dos factores fundamentales de la economía real. El primero, el proceso interno por el que ha sido generada la deuda externa. ¿Es causa de algún acontecimiento aislado y excepcional relacionado con la producción o los mercados, o, por el contrario, ha sido producto de una acumulación gradual y creciente durante un largo período? El segundo factor relaciona el monto de la deuda con la proporción de los ingresos regulares del deudor y consiguientemente con su capacidad económica objetiva para hacer frente a las amortizaciones anuales del principal e intereses. Si un deudor debe cuatro millones de euros e ingresa regularmente de forma segura la quinta parte, un millón de euros, el riesgo es considerablemente inferior respecto a otro deudor con una deuda solo de la cuarta parte, un millón de euros, pero que ingresa únicamente la décima parte de la deuda de forma irregular e insegura.

En términos de la deuda externa de un país, esos dos factores son la serie histórica de su balanza de pagos por cuenta corriente en el período en el que se acumuló dicha deuda y las tasas de crecimiento de la economía durante el período vivo de la misma. En el caso de España, el desequilibrio externo es extraordinariamente elevado y de gran repercusión mundial, como se verá en el apartado siguiente. Respecto al crecimiento económico, una vez que estalló la colosal burbuja inmobiliaria en 2008, el crecimiento se estancó sin perspectiva alguna de que se pueda volver a relanzar sobre la base del sector de la construcción; y con la productividad de la industria y la industria misma estancadas desde 2000, no existe ningún otro sector económico que actúe como locomotora.

En resumen, déficits fiscales desde 2008 muy elevados; niveles de deuda soberana no excesivos en términos comparativos pero rápidamente crecientes desde dicho año; una deuda externa de España con el resto del mundo de un volumen gigantesco, próximo al 100% del PIB al terminar 2011 y, por último, la causa principal que ha generado y hecho crecer esta última: los déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente entre 1980 y hasta el día de hoy.

En 2011, España en el 12º lugar de los trece países industriales en las cinco magnitudes económicas que analiza el FMI en el «Informe sobre la estabilidad financiera mundial» de septiembre de 2011

Avanzado el primer semestre de 2012, la economía española se encuentra en el ojo del huracán de las tensiones especulativas dentro de la Eurozona debido a la muy elevada probabilidad de que una parte del sistema bancario español pudiera encontrarse en serias dificultades, sin excluir el estado de quiebra en una proporción nada desdeñable de cajas de ahorro e incluso algunos bancos, y lo que ya se ha producido cuando estas líneas se están escribiendo, el «rescate bancario». Todo esto confirma algo que ya parece claro para todos: la existencia de una creciente desconfianza en la economía española, que muy probablemente va bastante más allá de la recapitalización de los bancos españoles con el empréstito que será aportado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Empréstito que en principio sería concedido al Gobierno para que este lo asignara a los bancos necesitados sin descartar la capitalización directa de los bancos con tales fondos.

El Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy planteó un auténtico frente de batalla, juntamente con Italia y el apoyo de otros países, para que la UE aceptara otorgar el dinero directamente a los bancos con la finalidad de que no computara como deuda soberana, y en consecuencia, no incumplir los objetivos establecidos para 2012 con la propia UE-27. Algo más delante se verifica que si bien dicho empréstito en el caso de ser aplicado directamente a las antiguas cajas de ahorro y bancos ciertamente no computaría como mayor «deuda soberana», sí computa en cambio como mayor «deuda externa», elevando el endeudamiento neto de la economía española frente al resto del mundo hasta situarla en el 100% del PIB aproximadamente.

Dicha desconfianza en la economía española se ha ido incrementando a lo largo de 2011 y la primera mitad de 2012; y se ha manifestado en el enquistamiento de la prima de riesgo en el entorno de los 450 a 550 puntos básicos e incluso por encima; con el Ibex 35 fluctuando al alza y a la baja, llegando incluso a niveles por debajo de 2003; producido principalmente por el desplome de los activos inmobiliarios, en especial de las antiguas cajas de ahorro, derivado de las enormes pérdidas producidas por el hundimiento a partir de 2008 del sector de la construcción y, en particular, de los precios del suelo urbano y de las viviendas.

Para fijar correctamente el origen y la identificación de los principales responsables de la quiebra producida a una parte esencial del sistema financiero español, es preciso recordar que el marco jurídico que propició el hundimiento del sistema de cajas de ahorro fue la fatídica Ley 31/1985 de 2 de agosto promulgada bajo el Gobierno socialista de Felipe González, ley por la que las cajas de ahorro fueron sustraídas de la dependencia orgánica del Banco de España (relegado a la función de mera supervisión) y entregadas al control político de las CC.AA. (comunidades autónomas) y de los propios partidos políticos que las gobiernan. Los sucesivos colapsos principalmente de Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Catalunya Caixa, Caja del Mediterráneo, de las siete cajas agrupadas junto a Caja Madrid —la cuarta entidad financiera de España— en Bankia, y otras más, son la prueba irrefutable del hundimiento al que las condujo la politización de las mismas por la citada Ley. Este resultado desastroso fue el colofón inevitable que cabía esperar, desde el punto de vista de la lógica económica, del esperpéntico proyecto socialista del PSOE, planteado ya al principio de la Transición, de transformar España en una «nación de naciones», uno de cuyos pilares fundamentales fue tan fatídica ley.

El proceso señalado de volatilidad y nerviosismo en relación con la prima de riesgo y las bolsas de valores se ha visto seriamente reforzado por la elevada frecuencia, casi semanal, con la que el Gobierno español se estaba viendo obligado a realizar las subastas de nuevas emisiones de deuda soberana, prueba evidente de la incapacidad del sistema productivo para generar los recursos financieros suficientes que necesita la propia economía y los impuestos que precisa el Estado para financiar sus necesidades y obligaciones ordinarias de pagos.

Además de la descapitalización de las antiguas cajas de ahorro, la deuda soberana de España es otra preocupación esencial en los ámbitos financieros y políticos

No hay duda de que con tal empréstito de un límite de 100.000 millones de euros, el Gobierno podrá dar por resuelto en el corto plazo uno de los tres problemas principales y más inmediatos que tenía planteados la economía española: las posibles quiebras en cadena de una parte minoritaria aunque significativa de las entidades de crédito españolas. Pero, como se ha dicho, bajo cualquiera de las formas de recapitalización bancaria y en todos los casos, las aportaciones del FEEF a la economía española incrementan la deuda de la misma y las obligaciones de pago frente al resto del mundo, lo que obliga a plantear la cuestión del segundo gran estrangulamiento de la economía española: su enorme endeudamiento total.

Con la finalidad de realizar el estudio del endeudamiento con el exterior y otras de las principales magnitudes de la economía española mediante el examen comparado con los principales países industriales, de forma fehaciente y a partir de datos estadísticos armonizados, se toma como fuente homogénea de información el Informe sobre la estabilidad financiera mundial de septiembre de 2011 del FMI. Como allí se puede verificar, incluye la Tabla 11 «Endeudamiento y apalancamiento en economías avanzadas seleccionadas», en la que se recogen, referidos a trece de las economías avanzadas del mundo, los datos correspondientes al apalancamiento del sector bancario, la deuda de los gobiernos (deuda soberana), el saldo financiero positivo de las familias (ahorro privado), el endeudamiento de las empresas no financieras y el endeudamiento de las respectivas economías con el exterior, medido por el activo financiero neto frente al resto del mundo. Los datos correspondientes se registran en sus valores brutos y netos. Los países incluidos en el referido cuadro son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, la Eurozona, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda y España.

Respecto al excesivo apalancamiento (proporción de préstamos respecto al capital y reservas) del sistema bancario, directamente relacionado con la extrema debilidad en los niveles de solvencia y liquidez de una parte del sistema bancario de España, los datos son los siguientes:

A.   Apalancamiento bancario en % entre activos reales y capital patrimonial real:7 España 19%, solo por encima de Irlanda 18%, Portugal 17% y Grecia 17%, siendo la media de la Eurozona 26%, Bélgica 30%, Alemania 32%, etc.

Tales datos y los del resto de la referida tabla del FMI revelan un nivel de apalancamiento de los bancos españoles, incluidos los nuevos, resultantes de la transformación de las antiguas cajas de ahorro, que es el cuarto más alto de los trece países incluidos en el análisis, solo por detrás de los tres países que han precedido a España en el trance difícil del «rescate»; aunque en el caso español, al ir precedido del durísimo ajuste fiscal al que el Partido Popular sometió a la economía española, las contrapartidas exigidas por Bruselas ya estaban en gran parte en ejecución. En todo caso, el diferencial de siete puntos en el mayor apalancamiento bancario en España respecto al promedio de la Eurozona es un dato bastante significativo que puede justificar el «rescate bancario» que ha sido llevado a cabo.

Adicionalmente a esta cuestión del elevado apalancamiento de la banca y el rescate bancario al que ha dado lugar, el otro problema en la financiación de la economía española sobre el que los mercados financieros, las agencias de rating y las autoridades de la Comisión Europea han manifestando su preocupación y alarma es la deuda soberana del Reino de España. La información del FMI sobre la situación de dicha magnitud financiera en los principales países objeto del análisis comparado que se incluyen en el citado informe de septiembre de 2011 se concreta como sigue:

B.   Deuda neta del Gobierno (deuda soberana) en % del PIB, en 2011: España 56%, una de las más bajas de los trece países incluidos, Japón 131%, Francia 81%, Estados Unidos 73%, media de la Eurozona 69%, Alemania 57%, Canadá 36%, etc. Como se observa, la deuda soberana de la Eurozona era al finalizar 2011 doce puntos porcentuales más elevada que en España.

En el cuadro 7/4.a del capítulo 7 se recogen también los niveles de deuda soberana bruta con la que cerraron el año 2011 los países de la UE-27. En él se observa que el porcentaje sobre el PIB era en España del 61,0%, el quinto más bajo y 19 puntos porcentuales inferior al promedio de la UE-27. Tales datos son plenamente conformes con los que señala el FMI, datos armonizados relativos a la deuda soberana neta en 2011, en los que España (56%) aparece también como uno de los países con niveles más bajos, por encima de Canadá (36%), pero significativamente por debajo de Francia (81%), del promedio de la Eurozona (69%), e incluso ligeramente por debajo de Alemania (57%).

Resulta evidente, a la vista de estos datos comparativos, que los niveles relativos de la deuda soberana del Reino de España en ningún caso poseen un montante suficientemente elevado para justificar una intervención directa de la economía española por la Troika (CE, FMI y BCE) o por ningún otro organismo internacional.

A pesar de no resultar excesivamente alarmantes los datos sobre deuda soberana, claramente mejores que los de la mayoría del resto de los países avanzados incluidos por el FMI en el citado cuadro, y a pesar también de haber quedado razonablemente resuelto el riesgo de quiebras bancarias en España mediante el «rescate bancario», es un hecho de la realidad económica la indudable preocupación por la economía real y el empleo de la propia población española, de las autoridades comunitarias y de las altas instancias de la economía internacional, así como de las agencias de rating y otras instituciones económicas. Especialmente por los elevados y persistentes desequilibrios de la economía española en el largo plazo, desequilibrio interno entre ahorro e inversión, y desequilibrio externo entre exportaciones e importaciones. Desequilibrio estructural de la economía española que denota niveles muy bajos de competitividad del sistema productivo, y, relacionado con todo ello, una bajísima productividad del trabajo y de la productividad total de los factores.

Adicionalmente, hay que citar la creciente y generalizada preocupación externa e interna por el papel y la función de las comunidades autónomas en el seno de la economía española y las dudas generalizadas de que puedan cumplir los objetivos de déficit para 2012 y años sucesivos. Esta vertiente, entre desconocida y oscura, de la función y condicionamiento de la economía española por las comunidades autónomas está siendo objeto de atención especial de las agencias de rating, que con frecuencia cada vez mayor expresan tal preocupación mediante sucesivas rebajas en las respectivas calificaciones de sus correspondientes deudas. Sirva como ejemplo paradigmático las últimas rebajas de calificaciones poco antes de cerrar este trabajo. En efecto, la agencia Fitch Ratings rebajó la solvencia del País Vasco —una de las que cuentan con mejores resultados— dos escalones el 1 de junio; cinco días después, el 6, rebajó tres escalones la calificación de España desde «A» a «BBB»; y tres días después volvió a rebajar un escalón más la deuda del País Vasco. Huelga decir que esta y las otras dos agencias han rebajado la calificación de la deuda de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Un tercer componente del sobreendeudamiento de la economía española: la enorme deuda frente al resto del mundo

Los datos que recoge el FMI relativos al endeudamiento neto (-) o posición neta acreedora (+) de los respectivos países frente al resto del mundo se resumen a continuación:

C.   Deuda neta con el resto del mundo (pasivo) en % PIB: España (-88%), algo más baja que Irlanda (-98%), Grecia (-104%) y Portugal (-106%) y considerablemente más elevada que Francia (-10%), Reino Unido (-11%), Eurozona (-13%), y 3,5 veces mayor que Italia (-26%); sin contar países como Japón, con superávit (+54%), Alemania (+41%) o Bélgica (+40%).

Los datos ponen de manifiesto que cuatro países, Portugal, Irlanda, Grecia y España, poseen niveles de endeudamiento exterior considerablemente más elevados que el resto de los trece países industriales referidos por el FMI. En el caso de España se observa que el endeudamiento exterior respecto del PIB al finalizar 2011 era 7 veces mayor que el promedio de la Eurozona, 8 veces el de Reino Unido y 9 veces el de Francia, así como 3,5 veces la deuda exterior de Italia; y, naturalmente, en el polo opuesto respecto a los países que tenían posición acreedora, Japón, Alemania, Bélgica y otros.

Dicho lo anterior, en este análisis actualizado debe tenerse en cuenta adicionalmente el efecto del «rescate bancario» sobre la deuda neta total de España con el resto del mundo según vayan siendo utilizados los 60.000-100.000 millones de euros pendientes de aplicar a la operación, cuando esto se está escribiendo (última semana de junio de 2012) lo que en su caso eleva el total de la posición deudora de España en la misma cantidad. Si tomamos en consideración el saldo del balance financiero con el resto del mundo de las cuentas financieras de la economía española del Banco de España al 31 de diciembre de 2011, el importe asciende a 967.951 millones de euros; la suma del rescate eleva el total de la deuda de España con el resto del mundo a unos 1.027-1.067 billones de euros. Teniendo en cuenta que el PIB armonizado de España según Eurostat fue de 1.064 billones, dicho monto total de la deuda externa de España alcanza, aproximadamente, el 100% del PIB, colocando a España en tercer lugar entre los trece países del informe del FMI, a muy escasa distancia de Grecia y Portugal.

Pero en razón a las propias interdependencias económicas, el endeudamiento exterior persistente es necesariamente resultado de bajos niveles de competitividad de la economía española, inferiores al promedio del resto de países industriales. Y esta es precisamente la situación de España, que desde 1980 presenta el peor registro en la balanza de pagos por cuenta corriente entre los principales países industriales del mundo, habiendo registrado entre 2000 y 2007 el déficit respecto al PIB más elevado del mundo, casi el doble del segundo país que nos seguía en el ranking, Estados Unidos, y cuatro veces más que el tercero, Reino Unido.

Desde el lado del ingreso nacional, niveles tan elevados de endeudamiento frente al resto del mundo como el de España delatan serias dificultades de la economía para generar valor añadido en forma de salarios, excedentes empresariales e impuestos.

El reducido saldo acreedor de las familias y la elevada deuda neta de las empresas no financieras contribuyen al enorme endeudamiento interno de la economía española

Los datos correspondientes al endeudamiento de las familias y las empresas no financieras que se recogen en el citado cuadro del FMI referidos a los mismos trece países se resumen como sigue:

D.   Saldo positivo del activo en el balance financiero de las familias (% PIB): España 78%, Irlanda 67%, Grecia 57%, Portugal 123%, Francia 137%, Italia 178%, Reino Unido 184%, Bélgica 195%, Estados Unidos 232% y Japón 235%.

De la consideración de estos datos se colige que la suma del saldo positivo del activo neto en el balance financiero de las familias españolas al finalizar 2011 era 45 puntos porcentuales inferior al de las familias portuguesas, 59 puntos por debajo de las francesas, 100 puntos por debajo de las de Italia, 106 puntos inferior a las inglesas y nada menos que el 200% inferior a las estadounidenses y japonesas; únicamente por encima de Irlanda y Grecia. Esto significa, en términos del análisis económico, que España posee una capacidad muy reducida para generar ahorro privado interno, el principal componente del ahorro total, y consiguientemente una escasa capacidad para autofinanciar las inversiones que requiere el crecimiento económico sostenible a largo plazo.

E.   Deuda neta de las empresas no financieras en % del capital: España 134%, Portugal 136%, Grecia 182%, la Eurozona 106%, Estados Unidos 92%, Alemania 92%, Irlanda 90%, Reino Unido 83%, Francia 69%, Bélgica 48%.

Como se observa y al igual que en las demás magnitudes analizadas, las empresas españolas arrastran niveles de endeudamiento neto por encima del 25% del promedio de la Eurozona, una tercera parte más elevado que las empresas alemanas y casi el doble que las de Francia.

Al hacer la valoración adecuada de los datos relativos al ahorro de las familias y el endeudamiento de las empresas, debe tenerse en cuenta que se trata de dos magnitudes financieras que son exponentes máximos de la evolución de la economía real en todos los países. Y como se observa, los datos relativos a la economía española muestran graves divergencias en negativo respecto al promedio de la Eurozona y la práctica totalidad del resto de países avanzados, excepción hecha de Grecia.

Las elevadas tasas de desempleo en España son el principal indicador de la magnitud de la caída en la capacidad productiva de la economía real: el primer país en desempleo de la OCDE

F.   Las tasas de desempleo referidas a marzo de 2012 eran las siguientes: España 24,1%, Grecia 21,7%, Portugal 15,3%, Irlanda 14,5%, Eurozona 10,9%, Francia 10%, Italia 9,8, Reino Unido 8,2, Estados Unidos 8,2%, Alemania 5,6% y promedio de la OCDE 8,2%.8

Como se aprecia, la tasa de desempleo en España a dicha fecha superaba en 2,7, 8,8 y 9,6 puntos porcentuales respectivamente a Grecia, Portugal e Irlanda, y era 2,2 veces mayor que en la Eurozona, 2,4 veces la de Francia, 2,5 la de Italia, 2,9 la de Reino Unido y Estados Unidos, y 4,3 veces la de Alemania. También casi tres veces por encima del promedio de los treinta y cuatro países de la OCDE.

Si no se cambia el rumbo de la economía confederal autonómica y se empieza a recuperar la economía productiva del conjunto de la nación, es altamente probable que el 23,5% del de-sempleo con el que se cerró el año 2011, según Eurostat, se incremente al 27,2% en 2014 que anticipan las auditorías de Roland Berger y Oliver Wyman encargadas por el Gobierno con motivo del «rescate bancario» por parte de la Eurozona; e incluso que se pueda disparar hasta el 30-32% en 2015, que resulta del análisis estructural de la capacidad productiva que se realiza en el presente trabajo.

España en el lugar 12º de los trece países industriales en las cinco magnitudes económicas que analiza el FMI, además del empleo según la OCDE

Las seis magnitudes económicas que se acaban de analizar individualmente —las dos primeras más representativas de la situación financiera de la economía (A y B) y las cuatro últimas más genuinamente representativas de la evolución de la economía real (C, D, E y F)—, estudiadas en conjunto comparativamente con los países citados, ponen de manifiesto lo siguiente:

Primero: considerando la Eurozona dividida en dos grupos claramente diferenciados —de un lado, los cinco países periféricos (Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia), y de otro lado, los doce países restantes, con valores superiores o en el entorno del promedio de la Eurozona—, de las seis magnitudes citadas, A-F, se colige lo siguiente: los seis valores referidos a Grecia se desvían todos ellos de forma ostensible de los respectivos promedios de la Eurozona; de los seis de España solo uno posee valores equivalentes o mejores de la Eurozona (la deuda soberana); de los seis de Portugal e Irlanda, dos de uno y dos del otro país poseen valores claramente mejores que los de España; de los seis de Italia, tres son claramente mejores de los de España e incluso dos de ellos mejores que el promedio de la Eurozona. Se infiere de ello que España es el segundo país de la Eurozona, después de Grecia, con peores registros en el conjunto de las seis magnitudes económicas, A-F, analizadas.

Segundo: el volumen del apalancamiento bancario (endeudamiento respecto de recursos propios) en España es el cuarto más elevado de los trece países que se comparan, sin duda un desequilibrio suficientemente elevado para justificar una aportación de fondos de la Unión Europea en forma de «rescate financiero» de aquellos bancos españoles más necesitados de aumentar los niveles de capitalización y resolver los acusados problemas de falta de solvencia e insuficiente liquidez, lo que justificaría claramente dixha medida.

Tercero: no obstante, hecha la apreciación sobre el sistema bancario, la mayor gravedad de la situación de la economía española no parece que esté principalmente localizada en la magnitud de la deuda soberana de las administraciones públicas; no es especialmente elevada respecto de las trece economías incluidas por el FMI en el cuadro de referencia, así como tampoco de la UE-27 según el mencionado cuadro 7/4.a del capítulo 7. En consecuencia, no parece que los no excesivos niveles de deuda soberana española puedan justificar en absoluto el grado de alarma creado sobre nuestra economía, especialmente después de los duros ajustes del Gobierno del Partido Popular.

Cuarto: los datos relativos al endeudamiento neto de las familias y las empresas, principales agentes económicos privados integrantes de la economía real, ponen de manifiesto una situación en España considerablemente más débil y deteriorada, comparativamente al promedio de países de la Eurozona y al resto de países más avanzados. El ahorro de las familias es el principal componente del ahorro privado de la economía, y el segundo es el mayor exponente de la capacidad de autofinanciación de las inversiones de las empresas privadas; y consiguientemente, de la capacidad propia de expansión y crecimiento de la economía. Lamentablemente, ambos indicadores sitúan a España en niveles fuertemente deteriorados respecto al promedio de la Eurozona y de la gran mayoría del resto de los países avanzados incluidos en el análisis del FMI.

Quinto: como ya se ha dicho, el saldo del balance financiero o endeudamiento neto de España con el resto del mundo —el 88% del PIB al finalizar 2011 (el 90,06% según el Banco de España), que aumenta hasta casi al 100% con el «rescate»— indica un formidable desequilibrio interno y externo de la economía española. Tal desajuste persistente y sostenido entre exportaciones e importaciones delata la existencia de un desequilibrio externo prácticamente continuado a lo largo de muchísimos años. Pero la teoría y la práctica económicas enseñan que tal desequilibrio es el mismo e idénticamente igual al desequilibrio interno entre ahorro e inversión. Ambos son las dos caras de una sola y única moneda: el equilibrio general de la economía. En consecuencia, cuando se produce, como está sucediendo en España, un persistentemente elevado estado de desequilibrio en la economía real, sin perspectivas de que la economía sea reconducida nuevamente hacia posiciones de equilibrio entre ahorro e inversión y entre exportaciones e importaciones, el futuro de la misma es extraordinariamente preocupante.

Sexto: las desmedidas tasas de desempleo son prueba irrefutable de que el problema fundamental de la economía española no se encuentra en el sector financiero, aunque sea importante, sino en la economía real y en el sistema productivo. El empleo es un componente primigenio de la capacidad productiva de una economía, y su reducción conlleva necesariamente la disminución de esta. Asimismo, guardan una relación biunívoca entre sí, manifestando la elevación desproporcionada del desempleo un estado de deslizamiento acelerado hacia el hundimiento de la capacidad productiva de la economía.

El crecimiento de la capacidad productiva es condición necesaria para el mantenimiento del equilibrio general de la economía a largo plazo. Por consiguiente, los datos analizados ponen de manifiesto que en la economía española se ha producido un desequilibrio crónico que, una vez analizado profusamente en el capítulo 8, pone de manifiesto que tiene su origen en el inicio de los años ochenta del pasado siglo, tras el desquiciamiento de los mercados energéticos en 1973 y 1979 que afectó a todos los países industriales. La mayoría de los demás países avanzados supieron reencauzar los sistemas productivos hacia la innovación tecnológica, tecnologías ahorradoras de energía, la introducción de las nuevas modalidades de la industria por componentes, las tecnologías informáticas, la adaptación estructural de los sectores productivos y la movilidad del trabajo y del capital. España, en cambio, se enredó en modificar el sistema sectorial de la economía instaurando un nuevo sistema económico de carácter territorial —una auténtica aventura— completamente desconocido y sin precedente alguno en los países industriales desarrollados.

Superposición del efecto multiplicador de la incorporación de la economía española al euro sobre el impacto distorsionador del sistema territorial-autonómico

Pero la sucesión en cadena de divergencias, desviaciones y de-sequilibrios, inherentes al sistema económico territorial-confederal-autonómico, se ha visto amplificada por la incorporación de la economía española al euro. Una brevísima sinopsis permite comprender cómo se ha ido superponiendo en España el impacto del euro sobre las tendencias ya muy avanzadas de degradación institucional y estructural de la economía española producidas por el nuevo y atípico sistema. Dicho impacto se produjo mediante dos efectos directos fundamentales del euro en el sistema productivo de España: la fuerte bajada de los tipos de interés que existían antes de 2002 y la ampliación muy considerable de la capacidad de endeudamiento exterior de las empresas e instituciones españolas. Adicionalmente, un tercer efecto indirecto tuvo también lugar: la pérdida de competitividad derivada del aumento de salarios por encima de la productividad, causado por la expansión del consumismo, la construcción sin límite y el empleo.

Un cuadro sucinto de la economía española en el momento de incorporarse al euro permite más fácilmente comprender el impacto producido. Al entrar España en el euro en enero de 2002, ya se habían completado prácticamente entre el 95 y el 100% de los acuerdos de traspaso, de las transferencias de funcionarios y del coste efectivo de los servicios correspondientes a los estatutos de autonomía entonces vigentes. A partir de todo ello, juntamente con el nuevo sistema de financiación de las CC.AA. aprobado en 2001, puede afirmarse que en el momento de incorporación al euro las nuevas economías territoriales autonómicas estaban prácticamente consolidadas. Economías basadas fundamentalmente en la expansión del sector vivienda, actividades inmobiliarias y la construcción en general, actividades sobre las que las comunidades autónomas poseen la competencia exclusiva y también sobre una parte significativa de las infraestructuras, así como las competencias sobre cajas de ahorro, cajas rurales y otras cooperativas de crédito que les fueron otorgadas por la citada Ley 31/1985 de 2 de agosto. Los datos sobre crédito a las actividades productivas del Banco de España (cuadro 7/1.d, capítulo 7) demuestran que entre 1992 y 2002 tal conjunto de actividades habían incrementado su participación en el crédito total al sistema productivo 17 puntos porcentuales, desde el 32,7% en 1992 al 49,5% en 2002. En sentido opuesto, el crédito a la industria se redujo a la mitad: del 23,1% en 1992 al 12,2% en 2002.

Por otro lado, la disponibilidad de acceso al crédito exterior estaba seriamente limitada por la secuencia de déficits consecutivos por cuenta corriente desde 1980, en que España ofrecía el peor registro entre los ocho países más industrializados del mundo (cuadro 1/3.b, capítulo 1); en concreto, hubo déficits por cuenta corriente en los trece años consecutivos desde 1990 a 2002, ambos incluidos, con un promedio del -2,2% acumulativo anual, determinando un endeudamiento neto con el resto del mundo al finalizar 2003 de 337.686 millones de euros, lo que representaba ya el 43,1% del PIB, cuando el promedio de los países que se integraron en el euro no superaba el 10-12%.

¿Cómo incidió el euro sobre esta realidad ya gravemente deteriorada y manifiestamente divergente del Estado autonómico respecto a la estructura económica más representativa del resto de países industriales? Como se ve a continuación, catapultándola hacia límites fuera de toda racionalidad y empujándola hacia el estado de profundos desequilibrios y déficits en que se encuentra actualmente, deslizándose camino a la bancarrota.

Veamos el primero de los efectos señalados: la caída drástica de los tipos de interés. Tal como señalan los economistas, como Paul Samuelson en su conocido manual Economía, «las tasas de interés dependen del vencimiento, el riesgo y otros atributos del deudor». Respecto a riesgo, todo el mundo ha aprendido en los dos últimos años en España, a su pesar, que los inversores requieren una «prima de riesgo» cuando prestan a bancos, empresas o al propio Estado, de países no suficientemente solventes. Antes de la entrada en el euro los tipos de interés en España eran sensiblemente más altos al reflejar la diferencia en el riesgo de los inversores entre invertir en la España autonómica deficitaria respecto a la inversión en Alemania, Holanda y otros países en posición ordinaria de superávits externos positivos. Según síntesis de indicadores del Ministerio de Economía y Hacienda de julio-agosto de 2008 (tabla 7.9), los intereses en el mercado primario de la deuda del Estado eran en 2000 el 5,09% y de las obligaciones privadas el 5,61%.

Pues bien, la entrada en el euro igualó las tasas de interés por abajo reduciendo de golpe la prima de riesgo, con lo que las empresas, las entidades bancarias e incluso los particulares españoles pudieron acceder a créditos mucho más baratos e incluso a tipos de interés reales en el entorno del 0% o negativos; en 2003 tales intereses, según la misma fuente, habían descendido al 2,66% y 4,14% respectivamente. Pero esta caída drástica en los tipos de interés operando sobre el cuadro de transformación estructural de la economía española que ha sido resumido determinó que aumentara intensamente la demanda de créditos para vivienda, construcción de instalaciones comerciales e industriales privadas, aeropuertos autonómicos, construcción de autovías autonómicas y nacionales, construcción del AVE por el Estado, construcción de edificaciones para servicios municipales y otras instalaciones fijas, vinculadas con el consumo privado y público. Esta expansión alcanzó niveles verdaderamente irracionales que pueden ser simbolizados en un solo dato: entre 2002 de entrada en el euro y 2007, la población residente en España aumentó en 3.511.000 personas (apartado 5.2.4 del capítulo 5), casi exactamente el mismo número de viviendas nuevas construidas en igual período, 3.489.000 nuevas unidades; como se observa, una vivienda nueva por cada nuevo residente, incluidos los recién nacidos, que en consecuencia llegaron a España con la escritura de propiedad de una vivienda nueva bajo el brazo. El resultado final ha sido la gigantesca burbuja inmobiliaria creada, que, medida por la proporción del crédito al conjunto de los sectores al que antes se ha hecho referencia, alcanzó en 2007 el 62,5% del PIB, dos tercios de las actividades productivas totales. Como contraste, piénsese que en los años setenta y ochenta estas actividades apenas representaban una tercera parte del PIB, alcanzando las vinculadas a la industria y los servicios las dos terceras partes; todavía en 1992 el crédito a estas actividades representó el 67,3%. Como se aprecia, un vuelco total e irracional en la estructura productiva, desde dos tercios a la industria y los servicios antes de 1985 a dos tercios a la construcción, los servicios inmobiliarios y el consumo, en los años noventa y dos mil. Una transformación en el sistema productivo sin el menor sentido cuyas consecuencias demoledoras acabarían aflorando con crudeza al estallar la bomba especulativa inmobiliaria que encubría sus perniciosos efectos, tal como ha sucedido, sumiendo a la economía española en una auténtica depresión para muchísimos años.

El segundo impacto directo del euro sobre la economía española fue la ampliación considerable de la capacidad de endeudamiento exterior, tal como ya se ha dicho. En efecto, la explosión de la demanda de préstamos hipotecarios y créditos por las empresas y las familias a las entidades de crédito españolas superó en muchos enteros su capacidad de captar y ampliar los depósitos procedentes del ahorro interno; la única vía complementaria para atender la ingente demanda —que los propios ejecutivos de las entidades de crédito fomentaban y estimulaban de forma interesada— era mediante la contratación de empréstitos en el mercado exterior. El resultado se plasma en los datos del Banco de España que se recogen en el cuadro 7/4.c del capítulo 7 antes citado. Los 337.686 millones de euros de saldo negativo en el balance financiero de la economía española con el resto del mundo (deuda neta) en 2003 se incrementaron hasta los 942.773 millones de euros en 2009; un aumento acumulativo de algo más de 100.000 millones de euros de nueva deuda neta cada año y la multiplicación casi por tres en el período.

El tercer impacto más significativo del euro sobre la economía española se produjo sobre el crecimiento de los salarios y los costes laborales unitarios (CLU). En efecto, la expansión de las actividades de construcción en tales proporciones impulsó fuertemente al alza la demanda de trabajadores que abrió las puertas a la llegada masiva de más de cinco millones de emigrantes. A pesar de los bajos salarios de la mayoría de ellos, tal expansión del proceso productivo requirió una fuerte demanda de técnicos cualificados, cuadros intermedios y otros profesionales, autóctonos, con productividades más altas y salarios más elevados, aumentando los CLU de forma muy significativa. Los datos del cuadro 2/3.f del capítulo 2 ponen de manifiesto que en 2007, el año anterior al estallido de la crisis, los CLU promedio en la Eurozona representaban el 72,1% de los de España, los de Francia el 58,1% y los de Alemania el 48,8%, nuestros dos mayores proveedores y clientes en el mundo; todo lo cual se tradujo en una fuerte pérdida de competitividad y un formidable aumento del déficit exterior, que llegó al 10% del PIB en 2006 y 2007, el más elevado del mundo, el doble del segundo país que nos seguía en el tan poco prestigioso ranking, Estados Unidos, y cuatro veces más que el tercero, que era Reino Unido.

En conclusión, sobre un fuerte deterioro de la estructura productiva de la economía española provocado por el sistema económico territorial-confederal-autonómico al impulsar un cambio irracional en la estructura del sistema productivo y un crecimiento desproporcionado y enorme de las actividades de vivienda y otras construcciones múltiples, así como de los servicios inmobiliarios, en detrimento de la industria, las tecnologías y servicios informáticos y de telecomunicaciones, los servicios a empresas y a la producción, la incorporación al euro supuso empujar al extremo tal proceso, haciendo retroceder la estructura productiva de la economía española hacia niveles más propios de países emergentes y en desarrollo. En consecuencia, el presente trabajo tiene por objeto el análisis de tal cambio en la estructura productiva de la economía española auspiciado por el sistema económico territorial-confederal-autonómico, seriamente agravado por la entrada en el euro.

Para una correcta interpretación del impacto del euro sobre la economía española debe tenerse en cuenta que la bajada de tipos de interés y el abaratamiento del crédito, así como la ampliación de la capacidad externa de endeudamiento de las empresas en el resto de las economías de la Eurozona, en ningún caso pueden ser considerados impactos negativos en sí mismos. Solo en los casos como los de España, en que los responsables de las políticas económicas en todas las CC.AA. aplicaron tales ventajas financieras a la economía especulativa inmobiliaria y al consumismo desmedido, la amplificación de los efectos negativos por el euro pudo llevar a ser demoledora para la estabilidad y el crecimiento económico, tal como ha sucedido desde 2002. Qué duda cabe que si hubiera sido constitucionalmente posible una política económica de alcance nacional orientada a promover e impulsar la industria moderna por componentes, las tecnologías TIC, la robótica, la digitalización de procesos productivos y los servicios a empresas y a la producción, los resultados del euro sobre la economía española habrían sido diametralmente opuestos y netamente positivos.

Capítulo 2

LA CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL, DIFERENCIAL CLAVE

Una economía fragmentada en 1+17 microeconomías autonómicas estancas, compitiendo con economías integradas, cohesionadas, especializadas y/o gigantes

Inviabilidad técnica y económica del sistema económico territorial-autonómico

La pertenencia a la Eurozona y el hecho de que las exportaciones más las importaciones en España suponen aproximadamente el 45% del PIB determinan en conjunto la existencia de fuertes interdependencias comerciales, financieras, tecnológicas y económicas en general de la economía española con las del resto del mundo. Ello condiciona el hecho de que cualquier análisis estructural sobre tales problemas específicos internos (capítulo 3 y ss.) deba ser realizado necesariamente en el doble contexto de los enormes desequilibrios comerciales y financieros internacionales causantes de la crisis económica internacional iniciada en 2007 (capítulo 1), y en el nivel adicional de los crecientes desequilibrios financieros y de las propias tensiones financieras y de crecimiento económico en la Eurozona, de la que España es país miembro. Área económica esta en la que la privación de la política fiscal unitaria institucionalizada, no contemplada en el Tratado de Maastricht, está abocando el euro a una crisis de pura supervivencia (capítulo 2).

Respecto al nivel específico interno, el trabajo que aquí se presenta es, en una primera lectura, estrictamente técnico, y tiene por objeto demostrar que la específica y mucho mayor gravedad de la crisis económica en España iniciada en 2008 es consecuencia de la inviabilidad económica, en el largo plazo —en el que ya nos encontramos de lleno—, del sistema económico-territorial-autonómico o confederal-autonómico vigente en España, instaurado por la Constitución treinta años antes, en 1978. Para entender bien las características de este nuevo modelo económico organizado territorialmente y el cambio sin parangón que supuso entre los países industrializados, es preciso resumir las características del sistema económico que existía antes de tal cambio, el mismo que continúa vigente en tales países industriales y en la mayoría del resto del mundo. La primera y principal característica es la forma y el tipo de organización de las actividades de consumo, producción e intercambios de los bienes producidos, instituida por las primeras sociedades humanas. Con el tiempo, estas actividades —fruto de la división del trabajo, la especialización y el intercambio inherente a los mismos— cristalizaron, durante la Revolución industrial, en cada nación independiente, en la organización de la economía en seis sectores básicos libremente interrelacionados entre sí: los cuatro agentes económicos (consumidores, productores, el Estado y los extranjeros) y los dos tipos de mercados: de productos finales (cereales, tejidos, etc.), y de factores de producción (tierra, trabajo, capital, etc.). Seis sectores únicos de los que derivan absolutamente todos los subsectores, subdivisiones y ramas de la actividad económica en todo el mundo. En la ex-Unión Soviética y en los demás países de la órbita comunista incluida China hasta 1979, tal sistema económico caracterizado como «de mercado» fue sustituido por la fuerza policiaca, militar y del hambre, un nuevo sistema estatal, de planificación central; hasta que al final de los años ochenta la inviabilidad económica y técnica del mismo provocó su desmoronamiento, llevándose con él al propio sistema comunista.

Pues bien, la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía sustituyeron también en España, aunque en otra dirección completamente diferente de la soviética, el sistema sectorial de organización de la economía por el sistema territorial actualmente vigente, preceptuado en el Título VIII: «De la organización territorial del Estado». A tal efecto, el sistema productivo fue dividido en diecisiete lotes territoriales, compartimentados y estancos, las comunidades autónomas, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; en cuyo ámbito respectivo el correspondiente Estatuto de autonomía es la «norma institucional básica» (147.1) de la que emana el propio ordenamiento jurídico de cada una de ellas, o cuerpo del «Derecho de las comunidades autónomas respecto del que el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio» (149.3); a la vez que este mismo precepto constitucional, juntamente con los artículos 148.1 y 149.1, despojaron al Estado de la competencia exclusiva sobre prácticamente todas las materias económicas, en las que se sustenta la ejecución de la política fiscal y el gobierno de la macroeconomía o de la economía como un todo, siendo asignadas en su casi totalidad a las CC.AA. Obviamente el sistema territorial es una sustitución totalmente diferente del sistema estatal de planificación central, pero como este, representa igualmente una alteración fundamental del sistema sectorial de economía mixta de libre mercado, que lo hace también económicamente inviable, y que de no ser rectificado lo conducirá igualmente al desmoronamiento.

La inviabilidad de este sistema económico, con un tipo de organización territorial parecido a los estados confederales del siglo XIX y/o a la asociación de estados cuasi independientes, como la Commonwealth británica que existió entre 1928 y la Segunda Guerra Mundial, se analiza con suficiente detalle en el capítulo 3. Los principales argumentos son los siguientes:

Primero: el carácter genuinamente compartimentado y estanco de las 17 economías territoriales españolas, regidas cada una de ellas por el correspondiente Estatuto de autonomía que, como se ha dicho, es «la norma institucional básica de cada comunidad autónoma» y en las que «el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio». Todo ello determina que sean completamente independientes unas de otras y posean la capacidad de adoptar decisiones en sus respectivos territorios incluso con prioridades y objetivos, contrarios a los del Estado central. Dos propiedades que caracterizan una economía como cuasi confederal, independientemente de que en el plano estrictamente jurídico-político el Estado autonómico no cumpla las condiciones de un Estado confederal propiamente dicho (aspecto sobre el que se vuelve en el capítulo 4).
En todo caso, tal caracterización como Estado federal o cuasi confederal se materializa en la práctica, en el campo de la economía, con la fragmentación de 1+17 marcos regulatorios específicos y diferentes, 1+17 políticas de gasto público distintas, 1+17 políticas dispares de ayuda a la inversión privada y 1+17 políticas de infraestructuras y otros medios; todas ellas específicas y privativas de cada territorio, y consiguientemente todas ellas independientes unas de otras; en cuanto tales, fragmentan el consumo y la demanda, la producción y la oferta, los mercados de productos y los mercados de factores. Todo ello sin que el Estado central pueda ejercer poder alguno en contra, salvo el recurso ante el TC, el que en todo caso deberá ser en defensa de la propia Constitución y en ningún caso en defensa de una política económica unitaria, que no está contemplada en la Constitución. Las diferencias con las economías de los estados federales son ostensibles, ya que estas se caracterizan por estar regidas por las mismas leyes federales en todo el territorio (Alemania y otros) y/o estar sometidas al principio de corresponsabilidad fiscal, quedando el gasto público de todas las Administraciones incardinados en las mismas prioridades y objetivos del Gobierno federal (Estados Unidos y otros).

Segundo: la contradicción en sus propios términos económicos del Estado autonómico: 1+17 gobiernos compartimentados y estancos, cada uno con su propia norma institucional básica, sus propias leyes económicas y su propia política económica, individuales y separadas, para dirigir la macroeconomía, que por definición es la economía como un todo, vertebrada por el conjunto de políticas específicas sobre la demanda efectiva, la oferta, la inflación, el desempleo, la moneda, etc.; conceptos y estados de la economía que por definición se extienden al conjunto del sistema económico como tal.

Tercero: el despojo del Estado central de las competencias sobre la política fiscal, así como de la capacidad constitucional para promover y ejecutar la política económica en toda la nación. ¿Cómo, por ejemplo, puede el Gobierno de la nación aplicar una política antiinflacionista o en su caso contra el paro (por fuerza en el ámbito general de la economía) si las materias económicas sobre las que debe actuar y tomar decisiones (restricción o, en su caso, expansión del gasto público) le han sido sustraídas constitucionalmente, habiendo sido divididas en 1+17 gastos públicos territoriales diferentes, y asignada la competencia exclusiva a las correspondientes comunidades autónomas, con poder cuasi soberano en sus respectivos territorios?

Cuarto: el carácter territorial de organización de las actividades económicas en sí mismo, debido a que el sistema universal de economía mixta organizado sectorialmente en todo el territorio nacional genera menores costes unitarios de producción, al hacer posible que las empresas puedan invertir libremente en aquellos sectores, dentro de España, que poseen ventaja comparativa en costes respecto a otros países y aprovechar las economías de escala, las economías externas y el beneficio de las sinergias entre ellas, mediante la libre concentración en los lugares más ventajosos. Las 1+17 políticas de promoción empresarial rompen este principio.

Quinto: el hecho de que la organización confederal/territorial autonómica altera de forma sustancial cuatro de las condiciones sine qua non requeridas por los inversores, especialmente los industriales, para invertir a medio y largo plazo:

La inseguridad jurídica y en costes que produce un marco regulatorio fragmentado en 1+17 autonomías, especialmente en la normativa sobre empresas, filiales, sucursales y franquicias; la incertidumbre de 1+17 costes de adaptación medioambiental; la maraña legislativa de un sistema que produce entre seis y siete nuevas leyes cada semana, y otros.

La incoherencia de que las competencias sobre producción y empresas sean de las CC.AA. y estas carezcan de la competencia para crear los correspondientes bancos públicos que operen a medio y largo plazo para proporcionar financiación competitiva a las inversiones industriales privadas (en el resto de países industriales tales competencias son del Estado y los bancos de tal tipo de financiación también; como, por ejemplo, el KfW Bankengruppe en Alemania —país federal— y la Caisse des Dépôts en Francia —país centralizado—, entre otros).

La imposibilidad de que el Gobierno ofrezca la garantía soberana para cubrir todos los riesgos extraordinarios que no son cubiertos por los mercados y los seguros ordinarios, sobre cualquier materia económica o sector, al carecer de competencias.

La imposibilidad constitucional de que el Gobierno promueva políticas sectoriales concretas, industriales y otras, necesariamente de alcance nacional, como referencias básicas para las empresas privadas.

Sexto: no existe antecedente alguno de otra nación integrada económicamente como un Estado unitario durante siglos que haya decidido voluntariamente romper la cohesión económica interna de su sistema productivo, transformándose en un Estado de partes económicamente separadas. La nueva forma de organización económica resultante del Estado autonómico diverge de los estados federales, y se asemeja más a la asociación de estados como la Commonwealth9 o las confederaciones del siglo XIX —del Rin, de los estados sureños de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, la Helvética y la Germánica—. En todos estos casos, o bien han desaparecido como las tres primeras, o han evolucionado en sentido contrario como las dos últimas: desde el Estado confederal al federal, caso de la Confederación Helvética, transformada en Estado federal (Suiza) en 1848, y la Confederación Germánica, transformada en Estado federal en 1871 y en Estado federal unitario en 1949. La economía española navega por un mar ignoto nunca antes transitado por ningún otro país.

Adicionalmente a la propia Constitución, los estatutos de autonomía de las diecisiete CC.AA. y los desarrollos legislativos correspondientes, en particular una serie muy concreta de leyes y Decretos-leyes del Estado central (apartado 3.4.4 del capítulo 3) con la finalidad de impulsar la implantación del nuevo sistema territorial autonómico, interactuaron para desmantelar el sistema productivo que había estado vigente en los ciento cincuenta años anteriores en España y en el resto de países de Europa y Norteamérica; entre ellos muy especialmente, en los países industriales avanzados del centro y norte de Europa, donde se encuentran doce de los países de economía mixta, público-privada, que están en la cabeza del mundo en renta per cápita, nivel de vida y sistema democrático modélico. El modelo de organización económica de estos países constituye el arquetipo de referencia en el presente trabajo.

Divergencias económicas fundamentales del Estado autonómico con los estados federales

Los preceptos arriba señalados —entre todos los demás mecanismos constitucionales que se citan en el apartado 3.7.2 del capítulo 3— bastan para caracterizar el modelo económico-territorial-autonómico inherente al Estado de las autonomías en España como un sistema atípico, disímil y extraño, con claras semejanzas a los estados confederales citados, antes de desaparecer o de su transformación en estados federales. Un sistema completamente ajeno a este tipo de estados, como Estados Unidos (primer Estado federal del mundo), Suiza (segundo Estado federal, organizado sobre el modelo de Estados Unidos), Alemania (tercer Estado federal organizado según su propia realidad histórica), Austria, Canadá, y todos los demás.

En todos estos países la única norma institucional básica es la propia Constitución, única y común para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional; en todos ellos, el Derecho del Estado es soberano y preeminente sobre el Derecho de los estados federados; y también en todos ellos, el poder soberano sobre el territorio es competencia exclusiva del Congreso, del Parlamento, o se rige exclusivamente por leyes federales. En los estados federales todos los estados federados poseen las mismas atribuciones, derechos y competencias, a diferencia del Estado autonómico en España. En todos ellos, bajo diferentes procedimientos o fórmulas, se asegura el principio de unidad institucional de la nación y el equilibrio de poderes, bajo el poder soberano del Congreso o Parlamento. Así, por ejemplo, Alemania y Austria son «estados federales unitarios» al existir una única Cámara de elección directa del pueblo (el Bundestag), ya que el Senado o Bundesrat no es electivo y está formado por altos funcionarios designados en proporciones fijas por los Länder de los respectivos países; Estados Unidos es un «Estado federal centralizado», ya que la piedra angular del Senado es a la vez cámara territorial y, al tiempo, el segundo poder ejecutivo de la nación, al que el presidente debe pedir conformidad previa para la ejecución de muchas de sus decisiones; en Canadá los gobernadores de las provincias federadas son designados por el Gobierno federal, etc. En todos estos países, la representación política, diplomática, económica y comercial en el exterior es única de la nación como un todo y está centralizada en los correspondientes estados federales; en cambio, en España, en paralelo con las casi 200 representaciones del Estado central, existen otras 200 oficinas autonómicas, unas comerciales, otras de representación y otras con aspiraciones de sedes diplomáticas. En algunas ciudades como São Paulo hay abiertas más de media docena de tales oficinas.

La asignación constitucional de tal sistema de poderes cuasi soberanos a las comunidades autónomas, al aplicarlo al sistema productivo, determina que los presupuestos públicos y privados y todas las actividades de producción y distribución de los agentes económicos, en particular las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos autonómicos y el consumo institucional público, etc., se dimensionen y se ejecuten según las magnitudes de población, consumo, ahorro, inversión, gasto público, etc., de las correspondientes economías regionales; en consecuencia, han desaparecido en tales decisiones las referencias de las mismas magnitudes a escala nacional. En otras palabras, en el Estado de las autonomías en España, salvo las empresas del Ibex 35 y algunas más, «la región» se ha convertido en la unidad económica básica de las actividades productivas, sustituyendo a «la nación», que es la unidad básica de la actividad económica en todo el mundo desde la Revolución industrial (sancionada desde 1953 por Naciones Unidas, mediante el sistema de contabilidad nacional, adoptado como el patrón universal de la organización y medida de las actividades económicas en los ciento noventa y cinco países miembros).

Como consecuencia de lo anterior, la Contabilidad Nacional en España es un mero registro estadístico agregado de las diferentes economías regionales, pero carece del carácter de instrumento fundamental de la política macroeconómica que posee en todo el mundo; competencia fundamental esta de la que ha sido desposeído el Estado central en España, al haber otorgado la Constitución y los Estatutos a las CC.AA. la competencia exclusiva de prácticamente todas las materias económicas que constituyen el cuerpo ejecutivo de las políticas económicas en los países industriales avanzados. Se deduce, en consecuencia, que el sistema productivo en España ha sido fragmentado en la forma referida; dirigido y gestionado cada uno de los 1+17 trozos por su propio plan económico, objetivos y prioridades, individuales y diferentes, característicos de los estados confederales. Huelga decir que tal sistema se ha llevado por delante, tal como se acaba de decir, los principios de especialización, ventaja comparativa, economías de escala y economías externas que han constituido las fuerzas motrices del crecimiento y desarrollo económico de los países industriales en los últimos doscientos años. El impacto desestabilizador sobre estos mecanismos económicos se analiza en el capítulo 4.

Para comprender la trascendencia de tal fragmentación de la economía nacional en 1+17 economías regionales —que se analiza en el capítulo 3—, reducidas las economías regionales a un tamaño de habitantes económicamente liliputienses,10 basta con prestar atención al mundo en el que tienen que competir las empresas españolas: con empresas de naciones con economías muy cohesionadas, especializadas, altamente competitivas, y con nichos de mercado internacionalmente consagrados (Holanda, Canadá, Bélgica, Austria, países nórdicos y otros); así como con grandes empresas de economías gigantes, cada vez más grandes y cada vez más poderosas, entre ellas de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Indonesia, Malasia, Brasil, Rusia, etc. La extrema fragilidad para competir que el sistema territorial confiere a las empresas en España se analiza en el capítulo 1.

Pero al efecto depresivo e incluso destructivo de tal sistema económico-confederal-autonómico hay que añadir el efecto de-sestabilizador del euro y la Eurozona, víctima también del principal estrangulamiento de la economía española, al haber sido privada por el Tratado de Maastricht del instrumento esencial de la política fiscal. Las monedas funcionan en todos los países a partir de la gestión única del dinero, tipos de interés y crédito, impuestos y gasto público de los correspondientes gobiernos; las dos primeras magnitudes conforman la política monetaria y las dos últimas la política fiscal. Sin embargo, el euro es un vehículo diseñado con dos pares de ruedas pero dotado únicamente de uno, la política monetaria; algo así como un «euro institucionalmente desequilibrado». En el capítulo 2 se señala que la inestabilidad inherente a tal sistema es la causa determinante de la inestabilidad creciente de las economías de la UE, que perjudica en mayor medida, como siempre sucede, a las economías más débiles y menos competitivas, y la española es probablemente la que se lleva la palma.

Se ha dicho más atrás que este es un trabajo técnico en una primera lectura, y sin embargo, el trasfondo de un libro con el objeto descrito solo puede tener un carácter genuinamente político, ya que netamente político es el sistema económico confederal-autonómico en sí mismo al que se refiere gran parte de su contenido; y genuinamente política fue también la motivación última y principal de fragmentar el sistema productivo de la economía española en 1+17 trozos, compartimentados y estancos, reduciendo drásticamente el poder del Estado en España, de forma simultánea, sobre el entramado de poder económico y financiero, y sobre los territorios ambicionados por los grupos nacionalistas, independentistas y confederal-socialistas (España como nación de naciones). Finalmente, porque netamente políticas fueron también las decisiones de disociar la soberanía del Estado entre diecisiete entes cuasi soberanos con poderes paralelos y equivalentes, al menos en la vertiente económica, regidos cada uno de ellos por su propia «norma institucional básica», dejando al Estado nacional con un insignificante e inoperante poder residual.

Un Estado, el extinguido, con soberanía y poder proporcional a los demás países industriales; sustituido en la práctica por diecisiete microestados, exiguos y antieconómicos, ahítos de burocracias partidistas inoperantes, en los que los rescoldos del antiguo caciquismo y cantonalismo, tan caro desde siglos a los poderes reaccionarios, territoriales, regionales y provinciales en España, pudieran volver a recobrar su antiguo poder bajo el Estado territorial-confederal. Un modelo de Estado y de sistema económico, el creado por la Constitución, radicalmente diferente, débil e inoperante, frente al Estado democrático unitario o federal unitario generalizado al norte de los Pirineos y en todas las naciones avanzadas del mundo, dotado de la capacidad soberana necesaria para impulsar el crecimiento económico, estabilizar la economía mixta de mercado, promover la propiedad y la empresa privada, asegurar fehacientemente los derechos de los trabajadores, fortalecer un empresariado genuinamente competitivo, dar protección a los sectores sociales más débiles, elevar gradualmente el nivel de vida medio de la población, e incluso dar cobertura política y económica a la organización cultural, cívica y lingüística (esta en las distintas regiones en que procede, como el catalán milenario, un activo cultural que todos los españoles deberíamos considerar como tesoro propio).

Pero «divide y vencerás» es una máxima tan antigua al menos como Julio César, a quien se atribuye, y los artífices de tal estrategia en España han sabido aprovechar el momento único y especialmente sensible de la Transición en el final incierto, dubitativo y temeroso del franquismo y su dictadura.

Entre las consecuencias más graves, los crecientes desequilibrios, enormes diferencias e injustas desigualdades, además del hundimiento de la economía y del empleo. Desequilibrio extremo de poderes, al menos en el sistema económico, entre el maxipoder real de las autonomías y el minipoder del Estado central, en su mayoría ficticio y aparente. Desequilibrios entre las inversiones en autovías y autopistas por cada millón de habitantes (1,8 veces más que Francia, 1,9 más que Alemania, Bélgica y Holanda, 2,7 más que Italia, 5,1 más que Reino Unido, etc.); insignificancia de la inversión productiva (industria, servicios eficientes, etc.) y la exuberancia de la inversión en bienes de uso y consumo, muy en particular en bienes raíces vinculados a las raíces mismas de los territorios en que se vive: más de tres viviendas por cada dos familias, el AVE (bien de uso y disfrute y no de inversión) por toda la geografía, más del doble de aeropuertos por cada 5 millones de residentes que en la UE-27; 77 universidades expendedoras de títulos académicos en serie; a la vez que ausencia radical del concepto mismo de «universidades técnicas» (formación profesional práctica altamente cualificada), a semejanza de las 84 de Alemania, las que los tecnócratas del Opus Dei habían tomado como modelo en los años sesenta y setenta para crear las «universidades laborales» (que como tal producto franquista fueron simplemente liquidadas por los «progres antifranquistas», ignorantes de su función técnica fundamental); autovías entre pueblos de provincia sin apenas circulación; 443 millones de euros gastados en vagones sin vías en Mallorca; 12 millones de euros en una pista de esquí sin nieve en Tordesillas, y una sarta interminable de despropósitos semejantes.11 En resumen, una sociedad con ficciones de riqueza, cada vez más acomodaticia, deliberadamente sesgada hacia el hedonismo, la complacencia y el consumismo; frente a otras sociedades del centro y norte de Europa más exigentes y con mayor valor del trabajo, el esfuerzo, el mérito y la educación, así como el ahorro y la inversión.

Diferencias antidemocráticas entre el atávico régimen fiscal del País Vasco y Navarra —fundamentado en privilegios ancestrales otorgados por monarquías teocráticas sustentadas en la fuerza y el sometimiento— y el régimen fiscal del Estado moderno; una fiscalidad, la foral, que tiene potestad para, por ejemplo, crear y mantener paraísos fiscales en Guipúzcoa en perjuicio del resto de España. Aumento descomunal de las desigualdades entre las personas y en los niveles de renta, la mayor de la UE-27: casi siete veces más de ingresos del 20% que más ganan respecto al 20% que menos ganan, en 2010. En fin, una economía cada vez más ineficiente, estancada, desigual e insostenible.

Las consecuencias en el terreno puramente económico son las que ya estamos viviendo, con 5,3 millones de parados en diciembre de 2011, según la EPA, el 23% de desempleados y el 49,6% de paro juvenil, según Eurostat, y una tasa anual de emigrantes españoles, jóvenes y cualificados, del 8,2%. Una tendencia que, de no ser política y técnicamente corregida y reorientada por la política en curso del Partido Popular y la reforma de la Constitución, nos llevará irremediablemente hacia unos 7,5-8,0 millones de parados hacia 2015.

El corolario político se infiere fácilmente del contenido económico del libro y se pretende que ayude a arrojar luz sobre las raíces políticas del proceso en curso de declive de la economía española, de caída en el empleo, del descenso en el nivel de vida y del desmoronamiento de España como nación. En todo caso, en el epílogo se recapitulan las principales conclusiones estrictamente políticas que subyacen en la sustitución del sistema de economía mixta organizada sectorialmente, por el sistema económico-confederal-autonómico organizado territorialmente que nos ha traído hasta donde estamos y que, de no ser rectificado con decisión, nos devuelve pura y simplemente al estado de subdesarrollo de medio siglo atrás. Algo que no es imposible porque ya sucedió en Argentina.

Capítulo 3

EL SISTEMA TERRITORIAL AUTONÓMICO: UN BABEL ECONÓMICO DEFORME Y DESIGUAL, SIN POLÍTICA FISCAL DEL ESTADO

La fragmentación de la economía española en 1+17 microeconomías compartimentadas y estancas rompe el principio económico de los rendimientos de escala

La economía en el nivel de cada familia y empresa (microeconomía) consiste en la actividad de producir los bienes y servicios necesarios para la vida, percibir los ingresos por el trabajo efectuado y realizar el gasto para consumir aquellos. Estas tres actividades —que implican costes tan persistentes en lo económico como la gravedad en lo físico— dan lugar en el nivel de todas las familias y empresas de una nación (macroeconomía) al mismo y único valor, el PIB, o suma de todo lo producido, que es la misma de todo lo ingresado y también de todo lo gastado. Su estudio, en este nivel macroeconómico, se puede realizar separadamente desde los tres mismos puntos de vista: del gasto nacional, del ingreso nacional y del valor añadido de los productos obtenidos para el consumo final. Para su correcta interpretación, este trabajo se centra exclusivamente en el análisis económico de este tercer enfoque: el valor añadido de los bienes y servicios producidos en los sectores de los servicios, la industria, la construcción y la agricultura. De forma más concreta aún, el objeto de este trabajo es el análisis de la capacidad productiva de la economía española y la caída experimentada desde 1985, muy lentamente al principio y a mayor ritmo desde 2000 aproximadamente, que hace que genere menos valor añadido y empleo, en comparación con la UE-27. Aquí radica la clave del problema estructural: la insuficiencia de ingresos de las familias para consumir, de las empresas para invertir y crear empleo y del déficit fiscal de las administraciones públicas. Déficit que, no obstante, está siendo erróneamente entendido más como resultado del exceso de gasto que de insuficiencia de ingresos, en la interpretación de Bruselas y de los gobiernos de España, el anterior y el actual.

Desde el estricto punto de vista económico, este trabajo tiene su origen en la vinculación de tres hechos económicos fundamentales en los distintos y respectivos ámbitos en que tienen lugar. El primero de ellos es el mecanismo económico de los rendimientos crecientes a escala, factor determinante principal de la localización espacial de la actividad económica, la producción y el empleo dentro de cada nación; es sencillo y fácil de entender. Se producen rendimientos crecientes a escala siempre que una empresa, al aumentar los factores de producción (trabajo, capital y otros) en una misma proporción —por ejemplo, el 1%—, obtiene un valor del producto final superior a tal aumento —por ejemplo, el 1,2%—, debido a la reducción de los costes medios de producción. Para conseguirlo, las empresas propenden comúnmente a concentrarse en determinados lugares que ofrecen ventaja comparativa en costes, donde por lo general otras empresas ya se han localizado previamente; lo señala el premio Nobel de Economía de 2008 Paul Krugman: «Las empresas quieren situarse donde el potencial de mercado sea alto, es decir, cerca de los mercados. Pero los mercados tienden a ser grandes donde hay muchas empresas».12 De esta manera, las empresas se benefician de las importantes reducciones de costes que las sinergias de unas sobre otras producen a todas ellas. Este conjunto de beneficios extraordinarios recíprocos son los que el Banco Mundial denomina «economías de escala externas o de aglomeración».13 Y como señala también Paul Krugman en otro de sus libros: «La concentración geográfica de la producción es una prueba clara de la influencia permanente de algún tipo de rendimientos crecientes de escala».14 De forma más sencilla aún, cuando muchas empresas se concentran en un mismo lugar y se benefician de los rendimientos a escala, con el mismo número de trabajadores y el mismo volumen de capital, se consigue un exceso de producto sobre el que se obtendría operando de forma aislada, diseminada y dispersa en todo el territorio, y tal excedente económico ha sido y es la base del desarrollo y crecimiento económico desde las primeras sociedades humanas. Con rendimientos constantes el crecimiento se estanca y con rendimientos decrecientes disminuye, y las sociedades se empobrecen y emigran o desaparecen.

Esto es al menos lo que sucedió en casi doscientos años de capitalismo industrial de competencia en los países industriales, antes de que las grandes corporaciones trasnacionales y las hiperganancias de los CEO (primeros ejecutivos) que las gobiernan, desde el inicio de «la era Reagan», montados sobre el caballo desbocado de la globalización, nos catapultaran, desde los años ochenta del pasado siglo hasta ahora, hacia el moderno capitalismo financiero de sobreendeudamiento global, con millones de desempleados en Europa y Estados Unidos. Es de esperar que cuando el desempleo sobrepase límites inaceptables en estas dos áreas económicas fundamentales en el mundo, el sistema retorne hacia la senda del capitalismo industrial como sucedió tras la Gran Depresión ya antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quizás para ello la globalización —que está cambiando el mundo como nunca antes sucediera—, para seguir avanzando, deba aplicar una de las máximas de Lenin (el estratega por excelencia de las estrategias vencedoras) que le condujo al éxito de la Revolución rusa: «Un paso hacia atrás y dos adelante».

El segundo hecho tuvo lugar en España en 2006 y 2007, y fue la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, en 2006, y de Andalucía y otras CC.AA. en 2007; a pesar de que el origen de los mismos se encuentra en la propia Constitución de 1978 y en la primera ronda de Estatutos aprobados entre 1979 y 1983. El carácter ideológico y político de la profunda perturbación de la localización espacial de la actividad económica en España, así como la fragmentación confederal del sistema productivo, a los que ha dado lugar el Título VIII, anulan las economías de escala y arrojan la economía española por la pendiente negativa de los rendimientos decrecientes. Sin embargo, el hecho político trascendental de que la Constitución de 1978 fuera presentada ante todos los españoles como el resultado de un gran consenso político nacional tras la experiencia catastrófica de casi dos siglos de enfrentamientos primó por encima de todo y sobre cualquier otra cuestión, incluida dicha fragmentación. No obstante, la cuestión del Título VIII pasó al primer plano del interés vital para el futuro de los ciudadanos españoles desde el momento mismo en el que el señor Rodríguez Zapatero anunció su propósito de plasmar en una nueva ronda de Estatutos la competencia exclusiva de prácticamente todas las materias económicas que no estaban incluidas en los primeros. En primer lugar en 2003 en Barcelona —anunciando un nuevo Estatuto de Cataluña—, y desde 2004 ya como presidente del nuevo Gobierno socialista, promoviéndolos en todas las demás CC.AA., con el objetivo implícito de transformar a España en «nación de naciones»,15 o lo que es lo mismo, en un Estado confederal. El tercer hecho que ha motivado directamente este libro es la ausencia de alguna o varias publicaciones especializadas de economistas profesionales sobre la interrelación directa entre los dos hechos precedentes, analizando en profundidad y de forma sistemática las graves consecuencias que se iban a derivar del cambio constitucional del sistema económico, para la capacidad productiva de la economía y el crecimiento, para la estabilidad del propio sistema, para el empleo de millones de ciudadanos y para el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población. Han trascurrido ya más de seis años desde la aprobación de los nuevos Estatutos y ninguna publicación de las que cabía esperar ha aparecido en las librerías. Mientras tanto, por mi parte comencé en 2006 por acceder y analizar, primeramente, la información estadística y técnica sobre la evolución estructural de la economía española desde la década de los ochenta, iniciada con los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, profundizando en los primeros cambios que ya se habían producido y continuando a la espera de que apareciera alguna publicación específica sobre la cuestión. En ausencia de las mismas, el trabajo avanzó entrando de lleno en el análisis económico de los efectos resultantes de la aplicación plena de los estatutos de autonomía y la consolidación del Título VIII. Un grave accidente de tráfico retrasó cerca de dos años su finalización. La conclusión es el libro que ahora se presenta en las dos partes señaladas: el presente texto escrito y el texto principal en internet.

La sustitución del sistema sectorial de la economía española por el sistema territorial fue decidida sin haber realizado el más mínimo estudio técnico de viabilidad del mismo

Adentrándose de nuevo en el nivel interno de la crisis económica, surge la cuestión crucial de las causas y razones por las que los partidos políticos de la Transición y sus dirigentes sustituyeron el sistema económico en España sin haber realizado previamente el más mínimo estudio de viabilidad del nuevo sistema territorial que habían decidido implantar, y sin haber analizado los beneficios para algunos y los enormes costes para la inmensa mayoría de los ciudadanos que se iban a producir. No hay constancia de que se haya realizado estudio económico alguno de los costes directos, indirectos y de oportunidad que tales cambios iban a producir necesariamente en la sociedad española; no hay dictamen alguno de expertos profesionales, ni siquiera informes económicos oficiales de los gobiernos de turno en los que de forma profesional hubieran sido evaluados tales costes, en términos de estimaciones de los descensos a largo plazo en las inversiones productivas, en la capacidad productiva, en la producción y en el empleo estructural. Todo ello en razón y como consecuencia inevitable de la eliminación de los rendimientos crecientes a escala, que el Título VIII de la Constitución conlleva. Tales decisiones parece como si hubieran sido adoptadas por los representantes políticos de todos los partidos, en función de sus propios intereses de poder y centrando exclusivamente en el ámbito político los efectos y consecuencias posteriores de decisiones de tanta trascendencia. En la Comisión Constitucional ninguno de sus miembros tenía formación que pudiera calificarse de profesional de la economía, y de los dictámenes técnicos de los asesores económicos de los correspondientes partidos, si es que llegó a redactarse alguno, no existe la menor constancia.

En la gran mayoría de países con tradición democrática consolidada, las leyes importantes que producen efectos trascendentes sobre la realidad económica y social de la vida de los ciudadanos son sometidas previamente a un dictamen de expertos entre especialistas de reconocido prestigio que cuentan con el plácet y el amparo del propio Parlamento; en el capítulo 5 se cita un ejemplo del Parlamento británico. Sin embargo, no parece que esta sana costumbre haya prendido en la democracia española, ni siquiera en una cuestión tan trascendente como el cambio mismo del sistema económico.

Existe, por consiguiente, la gran asignatura pendiente vinculada a la viabilidad económica a largo plazo en el que ya estamos del sistema económico-territorial-confederal-autonómico y del Título VIII mismo de la propia Constitución. Es cierto que durante las dos primeras décadas la aprobación de los estatutos de autonomía, la creación de las nuevas estructuras organizativas, políticas y administrativas, los acuerdos de traspaso de competencias, la producción de las nuevas leyes, decretos y otras disposiciones, la recepción de las transferencias, recursos y otras funciones varias determinaron que el impacto global sobre el conjunto del sistema productivo fuera muy lento y gradual, sin apenas percepción de lo que iba a suceder más adelante. Pero entre 2004 y 2007, cuando se anuncian y aprueban los nuevos Estatutos por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, la situación era ya radicalmente diferente: la productividad y la eficiencia económica estaban en los lugares 14 y 15 de la UE-15; el déficit exterior era crónico desde 1980 y el mayor del mundo respecto al PIB desde 2000; la industria y las nuevas tecnologías de información y comunicaciones estaban estancadas; la caída en la generación interna de recursos y de valor añadido derivó la financiación hacia el endeudamiento generalizado, multiplicando casi por tres la deuda con el resto del mundo; desde 337.000 millones de euros en 2003 a 950.000 millones en 2009, y otros muchos indicadores más. Cuando la gran mayoría de los ciudadanos españoles pensaban que estábamos nadando en la abundancia pilotada por el nuevo Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, la realidad era que nos estábamos hundiendo en el endeudamiento masivo para décadas.

Dicho lo anterior, la cuestión no es baladí, ni es un cometido que se pueda despachar con algunas semanas o meses de trabajo. Es preciso penetrar a fondo en el mundo de las interdependencias económicas múltiples que vinculan entre sí prácticamente todas las magnitudes relevantes del sistema productivo, y después seleccionar aquellas que mejor expresan los efectos y consecuencias del cambio del sistema económico. Aparte de todo ello, además del análisis económico en sí mismo, es preciso realizarlo de tal forma que pueda ser entendido por el mayor número posible de personas, ya que el cambio de sistema económico acabará afectando a la inmensa mayoría. Y en este sentido hay que recordar que entre todas las ciencias sociales y a diferencia de la medicina, por ejemplo, «la economía es una ciencia más abstracta que hace hincapié en unos principios generales aplicables a toda una variedad de situaciones».16 La medicina, como la macroeconomía, se ocupa de las personas; pero mientras la primera lo hace sobre cada persona en particular, la segunda se refiere a empresas, áreas económicas, regiones o países; mientras la primera utiliza conceptos concretos de síntoma, síndrome o problema clínico de un paciente, fácilmente comprensible para cualquier ciudadano, la economía utiliza conceptos abstractos como productividad, eficiencia, competitividad y otros, que requieren la ayuda constante de paradigmas, metáforas y ejemplos, para que puedan ser más fácilmente comprendidos.

En todo caso, he intentado ser fiel en todo momento al método de los buenos y grandes economistas, en el sentido de que para exponer las cuestiones económicas, «las ecuaciones y gráficos de la economía formal no son, a menudo, más que el andamiaje que se utiliza para ayudar a construir un edificio intelectual. Una vez que ese edificio está más o menos en pie, podemos retirarlo y recurrir solamente al lenguaje llano [...]. Los objetivos serán tan serios como puedan, pero la exposición procurará ser tan ligera como requiere el propio tema».17

Si realmente estuviéramos en el campo de la medicina y se tratara un caso clínico, las pruebas de laboratorio que servirían de base a la interpretación y diagnóstico médico consistirían en analíticas, radiografías, ecografías y otras parecidas. Sirviéndonos de esta referencia paradigmática, se puede seguir un procedimiento en cierta medida equivalente en el análisis del estado en que se encuentra una economía gravemente enferma, como es la de España; comenzando por resumir de forma sintética y simple los datos básicos y las referencias técnicas más significativas, sobre la evolución de las principales magnitudes de las estructuras productivas, para, posteriormente, y a partir de los datos oficiales concretos, realizar el análisis económico propiamente dicho.

Cambio estructural en la economía española desde 1985: de la economía industrial productiva hacia la economía especulativa basada en la construcción y actividades inmobiliarias

Dentro del largo proceso de implantación del nuevo sistema económico territorial-autonómico iniciado en 1979 con los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, en 1985 se produjeron dos sucesos en la economía española de efectos contrapuestos y de enorme trascendencia para el futuro de la población española; de una parte, la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), actual Unión Europea (UE), y en sentido contrario, la promulgación por el Gobierno socialista de Felipe González de dos leyes que resultaron cruciales para romper la trayectoria sectorial-industrial de la economía española, sustituyéndola por las nuevas economías territoriales autonómicas basadas en la construcción y la explotación sin límite del suelo urbano, que ya habían completado su instauración institucional mediante la aprobación de los correspondientes estatutos de autonomía.

La primera de tales nuevas disposiciones fue la Ley 2/1985 de 30 de abril, por la que se suprimió la regulación del mercado de alquileres de viviendas y se dejaron completamente libres los mercados de viviendas y de suelo urbano en el marco de competencias de las CC.AA., eliminando de los mismos la intervención directa del Estado central por el sencillo procedimiento de no asignarle función alguna en el nuevo orden regulatorio; la segunda, la Ley 31/1985 de 2 de agosto, por la que se desvincularon las cajas de ahorro de la dependencia orgánica del Banco de España y se adscribieron a la dependencia política de las CC.AA., con los resultados fatídicos de todos conocidos.

Hundimiento de la industria y los servicios vinculados a las empresas y a la producción

Fruto del favorable impacto económico de la integración de la economía española en la CEE fue el relanzamiento, aunque en intensidad muy modesta, de la industria, desde la práctica paralización en la que sobrevivía tras la segunda subida brutal de los precios del petróleo en 1979. Frente a un crecimiento prácticamente insignificante del 0,18% anual entre 1977 y 1985, entre 1985 y 1991 la producción industrial creció a una tasa media del 1,2% anual, si bien en intensidad muy inferior a la de las dos décadas precedentes, en el entorno del 4-5%, y también a unas tasas que apenas alcanzaron la mitad de las normales en los países industriales avanzados, situadas entre el 2 y 2,5% anual. Tan endebles tasas medias de crecimiento de la producción industrial se repitieron en todos los períodos posteriores hasta 2010, con la excepción de 1996-2002, en que el crecimiento anual alcanzó el 1,9%; en todo caso, también muy inferior a las de los años sesenta y setenta y también por debajo de las normales de los países industrializados avanzados. La evolución del índice de producción industrial se recoge en el cuadro 8/4.a del capítulo 8 y se resume a continuación:

(2005 = 100)

1977

1985

1991

1996

2002

2007

2010

1977-2010

Índice general de producción industrial

67,1

68,6

75,8

77,0

88,3

95,6

79,4

–

Variación media del período (% anual)

–

0,18

1,2

0,24

1,9

1,46

-5,4

0,35

Como se observa, el crecimiento de la producción industrial en los treinta y cinco años entre 1977 y 2010, con una tasa media de tan solo el 0,35% anual, muestra una práctica paralización del proceso de industrialización que había caracterizado a la economía española durante las décadas sesenta y setenta subsiguientes al plan de estabilización de 1959.

La explicación a un crecimiento tan exiguo de la industria española en el largo plazo desde 1979 hay que buscarla en el efecto de las dos leyes referidas sobre las recién creadas comunidades autónomas, operando sobre la competencia exclusiva de las CC.AA. en las materias de «Territorio, urbanismo y vivienda» (art. 148.1, 3ª) que les otorga la Constitución, y una vez que habían recibido el poder efectivo sobre las mismas que les otorgan los correspondientes estatutos de autonomía. El impacto económico de ambas leyes sobre el aumento del suelo urbano, la edificación de viviendas, la construcción en general y las actividades inmobiliarias en prácticamente todas las CC.AA. fue enorme y completamente generalizado.

La intensidad del crecimiento de las actividades de construcción paralelamente al descenso en la industria, medida por la evolución en el peso relativo del crédito total con garantía hipotecaria u otra a los diferentes sectores productivos, se registra en los cuadros 7/1.c y 7/1.d, del capítulo 7, relativo a su distribución entre 1992 (primer año para el que el Banco de España ofrece los datos desagregados) y 2010. Un resumen del segundo de los cuadros se muestra a continuación:

Crédito con garantía real (%) a:

1992

1996

2000

2007

2010

Suma de viviendas, construcción y afines

32,7

40,1

45,2

63,7

62,1

Energía, manufacturas y otras industrias

23,1

17,0

14,1

8,0

8,3

Industria y servicios

67,3

59,9

54,8

36,3

37,9

Como se observa, entre 1992 y 2007 se produjo un vuelco total y absoluto en la estructura productiva de la economía española. El crédito asignado a la industria y otras actividades interdependientes descendió 6,1 puntos porcentuales en los cuatro primeros años, desde el 23,1% en 1992 al 17,0% en 1996, y las actividades conjuntas de la industria, los servicios a las empresas y a la producción, así como el resto de todos los demás servicios, descendieron 7,4 puntos porcentuales, desde el 67,3% en 1992 al 59,9% en 1996. Tal descenso en el crédito continuó en todos los períodos posteriores, como entre 1996 y 2000, cuando el crédito a la industria descendió tres puntos porcentuales más, y el crédito al conjunto de la industria y los servicios descendió 5,1 puntos. Finalmente, entre 2000 y 2007 el crédito a la industria volvió a descender seis puntos más hasta el raquítico 8,0% en 2007, mientras que la caída del crédito al conjunto de la industria y servicios hasta 2007 fue nada menos que de 18,5 puntos, hasta el 37,9%.

Propulsión irracional de las actividades vinculadas a la vivienda, la construcción y las actividades y servicios inmobiliarios

Analizando el problema con la misma base de la evolución del crédito al sector de la vivienda, la construcción y las actividades inmobiliarias, y según el mismo resumen de datos oficiales de líneas más atrás, se observa que en los cuatro años de 1992 a 1996 el crédito a tales actividades aumentó 7,4 puntos porcentuales, desde el 32,7% al 40,1% en 1996. Entre 1996 y 2000 aumentó otros 5,1 puntos hasta el 45,2%, y entre 2000 y 2007 aumentó nada menos que 18,5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 63,7% de todo el crédito con garantía real a las actividades productivas. En síntesis, se observa que en solo dieciséis años, entre 1992 y 2007, tuvo lugar un vuelco total en la estructura sectorial del crédito y financiación de las actividades productivas: desde las dos terceras partes a la industria y los servicios en 1992 (63,7%) a solo una tercera parte en 2007 (36,3%); y en contrapartida y justamente en sentido opuesto, el crédito con garantía real, hipotecaria u otra al sector de vivienda, construcción y actividades inmobiliarias, experimentó el aumento de todo lo que había descendido en la industria y servicios interdependientes, desde un tercio en 1992 (32,7%) a dos terceras partes en 2007 (63,7%).

Como resulta en lógica conclusión, estos aumentos en el crédito a la vivienda y construcción dieron origen a iguales aumentos en las actividades productivas mismas. En efecto, y a título de ejemplo en el período parcial 2000-2006, en el capítulo 5 se registran los valores del peso del sector de la construcción (sin incluir las actividades y servicios inmobiliarios) en el PIB, entre ambos años, en España y otros doce países de la UE además de Estados Unidos. Allí se pone de manifiesto que el sector de la construcción en España incrementó el peso ponderado en el PIB desde el 8,3% en 2000 hasta el 12,2% en 2006. En el mismo período, el promedio de países de la UE-15 incrementó dicho peso en solo 0,5 puntos, desde el 5,5% en 2000 al 6,0% en 2006. En Estados Unidos, en donde tuvo lugar también una importante burbuja inmobiliaria, el peso del sector de la construcción se incrementó únicamente en 1,4 puntos porcentuales, desde 4,9% hasta el 6,3% en 2006. La conclusión es muy clara: el crecimiento totalmente desproporcionado del sector de la construcción en España, cuyo peso relativo en el PIB alcanzó en 2006 el 12,2%, más del doble la UE-15 y casi el doble de Estados Unidos. Y ello a pesar de la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en el mismo período en este país, que, como se observa, causó un impacto muchísimo menor sobre la economía productiva.

Esta profunda regresión en la estructura del crédito a las actividades productivas de la economía española desde 1985 en las décadas de los noventa y dos mil, y consiguientemente en la estructura de las actividades productivas mismas, explican las profundas diferencias respecto a la UE-27 en su conjunto y respecto a la práctica totalidad de los países individualmente. En efecto, en el cuadro 8/2.a del capítulo 8 se recogen los datos oficiales relativos a los quince países de la UE-15, la Eurozona y España, entre 2000 y 2008, año en que estalló la crisis económica en España, publicados por Eurostat. En las diferentes columnas se registra el peso de los distintos sectores y en las dos últimas los datos correspondientes a la suma de los sectores de la industria y los servicios a empresas, un indicador mucho más representativo de la estructura de las economías modernas. El resumen de los datos comparados entre España y el promedio de países de la Eurozona para los principales sectores en los dos años de referencia se resumen a continuación:

(% PIB)

Industria + servicios
a empresas

Construcción

Comercio
Transporte
Comunicación

Otros
servicios

2000

2008

2000

2008

2000

2008

2000

2008

España

40,4

39,9

8,3

11,9

26,1

24,5

20,8

21,3

Eurozona

48,2

48,4

5,7

6,5

21,3

20,8

22,0

22,6

España-Eurozona

-7,8

-8,5

2,4

5,4

4,8

3,7

-1,2

-1,3

Como se observa, en 2000 España tenía un déficit en la capacidad productiva de la industria más los servicios a empresas de 7,8 puntos porcentuales respecto a la Eurozona, que se incrementó hasta los 8,5 puntos en 2008. Si se suma el resto de los servicios, esta diferencia se eleva a 8,9 puntos porcentuales en 2000 y 9,8 puntos en 2008. Contrariamente, el mayor peso de la construcción en España se elevó desde el 8,3% al 11,9% del PIB, con una diferencia de 5,4 puntos porcentuales en 2008 por encima de la Eurozona. Si se tiene en cuenta el enorme peso del pequeño comercio y de los pequeños transportistas autónomos en España, se observa que la diferencia en la suma de construcción más servicios del comercio, transporte y comunicaciones respecto de la Eurozona era de 7,3 puntos porcentuales en 2000 y se elevó a 9,1 puntos porcentuales en 2008.

En resumen, la estructura sectorial de la economía española mostraba en 2008 un peso de 9,8 puntos porcentuales inferior a la Eurozona en industria y servicios a empresas, y un peso de 9,1 puntos por encima de la Eurozona en la suma de los sectores de construcción más comercio, transportes y comunicaciones. Pero como se explica en el capítulo 8, para evaluar correctamente los diferenciales en las estructuras productivas entre dos áreas económicas o dos países, los déficits en los sectores avanzados y los superávits en sectores tradicionales excedentarios no consolidan entre sí. Así, por ejemplo, el exceso de mano de obra en la construcción no se compensa en ningún caso con el déficit de mano de obra cualificada en la industria moderna y la informatización de procesos. En consecuencia, la diferencia con la Eurozona que debe ser corregida en la economía española es la suma del déficit estructural del 9,8% en la industria y sectores afines más el 9,1% en construcción y actividades inmobiliarias. Aquí radican las enormes diferencias en los niveles de paro en España respecto al resto de países industriales avanzados.

En resumen, las graves desviaciones en la estructura productiva de la economía española respecto al promedio de países de la Eurozona están teniendo lugar simultáneamente en fuertes déficits en la capacidad productiva en los sectores punteros de la economía moderna, y, complementariamente, en fuertes excedentes de capacidad productiva en sectores tradicionales escasamente productivos y escasamente generadores de empleo productivo. En los apartados 8.6.2 y 8.6.3 del capítulo 8 se realiza un análisis mucho más detallado y preciso.

En lo que sigue, se analizan los principales indicadores derivados del exceso de capacidad productiva de la construcción y sectores afines en la economía española; y, por otra parte, los principales indicadores de las deficiencias en la misma respecto a la estructura productiva de las economías modernas.

1.   Cambio estructural en la economía española desde 1985: principales indicadores del exceso de capacidad productiva vinculada a la construcción y sectores afines en la economía española

A.1.   La estrategia económica del nuevo sistema territorial-autonómico: suelo urbano, vivienda en propiedad, construcción y actividades inmobiliarias, sector prioritario de cada «economía regional», junto con las pequeñas empresas locales y provinciales del propio ámbito autonómico:

Uno de los factores más determinantes del equilibrio en el sector inmobiliario y de freno a la especulación en los países industriales avanzados es la diversificación y complementariedad entre los mercados de vivienda en propiedad, alquiler privado y alquiler social; cuando operan en conjunto, es imposible que en uno aisladamente los precios se puedan disparar; y tampoco es posible una explosión de precios en los tres a la vez porque el oferente en el tercero de tales mercados es el propio Estado. En el apartado 5.5.1 del capítulo 5 se explica cuál es el funcionamiento, y en el cuadro 5/5.a se recoge el peso de cada modalidad de acceso a la vivienda en el principal núcleo de tales países.

Como allí se aprecia, España es el país con mayor peso de las viviendas en propiedad entre todos los países industriales avanzados, el 85%, con gran diferencia de todos los demás, y no existe la modalidad de alquiler social, que debería jugar el mismo papel esencial que desempeña en el resto de los países avanzados. Otros aspectos a destacar:

La regulación del mercado de suelo, que se describe en el apartado 5.4 del mismo capítulo, es única en el mundo y es un factor clave que impulsa la especulación a límites sin parangón; el objeto de codicia del nuevo El Dorado que enloquece a los especuladores modernos.

Es sabido que una condición básica de estabilidad y equilibrio en el mercado inmobiliario es la equivalencia entre el valor capitalizado en renta y el correspondiente valor en venta. En el cuadro 5/7.d se recoge la evolución de ambos valores en España entre 2000 y 2007; con resultados del valor promedio en venta en 2005 de un 37,8% superior al correspondiente al valor en venta, que se eleva hasta el 49,8% si la valoración se extiende a 2007.

En el cuadro 5/7.e se estiman las plusvalías extra balance entre 2002 y 2007, con los resultados crecientes de unos 11.000 millones de euros en 2002 a 61.000 en 2006 y 2007.

En el apartado 5.8.2 se analiza el hecho incomprensible de que la Ley del Suelo de 2007 del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, solo siete meses antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, ni siquiera haya llegado a detectar, ni menos modificar, uno solo de los mecanismos en los que se gestó la especulación y sobre los que se formó la descomunal burbuja inmobiliaria, algo que percibía cualquier ciudadano del último rincón de España.

En el cuadro 5/2.b se recoge el peso del sector construcción en el PIB en doce países de la UE-15 y en Estados Unidos en 2000 y 2006. Mientras en la UE-15 aumentó 5 décimas, en España lo hizo en 3,9 puntos, pasando en 2006 al 12,2%, justamente el doble de la UE-15, el 6,2%.

En consecuencia, la promoción, fomento y apoyo a las actividades relacionadas con el suelo urbano, vivienda, construcción y actividades inmobiliarias conforman el núcleo de la estrategia económica del nuevo sistema económico territorial-autonómico.

B.1.   La estrategia financiera del nuevo sistema económico territorial-confederal-autonómico.

En el apartado 6.4 del capítulo 6 se hace una síntesis de la política financiera en España desde 1980 aproximadamente, cuyos rasgos más sobresalientes son la desregulación financiera total, la Ley 31/1985 (que desvinculó las cajas de ahorro de la dependencia técnica del Banco de España y las supeditó al poder político de las CC.AA., llevando la mitad a la quiebra y las demás a la transformación en bancos privados), la absorción de los bancos industriales por la banca privada y la privatización de los bancos estatales especializados, en favor también de la banca privada (creando con ello un cuasi monopolio de la banca privada). Los hechos relevantes fueron los siguientes:

Tal como se ha señalado, en 1985 fue promulgada la fatídica Ley 31/1985 de 2 de agosto, por la que se desvincularon las cajas de ahorro de la dependencia orgánica y funcional del Banco de España —quedando este con la sola función de supervisión— y entregadas a la dependencia política de las CC.AA. y de los partidos que las han estado gestionando desde entonces. Los resultados escandalosos, necesariamente a largo plazo, han aflorado a la vista de todos con el estallido de la crisis en 2008. Pero resulta evidente para todo el mundo que el enorme agujero en el balance de Caja Madrid, Bancaja y el resto de cajas integradas en Bankia de 24.000 millones de euros no se ha originado en los últimos años sino que es el resultado acumulado de una gestión política de las mismas desde la promulgación de tan fatídica Ley 31/1985. E igualmente las quiebras de Caja Castilla-La Mancha, Caja del Mediterráneo, Caja Sur, Catalunya Caixa, etc.

Tan disparatado sistema de politizar la gestión de las cajas de ahorro en España a través de las CC.AA. en 1985 choca frontalmente con los sistemas que en aquellos mismos años estaban poniendo en marcha otros muchos países industriales avanzados, en particular en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos (con éxito rotundo en los tres primeros y fracaso sonado en el último).

En Alemania la reestructuración del sistema de cajas de ahorro, que eran de propiedad estatal-municipal, dio lugar a la creación de un poderoso grupo financiero, el Sparkassen Finanzgrupe, con un volumen de operaciones de 3,6 billones de euros en 2006 (apartado 6.4.1-A del capítulo 6).

En Francia, la unión de los bancos populares y las cajas de ahorro dio origen al BPCE, convertido en la segunda entidad financiera de Francia. La participación de esta nueva entidad y el 33,3% del banco estatal Caisse des Dépôts dio origen al nuevo banco internacional de negocios NATIXIS, convertido en el cuarto banco de Francia (apartado 6.4.1-B del mismo capítulo).

En Italia, la reestructuración correspondiente dio origen a Unicredit, una entidad financiera capacitada para competir internacionalmente en los mercados, dentro y fuera de Italia; y en Estados Unidos, contrariamente a los países anteriores, la desregulación de Reagan en los primeros años ochenta llevó a la quiebra a la mitad de las cajas de ahorro.

Como se pone de manifiesto en el texto del apartado 6.4 del capítulo 6, la política seguida en España a partir de 1983 según la referida Ley 31/1985 ha sido un calco fiel de las políticas neoliberales de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Reino Unido, produciendo casi idénticos resultados desastrosos.

En el apartado 6.5 del mismo capítulo 6 se analiza el papel de la Ley 25/1991 de privatización de los bancos públicos y supresión de la financiación estatal de la economía —un calco fiel de la misma política neoliberal reaganiana prolongada por Clinton—, mostrando el contraste con la mayoría de países industriales, en especial Alemania, Francia, Italia, e incluso y sorprendentemente, con el propio Estados Unidos, en donde Reagan se encontró con el veto del Senado para llevar su política hasta el final. Algunas referencias especialmente llamativas de la comparación con estos países son las siguientes:

Entre todos los casos que se analizan, dos especialmente paradigmáticos deben ser destacados: el KfW Bankengruppe en Alemania, propiedad del Gobierno federal (80%) y de los Länder (20%), que en 2009 realizó emisiones a largo plazo para financiar la industria privada alemana por valor de 360.000 millones de euros; y la Caisse des Dépôts en Francia, creado en 1816, que con una finalidad parecida al alemán hizo emisiones a largo plazo por valor de unos 200.000 millones de euros. Con el mismo objeto existía en España el Banco de Crédito Industrial (BCI) con una función equivalente; pero, sin ninguna razón que lo justificara, fue privatizado por el Gobierno socialista de Felipe González mediante la Ley 25/1991, y acabó por integrarse con todos los demás del Estado en el BBV para formar el actual BBVA.

En Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, bajo fórmulas diferentes y distintos procedimientos, existen entidades públicas o semipúblicas de refinanciación de la vivienda, que permiten al Estado ejercer un control estratégico sobre la magnitud de los fondos aplicados al sector de la vivienda, que por la elevada magnitud de las inversiones reales y la formación bruta de capital fijo que requiere puede llegar a desestabilizar la economía. En España existía el Banco Hipotecario de España, y sin justificación alguna siguió el mismo destino que el BCI.

Otra de las áreas financieras vitales para la economía de los países industriales es la financiación de las exportaciones en los mercados de destino, una función que por los riesgos que comporta solo puede hacerse mediante bancos muy especializados con sucursales en los grandes mercados y mayoritariamente mediante acuerdos de corresponsalía con bancos locales. El ejemplo más próximo es Natixis en Francia, con sucursales y acuerdos en más de setenta países. En España existía el Banco Exterior de España (BEE), que hubiera debido evolucionar hacia prestaciones equivalentes; pero la misma Ley socialista lo privatizó también a favor de la banca privada.

Por último, en el apartado 6.8 se analiza la participación del Estado en los bancos cooperativos en tanto que instrumento básico de la política social en prácticamente todos los países industriales avanzados. En España dicho papel debía haber sido desempeñado por el Banco de Crédito Agrícola (BCA), a imagen y semejanza del Crédit Agricole en Francia; pero también, sin justificación alguna, fue suprimido y privatizado por la misma Ley 25/1991. En el cuadro 6/8.b se recoge una lista de los 15 grupos bancarios cooperativos de los principales países industriales; en el último lugar se ha añadido la UNACC española completamente privada y huérfana de todo apoyo estatal. Pues bien, allí se verifica que el activo total del grupo español alcanzaba cinco años después de la privatización del BCA el 2,5% del primer banco cooperativo japonés, el 3% del primero alemán, el 5% del primero francés, el 10% del primero estadounidense, el 15% del primero italiano y el 18% del primero de Holanda.

C.1.   La economía productiva y la estructura del crédito y financiación de la misma giran en sentido opuesto dos veces en cincuenta años y ahuyentan la inversión industrial.

Entre 1992 y 2007 la estructura financiera de las actividades productivas giró en zigzag sobre sí misma, reduciendo la aportación a la industria y los servicios desde las dos terceras partes en el período de industrialización, hasta un tercio del total; en contraposición, el crédito al suelo urbano, vivienda, construcción y actividades inmobiliarias aumentó desde una a las dos terceras partes. Se analiza en el apartado 7.1 del capítulo 7, cuadros 7/1.a, b, c y d, y se sintetiza a continuación:

Es un hecho conocido que la economía española vivió durante la primera etapa del franquismo la experiencia de la política autárquica, en la que las actividades derivadas de la producción agraria, las actividades fabriles conexas y el comercio interior derivado, incluidas las exportaciones agrícolas, llegaron a representar las dos terceras partes, aproximadamente, del PIB, y en parecidas o iguales proporciones el crédito y la financiación a las actividades productivas, permaneciendo la industria —en ramas muy concretas como el textil en Cataluña, la metalurgia en el País Vasco o la energía minera en Asturias—, en niveles cuasi artesanales y con reducido peso en el PIB.

También es ampliamente conocido el hecho de que en 1957 aquella política llevó al país al borde mismo de la bancarrota nacional, obligando al general Franco a dar un giro a la misma de prácticamente 180º entre aquel año y 1959, en el que se aprobó el plan de estabilización. En esta nueva etapa, la industria, las actividades interdependientes y los servicios aumentaron progresiva e intensamente su participación en el PIB hasta alcanzar en los años setenta y ochenta los dos tercios, aproximadamente, del PIB; y en proporción aproximada, el crédito y la financiación a las actividades productivas; se analiza en el cuadro 7/1.a.

En el cuadro 7/1.b se analiza el crédito con garantía real, hipotecaria u otra, a las actividades productivas entre 1992 y 2010; en él se pone de manifiesto que todavía en 1992 la proporción correspondiente era de dos terceras partes, aproximadamente, a la industria, las actividades interdependientes y los servicios excepto los inmobiliarios, y el tercio restante a las actividades de suelo urbano, vivienda, construcción y actividades inmobiliarias.

Pero ya en 1996 las proporciones se habían alterado significativamente, aumentando acumulativamente estas últimas (+ 46%) y reduciéndose la industria de forma significativa (-12%). Esa evolución continuó acentuándose considerablemente hasta 2007, con incrementos del 1.267% las relacionadas con la construcción, frente al 330% los servicios excepto los inmobiliarios y solo el 135% a la industria, casi diez veces menos que la construcción.

En el cuadro 7/1.d se registra el vuelco dado a la estructura del crédito y la financiación de las actividades productivas, en el que aparece un nuevo giro de 180º. En efecto, frente a una estructura del crédito y financiación en 1992 de un tercio aproximadamente (32,7%) a las actividades del suelo urbano y construcción, y los dos tercios restantes (67,3%) a la industria y servicios (excepto inmobiliarios), se ha pasado en 2007 a la posición inversa: dos tercios a las primeras actividades (63,7%), y el tercio restante a la industria (36,3%).

El análisis de conjunto pone de manifiesto un hecho sorprendente e insólito. En menos de cincuenta años, de 1959 a 2007, la industria, las actividades interrelacionadas con ella y los servicios (excepto los inmobiliarios) han transitado sobre una auténtica montaña rusa. Desde antes de 1959, con un peso económico y social reducido y minoritario de una tercera parte del PIB, aproximadamente, a una posición mayoritaria y dominante de dos tercios aproximadamente, mediante un cambio radical de orientación entre 1960 y 1979; para volver sobre sí mismo y reducir el peso de esta última en el conjunto de la economía, hasta retomar en 2007 la misma proporción anterior a 1959, mediante un segundo giro copernicano de otros 180º.

La consecuencia solo puede ser una: con semejante estructura financiera resulta de todo punto imposible que las empresas privadas puedan desarrollar una política industrial de inversión y producción a largo plazo; o lo que es lo mismo, con semejante estrategia económica, la industria no tiene cabida en la economía española, como lamentablemente se aprecia en la realidad viva del país y se verifica en el capítulo siguiente.

D.1.   La política financiera del nuevo sistema económico-territorial-confederal-autonómico dispersa el crédito entre quince de las diecisiete CC.AA. y reduce el ahorro (aumento del consumo) también en quince de ellas.

Como se analiza en el apartado 7.2 del capítulo 7, la experiencia de doscientos años de desarrollo económico en los países industriales avanzados enseña algo que señala el Banco Mundial: «El desarrollo no es ni homogéneo ni lineal en ninguna de las escalas geográficas. El crecimiento llega antes a algunos lugares que a otros [...]. Conforme se desarrollan los países, las personas y las actividades económicas se van concentrando en unos lugares y no en otros». Por el contrario, la experiencia de la aplicación a la localización territorial de las actividades económicas, del igualitarismo ideológico soviético y la igualdad económica en todos los territorios condujo al hecho diametralmente contrario que también señala el BM: «En la antigua URRS [...], después de décadas de planes de igualación, la economía experimentó desigualdades, que se ampliaban en el producto regional per cápita [...]. La brecha entre las zonas avanzadas y las retrasadas se disparó de 5 a 43».

Con estos dos escenarios radicalmente contrapuestos como telón de fondo, el análisis del crédito para inversiones en las diecisiete CC.AA. en España entre 1988 y 2008 muestra lo siguiente:

El crédito se incrementó en 15 de ellas, excepto en dos de las tres tradicionalmente industriales (Madrid y País Vasco), dispersándose por todos los territorios del Estado, independientemente de la ventaja comparativa que ofreciera cada una para obtener el máximo rendimiento de tales recursos escasos para el conjunto de los ciudadanos de la nación; destacan por encima de las demás, las cuatro de la costa mediterránea (cuadro 7/2.a).

De forma casi paralela, el ahorro se redujo también en quince de las diecisiete CC.AA. como expresión de la expansión indiscriminada del consumismo en casi todas ellas. La principal excepción fue también la Comunidad de Madrid, en la que el peso del ahorro en el conjunto nacional aumentó de forma desproporcionada, en 11,3 puntos porcentuales (cuadro 7/2.b).

A diferencia de Madrid y el País Vasco, Cataluña ofrece unos resultados totalmente ajenos a su tradición centenaria industrial. Desde el lado del ahorro ha descendido 4,2 puntos porcentuales, lo que la ha convertido en la comunidad autónoma proporcionalmente más consumista y gastadora de todas (algo extraño en la Cataluña trabajadora, inversora e industrial de siempre). Por el lado del crédito, la participación ha permanecido casi plana sin variación en veinte años, lo que solo puede ser consecuencia de aumentos sensibles del crédito al sector de vivienda y construcción y reducción en paralelo a la actividad industrial. De esta forma, el catalanismo político, con la colaboración indispensable del socialismo confederal (España como nación de naciones), ha suplantado la primera fuerza de Cataluña en la industria nacional por la «economía catalana», diluida únicamente en lo que deberían ser actividades complementarias y de acompañamiento de una industria moderna potente y servicios eficientes: la construcción, la agricultura y pesca del Maresme, el turismo de playa, el turismo rural de los Pirineos... El coste: cientos de miles de desempleados, camino del millón, con el escenario de fondo de liquidación de lo que queda de la industria.

Este igualitarismo ideológico del ahorro, el crédito y las inversiones entre «territorios» ha conducido a tales niveles de desigualdad económica entre personas y trabajadores que, según Eurostat —citada en otra parte—, España fue en 2010 el país de la UE-27 en el que el monto de ingresos del 20% de las personas que más ganan superó en mayor número de veces el monto de ingresos del 20% de la población con menores ingresos: más de siete veces.

La misma política del igualitarismo territorial ha conducido a un embrollo de diferencias enormes en las prestaciones sociales entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, con el hecho insólito de que no existe ningún criterio común ni norma general que se siga en las diferentes prestaciones en las distintas CC.AA. En el apartado 7.2.4 y cuadro 7/2.c se hace el análisis comparado de seis de los indicadores básicos, con el resultado de un auténtico galimatías.

Las conclusiones de los distintos apartados sobre los resultados de treinta años de igualitarismo territorial y de economía confederal en España señalan que la economía avanza hacia la esterilidad productiva y el desempleo en masa; y la población, hacia niveles de empobrecimiento, desigualdad económica y deterioro en las prestaciones sociales, nunca antes producidos, sin parangón en ningún otro país industrial avanzado; y más bien al contrario, cada vez más parecido a lo que fue el igualitarismo territorial soviético de repúblicas autónomas, que lo condujo al desmoronamiento y la desaparición, sin que nadie entonces llorara por él.

E.1.   La total preponderancia del «ladrillo» reduce la generación de valor añadido por unidad de inversión y conduce al endeudamiento generalizado y creciente de toda la economía.

Además del doble recorrido de ida y vuelta en la estructura del crédito y financiación de las actividades productivas hacia el suelo urbano y urbanizable, la vivienda, la construcción y las actividades inmobiliarias (resumidas coloquialmente como «el ladrillo»), en el mismo capítulo, apartado 7.3, se analiza uno de los mecanismos internos del sistema productivo, en concreto el multiplicador de la inversión, que determina que en una economía con la estructura productiva y de inversión que se ha resumido, el crecimiento económico conduce inevitablemente al endeudamiento generalizado y creciente de todos los agentes económicos. Esa es la situación actual de España.

Previamente al análisis del endeudamiento de la economía española en sí mismo es necesario situar el contexto contradictorio en el que se ha estado produciendo desde al menos 1998. En efecto, en el período subsiguiente, 1998-2007, tal como se deduce de los datos del apartado C precedente, el crecimiento medio de la economía española fue superior en 1,52% anual respecto al promedio de países de la Eurozona. Ha sido, por consiguiente, un período de auge de todas las magnitudes económicas directamente relacionadas con la expansión de los mercados. Teniendo en cuenta que el crecimiento económico es necesariamente cíclico o sinusoidal, a cada fase o período de auge le precede y le sigue un período de recesión y caída en los niveles de actividad. El crédito y el endeudamiento son precisamente instrumentos financieros que ayudan a los agentes económicos a sostener la actividad en las fases de contracción y recesión; en contrapartida, durante los períodos de expansión y auge deben actuar restableciendo el equilibrio patrimonial financiero, mediante la reducción del nivel de endeudamiento. Sin embargo, se verifica a continuación que en la economía española, entre 1998 y 2007, ha sucedido justamente lo contrario: todos los agentes económicos han aumentado muy sensiblemente el endeudamiento en proporción casi doble a lo que aumentaba el PIB.

En el apartado 7.4 del mismo capítulo 7 se registra la información concreta del endeudamiento de todo el sistema económico; y en particular, el endeudamiento del Estado (cuadros 7/4.a y b); el endeudamiento externo del conjunto de la economía (cuadros 7/4.c y d); de las entidades financieras (cuadros 7/5.a, b y c); de las empresas no financieras (cuadros 7/6.a y b), y el endeudamiento de las familias e instituciones sin fines de lucro (cuadro 7/7.a). El resumen es el siguiente:

La deuda soberana del Estado y las administraciones públicas en España era del 61% del PIB al finalizar 2010, la 5ª más baja en la UE-15, solo por encima de los tres países nórdicos y Luxemburgo. Respecto a los países más endeudados, era 19,1 puntos por debajo de la UE-15, 22,2 puntos inferior a la de Alemania, 21,3 puntos por debajo de Francia, y así sucesivamente.
No obstante, en el apartado 7.4.1 y en el cuadro 7/4.b se pone de manifiesto que dicho endeudamiento debe ser correlacionado con el superávit/déficit del comercio exterior. En relación con Alemania, el diferencial del déficit comercial externo evolucionó desde el 4% en 2001 a favor de este país hasta el 15,7% en 2007 y 2008 en contra de España. Alemania tenía en efecto al final de 2010 una deuda soberana 22,2 puntos porcentuales superior a España, pero había gozado desde 2001 de un diferencial en forma de superávit comercial respecto del déficit de España, entre 9,6 y 15,7 puntos porcentuales anuales. Esto significa que la deuda soberana no lastra el equilibrio externo de la economía en Alemania, mientras que en España incrementa el desequilibrio externo en la parte de aquella financiada por extranjeros.

La deuda con el resto del mundo. En el cuadro 7/4.c se recogen los datos del endeudamiento total respecto del PIB en el período 2003-2010, que se sintetizan como sigue:

% PIB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Deuda exterior

43,1

52

56,2

66,5

78,7

77,9

90

85,9

Como se observa, alcanzó el 43,1% al finalizar el Gobierno del Partido Popular, y durante el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero aumentó hasta más que duplicarse, desde unos 337.000 millones de euros en 2003 (el 43,1% del PIB) a unos 950.000 millones en 2009 (el 90% del PIB), lo que supone haberse multiplicado por 2,8 veces.

El endeudamiento de las entidades de crédito se recoge en el cuadro 7/5.a; como allí se observa, el pasivo oneroso exigible se elevó desde 1,1 billones de euros en valores absolutos, en 2001, hasta 2,7 billones en 2010. El endeudamiento respecto del PIB se resume a continuación como sigue:

Pasivo oneroso

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% del PIB

157,8

159,1

167,7

177

203,6

221,2

241,1

248,6

262,4

259,9

Al prestar atención al intenso crecimiento del endeudamiento respecto del PIB año a año se pone de manifiesto que durante los años de intenso crecimiento económico, las entidades de crédito no han aprovechado la fase de auge del ciclo económico para reducir el endeudamiento y recuperar el equilibrio patrimonial financiero; más bien al contrario: casi se ha doblado el de-sequilibrio inicial de 2001, lo que solo pudo deberse a una generación de valor añadido muy inferior a la normal.

La estructura por acreedores del cuadro 7/5.c se sintetiza a continuación:

% del pasivo total

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Empréstitos exteriores

20,5

20,3

21,1

19

17,8

15,1

15

15,7

Deuda interna

66,4

68,5

71,1

73,1

78,4

78,3

77,8

78,3

Deuda estimada*

86,9

88,8

92,3

92,1

92,2

93,4

92,7

89,9

Fácilmente se infiere que el peso de la deuda extranjera de las entidades financieras con la banca extranjera ha sido decreciente desde 2001 y era muy moderada en 2008, solo el 15,7%, y algo menos en 2010, muy por debajo de la de Grecia, Portugal e Irlanda, que dieron origen a los respectivos rescates por parte de la UE. Como se observa, el elevadísimo endeudamiento de las entidades españolas se registra muy mayoritariamente con acreedores residentes (78,3%), de lo que se colige que el enorme problema del endeudamiento de la economía española es doble, elevados niveles de deuda interna y el volumen de endeudamiento con el resto del mundo, que ha alcanzado ya valores absolutos muy respetables.

El endeudamiento de las empresas no financieras se analiza en el apartado 7.6 del mismo capítulo, cuadro 7/6.a (balance financiero) y cuadro 7/6.b (crecimiento de los saldos deudores respecto de los beneficios brutos). La evolución del activo neto en el período 2003-2010 se sintetiza como sigue:

(Millones de euros)

2003

2005

2007

2009

2010

Activo financiero neto

-834.511

-1.160.795

-1.648.614

-1.508.950

-1.431.839

Índice de crecimiento

100

139,1

197,6

180,8

171,6

Préstamos a largo plazo

565.870

751.906

1.130.948

1.254.710

1.278.131

Índice de crecimiento

100

132,9

199,9

221,7

225,9

Como se observa, el activo financiero neto negativo del conjunto de las empresas casi se dobló en los cuatro años, 2003-2007, de más intenso crecimiento económico en España, lo que obligó al frenazo en seco del crédito desde que en 2008 estalló la crisis económica. No obstante, para no paralizar totalmente la actividad, los créditos a largo plazo continuaron aumentando a menor ritmo, hasta alcanzar un crecimiento del 125% en 2010 respecto de 2003.

Otra forma de apreciar el enorme crecimiento del endeudamiento de las empresas precisamente cuando más crecieron las ventas por la expansión de la demanda efectiva es analizar el porcentaje de la deuda total sobre los excedentes empresariales o beneficios brutos totales obtenidos; se sintetiza a continuación:

Sobre beneficios

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% de deuda

132,9

146,7

158,0

163,7

175,1

184,8

210,4

250,4

272,6

Como se aprecia, las empresas podían amortizar la deuda total en 2001 con los beneficios brutos de algo más de un año, mientras que en 2007 necesitaban ya los beneficios brutos de casi tres años para conseguirlo. Esto demuestra que los rendimientos de la inversión fueron aceleradamente decrecientes, lo que solo puede ser consecuencia de que la economía española está desde hace años reduciendo su capacidad productiva para generar valor añadido, del que los excedentes empresariales son una de las partes integrantes.

La baja capacidad para generar recursos de las empresas españolas se aprecia también al comparar la evolución de los balances financieros con el promedio de las empresas de la Eurozona, en el mismo período de más intenso crecimiento de la economía española, 2003-2007. Los datos se recogen en el cuadro 7/6.b del apartado 7.6 del capítulo 7, y se sintetizan aquí como sigue:

Activo neto (negativo)

Activo neto negativo /activo total

2007 (E)

2007/2003 (%)

2003

2007

Eurozona

-10.162,00

+ 53,6

100

105,0

España

-1.648,60

+ 97,6

100

118,1

España-Eurozona

::

+ 44,0

100

1460,0

Como fácilmente se observa, en el mismo período en el que la economía española crece a una tasa 1,52 puntos porcentuales por encima de la Eurozona, el activo neto negativo crece en España el 97,6%, casi el doble que en la Eurozona, el 53,6%, aumentando la diferencia entre ambas áreas económicas en el 44%. Igualmente, la relación entre el activo neto negativo y el activo total aumentó en la Eurozona el 5%, mientras que en España aumentó 3,5 veces por encima hasta el 18,1%.

El endeudamiento de las familias se analiza en el apartado 7.7, cuadro 7/7.a (balance financiero) y cuadro 7/7.b (crecimiento de los saldos deudores respecto de la masa salarial).
La evolución del activo neto financiero, el crecimiento llamativo del efectivo y depósitos, y el aumento de la deuda por los préstamos recibidos del primero de los cuadros se sintetizan a continuación como sigue:

(Millones de euros)

2003

2005

2007

2009

2010

Activo financiero neto

765.891

890.628

983.169

816.055

814.991

Índice de crecimiento

100

116,3

128,4

106,5

106,4

Préstamos recibidos

451.148

653.485

876.630

905.692

900.916

Índice de crecimiento

100

144,8

194,3

200,8

199,7

Como se aprecia, el activo neto de las familias aumentó un 28% entre 2003 y 2007, para descender durante la crisis hasta un aumento de solo el 6,4% en 2010. Sin embargo, el efectivo y depósitos en manos del amplio sector de familias pudientes han aumentado el 72,2%, hasta 2010, 66 puntos porcentuales por encima del activo neto. En el lado opuesto, del resto más numeroso de las familias endeudadas, el volumen de créditos pendientes de pago se ha doblado hasta 2009 (+100,8%), reduciéndose muy ligeramente en 2010 (+99,7%).

El conjunto de los datos refleja con toda precisión la sensible regresión experimentada en la estructura económica en la que se apoya la cohesión social: un aumento espectacular del efectivo y depósito de las numerosas familias de clase media-alta hacia arriba que se han beneficiado de la especulación inmobiliaria, de la tolerancia fiscal y de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) entre otras ventajas, +72,2%, 66 puntos porcentuales por encima del aumento medio del patrimonio neto del conjunto (+6,4%), en el lado contrario, las mucho más numerosas familias que han visto incrementarse el endeudamiento mediante el aumento en el volumen de créditos (+99,7%).

Otra forma de valorar la importancia del enorme crecimiento del endeudamiento de las familias es analizar el porcentaje de la deuda total sobre los montos de la masa salarial percibida durante el período de más intenso crecimiento, 1999-2007; se sintetiza como sigue:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% deuda/salarios

85,6

92,5

97,1

106,2

118,5

134,3

153,2

167,8

176,3

Índice crecimiento

100

108,1

113,4

124,1

138,4

156,9

179,0

196,0

206,0

Como se comprueba, la proporción de la deuda total de las familias sobre la masa salarial de cada año simplemente se ha doblado entre 1999 y 2007 (+106,5%). Y ello ha sucedido durante el período de más trabajo y de mayores salarios percibidos; en 1999 las familias deudoras necesitaban un volumen de ingresos equivalente al 85% de la masa salarial total de aquel año para hacer frente a la deuda, mientras que en 2007 necesitaban un volumen de ingresos del 176%, más del doble. Ello prueba sin ninguna duda que la capacidad del sistema productivo para generar valor añadido, una parte del cual es la masa salarial, se ha reducido drásticamente entre 1999 y 2007, el período de crecimiento más intenso de la economía española en las últimas décadas.

COLOFÓN: un endeudamiento bruto de 7,9 billones de euros, tan gigantesco, masivo y generalizado, es la prueba viva de una economía atrofiada y de una sociedad desorientada que padece un cáncer galopante y lo ha enmascarado simulando éxito y riqueza, alarde y ostentación y un consumo desmedido; una completa inversión y negación de los valores de la civilización grecorromana que han guiado el desarrollo económico y social de las sociedades occidentales avanzadas, basados en la areté o excelencia ciudadana del esfuerzo del trabajo, el ahorro, el compromiso, el comedimiento y la honradez. Valores que sin duda alguna compartieron muy mayoritariamente los ciudadanos españoles que entre 1959 y 1980 cumplieron entre veinticinco y sesenta años. Una generación que catapultó la España todavía agraria anterior a 1957 hacia la sociedad industrial mercantil moderna y europea que se integró en la entonces Comunidad Económica Europea y actual UE, en 1985.

2.   Cambio estructural en la economía española desde 1985: principales indicadores del déficit en la capacidad productiva derivada del descenso de la economía industrial en la economía española

A.2.   Treinta años de déficits por cuenta corriente de España entre 1980 y 2011, los terceros en valor y los más elevados del mundo respecto al PIB, en 2000-2007. Juntamente con los de Estados Unidos y Reino Unido, provocaron el estallido de la crisis económica internacional en 2007.

Veamos los datos más relevantes y significativos:

Respecto a la amplitud del período de déficits en la balanza de pagos de bienes y servicios de España con el exterior desde 1980, el primer año en funcionamiento de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña. En el cuadro 1/3.b del capítulo 1 del texto principal en internet se recoge la cuantía de los mismos año a año entre 1980 y 2009. En los treinta años que median hubo déficit en veintisiete de ellos: nueve años por debajo del 2% del PIB, diez años entre el 2% y 4%, dos años entre el 4% y 5%, y cinco años por encima del 5%, de los que en 2006 y 2007 superó el 10%. Hasta 2011, de los treinta y tres años, la economía española tuvo déficits en treinta.

Respecto a la magnitud de los déficits en la balanza de pagos por cuenta corriente. En el cuadro 1/3.a aparecen cuantificados los promedios anuales de los déficits, en cada quinquenio entre 1980 y 2005, y año a año hasta 2008 en que estalló la crisis económica, expresados en miles de millones de dólares. Se resumen a continuación:

Miles de millones de dólares

1981-85

1985-90

1990-95

1995-2000

2001-05

2006

2007

2008

-8,6

-20,5

-22,0

-25,1

-60,2

-114,9

-135,1

-132,5

Como se observa, los déficits corrientes anuales se multiplicaron por 15 entre 1980 y 2008.

c.  Respecto a los diferenciales en las tasas de exportación de España con los países que son nuestros principales proveedores y clientes de bienes y servicios, en los que se concentra un elevado porcentaje de nuestro comercio exterior. Los datos oficiales se recogen en el cuadro 1/3.d del mismo capítulo 1. Allí se recogen tales diferenciales referidos a once períodos intermedios entre 1980 y 2007, de Alemania, Francia, Italia, Holanda y el promedio de la Eurozona; en total 55 referencias en las que se constatan tales diferencias. Pues bien, España ha tenido menores tasas anuales de exportación respecto a tales países en absolutamente todos los 55 diferenciales medidos.

d.   Las tasas de apertura comercial expresan el grado de interdependencia e interrelación de la economía de un país en el comercio mundial. Se miden por la proporción de la suma de exportaciones más importaciones respecto al PIB. Cuando se utiliza para evaluar el nivel de competitividad entre dos países de una misma área comercial que utilizan la misma moneda, constituye el indicador más preciso de los niveles de competitividad de los productos y empresas de los respectivos países, debido a que queda neutralizado el efecto de las variaciones en el tipo de cambio sobre la competitividad.

En el cuadro 1/3.f se recoge la evolución de dicha tasa referida a varios países, la Eurozona y España, cuyos datos se resumen a continuación en porcentaje del PIB:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

España

46,8

44,5

42,3

41,3

42,3

42,8

44,3

44,5

43,9

35,4

41,3

47,8

Eurozona

60,9

60,0

57,8

56,7

59,2

62,0

66,0

67,3

68,4

57,2

65,5

73,8

España-Eurozona

-14,2

-15,4

-15,5

-15,4

-16,9

-19,2

-21,8

-22,8

-24,5

-21,8

-24,3

-26,0

Como se observa, entre 2000 y 2007, el período de mayor crecimiento de la economía española y también el de mayor crecimiento del comercio mundial en las últimas décadas, la tasa de apertura de las exportaciones e importaciones en el comercio mundial disminuyó en España desde el 46,8% en 2000 al 44,7% en 2007, con una caída del 5,3% respecto a 2000. Por el contrario, la tasa de apertura comercial de la Eurozona (el promedio ponderado de los diecisiete países que la integran) se incrementó desde el 60,9% en 2000 al 67,3% en 2007, con un aumento del 8,4% respecto a 2000. Si el análisis lo prolongamos hasta 2011, se observa que la tasa de apertura comercial se incrementó en España hasta el 47,8% con una ganancia de 3,5 puntos porcentuales, y en la Eurozona pasó del 67,3% al 73,8% con una ganancia de 6,5 puntos porcentuales, período este último en el que España parece haber recortado unas décimas.

En la última fila se muestran las diferencias en las respectivas tasas de apertura comercial entre España y la Eurozona; como se aprecia, tales diferencias son todas negativas para España en absolutamente todos los años del período; y lo que es mucho más grave, tales diferencias han aumentado año a año hasta casi doblarse la diferencia en 2011 respecto a 2000: desde los 14,2 puntos porcentuales negativos en este año a 26 puntos también negativos en 2011.

El resultado final de estos cuatro indicadores deja escaso margen al optimismo o incluso a la duda. Todos en conjunto y el último en especial indican que la economía española está ya completamente alejada de los patrones de competitividad internacional desde 1980, primer año en que inició la andadura el nuevo sistema económico territorial autonómico en Cataluña y País Vasco.

El impacto internacional de una estructura y estrategia económicas y comerciales tan sumamente ineficientes como las del sistema económico autonómico y con resultados tan desastrosos es ya motivo de atención y preocupación a nivel mundial. Un acontecimiento, entre otros, lo ha puesto de manifiesto con motivo del estallido de la crisis económica internacional en 2007. En efecto, en el capítulo 1 se reproduce una cita del informe de la UNCTAD de 2009 que dice: «La actual crisis económica no fue algo caído del cielo; estalló tras varios años de enormes desequilibrios entre las mayores economías nacionales y dentro de cada una de ellas. Los desequilibrios más ostensibles eran, principalmente, los grandes déficits por cuenta corriente de Estados Unidos, Reino Unido y España, y varias economías de Europa Oriental [...]».

Como se observa, mientras en España el Gobierno socialista presidido por el señor Rodríguez Zapatero afirmaba que la economía española era una «economía Champions» y se negaba a aceptar el hecho de que nuestra economía hubiera entrado en crisis; cuando finalmente no tuvo más remedio que aceptarla, lo hizo bajo lo que fue una de sus enseñas características, echarle la culpa a otros, en este caso a la crisis económica internacional; de las dos cosas, de la crisis y del paro (de los que él, sus gobiernos y su partido, el PSOE, son altamente responsables): «El elevado paro que tenemos es consecuencia de la crisis internacional», repitió una y otra vez; y con él, su Gobierno y su partido.

Como un aparte que es necesario tener en cuenta, en la economía española existen sin la menor duda unos pocos centenares de empresas exportadoras que se mantienen en los mercados internacionales incluso ganando cuotas de mercado en segmentos extraordinariamente competitivos, porque están organizadas y dotadas de capacidades y medios equiparables a las de cualquier otro país, lo que requiere el máximo reconocimiento y apoyo de toda la sociedad española. Pero a la vista de los datos oficiales en los que se fundamenta este trabajo, de los que solo unos pocos se acaban de resumir, resulta evidente que su peso relativo en el conjunto de la economía y en el total del comercio exterior de España tiene que ser extremadamente reducido; de lo contrario, serían imposibles los valores promedios que se acaban de citar entre todos los demás que se incluyen en el trabajo.

En conclusión, la grave crisis de la economía española está determinada en uno de sus componentes fundamentales por el nivel extremadamente bajo de competitividad de los productos y empresas españolas, persistentemente negativo desde 1980.

B.2.   Y ¿por qué tales déficits en balanza de pagos por cuenta corriente son tan importantes en el funcionamiento de una economía? ¿Qué función desempeñan en el sistema productivo?

•   Primero: porque una economía competitiva significa que puede producir bienes y servicios para el mercado exterior ampliando la capacidad productiva de la nación, la producción total y el empleo; y como consecuencia de todo ello, aumentar el nivel de vida de la población.

Ahora bien, una economía competitiva significa que posee costes laborales unitarios (CLU) más bajos que los países que operan en los mismos mercados; o al menos iguales, pero nunca superiores. Los CLU no son otra cosa que el conjunto de las remuneraciones totales por todos los conceptos que reciben los trabajadores, una vez que su importe se haya corregido con el índice de inflación, y posteriormente, deducida la productividad. Bajos niveles de CLU significan altos niveles de competitividad, y viceversa.

En el cuadro 2/3.f del capítulo 2 se recogen los datos de la evolución de los CLU en España entre 2000 y 2008 comparativamente con la UE-27, la Eurozona y los principales países que las integran. El extracto referido a 2008 se resume a continuación:

España

UE-27

Eurozona

Alemania

Francia

Reino Unido

Holanda

Austria

100

76,7%

72,1%

48,8%

58,1%

60,5%

60,5%

53,3%

Los datos indican que en 2008 en el promedio de la UE-27 los CLU fueron solo el 76,7% del valor que alcanzaron en España; en la Eurozona fueron el 72,1%, y nada menos que el 48,8% en Alemania, y así sucesivamente. Como se observa, las diferencias en España son abismales y constituyen la explicación económica concreta de los diferenciales tan elevados en los déficits por cuenta corriente que se han analizado en el apartado precedente.

Analizando los tres factores que se acaban de señalar que forman los CLU, fácilmente se comprende que para un mismo nivel de salarios monetarios de los trabajadores, cuanto más baja sea la inflación, mayor será el salario real de los trabajadores; en consecuencia, el control de la inflación debe ser una de las exigencias más firmes de los trabajadores a los gobiernos que gestionen la economía en el futuro tan duro que nos aguarda. Pero se ha dicho también que los CLU son los salarios reales menos la productividad; por consiguiente, cuanto mayor sea la productividad, más bajos serán los CLU y más altos serán los salarios reales que perciban los trabajadores.

Referido a España, los datos del cuadro 2/3.a del capítulo 2 muestran el crecimiento anual de la productividad en diecisiete países de la OCDE en el período 1981-2007, y dentro de él en 2000-2007, el año precedente al estallido de la crisis económica en España. Las tasas medias de crecimiento anual en 2000-2007, en porcentaje, se resumen a continuación:

España

OCDE

EE.UU.

Alemania

Francia

Reino Unido

Holanda

Austria

0,8

2,0

2,2

1,6

1,7

2,1

1,1

1,6

Como se observa, España presenta el crecimiento más bajo de la productividad de todos los países y áreas económicas referidas. En consecuencia, en el futuro que nos aguarda, los trabajadores y ciudadanos españoles en general tendrán que contribuir por ellos mismos —así como requerir del Gobierno y de los empresarios políticas generales y empresariales acordes— a elevar la productividad del trabajo en España.

En conclusión, los déficits continuados en la balanza de pagos por cuenta corriente desde 1980 en España indican el bajísimo nivel medio de competitividad e indirectamente el bajísimo nivel medio de la productividad de la economía española entre 1980 y 2009. De esta manera, tan baja productividad se convierte en la causa fundamental de los bajos niveles de competitividad de la economía española.

•   Segundo: porque el déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente es, por definición, la diferencia de todas las exportaciones de un país al exterior menos las importaciones; en consecuencia, tal diferencia indica directamente el nivel de desequilibrio externo de la economía de un país. Cuando tal diferencia tiende hacia el valor cero y el valor de las exportaciones tiende a ser igual al de las importaciones, se dice que la economía tiende hacia el equilibrio. En resumen, un déficit corriente cercano a cero identifica la posición de equilibrio externo de una economía.

Pero se demuestra de manera muy fácil en economía —lo que no procede hacer ahora— que el equilibrio externo de una economía entre exportaciones e importaciones es idénticamente el mismo que el equilibrio interno entre ahorro e inversión. Ambos equilibrios son el mismo, las dos caras de una sola y única moneda: el equilibrio general de la economía.

En conclusión y referido a la economía española, la sucesión tan prolongada y creciente de déficits en la balanza de pagos por cuenta corriente desde 1980 indica que la economía española ha estado en prácticamente todos los años transcurridos en situación tal que el ahorro, la inversión, las exportaciones y las importaciones han evolucionado de forma autónoma y anárquica, aprovechando ventajas ajenas al sistema productivo como fueron las subvenciones financieras de la Unión Europea desde 1985 (fondos del FEOGA, fondos estructurales, fondos de cohesión y otros) que en promedio han supuesto importantísimas cantidades, en torno al 1% del PIB.

Pero ha habido otra fuente externa de apoyo a la economía española que ha permitido financiar el crecimiento económico, especialmente en los años dos mil, que fue el endeudamiento creciente en euros equivalente anualmente a la cuantía del déficit por cuenta corriente, hasta alcanzar el monstruoso endeudamiento exterior de España en 2011, muy cercano al PIB, en el entorno de unos 965.000 millones de euros ya señalados.

En conclusión, el segundo factor indicativo de la importancia trascendental del déficit en la economía española reside en la sucesión de déficits corrientes prácticamente continuos y en cuantías crecientes desde 1980, lo que indica que la economía española ha estado sometida durante tan largo período a una situación de profundos desequilibrios continuos, internos y externos, salvados mediante elevadas transferencias recibidas desde la UE y un fortísimo endeudamiento con el exterior que ha llegado prácticamente al 100% del PIB, hasta que finalmente el peso desmesurado de este último precipitó el desmoronamiento del crecimiento económico, el empleo y el nivel de vida.

•   Tercero: el tercer factor que explica la trascendental importancia del déficit por cuenta corriente en la economía española es que su persistencia en intensidad creciente desde 1980 delata que el crecimiento económico que ha tenido lugar en España no ha sido inducido por crecimientos proporcionales de la productividad.

En efecto, tal como se ha dicho, elevados déficits corrientes se correlacionan con bajos niveles de productividad, y los datos de productividad del trabajo —comparativamente con la OCDE— fueron todos negativos en España cada año desde 1995, tal como consta en el citado cuadro 2/3.a del texto digital, que se resume a continuación en tasas anuales de crecimiento:

(% anual)

1981/90

1991/95

1996/2000

2000

2002

2004

2006

2007

2000/07

España

1,9

1,9

0,3

0,1

0,6

0,7

0,8

1,7

0,8

Total OCDE

1,8

1,5

1,7

3,1

2,1

2,0

1,5

1,9

2,0

España-OCDE

0,1

0,4

-1,4

-2,9

-1,5

-1,3

-0,7

-0,2

-1,2

Por el contrario, los diferenciales en las tasas de crecimiento económico del PIB, que proporciona también la propia OCDE, fueron positivos en España en todo el período, tanto respecto del promedio de la OCDE como de la Eurozona, tal como se verifica a continuación.

Tasas anuales PIB

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

España-Eurozona

1,3

1,7

1,8

1

1,7

1,8

2,3

1,4

1,8

0,9

0,8

España-OCDE

0,2

1,8

1,3

0,8

2,4

1,0

1,1

0,1

0,8

0,9

0,9

Según se aprecia en la simple observación de los dos cuadros, existe una contradicción total entre aquellos diferenciales en las tasas de crecimiento de la productividad —todos negativos—, y estos diferenciales en las tasas de crecimiento del PIB, todos positivos, con lo que queda demostrado que el crecimiento en España en los años noventa y dos mil no estuvo basado en la productividad.

La explicación estriba, como es sobradamente conocido, en que el crecimiento en España ha estado basado en la mera acumulación de factores de producción exógenos al sistema productivo, en concreto en la calificación masiva de suelo urbano por las CC.AA. y el otorgamiento indiscriminado de licencias de construcción por los ayuntamientos; igualmente, en la entrada masiva de más de cinco millones de trabajadores inmigrantes de bajos salarios, en un desmedido consumismo fuera de toda racionalidad y en el endeudamiento masivo en euros en los mercados financieros internacionales. Los datos precedentes demuestran que esta y no otra es la explicación de la situación que está caracterizando la economía española desde 2008.

C.2.   Mayor detalle del impacto del sistema económico territorial sobre la baja productividad, eficiencia económica y competitividad de la economía española.

Según los datos de la OCDE (apartado 2.3 y cuadro 2/3.a del capítulo 2), la productividad del trabajo en España (variación en el producto obtenido al aumentar una unidad los trabajadores u horas de trabajo) ha tenido un buen comportamiento, superior al promedio de dicha organización hasta 1995, experimentando un cambio de tendencia mediante la caída acentuada en las tasas anuales desde entonces. El valor promedio del período 2000-2007 fue tan solo del 40% del promedio de países de esta organización.

Respecto a la productividad total de los factores (una magnitud que se considera muy importante en economía, según datos también de la OCDE), la tasa anual creció el 0,2% en España en 1995-2000 y ocupó el lugar 15 entre los quince países más desarrollados del mundo; entre 2001 y 2006 ocupó igualmente el último lugar; en 2007 superó en una décima a Italia; y en el promedio 2000-2007, la tasa anual fue del 0,2%, 3,5 veces menos que Italia, que la precedió en el anteúltimo lugar del ranking; todo ello según el cuadro 2/3.b del capítulo 2.

Respecto al peso de las inversiones en tecnologías de información y comunicaciones (las más características de las economías modernas) en la inversión total, los datos de los cuadros 2/3.c y d muestran que entre los nueve países más avanzados del mundo, sin incluir Japón, España se encontraba en 1995-2000 a considerable distancia de todos ellos, incrementándose sensiblemente tales diferencias entre 2000 y 2007.

Respecto a la competitividad media de las empresas españolas medida por los costes laborales unitarios (costes salariales reales descontada la productividad), en los cuadros 2/3.e y f se recogen los datos en los que se pone de manifiesto la elevada diferencia respecto a la mayoría de los países de la UE-15.

Pero una productividad tan baja de la economía española no solo incide sobre la competitividad exterior de la economía, sino también sobre la propia estructura productiva interna, y resulta determinante en el propio crecimiento económico, que se analiza en el apartado siguiente.

D.2.   Sobre la extrema degradación de las instituciones económicas que articulan la actividad productiva en España, en niveles de países subdesarrollados (apartado 4.6 del capítulo 4).

Las instituciones económicas son el conjunto de normas y reglas, formas de organización, métodos de gestión y modalidades de procedimientos que articulan e interrelacionan entre sí los agentes económicos en los diferentes tipos de mercados para producir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades propias o para el intercambio, y distribuirlos, así como entre sus diferentes usos y aplicaciones alternativos: entre consumo e inversión, gasto y ahorro, etc. Las instituciones económicas constituyen el principal intangible de las sociedades modernas y avanzadas en el funcionamiento del sistema económico en cada país y en las economías integradas. El contrapunto de las instituciones económicas son las infraestructuras físicas: carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Las interdependencias y la correlación entre instituciones eficientes e infraestructuras funcionales constituyen un factor absolutamente determinante del buen funcionamiento de una economía y de un elevado nivel de vida de los ciudadanos de un país.

España ocupa el lugar 12º en dotación de infraestructuras y el lugar 49º en el ranking mundial del promedio de las 21 instituciones económicas sobre las que generalmente se vertebran las actividades productivas en los países industriales y en casi todos los demás. De ellas, en 12 la calificación —muy por debajo del lugar 49º— es más propia de países en desarrollo; y en las cinco que se mencionan a continuación, propias de cualquiera de los países africanos:

Las cargas o costes para las empresas de la maraña de regulaciones del Gobierno, entre seis y siete nuevas leyes a la semana (apdo. 4.6), en el lugar 110º, detrás de nada menos que ciento nueve países entre los que están todos los avanzados, los emergentes y muchísimos en vías de desarrollo. Como fácilmente se comprende, esta posición tan ineficiente solo puede ser consecuencia de la trama de leyes, disposiciones, órdenes administrativas, reglamentos, etc., de las 1+17 administraciones públicas autónomas que hay en España, que conforman una economía de tipo confederal.

Los derroches y despilfarros producidos por el gasto público, en el lugar 108º, también detrás de ciento siete países entre los que se encuentra un elevado número en desarrollo y/o subdesarrollados. La causa es la misma: la fragmentación confederal de la economía en España, que constituye un derroche, un lujo puramente ideológico para el que la economía española carece de capacidad productiva y recursos para financiarlo, debiendo pagarlo con su empleo y pérdida en el nivel de vida la inmensa mayoría de los ciudadanos de toda España.

La transparencia de la política del Gobierno, en el lugar 74º; igualmente, detrás de otros setenta y tres países entre los que se encuentran la mayoría de los pertenecientes a las áreas económicas ya citadas, UE, OCDE, los treinta y seis más competitivos del mundo y muchos en desarrollo. Tampoco se necesitan muchas pruebas para demostrar que la causa principal de la falta de transparencia es la existencia en sí misma de 1+17 gobiernos, cada uno de ellos con su propia «Norma institucional básica», su política regional específica y su política informativa propia. O lo que es lo mismo, consecuencia de la transformación de España en un Estado confederal (nación de naciones), al menos desde la vertiente económica.

El favoritismo en las decisiones oficiales del Gobierno, en el lugar 55º. Un ejemplo más del deterioro institucional en España, muy por detrás de la mayoría de países de la UE, OCDE, y los treinta y seis países más competitivos del mundo. También es fácil encontrar la principal causa determinante en los 1+17 gobiernos diferentes que existen en España, en sí mismos; cada uno con sus propias clientelas regionales, grupos de intereses propios y sectores sociales preferentes, con privilegios específicos, reintroduciendo por la puerta de atrás uno de los males endémicos del pasado de España durante siglos, del que costó sudor y lágrimas alejarse: el caciquismo regional y provincial.

Por último, dentro de esta breve relación de instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la economía, no puede dejar de citarse la fortaleza de las políticas de protección a la inversión y a los inversores. España ocupaba el lugar 77º en el ranking de 2010, en el mismo nivel que otros dieciséis países, que en conjunto llegan al 93º. Como fácilmente se comprende, una política esencial de los gobiernos para la competitividad y el crecimiento económico, en la mayoría de los países industriales encuadrados en la UE-27 y la OCDE; la mayoría de ellos en lugares muy por encima de España. La causa también es la misma: 1+17 gobiernos, cada uno engrandeciendo «su autonomía» y «su territorio», con obras monumentales inútiles, muchas de ellas en infraestructuras no funcionales, a costa del empleo y nivel de vida de los ciudadanos de carne y hueso que viven en todas ellas.

Como se observa, los desequilibrios y descompensaciones entre los niveles en el desarrollo de estas instituciones clave y los muy eficientes niveles de dotación y eficacia de las infraestructuras son muy elevados y fuera de toda racionalidad. A la vista de todo ello, resulta evidente que para relanzar la economía España necesita mucho más prioritariamente mejorar y elevar en gran escala los bajos niveles de eficiencia de sus instituciones y no cargar la economía con más infraestructuras no funcionales: autovías infrautilizadas, aeropuertos cerrados, puertos sobredimensionados, etc.

E.2.   Impacto de la crisis sobre el empleo en los distintos sectores productivos.

Los datos del INE (EPA) sobre el empleo en los distintos sectores productivos durante los cuatro años íntegros de crisis desde el inicio en 2008 hasta finalizar 2011 permiten apreciar con toda claridad la profundidad de la misma, así como evaluar la extrema dificultad para que el sistema productivo pueda generar puestos de trabajo suficientes para empezar a reducir el desempleo. Se toma como año base el promedio de 2006 y 2007; los principales datos se resumen a continuación:

Activos

Ocupados totales

Sec. agrícola

Turismo

Otros servicios

S. industrial

S. construcción

Parados

Diferenciales de empleo entre 2011 y el promedio 2006-2007 (miles de personas)

+973

-2.432

-43

-347

+132

-750

-1.422

+3.405

Diferenciales de empleo en porcentaje: 2011 respecto al promedio 2006/2007 (%)

+4,4

-12,0

-5,1

-12,5

+1,2

-22,9

-52,7

+182,2

Las principales conclusiones son las siguientes:

El aumento de las personas en edad de trabajar por aumento vegetativo de la población o por inmigración —casi un millón—, unido a casi 2,5 millones de trabajadores que perdieron el empleo, arroja la cifra de 3,4 millones de nuevos parados durante los cuatro primeros años de crisis, lo que supone una media de 850.000 nuevos parados al año.

Como se observa, todos los sectores han perdido empleo, excepto los servicios sin turismo. En este el descenso fue del 12,5%, en agricultura el 5,1%, en la industria el 23% y en la construcción el 52,7%.

En cuanto a la evolución sectorial de la población ocupada (2011/2008), la agricultura cayó cuatro décimas, el turismo 2 puntos, los demás servicios 1,5; la industria 4 puntos, del 14,8% al 10,9%; y la caída de la construcción fue de 6,7 puntos, del 12,2% al 5,5%.

Este juego de porcentajes determina que solo la agricultura, el turismo y el resto de los servicios podrían recuperar, en el mejor de los casos, los niveles de actividad de los años 2006 y 2007; 3,9 puntos del 14,9% en que descendió la población ocupada. Sin embargo, el peso de la construcción en 2011, el 5,5%, es ya notablemente similar al promedio de la UE-27, por lo que no cabe esperar que se incremente de forma sensible.

Queda, por consiguiente, como único sector posible en el que basar las esperanzas de salir de la crisis y remontar las enormes cifras de desempleo la industria. Pero como vamos a ver a continuación, el análisis en profundidad y con todo detalle que se realiza en el capítulo 8 y se resume en los epígrafes siguientes frustra por entero tal posibilidad, al carecer por completo de toda base técnica en que apoyarla.

Durante 2011 la población estable en España descendió en 34.152 personas, el 0,74%, desde los 46.152.925 personas el 1 de enero de 2011 a 46.118.713 el 1 de enero de 2012. Esto significa que, de mantenerse este comportamiento en próximos años, representaría el principio del estancamiento económico por el lado de la demanda a medio y largo plazo, ya que el «crecimiento natural» de la economía se corresponde con el aumento del valor añadido de los bienes y servicios generado por el incrementa de la tasa natural de población, factor completamente distinto del aumento en el nivel de vida, que depende del aumento de productividad de la población ocupada.

F.2.   Estancamiento hasta 2007 y desplome desde 2008, en España, de la industria, informática, servicios a empresas y a la producción, los basamentos de la economía productiva moderna en los países avanzados.

Las estructuras productivas sectoriales de los países industriales más avanzados han ido evolucionando en los últimos quince años sobre tres ejes básicos: la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías industriales basadas en la innovación, la informática, la robótica y las telecomunicaciones (TIC); la descomposición de procesos productivos y la especialización por componentes; y la especialización de los servicios a empresas y la producción. Ello ha determinado que conforme a los datos del cuadro 8/2.a del capítulo 8, tomados de Eurostat, en 2008 el promedio de estas actividades en el PIB haya sido del 48,8% en la UE-27, el 55% en Alemania y solo del 39,9% en España; 8,5 y 15,1 puntos menos, respectivamente.

En el cuadro 4/4.a, también con datos de Eurostat, se registra el peso de los distintos sectores conforme al nivel de desarrollo tecnológico. En él se pone de manifiesto que el conjunto de sectores de tecnología alta y media contribuían en 2008 con el 52,8% del PIB en la UE-27, con el 55,4% en el promedio de Alemania, Francia, Reino Unido y Austria; y solo con el 40,6% en España, lo que suponía 12,2 y 14,8 puntos menos, respectivamente.

En el apartado 8.3 y cuadro 8/3.a del capítulo 8 se recoge la evolución de la inversión bruta (FBCF) en los sectores de la construcción y de la industria entre 1995 y 2007 en España. Allí se pone de manifiesto que mientras que, en el promedio de todos los sectores productivos creció el 155,1%, en la construcción aumentó el 181,3% y en la industria solo el 126,7%, 28,4 y 54,6 puntos menos, respectivamente, en esta última.

En el apartado 8.4 y cuadro 8/4.a se registran los índices de producción industrial en el período de treinta y cinco años entre 1977 (el año culmen de la industrialización) y 2011 (el cuarto año de la crisis económica). Entre los años intermedios tienen especial interés 1988, en que empieza a fructificar el cambio económico hacia la construcción impulsado por el Real Decreto 2/1985 (Decreto Boyer); 1995, último ejercicio económico de los gobiernos socialistas de Felipe González; 2003, último ejercicio de los gobiernos conservadores del señor Aznar; y 2011.

Entre 1977 y 1988 (ya en la CEE desde 1985) los índices de producción industrial, general, de productos intermedios y energía aumentaron 8,1, 12,6 y 13,8 puntos porcentuales, respectivamente; mientras que los de bienes duraderos y de equipo descendieron 18,7 y 34,9 puntos. Con los gobiernos socialistas hasta 1995, el índice general se estancó aumentando solo 6 décimas en siete años, hasta el valor 75,7, con descensos en la industria de bienes duraderos (-150,8 puntos), en bienes de equipo (-14,3) y en energía (-2,8).

Entre 1996 y 2003, ya con gobiernos conservadores, la industria se expande en todos los componentes y el índice general aumentó 16,2 puntos hasta el valor 91,3 puntos.

Con la llegada del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero en 2004 y su política de expansión sin límites de las competencias autonómicas y de la construcción, la actividad industrial retrocede linealmente en todos los componentes hasta el estallido de la crisis en 2008: -11,6 puntos el índice general, -25,4 puntos los bienes industriales duraderos, -10,4 puntos los bienes de equipo, -24 puntos los bienes industriales intermedios; solo la energía aumentó 11,7 puntos, muy influida por la constante variación de los precios del petróleo.

Considerando en conjunto los treinta y cuatro años entre 1977 y 2011, la situación de la industria española sobre la que cuelgan mayoritariamente las tecnologías de información y telecomunicaciones, así como los servicios a empresas y a la producción, ofrece un panorama desolador: en los cuatro años de crisis, 2008-2011, el índice general descendió 21,4 puntos, hasta el valor 74,2, situándose a solo 7,1 puntos del valor 67,1 en 1977, nada menos que treinta y cuatro años antes; el índice de bienes de consumo duradero descendió 205,8 puntos hasta el valor 48, perdiendo nada menos que el 81% del valor; el índice bienes de equipo descendió 57,3 puntos hasta el valor 68,0, perdiendo el 46% del valor; el índice de bienes industriales intermedios aumentó en solo 5,5 puntos hasta el valor 61,1, lo que significa algo menos del 10%; por último, el índice de energía ganó 40,9 puntos, hasta el valor 97,3, lo que representó una ganancia del 72%. A nadie se le oculta que detrás del aumento tan notable del valor de la energía se esconden los formidables aumentos de los precios del petróleo. Considerando globalmente los treinta y cuatro años del período 1977-2011, la tasa media de crecimiento ha sido casi testimonial, inferior al 0,21% anual, lo que significa una industria estancada e inmóvil.

G.2.   Las tendencias 2000-2007 proyectadas a 2008-2014 arrojan un desplome sin precedentes de la industria y las actividades interdependientes en España.

En el apartado 8.5 y en el cuadro 8/5.a se analizan las tendencias de los mismos cinco componentes del índice de producción industrial en 2000-2007 y la proyección año a año hasta 2014, por el método de las medias móviles calculadas a partir de las tasas anuales de variación del INE hasta 2007 incluido. El método de tendencia es quizás el más fiable para estimar los valores macroeconómicos de una magnitud económica en un período futuro, lo que hace que sea el método aplicado en los estudios de mercado a la hora de programar la inversión por las empresas en los sectores en que operan en el nivel microeconómico.

En la síntesis del cuadro que se recoge a continuación se aprecian en la fila 1ª los valores del índice general proporcionados por el INE correspondientes al período 2001-2010, y en la 2ª los valores de la tendencia desde 2008 hasta 2014. Para los años 2008, 2009 y 2010 se incluyen los dos valores, el de tendencia y el real del INE (2005 = 100).

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Índice general INE

88,3

91,9

93,2

94,6

95,4

95,6

80,3

79,1

79,4 

74,2

Índice tendencial

95

96

95

96

96

96

97

Como puede observarse, los valores de tendencia arrojan un práctico estancamiento de la actividad mientras que los valores reales del INE muestran que la actividad industrial está cayendo en España en términos reales a un fuerte ritmo; lo que significa que entre 2008 y 2011, ambos incluidos, la capacidad industrial instalada ha sido crecientemente infrautilizada desde 2007, e incluso reducida en proporciones crecientes.

En el cuadro 8/5.b se analiza la evolución del empleo total en la economía española entre 1992 y 2010, en relación con la UE-27, la UE-15, la Eurozona y el promedio de los diez países más avanzados del mundo, incluyendo Estados Unidos y Japón, con la finalidad de verificar si, como ha insistido machaconamente el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero hasta su sustitución, el desempleo en España es consecuencia de la crisis internacional. Como allí se pone de manifiesto, el paro en España se ha ido elevando respecto todas y cada una de las cuatro áreas económicas de comparación en proporciones casi idénticas. Mientras que en España aumentó desde el 8,3% en 2007 al 22,9% en 2011, en el promedio de tales países ha aumentado desde el 8,5% al 9,5%; en consecuencia, no parece que pueda provocar desempleo directamente quien lo tiene muy por debajo de la mitad de España. Cosa distinta es que nos lo provoquen por su mayor competitividad.

Teniendo en cuenta que el empleo real en la industria según el INE cayó desde 3.261.800 personas en 2007 a 2.573.000 en 2010, esta nueva tendencia, mucho más negativa que entre 2000 y 2007, podría hundir la cifra de empleo en el sector en 2014, hasta los 2,0 e incluso 1,5 millones de personas, para una población activa de 23.600.000 personas aproximadamente, lo que supondría que la industria en 2014 daría empleo solo entre el 5,5% y 8,5% de la misma. Algo así como una auténtica catástrofe de consecuencias imprevisibles.

H.2.   Hundimiento en la productividad de la industria manufacturera en España entre 1985 y 2008, en relación con el resto de países industriales.

En el apartado 8.7.1 del capítulo 8, al analizar la evolución de la capacidad productiva en España desde el año 2000, se ha incluido el cuadro 8/7.a, que recoge los datos de la productividad en la industria manufacturera entre 1980 y 2008 en catorce países, proporcionados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.18 Tales datos, referidos a los nueve países más significativos de la OCDE, se resumen a continuación. Para evitar el efecto coyuntural de variaciones anuales no significativas, se compara el promedio del quinquenio 1980-1985 con el de 2003-2008.

Índice 2002=100

Suecia

EE.UU.

Reino U.

Japón

Francia

Holanda

Alemania

Bélgica

España

1980-85

38,4

45,1

50,8

56,5

54,4

55,1

63,6

56,9

67,3

Nº ranking

14º

13º

12º

8º

10º

9º

4º

7º

3º

2003-2008

131,5

119

117,9

122

113,2

114,6

117,9

110,6

102,1

Nº ranking

1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

8º

14º

Como se observa, la inercia del intenso proceso de crecimiento y desarrollo industrial de las décadas sesenta y setenta en España todavía continuaba en 1980-1985, a pesar de que había alcanzado el cénit en 1977. El promedio de la tasa de crecimiento de la productividad en el promedio de 1980-85 en España fue el 67,3% respecto al valor al que llegaría en 2002, el 3º más elevado, muy por encima de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y los demás países.

Sin embargo, todo cambió a partir de 1985, cuando, en el contexto del nuevo modelo económico territorial-confederal-autonómico instaurado por la Constitución de 1978, el Gobierno socialista presidido por Felipe González aprobó los decretos-leyes 2/1985 de 30 de abril (apartado 5.6 del capítulo 5) y 31/1985 de 2 de agosto (analizado en el apartado 6.4 del capítulo 6), por los que se forzó un giro radical desde la economía nacional hacia la autonómica y desde la industria hacia la construcción. Desde entonces se inicia el desmantelamiento de la industria, cuya productividad desciende vertiginosamente desde el puesto 3º en 1980-1985 hasta el último lugar, el 14º, en 2003-2008 entre los catorce países del cuadro 8/7.a, que se extracta en la última fila del resumen precedente.

Como se comprueba, mientras la productividad en España en el tortuoso camino hacia la economía confederal creció solo el 2,1%, en Francia aumentó el 13,2%, el 17,9% en Alemania y Reino Unido, el 19% en Estados Unidos, el 21,8% en Japón y el 31,5% en Suecia. Muy lejos quedaban los años en los que la industria en España crecía en tasas superiores al 8% anual, equiparables a las de Japón y muy por encima del resto de los países industriales desarrollados.

I.2.   Déficit creciente en la capacidad productiva estructural de la economía confederal española para generar valor añadido y empleo sostenible respecto de la UE-27, según Eurostat (apartado 8.6 del cap. 8).

Según una cita que aparece en el apartado 8.8.1: «La capacidad productiva está determinada por el tamaño y la calidad de la fuerza de trabajo, por la cantidad y calidad de las existencias de capital, por los conocimientos técnicos del país y la capacidad de utilizar tales conocimientos, y por la naturaleza de las instituciones públicas y privadas». Cada sector de la economía se mide por el porcentaje en que contribuye al valor añadido bruto (VAB) y al empleo realmente ocupado.

Para el cálculo concreto de la capacidad productiva de un país determinado se toma como base el peso que tiene en el mismo el conjunto de los sectores relacionados con la innovación, identificados en los apartados 8.1 y 8.2 como los motores o locomotoras fundamentales de las economías modernas más avanzadas: la industria, las producciones y servicios de las tecnologías de información y telecomunicaciones, los servicios a empresas y los servicios a la producción; en forma simplificada, industria y servicios a empresas.

El cálculo cuantitativo se hace a partir de un estudio de Eurostat realizado entre las pymes de 250 trabajadores o menos en todos los países de la UE-27, que se documenta en el apartado 8.6; tales empresas representaban en 2006 el 57,6% del PIB y el 67,1% del empleo total en la UE-27, y el 68,5% y el 78,7%, respectivamente, en España; estos elevados porcentajes correspondientes les confieren plena representatividad del PIB y el empleo en las respectivas economías. A efectos de una mejor evaluación de los datos referidos a España, el análisis comparado se realiza también respecto al promedio de Alemania, Francia, Reino Unido y Austria.

Otra cuestión esencial que se explica en el mismo apartado es que los diferenciales netos en las capacidades productivas miden por un lado los déficits en los sectores líderes señalados y por otro los excedentes en sectores no productivos con empleo precario no sostenible o capacidad estéril para generar empleo estructural. El ejemplo más directo y ostensible es el excedente productivo en los sectores de construcción e inmobiliario en España, entre 1998 y 2007, aproximadamente, muy por encima del promedio de la UE-27; niveles con alta probabilidad de que no puedan ser recuperados nunca.

Los datos más significativos de los cuadros 8/6.a y 8/6.c se sintetizan como sigue:

Como se observa en la parte alta del primero de los cuadros, el peso del valor añadido en la industria más servicios a empresas tenía en España en 2006 un peso relativo respecto del conjunto de los sectores básicos de la economía (y por tanto del PIB) de 12,2 puntos porcentuales por debajo de la UE-27, y 14,8 puntos por abajo respecto al promedio de Alemania, Francia, Reino Unido y Austria.

El peso de la construcción más servicios inmobiliarios respecto al PIB superaba en 11,3 puntos porcentuales a la UE-27, y en 12,2 al promedio de esos cuatro mismos países.

Pues bien, desde el punto de vista de la capacidad productiva neta del sistema económico para crear valor añadido y empleo estructural, ambas diferencias deben ser sumadas. En otras palabras, España tenía un déficit estructural de capacidad productiva respecto al PIB de 23,5 puntos porcentuales en relación a la UE-27 y de 27,0 puntos en relación al promedio de Alemania, Francia, Reino Unido y Austria.

Si el análisis se realiza no a partir del valor añadido sino directamente del empleo ocupado, el déficit de España respecto a la UE-27 es de 24,6 puntos, y respecto a los cuatro países citados, el 17,6% (menor diferencial debido a las sensibles diferencias de productividad).

Como déficit final promedio en la capacidad productiva de España para generar valor añadido y empleo respecto al PIB en relación con la UE-27, resulta un diferencial de 24,5 puntos porcentuales. Por otra parte, al tratarse del diferencial de España con la UE-27, para calcular el déficit estructural absoluto de España respecto a la población activa total en la misma fecha de 2006 debe tenerse en cuenta el nivel de desempleo de la propia UE-27 en el mismo año 2006, que era el 8,5% de la población activa total.

J.2.   El diferencial de España en capacidad productiva, inferior en el 24,5% respecto a la UE-27, se corresponde con un déficit absoluto del 33% de empleo estructural respecto a la población activa hacia 2014-2015: entre 7,6 y 8,4 millones de desempleados.

Fácilmente se comprende que si la economía española tenía en 2006 un diferencial en la capacidad productiva efectiva para generar valor añadido y empleo estructural de 24,5 puntos porcentuales inferior a la UE-27, el déficit total absoluto respecto a la población activa total será dicho diferencial con la UE-27 más el propio desempleo de esta en el mismo año, el 8,5%. En resumen, el déficit total en España de capacidad productiva para crear empleo respecto a la población activa total era ya en 2006 del (24,5 + 8,5)%, o lo que es lo mismo, del 33%.

Muy probablemente cuando el estudio que sirve de soporte técnico al presente análisis fue realizado debió haber quedado necesariamente incluido el serio desajuste estructural e institucional producido por el sistema territorial autonómico, lo que determina que no se haya incrementado desde entonces.

Pero el paro registrado en las oficinas del Inem en dicho año de 2006 era igual que en la UE-27, de solo el 8,5%. ¿Dónde estaban o se encontraban las personas que carecían de empleo estructural estable y que no aparecían en el paro real registrado de solo el 8,5%? La respuesta es sencilla: en el denominado «paro encubierto», oculto en actividades productivamente no sostenibles, como el exceso de construcción, el exceso de servicios inmobiliarios, el exceso de consumo y el exceso incluso de las industrias directa y exclusivamente dependientes de la construcción, como la cerámica, cerrajería, puertas y ventanas, etc.

Se ha dicho en el apartado C precedente que en España el crecimiento económico no estaba basado en aumentos de productividad sino en la mera acumulación de factores de producción; pues bien, tal diferencia en el desempleo estructural del 33% de la población activa y el reducido paro registrado del 8,5% estaba generando el crecimiento económico no productivo y no sostenible del PIB que ha tenido lugar entre los últimos años ochenta y hasta 2007.

Tales factores de producción no sostenibles y no reproducibles son de todos conocidos: la calificación indiscriminada y masiva de suelo edificable por las CC.AA. (planes urbanísticos) y los ayuntamientos (licencias de obras); la entrada masiva de inmigrantes a bajos salarios (unos cinco millones de trabajadores); el aumento desmedido del consumo; el endeudamiento masivo interior y exterior a bajos tipos de interés, y el incremento de los demás servicios directamente impulsados por el conjunto de estas actividades.

Las previsiones de población activa del INE para 2014, inicialmente por encima de los 47 millones de residentes, parece que se podrían quedar por abajo dado el saldo migratorio de 2011. Suponiendo que se mantenga en niveles similares a los actuales, la población activa en 2014 será sensiblemente equivalente a la de 2011, unos 23.650.000 personas. Pues bien, partiendo de esta población activa total, un 33% de desempleo supondrá unos 7,8 millones de personas, con posible variación entre 7,5 y 8,5 millones de desempleados hacia 2014-2015.

Este cálculo, realizado desde el proceso de afloramiento del desempleo estructural que subyace en la economía española, supone que del 33% total de desempleo estructural existente en la economía ya había aflorado en 2007 el 8,3% en forma de paro registrado; y entre 2008 y 2011 ha emergido otro 14,6%, hasta el 22,9% en noviembre de este último año. Faltaría por aflorar (33-22,9)%, o lo que es lo mismo, el 10,1%, que muy probablemente será el incremento de paro mínimo en los tres próximos años.

Los niveles de desempleo ya registrados cuando se escriben estas líneas, del 22,9% en noviembre de 2011 y el paro juvenil del 49,6% en igual mes, constituyen indicadores concretos de que quizás las tendencias señaladas no se desvíen demasiado; por lo que finalmente el desempleo total podría situarse en el entorno del 33% hacia 2014-2015.

K2.   La causa determinante de la caída en la capacidad productiva en España respecto a la UE-27: las instituciones públicas de corte confederal, diferentes al resto de los países industriales.

En el apartado J precedente y en el apartado 8.8 del capítulo 8 se recoge el concepto de capacidad productiva al que se ha estado haciendo referencia, basado en una cita del premio Nobel de Economía Paul Samuelson. De todos los factores que la determinan, solo uno, el último, posee características específicas y diferentes en España al resto de los países industriales, «la naturaleza de las instituciones públicas y privadas»; y más específicamente y en particular, «la naturaleza de las instituciones públicas». Es, pues, en esta cuestión vital donde reside la causa institucional esencial de las diferencias con el resto de países industriales y no industriales. Se resumen como sigue:

En el sistema de economías mixtas de los países industriales —federales y centralizados— organizadas sectorialmente, el Estado cumple cuatro funciones esenciales para el funcionamiento del sistema: promover el crecimiento económico, promover la estabilidad y los equilibrios interno y externo, favorecer una mejor distribución de la renta y ejecutar la política económica internacional. Sin embargo, en España el sistema autonómico ha despojado al Estado de la competencia exclusiva de la gran mayoría de las materias económicas, dejándolo incapacitado para continuar desarrollando dichas cuatro funciones.

En el sistema económico territorial-confederal-autonómico en España, las materias básicas de carácter económico han sido divididas entre las CC.AA., una parte muy mayoritaria; y una parte residual, aunque también esencial, que permanece en el propio Estado central. En paralelo, las materias exclusivas de las CC.AA. lo son de cada una individualmente, dentro del territorio correspondiente. Todo ello supone que la competencia exclusiva del Estado en la dirección y gestión de la economía ha sido dividida horizontalmente en dos entes; asimismo el ente mayoritario ha sido verticalmente fragmentado en diecisiete entidades independientes, las diecisiete comunidades autónomas, cada una cuasi soberana en su propio territorio.

La doble división y múltiple fragmentación (economía confederal) impide técnica, económica y constitucionalmente que el Estado pueda promover y ejecutar la política económica que requiere el estado de la economía y seguir cumpliendo las cuatro funciones que exige el sistema de economía mixta en todos los países.

En el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, el correspondiente Estatuto de autonomía es la norma institucional básica en el marco de la propia Constitución; y además, el ordenamiento jurídico de la misma prima y es preeminente respecto al ordenamiento jurídico del propio Estado; dos características fundamentales de un Estado confederal que son completamente ajenas a las economías mixtas de mercado, ya sean federales o centralizadas.

Por otra parte, dentro de este sistema territorial-confederal-autonómico, la competencia exclusiva de las materias relacionadas con el consumo y la demanda, con la producción y la oferta, con los mercados de productos finales y la mayoría de los mercados de factores de producción, ha sido otorgada por la Constitución y los estatutos de autonomía a las CC.AA. Ello impide que el Estado central pueda ejercer ni ejecutar ninguna política económica de ámbito general e intersectorial que afecte a tales competencias. Todo ello determina que la economía española sea, constitucionalmente, un barco a la deriva sin timonel.

En el contexto descrito, la crisis económica actual no es más que uno de los episodios cada vez más graves que se vienen produciendo y se seguirán produciendo en España hasta la bancarrota nacional, ante la que forzosamente el pueblo tendrá que reaccionar y reconducir el rumbo: nueva y necesariamente hacia el sistema productivo integrado, cohesionado y con los adecuados niveles de especialización, en línea con los de la inmensa mayoría de los países al norte de los Pirineos. Un giro semejante a lo sucedido entre 1957 y 1959, ante un desatino parecido como fue la política económica de la autarquía franquista.

En el apartado D precedente ha sido resumido el nivel comparativo de cuasi subdesarrollo de las principales instituciones públicas económicas en España.

Todo lo anterior determina que la organización del Estado en España a partir de los «territorios» como estructura fundamental de la nueva organización del Estado y la competencia exclusiva de las correspondientes comunidades autónomas sobre casi todas las materias económicas sea más propia de los estados confederales que existieron en Europa en la primera mitad del siglo XIX, en particular Suiza (Confederación Helvética), antes de 1848, en que se transformó en Estado federal; y Alemania antes de 1866 (la Confederación Germánica de 1815), fecha en que también se transformó en Estado federal. Y ya hace más de siglo y medio que no queda ningún Estado confederal, ante su inviabilidad económica intrínseca y consustancial con el propio sistema de organización.

El diagnóstico de la enfermedad: una torre de Babel de competencias económicas confederal-autonómicas consideradas en conjunto, y un embrollo económicamente inviable

En el capítulo 3 se analiza el nuevo sistema económico-territorial-confederal-autonómico en el contexto de tres marcos de referencia complementarios:

El puramente institucional de las economías mixtas de los países industriales desarrollados, que llevan doscientos años funcionando [apartados 3.1 a 3.4].

El marco teórico de la macroeconomía en el que la economía opera y funciona como un todo [apartado 3.5].

El marco de referencia internacional, centrado en el análisis comparado con los estados federales, fundamentalmente Alemania y Estados Unidos [apartado 3.7].

En el apartado 3.7.1 se analizan los mecanismos constitucionales que otorgan en Alemania y Estados Unidos la competencia exclusiva de la macroeconomía a los respectivos estados federales; en el 3.7.2, por el contrario, se desarrollan los mecanismos constitucionales que despojan en España al Estado de la competencia exclusiva de la inmensa mayoría de las materias económicas, rompiendo el principio básico de la política fiscal o de gestión institucional única de los impuestos y el gasto público.

En el aparatdo 3.7.4 se realiza el análisis comparado de las materias económicas de competencia exclusiva de cada una de las ocho mayores comunidades autónomas (Cataluña, C. de Madrid, Andalucía, C. Valenciana, P. Vasco, C. y León, Galicia y Canarias), que en conjunto representan el 80% del PIB en España. En el recuadro 3.7.B del citado apartado se hace el análisis comparado incluyendo las cinco materias económicas en las que la Constitución otorga la competencia exclusiva plena al Estado central. Como allí se verifica y se resume a continuación, el resultado es el de un fenomenal embrollo y una auténtica torre de Babel.

En efecto, ordenando las materias económicas conforme a la desagregación habitual en la contabilidad nacional y en el flujo circular de la renta, correspondiente a los cuatro agentes económicos básicos (consumidores/demanda, productores/oferta, Estado y sector exterior) y los dos tipos de mercados (de productos finales y de factores de producción), la asignación de las correspondientes competencias en las ocho CC.AA. se resume como sigue:

Primero. Desglose de competencias según actividades:

Sobre las actividades económicas de los hogares, el consumo y la demanda:

1 de las 8 CC.AA. promueven y aplican su propia política de consumo.

3 de 8 promueven y aplican una política propia de defensa del consumidor.

Las 4 restantes no promueven ni aplican ninguna política al respecto.

Sobre las actividades económicas de las empresas, la producción y políticas de oferta:
Todas las CC.AA. promueven y aplican sus propias políticas independientes de oferta, entre otros, en los siguientes sectores: agricultura y política agraria; pesca y ordenación pesquera; montes y política forestal; medio ambiente y políticas de prevención; los subsectores industriales relevantes en cada una y la política industrial; política de suelo, urbanismo y vivienda; promoción nacional e internacional del turismo.
Pero no las políticas que el estado de los mercados demanda en cada caso, sino la política parcial limitada a sus respectivos territorios y con las disponibilidades financieras que cada una decide asignar; de lo que se infiere que están excluidas las políticas intersectoriales de gasto esenciales para incrementar la productividad y eficiencia del sistema económico.

Sobre políticas activas de o en los mercados de productos:

2 de las 8 CC.AA. promueven y aplican políticas activas de defensa de la competencia.

4 de 8 promueven y aplican políticas activas de ferias y mercados incluyendo las de ámbito internacional, en sus respectivos territorios; sin atender a criterio alguno de especialización nacional. Como contraste, téngase en cuenta la política nacional de ferias internacionales altamente especializadas de Alemania, concentradas en tres ciudades principalmente: Hannover, Fráncfort y Berlín, y una en Colonia. La feria internacional de la industria de Hannover (Hannover Messe); feria internacional de tecnología de la información también en Hannover (CeBIT); feria internacional del libro de Fráncfort (Frankfurter Buchmesse); feria internacional del automóvil también en Fráncfort (IAA); feria internacional de turismo de Berlín (ITB); feria internacional alimentaria de Colonia y Semana verde internacional también en Berlín (Grüne Woche).

6 de las 8 CC.AA. ejecutan su propia política autonómica de denominaciones de origen.

Sobre políticas activas de o en los mercados de factores de producción:

8 de 8 CC.AA. desarrollan y aplican su propia política financiera a través de las correspondientes cajas de ahorro y cajas rurales o cooperativas de crédito, puestas bajo su control político por la ley 31/1985, completamente independiente de cualquier política financiera a escala nacional. De alguna forma, la Caixa es el banco central del mini-Estado de Cataluña; Unicaja, de Andalucía, y en las demás autonomías sucede algo parecido. Estas políticas son la antítesis del planteamiento de la mayoría de los países industriales avanzados, en particular de Alemania y Francia, que como ejemplos paradigmáticos se analizan en el capítulo 6.

4 de las 8 CC.AA. tienen instrumentada su propia política de crédito cooperativo, en paralelo y solo parcialmente integradas en el Banco Cooperativo Español. Unas políticas que discurren por los senderos del individualismo ajenas a la política social de otros países industriales como Crédit Agricole en Francia y el DTZ Bank en Alemania, tal como se refiere en el mismo capítulo 6.

4 de las 8 CC.AA. desarrollan y aplican sus propias políticas de producción, distribución y transporte de energía, sin ningún referente de una política nacional que permita aprovechar las sinergias y las economías de escala; una política fundamental que la Constitución deja en el limbo sin una asignación clara y definida de las competencias. Por su parte, el Estado central va por libre, como han demostrado los gobiernos de Felipe González (moratoria nuclear) y los del señor Rodríguez Zapatero (imposición a golpe de subvenciones de la energía eólica y especialmente la fotovoltaica), a unos costes y precios disparatados fuera de toda posibilidad de competir.

2 de las 8 CC.AA. tienen elaborada y en aplicación su propia política del agua.

6 de 8 CC.AA. tienen instrumentadas y en aplicación políticas de aprovechamientos hidráulicos.

Sobre las políticas más directamente determinantes de la productividad de los recursos escasos:

4 de las 8 CC.AA. tienen desarrolladas y aplican políticas activas de promoción del trabajo y de relaciones laborales.

3 de las 8 CC.AA. desarrollan políticas activas sobre migración.

6 de las 8 tienen desarrolladas y en aplicación políticas activas de I+D e innovaciones técnicas.

4 de las 8 CC.AA. tienen asumida la competencia exclusiva sobre el derecho de propiedad intelectual e industrial y desarrollan sus propias políticas de aseguramiento.

Las 8 CC.AA. tienen centenares, entre empresas públicas, consorcios, fundaciones y otros organismos industriales, comerciales y financieros.

En conjunto, las diecisiete CC.AA. tienen alrededor de dos centenares de representaciones comerciales y/o políticas en el extranjero; lo que es una característica incompatible con los estados federales y centralizados; y que podría corresponderse con las antiguas legaciones decimonónicas de los que hasta entonces fueron caracterizados como estados confederales.

Segundo. Las conclusiones del análisis anterior, referidas solo a las ocho CC.AA. incluidas en el recuadro 3.7.B, se resumen en los siguientes hechos:

Aparecen explícitas, al menos, unas 58 políticas sectoriales diferentes concebidas y aplicadas por las 8 CC.AA. de referencia en sus respectivos territorios, que inciden parcialmente sobre alguno de los seis sectores económicos básicos del flujo circular de la renta que es el modelo de las economías industriales. Extendiendo la misma proporción al conjunto de las diecisiete CC.AA., tal número de políticas se elevaría a 123, lo que es en sí mismo una incoherencia referida a un mismo sistema productivo. No existe precedente en ningún otro país industrial.

Referidas exactamente a las mismas materias económicas que son las del flujo circular de la renta de las economías mixtas, y a las mismas CC.AA. del recuadro 3.7.B, por diferencia, aparecen otras 42 materias económicas respecto a las que tales CC.AA. no promueven ni ejecutan ninguna política sectorial de ningún tipo. Aplicando la misma proporción, se infiere que tales materias sobre las que las diecisiete CC.AA. no realizan política sectorial alguna llegan a 95.

Un ejemplo práctico aclara la trascendencia de esta cuestión clave. Los estatutos de autonomía otorgan las competencias del sector industrial a las CC.AA.19 No obstante, al principio de este año, la multinacional ArcelorMittal anunció planes de reestructuración en sus plantas de acero de Asturias que suponían «eliminar 200 empleos en las instalaciones de Largos Gijón (acerería, alambrón y carril) y cerrar la línea de pintura de Avilés que [...] supondrá la pérdida de 75 puestos de trabajo».20 La muy escasa capacidad de negociación de cada comunidad autónoma aisladamente con las grandes multinacionales determinó que en este caso acudiera al ministro de Industria en demanda de apoyo, tal como consta un poco más adelante en la misma información: «El presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, remitió el viernes al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, su tercera carta en menos de dos meses para solicitarle una reunión para abordar la reforma del sistema de costes energéticos, ya que con el actual, asegura, frena la competitividad de las grandes empresas instaladas en la región, con el consiguiente riesgo de deslocalizaciones». Pero el problema no terminó ahí, también en la Comunidad de Madrid la reestructuración de ArcelorMittal afectó a 300 trabajadores, cuyo proceso fue negociado de forma independiente por el consejero autonómico de Industria. La cuestión fundamental es saber: ¿posee un ministro sin competencias constitucionales en la materia alguna capacidad real para negociar algo con una multinacional como Arcelor? ¿No queda suficientemente patente para todo el mundo que negociando separadamente cada comunidad autónoma con ArcelorMittal no son otra cosa que juguetes rotos en manos de un gigante multinacional?

Tercero. Desde el punto de vista del comercio exterior, esta dispersión de competencias y de políticas territoriales conduce a una absoluta contradicción con las políticas de exportación de todos los países industriales avanzados. Mientras la gran mayoría de países concentran sus recursos de investigación, tecnológicos, financieros y comerciales en unos pocos sectores en los que poseen ventaja comparativa y en aquellos mercados cuya relación beneficio-coste les resulta más favorable, en el caso de España, cada comunidad autónoma promociona «sus propias empresas» independientemente de las demás; lo que, por un lado, supone ignorar el principio de ventaja comparativa; y por otro lado, conduce al conjunto de las empresas de todas las CC.AA. a competir en todos los sectores y en todos los mercados; lo que desde el punto de vista de los costes es en sí mismo una incoherencia económica que lleva a lo que ha sucedido; por ejemplo, entre 2000 y 2007 (el período de mayor tasa de crecimiento de la economía española y del comercio mundial en muchas décadas): la reducción del 5,3% en la tasa de apertura comercial (porcentaje de exportaciones más importaciones en el PIB) en España frente al incremento del 8,4% en el promedio de la Eurozona, que es la misma zona monetaria y cambiaria.

Tan elevado grado de dispersión de políticas territoriales es una prueba irrefutable más de que España es en la práctica, desde el estricto punto de vista económico, un Estado confederal o una «agrupación de estados independientes» o «la Commonwealth», a la que se hace referencia anteriormente. Con este grado de dispersión en los objetivos, prioridades y políticas, parece muy difícil que puede funcionar la economía de ningún país.

La rígida compartimentación entre materias de competencia exclusiva otorgadas a cada comunidad autónoma, la correlación directa entre estas materias y los recursos asignados a cada una y la absoluta independencia de objetivos y prioridades de todas ellas a la hora de fijar las estrategias económicas determinan un corte en seco en los principios económicos de la división del trabajo a escala nacional y la especialización productiva, así como del aprovechamiento de las ventajas comparativas, de las economías externas y de las economías de escala; todo lo cual supone volver la espalda al núcleo fundamental de los principios económicos básicos en los que se ha fundamentado el desarrollo industrial y el crecimiento económico, en todos los países económicamente más desarrollados y socialmente más avanzados, desde la Revolución industrial.

Cuarto. Las enormes diferencias que los datos de los tres puntos precedentes ponen de manifiesto, entre el número de materias económicas a las que cada Estatuto otorga competencia exclusiva al correspondiente Gobierno autonómico, delata claramente que se trata de un modelo económico a la carta: las materias económicas que cada una desea, en la ronda de Estatutos que le es más propicia, y en el momento más adecuado que le interesa; todo a gusto de cada autonomía. En efecto, tal como se observa en el recuadro 3.7.B, el Estatuto de autonomía de 2006 otorga a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva de 34 materias económicas, el 57% de las cuales son resultantes de desagregar las seis actividades principales del flujo circular de la renta en las economías mixtas; justamente el doble que a Andalucía, con 17 materias y el 28%, aprobado un año después; a Madrid en 1983, 21 materias y el 35%; 25 materias económicas y 42% a la Comunidad Valenciana en 2006; idéntico número y proporción al País Vasco en 1979; 23 materias económicas y 38% a Castilla y León en 2007; 24 y 40% a Galicia en 1981, y 28 y 47% a Canarias en 1982. Todo ello en un marco general en el que el Estado nacional tiene constitucionalmente limitada la competencia exclusiva plena o total a tan solo 5 materias económicas y el 8,3% del total.

Ni la experiencia de doscientos años de economías industriales en los países más desarrollados y avanzados ni los principios de la teoría macroeconómica elaborados sobre la misma contemplan nada que guarde algún parecido con tan peculiar y estrambótico sistema económico. El que en la economía española concurran al tiempo toda la sarta de retrasos, desviaciones, desequilibrios y divergencias con la UE-27, la OCDE y con los países industriales en general, que han sido analizados en el apartado 1.A precedente, parece la lógica consecuencia de tal tipo de sistema económico.

Síntesis de las políticas de Estado que han propulsado el cambio del sistema económico hacia el sistema económico-confederal-autonómico actualmente vigente

En el apartado 3.4.4 del capítulo 3 se relacionan 19 leyes o decretos-leyes principales que han catapultado la economía al estado en que ha sido resumido en los apartados precedentes. Sus contenidos permiten determinar y caracterizar las dos políticas de Estado aplicadas por los respectivos partidos políticos que han gobernado España desde 1982 hasta 2011: el PSOE y el Partido Popular. Los contenidos de las 5 disposiciones con rango de ley promulgadas por el Partido Popular se incardinan claramente todos ellos dentro de las políticas reformistas de corte liberal, conservadoras del propio sistema de economía mixta, como si estuviera sectorial y territorialmente cohesionado. En cambio, la mayoría de las 14 leyes promulgadas por el PSOE enmarcan y definen de forma inequívoca políticas de ruptura territorial del sistema productivo a la vez que de nítido signo neoliberal, propulsoras del nuevo sistema territorial-confederal-autonómico. Algunas de estas se analizan en los capítulos 5 y 6.

Un agujero más de desempleo en el funcionamiento del sistema económico

En razón a la trascendencia económica que ya está teniendo lugar y la mucho mayor que puede llegar a tener en el inmediato futuro, es preciso señalar la total liberalidad y liberalismo extremo que están teniendo los poderes públicos con la libre entrada en España de cualquier ciudadano del mundo, que viene con la finalidad expresa de crear y explotar un negocio en nuestro país. En particular los ciudadanos de nacionalidad china y la importación masiva de productos de aquel país.

En la mayoría de los países del resto de Europa, además de los requerimientos administrativos ordinarios que se solicitan indiscriminadamente a cualquier ciudadano que desea abrir un negocio, a los extranjeros se les exige un depósito de garantía en proporción considerable respecto a la inversión que proyectan para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias frente al Estado y los ciudadanos residentes nacionales. Simplemente porque ante cualquier incumplimiento o perjuicio pueden desaparecer y el posible daño causado queda a costa de los residentes nacionales.

Por otra parte, muchos de tales países en Europa y otros lugares del mundo practican lo que se denomina «defensa técnica en frontera» sobre las mercancías que llegan a los puertos nacionales, practicando controles de las características técnicas y sanitarias de tales productos. Las retenciones de tiempo que ello supone incrementan los costes, lo que desanima a los importadores, en beneficio de los productores nacionales, incapaces de poder competir con el dumping de costes laborales al que se suma el dumping del tipo de cambio (exchange dumping); ambos, en particular, practicados de forma generalizada por el Gobierno chino. Tal como señala el catedrático de la Harvard Business School Richard H. K. Vietor en referencia a China: «Por otra parte, si se mantienen los salarios bajos y el yuan débil, el escenario negativo seguirá amenazando a las empresas manufactureras más pequeñas, y a cualquiera que siga tratando de fabricar algo en Estados Unidos».21 Continúa señalando que «también provocaría el desastre en otros países», entre los que no cita a España pero que, no obstante, habría que situar en los lugares de cabeza del mayor impacto.

España es probablemente el país que en Europa practica una política más neoliberal, abierta y favorable a los intereses de empresas y emprendedores extranjeros, en perjuicio de los productores y pequeños empresarios y autónomos nacionales, cuyas obligaciones y/o incumplimientos, en su caso, sí que pueden ser reclamados por los cauces administrativos o judiciales ordinarios. Esta situación debe ser reconducida, ya que no se trata de ninguna política proteccionista sino pura y simplemente de defender el principio de igualdad de competencia. Entre las importaciones con doble dumping, la deslocalización de empresas a China y otros países en desarrollo, y la llegada continua de ciudadanos chinos, muchos de los cuales se introducen de manera ventajosa en los negocios, el futuro de los pequeños empresarios españoles es cada día más difícil; lo que equivale a decir que España tendrá cada vez más desempleados. ¡Resulta cada vez más apremiante que los poderes públicos en España reconduzcan cuanto antes esta situación! Procurando el acuerdo de la UE-27 y llegando al límite mediante las decisiones propias más pertinentes y factibles.

Breves pinceladas sobre el contexto internacional analizado en el capítulo 1 y sobre el marco de la Eurozona que se analiza en el capítulo 2

A.   Clara correlación directa entre la crisis económica en España, mayoritariamente debida a la ineficiencia del sistema económico territorial-autonómico, y la crisis económica internacional

En el apartado 1.1 del capítulo 1 se analizan las causas que originaron y desencadenaron la crisis económica internacional, según las conclusiones expresas, prácticamente coincidentes, de la UNCTAD, FMI y BCE, además de algunos prestigiosos economistas, incluidos varios Premios Nobel de Economía. El principio de una cita del informe de 2010 del primero de tales organismos multilaterales, que se recoge en dicho apartado, resume con toda precisión el problema:

La actual crisis económica no fue algo caído del cielo; estalló tras varios años de enormes desequilibrios entre las mayores economías nacionales y dentro de cada una de ellas. Los desequilibrios más ostensibles eran los grandes déficits por cuenta corriente de Estados Unidos, Reino Unido, España y varias economías de Europa oriental, por una parte, y los grandes y crecientes superávits de China, Japón, Alemania y los países exportadores de petróleo, por otra. En Estados Unidos y en las demás economías en rápida expansión, el crecimiento era impulsado en gran medida por un consumo familiar financiado a base de deuda, que era posible gracias a la concesión de préstamos irresponsables y la formación de burbujas en el mercado de la vivienda y los mercados de valores. Estaba claro que tales desequilibrios no podían continuar indefinidamente.

El contenido de esta cita constituye un gozne clarividente que entrelaza la crisis económica en el plano internacional de los países industrializados con la propia crisis económica interna en España. En efecto, por un lado, España —con un peso de solo el 1,7% en las exportaciones mundiales y del 3%, aproximadamente de las importaciones— aparece como uno de los tres países con responsabilidad principal en la generación de los enormes desequilibrios mundiales, como causantes de la misma. Por otro lado, en los datos oficiales de Eurostat y la OCDE se ponen de manifiesto las graves divergencias en productividad, eficiencia económica y competitividad de la economía española respecto del promedio de países de la UE-27 y la OCDE. Adicionalmente, en el análisis realizado en los diferentes capítulos de este libro se demuestra que tales desfases de productividad, eficiencia económica y competitividad, así como en el resto de las magnitudes fundamentales del sistema productivo, son principalmente debidos a la fragmentación y compartimentación en el mismo impuesta por el sistema económico-territorial-autonómico, instaurado por el Título VIII de la Constitución.

La cuantía y alcance de tales desequilibrios comerciales externos en la economía española se desarrollan en los apartados 1.3.1 a 1.3.5 del capítulo 1 y han sido resumidos en el apartado IB precedente. Falta por mencionar el problema del impacto que está teniendo y puede tener en mucha mayor proporción en el futuro de los próximos años la formidable competencia de los productos chinos, directamente en el mercado español e indirectamente en los mercados exteriores, a los que tal penetración y en las condiciones ventajistas en que se está produciendo, puede afectar muy gravemente a las exportaciones españolas, en mayor grado que a las restantes de los países de nuestro mismo entorno económico. El hecho diferencial es lamentablemente imputable a la propia España.

En efecto, es un hecho universalmente conocido que China está practicando una política de exportaciones apoyada en dos factores diferenciales clave:

Los bajos costes de producción no homologables internacionalmente, determinados por unos costes laborales unitarios que apenas incluyen ninguno de los componentes de seguridad social, seguridad en el trabajo y otros derechos laborales de los trabajadores.

Porque practica una política de dumping con el tipo de cambio, el denominado «exchange dumping», consistente en mantener artificialmente devaluada su moneda con precios de exportación más bajos y de importación más elevados, a la vez que esteriliza, mediante la emisión de bonos estatales, los excedentes producidos por las exportaciones, neutralizando con ello el aumento de recursos que deberían financiar el aumento del consumo interior y las importaciones.

La contrapartida a esta política comercialmente desleal para los países occidentales es poder beneficiarse de las ventajas que ofrece el mercado chino tanto para la deslocalización de empresas hacia aquel país como de su inmenso mercado. Pero estas contrapartidas son directamente proporcionales a la competitividad de cada país, y se acaba de ver que este es uno de los graves problemas que tiene planteado la economía española. Como resultado, España sufre las consecuencias de la competencia china en mayor proporción que los demás países industriales de nuestro mismo entorno económico, por la ineficiencia técnica y bajísima capacidad para competir que posee el sistema económico-territorial-autonómico.

En el apartado 1.4 del capítulo 1 al que aquí se está haciendo referencia se recoge la conclusión principal: la necesidad de dar un paso atrás en la globalización para continuar dos pasos adelante, como condición necesaria para que las economías de los países industriales puedan recuperar sus equilibrios básicos —interno (entre ahorro e inversión) y externo (entre importaciones y exportaciones)—, tras treinta años de expansión incesante de la globalización.

B.   El divorcio entre la economía real, al carecer la Eurozona de una política fiscal única, y la política monetaria del euro hunden a las economías más débiles y entre ellas, la española.

En el capítulo 2 se analiza el impacto producido por los enormes déficits comerciales y los elevadísimos desequilibrios financieros de la mayoría de bancos en Estados Unidos y la Unión Europea que emergieron a raíz de las hipotecas subprime. Estos dos desequilibrios llevaron al borde de la quiebra a los propios sistemas bancarios a ambos lados del Atlántico, exigiendo gigantescos desembolsos públicos de dinero de los contribuyentes para inyectar liquidez a los mismos y elevar las ratios de solvencia.

Los efectos de esta política se hicieron sentir, principalmente, en dos frentes fundamentales: por un lado, en el aumento en la presión fiscal, que redujo el consumo y consiguientemente la demanda efectiva interna, el PIB y el empleo; el segundo frente fue el aumento considerable de los déficits fiscales en todos los países.

Fácilmente se comprende que estos dos efectos iban a plantear conflicto en el seno de las políticas económicas de todos los países, ya que de una parte se iba a requerir la aplicación de políticas fiscales agresivas para aumentar la demanda interna, incrementar la producción y el empleo, y por otro lado estas mismas políticas expansivas del gasto incrementaban directamente el déficit fiscal, agravando los desequilibrios internos de la economía.

El análisis que se realiza en los apartados 2.1.1 y 2.1.2 pone de manifiesto que aun cuando los efectos externos son los mismos y generales sobre todos los países, las implicaciones sobre los desequilibrios internos son completamente diferentes según sean los niveles de productividad y competitividad de cada uno de ellos. Allí se pone de manifiesto que, de todos los países de la Eurozona, son cinco los que experimentaron los efectos en mayor medida y con mayor dureza: España, Irlanda, Grecia, Portugal e Italia. Sin embargo, al analizar más en detalle los datos relativos a los cinco, se demuestra que el mayor peso en los respectivos desequilibrios se debe a factores internos privativos de cada una de tales economías. En el caso de España, aparece una y otra vez la ineficiencia intrínseca del modelo económico-autonómico de carácter territorial como el más grave de todos desde el punto de vista estructural.

No obstante, el escenario de fondo es la inestabilidad intrínseca del euro al carecer del soporte de la gestión unificada de los impuestos y del gasto público, a diferencia del resto de las monedas en el mundo, o lo que es lo mismo, del instrumento fundamental de la política fiscal, no contemplado en el Tratado de Maastricht por el que se creó dicha moneda. En el apartado 2.2.3 se analiza la cuestión de por qué Alemania, aprovechando la fuerza de su poderío económico, está exigiendo unas determinadas políticas económicas socialmente muy duras a los países deficitarios para estabilizar la Eurozona; y no plantea en cambio la que a todas luces sería la solución institucional básica: la revisión y reforma del Tratado de Maastricht para transferir el poder de promover y ejecutar la política fiscal de los estados a un Ministerio de Economía de la Eurozona con capacidad para establecer impuestos y determinar el gasto público. Este hecho, de mantenerse, podría apuntar hacia «una salida política a la alemana» para el futuro económico de Europa.

Capítulo 4

PERCEPCIÓN EQUÍVOCA EN ESPAÑA DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA AUTONÓMICO AL PROGRESO DE LA NACIÓN

Crisis de un sistema económico que solo ha creado empleo precario mediante un endeudamiento colosal e insostenible

El Estado autonómico: un Estado inestable entre un crecimiento desbocado de la actividad y el empleo, insostenible, y el hundimiento sin estabilizadores institucionales que lo frenen

Es un hecho de la realidad social y económica percibido y vivido por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles de las últimas dos generaciones, que desde el plan de estabilización de 1959 en que se puso en marcha la política de industrialización intensiva en España, la economía ha experimentado un auge incomparable y, derivado de ello, una ascensión sin precedentes en los niveles de prestaciones sociales, redundando, en conjunto, en aumentos en el nivel de vida de los españoles nunca antes experimentados en la reciente historia de España. Esta larga etapa de cincuenta años que abarca dos generaciones, o dos veces el tiempo de crianza y educación de los niños y jóvenes hasta su emancipación hacia los veinticinco años, se identifica con dos períodos muy claramente diferenciados. El primero caracterizado por encima de cualquier otro rasgo por el desarrollo económico que estuvo vertebrado por el proceso de industrialización del país y el desarrollo de la economía mercantil y comercial, hasta los últimos años setenta; ante tal protagonismo económico, en la vertiente política, la continuidad de la dictadura franquista bastante atemperada al menos en las formas, permaneció un tanto en la penumbra. En cambio, en el segundo período que se inicia en 1979, el factor absolutamente determinante fue el restablecimiento de la democracia, singularizada en el nuevo Estado de las autonomías, instaurado por la Constitución en diciembre de 1978, apareciendo los resultados de la vertiente económica bastante en la penumbra, con más sombras que luces.

No obstante, es frecuente percibir en los medios de comunicación y en la opinión social dominante la identificación en la elevación genérica producida en el nivel de vida con los logros del Estado autonómico, en el sentido de que ha sido este sistema político el que ha proporcionado a España treinta años de progreso económico y mejora en el bienestar de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Si en el año o en los meses anteriores al estallido de la crisis económica en 2008 se hubiera realizado una encuesta exhaustiva en tal sentido, muy probablemente los niveles de respuestas favorables habrían sido abrumadores.

Sin embargo, tras cuatro años y medio transcurridos cuando finaliza el primer semestre del quinto año de la crisis económica, la inquietud rayana en la angustia que invade a millones de ciudadanos sin empleo y la preocupación e incertidumbre ampliamente generalizadas, así como el descenso en los salarios reales, los recortes en las prestaciones sociales, la caída en los niveles medios de consumo y más en general en el nivel de vida, que ya se están ampliamente produciendo y percibiendo, unido a la creciente desconfianza sobre la seguridad en el trabajo futuro que pende sobre millones de ciudadanos más, hace relativizar muchos enteros el valor otorgado al Estado de las autonomías como garante de la estabilidad y crecimiento de la economía y de los niveles de bienestar. Si en el ecuador de este año 2012 se realizara la misma encuesta referida, muy probablemente aquel resultado positivo supuestamente abrumador habría cambiado completamente de signo, y serían muchas las voces que de manera creciente se alzarían en los medios de comunicación y en los ámbitos privados para responsabilizar al Estado autonómico de la crisis económica cada vez más insoportable, tanto por su intensidad y larga duración como por la creciente incertidumbre sobre el futuro económico y la estabilidad social.

Dos pueden ser los factores principales que más hayan condicionado aquella alta valoración y a la vez el actual cambio de opinión, negativa, respecto al papel que desempeña el Estado de las autonomías sobre el nivel de vida en promedio de los ciudadanos españoles. De una parte, el espejismo de confundir el crecimiento económico puramente cuantitativo del PIB y el consumismo especialmente elevado en los años 2000-2007 con el más que deficiente desarrollo institucional y estructural de la capacidad productiva, por lo demás en retroceso. Y, de otra parte, el hecho de imputar al Estado autonómico logros del sistema productivo que respondían al efecto de empuje tendencial de la industrialización de las dos décadas procedentes a 1980, muy especialmente la eficiencia económica y la productividad industrial que todavía en la década de los ochenta, especialmente entre 1980 y 1985, se encontraba entre las tres más elevadas del mundo. Otro factor de fuerte crecimiento de la economía totalmente independiente de la forma de Estado, unitario, federal o autonómico, han sido los fuertes impulsos a la inversión y al comercio exterior producidos por la entrada de España en el Mercado Común y la Comunidad Económica Europea, en 1985, y en el euro en 2002. Baste señalar al respecto que solo los fondos netos recibidos en conceptos de ayudas agrícolas, estructurales y de cohesión, desde los últimos años ochenta hasta 2003, superaron anualmente el 1% del PIB, y el 0,64% hasta 2007; resulta evidente que los efectos expansivos derivados de la entrada en el Mercado Común y la llegada de estos fondos comunitarios se habrían producido exactamente igual con un Estado democrático unitario o con un Estado federal.

Traspasada la etapa del espejismo de país rico en el que el hedonismo, el consumo desmedido, la especulación inmobiliaria y el buen vivir parecían sustituir en España los valores tradicionales de la Europa industrial desarrollada y socialmente progresiva (basada en el trabajo, el esfuerzo, el mérito, el ahorro y la inversión productiva), los serios hándicaps institucionales y estructurales del sistema económico territorial-autonómico resumidos, así como las graves disfuncionalidades institucionales del sistema productivo, analizado todo ello en el capítulo 3 precedente, se han empezado a manifestar en forma acelerada y creciente hasta llegar a la situación actual de profunda crisis de la economía española, ya en el ecuador de su quinto año, y con unas perspectivas que parecen aún más sombrías en el futuro que nos aguarda.

Esta secuencia de efectos del sistema económico territorial-autonómico sobre la vida de los ciudadanos —primero el crecimiento, el auge, el empleo y la abundancia, y después el estancamiento, el paro, la recesión, la preocupación e incluso la angustia— refleja una realidad que requiere un análisis en profundidad. Pero si desde el punto de vista del análisis comparado se profundiza en los datos oficiales armonizados de la UE-27 y la OCDE, se aprecia, tal como ya se ha dicho, que la competitividad exterior ofrece el peor resultado desde 1980 entre las ocho mayores economías del mundo, alcanzando entre 2000 y 2007 el mayor déficit exterior respecto al PIB del mundo; que el endeudamiento con el resto del mundo alcanzó en 2001 el 90% del PIB, 6,9 veces por encima de la Eurozona; 8,1 veces mayor que Reino Unido; 9,0 más que Francia y 3,5 veces mayor que Italia; por no hablar de Alemania, Holanda, Austria y otros países con saldos holgadamente positivos. Si la comparación se hace con el desempleo, basta señalar que en España ha ascendido según la EPA hasta el 24% al finalizar el primer trimestre de 2012, 2,4 veces por encima del promedio de la UE-27 y cuatro veces más que en Alemania y Austria. En conclusión, España arroja unos resultados económicos extremadamente negativos respecto al resto de los países industriales avanzados, ya tengan un sistema político de Estado democrático unitario como Francia, Italia, Reino Unido y otros, ya sea un Estado federal como Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza o Canadá.

El Estado autonómico: un Estado que, si bien en el pleno jurídico puede no ser considerado de tipo confederal, las radicales divergencias con los estados federales hacen que en el plano económico sí pueda ser considerado como tal

¿Cuál puede ser, por consiguiente, la causa nuclear y determinante de tal singularidad de la economía española? La conclusión de este trabajo es el carácter marcadamente confederal de la organización de la economía española, resultante del Título VIII de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de los desarrollos legislativos posteriores. Tal carácter se manifiesta en otros contenidos en el poder cuasi soberano de las CC.AA. sobre sus respectivos territorios, característica que no tiene lugar en los estados federales; y en la relación de bilateralidad múltiple de cada comunidad autónoma con el Estado central, que incluso puede llegar al veto a la hora de aplicar en sus respectivos territorios medidas de política económica implementadas por el Gobierno de la nación. Si bien hasta 2008 no existe constancia de que el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero adoptara medida alguna de política económica de obligado cumplimiento para las CC.AA., con la prolongación e intensificación de la crisis el Gobierno central se ha visto obligado por los compromisos como nación con la Unión Europea a adoptar sucesivas medidas que algunas CC.AA. no parecen dispuestas a acatar. Algunas de las reacciones que se han producido son auténticos vetos a la acción del Gobierno de la nación en sus respectivos territorios.

Respecto de la cuestión del poder de cada comunidad autónoma sobre su respectivo territorio, y como un ejemplo paradigmático, la Constitución preceptúa como una de las materias de competencia exclusiva de las CC.AA. (art. 148.1, 3ª) la «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda»; precepto que en la práctica fragmenta el territorio nacional y otorga a las CC.AA. el poder absoluto sobre su ordenación y regulación, dentro de cada uno de sus respectivos territorios; una competencia que excede la de los estados federales, en particular de Alemania y Estados Unidos. Referido a este último país, y como un ejemplo, bajo el título «La propiedad federal y la cláusula territorial», el art. IV, Sección 3ª, Cláusula 2 establece: «El congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por Estados Unidos o por cualquier Estado individual».

Respecto a las situaciones de hecho en las que en la práctica las CC.AA. pueden vetar decisiones de política económica del Gobierno de la nación, sirvan como ejemplos recientes las disposiciones referentes a amnistía fiscal, sobre la que algunas comunidades autónomas se han pronunciado abiertamente en contra, y en particular una de ellas anunció que en su territorio tal medida sería vetada, decisión que inmediatamente tuvo reflejo en los medios de comunicación.22 Otro ejemplo reciente han sido las distintas reacciones de las CC.AA. al decreto del Gobierno de la nación sobre el copago sanitario: fue rechazado de plano por el Gobierno vasco mediante un decreto propio con otro contenido manifiestamente divergente; fue pospuesto por la Generalitat de Cataluña durante un tiempo limitado; fue recurrido ante el TC por la Junta de Andalucía y, finalmente, ha sido aplicado solo con carácter transitorio por el Gobierno del Principado de Asturias, mientras estudia su posible impugnación. Todas estas situaciones que se dan de hecho en el Estado de las autonomías son impensables en los estados federales de los países avanzados como Alemania, Estados Unidos, Suiza, Australia o Austria.

No obstante, considerada la cuestión a la luz del análisis jurídico-constitucional, parece ser que la interpretación dominante es que en ningún caso el Estado de las autonomías podría ser considerado un Estado de tipo confederal con derecho de veto de los estados asociados. Esta es al menos la interpretación del catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Juan Carlos I, Pedro González-Trevijano, quien afirma al respecto: «Nuestro modelo de Estado no es compatible con el derecho de veto. España no partía, en el momento de elaboración de la Constitución, de poderes prefederales, y muchísimo menos de estados confederales [...]; no existía una soberanía compartida y paralela entre el Estado y las prerrogativas soberanas de sus “territorios autonómicos”».23

Unas líneas más adelante el profesor González-Trevijano añade: «Por ello el derecho de veto de formas federales o confederales es intrínsecamente incompatible con un modelo de distribución territorial del poder político, efectivamente muy descentralizado, como es el “Estado de las autonomías”, pero que no es strictu sensu un Estado federal (Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá) y, desde luego, absolutamente lejano, estructural y funcionalmente, a una confederación de estados». Hasta donde el autor de este trabajo ha tenido conocimiento, necesariamente muy limitado y de mera información, esta interpretación del señor González-Trevijano parece ser plenamente coincidente con la de los demás constitucionalistas que aquí se citan.

Y, sin embargo, desde el estricto punto de vista del análisis económico, más allá de los hechos de la realidad práctica que se han invocado, determinados principios económicos relativos al funcionamiento institucional y estructural del sistema productivo, constatados en el sistema de economía mixta desde la Revolución industrial, confirman la incompatibilidad del Estado autonómico con los mismos; de lo que se podría inferir el carácter confederal o asimilado de este, en particular los tres que se analizan a continuación:

•   Primero: la dicotomía constitucional entre ingresos y gastos públicos y el vaciado del Estado central de las competencias de la política fiscal, en tanto que uno de los dos instrumentos fundamentales de las políticas económicas, tanto en todos los países con estados unitarios como en los estados federales.

En efecto, los artículos 148.1, 149.1 y 149.3 aserción 1ª, además de los temas no económicos, compartimentan las materias estrictamente económicas en dos listas separadas: las de competencia exclusiva de las CC.AA. (148.1) y las de competencia exclusiva del Estado central (149.1); además de la cláusula residual del art. 149.3 aserción 1ª («Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las CC.AA., en virtud de sus respectivos estatutos de autonomía»). Se demuestra en el capítulo 3, apartados 3.6.1 y 3.6.2, que ordenadas tales materias económicas conforme a las sesenta en que se desagregan todas las del flujo circular de la renta (las que determinan el funcionamiento del sistema de economía mixta), y considerando las tres funciones necesarias para que una competencia sea exclusiva y plena (legislativa, reglamentaria y ejecutiva), las materias económicas de competencia exclusiva y plena del Estado central del artículo 149.1 quedan reducidas a solo cinco, lo que representa el 8,33%, correspondiendo el 91,67% restante a las CC.AA. en virtud del 148.1 y el 149.3 aserción 1ª, ratificado por la ampliación de materias de los nuevos estatutos de autonomía de 2006 y 2007 de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras más.

Pues bien, entre las materias sustraídas al Estado se encuentra la inmensa mayoría del gasto público, relativas a los consumidores y la demanda, la producción y la oferta, los mercados de factores y los mercados de productos; segregados en diecisiete lotes independientes, compartimentados y estancos. Todas ellas materias integrantes y constitutivas de la política fiscal, quedando excluido el Estado de la competencia exclusiva de tales materias; y, por consiguiente, constitucionalmente impedido para promover y ejecutar la política fiscal en España, y derivado de ello, la política económica, algo que no sucede ni en los países unitarios ni en los estados federales.

Por otra parte, al considerar el lado de los ingresos derivados de los impuestos, aunque formalmente se trata de una materia económica, es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1, 14ª), en virtud del principio de poderes implícitos, en la parte correspondiente a la financiación de las materias de gasto público de competencia exclusiva de las CC.AA. El Estado central tiene que transferir tales recursos con carácter obligatorio, habiendo quedado relegado respecto de los mismos a la condición de mera agencia recaudatoria de impuestos para terceros.

Tal dicotomía ha dado como resultado, especialmente desde 2000, una situación de desequilibrio estructural expansivo, producido, de una parte, por la fuerte progresión de los ingresos fiscales vinculados a las actividades coyunturales inmobiliarias y la construcción, promovidas al límite por las CC.AA; y, de otra parte, un mastodóntico componente de suma de 1+17 gastos públicos estructurales requeridos para el funcionamiento permanente del Estado autonómico en su conjunto. Precisamente es consecuencia de esta dicotomía el brutal desequilibrio fiscal que está arrastrando la economía española hacia el precipicio, la lógica consecuencia de un sistema económico que no se corresponde con las economías mixtas de mercado del resto de los países industriales desarrollados.

En resumen, una organización del gasto público y de los ingresos públicos del Estado de las autonomías completamente ajena tanto a los estados centralizados como a los federales. Por exclusión se puede asimilar con toda propiedad a los estados confederales o a las uniones de estados independientes que han existido, como la Commonwealth británica hasta su disolución.

•   Segundo: por otra parte, desde el estricto punto de vista del análisis económico, es sabido que las interrelaciones entre las magnitudes económicas que determinan el equilibrio interno de todo sistema económico se basan en la igualdad hacia la que tienden el ahorro y la inversión, que es idénticamente la misma equivalencia hacia la que tienden las exportaciones e importaciones. Con tal fin, la política económica debe promover políticas de inversión que tiendan hacia el equilibrio con el ahorro, cuya política debe responder a su vez a los mismos objetivos y prioridades que la política de inversión. No parece posible que se puedan dar en una economía los estados de estabilidad macroeconómica y de crecimiento económico sostenido sin que la economía se mueva hacia tales equilibrios básicos.

Contrariamente, en el Estado de las autonomías, de forma similar a como pudo haber sucedido en los estados confederales mientras existieron en el siglo XIX, las políticas de inversión pública y las de promoción de la inversión privada están disociadas, separadas y fragmentadas entre 1+17 entes territoriales con poder constitucional equivalente: el Estado central y cada una de las diecisiete CC.AA. en sus respectivos territorios. Esta fragmentación determina que no sea constitucionalmente posible en España promover y ejecutar política económica alguna que impulse la inversión hacia los estados de equilibrio con el ahorro en el conjunto de la economía, como sucede en todos los demás países. En resumen, una economía, la española, condenada a procesos recurrentes e iterativos de desequilibrios crecientes que la han conducido a la situación actual, y que de no ser corregidos institucionalmente llevan irremediablemente la economía al colapso.

•   Tercero: en todas las economías avanzadas tanto de estados unitarios como federales los equilibrios intersectoriales entre los principales sectores productivos se muestran bastante estables, resultado de la ventaja comparativa de cada uno, de políticas económicas sostenidas a largo plazo y de los equilibrios consolidados a lo largo del tiempo. Esto determina, por ejemplo, que el sector de la construcción (con uno de los multiplicadores de inversión más bajos), que requiere elevadas proporciones de capital fijo a largo plazo, posea un peso ponderado en la UE-27 en el entorno del 6% del PIB; mientras que el sector de la industria, tecnologías y servicios TIC, y los servicios a empresas y a la producción, que poseen el mayor multiplicador de inversión, alcanza un peso relativo en el entorno del 50%. Algunas excepciones como Holanda y Reino Unido poseen servicios comerciales y financieros prestados al exterior con un peso más que proporcional que se compensa con el menor peso de la industria manufacturera.

Pero la vivienda y la construcción en general son actividades que absorben enormes cantidades de inversión bruta y en consecuencia proporciones muy elevadas de los recursos financieros totales en cada nación, al ser extremadamente elevada la formación bruta de capital fijo requerido en las mismas. En razón de ello, en casi todos los países industriales existen políticas específicas de ordenación de los recursos financieros aplicados a tales actividades. Los notables equilibrios alcanzados en el entorno del 6% del PIB en la gran mayoría de tales países no son algo caído del cielo, sino el resultado de las políticas económicas concretas que han conducido las respectivas economías hacia los estadios de desarrollo intersectorial acordes con entornos del equilibrio general en sus respectivas economías.

Pero en España el Estado autonómico rompió la tendencia de desarrollo industrial de las décadas anteriores mediante 1+17 políticas territoriales diferentes, a partir de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas sobre el territorio, urbanismo y vivienda, de una parte; y sobre las cajas de ahorro y cooperativas de crédito, de otra. Mediante la combinación de ambas han podido impulsar el sector de vivienda y construcción a límites completamente irracionales, hasta alcanzar en 2006-2007 un peso en el PIB más del doble de la UE-27, el 12,2% (cuadro 5/2.b), provocando desequilibrios en el conjunto del sistema económico de tal magnitud que se han llevado por delante la estabilidad y el crecimiento económico para muchos años. Esto no ha pasado en ningún otro país ni con sistema centralizado ni federal, y solo ha podido pasar en España debido a la asimilación del Estado autonómico con alguna modalidad de los estados confederales que han existido hace ya más de dos siglos.

En España, la compartimentación del Estado autonómico hace imposible la aplicación de políticas de alcance nacional del tipo de las que se aplican en los países centralizados y federales; más bien al contrario, su implementación se hizo a costa de eliminar instrumentos fundamentales de la política nacional, como sucedió, por ejemplo, con la privatización del Banco Hipotecario de España y la segregación operativa de las cajas de ahorro del Banco de España. En consecuencia, las competencias que regulan la construcción, vivienda y urbanismo son de cada comunidad autónoma, y las competencias sobre las cajas de ahorro y cooperativas de crédito que las financian también. Esta organización institucional no guarda parecido alguno con estados unitarios ni federales. Piénsese, por ejemplo, en la Secretaría (Ministerio) de Urbanismo y Vivienda de Estados Unidos (Estado federal), una institución que sería completamente inconstitucional en España.

Tales desviaciones constitucionales y desequilibrios estructurales fundamentales del sistema productivo en España delatan que el sistema económico en su conjunto padece desajustes institucionales más allá de las actividades ordinarias productivas y de mercado, que solo pueden ser consecuencia de un modelo de organización del sistema económico ajeno al de los estados unitarios y federales, estructurados según los principios de la economía mixta de mercado. Resultado de todo ello es el estado de desequilibrios múltiples y de divergencias muy considerables en la casi totalidad de las magnitudes económicas fundamentales, respecto a la gran mayoría de países industriales avanzados de la UE-27 y de la OCDE. Una situación más que preocupante que el Premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, refiere en términos tales como: «España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de Estados Unidos en el peor momento de la Gran Depresión» (véase nota 17).

En conclusión, si la Constitución de 1978 no ha configurado un Estado confederal, ha articulado en cambio el Título VIII de tal forma que la organización del sistema productivo ha evolucionado en la práctica hacia una configuración institucional completamente alejada de los estados democráticos unitarios y también de los estados federales como Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Suiza y otros. Por exclusión, se trata o bien de una economía de tipo confederal o de estados cuasi independientes, como los que integraron la Commonwealth británica entre 1928 y el final de la Segunda Guerra Mundial.

Capítulo 5

DEL «RESCATE BANCARIO» AL «RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO», Y DE ESTE AL PROBABLE HUNDIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA REAL, CON UN ALTO «RIESGO DE COLAPSO» DEL MISMO

El «rescate bancario», una fórmula financiera para salvar de la suspensión de pagos a bancos solventes con suficientes activos a largo plazo pero con elevados pasivos a corto plazo (repos)

El «rescate bancario» en Estados Unidos

El «rescate bancario» en su acepción económica reciente es un concepto que ha surgido con fuerza y se ha generalizado en las economías modernas a tenor del estallido de la crisis financiera producida por las ingentes cantidades de activos financieros que incorporaban como garantía las mundialmente famosas hipotecas subprime o hipotecas basura. Ha adquirido relevancia mundial con motivo de la quiebra del banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, que estaba atrapado en una situación compleja caracterizada, por un lado, por un elevado apalancamiento determinado por una proporción muy alta entre créditos y empréstitos respecto a los recursos propios, y de otra parte, por una extrema iliquidez o falta de liquidez, determinada por la tenencia de un elevado porcentaje de activos reales a largo plazo y al tiempo una proporción también muy elevada de pasivos a corto plazo. Evidentemente, cuando estalló la crisis en 2007 los pasivos le fueron exigidos y los activos a largo plazo fue imposible realizarlos en efectivo en los cortos plazos de que disponía. La súbita contracción del crédito interbancario y la imposibilidad de hacer frente a los pagos en los plazos de vencimiento hicieron inevitable la declaración de suspensión de pagos, que se transformó instantáneamente en quiebra desde el momento en que los activos reales con garantía hipotecaria, las hipotecas basura, se desplomaron respecto a sus correspondientes valores de balance.

Las implicaciones de este proceso las explica elocuentemente el premio Nobel de 2008 Paul Krugman, en forma muy sencilla y extraordinariamente clara (¡Acabad ya con esta crisis!):

¿Por qué hizo tanto daño la caída de lo que, a la postre, era tan solo un banco de inversión de tamaño medio? La respuesta inmediata es que la caída de Lehman provocó una estampida en el sistema de la banca en la sombra, y, en particular de una forma concreta de banca paralela, conocida como «repo», o pacto de recompra [...]. El «repo» es un sistema en el que los actores financieros como Lehman, cuando creen haber visto buenas oportunidades de inversión, buscan dinero en forma de préstamos a muy corto plazo —a menudo, tan solo una noche—, solicitados a otros actores; y, como garantía secundaria usan activos tales como valores con respaldo hipotecario [...]. Y para las firmas como Lehman, la regulación era tan laxa, lo que suponía que, en un caso típico, pedían prestado sin mesura, con deudas casi tan cuantiosas como sus activos. Lo único que hacía falta para que se fuera a pique era alguna que otra mala noticia; por ejemplo, una caída pronunciada en el valor de los activos con respaldo hipotecario [...].

A los pocos días del hundimiento de Lehman, esta versión moderna de la retirada masiva de fondos había sembrado el caos no solo en el sistema financiero, sino también en la financiación de la actividad real [...]. La perspectiva de un hundimiento general del sistema financiero hizo que el pensamiento de las cabezas más influyentes se concentrara en el establecimiento de políticas, y, en lo que respecta a salvar los bancos, actuaron con fuerza y decisión. La Reserva Federal (Banco Central estadounidense) prestó grandes cantidades de dinero a los bancos y otras instituciones financieras, garantizando que no se quedarían sin fondos [...]. Tras dos intentos, el Gobierno de Bush logró que el Congreso aprobara el Programa de Ayuda para Activos Problemáticos, que creó un fondo de ayuda financiera de 700.000 millones de dólares, que se usó principalmente para comprar participaciones en los bancos, lo que mejoró su capitalización.

En cuanto a la explicación del proceso de la economía real estadounidense que condujo al desplome de los precios de las viviendas, es un lugar común (véase el apartado 1.1.2 del capítulo 1) que ha sido la enorme burbuja inmobiliaria que se formó en Estados Unidos desde los últimos años noventa hasta 2006. Entre todos los especialistas que se citan en dicho apartado cabe mencionar nuevamente a Paul Krugman, quien en el libro El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual allí citado, en referencia a «Las burbujas de Greenspan», señala: «De hecho, el presidente de la Reserva Federal ostenta un récord [...]: estuvo al frente de la institución durante no una sino dos extraordinarias burbujas de activos, la primera, bursátil; la segunda, inmobiliaria».

En principio podría pensarse en un proceso económico-financiero parecido al de España, especialmente por la coincidencia de algunos rasgos comunes entre ambas; en particular el hecho de que en Estados Unidos, como en España, la expansión desmedida de la vivienda fue específicamente apoyada e impulsada desde los poderes públicos. En el caso de España, es conocido y notorio que las CC.AA. y ayuntamientos tuvieron una implicación total; en el caso de Estados Unidos lo señala Robert Shiller, uno de los especialistas de mayor renombre en el campo inmobiliario, en su obra El estallido de la burbuja, quien señala al efecto «el intenso compromiso del Gobierno de Estados Unidos por fomentar las viviendas en propiedad, uno de los temas candentes de las últimas elecciones presidenciales. La tolerancia legal en los años noventa y en esta misma década de prácticas crediticias muy flexibles surgió de este objetivo político». En otra página anterior señala: «El boom de la vivienda se aceleró cuando la Reserva Federal aumentó los tipos de interés en 1999». Quizás una coincidencia adicional pueda señalarse: «Pero las hipotecas subprime, a pesar de todas sus nobles aspiraciones sociales, fueron un desastre en cuanto a su aplicación: carecían de la clase de instituciones de gestión necesarias para prestar apoyo y supervisar a una maquinaria financiera cada vez más compleja».

Llegados a este punto, parecería que una causa fundamental pudo haber sido la expansión desmedida de las viviendas en propiedad hasta límites fuera de toda racionalidad, tal como sucede en España, en donde las viviendas en propiedad suponen ya casi el 85% de todo el parque de viviendas (el porcentaje más elevado con gran diferencia entre todos los países industriales avanzados). Pero en Estados Unidos sucedió lo que Robert Shiler señala a continuación, que lo aleja de cualquier semejanza con España: «El índice de viviendas en propiedad en Estados Unidos creció en el período comprendido entre 1997 y 2005 en todas las regiones geográficas, en todos los grupos de edad, en todos los grupos raciales, y en todo tipo de rentas. Según el censo de Estados Unidos, el índice de viviendas en propiedad creció de un 65,7% a un 68,9%».

Pero líneas más adelante añade:

Alentar la propiedad en el sector inmobiliario es un objetivo admirable en el ámbito nacional. Trasmite una sensación de pertenencia y participación, y los índices elevados de viviendas en propiedad son positivos para una sociedad sana [...]. Pero el dilema de las hipotecas subprime en Estados Unidos pone de relieve una serie de problemas en la promoción excesiva de las viviendas en propiedad. A pesar de sus ventajas evidentes, la compra de una casa no siempre es la mejor opción para todas las personas y para cualquier circunstancia. Ahora estamos empezando a comprender la realidad de esta premisa, porque los índices de propiedad han ido bajando en Estados Unidos desde 2005.

Como se observa, la burbuja inmobiliaria conllevó un sensible crecimiento de las compras de viviendas, que hizo que en ocho años aumentara el índice general de viviendas en propiedad en solo 3,1 puntos porcentuales —para volver a descender tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2005—; muy probablemente hacia el entorno medio del 67%, unos 18 puntos porcentuales por debajo de España. Esto explica la aparente facilidad con la que la economía real ha superado la crisis económica, ya que en 2010 el PIB en Estados Unidos ya estaba creciendo a más del 3% mientras que en España, cinco años después del estallido de la crisis, todavía continuamos hundiéndonos más y más. Cuestión diferente es la prolongación de la crisis financiera tanto en Estados Unidos como en España, así como las complejas implicaciones sobre la economía real, que siguen sin resolverse por completo.

El «rescate bancario» en países de la UE-27

Sobrevolando el Atlántico hacia Europa nos encontramos que también en varios de los países de la Unión Europea había tenido lugar un proceso parecido, aunque con algunos matices diferentes. La primera cuestión a tener en cuenta es que en ningún país de la UE-27, salvo Reino Unido e Irlanda, tuvo lugar el fenómeno de la burbuja inmobiliaria en la intensidad y amplitud de España. Si los bancos franceses, belgas, holandeses o alemanes se encontraron en el borde mismo de la quiebra no fue debido a concesiones masivas de créditos a sus respectivos sectores inmobiliarios ni nada parecido, sino principalmente por inversiones en dos tipos de operaciones de alto riesgo: una, en los mismos tipos de activos que habían contaminado los balances de los bancos estadounidenses, los activos estructurados con garantía hipotecaria, las hipotecas subprime ya mencionadas, los activos denominados «derivados» y otros más; el segundo tipo de operaciones fueron los cuantiosos créditos concedidos a Irlanda, Grecia, Portugal e Italia. Así, por ejemplo, en uno de los informes de Morgan Stanley se señala que los principales bancos franceses habían adquirido riesgos por créditos a entidades italianas en cuantía de 416.400 millones de dólares, los bancos alemanes en cuantía de 161.800 millones y los bancos ingleses 73.300 millones de euros. El riesgo de los mismos bancos en entidades griegas era de 55.700 millones los bancos franceses, 21.400 millones los bancos alemanes y 12.600 millones de dólares los bancos ingleses; también bancos de otras nacionalidades como ING Bank en Holanda y otros más.

Los principales bancos que tuvieron que ser rescatados por el conjunto de los activos tóxicos y/o préstamos concedidos de alto riesgo fueron el Commerzbank, Aareal Bank, Hipo Real Estate y WestLB en Alemania; BNP, SG y Natixis en Francia; y Royal Bank of Scotland y Lloyds Bank en Reino Unido, con la particularidad de que en este último el Gobierno británico adquirió como contrapartida a los fondos públicos asignados el 83% de las acciones del primero y el 40% del capital social del segundo. También el banco franco-belga Dexia, sobre cuyo rescate no se pusieron de acuerdo los gobiernos francés y belga, tuvo que ser dividido en las dos partes correspondientes, haciéndose cargo cada Gobierno del rescate de su parte; el Gobierno belga tuvo que acudir al rescate de su parte correspondiente en dos ocasiones.

Una característica positiva común de la elevada exposición al riesgo de todos los bancos europeos señalados y prácticamente del resto de otros países de la UE-27 es que las correspondientes operaciones de riesgo de los bancos no estaban vinculadas directamente a la actividad productiva real sectorial o nacional de los respectivos países; situación que explica el hecho trascendental de que las dificultades financieras de tales bancos no se hubieran trasladado de forma directa al ámbito microeconómico de las empresas de los correspondientes sistemas productivos de la economía real ni a ningún sector económico en particular. Cuestión distinta es el efecto indirecto de alcance macroeconómico sobre la demanda efectiva y el consumo, así como sobre la producción y la oferta agregada, resultantes de la restricción general de créditos por el sistema bancario e igualmente por el impacto negativo sobre la renta disponible de los consumidores derivado de los mayores impuestos para atender las necesidades financieras de los gobiernos para recapitalizar los bancos. Es este impacto macroeconómico lo que explica principalmente la afectación de dicha crisis financiera sobre la crisis en economía real y el empleo en tales países.

Como se va a ver a continuación, es este impacto exclusivamente macroeconómico lo que diferencia radicalmente la crisis económica en la mayoría de países de la UE-27 de la crisis económica en España; que no solo es resultado del impacto macroeconómico sobre la contracción de la demanda y reducción del consumo, sino que de forma especialmente significativa es principal y muy mayoritariamente consecuencia de una profundísima crisis en el ámbito microeconómico de la capacidad productiva de las empresas en prácticamente todos los sectores de la economía real, pero muy en particular por el hundimiento del sector de construcción y por el relegamiento sistemático desde los años ochenta del sector industrial y las nuevas tecnologías interdependientes e inherentes a ella.

El «rescate bancario» en España, muy diferente al de Estados Unidos y del resto de países de la UE

El 24 de septiembre de 2008, pocos días después de la quiebra de Lehman Brothers, aparecieron en los medios de comunicación unas declaraciones del anterior presidente del Gobierno socialista, el señor Rodríguez Zapatero, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la operación del «rescate bancario» solicitado por el Gobierno de España a la UE y acordado por el Eurogrupo el 8 de junio pasado hasta el límite de 100.000 millones de euros. En efecto, durante su estancia en Nueva York afirmó que España «quizá cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional».

Sin duda alguna, la información del Gobierno de España en la que se apoyaban las declaraciones del expresidente del Gobierno debían estar referidas a los dos factores de riesgo de los bancos de los demás países europeos a los que se acaba de hacer referencia. En efecto, ni las entidades de crédito en España tenían entre sus activos volúmenes de alguna significación de activos tóxicos vinculados a las hipotecas subprime estadounidenses, ni tampoco los bancos españoles tenían elevados riesgos por créditos y préstamos concedidos a los demás países periféricos de la UE (excepción hecha del Banco Santander, que tenía su mayor riesgo concentrado en Portugal pero cuyo importe era significativamente inferior al del resto de países de la UE).

No obstante, el señor Rodríguez Zapatero solo pudo realizar tal afirmación soslayando conscientemente el verdadero factor de riesgo de las entidades de crédito españolas, que por su naturaleza e imbricaciones con el sistema productivo era una auténtica bomba de relojería colocada en el epicentro de la propia economía española: la enorme y descomunal concentración de riesgos de los bancos y cajas de ahorro españoles en el sector de vivienda, construcción, suelo urbano y actividades inmobiliarias en general. En el cuadro 7/1.d se observa que del total del crédito a las actividades del sistema productivo con garantía real, hipotecaria u otra, en 1992 solo el 32,7% estaba aplicado a los sectores de vivienda, construcción y actividades inmobiliarias en general, correspondiendo el 23,1% específicamente a la industria en sentido estricto y el 67,3% al conjunto de la industria, servicios a empresas y a la producción vinculados con ella y al resto de los servicios.

Los datos del mismo cuadro referidos a 2007 muestran un vuelco total y absoluto en la distribución del crédito a los sectores productivos. Mientras que los sectores de la industria y los servicios a ella vinculados a empresas y la producción descienden nada menos que 31 puntos porcentuales hasta el 36,3%; en las actividades de vivienda, construcción y actividades inmobiliarias en general, se invierte la proporción incrementándose los créditos hasta el 63,7%. El resultado, como se aprecia, ha sido un vuelco total en la estructura del crédito y de las actividades productivas mismas en la economía española y una enorme concentración de los riesgos de las entidades de crédito en la vivienda, construcciones en general, suelo urbano y actividades inmobiliarias.

La conclusión es absolutamente determinante. Mientras en el resto de países de la UE-27 el hundimiento de los bancos tuvo su origen y fue consecuencia de operaciones en el propio sector financiero, en el caso de la economía española el hundimiento de los bancos y cajas de ahorro tuvo su origen y fue consecuencia del hundimiento de la economía real: el colapso del sector de construcción en 2008 y el incomprensible relegamiento de la industria desde los años ochenta y noventa y el estancamiento casi total desde 2000, aproximadamente.

En este marco de referencia es sumamente sencillo comprender el desmoronamiento del sistema bancario en España, muy especialmente el subsistema de cajas de ahorro, las que en manos de las comunidades autónomas impulsaron el proceso especulativo hasta los límites tan irracionales que se llevaron por delante la estabilidad y crecimiento de la economía española para muchos años, abriendo un proceso de desempleo estructural en gran escala y de larga duración.

Al estallar la crisis e iniciarse el derrumbe de los precios de las viviendas y del suelo urbano, se desplomaron asimismo los valores reales de las hipotecas que respaldaban tal entramado económico, financiero y especulativo. En consecuencia, las entidades que concedían los créditos y préstamos vieron hundirse sus balances, quedando abocada a la quiebra una parte muy significativa de todo el sector, en una cuantía aproximada que el FMI ha evaluado en un 30% aproximadamente. La esencia del «rescate bancario» de España la constituyen las medidas de carácter financiero relacionadas con el asunto adoptadas por el anterior Gobierno socialista, muy especialmente la creación y dotación del FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria), y las subsiguientes medidas tomadas por el actual Gobierno del Partido Popular en la misma materia, muy especialmente la solicitud de un préstamo a largo plazo al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera a la UE y que dio origen a la aprobación por el Eurogrupo de un préstamo de hasta 100.000 millones de euros a España con el fin de recapitalizar los bancos con problemas en sus balances.

Del «rescate bancario» al «rescate del sistema financiero público», como consecuencia del desbordamiento de la deuda soberana y/o la deuda frente al resto del mundo

En el apartado precedente se ha analizado el proceso de interrelación entre el hundimiento del sector real de la economía, de la construcción desde el estallido de la colosal burbuja inmobiliaria en 2008, y del sector industrial, plasmado en un crecimiento extremadamente bajo en el largo plazo 1977-2010, con un insignificante 0,35% medio anual frente al 2-2,5% que caracteriza las principales economías industriales de los países avanzados. Todo ello como consecuencia de la irresponsable política seguida desde 1985 de desarrollar las diecisiete nuevas economías autonómicas a costa de transferir la competencia exclusiva de materias fundamentales específicas de la política económica a las CC.AA., vaciando de contenido económico al Estado central. Creación de 1+17 nuevas microeconomías liliputienses a costa de desmantelar el sistema productivo interdependiente de la economía nacional. Es cierto que las leyes decisivas que produjeron tal cambio brutal operaron sobre el cambio institucional que previamente se había establecido en la Constitución y que fue aprobado específicamente para cada comunidad autónoma según los correspondientes estatutos de autonomía. Pero es igualmente cierto que los responsables económicos que promovieron tales leyes estaban obligados a alertar sobre las graves consecuencias que todo ello iba a generar para los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios y la población en general.

Pues bien, las consecuencias en el plano financiero de tan irracional cambio de sistema económico no se producen únicamente sobre el sistema bancario. El balance financiero del conjunto de las administraciones también se está yendo a pique, en forma de una creciente bola de nieve de la deuda soberana que se puede transformar en una avalancha incontrolable y precipitar el colapso de todo el sistema económico.

Tal proceso podría estar operando más o menos en la forma que se analiza a continuación. Previamente es preciso tomar como referencia cuantitativa la evolución del pasivo y de la deuda pública del Estado (el conjunto de todas las administraciones públicas) entre 2006 y 2011, cuyo resumen es el siguiente:

(Miles de millones de euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pasivos financieros AA.PP.

508,9

503,5

587,8

739,5

805,8

930,2

Deuda Pública según el protocolo DE

391,1

382,3

437,0

565,1

643,1

735,0

% PIB

39,7

36,3

40,2

53,9

61,2

68,5

Variaciones anuales (%)

-3,5

-3,4

+3,9

+13,3

+7,3

+7,3

Fuente: Banco de España. CFEE. 2.15. Balance financiero de las administraciones públicas (AA.PP.).

Como se observa, los datos del pasivo financiero del balance de las administraciones públicas han seguido entre 2006 y 2011 una senda de variación casi paralela a la de la deuda pública, por lo que resulta más fácilmente comprensible realizar el análisis exclusivamente a partir de esta última magnitud económica. Los datos de deuda pública referentes a 2006 y 2007 siguen una trayectoria descendente que incluso se extiende hacia atrás a 2004 y 2005; el nivel de deuda pública o deuda soberana en 2006 y en 2007 es extraordinariamente bajo, situada entre los tres o cuatro más bajos de toda la Unión Europea, y muy inferior a países como Alemania y Francia, donde rondaba entre el 70 y el 80%. Pero a partir de 2008 emprende una escalada que en solo cuatro años llega a casi doblarse.

¿Y cuál es la explicación estrictamente económica de un crecimiento tan acelerado, y cuál puede ser la trayectoria en el inmediato futuro de la misma?

La primera cuestión que se debe tener en cuenta es que una clave de los bajos niveles de deuda pública en España entre la segunda mitad de los noventa y 2007 nada tiene que ver con una economía altamente productiva y eficiente capaz de generar los recursos necesarios para sostener un nivel de vida como el que ha tenido lugar en España en ese mismo período de aproximadamente doce años. Tal descenso en la deuda pública se produjo fundamentalmente por las privatizaciones a gran escala iniciadas con el Real Decreto-ley 5/1995 de 23 de marzo, de «Régimen jurídico de enajenación de Participaciones Públicas en determinadas empresas», promulgado por el Gobierno socialista de Felipe González. Teniendo en cuenta que un año después, en las elecciones de 1996, el Partido Popular ganará las elecciones, determinó que fuera el Gobierno presidido por José María Aznar el que llevara muy gustosamente a la práctica la ejecución de dicho programa de privatizaciones.

Un segundo factor que coadyuvó a la moderación de la deuda pública en España (y también en el resto de los demás países que aceptaron el euro como nueva moneda) ha sido la disciplina presupuestaria establecida en el pacto de estabilidad incluido en el Tratado de Maastricht. Tales criterios orientaron las políticas fiscales de los países candidatos al euro en el sentido de adaptar progresivamente el gasto público a la capacidad tributaria de los Estados miembros.

Este desarrollo esquemático que puede ser de aplicación a todos los países miembros de la Eurozona, en el caso de España —y en bastante menor escala en Irlanda y especialmente en Reino Unido— tuvo un componente adicional que es lo que explica principalmente el enorme crecimiento del gasto corriente en dicho período de 1995 a 2007, paralelamente a la reducción del gasto público y la deuda soberana. La explicación es el modelo de crecimiento de la economía española que se analiza en el apartado 2.4 del capítulo 2 (España ha basado el crecimiento económico en la mera acumulación de factores de producción frente a aumentos de productividad en la mayoría de países industriales avanzados), del que se ha hecho un breve resumen en el apartado precedente 3.5.2, C.2.

Un crecimiento basado en la calificación masiva e indiscriminada de suelo urbano por las CC.AA., concesión de licencias de construcción por ayuntamientos, la entrada masiva de trabajadores inmigrantes de bajos salarios, el crecimiento exponencial del consumo, el crecimiento en paralelo de los servicios y actividades vinculadas, financiado todo ello con un endeudamiento monstruoso interno y externo. Este disparatado proceso fue alimentado e impulsado por todas las instituciones del país, que estaban obteniendo suculentos beneficios a corto plazo y mientras durara. Entre ellos, todas las administraciones públicas: los ayuntamientos vía licencias de construcción e impuestos sobre obras y edificaciones; las CC.AA., mediante los impuestos sobre transmisiones patrimoniales; y conjuntamente con la administración central, el enorme aumento de la recaudación generada por el IVA, el impuesto sobre sociedades y el IRPF, además de los impuestos especiales y otros. En conclusión, con tal sistema irracional e insostenible todas las administraciones públicas ganaron e ingresaron ingentes cantidades de dinero.

Pero por lado de estas últimas se estaba produciendo en paralelo otro proceso que incrementaba más y más el gasto público: la consolidación de una enorme organización administrativa y burocrática en las comunidades autónomas de carácter estructural permanente. Una estructura política, administrativa y burocrática fija y permanente a largo plazo apoyada con un soporte económico inviable a largo plazo y consiguientemente insostenible. He aquí el quid de la cuestión. Y los partidos políticos causantes de tal despropósito lanzando a la población contra las instituciones públicas que sustentan el funcionamiento de la economía. El derrumbamiento de este castillo de naipes es la causa fundamental que explica el crecimiento explosivo de la deuda pública a partir de 2008 que se recoge en los datos precedentes. La causa última de tal proceso debe buscarse en el sistema político de «partitocracia» imperante y en el electoralismo cortoplacista y destructivo consolidado.

Un análisis económico elemental de tales procesos permite extraer las conclusiones siguientes:

Primera: tal modelo irracional de crecimiento económico hunde sus raíces en los cambios legislativos e institucionales de mediados de la década de los ochenta, a los que se ha hecho referencia. Se trata, por consiguiente, de un proceso tendencial a largo plazo que resulta imposible rectificar y corregir a corto plazo y ni tan siquiera a medio plazo en los cinco próximos años.

Segunda: ante un problema de tal naturaleza resulta incomprensible la política de choque de los gobiernos de España (el anterior del PSOE y el actual del Partido Popular) de pretender resolverlo en el corto plazo con medidas brutales de recortes sin la contrapartida de corregir en nada la causa principal que lo determina.

Tercera: la persistencia en tales políticas, puesto que no corrige el problema esencial de la caída en la capacidad productiva de la economía y, consiguientemente, la caída en la generación de ingresos conduce inevitablemente a una situación de necesidad de solicitar nuevamente un segundo rescate del sistema financiero público a la Unión Europea; con el elevado riesgo de que para entonces los contribuyentes alemanes, holandeses, austriacos, finlandeses y otros ya se hayan cansado de tanta irracionalidad y de mantener con su trabajo productivo la improductividad de un sistema económico caprichoso y absurdo.

Del probable «rescate del sistema financiero público» al previsible hundimiento del sistema productivo y riesgo de «colapso del sistema económico territorial», del que solo existe el precedente del «colapso del sistema económico estatal» en la ex-Unión Soviética

Pero la gravedad de la situación no acaba en los ingresos públicos a la baja y en la deuda soberana al alza. De no ser modificado con urgencia el rumbo a la deriva de la economía española, nos amenaza un tercer susto para el que resulta técnica y económicamente imposible aplicar el concepto de «rescate».

Se ha señalado en el apartado anterior que el problema diferencial del «rescate bancario» en España respecto a Estados Unidos reside en el hecho de que una vez que la compra de viviendas en propiedad y los precios de las viviendas se ajustaron ambos a la baja, su impacto sobre la economía real quedó prácticamente neutralizado, subsistiendo los efectos de la crisis propiamente financiera cuyas causas tienen otros orígenes adicionales. Igualmente, se ha visto que las causas de los «rescates bancarios» en los países de la UE en que tuvieron lugar obedecen a causas relacionadas principalmente con inversiones financieras y no originadas en la economía productiva real.

Se ha señalado también que la descapitalización de los bancos españoles, especialmente las antiguas cajas de ahorro, tuvo su causa principal y determinante en el derrumbamiento de la economía real: no solo el sector de la construcción, viviendas en propiedad y actividades y servicios inmobiliarios, sino igualmente la contracción y prolongado estancamiento del sector industrial. Teniendo en cuenta el fenómeno de las interdependencias económicas entre sectores y en el conjunto del sistema económico, el hundimiento de dos sectores tan fundamentales como la construcción y la industria necesariamente tiene que provocar reacciones múltiples en cadena en todo el sistema productivo, muy especialmente sobre los servicios más directamente interdependientes con aquellos.

En resumen, la crisis económica en España no es solo ni principalmente una crisis financiera, sino fundamentalmente una crisis en la capacidad productiva del sistema económico producida por la compartimentación territorial y estanca del núcleo cohesionado y único de todo sistema productivo, integrado por las actividades del consumo y la demanda, de la producción y la oferta, del Estado y el sector exterior. En España, la demanda y la producción han sido asignadas a las CC.AA., el sector exterior al Estado central, y este ha sido despojado de la política fiscal.

El análisis económico del cambio de organización y estructura del sistema productivo desde el modelo de economía mixta al nuevo modelo territorial-confederal-autonómico se realiza en el trabajo de investigación, así como en el capítulo 3 precedente. En lo que sigue simplemente se reproducen los principales enunciados que permiten ubicar de forma clara y con toda precisión la causa principal y determinante del problema nuclear de la economía española en el sector productivo y real y solo subsidiariamente en el sector financiero, también integrante y absolutamente necesario en el funcionamiento del sistema.

Los principales aspectos que caracterizan la naturaleza del problema de la economía española como primaria y fundamentalmente ubicado en el sector real de la misma son los siguientes:

Unas tasas de productividad del trabajo que en el período 1995-2007, el del máximo crecimiento del PIB, han sido negativas en todos los años respecto del promedio de la UE-27 y de la OCDE.

Niveles significativamente más bajos en la utilización media de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), característica de las economías modernas respecto a los mismos países.

Niveles de competitividad extremadamente bajos respecto a la mayoría del resto de países avanzados: veintisiete años de déficit comercial por cuenta corriente en los treinta del período 1980-2009, y el mayor del mundo respecto al PIB entre 2000 y 2007. La proporción entre exportaciones más importaciones respecto al PIB (tasa de apertura comercial de la economía) creció el 8,4% en la Eurozona, mientras que en España descendió el 5,3%.

Entre 1985 y 2007 se ha producido un vuelco total en la estructura productiva de la economía que, medida por la evolución del crédito con garantía real a los sectores productivos, supuso un descenso relativo de la industria y los servicios desde dos tercios en 1992 a una tercera parte en 2007. La vivienda, construcción, actividades inmobiliarias y servicios conexos incrementaron el peso desde un tercio en 1992 hasta las dos terceras partes en 2007.

Consecuencia de lo anterior, el sector de construcción dobló el peso relativo en el PIB español (12,2%) respecto a la UE (6,0%) en 2006 y 2007. Al desplomarse con el estallido de la enorme burbuja inmobiliaria, el índice de producción sectorial cayó 42 puntos porcentuales entre 2008 y 2011, quedando 38 puntos por debajo respecto al promedio UE-27 en este último año.

La repercusión de este vuelco absoluto de la estructura productiva hacia el sector de construcción se ha manifestado en el práctico estancamiento en el crecimiento de la producción industrial, que en los treinta y cinco años entre 1977 y 2010 ha crecido al 0,35% anual, una tasa que no llega a la décima parte del período 1960-1977 y es inferior a las tasas promedio de los países industriales avanzados, entre el 2 y 2,5%.

Consecuencia de lo anterior son los niveles de desempleo más elevados de la UE-27, de la OCDE y probablemente de todos los países industriales del mundo. Al finalizar 2001 superaba el 24% y era más de 13 puntos porcentuales superior al promedio de la UE-27.

La consecuencia más grave de este cuadro estremecedor de la economía española es el desplome de la capacidad productiva para generar valor añadido y empleo. En el trabajo se recogen dos estimaciones: una la del cuadro 8/2.a del capítulo 8, que determina una diferencia negativa de 19 puntos porcentuales en España referidos al PIB respecto a la UE-27; y la otra basada en un estudio para Eurostat realizado por el especialista alemán Manfred Schmiemann, de cuyos datos se infiere que el diferencial con la UE-27 es de un 24,5% aproximadamente. Esta diferencia es la causa fundamental que explica el desproporcionado desempleo y la profundidad de la crisis en España.

La sola lectura de tales enunciados demuestra de forma concluyente que las causas profundas y fundamentales de la crisis brutal de la economía española se encuentran en el sector de la economía real y en el corazón del sistema productivo, por lo que se requiere un cambio de rumbo radical, con la premura de auténtica emergencia nacional. Pero afrontar las reformas institucionales y estructurales con la profundidad que la magnitud e intensidad de la crisis requiere obliga a entrar en las sacrosantas competencias de las comunidades autónomas en el sector real de la economía, y tal cosa es imposible sin la reforma del Título VIII de la Constitución. Este es el objeto de los capítulos siguientes.

Capítulo 6

REFORMA DEL TÍTULO VIII: RECONSTRUIR LA CAPACIDAD SECTORIAL-INDUSTRIAL, RECUPERAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO Y LA POTESTAD DE LA POLÍTICA FISCAL

Salvavidas vitales en todos los escenarios posibles: dentro o fuera del euro; con unos u otros métodos de salida de la crisis financiera internacional

La recuperación de la capacidad ejecutiva del Estado en la economía y la competencia plena en las materias que determinan la política fiscal

Al margen de valores puramente históricos u otros, ningún economista perdería un minuto de su tiempo intentando realizar un análisis comparado entre el Estado y la situación de la economía española en la década de los cincuenta del pasado siglo y la primera del siglo XXI. Prácticamente no habría instituciones económicas, estructuras productivas ni relaciones económicas susceptibles de comparación que tuvieran algún interés. Todo es tan diferente que muy probablemente la década de los cincuenta guardaría más parecido con la equivalente del siglo precedente, el XIX, que con la iniciada en 2000. La amplitud tanto cualitativa como cuantitativa de las diferencias no permitiría muy probablemente realizar ni un solo análisis parcial de detalle que tuviera algún valor actual o interés profesional para el análisis económico. Sencillamente, dos economías diferentes.

Y, sin embargo, desde el punto de vista de la función de la economía como andamiaje de sustentación y desarrollo de las actividades ordinarias de la vida de los ciudadanos y de la sociedad en general, de las actividades laborales y profesionales, políticas, sociales, culturales y todas las demás de interés vital para la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, existen dos importantes puntos de coincidencia, por no decir de plena identidad.

En efecto, «gracias a la ayuda de Estados Unidos, España experimentó en la década de 1950 un impresionante crecimiento económico y un cambio en sus estructuras»;24 no obstante, aquel sistema económico que estaba propiciando tal crecimiento económico, la autarquía («la búsqueda desesperada de la autarquía por parte del régimen franquista»),25 era institucional, estructural y técnicamente inviable, y llevó al país al borde mismo de la bancarrota nacional, obligando al propio general Franco, a pesar de su conocida soberbia, a girar la orientación de su estrategia económica 180º en sentido contrario, y a tener que abrir la economía al hasta entonces denostado sistema de libre mercado y de economía mixta, imperante en todos los países democráticos de Europa y Norteamérica. En palabras del mismo profesor Harrison: «En diciembre de 1956, con la subida de la inflación, circularon rumores de que las reservas de oro españolas habían descendido hasta los 40 millones de dólares y, ante la perspectiva de la bancarrota nacional, el desprestigiado ministro recomendó un severo paquete de medidas de austeridad. Dos meses después Franco reorganizó el gabinete, animado por una nueva generación de tecnócratas, hasta entonces políticamente inexpertos, estrechamente relacionados con el grupo católico seglar Opus Dei».26 La esencia del cambio fundamental que imprimieron los nuevos responsables a la estrategia económica consistió en algo relativamente sencillo: hacer retornar el sistema productivo hacia el modelo de economía mixta de mercado de los países industriales, e integrarlo en los organismos multilaterales más representativos del mismo: OCDE, FMI, Banco Mundial, UNCTAD y otros.

Sin referencia alguna con aquella época, el sistema económico vigente instaurado mediante el Título VIII de la Constitución de 1978, de carácter territorial-confederal-autonómico, presenta, no obstante, en los años dos mil el mismo sino que el de la autarquía en los cincuenta: una de las tasas más elevadas de crecimiento del PIB en la UE-27 hasta 2007, y en paralelo una de las economías más desequilibradas del mundo, un endeudamiento monstruoso, con un estancamiento absoluto de la industria, y una peligrosa caída en la capacidad productiva respecto a la UE-27, indicadores todos ellos de su inviabilidad institucional, estructural y técnica en el largo plazo en el que ya nos encontramos. Un sistema productivo que, una vez consolidado con la práctica totalidad de las transferencias y traspasos de sus respectivos estatutos de autonomía y con todas las demás competencias añadidas que implícitamente les otorga el art. 149.3, 1ª aserción, emprendió desde el inicio de la segunda mitad de la década de los noventa una carrera desbocada de crecimiento del PIB a partir de factores exógenos al propio sistema productivo, como el suelo edificable propiciado masivamente por las autonomías y las actividades inmobiliarias, a la vez empezó a deslizarse por la pendiente negativa del desplome de la productividad, la ineficiencia económica caracterizada por el retardo comparado en la asimilación de las tecnologías de información y comunicaciones y el deterioro creciente en la competitividad internacional; esto se manifestó de forma ostensible, entre otros indicadores, en la caída de la tasa de apertura comercial un 5,3% entre 2000 y 2007, cuando en la Eurozona se incrementó un 8,4%, precisamente en el período de máximo crecimiento de la economía española y de mayor expansión del comercio internacional. Un sistema económico que presenta el cuadro inquietante y sobrecogedor que ha sido resumido en los apartados 3.3.2 y 3.3.3 precedentes.

Pero la extraña identidad del actual sistema económico de carácter territorial-confederal-autonómico con el sistema autárquico del primer período franquista presenta otra paradoja sorprendente. Como entonces, la vía de salida parece relativamente sencilla de concebir: hacer retornar y reconducir nuevamente el sistema económico en España hacia el modelo de economía mixta organizado sectorialmente a partir del industrial y los servicios, al igual que el resto de países industriales, especialmente los de nuestro mismo entorno situados al norte de los Pirineos. Un giro de la economía desde el monocultivo del ladrillo impulsado por todas las comunidades autónomas, así como el desbordamiento del consumismo; hacia la industria moderna por clústeres y componentes, la innovación y la penetración intensiva de las tecnologías y servicios de información y comunicaciones, digitalización de los nuevos procesos productivos, la innovación, la ampliación y alta especialización en los servicios a empresas y a la producción, así como el redimensionamiento adecuado del sector de construcción, y otros.

E igualmente, como entonces, llevar a la práctica con éxito un cambio de tal envergadura exige un formidable esfuerzo de compromiso de toda la sociedad, de trabajo y de productividad de todos los sectores sociales, culturales, laborales y profesionales, un compromiso firme y sostenido, profesional e inversor de los empresarios, y de cualificación y disciplina productiva de los trabajadores, un compromiso de todas las regiones y provincias del conjunto de la nación, sostenido por largo tiempo y persistiendo sin desfallecer, hasta recuperar la senda abandonada del sistema sectorial-industrial de organización de la economía moderna. Una senda que, en interés de la inmensa mayoría de los ciudadanos de todas las regiones de España, nunca se debió modificar y que, lamentablemente, fue moneda de cambio por el sistema territorial-autonómico, ambicionado por los intereses ideológicos, políticos y económicos, que se vertebraron a través de los incipientes y apenas experimentados partidos políticos —mera aglomeración de políticos novatos sin experiencia común consolidada previa— en el comienzo de la Transición.

Pero consideradas tales afinidades, existe, no obstante, una diferencia absolutamente determinante en la situación actual, respecto al cambio estructural del sistema económico llevado a cabo por los tecnócratas del Opus Dei a partir del plan de estabilización de 1959. En aquel entonces, el marco político en el que tuvo lugar el cambio fue el de la misma dictadura franquista que había provocado el colapso con su política autárquica. Una vez que el propio general Franco fue consciente de la trascendencia de lo que estaba sucediendo y decidió el cambio, las inevitables tensiones y serios conflictos de intereses que ello provocó fueron controlados por el poder de la fuerza misma del propio dictador. La situación actual es justamente la contraria, el Estado ha sido despojado de la competencia exclusiva sobre la gran parte del gasto público, y en virtud del principio de poderes implícitos, también de los ingresos públicos respecto a los que ha pasado a ser mayoritariamente un mero agente recaudador. Por otra parte, existe una práctica identidad en las posiciones políticas de los mismos partidos políticos que han provocado tal situación, pero que siguen controlando el poder real en las comunidades autónomas y al tiempo el poder representativo y cuasi testimonial del Estado central. Y, sin embargo, ninguno de ellos —ni el Partido Popular, ni el PSOE ni el resto de la izquierda, y menos aún los nacionalistas y regionalistas— han cuestionado en lo más mínimo el sistema económico territorial-confederal-autonómico, del que son precisamente autores, responsables y beneficiarios.

Lógicamente y en consecuencia, tampoco han hecho la más mínima mención a su inviabilidad económica intrínseca, y a lo sumo han llegado a críticas superficiales de la gestión de alguna de las CC.AA., casualmente y con cuentagotas cuando están gobernadas por el partido político de ideología e intereses contrapuestos. Valgan dos ejemplos sumamente significativos sobre dos de los escándalos que han estado en todos los medios de comunicación en este inicio de 2012: el caso del anterior presidente del Gobierno del PP en Baleares, condenado en el primero de los juicios a seis años de cárcel, respecto al que el PSOE guardó silencio cómplice; y de forma parecida, el silencio oficial del PP ante el escándalo de los ERES y otras irregularidades cometidas —entre las conocidas— en el seno de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde su comienzo.

En estas condiciones, el plan de estabilización de 1959 solo puede tener en 2012 una réplica o remedo posible: la perentoria reforma del Título VIII de la Constitución con el objeto principal de que el Estado recupere la competencia plena de las materias que determinan la política fiscal, como paso necesariamente previo a abordar la estabilización de precios y salarios y el desbloqueo de la productividad, a la vez que para promover la reconducción macroeconómica de la organización del sistema productivo en sectores especializados de la economía mixta y restablecer los marcos regulatorios en los negocios privados y comportamientos éticos inviolables en el manejo de la propiedad, los negocios y los asuntos públicos.

Pero a la vista del cuadro sobrecogedor de los datos económicos que delatan el actual estado de la economía española resumidos en los apartados 3.3 precedente y del diagnóstico bosquejado en el 3.4, al tomar en consideración las políticas de Estado aplicadas por los dos partidos, el PSOE y el PP, con la colaboración de los nacionalistas, sintetizadas en el apartado 3.5, todo lo anterior relacionado con la necesaria reforma del Título VIII de la Constitución se vuelve papel mojado y mera elucubración.

En efecto, un somero recuento de fuerzas permite concluir que el PSOE y partidos afines, los nacionalistas, separatistas, regionalistas, así como muy probablemente una parte significativa y bastante mayoritaria del poder territorial e incluso central del Partido Popular, se incardinan dentro de la actual orientación de una economía organizada territorialmente de inequívoco signo confederal. Valga como un ejemplo el sesgo autonómico-neoliberal de la política económica de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ella misma reivindica aunque quizás con algunos matices meramente terminológicos, a pesar de que en alguna ocasión haya hablado de restituir alguna de las competencias al Estado central. Dicho lo anterior, únicamente quedaría el muy reducido contrapeso de lo que parece podría ser la orientación de una parte minoritaria de la cúpula actual de este mismo partido, el PP, hacia una política económica de alcance nacional. En cualquier caso, las reiteradas alabanzas del presidente del partido, señor Rajoy, al Estado autonómico y su apoyo sistemático al sistema territorial-confederal dejan bastantes más sombras que luces, en línea de los que fueron en su día los pactos del hotel Majestic de Barcelona en 1996, en los que, con presencia del mismo señor Rajoy, el Partido Popular se comprometió en toda regla a impulsar y completar todos los traspasos pendientes de transferencia, correspondientes a los estatutos de autonomía entonces vigentes, en particular a la Generalitat de Cataluña (aunque tal compromiso alcanzaba implícitamente al resto de las autonomías). Pactos que el señor Aznar cumplió religiosamente.

De que primen en el seno del Partido Popular los intereses del poder político consolidado durante años en numerosas autonomías en favor del sistema territorial-confederal-autonómico, o que otra parte mínimamente significativa del partido tuviera el arrojo de afrontar y presentar a toda la nación el problema gigantesco en el que estamos enredados, dependerá mucho de lo que vaya a suceder en España en el inmediato futuro.

Llegados a este punto, solo cabe hacer explícitas algunas ideas sobre la eventual reforma del Título VIII de la Constitución y quizás algunos artículos más, en línea con el análisis del problema fundamental de la economía española del presente trabajo. Tales ideas se fundamentan en tres hechos ciertos ya sucedidos y en una hipótesis explícita. Los hechos se resumen como sigue:

•   Primero: en el apartado 361 del capítulo 3 se reproducen las 32 materias que la Constitución asigna como competencia exclusiva del Estado central (art. 149.1), el 60% de un total de 54; así como las 22 a las CC.AA. (art. 148.1), el 40% restante, según el recuadro 3.6.A; esta distribución fue la única conocida y votada por los españoles en el referéndum de 1978 en el que fue aprobada la Constitución. Sin embargo, las materias de carácter económico con competencia exclusiva plena asignadas al Estado central fueron únicamente cinco, el 26,3%, y catorce a las CC.AA., el 63,7%. Esto significa que los ciudadanos al votar la Constitución transfirieron la gestión y el control de la economía muy mayoritariamente a las CC.AA., cuando según la distribución formal de ambos artículos creyeron que votaban un sistema económico mayoritariamente gestionado y controlado por el Estado nacional. Pero si esta distribución de las 19 materias económicas se analiza a la luz de las 60 materias en las que se desagrega el flujo circular de la renta en el recuadro 3.6.C del apartado siguiente 3.6.2, se observa que tales 19 materias económicas conocidas y votadas por los ciudadanos representan únicamente el 31,67% de las 60 del flujo circular de la renta, en las que se fundamenta el funcionamiento del sistema económico. Las 41 materias económicas restantes, el 68,33%, permanecieron también opacas para los ciudadanos, que las desconocieron al votar, siendo implícitamente asignadas de forma encubierta a las CC.AA. en virtud del art. 149.3 aserción 1ª de la Constitución. Se analiza en detalle en los apartados 3.6.1 y 3.6.2 del capítulo 3.

En resumen, los ciudadanos conocieron y votaron una distribución de competencias completamente irreal y ficticia pensando que asignaban el 60% al Estado central y el 40% a las CC.AA, totalmente opuesta a la realidad de lo que votaron relativo a la economía: solo el 8,33% al Estado central y el resto, el 91,7%, a las comunidades autónomas. Como se observa, una irregularidad en el sistema democrático, además de un desequilibrio y descompensación de tal magnitud que solo puede conducir al propio sistema económico al colapso. Pero una vez aprobada la Constitución, numerosas disposiciones con rango de ley promulgadas por los sucesivos gobiernos, especialmente del PSOE, incurrieron en anomalías parecidas, entre otras algunas de las 19 leyes y decretos-leyes que se citan en el apartado 3.4.4 del capítulo 3, que por su importancia resultaron determinantes para conducir la economía a la grave encrucijada en la que se encuentra en este ecuador de 2012. Tres de ellas se resumen en el apartado siguiente.

•   Segundo: tres leyes o decretos-leyes fundamentales para el cambio al sistema confederal:

A. Ley 31/1985 de 2 de agosto, cuyo título «Sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro» (LORCA) encubre el verdadero objetivo de traspasar la competencia orgánica del Banco de España (en el que permaneció la competencia inspectora) sobre las cajas de ahorro a la competencia política y operativa de las CC.AA. Esta ley ha sido determinante para transformar el sistema económico que estaba entonces vigente en España en una triple dirección: la primera, hacia la división del sistema bancario horizontalmente en dos bloques, la banca privada en el nivel nacional y las cajas de ahorro y cooperativas de crédito en el nivel autonómico, a la vez que verticalmente este segundo quedó dividido en diecisiete segmentos estancos; el segundo impacto consistió en coadyuvar a la transformación del sistema productivo —único y cohesionado entonces vigente— en una economía confederal, en la que cada autonomía ejerce un poder cuasi soberano amparado en su propio Estatuto que es «la norma institucional básica»; el tercer impacto de la Ley 31/1985 —en conjunción con el art. 148.1 aserción 3ª de la Constitución y la Ley 2/1985 que se analiza a continuación— consistió en desplazar la actividad principal de la economía española desde la industria (que lo había sido en las décadas de los sesenta, setenta y primeros ochenta) hacia el suelo urbano, vivienda y construcción (que pasaron a ser los motores económicos a partir de entonces).

Resulta evidente que la Ley 31/1985 ni siquiera menciona ninguno de estos tres objetivos, que quedaron opacos y encubiertos. El resultado de esta decisión trascendental es conocido de todos al haber conducido a la quiebra el sistema mismo y a la mayoría de las cajas de ahorro individualmente, incluyendo a alguna de las más grandes como Caja Madrid, convertida en Bankia, transformando las restantes que sobrevivieron en bancos privados y transfiriendo a los contribuyentes el coste de semejante despropósito. Se analiza en el apartado 6.4 del capítulo 3.

B. El Decreto-ley 2/1985 de 30 de abril, cuyo título es «sobre medidas de política económica». Esta disposición —en concurrencia con la que se acaba de señalar, Ley 31/1985 y el citado art. 148.1 aserción 3ª de la Constitución— es probablemente la que de forma aparentemente más inocua y encubierta ha contribuido en mayor grado a transformar la economía industrial de las décadas sesenta y setenta en la «economía del ladrillo» que se desarrolló a velocidad vertiginosa desde su entrada en vigor hasta 2008, en que estalló la inmensa burbuja inmobiliaria que arrasó como un tsunami la economía española. Se analiza con todo detalle en el apartado 5.6 del capítulo 5 (apartados 5.6.3 y 5.6.4); allí se señala que, desde el punto de vista de la vivienda como un bien de compraventa ordinario, nada de lo que la ley contiene es cuestionable; simplemente ignora las otras dos funciones de la vivienda como prestación social que requiere la intervención del Estado, y la vivienda como el principal activo patrimonial de las familias, cuya operatoria en los mercados se rige de manera opuesta a la ley de oferta y demanda. Si el lector de la Ley 2/1985 desconoce o no tiene en cuenta estas dos funciones básicas, así como el papel fundamental del Estado en un sector que en los países de la UE-27 absorbe casi el 50% de los recursos financieros de una nación y contribuye únicamente al 6% del PIB, y, por el contrario, solo piensa en que la vivienda es un bien ordinario de compraventa como un automóvil o un avión, no percibirá en absoluto las graves consecuencias que ha producido en la economía española.

•   Tercero: un tercer ejemplo fue la Ley 21/1991 de 21 de noviembre, cuyo título «Por la que se establece una nueva organización de las Entidades de Crédito de Capital Público Estatal» encubre enteramente también el objetivo real desconocido entonces para la inmensa mayoría de los ciudadanos de privatizar todos los bancos estatales y entidades públicas de crédito que existían, que fueron primeramente agrupados en Argentaria, privatizada esta entidad y finalmente absorbida por el BBV para constituir el actual BBVA. Se analiza en los apartados 6.5 a 6.7 del capítulo 6.

Pues bien, a partir de estos tres hechos reales que delatan la situación real de que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles tienen una idea engañosa, equivocada e irreal del sistema económico en el que se sustentan sus vidas y su trabajo, se establece la hipótesis de que, previa información amplia y suficiente a los ciudadanos incluyendo cuantas publicaciones, análisis y debates documentados televisivos fueran necesarios, si el actual sistema económico confederal-territorial-autonómico propulsado y apoyado por la práctica totalidad de los partidos políticos, fuera sometido a ratificación mediante referéndum, sería ampliamente rechazado y repudiado por la inmensa mayoría de los ciudadanos; asimismo, sería aprobada la reforma del Título VIII de la Constitución con una orientación igual o parecida a la que aquí se perfila. Esta hipótesis se fundamenta en la información sobre la grave situación real de la economía española reseñada en los apartados precedentes, en la situación actual muy negativa de la economía que perciben por sí mismos los ciudadanos y que manifiestan en las encuestas del CIS, y en la presunción de que la cota de los seis millones de parados a la que se puede llegar al finalizar 2012 o al inicio de 2013 marcará sin duda alguna la línea roja tras la cual el pesimismo y la desesperanza se extenderán como una epidemia por todos los ámbitos de las clases medias profesionales y las más populares de la sociedad española.

Únicamente en el contexto de que personas influyentes con un mínimo poder en el Gobierno actual fueran conscientes de la imperativa necesidad de reconducir la actual orientación confederal-territorial de la economía española hacia la reconstrucción del sistema sectorial, o que el hipotético referéndum al que se acaba de hacer referencia se celebrara, aunque fuera de forma milagrosa, tendrían sentido las ideas que se exponen a continuación sobre la imperativa reforma de la Constitución; ya que si nada ni nadie lo promueve, nada podrá ser refrendado ni modificado, y la economía desembocará irremediablemente en la bancarrota.

Capítulo 7

UNA CLAVE PARA LA HIPOTÉTICA REFORMA DEL TÍTULO VIII

La sustitución de la doble lista de competencias del modelo federal estadounidense por la doble función del modelo federal alemán

Diferencia esencial entre la salida económica de la dictadura franquista en España respecto a la salida en Alemania del régimen genocida del Tercer Reich

Una primera consideración que parece oportuno plantear es el hecho de que la profunda reforma de la Constitución que parece de todo punto obligado realizar debería intentar evitar a toda costa la sensación de un nuevo bandazo en la organización del sistema económico. Especialmente, después del doble zigzag que se ha producido en los cincuenta años precedentes, a los que se ha hecho referencia y que se han analizado previamente. Pero también desde el punto de vista de la propia organización del Estado, ya que la Constitución, y en su seno el Título VIII, constituyó un bandazo que impulsó el péndulo desde el centralismo nacional franquista al polo diametralmente opuesto del modelo confederal de autonomías, nacionalismos y regionalismos en serie y por doquier. El mantenimiento del Estado de las autonomías —sin perjuicio de que se debería ajustar sustancialmente el número y contenidos de las mismas— parece una necesidad imperativa para evitar a la población española la sensación de un nuevo fracaso, que se añadiría de forma muy negativa a los atisbos de desesperanza económica que ya empiezan a aparecer en el ecuador de este quinto año de crisis. Contribuiría, por otra parte, a facilitar la integración y adhesión a la reforma de muchos colectivos de ciudadanos claramente inclinados hacia el federalismo, nacionalismos y regionalismos.

Por otra parte, una reforma de la Constitución, incluso cuando conlleve cambios trascendentes en la organización del sistema económico y del Estado, no es algo que en sí mismo deba representar una preocupación mayor para los ciudadanos españoles y mucho menos un fracaso colectivo o algo parecido. Muchos países han tenido sus propios procesos de consolidación institucional, incluso prolongados a lo largo de mucho tiempo, y no ha representado ningún desmerecimiento para ninguno. La clave estriba, en nuestro caso, en que el péndulo se estabilice, de una vez por todas, en posiciones institucionales del medio centro político, al margen de que estas puedan oscilar algunos grados a derecha o izquierda.

Desde las necesarias referencias extranjeras, por la cercanía al problema político-territorial español, quizás el caso también territorial de Alemania sea el más paradigmático, centrado en la denominada «cuestión alemana», que, como es conocido y se resume en uno de los documentos difundidos por el propio Gobierno federal, ha durado casi dos siglos. En efecto, en él se afirma lo siguiente: «Ciento ochenta y cuatro años fueron los que duró la cuestión alemana. Surgió cuando el 6 de agosto de 1806 el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II, se plegó al ultimátum de Napoleón, abdicó la corona del Imperio y exoneró a los estamentos imperiales de sus obligaciones, disolviendo así el “viejo Imperio” [...]. Para los alemanes la cuestión alemana siempre tuvo dos caras: era una cuestión a la vez territorial y constitucional o, dicho más exactamente, una cuestión de relación entre unidad y libertad. La cuestión territorial se centraba en la disyuntiva entre la “gran Alemania (con Austria)” y la “pequeña Alemania (sin Austria)”».27

Como todos los problemas que se acaban resolviendo, la «cuestión alemana» también tuvo su solución definitiva (como con toda seguridad la tendrá la española). En efecto, en el mismo documento un poco más adelante se añade: «La división de Alemania en dos estados fue una respuesta provisional a la cuestión alemana. La respuesta definitiva sería la unión de esos dos estados, asociada al conocimiento internacional de las fronteras de 1945. Desde el 3 de octubre de 1990 queda definitivamente claro dónde está Alemania, qué abarca y qué no abarca». Pero las referencias para el caso español de la experiencia alemana no terminan en este paralelismo «territorial», como inmediatamente vamos a ver a continuación.

Retomando el caso español, la raíz del problema estriba en que frente al problema histórico de insuficiente integración nacional de algunos grupos políticos minoritarios pero reales y muy activos en algunas de las regiones de España, la Comisión Constitucional que redactó la Constitución española de 1978, al configurar el Estado autonómico, tomó muy tangencialmente como modelo el mecanismo de reparto de competencias entre los estados federados preexistentes y el Estado federal naciente de la Constitución americana de 1787; cada una de las dos instituciones con su respectiva lista de materias de competencia exclusiva, además de las competencias residuales de la Enmienda X, que básicamente se corresponde con el art. 149.3 aserción 1ª de la Constitución española. Pero este mecanismo estadounidense es solo uno de los dos pilares fundamentales de su edificio constitucional; el segundo es la especial configuración del Senado, que es la auténtica piedra angular del mismo. En efecto, esta institución bipolar tiene la virtud de representar al mismo tiempo los intereses de los estados federados y constituir a la vez el segundo poder ejecutivo de la nación, del que el propio presidente debe solicitar expresa autorización previa para la ejecución de muchas de sus propuestas de gobierno.

En cuanto a la economía estadounidense, el plan económico de la nación para cada ejercicio fiscal se elabora y parte de la Oficina Presupuestaria del presidente, se distribuye a los estados —que se coordinan entre sí en la NASBO para elaborar sus respectivos presupuestos— y a los condados, revirtiendo después a las oficinas presupuestarias del Senado y del propio presidente; se discute entre estas y la del Congreso, y es aprobado finalmente por este último, que detenta el poder supremo de la nación. En síntesis, la economía estadounidense es un enorme edificio sólidamente cohesionado por el principio de corresponsabilidad entre las tres administraciones (Federal, estados y condados) y orientado por los presupuestos anuales bajo las directrices del mandato del presidente, discutidas democráticamente.

Y es precisamente esta función del Senado de gozne de unión y articulación de los intereses del Estado federal con los de los estados federados el mecanismo constitucional clave que evita que el sistema de doble lista fragmente en Estados Unidos el sistema económico y productivo en la forma que lo hace el Estado autonómico en España. En consecuencia, salvo las dos listas y la cláusula residual, nada de todo lo demás de la Constitución americana ha sido tenido en cuenta en la española, por lo que solo en apariencia lejana y muy desdibujada, aquella ha supuesto un modelo de esta última en el terreno económico. El colapso al que está siendo conducida la economía española es sin duda la principal consecuencia de todo ello, y pretender ahora reformar tal sistema de dos listas en España en busca de tales mecanismos compensatorios del sistema estadounidense que no se contemplaron en su momento no parece que pueda conducir a ninguna parte.

Al otro lado del Atlántico, encontramos que tampoco el sistema de organización de la economía en nuestra Carta Magna guarda relación alguna con la estructura básica de la Constitución del Estado federal alemán de 1949. Parecería como si sus promotores y ponentes hubieran querido huir deliberadamente de ese modelo, que, sin embargo, encierra una solución sólidamente estructurada, de gran calado y eficacia en el ámbito de la organización de la economía; cuya capacidad y fortaleza están siendo puestas a prueba regularmente en los más de sesenta años transcurridos desde su promulgación con el éxito envidiable que le es mundialmente reconocido.

Antes de hacer ninguna referencia al sistema federal unitario de Alemania es preciso enmarcar adecuadamente el significado político e ideológico en cuyo contexto se sitúa dicho sistema. A tal efecto, se toma aquí como referencia básica el análisis que realiza el profesor de la Universidad de Estrasburgo Jean Sigmann en su estudio sobre el federalismo en Alemania, en el que señala algunos antecedentes históricos de gran importancia. La forma en que

en 1945 la democracia importada a Alemania por los vencedores podía evocar enojosamente el precedente poco alentador de 1918. Por el contrario, una solución federalista de los problemas planteados por las relaciones existentes o que debían existir entre el futuro Estado alemán y los estados que lo integrasen se apoyaba sobre una larga tradición en un país que entre 1815 y 1945 había conocido durante cincuenta y un años —de 1815 a 1866— el régimen de la Confederación de estados (Staatenbund), y durante sesenta y dos años —de 1871 a 1933— el del Estado federal (Bundesstaat).28

Respecto a la orientación política a largo plazo de los sucesivos cambios institucionales y constitucionales que han tenido lugar en Alemania en los últimos doscientos años, el profesor Sigmann añade más adelante: «Durante los siglos XIX y XX Alemania no ha cesado en tender hacia un régimen cada vez más unitario». Muchos tratadistas modernos, tanto constitucionales como desde el análisis económico, sostienen la misma idea, según el principio de «equiparación de las condiciones de vida de los ciudadanos en todo el territorio nacional». Lo señala entre otros muchos el profesor de Derecho Público y exministro federal de Alemania Rupert Scholz:

En contra de la diversidad, ha prevalecido la tendencia hacia el unitarismo [...], se ha producido un incremento en el poder y las competencias del estado central, es decir de la Federación (Bund), en detrimento de los Estados federados y de sus competencias. Por ello, no sin motivo se suele caracterizar al Estado federal alemán como «Estado federal unitario» (K. Hesse), tendencia que se halla en el origen de problemas de reforma muy recientes y a los que se ha intentado dar respuesta a través de la, así llamada, «Reforma del Federalismo», llevada a cabo en los últimos años [...]. En la práctica esto ha llevado, ciertamente con frecuencia creciente, a la aplicación sistemática de dicho principio con vistas a lograr la máxima «equiparación en las condiciones de vida para la totalidad de los ciudadanos de la Federación», por la vía de ir transfiriendo a esta un número creciente de competencias regulatorias. A consecuencia de ello la capacidad legislativa de los estados federados ha ido menguando hasta el punto de que resulta gratuito hablar de un poder legislativo regional, efectivo y autónomo.29

En este proceso incesante de evolución del sistema político alemán desde la forma confederal disgregante y antieconómica antes de 1866 hasta el actual Estado federal unitario —caracterizado por la existencia de una única cámara de representación del pueblo, el Bundestag—, económicamente cohesionado y eficiente, es preciso identificar las fuerzas ideológicas y políticas motrices bajo las que el Estado alemán evolucionó en la forma que lo hizo. A tal efecto, el profesor Sigmann añade en páginas posteriores del texto reseñado: «La Confederación de Estados estaba ligada en Alemania a los recuerdos de la reacción absolutista instaurada después de 1815; el Estado unitario, por el contrario, se vinculaba a los esfuerzos de los demócratas de 1848».

Profundizando en las diferentes orientaciones de los partidos políticos reconstruidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, respecto a tres de las cuestiones básicas a incluir en la nueva Constitución [a) un Estado unitario frente al Estado federal, b) la competencia económica y financiera mayoritaria del Estado federal frente a la competencia mayoritaria de los estados federados, y c) el Senado o Bundesrat como Consejo federal no electo o como segunda cámara territorial electa]; los partidos de izquierda [SPD socialdemócrata y el FDP comunista], de una parte, los partidos conservadores o de derechas [CDU demócrata-cristianos y CSU social-cristianos], de otra parte; y finalmente, la tercera posición de los centristas [FDP liberales y otros]. Las posturas respecto a estos tres aspectos básicos las señala el profesor Sigmann como sigue:

Respecto a la alternativa entre Estado unitario y Estado federal: «Kurt Schumacher (secretario general del SPD) dirigió, con la intransigente acritud que le caracterizaba, la lucha contra el federalismo. Permanecía así fiel a las tradiciones de su partido socialdemócrata (el Estado unitario) [...]. Los comunistas constituían una fuerza más contra el federalismo, considerado como reaccionario y separatista. Los cristiano-demócratas (la derecha conservadora) eran los defensores de los principios federalistas».30

Respecto a la competencia económica y financiera mayoritaria, el Estado federal o los estados federados (Länder): «El SPD quería extender al máximo los recursos de la federación; por el contrario, la CDU deseaba asegurar a los estados (Länder) ingresos suficientes para garantizar su independencia económica».31 Propuesta esta, la conservadora, que acabaría derrotada.

Respecto a la alternativa del Senado o Bundesrat como Consejo federal no electo o como cámara territorial electa: «El SPD no aceptaba la creación de un Consejo federal sino con la condición de que cada estado dispusiese únicamente de dos representantes (designados) [...]. El SPD concedía al Bundesrat únicamente un voto suspensivo, mientras que la CDU quería hacer de él una Cámara de poderes iguales a los del Bundestag (Parlamento) elegida por sufragio universal».32 Propuesta esta, la conservadora, que acabaría también derrotada.

A la vista de la posición expresa y tan nítidamente clara de la izquierda alemana en favor del Estado democrático unitario a la hora de construir el que sucediera al terrible Estado uniforme hitleriano del Tercer Reich, uno se asombra y considera como algo incomprensible la posición de la izquierda española, el PSOE y el Partido Comunista (en 1978), extraña y absolutamente contradictoria con la tradición de izquierdas europea, a la hora de construir el nuevo Estado democrático en España que sucediera al régimen dictatorial del general Franco. En efecto:

La izquierda alemana luchó por el Estado democrático unitario y consiguió el «Estado federal unitario» en el que este detenta el poder económico y los Länder detentan principalmente la responsabilidad de la gestión administrativa de la nación, mientras que el PSOE y el resto de la izquierda española promovieron y asumieron el Estado autonómico y una economía confederal, con poderes y atribuciones de las CC.AA. muy superiores y de mucho mayor alcance que los estados federados, en cualquiera de los existentes.

La izquierda alemana luchó y consiguió que la economía y las finanzas dependieran fundamentalmente de leyes federales y no de los estados federados para asegurar el gobierno de la macroeconomía o la economía como un todo, promoviendo con ello un nivel de vida alto a los ciudadanos a largo plazo, mientras que el PSOE y el resto de la izquierda española promovieron la transferencia y dispersión entre las CC.AA. de las competencias sobre la demanda, la oferta, los mercados de productos y casi todas sobre los mercados de factores, despojando al Estado de las atribuciones de la política fiscal: una economía confederal ruinosa y empobrecedora para la inmensa mayoría de la población.

La izquierda alemana luchó y consiguió que solo hubiera una única cámara, el Bundestag, elegida directamente por los ciudadanos como expresión única e inconfundible del poder soberano del pueblo, relegando al Senado o Bundesrat a la condición de Consejo federal cuyos miembros son designados por los Länder; contrariamente en España, el PSOE y el resto de la izquierda española compartieron y promovieron la idea del Senado como cámara territorial electa y a las comunidades autónomas como poseedoras de una parte de la soberanía nacional, fragmentando y dispersando el poder soberano del Estado en favor de los poderes caciquiles históricos de los territorios y las provincias, en manifiesta connivencia con la derecha y especialmente con las derechas nacionalistas, renunciando a la tradición de izquierdas del propio PSOE y del Partido Comunista anterior a la Guerra Civil.

Una consideración más añade el profesor Sigmann de trascendental importancia para comprender lo que está pasando en España con la economía confederal actual. En efecto, al referir la posición de Francia en la propuesta de las potencias vencedoras sobre la forma del nuevo Estado alemán, señala: «Los franceses, hablando en nombre de un país en que las doctrinas federalistas no son más que una materia de enseñanza, veían en el federalismo un medio de debilitar por largo tiempo a Alemania. Se erigieron en varias ocasiones en defensores de una Confederación de Estados,33 ¡solución extrema en la que ni nuestros aliados anglosajones ni ningún político alemán responsable podían pensar!».

A la vista de esta posición responsable unánime de Estados Unidos, Reino Unido y, en Alemania, de la izquierda, la derecha y el centro políticos, todos contrarios a un Estado confederal por sus devastadores efectos sobre la economía y el nivel de vida futuro de los ciudadanos, ¿cómo ha sido posible que se hubiera producido la unanimidad irresponsable en sentido contrario de los políticos en España, aceptando el Estado de las autonomías, que conlleva la compartimentación estanca del sistema productivo en 1+17 lotes territoriales individuales e independientes unos de otros y de todos ellos respecto al Estado central? Una economía confederal que ha roto en la práctica la libre interdependencia de los sectores productivos en todo el territorio nacional y que conduce irremediablemente la economía al colapso y a la pobreza. Este y no otro es el verdaderamente grave problema político que tiene atenazada e inerte la economía española y sin prácticamente respiración a una parte cada vez más mayoritaria de los ciudadanos españoles. De él derivan todos los demás.

Asombra y sobrecoge comprobar que la forma de Estado confederal, económicamente ruinoso, que el Gobierno francés propuso y propugnó hasta la insistencia entre 1946 y 1949 para Alemania, con la finalidad de terminar de una vez por todas por la vía económica con el «peligro alemán» (debido al empobrecimiento y debilitamiento económico que conllevaba para toda la nación alemana), fue aceptado de manera voluntaria y entusiasta por el PSOE y el resto de la izquierda española, y sometida a votación democrática de los españoles bajo la forma encubierta del Estado autonómico, respecto al cual la inmensa mayoría de los ciudadanos desconocían su significado y sus consecuencias.

Volviendo al contenido básico de la organización de la economía en el sistema federal unitario alemán, bastan algunos rasgos básicos para comprender sus mecanismos fundamentales. Primero, las funciones completamente distintas del Bundestag (Parlamento nacional y única cámara elegida por el pueblo) y el Bundesrat o Senado (Consejo federal de los estados federados, integrado por altos funcionarios designados por los Länder), que constituye la institución clave de participación de estos en la vida política de la nación (arts. 50 a 53). Segundo, la división de las competencias constitucionales ejecutivas en dos grandes bloques: las comprendidas y reguladas por la legislación exclusiva federal, y las correspondientes a la denominada legislación concurrente, que vincula solidariamente a las tres administraciones y que integra el conjunto principal y muy mayoritario de las competencias en materia económica y social e incluso los derechos básicos políticos (derecho civil, derecho penal, derecho de reunión, etc. art. 74), así como las relativas a la salvaguardia de la integridad y unidad política de la nación alemana. Y es precisamente este segundo mecanismo constitucional, la legislación concurrente, el que impide cualquier atisbo de ruptura en el sistema productivo alemán entre las competencias y funciones del Estado federal y las correspondientes a los Länder, a la manera de lo que sucede en España con las competencias económicas de las comunidades autónomas.

El tercero de tales rasgos identificativos es la función esencial, propia y característica de cada uno de los dos componentes del Estado, además de las municipalidades: el Gobierno federal y los Länder. Las correspondientes funciones de uno y otro componente del Estado las aclara suficientemente el documento ministerial antes citado:

La Constitución exige la equivalencia de las condiciones de vida en el conjunto del país. Las condiciones de vida vienen determinadas esencialmente por la política económica y social. Por esta razón dicho ámbito de materias se regulan primordialmente mediante leyes federales. En este sentido el Estado federal alemán se asemeja a un Estado unitario. Sin embargo, los estados federados (Länder) controlan gran parte de la capacidad administrativa del Estado como un todo. En la administración alemana prevalecen pues los elementos federalistas. Las administraciones de los estados federados ejecutan las respectivas leyes propias, de una parte; y al mismo tiempo, ejecutan la mayor parte de las leyes federales. Por eso el modelo federal alemán se define como Estado federal «unitario» o «encubierto».34

La sustitución de la doble lista del modelo estadounidense por la doble función del modelo alemán podría ser una solución efectiva al laberinto de la economía española

Una breve sinopsis del problema español que se analiza en el presente trabajo se concreta en el hecho de que el Título VIII de la Constitución española ha modificado el sistema sectorial universal de organización de la economía sustituyéndolo por el vigente sistema territorial-confederal; que ha dividido horizontalmente el sistema productivo en dos segmentos, el Estado central y las CC.AA., a la vez que ha fragmentado el segundo verticalmente en diecisiete compartimentos individuales y estancos, cada uno de ellos conforme a su propia norma institucional básica (el Estatuto) y sus propios objetivos y prioridades, particulares e independientes; al tiempo que el Estado ha sido despojado de la competencia exclusiva de las materias de producción, distribución y demanda que sustentan las políticas económicas.

Sólo por los rasgos arriba trazados del modelo constitucional alemán en lo que concierne a la organización del sistema económico, a la vista de estos estrangulamientos del sistema económico en España, fácilmente se colige que este último es susceptible de adaptación al primero, sin que conlleve una excesiva perturbación de la estabilidad institucional y estructural de los sistemas político y económico en España. De esta manera, el atolladero en el que se encuentran la estabilidad y el crecimiento económico en España podría tener salida con un simple cambio de la mirada constitucional, desde el «Estado federal centralizado» estadounidense hacia el «Estado federal unitario» alemán; mediante el cambio del mecanismo de la doble lista del primero por el sistema de la doble función del segundo.

En una cierta aproximación hipotética a la forma de llevar a cabo tal reforma, la solución podría consistir en sustituir el Título VIII de la Constitución, «De la Organización Territorial del Estado», por otro equivalente, más o menos del tenor «De la Organización Federal del Estado». La esencia del cambio podría consistir en la sustitución de los contenidos de los artículos 138, 147, 148, 149, 150.2, 154, 157 y 158, del Título VIII, por dos bloques de competencias expresamente determinados y relacionados de manera precisa: uno integrado por las materias de competencia del Estado federal/nacional, bajo el amparo de la legislación exclusiva; y el otro bloque, el resto de las competencias integradas bajo el amparo de la legislación concurrente.

Respecto a esta última, y en línea con el texto constitucional del modelo alemán, las comunidades autónomas tendrían la facultad de legislar en tanto en cuanto el Parlamento de la nación no hubiera hecho uso mediante ley federal/nacional de su competencia legislativa. En este mismo ámbito, el Parlamento tendría el derecho de legislar siempre que y en cuanto exista la necesidad de una regulación legislativa nacional/federal porque así lo requieran el crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de la economía; así como la creación de condiciones de vida equivalentes de los ciudadanos en todo el territorio nacional; e igualmente, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica en interés de la totalidad del Estado. En el mismo marco de la legislación concurrente, el Parlamento podría establecer que una legislación federal/nacional que ya no fuera necesaria en el sentido del párrafo anterior pudiera ser sustituida por la de las CC.AA.

Siguiendo también el modelo alemán, y en la pura hipótesis bajo la que aquí se formula, las comunidades autónomas intervendrían en la política nacional solo y mediante el Senado, transformado en Consejo federal, a imagen y semejanza del alemán. Este organismo podría estar integrado, en sus dos terceras partes, por representantes de las comunidades autónomas en proporciones fijas y el tercio restante una lista elegida por el Parlamento; y podría, además, constituir el ente constitucional que velara por la estabilidad y salvaguardia de las instituciones económicas básicas permanentes del Estado, frente a decisiones de alto riesgo de cualquier gobierno mayoritario de turno. En este sentido, la estabilidad institucional del Estado a largo plazo, frente al riesgo desmedido de sensibles mayorías absolutas de un solo partido, descansaría en el equilibrio que puede proporcionar la diversidad multipartidista de las comunidades autónomas.

Por último, la sustitución del mecanismo de la doble lista de raíz estadounidense por el de la doble función de orientación alemana permitiría articular, simplificar y abaratar la administración del Estado mediante dos únicas estructuras administrativas principales: la Administración General del Estado —profundamente reestructurada y sólidamente profesionalizada—, ejecutada básicamente y casi en su totalidad por las comunidades autónomas, y la Administración municipal —también necesitada de una profunda profesionalización—, por los ayuntamientos. La estructura administrativa del Estado federal/nacional asumiría como exclusivas únicamente las relaciones nacionales con la UE-27 y con el exterior en general y con los extranjeros en el interior, así como todas aquellas otras funciones cuya gestión no requiriese relaciones territoriales específicas.

No se trata, en definitiva, con este texto de proponer ninguna solución detallada sino simplemente de bosquejar la hipótesis del detalle de una posible solución factible al problema incomprensible e insostenible de la fragmentación y desmoronamiento institucional del sistema económico en España; solución que debe ser lo más estable posible, basándose para ello en las referencias contrastadas del modelo alemán. No hay que tener a tal efecto reparo alguno a adaptar en España el arquetipo alemán, como no la tuvo Suiza al adaptar el sistema de cantones al arquetipo estadounidense en 1848, cuando se transformó de Confederación Helvética en Estado federal.

Capítulo 8

EL CÓMO DE LA REFORMA

Institucionalización de mecanismos político-constitucionales, democráticos y estables que eviten retornar una y otra vez al borde del precipicio

N

aturalmente, la reforma de la Constitución, en el supuesto de que fuera posible llevarla a cabo, no debería consistir nuevamente en meros acuerdos entre los partidos políticos, el nombramiento de una nueva comisión designada por ellos que elabore el texto reformado y un nuevo referéndum que sancione tales acuerdos. De forma completamente diferente a lo sucedido al comienzo de la Transición, deberían ser directamente los ciudadanos los que entre una lista de currículum de candidatos votase los miembros de la nueva Comisión Constitucional conociendo los planteamientos, debates y contenidos de las proposiciones resultantes, mediante la emisión en abierto de las propuestas, debates y acuerdos en las televisiones públicas —a la manera de los actuales debates sobre el Estado de la nación, aunque con mucha mayor cobertura—; con pleno conocimiento de causa, debería irse pronunciando al menos en dos referéndum parciales sucesivos: uno relativo al modelo económico específico en sí mismo y el otro sobre las reformas complementarias de la Constitución que resulten imprescindibles para llevar aquel a la práctica, casando en conjunto el texto definitivo.

Una condición sine qua non para el éxito, en el supuesto de la reforma, y para su posterior aplicación es que todos los partidos políticos en España, en particular los nacionalismos excluyentes, el socialismo confederal disgregante y la derecha conservadora inmovilista, que han manejado el Estado y la economía desde 1979 a su antojo y conveniencia, acepten y se comprometan realmente con el paso atrás que suponga renunciar, en favor de instituciones estables democráticas y constitucionales, a una parte del enorme poder cuasi absoluto que les otorga en la economía el modelo confederal del Estado actual, en el que ha de-sembocado en la práctica económica el Estado de las autonomías en España. Sería lamentable que esta posible solución u otra de un tenor más o menos semejante quedara abortada por este motivo y la economía acabase desembocando realmente en un estado de bancarrota, lo que sería sin duda una auténtica catástrofe y acarrearía costes añadidos brutales en forma de desempleo masivo en mucha mayor escala que la actual y considerables mayores pérdidas en el nivel de vida de los ciudadanos.

A la vista del poder omnímodo del que han gozado los partidos políticos hasta ahora, llevando al país al borde de la bancarrota nacional, al que nos estamos acercando peligrosamente, es de todo punto necesario institucionalizar cuanto antes una entidad del tipo del Consejo federal/nacional, contrapeso del adecuado equilibrio territorial al del Parlamento, al que se ha hecho referencia antes, que debería estar integrado por representantes políticos expresamente elegidos entre expertos de reconocido prestigio en la economía y de otras muchas profesiones, que posean los conocimientos necesarios y experiencia probada suficiente, sin que en ningún caso pueda ser tal institución la recompensa a exministros o exconsejeros por los servicios partidistas prestados. Naturalmente, todo esto en el supuesto y bajo la hipótesis de que al menos una parte de los partidos fuera sensible al callejón sin salida del actual sistema confederal.

Desde el punto de vista de la concentración del poder en un único partido político que pueda obtener mayoría absoluta, en ningún caso debería tal poder extenderse hasta el punto de disponer de la capacidad para destruir y eliminar por intereses estrictamente políticos, ideológicos u otros, instituciones básicas constitutivas de la estabilidad estructural del sistema económico en sí mismo, como sucedió, entre otros muchos ejemplos, con la supresión y privatización del Banco de Crédito Industrial (clave para la financiación de la innovación, de las pymes y de la industria privada a largo y muy largo plazo, que ha sido, en consecuencia, diezmada); igualmente, con el Banco Hipotecario de España, instrumento clave para regular los enormes flujos financieros de la formación bruta de capital fijo en el sector de la vivienda, que por su elevada y desproporcionada magnitud puede llegar a desestabilizar el equilibrio financiero de la nación; tal como ha sucedido en España, cuyas consecuencias estamos pagando y constituye la causa primera del posible «rescate» ante el que se debate la economía española al finalizar el primer semestre de 2012. Son solo dos ejemplos que emanan del cuadro de decretos-leyes de los gobiernos socialistas presididos por Felipe González entre 1982 y 1996, que han supuesto un auténtico desmantelamiento del sistema económico, y cuyos efectos han resultado determinantes para conducir la economía a la situación lamentable en la que se encuentra. Se documenta en detalle en los apartados 5.6.3 a 5.6.5 del capítulo 5.

Efectos también muy graves han tenido otras nueve leyes o decretos-leyes demoledores de los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero (apartado 3.4.4 del capítulo 3), cuya gestión puede ser resumida como sigue:

La promoción y aprobación de una nueva ronda de estatutos de autonomía cuando los de la primera ronda entre 1979 y 1983 ya habían roto los equilibrios básicos del sistema productivo y arrojaban la economía española hacia la recesión y el hundimiento, que han contribuido a impulsar la economía hacia el abismo al que nos dirigimos.

La Ley del Suelo 8/2007 de 30 de mayo que encubre y enmascara los mecanismos jurídicos, políticos, económicos y administrativos que estaban determinando la colosal burbuja inmobiliaria, en la que no se identificó y menos aún se corrigió ni uno solo de tales mecanismos antes de que estallara como un tsunami y se llevara por delante la estabilidad y el crecimiento económico en España para décadas.

El despropósito de haberse construido entre 2002 y 2007 en España 3.489.000 nuevas viviendas para un incremento de 3.411.000 nuevos habitantes, consecuencia de dicha ley y del pleno afianzamiento del PSOE a las políticas autonómicas en favor de la construcción y las actividades inmobiliarias.

Una política comercial exterior que ha conducido al déficit por cuenta corriente más elevado del mundo, respecto del PIB, alcanzando en 2006 y 2007 el 10%, el doble del segundo país que nos seguía en el ranking.

Una política desconcertante y errática al estallar la crisis en 2008, negándola primero y ocultando su verdadera trascendencia durante los dos años siguientes, hasta que en mayo de 2010 se vio forzado por la Eurozona a la adopción de las primeras medidas.

Sin la menor duda, lo más grave de todo: una política sistemática de comunicación transmitida en el Parlamento, en todos sus mítines y en los demás actos políticos de mentira y engaño sistemático a los ciudadanos, afirmando, difundiendo y pregonando «las irrenunciables conquistas sociales conseguidas por sus gobiernos socialistas», de tal modo que ocultaba en todos los casos que los medios con las que se financiaban eran producto del crecimiento monstruoso del endeudamiento de la nación con el extranjero, hasta siete veces mayor que el promedio de la Eurozona, que aumentó desde 337.000 millones de euros al finalizar 2003 a 950.000 millones al finalizar 2009 (un incremento de más de 100.000 millones de euros cada año, cuya carga trasladó irresponsablemente a la generación que ahora tiene veinticinco años, de la que dejó en paro cerca del 50%).

Todo este despropósito económico se sintetiza en el volumen de desempleo que dejó al irse: según la EPA del primer trimestre de 2012 (primero después de su catastrófica gestión), llegó a los 5,67 millones de parados, el 24% de la población activa; casi el mismo porcentaje al que llegó Estados Unidos en el momento álgido de la Gran Depresión en los años treinta del pasado siglo.

Lo más preocupante de lo que pueda suceder a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles de esta catastrófica gestión del señor Rodríguez Zapatero es que fue premiada con el 99,5% de los votos en el Congreso del PSOE en junio de 2008 y con más de siete millones de votos a su partido, el PSOE, en las elecciones generales de noviembre de 2011, además del apoyo explícito de Izquierda Unida y el silencio cómplice del Partido Popular y de su líder, Mariano Rajoy, durante los casi ocho años de sus dos mandatos.

Por último, es preciso llamar la atención sobre las condiciones y requisitos mínimos de cualificación, experiencia profesional y probidad que deben reunir cuantas personas aspiren a desempeñar funciones de responsabilidad en las altas instituciones del Estado. En ningún caso tal responsabilidad puede ser encomendada a políticos sin cualificación profesional en la sociedad civil ni experiencia probada alguna, ignaros y absolutos legos, especialmente para la gestión de la economía, cuyos únicos méritos sean las intrigas y luchas internas en los comités de los respectivos partidos para escalar a los puestos altos, en espera de que un resultado favorable en unas elecciones les catapulte a puestos de alta responsabilidad en el Estado, para los que carecen de los más elementales conocimientos y ninguna experiencia. A este respecto, resulta paradigmático el caso del expresidente socialista, señor Rodríguez Zapatero, cuya única carrera profesional fue en la práctica la política misma, ya que empezó a los dieciocho años como secretario general de las Juventudes Socialistas de León (1978), para discurrir seguidamente como diputado en Cortes por León (1986-2011), compatibilizando esta función con la de secretario provincial del PSOE de León (1988-1994), secretario regional de Castilla y León (1994-2000), vocal de la Ejecutiva Federal (1997-2000) y secretario general del PSOE (2000-2011).

Una carrera, como se aprecia, casi única y exclusivamente dedicada al ascenso en la estructura orgánica del PSOE, en la que insertó como única actividad profesional fuera de la política tres años como ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de León (1983-1986), compatibilizando en el tiempo esta función con la de secretario general de las Juventudes Socialistas de la misma provincia, lo que determina necesariamente que tan reducido período profesional paralelo a la política haya debido tener necesariamente una atención subsidiaria y marginal. Pero también los dieciocho años como diputado (1986-2004) antes de acceder a la presidencia del Gobierno, lo que explica que no se le haya conocido contribución alguna de mínima relevancia y notoriedad en las comisiones parlamentarias en las que necesariamente tuvo que haber participado, así como en otras funciones en el Parlamento.

Por solo referirse al ámbito complejo, inextricable, enmarañado y verdaderamente difícil de la economía, como sin duda la extensión, el calado, la profundidad y la duración de la crisis actual están poniendo de manifiesto, no parece procedente ni razonable que tal responsabilidad en la dirección suprema de una actividad que constituye el basamento estructural y el andamiaje de sustentación de todas las demás actividades humanas, culturales, sociales y profesionales, así como el empleo de todos los trabajadores y el nivel de vida de toda la población, pueda ser encomendada a una persona que no reúne los mínimos requisitos. No es de extrañar que con tan deslindada y limitada experiencia el señor Rodríguez Zapatero hubiera dejado el insoportable balance reseñado en el momento de traspasar el poder a su sucesor y que en su condición de presidente del Gobierno de España, y a título de ejemplo, reflexionara sobre la economía en los términos que lo hizo en una entrevista al comienzo de 2010: «Estuve el otro día releyendo unas cosas de Keynes, y la verdad es que un gobernante no es un analista económico. Los economistas suelen dedicarse a opinar de la economía pero no hacen economía».35

Una respuesta bastante adecuada al atrevimiento e irresponsabilidad de políticos como este caso que se menciona la proporciona el premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman: «La ignorancia se fortalece con el número. Dado que tantos abogados, expertos en política, etc., se sienten capaces de pronunciarse sobre economía, a otros, considerando esa posibilidad, no les hace vacilar su falta de conocimientos o de cualificación profesional en este ámbito».36 Simplemente, en el idioma castellano existe una aseveración precisa para tales sinsentidos, ambiciones y temeridades a la hora de asumir altas responsabilidades en el Estado sin la más mínima cualificación, preparación ni experiencia: «El atrevimiento de la ignorancia». Muy mal vamos en España y mucho peor continuaremos si no se rectifica de forma radical y fehaciente la forma de cooptar, elegir y designar los altos responsables del Estado en el futuro de nuestro país.

Capítulo 9

LA FÉRREA «HOJA DE RUTA»
DE SALIDA DE LA CRISIS

Predeterminada por el angosto desfiladero en el que el Estado autonómico ha constreñido la economía española: o salir del euro o drástico plan de estabilización

La vía ineludible de un drástico plan de estabilización sobre salarios, precios y productividad

Se ha visto en la síntesis realizada en el capítulo 3, y se verifica ampliamente en el capítulo primero, que España fue uno de los tres países principales responsables, con Estados Unidos y Reino Unido, de los enormes desequilibrios mundiales que desencadenaron la crisis financiera y económica en 2007, cuyos déficits corrientes externos respectivos en relación al PIB de aquel año fueron -10,0%, -5,1% y -2,6%. Pero los datos armonizados disponibles de la OCDE a abril de 2011, -3,0%, -3,2% y -2,2%, respectivamente, muestran un descenso sensible en tales desequilibrios, en especial en España por la profundidad de la crisis económica. No obstante, los desequilibrios persisten en niveles todavía significativos, lo que indica que las fuerzas desestabilizadoras no han sido suficientemente desactivadas. La conclusión más importante que se infiere de todo ello para España es la persistencia en el tiempo de niveles muy bajos de competitividad internacional, limitación esta que, de no ser corregida estructuralmente, va a hacer imposible la salida de la crisis económica, que ya avanza en su quinto año con indicios cada vez más sombríos.

En el segundo apartado del mismo capítulo 3 y con suficiente detalle en el texto principal del mismo, se resumen los efectos de la política aplicada en la Eurozona para reducir tales desequilibrios que se está materializando en un conflicto estructural entre recuperación del equilibrio fiscal de una parte y la persistencia de la recesión y aumento del desempleo de otra. Los efectos contradictorios de dicha política alcanzan sus máximos costes sociales en España, en donde los niveles de desempleo facilitados por la EPA del primer trimestre de 2012 arrojan 5,67 millones de desempleados, el 24% de la población activa; un nivel prácticamente idéntico al que alcanzó Estados Unidos en el momento álgido de la Gran Depresión de los años treinta del pasado siglo, como ya se ha señalado y no conviene olvidar.

La conclusión más importante que se infiere de todo ello para España es que, de no ser modificado drásticamente el rumbo de la economía, esta desembocará irremediablemente en la suspensión de pagos y la bancarrota nacional, ya que el «rescate» a la irlandesa, la portuguesa o la griega no resuelve el problema institucional territorial autonómico específico y peculiar de España, así como tampoco el problema estrictamente económico del elevadísimo porcentaje de activos sobrevalorados de las entidades de crédito, el elevadísimo endeudamiento neto respecto del PIB de las empresas no financieras españolas, 30 puntos porcentuales por encima de la Eurozona y 65 puntos por encima de economías como la de Francia, y menos aún la descomunal deuda neta global de España frente al resto del mundo (con el 100% del PIB, frente al 13% de la Eurozona, el 10% de Francia y el superávit del 41% de Alemania). El «rescate» simplemente cambiaría una deuda extranjera por otra con los costes financieros añadidos que ello comportaría, y el desempleo continuaría aumentando.

Hay que recordar aquí lo ya dicho en los capítulos 5 a 7 precedentes de que la economía española se encuentra en 2012 en una situación bastante parecida a la que se encontraba en 1957, un sistema productivo estrambótico ajeno al de los demás países industriales, la autarquía en aquella época y el sistema territorial-confederal-autonómico ahora. Ni aquel sistema era económicamente viable, lo que obligó bajo la batuta de los tecnócratas del Opus Dei a un giro copernicano, ni el actual sistema autonómico es tampoco económicamente viable, lo que obliga a otro giro copernicano de la reforma del Título VIII de la Constitución, en la forma bosquejada en los capítulos precedentes.

No obstante, la reforma de la Constitución, absolutamente imprescindible e improrrogable para capacitar nuevamente al Estado con el instrumento de la política fiscal y reorientar de nuevo la economía hacia la estructura sectorial-industrial, es solo una condición necesaria pero en absoluto suficiente. Un nuevo texto sobre el papel e incluso la promulgación de diversas leyes que desarrollen el cambio permiten al Estado afrontar la reforma del sistema económico pero no resuelven por sí mismos los dos estrangulamientos cruciales puramente económicos del sistema productivo en España: el déficit crónico del comercio exterior desde la explosión de los precios del petróleo en 1973/1979, consecuencia de las políticas económicas erróneas y claramente absurdas de los años ochenta y noventa, que se tradujeron en los bajísimos niveles de productividad real y de baja competitividad externa de la economía española, que llegan hasta el día de hoy; y el segundo estrangulamiento, que es la imposibilidad fáctica de que los diecisiete sistemas productivos que hay en España puedan generar empleo productivo estable, derivado ello de la bajísima productividad real y de la ineficiencia económica de tal sistema, así como de la baja competitividad exterior.

Las dos únicas escapatorias posibles del laberinto en que se encuentra la economía española son una hacia atrás, abandonando el euro, una opción que conduciría a un auténtico infierno político, económico y social, para generaciones; o afrontar una solución valiente pero durísima hacia delante, aplicando un plan inexorable de estabilización de larga duración que permita recuperar la economía sectorial-industrial enganchándose nuevamente a la senda de crecimiento económico de los países industrialmente más avanzados.

Pero una vez reformado el Título VIII, afrontar el problema de la bajísima productividad, de la escasísima eficiencia del sistema productivo y de la muy reducida competitividad exterior supone enfrentarse a la limitación institucional que representa la pertenencia al euro y el hecho de que resulta imposible la utilización del mecanismo de la devaluación de la moneda para abaratar los precios de los productos españoles en el extranjero y reducir los costes laborales unitarios (CLU) como principal factor de costes de las mismas, así como también para encarecer transitoriamente las importaciones reduciendo su impacto actual sobre el déficit exterior. A tal efecto, se llama la atención sobre la trascendencia del dilema al que se enfrenta la economía y toda la sociedad española. Sean cuales sean las ideas, opiniones o intereses de los políticos del Partido Popular, del PSOE, de los partidos nacionalistas, regionalistas y todos los demás, la aritmética económica es implacable y no permite más que dos únicas opciones: abandonar el euro y recuperar la peseta como moneda nacional, lo que permitiría hacer uso del instrumento de la devaluación para recuperar los equilibrios básicos de la economía; o bien mantenerse en el euro y aplicar una política draconiana de estabilización de salarios, precios y productividad, inflexible y persistente a largo plazo.

Este es el angosto y angustioso desfiladero que predetermina necesariamente la única hoja de ruta económicamente viable. Otra cosa son los tremendos costes políticos y sociales que ello va a comportar; no obstante, parecen sustancialmente menores a cualquier otra alternativa que se pudiera plantear, como pudiera ser la huida hacia delante de la diáspora autonómica camino de la independencia de algunas de las comunidades autónomas. Por mucha imaginación que se le eche no existe ninguna posibilidad de salida transversal del intrincado laberinto en el que irresponsablemente ha sido acorralada la economía y la sociedad españolas por el Estado autonómico. La salida falsa de los eurobonos que propugnan los dirigentes del PSOE no pasa de ser una treta política más, ya que supone traspasar a Alemania, Holanda, Austria, Bélgica y los demás países industrialmente competitivos y comercialmente excedentarios —que estos nunca aceptarán— el coste de la ineficacia económica del sistema autonómico, así como el derivado de la inconsistencia de la política y las burocracias partidistas españolas; aparte de que sería solo una salida carísima a corto plazo, conceptualmente no pasa de ser una simpleza y una ingenuidad completamente inviable.

Respecto de la primera opción, la salida del euro, las consecuencias serían terribles, tanto políticas como estrictamente económicas. En efecto, desde el punto de vista político, la salida del euro supondría el abandono de España del intento más avanzado realizado hasta ahora de constituir los Estados Unidos de Europa. Independientemente del grado más o menos terminado en que finalice este proyecto, de la forma que adquiera y del período de tiempo que requiera, salirse unilateralmente, abandonar y quedar fuera de la realidad actual de la Unión Europea supondría para España asumir un papel semejante al de México respecto a la frontera de Estados Unidos, y quizás algo más estremecedor: autoproclamarse y reivindicar para sí el trasnochado y denostado eslogan de que «Europa empieza en los Pirineos», un fantasma del pasado que con toda seguridad ningún español querrá revivir en el siglo XXI. Una prueba aunque liviana de ello es el resultado de las encuestas realizadas a pie de calle que se han hecho.

Pero si desde el punto de vista político la eventual salida del euro parece algo impensable, desde el punto de vista económico los costes que ello acarrearía desalentarán a los más dudosos y haría que tal opción fuera igualmente rechazada por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. En efecto, una simple descripción de algunos de los costes más significativos supondría lo siguiente:

Dada la elevadísima deuda frente al resto del mundo, en el entorno del 100% del PIB, el abandono del euro supondría que el principal y los intereses a pagar continuarían denominados en euros, mientras que la provisión de fondos internos para hacer frente a los pagos debería realizarse en pesetas; dada la inevitable y fortísima devaluación, el esfuerzo medido en salarios reales sería sencillamente imposible de asumir porque el empobrecimiento nos retrotraería a auténticos niveles de subdesarrollo.

Daría lugar a un aumento muy elevado de los tipos de interés, lo que encarecería la financiación de la inversión y la financiación de la economía en general, añadiendo más empobrecimiento a los ciudadanos.

Los agentes económicos españoles tendrían que salir a los mercados internacionales de capitales sin la cobertura del euro, lo que se traduciría en unas primas de riesgo del todo desproporcionadas, más paro y más empobrecimiento.

Los costes de transacción de las operaciones con el exterior se dispararían igualmente, dado que estarían denominadas en múltiples divisas y las comisiones y costes parciales de todo tipo se acumularían, elevando los costes totales a niveles fuera de toda competencia.

La superposición de ambos tipos de efectos, político y económico, hace que sea muy poco realista la opción de abandono del euro, a pesar de los elevados costes que la alternativa de continuar va a comportar. Pero antes de analizar brevemente cada uno de los tres componentes puramente económicos fundamentales de la hoja de ruta de salida de la crisis a través del euro, conviene realizar una pequeña aclaración sobre el concepto clave de los costes laborales unitarios (CLU), la magnitud económica esencial sobre la que inevitablemente debería descansar el nuevo plan de estabilización de la economía. Los costes laborales unitarios no son otra cosa que los salarios reales descontada la productividad; o lo que es lo mismo, los salarios nominales pagados por las empresas por todos los conceptos y recibidos por los trabajadores bajo también todas las prestaciones, corregidos por el índice de inflación y deducida la productividad. Fácilmente se comprende que cuanto menor sea la inflación, menor será el sacrificio real para los trabajadores; y también, cuanto mejor se articule el esfuerzo inversor y de organización eficiente de las empresas y empresarios, mayor será la productividad real e igualmente menor será el sacrificio de los trabajadores y, a la vez, más altos serán los beneficios que ellas mismas obtengan; y, por último, menor será el sacrificio de los trabajadores cuanto más eficiente sea la política económica del Gobierno en materias tan fundamentales como la aplicación eficiente de los recursos presupuestarios con los objetivos y prioridades, encaminados a idéntico fin, en la reforma profunda de las instituciones económicas, en la organización eficiente de los mercados laboral, financiero, energético, de transportes, etc., así como en todas las demás magnitudes económicas que más influyen sobre la productividad total de los factores.

Este breve análisis económico de los CLU identifica con claridad y sin ambages a los tres agentes económicos sobre los que debería recaer el enorme esfuerzo y responsabilidad que requerirá culminar con éxito el nuevo plan de estabilización general de la economía española, cincuenta y tres años después del de 1959, que bajo los enormes costes políticos de la entonces dictadura franquista supuso un auténtico éxito económico, que catapultó la economía española hacia la plena industrialización, el desarrollo mercantil y comercial y el primer paso hacia la plena reinserción de la economía y la sociedad españolas en Europa; meta que se completaría en 1985, ya bajo la democracia, con la entrada en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. Lástima que la maraña económica del sistema territorial autonómico haya echado por la barba aquel enorme esfuerzo de tantos millones de ciudadanos españoles.

En resumen, el Estado (una vez que a través de la reforma constitucional recupere la competencia exclusiva sobre las materias económicas determinantes de la política fiscal), las empresas y empresarios y los profesionales y trabajadores serían los tres agentes que deberían realizar el esfuerzo ímprobo para cambiar el rumbo de la economía y asegurar la salida de la crisis en las mejores condiciones posibles. Tres condiciones absolutamente determinantes deberían cumplirse de manera inexorable para que el enorme esfuerzo pudiera ser coronado con éxito:

La plena corresponsabilidad y compromiso de los citados tres agentes económicos entre sí; cualquiera que desfalleciera o intentara un doble juego echaría abajo el proceso.

Las bajadas de precios y salarios deberían ser necesariamente generales en todos los sectores económicos y en todas las regiones de la nación; cualquier actuación política o administrativa tendente a favorecer a algún colectivo en particular encontraría el plante de los demás y el colapso del proceso.

La plena implicación y total compromiso de todas las comunidades autónomas, regiones y provincias, ya que cualquier ventaja del esfuerzo de unas en beneficio de otras echaría por tierra el Plan.

El gran objetivo de este plan de estabilización de 2012 sería reorientar nuevamente la economía bajo la batuta macroeconómica del Estado hacia la reconstrucción del sistema productivo, hacia la economía sectorial-industrial y hacia el restablecimiento de la estructura de la economía como un todo del conjunto de sectores, subsectores y ramas de actividad, tanto relacionados con la demanda como con la oferta, que deberían volver a constituir partes integrantes de la economía nacional; todo ello con independencia de su actual ubicación territorial; así como la reinstauración ordenada y gradual del sistema sectorial-industrial. Ello permitiría a la economía española —en el hipotético caso de que se produjera— volver a reincorporarse, en un proceso necesariamente a largo plazo, a la trayectoria de las economías industriales modernas, que avanzan y se desarrollan en medio de una competencia cada vez más feroz y especializada, a partir de la interacción del capital humano altamente cualificado con la industria moderna impulsada por la innovación, organizada por componentes altamente especializados y complejos procesos informáticos, así como por la robótica y las telecomunicaciones; todo ello vinculado al desarrollo y especialización de los servicios a empresas y a la producción.

Un nuevo plan de estabilización asentado sobre el doble pivote de las grandes empresas y de manera muy especial en las pymes y en el contexto de la importante masa crítica de un mercado integrado propio de 47 millones de personas, como base para potenciar unas exportaciones estructuralmente competitivas y sostenibles. Tal desiderátum debería excluir las políticas intervencionistas directas en la producción, simétricamente y en la misma medida que deberían ser corregidas las políticas neoliberales, haciendo descansar el desarrollo y crecimiento de la economía productiva sobre la conjunción articulada y eficiente de los sectores profesionales público y privado, propiciando la cualificación, movilidad y productividad del trabajo, la rentabilidad y seguridad de las inversiones privadas y la eficiencia del sector público en la creación del propicio contexto energético, de infraestructuras funcionales, de la financiación a largo y muy largo plazo de la industria y otros más. En pocas palabras, la adaptación de una vez por todas de la economía española al modelo económico centro y norte-europeo.

La reconstrucción nuevamente del sistema productivo con base en la organización sectorial-industrial de la economía y encaminando el crecimiento económico hacia la misma senda de tales países avanzados, el efecto indirecto más fundamental que produciría sería conferir bases sólidas y permanentes a la reconstrucción del estado del bienestar en toda España en el horizonte de la próxima década y asegurar unas prestaciones de sanidad, educación, justicia y todas las demás conforme al principio de igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos mediante las prestaciones sociales directas a los sectores sociales más desfavorecidos; lo que no es exactamente la misma cosa que la sanidad, la educación o la justicia gratuitas para todos los ciudadanos, sean cuales sean sus niveles relativos de renta y riqueza. Un enfoque este propugnado en España por la izquierda política basado en el igualitarismo ideológico de clara raigambre religiosa y profundamente demagógico, que acaba finalmente favoreciendo más que proporcionalmente a los que más poseen y menos necesidades tienen de ninguna ayuda pública.

Dos enormes dificultades añadidas derivadas de las interdependencias de la economía española con la Eurozona y el comercio internacional

Procede adicionalmente hacer algunas referencias al contexto exterior que necesariamente condiciona y condicionaría el proceso de estabilización de precios y salarios y la reconstrucción de la productividad. En relación con las condiciones externas básicas del plan de estabilización de 1959, puede afirmarse que en aquella época, y a pesar de las limitaciones políticas que representaba la dictadura franquista, el contexto exterior puramente institucional y económico fue extraordinariamente favorable, desde el mismo momento en que los tecnócratas del Opus Dei definieron la esencia de su política, enfocada a reorientar la economía autárquica española hacia la plena concordancia con la economía de libre mercado, y una vez que solicitaron la incorporación de España a los principales organismos multilaterales más representativos de tal sistema: el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la UNCTAD y otros.

No sucede igualmente en la hora presente. El gobierno que se encargara de llevar a buen fin el nuevo plan de estabilización, una vez que fuera viendo coronados por el éxito los primeros compases de la nueva estrategia económica, y en pleno esfuerzo por continuar adelante hasta su culminación, debería definir con el máximo rigor el marco de compatibilidad de y con la política de la Eurozona y luchar a fondo por hacer valer sus logros y conseguir el máximo apoyo del resto de los países miembros de la UE-27. Solo con la fuerza política que confiere el cumplimiento de las obligaciones impuestas y la satisfacción del trabajo bien hecho se posee la fuerza moral y de convencimiento suficiente para conseguir de los demás países el respeto y reconocimiento de la labor realizada, para poder con ello influir en las políticas comunitarias compatibles con las exigencias del nuevo plan de estabilización nacional. Un gobierno legitimado por el cumplimiento del compromiso consigo mismo, con los ciudadanos y con los países de nuestro entorno, por la satisfacción colectiva de encaminar a buen ritmo la estabilización interna de la economía, debería requerir con todas sus fuerzas y alianzas posibles en el seno de la UE-27 y de la Eurozona la estabilidad financiera de esta área económica, mediante la reforma del Tratado de Maastricht y la dotación al euro del mecanismo de la política fiscal, sin cuyo requisito resultaría extremadamente difícil el logro de la estabilización económica en el interior.

Pero el problema tampoco terminaría en el marco de la Eurozona. Suponiendo que este objetivo en el nivel de la Eurozona se consiguiera, el nuevo plan de estabilización de precios y salarios y de reconquista de la productividad en España tampoco podrá ser coronado con éxito si, como se analiza en el capítulo primero, los productos y las empresas de los países de la UE-27 —y entre ellas las españolas— continuaran obligadas a competir forzosamente en los mercados internacionales con los productos y las empresas de países emergentes y en desarrollo, que no respetan ni de lejos las mismas reglas que los países avanzados en materia de costes laborales unitarios. Ningún plan de estabilización, por bien hecho y bien aplicado que estuviera, podría capacitar a las empresas españolas para competir con empresas chinas o de otros países que no contabilizan e incorporan al estadillo de los costes totales medios gran parte de los factores de costes reales, y no imputan además todos aquellos otros costes derivados de prestaciones a los trabajadores que se realizan en los países avanzados y que no son realizadas a los trabajadores de tales países.

En otras palabras, si los productos chinos en los que no se computan muchos de los costes reales que legalmente deben cumplir las empresas españolas van a continuar entrando libremente en los mercados de la Unión Europea y consiguientemente en España, el éxito del nuevo plan de estabilización sería más que dudoso y el futuro de las empresas exportadoras españolas, como las de la gran mayoría del resto de países de la UE-27, sería más que problemático. Un futuro problemático que gravitará de forma general sobre las propias sociedades de los países industriales avanzados. No se trataría de proteger comercialmente las empresas y los productos españoles, al amparo de ninguna política proteccionista; simplemente se trataría de defenderse de la brutal y arrasadora desigualdad de oportunidades en la que se ven obligadas a competir y de la violación de los principios básicos de la competencia centenaria.

Capítulo 10

EL AJUSTE FISCAL, NECESARIO,
NO CREA EMPLEO

El crecimiento exige mejora concluyente de la competitividad; políticas firmes de salarios, precios y productividad; y políticas laborales, empresariales y sectoriales coherentes

El margen extremadamente estrecho de una economía sectorialmente destruida

La industria como sector integrador fundamental de las economías antiguas y actuales, en la concepción moderna de los países más avanzados y eficientes, constituye la locomotora del conjunto de subsectores y ramas de actividad vinculadas con la producción y especialización por componentes de manufacturas y otros bienes, de las tecnologías de información y telecomunicaciones, la innovación de sistemas y procesos de producción y los servicios a empresas y a la producción. La piedra angular de tales desarrollos en las economías modernas avanzadas es la informática, la robótica y la digitalización de procesos, que se articulan sobre la base de la investigación básica y aplicada, la experimentación de nuevos productos, procesos y sistemas y la introducción de innovaciones en los mercados de productos y de factores, así como en los mercados nacionales e internacionales.

Esta aglomeración de procesos operando de consuno constituyen a la vez la locomotora de otro conjunto de servicios derivados, fundamentales en la economía, tales como la logística, transportes y comunicaciones, la distribución y el comercio de productos industriales y de manufacturas, y los servicios de hostelería y restauración de las personas involucradas en tales actividades, sectores y procesos.

Pero la producción y el movimiento de mercancías y la prestación de servicios requieren un tercer conjunto de sectores económicos proveedores de los medios instrumentales básicos que constituyen factores fundamentales de costes: las infraestructuras funcionales, la energía y los sistemas de transporte acordes con los principios de la ventaja comparativa, las economías de escala y las economías externas.

Por último, todo este entramado de sectores, actividades, prestaciones y productos económicos se sustenta sobre las dos columnas hercúleas de las economías competitivas modernas: el capital humano potenciado por la formación, especialización y cualificación de trabajadores, empresarios y empleados públicos; y el capital financiero y de inversión, mediante entidades financieras altamente especializadas, y los mercados financieros.

Y, sin embargo, la locomotora de todo este entramado económico y empresarial, el sector industrial, apenas si generó puestos de trabajo en la economía española entre 2000 y 2007: 300.000 empleos, el 6% de los creados en el total de la economía, en el período de mayor crecimiento del PIB y de la demanda interna en muchos decenios, coincidente con el de mayor potencialidad de crecimiento de las exportaciones debido al fortísimo crecimiento del comercio internacional en el mismo período.

Pero si tal entramado de sectores, subsectores y ramas de actividad que caracteriza las economías avanzadas modernas se han estancado en España, el singular, atípico y sin parangón sistema económico territorial-confederal del Estado de las autonomías se inventó un nuevo modelo de desarrollo económico. En efecto, aparte del poderoso impulso a la inversión privada y la apertura de mercados europeos a las empresas y productos españoles a partir de 1985 (producido por la integración de la economía española en la entonces Comunidad Económica Europea —actual Unión Europea—, que hubiera tenido lugar exactamente igual con otra forma de Estado democrático, unitario o federal), el crecimiento económico de la España autonómica desde la mitad de los años ochenta se fundamentó en un vuelco radical de la economía española hacia el sector de la construcción en general, impulsado por dos fuerzas específicas de gran calado: la primera, la creación densa, generalizada e indiscriminada de infraestructuras de todo tipo por todas las autonomías sin conexión alguna con las prioridades de las estructuras productivas de las actividades industriales, financiadas en una parte muy significativa con los fondos estructurales y de cohesión de la UE; que por ir solos impusieron en el entorno del 1% del PIB en los años noventa y hasta 2003, en que descendió al 0,65% aproximadamente.

La segunda fuerza estuvo conformada por las elevadísimas expectativas de altos beneficios privados en la construcción de viviendas, equipamientos privados y multiplicación de equipamientos autonómicos y municipales, que hacía posible la concentración de las competencias exclusivas sobre territorio, urbanismo y vivienda en las comunidades autónomas, así como la competencia plena financiera sobre cajas de ahorro y cajas rurales, que les fue otorgada por la nefasta Ley 31/1985; todo ello, en el marco regulatorio de la peculiar legislación española sobre el suelo —un auténtico El Dorado moderno aún vigente establecido en la Ley del Suelo franquista de 1956—. Una conjunción de enormes potencialidades, intereses y expectativas de beneficios privados, sin parangón en ningún otro país, que la multiplicación de la capacidad de endeudamiento a tipos muy bajos de interés real, creada por la entrada de España en el euro, elevaría a niveles exponenciales e irracionales, claramente desconocidos y fuera de toda medida en los países de nuestro entorno histórico, cultural y económico, al norte de los Pirineos.

Este entramado atípico de actividades y servicios, juntamente con la explosión del consumismo en todas las autonomías y en todos los sectores sociales, básicamente financiado con endeudamiento interno y externo, que ha llegado a ser monstruoso, conseguiría crear nada menos que unos seis millones de puestos de trabajo, de ellos unos 4.750.000 solo entre 2000 y 2007. Todo ello producto de políticas gubernamentales y autonómicas completamente irracionales y de decisiones políticas, empresariales y financieras temerarias, por acción unas y por omisión otras; auténticos sinsentidos de los partidos gobernantes, en el Estado y en las autonomías, movidos por el interés del poder y las prebendas que reporta, por la corrupción, la ambición ególatra y la más supina ignorancia de la gran mayoría de los altos responsables políticos, entre los que, como ya se ha señalado, el señor Rodríguez Zapatero y la práctica totalidad de sus ministros han sido presa del delirio quijotesco de confundir la gigantesca economía especulativa y desestabilizadora que realmente estaban impulsando y agrandando con el espejismo de la «economía Champions» que creían estar gestionando para la historia. Un despropósito de tal magnitud que va a drenar gravemente las expectativas de empleo, realización profesional y nivel de vida de la generación de los jóvenes que tienen en 2012 menos de treinta años. Unas políticas y decisiones de personas, gobiernos y partidos, temerarias, tan sumamente graves para el conjunto de la población que bajo ningún punto de vista deberían quedar impunes.

La realidad triste y deprimente de esta primera mitad de 2012 es que prácticamente todo este empleo etéreo de los seis millones de puestos de trabajo artificiosamente creados se ha evaporado, dando lugar al 24,7% de paro en abril de 2012 (Eurostat /01. 06.2012); y lo que es mucho más grave, el abandono y desdén de que fue deliberadamente objeto la economía industrial, totalmente estancada entre 2003 y 2007 y que se ha precipitado hacia el hundimiento desde 2008, perdiendo nada menos que 650.000 empleos en los tres años siguientes hasta diciembre de 2011, corroborado por Eurostat en el informe mensual de mayo de 2012, que registra un índice de producción industrial de 79,2 puntos con base 100 en 2005 (el segundo más bajo de los veintisiete países de la UE-27, solo por delante de Grecia, con 70,2). Con ello, el conglomerado de sectores y actividades que existen y se desarrollan en simbiosis con la industria, mencionados al principio de este capítulo, han quedado huérfanos en España de la locomotora que estructuralmente los desarrolla y los impulsa en la gran mayoría del resto de países industriales. En consecuencia, la economía española ha quedado embarrancada y presa de la inanición y el desconcierto, sin sectores económicos mínimamente estructurados, salvo el turismo, para generar los puestos de trabajo necesarios que creen el empleo que demanda la parte cuantitativamente muy significativa de los 5,67 millones de parados al finalizar 2011 según la EPA, entre los 23,6 millones de personas que nutren la población activa española. Estas cifras citadas de Eurostat y la EPA así lo demuestran.

La que parece inevitable y única vía de salida: reforma del Título VIII de la Constitución y aplicación de un drástico plan de estabilización

Reconducir esta gravísima situación de la economía española no parece que sea nada fácil ni que pueda conseguirse sin la creación de un gobierno de emergencia nacional altamente cualificado desde el punto de vista de la complejidad y el carácter marcadamente inextricable de la economía y del funcionamiento del sistema económico. Un gobierno que, de ser posible y llegar a ser una realidad, necesariamente y como condición sine qua non, debería ser ratificado democráticamente por una amplísima mayoría muy holgadamente cualificada del Parlamento. La quimera de estos dos objetivos en el supuesto de que milagrosamente se llegaran a conseguir plantearía la imperativa necesidad de que el mismo debería elaborar y preparar con la máxima urgencia una propuesta de reforma del Título VIII de la Constitución, en la línea señalada en los capítulos 5 y 6 precedentes o en cualquier otra dirección y enfoque que fuera más conveniente y eficaz; para que, una vez elaborada, pudiera ser sometida a referéndum. El elevadísimo riesgo de niveles de paro por encima del 30% (nunca antes conocidos en ninguno de los actuales países industriales avanzados), así como el igualmente elevado riesgo de desembocar en la declaración de bancarrota nacional que nos amenaza cada vez más cerca, hacen que la realidad se acerque por sí misma a la fantasía, lo que obliga a continuar el relato de lo que —me temo— pueda parecerse mucho a la realidad futura.

En el supuesto de que la reforma de la Constitución fuera aprobada, acto seguido y en el menor tiempo posible, el hipotético gobierno de emergencia nacional debería proceder a elaborar un plan de estabilización, al que ya se ha hecho referencia en el capítulo 8, cuyos dos objetivos desiderátum deberían ser la reconstrucción de la organización sectorial-industrial del sistema económico y un programa implacable de reconstrucción de los niveles de competitividad exterior de las empresas y los productos españoles en el mercado nacional y en los mercados internacionales, así como la elevación drástica de niveles sostenibles y estables de la productividad media de nuestro sistema productivo. Sustentado todo ello en un conjunto de políticas (laboral, financiera, empresariales y sectoriales) relacionadas entre sí y técnicamente consistentes unas con otras, con la finalidad de integrar el gigantesco esfuerzo que hay que hacer en una unidad de acción en cuanto a prioridades y objetivos de todos los agentes económicos de la nación. Y aun actuando de esta forma, parece imposible evitar que la economía llegue a situarse en el entorno de los siete millones y medio de parados hacia 2015.

¿Y cómo se incardinan las necesidades apremiantes de financiación cuasi semanales en un planteamiento necesariamente a largo y muy largo plazo?

Cuando estas líneas se están escribiendo, el Gobierno está sumido en el dilema de cómo resolver el agujero monstruoso de unos 20.000 millones adicionales de euros de Bankia y con la incertidumbre de cuál será finalmente el monto de las necesidades de saneamiento financiero del resto de las antiguas cajas de ahorro transformadas en bancos privados por la desconcertante política de los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero, así como las necesidades totales de capitalización del resto del sistema bancario. La preocupación por el deterioro acelerado de la situación económica y financiera en España hace ya más de dos años que ha traspasado las fronteras nacionales; y primero bajo el Gobierno socialista del mismo mandatario citado y en la actualidad bajo el Gobierno conservador del señor Rajoy, las autoridades comunitarias de la Unión Europea están imponiendo la aplicación drástica de políticas de ajuste y consolidación fiscal, con la finalidad de asegurar los fondos que devuelven a los acreedores los préstamos recibidos. Por otra parte, las autoridades europeas, así como las tres agencias estadounidenses de rating, cada vez se aproximan más a la situación financiera y económica de las comunidades autónomas y su función altamente desestabilizadora de los equilibrios básicos de la economía; en primer lugar, sobre su peso determinante en el fuerte desequilibrio presupuestario del conjunto de las administraciones públicas, y de forma creciente sobre la incógnita para ellos de su función en el conjunto del sistema económico de España.

Los sobresaltos cada vez más frecuentes y de cada vez mayor intensidad que se están produciendo, las elevaciones cada vez más marcadas de la prima de riesgo (que se situó por encima de los 540 puntos al finalizar mayo) y las constantes caídas cada vez más frecuentes y cada vez más intensas del índice promedio de las bolsas españolas, el Ibex 35, que rozó los 6.000 puntos en esta misma fecha, son señales inequívocas de que las alarmas sobre la economía española también han traspasado el ámbito político y burocrático de Bruselas y se están extendiendo a lo largo y ancho de los mercados financieros internacionales. En estas condiciones, situada la economía al borde mismo de la intervención de la UE, ningún plan sobre la economía española tendría el más mínimo interés ni credibilidad si no afrontara una solución efectiva de la extrema debilidad del sistema financiero español, y mucho menos si no contemplara las formas y procedimientos que garanticen razonablemente las exigencias de reembolso del principal e intereses por los vencimientos de los préstamos recibidos de los inversores financieros, acreedores de la ingente deuda exterior de las administraciones públicas, de las entidades financieras y de las empresas no financieras españolas.

En estados tan extremadamente graves, una cosa debe tenerse en cuenta: esta situación no se deriva de que no existan inversores con capital suficiente para sostener la financiación de la economía española y todas las demás; justamente en sentido contrario, tal gravedad deriva de las dudas cada vez mayores sobre la viabilidad de nuestro atípico y sin parangón sistema económico de carácter territorial-confederal-autonómico; y de forma expresa, del desprestigio y absoluta falta de credibilidad de los sucesivos gobiernos de los últimos ocho años: los del partido socialista presididos por el señor Rodríguez Zapatero, hasta finales de diciembre de 2011, y el actual que le ha sucedido del Partido Popular en los seis meses que lleva encabezado por el señor Rajoy. En este marco de referencias políticas parece no existir salida alguna, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de la cuadratura del círculo que supone una economía con casi el 25% de la población activa en paro, con los sectores relacionados con la construcción en absoluto desmoronamiento, y los vinculados a la industria arrojados a la paralización y el hundimiento por las políticas irresponsables de ambos partidos políticos, apoyadas y ejecutadas con entusiasmo por los partidos nacionalistas.

El posible resquicio estrecho e incierto de salida del atolladero

Y, sin embargo, sí podría existir una salida si se cumplieran las condiciones de creación y constitución de un gobierno de emergencia nacional, de reforma del Título VIII de la Constitución, y la implementación de un drástico plan de estabilización, antes referidos. Para entender la posible vía de salida que podría existir es necesario recordar y comprender una vez más la experiencia histórica del otro momento en que España se encontró también en el borde mismo de la bancarrota nacional, en la segunda mitad de los años cincuenta del pasado siglo. Ya se ha dicho que en aquella época, como ahora, el peculiar y sin parangón sistema económico de la autarquía que se había implantado por puros intereses políticos e ideológicos del régimen era completamente inviable, técnica y económicamente; al igual que en el momento actual el sistema territorial autonómico lo es también. Pero a diferencia de la situación actual, aquel régimen político estaba completamente aislado internacionalmente, sin credibilidad alguna ni en lo económico ni en lo político. Al menos ahora España forma parte de la UE-27 y de la Eurozona, a pesar de que la Comisión Europea y los principales líderes del resto de los estados miembros nos estén sometiendo a un control muy estricto (circunstancia, por otra parte, que resulta completamente lógica, ya que, en su gran mayoría, intervienen defendiendo a los bancos de tales países, que son los principales acreedores del endeudamiento externo de la economía española).

La solución que en aquella época concibió y aplicó el equipo de tecnócratas del Opus Dei que había asumido el control de la economía, ante la inminente declaración de quiebra, consistió en la elaboración de un plan de estabilización técnica y económicamente coherente, demostrando a la vez un dominio y conocimiento profesional de la situación real de la economía y de las políticas necesarias que debían ser aplicadas; todo ello junto a una voluntad firme de aplicarlo y llevarlo a buen término. Hay que recordar que el primero de los organismos al que fue presentado dicho plan, solicitando su visto bueno, aprobación y apoyo financiero, el FMI, desplazó a España una comisión especial, y tras un concienzudo estudio del mismo dio su aprobación. Después del FMI lo harían la OCDE, el Banco Mundial y demás organismos multilaterales. Tras su aprobación en junio de 1959, se inició su implementación, provocando unos durísimos ajustes que obligó a dos millones de españoles a emigrar a Alemania, Francia, Suiza y Bélgica; y superada esta primera etapa traumática, pocos años después la economía estaba creciendo a tasas del 5% al 8%, próximas y equiparables a las de Japón, que era la economía estrella de aquella época.

La solución a la grave situación actual podría consistir técnicamente en algo equivalente. Formar un gobierno de emergencia nacional con personas profesionalmente competentes y fuera de toda duda; personas honestas y con experiencia probada que asumieran y se comprometieran a fondo y sin reservas; personas capacitadas para elaborar y preparar el plan de estabilización; personas dispuestas a comprometerse a fondo con la tarea y el esfuerzo enorme que requiere tal objetivo; personas con sensatez y aplomo, capaces de sacar adelante un proyecto de tal envergadura. Personas, en fin, susceptibles de comprometerse y cumplir los compromisos que adquiriesen, y con capacidad de convencimiento para persuadir a los ciudadanos de la honestidad y eficacia de sus planteamientos y de su capacitación profesional para llevarlos hasta el final; nadie es capaz de convencer a nadie de nada si él mismo no está convencido. El conocimiento profundo de la realidad actual de la economía española, el conocimiento profesional de las tareas y trabajos a realizar para resolverla y el compromiso inquebrantable para llevarlo a cabo sin condiciones, así como la coherencia técnica interna del plan de estabilización en sí mismo que pudiera ser elaborado, serían requisitos imprescindibles para obtener de los ciudadanos, vía refrendo, el poder político que necesitaría el gobierno de emergencia nacional para poder enfrentarse a un reto de tal envergadura y conseguir emprender un camino tan espinoso y lleno de dificultades.

Pero tales mismas virtudes podrían ser igualmente válidas para que los demás países de la UE-27 y de la Eurozona dieran el imprescindible y absolutamente necesario apoyo activo a dicho plan, y así los inversores institucionales y los mercados financieros tuvieran seguridad suficiente para comprometer sus recursos en la financiación de las inversiones imprescindibles que permitieran reconducir nuevamente la economía hacia la senda de reindustrialización tan fútilmente abandonada.

Una consideración adicional es preciso señalar: ¡no más infraestructuras, por favor! España ocupa el lugar 12º en el ranking mundial del mundo en cuanto a dotación de infraestructuras económicas, por delante de muchos de los países económicamente más avanzados; y, sin embargo, se encuentra en el lugar 49º en el ranking mundial de desarrollo y eficacia de las instituciones económicas sobre las que bascula la organización de las actividades productivas, encontrándose algunas de ellas en lugares por debajo del puesto número cien, en niveles de auténtico subdesarrollo.

No obstante lo anterior, el problema fundamental y absolutamente determinante más difícil de resolver es el contexto político que pudiera propiciar una salida como la apuntada. En el período 1957-1959 España se encontraba bajo la dictadura y el poder autocrático del general Franco; en cambio, ahora, el Estado y la economía están controlados por la partitocracia política y por la plutocracia del poder financiero de la banca privada y las grandes empresas multinacionales y transnacionales, amén de la tiranía de los «mercados financieros». Una situación enquistada, la política, para la que no se vislumbra ninguna posibilidad de que los partidos políticos sean conscientes de su enorme responsabilidad en la gestación y desarrollo galopante de la crisis económica que está enviando al desempleo a millones de personas y a millones de familias al hundimiento económico y moral. Los partidos políticos deberían saber que si bien la dictadura franquista y el régimen autocrático instaurado por el vencedor de la Guerra Civil, en sus horas iniciales y por largo tiempo segó la vida de cientos de miles de personas, la partitocracia actual y su absurdo sistema territorial-confederal-autonómico está segando el medio de vida de muchos millones de personas, privándolas del trabajo conseguido con su profesionalidad y esfuerzo. Y privar a las personas del trabajo y del medio de vida es privarlas de la dignidad de hombres y mujeres libres, reduciéndolas a la condición de personas dependientes, desiguales y carentes de libertad personal.

Sólo queda la esperanza de que, abocada la economía al colapso, la reacción social que se pueda desencadenar obligue a la clase política a asumir su responsabilidad, propiciando y favoreciendo la creación y constitución de un imprescindible Gobierno de emergencia nacional: el que en su caso pudiera asumir la reconducción económica y política de la nación, más o menos en la forma y la dirección aquí apuntadas o de un tenor más o menos equivalente; o en cualquier otro que cambie el rumbo de la economía y saque al país del marasmo y desconcierto en el que se encuentra.

EPÍLOGO

EL QUID DEL PROBLEMA ACTUAL DE ESPAÑA

Esencialmente de naturaleza política, a pesar de ser la

cuestión económica absolutamente determinante,

derivado del compacto sistema de partitocracia imperante

España bajo un desequilibrio institucional de poderes que convierte a los partidos políticos en árbitros interesados de la estabilidad política y la ficción del igualitarismo económico

Es sabido que la Constitución española incorpora un mecanismo de reparto de competencias entre el Estado central y las CC.AA. bastante parecido al de la Constitución de Estados Unidos, consistente en establecer una lista de materias de competencia exclusiva del ente constitucional naciente, las CC.AA. (art. 148.1), la lista de materias de competencia exclusiva del Estado nacional preexistente (art. 149.1) y la cláusula residual (art.149.3, aserción 1ª): «Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos».

Pues bien, este sistema en el modelo original de la Constitución estadounidense es una de las dos piezas maestras del formidable equilibrio de poderes y estabilidad que caracteriza el sistema económico y político de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso español, este mismo sistema, en la forma peculiar y diferente en que se aplicó en nuestra Constitución, se ha convertido en el principal factor de desequilibrio de poderes y de inestabilidad a largo plazo en el que ya nos encontramos, al menos del sistema económico, y probablemente también de todo el sistema político, aunque este aspecto, como se ha podido comprobar en lo que precede, ha quedado fuera del alcance de este trabajo.

Referido al caso de la Constitución estadounidense de 1787, tras casi doscientos veinticinco años de vigencia, el profesor de la Universidad de Grenoble (Francia) André Mathiot, en referencia al federalismo en Estados Unidos, afirma: «El éxito de la Constitución americana es el éxito del federalismo, y el éxito del federalismo ha dependido de la salvaguardia de los estados y de sus derechos. Si la Constitución ha durado [...] ha sido gracias al equilibrio entre la federación y los miembros de la misma, equilibrio que estableció la Constitución y que se ha mantenido durante largo tiempo admirablemente».37

En la exposición explica que este equilibrio se sustenta básicamente en el contrapeso de dos principios fundamentales: de una parte, la amplia relación de competencias otorgadas en el artículo primero al Estado federal naciente; la última de ellas, la número 18, establece: «El Congreso tendrá facultad [...] para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al Gobierno de Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios».38 De este precepto deriva el conocido principio de poderes implícitos,39 según el cual la concesión en sí misma de una atribución o competencia por una entidad facultada para ello —la concedente, cualquiera que sea— a otra concesionaria para realizar una función determinada que requiera la utilización de medios específicos, legales, humanos, materiales, financieros y/o de otro tipo, lleva implícito en el acto de la concesión el derecho de la entidad concesionaria a requerir del concedente la asignación y cesión de tales medios o poderes necesarios para tal fin, sin cuya concesión aquel otorgamiento queda sin contenido material y consiguientemente legal. Por su propia definición, los poderes implícitos son siempre otorgados por el poder preexistente en favor del poder naciente.

La contraparte del equilibrio constitucional y, por consiguiente, de la estabilidad del sistema económico estadounidense la forman todo el conjunto de materias cuya competencia exclusiva no fue expresamente asignada al Estado federal y tampoco expresamente negada a los estados federados, la «cláusula residual». Está determinada por la Enmienda X aprobada simultáneamente con la propia Constitución, que preceptúa lo siguiente: «Los poderes no delegados a Estados Unidos y no expresamente negados a los estados son reservados a los estados o al pueblo». La Constitución otorga estos poderes a los estados federados como contrapeso a los poderes implícitos concedidos al Estado federal, como condición del equilibrio constitucional y garantía de estabilidad del sistema económico y político.

De la simple superposición de ambos sistemas, el estadounidense y el español, se colige que la semejanza entre ambos es solo formal y engañosa: el Estado de las autonomías representa la antítesis del equilibrio constitucional estadounidense y, más bien al contrario, la exégesis del desequilibrio sistémico inherente a la Constitución española misma. En efecto, en la Constitución estadounidense cada uno de dichos mecanismos de poder efectivo referidos corresponde a cada uno de los dos poderes existentes: los poderes implícitos al poder naciente (el Estado federal) y la cláusula residual al poder preexistente (los estados federados). Por el contrario, en el caso de la Constitución española, ambos poderes han sido asignados a una y la misma parte, las comunidades autónomas, que son por definición las beneficiarias de los poderes implícitos, y que además, y sorprendentemente, fueron beneficiadas también con la competencia exclusiva de las materias residuales (que son la inmensa mayoría), otorgadas por el artículo 149.3, aserción 1ª. Como se ve, lo que en la Constitución estadounidense son dos fuerzas que se contraponen una de cada lado para formar el formidable equilibrio que dura ya más de dos siglos, en la Constitución española son dos fuerzas que actúan del mismo lado sin contrapeso alguno, las comunidades autónomas, conduciendo al desequilibrio institucional y estructural del sistema económico y político.

El resultado no puede ser otro que una inestabilidad potencial total, al superponerse una fuerza sobre la otra sin contrapeso posible, conduciendo de forma inevitable, más tarde o más temprano, la economía y la sociedad entera al colapso. En conclusión, un formidable desequilibrio económico y una gran inestabilidad institucional que ha conducido a despojar al Estado, entre otras, de la competencia exclusiva de las materias económicas que conforman la política fiscal —junto con otras materias económicas—, una de los dos componentes inherentes de la política económica, sin la que es imposible actuar sobre el ahorro y la inversión determinantes de la cara interna del equilibrio estable de la economía, y su anverso, la cara del equilibrio externo entre exportaciones e importaciones. Un sistema económico-territorial que, sin estos mecanismos y con otros más del propio Estado autonómico, supone la transformación de España, al menos desde la vertiente económica, en un Estado cuasi confederal, asemejándose en su conformación económica a los estados federales e incluso a una «agrupación de estados de derecho internacional».40

Ante este sistema intrínsecamente inestable, la única forma de mantenerlo en funcionamiento es doble: la primera y más importante, que todos los partidos disfruten simultáneamente de las prebendas del poder, más o menos equilibradamente, mediante la presencia de todos los partidos simultáneamente en algunos o varios gobiernos autonómicos; la segunda, mediante pactos continuos entre los diferentes partidos políticos respecto a los intereses en juego, todo lo cual confiere a los partidos políticos un protagonismo desmedido respecto al peso y estabilidad de las instituciones en sí mismas. Cuando sucede que un solo partido acapara una fuerte desproporción respecto al otro, como ocurre en la actualidad, al inicio de 2012, con el PP tras las elecciones del 20-N, la inestabilidad puede volverse peligrosa, ya que el partido «excluido», el PSOE en este caso, puede ceder a la tentación de recurrir a la fuerza de «la calle», desestabilizando todo el sistema económico y político. Que lo haga o no lo haga no resta un ápice al factor sistémico de inestabilidad, que reside en que lo puede hacer.

Ausencia de mecanismos constitucionales que operen como salvaguardia de instituciones económicas básicas permanentes, frente a decisiones de alto riesgo de los gobiernos democráticos

El banco del Estado francés Caisse des Dépôts fue creado en 1816 para financiar las indemnizaciones de guerra reclamadas por Inglaterra y Prusia tras la derrota de Napoleón en Waterloo. Lleva ciento noventa y cuatro años funcionando como el brazo financiero del Estado francés; en 2009 hizo emisiones a largo plazo por importe de casi 200.000 millones de euros, entre otras, con la finalidad de financiar a largo plazo la industria privada francesa. Cuantas veces alguno de los gobiernos, especialmente durante la IV República, pretendió modificar su función institucional, el Consejo de Estado lo vetó por mayoría cualificada. En el caso de Estados Unidos, Ronald Reagan, con su inmenso poder, privatizó el sistema de cajas de ahorro, pero cuando pretendió hacer lo mismo con otras agencias federales de financiación de la economía como Ginnie Mae, Farmer Mac y otras, el Senado vetó la propuesta y, en consecuencia, continúan activas.

En España, en cambio, tras el más importante proceso de desarrollo industrial de su historia entre 1959 y 1977, aproximadamente, cabía esperar que los gobiernos democráticos surgidos de la Constitución de 1978 continuaran impulsando la misma trayectoria, salvando, al igual que la mayoría del resto de países de Europa occidental y Norteamérica, el enorme shock que supusieron las dos enormes y súbitas subidas de precios del petróleo y encarecimiento de los costes. Pero lamentablemente no sucedió así; contra todo pronóstico, los sucesivos gobiernos socialistas presididos por Felipe González liquidaron de raíz instituciones fundamentales del desarrollo industrial, produciendo el giro copernicano hacia la economía territorial de las CC.AA., que se ha analizado en el capítulo 7. Se ha suprimido y privatizado el Banco de Crédito Industrial (apartado 6.5.3) y se ha suprimido y privatizado el Banco Hipotecario de España (BHE), que debía desarrollar en España la misma función de refinanciación de la vivienda, al igual que en los demás países del mismo entorno económico (apartado 6.6). Ha sido igualmente suprimido y privatizado el Banco Exterior de España (BEE), especializado en la financiación de las exportaciones, como Natixis en Francia y otros en otros países (apartado 6.7.2). En el colmo del despropósito, mediante la misma Ley 25/1991 de 21 de noviembre, fue suprimida y privatizada la Caja Postal, integrada posteriormente en el BBV para formar el BBVA, dejando sin el soporte del servicio de transferencias, depósitos y ahorro al organismo de Correos; como dicho servicio era esencial y absolutamente necesario, esta entidad se vio obligada a promover un acuerdo con otra entidad financiera, el Deutsche Bank alemán, para crear Bancorreos; el resultado ha sido redondo para la banca privada: de una parte el BBV se quedó con el fondo de comercio y los activos valiosos de la antigua Caja Postal, y de otra parte, el Deutsche Bank obtiene sustanciales beneficios por el servicio que dejó de prestar Caja Postal. A los primeros beneficios bancarios del BBVA se sumaron después los segundos del Deutsche Bank, unos y otros a costa del contribuyente español, y lo que es aún más desconcertante, promovido y ejecutado todo ello por el PSOE y la izquierda española (apartado 6.5).

Pues bien, esto lo pudo hacer un partido político de izquierdas como el PSOE a sabiendas de que la derecha conservadora no se iba a oponer y sin ninguna institución pública en ninguna instancia del Estado que pudiera actuar como contrapeso. A diferencia de Francia, en el caso de España, el Consejo de Estado carece de competencias para cumplir dicha función. Pero en el caso que fuera posible cambiando la normativa, la presencia de políticos exaltos cargos del Gobierno en el mismo lo haría en todo caso absolutamente ineficaz. Sirva de ejemplo el caso del expresidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, actualmente miembro de dicha institución. ¿Cómo podría pensarse, por ejemplo, que esta persona podría actuar limitando privatizaciones temerarias como el servicio público de Loterías y Apuestas del Estado cuando él mismo, mientras fue presidente del Gobierno, promulgó el Real Decreto-ley 13/2010 de 3 de diciembre por el que en su artículo 14 acordó la privatización del mismo? Las posibles contradicciones pueden aparecer en cualquiera de las decisiones.

Otro caso de los muchos sucedidos durante los gobiernos socialistas presididos por el señor Rodríguez Zapatero fue la derogación del trasvase del Ebro, en 2004, nada más tomar posesión del cargo. Respecto a su trascendencia brutal en el funcionamiento de las instituciones en España, cabe señalar lo siguiente:

El agua, los ríos y el regadío, en un país mayoritariamente de secano como es España, a lo largo de siglos en los que la agricultura era la principal fuente de recursos de la economía, constituyeron en conjunto uno de los principales componentes de la sociedad que más ha contribuido a conformar la idiosincrasia y la propia cultura española, dando origen al conocido «problema del agua». La preocupación hasta la obsesión por la falta de agua para los cultivos llevó a cada familia, cada pueblo y cada región a considerar como propia el agua de los ríos de los que dependía la abundancia o escasez de sus cosechas. Era una cuestión vital.

Los ríos y el agua motivaron una cuestión jurídica y política que afectaba vitalmente a derechos e intereses desde al menos la ocupación de la Península por los árabes; y que adquirió naturaleza formal de Estado a mediados del siglo XIX, en que se promulgaron las primeras leyes de aguas con la finalidad de otorgar instrumentos de políticas de agua a los gobiernos de la nación. Desde las primeras leyes de la segunda mitad del siglo XIX, la Ley 29/1985 de 2 de agosto de aguas, del Gobierno socialista de Felipe González, realizó dos aportaciones claves: el agua es un bien público de todos los españoles y se debe gestionar mediante la planificación hidrológica, como medio de articular la multiplicidad de intereses privados, desde las zonas y regiones de cabecera hasta las tierras de regadío en las regiones beneficiarias. Y precisamente, como demostración fehaciente de intereses tan encontrados, varias CC.AA. plantearon recursos de inconstitucionalidad a la Ley.

En el siglo largo transcurrido desde 1866, numerosos políticos y técnicos se habían implicado en intentar resolver el problema del agua, especialmente el movimiento de los regeneracionistas, como Joaquín Costa y Macías Picabea, y posteriormente, Lorenzo Pardo. Instrumentos jurídicos tales como las cuencas hidrográficas, las confederaciones hidrográficas y los sindicatos de regantes, entre otros, fueron intentos de buscar soluciones válidas que permitieran aunar o al menos acercar los múltiples intereses contrapuestos en juego. Una de las posibles soluciones que se plantearon fueron los trasvases de agua entre las regiones húmedas del norte y la España seca al sur del Tajo.

En el marco de los planes hidrológicos de obras hidráulicas, con el antecedente fructífero del «Trasvase Tajo-Segura» y, en este escenario difícil, propicio a los egoísmos, localismos e incluso confrontaciones y conflictos entre regiones enteras, el Gobierno socialista de Felipe González afrontó el reto de plantear y llevar a cabo un segundo trasvase de gran envergadura, el «Trasvase del Ebro», como aplicación práctica del Plan Hidrológico Nacional, presentado por el Gobierno en 1993. En mucha mayor envergadura de lo sucedido con la Ley del agua de 1985, las reacciones opuestas brotaron desde todos los puntos de intereses económicos y políticos afectados, tanto desde el PP, entonces en la oposición, como desde áreas próximas e incluso internas al propio PSOE y de los partidos regional-nacionalistas, como el PAR en Aragón y ERC en Cataluña.

La entrada en juego en el proyecto del enorme poder que acumulan las autonomías en España colocó en la cuerda floja al Consejo Nacional del Agua e hizo derivar el proyecto a concesiones sin fin, especialmente a la Generalitat de Cataluña, quedando básicamente descabalgado de sus objetivos iniciales. Sea como fuere y con gran parte de su bagaje dejado en el camino, el plan hidrológico fue finalmente aprobado.

El resumen de todo lo sucedido permite extraer dos conclusiones:

Desde el punto de vista técnico, lo que quedó del plan fue un pálido reflejo del objetivo perseguido por el ministro socialista Borrel y su equipo.

No obstante, lo que aparece como el principal logro fue haber conseguido que una gran mayoría de todos los intereses en juego dieran el sí al acuerdo del Consejo Nacional del Agua, un verdadero hito impensable en la España democrática, ya entonces seriamente fragmentada y compartimentada por el sistema autonómico.

Pues bien, en este contexto, el señor Rodríguez Zapatero, tras el necesario trámite de toma de posesión como nuevo presidente del Gobierno en las elecciones generales de 2004, necesitando para gobernar los votos de ERC —uno de los dos únicos pequeños partidos políticos regionalistas que se opusieron frontalmente desde el principio al plan hidrológico y al trasvase del Ebro—, no dudó un instante en llevarse por delante tal acuerdo que reflejaba el interés nacional en un proyecto de la envergadura como el que se ha reseñado. Tal como se acaba de decir, en el punto al que habían llegado las concesiones, lo fundamental que quedaba tenía demasiado poco ya que ver con el agua del Ebro o con el agua de las plantas desalinizadoras; lo verdaderamente importante había sido la voluntad de perseverar y llegar al final de un acuerdo entre nada menos que los intereses múltiples y diversos de nueve comunidades autónomas, del que no había antecedente alguno, en un país tan dado a la fragmentación, los localismos, regionalismos, nacionalismos y cantonalismos.

Y fue esto último lo que realmente se llevó por delante el Real Decreto-ley de 2004, primero de la serie tenebrosa de los promulgados por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, mencionados en el apartado 3.4 del capítulo 3. Y esta supeditación de los intereses nacionales a los circunstanciales intereses políticos electorales partidistas, de la que hizo gala el expresidente socialista, ha puesto de manifiesto la carencia en el ordenamiento constitucional de España de mecanismos que protejan el interés nacional frente a la voracidad de decisiones gravemente perjudiciales de los políticos gobernantes, como la que se acaba de referir.

Pero la que se acaba de reseñar no fue la única; otro hecho semejante había tenido lugar antes, tras las elecciones generales de 1996. El Partido Popular no había conseguido la mayoría absoluta y necesitaba los votos de CIU y el PNV para formar gobierno. En aquel momento se habían ejecutado el 76,1% de los acuerdos de traspaso con las CC.AA., el 57,7% de las transferencias de funcionarios y el 25,6% de los recursos financieros correspondientes al coste efectivo de los servicios; todo ello según el conjunto de los estatutos de autonomía aprobados y vigentes. En aquel momento, todavía el peso mayoritario de la economía correspondía al sistema productivo integrado nacional.

Pues bien, el candidato a presidente del Gobierno del Partido Popular, el señor Aznar, no dudó ni un segundo en comprometer con CIU y PNV la ejecución de todas las transferencias pendientes. Hay que señalar que, conforme al «principio de poderes implícitos» antes mencionado, tales transferencias de nuevas materias exigían las correspondientes transferencias de los recursos financieros, para lo cual el señor Aznar debió comprometerse a proponer al Consejo de Política Fiscal un nuevo plan de financiación de las CC.AA. en 2001.

Es de señalar que estos dos hechos fueron determinantes para que, entre aproximadamente 1998 y 2001, el peso de las economías autonómicas en el sistema productivo nacional pasara a ser mayoritario, y la economía experimentara el cambio de inflexión, iniciando la pendiente inclinada de la recesión estructural, a pesar de que el PIB continuaba su explosivo ascenso. Este ha sido el hecho más trascendente de la política del Partido Popular para fragmentar la estructura del sistema económico en España, juntamente con todos los del PSOE que han sido ya citados.

La conclusión es la ya señalada: España carece de mecanismos constitucionales que aseguren la permanencia y estabilidad a largo plazo del conjunto de las instituciones económicas fundamentales, cuya consolidación eficiente en el largo plazo requiere la salvaguardia estable de las mismas, frente a posibles decisiones de alto riesgo de un gobierno con mayoría absoluta que supongan elevados riesgos y un alto coste para el conjunto de los ciudadanos, como las dos que se acaban de mencionar.

Algunos de los casos bordean el escándalo o simplemente entran en él. A tal efecto, es preciso señalar las situaciones de corrupción económica y política flagrantes que saltan con más frecuencia de la que fuera deseable al conocimiento de los ciudadanos en los medios de comunicación. Cuando afectan a miembros del partido político que controla el gobierno correspondiente, resulta imposible nombrar una comisión de investigación en el Parlamento correspondiente; simplemente dicho partido la bloquea, con lo que queda como único recurso el que debería ser el último, la justicia. Pero esto supone aceptar como un hecho normal del sistema la judicialización de la política.

El poder omnímodo de los partidos políticos permite a estos utilizar las transferencias de competencias a las CC.AA. para conseguir el poder del gobierno central, a costa de desmantelar la organización macroeconómica del sistema productivo

Acuerdos de traspasos, personal y recursos a las CC.AA., correspondientes a los diecisiete estatutos de autonomía de la primera ronda entre 1979 y 1983

A los efectos de poder realizar el análisis comparado entre la significación económica de las distintas materias de competencia exclusiva entre el Estado y las comunidades autónomas, se muestra a continuación el recuadro E/1.A, que recoge los acuerdos de traspasos, con el detalle del personal y recursos transferidos. La fuente de información es el Ministerio de Economía y Hacienda.41

Recuadro E/1. A: Acuerdos de traspasos a las comunidades autónomas

Legislaturas

Partido
de gobierno

Acuerdos
de traspasos

Personal
traspasado

Coste
efectivo*

Nº

Períodos de sesiones

Número

%

Número

%

Número

%

I

01/03/1979 a 28/10/1982

U C D

285

15,37

144.090

17,67

1.792

7,38

II

28./10.1982 a 22/06/1986

P S O E

677

36,52

217.272

26,64

1.931

7,95

III

22/06/1986 a 29/10/1989

P S O E

98

5,286

45.508

5,58

562

2,31

IV

29/10/1989 a 06/06/1993

P S O E

52

2,805

28.014

3,44

414

1,70

V

06/06/1993 a 03/03/1996

P S O E

303

16,34

35.408

4,34

1.505

6,19

VI

03/03/1996 a 12/03/2000

P. Popular

279

15,05

192.272

23,58

6.074

25,00

VII

12/03/2000 a 01/04/2004

P. Popular

82

4,42

150.158

18,41

11.744

48,34

VIII

Desde 02/04/2004

PSOE

78

4,20

2.523

0,31

242

1,00

Total

1.854

100

815.544

100

24.295

100

(*) Coste efectivo en millones de euros en valores corrientes de cada año. No son valores constantes, por tanto, no son susceptibles de comparación. Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas.

Los datos del recuadro ponen de manifiesto que el aumento notorio de los traspasos de competencias a las CC.AA. coincide con legislaturas en las que ninguno de los dos grandes partidos nacionales ha alcanzado la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para formar gobierno y el que ha conseguido la minoría mayoritaria necesita los votos de los diputados de los partidos nacionalistas, fundamentalmente de Cataluña y el País Vasco, para conseguir la investidura (a los que ofrece en compensación los acuerdos correspondientes de traspasos). En efecto, una lectura atenta de los datos del recuadro pone de manifiesto lo siguiente:

Los traspasos han tenido lugar en las ocho legislaturas anteriores a marzo de 2004, en las que en unas o en otras han gobernado todos los partidos políticos de ámbito nacional: UCD (1979-1982), PSOE (982-1996) y PP (1996-2004). Las transferencias han sido particularmente intensas con el Gobierno de la UCD (285 traspasos, 144.090 funcionarios traspasados y 1.792 millones de euros de coste efectivo); en el primer Gobierno socialista (677, 117.272 y 1.931, respectivamente) y de forma mucho más intensa en las dos legislaturas consecutivas del PP (361, 342.430 y 17.828, respectivamente). Ello supone que todos los partidos, tanto los conservadores de derecha como la autoproclamada izquierda, han ratificado el nuevo modelo económico implícito en el nuevo Estado de las autonomías, sin la más mínima salvedad ni objeción.

Si se correlaciona el ritmo de los traspasos con la situación política de las respectivas legislaturas, se observa que en los casos en los que ha habido mayorías absolutas la intensidad de las transferencias se redujo considerablemente; es el caso de la III y IV legislaturas con mayoría absoluta del PSOE; y de la VII con mayoría absoluta del PP, en la que los acuerdos se redujeron a una tercera parte respecto a las precedentes correspondientes con mayoría relativa.

Contrariamente, las legislaturas con mayoría relativa en las que los partidos nacionales necesitaron el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas y regionalistas para gobernar los traspasos experimentaron fuertes aumentos, tal como sucedió con la legislatura V del PSOE, que multiplicó casi por seis el número de acuerdos y casi por cuatro el coste efectivo traspasado; e igualmente, en la legislatura VI con mayoría relativa del PP, en la que los funcionarios traspasados se multiplicaron por 4,5 veces y el coste efectivo traspasado por cuatro.

La conclusión parece clara: la secuencia de transferencias de competencias y recursos a las comunidades autónomas entre 1979 y 2004 refleja el doble hecho de la plena conformidad de los dos grandes partidos nacionales —de izquierda y derecha— con el modelo económico autonómico, y el desmantelamiento del sistema económico nacional interdependiente, mediante el traspaso de competencias y recursos a las economías autonómicas y a los partidos nacionalistas, a cambio de los apoyos parlamentarios de estos para alcanzar aquellos el poder político en España. En resumen: desmantelamiento de la economía nacional interdependiente en favor de las comunidades autónomas, a cambio de asegurar los partidos políticos el poder político en España a corto plazo. Claramente, una venta ignominiosa no ya por un plato de lentejas, ni siquiera por una cucharada.

En la VI legislatura, el Partido Popular no tuvo mayoría absoluta y para gobernar negoció con el PNV y con CIU el apoyo parlamentario correspondiente. Entre esta legislatura y la VII, realizó todos los acuerdos de traspaso y de las transferencias de funcionarios, y practicó todas las liquidaciones del coste efectivo de los servicios que restaban, correspondientes a la primera ronda de estatutos de autonomía, hasta completar el 100% de los mismos. Incluso se comprometió a un nuevo sistema de financiación de las CC.AA. a costa de transferir una proporción mayor de los impuestos propios del Estado, aprobado en 2001 y puesto en aplicación en 2002.

En la VIII legislatura ya no había más acuerdos de traspasos ni transferencia de funcionarios ni tampoco liquidaciones del coste efectivo de los servicios pendientes de cumplir. El señor Rodríguez Zapatero, vencedor sin mayoría absoluta en las elecciones de 2004 y necesitado de los votos nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar, no dudó en abrir una segunda ronda de estatutos de autonomía y de transferencias a las CC.AA., a costa de desmembrar y desintegrar la cohesión interna de lo que quedaba del propio sistema productivo. Fue el «Estatut» de Cataluña y los nuevos Estatutos de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y tres más. En 2008, tal sinsentido quedó paralizado en seco, al desencadenarse la crisis económica, provocada principalmente por el propio sistema autonómico, bastante similar en lo económico a los antiguos estados confederales, como se ha visto, y sin semejanza alguna con los actuales estados federales.

La fragmentación política confederal del sistema económico en España, factor exponencial de multiplicación del poder real de los partidos políticos, a costa de los intereses de los ciudadanos

Con el simple apoyo del cálculo aritmético se deduce con suma facilidad la fuente inagotable de poder real económico que supone el Estado de las autonomías para todos los partidos políticos sin distinción de ideologías. En efecto, un simple recordatorio muestra que, al margen de la capacidad productiva potencial de la nación, o lo que es lo mismo, si se puede costear o no, existen en España 1+17 parlamentos, 1+17 gobiernos con las correspondientes administraciones políticas, económicas, jurídicas, técnicas y burocráticas; un número más o menos equivalente de televisiones públicas; unas 200 (Estado central) y 200 (autonómicas) más representaciones comerciales, de representación y/o diplomáticas, en el exterior; 1+17 presidentes de Gobierno; en el entorno de unos 250 ministros/consejeros; entre 2.000 y 3.000 directores generales; alrededor de 5.000 presidentes de empresas públicas, institutos diversos, fundaciones y consorcios; cada uno de ellos con los correspondientes costes de personal asignado, despachos y estancias, en ocasiones lujosas según informaciones en los medios, coches y automóviles, muchos blindados y otros muchos de gama alta y precios desproporcionados.

Desde que se constituyeron las diecisiete autonomías hacia 1983, ninguno de los partidos de derecha, de izquierdas y nacionalistas vascos y catalanes se quedó fuera del poder real de gobierno. En algunas legislaturas el PSOE habrá conseguido más gobiernos autonómicos que el Partido Popular, y en otras habrá sucedido lo contrario, pero ambos partidos han disfrutado permanentemente de las prebendas del poder. En especial, la dimensión y magnitud del poder cuasi soberano de las comunidades autónomas en España no guarda relación alguna con el poder de los estados federados o Länder, en los estados federales, tal como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 3.

Un estudio al parecer elaborado por asesores de la presidencia del Gobierno para conocimiento interno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. Estos políticos se encuentran trabajando a todos los niveles de la Administración. Supone un número de 300.000 políticos más que Alemania, y el doble que Italia y Francia. En internet se puede leer el informe, en el sitio: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4103500/07/ 12/Espana-se-consolida-como-el-pais-conmas-politicos-de-toda-la-Union-Europea.html.

De ser realmente ciertos, de confirmarse y de ser tales datos reflejo fiel de la realidad, algo que debería aclararse de manera fehaciente, supondría que habría unos 65.896 concejales, unos 40.000 cargos políticos de confianza, más de 130.000 empleados en empresas públicas o con participación estatal, unos 65.000 sindicalistas liberados, más de 31.000 cargos en organizaciones patronales, más de 8.000 políticos en cargos directos en instituciones sanitarias y por encima de los 9.300 en entidades educativas. Otros casi 100.000 políticos se distribuyen en otros 47 renglones correspondientes a otras tantas actividades remuneradas más.

Y a pesar de todo, la salida democrática de la crisis económica requiere por necesidad las reacciones en positivo de muchos políticos conscientes en el seno de los propios partidos

En todo lo que antecede se ha hecho referencia genéricamente a los partidos políticos; sin embargo, estas instituciones están integradas por ciudadanos, de igual forma que cualquier otra institución. Y como en todas las demás instituciones, las formas de pensar, la escala de valores y las actitudes de las diferentes personas que las integran pueden ser muy distintas. Ello deviene en el hecho de que, con seguridad, en todos los partidos políticos militan muchas personas que no valoran de una forma tan concluyente el papel intocable del Estado autonómico y son conscientes de que la forma en que está desarrollado en el Título VIII es susceptible de modificación y mejora, al menos en parecidos términos a los expuestos en la «Introducción».

Y es en la dimensión relativa de tales colectivos en los distintos partidos políticos, de su voluntad de cambio y reforma del Título VIII y de su decisión de pronunciarse en tal sentido, donde se asienta la posibilidad de reconducir la organización del sistema económico sin producir más costes sociales de los que ya se están produciendo desde que estalló la crisis económica. No parece que existan otras vías por las que se pueda reconducir la situación actual.

METODOLOGÍA Y SOPORTE ESTADÍSTICO

La Contabilidad Nacional, fuente armonizada y básica

La Contabilidad Nacional es el registro numérico armonizado a nivel mundial de la actividad realizada por los cuatro agentes económicos en cada nación (Estado, familias, empresas y extranjeros) en cada ejercicio anual. El sistema de Contabilidad Nacional, con sus cuadros estadísticos incorporados, es la herramienta fundamental del análisis macroeconómico que surgió en Inglaterra en 1945, y fue adoptada y normalizada por Naciones Unidas (ONU) en 1953, con posteriores revisiones y actualizaciones en 1968 y 1995. De ella derivan y con ella se corresponden los distintos sistemas del FMI, la OCDE, la UE (Eurostat) y demás organismos multilaterales, así como en el nivel individual, de todos los países integrantes en aquella, entre ellos España.

Para comprender bien el funcionamiento de una economía concreta mediante la Contabilidad Nacional debe tenerse presente que cada una de las cuentas nacionales básicas que la integran son agregaciones de múltiples sectores, subsectores y ramas de la actividad económica. Las cuentas básicas de la Contabilidad Nacional son los mismos cuatro agentes de la economía real: familias o economías domésticas e instituciones sin fines de lucro, residentes en el país; las empresas, incluidas las de propiedad estatal, que comprende las unidades de producción de bienes y servicios: el sector público, que comprende los órganos de la administración pública en sentido amplio, con la excepción señalada de las producciones de las empresas públicas; y el sector exterior, que incluye todas las actividades comerciales, de inversión exterior y financieras, con extranjeros. El INE, al igual que otros institutos de estadística de otros países, puede llegar a identificar cientos e incluso miles de sectores, subsectores y ramas de actividad económica distintos. En el presente trabajo se considera suficiente un nivel de desagregación de los sesenta sectores que se recogen en el recuadro A del capítulo 3, que son los que van a servir de marco de comparación con los correspondientes sectores y ramas de actividad del modelo económico-territorial-autonómico.

Soporte técnico y estadístico: el recurso casi ilimitado de internet

El soporte técnico y la estructura de organización de la información del presente trabajo son los mismos que refieren los profesores de la Universidad de Berkeley Bradford DeLong y Martha Olney:

Una gran parte de lo que saben los economistas lo saben porque pueden basarse en los datos oficiales. Tienen, pues, una asombrosa cantidad de información sobre la situación actual de la economía. Tienen buenas estimaciones sobre el nivel de actividad económica. Tienen buenas estimaciones sobre el nivel de producción potencial. Tienen buenas estimaciones sobre el nivel actual de los salarios reales, de la cantidad de desempleo y de la situación general del mercado de trabajo. Tienen buenas estimaciones de la tasa de inflación [...].

Pero en conjunto el sistema de Contabilidad Nacional —y las demás estadísticas económicas recogidas principalmente por las autoridades— nos suministran una notable cantidad de información sobre la situación actual de la economía. La información que poseían incluso los mejor informados o incluso la información que poseían sobre la situación real los gobernantes de las economías del siglo xx basadas en un sistema de planificación central no es nada comparado con la cantidad de información de fácil acceso y de dominio público que existe hoy sobre la situación actual de la macroeconomía.42

Esta circunstancia absolutamente condicionante de los procedimientos de elaboración de los informes y estudios económicos en la actualidad tiene su reflejo en el presente trabajo en la selección, elaboración y presentación de los cuadros estadísticos, recuadros explicativos y gráficos. La información interrelacionada de los 91 cuadros constituye la espina dorsal que confiere unidad intrínseca a todo el trabajo. La fuente de información universal por excelencia es, sin duda, internet, sobre la que cabe señalar lo siguiente:

Primero: el acceso generalizado e instantáneo a la casi totalidad de la información necesaria lo facilita internet; la innovación, del tenor de la máquina de vapor surgida al final del siglo XVIII sobre la que se cimentó la Revolución industrial, probablemente la de mayor potencialidad de cuantas han surgido en siglos para hacernos realmente partícipes del mundo global en que vivimos. Respecto a su capacidad para suministrar la información técnica precisa, el premio Nobel de Economía de 1970, Paul Samuelson, afirma: «Internet nos permite acceder rápidamente a estadísticas e investigaciones económicas. Basta pulsar unas cuantas veces el ratón para averiguar cuál es la tasa de desempleo más reciente, para rastrear información sobre pobreza e ingresos, o para investigar los vericuetos de nuestro sistema bancario. Hace apenas unos años podría habernos llevado semanas escarbar los datos necesarios para analizar un problema económico. Actualmente, con un ordenador y un poco de práctica, la misma tarea puede terminarse en unos pocos minutos».43 En relación con el presente trabajo, esta consideración se plasma igualmente en los 91 cuadros referidos, en los diez recuadros de la misma y en los dos únicos gráficos incorporados, dada la dificultad de interpretación de estos para las personas no familiarizadas profesionalmente con la economía.

Segundo: tal información está completamente sistematizada hasta en el menor detalle por el INE, Banco de España y Ministerio de Economía y Hacienda, así como por los ministerios sectoriales; a la vez que está armonizada por los organismos multilaterales, Eurostat, FMI, BM, UNCTAD y otros. A este respecto Paul Samuelson, ampliando la cuestión anterior, afirma: «En ocasiones resulta difícil acceder a estadísticas internacionales. El Banco Mundial, en www.worlbank.org, tiene información sobre sus programas y publicaciones en su página, al igual que el Fondo Monetario Internacional, o FMI, en www.imf.org [...]. Una buena fuente acerca de los países de altos ingresos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en la dirección www.ocde.org».44

Tercero: las numerosísimas cuestiones de interpretación de los múltiples y variados problemas más complejos y difíciles que se plantean a lo largo de todo trabajo como el que aquí se presenta se resuelven, en este caso, mediante el recurso a la autoridad de economistas de reconocido prestigio, incluidos, naturalmente, numerosos Premios Nobel de Economía, que se referencian en las notas al pie, la gran mayoría de ellas, citas textuales de los autores que aparecen relacionadas e identificadas en el texto y que se identifican expresamente en la bibliografía. Aparte, naturalmente, otros textos de la bibliografía también específica sobre economía y el Estado autonómico y otra bibliografía complementaria.

NOTAS EXPLICATIVAS

1.   En sentido estricto, el Estado autonómico no es un Estado federal ni confederal, ya que ambos son alianzas —unión el primero y asociación el segundo— de estados antes separados que han acordado libremente organizarse en común bajo la forma de unión o asociación, respectivamente, impulsados ambos por fuerzas políticas centrípetas, lo que es justamente la situación contraria de las regiones españolas, que eran partes interdependientes de una economía única integrada preexistente y han sido transformadas en unidades económicas individuales separadas y estancas, las comunidades autónomas, bajo la acción de fuerzas políticas centrífugas. No obstante, el Estado autonómico posee determinados rasgos característicos básicos de los estados confederales, en especial, el hecho de que el Estado central carece de toda capacidad jurídico-constitucional para modificar o suspender las leyes de las CC.AA. que emanen de sus respectivos estatutos de autonomía, ni tampoco para suspender o modificar las decisiones y/o las políticas económicas regionales que provengan de estas leyes; igualmente, en todas las materias de los estatutos de autonomía, el Estado central —como señala García Pelayo (Obras completas I, CEPC, pág. 424)— «carece de poder directo de manera que sus decisiones, para convertirse en vinculantes, han de transformarse en leyes de los diversos estados» (las CC.AA.). Al Estado central solamente le cabe la posibilidad de recurso ante el TC siempre que se trate de una norma que viola la Constitución, en ningún caso más. En el presente trabajo —referido exclusivamente al ámbito del sistema económico, como uno de los componentes primigenios constitutivos de todos los estados, tal como ha quedado diseñado en España por los artículos 147.1, 148,1, 149.1, 149.3 y 150.2 de la Constitución, y por los estatutos de autonomía—, se aplica el concepto de economía confederal al conjunto de los diecisiete sistemas productivos, compartimentados y estancos, cada uno regido por su propia norma institucional básica, independiente y distinta de las demás; vinculados solo de forma indirecta por las leyes de base o de mera coordinación en las que es competente el Estado central, así como por la fuente común de los ingresos presupuestarios aplicados al sistema productivo, regulados y recaudados por este, que institucionalmente debe distribuir en un elevado porcentaje entre las CC.AA. en virtud del principio de poderes implícitos. Por otra parte, el sistema económico del Estado autonómico no cumple en absoluto las condiciones básicas que, por ejemplo, configuran el Estado federal en Alemania o en Austria —el conjunto del sistema económico regulado principalmente por leyes federales y no de los estados federados—, así como tampoco en Estados Unidos, en donde el sistema económico se articula mediante el mecanismo de corresponsabilidad. Corresponsabilidad fiscal entre las tres administraciones (Estado federal, estados federados y condados), corresponsabilidad entre las oficinas presupuestarias del presidente (OMB) y del Congreso y el Senado (CBO); y finalmente, corresponsabilidad presupuestaria de todos los estados federados entre sí, mediante la coordinación técnica de los presupuestos en la NASBO y la coordinación política de los mismos por la NGA, incardinadas las correspondientes decisiones económicas en los objetivos y prioridades del Plan Económico de la Nación que promueve el presidente para cada ejercicio fiscal. Nada de todo esto, ni siquiera parecido, existe en el Estado autonómico en España.

2.   Sectores nacionalistas en España, caso de CDC de Cataluña en su congreso de marzo de 2012, hacen referencia a la independencia como si únicamente reportara ventajas políticas y ningún coste económico en la riqueza, en el empleo y en el nivel de vida de los ciudadanos. El Banco Mundial refiere el caso de la extrema dificultad que supone traspasar comercialmente las fronteras nacionales incluso entre dos regiones geográficas muy próximas de dos países culturalmente afines como son Estados Unidos y Canadá, que cuentan además con un área arancelaria común (NAFTA) en muchos aspectos equivalente a la UE-27. En efecto, se dice en el 31º informe: «En un estudio se halló que el comercio entre las provincias canadienses era mucho mayor que entre Canadá y Estados Unidos, controlando las variables de distancia y tamaño económico (PIB) de los socios comerciales, en este caso, los estados y las provincias. Por ejemplo, dado el tamaño de California, su comercio con Ontario debería haber sido el equivalente a diez veces el comercio de Ontario con Columbia Británica, el vecino canadiense más próximo a California. De hecho, el comercio de Ontario con Columbia Británica fue equivalente a tres veces el de su comercio con California. Incluso una de las fronteras más estrechas del mundo tiene una gran influencia negativa en el comercio» (31º informe, pág. 46). Si los nacionalistas, los confederal-socialistas y los independentistas en España piensan que, por ejemplo, el comercio entre Cataluña y Francia o entre el País Vasco y Francia va a resultar más fluido e intenso, en equivalencia, que entre Ontario (Canadá) y California (Estados Unidos), simplemente se equivocan; lo que puede conducir a profundizar en la actual aventura económico-confederal y precipitar la vuelta de España al subdesarrollo. En España se está jugando ideológica y políticamente con la organización del sistema productivo y la economía de forma irresponsable, lo que puede conducir a la pobreza intensa y generalizada para muchas generaciones.

3.   El que fue miembro activo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la elaboración de la Constitución, exdiputado nacional y diputado en el Parlamento de Canarias, del PSOE, Luis Fajardo Spínola, autor del libro ¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado autonómico, relata que «en la sesión de aquel 13 de agosto (1978) de la Comisión Constitucional del Congreso todos se felicitaban. Los socialistas de Cataluña porque en el texto estatutario se establecen competencias que alcanzan el techo constitucional y, sin perjuicio de las ampliaciones correctas que la práctica política aconseje» (pág. 76). Seguidamente señala el significado político que tal acontecimiento tuvo para el PSOE, siendo secretario general en aquel entonces Felipe González: «Para el Grupo Socialista del Congreso, por su parte, el texto de este Estatuto expresa la consideración de España como nación de naciones…». Treinta y tres años después, en una carta al diario El País firmada conjuntamente con Carme Chacón, publicada el 26 de julio de 2010, Felipe González —en el marco democrático de plena libertad de opinión de la que gozamos— afirmaba entre otras cosas que:

La concepción de España como nación de naciones nos fortalece a todos [...]. El problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España [...]. El fallo (del TC sobre el Estatut) consagra y constitucionaliza el mayor nivel de autogobierno alcanzado [...]. Reconoce los derechos históricos [...], la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno central y convalida el sistema de financiación y la organización territorial propia de Cataluña [...]. La historia de las relaciones entre Cataluña y España, con encuentros y desencuentros, es una realidad multisecular.

Una ideología de verdades inconcusas del PSOE, del resto de la izquierda y de los nacionalistas, principalmente, sobre España, que como se verifica la propició el PSOE desde antes de que los ciudadanos españoles hubieran podido expresarse mediante el voto democrático en las urnas.

Se vierten en estas pocas aserciones de Felipe González y Carme Chacón algunas ideas que llaman poderosamente la atención. La primera es sobre la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España. Puede que tal hecho sea cierto si los firmantes así lo afirman; sin embargo, parece que tal posición no es contradictoria ni ha sido obstáculo para que los dirigentes de dicho partido hayan acatado con la fe del carbonero el Estado autonómico; baste recordar los acuerdos del hotel Majestic de Barcelona en 1996, de los que el señor Rajoy fue uno de los partícipes; e igualmente, la posición de este al menos desde entonces mediante declaraciones privadas y oficiales, manifestándose como un incansable defensor del mismo y negándose en redondo a cualquier proceso de posible revisión, ni siquiera en los momentos actuales en los que desde la propia Unión Europea manifiestan preocupación y asombro por tan extraño sistema económico.

Sin embargo, la cuestión fundamental en la posición de Felipe González parece ser otra muy diferente; y es la misma de los señores Rodríguez Zapatero y Maragall, cuando entre 2004 y 2006 apabullaron al país entero día tras día con la cantinela de «la España plural», «la España diversa», «la España múltiple», etc. La insistencia obsesiva en esta cuestión de los cuatro políticos socialistas citados y de la mayoría de otros dirigentes del PSOE produce perplejidad en los ciudadanos. ¿Acaso en Francia, país centralista donde los haya, la Provenza, Bretaña, Aquitania o Lorena no son plurales y diversas? Y en Italia, país igualmente con estructura política de estado unitario, ¿son acaso el Piamonte, la Liguria, la Toscana, Nápoles o Sicilia iguales y uniformes? Pero sucede igual en estados federales como Estados Unidos. ¿Acaso el estado cuasi escandinavo de Washington, el estado cuasi hispano de Texas, el estado cuasi mormón de Utah o los estados cuasi anglo-irlandeses de Nueva Inglaterra son también todos ellos iguales y uniformes? Y en Canadá, otro estado federal, ¿son iguales y no diversas y diferentes la provincia francófona de Quebec y las anglófonas de Ontario y la Columbia Británica? Igualmente en Alemania, otro país federal, ¿acaso los estados protestantes de la ribera del Elba como Sajonia y Sajonia-Anhalt son iguales e idénticos a los Länder católicos del sur como Baden-Wutemberg o Baviera? Resulta evidente que la diferencia o pluralidad de España no es en absoluto una excepción y probablemente en bastante menor grado que algunos de tales países. Como se aprecia, tales diferencias y pluralidades tienen lugar por igual en países con estado unitario o federal, lo que permite concluir que la insistencia de los dirigentes socialistas en esta cuestión tiene que encubrir por necesidad otra finalidad, que por otro lado ellos mismos preconizan: transformar «España como nación de naciones».

Pero ¿cuál parece ser para ellos el significado de este concepto? En principio parecen querer aclararlo con los demás entrecomillados:

«Una nación en la que se reconozcan los derechos históricos». Obviamente, surge por necesidad otra cuestión: ¿qué derechos? ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de 1713 en que finaliza la guerra de sucesión a la corona de España con el triunfo de Felipe V? ¿Desde antes de que Cataluña como condado del reino de Aragón pasara a formar parte de la monarquía hispana a finales del siglo xv? ¿Desde antes de que la antigua Roma conquistara y constituyera Hispania como provincia romana en el siglo II a.C., de la que por imperativo geográfico la posterior provincia Tarraconense formaba parte?

Algunas de las otras cuestiones contribuyen igualmente a tal aclaración, en particular «la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno central» y «la organización territorial propia de Cataluña». Lo primero que hay que señalar al respecto es que ambas cuestiones no tienen cabida en los estados federales, en particular en la Constitución de Estados Unidos (art. IV, Sección 3ª, Cláusula 2) ni en la Constitución alemana de 1949 (art. 129); en ambos estados el territorio y cualquier modificación en él es competencia exclusiva del Estado federal y se determina por leyes federales; no cabe interlocución bilateral alguna porque simplemente la competencia exclusiva es del Estado federal mismo. Pero sucede igual en los estados unitarios, en los que rige idéntico principio; valgan los ejemplos de la Constitución italiana, art. 133; y del ordenamiento jurídico francés, art. L-3112-1 del Código General de Corporaciones Territoriales, y art. L-4122-1 de las Regiones.

Sin embargo, ninguna de estas limitaciones tiene lugar en los estados confederales mientras existieron en el siglo XIX. En resumen, el objetivo último de los dirigentes socialistas al transformar España en una «nación de naciones» es convertirla realmente en Estado confederal. Y esto no tanto por declaraciones u opiniones como las que se comentan o por cualesquiera otra, que son siempre legítimas y discutibles, sino primero y fundamentalmente por las decisiones políticas concretas que adoptaron tanto Felipe González como Rodríguez Zapatero cuando fueron presidentes del Gobierno de España, en dos direcciones complementarias que operaron como auténticas tenazas cortantes: la primera, transfiriendo a las CC.AA. competencias que no posee ningún Estado federal, mediante el Decreto-ley 2/1985 (analizado en el apartado 5.6.3 y 5.6.4, del capítulo 5), la Ley 31/1985 (analizada en el apartado 6.4 del capítulo 6) y las leyes orgánicas 1/2006, 2/2006, 1/2007, 2/2007, 5/2007, 14/2007 y 1/2011; la segunda, mediante la Ley 25/1991 (analizada en los apartados 6.5 a 6.7 del mismo capítulo 6), el Real Decreto-ley 5/1995 y el Real Decreto-ley 13/2010, entre otros, por los que fueron desmanteladas las estructuras públicas en las que sustentaba la acción del Estado en la economía mixta y la organización macroeconómica o la economía como un todo en España. Tales leyes y decretos-leyes fueron los hechos determinantes que, al operar sobre los contenidos del Título VIII de la Constitución y los estatutos de autonomía, han transformado la economía española en una economía confederal, que ha llevado a todo el sistema económico al borde mismo de la bancarrota nacional en la que se encuentra al finalizar el primer semestre de 2012.

La correspondencia plena entre ambos conceptos es una conclusión de pura lógica: si los dirigentes socialistas proponen convertir «una España en nación de naciones», y si las medidas legislativas que adoptaron en los dos períodos que gobernaron España —1982-1996 y 2004-2011— transformaron el sistema productivo en una economía confederal, la única conclusión lógica posible es que el componente económico de «España como nación de naciones» es necesariamente una economía confederal, en el sentido preciso del apartado 2 precedente. Otro hecho inequívoco que lo demuestra son los nuevos Estatutos de Cataluña de 2006 y de Andalucía de 2007, prácticamente auténticas «constituciones» de estados cuasi independientes en el marco de un Estado confederal.

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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Los tres niveles de la crisis económica en España:

Crisis de competitividad desde 1980, agudizada por la crisis financiera internacional y acentuada por la competitividad y el dumping de China. Crisis iniciada en 2007 por los enormes desequilibrios comerciales y financieros mundiales causados por la desregulación financiera, la deslocalización industrial y los déficits externos, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y España (que no adaptó la tecnología a los altos precios del petróleo de 1979).

El divorcio entre la política euromonetaria del BCE y la economía real (sin política fiscal única) hunde las economías más débiles del euro, en particular la española. Las enormes divergencias de productividad entre los diecisiete países del euro impiden técnicamente la unión fiscal efectiva. Los diferenciales de competitividad determinan que en 2000-2007 la tasa de apertura comercial aumentó 8,4% en la Eurozona y descendió 5,3% en España.

La causa principal diferencial de la crisis en España: la inviabilidad económica y técnica del sistema territorial-confederal-autonómico. La Constitución dividió el sistema productivo en diecisiete lotes territoriales, individuales, compartimentados y estancos, y despojó al Estado de las competencias de política fiscal para dirigir la macroeconomía. Hay unos mecanismos económicos por los que el Estado territorial-confederal-autonómico destruye el sistema productivo: elimina la política macroeconómica, anula las cuatro funciones básicas del Estado en la economía mixta, impide el aprovechamiento de las ventajas comparativas, de las economías de escala y de las economías externas, y descompone las instituciones económicas que organizan las actividades productivas.

Implementación del nuevo sistema territorial autonómico:

Estrategia económica del Estado autonómico: de la economía industrial a la regional, y de esta a la especulativa: diecisiete políticas de suelo, urbanismo, vivienda y construcción; régimen del suelo de la ley franquista de 1956; políticas de apoyo a la vivienda exclusivamente a la demanda; el tótem de la vivienda en propiedad, el amparo legal a la especulación sin límite y el desbordamiento en construcción hunden la economía española.

Estrategia financiera del Estado autonómico: poder y control de las autonomías sobre las cajas de ahorro y monopolio de la banca privada: desregulación y desintermediación financiera, convergencia estratégica de las cajas de ahorro con la banca privada hacia la construcción, el consumismo y la especulación; eliminación de los bancos industriales, especializados; privatización de los bancos públicos, quiebras y bancarización de las cajas.

Principales secuelas derivadas del nuevo sistema autonómico:

La economía productiva y la estructura financiera giran 180º hacia la construcción y el suelo urbano, ahuyentando la inversión industrial: sobreendeudamiento desmesurado interno y externo sin parangón de la economía española.

Industria, informática y servicios: desplome de la capacidad productiva: las tendencias de 2000-2007 proyectadas a 2008-2015 perfilan en España un horizonte de hundimiento de la inversión productiva y de los niveles de empleo hacia 2015, sin precedente en época de paz.

Colofón: ejecución del cambio hacia el sistema autonómico confederal bajo el poder omnímodo y los intereses de los partidos políticos.

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

ÍNDICE DE MATERIAS46

SECCIÓN I: Los tres niveles de la crisis económica en España

CAPÍTULO 1

CRISIS DE COMPETITIVIDAD DESDE 1980, AGUDIZADA POR LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL Y ACENTUADA POR LA COMPETITIVIDAD Y EL DUMPING DE CHINA

Compendio literario

1.1.   Las causas de la crisis económica y financiera internacional según Naciones Unidas (UNCTAD), el FMI, el BCE y destacados economistas y Premios Nobel de Economía

1.1.1. Los enormes desequilibrios mundiales, causa fundamental y principal de la crisis económica, según la UNCTAD, FMI, BCE y destacados economistas. 1.1.2. Las otras causas que coadyuvaron a la crisis según los premios Nobel P. Krugman, Samuelson; y R. Shiller, Bradford DeLong, Martha Olney, Levinson y Volcker.

1.2.   Los enormes desequilibrios mundiales: deslocalización masiva de industrias de Estados Unidos hacia China, México y otros países; dumping del tipo de cambio de China

1.2.1. Ingentes desequilibrios en las balanzas comerciales, en el nivel de los grandes bloques económicos mundiales, según datos de la UNCTAD. 1.2.2. Caídas crecientes de las tasas de crecimiento del PIB y aumento acelerado del déficit exterior respecto del PIB, en EE.UU., en el período 1980-2010. 1.2.3. Deslocalización masiva de industrias de EE.UU., principalmente, hacia China y México. El déficit con ellos, el 54,5 % del total en 2009. 1.2.4. Dumping del tipo de cambio de China y controles gubernamentales de salarios, precios y costes.

1.3.   Los persistentes desequilibrios externos de la economía española: crisis estructural de competitividad y déficits crecientes desde 1980

1.3.1. España irrumpe en el concierto de los seis países líderes como el tercero del mundo con mayor déficit externo y el primero respecto del PIB. 1.3.2. España, el país entre las ocho economías industriales más importantes de la OCDE con peores registros en la balanza corriente desde 1980. 1.3.3. Caídas generalizadas en las cuotas de exportación españolas desde 2000 respecto de los países desarrollados, desarrollados de Europa y la Eurozona. 1.3.4. Estancamiento de las exportaciones españolas respecto de los mercados europeos y fuerte deterioro respecto de los países industriales de Asia. 1.3.5. La tasa de apertura comercial a la baja en España y al alza en la Eurozona, prueba del creciente deterioro neto de competitividad, en la misma área monetaria y cambiaria. 1.3.6. Los precios del petróleo en los setenta, factor común de los déficits externos de los ochenta en todos los países industriales incluido España, que eludió la solución tecnológica y económica y tomó otro camino político.

1.4.   Conclusiones del capítulo 1: Un paso atrás en la globalización para recuperar los equilibrios internos de cada país y poder seguir dando pasos adelante. Drástico plan de mejora de la competitividad en España

CAPÍTULO 2

EL DIVORCIO ENTRE LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCE Y LA ECONOMÍA REAL (SIN POLÍTICA FISCAL ÚNICA) HUNDE LAS ECONOMÍAS MÁS DÉBILES DEL EURO, EN PARTICULAR LA ESPAÑOLA.

Compendio literario

2.1.   El divorcio entre la economía real y la política euro-monetaria (sin política fiscal unitaria) hunde a las economías más débiles y entre ellas la española

2.1.1. De los déficits comerciales en 2006-07, en especial, en EE.UU., R.U, y España, a los déficits fiscales en 2010-11, en especial, en Irlanda, España, Portugal, Italia y Grecia. 2.1.2. El divorcio entre la economía real y la política monetaria del euro (sin política fiscal unitaria) hunde a las economías más débiles y entre ellas la española. 2.1.3. España presenta el peor registro en las principales magnitudes de la economía real durante la crisis.

2.2.   La Eurozona, una unión monetaria sin política fiscal unitaria, requisito sine qua non para la viabilidad del euro a medio y largo plazo

2.2.1. La integración económica europea y la creación del euro basado en la Unión Monetaria. 2.2.2. El problema institucional fundamental: el Tratado de Maastricht no incluyó el requisito de la política fiscal unitaria de los países que se fueran a incorporar al euro. 2.2.3. El problema político clave: Alemania y Francia bloquearon la política fiscal única de impuestos y gasto público y un Ministerio de Economía único, a semejanza del BCE.

2.3.   Además de la política alemana y francesa, enormes diferencias de productividad entre los países miembros impiden la política fiscal única

2.3.1. La importancia capital de la productividad en el crecimiento económico. 2.3.2. Los datos comparativos de la productividad del trabajo [PT]. 2.3.3. Productividad total de los factores [PTF]. 2.3.4. Un indicador básico de eficiencia productiva: el peso relativo de las inversiones TIC en la inversión total. 2.3.5. Dos indicadores básicos de competitividad: diferencial de inflación y costes laborales unitarios (CLU). Interrelación directa con la productividad.

2.4.   España ha basado el crecimiento económico en la mera acumulación de factores de producción, frente a aumentos de productividad en la mayoría de países industriales

3.5.   Conclusiones del capítulo 2: Reformar el Tratado de Maastricht para institucionalizar una política fiscal unitaria. Férreo plan de estabilización en España para elevar estructuralmente la productividad.

CAPÍTULO 3

LA CAUSA PRINCIPAL DIFERENCIAL DE LA CRISIS EN ESPAÑA: LA INVIABILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL SISTEMA TERRITORIAL- CONFEDERAL-AUTONÓMICO.

Compendio literario

3.1.   La Constitución despojó al Estado de la competencia de la política fiscal en España, el mismo instrumento básico y fundamental del que el Tratado de Maastricht privó a la Eurozona

3.1.1. El instrumento fundamental sine qua non de la política fiscal. 3.1.2. Más de dos lustros antes del Tratado de Maastricht, la Constitución española había arrojado por la borda en España el instrumento fundamental de la política fiscal.

I. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

El sistema bicentenario de economía mixta de los países industriales

3.2.   Frente a la «región» del Estado autonómico, la «nación», unidad básica de todos los sistemas económicos en el mundo desde la Revolución industrial

3.2.1. La población, organizada en naciones, sujeto activo de la actividad económica; y las naciones, las unidades funcionales de la economía mundial. 3.2.2. Una región constitutiva de un territorio no puede ser nunca una nación, desde el punto de vista económico.

3.3.   La propiedad privada y el libre mercado, primer pilar de las economías mixtas

3.3.1. El concepto básico de economía mixta de los países industriales, esencial para el análisis comparado del modelo económico-autonómico de España. 3.3.2. Los mercados, una institución milenaria de las sociedades humanas, cuya función esencial no acaba de ser comprendida por la izquierda española.

3.4.   Frente a la fragmentación autonómica, la acción del Estado en la macroeconomía (la economía como un todo), segundo pilar de las economías mixtas

3.4.1. La intervención del Estado en la macroeconomía (la economía como un todo), requisito imprescindible de viabilidad de las economías mixtas industriales. 3.4.2. La intervención del Estado —reducida al mínimo en España en favor de las Autonomías—, clave de las diferencias entre liberalismo y socialdemocracia. 3.4.3. El elevado gasto público sobre el PIB, base del progreso económico de los más de doce países del centro y norte de Europa. España, a 9 puntos de la UE-15. 3.4.4. España, además de ocupar el lugar 14 en gasto público sobre el PIB en la UE-15, eliminó de raíz la financiación pública de la economía.

II. MARCO DE REFERENCIA DE LA TEORÍA ECONÓMICA

Contraste del modelo económico autonómico a la luz del flujo circular de la renta

3.5.   Desagregación básica del flujo circular de la renta (3.3.1) como marco de análisis teórico del modelo económico territorial-autonómico

3.6.   Colisión e inconsistencia teórica del modelo económico territorial-autonómico con el flujo circular de la renta de las economías mixtas

3.6.1. Identificación de las materias de «competencia exclusiva» del Estado y de las comunidades autónomas en la constitución española de 1978. 3.6.2. Las materias económicas exclusivas del Estado y de las CC.AA., ordenadas según las actividades del flujo circular de la renta. 3.6.3. El modelo económico autonómico ha roto el flujo circular de la renta en España y hace imposible el equilibrio interno y externo de la economía española.

III. MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL:

Breve referencia a los estados federales de Estados Unidos, Alemania y Austria; y el contrapunto de Francia

IV. LA REALIDAD ACTUAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

3.7.   Un sistema económico amorfo, centralmente residual y preponderantemente confederal, a la luz de los estados federales de EE.UU., Alemania y Austria

3.7.1. Marco de referencia: los mecanismos constitucionales que confieren en EE.UU. y Alemania las competencias económicas al Estado federal. 3.7.2. Los mecanismos constitucionales que despojan en España al Estado de casi todas las materias económicas integrantes del sistema productivo como un todo. 3.7.3. El sistema territorial pasó a ser dominante hacia 1998-2001, en que las autonomías completaron las transferencias de los primeros Estatutos. 3.7.4. La torre de Babel de las materias económicas, competencia exclusiva de las diecisiete CC.AA. Análisis comparado de las 8 de mayor tamaño (80% del PIB) y con el Estado.

3.8.   El Estado despojado en España de sus recursos económicos básicos, antítesis de los estados federales de EE.UU, Alemania y Austria

3.8.1. La Constitución preceptúa las finanzas públicas en Alemania, garantizando la unidad y cohesión nacional del sistema económico. 3.8.2. El Senado articula en EE.UU. la preeminencia económica del Estado federal con los intereses de los estados, en una unidad política y económica nacional. 3.8.3. El vaciado de recursos y funciones del Estado en España, antítesis y deriva absoluta respecto del sistema federal de Alemania y EE.UU.

3.9.   Coste desmesurado del estado confederal de las autonomías en relación con los estados federales de Alemania y EE.UU.

3.9.1. Costes de las autonomías en función de la población y el PIB promedio. 3.9.2. Cinco y media administraciones públicas, además de miles de empresas públicas, fundaciones, consorcios y organismos comerciales y financieros improductivos, frente a solo tres en Estados Unidos y cuatro en Alemania. 3.9.3. Unas administraciones costosas que no se coordinan sus respectivas competencias, ofreciendo al exterior una imagen de «país bananero».

3.10.   Conclusión principal del capítulo 3: Reformar Título VIII de la Constitución española para recuperar e impulsar la senda de las economías modernas organizadas sectorialmente

CAPÍTULO 4

LOS MECANISMOS TÉCNICOS POR LOS QUE EL ESTADO CONFEDERAL AUTONÓMICO DESCOMPONE EL SISTEMA PRODUCTIVO

4.1.   El sistema territorial-autonómico descompone y anula la función del Estado en el flujo circular de la renta y en el sistema productivo

4.1.1. Los dos requisitos consustanciales del flujo circular de la renta y del funcionamiento de las economías mixtas de los países industriales.

4.2.   El Estado territorial-autonómico imposibilita organizar el comercio exterior de España de acuerdo con la ventaja comparativa

4.2.1. El principio de ventaja comparativa. 4.2.2. El Estado de las autonomías imposibilita el aprovechamiento de la ventaja comparativa en el comercio exterior de España.

4.3.   El sistema autonómico deforma la estructura sectorial de la economía respecto de la UE-27 y la OCDE

4.4.   Las autonomías eluden los rendimientos crecientes a escala y los criterios bicentenarios de localización industrial

4.5.   La fragmentación autonómica degrada las instituciones económicas en España a niveles de países subdesarrollados

SECCIÓN II: Implementación del sistema territorial-autonómico

CAPÍTULO 5

ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL ESTADO CONFEDERAL-AUTONÓMICO: DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL A LA ECONOMÍA REGIONAL Y DE ESTA A LA ESPECULATIVA

Compendio literario

5.1.   Antecedentes

5.1.1. De las sociedades de desarrollo industrial (nacionales) a las sociedades de desarrollo regional; de estas a la dispersión de sociedades, institutos, agencias, fundaciones, etc., de las CC.AA. 5.1.2. La falta de resultados económicos de esta dispersión de recursos, organismos y burocracia hace derivar las prioridades de las CC.AA hacia la economía especulativa.

5.2.   La desproporción de la inversión en el sector de construcción respecto del PIB en España en relación al resto de países industriales

5.2.1. El crecimiento relativo de la formación bruta de capital fijo en vivienda y construcción. 5.2.2. España dobla el peso relativo del valor de la construcción y vivienda respecto del PIB en la UE-15. 5.2.3. Divergencia en la evolución del sector respecto de UE-15 entre 2001 y 2006. 5.2.4. El sinsentido de una vivienda nueva por cada nuevo residente en 2002-2007. 5.2.5. Importancia internacional del sector de la construcción.

5.3.   La vivienda, bien económico y social. Los diferentes mercados interrelacionados de construcción y vivienda

5.3.1. La vivienda, un bien económico, y a la vez, un bien social de derecho constitucional. 5.3.2. Los diferentes mercados interdependientes en el sector de la construcción. El mercado del suelo, factor común de todos ellos.

5.4.   El marco legal del mercado del suelo en España, único en el mundo, institucionaliza la especulación sistémica

5.4.1. Mercado del suelo en España desde la Ley del Suelo de 1956. 5.4.2. El «urbanismo español», al margen del modelo general del urbanismo moderno del resto de países industriales desarrollados.

5.5.   La desproporción de la vivienda en propiedad en España

5.5.1. Datos oficiales de los modos de uso de las viviendas en los países industriales. 5.5.2. Combinación estable de viviendas en propiedad, alquiler privado y alquiler social: el sistema específico europeo de políticas de oferta (Eurostat y OCDE). 5.5.3. España, a contracorriente del resto de países industriales.

5.6.   Las tres claves de la brutal especulación inmobiliaria en 1985-2007, que confiere carácter distinto a la crisis en España respecto del resto de países industriales

5.6.1. El régimen de tenencia bascula hacia la vivienda en propiedad casi en exclusiva. 5.6.2. La política de ayudas basculan también hacia el lado de la demanda en exclusiva. 5.6.3. El Decreto-ley 2/1985 (Decreto Boyer) liberaliza el mercado de vivienda (como bien exclusivo económico), desbloquea la Ley del Suelo de 1956, y desata la especulación sistémica. 5.6.4. Resumen: las tres claves de la brutal especulación inmobiliaria en 1985-2007 en España, que la diferencian radicalmente del resto de países industriales.

5.7.   Costes, precios y especulación. La referencia de los alquileres

5.7.1. Precios y alquileres en el mercado de la vivienda en España en 2000-2007. 5.7.2. Estimación de los montos anuales de las plusvalías extra-balance acumuladas por la especulación.

5.8.   La Ley 8/2007 esquiva e ignora la realidad especulativa de la vivienda en España sólo siete meses antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica

5.8.1. la Ley del suelo de 1998: mantenimiento de las plusvalías del valor del suelo para viviendas y para expropiaciones por instituciones públicas y privadas. 5.8.2. La ley 8/2007 ignora la realidad de los mercados del suelo y vivienda, y mantiene las plusvalías del valor del suelo para viviendas, pero las reduce al 50% para expropiaciones por el Estado u otras instituciones. 5.8.3. La Ley 8/2007 del PSOE, una disposición éticamente cuestionable respecto de los principios de veracidad y probidad exigibles a todo gobierno.

CAPÍTULO 6

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL ESTADO CONFEDERAL-AUTONÓMICO: SUPEDITACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO AL PODER POLÍTICO DE LAS CC.AA. Y MONOPOLIO DE LA BANCA PRIVADA

Compendio literario

6.1.   Función del sistema financiero en la economía

6.2.   La desregulación neoliberal de Reagan, extendida al resto del mundo. La desregulación, desintermediación, innovación financiera, del sistema bancario en España desde los años ochenta

6.2.1. Sinopsis del desarrollo legal del sistema financiero en España entre 1962 y 1979, sobre el que se produce la profunda desregulación de los años ochenta. 6.2.2. La desregulación de la economía y las finanzas en Estados Unidos desde los ochenta, proyectada hacia el resto de las economías desarrolladas.

6.3.   Con la desregulación, las bolsas captaron en 2007 el 28% de los recursos y aportaron solo el 4% a la inversión productiva y el empleo

6.3.1. Balance agregado de las instituciones financieras (IF): recursos captados por las IF monetarias y las IF no monetarias en 1981-2007; 6.3.2. Las bolsas de valores y otras instituciones no monetarias reciben el 28% de los recursos financieros y aportan solo el 4% a la producción y el empleo.

6.4.   La Ley 31/1985 del Gobierno socialista de Felipe González escindió el sistema bancario, sometió las cajas de ahorro al control político de las CC.AA y condujo la mayoría de ellas a la quiebra

6.4.1. El marco de referencia de la organización económica de las cajas de ahorro en Alemania y Francia, desde los primeros años ochenta; 6.4.2. Frente al enfoque alemán, francés y otros, la Ley 31/1985 de cajas de ahorro del Gobierno socialista de Felipe González optó por el modelo neoliberal de Reagan y el asalto de los partidos políticos a los consejos de las cajas.

6.5.   La Ley 25/1991 del Gobierno socialista de Felipe González suprimió y privatizó todos los bancos públicos en España, contra la experiencia centenaria en países de la UE y OCDE

6.5.1. Participación del Estado en la financiación de la economía pública y privada; 6.5.2. Algunas experiencias en la intervención financiera del Estado en sectores significativos y estratégicos de la economía en algunos países industriales; 6.5.3. Algunas experiencias de participación del Estado en la financiación a medio y largo plazo de la economía en países industriales avanzados.

6.6.   La privatización del BHE en España, contraria a la participación del Estado en la refinanciación hipotecaria de la vivienda en los principales países industriales

6.6.1. Credit Foncier: el banco hipotecario estatal de Francia; 6.6.2. La asociación de bancos hipotecarios de Alemania; 6.6.3. Refinanciación estatal a medio y largo plazo del sector de la vivienda en Estados Unidos; 6.6.4. Los distintos marcos regulatorios hipotecarios y financieros de las viviendas, según Levinson, Morris, Shiller y el FMI; 6.6.5. España, con la privatización del BHE, ha quedado fuera de los marcos regulatorios europeo y estadounidense; llevando a la quiebra al subsistema de cajas de ahorro.

6.7.   La Ley 25/1991 del Gobierno socialista de Felipe González suprimió la financiación especializada a sectores básicos de la economía

6.7.1. La Ley 25/1991 suprimió y privatizó el Banco de Crédito Industrial (BCI), esencial para la financiación a medio y largo plazo de la industria española; 6.7.2. La Ley 25/1991 del Gobierno socialista suprimió y privatizó el banco especializado de exportación: el Banco Exterior de España (BEE); 6.7.3. La Ley 25/1991 del Gobierno socialista suprimió el banco de crédito local (BCL): la financiación a medio y largo plazo de los ayuntamientos.

6.8.   La Ley 25/1991 suprimió y privatizó un arma básica de la economía social en los países industriales: el Banco de Crédito Agrícola, semejante a Credit Agricole en Francia

6.8.1. El grave problema de la exclusión financiera de los sectores sociales con menores ingresos; 6.8.2. Importancia del crédito cooperativo en los países avanzados. El peso ínfimo de la economía social y cooperativa en España, abandonada por el Estado; 6.8.3. La privatización del Banco de Crédito Agrícola eliminó la posibilidad de desarrollo en España a semejanza de la poderosa organización de Credit Agricole en Francia.

6.9.   Las contradicciones en la exposición de motivos encubre el verdadero objetivo de la Ley 25/1991: eliminar la banca estatal para privilegiar la banca privada y consolidar el estado territorial-confederal-autonómico

SECCIÓN III: Principales secuelas del modelo territorial-autonómico

CAPÍTULO 7

LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA MISMA GIRAN 180º DOS VECES EN CINCUENTA AÑOS: DE LA ECONOMÍA AGRARIA A LA INDUSTRIAL Y DE ESTA A LA ESPECULATIVA

Compendio literario

7.1.   La financiación de las actividades productivas entre 1980 y 2007

7.1.1. Doble zigzag de la economía productiva: del suelo rural y agricultura hasta 1957, hacia la industria en 1959-77; y hacia el suelo urbano, construcción y actividades inmobiliarias, desde 1985. 7.1.2. La financiación de la economía desde la segunda mitad de los ochenta privilegia las actividades conexas con el suelo urbano y urbanizable, y la construcción. 7.1.3. Vuelco radical y segundo giro de 180º en la estructura del crédito y financiación entre las diferentes actividades productivas de la economía española, entre 1992-2007. 7.1.4. La nueva economía autonómica retrotrae la estructura financiera de las actividades productivas entre 1992 y 2007 al período anterior a los años sesenta. 7.1.5. El crédito y el ahorro crecen en las CC.AA. que desarrollan la construcción y actividades inmobiliarias y decrece en las de la industria y los servicios. 7.1.6. Cuando el Gobierno socialista privatizó el Banco de Crédito Industrial (BCI) y los demás bancos públicos, en 1991, ya era patente el estancamiento de la industria.

7.2.   La política financiera autonómica prima las subvenciones y altera los patrones industriales de localización de la actividad económica

7.2.1. Sinopsis de las principales experiencias internacionales sobre localización espacial de las actividades productivas. 7.2.2. El criterio territorial igualitarista de financiación territorial en España rompe el principio de especialización eficiente y se asemeja a lo que fue la desastrosa experiencia soviética. 7.2.3. Conforme a la línea igualitarista del crédito, los depósitos de ahorro evolucionan también de forma igualitaria en las CC.AA., lo que implica compensación artificial y no sostenible de rentas. 7.2.4. Las políticas públicas de subsidios olvidan el crecimiento, y el igualitarismo ideológico convierte el sistema económico en España en un embrollo de desigualdades.

7.3.   El desplazamiento de la industria por la construcción reduce el multiplicador de inversión e induce el endeudamiento generalizado

7.4.   La baja productividad de la economía autonómica, segunda fuerza del sobreendeudamiento del Estado, entidades de crédito, familias y empresas

7.4.1. Caídas en el crecimiento económico reducen la recaudación de impuestos, aumentan los déficits del Estado y la acumulación de estos en la deuda soberana. 7.4.2. Deuda externa y cuentas financieras de la economía española en 2003-2010. 7.4.3. La baja productividad reduce las rentas percibidas e induce aumentos en el endeudamiento de la economía. Análisis por sectores prestatarios y prestamistas.

7.5.   Expansión desproporcionada del endeudamiento de las entidades de crédito en España respecto del PIB en 2001-2010

7.6.   Endeudamiento de las empresas no financieras

7.7.   Endeudamiento de las familias e instituciones sin fines de lucro

CAPÍTULO 8

DESPLOME DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA, INFORMÁTICA, TECNOLOGÍAS TIC, Y SERVICIOS A EMPRESAS Y A LA PRODUCCIÓN, BASE DE LA ECONOMÍA MODERNA

Compendio literario

8.1.   La industria informática, robótica, innovación, especialización del capital humano y servicios correlacionados, basamentos de la economía productiva en los países industriales

8.1.1. La industria, actividades y servicios conexos, primer motor de la economía y de la actividad fabril, soporte de la exportación, promotor de la innovación y aglutinante del urbanismo. 8.1.2. La informática, la robótica y la informatización de procesos, un sector fundamental de la economía moderna. El peso de las inversiones TIC en la inversión bruta total, principal indicador. 8.1.3. Acotamiento del sector moderno de servicios a empresas y a la producción. 8.1.4. Importancia económica de los servicios a empresas, medida por la contribución al empleo.

8.2.   España, en el anteúltimo lugar de la UE-15 en los sectores más activos del crecimiento en las economías modernas

8.3.   La inversión neta en la industria se estanca en el largo plazo y se hunde en 2001-2007

8.4.   Lento crecimiento de la producción y el empleo industrial en el largo plazo 1977-2011

8.4.1. Crecimiento medio de la producción industrial del 0,25% anual en los treinta y cuatro años 1977-2011. 8.4.2. El empleo en la industria en el período 1995-2007.

8.5.   Tendencias de la producción y empleo en 2000-2007 en la industria en España proyectadas al período 2008-2014

8.5.1. Diferencia fundamental de método entre análisis de tendencias y previsiones económicas. 8.5.2. Análisis de tendencias en 2001-2007 de la producción en la industria española, proyectada al período 2008-2014. 8.5.3. Consecuencias del desplome en la producción industrial sobre el empleo.

8.6.   Déficits estructurales en la capacidad productiva de la economía española en períodos de fuerte crecimiento del PIB, para generar valor añadido y empleo

8.6.1. Concepto, metodología y fuentes. 8.6.2. Déficits estructurales en capacidad productiva de la economía española respecto de la UE-27 y cuatro países punteros, según valores añadidos en 2006. 8.6.3. Déficits en la estructura productiva de la actividad económica en España respecto de la UE-27 y los mismos cuatro países, según el empleo en 2006.

8.7.   El sistema territorial-autonómico o confederal-autonómico discrimina objetivamente la industria y los servicios a empresas y hunde la capacidad productiva

8.7.1. La capacidad productiva de los distintos sectores económicos no es intercambiable ni sustitutiva entre la industria y la construcción. 8.7.2. Diferenciales en capacitad productiva y en productividad entre la industria más servicios a empresas y la construcción más servicios inmobiliarios. 8.7.3. Los diferenciales en la capacidad productiva más las propias tasas de la UE-27 arrojan tasas de desempleo en España hacia 2015 en el entorno del 33% de la población activa. 8.7.4. El paro juvenil —con el 49,8% en noviembre de 2011—podría situarse hacia 2015 en el entorno del 58-65% de la población activa de dieciséis a veinticinco años.

8.8.   La causa determinante en España del déficit de capacidad productiva: la fragmentación confederal de la economía productiva y del Estado

8.8.1. La función de producción y la capacidad productiva. 8.8.2. La causa determinante de la caída y déficit en capacidad productiva en España: la rotura y fragmentación del sistema productivo, derivado fundamentalmente de la inadecuación de las instituciones públicas.

ÍNDICES DE CUADROS, RECUADROS Y GRÁFICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Índice de cuadros

Cuadro 1/2.a: Desequilibrios comerciales a nivel mundial 1980-2008.

Cuadro 1/2.b: Evolución del PIB y del comercio exterior de EE.UU. en 1960-2001.

Cuadro 1/2.c: Peso porcentual de China y México en el déficit exterior total por cuenta corriente en EE.UU.

Cuadro 1/3.a: Desequilibrios entre los ocho países con mayores superávit/déficit del mundo.

Cuadro 1/3.b: Balanza de pagos: déficit/superávit por cuenta corriente.

Cuadro 1/3.c: Diferenciales en las tasas anuales de exportación de España.

Cuadro 1/3.d: Diferenciales en la relación exportaciones/PIB de España con otros países.

Cuadro 1/3.e: Exportaciones españolas respecto principales áreas del mundo.

Cuadro 1/3.f: Tasa de apertura comercial en la Eurozona [(exportaciones + importaciones)/PIB].

Cuadro 1/3.g: Tasa de apertura comercial solo con exportaciones respecto de la Eurozona.

Cuadro 2/1.a: Evolución de la renta per cápita (PPS) en 2009 y 2010 respecto al promedio 2006-2007.

Cuadro 2/1.b: Evolución del desempleo en 2009, 2010 y 2011 respecto al promedio 2006-2007.

Cuadro 2/1.c: Superávit/déficit/PIB del sector público en promedio 2006-2007, 2009 y 2010.

Cuadro 2/1.d: Deuda soberana/PIB en los quince países más avanzados de UE-27.Cuadro 2/1.e: Índices mensuales de producción industrial en UE-27; 2005=100.

Cuadro 2/1.f: Índices mensuales de producción de construcción en UE-27; 2005=100.

Cuadro 2/1.g: Índices de servicios (excepto comercio) en 2010 en la UE-27 (2005 = 100).

Cuadro 2/1.h: Índices mensuales de ventas minoristas (2005 = 100 en la UE-27).

Cuadro 2/1.i: Tasas armonizadas mensuales de desempleo en la UE-27 en 2007-2011.

Cuadro 2/1.j: Exportaciones y balanza corriente (enero-septiembre 2011/2010) en la UE-27.

Cuadro 3/1.k: Evolución sectorial del empleo en el período de crisis 2008-2011 en España.

Cuadro 2/3.a: Tasas anuales de crecimiento de la productividad del trabajo en la OCDE.

Cuadro 2/3.b: Productividad total de los factores (multifactorial).

Cuadro 2/3.c: Inversiones TIC en la formación bruta de capital fijo (FBCF).

Cuadro 2/3.d: Relación de inversiones TIC/inversión total respecto de España = 100.

Cuadro 2/3.e: Costes laborales unitarios (CLU) tasas anuales.

Cuadro 2/3.f: CLU en los principales países proveedores y clientes de España.

Cuadro 2/4.a: Diferenciales en las tasas de productividad y de crecimiento en 1995-2007.

Cuadro 3/4.a: Gasto total general del Gobierno (%/PIB) en la UE-27

Cuadro 3/8.a: Estructura de ingresos públicos por administraciones en Alemania en 1993-2006.

Cuadro 3/8.b: Gasto de los gobiernos: federal, de los estados y locales en Estados Unidos.

Cuadro 3/8.c: Estructura funcional del Gasto por Administraciones en 2007.

Cuadro 3/9.a: Costes comparativos de sistemas políticos.

Cuadro 4/4.a: Estructura sectorial eficiente y media en la UE según Valores Añadidos, en 2006.

Cuadro 5/1.a: Evolución de la construcción y la industria en España en 2000-2007.

Cuadro 5/2.a: Inversión bruta de capital fijo en vivienda y construcción.

Cuadro 5/2.b: Peso relativo del sector de la construcción en el PIB en 2000 y 2006.

Cuadro 5/2.c: Evolución del peso del sector construcción entre 2001 y 2006.

Cuadro 5/2.d: Áreas geográficas de exportación del sector de la construcción.

Cuadro 5/5.a: Modalidades de acceso al uso de la vivienda en los principales países industriales.

Cuadro 5/6.a: Tipos de vivienda y modalidades de acceso al uso de las mismas en 1950-2010.

Cuadro 5/6.b: Evolución del parque de viviendas en España entre 1950 y 2010.

Cuadro 5/7.a: Precios de las viviendas en España (euros/m²).

Cuadro 5/7.b: Precio de las viviendas conforme al incremento anual de los alquileres (euros/m²).

Cuadro 5/7.c: Diferencia del valor en venta y en renta de una misma vivienda de 100 m².

Cuadro 5/7.d: Sobrevaloración de los precios de venta respecto de la referencia de alquileres (en %).

Cuadro 5/7.e: Cálculo del gasto improductivo (despilfarro) por sobrevaloración de viviendas.

Cuadro 6/3.a: Balance agregado de las instituciones financieras.

Cuadro 6/3.b: Estructura financiera de la economía española 1981-2007.

Cuadro 6/3.c: Balance agregado de las IFNM por activos financieros.

Cuadro 6/8.a: Importancia de las cooperativas de crédito por países.

Cuadro 6/8.b: Ranking grupos bancarios cooperativos en el mundo (1996).

Cuadro 7/1.a: El crecimiento económico en España: 1940-2000.

Cuadro 7/1.b: VAB de la economía española sin IVA a precios constantes 1972-1997 (tasas anuales).

Cuadro 7/1.c: Créditos con garantía real por sectores de actividad, en 1992-2007.

Cuadro 7/1.d: Evolución del crédito con garantía real, por sectores, en 1992-2007.

Cuadro 7/1.e: Estructura crédito con garantía real por actividades, en 1992-2007.

Cuadro 7/1.f: Crédito y ahorro entre construcción e industria y servicios por CC.AA.

Cuadro 7/2.a: Aplicación del crédito por CC.AA. (1988-2008).

Cuadro 7/2.b: Origen de los depósitos (Ahorro) por CC.AA. (1988-2008).

Cuadro 7/2.c: Recursos públicos por CC.AA. a precios de 2008 (%).

Cuadro 7/4.a: Deuda soberana de los gobiernos o deuda pública en la UE-27 (% PIB).

Cuadro 7/4.b: Saldo por cuenta corriente de España y Alemania 2001-2009.

Cuadro 7/4.c: Cuentas financieras de la economía española 2003-2010 (no consolidadas).

Cuadro 7/4.d: Deuda de los sectores no financieros 2002-2010 (no consolidada).

Cuadro 7/5.a: Pasivo agregado de las entidades de crédito 2001-2010.

Cuadro 7/5.b: Índices de crecimiento de la deuda estimada de las entidades de crédito.

Cuadro 7/5.c: Estructura de la deuda estimada de las entidades de crédito.

Cuadro 7/6.a: Balance financiero de las empresas (excepto financieras).

Cuadro 7/6.b: Saldos deudores de las empresas no financieras residentes en España.

Cuadro 7/6.c: Balance financiero de las empresas no financieras (miles de millones de euros).

Cuadro 7/7.a: Balance financiero de las familias e ISFL.

Cuadro 7/7.b: Saldos deudores de las familias e ISFL residentes en España.

Cuadro 8/1.a: Empleo en el sector de servicios a empresas y a la producción 1998-2007.

Cuadro 8/2.a: Peso de los sectores económicos en el PIB, en 2000-2008.

Cuadro 8/3.a: Formación bruta de capital fijo [índice (1995-1999) 5 = 100].

Cuadro 8/3.b: Estructura de la formación bruta de capital fijo (FBCF = 100).

Cuadro 8/4.a: Índice de producción industrial 1976-2011. (Base 2005=100) CNAE – 09.

Cuadro 8/4.b: Producción industrial por áreas económicas 1999-2006.

Cuadro 8/4.c: Ocupados totales y en la industria entre 1995 y 2000.

Cuadro 8/4.d: Ocupados totales y eventuales en la industria en 2001-2007.

Cuadro 8/4.e: Contribución del sector industrial al empleo total en la UE-27 en 2004.

Cuadro 8/5.a: Índice de producción industrial: tendencia 2001-2007 proyectada a 2008-2014.

Cuadro 8/5.b: Población ocupada sobre población total entre quince y sesenta y cuatro años (%).

Cuadro 8/5.c: Tendencia de creación (+)/destrucción (-) de empleo en la industria en 2008-2014.

Cuadro 8/6.a: Estructura sectorial de la actividad económica según valores añadidos, en 2006.

Cuadro 8/6.b: Diferencias del peso sectores en el PIB en España respecto de la UE-27.

Cuadro 8/6.c: Estructura sectorial de la actividad económica según el empleo, en 2006.

Cuadro 8/6.d: Diferenciales en empleo en España respecto UE-27 (%).

Cuadro 8/7.a: Producción manufacturera por empleado en diecisiete países entre 1950-2008.

Cuadro 8/7.b: Déficit en capacidad productiva y empleo en España respecto de UE-27 y cuatro países líderes.

Índice de recuadros

Recuadro 3.5.A: Desagregación de los seis sectores del flujo circular de la renta.

Recuadro 3.5.B: Principales actividades de la economía social.

Recuadro 3.6.A: Materias cuya competencia explícita otorga la Constitución al Estado central y a las CC.AA.

Recuadro 3.6.B: Clasificación de competencias del artículo 149.1 según grado de exclusividad.

Recuadro 3.6.C: Materias de competencia del Estado y de las CC.AA. ordenadas según el flujo circular de la renta.

Recuadro 3.7.A: Materias económicas de competencia exclusiva del Estado y de ocho de las CC.AA. (80% del PIB).

Recuadro 6.1.A: Organización funcional del sistema integrado de cajas de ahorro en Alemania.

Recuadro 6.1.B: Estructura operativa del Sparkassen-Finanzgruppe (grupo financiero de cajas de ahorro de Alemania).

Recuadro 6.1.C: Organigrama básico del BPCE (grupo financiero de bancos populares y cajas de ahorro en Francia).

Recuadro E/1. A: Acuerdos de transferencias y traspasos a las comunidades autónomas hasta 2004.

Índice de gráficos

Gráfico 1: Modelo universal del flujo circular de la renta de las economías mixtas industriales.

Gráfico 2: Modificación básica en España del modelo del flujo circular de la renta por el sistema autonómico.

GLOSARIO

BCE: el Banco Central Europeo, formado a partir de las competencias de política monetaria de los bancos centrales de los diecisiete países que integran la Eurozona. Ha asumido la competencia exclusiva sobre circulación del dinero y tipos de interés en la que se sustenta el control de la inflación y la estabilidad de precios en el conjunto de la nueva área monetaria formada.

Competitividad: capacidad de las empresas de un país para producir los bienes y servicios con costes iguales o inferiores a los de otros países, y, en consecuencia, para poder vender a precios más ventajosos para los consumidores de los países que los importan y ganar cuotas de mercado en estos.

Déficit fiscal: diferencia entre los ingresos públicos y el mayor monto de los gastos públicos, en cada ejercicio presupuestario. El superávit fiscal es la posición inversa en la que los ingresos superan a los gastos públicos.

Déficit por cuenta corriente: diferencia entre el valor de todos los bienes y servicios que exporta anualmente cada país, por ejemplo, España, y el valor de los que importa.

Deuda externa: la suma total del endeudamiento neto de los particulares y el Estado en su conjunto por todos los conceptos a acreedores, inversores y prestamistas extranjeros, en un año determinado.

Deuda soberana: o deuda pública, es el total de la deuda acumulada neta de años anteriores en un año determinado, por el conjunto de las administraciones públicas, frente a los inversores y acreedores, ya sean residentes o extranjeros, que han suscrito las emisiones de bonos y obligaciones del Estado.

Economía estatal: sistema económico característico y exclusivo de los países que integraron en el siglo XX la órbita de la Unión Soviética hasta 1991, basado en la sustitución de la libertad de decisión de los agentes económicos por la planificación, transformando al Estado en agente único con capacidad para decidir la inversión, la producción, el ahorro y el consumo del conjunto de la economía, a la vez que en poseedor único de los medios de producción. Este sistema económico produjo tal nivel de desequilibrios y desigualdades en el sistema productivo y de pobreza en la mayoría de los ciudadanos que acabó por desmoronarse, arrastrando consigo al propio sistema comunista.

Economía sectorial (debe entenderse «de economía mixta de mercado»): sistema por el que los cuatro agentes primigenios de las actividades económicas desde el origen de las sociedades humanas —consumidores (familias), productores (empresas), el Estado y los extranjeros— organizan las actividades básicas de inversión, producción, distribución y consumo mediante decisiones libres de compraventa, en los mercados originarios, de productos y de factores de producción, en un marco institucional regulatorio único y el mismo para todos los agentes económicos, que es la Constitución y las leyes que la desarrollan en cada nación (unidad económica básica de la economía mundial desde la Revolución industrial).

Economía territorial autonómica: sistema económico característico y exclusivo de España, en el que el Estado ha sido despojado de la competencia de la política fiscal y de tres de las cuatro funciones básicas macroeconómicas (estabilidad, crecimiento y redistribución de la renta); en el que la unidad económica, «la nación» —de ciudadanos libres desde la Revolución francesa—, regida por las leyes que emanan de una única Constitución, ha sido sustituida por diecisiete economías territoriales «regionales» compartimentadas y estancas, regida cada una de ellas por sus propias leyes que emanan del respectivo Estatuto de autonomía, convertido este en la «norma institucional básica», frente a las que el ordenamiento jurídico del Estado ha pasado a ser supletorio, y en el que las políticas de igualdad de rentas entre ciudadanos han sido sustituidas por políticas de igualdad financiera entre territorios, según población, superficie y renta. Tal fragmentación estanca del sistema productivo ha dado lugar a tres desequilibrios sistémicos, entre ahorro e inversión, entre ingresos y gasto público y entre los sectores productivos, que lo hacen técnicamente inviable, a la vez que ha ampliado las desigualdades en la renta y la riqueza en España al primer lugar del ranking en la UE-27 y está ampliando y extendiendo la pobreza en España a niveles desconocidos desde hace mucho tiempo, camino del desmoronamiento como le sucedió al también peculiar sistema soviético.

Eficiencia tecnológica: peso relativo o porcentajes medios entre las inversiones de un país en bienes y servicios que tienen incorporados tecnologías informáticas, robóticas y digitales y, en general, las denominadas de información y comunicaciones (TIC), respecto de la inversión bruta total en cada año.

Equilibrio externo de la economía: situación de la economía de un país determinado, por ejemplo España, en la que el valor total de las exportaciones de mercancías y servicios y en general de productos es sensiblemente igual al valor de las importaciones. Constituye la cara externa del único y el mismo equilibrio general de la economía.

Equilibrio general de la economía: situación de la economía de un país en la que, de una parte, el ahorro nacional y el monto total de la inversión son más o menos equivalentes; y de otra parte, los respectivos valores del total de las exportaciones y de las importaciones son también sensiblemente iguales. En los estados de desequilibrio, la diferencia entre ahorro e inversión es idénticamente la misma que la diferencia entre las dos últimas magnitudes; ambas son las dos caras de una misma y única moneda.

Equilibrio interno de la economía: situación de la economía de un país determinado en la que el monto total del ahorro nacional, público y privado, es sensiblemente igual al monto total de las inversiones realizadas en el mismo año. Constituye la cara interna del único y el mismo equilibrio general de la economía.

Eurogrupo: organismo ejecutivo de los diecisiete países que integran la Eurozona en todos los asuntos de carácter institucional y no monetario relacionados con el euro y su funcionamiento.

Eurostat: Oficina Estadística de la Unión Europea, equivalente al Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Eurozona: área monetaria común a los diecisiete países que utilizan el euro como moneda propia.

FMI: Fondo Monetario Internacional. Organismo financiero multilateral, creado por cuarenta y cuatro países reunidos en Estados Unidos para organizar la economía tras la Segunda Guerra Mundial.

OCDE: organización auspiciada por Estados Unidos con la finalidad de coordinar la ayuda estadounidense a Europa del Plan Marshall.

PIB: Producto Interior Bruto. El valor anual de los bienes y servicios producidos por un país.

Plan de estabilización: conjunto de programas, políticas y medidas económicamente consistentes todas ellas entre sí y coherentes globalmente con un mismo cuadro de prioridades y objetivos. Adecuado para el estado de la economía de un país en situación de grave desequilibrio general de la economía, estancamiento del crecimiento económico y desempleo elevado, con niveles persistentes de exportaciones y de ahorro inferiores respectivamente a las importaciones, de una parte, y, de otra, a las inversiones. Generalmente, el gran objetivo de todo plan de estabilización que integra todos los demás es mejorar de forma significativa la competitividad exterior de la economía. El medio más recurrente cuando se dispone de moneda propia es la devaluación; y cuando esto no es posible, como sucede ahora en España, mediante la reducción de los costes laborales unitarios al máximo, a través del políticas de salarios y precios, ad hoc, y mejora de la productividad. El plan de estabilización que sirve de referencia a este trabajo fue implementado en 1959, en situación de emergencia para rescatar la economía española de la inminente bancarrota a la que estaba abocada en 1958 y relanzar la industrialización del país.

Política económica: conjunto de medidas de los gobiernos sobre todas o parte de las cuatro magnitudes económicas fundamentales: la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés, los impuestos y el gasto público. Las dos primeras conforman la política monetaria y las dos últimas la política fiscal.

Política fiscal: conjunto de medidas que implementa un país, principalmente, en situación de recesión y elevado desempleo, actuando sobre los impuestos y el gasto público para impulsar la demanda interna, la producción y el empleo.

Política monetaria: conjunto de medidas que aplica un país o un conjunto de países integrados en una misma área monetaria, como el euro, con la finalidad de controlar la inflación y asegurar la estabilidad de precios.

Productividad: el valor promedio de los bienes y servicios producidos por una empresa y/o agrupación de empresas por cada unidad de gasto empleado en los factores de producción de la misma. La productividad del trabajo es ese mismo valor obtenido por cada trabajador empleado, y lo que se denomina «productividad total de los factores» es el mismo valor obtenido de producción dividido por el valor unitario del conjunto de los factores de producción empleados en la misma, referidos a un año determinado.

TIC: tecnologías de información y comunicaciones.

UE-27: la organización económica, y muy incipientemente política, constituida por los veintisiete países que integran la Unión Europea.

Notas

1   Richard Falk, La globalización depredadora. Una crítica, Siglo XXI Editores, Madrid, 2002, pág. 57 y siguientes.

2   Ibídem.

3   Ibídem.

4   Ibídem.

5   Los cuadros, recuadros y gráficos numerados corresponden al trabajo de investigación que se encuentra en la web www.esferalibros.com/pagina/hacia-el-colapso-trabajo-de-investigacion.

6   Los apartados numerados se refieren al trabajo de investigación que se encuentra en la web www.esferalibros.com/pagina/hacia-el-colapso-trabajo-de-in vestigacion, no a la estructura de este libro.

7   Un índice bajo indica exceso de apalancamiento posible, y una proporción alta señala un menor apalancamiento en comparación con los activos tangibles.

8   Fuente: la propia OCDE.

9   El constitucionalista español exilado en Venezuela tras la Guerra Civil Manuel García Pelayo, presidente del Tribunal Constitucional entre 1980 y 1981, recoge en su estudio sobre el Imperio británico la definición establecida en la conferencia imperial de 1926: «Son [Gran Bretaña y los dominios] comunidades autónomas dentro del Imperio británico… y libremente asociadas como miembros de la British Commonwealth Nations» (Manuel García Pelayo, Obras completas, vol. I, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, pág. 110).

10   Véase «Notas explicativas», pág. 301.

11   Sandra Mir y Gabriel Cruz, La casta autonómica, La Esfera de los Libros, Madrid, 2012. Y diversos medios de comunicación.

12   Paul Krugman, Desarrollo, geografía y teoría económica, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1977.

13   Banco Mundial, «Una nueva geografía económica. 31º Informe sobre comercio y desarrollo mundial», pág. 126.

14   Paul Krugman, Geografía y comercio, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2005, pág. 11.

15   Véase «Notas explicativas», pág. 301.

16   Bradford Delong y Martha Olney, Macroeconomía, McGraw-Hill, Madrid, 2006, pág. 61.

17   P. Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Crítica, Barcelona, 2009, pág. 11.

18   De los diecisiete países que cita no han sido incluidos Canadá, Dinamarca, Noruega, Australia, Italia, Corea del Sur, Taiwán y Singapur.

19   Competencias sobre Industria: apartado 139 de transferencias del Estatuto de Cataluña, el 3.13 de la C. de Madrid, el 55 de Andalucía, etc.

20   Diario El Comercio, Gijón, 14 de febrero de 2012.

21   Richard H. K. Vietor, Cómo compiten los países. Estrategia, estructura y gobierno de la economía global, Ediciones Deusto, Barcelona, 2008, pág. 382.

22   Diario El País del 5 de marzo de 2012: «La rebelión autonómica crece con el veto navarro a la amnistía fiscal». Medida esta decidida e introducida por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

23   Pedro González-Trevijano, La España constitucional, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 254.

24   Joseph Harrison, La economía española. De la Guerra Civil a la Comunidad Europea, Ed. Istmo, Madrid, 1995, pág. 23.

25   Ibídem, pág. 21.

26   Ibídem, pág. 24.

27   Gobierno Federal de Alemania, La actualidad alemana, Ed. Societäts, Fráncfort, 2005, pág. 29.

28   Jean Sigmann, «Las aplicaciones del federalismo en Alemania, especialmente desde 1945», en G. Berger et alii, Federalismo y federalismo europeo, Ed. Tecnos, Madrid, 1965, pág. 282.

29   Christine Hohmann-Dennhardt, Rupert Scholz y Pedro Cruz Villalón, Las constituciones alemana y española en su aniversario, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011.

30   Ibídem, pág. 286.

31   Ibídem, pág. 287.

32   Ibídem, pág. 287.

33   En nota al margen añade: «Principalmente, el proyecto presentado por el Gobierno francés en la Conferencia de suplentes de los ministros de Asuntos Exteriores en Londres» (14 de enero al 25 de febrero de 1947).

34   Op. cit., pág. 65.

35   José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 17 de enero de 2010. Entrevista del director, Javier Moreno.

36   Paul Krugman, El internacionalismo moderno. La economía internacional y las mentiras de la competitividad, Ed. Crítica, Biblioteca de Bolsillo, Barcelona, 2005, pág. 75.

37   André Mathiot, «El federalismo en Estados Unidos», en El federalismo, Tecnos, Madrid, 1965, pág. 226.

38   Constitución de Estados Unidos de América, artículo primero, sección VIII, epígrafe 18.

39   Conocido también y de forma equivalente en Suiza (Confederación Helvética), tal como ya se ha dicho, como «método de las consecuencias», y de otras formas específicas en los demás estados federales. Hay que señalar que este principio no es una norma escrita en ninguna Constitución, sino que está incorporado implícitamente en las propias competencias que preceptúan a un Estado para ejecutar una función. De lo contrario, ¿cómo sería posible que un gobierno pudiera ejecutar el mandato constitucional de, por ejemplo, dar el servicio de salud a la población si al mismo tiempo no está facultado para proveerse de los medios para crear hospitales, contratar médicos y adquirir los instrumentos especializados necesarios? Este fue en síntesis el argumento utilizado por Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro en Estados Unidos, para crear el primer banco nacional en aquel país, ante la impugnación de que fue objeto por los diputados federalistas. Dicha reclamación constituyó el motivo para que el Tribunal Supremo, presidido por el juez Marshall, lo sancionara definitivamente como un principio elevado a la categoría de precepto constitucional, sin que aparezca explícitamente formulado en la misma.

40   Charles Durand, «El Estado federal en el derecho positivo», en G. Berger et alii, Federalismo y federalismo europeo, Ed. Tecnos, Madrid, 1965, pág. 178.

41   Carmen Luisa Gil-Ruiz Gil-Esparza y Jaime Iglesia Quintana, El gasto público en España en un contexto descentralizado. Presupuesto y gasto público, doc. 47/2007, págs. 185-206.

42   Op. cit., pág. 510.

43   Op. cit., pág. XXIX.

44   Ibídem, pág. XXX.

45   Los números de notas sin asterisco remiten al trabajo de investigación que se encuentra en la web; los que llevan asterisco se refieren a las notas de este libro.

46   Este índice corresponde al contenido del trabajo de investigación que se encuentra en la web.

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