Género y violencia en el mercado del sexo: política, policía y prostitución / Deborah Daich ... [et al.]; compilado por Deborah Daich; Mariana Sirimarco.- 1a ed..- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2015.

Libro digital, EPUB.- (Culturalia)

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ISBN 978-987-691-430-7

1. Estudios de Género. 2. Violencia Sexual. I. Daich, Deborah II. Daich, Deborah, comp. III. Sirimarco, Mariana, comp.

CDD 305.4

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.

Armado: Hernán Díaz

© Las autoras y los autores, 2015

© Editorial Biblos, 2015

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Presentación

Deborah Daich y Mariana Sirimarco

Una mujer joven, de alrededor de treinta años, entra en un supermercado chino en las primeras horas de la tarde. Hace sus compras habituales y cuando sale del local, cargando sus bolsas, se encuentra con dos policías. “Te vamos a tener que hacer el acta”, le dice uno de ellos. Ella se niega, discute, pero no hay caso. Los policías saben que ella ejerce el trabajo sexual en las calles de Constitución. La conocen, la han visto con anterioridad y ya varias veces le han labrado un acta contravencional por “oferta ostensible de sexo en la vía pública”. Ella se resigna, entiende que la policía está “haciendo estadística” y que le ha tocado “perder”. Que por más que en ese momento no esté trabajando, que esté haciendo las compras como cualquier vecina, ella no puede evitar ser objeto constante de la mirada policial. Piensa que seguramente esa acta no llegará a nada, los policías mismos le dicen que no se preocupe. Se acuerda entonces de cuando la policía la perseguía y la golpeaba. Se acuerda de ese policía en particular, ese que nunca le hizo un acta, que quería “salvarla” del mundo de la prostitución, que le ofreció casamiento y con el que ella, que jamás renunciaría a su independencia, apenas aceptó una suerte de noviazgo. Recuerda muchas anécdotas, sopesa la situación, y entonces piensa que aceptando el acta ese día, más tarde, cuando salga a trabajar, ya no van a molestarla.

Otras cinco mujeres toman mate en la cocina de un departamento. Mientras conversan se pintan las uñas y se arreglan el pelo. De pronto, golpean fuertemente la puerta de entrada. Una de ellas se acerca, la entreabre y recibe el golpe brusco con el que las fuerzas de seguridad tiran abajo la puerta. Dicen que es un allanamiento. Les gritan que muestren las manos y le apuntan en la cabeza a una de las mujeres. Le apuntan y le gritan: “¡¿Qué tenés ahí?!”. Ella muestra la planchita de pelo. Les ordenan tirarse al piso. Luego llegará el equipo de rescate y las psicólogas les preguntarán cómo llegaron ahí, de dónde vienen, quién las trajo, por qué ejercen el trabajo sexual y si son víctimas de trata. La policía secuestrará dinero, teléfonos celulares y computadoras. La municipalidad clausurará el departamento. Se iniciará una causa judicial. Las mujeres quedarán con miedo. No sabrán si ir a trabajar a otro departamento –incluso a uno que tenga regente–, si aunar esfuerzos y reabrir en otro lado, o si trabajar directamente en las calles.

Estas dos instantáneas forman parte de la cotidianidad de quienes ejercen el trabajo sexual en Buenos Aires. Forman parte, asimismo, de los múltiples relatos que hemos ido recogiendo en el campo durante los últimos años. Relatos que han sabido contener una buena cuota de similitud: asedios, relaciones y negociaciones varias con la policía, allanamientos y causas judiciales por trata de personas, actos de discriminación y exposición por parte de vecinos y “buenos ciudadanos”.

Estas instantáneas condensan las recurrencias sobre las que queremos llamar la atención en este libro. Aparecen, en ellas, las agencias y los actores que conforman la red de relaciones en que se mueven las mujeres que ejercen la prostitución. La policía, por ejemplo. Pero no necesariamente la policía como institución, sino los policías como clientes, amantes ocasionales y hasta amigos. Como aquellos que cobran una coima, hacen el acta contravencional o irrumpen en un allanamiento. O como aquellos que violentan, controlan, violan y golpean.

Aparecen también en estas escenas los funcionarios, agentes de la Justicia o de otras oficinas estatales que explican que ya no es posible publicar avisos en los diarios porque por más que digan “masajistas” se sabe que es sexo comercial; que vienen, en medio de los allanamientos, a ofrecer asistencia y rescate a través de indagatorias de lógica inquisitorial.

Pero no sólo la policía y el sistema judicial son partes necesarias en estos relatos. Aparecen en ellos también los vecinos. Aquellos que denuncian con la policía y los medios masivos de comunicación, que traen las cámaras de televisión y señalan con dedo acusador. Aparecen las organizaciones de la sociedad civil que realizan escraches frente a cabarets y departamentos privados, exponiendo a quienes allí trabajan por voluntad propia a la mirada pública, del barrio y, a través de la espectacularización mediática, de la sociedad toda. Aparecen las activistas que retiran de la vía pública los volantes de oferta sexual, juzgándolas víctimas o culpables.

Policías, funcionarios, vecinos, activistas. Lo omnipresente en estas dos instantáneas es que las personas que ejercen la prostitución se saben controladas. Una cosa es evidente: nuestras interlocutoras no hablan de control policial, sino de control policíaco. De un control que, rescatando la acepción más amplia del concepto, hace mención a la vigilancia y al mantenimiento del buen orden y las costumbres, quien quiera que sea el encargado de custodiarlas. Un control que busca garantizar las condiciones de eticidad de las conductas sociales.

Sobre este nudo conceptual se asienta este libro.

Sabemos que la problemática del sexo comercial ocupa un espacio privilegiado en la agenda pública de nuestro país. Y no se trata tan sólo de los debates en torno a la restitución de derechos de personas en situación de prostitución, sino también de aquellos que refieren a las posibilidades de legalización de la actividad, pues esta última es una demanda permanente de las mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales. Las discusiones acerca de la prostitución ocupan hoy, además, un lugar vinculado a los debates acerca de la trata de personas con fines de explotación sexual, en los que abundan, por cierto, lecturas feministas diversas y, muchas veces, irreconciliables.

No nos ocuparemos, sin embargo, de tales ejes en este libro. En una problemática tan vasta como el mercado del sexo y sus tantas aristas posibles de investigación, nuestro interés gira centralmente en torno a los modos –discursivos, no discursivos, formales, informales– en que distintos agentes, mecanismos y armazones burocráticos construyen, articulan y ejercen el control de la prostitución. En este sentido aquí se problematiza la campaña antitrata y su eficaz retórica, atendiendo a las formas de su apropiación e impacto en las políticas locales de distintos países.

La relevancia de la temática, en cuanto problemática social y como problema que debe ser investigado por las ciencias sociales, es bien significativa. Sin embargo, su tratamiento en nuestro ámbito académico es más bien escaso. Este libro reúne análisis de casos de autores de distintas áreas disciplinares y, si bien se asienta fuertemente en el contexto argentino, se asoma también a otras realidades regionales (mexicana, brasileña, colombiana, española), con la esperanza de que puedan ayudar a pensar la temática desde una perspectiva regional interconectada.

Las “putas honestas” de la ciudad de México

Marta Lamas

En la ciudad de México el comercio sexual es un fenómeno muy extendido que engloba diversos tipos de actividades, jerarquizadas económica y socialmente, que van desde el taloneo en la calle hasta la refinada atención de alto nivel, pasando por una variedad de formas y lugares para los servicios sexuales. El “sexoservicio” es un punto en el itinerario de vida de mujeres de distintos sectores, y hay varias maneras de transitar por la “prostitución” y muchas diferencias en el desempeño del trabajo. La tradición del comercio sexual es tan antigua que la mayoría de la población está acostumbrada a su existencia, por lo que goza de cierta “despenalización moral” en los ámbitos populares, en contraste con el discurso moralista de raigambre eclesiástica. No obstante, la actitud tolerante de la ciudadanía no basta para tener derechos laborales y, de un tiempo para acá, las trabajadoras sexuales exigen que se reconozca su actividad como un trabajo.

En estas páginas analizo un acontecimiento político reciente: la resolución de una jueza respecto de la obligación del Gobierno del Distrito Federal (GDF)[1] de reconocer la condición de “trabajadoras no asalariadas” a las llamadas “prostitutas”. Inicio con un rápido paneo al desarrollo histórico de la prostitución en la ciudad de México, después narro la batalla de un grupo de trabajadoras sexuales para conseguir el reconocimiento, y luego desarrollo una reflexión sobre cómo el discurso abolicionista que homologa trabajo sexual y trata inhibe un necesario proceso de regulación del comercio sexual y alimenta el giro policíaco y carcelario de la política neoliberal.

Algo de historia

En México, antes de la llegada de los conquistadores españoles, la existencia de la “prostitución” era un hecho común y corriente. Había distintos nombres con que se designaba a las mujeres, pero el más común era ahuianime, del verbo ahuia, alegrar, por lo cual Roberto Moreno de los Arcos (1966), siguiendo a Miguel León Portilla (1964), las designa como “las alegradoras”. Alfredo López Austin[2] discrepa de tal traducción y propone a su vez que se trata simplemente de “las alegres”. También se las califica como “la que se da a alguien”, “la que vende su trasero”, “la mujer de muchos meneos”, “la que vive mirando a todas partes”, “la mujer deshonesta”, “la persona carnal y lujuriosa” y, muy desconcertantemente, “la prostituta honesta”. Aunque los cronistas consignan un supuesto repudio social, las prostitutas andan alegres por la calle y se enorgullecen de lucirse y embellecerse.

Moreno de los Arcos (1966: 15) subraya “los peligros para el esclarecimiento de los temas prehispánicos” cuando explica que los datos, en su gran mayoría, “han pasado por el tamiz de la mentalidad europea, asimilando, en ocasiones, los conceptos prehispánicos con algunos occidentales afines”. Al parecer, en la época prehispánica existieron varias formas de “prostitución”: la hospitalaria (la sociedad azteca conoció la fórmula de recibimiento a los extranjeros), la religiosa o ritual (que alegraba el reposo del guerrero o las últimas horas de las víctimas destinadas al sacrificio) y la civil. Enrique Dávalos López (2002) revisa los textos que un grupo bastante homogéneo de frailes historiadores[3] elaboró acerca de las culturas sexuales del México antiguo. Al analizar esos textos y cotejarlos con otras fuentes surgen elementos importantes que lo llevan a sugerir que “la cultura sexual de los indios mexicanos presentaba rasgos notablemente diferentes a los esbozados en el discurso de los frailes historiadores” (6). Por las concepciones, creencias y valores sexuales que tenían, para los religiosos era “inconcebible tratar el deseo, el placer y las prácticas sexuales sin condenarlas a la vez” (81), lo cual condicionó su trabajo. De ahí la reserva con que manejaron ciertos temas o el silencio que guardaron sobre determinados aspectos.

En la prostitución “religiosa” en México, las putas aparecían no sólo como “una especie de premio para los guerreros destacados” (Dávalos López, 2002: 23), sino que además eran protagonistas de ceremonias religiosas. Asimismo, parece que “ciertas sacerdotisas o monjas de los templos escuelas cumplían funciones sexual-religiosas” (23). Las estudiantes sacerdotisas del telpochcalli gozaban de varias licencias en su comportamiento sexual, pues los nobles ofrecían regalos y comida a las sacerdotisas a cambio de pasar la noche con algunas de sus alumnas. Varios elementos le sugieren a este historiador que las sacerdotisas o monjas del telpochcalli realizaban prácticas sexuales, que las prostitutas participaban en las fiestas religiosas, y que probablemente sacerdotisas y mujeres alegres no estaban tan diferenciadas como ocurría en España.

Al cotejar las fuentes en náhuatl, Dávalos López insiste en que la traducción castellana de Sahagún oscurece esa posible forma de prostitución y se pregunta si es posible que las mujeres ligeras hubiesen sido monjas. Por eso cuestiona la división (que respondía al esquema ideológico hispánico) entre prostitutas y sacerdotisas que los frailes quisieron remarcar a partir del modelo europeo: las rameras y las monjas. No es extraño que los frailes enaltecieran a las sacerdotisas tratando de distinguirlas de las alegres, pues tal distinción respondía a su realidad hispánica. Sin embargo, la oposición entre puta y decente “no correspondía a las instituciones religiosas y educativas del México prehispánico” (25).

Tanto Dávalos López como Moreno de los Arcos comparten una certeza: los textos permiten atisbar formas de intercambio sexual distintas, más libres, no marcadas por el estigma. Por eso Dávalos López encuentra poco clara una dicotomía entre las putas y las decentes, pues las alegres contaban con un singular reconocimiento social y religioso. Además, al igual que Moreno de los Arcos, Dávalos López se interroga sobre el término que alude a la puta honesta, que consigna el padre Alonso de Molina (1992) desde mediados del siglo XVI. Lo incomprensible para los cronistas españoles que intentaban registrar una cultura tan distinta era la existencia de una puta sin estigma. Como los significados culturales no coincidían, los frailes resolvieron la contradicción eliminando las referencias, aunque algunas se les colaron. A estos cronistas las relaciones sexuales distintas, abiertas, sin estigma, no sólo les resultaron incomprensibles, sino que además las censuraron, consciente o inconscientemente.

Según Dávalos López, el discurso de los frailes oscureció una realidad que desentonaba con la mentalidad europea, pues aunque los religiosos podían encontrar cierto paralelismo entre la prostitución indígena y la española, lo que no podían entender es que se pudiera ser al mismo tiempo puta y honesta. Lo que los sorprendió fue que los indios no tuvieran a las rameras segregadas en barrios, calles y casas especiales, y que se confundieran con las buenas mujeres. Todos los estudiosos afirman algo significativo: no había espacios especiales para la prostitución, ni lugares particulares o casas específicas para su trabajo. Cada mujer vivía donde quería. Sahagún es quien trata con más extensión el asunto, describiendo con todo detalle a la prostituta y sus actividades: “Es andadora o andariega, callejera y placera, ándase paseando, buscando vicios, anda riéndose, nunca para y es de corazón desasosegada” (Dávalos López, 2002: 129-130).

Es evidente que con el impacto cultural de la conquista la “prostitución” religiosa o ritual se eclipsó, pero con la conquista de México llegó una población principalmente masculina, que había dejado esposa e hijos en España, y esa situación favoreció la práctica de una prostitución con rasgos domésticos y arraigada frecuentemente en el medio familiar. Según Ana María Atondo Rodríguez (1992: 332), la prostitución que se extendió en México y que se practicó durante todo el período virreinal es parecida a la que se ejerció en los reinos hispánicos al final de la Edad Media. El comercio sexual que se practicaba en España en esos tiempos se ejercía generalmente bajo el control de proxenetas o alcahuetas, con un limitado margen de acción de las mujeres. Atondo rastrea el comercio sexual desde finales del siglo XIV, cuando las autoridades españolas tenían ya cierto control sobre la “prostitución” que existía en las ciudades, gracias precisamente a las “casas públicas” oficiales, pues la Corona española ejerció control sobre los burdeles. Las referencias de Atondo sobre el “amor venal” que se vende en los hogares y los albergues en los siglos XVI y XVII permiten hacerse una clara idea del tipo de situación que llevaba a las mujeres a traficar con su cuerpo. La investigadora plantea que “el ejercicio de este oficio ofrecía a las españolas pobres, solteras o «mal casadas», huérfanas, viudas o abandonadas por sus maridos la posibilidad de tener un medio de subsistencia en una sociedad que veía con cierto desdén el desempeño de trabajos manuales por esta clase de mujeres” (332).

En el curso de su texto, Atondo ofrece un panorama sobre los distintos tipos de mujeres, desde las pobres –que acababan en los recogimientos[4] o trabajaban de sirvientas– hasta las españolas que, al ser incapaces de valerse por ellas mismas, se sometían a un alcahuete o lenón para su sobrevivencia, pasando por las cortesanas de los hombres ricos, que “llegaban a introducirse en el círculo de la clase dirigente”. Lo que tenían en común las mujeres “públicas” en los siglos XVI y XVII novohispanos es que todas contaban con la “protección” de proxenetas y alcahuetes, que incluso eran la madre o el marido. Por eso Atondo (1992: 299-300) habla de un “proxenetismo familiar” y de un “proxenetismo maternal”. Estos mediadores hacían las transacciones con los clientes, y su relación con ellas se extendía a lo largo de toda su vida.

En su Informe de la búsqueda de referencias sobre prostitución en el Archivo General de la Nación, Carmen Nava (1990) consigna documentos que testimonian el establecimiento de la “prostitución” novohispana: la autorización expresa de la Corona española para la construcción de un burdel (1524), el permiso para la existencia de una “casa de mancebía” (1538) y varios ordenamientos posteriores para que las mujeres tuvieran “alternativas”. En el siglo XVIII ya despuntan formas distintas de establecer relaciones de compraventa sexual, y esta investigadora señala que la actividad represiva de la justicia real o eclesiástica se dirigía no contra las mujeres sino contra los intermediarios. Por ello quienes ejercían el celestinaje o la alcahuetería tenían otro oficio que les servía de tapadera. Según Atondo, en el siglo XVII la tolerancia empieza a extinguirse y aumenta la represión contra las mujeres públicas. Estos cambios, que se acentúan en la segunda mitad del siglo XVIII, conducen a la aparición de una nueva visión sobre el comercio sexual (paralela a la entrada –en 1711– del término “prostitución” en castellano) para tipificar ese tipo de actividad que se extiende a las vinaterías, las pulquerías y la calle, y cobra una dimensión “normal y permanente” en la vida urbana.

Después del pasaje de la variante doméstica de comercio sexual, en los siglos XVI y XVII, a la que invade las calles y las tabernas en el siglo XVIII, hay otro giro durante el principio del siglo XIX en el contexto de la lucha de México por independizarse de España (1810-1821). En ese momento, la vanguardia de la modernidad es la francesa y, así, el control de la prostitución en México adoptará el modelo jurídico y legal francés, con sus discursos moralista e higienista. Esa será la influencia determinante en México en el siglo XIX, que reglamentará la prostitución siguiendo el sistema francés del control sanitario (Núñez, 1996). Lo fundamentalmente nuevo es que la “prostitución” empieza a verse como un “problema social”, es decir, ya no como una actividad entre personas libres de relacionarse sexualmente bajo una regla mínima, como había sido en los siglos anteriores (ídem).

La obsesión higienista prosigue hasta el siglo XX, e influye en las políticas públicas y el discurso político posrevolucionario. La movilización de los revolucionarios hizo que muchas mujeres (viudas, huérfanas o madres solteras) recurrieran al comercio sexual para sostenerse económicamente y mantener a sus hijos o familiares mayores. Además, la actividad sexual de esa época produjo un incremento de las enfermedades venéreas, por lo que se intentó aumentar el control sanitario (Bliss, 1996). Y aunque en 1914 se estableció un nuevo Reglamento para el ejercicio de la “prostitución” en el Distrito Federal (mis comillas), en 1926 una autoridad sanitaria, el doctor Bernardo Gastélum, señaló que había unas veinte mil prostitutas, de las cuales escasamente dos mil estaban sanas, y que más de la mitad de los mexicanos padecía sífilis (ídem). Más tarde, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se planteó la necesidad de abolir el reglamentarismo. El abolicionismo significó inicialmente la retirada del involucramiento del Estado en el registro, el otorgamiento de permisos o la inspección de las trabajadoras sexuales (Day, 2010). En 1940 entraría en vigor un reglamento abolicionista en la ciudad de México,[5] suscribiendo así los convenios impulsados por la Federación Abolicionista Internacional, con sede en Ginebra. Desde entonces, oficialmente terminó el control sanitario, hasta que la epidemia del sida planteó la necesidad de volver a instrumentarlo. Salvador Novo, en su incisivo ensayo “Los prostíbulos y la decadencia de la conversación”, arremete contra la administración cardenista que abolió la “prostitución”, defiende a las prostitutas como “trabajadoras no asalariadas” y denuncia la falta de protección del Estado:

Triste destino el de estas trabajadoras no asalariadas que ahora ejercen sin título y sin garantías: dispersas, perseguidas, románticas, el noble servicio que otrora floreció, competentemente organizado, en los burdeles. (78)

Sin embargo, a pesar del abolicionismo, en la ciudad de México la “tolerancia” gubernamental permitió que se sostuvieran las casas de citas, aparecidas en los años 30, pues la vida nocturna florece al terminarse la violencia revolucionaria. El gran auge de las casas de citas se produce en las décadas de los años 40 y 50, pues al “abolir” el gobierno la prostitución, se acaba el negocio callejero y las mujeres tienen que recluirse en locales cerrados. En los años 50 los clubes empiezan a venirse abajo, tanto por la necesidad de “privacidad” de los clientes como también porque el gobernante de la ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu (llamado el “regente de hierro”) decide cerrar las casas de citas y desmantelar la “zona roja” del DF.[6]

A partir de los años 70, con Luis Echeverría, empieza de nuevo el comercio sexual en la calle, y las mujeres se “paran” en las esquinas de la ciudad de México. Será hasta la mitad de los años 80 cuando las trabajadoras organizadas enfrentaran las redadas policíacas. Su lucha logra el nombramiento de “representantes” autorizadas desde el GDF, así como el establecimiento de los llamados “puntos tolerados”. Esto correspondió con el primer reordenamiento del trabajo sexual en la vía pública en el DF que –al menos en ese entonces– ofreció mayores garantías en la calle, a pesar de la expoliación de la que eran objeto muchas compañeras dedicadas al comercio sexual (Madrid Romero et al., 2014). En 1988, la Asamblea de Representantes del DF modifica el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica del Distrito Federal e incluye la queja vecinal como elemento probatorio para poder detener a hombres y mujeres que ofrecieran sexo comercial en la vía pública. Aunque el objetivo era ponerle un freno a la autoridad para que no pudiera realizar razias sin contar con tales quejas, la arbitrariedad policíaca persistió. En 1994, siendo ombudsman Luis de la Barreda Solórzano, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emite la Recomendación 8/94, primera –y hasta la fecha única– sobre el tema del trabajo sexual en la vía pública, donde se asume que las y los sexoservidores son trabajadoras y trabajadores.

La lucha por derechos laborales

Desde los años 70, en todo el mundo, las llamadas “prostitutas” empezaron a organizarse para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal. En diversas naciones organizaron conferencias y encuentros para debatir sobre las condiciones de la regulación de su trabajo, e incluso algunas hicieron huelga y amenazaron con dar a conocer los nombres de sus clientes (Pheterson, 1989). Así, en otros países lograron progresar en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos (Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin, 2011).

En México, el proceso de organización de las trabajadoras sexuales de cara a exigir derechos laborales es relativamente reciente.[7] Una clara lucha porque el gobierno reconozca el carácter laboral del trabajo sexual data de mediados de los años 90 y está estrechamente vinculada al trabajo de acompañamiento político que realiza un grupo ciudadano llamado Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.[8] Esta asociación civil sin fines de lucro, apartidista y laica, integrada por trabajadoras sexuales y otras mujeres solidarias, además de un patronato formado por especialistas en salud, políticas públicas y periodismo, se ha especializado en la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de las trabajadoras sexuales, así como en la prevención del VIH-sida y enfermedades de transmisión sexual (ETS). La organización es parte de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas (REDLAC), capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (The Global Alliance Against Traffic in Women, GAATW) y se rige por una asamblea general integrada –en su mayoría– por trabajadoras sexuales que se han aglutinado, desde 1997, bajo el nombre público de Red Mexicana de Trabajo Sexual. Desde 1993, Brigada Callejera se ha dedicado a promover que la sociedad mexicana, en especial la clase trabajadora y el Estado, deje de considerar este oficio como una actividad denigrante.

A partir de 1997, Brigada Callejera ha coordinado la realización de diecisiete encuentros nacionales en la ciudad de México y otras cinco entidades federativas,[9] en hoteles, pero también en una iglesia del centro de la ciudad de México, un convento, una dependencia del gobierno (DIF) y en la propia tienda de condones de esa organización. En los encuentros se han debatido cuestiones coyunturales, se han hecho declaraciones políticas y se han programado acciones conjuntas con otros grupos, en especial aquellas dirigidas a obtener condiciones laborales dignas, seguridad y respeto a los derechos humanos y civiles de todas las personas involucradas en el trabajo sexual, sobre todo las trabajadoras de la calle. En paralelo a la realización de talleres de capacitación, en todos los encuentros se han discutido asuntos políticos de fondo, así como estrategias concretas para enfrentar el acoso y la extorsión policíaca.[10]

Desde la proclamación de la Cartilla de derechos humanos de las trabajadoras sexuales en México durante el Primer Encuentro Nacional de 1997 se postuló la importancia de reivindicar los derechos laborales. En el tercer taller, del 22 de julio de 1999, Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual acordaron que la cooperativa Ángeles en Búsqueda de la Libertad SC tramitara ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal una petición de licencia de trabajadores no asalariados para los grupos de sexotrabajadoras de la ciudad de México. Esta licencia es una forma de reconocimiento del GDF a personas que trabajan en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y diez categorías más.[11]

El 3 de agosto de 2000, la cooperativa Ángeles en Búsqueda de la Libertad vuelve a indagar sobre el curso de esa petición, y el 7 de agosto de ese año les es denegada. Pasarían más de diez años en los que las trabajadoras seguirían luchando en distintos frentes, sentando a las autoridades en mesas de trabajo, haciendo difusión entre otros grupos de trabajadores, coordinando los encuentros, organizando marchas y protestas y denunciando la extorsión y el abuso de la policía. Ese tiempo funcionó para la maduración del objetivo de conseguir las licencias de no asalariadas.

El 1 de agosto de 2012, cerca de cien integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual[12] solicitaron de nuevo las credenciales de trabajadores no asalariados a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del GDF. Ante la falta de respuesta, la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero, convocó a varias asambleas de trabajadoras sexuales de la ciudad de México, en las cuales se acordó tomar la vía del litigio legal. La abogada Bárbara Zamora y Santos García, del bufete jurídico Tierra y Libertad, AC (organización integrante de La Otra Campaña, convocada por el EZLN), inició un juicio de amparo de un grupo más pequeño (61 mujeres y 6 varones) contra la violación al derecho a trabajar en paz como trabajadoras sexuales no asalariadas, y en lo particular contra la violación al derecho de petición de las credenciales. En febrero de 2013 se admitió la demanda de amparo, donde además de reclamar que la Secretaría del Trabajo no les diera el mismo trato que a otros trabajadores en vía pública se solicitaba también al jefe de gobierno del Distrito Federal la aplicación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada el 31 de marzo de 2004, en concreto el artículo 24, fracción VII, relativo a tipificar como falta administrativa el trabajo lícito de las personas que se dedican al sexoservicio, y a la Asamblea Legislativa del DF por haber proclamado esa ley.

El primer juicio relativo a la demanda estuvo a cargo de un juzgado de distrito que se declaró incompetente para conocer la cuestión planteada, dado que los actos reclamados por los solicitantes se ubicaban en el ámbito del derecho laboral, “pues la litis se constriñe medularmente en considerar y reconocer su carácter de trabajadores no asalariados, para lo cual debe verificarse que cumplan con lo establecido en una relación laboral con características propias”. El caso fue remitido a un juzgado federal en materia de trabajo, y ahí el juez cuarto también se declaró incompetente, por lo que se trasladó el caso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. El 24 de junio de 2013 lo admitió el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, y el 31 de enero de 2014 la jueza primera de distrito en materia administrativa del DF, licenciada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, les concedió el amparo (PJF, 2013).[13]

La sentencia es muy clara. Luego de señalar que “el asunto es complejo porque está envuelto en una problemática social y jurídica profunda, pues las personas que prestan su trabajo como sexoservidoras/es se encuentran en la mayoría de los casos en una situación de vulnerabilidad extrema que cargan a cuestas desde muy tierna edad”, la jueza argumentó que “la prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad plenamente conscientes de ello puede considerarse como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor (sexual) por dinero”.

La jueza discrepó con los planteamientos de la Ley de Cultura Cívica y estimó que “abordar el tema de la prostitución bajo el argumento de que no puede dársele la connotación de un trabajo o bajo el argumento de que es una actividad indigna, deshonesta o socialmente inútil es tanto como abordar el problema con una visión muy estrecha y sin tomar en cuenta todas las aristas sobre las que gira, pues es verlo desde el punto de vista de sí [lo que] escandaliza la moral de algunos miembros de la sociedad, pasando por alto la alta complejidad que tiene, como es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los trabajadores sexuales, que muchas veces son explotados por los proxenetas, que no tienen otra alternativa de vida para su sustento, que han sido marginados social y familiarmente, a quienes se ha violado el derecho a la salud, especialmente sexual y reproductiva, a la educación y en algunos casos se ha transgredido su dignidad humana. La mayoría de las veces han iniciado en este oficio siendo menores de edad, engañadas y explotadas, viven en una profunda soledad y con limitaciones materiales alarmantes, pues a veces no tienen donde dormir, y mientras más se acercan a la edad adulta e incluso a ser personas adultas mayores su situación se agrava aún más. En ocasiones son objeto de extorsiones y actos de hostigamiento e intimidación por los propios agentes policíacos y ministeriales”.

Por ello, al parecer de esta jueza de distrito, “la problemática que gira en torno a la prostitución es muchísimo más compleja que la simple calificación moral o descalificación simplista de ese oficio como un trabajo que no puede considerarse como honesto, digno o socialmente útil” (mi subrayado).

Respecto del artículo de la Ley de Cultura Cívica, la jueza concluyó que “la redacción de ese numeral tiene en lugar de un incentivo virtuoso para las quejosas, uno dañino que transgrede el derecho al trabajo y a la igualdad, porque las posiciona en una situación aún más vulnerable de la que se encuentran”. Además, señaló: “No puede quedar al arbitrio de un tercero, como es un vecino, el ejercicio de la prostitución”. Más adelante subrayó que no se puede ver la prostitución “únicamente desde el punto de vista de si es una actividad digna y honesta y dejarla al arbitrio de una queja vecinal”.

En su argumentación sobre el derecho al trabajo, la jueza señaló que “es inconstitucional especialmente en relación con los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados en los artículos 5º y 1º de la Constitución”. Al enfatizar la importancia de respetar la libre elección de su trabajo, también decidió que sí procede otorgarles la licencia de trabajadores no asalariados y expedirles la credencial que lo verifica.

El 5 de febrero de 2014 llegó la resolución de la jueza a la Oficialía de Partes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno (STGDF) del DF. Un mes antes, el 6 de enero, la licenciada Patricia Mercado, feminista de larga data, había sido nombrada titular. El funcionario encargado de dar respuesta a la orden de la jueza, siguiendo la línea anterior, se mostró disconforme y decidió no acatar la resolución. Sin embargo, cuando llevó el documento a la recién estrenada secretaria Mercado para su firma, y ella vio de qué se trataba, decidió aceptar la resolución de la jueza y otorgar las licencias con sus credenciales.

La resolución de la jueza también conminaba al GDF y a la Asamblea Legislativa. En la Consejería Jurídica del GDF algo similar había ocurrido: los abogados habían respondido que presentarían un amparo para no acatar la orden de la jueza y en la Asamblea Legislativa los diputados iban a hacer lo mismo. Patricia Mercado habló con ambas instancias y explicó las razones por las cuales había decidido obedecer la resolución, y logró convencerlas de que se retractaran. Entretanto, la abogada Zamora y las quejosas –acompañadas de Brigada Callejera– ya se habían presentado a la Secretaría del Trabajo a exigir las credenciales. Aunque esa entrega requiere una labor previa de acuerdo con las autoridades delegacionales para fijar los lugares públicos donde se llevará a cabo el servicio, la primera entrega de las credenciales se realizó el 10 de marzo de 2014, en las instalaciones de la STGDF. A partir de ese momento, más trabajadoras fueron a solicitar la licencia con su credencial.

Puritanismo y giro punitivo

Aunque a lo largo de los últimos años muchas trabajadoras han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes,[14] en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres dedicadas al comercio sexual como “víctimas”. Esta perspectiva surge a partir de los años 90, cuando la derecha religiosa en Estados Unidos ganó influencia, y muchas feministas que luchaban contra la violencia hacia las mujeres se aliaron con la cruzada moral de Ronald Reagan y luego de George Bush. En su afán puritano por encuadrar la actividad sexual dentro del matrimonio, Bush promovió la abstinencia y condenó el comercio sexual (Weitzer, 2010). Desde entonces, la política estadunidense mezcló comercio sexual y tráfico con una postura que tiñó la Convención de Palermo sobre trata, y que ha cobrado una gran influencia en el discurso mediático y en las políticas públicas de muchos países respecto del comercio sexual (Saunders, 2004).

De esta forma regresa el “abolicionismo”, pero no con el sentido de la no intervención del Estado en la regulación de la “prostitución”, sino con el objetivo de eliminar (abolir) todo el comercio sexual. Esa es la postura de la Coalition Against Traffic in Women (CATW), una extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell Davidson y Anderson, 2006: 14). Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero su eje es “salvar” o “rescatar” a todas las trabajadoras, pues considera la prostitución como una actividad degradante o una forma de “esclavitud sexual”. Esta política abolicionista viola los derechos civiles y laborales de muchas trabajadoras, aumenta el poder de terceros (clientes, padrotes, policías, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar (Agustín, 2007; Scoular, 2010).

Indudablemente el tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es apenas una parte (Casillas, 2013; Chang, 2013). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio, así como distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que proporcionen servicios sexuales. Sin embargo, el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” y “explotados” de las víctimas traficadas sirve también a una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes. Por eso el telón de fondo de muchas de las políticas policíacas es el miedo a la inmigración (Kulick, 2003; Agustín, 2007; Scoular, 2010; Weitzer, 2010; Kempadoo, 2012).

En México, en el contexto de precarización laboral (desempleo, ausencia de cobertura de seguridad social y miserabilidad de los salarios), la llamada “prostitución” es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en el país. Como están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual es una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Aunque algunas mujeres ingresan inducidas por la droga, la mayoría lo hace por necesidad económica, luego de una fría valoración del mercado laboral. Así, muchas, además de subsistir, pagan deudas, se mueven de lugar, se independizan, incluso se financian una carrera universitaria o ponen en marcha un negocio. De ahí que algunas investigadoras documenten que para un sinfín de mujeres el comercio sexual resulta con frecuencia un medio importante de movilidad económica y de liberación personal, y que más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado existe un continuum de relativa libertad y coerción (Agustín, 2007; Day, 2010; Kempadoo, 2012).

Por eso, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein, 1999: 117). Quienes han reflexionado sobre el tema están divididos al respecto: unos subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión”, mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows, 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas o llevadas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir”, en este caso, no implica total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

Las investigaciones sobre comercio sexual muestran una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck, 2001), por eso no se puede hablar en abstracto del comercio sexual; hay que ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre, distinguiendo las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, en especial su libertad de movimiento. En la ciudad de México la brecha económica y social entre quienes trabajan en las calles y las call girls[15] es sideral. Las call girls, que no son secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. A las de la calle la venta de servicios sexuales les permite sobrevivir, y a unas cuantas les permite ganar en un día la misma cantidad de dinero que obtendrían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

A partir del reconocimiento de que el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, sino que sus operaciones dan forma a las relaciones sociales, circula una reflexión feminista en torno a que algunas actividades humanas, como el sexo, no deberían venderse, pues tales transacciones tienen un efecto negativo en la justicia social (Phillips, 2013; Widdows, 2013).[16] Se califica como nocivas ciertas transacciones mercantiles que determinan preferencias problemáticas, que producen más desigualdad social (Satz, 2010). Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales, sobre todo cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, como relaciones jerárquicas o discriminatorias totalmente objetables (ídem). Para evaluar el mercado del sexo, Deborah Satz (2010) señala que es necesario valorar también las relaciones políticas y sociales que sostiene, así como examinar los efectos que produce en las mujeres y los hombres, y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos y en las normas sociales. Esta autora dice claramente que el comercio sexual es más nocivo que otros (por ejemplo, el de las verduras), porque contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Sin embargo, aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos, pues las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas.[17] La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, con más derechos y con oportunidades laborales. En ese sentido, Debra Satz (2010) señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de salud, no únicamente para quienes venden sino también para quienes compran. En general, todas las transacciones sexuales (y no sólo las comerciales) son una actividad con riesgos de contagio de ETS, en especial de VIH-sida.[18] De ahí la importancia de la regulación para una política de salud pública, pues la clandestinidad alienta prácticas no seguras.

Todo lo anterior me conduce a sostener que no hay que desviar la imprescindible lucha contra la trata hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. No hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas. Tampoco hay que pensar que el hecho de que muchas mujeres elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable. Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual y apoyar a las que quieren tener otra ocupación. Sin embargo, lo que priva hoy en día es lo que Kamala Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último erradicar toda forma de comercio sexual. Un eje de dicha estrategia reside en plantear que al defender los derechos de las trabajadoras sexuales se favorece la trata. Eso es falso. Otro eje es magnificar el fenómeno, pues la práctica nefasta de la trata con fines de explotación sexual es una parte mínima de la trata de personas.[19] Esta distorsión la ha retomado cierta cobertura mediática, pues al denunciar la trata resulta más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de obreras de la maquila, empleadas del hogar o mujeres pobres.

La falta de regulación permite que la policía persiga y extorsione a quien trabaja en la calle. Esta criminalización refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio y alimenta el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no solamente quienes controlan el negocio logran inmensas ganancias, sino también algunas autoridades policíacas y judiciales que extorsionan tanto a las trabajadoras como a los clientes y los hoteleros. Quienes intentan trabajar por fuera de las mafias enfrentan grandes dificultades y enormes peligros. Sin embargo, a partir de la resolución de la jueza, quienes tengan credencial podrán defenderse de la policía, puesto que en México la prostitución en sí no está prohibida.[20] Obvio que la obtención de la licencia no resuelve los graves problemas que siguen enfrentando las trabajadoras sexuales, ni les otorga la legalidad para establecer su negocio de formas más discretas y seguras.

Aunque la droga y el sida han impactado en el comercio sexual, su crecimiento expresa una transformación cultural y no sólo un mero fenómeno económico. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión del comercio sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes de México y del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y, al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata. Tal es el caso de los cárteles del crimen organizado, en especial del narcotráfico. Sin embargo, el narco no sólo está en el negocio ilegal de la trata sino también en cabarets y antros legales, con sus aterradoras formas de funcionar. La policía se involucra de formas complejas: algunos elementos policíacos son parte del negocio, incluso son socios de los narcos, mientras que otros persisten en la extorsión económica a escala individual, y unos cuantos más actúan con brutalidad en los operativos contra la trata y suelen detener también a trabajadoras sexuales independientes. Ante tal intrincado entretejido
de corrupción y riesgo, la regulación parcial del trabajo sexual a través de las licencias ha resultado un respiro para un puñado de trabajadoras sexuales, y sólo en la ciudad de México. Las credenciales sirven de precario escudo ante los operativos de la policía, aunque son inútiles ante las violentas intervenciones de las mafias. Además, no hay que olvidar que la creciente inseguridad en el país y la debilidad del estado de derecho inciden en la ya de por sí frágil situación de las trabajadoras sexuales.

Es un hecho que en el comercio sexual, tal como se da hoy en México, hay formas de trabajo forzado y de trata. La ambigüedad de la ley[21] y la falta de regulación cobijan delitos y encubren los criminales abusos de
delincuentes y policías, además de que impiden el establecimiento de estándares laborales y sanitarios. Asimismo, con la mezcla deliberada presente en el discurso hegemónico sobre “la lucha contra la trata”, no sólo se confunde comercio sexual y trata, sino que se describe la “prostitución” como una forma de violencia sexual. Elizabeth Bernstein (2012: 242) encuentra que, al conceptualizar la “prostitución” como “tráfico de mujeres”, el activismo abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva que “ha tenido un impacto devastador en el comercio sexual”. Esta investigadora plantea que el discurso sobre las trabajadoras sexuales como “víctimas que hay que salvar” abona la estrategia carcelaria contemporánea de la agenda económica neoliberal,[22] que ha producido una “remasculinización del Estado” y facilitado un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. A Bernstein le preocupa que las feministas en contra de la violencia sexual acudan cada vez más a la policía y que presionen a los legisladores para el endurecimiento de las penas. Ella interpreta esta tendencia a la criminalización como una forma contemporánea del control y disciplinamiento que hace tiempo pronosticó Michel Foucault (1976).

Bernstein lamenta que este sector del feminismo le haya dado la espalda a un análisis sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del comercio sexual y denuncia que el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta el carácter punitivo de la política neoliberal. Según ella, lo que más preocupa a las feministas abolicionistas y a los cristianos conservadores es el nuevo paradigma “consumista” respecto de la sexualidad: el sexo recreativo, en lugar del sexo procreativo. Esta transformación generalizada de las relaciones sexuales se vive como una amenaza, y las proclamas flamígeras contra el comercio sexual son una expresión de “pánico moral”.[23] Ya Roger Lancaster (2011: 74) señaló, refiriéndose al pánico sexual, que “el rechazo a ver las distinciones es la forma de operar del pánico”. Por eso la reacción de las abolicionistas ha sido la de no distinguir comercio sexual y trata, y así impulsar una mayor intervención policíaca. En lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones estructurales de desigualdad económica, desempleo y ausencia de seguridad social, la “cruzada” abolicionista respalda la estrategia neoliberal de criminalización y en vez de mostrar los factores estructurales que provocan que las mujeres recurran al trabajo sexual se centra exclusivamente en denunciar a los “delincuentes”: los tratantes, padrotes y clientes. No comprender las causas económicas obstaculiza el desarrollo de políticas que regulen el comercio sexual y eliminen la trata, fomenta el modelo punitivo y acaba dañando a las víctimas que pretende salvar.

Sin duda falta mucho (económica y políticamente) para que los seres humanos disfruten su sexualidad de maneras más libres y menos abusivas que las que hoy en día se están llevando a cabo, por lo que la compraventa de sexo seguirá vigente, y seguirá produciendo conflictos y desacuerdos. Pero reconocer legalmente que lo que hoy se califica despectivamente como “prostitución” es un trabajo puede ser el inicio de una transformación decisiva: la eliminación de un estigma que sólo afecta a las mujeres. Por eso el otorgamiento de las licencias de trabajadoras no asalariadas a quienes realizan trabajo sexual en las calles de la ciudad de México es un paso decisivo en la dirección correcta, no sólo porque ayuda a combatir la trata, sino porque también esta mínima forma de reconocimiento trae de vuelta la señera figura prehispánica de la puta honesta.

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Calles de suspiros: inspectores municipales y comisarios policiales en la regulación de la prostitución (Buenos Aires, 1875)

Cristiana Schettini

Este trabajo examina la intervención del poder público municipal y de la policía en el comercio sexual de la ciudad de Buenos Aires durante los años que siguieron a la aprobación de la ordenanza municipal que reguló las casas de prostitución. Se trata de un momento peculiar en el cual la municipalidad misma se encontraba en pleno proceso de organización y la fuerza policial pasaba por grandes reformas. Rastrear los encuentros cotidianos entre agentes policiales, inspectores municipales, vecinos, prostitutas y regentas permite recuperar este momento en su especificidad. A la vez, estas interacciones ponen de relieve los desafíos de la inestable legitimidad de los poderes municipal y policial para intervenir en la organización del comercio sexual en la ciudad.

La adopción del sistema de reglamentación en Buenos Aires a mediados de la década de 1870 fue parte de un amplio debate internacional en torno a la reglamentación de la prostitución. A la par de lo que ocurría en otras partes del mundo, los argumentos empleados en Buenos Aires para regular la prostitución eran de orden moral, pero ganaron nuevo empuje junto a explicaciones sanitarias y de orden práctico para definir las condiciones de ejercicio del comercio sexual. Las medidas defendidas por los llamados “reglamentaristas” incluían control de la circulación de prostitutas por la ciudad, reglas para ejercer sus actividades y obligatoriedad de exámenes médicos periódicos. De hecho, la amenaza de la sífilis y el pánico asociado a la noción de contagio hereditario dieron el tono de los debates sobre la prostitución en diversas partes del mundo hasta, por lo menos, la Primera Guerra Mundial (Bernheimer, 1997; Carrara, 1996). Por eso, en diversos países los médicos, secundados por autoridades locales cada vez más atentas a los argumentos higienistas, fueron los principales defensores de la adopción de medidas regulatorias.

Durante la década de 1880, estas iniciativas pasarían a ser conocidas como “neorreglamentarismo” en diversas partes del mundo (Corbin, 1996). Fueron asociadas a los países adherentes al llamado “sistema francés”, que combinaba una impronta sanitaria con prácticas más antiguas, como las medidas napoleónicas de marginalización y confinamiento de prostitutas a comienzos del siglo XIX. En oposición al modelo francés, los hombres y las mujeres interesados en los debates sobre la prostitución a fines de aquel siglo identificaban el “abolicionismo inglés” como su contracara. Esta postura, que reunía una heterogeneidad de grupos con intereses propios, surgió de la fuerte oposición que las Contagious Disease Acts (CDA) suscitaron durante su vigencia en las ciudades inglesas portuarias y de fuerte presencia militar, entre 1864 y 1886 (Walkowitz, 1980). Mientras existieron, las CDA habilitaron una acción policial represiva y exámenes médicos compulsivos a prostitutas. Sus opositores, que incluían a grupos reformistas y feministas, empezaron a articular un vocabulario plagado de metáforas de la esclavitud para denunciar los males de este sistema reglamentario. No sólo se cuestionaba su eficacia médica para combatir la sífilis, sino también su doble estándar moral, pues penalizaba a las prostitutas y ponía a amplios sectores de las mujeres de la clase trabajadora bajo sospecha moral, sin discutir nunca el libre acceso masculino a ellas.

Al denominarse “abolicionistas”, los grupos que se organizaron contra el sistema reglamentario inglés establecieron una conexión entre la reciente lucha contra la esclavitud en las colonias británicas, durante la primera mitad del siglo XIX, y la lucha contra la explotación sexual de jóvenes inglesas en sistemas reglamentarios en el continente, situación que pasó a ser nombrada “esclavitud blanca”.[24] Este vocabulario alimentó una verdadera cruzada moral contra los sistemas coercitivos. Además, legitimó la movilización política de muchos grupos, en especial de las mujeres inglesas previamente comprometidas en la lucha abolicionista contra la esclavitud en las colonias inglesas. Con el tiempo, sus iniciativas contribuyeron a generalizar la idea de que los sistemas reglamentarios favorecían el tráfico de mujeres, al penalizar a éstas y facilitar la acción de proxenetas.

Los hombres y las mujeres que debatieron sobre la prostitución en diversas partes del mundo desde fines del siglo XIX solían definir sus posiciones en relación con estos dos extremos: por un lado, el sistema reglamentario, fuese en su matiz más sanitario o más policial; por otro, sus críticos, reunidos en la postura abolicionista. Sin embargo, si se incluyen otras partes del mundo en este cuadro se vuelve más evidente que todos, reglamentaristas o abolicionistas, partidarios del sistema inglés o del francés, aceptaban la necesidad de formas específicas de vigilancia y control sobre el comercio sexual. Desde una perspectiva historiográfica atenta a las dimensiones conectadas y globales de la experiencia histórica, incluyendo a las colonias y a otras latitudes no europeas, la oposición tajante entre sistemas reglamentaristas y abolicionistas cede espacio a una heterogeneidad de configuraciones legales (Howell, 2009).[25] Insertas en un marco más amplio de políticas especiales de vigilancia sobre el comercio sexual, estas configuraciones fueron ganando sentidos específicos a la luz de los conflictos políticos y de las relaciones sociales locales.[26]

Reconocer la inserción de Buenos Aires en este marco internacional es un paso necesario aunque insuficiente para abarcar los sentidos del reglamento porteño. Por ello, este trabajo propone acompañar el accionar cotidiano de agentes policiales y empleados municipales sobre los habitantes de la ciudad vinculados con el comercio sexual. Sus pasos (y tropiezos) por la ciudad fueron registrados en la documentación municipal durante los primeros años de vigencia de la ordenanza que regulaba las casas de prostitución, aprobada en enero de 1875. El reglamento definió un estatus legal separado para las prostitutas registradas y mecanismos represivos para las llamadas “prostitutas clandestinas”. Con diversas modificaciones, estuvo vigente hasta 1936.

Gracias a los registros municipales y policiales producidos en la primera década de su vigencia se vuelve posible trazar el impacto de la ordenanza reglamentaria en las prácticas de vigilancia policial sobre el comercio sexual. La intención es insertar el accionar policial y el municipal, habilitado por la ordenanza, en la organización del mercado sexual en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX.

Policía y municipalidad

La aprobación del reglamento de Buenos Aires ocurrió de forma simultánea con las respuestas sociales a las epidemias que azotaron la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, en especial el brote de fiebre amarilla a comienzos de 1871. Éste fue el clima que justificó la aprobación de una serie de regulaciones municipales con relación a diversos aspectos del orden urbano, incluyendo la vivienda colectiva y también el comercio sexual. En los años anteriores a 1875, algunas tentativas de aprobar ordenanzas sobre la prostitución, más o menos fracasadas, dan medida de la dificultad generada por la idea de que el comercio sexual debería ser objeto de regulaciones explícitas por parte del poder municipal. Como la vigilancia sobre desórdenes y escándalos era parte de las atribuciones de la fuerza policial, no estaba para nada claro que corresponderían al poder municipal funciones de control del comercio sexual.[27]

El ámbito urbano porteño estuvo atravesado por los desafíos de la organización de un poder municipal durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, en un proceso iniciado con la instalación de las municipalidades a partir de 1852 y que se intensificó con la capitalización de Buenos Aires, en 1880 (Heras, 1949; Mouchet, 1957). Por aquellos años, la llamada “cuestión municipal” fue debatida entre los políticos liberales, que disputaban entre dos posturas: en aquella defendida por Domingo F. Sarmiento, la municipalidad era considerada fuente de una nueva legitimidad política democrática; en la posición adoptada por Juan Bautista Alberdi, se la pensaba como instancia de carácter administrativo y despolitizado, distante de la política y la ciudadanía (Ternavasio, 1991).

La convulsionada década de 1870 fue un momento fundamental de la delimitación de las atribuciones municipales. No se trataba sólo de este debate político de connotaciones prescriptivas, sino de decisiones inmediatas y urgentes que traían consecuencias sobre la vida cotidiana en la ciudad. En aquel momento, la prostitución era un tema que movilizaba dos puntos nodales de la organización municipal: los problemas de orden recaudatorio (tanto en lo que se refería al pago de impuestos y patentes como de multas) y el interminable conflicto de las disputas con otros poderes territorializados, en especial la policía, en torno a la delimitación de sus esferas de acción.

Ambos desafíos se volvieron apremiantes en los años cercanos a la aprobación de la ordenanza que regulaba las casas de prostitución, en 1875. Las autoridades municipales eran plenamente conscientes de su “existencia precaria”, expresión empleada por el presidente de la Comisión Municipal en 1876.[28] Uno de los problemas más graves en aquel año fue la apropiación indebida de los impuestos por los mismos individuos encargados de recaudarlos.[29] Desde luego, era evidente que no iba a existir ninguna municipalidad si no hubiese una forma sistemática de financiamiento y, en particular, un mecanismo confiable para acceder a los recursos recaudados. Los cargos de empleados municipales, en especial los inspectores, solían ser rentados. Sin embargo, en la década de 1870 muchos parecen haber tenido la expectativa de recibir un porcentual de lo que recaudaban en multas e impuestos.[30]

La construcción del poder municipal porteño ocurrió al tiempo que el ámbito del municipio se transformaba en un lugar crucial de la elaboración de políticas de carácter higienista, en especial a partir de 1871 (González Leandri, 2006; Paiva, 2000). En esta clave, el reglamento sobre casas de prostitución debe ser entendido a la luz de la elaboración de regulaciones y disposiciones sobre una diversidad de temas urbanos, en especial en torno a la vivienda colectiva (Caride, 2013). En 1871, pasados pocos meses del desastre de la epidemia de fiebre amarilla en el verano, la adopción de un reglamento de casas de inquilinato implementó un sistema de licencias y estableció criterios para su construcción y mantenimiento.[31] En la misma línea, pocos años después, el reglamento de casas de prostitución definió condiciones especiales para su funcionamiento, como la distancia de dos cuadras de templos, establecimientos educativos y teatros, la obligatoriedad de que fuesen regenteadas por mujeres y de exámenes médicos periódicos para las inquilinas.[32] Para fines de cobranza de impuestos, las clasificaba como casas de inquilinato.

En este sentido, el reglamento de 1875 integraba y segregaba las casas de prostitución con relación a otros lugares urbanos de reunión y vivienda colectiva. Al establecer reglas específicas de vigilancia moral y sanitaria sobre esas casas y sus moradoras, las separaba de otras actividades urbanas. A la vez, al considerarlas “casas de inquilinato” para fines “de higiene y de seguridad”, las reconocía como parte de un mismo proceso de expansión urbana y de funcionamiento de un mercado inmobiliario. Por eso, Horacio Caride (2013) observó que, al crear la figura del prostíbulo, la ordenanza de 1875 incidió en una diversidad de situaciones y lugares en los cuales la prostitución se mezclaba con otras formas de vivienda, trabajo y comercio.

Además de especificar las condiciones de funcionamiento de las casas de prostitución, el reglamento preveía multas para aquellas que no cumplieran con las condiciones establecidas. Asimismo, prohibía todas las formas de comercio sexual ejercidas fuera de las casas reguladas, incluyendo los establecimientos públicos frecuentados por prostitutas. Todas esas manifestaciones eran reunidas bajo la clasificación de “prostitución clandestina”. Para quienes reincidían, la punición era de ocho días de arresto. Los inspectores municipales eran los agentes formalmente encargados de hacer cumplir las condiciones.

Pero eso no quiere decir que sus autoridades fuesen reconocidas por los hombres y las mujeres que eran los blancos de la vigilancia. Para aquellos involucrados en el negocio de la prostitución, era la policía su interlocutora más habitual. Acostumbrada a recopilar datos sobre los flujos poblacionales en una ciudad en constante transformación, la policía era la fuerza pública que tenía mejor conocimiento de la ubicación y dinámica de lugares de sociabilidad urbana en el siglo XIX. Cuando, respaldados por la ordenanza, los inspectores municipales empezaron a vigilar las casas de prostitución, los comisarios de policía ya venían confeccionando listas en las que las identificaban por sus dueños y las vigilaban de cerca (Galeano, 2009).

La fuerza policial entró en la década de 1870 buscando resolver, a duras penas, la superposición entre diversos cuerpos de vigilantes que venía generando muchos conflictos. Un momento crucial de tal proceso fue la aprobación del Reglamento de Policía en 1868, bajo la jefatura de Edmundo O’Gorman. Entre otras prácticas policiales que el reglamento confirmó estaba su función de hacer cumplir las ordenanzas municipales. El reglamento también definió que los comisarios concentraran funciones sumariales y poder contravencional: elaboraban los sumarios para la Justicia y podían imponer multas y arrestos con gran margen de arbitrariedad, ya que no había una definición previa de penas o un código de contravenciones (Galeano, 2009).

En 1881, el Manual de Procedimientos establecía que a la policía le competía comprobar que se cumplieran los siguientes aspectos de la ordenanza: que las casas de prostitución fueran regenteadas sólo por mujeres; que respetaran la distancia mínima de dos cuadras de templos, teatros y casas de educación; que las prostitutas inscriptas fueran mayores de dieciocho años; que no se expusieran en las ventanas o puertas de las casas ni provocaran a los transeúntes en las “calles, plazas, paseos y teatros”; y, finalmente, la prohibición de la prostitución clandestina, definida como aquella “ejercida fuera de las casas de toleradas”.[33] Si en los primeros casos el rol del comisario policial era el de informar la ocurrencia al poder municipal, en los últimos la policía podía actuar motu proprio para arrestar a las provocadoras, las escandalosas y las prostitutas clandestinas.

Los historiadores han desarrollado una mirada crítica hacia la documentación producida por la propia policía para imaginar cómo eran las condiciones de trabajo de los agentes de calle. El trabajo estaba lejos de ser atrayente para la masa de hombres europeos que nutría el mercado de trabajo estacional porteño, considerándose los bajos sueldos ofrecidos (en comparación con los de los peones jornaleros), y probablemente también la disciplina militar, los horarios de trabajo y el bajo prestigio de la función. Por eso, no era sorprendente que las formas de reclutamiento estuviesen asociadas al sistema de enganche militar y a la vez a las agencias de conchabo, que en aquel momento propiciaban la inserción de trabajadores recién llegados en aquel mercado laboral urbano (Gayol, 1996; Galeano, 2009).

En contraste con la nacionalidad argentina de los hombres que ocupaban cargos de autoridad, los agentes activos en las calles de Buenos Aires alrededor de 1875 eran predominantemente extranjeros. Ellos aprendían sus funciones de forma oral, aunque circulaban también, para un público más restringido, el Manual de 1868, las Instrucciones para los sargentos, cabos y vigilantes de 1872 y, en los años siguientes, las revistas de policía. Las órdenes del día, emitidas por la Jefatura, eran leídas a la tropa (Galeano, 2009).

La implementación del reglamento de casas de prostitución fue uno de los temas que puso de relieve con más virulencia la relación conflictiva entre agentes policiales y empleados municipales. La importancia de las tensiones entre los dos grupos se expresó de forma inequívoca en los muchos momentos de su vigencia.

La regenta

Uno de los resultados más visibles de la aprobación del reglamento de 1875 fue la creación de la figura de la regenta de casa de prostitución. Antes, los prostíbulos eran emprendimientos que podían ser dirigidos tanto por varones como por mujeres. Después de 1875, la ordenanza que reguló la prostitución estipulaba que sólo las mujeres podían ejercer tal actividad. Los varones pasaron a actuar de forma oculta; la cara visible de los prostíbulos eran ellas, responsables del cumplimiento de las condiciones de higiene, moralidad y seguridad de sus establecimientos, así como de la conducta de sus inquilinas. Con eso, la regenta pasó a ser la principal interlocutora del poder municipal.

La documentación municipal posee escasas referencias sobre la relación entre la regenta y sus inquilinas. Sin embargo, los pedidos de licencia presentados durante la primera década de vigencia de la ordenanza, combinados con los registros de represión de la prostitución “clandestina”, permiten inferir que la situación predominante cuando el reglamento fue aprobado era la de una heterogeneidad de arreglos entre las moradoras de casas de prostitución. Aunque había regentas (y regentes varones, antes de 1875) de grandes prostíbulos de seis, ocho y hasta once habitaciones, también era posible encontrar mujeres que se instalaban solas o en compañía de una o dos más en casas pequeñas. Donna Guy (1994) describe el alto valor de las patentes y las intervenciones edilicias exigidas por la ordenanza de 1875, lo cual debe haber favorecido la proliferación de prostíbulos medianos y grandes en sus primeros años. A su vez, las mujeres que actuaban de forma autónoma, en especial aquellas que alquilaban piezas en casas que poseían otras funciones, se exponían a la clasificación de “clandestinas” y a la persecución policial. Todo eso funcionaba como una presión homogeneizadora del negocio.

Sin embargo, la persistencia de estos arreglos heterogéneos puede ser desprendida de los registros de persecución a formas de comercio sexual fuera de los prostíbulos, que siguieron apareciendo en los años siguientes. En 1884, una mujer que vivía sola en la calle Lavalle al 400 fue denunciada por los vecinos por ejercer la “prostitución clandestina”.[34] Meses después, eran dos las mujeres que resistían la vigilancia del inspector municipal en la misma casa. Para desalojarlas, el inspector general consideró necesario recurrir al apoyo policial. Pasados dos años, en 1886, tres mujeres ejercían la prostitución en la calle Viamonte, entre Suipacha y Esmeralda, a media cuadra de un colegio.[35] El asesor municipal recomendó a los inspectores aplicarles multa y arrestarlas por ejercicio de prostitución clandestina. También en este caso fue necesario acudir al auxilio policial para poner en práctica la decisión.

La aprobación del reglamento convirtió a todas las regentas, fuesen de casas grandes o chicas, actuaran o no como prostitutas, en intermediarias entre la casa de prostitución y el poder municipal. La regenta debía seguir una cantidad de reglas y pasos para solicitar y recibir una licencia. Su primer desafío era sortear las dificultades que involucraba el alquiler de una casa según las exigencias de la ordenanza, tanto en términos de ubicación como de estado higiénico. Este primer paso podía ser el momento más costoso de todo el proceso: era notorio que los alquileres cobrados a prostitutas solían ser mucho más altos que los que se pedían por casas con otras finalidades. Como la concesión de licencias seguía una lógica de concentración de la prostitución en ciertas cuadras del centro de la ciudad, aun sin respetar la distancia prevista de escuelas, templos y teatros, la tendencia era de encarecimiento de los inmuebles disponibles. Una vez encontrada la casa aceptable, tal vez la regenta necesitara que alguien le redactara la solicitud de licencia. Finalmente, ella debía recibir la visita del inspector municipal, este nuevo personaje responsable de examinar las condiciones de higiene y la ubicación de la casa. Una vez concedida la licencia, la regenta debía garantizar que sus inquilinas pasaran por los exámenes médicos semanales. El médico era la otra figura que también le daba concreción al poder municipal. Además, a partir de 1876 la regenta debía comunicar la entrada y salida de inquilinas y proveer una foto de esas mujeres a la municipalidad.[36]

En líneas generales, las intervenciones municipales favorecían la apertura de casas de prostitución reguladas concentradas en ciertas cuadras, en detrimento de lugares que reunían múltiples funciones. Este accionar fundaba la concesión de licencias para ciertas casas y también la acción represiva hacia los negocios “clandestinos”. Así, a comienzos de febrero de 1878, el comisario de la 3ª sección le pidió al jefe de policía la autorización para cerrar una serie de despachos de bebidas, dos de los cuales estaban ubicados en la calle Libertad al 200. A sus ojos, éstos no eran otra cosa que “casas de prostitución y como se hallan en calles muy centrales habitadas por familias honestas o donde existen establecimientos de comercio frecuentados por ellas” no podían seguir existiendo.[37] La explicación sonaba rara cuando era notorio que la cuadra 200 de Libertad concentraba casas licenciadas. Pero tal vez su solicitud se entienda mejor a la luz del mencionado interés compartido entre autoridades municipales y policiales de cerrar las casas “clandestinas” y flexibilizar la aceptación de las casas reguladas.

En todo caso, los resultados puntuales obtenidos con las medidas represivas raramente duraban. A finales del año, en noviembre de 1878, un inspector municipal volvió a quejarse de la reapertura de “cafés y fondas” clausurados, tres de los cuales estaban en la calle Libertad al 200.[38] Era evidente que los propietarios de despachos de bebidas vecinos a los prostíbulos licenciados, cuyos negocios se alimentaban de la circulación de hombres por aquellas manzanas, quedaban más desprotegidos frente a las autoridades. Algo similar ocurría con las mujeres que insistían en trabajar de forma autónoma en habitaciones conectadas con conventillos, bodegones u otras actividades urbanas. En oposición a ellas, aquellas que elegían una casa regulada poseían más garantías. En ciertas ocasiones, podían ser incluso defendidas por los inspectores municipales frente a vecinos hostiles.[39] Pero nadie escapaba a las miradas clasificatorias de los inspectores municipales y agentes de la policía.

Vigilancia y suspiros

Ésta fue la tendencia que emergió en la primera década de vigencia de la ordenanza sobre las casas de prostitución: concentración de casas reguladas en ciertas manzanas (en tensión con la tendencia expansiva del mercado inmobiliario y del negocio del comercio sexual) y represión de negocios “clandestinos”. Como se ha sugerido, esta tendencia resultó de la concurrencia de diversos elementos. En primer lugar, sus aspectos normativos básicos fueron definidos por la propia ordenanza (aunque no siempre eran observados por los empleados municipales mismos, en especial con relación a la distancia mínima de escuelas, templos y teatros). También incidió sobre la aplicación del reglamento la inspiración higienista que se concretaba en los exámenes realizados por los médicos y en la vigilancia de las condiciones de los edificios, a cargo de los inspectores. Finalmente, afectó su puesta en práctica la necesidad municipal de consolidar la recaudación. A esta lista se pueden sumar, especialmente, los contactos cotidianos entre prostitutas, comisarios policiales e inspectores municipales. Comisarios e inspectores cultivaban una relación compleja, que podía ser de apoyo y convergencia, pero la mayor parte del tiempo era de tensión y conflictos. Para empeorar, unos y otros tenían que enfrentarse con las dificultades de un público que no siempre aceptaba sus decisiones.

Ya en los primeros meses de vigencia de la ordenanza se volvió evidente que comisarios e inspectores no iban a ponerse de acuerdo sobre el estatus de las casas vigiladas, sobre las actividades que allí se desarrollaban ni sobre las medidas a ser tomadas. La situación se complicaba con el agregado de otros intereses. A dos meses de la aprobación de la ordenanza, en marzo de 1875, el propietario de una casa en la calle Tacuarí al 200 debe haber pensado que aquella era la oportunidad de verse libre de una inquilina incómoda.[40] Ella habría alquilado la casa para ejercer su oficio de planchadora y vivir con una hermana y una sobrina. Pero el propietario sospechaba que ejercía la prostitución. Algunos vecinos respaldaron la acusación al declarar que observaron un movimiento raro de hombres que entraban en la casa. La municipalidad solicitó el auxilio de la policía para desalojarla. Además de no tener licencia para la prostitución, la casa estaba al lado de una escuela. Sin embargo, todo cambió cuando el comisario destacado para cumplir el mandato municipal decidió hacer su propia investigación: luego de destacar a unos agentes para observar la casa, concluyó que los hombres, “al parecer decentes”, que ingresaban en la casa eran parientes de las moradoras. A sus ojos, el caso parecía resumirse en la persecución del propietario hacia su inquilina. Como resultado, a pesar de la decisión municipal ya tomada y de las protestas del propietario, no se realizó el desalojo.

Un mes después, las quejas de un “vecino” sobre diversas casas de prostitución clandestinas que se encontraban en la zona de Tucumán y Suipacha, cerca de la iglesia y de colegios de niñas, dieron nueva ocasión para las divergencias entre comisarios e inspectores.[41] El inspector municipal Antonio Navarro consideraba que las casas, que ya habían sido clausuradas por la policía, deberían ser nuevamente cerradas y sus dueños multados por permitir el ejercicio de la prostitución clandestina. Encargado de poner en práctica la decisión municipal, el comisario de la 3ª sección se puso a investigar antes de actuar. Encontró que tres de las casas denunciadas estaban desocupadas. En otras cuatro vivían matrimonios: en las dos primeras, las mujeres se ocupaban “en los quehaceres de la casa”; en la tercera, la mujer trabajaba de modista y alquilaba piezas a dos inquilinos. En la última, la mujer era planchadora y tenía como inquilinas a dos mujeres ancianas.

¿Cómo explicar tal disparidad de percepciones entre inspectores y comisarios? Las razones pueden ser múltiples. En la hipótesis desarrollada por Donna Guy (1994), hubo un despliegue arbitrario de los inspectores municipales, armados del reglamento y de la noción de prostitución clandestina, que terminó por poner a diversas mujeres de la clase trabajadora bajo una constante sospecha moral. Ésta es también la percepción construida por los comisarios en sus enfrentamientos cotidianos con la municipalidad. Sin embargo, también podían concurrir otras razones, menos visibles.

La relación entre comisarios, inspectores y prostitutas estaba teñida de matices que sólo se vuelven aparentes en breves menciones o en situaciones excepcionales. Uno de estos casos fue la secuencia de pequeños escándalos que tuvieron como protagonista al inspector municipal Enrique Conde durante 1876.[42] En líneas generales, su historia tuvo inicio como muchos otros episodios de multas impuestas a propietarios o propietarias de cafés, fondas o bodegones por aceptar o ejercer la prostitución clandestina en sus establecimientos. En marzo, al ser multada por la municipalidad como reincidente, la dueña del bodegón de la calle Uruguay 41 se defendió en una carta enviada al presidente de la municipalidad. En ella, negó ejercer la prostitución, afirmó ser una “pobre viuda” con una sola sirvienta y se dijo víctima de persecuciones. Además, consideró que la medida era un ataque “a la libertad individual” y “al bolsillo del comerciante”. Éstos eran argumentos recurrentes entre la gran cantidad de propietarios de lugares de sociabilidad que fueron acusados de albergar la prostitución clandestina en aquellos años.

Sin embargo, su carta era distinta. La viuda prosiguió su defensa con el relato de que quince días antes de la cobranza de la multa, un individuo, “a quien no conozco”, le avisó que se le iría a cobrar una multa de 3.000 pesos, a menos que ella le pagara 2.000 y 500 pesos. Le ofreció, a cambio del dinero, “un certificado de que nadie nunca me multaría”. Días después, un “joven ruso de veintitrés años de edad más o menos” le ofreció también el mismo certificado, y aclaró que si no aceptaba el arreglo “me costaría más caro”.

La denuncia tuvo impacto inmediato: el presidente de la municipalidad pasó el caso a la Comisión de Higiene de la parroquia de la Piedad para averiguar las acusaciones. La comisión escuchó a la viuda y concluyó que el hombre descripto no se asemejaba al inspector Conde, único empleado de la comisión. Con esa evidencia y con la confirmación del inspector general de que en el bodegón se ejercía la prostitución clandestina, la viuda tuvo que pagar la multa y el caso fue cerrado.

Pasados unos meses, el inspector Conde volvió a ser blanco de una acusación similar, esta vez por parte de la dueña de la casa 130 de la calle Talcahuano. La mujer declaró que fue amenazada de desalojo, pero que el inspector le propuso un arreglo. Al recibir 200 pesos, el valor que tenía a mano en el momento de la amenaza, Conde le habría agradecido y ofrecido “sus servicios y su influencia”. Poco tiempo después, un comisario de policía encargado de poner en práctica una multa y un desalojo de otra casa de la misma calle Talcahuano recibió la visita del inspector Conde, quien le prometió pagar la multa adeudada, y aclaró que tenía una hija con la mujer en cuestión.

La gravedad de la acusación del comisario volvió a poner el inspector Conde en el centro de una nueva investigación municipal. Llamado a declarar, ya a comienzos de octubre, Enrique Conde reconoció que “mantenía relaciones con una mujer” que vivía con una sirvienta y una “nenita”. Si bien negó que la mujer ejerciera la prostitución, admitió haber prometido al comisario que él mismo pagaría la multa. Conde también fue interrogado con relación a la acusación de la mujer a quien habría pedido dinero. El inspector justificó haber ido a su casa porque, al encontrarse enferma, ella habría solicitado su presencia. Según él, la mujer habría intentado convencerlo, sin éxito, de que no era prostituta. Frente a sus superiores, entonces, el inspector rechazó todas las acusaciones de que buscara establecer cualquier tipo de arreglo con regentas y prostitutas.

La última referencia encontrada sobre el inspector Conde en la documentación municipal fue la orden recibida por la Tesorería de la municipalidad, a fines de octubre de 1876, de retener 1.000 pesos de sus haberes, “correspondiente a una multa impuesta a una mujer por ejercer la prostitución clandestina de la que salió garante ante el señor comisario de la 3ª sección”.[43]

El breve periplo de Enrique Conde por la municipalidad reúne aspectos reveladores de la vigilancia cotidiana en el marco del reglamento. En primer lugar, está la posibilidad de soborno que el reglamento habilitaba: una vez que el inspector era “los ojos” de la municipalidad, su palabra poseía un gran valor. Si a eso se suma que su sueldo podía no estar garantizado y no ser satisfactorio, y que seguramente era menor que las ganancias propiciadas por la prostitución, estarán presentes todos los requisitos para relaciones de corrupción y soborno. En segundo lugar, está el conflicto entre inspector y comisario. En este caso, la correlación de fuerzas pendió para el lado del comisario. Su palabra también valía mucho: al respaldar las acusaciones de las mujeres extorsionadas, él parece haber dado el golpe final en la reputación del inspector. Por último, la relación de cercanía entre el inspector y una de las mujeres. Todos los otros componentes de la historia no son seguros: no hay forma de saber con seguridad quién extorsionó y quién fue extorsionado. Otros intereses, jamás mencionados, podían estar en juego. Sin embargo, nadie dudó de la relación de cercanía entre él y la mujer acusada de prostitución clandestina. De hecho, el propio inspector la reconoció. Él podía ser un cliente, aunque el comisario sugirió que la “nenita” era su hija. Lo cierto es que se ofreció para pagar la multa y que ella efectivamente fue descontada de su salario. Aunque pocas veces episodios como éste son registrados en los expedientes municipales, ellos nos sugieren que la cercanía entre vigilantes y vigiladas era parte integrante de la aplicación de la ordenanza reguladora.

Sólo los historiadores, tan dependientes de los marcos normativos para acceder a la experiencia del pasado, podrían olvidarse de este componente. El jefe de policía, por ejemplo, siempre tuvo presente la importante variable de la relación especial entre sus hombres y aquellas que deberían ser blancos de su vigilancia. En la misma memoria de 1881 en la que la Jefatura reconocía como parte de las funciones policiales dar cumplimiento a los principales puntos de las ordenanzas municipales sobre prostitución, se destacaban también las principales dificultades enfrentadas por sus agentes en las complicadas tareas que les tocaban. Las tentaciones eran muchas, como la de participar, como otros hombres trabajadores, de las diversiones ofrecidas en los lugares y las actividades de sociabilidad en momentos de servicio. De hecho, el jefe consideró necesario aclarar que los bailes de máscaras, por ejemplo, “no son para la policía y sus empleados sino un momento de servicio extraordinario y de ninguna manera objeto de diversión”.[44]

Aun más difícil era la vigilancia de “cafés, fondas, cafetines y bodegones”, puntos de reunión de individuos “de diversas clases y condiciones”, atraídos por las jóvenes que atendían esos locales.[45] El comisario de la 5ª sección, zona central que concentraba muchos de estos establecimientos, destacaba que la concurrencia simultánea de mujeres y licor daba lugar a todo tipo de desórdenes. Además, “dan en casi todos estos negocios, para atraer concurrencia, bailes que la policía prohíbe”. Las tácticas para anunciar la llegada de la policía eran variadas e incluían botones eléctricos escondidos bajo el mostrador. Era evidente que la represión de la prostitución clandestina por la ordenanza municipal contribuía a fortalecer las iniciativas policiales contra estos lugares. Además, la tentación era grande.

Sin embargo, ninguna de esas dificultades se comparaba con las que se presentaban a los agentes que deberían vigilar las casas de prostitución. Para el comisario, más que bailes y bodegones, era en los prostíbulos donde el agente “necesita mayor fuerza de voluntad para no ceder en el cumplimiento fiel de sus deberes a los atractivos perniciosos que con tanta facilidad se le brindan”.[46] Las breves observaciones del comisario de la 5ª sección en 1881, sumadas al caso del inspector Enrique Conde, son sugerentes de que la aplicación del reglamento ganó contornos que dependieron de la peculiar relación de inspectores y comisarios con las mujeres que deberían vigilar. Como otros frecuentadores de estos lugares de sociabilidad masculina, ellos también tenían interés en aquellas mujeres. De forma similar, como otros hombres y mujeres que se beneficiaban, directa o indirectamente, de las ganancias que ellas obtenían en la prostitución, inspectores y comisarios vislumbraban la posibilidad de apropiarse de una parte de sus proventos al definir las condiciones para el ejercicio de la prostitución. De esta manera, su participación en la organización del comercio sexual era múltiple: como clientes, como organizadores y como potenciales beneficiarios de sus lucros.

En suma, las diferencias de interpretación entre comisarios e inspectores sobre lo que encontraban en las casas y en los establecimientos vigilados no pueden ser resumidas a sus rivalidades habituales, sino que también eran estructuradas en las relaciones específicas que ellos establecían con las moradoras de las casas de prostitución. En parte, la organización del negocio del comercio sexual en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX también dependió de estas relaciones. A fin de cuentas, esta interacción cotidiana, para inspectores y comisarios, era un ámbito fundamental de construcción de su legitimidad como autoridades.

Poca autoridad

En 1876, Ana Auster, propietaria de una cigarrería en la calle de Mayo, y sospechada de ejercer la prostitución allí, no reconoció la autoridad del comisario de la 1ª sección para obligarla a cerrar la puerta de su casa. La valentía de Auster no era gratuita: ella contaba con el apoyo de varios vecinos y del cónsul austro-húngaro, ya que era súbdita.[47] Dos años después, Lola Rodríguez buscó ponerse bajo el reglamento, al solicitar permiso para abrir casa de prostitución en la calle Libertad 247. Cuando el inspector se dirigió a la casa para evaluar las condiciones higiénicas, ella no lo dejó entrar con la explicación de que no lo reconocía como el inspector de aquella sección.[48] Casos como éste sugieren que era fundamental que las mujeres conocieran a los empleados, especialmente cuando se trataba de municipales que no andaban uniformados o armados. La situación, además, añade verosimilitud a la preocupación del inspector Conde de entablar conocimiento con las dueñas de las casas de prostitución bajo su vigilancia. Asimismo, le da contornos concretos al temor de las dueñas de prostíbulos de ser extorsionadas por cualquiera que se hiciera pasar por autoridad.

Lograr ser obedecido era un problema para los inspectores y para los agentes policiales. En octubre de 1884, vecinos se quejaron de las casas de prostitución de la calle Uruguay al 100, paso obligatorio de niñas que
iban a la escuela cercana. Un comisario de policía resignado explicó que “por más que los agentes de servicio prohíban a las prostitutas estar en las puertas o ventanas llamando a los transeúntes, no se ha conseguido reprimirlas”.[49] La resignación policial, luego de una década de vigencia del reglamento municipal, confirma lo esperable: la guerra contra la llamada prostitución clandestina era imposible de vencer. La amplitud de la noción expresaba la intangibilidad del universo de relaciones que se quería reprimir; los negocios clausurados, desalojados y multados por años insistían en reabrir; amenazas de prisión, multas y clausuras no eran suficientes para que la autoridad de los agentes policiales fuese reconocida. Separados o juntos, agentes e inspectores tendían a perder la batalla librada para imponer el reglamento en sus términos, lo cual no quiere decir que el reglamento haya sido un fracaso.

La estrategia de los inspectores, como se ha visto, fue recurrir sistemáticamente a la policía para implementar sus decisiones. Al final de cuentas, la represión de escándalos fue atribución indiscutible de los agentes policiales. En 1876, por ejemplo, los vecinos de la calle Paraguay entre Paraná y Montevideo, todavía no habitada por prostitutas, se quejaron de los escándalos provocados por “vagos y mujeres en las ventanas” de un establecimiento de comidas. El inspector Antonio Navarro aclaró que una cosa era una casa de prostitución, que legitimaría la intervención municipal, y otra cosa era la reunión de individuos y mujeres a comer o beber. En el segundo caso, seguía siendo indiscutible la atribución policial de mantener el orden.[50]

Por su parte, la autoridad policial también intentaba empujar el problema de vuelta, cuando podía. En 1878, el comisario de policía de la 3ª sección envió a la municipalidad una lista de cafés sospechosos de albergar a prostitutas clandestinas con la observación de que los establecimientos eran apenas una fachada que permitía el establecimiento de verdaderos burdeles en zonas no autorizadas.[51] La expectativa parecía ser que las autoridades municipales decidieran si convenía abrir un nuevo frente de represión y pagar el costo de tal decisión.

Con el tiempo, la clasificación de los diversos tipos de casas que llamaban la atención de la policía y de los municipales pasó a ser objeto de un debate más amplio. Aunque, como se ha visto, la ordenanza sobre casas de prostitución tendía a definir como “prostitución clandestina” toda forma de comercio sexual no regulado, pasó a ser cada vez más importante diferenciar entre establecimientos que admitían prostitutas, como los famosos despachos de bebidas, fondas y cafés, y aquellos otros que funcionaban como casas de tolerancia aunque sin licencia de la municipalidad. La distinción contribuía a delimitar la esfera de acción de cada poder. En el primer caso, recordaba el asesor municipal, encargado de crear una especie de “jurisprudencia” del reglamento, la ordenanza preveía prisión para las prostitutas y multa para los dueños de los establecimientos que las recibían; en el segundo, al tratarse de casas de tolerancia sin el permiso municipal, se podía ordenar su clausura.[52]

La cuestión explotó cuando, en 1884, el inspector municipal Jorge Temperley, de la 3ª sección, recibió quejas de vecinos sobre una casa de prostitución clandestina en la calle Suipacha al 300. El “escándalo” era tal que los vecinos no podían aproximarse a las ventanas y puertas de sus propias casas. Cuando el inspector se acercó al lugar para intimar a las moradoras a desalojar la casa, la regenta, Rosa Kauffman, no sólo le dijo que no pensaba desocuparla, sino que además lo insultó.[53]

En el año siguiente, el intendente Torcuato de Alvear ordenó el desalojo de un conjunto de casas de prostitución que hasta entonces había existido con la anuencia del poder municipal, entre las cuales estaba la de Rosa Kauffman. Cuando las respectivas regentas se rehusaron a firmar las notificaciones de los inspectores, el paso siguiente, como siempre, fue solicitar el respaldo de la policía. El comisario de la 3ª sección “intentó” notificar a las dueñas de las casas en cuestión, pero no pudo hacerlo, y no porque las mujeres ya se hubieran adelantado y mudado de casa. Como había ocurrido otras veces en los años anteriores, él alegó haberse encontrado con una casa de familia, un almacén, una casa de alquilar piezas y una posada en lugares en los que el inspector municipal había listado casas de prostitución. El inspector Jorge Temperley perdió la paciencia: le causaba “extrañeza” que el comisario no hubiese visto la casa de Rosa Kauffman en Suipacha 341, que tanto dolor de cabeza ya había generado desde el año anterior.

Por su parte, el comisario empezó a esgrimir argumentos sobre “la inviolabilidad domiciliaria” y la inconstitucionalidad de que el poder municipal se pusiera a establecer penas en otros casos similares.[54] Ambos argumentos eran conocidos por los comisarios, pues fueron empleados exhaustivamente en contra de la acción policial sobre diversos temas en los años anteriores. Además, eran reiteradamente esgrimidos por los dueños de cafés, bodegones y fondas cuando resultaban cerrados por “prostitución clandestina”. Las clausuras de las casas de prostitución clandestinas fueron la oportunidad policial de apuntar estos mismos argumentos contra los inspectores municipales.

Las regentas, a su vez, al rehusarse a firmar las notificaciones de desalojo, se presentaron en forma colectiva a la municipalidad para exigir la reconsideración de la medida. El pedido, realizado en nombre de dieciséis regentas de casas de prostitución que habían recibido orden de desalojo por parte del comisario de la 3ª sección, cuestionaba los fundamentos de la acción municipal con los mismos argumentos esgrimidos por los empleados policiales: la ordenanza “no autoriza el desalojo ordenado, sino que establece las penas en las que incurren los que permiten la prostitución clandestina y los que la ejercen”.[55] No sería raro que estos términos hayan sido inspirados por el comisario de la 3ª sección. Pero ello no nos habilita a considerar que esas mujeres eran simple masa de maniobra de los intereses del funcionario policial. Sus acciones pueden ser contextualizadas a la luz de lo que ellas venían aprendiendo y haciendo con el reglamento a lo largo de la última década.

En 1886, la disputa política en torno a las atribuciones de cada fuerza se inclinó para el lado de la policía. Cuando la Comisión de Higiene de la 5ª sección pidió a Torcuato de Alvear el desalojo de unas casas instaladas en Talcahuano al 200, éste tuvo que escuchar de vuelta del jefe de policía que él no podía ayudar, “por cuanto no existe una Ordenanza, Reglamento o disposición que autorice al Intendente” a dar orden para clausurar lugares; la prerrogativa le pertenecía a la policía, y sólo podía ser empleada en casos de escándalo. Para que la municipalidad pudiera desalojar casas deberían mediar “razones de higiene”. Con el asesor municipal dándole razón al jefe policial, al intendente no le quedó otra que acatar y resignarse.[56]

El negocio de la prostitución

Era esperable que las difíciles condiciones de convivencia entre agentes policiales e inspectores municipales empeoraran con la participación de las prostitutas. Deben haber sido comunes los casos como el sucedido cuando el comisario de la 6ª sección intervino en el conflicto entre Ángela Conte, acusada por el hombre que la acompañaba de haber cobrado el dinero sin haber prestado el servicio pactado. El comisario se quejó a su superior al sentirse desmoralizado por no poder intervenir en la situación de la prostitución clandestina, y probablemente al tener que cumplir órdenes de la municipalidad.[57]

La documentación producida por los empleados municipales en los años siguientes a la aprobación de la ordenanza de 1875 registra un complejo universo de iniciativas comerciales en torno a la sociabilidad masculina urbana, al mismo tiempo que muestra la relación entre comisarios policiales, inspectores municipales, regentas de las casas de prostitución y “vecinos”. Como bien percibieron las autoridades policiales, los agentes e inspectores eran parte de este universo más amplio de sociabilidad masculina. De forma similar a los conflictos entre hombres en lugares que concentraban licores y mujeres, era evidente que las moradoras de las casas de prostitución potenciaban las tensiones entre empleados uniformados.

En líneas generales, la implementación del reglamento y la emergencia de la figura de la regenta incidieron en la organización específica del comercio sexual en el espacio urbano. Nada garantizaba que la figura ordenadora de la regenta asegurara el fin de las molestias de los vecinos. Sin embargo, las exigencias de discreción puertas afuera, cortinas, exámenes médicos, separación de otras actividades comerciales relacionadas con el ocio masculino, sugieren que alguna función disciplinaria tuvo esta figura femenina en la creación de fronteras morales en el espacio urbano.

La entrada de los inspectores municipales como la cara más visible del todavía precario poder municipal en un escenario poblado de agentes policiales no podía terminar bien. Así, no es sorprendente que, a comienzos de la década de 1990, Donna Guy (1994) haya encontrado en la documentación municipal indicios de disputas entre autoridades en torno a la prerrogativa de vigilar a las prostitutas. A partir de los casos analizados es posible proponer una reformulación del problema: en lugar de la noción de que el reglamento sostuvo un accionar arbitrario de los poderes públicos municipales, tal vez sea más pertinente una indagación que busque dilucidar la discrecionalidad con la que procedían los actores al definir los lugares y las condiciones de la prostitución regulada. Con eso, se vuelve más evidente que los emprendedores y las emprendedoras de lugares de diversión relacionados con la prostitución no fueron blancos pasivos de un despliegue arbitrario de las autoridades sino que contribuyeron de forma activa para presionar y delimitar su accionar. A su vez, las iniciativas de inspectores y comisarios denotan menos una “arbitrariedad” indefinida que una discrecionalidad construida en el medio de presiones e intereses diversos.

La publicación del periódico El Puente de los Suspiros en 1878 registra esta dimensión en forma muy evidente. Su propósito declarado era combatir la trata de blancas en Buenos Aires, denunciar a “los hombres sin vergüenza y sin dignidad, representados por mujeres sin conciencia” quienes “trafican con la blancura de la tez […] de otras mujeres sin honor”.[58] A tono con los críticos del reglamento en otras latitudes, sus notas establecían una asociación directa entre la ordenanza municipal sobre la prostitución y la expansión de “ese comercio”. Afirmaban que las mujeres “que Navarro [Antonio Navarro, el inspector municipal de casas de prostitución hasta 1878] inscribe en el registro municipal respectivo, traídas de Europa merced a contractos viles que las entregan en propiedad a industriales desvergonzados, no gozan derecho alguno de los inherentes a su autonomía individual”. El foco principal de las denuncias era los explotadores de mujeres, sus representantes al frente de las casas toleradas y el respaldo dado por la municipalidad a través del reglamento.

Con una irreverencia similar a otras efímeras publicaciones satíricas que circulaban por la ciudad en la década de 1870, El Puente de los Suspiros parecía apuntar sus armas a todos: dueñas de casas de tolerancia, el inspector Navarro, los tratantes e incluso la policía. Todo en defensa de las “esclavas blancas”, que iban siendo “emancipadas” gracias a sus denuncias. El foco en las “esclavas blancas” contemplaba sus dimensiones internacionales y su relación con la intensificación del movimiento inmigratorio. Con eso también delineaba un problema de contornos inabarcables, con ramificaciones por la Europa oriental e incluso por Constantinopla.

Sin embargo, leídas a la luz de los casos examinados en este texto, se vuelve posible insertar estas denuncias en la lógica de los conflictos locales que se desarrollaban por la ciudad en aquellos años. De este modo, incluso las historias de esclavas blancas pueden ganar dimensiones más locales. En ellas, los pasos predeterminados de los sujetos de esta historia (como tratantes, esclavas y autoridades complacientes) ceden lugar a los tropiezos, suspiros y sentidos de indeterminación que poblaron sus decisiones. Este cambio de foco se vuelve necesario, entonces, para rastrear indicios de intereses menos visibles que también contribuyeron para moldear esta historia.

En suma, la adopción de la ordenanza municipal que reguló las casas de prostitución en Buenos Aires terminó por redefinir los principales aspectos de la vigilancia policial sobre el comercio sexual y también su propia organización en el espacio urbano. El accionar policial y municipal no ocurría al margen, sino en el medio de una compleja dinámica de mercado sexual e inmobiliario que fue definiendo la fisonomía moral de la ciudad. Era en este marco donde una autoridad le ponía límites y frenaba a la otra, negociando ambas sus atribuciones y esferas de acción. Era también en este marco donde aquellos que invertían en el comercio sexual, de forma directa o indirecta, buscaban la mejor forma de establecerse. Por todo eso, el comercio sexual es un excelente caso para mostrar cómo se enredan, en la experiencia histórica, la expansión de una perspectiva higienista combinada a la lógica del mercado sexual e inmobiliario, y a la construcción de la autoridad.

Referencias bibliográficas

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Policías y prostitutas en la Argentina: el control territorial en clave de género*

Deborah Daich y Mariana Sirimarco

En la Argentina, el ejercicio de la prostitución a título personal no es un hecho ilegal. Sin embargo, se trata de una actividad que, en la práctica, es perseguida por una serie de normativas. Así, la ley y los artículos del Código Penal que prohíben las casas de prostitución tanto como la explotación de la prostitución ajena[59] pueden ser utilizados para iniciar procedimientos en contra de las personas que ofrecen sexo comercial en sus domicilios privados. Independientemente del curso que esos procedimientos puedan tomar, lo cierto es que funcionan como amenaza para el ejercicio de una actividad que no es ilegal pero que tampoco posee regulación alguna, por lo que se constituye en un nicho propicio para abultar las cajas policiales.[60] Así, es usual el pago mensual o semanal a la comisaría del barrio para evitar allanamientos, clausuras y otros procedimientos. Ahora bien, en el caso de las personas que ejercen la prostitución callejera, es la existencia de códigos de faltas y códigos contravencionales lo que limita su libre circulación y habilita la arbitrariedad y el control policial.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el Código Contravencional fue sancionado en 1998, luego de que la ciudad adquiriera, en 1996, su autonomía. Hasta entonces, una serie de edictos policiales funcionaba como una herramienta capaz de legitimar tanto a priori como a posteriori la intervención y el control policial. Se trataba de infracciones menores que, referidas “según la definición institucional, a la alteración del orden público o a atentados a la moralidad y las buenas costumbres, han constituido una forma de procedimiento disciplinario, moralizante y represivo sobre las llamadas «clases peligrosas» y para las clases populares en general” (Tiscornia, 2004: 14).

La promulgación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires trajo consigo la derogación de los edictos policiales pero, a cambio de ellos, la nueva Legislatura porteña sancionó un código de faltas que apuntaba a la “convivencia urbana”.[61] Luego de una serie de idas y venidas políticas, de presiones varias y reformas del mencionado código, quedó firme el artículo 81 que penaliza la oferta y demanda ostensible de sexo en la vía pública. Este artículo habilita la arbitrariedad policial por cuanto las pocas precisiones respecto de lo que es “ostensible” (que conllevan también la imposibilidad de probarlo en sede judicial) permiten que los policías labren actas contravencionales a discreción, dando lugar también a agresiones y discriminaciones varias (Daich, 2012).[62]

Así como en la ciudad de Buenos Aires encontramos un código contravencional, en la mayoría de las provincias subsisten códigos de faltas con artículos específicos –moralistas y discriminatorios– que afectan directamente los derechos de las personas que ejercen el sexo comercial.[63] En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el artículo 68 del Código de Faltas pena con multa o arresto a “la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”. Se trata de un artículo que no sólo es discriminatorio sino que, además, penaliza directamente el ejercicio de la prostitución. El artículo 68 permite que la policía detenga sin más a las personas que se encuentran ejerciendo la prostitución callejera, habilitando, junto con las detenciones por averiguación de identidad y por averiguación de antecedentes, el ejercicio de un poder arbitrario y discrecional.

Es sabido que el control policial de la prostitución tiene larga data. Las normativas vigentes revelan su raíz decimonónica y dejan en claro, merced a las categorías en uso –buenas costumbres, ostensibilidad, público, escándalo, molestia– la conceptualización de la prostitución en términos morales. Donde no hay delito ni ilegalidad sigue habiendo una falta, aunque más no sea al decoro. Y es allí, en el discurso de la moral puesta en entredicho, donde se cuela la razón de la atingencia policial, en tanto el poder de policía ha tenido, desde sus orígenes, aristas moralizantes, ocupándose no tanto del control de la actividad delictiva como del mantenimiento del buen orden de la comunidad (Foucault, 2006; Neocleus, 2010; L’Heuillet, 2011).

Basta repasar la teoría jurídico-policial argentina de comienzos del siglo XX para encontrarse con la afirmación de que la policía, en la acepción más amplia del concepto, es “una repartición pública creada y sostenida por el Estado para velar por el orden y la moral, la vida, la propiedad y tranquilidad de todos los habitantes y el sostenimiento de los poderes” (Denovi, en Cortés Conde, 1923: 7). O de que son objeto de la policía “todas aquellas acciones que aunque poco o nada criminales por sí mismas pueden tener malas resultas u ocasionar crímenes o males a los ciudadanos” (Escriche, en Cortés Conde, 1923: 3). Así, lo que este entendimiento de lo policial habilita es un amplio territorio susceptible de ser controlado: ya no el de lo ilegal, sino el de lo legal e indecente. En estrecha vinculación con esta cualidad de lo policial nace entonces la moralidad pública: ese campo definido como encerrando todas las condiciones de eticidad de las conductas sociales, de modo que toda actividad, individual o colectiva, resulta pasible –en cuanto interesa al orden público– de ser limitada por el poder de policía (Sirimarco, 2014).[64]

En el contexto de este discurso moralizante, la cuestión sexual ocupa un papel importante y su fiscalización pública se vuelve un punto central de la función policial, en tanto proteger la libertad sexual de la persona implica defenderla de aquellas prácticas o exhibiciones de índole pública y sexual que pudieran vulnerarla. Explicaba al respecto el jurista Germán Bidart Campos (1980: 34-35):

Hace a las buenas costumbres que lo sexual no se haga público, no porque necesariamente sea malo, sino porque está naturalmente reservado a la intimidad, porque no existe para tener estado público, porque cuando se publicita se degrada […] Reserva sexual de la persona y pudor público o social son dos caras de una misma moneda: anverso y reverso. Tutelando la primera se defiende el segundo, y viceversa. Ultrajando una se ofende al otro. Si desde mi reserva sexual la conducta sexual se publicita, el pudor se menoscaba. Y si el pudor se menoscaba, mi libertad sexual es interferida desde afuera con una incitación indebida que deteriora su incolumidad.

La conclusión es clara: el derecho a no ser incitado sexualmente implica una instancia que, pese a ser subjetiva, debe ser protegida colectivamente por el poder policial del Estado. Pero no interesa a este trabajo desandar las vinculaciones sociales, políticas e históricas que se han anudado entre policía, moralidad y control de la prostitución, sino más bien dejar señalados, aunque sea someramente, los lineamientos discursivos que han hecho del poder policial uno de los responsables del mantenimiento y la reproducción del orden público[65] y han consolidado la actuación policial en materia de control de la prostitución (Daich y Sirimarco, 2012). Esta afirmación no debe llamar a engaños: no estamos aquí planteando una coincidencia unívoca e ingenua entre este discurso moralizante y las prácticas efectivas policiales, sino tan sólo remarcando la construcción de esta instancia del deber ser como avaladora del poder policial en tanto institución.

En este sentido, normativas y reglamentaciones han sido desde siempre una herramienta importante, desde lo legal, a la hora de ejercer el control policial de la prostitución. Ellas construyen una malla, si se quiere burocrática o administrativa, que crea las condiciones de posibilidad para ese control. Éste puede ir desde el labrado de actas contravencionales hasta el traslado a una dependencia policial para el chequeo de datos personales o la detención. En la práctica, ello se traduce en un habitual acecho policial a las mujeres, varones, travestis y transgéneros que se encuentran ejerciendo la prostitución callejera. Así, una persona que ofrezca sexo comercial en una esquina lidia cotidianamente con la presencia policial.

Ésta puede manifestarse de múltiples maneras: la policía puede requerirle que se retire, puede labrarle un acta contravencional (que seguirá su curso en el ámbito judicial correspondiente, haciendo que cese su actividad del día), puede pedirle los documentos y pedir por radio información al respecto (si existe pedido de captura, por ejemplo), puede llevarla a una dependencia policial para más averiguaciones (en particular si carece de documentos de identidad) y, dependiendo del código de la provincia de la que se trate, puede detenerla. También puede detenerla por una supuesta resistencia a la autoridad o por “incidentes” (generalmente, violencia física). Asimismo, la policía puede “espantar” a potenciales clientes con su sola presencia, aunque puede también hacerlo adrede.[66] Así, para las personas que ejercen la prostitución la presencia de la policía determina cuánto trabajarán ese día: puede ser la diferencia entre llevar dinero al hogar o no llevarlo.

Pero los códigos de faltas y contravencionales no constituyen los únicos mecanismos de control policial. Junto a estas instancias formales existen otras, más ligadas a la dimensión de la praxis entre los actores involucrados y a las relaciones que se van estructurando entre ellos. Pues si es cierto que el poder policial tiene su asiento en tramas de alta o baja intensidad jurídica, también es cierto que éste requiere, para su ejercicio real y cotidiano, de la producción y el mantenimiento de redes de sociabilidad. Esto es, de la generación de prácticas e interacciones sociales que, en la cotidianidad, vinculen a los individuos (Daich, Pita y Sirimarco, 2007; Daich y Sirimarco, 2011; Daich, 2015).

Sostener esto no implica proponer una mirada unilateral del control policial, como si éste sólo conllevara un movimiento unidireccional de lo policial hacia su objeto de control, caracterizado por insumos como la violencia o el sometimiento. Hablar del control policial de la prostitución implica ser capaz de dar cuenta de relaciones recíprocas e interdependientes, donde el ejercicio efectivo de ese control no puede estar dado más que por el accionar de las dos partes en juego. El control policial de la prostitución de seguro entraña relaciones de violencia o de sometimiento, pero también de intercambio, resistencia, negociación, adecuación y, como veremos, hasta de cercanía.

Este trabajo se propone indagar en ese entramado de sociabilidad, más o menos coercitivo, más o menos negociado, como modo de asomarse a los múltiples matices y complejidades que adquiere el ejercicio efectivo del control policial de la prostitución. Y se propone hacerlo sosteniendo que, al interior de esas redes e interacciones, el género aparece no sólo como un insumo que permite construir identidades individuales y colectivas, sino como una herramienta que posibilita estructurar diversas modalidades de relacionamiento. Abordar las complejidades del control policial de la prostitución en clave de género implica entender el género no sólo como una forma de diferenciación categórica que mantiene relaciones con la referencia sexual (Piscitelli, 1995) sino también en su dimensión performativa (Butler, 1999).[67] Esto es, atender al género como algo que se hace antes que algo que se es (Stolcke, 2004). A través de distintas representaciones de masculinidad y feminidad, policías (varones) y prostitutas[68] (mujeres)[69] construyen interacciones sociales a partir de las cuales dar forma –acatándolo, resistiéndolo, impugnándolo– a ese territorio polivalente de control.

Este artículo está basado en nuestras investigaciones en la temática en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.[70] Las mismas, que se desarrollan desde 2008 a la actualidad, implican una aproximación etnográfica a la institución policial y al ejercicio de la prostitución. En las páginas que siguen presentaremos diversas situaciones de campo que ponen de manifiesto hasta qué punto la actuación de género resulta un registro privilegiado en la configuración de los modos de sociabilidad con que se ejerce, cotidiana y efectivamente, el control policial.

I

“Todos los que viven en mi cuadrícula son putas y les bajo la bombacha cuando quiero.” Así sintetizaba un policía de más de treinta años de profesión en la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) la clave del ejercicio del poder policial. Su afirmación no es azarosa: hace uso de una metáfora que, en virtud de los elementos que despliega y de la figura de la que se vale, resulta sumamente provechosa para acercarnos a los argumentos de este trabajo. No sólo porque brinda pistas para adentrarse en los elementos constitutivos del control policial, sino porque al semantizar a los habitantes de una jurisdicción en términos de “putas” ancla especialmente en la relación policía-prostitución.

A los efectos de este trabajo, nos gustaría resaltar entonces tres puntos que creemos que resultan prioritarios para la construcción de esta imagen en tanto perfecta metáfora del poder policial. El primero de ellos alude a la cuestión del poder policial como territorial. La configuración de un territorio de control no se agota, es claro, en la circunscripción de un espacio físico, llámese éste jurisdicción, calle o parada.[71] Lo físico resulta un mero soporte para lo relacional; esto es, para la red de vinculaciones que atan a los sujetos entre sí. En este sentido, el policía del comienzo de este apartado no está simplemente aludiendo a la cuadrícula como dispositivo de diagramación espacial para un sistema racional de control. Está, en cambio, haciendo gala de un control ejercido como sistema vincular: está diciendo que el control policial se finca en relaciones entre sujetos –entre putas y policías– y se rige por accionares específicos: bajarles la bombacha cuando quiere. El control policial pareciera entonces no poder definirse a partir del dónde, sino del quién y del cómo.

Prueba de esto tal vez resulte algo que nos explicaba este mismo policía, refiriéndose a su rutina de patrullaje:

Nosotros las jodemos cuando tenemos que hacer estadística y, de cuarenta, te llevás una o dos por semana y ya está, ya hice estadística. Y la otra semana llevás otras que no llevaste antes, no tenés que ser atrevido, no te tenés que llevar siempre las mismas. A la conocida la llamamos: “Hoy te toca perder, no traigas el documento y a tal hora te paso a buscar”. Voy con el auto mío, levanto a una, levanto a otra, vamos a la comisaría, le hago un acta y en dos horas te vas a la mierda. Y más vale que perdás, si no, no laburás más. Y si no, te hago la vida imposible. Te meto presa todos los días. Porque si yo tengo código y te dejo laburar, sabiendo que no te puedo dejar laburar, una vez que tenés que perder, una vez por mes que tenés que perder dos horas y me fallaste, por una semana no laburás. Me paro con el patrullero al lado tuyo y a los diez minutos te fuiste y ese día te cagaste de hambre. O te llevo y le digo al oficial de servicio: “Tenela seis horas”. Te puedo tener hasta dieciséis horas detenida si quiero, mirá si te puedo hacer la maldad. Te levanto a las diez de la noche y te largo mañana a las dos de la tarde.

Si algo ponen de manifiesto estas palabras es que el control policial no es algo que tenga que ver con normas o jurisdicciones –con el mantenimiento de un espacio físico construido conforme a derecho– sino con el respeto y, en definitiva, con el acatamiento, de ese poder policial.[72] La detención o no de las prostitutas parece depender no tanto de su mera presencia (contravencional) en el espacio público, sino de la malla de sociabilidad que en ese espacio se teje. El policía de nuestro relato lo dice con otras palabras pero igual sentido: a la conocida la llamás. Lo que equivale a decir que el control no se asienta en la configuración de un territorio físico uniforme, sino en la delimitación de un territorio vincular flexible.

“Todos los que viven en mi cuadrícula son putas y les bajo la bombacha cuando quiero.” Esta metáfora nos habla, también, del cariz que puede tomar ese control policial, de sus modos de manejo y mantenimiento. Algo de esta dinámica dejaba entrever el policía de treinta años de servicio al referirse a los modos en que podía resolverse la situación de aquella que no estaba dispuesta a “perder”. Sea deteniéndola por largos períodos, o espantándole los clientes con la mera presencia del patrullero, el policía se arroga la facultad de imponer su voluntad. Se arroga también el modo de imponerla. La imagen que habilita la metáfora es clara: la modalidad de control no sugiere otra cosa que el uso discrecional de la fuerza.

En el caso que nos ocupa, ésta puede presentar una variada gama. Las amenazas parecen ser, en ciertos contextos, moneda corriente. Esto nos contaba una prostituta que trabaja en el barrio de Flores, aludiendo a lo que sucedió cierta vez que algunas de sus compañeras no se dejaron atrapar por la policía:

Una vez, ese día yo no estaba, vino el patrullero y corrieron todas y entraron a una telefónica y hasta adentro de la telefónica las siguió la policía y una chica contó que le dijeron: “Cuando vuelvan a correr, les vamos a agarrar la cartera y les vamos a poner droga”. Una chica le dijo: “Te grabaron, porque aquí hay cámaras”. Y el policía: “No me importa, te voy a revisar y te voy a poner droga en la cartera cuando vuelvas a correr”.

La mayoría de las amenazas, sin embargo, tiene al propio cuerpo de las prostitutas como referente: “cagarlas a palos”, “desfigurarlas”, “tirarles del pelo” o “tirarles piedras” han sido ejemplos numerosas veces referidos por las mujeres que ejercen la prostitución. También los insultos llegan a ser habituales en ciertas ocasiones. Las denostaciones parecen ser restringidas y focalizarse en cuestiones puntuales: van desde el clásico “puta de mierda” o “negra de mierda” hasta increpaciones por tener “la cola y las tetas hechas”.

Independientemente de la intención en la que se origine el insulto, éste siempre aparece ligado a una relación de poder; ya sea para legitimar y reproducir un orden moral, o para legitimar una jerarquía intra o intergrupos (Guimarães, 2000). De la misma manera, la amenaza implica también la inferiorización y desvalorización del amenazado, así como una autoatribución por parte del que amenaza de cierta superioridad y poder (Daich, 2009). Por ello, si los insultos son eficaces al demarcar el alejamiento del que insulta con relación al insultado, en ese mismo movimiento invoca la condición del otro y la propia. Es decir, en los casos trabajados, la posición jerárquica y de poder que el policía se atribuye a sí mismo y la posición subordinada que le atribuye a las mujeres que ejercen la prostitución.

Si el insulto puede ser una forma ritual de enseñar la subordinación a través de la humillación (Guimarães, 2000), el “puta de mierda” hace también uso de la estigmatización que pesa sobre las mujeres que ejercen la prostitución resaltando una supuesta diferencia entre mujeres “buenas” y “malas” o entre mujeres “decentes” e “indecentes”: entre las que pueden estar sujetas al control policial y las que no. Subraya no sólo la diferencia entre las que deben ser tuteladas o resguardadas y las que deben ser vigiladas, sino entre todas ellas y los agentes encargados de su cuidado o control. El insulto reafirma la diferencia (genérica) vuelta desigualdad.

Así como existe el insulto, existen por supuesto gradaciones más extremas, que involucran el maltrato físico: golpear, tirar de los pelos, abofetear. Esto nos contaba un policía de la PPBA:

Deborah: –¿Y hay chicas que hacen quilombo? [que se resisten a la detención]

Policía: –Tengo el PPQ.

D.: –¿Qué es eso?

P.: –El gas paralizante. En la jerga de la calle decimos: “Donde vos te ponés a agitar, te mojo la boca con el PPQ”. ¿Y sabés cómo vomitás y te cagás? Y no agitás nunca más. Entonces te acercás al lado y le metés en la boca y ¿qué hacen? Se tocan, se lo llevan a los ojos y fuiste. Antes de pegarte, prefiero calmarte. Total, después te pongo agua con sal y se te pasa todo. Y si no se van [las chicas de la esquina], te recago a palazos y te llevo a la comisaría, así clarito. Lo que no entendés con palabras, lo vas a entender con palos.

Este rápido paneo por las ejemplificaciones provistas pone de manifiesto que el ejercicio del control policial sobre las prostitutas toma, muchas veces, el camino del uso de la fuerza o la violencia –sea ésta verbal o física– y que ese abuso se dirige, mayormente, al propio cuerpo de las prostitutas. Esta particularidad se abre a diversas claves de lectura. El cuerpo del otro es, claramente, el blanco más próximo e inmediato en el ejercicio de control. Es también el locus más directo y personal donde afianzar la agresión: el cuerpo no es sólo un objeto material sensorial, sino una fuente de subjetividad en sí misma (Merleau-Ponty, 1957; Scheper-Hughes y Lock, 1991; Bourdieu, 1999; Csordas, 1999; Galimberti, 2003).

Por ello, el cuerpo puede convertirse en el lugar por excelencia del sometimiento y la dominación. En el espacio donde ejercer los mecanismos capaces de lograr la obediencia o el castigo: el sujeto sometido a una regla, a una autoridad, a un disciplinamiento (Foucault, 1989). Si esto es así es porque el cuerpo, como diría Maurice Merleau-Ponty (1957), es eminentemente un espacio expresivo; es uno de los escenarios donde se representa la obediencia a la autoridad. Es en el cuerpo, en tanto soporte, donde se inscriben las relaciones jerárquicas y autoritarias, convirtiendo el cuerpo de uno en un objeto de reacción ante la presencia del otro. No otra cosa sucede, para poner un claro ejemplo, con la prostituta corriendo ante la aparición del policía: es en las acciones de sus cuerpos –uno que corre para perseguir y otro que corre para huir– donde se actúa la separación autoritaria y se reproduce su desigualdad intrínseca (Sirimarco, 2009).

“Todos los que viven en mi cuadrícula son putas y les bajo la bombacha cuando quiero.” La metáfora que venimos presentando pone en circulación, como vimos, sentidos de lo territorial, lo violento, lo corporal y, aunado a todo esto, lo genérico. Esa metáfora construye, a partir de sentidos particulares de la dinámica sexual que pone en primer plano, una clara cristalización de lo femenino, de lo masculino y de sus modos vinculantes. Al pronunciarla, el policía de la PPBA no sólo está dando cuenta de un poder policial entendido como detentador de un espacio y su gente, sino, más aún, de un poder policial habilitado para ser avasallante. En este rasgo de lo activo y lo dominante se juega la construcción del sujeto policial en tanto sujeto atravesado por un entendimiento de la masculinidad ligada al comercio del mando, la autoridad, la prepotencia y hasta la humillación del cuerpo de los otros. Es decir, por una comprensión de lo masculino asociada al ejercicio de la violencia y del poder (Sirimarco, 2009).[73]

Tal entendimiento de la masculinidad[74] es deudor del sistema de dominación patriarcal. Una ha sido la condición básica con que se ha construido en este modelo la masculinidad: su ruptura con lo femenino. En este registro de masculinidad, ser hombre implica –sine qua non– el rechazo o el alejamiento de lo femenino, entendido como el ámbito de lo susceptible de ser conquistado, de ser dominado, de ser sojuzgado; de ser, en suma, lo inferior. Partiendo de este entendimiento, la masculinidad patriarcal se ha arrogado la capacidad de dominio; es decir, la capacidad de ejercer el poder y el control sobre otros. En este sentido, masculinidad y poder se vuelven términos intercambiables: el ejercicio del poder es un rasgo esencial de la identidad masculina. Y este poder consiste, justamente, en ser activo en todos los órdenes de la vida (Badinter, 1993; Bonaparte, 1997; Bourdieu, 2000; Burin y Meler, 2000; Guttmann, 2003; Segato, 2003).

En el plano sexual –sea literal o metafórico–, este imperativo se vuelve particularmente importante. Lo que aflora en el discurso del policía de la PPBA es, justamente, el esbozo de este sujeto policial masculino: aquel que, para el desempeño de su función, se posiciona desde un registro de masculinidad que, merced a sentidos de dominio del espacio y los cuerpos, consolida y reproduce el género en tanto estructura de poder. Que la imagen que utiliza este policía para dar cuenta de su función roce sentidos de imposición sexual no es, en virtud de lo argumentado, nada fortuito. Que los habitantes de su cuadrícula sean conceptualizados como “putas”, tampoco. En esta sobreimposición semántica los primeros son, como las segundas, seres pasibles de ser eventualmente sometidos a un sujeto de poder. La virilidad, la fuerza, la imposición, resultan así imperativos tanto del sujeto masculino como del sujeto policial (Sirimarco, 2009).

La ligazón entre ambos términos es estrecha. Baste si no considerar que el hecho de que lo civil –los habitantes de la cuadrícula– sea considerado por la institución policial un universo discursivo tan feminizado como controlable implica arrogarse, a sí misma, el papel masculino de guardián de la sociedad. Si lo femenino es aquello que debe ser vigilado, lo masculino es aquello que debe detentar el poder de hacerlo (Sirimarco, 2009). En este contexto de significación, donde el poder policial se erige como un poder que descansa, en buena medida, en la capacidad de manipular o disponer del cuerpo del otro, la prostituta se vuelve la figura por excelencia de lo femenino a ser sometido. Y la estructura de género se vuelve, por lo tanto, un insumo invalorable a partir del cual asomarse a la clave con que se resuelve el control cotidiano policía-prostitución.

Los ejemplos aquí repasados permiten vislumbrar, así, cómo el género aparece funcionando como un script a partir del cual moverse por el entramado social. Es decir, como una estructura que –a partir de los imperativos que la constituyen– permite poner en escena un determinado texto social. Es a través de diversas representaciones de lo masculino y lo femenino que el policía y la prostituta se posicionan y actúan la relación que entre ellos se establece. La modalidad del control policial sobre la prostitución que hemos desgranado en este apartado –insultos, amenazas, golpes, maltratos– resultaría así impensable sin la referencia a la actuación de género. O, más precisamente, teniendo en cuenta lo que hemos revisado hasta aquí, sin la referencia a la actuación de un registro de masculinidad ligado a la dominación avasallante.

II

“La policía, si vos no molestás, no te molesta. Yo siempre que me manejé bien, no tuve problemas. A veces los he tenido igual, pero fueron los menos.” Así describía una prostituta su relación cotidiana con la policía. Pero, ¿qué significa “manejarse bien”? Quienes ejercen la prostitución callejera generalmente tienen una “parada”, una esquina o un punto al que acuden habitualmente y donde los clientes saben que pueden encontrarlas. Habitar cotidianamente la “parada” implica la construcción de una red de relaciones que involucra a las compañeras de parada, los vecinos, los comerciantes de la zona y también a la policía. Si es en el campo de lo cotidiano donde tramas particulares de relaciones sociales posibilitan el ejercicio local del poder de policía (Daich, Pita y Sirimarco, 2007), “manejarse bien” no es más que desplegar la experiencia y el conocimiento adquirido en esa malla social; “manejarse bien” es adquirir competencia en esa red de sociabilidad que, en última instancia, es la que habilita tanto el control, el sometimiento y la violencia como la resistencia y la negociación.

Aquí nos preguntamos por el cómo de esas relaciones y el de esa resistencia prestando particular atención a estrategias estructuradas por el género en una matriz claramente jerárquica. Así, antes de ver a las mujeres que ejercen la prostitución como víctimas indefensas de la violencia policial y a sus resistencias como meras respuestas carentes de agencia, en este trabajo pugnamos por el reconocimiento de estas mujeres como sujetos de acción y con capacidad de elección y decisión.

En este sentido, y así como abundan las historias de violencia y abuso policial, en especial en las épocas en las que existían aun los edictos policiales, es también recurrente en el trabajo de campo la alusión a otras formas de relacionarse con la policía,[75] que pueden incluir desde piropos, cigarrillos compartidos, besos, caricias, hasta “pases”[76] o una salida ocasional para tomar un café. Se trata de intercambios que pueden ir del simple coqueteo a la relación sexual strictu sensu y que responden a elecciones racionales. Es también usual, en este sentido, la referencia a los policías varones como meros clientes. Algunas mujeres relatan anécdotas de clientes asiduos cuya ocupación desconocían hasta el día en que los vieron uniformados:

Un día me invitó a su departamento, me dijo que vivía solo, yo ya lo conocía hacía un tiempo, por eso fui, porque yo no voy a domicilios, no voy a la casa de nadie, viste, por miedo. Y cuando llegué, me sorprendí cuando vi el uniforme.

Los clientes de la prostitución, al decir de Luisa Leonini (2004: 90), “no se limitan a ser hombres, son hombres normales”. Con esta afirmación la autora destaca que el consumo de sexo pago no se trata de un fenómeno marginal ni patológico; antes bien, responde a una multiplicidad de motivaciones, argumentos, discursos, casuísticas, situaciones biográficas y sociales. No sorprende entonces que los policías puedan ser clientes como cualquier otro varón, e incluso clientes que no hagan gala de su ocupación. “Acá pasan mucho los policías. Como clientes, te quiero decir, no sé si me entendés”, nos refería una prostituta para señalar el hecho de que un policía puede comportarse como cualquier otro cliente: simplemente pagar por un servicio sexual determinado.

Ahora bien, como encargados de su control, los policías llevan adelante rutinas administrativas de labrado de actas contravencionales. Durante estas operaciones burocráticas, pueden comportarse también como piropeadores y galantes ocasionales:

Lo que les gusta mucho es pedirles el número de teléfono a las chicas. A mí no me pidieron, o sea, en el acta tiene que figurar pero a veces uno está haciendo el acta y el otro le está diciendo cualquier cosa a la chica: “Pasame tu número que yo te llamo, que qué linda que sos, qué cuánto cobrás”. Uno haciéndote el acta y el otro en el otro oído diciéndote: “¡Qué linda!”. Se hacen los bonitos, los lindos, los buenitos.

Las jerarquías sociales marcan los distintos usos del espacio, asignando primacías también según los géneros, de modo que si se asume que el espacio público es gestionado mayoritariamente –según el modelo de masculinidad patriarcal– por los varones y el espacio doméstico por las mujeres, consecuentemente la apropiación de las calles difiere también en función de si se trata de unos u otras. Así, el uso del piropo callejero resalta el uso del espacio público como prerrogativa masculina y señala a todas las mujeres como cuerpos expuestos a la mirada y apropiación viril.

Se ha señalado que los piropos son “la expresión de una dimensión de la masculinidad, aquella que se construye en el espacio público” (Andrade, 2001: 23) y son actuados particularmente cuando se encuentra el varón en grupo con sus pares masculinos. Los hombres construyen cotidianamente su masculinidad no solamente frente a mujeres, sino primordialmente frente a otros hombres. Así, los piropos generalmente ocurren cuando otros miembros del grupo masculino están presentes para atestiguar la creatividad verbal de quien lo lanza. Es cierto que la mujer es, en tanto objeto, la causa del piropeo, pero la audiencia receptora es otra: es el grupo de amigos y, por tanto, lo que se busca efectivamente es una validación de las habilidades masculinas no frente a la mujer sino frente a los hombres (ídem).

Piropear o elogiar la belleza de una mujer puede ser, según el contexto en el que tenga lugar,[77] una norma de cortesía o un simple cumplido. O quizá también un tributo a la belleza femenina para reafirmar la masculinidad propia. Pero también puede ser una forma de cortejo con claras intenciones amorosas o, las más de las veces, simplemente intenciones sexuales. Este último es el caso que las mujeres que ejercen la prostitución suelen relatar cuando comentan acerca de los policías que quisieron “levantarlas”:

A una amiga mía le pasó que [el policía] le dijo: “Como cliente no, que vos me gustás”, y así a ver si la convence, porque no quieren pagar, no les gusta pagar. Como dicen acá, se hacen los cancheros, hacen el verso para no pagar.

En tanto conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres –lo masculino– y lo que es “propio” de las mujeres –lo femenino– (Lamas, 2000), el género moldea las formas que asumen las distintas interacciones sociales. De aquí que los policías varones actúen sus rutinas burocráticas de control desde el guión social de la masculinidad hegemónica.

En cuanto a las mujeres que ejercen la prostitución, ellas también hacen uso de un repertorio social de género como forma de negociar sus posiciones relativas en una estructura social desigual. Así, estas mujeres pueden hacer uso del coqueteo y la coquetería femenina como formas de negociar relaciones de poder desventajosas:

Todas las semanas vienen a hacer el acta y yo ya no corro más, las chicas corren, se esconden. Yo no, ¿para qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Pero tampoco me gusta que me hagan el acta. El otro día paran y me piden el documento y yo:

–¿Por qué el acta siempre a mí? ¿Qué, soy fea?

–No, qué vas a ser fea, pero tenemos que hacer el acta. Decile a tus amigas que no corran y se la hago a ellas.

–¿Y si no la hacemos, mi amor?

Quienes ejercen la prostitución disputan el estereotipo social que asigna a las mujeres una vida sexual ligada a la reproducción o al matrimonio. A diferencia de los varones, las mujeres que llevan una vida sexual activa, compartiendo libremente con distintos compañeros circunstanciales, pueden ser tildadas de indecentes, lascivas y epicúreas. Así, y en tanto el patriarcado siempre ha celebrado la sexualidad masculina, estas mujeres pueden también jugar y hacer uso de las expectativas masculinas respecto de la promesa de sexo que la figura de la prostituta encarna:

A veces pasan con el patrullero y nos gritan: “¡Caminen!”. Otras piden el documento, nombre o preguntan qué estamos haciendo y, a veces, simplemente por estar ahí labran el acta. Pero hay uno que si le llorás un poquito, le acercás las tetas y le hacés ojitos, te la perdona.

Pueden también explotar a su favor el imaginario social que construye a las mujeres como débiles necesitadas de protección:

Tengo un cliente que es policía, entonces le conté que me vinieron a apretar y le dije así [haciendo puchero] y él enseguida me dijo que la próxima vez les tome la patente, que “pobrecita, las cosas que te dijeron”. ¡Si supiera las cosas que les dije yo!

El modelo ideal de feminidad –en una cultura eminentemente patriarcal– es un modelo maternal; las mujeres son principalmente cuidadoras y por ello deben ser cuidadas:

Policía: –El día que tenés que hacer estadística, le decís: “Negra, andate que hoy te tengo que llevar”.

Mariana: –Ah, ahí se avisa.

P.: –Y claro, no te voy a arruinar, todas tienen hijos. Esta chica que salía conmigo [una novia que era prostituta] tiene un pibito de tres años. Entonces los días de operativo y control le decía que no salga.

Se ve así que las formas de relacionarse con la policía responden a elecciones racionales en las que se sopesan razones pragmáticas y en las que el intercambio sexual –en sentido amplio– no está ausente. Este tipo de intercambios y relacionamientos aparece relatado tanto por las mujeres que ejercen la prostitución como por los policías:

Yo me puse de novia con un policía, no de novia, novia, ¿cómo te digo? Salíamos, salimos como un año. Y él siempre me decía que en tal parte del barrio no anduviese porque había operativo, o incluso una vez le pregunté si era cierto que al final con el acta no pasaba nada.

Mi primera novia en policía fue una prostituta y mi última novia, fue una prostituta. O sea que empecé mi vida saliendo con una prostituta y ahora voy a terminar mi carrera peleándome con una prostituta. Me peleé hace diez días, por culpa de mis hijos. [Con la primera] recién había entrado a policía y un día trajeron un par de chicas y hubo piel. Obvio, era más jovencito, tenía diecinueve años, no cincuenta y dos como ahora. Y le dije: “Me gustás”. “Pero en un calabozo no me vas a ganar”, me dijo. Salimos tres, cuatro meses y después se cortó. [A la segunda], ¿sabés cómo la conocí? En una esquina. Y mi compañero de patrullero me dice: “No paremos que la conozco”. Le digo: “Pero la pendeja esa me gustó, paremos”. “No”, me dice, “que la conozco”. “Te dije que pararas, el que manda acá soy yo, para eso soy capitán y tengo el timón.” Le pedí documentos, revisé captura. Y la atrevida, ¿sabés qué me dijo? “Oficial, hace frío, podríamos tomar un café, ¿no?”. A una cuadra había un bar. Le dije: “Te espero ahí”. Y vino […] Los días de operativo le decía: “Hoy no salgas, porque si salís te tengo que llevar”. A mi novia no la llevé nunca presa. Tendría que ser muy atrevido para llevármela.

Las relaciones sexuales –y en ocasiones afectivas– de estas mujeres con aquellos agentes históricamente encargados de su control no deben verse como el triunfo último y sarcástico de la expansión del estado de policía ni como la dominación patriarcal en su máxima expresión. La cuestión del “estado de policía” como el problema del poder de policía en tanto técnica administrativa de gobierno (Foucault, 1989, 1996) y como contracara violenta del Estado de derecho (O’Donnell, 1978) sin dudas señala el armazón de interrelaciones en el que estos intercambios tienen lugar y funciona como el constreñimiento estructural que incide en las formas en que se construyen efectivamente estas redes de relaciones e intercambios. Pero dicha cuestión no ha de pensarse como dando lugar a una pura relación de dominio y sujeción. Antes bien, se trata de mecanismos estructurales impersonales que son vividos a través de formas culturales fluidas (Fraser, 1993). Pensar la desigualdad de género en estos términos permite entender que es posible la convivencia de la reproducción de la subordinación con la creación de nuevas formas de resistencia política e impugnación cultural.

Si estos intercambios que hemos rescatado subrayan la existencia de una estructura de género jerárquica que señala quién está en posición de ofrecer y quién de solicitar favores sexuales, no es menos cierto que señalan también la expresión cotidiana de las relaciones de poder en términos de agencia y autonomía de estas mujeres. Lo que queremos destacar, en otras palabras, es que el sexo puede ser una táctica cultural que puede reforzar la lógica patriarcal, pero que también puede desestabilizarla.

Así, señalar el uso racional y sopesado de estos intercambios y relacionamientos sexuales da cuenta de las distintas dimensiones de agencia, así como de los significados diferenciales de la autonomía de estas mujeres (Daich, 2015). Estos intercambios, pensados como relacionamientos estratégicos, permitieron a estas mujeres posiciones más ventajosas: salir del calabozo, evitar el acta contravencional, eludir la detención, obtener protección policial, entre otras.

Ahora bien, es necesario distinguir estas acciones llevadas adelante por mujeres que ejercen la prostitución callejera del ejercicio mismo de la prostitución. Si bien los intercambios sexuales que hemos abordado podrían formar parte de un mercado sexual[78] más amplio, se distinguen de la prostitución porque no hay un contrato explícito de intercambio de sexo por dinero. Pero no sólo eso; estas acciones se inscriben no en el mercado del sexo comercial, sino en una trama particular de relaciones de control y negociación.[79]

Es esta trama, donde pesan particularmente las relaciones de género, la que quisimos poner de manifiesto. La actuación de la masculinidad que detallábamos en el apartado anterior se complementa aquí con otros registros de acción. Piropos y relaciones sentimentales o sexuales son también insumos de masculinidad y feminidad que se activan para delinear y reafirmar roles sociales. A través de la actuación de género, policías y prostitutas regulan, cotidianamente, el cariz de sus interacciones. Si a los unos el piropo galante los acerca a posibles conquistas, a las otras la relación cercana las libera de eventuales persecuciones.

III

El poder de policía ha sido una cuestión tradicionalmente abordada en su doble faceta de técnica administrativa de gobierno y cara violenta del poder estatal (Foucault, 1989; Benjamin, 1991; Taussig, 1996), dando lugar a análisis centrados en torno al rol de las facultades policiales y la violencia policial en la administración de conflictos en el espacio público, donde la espectacularidad de la violencia se ha vuelto así la cara más tematizada. Esta vertiente de análisis, lejos de ser improcedente, deja fuera del espectro de lo visible, sin embargo, toda otra gama de interacciones. Si la denuncia por el uso de la fuerza monopoliza el entendimiento de la situación del control policial, el resultado es un posicionamiento epistemológico donde las mujeres que ejercen la prostitución –por centrarnos en el caso analizado– se vuelven meros objetos victimizados, resistiéndolo con escaso margen y reproduciendo así, monolíticamente y sin fisuras, la estructura jerárquica de género. Creemos, por el contrario, en la necesidad de pensar en redes de control policial menos claustrofóbicas.

La performatividad de género (Butler, 1999) abre un campo sumamente provechoso para pensar estas dinámicas de control. Ya Foucault (1989: 144) advertía que los individuos no son nunca el blanco inerte o consintiente de un poder que se aplica sobre ellos, ni éste es “algo dividido entre los que lo poseen, los que lo detentan exclusivamente y los que no lo tienen y lo soportan”. Los ejemplos analizados en este trabajo impiden, sin embargo, conceptualizar estas dinámicas en los tradicionales términos de dominación y resistencia, donde los abusos de los policías podrían llegar a verse como prácticas de sometimiento, y las maniobras de las prostitutas como el margen que este poder policial “consiente” o como el botín que a él se le “arrebata”. Si la resistencia implica una respuesta a posteriori –no un poder que se disputa palmo a palmo, sino un poder que emana de soportar una fuerza ejercida previamente–, catalogar el accionar de las prostitutas en términos de llana “resistencia” implicaría, creemos, restarle agencia a su comportamiento, encasillándolo en una categoría estanca limitada a ser el corolario (pasivo) de la ejecución de una orden (Sirimarco, 2009).

Sostener esto no implica desconocer la existencia y los alcances de un control policial disciplinante, sino intentar rescatar, al mismo tiempo, los procedimientos –a veces minúsculos, a veces más importantes– que las prostitutas ponen en juego de manera cotidiana para evitar los mecanismos de esta disciplina. Estos procedimientos corporales o verbales son maneras de hacer mediante las cuales los sujetos se reapropian del espacio organizado por las disciplinas e introducen, en estas estructuras de poder, tácticas y estrategias capaces de desviar o subvertir su funcionamiento (de Certeau, 1990). Esta conceptualización no intenta arrinconar el entendimiento de un poder jerárquico y desigual, sino devolverle al individuo subsumido a él la capacidad de una “lucha” activa y creativa.

Tácticas y estrategias implican así, siguiendo a Michel de Certeau, diversos entendimientos. Si la táctica no tiene más lugar que el del otro, moviéndose en un espacio que no es el suyo y del que intenta sacar ventaja, la estrategia se caracteriza, por el contrario, por postular un lugar de poder propio. La primera se juega sobre una hábil utilización del tiempo: se insinúa fragmentariamente, avanza paso a paso, torna los resquicios de la disciplina en posibilidades de provecho –la prostituta coqueteando para evitar el acta, por ejemplo–. La segunda trasciende el cálculo momentáneo y la astucia del instante: se juega sobre el establecimiento de un espacio y su victoria sobre el tiempo; la prostituta cuya relación con un policía la previene de ser detenida.

El script de género implica así la puesta en escena de tácticas y estrategias cotidianas con que policías y prostitutas resuelven las situaciones de control. La dinámica misma de las relaciones de poder se encuentra desplegada y regularizada por estos mandatos genéricos actuados en y desde lo corporal. Desde correr ante la presencia del otro hasta hablarle al oído al otro, el cuerpo individual resulta así el terreno más inmediato donde interpretar las demandas y contradicciones sociales y donde fijar entonces las posibilidades que resultan del juego de ese poder.

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“Hacer el dichoso código de policía”: agencias, cambios y persistencias en los debates sobre prostitución en Colombia a partir del proyecto de ley 79 de 2013*

José Miguel Nieto Olivar

El estatuto jurídico-político de la prostitución en Colombia parece estar perdiendo su estabilidad en los últimos años. Ese clima de potencial cambio ha abierto discusiones en diversos ámbitos públicos y se traduce en el proyecto de ley 79 de 2013. Sin embargo, en ese proceso se han evidenciado grandes silencios que limitan la eficacia de estos cambios; el más significativo de ellos es, quizá, el referido a la participación de la policía en este enmarañado político, jurídico y moral. Lo que busco con este trabajo es, además de presentar este proyecto de ley, comprender los trayectos que lo han hecho posible, algunos actores o agentes destacados, lo que está en juego y, finalmente, aquello que es persistentemente dejado fuera del campo de juego.

En el diseño de ese panorama se ha destacado sustancialmente la agencia de trabajadoras sexuales, organizadas o no en asociaciones y movimientos. Esas agencias han sido centrales para la gestión de los posibles cambios. En el trabajo destacaré cómo la gestión política, jurídica y mediática realizada por trabajadoras del sexo –como Lais y Dania, de quienes ya hablaremos– en reivindicación de sus derechos o garantías laborales en situaciones diferentes tuvo una importante repercusión nacional y movilizó a los agentes públicos para posibilitar cambios. Mostraré también cómo un nuevo actor político en Colombia (una asociación de trabajadoras sexuales) entra en escena para intentar impactar de manera efectiva en el proceso de formulación y gestión del proyecto de ley.

A partir de estos agenciamientos, y en relación con ellos, se han desarrollado creaciones jurídico-políticas que, por supuesto, tienen como fuerza, forma y límite no solamente la ley, sino las construcciones morales, políticas y estéticas de los actores judiciales y legislativos. Es decir, la agencia de los agentes estatales debe ser también tenida en consideración.

Ese horizonte, que parece materializarse en el proyecto de ley 79 de 2013, coloca el visor en una comprensión legal y laboral del trabajo sexual, más allá de las tradicionales cuestiones de policía y de salud pública. Sin embargo, como veremos, la propuesta encuentra su mayor límite, y su ambigüedad, en una concepción de prostitución-trabajo sexual que la destina a la marginalidad moral y jurídica.

Así, presento primero el panorama jurídico actual en Colombia sobre trabajo sexual para comprender sus problemas y los desplazamientos conceptuales propuestos. En segundo lugar, describo el proyecto de ley 79 de 2013, teniendo en cuenta algunos de sus antecedentes, incluyendo los efectos de acciones desarrolladas por trabajadoras sexuales. En tercer lugar, me aproximo al análisis de la participación de una asociación de mujeres trabajadoras sexuales colombiana en la concepción y gestión de este proyecto de ley y, a partir de ahí, expongo su relación con la policía. Finalmente, entonces, el texto se encuentra con los principales vacíos y problemas que limitan la eficacia de los cambios en curso.

Reglamentarismo a la colombiana

El capítulo IV del Código Penal colombiano se ocupa de la explotación sexual[80] en diez artículos: del 213 al 219B. La prostitución autónoma de un adulto no está prohibida por el Código Penal; sin embargo, la “inducción” y “el constreñimiento” son considerados crímenes (arts. 213 y 214). De los ocho artículos restantes, seis se ocupan de formas de “explotación sexual” de menores de dieciocho años (213A, 217, 217A, 218, 219 y 219A), uno (216) describe agravaciones punitivas y el último (219B), omisión de denuncia. Es importante notar que el mantenimiento de casas de prostitución o la mediación de la prostitución de mayores no son explícitamente tipificados; sin embargo, la existencia del tipo penal “inducción” remite a la antigua idea de proxenetismo. Este artículo (213) fue objeto de una sentencia de la Corte Constitucional (C-636/2009) en la cual se confirmó su exequibilidad en nombre de “la dignidad humana”.

Siendo la dignidad humana un derecho constitucionalmente protegido, resulta innegable que el Estado pueda sancionar aquellas conductas que se dirigen a menoscabarla […] en tanto que la prostitución como actividad comporta graves consecuencias para la integridad de la dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto, por lo que la Corte encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos e incluso a erradicarla, de donde resulta legítimo que el Estado sancione la conducta de quien, pese a la afectación de los derechos individuales que se deriva de la misma, se lucre de esta actividad.[81]

La “inducción”, así vista, mantiene abierta la puerta para la criminalización no sólo del comercio sexual sino de la mediación no económicamente lucrativa del “interés libidinoso de un tercero”.[82] Este concepto se corresponde claramente con un modelo “abolicionista” que, deseando “desestimularla, reducir sus efectos e incluso erradicarla”, deja a la prostitución en un limbo jurídico, pues sólo en imaginarios casos excepcionales es posible el ejercicio del trabajo sexual, o de cualquier otro trabajo, sin hacer parte de redes sociales que le den sentido y soporte. De este modo, la prostitución ha sido principalmente legislada en el marco del derecho criminal: es éste su ámbito de existencia jurídico-política.

Ese limbo jurídico, que permitiría casi cualquier interpretación de represión y control, encuentra su límite y su espacio de actualización en un dispositivo de gubernamentalidad llamado Código Nacional de Policía, de 1970, que reglamenta la prostitución, entre otros tantos comportamientos y usos del espacio público, y se superpone al Código Penal. En el capítulo VIII del Código Nacional de Policía se prevé la reglamentación sanitaria y territorial de la prostitución, así como la especial disposición del Estado para la “rehabilitación” de las prostitutas (arts. 178 a 183).[83] En lo local, el Código Nacional de Policía se traduce en códigos departamentales y municipales (incluyendo “códigos de convivencia”). El Código de Policía de Bogotá, de 2003 (acuerdo 79 de 2003), por ejemplo, incluye a “quienes ejercen la prostitución” como parte del Título IV, destinado a “la protección de las poblaciones vulnerables”. Estas poblaciones de especial protección son, además de “quienes ejercen la prostitución”, “los niños y las niñas”, “las personas con movilidad reducida o disminuciones sensoriales o mentales”, “los adultos mayores” y “los habitantes de la calle”.

Las maneras y las razones por las cuales la prostitución hace parte de este conjunto legislativo, por las cuales la “vulnerabilidad” de los trabajadores y las trabajadoras sexuales es presumida, o las maneras como se construyó la analogía entre estas poblaciones, no son expuestas ni mucho menos discutidas. Todo parece hacer parte del campo de lo obvio.

Claramente, en obediencia a la ley penal, el Código de Policía afirma que el ejercicio de esta actividad “no da lugar a la aplicación de medidas correctivas” (art. 46), pero el mismo necesita regular los comportamientos de quienes ejercen la prostitución (art. 47), de quienes “usan personas en prostitución” (art. 49, mi subrayado) y de los establecimientos donde esta actividad se “ejerce” (art. 51).

La comprensión política y jurídica de la prostitución como principio de vulnerabilidad se materializa entonces en las nueve normas de comportamiento para las personas que “ejercen”, donde se expone claramente la razón gubernamental sobre la prostitución: seis hacen mención directa a la prevención y protección de la salud y tres al territorio y los comportamientos públicos (respetar el Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, a los vecinos y peatones, y no hacer exhibicionismo). Entonces el principio de vulnerabilidad asociado a la prostitución se desdobla y reproduce vía secreciones corporales, imágenes públicas, proximidad territorial, relaciones sociales, flujos de dinero… y el principio decimonónico que imagina a la prostitución como un riesgo social necesario se actualiza plenamente en la nueva normalización de la práctica.

Junto a la preocupación sanitaria resalta la preocupación territorial expresada en términos de la delimitación de la prostitución en “zonas” por medio del POT. En Colombia, “la zona de tolerancia” es un territorio delimitado legalmente por decreto, y ocupa por lo tanto un lugar específico en la normatividad nacional sobre planeación urbana (arts. 15 y 28 de la ley 388 de 1997), descripto en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. En 2004, la Presidencia de la República reglamentó los dos artículos antes mencionados de la ley 388, trayendo a colación la noción de “alto impacto” en relación con la prostitución. En esta definición, la prostitución sería una actividad de cuyo alto impacto deben ser protegidos, por “incompatibles”, determinados usos del territorio, llamados en la ley “dotacionales”, como los educativos y residenciales.[84] No se prevé ningún tipo de control, regulación o protección laboral y, como ya es costumbre, tampoco se explica el sentido del “alto impacto”.

En la “zona”, y sólo en ella, pueden existir legalmente la oferta comercial de servicios sexuales, los burdeles y demás formas de comercialización y lucro de terceros (¡pero no inducción!), siempre y cuando pasen por la revisión y aprobación de las autoridades locales de salud, de policía y, en algunos rarísimos casos, de bienestar social. Un territorio programáticamente segregado, procesualmente confinado y enteramente confiado a la alianza entre dueños de capital y agentes de policía.

Intentos de reglamentación laboral y límites morales

El horizonte de reglamentación laboral del trabajo sexual en Colombia puede ser visto a partir de dos constructos jurídico-legislativos movilizados en los últimos cuatro años: la sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional y el proyecto de ley 79 de 2013, actualmente (final de 2014) en curso en el Senado.

En 2010 la Corte Constitucional de Colombia profirió la sentencia T-629 en la que, poniendo en consideración argumentos socioeconómicos, se reconoce la legitimidad jurídica del trabajo sexual y se le exige al gobierno de Bogotá, y por extensión a las instituciones de orden nacional, la definición de políticas públicas que protejan los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sexo.[85] Esta sentencia es sin duda un hito histórico en la producción legislativa y política sobre prostitución en el país (y en la región), pues es la primera vez que un tribunal superior se pronuncia de manera resuelta a favor del reconocimiento legal del trabajo sexual.

Ahora bien, es importante destacar, para la comprensión del Estado y para imaginar rumbos futuros de acciones políticas, que este avance se hizo a partir de la exigencia jurídica de restablecimiento de derechos hecha por Lais, una trabajadora sexual pobre en Bogotá. Ella trabajaba en un prostíbulo dentro de una de las “zonas de alto impacto” de la ciudad. Cuando el gerente descubrió que estaba embarazada fue restringida a funciones administrativas y después, cuando su embarazo ya contaba cinco meses, fue despedida del bar. Luego de buscar estérilmente ayuda en la policía y en el Ministerio de Protección Social (conjunción de Salud, Trabajo y Seguridad Social), Lais interpuso una acción jurídica de protección de derechos fundamentales (acción de tutela). Los jueces de primera y segunda instancia negaron su pedido. Convencida de su causa, Lais apeló frente el juez superior: la Corte Constitucional de Colombia.

En respuesta a la apelación de Lais, la Corte publica su sentencia T-629/2010 en la que, por primera vez en Colombia, se reconoce la legitimidad jurídica del trabajo sexual y así, en términos prácticos, se exige que Lais reciba las indemnizaciones de ley y que el Poder Ejecutivo tome medidas de protección laboral de esta población. Sin embargo, a pesar de este avance, la Corte no cuestionó ni descentró la idea heredada del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, presente también en la sentencia anterior (C-636/2009), que insiste en vincular la prostitución con la trata y asociarla con prácticas que contrarían la dignidad humana.[86] Al no cuestionar esta asociación la Corte no pudo garantizar a la trabajadora sexual que interpuso la demanda su derecho a ser restituida al trabajo del que fue despedida arbitrariamente pues, según la sentencia, de haberlo hecho, la Corte estaría induciendo a la prostitución a esta persona. Se plantea entonces la inducción, idea bastante abstracta y polisémica, como el límite jurídico de la sentencia sin prestar atención a situaciones concretas de explotación, abuso o violencia.

Un caso similar en el que la agencia de una trabajadora sexual generó un escenario jurídico y legislativo sucedió en 2012 por el incumplimiento del acuerdo pactado entre la escort Dania y los escoltas del presidente estadounidense Barack Obama en su visita a Cartagena, Colombia.[87] El escándalo protagonizado por Dania en y fuera del hotel donde pasó la noche con estos hombres tuvo grandes repercusiones mediáticas[88] y la resonancia de la indignación de la escort llegó hasta el Congreso Nacional, pues el caso fue usado por el senador de la República Armando Benedetti como justificación espectacular de su proyecto de ley 69 de 2012, antecedente directo del proyecto 79 de 2013.[89] El proyecto de ley 69 de 2012 era definido así por el senador: “…por el cual se establece un trato digno a las personas que se encuentran en situación, condición o estado de prostitución, se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a restablecer sus derechos” (mi subrayado).[90]

Después de su primer debate en el Senado, este proyecto fue archivado y presentado nuevamente con modificaciones conceptuales por el mismo senador mediante el proyecto de ley 79 de 2013, “por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a restablecer sus derechos” (mi subrayado).[91] El proyecto 79 está definido (cap. I, art. 1) por la idea de que los derechos de esta población deben ser “restablecidos” y así su “dignidad” garantizada, porque se trata de “sujetos de especial protección constitucional”.

El proyecto 79 se diferencia de manera importante de su antecesor. Por ejemplo, el cambio en los términos (“ejercer” en lugar de “en situación”) es un signo efectivo de que las exigencias de un número cada vez mayor de trabajadoras sexuales en el mundo entero para que su actividad sea reconocida como un trabajo y como espacio para el ejercicio de derechos ha logrado incidir en los enfoques. Referirse a la prostitución como “situación, condición o estado” (ley 69), o como algo que se “ejerce” (ley 79) nos remite a una discusión ya consolidada entre algunos enfoques (abolicionistas, por ejemplo) que proponen que no se es prostituta o trabajadora sexual, sino que se está (en situación, condición o estado); no se ejerce porque no es un derecho ni un trabajo.

Esta nueva versión del proyecto (79), actualmente en curso, contó con el interés y la participación más activa de mujeres senadoras ponentes que, en el informe de ponencia para el primer debate, usaron referencias bibliográficas de investigación socioantropológica (como la muy referenciada antropóloga y feminista española pro trabajo sexual Dolores Juliano),[92] incluyeron claramente los modelos legales de “laboralización” en el marco jurídico y, entre otras cosas, oyeron la voz de las trabajadoras sexuales.[93]

El informe de ponencia para el primer debate del proyecto 79, presentado por las senadoras el 23 de octubre de 2013, incluyó, además de una ampliación de los marcos conceptuales y jurídicos, otras modificaciones importantes de naturalezas diversas.[94] Lo que quiero destacar sobre estos cambios es, por un lado, el interés por construir una alianza entre la perspectiva de la ley y la perspectiva de las organizaciones nacionales, regionales y globales de trabajadoras sexuales que reivindican derechos laborales. Por otro, la eliminación o el intento de corrección de algunas aberraciones. Por ejemplo, el artículo 15 de la versión original, que exigía a los establecimientos un circuito cerrado de televisión y la contratación de seguridad privada; la exigencia a las trabajadoras sexuales de portar documento de identidad y carnet de salud y a los establecimientos de registrar de maneras detalladas (¡!) todos los servicios prestados para fines impositivos y de control en la Cámara de Comercio, entre otros asuntos.

Resulta trascendental la eliminación, a partir de la intervención de las senadoras, de la prohibición, presente en la versión 69 y en la versión original 79, de continuar ejerciendo la prostitución si se tienen resultados positivos para VIH u otras “enfermedades” (así nombradas, y no infecciones) de transmisión sexual (art. 9°, deber 11). En concordancia con discusiones nacionales e internacionales de derechos sexuales, una prohibición de este tipo es un acto gravemente discriminatorio, una flagrante violación a los derechos sexuales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras sexuales, y un peligrosísimo antecedente en materia de dispositivos de gobierno sobre los cuerpos y las sexualidades de la población en general.[95]

El informe de ponencia, en la sección “Modificaciones ponencia”, sugiere también eliminar el artículo 16, mediante el cual se legislaba sobre el porcentaje máximo exigible (30%) por parte del responsable del establecimiento sobre los servicios prestados por sus trabajadores, “dado que es inconstitucional aceptar algún cobro en favor de los intermediarios por el intercambio económico que surge en la prestación de servicios sexuales”.

Así, podría pensarse que el proyecto de ley 79 asumía una posición que mezclaba un reglamentarismo clásico (policía más control sanitario) con un reglamentarismo amigo de la “laboralización”. Sin embargo, más allá del “ejercer”, el proyecto de ley 79 asume y reproduce lo más intrigante y limitado que tienen las dos sentencias de la Corte: la ontologización de la prostitución y de sus agentes como sujetos vulnerables, vulnerabilizados por su oficio y “de especial protección constitucional” (la prostitución como actividad contraria a la dignidad humana), sin más argumentos que reiteraciones de las mismas consideraciones a través de la referencia a convenios y a (algunas) legislaciones internacionales, o el recurso a cifras aisladas de violencia, salud y uso de drogas. Esta posición se desdobla en el objetivo barroco de buscar una especie de reglamentación laboral y comercial (moral, ética y estética con gran nivel de detalle) para un trabajo que es definido –de manera incansable– como moralmente indeseable, indignante, peligroso y potencialmente punible, pero real.

A pesar de sus problemas, el proyecto 79, con las modificaciones propuestas (cuya condición de posibilidad veremos en la sesión siguiente), significa la posibilidad de avance hacia un reconocimiento jurídico laboral y comercial del trabajo sexual y de sus actividades conexas. Lamentablemente, en un segundo Informe de Ponencia (12 de diciembre de 2013), cuyos ponentes fueron los senadores Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento (Partido Social de la Unidad Nacional) y Mauricio Ernesto Ospina Gómez (Polo Democrático), fue recomendado el archivo de la propuesta.[96]

La pobre argumentación presentada está más interesada en movilizar un discurso de oposición al gobierno nacional a través de la efervescencia de emociones políticas sobre injusticia social y sobre modelos socioeconómicos de desarrollo que en pensar la situación específica de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Bajo ningún aspecto se tienen en consideración las voces de éstos y éstas; apenas se les condena, nuevamente, a la marginalidad jurídica y social, a la realización de una actividad de “naturaleza aberrante”, y a la posición de “riesgo social” y sanitario.

El siguiente párrafo, tomado de la sección “Objeto”, permite hacerse una idea de la lógica, el tono, el contenido y la ideología presentes en este segundo informe:

Las políticas públicas también pueden contribuir al desincentivo de fenómenos como éste [la prostitución y la supuesta hegemonía del cliente], y muy a pesar de nuestras convicciones facturar los servicios sexuales de forma detallada, imponer altas cargas impositivas por la naturaleza aberrante de su objeto y exigir unas reglas muy estrictas y de un seguimiento implacable en la habilitación a los establecimientos comerciales donde se ejerza la prostitución, muy parecidas a las de un hospital por el riesgo a la salud pública que representan las enfermedades infectocontagiosas; se podría de alguna manera lograr un efecto mayor, pero la realidad es otra, y en un país donde existe el paseo de la muerte, donde los entes de control son presa fácil de los gremios empresariales, donde mutaron modelos de progreso como las cooperativas de trabajo asociado y se convirtieron en opresores legalizados, donde las EPS [entidades promotoras de salud] facturan servicios y la registraduría le cuenta votos a los muertos, donde a los campesinos les decomisan sus semillas ancestrales, donde las hidroeléctricas secan ríos, donde los bancos tienen ganancias multimillonarias a costa del empobrecimiento de los colombianos, no es extraño pensar que el tan anhelado contrato de trabajo para las trabajadoras sexuales termine siendo del salario mínimo con saldo pagado por bonificación muy parecido al de millones de colombianos, al igual que el ingreso base de liquidación de su seguridad social y que los maltratos físicos de sus clientes, el alcoholismo, las adicciones y los contagios por VIH no se consideren un riesgo laboral, entre otras.

Al final, la proposición de los ponentes para “dar archivo” al proyecto se sustenta básicamente en tres puntos. El primero, su oposición a la “legalización del proxenetismo”. No comprenden que no se trata ni de favorecer ni de legalizar el proxenetismo, sino de comenzar a desmontar la lógica jurídico-moral que hace posible la existencia de tal noción y posición. El segundo, la ratificación de la prohibición del ejercicio del trabajo sexual por parte de “un trabajador con ETS positivo”. Finalmente, y el porqué y el cómo de esta afirmación es algo que escapa a mi comprensión, los proponentes se oponen a la iniciativa legislativa porque supuestamente “presta” consentimiento al consumo de drogas psicoactivas en los establecimientos…

Actualmente (final de 2014) está pendiente en el Senado la discusión de la ponencia para un segundo debate.

La Asociación de Mujeres Buscando Libertad: agenciamiento organizado

En ese contexto de debate emerge por primera vez en Colombia un nuevo actor político. Si en países como la Argentina o Brasil las organizaciones de trabajadoras sexuales o de prostitutas tienen ya una importante historia y un lugar (nunca completamente establecido) en las agendas públicas y políticas de discusión del tema, en Colombia la historia es otra.[97]

En Colombia, la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (Asmubuli) es presentada como la única organización de trabajadoras sexuales del país y se encuentra afiliada a la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y del Caribe (Redtrasex). Actúa de acuerdo con los principios de esta red, en términos de derechos laborales, salud integral, reconocimiento social, distinción entre trata, explotación y trabajo sexual, y movilización contra “los atropellos de la fuerza pública”.[98] Asmubuli, como en general las organizaciones latinoamericanas, está liderada por mujeres trabajadoras sexuales de orígenes sociales populares que cuentan con una trayectoria de larga duración en el trabajo sexual (principalmente de bares populares o de calle), no insertadas en modelos industriales de sexo comercial ni en grandes procesos de ascenso económico.

Conversando con Fidelia Suárez, representante de Asmubuli, en Bogotá en marzo de 2014, pude conocer su punto de vista sobre el proyecto de ley 79. Para ella, este proyecto significa una oportunidad privilegiada para comenzar a discutir y cambiar el estatuto legal y social de su trabajo y de sus opciones vitales.[99] El primer contacto que establecieron con el debate fue a raíz de la invitación del senador Benedetti al Congreso de la República, en mayo de 2013, cuando tenía lugar la presentación del proyecto 69/12. La invitación les llegó por intermedio de la senadora Gloria Inés Ramírez, quien conocía el trabajo continuado de la Asociación, por más de cuatro años, en la gestión y la participación política en diversos ámbitos gubernamentales y no gubernamentales de Bogotá. Fidelia tuvo entonces la posibilidad de hacer una intervención de quince minutos, junto a representantes de organizaciones LGBTI y de ONG de rescate[100] para exigir modificaciones al proyecto. Según sus propias palabras, se trataba de que el senador conociera directamente sus puntos de vista, “ya que [él] lo había construido [el proyecto de ley] con información requerida de ONG que dicen trabajar para nosotras las mujeres trabajadoras sexuales, y con opiniones de la Iglesia, opiniones de algunas señoras monjas que dictan cursitos a algunas compañeras nuestras que están en edades de cincuenta a sesenta años y de los cuales estas instituciones buscan el beneficio para vivir bien y para poder tener ellas un sustento económico a costillas de las compañeras de la tercera edad…”.

Indignada por el hecho de que se estuviera elaborando una ley sobre prostitución sin que ella o alguna de sus colegas (excepto aquellas “manipuladas por las monjas”) fueran escuchadas, reparó en la imagen de la prostitución que se estaba construyendo, contraria a muchas de las realidades vividas, y que era confundida con trata y con explotación. Fidelia recuerda que comenzó su intervención afirmándose orgullosamente como trabajadora sexual, y fue a partir de esa posición, y de la intervención directa y “hablando duro”, que el proyecto pasó a ser modificado. Según ella, el rumbo del proyecto cambió definitivamente a partir de entonces.

Aquí comenzó la historia del proyecto 79 de 2013 y de la alianza fructífera entre Asmubuli y las senadoras ponentes. Como es obvio, ningún empresario de la “industria sexual global” está involucrado, nadie quiere incentivar la explotación sexual, alimentar el heteropatriarcado ni estimular el lucro de cualquier proxeneta; es un diálogo principalmente entre mujeres buscando libertad, quienes, al decir de Fidelia, apoyan a las mujeres, sin importar lo que hagan para vivir. Entre el 26 y el 27 de noviembre de 2013 se realizó el primer debate en la Comisión Séptima del Senado, en el que intervino de nuevo Asmubuli. La sesión estuvo marcada por una fuerte oposición de los senadores Mauricio Ospina (“de una religión cristiana, que estaba en representación de las monjas Adoratrices”, según una participante) y Claudia Wilches que, como fue señalado, asumirían después la elaboración del informe para el segundo debate. Desde entonces, la Asociación ha asumido el proyecto como un objetivo de lucha, aunque aún mantiene algunas críticas al mismo y sobre las cuales viene interviniendo.

En seguimiento evidente de la lógica de la Redtrasex (y de muchas organizaciones internacionales de sex workers), pero también en concordancia con la sentencia T-629/10 de la Corte Constitucional, el término “prostitución” se vuelve incómodo o impreciso. Asmubuli viene exigiendo que la palabra “prostitución” se retire del proyecto y que sea cambiada por “trabajo sexual”, como sucede ya en la sentencia referida. La incomodidad tiene que ver, sin duda, con la base moral que estigmatiza el término, pero también obedece al reconocimiento de objetos sociales (y políticos y jurídicos) percibidos como enteramente diferentes. “Prostitución” se refiere, en el sentido común, también compartido por muchas trabajadoras sexuales, sus organizaciones y otros diversos agentes públicos, a acciones y transacciones de cualquier naturaleza, sexuales y no sexuales, vistas como negativas, corruptas, perjudiciales, en las que principios entendidos como “superiores” se negocian, valoran e interpretan en términos monetarios (Zelizer, 2005). En oposición, “trabajo sexual” se caracteriza como un objeto jurídico y social específico, idealmente retirado de esa economía moral de la prostitución, y coherente con idearios liberales y marxistas de sobrevaloración del trabajo, de emprendimiento, ahorro, disciplina, productividad, etcétera.

Pero, más allá de esto, el primer asunto que ocupa un lugar destacado en las críticas de Fidelia a los legisladores y demás grupos es el problema de la dignidad. Como las sentencias de la Corte y todos sus desdoblamientos han reproducido la afirmación de que la prostitución es contraria a la dignidad humana, las prostitutas/trabajadoras sexuales y sus universos resultan, en ese contexto, “contrarios” a la dignidad. Fidelia lo enuncia de manera preciosa: “Los entes y la sociedad son los que tienen que dignificar su pensamiento y su actuar hacia nosotras […] Nosotras somos mujeres dignas, y el trabajo sexual es un trabajo digno, como cualquier otro trabajo […] Indignas son las condiciones en que prestamos estos servicios”. Esta lógica tan simple ha sido, sin embargo, ignorada, pues es esa idea la que da sustento a todo un aparato social, jurídico, simbólico, político, erótico y financiero alrededor de la prostitución.

La “dignidad”, pues, entra en disputa como un bien a ser discutido ahora, y finalmente, con la participación de personas que han encarnado históricamente uno de los límites imaginativos morales más estables para las ideas modernas de dignidad: la prostitución. De objetos imaginados y marginalizados a sujetos activos, las trabajadoras sexuales desestabilizan la certeza de la dignidad y desplazan ferozmente los términos de la discusión.

Lo mismo sucede con la intocable policía, y aquí llegamos a uno de los puntos centrales (por su materialidad, por sus efectos y por el silencio alrededor) de todos estos debates. El segundo asunto que interesa a Fidelia y a Asmubuli en su historia de trabajo es lograr modificaciones legislativas para, como mencionó en nuestra conversación, “quitarle ese peso que tiene la fuerza pública hacia nosotras, esa presión, ese hostigamiento… quitarles poder a ellos”. Es que, como se ve en otros trabajos (Olivar, 2008, 2013b; Olivar y Pacheco, 2012; Ávila, 2014), la institución de policía y sus agentes (o sus sustitutos locales en un país en guerra y cuyos territorios son a veces controlados por otros grupos armados) son agentes centrales en el control, en la posibilidad, en la dinámica comercial y en las redes sociales de la prostitución en Colombia.

El deseo claro de “quitarle poder” a la policía no tiene que ver con evasiones de legalidad, sino con el conocimiento práctico, vivido, de qué hace y qué es “la policía” en contextos de prostitución/trabajo sexual. Muchas trabajadoras sexuales colombianas saben y han vivido los abusos policiales en forma de violencia física, de sexo forzado y de chantajes económicos. Además, conocen muchas historias sobre la participación directa de policías, en relación incluso con paramilitares y traficantes, en el control directo de establecimientos dedicados al comercio sexual.[101] Diversos rumores callejeros hablan, por ejemplo, de la participación de un importante general de la Policía Nacional en la propiedad de uno de los mayores y más famosos prostíbulos de Bogotá.

Ahora bien, recordemos que parte de ese protagonismo no es excepcional ni exterior a la legislación, pues por definición jurídica la prostitución es en Colombia un asunto de policía, un asunto de “comportamiento” y de “convivencia” (no de trabajo), siempre en el límite de la legalidad y de la moralidad, que requiere mucha vigilancia y especial protección. Eso es lo que implica y facilita su definición como parte del Código de Policía.

Finalmente, es iluminador notar qué es para Fidelia, y para otras de sus colegas con quienes conversé, el Código de Policía. Cuando le pregunté por la existencia de este Código, o cuando le insistí si ella sabía lo que éste decía sobre prostitución o si ella tenía por ahí, en su oficina, un Código de Policía, la respuesta siempre iba por caminos que a mí me costaba entender. Hace muchos años que ella ya no tenía “código de policía”, y, fundamentalmente, ella no quería saber de esto. Al ir desentrañando sus respuestas, entendí de lo que estaba hablando.

Como consta en el Código de Policía de Bogotá, las trabajadoras sexuales deben asistir a un curso de, por lo menos, veinticuatro horas al año sobre salud, derechos, ciudadanía, convivencia. Sin embargo, las mujeres consultadas afirmaron que este curso está exclusivamente centrado en el uso del condón y que nada enseña sobre derechos. El Código de Policía, en las respuestas de estas mujeres, era algo que iba de la mano con la exigencia, por parte de dueños de bares y de las autoridades, del certificado de asistencia al curso de “uso de condón” ofrecido por la Alcaldía de Bogotá. Entonces el Código  es algo que estas mujeres deben portar todo el tiempo (un carnet) y que deben “hacer” (un curso), so pena de ser multadas o de quedarse al margen de los establecimientos de comercio sexual.[102] Según cuentan diversas trabajadoras en Bogotá, si no portan este Código de Policía, la policía “les piden plata… o les piden sexo a cambio… Nos hostigan a nosotras… […] si no hacemos el dichoso código de policía….”. Evidentemente esta imagen del Código, antes que un problema de poca información jurídica por parte de ellas, refleja un agudo sentido práctico a partir de la experiencia vivida.

Desde esta perspectiva, el Código de Policía es un dispositivo instrumental dirigido exclusivamente contra ellas, que favorece los “hostigamientos” y los chantajes, y les recuerda todo el tiempo la posición de peligros sociales (“¡¡No somos un virus andante!!”, recordaba Fidelia) que deben ocupar en la distribución pública de los territorios, las posibilidades y los deseos, y no un dispositivo legal de convivencia general de la ciudadanía, destinado a la prevención y a la educación, como es oficialmente imaginado (Jiménez, 2011). Como ya vimos, ni la sentencia de la Corte ni el proyecto 79 cuestionan este tipo de prácticas ni la lógica consistente que las sustenta. Por el contrario, una y otro se basan en definiciones operativas del Código Nacional de Policía y, haciendo caso omiso de información disponible, confían ciegamente en este instrumento y en la capacidad de la policía (institución) y de los agentes de policía (personas) para garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales.

Consideraciones finales

Los cambios que vivimos en Colombia con respecto al estatuto jurídico y político de la prostitución son importantes, son resultado de diversos agenciamientos de trabajadoras sexuales, y merecen atención y el mayor apoyo por parte de personas y organizaciones interesadas en los derechos fundamentales (sexuales y laborales) de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Sin embargo, es necesario restablecer las rutas de discusión, oír y conversar prioritariamente con trabajadoras sexuales y sus organizaciones y subsanar vacíos actuales desde desplazamientos que crucen críticas epistémicas y puramente teóricas (en los campos de la filosofía del derecho o del derecho de policía, por ejemplo) con evidencias empíricas.

Cuando Lais fue injustamente despedida de su trabajo, la policía, a quien ella legítimamente recurrió en busca de ayuda, no hizo nada. Cuando Dania denunció públicamente los abusos de los escoltas de Barack Obama, la policía de Cartagena y los integrantes de alguna agencia de inteligencia colombiana, según reportó un importante noticiero nacional, se dieron a la tarea de buscar, lista en mano, a las mujeres involucradas en el escándalo en los bares y en las discotecas de esta ciudad. Algunas habrían sido encontradas y retiradas del lugar.[103] En bastantes narrativas de trabajadoras sexuales colombianas que he escuchado entre 2007 y 2014 “la policía”, entre otros muchos agentes armados que pueblan nuestros días y noches, surge como un importante vector de violencias diversas. Si no tenemos más información sistematizada sobre esto en Colombia, es porque en este país la investigación social y jurídica sobre prostitución es aún escasa, no por falta de casos, experiencias y memorias.

En trabajos antropológicos como los de José Olivar (2008, 2013b) y Samuel Ávila (2014) en zonas de prostitución de Puerto Berrío, (Antioquia) y Bogotá, respectivamente, la policía aparece como un agente inútil en la protección de derechos y en la construcción de condiciones de bienestar para las trabajadoras sexuales y sus redes. En el caso de Puerto Berrío, en 2007 la policía estaba claramente subordinada a los “paracos” y a los “desmovilizados” que controlaban buena parte de los negocios de prostitución de la “zona”, así como el comercio de drogas y la seguridad de la misma (Olivar, 2013b).[104]

Sin embargo, es la policía, como un agente polivalente o como una “expresión multívoca” (Jiménez, 2011) (derecho de, código de, institución de y agente de), el concepto llave, indiscutido, usado por juristas y legisladores para, supuestamente, proteger los derechos de las personas “que ejercen” la prostitución.

Esta prostitución que policías, paramilitares, guerrilleros, milicianos, “narcos” y militares gobiernan, ésta que se reproduce en sentencias y proyectos de ley, es una producción histórica, social, política y legislativa que parece tener menos que ver con la existencia o no de intercambios económico-sexuales que con los ámbitos de comunicación y circulación pública de performances sexuales y de género más amplios asociados a usos del dinero, de la ciudad, del tiempo y del cuerpo. La definición jurídica y política de la prostitución es la cristalización arbitraria de un momento particular o de una forma específica en la conjunción de diversos flujos e intercambios, que resulta en la mistificación y “publicación” de una relación y de un comportamiento determinados.[105]

Ésta es la lógica que nos permite comprender el proyecto 79 de 2013 en su dimensión política, pues se concentra especialmente en la persistente labor de mantener y actualizar la lógica histórica y la perspectiva moral desde la cual ver la prostitución.[106] Discute, sí, pero también oscurece. La persistencia en entender la prostitución como contraria a la dignidad humana y como asunto de policía se traduce y se actualiza de diversas maneras. Particularmente, en la producción de los trabajadores y las trabajadoras sexuales como sujetos cuyos “derechos fundamentales [son] amenazados y vulnerados, con ocasión al ejercicio de la prostitución”, como “sujetos de especial protección constitucional” a partir de su “condición de debilidad manifiesta” o de su “vulnerabilidad” presumida (terminología usada en el proyecto y en la legislación vigente).

La mezcla casi caricaturesca de perspectivas abolicionistas, reglamentaristas y laboralistas (evidente en las versiones iniciales del proyecto de ley) y la tenaz persistencia de las retóricas de la dignidad son posibles en el silencio colectivo sobre la legislación penal y sobre las construcciones ostensivas de control comportamental presentes en los códigos de policía, en las legislaciones de ordenamiento territorial y en la mantención de “zonas” (territoriales, jurídicas, políticas, discursivas, corporales) de tolerancia, alto impacto y excepcionalidad. Tal vez sea éste el límite ético o táctico del liberalismo del proyecto de ley o de la Corte: enfrentarse a sectores moralistas y conservadores es posible si se actualizan y protegen ciertas nociones e instituciones comunes a un determinado, parcial y universalizado “bien público”. Particularmente, el sistema dignidad/derechos humanos y su traducción operativa colombiana: la/el policía. Bizarra institución operadora de “convivencia” y poco confiable garante de derechos, objeto de crecientes campañas publicitarias afectivas, fuentes de empleo, renta y lucro, e instrumento o práctica de gobierno bastante afianzada en el país.

Lo que impresiona y sobresale en el ejercicio de eternización indiscutible (Bourdieu, 2004) de esta condición ontologizada es la certeza de que ninguno de los argumentos y ninguna de las medidas de gobierno y contención necesita ser explicada o demostrada. Es decir, la ausencia absoluta de evidencia o de pruebas empíricas suficientes que permitan comprender cómo y por qué, en qué situaciones y bajo qué condiciones concretas, esas personas vieron amenazados o vulnerados sus derechos. Incluso la Corte Constitucional, con su prestigio y demostrada sabiduría, no siente la necesidad de exponer argumentos empíricos para los cómo y los porqué. Cómo y por qué esas personas y sus prácticas son objeto del derecho de policía y de las prácticas indignantes de sus agentes y no, simplemente, de una legislación laboral y de un sistema público de salud que ofrezca acceso oportuno y de calidad para la población. Cómo, bajo qué conjunto de datos empíricos y de demandas sociales esas personas son transformadas en sujetos de protección especial, condición que, como suele suceder con las poblaciones definidas como “vulnerables”, no les da más libertades, sino que las reduce a exóticos objetos de especial tutela estatal (Castilho, 2013; Varela, 2013). Dura batalla la que tienen enfrente las agentes políticas de la prostitución: pensar lo impensable, hacerse públicas de una forma y desde un lugar antes inexistente y hasta inimaginable.

En ese sentido, la “mediación racionalizada” de legisladores y funcionarios es, más allá de cualquier pretensión de oposición entre razón y emoción, una mediación moralizada y moralizante,[107] más interesada en proteger un determinado orden social imaginado como externo y anterior a su imagen particular de prostitución que en reconocer plenamente los derechos de trabajadores y trabajadoras sexuales. Antes que garantes de la Constitución, entonces, estos actores se presentan como “emprendedores morales” (Blanchette y Silva, 2012).

Para el antropólogo norteamericano Marshall Sahlins (1997), la práctica coloca en riesgo a la estructura; lógica que se hace perfectamente visible en la historia de la sentencia T-629 de 2010 y en lo que deba suceder de aquí en adelante con el proyecto de ley 79 de 2013, pues sentencia y proyecto son producto no apenas de la racionalidad liberal y democrática de juristas y legisladores, sino de la “agencia”, de la capacidad de impactar eficazmente (Strathern, 1990), de Lais, Dania, Fidelia, entre otras. Esto es, las estructuras más establecidas de pensamiento sobre prostitución –y por tanto sobre género, sexualidad, placeres, trabajo, acceso a dinero, usos de la ciudad, del tiempo y del cuerpo, y sobre las fronteras idealmente infranqueables entre público, privado e íntimo– son puestas plenamente en riesgo por la participación calificada, pública y política de las trabajadoras sexuales.

Sin embargo, como se trata de “emprendimientos morales” de sujeción antes que de ensanchamiento de los derechos y de los límites sociales, la estructura de sentido de larga duración (pensamiento, imaginación) relocaliza rápidamente la práctica dentro de su marco epistémico-moral. Así, para la vigencia de este específico y limitado imaginario social, deben mantenerse al margen, como “saberes sujetados” (Foucault, 2008), vulnerables, las voces de las que deberían ser actores principales. Pues sin duda el ingreso pleno de las prostitutas a las agendas públicas y políticas implicaría el riesgo de oír de viva voz una narración del mundo capaz de minar las certezas laboriosamente construidas. Uno de los símbolos más establecidos de marginalidad en la historia de Occidente (en las campañas sanitarias y de “modernización” urbana, en la mayoría de reivindicaciones feministas, en los discursos humanitaristas y desarrollistas) perdería su poder simbólico.

Por esto sus reclamos más graves son mediados, interpretados, colocados bajo el arbitrio de saberes modernos o de agentes de policía y, finalmente, negados (Varela, 2013).

Es ahí que las palabras de Fidelia adquieren mayor sentido cuando afirma que quienes deben “dignificarse” son las instituciones, porque la dignidad de ellas y de su trabajo no puede, así nomás, ponerse en cuestión. Y entonces Asmubuli, aprovechando estratégicamente esa “vulnerabilidad”, ocupa el Congreso de la República, aprovecha sus minutos en la televisión (y después en la duración de YouTube), se alía con organizaciones regionales y entabla un derecho de petición para que la Policía Metropolitana les explique los “hostigamientos” que sus agentes ejercen sobre ellas en función del Código de Policía y del “código de policía”.

Así, sistemáticamente desconsideradas, silenciadas o ridiculizadas por una cantidad increíble de agentes (incluyendo organizaciones de apoyo y de lucha contra la trata, el turismo sexual y la explotación sexual), estas mujeres continúan ahí, redefiniendo el mundo en cada acto de enunciación, en cada foto publicada, en cada salida triunfalmente bélica de la habitación del escolta de Barack Obama. Oídas o no, tomadas en cuenta o no a la hora de formular políticas públicas, ellas ya entraron en la arena política, tienen apuestas dentro de las nuevas condiciones del juego, saben atacar de frente y de costado. Y cada vez menos aceptarán que otros hablemos sobre sus necesidades, “traumas” y “anhelos profundos”.

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La campaña antitrata en la Argentina y la agenda supranacional

Cecilia Varela

Me propongo en este trabajo explorar históricamente la campaña antitrata en la Argentina ubicándome, en primer lugar, en un espacio geopolítico singular: Estados Unidos. Me interesa ese espacio en tanto y en cuanto es allí donde se configura inicialmente la campaña durante el gobierno de George Bush (h.), que irradió políticas antitrata al resto del mundo. Retomando la propuesta de Adriana Piscitelli (2006a, 2008), se trata de abordar una arena de debate en la que asistimos a un permanente entrecruzamiento de los planos nacional, supranacional y transnacional. Mientras que en el plano supranacional ubicamos a las organizaciones intergubernamentales como Naciones Unidas, identificamos dentro del espacio transnacional a las grandes coaliciones de organizaciones no gubernamentales feministas, las cuales, informadas por distintas perspectivas sobre la prostitución, impulsan políticas antitrata a escala global. Las iniciativas de algunos Estados nacionales, como Estados Unidos, producen consecuencias extraterritoriales de relevancia al proveer financiamiento a campañas y políticas antitrata alrededor del mundo e introducir estrategias de monitoreo de las políticas llevadas adelante por otros Estados nacionales.

Me interesa, asimismo, identificar los procesos de migración de ideas y de adopción/adaptación de las políticas, tanto como las formas de reapropiación de la campaña desplegadas por parte de actores locales. Así, las campañas antitrata emergen en distintos contextos y agendas políticas, pero la implementación de una política está también atada e informada por los procesos políticos que tienen lugar en otros espacios nacionales y supranacionales, y por el desarrollo de un activismo transnacional. A su vez, el contexto local provee sus propios marcos de referencia y claves de inteligibilidad para la construcción del problema de agenda pública. En este sentido, la pregunta sobre las modalidades singulares bajo las cuales se ha configurado la campaña en el escenario local necesita interrogar los símbolos utilizados –en este caso, muchos de ellos provenientes del movimiento de derechos humanos–, examinar el contexto en el cual las afirmaciones (siempre presentadas como autoevidentes) sobre la “trata” son formuladas y rastrear su conexión con otras luchas políticas.

Violencia contra las mujeres y prostitución

A partir de los años 90 el movimiento de mujeres comenzó a tematizar en los espacios transnacionales y supranacionales la cuestión de la violencia contra las mujeres como un tema de derechos humanos. Así, la cuestión domina las campañas por los derechos de las mujeres tanto en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993 como en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. Las activistas percibían que la agenda antiviolencia permitía desafiar la dicotomía público/privado, y además brindaba una plataforma desde la cual las mujeres en diferentes contextos culturales y sociales podían hablar. Su potencia radicaba en proveer un sujeto que permitía formular demandas desde una experiencia común, rechazando el sujeto atomizado, descontextualizado y ahistórico del discurso liberal (Kapur, 2005). Como contrapartida, la construcción de un sujeto-víctima unitario presentaba una serie de límites. Así, se ha señalado que la homogeneización de las mujeres como un colectivo se produce sobre la base de generalizaciones que presentan las demandas de las mujeres blancas, de clase media, occidentales y heterosexuales, soslayando las perspectivas de aquellas invisibilizadas en función de su clase, raza, religión, adscripción étnica u orientación sexual (Mohanty, 1984; Kapur, 2005).

En este marco de activación de las campañas antiviolencia en espacios supranacionales y transnacionales, algunas feministas realizaron intentos por inscribir la prostitución bajo el paraguas de los temas de “violencia contra las mujeres”, de modo tal que ningún “consentimiento” fuera allí posible (Saunders, 2005). Jo Doezema (2005) señala que fue justamente en contestación a este intento que el movimiento de trabajadoras sexuales elaboró la distinción entre prostitución “forzada” y “libre”. Ello permitía mantenerse leal a la estrategia feminista de visibilizar los temas de violencia contra las mujeres pero habilitando un espacio para la reivindicación de derechos por parte de las trabajadoras sexuales. Así señala que “combinada con la retórica «pro decisión» en el campo del aborto, familiar a una generación de feministas, las trabajadoras sexuales y las feministas que las apoyaban fueron capaces de crear un espacio en el cual algunas trabajadoras sexuales podían convincentemente argumentar, utilizando términos feministas liberales, por un reconocimiento de sus derechos liberales, así como crear un espacio para la prostitución «forzada», caso en el cual eran denegados los derechos liberales de la «libertad de elección» de contacto sexual y trabajo” (Doezema, 2005: 71, mi traducción).

Así las cosas, las declaraciones resultantes de los grandes foros internacionales de los 90[108] reflejan acuerdos en torno a considerar la trata y la prostitución forzada como una forma de violencia contra las mujeres, no así a la explotación económica de la prostitución libre ni el ejercicio autónomo de ésta. La cuestión de la trata de mujeres emerge ya en esta década como un tema controversial. Para algunas activistas, la visibilización de la cuestión constituía un primer paso táctico para avanzar finalmente en la erradicación de toda forma de sexo comercial, mientras que otras no compartían este último objetivo. La primera perspectiva adhería al modelo abolicionista y consideraba toda forma de prostitución “esclavitud sexual”, ubicable, por ende, bajo el paraguas de los temas de violencia contra las mujeres. Desde otras perspectivas feministas se apoyaba la idea de que la trata –asociada a la prostitución forzada– debía constituir un objeto de persecución penal, pero se percibían con desconfianza los efectos que un enfoque privilegiado de estas características pudiera tener sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, cuyas organizaciones eran emergentes (Soderlund, 2005; Kempadoo y Doezema, 1998). En la medida en que se desarrollaba este debate, se formalizaron en los espacios transnacionales organizaciones que reflejaban las posiciones involucradas. En 1988 se funda la Coalition Against Trafficking in Women (Coalición contra el Tráfico de Mujeres, CATW), organización abolicionista fundada por varios grupos feministas estadounidenses cuyas activistas provenían del feminismo radical y habían participado del movimiento antipornografía en organizaciones como Women Against Pornography y Women Against Violence in Pornography and Media. Por su parte, en 1994 se formaliza la Global Aliance Against Trafficking in Women (GAATW), una coalición de más de cien organizaciones, integrada por feministas comprometidas con el movimiento de trabajadoras sexuales y cuyos propósitos se orientaban a la generación de estrategias que permitieran proteger a mujeres y varones migrantes, independientemente del mercado laboral en el cual se insertaran.

Si bien, como señala Kamala Kempadoo (2003), la globalización en el mercado sexual dista de resultar un fenómeno novedoso, a partir de la década del 90 las historias de mujeres traficadas desde Asia y América Latina hacia Europa comienzan a proliferar en Estados Unidos. La caída del muro de Berlín intensificó la circulación en los medios de comunicación de historias de mujeres traficadas para el mercado sexual desde los países de Europa del Este hacia Europa occidental y Estados Unidos. Más allá de que estos relatos pudieran conectarse con un incremento de las migraciones transnacionales femeninas, su puesta en circulación no residía necesariamente en su capacidad de ilustrar las trayectorias de las mujeres migrantes en la economía global –infinitamente más heterogéneas y complejas– sino en su potencial sensacionalista (Soderlund, 2005). Desde la perspectiva de Doezema (2010), la proliferación de estas narrativas colaboraba en la reactivación del mito de la “esclavitud blanca” que había animado las campañas de principios de siglo. Así, esta narrativa es el emergente de ansiedades profundas en torno a las migraciones transnacionales, la identidad nacional, la búsqueda de mayor autonomía por parte de las mujeres y la necesidad de controlar la sexualidad femenina.

Es necesario que distingamos aquí entre trata y lo que denominaré “trafiquismo”. La primera remite al tipo penal que persigue la captación de personas para el comercio sexual tanto como para otros mercados de trabajo. Aunque la categoría circula profusamente, no hay acuerdo en torno a qué tipo de situaciones deberían incluirse en ella y ser perseguidas con las herramientas del derecho penal, lo cual produce una serie de equívocos. Así, por ejemplo, en la Argentina, mientras para el imaginario popular la “trata” remite a las inserciones forzosas en el mercado sexual, el tipo penal desde 2008 –y más aún desde su reforma en 2012– dispone la criminalización de prácticamente toda forma de reclutamiento para el mercado sexual, independientemente del uso de la violencia física y la voluntad que manifiesten las personas de ejercer la prostitución. El Protocolo de Palermo, como veremos más adelante, buscó consensuar una definición y proponer un estándar internacional tomando en cuenta los distintos posicionamientos existentes en los feminismos y los diversos regímenes de gobierno del comercio sexual a lo largo de los Estados nacionales, con resultados bastante ambiguos. Así, el significado de “trata” no es estable y cada marco legal nacional puede disponer distintas definiciones del delito, con consecuencias significativas.

Por su parte, denomino “trafiquismo” a una narrativa social poderosa que observa el mercado del sexo comercial[109] a partir del paradigma de la trata. El concepto foucaultiano de “discurso” sirve aquí para capturar la serie de enunciados que han sido socialmente legitimados como conocimiento y verdades sobre el mercado del sexo y la trata de personas. Esta narrativa se despliega a través de una serie de estereotipos que presentan las formas violentas de captación como los modos más habituales de inserción en el mercado, que son generalizadas a todos los casos. Esta perspectiva no permite dar cuenta de las modalidades heterogéneas de inserción y permanencia en el mercado, las trayectorias migratorias de quienes en él participan, las categorías a través de las cuales los sujetos elaboran sus experiencias y los horizontes de expectativas mediante los cuales definen sus proyectos migratorios. Las mujeres que ofrecen sexo comercial en diversos arreglos económicos son presentadas como “víctimas”, cuerpos sufrientes, apenas vida, ubicadas por fuera de cualquier trama de relaciones sociales y despojadas de cualquier potencial de identificación y organización política. Como analizó Gretchen Soderlund (2005), esta narrativa presenta una serie de elementos recurrentes a escala global: el prostíbulo-prisión, las víctimas indefensas y pasivas y los heroicos rescatistas. Estos rasgos son invariablemente invocados, e incluso conforman los límites de lo decible respecto del mercado del sexo en los medios de comunicación. Esta narrativa hace así las veces de un rígido corsé que impide visibilizar la diversidad de inserciones en el mercado sexual así como las formas en que algunas mujeres definen su relación con el sexo comercial, esto es, como un trabajo.[110]

Estados Unidos durante el gobierno de Bush: nuevas alianzas y pánicos morales

Como detalla Gretchen Soderlund (2005), durante la década del 90 el debate sobre la trata de mujeres todavía se desarrollaba en espacios seculares, académicos y políticos. Hacia fines del gobierno de Bill Clinton emerge un nuevo actor que le dará a la cuestión un renovado impulso y posteriormente cobrará un papel fundamental en las campañas antitrata de la primera década del siglo XXI: una alianza entre grupos feministas (muchas de sus activistas provenientes del movimiento antipornografía) y organizaciones cristianas. Este “nuevo abolicionismo” demandaba intervenciones concretas que erradicaran el comercio sexual y denunciaba a los grupos que sostenían una perspectiva de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y los programas de reducción de daños como “la mafia pro prostitución” o el “lobby de la prostitución” (Soderlund, 2005; Weitzer, 2007). Si bien estos grupos feministas y las organizaciones religiosas mantenían intereses opuestos en torno a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, convergían en el rechazo a toda forma de comercio sexual y articularon una alianza política al respecto.[111]

Así, este grupo desarrolló fuertes acciones de lobby en torno a los proyectos de ley de trata presentados en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto demócrata, apoyado por las organizaciones de trabajadoras sexuales y el Departamento de Estado, proponía una definición de “trata” que acentuaba la cuestión de la coerción, incluyendo la trata con fines de comercio sexual junto con formas de trabajo forzoso en otros mercados (trabajo doméstico, agricultura, entre otros). La coalición abolicionista demandaba una definición que incluyera una gama amplia de actividades vinculadas a la migración para la inserción en el mercado del sexo y no discriminara entre prostitución libre y forzada. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos realizados por este último grupo, la ley mantuvo implícitamente una distinción entre prostitución forzada y libre. Así, la US Victims of Trafficking and Violence Protection Act de 2001 distingue entre “trata sexual” (sexual trafficking), como el reclutamiento, el traslado, el transporte y la acogida de una persona adulta para actos de comercio sexual, y el delito de “trata severa” (severe trafficking), el cual supone el uso de la fuerza, la coerción o un engaño con fines de servidumbre, esclavitud o comercio sexual. Si bien la definición de sexual trafficking –al visibilizar como objeto específico y distinto las inserciones en el mercado del sexo– inscribía en alguna medida la perspectiva abolicionista en la legislación, las sanciones penales y las medidas de protección a las víctimas (como la posibilidad de acceder a una visa) se reservaban únicamente a la considerada “trata severa”.

Por su parte, la ley estadounidense tiene un conjunto de consecuencias extraterritoriales de relevancia. Aquí, al compás de las acciones de lobby desarrolladas por esta coalición, se impuso el proyecto republicano que establecía la posibilidad de decretar sanciones sobre los Estados que incumplieran con los criterios antitrata de Estados Unidos. Así, en la actualidad, si un gobierno no alcanza los estándares de lucha contra la trata considerados adecuados por el Departamento de Estado, resulta pasible de sanciones como la negación de ayuda humanitaria y fondos para educación e intercambio cultural. El presidente de Estados Unidos incluso puede instruir a los directores de los bancos multilaterales y al Fondo Monetario Internacional para votar contra préstamos u otros fondos para esos países hasta que cumplan los estándares mínimos.

El instrumento para el desarrollo de esta política es un informe que el Departamento de Estado publica anualmente desde 2001, denominado Trafficking In Persons Report (TIP Report). Allí se clasifica a los países en cuatro categorías de acuerdo con las estrategias aplicadas para combatir la trata de personas y su concordancia con los estándares estadounidenses.[112] Usualmente las calificaciones obtenidas por los países evaluados reflejan una coincidencia más amplia respecto de las políticas de Estados Unidos para América Latina. De este modo, Cuba y Venezuela han recibido los más duros informes y obtenido las calificaciones más bajas, mientras que Colombia es el único país latinoamericano ubicado en la categoría 1. Si bien el Departamento de Estado sostiene que la legalización de la prostitución favorece la proliferación de redes de trata de mujeres,[113] países que reconocen la prostitución como un trabajo –como Alemania y Holanda– reciben las más altas calificaciones. Otros países, que dependen en muchos aspectos de la ayuda norteamericana, han cedido largamente a las presiones ejercidas a través de los TIP Report. Por ejemplo, en 2007 el informe colocó a Camboya en la “lista de vigilancia de nivel 2”, e instó a ese país a tomar acciones contra la trata de personas. Como respuesta, el rey de Camboya sancionó una ley antitrata que también criminalizaba la prostitución de personas mayores de edad. En el TIP Report de 2008 Camboya había mejorado su calificación, mientras que el director del Departamento Antitrata del Ministerio del Interior de ese país sostenía: “La ley de Camboya para la supresión de la trata y la explotación sexual está basada en el modelo antitrata de Estados Unidos, el cual busca eliminar la trata criminalizando la industria del sexo como un todo”.[114] Mientras tanto, las mujeres detenidas en las redadas y los allanamientos permanentes son derivadas a centros de rehabilitación y en ocasiones retenidas contra su voluntad.[115]

Durante el gobierno de Bush (2001-2009), el amplio arco de las organizaciones antitrata, que incluye desde organizaciones feministas abolicionistas como la CATW y Protection Project[116] hasta organizaciones religiosas conservadoras, obtiene un terreno más fértil para la introducción de sus demandas en la agenda de gobierno. Así, algunos de sus integrantes se incorporan a agencias gubernamentales, se proporcionan fondos para eventos, campañas antitrata y antiprostitución, y también para proyectos de investigación realizados desde esa perspectiva. Al describir este proceso, Ronald Weitzer (2007) da cuenta también de la progresiva incorporación de la retórica antiprostitución en el lenguaje gubernamental. De este modo, y de acuerdo con la posición de George Bush en contra de toda forma de comercio sexual y su concepción de la prostitución como una práctica “inherentemente dañina y deshumanizante”,[117] se emiten directivas que conminan a agencias gubernamentales, contratistas y otros gobiernos a abandonar la utilización del término “trabajadora sexual” para reemplazarlo por “mujer en prostitución”.

En este marco, la reforma de 2003 (Trafficking Victim Protection Act Reauthorization) programa el otorgamiento de fondos por 200 millones de dólares para el período 2003-2005, destinados a la lucha contra la trata de personas a escala global,[118] y establece como requisito para las organizaciones beneficiarias una explícita declaración respecto de su no promoción, respaldo o activismo a favor de la legalización o la práctica de la prostitución. Más aún, el gobierno de Bush interpretó esta cláusula como un requerimiento de expresa condena a la prostitución. Esta exigencia, conocida como “antiprostitution pledge” (compromiso antiprostitución), impidió el acceso al financiamiento de la Unites States Agency for International Development (USAID) a organizaciones que articulaban en sus intervenciones con colectivos de trabajadoras sexuales alrededor del mundo. Así, quienes se hallaban en mejores condiciones relativas –por su experiencia y conocimiento del terreno– para identificar situaciones de trata en el mercado sexual y diseñar estrategias para atender estos problemas fueron excluidas del financiamiento. Muchas ONG abandonaron las relaciones que habían cultivado en años previos con colectivos de trabajadoras sexuales, frente al temor de perder los fondos otorgados por el Departamento de Estado. De manera aún más taxativa, el President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) de 2003 requiere una expresa posición antiprostitución por parte de quienes aspiran al financiamiento del gobierno de Estados Unidos para desarrollar acciones de lucha contra el VIH-sida. Ello significó, inmediatamente, la pérdida de financiamiento de aquellos proyectos –reconocidos por sus estrategias innovadoras– en los cuales las trabajadoras sexuales jugaban un rol clave. Brasil, país que desarrollaba junto a la Red Brasileña de Prostitutas exitosos programas destinados a la prevención y el tratamiento del VIH-sida, rechazó en 2005 una ayuda prevista de 40 millones de dólares, entendiendo que el requisito planteado por el gobierno norteamericano era una “interferencia contraria a la política brasileña relativa a la diversidad, a los principios éticos y los derechos humanos”.[119] La contrapartida de esta restricción generada por el “compromiso antiprostitución” fue el otorgamiento de ventajas relativas notables para la obtención de financiamiento a un conjunto de organizaciones de base religiosa, las cuales fácil y rápidamente podían suscribir una posición de rechazo a la prostitución. Esto resulta coherente con las líneas de intervención delineadas por la PEPFAR de 2003; así, el 33% del financiamiento recibido debe ser utilizado para la promoción de la abstinencia hasta el casamiento y el reforzamiento de la fidelidad matrimonial.

A partir de 2005 la directiva se hizo extensiva a las organizaciones que operaban en el territorio estadounidense, lo cual desencadenó una larga batalla judicial que alcanzó resolución en la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2013. Quienes llevaron adelante el litigio judicial argumentaron que el requerimiento del “compromiso antiprostitución” violaba la libertad de expresión y perjudicaba las políticas de salud al restringir el acceso de las trabajadoras sexuales a los programas de prevención del VIH-sida e incrementar su estigmatización.[120] La Corte finalmente resolvió que ese requerimiento era violatorio de la primera enmienda en tanto demandaba a las organizaciones beneficiarias que expresaran acuerdo con la posición del gobierno de Estados Unidos de erradicar la prostitución.

Poner en relación las políticas antitrata y de VIH-sida permite vislumbrar la imagen de la prostitución que el gobierno de Bush delineaba: las prostitutas son seres pasivos esperando a los rescatistas y no personas que buscan herramientas y conocimientos para asegurar, por ejemplo, su salud y la de sus comunidades. A partir de la década de 1980 las políticas de prevención de VIH habían involucrado activamente a las organizaciones emergentes de trabajadoras sexuales, quienes actuaban como promotoras en salud, distribuyendo conocimientos y estrategias de autocuidado en sus comunidades. Esta imagen de las trabajadoras sexuales se revelaba incongruente con la representación que las políticas antitrata y la coalición feminista-religiosa estadounidense proponían del comercio sexual.

Desde la década de 1980 los grupos religiosos protestantes han jugado un rol crucial en el Partido Republicano. De manera significativa, el protestantismo imprime su carácter en la política estadounidense de modo que “las alianzas entre la política cristiana y secular –usualmente organizadas alrededor de una combinación potente de raza, género y sexualidad– han sido largamente la clave para tener éxito en la política estadounidense” (Jakobsen y Bernstein, 2010: 2). Durante el gobierno de Bush, la cuestión de la trata emergió como el foco central de la política de género de la mano de una alianza entre ONG cristianas y feministas seculares. El modelo de intervención propuesto por las ONG evangélicas –financiadas por el gobierno de Estados Unidos– recaía en un enfoque privilegiadamente penal (law enforcement) y de “rescate”, emulado también por las organizaciones feministas. Bajo esta forma de “humanismo militarizado”, jóvenes de Iglesias –sobre todo evangélicas– despliegan acciones de prevención y combate a la trata de mujeres a escala global y encuentran oportunidades para viajar, vivir aventuras, liberar “víctimas” en lugares exóticos[121] y participar de una cultura sexualmente explícita sin quedar contaminados por ella (Bernstein, 2010). A su vez, en el contexto de las guerras desarrolladas luego del 9/11, la invasión a Afganistán y la guerra a Irak, la “guerra contra la trata” desarrollada a escala global le otorgó a Bush una causa humanitaria a través de la cual reactualizar las bases de su apoyo, así como un lugar desde el cual ejercer un liderazgo moral sobre el mundo. La campaña presentaba la posibilidad de unir a distintos grupos en el espectro político y religioso en contra de un acto que aparecía como indisputable en términos de opresión y explotación (Soderlund, 2005).

A su vez, la campaña contiene un fuerte carácter colonial, no sólo porque la política delineada prevé sanciones económicas para aquellos países que incumplan con los criterios antitrata estadounidenses –juzgados universalmente como los más adecuados– sino incluso por las modalidades bajo las cuales el Tercer Mundo es presentado discursivamente en el marco de la campaña. Así, Estados Unidos, locus de la democracia y la civilización, enfrenta a aquellos países que toleran el comercio sexual, y, en tanto lo hacen, “toleran una forma de esclavitud”. Desde Naciones Unidas, George Bush desafía al mundo a liberar a las mujeres de los prostíbulos-prisión y equipara la lucha contra el comercio sexual –ese “especial demonio”, en sus palabras– con la campaña por la democracia en Irak y la guerra contra el terrorismo.[122] Algunas feministas activistas antitrata, como Donna Hughes, celebran esta intervención y llaman a las feministas a apoyar la campaña y deshacerse de sus inocentes simpatías por los movimientos anticoloniales, reconociendo, en cambio, de manera realista, que Estados Unidos es el país en el cual sus ideas han triunfado (Chesler y Hughes, 2004).

Dice Chandra Mohanty (1985: 100): “Sólo en la medida en que la «mujer/mujeres» y el «Oriente» quedan definidos como otros o periféricos, puede el antropohumanismo (occidental) representarse a sí mismo como centro. No es el centro lo que determina la periferia, sino la periferia la que, en su delimitación, determina el centro”. El discurso antitrata de la campaña estadounidense presenta a las mujeres de ese Tercer Mundo como víctimas inocentes, pasivas, casi niñas. La equivalencia entre prostitución y esclavitud refuerza a su vez las ideas de atraso cultural y la necesidad de desplegar las fuerzas civilizatorias para rescatar a las incapaces víctimas del comercio sexual en el Tercer Mundo. La campaña antitrata ha logrado así, de manera exitosa, generar la percepción de que la mayor parte del comercio sexual en estas regiones se produce en condiciones de coerción y abuso. La representación de las mujeres del Tercer Mundo como pobres, ignorantes y en urgente necesidad de protección se opone vis-à-vis a la imagen de las mujeres occidentales, consideradas independientes y en control de sus ingresos, su cuerpo y su sexualidad (Kempadoo y Doezema, 1998).

Otro elemento importante de la campaña ha sido la difusión de cifras vinculadas a la trata de mujeres, que circulan sin ningún tipo de evidencia empírica y sin explicitación sobre las estrategias técnico-metodológicas utilizadas para su construcción. Por ejemplo, si bien el Departamento de Estado reconocía que ninguna agencia local o internacional compilaba estadísticas precisas, en 2004 sostenía que entre 600.000 a 800.000 personas eran traficadas por año, de las cuales “cientos de miles” correspondían a mujeres tratadas para comercio sexual.[123] En 2006 las cifras propuestas por el Departamento de Estado fueron estudiadas por la Government Accountability Office (GAO), oficina independiente que monitorea las políticas públicas para el Congreso de Estados Unidos. El informe llama la atención sobre las “debilidades metodológicas, brechas en los datos y discrepancias en los números” y concluye que los números de víctimas de los distintos países “varían debido a su limitada disponibilidad, confiabilidad y posibilidad de comparación”.[124] Estas dificultades fueron también señaladas respecto de las cifras propuestas por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en acciones de combate a la trata.

En su revisión crítica de la literatura del feminismo radical sobre la pornografía y la prostitución, Gayle Rubin (1993: 36) señaló tempranamente el predominio de “descuidadas definiciones, aseveraciones sin soporte y afirmaciones extravagantes”. En lo que hace a la trata con fines de comercio sexual en la actualidad, los obstáculos para la construcción de información remiten fundamentalmente al carácter clandestino y no regulado del mercado del sexo (cuando no ilegal) y a la inserción predominante en estos mercados de migrantes en situación irregular. Así, las cifras sugeridas a nivel global por diversos organismos (gubernamentales y no gubernamentales) han sido cuestionadas fundamentalmente en tanto carecen de un enfoque basado en evidencia empírica confiable (Wijers y Lap-Chew, 1997; Grupo da Vida, 2005; Feingold, 2010; Jordan, 2011). En este sentido se ha planteado la ausencia de definiciones operacionales claras respecto del campo de fenómenos que quedarían comprendidos bajo la etiqueta “trata de personas” (cuestión no menor, en tanto crecientemente cualquier oferta de sexo comercial es percibida como “trata”), así como la carencia de técnicas confiables para la producción de informaciones estandarizadas a partir de las que se elaboren los datos finales sobre la cantidad de víctimas. Las lógicas según las cuales se producen y circulan las cifras no responden a las necesidades de dimensionar el fenómeno de manera rigurosa, sino más bien constituyen estrategias de visibilización y posicionamiento de la problemática en la agenda pública (Grupo da Vida, 2005).

Weitzer (2005, 2007) ha interpretado el proceso estadounidense a la luz del concepto de “pánico moral”, originalmente acuñado por Stanley Cohen. Así, ha analizado cómo –a pesar de la debilidad de la evidencia empírica suministrada sobre la magnitud del problema y su relación con la prostitución– la campaña se institucionalizó exitosamente. En ese trayecto, sus activistas fueron incluidos como decisores políticos, la cruzada ideológica fue reconocida y respaldada y cambios legales y programáticos fueron implementados desde los espacios gubernamentales. Así, una serie de trabajos han mostrado que detrás de las campañas antitrata se desplegaba una política de más vasto alcance, orientada a la eliminación del sexo comercial (Weitzer, 2005, 2007; Saunders, 2005; Doezema, 2010). Elizabeth Bernstein (2010) propuso un análisis sugerente del proceso estadounidense e identificó un doble movimiento político. Así, observa un desplazamiento hacia la izquierda de las organizaciones religiosas, a las que la campaña permitió involucrarse en temas de política sexual desde una perspectiva “modernizadora”, abandonando los viejos temas de derechos reproductivos y sexuales en los cuales se veían ancladas en posiciones más conservadoras. El segundo movimiento es un deslizamiento del feminismo hacia la derecha, en tanto abandona una idea de justicia redistributiva y abraza una expansión del sistema carcelario como solución a los problemas de desigualdad social y de género en un contexto neoliberal. La visión de la justicia criminal como justicia social se revela como el punto crucial de conexión entre ambos grupos a lo largo del espectro político.

El Protocolo de Palermo: los debates sobre el consentimiento

Los debates producidos por la ley estadounidense pronto se replicaron en ocasión de la redacción del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” (Protocolo de Palermo). Éste fue debatido bajo los auspicios de la Comisión para la Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas a lo largo de once sesiones durante 2000-2001 y constituye uno de los tres protocolos adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.[125] Así, en el contexto de un debate de política penal contra el crimen organizado, reingresa –cincuenta años después de la Convención de 1949–[126] el debate sobre la prostitución y la trata de mujeres en un acuerdo internacional.

Las organizaciones feministas ejercieron presiones a través de acciones de lobby durante el largo proceso de elaboración del Protocolo en Viena.[127] La CATW proponía una definición amplia que incluyera todas las formas de reclutamiento y transporte para el ejercicio de la prostitución, independientemente de que en el proceso se recurriera a la fuerza o al engaño. El Human Rights Caucus, una alianza de organizaciones de trabajadoras sexuales y organizaciones no gubernamentales comprometidas con ese movimiento, como la GAATW, sostenía, en cambio, que el uso de la fuerza o el engaño constituía una condición necesaria para la definición tanto de la trata vinculada al ejercicio de la prostitución como para cualquier otro tipo de trabajo (Raymond, 2001; GAATW, 2007; Piscitelli, 2008; Doezema, 2010). Ambas perspectivas demandaban inscripciones y reconocimientos diferentes dentro del discurso de los derechos humanos. Para el abolicionismo, la prostitución constituye en sí misma una forma de violencia contra las mujeres y, por ende, una violación a los derechos humanos, mientras que desde la segunda perspectiva se trata de los derechos de las mujeres a migrar, a trabajar y a comprometer el propio cuerpo en la oferta de servicios sexuales si así lo deciden.

La Argentina y Estados Unidos remitieron durante 1999 sendas propuestas para la elaboración del Protocolo durante las discusiones que tuvieron lugar en Viena. El borrador presentado por la delegación argentina recogía la tradición legislativa inaugurada por la ley 9.143, conocida como Ley Palacios,[128] y el espíritu abolicionista de la Convención de 1949, alineándose claramente con la primera perspectiva.[129] Así, se sostenía explícitamente que el consentimiento prestado por niños, niñas y mujeres para el ejercicio de la prostitución resultaba irrelevante a la hora de definir una situación de trata. Por otro lado, la propuesta argentina tenía como objeto el “tráfico ilícito de mujeres, niños y niñas” entendiendo que “ambas categorías de personas son más vulnerables que los hombres para ser víctimas de ciertos tipos de actos ilícitos”.[130] Por esta vía, excluía la posibilidad de criminalizar la trata de varones mayores (aun en casos de reducción a la esclavitud, servidumbre u otra condición análoga) dibujando una víctima claramente femenina y asimilando peligrosamente, como ha sido señalado por Jo Doezema (2004, 2010), el estatus de las mujeres al de niños y niñas. El borrador argentino se ajustaba a los planteos de la primera posición mencionada y fue defendido por las organizaciones abolicionistas. El borrador de Estados Unidos, por el contrario, definía la trata de personas como la captación, traslado y acogida de personas por intermedio de la coacción y el engaño con fines de prostitución, otra explotación sexual o trabajo forzoso.

Las definiciones de “trata de personas” y de “explotación sexual” suscitaron grandes disputas a lo largo de las sesiones en las cuales se debatió el Protocolo, debates que atravesaron tanto a las organizaciones sociales presentes como a las representaciones de los distintos países, en función de sus distintas formas de gobierno del comercio sexual (reglamentaristas, abolicionistas, prohibicionistas). Finalmente, el documento acordado constituyó una solución de compromiso entre los distintos actores involucrados,[131] y concluye –en una fórmula intermedia– que el consentimiento de las víctimas mayores resulta irrelevante en aquellos casos en que mediara alguna de las condiciones previstas: rapto, engaño, abuso de poder y situación de vulnerabilidad, concesión de pagos y beneficios para obtener el consentimiento.

Según quienes siguieron de cerca[132] las acciones de lobby desarrolladas durante el Protocolo, la inclusión del “abuso de situación de vulnerabilidad” fue la prenda de cambio que permitió lograr un acuerdo entre las distintas posiciones en disputa. Así, el Protocolo no cumplió cabalmente las expectativas de las organizaciones que participaron de su discusión. Las organizaciones abolicionistas, al fracasar en el intento de incluir la expresión “independientemente del consentimiento de la persona”, entendieron que el Protocolo reintroducía una distinción entre prostitución forzada y libre y constituía un retroceso frente a acuerdos internacionales previos, como la Convención de 1949. Por su parte, las nucleadas en el Human Rights Caucus, si bien identificaron un avance en términos de un progresivo reconocimiento internacional de la distinción entre prostitución libre y forzada, juzgaron que el Protocolo carecía de una perspectiva de derechos humanos que atendiera a las complejas realidades de las trabajadoras sexuales migrantes cuando éstas caían por fuera de la categoría de “víctima” definida por el Protocolo (Doezema, 2010).

Escenarios locales

Desde principios de la primera década del siglo XXI es visible la preocupación de Estados Unidos por colocar en la agenda internacional la cuestión de la trata de personas en un contexto marcado fuertemente por la guerra contra el terrorismo global y una problematización creciente respecto del carácter transnacional de las organizaciones criminales (Doezema, 2010; Kapur, 2005). En este marco de esfuerzos, y a los fines de incrementar el control sobre las fronteras nacionales, el gobierno de Bush crea mecanismos de monitoreo a escala global de las políticas antitrata aplicadas por otros Estados nacionales. Al mismo tiempo, pone a disponibilidad un financiamiento que, en virtud de las correlaciones de fuerza expresadas en el “compromiso antiprostitución”, resulta fácilmente accesible a aquellas organizaciones que adopten una posición específica de rechazo a la prostitución.

Mientras las organizaciones feministas diferían con relación a qué tipo de actividades debían ser tipificadas como delito de trata en el mercado sexual, la campaña fue institucionalizada y refuncionalizada en distintos contextos nacionales en orden a otro conjunto de problemas de gubernamentabilidad. Para el contexto europeo, numerosos trabajos han resaltado la articulación estratégica que la campaña antitrata ha comportado, con los esfuerzos por controlar la migración (Chapkis, 2003; Aradau, 2008; Fitzgerald, 2012; Iglesias, 2013) y los procesos de gentrificación urbana que buscan expulsar a las trabajadoras sexuales de determinadas zonas de la ciudad (Hubbard et al., 2008). En otros contextos nacionales se ha resaltado la vinculación de la campaña antitrata con los procesos de construcción de hegemonía nacional (Blanchette y Da Silva, 2009; Cheng, 2011)

¿Cómo fue reapropiada la campaña antitrata en la Argentina? Si bien a partir de 2001 la migración de mujeres dominicanas en clave de “trata” había despertado alguna preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y espacios gubernamentales y desencadenado un escándalo político que involucraba a la propia Embajada dominicana, recién a partir de 2005, de la mano de las acciones impulsadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el tema se va imponiendo cada vez con más fuerza en la agenda pública.[133] Las cámaras ocultas y los informes televisivos de denuncia de explotación sexual que surgen a mediados de la década de 1990 comienzan por ese año a ubicarse bajo la categoría “trata” (Justo von Lurzer, 2011). Se incrementan también las presiones del Departamento de Estado norteamericano, que a través de los TIP Report será cada vez más crítico de la situación argentina y comenzará a demandar cambios en la legislación. Todo ello impulsa la presentación de varios proyectos legislativos y reactualiza el debate sobre la prostitución en el campo del feminismo local. Ni la trata con fines de explotación sexual ni la prostitución habían constituido temas privilegiados de la agenda del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en los años precedentes. Sin embargo, en menos de diez años el tema se convierte en una de las demandas centrales del movimiento feminista local y emergen numerosas organizaciones no gubernamentales y otros colectivos abocados a la lucha antitrata. Finalmente, estas iniciativas terminan articulándose en una campaña de más vasto alcance, cuyo objeto es la eliminación del sexo comercial. ¿Cuáles fueron los procesos políticos por intermedio de los cuales la “trata” de mujeres y la prostitución se convirtieron en nuestro país en un asunto de alta prioridad política? ¿Por qué mientras otras demandas históricas del movimiento de mujeres y feminista local –como la descriminalización del aborto– no han logrado reformas significativas en la legislación, la cuestión “trata” rápidamente logró institucionalizarse a través de leyes y políticas públicas que dispusieron una enorme batería de mecanismos de inspección y vigilancia sobre el mercado del sexo comercial y de asistencia en clave de “rescate”? Finalmente, ¿cuáles son las narrativas y experiencias históricas locales que nutrieron las imágenes y los discursos de los cuales se vale la campaña local?

Las preguntas enunciadas exceden los límites de este trabajo. Nos centraremos aquí en los procesos políticos que desembocaron en la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en 2008, luego reformada en diciembre de 2012 a través de la ley 26.842. Para la reconstrucción de la trama de actores de la sociedad civil y del movimiento feminista en particular que intervinieron en el proceso de construcción del problema en la agenda pública, la estrategia teórico-metodológica articuló entrevistas a los actores clave con el análisis de un corpus heterogéneo de documentación (normativa legal, documentos emitidos por las organizaciones, foros de correo electrónico, entre otros).

El caso Marita Verón: desaparición y prostitución

En la Argentina, la cuestión “trata” entraña una referencia ineludible por su resonancia local e internacional. La visibilidad que la cuestión adquirió es adjudicada muchas veces, de manera más o menos directa, a la desaparición de Marita Verón[134] y la incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. Si bien la desaparición de María de los Ángeles Verón databa de abril de 2002, el caso llegó a la televisión nacional y a la prensa escrita de circulación nacional recién en noviembre de 2003 a partir de un informe de Telenoche investiga.[135] Mientras la desaparición de Marita podría haber perdido resonancia, como otros casos judiciales no resueltos, concitó una enorme atención local cuando en 2007 los ojos del Departamento de Estado posaron su interés en la historia de Susana Trimarco y el caso se transformó en una referencia ineludible a partir de la emisión en horario central de la telenovela Vidas robadas en 2008.[136] La telenovela y las circunstancias que rodearon su emisión estuvieron plagadas de referencias al caso Verón, lo que la llevó a una dimensión testimonial que aspiraba a reconstruir la verdad sobre los sucesos que rodearon la desaparición de Marita (Justo von Lurzer, 2011).

Me interesa señalar que la visibilidad que adquirió el “caso Verón” –y posteriormente su propia constitución como caso paradigmático– puede ser entendida como consecuencia del entrelazamiento de un conjunto de iniciativas provenientes de burocracias estatales locales y otros Estados nacionales, animadas a su vez por intereses diversos. Una interpretación popular adjudica al caso Verón y a la lucha de Susana Trimarco el ingreso de la cuestión de la trata en la agenda pública y la posterior sanción de la Ley de Trata. En este trabajo nos proponemos, en cambio, interrogar las condiciones político-institucionales que sentaron las condiciones de posibilidad para la visibilidad del caso y su percepción como un caso de “trata”, y que posteriormente permitieron el ingreso de la cuestión a la agenda pública y gubernamental. Desde esta perspectiva, la visibilidad y la atención que suscitó se ubica en el entrecruzamiento de, al menos, dos iniciativas que surgen desde espacios e intereses diferentes.

En primer lugar, se inscribe en el desarrollo de la política de derechos humanos que por aquel momento se buscaba edificar desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En 2003 se había creado el Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de una de las recurrentes crisis vinculadas a la cuestión de la seguridad, que se proponía abordar casos judiciales no resueltos, sea por abuso de poder por parte del Estado o por falta de impulso de la acción judicial, y convocaba activamente a los familiares de las víctimas a participar de él. El programa introducía un elemento novedoso al legitimar a los familiares como actores fundamentales, ratificarlos en su autoridad y reconocer la gravedad de los hechos por ellos denunciados.[137] En virtud de su participación en este programa, Susana Trimarco logra establecer contacto con dos sucesivos ministros de Justicia, así como con el presidente de la Nación, y obtiene recursos materiales y simbólicos que –aunque mínimos con relación a los que dispondrá más tarde– ayudaron a mantener a flote la causa judicial (Vallejos, 2013). En 2005 el programa había establecido una agenda de trabajo anclada en “casos testigo” de situaciones estructurales de impunidad, uno de ellos el de Marita Verón. En particular, este caso evocaba continuidades entre la impunidad del pasado y la del presente, en tanto podía ser percibido como una “desaparición forzada” de actualidad. Esto sucedía en un contexto en el cual el gobierno recogía las demandas históricas del movimiento de derechos humanos en la Argentina y, luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2003, se reactivaban las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. Por su parte, si bien el secuestro con fines de explotación sexual despertaba hondas sensibilidades, el ejercicio de la prostitución per se no era valorizado negativamente desde los espacios gubernamentales por aquel entonces. Así, en 2005 el presidente Néstor Kirchner firma el decreto 1.086/05 “Plan nacional antidiscriminación”, el cual se plantea la necesidad de promover “una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social”,[138] así como derogar los artículos que penalicen la oferta de prostitución en los códigos contravencionales provinciales. En ese sentido, desde los espacios gubernamentales todavía no se percibía que las emergentes iniciativas de lucha contra la trata podían colisionar con el reconocimiento de derechos de las trabajadoras sexuales, y éstas eran ubicadas junto con las demandas de otros colectivos de la diversidad sexual (parejas de un mismo sexo, identidades trans). La equivalencia entre prostitución y trata que predomina en nuestros días no había sido trazada aún, y desde estos espacios la atención que el caso concitaba se vinculaba más a su carácter de “desaparición forzada” que a la inserción en el mercado sexual.

Por otro lado, la visibilidad que adquiere el caso Verón se inscribe dentro del desarrollo de la política antitrata global del Departamento de Estado estadounidense orientada por intereses diferentes. Así, en la multiplicación de notas periodísticas sobre el caso y la consiguiente visibilización de la cuestión “trata” confluyen tanto las estrategias de prensa desarrolladas por el Programa Nacional Antiimpunidad como las llevadas adelante por la OIM, que desarrollaba un plan nacional antitrata de más vasto alcance a través del financiamiento del Departamento de Estado, como desarrollaremos más adelante. Finalmente, en marzo de 2007 Susana Trimarco recibe de manos de Condoleezza Rice[139] el premio Mujeres de Coraje por parte del Departamento de Estado, en virtud de su lucha contra la trata de personas. Su nominación había sido elevada por la Embajada argentina por sobre otras candidatas locales en razón de que la cuestión “trata” era prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Este reconocimiento despertó inmediatamente una enorme atención local, en momentos en que el caso parecía encaminarse hacia el olvido (Vallejos, 2013). La emergencia de la figura de Trimarco en otros Estados nacionales produce resonancias inmediatas en el campo del feminismo local, de manera que muy pocos días después una organización feminista, la Casa del Encuentro,[140] puso en marcha –en el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón– la primera manifestación pública en el Congreso de la Nación bajo la consigna “aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los responsables”. La consigna elegida fundía la retórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina con la militancia feminista y buscaba interpelar a un gobierno que hacía suyas las demandas históricas del movimiento de derechos humanos por “memoria, verdad y justicia” respecto de los crímenes cometidos en la década del 70. Así, luego de haber recibido el apoyo del gobierno de Estados Unidos, Susana Trimarco adhería a la marcha y declaraba: “El gobierno habla de los desaparecidos del 70, pero de los desaparecidos en democracia no dice nada. Falta un compromiso político con el tema”.[141] La clave “trata-desaparición” que propuso originalmente la Casa del Encuentro fue exitosa y se extendió rápidamente entre la militancia feminista como modo de tematizar la trata de personas con fines de comercio sexual y, en última instancia, cualquier forma de comercio sexual. Así, consignas como “las están desapareciendo para que sean tus putas” comenzaron a desplegarse en grafitis callejeros y redes sociales, evocando asociaciones automáticas entre “desaparición” y “prostitución” y subrayando así el carácter forzoso de cualquier forma de esta última.

La migración de la campaña: la OIM y el Departamento de Estado

Un actor fundamental en el proceso de migración de la campaña antitrata hacia la Argentina es la OIM. La ley antitrata estadounidense de 2003 destinaba específicamente fondos para la capacitación de funcionarios públicos. Así, en 2005 comienza a desarrollar a través de estos fondos un amplio proyecto de sensibilización en temas de trata de personas denominado “Fortalecimiento institucional para la lucha contra la trata de personas en la Argentina” (Fointra). En sintonía con las críticas formuladas desde el Departamento de Estado en su informe de 2004,[142] el plan se proponía “fortalecer las capacidades de funcionarios de gobierno y miembros de ONG para identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata y para combatir el delito”. La OIM produjo una serie de informes sobre la problemática de la trata en la Argentina, Chile y Uruguay que buscaban posicionar la cuestión en el debate público,[143] puso en marcha un programa para asistir a las víctimas[144] y sostuvo intensamente durante el período 2005-2009 capacitaciones a lo largo de todo el país con el objeto de que operadores estatales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil pudieran identificar situaciones de trata de personas.[145] En marzo de 2007 comenzó una campaña de información pública que buscaba visibilizar el delito de trata de personas por intermedio de medios gráficos y spots televisivos y radiales. Esta campaña, lanzada bajo el eslogan “No a la trata de personas, no a la esclavitud moderna”, fue asociada a un número gratuito de alcance nacional para recibir denuncias en articulación con el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI).

Estrictamente, y en la medida en que la OIM desarrollaba actividades en países con diferentes regímenes legales respecto de la oferta/demanda de servicios sexuales, el Fointra adoptaba una posición “neutral” con relación al estatuto de la prostitución y se basaba en la definición de trata adoptada por el Protocolo de Palermo. En este sentido, la OIM demandaba a la Argentina la sanción de un tipo penal específico de acuerdo con los estándares internacionales fijados por el Protocolo de Palermo y buscaba visibilizar distintas formas de trata de personas, no reductibles al comercio sexual.

En 2004 la Argentina había sido incluida por primera vez en el TIP Report con la calificación 2. A partir de 2005 los informes del Departamento de Estado se tornan cada vez más críticos de la política antitrata argentina y comienzan a demandar la sanción de un tipo penal específico.[146] Vale decir que los informes del Departamento de Estado no responden en su lógica de construcción a ningún tipo de indagación empírica sistemática. La falta de indicadores claros en la construcción de los TIP Report, su debilidad conceptual y su dependencia de información de segunda mano difícilmente comparable ya ha sido señalada (Chuang, 2006). Para el caso de la Argentina, los informes parecen deducir de la ausencia o vacíos en la legislación y política antitrata un problema concreto y real con relación a la trata de personas. Además, no explicitan las fuentes de información recibidas y, en algunos casos, remiten de manera vaga e imprecisa a “informes” o “informes no confirmados”. En 2006 el TIP Report baja la calificación otorgada a la Argentina al considerar que no ha presentado avances significativos en el combate antitrata y la ubica en la “lista 2 de vigilancia”.[147]

Estas presiones dieron lugar a la presentación de una serie de proyectos de legisladores de distintos bloques durante 2005 y 2006 con el objeto de crear un tipo penal específico, la mayoría de ellos siguiendo la definición propuesta por el Protocolo de Palermo.[148] A partir de 2007, buena parte del emergente campo del activismo antitrata, por su parte, utilizó de manera intensa estos informes a la hora de posicionar sus demandas.

Las organizaciones antitrata locales y el paradigma trata-desaparición

Durante 2007 se crean y formalizan públicamente un conjunto de organizaciones antitrata: la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, el Programa Esclavitud Cero en la Fundación el Otro, la Fundación María de los Ángeles y la Fundación La Alameda. Utilizo el término “antitrata” para dar cuenta de un campo heterogéneo de organizaciones sociales con distintas trayectorias y experiencias formativas, cuyo rasgo común es proponerse acciones (de distinta índole) de visibilización y lucha contra la trata de personas. Sólo una parte minoritaria de estas organizaciones proviene del feminismo y de un abolicionismo que denominamos “histórico”, en tanto podemos rastrear a sus activistas desarrollando acciones de militancia respecto de esta cuestión en las décadas de los 80 y 90.[149] Estas organizaciones comienzan a realizar acciones de visibilidad pública (movilizaciones, organización de eventos, desarrollo de campañas) y a obtener cada vez un lugar más destacado en los medios de comunicación.

Si bien en un primer período el activismo antitrata emergente no consideraba incompatible la definición del delito de trata de personas del Protocolo de Palermo con la reivindicación de la tradición abolicionista local (Varela, 2012), pronto emergió el problema del consentimiento de la mano de las pocas militantes feministas “históricas” que integraban la coalición antitrata local.[150] Este abolicionismo “histórico”, si bien resultaba numéricamente inferior, logró hegemonizar el movimiento en términos de sus demandas. Así, la definición del delito de trata propuesta por este instrumento internacional comenzó a ser rechazada por el arco más amplio de las organizaciones antitrata locales, en la medida en que potencialmente podía proveer una distinción entre prostitución libre y forzada.

Las organizaciones antitrata comienzan a distribuir información sobre la temática y cobran un papel cada vez más relevante como especialistas consultadas en los medios de comunicación. En este marco, cifras sobre cuatrocientas mujeres desaparecidas en manos de redes de trata proliferan a partir de 2007 en diversas fuentes periodísticas e informes de organizaciones no gubernamentales, en algunos casos consignando (directa o indirectamente) a la OIM como fuente de la información.[151] Lo curioso aquí es que la OIM no llevaba adelante ningún programa de registro de desapariciones. En el marco de su programa AVOT contabilizaba, en cambio, las personas asistidas en casos de trata[152] vinculada a comercio sexual y explotación laboral (tanto varones como mujeres). Así, en una doble operación, la cantidad de víctimas asistidas por una organización no gubernamental (independientemente del curso judicial del caso si éste existiere y al margen de la radicación de la denuncia por búsqueda de paradero) comienza a ser presentada como un dato referido a “mujeres desaparecidas” a manos de redes de trata y explotación sexual. Una vez hecha esta operación que convierte víctimas asistidas (mujeres y varones por explotación sexual o laboral) en mujeres desaparecidas, el dato es replicado en distintas informaciones periodísticas y en materiales e informes de distintas organizaciones.

Así, como se ha señalado también para el caso brasileño, las lógicas de construcción y circulación de la información respecto de la cantidad de víctimas responden a los intentos de presentar los datos de acuerdo con una orientación de un proyecto político establecido a priori y sensibilizar a la opinión pública (Grupo da Vida, 2005). La posibilidad de colocar una cifra en circulación, independientemente de que dicho número responda a alguna estrategia de indagación empírica, es clave en los procesos de construcción de la problemática de la trata en la agenda pública y ha sido extensamente documentada (Grupo da Vida, 2005; Jordan, 2011; Feingold, 2010; Blanchette y Da Silva, 2012). Permite ofrecer una supuesta evidencia de la magnitud del problema y reclamar que el Estado tome cartas en el asunto. Como señala Joseph Gusfield (2014), las categorías simbólicas utilizadas para construir el problema público están ligadas a los tipos de responsabilidad política asignada. Las “desapariciones” de las mujeres en clave de “trata” cancelan explicaciones alternativas como el abandono voluntario del hogar (lo cual se encuentra extensamente acreditado por informes gubernamentales más rigurosos) y las inserciones en el mercado sexual como “desapariciones” excluyen la posibilidad de que las mujeres ofrezcan voluntariamente sexo comercial.

De este modo, progresivamente la problemática va adquiriendo centralidad en los medios de comunicación y la militancia feminista es asociada muchas veces al nombre de Marita Verón como a otras jóvenes mujeres (Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre, entre otras) cuyas desapariciones comienzan a ser tematizadas bajo la hipótesis de un delito de trata de personas. Se instala de manera creciente una clave de inteligibilidad que interpreta toda ausencia de una mujer de lo que se reconoce como su hogar como el producto del accionar de redes delictivas, cuyo objetivo último es la explotación sexual. Incluso casos como el de Fernanda Aguirre,[153] cuyo secuestro fue confesado inmediatamente por una de las autoras y derivó en una condena judicial en 2007, se convierte en un posible caso de “trata”. Probablemente las condiciones que han hecho posible inscribir socialmente estas desapariciones como casos de “trata” con fines de comercio sexual se vinculan menos a los indicios o a las pistas firmes que señalen la posibilidad de una captación violenta para la inserción en el sexo comercial y más a los misterios que envuelven su desaparición o los destinos finales del cuerpo. En el caso de Fernanda, si bien fue probado judicialmente el secuestro con fines de extorsión y el homicidio a través de la confesión de una de sus autoras, el cuerpo nunca pudo ser hallado. En el caso de Florencia Penacchi,[154] no fue posible siquiera producir pistas firmes que brindaran atisbo de explicación de por qué la joven se fue de su casa en ojotas y con su celular en la mano. La falta de certezas junto con la “inocencia” de las víctimas fueron las condiciones que permitieron fácilmente ubicar estos hechos como posibles casos de trata. Vale decir que la posibilidad efectiva de que ambas hayan sido víctimas de trata no deja de ser una posibilidad lógica y objetiva de la realidad… pero tanto como otras. Lo que nos interesa señalar es que justamente a lo largo de este proceso de activación del paradigma de la trata se cancelan explicaciones alternativas, como abandonos voluntarios del hogar (aquellos lugares que sabemos son los más peligrosos), homicidios, violencia sexual, accidentes, entre otros, para pasar a privilegiarse la hipótesis de bandas delictivas dedicadas al secuestro de mujeres con fines de comercio sexual. La narrativa presenta la sexualidad femenina como intrínsecamente vulnerable y el espacio público como inherentemente hostil. A su vez, observa con alarma la movilidad de las mujeres y ratifica el lugar de la familia conyugal como el espacio natural de las jóvenes mujeres con efectos muy concretos. Así, poco después se reactivan viejas leyendas urbanas como la “Trafic blanca”, una camioneta que secuestraría jóvenes para el mercado sexual. La proliferación del rumor siembra el pánico entre las jóvenes de barrios populares tanto como en ambientes universitarios.[155]

La apelación a la figura de la “desaparecida en democracia”, por su parte, comportó el uso de un símbolo político difícilmente disputable, aun para quienes desde espacios gubernamentales disponían de información seria y rigurosa que hubiese permitido complejizar el paradigma trata-desaparición.[156] La cifra puesta en circulación por la Casa del Encuentro era, así, difícilmente cuestionable. En primer lugar, porque en esta primera etapa no existían conocimientos disponibles que pudieran competir en la definición pública del problema, al no disponer el Estado de cifras de mujeres mayores de edad desaparecidas o de estadísticas criminales sobre el delito de trata. Pero, en segundo lugar, porque la “desaparición” es el símbolo político que –a través de la lucha del movimiento de derechos humanos por más de tres décadas– ha servido para señalar que justamente aun en ausencia de evidencias materiales (fundamentalmente bajo la forma de falta de los cuerpos) el Estado debe tomar responsabilidades por los delitos cometidos y proveer justicia. Por añadidura, la figura del “dessparecido” ha servido a los fines de establecer la “inocencia” de las víctimas, esto es, una forma de rechazar cualquier responsabilidad que ellas hayan tenido en los sucesos en los que se han visto involucradas.

Los debates sobre el consentimiento y la sanción de la ley 26.364

A la luz del Protocolo de Palermo, las críticas que se realizaban a la normativa argentina desde organizaciones internacionales como la OIM señalaban que ésta sólo contemplaba la trata internacional y no así la interna, y acotaba los responsables a quienes se ocupaban de las tareas de reclutamiento y traslado, sin criminalizar la conducta de los responsables de la acogida y recepción. Otra de las deficiencias apuntadas radicaba en que no se contemplaban las situaciones de rapto, fraude, concesión o recepción de pagos y abuso de situación de vulnerabilidad.[157] El Departamento de Estado demandaba, por su parte, la sanción de una ley específica contra la trata de personas (TIP Report, 2005, 2006, 2007). La inclusión de la expresión “aun con el consentimiento de la víctima”, tanto como la indiferenciación de las condiciones bajo las cuales se configuraba el delito tanto en el caso de víctimas mayores como en el de menores, emerge en primer lugar como una demanda desde las organizaciones feministas de trayectoria abolicionista, y se extiende luego a casi todo el arco de las organizaciones antitrata.

Vale decir que hasta ese momento los artículos 127 bis y 127 ter de nuestro Código Penal penalizaban la conducta de quienes promovieran o facilitaran la entrada o salida del país para el ejercicio de la prostitución de menores de edad y mayores de edad cuando mediara engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción (en el caso de los menores, en cualquier circunstancia). Por otro lado, la tipificación de los delitos de promoción y explotación de la prostitución ajena seguía el mismo criterio (arts. 126 y 127).[158] En este sentido, la legislación argentina distinguía implícitamente entre prostitución “forzada” y “libre” y acogía la posibilidad de que una mujer mayor de edad migrara “voluntariamente” a los fines de trabajar en el mercado del sexo, y no penalizaba a quienes promovieran o facilitaran la migración en estos casos.[159]

La discusión sobre la Ley de Trata en el Senado en 2007 reeditó los debates producidos en los espacios transnacionales y supranacionales a propósito del consentimiento. El proyecto del oficialismo establecía la competencia federal, tipificaba el delito de trata de acuerdo con la definición del Protocolo de Palermo y fijaba los derechos de las víctimas en cuanto a protección y asistencia. El arco de las organizaciones antitrata locales rechazó la ley por considerarla insuficiente. La red No a la Trata[160] hizo circular un documento dirigido a quienes integran las cámaras de Diputados y Senadores en el que expresaba su repudio y oposición al dictamen aprobado, sosteniendo que “cualquier definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya presentado su consentimiento, cualquiera sea su edad”. La introducción de los medios comisivos[161] (engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier tipo de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos) en el tipo penal para los casos que involucraran mayores fue presentada –desde esta perspectiva– como un obstáculo para la persecución del delito, en la medida en que haría recaer la carga de la prueba sobre las víctimas. Así, las organizaciones adelantaban dificultades prácticas en los nuevos procedimientos judiciales y señalaban que la nueva ley “obligaría a la víctima o a los organismos del Estado (por ejemplo, fiscalías) a probar que la misma víctima no consintió su propia esclavitud”. Este planteo, débil desde el punto de vista jurídico (García Méndez, Asprella y Ploskemos, 2008), no reviste un carácter meramente “práctico”, sino que se vincula más profundamente con posicionamientos ideológicos en lo relativo al estatuto de la prostitución. Así, si atendemos a la ley no sólo en lo que respecta a su “eficacia instrumental” sino también como un espacio de disputas en el cual se crean representaciones, esto es, la dimensión simbólica de la ley (Segato, 2003), la expresión propugnada por estas organizaciones (“aun con el consentimiento de la víctima”) buscaba consagrar la idea de que la prostitución constituye per se una forma de violencia contra las mujeres, no admitiendo como posibilidad que la migración de una mujer adulta a los fines de insertarse en el mercado del sexo pueda ser expresión de una decisión voluntaria. El debate central –no explicitado todas las veces– radicaba en la consagración de la perspectiva abolicionista en la nueva legislación, dando así por tierra con cualquier “hendidura” que permitiera suponer una distinción entre prostitución “forzada” y “libre”.

En marzo de 2008, mientras se iniciaba la emisión de la telenovela Vidas robadas, se retomó el debate sobre la ley de trata en la Cámara de Diputados. El proyecto proveniente del Senado desataba fuertes críticas por parte de las organizaciones antitrata en virtud de la distinción efectuada entre víctimas mayores y menores. Así, las organizaciones desplegaron varias estrategias para impedir su aprobación: hicieron circular cartas de repudio por redes sociales y la prensa, desarrollaron actos públicos y pusieron en marcha acciones de lobby entre los legisladores. Algunas organizaciones antitrata (La Alameda, la Fundación El Otro y la Red Alto al Tráfico y la Trata)[162] convocaron al primer “escrache”[163] a un prostíbulo para el día previo al tratamiento de la ley en el recinto, mostrando en la elección de esta modalidad de protesta una apropiación del repertorio del movimiento de derechos humanos. Así, con fuertes cánticos contra el proyecto de trata que se debatiría en la cámara al día siguiente, parte de la concurrencia irrumpió dentro del prostíbulo “con el objeto de liberar a las víctimas” y obtener pruebas judiciales, mientras las mujeres que trabajaban en el lugar escapaban por distintos accesos y arribaban al lugar los patrulleros policiales. Sobre los muros del establecimiento, parte de los activistas presentes realizaron intervenciones a través de esténciles con la frase “ninguna mujer nace para puta”, proveniente del título del libro de Sonia Sánchez y María Galindo.[164]

En este marco de tensiones, un grupo de diputados suscribió un dictamen de minoría elaborado por la diputada feminista e integrante de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano,[165] que incorporaba las demandas de las organizaciones antitrata. La defensa del proyecto oficial en el recinto estuvo a cargo de Vilma Ibarra,[166] quien sostuvo la necesidad de discriminar entre el libre ejercicio de la prostitución de las mujeres adultas y las situaciones de trata, advirtiendo que un tipo penal que no efectuara esta distinción profundizaría la clandestinización del trabajo sexual, exponiendo a las mujeres que ofrecen servicios sexuales a una mayor vulnerabilidad. Finalmente, la aprobación del proyecto del Frente para la Victoria concitó fuertes críticas entre las organizaciones antitrata, que inmediatamente –y más allá de cualquier evaluación sobre los procesos de judicialización concretos que la ley permitió llevar adelante– pidieron su inmediata modificación.

Reflexiones finales

Hasta aquí he intentado analizar el proceso de adopción/adaptación de la campaña antitrata en la Argentina, ubicándola en el contexto más amplio del gobierno de Bush y su enfoque sobre temas de sexualidad y género en la escena internacional. Sin desconocer que las campañas antitrata poseen diferentes historias, portan diversos significados y emergen en distintas agendas políticas, quise subrayar que la implementación de una política está también atada e informada por los acontecimientos y las decisiones políticas tomadas en otros Estados nacionales, tanto como en las instancias supranacionales y los espacios transnacionales. Si bien la Argentina –a diferencia de otros países– no ha recibido intervenciones directas de ONG estadonidenses en el formato del “humanismo militarizado”, en la genealogía que trazo identifico la búsqueda de Estados Unidos de construir un liderazgo moral en los temas de género y sexualidad en articulación compleja con las iniciativas del feminismo abolicionista activo en los espacios transnacionales.

Así, a través del juego de presiones diplomáticas y la difusión de los informes TIP, el gobierno argentino fue ajustándose progresivamente a la política antitrata de Estados Unidos y haciéndose eco de la campaña.[167] Probablemente en este curso fue de fundamental relevancia la emergencia de un activo campo de organizaciones antitrata, informadas también de las discusiones en otros Estados nacionales y espacios transnacionales, cuando no directamente involucradas en la campaña en virtud del origen de su financiamiento. Es éste un campo heterogéneo, sólo parcialmente integrado por organizaciones y activistas que mantuvieron históricamente una militancia feminista abolicionista. No obstante, en el curso del corto período que hemos descripto, el abolicionismo se convierte en la posición política dominante al interior de ese movimiento, pasando incluso a ser identificado como la única posición feminista en los debates públicos en torno a la cuestión de la prostitución y la trata de personas. La contracara de este proceso ha sido la significativa ausencia e invisibilización en estos debates de la perspectiva de las organizaciones que nuclean a las mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales, quienes agrupadas en AMMAR-CTA[168] demandan permanentemente la necesidad de establecer una distinción entre trabajo sexual, explotación y trata.

En el período que hemos descripto, las demandas por la descriminalización de la oferta de sexo pierden fuerza y visibilidad. De este modo, con la prostitución puesta en clave de “trata”, va ganando lugar un enfoque predominantemente punitivo tanto en términos de los instrumentos de intervención propuestos como en el lenguaje utilizado para codificar el problema. El potencial simbólico del sistema penal es la tecnología de género privilegiada, a través de la cual se inscribe cada vez con más fuerza la idea de que la “verdadera” autonomía femenina excluye determinadas decisiones de antemano (como ofrecer servicios sexuales), y se intenta dar por tierra con cualquier “hendidura” que permita trazar una distinción entre prostitución forzada y libre. Así, las organizaciones antitrata lograron con cierto éxito inscribir la cuestión de la prostitución bajo el paraguas de los temas de violencia contra las mujeres, poniendo en circulación una retórica que denominé trafiquista y una serie de categorías (“esclavas sexuales”, “desaparecidas”, “víctimas”) que enuncian permanentemente que la oferta de servicios sexuales no puede constituir el fruto de una decisión autónoma. Con ello los debates sobre la Ley de Trata constituyen el terreno fértil a través del cual, en un cortísimo período, un pequeño grupo abolicionista local recrea con éxito una campaña contra el sexo comercial en sintonía con las disputas iniciadas en los espacios supranacionales y transnacionales por el feminismo norteamericano. Las últimas propuestas presentadas de penalización del cliente de trata y prostitución,[169] tanto como la media sanción de la ley de prohibición de avisos de oferta sexual[170] (presentadas por legisladores del oficialismo), muestran ya claramente que el movimiento se dirige hacia la eliminación de cualquier forma de sexo comercial. Lejos del decreto 1.086 de 2005, que impulsaba el reconocimiento de derechos de las trabajadoras sexuales y que reclamaba la derogación de los edictos policiales que las penalizaban, hoy por hoy las propuestas legislativas apuntan cada vez más a la criminalización del mercado del sexo y suspenden la discusión sobre los códigos contravencionales que en dieciocho provincias argentinas aún penalizan la oferta callejera.

Por último, la campaña global es recreada a través de retóricas políticas locales sobre el pasado reciente. Así, algunas de las organizaciones antitrata emergentes apelaron exitosamente a una serie de símbolos provenientes del movimiento de derechos humanos en la Argentina, asociando “prostitución” y “desaparición”. Esta perspectiva presentaba a cada mujer en el sexo comercial como una “desaparecida”, a la vez que adjudicaba esa condición, en su asociación peligrosa con la prostitución, a cada joven mujer buscada por sus familiares. Como señala Joseph Gusfield (2014), las categorías simbólicas puestas en juego elaboran los “hechos” a partir de los cuales se modela una conciencia pública del problema. Revisar los dramas culturales a partir de los cuales se dota de contenido la realidad de la “trata” no pretende reducir el asunto a un perspectivismo ingenuo y relativista, ni tampoco juzgar el valor de verdad que este discurso comportaría. Pero si decimos con Michel Foucault (1969, 1970) que los objetos son el resultado de prácticas discursivas y no están allí, inertes en la realidad, esperando ser nombrados, una revisión sobre las retóricas de las cuales nos valemos podría permitirnos al menos pensar las potencialidades y los límites de cada una de ellas. Si bien la pregunta excede los límites de este trabajo, nos demanda respuestas como feministas: ¿cuáles son las potencialidades y los límites del marco de la “desaparición forzada” –como éste ha sido construido dentro de la experiencia histórica argentina– para capturar las condiciones de inserción de las mujeres en el mercado del sexo? En su envés desaparición-trata, ¿qué sugiere este paradigma respecto de la circulación de jóvenes mujeres, su relación con las estructuras familiares y su ubicación en el orden sociogenérico más amplio? Creo que estas preguntas resultan fundamentales para una política feminista, aunque (apuesto) ella se encuentre animada por distintas perspectivas en torno a la oferta de servicios sexuales.

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Publicitando el sexo: papelitos, prostitución y políticas antitrata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Deborah Daich

Un martes cualquiera, un grupo de activistas recorre las calles del microcentro porteño retirando de postes, teléfonos públicos, cestos y persianas los numerosos volantes de la prostitución. Llevan consigo bolsas de residuos rojas –que remedan las utilizadas para colectar los residuos patológicos–, también consignas escritas –“¿Cómo sabés que no es víctima de trata? ¡Decile no a la oferta sexual en la vía pública! Nos ensucia a todos”– e invitan a los transeúntes a sumarse a la despegatina de los volantes de oferta sexual. Son los Martes Rojos.[171]

Lo que este movimiento y sus seguidores retiran de las calles son pequeños volantes que publicitan servicios sexuales. Estos “papelitos de la prostitución” constituyen tan sólo una de las tantas formas en que se da publicidad a la oferta de sexo comercial. A diferencia de la amplia oferta disponible en internet y en algunos clasificados de los diarios, la oferta de los papelitos no se presenta simplemente a la mirada sino que, más bien, se le impone. Prendidos de teléfonos públicos, afiches publicitarios, paradas de colectivos, persianas de comercios, postes de luz y cestos de basura, los pequeños volantes con ofertas de servicios sexuales son parte del paisaje urbano. Pueblan las principales avenidas y calles de la ciudad de Buenos Aires, principalmente en el microcentro y en barrios como Once o Constitución.

Se trata de volantes que no superan los diez centímetros de largo; avisos que van de la simple mención de un número telefónico, acompañado de un nombre femenino, a imágenes y afirmaciones que seguramente podrían ser tildadas de obscenas y pornográficas. Así, los avisos callejeros de sexo comercial varían en términos de diseño y contenido; algunos más procaces que otros, son confeccionados en papel común con tinta negra, y unos pocos cuentan con vivos colores y papel ilustración. Muchos incluyen alguna imagen de cuya realidad suelen jactarse, generalmente la foto de una mujer (a veces de dos o tres) que se supone forma parte del “plantel” del lugar y que aparece siempre desnuda, en ropa interior o desvistiéndose. Muchos otros incluyen leyendas explícitas como “reina del sexo anal”, “muñequita paraguaya, servicio de novia real” o mensajes más sutiles como “masajes para señores” o “relación informal”. Estos volantes se dirigen abiertamente a captar la atención de potenciales clientes, ofreciendo diversos servicios (“privados”, “domicilios”, “hoteles”, “despedidas”, “masajes”, “fantasías”, “aparatos”, “parejas”, “lesbianismo”, “bucal c/s globito,” “bucal hasta el final”), así como promociones varias (“2 x 1”, “promo 50 pesos”) y varios “tipos” de mujeres (“flaquitas”, “pulposas”, “paraguayas,” “morenas”, “jóvenes”, “colegialas”, “rubias”, “pelirrojas”, “morochas”). Últimamente abundan volantes más sencillos y sin este tipo de enunciados. Así, antes que contenidos sexuales explícitos parecen privilegiarse caricaturas de Cupido, del conejito de Playboy o de Betty Boop, por citar algunos ejemplos, acompañadas de un número telefónico y de leyendas simples como “relax” “masajes” o “solita”.

Estos volantes han sido el blanco privilegiado no sólo de las acciones de quienes se reúnen en los Martes Rojos sino también de otros activistas, como los de Despegalo. Campaña contra la Difusión en la Vía Pública de la Trata de Personas,[172] o quienes integran Un Problema Real.[173] Este último grupo ha hecho uso de estos volantes recogidos en la vía pública para producir retratos de mujeres, adolescentes y niñas que faltan de su hogar y que se presume podrían ser víctimas de la trata para fines de explotación sexual. Así, a través del escaneo de estos volantes y a modo de denuncia, producen grandes retratos que han sido expuestos en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También Martes Rojos incursionó en la reutilización de los volantes como acción de denuncia. Por ejemplo, durante un evento del gobierno de la ciudad, Buenos Aires Creativa, de 2013, organizaron una instalación de “mil grullas contra la trata”, utilizando los volantes de oferta sexual para armar cada uno de esos origamis. O también podría ejemplificarse con la actividad que realizaron a fines de 2014, en la que junto a otras organizaciones y bajo la consigna “El papel en buenas manos. Cambiándole el destino al volante de oferta sexual ayudás a cambiar el destino de muchas mujeres. Decile no a la trata. Despegá. Reciclá, con este papel podemos hacer algo bueno”, propusieron reciclar los volantes en plena plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, quienes primero señalaron estos volantes como problemáticos fueron algunas agrupaciones feministas. Si particularmente en los últimos dos años proliferaron estos activistas comprometidos en la lucha contra la trata, cabe señalar que ya en 2010 la Campaña Abolicionista[174] había iniciado una actividad para denunciar y despegar los volantes de oferta sexual, a la que habían llamado “la ruta de los teléfonos públicos es la ruta de la explotación sexual”. Con esta actividad, las feministas reunidas en la Campaña no sólo querían llamar la atención respecto de la trata sino también sobre el proxenetismo y la prostitución. Así, en el marco de estas acciones, además de despegar los volantes de oferta sexual dejaban en su lugar stickers con leyendas tales como “si la prostitución fuera trabajo, ¿se la recomendarías a tu hija?”, “si hubiera igualdad, no habría explotación sexual” o “para que tu hija no sea prostituida, para que tu hijo no sea prostituyente”.

Cabe remarcar que estos volantes siempre supieron despertar el interés de la policía. Estas publicidades aluden a una actividad que, a título personal, no está prohibida pero tampoco reglamentada y cuyo ejercicio suele verse entretejido con relaciones que sí configuran delitos. De ahí que ésta sea una actividad siempre expuesta a la mirada policial; los papelitos pueden ser indicio de un ilícito y volverse, así, insumos para el inicio de una investigación policial o judicial. Los papelitos y volantes, así como los clasificados de internet y de los diarios, han sido herramientas con las cuales ONG y organismos estatales construyeron listas de posibles lugares de explotación sexual (y eventualmente de trata de personas). Por ejemplo, basándose en este tipo de información, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase)[175] inició, en 2010, una investigación (luego judicializada) sobre los prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires.

Señalaba que el ejercicio de la prostitución suele verse entretejido con otras relaciones que sí configuran delitos. Esta situación precaria, en la que se enlazan actividades legítimas e ilegales, coloca a las personas que ejercen el trabajo sexual en condiciones de clandestinidad, y a la policía en una posición privilegiada para convertirse en socio y árbitro de los negocios criminales (Sain, 2010b); los pedidos de coimas son un secreto a voces. Así, los “papelitos” hablan también de la “caja chica” o la “caja histórica” de la policía, esto es, la regulación policial de actividades delictivas rentables que constituyen su fuente de autofinanciamiento ilegal y el soporte financiero de la política (Sain, 2010a).

A medida que la campaña antitrata avanzó en nuestro país,[176] más medidas fueron adoptadas con relación a la publicidad de servicios sexuales. En 2011, el decreto presidencial 936 prohibió la publicación en los medios gráficos de los avisos de oferta sexual.[177] De este modo, desaparecía de los periódicos –en principio, al menos– el conocido popularmente como “rubro 59”. El mismo decreto creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, cuya función es inspeccionar los medios gráficos a fin de constatar el cumplimiento de la medida y, en caso de incumplimientos, requerir las sanciones debidas. Según lo que algunos funcionarios de esa oficina me relataron, se redujeron muchísimo los avisos explícitos de promoción sexual en los diarios, cuestión que consideran “redujo sustancialmente la violencia simbólica que contenían esos avisos y lo denigrante que resultaban para con las mujeres”. Pero, me contaban también, comenzaron entonces a proliferar los “avisos engañosos”; avisos de masajistas, recepcionistas, promotoras o bailarinas que serían, en verdad, avisos de oferta sexual. Para probar que estos avisos se vinculan al sexo comercial, la Oficina se vale de internet, de ediciones anteriores de los diarios y también de los volantes callejeros de la prostitución; con todos ellos cruza datos, compara números telefónicos y elabora indicadores. Esta oficina articula con los dispositivos asistenciales y las agencias penales que, merced al movimiento antitrata, fueron creados para ocuparse del delito de trata, como la Oficina de Rescate o la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Asimismo, a fines de 2014 un proyecto legislativo del partido oficialista que busca ampliar el alcance del mencionado decreto, al apuntar a los avisos explícitos o implícitos en cualquier medio o soporte (incluida internet y las redes sociales), obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados y está a la espera de ser discutido por los senadores de la Nación. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también promulgó una ley dirigida a la publicidad del comercio sexual. En diciembre de 2012 se aprobó un proyecto presentado por una legisladora de la ciudad por el PRO[178] que prohíbe, en todo el ámbito de la ciudad, los volantes callejeros del sexo comercial.

Así pues, nos encontramos ante una extendida, y ampliamente compartida, cruzada contra los volantes de la prostitución y contra toda forma de publicidad de servicios sexuales, en tanto símbolos de la explotación sexual y cosificación de las mujeres, justificada la empresa en la retórica de la lucha contra la trata (aunque implica también la condena a la práctica del sexo comercial y a las trabajadoras sexuales porque no deja de señalar y poner en cuestión a aquellas que voluntariamente participan del mercado del sexo y, consecuentemente, publicitan sus servicios). Se trata de una cruzada que se nutre de actores y discursos heterogéneos pero que reivindica el abolicionismo –en tanto erradicación de la prostitución– como horizonte ideal.

En otros trabajos (Daich, e/p) he señalado ya las complejidades inherentes a las posturas enfrentadas del debate local respecto de la prostitución. Baste aquí mencionar que la hegemonía del discurso abolicionista impide problematizar las diversas situaciones que viven las personas que ejercen el trabajo sexual. Si bien la prostitución independiente no es una actividad ilegal, el discurso abolicionista la presenta, a fin de cuentas, como una actividad ilegítima. Ello así porque este discurso sostiene que en la base de la prostitución se encuentra la violencia de género, la que habilita la construcción de una categoría de mujeres disponibles para la satisfacción de la sexualidad masculina. De aquí que las mujeres se vuelvan objetos sexuales, mercancías cuyo deseo y placer nunca tiene lugar, y cuyas expresiones de libre opción no son más que una pantomima superpuesta a los “procesos de sobreadaptación a situaciones de violencia sostenida” (entrevista a una integrante de la Campaña Abolicionista). Así pues, al basarse en la jerarquía y en la inequidad de géneros, la prostitución, independientemente de las particularidades de cada caso, no es ni legítima ni justa. De esta manera, bajo el lente abolicionista la prostitución no sólo se torna ilegítima, también se homogeneiza y, así, se simplifica.

En vez de negar la agencia y la capacidad de decidir por sí mismas de las trabajadoras sexuales, es necesario repensar sociológica y antropológicamente la sexualidad y deconstruir nuestras complejas configuraciones sociales respecto del deseo y el placer en relación con el sexo. Distinguir entre prostitución forzada y voluntaria, entre trata de personas y trabajo sexual, entre explotación sexual infantil y prostitución adulta, y atender las particularidades que, en cada caso, configuran las interrelaciones entre clase, género, edad y etnia, no implica, en absoluto, desconocer ni negar el carácter generizado de un mercado del sexo constreñido estructuralmente por la violencia. Implica, sí, la necesidad de buscar, como señala Dora Barrancos (2008: 164), “nuevos términos de acuerdo entre el feminismo, el deseo sexual y el erotismo. Es imprescindible no juzgar apenas con la teoría patriarcal en la cabeza, porque es insuficiente, más allá de su esquemática corrección. Seguramente son términos contradictorios abogar por la soberanía del cuerpo y aceptar que sean ofertados ciertos servicios del cuerpo, pero convengamos que no es la única contradicción que enfrentamos las feministas. Y conviene, sobre todo, no ser patéticas si deseamos que nuestras convicciones, efectivamente, mejoren el discrecional orden de las cosas”.

Me preguntaba en un trabajo anterior (Daich, e/p), cuando las cruzadas contra los papelitos de la prostitución apenas comenzaban, acerca de la obscenidad de estas publicidades. Si algunos de los volantes de la oferta de servicios sexuales podrían ser tildados de pornográficos y obscenos, o bien de producciones eróticas en miniatura, al servicio de un mercado sexual mayor, ¿en qué radicaría la obscenidad de estos anuncios? Algunas voces seguramente apelarían a la degradación y cosificación de las mujeres como argumento para validar una idea de lo obsceno y pornográfico que, funcionando como categoría moral, permita señalar “lo que está bien” y “lo que está mal”, diferenciar lo permitido de lo prohibido. Ciertamente abundan en los anuncios callejeros los desnudos femeninos destinados a despertar la fantasía y la excitación sexual (y el consumo de prostitución); algunos más procaces que otros, los avisos hablan de una erótica masculina anclada en la matriz heterosexual cuyas vinculaciones reales e imaginarias con la violencia de género no son un tema acabado sino una problemática a desarrollar e investigar.[179]

La obscenidad, según Jean Baudrillard (1981), alude a la visibilidad completa, al exceso de representación y al exceso de comunicación, no hay metáfora. Así, si los papelitos son obscenos, tal vez sea porque ponen en evidencia esa multiplicidad compleja que hace al fenómeno de la prostitución. Porque condensan, en un pequeño trozo de papel, una serie de estructuras conceptuales complejas superpuestas o enlazadas entre sí, una serie de historias y significados, de experiencias y vivencias recortadas por las divisiones de poder de cualquier sociedad, sea clase, etnia, raza o género y sus distintas combinaciones. Y si lo obsceno es, como había señalado Havelock Ellis, aquello que está fuera de escena, lo que se expone finalmente es lo que no se muestra en el día a día, lo que se esconde o debería esconderse. Los volantes traen a la escena lo que estaba fuera de ella, exhiben la prostitución como un juego imperfecto de engranajes, fluido y cambiante, donde diferentes actores sociales –trabajadoras y trabajadores sexuales, mujeres en situación de prostitución, recepcionistas, proxenetas, volanteros o tarjeteros, clientes, policía, activistas, feministas– conforman una trama de relaciones no exentas de poder, diferencia y desigualdad. Donde son las mujeres envueltas en el mercado sexual, en especial las pobres, las que llevan, casi siempre, las de perder.

Fernando Rampérez, discutiendo con Baudrillard, sugiere una idea de lo obsceno que bien puede servir como advertencia epistemológica para quienes ansíen abordar el complejo fenómeno de la prostitución. Lo obsceno, dice Rampérez (2009: 154), no son las imágenes ni su sola existencia, “obscena es la unidireccionalidad de la lectura, obsceno es el truco, la trampa que nos quiere ofrecer esa masa de imágenes como unívoca y como única realidad, obscena es la supresión del desvío, de la sombra de las imágenes […] ninguna imagen, ningún signo, por tanto, resulta en sí mismo obsceno […] obsceno es el mito de la visibilidad completa, de la hegemonía sin fisuras y de la transparencia total”.

De este modo, no es mi intención desarmar este discurso monocorde sino simplemente plantear, desde la antropología feminista, algunas preguntas que nos permitan complejizar la coyuntura actual.

Publicitar el sexo comercial

Sin duda, la publicidad es un aspecto importante del mercado del sexo. La prostitución no es un fenómeno unívoco, mucho menos uniforme, y su heterogeneidad se complejiza con las diversas formas que asume no sólo en distintos contextos y mercados, sino también en términos históricos y culturales (Daich, 2012). De hecho, algunas autoras vienen llamando la atención respecto de los límites del término “prostitución” al momento de abordar la problemática en la actualidad. Focalizar sólo en lo que se conoce comúnmente como “prostitución” ofrece una mirada parcializada; en cambio, la idea de mercado del sexo permite señalar la diversidad de inserciones en éste, atender a la oferta y la demanda, y prestar atención además a las relaciones que, a diferencia de la prostitución, no implican necesariamente un contrato explícito de intercambio de sexo por dinero (Agustín, 2005; Piscitelli, 2006, 2013).

Así, el mercado del sexo puede implicar una diversidad de actividades como el sexo telefónico (las hot lines), sexo virtual por internet (cybersex o webcamers), baile erótico (strip-tease, lap-dance, etc.), clubes BDSM,[180] producciones pornográficas, masajes eróticos, actividades de alterne y prestación de servicios sexuales en el sentido asignado comúnmente a la prostitución. A la vez, hay una amplia diversidad en lo que hace a las formas en que se ofrecen servicios sexuales y a los lugares donde pueden tener lugar. Cabe distinguir, por ejemplo, entre quienes ofrecen servicios sexuales en las calles, quienes lo hacen en whiskerías, cabarets, bares o símiles, y quienes lo hacen en departamentos privados. También están quienes ofrecen servicios exclusivamente por teléfono o internet para concertar citas en los domicilios de los clientes o en hoteles alojamiento. Hay que diferenciar, a su vez, a quienes ejercen la actividad de modo autónomo de quienes tienen variados grados de dependencia respecto de un proxeneta. Por supuesto, todas estas formas conllevan distintas formas de publicidad.

Tarjetas, volantes, anuncios clasificados en periódicos y la recomendación “de boca en boca” han sido las formas más populares de propagandización de servicios sexuales. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías se abrieron nuevas posibilidades; a través de internet se crearon páginas web dedicadas exclusivamente a publicitar los servicios de las escorts, blogs unipersonales de trabajadoras sexuales, foros temáticos con auspicios de estas páginas web y con publicidades varias, y proliferó también la oferta de servicios sexuales en las redes sociales.

Fue gracias a la cruzada contra la publicidad de los servicios sexuales que comencé a interesarme por este aspecto del mercado sexual. Sin duda alguna, las acciones en contra de la publicidad de la oferta sexual hicieron visible un paisaje hasta entonces naturalizado por la mayoría de las personas, yo incluida. Así, comencé a preguntarme por las distintas formas en que las trabajadoras sexuales publicitan sus servicios y, a medida que realizaba el trabajo de campo para mi investigación sobre el control de la prostitución,[181] conversaba con mis interlocutoras también sobre esta temática.

En los últimos años he conocido muchísimas trabajadoras sexuales, mujeres en su inmensa mayoría,[182] para quienes la publicidad de sus servicios era una parte importante de la actividad. Claro que para quienes ejercían y ejercen el trabajo sexual en las calles, la propaganda no era un asunto, ya que la forma de promocionar la oferta de sexo está resuelta en la propia exposición en la vía pública. En cambio, para quienes trabajaban y trabajan “puertas adentro”, la publicidad de los servicios implica una serie de estrategias y un presupuesto a tener en cuenta.

Algunas de las mujeres que conocí trabajan en departamentos administrados por una tercera persona quien podía responsabilizarse económicamente por la publicidad o no. En este último caso, además del –generalmente– 50% de cada “pase”,[183] las trabajadoras debían pagar un pequeño porcentaje destinado a la publicidad.

Algunas trabajadoras publicitan simultánea o alternadamente en los diarios, en internet y a través de los volantes callejeros:

Alicia:[184] –Nosotras somos cuatro, ¿no? Publicamos en una página de internet, cada una con su foto y su celular. Antes éramos más de diarios y de los papelitos en la calle, pero es como que son distintos públicos, ¿me entendés? El que viene por internet es un tipo de cliente, los otros… bueno, son otro tipo.

Deborah: –¿Otro tipo? ¿Qué tipo?

A.: –Otro target, ¿me entendes? Vienen con más plata, vienen más extranjeros. Pero cuando no hay trabajo, se publica en todos lados.

D.: –Entiendo. ¿Y cómo es la publicación de internet? ¿La foto la llevás o te la sacan ellos?

A.: –Hay páginas que te sacan ellos la foto, te la retocan, todo, ¡a mí no porque no necesito Photoshop! (risas). Te muestro si querés, son fotos más artísticas si querés, estamos todas en ropa interior, la cara no se ve, obvio, pero ves que no es nada grotesco. Y los de la página te piden el DNI, verifican la dirección, todo, porque ésta donde publicamos nosotras es una página que publica a las chicas solas, ¿entendés?

D.: –O sea que un montón de plata se va para la publicidad.

A.: –Como todo negocio, mi amor, si no lo promocionás, no hay clientela. (Conversación con una trabajadora sexual que comparte un departamento con otras tres compañeras)

Nora: –Yo trabajo sola, soy masajista y el masaje termina con un servicio sexual. […]

Deborah: –¿Cómo hacés con la publicidad?

N.: –Publico en los diarios como “masajista-relax” y tengo el pibe [el volantero] que me pega los volantitos estos [y me muestra unos volantes con un dibujo y la leyenda “masajista sola”] pero por cómo está ahora, con los allanamientos que está habiendo, y… me preocupa que me cierren o con esto que nos sacan los volantes, que le hagan algo al pibito.

Las formas en que las trabajadoras sexuales publicitan sus servicios son variadas y diversas, internet ofrece múltiples posibilidades –desde avisos clasificados gratuitos hasta elaboradas páginas web, sin contar las redes sociales– y los diarios siguen siendo un espacio donde publicar avisos (aunque ya no tan explícitos). Pero, de estas formas, han sido los volantes los que más llamaron mi atención. Quizá por la virulencia de la cruzada en su contra o quizá porque, ante mi pedido, mis interlocutoras en el campo ensayaron múltiples teorías nativas respecto de su origen. Algunas me dijeron que no sabían cómo habían surgido estos volantes ni a quién se le había ocurrido, porque cuando ellas ingresaron al mercado del sexo ya existían. Otras simplemente no recuerdan, de un día para otro todas estaban haciendo volantes y ya. Una trabajadora sexual que trabaja con una amiga en un departamento de la zona de Congreso me contó que creía que era una moda que había traído alguien de afuera: “Alguien que se fue a trabajar a Europa y cuando volvió, trajo la idea y después ninguna se quiso quedar afuera, todas se copiaron”. Esta hipótesis bien podría ser cierta desde el momento en que en otros países también existen estos volantes de la prostitución[185] y teniendo en cuenta, además, que muchas personas que ejercen el trabajo sexual en Buenos Aires han tenido experiencias de trabajo sexual en otros países.

Varias de estas mujeres me dijeron que “antes no se usaba” y que creían que habían comenzado, o se habían vuelto más populares, a partir de la crisis económica y política argentina de diciembre de 2001. Esta hipótesis también podría ser plausible, en particular porque esa crisis dejó un número desorbitante de desocupación, lo que pudo haber arrojado a muchas personas desempleadas al mercado del sexo, engrosándolo y generando así más oferta en la ciudad, visible a partir de estos volantes.

Si ninguna parecía saber exactamente cuándo o cómo habían surgido los volantes de oferta sexual en la ciudad, casi todas tenían una historia para contar acerca de cómo se publicitaba antes de la proliferación de éstos, una suerte de “antecedente inmediato”:

Vos no tenías los volanteros que andan pegando con la Voligoma todo el día en cualquier lado. Antes lo que tenías era el tarjetero que les daba a los tipos en mano la tarjeta del lugar. Una tarjetita con el nombre del lugar, “Pisito Vip” por ejemplo, y la dirección, el teléfono. Y el tarjetero no estaba dando vueltas por todos lados, estaba cerca, entonces te daba la tarjeta y te indicaba que fueras, que estabas a una cuadra.

Lo que había antes en el centro eran los tarjeteros, que andaban con una carpetita con las fotos de las chicas. Entonces paraban a un señor, le hablaban, le mostraban las fotos de las chicas y lo acompañaban hasta la puerta del boliche. Podían repartir también alguna tarjeta con consumición, era así.

Ana: Antes del 2000 yo trabajaba en la calle, en Recoleta. Y trabajábamos sobre Vicente López que es la única cuadra donde no hay cabarets, los cabarets están todos en Junín y en Azcuénaga, y ahí no molestábamos porque si no los tarjeteros, los chicos que tarjetean para los boliches, se quedan sin trabajo por nosotras.

Deborah: –¿Los tarjeteros eran de los cabarets?

A.: –Claro, eran los que llevaban los clientes a los boliches.

D.: –¿Y los departamentos privados no tarjeteaban también?

A.: –En esa época no creo, eran más de diarios. Ahora existen los volantes, los habrás visto en la calle, de todo tipo de puterío al alcance de la mano.

Nunca supe quién empezó con los volantes de oferta sexual que pueblan persianas, cestos de basura y teléfonos públicos porteños. Nunca supe exactamente cuándo comenzó la práctica. Pero, cierta vez, una trabajadora sexual con muchísimos años de experiencia me dijo:

Vos pensá que es lo más fácil, lo que está más al alcance de la mano de cualquiera. No tenés trabajo, ¿qué sabés hacer? ¿Cuidás chicos? ¿Viejitos? Y ponés cartelitos con tu teléfono en el kiosco, en el almacén, donde sea, ¿o no? Yo veo chicas que están estudiando y ponen cartelitos que dan clases particulares a los más chicos. Y con esto pasa lo mismo, lo único que el kiosquero no te va a dejar que le dejes unos volantes, entonces los tenés que pegar por ahí.

Su argumento evidenciaba un pragmatismo tal que hasta me dio vergüenza mi obsesiva preocupación por los orígenes. Había descuidado una máxima antropológica: atender a las situaciones particulares siguiendo la lógica de las personas envueltas en ellas. La práctica del volanteo revelaba, en primer lugar, una lógica comercial al alcance de la mano. Así parecían confirmarlo las distintas experiencias que, poco a poco, me fueron siendo relatadas:

Hace unos diez o doce años trabajaba en Torcuato con una amiga. Entonces ¿sabés qué hacíamos? Escribíamos unos papelitos así larguitos y finitos a máquina, le poníamos “maduras” y el teléfono y la dirección. Lo escribíamos varias veces en una hoja, después le sacábamos fotocopias, recortábamos y los repartíamos en la estación del tren de Don Torcuato. Se los dábamos en mano a los hombres. A veces, quizá, repartíamos en algún boliche. Y nadie nos decía nada.

No venía nadie, era una malaria… no llamaba nadie al departamento. Entonces nos turnábamos con las chicas, nos parábamos en la esquina y no pegábamos en las paredes, dábamos en mano, a cada cliente le dábamos el volante en la mano.

De pánicos y peligros: la trata acecha

En nuestro país, el ejercicio del trabajo sexual en forma independiente y libre no constituye delito, por lo que, en principio, un volante de oferta individual de servicios sexuales corresponde a una acción privada carente de relevancia penal. Los avisos, tarjetas o volantes son las formas en las que las trabajadoras sexuales han promocionado sus servicios y la mirada pública respecto tanto de los primeros como de los últimos varía en función de los contextos históricos y sociopolíticos. Así, si hoy en día el discurso ¿hegemónico? respecto de la publicidad de la oferta sexual parece fundado en cierta victimización irremediable de quienes se encuentran participando del mercado del sexo, una breve mirada a los años 30 ofrece una lectura ligeramente diferente. No pretendo hacer una lectura histórica y mucho menos una comparación, simplemente prestar atención a un pequeño acontecimiento que quizá resulte, a los fines de este artículo y usando libremente el postulado de Claude Lévi-Strauss, “bueno para pensar”.

Situémonos en el miércoles 7 de mayo de 1930. El servicio de tranvías eléctrico de la ciudad de Santa Fe funcionaba de manera habitual, conectando el centro de la ciudad con las zonas suburbanas. Como transporte, el tranvía era práctico y de bajo precio, por lo que era muy popular. Esa noche, Julia e Isabel repartieron sus tarjetas personales a los pasajeros y he aquí, según el diario El Orden, lo que sucedió:

CON TARJETAS DE VISITAS HACÍAN CONOCER SU COMERCIO INMORAL

Invitaban a los hombres a pasar por sus viviendas

Fueron sorprendidas en esas circunstancias por dos pesquisas quienes las detuvieron

Viejas conocidas

Desde estas mismas columnas hemos señalado más de una vez la conveniencia de establecer un sostenido y enérgico servicio de vigilancia entre las mujeres de vida aireada [sic], a quienes vemos con alarmante frecuencia por el centro de la ciudad y en los lugares más concurridos ejerciendo descaradamente un deshonesto comercio. Hace aun pocas semanas se realizó en la zona oeste de la ciudad una batida que dio ejemplares resultados y posteriormente se fueron realizando algunas otras detenciones aisladas que justificaban ampliamente la necesidad de campaña de profilaxis social que reclamábamos en este diario.

Un verdadero escándalo

Hace aproximadamente un mes nos ocupamos de la detención efectuada por el personal de la comisaría 1º, a tres mujeres en circunstancias que las mismas se retiraban de una vivienda sita en la calle 25 de mayo, al sud, donde se halla reunido un vecindario compuesto sin excepción, por familias honestas. Las tres mujeres que nos referimos fueron arrestadas, según decimos, al retirarse de una casa donde concurrían asiduamente a ejercer un inescrupuloso negocio, al punto de haber rebasado la medida de toda tolerancia pues aquello llegó a constituir un verdadero escándalo, especialmente durante las horas de la noche. El comisario Lassaga, con saludable criterio, dispuso establecer una consigna y al amanecer, cuando las tres mujeres se retiraban, un agente las detuvo. Fueron pasadas seguidamente al Instituto Correccional de Mujeres donde permanecieron ocho días y recuperaron luego su libertad.

Tarjetas de visita

Anteanoche, poco después de las 21 y 20 horas, los empleados Agustín Duelós y Ramón Mayor, de la División de Investigaciones, se encontraban estacionados en la esquina de 25 de Mayo y Falucho, cuando vieron pasar en un tranvía a las mujeres Isabel Rodríguez Giménez, argentina de veinticinco años de edad, domiciliada en Urquiza y Uruguay, y a Julia Capodónica de Sarrías, de misma nacionalidad que la primera y de 20 años, domiciliada a su vez en Rivadavia 623. Los empleados reconocieron inmediatamente que eran dos de las detenidas por la comisaría 1º, hace ya un mes, y les llamó la atención que entregaran en esas circunstancias varias tarjetas, al parecer de visita, a los hombres que viajaban en el interior del tranvía. Una mirada insinuante no podía haber llamado la atención de los pesquisas que ya conocían la condición de las mujeres, pero no dejó de interesarlos aquello de las tarjetas… Y se dispusieron a averiguar qué significaba aquello.

Innovación

Instantes después los dos empleados secuestraban las tarjetas en las cuales las dos mujeres especificaban sus respectivos domicilios, invitando por intermedio de las mismas a que fueran visitadas. Como es de explicar, fueron de inmediato detenidas y conducidas al local de la Jefatura de Policía, a disposición de la superioridad, de donde se las remitió seguidamente al Instituto Correccional de Mujeres, donde permanecerán alojadas por el término que marca la ley.

Tanto la Giménez como la Capodónica son reincidentes y registran diversas entradas en la policía por ejercicio clandestino del inmoral comercio. Tienen antecedentes en la sección M.P. y una de ellas, la Capodónica, fue arrestada por primera vez en septiembre de 1927, cuando tenía 17 años, acusada de infamante negocio.

La experiencia de los años la llevó a introducir innovación que, como se ve, ha rendido un detestable resultado. (El Orden,[186] Santa Fe, viernes 9 de mayo de 1930)

Julia e Isabel ofrecían servicios sexuales de manera clandestina o ilegal en un momento particular del país en el que la actividad estaba legalizada.[187] El modelo reglamentarista que rigió aquí, y hasta 1936, consideraba la prostitución como un “mal necesario” y a las prostitutas[188] como potencialmente peligrosas tanto por cuestiones higiénicas –el peligro venéreo– como por argumentos morales: la necesidad de separar a las mujeres honestas de las deshonestas (y, con ello, la delimitación de papeles de género y el sostenimiento de la doble moral).

Para que el ejercicio de la prostitución fuese legal, debía llevarse a cabo en los locales autorizados por los municipios (los que llevaban el control administrativo y el seguimiento sanitario de las pupilas) y las mujeres eran obligadas a registrarse, a someterse a exámenes médicos periódicos y a una serie de reglas de conducta tales como horarios fijos de circulación, la obligación de regresar a la casa de tolerancia antes del anochecer y la prohibición de asomarse a las puertas o ventanas del burdel (Grammático, 2000; Guy, 1994). Por supuesto que muchísimas mujeres no estaban dispuestas a someterse a tales controles, por lo que muchas siguieron ofreciendo servicios sexuales en forma clandestina o ilegal, con lo cual quedaban expuestas a la mirada policial (la que, por cierto, solía arrojar un manto de sospecha sobre casi toda mujer trabajadora, en especial si se encontraba en cafés, confiterías o cigarrerías). Éste debe haber sido el caso de Julia e Isabel, quienes ensayaron, en ese tranvía santafesino quizá el primer volanteo de oferta sexual registrado. Si las prostitutas legales eran celosamente custodiadas por la policía –fuera a través del registro de los burdeles y sus pupilas o de la puesta en observancia de las ordenanzas–, también las clandestinas debían lidiar con la mirada policial. La policía puso en práctica el manyamiento para identificar a unas y otras, separando y distinguiendo a las mujeres “peligrosas” e “indecentes” (ya fueran legales o clandestinas) de las “honestas” (Daich y Sirimarco, 2012).

Nótese entonces que aquí, atendiendo a la nota del matutino El Orden, los volantes de la prostitución, las “tarjetas de visita”, son índice de “comercio inmoral” propio de “mujeres de vida aireada [sic]”. Las prostitutas no debían mezclarse o ser confundidas con mujeres “decentes”. No debían llevar adelante su “inescrupuloso negocio” por fuera de los controles que lo hacían tolerable (y que engrosaba las arcas de las municipalidades). Pero, más aún, no debían ser una marca visible en el espacio público y mucho menos refrendar esa marca con sus tarjetas de visita.

La visibilidad de la oferta de sexo en la vía pública siempre ha sido una cuestión socialmente problematizada que ha generado una serie de encarnizados debates morales y moralizantes; en particular cabe mencionar los debates en torno a la derogación de los edictos policiales y la redacción del nuevo Código de Convivencia Urbana de la ciudad de Buenos Aires en los años 90.[189] Mientras el ejercicio del trabajo sexual en las calles expone a estas personas a la mirada y el control policial (y contravencional) o a la reprobación moral de los vecinos, los volantes de la oferta sexual se presentan no sólo como índices del sexo comercial sino también, a los ojos de la mayoría de los activistas y promotores de políticas públicas, de la trata de personas con fines de explotación sexual. El hecho de que cada vez más trabajadoras sexuales, en varias ciudades del mundo y en particular en aquellas donde se persigue la prostitución callejera, trabajen “puertas adentro” hizo que la propaganda de servicios sexuales a través de los volantes se torne la manifestación más obvia de oferta sexual disponible. Y, por supuesto, la creciente visibilidad de estos papelitos provocó una serie de quejas. Señala Phil Hubbard (2002), por ejemplo, que en 2001 una ley británica prohibió colocar publicidad relativa al sexo comercial en las cabinas de teléfonos públicos o en sus inmediaciones más cercanas. Desde entonces, la policía puede arrestar a cualquiera que coloque esta propaganda de servicios sexuales, ofensa que implica multa o prisión de hasta seis meses. Como la ley prohíbe estas tarjetas en espacios públicos pero excluye los espacios vedados para menores de dieciséis años, esta dimensión espacial de la legislación llevó al autor a afirmar que la misma se basó en una serie de asunciones morales: los esfuerzos para remover la publicidad del sexo comercial del espacio público no tenían que ver con un deseo de erradicar la industria del sexo comercial sino con la intención de reducir su visibilidad. De lo que se trataba era de excluir la sexualidad ilícita de la mirada pública.

Ahora bien, si la condena moral hacia las trabajadoras sexuales y el mundo del sexo comercial no resulta novedosa, la asociación lineal entre prostitución y trata ha llevado a una profundización de ésta (invisibilizando las voces de las trabajadoras sexuales y el hecho de que la prostitución a título personal no es delito en nuestro país). El discurso del combate a la trata ha servido como vehículo para un pánico sexual que claramente la excede. Todo lo que se conecte con el mercado del sexo es pasible de ser leído en clave de “esclavitud” y pura violencia, pura explotación, y ha comenzado así una cruzada moral salvacionista que no complejiza, no explica ni describe los fenómenos, sino que los valora y los juzga (Daich, 2013). En palabras de activistas:

Nosotros queremos visibilizar el flagelo de la trata de personas. Cada vez hay más papelitos en la ciudad y detrás de esos papelitos puede haber mujeres sometidas a la explotación sexual o a la trata de personas.

Esto no tiene que ver con la moral, tiene que ver con la libertad […] Es una persona [quienes están en los departamentos] que está siendo sometida, abusada sexualmente por cientos de personas en contra de su voluntad. Como sociedad tenemos que hacer algo en contra de esto.

Con esto [la actividad de despegar volantes] lo que se muestra también es que si consumís prostitución, podés estar colaborando con una red de trata. Porque ¿cómo sabés que la chica no es víctima de trata?

En un contexto global de campañas antitráfico y recelo frente a las migraciones transnacionales, la narrativa del combate contra la trata de personas ha servido como idioma privilegiado para canalizar una serie de ansiedades sociales al tiempo que se constituyó en un poderoso discurso que ha permeado también las agencias gubernamentales, generando, así, una serie de nuevas políticas. Las trabajadoras sexuales no han sido ajenas a estos movimientos puesto que todas estas acciones dirigidas a combatir la trata de personas se dirigen, en verdad, al sexo comercial. Así, esta serie de políticas, en definitiva, han habilitado la vulneración concreta y cotidiana de los derechos de las trabajadoras sexuales, en especial, de las pobres (Daich y Varela, e/p).

Un poco como respuesta a estas políticas, un poco por procesos y gustos personales, algunas trabajadoras sexuales comenzaron a volantear con papelitos sin contenidos sexuales explícitos. Sus volantes traen caricaturas de Cupido o Betty Boop, dibujos de corazones, tacos, copas de champagne, gatitos, rosas, mariposas, entre otros. Frente a una abrumadora retórica victimista que presenta su labor como indigna, muchas de las trabajadoras sexuales que conocí elaboraban un relato en el que se construían moralmente como personas de bien que, de hecho, reivindican valores socialmente compartidos como la protección de niños y niñas, el respeto por los derechos de las mujeres y hasta cierto deber ciudadano de cuidado de los espacios públicos:

Mirá, éste es mi volante [la silueta sombreada de una mujer y un número telefónico]. Yo los pongo en los parabrisas de los autos, nada de andar pegoteando y ensuciando todo, nada de ese papelerío del centro. O los reparto en mano pero sólo a los hombres, que a los chicos no, te quiero decir. Menores de edad, no.

A mí no me gusta eso del culo o la teta en el volante. Me da bronca que se la agarren con nosotras por eso y no con Tinelli pero igual a mí no me gusta. Eso que dicen que nos tratan como objetos, a mí nadie me trata como objeto pero sí comparto que no es lindo que haya culos y tetas por todos lados. Por eso mis volantes nunca tuvieron eso [su volante actual tiene una mariposa y un beso].

Nosotras no queremos ofender a nadie, mirá cómo es, un conejito de Playboy que dice “solita”, el número telefónico y “prohibido para menores de 18 años”.

Incluso algunos de estos volantes traen la leyenda “trabajo sexual no es igual a trata” o “soy adulta y decido hacer esto”. Así, las trabajadoras sexuales no sólo diferencian su actividad de la trata de personas con fines de explotación sexual sino que se expresan en contra de ella, y quienes se encuentran organizadas en la AMMAR han hecho declaraciones públicas criticando el fenómeno y se han comprometido a participar de la lucha contra la trata. Así, muchas veces trabajadoras sexuales, activistas en contra de la trata y funcionarios parecen compartir principios morales respecto de la temática, el problema es que no siempre están hablando de lo mismo.

Mientras para el imaginario popular la “trata” remite a las inserciones forzosas en el mercado –la imagen de mujeres encadenadas que son drogadas y forzadas, secuestradas o amenazadas y retenidas contra su voluntad–, el tipo penal de la “trata” dispone la criminalización de una serie de prácticas vinculadas al mercado sexual mucho más amplia y la victimización de todas las personas que se involucren en el comercio sexual. En nuestro país, la Ley de Trata fue reformada a fines de 2012 y, a partir de entonces, no diferencia entre prostitución forzada y prostitución voluntaria, por lo que todas las personas que migren o se inserten en el mercado a través de un arreglo del cual extraiga beneficios un tercero –e independientemente de su voluntad– son consideradas víctimas de trata o explotación sexual, convirtiéndose a la vez en objeto de políticas de “rescate” y “reinserción social” (Varela y Daich, 2013; Daich y Varela, e/p). Así, trata puede ser interpretada como inserción forzosa, explotación sexual o simplemente sexo comercial, y todos estos sentidos pueden ser invocados alternativamente por distintos agentes: activistas, feministas, funcionarios, mujeres en situación de prostitución, trabajadoras sexuales.

Llegado este punto, la pregunta insoslayable no es quién precisa entonces ser “salvada”, sino quiénes son los “salvadores”. La denuncia de la trata de personas y sus posibles manifestaciones conlleva la creación de nuevos personajes sociales, no sólo la construcción de las víctimas sino también de nuevos burócratas y activistas que, en el mismo acto de denuncia, justifican y legitiman su misma existencia. La que, además, es construida como socialmente importante y moralmente necesaria.

En los últimos años hemos asistido a la creación de nuevas oficinas de Estado dirigidas a combatir la trata de personas, como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata, entre otros. También múltiples programas y oficinas han sido puestos en funcionamiento tanto a nivel nacional como provincial. Además, han proliferado ONG dedicadas específicamente a la problemática de la trata, como la Fundación María de los Ángeles o la organización Acciones Coordinadas contra la Trata; asimismo, otras organizaciones ya existentes hicieron de la temática su nuevo interés principal. El tema se hizo presente también en la agenda cultural con obras de teatro, novelas, discos, películas y series de televisión. Surgieron, así, nuevos activistas y nuevas iniciativas para dar visibilidad pública a la problemática. Hemos sido testigos de una multiplicidad de nuevas acciones, provenientes de sectores diversos, que han privilegiado la retórica de la trata en cuanto “esclavitud”, cosificación y mercantilización (y que han hecho, en verdad, del sexo comercial el meollo del asunto) por sobre la experiencia, las aspiraciones y los deseos de las personas involucradas.

Señala Timothy Recuber (2013) que en los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial se popularizó la idea de que las imágenes de la guerra podían ser tildadas de pornográficas. Y señala también que desde que en los años 90 Pat Cadigan acuñó el término “pornodesastre” comenzó una tendencia a utilizar “porno” como prefijo que denota una atención excesiva en un único tema. Respecto de lo porno, cabe recordar además que, según André Menard (2009), implica dos dimensiones diferenciadas. En primer lugar, una dimensión funcional orientada a la producción de un efecto antes que a la narración de una historia. En segundo lugar, una dimensión formal, la puesta en escena de un funcionamiento que, haciendo uso del fraccionamiento, transforma al sujeto en objeto o niega a los sujetos en pos de un efecto concreto.

Nuevas políticas penales, intervenciones artísticas urbanas, allanamientos televisados, campañas de despegatinas de volantes. ¿Será una suerte de humanitarismo altruista vestido de porno-trata?

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Trabajadoras sexuales, policía, migración y trata internacional de seres humanos en Brasil y España

Laura Lowenkron y Adriana Piscitelli

En este trabajo analizamos, desde una perspectiva comparativa, algunos aspectos de los regímenes discursivos y legales sobre la trata de personas que predominan en España y en Brasil. Los análisis realizados a partir de la mitad de la década de 2000 por investigadores que estudian la trata de personas y la prostitución en diferentes partes del mundo muestran cómo, en el marco de procesos de vigilancia y control de las fronteras, estos regímenes discursivos y legales implican la criminalización de los desplazamientos internacionales de algunos hombres y mujeres trabajadores migrantes, marcados por género, sexualidad, clase, “raza”/etnia y nacionalidad (Kempadoo, 2005; Zheng, 2010). Estamos interesadas en comprender cómo se vuelve posible esa convergencia en países diferentemente posicionados en términos geopolíticos, de políticas migratorias y de marcos legales relativos a la trata de personas. Prestamos una particular atención al lugar ocupado por la policía en esos procesos, considerando cómo acciona la noción de víctima de ese delito y los efectos que esa activación tiene para las personas así definidas.

En el plano internacional, las discusiones y acciones antitrata se intensificaron a partir del inicio de la década de 2000, coincidiendo con la elaboración y ratificación del Protocolo de Palermo, el instrumento jurídico internacional más relevante referido a la trata de personas.[190] A pesar de que ese protocolo está oficialmente destinado a combatir y prevenir la trata de personas y, al mismo tiempo, a proteger los derechos fundamentales de las víctimas, forma parte de un conjunto de instrumentos orientados a la represión del crimen organizado transnacional e integra también el protocolo referido al combate a la trata de personas (Piscitelli y Vasconcelos, 2008; Mansur, 2014).

La implementación del Protocolo de Palermo tuvo significativas diferencias en España y en Brasil. A pesar de eso, en los dos países las personas consideradas víctimas de la trata acababan siendo deportadas en función de su situación migratoria. Partiendo de esa constatación, analizamos los supuestos, las nociones y las prácticas de gestión que hacen posibles los desplazamientos entre las categorías impuestas a hombres y mujeres trabajadores migrantes.

Nos referimos, en especial, a los procedimientos mediante los cuales, a lo largo del desplazamiento de personas y de procedimientos estatales a través de las fronteras, las víctimas a rescatar se transforman en migrantes irregulares, varones y mujeres pasibles de ser deportados o incluso de ser criminalizados. Prestando atención a cómo, en el ámbito de una serie de instancias del Estado y gubernamentales en el sentido más amplio (Fassin, 2011), en los dos países la policía acciona y da sentido a la noción de víctima, argumentamos que esa noción se activa en el ámbito de una disputa sobre quién puede (o merece) ser encuadrado en esa categoría. Y exploramos las condiciones de reconocimiento (Butler, 2009) que permean esa disputa.

Tomando en cuenta que el proceso de criminalización de la migración se produce en el entrelazamiento entre las acciones de agencias multilaterales, movimientos sociales y diferentes niveles y actores del tejido político-administrativo de los Estados-naciones, combinamos un abordaje transnacional (Sharma y Gupta, 2006) con un enfoque antropológico en puntos y niveles específicos de los tejidos políticos y administrativos estatales. Esto permite una visión más dispersa del “Estado”, que explicita la naturaleza multidimensional, pluricentrada y fluida de ese conjunto, y posibilita la recuperación de sus contradicciones internas.

La investigación etnográfica de Adriana Piscitelli se realizó durante quince meses en España,[191] entre 2004 y 2013, y analizó las experiencias de migrantes brasileñas, mujeres y travestis, insertas en diferentes sectores de la industria del sexo en ese país.[192] Esas experiencias se situaron dentro del contexto de las modificaciones de los marcos legales sobre migración, prostitución y trata de personas, que se analizó siguiendo el desempeño de ONG orientadas al apoyo a migrantes y, en particular, a trabajadoras del sexo, el trabajo de los consulados brasileños en España y también de la Policía de Extranjería española.

El trabajo de campo etnográfico de Laura Lowenkron, desarrollado a lo largo de 2013, confirió una particular atención a la manera por la cual la categoría “trata de personas” se construye y deconstruye en los discursos y en las investigaciones de la Policía Federal, principal brazo del Estado brasileño y responsable de la actividad de represión de este delito, además de ser la responsable de ejercer la actividad de policía aeroportuaria, de control de las fronteras y de los flujos migratorios internacionales.[193]

En la primera parte de este texto creamos un contexto para analizar cómo las políticas antitrata afectan a las migrantes brasileñas en España, considerando cuándo y cómo se les concede la condición de víctima de ese delito. También cómo los agentes policiales de Brasil definen en los documentos a esas mismas migrantes, y cómo son percibidas y tratadas en la Policía Federal brasileña las personas extranjeras consideradas víctimas de la trata. Finalmente, destacamos algunos de los principales efectos del actual modelo político de combate a la trata de personas basado en el lenguaje de los derechos humanos y consideramos algunas hipótesis para intentar explicar lo que ha sido apuntado como uno de los principales desafíos de las políticas antitrata: el hecho de que, en general, las personas técnicamente tratadas como víctimas no se identifican a sí mismas como tales.

Víctimas en España y en Brasil

En España, a lo largo de la década de 2000, las acciones antitrata siguieron una línea claramente represiva en lo que se refiere a la migración irregular y a la prostitución, principalmente a la que se ejerce en la calle. Hasta finales de esa década, la convergencia entre las leyes migratorias y la ley antitrata, el Plan Español de Combate a la Trata de Personas[194] y las acciones policiales que redundaron en detenciones, confinamiento y deportación de los inmigrantes irregulares (Piscitelli, 2013) provocaban la impresión de responder a una política coherente de represión orientada a algunos flujos de población.

En esa década, España concentró uno de los más elevados contingentes migratorios de Europa. En el país, las actividades económicas que exigían poca calificación pasaron a ser desempeñadas predominantemente por emigrantes de las regiones pobres del mundo, muchas veces en situación irregular. En el marco de presiones y disposiciones legales de la Unión Europea en lo que respecta a la represión de la migración irregular y a la trata internacional de personas se reformularon las leyes sobre prostitución (Mestre, 2004; Cantarero, 2007).

La confluencia entre las modificaciones de las leyes orientadas a la prostitución y a los extranjeros contribuyó para que la presencia de trabajadoras del sexo con situación migratoria irregular fuese vinculada a delitos, y para que las acciones destinadas a la articulación entre migración y prostitución se tradujera, frecuentemente, en un lenguaje que presentaba a las personas involucradas como víctimas de la trata de personas.[195]

En la segunda mitad de esa década, un histórico debate parlamentario sobre la posibilidad de reglamentar la prostitución culminó con la decisión de no hacerlo, pues se consideró que la prostitución era explotación sexual vinculada a la trata de personas. Paralelamente, los gobiernos municipales intensificaron el combate a la prostitución callejera. En una espiral creciente que se fue intensificando en el momento de cambio de la década, las prostitutas fueron impedidas de trabajar, multadas y, según las organizaciones que las apoyan, se tornaron víctimas de diversos tipos de abuso cometidos por la Guardia Urbana, acompañada por los controles de Extranjería (Piscitelli, 2013).

En esos años, la justificación para la deportación era atribuida a la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, de 2000. De acuerdo con esa ley, las posibilidades de un extranjero o extranjera en situación irregular, víctima de la trata ilícita de seres humanos o de trata ilícita de mano de obra, de explotación como mano de obra o en la prostitución, estaban vinculadas a su colaboración con las autoridades mediante la denuncia de redes criminales organizadas y el ofrecimiento de “datos esenciales” para las investigaciones.[196]

El Plan Español de Combate a la Trata de Personas, vigente a partir de 2007, afirma seguir el Protocolo de Palermo, pero está orientado exclusivamente a la trata con fines de explotación sexual y centrado en la represión de ese delito. En términos de protección a las víctimas, se limita a ofrecerla a quienes colaboren con las autoridades. El documento concede a la víctima un período mínimo de treinta días previos a la denuncia para reflexionar; durante ese plazo no puede ser deportada. La idea es que las víctimas deben ser protegidas, antes que nada, porque los explotadores pueden influenciar en sus testimonios. La persona que ha sido víctima de la trata no es considerada una víctima merecedora de protección por haber sido violados sus derechos, pero obtiene un permiso para permanecer en el país en función de su utilidad para el esclarecimiento del delito.

Paralelamente, el Plan evidencia su interés en el control migratorio, pues formula la idea de una cooperación con los países de origen para prevenir la trata, que comprende el perfeccionamiento del control de salida de esos países, como Brasil, considerado el principal país de origen de la trata de mujeres provenientes de América Central y de América del Sur. Esa preocupación también está presente al vincular la reducción del número de víctimas de determinadas nacionalidades, como las colombianas, con restricciones en la circulación internacional, como la exigencia de visas.

En 2009, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir sus obligaciones en lo que se refiere a la incorporación legal de la Directiva 2004/81/CE, relativa al permiso de residencia a las víctimas de la trata para personas que cooperen con las autoridades.[197] Un año después, los datos oficiales sugerían la recurrencia de una deportación masiva de personas extranjeras con situación migratoria irregular, detenidas como víctimas de la trata de personas.[198]

A pesar de la formulación, en 2010, de una ley específica orientada a la trata de personas, alineada con el Protocolo de Palermo,[199] en 2013 el país estuvo a punto de ser demandado nuevamente por no cumplir la directiva europea sobre trata de personas.[200] Y las organizaciones feministas, que aplaudieron los primeros juicios de criminales por la nueva ley, hacían llamados para garantizar la aplicación del marco normativo en lo referido a la protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas.[201]

Durante ese proceso en España, las articulaciones entre las instancias supranacionales y el Estado nacional parecían haber redundado, en el inicio de la década de 2000, en un endurecimiento de las leyes orientadas a la prostitución y la migración. A lo largo de la década, sin embargo, y a pesar de las presiones de los activistas de los derechos humanos, se delineó en el país una coherente y creciente línea represiva, tanto que esas mismas instancias consideraron excesivas las prácticas del Estado español.

En ese mismo período, los intereses que alimentaron la formulación de leyes, políticas, planes y acciones policiales en Brasil fueron más heterogéneos. En los primeros años de la década de 2000, el debate público sobre la trata de personas comenzó a intensificarse en el país, coincidente con el incremento de la migración brasileña para las naciones “ricas”.[202] En ese momento adquirieron extrema visibilidad los desplazamientos para trabajar en la industria del sexo, principalmente en Europa, debido a que suscitaba preocupación por su vinculación con la trata internacional de personas. Poco más tarde, esa preocupación incluyó también la situación de migrantes dedicados a actividades de otros sectores económicos.

Esas inquietudes estaban asociadas a la situación de esas personas como víctimas de la trata de personas, pero también a las violaciones de derechos en los procesos por los cuales eran deportadas. Un segundo foco de preocupación fue la trata de personas en la frontera, particularmente en el norte de Brasil, vinculada al desplazamiento de brasileñas para ejercer la prostitución en el exterior, principalmente en Surinam y, a partir de ese país, en Holanda.[203] En ese contexto, las acciones policiales “preventivas” incluyeron medidas que interfirieron con la movilidad hacia el exterior de brasileñas consideradas pobres y potenciales prostitutas, y acciones policiales represivas sobre la prostitución en diversas ciudades de Brasil (Silva, Blanchette y Bento, 2013).

A partir de 2009, en el contexto de la crisis económica que afectó a varios países del “norte global” y del crecimiento económico que llevó a que Brasil se integrara al grupo BRIC, el país se tornó un foco de atracción para migrantes de diversas partes del mundo. En ese marco, las disposiciones legales orientadas a la trata de personas, la migración y las acciones policiales alimentaron y conformaron un conjunto diversificado de prácticas, cuyo carácter conflictivo se volvió evidente en los casos de personas extranjeras consideradas víctimas de la trata internacional de personas en Brasil.

La manera en que el gobierno brasileño trataba a esas personas comenzó a provocar inquietud en la segunda mitad de la década de 2000. Los artículos periodísticos sugerían que recibían un tratamiento análogo al conferido a las personas brasileñas en el exterior.[204] Esto sucedía en un momento en el cual convergían una revitalización de las políticas brasileñas sobre las fronteras (Olivar, 2014) y la percepción de Brasil, con una economía en crecimiento, como un nuevo objetivo de las migraciones internacionales. Esas migraciones comprendían flujos de personas de países europeos afectados por la crisis económica de finales de la década. Sin embargo, los flujos migratorios de población que provocaban preocupación y eran vinculados a delitos como la trata de migrantes eran mayoritariamente originarios de regiones “pobres” del mundo, entre las que se destacaba Haití.

Hasta ahora, en Brasil no hubo una armonía entre las leyes nacionales y el Protocolo de Palermo. La multiplicidad interna en la manera de entender y en la actuación estatal frente al fenómeno de la trata de personas proviene, en parte, de la existencia y de la discrepancia de dos instrumentos legales que sirven de referencia para la definición del “problema” en los debates públicos y en las prácticas administrativas que regulan en el país la “trata de personas”: el Protocolo de Palermo, ratificado por el gobierno brasileño en 2004, y el Código Penal Brasileño (CPB).

La noción jurídica de “trata de personas” que orienta el sistema judicial penal brasileño se asocia exclusivamente a la intermediación o facilitación de desplazamientos internacionales e internos con fines de prostitución u otras formas de explotación sexual (arts. 231 y 231A del Código Penal). La Política Nacional de Combate a la Trata de Personas, aprobada en 2006, los dos Planes Nacionales de Combate a la Trata de Personas y los debates públicos sobre el tema, están orientados por la definición del Protocolo de Palermo, donde se tipifica el “delito” colocando el énfasis en la coerción o en el abuso de una situación de vulnerabilidad en alguna etapa del proceso de desplazamiento realizado para ser explotado en cualquier sector de la actividad (Piscitelli, 2008).

Esa política prevé la protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, su acogimiento y refugio provisorio y la reinserción social, independientemente de su situación migratoria.[205] A diferencia del plan español, explicita que la protección y la asistencia integral a las víctimas no están vinculadas a su colaboración en procesos judiciales.[206] Las disposiciones relativas a la atención de las víctimas se elaboran de manera más detallada en el II Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas, producido a partir de 2011 y publicado en 2013,[207] que garantiza atención asistencial y jurídica a víctimas extranjeras y también la eventual elección de una permanencia en el país.[208]

Las instancias del gobierno brasileño hacen contrastar el carácter humanitario y de defensa de los derechos humanos de las víctimas presente en esas formulaciones con las prácticas de los países del norte. Un ejemplo lo ofrece la carta enviada por la Secretaría Nacional de Justicia a la Asociación Brasileña de Antropología, respondiendo a la manifestación del Comité de Migraciones y Desplazamiento de esa Asociación en contra de la inclusión de una Feria Nacional de Combate a la Trata de Personas y Experiencias de Migraciones y Refugio. En su respuesta, la Secretaría afirma que “en el contexto internacional, en especial en los países del norte, las acciones de combate a la trata de personas se identifican y equivocadamente se vinculan a acciones de restricción de movilidad urbana. En el contexto nacional, sin embargo, la política nacional ha dialogado con los avances más recientes y profundos en el refinamiento y la transversalización de la agenda migratoria, en un sentido opuesto al del control y la vigilancia policiales, reforzando los lazos profundos con el desarrollo de más y mejores condiciones de inclusión social plena y autónoma de la persona migrante”.[209]

En 2010, una resolución normativa del Consejo Nacional de Inmigración[210] afirmaba que podía concederse visa permanente a los extranjeros que estuvieran en Brasil en situación de vulnerabilidad, víctimas de la trata de personas para explotación sexual, trabajo análogo al de esclavos o remoción de órganos. Pero, hasta ahora, la aplicación de esta modalidad de visa ha sido inexistente, así como todavía es rara la identificación de extranjeros como víctimas de la trata de personas, al menos desde el punto de vista del sistema de justicia penal brasileño.[211] En 2012, la Policía Federal divulgó una comunicación a sus agentes con la orientación de no deportar extranjeros/as víctimas de la trata de personas.[212] La comunicación sugería que podrían estar realizándose deportaciones. Esa práctica, además, está mencionada en las narraciones de ONG de Brasil. De acuerdo con los relatos de una asociación del centro-oeste brasileño, en 2012 y 2013 la Policía Federal deportó a mujeres paraguayas, incluso menores de edad, víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y para el trabajo doméstico, y a víctimas de la trata de personas para el trabajo esclavo originarias de Bangladesh.[213]

Cuando se cuestionó durante una entrevista a las coordinadoras de la Política Nacional de Combate a la Trata de Personas en la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia (SNJ/MJ)[214] sobre la invisibilidad de las víctimas extranjeras en Brasil, ellas sugirieron que esas personas no quieren aparecer pues desean continuar en el país, aunque sea en la condición de “explotación”, lo que revela que extranjeros y extranjeras no se sienten seguros de que tendrán acceso a los derechos prometidos a las víctimas de la trata (como permanencia en el país y alojamiento) si acuden a las autoridades. Es lo que mostraron, según las coordinadoras, algunas de las operaciones de “liberación” de trabajadores extranjeros sometidos a condiciones análogas a la de esclavos. Sin embargo, la discusión sobre los desafíos que envuelve la gestión de esta última situación ya sobrepasaría la atribución de su coordinación: “Ese es otro departamento, incluso”, afirmó una de las coordinadoras.

En la evaluación de la coordinadora de Política Nacional de Combate a la Trata de Personas, Brasil no está preparado para el actual flujo migratorio de personas que no son víctimas de la trata. “El número de víctimas de la trata es mínimo. La mayoría de las veces es tráfico ilícito de migrantes. Y entonces no cae en la caja de la trata porque la persona quiso venir, pagó a un «coyote» o vino como turista.” Reconoce que esos migrantes pueden llegar a convertirse en víctimas del trabajo esclavo, pero “no son víctimas de la trata porque no vinieron para eso”, explicó la coordinadora, delimitando fronteras entre fenómenos, tipos de migrantes y atribuciones institucionales de “departamentos” distintos dentro del aparato político-administrativo estatal brasileño.

En este marco, hay menos coherencia que en España entre las leyes del Código Penal, las políticas orientadas a la trata de personas y las orientaciones para su implementación y las acciones policiales. En Brasil, esas políticas, que presentan un carácter tutelar y de afirmación de protección a los derechos humanos de las víctimas independientemente de su colaboración con las autoridades, parecen no coincidir con la implementación de una política de represión a la inmigración extranjera.

Al mismo tiempo, la mayor parte de las estrategias políticas nacionales antitrata, desarrolladas a partir de proyectos de cooperación internacional orientados predominantemente a la prevención y el control de la emigración de brasileñas y brasileños al exterior (principalmente a Europa y a países fronterizos), son en gran parte promovidas y financiadas por agencias multilaterales y organizaciones internacionales de los países del norte.[215] Vale notar además que este gobierno tutelar ha sido frecuentemente ejercido a partir del desarrollo de tecnologías del yo (Foucault, 2008) que buscan engendrar, hasta ahora de manera ineficaz, un proceso de subjetivación-sujeción moral capaz de despertar en las personas técnicamente definidas como víctimas de la trata la conciencia de que son víctimas.

En Brasil, como en España, la represión de la prostitución vinculada al combate de la trata de personas ha tenido efectos en el control de las actividades en los mercados de sexo locales. A diferencia de España, ese control tuvo resultado en la restricción de la movilidad de brasileñas que pretendían viajar al exterior. Sin embargo, en Brasil las tensiones entre las disposiciones legales, políticas y las acciones policiales también redundan en deportaciones y en la criminalización de la migración, a pesar de darse en un número aparentemente bastante menor que en España. La cuestión que planteamos es cómo las nociones de víctima de la trata de personas son producidas y operacionalizadas, en estos diferentes contextos y en cada uno de esos países, particularmente por la policía.

Víctimas de la trata, “denunciantes” y migrantes irregulares en España

En España, como en los otros países que ratificaron el Protocolo de Palermo, la expansión del debate sobre la trata de personas ha utilizado la retórica de la defensa de los derechos humanos. Y, así como en Brasil, las intervenciones orientadas a la prevención y represión de ese delito (como la razia en diversos locales para encontrar víctimas) que se producen en el ámbito de la transnacionalización de las nociones presentes en el Protocolo de Palermo se manifestaron en prácticas orientadas por la idea de violación del consentimiento sexual. Esas prácticas están basadas en una figura de víctima que dota de eficacia el lenguaje sobre derechos humanos accionado en la diseminación de la idea de la trata como problema social.

Varios análisis se realizaron sobre las imágenes mediante las cuales se difunde esa figura, utilizadas principalmente en campañas con el doble objetivo de “sensibilizar” a la población y alertarla sobre el peligro que representa la trata de personas (Blanchette y Silva, 2011; Andrijasevic, 2007). Diseminadas en diferentes países, esas imágenes presentan aspectos reiterativos: fuertemente feminizadas, evocan la idea de prisión, esclavitud, mercantilización, impotencia, miedo, que se evidencia en la expresión de los rostros y el dolor, visible en las lágrimas de las mujeres encadenadas. Esas imágenes, que remiten, según los términos de Laura Lowenkron (2012), a una “pedagogía del miedo” son intensamente erotizadas y, como afirma Rutvica Andrijasevic (2007), violentas en sí mismas, pues funden nociones de feminidad y de pasividad, y reiteran estereotipos sobre las mujeres de las regiones pobres del mundo con el fin de sustentar un orden social imaginario en Europa.

Una diferencia relevante en la difusión de esas imágenes en España y en Brasil es que, en este último país, éstas tienden a remitir a la idea de brasileñas esclavizadas. En España, por el contrario, las imágenes remiten a la idea de migrantes de regiones pobres del mundo, particularmente de las nacionalidades que fueron predominantes en la industria del sexo en ese país a finales de la década de 1990 (Piscitelli, 2013). Las personas detenidas en función del trabajo represivo contra la trata alimentado por esa noción de víctima difícilmente acceden, sin embargo, a la situación jurídica de víctima de ese delito.

A mitad de la década de 2000, los agentes de la policía migratoria explicaban la inmensa discrepancia entre los números de las víctimas extranjeras “rescatadas” y los de las que accedían a la situación jurídica de víctima con derecho a protección y residencia por testificar contra los criminales, afirmando el cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Las personas que adquirían la situación de víctimas eran solamente las denunciantes que presentaban información considerada relevante por la policía. Las demás víctimas eran deportadas como inmigrantes irregulares. De acuerdo con un integrante de la Brigada Central de Redes de Inmigración, independientemente de la situación en la que las víctimas fueron encontradas “a quien no denuncia y no colabora, nosotros, por la Ley Orgánica 42.000 tenemos que incoarle un expediente de expulsión; entonces, en este caso, nos vemos obligados a incoarlas, porque si no la policía española estaría incurriendo en una responsabilidad, también ante el Código Penal, porque estaríamos incurriendo, que ya le digo, en un delito por no aplicar las leyes” (entrevista realizada en Madrid, noviembre de 2005).

En ese proceso, las víctimas rescatadas que no se tornaban denunciantes eran reducidas a la categoría de migrantes irregulares. A lo largo de la década de 2000 y 2010, eso ha sucedido con la mayoría de las mujeres “rescatadas”. En ese sentido, es significativa la experiencia de las organizaciones que defienden los derechos humanos y trabajan en refugios dedicados a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Una parte de esos refugios es mantenida, desde inicios de la década de 2000, por la orden religiosa de las adoratrices, con larga experiencia en la atención de mujeres en situación de exclusión. De acuerdo con las personas entrevistadas en visitas a algunos de esos refugios, de las trescientas que fueron atendidas hasta 2010, solamente dos consiguieron documentos y residencia a través de leyes vinculadas a la trata de personas (entrevista realizada en Barcelona en marzo de 2010). Además, investigaciones realizadas en los temidos centros de internación para extranjeros en situación irregular, repetidamente denunciados por la violación de derechos, incluyendo la limitación de acceso a una defensa legal, maltrato y abusos por parte de la policía y precarias condiciones sanitarias e higiénicas, muestran el descuido ante personas que podrían ser consideradas refugiadas políticas o víctimas de la trata de personas.[216]

Precisamente, la incorporación de la percepción de ser migrantes irregulares a ser deportadas y no víctimas de la trata de personas suscitaba un miedo permanente en las brasileñas “sin papeles” que ejercían actividades en la industria del sexo. Se considera que el aparato represivo del Estado opera mediante la violencia, por lo menos en última instancia (Althusser, 2006). En los relatos de ONG hay registros de maltrato, golpes y hasta de torturas en las comisarías de la policía española, narrados por supuestas víctimas brasileñas de la trata que fueron posteriormente deportadas.[217]

Más allá de los castigos físicos, sin embargo, la deportación era vivida por las entrevistadas como la mayor violencia a la cual estaban expuestas en sus desplazamientos al exterior. En ese contexto, las instancias comprendidas conjuntamente en la represión de la migración y de la prostitución suscitaban pavor entre ellas. Algunas, las que trabajaban en la calle, vivían en un permanente estado de emergencia, donde el terror era cotidiano (Taussig, 1995). Eran éstas las palabras de una entrevistada de Salvador de Bahía que ofrecía servicios sexuales en la calle Robadors, en Raval, Barcelona, pocas semanas antes de ser deportada:

La policía me corrió… a los tres meses. Todo el mundo que llega aquí, a los tres meses la policía le cae encima, la policía aquí no es tonta… Tres meses y cinco días, justito, [eso sucedió] con mi otra amiga que fue deportada también… Yo en siete meses… ya fui agarrada tres veces. La policía la agarra a una… y te prende, entonces… te lleva a Extranjería. Ahí ellos miran tu pasaporte… Mira, ya pasaron tres meses desde que estás aquí… ya se pasó tu tiempo de turista aquí, entonces estás aquí ilegal. Entonces, si estás aquí ilegal, ellos te dan una carta de expulsión. En la primera vez… uno, en veinticuatro horas sale. Al otro día te sueltan con la carta de expulsión. Pero la segunda vez ya es diferente, uno va a quedarse ahí dos, tres, cuatro, cinco días, todo lo que ellos quieran. Entonces, estuve tres días la segunda vez y a las tres de la madrugada me despertaron, a mí y a otras, incluso a esa chica que fue expulsada… Yo tuve miedo de que ellos nos mataran en el camino. Del modo que yo veo esas cosas, tengo miedo a esos negocios de la policía.

Te esposan… y te tiran dentro de un coche de aquellos, ¿qué piensas entonces, cariño? Entonces, me llevaron… Me metieron en ese sufrimiento, en aquella humillación horrible y nos llevaron para… donde tienen los juzgados.

Y uno se queda ahí esperando, hasta la hora que ellos quieren. Y a la hora que ellos quieren van llamando una por una. Hay un abogado con un juez, entonces es ahí que está… Ellos miran todo, que tengas la orden de expulsión, el tiempo que hace que estás aquí… qué estás haciendo aquí. Ahí uno cuenta su historia… por qué está aquí… qué está haciendo aquí. Y después ellos van a analizar tu caso y a mí misma me dijeron que yo iba a quedar internada, posiblemente ellos me iban a mandar para mi país. Entré en pánico, internada quiere decir presa. En Extranjería. Para una sólo salir de ahí para dentro del avión, con ellos junto. Que es muy triste viajar así…

Y mi amiga quedó para después de mí… Yo estaba segura de que ella también iba a salir, ahí fue cuando ellos… la mandaron de vuelta. Y ella volvió. Ella quedó presa veinte días… Otra amiga la fue a visitar, le llevó ropas para que ella no viajara sin ropa. A llevarle las ropas de ella para que no viajase sin ropa. Llevarle el dinero que ella tenía guardado. Pero no la dejaron. (Entrevistas realizadas en Barcelona, 2004)

Esos relatos revelan que, incluso cuando los agentes y aparatos administrativos no hagan uso de la fuerza física (legítima o ilegítima) estatal, la eficacia de sus procedimientos legales (como la deportación) está profundamente anclada en esta amenaza, como sugiere David Graeber (2012). Este autor utiliza la expresión “violencia estructural” para caracterizar el mecanismo de ejercicio de la violencia burocrática, pero alerta que entiende esta noción como basada menos en estructuras abstractas de desigualdad que en “procesos materiales en los cuales la violencia y la amenaza de violencia desempeñan un papel constitutivo central” (113). Y esta amenaza es la que garantiza la amplia disposición de subordinación a procesos burocráticos, por más arbitrarios, irracionales y estúpidos que puedan parecer. Si partimos de la premisa de que la violencia física y la burocrática son absolutamente indisociables, la deportación y el temor que ésta despierta en varones y mujeres migrantes indocumentados puede comprenderse mejor pensando que la persona es obligada a salir del país no solamente a través de una carta oficial, sino también por las amenazas que este documento carga o por el uso efectivo de la fuerza física policial.

El miedo a la deportación formaba parte también de la vida cotidiana de las migrantes irregulares que vivían en departamentos y ofrecían allí servicios sexuales. Esa sensación las volvía más dependientes de los dueños de los departamentos, con los cuales a veces tenían deudas. Lo registramos con particular intensidad en la visita a una casa de travestis en un barrio de Barcelona. En ella trabajaban cuatro jóvenes brasileñas, de Fortaleza y Porto Alegre, todas ellas sin papeles. La dueña del departamento era una travesti uruguaya, cincuentona, discreta. Mientras tomábamos café, mostraba la pila de toallas en la sala y explicaba las normas del departamento: “Mira, este piso funciona bien, con reglas, con normas de higiene, de comportamiento, es organizado”. Y entre la descripción de una u otra norma introducía algún relato sobre prisiones de migrantes irregulares. Iba mencionando los diferentes lugares en los cuales la policía hacía el control de documentos: la plaza Cataluña, las Ramblas, estaciones de subte y de trenes. Y las jóvenes travestis temblaban y contaban que no salían de casa ni para comprar comida (diario de campo, Barcelona, 2007).

El tránsito entre las diversas categorías adjudicadas a estas prostitutas brasileñas, víctimas de la trata de personas, denunciantes o migrantes irregulares, puede pensarse en diálogo con las formulaciones de Didier Fassin (2007), que contribuyen a la comprensión de que la noción de víctima que requiere protección producida en las campañas de sensibilización no tiene relación con las víctimas reales. De acuerdo con el autor, en la actual articulación entre los discursos y las políticas humanitarias, en las cuales la legitimidad de diversas intervenciones se desplaza de la esfera legal a la moral (la defensa de los derechos humanos), se produce una esencialización de la víctima. Es decir, se crea un tipo de modelo que justifica la asistencia humanitaria pero que no tiene relación con la verdadera situación de esos individuos.

En el caso de esas trabajadoras migrantes, además, su relación con el modelo que justifica la asistencia humanitaria era irrelevante para las acciones policiales. En cierta medida, puede considerarse que parte de los efectos de los regímenes discursivos vinculados a la trata de personas puede ser asociada al modo por el cual esos regímenes frecuentemente reproducen y fortalecen normas sociales según las cuales es preciso corresponder a ciertas expectativas y condiciones morales, fuertemente atravesadas por convenciones de género y de sexualidad, para accionar eficazmente el discurso de la victimización. Sin embargo, en el contexto analizado, aunque corresponder a esas expectativas contribuyese a que esas autoridades se sensibilizaran en el caso de mujeres muy jóvenes que evocaban la idea de esa víctima idealizada y, de acuerdo con las narraciones recogidas, se ejerciese violencia y hasta crueldad con aquellas a las que percibían distanciadas radicalmente de esa idea, el acceso al estatuto jurídico de víctima de la trata de personas sigue otros caminos, orientados por leyes y políticas de represión a la migración irregular. Así, independientemente de la retórica anclada en la protección de los derechos humanos que ha alimentado la expansión del discurso antitrata en España, el “reconocimiento” de esas migrantes como seres con acceso a derechos aparece como altamente restrictivo y subordinado a categorías vinculadas al combate del delito: “denunciante” o testigo.

Del otro lado del océano (Brasil)

En Brasil, prioritariamente, es la definición de trata de personas del Código Penal lo que sirve de base para la actuación de la Policía Federal, lo que lleva a la criminalización solamente de la trata con fines de explotación sexual. Pero, a diferencia de España, los esfuerzos de persecución penal se concentran aquí en la criminalización de los casos que implican desplazamientos de mujeres y travestis brasileñas para el exterior o entre diferentes estados. La investigación realizada en este contexto etnográfico procuró investigar también cómo otras modalidades de explotación son capturadas o dejadas fuera de la categoría “trata de personas”, en función del marco legal o de las sensibilidades sociales de los diferentes actores comprendidos en la gestión del problema. Además, el trabajo de campo conducido entre comisarios, agentes e investigaciones policiales evidenció no sólo diferentes definiciones oficiales de este delito (la del Código Penal y la del Protocolo de Palermo), sino también otras definiciones de trata de personas que se accionan en este espacio institucional.

La producción de categorías y su desplazamiento pueden percibirse en el hecho de que los policías marcan distinciones entre las “conductas típicas” que configuran el delito de trata de personas según el Código Penal y las nociones de violencia y violación de derechos humanos que orientan la construcción política del problema. Paralelamente, hay casos que incluyen a trabajadores extranjeros explotados en otros sectores de actividades, en los que los policías reconocen la violación de derechos humanos pero no pueden encuadrar la conducta en el delito de trata de personas en función del marco legal. Así, de manera paradójica, los que son reconocidos por los policías como “verdaderas víctimas” de la trata de personas acaban siendo tratados por ellos mismos como “inmigrantes irregulares” a ser deportados.

Ante la pregunta de cuál era el entendimiento de la Policía Federal con relación al fenómeno de la “trata de personas”, la jefe de la Unidad de Represión a la Trata de Personas, ubicada en el organismo central de la Policía Federal en Brasilia, respondió: “No es un entendimiento. La policía trabaja con la definición legal. Y eso hoy es, básicamente, los artículos 231 y 231-A, que es trata de personas para la explotación sexual”. Dado que la propia idea de “explotación sexual” no es autoevidente y es objeto de controversias (Piscitelli, 2010), es importante entender cómo los policías caracterizan esa noción. Uno de los agentes de la Policía Federal responsable de la investigación de este tipo de delitos en Río de Janeiro explica:

El delito se caracteriza por el envío de personas con fines de explotación. Para tener ventajas financieras. Las atraen y envían a esas personas fuera del país, pagan el pasaje, etc., y después cobran su “comisión” por eso. Porque normalmente esas personas no tienen ingresos como para viajar. Muchas de ellas quisieran ir… y hasta son seducidas: “Vas a ir para allá, vas a ganar más dinero, vas a tener una vida mejor…”. Sólo que esas personas no tienen recursos, no tienen condiciones de bancarse toda la estructura, pagar el pasaje, conseguir pasaporte. Entonces, esas personas les hacen toda la seducción, ofrecen todo ese “servicio”, entre comillas, las ayudan a obtener pasaporte, consiguen el pasaje, etcétera.

Este agente, así como todos los demás policías entrevistados durante la investigación de campo en la Policía Federal, establece fronteras entre las relaciones basadas en la lógica de la “ayuda” o “donación” y las orientadas por intereses económicos. En ese sentido, la noción de trata de personas con fines de explotación sexual no es entendida por los policías como cualquier otro caso de intermediación en la migración con fines de prostitución (como dice la letra de la ley) y ni siquiera necesariamente como una condición análoga a la esclavitud (como sugieren las campañas antitrata), sino como explotación económica de la prostitución ajena en territorio extranjero. Esa definición se basa, en parte, en una lógica jurídica que busca establecer una coherencia entre el crimen transnacional y la manera por la cual la explotación de la prostitución se trata legalmente en Brasil, como sugiere al hablar otro policía:

Aquí en el país la explotación de la prostitución es delito. La prostitución no lo es. Entonces, creo que la idea del legislador fue eso. Fue evitar que ese rufián, ese cafishio, pueda hacer eso también en el exterior.

La definición de “trata de personas” que orienta la actuación policial ayuda a percibir cómo determinada conducta puede ser entendida y tratada por ellos como ilegal, por ende reprobable penalmente, pero no como violencia o violación de derechos humanos (Piscitelli, 2008). Siendo así, la mayor parte del tiempo los policías caracterizan el fenómeno menos con relación a la definición legal del Código Penal que a partir de un contraste con las narrativas mediáticas y las construcciones políticas estereotipadas sobre el fenómeno. En ese sentido, al constituir la trata de personas como una categoría penal, de cierta manera los policías acaban por deconstruirlo como un problema social.

La idea de que las víctimas no son “santas” aparece con cierta frecuencia. A veces este argumento se acciona para deconstruir la idea de “inocencia”, a partir de una lógica que, al reconocer su acción y autodeterminación, considera que las supuestas víctimas son, en verdad, culpables por la convivencia con los delincuentes y porque no son ingenuamente engañadas y saber que viajan para prostituirse. Un comisario dijo que la víctima de la trata de personas es una especie de “partícipe del delito”, pues protege al delincuente y no contribuye con la investigación penal. En su evaluación, una persona adulta que tiene condiciones de evaluar la situación y generalmente sabe lo que está haciendo no es ni engañada ni “santa”.

Las convenciones estéticas asociadas a marcas de clase, así como la mayoría de edad, el nivel educativo y la postura de las supuestas víctimas también parecen ser evaluados para determinar el grado de “inocencia” y el potencial grado de victimización (o vulnerabilidad), como se puede notar a partir del relato de un caso. El comisario narra que recibió una denuncia de la Embajada de Estados Unidos que señalaba que un ciudadano norteamericano estaría llevando prostitutas brasileñas a España. El policía llamó al aeropuerto y pidió que se impidiera el embarque del grupo. Cuando llegó al aeropuerto, vio que era un caso típico de un mafioso acompañado de dos guardaespaldas y prostitutas. “Chicas lindas”, según el comisario. “Todas blancas, bien arregladas, jóvenes y de buena apariencia. Ninguna era menor de edad. La más joven tenía diecinueve años y la mayor, unos veintitrés.”

Al ser abordadas por la autoridad policial, las chicas negaron que estuvieran siendo víctimas de trata. Dijeron que el hombre era amigo de ellas. El comisario resolvió amedrentarlas con la posibilidad de que el “amigo” les retuviera el pasaporte y las esclavizara en el lugar de destino. La mayor de ellas rechazó el argumento diciendo que su amigo era un hombre muy rico, dueño de una empresa petrolera, que le había regalado varias joyas y no precisaba meterse en ese tipo de cosas. Además argumentó que era mayor de edad, que dominaba la lengua del país adonde iba y que no era prostituta, que sabía lo que estaba haciendo y tenía derecho a ir donde quisiera y que la policía no tenía nada ver con eso. El comisario nos comentó entonces que, jurídicamente, ella tenía toda la razón del mundo y que, en este caso, no se podía siquiera hablar de “víctima”:

Eran chicas adultas, con estudios superiores, bien informadas, de clase media, bonitas, que llegaron a ser prostitutas porque lo quisieron y que estaban viajando sabiendo los riesgos que corrían y que, incluso, habían sido muy tercas con el policía que intentó ayudarlas. No eran chicas provincianas o del tipo de alguien que se prostituye porque está pasando hambre.

Por otro lado, las condiciones de vida precarias también pueden legitimar racionalmente la elección y llevar al reconocimiento de la capacidad de agencia de la supuesta víctima de trata de personas por parte de la policía. Uno de los policías narró que en determinada ocasión investigó el caso de una mujer que se prostituía en Río de Janeiro y acabó conociendo así a un italiano que la invitó a ir con él a su país. El policía la previno de los riesgos, le sugirió que tuviera cuidado y que tratara de informarse sobre quién era este nuevo amigo. Ella respondió que difícilmente algún lugar sería peor que la favela donde vivía. Y el policía nos comentó que conocía el lugar mencionado y que sus condiciones de vida debían ser, de hecho, muy precarias, de modo que no tuvo cómo rebatirle eso ni cómo impedirle que se fuera.

Distanciándose de la lógica tutelar que orienta la Política Nacional de Combate a la Trata de Personas, las policías federales de Brasil y de España, que actúan en la primera línea operativa, no consideran a las personas técnicamente víctimas de la trata como incapaces de evaluar los riesgos de sus desplazamientos y de gerenciar sus propias vidas y cuerpos, dado que les parece bastante lógico que ellas sólo evalúen negativamente sus experiencias cuando los costos de las transacciones son mayores que los beneficios, es decir, cuando las condiciones de vida en los países de destino sean peores que en sus países de origen. Los policías adoptan, de ese modo, una postura crítica, que confluye con algunas perspectivas académicas sobre la temática y que destacan que las trayectorias de las migrantes involucradas en la industria del sexo generalmente no se encuadran en los mitos y estereotipos diseminados por los medios y por las campañas antitrata (Piscitelli, 2008; Teixeira; 2008; Blanchette y Silva, 2010). Sin embargo, una vez puesta en entredicho la pasividad de las víctimas de carne y hueso de la trata de personas para la explotación sexual, esas personas son destituidas de los atributos morales asociados a la víctima ideal e idealizada de ese delito (Doezema, 1998).

La afirmación de que las víctimas no son “santas” se utiliza también para desestabilizar el par aparentemente dicotómico de “explotador/explotado” que define el delito, sugiriendo que existe el riesgo de explotación, engaño y boicot recíproco en esas relaciones, como se muestra en algunas investigaciones policiales. Al reconocer, por ejemplo, que es frecuente que el proxeneta les retenga el pasaporte en el exterior, la policía justifica que ésta es una estrategia para garantizar que las prostitutas paguen las deudas contraídas por el pasaje y el viaje. “Es la garantía que ellos tienen de que ellas no van a quedarse en el país al que viajan y desaparecer sin pagar la deuda. Ellas tampoco son santas”, dice un agente.

La retención del pasaporte para el cobro de deudas es una de las imágenes más comunes en las representaciones políticas y mediáticas de este fenómeno, y simboliza el cercenamiento de la libertad. Si el énfasis en los peligros de la retención de este documento coincide con la preocupación oficial de que algunos migrantes serán impedidos de regresar al país de origen, una de las investigaciones consultadas,[218] en la cual el delito de trata de personas fue de hecho configurado, revela, así como las declaraciones de las entrevistadas en España, que el mayor temor de las víctimas no es la imposibilidad de retornar, sino el riesgo de ser deportadas por la Policía de Inmigración, como muestra el siguiente trecho de la transcripción de una escucha telefónica:

Estaba con miedo de lo que ella habló [refiriéndose a su anfitriona] tanta cosa, que no se podía andar por la calle, que los policías te agarran de repente... Estuvo hablando que la Inmigración te agarra de repente en la calle… yo me quedé con miedo… Es terror, ¿sabes? Psicológico (Una empleada recién llegada a un club de Portugal, conversando con una interlocutora en Brasil)

Las narraciones de los testigos, documentadas en los autos de las investigaciones en forma de “acta de declaraciones”, no corroboran las narraciones hegemónicas según las cuales las deudas con intereses contraídas para el viaje serían evidencia de violación de derechos humanos. En la perspectiva de una mujer formalmente definida como víctima de la trata en una investigación de la Policía Federal, el hecho de que un club en Portugal le hubiese cobrado el doble del valor del pasaje no era visto como “explotación”, pues ellos le ofrecían hospedaje y comida en las primeras semanas hasta que la persona pudiera establecerse en el país.[219]

Las investigaciones policiales consultadas muestran cómo las acciones antiinmigratorias de países europeos que, como vimos, se articulan con acciones antitrata, repercuten y se decodifican del otro lado del océano. El mismo caso mencionado antes, por ejemplo, fue clasificado como delito de “auxilio a la migración ilegal” asociado al delito de “lenocinio”, legitimando la deportación de migrantes brasileñas indocumentadas que trabajaban en un “club de alterne” y prostitución en Portugal, y en Brasil fue burocráticamente clasificado como una investigación de “trata internacional de personas”.[220]

Otra investigación consultada se instauró a partir de una comunicación de un agregado de la Embajada de España que narró que ocho brasileñas habían sido “detenidas o identificadas” y, entonces, formalmente expulsadas por la Policía de Inmigración de ese país después de una operación de “control de brasileñas en boites españolas”. Según el documento, ellas fueron detenidas y expulsadas por una posible vinculación con la prostitución y por estar en situación ilegal en el país.[221] El oficio enviado por la División de Derechos Humanos de la Policía Federal, que inició esa investigación policial, resalta que la trata de seres humanos para fines sexuales es una de las más graves violaciones de derechos humanos, y que Brasil es signatario de tratados internacionales, y se compromete a un efectivo combate a ese fenómeno. Esta afirmación contrasta con las medidas adoptadas ante las supuestas víctimas de tal violación en el exterior: detención o expulsión del país.

Si, por un lado, la policía federal de ambos países establece frecuentemente fronteras entre el delito de trata de personas (como se lo define en el Código Penal brasileño) y la noción de violación de los derechos humanos difundida por las campañas públicas antitrata (basadas en la definición del Protocolo de Palermo), enfatizando que puede existir el primero sin que exista el segundo, por otro lado hay casos en que reconocen la violación de derechos humanos pero no pueden encuadrar la conducta en el delito de trata de personas, en función del marco legal que existe. En palabras de un comisario que trabajó durante un largo período en la Comisaría de Inmigración en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, los verdaderos casos de trata de personas no son los de las prostitutas y travestis brasileñas que van a Europa, y sí los de los chinos que llegan a Brasil para ser explotados como mano de obra esclava.

Cuenta que ya siguió varios casos. Según el relato del comisario, esos migrantes llegan regularmente por el aeropuerto internacional de Río de Janeiro a fin de ser “explotados” en pastelerías de otros chinos. Utilizan pasaportes falsos de Corea del Sur, que no precisan visa previa, pero hay también agentes públicos que son corrompidos para autorizar la entrada de los migrantes irregulares que se admiten oficialmente como “turistas”. El reclutamiento en el país de origen se basa en una oferta de empleo que le permitirá ganar 700 reales por mes, lo que para ellos es mucho, pero se embarcan sabiendo que antes precisan pagar la deuda por los gastos del viaje, que suma cerca de 10.000 dólares. Los chinos recién llegados trabajarían más de doce horas por día, en condiciones muy precarias y ganando solamente 200 reales por mes hasta pagar la deuda. Según el policía, el negocio formaba parte de un esquema de lavado de dinero de
la mafia china, asociada no sólo a la trata de personas sino también de mercaderías.

Lo que interesa para los objetivos de este análisis es entender las categorías y las prácticas administrativas que la narración moviliza, reproduce y engendra, y sus implicaciones en la comprensión y en la regulación de los desplazamientos de ciertos tipos de migrantes y de los flujos migratorios. Se observa, así, una evidente mezcla contaminada en el discurso del policía entre marcadores étnicos articulados con la clase y la nacionalidad, migración irregular (e indeseable) y un conjunto de categorías penales que se intersectan o se confunden.

Ante la pregunta sobre cómo había clasificado formalmente los casos en los que participó, ya que no existe en la legislación penal brasileña el delito de trata de personas con fines de trabajo esclavo, la autoridad policial respondió que generalmente se procesaba a los chinos por falsificación y uso de documentos falsos, que ellos utilizan para entrar ilegalmente en el país. O sea, quien al inicio de la conversación afirmaba considerarlos como las “verdaderas víctimas” de la trata de personas, los trataba luego como “delincuentes” y “migrantes irregulares”. ¿Por qué en vez de acusarlos, procesarlos y deportarlos, no se consideraba su situación bajo la óptica de “trabajo esclavo”? El policía federal dice que esa parte es competencia de la Justicia Estadual y de la Policía Civil y que hay un fiscal verificando el caso de los chinos. Además, afirma que en la mayoría de los casos los migrantes irregulares no entregan a sus explotadores ni denuncian el delito a las autoridades, de modo que la policía no tiene manera de tratarlos como víctimas.

Finalmente, en una crítica a la Resolución 93 del Consejo Nacional de Inmigración, que prevé la posibilidad de que las autoridades públicas brasileñas o agentes humanitarios soliciten visa de permanencia a extranjeros reconocidos como víctimas de la trata de personas, este comisario dice que él jamás pediría esa visa en un caso así, pero que los servicios de protección a los testigos acaban pidiéndola. En lo que depende de él, “al extranjero en situación irregular sólo le corresponde la expulsión, pues eso es lo que hacen con los brasileños irregulares en el exterior”. Si no, abriría el precedente, y todo chino que trabaje en una situación similar a la de esclavo en pastelerías de Río de Janeiro va a querer la visa para permanecer en el país.

La ausencia de tipificación legal del delito de trata de personas con fines de trabajo esclavo hace que la investigación sobre un chino esclavizado y gravemente agredido y torturado por su primo (también chino) en una pastelería en un suburbio de Río de Janeiro se haya convertido en objeto de intensas controversias clasificatorias intra e interinstitucionales, a pesar de que todos los policías y demás agentes estatales reconocieran su situación de víctima de violencia y violación de derechos humanos. Vale destacar que los delitos de tortura y trabajo esclavo cometidos por el empleador directo de la víctima fueron procesados y condenados por la Justicia Estadual, de modo que la dificultad era cómo clasificar el caso en la Policía Federal, cuya atribución sería investigar la conducta de la red de personas involucradas en el tránsito internacional del chino para trabajar irregularmente en Brasil.

A pesar de las controversias en torno al encuadramiento penal del caso (lo que era necesario para instaurar una investigación policial), por no existir en el Código Penal brasileño el delito de trata de personas con fines de explotación laboral (existe sólo cuando es con fines de explotación sexual), el chino fue insertado en el Programa de Protección a Testigos a partir de un oficio enviado por el Ministerio Público de Trabajo, solicitando su ingreso “dados los indicios de la existencia de trata internacional de personas” y “en función de la grave situación de vulnerabilidad de la víctima, ya que además de no poseer documento, el extranjero no hablaba portugués y no tenía condiciones, por el momento, de mantenerse en Brasil con recursos propios”, según los términos del documento. La inserción en el programa fue garantizada también por el hecho de existir indicios de que el chino estaría siendo amenazado por estar dispuesto a contribuir con las investigaciones penales.

En la Policía Federal, algunas autoridades que se manifestaron sobre este caso por medio de documentos determinaron la verificación de una posible ocurrencia del delito de trata internacional de personas con fines de trabajo esclavo. El comisario responsable por la instauración de la investigación alegaba la imposibilidad de aplicar la definición del Protocolo de Palermo, puesto que el encuadramiento penal de la trata de personas en Brasil se limitaba a la finalidad de la explotación sexual, como lo prevé el artículo 231 del Código Penal. De esa manera, la alternativa sería encuadrar el caso en el delito de reducción a la condición análoga a la de esclavo (ya procesado y condenado en la Justicia Estadual, lo que constituiría un bis in idem)[222] o asociarlo a las infracciones de ingreso irregular de extranjeros y ocultación de extranjeros en situación irregular, definidas en el artículo 125 del Estatuto del Extranjero (art. 125 del CPB).

Como víctima de la trata de personas, el chino podría obtener una visa de permanencia, como está previsto en la resolución 93 de CNIg, como llegó a señalarse desde una comisaría. Como inmigrante irregular que fue sometido a trabajo esclavo no fue deportado inmediatamente por estar, provisoriamente, bajo la tutela del Estado en condición de testigo protegido dentro de una investigación en curso en un proceso penal. Hubo un comisario que sugirió que también había indicios del delito de falsedad ideológica (art. 299 del CPB), en ocasión de su paso por el punto de control inmigratorio, ya que el chino declaró estar viajando como turista, aunque ya sabía que el motivo era diferente. Esta conducta se imputaría a quien hasta ese momento había sido considerado víctima o migrante irregular, con lo cual pasaría a ser considerado también un posible delincuente. Más importante que saber cuáles clasificaciones y procedimientos se adoptaron en este caso en especial es percibir que todas las posibilidades mencionadas pudieron tenerse en cuenta.

Consideraciones finales

Prestando particular atención a cómo las instancias del Estado y gubernamentales y, en particular, las policías en los dos países estudiados accionan y dotan de sentido la noción de víctima, mostramos cómo esa noción se activa en el ámbito de una disputa sobre quién puede (o merece) ser encuadrado en esa categoría. Las políticas contemporáneas antitrata han sido asociadas a una creciente vigilancia de las fronteras internacionales, entendidas como una estrategia gubernamental de combate al crimen organizado y a la invasión de migrantes indeseables o indocumentados. Sin embargo, los preconceptos, las nociones y las prácticas de gestión relacionados con la trata de personas no pueden ser plenamente comprendidos si no se los piensa también con relación al proceso más amplio de expansión y fortalecimiento de la razón humanitaria como forma de gobierno transnacional, en la cual la victimización se tornó un instrumento de intervención que frecuentemente viola los derechos humanos pero, simultáneamente, se convirtió en la alternativa que resta para que algunos migrantes puedan reivindicar derechos en los Estados-nación (Fassin, 2011).

Aunque ancladas en definiciones distintas y hasta contradictorias, la multiplicidad de prácticas de gobierno emprendidas por diferentes países, instituciones y agentes comprendidos en la gestión de la problemática de la trata de personas son articuladaa en los informes producidos por los niveles más elevados de las burocracias nacionales e internacionales, lo que genera un efecto de unidad y coherencia. De esta manera, un conjunto heterogéneo de intervenciones legales asociadas al combate de este delito se presentan y legitiman como parte de una estrategia global de intervención moral orientada a la defensa de los derechos humanos. Ese efecto se gesta por medio de la combinación estratégica de datos estadísticos constituidos a partir de procedimientos administrativos diversificados y de la espectacularidad de imágenes ejemplares que se aproximan a las representaciones idealizadas sobre la trata de personas como grave violación a los derechos humanos y como forma contemporánea de “esclavitud en el mundo globalizado”.

Esa estrategia ha garantizado la eficacia de la trata de personas como artefacto político, moral y mediático a escala global, pues despierta el sentimiento de compasión capaz de movilizar a un colectivo en torno de la causa (Boltanski, 1993). Sin embargo, ha resultado ineficaz como categoría administrativa y penal, dado que las víctimas no se identifican como tales. Los gestores públicos que actúan en el combate de la trata de personas en diferentes partes del mundo son absolutamente conscientes de ese dato, y justamente lo señalan como el principal desafío del problema, ya que las personas técnicamente consideradas víctimas de la trata no denuncian a los delincuentes ni acceden a los aparatos estatales orientados a su atención y protección. Con eso, parecen contrariar los efectos esperados por agentes y aparatos administrativos tutelares, que buscan proteger a poblaciones llamadas “vulnerables” por medio –entre otros mecanismos– de su fijación en posiciones geográficas y socialmente delimitadas en territorios construidos e imaginados como nacionales (Souza Lima, 1995, 2002).

En la literatura sobre la trata de personas es recurrente esa idea de que las víctimas no se autodeclaran víctimas, y a ese fenómeno se le atribuyen diferentes explicaciones, incluida la idea del desconocimiento de que la situación en la que se encuentran constituye un delito sobre ellas mismas (Piscitelli, 2013). Una de las maneras de defender este argumento es a través de la articulación entre el concepto de vulnerabilidad y la incapacidad o “vicio” del consentimiento (Castilho, 2013; Lowenkron, 2013). Esa interpretación ha sido frecuentemente adoptada por los principales gestores de las políticas de combate a la trata de personas. De acuerdo con ese modelo de entendimiento, adultas y adultos son representadas y tratadas como sujetos infantilizados, es decir, como menores incapaces de administrar sus propias vidas y cuerpos. El supuesto es que las personas no son libres, pero sí económicamente coaccionadas a prostituirse, a migrar y a disponer de su propia dignidad.

Frente a esa supuesta incapacidad de autogobierno surge la necesidad de tutela del Estado, es decir, de control en nombre de su protección (Ausserer, 2007), el que se traduce, en el país de origen, menos en oferta de oportunidades y alternativas más atrayentes que en una “pedagogía de los lugares ciertos” (Souza Lima, 2002) orientada a la “sedentarización de pueblos errantes” (Souza Lima, 1995) y, en los países de destino, en formas de “rescate” y “salvación” que frecuentemente se traducen en encarcelamiento o deportación de las personas técnicamente consideradas víctimas de la trata, incluso cuando ellas mismas no se reconocen como tales y no quieren ser rescatadas (Kempadoo, 2005).

Otra manera de interpretar ese mismo fenómeno es comprender el rechazo de las personas técnicamente consideradas víctimas a ser identificadas como tales, no tanto por una incapacidad e irracionalidad, sino por un proceso de resistencia activa, por parte de esas personas, al poder tutelar del Estado, es decir, a modos de intervención que, de maneras distintas y con efectos diferentes según los países, las retratan como víctimas pasivas del crimen organizado transnacional. Sin embargo, ese retrato no garantiza el reconocimiento y el acceso a derechos. Con frecuencia, por el contrario, sujeta a los inmigrantes al miedo y a medidas como la deportación, que “apagan sus ideas, acciones y aspiraciones y amenazan sus proyectos de migración y de movilidad social” (Piscitelli, 2013: 60).

En Brasil, esa percepción es compartida por la policía que actúa en la primera línea operativa de ese combate criminal, que reconoce que generalmente la vida de la persona que es “víctima de la trata” mejora y que por eso no entregan a la “red” de trata. Otra hipótesis interesante planteada por uno de los policías para explicar por qué las supuestas víctimas no contribuyen con las investigaciones, “negando todo”, es que, tal vez, ellas no confíen en la policía. Ese discurso acciona una especie de sociología estructural de desconfianza, ampliamente difundida en el cuerpo social, según la cual los aparatos estatales (especialmente la policía) parecen no corresponder a las expectativas,  los intereses y las necesidades de los márgenes o de los “administrados”, lo que revela la falencia representacional del Estado en constituirse a sí mismo como “centro ideal de la administración y de la gobernabilidad” (Teixeira y Souza Lima, 2010). En ese sentido, creemos que “la posibilidad de que las personas consideradas víctimas de ese delito se reconozcan como tales se ampliará solamente cuando las políticas orientadas hacia ellas privilegien la defensa de sus derechos” (Piscitelli, 2011: 24).

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Las autoras y los autores

Deborah Daich. Doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es miembro de la Carrera de Investigador Científico del Conicet con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialidad son la antropología feminista, la antropología jurídica y los estudios de género y mercado sexual. Es docente del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Forma parte de la Colectiva de Antropólogas Feministas, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Ha compilado el libro I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista y publicó diversos artículos en libros y en revistas nacionales y extranjeras.

Marta Lamas. Etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesora-investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Forma parte del comité editorial de Antropología del FCE y es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, del Consejo Económico y Social de la ciudad de México y de la Asamblea Consultiva del Conapred. Es autora de cuatro libros y compiladora de otros tres. Su libro más reciente es Cuerpo, sexo y política. Ha publicado más de cuarenta ensayos. Ha recibido el premio a la trayectoria periodística del PEN Club (2010), el premio a la lucha contra la discriminación del Conapred (2011) y el premio Amalia Solórzano a la trayectoria política del Centro Lázaro Cárdenas (2012).

Laura Lowenkron. Doctora en Antropología Social por el Museu Nacional-Universidad Federal do Río de Janeiro, posdoctoranda en el Núcleo de Estudos de Gênero PAGU de la Universidad Estatal de Campinas y becaria de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ha trabajado en el campo de la antropología urbana y sociedades complejas, la antropología de las emociones y de la moralidad, los estudios de género y sexualidad, y las etnografías de las formas de regulación social y de las prácticas políticas, jurídicas y administrativas estatales. En los últimos años, sus investigaciones, realizadas en la arena política brasileña y en la Policía Federal, se centraron en la violencia sexual contra niños, pedofilia y trata de personas. Es autora de O monstro contemporâneo: a construção social da pedofilia em múltiplos planos y de varios artículos en revistas científicas y compilaciones nacionales e internacionales.

José Miguel Nieto Olivar. Comunicador social y magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Antropología Social por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul e investigador posdoctoral en el Núcleo de Estudos de Gênero PAGU de la Universidade Estadual de Campinas, donde es investigador colaborador. Es integrante de la Corporación para la Investigación-Acción en Sociedad, Salud y Cultura de Bogotá. Sus áreas de actuación son los estudios de sexualidad, género, derechos, arenas políticas, familia y violencia, con profundización en las dinámicas sociales y las políticas de la prostitución y los mercados del sexo. Ha trabajado en procesos de investigación e intervención social en Colombia y Brasil, y participa activamente de procesos políticos liderados por trabajadoras sexuales.

Adriana Piscitelli. Antropóloga y feminista, es investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico y de la Universidade Estadual de Campinas, donde es profesora del área de género del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Coordinadora Asociada del Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Desde finales de la década de 1990 estudia la integración de Brasil en los mercados transnacionales del sexo. Es autora de los libros Jóias de Família, gênero e parentesco em grupos empresariais brasileiros ligados a famílias y Trânsitos, brasileiras nos mercados transnacionais do sexo, y compiladora de los volúmenes Gênero, sexo, amor e dinheiro: mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil (con Glaucia Oliveira Assis y José Miguel Nieto Olivar), Sexualidades e Saberes, Convencões e Fronteiras (con Maria Filomena Gregori y Sérgio Carrara), además de organizadora de diversos números de Cadernos PAGU, entre ellos Mercado do Sexo (2005) y Gênero no tráfico de pessoas (2008, con Márcia Vasconcelos).

Cristiana Schettini. Doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas. Es miembro de la Carrera de Investigador Científico del Conicet con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Sus áreas de especialidad son la historia de la prostitución en Brasil y en la Argentina, y la historia social y cultural del mundo del trabajo con perspectiva de género. Es autora de Que Tenhas Teu Corpo. Uma historia social da prostituicao no Río de Janeiro das primeiras décadas republicanas (Premio Arquivo Nacional, Brasil, 2006) y autora de diversos artículos sobre la temática en revistas nacionales y extranjeras.

Mariana Sirimarco. Doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Carrera de Investigador Científico del Conicet con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialidad son la formación y socialización policial y los estudios de masculinidad, cuerpo y emoción. Es autora de De civil a policía. Una etnografía del proceso de incorporación a la institución policial y compiladora del libro Estudiar la policía. La mirada de las ciencias sociales sobre la institución policial. Publicó, además, artículos y ensayos en revistas nacionales y extranjeras. Fue becaria de posgrado e investigadora visitante en la Universidade Federal Fluminense de Niterói, la Freie Universität Berlin y el Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín.

Cecilia Varela. Doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Carrera de Investigador Científico del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialidad son la antropología jurídica y los estudios de género y comercio sexual. Se desempeña como docente en la asignatura Antropología Sistemática I y Psicología General (FFYL-UBA) y en seminarios de grado y posgrado. Publicó artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre políticas y percepciones de seguridad urbana, la campaña antitrata en la Argentina y los procesos judiciales por trata de personas.

[1] Uso indistintamente el término Distrito Federal o ciudad de México.

[2] Comunicación personal, 1998.

[3] Los franciscanos Andrés de Olmos, Toribio de Benavente (Motolinía), Alonso de Molina, Bernardino de Sahagún, Gerónimo de Mendieta y Juan de Torquemada, así como los dominicos Bartolomé de las Casas y Diego Durán (Dávalos López, 2002).

[4] Los recogimientos eran espacios donde se daba cabida a mujeres solas, sin padre ni marido que las mantuviesen, algunas de ellas mujeres públicas “arrepentidas” (Muriel, 1974).

[5] El Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 1940 publicó el ordenamiento jurídico que abolía la reglamentación de la prostitución en el territorio mexicano, y que entró en vigor el 9 de abril del mismo año.

[6] Uruchurtu gobernó el DF durante el mandato de tres presidentes: Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Luego de catorce años de ininterrumpido mando, en 1966 se vio obligado a renunciar debido a fuertes presiones en su contra.

[7] Existen antecedentes históricos de ciertas movilizaciones por arbitrariedades, como la huelga por el alza de los alquileres en el barrio de La Huaca, Puerto de Veracruz, en 1922.

[8] Según sus propias palabras, se llaman “brigada” porque hacen promoción, capacitación o cabildeo, trabajando en grupos operativos pequeños; “callejera” porque el contacto lo realizan en la calle; “en apoyo” porque se solidarizan con personas que viven situaciones de discriminación. “A la mujer”, porque el trabajo de acompañamiento activo que realizan está dirigido a mujeres trabajadoras sexuales, indígenas y migrantes. Y finalmente retoman el nombre de “Elisa Martínez”, porque así recuerdan a una compañera fallecida por sida y –con ello– hacen un reconocimiento a las trabajadoras sexuales que han muerto por esa causa, que han sido asesinadas o que han padecido todo tipo de discriminación por ser mujeres, por trabajar en el sexo y por haber sido infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana.

[9] Encuentro Nacional I y Encuentro Nacional II en la Iglesia de la Soledad, DF; III y IV en un hotel del DF; V en un hotel de Querétaro; VI en un hotel de Guadalajara; VII en un hospedaje del DIF de Ixhuatlancillo; VIII en un convento en Morelia; IX en un hotel del DF; X en un hotel de Guadalajara; XI en un hotel del DF; XII en un hotel de Apizaco; XIII, XIV y XV en un hotel del DF; XVI y XVII en los altos de la tienda El Encanto del Condón del DF.

[10] Algunas cuestiones debatidas y promovidas son las críticas a la aplicación de las directrices internacionales de sida y derechos humanos, en especial el cuestionamiento, por su carácter discriminatorio del control sanitario de trabajadoras sexuales tanto varones como mujeres. También se han coordinado campañas de prevención del VIH-sida y de movilización contra la explotación sexual infantil y la trata. Se acordó también la adhesión de la Red Mexicana de Trabajo Sexual a la VI Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y se constituyó el Observatorio Nacional del Trabajo Sexual en México. Asimismo, se realizó un informe sobre la operación de “padrotes” (proxenetas) de Tenancingo, Tlaxcala, en varios estados de la república. Los encuentros han sido foros de denuncia de cómo la policía judicial usa la presencia de condón como prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas, de campañas de limpieza social de trabajadoras sexuales, de la pretensión de instalar zonas de tolerancia, de los femicidios de trabajadoras sexuales en el marco de la guerra contra el narcotráfico. En ellos se analiza la situación de las trabajadoras sexuales y los avances, límites y ambigüedades de la normatividad en materia de trata (Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, de 2012) (Madrid, Montejo y Madrid, 2014).

[11] El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal dice textualmente que, “para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o moral un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios la relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo” (art. 2°).

[12] Algunas de ellas, integrantes de la Cooperativa de Trabajadoras Sexuales Mujeres Libres Sociedad Cooperativa Limitada, fundada en 2000.

[13] Todo el caso mencionado de aquí en adelante corresponde al expediente 112/13, del 31 de enero de 2014, con la sentencia de la jueza Villegas Sánchez Cordero y puede consultarse en http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/NuevoJuicioAmparo_Act/Docs/Tema1/112.2013.pdf.

[14] Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, su dinámica y su problemática son distintas. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres, y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para tener una idea de lo que dicen las propias trabajadoras sexuales, véanse Delacoste y Alexander (1987), Pheterson (1989) y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin (2011).

[15] Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también se desempeñan así.

[16] Este debate se ha centrado en si se deben permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros y también la prostitución (Madhok, Phillips y Wilson, 2013).

[17] Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. A quienes luchamos por la despenalización de esta práctica no nos parece que sea lo mejor, ni proponemos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores que la regulación elimina.

[18] No desarrollo aquí lo fundamental, que es la regulación para enfrentar los riesgos sanitarios que tiene el comercio sexual. Baste señalar que es indispensable descriminalizar el comercio sexual para tener una estrategia exitosa de combate al VIH-sida, como quedó ampliamente evidenciado en la XX Conferencia Internacional del Sida 2014. Véase http://www.aids2014.org/declaration.aspx. Una argumentación sustentada en investigación se encuentra en Gruskin, Williams y Ferguson (2014).

[19] Los especialistas en tráfico de personas sostienen que son muchísimas más las personas traficadas para trabajo doméstico o maquila que para trabajo sexual (Chang, 2013).

[20] En México no está prohibido “prostituirse”, sino sacar provecho de la prostitución de otras personas, o sea, el lenocinio, hoy reformulado como trata.

[21] El Código Penal no castiga la prostitución, pero en la última reforma (2007) se copió la ambigua definición de la Declaración de Palermo sobre explotación sexual y no hay claridad sobre si ciertas formas de organización del trabajo pueden ser consideradas trata o lenocinio. No queda claro qué se entiende, en el sistema capitalista, por explotación. ¿O acaso las demás trabajadoras no son explotadas?

[22] El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica que analiza la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Al acotar su reflexión al comercio sexual, Bernstein no analiza otros aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío. Para un panorama más amplio, véase Wacquant (2010).

[23] Respecto del pánico moral, Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto del cambiante papel de las mujeres y de los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué está tapando hoy el espectro de la trata?

[24] Me refiero en particular al escándalo de las jóvenes inglesas encontradas en un burdel belga a fines de 1870 que tuvo un rol fundamental en moldear el pánico moral sobre tráfico de mujeres en las décadas siguientes (Chaumont, 1911).

[25] La última frase acompaña las observaciones de este autor en Howell (2011).

[26] La oposición entre las medidas regulacionistas adoptadas en Buenos Aires y la postura formalmente abolicionista adoptada en Río de Janeiro es significativa de las limitaciones de la oposición entre reglamentaristas y abolicionistas. En ambos casos, aunque respaldados por marcos normativos distintos, las fuerzas policiales fueron protagonistas de un violento proceso de concentración del comercio sexual en algunas zonas centrales de la ciudad (Schettini, 2006; Guy, 1994).

[27] Sobre las dificultades para la aprobación de la ordenanza, véase Schettini (2014).

[28] “La vigilancia de la moral pública, la acertada educación del Pueblo, la higiene, el embellecimiento de la ciudad, el buen servicio de los hospitales, cementerios, etc., son otras tantas atribuciones de la Municipalidad, cuya atención no puede consagrarse definitivamente por razones financieras”, Memorias de la Comisión Municipal al Vecindario de Buenos Aires, 1875, p. 223.

[29] Memorias de la Comisión, 1875, p. 223.

[30] Al menos ésta era la expectativa de un voluntario para trabajar como inspector municipal especial de casas de prostitución en 1877, quien ofreció sus servicios a cambio del 30% de las multas que lograra recaudar. Archivo del Instituto Histórico de la Municipalidad (AIHM) 19-1877, 12 de marzo de 1877.

[31] Actas del Concejo Municipal, 14 de junio de 1871, en Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, La vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires: guía de inquilinatos, 1856-1887, 2007, p. 42.

[32] Ordenanza reglamentaria de la prostitución. Municipalidad de Buenos Aires, Actas del Concejo Deliberante, 5 de enero de 1875.

[33] “Manual de procedimientos”, Memoria del Departamento de Policia de la Capital (Diciembre de 1880 a Mayo de 1881), Establecimiento Tipográfico de La Pampa, Buenos Aires, 1881, p. 317.

[34] AIHM 26-1884, 8 de mayo de 1884.

[35] AIHM 99-1886, 8 de abril de 1886.

[36] AIHM 18-1876, 6 de febrero de 1876. Para la práctica de los procedimientos para lograr casas licenciadas, véase Schettini (2014).

[37] AIHM 22-1878, 4 de febrero de 1878.

[38] AIHM 22-1878, 15 de noviembre de 1878 y 16 de noviembre de 1878.

[39] Un ejemplo puede ser encontrado en AIHM 22-1878, 1 de febrero de 1878. Cuando vecinos de una casa en la calle Temple (actual Viamonte) al 300 se quejaron del movimiento de hombres, el inspector municipal defendió a la mujer.

[40] AIHM 30-1875, 29 de marzo de 1875.

[41] AIHM 30-1875, 21 de abril de 1875.

[42] AIHM 18-1876, 3 de marzo de 1876.

[43] AIHM 18-1876, 28 de octubre de 1876.

[44] Memoria del Departamento de Policía de la Capital (Diciembre de 1880 a Mayo de 1881), Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico de La Pampa, 1881, p. 42.

[45] Ídem, p. 187.

[46] Ídem, p. 188.

[47] AIHM 18-1876, 16 de marzo de 1876.

[48] AIHM 22-1878, 11 de abril de 1878.

[49] AIHM 26-1884, 22 de octubre de 1884.

[50] AIHM 26-1884, 16 de marzo de 1876.

[51] AIHM 22-1878, 1 de febrero de 1878.

[52] AIHM 42-1885, 22 de septiembre de 1885.

[53] AIHM 26-1884, 5 de marzo de 1884.

[54] Estos argumentos aparecen en varias correspondencias entre 1884 y 1885, y son sistematizados por Albert (1885).

[55] AIHM 42-1885, 12 de noviembre de 1885.

[56] AIHM 99-1886, 4 de octubre de 1886.

[57] AIHM 130-1887, 7 de julio de 1887.

[58] “El Puente de los Suspiros”, El Puente de los Suspiros, año I, N° 1, en “Sumario contra el autor de los impresos del diario «El Puente de los Suspiros»”, Legajo E, N° 2, Tribunal Criminal, Archivo General de la Nación.

* Otra versión de este trabajo puede encontrarse en Daich y Sirimarco, “Policías y prostitutas: el control territorial en clave de género”, Publicar, año XII, N° XVII, 2014, pp. 27-45.

[59] Así, los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal de la Nación sancionan la facilitación de la prostitución ajena y la explotación de la prostitución ajena considerando distintos agravantes. Por su parte, la ley 12.331 prohíbe el establecimiento de locales o casas donde se ejerza la prostitución y sanciona a quienes administren, regenteen o sostengan casas de tolerancia (arts. 15 y 17).

[60] Como el ejercicio de la prostitución suele verse entretejido con otras relaciones que sí configuran delitos, esta situación precaria –en la que se enlazan actividades legítimas e ilegales– coloca a las mujeres en condiciones de clandestinidad y a la policía en una posición privilegiada para convertirse en “socio y árbitro de los negocios criminales” (Sain, 2010).

[61] Para una discusión sobre la derogación de los edictos policiales y el surgimiento del Código Contravencional véanse, por ejemplo, Tiscornia, Sarrabayrouse Oliveira y Eilbaum (2004) y Pita (2003).

[62] Según el compendio estadístico 2008-2010 del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, durante ese período ingresaron en el sistema judicial de la ciudad 15.086 legajos por infracción al artículo 81. Así, señala el mencionado informe, se trata de la segunda conducta contravencional con mayor cantidad de ingresos registrados en el período, cuestión que habla a las claras de una conducta perseguida por la policía en su propia producción de estadísticas como medida de eficacia (Daich, 2012). Ello es así porque de esa gran cantidad de legajos ingresados, la mayoría será archivada por las unidades fiscales y sólo unas pocas causas contravencionales seguirán la vía judicial.

[63] Véase, por ejemplo, el informe sobre códigos contravencionales y de faltas de la Federación Argentina LGBT: http://www.lgbt.org.ar/archivos/codigos_contravencionalesyfaltas.pdf.

[64] Para mayor profundización sobre este punto y sobre la relación entre moral individual y moralidad pública, véase Sirimarco (2014).

[65] Esta vinculación ha sido trabajada anteriormente. Para profundizar en ella, véase Daich y Sirimarco (2012).

[66] Últimamente, además, trabajadoras sexuales han denunciado que en la ciudad de Buenos Aires los policías cobran coimas a los clientes de la prostitución para no labrarles el acta contravencional por “demanda de sexo en la vía pública”.

[67] Desde una perspectiva teórica de la performatividad, el género es un efecto discursivo y el sexo es a su vez un efecto del género. Es decir, género es también el medio discursi-
vo y cultural a través del que el sexo natural es producido y establecido como prediscursivo o como anterior a la cultura. De aquí que esta perspectiva desafíe y supere conceptualizaciones estáticas de la identidad de género.

[68] Utilizamos “prostitución” y “prostitutas” como términos generales que engloban distintas actividades del mercado sexual así como diversas identidades políticas, como “trabajadoras sexuales” y “mujeres en situación de prostitución”.

[69] Sin desconocer que el mercado sexual es un mercado claramente generizado donde las personas en prostitución son mayoritariamente mujeres, travestis y transgéneros (y quienes consumen sus servicios son mayoritariamente varones), en este trabajo particular nos enfocamos sólo en las relaciones entre mujeres en prostitución y policías varones. Existen, desde ya, policías mujeres que también intervienen en el control de la prostitución, aunque esta línea de investigación –que habilita otras reflexiones en torno a las relaciones de género y poder– queda por fuera de este trabajo puntual. Asimismo, vale aclarar que abordaremos únicamente las relaciones entre mujeres que ofrecen sexo comercial en la calle y los agentes policiales, y no las que puedan darse entre estos últimos y las personas que ofrecen sexo comercial puertas adentro.

[70] Las normativas diferenciales existentes entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, así como las existentes en distintos períodos en la ciudad, no invalidan el abordaje conjunto de sus realidades, en tanto el objetivo pasa por delimitar una problemática de análisis característica no de una geografía ni una unidad temporal puntual sino de una realidad social determinada.

[71] Refiere a un punto fijo del espacio público asignado al personal policial para que lleve adelante sus tareas de vigilancia.

[72] El control policial como voluntad de poder o imposición se constituye no sólo en acciones como las amenazas, las agresiones o los insultos sino también en el cobro de cánones. Las coimas forman parte habitual del control y la gestión policial de los ilegalismos, y el ejercicio de la prostitución no escapa a esa rutina institucional. Muchas de las mujeres que ejercen la prostitución en las calles se ven obligadas a pagar sistemáticamente dinero a los policías de la comisaría del barrio o a policías de las brigadas, mientras que otras se niegan o se organizan colectivamente para no ceder a estas demandas. Si bien no desconocemos este tipo de prácticas, optamos por no abordarlas en este trabajo puesto que no aportan específicamente a desarmar los scripts de género involucrados en las interacciones que importan.

[73] El sujeto policial no debe entenderse, necesariamente, como un cuerpo individual y real, sino como un cuerpo institucional. Esto es, como una metáfora que liga los cuerpos de los sujetos con el cuerpo político (Hoberman, 1988). Por ello mismo, hablar de un sujeto masculino implica hacer referencia a policías reales. La masculinidad debe ser entendida, antes bien, como un cuerpo ideal vehiculizado por representaciones institucionales, donde lo que se pretende es que el policía se piense según los términos que consiente la estructuración grupal de la realidad (Sirimarco, 2009).

[74] Aunque en el caso tratado la actuación de la masculinidad está ligada a los varones, es claro que esto no implica una relación obligatoria. Anudar como términos intercambiables la masculinidad y el ser varón opaca la comprensión de las modalidades de actuación de lo genérico, al equipararlo (y confundirlo) con lo anatómico. Identificar la masculinidad con el comportamiento de los hombres implica soslayar el hecho de que ésta se produce por y a través de cuerpos –en su acepción física– tanto de hombres como de mujeres (Halberstam, 2002; Segato, 2003; Sirimarco, 2009).

[75] La distinción entre relaciones de sometimiento y de cercanía implica, es claro, una separación analítica. Los diferentes modos de relacionamiento no aluden necesariamente a diversos protagonistas, sino a diversidad de contextos y situaciones.

[76] Un “pase” refiere a un intercambio pactado de dinero por un servicio sexual determinado.

[77] No desconocemos las discusiones actuales respecto de los sutiles límites entre algunos tipos de piropos y el acoso sexual, pero no abordaremos este punto específico en el presente trabajo.

[78] A diferencia del concepto de prostitución, el de mercado sexual permite dar cuenta de la existencia de la oferta y de la demanda, así como de un ámbito más amplio que contiene diversos arreglos y trabajos sexuales: “alterne”, prostitución callejera, sexo telefónico, industria porno, servicios sadomasoquistas, strip-tease, turismo sexual, etc. También contempla las distintas formas de inserción incluyendo aquellas en las que puede no haber un contrato explícito de sexo por dinero (Piscitelli, 2005).

[79] De aquí que este tipo de acciones sean, en principio, pasibles de ser encontradas en los intercambios y las negociaciones que otros sujetos objetos del control policial –vendedoras ambulantes, “manteras”, jóvenes en situación de calle, etc.– llevan adelante.

* Una primera versión de este artículo fue presentada en la segunda versión del conversatorio “Usos y sentidos contemporáneos sobre lo público”, realizado en Bogotá en marzo de 2014 y organizado por el Grupo de Antropología Social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh) y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco a todas las personas participantes de este encuentro por los comentarios enriquecedores. Particularmente, a Margarita Chaves del icanh por la cuidadosa lectura y a Fidelia Suárez de Asmubuli por la confianza y el apoyo.

[80] Anteriormente llamado “Del proxenetismo”, fue modificado por la ley 1.329 de 2009, cuyo objeto era dictar “otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”. Vale destacar, entonces, que la noción de “explotación sexual”, anteriormente restringida a la descripción del comercio sexual con menores de dieciocho años, viene siendo extendida políticamente como concepto marco para legislar penalmente sobre prostitución. En Brasil está sucediendo algo semejante también a partir de 2009, lo que puede indicar una tendencia regional; sin embargo, en ese caso, prostituição es una “forma de exploração sexual”. Véanse http://jurimprudencias.com y http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388.

[81] Corte Constitucional, sentencia C-636/2009, “Inducción a la prostitución: finalidad legítima de su tipificación” (mi subrayado). Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-636-09.htm.

[82] Véase Concepto, Corte Constitucional, 2009.

[83] Disponible en http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/normatividad/DECRETOS/Codigo-Policia-Colombia.pdf.

[84] “Dotacional”, en este sentido de planeamiento territorial, se refiere a usos, suelos, equipamientos y territorios destinados a intereses o servicios públicos prioritarios –como vivienda, salud y educación, entre otros– y que, en esta lógica, excluyen a los servicios sexuales y eróticos.

[85] Véase http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-629-10.htm. También dos comentarios sobre esta sentencia en Arango (2010) y Olivar (2010).

[86] Se lee en este convenio: la “prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad” (sentencia C-636/2009).

[87] Véase The New York Times, en http://www.nytimes.com/2012/04/19/world/americas/colombian-escort-speaks-about-secret-service-scandal.html?pagewanted=2&_r=5&ref=world; <http://www.youtube.com/watch?v=_Q5hMcZ3z3k>. ; <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/audio-343677-entrevista-dania-concedio-w-parte-i>.

[88] Audio de la entrevista disponible en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/audio-343677-entrevista-dania-concedio-w-parte-i.

[89] Véase http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/con-ley-pretenden-reglamentar-la-prostitucion-75553.

[90] Véase http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=69&p_consec=35122.

[91] Véase http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=79&p_consec=37470.

[92] Véase, por ejemplo, Juliano (2002, 2006).

[93] Son ellas Gloria Inés Ramírez Ríos (Polo Democrático Alternativo), Teresita García Romero (Integración Nacional) y Astrid Sánchez Montes de Occa (Partido Social de la Unidad Nacional). Véase http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=79&p_consec=37970.

[94] Éstas pueden ser consultadas en el texto del informe: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=79&p_consec=37970.

[95] Lo que debe esperarse es el correcto acompañamiento por parte de los órganos de salud para que la persona infectada (trabajadora sexual o no) pueda tener una vida sexual, laboral y afectiva tranquila y placentera sin sufrir “reinfección” y sin poner en riesgo la vida y la salud de otras personas. Véase por ejemplo la Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids de Brasil (http://www.aids.gov.br/pagina/direitos-fundamentais). También http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/1%20cartilla%20DH%20personas%20viven%20VIH%20sida.pdf, y http://www.profamilia.org.co/vih/sida/?module=articulos&i=10.

[96] Véase http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=79&p_consec=38640.

[97] Organizaciones como la Rede Brasileira de Prostitutas, que reúne un número variable y significativo de organizaciones locales (más de treinta en 2010), militantes y asesores, o la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y del Caribe, que agrupa organizaciones nacionales de la región (y de la cual Brasil no forma parte), se han constituido en importantes agentes políticos en las discusiones sobre derechos humanos, trata, VIH-sida, violencia policial y migración internacional, entre otras. Sus enfoques se diferencian en muchos aspectos, pero mantienen una importante unidad en la lucha por derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Estos grupos también han sido importantes agentes en la producción de conocimiento sobre el trabajo sexual/prostitución. Organizaciones que forman parte de estas redes están afiliadas también a Network for Sex Work Projects (NSWP), red global de organizaciones de trabajadoras sexuales y de organizaciones de apoyo que reivindican el reconocimiento laboral y la garantía de derechos para estas trabajadoras. Véanse Leite (2009), Olivar (2013a), entre otros. También http://www.redeprostitutas.org.br/, http://www.redtrasex.org/, http://www.beijodarua.com.br, http://www.nswp.org.

[98] Fidelia Suárez, entrevista en El primer café, canal Capital, 17 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=bhwLiXQ4u6k.

[99] Fidelia me cuenta un antecedente directo: el foro Hablemos de Prostitución, organizado por el Programa de Adultez de la Oficina de Bienestar Social de la Alcaldía de Bogotá en 2010, en el cual ella habló en representación de la Asociación frente a más de mil personas, incluyendo autoridades gubernamentales y al entonces presidente de la Corte Constitucional, autor de la sentencia T629 de 2010.

[100] Sobre la “industria de rescate”, véanse Agustín (2007), Doezema (2010) y Cheng (2013).

[101] Sobre prostitución y conflicto armado en Colombia, véanse Olivar (2008), Olivar y Pacheco (2012), Olivar (2013b) y Ávila (2014).

[102] Incluso, es importante pensar que “el condón”, y por tanto toda una política de prevención de ETS/VIH, se convierte también en un asunto de policía y es operado por el Estado como una moneda de intercambio en la negociación legal-comercial.

[103] Véase http://www.youtube.com/watch?v=_Q5hMcZ3z3k.

[104] En otros lugares me refiero a esto con más atención (Olivar, 2008, 2013b). “Paraco/a” es un nombre usado en Colombia para referirse a personas, cualidades o cosas pertenecientes o asociadas a los grupos paramilitares. “Desmovilizados” es una categoria reciente surgida a partir de una política nacional de desmovilización de los grupos armados ilegales (que benefició particularmente a los paramilitares) en el marco de discursividades de “posconflicto”, que nomina y señala a los supuestos ex combatientes que, también supuestamente, se desmovilizaron: dejaron las armas y los vínculos con los grupos y las actividades ilícitas.

[105] La prostitución, para serlo, debe ser “publicada”. Esto es, en la tradición moderna de “lo público” y de la “esfera pública”, debe ser transformada en eventos de conocimiento público y en un problema público (de salud pública, de orden público). Sólo mediante su transformación en materia pública determinadas prácticas y relaciones, determinados sujetos, son objetos de prostitución. Para reflexiones mayores acerca de “prostitución” desde estas perspectivas, véanse, entre otros, Pheterson (1996), Juliano (2006, 2002), Olivar (2013a). Existe una extensa bibliografía que de maneras diversas discute la relativa excepcionalidad de la prostitución y la coloca en relación con otras formas de articulación entre sexo, afectos, dineros, bienes y conyugalidades. Véanse, por ejemplo, Hunter (2002, 2010), Zelizer (2005), Cabezas (2009), Constable (2009), Piscitelli (2009, 2011, 2013) y Hurtado (2011).

[106] En ese sentido, véase Martínez y Rodríguez (2002).

[107] Sobre moralidades, pasiones y humanitarismo en formas de gubernamentalidades, véanse Goodwin, Jasper y Polletta (2001) y Fassin (2011).

[108] Así, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual sienta las bases para la designación en 1994 de una Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer. La Organización de los Estados Americanos aprueba en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

[109] Seguimos aquí a Agustín (2005): la etiqueta “sexo comercial” sirve para comprender un amplio rango de intercambios de bienes comerciales y servicios que poseen un elemento erótico o sexual. Mientras algunos de estos intercambios son etiquetados como “prostitución”, otros no lo son. Así, este último término puede resultar en ocasiones conceptualmente impreciso, remitiendo más bien al estigma asociado a determinados intercambios de sexo por bienes económicos (Pheterson, 2013; Juliano, 2002). A su vez, su uso invisibiliza la diversidad de estos intercambios a la vez que oscurece la compresión respecto de la existencia de un mercado constituido por el juego de la oferta y la demanda de servicios sexuales (Agustín, 2005; Piscitelli, 2013).

[110] Para la Argentina, un ejemplo significativo del progresivo establecimiento de este corsé en los medios de comunicación es el decálogo propuesto por la red Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR) para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, cuya publicación fue financiada por la Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación. Éste sostiene que “al realizar una cobertura periodística sobre prostitución o trata de personas no utilizaremos las expresiones «servicio sexual», «trabajo sexual», «trabajadora sexual» ni «trabajadora del sexo», sino «víctima de explotación sexual» o «víctima de trata de personas». Así, el documento no admite la posibilidad de nombrar formas de oferta de servicios sexuales que se despliegan en el mercado, como la oferta autónoma de servicios sexuales, y desestima las formas a través de las cuales –local y globalmente– un conjunto de mujeres definen sus experiencias con relación al sexo comercial, esto es, como un trabajo y su autorrepresentación, es decir, como trabajadoras sexuales (Justo von Lurzer, 2013).

[111] Véase Chesler y Hughes (2004). Donna Hughes es una reconocida activista antitrata norteamericana que ha participado de la elaboración del informe de la CATW Sex Trafficking in the US, junto con Janice Raymond. En el artículo mencionado las autoras plantean que el feminismo del siglo XXI debe abandonar su alianza con la izquierda liberal, la cual en el pasado se había mostrado reacia a adoptar una política antipornografía por considerarla inconsistente con la libertad de expresión (garantizada por la primera enmienda) y acercarse a los grupos religiosos, que pueden proveer un “sistema legal y ético que beneficie a las mujeres” y se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la trata sexual.

[112] La calificación 1 comprendería a los países cuyos gobiernos cumplen plenamente los estándares fijados por la Trafficking Victims Protection Act. En la calificación 2 se ubicarían aquellos países que no cumplen plenamente los estándares fijados, pero que se encuentran haciendo “esfuerzos considerables” para alcanzarlos. La “lista de vigilancia de nivel 2” agruparía a aquellos países que, en situación similar a la descripta precedentemente, presentan un número significativo (o en aumento) de víctimas de “trata severa” o no han intensificado sus esfuerzos para combatir este delito respecto del año anterior. El nivel 3 incluye a los países que no cumplen con las normas mínimas y no realizan esfuerzos para cumplirlas.

[113] Bureau of Public Affairs, The link between prostitution and sex trafficking, noviembre de 2004. Disponible en http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/rls/38790.htm.

[114] Human Trafficking HIV/AIDS, and the Sex Sector, Center for Health and Gender Equity, Washington College or Law, 2010, p. 28, mi traducción.

[115] Ídem.

[116] Fundada en 1994 por Laura Lederer, prominente activista del movimiento antiprostitución y principal articuladora de la alianza con las organizaciones religiosas que impulsó la ley de trata norteamericana. Lederer fue integrante de Women Against Violence in Pornography and Media en los años 70 y, convertida recientemente al cristianismo evangélico, trabajó durante el gobierno de George Bush (h.) como asesora para los temas de trata de personas para el Departamento de Estado (Bernstein, 2010).

[117] G.W. Bush, Combating trafficking in persons, Nacional Security Presidencial Directive, n. 22, 2003.

[118] Para el bienio 2005-2007 la Trafficking Victim Protection Act Reauthorization de 2005 previó financiamiento para la lucha contra la trata de personas por 361 millones de dólares.

[119] “Brasil refuses US AIDS Funds, rejects conditions”, The Wall Street Journal, 2 de mayo de 2005. Disponible en http://online.wsj.com/article/0,,SB111498611657721646,00.html

[120] Véase Human Trafficking HIV/AIDS, and the Sex Sector.

[121] Por ejemplo, la organización International Justice Mission propone a sus integrantes actuar como “agentes encubiertos”, presentándose como clientes, para investigar burdeles en el mundo en articulación con las agencias penales locales. Esta organización se presenta como un organismo de derechos humanos y está integrada por grupos evangelistas (Bernstein, 2010).

[122] Discurso de George W. Bush en la Asamblea de Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2003. Disponible en http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/usaeng030923.htm.

[123] Bureau of Public Affairs, The link between prostitution and sex trafficking, 2 de noviembre de 2004. Disponible en http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/rls/38790.htm.

[124] Human Trafficking. Better Data, Strategy, and Reporting Needed to Enhance U.S. Antitrafficckin Efforts Abroad, GAO, 2006.

[125] Los otros dos debatidos fueron el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.

[126] Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, 1949.

[127] Las once sesiones a través de las cuales se negoció el Protocolo comprendieron reuniones informales y formales desde enero de 1999 hasta octubre de 2000. Los integrantes de las ONG pudieron presenciar y escuchar mediante traducción simultánea las reuniones formales como observadores. Si bien no se encontraban autorizados para intervenir en los debates entre los representantes de las distintas delegaciones nacionales, podían adjuntar documentos para la discusión. Se agregaron sesiones informales ante la falta de acuerdos respecto de la definición de “trata” y estuvieron abocadas a clarificar el lenguaje que estaba siendo utilizado (Doezema, 2010).

[128] La llamada Ley Palacios fue propuesta por el legislador socialista Alfredo Palacios y sancionada en 1913. Fue la primera normativa que penalizó en el continente americano la explotación de la prostitución ajena. En 1936 se sancionó la ley 12.331, llamada Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas, que prohíbe la existencia de locales para el ejercicio de la prostitución y castiga a las personas que regenteen o posean estos establecimientos.

[129] El borrador fue elaborado por funcionarios del área de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y la Cancillería durante 1999. De acuerdo con las entrevistas realizadas a activistas y funcionarios gubernamentales, en la redacción de este texto no tuvieron participación las organizaciones del movimiento feminista local. Las formas bajo las cuales encontramos en la actualidad diversas modalidades de consulta y articulación con las organizaciones de la sociedad civil, y específicamente con el movimiento de mujeres, a los fines de elaborar instrumentos normativos, no predominaban por aquel entonces. En ese marco, el borrador es un producto cuya elaboración recayó fundamentalmente en las dependencias gubernamentales mencionadas.

[130] Examen de instrumentos jurídicos internacionales contra la trata de mujeres y niños. A/AC.254/8.

[131] El debate sobre el requisito de engaño o violencia para definir una situación de trata se desplazó hacia las cuestiones relativas al consentimiento. Así, en la última sesión (XI) el borrador presentado intentó –infructuosamente– conciliar las dos posturas proponiendo una definición de trata que incluía: 1) una serie de condiciones bajo las cuales debía producirse la captación, el traslado y la acogida (uso de la fuerza, coacción, engaño, abuso de poder), y 2) el enunciado “independientemente del consentimiento de la persona”.

[132] Entrevistas realizadas a funcionarios gubernamentales con responsabilidades en el desarrollo de políticas antitrata, funcionarios de Cancillería que participaron de las negociaciones de la Convención y activistas locales con conexiones en los espacios transnacionales.

[133] Para un análisis de las iniciativas de visibilización durante el período 2001-2005, véase Varela (2012). El trabajo de Brennan (2014) analiza también las trayectorias de las migrantes dominicanas retornadas desde la Argentina a República Dominicana a través de un programa de la OIM e indaga en las condiciones que hicieron posibles que heterogéneas situaciones migratorias y laborales fueran etiquetadas como “trata” de personas por el gobierno argentino y la OIM en ese período inicial.

[134] Marita Verón es una joven tucumana que fue secuestrada en abril de 2002 mientras se dirigía a realizar un control médico. Su madre, Susana Trimarco, emprendió su búsqueda y los primeros indicios apuntaron a una red de prostíbulos riojanos conectados con los poderes políticos locales. En el marco de la causa se realizaron allanamientos en varios prostíbulos –dentro y fuera de La Rioja–, en los que fueron encontradas mujeres que ejercían la prostitución, varias de las cuales dijeron encontrarse en contra de su voluntad.

[135] “Telenoche investiga” fue inicialmente una sección del programa de noticias Telenoche, que incorporaba por primera vez en la Argentina la cámara oculta como forma de denuncia. Entre 2000 y 2003 el ciclo fue emitido bajo el formato de programa autónomo.

[136] Vidas robadas fue emitida por el canal de aire Telefé desde marzo hasta octubre de 2008. La telenovela cuenta la historia de una joven secuestrada por una red de explotación sexual y los esfuerzos de su madre por rescatarla, trazando así paralelismos con el caso de Marita Verón. Tuvo gran repercusión y fue declarada de interés por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y el Congreso de la Nación.

[137] Para un análisis del programa y, específicamente, del involucramiento de los familiares en él, véase Pita (2010).

[138] Boletín Oficial, N° 30.747, 27 de septiembre de 2005.

[139] Secretaria de Estado de Estados Unidos entre 2005 y 2009.

[140] La Asociación Civil Casa del Encuentro se fundó en 2003. Durante sus primeros años desarrolló acciones por la visibilidad lésbica y acompañó diversas iniciativas contra la violencia de género. A partir de 2007 comenzó a desarrollar públicamente acciones tendientes a la visibilización del delito de trata de personas

[141] Página 12, 4 de abril de 2007. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-82768-2007-04-04.html.

[142] El Trafficking in Persons Report de 2004 incluye, por primera vez, una evaluación de la problemática de trata de personas en la Argentina, y le asigna a nuestro país la calificación 2. Allí se describe a la Argentina como un país de destino para la trata con fines de explotación sexual y laboral desde Bolivia, Brasil y República Dominicana, y se recomienda la adopción de una política integral para el combate de la trata. En ausencia de una legislación que tipifique el delito de trata de personas, el informe recomienda reforzar la aplicación de las leyes contra la explotación sexual y el trabajo forzoso. Se destaca también la ausencia de una política de asistencia a las víctimas y la falta de capacitación de los operadores de agencias estatales para su identificación.

[143] Los informes se denominaron Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina (2003) y Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina, Chile y Uruguay (2007). El informe presentado en marzo de 2007 se basa en un estudio cualitativo de cuarenta y cinco expedientes judiciales por delitos conexos (al no encontrarse la trata tipificada como delito, se utilizan expedientes por promoción de la prostitución o corrupción de menores), entrevistas a víctimas y a un reclutador-regente. Si bien el informe evita el debate sobre el estatuto de la prostitución y destaca las múltiples complejidades en torno a la cuestión del consentimiento, sostiene implícitamente una distinción entre prostitución forzada y libre, y etiqueta como situaciones de “trata” a aquellas que provienen del engaño y el secuestro.

[144] Sobre la base de las experiencias previas de intervenciones en casos de trata se institucionalizó ese mismo año el Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas (AVOT), que tenía como objetivo la protección, el retorno y la reintegración de las víctimas.

[145] El Programa de Actualización para la Lucha contra la Trata en la Argentina se llevó adelante en distintas fases: 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009.

[146] En junio de 2005 se difunden los resultados del Trafficking in Persons Report del Departamento de Estado correspondiente a ese año, que continúa ubicando a nuestro país en la categoría 2 y lo considera un país de destino. Si bien se destacan algunos “esfuerzos” del gobierno (como la designación de la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración Nacional, Ofavi, como punto focal y el desarrollo de la campaña del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, CDNNYA), se señalan las carencias en cuanto a una “legislación integral para la lucha contra la trata” y la falta de avances en la aprobación por parte del Congreso Nacional de un proyecto de ley orientado a la asistencia y protección de las víctimas de trata de personas.

[147] El Trafficking in Persons Report de 2006 sigue caracterizando a la Argentina como un país de destino para la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral, y se indica un predominio de la trata “interna” desde zonas rurales a las urbanas vinculada a la prostitución. La baja de la calificación es atribuida especialmente a la ausencia de esfuerzos en los procesos judiciales. El informe rescata positivamente la presentación de un proyecto de ley sobre la lucha contra la trata en agosto de 2005 y las acciones de sensibilización realizadas con funcionarios provinciales y municipales, y señala falencias en los dispositivos de identificación y asistencia a las víctimas. Las recomendaciones sostienen que el gobierno nacional debería trabajar junto al Congreso para lograr la sanción de una ley antitrata, incrementar los esfuerzos para enjuiciar a los tratantes, ofrecer mayor capacitación a los funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad y trabajar articuladamente con las ONG para aumentar la concientización de la opinión pública. En el informe del Departamento de Estado correspondiente a 2007 la Argentina pasa a ser considerada un país de origen, tránsito y destino para la trata vinculada a la explotación sexual y trabajo forzado, pero no se señalan los motivos para el cambio de caracterización. Nuevamente se marca un predominio de la trata interna relacionada con la prostitución. El informe consigna un aumento de los casos informados de trata de personas, aunque no puede determinar si esto obedecería a una mayor conciencia del fenómeno o a un aumento de los migrantes vulnerables al tráfico. Así, el informe continúa ubicando a la Argentina en la “lista 2 de vigilancia” debido a la ausencia de esfuerzos para combatir la trata de personas, y destaca en particular la falta de avance de los proyectos legislativos presentados en el Congreso.

[148] Así, pocos meses después de la presentación del TIP Report de 2005, la Ofavi presenta al procurador un proyecto de ley de “Represión de la trata y tráfico de personas y delitos conexos y asistencia a sus víctimas”. Éste es hecho propio por el senador radical Jorge Agundez, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, e ingresa de este modo para su trámite parlamentario en el Senado de la Nación en agosto (2.948/05). Este proyecto definía el delito de trata de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Palermo y preveía la puesta en marcha de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las víctimas de trata en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, retomando para ello el proyecto presentado por la diputada María Elena Barbagelatta en 2004. Durante 2006, desde el bloque oficialista Frente para la Victoria se presentan cuatro proyectos más con el objeto de tipificar bajo una figura específica el delito de trata de personas y establecer los derechos que asistían a las víctimas de este delito. Por la vía del Senado ingresan los proyectos de María Cristina Perceval y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner (2.083/06), el senador Jorge Capitanich (10/06) y la senadora Haydée Giri (2.557/06), y en la Cámara de Diputados entra uno presentado por la diputada Stella Maris Córdoba (5.835/06).

[149] Me refiero fundamentalmente a la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM), que integra la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” y a Sara Torres (actualmente CATW).

[150] En primer lugar desde ATEM, cuyas integrantes formalizan la posición en diversas ponencias (Fontenla, 2006; Fontenla y Belloti, 2007). Distintos actores (gubernamentales y no gubernamentales) involucrados en el proceso de elaboración de la problemática coinciden en señalar que en varias reuniones formales e informales que tuvieron lugar en ese período, desde esta organización surgieron las primeras críticas a la cuestión del consentimiento. También era la posición de la CATW argentina, en sintonía con las críticas que esta organización había realizado en diversas instancias supranacionales.

[151] En ocasiones el número es mucho más preciso y se habla de 476 mujeres desaparecidas en redes de trata (CIMAC noticias, 16 de marzo de 2007, en http://www.cimacnoticias.com.mx/site/07031606-Argentina-en-2006.16909.0.html; El Parlamentario, 14 de marzo de 2008, en http://parlamentario.com/articulo-2046.html; Infobae, 24 de septiembre de 10, en http://www.infobae.com/notas/538242-Las-desaparecidas-de-la-Argentina.html; Las Juanas, cuadernillo de trabajo “Construyendo prevención”, en http://es.scribd.com/doc/23303652/cuadernillo-trata, Informe 2007, Fundación El Otro, en http://filatina.wordpress.com/2009/03/23/fundacion-el-otro-para-evitar-la-esclavitud-wwwelotroorgar/). Susana Trimarco también adjudica el número de 476 mujeres desaparecidas en redes de prostitución a la OIM a través de una entrevista en Clarín. Disponible en http://edant.clarin.com/suplementos/mujer/2007/06/05/m-01432083.htm.

[152] El delito aún no se hallaba tipificado en nuestro Código Penal, pero OIM contaba con un protocolo según el cual definía la asistencia.

[153] Por el secuestro de Fernanda, producido en julio de 2004, fueron solicitados 2.000 pesos que fueron pagados por su padre, pero Fernanda nunca fue liberada ni encontrada posteriormente. Si bien la imputada, Mirta Chávez, reconoció rápidamente su participación e implicó a su marido –Miguel Lencina– en el secuestro y homicidio, éste rechazó las acusaciones y apareció ahorcado en la celda en la que se encontraba detenido. El caso suma misterios, ya que a pesar de los datos que proporcionó la condenada nunca pudo encontrarse el cuerpo de Fernanda.

[154] Florencia Penacchi era una joven de clase media, estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que desapareció en marzo de 2005, y hasta hoy no se han encontrado pistas sobre su paradero. El caso fue presentado en los medios de comunicación como un potencial caso de trata en 2007 (Kejner, 2012).

[155] El rumor se tornó especialmente intenso en 2011 a través de cadenas de mails y comunicados de las organizaciones estudiantiles de la Facultad de Psicología. Pronto se extendió al conurbano bonaerense donde algunos vecinos se movilizaron y la cuestión se tornó objeto de debate en las escuelas. La por entonces diputada Fernanda Gil Lozano difundió un comunicado alertando sobre la presencia de la camioneta en la ciudad de Buenos Aires. La proliferación de los rumores desencadenó incluso una desmentida por parte de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien afirmó que se trataba de “versiones inquietantes que no se ajustan a la realidad”. Sin embargo, el mito de la Trafic blanca se extendió al resto del país, y pueden rastrearse relatos y denuncias sobre la camioneta en varias provincias. Así, el pánico frente a la desaparición-trata se articula con una vieja leyenda urbana de los años 90 según la cual una Trafic blanca secuestraba niños para extraer y comercializar sus órganos. Los rumores truculentos respecto del “tráfico de órganos” presentan características globales y proliferan desde fines de 1980 (Scheper-Hughes, 1996).

[156] Informes anuales del Registro Nacional de Personas menores extraviadas, 2007, 2008, 2009, 2010.

[157] Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina, Chile y Uruguay, Organización Internacional para las Migraciones, 2006.

[158] Ley 25.087 (7 de mayo de 1999). Esta ley redenominó los delitos contra la honestidad como delitos contra la integridad sexual. Los medios comisivos previstos en el caso de explotación de la prostitución ajena son “engaño”, “abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o poder”, “violencia”, “amenaza y cualquier otro medio de intimidación o coerción” (en el caso en que la víctima resultase menor éstos funcionan como agravantes).

[159] Sin embargo, el ejercicio de la prostitución era considerado una de las inhabilitaciones absolutas para el ingreso o la permanencia en el país (Reglamento Migratorio, decreto 1.023/94) hasta 2004 en el que se suspendieron las expulsiones de migrantes de países limítrofes (disposición 2.079 de la Dirección Nacional de Migraciones).

[160] La red No a la Trata había sido impulsada en 2004 por Mujeres en Igualdad (MEI), organización del movimiento de mujeres con vínculos internacionales. Este grupo se organizó a través de una lista de intercambio electrónico y fue integrado inicialmente por organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones del movimiento de mujeres con el objetivo de intercambiar información e instalar el tema en la agenda pública. La red virtual fue coordinada por MEI hasta marzo de 2005 mediante financiamiento de la Embajada de Canadá. Continúa funcionando hasta el día de hoy como un espacio de intercambio de información organizado por integrantes de la CATW a nivel nacional.

[161] El término es de cuño jurídico y remite a las circunstancias bajo las cuales una acción es considerada delito.

[162] Estas organizaciones no provienen de lo que hemos denominado el “abolicionismo histórico” en la Argentina. La Fundación La Alameda se presenta como ONG en diciembre de 2007. Esta organización había tenido gran actividad en la lucha contra el “trabajo esclavo” en la industria de la indumentaria. A partir de 2008 comienzan a abordar la problemática de la trata con fines de comercio sexual. Así, organizan varios escraches a prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires, y también cámaras ocultas en estos lugares (las cuales se divulgan en programas de investigación periodística, tanto en su canal como en YouTube) y presentan denuncias judiciales. La Fundación El Otro es una ONG constituida en 1990 que aborda un variopinto abanico de temáticas como “la participación ciudadana en los asuntos públicos, el ejercicio de los derechos ciudadanos y la responsabilidad social”. La Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT) es una red de organizaciones no gubernamentales de varias provincias constituida en 2006, que se planteaba aunar esfuerzos para erradicar la trata, el tráfico y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

[163] El escrache es una forma de protesta política creada a mediados de la década del 90 en la Argentina por la agrupación de derechos humanos Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), con el objeto de denunciar a los represores de la última dictadura militar, indultados por el gobierno de Carlos Menem. El escrache constituía una acción directa mediante la cual un grupo de militantes se dirigía al domicilio de quien resultara objeto de la denuncia entonando cánticos, realizando performances y repartiendo volantes, con el objeto de concientizar a la población acerca de la cercanía de la presencia de un represor.

[164] Sonia Sánchez es una feminista argentina, fundadora de Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR)-Capital, actualmente alejada de esta organización. María Galindo es una feminista boliviana, integrante de la organización Mujeres Creando. Juntas escribieron el libro Ninguna mujer nace para puta, una crítica de la prostitución y el sistema prostituyente como forma de violencia contra las mujeres. Con relación a los eventos mencionados, sólo la propia Sonia Sanchez repudió públicamente la sobreexposición a la que habían sido expuestas las mujeres que ofrecían servicios sexuales en el lugar y el tipo de interpelación propuesta hacia ellas. En una nota publicada en el periódico La Vaca, Sonia Sánchez interpela a uno de los activistas de La Alameda de la siguiente manera: “Esa frase [golpea con el dedo índice la hoja de Clarín que muestra la frase «Ninguna mujer nace para puta»], pintada por un grupo anarquista […] vaciada de esa manera… Cuando vos me hablás de trata, no me estás diciendo nada. Estás hablando como en Hollywood, me estás hablando como una ONG, y para mí son parásitos que viven del otro o de la otra. Este libro y esta frase costaron mucho porque esta frase nació de una puta, no para interpelar a otra puta”. Disponible en http://lavaca.org/notas/la-soledad-de-la-puta/. Consulta: junio de 2012.

[165] La Coalición Cívica era un grupo integrado por partidos políticos de distinta procedencia y organizaciones sociales y presidido por Elisa Carrió. Si bien en líneas generales esta alianza puede ser caracterizada como de centroderecha, coexisten allí dirigentes que provienen de una tradición de izquierda. Una de las singularidades de este espacio es su activa política de inclusión de militantes feministas.

[166] Vilma Ibarra proviene del Frente País Solidario (Frepaso, coalición de partidos de centroizquierda formada en 1994 e integrada por peronistas disidentes del Partido Justicialista y socialistas). En 2001 asume como senadora de la ciudad de Buenos Aires por la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Luego de la crisis política de ese mismo año pasó a apoyar, a partir de 2003, al presidente Néstor Kirchner. En 2007 es elegida diputada por la ciudad de Buenos Aires. Desde su actividad parlamentaria impulsó proyectos vinculados a la agenda del movimiento feminista, como la despenalización del aborto. Es autora del proyecto de ley que finalmente dio lugar a la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010.

[167] Véase también, con relación a este punto, Brennan (2014), quien ha sugerido, a través de su análisis de las heterogéneas trayectorias migratorias de las retornadas a la República Dominicana desde la Argentina, que los gobiernos de República Dominicana y la Argentina utilizaron la identificación de estas mujeres como víctimas de trata a los fines de mejorar sus posiciones en los TIP Reports.

[168] En 1994, un grupo de mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad de Buenos Aires comenzó a reunirse con el objetivo de recuperar ciertos derechos básicos y de lograr la eliminación de las disposiciones por las cuales eran detenidas sistemáticamente por parte de las fuerzas de seguridad. Así surge la primera formación de Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR). En 1995, tras una iniciativa de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), las reuniones de este grupo de mujeres comienzan a tener lugar dentro de las oficinas de la central. En 2002 se produjo una fractura de la organización en dos grupos sostenidos por modalidades de autorrepresentación diferentes. El que permaneció dentro de la CTA consideraba la prostitución como “trabajo sexual” (conocido ahora como AMMAR-Nacional o AMMAR-CTA) y bregaba por la sindicalización. El grupo que no aceptaba la definición de la prostitución como “trabajo” se conforma más tarde, en 2006, como Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (conocida como AMMAR-Capital), y planteó como prioridad la demanda de políticas públicas que permitan la inclusión social de las “mujeres en situación de prostitución” a través de otro tipo de opciones laborales.

[169] Dos proyectos provenientes de fuerzas políticas diferentes propusieron penas de prisión para el consumo de servicios sexuales. El proyecto del senador por el Frente para la Victoria Aníbal Fernández alcanzaba sólo a los clientes de trata con fines de comercio sexual. El otro, más amplio en su conceptualización (penaba al que pagara “por el uso sexual de una persona”), fue presentado por la diputada Marcela Rodríguez, del bloque unipersonal Democracia Igualitaria y Participativa, cuyo mandato finalizó en diciembre de 2013.

[170] Proyecto de Andrés Larroque (6.943-D.-2013) que le da rango de ley al decreto 936/11 y amplía la prohibición sobre redes sociales y avisos publicados en internet.

[171] De acuerdo con los dichos de la presidenta de la ONG Mujeres como Vos, organización que inició esta actividad a finales de 2012, la llamaron Martes Rojos “porque la primera vez que se llevó a cabo fue un martes y rojos en alusión a las bolsas de residuos patológicos de los hospitales dado que es así como nos sentimos las mujeres, tratadas como descarte y objeto […] Hacemos esto por todas las mujeres víctimas de explotación sexual en el mundo, para no olvidar a Marita Verón y seguir ratificando nuestro compromiso diario contra este flagelo que ya dejó setecientas mujeres desaparecidas en la Argentina y miles más que potencialmente pueden estar envueltas en estas redes” (http://www.elmensajerodiario.com.ar/contenidos/martes-rojo-trata_31806.html).

Cabe señalar que las estadísticas respecto de las mujeres “desaparecidas” en manos de las redes de trata no son confiables (Varela, 2011, 2013a). Sin embargo, cifras alarmantes respecto de estas mujeres circulan continuamente en los medios masivos de comunicación generando un clima social de preocupación y temor. Hasta 2014 al menos, los medios de comunicación reproducían el número de setecientas mujeres desaparecidas secuestradas por redes de trata, dato ofrecido por la ONG La Casa del Encuentro. Este número no constituye una cifra oficial ni un dato confiable. Así, resulta un contraste llamativo que mientras los medios y algunas agrupaciones insisten con más de setecientas desaparecidas, la muestra Todas las mujeres presentes, organizada en abril de 2013 en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), reúna la historia de tan sólo once niñas y mujeres víctimas de redes de trata. Cabe mencionar, además, que no todas estas once tristes historias pueden vincularse fehacientemente con el delito de trata (o al menos no ha sido probado en sede judicial ni ha sido hipótesis de investigación judicial).

[172] Puede consultarse su página web: http://www.despegalo.com.ar/.

[173] Puede consultarse su página web: http://www.unproblemareal.com/.

[174] Puede consultarse su página web: http://campaniaabolicionista.blogspot.com.ar/.

[175] Dependiente de la Procuración General de la Nación. Actualmente Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

[176] En nuestro país, la trata de personas con fines de explotación sexual se instaló como problema en el debate y la agenda pública a partir de 2005. Como bien señala Varela (2013b: 43), “en articulación con los espacios del debate transnacional y supranacional se ha visto crecer con fuerza un movimiento antitrata local en el que confluyen sectores del feminismo y organizaciones de procedencia heterogénea”.

[177] Decreto 936/11: “Artículo 1º. Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres. Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente”.

[178] Partido político neoliberal y conservador al que pertenece el actual jefe de Gobierno de la ciudad.

[179] Véase, por ejemplo, Gregori (2003).

[180] BDSM es una sigla que refiere a una serie de prácticas: bondage (atar), disciplina, sadismo, masoquismo.

[181] En los últimos tiempos he venido trabajando sobre el control de la prostitución o, mejor dicho, sobre la experiencia de las trabajadoras sexuales acerca del control jurídico-policial y la violencia institucional. He reflexionado sobre las relaciones entre estas mujeres y los agentes de su control, así como sobre los discursos públicos respecto del sexo comercial, los que parecen estar alimentando cierto “pánico sexual” y tornándose insumos para políticas de control. Esta investigación, de corte etnográfico, ha formado parte del proyecto Foncyt PICT 2011-0420.

[182] Se trata de mujeres que ejercen el trabajo sexual, independientemente de que algunas se reconozcan como “trabajadoras sexuales” y otras no. Algunas de ellas se encontraban cercanas a AMMAR, otras no, y otras ni siquiera sabían de la existencia de esta última.

[183] “Pase” es la forma nativa de referirse a un servicio sexual determinado y su correspondiente retribución económica.

[184] Todos los nombres que figuran en este trabajo son ficticios.

[185] Véase, por ejemplo, Hubbard (2002).

[186] Agradezco al Banco de Imágenes Florian Paucke, del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, ya que sin su ayuda no hubiese podido obtener este recorte de El Orden.

[187] A partir de 1874, los burdeles y casas de tolerancia fueron autorizados en casi todas las ciudades y pueblos del país. Sugiere Donna Guy (1994: 66) que con la legalización de la prostitución femenina se buscaba controlar las “consecuencias sociales y médicas del comercio sexual”. Las mujeres que se avenían a ser registradas eran regenteadas por madamas, estaban sometidas a un control médico frecuente y podían ser arrestadas por la policía si su comportamiento y modos eran considerados ofensivos. Así, pronto la reglamentación permitió distinguir entre estas “mujeres públicas” y la población femenina en general, reservando y naturalizando para esta última las tareas de procreación, crianza de los hijos y cuidado del hogar (Grammático, 2000; Guy, 1994).

[188] Uso aquí el término “prostituta” antes que “trabajadora sexual” para respetar los modos de enunciación propios de la época.

[189] Véanse, por ejemplo, Sabsay (2010) y Tiscornia, Sarrabayrouse Oliveira y Eilbaum (2004).

[190] Protocolo Adicional a la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional relativo a la Prevención, Represión y Punición de la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños.

[191] En Barcelona, Madrid, Bilbao, Granada y Antequera.

[192] Comprendió la observación en espacios destinados a la oferta de esos servicios, en la calle, en “clubes de alterne” y en departamentos; entrevistas en profundidad a diecinueve mujeres y a cinco travestis brasileñas –trabajadoras del sexo–, a cinco clientes españoles, a cuatro propietarios de ambos sexos de establecimientos destinados a la prostitución, a veintiocho agentes vinculados a entidades de apoyo a migrantes y a trabajadores y trabajadoras del sexo, en los consulados de Brasil en Barcelona y en Madrid, en la Asociación Nacional de Clubes de Alterne (ANELA) en Barcelona y en la Comisaría de Extranjería en Madrid.

[193] El trabajo de campo comprendió entrevistas a la delegada jefa de la Unidad de Represión a la Trata de Personas, en el organismo central del Departamento de la Policía Federal, y a las coordinadoras del Combate a la Trata de Personas del Ministerio de Justicia, ambos en Brasilia, entrevistas y conversaciones informales con agentes, comisarios y notarios de la Policía Federal y observación participante en las actividades cotidianas de una comisaría (Comisaría de Defensa Institucional, DELINST) de la Superintendencia Regional de este organismo en Río de Janeiro, además de la consulta de doce investigaciones policiales instauradas para verificar, en tesis, el delito de trata de personas para fines de explotación sexual (art. 231 del Código Penal), que incluye a mujeres y travestis brasileñas, y de una investigación relacionada con el delito de reducción a condición análoga a la de esclavo (art. 149 del Código Penal) que involucraba a un extranjero (chino), supuestamente “víctima de la trata”.

[194] Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Análisis de situación y plan de acción, Ministerio del Interior, Gobierno de España, octubre de 2007. Disponible en http://www.google.com.br/search?sourceid=navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4DABR_pt-BRBR291BR291&q=plan+contra+la+trata+espa%c3%b1a. Consulta: 1 de agosto de 2011.

[195] En las reformulaciones de las leyes del Código Penal de 1995 referidas a la prostitución (art. 188.1), la obtención de ganancias a partir de la prostitución, incluso cuando es ejercida por mayores de edad que actúan de manera voluntaria, pasó a convertirse en un delito (Riopedre, 2010). Ese proceso confluyó con modificaciones en la Ley de Extranjería (art. 318 bis), que considera un delito favorecer la inmigración ilegal, con agravantes si la finalidad es la explotación sexual y si hay coacción, engaño, privación de la libertad o abuso de la condición de vulnerabilidad.

[196] 3/2000, del 11 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, art. 55, Boletín Oficial del Estado, N° 10, Gobierno de España, 12 de enero de 2000. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf. Consulta: 24 de julio de 2014.

[197] Esa incorporación se realizó en la modificación –ley– 4-2000[1], en julio de 2011.

[198] Según información de la Policía y de la Guardia Civil, en 2010 habrían sido identificadas 1.605 víctimas de la trata de personas, 92% mujeres y 93% de ellas extranjeras. Aproximadamente la mitad estaba en situación irregular en España, pero solamente 44 personas solicitaron el período de restablecimiento y reflexión. Véase “Sin la asistencia de las organizaciones y sin prensa. Firma del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de la Trata”, AmecoPress, Información para la Igualdad, 28 de octubre de 2011. Disponible en http://www.amecopress.net/spip.php?article8095, consulta: 24 de julio de 2014.

[199] Título VII bis, “De la trata de seres humanos”, artículo 177 bis.

[200] “España incumple el plazo europeo para legislar sobre la trata de personas”, El Diario, 22 de diciembre de 2013. Disponible en http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-incumple-europeo-legislar-trata_0_208579552.html. Consulta: 24 de julio de 2013.

[201] Disponible en http://genderjusticejournal.wordpress.com/2013/04/12/trata-de-personas-cambios-legislativos-y-su-implementacion-en-espana/. Consulta: 24 de julio de 2013.

[202] En términos de trata interna, dentro del país o doméstica, la principal preocupación estaba dirigida a la trata de personas asociada a la explotación sexual de niños y adolescentes.

[203] Esas inquietudes llevaron a que el gobierno brasileño realizara investigaciones orientadas a detectar violaciones de los derechos de brasileños y brasileñas en el exterior: Tráfico internacional de pessoas e tráfico de migrantes entre deportados(as) e não admitidos(as) que regressam ao Brasil via o aeroporto internacional de São Paulo, Brasilia, Secretaría Nacional de Justicia-Ministerio de Justicia-OIT, 2007, informe elaborado por Adriana Piscitelli; Pesquisa tri-nacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname, uma intervenção em rede, Belém, SODIREITOS/GAATWE REDLAC, 2008, Redacción del Informe Brasil: Lúcia Isabel da Conceição Silva e Marcel Theodoor Hazeau.

[204] “Casa de prostituição para coreanos é fechada em São Paulo. Dono foi preso em flagrante em operação conjunta da PM e da PF. Clientes e garotas de programa eram coreanos; mulheres estavam no Brasil como turistas”, O Globo, 29 de febrero de 2008. Disponible en http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL331891-5605,00ASA+DE+PROSTITUICAO+PARA+COREANOS+E+FECHADA+AM+SAO+PAULO.html. Consulta: 24 de julio de 2014.

[205] Artículo 7, I, II, III, IV, V, VI, VII. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Brasilia, Secretaría Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia, 2008.

[206] Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Secretaría Nacional de Justicia, Brasilia, Ministerio de Justicia, 2008.

[207] Línea Operativa 2, Integración y fortalecimiento de las políticas públicas, redes de atención, organizaciones para la prestación de servicios necesarios al combate a la trata de personas.

[208] II Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Brasilia, Secretaría Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia, 2013.

[209] Véase www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Oficio_nº_018_-_Petición sobre la I Comigrar_- MJ.pdf. Consulta: 24 de julio de 2013.

[210] Resolución CMOG 93, del 21 de diciembre de 2010.

[211] Información basada en una comunicación personal de un representante del Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), en junio y agosto de 2014, y en entrevistas realizadas en noviembre de 2012 con la jefa de la Unidad de Represión a la Trata de Personas del organismo central de la Policía Federal y con las coordinadoras del Combate a la Trata de Personas del CNJ/MJ, ambas en el contexto de la investigación “Género, fronteras y Estado: la construcción de la trata de personas en investigaciones y procesos policiales”, FAPESP (2012/11629-4), realizada por Laura Lowenkron bajo la supervisión de Adriana Piscitelli.

[212] Mensaje oficial (circular) de la Coordinación General de la Policía de Inmigración del Departamento de la Policía Federal que trata directamente con extranjeros, haciendo referencia a la resolución normativa Nº 93/2010 del CNIg, además del decreto sobre el acuerdo relativo a la residencia de los miembros del Mercosur (decreto 6. 975/2009). El 1 de abril de 2013 se envió un nuevo comunicado oficial para todas las unidades de la Policía Federal (PF), a partir del organismo central, con orientaciones relativas a la “referenciación de víctimas de la trata de personas encontradas en situación de vulnerabilidad”, citando el
II Plan Nacional de Combate contra la Trata de Personas (PNETP), la Policía Nacional, el Protocolo de Palermo y la Resolución del CNIg.

[213] Comunicación de un integrante de la ONG Instituto Brasileño de Innovaciones pro Sociedad (IBISS) a Adriana Piscitelli, mayo de 2013.

[214] Entrevista realizada por Laura Lowenkron, SNJ/M /Brasilia, 30 de noviembre de 2012.

[215] Como la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Delitos (UNODC) y la organización europea International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Uno de los más importantes financiadores de estos proyectos es la Comisión Europea, una de las principales instituciones de la Unión Europea. El reciente interés de esos financiadores en las fronteras brasileñas y las líneas de los proyectos que ellos apoyan sugieren, sin embargo, que está aumentando el interés en esas políticas en el ingreso de inmigrantes extranjeros.

[216] Mujeres en los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Realidades entre rejas, Women’s Link Worldwide, 2012.

[217] Informe basado en la declaración de una deportada brasileña atendida por la ONG Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (ASBRAD), en Guarulhos, 13 de junio de 2005. Agradecemos a Dalila Figueiredo haberme facilitado ese material.

[218] Se consultaron doce investigaciones relacionadas con el artículo 231. Solamente en dos de ellas fue posible configurar la materialidad y la autoría del delito. En el período que va de enero a julio de 2013 había un total de catorce investigaciones en curso sobre trata de personas para fines de explotación sexual (art. 231 del Código Penal) en la Comisaría de Defensa Institucional de la Policía Federal en Río de Janeiro, donde se realizó la investigación. En una conversación informal, la jefa de la Unidad de Represión a la Trata de Personas, situada en el organismo central de la Policía Federal en Brasilia, comentó con el delegado responsable de presidir esas investigaciones penales en Río de Janeiro que esa comisaría era en aquel momento la que reunía el mayor número de investigaciones en marcha sobre el tema en todo Brasil.

[219] Esas percepciones coinciden con las de dos brasileñas involucradas en el mercado del sexo en España (Piscitelli, 2013).

[220] Como una de las integrantes de la “banda” era brasileña y estaba en Brasil, hubo un exhorto para que fuera procesada y juzgada en Brasil por los delitos cometidos. Fue acusada en la Policía Federal brasileña por el delito de trata internacional de personas, previsto en el artículo 231 del Código Penal brasileño.

[221] El documento informa que la expulsión resulta en la prohibición de entrada al territorio español y también a Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Italia, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en virtud de lo previsto en el Acuerdo de Schengen.

[222] Repetición de una sanción por un mismo hecho, lo que está jurídicamente prohibido.