José Díaz Herrera

GARZÓN: JUEZ O PARTE

A Pepe, Pablo, Íñigo e Isabel.

Prólogo

La muerte de los jueces estrella

Cada vez que tenía que acudir a declarar a la Audiencia Nacional, Miguel Durán Campos, nacido en Azuaga (Bilbao), hijo de Rafael y Agustina, con domicilio en Sant Boi de Llobregat, acudía a la Fiscalía a llorarle sobre el hombro al fiscal jefe Eduardo Fungairiño Bringas.

—¿Por qué este hombre me tiene a mí imputado, si yo soy inocente de los hechos que me atribuye?

Ese hombre era el juez Baltasar Garzón Real, y Miguel Durán el presidente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en el procedimiento 262/1997 le atribuía, junto a otras ocho personas, 1 varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedades y delitos societarios por los que le pedían varias penas de dos años de prisión, hasta un total de casi nueve de cárcel. 2

Era cierto que Durán, uno de los empresarios de la etapa del pelotazo, había recibido 500 millones de pesetas el 12 de diciembre de 1992 de la sociedad Pléyade, propiedad de los empresarios pacenses Ángel Medrano Cuesta y Rafael Álvarez-Buiza Diego. 3 Era el pago que Gestevisión Telecinco debía a Promociones Calle Mayor, otra empresa de los empresarios de Badajoz, como pago por las gestiones realizadas para localizar estudios de televisión.

No se sabe por qué razón, porque el sumario tampoco lo explica, los quinientos millones fueron a parar a las manos de Miguel Durán Campos, de quien todo el mundo sabía por entonces que era ciego pero no tonto. Durán dedicó parte del dinero —95 millones de pesetas— a comprarse una casa en el elitista barrio de Conde de Orgaz. El resto, 405 millones, los ingresó en la cuenta corriente de su sociedad personal Dinv.

Meses antes, sin embargo, el juez Garzón había iniciado un sumario en el que acusaba a treinta y tres personas, que luego se quedaron reducidas a nueve, de un gigantesco fraude fiscal de varios cientos de miles de millones de pesetas en la gestión de Telecinco. También les acusó de delitos societarios y otros delitos instrumentales como falsificación de documentos, necesarios para cometer ese fraude.

Al tener conocimiento de que era perseguido por la justicia, Miguel Durán regularizó su situación personal y la de su empresa con la Agencia Tributaria, indicando que algunas cantidades que tenía declaradas como provisión de gastos eran realmente ingresos. También liquidó sus impuestos. Su situación con la Hacienda Pública era, por tanto, limpia y cristalina como el agua desde 1993.

—¿Por qué este tío me tiene inculpado a mí si soy inocente? —se quejaba a Fungairiño.

Durán, en realidad, tenía parte de razón. Preocupado además por su fama personal y por los titulares de los periódicos, el responsable del Juzgado Central de Instrucción había elaborado uno de sus macrosumarios con el objetivo casi exclusivo de meter en la cárcel al magnate Silvio Berlusconi, perseguido en Italia por delitos similares por sus compañeros de Mani Pulite. Si levantaba la inculpación al ex presidente de la ONCE, accionista mayoritaria durante un tiempo de Telecinco por medio de un tinglado de empresas interpuestas, el sumario se le venía abajo como un castillo de naipes.

Fue lo que ocurrió el 19 de abril de 2007. Tras un largo juicio que sólo sirvió para demostrar la endeblez investigadora del juez más famoso del mundo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Manuela Fernández Prado, Clara Bayarri García y Eustaquio de la Fuente González, absolvió a Miguel Durán y al resto de imputados de los delitos fiscales y de falsedad.

Los miles de millones de pesetas de IVA no devengado por los contratos suscritos entre los diversos socios para repartirse el negocio de la contratación de artistas, la captación de la publicidad y otras minucias, se quedó en nada, salvo que de la pieza separada para exigir responsabilidades a Silvio Berlusconi y sus hombres de confianza4 se deduzca lo contrario.

***

Todo empezó en las elecciones del 3 de marzo de 1996, cuando la coalición abertzale Herri Batasuna decidió prestar su espacio electoral para difundir una proclama de ETA a la sociedad vasca.

El fiscal general del Estado se querella contra el brazo político de ETA y Baltasar Garzón se encarga de instruir, deprisa y corriendo, un sumario imputando a los dirigentes abertzales un delito de colaboración con banda armada, antes de inhibirse a favor del Supremo al figurar entre los encausados cinco miembros del Parlamento de Navarra y Euskadi.

Aunque el ministerio público solicita para cada uno de los imputados seis años de cárcel, las posibilidades de una sentencia condenatoria eran poco probables. Sin embargo, la sentencia hecha pública el 1 de diciembre de 1997 marca un hito en la historia de la lucha contra ETA. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, siguiendo la tesis de Garzón, considera que los miembros de HB han cometido un delito de colaboración con banda armada «al ceder a una organización terrorista espacios gratuitos que le corresponden como formación política, con lo que han prestado su apoyo a ETA, que pretende dominar por el terror a la sociedad para imponer sus criterios de sinrazón y violencia».

Tras esta valoración de los hechos, en una sentencia de 138 folios, cuyo ponente había sido el magistrado Roberto García-Calvo, 5 condenaba a siete años de cárcel a los veintitrés miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna.

A la semana siguiente, por primera vez en la reciente historia de la España democrática, y probablemente en la de cualquier país de Europa occidental, todos los dirigentes de un partido político ingresaban en la cárcel.

La fuerte condena generó una oleada de protestas entre los sectores más próximos al nacionalismo radical vasco. «Ninguno de los sospechosos había cometido acto de violencia alguno, ni poseído o usado armas, ni mucho menos cometido ataques. Su crimen fue la distribución de un vídeo durante la campaña electoral. En el vídeo, miembros armados de ETA hablaban de una propuesta de paz», señaló el abogado belga Paul Bekaert. «Yo creo que todo ha sido pura invención y manipulación de Garzón, que es un juez que se lo inventa casi todo y se permite el lujo de dictar autos de prisión fabulados, dando por demostradas vinculaciones orgánicas entre diversos sectores de la sociedad vasca y ETA. Está claro que el vídeo era una propuesta de paz y no una amenaza a la sociedad. Difundiéndolo, HB estaba buscando una salida política y no terrorista a la cuestión vasca, hecho que el instructor de la Audiencia Nacional obvió», remachó el juez Joaquín Navarro Estevan.6

Casi dos años después, el 20 de julio de 1999, el Tribunal Constitucional aceptaba el recurso de amparo de los abogados de HB y revocaba la sentencia, con lo que los veintitrés dirigentes de Batasuna quedaron de inmediato en libertad. Aunque admite un delito de colaboración con banda armada, el Constitucional estima que, a la vista de los hechos que aparecen en la causa, la sentencia resultaba desproporcionada.

Pese a que la mayoría de los españoles consideraban que HB constituía el brazo político de la banda terrorista, la escasa y mala instrucción del juez de la Audiencia Nacional había jugado, una vez más, a favor de los asesinos de la paz en el País Vasco.

***

Años más tarde, por razones completamente diferentes, el empresario y político Nicolás López de Coca Fernández-Valencia sufría el mismo calvario tras un sumario abierto por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Los hechos arrancaban de un presunto fraude sobre las subvenciones para la plantación de lino en España, abonadas por la Unión Europea, que la izquierda y en especial el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, atribuía al entorno de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio.

Como responsable del Fondo de Español de Garantía Agraria, López de Coca tenía como misión establecer las directrices generales para el reparto de los fondos, labor encomendada a las comunidades autónomas. Sin embargo, a sus cincuenta y siete años, y de la noche a la mañana, se convirtió en el principal sospechoso de beneficiarse de las ayudas, que repartía con sus amigos.

El escándalo apareció en la prensa a mediados del año 1999 como la clásica maniobra política para desgastar al PP en las elecciones generales. Posteriormente derivó al Congreso de los Diputados, donde una comisión de investigación dictaminó que los responsables de distribuir las ayudas a la plantación de lino eran las comunidades autónomas y no el Gobierno central. 7

Visto así el panorama, para que no hubiera la menor duda sobre su gestión, el 12 de enero de 2001 la ministra Loyola de Palacio acudió a la Audiencia Nacional y formuló una denuncia, dejando los hechos en manos de los tribunales.

El asunto, como la mayoría de los casos que tienen proyección pública en los medios de comunicación, cayó casualmente en el juzgado de Baltasar Garzón. Tras acumular diversas diligencias instruidas en Zamora, Teruel y Valladolid, abrió las diligencias con el número 5/2001.

Pocos meses después, los acusados de cometer irregularidades en la denuncia de Loyola de Palacio, los responsables de la gestión de los fondos del lino en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la Junta de Castilla y León, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la Junta de Extremadura pasaban de acusados a acusadores.8 Y en el banquillo de los acusados aparecían un total de veinticuatro personas encabezadas por el ex subsecretario de Agricultura y presidente del Fondo de Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca. 9

A López de Coca el juez estrella le imputa primero un delito relacionado con las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. 10 Su abogado recurre a la sala, que le da la razón. A Garzón, sin embargo, no hay quien le eche un pulso, como se verá a lo largo de este libro. Veinticuatro horas después, le llama a su presencia.

—Ahora está inculpado de un delito de tráfico de influencias.

Tras este travestismo judicial con escasos precedentes en la justicia española pero bastante frecuente en la forma de instruir de Baltasar Garzón, el 8 de julio de 2004 se dio por concluido el sumario y se decretó la apertura de juicio oral. La mayoría de los imputados eran acusados de cometer un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa para la obtención indebida de fondos comunitarios.

Antes de empezar la vista propiamente dicha, en las cuestiones preliminares la sala decidió no enjuiciar a Nicolás López de Coca, que estaba artificialmente metido en el sumario por el juez instructor como hombre de confianza de Loyola de Palacio, y dedujo testimonio para que su caso fuera enjuiciado en los tribunales ordinarios.11

Después de ocho años inculpados, el 23 de abril de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaba la sentencia 49/2007 declarando inocentes a todos los acusados ante la falta absoluta de pruebas. «La profusa y continuada labor de investigación y control realizada por las comunidades autónomas para el abono de las subvenciones del lino hacía imposible el fraude. [Bastaba que el juez instructor] ahondara en los datos que poseían las distintas administraciones y los rigurosos controles establecidos para llegar a la conclusión, como ha llegado este tribunal, de que no ha habido ningún tipo de connivencia falsaria».

La sentencia representaba un descomunal varapalo a Baltasar Garzón, quien, si hubiera realizado bien su trabajo, no debería haber admitido ni siquiera a trámite el asunto. Ahí quedaban, sin embargo, sin resolver los problemas causados por el juez en numerosas familias.

«Es algo terrible. Bono y Garzón, con la ayuda del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, montaron toda una tramoya que después de ocho años de calvario se ha revelado falsa, un completo y absoluto montaje judicial. Bono salió en las elecciones autonómicas de 2003 con su máquina de picar carne, el Grupo Prisa prestó su machete mediático y Garzón puso la justicia al servicio del PSOE para montar toda una trama falsa. A mí me destrozaron la vida y a alguno de mis amigos este asunto le llevó a la tumba por un cáncer al no poder soportar la presión.12 ¿Quién le exige ahora responsabilidades a Garzón y lo sienta en el banquillo por el daño que nos ha hecho?».13

La reacción de Nicolás López de Coca, autor de la frase anterior, es tremenda. ¿Quién juzga al juzgador cuando se equivoca y causa daños irremediables entre los justiciables?

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Años atrás, a finales de la década de los noventa, se negó a admitir a trámite una querella de varios familiares de personas inocentes, asesinadas en Madrid, sin ningún tipo de juicio, en noviembre de 1936, durante la Guerra Civil.

El escrito iba dirigido contra el ex presidente del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo Solares, a quien en numerosos libros se le achaca su participación en las matanzas de Paracuellos del Jarama, como se cuenta en otra parte de este libro.

Ocho años después, una institución de carácter distinto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, dirigida por republicanos, socialistas y comunistas, presentaba un escrito similar en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

En el documento, registrado el 14 de diciembre de 2006, el letrado de la acusación particular pedía al juez Baltasar Garzón que se esclarecieran las muertes de dieciséis personas cometidas en Ponteareas (Pontevedra) durante la última contienda militar.

«Al no haberse hallado los cuerpos, se trata de personas desaparecidas y el caso no ha prescrito. Al tratarse, además, de delitos contra la humanidad, tipificados por los tribunales de Núremberg, el asunto podría ser investigado pese al tiempo pasado», señaló el letrado de la acusación particular.

El 6 de enero de 2007, el magistrado de la Audiencia Nacional admitía a trámite la denuncia, según informaba desde Pontevedra el diario progubernamental El País.

Con posterioridad, familiares de desaparecidos de Huelva, Cádiz y Sevilla pedían al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional que abriera un macrosumario «no sólo para castigar a los culpables sino para averiguar el paradero de los asesinados», según el letrado Fernando Magán.

«Hay 30.000 víctimas, la mayoría de las cuales fueron secuestradas después del golpe de Estado, que claman Justicia o al menos una reparación moral adecuada», añade el letrado, quien asegura haber tenido que recurrir a la vía judicial porque el resto de las instituciones públicas se han inhibido del problema.

Y es que el Congreso de los Diputados se niega a incluir en las listas de asesinados a aquellos que lo fueron por motivos religiosos, lo que obligaría a sacar a la luz a los once mil curas, frailes y monjas asesinados en el bando republicano, como piden PNV y CiU, hecho que no se quiere reconocer por los actuales mandamases, herederos de los partidos del Frente Popular.

Garzón, el juez que no se ha atrevido a procesar a Santiago Carrillo, uno de los pocos presuntos responsables de las «sacas» ocurridas en Madrid durante la guerra fratricida española, se sumaba así, antes de aprobarse, a la Ley de la Memoria Histórica.

Una particular forma, sin duda, de hacer Justicia.

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El viernes, 3 de noviembre de 2006, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, los hombres de Harrelson-Garzón irrumpían por sorpresa en las oficinas en España de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas, en la sociedad Cartera Meridional y en la aseguradora Cahispa.

«La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo como responsable de crear sociedades en el extranjero a las que se transferían los fondos que pretendían evitar el pago de impuestos en España», según informaba el Ministerio del Interior en una nota de prensa. Asimismo, implica al grupo asegurador Cahispa Seguros S. A. como responsable de la gestión de los fondos que estas sociedades transferían posteriormente a España. Las cantidades embargadas en la operación Suéter superan los 1.800 millones de euros.

De acuerdo con el comunicado, la trama económica tenía como finalidad ocultar el origen de importantes fondos depositados en cuentas corrientes e imposiciones a plazo fijo en entidades bancarias españolas. Los fondos eran sacados de España a través de un entramado de cuentas cuyos titulares eran sociedades tipo trust creadas en la isla portuguesa de Madeira y en otros países.

Posteriormente, desde estos países eran presumiblemente enviados a otras entidades bancarias situadas en el extranjero, para finalmente, a través de Luxemburgo, volver a entrar a entidades bancarias en España, pero ya a nombre de sociedades no residentes en nuestro país.

«Esta modalidad de evasión fiscal se estaría practicando al menos desde 2004 y fue detectada por la Agencia Tributaria tras analizar la documentación intervenida en una operación anterior, llevada a cabo por la Guardia Civil y la ONIF y dirigida por la Fiscalía Especial Anticorrupción», concluía el comunicado.

Al final, aclarados todos los extremos con los directivos de las entidades financieras, la pretendida investigación de blanqueo de capitales a gran escala que perseguía Baltasar Garzón se redujo a una operación de fuegos artificiales.

Tras doce horas de registros en Madrid y Barcelona y el chequeo de un centenar de ordenadores en las entidades bancarias, con agentes tomando todas las plantas, sótanos y hasta los aparcamientos de los directivos, los expertos en delitos económicos se limitaron a inmovilizar 7,23 millones de euros de un cliente en el banco Espirito Santo. En el Paribas ni siquiera eso. No había fondos opacos.

Cinco días después, el presidente del grupo portugués, Ricardo Espirito Santo Salgado, calificaba la intervención policial de «espectáculo mediático» y acusaba a Baltasar Garzón de cazar moscas a cañonazos. «Fue una intervención innecesaria», remacha Julio Andrade, de la misma entidad financiera.

Un par de meses después, con el archivo de la causa a Cartera Meridional y el desbloqueo de las cuentas corrientes, el caso se desinfla. En octubre de 2007, una operación en la que se emplearon más de cien guardias civiles y dos docenas de agentes fiscales se encuentra en el olvido judicial.

***

Los hechos narrados anteriormente se corresponden a cinco operaciones judiciales cogidas al azar, realizadas por el juez Baltasar Garzón Real, el magistrado más popular en España y con mayor prestigio en el extranjero.

Considerado como un hombre honrado y valiente hasta la temeridad por unos y un magistrado efectista y tocado por el pecado de la vanidad por otros, sobre su pasado, presente y futuro se han gastado ríos de tinta. Y se seguirán consumiendo.

En pocas ocasiones, sin embargo, se ha tratado de llegar hasta el fondo del personaje, a desentrañar su pasado, escudriñar sus decisiones y desmitificar su figura. ¿Es cierto que es un hombre íntegro, trabajador incansable, independiente y estudioso o todo ello es mera fachada para construirse una imagen de persona comprometida con su profesión y ascender en la escala social?

¿Sus acusaciones, especialmente las de los GAL, han estado marcadas por la necesaria neutralidad e imparcialidad que debe regir todo proceso judicial?

Para responder a estas preguntas el autor ha tenido que bucear en centenares de libros, sumarios, recortes de prensa, informes policiales y comisiones rogatorias; hablar con decenas de testigos, viajar a Nueva York —donde Garzón pasó quince meses becado por el Consejo General del Poder Judicial, con derecho a secretaria y todo—, y reconstruir su infancia y juventud hablando con sus vecinos de Torres (Jaén), Sevilla, Vitoria, Almería y otras localidades españolas.

El resultado de la investigación es el libro que tienen en sus manos, una obra voluminosa, cargada de datos, conversaciones y anécdotas, que les puede gustar o no, pero que, obviamente, no les va a dejar indiferentes.

Porque, pese a la falta de cultura y a las maneras de hombre tosco, chapucero y megalómano, como le definen muchos de sus compañeros, hay un individuo que en septiembre de 2007 fue definido en Nueva York como un «juez socialista», que pretende convertirse en el paladín de la Justicia Universal, de los derechos humanos y de una serie de valores que él y unos pocos izquierdistas pretenden patrimonializar en beneficio exclusivo de los suyos.

Aquí se narra también con todo tipo de detalles cómo es el autor de una controvertida investigación sobre el caso de los GAL, que algunos aseguran constituyó una cacería vengativa contra Felipe González cuando no logró sus objetivos en la política. Tras este fracaso abandonó los sumarios y se convirtió en el perseguidor implacable del torturador Augusto Pinochet (desdoblando un sumario para robar el que instruía el juez Manuel García Castellón), al que no logró encausar en ningún momento.

Sobre estos dos hitos básicos de su carrera, auténticos fracasos si se tiene en cuenta que los asesinos de veinticuatro de las veintinueve víctimas de los GAL siguen sin conocerse, y con la inestimable ayuda de la prensa, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha edificado su fulgurante ascensión a la cúspide de una cuestionable popularidad hasta tal punto que su nombre y primer apellido figuran nada menos que 650.000 veces en Google.

Los lectores que se adentren en su contenido descubrirán que, aunque parezca increíble, tras veinticinco años de carrera no se le conoce una sola sentencia, ni siquiera por una falta. De ahí que, como contaremos en otra parte de este libro, el Consejo General del Poder Judicial, con razón o sin ella, pusiera fin a su posible endiosamiento —de manera bastante cruel, por cierto— impidiendo su acceso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una plataforma en la que pretendía reafianzar su poder para dedicarse a su otra actividad.

Porque, como se comprobará desde la primera hasta la última página, la verdadera ocupación del juez más rutilante del firmamento judicial es la de acumular doctorados honoris causa, impartir conferencias, dictar clases magistrales y elaborar ponencias bien pagadas y corregidas hasta hace unos años por la periodista Julia Pérez, de Cambio 16, porque el magistrado no sólo no sabía escribir, sino que cometía faltas de ortografía.

La obra pretende ser, al mismo tiempo, el retrato de toda una época que arranca con la irrupción de la beautiful people en la escena política y económica española con los Albertos, Mario Conde y Javier de la Rosa, y acaba, como no podía ser menos, con la muerte del poder, es decir, de Jesús de Polanco, el falangista de los años sesenta, presunto demócrata, que convirtió la libertad en un negocio y quiso mandar más que Franco en España hasta unas semanas antes de su muerte. Un capítulo del libro se dedica, en exclusiva, a contar los auténticos vericuetos del asunto Sogecable, aún desconocidos.

Sólo en la España del pelotazo, en la era del felipismo y del todo vale, resultaba posible el nacimiento de los jueces estrella, un haz de luz fugaz en el firmamento, incompatibles con una sociedad democrática y pluralista donde no puede haber jueces que interroguen e instruyan de forma cuestionable.

No es sólo la mente humana, y en especial la de José Luis Rodríguez Zapatero, la que genera monstruos. La Audiencia Nacional también los ha producido y en cantidad.

***

Dotado de una gran capacidad para transmitir a la sociedad que se siente vigilado, perseguido por el Gobierno de turno y los poderes ocultos, el victimismo, consustancial consigo mismo, ha sido una de las grandes armas del juez Garzón para labrarse su carrera judicial.

Él lo sabe perfectamente. Si no existe riesgo, intimidación o represalias, su trabajo se devalúa a la mitad. Por eso, no hay amenaza o atentado, por grande o pequeño que parezca, que se produzca en su entorno, que no le afecte a él.

Así, en junio de 2005, a las 13.30 de la tarde, una persona joven cubierta con una capucha se acercó a su casa, vulneró el sistema de seguridad y quemó dos coches que pertenecían a la familia.

El agresor actuó con mucha tranquilidad. Después de rociar con gasolina los automóviles, un Renault Clio y un Chrysler Voyager, les prendió fuego y se marchó del lugar de la agresión.

Poco después, la Cadena SER, la emisora de Jesús de Polanco, llamó al juez, de permiso en Nueva York, para que le ampliara detalles del incidente.

—Ha sido un atentado muy bien preparado. La persona encapuchada entró por la única vía de acceso que hay desde la calle, arrojó la gasolina sobre coches concretos sin interesarle los otros vehículos aparcados, les prendió fuego y se dio a la fuga.

—¿Y qué piensa usted del asunto?

—Creo que es una advertencia, una advertencia de alguien a quien habré investigado. Ha aprovechado que estoy fuera y que hay menos vigilancia en casa para cometer su pequeña venganza.

—Una advertencia ¿de quién? ¿Teme usted represalias de los narcotraficantes, de la mafia, de ETA o de los GAL por las investigaciones realizadas?

—De cualquiera, puede ser cualquiera. Cuando realizas un trabajo como el mío, siempre hay gente dispuesta a hacerte daño.

Al día siguiente se aclaró el misterio. La policía detuvo a David P. A., de veintitrés años. Había sido hasta hace poco el novio de María, la hija del juez. Al romper las relaciones amorosas había actuado por despecho y había lanzado una bolsa con líquido inflamable, una especie de cóctel molotov contra el coche de su «media naranja».

«Para Garzón, en esa especie de manía persecutoria que se había inventado en torno a su figura, el objetivo del atentado había sido él. Cualquier amenaza que surgiera en su entorno sólo podía afectarle a él», afirma el psiquiatra Luis Herraiz. Y agrega: «Tenía, además, que ser así y no de otro modo porque el victimismo que había cultivado durante tantos años y el riesgo formaban parte de su vida, de su manera de ser, de su personalidad». Aunque, a veces, esa obsesión por sentirse en el centro de toda la perversión que anda suelta por el mundo le haya hecho cometer el ridículo más espantoso.

Es una de las muchas anécdotas del libro. Que disfruten con su lectura.

Capítulo I

Un juez milmillonario

Sus amigos de hace casi dos décadas le recuerdan acudiendo a El Corte Inglés, casi como si fuera un pobre, a pedir que le rebajaran los trajes que necesitaba comprar. Pese a su fama de juez incorruptible e insobornable, en los últimos años, tacita a tacita, ha logrado crearse un importante patrimonio familiar. Su estancia en la Gran Manzana, donde impartió más de una docena de conferencias en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, fue financiada indirectamente por el Banco de Santander, que le abonaba sus charlas a precio de oro. Por sus últimos libros, Garzón, el hombre que veía amanecer y Un mundo sin miedo ha cobrado cantidades millonarias. El juez Baltasar Garzón tiene la rara habilidad de convertir parte de sus sumarios en conferencias, sus conferencias en libros y los libros en ponencias. Y además impartió la misma conferencia hasta treinta y dos veces «y algunas más», logrando siempre que se la pagasen. Desde que fue excluido para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, e incluso desde antes, ha acumulado docenas de doctorados honoris causa y centenares de trofeos de todo tipo. La Audiencia Nacional ha pasado, según muchos, a convertirse en su segunda actividad, y el caché como conferenciante del hombre que intentó por todos los medios pero no pudo procesar a Augusto Pinochet no baja del millón de pesetas. Según contó su amigo y abogado Manuel Medina en el Consejo General del Poder Judicial, su salario extrajudicial de los últimos años no baja de los 2.000 millones de pesetas, incluyendo las conferencias impartidas en la Casa de América y financiadas por La Caixa, entidad financiera que salió beneficiada años atrás por un sumario instruido por el juez. Su última actuación memorable, la participación en una charla en Nueva York que formaba parte de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de Argentina.

***

J. P., jefe de Seguridad de Cajasur y consejero delegado del diario Córdoba, solía acompañarle a un centro comercial de la Puerta del Sol para comprarse la ropa a comienzos de temporada.

—Yo no sabía dónde meterme y se me caía la cara de vergüenza —recuerda.

Baltasar Garzón se movía como pez en el agua entre los distintos estantes donde estaban colgados los trajes de caballero de la temporada otoño-invierno. Seleccionaba algunos conjuntos de chaqueta y pantalón y cuando el dependiente le decía el precio se echaba las manos a la cabeza.

—¡Que yo soy el juez Garzón! Que no tengo dinero para pagar esto, porque vivo de un simple sueldo de funcionario.

Inmediatamente solía presentarse el jefe del establecimiento, le saludaba sonriente, le daba las gracias por tenerle entre sus clientes y le hacía un sustancioso descuento.

En otras ocasiones, el ex policía le acompañó al Pazo de Monterrey en la calle Abada de Madrid a almorzar langostinos, centollos y cigalas con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior, que pagaba aquellas fastuosas comidas. Se celebraban, como poco, una vez a la semana, y en ellas el superjuez y los grupos antidroga o anti-ETA de la policía intercambiaban información y planificaban las distintas operaciones contra el tráfico ilegal de estupefacientes o el terrorismo abertzale.

—Tome, don Baltasar, para su mujer.

Al final de cada una de aquellas «bacanales», José Luis Carrasco, el encargado del restaurante, solía entregar al juez una bolsa de mariscos para que se llevara a su casa. «Lo que más me alucinaba era que Garzón las aceptaba como lo más natural del mundo y se las entregaba al escolta para que las llevara al coche blindado». Eran las pequeñas «corruptelas» que podían atribuírsele por entonces, a comienzos de los noventa, a un juez considerado por todo el mundo la personificación de la honradez.

No era cierto, en cambio, que el Ministerio del Interior le hubiera financiado su viaje de luna de miel, celebrado años después de su boda con Rosario Molina, a la República Dominicana, ni que completara su sueldo con cargo al presupuesto de los fondos reservados para que pudiera dar una buena educación a sus tres hijos o vivir en un chalet de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, el pueblo tal vez con mayor nivel de vida de toda España.

«Es probable, pero no puede demostrarse, que Rafael Vera le abonara las clases que impartía a policías y guardias civiles a precios superiores a los que figuraban en nómina, cosa habitual en aquel ministerio», afirman en el Consejo General del Poder Judicial.14

Sea como fuere, tras su descalabro en política y su regreso a la Audiencia Nacional para reincorporarse como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5, la corrupción no era una hipoteca que lastrara su carrera, como ocurría en el caso de su colega italiano Antonio Di Pietro, el comunista que perseguía la Tangentópolis desde hoteles de cinco estrellas.

Por entonces Baltasar Garzón vivía de su sueldo de magistrado de la Audiencia Nacional, educaba a sus tres hijos —María, Baltasar y Aurora— en los mejores colegios privados y en el extranjero, daba clases de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid como profesor agregado a la cátedra de Manuel Cobo del Rosal, y era al mismo tiempo profesor del Centro de Estudios Judiciales y profesor asociado de Derecho Penal del Centro Superior de Estudios Europeos.

Aun así, como el dinero no le alcanzaba para mantener su nivel de vida, impartía conferencias allí donde le llamaban, preparaba prólogos de libros y asistía a varios cursos en las universidades de verano de toda España. «Las conferencias por entonces se pagaban entre las 300 y las 500.000 pesetas», una cifra considerable.

No es que el sueldo de un juez o un fiscal de su categoría fuera excesivamente malo. Los llamados «fiscales indomables», por ejemplo, ganaban unos 100.000 euros al año. A ello había que sumar los pagos en especie —coche y conductor gratis, seguridad privada a cargo del erario, escoltas por las que no tiene que pagar un euro— y el dinero extra que sacaba dando clases o preparando alumnos para la judicatura. Por un acuerdo especial de la Fiscalía se les permitía, con carácter excepcional, impartir clases prácticas forenses.

Durante años, los alumnos de algunos fiscales acudían a la Audiencia Nacional, tenían acceso a los sumarios de ETA y hacían calificaciones que, según las malas lenguas, a veces eran tan buenas que liberaban a estos de parte de su trabajo. Todas estas remuneraciones juntas representaban un salario aproximado de 300.000 euros al año en la empresa privada.

«Pues bien, Garzón multiplica por tres y hasta cinco veces esta cantidad con dar dos o tres conferencias al mes», le contó uno de sus abogados a un miembro del Consejo General del Poder Judicial.

***

El periodista palentino afincado en elconfidencial.com y ex capitán de la Marina Mercante Jesús Cacho recuerda cómo por esa época cada vez que iba a Palencia, su provincia natal, magistrados de la Audiencia Provincial ponían a parir al juez Baltasar Garzón.

—¿Pero qué se ha creído este individuo? Desde hace cuatro años, al llegar el verano, siempre me llama para que le busque un hotel barato y le recomiende sitios donde comer y no le cobren nada.

El Príncipe de la Justicia, por esa época, aprovechaba los meses de estío para hacer bolos por las universidades de verano. Generalmente hacía doblete. Dirigía un curso en la Universidad de El Escorial y otro en la Universidad de Verano Casado del Alisal de Palencia.

Era una especie de beca que se abonaba a las personalidades más aplicadas del año y que solían pagar las cajas de ahorro provinciales dentro de los presupuestos de su obra social, reanudando la tradición implantada en 1932, en plena República, por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Fernando de los Ríos, cuya intención era poner en contacto a lo más granado de la intelectualidad española e internacional con las clases populares.15

La remuneración abonada consistía, generalmente, en un millón de pesetas por una semana de trabajo, ocio y esparcimiento, en la que el director del curso, si era un poco listo, se limitaba a presentar las distintas mesas redondas, ordenar el debate y poco más.

Tras el desengaño amoroso con Felipe González, en el que José Bono actuó de padrino de boda, vino su vuelta a la judicatura. Entonces Garzón acudió durante cuatro años consecutivos —entre 1996 y 1999— a la Universidad Casado del Alisal de Palencia, donde habló de la reforma del Código Penal (el de Belloch), el terrorismo en España, el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos como reto del siglo XXI.

En 1999 hizo doblete e impartió un segundo «curso» en la Universidad Complutense, en su sede de El Escorial, sobre la globalización de la justicia penal. Los años siguientes, hasta el 2004, volvió a ocupar la cátedra de la Universidad Complutense para hablar de derechos humanos, violencia y religión, justicia en tiempos de transición, genocidio y crímenes de lesa humanidad, violencia de género y lucha contra el terrorismo y sus límites.

Lo malo de este tipo de conferencias es que algunas de ellas ni siquiera han sido escritas por el «Príncipe de la Justicia», como le bautizó el director de El Mundo, que les ha sacado muchas veces una triple o cuádruple rentabilidad aplicando el principio de «vender mulo cojitranco y tuerto por caballo» o, para decirlo más finamente, aplicando las sinergias.

Así, el informe de la Comisión Rettig sobre las desapariciones en Chile o el «Nunca más» del escritor Ernesto Sábato sobre las torturas infligidas por las dictaduras militares en Argentina han pasado a formar voluminosos sumarios en la Audiencia Nacional. El mismo material ha sido empleado para impartir conferencias por medio mundo y, por último, aparece en la campaña de Garzón al Nobel de la Paz o en forma de libros como Cuento de Navidad, editado por la Universidad de Guilmes de Buenos Aires y poco conocido en España, o en el libro El caso de España contra las dictaduras chilena y argentina, editado por Planeta, asuntos que le lanzaron al estrellato en América Latina.

Pese a que una de sus grandes metas ha sido siempre la de demostrar a todo el mundo una «acrisolada honradez», su actividad profesional como juez estrella ha estado siempre bajo sospecha, bajo la lupa inquisidora del Gobierno y de algunas de las personas que metió en la cárcel y luego resultaron absueltas.

Y aunque la prensa, que le era adicta a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, ha optado siempre por echar tierra sobre el asunto al considerarle una víctima del sistema, no todo lo que se decía de él era rematadamente falso ni respondía exclusivamente a montajes para desacreditarle. Veamos algunos de esos informes:

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«Un reducido grupo de policías, junto a confidentes y conocidos relacionados con el narcotráfico, alguno de ellos incluso prestando labores de intérprete en lengua árabe en temas de terrorismo islámico, se organizan con el fin de corromper y, consecuentemente, controlar a determinados jueces políticos, empresarios e incluso algunos periodistas y policías».

Así comenzaba el llamado «Informe Veritas» realizado por el triple agente José Manuel Villarejo Pérez, un ex sindicalista del Cuerpo Superior de Policía, «intoxicador» de periodistas, que en aquellos momentos trabajaba como autónomo elaborando peritajes para las compañías de seguros y a su vez para el subdirector operativo de la policía, Agustín Linares (aunque figuraba como baja en el escalafón de la policía) y supuestamente para Monzer al-Kassar, al que había ofrecido sus servicios.

En el informe aseguraba que varios funcionarios de policía, entre ellos Enrique García Castaños y Alberto Elías, jefe de la Brigada de Información Interior ya fallecido, mantenían estrechas relaciones con el hombre de KIO en España, Javier de la Rosa, hasta el punto de que García Castaños utilizaba el despacho de uno de los hombres de De la Rosa en Madrid, el publicista Alfredo Fraile, como su oficina particular. El texto continúa: «A uno de los jueces al que consiguen corromper es a Baltasar Garzón».16

Aunque García Castaños, más conocido por Blasillo, en alusión a Blas Piñar, por repartir el órgano de Fuerza Nueva en el seno de la policía, o como El Gordo, debido a su exceso de materia adiposa, controlaba por esas fechas la mayor parte de los puticlubs de todo Madrid, el texto parece excesivamente exagerado. Lo cual no quiere decir que Castaños no intentara en algún momento que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional le acompañara a algunas de las casas de lenocinio de donde obtenía abundante información.

Lo cierto, sin embargo, es que en un momento dado el único policía de España que en los años ochenta disponía de un Mercedes 300 E a gasolina, color crema, y un Mitsubishi Montero de cinco puertas, aparentemente figura relacionado, no se sabe a qué nivel, con los protagonistas de una trama que se ponen en contacto con la mujer del traficante Monzer al-Kassar y le piden supuestamente tres millones de dólares a cambio de que el juez Baltasar Garzón le conceda inmediatamente la libertad a su marido. «Un millón es para Garzón, otro para mí y el tercero para repartir entre el resto de los compañeros», le indica a través del intérprete de árabe.17 El Gordo ha desmentido al autor estas declaraciones de Al-Kassar hechas durante su juicio.

Cuando en septiembre de 1992 le inquieren sobre la capacidad que tiene para influir sobre las decisión del juez, Blasillo responde con contundencia: «A Garzón lo tengo agarrado por los testículos».18

Pese a todo, Monzer al-Kassar se niega a darle el dinero pero, estando incluso dentro de la prisión, se las ingenia para que sus familiares graben las conversaciones. A los pocos días presenta una querella criminal en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, que abre la diligencia 7.214/94 y aporta la grabación de la conversación con una trascripción hecha a mano.

El periodista de Egin Pepe Rei, por su parte, recuerda su primer contacto con Blasillo como algo excepcional en su vida. Se presentó con su nombre real (Enrique García), como miembro de la agencia de Alfredo Fraile, donde utilizaba un despacho, y comenzó a suministrarle información sobre los GAL y otros asuntos. «Tenía hilo directo con algunos jueces de la Audiencia Nacional [especialmente con Garzón]. Bastaba hacerle una pregunta para que, cinco minutos después, tuviéramos las respuestas a nuestras demandas. Incluso nos informó con anticipación de la caída de la cúpula de ETA en Bidart a manos de la Guardia Civil».

Baltasar Garzón desmintió hace años al autor del libro que hubiera autorizado a García Castaños o a cualquier otro policía a que se pidiera dinero en su nombre.

Sin embargo, aunque el asunto de los intentos de extorsión a Al-Kassar acabó archivándose en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, hubo otros policías del mismo clan que trataron de extorsionar al presidente de Cajasur, Miguel Castillejos Gorraiz, amigo personal del autor, al que pidieron dinero en nombre de un periodista, aprovechando que éste disfrutaba de un año sabático en Estados Unidos.

Por todo ello, para la Secretaría de Estado de Interior, el asunto no había terminado. Llamó al director general de la Policía Judicial, Enrique de Federico Pérez, y le ordenó investigar los movimientos y las presuntas «malas compañías» del juez Baltasar Garzón.

***

Inspector de policía destinado en Barcelona, Carlos Rubio Fernández recibió aquella mañana una llamada de Enrique de Federico para que se presentara al día siguiente en Madrid.

—Quiero que hagas una investigación sobre el juez Baltasar Garzón y que sólo me des cuenta de ella personalmente a mí.

—¿Y por qué yo, que estoy destinado en Barcelona?

—Por eso mismo. Porque quiero que se haga en el máximo secreto y con gente de mi total confianza. Puedes disponer de todos los medios a tu alcance y cuenta con aquellos policías que te hagan falta.

Antes de despedirse, De Federico le entregó un amplio informe policial —el citado «Veritas»— realizado por el policía cordobés «en excedencia»19 José Manuel Villarejo. En este informe se contaban hechos que luego se han demostrado que no eran verdad.

—Empieza por comprobar todo esto. ¡Y silencio absoluto!

Nacido el 27 de marzo de 1955 y con quince años de servicio en el cuerpo, al día siguiente el inspector jefe Rubio regresó a Barcelona, reunió a un grupo de veinte agentes de las jefaturas superiores de Zaragoza y la Ciudad Condal, y se plantó en Madrid.

Repartidos en varios pisos y apartamentos de la capital comenzaron a hacer un trabajo sigiloso y meticuloso. Siguieron a A. E., el responsable de la Brigada de Información Interior, a E. G. C. y al juez Baltasar Garzón que, por entonces, acudía todas las mañanas a un gimnasio de la calle O'Donnell de Madrid.

De las pocas cosas que se pusieron en claro por entonces, una de ellas fue que el inspector G. C. era un supuesto «topo» del juez Garzón dentro de los aparatos policiales.

«Todavía hay una especie de mafia de policías que le idolatran y que impide que algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial le abran un expediente por temor a las consecuencias, por el riesgo a que te inventen cualquier historia», relató al autor del libro un miembro del CGPJ.

En aquella ocasión, Agustín Linares trató de echarle varias veces de la Comisaría General de Información pero no obtuvo éxito. Por esa época, El Gordo mantenía ya excelentes contactos con miembros del Gobierno. Se vengó de él suspendiéndole año tras año en el curso de acceso a comisario de policía. Cansado ya de tanto repetir, un día le dijo a su ex amigo J. P.:

—Dile al director que me pase el examen.

—Vamos a verlo. Yo tengo suficiente confianza con él para pedirle que te diga las preguntas que te va a poner.

Acudieron a la calle de Miguel Ángel, sede de la Dirección General de la Policía. Agustín Linares les recibió amablemente.

—Toma, apunta —le dijo—. El tema va a ser «Cómo funcionan las mafias chinas en España y cómo hay que investigarlas desde la policía». ¿Contento?

—Me has resuelto la vida. Muchas gracias, director.

A la semana siguiente, cuando se hicieron públicas las notas, Linares volvió a suspenderle por enésima vez.

—No te preocupes. Si hace falta, yo hablo con Corcuera —le propuso Garzón delante de J. P.

Tras aquella tremenda investigación por parte de la policía, el superjuez asegura que Enrique de Federico, antes de marcharse del cuerpo, fue a verle:

—Quiero pedirte disculpas, pero ya sabes que fueron órdenes y que personalmente no tengo nada en contra tuya.

Garzón afirma que se dio por satisfecho con aquella respuesta, caso de que fuera cierta. Porque al juez más controvertido de España, según El Mundo, junto con su colega de Marbella, Miguel Ángel Torres, instructor de la Operación Malaya, la gente siempre le pide disculpas y los errores judiciales nunca son suyos, sino de los demás.20

Aunque el Gobierno socialista se negó a hacer públicos los informes de Enrique de Federico, es significativo que el caso GAL se circunscribiera exclusivamente a dos policías, José Amedo Fouce y Michel Domínguez y a algunos colaboradores suyos de Bilbao y que los responsables de la Comisaría General de Información y la Brigada de Información Interior de la Policía, donde trabajaba Enrique García Castaños, no fueran siquiera investigados.

Y es que lo que no se ha contado todavía es que, además del polémico policía García Castaños (el hombre que dejó con el trasero al aire al ex director general del Cuerpo, Agustín Díaz de Mera, en los atentados del 11-M de Madrid), en torno a Garzón se han movido algunos personajes poco recomendables. Veámoslo con detalle.

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En su libro Garzón, la ambición de un juez, el periodista Miguel Ángel de la Cruz no puede ser más claro y contundente. «Antonio Navalón, tan cercano a Prisa y al PSOE, es su íntimo amigo [de Baltasar Garzón] y es él quien le hace ganar buenas sumas de dinero. Le proporciona invitaciones de universidades norteamericanas y de instituciones privadas para que vaya a dar conferencias que se pagan a peso de oro. Me han asegurado que le han llegado a pagar 50.000 dólares, más de 7 millones de pesetas, con viaje y estancia aparte, por cada conferencia». Estamos hablando de siete millones del año 2000. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional no ha desmentido nunca estos hechos.

Personaje controvertido de la era del pelotazo, el comisionista Antonio Navalón apareció de pronto en Madrid de la mano del periodista radiofónico Iñaki Gabilondo y de su segunda mujer, Lola Carretero, que le tuvieron cobijado en su casa de Madrid. «Por esa época era un simple periodista de provincias que no tenía dónde caerse muerto y vivía prácticamente de la ayuda de sus amigos», le contó Carretero al autor del libro años atrás.

Su siguiente hazaña, según contaba el juez Joaquín Navarro Estevan, recientemente fallecido, fue un desfalco de 17 millones de pesetas a un gran almacén, utilizando una tarjeta de pago del establecimiento comercial. El presidente de la empresa, en lugar de denunciar el caso a la policía, decidió contratarle y darle una oportunidad para que devolviera el dinero.

Lo hizo, al parecer, con creces. Tras darle un sablazo de 1.000 millones de pesetas a José María Ruiz-Mateos, con el pretexto de buscar un acuerdo con Miguel Boyer por la expropiación de Rumasa, se introdujo en el mundo de los comisionistas valiéndose de sus contactos con Jaime García Añoveros, Adolfo Suárez, el abogado Matías Cortés y otros, logrando dar un pelotazo de 14.000 millones de pesetas por la fusión entre Iberduero e Iberdrola.

A comienzos de la década de los noventa aparece junto a otros comensales en una tertulia junto a Baltasar Garzón en el restaurante Lhardy. Por entonces, era del dominio público que Navalón era un consumado conseguidor que vivía de sus relaciones con el poder y hubo numerosas personas que le comentaron al juez que sus relaciones con un personaje tan siniestro no estaban bien vistas en determinados ambientes jurídicos.

Garzón no sólo no hizo caso a los consejos. «Se asegura que el juez y el periodista-empresario viajaron hasta Nueva York, se alojaron en un apartamento de Navalón y llegaron a estar presentes como invitados en la toma de posesión del presidente Bill Clinton. Garzón tenía mucho interés en viajar hasta los Estados Unidos y quería incluso estrechar la mano del presidente norteamericano», ha dejado escrito Miguel Ángel de la Cruz, sin que tampoco haya sido desmentido. Sea como fuere, en enero de 1997 el superjuez y su mujer Rosario Molina estuvieron en Washington en algunos de los actos de la toma de posesión de Clinton y del vicepresidente Al Gore.

La extraña amistad entre el juez y el conseguidor, en 2007 afincado en México como delegado del Grupo Prisa, adquiere tintes mucho más graves en 1995 cuando el juez Manuel García Castellón imputa a Mario Conde de un delito de apropiación indebida de 600 millones de pesetas del Banco Español de Crédito y éste se defiende asegurando que había entregado el dinero a Antonio Navalón y a su socio Diego Selva para conseguir del Gobierno unas exenciones fiscales para la Corporación Industrial de Banesto.

El dinero se ha canalizado por medio de una sociedad, Argentia Trust, con cuentas abiertas en Ginebra y otros paraísos fiscales, por lo que la mujer del banquero, Lourdes Arroyo, solicita una comisión rogatoria a Suiza para probar la inocencia de su marido.

Años más tarde, durante la investigación del «caso Sogecable», el catedrático de la Universidad de Sevilla Jaime García Añoveros reconoció ante el Tribunal Supremo que había pedido una entrevista con el fiscal Ignacio Gordillo para decirle que no se imputase a Antonio Navalón en el caso Argentia Trust.

Baltasar Garzón, por su parte, intercedió por su amigo el intermediario Navalón ante el juez José Emilio Coronado, a quien correspondía el conocimiento de las diligencias abiertas por la denuncia de la mujer de Mario Conde contra Antonio Navalón y su socio Diego Selva, por presunto falso testimonio en el caso. También habló con periodistas en favor de su nuevo amigo para intentar frenar el efecto de algunas informaciones.21

Es curioso señalar que poco tiempo después de la llamada a Coronado de la comisión rogatoria a Suiza para averiguar el destino de los 600 millones, supuestamente abonados por el banquero al PSOE para conseguir una rebaja en los impuestos por la creación de la Corporación Financiera, el asunto pasó a la Audiencia Nacional.

Y más significativo todavía: la justicia suiza dio toda la información referente a los talones librados desde cuentas de los intermediarios salvo dos. Se trata de dos talones con números de serie consecutivos por un importe de 950.000 y 650.000 dólares, respectivamente. Se emitieron en Suiza con un talonario del Credit Suisse de Nueva York el 21 de agosto de 1990 con cargo a la cuenta corriente número 11705604.

Los cheques fueron entregados en mano a Navalón y cobrados en el Paribas de Zurich y en el Discount and Trust Company de Ginebra tres días después, el 24 de agosto, en dos plazas y dos bancos diferentes, lo que induce a pensar que los receptores de las presuntas comisiones eran dos personas distintas.22

Del primero de ellos, hay indicios de que pudo ser cobrado por gente cercana a Adolfo Suárez, por lo que no se facilitó el nombre del perceptor a fin de no remover las cenagosas aguas de la política y evitar que la Transición se manchara con los sobornos. Pero, ¿y quién del entorno de Navalón cobró el segundo?

El asunto ha quedado enterrado definitivamente. El 24 de noviembre de 2004 el Juzgado Central de Instrucción Número 3 ordenó el archivo del asunto. Casi tres meses después, el 21 de febrero de 2005, la Sección Cuarta de lo Penal desestimó un recurso de apelación y confirmó el archivo del caso.

Resulta reveladora la explicación ofrecida por el fiscal Ignacio Gordillo: «El juez Garzón me pidió que recibiera a Jaime García Añoveros, y éste, que no inculpara a Antonio Navalón en el Caso Argentia Trust. Esa entrevista tuvo lugar en el juzgado, en la Audiencia Nacional, y el mismo Garzón ha reconocido que era eso lo que pretendía: que no se implicase al señor Navalón. Ante esa situación, y viendo el problema que se planteaba, el fiscal jefe, José Aranda, remitió el asunto al fiscal general del Estado, Carlos Granados, para ver a quién había que implicar en el Caso Argentia Trust. El entonces juez instructor, Miguel Moreiras, implicó al señor Navalón en uno de sus autos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado estimó conveniente inculpar únicamente a Mario Conde».

Posteriormente, antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara sentencia en el caso Argentia Trust, se intentó hablar con Ventura Pérez Mariño para que fuera una sentencia que cargara todas las culpas del delito de apropiación indebida sobre Mario Conde.

La sentencia hecha pública el 20 de marzo de 1997 condenaba al ex presidente de Banesto a seis años de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. «Esta práctica, denominada por algunos ingeniería financiera, no es más que una añagaza, similar en cuanto a sus resultados al que se apodera de 600 millones de pesetas de la caja de un banco, de la que tiene llave por ser administrador, y se los lleva a su bolsillo. Aquí no toma el dinero materialmente, pero lo pone a buen recaudo a su disposición». Cargaba todas las responsabilidades en Conde y cerraba la puerta a que se pudiera condenar a Navalón o a Diego Selva.

En 2005 la amistad entre el juez y el conseguidor, que no oculta su pasado, se mantiene. Navalón le provee de personajes que entrevistar y le lleva una exposición a Nueva York, dentro del programa Diálogos Trasatlánticos del que se habla más adelante. «El licenciado Navalón es reconocido como un experto consejero de negocios en España y América Latina. Cuenta con una vasta experiencia en la comercialización, el planeamiento estratégico y el análisis de mercado latinoamericano para industrias tales como energía, telecomunicaciones y otras», afirma en su web, que apenas oculta su verdadero trabajo.

Las «amistades peligrosas» del juez, sin embargo, no acaban ahí.

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J. A. G. es abogado penalista, con despacho abierto en el número 68 de la calle Diego de León de Madrid.

J. A. G. es abogado mercantilista, con despacho abierto en la misma calle y número.

J. P. es abogado mercantilista y de familia, con despacho abierto en otra céntrica calle de Madrid.

Todos los años, por Navidades, los tres, junto a otro centenar largo de personas, reciben una invitación del perito mercantil, asesor fiscal y censor jurado de cuentas José Félix González-Salas para asistir a unas jornadas de Derecho organizadas en el hotel Meliá de Madrid.

Empresario taurino y principal accionista de las empresas Sarot S.A. y Sarot y Maravert S.A., entre otras, González-Salas suele llevar todos los años al mismo orador para cerrar el acto: Fernando Baltasar Garzón Real.

El juez percibe por hacer acto de presencia, darle empaque al acto y pronunciar unas palabras, sus correspondientes honorarios, además del jamón que solía llevarle la ex mujer de González-Salas a su casa.

«¡Si conoceré yo su vivienda en Pozuelo de Alarcón, con la de veces que he ido personalmente a llevarle regalos cuando nosotros vivíamos al lado, en Las Matas! Y la de veces que nos hemos ido juntos de viaje o de vacaciones pagando la factura mi ex marido. Porque su señoría es igual que el rey: no tiene bolsillos en los pantalones para que no se le arruguen y, por lo tanto, no usa dinero. Va de gorra a todas partes», dijo al autor del libro T. C. G., ex mujer de González-Salas.

El empresario taurino es quien le provee de entradas para acudir a los toros y el organizador de muchos de los saraos en los que aparece el juez estrella de vez en cuando luciendo su palmito, con su mechón blanco al aire, muchas veces acompañado del abogado jienense Manuel Medina, su defensor en el caso Sogecable.

Dueño de medio centenar de empresas, relacionado en algún caso con la Operación Malaya de Marbella y adjudicatario de más de medio centenar de plazas de toros en toda España, González-Salas sería uno de los financieros de la candidatura de Garzón al Nobel de la Paz, como se cuenta en el capítulo correspondiente. «A ver quién pagaba, si no, los canapés y las copas que se servían en el Círculo de Bellas Artes de Madrid», agrega su mujer al autor del libro.

Y es que el llamado Príncipe de la Justicia concurrió en 2002, 2003 y 2004 al Premio Nobel de la Paz que se falla en Estocolmo, pero sólo aportaba su figura y su nombre. El dinero necesario para buscar el medio millón de firmas que apoyaran su candidatura lo pusieron otras personas, González-Salas entre ellas.

No es que le mueva el altruismo. Cuando Baltasar Garzón y otros jueces de la Audiencia Nacional investigaron al alcalde de Marbella, Jesús Gil, hoy fallecido, a comienzos de 2000, a raíz de una denuncia de uno de sus colaboradores, los distintos jueces anunciaron la intervención judicial de su patrimonio. Poco después, José Félix González-Salas aparecía entre los asesores del grupo de administradores. «Lo recuerdo perfectamente porque, por esa época, me invitaron una vez al palco del Atlético y no paraban de comentar los negocios de Gil y Gil», comenta el letrado Jaime Alonso.

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En 1998, Enrique Murillo, entonces editor de Planeta, a raíz del intento de encausamiento del general Augusto Pinochet le encargó a la periodista del Opus Dei, Pilar Urbano, hacer un libro sobre el juez Baltasar Garzón.

Para demostrar que iban de buena fe, la editorial de José Manuel Lara publicó uno de los autos del juez, Los documentos del juez Garzón y la Audiencia Nacional. El caso de España contra las dictaduras chilena y argentina. Llevaba un prólogo de la periodista Maruja Torres, en el que cuenta cómo Santiago de Chile era «una de las ciudades más tristes del mundo» semanas después de que Augusto Pinochet escapara a un atentado,23 y epílogo de Luis Sepúlveda. El libro era una copia. En realidad, los 220 folios del supuesto auto de Garzón solicitando la extradición de Augusto Pinochet eran a su vez una copia del conocido Informe Rettig, realizado por el Parlamento de Chile y, por tanto, sin valor incriminatorio alguno, al igual que las comisiones de investigación del Parlamento español.

En aquella ocasión el negociador del libro por parte de Planeta pensaba ofrecer 20 millones de pesetas al juez por un álbum de 133 fotografías inéditas, muchas de ellas a color, que aparecen al final del texto.

Garzón, aparentemente, se negó rotundamente a ello. Pero no porque de esa manera se equiparara a Jesulín de Ubrique o a Pitita Ridruejo, al primero de los cuales se le apareció María José Campanario y a la segunda la Virgen María en cuerpo y alma en San Lorenzo de El Escorial o en El Escorial mismo. Lo hizo porque en mitad de la conversación entre el editor de Planeta, Enrique Murillo, celebrada en un restaurante de la calle Preciados de Madrid, Pilar Urbano se descolgó con una cifra astronómica para las editoriales de entonces. Quería 200 millones de pesetas, la mitad para ella y el resto para el juez Baltasar Garzón, que no puso la más mínima objeción a la oferta.

A Murillo, acostumbrado a pagar a los periodistas «adelantos» de 750.000 pesetas por los originales de sus libros, casi le da un soponcio. La cifra solicitada duplicaba la que pagaba anualmente el Premio Planeta —el libro teóricamente mejor pagado de las letras españolas— o las cantidades que se abonaban por derechos de autor a Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura o Isabel Allende, familia lejana del socialista Salvador Allende, que tenía un contrato de 90 millones de pesetas con la editorial.

Era bien cierto que años antes Pilar Urbano había publicado una biografía sobre la Reina de la que se habían vendido 500.000 ejemplares, pero era imprevisible que el éxito se repitiera. En aquella ocasión se recibieron consignas de la Casa Real y del Gobierno y la obra fue publicitada gratuitamente con miles de páginas de entrevistas y reportajes aparecidos en los casi trescientos periódicos nacionales, además de todas las radios y cadenas de televisión.

La periodista del Opus Dei, sin embargo, se plantó en esa cifra y afirmó que por menos dinero ella no se metía en ningún berenjenal periodístico, lo que indica que había aprendido con ahínco las directrices de «humildad» y «generosidad» de monseñor Escrivá de Balaguer.

El que echó abajo el proyecto fue el juez Baltasar Garzón. Lo hizo no porque la oferta le pareciera módica, sino porque en ese momento estaba instruyendo un sumario contra Tele 5 y no podía percibir cantidad alguna de Planeta, empresa que formaba parte del accionariado de la compañía televisiva fundada por la ONCE de Miguel Durán y la empresa Fininvest del magnate italiano en perpetua fuga de la justicia, que aún no ha logrado encausarle, Silvio Berlusconi.

En consecuencia, el asunto se rompió con Planeta, pero el libro Garzón, el hombre que veía amanecer salió adelante en otra editorial, Plaza y Janés, donde se había trasladado Enrique Murillo, pero cuyo hombre fuerte era entonces Juan Pascual. Y fue un éxito de ventas en gran parte por la polémica originada por el contenido del volumen, en el que se filtraban numerosos trozos de sumarios judiciales aún sin enjuiciar con valoraciones negativas y hasta peyorativas del propio juez en contra de la sala que había enjuiciado sus instrucciones. E incluso presentaba alguna afirmación arriesgada hacia el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño (el hombre que se había opuesto a los procesamientos de la Junta Argentina y a la extradición de Pinochet), al que llamaba «el hombre del CESID en la Audiencia Nacional».

En este contexto, un informe de la inspección de los tribunales del Consejo General del Poder Judicial, hecho por José María Bento Company, ratificaba que «aunque el libro está escrito y suscrito por tercera persona, lo cierto es que existen datos indiciarios suficientes como para sostener que la fuente originaria de la información es el magistrado [Baltasar Garzón]».

Con este documento en su poder, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Benigno Varela, Enrique Arnaldo, Javier Moscoso, Elisa Veiga y Ángeles Huet, decidieron llevar el asunto al Comité Disciplinario para que se abriera un expediente al juez y se adoptaran las responsabilidades que marca la ley, entre ellas la posible expulsión de la carrera.

El 18 de febrero de 2001 la entonces periodista de El Mundo Cristina López Schlichting (de donde saltó a dirigir el programa La tarde con Cristina de COPE) entrevistó a la señorita Urbano. Sin pelos en la lengua le reconoció que cobró 108 millones de pesetas por realizar el libro. «Y se ahorraron la mitad, porque Baltasar [Garzón] se negó a cobrar los 102 millones que le correspondían».

Meses más tarde, el Consejo General del Poder Judicial decidió dejar sin efecto la presunta sanción al juez. Pasado el vendaval, ¿cobró el azote de los corruptos e inquisidor de quienes quebrantan los derechos humanos los 102 millones de pesetas o permitió que Plaza y Janés se lucrara e incrementara sus beneficios con las 133 fotos cuidadosamente seleccionadas por Pilar Urbano de sus más de veinte álbumes familiares?

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El 10 de febrero de 2005 el espía y asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos24 presentó ante un juzgado de Lima una denuncia contra el juez español Baltasar Garzón por los supuestos delitos de «difamación agravada» y «atentar contra el equilibro continental».

El cercano colaborador del depuesto Alberto Fujimori, famoso por sobornar y grabar a todo el mundo, negó que en 1998 pagara al entonces presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram 20 millones de dólares para firmar un tratado de paz.

Según recoge en su libro el juez estrella, Montesinos le había contado en un viaje que hizo a Perú que en esas fechas entregó 20 millones de dólares en sobornos al entonces presidente de Ecuador y a un grupo de diputados de ese país para que se firmara el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador.

Montesinos considera que por esas afirmaciones Garzón estaría atentando contra la estabilidad de Sudamérica. Además cree que le «atribuye hechos, dichos, cualidades y expresiones que perjudican su honor y reputación usando informaciones imaginarias». En la denuncia señala que el juez español, célebre por su lucha contra la corrupción global, actúa de modo «malévolo» y muestra en su libro un «odio visceral» contra los miembros de las Fuerzas Armadas de América Latina.

Además «emplaza al juez a que pruebe la verdad de las aseveraciones que ha formulado con animus injuriandi o animus difamandi porque, a su entender, "aprovecha el eco internacional de la noticia para obtener ganancias" con la venta de su libro». Incluso subraya que el fin del centenario conflicto entre Perú y Ecuador fue, según Montesinos, «un proceso que se obtuvo gracias a las autoridades de ambos países, que entendieron su histórica responsabilidad de cerrar por siempre una herida abierta». Recuerda, además, que fue el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad y no Abdalá Bucaram quicen selló de modo definitivo la paz entre Perú y Ecuador.

No fue la única acción judicial instada contra el autor de Un mundo sin miedo. Nada más ponerse a la venta el libro, recibió un alud de demandas civiles25 y querellas criminales de periodistas y miembros de la judicatura y la fiscalía, lo que pone en cuestión el respeto que el magistrado tiene por la verdad y la justicia.

Una de las personas que presentó demanda —hoy archivada— en su contra fue el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño. Acusaba al juez de «revelación de secretos», al publicar información sumarial a la que tenía acceso en razón de su cargo y, además, de manipularla conforme a sus intereses partidistas para llevar a la opinión pública a sacar una conclusión errónea.

Según el fiscal, «Garzón exculpa a ETA cuando, en el contexto, aseguró que la banda terrorista no buscaba una carnicería en la estación de Chamartín cuando colocó una bomba con ese objetivo en un tren que viajaba desde San Sebastián a Madrid». El juez pretendía desacreditar con estas manifestaciones lo declarado por José María Aznar y Ángel Acebes durante la comisión rogatoria del 11-M. «La intención de los terroristas —escribe—, según consta en los informes policiales, era hacer estallar el explosivo cuando el tren estuviera fuera de servicio».

Según los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Eduardo Fungairiño, con estas falsas declaraciones se había creado una situación esperpéntica. Tras la publicación del libro, los etarras imputados en el atentado podían citar a Garzón como testigo de la defensa para demostrar que eran unos «santos varones», por utilizar una expresión del humorista José Luis Coll.

El 6 de mayo de 2005, y en contra de la postura de Garzón, los dos terroristas fueron condenados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 2.775 años de cárcel por cometer 184 homicidios —los viajeros del tren— en grado de tentativa. Su capacidad como adivinador quedaba así en entredicho.

El tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez sentenció: «Es evidente que cualquier persona es consciente de que una explosión de esa magnitud en el andén de una gran estación como la de Madrid-Chamartín, en una fecha tan señalada como el 24 de diciembre, produciría como resultado la muerte de gran número de personas».

El polémico libro, en el que se mezclan hechos manipulados, conversaciones privadas e insultos a periodistas, le supuso al juez estrella unos ingresos de un millón de euros, según le contó un amigo íntimo al vocal del Consejo General del Poder Judicial. Otras fuentes hablan de 300.000 euros. La cantidad no es exagerada teniendo en cuenta que por su biografía Garzón, el hombre que veía amanecer le ofrecieron ya 102 millones de pesetas, irrecuperables para la editorial dado el escaso número de ejemplares vendidos. Plaza y Janés, como es obvio, se negó a hacer públicas las cláusulas del contrato firmado por el juez.

De ser cierta la cifra revelada confidencialmente por Medina, en los quince meses que estuvo de «permiso de estudios» el juez estrella se metió en la buchaca, como dirían sus amigos de Buenos Aires, entre 350 y 400 millones de las antiguas pesetas, sin contar las cantidades que percibe como dietas por representar en las Naciones Unidas y en diversos foros internacionales a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede en Ecuador, cuyo secretario general es Juan de Dios Parra, y a la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, que preside la espabilada víctima de la dictadura argentina Adriana Arce.

Entre tanto, la Audiencia Nacional estuvo pagándole el sueldo base durante quince meses. El Ministerio de Justicia que presidía el canario Juan Fernando López Aguilar, presente como hemos visto en las conferencias, le asignó además, y como ya se ha comentado, una secretaria con cargo al presupuesto de su ministerio.

Esta secretaria, M. M. B., sacada al parecer de entre el personal de los juzgados de plaza de Castilla, permaneció los quince meses de «permiso de estudios» del magistrado a su servicio personal, cogiendo el teléfono, organizándole las conferencias financiadas por el Banco de Santander y pasándole a limpio los textos de sus libros, entre ellos Cuento de Navidad, ¿es posible un mundo diferente?, en cuya página de agradecimientos figura su nombre.

—¿A cuánto asciende el sueldo base de un magistrado? —le pregunta el autor al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López.

—Consúltalo tú mismo, la tabla de salarios se publica en el Boletín Oficial del Estado.

—Ya lo sé. Es información pública. Pero ¿a cuánto asciende, más o menos? —insiste el autor.

—Alrededor de unos 2.000 euros mensuales.

Y es que la «segunda actividad» del juez, la que realmente le permite multiplicar por diez su sueldo, son sus viajes al extranjero para impartir conferencias.

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«No entiendo la profesión de juez sino de forma vocacional. [...] No me gusta el tipo de jueces de horario de mañana y que, por la tarde o incluso en horas laborales, se convierten en preparadores de oposiciones, para lo que no piden la compatibilidad ni declaran a Hacienda lo que ganan».26

El autor de la frase, Baltasar Garzón Real, probablemente nunca se ha visto en la necesidad de ejercer la honrosa labor de preparar las oposiciones a los futuros candidatos a la judicatura. En contra de lo que podía deducirse de sus palabras, a la vista de los informes del órgano de gobierno de los jueces, aparentemente no ha sido un ejemplo de juez cumplidor con su tarea.

El 14 de enero de 1997 el Consejo General del Poder Judicial concedía al juez Baltasar Garzón un permiso de seis días para desplazarse a Estados Unidos «por estudios relacionados con la función judicial». Los supuestos «estudios» no eran tales. En realidad el Príncipe de la Justicia viajaba a Estados Unidos con el fin de impartir varias conferencias sobre el tema «Terrorismo internacional e impacto del terrorismo en Europa y Oriente Medio». Le invitaban el elitista Lafayette College de Easton (Pensilvania), que tiene a Laura Bush como profesora honoraria, y The Heritage Foundation Leadership for America, de Washington, una entidad conservadora, sin ánimo de lucro, creada en 1973 y dedicada a promover los valores estadounidenses en el mundo y una defensa nacional basada en la fuerza militar y en la fortaleza moral e intelectual del país.27

El 3 abril del mismo año la Comisión de Relaciones Internacionales del órgano de gobierno de los jueces autorizaba a Garzón «sin percibir dietas ni gastos» para participar en la reunión del Control Presupuestario del Parlamento Europeo a celebrar en Bruselas.

El 17 de junio volvía a pedir un nuevo permiso. Esta vez para desplazarse a Paraguay a «hacer estudios relacionados con la función judicial». Los supuestos estudios consistían, en realidad, en impartir una conferencia dentro del congreso «Ética pública, transparencia y gobernabilidad democrática», que posteriormente se aplazaría a la primera semana de julio.

Dentro del mismo año el juez volvió a pedir una nueva autorización para abandonar su juzgado del 26 al 28 de noviembre y participar de nuevo en Paraguay en el «Seminario-taller sobre la lucha legal y ciudadana contra la corrupción».

La lista entera de permisos solicitados por el juez para «estudiar», que en realidad se convierten en viajes para impartir conferencias, «pagadas a precio de oro» según el fiscal Fungairiño, se haría interminable. Baste decir que desde 1987 hasta 2007 el hombre que veía amanecer contempló los primeros rayos del sol muchas mañanas en Washington D. C. y Pensilvania, Paraguay, Guatemala, Brasil, Asunción, Estrasburgo, Palermo, Milán, Viena, Nueva York, Sao Paulo, Lima, Brasilia, Santo Domingo, Porto Alegre, San Salvador, Sucre, México D. F. (en dos ocasiones), Baja California, Praga, Porto Alegre, Haifa, Bruselas, Oxford (Reino Unido), Quantico (Virginia), Camboya, Roma, Yakarta, Puebla, Río de Janeiro, Recife, Argentina, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Guadalajara (México), Quito, Perú, Costa Rica, San Diego, Tabasco, La Haya, Messina, Portugal, Estocolmo, Finlandia, Suiza, Francia, Venezuela, Bogotá, Florencia, Ottawa y Melilla, entre otras naciones y ciudades del mundo.

En el mismo periodo y sin que aparezca contabilizado en los archivos del Consejo General del Poder Judicial, el juez más famoso de España y de parte del extranjero, excluidas la China comunista y Cuba (países donde no es bien acogido), ha impartido conferencias, ha dado charlas magistrales y ha disertado sobre lo divino y lo humano en todas las provincias españolas, aunque él, muy modesto, sólo menciona veinticuatro en su curriculum vitae.28

Según el artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el magistrado que intentó extraditar a Pinochet necesita enviar al Consejo General del Poder Judicial una memoria de los trabajos académicos realizados y de su contenido. «Si estos fueran suficientes se compensará la licencia con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado».29

La lectura detenida de los expedientes que obran en el Consejo General del Poder Judicial, en poder del autor, revelan que a Garzón pocas veces se le ha exigido ese requisito y, en la mayoría de los casos en que ha sido requerido para dar cuentas de sus actividades de viajante de comercio de las conferencias, no lo ha cumplido. Ni siquiera cuando estuvo en Quantico (Virginia) explicándole a los agentes de la CIA cómo se combatía en Europa el terrorismo dentro de la segunda conferencia anual sobre la materia organizada por el Western Management Development Center, una empresa vinculada a la Agencia Central de Inteligencia.

De esta manera puede decirse sin temor a equivocarse que desde su desembarco en la Audiencia Nacional, el hijo del agricultor de Torres tiene dos profesiones paralelas que se alimentan mutuamente: la de magistrado instructor, a la que cada vez dedica menos tiempo, y la de conferenciante, a la que ha dedicado a lo largo de su carrera profesional —si se cuentan los permisos habidos y los no solicitados— no menos de tres años de su existencia.

Y es que Garzón, al igual que ocurría decenios atrás con sabios de la talla de Marcelino Menéndez Pelayo o Claudio Sánchez Albornoz, es muy capaz de hablar de la materia que se le antoje. Desde la imprudencia médico-farmacéutica, a la repercusión de la crisis económica en las relaciones laborales, la política, la ética y la sociedad, los valores para una nueva sociedad civil, el terrorismo de Terra Lliure, el del MPAIAC, de los GAL, de ETA y de las FARC, las iniciativas anticorrupción (en Mercosur), el tráfico de drogas, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia de género, la justicia con fronteras, la justicia sin fronteras, la justicia universal, el futuro de la justicia en el tercer milenio, del maquis en Sierra Mágina, del árbol armenio y hasta de las guerras que vienen.30

Como autor de ensayos, su capacidad de trabajo no tiene precio.31 Tampoco, como prologuista de libros de los más variados géneros, desde la novela histórica al terrorismo, las drogas, el blanqueo de capitales o la historia de ETA y del nacionalismo vasco,32 aunque a la vista de algunos textos, cabría preguntarse como hace el psiquiatra Luis Luengo, tras leer algunas presentaciones: «¿Se lee Garzón los libros que prologa, los escribe para llevarle la contraria al autor o los redacta para hacerse autobombo a sí mismo?».Y responde: «Creo que en ellos hay una mezcla de todo».

Dejándose arrastrar por una vanidad que él mismo reconoce, por su afán de figurar en todas partes, el juez es, sin duda, y después del Rey, el mayor acaparador de doctorados honoris causa de España, asunto que traemos a este capítulo pues forma parte de las sinergias necesarias para incrementar su prestigio y los ingresos por sus conferencias. Veamos algunos casos...

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Todo transcurrió con el exquisito y cuidado protocolo, mimo y atención a los pequeños detalles que los organizadores ponen en el acto anual de entrega de los Oscar de Hollywood, o con idéntica seriedad y solemnidad a la demostrada por el príncipe de España cuando contrajo matrimonio con Letizia Ortiz. En la mañana del 9 de mayo de 2007 cerca de diecinueve mil personas entre alumnos, profesores, miembros de la comunidad universitaria y público en general se concentraban en la gran explanada del Washington Square Park, en el corazón de Greenwich Village, para recibir sus títulos de graduados y doctorados universitarios tras varios años de duro esfuerzo académico.

Entre los seis mil estudiantes presentes, que acababan su carrera, había médicos, abogados, doctores y licenciados en arte, literatura, administración pública, dirección y administración de empresas, cine, música, trabajo social y otras materias, que acababan sus estudios en sus catorce centros académicos.

La universidad celebraba además sus ciento setenta y cinco años y, tras la ceremonia de las antorchas, diseñadas y elaboradas por Tiffany’s, enmarcada en la tradición del centro, el famoso trompetista de jazz Wynton Marsalis dio la bienvenida a los nuevos graduados y doctorados con una interpretación especial.

A continuación se concedieron cuatro doctorados honoris causa que recayeron en el director del Museo Metropolitano y director de Bellas Artes de Nueva York, Phillipe de Montebello; la matemática Cathleen Synge Morawetz; el juez español Baltasar Garzón; y el líder antiapartheid, físico, académico y empresario Mamphela Aletta Ramphele. Naturalmente, el primero de la lista y el más elogiado de todos como «campeón de la lucha contra el eje del mal», caracterizado en los dictadores, sátrapas y aves de similar pelaje fue el juez del pequeño pueblo de Torres.

El decano de la Facultad de Derecho leyó los méritos que le hacían acreedor a tan alto galardón, que muy pocas personas en el mundo disfrutan y se sienten orgullosas de él. Dijo:

Baltasar Garzón Real, profesor, autor, juez-magistrado, con consumada habilidad y magníficos resultados, aplica el principio de justicia universal en aquellos casos en los que España tiene jurisdicción. Ha tenido el coraje, la valentía y la fiera determinación de llevar hasta sus últimas consecuencias, como todo el mundo sabe, múltiples y complejas investigaciones contra el terrorismo que incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero negro, el secuestro del Achille Lauro, los crímenes de Al-Qaeda y las violaciones masivas de los derechos humanos con desapariciones forzadas, tortura y genocidio.

En su incansable defensa de la justicia ha investigado los crímenes cometidos por las más importantes instituciones españolas, cimentando la cooperación jurídica internacional con otros países hasta niveles no logrados hasta ahora. Conocido y celebrado mundialmente como un duro trabajador, incorruptible y altamente cualificado como investigador, ha sido objeto de numerosos homenajes en decenas de países, entre los que se incluyen el premio de Defensor de los Derechos Humanos de España y la medalla del Senado de la República de Chile.

Entre las numerosas y prestigiosas distinciones académicas logradas hasta ahora, la Universidad de Nueva York se siente orgullosa de tenerle entre sus antiguos y distinguidos visitantes del Centro de Derecho y Seguridad de nuestra Escuela de Derecho, así como defensor entusiasta del Centro Rey Juan Carlos I de España, cátedra de la cultura y civilización españolas en nuestro centro que lleva con honor el nombre de otro de nuestros doctores honoris causa, el rey de España.

Baltasar Garzón Real, por su fortaleza de espíritu, sus ansias y energías en la lucha contra el crimen y la corrupción, se ha ganado la más profunda e imperecedera gratitud de millones de seguidores en el mundo entero. Por la autoridad depositada en mí por la Universidad de Nueva York, tengo el placer de concederle el doctorado honoris causa en Derecho.

Algunos de sus amigos reconocen que la obsesión de Garzón por los honores académicos y los laureles, al no poder realizar una carrera dentro de la judicatura, arranca de comienzos de los noventa, fecha en que los humoristas de El estado de la nación —un espacio del entonces programa de Luis del Olmo en la COPE— le dieron el premio «Más bonito que un San Luis», que obviamente no figura en su currículum.

Su sola presencia sigue generando adhesiones inquebrantables y loas encendidas u odios africanos y pasiones en contra. Veamos ambos supuestos.

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Bajo el título Un hombre en la mira, Eduardo Ángel Pizzichillo escribió de él en Newsfirms, una agencia de colaboraciones periodísticas: «Baltasar Garzón, un hombre muy educado, muy correcto, amigo de la buena mesa, de contar chistes sin parar, de bailar sevillanas y torear vaquillas en los tentaderos, se transforma en Superman cuando entra en su despacho, y embiste contra enemigos temibles.

»Amenazado por terroristas y narcotraficantes, temido por los políticos españoles y detestado por no pocos funcionarios argentinos, sigue adelante con una cruzada que incluyó batallas contra la corrupción e indagaciones por los desaparecidos durante el proceso militar de nuestro país».

Paralelamente, el 29 de marzo de 2007, la revista española Época pedía su opinión a diversos juristas y ni uno solo hablaba bien del juez. «No sé qué tiene que ver Garzón con la Justicia y el Derecho. Desde el punto de vista jurídico no es una persona muy cualificada y antepone sus motivaciones personales a las profesionales», señalaba un miembro del Consejo de Estado, no identificado, señalado por la revista Época. Añadía: «Garzón realiza cosas que a otro juez no se le tolerarían, como dejar casos a medias, tal y como ha hecho con los sumarios de Herri Batasuna y los GAL cuando han dejado de darle publicidad».

Por su parte, los miembros del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, Adolfo Prego, Enrique López y otros decidieron no hacer declaraciones. «Garzón se califica a sí mismo. Prefiero no hablar de él porque sería peor», afirmó Prego, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo al autor. Y el portavoz del Consejo, Enrique López, señala: «Yo voté a favor de que se le expedientara en 2004 en contra del criterio de mis compañeros. Ahí está mi voto particular». «Algunas veces aplica el Código Penal según el viento que sopla», agrega Requero.

No es un genio como la ex ministra de la Vivienda del PSOE, María Antonia Trujillo, autora de las mágicas «soluciones habitacionales», ni su sabiduría es equiparable a la de José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que pretende solucionar el problema vasco dándole la independencia a aquella región de España y pagándole 1.500 euros a los terroristas.

Garzón, sin embargo, es en 2007 el juez español más enaltecido, homenajeado, festejado y agasajado fuera de España; en muchos de los casos, por asuntos que no ha hecho, ha dejado a medio hacer o han sido vetados por los tribunales superiores. «Y es que pese a sus sonados fracasos ha sabido venderse en el extranjero como el campeón de las libertades y de los derechos humanos», se le reconoce en todos los estamentos judiciales como uno de sus grandes méritos.

Menos mal que, como escribe su amigo Manuel Medina, nunca ha sido partidario de lisonjas ni de agasajos de ningún tipo. «Han sido muchas las horas que hemos pasado juntos, en las que lo han propuesto para los premios Príncipe de Asturias, el Nobel de la Paz y otras tantas candidaturas que no han dado frutos», escribe. Y añade: «Él nunca ha valorado esos galardones, pero sí es consciente de que mientras en el extranjero le han entregado infinidad de premios y reconocido su trabajo, en España se los han negado. Sé que le van a molestar estas palabras porque lo suyo es la lucha, no la recompensa, pero puede que ahora, una vez que se ha alejado de la judicatura [se encontraba entonces disfrutando de una beca de quince meses en Nueva York], sea el momento de concederle todos los premios que no ha recibido mientras estaba en ejercicio».

Su currículum es el más copioso, abultado y mejor presentado del show business español, y es imposible de reproducir entero en un libro. «Si hubiera dedicado la cuarta parte del tiempo empleado en hacer relaciones públicas a la judicatura a lo mejor también podría presumir de ser un buen juez», afirman en el Consejo General del Poder Judicial. Veamos otro caso.

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Con la humildad que le caracteriza, aquella mañana del 27 de agosto de 2006 se subió al púlpito, miró a sus feligreses y proclamó: «Señor rector: a veces me han llamado Quijote por lo utópico de mis planteamientos, pero puedo decirle que lo mismo que a mí y a otros, realmente los molinos de viento contra los que arremetiera el hidalgo español que creara Cervantes hace más de cuatrocientos años hoy día son gigantes que agreden a la sociedad y la perturban, que la avasallan y tratan de robarle su dignidad y sus derechos. Por ello siempre prestaré mi lanza para defenderla clavándola en la injusticia».

Aquella jornada era investido doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Chile, a donde había llegado días antes acompañado de su mujer, Rosario Molina, y de Carlos Castresana, el miembro de la Fiscalía que había presentado la denuncia contra la Junta Militar de Argentina a la que, mediante un ardid procesal, el juez de Torres convirtió en un instrumento para intentar encausar al dictador Augusto Pinochet.

Rodeado de las autoridades académicas y de los defensores de los derechos humanos, el hombre que se atribuye en exclusiva la persecución del dictador Augusto Pinochet, sin cortarse un pelo, le relató a los propios chilenos el resultado de su proeza: «Hace dos días pisé las calles de Santiago por primera vez, aunque hace tiempo que he estado aquí, que he vivido, que he sufrido y que he sentido el dolor de esta tierra. He visto las calles de Santiago limpias y en las que hoy se ha dado paso a la tolerancia, en las que las víctimas de la represión caminan con la cabeza erguida, sólo dobladas por el paso de los años y con las alforjas llenas de memoria para no olvidar».

Perdida su función de juez y transmutado en uno de esos personajes mesiánicos que se sienten protagonistas y parte de la historia de la humanidad, añadió: «Hoy por fin he abrazado a tantas gentes, queridas y añoradas por el sufrimiento, y he llorado en el Palacio de la Moneda y en Villa Grimaldi al recordar allí las masacres escenificadas. Hace casi treinta y tres años la noche oscura extendió su manto en esta tierra como años antes en la mía, y demasiada gente inocente pagó las consecuencias de una arbitraria y dura represión».

Al día siguiente el juez tenía programado viajar a La Serena, donde iba a ser condecorado como hijo ilustre de la ciudad, y cuarenta y ocho horas después a la Universidad de Arcis, donde le aguardaba un nuevo homenaje y otro doctorado honoris causa. Ese mismo día Garzón había previsto participar en los actos conmemorativos en el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y en el Patio 29 del Cementerio General, ocasión que compartiría con las organizaciones de derechos humanos.

Según la crónica de la agencia United Press International (UPI), el magistrado español hizo una cerrada defensa de los derechos humanos: «Todos debemos compartir el esfuerzo y desarrollar aquella parte del trabajo que nos corresponde, sin miedo y con enérgica decisión. Porque ninguna sociedad se va a quebrantar por el hecho de que se apliquen la ley y la justicia. Por el contrario, en palabras de Montesquieu, una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos, admitir la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen. ¿Por qué, entonces, permitir tantas injusticias, por qué seguir la inercia que nos marcan los burócratas o los dueños de las manos ocultas que mueven el mundo?».

Es a partir de 2004 cuando se incrementa su afición por las conferencias. Veámoslo con detalle:

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Acababa de recibir el mayor mazazo de su carrera: el Consejo General del Poder Judicial le excluía a él, uno de los jueces más serios, rigurosos y brillantes de la carrera, del empleo de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón presentó un escrito al órgano de gobierno de los jueces y se le autorizó a cogerse nueve meses sabáticos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y en el anexo Centro Rey Juan Carlos I de España, en el Greenwich Village de la ciudad de los rascacielos.

«Tendrá que desarrollar temas relacionados con el terrorismo internacional y nacional (España), así como estudios sobre las fórmulas de afrontar los nuevos desafíos que estos fenómenos suponen para la seguridad de los Estados, la comunidad internacional y los ciudadanos en general, todo ello integrado en una perspectiva jurídica y de aplicación de los derechos humanos y los modos de hacerlos compatibles con la seguridad», dejó escrito en el Consejo General del Poder Judicial. «Igualmente, se extenderá la actividad al estudio de los sistemas comparados con la lucha contra el terrorismo y las formas y vías de compatibilizar, coordinar y, en su caso, integrar unos con otros para ofrecer respuestas positivas y efectivas a este fenómeno criminal internacional. Se hará saber al interesado que una vez concluida la misma deberá elevar un informe al Consejo, en el plazo de diez días, [acabadas las vacaciones]».33

El 22 de noviembre la Comisión Permanente del CGPJ decidía ampliar la «prórroga de estudios» en Nueva York hasta el 30 de junio de 2006, «todo ello siempre que la misma no afecte al límite presupuestario para los jueces sustitutos y magistrados suplentes de la Audiencia Nacional».34

Garzón se convertía así en el primer juez español al que, en teoría, se le seguía pagando el sueldo con cargo al erario público y se le autorizaba a residir en los Estados Unidos durante un periodo de quince meses. Además, para que no tuviera que coger el teléfono ni contestar personalmente a la correspondencia, el Ministerio de Justicia le ponía una secretaria cuyo sueldo no era abonado precisamente por la Universidad de Nueva York. «Creo que es una chica de los juzgados de plaza de Castilla», recuerda el portavoz del CGPJ, Enrique López.

¿Cómo se financió el viaje? ¿De dónde sacó el dinero para pagarse una estancia de quince meses en la Gran Manzana?

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El 1 de diciembre de 2005 se presenta en el hotel Wellington de Madrid el libro La conquista de la vida, del abogado jienense Manuel Medina González. Editada por Plaza y Janés/Grijalbo, la obra es una autobiografía de este letrado, amigo de Baltasar Garzón (que la prologa), que presume de haber salido de un humilde cortijo de Jaén para conquistar el mundo y codearse con la flor y nata de la política, la abogacía y las finanzas: Adolfo Suárez, Ronald Reagan, George W. Bush, Paco Ibáñez, el rey Juan Carlos I de España, Alfonso Escámez y Baltasar Garzón, al que dedica las frases más cariñosas y los elogios más encendidos.

En la presentación de la obra estaban todos: Baltasar Garzón, Luis del Olmo, Gaspar Llamazares y Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco de Santander Central Hispano «que siempre sabe y lo soluciona todo», según el cómplice guiño que Manuel Medina le lanza en su libro. Y es que tras estas aparentemente inocentes palabras se esconde toda una historia.

A finales de 2004, cuando Baltasar Garzón era un hombre que empezaba a ver anochecer, víctima de una larga y dilatada vida de fracasos judiciales, al no concedérsele la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Manuel Medina, letrado asesor del Consejo del Santander Central Hispano, había recurrido a Ángel Corcóstegui para que le echara una mano a su amigo, dato —el de Corcóstegui— que ha refrendado al autor del libro el fiscal Enrique Molina.35

Ex consejero delegado del Banco Central Hispano, que en 1998, tras una serie de reuniones secretas con Matías Rodríguez Inciarte, organizó la fusión del Banco de Santander con el Central Hispano y al que posteriormente Emilio Botín le concede la mayor jubilación de la historia de la banca española, junto con la de José María Amusátegui, se presta a ayudarle.

Habla personalmente con varios miembros del Consejo del BSCH y buscan la fórmula para financiar, por medio de la Cátedra Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, una serie de conferencias —diecisiete— a impartir por el juez bajo el epígrafe «Diálogos Transatlánticos». «A cien mil dólares la conferencia», según un periodista de HITN (Hispanic Information and Telecomunications Network), una de las televisiones de habla hispana de Nueva York, que grabó todos los programas y ha facilitado una copia en vídeo de todos ellos al autor.

El jefe de prensa de Emilio Botín, el periodista Aurelio Medel, se negó a confirmar o desmentir la cifra abonada. «Lo siento. Tengo órdenes estrictas de no hablar de ese asunto».

La persona encargada de efectuar los pagos, al que el presidente de honor de la Universidad John Brademas da las gracias en público en varias ocasiones, fue el consejero del quinto banco del mundo, Gonzalo de las Heras, a la vez director general de banca mayorista global en Nueva York y consejero del Santander en el Sovereign, un banco estadounidense con una capitalización de mercado de 8.000 millones de euros, donde la entidad financiera de la familia Botín posee una participación del 25 por ciento del capital.

De esta manera, o tal vez por otras razones, el juez más importante de España no recurre el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez a la Sala de lo Penal, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones en su momento.

Con más de 7.000 millones de pesetas en la faltriquera —exactamente 43.750.000 euros— al intermediar en la «beca» de Garzón, el empresario Corcóstegui es probable que se sienta liberado de una vieja deuda moral con todos aquellos amigos que tanto le ayudaron a pasar el calvario a que fue sometido porque le pagaran una jubilación siete veces milmillonaria, «algo así como el premio gordo del Euro millón».

Tras su regreso de Nueva York, el instructor del Juzgado Central de Instrucción Número 5 archivaba una denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, recientemente fallecido, contra Emilio Botín y un grupo de accionistas del banco, a los que pedía la astronómica cifra de 750.000 millones de pesetas.

La actitud del juez, de la que se hablará más extensamente en otra parte del libro, debió haber sido, probablemente, la de abstenerse de conocer el caso (por otra parte absurdo y basado en la inquina que Pérez Escolar sentía contra Botín), al estar sin duda alguna contaminado para instruir, de la misma manera que lo estuvo en la década de los noventa para proceder contra sus antiguos jefes de Interior en el asunto GAL.

¿Qué estuvo haciendo por tierras de Manhattan nuestro hombre? ¿En qué ocupaba sus inconmensurables energías perdidas para la causa de la Justicia?

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«Senqiu, mister presiden, ambaaasador, mai diar fren. Senqiu for returnin uan mor to dis trasalantic dialoj. Tody ui güil refle beter abaud a problem das ol a jiumaniti is sel. Jiuman mai-gra-tori carens jas bin asosietied to güol, repesion an economic craisis».

La voz aguda y atiplada del juez Garzón resuena en una sala situada en el ala sur de la Universidad de Nueva York. Ese día se va a hablar de los problemas de la emigración en Latinoamérica y España. En la mesa redonda que preside se encuentran el escritor chileno Ariel Dorfman y los ministros españoles de Asuntos Exteriores y Justicia, Miguel Ángel Moratinos y Juan Fernando López Aguilar, entre otras personalidades. El juez español, que preside la mesa y ordena el diálogo, continúa con su autoinglés on the rock.

«Ol gris nachural disaster fenomena dat jas forc milions of pipol to live der neitiv lands. Tudey de nomber of imigrans in de güol is abaut tu jandred sausans milion. Dei serche for a beter laif an or güan oportuniti das güos fricuenli dianif bak ham».36

Nada más oírle empezar, el profesor de literatura y escritor chileno Ariel Dorfman,37 ex asesor de Salvador Allende, radicado en Estados Unidos, hace una mueca de vergüenza ajena. Juan Fernando López Aguilar se tapa la cara con una mano para contener la risa. El juez vacante sigue impasible con su garzonglish.

Como si fuera un gran comunicador, coordinó diecisiete conferencias como estas, aunque muy pocas veces tuvo la osadía, reflejada en todos los actos de su vida, de presentar a los intervinientes en la lengua de Shakespeare. Diecisiete conferencias a 100.000 dólares por «panelista», pagadas por el Banco de Santander Central Hispano y alguna otra entidad financiera que aportó su dinero en los últimos meses.

Volvamos al hilo conductor del capítulo.

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Fue como un regalo de Navidad llegado a casa con dos días de retraso, como si a Santa Claus le hubiera cogido un atasco en la calle de García Gutiérrez, donde está la sede de la Audiencia Nacional, en la actualidad cerrada al tráfico y convertida en el aparcamiento de los coches blindados de jueces y magistrados.

El 26 de diciembre de 1997 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó el archivo de las diligencias previas para esclarecer la presunta amnistía fiscal encubierta por un importe de 201.329 millones, de la que el Gobierno de Aznar había acusado a la administración socialista.

Tras una denuncia de José María Ruiz-Mateos, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, acusaba a los socialistas de haber obrado por «amiguismo» con determinados bancos y empresas condonándoles 258.000 millones de pesetas. La investigación de este presunto caso de corrupción recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Según Juan Costa, la Administración Tributaria estimaba que habría de recaudar 258.000 millones de pesetas por primas únicas, la mayor parte de las cuales habían sido colocadas por La Caixa entre sus clientes. Tras chalaneos y pactos entre Convergencia i Unió, La Caixa y el Gobierno socialista, sólo se habían recaudado 31.000 millones, la mayor parte al regularizar sus deudas con Hacienda diversos particulares.

Tras analizar la querella, el juez estrella la sobreseyó tomando como propios los argumentos esgrimidos por el fiscal anticorrupción en su propuesta de archivo. «La Administración [Tributaria] operó con un criterio jurídico avalado doctrinal y jurisprudencialmente y sin ánimo de perjudicar a la Hacienda Pública, ni de favorecer a determinados contribuyentes».

El magistrado Garzón aclara en su auto de archivo que «no hubo tráfico de influencias ni indicios de comisión de delito penal alguno por parte de los responsables de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por lo que no cabe hablar de prevaricación administrativa».

Para el juez, la prescripción de expedientes tributarios se ha producido por una interpretación de la ley avalada por los tribunales económico-administrativos regionales y otras instancias jurisdiccionales, circunstancia que posteriormente ha sido corregida por los tribunales.

Así, el magistrado recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996, en la que se basa el fiscal anticorrupción, «establece que el plazo de seis meses fijado en el artículo 31.4 del Reglamento de la Inspección de Tributos afecta a cualquier momento entre el inicio de las actuaciones inspectoras y la notificación de la liquidación que resulte», y no sólo entre el inicio y el levantamiento del acta, criterio utilizado por Hacienda hasta entonces y que ha dado lugar a la prescripción.

Sin embargo, añade el auto, resulta evidente que se ha producido un perjuicio objetivo al erario público que se cifra en unos 201.329 millones de pesetas debido al «alarmante retraso acumulado en la tramitación de cientos de expedientes importantes, estos no advirtieron el peligro y el riesgo de pérdida de cuantiosos ingresos para la Hacienda Pública, ya que no atisbaron el cambio de interpretación».

De los más de 200.000 millones, 60.000 correspondían a primas únicas. Con la sentencia, la entidad más beneficiada fue La Caixa. «Se ahorró 21.000 millones de pesetas por una decisión de la ex directora de la Agencia Tributaria, Juana Lázaro, al haber ordenado en 1994 al abogado del Estado que desistiera de un recurso que debía haber presentado para cobrar a la entidad financiera 21.000 millones de deuda tributaria»,38 señaló el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo. Entre tanto, el responsable de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, se limitó a criticar a Garzón: «Los jueces estrella resulta que son poco estrellas, ya que aclaran poco. Están para los grandes eventos, pero en este asunto no son muy eficaces. A los poderosos se les deja de investigar».

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Unos días antes, los terroristas, a los que se había propuesto crear una euro-región vasco-pirenaica con un parlamento común con los navarros, no estaban demasiado convencidos de la oferta y habían volado el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid— Barajas.

—¿Qué piensa de ETA tras el último atentado? —preguntó Baltasar Garzón.

—Lo he dicho y te lo reitero. Estamos en la fase final de ETA, aunque no me atrevo a ponerle una fecha concreta. Esa fase puede durar años —respondió José Luis Rodríguez Zapatero.

Era el 24 de enero de 2007, en uno de los salones de la Casa de América, con unas doscientas personas como espectadores. Era la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional, metido a periodista, entrevistaba al presidente del Gobierno, pero de Baltasar Garzón se podía esperar todo.

Mientras, su secretaria, M. M. B., sentada entre el público, le pasaba las preguntas escritas a bolígrafo deprisa y corriendo, Garzón las leía pausadamente, se guardaba unas y rompía otras, y Rodríguez Zapatero, tratando de «tú» al juez, respondía al interrogatorio que iban preparando sus amigos.

—¿Quién eres tú? —le preguntó la periodista Julia Pérez.

—La jefa de Prensa del juez Garzón.

—¡Coño, esa sí que es buena! ¿Garzón tiene jefa de Prensa? ¿Es que va a dar ruedas de prensa cada vez que detenga a un etarra?

—No, sólo en los actos culturales.

Aunque Rodríguez Zapatero no confesó en ningún momento que estuviera negociando con ETA, su justificación del terrorismo hubiera sido motivo suficiente años atrás para que Garzón hubiera tenido que remitir el vídeo de la entrevista al Tribunal Supremo con una «exposición motivada» pidiendo la apertura de un sumario contra el presidente del Gobierno por supuesta apología del terrorismo.

Eran, sin embargo, otros tiempos. Y así, de la misma manera que el peor presidente de la democracia española socavaba una vez más los cimientos de la estructura de la España constitucional, para compensar, allí estaba el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Como buen comunista estalinista, era partidario de la unificación de Portugal y España en una sola nación que debería llamarse Iberia, con gran enfado de sus compatriotas, quienes le han linchado intelectualmente.

La entrevista al presidente del Gobierno, que tanto revuelo causó en los medios de comunicación, formaba parte de un ciclo de encuentros, entrevistas y conferencias financiado por La Caixa al Zeus de la justicia española.

El ciclo de conferencias y diálogos en el que sólo participaron algunos ejecutivos de La Caixa,39 miembros del Gobierno y algún político sudamericano extraviado, se celebró entre enero y mayo de 2007.

Casualmente, y como ocurrió medio año antes en Nueva York, tuvo como estrella invitada y coordinador de todos los eventos al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real, quien ni siquiera solicitó en esta ocasión permiso al Consejo General del Poder Judicial, al no tener que salir de España.40

Venía a ser una copia descarada del ciclo de unos meses antes en la Universidad de Nueva York, incluso con los mismos intervinientes en algunos de los paneles (Felipe González, Ernesto Zedillo, Enrique Iglesias, Miguel Ángel Moratinos, Cándido Conde-Pumpido), pero naturalmente con un nuevo patrocinador: la Obra Social de La Caixa, siempre dispuesta a poner el dinero.

Con el escritor comunista José Saramago, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias como «avispados conferenciantes», el ciclo tuvo el mismo objetivo que en Nueva York: servir de plataforma a la mayor gloria de Baltasar Garzón y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y coadyuvar a que el juez de jueces incrementara sus ahorrillos, con unos cuantos millones más.

***

Fue como el desembarco de Normandía, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El domingo 23 de septiembre de 2007 el presidente del Gobierno de Argentina Néstor Kirchner, acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; de Trabajo, Carlos Tomada; y de Educación, Daniel Filmus; por el secretario del departamento Legal de la Presidencia, Carlos Zannini, y el portavoz presidencial Miguel Núñez,41 de los presidentes del Congreso y del Senado y sus respectivos séquitos, tomaban casi por asalto la ciudad de los rascacielos.

Empleando medio centenar de limusinas, horas después se instalaban en el hotel Four Seasons, enclavado en el Midtown, en el corazón de la Gran Manzana, a pocos metros de Central Park, y se dedicaban a visitar la ciudad, especialmente el socavón provocado por el atentado a las Torres Gemelas.

Oficialmente, el viaje estaba motivado por la intervención del presidente Kirchner en las Naciones Unidas con motivo de la reunión de la Asamblea General de la ONU para abordar el problema del cambio climático. El motivo real: dar el pistoletazo de salida de su mujer la senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner a las elecciones a la presidencia de la República, a celebrar el 28 de octubre de 2007, como candidata por el Frente para la Victoria.

El lugar elegido para el evento era el auditorio Tishman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en el 44 de Washington Square South. Allí, a las seis de la tarde del 24 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner iba a debatir con el juez español Baltasar Garzón de la High Criminal Court, según el cartel anunciador, sobre el papel de la Justicia en los periodos de transición política.

Para que todo pareciera natural, el acto había sido oficialmente organizado por el Centro Internacional para la Justicia en periodos de Transición, el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global, la Fundación Emilio Mignone42 para la Justicia de Transición y la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Aunque ese día disertaban otros dos pesos pesados de habla hispana (en la Universidad de Columbia la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, mientras que el de Bolivia, Evo Morales, lo hacía en el centro San Marcos Place, situado en la calle 8 con la Cuarta Avenida), en el auditorio de la Universidad de Nueva York no cabía un alma.

Nada más empezar la conferencia, quedó claro que la misma había sido organizada para el lucimiento personal y mayor gloria de la candidata a la presidencia de la Argentina y que el juez de la Audiencia Nacional había sido contratado para realizar el papel de sparring, ante las fuerzas vivas de Buenos Aires, trasladadas a la Gran Manzana para seguir en vivo el combate dialéctico.

Ningún juez norteamericano ni español en ejercicio, que se sepa, se ha prestado en momento alguno a participar en una campaña electoral de manera abierta y de cara al público. Y es que de la misma manera que Carlos Menem estuvo años atrás por un asunto de drogas en el punto de mira del Príncipe de la Justicia española, con el precedente de Isabelita Martínez de Perón y otros, nadie puede poner la mano en el fuego de que con Cristina Fernández de Kirchner no pueda ocurrir otro tanto dentro de unos meses o años. Especialmente, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional tiene aún sumarios abiertos sobre la represión en Argentina.

«Hasta 2003 la defensa de la memoria histórica, de la verdad y de la justicia en Argentina era patrimonio de la izquierda y hoy es patrimonio de la derecha, no es obra de un Gobierno ni de un espacio político sino de la sociedad entera», sentenció la candidata, presentada en la prensa de su país como una mezcla de Evita Perón (la tradición peronista) y los toques avanzados y modernistas de Hillary Clinton.

Convertido en el ayatolá de la verdad histórica y de los derechos humanos, en el hombre que aspira a convertirse en juez universal, Baltasar Garzón estaba allí para ratificar y dar fe con su presencia y como notario mayor del reino del compromiso de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con los derechos humanos y frente a las dictaduras.

«La última vez que me vi con Cristina Fernández fue en una conferencia en Buenos Aires en agosto de 2005. Creo que éste es el momento para repasar algunos aspectos de los derechos humanos, ver las causas [pendientes] en España y en la Argentina», señaló Garzón al diario digital 26noticias.com.

Calificado por un sector de la prensa española como un juez de métodos cuestionables, y adorado como un semidiós en las democracias populistas de América Latina, el instructor del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional no reveló la cifra millonaria que cobró por avalar y refrendar con su presencia la legitimidad y el pedigree democrático de Cristina Fernández Kirchner, nueva presidenta de Argentina.

De lo único que quedó constancia es que fue presentado como destacado militante socialista español por el presentador del acto, el presidente del Centro para la Justicia en periodos de Transición y que Garzón no negó esta adscripción política.

En todo caso, de ser ciertas las declaraciones que publica 26noticias.com, cabe preguntarse: ¿qué demonios hace un juez español discutiendo con el futuro presidente de Argentina sobre los asuntos que supuestamente lleva en su juzgado de la Audiencia Nacional? ¿Es esa la independencia de la Justicia que practica Baltasar Garzón El Grande?

En los siguientes capítulos tendrán la respuesta.

Capítulo II

Ni nécoras ni ostras

El humorista gráfico Martinmorales retrató mejor que nadie su incapacidad y falta de preparación como juez instructor. Un policía nacional pasa frente al calabozo lleno de presos arrastrando a un detenido sujeto por unos grilletes y una cadena. Uno de los presos enjaulados pregunta: «¿Ha dirigido el juez Garzón tu operación antidroga? ¡Enhorabuena, en cuanto se celebre el juicio estarás libre por falta de pruebas!», le comenta. Tres de los casos analizados aquí, la Operación Nécora, la Operación Ostra y la Operación Pitón, se saldaron con masivas y escandalosas puestas en libertad de los detenidos por falta de pruebas, ya que algunas de las declaraciones de los arrepentidos eran ficticias y no pudieron sostenerse en la vista oral. Otras causas fueron las escuchas ilegales o motivos mucho más nimios: muchas de las declaraciones autoinculpatorias de los acusados, que contradecían otras anteriores, no estaban ni siquiera firmadas por la Policía o los guardias civiles que habían realizado los atestados, quienes se habían olvidado incluso de identificarse, por lo que no pudieron ser llamados a juicio a ratificar los testimonios.

***

A finales de la década de los ochenta, bastante antes de que se eclipsara la estrella de Manuel Fraga, el PSOE gallego estaba obsesionado con la imposibilidad de derrotar al Partido Popular en las urnas en la región del noroeste de España.

Una y otra vez las listas electorales elaboradas en la calle de Génova de Madrid y en el Palacio Rajoy de Santiago, sede de la Xunta, salían victoriosas en las sucesivas contiendas electorales. El dirigente de Villalba (Lugo) se mostraba como un político imbatible.

Todo ocurría, según el PSOE, porque Galicia era una tierra de caciques y analfabetos, un sector rural y atrasado de España donde siempre, incluso en la II República, se votó a los conservadores. Los argumentos para justificar sus sucesivas derrotas electorales resultaban, sin embargo, cada vez más inverosímiles.

Dispuestos a erosionarle el terreno electoral a Fraga, a los dirigentes socialistas no se les ocurre otra cosa que dedicarse a perseguir a los contrabandistas de tabaco que operan en la ría de Pontevedra, pues los consideran los «financieros» del Partido Popular y hay que exterminarlos para cortar el flujo de dinero a sus opositores.

Y fue de esta manera como un grupo de pequeños delincuentes, que vivían de la venta ilegal de tabaco rubio entrado de contrabando por la ría de Arosa en potentes lanzaderas (lanchas rápidas), que disponían de poderosos circuitos de distribución de cajetillas de Winston y Marlboro en toda España, fueron perseguidos sin misericordia y arrojados en manos de los traficantes de cocaína de Venezuela y Colombia.

«Los traficantes de tabaco somos los primeros en impedir que por nuestra zona se trafique con cocaína o heroína. Pero si el riesgo de ser detenido por importar tabaco ilegal, que no hace daño a nadie, es el mismo que por traficar con cocaína, las autoridades socialistas nos están empujando a trabajar con los cárteles de Cali y Medellín. Lo que se gana durante un año de contrabando podemos obtenerlo en una noche trapicheando con coca», señalaba entonces Pablo Vioque, abogado de los contrabandistas de tabaco.

Pieza instrumental en todos los manejos para erradicar el contrabando de Galicia, persiguiendo por igual a los pequeños traficantes de tabaco que a las grandes bandas dedicadas a la importación clandestina de droga de Colombia, fue el juez Baltasar Garzón.

Y es que sólo una persona que parecía no tener otra meta en la vida que una irrefrenable avidez por el protagonismo personal, que buscaba por encima de todo estar en el candelero y ser portada de todos los periódicos, era capaz de meterse en cualquier charco sin ver antes si había o no agua. Y de hacerlo, además, sin el paracaídas de una buena instrucción judicial.

***

La noticia era algo más que un rumor a voces. En 1989 el gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada, un ex vendedor de coches llegado a la política, había encarcelado a un pez gordo del narcotráfico gallego.

El entonces buen periodista Ramón Tijeras y el autor del libro, ambos reporteros de la revista Tiempo, cogen ese mismo día un avión y se desplazan al aeropuerto de Vigo.

En el Gobierno Civil, Parada intuye a lo que van. Les recibe con una media sonrisa y confirma que, efectivamente, la Policía Judicial acababa de detener a un importante marinero, metido hasta el cuello en negocio de tráfico de drogas. «Con esto vamos a acabar de una vez con la financiación ilegal del PP», dijo.

La instrucción del sumario la lleva el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra, Luciano Varela Castro, un magistrado vinculado a Jueces para la Democracia, y que en 2007 se encuentra en la Sala Segunda del Supremo. Pero la persona que de verdad lleva personalmente la investigación y dirige a la Policía es el gobernador civil, quien pretende ocultar el nombre del detenido el mayor tiempo posible.

Es más, para evitar filtraciones a la prensa, Parada había troceado deliberadamente la declaración entre varios inspectores de policía y les había pedido a cada uno de ellos que realizara una investigación independiente. Sólo él tenía todas las claves del puzle.

A los periodistas, sin embargo, no les resultó nada difícil hablar aisladamente con cada uno de los agentes, cambiar con ellos los papeles que habían conseguido por su parte, y reconstruir en unas horas el contenido de las diligencias previas.

El asunto era que un delincuente común de escasa monta, Ricardo Portabales, engrasador del barco Promarsa I, había sido detenido un mes antes por estar metido en el trapicheo de cocaína a pequeña escala. Dotado de una capacidad de fabulación comparable a la de los hermanos Grimm,43 se había dedicado a narrar historias ficticias como la que sigue: «Al cargar mercancía en el puerto de Vigo, se abrió una caja y estaba llena de billetes que iba a trasladar a Panamá. Al llegar al paraíso fiscal centroamericano, Celso Barreiros, el dueño del buque, me hizo su ayudante personal, me mandó a hacer entregas de dinero a Costa Rica, al clan de Juan Ramón Matta Ballesteros. Luego entró como enlace en la organización José Manuel Padín Gestoso, con el que realicé una operación de 450 kilos de cocaína. Más tarde, bajo el patrocinio del capo José Paz Carballo, empecé a trabajar para otras bandas».

En su declaración no había nada cierto, salvo su firma. Para eludir su responsabilidad se había inventado una trama de traficantes de cocaína en la que metía al productor de cine Carlos Goyanes Perojo, ex de la actriz y cantante Marisol, casado entonces con Cari Lapique; a la hija del ex dictador español, Carmencita Franco; al empresario Celso Barreiros, hermano de uno de los prohombres del franquismo; al torero Manuel Benítez, el Cordobés; al traficante de armas afincado en Marbella Monzer al-Kassar; y a otras dos docenas de personas vinculadas al mundo de las finanzas, los negocios o la jet-set.

De paso, para que no quedara ningún cabo suelto, Portabales citaba el nombre de Laureano Oubiña y de su mujer, Esther Lago, dos caras conocidas del juez Baltasar Garzón. Los dos solían tener un salón reservado en el Pazo de Monterrey, una marisquería de Madrid donde el magistrado solía reunirse con los responsables de la Comisaría General de Información para planificar sus operaciones contra ETA.

Las declaraciones de Portabales eran tan disparatadas, mezclaba a personajes tan diferentes entre sí, procedentes de estratos sociales tan distintos, que resultaban escasamente creíbles. Lo único que le daba alguna verosimilitud a su deposición era que en el mes largo que pasó en la cárcel de Pontevedra el «arrepentido» había sufrido varias agresiones por «chivato», una de las cuales acabó en una soberana paliza.

—Tenéis que darle algún tipo de protección, metedlo en una celda de aislamiento por lo menos —recuerdo que le comentamos en una ocasión al gobernador civil.

—No, no, eso no es bueno. Todavía sabe muchas cosas más y hay que dejarle a su suerte por lo menos otro mes para que se ablande un poco más —replicó alguno de los asesores de la primera autoridad en la provincia.

Y lo dejaron tirado a su suerte por lo menos otros treinta días. Portabales volvió a hablar. Aunque no conocía ni la letra ni la música, cantó La Traviata de Verdi. Lo hizo además a coro con otro presunto arrepentido, Manuel Fernández Padín, supuesto intermediario en el negocio de narcotráfico con Manuel Charlín Gama, jefe del llamado clan de los Charlines.

***

El 12 de junio de 1990 los vecinos de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) se despiertan sobresaltados. El ruido de los rotores de varios helicópteros de la Policía sobrevolando la ría y la aparición de controles policiales en todos los cruces de carretera era un espectáculo nunca visto en la comarca.

A esas tempranas horas, quinientos policías, la mayoría de ellos llegados de Madrid al considerarse «contaminados» por el narcotráfico muchos de los agentes gallegos, se ponen en marcha en toda Galicia, pero especialmente en Pontevedra.

Pertrechados con armas de largo alcance, chalecos antibalas y órdenes judiciales de todo tipo firmadas por Baltasar Garzón, van a organizar la primera redada a gran escala contra el narcotráfico en Galicia y el contrabando de tabaco —cuyas actividades no están muy definidas en las costas gallegas.44

Al frente de la operación se encuentran el titular del Juzgado de Instrucción Número 5, el fiscal antidroga Javier Zaragoza, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Los tres recorren la comunidad autónoma de un lado a otro en un helicóptero policial impartiendo órdenes y coordinando el operativo desde el aire. He aquí cómo vio Garzón la Operación Mago o Nécora: «Nunca había dirigido una operación policial de esa envergadura sobre el terreno, y me impresionó. Llegar a Santiago de Compostela y ver a doscientos policías, todos esperando, en esa calma tensa que precede a los grandes acontecimientos, en los que el miedo se confunde con la impaciencia y la ansiedad, fue una sensación nueva para mí. Momentos en los que cualquier pequeño detalle te llama la atención, percibes ruidos y olores de los que normalmente no te percatas. El sueño te [sic] desaparece y lo único que temes es que algo falle, que los objetivos no estén, que todo sea un fracaso». A continuación, agrega: «Nada de eso ocurrió. La ruta de Santiago a Villagarcía no es larga (unos cuarenta y cinco kilómetros), pero la serpiente de luces que integraba [sic] los vehículos marchando en caravana de madrugada era algo espectacular, sobrecogedor».45

En aquel operativo en el que el «juez campeador», como le define Miguel Ángel Aguilar, manda por primera vez al Séptimo de Caballería son detenidas cerca de sesenta personas y se arrasa el Pazo de Bayón y todas las empresas de Laureano Oubiña, además de las casas de José Manuel Padín Gestoso, de José Paz Carballo, de Manuel Charlín Pomares, de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de Jorge Outón Camaño, de los parientes de Juan Ramón Matta y de medio centenar de personas.

Se trata de dar un golpe de tal naturaleza al todavía incipiente narcotráfico gallego para que no pudiera levantar cabeza en muchos años. Por eso, sin más pruebas que las declaraciones imprecisas y no contrastadas de dos «confidentes», el juez ordena llevar a cabo una razzia sin precedentes en la historia policial de España.

«Todo fue tan caótico y tan improvisado que en las cárceles apenas tienen celdas donde asegurar que los encausados en el futuro sumario 13/90 no puedan comunicarse entre sí», recuerda uno de los agentes intervinientes.

En pocas horas la Policía no sólo registra las propiedades de los denunciados, sino que se incauta de cualquier papel, incriminatorio o no, que encuentra; pide los listados de sus cuentas corrientes en todos los bancos, la documentación de los coches de los detenidos y los registros de la propiedad de todos sus bienes.

Violando el derecho a la presunción de inocencia que debe regir en todo proceso judicial, ya que no existen pruebas, la vida de los cincuenta procesados es escudriñada paso a paso sin la menor contemplación ni miramiento alguno para fabricar un sumario que se plegara a los intereses de Garzón.

Como es habitual en él, Baltasar Garzón había «abducido» el sumario del Juzgado de Instrucción Número 3 de Pontevedra, había «secuestrado» al magistrado Luciano Varela a su principal testigo —Ricardo Portabales— y se había colocado su mejor gomina y su mejor sonrisa para aparecer ante las cámaras de los fotógrafos y la televisión como un actor de Hollywood.

«Lo más gratificante de mi vida —dice el juez, poco dado, según él, a la ostentación y el botafumeiro— fue encontrarme con una manifestación de más de quinientas madres frente a la comisaría de Villagarcía de Arosa. Ellas eran las verdaderas víctimas».

La Operación Nécora, nombre con el que se conoce todo el proceso, no había hecho más que comenzar. En los siguientes meses las redadas se ampliaron, se incautaron las propiedades de numerosos sospechosos, fueron controlados judicialmente sus patrimonios, se intervinieron ciento doce teléfonos, muchos de ellos sin mandamiento judicial, y se inició una masiva persecución de los supuestos culpables.

Luego se sabría que la redada pecó de improvisación y precipitación y fue un auténtico disparate. El caos lo impregnaba todo: al capo de la droga Laureano Oubiña y a su mujer Esther Lago les embargaron fincas que no eran suyas; al procesado José Manuel Padín Gestoso se le mantuvo ilegalmente durante seis meses en la cárcel; y el ex teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa se llega a querellar contra Garzón por firmar órdenes en blanco autorizando bloqueos y embargos de cuentas de supuestos narcotraficantes.

Lo más grave fue que muchos pacíficos ciudadanos, ajenos por completo al mundo de la droga unos y alejados de esos negocios otros, se vieron envueltos en una redada de grandes proporciones ordenada por un juez a quien el calificativo más benévolo que se puede otorgar es el de poco riguroso.

***

El 11 de junio de 1990 el director general de la Policía, el socialista José María Rodríguez Colorado, Colo, había llamado al periodista deportivo José María García para alertarle.

—Dile a Carlos Goyanes que se cuide. Puede tener problemas.

—¿A Goyanes? ¿Qué pasa? ¿Ha hecho algo malo?

—Le van a acusar de narcotráfico. Como sé que eres amigo suyo, te lo comento para que esté preparado.

El comentarista deportivo avisó enseguida a su amigo sin saber que tenía el teléfono intervenido. Pese a todo, al día siguiente la Policía se presentó en su casa, le obligó a abrir la caja fuerte y le requisó 600.000 pesetas en marcos, liras, dólares, dirhams y libras esterlinas. Se llevaron también todas las tarjetas de crédito, los billetes de avión, las facturas, los recibos de teléfono, los disquetes de ordenador y los extractos bancarios.

Horas más tarde se produce un nuevo registro en su oficina, situada en el número 28 de la madrileña calle de Zurbarán. Allí, tras arrancar la moqueta del suelo y la escayola del techo en busca de zulos ocultos, se llevan una nueva cantidad de papeles.

Mientras tanto, el empresario Celso Barreiros, hermano de Eduardo Barreiros, uno de los prohombres del franquismo, dueño de la factoría de Villaverde donde se fabricaban los Pegaso, los camiones del régimen, no se puede creer la pesadilla que le ha tocado vivir.

Esa misma jornada una docena de policías se ha presentado en su casa con un mandamiento judicial firmado por Carlos Bueren, con orden de registrar su vivienda y detenerle. Barreiros se encuentra en esos momentos aún en pijama y no tiene más remedio que seguir las instrucciones del juez.

Horas más tarde los mismos policías rodean la nave industrial situada en el número 14 de la calle de Montes de Toledo, en San Fernando de Henares, cerca de Madrid. Allí, en la sede de su empresa Estiroco S. A. registran toda la mercancía en busca de cocaína.

Baltasar Garzón tiene la sospecha de que Celso Barreiros ha utilizado alguna empresa naviera cuya propiedad le atribuye para transportar cocaína desde Costa Rica y Cuba a España. A Goyanes, en cambio, le atribuye haber distribuido nada menos que 15.000 kilos de hachís marroquí en España.

Sólo Carmen Franco Polo, esposa del doctor Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, el torero Manuel Benítez y el traficante de armas Monzer al-Kassar se salvaron de las maledicencias de Portabales. Nadie se explica hasta ahora por qué si estos eran tres personajes con mucha más notoriedad que Goyanes o Barreiros, y con las mismas pruebas en contra que los anteriores, no puso en duda su honorabilidad un juez acostumbrado a elaborar sumarios judiciales como un surfista empecinado en maniobrar todo el tiempo en la cresta de la ola sin tener en cuenta las consecuencias.

Y es que los elementos incriminatorios eran similares para todos: la simple declaración de Ricardo Portabales, un texto mecanografiado de cuatro folios que el juez había ido ampliando durante varios meses de investigación sin lograr incorporar a la causa ningún dato probatorio.

***

La vista oral de la Operación Nécora fue como una sesión de circo. En un momento dado una de las defensas le pregunta al arrepentido Portabales:

—¿Y dice usted que la hija de Franco está metida en los negocios del narcotráfico, que se dedica a vender droga al por mayor?

—Sí, señoría.

—¿Podría el testigo decirnos a cuál de ellas se refiere?

—La tercera. A la tercera, señoría.

En ese momento en la sala se produjo una carcajada general y hasta los miembros del tribunal tuvieron que agachar la cabeza y taparse la boca para que no se les viera en una postura indecorosa.

La vista oral se había iniciado el 20 de septiembre de 1994 en la Casa de Campo de Madrid. Se trataba del mayor juicio de la democracia, y para dar cabida a detenidos, defensas, fiscales, familiares y público fue necesario habilitar un pabellón especial en las afueras de Madrid.

En las tres fases de la Operación Nécora46 el juez Garzón había logrado inculpar a 56 personas para las que el fiscal Javier Zaragoza pedía un total de 700 años de cárcel y 9.000 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles.

El plenario duró más de un año, en el transcurso del cual la Audiencia Nacional puso en libertad a cinco procesados: Ramiro Sancho Casas, Ramón Longa Vidal, Francisco Javier Martínez San Millán, Joaquín Montañés Porto y Eulogio Romero Betanzos. Fue sólo un anticipo de lo que iba a suceder.

El tribunal todavía no se había pronunciado contra los principales capos de la droga en Galicia: José Paz Carballo, Albino Paz Tiz, Antonio Cebollero Campos, Manuel Charlín Gama, Laureano Oubiña Piñeiro, Alfredo Cordero González, Manuel Charlín Pomares y José Manuel Padín Gestoso, entre otros. No obstante, se mantenían todas las medidas cautelares y no podían salir de prisión.

Las acusaciones particulares, las asociaciones de madres de muchos drogadictos y ex drogadictos gallegos, cuyas vidas habían sido destrozadas por los estupefacientes, y la sociedad en general exigían una sentencia ejemplar contra aquellos traficantes sin escrúpulos, mercaderes de la muerte.

El Gobierno socialista y el Partido Popular se habían sumado a la cruzada y sostenían la misma opinión: era precisa una sentencia severa para acabar con la lacra de las drogas, que cada vez constituía una mayor amenaza para los jóvenes y los sectores marginales de la sociedad.

El 28 de septiembre de 1994, con Garzón recién incorporado al juzgado tras su fallida incursión en el mundo de la política, se hizo pública la sentencia. A lo largo de seiscientos folios la ponente hizo un relato prolijo y pormenorizado de los hechos que se habían probado en la fase oral.

Sus conclusiones causaron decepción y estupor a partes iguales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los traficantes a los que se había cogido con drogas y dejó en libertad al resto. De esta manera, 30 de 45 personas encausadas, muchas de las cuales habían sido incluso encarceladas, quedaron automáticamente en libertad. Además, las penas a los pocos condenados fueron rebajadas a la mitad de la petición del ministerio fiscal, representado en la sala por Javier Zaragoza, miembro de la Unión Progresista de Fiscales.

La sentencia, elaborada por la magistrada Ángela Morillo, que actuó de ponente, fue de esas que hacen antología en los anales de la judicatura por su crueldad con el instructor. Para los tres jueces que integraban la sección penal encargada de celebrar el plenario, el sumario había sido mal instruido y no se había garantizado la «tutela judicial efectiva» a que tiene derecho todo procesado.

Hubo registros que se realizaron sin la presencia del secretario judicial, otros de los que no se levantaron actas o se hicieron sin la presencia de testigos que certificaran la «neutralidad e imparcialidad» de las autoridades actuantes. «Aunque no se puede hablar de registros ilícitos, ya que estaban autorizados por el juez mediante el correspondiente mandamiento judicial, las diligencias de entrada y registros de la práctica totalidad de los procesados han servido de muy poco a esta sala para elaborar sus conclusiones», pone de relieve la sentencia.

El tribunal pone en entredicho también otras pruebas, como las escuchas telefónicas, llevadas a cabo sin control del instructor y de las que se entregaron al juzgado por la Policía sólo los fragmentos que los agentes consideraban incriminatorios, borrándose el resto o reutilizándose las cintas.

Por otra parte, la mayoría de los «pinchazos» se realizaron sin motivación alguna y se intervinieron incluso cabinas telefónicas públicas. Todo había sido un trabajo inútil, ya que las cintas carecían de valor probatorio. Además, de ellos tampoco se deducían elementos que pudieran ser incriminatorios para los procesados.

Por eso la sala ni siquiera consideró la posibilidad de declararlas ilegales. A pesar de que las intervenciones no habían sido controladas por el juez, se habían concedido automáticamente todas las peticiones y se prorrogaron en el tiempo sin justificación alguna, y en definitiva no se había sacado nada en claro. «Ante una prueba que no servía para nada, era inútil perder el tiempo en valorar si se ajustaba a derecho o no», decía el tribunal.

Con respecto a los testigos de cargo, los famosos «arrepentidos» Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín, la cuestión era más inquietante aún.

«A primera vista —señala la sentencia— lo dicho por Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín puede contener todos los ingredientes necesarios para ser tenidos en consideración como prueba de cargo. Sin embargo, las declaraciones de Portabales adolecen de una enorme inconcreción respecto a la mayoría de los hechos por él narrados, circunstancias y personas intervinientes». «Esto no autoriza a presumir que esté faltando a la verdad conscientemente. Portabales puede saber todas las cosas que de forma tan prolija relató, pero, desde luego, las menos [las conoció] por ciencia propia, las más por referencias de otras personas y buen número de ellas por comentarios».

A continuación el tribunal analizaba la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional que permite fundamentar una condena. «Las declaraciones deben ser coherentes, uniformes, firmes, perfectamente verosímiles, carentes de imprecisiones y capaces de generar en el tribunal, como mínimo, una vaga duda acerca de si un determinado hecho acaeció realmente y si en él participaron determinadas personas».

«Las declaraciones de Portabales no estaban revestidas de semejantes virtudes y por ello hay que tratar el tema con cuidado exquisito, caso por caso y punto por punto. Las imprecisiones y contradicciones del testigo [en lugar de romper la presunción de inocencia de los acusados] lograron sembrar la duda cuanto más hablaba, una duda que se palpaba en el ambiente y que caló en el ánimo del tribunal. Por eso nada más, pero nada menos que por eso, sus solas declaraciones inculpatorias hacia otros procesados no van a suponer para nadie un pronunciamiento condenatorio».

La sentencia exculpaba de cualquier delito a dos de los principales incriminados, el empresario Celso Barreiros y el miembro de la jet-set Carlos Goyanes, para los que se pedían seis y ocho años de cárcel respectivamente.

Portabales siempre se declaró hombre de confianza de Celso Barreiros y afirmó que llevaba por su cuenta maletines de dinero al narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros a Costa Rica. «Lo único que ha quedado acreditado es que más que un hombre de confianza era un simple engrasador de uno de sus buques, el Promarsa I».

Sobre el resto de los treinta absueltos de un total de cuarenta y cinco procesados señala que «aparecen muchas cosas difíciles de digerir, adobadas por un cúmulo de impresiones que saltan a la vista. El relato de Portabales es tan ambiguo, impreciso y vago que produce una flagrante indefensión porque, ¿cómo es posible acreditar que lo que dice es cierto? ¿Por qué medios? Sólo con lo que dice Portabales y cómo lo dice la absolución de Barreiros es el único pronunciamiento posible».

Los miles de kilos de hachís que según el arrepentido gallego adquirió Carlos Goyanes quedaron igualmente en agua de borrajas, ya que la intervención de su teléfono resultó infructuosa. Sólo hay un elemento acusatorio, el testimonio de Portabales. «No se puede considerar artículo de fe para este tribunal, especialmente cuando la familia puede demostrar que por esas fechas estaba en Ibiza».

Todo este cúmulo de errores puestos uno junto al otro revelaba que la instrucción había sido una monumental chapuza y que el sumario se elaboró más teniendo en cuenta la categoría social de los condenados que los elementos incriminatorios que existían en su contra. La sentencia, en razón de los hechos probados, castiga con dureza a los descargadores y transportistas de la droga, mientras algunos de los supuestos grandes narcotraficantes recibían condenas medianas.

La absolución del patriarca de los Charlines, Manuel Charlín Gama, de Alfredo Cordero, acusado de introducir miles de kilos de cocaína, y las penas de no más de nueve años a Laureano Oubiña, José Manuel Paz Carballo o José Manuel Padín Gestoso, que podían conseguir la libertad condicional en poco tiempo, irritaron a la opinión pública. Sólo uno de los miembros del cártel de Bogotá, Alberto Vargas Vera, tendría que pasar veintitrés años de reclusión.

***

Redactada en términos asequibles para el gran público, la sentencia generó una de las mayores polémicas creadas en los años noventa en torno a la judicatura española, con numerosos defensores y detractores hacia el papel de los jueces estrella y los espectáculos de macroprocesos al estilo italiano.

Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Supremo y portavoz de Jueces para la Democracia, fue entonces demoledor con el juez instructor. «La sentencia es la crónica de un fracaso anunciado. La demagogia que ahora se va a realizar no nos va a permitir obtener la enseñanza de que la justicia no es un espectáculo y que el estrellato y los maxiprocesos no constituyen un modo correcto ni eficaz de administrar la justicia». «La sentencia es heredera del afán de protagonismo del juez Garzón, preocupado más de su imagen que de la contundencia de las pruebas», agregó Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP.

Los primeros sorprendidos por un fallo tan benévolo fueron los dos arrepentidos del caso, Manuel Fernández Padín y Ricardo Portabales. «Mientras a nosotros se nos ha condenado de por vida, ya que tenemos que permanecer fugados para siempre y no podemos volver a nuestros pueblos, con este tribunal a los narcotraficantes les ha tocado la lotería».

También el consejero de la Xunta de Galicia, José Manuel Romay Becaría, y el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre la Droga, Carlos López Riaño, se mostraban pesimistas y desilusionados con el fallo del tribunal. «Ha sido una gran decepción para la sociedad gallega, que esperaba un mayor castigo para los encausados, que sirviera por lo menos de ejemplo para librarnos de esta lacra», señaló Romay.

«Sentencias como esta deben ser revisadas porque son demoledoras para el prestigio de la justicia. La impresión que tenemos todos es que los encausados eran personas metidas claramente en el narcotráfico y que no debían salir absueltas», señaló Mariano Rajoy, entonces vicesecretario general del PP y candidato a las elecciones dentro de su partido por Pontevedra.

El escándalo originado en la sociedad fue tan mayúsculo que a las veinticuatro horas de conocerse el fallo el Gobierno ordenó al fiscal general del Estado, Carlos Granados, que recurriera al Tribunal Supremo. «El hecho de que la mayoría de los acusados hayan salido absueltos o condenados a penas muy leves no es de recibo. Es necesario que el Tribunal Supremo revise el caso y acomode las condenas a las pruebas presentadas y a las peticiones de las acusaciones particulares y del propio fiscal», señaló el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

Ante el acoso mediático, la ponente del tribunal sentenciador, la magistrada Ángela Morillo, se vio obligada a salir a la palestra para defender el papel de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Es imposible que el Supremo eleve las condenas impuestas por la Audiencia Nacional, ya que la sentencia se ha dictado a la vista de las pruebas aportadas, insuficientes para condenar a todos los acusados», señaló la jueza. Y dijo algo más grave todavía: «Desde luego, mayores penas no va a haber. Porque sin pruebas o con pruebas obtenidas ilegalmente no se puede condenar a nadie y eso hay que decírselo a la opinión pública».

***

Y eso, exactamente, fue lo que ocurrió el 9 de diciembre de 1996. Ese día la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que era ponente el magistrado Joaquín Delgado Barrio, de algo más de doscientas páginas, ratificaba la resolución de la Audiencia Nacional e incluso iba más allá: reducía a la mitad muchas de las penas impuestas a los quince condenados.

De nuevo, el testimonio del «arrepentido» Ricardo Portabales había sido decisivo para que el alto tribunal realizara una revisión a la baja de las condenas. «Las imprecisiones y las ambigüedades en las que incurrió en la vista oral fueron tan notorias que sólo pueden aplicarse en la medida en que benefician a los procesados», señaló Delgado Barrio.

El fallo reducía, por tanto, a la mitad las condenas contra Laureano Oubiña y su mujer Esther Lago —ya en libertad—, confirmaba la de Manuel Charlín al declarar ilegales los pinchazos de su teléfono, y rechazaba el indulto contra Ricardo Portabales, la pieza clave de la investigación de Garzón. Para mayor escarnio del instructor, Joaquín Montañés Porto, condenado a 19 años, era también absuelto, al igual que Eulogio Romero Betanzos, condenado a 12 años, lo que le permitía salir en libertad sin cargos. José Rey Villa, sentenciado a 15 años, veía rebajada su condena a 12. Al día siguiente abandonaba la cárcel haciendo la «V» de la victoria.

La sala formada por los magistrados Joaquín Delgado Barrio, Ramón Montero Fernández-Cid y Enrique Bacigalupo criticó con saña la forma de instruir del superjuez, a quien sus compañeros de sala, vituperados meses antes, habían echado un capote para salvar su carrera al aplicar la ley con más rigor que el Supremo. «Es inadmisible que este infringiera el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no poner en conocimiento de los investigados la admisión de una querella contra ellos. Para proceder así, el juez tenía que haber decretado el secreto del sumario, que no lo hizo».

El Tribunal Supremo no tiene en cuenta esta irregularidad procesal «que habría provocado la nulidad parcial de la causa, pero no el conjunto del sumario». Consideró que la fase inicial de la instrucción fue «extremadamente inquisitiva, dándose validez por el instructor y el fiscal a unas declaraciones —las de Ricardo Portabales— que se constituyeron en prueba de cargo sin más apoyaturas por lo que quedó desbaratada en el plenario».

Donde, en cambio, el tribunal se mostró inflexible fue en la pena del supuesto narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. La Sala Segunda del Supremo no tuvo en cuenta sus argumentaciones y mantuvo su condena a 20 años de reclusión.

En suma, error tras error encaminado, probablemente, a salvar por segunda vez la honra del juez de Torres. Sin embargo, el 17 de febrero de 2003 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba al Estado español a indemnizar a Prado Bugallo con la suma de 7.000 euros por las escuchas telefónicas en la Operación Nécora. El tribunal estimó que al intervenirse sus teléfonos sin control judicial se violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. «Los pinchazos se hicieron sin las garantías precisas para evitar abusos, se prolongaron innecesariamente y las actas donde se sintetiza el contenido de las conversaciones interceptadas fueron manipuladas».

Previamente, el mismo tribunal recriminaba al juez Garzón por mantener tres años y dos meses en prisión preventiva al camionero holandés Antonius Adrianus van der Tang. Detenido por la Guardia Civil en Bayona (Pontevedra) en mayo de 1989 dentro de Nécora, el súbdito holandés solicitó en 1990 y 1992 la libertad condicional. Le fue denegada.

El juez Garzón, sin embargo, no sólo no se dio por aludido por el fallo de la Audiencia Nacional: semanas después de que miles de gallegos se manifestaran en Vigo contra el fallo de la Operación Nécora volvió al «lugar del crimen» a pedir en Villagarcía de Arosa el voto para el Partido Socialista Obrero Español.

Aprovechando que años antes se había convertido en una leyenda, cuando entró en los pueblos de los alrededores de la ría para poner a buen recaudo a los capos del narcotráfico, acudió al cine de Noia (La Coruña) y después a Villagarcía. Cientos de mujeres le besaron, le aplaudieron y le jalearon: «Garzón, vales un montón».

Y es que el juez, como se verá a continuación, tardaría más de diez años en quitarse de encima la espina de su primer y más sonado fracaso judicial. Un asunto lo suficientemente grave como para que alguien se hubiera planteado si estaba capacitado para instruir sumarios de ámbito nacional.

Pero sigamos con los hechos. Durante su estancia en España el clan de Matta Ballesteros había logrado vender el chalet Emperador, situado en la urbanización Prado Largo de Majadahonda. Sólo le quedaban, de esta manera, algunos cientos de millones de pesetas en diversas cuentas corrientes en bancos de Madrid. Gran parte de ese dinero estaba en cuentas corrientes a nombre de personas, empleados o amigos suyos, que durante décadas ni siquiera sospecharon que eran millonarias. Fue lo que le pasó en 1994 a M. R. L., una colombiana que había sido empleada de hogar en la casa madrileña de los Matta Ballesteros.

—Vaya a España, me recoge un dinero que tengo allí y me lo trae —le dijeron desde Costa Rica.

—Y ¿por qué tengo que ser yo?

—Porque la cuenta corriente está a su nombre, carajo.

M. R. L. viajó a Madrid desde Colombia y en la capital de España un grupo de mujeres relacionadas con el clan de los Matta Ballesteros se encargó de vestirla como una señora. Le compraron un vestido de Christian Dior en El Corte Inglés, la cargaron de joyas para que no pareciera una sirvienta y la acompañaron a la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya situada en la Gran Vía madrileña.

—Vengo a retirar mi dinero de la cuenta corriente.

El director de la sucursal le pide el pasaporte, teclea el número de la cuenta en el ordenador y se queda asombrado. Descubre que M. R. L. tiene cuenta corriente abierta en la sucursal desde 1974 y que desde entonces no ha tocado una peseta. Lo que más le llama la atención es el saldo: 270 millones de pesetas que no se han movido en veinte años.

—¿Y por qué ha tenido usted tanto dinero inmovilizado desde entonces? Nosotros podíamos habérselo invertido.

—Me tuve que ir a Colombia porque mi mamá se puso enferma. No he podido regresar a buscarlo hasta hoy.

—¿Y ahora lo quiere retirar todo?

—Sí, señor. En cheques del Banco de España, al portador.

—Ahora no dispongo de cheques. ¿No le importa volver mañana, señora?

Al día siguiente el director de la sucursal le dio una nueva excusa para no reintegrarle el dinero. Al marcharse, la ex empleada de los Matta Ballesteros observó que era seguida por la Policía.

Como era consciente de que no querían que retirara los fondos, acompañada de su abogado, Gustavo Fajardo, un ex juez colombiano y ex guerrillero del M-19, acudió entonces a un notario y pidió que le acompañara al banco a levantar acta.

—Quiero que quede por escrito que no me devuelven lo que es mío.

No le dio tiempo a que el fedatario público le acompañara a la sucursal. Al día siguiente, sábado, fue detenida por la Policía y trasladada al Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional. Allí, sin contar con la asistencia de su abogado, Garzón la sometió a un duro interrogatorio. M. R. L. contó que desde 1974 a 1984 trabajó como empleada de hogar para Juan Ramón Matta Ballesteros y su mujer, Nancy Vázquez.

Un día los señores Matta la llevaron al banco para que firmara unos papeles sin decirle que iban a ingresar dinero a su nombre. Veinte años después la habían localizado en Colombia y la habían mandado a España, acompañada de dos guardaespaldas para que retirara un dinero que tenía en el Banco Bilbao Vizcaya y lo trasladara a Honduras.

«Al haber prescrito supuestamente el delito de narcotráfico mediante el cual se habían obtenido ilícitamente los 270 millones, la suma debía haberse reintegrado a su propietario. Sin embargo, no ocurrió así», afirma el letrado Fajardo.

Lo que viene a demostrar que Garzón seguía ofuscado con la Operación Nécora, un asunto que le corroía el alma, y tenía intervenidas las cuentas corrientes de Juan Ramón Matta Ballesteros en Madrid, esperando tal vez echarle mano algún día. No le serviría de nada. Secuestrado en Honduras por la DEA en una operación helitransportada, el narcotraficante había sido trasladado a Estados Unidos ilegalmente y condenado allí a cuatro penas de cárcel a perpetuidad. Un procedimiento similar al empleado con los presos de Guantánamo y otros.

«Antes de capturarle, la DEA había hablado con Matta Ballesteros. Intentaron convencerle para que implicara al ex jefe de la Guardia Nacional y presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, Cara de Piña, en el negocio del tráfico de cocaína. Al no conseguirlo, lo han enterrado de por vida», señala Gustavo Fajardo.

Entre tanto, Baltasar Garzón continuaba de fracaso en fracaso hasta el desastre final.

***

El 4 de octubre de 2001 el parlamentario Victoriano Ríos Pérez, perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, preguntaba al Gobierno en el Senado:

—¿Qué medidas prevé el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Tenerife y Gran Canaria por su vinculación al narcotráfico?

La cuestión no era gratuita. En agosto de 2000 había sido apresado y trasladado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el buque Privilege, un carguero de 119 metros de eslora con bandera de Santo Tomé y Príncipe, ante la sospecha de que pudiera transportar un alijo de cocaína. Trece meses después el buque permanecía en puerto sin que nadie decidiera cuál debía ser su destino.

El Privilege era una de las doce embarcaciones que se encontraban inmovilizadas por entonces en Las Palmas por causas relacionadas con el tráfico de drogas. En el puerto de Santa Cruz de Tenerife se hallaban otros dos barcos, el Agios Constadinos y el Titiana, apresados en alta mar con cocaína.

La mayor parte de estos apresamientos —que se producían con un promedio de uno o dos por mes— revelaba la frenética carrera emprendida por Baltasar Garzón para perseguir internacionalmente la droga al tiempo que en conferencias en las Naciones Unidas y en otros foros se mostraba partidario de su legalización y venta controlada.47

«Lo que nadie sabe, salvo algunos abogados que nos dedicamos a esto, es que la mayoría de los macrosumarios se montan con una simple nota de la policía, en la que manifiesta que "por uno de nuestros confidentes o de nuestros servicios amigos" sabemos que se va a realizar un transporte de drogas. A raíz de ahí, y sin más pruebas, el juez autoriza la intervención de decenas de teléfonos y muchos meses después se asalta un barco en alta mar o se detiene un camión cargado de heroína, cocaína o hachís», relata el abogado Jorge Manrique, ex defensor de José Amedo y Michel Domínguez.

Trabajando de esta forma tan poco ortodoxa los éxitos pueden ser clamorosos y los fracasos de antología.Veamos el caso del Privilege.

***

Todas las piezas encajaban a la perfección como en un sofisticado y gigantesco rompecabezas. El Juzgado Número 46 de Primera Instancia de lo Penal de Caracas había autorizado a la Guardia Nacional «un procedimiento de entrega vigilada de drogas» con destino a los cargueros Suerte I y Privilege. El servicio de persecución del narcotráfico de Scotland Yard había visto cargar las cinco toneladas de droga en el Privilege. Los servicios secretos italianos sabían que el cargamento iba destinado a su país, Italia. Y la Drug Enforcement Administration (DEA), el servicio antinarcóticos estadounidense, confirmaba todos los informes de las policías de media Europa.

La cocaína, según los expertos, formaba parte de un alijo que el clan colombiano de Los Mellizos había hecho transportar previamente a una isla venezolana, en la desembocadura del Orinoco, para desde allí llevarla más fácilmente a las costas de los Estados Unidos y de Europa.

De los cuatro cargamentos en que se había dividido la primera expedición, dos habían salido de entre los manglares de la isla y habían sido capturados por aquellas fechas48 dentro de la llamada Operación Orinoco. Faltaban otros dos, los del Suerte I, con destino a Miami, y el Privilege, que debía transportar la mercancía hasta Italia.

El 6 de agosto del 2000 los agentes británicos vieron zarpar desde el puerto de Matanzas (Venezuela) al Privilege, un antiguo maderero español, construido en Vigo en 1983 para la compañía Lexmar. Adquirido posteriormente por una compañía albanesa, ahora navegaba bajo bandera de conveniencia de Santo Tomé y Príncipe.

Antes de zarpar, el capitán de la nave, el colombiano Antonio Aranda, que tenía antecedentes policiales por contrabando de drogas y que utilizaba documentación de Panamá para ocultar su verdadera identidad, se puso en contacto con los armadores.

—El desayuno está a bordo. Nos disponemos a servirlo.

Inmediatamente se supuso que era la clave convenida. Scotland Yard, la Guardia Nacional Venezolana y los servicios antidroga italianos estaban seguros de que aquel buque con una tripulación compuesta por veinte marineros filipinos transportaba entre la mercancía habitual unos 5.000 kilos de cocaína.

Las fuerzas policiales entraron en acción y se dedicaron a seguir por satélite y por medio de un barco de guerra de la Royal Navy al Privilege por todo el Atlántico para verificar que no trasvasaba la droga en alta mar a otro mercante.

Todo transcurrió con normalidad, con demasiada normalidad, hasta que el capitán, que navegaba «con las comunicaciones cerradas», volvió a hacer uso de la radio a unas doscientas millas de Canarias.

—Pido permiso para atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Necesito cargar doscientas toneladas de agua.

Era el 31 de agosto de 2000. Los agentes antidroga británicos e italianos sospecharon que aquella escala, no prevista en la ruta a seguir, era el nudo gordiano de toda la operación. Allí se iba a producir el cambio del alijo del Privilege a otra u otras embarcaciones que debían transportar la droga a Europa.

¿Había algún juez español dispuesto a asaltar el barco y ponerse una medalla? La DEA, la policía italiana y Scotland Yard pensaron inmediatamente en un nombre: Baltasar Garzón.

***

Según la narración que hizo del asalto el capitán del Privilege, Antonio Aranda, y el contramaestre, el mexicano Sergio Ruiz, fue como la Operación Tormenta del Desierto, pero en alta mar y en un espacio no más grande que un campo de fútbol.

El barco, con una pequeña avería en los motores,49 iba navegando a una velocidad de apenas diez nudos, cuando de repente vieron acercarse un barco de guerra y dos lanchas rápidas que cortaban el paso a la embarcación por babor y estribor. Cuando aún no se habían sobrepuesto del pasmo, un helicóptero les sobrevoló por popa. Eran las 12.45 horas.

Inmediatamente escucharon cómo les ordenaban parar máquinas y no ofrecer resistencia. No le dieron tiempo siquiera a realizar la maniobra. Antes de que el carguero se detuviera, veinte miembros de élite del Servicio de Vigilancia Aduanera y doce del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se apoderaron en un santiamén de la embarcación.

Tras obligar a la tripulación a tumbarse en la cubierta, Antonio Aranda y Sergio Ruiz fueron esposados y llevados a empellones hasta el puente de mando. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, expertos en patronear embarcaciones, se hicieron inmediatamente con los mandos del buque y pusieron rumbo al puerto de Gran Canaria siguiendo las instrucciones del juez Baltasar Garzón.

Poco después de incautado el Privilege, el delegado del Gobierno en el Plan Nacional contra la Droga, Gonzalo Robles Orozco, convocó una rueda de prensa en Madrid y anunció a los cuatro vientos: «En una operación espectacular, acabamos de propinar uno de los mayores golpes al narcotráfico. Hace unas horas capturamos al Privilege con 5.000 kilos de cocaína con destino a Europa».50

Lo que ignoraban en esos momentos tanto el delegado del Gobierno contra la droga como el juez más implacable contra el narcotráfico es que, días antes, la US Navy y la DEA había asaltado a su «gemelo», el Suerte I, en las inmediaciones de Miami. Tras registrar el carguero e interrogar a fondo a la tripulación, no habían encontrado un gramo de cocaína.

Poco después, el 26 de agosto, la Guardia Nacional venezolana detenía en el lago de Maracaibo a Iván de la Vega y Luis Antonio Navía, supuestos responsables del embarque de la droga. Tras preguntarles por los cargamentos del Suerte I y del Privilege, llevaron a los agentes a la isla venezolana. Allí, entre los manglares, encuentran cinco toneladas y media de droga. En un barrizal, enterrado dentro de unos bidones de plástico, bajo una lona de camuflaje militar, hallaron otro alijo similar.

Los policías venezolanos hicieron un nuevo descubrimiento: la cocaína intervenida no pertenecía al cártel de Los Mellizos, sino a los paramilitares colombianos, que negociaban por entonces la entrega de las armas al Gobierno de su país. La droga decomisada formaba parte de sus «planes de jubilación».

Pese a su obligación de proteger la negociación entre el Gobierno de Colombia y los paramilitares, la DEA y la CIA comunicaron inmediatamente la información a los servicios secretos europeos. Baltasar Garzón había puesto en marcha ya la Operación Ostra con sus profundas y concienzudas investigaciones. Se ignora por qué razones siguió adelante sabiendo tal vez que estaba predestinado a hacer una vez más el ridículo.

***

El Privilege llegó a Las Palmas de Gran Canaria cuarenta y ocho horas más tarde y fue trasladado a la dársena militar para realizar la primera inspección ocular y tratar de encontrar la droga. Sin embargo, tras los primeros sondeos, lo que aparece a simple vista son las 5.000 toneladas de cable de acero en bobinas con destino a Italia y otras 100 de alquitrán, en 1.200 bidones, con destino final a Albania, tal y como consta en los manifiestos de carga.

—Busquen bien, en algún lado tiene que estar la droga —ordenó el juez.

Los agentes de Vigilancia Aduanera y ochenta policías expertos en la localización de alijos de cocaína inspeccionan el barco, pero no hallan nada. Interrogan una y otra vez a la tripulación, encerrada en la cárcel de Salto del Negro. La respuesta es siempre la misma:

—Nosotros no hemos transportado cocaína. ¡Ni un solo gramo!

Cuatro agentes de Scotland Yard, que han seguido toda la operación, llegan desde el Reino Unido para unirse a la búsqueda. No hay ni rastro del estupefaciente buscado.

—Nosotros mismos, en persona, lo vimos cargar. Tiene que estar en alguna parte —protestan los policías ingleses.

Garzón ordena entonces buscar dobles fondos y escondrijos por todo el navío. Se encuentra una caleta oculta tras una de las calderas, lo que indica que en anteriores viajes pudo dedicarse al tráfico de cocaína. Sin embargo, en esta ocasión está vacía.

El uso de perros policía adiestrados en localizar estupefacientes, las microcámaras de televisión introducidas por los más inverosímiles escondrijos, tampoco dan resultado. Se estudian entonces todas las líneas de soldadura del buque y el resultado es igualmente negativo: no hay cortes de chapa nuevos ni signos externos de piezas recién soldadas.

Agotadas todas las posibilidades, al juez no le queda otra solución que descargar la mercancía y verificar si la droga viene mezclada con el alquitrán de mala calidad que transporta el Privilege, lo que obliga a licuar uno a uno los bidones. Durante el análisis de la sustancia el cromatógrafo de gases detecta un rastro de cocaína. Es, sin embargo, una falsa alarma.

La falsa identidad del capitán de la nave, su abanderamiento simultáneo en Chipre, Santo Tomé y Príncipe y Panamá, y el hecho de que no se sepa bien si la empresa armadora se encuentra en Malta, Grecia o Albania contribuyen a incrementar la ceremonia de la confusión y el Gobierno de José María Aznar llega a sostener la tesis de que se trata de un barco pirata. El 10 de septiembre de 2000 los agentes siguen albergando esperanzas de encontrar el alijo.

Diez días más tarde, el 20, tras arrancar la cubierta, desmontar los motores y dejar el navío como el tren de Los hermanos Marx en el Oeste, se suspendió la búsqueda. Baltasar Garzón, sin embargo, no se dio por vencido. Tras dejar marchar a la tripulación, procesó al capitán y al contramaestre del carguero y mandó soldar las entradas del Privilege.

***

Ante la falta de resultados de la Operación Ostra, Gonzalo Robles, delegado del Plan Nacional contra la Droga, compareció el 21 de noviembre del 2000 ante el Congreso de los Diputados para explicar el apresamiento del Privilege.

Ante los parlamentarios, el delegado dijo que el barco no tenía papeles, que se desconocían la identidad y la nacionalidad de sus dueños, que nadie lo había reclamado y que los carnés de los tripulantes eran falsos. «Todo apoya la hipótesis sobre la actividad ilegal del Privilege», resumió.

Dos semanas después se presentan ante el Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional los abogados Andrés Estany y Alberto Travería, que representan a la firma Privilege Maritime Ltd., propietaria del barco desde octubre de 1999.

Según la información que aportan al juez, el barco es propiedad de la compañía Privilege Maritime Ltd., fundada el 27 de noviembre de 1999 en Malta por los ciudadanos albaneses Nikolla Papa y Arben Baila. Lo habían adquirido el 4 de octubre de ese año por medio de dos brokers belgas. Se trataba de un carguero de segunda mano llamado entonces Misty, con bandera de Vanuatu, propiedad de la panameña Peary Maritime. Después de abonar por el buque 2.025.000 dólares (315.900.000 pesetas), lo bautizan como Privilege y lo abanderan en Santo Tomé y Príncipe.

El 24 de noviembre el Privilege pasa un control de navegación en Bélgica, el 6 de mayo del 2000 entra en Lloyd's Register y el 7 de julio es asegurado, por tres años, en Britania Steamship. Desde noviembre de 1999 hasta el día de su apresamiento, el Privilege realizó varios viajes, entre otros el transporte de 3.800 toneladas de sal a las Antillas holandesas.

Los dueños del carguero han echado cuentas. «El arreglo del motor, que rompió la Policía cuando asaltó el barco, cuesta 100 millones de pesetas; la colocación de las chapas de acero desmanteladas, otro tanto. A eso hay que unir la pérdida de trabajos y viajes durante más de seis meses, los sueldos que la empresa está pagando a su tripulación, los desperfectos del casco por estar parado tanto tiempo y, sobre todo, el estado del interior del buque. Creemos que está destrozado por los registros».

A comienzos de diciembre la empresa pidió a Baltasar Garzón, juez de este caso, que autorizara la entrada de un perito de la aseguradora del barco, la compañía Britania Steamship Insurance Association, inscrita en Lloyd's Register, para evaluar los posibles daños. El día 22 de ese mes el juez autorizó que el representante de Lloyd's y un perito judicial independiente examinaran el buque. «Estamos esperando los informes para terminar de calcular la indemnización, aunque rondará los 2.000 millones. Esta chapuza alguien la tiene que pagar», dice Travería.51

Según la protesta marítima presentada por el capitán Aranda el 28 de noviembre del 2000 ante el notario de Las Palmas, Manuel Romero, la Policía no tuvo el día de la aprehensión demasiada diplomacia. «Vinimos navegando muy bien hasta que llegó el día que nos asaltan y que después veo que es la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y los Geos. Nos maltratan física y verbalmente y toman el control del barco. Nos trataban como si fuéramos delincuentes».52

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, sin embargo, se mantuvo en sus trece. Mandó decomisar el carguero, la destrucción de la carga decomisada y mantuvo a su capitán retenido durante once meses en la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria con la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.

El 23 de julio de 2001 el capitán de la nave fue interrogado de nuevo por Garzón, y a la puerta de los juzgados declaró. «No soy un narcotraficante, sino un simple navegante abandonado en España a merced de todo el mundo. Tengo una familia que mantener, llevo doce meses sin cobrar un dólar y como no me dejan marchar he intentado quitarme la vida y estoy en tratamiento psiquiátrico con antidepresivos».

Pese a su desesperada declaración, la Fiscalía Antidroga se opuso a su libertad. «Hay indicios de que haya incurrido en un presunto delito de tráfico de estupefacientes y de blanqueo de capitales, cuyo valor es el barco», señaló el representante del ministerio público.

¿Cómo satisfacer el orgullo herido del juez? ¿Cómo devolverle su egolatría y vanidad heridas, su orgullo arrojado a los pies de los caballos? ¿Cómo conseguir que el dios de la justicia recobrara su equilibrio emocional y su petulancia?

***

José Enrique García Molinares había sido entre los años 1996 y 2000 la mano derecha de los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Munera, conocidos como «Los Mellizos», responsables de uno de los cárteles más activos de la cocaína, sólo comparable al de Pablo Escobar Gaviria hasta su muerte.

En el año 2000, tras llegar a un pacto con la DEA, a la que entregó los documentos contables de la organización de Los Mellizos, García Molinares decidió refugiarse en Barcelona (España). En junio de 2002, convencido por sus protectores estadounidenses de la DEA, da un paso más y se pone en manos del juez Baltasar Garzón dispuesto a colaborar en la erradicación de los clanes del narcotráfico.

Para demostrar su buena voluntad le donó varias maletas con documentación de la red de narcotráfico donde quedaban reflejados todos los movimientos de dinero, estructura, compra y envíos de cocaína, de barcos, material, viajes de Los Mellizos y sus hombres de confianza desde 1994 hasta finales del verano de 2000, la fecha en que tuvo que escapar al descubrirse que trabajaba para la DEA.

Antes de ingresar en la cárcel del Puerto de Santa María, García Molinares decidió contar al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional los planes de Los Mellizos con respecto a Europa.

Desde finales de los años noventa el cártel había decidido inundar con su droga el mercado europeo, para lo que habían establecido sus bases de operaciones en Albania e Italia. García Molinares, entonces responsable de organizar el transporte en barco de la droga, participó directamente en la compra, en Bélgica, del mercante Privilege, y en Grecia del Suerte I. Pagó por ellos alrededor de 5 millones de dólares.53

La policía colombiana y la DEA estaban convencidas, por entonces, de que los hermanos Mejía Munera financiaban las actividades de los grupos de autodefensa que operaban en los departamentos de Arauca, Meta y Casanare. Sus contactos con los paramilitares eran Carlos y José Vicente Castaño, El Profe, dos de los cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Según su testimonio, los dos mercantes tenían la misión de inaugurar la ruta de la droga a Albania en agosto de 2000, con cargamentos de hasta 12.000 toneladas. Los dos buques, de hecho, tenían que haber embarcado 5.000 toneladas de cocaína cada uno, del 13 al 19 de agosto de ese año, en un punto del delta del río Orinoco, próximo al municipio venezolano de Upata. Allí Los Mellizos y los hermanos Castaño habían conseguido almacenar más de 13.000 kilos de cocaína lanzando los paquetes desde avionetas en la que iba a ser su nueva base de operaciones, al norte de Venezuela.

***

El 5 de febrero de 2004 el juez de la Audiencia Nacional dictaba una orden de procesamiento contra Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo de paramilitares más importante del país, creado veintidós años atrás, con casi 13.000 hombres armados en sus filas, que luchaban contra los guerrilleros de izquierda en todo el país.

En el mismo auto el superjuez imputaba al «zar» y traficante de esmeraldas —un negocio más peligroso que la cocaína en Colombia— Víctor Carranza, a los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Munera, supuestos dirigentes del clan de Los Mellizos, y a otras treinta y dos personas de un delito que no había existido o, en todo caso, se había producido en grado de tentativa al intentar usar el buque Privilege para trasladar cocaína hacia Europa. Baltasar Garzón le inculpaba de dirigir una red de narcotráfico desde Colombia y Venezuela hacia Europa, vía Albania, para lo que habrían adquirido los cargueros Privilege y Suerte I.

La decisión del Robin Hood de la justicia española era papel mojado. Carlos Castaño negó rotundamente los hechos. «Las Autodefensas de Colombia han tenido siempre terminantemente prohibido financiarnos con dinero procedente del delito», declara. Y anuncia que su única preocupación, por entonces, era desmovilizar a los 13.000 paramilitares de su país.

Baltasar Garzón, sin embargo, no pudo extraditar a Castaños a Madrid, como hizo con Scilingo y otros sátrapas latinoamericanos. En plenas negociaciones con el Gobierno para rendirse, al igual que hizo el M-19 años antes, el jefe político de las Autodefensas de Colombia desapareció el 16 de abril de 2004.

Sus restos fueron hallados dos años después en una fosa común de la hacienda Las Tangas, del corregimiento de Guasimal, en Valencia (departamento de Córdoba), al noroeste del país. Dos fracturas antiguas en el antebrazo derecho y las pruebas del ADN confirmaron que el cadáver encontrado era el suyo.

Lo había mandado matar, al parecer, su hermano Vicente, otro de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, contrario a que se entregara a la justicia de los Estados Unidos, por miedo a que delatara a los demás jefes de las AUC vinculados al narcotráfico. La persona encargada de quitarle la vida fue su propio guardaespaldas, Jesús Ignacio Roldán Pérez, Monoleche.54

El descubrimiento del cadáver demostró que fue él quien recibió el «soplo» para abortar las operaciones de tráfico de cocaína en el Privilege por parte de la CIA, empeñada en el proceso de paz de Colombia. Con este «regalo» trataban de ganarse su confianza, aunque no les sirvió de nada. Su propio hermano mandó liquidarle ante el temor a acabar en una cárcel en los Estados Unidos.

El 14 de diciembre de 2005, el presidente de Colombia Álvaro Uribe y Baltasar Garzón discuten sobre la Ley de Justicia y Paz en Colombia, elaborada con el propósito de desarmar a 50.000 guerrilleros y paramilitares que asolan el país desde décadas atrás. «En el primer año hemos desarmado a 13.000 de los 20.000 paramilitares. Ahora estamos tratando de que los guerrilleros sigan el mismo camino», dice Uribe.

El hombre que le dijo a Amedo que se llevara el dinero que el Gobierno le había puesto en Suiza, según propia confesión no desmentida ni denunciada ante los tribunales, está de acuerdo con el presidente de Colombia en el contenido de la ley. «Yo le recomendaría sólo una cosa, presidente: que devuelvan las riquezas adquiridas ilegalmente en su país a cambio de reducirles la condena. Así, a lo mejor, se podría resarcir a las víctimas del daño sufrido», dice el juez.

Sus historias, por muy rocambolescas que parezcan, encierran un fracaso tras otro. Veamos el último.

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El diario El País tituló a toda página: «Más de sesenta narcotraficantes detenidos en España e Italia en una operación dirigida por Garzón. La Guardia Civil interviene cuentas bancarias en Chipiona y Sanlúcar de Barrameda».

En una crónica firmada por Francisco Mercado, el periódico de la calle de Miguel Yuste de Madrid añadía: «La Guardia Civil, en una espectacular operación dirigida por Baltasar Garzón, titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, detuvo en la madrugada de ayer en diversos puntos de Andalucía a treinta y una personas integrantes de la Red Everest de tráfico de hachís. Este golpe constituye el cierre de la tercera fase de la Operación Pitón y el casi definitivo desmantelamiento de las últimas ramificaciones españolas de una trama que desde 1987 ha introducido en la Península doscientas toneladas de hachís desde Marruecos con destino a Holanda e Italia. Precisamente en este último país fueron detenidos, en relación con una comisión rogatoria de Garzón, previamente al operativo, veintinueve miembros de la mafia calabresa».

Según cuenta en su libro la cándida Pilar Urbano, los hechos antes narrados se produjeron días antes de que el juez estrella diera el salto a la política. Por esas fechas tuvo que hacer un viaje a Cádiz para aprehender un alijo de hachís y capturar a la peligrosa banda de traficantes, saltando en plena madrugada de un punto a otro de Andalucía para detener a treinta y una personas, según El País. El periódico del Grupo Prisa aporta otros detalles del operativo: «A las tres de la madrugada del lunes comenzó el operativo sobre los más de treinta objetivos. El dispositivo de la Guardia Civil supera el centenar de agentes de los servicios centrales de información antidroga (UCIFA), más una unidad antidisturbios, grupos de apoyo local y un helicóptero. Las detenciones se suceden en menos de una hora en las localidades de Ayamonte (Huelva), Sanlúcar de Barrameda, Chipiona (Cádiz), Marbella (Málaga) y Sevilla. Todos son conducidos al cuartel general sevillano donde Garzón, tras tomarles declaración, ordena su encarcelamiento».

Entre los detenidos figuraban Fernando Ruiz Cortes, cuñado del torero Paco Ojeda, Juan Enrique Gómez, el subteniente del ejército Claudio Rivera, el constructor Leonardo Sarmiento y el ex campeón de España de tiro al plato Félix Tortosa.

La redada se llevó por delante al ex cabo de la Guardia Civil José María Romero Pérez y al cabo (en activo) Diego del Río Calvente, por supuestas implicaciones en el tráfico de drogas.

La tercera fase de la Operación Pitón permitió la desarticulación de toda la infraestructura de los traficantes de hachís, entre los que se encontraban Juan Lázaro Mellado y Manuel Bayón Gómez junto a otras veintidós personas.55

«En la operación se han intervenido cuentas bancarias en oficinas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona y pagarés por 55 millones. Igualmente, el operativo cuenta entre sus objetivos la requisa de 24 pesqueros en los que esta red transportaba desde Marruecos hasta España las 250 toneladas de hachís», agrega el periódico de los herederos de Jesús de Polanco.

¿Qué había de verdad y cuánto de mentira en la redada realizada el 26 de abril de 1993, con un pie en el estribo de la justicia y otro en el de la política? ¿Hasta dónde era capaz de fabular Garzón, de construir sumarios con declaraciones poco fundadas para mantener su popularidad, viviendo en el filo de la navaja?

Entrar a analizar toda la Operación Pitón en sus distintas fases y las garrafales meteduras de pata o, para ser más benévolos, irregularidades del juez más popular de España y de parte del extranjero ocuparía media docena de libros. Veamos, por tanto y sólo a título ilustrativo, una de las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial Adolfo Prego, un jurista de reconocido prestigio que amaneció unos cuantos años antes que Garzón.

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En 1995, tras ser condenados por la Audiencia Nacional, Manuel Bayón y Juan Lázaro Oliva, dos de los «más de sesenta narcotraficantes detenidos en España e Italia en una operación dirigida por Garzón», presentaron recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según consta en la resolución del recurso número 1054/1999 los procesados eran los tripulantes de los pesqueros Hermanos Eugenio y El Palomo, los cuales en tres ocasiones, entre 1991 y 1993, habían viajado desde Chipiona a Tánger para transportar hachís.

Hechos probados: el 26 de abril de 1993, cuando Garzón les echó el anzuelo, decidió interrogar a todos los inculpados del tráfico de hachís en presencia del ministerio fiscal y con la asistencia de letrado.

En su deposición ante el instructor el declarante Manuel Bayón rechaza su participación en los hechos que se le imputan y no incrimina al acusado Juan Lázaro Oliva. Tras esta primera declaración, Bayón es interrogado de nuevo por la Guardia Civil, sin intervención alguna del juez ni del fiscal. Las nuevas manifestaciones se incorporan a la causa sin que conste ni el número de identificación de los agentes intervinientes ni tampoco sus firmas.

«En esta segunda declaración policial verdaderamente insólita e irregular —señala el ponente, Adolfo Prego— por encontrarse el detenido a disposición del juez ante el que acababa de declarar y del que no consta decisión alguna al respecto, el detenido —ahora sí—, movido por un impulso repentino de arrepentimiento no sentido ante el magistrado instructor, confiesa ante los agentes policiales no identificados la realidad de dos transportes de droga, patroneando los buques e inculpando al coprocesado Juan Lázaro Oliva». Y agrega el magistrado: «Conducido de nuevo ante el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional presta la tercera declaración del día. Manuel Bayón ratifica la supuesta declaración policial, es decir, la segunda autoinculpándose e inculpando a su compañero».

«En la vista oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el procesado afirmó que la segunda declaración, escrita de corrido, le fue dictada por la Guardia Civil para obtener ventajas como arrepentido, no pudiendo citarse a los agentes para corroborar la veracidad al no estar identificados en el sumario por el juez instructor». «Por lo tanto, no habiendo más elemento probatorio que la narración de los hechos de ese detenido obtenida de tan insólito modo», la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene otra opción que absolver a los procesados.

De los cuarenta imputados, cinco fueron puestos en libertad por la sala a los pocos días, veinte no fueron a juicio y al resto se les rebajó las penas a la mitad.

Sobre su actividad contra el narcotráfico, el juez opina: «Fue toda una aventura, al modo del trabajo de los jueces sicilianos [sic], con Giovanni Falcone a la cabeza, por qué no decirlo, y además a mucha honra. Creo que cada vez que pasa el tiempo el método Falcone se revela como el más efectivo y eficaz en la lucha contra el crimen organizado». «En estos años, la actividad de investigación judicial y policial era frenética y varios cargamentos de cocaína fueron cayendo mediante abordajes de barcos en alta mar. Aseguro que la tensión que vivíamos en esos días era la misma que se puede percibir al ir haciendo surf en la cresta de una ola sabiendo que si no se hace bien el giro uno se ahoga», asegura el juez.56

Era tal su afición a las técnicas de Mani Pulite y a la utilización de la prisión provisional para arrancar declaraciones que cuando Manuel García Castellón se hizo cargo de su juzgado había 250 presos en prisión provisional, muchos de ellos sin auto de procesamiento.57 La mayoría eran encausados en asuntos de droga y por delitos de terrorismo.

En sus libros, Baltasar Garzón olvida decir que buena parte de las ostras y nécoras que ha paladeado son las que le pagaba la Policía en el Pazo de Monterrey, en Madrid. Y pitones, los de los toros, a los que es tan aficionado.

Para que conste y surta los efectos oportunos queda dicho. Doy fe.

Capítulo III

A la caza del hombre

«Javier, si hay muerto al que abrazar, es decir, si hay delito, no hay problema. Pero si tienes humo, si no hay muerto, cuando abraces y aprietes te vas a encontrar con tus propios brazos». Esto fue lo que le aconsejó Baltasar Garzón a su colega Javier Gómez de Liaño cuando éste investigaba el Caso Sogecable. Si se lo hubiera aplicado a sí mismo tal vez no habría hecho una vez más el ridículo en su ya dilatada carrera profesional. Tras bloquear todas sus cuentas corrientes en el mundo entero, enviar una comisión rogatoria a Estados Unidos, otra a Inglaterra y tres a Italia; después de organizar la mayor caza del hombre, presionándole y cambiándole de cárcel cada quince días; a los pocos meses de que tratara de despersonalizarle sustituyéndole hasta el nombre, Monzer al-Kassar «el mayor traficante de armas del mundo», el «gran maestro en lavar dinero negro del narcotráfico», culpable de no se sabe cuántos delitos... se le fue crudo. Y no fue esto lo más lamentable de tan delicado proceso en el que se mezclan oscuros intereses de traficantes de armas españoles en pugna con su competidor sirio por arrebatarse los mercados del «negocio de la guerra». Tras su procesamiento y encarcelamiento bajo la excusa de suministrar las armas utilizadas en el secuestro del transatlántico Achille Lauro —delito juzgado con todas las garantías procesales y penales años antes en Italia, y en el que no sólo no fue imputado, sino ni siquiera citado— se produjo un reguero de suicidios inexplicables y asesinatos aún pendientes de aclarar. De aquí podría deducirse que el remedio, si lo administra el juez Garzón, puede resultar muchas veces peor que la enfermedad.

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Recostado sobre la barandilla del puente de mando, el capitán Gerardo de Rosa58 echó una mirada a los pasajeros, a sus maletas y atuendos, y pensó para sí que los tiempos ya no eran los mismos y que la gente caminaba en una desenfrenada carrera hacia el consumismo, los vestidos prêt-à-porter y los coches utilitarios, un mundo en el que no había cabida para saborear el placer de un largo viaje por el mar.

En 1966, cuando había entrado en servicio su barco, el Achille Lauro,59 un transatlántico de inconfundible estampa azul, de 192 metros de eslora, 25 de manga y 9 de puntal, con ocho motores Sulter y dos hélices, los cruceros solían durar no menos de sesenta y un días, e incluso se prolongaban hasta los setenta y tres.60 En ese periodo casi daban la vuelta al mundo partiendo desde Génova y haciendo escalas en Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad del Cabo, Djibouti, Male, Jakarta y Manila hasta llegar a Hong-Kong, donde solían dar la vuelta y hacer el mismo recorrido pero con escalas en otros puertos.

La gente, ahora, ya no tenía tiempo sino para trabajar, y la etapa de los grandes cruceros, con dos y hasta tres orquestas a bordo tocando sin parar hasta las seis de la mañana, había pasado. Ahora se imponían los viajes rápidos, de apenas una o dos semanas, y vuelta a la rutina del trabajo.

El crucero que iban a iniciar aquel día, 3 de octubre de 1985, era igual de aburrido y rutinario que los demás. Zarparían del puerto de Génova y después de una escala en Nápoles viajaría a Alejandría y Port Said, en Egipto, para hacer una escala en Ashod (Israel) y regresar de nuevo al puerto de partida, sin abandonar el Mediterráneo.

Los 673 pasajeros, a los que se unirían otros 400 en Nápoles, en su mayoría jubilados y personas mayores de cincuenta años, no pensaban lo mismo. A pesar de lo avanzado del otoño el tiempo era excelente, y el barco presentaba un aspecto limpio y agradable. En aquel ambiente cálido y relajado, todos ellos estaban dispuestos a pasar doce días al sol, disfrutando de la brisa y la paz del mar.

Y así ocurrió durante los tres primeros días. Todo el mundo parecía feliz y contento, salvo cuatro turistas especiales, varones los cuatro, de entre veinte y treinta años de edad, que viajaban en dos cabinas de primera clase y que apenas se dejaban ver.

Su aspecto juvenil, su piel oscura, tostada por el sol del desierto, sus brazos musculosos y su pelo negro azabache y denso, su manera inquisitiva y desconfiada de mirar al resto del pasaje, sus paseos siempre en grupo por cubierta, como protegiéndose entre sí, y su falta de conocimiento de los idiomas habituales en este tipo de viajes de placer, les convertían en unos tipos raros y poco divertidos.

Ibraim Fatayer Abdelatif, Ahmad Marrouf al-Assadi, Bassan al-Asker y Youssef al-Molqi eran cuatro terroristas del Frente de Liberación de Palestina, una rama escindida de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) que dirigía por aquellas fechas Abú Abbas, uno de los lugartenientes de Yassir Arafat.61

Nadie salvo ellos sabía entonces que viajaban con una misión secreta, que se les comunicaría cuando estuvieran en alta mar, pero que probablemente consistiría en infiltrarse en territorio israelí para cometer alguna masacre contra su población en una operación de la que probablemente no saldrían con vida.

Dos días antes de embarcar en el Achille Lauro, el 1 de octubre de 1985, la aviación israelí había bombardeado el cuartel general de la OLP en Túnez, matando a sesenta personas. Conocieron la noticia ya embarcados y se sintieron reconfortados. Habían tenido el alto honor de ser elegidos por Abú Abbas para llevar a cabo una incursión en territorio israelí. Así podrían vengar también a los últimos caídos.

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El 7 de octubre el transatlántico italiano hizo su escala en Alejandría, donde un grupo de pasajeros había desembarcado para hacer una excursión a las pirámides de Keops. Pasarían un día en tierra y tomarían el paquebote al día siguiente en Port Said, la siguiente escala.

Entre los casi quinientos turistas que decidieron permanecer a bordo había un matrimonio estadounidense formado por Leon Klinghoffer, un judío de sesenta y nueve años, impedido, que había escapado de los campos de concentración nazis y ahora vivía en Nueva York, y su mujer, Marilyn.

No eran, lo que se dice, una pareja envidiable. Leon Klinghoffer no podía moverse sin su silla de ruedas y Marilyn sufría un cáncer terminal. Además, estaban a punto de separarse y aquel sería probablemente el último crucero en que estarían juntos.

Los cuatro terroristas del Frente de Liberación de Palestina también se habían quedado a bordo. Según las instrucciones que Abú Abbas había dado personalmente al jefe del grupo, Youssef al-Molqi, en Port Said recibirían los últimos detalles para llevar a cabo la misión que Alá les había encomendado.

Poco antes de zarpar, al-Molqi recibió la orden de actuar de un miembro de su organización, Abu Amar, consejero político de Abú Abbas y financiero de la operación. En Alejandría se había acercado a él antes de desembarcar, pretextando un problema familiar, y le había dicho:

—Te traigo un mensaje de Kaled.62 Dice que adelante con el plan y que Alá os bendiga.

El jefe del grupo sabía lo que tenía que hacer. Reunió a sus compañeros, les llevó hasta su camarote, abrió un par de maletas, sacó cuatro fusiles Kalashnikov de fabricación soviética, varias pistolas Tokarev y unas cuantas granadas de mano MK-2 y las repartió entre ellos para que comprobaran su estado. Señaló:

—Nuestra misión es tomar el puerto israelí de Ashod. Por nuestros contactos sabemos que en el momento de atracar tres policías israelíes subirán a bordo a comprobar los pasaportes. Yo me encargaré de ellos. Vosotros tenéis que bajar a la terminal, secuestrar al mayor número posible de judíos y traerlos a cubierta. Los rehenes que consigamos los intercambiaremos por prisioneros palestinos.

—¿Y si se resisten?

—Tendréis que disparar a matar a todo el mundo hasta agotar la munición. No tengáis piedad. ¡Ellos también matan a nuestras mujeres y niños!

Se trataba, ni más ni menos, que de una misión suicida para la que habían sido entrenados concienzudamente meses antes en un campamento de Argelia. Allí Abú Abbas había pedido voluntarios para una acción en la que debían inmolarse. Cuarenta personas se habían presentado voluntarias pero Abbas les eligió a ellos no porque fueran los más fuertes y valerosos, sino porque sus padres y hermanos habían sido abatidos años antes por los judíos.

—Alá nos ha dado la ocasión de elegir el martirio. ¡Alá es grande! —gritó Al-Molqi.

—¡Bendito sea Alá! —respondieron los demás.

Sea por el alboroto que montaron o porque una agente israelí les había desenmascarado poco antes, al descubrir que Abdelatif, que se hacía pasar por noruego, no hablaba esa lengua y ni siquiera sabía expresarse en inglés, lo cierto es que, de pronto, la puerta del camarote se abrió de un fuerte golpe. Entonces se encontraron con una persona que se disculpó e intentó marcharse.

Al-Molqi se dio cuenta enseguida de que no se trataba del camarero de planta, sino de alguien muy especial. Su enorme musculatura, que se adivinaba debajo de la chaquetilla blanca, y sus ademanes marciales al caminar, le delataban como uno de los miembros del personal de seguridad del barco.

—¡A por él! —gritó.

Los cuatro se le echaron encima en un santiamén, le inmovilizaron y le ataron con los cordones de los chalecos salvavidas. Acto seguido, el jefe del comando sacó los Kalashnikov de nuevo de la maleta, los repartió y ordenó a sus compañeros de comando que le siguieran.

Él y Al-Asker se dirigieron al puente de mando, encañonaron al capitán y le obligaron a parar máquinas. Desde allí se dirigieron a la tripulación y al pasaje por los altavoces y les ordenaron que se reunieran todos en el comedor.

—Si obedecen, no habrá derramamiento de sangre —amenazó Al-Molqi en su pésimo inglés.

Los pasajeros, atónitos, asustados, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y los otros tres terroristas, que sólo hablaban árabe y eran incapaces de hacerse entender, optaron por el método más expeditivo para que nadie se llamara a engaño. Dispararon dos ráfagas de metralleta contra la cubierta y los más remisos a obedecer sus órdenes corrieron como almas que lleva el diablo hacia el gran salón.63

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Eran las 13.15 de la tarde, hacía apenas dos horas que habían zarpado de Alejandría. Inesperadamente, los cuatro terroristas suicidas se habían convertido sin pretenderlo en secuestradores de un transatlántico en alta mar.

Cuando se difundió la noticia, minutos después, el Achille Lauro se hallaba a once millas de la costa de Alejandría. En las redacciones de los periódicos y radios de medio mundo se pensó enseguida que el apresamiento del barco era una burda imitación de lo que veinticuatro años antes, el 22 de enero de 1961, había realizado el capitán Henrique Galvao al frente de veintitrés miembros, gallegos y portugueses, del llamado Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL).

En aquella ocasión los «piratas» del capitán Galvao apresaron otro transatlántico, este portugués, el Santa María, durante el trayecto de Buenos Aires a Vigo y se habían convertido en dueños y señores del navío nada menos que durante trece días,64 hasta que se entregaron en Recife (Brasil), donde el presidente Cuadros les concedió asilo político a cambio de respetar la vida del pasaje y la tripulación.

«No tiene nada que ver una situación con la otra. Lo nuestro fue un lamentable accidente. Si hubiéramos ido a secuestrar un barco tan grande, en lugar de cuatro personas, nos habríamos presentado por lo menos doce», le dijo Al-Molqi al tribunal que le juzgó meses después en Génova.

En el caso del Achille Lauro la situación, sin embargo, era igual de dramática. Incapaces de hacerse con el control del buque y temerosos de un ataque de la aviación israelí o de la VI Flota estadounidense, puesta en alerta de inmediato, los miembros del comando separaron a los dieciocho pasajeros ingleses y estadounidenses, los colocaron en una sala aparte y la rodearon de bidones de gasolina.

—Si alguien se atreve a asaltar la nave lanzaremos las granadas y os quemaremos vivos —amenazaron los miembros del comando.65

Acto seguido hicieron pública su oferta. El Gobierno de Tel-Aviv, que dirigía por entonces con mano de hierro Isaac Rabin, debía poner inmediatamente en libertad a cincuenta terroristas palestinos o no se hacían responsables de las vidas de los rehenes.66

El intercambio debía hacerse efectivo, con presencia de la Cruz Roja Internacional, en el puerto de Tartous en Siria, hacia donde había partido el barco después de que el jefe del comando hablara por radio con el jefe del Frente de Liberación de Palestina, Abú Abbas, que aguardaba acontecimientos escondido en Egipto.

Las cosas, sin embargo, no iban a salir ni mucho menos como Abú Abbas y su estado mayor habían planificado sobre la marcha.

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El 8 de octubre de 1985, nada más conocerse la noticia, el Gobierno israelí reunido en sesión extraordinaria se negó rotundamente a acceder a las pretensiones de los secuestradores. No sólo no iban a aceptar el chantaje, sino que inmediatamente enviaron su flota de submarinos a aguas sirias y amenazaron con tomar nuevas represalias en unos momentos en que aún estaba fresca la sangre de tres israelíes asesinados en Lamarca (Chipre).67

Al mismo tiempo, las cancillerías de Washington, Bonn, Roma, París, Londres y Tel-Aviv acusaron a Yassir Arafat y a su lugarteniente Abú Abbas de estar detrás del secuestro, hecho que la OLP negó. No obstante, se movilizaron para impedir que algún país árabe diera acogida a los «piratas» del Achille Lauro.

El presidente estadounidense, Ronald Reagan, fue mucho más allá. Además de poner en estado de alerta la VI Flota, envió al portaaviones Saratoga al Mediterráneo y movilizó a la Delta Forcé y al Seal Team Six, la unidad contraterrorista naval creada en 1980. Todo estaba calculado por si los terroristas llevaban a cabo su amenaza de matar a los rehenes y fuera necesario realizar un asalto en alta mar.

Las medidas de presión iban a dar pronto sus frutos. Cuando el Achille Lauro comenzó a aproximarse a las costas sirias y el puerto de Tartous se atisbaba en el horizonte, el Gobierno de Hafed al-Assad se negó a concederles asilo político.

Entonces, para forzar la situación, el jefe del comando mandó colocarse en la cubierta del barco a los rehenes estadounidenses, israelíes y británicos, y anunció que los mataría de uno en uno si no se accedía a sus pretensiones.

—Cada cuarto de hora ejecutaremos a uno. Empezaremos por los minusválidos, las mujeres y los niños, tal y como hacen los judíos con el pueblo palestino —advirtió Al-Molqi.

Sin embargo, las autoridades sirias y el partido Baaz cerraron filas con su presidente. No estaban dispuestos a jugarse su escaso prestigio internacional colaborando con unos piratas marítimos. Así que ordenaron al Achille Lauro que abandonara sus aguas jurisdiccionales.

La decisión sacó de quicio a Al-Molqi. Desesperado, dispuesto a demostrar a sus amigos árabes que estaba decidido a cumplir sus amenazas, tomó una trágica medida. Ordenó que subieran a cubierta al judío estadounidense Leon Klinghoffer y le pegó un tiro en el pecho y otro en la cabeza a sangre fría con la Tokarev. A continuación ordenó a un miembro de la tripulación, de origen portugués, que arrojara el cadáver al agua con silla y todo. Después le obligó a fregar la cubierta y borrar todo rastro de sangre. Cuando su mujer le preguntó por su marido, le contestó:

—Se ha puesto malo y le he mandado a la enfermería.

«Maté al americano inválido para que todo el mundo supiese que no tendríamos piedad, como hacen los estadounidenses armando a Israel sin tener en cuenta que los judíos tampoco tienen piedad. Matan a nuestras mujeres y niños», declaró Al-Molqi a la justicia italiana.

A partir de entonces, y en las siguientes cuarenta y ocho horas, el transatlántico italiano se convirtió en un barco fantasma, vigilado desde el aire por los aviones de lucha marítima y submarina del Saratoga. Tras el rechazo recibido en Siria, el coordinador en Génova del Frente de Liberación de Palestina, después de consultar con el cuartel general de este grupo terrorista en Túnez, les ordenó dirigirse a Libia.68

«Mientras el buque cambiaba de rumbo, los rehenes estadounidenses fueron encerrados de nuevo», se reveló en 1986 en el tribunal de apelación de Génova en el que fueron encausadas catorce personas, ninguna de las cuales respondía al nombre de Monzer al-Kassar.69

Sin embargo, el coronel Muammar al-Gadaffi tampoco quería buscarse problemas en la comunidad internacional y ordenó a sus lanchas artilladas que no les dejaran entrar siquiera en sus aguas jurisdiccionales.

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Cuando todo parecía perdido y nadie atisbaba una posible solución al conflicto que tenía en vilo a los familiares de más de quinientas personas,70 el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, encontró la solución al rompecabezas.

Tras hablar por teléfono con Ronald Reagan se ofreció a que el transatlántico regresara a Port Said y dejara en libertad al pasaje y a la tripulación. A continuación, sus servicios secretos y el ejército se harían cargo de los secuestradores. Los estadounidenses se comprometían, a cambio de que se respetara la vida de los rehenes, a no tomar represalias contra el grupo terrorista.

Era el 9 de octubre de 1985 y la pesadilla estaba a punto de concluir. Sobre las seis de la madrugada, tras hablar por radio con Abu Kaled, un supuesto emisario de Yassir Arafat que luego se sabría era el propio Abú Abbas, el comando terrorista mandó al capitán de la motonave echar anclas a quince millas de Port Said. Allí los piratas navales fueron recogidos por una lancha militar y trasladados a una base del ejército egipcio observados a escasa distancia por el periscopio de un submarino israelí.

La odisea, sin embargo, no había acabado. Nada más desembarcar el pasaje en el puerto civil, el capitán de la nave relató a las autoridades egipcias que un pasajero israelí, Leon Klinghoffer, había sido salvajemente asesinado «porque se negaba a obedecer a los captores». El Gobierno de los Estados Unidos rompió el acuerdo y decidió detener al comando.

No fue necesario esperar demasiado para que las órdenes se cumplieran. Poco después, un observador israelí que se dedicaba a espiar las comunicaciones de la torre de control del aeropuerto de El Cairo captó un mensaje permitiendo el despegue de un Boeing 737 que no estaba en los planes de vuelo de la jornada.

En el avión viajaban Abu Kaled y su lugarteniente y guardaespaldas Abu al-Izz y los cuatro asaltantes del barco, custodiados por doce agentes de la policía egipcia, quienes les habían retirado incluso los encendedores. El destino de la aeronave era Túnez, el santuario de la Organización para la Liberación de Palestina, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otros grupos terroristas árabes en la época.

La información llegó al Pentágono y dos cazas F-14 despegaron del portaaviones Saratoga, interceptaron al aeroplano en pleno vuelo y le obligaron a aterrizar en la base de la OTAN de Sigonella (Sicilia), con un tremendo enfado del presidente italiano Bettino Craxi y del egipcio Hosni Mubarak que acusaban a Reagan de romper el pacto.

La sangre, sin embargo, no llegó al río. Tras alcanzar un acuerdo con italianos y egipcios el avión sólo fue detenido en tierra el tiempo suficiente para que bajaran los supuestos secuestradores del Achille Lauro, permitiéndosele reanudar el vuelo acto seguido.

De esta manera, cuando el Boeing 737 estaba ya en el aire y agentes del Mosad y de la CIA pudieron revisar con detenimiento las fotos y el vídeo clandestino tomado a bordo, se dieron cuenta del gran error cometido. Abú Abbas y Abu al-Izz, los hombres que habían dado las órdenes de cometer el atentado contra Israel, que se había trastocado en un secuestro marítimo con centenares de rehenes, viajaban en el avión con documentación falsa y les habían permitido continuar vuelo hacia Túnez.

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Poco después, tras un enfrentamiento entre los Estados Unidos e Italia, Bettino Craxi se negó a entregar a los terroristas a los estadounidenses para juzgarlos en aquel país. Basándose en el principio de territorialidad, como el barco había zarpado de Génova, sus tribunales se encargaron de instruir una causa que se disputaban también los jueces de Nápoles, que llegaron a abrir otro sumario.

La vista oral del proceso 9/86 se vio, por lo tanto, en una ciudad italiana, país desde donde, según se supo después, se dejó escapar, con la complicidad del Gobierno, a Abú Abbas para evitar represalias de la Organización para la Liberación de Palestina y del Frente Popular para la Liberación de Palestina.71

Presidido el tribunal por Lino Monteverde con la ayuda del juez magistrado Enzo Giacarlone y seis jueces populares, el plenario se celebró en medio de fuertes medidas de seguridad y con la presencia de numerosos testigos, pasajeros del barco secuestrado.

Allí se supo que uno de los piratas, Ahmad Marrouf al-Assadi, además de amedrentar a los pasajeros, había violado a una camarera italiana, lo que iba contra las leyes del Corán, y que el segundo rehén a punto de ser asesinado era una mujer estadounidense.

Bassan Al-Asker, Ahmad Marrouf al-Assadi e Ibraim Fatayer Abdelatif fueron condenados a quince años de cárcel. Youssef al-Molqi, como jefe del comando y responsable del asesinato de Leon Klinghoffer, recibió una sentencia de treinta años de prisión.

Abú Abbas, pese a encontrarse en paradero desconocido, fue sentenciado a cinco penas de cadena perpetua. Los intentos para capturarle en diversas partes del mundo y hacerle pagar por sus crímenes siempre llegaban demasiado tarde. El Gobierno italiano del socialista Craxi, decidido a preservar su política en Oriente Medio y seguir obteniendo petróleo a precios preferenciales, se encargaba de ello.

La Organización para la Liberación de Palestina fue condenada asimismo a indemnizar a los familiares de Klinghoffer,72 con un dinero que se destinó a poner en marcha una fundación para combatir el terrorismo y educar a los jóvenes en la idea de que los conflictos políticos hay que resolverlos por vías pacíficas.

El comando terrorista, salvo Youssef al-Molqi, que cumplió doce años de cárcel, quedó en libertad provisional tras pasar seis años en una prisión italiana. En 1996 Abú Abbas pidió perdón por el secuestro del barco y por el asesinato del inválido judío. El Gobierno de Estados Unidos y los parientes de la víctima no aceptaron sus disculpas.

En 1998, el Boston Globe73 le hizo una entrevista en la zona de Gaza, en los territorios ocupados por la Autoridad Palestina.

«—¿Por qué el Frente de Liberación de Palestina asesinó a Klinghoffer, un inválido que no podía defenderse?

»—[Durante el secuestro] no dejó de crear problemas. Es cierto que estaba en una silla de ruedas, pero incitaba a los otros pasajeros para que se rebelaran. Tuvimos que matarle».74

El 15 de abril de 2003 Abú Abbas fue capturado por una unidad especial de las fuerzas estadounidenses en Bagdad, durante la invasión de Iraq. Los cargos en su contra por el secuestro del Achille Lauro, según el Congreso, habían prescrito desde 1996.

El miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y fundador del Frente de Liberación de Palestina, Mohamed Abú Abbas Zaidan, más conocido por Abú Abbas, murió el 8 de marzo de 2004 a los cincuenta y cinco años de edad en una prisión estadounidense de Iraq. La causa de su muerte no se ha hecho pública.75

El 30 de noviembre de 1994, diez años antes, el Achille Lauro sufrió un incendio cerca de Namibia. Dos días después se hundió.

Estos son los datos. Con los autores del secuestro condenados y encarcelados, Abú Abbas huido de la Justicia, Yassir Arafat pidiendo perdón e indemnizando a los familiares de la única víctima, ¿era posible abrir una nueva causa por el mismo asunto en un tercer país ajeno a aquellos dramáticos acontecimientos por un delito menor como el de colaboración armada? ¿Si las víctimas y los asesinos no eran españoles, el barco izaba pabellón italiano y el secuestro del buque se cometió en aguas internacionales, al otro lado del Mediterráneo, era factible esa posibilidad? Para el adalid de la justicia, el rayo justiciero y vengador de los menesterosos del mundo entero, defensor del derecho penal universal, lo era. Veamos el asunto con detalle.

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El asesor para la Seguridad Nacional John Poindexter lo declaró claro y rotundo en la comisión mixta Congreso-Senado de los Estados Unidos que investigaba el asunto Irangate, donde aparecía implicado Monzer al-Kassar.

Se le había preguntado por qué los representantes del Gobierno más poderoso de la Tierra se reunían con personajes poco honorables, asesinos, mafiosos y traficantes de armas declarados. «Cuando compra uno armas, a menudo tiene que tratar con gente con la que no le gustaría ir a cenar», respondió Poindexter.

Casado con Ragda Habal, hermana de Alí Isa Duba, jefe de los servicios secretos sirios y emparentado con el presidente Hafed al-Assad, el sirio Al-Kassar tenía una orden de busca y captura en Dinamarca desde 1973; había sido detenido en Londres en 1976 por posesión de drogas;76 en 1985 fue acusado de preparar un atentado en Francia; ese mismo año un tribunal de Viena le procesó por tráfico de armas y drogas; en 1986 fue condenado en rebeldía en Francia a ocho años de cárcel y cinco de prohibición de residencia.77 Por último, en 1988, fue expulsado de Austria por uso de un pasaporte falso.

Siempre había logrado eludir la cárcel. Declarado persona non grata en media Europa, se había instalado en Marbella, donde mandó construir el Palacio Mifaldi y, entre una y otra operación de tráfico de armas, se dedicaba a vender joyas, a realizar inversiones inmobiliarias y a asistir a fiestas benéficas donde hacía donativos de hasta un millón de pesetas para el tratamiento de las drogodependencias.

Ciertamente, aunque solía vérsele en los saraos acompañado de Ana García Obregón, Gunilla von Bismarck o Alejandro Lequio, el sirio Al-Kassar no era una persona recomendable para invitarla a casa y sentarla en la mesa a comer por otras razones de mayor peso.

Desde 1984 su entorno había elegido España como el campo de batalla para dirimir sus enfrentamientos. En agosto de ese año unos desconocidos tirotearon en el madrileño Paseo de la Castellana a Zaki Helou,78 responsable militar del Frente Popular de Liberación de Palestina cuando salía de un coche en el que viajaba acompañado de dos de los hermanos de Al-Kassar; cuatro meses más tarde, a las dos de la madrugada, un libanés, Elías Awad, supuesto agente del Mosad en el Líbano durante las matanzas de Sabra y Chatila, recibió un tiro en la cabeza y quedó tetrapléjico.79 Ese mismo año los gerentes de la firma Alkatronic, propiedad del empresario sirio, sufrieron un atentado en Madrid, y en junio de 1991 su ex socio fue tiroteado en las piernas al salir de un bar de la madrileña calle de Costa Rica.

En 1987 el diputado del PCE Ramón Tamames denunció al Gobierno socialista por dar amparo en Marbella al «mayor traficante de drogas y armas del mundo». El revuelo armado fue de tal calibre que el secretario para la Seguridad del Estado, Rafael Vera, decidió expulsarle de España por tres años «dada la presunta implicación de este extranjero en el tráfico internacional de armas de guerra a países en conflicto, así como por sus conexiones con grupos palestinos y organizaciones terroristas del mismo origen».

Fue un gesto de cara a la galería. A las pocas semanas el presunto delincuente sirio entraba y salía del país cuando le daba la gana y volvía a establecerse en Málaga. Protegido por la mayoría de los servicios secretos de todo el mundo, desde la CIA a la DEA, el FBI, el Mosad, el MI5, el SDECE francés o el CESID, llevaba décadas vendiendo fusiles Kalashnikov y misiles Sam-7, comprados en Polonia y transportados en su compañía aérea Jet Set, a todos aquellos países que se pretendía desestabilizar, desde Iraq a Irán, Afganistán o Yemen pasando por Nicaragua o Nigeria.

Su última aventura había sido, de acuerdo con el Gobierno de Washington, la venta de armas al régimen de Teherán, en la guerra Irán-Iraq. Con los beneficios obtenidos compró nuevas armas para apoyar a la Contra nicaragüense de Edén Pastora, el Comandante Cero.80

En la operación, autorizada por Ronald Reagan,81 estaba implicado el asesor presidencial en materia de seguridad, John Poindexter, el coronel Oliver North y docenas de agentes de la CIA y de la DEA. Todos ellos pretendían al mismo tiempo y de un plumazo acabar con Saddam Hussein —un peligro, como se demostraría, para Oriente Medio—, convertir el Gobierno del ayatolá Jomeini en un régimen pro-occidental,82 liberar a varios estadounidenses presos en Teherán y acabar con el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de los comandantes Tomás Borge y Daniel Ortega.

Para realizar estos «negocios», Monzer al-Kassar entraba y salía de España en su avión particular sin ser molestado, lo que indica que no tenía causas pendientes con la justicia.

La detención por haber vendido las armas con las que se secuestró el Achille Lauro iba a ser —dicho sea sin ánimo injurioso ni calumnioso— una «garzonada» más. Todos los servicios secretos del mundo sabían por entonces que desde la creación en Kuwait, en 1959, de Al-Fatah como brazo armado de la Organización para la Liberación de Palestina y milicia armada de Yassir Arafat, el sirio Al-Kassar era el suministrador oficial de las armas.83

Pese a llevar una vida nada recomendable, en España no tuvo problemas con la justicia hasta que un día entró en conflicto con los exportadores españoles, dispuestos a abrirse mercados denunciando a Augusto Pinochet por vender dos escuadrillas de Mirage franceses a Irán, expulsando al chileno Carlos Cardoen84 e impidiendo que Carlos Menem vendiera sus cuatro submarinos, dos TR 1700 y dos TR 1300.

Fue entonces cuando se descubrió un cargamento de armas de Al-Kassar depositado en el puerto de Lagos (Nigeria), que pretendía colocar en aquella región, operación que estorbaba a los intereses de las industrias de armamento españolas.

Bien relacionados los traficantes locales con agentes de la Brigada de Información Interior de la Policía, algunos de cuyos agentes cobraban comisión, ahí empezaron todas sus desdichas.

***

El sirio Abu Merched estaba preso en la cárcel de Ávila acusado de narcotráfico cuando a comienzos de mayo de 1992 recibió la visita de un grupo de policías corruptos de la Brigada de Interior. Les acompañaba un sirio, un vendedor de alfombras persas en Madrid, ex socio de Monzer al-Kassar, que hacía de traductor.

—Si declaras en contra de Al-Kassar te sacamos de aquí en unos cuantos meses —le propusieron.

Merched, que había trabajado durante cuatro años al servicio del traficante sirio, se dejó convencer. Prestó una docena de declaraciones ante el jefe de la Brigada de Interior, Alberto Elías, hoy ya fallecido. Posteriormente, el 22 de mayo de 1992, acudió a ratificarlas al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Allí declaró: «En septiembre de 1985 fuimos Al-Kassar y yo desde España a Varsovia, donde tenía sus almacenes militares, a recoger armas para llevarlas a Túnez. Metimos cuatro fusiles Kalashnikov AK-47, con doce cargadores y quinientas balas en una maleta y ocho granadas de mano MK-2 ananas y cuatro pistolas en otra.

»É1 llevaba pasaporte diplomático yemení y yo sirio. Nos acompañaron al aeropuerto tres generales polacos. Allí cogimos un avión y nos dirigimos a Túnez. En el aeropuerto nos estaba esperando el jefe del Frente Popular de Liberación de Palestina, Abú Abbas. Fue entonces cuando supe que las armas eran para secuestrar al Achille Lauro.

»E1 cargamento fue luego introducido en Italia en un Renault 18 enviado por barco desde Túnez. En el hotel Laurens de Génova Al-Kassar se reunió con miembros del comando y les hizo entrega del alijo, que se guardó en una maleta».85

El «montaje» contra Al-Kassar, un personaje que mueve miles de millones de pesetas, con una flota de aviones y docenas de guardaespaldas y sirvientes dispuestos a cumplir una orden sin rechistar, era demasiado sencillo para ser creído. ¿Quién se creía el cuento de que un hombre que vende por teléfono, sin moverse de su palacio de Marbella miles de bombas, morteros, fusiles, cañones y misiles Sam-7, se traslada de Madrid a Polonia, Túnez e Italia, arriesgándose a cruzar tres fronteras, para entregar cuatro Kalashnikov a unos terroristas en Génova?

A esta declaración se unió otro relato, el del ciudadano sirio Ismail Jalid, uno de sus sirvientes de Marbella. Tras ratificar la participación de Al-Kassar en el secuestro del Achille Lauro le implica en el intento de asesinato de Elías Awad y le relaciona con el atentado contra el restaurante El Descanso, de Madrid, ocurrido el viernes 12 de abril de 1985, un año antes del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y pocos meses antes de que se establecieran relaciones diplomáticas con Israel.86 Todos ellos eran, no obstante, testimonios colaterales. El verdadero testigo de cargo, la pieza central del ajedrez, era Abu Merched.

—¿Odia usted a Al-Kassar? —le preguntó la policía.

—Sí, y quiero vengarme de él. Era su hombre de confianza y me despidió hace diez meses.

Esta simple manifestación, que aparece en los informes policiales, habría bastado para no abrir causa contra Al-Kassar si alguien se hubiera atenido estrictamente al Código Penal. El juez Garzón, sin embargo, decidió seguir adelante y jugársela a una carta.

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«Si nos tropezamos en el aire con el avión del Rey y hay congestión aérea, el de Su Majestad se queda dando vueltas y el nuestro aterriza inmediatamente», solía decir uno de los ayudantes del traficante sirio, que le acompañaba a todas partes, para demostrar su influencia en España.

Hubiera ocurrido o no alguna vez, lo cierto es que Monzer al-Kassar no necesitaba hacer cola en los mostradores de Iberia para desplazarse de Málaga a Madrid. Tenía su propio reactor en el que volaba con cinco o seis personas, sus guardaespaldas y su séquito personal.

El 5 de junio de 1992, de madrugada, su avión aterrizó en Barajas procedente de Viena. Al-Kassar venía acompañado de su médico, Nabil Olabi, de su secretario, Mohamed Zaki Masri, y del chileno Yamal Edgardo Bathich.

Nada más poner pie en tierra, agentes de la Comisaría General de Información le robaron un maletín en el que traía un Rolex de oro y joyas y le echaron el guante.87 Ponían fin así a ocho meses de investigación que acabaría en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Al día siguiente se armó la marimorena. Otros policías registraban el Palacio Mifaldi, situado en la urbanización Los Altos de Río Verde,88 en las cercanías del de su amigo Rifad al-Assad, hermano del presidente de Siria y protegido del Gobierno español.89 También se registraron los apartamentos Gray D'Albión, los más caros y selectos de Puerto Banús, y las oficinas del llamado «Príncipe de Marbella» en busca de pruebas incriminatorias de sus delitos. Hallaron diecinueve coches robados, joyas,90 varios pasaportes falsos con la fotografía de Al-Kassar, uno de ellos emitido por el Gobierno argentino de Carlos Menem, y alguna pistola sin licencia.91

El juez le acusó de seis delitos: asesinato frustrado (Elías Awad), asesinato consumado (Leon Klinghoffer), detención ilegal (Achille Lauro), robo continuado, falsificación de placas de matrícula y falsificación de documentos. Según el auto de Garzón de 8 de junio de 1992 podía ser condenado a penas que oscilaban entre los cincuenta y siete y los noventa años de cárcel. Decía: «Al-Kassar está en relación al menos desde 1982 con distintos grupos de matiz terrorista islámico escindidos de la OLP, en concreto el Frente Popular para la Liberación de Palestina (Abú Abbas), en el que militó, con el que colabora suministrándoles armas de los depósitos que tiene instalados en las inmediaciones de Varsovia (Polonia), y que traslada a Yemen; en 1985 recibió en su domicilio de Marbella (Málaga) a Abú Abbas, con quien comparte la titularidad de una cuenta corriente en la sucursal número 4135 del BBV en aquella ciudad andaluza y a cuya organización financia».92

«Asimismo y por esas fechas tuvo alojado a un militante del Frente de Liberación de Palestina (Comandos Especiales) llamado Zaki Helou, con quien viajaba en un automóvil cuando fue objeto de una agresión con armas el 17 de agosto de 1984 en el Paseo de la Castellana, esquina a Carlos Maurrás de Madrid, y a quien prestó ayuda financiera».

Sobre el intento de asesinato de Elías Awad, agrega: «Facilitó la pistola para la acción, una Sig-Sauer. Pagó los gastos de la habitación 104 de los apartamentos Recoletos, en el que estuvieron alojados Kamal Abdul Gawad Ghazoul, Yousef Ahmad Saad y Ahmed Gaithan [los presuntos integrantes del comando que atentó contra el libanés] habiendo facilitado Al-Kassar —tras llamar dos veces por teléfono desde Viena al hotel donde se alojaba Awad y comprobar que seguía en Madrid— la información sobre la víctima».

Con este auto de procesamiento le mandó a la cárcel de Carabanchel sin fianza y se lanzó no a perseguir el delito, sino a «la caza del hombre», al estilo de los fiscales italianos de Mani Pulite. Solicitó tres comisiones rogatorias a Italia, una a los Estados Unidos y otra al Reino Unido. Aunque para responder a las responsabilidades civiles por la muerte de Klinghoffer bastaban 100 millones de pesetas, mandó bloquear todas las cuentas93 que pudieran tener él y su familia en todos los bancos del mundo y comenzó a acumular tomos y tomos de documentos, desde la instrucción y juicio del Caso Achille Lauro en Nápoles al expediente de una cuenta que el traficante de armas había tenido en el Banco de Crédito y Comercio Internacional en Park Line (Londres), por si podía implicarle en alguna red de tráfico de divisas internacional.

En lugar de poner coto a tanta desmesura, el fiscal se adhirió a la delirante tesis del instructor y en un escrito le consideró responsable de, al menos, doce delitos: terrorismo, detención ilegal, piratería, asesinatos consumados y frustrados, pertenencia a banda terrorista, receptación, alteración de matrículas, falsificación de documentos, tenencia de útiles para la falsificación, depósito de armas de guerra y tenencia ilícita de armas «que había transportado desde Madrid a París y Ámsterdam».

El ministerio público reclama para Al-Kassar una condena de veintinueve años de cárcel. «Aquello tenía que ser así. Había un testigo que le implicaba en el secuestro del transatlántico, España era signataria de la Convención de La Haya y del Convenio de Ginebra sobre Alta Mar, ambos relacionados con el apoderamiento ilícito de aeronaves y barcos por el que se perseguía la piratería, y el delito estaba en nuestro Código Penal»,94 afirma el fiscal Fungairiño.

Unos meses después se demostraría que todo era humo de pajas y que el juez estrella había estado persiguiendo todo este tiempo a un fantasma.

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El castillo de naipes comenzó a desmoronarse cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Francisco Castro Meije, con el voto favorable del vocal Fernando García Nicolás, atizaba un fuerte varapalo al juez Garzón.

En un auto hecho público en el otoño de 1992 le retiraba la competencia para instruir el sumario por el intento de secuestro de Elías Awad; la investigación de la masacre del restaurante El Descanso; el asunto de los coches robados y hallados en el palacio de Marbella; y sus presuntas relaciones con el Frente Popular de Liberación de Palestina y su dirigente Abú Abbas. La sala estimaba que su investigación correspondía a la Justicia ordinaria.

De esta manera la sala echaba por tierra las tres cuartas partes del auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, abortaba la posibilidad de un macrojuicio y limitaba su investigación a un solo hecho: su presunta colaboración en el secuestro del Achille Lauro.

La decisión ocasionó la protesta del tercer magistrado de la Sala de lo Penal, Ventura Pérez Mariño. Sostenía la tesis de que todos los delitos, especialmente el intento de asesinato de Elías Awad, estaban conectados en la persona de Monzer al-Kassar y debían instruirse por el mismo juzgado. El Tribunal Supremo volvió a quitarle la razón.

Sus abogados, José Luis Sanz Arribas y Ernesto Díaz Bastién, no se conformaron con la sentencia y recurrieron a su vez a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se le pusiera inmediatamente en libertad por el supuesto delito de piratería marítima.

¿Cómo un hecho perpetrado en un transatlántico italiano, cometido en aguas internacionales por ciudadanos sirios, libaneses y palestinos, en el que no había pasajeros españoles y en el que sólo hubo una víctima israelí podía ser enjuiciado en España cuando Italia había reclamado el principio de territorialidad y lo había obtenido frente a los Estados Unidos? ¿Cómo podía volver a instruirse un asunto que era cosa juzgada, en el que no existían nuevas pruebas, salvo la declaración de un arrepentido que decía actuar por venganza?

Aunque resultara inverosímil, el 4 de abril de 1993 el Alto Tribunal le dio la razón al juez Baltasar Garzón. En una sentencia cuyo ponente fue el magistrado ya fallecido Ramón Montero Fernández-Cid señalaba que al no haber solicitado Italia la extradición, España era competente para enjuiciar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, en virtud del artículo 23.495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al tratarse de un delito de piratería marítima, penado en nuestro ordenamiento jurídico y al que España estaba vinculado como firmante del Tratado de Viena, que obliga a perseguir el secuestro de barcos y aviones, los tribunales españoles estaban doblemente obligados a enjuiciar el hecho.

El asunto, desde entonces, se convirtió en una pelea personal entre el juez y los letrados que se dirimió, en buena parte, en la prensa.

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El 4 de septiembre de 1992 la defensa de Monzer al-Kassar presentaba una denuncia al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al ministro de Justicia, al director general de Instituciones Penitenciarias, al fiscal general del Estado, al presidente de la Audiencia Nacional y al presidente del Consejo General de la Abogacía.

En su escrito, con fecha de entrada y registro en el Consejo General del Poder Judicial de 7 de septiembre, Sanz Arribas y Díaz Bastién denunciaban cómo su defendido, el supuesto traficante de armas sirio, había sido ingresado a comienzos de junio de 1992 en la cárcel de Alcalá-Meco sin notificarle resolución judicial alguna, manteniéndole encerrado en su celda durante veintitrés horas al día.

Lo más comprometido ocurrió el 1 de septiembre de aquel año. Al ir a visitar a su defendido en la cárcel se encontraron con que no estaba. Había sido sacado intempestivamente, de madrugada, en pijama y sin permitírsele coger sus efectos personales ni cambiarse de ropa, «tras destrozarle los zapatos en busca de no se sabe qué», y así, sin explicación alguna, se le trasladó a la cárcel de Herrera de la Mancha.

En la nueva cárcel se le había metido en una celda de máxima seguridad. Todavía en pijama, se le quitó el reloj y se le inscribió con un nombre falso, el de Ali Mohuamoud Halaoui, en un intento de destrozarle psicológicamente y anular su personalidad.

Tras arduas gestiones, los abogados lo habían encontrado sin ducharse ni afeitarse, bañado en sus propios vómitos y sin dejar de repetir. «Estoy secuestrado, me han quitado hasta mi propio nombre y me están torturando psicológicamente».96

«A partir de entonces y hasta que Garzón se fue a la política en 1993, cada veinte días le cambiaban de cárcel», dice José Luis Sanz Arribas. Pasó por Alcalá-Meco, Herrera de la Mancha, Carabanchel, Villanubla (Valladolid), Puerto de Santa María y Asturias, entre otras.

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A comienzos de febrero de 1993 los mismos abogados presentan una segunda denuncia contra el juez ante la Fiscalía General del Estado, que dirige entonces el luchador canario Eligio Hernández.

El escrito se basa en unos documentos, redactados de puño y letra por el titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional en papel con membrete del Colegio Europeo de Estudios Superiores, en los que el magistrado impartía clases. Las anotaciones hacían referencia al sumario seguido en la Audiencia Nacional contra Al-Kassar entre el 9 de mayo y el 5 de junio de 1992, el periodo en el que la causa estaba declarada secreta.

En el manuscrito, que supuestamente desaparece del despacho del juez, aparecían frases como: «Hablar con [Alberto] Elías para que el oficio de fecha 1 de junio de 1992 me lo amplíen más y en especial para que expongan que las armas van destinadas a grupos terroristas islámicos libaneses»; «Providencia del 14-5-92, reclámese del Servicio de Información Interior que comunique al juzgado el paradero de Abu Merched así como los hechos que le vinculan a Al-Kassar»; o «Comparecencia u oficio de 17-5-92 diciendo que está en la cárcel».

Asimismo, y con letra del juez, se indica: «Providencia. En la providencia del 25-5-92 (rota) añadir traslado al ministerio fiscal para que informe si a la vista de la declaración de Bou [sic] Merched procede extender el procedimiento de investigación a los hechos que se exponen en aquella»; «Auto, sustituye al de 1-6-92»; «Auto 1-6-92, sustituye [a otro] roto»; «Controlar hasta que esté hecho»; o «Hablar con Elías [y] dictarle qué es lo que la Policía tiene que informar».

Según el texto de la denuncia, en el citado manuscrito el juez da instrucciones por escrito a sus oficiales sobre cómo «preconstruir» el sumario, con la inclusión a posteriori de autos, providencias e informes policiales en sustitución de otros anteriores, supuestamente destruidos.

Los letrados Sanz Arribas y Díaz Bastién consideran que así y no de otra manera deben interpretarse expresiones como: «Hay que poner en su sitio un escrito del 19-5-92», o la referencia a autos rehechos, que sustituían a los «de la misma fecha».97 Estiman que tales supuestas manipulaciones constituyen un delito de falsedad y otro posiblemente de prevaricación, por lo que habría sido necesario abrir diligencias al instructor y apartarle de la carrera judicial.

El instructor de la Audiencia Nacional reconoció por entonces que los papeles eran suyos, correspondían a una de sus minutas y le fueron sustraídos de su despacho. Los letrados, en cambio, afirmaban que les habían llegado en un sobre cerrado con una nota firmada por una persona que se hacía llamar «El Duende del Portón», en referencia a un local nocturno de moda que solían frecuentar por entonces Mario Conde y el mismísimo Garzón.

El llamado por entonces «Pollo del Pinar», en alusión a la localidad de la isla de El Hierro, el ínclito Eligio Hernández, remitió el documento a los fiscales penales de la Fiscalía General del Tribunal Supremo por si se apreciaba algún tipo de delito en contra del juez.98

El 4 de abril la Junta de Fiscales en pleno decidió archivar la denuncia al no constituir delito alguno los hechos denunciados. Por aquellas fechas Baltasar Garzón y Felipe González celebraban su primer encuentro en Quintos de la Mora (Toledo), donde se decidió que el juez diera el paso a la política y acudiera a las elecciones generales como número dos por la candidatura de Madrid.

Eligio Hernández, que semanas antes estaba dispuesto a acabar con la fulgurante carrera del juez campeador, tras el encuentro secreto se mostró más cauteloso y reservado. «Ya os enteraréis de los motivos por la prensa, pero tengo órdenes de arriba [refiriéndose a Felipe González] de echar tierra al asunto», le dijo a Sanz Arribas.

Por si al juez no le hubieran dado ya por todas partes, la puntilla definitiva al sumario del Achille Lauro se la propina el principal testigo de cargo el 24 de junio de 1993, días después de que Garzón tomara posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados.

En una carta escrita en árabe en la prisión de Ávila y remitida al juzgado, Abu Merched relataba: «Con respecto a esta causa quiero señalar que todas las declaraciones que presté eran mentira. Quiero hacer constar que abandoné Túnez en 1984, no he vuelto allí desde entonces, no acompañé a persona alguna a entregar armas y no conozco nada sobre las armas relacionadas con el buque Achille Lauro».

Definitivamente, el juez más popular de España había instruido un sumario con decenas de tomos a base de humo de paja. Doce supuestos delitos y decenas de años de cárcel quedaban reducidos a la nada.

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Una vez que Baltasar Garzón ingresa en la política, la defensa de Al-Kassar solicita la libertad condicional al juez Manuel García Castellón y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía se suma a la petición de libertad condicional. «Dadas las graves anomalías detectadas en la instrucción del sumario y dada la pobreza de las piezas probatorias de la acusación [el ministerio fiscal], interesa conceder la libertad condicional al procesado para no causarle perjuicios innecesarios ante la posibilidad de una sentencia absolutoria».

Tras pasar catorce meses en la cárcel, donde fue sometido a varios intentos de chantaje por policías corruptos y narcotraficantes, el presunto traficante de armas fue puesto en libertad condicional el 29 de julio de 1993, en espera de juicio.99 «Sustancialmente los indicios se reducen a la declaración de Abu Merched, de escasa fiabilidad, al haberse intervenido una cinta que grabó él mismo en septiembre de 1992 pidiendo dinero a Al-Kassar para cambiar su declaración», señalaba en un auto el presidente de la sala, Siro García Pérez. «Pese a tener todos los indicios a su favor, para librarse de la cárcel Monzer al-Kassar tuvo que depositar una fianza de 2.005 millones de pesetas, la más alta impuesta hasta entonces por la Audiencia Nacional a una persona física», afirma Sanz Arribas.

Meses más tarde se demuestra que bajo la apariencia de un peligroso traficante de armas se oculta una segunda personalidad: la de un enlace directo con todos los gobiernos del Oriente Medio.

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A comienzos de febrero de 1994 el diputado del Partido Popular Rogelio Baón preguntó al Gobierno en el Congreso de los Diputados por qué razón se había autorizado al narcotraficante y traficante de armas Monzer al-Kassar a abandonar España. «Se le acusa —dice— de intento de asesinato y de colaboración en el secuestro del Achille Lauro, se le considera un peligroso criminal, pesan sobre él dos órdenes de extradición, al menos una de Estados Unidos y otra de Argentina, y se le excarcela para que salga al extranjero».

En efecto, según publicó la prensa, a comienzos de enero de 1994 el juez Manuel García Castellón, que sustituía a Baltasar Garzón en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, había permitido al presunto delincuente desplazarse a Damasco con la excusa de visitar a un hermano aquejado de un problema cardiaco.

La realidad era otra. Semanas antes del viaje se produjo un hecho sin precedentes en la historia judicial española: los policías Jesús Martínez Torres, el mismo que ordenó la detención de Al-Kassar, el jefe de seguridad de la Audiencia Nacional y Ramón Lillo, la persona que capturó al asesino de Elías Awad a la salida del bingo Canoe de Madrid (cargo del que está acusado el traficante sirio), se presentaban ante el juez García Castellón para pedir la libertad de movimientos del empresario nacido en Yabrud.

«Hay un proceso de paz en Oriente Medio, entre israelíes y palestinos, y su presencia en el escenario del conflicto es fundamental para convencer a los grupos palestinos radicales, sobre los que tiene gran influencia, de que acepten la propuesta de negociación», le explicó Ramón Lillo al juez. «En el caso de que la negociación tenga un final feliz, uno de los países más beneficiados será España. Al-Kassar ha prometido desmontar los grupos terroristas extremistas existentes en España», remachó Martínez Torres.

Para dar mayor verosimilitud a su petición, los dos policías llegaron a indicar que la operación contaba con el visto bueno del CESID, el Ministerio del Interior y la Presidencia del Gobierno, y que Al-Kassar estaría todo el tiempo vigilado en el exterior por el director general operativo de la Policía, Agustín Linares, y por el propio comisario general de Información, Jesús Martínez Torres.

Manuel García Castellón exigía, sin embargo, garantías de que el preso, que tenía pendiente además el sumario por el asesinato de Elías Awad que se instruía en los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid, no aprovechara su estancia en el extranjero para darse a la fuga. Fue por tanto necesaria una llamada directa desde La Moncloa, desde la Presidencia del Gobierno, para que el juez accediera a conceder el permiso.

Se supo entonces que el traficante de armas sirio era al mismo tiempo el hombre más odiado y más buscado por los servicios secretos occidentales. En 1983, a petición del Gobierno de Washington, logró la liberación del directivo de la Universidad Americana en Beirut, David Lodge, secuestrado por activistas proiraníes. En febrero de 1986 medió ante Nabib Berri y obtuvo la liberación de un geo y otros dos españoles secuestrados pertenecientes a la embajada de Beirut. En 1988, a petición del SDECE, el servicio de espionaje francés, había facilitado la liberación de cinco franceses, dos de ellos niñas, y un alemán capturados en el Líbano por los grupos de Abu Nidal, lo que mejoró la colaboración francesa en la lucha antiterrorista. Incluso hay quien le vincula a la venta al Estado español de los dos misiles que sirvieron en 1987 para desmantelar la estructura de ETA en Sokoa (Francia).

Queda una sospecha en el aire: ¿provocaba Monzer al-Kassar o sus peligrosos amigos los fuegos que luego el empresario sirio se encargaba de apagar con el aplauso unánime de la comunidad internacional?100

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Unos días antes un argentino pendiente de extradición, al que un día estaban a punto de ponerle en libertad, al siguiente decidían deportarle y al tercero enviarle a su país, definió claramente lo que era la Audiencia Nacional:

—Che, esto es un quilombo.101

En la vista oral, su abogado, José Luis Sanz Arribas, tuvo la ocasión de comprobarlo. «¿Qué pinta la Justicia española deteniendo y juzgando a un ciudadano sirio por un delito cometido en un barco italiano por un grupo árabe, que lo secuestró en el golfo de Alejandría, donde es asesinado un ciudadano de los Estados Unidos en aguas internacionales y no hay ni un solo perjudicado español? ¿Que lo secuestraron con armas vendidas por el señor Al-Kassar? ¿Y qué? El señor Al-Kassar ha vendido armas a muchos países, con conocimiento de los servicios secretos y de los gobiernos de medio mundo. De la misma manera lo hizo a la Autoridad Nacional Palestina, organismo reconocido por la ONU.102 No tiene, sin embargo, capacidad de embargo sobre esas armas, no puede decirle cómo y dónde deben utilizarlas. Ahora mismo es el representante oficial de Yemen ante diversos gobiernos soberanos. Ellos compran las armas a Polonia y el Estado polaco envía las armas al Yemen con toda la documentación en regla. Monzer al-Kassar se limita a viajar de un país a otro para que se firmen los contratos y se cumplan los plazos de entrega. Ese es su trabajo», señaló.

La vista oral sirvió también para demostrar que durante la detención uno de los policías intervinientes le robó un maletín pensando que iba a ser extraditado. Además Al-Kassar acusó a las personas que le habían involucrado en el secuestro del Achille Lauro de intentar extorsionarle en varias ocasiones, exigiéndole decenas de miles de millones para cambiar su declaración o a cambio de su libertad.

«Para que quedara constancia de ello le dije a mi esposa que les diera un cheque del Barclays Bank de 100.000 dólares con el fin de hacerme con una prueba. El dinero lo cobró el 1 de enero de 1992 Mustafá Nasimi, la persona que junto con Abu Merched me denunció por venganza a la policía, según la firma que aparece al dorso».

Incluso una de las personas que dice ser escolta del juez Baltasar Garzón, y que se identifica como Sahoud, llegó a exigirle 30 millones de dólares a cambio de su libertad, quince por adelantado y los otros quince cuando estuviera en la calle.

—Dame pronto la respuesta, que me voy de vacaciones con el juez.

Sin un solo testimonio en contra, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acabaría absolviendo a Al-Kassar del suministro de armas al comando que secuestró el Achille Lauro. Según la sentencia, la acusación contra el traficante de armas sirio no era «lógicamente imposible», pero «simplemente carece de apoyo probatorio suficiente para dictar una resolución condenatoria a veintinueve años de cárcel».

Para llegar a este veredicto el tribunal había encontrado las declaraciones del principal testigo de cargo, Abu Merched, «sobradamente confusas y plagadas de contradicciones». Además, el testigo había declarado en el juicio que obraba por venganza contra el imputado por haberle echado del trabajo, lo que «restaba imparcialidad al testimonio».

Según los magistrados Francisco Castro Meije, Fernando García Nicolás y Ventura Pérez Mariño, «Monzer al-Kassar carecía de almacenes de armas en Varsovia, hecho que el testigo da por cierto. Por lo tanto, analizando las demás declaraciones de Abu Merched se advierten en ellas dudas, inconcreciones y suposiciones, por lo que es lícito concluir que este no vio las hipotéticas armas».

El tribunal tuvo en cuenta también las cartas remitidas por el testigo a Al-Kassar pidiéndole cinco millones de dólares para desdecirse en la vista oral de lo declarado en el juzgado. «La concurrencia de móviles económicos hacen su testimonio inocuo a fines probatorios».

El tribunal tampoco consideraba probado que Al-Kassar abriera una cuenta corriente en Marbella a Abú Abbas, jefe de la facción disidente de la OLP. «Es posible que le haya tratado y que tenga simpatía por la causa de la OLP. Pero con el material probatorio no cabe concluir que Al-Kassar planificara la operación terrorista, ni que hiciera el viaje de Varsovia a Túnez, ni que, multiplicando innecesariamente los riesgos, trasladara las armas de Túnez a Génova y las entregara personalmente a uno de los miembros del comando». Los argumentos eran tan contundentes que el fiscal ni siquiera decidió recurrir la sentencia, que se convirtió en firme.

«La sentencia produce perplejidad —editorializaba El País—. ¿Cómo se explica que el ministerio fiscal haya mantenido hasta el mismo instante del juicio oral su petición de veintinueve años de cárcel si su acusación era pura farfolla? ¿Cómo se explica que el juez instructor haya privado de libertad durante más de un año a alguien acusado de manera tan inconsciente? Nada de lo realizado en el sumario ha sido validado por el tribunal sentenciador. ¿Cabe mayor demostración de la endeblez y la futilidad de lo actuado en el proceso? La disparidad absoluta entre una instrucción, aparentemente llena de indicios incriminatorios, formalizados en una acusación contundente, y una sentencia que convierte en humo todas y cada una de las diligencias previas al juicio oral, [cuestiona] la existencia de una justicia creíble y llena al ciudadano de perplejidad», concluye el diario de la calle de Miguel Yuste.

¿Hizo justicia Garzón con el caso Al-Kassar o el osado juez causó un mayor quebranto a la causa de la justicia? Veamos los hechos.

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El 1 de octubre de 1992 el libanés Ismail Jalid al-Choubi, ex empleado de Al-Kassar y testigo de cargo en su contra, muere al caer de un cuarto piso en el edificio Los Cipreses de Marbella. Al principio se piensa que se trata de un accidente fortuito, pero la fuerte presencia de alcohol en la sangre que revela la autopsia levanta las sospechas de que fue asesinado.

El 10 de septiembre de 1993, cuando Al-Kassar llevaba apenas un mes en libertad, la Policía detiene en el hotel Flamingo de Torremolinos (Málaga) a dos sirios, Jena Derkhatdorian e Imad Eddine Mneinme. Trabajaban a las órdenes de Elías Awad y en su poder se encontraron los planos del Palacio Mifaldi y armas103 para matar a Al-Kassar.

Un mes más tarde, el 17 de octubre, se produce la respuesta. Un cohete Sam-7 alcanza de lleno la vivienda del agente del Mosad en el barrio de Junie, en las montañas de La Bekaa del Líbano, donde reside Elías Awad. El impacto le provoca nuevas lesiones.

El 15 de diciembre de 1994 dos hombres, supuestamente de los cárteles de la droga colombiana, secuestran a los dos hijos de Mustafá Nasimi, el testigo de cargo que de acuerdo con la Policía organizó desde la sombra el proceso al traficante de armas sirio. Los GEO los liberan poco después en un piso de la calle de las Huertas, en Madrid.

El 20 de junio de 1998 un solo disparo hecho en la puerta de su casa de la urbanización Conde de Orgaz acaba con la vida de Nasimi.104 La bala utilizada, de 10 mm de calibre y de origen estadounidense, empleada en caza mayor, le había destrozado la cabeza. Por lo tanto, en 1995 Abu Merched era el único testigo que seguía vivo.

«Las investigación del secuestro del Achille Lauro por la organización terrorista palestina de Abú Abbas y sus implicaciones en España a través del ciudadano sirio afincado en Marbella, Monzer al-Kassar, que resultó absuelto de todos los cargos que se le formularon, fue uno de los asuntos más frustrantes para mí. [...] De la investigación y enjuiciamiento de otros delitos relacionados nunca supe, después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera desmembrar el sumario inicial en tres diferentes», se lamenta el juez.105

El magistrado no explica por qué inició un sumario judicial sobre un asunto que era cosa juzgada, al haber sido detenidos los principales responsables en Italia, juzgados y condenados. Máxime cuando la propia Audiencia Nacional había extraditado a Italia a uno de los terroristas que participaron en el asalto, Al-Molqi, huido de la cárcel romana de Rebbibia el 17 de enero de 1996 y capturado por la Guardia Civil en Estepona (Málaga) un mes después.

Como en las mejores películas de misterio, el asunto tendría un desenlace inesperado.

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El 20 de mayo de 1999 un palestino llamado Abdul Gawad Ghazoul se entrega voluntariamente en la Audiencia Nacional. Confiesa al juez Juan del Olmo que es uno de los autores materiales del atentado cometido en Madrid en 1984 por el grupo radical Abú Abbas contra Elías Awad, al que dejaron parapléjico.

El compareciente implica en la acción al traficante de armas sirio, al que Garzón relacionó con anterioridad con este suceso. «Se le pretendía ejecutar [a Awad] al considerarle el responsable de las matanzas de los campos de refugiados de Sabra y Chatila», dijo.

Fuentes cercanas a la familia del declarante señalaron que Gawad Ghazoul, tras la comisión del atentado contra Elías Awad, al que se relacionaba con el Mosad, huyó a Francia, y desde allí pasó luego a Holanda, Italia y finalmente a Ecuador. En este último país se casó con Lubi Reyes y decidió desvincularse de Al-Kassar, del que había llegado a ser su lugarteniente. A partir de entonces recibió numerosas amenazas para que no hablara.

Años después Gawad decidió venir a España y se instaló en Majadahonda, cerca de Madrid, donde vivía escondido. Salía poco a la calle y hacía una vida discreta. Quince días antes de su comparecencia ante el juez él y su familia volvieron a ser amenazados, tanto por correo como por teléfono, lo que le llevó a presentarse ante la Audiencia Nacional para implicar a su antiguo jefe.

Además de su declaración de seis horas ante el juez y el fiscal, Gawad aportó numerosos documentos a la Audiencia Nacional, relatando otras acciones con las que relaciona a Abú Abbas y Al-Kassar, del que ha insistido que fue un colaborador muy estrecho.

«El atentado contra Elías Awad, perpetrado el 3 de noviembre de 1984 en Madrid, lo cometimos en el paseo de la Castellana, a la altura de la plaza de Cuzco, yo, Kamal Hamudi Abdul Gawad Ghazoul, Yousef Ahmad Saad y Ahmed Gaithan. Se nos entregó una pistola Sig-Sauer con silenciador. Durante la estancia en Madrid estuvimos alojados en los apartamentos Recoletos. El alquiler lo pagó Monzer al-Kassar», declaró.

En contra de lo previsto, Monzer al-Kassar no fue llamado a declarar tras estas revelaciones. Con una petición fiscal de veintiséis años de cárcel, quedó en libertad condicional. La víspera del día que iba a ser juzgado, el 13 de marzo de 2001, desapareció sin dejar huella.

Pese a que se trata de una de sus peores instrucciones judiciales, Baltasar Garzón intentó sacar fuerzas de flaqueza y aprender la lección. Con más moral que el Alcoyano ha dejado escrito en sus libros: «El caso Al-Kassar fue el primer asunto de justicia universal que nos permitiría posteriormente abordar el asunto de las dictaduras argentina y chilena».

Siempre se olvida de consignar una cosa: no fue él, sino el magistrado Ramón Montero Fernández Cid, desde el Tribunal Supremo, formando sala con Enrique Ruiz Vadillo y José Antonio Martín Pallín, el que abrió esa puerta. Garzón, simplemente, se subió al carro como tantas veces.

Como la memoria a veces es flaca, se olvida también que durante la instrucción del sumario hubo más suicidios y asesinatos que en la odisea del Achille Lauro. Sea como fuere, tal vez no convenga convidar a cenar a Monzer al-Kassar.

Capítulo IV

El generalísimo de Torres

Garzón tuvo una infancia de niño travieso de pueblo, probablemente parecida a la de sus compañeros de colegio. Aprendió muy pronto a cortarles el cuello a los pollos al mismo tiempo que ayudaba a misa en la iglesia de su pueblo de Torres, en la provincia de Jaén. Y es que Fernando Baltasar Garzón Real realizó sus primeros estudios en un seminario menor, ya que su verdadera vocación era entonces la de cura, probablemente la de misionero. Cuando aparecieron las «caras de Bélmez» en el vecino pueblo de Sierra Mágina sintió una atracción fatal por lo esotérico, por lo desconocido. Y acabó estudiando Derecho en la Universidad de Sevilla al mismo tiempo que por las noches repartía gasolina en un surtidor situado a 30 kilómetros de su casa. En contra de todo lo publicado, fue un estudiante mediocre, «de los del montón», aunque al igual que a muchos estudiantes de su época le subían las notas para que no perdiera la beca. Eran aquellos años previos a la muerte de Franco en los que la universidad era la vanguardia de oposición al régimen. Sacó las oposiciones a juez en dos años y enseguida se casó con la hija del maestro de Sorihuela de Guadalimar, con la que tiene tres hijos, el primero de los cuales le libró del servicio militar. Antes de fracasar en su intento de enjuiciar a Pinochet fue juez en Valverde del Camino (Huelva), Vitoria (Álava), Villacarrillo (Jaén) y Almería, donde se le recuerda como portero de equipos de fútbol aficionado pero no como servidor de la justicia. No ha puesto en su vida una sentencia que figure en ningún banco de datos y es el último magistrado de su promoción que sigue de instructor, ciertamente no por vocación.

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El visitante que llega por primera vez al pequeño y recoleto municipio de Torres (1882 habitantes), de casas blancas todas ellas encaladas y resplandecientes, enclavado en la falda del Cerro de la Vieja, en la comarca de Sierra Mágina, lo primero con lo que tropieza nada más subir hasta el final de la empinada carretera es una calle en la que pone, con el típico azulejo andaluz, «Calle Baltasar Garzón Real».

Si el viajero se fija en las calles de los alrededores, la mayoría de ellas sin placa ni identificación alguna, se queda estupefacto. Ni siquiera los descendientes de Diego Cobos, primer marqués de Camarasa, señor de la villa (desde 1539 hasta mediados del siglo XIX), dueños de las principales haciendas y propietarios del único palacio del pueblo (hoy centro municipal de Servicios Sociales) han merecido por ahora tal honor.

El pasmo va en aumento al comprobarse que una parte de la calle bautizada en la actualidad como Baltasar Garzón se llamaba hasta hace menos de treinta años calle del Generalísimo, en honor al invicto general que conquistó España y la liberó de la tiranía roja y masónica, según los libros de texto que el juez debió de estudiar en sus años de infancia y juventud.

¿Cómo es posible que los cuatro jefes de Gobierno de España, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, José María Aznar y Felipe González carezcan de una plaza, de una simple calle en cualquier muladar cercano al sitio en donde nacieron, y el superjuez le haya arrebatado la vía al último dictador español del siglo XX?

Nadie en Torres, donde conserva sus amigos de la infancia y es adorado por la mayoría de los vecinos, sabe explicarlo. Hijo predilecto de su pueblo, desde 1994 es una persona querida por la mayoría de sus vecinos. Aún tiene casa allí y suele ir todos los años a reencontrarse con su pasado de monaguillo, de sotana y misa diaria y, al mismo tiempo, de chico travieso, aventurero y dado a todo tipo de correrías.

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El año 1955 constituyó un periodo de grandes pérdidas para la humanidad en los campos de la teología, la medicina, la filosofía, las ciencias y la política. En Panamá fue asesinado el presidente José Antonio Remón; en Nueva York fallece el antropólogo y teólogo Pierre Teilhard de Chardin; en Rio de Janeiro se suicida de un tiro en el corazón el presidente Getulio Vargas; en París muere el dramaturgo Paul Claudel; en Londres fallece el descubridor de la penicilina y premio Nobel de Fisiología y Medicina, Alexander Fleming; y en Princeton (Estados Unidos) muere el creador de la teoría de la relatividad, catorce veces doctor honoris causa y dos veces Nobel, Albert Einstein.

Aunque no todo fueron contrariedades aquel año. Para compensar tanto desastre, a la una del mediodía del 26 de octubre, casi coincidiendo con la independencia de Marruecos o la proclamación de la República de Vietnam, en el número 42 de la calle del Generalísimo, de Torres, nace un varón que andando el tiempo acumularía más doctorados honoris causa que Einstein. Un hombre que ha aspirado durante cuatro años consecutivos al premio Nobel y que no ha procesado ni encarcelado a los generales que forzaron por la vía de las armas la renuncia del presidente brasileño Getulio Vargas porque nadie se lo ha pedido aún.

Hijo de un jornalero de la comarca, Ildefonso Garzón, que se ganaba la vida recogiendo oliva, como ganadero o trabajando incluso de albañil (además tocaba la trompeta en la banda del pueblo), y de un ama de casa, María Real, fue el mayor de cinco hermanos; los otros son: María Juana (Juani), Luis, María Josefa y María Esther. Al mayor —Baltasar Garzón Real— le dieron las aguas bautismales en la pila de estilo gótico-mudéjar, de cerámica verde, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán (patrono del pueblo), del siglo XVI, empleada sólo en las grandes solemnidades. Allí se venera al Cristo de los Jornaleros o de la Vera, icono milagrero a quien los parroquianos atribuyen el don de la lluvia.

No en vano aún en los años en que el juez estrella era un mozalbete, cada vez que el río Torres y las cumbres de Sierra Mágina, Almadén, Cárceles, Morrón y Aznaitín acusaban los rigores del estío, los vecinos sacaban el Cristo en procesión para que sus cosechas de hortalizas, cerezas y aceitunas no se arruinaran.

Dice un antiguo proverbio que en una ocasión, «nada más salir la imagen del templo, se cubre el cielo de nubes. Esa situación que la milagrosa imagen ya había provocado en otras ocasiones, pero ahora, en vista de que la lluvia se ha iniciado, el Cristo se queda inmóvil, impidiendo a los jornaleros, por mucha fuerza que emplean, entrarlo en el templo [hasta que la tierra está suficientemente empapada y los jornaleros satisfechos]».

Su infancia la pasó en aquel pueblo de apenas dos mil habitantes, alejado del mundo, donde apenas se oía la radio y se veía la televisión debido a la cordillera montañosa que le rodea. Durante el curso escolar asistía a la escuela primaria unitaria, con los demás niños del pueblo, y los domingos ayudaba a misa como monaguillo, con el párroco Antonio Parras, y ponía tal devoción y entrega en ello que muchas mujeres acudían a misa sólo para verlo.

Fueron los años en que aprendió a enjaezar a las bestias, a sacarlas al pilón para que abrevaran y a montar en burro, a trepar a escondidas al campanario y a hurtar cerezas y coger espárragos en los campos baldíos —afición que hoy aún practica—. También le gustaba jugar y hacer travesuras con sus amigos Miguel Morales Cabezas, el hijo del zapatero, Juan Ortega Moya, que luego iría como él a la universidad, y Diego Fernández García, hijo del albardonero del pueblo.

Por aquel entonces había aprendido ya a canturrear las coplas de Manolo Escobar, Antonio Molina y Lola Flores, la Faraona, aunque algunos amigos exageran y afirman que era un niño prodigio, ardoroso admirador de Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra y Los Chalchaleros, que se dieron a conocer en España años más tarde, a comienzos de la década de los setenta.

Todas las biografías semioficiales que existen de su infancia ponen especial hincapié en que era un niño travieso, que se subía al campanario de la iglesia trepando por las paredes, se escapaba del colegio cada vez que podía, asaltaba los árboles frutales con su pandilla de amigos y se dedicaba a arrojarle bellotas a las niñas. En definitiva, nada del otro mundo que revelara a un personaje audaz, con una mente despierta, llamado a ocupar un relevante puesto en la Justicia española.

Nadie salvo la revista Tiempo ha narrado, sin embargo, que el implacable perseguidor de Videla y Pinochet, siendo un niño, le arrancó de cuajo las cabezas a los pollos del corral de una de sus tías: uno, dos, tres... y así hasta dieciocho.106 «¿Aprendería así a contar?», se preguntaba el autor del reportaje. ¿Derivará de ahí su terrible obsesión por acabar con los dictadores de derecha de todo el mundo y dejar intocados a los de izquierda? ¿O su añoranza del inconformismo y espíritu de rebeldía de su pueblo, Torres, que en 1486 capituló al maestre de la Orden de Calatrava, López Padilla, «por los agravios que le infería su comendador fray Juan de Mendoza, triunfando de esta forma el pueblo sobre las órdenes militares»?, como le gusta recordar.107

A los siete años le sacaron por primera vez del pueblo para que lo operaran de las amígdalas en Jaén, y ese mismo año hacía la primera comunión. Fue por esa época cuando se pasaba medio día en la parroquia, ayudando al cura, y le dio por pensar que su futuro era irse de misionero a África o a América para convertir a los infieles y predicar la fe católica.

Para ello tenía que pasar por el seminario y ordenarse sacerdote o ingresar en una orden religiosa. El entonces cura del pueblo, Miguel Luque, le convenció para que ingresara en el seminario de Baeza, la tierra de Antonio Machado, al noreste de la provincia.

El seminario conciliar de Baeza estaba emplazado en el Palacio Jabalquinto, un edificio fundado en 1660 por el obispo de Jaén Fernando Andrade de Castro. Situado en la plaza de Santa María, frente a la catedral de Nuestra Señora de la Natividad, tiene una sólida fachada de sillería con huecos rectangulares y molduras de oreja.

En este centro, el seminario menor San Felipe Neri de Baeza, dependiente del obispado de Jaén, declarado en la actualidad monumento arquitectónico, ingresó Baltasar Garzón en el curso 1965-1966 con el sano propósito de convertirse en cura rural para dedicarse más tarde a las misiones.

Su vida transcurre entre el olor a incienso y a velas, los cantos gregorianos, el estudio de la enseñanza secundaria y la lectura de los salmos y las vidas piadosas de los santos, especialmente San Felipe Neri, que posee un oratorio en el centro, con una sola nave de presbiterio cubierto por una bóveda de media naranja.

Muchos de sus compañeros de la época recuerdan la fe y el recogimiento que demostraba, el tesón con que se dedicaba a estudiar las sagradas escrituras y los días de oración que dedicó a pedir por la salud de Pablo VI (Giovanni Battista Montini) y por la beatificación de su antecesor, Juan XXIII (el noble italiano Angelo Giuseppe Roncalli Mazzola), que alcanzó los altares en el año 2000.

Fue el periodo en que su padre, que no podía vivir del campo y cuidar a la vez a cinco hijos, acepta los consejos de su hermano Víctor, que trabajaba en Campsa como perito industrial, de abandonar el pueblo e irse a vivir a la ciudad.

El que andando el tiempo terminaría en la judicatura acababa de cumplir once años y su padre trabajaba entonces en la gasolinera de la Campsa108 de Cantarranas, en Linares, en la misma provincia de Jaén, muy cerca de las estribaciones de Sierra Morena, la tierra de los bandoleros románticos del siglo XIX. ¿Marcaría esto su historia de juez audaz, temerario, perseguidor infatigable de la fama y el poder?

Su familia vivía entonces en la barriada de Las Américas, un grupo de casas baratas de protección oficial construidas por la Obra Sindical del Hogar en los tiempos en que José Antonio Girón de Velasco era ministro de Trabajo de Franco y, aunque ya viejo, aspiraba todavía a aplicar los veintiocho puntos de la Falange.

A pesar de ser el «ojo derecho» del rector del seminario, Victoriano Renedo, Garzón no fue un estudiante brillante ni aplicado, en contra de todo lo que se ha publicado. Sus notas escolares del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Baeza, donde convalidó sus cuatro primeros años de bachillerato, demuestran más bien que se trataba de un estudiante mediocre tirando a malo.

En el curso 1965-1966 suspende tres asignaturas en junio (Lengua Española, Matemáticas y Dibujo) y las aprueba en la convocatoria de septiembre. En el conjunto del curso sacó cuatro aprobados y tres notables. ¿Un cerebro privilegiado, capaz de pasarse los días comiéndose los libros, como dice Pilar Urbano, o un alumno más del montón?

Al año siguiente todo fueron aprobados, incluida la enseñanza de Religión, salvo en Dibujo, donde obtiene un notable. En el curso 1967-1968 suspende de nuevo Matemáticas en la convocatoria de junio, por lo que tiene que acudir a una academia privada en Linares durante el verano. Su mejor nota en ese curso fue la de Educación Física, en la que saca un nueve, por eso de que jugaba de portero en el equipo de fútbol del colegio y le gustaba la gimnasia. Su obsesión por mantener la forma la practicaba hasta hace poco en un gimnasio de la madrileña calle de Narváez esquina a O'Donnell a donde acudía todas las mañanas.

También fue notable en Formación del Espíritu Nacional, lo que hoy, en otro contexto político, se llamaría Formación para la Ciudadanía. Una asignatura que no busca otra cosa que crear ciudadanos tarados, marcados por el mismo patrón ideológico. Su éxito en esta asignatura parece indicar que el juez en su juventud no era tan rebelde y cabeza hueca como pretende aparentar.

En cuarto de bachillerato (1969-1970) empieza a mejorar un poco y obtiene un ocho en Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y Religión, es decir, en las «tres marías». Latín, Matemáticas y Física y Química, en cambio, seguían sin estar hechas para él.

En contra de lo que cuenta en su autohagiografía, escrita a medias en lo que a honorarios se refiere con la periodista Pilar Urbano, no es cierto que sacara varias matrículas de honor en todos los cursos.

Al año siguiente, debido a la escasez de vocaciones, el obispo de Jaén, Félix Moreno Mengíbar, decide cerrar el seminario de Baeza y concentrar a todos los alumnos que aspiran a alcanzar las órdenes menores y mayores en el seminario menor diocesano Virgen del Carmen, de Jaén.

Allí cursan Baltasar Garzón y el resto de sus compañeros cuarto, quinto y sexto de bachillerato, y en aquel seminario le dio por estudiar la vida de los santos, en especial la del padre Pedro Poveda, un sacerdote y pedagogo de la comarca, fundador de la Institución Teresiana, fusilado por los «rojos» en Madrid el 27 de julio de 1936, junto a la capilla de La Almudena, a la edad de sesenta y un años. Fue beatificado por Juan Pablo II años más tarde como «mártir y santo».

Garzón no estaba llamado, sin embargo, a subir a los altares mediante el rezo, la abnegación, la santificación del trabajo, el sacrificio y el servicio a los demás. Su vía era otra, la del ofidio silencioso y certero, la del trepa mendaz, con un ligero toque mesiánico de misionero del Amazonas, no de misionero callado, abnegado y tenaz.

Así que en el curso 1975-1976, tras aprobar el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el colegio menor San Felipe Neri de Baeza, que había dejado de ser seminario para convertirse en un centro de enseñanza media subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, cambia la sotana por unos pantalones vaqueros, con gran desconsuelo de las beatas de Torres, que aspiraban a tener un cura local.

De esa etapa, sus compañeros de curso recuerdan dos hechos importantes. El primero, las idas y venidas nocturnas de Garzón al cercano colegio de las monjas filipenses, donde había conocido a una joven, María del Rosario Molina, Yayo, hija del maestro de escuela de Sorihuela de Guadalimar, un pueblo de 1.258 habitantes enclavado en la carretera de Jaén a Albacete, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Por aquella época, aunque todavía no usaba gafas, se aprendió de memoria una letrilla popular:

Desde que nace el sol

hasta que se renueva

no he visto caras más lindas

que las que hay en Sorihuela.

El otro hecho, más trascendental, de aquel curso académico, que recuerdan todos sus compañeros, fueron las dos expulsiones que sufrió del centro, una de ellas por «robar» junto a un grupo de amigos el coche al director del centro, Juan Párraga, por una simple gamberrada. No llegaron a utilizarlo, sino que se limitaron a dejarlo abandonado a varios cientos de metros del centro educativo.

También vino entonces la «tentadora» oferta para vestir los colores blanco y verde del Elche Club de Fútbol, que en 1969 gana la Copa del Generalísimo y aspiraba a ficharle como portero suplente. Sin embargo, Garzón ya despuntaba como un tipo que no quería ser David Cobeño109, sino Iker Casillas en todos los campos de la vida, por lo que renunció a la oferta. Garzón, que cada vez veía más lejos su deseo de convertirse en un misionero barbudo, estuvo a punto de firmar la ficha. Y eso que aún no conocía a su amigo Johann Cruyff ni a Luis del Olmo, con el que jugaría un partido anual a beneficio de la Fundación de Lucha contra la Droga que preside la reina Sofía.

Su decisión de abandonar la sotana fue el mayor disgusto que dio a su madre, muy religiosa. Según cuenta el periodista Miguel Ángel de la Cruz en su libro Garzón, la ambición de un juez,110 el sacerdote Juan García Carrillo, que estuvo muy cerca de él, se lamentaba a su madre:

—¡Qué pena, mujer! ¡Un chico tan trabajador, tan bueno y tan deportista, y que no acabe ordenándose!

—Pues ya ve usted, padre. Y el caso es que no hay forma de convencerle de lo contrario. Cuando se le mete algo en la cabeza ya no hay quien se lo saque y sigue y sigue hasta que consigue lo que quiere. ¡Qué cabezón es!

—Tenaz, que el chico es muy tenaz.

—Pues eso, cabezón.

Una descripción que, andando el tiempo, se demostrará que era bastante acertada. Y es que en Garzón persistió durante mucho tiempo una fuerte vocación religiosa que le arrastraba hacia la salvación del mundo, que aprendió de la etapa en que quería hacerse misionero y recorrer el Amazonas en chanclas con un crucifijo de madera en el pecho en defensa de los Derechos Humanos. Algo así como el padre Rodrigo Mendoza (Robert de Niro) en La misión persiguiendo al malvado embajador portugués (Carlos Duplat) y a los traficantes de esclavos por las cataratas de Iguazú. Pero, además, con fotografía de Chris Menges y música de Ennio Morricone para que le den el Oscar de Hollywood.

Lo que no se ha contado todavía es su afición, casi su obsesión, de esa época por los mundos extraterrestres y del más allá; es que tal vez faltó poco para verle convertido en un sagaz competidor de Juan José Benítez escribiendo la colección entera de Caballo de Troya.

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Fue la época en que otro de los pueblos cercanos de Sierra Mágina, uno de los lugares de la historia mágica de España, Bélmez de la Moraleda, sería escenario de una noticia de resonancia mundial. Un caluroso 23 de agosto de 1971, mientras le freía unos huevos a su marido, Juan Pereira, en la cocina de su casa, María Gómez descubrió unas extrañas manchas en el suelo que aparecían y desaparecían con forma de rostros humanos.

Eran, nada más y nada menos, que las famosas «caras de Bélmez», objeto de estudio de centenares de videntes, parapsicólogos y científicos, entre ellos Germán de Argumosa y Hans Bender o el escritor Juan José Benítez. También intervino el sesudo Instituto Hidrológico y Mineralógico de Valencia o el no menos conocido Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y la Sociedad Española de Parapsicología.111

Aquel verano de 1971 Baltasar Garzón Real, el hombre que años más tarde juraría que iba a «freírle los huevos» a su mejor amigo, Javier Gómez de Liaño, había decidido colgar la sotana y buscaba nueva orientación a su vida.

Aparece varias veces en el número 5 de la calle Real de Bélmez de la Moraleda, mezclado con los curiosos, con los reporteros del periódico local de Jaén y los reporteros de Pueblo, que lanzaron al mundo la noticia de uno de los misterios más debatidos del siglo XX en España, cuando era peligroso todavía hablar de política en voz alta.

¿Fueron aquellas caras —el abuelo, la Gitana, el Corpus Christi, el Lobo, la Niña, el Extraterrestre, la Piel y otras—, consideradas el «segundo misterio más importante de la humanidad» por algunos ufólogos y amantes de los enigmas, las que le llevaron a lanzarse por el camino de la notoriedad y la fama? ¿Radica aquí la inquietud del juez en ver fenómenos paranormales —llámese delitos— donde no hay nada? ¿Es de aquí su obsesión por perseguir urbi et orbe el crimen organizado, los delitos de lesa humanidad, el tráfico internacional de capitales y las conferencias pagadas a precio de salario judicial?

Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único creíble, constatable y que no es motivo de querella es que el futuro desfacedor de entuertos abandona la comarca cantada por el marqués de Santillana en sus serranillas; por Antonio Machado en sus poemas; o, más recientemente, por el escritor Antonio Muñoz Molina, y decide irse a vivir a Sevilla.

Aunque se siente atraído por el mundo mágico de Sierra Mágina, Cazorla y por aquellos tíos barbudos que iban a grabar sicofonías y a buscarle la parte sobrenatural a unos fenómenos nunca explicados, tras pasarse por Bélmez de la Moraleda unas cuantas veces tenía ya su meta trazada: estudiar la carrera de Derecho y convertirse, con el tiempo, en juez.

Situada en la Real Fábrica de Tabacos, un edificio construido por el ingeniero Van der Beer durante el reinado de Alfonso VI, en la calle de San Fernando de la capital hispalense, a comienzos de los setenta la Universidad de Sevilla era la tercera en importancia en España, después de la Complutense de Madrid y de la de Barcelona.

En el plantel de catedráticos de la Facultad de Derecho impartían entonces sus clases Miguel Rodríguez Piñero, catedrático de Derecho del Trabajo, que acabaría presidiendo el Tribunal Constitucional; Manuel Olivencia, catedrático de Derecho Mercantil, nombrado más tarde por el PSOE comisario de la Expo'92 para tapar la corrupción, puesto del que dimitió;112 Alfonso Cossío del Corral, que impartía Derecho Civil; Francisco Muñoz Conde, catedrático de Penal y autor de una quincena de libros sobre la materia; Jaime García Añoveros, profesor de Derecho Financiero y Tributario y, posteriormente, diputado de UCD, ministro de Hacienda; y Fernando Pérez-Royo, de Alcalá de Guadaira, también catedrático de Financiero y Tributario, y miembro del Parlamento Europeo desde 1994.

El rector de la Universidad de Sevilla era entonces uno de los catedráticos de la Facultad de Derecho, Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo y profesor de Adolfo Suárez y Felipe González. Fue el fundador de la UCD en Andalucía, diputado y ministro para las Regiones y de Cultura en dos periodos diferentes.

Por esa época el padre de Garzón había sido trasladado, dentro de la Campsa, a Sevilla, y trabajaba distribuyendo gasolina en un surtidor situado en el Cerro del Fantasma, en la autovía de Sevilla a Cádiz, a casi 40 kilómetros de la capital hispalense. Para ir al trabajo tenía que tomar el autobús todos los días.

Sus hermanos Luis, María Esther, María Josefa y María Juana, no habían pasado de la enseñanza primaria y le habían dejado un hueco a él en la estrecha economía familiar para que estudiara.113

Su primer año en la Facultad de Derecho fue como el de un zombi o un marciano recién llegado a la Tierra. Baltasar Garzón acababa de aterrizar en Sevilla, no tenía amigos ni compañeros con los que compartir apuntes, su novia Yayo Molina estudiaba Biológicas en la Universidad de Granada y el futuro juez apenas tenía tiempo para concentrarse. Pensaba más en las caras de Bélmez que en el Derecho Romano, que no le entraba ni con un calzador.

En la Facultad de Derecho ocupaba uno de los pupitres de la segunda fila y, según sus compañeros de clase, hacía todos los esfuerzos posibles para pasar desapercibido, aunque lo suyo habría sido lo contrario: destacar, ya que gracias a los curas había conseguido una beca y debía sacar buenas notas.

En aquellos años en los que ETA asesina al jefe del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y Francisco Franco está a punto de agonizar en el Palacio de El Pardo, en París se acaba de crear la Junta Democrática y Felipe González, tras el Congreso de Suresnes (Francia), empieza a darse a conocer a los españoles, en círculos cerrados, como «Isidoro», secretario general del clandestino PSOE. Mientras, la universidad española está en plena ebullición.

Las asambleas de alumnos y la política sustituyen muchos días a las clases regladas, especialmente en la Facultad de Derecho, generalmente la primera en ser clausurada a poco que se anunciara una huelga general o una movilización contra el régimen.

En este contexto, el aprobado general a final del curso era habitual en muchas de las asignaturas. A los alumnos que estudiaban con beca, además, se les subía la nota por costumbre, para que pudieran seguir asistiendo a las aulas.

Baltasar Garzón, como la mayoría de sus compañeros, se valió de este sistema para aprobar la carrera de Derecho sin demasiado esfuerzo, ya que ninguno de los alumnos que destacaron en esa época en Sevilla le recuerda como un estudiante aventajado, dedicado a hincar los codos y a dejarse las pestañas en los libros y apuntes. Pilar Urbano, que lógicamente no estuvo allí, le atribuye en cambio varias matrículas de honor, producto de su esfuerzo personal, una indicación que habría que poner en cuarentena.

El tiempo que perdió en la Facultad o viajando los fines de semana a Granada para reunirse con la que entonces era su novia tendría que recuperarlo en los años siguientes. Porque al hijo del campesino de Torres se le había metido entre ceja y ceja buscarse una profesión segura, que le alejara para siempre de las faenas del campo.

En 1978, al tiempo que se aprueba la Constitución y se preparan las primeras elecciones democráticas, Garzón decide presentarse a las oposiciones a la carrera judicial. Elige como preparador a un fiscal de Jaén, Antonio Ocaña, destinado entonces en Sevilla.

Hecha la elección, durante dos años no hace otra cosa que estudiar los seiscientos temas que pueden caerle en las oposiciones, los once tomos de José Castán Tobeñas, magistrado de la Sala Civil del Supremo, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Instituto de Derecho Procesal y de la Comisión de Codificación.

En el otoño de 1980 se somete a los exámenes en el Tribunal Supremo, en la plaza de la Villa de París, en Madrid. Los aspirantes a ingresar en la carrera judicial eran cincuenta y dos personas. Garzón aprueba las oposiciones con el número 11, pasándole por delante Margarita Robles y otros.

El 10 de noviembre de 1980 aparecen las notas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Baltasar Garzón Real ha entrado en la elitista carrera judicial, una institución cerrada por entonces, cuyos miembros no son de este mundo ni pertenecen al género humano, de los cuales la mayoría de ellos vivían en aquella época mirándose el ombligo y «poniéndose verdes» entre ellos, empleando habitualmente los artículos más gruesos del Código Penal para definir a sus compañeros.

El futuro «Príncipe de la Justicia» puede elegir entre la fiscalía y la judicatura, ya que por entonces ambas carreras estaban unidas y hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se podía cambiar de uno a otro escalafón. Opta por ser juez.

Su primer destino fue el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del Camino, en Huelva, un municipio de poco más de diez mil habitantes, situado entre los ríos Tinto y Odiel, célebre por sus famosas botas y cabecera de uno de los seis partidos judiciales de la provincia. Llegó al pueblo en febrero de 1981 y se marchó en el mes de agosto, por lo que no pudo ir siquiera a la famosa romería de El Rocío y cantar la copla:

Valverde de mi Valverde,

Valverde de mi consuelo.

¡Quién estuviera en Valverde

aunque durmiera en el suelo

debajo de un pino verde!

Su siguiente destino fue el juzgado de Villacarrillo (Jaén), un municipio de 11.180 habitantes donde pasa casi dos años y es recordado entre los vecinos como uno de los mejores porteros de fútbol que han pasado por la localidad. De su actuación como juez, en cambio, no se acuerda casi nadie.

Allí, en Villacarrillo nace su primera hija, María. Es el 14 de noviembre de 1982, un día grande para toda la familia. Gracias a la pequeña, el juez se libraba de ir a la mili, una situación que debía de preocuparle mucho a comienzos de aquella década. Por entonces, había agotado todas las prórrogas y Felipe González, que acababa de llegar al poder, no se atrevía a suprimir el servicio militar obligatorio para no caer en los mismo errores que cometió don Manuel Azaña durante la II República.

Pilar Urbano, en esa excelente hagiografía que confundió sin duda al beato Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás con Baltasar Garzón, cuenta que el mismo día del alumbramiento fue a inscribir a la menor al Registro Civil, dato que revela el extraordinario conocimiento que tenía del Código Civil114 un juez que acababa de ingresar en la carrera.

—Pero usted sabe que deben transcurrir veinticuatro horas desde el nacimiento para que civilmente sea «persona física».

Urbano reconoce que, efectivamente, Garzón no lo sabía. Lo que indica que no había llegado a leer ni siquiera el artículo 30 del Código Civil, donde se hace referencia al asunto. Y que si lo leyó no supo interpretarlo, lo que en un juez es aún peor.

Según narra él mismo, aunque ya había acabado los estudios, tenía veintisiete años recién cumplidos y llevaba año y medio largo ejerciendo como juez. Nada más conocer la feliz noticia fue al cuartel de la Guardia Civil y desde allí cursó al Gobierno Militar de Jaén, del que dependía la Caja de Reclutas, la solicitud reclamando su derecho a quedar exento del servicio a filas. A continuación se pasó por una floristería y le compró un ramo a su mujer.

***

Existe una persona que sí parece recordar su actividad como juez en Villacarrillo. Se trata de su amigo y «hermano del alma», el abogado jienense Manuel Medina González, un hombre hecho a sí mismo, que de botones del Banco Central llegó a letrado, al igual que Alfonso Escámez.

Allí le conoció en 1982. Manuel Medina había acudido al juzgado de Villacarrillo a asistir a su hermano Francisco que iba, como denunciante, a prestar declaración sobre una servidumbre de luces y vistas.

Durante la declaración, como estaba muy nervioso, Francisco miraba de vez en cuando a Manuel en lugar de dirigirse directamente al juez, como es de educación y está regulado en las normas procesales y judiciales.

—¡La próxima vez que vuelva a mirar al letrado antes de contestar, los proceso a los dos! —advirtió el «lucero del alba», que todavía no había visto amanecer.115

—Con todo respeto, no hay nada estudiado en nuestras miradas, pero si nos tiene que procesar, hágalo —le respondió el letrado Medina.

A partir de entonces, entre juez y abogado surgió una amistad que se mantiene veinticinco años después, por lo que de Medina sólo caben esperar elogios con respecto al superjuez. «En poco tiempo su fama se había extendido por toda la zona», ha dejado escrito Medina, el hombre que le defendería años más tarde en el Supremo frente a Javier Gómez de Liaño en el «caso Sogecable».

Y es que Garzón era ya un juez «lanzado». En una ocasión en que se perdió un alemán por la zona de la Sierra de Cazorla, durante las navidades de 1982, salió él personalmente a buscarle bajo una fuerte nevada. Casualmente, al pisar en una barranca, él mismo se encontró el cadáver semicongelado y en un avanzado estado de descomposición, recuerdan los guardia civiles más viejos del pueblo. En otro momento, al ir a reconocer un cortijo de la zona, al advertir que no le abrían la puerta, penetró en la vivienda trepando por un balcón y escalando la fachada de la casa. Pero no lo hizo al estilo del diputado balear de ERC Juan Puig, cuando asaltó la piscina de Pedro J. Ramírez en Palma de Mallorca, es decir, colocándose el carnet de juez en la boca, sino como si fuera Curro Jiménez, con lo que pudo haberse llevado alguna perdigonada si los guardeses, al ver a un desconocido con melena y barba valleinclanesca, llegan a confundirle con un maleante.

La anécdota de esa época que más le gusta relatar a Manuel Medina fue el enfrentamiento que tuvo con el Ayuntamiento de Beas del Segura, bajo su demarcación judicial, al haber mandado el pleno arrancar catorce cruces de la zona conocida como El Cornicabral, donde habían sido fusiladas otras tantas personas durante la Guerra Civil, y trasladarlas al cementerio municipal, lugar en el que yacían los cuerpos de los difuntos.

Los familiares de los represaliados instaron un interdicto para recobrar la posesión de las cruces y Baltasar Garzón les dio la razón. «Lo que aquí se debate es la posesión de las cruces en sentido material [...]. Debo declarar y declaro haber lugar al interdicto de recobrar la posesión, condenando a los demandados [el Ayuntamiento] a que repongan las cruces en el sitio y lugar en que estaban antes de producirse el acto de despojo», señaló el juez en sentencia del 6 de abril de 1982.

«La sentencia de Baltasar Garzón fue ejemplar en todo su contenido y muy valorada por la Audiencia Provincial de Jaén. Me atrevo a decir que fue una de sus primeras sentencias históricas», señala el letrado Medina. «Será todo lo histórica que se quiera, pero los expertos en la materia, encargados de elaborar las bases de datos judiciales, no lo consideraron así. La sentencia no aparece. Ni esa ni ninguna otra», señala un miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Y es que Garzón es, diga lo que se diga, uno de los poquísimos jueces de toda España que no ha puesto una sentencia que haya sido tenida en cuenta por Aranzadi, Colex o cualquier otra base de datos, ni siquiera en asuntos de faltas, como se narra con detalle en otra parte de este libro. Lo cual quiere decir que su carrera no es la de sentar jurisprudencia de ningún género, sino la de correr detrás de los terroristas de ETA y de los narcotraficantes. Lo cual tampoco es malo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio.

***

A comienzos del siglo XXI, cuando el Gobierno socialista ha puesto de moda los delitos derivados de la llamada violencia de género, Baltasar Garzón ha rescatado del olvido dos casos sobre la materia para demostrar a la humanidad que él también fue pionero en la defensa de la mujer frente al supuesto ancestral dominio que ejerce el hombre sobre ella, una cuestión que muchos psicólogos y psiquiatras ponen en duda, especialmente en 2007, año en que el 56 por ciento de las mujeres trabajan y dependen de ellas mismas.

«Todavía recuerdo, a pesar de haber transcurrido casi veinte años, a aquella mujer de Almería, de unos treinta años, que acudió en busca de protección judicial porque era objeto de maltrato por su marido. El juez competente se negó a atenderla. Cuando ya pasaban las tres de la tarde, al salir de mi oficina, pregunté qué hacía en el pasillo una mujer sentada y llorando. Me contestan que era un asunto de otro juzgado [...]. La mujer, con un hilo de voz, me dijo que su marido le había pegado, pero que el juez le había dicho que unos cuantos golpes no eran suficientes para tomar en cuenta la denuncia. [...] En ese momento se despojó del vestido sin que el forense [que de repente aparece en el relato no se sabe cómo] ni yo pudiéramos evitarlo, y lo que vi fue un cuerpo amoratado por los golpes [...]. Como juez de guardia que era, ordené la detención del marido».

Nadie, sin embargo, recuerda en Almería aquella actuación suya que más bien parece fruto de su imaginación para colocarse al lado del sol que más caliente en cada momento. Y es que, entre otras cosas, el médico forense, que se cuela inesperadamente en el relato, no recuerda esos hechos ni haber estado presente en ninguna diligencia de malos tratos a las tres de la tarde. Las diligencias de detención del marido tampoco figuran en los archivos del juzgado, salvo que no dictara auto, que todo es posible en la viña del señor juez.

Más verosímil es otro relato que figura en el libro de Pilar Urbano, suceso ocurrido en Villacarrillo (Jaén): «Uno del pueblo había sorprendido a su mujer con otro en la cama y amenazó con matarla. Hice que le quitaran la escopeta. Le amonesté y le dije: "Cuando el proceso de separación esté resuelto y se vaya del pueblo le devolveré el arma". Un día vinieron a firmar el convenio, la mujer se quedaba con la casa que tenían en el poblado de Magón. Cuando había preparado todo para irse le devolví la escopeta. Al poco rato entró un funcionario muy excitado. "¡Don Baltasar, en el poblado de Magón se ha suicidado un hombre!". Era él. Se había reventado el cráneo con la escopeta».

Aunque el juez no lo reconozca, la justicia le había destrozado la vida. Ante la pérdida de su patrimonio y la vergüenza del destierro obligatorio o la muerte, había preferido esto último. En una sociedad con tintes machistas, como la de la mayoría de los países desarrollados, no es la primera vez que un hecho así ocurre ni, desgraciadamente, será la última.

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En julio de 1983, tras ascender a magistrado, le destinan al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vitoria. Va allí, se instala en el hotel Guridi, asiste a las fiestas de la Virgen Blanca pero nunca acaba de integrarse en aquel ambiente cerrado y poco dado al bullicio de sus tierras andaluzas.

En su etapa en Vitoria, el 13 de agosto de 1983 mueren dos etarras, José Luis Segurola y Javier San Martín, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, al estallarles un artefacto explosivo que manipulaban en el interior de un Seat 127 en la localidad guipuzcoana de Usúrbil, a 15 kilómetros de San Sebastián.

Sus cuerpos quedaron tan destrozados, seccionados en numerosos trozos y mezclados con los restos del automóvil, que en un principio fueron confundidos con otros dos terroristas.116 Tras ser identificados, Segurola fue enterrado en Usúrbil, su pueblo natal, y Francisco Javier San Martín en Vitoria, con los bares cerrados en señal de luto, entre goras a ETA y cantos del Eusko Gudariak, el himno del soldado vasco.

Lo más indignante de todo ocurrió durante el funeral a los terroristas, celebrado en la iglesia de San Vicente de Vitoria por cinco sacerdotes, entre ellos el padre Ángel Albiñana. Este misionero de treinta y ocho años recién llegado de Angola, durante la homilía hizo un panegírico sobre la heroicidad de los etarras muertos que perdieron la vida en «la lucha de liberación de nuestro pueblo». Llegó incluso a compararlos nada menos que con Jesucristo.

Detenido por la policía, al día siguiente compareció ante Garzón, que le tomó declaración y ordenó su libertad. Según su auto «las palabras pronunciadas por el cura no contenían materia alguna de tipo delictivo», por lo que sobreseyó el caso.

Garzón hace lo que el resto de los jueces y magistrados de Jueces por la Democracia que actúan en el País Vasco, incluido Juan Alberto Belloch, Joaquín Navarro Estevan, Joaquín Jiménez, Margarita Robles y otros. La mayoría de ellos habían pedido ir voluntarios al País Vasco y creían por entonces que con «paños calientes» se podía combatir el terrorismo. Aplica lo que los miembros de Jueces para la Democracia han dado en llamar el «derecho alternativo». Cuando la policía le trae detenido al cura, en lugar de imputarle un delito de apología del terrorismo y mandarlo a la cárcel de Soria o de Herrera de la Mancha, lo deja en libertad.

En un mes en el que ETA acababa de asaltar el cuartel de Berga, con seis pistoleros muertos por sus propias bombas, su actitud le vale una bronca de Alfonso Guerra.117 En un acto en La Coruña y posteriormente en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el vicepresidente del Gobierno, en esas fechas en funciones de presidente, reprochó su actitud: «Hay que acabar con ese tipo de jueces, dispuestos a atacar a las Fuerzas de Orden Público al menor desliz y a poner en libertad a las primeras de cambio a los curas trabucaire, como el de Vitoria».

Su siguiente destino, en noviembre de 1984, es en Andalucía, concretamente en Almería. Ha tenido su segundo hijo, Baltasar, su mujer da clases en el instituto de Cuevas de Almanzora, a 70 kilómetros, y tiene que hacerse cargo él de los niños, María y Baltasar.

Según uno de los compañeros de audiencia, en uno de los juzgados por los que pasa, el de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Almería le apodan «Siniestro Total» por su escasa preparación judicial y sus pésimas dotes de instructor, compatibles con una gran soberbia y un carácter marcadamente oportunista que le lleva a «querer estar en todas». Lo ha escrito Isabel San Sebastián en su biografía sobre el fiscal Eduardo Fungairiño.118

En Almería pasa casi dos años y medio, de noviembre de 1984 hasta febrero de 1987, fecha en que es destinado a la inspección de tribunales del Consejo General del Poder Judicial. «Me voy de Almería con la satisfacción del deber cumplido y con la tristeza de no verme comprendido por algunos compañeros», declaró entonces a la prensa local.

En Madrid prosperará rápidamente gracias, entre otros, a su amigo Tomás Sanz, de Jaén como él, secretario de la Inspección, que depende del inspector jefe del Consejo General del Poder Judicial, Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta, un destacado miembro de Jueces para la Democracia ya jubilado.

Su afán de protagonismo empieza a despuntar entonces. Creía que iba a ser el «jefe de todos los jueces andaluces», pero descubrió que carecía de poderes ejecutivos. Pese a todo, elaboró un informe sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Marbella. En él acusaba al juez Antonio Alcalá Navarro de falta de dedicación y de dejar el juzgado en manos del oficial Juan Ramírez, querellado en otro juzgado y padre de la juez Pilar Ramírez, destinada también en Marbella.

La ausencia de hechos concretos en la denuncia llevó a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial a archivar el asunto, pese a que años más tarde se descubriría que los juzgados de la Meca del turismo de la Costa del Sol estaban en manos del alcalde Jesús Gil y de las mafias de la construcción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero negro. Garzón, sin embargo, ni olió esos asuntos.

Desde que se hizo cargo de la Audiencia Nacional en 1987 adoptó el talante de un juez inaccesible y difícil al que se veía subir y bajar las escaleras de la Audiencia perseguido por una nube de periodistas y fotógrafos, rodeado de cámaras de televisión, focos y flashes, sin detenerse ni abrir la boca ante nadie. Así fue incluso en 1989, cuando José Oneto, director de Tiempo, se empeñó en publicar su biografía y mandó a un reportero a Torres, Sevilla y Huelva para investigar su pasado. Aquella campechanía suya que le llevaba a ser amigo del sastre de Villacarrillo, a jugar al fútbol con los vecinos, a asistir a las capeas de toros e incluso a correr la maratón de la ciudad de Sevilla, aunque le salieran ampollas en los pies y llegara a la meta chorreando sangre del roce de los pantalones entre las piernas, parecía haberse quedado colgada en el perchero de su casa.

Todo ello era, sin embargo, pura fachada. Garzón necesitaba de la prensa tanto como comer para situarse en un pedestal por encima del resto de los jueces e investigadores. Así, profesionales como Melchor Miralles, Ricardo Arqués, Manuel Cerdán o Antonio Rubio, sólo por citar a cuatro, tenían acceso directo a su despacho siempre que se lo propusieran.

Pero no porque fueran a chupar rueda del trabajo del juez, que pudo ocurrir en algún caso. En la mayoría de las ocasiones, los periodistas iban por delante de sus propias investigaciones contra la mafia, el GAL, ETA o cualquier asunto de interés general, como dice el New York Times «digno de ser publicado».

«Garzón es un producto nuestro, algo hecho a la medida de lo que los periodistas necesitábamos para poder publicar nuestras historias y que, a veces, necesitaban de una investigación —escuchas telefónicas, vigilancias policiales— que no estaban a nuestro alcance. Si la prensa no hubiera tenido esas carencias, unos límites infranqueables que la ley sólo permite franquear a los que persiguen los delitos, no habría existido como juez», ha declarado en alguna ocasión Melchor Miralles, opinión que comparten otros periodistas.

Según cuenta Pedro J. Ramírez en su libro Amarga victoria, editado en 2005,119 algunos compañeros de los medios de comunicación le sacaron de muchos apuros en ocasiones. Cuando intentó procesar a Julián Sancristóbal y a Ricardo García Damborenea como integrantes de los GAL y necesitaba un perito calígrafo de confianza que les certificara que el documento de reivindicación del secuestro de Segundo Marey contenía anotaciones manuscritas de Sancristóbal, fueron Manuel Cerdán y Antonio Rubio quienes se lo suministraron. «El juez no se fía de los peritos de la Guardia Civil y [...] Cerdán y Rubio enseguida pusieron sobre la mesa el nombre de Tomás Martín, presidente de la Asociación de Peritos Calígrafos Españoles [...] de gran prestigio y rigor profesional», escribe el director de El Mundo.

La forma de comunicarse con los dos periodistas era, por otra parte, curiosa. Lo hacía por medio de una de las funcionarias del juzgado, que vivía en la misma urbanización que Antonio Rubio. «El método consistía en dejarle notas escritas en el buzón de su casa», recuerda Pérez, que en esa época colaboraba con el equipo de investigación fundado por Juan Tomás de Salas, hoy desaparecido.

Y así sucesivamente. Se creó, de esta manera, un tigre de papel al que unos alaban y otros critican, dispuesto a pisar a quien hiciera falta para triunfar, listo para arriesgar y asumir las misiones más difíciles posibles. «La prensa, salvo el diario El País, le respaldaba siempre, se tratara de exigir al Gobierno que se desclasificaran los papeles del CESID o se hiciera público el destino de los fondos reservados».

En 1989 teníamos ya a nuestro propio monstruo dispuesto a devorar lo que hiciera falta. Nos recibía en la planta segunda de la Audiencia Nacional, sin necesidad previa de llamar y, sin vulnerar el secreto del sumario, nos facilitaba la pista necesaria para completar un reportaje, el nombre del acusador particular o del abogado defensor con el que había que entendérselas.

Sin embargo, a partir de su toma de posesión del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional comienza a brillar como juez de Instrucción hasta convertirse en un personaje mundialmente conocido, pero su carrera dentro de la judicatura se estanca. Veámoslo con detalle.

***

De las cincuenta y dos personas que aprobaron con él la oposición el 31 de enero de 2005, sólo cuarenta y siete permanecen en la carrera; el resto están en excedencia120 o han fallecido. Todos, además, se encuentran en cargos mucho más altos en la judicatura: Margarita Robles, la número uno de la promoción, es magistrada de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo; María Eugenia Alegret Burgues, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Carlos Álvarez Fernández, Ángel Judel Prieto y Lorenzo del Río Fernández, presidentes de las audiencias de Palencia, La Coruña y Cádiz respectivamente; Andrés Palomo del Arco, Fermín Javier Zubiri Oteiza y Javier Vieira Morante, presidentes, igualmente, de las audiencias de Navarra, Segovia y Madrid; y Jacobo Barja de Quiroga, magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

El resto de sus compañeros, los más torpes o los que han querido poner fin a su vida itinerante y asentarse definitivamente en una provincia renunciando a los oropeles del poder, han ascendido ya a presidentes de Sala de los diferentes tribunales de las audiencias provinciales con una sola excepción:121 la de Fernando Baltasar.

Así, por ejemplo, otros jueces famosos en su día, como Manuela Carmena y Ángel Márquez Romero —instructor del «caso Juan Guerra»—, magistrados de sala en Madrid y Sevilla. O Joaquín Jiménez y José Luis Barragán —que investigaron las tramas de Intxaurrondo y otros asuntos turbios en el País Vasco y estuvieron en el punto de mira de ETA— son en 2007 magistrados del Tribunal Supremo, miembros de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Hasta Heriberto Asensio Cantisán, compañero de oposiciones —ocupó el número treinta y dos en la lista de aprobados— en la «escuela» del fiscal Antonio Ocaña de la Audiencia Provincial de Sevilla y conocido en toda Andalucía por ser el instructor del crimen de los Galindos le ha superado. En 2005 formaba parte de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De esta manera, tras superar 3.000 puestos del escalafón judicial y aparecer su nombre en la página 7 de una lista de nombres que ocupa 182 folios, ya sólo le quedan siete para llegar a la jubilación. Únicamente he podido comprobar la existencia de un juez en su misma situación —aunque es posible que haya algún otro—, Agustín Asparren, de una promoción anterior a la suya, que continúa como juez de Instrucción del Juzgado Número 4 de Oviedo, aunque se encuentra en excedencia especial al formar parte del último Consejo General del Poder Judicial como independiente.

De los magistrados que seguían en activo en 2005,122 Baltasar Garzón Real es el único que continúa destinado en un juzgado de instrucción. Y es que la popularidad y la fama raramente se pueden alcanzar imponiendo sentencias. El juez universal, el juez justiciero, el Robin Hood de los Bosques de la justicia no puede estar tranquilamente sentado en una audiencia. Necesita echarse a la calle y detener a los malos, montando macrojuicios para sentirse vivo al verse mientras cena con su mujer Yayo (Rosario Molina Serrano) en las pantallas de televisión y decirse a sí mismo: «¡Ese soy yo!».

Por eso, en su pueblo se le quiere y se le admira.

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El juez Baltasar Garzón demuestra cada día que sí es profeta en su tierra. En su pueblo natal tiene todos los honores posibles, desde el nombre de la principal calle de la localidad al título de hijo predilecto. Garzón ocupa también la presidencia de honor de la cofradía gastronómica La Flor del Cerezo de Mágina, una asociación culinaria con la que las autoridades locales pretenden promocionar el turismo rural utilizando los atractivos de la cocina autóctona, cuyas raíces se remontan a la gastronomía romana y árabe.

La asociación lleva el nombre de uno de los frutos más emblemáticos de este municipio del Parque Natural de Sierra Mágina, y su puesta en marcha se ha hecho coincidir con la época de floración de los cerezos, árboles que otorgan al paisaje de Mágina —tan presente en los libros de Antonio Muñoz Molina, otro jienense ilustre— una estampa llena de colorido y belleza que nada envidia a la que se forma en el valle extremeño del Jerte.

Y como no podía ser de otra manera, buena parte de la gastronomía local está basada en las cerezas, desde el fiambre de cereza a los chorizos al mosto o el sorbete de cereza. Aunque el plato preferido del magistrado de la Audiencia Nacional es el carnerete torreño, un entrante de pan tostado, tomate, ajo y aceite de oliva virgen extra con denominación de origen de Sierra Mágina.

«Baltasar tiene buen saque, es un buen amante de la cocina de su tierra», comentaba el alcalde de Torres, Manuel Molina, orgulloso porque su paisano más internacional haya aceptado el envite de ser el mejor embajador de la gastronomía y los valores paisajísticos de esta pequeña localidad de Mágina. Molina indicó que esta cofradía gastronómica, que preside María José Alemán y está compuesta inicialmente por una docena de torreños de nacimiento o adopción, pretende ser un aliciente más para descubrir los encantos de este espacio protegido, ubicado a caballo de las sierras de Cazorla y Sierra Nevada.

El apoyo de Garzón al turismo de su tierra se materializó también el último verano con la primera edición de los cursos de verano, por donde pasaron importantes nombres de las letras, la política y el periodismo. Y aquí fue donde se fraguó la serie documental de TVE en la que Garzón participó junto al periodista Vicente Romero. Con anterioridad, Garzón sirvió como reclamo para la organización del certamen Violines por la Paz, con la que el municipio de Torres se adhiere cada año a la solicitud del Nobel de la Paz para su hijo más popular.

Como toda buena estrella, es un hombre celoso de su fama y de su nombre, y sólo le falta hacer como los artistas de cine: asegurarlo y cobrar regalías a quien ose usarlo indebidamente,

El 10 de febrero de 2005 apareció el siguiente comentario en una página de internet:

Cinco razones para admirar a Superjuez Garzón:

1. Porque sus canciones dejan claro que el pop, por muy pop que sea, no tiene por qué ser un lenguaje que excluya aspectos tan cotidianos y necesarios como la política o los conflictos menos amables. Garzón no es un grupo político, no hace de ello su bandera pero, desde luego, ni se esconde ni se avergüenza de su conciencia. Su fórmula no es nueva, pero sí necesaria y hasta extraordinaria en el actual panorama de la música juvenil, tan reaccionaria y rancia ella. En su cortísima existencia las canciones de Roberto, Malela y Pepo no han caído en el gran vicio del pop español: el miedo o falta de interés a posicionarse en algo tan cotidiano y costumbrista como es la realidad del entorno en el que vives.

2. Porque la guitarra con que arranca Frontón (para mí, su mejor canción hasta la fecha) te transmite el nervio de The Feelies, porque el punk acústico de Violent Femmes también te viene a la cabeza cuando Roberto empieza a rasgar su guitarra en directo y porque, gracias a ellos, hemos sacado del baúl de los recuerdos la casete C-86, un censo de grupos británicos realizado por el semanario New Musical Express aquel año y que definió una nueva manera de hacer pop: con ilusión, mucho nervio, sin dictados estéticos y poca tontería.

3. Porque las voces de Roberto y Malela se doblan y se enfrentan con tanto apasionamiento y vehemencia que te contagian de inmediato.

4. Porque con apenas dos meses de existencia, sin haberse subido aún a un escenario y con sólo cuatro o cinco canciones escritas, ya estaban en boca de la escena underground de Madrid y habían creado ciertas expectativas en Barcelona. Vamos, que parecía que estábamos deseando que un grupo como Garzón apareciera de una vez.

5. Porque estamos bastante hartos de la ñoñería en el pop y porque, ante todo, el pop sigue siendo lo que más nos gusta.

Superjuez Garzón era, obviamente, un grupo de rock madrileño que había decidido ponerse ese nombre en honor al juez estrella. No le sentó nada bien que existiera otra estrella más rutilante que él y que, además, tuvieran la desfachatez de usar su nombre. Veamos lo que ocurrió. Lo haremos dando un pequeño rodeo para definir mejor la idiosincrasia del personaje.

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Cuenta el periodista Miguel Ángel de la Cruz en su nunca bien ponderado libro Garzón, la ambición de un juez,123 que cuando el cineasta de Ciudad Real, Pedro Almodóvar, buscó un personaje de la vida real para encarnar al protagonista masculino de su película Tacones lejanos se fijó en el juez Baltasar Garzón, quien por esa época se había dejado barba. «El actor principal de la película [Miguel Bosé] encarnaba a un magistrado que por la mañana ejercía su profesión en un juzgado y por la noche se divertía en los tugurios disfrazado de travestí. El aspecto de Bosé en esa película era idéntico al de Garzón casi en todo. Se vestía como él, llevaba sus gafas doradas con una montura casi imperceptible y la barbita del Garzón de entonces, muy fina y que le recorría la mandíbula».

El juez estrella aparentemente se molestó mucho cuando, entre risas, se lo contaron sus compañeros en la Audiencia Nacional. Pero no decidió emprender ninguna demanda ni querella contra el entonces cineasta más famoso de España. No ocurrió así cuando uno de los grupos de rock más renovadores de España decidió utilizar su nombre para darse a conocer y se anunciaba en internet en la página superjuez.com.

El 18 de julio de 2006, nada más tener conocimiento de la existencia del grupo, Baltasar Garzón mandó un burofax a través de sus abogados a los componentes del mismo, Eugenia Malela Durán, Roberto Herreros y Pepo Márquez y les instó a «cesar en los actos que constituyen una intromisión a la imagen o tendría que iniciar acciones legales».

«Cuando nos pusimos ese nombre sólo pretendíamos rendir un sentido homenaje a un prohombre que ha revalorizado conceptos denostados hoy día como ecuanimidad, progresismo y modestia. Que sea juez o tenga más abogados que O. J. Simpson no quiere decir absolutamente nada», señaló Pepo Márquez en nombre del conjunto musical. El grupo manifiesta su proverbial confianza en la justicia española y aprovecha para dar una vuelta de tuerca a su proyecto satírico: «Como dijo Franco tras la voladura de Carrero Blanco, no hay mal que por bien no venga. En realidad, nos habíamos dado cuenta de que no tenía sentido seguir llamándonos Garzón. El objetivo del nombre era homenajear al juez más grande de España. Sin embargo, el tiempo, ese juez supremo que da y quita razones, ha dictado sentencia por nosotros. Todo lo que sube, baja. Hay que mirar hacia el futuro. Desde hoy, viernes 21 de julio de 2006, el grupo Garzón pasa a llamarse Grande-Marlaska».

Así es, a grandes rasgos, Baltasar Garzón, el «generalísimo» de Torres (Jaén). Un juez pagado de sí mismo, «al que llamaban "el Príncipe" por su aniñada arrogancia, su altivo afán de protagonismo, su infantil obsesión por ser el centro de todas las miradas y el héroe de todas las hazañas», según le describe Pedro J. Ramírez en Amarga victoria.

«En julio de 1989, en un congreso de Jueces para la Democracia en Santander (...), Baltasar parecía un perro fiel, siempre babeando detrás de [Juan Alberto] Belloch (...), entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial», escribe Mariano Sánchez Soler en su libro Baltasar Garzón, tigre de papel,124 citando a los asistentes a aquel congreso.

Odiado por unos pocos y admirado por muchos más, con una peculiar manera de instruir, desconocido por todo el mundo hasta que llegó a la Audiencia Nacional y fue lanzado a la fama internacional en 1998 por la izquierda latinoamericana tras su intento de procesar a Augusto Pinochet en Chile, mientras los dictadores comunistas de los países del Este, con un millón de crímenes en sus alforjas, se paseaban tranquilamente por Mallorca y la Costa del Sol.

Un hombre que ha recibido amenazas de mucha gente pero que no deja de utilizar cierto victimismo —incluido el incendio del coche de su hija, como ya se ha contado— como plataforma para auparse a la más alta cima de la Justicia Universal. Y al que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o la Sala Segunda del Tribunal Supremo no le han hecho Justicia: la mayoría de sus sumarios suelen acabar en sonoros y clamorosos fracasos, salvo en las investigaciones sobre ETA. Pero esa es materia de los siguientes capítulos.

Genio y figura.

Capítulo V

Los GAL: un juez contra el Gobierno

José Amedo Fouce y Michel Domínguez, dos de los fundadores de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la trama de crimen de Estado montada desde el poder para pagar a ETA con su misma medicina, sirvieron de chivos expiatorios. Identificados por mercenarios de Portugal y Francia como las personas que habían contratado sus servicios, el Gobierno les condujo por una senda equivocada. Si no hablaban, si no contaban lo que sabían al juez Baltasar Garzón —para preservar la integridad de un Estado que carecía de autoridad moral—, no serían encarcelados. Sin embargo, Baltasar Garzón les envió a la prisión de Logroño sin contemplaciones y entonces sus antiguos compañeros idearon varias estratagemas para sacarles de la cárcel, incluso organizando un plan de fuga que acabaría en Costa Rica, donde les darían documentación falsa y podrían contraer matrimonio de nuevo para no ser extraditados a España. Todas las absurdas y maquiavélicas previsiones de Interior fracasaron y los dos fundadores de una de las diversas tramas de terrorismo de Estado fueron condenados a 108 años de cárcel por seis asesinatos frustrados, mientras el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, y los sucesivos ministros de Interior, José Luis Corcuera, Antoni Asunción y Juan Alberto Belloch, trataron inútilmente de que se les concediera el indulto. Al final, la osadía de un juez que había heredado el sumario ya casi instruido de su antecesor, actuando con el apoyo inestimable de un sector de la prensa, de la Fiscalía y de varias acusaciones particulares, lograba poner al tercer Gobierno de Felipe González contra las cuerdas.

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Alta, morena y dicharachera, veintitrés años recién cumplidos, María José García Sánchez estaba por aquel entonces en la flor de la vida. Hija de un guardia civil, nacida en la localidad toledana de Ciruelos, fue una de las primeras mujeres en ingresar en la Academia de Ávila y convertirse en inspectora del Cuerpo Superior de Policía. Dispuesta a asumir las misiones más arriesgadas, nada más salir del centro pidió ingresar en la Comisaría General de Información y, meses después, tras pasar por los grupos antidroga, la destinaron a la Brigada Central Operativa que mandaba el comisario Joaquín Domingo Martorell.

El 16 de junio de 1981 se encontraba de servicio en Guipúzcoa, siguiendo a un comando de ilegales de ETA —comando Guipúzcoa-Costa—, cuando localizaron su piso franco en el número 4 de la calle de Allemendi, en el barrio de Vista Alegre, una urbanización de reciente construcción situada en las afueras de la localidad de Zarauz.

A media noche, tomando todas las precauciones posibles para no ser descubiertos, un grupo de inspectores de Información de la Comisaría de San Sebastián, a la que estaba adscrita, decidieron asaltar la casa y detener a los miembros de la banda terrorista.

La misión era arriesgada. A uno de los miembros del comando, José Luis Eciolaza Galán, se le atribuían seis asesinatos en la provincia de Álava en 1978. Pese a todo, tomaron la determinación de ir a por ellos. Y como sólo había un ascensor disponible en el edificio, un grupo de agentes decidió subir al piso, situado en la primera planta del inmueble, utilizando las escaleras.

—Tú, María José, espera a que baje el ascensor —le dijeron.

—Eso es lo que os creéis. Yo no me pierdo esto por nada del mundo.

Para demostrar que no era menos que ninguno de sus compañeros, se lanzó pistola en mano detrás de ellos escaleras arriba. Lo hicieron a ciegas, sin encender las luces para no alertar a los terroristas. Entonces se produjo la tragedia. De pronto la escalera se llenó de detonaciones y de proyectiles que rebotaban en las paredes. Una bala disparada por uno de los terroristas, el jefe del comando, Mikel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela, la alcanzó de lleno en la cabeza. María José murió en el acto.

A sus veintitrés años, hacía dos que la joven inspectora había ingresado en la Policía, primero en la Brigada de Estupefacientes de Sevilla, donde sólo había permanecido unos meses, apenas el tiempo necesario para conocer por dentro el cuerpo, antes de ser trasladada a las Brigadas Antiterroristas. Estaba en posesión de ocho condecoraciones y era la primera mujer policía que moría en acto de servicio en España.

Luego, al reconstruirse los hechos, se sabría qué había fallado en el operativo terrorista para que a los pistoleros les diera tiempo de tender una emboscada y huir. Se averiguó que aquella aciaga noche, al desplazarse los agentes en varios coche en fila, con las luces encendidas, por una zona poco transitada, el comando les vio venir desde una de las ventanas de la vivienda. Al sospechar que eran policías trataron de darse a la fuga escaleras abajo arrojando dos granadas de mano y abriendo fuego con sus pistolas y metralletas. Un proyectil segó la vida de la joven policía, en plena flor de la vida.

Al día siguiente, sus compañeros de la Brigada Regional de Información donostiarra detuvieron a varios de los miembros del grupo que habían logrado darse a la fuga saltando desde las ventanas de la vivienda para ir al monte de Santa Bárbara, situado en la parte trasera del edificio.125

Tras el interrogatorio se supo que el autor del disparo asesino había sido Txapela, un supuesto profesor de ikastola en Hendaya, que había logrado huir a Francia. Txapela probablemente no volvería nunca más a pasar al interior como responsable de un comando armado. Los miembros de la Brigada Central de Información y de la Brigada Regional de Guipúzcoa, a la que pertenecía la agente, se tomaron su muerte como una deuda de honor y decidieron vengarla a cualquier precio.

—Dile a Txapela que vaya encargando el funeral. Cuando nos lo encontremos no saldrá vivo —le decían los inspectores a todos aquellos etarras que capturaban para que lo hicieran llegar a la organización desde la cárcel, a través de sus abogados.

Por esas reglas no escritas que existen entre policías y delincuentes, en la Guardia Civil y en la Policía se había colocado una cruz en su foto. Y se le tenía permanentemente controlado en el centro de AEK (Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización de Adultos) donde impartía euskera para saber cuándo pasaría a España a realizar una nueva «campaña» terrorista.

No tuvo que cruzar la muga (frontera). El 30 de diciembre de 1983 le acribillaron a balazos en el portal de su nueva casa, en el sur de Francia, a donde acababa de mudarse. Su control, por tanto, había sido durante dos años total y absoluto.126

El día anterior, Juan Tomás de Salas, presidente del Grupo 16, donde trabajaba el autor, iba en su coche, de regreso a su casa de Puerta de Hierro, cuando se tropezó con un jefe de la Guardia Civil destinado entonces en el Gabinete de Asuntos Legales (GAL) de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior. El militar, que viajaba en otro coche, abrió la ventanilla y le dijo: «Mañana», girando al mismo tiempo el pulgar hacia abajo.

—A mí no me cuentes nada. A mí no me pongas en un compromiso, yo no quiero saber nada —se defendió Salas, negándose a ser cómplice de secretos inconfesables.

Casualidad o premeditación, al día siguiente la radio y la televisión anticiparon la noticia de la muerte de Txapela. Era el quinto terrorista de ETA ejecutado por unos entonces desconocidos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Aplicando la ley del talión, el ojo por ojo, sembraron el departamento de los Pirineos Atlánticos de tragedia, sangre y muerte, liquidando a unos cuantos asesinos de la banda terrorista vasca sin juicio y en un país que tiene abolida la pena de muerte. Y dejando por el camino, además, la vida de varios inocentes.127

Decidida a impedir que se impusiera el crimen de Estado, y que unos cuantos políticos utilizaran atajos y cloacas para combatir el terrorismo, y a exigir que se respetaran los derechos humanos y que nadie se tomara la justicia por su mano al margen del Parlamento, la justicia y las leyes, un sector de la prensa inició la investigación de los GAL. Era un simple ejercicio de limpieza democrática. Dos jueces, titulares los dos del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional continuaron en esa línea.

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A comienzos de 1985 vino a vernos por la redacción de Cambio 16 un personaje curioso y estrafalario. Se hacía llamar «Txakurra»,128 vestía de manera informal, con ropa muy usada y sin planchar, tenía barba de varios días y nos enseñó un carnet de identidad arrugado. Según nos dijo y pudimos comprobar, era sobrino-nieto de Leopoldo Alas Clarín, había vivido toda su vida en Barcelona, donde fue confidente del policía Jesús Gutiérrez Argüelles, un agente de la Brigada Antiatracos de la Ciudad Condal, de gatillo fácil, que conocía como nadie los bajos fondos y durante los años de plomo había trabajado para los GAL.129

Estaba muy enfadado con Julián Sancristóbal, según contó, pues el Ministerio del Interior se negaba a pagarle 30 millones de pesetas por los «servicios prestados». Así que nos ofreció la posibilidad de desenmascarar a los mercenarios del terrorismo de Estado y, tirando del hilo, llegar a sus jefes.

—En la habitación 213 del hotel Les Pyrenees, en Hendaya, tenemos depositado todavía un zulo de armas e información. Os desplazáis allí, lo cogéis, lo fotografiáis y empezáis a investigar.

El asunto no era nada fácil a simple vista. Le preguntamos:

—¿Dónde está el alijo? ¿Y cómo entramos en la habitación?

—Muy fácil. El alijo está en el cuarto de baño, en el techo, que es de paneles y se pueden mover. Y para entrar en la habitación sólo tenéis que llamar al hotel por teléfono y pedir que os la reserven por una razón sentimental. Decís que habéis pasado la luna de miel allí hace dos años, que queréis la misma habitación, os presentáis con una mujer y seguro que os la dan.

En aquellos momentos los tres reporteros más importantes del equipo de investigación de la revista —Miguel Ángel Liso, Rafael Cid y el autor— estábamos trabajando en un reportaje sobre una trama golpista que había intentado asesinar al Rey durante el desfile de las Fuerzas Armadas de La Coruña. Así que decidimos que se desplazara al sur de Francia Juan Gómez, nuestro cuarto reportero.

Antes de salir en avión hacia el aeropuerto de Fuenterrabía, ante el temor de que tuviera algún problema se me ocurrió darle el teléfono de un miembro de la Policía Judicial francesa, un contacto que meses antes me había facilitado Modesto García, secretario general de la Unión Sindical de Policía (USP).

—Toma, el teléfono de Castane. Si tienes problemas, llámale de mi parte —le dije.

Juan Gómez se desplazó a Guipúzcoa, alquiló un coche y llegó a alojarse en la habitación de Les Pyrenees. Pero cuando se enfrentó al alijo de armas se aterró. En lugar de fotografiarlas una por una, tomar sus números de identidad si es que existían, fotocopiar la documentación, colocarlo todo de nuevo en su sitio y venirse con el trabajo a Madrid, llamó directamente a Castane, se identificó como periodista y le entregó el alijo.

Ahí acabó nuestra principal contribución al desenmascaramiento de la trama de los GAL. Antes de que Juan Gómez pusiera los pies de nuevo en Madrid, me llamaba por teléfono mi «fuente» para negarse a seguir colaborando.

—Y yo que esperaba que publicarais el reportaje para que esos «cabrones» de Interior me pagaran lo que me deben.

Fue su despedida. Nunca más le he vuelto a ver.

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Luego supe, porque me pidió referencias de los periodistas Ricardo Arqués y Melchor Miralles, que se dirigió al diario vasco Deia, órgano oficial del PNV, y a Diario 16. Melchor y Arqués, que tiempo después comenzarían a trabajar juntos, tenían para empezar algo de lo que carecíamos otros profesionales de la prensa de España: un director, Pedro J. Ramírez, que entendía su labor y les apoyaba. Luego, tesón, coraje y osadía para meterse en la boca del lobo y jugarse la vida al servicio de una causa noble. Porque al terrorismo no se le puede combatir con sus mismas armas y convertir al Estado en una ciénaga inmunda. La lucha se hace desde el Estado de Derecho y con el Código Penal en la mano.

Estos periodistas, guiados por la misma fuente, descubrieron, el 24 de agosto, un segundo zulo enterrado en Col de Corlecou. En su interior aparecieron infinidad de documentos, fotografías de los archivos policiales, armas, pelucas, explosivos y munición fabricada para la Policía española. Y después de fotografiarlo e inventariarlo todo lo pusieron a disposición de la autoridad judicial, como debe hacerse.

En la primera semana de septiembre, Diario 16 publicó una serie de cinco capítulos en la que se relataba con detalle el hallazgo del zulo y se describía su contenido. Gracias al material del zulo, en noviembre se aportaron datos trascendentales sobre la identidad de los mercenarios y del segundo nivel operativo. Aparecen nombres desconocidos y desvelamos la colaboración prestada a Amedo por policías franceses.

Esas y otras informaciones de Diario 16 primero y posteriormente de El Mundo arrojaron mucha luz acerca de la formación, estructura y funcionamiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación, una estructura asesina al estilo de los Pied Noir o la OAS (Organisation de l'Armée Secrète).130

Los reporteros del periódico localizaron e identificaron a los mercenarios franceses y portugueses de los GAL, los fotografiaron, confrontaron sus identidades con los testigos de sus masacres y publicaron estas informaciones durante años, ante la indiferencia y, a veces, el desprecio del resto de los compañeros.

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El único magistrado español que se interesó en aquellos años duros —en los que investigar el terrorismo de Estado se identificaba automáticamente en muchos sectores con la traición al Gobierno y con hacerle el caldo gordo a ETA— fue el juez de la Audiencia Nacional Francisco Castro Meije.

Titular del Juzgado de Instrucción Número 5, recopiló toda la información aparecida en la prensa, la sistematizó y pidió una comisión rogatoria a Francia para entrevistarse con sus colegas galos que seguían las mismas pistas, idénticos indicios. Aunque los magistrados franceses, muy celosos de su trabajo, no se fiaban de los jueces españoles, a los que veían como los continuadores del franquismo sin Franco, el titular del Juzgado 5, logró algunos éxitos profesionales.

El 30 de noviembre de 1987 conocía los contactos de José Amedo Fouce y Michel Domínguez con los mercenarios que actuaban en el sur de Francia, el dinero que manejaban de los fondos reservados (no podía salir de sus sueldos de policías), que se gastaban a manos llenas en el casino del hotel Londres de San Sebastián, sus falsas identidades y bastantes datos más, comprometedores todos ellos.

El instructor disponía, por tanto, de indicios suficientes para procesar y sentar en el banquillo a dos de los policías que entre los años 1983 y 1986 habían montado una red mafiosa a la que encargaron asesinar en el sur de Francia a varios terroristas de ETA y otras personas ajenas a la organización, ametralladas en bares, cafeterías y lugares públicos de Bayona, Hendaya, San Juan de Luz y Biarritz.

El 15 de diciembre, ante la contundencia de las pruebas, el juez de la Audiencia Nacional cita a declarar por vez primera a José Amedo Fouce, subcomisario de la Brigada de Información de Bilbao y por entonces uno de los personajes intocables del Ministerio de Interior.

Tras aquella declaración, en la que no aporta información fiable sobre la aparición de sus huellas digitales en algunos documentos encontrados en poder de los GAL, Castro Meije abre el sumario 1/86. Cita a declarar a nuevos personajes conocedores de la trama y reclama nueva información a Francia.

El nerviosismo en el Gobierno es evidente. Poco antes, el 7 de diciembre, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Felipe González, increpa en público al director de Diario 16, Pedro J. Ramírez. «Lo que estáis publicando sobre los GAL es terrible, y si quieres que te diga esto por escrito, te lo diré por escrito».

Intranquilo, fuera de sí, sin preocuparse de que varias personas escuchaban la conversación, con la altanería y soberbia que le caracterizan, levantó la voz para añadir: «Lo único que tengo que negociar con ETA es que si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos».131

Decidido a aplicar medidas profilácticas al asunto, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, aprovecha la primera vacante libre para ascender a Castro Meije a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Con ello creen haber enterrado el Caso GAL, pero no era así.

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Baltasar Garzón vivía entonces en un piso alquilado del barrio de Cuatro Caminos de Madrid, próximo a la Dirección General de la Guardia Civil, y apenas tenía amigos en una ciudad tan grande, adonde había llegado desde Almería meses antes. Su única meta en la vida era la de trabajar y abrirse camino en la jungla de la capital de España. Cuando el 16 de febrero de 1988 toma posesión del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional el asunto de los Grupos Antiterroristas de Liberación estaba ya casi finalizado.

Con las pruebas que había publicado Diario 16 y las investigaciones de Castro Meije era posible proceder al procesamiento de José Amedo Fouce como uno de los creadores de la principal trama de terrorismo de Estado existente en España desde la instauración de la democracia. Aunque el juez asegura que desde la llegada al juzgado se dedicó a «acopiar datos con paciencia de hormiga», lo cierto es que toda su labor instructora consistió en desplazarse en los meses de mayo y junio de 1988 a Portugal y Francia acompañado del fiscal Ignacio Gordillo.

En Bayona se entrevista con el juez Armand Riberolles quien, tras recibirlo al principio con cierto recelo,132 acaba abriéndole sus archivos, donde la truncada investigación de Juan Gómez y los datos de los zulos de Melchor Miralles y Ricardo Arqués, conocidos por la opinión pública, son la base para completar el sumario abierto por su antecesor.

Posteriormente los interrogatorios y atestados realizados sobre Christian Hitier, Pierre Frigoli, la «Dama Negra» Dominique Thomas, Mohamed Talbi, Jean-Pierre Echalier, Pedro Sánchez,133 Jean-Philippe Labade, Lucien Matei, José Paulo Figueiredo Fontes, o sus allegados, casi todos ellos en prisión en Portugal y Francia, le ayudan a cerrar el círculo.

La mayoría de los interrogados reconocen a José Amedo Fouce y a Michel Domínguez, subcomisario e inspector de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, respectivamente, como sus verdaderos jefes, los que les facilitan la información y las direcciones para realizar los atentados contra ETA y les abonaban con dinero de los fondos reservados los «servicios prestados».

A partir de entonces, Garzón sólo necesitó el apoyo de tres inspectores de Policía —José Luis de Santiago, Javier Tejedor y Fernando Esteban Bravo— para poner en papel timbrado el uso que Amedo y Domínguez habían dado a sus tarjetas de crédito, los pisos alquilados, las llamadas telefónicas y el seguimiento de sus viajes por Portugal, España y el sur de Francia. Los datos, en su mayoría, habían sido revelados por la prensa, pero no tenían carácter oficial para ser incorporados a una causa con fuerza incriminatoria.

En estas diligencias el juez titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional empleó apenas dos meses de trabajo. El 13 de julio de 1988, tras pasar sin pena ni gloria por los juzgados de Valverde del Camino (Huelva), Villacarrillo (Jaén), Vitoria y Almería, además de por la Inspección General del Consejo General del Poder Judicial, gracias al trabajo de otros, que se jugaron la vida en ello, iba a pasar a la historia como el Superman de la justicia en España. La altanería e impericia de los letrados del Ministerio del Interior le facilitarían la tarea. Veamos cómo sigue la historia.

Sin otro mérito que el de ser hermano de Joaquín Argote Alarcón, el Gordo, un hombre bonachón y apacible que fuera jefe de gabinete de Juan José Rosón López, a comienzos de los ochenta el abogado Jorge Argote había entrado «en plantilla» en los servicios jurídicos paralelos del Ministerio del Interior.

Inmediatamente se convirtió en un individuo imprescindible para los guardias civiles e inspectores de Policía acusados de torturas o malos tratos a detenidos de ETA. Sin cortarse lo más mínimo, Argote se presentaba en los juzgados, lanzaba improperios por los pasillos, gritaba y se enfurecía. Con la Ley de Procedimiento Penal hábilmente manejada, muchos sumarios por malos tratos o torturas se archivaban automáticamente.

Por esa razón, por su característica de «picapleitos» peleón, se había ganado un elevado prestigio entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entraba en el Ministerio del Interior, en Castellana 5, y en la Secretaría de Estado para la Seguridad, en la anexa calle de Amador de los Ríos, como en su propia casa. Lo mismo en el cuartel de Intxaurrondo, donde tantos casos llevó, que era de hecho su segunda residencia.

El campo de fútbol, entonces de tierra y sin gradas, de Torrelodones, pueblo donde vivía, era su helipuerto particular. Porque a mediados de los ochenta Jorge Argote Alarcón solía desplazarse al País Vasco en helicóptero y nadie se lo echaba en cara, como al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra González.

Todos estos rasgos de su personalidad y algunas desgracias familiares que no vienen al caso habían fogado la personalidad de un hombre vehemente y osado hasta la temeridad. Estaba obsesionado con la idea de que el Estado era intocable, sus poderes omnímodos e inviolables, y estaba seguro de que sus desviaciones —incluido el crimen de Estado— debían tolerarse como mal menor y pasarse por alto.

Por eso, aquel 13 de julio, cuando José Amedo Fouce le contó que tenía un nudo en el estómago, un mal presentimiento de que las cosas iban a salir mal, le tranquilizó:

—Aquí no va a pasar nada. A vosotros nadie os va a tocar un pelo.

—Pero algunos compañeros me han dicho que este juez ha estado investigando mis viajes, mis teléfonos, mis tarjetas de crédito...

—Y eso, ¿qué importancia tiene? Son, en todo caso, pruebas circunstanciales, y con esos elementos no se puede detener a nadie.

Dispuesto siempre a desafiar a la Justicia, a no colaborar con ella en el esclarecimiento de ningún delito cometido por agentes de la autoridad, Argote había recomendado a Amedo y a Domínguez no contestar a ninguna pregunta del juez ni del fiscal.

—No te olvides: en boca cerrada no entran moscas.

Ese fue su gran error de ese día, que se reiteraría en los meses y años venideros: pensar que la mejor defensa de sus patrocinados era un buen ataque al juez y que como por la boca muere el pez, era mejor no contar nada —por muy inocente que uno fuera— que pudiera usarse como elemento acusador.

***

«¿Conoce usted a los mercenarios portugueses Rogerio da Silva y Antonio Ferreira, relacionados con el atentado al bar Consolation? ¿Se presentó usted a alguno de ellos utilizando el sobrenombre de Ricardo? ¿Ha tenido usted alguna relación con Jean-Philippe Labade? ¿Viajó usted el día 5 de octubre de 1985 a Portugal y se entrevistó con Mario Correira da Cunha en la cafetería del hotel Ritz de Lisboa? ¿Se entrevistó usted con Mohamed Talbi en el hotel Ercilla de Bilbao para planificar el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard? ¿Sabe usted a quién pertenece la huella dactilar y la firma estampada al pie del Documento Nacional de Identidad falso incautado al mercenario Paulo Figueredo Fontes?».

Baltasar Garzón fue desgranando una a una las más de cien preguntas que había preparado cuidadosamente cuarenta y ocho horas antes. La secretaria Natalia Reus y el fiscal Ignacio Gordillo escuchaban pacientemente el interrogatorio.

Al otro lado del despacho, sentado en una silla, el subcomisario José Amedo Fouce, un personaje atlético, de mirada aguda y desafiante, con la barbilla erguida y la espalda clavada al respaldo del asiento, sin mover un solo músculo de la cara, escuchaba impasible el interrogatorio sin soltar media palabra. Parecía una estatua de mármol. Sin embargo, a medida que el juez iba desgranando las preguntas, el faldón de la camisa se le iba tiñendo de sudor bajo el impecable traje azul marino que vestía.

Era una señal clara e inequívoca de que bajo aquella estoica apariencia, bajo aquel perfil de hombre duro e implacable, tras aquel rostro impenetrable dispuesto a soportar las más duras pruebas, su pulso empezaba a acelerarse, el corazón a latir más aprisa y sus nervios de acero a debilitarse y a traicionarle.

Sin pedir permiso a nadie, el hombre que montó los GAL desde la Policía sacó un paquete de cigarrillos, se llevó uno a la comisura de los labios, lo encendió y soltó una bocanada de humo parsimoniosamente, lentamente. Un minuto después, la parte por donde tenía agarrado el cigarrillo entre los dedos estaba también humedecida. Las manos habían comenzado a sudarle. La estatua de mármol empezaba a derretirse por dentro, como si fuera una estatua de sal.

Cuando el juez se ausenta un momento para contestar una llamada, y mientras la secretaria ultima la declaración, el subcomisario masculla algo al oído del abogado Jorge Argote:

—Este tío nos tiene trincados.

—¡Qué va! No te preocupes, es todo teatro.

—Lo sé, los mercenarios han hablado. Este tío lo sabe todo.

Baltasar Garzón regresa al instante para cumplir las formalidades de rigor, la firma de la declaración por el imputado, por las partes y por el instructor.

—Ya hemos acabado, ¿no? ¿Puede irse mi cliente?

—No, señor Argote. Su cliente queda detenido a disposición de este juzgado. Acabo de dar instrucciones para que esta misma tarde ingrese en la cárcel.

—¿Detenido? ¡Ha perdido usted el juicio! —bramó el letrado.

—Eso ya lo veremos en su momento. Que pase el otro compareciente.

La declaración de Michel Domínguez es un calco de la de su compañero Amedo, con la diferencia de que parecía más calmado y no adoptó ninguna pose hierática, fría ni desafiante ante el juez. Indudablemente, el inspector era la parte más vulnerable del tándem. Garzón intuyó que no contestaba porque así se lo habían ordenado los asesores del Ministerio de Interior, pero que en el futuro sería el primero en derrumbarse.

Terminadas las declaraciones, nervioso y haciendo gestos ostensibles de contrariedad, Jorge Argote firma las actas en las que están consignadas las preguntas en nombre de sus patrocinados.

—Señor Domínguez, usted también está detenido.

E inmediatamente su secretaria llama a la comisaría de policía de la Audiencia Nacional para que se hagan cargo de ellos y los trasladen a sus dependencias. Desde ahí tendrán que ser trasladados al centro penitenciario que el juez designe.

Mientras Baltasar Garzón redacta el auto de prisión Jorge Argote salta como una hiena herida de muerte y echa a correr por los pasillos de la planta segunda de la Audiencia Nacional. Va desaforado, fuera de sí.

—¡Este juez está loco! Ha metido en la cárcel a Amedo y a Domínguez. ¡Está como un cencerro!

Desde el pasillo, abre su teléfono móvil y llama al Ministerio del Interior, donde Rafael Vera y José Barrionuevo Peña están ya al corriente de lo sucedido. Agustín Linares, subdirector general de la Policía, acaba de recibir la confidencia de la comisaría de la Audiencia Nacional a través de uno de los funcionarios adscritos a los juzgados.

Argote exige a los mandos policiales que hablen inmediatamente con el juez o con el presidente de la Audiencia Nacional y se revoque el auto antes de que se haga público. Pero nadie le hace caso. El asunto del GAL es algo tan turbio que nadie está dispuesto a mojarse.

Con el semblante demudado, el primer botón de la camisa desabrochado y la corbata floja y fuera de su sitio, el abogado de Interior regresa a la secretaría del Juzgado para recoger una copia de los autos de prisión. Esperó al mediodía, a que sus clientes fueran trasladados por sus propios compañeros a la Prisión Provincial de Logroño, la única que tenía por entonces un módulo para policías. A continuación, abandona la Audiencia Nacional como un autómata.

—¡Está loco! ¡Garzón está loco! —sigue bramando.

El juez sabía exactamente lo que hacía y a partir de aquel 13 de julio de 1988 las vidas de Amedo y Domínguez iban a cambiar completamente.

***

Trasladados a la cárcel de Guadalajara a petición propia, para estar más cerca de sus familias, la peregrinación de abogados y compañeros de la Policía de Bilbao y Madrid se hizo incesante. Y, con ellos, las promesas de indulto, las coacciones y las amenazas veladas para que no hablaran.

Las propuestas eran a cual más peregrina. Según cuenta José Amedo en su libro La conspiración, publicado por Espejo de Tinta en octubre de 1988, fueron a verle Francisco Álvarez, jefe del Gabinete de Asuntos Especiales del Ministerio del Interior, Miguel Planchuelo, jefe superior de Policía de Bilbao, Antonio Rosino, comisario general de Información, y Julio Hierro, de la Brigada de Información de Bilbao.

—Todo se va a arreglar, no os preocupéis.

—Se va a arreglar, pero ya llevamos dos meses en el trullo...

—Esta vez es verdad. Va a aparecer en Francia el cadáver de un supuesto suicida con una documentación comprometida encima. Una vez que el juez vea esa información no tendrá más remedio que dejaros libres.

—¿Pero vosotros os creéis que vais a engañar a este con ese tipo de triquiñuelas? ¡Este tiene más conchas que todos vosotros juntos, hombre!

Como lo del cadáver no funcionó, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, puso en marcha una segunda estrategia, la de las llamadas «Cartas Portuguesas». Se trataba, ni más ni menos, que de llegar a los mercenarios de los GAL presos en Portugal, ofrecerles dinero y pedirles a cambio que escribieran unas cartas desdiciéndose de las anteriores manifestaciones efectuadas ante Garzón en comisión rogatoria. Ésta era la principal prueba de cargo para incriminar a los dos ex policías. Destruida la misma, el sumario tenía que archivarse automáticamente.

Para montar la operación se utilizó a otro mercenario, Carlos Gastón, un miembro del Batallón Vasco Español al que se le atribuía, entre otros, el atentado en el sur de Francia contra Juan José Echabe Orobengoa a finales de los setenta.

Gastón se desplazó a Lisboa y, con el poco dinero que le dieron, contrató a un abogado de segunda fila. Este, a su vez, se entrevistó con los mercenarios Rogerio Fernando Carvalho da Silva, Mario Correira da Cunha y Antonio Jorge Cisneros Ferreira y les persuadió para que firmaran unas cartas en las que afirmaban no haber visto nunca a los policías españoles, salvo en las fotografías sumariales que les enseñaron. «Los inculpamos bajo presión judicial y con la promesa del juez español de que conseguiríamos pronto la libertad en Portugal», escribieron al unísono.134

El 1 de septiembre el diario ABC, ese gran periódico que fue y que una vez dirigió Luis María Anson, publica que tres mercenarios portugueses han enviado unas cartas en las que confiesan que declararon contra Amedo y Domínguez presionados.

El Gobierno y el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, lanzan inmediatamente las campanas al vuelo: «El caso GAL ha dado un vuelco radical con estas cartas. Hay que investigar hasta el final», afirma Moscoso.

Una vez recibidas en la Audiencia Nacional, el fiscal general del Estado ordena al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, que aportara las tres misivas a la causa y pidiera inmediatamente una nueva comisión rogatoria a Portugal para autentificar el contenido de las mismas y desacreditar al juez. De paso le sugiere que no se oponga a la libertad para Amedo y Domínguez, que va a solicitar su abogado Argote.

—No se puede tener a unos policías en la cárcel hasta que no se aclare el asunto —le dicen a Gordillo.

Sin embargo, el contenido de las cartas sin apenas variaciones significativas de una a otra, la coincidencia en el tiempo y el súbito interés de los tres mercenarios portugueses en salir en auxilio de sus antiguos «jefes» levantó sospechas. Poco después se localizó al abogado portugués y se demostró que todo había sido un burdo montaje.

***

Al quedar al descubierto la operación y ante el temor de que José Amedo y Michel Domínguez hablaran e implicaran a la cúpula de Interior, se puso en marcha un nuevo plan. Esta vez desde la Secretaría de Estado de Interior, desde el propio Gobierno, organizan una fuga para sacarlos de la cárcel. Para ello, los ex policías deben colaborar, hacer gimnasia todos los días para mantenerse en forma y dejarse crecer la barba para pasar inadvertidos cuando llegara el momento.

En el operativo, además de los altos cargos del Ministerio del Interior, estaba implicado también el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y algunos funcionarios de la cárcel de Guadalajara. Se pretendía sacarlos de la cárcel en un furgón, en uno de los traslados de presos a la Audiencia Nacional, y esconderlos durante un tiempo en un piso de Madrid. Una vez allí, con la ayuda del mercenario Carlos Gastón, pasarían a Portugal, donde les entregarían unos pasaportes con los que podrían fugarse a Costa Rica. «El plan —escribe Amedo— incluía incluso casarme con una costarricense para evitar una posible extradición a España y zafarme para siempre de las garras del Príncipe de la Justicia».

Sin embargo, temerosos de que pudiera tratarse de una estratagema para hacerles pasar por delincuentes comunes que han montado los GAL por su cuenta y quitarles de en medio en cualquier momento, Amedo y Domínguez se niegan a aceptar la oferta. Y eso que todavía no se conocían las andanzas del ingenioso hidalgo y caballero de Aragón llamado Luis Roldán González, ni su pillaje contra los molinos de viento de la Guardia Civil.

***

En junio de 1991, cuando llevaban casi tres años entre rejas, en medio de grandes medidas de seguridad se celebró el juicio en la Audiencia Nacional.

—No se os ocurra contar la verdad, que nada más terminar el juicio saldréis absueltos —les dice su nuevo abogado, Gonzalo Casado, poco antes de entrar en la sala.

—¿Y quién nos asegura eso? ¿Cómo estás tan seguro de que no nos van a condenar?

—Lo ha dicho Felipe González y basta.

Paralelamente, José Barrionuevo y Julián Sancristóbal se entrevistan con Amedo, apelan a su responsabilidad y le piden que asuma personalmente el tema de los GAL. «No se puede poner en riesgo la estabilidad del Estado. Vais a ser absueltos, pero en el caso de que haya una condena tenéis garantizado el indulto inmediato una vez confirmada la sentencia».

Los dos policías aguantan en el banquillo sin abrir la boca durante los meses de junio y julio de 1991, a pesar de que advierten que todas las pruebas que se presentan en la vista oral les incriminan en la preparación y comisión de dos atentados a bares, con seis asesinatos frustrados de terroristas de ETA y otras personas ajenas a la banda armada.

Además, tanto el ministerio fiscal como las tres acusaciones particulares, en especial las integradas por el abogado de ETA Miguel Castells Arteche, y Fernando Salas Vázquez y José Luis Galán Martín, esta última en representación de ciento cuatro ciudadanos,135 les imputan otros once cargos.136

En los treinta días siguientes a la apertura de la vista desfilan por la sala centenares de testigos, desde los directores generales de la Policía, Rafael del Río Sendino y José María Rodríguez Colorado, a los comisarios de Información, Jesús Martínez Torres y Antonio Rosino Blanco. También testifican el ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, los altos cargos de Interior, Rafael Vera y Julián Sancristóbal, los comisarios Miguel Planchuelo y Francisco Álvarez —que acabarían todos ellos en la cárcel años más tarde—, el pistolero de los GAL, Daniel Fernández Aceña, y otras personas.137

Una vez finalizado el juicio, y durante el periodo de deliberación del tribunal, a Amedo y Domínguez les comunican desde la Secretaría de Estado de Interior que el presidente de la sala, José Antonio Jiménez Alfaro, y el resto de los magistrados iban a pronunciar una sentencia absolutoria. «Se hará pública el 24 de julio, así que el mismo 25 estaréis en libertad, justo con el tiempo necesario para coger el traje de baño e iros a la playa». Sin embargo, pasada esa fecha el tribunal seguía deliberando.

—Malo, malo. Ya lo dice el refrán. Reunión de pastores, ovejas muertas —se queja Amedo.

—Nada, nada. En una semana en la calle.

Los augurios, sin embargo, no eran nada buenos.

***

«En el último trimestre de 1983, la organización llamada Grupos Antiterroristas de Liberación, conocida como GAL, inició sus actividades en la región francesa conocida como Departamento de los Pirineos Atlánticos. Tales acciones, que duraron unos tres años, se caracterizaban por el uso de armas de fuego e iban dirigidas contra ETA como represalia por sus atentados en España».

«Los GAL cometieron unos veinte atentados, con veintinueve muertos y un número superior de heridos. Aunque es difícil precisar con exactitud su estructura interna, los procesados José Amedo Fouce y Michel Domínguez Martínez, subcomisario e inspector de Policía, sensibilizados por la violencia de ETA decidieron emprender, en coordinación con terceros,138 determinadas acciones para vengar los sedicentes crímenes de ETA y disminuir su capacidad operativa».

De esta manera arranca la sentencia 30/89 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hecha pública el 20 de septiembre de 1991, la firmaban el presidente del tribunal, José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, y los magistrados José Antonio Marañón Chavarri y Agustín Lobejón Martínez, que actuó como ponente.

A lo largo de ciento setenta y cinco folios los magistrados eximían al Gobierno de la creación de los GAL, al no quedar acreditado que Amedo y Domínguez recibieran el dinero para contratar a los mercenarios de los fondos reservados, pero se demostraba fehacientemente que bajo la cobertura de perseguir a una banda de traficantes de armas, el subcomisario y el inspector de Bilbao se trasladaron a Portugal, donde contrataron a los mercenarios Jean Philippe Labade, Rogerio da Silva y Antonio Ferreira para que realizaran un atentado en el bar Batzoki de Bayona.

Eran las nueve de la noche del 8 de febrero de 1986. A consecuencia de los disparos efectuados por los mercenarios portugueses, todos ellos formados militarmente en la guerra de Angola, donde habían sido paracaidistas, resultaron heridas de bala seis personas,139 varias de ellas no vinculadas a ETA.

Posteriormente, el 13 de febrero de 1986, los mercenarios portugueses Paolo Figueiredo Fontes, Rogerio da Silva y Antonio Ferreira repitieron la acción, ya que los mandos de los GAL consideraban que era preciso no sólo causar heridos, sino algunos muertos. Con tal propósito se trasladaron al bar Consolation de San Juan de Luz, acompañados de un policía francés que les señalaba previamente quiénes eran los objetivos. Allí dispararon indiscriminadamente contra los reunidos, hiriendo a Juan Ramón Bazáñez Jáuregui y a José Ramón López de Abechucho y Liquiniano.

Los dos atentados los realizaron siguiendo órdenes de José Amedo Fouce y Michel Domínguez Martínez, que suministraban las armas, abonaban los viajes y estancias en hoteles y les pagaban una cierta cantidad por cada terrorista muerto o herido, variando las sumas recibidas según se tratara de un dirigente de ETA o de los miembros de comandos operativos.

La sala consideró acreditado también que José Amedo Fouce manejaba grandes cantidades de dinero, por lo que pudo financiar los atentados, ya que al menos en doce ocasiones visitó el Nuevo Casino Gran Kursaal, en San Sebastián, donde se dedicaba a jugar al blackjack, gastándose en el año 1986, por ejemplo, 9.100.000 pesetas, que abonaba con talones.140 Una suma que triplicaba su sueldo de subcomisario de policía durante un año.

El tren de vida de que disfrutaba, incompatible con su sueldo, procedía de una cuenta corriente abierta en el Banco Español de Crédito de Lugo, a nombre de su padre, en la que llegó a tener ingresados hasta 16 millones de pesetas.

En cambio, el tribunal no consideró probado que José Amedo Fouce y Michel Domínguez asesinaran al electricista Juan Carlos García Goena, producida por un artefacto explosivo a las 5.40 del 24 de julio de 1987 en el complejo residencial Atabala, en las cercanías de la línea férrea Hendaya-París, en la localidad de Hendaya.

García Goena, que no pertenecía a ETA pero se encontraba huido en Francia para librarse del servicio militar, fue la última víctima de los GAL. Su muerte fue supuestamente causada por los dos ex policías a través de sus mercenarios. Lo hicieron al tener que justificar determinadas cantidades de dinero que habían pedido a empresarios vascos para financiar los GAL y que el Estado devolvió a estos, hechos que no aparecen en el sumario.141

«Salvo la declaración de Inmaculada Gómez Pérez, ex novia de Amedo, quien dice vio en su casa el 22 de julio de 1987 la supuesta bomba-lapa con la que se asesinaría a García Goena, no existen otros elementos de convicción que permitan establecer que los procesados fueran los autores de la muerte».142

***

Pese a todo, la sentencia fue de esas que hacen antología en los anales de la justicia española. Tras la relación de hechos probados y la exposición de la posible doctrina jurídica a aplicar, y después de agradecer la labor de la prensa en el esclarecimiento de los hechos, el tribunal consideró que los dos policías de la Brigada Regional de Información de Bilbao no eran responsables de los delitos de pertenencia a banda armada,143 ni de los de tenencia de explosivos, estragos, malversación de caudales públicos, apoderamiento de sustancias o instrumentos para falsificar documentos ni tampoco de un delito contra la administración de Justicia. Al estar amenazados por ETA y haber tenido un infiltrado en Herri Batasuna, al que no podían revelar su identidad, también se les absolvió del delito de uso público de nombre supuesto.144

En cambio se les condenaba como «autores criminalmente responsables» de dos delitos de asociación ilícita, como «autores morales» de seis delitos de asesinatos frustrados y de diversos delitos de uso público de nombre supuesto y de falsificación de documentos de identidad. El cómputo total de las condenas ascendía a 108 años, 7 meses y 14 días de reclusión mayor. La sentencia obligaba además a los dos policías a indemnizar a sus víctimas con la suma de 12.800.000 pesetas y a pagar las costas del proceso, y absolvía al Estado de hacerlo como responsable civil subsidiario, al no quedar demostrado que se usaran fondos reservados u otro tipo de apoyo para crear los GAL.

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La sentencia se hizo pública el 18 de septiembre. En contra de todas las promesas de sus superiores, los dos ex policías fueron condenados a 108 años de cárcel por la creación y el montaje de los GAL. Aunque la justicia nunca respaldó la existencia del grupo terrorista como tal, y negó que su estructura «se encontrase inserta en los aparatos del Estado», Amedo y Domínguez fueron condenados. Se les considera los artífices de instaurar la guerra sucia en contra de ETA «mediante grupos de delincuentes inconexos entre sí» y de inducir a varios mercenarios a cometer seis asesinatos frustrados, realizados entre 1983 y 1986.

La sentencia, aunque pretendiera dejar al Estado al margen del terrorismo institucional y de la creación de bandas asesinas, era la primera victoria del Estado de Derecho frente a los excesos y las arbitrariedades del poder que habían situado a un sector de las estructuras represivas del Estado —que deben garantizar nuestros derechos y libertades— al nivel de un grupo de pistoleros y matones de barrio.

En febrero de 1992 la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma la sentencia y el indulto sigue sin llegar.

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Amedo y Domínguez, que evidentemente no eran dos hermanitas de la caridad, no estaban dispuestos a pudrirse en la cárcel por un patriotismo mal entendido, y comenzaron a mover sus hilos para que les concedieran el indulto bajo la amenaza de contarlo todo.

El 24 de septiembre de 1992, siguiendo instrucciones del Gobierno, fue a visitarles a la cárcel el secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios. Antoni Asunción fue a explicarles el calendario para salir de la cárcel.

—En las Navidades os daremos un permiso penitenciario. En enero de 1993 otro permiso, y en abril está previsto que se os conceda el tercer grado. Una vez celebradas las elecciones generales, el Gobierno os dará el indulto.

—¿Y qué pasará si gana el PP? ¿Nos quedamos aquí chupando condena hasta el final?

Asunción les tranquilizó. Según él, eso no iba a pasar por ahora. José María Aznar está muy verde todavía y el PSOE y Felipe González tienen fuelle para rato.

—No te olvides nunca de que nosotros no somos los GAL. Sois vosotros —le amenazó José Amedo con cara de pocos amigos.

Según cuenta Amedo, y no tiene razones para mentir, en aquella ocasión el secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios le juró que todo saldría según el cronograma que le acababa de exponer.

—Si no se cumple punto por punto, yo vendré a pasar las Navidades con vosotros.145

En febrero de 1993, como el indulto no se producía, José Amedo decidió enviarle una carta personal al ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo. En ella le contaba con pelos y señales todo lo que sabía de los GAL y le aportaba incluso un organigrama.

Lo que obtiene es la callada por respuesta. En consecuencia, José Amedo y Michel Domínguez, unas semanas antes de las elecciones generales, deciden realizar una jugada a tres bandas para demostrarle al ejecutivo lo lejos que están dispuestos a llegar.

Como se narra con todo detalle en otra parte de este libro, el 21 de abril de ese año Michel Domínguez pide entrevistarse con Baltasar Garzón para tantear los beneficios penitenciarios a los que pueden acogerse si deciden tirar de la manta y poner al Gobierno patas arriba. Al mismo tiempo, José Amedo, acompañado de Julián Sancristóbal, va a ver al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, para advertirle de que están negociando un pacto con Garzón «si no salen enseguida de la cárcel».

—No, eso nunca. He hablado con Felipe González y me ha garantizado que después de las elecciones generales tendréis el indulto —afirma el Pollo del Pinar.

—A ese Garzón me lo puedo comer con patatas fritas. En el cajón tengo la suficiente documentación para meterle a la cárcel —asegura, al tiempo que señala uno de los cajones de su mesa donde guarda cintas e informes que, como se cuenta en otro capítulo, presuntamente revelan que ha alterado el sumario contra Monzer al-Kassar.146

La tercera parte de la estrategia consistía en filtrar las dos reuniones al periódico El Mundo, el único que sabían estaba dispuesto a publicar la información, como «aviso a navegantes» y para que nadie se llamara a engaño si algún día, al abrir la puerta, en lugar del lechero aparecía la policía con las esposas en la mano.

***

Pasadas las elecciones generales de aquel año, que gana el PSOE por cuarta vez consecutiva, el indulto sigue sin llegar, Amedo le envía una carta de cinco folios al ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch.

Tras ponerle al corriente de que el Gobierno les había rogado no recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «donde teníamos muchas posibilidades de haber tumbado la sentencia», le comenta las diversas entrevistas con altos cargos de Interior incumplidas sistemáticamente, año tras año.

«La sucesión de manipulaciones, mentiras, desasosiegos y trastornos psicológicos van minando la salud de nuestras esposas, con las que están en contacto permanente los políticos señalados [Julián Sancristóbal, Rafael Vera, Antonio Asunción, José Barrionuevo y José Luis Corcuera], y hacen que en marzo y abril de 1993 sean operadas de cáncer de útero. En mi caso concreto y en el de mi esposa, desapareció la esperanza de tener un hijo por garantizar la seguridad del Estado».

«Michel Domínguez, a quien le hacen vivir una situación aberrante en todos los sentidos, recién operada su esposa, reingresada nuevamente y no creyéndose más promesas, decide que lo importante es su familia y no la farsa que contribuye a sostener».

Tras señalar que el indulto que les habían prometido para el 6 de junio de 1993 había sido pospuesto por los pactos del Gobierno con los nacionalistas y, más tarde, por un informe preceptivo del Tribunal Supremo, ha llegado el 2 de febrero de 1994 y siguen privados de libertad. Por eso, señala: «Nuestras familias, esposas, hijos, padres, hermanos, no están dispuestos a seguir soportando esta situación. En distintas ocasiones hemos tenido que frenar su insistencia, pero me consta que no será por mucho tiempo. Piensan movilizarse sin contar con nuestro criterio a todos los niveles, tanto en España como a nivel europeo».

«Me consta que de no tener respuesta inmediata en los próximos días, ella, junto con la esposa del señor Domínguez, pondrán en conocimiento de Su Majestad el Rey la situación que en esta carta le manifiesto a usted, ampliando circunstancias que indudablemente resultarán desagradables para el jefe del Estado».

Tras recibir la misiva, el ministro de Justicia puso en marcha un nuevo plan de excarcelación para los dos condenados por el caso GAL. Era ya, sin embargo, demasiado tarde.

A la sucesión de escándalos a que se veía sometido el Gobierno —fondos reservados, Caso Ibercorp, destitución del gobernador del Banco de España, huida del director general de la Guardia Civil, escuchas telefónicas del CESID, saqueo de la Cruz Roja, BOE— era imposible sumar un nuevo escándalo poniendo en libertad a dos terroristas de Estado condenados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Amedo y Domínguez, las dos «cabezas de turco» de las tramas de terrorismo de Estado tendrían que esperar todavía unos meses para dejar de ver la luz del día a través de los barrotes. Paradójicamente, su libertad vendría de manos de la persona que les metió en la prisión: Baltasar Garzón Real, enfadado tras la fallida «luna de miel» política con Felipe González, de quien había sido número dos en las listas por Madrid en las elecciones generales de 1993.

Si es cierto que hay amores que matan, el de González y Garzón no lo habría resuelto ni la meliflua ministra María Teresa Fernández de la Vega con su Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género.

Capítulo VI

El pacto del «rancho de Aznar»

George W. Bush bautizó a la finca de Quintos de la Mora (Toledo) como el «rancho de Aznar» sin saber que allí, entre sus alcornoques, se gestó uno de los pactos políticos más importantes de la moderna democracia española: el ingreso del juez más popular del país en la política como número dos del PSOE en 1993. Luego resulta que no era tan listo ni tan brillante como aparentaba. Como el candidato no tenía oficina y en Ferraz no lo querían, el PSOE le puso un piso en una calle de «mala fama» del barrio de Cuatro Caminos. Dirigentes socialistas dedujeron que Baltasar Garzón estaba dispuesto a actuar como una planta carnívora y a devorar el partido fundado por Pablo Iglesias con tal de mantener su fama de magistrado incorruptible y encumbrarse al poder, al que pensaba llegar creando unidades de élite de fiscales y policías para acabar con ETA, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la corrupción en su propio partido, empezando por José Barrionuevo, Juan Alberto Belloch y José Luis Corcuera. Con el ejemplo de Mani Pulite en la cabecera de los periódicos todos los días, Felipe González no le permitió que acabara con la corrupción política al estilo italiano, llevándose por delante las instituciones y la democracia si era preciso.

***

Situada en el municipio de Los Yébenes (Toledo), con una superficie total de 6.864 hectáreas, Quintos de la Mora es una finca de titularidad pública ubicada en la parte central del Sistema Oretano, en la vertiente meridional de los Montes de Toledo.

El 27 de febrero de 1993 el juez Baltasar Garzón Real acudió a la finca, pero no con el sano propósito de contemplar la exuberante vegetación dominante, los encinares acompañados a veces por alcornoques, madroños y labiérnagos, y por los arces, quejigos y melojos que se crían en los valles más húmedos. Tampoco iba a dedicarse a la recogida de setas ni de espárragos silvestres, entretenimientos a los que es tan aficionado en su pueblo de Torres, ni a la caza mayor de los ungulados silvestres (ciervos, gamos o corzos) que campan por sus respetos en aquellos montes de entre 1.000 y 1.200 metros por encima del nivel del mar. Viéndole pasear por la finca —destinada al desarrollo de estrategias-piloto en la gestión y utilización sostenible del monte mediterráneo— en compañía de Felipe González, cualquier observador de la realidad, malpensado y de derechas, habría supuesto que el superjuez había decidido dedicarse por fin a la caza del homo estepario e ir a por Mister X, en el caso de que Mister X y González fueran la misma persona, como todo el mundo decía y el de Torres no desmentía.

En realidad, cautivado por ese «cazatalentos» y «embaucador de mentes privilegiadas» del PSOE conocido como José Bono Martínez, presidente por entonces de Castilla-La Mancha, el terror de los GAL, el juez partidario de que no hubiera «áreas de impunidad» en el Estado, había viajado a los Montes de Toledo a entrevistarse en secreto con Felipe González Márquez. El «enemigo público número uno», el hombre al que tantas veces había tenido en el punto de mira de sus autos judiciales pero contra el que nunca se había atrevido a disparar, iba a convertirse a partir de entonces en su lazarillo para ingresar en la política.

Dicen las crónicas mejor informadas que el origen de todo hay que buscarlo unos meses antes en el Asador Donostiarra, en el hotel Rumaikyya de Sierra Nevada y en otros restaurantes de Madrid, al calor de los fogones y los efluvios etílicos del buen vino. Un día, hablando con el juez Ventura Pérez Mariño, compañero suyo de la Escuela Judicial y de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se mostró contrariado por unas declaraciones que había hecho Felipe González sobre los GAL en la prensa.

—Me gustaría que eso me lo dijera a mí, que me lo repitiera a la cara —protestó Garzón.

—¿Tú quieres conocer a Felipe González? ¿De verdad, quieres conocerlo?

—Pues no me importaría.

Amigo del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el que había compartido despacho en Madrid junto a otros miembros del Partido Socialista Popular (PSP), la formación política de Enrique Tierno Galván en los primeros tiempos de la Transición, Pérez Mariño se puso inmediatamente manos a la obra. Llamó por teléfono a Bono y al poco tiempo cenan los tres en el restaurante Asador Donostiarra de Madrid. Luego el dirigente socialista les invita a pasar unos días en el hotel Rumaikyya de Sierra Nevada, adonde van a esquiar juntos con sus familias.

En aquellos momentos el Gobierno de González estaba acosado por diversos problemas: el asunto de los GAL, el terrorismo de Estado con el que se había combatido a ETA a comienzos de la etapa socialista; el caso Filesa, es decir, la trama de financiación ilegal del PSOE mediante el cobro de un «impuesto revolucionario a las empresas» al estilo del PSF; las escuchas telefónicas a altos cargos del Estado y al mismísimo Rey... Felipe González estaba contra las cuerdas. A todo ello se unía el distanciamiento y el enfrentamiento visceral entre Felipe González y su «segundo» Alfonso Guerra, vicepresidente del ejecutivo, que estaba de «oyente» en el Gobierno, como él mismo decía. La aparición en la prensa, meses antes, del Caso Juan Guerra, una trama ilegal de cobro de comisiones montada por el hermano del vicepresidente desde la Delegación del Gobierno en Sevilla, y el poco interés demostrado por el PSOE para defender al vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general de la formación política de la calle de Ferraz, había ensanchado el foso entre los dos dirigentes sevillanos, en otro tiempo amigos.

Felipe González, ajeno a los problemas del país, refugiado en la política exterior y convertido en un agricultor de postín dedicado a cuidar un jardín de bonsáis que había hecho plantar en La Moncloa, estaba aislado no sólo de la sociedad, sino de todos sus ministros (no se ponía al teléfono), y el PSOE estaba bajo mínimos.

La ausencia de Felipe González de la vida política de la nación, que había dejado de ilusionarle tras cuatro mandatos, había convertido el partido en una jaula de grillos. Para poner orden en aquel revuelto patio de monipodio, donde lo importante era el enriquecimiento personal, Narcís Serra había sido sacado del Ministerio de Defensa y trasladado con urgencia a La Moncloa para que se encargara de la vicepresidencia. Ayudado por su jefe de Gabinete, José Enrique Serrano, había iniciado un tímido proceso de renovación del PSOE, pero esto había agravado aún más las cosas. Con la formación política dividida entre guerristas y renovadores, en dos facciones irreconciliables dispuestas a apuñalarse mutuamente, y los guerristas, que tradicionalmente habían copado los aparatos de Finanzas, Organización y Electoral del partido atrincherados en sus puestos y en las federaciones socialistas de Madrid, Extremadura y Andalucía, nadie daba un duro por el PSOE en las próximas elecciones.

Y es que había surgido una fuerte competencia en las urnas. Tras celebrar en Sevilla el congreso de su refundación, inyectando gente joven y sangre nueva en sus filas, con un secretario general como Francisco Álvarez Cascos dispuesto a impedir la formación de camarillas y a fulminar cualquier disidencia interna disolvente, la antigua Alianza Popular, bautizada ahora como Partido Popular, se presentaba por primera vez como un grupo sólido y cohesionado, como una verdadera alternativa de poder con capacidad para ganar los comicios siguientes.

En este contexto, a comienzos del año electoral de 1993 la única salida posible para el PSOE era la de bajar del limbo en que estaba instalado, tomar contacto de nuevo con sus bases sociales, con sus electores, y asumir ante ellos el compromiso de que iban a poner coto a la corrupción y a poner en marcha un verdadero programa de regeneración democrática. El único inconveniente que tenía esta estrategia es que puesta en boca de Alfonso Guerra González, José María Benegas, Felipe González Márquez, Narcís Serra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Carlos Solchaga, Manuel Chaves, Francisco Fernández Marugán, José Barrionuevo Peña y otros muchos dirigentes socialistas, otrora carismáticos, no era creíble.

La regeneración democrática, el cambio del cambio, la decisión de levantar las alfombras del Estado y echar a los corruptos por la puerta grande y a patadas para que se instalara el aire fresco y vivificante, sólo podía ser encarnada por gente nueva, no contaminada por los malos hábitos de la formación política, a poder ser personas independientes, con cierto prestigio y carisma en la sociedad y, sobre todo, con fama de incorruptibles.

La única persona que reunía ante la opinión pública todas esas cualidades —muchas de ellas mera fachada, pero al fin y al cabo era percibido como tal por la sociedad— era un individuo de Torres (Jaén), juez instructor en la Audiencia Nacional: Baltasar Garzón Real.

—¿Te apetecería conocer a Felipe González? —le preguntó un día José Bono, en una de las comidas que celebró con él en compañía siempre de Ventura Pérez Mariño.

—Conocer al presidente del Gobierno, tratarle de cerca, saber lo que piensa, siempre es interesante —replicó Garzón.

Bono le explicó entonces su idea. En los Montes de Toledo había una finca del Icona, Quintos de la Mora. De vez en cuando Felipe González solía aparecer por allí solo, sin mujer ni hijos, para escaparse de la reclusión voluntaria de La Moncloa y recluirse todavía más para dedicarse a la vida contemplativa y al cuidado de las encinas y los alcornoques.

El presidente de Castilla-La Mancha solía conocer aquellos viajes con dos o tres días de anticipación. Y cuando González no estaba de un humor de perros, decidido a encerrarse más en su concha de caracol, algo cada vez más difícil en aquella etapa, solía organizarle encuentros con gente del mundo de las ciencias, las artes, la judicatura, los sindicatos y el profesorado universitario.

—Vaya, gente como Ventura y como tú —concluyó Bono, un individuo caracterizado por su permanencia en el poder y su tremenda egolatría, que le llevaba a regalar relojes a los periodistas y a sus electores, a invitar a muchos de ellos a pasar unos días en los paradores de Castilla-La Mancha e incluso a editar libros perfectamente encuadernados sobre sí mismo y sus virtudes como gobernante que regalaba a todo el mundo.

—¿Queréis que os tenga en cuenta en la próxima reunión? —inquirió Bono.

—Bueno. Haz lo que creas más conveniente.

Felipe González acababa de llegar de un viaje por China y la India, lugares donde se sentía como «pez en el agua» hablando de los problemas internacionales que servían para que los líderes mundiales mostraran sus conocimientos y la imposibilidad de resolverlos. Baltasar Garzón seguía en la Audiencia Nacional tratando de instruir la Operación Nécora.

Lo previsible era que tras un viaje tan largo la «reunión de Quintos de la Mora» se aplazara por lo menos hasta la semana siguiente, pero no fue así. El sábado 27 de febrero Felipe González, el Number One, el «Dios» del PSOE, esperaba en la finca del Icona a Baltasar Garzón para que le hiciera de ángel de la guarda y le ayudara a proteger de sus adversarios políticos ese coto que creía suyo para siempre: el poder.

En contra de lo que se ha escrito, no fue una reunión vis a vis. El presidente de Castilla-La Mancha, que hacía de anfitrión, había invitado además a Ventura Pérez Mariño, al abogado Gregorio Marañón, al pintor Antonio López —el mejor retratista de Madrid del siglo XX— y al dirigente de Greenpeace Xavier Pastor, además de a algunos otros personajes de la política local.147

Como en todos los encuentros de aquella época, en un gesto de prepotencia y de deliberada mala educación, en lugar de hablar del exterminio de las ballenas, la atmósfera especial de los cuadros de Antonio López o la política antiterrorista, González tomó la palabra para situarse en las antípodas de sus invitados. Y lo hizo para hablarles de China y su despertar al mundo capitalista, como si todos estuvieran en los secretos de la alta política y pudieran seguir una conversación de ese calibre.

Según ha relatado Garzón en algunos foros —y con él coinciden algunos otros personajes asiduos de la Bodeguiya—, era una pose estudiada, ensayada una y mil veces por el presidente del Gobierno para no aparecer ante sus semejantes como un personaje mortal, de carne y hueso, e incentivar el «culto a la personalidad» en los demás, ajenos a los secretos de las grandes cuestiones que mueven el universo. «Qué bien habla Felipe, qué listo es el condenado, qué nivel de información maneja el puñetero».

Esta afición a estar por encima de los demás, a creerse superior en todos los ámbitos, a hacer lo que le diera la gana sin que nadie le pidiera cuentas, también la cultivaba Garzón no sólo subiendo y bajando las escalinatas de la Audiencia Nacional como una estatua de sal, con su maletín verde cargado de «secretos de Estado», sino en otros ámbitos. Así que ambos personajes, procedentes de familias humildes y hechos a sí mismo los dos, acabarían compenetrándose desde el primer momento.

Tal vez por eso, por la campechanía y la visión directa que tenían los dos a la hora de abordar las cosas, González, instalado desde hacía tiempo en el Olimpo, le toleró sólo a él que le cantara las verdades del barquero, que le dijera en su cara lo que no se atrevía a contarle ningún miembro de su cohorte de aduladores, los barones del partido, a los que ni siquiera contestaba al teléfono cuando le llamaban a La Moncloa aunque España estuviera ardiendo por los cuatro costados.

En aquella conversación Garzón habló a calzón quitado. Expuso la falta de credibilidad política de los gobernantes, la catarata de escándalos de corrupción que lo inundaba todo y el alejamiento cada vez más acusado de los gobernados de sus dirigentes, a los que sólo conocían por la televisión y cuando los veían pasar en la distancia, atrincherados en sus coches oficiales, como seres intocables e inaccesibles, con las sirenas a toda pastilla y atropellando a todo el mundo, incluidos sus propios electores.

—Es necesario bajar a la arena política y torear más de cerca, estar en contacto con la gente, sentir sus problemas y preocuparse un poco menos de lo que ocurre por ahí fuera, aunque también sea importante —aventuró Garzón.

González encajó las críticas a regañadientes, farfullando y maldiciendo entre dientes. Estaba de acuerdo con el superjuez, sin embargo, en que tras los últimos once años de gobierno había que recuperar de nuevo la ilusión, lanzar mensajes nuevos a la sociedad y plantear un programa de regeneración democrática. Sólo así se podía recuperar la confianza de las clases medias, de esos votantes anónimos a los que sólo les interesa la política en la medida en que puedan irse de vacaciones, mandar a los niños al colegio, cambiar de coche cada cierto tiempo y pagar, aunque sea con estrecheces, la hipoteca de la casa.

—Si no limpias el partido, los escándalos te van a explotar en las manos —le dijo.

González era partidario de dejar actuar antes a los jueces, no fuera que le pasara como en el caso de Demetrio Madrid, quien tras ser expulsado del PSOE de Castilla y León por un caso de corrupción mínimo, resultó absuelto.

—Pues, si es así, se le abren de nuevo las puertas del partido y se le premia. Pero en política hay que actuar políticamente y expulsar a los corruptos.

Al final, tras aquel encuentro, tras hacerse todos juntos unas fotos ante la puerta del cortijo de los Quintos de la Mora, donde habían almorzado y arreglado el mundo en cuatro o cinco horas, se despidieron con un apretón de manos y Ventura Pérez Mariño y Baltasar Garzón regresaron a Madrid.

Abandonado por Alfonso Guerra, al que sólo veía en los Consejos de Ministros —como al resto del gabinete salvo a Narcís Serra—, Felipe González quedó en la soledad de aquel viejo caserón, rumiando sobre todas aquellas cosas que habían hablado. «¿Sería la salvación del PSOE dar cabida en el partido a aquel grupo heterogéneo de gente, sin disciplina de grupo ni cohesión ideológica con sus compañeros, dispuesto a tirar cada uno por su lado, o constituiría un riesgo de incalculables proporciones, a añadir a los que venían padeciendo?».

El presidente del Gobierno tenía una mala experiencia. Apostó por una cierta regeneración política, dentro de los estrechos márgenes que le permitía el partido. Era la única forma de cambiar las cosas, al menos en apariencia, para que todo siguiera exactamente igual.

Hecho para actuar de correveidile, el ex miembro de la guardia de Franco en su pueblo de Salobre (Albacete), José Bono fue el encargado de sondear a Ventura Pérez Mariño y a Baltasar Garzón sobre la posibilidad de incorporarse a las listas del PSOE como independientes.

—Felipe está dispuesto a abrir el partido a gente independiente. Ha quedado impresionado con lo que le dijisteis el otro día. Os tiene por personas honradas, trabajadoras, dispuestas a arrimar el hombro, y le gustaría que fuerais en las listas en las próximas elecciones generales.

—¿Te ha dicho eso Felipe, con esas palabras?

—No, el presidente no me ha dicho nada. Pero sé que quiere abrir el partido a gente independiente. Y me consta también que confía en vosotros, que sois gente de izquierdas, del pueblo.

Bono hablaba en nombre de Felipe, como queriendo interpretar su pensamiento, pero sin comprometerle. Estaba claro que los dos habían hablado largo y tendido del asunto y que el presidente de Castilla-La Mancha se había ofrecido a tantear a los dos jueces como cosa suya, sin comprometer al Number One.

En aquella reunión, en el restaurante Lhardy de Madrid, a dos centenares de metros del Congreso de los Diputados, el ex dirigente del PSP les explicó que no iban a ser ellos solos. Estaban pensando también en otros candidatos, como Juan Alberto Belloch, Victoria Camps, Carmen Alborch, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis,148 Francisco Tomás y Valiente, Miguel Rodríguez Piñero y otros.

—Las relaciones con Alfonso Guerra son malísimas, como habrás comprobado. Necesitamos incorporar savia nueva para ir soltando poco a poco el lastre de los guerristas. Si no lo hacemos así, si no podemos contar con gente nueva como vosotros, es imposible que haya regeneración política.

Tras aquella entrevista, Garzón, dejándose llevar por su vanidad y su ceguera, dio un sí condicionado a que el partido se abriera en canal ante la sociedad, echara a los corruptos con cajas destempladas, apartara las manzanas podridas de las sanas, y así iniciar una renovación moral y ética que fuera percibida por toda la sociedad.

—Eso está hecho porque es lo que quiere el presidente —replicó Bono, regalándole el oído.

Le ocultaba, no obstante, que la corrupción en el PSOE estaba más generalizada de lo que se sabía en la calle. No le dijo que todo el mundo con algo de poder tenía informes de los demás. Y no le advirtió de que no se podía echar a nadie a la calle, colocándole ante los caballos, porque sacaba sus papeles y arremetía contra el partido en general.

Echar a uno o dos barones, a alguien del Ministerio de Interior, significaba ni más ni menos que el partido entero se hiciera el harakiri en la plaza pública, como ocurrió con las últimas Cortes franquistas, y abriera las puertas del Gobierno de par en par a la oposición.

—Esta es una cuestión de cojones. Aquí no se puede echar a nadie, hacer ningún tipo de limpieza, porque todo el mundo tiene cogido a todo el mundo por los cojones —le dijeron a Garzón.

El superjuez no era tonto y debía haberlo intuido. Sin embargo, cegado por la luz de las candilejas, por su superego sólo comparable a su extraordinaria vanidad, decidió ponerse una venda en los ojos y echarse en los brazos del hombre al que más había odiado en su vida, el que más obstáculos le había puesto en su carrera de juez.

Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente de la Presidencia del Gobierno, y los sondeos de periódicos y revistas le situaban como uno de los personajes más populares de España. Estaba claro, por tanto, que Felipe González no pretendía incorporar al partido al juez implacable y justiciero, sino su aspecto más frívolo y efímero, el de la popularidad que le permitía llevar unos años en la cresta de la ola.

Conviene ahora hablar de otro personaje importante en esta obra. De origen humilde, nacido en Villanueva del Arzobispo (Jaén), ex policía nacional, antiguo ordenanza del Banco Central y abogado en ejercicio desde los cuarenta años, Manuel Medina González es un individuo sin duda excepcional.

Con despacho abierto en Madrid, Jaén, Barcelona, Sevilla y Sao Paulo (Brasil), se considera amigo de Baltasar Garzón, al que recibía en su cortijo de Los Matigüelas.149 Escritor prolífico, ha dedicado un capítulo al superjuez, al que califica como «su hermano del alma» en su último libro La conquista de la vida, distribuido por todo el mundo pero de difícil adquisición en España.150

El 25 de abril de 1993, el hombre que veía amanecer le convoca junto a su mujer, Amelia, al inspector del Consejo General del Poder Judicial Tomás Sanz, también originario de Jaén, y a otras personas para consultarles sobre su paso a la política. La cena se celebra en el Asador Donostiarra de Madrid.

Admirador del equipo de jueces de Milán y Roma conocido como Mani Pulite, y especialmente de su principal dirigente, el comunista Antonio Di Pietro, que había dejado la judicatura para incorporarse a la política, Garzón estaba dispuesto a seguir el mismo camino, pero no a cualquier precio.

—Si quieren que me implique a fondo tienen que apostar fuerte. O voy de número dos de las listas por Madrid, justo después de Felipe González, o sigo en mi juzgado.

—Me parece bien. Si pretenden utilizarte para ganar las elecciones y para que les limpies el partido, que te den el puesto que te corresponde —le apoya Medina, siempre a su lado en los momentos difíciles.

—No, Manolo, te equivocas. Yo no quiero ningún cargo. A la larga sé que eso me dará más fuerza —replicó Garzón.

A Araceli Manjón, juez sustituta de la Audiencia Nacional y amiga personal por entonces, a Ventura Pérez Mariño y a otro grupo de amigos con el que se había reunido en el hotel Eurobuilding de Madrid para contarles sus planes la idea les parecía descabellada.

—De número dos. ¡Tú estás loco!

—Loco o no, voy a lanzarles un órdago a lo grande. ¡Que se mojen!

Habitualmente, Alfonso Guerra, Carmele Hermosín y Luis Yáñez Barnuevo encabezaban las listas electorales por Sevilla; Eduardo Martín Toval, Narcís Serra, Jordi Solé Tura y Josep Borrell por Barcelona; José María Benegas era el candidato in pectore de Vizcaya. En cuanto al cartel electoral de Madrid, era el más solicitado, ya que suponía estar cerca del líder. Javier Solana Madariaga, Joaquín Almunia, José Acosta, José Barrionuevo Peña, Carmen García Bloise (hasta su muerte), Máximo Rodríguez Valverde y Carlos López Riaño eran «fijos» de esa plancha. Todos ellos eran instituciones en el PSOE, a las que nadie se atrevía a cuestionar.

—¿Tú crees que Felipe se va a enemistar con todos sus amigos para colarte a ti en la cabecera de lista, justo después que él? —le preguntó Ventura Pérez Mariño, que veía más bien a Garzón abriendo listas por Jaén, su provincia, junto a Rosa Conde.

—Hombre, sólo faltaría que me pusiera después de Barrionuevo. ¡Eso sí que sería una afrenta para mí que no voy a tolerar!

Poco después se produce la entrevista en La Moncloa, donde Felipe González acepta el envite. Garzón irá de número dos de las listas, lo que en el lenguaje de la mercadotecnia significa, ni más ni menos, que el partido del cambio está dispuesto a barrer su casa y a acabar con los corruptos.

Tras sacarse unas fotos paseando por los jardines de La Moncloa para repartirlas esa misma tarde a la prensa, tocado en el talón de Aquiles de la vanidad, el juez estrella acaba de vender su honradez y su marca de hombre incorruptible para que el «partido de los corruptos» se perpetúe otros cuatro años en el poder.

Cuenta el periodista Miguel Ángel de la Cruz en su excelente libro Garzón, la ambición de un juez, que a aquella entrevista de La Moncloa el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 había acudido armado con su maletín sobre los GAL.

¿Estaba dispuesto Garzón a vender su carrera política por un plato de lentejas que ni siquiera eran las de Mona Jiménez?151 De la Cruz agrega, sin que nadie lo haya desmentido: «Lo que el magistrado guardaba en su interior era peligroso para González. Era una bomba preparada y dispuesta para explotar en cuanto se le dieran los últimos retoques a su "detonador judicial"».

El 27 de abril, tras salir de La Moncloa convertido en el candidato-estrella del PSOE, habla en el hotel Villa Magna de Madrid con el periodista Carlos Carnicero:

—¿Sabes que Felipe González te está utilizando para ganar las elecciones?

—González no me puede engañar porque él sabe todo lo que yo sé [sobre los GAL] —replica el juez, consciente de su poder y de que no hay posibilidad alguna, ni remota, de que le zascandileen o le dejen tirado.152

Aunque no parece muy probable que el juez estrella hubiera enseñado antes de tiempo sus cartas a González, salvo para demostrarle que el caso GAL estaba enterrado con la documentación que obraba en autos, De la Cruz aporta otro dato interesante. En su última entrevista con Bono, le había sugerido: «¿Oye, y por qué en lugar de ir de número dos de la lista de Madrid no voy de número uno?». La idea es que González se presentara de número uno por Sevilla, acabara con Alfonso Guerra, y matar así dos pájaros de un tiro.153

Sea cierta o no la anécdota, lo que pensaba la mayoría de los asistentes a las reuniones de La Moncloa, Quintos de la Mora, Lhardy y otros puntos de encuentro, es que el «superjuez» se sentía tocado por los dioses y se veía a sí mismo como el delfín del Number One, sin ser consciente del visceral odio que sentían hacia él amplios sectores del Partido Socialista, desde Juan Alberto Belloch, otro llamado a suceder a González, hasta José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera y un largo etcétera de dirigentes.

El 28 de abril de 1993 el diario El Mundo abría su portada señalando la marcha de Baltasar Garzón al campo de la política para formar parte del pelotón del partido de los corruptos. En su editorial, titulado «Garzón tenía un precio», el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez se despachaba a gusto con el díscolo juez: «Los más escépticos sobre la condición humana suelen decir que toda persona tiene un precio. Desde ayer ya sabemos con pena y bochorno que el juez Garzón sí lo tiene», editorializaba el periódico de la calle de Pradillo. «Garzón ni siquiera ha tenido el pudor de hacer una transición gradual entre el ejercicio de sus funciones como magistrado y su explotación publicitaria como candidato. El rayo divino le ha derribado del caballo en plena Operación Pitón, en las antevísperas de las elecciones generales. ¿Qué dirían los italianos si, después de todo lo ocurrido, el juez [Antonio] Di Pietro compartiera el cartel electoral con [Bettino] Craxi o [Giulio] Andreotti?154 Probablemente lo arrojarían al Tíber vestido de farsante. En España no sucederá ni eso, porque la historia ha vacunado ya a nuestra débil sociedad civil contra cualquier espanto. Pero hacía tiempo que un hombre solo no hacía tanto daño a la salud moral de tantos otros».

Para muchos de los oyentes del programa La mañana, dirigido entonces en la COPE por Antonio Herrero, o para los lectores de El Mundo y Diario 16, la espantada del juez de Torres era algo más que una traición a toda una serie de principios y lealtades con la democracia y los valores constitucionales, encarnados en el magistrado más apreciado y encumbrado de España. «Al pasarse a la política por un efímero puesto número dos en la lista de Madrid, o tal vez por un ministerio, Garzón se ha dejado utilizar por el PSOE para tapar con un manto de honradez la corrupción socialista».

Eran momentos en los que la opinión pública estaba conmocionada por la noticia y le llovían peticiones de entrevistas de todas partes, que él rechazaba amablemente «porque antes tengo comprometida una con Luis del Olmo», al que también había consultado su decisión. Sin embargo, su compañero y entonces amigo Joaquín Navarro Estevan logró llevarlo a la SER, donde colaboraba, para que le entrevistara Iñaki Gabilondo. «Quería comentarte que Garzón me ha dejado impresionado. Parece que piensa que va a ser él el presidente del Gobierno y que no será el jefe del Estado porque estamos en una monarquía», le comentaría poco después de salir en antena Gabilondo a Navarro Estevan, ya fallecido.

Las críticas a su actitud le llovían por todas partes. «Muy mal debe de andar el PSOE para que entre Garzón. Quien quería sentar en el banquillo a Barrionuevo va a acabar junto a él en la foto», señaló el diputado Luis Ramallo. Jon Idígoras, de HB, proclamó: «La tan cacareada independencia del poder judicial no es más que mera caricatura. Los jueces no son una excepción para acceder al pesebre político y prestarle sus servicios». «Me parece que Felipe no necesitó emplear sus dotes de seducción para convencerle», apuntilló con su gracejo andaluz Carmen Romero, la esposa del mismísimo presidente del Gobierno.

La misma tarde de su nombramiento como candidato del PSOE por Madrid, Garzón y Carlos Bueren acudieron a Córdoba a dar una conferencia en la Facultad de Derecho a los alumnos del Instituto Universitario de Criminología, dependiente de la Universidad Complutense. Tras el acto, acudieron a cenar a casa de J. P., jefe de Seguridad de Cajasur y consejero delegado del diario Córdoba. «Aunque en la vida se inicien otros caminos, uno no deja de ser el mismo», dejó escrito Garzón en el libro de visitas de la familia.

El que durante un año sería el «botafumeiro de Felipe», en palabras de Jaime Campmany, se cree tocado por el firmamento entero y no deja de creerse todo lo que le dicen. «Baltasar, el CIS ha hecho sondeos de votos, y en la encuesta de popularidad sales tú el número uno, por encima de Aznar y por encima incluso de Felipe, al mismo nivel que el Rey. Lo dará El País el 30 de mayo con la portada dedicada a ti», le suelta un día Bono, en plena campaña. La encuesta, sin embargo, nunca se hizo pública, decisión que el superjuez atribuye a las malas artes de Alfredo Pérez Rubalcaba y del mismísimo Felipe González.

—Este tío no viene a regenerar el partido. Lo que quiere es echarnos a unos pocos para luego heredarlo.

La advertencia se la hicieron a Felipe González poco después de la Semana Santa de 1993 en el despacho del ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.

—Ya lo he captado. Habrá que atarlo corto.

La primera norma, antes de que se pusiera en marcha la campaña electoral, era que los dos candidatos no dieran mítines juntos, salvo el de cierre de campaña en la Casa de Campo de Madrid, para que uno no solapara al otro. La realidad era otra. El PSOE no estaba dispuesto a que Baltasar Garzón apareciera ante la opinión pública como el sucesor in pectore de González. Por eso para el primer acto electoral lo mandaron a Albacete, donde compartió cartel con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y su «padrino de bautizo», el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

El mitin inaugural se celebró en el polideportivo Rabo de la Sartén, ante unas 5.000 personas, jubilados en su inmensa mayoría. Según la crónica del corresponsal de El País Luis Mauri, durante el acto el superjuez estuvo «con semblante serio, diríase que circunspecto: ahora juntaba las manos, ahora las separaba, luego cruzaba las piernas, al instante las destrababa, se acariciaba una ceja, se frotaba la frente, consultaba los apuntes y no concedía a sus labios ni una leve sonrisa».

Vestido con una chaquetilla príncipe de Gales, taleguilla azul marino y corbatín de espuelas entrecruzadas, cuando tuvo que salir al ruedo proclamó: «Los corruptos tienen que ser desterrados de la política». Narcís Serra no sólo ratificó su afirmación, sino que fue más allá. «Los que se han acercado a la política para aprovecharse de ella, ya saben dónde está la puerta de salida», anunció el catalán. Al abandonar el polideportivo, una charanga tocaba Se va el caimán...155

Al igual que en Albacete, el resto de la campaña electoral lo tuvieron pateando plazas de segundo orden casi hasta el día mismo del cierre de la campaña. Así y todo, González lo trató siempre de una forma especial. Incluso en el debate celebrado en Antena 3 frente a su contrincante del Partido Popular, José María Aznar, poco antes de las votaciones, tuvo un gesto con él.

—¿Qué hará usted si gobierna otra vez para combatir la corrupción? —le pregunta Aznar.

—Pues, precisamente, he encargado al ex juez Baltasar Garzón y número dos por Madrid que presida una comisión parlamentaria para investigar la corrupción política.

Eso no era lo hablado. Cuando Garzón fue a recriminarle al presidente el «desliz», este le da una larga cambiada y le dice que lo del impulso democrático y lo de la regeneración del partido y las instituciones es un compromiso que va a cumplirse y que cuenta con él para ello.

En el mitin de cierre, en la Casa de Campo, aquel 4 de junio de 1993, Garzón estuvo retador, convincente, y se metió al público en el bolsillo. Al subir al estrado para cerrar el acto, González le dio un abrazo ante la concurrencia. Y le susurró al oído:

—Como sigas así en cualquier momento vas a hacerme sombra.

Era un halago, pero también un reproche de quien se creía Dios y estaba convencido de que nadie podía arrebatarle el liderazgo del partido.

Discreta calle madrileña, ni céntrica ni arrabalera. El visitante oprime el portero automático. Ningún signo identifica al usuario de la vivienda. «Hola, soy Fulanito, venía a entrevistar a Baltasar. La consigna funciona, la puerta se abre. El interior del piso rezuma improvisación. Paredes blancas recién pintadas. Bombillas desnudas. Escueta cocina detrás de un biombo. Mobiliario gris de oficina. Batería de teléfonos. La secretaria se confiesa aterrorizada por la presencia de policías en la calle y teme que se difunda la ubicación de esta oficina. Dos despachos, baño, minicocina y un patio interior suman unos 60 metros cuadrados». Bajo el título «El zulo de Garzón», de esta manera tan esquemática y concisa describía el periodista Francisco Mercado en El País la que era la oficina electoral del número dos del PSOE por Madrid, Baltasar Garzón Real, que compartía con su colega Ventura Pérez Mariño.

El piso ocupaba el primero izquierda del edificio número 6 de la calle de José María de Castro, una callejuela de apenas 300 metros de longitud en el distrito de Cuatro Caminos, entre la avenida del General Perón y la calle de Bravo Murillo. El apartamento está situado en la esquina con la calle de Ávila, justo enfrente de la antigua sede de la Falange.

Si el periodista se hubiera equivocado de piso al llamar al telefonillo, tal vez se hubiera encontrado con una sorpresa, porque algunos de los apartamentos del inmueble y de los colindantes156 eran, y muchos de ellos siguen siendo, viviendas de mujeres de vida alegre camufladas con algún oficinista soltero o alguna extranjera de paso por Madrid.

La oficina del número dos del PSOE por Madrid guardaba un secreto mucho mayor. Hasta dos semanas antes de convocarse las elecciones generales de junio de 1993 había sido uno de los pisos francos del CESID —«nuestros pisos de la calle del General Perón», decían los agentes—, donde el jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, el comandante José Luis Cortina Prieto, celebraba sus reuniones clandestinas con espías de otros países y con infiltrados en grupos terroristas y golpistas. «El hecho de que toda la calle estuviera llena de casas de citas clandestinas facilitaba las cosas, ya que el trasiego de hombres era incesante», recuerda uno de los agentes que utilizaban ese lugar para realizar sus contactos con la Casa.

Jorge Manrique, que acababa de ser nombrado abogado de José Amedo y Michel Domínguez, y que se entrevistó en varias ocasiones allí con el superjuez, recuerda también el aspecto tétrico y cutre del inmueble. «La falta de cuadros en las paredes, de una simple estantería con libros, de muebles, salvo las dos mesas y cuatro o cinco sillas, revelaban que aquello no había sido nunca una oficina, sino un piso franco de algún servicio», narra al autor. En aquel inquietante zulo se reunió el ex juez varias veces con el que sería su equipo de colaboradores en el Gobierno, «donde iba a ocupar un importante cargo»: los policías Enrique García Castaños y Gabriel Fuentes, el miembro de la Inspección Fiscal Tomás Sanz, la profesora de Derecho Araceli Manjón y alguna otra persona.

Al día siguiente, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, y algún alto cargo tenían las transcripciones de las conversaciones sobre la mesa. «Mientras sea ministro del Interior no voy a permitir que se desgajen unidades de la policía para satisfacer las pretensiones de Garzón», llegó a anunciar Corcuera sin que el juez hiciera públicos sus planes. «Lo dejé claro el mismo día de su toma de posesión en un acto público», contó Corcuera al autor años atrás.

Como era de esperar, en el PSOE y el Gobierno, unos por una razón y otros por otra, todo el mundo le recibió de uñas. Nadie se creía eso del «impulso democrático» y, mucho menos, que viniera a imponerlo un señor de fuera, alguien que «no era de los nuestros», a costa de cortarle las cabezas a unos cuantos para catapultarse al estrellato en el partido y, desde allí, a la Presidencia del Gobierno.

Nadie le perdonaba que hubiera encarcelado a Amedo y a Domínguez, y José Luis Corcuera, José Barrionuevo, Rafael Vera, Eligio Hernández, el equipo al completo del Ministerio del Interior y la Fiscalía, amenazaban con marcharse a su casa si le daban algún cargo político con poder. El primero en plantarse fue José Barrionuevo Peña, el primer ministro del Interior del felipismo. Se lo dijo cara a cara al presidente del Gobierno sin cortarse lo más mínimo.

—Si le das un cargo a este tío yo dimito.

—Pues hazlo. Así me ahorras que tenga que pedírtelo.

—Yo me voy, es cierto. Pero tú te vas conmigo.

También en el Ministerio de Justicia se le temía más que a un nublado. La posibilidad de que el juez estrella tuviera mando directo sobre los fiscales o se pusiera a cambiar el Código Penal por su cuenta incrementando las penas por cohecho, tráfico de influencias o información privilegiada era algo impensable. Suponía la condena automática del aparato de finanzas de Ferraz y de las comunidades autónomas.

En este contexto de viejas vendettas por resolver y de odios africanos instalados en el poder, el presidente del Gobierno carecía de margen de maniobra para operar. Y Garzón, que no había dado el paso de meterse en la política para servir de culoparlante y aprieta botones al PSOE, estaba que se subía por las paredes. Narcís Serra, desde la vicepresidencia del Gobierno, trató de buscarle una salida.

—Te vas a encargar del Plan Nacional contra la Droga.

—Pero eso es una dirección general y está en Asuntos Sociales. Yo no he venido aquí a dispensar metadona a los heroinómanos. Se me había prometido algo más resolutivo, la lucha contra la corrupción y el impulso democrático del Gobierno.

—¡Ah!, por eso no te preocupes. Mañana mismo le cambiamos de rango y te nombramos secretario de Estado del Plan Nacional contra la Droga. Luego, poco a poco, vamos ampliando las competencias.

El 19 de octubre de 1993 Baltasar Garzón Real comparecía ante la comisión del Senado encargada de estudiar el problema de la droga, que presidía el senador socialista canario Antonio Martinón Cejas. Lo hacía a petición propia, como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con el objeto de presentar la memoria del organismo correspondiente al año anterior. El hombre que como titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se había dedicado a perseguir con dudoso éxito a los traficantes de estupefacientes se limitó a decir obviedades: «En la última década ha descendido la tasa de utilización de derivados del cannabis y de la heroína y el número de drogadictos por vía parenteral. En cambio, aumenta el consumo de cocaína y, lo que puede ser más preocupante, se produce un aumento en el consumo de las drogas llamadas vulgarmente de diseño».

En su primera comparecencia ante el Senado, Garzón hizo hincapié también en el incremento del uso de las drogas legales, especialmente del alcohol, entre la población joven, señalando que el 60 por ciento de los españoles de trece años confesaba haberse emborrachado alguna vez y que el 70 por ciento se convertirían en bebedores habituales.

A continuación, el hombre que estaba acostumbrado a contar sus batallas como juez justiciero frente a los terroristas más violentos a auditorios universitarios y estudiantiles, donde se le trataba casi como a un héroe, explicó el incremento del sida en España y sus relaciones con el uso de las drogas en grupos marginales.

Cuando llegó el turno de las preguntas, se llevó la gran decepción de su vida. Los representantes del grupo mixto, Coalición Canaria, Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco y otros, todos ellos parlamentarios de segundo nivel, se habían ausentado de la sala.

Lo que más indignó a Garzón fue, sin embargo, que el propio PSOE enviara como portavoz a la comisión a uno de sus más oscuros parlamentarios, un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Éste, en lugar de apoyar su gestión, dedicó la mayor parte de su tiempo a elogiar la labor de su antecesor, el ex gobernador civil de Álava, Jesús García Villoslada, que sería investigado años más tarde por uso indebido de los fondos reservados. Estaba claro que el partido entero, incluido hasta un insignificante diputado de León desconocido de todo el mundo, se dedicaba a ningunearle sin piedad.

Durante el año escaso que había estado en el PSOE le habían tratado peor que a una colilla que se arroja al infecto basurero de la historia. Todos los ministros le daban la espalda y ninguno le quería tener a su lado. Primero le habían colocado en un modesto despacho del Ministerio de Sanidad y Consumo, bajo la dirección de la ministra Ángeles Amador, con la que no se entendía ni le recibió jamás a lo largo de su mandato con Felipe González. Tenía una sola cosa positiva: el ministerio se hallaba en el Paseo del Prado, a escasos centenares de metros del Congreso de los Diputados, y podía estar en uno y otro sitio casi a la vez.

Allí se le dio a Garzón un minúsculo despacho, pero se le negaron todos los medios. Además, la ministra Amador concebía la lucha contra la droga como una labor asistencial propia de su departamento, mientras el juez universal se veía al frente de un Séptimo de Caballería moderno persiguiendo a los narcotraficantes y a las grandes mafias de lavado de dinero negro por todo el mundo.

—Yo no he entrado en política para repartir metadona y jeringuillas —protestó, nada más observar el panorama que le esperaba.

Garzón protestó a Felipe González. El presidente del Gobierno hizo algunas indagaciones y verificó que nadie quería tener al superjuez bajo sus órdenes, ni siquiera verle cerca. Al final convenció a la ministra Cristina Alberdi, que venía del mundo judicial, para que le acogiera en su seno.

Tampoco fue aquel un camino de rosas. A Alberdi no le importaba demasiado el Plan Nacional contra la Droga porque tenía otros muchos asuntos a los que dedicarse. Con ella tuvo sonados enfrentamientos. La ministra se negaba a incluirle incluso en el organigrama, ya que el subsecretario del departamento, Santiago Torres, no le tenía en gran estima y pensó incluso en ponerle un despacho en el pasillo.

Garzón protestó de nuevo a Felipe González por estar de prestado en un ministerio donde tampoco querían tenerle en el escalafón y en el que no tenía espacio físico para meter a sus colaboradores. El presidente lo comentó sarcásticamente en un Consejo de Ministros:

—No sé qué quiere este tío. Le he dado la posibilidad de controlar el Plan Nacional contra la Droga, lo que de facto le da competencias en cinco ministerios, y aún me pide más.

En su afán de desactivarlo, de anular su capacidad de maniobra, tras tenerle medio año en barbecho, de brazos cruzados, le mandó a Interior a dirigir la lucha contra la droga y el crimen organizado. Allí sus enfrentamientos serían antológicos. Nada más presentarse al titular de la cartera, José Luis Corcuera, escuchó los planes mastodónticos que traía de crear una superpolicía autónoma, desgajada del organigrama del ministerio, la más capacitada de Europa, y ponerla bajo sus órdenes.

El ministro se dio cuenta enseguida de que aquello era un auténtico disparate. Garzón pensaba que España era el país de Alí Babá y los cuarenta ladrones y él Robin Hood, Superman o el Hombre Araña o los tres al mismo tiempo, y decidió cortarle las alas.

—¿Y con qué presupuesto vamos a hacer todo eso? —le preguntó.

—Tendrás que habilitar las partidas presupuestarias correspondientes.

—No, eso no. No sabes lo complicado que resulta modificar los Presupuestos Generales del Estado. Yo te doy el dinero de las multas de tráfico y tú te administras como puedas. No tienes que justificarme gastos ni nada por el estilo.

Fue la puntilla que le faltaba a Garzón: Felipe González y el Gobierno pretendían que combatiera la corrupción con cargo a una partida opaca que nadie controlaba. Su decepción fue absoluta.

El diputado del Partido Popular, Gonzalo Robles, se lo echó en cara en una de sus comparecencias en el Congreso de los Diputados: «El 30 de julio de 1993 fue usted nombrado delegado del Plan Nacional con rango de secretario de Estado. Entonces el Plan estaba ubicado en el Ministerio de Sanidad y tenía un director general, el señor [Antonio] Falcón, que ejerció durante unos meses. El día 7 de septiembre de 1993 el Plan Nacional pasa del Ministerio de Sanidad y Consumo al Ministerio de Asuntos Sociales. El 29 de diciembre de 1993 el Plan pasa del Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio del Interior. El día 24 de enero es cambiado el director general y se nombra a Rafael Garrido Lestache. Y el día 8 de abril es cesado el señor Garrido Lestache y se nombra al señor Mejías director general del Plan. Es decir, en el periodo en el que usted se hace cargo de la Secretaría de Estado y del Plan Nacional, este ha pasado por tres ministerios y ha tenido tres directores generales distintos».

Pero, ¿qué era lo que quería realmente Garzón dentro del Gobierno? ¿Ser ministro, presidente? Nadie por esa época, salvo Felipe González, lo sabía a ciencia cierta.

Sus planes, en realidad, se habían fraguado en los Estados Unidos, en el periodo entre las elecciones generales del 6 de junio de 1993 y la toma de posesión de su escaño.

En ese intervalo, gracias a los contactos con la CIA del inspector García Castaños, el Gordo, Baltasar Garzón viajó a los Estados Unidos para conocer el funcionamiento interno del FBI, de la DEA, de la misma CIA, de la policía del Departamento de Hacienda y otras agencias.

De Estados Unidos regresó convencido de que la única forma de luchar contra la corrupción era creando una superpolicía, autónoma, desgajada del Ministerio del Interior, con unidades adscritas del Servicio de Vigilancia Aduanera, la antigua Brigada de Delitos Monetarios y una unidad de fiscales especializados. Todo ello debía funcionar con un mando único, con un presupuesto ilimitado para realizar su trabajo y que sólo rindiera cuentas directamente al presidente del Gobierno.

Para que la unidad fuera eficaz en su cometido de perseguir el crimen organizado, el blanqueo de dinero, el terrorismo de ETA, el narcotráfico y la corrupción política era preciso que dentro de esa unidad policial hubiera brigadas especializadas específicas, de policías y fiscales, en cada una de las ramas. Además, para las actuaciones inmediatas era preciso contar con una «brigada ligera» [sic] de policía judicial capaz de intervenir en asaltos y registros mastodónticos.

Sus planes representaban, ni más ni menos, que desguazar los ministerios de Justicia, Interior y Hacienda, desposeyéndoles de los elementos más valiosos, para crear una especie de Gestapo con plenos poderes contra el crimen organizado, algo exclusivo de los sistemas totalitarios.

El mando de esta superestructura policíaca le daría un poder muy por encima de los ministros que, como en los tiempos del franquismo, temían más al coronel de Estado Mayor, José Ignacio San Martín, el jefe del Seced,157 que al mismísimo Franco o a Luis Carrero Blanco, el responsable del invento.

Las miles de habladurías que han circulado desde 1993 hasta hoy acerca de si Garzón pretendía ser ministro e incluso sustituir a Felipe González en el poder cuando «se desgastara», tienen todas un punto de razón. «Mandando una unidad de élite dentro de la Policía, al igual que Lavrenti Pavlovich Beria, Sergei Nikiforovich Kruglov, Ivan Aleksandrovich Serov, los primeros jefes de la KGB, o de Heinrich Himmler, el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, más conocida como Gestapo, tendría un poder dentro del PSOE por encima de todo el mundo y la posibilidad de suceder a González», recuerda un alto cargo de Interior.

Claro que dentro del PSOE y en el Gobierno no había nadie que no supiera que Fernando Baltasar Garzón Real no estaba allí para hacerle un servicio al PSOE. Lo único que le movía eran sus ansias infinitas de poder, de sobresalir por encima de los demás al precio que fuera y pasando por encima de lo que fuera.

El presidente del Gobierno era consciente también de que poner en manos de una sola persona tocada por un cierto halo de mesianismo y justicierismo los elementos más valiosos de los organismos represivos de Interior, Hacienda y Justicia constituía un riesgo inmenso.

Pese a que presentía que no le iban a permitir llevar a cabo sus proyectos, durante el otoño de 1994 el superjuez se reunió en privado con los responsables de todos los grupos parlamentarios exponiéndoles su idea de convertirse en el primer «cruzado» europeo de la Era Moderna contra el Eje del Mal.

Si en noviembre de 1991, con unos pocos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Economía y Hacienda había apresado al pesquero Paco Inne con 10.000 kilos de hachís, y en octubre de 1992, con todavía menos medios y con la ayuda de su compañero Carlos Bueren detuvo a otras 14 personas, de un total de 38 implicadas, en lo que se llamó Operación Pitón, teniendo a su servicio a la Policía, a la Guardia Civil, al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Fiscalía Antidroga y a la Agencia Estatal Tributaria, sería peor que Franco: acabaría él solo con el PSOE.

La dimisión del ministro José Luis Corcuera el 18 de diciembre de 1993, al no aprobar el Gobierno una ley otorgando facultades casi ilimitadas a la Policía para allanar viviendas y detener a personas sin mandamiento judicial, permitió a Garzón un respiro. Su sucesor, Antonio Asunción Hernández, se mostró partidario de darle todas las facultades posibles para que pudiera poner en práctica sus planes.

Un hecho imprevisto, la fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, a Francia, llevó a Asunción a dimitir de su cargo el 30 de abril de 1994. Con Juan Alberto Belloch, otro juez con una ambición desmedida encaramado a las carteras de Justicia e Interior, la «era Garzón» estaba condenada a desaparecer.

«La droga, por su implantación y expansión es un hecho mundial, y por ello los problemas o consecuencias que esta realidad produce deben afrontarse desde una perspectiva global, que tenga en cuenta los distintos aspectos del fenómeno. Es preciso atender a la dimensión internacional del mismo, ya que no sólo se precisa reducir los efectos del consumo, sino también combatir el narcotráfico y el blanqueo de capitales como una de las manifestaciones más genuinas de la criminalidad organizada».

El 4 de mayo de 1994, Garzón comparecía por tercera vez ante el Senado para explicar sus planes de lucha global contra el narcotráfico. Allí añadió: «Consciente de que este tipo de criminalidad internacional exige una serie de respuestas de alcance equivalente, el Gobierno ha decidido que el organismo de coordinación política en todos los ámbitos lo sea también de coordinación operativa. En este sentido ha marcado las normas jurídicas necesarias para que la Delegación pueda llevar adelante este cometido con la finalidad clara de aprovechar todos los recursos humanos y materiales, coordinándolos y haciéndolos funcionar en una misma dirección».158

En este encuentro, a preguntas del diputado popular Gonzalo Robles Orozco, el ex juez Garzón explica que no sólo va a tener funciones ejecutivas sobre la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera en materia de drogas, sino que coordinará también a las policías autonómicas en este terreno y establecerá un plan de trabajo conjunto de jueces, fiscales y organismos internacionales para acabar con esta lacra mundial.

«El Gobierno tiene la convicción de que la implantación del crimen organizado, una de cuyas actividades principales es el tráfico de drogas, resulta una gravísima amenaza para nuestra sociedad e incluso para el propio sistema democrático. A ello se une el convencimiento de que la lucha contra la droga debe ser abordada globalmente, alcanzando todos sus aspectos, es decir, la prevención, la rehabilitación y la represión. Pero este tratamiento global requiere la coordinación nacional e internacional de todos los esfuerzos, cosa que, por lo que al aspecto represivo se refiere, no se venía dando con el grado de efectividad necesario».

Entre tanto, mientras él seguía de brazos cruzados, dando tumbos de un ministerio a otro, la corrupción campaba por sus respetos en las filas del PSOE y nadie tomaba una decisión para cortar de raíz aquella marea que parecía inundarlo todo.

El 19 de abril de 1994 se celebraba en la Carrera de San Jerónimo el debate sobre el Estado de la Nación. Ante los insistentes requerimientos de Baltasar Garzón de que cesara a José Barrionuevo y a Carlos Solchaga por el mal uso de los fondos reservados de Interior y el Caso Ibercorp, Felipe González le pidió que tuviera paciencia. Era el 18 de abril y González estaba preparando su discurso para el día siguiente cuando el juez estrella le hizo llegar por motorista su carta de dimisión. El presidente del Gobierno, alarmado ante lo que amenazaba con convertirse en otro escándalo, le llamó por teléfono.

—Espera a que hable mañana ante el Congreso y verás cómo cambias de opinión.

Sin embargo, el secretario general del PSOE no ofreció ninguna fórmula de regeneración ética ni la más leve crítica a los dirigentes de su partido implicados en casos de corrupción, escuchas telefónicas, malversación de fondos reservados o en la utilización de métodos ilegales para financiar al PSOE, como el Caso Filesa. La algarabía organizada en las bancadas ocupadas por los diputados del Partido Popular apenas permitían escuchar al orador, interrumpido infinidad de veces.

—¡Caradura! ¡Golfo! —gritaban algunos parlamentarios.

Sin apenas un minuto de tregua, González tuvo que ordenar a los disputados de su partido que dejaran de aplaudir. «Así, por lo menos, sólo se oirá el ruido de una parte de la Cámara».

—¡Fuera! ¡Fuera!

El abucheo era tan generalizado que el dirigente socialista tuvo que suprimir algunos párrafos de su discurso para poner fin al alboroto. Al final, su disertación dejó a todo el mundo en ayunas: pura retórica y ninguna solución.

Terminado el parlamento, un aplauso cerrado procedente de los escaños socialistas acogió el discurso de González. Las cámaras de televisión, ávidas en busca de la noticia, enfocaron a Baltasar Garzón. Era el único diputado que no había aplaudido la intervención del presidente. Desde su altanería, su soberbia y su actitud prepotente, la posibilidad de que Felipe González le perdonara un agravio semejante era nula. A partir de ese día el presidente no volvería a ponérsele al teléfono ni a contestar a sus llamadas.

Para Garzón, era el principio del fin.

Una de las consecuencias del debate fue la decisión del Gobierno de crear una comisión para investigar el Caso Rubio, una red de enriquecimiento ilícito que alcanzaba al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, al ex síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, y a otros dirigentes socialistas. Semanas antes, Felipe González había declarado que estaba dispuesto a poner la «mano en el fuego» por el gobernador del banco de España.

Sin embargo, la oposición exigía más. Al día siguiente, 21 de abril, la Cámara tenía que votar una propuesta del Partido Popular para crear una nueva comisión que investigara el Caso Filesa, la trama de financiación ilegal del PSOE mediante la extorsión a los bancos y a las grandes empresas del país, un asunto que podía llevarse por delante a su secretario de Organización, Guillermo Galeote, a José María Benegas, al senador catalán José María Sala y a buena parte del aparato guerrista del partido.

Esta segunda comisión daba de lleno en la línea de flotación del guerrismo, atrincherado en el Parlamento y en algunas comunidades autónomas tras la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno. Con la Cámara convertida en un circo, al presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se le ocurrió contraatacar y pedir el cese de Carlos Solchaga, recién elegido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, designado personalmente para el cargo por Felipe González. «Si a Mohedano se le cesó por una cuestión menor que esta, lo lógico es que Solchaga dimita».159

En medio del debate, el PSOE hizo suya la petición. Pero inmediatamente cambió de idea y se puso de acuerdo con Miquel Roca, portavoz de Convergencia i Unió, para votar una comisión descafeinada. En lugar de una comisión de investigación pretendían estatuir una comisión de estudio cuyos resultados no tenían carácter vinculante para la Cámara ni ocasionaban una «sanción política» a los posibles infractores de la Ley de Financiación de Partidos.

—¡Nada, que no quieren investigar la corrupción! —protestó Ventura Pérez Mariño, que acababa de enterarse del cambio de última hora en los pasillos del hemiciclo.

Ante el intento de descafeinar la comisión, los diputados independientes Ventura Pérez Mariño y Baltasar Garzón amenazaron con romper la disciplina de voto y apoyar la propuesta del Partido Popular. Incluso llegaron a pedirle a Rodrigo Rato, portavoz de los populares, que les indicara el número de su enmienda para apoyarla. Esta actitud les valió una reprimenda pública del secretario general adjunto del grupo socialista, Jesús Caldera.160

Aunque la situación era mala, aún era susceptible de empeorar todavía un poco más.

Victoria Camps, profesora de Ética de la Universidad de Valencia y senadora socialista «independiente», otro de los últimos fichajes de Felipe González, se ponía también en contra del Gobierno.

«Felipe González —declaró— está afrontando con lentitud, pocos reflejos y escasa decisión los graves escándalos de corrupción que sacuden al país. Para hacer frente a esta crisis, la más grave desde el 23-F, debería someterse a una moción de confianza inmediatamente».

Casi al mismo tiempo, el viernes 29 de abril, el presidente de la Generalitat de Valencia, Joan Lerma, y Baltasar Garzón acudían a la plaza de toros de Valencia para dirigirse a la juventud y hacer un llamamiento contra la droga durante un concierto del grupo de rock Loquillo y los Trogloditas. Con el coso a reventar, cuando los dos dirigentes del PSOE entraron en la plaza, la fiesta se convirtió en una monumental bronca en contra de los políticos.

—¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! —gritaban desde los graderíos.

El ambiente era similar al abucheo que meses antes había recibido Felipe González en la Universidad Complutense de Madrid, donde había ido a dar una conferencia y los estudiantes no le habían dejado hablar, hecho insólito hasta entonces. Con más moral que el Alcoyano, el número dos del Ministerio del Interior decidió ganarse a cualquier precio a la concurrencia, incluso a costa de laminar aún más la imagen del PSOE.

—Estaba seguro de que me ibais a recibir así, dado el estado general de cabreo que existe. Hacéis bien, ¡coño! Gritad, silbad, silbad más fuerte. Rebelaos contra la corrupción, las irregularidades y los comportamientos sucios.

—¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!

—Debéis protestar más, que hay causas para protestar. Vale más un hombre honrado que cien canallas, que abundan mucho. ¡Hay que rebelarse contra la corrupción!

Los jóvenes comenzaron a hacer la ola y el griterío se hacía cada vez más incesante. Garzón insistía:

—Hay que luchar contra el culto al dinero, contra la doble moral, contra la ostentación de la riqueza. Si nosotros nos tenemos que ir, nos iremos. Pero vosotros tenéis que ser implacables con la clase dirigente.161

Al día siguiente, cuando a Felipe González le pasaron el dossier de prensa, se le heló la sangre.

—Ya me lo habían dicho, pero no me lo creía. ¡Este tío está loco! —farfulló.

En las últimas semanas habían tenido que abandonar sus escaños los ex ministros de Interior y Economía, José Luis Corcuera y Carlos Solchaga, por su responsabilidad en los últimos escándalos de corrupción.

A comienzos de mayo saltó la noticia de que el ministro de Agricultura, Vicente Albero, había tenido que dimitir de su cargo al descubrirse varias irregularidades en su declaración a Hacienda y algunos otros chanchullos poco edificantes.

Poco después comenzó a circular un rumor por el pasillo del Congreso de los Diputados. Luis Roldán, el saqueador de los fondos reservados y de las arcas de la Guardia Civil, en libertad vigilada, se había escapado de España.

Garzón llama inmediatamente a Antonio Asunción, el ministro del Interior.

—Me han dicho que se ha escapado Roldán, ¿es cierto?

—No. Lo tengo controlado por teléfono. Sé dónde está ahora mismo.

—¿Estás seguro?

Luis Roldán, el hombre con el currículum más abultado de títulos falsos del PSOE, había huido a Francia, a un apartamento de su amigo Francisco Paesa para eludir la prisión. La fuga le costó el cargo a Asunción, que presentó la dimisión inmediatamente.

Sin embargo, antes de irse había firmado una serie de decretos reestructurando el Ministerio del Interior y creando una brigada contra el narcotráfico, otra para la lucha antiterrorista, una tercera para perseguir la corrupción económica y una cuarta de intervención rápida, a disposición de los jueces y fiscales. Todo este aparato represivo sería coordinado por Baltasar Garzón como secretario de Estado, desde la calle de Amador de los Ríos de Madrid, bajo la supervisión de Felipe González.

El presidente del Gobierno, sin embargo, a última hora había optado por fusionar las carteras de Justicia e Interior y colocar a su frente a Juan Alberto Belloch, el famoso «Cochero de Drácula», un individuo por lo menos con la misma ambición que Garzón. Antes de tomar posesión, le había mandado a Margarita Robles, juez número uno de su promoción, para que hablara con él.

—Me dice Belloch que quiere tu dimisión. La quiere ahora mismo.

—Pero si hasta hace un rato iba a ser el secretario de Estado de Interior.

—Es cierto, pero las cosas han cambiado. El nuevo secretario de Estado soy yo.

Para salvar su dignidad, a Garzón sólo le quedaba una cosa: presentar la dimisión y volver a su antiguo juzgado.

El lunes 9 de mayo de 1994, ante una nube de fotógrafos y cámaras de televisión, Baltasar Garzón compareció ante la prensa para explicar su dimisión como secretario de Estado del Plan Nacional contra la Droga y como diputado: «Felipe González me engañó y me utilizó como un ardid electoral el pasado 6 de junio. Las promesas que me hizo de luchar contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática no se han cumplido por la actitud pasiva del presidente. Quienes predijeron que me estaba usando para dar una imagen de lucha contra la corrupción y predijeron este desenlace en mi carrera política han acertado en gran medida», declaró.162

Su renuncia era fruto de la decepción y el desengaño, pero también del despecho y el resentimiento acumulados en el año en que estuvo al servicio del socialismo, donde sólo recibió incomprensiones, odio y una barrera de obstáculos para que no pudiera llevar a cabo sus planes de coordinar un equipo de lucha contra la droga, el narcotráfico y el blanqueo de capitales, un segundo grupo de policías especializados en la lucha contra el terrorismo y una brigada contra la corrupción. Esto, de hecho, habría significado entregarle en bandeja el Ministerio del Interior, ya en manos del doble ministro Juan Alberto Belloch.

Su hermano del alma, el abogado Manuel Medina, recuerda así su paso por la política: «Perdió todos sus amigos. En aquellos momentos no todo el mundo pensaba igual. Algunos decidieron tomar otro camino y nos quedamos la familia de siempre: Tomás Montoro, Blas Mora, Pepe Luis del Olmo, que nunca la abandonó, y pocos más. Tiempo después volvieron al redil los que le habían abandonado.

»Todos, de una manera u otra, veíamos que el final se acercaba: sus discrepancias con el presidente y con otros líderes socialistas evidenciaban que el conflicto iba a estallar en cualquier momento.

»Aunque Baltasar no quería preocuparnos, su rostro era de sufrimiento. Ya no era el amigo chistoso que se pasaba horas enteras animando las veladas de los amigos. Se volvió taciturno con el dolor por la situación política dentro de sus entrañas. En numerosas ocasiones se le veía llevarse las manos a la cabeza. "Así no vamos a ninguna parte"; "Hay que combatir la corrupción a tumba abierta"; "Tenemos que dar ejemplo"».163

Si Garzón hubiera estudiado la historia de España, como hace su amigo, contra el que aún no se ha querellado, César Vidal, habría sabido que el «rancho de Aznar» era tierra de traiciones. Muy cerca de donde Felipe González le convirtió al socialismo con sus encantos personales, en los pozos del río Algodor, murió valientemente, en 1143, en plena reconquista, el caudillo Munio Alonso. Su enemigo, el moro Farax Aben Farax, se acercó a él, muerto ya, levantó la cabeza por los cabellos y con su alfanje, de un solo tajo, se la arrancó del cuerpo.

En 1994, con dos personajes distintos, la historia volvería a repetirse, pero con un desenlace completamente diferente.

Capítulo VII

El agridulce sabor de la venganza

El entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo contó con pelos y señales en su comparecencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo bajo promesa de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Era el 24 de junio de 1998 y Rodríguez Ibarra deponía ante el tribunal que juzgaba el secuestro de Segundo Marey por los GAL. «En Mérida —dijo—, después del mitin de cierre de la campaña electoral de 1993, estábamos en un bar tomando unas cervezas y picando algo cuando comencé a charlar con Baltasar Garzón, que había sido la estrella invitada a nuestro último acto público. Le pregunté: ”Bueno, Baltasar, ¿por qué abandonaste el juzgado para ser un simple diputado de a pie?" Me respondió: "No voy a ser un mero diputado de a pie, sino ministro del Gobierno". "¿Tienes constancia de ello? ¿Te lo ha dicho Felipe González?" Él insistió: "Sé que voy a ser ministro". "Si no te lo ha dicho Felipe González, olvídate". Entonces su respuesta fue: "Si Felipe no me hace ministro, se va a acordar toda la vida". Parece que Garzón tenía alguna carta en la manga. Días después se lo conté a Felipe González, no le dio importancia, y ya nunca más volvimos a hablar del asunto». Baltasar Garzón, obviamente, desmiente esta conversación. «No existió jamás», ha repetido por activa y por pasiva. Que tenía una carta oculta en la puñeta, sin embargo, es algo que no puede desmentirse, salvo que el superjuez tuviera en aquellos momentos «flaca memoria». Era un asunto de dominio general, salió hasta en El Mundo. Lo que nadie dudaba tampoco por entonces era que el juez que había prestado su nombre para limpiar, fijar y dar esplendor al PSOE iba a ser arrojado al estercolero de la historia y a quedarse de brazos cruzados sin tramar su propia venganza.

***

La cita se produjo aquel año en que todo el mundo le decía que Felipe González estaba acabado, pero él, llevado por su ambición de convertirse en uno de los políticos más influyentes de España, se dejó tentar con los cantos de sirena y colaboró indirectamente a prolongar la corrupción durante otra legislatura.

Era el 26 de abril de 1993, Baltasar Garzón estaba haciendo las maletas en la Audiencia Nacional para dar el salto a la política y en estas apareció el letrado Jorge Manrique Castellano. Venía a presentarse y a anunciarle que era el nuevo representante legal de José Amedo y Michel Domínguez.

Tras pasar cinco años en la cárcel, de los ciento ocho a que habían sido condenados, sin que nadie se preocupara de su situación ni de la de sus familias, los supuestos cabecillas de los GAL no estaban dispuestos a servir de cabezas de turco para que no se investigara a los altos cargos del Ministerio del Interior. No sólo habían cambiado de abogado. También querían cambiar de estrategia.

—Michel Domínguez me ha dicho que quiere comparecer en el juzgado —le anuncia Manrique.

Esa semana Garzón tiene que viajar a Córdoba con su amigo y compañero de la Audiencia Nacional Carlos Bueren. Acude allí, a la Facultad de Derecho, a dar una conferencia en la Sección Delegada del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, que presidía el abogado ligado a los grandes casos del Ministerio del Interior Manuel Cobo del Rosal. Luego debe acudir a Cádiz, a desarrollar una de las fases de la Operación Pitón, ya contada.

Al día siguiente tiene un hueco y decide citar al preso en sus dependencias para tomarle declaración. Para no dejar demasiado rastro lo manda llamar como Miguel Domínguez, no Michel, como aparecía hasta entonces en todas sus comparecencias.

Sin embargo, no le interroga con las de la ley. La comparecencia se produce en horas de la tarde, cuando la Audiencia Nacional está vacía. Le hace entrar por la puerta del aparcamiento, en el coche de su abogado, y la visita se convierte en una charla entre viejos enemigos que no acaban de fiarse el uno del otro.

Así, la que iba a ser una declaración con el fiscal, las acusaciones particulares, la secretaria y su abogado defensor presentes, se convierte, como la Operación Galaxia, en una charla de café.

Michel Domínguez está avejentado, más desmejorado que nunca, no sólo física sino psíquicamente. Pasa por sus horas más bajas y tiene la moral por los suelos. El largo encierro y la imposibilidad de que le pasen al tercer grado o le concedan permisos carcelarios le han provocado una fuerte depresión.

—A Pepe [José Amedo] y a mí nos prometieron el oro y el moro para mantenernos con la boca cerrada. Llevamos años pudriéndonos en la cárcel y nadie mueve un dedo por nosotros —le deja caer al juez.

—¿Es cierto que les ofrecieron el indulto?

—No sólo el indulto, al día siguiente. Nos ofrecieron incluso enviarnos de «agregados policiales», aunque hubiéramos perdido esa condición, a las embajadas de Sudamérica o trabajar de jefes de seguridad en empresas públicas. Lo que quisiéramos. En fin, una vida regalada, sin tener que hacer nada, hasta la muerte.

Tras narrarle la odisea de su vida familiar, con una mujer enferma e incluso intervenida quirúrgicamente a causa de su encarcelamiento, y unos hijos a los que no verá crecer y que cuando salga de la cárcel estarán planteándose continuamente si su padre es un asesino, ya que él no habrá podido explicarles la verdad, anuncia por qué han tenido que cambiar de abogado.

—Argote era un lacayo de Interior. Más que velar por nuestros intereses se preocupaba por los de los de más arriba. No nos dejó abrir la boca ni ante el juzgado ni en la vista oral. ¡Y así acabamos de paganos de algo que no provocamos nosotros!

¿Conocía Domínguez el caso de Segundo Marey, un asunto que dormía el sueño de los justos en esos momentos en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional? «Claro que lo conocía. Él y Pepe lo sabían todo, con pelos y señales. Tenían incluso alguna prueba que podría incriminar a altos cargos del Ministerio del Interior, incluido el titular de la cartera», señaló Manrique.

De los diversos testimonios recogidos queda claro que Garzón, que antes de una semana iba a dar el gran salto a la política, tenía interés por enterarse de todo aquello que los dos condenados supieran sobre los GAL, aunque no para ponerlo en papel timbrado de la Administración de Justicia, sino para tener sus cartas guardadas y poder jugarlas cuando le interesara.

Domínguez, que ha dado cuenta de la visita de su compañero José Amedo al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, tampoco está dispuesto a tirar de la manta. Lo hará, en todo caso, dentro de unos días, cuando el Gobierno al que han dado un ultimátum les ponga definitivamente en la calle o no.

—Si el asunto no se lleva esta misma semana al Consejo de Ministros, habrá sorpresas —amenaza.

A lo largo de la charla con el juez insinúa cosas, sugiere otras y da a entender todo el tiempo que los Grupos Antiterroristas de Liberación fueron una estructura creada, financiada, amparada y dirigida desde todos los aparatos represivos del Estado.

—De todo ello se dio cuenta a los altos cargos de Interior, Justicia, Defensa, Presidencia y a otros ministerios para que aportaran su experiencia y colaboraran dentro de sus posibilidades.

Según la versión que José Amedo ofrece de esta entrevista, en mitad de la charla Garzón le pidió a Michel Domínguez y a su abogado, Jorge Manrique, que salieran un momento de su despacho, pues necesitaba hacer una llamada privada.164

En unos momentos en los que nadie, salvo él y Felipe González, conocían su paso a la política, «llamó al presidente del Gobierno y le vendió el favor. Poco después de la referida llamada le dijo a Domínguez ante su abogado que si se arreglaba su situación no tenía por qué decir nada, a lo que accedió Domínguez», le cuenta Amedo en una carta a Juan Alberto Belloch, en su etapa de ministro de Justicia e Interior, reproducida en su libro.165 Amedo agrega: «Acto seguido les revela que se presenta a las elecciones en la lista del PSOE como número dos por Madrid y que, posiblemente, sería nombrado ministro, con lo que podía arreglar su situación, que estuviese tranquilo».

***

La entrevista secreta entre el superjuez y el policía se filtró días después al diario El Mundo, que la publicaba en portada en una crónica firmada por Melchor Miralles.166 Según el periódico, Domínguez había sido excarcelado de la prisión de Guadalajara y, durante cinco horas, había prestado declaración por el sumario 17/89, relativo al caso del vasco francés Segundo Marey, secuestrado el 3 de diciembre de 1983 en Hendaya al ser confundido con el etarra José Ramón Larretxea Goñi.

La salida de Domínguez se había realizado, además, sin conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ocaña (Toledo).

«La excarcelación del ex policía se hizo de forma irregular, el servicio de seguridad de la Audiencia Nacional no fue informado de la presencia de Domínguez, cosa inhabitual. Los agentes que fueron a buscarle a la prisión entraron en la Audiencia Nacional por el garaje e impidieron que sus compañeros le identificaran. [...] Durante el encuentro el ex inspector conversó con el juez sobre su indulto y el del ex subcomisario Amedo».

El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, y el fiscal jefe, José Aranda, salieron inmediatamente en defensa del magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5 y aseguraron que habían estado informados en todo momento. Las cosas, sin embargo, no debían de estar demasiado claras. Garzón llamó inmediatamente a Jorge Manrique Castellano, abogado de Domínguez, para redactar un escrito en el que se hiciera constar la comparecencia de éste ante su juzgado. «Había que poner que Domínguez había solicitado declarar en un sumario del que nadie se acordaba [el Caso Marey] y en el que no era mencionado para nada. [De esta manera] el abogado Jorge Manrique, sin mentir, accedió a cubrir las espaldas de Garzón y de la Audiencia Nacional», relata uno de sus empleados.

***

Decidido a dar el salto a la política, Garzón no pone aquella información por escrito ni le ofrece en ningún momento a Domínguez, que habla también en nombre de su compañero Amedo, atenuarles la prisión ni concederles el tercer grado en el caso de que se decidan a testificar por escrito y a aportar las pruebas que tienen para esclarecer el Caso GAL. Por el contrario, lo que le interesa en aquel momento al juez es echar tierra sobre el asunto, no sea que Felipe González se arrepienta y no le designe número dos en las listas del PSOE por Madrid y le impida poner en práctica su proyecto político que, con el tiempo, podría llevarle incluso a convertirse en el inquilino de La Moncloa.

Por eso, el 26 de abril de 1993 acudió al palacio presidencial con su portafolios verde para dar cuenta a su «jefe político» de la situación en que se encontraba el asunto de los GAL y la imposibilidad de que, con las pruebas existentes, pudiera reabrirse el caso. Esta información, de un juez supuestamente trapicheando con los sumarios bajo su custodia con el jefe del Gobierno o al menos llevándolos a La Moncloa, ha aparecido publicada en el libro Garzón, la ambición de un juez, del periodista Miguel Ángel de la Cruz. Es un hecho tremendamente grave, probablemente delictivo. El juez estrella no lo ha desmentido nunca.167 Nadie, tampoco, le ha pasado factura por ello. Añade De la Cruz: «En el despacho presidencial de La Moncloa, Baltasar Garzón le enseña a Felipe González una voluminosa carpeta que recoge los primeros pasos del sumario abierto por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción de los GAL, y en la cual se apunta como posibles responsables a altos cargos del Ministerio del Interior».168

De esta manera, el 14 de marzo de 1994, cuando su sustituto Manuel García Castellón, a instancias del abogado Jorge Manrique, decide abrir el sumario por el secuestro de Segundo Marey y pretende citar a declarar a los ochenta policías de la Brigada de Información de Bilbao, desde el Ministerio del Interior que controla entonces Antonio Asunción se cortocircuita la operación.169

Y es que, por entonces, en plena luna de miel con una parte del Gobierno, tenía auténtica necesidad de echarle tierra a todo. Por eso, al hacerse pública su candidatura con el PSOE, Garzón se entrevista clandestinamente en varias ocasiones con Manrique para que le dijera a Michel Domínguez que no hiciera nada. El mensaje era siempre más o menos parecido: «Todo está muy bien y la situación se va a arreglar. En cambio, si decide hablar todo se estropeará, hasta mi prestigio como juez», recuerda el abogado al autor del libro.

Las entrevistas, según Manrique, se celebraron en el «piso del candidato», un minúsculo apartamento con dos mesas y varias sillas que el PSOE le había puesto a Garzón en la calle de José María Castro, en la prolongación de la avenida del General Perón hacia Bravo Murillo. En una ocasión le dijo:

—Diles que yo, mañana, voy a hacer unas declaraciones en las que me opongo al indulto. Las acabo de grabar en Telemadrid.

—¿Cómo?

—Sí, son unas declaraciones de televisión. Dada mi anterior condición de juez, no puedo decir otra cosa, no puedo ir contra mis actos —le suelta. Y apostilla—: Pero dile a estos [Amedo y Domínguez] que estén tranquilos. Aunque yo me oponga me consta que les van a dar el indulto. Son cosas de la política. Yo opino una cosa y González hace otra.

Al magistrado tampoco le conviene remover los fantasmas del pasado. Parece que sólo le interesa tener a Amedo y Domínguez como rehenes para utilizarlos si no le dan lo prometido. Y nada más.

De esta manera, cuando dejó definitivamente el Gobierno en mayo de 1994, después de que Juan Alberto Belloch —su competidor en la pelea interna para sustituir a Felipe González— nombrara a la jueza Margarita Robles secretaria de Estado de Interior, reduciendo su «ministerio» contra el crimen organizado a una simple dirección general, muy poca gente sabía que el superjuez tenía un as en la manga que no había mostrado a nadie.

***

El día de la primera comunión de su hijo Baltasar, el 8 de mayo de 1994, Baltasar Garzón había escrito su discurso de dimisión de la política que, a la mañana siguiente, leería a los medios de comunicación, rechazando su continuidad a seguir en un proyecto en el que nadie creía.

Una semana más tarde, el 16 de mayo de 1994, se reincorpora como magistrado a su antiguo puesto, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Poco antes, su colega italiano, Antonio Di Pietro, había declarado: «¿Cómo van a creer los ciudadanos que soy un hombre íntegro si hoy estoy en la judicatura, mañana me paso a la política y al día siguiente vuelvo a convertirme en juez?».

Garzón no tiene ideales tan elevados. Tras formar parte del Gobierno de la corrupción, al no conseguir sus objetivos se encuentra liberado para regresar a su antiguo puesto de juez. Lo hacía, además, con un plan preconcebido: vengarse de sus antiguos jefes.

Como sabe que sus antiguos compañeros de partido le están aguardando con las espadas en alto para anularle cualquier actuación contra los antiguos equipos de Interior por «enemistad manifiesta», cuando se reincorpora a su antiguo despacho de la Audiencia Nacional decide actuar con cautela.

Durante su primera semana de guardia, ETA asesina en Madrid al general Juan José Hernández Rovira, y el juez estrella se encarga de la instrucción del sumario y de interrogar al jefe de logística de ETA, José Domingo Aizpurúa, expulsado de Francia al día siguiente, lo que le permite poner en marcha una larga cadena de detenciones en España y Francia.

La investigación de algunos cabos sueltos de las llamadas operaciones Pitón170 y Nécora le permite ir matando el tiempo. También la detención del que fuera jefe de seguridad de Adolfo Hitler durante el III Reich, Otto Ernst Remer, al que captura en Marbella y mete en prisión pese a sus ochenta años de edad. Contra Remer existía una orden de extradición que, posteriormente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no concede al no estar contemplado por entonces en el Código Penal español el delito de apología del nazismo.171

El 29 de julio ETA vuelve a atentar en Madrid y la víctima es nada menos que el director general de Política de Defensa y amigo personal del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Los restos del teniente general Francisco Veguillas Elices, de sesenta y nueve años, asesinado en la plaza de Ramales, a escasos metros del Palacio Real, en pleno centro histórico de Madrid, tuvieron que ser recogidos a trozos por los edificios de los alrededores y juntados para recomponer el cadáver. El juez Baltasar Garzón, que ese mismo día entraba de guardia, tras un corto viaje a Washington, se hizo cargo de la investigación del atentado.

Casi nadie sabía por entonces que Garzón guardaba un as en sus puñetas para reactivar el Caso GAL. El lunes anterior, 18 de julio, el magistrado participa en El Escorial en un homenaje al poeta Blas de Otero y lee un poema que anticipa lo que va a ocurrir en los próximos meses. El título lo dice todo: «Juicio final».

La premonición de que algo se estaba moviendo entre bastidores la tuvo el inspector Michel Domínguez. Por aquellas fechas le dieron un permiso carcelario para acudir a Barcelona a cumplir con un penoso deber: dar sepultura a su padre. A la vuelta detuvo el coche para comer en Palafrugell. Al cogerlo de nuevo para regresar hasta la prisión de Guadalajara observa que se lo han forzado de una manera limpia, sin romper ni estropear la cerradura, tal y como algunos agentes de la Brigada de Interior o de la Comisaría General de Información saben hacerlo.

Momentos antes alguien había visto merodeando alrededor del vehículo a un tipo grueso, a alguien que se decía por entonces sabía demasiado sobre el secuestro en Madrid del periodista José Antonio Martínez Soler, director de la revista Doblón en los años de la Transición. El ladrón no había tocado nada, ni el radiocasette, ni el resto de sus objetos personales. Sólo había desaparecido un viejo cuaderno con anotaciones sobre los GAL, algunas fechas y algunos números y apuntes de sus cuentas corrientes.

Pocos días después, un segundo individuo se presentó en la redacción de El Mundo y le entregó el cuaderno a Melchor Miralles, según ha relatado el periodista. El extraño lo había encontrado supuestamente en un banco y creía que podría serle de utilidad al reportero para esclarecer la trama de los GAL.172

Al poco tiempo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 le pidió el libro con las anotaciones a Pedro J. Ramírez, director del periódico, según relata éste: «Requiérase al director de El Mundo para que facilite a este juzgado cualquier dato que obre en su poder, publicado o no publicado, siempre que no se quebrante el secreto profesional en relación a José Amedo y Michel Domínguez y su vinculación con los GAL y su presunta vinculación en el secuestro de Segundo Marey», solicita el instructor en una providencia del 25 de octubre de 1994.173

De esta manera, una prueba obtenida de manera supuestamente ilegal por la Policía, al hacerse pasar intencionadamente por un medio de comunicación que desconoce obviamente que procede de un hurto, puede incorporarse a un sumario sin que se incurra en ningún supuesto de anulación. «[De esta manera] —afirma José Amedo en su libro no desmentido— Garzón prefabricaba autos [sic] con informaciones extrajudiciales», haciendo alusión al presunto conocimiento que el juez tenía de los papeles de Michel y del dinero que recibían mensualmente de Interior.

La «requisitoria» del juez a Melchor Miralles alerta, lógicamente, al periódico de la calle de Pradillo de las intenciones del juez.

El 26 de octubre de 1994 el diario El Mundo publica la noticia en portada: «Garzón reabre el Caso GAL conectándolo con Roldán y el dinero secreto de Suiza». En el interior del diario, en un suelto editorial, titulaba: «Garzón el tenaz y los GAL: como en los viejos tiempos». Añadía: «El felizmente de nuevo juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha encontrado en la instrucción de un viejo sumario, el relativo al secuestro de Segundo Marey por los GAL, claves que le permiten retomar el hilo entonces perdido, que parecen conectar a Amedo y Domínguez con Roldán, que remiten a las ahora ya célebres cuentas secretas en Suiza [con los que podrá reabrirse un sumario] que se vio obligado a cerrar en falso. ¿Colaborará ahora en la instrucción del caso el ministro del Interior Juan Alberto Belloch, un hombre que tan ácidamente reprochó en su día a Barrionuevo y Corcuera que obstruyeran la acción de la Justicia?»

En La Moncloa, Felipe González estaba convencido por la conversación que había tenido años antes con el número dos de su partido de que el caso GAL había entrado definitivamente en una vía muerta. Pero, como no estaba seguro, llamó a Belloch.

—¿Hay alguna conexión de cuentas bancarias que permita conectar a Amedo y Domínguez con Roldán y a los tres con el GAL?

—¡Qué va! Son meras lucubraciones. Roldán ha dejado de tener cuentas en Suiza.

No era del todo cierto. En noviembre de 1994 el instructor del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional había reactivado los sumarios por el Caso Segundo Marey y por los cuatro asesinatos cometidos en el restaurante Mon Bar de Bayona.

Unas semanas antes, a comienzos de septiembre, había pedido permiso al Consejo General del Poder Judicial para viajar por su cuenta a Ginebra174 a asistir a un congreso de jueces de izquierdas de toda Europa, empeñados en formar un equipo dedicado a combatir los grandes delitos internacionales.

El encuentro de Ginebra se celebró el 8 de ese mes y en él participaron no menos de treinta fiscales, jueces y magistrados. Todos ellos estaban comprometidos en crear un «espacio judicial europeo», una «euromagistratura» dedicada a combatir los excesos del ejecutivo que les permitiera, al mismo tiempo, atacar con éxito al crimen organizado, poniendo fin a los paraísos fiscales, a las barreras bancarias y financieras, a los lentos y laboriosos procedimientos de extradición. La elección como punto de encuentro de la Confederación Helvética, donde durante siglos había encontrado refugio todo el dinero negro del mundo, no era casual.

Poco antes, un grupo de jueces y fiscales suizos —Bernard Bertossa, fiscal general de Ginebra, Paul Perraudin y Laurent Kaspert-Ansermet— habían ocupado los más altos puestos de la judicatura y habían logrado una modificación de las leyes sobre el secreto bancario tras persuadir a los banqueros de que esta medida, lejos de perjudicarles, les beneficiaría.

Ginebra se hallaba, además, muy cerca de Milán, donde un grupo de fiscales encabezados por Gherardo Colombo y Antonio Di Pietro habían organizado la revolución de la justicia al poner en marcha el proceso Mani Pulite, procesando y encarcelando a la mayor parte de la clase política de Milán y Roma por delitos de corrupción y connivencia con el crimen organizado. Fue la respuesta del poder judicial a la insensibilidad de los políticos ante el asesinato en Sicilia de dos de los suyos: Paolo Borselino y Giovanne Falcone.

En Francia y España los partidos políticos dirigidos por François Mitterrand y Felipe González ponían todo tipo de trabas a la investigación de las tramas criminales montadas en sus organizaciones políticas para financiarse, y varios magistrados como Renaud van Ruymbecke, Thierry Jean-Pierre y otros no sólo estaban maniatados por el ministro de Justicia, que controlaba el «parquet»: es que cada vez que un magistrado de París descubría un asunto que afectara al PSF, el fiscal troceaba el sumario y lo enviaba a investigar en los departamentos más alejados, con lo que el caso se diluía, y encima represaliaba al juez.175 A la primera reunión de aquellos jueces que dos años más tarde firmarían el llamado Manifiesto de Ginebra176 asistieron los magistrados franceses Germanin Sengelin, Renaud van Ruymbecke, Pierre Philipon, Philipp Courroye;177 Benoit Dejemeppe, fiscal real de Bruselas; el fiscal español Carlos Jiménez Villarejo y Baltasar Garzón; Edmondo Bruti Liberati y Gherardo Colombo, suplentes del fiscal general de Milán. La estrella principal invitada al acto, Antonio Di Pietro, miembro del Partido Comunista Italiano, había decidido olvidarse de sus principios y pasarse a la política.

La decisión de las autoridades helvéticas de lavar su imagen con nuevas leyes y dejar de ser la cloaca de todo el dinero negro del mundo había comenzado a atisbarse meses antes.

El 15 de septiembre de 1994 el fiscal suizo Kasper-Ansermet había bloqueado 7 millones de dólares que el supuesto traficante de armas sirio Monzer al-Kassar tenía depositados en un banco libanés en Suiza. La causa: proceder de una operación de venta de armas polacas a Croacia camuflada como una exportación de café, según la justicia helvética.

Paul Perraudin y Antonio Di Pietro habían ayudado a la justicia española a investigar las comisiones pagadas en Madrid y Bilbao por el Caso Elosúa tras la venta de esta aceitera a una multinacional italiana, y el primero había facilitado las cuentas que Luis Roldán y Mariano Rubio poseían en los cantones suizos.178

Perraudin acababa de llegar de España en aquel septiembre de 1994 para entregar en persona a la juez Mercedes del Molino los datos exactos del dinero invertido por el Gobierno español a través de cuentas suizas —unos 40 millones de pesetas— para financiar a la empresa de detectives estadounidense Kroll, que investigó las actividades de Mario Conde, a quien Felipe González consideraba su principal rival político.179

Tras su fracaso con el PSOE, a Baltasar Garzón el contacto con aquel grupo de magistrados y fiscales que pretendían establecer una especie de «eurogobierno de los jueces» le venía como anillo al dedo para desquitarse de quienes le habían echado de la política. En uno de los encuentros con Paul Perraudin, un licenciado en Derecho por la Universidad de Ginebra que encarnaba la nueva moralidad de la justicia de su país, le pregunta:

—¿Es posible investigar los fondos del Ministerio del Interior en Suiza? ¿Hay algún procedimiento para averiguar si José Barrionuevo o José Luis Corcuera poseen cuentas secretas en la Confederación Helvética?

—Es posible. Envíeme usted una comisión rogatoria y lo miraremos —replica Perraudin.

Valiéndose de los contactos con sus colegas suizos, el juez averigua extrajudicialmente que la mujer de Amedo, María de los Ángeles Acedo Morales, y la de Domínguez, Alicia Sánchez Carrión, poseen dos cuentas corrientes abiertas en otoño de 1989 en la Unión de Bancos Suizos (USB) en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra.

Supuestamente, las cuentas —562618KB y 562619KG— eran nutridas periódicamente desde los fondos reservados del Ministerio del Interior por Juan de Justo, secretario de Rafael Vera, y por los agentes adscritos a la Secretaría de Estado, Aníbal Machín, ya fallecido, y Félix Hernando, policía y guardia civil respectivamente, quienes se desplazaban a la ciudad helvética con maletines de dinero para que fueran ingresados.

Conseguidas estas complicidades, una vez cogidos Amedo y Domínguez, el superjuez regresó a Madrid y abrió el sumario sobre el Caso Segundo Marey, aquel turbio asunto de secuestro de un ciudadano francés en diciembre de 1983, en la etapa en que los GAL comenzaron a actuar en Francia.

Por lo que recordaba de la conversación celebrada año y medio antes con Michel Domínguez, y por el énfasis que había puesto el ex inspector de policía de Bilbao en comenzar a tirar del hilo desde ahí, este asunto era la principal clave para acabar con la «banda del Ministerio del Interior», aquellos que habían sembrado de piedras su camino hacia la política, los que habían puesto los palos en las ruedas de su carreta.

***

Las semanas que pasaron entre la reunión de Ginebra de septiembre y finales de diciembre fueron para el juez Baltasar Garzón de una fuerte tensión contenida.

Tras entrevistarse en secreto en varias ocasiones con José Amedo y su abogado Jorge Manrique, Garzón conocía exactamente todos y cada uno de los aspectos oscuros de la banda que entre 1983 y 1987 había asesinado en el sur de Francia a veintinueve terroristas de ETA «pagándoles con la misma moneda», como solían presumir en el Ministerio del Interior.

En estos encuentros, Amedo y Domínguez habían conseguido por medio de su abogado que se les otorgara la condición de «testigos protegidos» por la Audiencia Nacional, para declarar oficialmente todo lo que le habían contado «en privado» al juez. También lograron que todo lo que sabían sobre las cloacas del Estado saliera publicado en la prensa y que el jefe de la oposición, José María Aznar, estuviera al tanto de ello.

—De no ser así, con luz, taquígrafos y un pacto con la oposición, yo no habría hablado —ha reiterado Amedo.

Jorge Manrique se encargó de negociar los dos últimos aspectos en nombre de sus clientes con Pedro J. Ramírez. Y este último se lo esbozó a finales de noviembre al líder de la oposición, tras uno de los partidos de paddel en el Club Abasota de Madrid.

—Amedo y Domínguez están dispuestos a colaborar con la justicia y a hablar con nosotros [El Mundo], pero ponen como condición que su abogado tenga una reunión previa con vosotros.180

Como era habitual en él, Aznar remitió el asunto al secretario general del partido. Como portavoz del PP en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados le correspondía a Francisco Álvarez Cascos llevar directamente el «caso».

A continuación el periodista había concertado una cita con el juez en su casa de Pozuelo de Alarcón, un chalet adosado, de los años ochenta, situado en la calle de Sanchidrián, casualmente perpendicular a la vía Dr. Garzón, vigilado las veinticuatro horas del día por la Guardia Civil y controlado por varias cámaras de televisión.

Se trataba de que el instructor diera el visto bueno a la entrevista con los dos condenados. El director de El Mundo se dio cuenta de que, en esta ocasión, Garzón no daba puntada sin hilo. En un lenguaje ambiguo, que no le comprometía a nada ni tampoco revelaba si había llegado a ningún acuerdo con el periodista, no puso problemas a la entrevista con los dos «arrepentidos».

—Si alguien revela algo que está bajo secreto del sumario en mi juzgado, que se prepare. Hecha esta salvedad, yo no puedo impedir a nadie que haga declaraciones a la prensa.

El trabajo periodístico no podía anticiparse, sin embargo, a las medidas cautelares de prisión que debía tomar para garantizar la eficacia de la instrucción. Julián Sancristóbal, por ejemplo, estaba en el extranjero (eso se sabría después) y si salía su nombre en un periódico es probable que no regresara.

Con la situación bajo control, a mediados de diciembre de 1994 decidió hacer un viaje inesperado a la Argentina. La Fundación Universitaria Río de la Plata de Buenos Aires había organizado su primer congreso sobre corrupción para denunciar la política de privatizaciones del jefe del Partido Justicialista y presidente de la nación, Carlos Saúl Menem.

El primer mandatario del país no sólo había vendido las líneas aéreas, los ferrocarriles por trozos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Había privado incluso al ejército de sus excedentes de armas para vendérselos a precio de oro a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995, y pretendía dejar a su país hasta sin submarinos.181 Baltasar Garzón, que había investigado años antes el «Yomagate», era el hombre indicado para poner patas arriba a aquel régimen corrupto e implicado incluso en el narcotráfico.182

Dedicada a formar dirigentes políticos de extracción universitaria y financiada por varias entidades estadounidenses como IBM, General Motors, y las universidades de Texas, Georgetown y Harvard, la participación de Garzón en el congreso de la Fundación Río de la Plata era un hito importante en su carrera. Representaba la puerta para introducirse en el mundo empresarial y universitario anglosajón.

Por eso aquella conferencia, en la que se limitó a leer a los estudiantes las conclusiones del I Congreso de Magistrados Europeos celebrado dos meses antes en Ginebra, era más importante para él que la desarticulación de toda la trama de Interior.

Fue a su regreso de Buenos Aires, tras tomarse un par de días de descanso para combatir el jet lag, cuando llamó a Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, para reanudar la conversación interrumpida semanas antes. Pese a que era una persona celosa de su trabajo, al que no le gustaba que nadie se le adelantara, no puso objeciones al trabajo de los periodistas aunque tampoco iba a dar facilidades.

Logrado el nihil obstat imprimatur, como dice en broma el director de El Mundo, tras un segundo pacto con Jorge Manrique se convino en que las cintas serían custodiadas por el letrado hasta que el Príncipe, como llamaban a Garzón, decidiera tirar de la manta.

***

Mientras tanto, el 5 de diciembre de 1994 Francisco Álvarez Cascos acudía a la sede de El Mundo en la calle de Pradillo para entrevistarse con Jorge Manrique, el abogado de Amedo y Domínguez. El letrado afirma que quería cerciorarse en primera persona de si el partido de la calle de Génova estaba decidido a conceder el indulto a sus dos patrocinados, en el supuesto probable de que alcanzara el poder en la siguiente legislatura.

—Les han hecho miles de promesas y siempre les han dejado tirados —explicó.

Cascos, sin embargo, no estaba dispuesto a comprometerse, y lo más que logra sacarle Manrique es que «el PP no estaba dispuesto a conceder indultos a quien le utilizara para ocultar la verdad y obstruir la justicia», en versión del secretario general del PP. Vuelta por pasiva, la frase podría interpretarse en el sentido de que quien colaborara con la justicia en el esclarecimiento de cualquier tipo de delitos podía contar con la indulgencia y el perdón de los populares.183

La entrevista intentó grabarse, con micrófonos direccionales, por el CESID desde el montículo situado enfrente del rotativo. A Jorge Manrique, votante del Partido Popular, en una ocasión se la transcribieron «de pe a pa». No era nada extraño. Los agentes que mandaba entonces el general Emilio Alonso Manglano, nada más detectar los primeros movimientos de Garzón en torno a Amedo y Domínguez habían alquilado también un apartamento en el paseo de la Ermita (n° 10, 2ºB) en Aravaca, cerca de Madrid. «En el 2ºA, pared con pared, tenía yo mi despacho», recuerda Manrique. Y añade: «Los inquilinos eran una pareja de chicos de los que nunca sospeché nada. Sé, porque luego lo investigué, que contrataron el uso del apartamento por un año, pagando por adelantado, y se pusieron a vivir allí como si fueran una pareja de jóvenes tortolitos. Era gente muy amable. Muchas mañanas me los encontraba y nos saludábamos».

—Buenos días, don Jorge.

—Buenos días, Manolo.

Hasta que mes y medio después el periodista Carlos Fonseca publicó en el semanario Tiempo que dos agentes del CESID vigilaban al defensor de Amedo y Domínguez desde el apartamento contiguo —«situado pared con pared, fíjate lo que no habrán escuchado»— para captar sus conversaciones y filmar las entrevistas que recibía.

—Al día siguiente desaparecieron y nunca más los he vuelto a ver.

Sin embargo, en aquellos momentos, con la investigación avanzada, nada era capaz de parar la «furia de buzo ciego, la turbia embriaguez de (des)amor», por decirlo en palabras de Pablo Neruda, del juez Baltasar Garzón.184

***

El 19 de diciembre de 1994, lunes, fue un día lluvioso y frío en Madrid, que presagiaba la inminencia del invierno. En la Audiencia Nacional, un inmenso caserón de siete plantas forrado de planchas de un material que imita al mármol, situado en la acera de los pares de la calle de Génova, decenas de fotógrafos y cámaras de televisión se afanaban para captar el momento de entrada y salida del edificio del banquero más popular del momento, pese a que un año antes había tenido que abandonar las riendas de Banesto.

Esa jornada, el juez Manuel García Castellón iba a tomar declaración a Mario Conde por un presunto delito de malversación de los fondos del banco, sin autorización del Consejo, para la «recalificación» de su grupo industrial por el Gobierno y la posterior salida a bolsa. Eso ocurría en el Juzgado de Instrucción Número 3.

En el mismo edificio, una planta más abajo, el juez Baltasar Garzón se afanaba en concluir con la mayor presteza y sigilo posible otra «misión [casi] imposible»: la desarticulación de la trama de Interior de los GAL.

La bomba informativa, que todo el mundo esperaba, fue el encarcelamiento de Conde, que saltó sobre las dos de la tarde. Garzón acababa de librar varias órdenes de detención contra el ex secretario general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el ex jefe del Mando Antiterrorista, el comisario Francisco Álvarez; el jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo; y los agentes de la Brigada Regional de Información de la capital del Nervión, Julio Hierro y Francisco Sainz Oceja.

Toda la cúpula de Interior del primer Gobierno socialista, salvo José Barrionuevo y Rafael Vera, acabarían durmiendo esa noche en prisión acusados de formar parte de la estructura de los GAL. La credibilidad democrática de Felipe González, como el hombre que trajo el cambio a España, quedaba manchada para siempre con la sangre de los crímenes de Estado.

A todos los acusados, junto a Vera y Barrionuevo (no inculpados todavía en esa fecha), se les atribuía haber creado, financiado y dirigido el aparato de terrorismo institucional más siniestro de la historia de la España democrática, autor de un secuestro, el del viajante de comercio Segundo Marey, y de veintisiete asesinatos, algunos de ellos de personas ni siquiera remotamente ligadas a la banda terrorista ETA, blanco principal de sus acciones.

Al día siguiente, junto con la noticia de la detención de Conde, el diario El Mundo titula en portada: «Jornada histórica para la Audiencia Nacional: Amedo y Domínguez deciden colaborar con la justicia e implican al Gobierno en el montaje de los GAL».

Nadie hasta entonces se había atrevido en la España democrática a detener y encarcelar a aquellas personas que precisamente tenían la misión de detener y encarcelar a los delincuentes, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes interpretadas por los jueces. ¿Se había vuelto loco Garzón, echando los pies por la ventana y deteniendo a algunos de sus antiguos jefes de Interior, presa de una posible rabieta por no haberle dejado limpiar el Gobierno de corrupción?, se preguntaban atónitos en La Moncloa.

Lo que poca gente sabía hasta entonces, porque la noticia se había llevado con un sigilo absoluto, era que desde hacía más de un mes el subcomisario de policía José Amedo Fouce, adscrito años antes a la plantilla de Bilbao, y el inspector Michel Domínguez, decidían tirar de la manta y poner toda la estructura del Ministerio del Interior patas arriba, desde su ex titular José Barrionuevo Peña, hasta el último de los mandos de aquella cueva de Alí Babá, como se demostraría meses más tarde.

Condenados en 1987 a ciento ocho años de cárcel, encarcelados y abandonados por sus jefes, que les habían prometido un indulto inmediato y les habían dejado pudrirse en la cárcel durante ocho largos años, abandonando incluso a sus familias, los dos policías cogidos como «cabezas de turco» de los GAL se habían cansado de ser los únicos paganos de la máquina de triturar carne humana montada desde las covachas del ministerio que debía velar por la integridad física y los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos.

El 22 de diciembre, mientras los niños del Colegio de San Ildefonso se afanaban en cantar el sorteo de la tradicional Lotería Nacional, en el Ministerio del Interior sabían ya que les había tocado otra lotería.

Consternado aún por la noticia, sin saber a ciencia cierta que el juez Garzón había cogido a sus colaboradores con las manos en la masa y era imposible toda escapatoria, Felipe González hizo esfuerzos sobrehumanos para salvarse de la quema.

Con gran parte del Gobierno implicado o al menos señalado en numerosos asuntos de corrupción, desde el Caso Juan Guerra a las comisiones ilegales del AVE, desde las tramas de financiación ilegal del PSOE por medio de Filesa, Malesa y Time Export, al expolio de los fondos de Cruz Roja Española o la caja de los huérfanos de la Guardia Civil por su director general Luis Roldán, los socialistas llevaban meses que no sabían dónde esconderse.

El descubrimiento de una cuadrilla de mercenarios, pistoleros y matones al servicio del Estado para llevar a cabo sus trabajos sucios, coordinado y dirigido por José Barrionuevo y Rafael Vera —en el papel de López Rega o Augusto Pinochet—, desbordaba cualquier capacidad de previsión. Así que el 22 de diciembre, en un acto celebrado en Madrid, un Felipe González consternado y hundido, en uno de esos ciclos bajos durante los cuales tenía que recibir asistencia psicológica, declaraba sacando pecho que no había pruebas para encarcelar al ex gobernador civil de Vizcaya y director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, o al jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo: «Es absolutamente imposible demostrar algo que no ha existido», remachaba, negando que el GAL se hubiera montado desde las cloacas del Estado.

Pasadas las fiestas navideñas, el diario de la calle de Pradillo iba a sacarle de sus dudas. «Desde mañana en El Mundo las memorias de Amedo y Domínguez», titulaba el rotativo en portada el día 26 de diciembre. Y añadía: «Hemos decidido hablar porque no queremos pasar a la historia tapando la corrupción».

En el Palacio de La Moncloa y en Castellana 5, sede del Ministerio del Interior, se encendieron todas las luces rojas. La investigación de la trama de los GAL arrojaba, sin embargo, luces y sombras.

Cuando decidió hincar definitivamente los dientes en el caso de los GAL, el juez Baltasar Garzón tomó dos iniciativas. La primera, enviar una comisión rogatoria a Suiza, al banco USB del cantón de Ginebra, para que le remitieran los datos de las cuentas corrientes que Amedo y Domínguez tenían a nombre de sus mujeres.

«La petición no la hizo a Gibraltar, a Andorra, a Luxemburgo, a las Islas Vírgenes o a cualquier otro paraíso fiscal y de una manera genérica para que le informaran si Amedo y Domínguez tenían cuentas corrientes. Lo hizo a tiro hecho: al cantón de Ginebra, lo que revela que el juez manejaba información extrajudicial y ni siquiera tuvo la precaución de enmascararla», relata el letrado Jorge Manrique.

Su segunda decisión fue abrir el caso Mon Bar —sumario 15/89—, un atentado cometido por los GAL el 25 de septiembre de 1985 en este establecimiento hotelero situado en la rue Paneceau de Bayona, donde fueron asesinados los etarras José María Etxaniz, Iñaki Astiazuinarra, Sabin Etxaide y Agustín Irazustabarrena.

«La apertura del sumario 15/89, en el que durante los tres últimos años no se había realizado una sola diligencia, tenía un doble fin: por un lado, poder enviar una comisión rogatoria a Francia, si fuera preciso, para, con el pretexto de investigar el caso Mon Bar, averiguar también los datos del secuestro de Segundo Marey Samper, ya que el tratado de asistencia mutua judicial con Francia no contemplaba el envío de comisiones rogatorias para investigar secuestros», agrega el letrado. Y va mucho más allá: «El otro de los objetivos era tener cazado al subinspector de policía José Amedo Fouce. Uno de los dos mercenarios imputados en Francia por el caso Mon Bar, Pierre Frigoli, reclutado en los bajos fondos de Marsella, le había reconocido en unas fotografías como una de las personas que se habían entrevistado con él antes del atentado.185 El otro, Lucien Matei, más duro y más profesional, había preferido asumir la condena por cuatro asesinatos a delatar a nadie o buscar chivos expiatorios en España en un desesperado intento de que le rebajaran la condena».

Amedo asegura, no obstante, que él no tuvo que ver con esa matanza, ya que por entonces se encontraba en San Sebastián captando información de su confidente Joseba Urquijo Borde, el famoso Quinito, y de Jokin Etxabe, hermano del fundador de ETA Juan José Etxabe.

Así y todo, parece que la decisión de Garzón de abrir concretamente el sumario por el atentado del Mon Bar —el más cruento de los realizados por los GAL— tenía por objeto forzar a José Amedo a que implicara a la cúpula de Interior creando en él la incertidumbre, el desasosiego permanente, al sugerirle que si no colaboraba acabaría de nuevo en la cárcel. «Para presionarme y amenazarme con involucrarme en el [sumario 15/89] si no colaboraba [...], el juez imparcial había solicitado una comisión rogatoria a Francia para que declarase en este sumario sólo el mercenario que me reconocía fotográficamente, no así el otro, que no me reconocía. Como era su costumbre, no se olvidaba de manipular todas su resoluciones judiciales», ha escrito José Amedo en su libro ya citado.

—¿Podía hacer eso Garzón, podía con el testimonio de un mercenario, que se contradecía en autos con el del otro, mandar a un subcomisario de policía a la cárcel? —pregunta el autor al letrado.

—Pues claro: en la fase de instrucción, sí podía. Otra cosa es que sin más prueba que esa resultara luego condenado —responde sin titubear Jorge Manrique.

***

Por eso, los propios policías Amedo y Domínguez, que le ayudaron a desentrañar parte de los misterios del GAL, le acusaron luego, sin misericordia, de haberles chantajeado para vengarse del PSOE.

Según Domínguez, Garzón conocía los crímenes del GAL cuando se sumó a los socialistas porque él se lo dio a entender. No tuvo el menor escrúpulo en abandonar la toga y correr detrás de Felipe González, supuesto Mister X, con tal de obtener un cargo político que saciara su vanidad nunca suficientemente satisfecha.

Hasta el propio diario El Mundo, que le había defendido a capa y espada en todo aquello en que era la «regeneración moral y política de la sociedad», le crucificó tras su espantada. «Garzón tiene un precio», tituló en un duro editorial ya citado. «Cuando se dio cuenta de que le habían traicionado no tuvo escrúpulos en volverse contra ellos y decidió provocar —agrega Domínguez— una explosión controlada del caso GAL para desquitarse de quienes le habían dejado tirado».

Para que el sumario no se le escapara de las manos puso patas arriba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Nos reuníamos previamente y pactábamos lo que había que decir. Luego entraba el escribiente —la secretaria Natalia Reus— y el juez dictaba lo convenido», dijo Domínguez a Eduardo Moner, magistrado del Tribunal Supremo. Garzón no lo ha desmentido.

Estos encuentros eran posibles ya que en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 las declaraciones por el caso de los GAL no se tomaban por la mañana o al mediodía, como en el resto de los tribunales de toda España: «Se celebraban a las doce de la noche o a las dos de la mañana, cuando los juzgados estaban vacíos y no había testigos por los pasillos. Cuando a Garzón no le cuadraba una declaración con los fines que perseguía ordenaba un descanso», recuerda Manrique.

—Vamos a hacer un receso. Estoy cansado y tengo que ordenar mis ideas —cuenta al autor el letrado Jorge Manrique.

Las únicas personas presentes en el interrogatorio, el juez, la secretaria Natalia Reus, el oficial del juzgado, el letrado Jorge Manrique y el acusado (Amedo o Domínguez).

—Estos recesos duraban una o dos horas —dice Manrique.

«En ese periodo, muchas veces, el juez pedía hablar a solas con los acusados, les leía la cartilla, les echaba una filípica, volvía a reanudarse la declaración y todo figuraba como él quería en los autos para poder detener gente». De esta manera, tras las detenciones de Sancristóbal, Planchuelo, Julio Hierro y Francisco Sainz de Oceja, los agentes Amedo y Domínguez tuvieron que pasar de nuevo por la planta primera de la Audiencia Nacional.

Allí Garzón les instó a deponer toda la información que tenían sobre el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, el verdadero «cerebro» intelectual del PSOE en la trama de los GAL, a quien el propio Planchuelo había entregado una metralleta de la Policía para que se defendiera de las amenazas de los terroristas.

¿Permitía la Ley de Enjuiciamiento Criminal trocear un sumario de esa manera, adecuándolo a los viajes del juez, a sus conferencias, a sus actos sociales, corridas de toros? ¿Podía dirigir la declaración y acomodarla a sus intereses al margen del proceso, del fiscal y de las partes, vulnerando además la Ley Orgánica del Poder Judicial?

Son cuestiones que escapan a los conocimientos del autor del libro. Conviene añadir, sin embargo, que el juez estrella no estaba dispuesto a perder el protagonismo en la instrucción de los GAL. El 18 de abril de 1995, cuando investiga otro juzgado las muertes de Lasa y Zabala, hace público un auto de procesamiento contra catorce altos cargos de Interior, encabezados por Rafael Vera y Julián Sancristóbal, a los que acusa de organizar la banda criminal GAL para combatir a ETA con sus mismos medios. Les imputa la comisión de 56 delitos, les imponía una fianza de hasta 435 millones de pesetas y mantenía a los dos secretarios de Estado en prisión preventiva.

Entre tanto, Garzón seguía interpretando la Ley de Enjuiciamiento Criminal a su manera.

***

Tras las detenciones de Miguel Planchuelo, Francisco Álvarez, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea, había que dar un salto cualitativo: encarcelar al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y así continuar en la línea ascendente y llegar a los ministros del Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo. Alcanzado este peldaño, las posibilidades de llegar a Felipe González, la supuesta X de los GAL, parecían mucho más factibles.

El día señalado para que José Amedo imputara directamente a Rafael Vera era el 16 de febrero de 1995. Según cuenta José Amedo, esa mañana llegó a la planta primera de la Audiencia Nacional unos minutos antes de su declaración. Allí le estaba esperando Natalia Reus, nerviosa e inquieta. Inmediatamente le introdujo en un despacho anexo al del juez sin dejarle cruzar palabra con su abogado ni con nadie.

Al poco tiempo se abrió la puerta interior y apareció el Príncipe de la Justicia. Empezó dándole ánimos:

—Quizás lo del Mon Bar lo pueda archivar, puesto que uno de los mercenarios no te reconoce —le dice. Luego agrega—: Cuando te pregunte quién entregó a Julián Sancristóbal el millón de francos para financiar el secuestro de Segundo Marey, ¿qué me vas a contestar?

—Que supongo que Rafael Vera, que era el secretario de Estado para la Seguridad y tenía firma para disponer de los fondos reservados.

—Mira, para decretar la prisión de un secretario de Estado de la talla y el poder de Rafael Vera no se puede suponer nada. Tienes que responder escuetamente que fue él.

—Pero yo no estaba presente en la reunión, no vi la entrega.

—Si no me respondes escuetamente que fue Vera, no puedo decretar su prisión. Si no puedo hacerlo, esto no avanza y no puedo llegar a los demás. ¿Le ha creado problemas a tu mujer?

—Sí, bastantes.

—Podrían ser bastante peores. Pero, bueno, ¿no estamos de acuerdo en que Julián Sancristóbal en aquellos momentos era gobernador civil de Vizcaya y dependía directamente de Rafael Vera?

—Naturalmente, era así.

—Pues, ¿quién le iba a entregar el millón de francos franceses?

—Por lógica, sólo podía ser Vera, está claro, pero, señoría, yo no estaba allí.

—Ya estamos otra vez, eso no tiene nada que ver. Tú sabes que fue Vera quien le entregó el dinero a Sancristóbal, aunque no estuvieses físicamente allí.

—Es lo más lógico y coherente, pero quiero decir únicamente que yo no lo vi.

—Es que no te voy a preguntar eso, únicamente quién se lo entregó a quién. ¿Estamos de acuerdo?

—De acuerdo.

—Bueno, entonces, cuando te pregunte ante el fiscal, secretaria judicial y demás partes personadas quién le entregó el millón de francos franceses a Julián Sancristóbal para financiar el secuestro de Segundo Marey, ¿qué me vas a contestar?

—Rafael Vera, secretario de Estado de Interior.

—Correcto. Ahora sal por esa puerta al pasillo antes de que lleguen los abogados y charla con Manrique como si tal cosa.

El diálogo figura textualmente en el libro La conspiración, de José Amedo. El ex policía amenaza, además, en el prólogo, con tirar de su «cintoteca» si el Príncipe de la Justicia se atreve a desmentirle. Por ahora, en los juzgados de la plaza de Castilla no hay ninguna demanda o querella contra el autor de la obra.

***

Secretario de Estado de Interior durante doce años, hasta enero de 1994, y hombre fuerte del Ministerio del Interior con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, Rafael Vera era consciente desde el mes de febrero que la próxima pieza a cazar era él.

Por eso, al mismo tiempo que Barrionuevo salió a la prensa e hizo unas declaraciones pidiéndole al juez Garzón que le citara a declarar «para poder defenderme», Vera, el dueño y señor de los fondos reservados, que repartía a diestro y siniestro sin control alguno para pagar «sobresueldos» a su equipo, había adoptado una estrategia distinta.

Comenzó por recusar al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional por «animosidad manifiesta», ya que ambos habían trabajado juntos en el Ministerio del Interior y se habían disputado la Secretaría de Estado de Interior. Como los hechos no eran ciertos, ya que no habían coincidido en Interior salvo tal vez algunos días, al titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Carlos Bueren, no le supuso ningún esfuerzo rechazar la recusación.

Mal asesorado por sus abogados, Vera no se dio por vencido. Presentó una segunda y doble recusación, contra Garzón por «animosidad manifiesta» y contra Carlos Bueren por «amistad manifiesta» con el juez recusado. La doble recusación fue resuelta por Manuel García Castellón, que no encontró razones para la recusación y devolvió el sumario.

El 25 de febrero de 1995 la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaza una querella que el secretario de Estado de Interior puso en contra del juez achancándole delitos de prevaricación, coacción de testigos y amenazas a su secretario Juan de Justo, entre otros supuestos delitos. Con las manos libres, decide proceder contra el secretario de Estado. El paso previo, como ya se ha contado, es que José Amedo Fouce declare ante el fiscal, la Secretaría Judicial y las acusaciones particulares sobre el uso dado a los fondos reservados para crear una banda criminal.

—Que pase José Amedo. Tome asiento, señor Amedo.

Natalia Reus, en su papel de secretaria judicial, que desempeñaba a la perfección, hizo pasar primero al testigo y luego a las partes personadas en el proceso. Tras leerle las «ordinarias de la ley» y formularle algunas cuestiones rutinarias sin interés, Baltasar Garzón, serio y circunspecto, le preguntó:

—Señor Amedo, ¿quién le entregó a Julián Sancristóbal el millón de francos franceses para financiar el secuestro de Segundo Marey?

—Rafael Vera, secretario de Estado de Interior.

La noticia saltó inmediatamente a los pasillos de la Audiencia Nacional por medio de los abogados. La opinión de todos los periodistas era unánime: «Ya está, esta noche Rafael Vera dormirá en Alcalá-Meco».

Y así fue, efectivamente. Tras tomarle declaración, Vera se convertía en el primer secretario de Estado enviado a la cárcel por utilizar fondos públicos para crear una banda terrorista que había asesinado en Francia a veintinueve personas.

«Con Vera hay más fundamentos para enviarle a la cárcel. Como juez, me veo ante una decisión de envergadura. No se me escapa su trascendencia social y política. Como hombre... estoy hecho polvo», le dice el Príncipe de la Justicia a Pilar Urbano. «¡Si tú supieras, Yayo, lo que me cuesta esto!» le dijo a su mujer, que no ha dejado de pensar en Ángeles Esquiva, la del secretario de Estado de Interior. «No se lo puede creer nadie, pero este es uno de los peores tragos de mi vida como juez. Si pudiera pasarle los trastos a otro, cogía las de Villadiego y me perdía», escribe la periodista del Opus Dei que acaba de descubrir a su Josemaría Escrivá de Balaguer particular.

Porque, ¿quién de los dos miente? ¿Baltasar Garzón con sus problemas de conciencia o José Amedo, presentando a un magistrado que coacciona a los testigos y les obliga a declarar en cada momento lo que le interesa para ir subiendo peldaño a peldaño hasta Felipe González y así retirar los obstáculos?

***

Según cuenta Amedo y nadie le ha desmentido ni se ha querellado en su contra hasta la fecha, a finales de 1994, cuando le llamó para interrogarle por el Caso Segundo Marey y así «tumbar» a la cúpula de Interior, el juez Garzón le dijo: «Conozco los números de unas cuentas en Suiza de vuestras mujeres. Sacad el dinero mientras no os mande la comisión rogatoria, ya que el dinero no me interesa, sólo quiero que impliquéis a la cúpula del Ministerio del Interior».

Amedo y Domínguez, sin embargo, decidieron no tocar aquella suma, próxima a los 500 millones de pesetas. Cuando el sumario fue elevado al Tribunal Supremo al estar implicado el aforado José Barrionuevo, el instructor especial de la causa, Eduardo Moner, se limitó exclusivamente al Caso Segundo Marey y dedujo testimonio del asunto de los fondos reservados y lo remitió a la justicia ordinaria.

De esta manera, en este sumario aparecen ocho implicados: el secretario de Estado Rafael Vera (utilizado en este sumario menor para llegar a Barrionuevo), su secretario Juan de Justo, el policía Aníbal Machín, el jefe de la Guardia Civil Félix Hernando, los ex condenados José Amedo Fouce y Michel Domínguez Martínez, y sus mujeres, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez Carrión. A todos ellos, el nuevo juez instructor les imputa un delito de malversación de caudales públicos. El 15 de julio de 2007, en el momento en que se decreta la apertura del juicio oral, han pasado 15 años y 23 días, con lo que el delito ha prescrito.

La preocupación del juez, por entonces, era llegar como fuera a Felipe González. «Hay que seguir la instrucción hacia arriba y buscar pruebas para que el Supremo pueda imputar, a ser posible, a José Luis Corcuera, a Juan Alberto Belloch y a José Barrionuevo. Con tres ministros ¡tocados!, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tendrá más remedio que llamar a declarar a Felipe González y el castillo de naipes se derrumbará», les había dicho.

Las únicas personas que pueden imputar a José Luis Corcuera en el pago de los sueldos de los comisarios para mantenerles con la boca cerrada mientras están en la cárcel son las mujeres de los ex policías. El abogado Jorge Manrique lo recuerda perfectamente.

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«El día 10 de enero de 1995 Garzón ordena a José Amedo y a Michel Domínguez que se trasladen a Santander y a Navarra con varios funcionarios policiales para reconocer el lugar de la frontera donde se hicieron cargo de Segundo Marey y el caserón destartalado en el que había estado secuestrado».

«Mientras están fuera citan a María Ángeles Acedo Morales, la mujer de José Amedo Fouce, con la que lleva casado apenas un año. Pretende que declare que el ex ministro de Interior José Luis Corcuera es quien le pagó el sueldo de su marido de los fondos reservados. Corcuera, que había abandonado la política a finales de 1993, no se había presentado al Congreso de los Diputados en esas elecciones, no estaba aforado, y era la presa más fácil para llegar a Felipe González».

—Yo nunca hablé con el ministro. Yo eso no lo hago —se resiste la mujer.

—Te quiero advertir de una cosa. Si no declaras puedes estar perjudicando a tu marido —le dice.

«El interrogatorio se produce sin la presencia de su abogado, lo que da a entender que acuden como testigos y sin que el juez les haya leído previamente los artículos 261 y 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les dispensa de denunciar o declarar como testigos contra sus cónyuges, ni los demás derechos que les asisten», dice Manrique. Pese a todo, Acedo, que no tiene buen concepto del juez, se niega en redondo a declarar contra una persona con la que no ha estado nunca, «incluso aunque me cueste mi matrimonio», le dice.

Garzón, sin embargo, sigue obstinado en llegar lo más alto posible con su sumario. Recuerda la huida de Luis Roldán a Francia, que ha cobrado también de los fondos reservados, y las implicaciones que ha tenido en el caso un agente del Ministerio del Interior, Francisco Paesa. Inmediatamente procede a localizarle en un último intento de implicar a El Litri186 en el reparto de los fondos reservados, especialmente en lo concerniente a Amedo y Domínguez para «taparles la boca». De pasada podría matar dos pájaros de un tiro si se descubría que el Cochero de Drácula, sobrenombre por el que se conocía a Juan Alberto Belloch, le autorizó a quedarse con el dinero del ex director general de la Guardia Civil a cambio de su entrega a España.

Aparece entonces otro personaje. Tenía cuarenta y nueve años, había recorrido todo el mundo, se había casado y divorciado de la bella Dewi Sukarno, viuda del ex dictador de Indonesia Ahmed Sukarno, había creado un banco de negocios en Suiza —el Alapha Bank—, otro en Guinea Ecuatorial, se dedicaba al tráfico de armas, al blanqueo de dinero negro y a cualquier otra actividad bien remunerada. Francisco Paesa Sánchez, el play boy impenitente, el hombre de los mil rostros y de las mil identidades, fue uno de los grandes infiltrados en ETA, a la que vendió unos misiles con seguimiento electrónico. También preparó un secuestro en Francia, que no llegó a realizarse, del terrorista José María Bereciartúa Etxarri, Txema, con el objetivo de llegar al Comando Madrid.

Su última y rocambolesca historia consistió en ayudar a Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, a escapar de España a Francia y luego entregarlo al Ministerio del Interior como si hubiera estado oculto en Laos, imponiendo unas condiciones ficticias —inventadas por él— al ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, a través de un capitán igualmente de cartón piedra.

Baltasar Garzón le tenía imputado años antes por un presunto delito de obstrucción a la justicia al intentar manipular la declaración de Blanca Balsategui, compañera entonces de Michel Domínguez, a la que trató de convencer para que mintiera al juez.

El hombre para llegar al siempre enigmático Francisco Paesa, un individuo de pelo blanco que seguía fumando con boquilla y que lo mismo se paseaba por el hotel Miguel Ángel de Madrid que al día siguiente desaparecía sin dejar rastro, era Jesús Guimerá, un ex piloto de Iberia, instructor de vuelo, que había sido expulsado de la compañía por volar bajo. Era también un gran estudioso que conoce, probablemente, muchos de los entresijos del asesinato de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Guimerá era no sólo su piloto particular, sino su hombre de confianza de toda la vida. Sólo él sabía en todo momento en qué parte del mundo se encontraba.

—Me ha dicho Garzón que quiere hablar una tarde con él. Está interesado en conocer los entresijos de la fuga de Roldán y qué pasó con los fondos reservados que había robado —le sugirió un amigo, ex policía.

—Yo te lo traigo. Pero tú tienes que garantizarme por adelantado que no lo va a meter a la cárcel.

—¿Cómo puedo prometerte yo eso? Me ha dicho que sólo quiere hablar con él.

—¿Sólo hablar? Ese juez tiene más peligro que un nido de víboras. O me garantizas tú personalmente que le deja en libertad o no hay trato.

Y no hubo pacto. La posibilidad de tirar del hilo por medio de las mujeres de los ex policías y de Francisco Paesa para desenredar la madeja de los GAL y enchironar a El Litri y al Cochero de Drácula nunca se produjo. La investigación de los GAL empezaba a entrar en vía muerta cuando un hecho inesperado hizo saltar la estructura de Interior por los aires.

***

Durante su etapa de comisario provincial de Información de Bilbao, primero, y jefe de Policía de Bilbao, más tarde, Miguel tenía fama de hombre duro e implacable con sus subordinados. «Es un verdadero hijo de puta», se oyó decir a muchos inspectores por los pasillos de la comisaría de la capital del Nervión. Sin embargo, la fama de hombre de hierro no era cierta. De todos los detenidos —Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo, Marín— Planchuelo era sin duda el más débil.

Garzón, obsesionado con llevar a cabo una instrucción al estilo Mani Pulite, en la que la orden de prisión se empleaba como forma de presión para obtener declaraciones de los imputados, decidió apretarle las tuercas: «Quiero que seas sumamente contundente con todos, pero especialmente con Planchuelo. Tienes que hacerle llorar, tienes que debilitarlo para que se hunda emocionalmente en prisión y en pocos días se abra y, con su testimonio, contamine a los demás. ¿Estamos de acuerdo?», afirma Amedo que le «instruyó» Garzón en privado antes de tomarle declaración.

Así lo hizo. Obsesionado por los años que había pasado en la cárcel, el subcomisario sólo pensaba entonces en pegarle un mordisco en la yugular a su superior. Y lo hizo con tal vehemencia durante el careo que Garzón no tuvo más remedio que apuntar «mayor contundencia por parte del señor Amedo».

Aquella noche, a las seis de la mañana, cuando tras catorce horas de interrogatorio la plana mayor de Interior en Bilbao fue conducida en un furgón policial a la cárcel, Garzón intuía que Planchuelo acabaría derrumbándose y delatando al resto, como tantas veces había ocurrido en Milán o en Roma, donde los jueces de Mani Pulite metían en la cárcel a alcaldes, diputados, empresarios y políticos y les hacían saber que o «cantaban o se pudrirían allí dentro». De este modo lograron montar el proceso de Tangentópolis, donde prácticamente no había político que no trabajara para la Mafia, la Camorra o cualquier otra organización del crimen.

—¿Ha quebrado ya Planchuelo?

—No, aún no.

En febrero de 1995 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras estudiar los recursos presentados por las defensas de Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, decide ponerlos en libertad bajo fianza. Poco después Garzón llama a declarar a José Amedo, reabre el sumario 1/88 que tenía preparado en la recámara para situaciones similares y le pregunta por la implicación de Miguel Planchuelo en el mismo. «Ha sido tu inmediato superior en la creación de los GAL y tienes que implicarlo sin ningún género de dudas», le sugirió el juez. Acto seguido, para forzar su «arrepentimiento» y «delación» cita de nuevo al ex jefe superior de Policía de Bilbao a su despacho, le toma declaración sobre el sumario original de los GAL, que supuso en 1991 una condena de 108 años para Amedo, y le vuelve a enchironar.

Con problemas reumáticos, medio deprimido por la privación de libertad, Planchuelo regresa por segunda vez a la cárcel. Reflexiona y se da cuenta de las verdaderas intenciones de Garzón: enchironarle a él por lo menos otros 108 años, enterrarle de por vida.

A los pocos días se entera de que Rafael Vera, que tiene mucha mayor responsabilidad en los crímenes de Estado, se encuentra en libertad condicional. La fianza de 200 millones que le ha impuesto la sala la ha pagado el PSOE sin rechistar. La noticia le llena de tristeza. Los socialistas van a emplear dos varas de medir, una para los suyos, a los que no van a permitir que los humille un juez, y otra para los policías.

La amenaza de pasarse la vida preso y la salida de la cárcel de Vera le revuelven el hígado. En pocas horas se viene abajo. Por medio de su abogado, José Aníbal, hace llegar un mensaje al juez:

—Mi cliente quiere que su señoría le cite de nuevo. Tiene cosas que decir.

Era el 15 de junio de 1995. Lo cantó todo de plano, pero el sumario 1/88, dirigido sólo contra Planchuelo, se ha vuelto a reactivar, y en 2007 sigue aún su curso en la Audiencia Nacional.

En los días siguientes, entre el 15 y el 20 de julio, la Audiencia Nacional parecía la Pasarela Cibeles. Por sus escaleras desfilaron Francisco Álvarez, Julián Sancristóbal, Julio Hierro, Sainz Oceja, Corujo, Hens... Todos ellos reiteraron las declaraciones de José Amedo e incluso aportaron algún detalle nuevo.

La mayoría de ellos, al poco tiempo, quedó en libertad bajo fianza, lo que evidencia una vez más, según algunos abogados, que Garzón seguía al pie de la letra la técnica de Mani Pulite en Italia: utilizar la prisión provisional como instrumento para conseguir delaciones; emplear a los imputados como «rehenes» para conseguir su propósito; implicar a los ministros y al presidente del Gobierno en la estructura del crimen de Estado utilizado contra ETA.

La última de las declaraciones fue la de Ricardo García Damborenea, secretario general de los socialistas vascos, la clave para alcanzar al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

Pero esa ya es una historia con entidad propia.

Capítulo VIII

González se va de rositas

Lo intentó en dos ocasiones, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó que no había pruebas suficientes, aunque con muchos menos indicios se había condenado a Amedo y a Domínguez a 108 años de cárcel. Felipe González, la supuesta X de los Grupos Antiterroristas de Liberación se fue de rositas el 23 de junio de 1998. Desaparecido el oscuro objeto del deseo, los sumarios de los GAL, a partir de entonces, dejaron de tener interés para el juez estrella. Tras procesar sin éxito a tres generales en 2002 abandonó el asunto de manera tal que aún sigue sin saberse quiénes fueron los autores materiales de la mayoría de los veintinueve asesinatos cometidos por los servicios paralelos españoles en el sur de Francia. Y es que a Baltasar Garzón se le ha permitido todo en la Audiencia Nacional, incluso que deje los sumarios a medias. Su historia, sin embargo, será probablemente irrepetible. Nada más llegar al poder el Partido Popular cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que su ejemplo se reprodujera. Roto el molde, no habrá más imitadores. Tampoco es probable que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anule la sentencia a Vera y a Barrionuevo. No porque la instrucción de Garzón fuera impecable, que no lo fue. La sentencia no podrá ser revocada porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo reinstruyó en su día desde el principio al fin.

***

El jueves 20 de julio de 1995 Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos, comparece ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5. Al igual que sus compañeros no está dispuesto a callar más. Quiere decir la verdad, pero con una premisa previa: «Él no es un "arrepentido". El dirigente socialista vizcaíno asume todo lo que ha hecho».

«En 1982, al llegar el PSOE al poder, el terrorismo era una de las más grandes preocupaciones del Partido Socialista y del Gobierno. Era una batalla que se estaba perdiendo día a día. Cuando empieza José Barrionuevo en el Ministerio del Interior consulta a todos los del partido que teníamos una opinión relevante sobre el tema. En la práctica totalidad de los casos la opinión es la de intervenir, de actuar contra ETA de modo directo en el sur de Francia. Había que hacerlo como fuera, con la colaboración de los franceses o sin ella.

»La decisión de una respuesta activa frente a ETA la tomó personalmente el presidente del Gobierno Felipe González en la primavera de 1983. Tanto yo como los dirigentes del partido a los que he citado [José María Benegas, José Barrionuevo, Narcís Serra] tuvimos ocasión de comprobar con total claridad y sin duda alguna, en múltiples conversaciones con el presidente del Gobierno, qué pensaba él y cuál era su planteamiento sobre la estrategia terrorista y la necesidad de intervenir directamente en Francia.

»Esto es así de claro y rotundo y no admite matizaciones. Yo no habría dado aliento político a los Grupos Antiterroristas de Liberación si no hubiese tenido claro, sin la más mínima duda, que González lo quería».

Concluida su declaración ante el juez, a las tres y media de la tarde, fue puesto en libertad condicional, lo que demuestra una vez más que la prisión era un instrumento de coacción. Luego convocó una rueda de prensa y, con su estilo claro y contundente, prosiguió: «Los GAL no salieron de la imaginación ni de la iniciativa de dos o tres policías de Bilbao que se volvieron locos. Pensar eso es absurdo. Fue una decisión política que los policías aplicaron con el convencimiento de que estaban sirviendo al Estado. Fue el presidente del Gobierno el que dio el visto bueno para combatir a ETA con sus propias armas [...]. Los diseñadores fuimos nosotros, la cúpula del PSOE vasco [...]. Los brazos ejecutores de esta estrategia se encomendaron a los ministros del Interior y de Defensa José Barrionuevo y Narcís Serra».

El 28 de julio tuvo que acudir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A la salida hizo nuevas declaraciones públicas en el mismo sentido en el que se había manifestado ante el juzgado: «Me acusan de traidor, de renegado del socialismo, pero quien señala al presidente del Gobierno no son mis palabras, son los hechos. Sin contar con el visto bueno de Felipe González los GAL no habrían durado ni veinticuatro horas».

Acto seguido reveló a la prensa las maniobras del PSOE para ocultar el escándalo. «Cuando en diciembre de 1994 Amedo destapa el asunto, ante la inquietud de quienes han tenido algo que ver con los GAL, nos convocan del PSOE a una reunión con José María Benegas, en Ferraz 70».187

Damborenea estaba expulsado del partido, pero como había que cerrar filas y tomar una decisión unitaria le convocan y le hacen entrar por el aparcamiento. «Allí, delante de todos, expongo mi criterio: "Muchos de los mercenarios han cantado y hay sumarios abiertos en Francia y Portugal. Esto no se arregla con paños calientes. Es cuestión de tiempo que la justicia española se vea obligada a intervenir. La única solución que veo es que Felipe salga a dar la cara, a explicar e inculparse". José María Benegas está completamente de acuerdo con mi propuesta. No obstante, se adopta la estrategia del Gobierno: como no podrán probarlo todo nunca es mejor negar los hechos y esperar a que pase el escándalo.

»Se nos dice que el Gobierno lo va a arreglar todo y nos negamos a declarar en el juzgado. El Gobierno no sólo no arregla nada, sino que naufraga cada día más. Los ministros Narcís Serra y Julián García Vargas y el jefe del CESID, general Emilio Alonso Manglano, se ven obligados a dimitir. Lo único que importa es salvar a Felipe González a costa de que se hunda todo.

»Las cosas en lugar de mejorar empeoran. Antes del verano de 1995 la situación es tan crítica que el Gobierno establece un comité de seguimiento en el que participan Felipe González, Narcís Serra, Txiqui Benegas, Juan Alberto Belloch, Alfredo Pérez Rubalcaba y Cipriá Ciscar. Todo el partido dando la cara para salvar la imagen de una sola persona».

***

Poco antes, Julián Sancristóbal, recién ingresado en la cárcel, se expresaba en términos bastante parecidos. Transcurrido el periodo de incomunicación, recibió la visita de José Barrionuevo. Como antiguo jefe suyo venía a darle ánimos y a buscar soluciones conjuntas para el caso de los GAL.

—Yo creo que hay que dar una respuesta política al asunto. No hay otra alternativa —propone.

—¿Y cómo piensas que se puede dar esa respuesta política? —inquiere el ex ministro de Interior.

—Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno. Si Felipe González da la cara, construye un discurso político coherente, convoca una reunión urgente del Congreso y del Senado y cuenta la verdad de por qué hubo que crear los GAL, es probable que ahora se tenga que ir de la política. Pero como en el XXX Congreso del Partido, la gente saldrá a la calle con pancartas a pedirle que vuelva.

Barrionuevo esboza una leve sonrisa de incredulidad. De nuevo pregunta:

—¿Tú crees que estaría dispuesto a dar ese paso, a sacrificarse por el partido?

—¿Por qué no? ¿Es menos valiente que Margaret Thatcher cuando el asunto de los tres muertos del IRA en Gibraltar?188 González debe tener la gallardía, la valentía y el coraje de dar la cara por nosotros. Nos está sacrificando a todos para salvarse él y eso es indecente. Tarde o temprano alguno de nosotros acabará hablando.

El ex ministro del Interior transmitió el mensaje al partido. Poco después le encargó incluso que elaborara un borrador sobre un discurso al estilo del pronunciado por Richard Nixon por televisión, en el que presentó su dimisión como presidente de los Estados Unidos tras desvelarse que estaba implicado en el caso Watergate.189

Sancristóbal trabaja en varios textos y se los entrega a Barrionuevo, que los pasa a limpio, hasta que le dan la orden de no seguir trabajando. La prensa adicta se niega a que se reconozca nada. Caso de hacerlo, ellos serán los primeros en tirarse a degüello y cortarle políticamente el cuello a González para salvar la cara.190

—Ya sabía yo que Felipe es un pusilánime y un cínico. No sabe hacer otra cosa que mirarse el ombligo. Ya sabía yo que está dispuesto a tirar las columnas del templo y a morir con todos dentro, a sacrificarse con los suyos.191

—Es su carácter —le dice Barrionuevo—. Felipe es como un árbol. Está en el medio, quieto, parado. No se mueve por nada ni por nadie. El que quiera cobijarse a su sombra, buscar ayuda, tiene que moverse.

Semanas después de esta conversación, Julián Sancristóbal daba el paso de contarlo todo al juez Garzón e imputar a Felipe González en lo que sabía. No era demasiado, pero sí lo suficiente para que, junto con otras declaraciones coincidentes, el presidente del Gobierno tuviera que sentarse en el banquillo.

***

El 28 de julio de 1995, nueve meses antes de las elecciones generales, Baltasar Garzón remite a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una exposición motivada sobre la presunta implicación de altos cargos y miembros del Gobierno en el caso de los GAL. Al tratarse de aforados, la instrucción y enjuiciamiento corresponde al Alto Tribunal.

En un escrito de cuarenta folios, explica que de las declaraciones de los imputados Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y Ricardo García Damborenea se deducen indicios de delitos que afectan a cuatro aforados: a los diputados José Barrionuevo y José María Benegas, al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y al presidente Felipe González Márquez, que ejercía en aquellos meses la presidencia de la Unión Europea.

Los indicios contra Felipe González, de confirmarse en el plenario, se traducían en un delito de pertenencia a banda armada en grado de fundador, dirigente o promotor, y otro de malversación de caudales públicos, al haber utilizado los fondos del Estado para financiar a un grupo terrorista. Llegado a este punto de la instrucción, el juez, por lo tanto, tiene que inhibirse por ley de esa parte del sumario y remitir las actuaciones a la Sala Segunda del Alto Tribunal. Y para evitar las filtraciones de su auto acudió personalmente al Palacio de Justicia de la plaza de la Villa de París y lo entregó en mano dentro de un sobre, en su despacho, al presidente de la Sala Segunda del Tribunal, Fernando de Cotta y Márquez de Prado, un magistrado conservador, de sesenta y nueve años, a punto de jubilarse.

Fue como si les hubieran dado una patata caliente. Al día siguiente, 29 de julio, Cotta pasó el asunto por el registro del Alto Tribunal. Enseguida formó una sala de admisión formada por tres magistrados, José Augusto de Vega, Francisco Soto Vázquez y él mismo. Previo informe del ministerio fiscal decidieron aceptar el sumario de los GAL a trámite.

A Carlos Granados, el fiscal general del Estado socialista, le entran también las prisas. Tras reunir a la Junta de Fiscales, el máximo órgano de gobierno de la carrera, el 7 de agosto hacen público su primer informe: «Salvo una vaga alusión de Julián Sancristóbal y las acusaciones de Ricardo García Damborenea, expulsado del Partido Socialista y por lo tanto presuntamente enemistado con Felipe González, no hay indicios suficientes para inculpar al ex presidente del Gobierno. Al ser estas las únicas imputaciones, y al no estar respaldadas por ninguna otra prueba, no creemos que se den las condiciones mínimas de verosimilitud y fundamentación mínimamente precisas para adoptar la decisión de solicitar el suplicatorio e interrogarle como imputado».

Redactado por el fiscal Emilio Vez Pazos, el escrito «exculpa» también a Narcís Serra y a José María Benegas con mayor contundencia. «Contra ellos sólo existen en el sumario meras suposiciones e hipotéticos juicios totalmente insuficientes».

Las imputaciones contra el ministro del Interior José Barrionuevo resultan, en cambio, mucho más sólidas. «Son precisas, reiteradas y concordantes». Todos los altos cargos de Interior, Amedo, Planchuelo, Álvarez, Sancristóbal y Damborenea le sitúan por encima de ellos en la dirección de los GAL. El ministerio fiscal recomienda, por lo tanto, que se pida sin dilación el suplicatorio al Congreso de los Diputados para interrogarlo y procesarlo.

En este contexto, y con la mayoría de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de vacaciones, es necesario pronunciarse sobre la posible admisión a trámite de la querella. El presidente de la Sala, Fernando de Cotta y Márquez de Prado, un individuo de 1,95 de estatura, de ademanes educados y dotado de un estricto sentido de la justicia, piensa que deben ser los tres magistrados más antiguos los que se reúnan y lo acuerden.

Antes de tomar la decisión opta por consultarlo con José Augusto de Vega, un juez cercano al PSOE que se encuentra descansando con su familia en una urbanización de Punta Umbría, en Huelva.

—Oye, Fernando, ¿no has pensado que sea el pleno de la Sala Segunda quien lo vea? —le replica De Vega.

—Al contrario, pienso que es una locura. Es un asunto de trámite. Y si la sala empieza por intervenir en tonterías queda inhabilitada para juzgar.

Fernando de Cotta sondea entonces al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Pascual Sala, colocado a propuesta del PSOE en el máximo órgano de gobierno de los jueces, curiosamente le hace la misma sugerencia.

—He pensado que la admisión del sumario de los GAL deberá verla el pleno.

—Oye, Pascualín, no me vengas ahora con estas. Augusto de Vega me ha dicho lo mismo y creo que todo es idea tuya. Pero ya sabes mi parecer. Lo que pretendéis es un disparate.

Al final, Cotta y Márquez de Prado tiene que ceder a las presiones de varios de sus compañeros. Los magistrados suspenden sus vacaciones la segunda quincena de agosto de 1995 para evacuar un trámite elemental e ineludible: dejar sentado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es competente para instruir el caso y reclamar oficialmente al juez Baltasar Garzón que les remita todos los papeles que tenga sobre los GAL.

***

Al magistrado-juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no le había caído una parecida en su vida a lo largo de su dilatada carrera judicial. De origen malagueño, meticuloso y excelente profesional, fue elegido por el resto de sus compañeros para hacerse cargo de la instrucción en el Supremo de la causa de los GAL contra los aforados. Su obligación, tras leer los 25.000 folios que les había entregado Baltasar Garzón, era llamar a los principales testigos para que se ratificaran en sus manifestaciones, interrogar al único imputado que no había sido oído, José Barrionuevo Peña, y elevar el caso una vez practicadas las diligencias al Tribunal Supremo para su enjuiciamiento.

Tras echarle un vistazo al sumario y ver que había diez tomos sin numerar, declaraciones no firmadas y otras muchas irregularidades, decidió empezar desde cero, lo que suponía una «desautorización implícita» al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.192

El instructor del Supremo inició sus indagaciones el 23 de septiembre de 1995 citando a Ricardo García Damborenea y a Julián Sancristóbal con el fin de verificar la fiabilidad de su testimonio, en el que imputaban a José Barrionuevo, José María Benegas, Narcís Serra y Felipe González en la creación de los GAL. Acto seguido pidió la comparecencia de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, preso en la cárcel de Brieva (Ávila), por si podía aportar algún elemento nuevo.

A la vista de los indicios existentes, elevó la causa a la Sala Segunda para que solicitara al Congreso de los Diputados el suplicatorio para poder interrogar y procesar, llegado el caso, a José Barrionuevo Peña.

El 13 de diciembre el ministro del Interior se defendió con uñas y dientes. Negó que el secuestro de Segundo Marey, la base de todo el sumario, se preparara en su ministerio. «Yo no he autorizado, ordenado o consentido las actividades de los GAL», proclamó. Afirmó que tampoco tuvo conocimiento del secuestro de Marey y que desde su ministerio no se financiaron los Grupos Antiterroristas de Liberación. «Yo, como todo el mundo sabe, porque se ha publicado en los periódicos, no tengo firma en los fondos reservados».

La decisión de negarlo todo le sirvió de poco. El 11 de enero de 1996 el magistrado del Supremo Eduardo Moner dicta un auto inculpando al ex ministro de Interior por un delito de detención ilegal relacionado con el secuestro del industrial vasco francés Segundo Marey. En las filas del PSOE, la decisión del juez del Supremo sentó como un tiro. En las del Partido Popular, entonces en la oposición, y de Izquierda Unida, la actitud del instructor de la causa 1/88 en la Sala Segunda del Supremo se interpretó como una derrota del Estado de Derecho y de la independencia de los tribunales.

Otros muchos, entre ellos el juez Baltasar Garzón, consideraban el auto una auténtica burla a la justicia. Por eso decidió hablar con Fernando de Cotta, tío de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, para ver si se podía rectificar la decisión de Moner.

—Tienes que hablar con Moner —le dijo—. Lo que ha hecho con Barrionuevo es impresentable.

—No voy a hacerlo. Un presidente de sala debe tener absoluto respeto por el trabajo de sus compañeros. Además, basta que le comente algo para que se diga que he tratado de presionarle e incluso pidan que se me aparte de la causa.

—Alguna solución tiene que haber. Yo creo que ese hombre ni se ha leído el auto.193

—Si tan convencido estás de que ha cometido un error y puede subsanarse, ¿por qué no hablas tú con él? Si quieres verle, se lo puedo comentar.

—Hombre, pero ¡cómo voy a ir yo al Supremo!

—Por eso no te preocupes. Os ofrezco mi casa a los dos.

Tras esta conversación, Garzón y Moner, los dos instructores, hablan en secreto sobre el caso de los GAL. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional le expone sus razones por las que debe ampliarse el procesamiento del ministro del Interior a otros delitos, revocar la libertad con una fianza de 15 millones de la que disfrutaba, y meterlo de cabeza en la cárcel.

—Las presiones políticas son de tal calibre que si no se actúa con decisión, el asunto se nos escapa de las manos y nos quedamos sin nada —le comenta.

Eduardo Moner se queda pensativo. Al concluir la reunión, celebrada sin la presencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se había ido a dar un paseo «para que podáis hablar con más libertad», Garzón está convencido de que ha logrado su propósito: que se amplíen los delitos a Barrionuevo y que Felipe González fuera inculpado.

El 22 de enero de 1996 el titular del Juzgado Penal de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional recibe una de las mejores noticias de su vida. Ese día recibe la llamada de Fernando de Cotta y Márquez de Prado. Nada más oír su voz cálida y exultante intuye lo que ha pasado, pero espera a que se lo confirme.

—Quiero que seas el primero en enterarte: Eduardo Moner va a ampliar el procesamiento contra José Barrionuevo por los tres delitos cometidos por los GAL.

—¿Por los tres?

—Sí, por los tres. Me lo acaban de confirmar ahora mismo.

—Pero, ¿ha firmado ya? —quiere saber Garzón.

—No, me han dicho que lo firmará mañana.

Garzón respira aliviado. Comenta:

—No sabes qué alegría me das. Ya era hora de que el Supremo se mojara.

—Yo también me alegro. Pero procura ser discreto. ¡No sea que empiecen a llamar al instructor y se arrepienta!

Al día siguiente, mientras el PSOE debatía la espinosa decisión de incluirle en sus listas electorales como número dos por Madrid, se hacía público el nuevo auto. Frente a la petición de las defensas del procesado de que se le imputara, como último recurso, sólo por asociación ilegal, el instructor había decidido atribuirle un presunto delito de integración en banda armada en grado de dirigente.

En un escrito de trece folios el juez explica que «los máximos responsables de los servicios policiales en el País Vasco organizaron en septiembre de 1983 una estructura capaz de responder a la actividad desplegada por ETA en dicho territorio». La creación de la banda armada contó con la aquiescencia del ministro del Interior, José Barrionuevo, y de su segundo, Rafael Vera, «quienes se integraron en la misma en funciones directivas». Además les imputaba los delitos de detención ilegal y malversación de caudales, al haberse financiado el secuestro de Segundo Marey con los fondos reservados del Ministerio del Interior.

De esta manera, José Barrionuevo se convertía en el primer ministro de la democracia acusado de los más graves delitos posibles, salvo el de asesinato. El Tribunal Supremo acababa de elevar el listón judicial hasta el punto más alto. En consecuencia, el intento de implicar en la banda armada al presidente del Gobierno iba a resultar más difícil.

***

Los testimonios incriminatorios de personas de su entorno —Luis Roldán, Ricardo García Damborenea y otros— eran similares y coincidentes en lo sustancial. En este contexto, Felipe González no tenía más salida que la dimisión deshonrosa, al estilo de Richard Nixon, y la petición de disculpas a la sociedad.

A las denuncias de su entorno, a última hora se había unido la del comisario de Policía Eduardo Luengo Garallo al instructor de la causa en el Supremo, Eduardo Moner. Según su deposición, estando destinado en La Moncloa como jefe de Seguridad, un día en que se encontraba con el subcomisario Eugenio Chacón y el policía José Antonio Boal González, les dijo Manuel Céspedes, jefe de escolta de Felipe González: «Se va a crear una estructura clandestina en el País Vasco español y en el sur de Francia. Felipe González está dispuesto a ir a por todas».

«Con los mismos indicios existentes contra González han sido condenados otros reos de terrorismo y narcotráfico. No hay más remedio que llamarle a declarar, salvo que la justicia pretenda tratarle como un príncipe absoluto que, por serlo, está por encima de las leyes»,194 escribió el juez Joaquín Navarro Estevan.

No llamar a declarar a Felipe González suponía, además, vulnerar la tradición de la justicia de las democracias occidentales. Alemania había obligado a Konrad Adenauer a comparecer ante un tribunal; en Japón, su primer ministro Kakuei Tanaka tuvo que explicar el cobro de comisiones de la Lockheed en 1982; en Italia, Giulio Andreotti había tenido que explicar su presunta participación en dos asesinatos, Bettino Craxi estaba huido por ladrón y Silvio Berlusconi había tenido que comparecer ante los fiscales de Milán. Y, en Estados Unidos, inquilinos de la Casa Blanca como Richard Nixon o Bill Clinton (y su mujer) habían tenido que sentarse a declarar ante un tribunal.

«Indicios y pruebas [para incriminar a González] existen hasta la náusea. Lo inverosímil, peregrino y fabulatorio para un tribunal es creer que José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo creasen, organizasen, financiasen y coordinasen una banda terrorista sin el conocimiento y el consentimiento de Felipe González», reiteraba Navarro Estevan.

Sin embargo, celebradas las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, que dieron la victoria al PP, el instructor da un paso crucial en la estrategia de no implicar a Felipe González en la trama terrorista de Estado urdida, según algunos testigos, en la mismísima Bodeguiya de La Moncloa y en el despacho del presidente.

El 24 de abril decide no citar a declarar a José María Benegas, a Narcís Serra ni a Felipe González, pese a que el criterio de las acusaciones particulares era el contrario. Pretendían solicitar por lo menos su comparecencia y, a la vista de sus declaraciones y careos con el resto de los imputados, que se resolviera sobre su presunta culpabilidad o no en la trama terrorista de Estado.

Según el periodista Miguel Ángel de la Cruz, nada más conocer la noticia, Baltasar Garzón, que acababa de mantener una entrevista secreta con el instructor del Supremo, se puso como una hidra: «Será posible... ¡Este tío se ha vendido [al PSOE]! —repetía una y otra vez [sin poder contener su impotencia y su rabia]».195

Comenzaba así una larga y compleja batalla jurídica entre los abogados de la acusación popular y el defensor de Ricardo García Damborenea pasa sentar a Felipe González en el banquillo. Los acusadores recurren el auto del magistrado del Tribunal Supremo y le acusan públicamente de pretender cerrar en falso el sumario sobre el secuestro de Segundo Marey, dejando al margen a la cúpula del PSOE, con Txiki Benegas como cabeza visible, al ministro de Defensa Narcís Serra y a la supuesta X de los GAL, Felipe González Márquez.

El instructor ni siquiera se molesta en tramitar a la sala las peticiones de las partes. Por el contrario, en un nuevo auto reclama a la Audiencia Nacional para sí todos aquellos asuntos relacionados con la «creación, organización y financiación de los GAL», remite el caso de los fondos reservados a la justicia ordinaria y ordena al juez Garzón que siga instruyendo los asuntos concretos relacionados con los asesinatos de dirigentes de ETA en el sur de Francia.

Esta nueva decisión tiene una clara trascendencia en las futuras actuaciones judiciales. Una vez reclamada la llamada «causa matriz de los GAL», para juzgarla conjuntamente con el Caso Marey, se cerraba definitivamente la puerta para que la Audiencia Nacional pudiera volver a plantear la incriminación de Felipe González. El principio de «cosa juzgada» lo prohibía.

De esta manera, además, el Tribunal Supremo ponía fecha de caducidad al horizonte penal del ex presidente del Gobierno. La espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los altos cargos del Gobierno anterior no puede estarlo eternamente, hasta el año 2015, como afirmaba Baltasar Garzón.

«Resuelto el problema de fondo, es decir, la creación, dirección y financiación de los GAL, la más siniestra máquina de matar creada en la democracia, el caso no puede volver a juzgarse. Resultaría estúpido pensar que Felipe González tomaba las decisiones de si se atentaba en el Mon Bar, en el Consolation o en el bar Batxoki del sur de Francia», afirmaba uno de los magistrados del Supremo.

La decisión no era un capricho del alto tribunal. Nada más entregar el sumario del Caso Marey al Supremo, Garzón había abierto el del Caso Oñaederra y Javier Gómez de Liaño el de Lasa y Zabala, del que se hablará más extensamente en otra parte, mientras el magistrado Justo Rodríguez investigaba en San Sebastián la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. Los dos primeros magistrados pensaban enviarlos en pocas semanas al Supremo en sendos autos en los que pidieran de nuevo la inculpación de José María Benegas, Narcís Serra, José Barrionuevo y Felipe González entre otros aforados.

A partir de entonces, toda la estrategia de las acusaciones particulares se centra en pedir una serie de careos entre Luis Roldán, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea, de una parte, y José Barrionuevo de otra con una finalidad clara: forzar al ex ministro del Interior a que impute personalmente al presidente del Gobierno o ponerle en la tesitura de que cometa cualquier desliz del que pudiera deducirse que Felipe González era el «padrino» de toda la banda.

Consciente de que le habían tomado como cabeza de turco para volcar en él las más altas responsabilidades, Barrionuevo decidió asumir su papel de «mártir». Tras negarse al careo con Luis Roldán, «un auténtico sinvergüenza al que no quiero ver ni en pintura», no tuvo inconveniente en mantener el cara a cara con los demás. Su convencimiento de que debía inmolarse para salvar al partido y la honorabilidad de sus compañeros de Gobierno, libró a González momentáneamente de pasar a la historia al lado de Richard Nixon, Carlos Andrés Pérez o Alberto Fujimori.

La instrucción del juez Moner revelaría además la muy particular forma de investigar del Príncipe de la Justicia.

«Sí, es cierto que me entrevisté en secreto con el juez Garzón en abril de 1993 y que lo volví a hacer en noviembre y diciembre de 1994. En la primera de las conversaciones le conté cosas muy sustanciosas y jugosas, de contenido muy delicado. El juez se limitó a tomar algunas anotaciones en un papel pero nunca las trasladó al sumario, como es preceptivo».

Michel Domínguez, uno de los policías relacionados con el secuestro de Segundo Marey, fue uno de los últimos en ser llamado a declarar a la Sala Segunda del Supremo. Lo hizo el 5 de junio de 1996 y su relato fue explosivo: «El juez Garzón, tras descubrirme en Suiza cuentas bancarias secretas, me forzó a darle, nombre por nombre, la relación de todos los implicados en los GAL. También me consta que retuvo siete meses el sumario sobre el secuestro de Segundo Marey para impedir que la causa fuese de inmediato al Supremo», aseguró, para más tarde añadir: «Allí las declaraciones no se hacen como aquí. En la Audiencia Nacional nos reuníamos previamente con el juez y pactábamos lo que íbamos a decir y lo que no. Luego entraba el escribiente y el juez dictaba lo convenido. De vez en cuando formulaba alguna pregunta, pero lo que se escribía en las declaraciones generalmente era lo que él le dictaba al oficial».

—¿En algún momento le indujo el juez a que declarara algo que fuera ajeno a la verdad? —le preguntó el letrado José Luis Galán.

—No, eso tampoco. Pero lo cierto es que en mi primera conversación con él le dije que no iba a implicar a ningún policía de mi rango. Garzón se encogió de hombros. Me dijo: «Eso no importa, lo que yo quiero es tirar para arriba».

Durante la deposición del testigo y acusado, Eduardo Moner no salía de su asombro. Al final se vio obligado a preguntarle:

—¿Le amenazó el juez con meterle en la cárcel si no decía en cada momento lo que él quería?

—Sí, me amenazó a mí y también a mi mujer196 —dijo Domínguez con rotundidad.

Moner, en contra del parecer de algunas de las partes, no dedujo testimonio contra Baltasar Garzón. El 11 de julio de 1996 el instructor daba por cerrado el sumario y decidía enviar los 20.000 folios al pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para su enjuiciamiento.197

La única incógnita que quedaba por despejar era si Isidoro198 podía ser citado como imputado en la vista oral o, por el contrario, la justicia debía plegarse a los intereses de la clase política y permitir que Narcís Serra, José María Benegas y Felipe González se fueran de rositas tras ser los protagonistas principales, los mayores responsables, según algunos testimonios, de la historia más macabra y trágica de la democracia española.

Porque las acusaciones particulares, dispuestas a que se despejara la X de los GAL, volvieron a recurrir al Tribunal Supremo para que se reabriera el sumario —cerrado en falso, según ellos— y el secretario general del PSOE y ex presidente del Gobierno fuera llamado a declarar como imputado.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tenía la obligación de aclarar de una vez por todas la sombra de duda que había estado planeando durante todo el proceso. ¿Era Felipe González un terrorista de Estado o se enteró de los GAL por los periódicos, como solía repetir burlonamente?

Jubilado Fernando de Cotta y Márquez de Prado como presidente, el 5 de septiembre de 1996 se reúne la Sala Segunda del Supremo para aclarar esta cuestión a la luz de los testimonios que obran en la causa. Pero en lugar de pronunciarse, deciden ganar tiempo y le ordenan al instructor Eduardo Moner que reabra los autos y tramite el recurso de las acusaciones particulares.

Dos meses más tarde, el 5 de noviembre, vuelve a reunirse la Sala de Casaciones. En esta ocasión el candidato a presidir el organismo, Luis Román Puerta, ha tenido que retirar su candidatura. El nuevo presidente es José Augusto de Vega, un magistrado al que no se le ve el carnet del PSOE asomando por el bolsillo de la camisa. Y es que sus camisas no llevan bolsillo.

La histórica reunión para determinar si el primer ex mandatario del país puede comparecer en calidad de imputado en un tribunal se prolonga durante once horas. A la una de la madrugada del 6 de noviembre Augusto de Vega comparece ante los periodistas para dar la noticia que lleva impresa en su semblante y en la leve sonrisa que deja traslucir en sus labios: «Tras una discusión muy jurídica, muy detallada y muy completa, la sala ha decidido por mayoría de seis votos frente a cuatro que los aforados —Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas— no sean citados a declarar».

Al escuchar la noticia en directo por la radio, Baltasar Garzón, que llevaba varias horas pendiente de conocer lo que acontecía en el Supremo, pegó un respingo en el sillón que casi lo destroza.

—¡Qué cabrones! —bramó hecho un basilisco.199

El pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo arrojó un jarro de agua fría sobre quienes pensaban que no había cotos cerrados a la acción de la justicia. Se comprobó días más tarde, cuando se hizo pública la resolución del Supremo, de la que fue ponente uno de los jueces más imparciales e independientes de España, el que fuera joven promesa de la judicatura, Cándido Conde Pumpido. Nada más echarle un vistazo, a Garzón casi le da un infarto.

Según la «sentencia» de la Sala Segunda,200 en relación con el presunto delito de promoción de banda armada que se atribuía a González, Serra y Benegas, las declaraciones de Julián Sancristóbal «eran una mera suposición», las de Luis Roldán «una simple conjetura» y las de Ricardo García Damborenea «unas afirmaciones carentes de corroboración objetiva». Los magistrados firmantes de la resolución201 agregaban: «El proceso penal no puede desempeñar en ningún caso un papel de suplencia general en la exigencia de responsabilidades de todo orden, como remedio al mismo tiempo exclusivo y exhaustivo de cualquier infracción del orden social, sino que debe mantenerse en el ámbito que le es propio, en el que la responsabilidad es penal y personal y solamente alcanza hasta donde alcanza la prueba».

Montar una banda de pistoleros al margen del Estado de Derecho para aniquilar «con sus mismas armas» a los terroristas, rebajando al Estado al papel de una banda de malhechores era para el Supremo una «infracción del orden social» que debía dirimirse en el Congreso de los Diputados.

«La existencia de una relación de dependencia jerárquica —añadía Conde-Pumpido— no determinaba por sí misma la inculpación del superior por los delitos que hayan podido cometer sus subordinados, con independencia de las valoraciones que se puedan efectuar en otros ámbitos ajenos a la responsabilidad penal».

Lo más caricaturesco de su resolución era la tesis sostenida por el ponente según la cual «citar a una persona como imputada tiene efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales, así como efectos estigmatizadores». De donde se desprendía que si la doctrina del Supremo se generalizaba, en el futuro nadie que dispusiera de un buen abogado podía ser imputado de un delito porque a nadie le gusta que le estigmaticen.202

La Sala Segunda del Tribunal Supremo daba, en consecuencia, la razón al instructor Eduardo Moner, se manifestaba en contra de pedir los suplicatorios para llamar a declarar al ministro de Defensa, al secretario de Organización del PSOE y al ex presidente del Gobierno, y daba de facto el caso por concluido.

La vista oral se celebraría durante el mes de junio de 1998. En ella Felipe González figuraba como testigo de José Barrionuevo y el asunto se reducía a una cuestión casi de trámite para fijar las penas contra Barrionuevo y poco más.

***

La víspera, el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, que le precedió en el lugar reservado a los testigos, se encargó de calentar el ambiente: «Hay suficientes elementos de convicción para atribuir al ex presidente del Gobierno Felipe González toda la responsabilidad política en la gestación, nacimiento, organización, financiación y finalización de las actividades terroristas de los GAL», declaró a los once magistrados que componían la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Veinticuatro horas después ocurría lo que tanto tiempo se venía esperando. Aquel 23 de junio de 1998 un Felipe González Márquez embutido en un abrigo azul salía de su coche oficial y entraba en el alto tribunal, una de cuyas alas había sido décadas antes una casa de señoritas de mala nota. Pero esta vez no acudía, como en ocasiones anteriores, a asistir a la inauguración del año judicial acompañado del doble ministro Juan Alberto Belloch. En esta ocasión iba como testigo de José Barrionuevo Peña en el juicio que se seguía en la Sala Segunda por el secuestro de Segundo Marey.

—Jamás ordené acciones en Francia que no hicieron sino fastidiar la lucha contra ETA —declaró.

Durante las tres horas de interrogatorio se sintió como pez en el agua. Al preguntarle si Barrionuevo, Vera y Corcuera le habían pedido indultar a los policías José Amedo y Michel Domínguez, en un arranque de cinismo respondió:

—Sí, todos ellos me lo propusieron. Y el juez Baltasar Garzón también.

—¿Qué misión tenía Garzón en su gobierno?

—Era el delegado del Plan contra la Droga. Pero su obsesión era que quería mandar en las Fuerzas de Seguridad. Yo me opuse. Por eso su salida no fue ni cordial ni amable.

—¿Se opusieron Barrionuevo y Vera a que mandara la Policía?

—Barrionuevo, no. Estaba fuera del Gobierno y a lo que se opuso es a que fuera de número dos en las listas por Madrid. Entre ellos no había mucha estima. Es más, yo diría que nunca he conocido una relación tan agria.

Tergiversando unos hechos y manipulando otros, negó también que se hubiera intentado secuestrar al etarra José María Larretxea Goñi para intercambiarlo por el capitán de Farmacia de Bilbao Alberto Martín Barrios, secuestrado entonces por ETA. En esta fallida operación fueron capturados el policía Jesús Gutiérrez Argüelles y tres miembros de los GEO.203 Poco después se producía por error el secuestro de Segundo Marey. El entonces presidente del Gobierno rechazó igualmente que su ejecutivo amenazara a Francia con matarlo si no soltaban a los policías españoles, pero es un hecho comprobado que fueron puestos en libertad pocas horas después del secuestro de Segundo Marey, tras casi dos meses de cárcel.

El interrogatorio más duro corrió a cargo del abogado de la acusación particular, José Luis Galán.

—¿Cuándo se enteró del secuestro de Segundo Marey?

—No lo recuerdo con precisión. Sólo puedo decirle que cuando ocurría un hecho grave el ministro del Interior me lo comunicaba.

—¿Recuerda si Barrionuevo le dijo que este señor había sido trasladado a España?

—No lo recuerdo. Evidentemente si me lo hubiera dicho probablemente lo recordaría.

Para desacreditar al principal testigo de cargo, Ricardo García Damborenea, la Oficina de Prensa de La Moncloa difundió la noticia de que durante la primera entrevista que Felipe González tuvo con Ricardo García Damborenea, el 15 de marzo de 1984, este sacó una pistola del bolsillo y la puso sobre la mesa para demostrar la falta de seguridad que había en la residencia oficial del presidente.

Era un gesto de cara a la galería, destinado a presentar al ex secretario general de los socialistas vizcaínos como un personaje barojiano, exaltado, de reacciones incontrolables y preocupado por la seguridad de los españoles, amenazada por ETA.

Tras enterarse del contenido de la declaración, Garzón clausuró un almuerzo que tenía previsto aquel día y se marchó indignado a su casa. Según la periodista Pilar Urbano, escribió en su diario: «De Felipe lo menos que esperaba era que, puesto a hablar, no mintiera. Esta mentira suya de hoy cancela todo compromiso moral de silencio. Desde ahora me siento dueño de sacar a la luz mis vivencias políticas cuando quiera. Algún día lo haré, pero a mi manera: yo no sé mentir. Y daré datos a la historia, para que la historia ponga a cada uno en su sitio».

Tras la vista oral, José Barrionuevo y Rafael Vera fueron condenados a trece y diez años de cárcel respectivamente por el secuestro de Segundo Marey.204 La sentencia no dejó satisfecho al instructor de la causa, Baltasar Garzón.

Meses más tarde, tras desclasificarse los papeles del CESID, el número dos del PSOE por Madrid en las elecciones de 1993 intentaría de nuevo matar judicialmente a su padre político sin éxito. Veamos, paso a paso, cómo se fraguaron sus planes judiciales contra el supuesto Corleone de la política española.

***

Jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), el grupo de acción del CESID, el coronel Juan Alberto Perote Pellón había compartido muchos momentos de trabajo con Julián Sancristóbal y Francisco Álvarez cuando el primero era el número dos de Interior y Álvarez el jefe de Información y Operaciones Especiales de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Habían planificado muchas operaciones conjuntas de infiltración en ETA, de vigilancia y control de los comandos en el sur de Francia, y habían vivido con pasión y arrojo aquellos momentos, trabajando siempre en el filo de la navaja.

Fruto de aquella actividad los tres eran buenos amigos, y cuando Sancristóbal y Álvarez fueron encarcelados, el militar se convirtió en uno de los visitantes habituales de las cárceles de Alcalá-Meco (Madrid) y Cuatre Camins (Barcelona) para darles aliento.

—No voy a permitir que personas que han estado en primera línea en la lucha contraterrorista se pudran en la cárcel. Tengo la posibilidad de demostrar a la opinión pública que los GAL no fue cosa de cuatro locos, sino que participaron otros organismos del Estado, especialmente el Ministerio de Defensa —les dijo.

Perote les indica que durante la etapa de los Grupos Antiterroristas de Liberación el CESID montó bases clandestinas en Bayona, Hendaya y Burdeos y se desplazó gente a Francia para recoger información que luego utilizaban los mercenarios. Los documentos de todas estas operaciones estaban almacenados en microfichas del CESID, en la sede central situada en el kilómetro 8,7 de la carretera de La Coruña. Incluso se guardaban los borradores de trabajo que luego serían presentados a la opinión pública como «el acta fundacional de los GAL».

Antes de abandonar la «Casa» —nombre con el que los agentes designan al CESID—, Perote había hecho copias de los documentos más importantes, así como de la «cintoteca» de los servicios secretos españoles, lo que venía a demostrar que todo el mundo, desde el Rey hasta el último de sus «súbditos», estaba sometido a espionaje y sus conversaciones telefónicas eran espiadas, grabadas y archivadas.

La aparición de algunos de los «pinchazos» en El Mundo dio origen a una investigación y a la detención y encarcelamiento del jefe de la AOME, al que los tribunales militares consideraban responsable de la filtración.

La información llegó al juez Baltasar Garzón, así como la confidencia de que Juan Alberto Perote guardaba en su celda los llamados «papeles del CESID», donde se narraba la implicación de los servicios secretos en el montaje de los GAL. Así que un día ordenó, por sorpresa, un registro de su celda en la prisión militar de Alcalá de Henares, donde cumplía arresto preventivo en espera de juicio. Y miren ustedes por dónde, al carecer de otro lugar más seguro para esconderlos, Perote guardaba en la cárcel una copia exacta de todos y cada uno de los papeles que implicaban a Narcís Serra, Emilio Alonso Manglano, Felipe González y otros en la mayor trama de terrorismo de Estado montada en España tras la instauración de la democracia.

Como los documentos estaban clasificados, el titular de la Audiencia Nacional no pudo incorporarlos al sumario. Sin embargo, sabiendo de antemano que podían significar la muerte civil de Serra y González, a raíz de entonces se puso en marcha una campaña para forzar al Gobierno a desclasificar los papeles del CESID sobre los GAL.

Entre tanto, para no desperdiciar el tiempo, comenzó a practicar diligencias sobre unos documentos que por entonces eran secreto de Estado y cuya utilización podía considerarse delito.

***

El teniente general Emilio Alonso Manglano, pese a su larga experiencia como espía y como hombre que conocía los intrincados vericuetos de la información clandestina, se quedó perplejo y atónito aquella jornada.

El 6 de septiembre de 1995, en el periodo en que se estaba instruyendo el Caso Marey, recibió una citación del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, requiriéndole para que compareciera ante su señoría.

—Ya está. Este me tiene cogido y hoy me mete en la cárcel. Prepárame una bolsa con el cepillo de dientes y una muda de ropa —le dijo a la empleada de hogar.

Una vez en presencia de Baltasar Garzón, tras preguntarle someramente por el acta fundacional de los GAL y otros documentos elaborados por el CESID poco antes de que los Grupos Antiterroristas de Liberación asesinaran a veintinueve personas, el juez de la Audiencia Nacional le pidió que escribiera unas palabras de su puño y letra. Necesitaba conformar un «cuerpo de escritura» que unir al sumario.

—Escriba usted: «Me lo quedo», «Pdte.», «Pendiente», «presidente», «Pte.», «Visto», «Para el viernes» —ordenó Garzón.

—Pero, ¿esto qué es? ¿Un crucigrama, una nueva forma de interrogatorio o qué? —protestó Manglano.

Pese a todo, sacó su pluma estilográfica y garabateó en un folio las palabras y medias palabras que le ordenaba el magistrado. Luego tuvo que escribir una serie de números y otras expresiones vagas e inconexas. Al finalizar la prueba caligráfica el juez le dijo:

—Puede marcharse, eso es todo.

—¿Eso es todo? Para una tontería como esta me hace usted perder la mañana —protestó el jefe de los espías del reino.

Según cuenta el periodista Miguel Ángel de la Cruz, la decisión de llamar a Manglano y pedirle que escribiera en un papel las anotaciones que había hecho de su puño y letra en los papeles del CESID fue un asunto muy delicado, que bordeaba la legalidad, el filo de la navaja por donde le gustaba moverse al juez.

«Demostraba: primero, que dos años antes había tenido un conocimiento extraprocesal de un documento que aún estaba declarado secreto. Segundo, que lo había utilizado para presionar al general Manglano para demostrarle que tenía armas ocultas contra él. Tercero, que había elaborado y guardado un cuerpo de escritura sobre una causa que no existía, sin validez procesal inmediata, pero que dos años más tarde podía serle beneficioso. Cuarto, había fabricado intencionadamente una prueba».205

En efecto, cuando a comienzos de 1997, tras una tremenda tempestad política se desclasificaron los papeles del CESID sobre los GAL —que Garzón poseía extraoficialmente al tratarse de informes clasificados—, y le fueron remitidos oficialmente los originales a la Audiencia Nacional, el juez volvió a la carga contra el ex presidente del Gobierno.

Las anotaciones que aparecían en los documentos: «Pte.», «Pte.» y «Para el viernes», que era el día en que Manglano despachaba con Felipe González, se parecían como una gota de agua a otra al cuerpo de escritura que Emilio Alonso Manglano había tenido que realizar dos años antes en la Audiencia Nacional. Los textos venían a complementar las declaraciones de Juan Alberto Perote, quien manifestó al instructor que, en el periodo de formación de los GAL, el jefe del CESID despachaba la mayoría de los documentos con Felipe González.

—Blanco y en botella, leche. ¡Ya los tengo cogidos otra vez! —proclamó Garzón a grito limpio por los pasillos de la Audiencia Nacional.

—A ver si te equivocas y es horchata —se rió Ignacio Gordillo, que había comenzado a distanciarse del magistrado desde hacía unos meses.

El 18 de noviembre de 1999 faltaban apenas unos meses para la convocatoria de nuevas elecciones generales. El fiscal de la Audiencia Nacional pensaba que era una temeridad volver a la carga en plena campaña electoral con unos documentos desclasificados oficialmente casi dos años antes.

Para Gordillo, «un juez que ha estado en un partido político implicado en escándalos de corrupción, que ha sido echado del Gobierno por ese partido, no debería volver a un juzgado, especialmente si tiene capacidad para investigar esos escándalos. No es lógico que, con los mismos argumentos, vuelva a implicar a Felipe González en los GAL por segunda vez».

Fue exactamente lo que ocurrió. El 18 de noviembre de 1999 el Príncipe de la Justicia envía un nuevo escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pretende que a la luz de los nuevos hechos que acaba de descubrir, los papeles del CESID, el tribunal determine si se infiere o acredita la eventual responsabilidad de Felipe González en el surgimiento de los GAL.

«Existen —dice— una serie de datos que, directa o indirectamente, están referidos al presidente del Gobierno en ejercicio en 1983. Tales datos ya fueron expuestos en los sumarios 1/88 y 17/89,206 acumulados y tomados en cuenta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cual decidió que no eran suficientes para abrir procedimiento contra quien ostentaba aquella responsabilidad».

El 22 de noviembre de 1999, cuatro días después de su «auto motivado», la Sala de lo Penal, en lugar de procesarle por fabricar un sumario ad hoc con información extraprocesal, decide zanjar definitivamente el asunto y devolver el escrito al juez, «al no haberse observado elementos de prueba distintos de los ya tenidos en cuenta en esta sala con anterioridad».

En un escrito de once folios los trece magistrados que entonces integraban la sala mostraban su sorpresa por la «consulta» del juez. «No puede considerarse admisible la elevación de consultas al Tribunal Supremo para que este se pronuncie sobre la existencia de indicios de responsabilidad contra un aforado. A este tribunal le corresponde decir la última palabra, pero el instructor no puede eludir la suya».207

La reprimenda no se quedaba ahí: «Su exposición está redactada en términos sumamente vagos y ambiguos, y sin una exposición clara y concisa de los datos y elementos de juicio obrantes en la causa le es imposible a este tribunal pronunciarse».

El juez más universal de la historia del mundo tiene, lógicamente, la razón de su parte, no los doce jueces del Supremo. Así lo ha escrito: «Sinceramente creo que aunque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dijo que ya había valorado aquellos documentos [los del CESID] en el caso Segundo Marey en 1995, no fue así, ya que en ningún momento el presidente González compareció como imputado —condición que no llegó a plantearse, ya que la Junta de Fiscales de Sala decidió no solicitarlo—, sino como testigo. Y en esta posición no podía ser objeto de acusación. De donde se infiere que estos documentos, en aquellos momentos no desclasificados, no pudieron ser tenidos en cuenta (...).

»En cierto sentido, el juicio sobre los papeles del CESID se hizo en los medios de comunicación, lo que confundió y distorsionó la cuestión. Finalmente influyó en que todos o casi todos tuvieran la sensación de que ya era un tema visto y estudiado, incluso por el Tribunal Supremo, y realmente insisto en que no lo fue. Así se escribe la historia. Después, en el aspecto positivo, la doctrina de esta resolución por la que se rechazó por segunda vez la imputación del ex presidente ha sido útil para avanzar en las investigaciones de los aforados, ya que se autoriza al juez de instrucción a que busque los indicios que les afectan antes de elevar la exposición razonada al tribunal competente para que decida. Por supuesto que no entro en el debate de la responsabilidad política del presidente del Gobierno y de aquello que no hizo y debió hacer, porque creo que esta es una cuestión bastante clara».208 Son palabras que el juez ha dejado escritas para la historia.

A partir de entonces, desde el momento en que le «prohibieron» expresamente inculpar al ex presidente del Gobierno sin nuevas pruebas, desde que el Supremo le leyó severamente la cartilla, le pasó lo que al eunuco frente a la doncella en edad de merecer y predispuesta a tener una aventura: su ardor guerrero se vino abajo y los GAL dejaron de ser el oscuro objeto del deseo. Veámoslo.

***

A mediados de la década de los noventa, cuando elevó a la Sala Segunda del Supremo su informe razonando las pruebas existentes para procesar a José Barrionuevo, el alto tribunal le obligó a inhibirse de ese sumario, pero le ordenó terminantemente continuar con el resto de las investigaciones que había puesto en marcha.

Al año siguiente, en 1996, Garzón llamó a declarar a tres generales, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Andrés Casinello Pérez, al jefe del CESID, Emilio Alonso Manglano, y al responsable del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo. Tras tomarles declaración, les imputó ser los autores intelectuales de la creación de los GAL y de las muertes de Ramón Oñederra Kattu, Vicente Perurena, Peru, Ángel Gurmindo, Stein, y del francés Christian Olazkoaga.209 Decretó luego su libertad condicional y les mandó comparecer cada quince días ante los juzgados.

En el auto de procesamiento el juez afirma que los guardia civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, siguiendo órdenes superiores, se trasladaron a Francia en noviembre de 1983, aguardaron a las víctimas y, cuando los hermanos Claude y Christian Olazkoaga dejaron su vehículo para ir al baile en la localidad fronteriza de Biriatou, dispararon contra ellos con una pistola Sig-Sauer, hiriendo al primero y matando a la segunda. El arma había sido utilizada en el atentado contra los etarras Ángel Gurmindo, Stein, y Vicente Perurena, Peru.

Tras tomar esta decisión, el juez declaró secreto el asunto, admitió a trámite un recurso del general Casinello, pero se negó a resolverlo «hasta tanto continúe la causa declarada secreta». La Sala de lo Penal de la Audiencia ratificó la decisión del juez.

Frente a esta indefensión manifiesta, el ex jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil recurrió al Tribunal Constitucional. El 27 de enero de 2002, cinco años y medio después, la alta institución del Estado anulaba el auto del juez estrella. Semanas más tarde, el 27 de febrero, tras dedicarse a la «caza mayor» con el asunto Pinochet y otros, los GAL dejaron de interesarle. En un nuevo auto exculpaba a los tres generales y dejaba sin efecto las medidas cautelares, «al no resultar suficientes los indicios criminales de responsabilidad contra los procesados».

A partir de entonces, los sumarios sobre los GAL comenzaron a dormir el sueño de los justos. De los veintinueve crímenes cometidos por los grupos paralelos sólo se han esclarecido los de Jean-Pierre Leiba, Santiago Brouard, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Curiosamente, y este es un dato significativo, ninguno de esos sumarios fue instruido por el juez estrella que ha pasado a la historia como el azote del terrorismo de Estado. El verdadero motor que impulsó a Baltasar Garzón a instruir los sumarios fue meter en la cárcel a los autores materiales de los asesinatos y, de paso, a Felipe González, una de sus obsesiones. Una vez que la Sala Segunda del Tribunal Supremo impidió en dos ocasiones que pudiera alcanzar su meta, como se cuenta al principio de este libro, el juez de Torres pareció olvidarse del terrorismo de Estado en España.

De esta manera, de los veintinueve asesinados por los GAL, en veinticuatro casos sigue sin conocerse —al menos judicialmente— quiénes fueron los autores de los ajustes de cuentas a los terroristas y qué servicios del Estado estaban tras ellos.

Aunque en una comida Baltasar Garzón le dijo al pseudoperiodista Manuel Vázquez Montalbán que «habría GAL hasta el año 2015», lo cierto es que pronto se cansó de instruir y los diversos asuntos quedaron en el olvido, lo que revela una vez más que al flamígero magistrado le está permitido dejar muchos asuntos a medias y que el Consejo General del Poder Judicial no le exige cuentas por ello.

En su libro La conspiración, el último atentado de los GAL, José Amedo, al que se atribuía la matanza de Mon Bar, aporta una serie de pistas interesantes acerca de los posibles autores, citando algunos nombres como el del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, el teniente coronel del CESID hoy fallecido Jesús Diego de Somontes, Jesús Gutiérrez Argüelles y otros. Ninguno de ellos fue llamado a declarar ni imputado de delito alguno.

Lo mismo ocurre con el general Augusto Pinochet. No consigue nada, salvo estorbar, pero pasa a la historia como el gran mito, como el tigre de papel que logró poner de rodillas a las dictaduras de Argentina y Chile, uno de los grandes promotores de la Corte Penal Internacional, donde no le quieren ver ni en pintura.

«Afortunadamente el tipo de jueces que no aspiran a buscar la justicia, a dar satisfacción al justiciable por el daño injustamente recibido, van a lo suyo, por la gloria y la satisfacción personal, son pocos. El concepto de justicia no le ha importado nunca. Si acabamos con los jueces estrella esa situación se habría eliminado», relata Enrique López.

El empecinamiento en acabar por cualquier medio con Felipe González tuvo otra consecuencia importante.

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Ninguno de los jueces que habían abandonado su carrera esos años para incorporarse a la política —Ventura Pérez Mariño, Margarita Mariscal de Gante, Margarita Robles— causaron problema alguno al reintegrarse a su puesto.

En 1997,1a primera ministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante, decidió reformar el artículo 356 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los que regulan las excedencias voluntarias y servicios especiales de jueces y magistrados en la carrera, dada la alarma social y el cuestionamiento que supuso la instrucción de los sumarios por el juez Garzón.

En su primer borrador de ley, los populares pretendían que en esos supuestos los jueces y magistrados tuvieran que pasar tres años de excedencia forzosa, sin perder su sueldo, antes de reincorporarse a la judicatura. Los socialistas no estaban de acuerdo con esa fórmula y se buscó una solución de consenso en el Senado.

Tras las reformas legales introducidas, un juez emigrado a la política, que haya ocupado cargos de diputado o de director general hacia arriba, no puede volver automáticamente a su anterior puesto, como ocurría antes. Tampoco se considerarán un mérito para su ascenso los cargos desempeñados, como fue el caso del ex ministro de Justicia Fernando Ledesma, que saltó de su despacho oficial en la calle de San Bernardo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En la actualidad no pueden volver a su anterior destino, y lo más que se les permite es pedir plaza en su misma provincia. Además, en lugar de figurar en el escalafón ascendiendo como si estuvieran ejerciendo de jueces, pueden perder puestos incluso, no computables a efectos de ascensos, trienios, etc.

La desastrosa instrucción del superjuez, donde ni siquiera los folios estaban numerados, como hemos dicho más atrás, tendría también sus efectos probablemente no irremediables.

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El 2 de mayo de 2007 la Sección Quinta de la Corte Europea de Derechos Humanos aceptaba un requerimiento de Rafael Vera y requería al Estado español para que le enviara copia del sumario del Caso Segundo Marey instruido en el Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional y de la segunda instrucción realizada en la Sala Segunda del Supremo por el juez Eduardo Moner.

La alta instancia judicial europea quería averiguar, de esta manera, si el ex secretario de Estado de Interior había sido juzgado por un tribunal imparcial y se había tenido en cuenta su derecho a la presunción de inocencia durante la tramitación de las causas.

Para un fallo en estas materias «[es necesario averiguar] en qué medida la segunda instrucción llevada a cabo por el magistrado delegado de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido influenciada por la instrucción del juez central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, y en qué ha consistido esta segunda instrucción en lo que se refiere a los testimonios y manifestaciones de los inculpados, así como al resto de las personas concernidas en la primera instrucción».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pretende determinar también si la «segunda instrucción ha reparado la eventual falta de imparcialidad de la primera», de donde se deduce claramente que la sala sentenciadora da casi por hecho que el juez Baltasar Garzón no respetó el principio de tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de Rafael Vera.

Una vez el Estado español remita los dos sumarios, la Sección Quinta del Tribunal de Estrasburgo emitirá su fallo. Sólo la instrucción de Eduardo Moner, enmendando los errores de la Audiencia Nacional, y la utilización de la prisión provisional, darán la razón a la justicia española.

No obstante, habrá que esperar acontecimientos. Es probable incluso que, sin pretenderlo, tengamos GAL hasta 2015, como le pronosticó Garzón a Manuel Vázquez Montalbán, aunque en este caso lo que se pone en tela de juicio no es la culpabilidad de los condenados —hecho que en 2007 nadie cuestiona—, sino su propia y desastrosa instrucción.

Capítulo IX

De caza-famas a cazafantasmas

En 1995, meses después de la detención de la cúpula de Interior implicada en el Caso GAL, el prestigio de Baltasar Garzón estaba por los suelos a nivel institucional. Hasta el Rey se había permitido decirle a Julio Anguita, en una recepción privada, que era un «caza-famas». Aquel verano se descubre el intento de atentado contra el Monarca en Palma de Mallorca y aparece Baltasar Garzón dirigiendo las operaciones policiales, lo que le origina un tremendo altercado con el doble ministro Juan Alberto Belloch, que le acusa de utilizar a la Policía para hacerse famoso. Posteriormente se sabría que el intento de magnicidio se hubiera podido evitar antes si no hubiera sido por los agónicos gobiernos socialistas con los que el juez estrella se disputaba la captura de los pistoleros. El comando encargado de realizar el atentado estaba controlado desde un año antes por la Policía del Aire y Fronteras francesa (PAF) y por la Comisaría General de Información española. La crítica situación de ETA tras la caída de Bidart le había llevado a planificar y tratar de ejecutar una acción terrorista a la desesperada, similar a la muerte de Luis Carrero Blanco tras el consejo de guerra de Burgos. Una parte del comando fue incluso juzgado en Francia por asociación de malhechores, donde extrañamente se abrió un sumario por el regicidio de Palma de Mallorca.

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Las raíces de este plan, no obstante, eran profundas. Veámoslo. Al ir a coger su coche, un Fiat Regata matrícula SS-4334-AC aparcado a la altura del paseo de Pons, número 137, de San Sebastián, el empresario E. M. G. observó algo extraño que le hizo tomar precauciones. De los bajos del automóvil, en la parte delantera izquierda, aproximadamente por debajo del asiento del conductor, sobresalía un objeto sospechoso medio desprendido. Era el 10 de enero de 1994. E. M. G. avisó a la Policía e inmediatamente se desplazaron a la zona los agentes del Grupo de Desactivación de Explosivos identificados con los números 27.083 y 60.461. Tras inspeccionar el coche detectaron una bomba-lapa de fabricación casera compuesta por un kilo y medio de amosal y amerital, colocada en el interior de un paquete dispuesto en dos bolsas diferentes. También se encontró un temporizador marca Coupatán C-63, un detonador no especificado en el sumario y un sistema de detonación por movimiento mediante un sistema de bolas de rodamiento. Todo este material se hallaba a su vez metido dentro de una fiambrera tipo tupperware sujeta a la parte baja del Fiat por dos imanes semicirculares y diez redondos. Los imanes no habían soportado el peso del artefacto, lo que permitió su desprendimiento parcial.

Una vez desactivada la bomba, se encontró una huella digital en la fiambrera. Al cotejarla con el archivo de huellas digitales se verificó que pertenecía a Francisco Javier Chimeno Inza, un terrorista de ETA nacido en San Sebastián el 7 de mayo de 1972 y no fichado por la Policía. Era el autor, junto con el resto de su comando, de al menos otros dos atentados con explosivos.210

Al no poder ser localizado ni detenido, la Brigada Policial de Información donostiarra remitió el caso al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, al frente del cual se encontraba entonces el magistrado Manuel García Castellón.211 Semanas después, concluida la instrucción, el juzgado ordenó el auto de procesamiento y la busca y captura del presunto terrorista,212 cuyo paradero se desconocía.

En la madrugada del martes 29 de marzo de ese mismo año ocurriría un suceso espeluznante. El subdelegado del Gobierno en Vitoria, César Velasco, dormía plácidamente cuando una tremenda explosión sacudió el edificio y le hizo bajarse de la cama de un salto. Miró el reloj: eran las 5.30 de la madrugada. Temiendo que alguien hubiera puesto una bomba en el antiguo edificio del Gobierno Civil, donde residía, salió a la calle y preguntó a los guardias. Se enteró así de que acababa de estallar un artefacto entre las calles Postas y Paz.

En el lugar de la explosión el panorama era horroroso. Había farolas y semáforos arrancados de cuajo, establecimientos comerciales con las lunas rotas, dos armas de fuego destrozadas, un carnet de identidad a medio quemar, sangre y restos humanos esparcidos por todas partes e incluso incrustados en las paredes.

Tras las primeras investigaciones se pensó que se trataba del cuerpo de un terrorista al que le había estallado su propia bomba, oculta en una olla a presión y a su vez metida en una mochila, cuando iba a colocarla en las cercanías del Gobierno Civil. Al investigar las huellas dactilares de la única mano que se encontró se supo que se trataba del liberado de ETA José María Igerategi Gilisagasti, Ijitu (Gitano), buscado desde hacía cinco años.

Una semana después de la espantosa muerte del terrorista, el 8 de abril de 1994, T. L. B., navarra, recibió una llamada desde San Sebastián. Un señor que se identificó como Ángel Chimeno Larraz, «el padre de Javier Chimeno», le indicó que su hijo, que trabajaba como fotomontador en Pamplona, había sido trasladado a Sudamérica por su empresa. Le llamaba en su nombre para rescindir el contrato del piso que tenía alquilado en la calle Mayor de Burlada.

—Antes de que disponga de él, si no le importa, dentro de unos días pasaré por la casa a retirar unos objetos personales suyos —se despidió su interlocutor. «¿Un chico que se marcha de la casa y se deja sus cosas? Qué extraño». T.L. no se quedó tranquila con aquella llamada y, temerosa de que le hubieran destrozado la casa o que se tratara de un terrorista, habló con su cuñado F.V. S.:

—¿Te importa pasarte por el piso? Échale un vistazo al agua, a la luz y al gas, no sea que hayan dejado algún desperfecto.

F.V. se llegó hasta el inmueble de la calle Mayor de Burlada y subió al piso 4°A. Al abrir la puerta se encontró con varias armas de fuego, explosivos y varios documentos nacionales de identidad falsificados. Inmediatamente avisó a la Policía de Pamplona.

Los funcionarios de la Brigada Regional de Información con carnets profesionales número 16.805 y 66.509, acompañados de cinco agentes de la Policía Científica, se presentaron en el piso y descubrieron que se trataba del alojamiento clandestino del Comando terrorista Txomin Iturbe, nombre dado en honor al dirigente de ETA fallecido en Argelia a finales de la década de 1980.213

En su interior encontraron varias huellas dactilares de Javier Chimeno Inza, las armas y explosivos denunciados, numerosos papeles sobre seguimientos a personalidades, guardias civiles y policías nacionales de Navarra y otras localidades y un cuaderno con varias cartas recién escritas para enviar a la dirección de ETA.214

Se comprobó entonces que tanto la bomba hallada en los bajos del coche de E. M. G. en San Sebastián como el artefacto que mató a Igerategi en Vitoria habían sido fabricados en el piso de Burlada, donde se encontraron temporizadores, cordón explosivo, tubos lanzagranadas de fabricación casera y un taller de montaje de explosivos en una de las habitaciones.

El atestado instruido por la Brigada de Información Regional de Pamplona acabó en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que lo transformó en las diligencias 165/94.

Lo que no se ha contado nunca es que de esta manera Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción Número 5 en aquella época, se enteraron de que había un plan en marcha para atentar contra el rey de España. Algunos de los miembros del Comando Txomin Iturbe de Navarra alojados en aquel inmueble habían sido reclamados desde Francia para llevar a cabo el magnicidio.

El enlace en el país vecino para montar la operación era una mujer cuyo nombre tampoco se había revelado hasta ahora, Fabianne Tapie, compañera sentimental de Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, considerado el máximo jefe de ETA desde la caída de Bidart en 1992.215

La Policía española facilitó los datos que se conocían sobre el plan para asesinar al Monarca y los nombres de las personas que estaban comprometidas en él a sus colegas franceses de la Policía del Aire y Fronteras (PAF) y a los Renseignements Généraux, los servicios secretos dependientes del Ministerio del Interior.

La Policía francesa, poco colaboradora en esa época con sus colegas españoles, casualmente se tomó aquella información con verdadero interés. Los agentes de la PAF iniciaron una investigación muy seria, abriendo incluso un sumario judicial, que se mantuvo secreto hasta el año 2000, cuando fue descubierto por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al pedir la extradición de los etarras para juzgarlos.

Lo cierto es que tras intervenir el teléfono a Fabianne Tapie y a otras personas de origen español en el sur de Francia, San Sebastián216 y Niza, pocos meses después el Ministerio del Interior francés estaba al tanto de los planes de la banda terrorista para cometer un magnicido en Palma de Mallorca e informaba minuciosamente de ello a sus colegas españoles.

Todo venía fraguándose por lo menos desde dos años antes, de la siguiente manera: el Durlindana era un velero de dos palos, de casco blanco, de 21 metros de eslora, propulsado a motor y a vela, construido en 1982 y con capacidad para diez personas.217 Con base en Alicante, en 1992 su propietario, J. L. B., decidió pasar sus vacaciones navegando por las islas Baleares y contrató como patrón de yate a un personaje muy conocido de la Policía, Juan José Rego Vidal.

Eran los años de apogeo de la llamada beautiful people y Mallorca se convertía en verano, al igual que Marbella, en la meca de los multimillonarios del sur de Europa. Barcos como el Passage di Venezia o el Moro di Venezia, de Giovanni Agnelli y Raúl Gardini, que luego se suicidaría,218 lucían su estampa marinera junto al Alejandra de Mario Conde, el Blue Legend de Javier de la Rosa, el América del empresario Ramón Mendoza219 o el Fortuna del rey Juan Carlos. Todavía Florentino Pérez, que sería más tarde presidente del Real Madrid, como Mendoza, no había caído en la cuenta de que para pertenecer a la jet había que comprarse un barco

El Durlindana pasaba por tanto completamente desapercibido entre la multitud de barcos de recreo que surcaban aquellos meses las aguas de Mallorca o permanecían anclados en los puertos deportivos de Ibiza, Alcudia, Andraix, Real Club Náutico de Palma, Club Náutico de El Arenal, Club Náutico de Pollença, Club Náutico de Ciutadella, Marina Botafoch y otros.

Para su capitán, Juan José Rego Vidal, un marino mercante nacido en Pasajes (Guipúzcoa) en 1939 y criado prácticamente en el mar, nada le era ajeno y nada le pasaba desapercibido. Por el contrario, en una agenda que llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón, a manera de cuaderno de bitácora, apuntaba los nombres de todos los barcos que iba viendo y los de sus patrones y propietarios.

La información para un hombre como él, vinculado desde mucho antes del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco a la banda terrorista ETA, formaba parte de su quehacer diario. Entre sus planes, que aún no había contado a la banda terrorista, estaba el de secuestrar a cualquiera de aquellos diletantes y adinerados hombres de negocios y pedir por él un buen rescate.

Rego Vidal, que aquel año tenía un «negocio» con la banda terrorista para grabar un millón de vídeos con los partidos del Mundial de Fútbol que se celebraba en España y venderlos en países africanos, pensaba que el secuestro debía hacerse en alta mar. «Un secuestro en alta mar no se ha realizado nunca, pero vale la pena. Podría hacerse con un comando acostumbrado a navegar. Es en el mar donde la gente está más despreocupada, en traje de baño y muchas veces con unas copas de más. Con otra embarcación podemos acercarnos a ellos y abordarlos sin la más mínima sospecha. Si dejamos a la embarcación sin radio, con el motor averiado y a la deriva, tenemos dos o tres horas para escapar a un buen refugio en tierra donde nadie nos va a encontrar», le expuso por carta al jefe de ETA.

Es ahora cuando conviene conocer a otros personajes de esta historia.

Nacido el 18 de noviembre de 1958 en Pamplona, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, albañil y electricista de profesión, era en 1994, a sus treinta y seis años, el máximo responsable de los comandos ilegales de ETA que operaban desde Francia.

En 1985, como miembro del Comando Araba, había atentado contra una patrulla de la Policía Nacional y había colocado una bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Llodio, que no causó heridos. También había asesinado a un policía y a un cartero en Amurrio. A partir de entonces tuvo que huir a Francia, donde inmediatamente ascendió en el escalafón de la banda armada.

Pese a tratarse de un prófugo de la justicia, Rego Vidal no tuvo problemas para localizarle y concertar una entrevista con él. Por algo estaba casado con Mari Luz Sebastián Horcajo, hermana del dirigente de ETA Venancio Sebastián Horcajo, y había pasado toda su vida militando en ETA, desde 1962, cuando los activistas históricos Xavier Barreño Omaetxebarría y Javier Azurmendi Badiola le habían captado para la organización.

En la primavera de 1994 Javier Arizcuren Ruiz y Juan José Rego Vidal conciertan una entrevista en un bar de Burdeos para hablar del futuro de la banda terrorista. Tras las caída de la cúpula de ETA en Bidart, el 22 de abril de 1992, los pistoleros necesitaban una acción que hiciera de revulsivo y actuara como foco de atracción para la juventud vasca, cada vez más dedicada al pasotismo.

—Algo así como el atentado de Carrero Blanco —dice Arizcuren.

—Lo que hay que hacer es ir a la cabeza: matar al Rey —propone Rego Vidal, obsesionado desde su juventud con acabar con la familia real española.

La estrategia era buena. De la crisis de 1970, ocasionada por el consejo de guerra de Burgos y las masivas detenciones de pistoleros, ETA había salido a flote tras el atentado al almirante Luis Carrero Banco. Ahora, tras el descabezamiento de la banda armada en Bidart, necesitaban realizar una acción espectacular que inyectara moral en la militancia y les diera nuevos ánimos para seguir luchando por la independencia de Euskadi.

Acto seguido, Rego le contó sus viajes por Palma de Mallorca durante los dos últimos veranos como patrón de barcos de recreo.

—No sabes la cantidad de veces que tropezamos con el Fortuna en alta mar o fondeado en el destacamento naval de Porto Pi, a un kilómetro escaso de distancia del Palacio de Marivent.

Dotado de una fantasía ilimitada y una gran habilidad para el uso de las palabras adecuadas en cada momento, el histórico de ETA le describió con minuciosidad una decena de posibilidades para atentar contra el Monarca que se le ocurrían a bote pronto. Sin embargo, había un problema de muy difícil solución: Palma de Mallorca es una isla de apenas 3.625,75 kilómetros cuadrados, con casi un millón de habitantes en verano y con un solo aeropuerto, el de Son San Joan, para escapar.

—La única posibilidad de salir de aquella ratonera es por barco. Hay numerosos puertos deportivos y no están controlados.

Había otro problema añadido. En el verano, sin apenas autopistas por aquellas fechas, la isla se llenaba de policías, el tráfico rodado era imposible y un comando atrapado en un atasco era presa fácil para el Servicio de Seguridad de la Casa Real.

De todas maneras, con estudiar el asunto no se perdía nada. Así que tras aquella entrevista Kantauri le dio el visto bueno para que se trasladara a Palma y, tras un minucioso estudio, le informara detalladamente de las posibilidades de cometer un regicidio.

—En caso de seguir adelante con los planes quiero que lo hagas con gente de confianza, no quemada —le dijo.

El dirigente de ETA sólo se fiaba de unos cuantos militantes de la organización, a los que conocía personalmente por ser de su misma provincia o actuar en ella. En este caso el Comando Txomin Iturbe, formado en su mayoría por activistas navarros expertos en el uso de explosivos, era probablemente el más adecuado.

El 25 de julio, a las 10.50 de la mañana, despegaba desde el aeropuerto de Fuenterrabía (Guipúzcoa) el vuelo de Iberia IB-8853, que aterrizaba en Barcelona a las 12.10. Tres cuartos de hora más tarde, a las 12.55, salía desde El Prat el vuelo IB-8843, que aterrizaba en Son San Joan (Palma de Mallorca) a las 13.40.

La única persona del entorno de ETA que ese día tomó estos dos vuelos fue Juan José Rego Vidal. Aunque habría podido desplazarse desde Francia a Mallorca como un turista cualquiera, prefirió hacerlo desde España para pasar desapercibido. Todavía no había ocurrido el 11-S y para tomar un vuelo nacional no era necesario identificarse ante la Policía, mientras que los aviones procedentes de la Unión Europea estaban más controlados.

Sin cuentas pendientes con la justicia española, Rego Vidal viaja, además, con su documentación auténtica. En Palma ha reservado una habitación en el hotel Born, un establecimiento de dos estrellas situado en el número 3 de la calle de Sant Jaume, donde era conocido como patrón de yate y no despertaba sospechas.

Aunque tiene habitación en el hotel para una estancia de veinticinco días, el 2 de agosto, una semana después de llegar a la isla, decide regresar a Francia siguiendo el mismo itinerario Barcelona-Fuenterrabía. Poco después vuelve a entrevistarse con Kantauri en Burdeos y le muestra fotografías y planos del destacamento naval de Porto Pi, donde se encuentra el amarre del yate Fortuna. Le da cuenta de las medidas de seguridad que existen en torno al barco real y de la escolta del jefe del Estado. Tras analizar la información deducen que cometer un magnicidio a corta distancia actuando por sorpresa, mediante un disparo en la cabeza, como los atentados de Ronald Reagan, el papa Juan Pablo II o John Lennon, es imposible.

El Monarca se mueve siempre rodeado de un enjambre de escoltas de la Guardia Real, la Policía y la Guardia Civil. Se identifican por un minúsculo pin que llevan en la solapa y que cada día cambia de color. Llevan consigo un listado de las personas que cada día pueden acercarse al jefe del Estado, al estar invitadas a navegar en el Fortuna, y cumplen a rajatabla su cometido. Ni siquiera conociendo con anticipación el distintivo que van a llevar es factible acercarse a don Juan Carlos. La mayoría de los escoltas llevan muchos años yendo de vacaciones con la familia real, son siempre los mismos y se conocen entre sí.

Un atentado con un coche-bomba es menos factible. El Rey utiliza coches blindados con un doble inhibidor de frecuencia. Antes de hacer sus desplazamientos la escolta peina metro a metro el terreno con perros especializados en la detección de explosivos. Tras el frustrado intento de asesinato del jefe de la oposición, José María Aznar, en Madrid, cualquier cable tendido en la vía es retirado enseguida como medida de precaución.

La posibilidad de realizar un atentado en alta mar utilizando una lancha rápida que inmediatamente se daría a la fuga plantea, igualmente, muchas dificultades. Dos patrulleros de altura suelen escoltar el yate real, y una fragata de la Armada navega a media distancia por si es preciso intervenir.

Existe, por tanto, una única posibilidad con ciertas garantías de éxito: un disparo certero a distancia con un tirador de élite y un fusil de mira telescópica. El mejor momento para ejecutar la acción es a media mañana, en el momento en que el jefe del Estado llega al yate Fortuna para hacerse a la mar.

—He comprobado que siempre hay alguien de la familia real que se retrasa, o que la Reina o cualquiera de los invitados manda pedir algo a tierra. Desde la llegada del Rey hasta que el barco zarpa suelen transcurrir entre diez y treinta minutos. Toda la familia real está en cubierta. Aunque el barco cabecea un poco por efectos del oleaje, desde los edificios cercanos es muy fácil hacer blanco.

—De acuerdo. Yo me encargo de buscar el tirador y el arma. Tú ve preparando la logística y la forma de escapar.

El 1 de mayo Juan José Rego Vidal regresa de nuevo a Palma de Mallorca con un millón de pesetas que le ha entregado Kantauri. Esta vez no usa su documentación oficial. Usurpa la identidad de otra persona, la de un marinero santanderino llamado Andrés Sáenz de Buruaga, fallecido dos años antes, y un carnet de patrón de yate expedido a nombre de la misma persona.

Nada más pisar la isla, su primera misión es localizar un piso situado en las cercanías de Porto Pi, desde el que se pueda efectuar un disparo contra un objetivo situado en el destacamento naval y huir rápidamente. Como sabe que en verano aquella zona está infestada de policías, es consciente de que cada segundo es esencial para la fuga. Por eso no puede alquilar un apartamento que se encuentre en la planta siete u ocho de ningún inmueble. En ese caso dependerán del ascensor para escapar y eso puede costarles la vida. Así que opta por un segundo o tercer piso desde donde, calcula, tendrán al Fortuna a tiro en línea recta con una leve inclinación vertical. Además de ganar tiempo, de esta manera acertar en el blanco resultará mucho más fácil.

Después de recorrer varios edificios cercanos encuentra uno que se adapta plenamente a sus necesidades. Es el piso 2ºE del inmueble número 14 de la calle de Rafaletas.Tras recorrerlo varias veces con el portero, Francisco Jiménez se asoma a la ventana del salón. Desde allí se ve perfectamente el destacamento naval de Porto Pi, construido expresamente por la Marina española con el uso exclusivo de servir de atraque al yate Fortuna, aunque se ha abierto en los últimos años a otras embarcaciones de recreo.

Calcula el espacio que puede haber hasta el muelle de atraque: no más de 200-250 metros. Es la distancia apropiada para abatir a una persona con un rifle de mira telescópica sin posibilidad de fallo por un tirador medianamente adiestrado, al que no le tiemble el pulso.

Al día siguiente firma el contrato de arrendamiento del piso (tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y salón-comedor) y abona tres meses y la fianza por adelantado. Lo hace empleando el carnet de identidad falso, a nombre de Andrés Sáenz de Buruaga. Cualquier policía experto en documentación sabría al instante que se trataba de un documento adulterado:220 la huella digital impresa al pie de su foto pisa ligeramente la barbilla. Es un error que ninguno de los equipos de expedición de documentos de la Comisaría General de Documentación cometería, ya que de esta forma se dificulta la identificación del titular. El responsable de la agencia inmobiliaria, sin embargo, no tiene por qué conocer ese pequeño detalle.

Lo que, sin embargo, sigue constituyendo una incógnita es que la banda terrorista pudiera alquilar un piso en la calle de Rafaletas, en pleno centro de Porto Pi. Todos los apartamentos y edificaciones circundantes suelen ser ocupados por los cuatrocientos cincuenta agentes de la Casa Real, que se desplazan con sus familias, perros y gatos a la isla en dos turnos durante los meses de julio, agosto y septiembre para dar protección al Rey.

Si queda algún piso libre pasa automáticamente a ser ocupado por funcionarios del Cuerpo Superior de Policía o de la Guardia Civil trasladados a Palma de Mallorca para realizar las labores de contravigilancia e integrar los anillos secundarios de protección de la familia real. Las agencias inmobiliarias tienen terminantemente prohibido arrendar sus apartamentos a otras personas que no formen parte del aparato de La Zarzuela, afirma Alberto, sargento de la Guardia Real. Otro agente, Juan Carlos, que en 2007 se encuentra en la escala transitoria y es propietario de un bar junto al futuro estadio del Atlético de Madrid, recuerda que incluso los bares de alterne de la zona, que funcionan sin problemas el resto del año, se mandaban cerrar durante las vacaciones.

«La seguridad era tan estricta que a todos nosotros se nos obligaba a alquilar el coche en la misma agencia, la Jackson, que nos tenía preparados a finales de junio unos doscientos Ford Fiesta, todos blancos, con matrículas consecutivas. De manera que hasta los coches que se movían en el entorno de Marivent, Porto Pi y el destacamento naval estaban casi todos controlados las veinticuatro horas del día», agrega Alberto.

«Una de las primeras cosas que hacíamos al llegar a la isla era revisar las identidades de los inquilinos situados en el círculo inmediato en que se movía el Rey. Un carnet de identidad falso como el de Juan José Rego Vidal, con un trozo de huella digital tapándole la cara, habría hecho sospechar al más tonto de la Guardia Real. Lo habríamos detenido en un par de minutos», dice Juan Carlos.

Al margen de estas consideraciones, el 5 de mayo, una vez resuelto el problema principal para cometer el regicidio, es decir, elegido el lugar desde el que tiene que actuar el tirador, Rego Vidal regresa a París. Al día siguiente se entrevista en el bar Le Termometre, situado en la plaza de la República de la capital francesa, con Kantauri, su novia Conchita Iglesias e Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Según las diligencias policiales, Kantauri le señala los objetivos y el orden de prioridad con el que debe acometerlos.

En primer lugar, debe intentar, por todos los medios, matar al Rey. Si no se pone a tiro u ofrece un blanco difícil, el siguiente en la lista es el príncipe de Asturias. Y el tercero, el ex presidente Adolfo Suárez, que tenía una casa en la isla, y no José María Aznar, como se ha dicho. Su inclusión en el sumario, por tanto, más bien parece una invención de la Policía con el consentimiento de Rego Vidal, dispuesto a asumir cualquier información por falsa que fuera con tal de pasar a la historia como uno de los «liberadores de la patria vasca».

¿Cómo iban a asesinar a Aznar desde el piso de la calle de Rafaletas si con casi absoluta seguridad no iba a pisar el destacamento naval de Porto Pi y mucho menos a navegar en el Fortuna, actividad reservada para la familia real y los parientes de la Reina, su hermana Irene de Grecia y sus hijos?

Sea como fuere, lo cierto es que en aquella reunión de París se repasan los últimos detalles del atentado. Como la única forma de escapar de la zona es en moto, Juan José Rego Vidal impone al segundo miembro del comando. Tiene que ser necesariamente su hijo Ignacio Rego Sebastián, un joven de veintiséis años nacido en Cannes el 25 de octubre de 1969, criado y educado en España y Francia y que, por tanto, puede viajar con documentación francesa para pasar más desapercibido. Rego Sebastián es un experto en motos.

—Es la única persona de la que me fío para no ser capturados.

El tercer miembro del comando, el francotirador, es un as que Kantauri se guardará en la manga hasta el final. No quiere que por cualquier error el futuro comando caiga en manos de la Policía francesa y pueda ser detenido tontamente.

Lo que el jefe de ETA ignoraba entonces es que la Policía del Aire y Fronteras (PAF) seguía todos sus pasos y tenía conocimiento de que aquel mismo mes de mayo de 1995 Juan José Rego Vidal, Iñaki de Rentería y el mismo Kantauri volverían a reunirse en Toulouse para dar los últimos detalles al magnicidio.

Apenas un mes antes habían grabado en vídeo una entrevista celebrada en Hendaya entre Juan José Rego Vidal, Francisco Javier Chimeno Inza y Juan Carlos Estévez con el dirigente de ETA José Ramón Lete Alberdi221 —responsable de los entrenamientos militares de los terroristas— y dos mujeres llegadas en un coche con matrícula de Navarra que no fueron identificadas.

Rego conoce la amistad existente entre Javier Chimeno Inza y Juan Carlos Estévez con José María Insausti Múgica, Karpov, el primer miembro del Comando Txomin Iturbe huido en Francia desde mucho antes, y con Kantauri. Sabe que están comprometidos en los planes para cometer el magnicidio e intuye que tal vez uno de ellos pueda ser el tirador que espera.222

Ajenos a los seguimientos, por aquel entonces un ciudadano francés supuestamente libre de toda sospecha llama a la firma Samson y pregunta por un rifle de largo alcance para caza mayor, con trípode y distorsionador de sonido. No obstante, la conversación es intervenida. Los agentes de los servicios secretos franceses saben, además, que el individuo no se va de safari a África y que el arma tiene un fin distinto.

A mitad de camino entre Cannes y Niza, la localidad de Antibes, en la zona de la Costa Azul francesa y los Alpes Marítimos, con sus 70.000 habitantes, seguía siendo en 1995 uno de esos lugares privilegiados para descansar, tomar el sol, andar descalzo por sus playas y salir a navegar por el Mediterráneo.

El 28 de junio de 1995 Juan José Rego Vidal alquiló un coche en la calle de Victor Hugo de Burdeos y, conduciendo a una buena velocidad por la A-530, la A-9 y la A-54, siete horas después había recorrido 986 kilómetros y enfilaba la salida 44 en dirección a Antibes-Juan-les-Pins.

Una vez en Antibes lo primero que hizo fue aparcar el coche en la avenida de Verdún. No acudió, como muchos turistas, a visitar Fort Carré, donde había estado prisionero Napoleón, la capilla de Sant Laurent o las ruinas del templo romano de Mercurio. Su objetivo era muy diferente, así que inmediatamente se desplazó a pie al puerto deportivo en busca de un velero que alquilar.

Tras recorrer los veintidós pantalanes y el muelle para atraque de los barcos de mayor calado apuntó los nombres de cuatro barcos que podían reunir las características para hacer una travesía Cannes-Palma de Mallorca en un día o día y medio a lo sumo.

Uno de los barcos era La Belle Poule, un velero de 22 metros de eslora, de la clase Ketch, de dos palos, equipado para la navegación a vela y motor (dispone de un motor de 375 caballos), de casco negro y lonetas azul y blancas en las cubiertas, con bandera inglesa, matriculado a nombre de Le Dauphin Shipping Company. El barco era propiedad, en esos momentos, de Louise D'Nery, una aristócrata local arruinada, viuda, que quería deshacerse de él, bien vendiéndolo o alquilándolo durante el verano, como había hecho en temporadas anteriores.

La decisión de Rego Vidal, que conoce la comarca como la palma de su mano por haber residido allí largas temporadas,223 es alquilarlo por uno o dos meses, pero como el velero está muy deteriorado, optan por una solución de compromiso. El terrorista de ETA abona por la utilización de la embarcación 200.000 francos franceses en metálico (unos 5 millones de pesetas) y se compromete a arreglar por su cuenta los desperfectos que se aprecian en el casco, en la cubierta y en los camarotes. De hecho el yate necesita un carenado urgente, una mano de pintura y la renovación de las bombas de achique de la cocina y los retretes, demasiado oxidadas por el salitre. Para ello tiene que trasladarlo al cercano puerto de Cannes, donde Javier Chimeno, Juan Carlos Estévez y otros terroristas le ayudan a poner el barco a punto a finales de junio, escena que es grabada por la Policía del Aire y Fronteras, que aprovecha la estancia del velero en el varadero para instalar con toda comodidad una baliza de localización por satélite.

Allí, antes de zarpar, Rego Vidal se cita por última vez con José Javier Arizcuren. Kantauri le entrega diverso armamento de defensa personal y un millón de pesetas para que puedan hacer frente a los gastos en Palma de Mallorca. También les presenta al que va a ser el chacal dispuesto a abatir al Rey durante su veraneo. Se trata de Jorge García Sertucha, un individuo nacido en Bilbao el 2 de abril de 1968, miembro del Comando Vizcaya junto a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, Jesús María Mendinueta Flores, Manu, y Juan María Ormazábal Ibarguren, Turco, hasta que tuvo que huir a Francia el 29 de agosto de 1991.224

En 1993 García Sertucha había formado parte del «comando de verano» de ETA, encargado de colocar una serie de bombas contra objetivos turísticos en el Levante español, una de ellas en el ferry Punta Europa que hace el recorrido Denia-Ibiza. A partir de entonces su fotografía aparece en los carteles colocados por la Policía en todos los puertos y aeropuertos. Aunque no habla perfectamente francés ni conoce la historia del país vecino para mantener una mínima conversación sin levantar sospechas, García Sertucha viaja con un carnet de identidad y un permiso de conducir francés a nombre de Patrick Ives Yannich Josiere, y otros dos documentos españoles bajo la falsa identidad de Juan Carlos Pane Plana.

¿Por qué mandar a una misión tan compleja y difícil a dos terroristas quemados, identificados en todos los álbumes de fotos de la Policía, en lugar de elegir a los miembros de un comando legal, no fichado, adiestrado concienzudamente en las técnicas de la clandestinidad durante un mínimo de seis meses (los miembros todavía no conocidos por la Policía del Comando Txomin Iturbe, por ejemplo), como se había pensado en un principio? Es otra de las grandes incógnitas de esta truculenta historia.

El arma para matar al Rey, que se oculta en una funda de una tabla de esquí acuático, es un fusil de uso militar Máuser Kar-98, con un sistema de cerrojo manual y percutor de aguja. Se trata de un rifle antiguo, similar a los utilizados por los tiradores de élite nazis durante la II Guerra Mundial, pero no superado todavía por la técnica.225 Pese a su gran precisión, el fusil tenía un inconveniente para pasar desapercibido: medía 125 cm de longitud e iba montado sobre un bípode para incrementar la precisión del tiro. Se le había adaptado un visor Zenison de entre 3 y 9 aumentos y un silenciador de 30'5 cm, lo que incrementaba la longitud una vez acoplado hasta los 150 cm. Junto con el fusil, Kantauri le había entregado una caja de munición marca Remington de 7'92 mm, con el proyectil semiblindado, lo que incrementaba la precisión y la capacidad de penetración a distancias medias, al no desviarse demasiado la bala durante su recorrido.

Por último, antes de dejar el puerto de Antibes, el 13 de julio de 1995 adquieren en una tienda local una moto Yamaha TDR 125, de color negro, que la Prefectura de Policía de los Alpes Atlánticos matricula ese mismo día a nombre de Ignacio Rego Sebastián asignándole el número de placa 7407 ZA 06.

El 15 de julio de 1995, tras realizar los últimos arreglos a La Belle Poule en el propio puerto de Antibes, el barco estaba listo para hacerse a la mar. Antes de hacerlo, Juan José Rego Vidal se acerca a un teléfono público y hace tres llamadas telefónicas, una de ellas a Kantauri, la segunda a su mujer, Mari Luz Sebastián Horcajo, que está en Hendaya, y la tercera a su madre, Consuelo Vidal, en San Sebastián. La segunda y la tercera llamadas, en las que se despide de su mujer y su madre y les anuncia que va a estar dos meses ilocalizable pues se acaba de comprar un barco y piensa hacer un crucero por el Mediterráneo con unos amigos, son casi un acta de confesión.

Antes de seguir adelante, sin embargo, es preciso hacer un poco de historia y recapitular. Lo cierto es que la iniciativa de matar al Rey aquel año no era nueva —y se repetiría en el futuro, como veremos— y las Fuerzas de Seguridad del Estado habían abortado poco antes otros planes similares. Tras las masivas caídas de 1968 y 1969, a raíz de los asesinatos de Melitón Manzanas González y del taxista Félix Monasterio, y tras el proceso de Burgos de 1970, ETA se había quedado más diezmada y aislada que nunca. Su debilidad era tal que cuando secuestran al cónsul alemán en San Sebastián, Eugenio Beihl Schaafer, para canjearlo por los enjuiciados, carecen de medios para trasladarlo a Francia a través del río Bidasoa y lo hacen llevándole a hombros.

Los tres años siguientes, pese a la inyección de casi quinientos militantes de EGI (Eusko Gastedi Indarra), las juventudes del PNV, a sus filas, sus acciones decrecieron notablemente hasta que el asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, lanzó de nuevo al estrellato a la banda entre los grupos terroristas.

Del mismo modo, la caída de la cúpula terrorista en Bidart en 1992 había supuesto para la banda armada una crisis interna similar a la del Proceso de Burgos, que llevó a concejales de San Sebastián como Felipe San Epifanio San Pedro a empuñar las armas y a abogados tan «honorables» como Íñigo Iruín o Álvaro Reizábal a ser acusados de cobrar personalmente el impuesto revolucionario, aunque Iruín jamás fue juzgado por ello.

Para salir de esta calamitosa situación, los dirigentes del único grupo violento que aún existe en Europa occidental, optaron de nuevo por echar mano de su vieja militancia para cometer grandes magnicidios, crear una falsa aureola de fascinación por la lucha armada y transmitir a su militancia la imagen de que ETA era invencible y tenía una fortaleza sin límites, algo de lo que en realidad carecían.

Meses después de la caída de Bidart, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado saben que hay un etarra, Javier Pérez Aldunate, preparado para atentar contra varios políticos del PSOE y del PP en la provincia de Vizcaya. Ingresado en ETA a la edad de veintisiete años, de la mano de Ibón Fernández Iradi, Susper, el terrorista Pérez Aldunate había sido adoctrinado por Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, entonces jefe del aparato de captación de la banda armada y en 2007 integrante de la dirección de la misma.

Txeroki le convence para que realice amplios cursos intensivos de armas y explosivos en Francia antes de pasar a la acción. Su misión, además, será la de cometer grandes atentados contra los «enemigos del pueblo vasco». Identificado por la policía en enero de 2004, tuvo que huir de Vizcaya. Se refugia entonces en la localidad francesa de Albertville, donde comienza su preparación como francotirador, a cargo de José Ramón Lete Alberdi. En marzo de ese mismo año, Txeroki le envía a Palma con la misión de asesinar al Rey, encargo para el que le dota de tres juegos de documentación falsa y de 9.000 euros. No consigue su propósito y casi un año después, el 11 de febrero de 2005, es detenido por la Guardia Civil en Basauri (Vizcaya) a la salida de un gimnasio.

En el momento de su captura le fue incautado un fusil Thompson, de 7 mm Remington Magnum con un visor telescópico adaptado para la visión nocturna por concentración de partículas de luz y, por lo tanto, de difícil adquisición al estar reservado su uso exclusivamente a las fuerzas de orden público.

Según informaron fuentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el etarra Aldunate esperaba durante la Semana Santa del año 2004 recibir en Palma de Mallorca ese fusil Remington 700 para atentar contra el Rey durante el desarrollo de los cuartos de final de la Copa Davis, el 11 de abril de 2004.

Javier Pérez Aldunate nunca llegó a disparar. Según las diligencias previas 61/05-N abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el arma nunca llegó a Palma de Mallorca. El etarra contó, sin embargo, a la Guardia Civil, que había estado entrenándose en las afueras de Toulouse (Francia) con Lete Alberdi como preparador junto con otras dos personas para llevar a cabo misiones parecidas. Una de esas personas era Jorge García Sertucha, otro liberado al que conocía por proceder del Comando Vizcaya.

Y había aún más datos que comprometían la seguridad del Rey durante sus vacaciones veraniegas. Veamos otro ejemplo con más detalle.

Una noche el sargento J. G. R. se fue de marcha a la discoteca Tito’s, la más grande, cara y elitista de Palma de Mallorca. Mientras tomaba una copa acodado en el bar, se le acercó una mujer de larga melena rubia y grandes ojos azules. Era una de las pocas españolas que había en el local y se enrolló con ella. Tomaron unas copas y empezaron a charlar. Luego se fueron al apartamento y pasaron la noche juntos. En medio del fragor de la batalla amorosa, la mujer comenzó a acariciar su torso musculado, desnudo, y a clavar sus uñas en sus fuertes y poderosos glúteos.

—Tú, ¿a qué te dedicas?

Llevado por la pasión y la ingenuidad, el sargento de la Guardia Real cometió un error imperdonable.

—Trabajo en la Guardia Real. Estoy destacado aquí.

—¿En la Guardia Real? ¡Venga ya! No me lo creo.

Como ella se hacía la ingenua e insistía en que le estaba tomando el pelo descaradamente, el agente se sintió en el deber de convencerle. Se levantó y le enseñó entonces su credencial e incluso le regaló un llavero de la Casa Real. Por la mañana, al despedirse, quedaron en verse de nuevo al día siguiente.

Cuando llegó al Palacio de Marivent, y por casualidad, le tocó clase de identificación de etarras. El sargento se quedó lívido, planchado. Era una foto en color donde aparecía vestida de azul la mujer en cuestión.

—¡Con esa mujer estuve yo anoche!

—¿Con Idoya López Riaño, la Tigresa? ¡Venga ya!

—Sí, con la misma.

Aunque no lo hubiera confesado, la palidez del rostro y el repentino temblor que le entró al pensar que había dormido con una peligrosa terrorista le habrían delatado. Inmediatamente pasó al despacho del general Antonio Ferreiro Goyanes, quien le sometió a un interrogatorio de dos días. Se montó un dispositivo en Tito’s, pero no se pudo atrapar a la terrorista. Sin embargo, hubo que cambiar todo el dispositivo de seguridad, alterar los horarios y reforzar la guardia en los lugares por donde vivían los agentes y sus familias. Al sargento lo trasladaron inmediatamente a Madrid y lo destinaron a cocina. Hoy, en la reserva transitoria, trabaja como detective privado.

A raíz de ese incidente el general de la Guardia Civil que mandaba la Unidad de Escoltas y la Unidad de Apoyo, José Luis Ferrero, fue sustituido por el coronel Guillermo Quintana-Lacacci, hijo del capitán general de Madrid del mismo nombre, uno de los hombres leales al Rey durante el golpe de Estado del 23 F, asesinado por ETA el domingo 29 de enero de 1984, cuando regresaba de misa con su mujer.226

Así pues, podemos asegurar que la obsesión de ETA con el Rey es una constante histórica.

Y, volviendo a nuestro relato, Juan José Rego Vidal, el hombre que ahora pretendía asesinar al Rey, había sido la persona encargada por ETA de recopilar la información para matar a su padre.

La travesía hasta Palma había sido más larga de lo habitual, complicada, con olas de hasta cinco metros de altura cruzando por encima de la cubierta del barco, a punto de naufragar. Poco después de zarpar de Antibes aquel 15 de julio de 1995 el mar había comenzado a encresparse, el cielo se había oscurecido y un vendaval hacía crujir las cuadernas del barco. Arriaron las velas y comenzaron a navegar a motor poniendo proa a la tormenta para evitar el oleaje por babor y estribor, pero entonces el agua comenzó a inundar las bodegas. La bomba, vieja y de escasa potencia, resultó insuficiente para achicar el agua y tuvieron que hacerlo con cubos.

Cuando llegaron al puerto de Alcudia, a las dos de la madrugada del 17 de julio, hacía treinta y ocho horas que se habían echado a la mar, casi no habían tenido tiempo de probar bocado, estaban extenuados y La Belle Poule presentaba una vía de agua a babor, cerca de la proa, que habían taponado con una cuña de madera. De no haberlo hecho a tiempo, probablemente habrían naufragado.

Ya en tierra, los tres tripulantes de la embarcación tomaron rumbos distintos. Juan José Rego Vidal se quedó en La Belle Poule con el fin de reparar la vía de agua y carenar el casco, para lo que tenía que sacar el barco al dique seco por lo menos durante una semana. Ignacio Rego Sebastián y Jorge García Sertucha alquilaron un Renault Clio matrícula PM-5887-BZ e hicieron el traslado del fusil y de varias pistolas de uso personal al piso franco de la calle de Rafaletas en Porto Pi.

Lo que ignoraban por entonces los etarras es que desde la salida de Antibes el barco estaba siendo seguido mediante una radiobaliza y un GPS, y controlados permanentemente por los servicios de información franceses su rumbo y posición en el Mediterráneo.

El 15 de julio de 1995 los franceses habían informado a la Policía española: «A las 13.00 horas de hoy La Belle Poule ha zarpado de Antibes. Van al menos tres. Ayer tarde compraron víveres en un supermercado y una buena cantidad de agua mineral. Embarcaron bultos de peso y una moto Yamaha. La estimación del rumbo es Alcudia, en Mallorca».227

La Policía del Aire y Fronteras gala, encargada del operativo, transmite cada día información obtenida sobre el posicionamiento del velero a la Comisaría General de Información de la Policía española, a cuyo frente se hallaba entonces el comisario Gabriel Fuentes González, uno de los hombres de confianza del equipo que el juez Baltasar Garzón quería llevarse a Interior.

Con cuarenta y dos años recién cumplidos y diecisiete en la policía, generalmente en destinos burocráticos adscritos a la Dirección de la Policía, como experto en analizar la documentación capturada a ETA por los grupos operativos, el comisario Fuentes formaba parte hasta un año antes del equipo del juez Baltasar Garzón, con el que le unía una gran amistad. Su ocupación era crear los equipos policiales contra la droga, la corrupción y el crimen organizado.

Tras el nombramiento de Juan Alberto Belloch como ministro del Interior, la secretaria de Estado Margarita Robles le había colocado en la cúspide de la lucha antiterrorista, cuando se encontró con el mayor problema de su carrera (salvo el atentado del 11 de marzo de 2004).228

Como Rego Vidal va pregonando por los cuatro vientos sus intenciones, el 16 de junio de 1995 sabe por un segundo canal que el rey de España va a ser objetivo de un comando terrorista. Por medio de una intervención telefónica al etarra Juan Carlos Aldasoro, en Fuenterrabía, detecta varias llamadas de Juan José Rego Vidal y Mari Luz Bella Bringas en las que insinúan el «delicado trabajo» que se traen entre manos.229

Gabriel Fuentes González, en lugar de abortar la operación en alta mar y detener el comando antes de que llegara a Palma de Mallorca, como se hace habitualmente en las operaciones de narcotráfico, decidió capturar a los terroristas con las manos en la masa. Para ello desplazó a Palma de Mallorca a dos grupos de la Unidad Central Operativa al completo y dedicó medio centenar de policías a vigilar noche y día a los presuntos magnicidas para capturarles poco antes de que fueran a llevar a cabo el asesinato del Rey.

Los agentes obraron con especial rapidez. Nada más identificar el piso desde el que se iba a realizar la operación, se presentaron en la agencia inmobiliaria y alquilaron los dos contiguos. A continuación, se hicieron con una copia del juego de llaves del apartamento, registraron una a una las habitaciones, engrasaron las cerraduras para que no hicieran ruido si tenían que entrar precipitadamente, y llenaron el piso de cámaras de televisión y micrófonos ocultos.

Por último, tras verificar que los terroristas sólo disponían de una caja de munición, procedieron a la tarea más delicada de todas. Sacaron con sumo cuidado uno a uno los proyectiles, extrajeron la carga de proyección, la sustituyeron por una sustancia inerte y colocaron de nuevo los plomos sin que se notara la manipulación.

Una operación de esas características tenía numerosos precedentes en el modus operandi de la Policía española.230 Era similar a la realizada años antes en un piso franco de Madrid, donde se alojaba uno de los taldes del Comando Madrid que tenía secuestrado a Diego Prado y Colón de Carvajal, en la etapa en que Joaquín Domingo Martorell era jefe de la Brigada Operativa y Manuel Ballesteros responsable del Mando Único Antiterrorista.231

Las posibilidades, por lo tanto, de que ETA pudiera disparar contra el Monarca con un fusil de mira telescópica eran absolutamente nulas, pero hubo un momento en que los agentes no estaban muy seguros de ello.

A las nueve y media de la noche del 23 de julio el Fortuna zarpa de Porto Pi. Jorge García Sertucha ha tenido al Monarca en su punto de mira. Ha montado el rifle, ha retirado el seguro y ha colocado el dedo en el gatillo. A última hora, ha desistido.232

El 25 de julio, a las diez de la noche, el francotirador de ETA ve aproximarse el yate real al embarcadero de Porto Pi. Rápidamente saca el rifle de su funda, mete una bala en la recámara, echa el cerrojo, abre el trípode de dos patas y observa a través del visor. «Lo hice —comentó a la Policía— para familiarizarme con el arma. Era demasiado prematuro para disparar y muy difícil para huir en barco a esa hora. Habríamos tenido que zarpar sobre las once o las doce de la noche».

El 29 de julio el chacal vasco vuelve a tener al Rey en el punto de mira de su Máuser. Sertucha escribe en su cuaderno de bitácora: «A las 15.55 horas sale otra vez [el Fortuna]. Va él [Juan Carlos] con más gente. Conduce [sic]».

El 8 de agosto vuelve a verle con los prismáticos en el puente del barco de recreo de la familia real. «En ese momento pude haberle matado por cuarta vez», reconoce.

Había otra dificultad insalvable. La Belle Poule necesita volver a dique seco para hacer reparaciones en su cabina, en el timón y en el sistema de bombas de achique. Mientras se arregla el velero, el atentado tiene que posponerse.

El 24 de julio, Juan José Rego Vidal recibe una llamada telefónica en el puerto de Alcudia intervenida por la Policía. Al otro lado del hilo telefónico una voz de mujer les pregunta por el viaje. Rego Vidal contesta que bien pero que, debido al mal tiempo, La Belle Poule ha sufrido una avería.

—Necesito dinero para repararla —le dice.

La mujer, tras consultar con alguien cuya voz se escucha borrosa, le dice que le espere tres días más tarde en el McDonald's de la plaza de Sant Jaume de Palma de Mallorca.

Sobre las doce de la mañana, los policías encargados de controlar el encuentro ven aparecer a una mujer embarazada a la que horas más tarde identifican como Concepción Iglesias, la compañera sentimental de Kantauri.233

El hecho de que Kantauri haya utilizado como enlace a su propia mujer, embarazada de siete meses de su primer hijo, Julen, revela la importancia que el magnicidio tiene para ETA y las estrictas medidas de seguridad que ha tomado la organización terrorista, donde sólo cinco personas están al corriente de los planes de la organización.

Así y todo, el comando ha cometido un tremendo error al acudir sus tres miembros a la cita, y Concepción Iglesias también, al pasarse diez minutos largos hablando con Juan José Rego Vidal, al que entrega una bolsa de plástico doblada y desaparece. Aparentemente el contenido de la bolsa es el dinero que les ha pedido Juan José Rego Vidal para reparar el barco. Sin embargo, es posible que junto con el dinero haya nueva munición. La misión de los agentes de la Comisaría General de Información a partir de entonces es seguir al viejo terrorista, ver dónde esconde el paquete y conocer exactamente cuál es su contenido.

Cuando logran hacerlo e identifican varios fajos de billetes de 5.000 pesetas, alrededor de unos dos millones en total, ocultos en la bolsa en el piso de la calle de Rafaletas, respiran tranquilos. La seguridad del Monarca —al que consciente o inconscientemente están utilizando como cebo para capturar al comando, pues no está claro si hay más terroristas en la isla— sigue de momento a salvo.

El lunes 7 de agosto de 1995 Baltasar Garzón Real entra de guardia en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. El comisario general de Información, Gabriel Fuentes, que hasta entonces le ha mantenido extraoficialmente al corriente de las investigaciones, le indica que es el momento de intervenir. Dos días después, el miércoles, dos inspectores de la Brigada General de Información de Madrid se trasladan a la Jefatura de Policía de Palma. Desde allí solicitan por fax a la Audiencia Nacional las órdenes de entrada y registro.

Ante un acontecimiento de la magnitud del que se avecina, el juez no quiere estar ausente. A última hora de la tarde Baltasar Garzón, acompañado del fiscal Jesús Santos, coge un avión y se desplaza personalmente a Palma de Mallorca. En la Jefatura Superior de Policía, donde llega a las once de la noche, están esperándole sus antiguos subordinados del Plan Nacional contra la Droga, todos ellos altos cargos de la Comisaría General de Información, con Gabriel Fuentes a la cabeza, para darle las últimas novedades. En otra estancia de la Jefatura se encuentra una sección de los GEO preparados para intervenir cuando el juez dé las órdenes oportunas.

Tras analizar la situación, Garzón pide apoyo a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca e inmediatamente se presenta la secretaria del Juzgado de Instrucción Número 9 de Palma, Juana María Mas Perelló, para dar fe judicial de las actuaciones. De esta manera, media hora más tarde, a las 23.30 horas del 9 de agosto, se constituye la comisión judicial y Baltasar Garzón, que espera poder quitarse de encima la espina de que ni es hombre de Estado ni actúa como tal al haber encarcelado en los meses precedentes a la cúpula de Interior, va a demostrar que cuando están en peligro los intereses del Estado es el primero en poner el pecho. Además, va a desquitarse de esta manera y para siempre de todos los desplantes, desprecios, burlas y humillaciones que le ha ocasionado desde meses antes el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, cuando le dijo «Márchate, este es mi tiempo», y le echó con cajas destempladas del Ministerio del Interior. También pretende «ajustar cuentas» con el Rey, quien tras las detenciones de Planchuelo, Álvarez, Sancristóbal y Vera no pierde ocasión de criticar su trabajo.

Acompañado de los jefes de la Comisaría General de Información e ignorando olímpicamente al director general de la Policía, Ángel Olivares, que se encuentra también en la isla, Garzón asume el mando directo de los agentes y se desplaza a las cercanías de la calle de Rafaletas, donde varios agentes de paisano han montado un cordón policial.

—¿Están dentro? —pregunta—. Pues adelante —ordena.

Los agentes se colocan sus máscaras antigás y sus visores nocturnos, montan sus armas y se colocan a ambos lados de la puerta, decididos a asaltar el piso. Otros dos agentes adosan un marco explosivo a la puerta, dan unos pasos atrás, se cubren con sus escudos y lo detonan. La puerta salta por los aires hecha añicos. Segundos después, casi en un abrir y cerrar de ojos, los policías encargados de la intervención entran en el piso protegidos por una granada atronadora y deslumbrante, cuyo ruido afecta al oído medio y hace perder el equilibrio al que no esté acostumbrado a sus efectos.

Segundos después, en un abrir y cerrar de ojos, salen con los terroristas esposados. Jorge García Sertucha e Ignacio Rego Sebastián han sido cogidos desprevenidos mientras veían la televisión. Los dos están descalzos y en pantalón corto.

Casi al mismo tiempo, en Alcudia, Juan José Rego Vidal es encañonado por otros agentes e inmovilizado antes de poder coger el walkie-talkie que le ha entregado la banda terrorista y mediante el cual enlazaba con el piso de la calle Rafaletas empleando un código preconvenido.

La pelea entre Juan Alberto Belloch y Baltasar Garzón Real, ocurrida meses antes por el control del Ministerio del Interior, volvía a reproducirse entre los dos jueces que habían aspirado a asumir las mayores cuotas de poder dentro del PSOE para sustituir, llegado el caso, a Felipe González. Después de hablar con Belloch y referirle el comportamiento del juez «que ha venido aquí a dar órdenes y a apropiarse de nuestro trabajo», Ángel Olivares, acompañado del delegado del Gobierno en Baleares, Gerard García, convoca una rueda de prensa: «Quiero dejar constancia desde el principio de que el mérito de la desarticulación del comando que pretendía atentar contra el Rey es de la Policía y sólo de la Policía». Y agregó: «En ningún momento el rey de España ha corrido riesgo alguno. No es cierto que los terroristas hayan tenido al Rey en su punto de mira en ningún momento, aunque estos, cuando son detenidos, intenten en sus declaraciones añadir parte de su cosecha particular para tener el mayor eco propagandístico posible de sus acciones. Pero, repito, el atentado contra el Rey no se habría producido jamás».

Al conocer la noticia, Garzón se indigna: «Ese tío no sabe que estamos pendientes de una redada en el sur de Francia. Se va a cargar el tinglado por sus prisas en largar la noticia». Esto indica que sólo él y los responsables de la Comisaría General de Información estaban al tanto del atentado.

Al día siguiente, el ministro Juan Alberto Belloch vuelve al ataque e insiste en las mismas tesis: «El conjunto de datos obtenidos que llevamos siguiendo desde hace meses, ratificados por las detenciones, permiten afirmar que el objetivo era atentar contra el Rey. Al respecto tengo que añadir que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían tomado todas las medidas necesarias. La familia real no ha sufrido ningún riesgo». Y agrega nuevos datos esclarecedores: «La munición empleada no era la adecuada para un atentado así. Sabíamos que el rifle no tenía alcance suficiente ni podía acertar al Rey», lo que permite deducir que había sido manipulado previamente por la Policía.

Ni el ministro del Interior ni el director general de la Policía pueden revelar que el atentado era un «delito imposible» porque los dieciocho cartuchos de los que disponía el comando habían sido desprovistos de sus cargas de proyección, pero lo insinuaban. Afirmar eso era tanto como reconocer que el atentado era materialmente imposible y, en aplicación del Código Penal, que los terroristas tenían que quedar inmediatamente en libertad. Por eso, desde Interior se inventaron las más peregrinas teorías. «Tiradores de élite estaban preparados para abatir a los etarras», afirmaba El Mundo. Y El País lo ratificaba: «La Policía afirma que era "imposible" que los etarras asesinaran al Rey porque estaban vigilados». La Vanguardia, el rotativo donde Garzón tiene dos excelentes amigos, Eduardo Martín Pozuelo y Jordi Bordás, aportaba nuevos y más certeros datos: «Hasta aquel momento [el asalto al piso] los etarras habían estado controlados minuto a minuto. Desde que salieron del puerto de Niza a bordo de La Belle Poule estuvieron seguidos y controlados. El velero fue minuciosamente seguido [desde tierra y desde el aire por la Policía francesa al principio y luego por la española] durante toda la travesía hasta el puerto de Alcudia».

El juez Baltasar Garzón, en su auto del 19 de febrero de 1996, afirma todo lo contrario: «El imputado Jorge García Sertucha [declaró] a presencia de este instructor que tuvo la posibilidad cierta e intentó al menos en tres ocasiones acabar con la vida del Rey, pudiendo haberlo hecho de manera precisa y eficaz al no conocerse su existencia».

Las conjeturas del instructor, sin embargo, se caen por su propio pie ante las declaraciones del jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa. «Preguntado para que manifieste en qué fechas estuvo Su Majestad el rey en Porto Pi, en Palma de Mallorca, para embarcar o desembarcar del yate Fortuna, contesta que al margen de ocasiones posteriores, embarcó en la tarde del 29 de julio y el día 8 de agosto por la mañana». García Sertucha, por lo tanto, o bien se inventa otras dos ocasiones o confundió al Rey con otra persona.

En la misma declaración sumarial Almansa reconoce que semanas antes de la captura del comando «había sido informado de una forma genérica de que podía intentarse alguna acción contra miembros de la Casa Real durante su estancia en Mallorca, siendo después de la desarticulación del comando de ETA cuando tuvo conocimiento de todo el alcance de la operación».

La banda terrorista ETA llega incluso a terciar en la polémica colocándose al lado del juez que pretende «hacer méritos» tratando de hacer creer a la opinión pública que el Rey había estado en peligro y que gracias a su eficaz intervención y la de sus antiguos agentes del Plan Nacional contra la Droga ha salvado la vida.

Diez días después de la detención del comando, el diario proetarra publica una foto que dice ser del yate Fortuna, asegurando que había sido tomada por el comando terrorista y enviada a la organización. Un estudio detallado de la foto revela que el barco que aparece en el diario es el velero Rioja de España, que se encuentra en dique seco desde diciembre de 1994.

Con la detención del comando que nunca pudo haber matado al Rey, Garzón le devolvía a Belloch la humillación de haberle echado de la política, actuando como mamporrero de Felipe González. El Rey había estado en el punto de mira de ETA cuatro veces, era cierto, pero bajo la mira telescópica de un fusil de juguete, hecho que el doble ministro hizo llegar a La Zarzuela con los detalles suficientes para que Su Majestad «sepa que los socialistas no somos unos insensatos».

El Rey tuvo mucho que ver con el desarrollo de los temas tratados. Durante la investigación de los GAL algunas personas cercanas a la Casa Real habían llamado al juez Garzón para advertirle de que el Monarca estaba muy preocupado con su decisión de meter en la cárcel a la cúpula de Interior.

En 1996, poco antes de las elecciones generales, en una entrevista con el secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida, don Juan Carlos se manifestó franco y abierto. Al salir a colación la Audiencia Nacional y el juez Baltasar Garzón, dijo:

—Ese es un caza-famas.

—Un caza-famas... Si yo pensaba que estaba haciendo una labor impagable por este país tanto en la lucha antiterrorista como frente a la corrupción y el terrorismo de Estado.

—Bueno, bueno... Yo te digo que es un caza-famas. Y te lo repito porque no tengo ningún inconveniente en que esto se sepa.234

Nada más salir de La Zarzuela, Julio Anguita llamó a un amigo de ambos, el juez Joaquín Navarro Estevan, y le contó el incidente.

—Yo creo que deberías poner al corriente a Garzón sobre este asunto. Si el Rey dice eso, por algo será. Y si se trata de un malentendido, debería aclararlo inmediatamente con el jefe de la Casa Real.

Cuando Navarro Estevan le contó la conversación, a Garzón casi le da un infarto. Comenzó por ponerse rojo, le temblaba el vaso de Coca-Cola en la mano y durante un rato no articuló palabra. Luego empezó a vociferar y decir tacos, como si hubiera perdido la compostura que se le supone. El cambio de opinión del Monarca sobre el juez, al que algunas veces había distinguido con palabras de cariño, provenía del intento de protagonismo tras su atentado, sabiendo que todo estaba controlado. ¿Se había prestado tal vez por eso a hacer de cazafantasmas para demostrar a La Zarzuela que la vida de muchas personas, incluso la del Rey, dependían de él, de una actuación suya? Porque no caben dudas de que el atentado de Palma de Mallorca se conocía desde hacía un año, y lo lógico habría sido abortarlo meses antes en Antibes, Niza, Hendaya, Burdeos, París o cualquier otro de los lugares de encuentro de Kantauri y Juan José Rego Vidal.

¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se esperó al último instante para detener al comando terrorista? ¿Supo Garzón que la operación fue un gran montaje policial y que se estaba jugando a la ruleta rusa con un fusil Máuser, de gran precisión, en cabeza regia? ¿Su sentido innato de la vanidad y su obsesión enfermiza por resolver asuntos cada vez más difíciles, por ponerse metas más inalcanzables para encumbrarse más en el firmamento mediático le llevó a consentirlo?

En 2001 el autor del libro almuerza en el restaurante Pazo de Monterrey con Gabriel Fuentes. El policía ha dejado ya la Comisaría General de Información, donde ha sido sustituido por Jesús de la Morena. Asiste el jefe de seguridad de Cajasur, J. P, como testigo. El asunto del atentado de Palma de Mallorca es uno de los temas principales de conversación.

—¿Aquello fue uno de vuestros típicos montajes?

Fuentes lo niega rotundamente. Reconoce, sin embargo, que el asunto lo tuvieron siempre controlado y que, contra lo publicado en la prensa, ningún miembro del comando se les perdió en ningún momento. Reconoce incluso que sus agentes estuvieron dentro del piso de la calle de Rafaletas antes del asalto, como era su obligación.

—¿Ves? Un montaje. ¿Por qué no detuvisteis al comando antes?

—Eso, aunque fuera así, que yo no lo confirmo, no se puede decir. Cuando un delito no se puede realizar porque has puesto todos los medios para que no ocurra, según el Código Penal no es delito.

Juan Carlos, de la Guardia Real, estaba bañándose en la piscina de la urbanización cercana a Porto Pi cuando escuchó la noticia al día siguiente de la detención.

—Esto es imposible. Pero si aquí no puede entrar nadie —le dijo a su mujer.

Y es cierto. El edificio desde donde se iba a realizar el disparo está durante los tres meses de verano ocupado por la Guardia Real.

«Allí no dejábamos entrar ni a ingleses ni alemanes, sólo españoles. Además, como acabábamos de llegar de Madrid, estábamos todos blancos. Cualquiera que viniera de Antibes o de cualquier otra parte de la Costa Azul cantaba enseguida».

La seguridad de la familia real era tal que había siempre gente observando con prismáticos todos los edificios que dan al arsenal naval. Además había francotiradores preparados para abatir a cualquier intruso a lo largo del recorrido entre el Palacio de Marivent y Porto Pi. Hasta la montaña que da al mar desde el Palacio de Marivent está vigilada. Cinco submarinistas, expertos en combate submarino, no salen del agua en todo el día. Además hay una valla metálica que llega al fondo del mar y rodea todo el perímetro de seguridad, con boyas de señalización. Durante la noche, los submarinistas son relevados por una fragata de la Armada con el sonar activado.

Además, si había alguien del entorno de ETA por allí, bastaba con que se acercara a un kilómetro de distancia del Rey para que inmediatamente fuera detectado por los servicios de seguridad de La Zarzuela. Esa persona era precisamente Juan José Rego Vidal.

En 1973 intenta secuestrar en Mónaco a Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde y yerno de Franco. En la acción va a participar la plana mayor de ETA —Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, Francisco Javier Aya Zulaica, Trepa, José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera, Isidro Garralde Bedialauneta, Mamarru, y otros—, pero una confidencia de uno de los miembros del comando a Jesús María Leizaola lo impidió,235 alertando al Palacio de El Pardo.

El comando trató entonces de secuestrar a don Juan de Borbón. El conde de Barcelona, que no había sido alertado, acababa de llegar a la Costa Azul con su yate, el Giralda. Los miembros de la Brigada de Investigación Social de la Policía, José Sainz González y Roberto Conesa, prácticamente le secuestran y le sacan de la zona a las 5.30 de la madrugada.

Tras pasar algún tiempo en la cárcel por diversos delitos, en 1977 y 1978 se detecta la presencia de Rego en Ibiza y Palma de Mallorca, desde donde pasa nueva información a Iturbe Abasolo para realizar un atentado contra el Rey o Adolfo Suárez, que acompañaba al Monarca en una de sus travesías.

Detenido y encarcelado en las prisiones de Soria y Carabanchel, vuelve una y otra vez a las andadas, de manera que puede afirmarse que la eliminación de la familia real ha formado siempre parte de su «currículum terrorista».

Entre uno y otro intento de atentado al Rey o su familia, el marinero de Pasajes lleva tabaco de contrabando a Barcelona para financiar a ETA, organiza una compra masiva de armas que no pueden transportar al faltarles un barco, monta una red de empresas pesqueras para financiar a la banda terrorista con la pesca del coral o la importación de langostas y otros mariscos de África, e incluso convence a Azkoiti del buen negocio que es vender vídeos piratas de los mundiales de fútbol celebrados en España en 1982 a los países africanos.

El intento de atentado que hemos venido narrando concluyó el 8 de abril de 2002 cuando la Audiencia Nacional condenó a trece años de cárcel al dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, por el intento de magnicidio en Palma de Mallorca. El tribunal declaró a Arizkuren culpable de un delito contra la Corona en grado de conspiración y de otro continuado de falsificación de documento oficial al estimar probado que «se concertó con otras personas, de ellas tres anteriormente condenadas, para matar alevosamente al rey de España, resolviendo ejecutar el crimen de lesa majestad».

Durante la vista oral del juicio contra su compañera, el ex jefe militar de ETA admitió de nuevo su papel en la organización del atentado frustrado contra el rey de España en Mallorca, en 1995. Sin embargo, negó que Conchita Iglesias actuara de enlace con el comando que debía ejecutar el regicidio.236 «Nunca habló con Juan José Rego Vidal, ya que el contacto con él lo tenía exclusivamente yo», relató Kantauri al tribunal. Añadió: «Desde que comencé mi relación con Iglesias quedó muy claro que ella no quería ser miembro de ETA». La llevó de viaje a Antibes, antes del atentado contra el Rey, el 15 de julio de 1995, cuando acudió a entrevistarse con Rego Vidal. «Era una posibilidad para que disfrutara de unos días de vacaciones».

Dos años antes, en 2000, al pedir la extradición a Francia de Ignacio Gracia Arregui, los máximos responsables de la Audiencia Nacional se quedan de piedra. Iñaki de Rentería ha sido juzgado y condenado en Francia por el Tribunal Correccional de París. La causa: el intento de atentado contra el Rey. De esta manera, los jueces y fiscales españoles conocen que las autoridades francesas han abierto un sumario por el magnicidio en el que ha sido juzgada también años antes, en rebeldía, Conchita Iglesias, además de otras personas, entre ellas Francisco Javier Chimeno Inza, Juan Carlos Estévez, María Luz Bella Bringas y Serafín Blanco González, la mayoría integrantes del Comando Txomin Iturbe.237

Todos ellos, junto con Begoña Rego Sebastián, María Luz Sebastián Horcajo, Juan Carlos Aldasoro Torrecilla, Gentilni Farbi y otros habían sido detenidos en San Sebastián, Hendaya y Cannes al día siguiente de la intervención de los GEO en Palma de Mallorca. José Ramón Lete Alberdi, de cuarenta y un años, seguirá en libertad algún tiempo.

Tras jugar a la ruleta rusa en cabeza ajena, en la cabeza del Rey, ¿pensaba Baltasar Garzón dedicarse de nuevo a la política? «Se ha de conseguir una auténtica revolución en nuestra sociedad que dé nuevo sentido a la vida civil, asumiendo el protagonismo que en otros momentos tuvo y que ahora está en poder de la burocracia y del poder que vive de espaldas al ciudadano [...]. Mientras tanto, el ciudadano aguanta estoicamente porque le queda la esperanza de que esto va a cambiar, pero a la vez no hace nada por conseguirlo».

El texto anterior procede del anuario de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, que acababan de conceder su premio al Español más Internacional del Año. En el texto «Valores para una sociedad civil», Garzón se rebela contra la «insatisfacción de nuestra actual forma de vida», el «pesimismo indolente, casi abúlico», «la sensación generalizada de vacío político» y la «pasividad casi patológica de los individuos en la sociedad industrial».

Previamente había enviado otro artículo a Tiempo238 titulado «Manifiesto ético para una sociedad civil», que firma con varios periodistas, entre ellos Manuel Vázquez Montalbán, y algún abogado de prestigio, como Enrique Gimbernat y otros.239 Como alternativa plantea la necesidad de estructurar y potenciar una fuerte sociedad civil como elemento vertebrador del Estado y garante de las libertades, frente a la «privatización del Estado [por los políticos], la corrupción, la crisis de los partidos políticos, la falta de credibilidad de la clase política, los ataques a la independencia del poder judicial, la falta de horizontes de la juventud, el resquebrajamiento del Estado del Bienestar, la intolerancia, la xenofobia e incluso el racismo». Y agrega: «Los ciudadanos se han de convencer de que los partidos políticos son meras máquinas electorales que se activan sólo en campaña [...]. Una democracia madura no puede impedir que un hombre público sea corruptible, pero sí puede activar los mecanismos de control necesarios para que la proclividad a corromperse pueda ser anulada».240

Aprovechando la corrupción del PSOE y la Tangentópolis de Italia, el juez español, un advenedizo de la política fracasado, hace de nuevo sus pinitos para tropezar por segunda vez en la misma piedra, según sus amigos de aquella época. El encarcelamiento de Mario Conde, el gran abanderado de la sociedad civil frente a los partidos tradicionales, le forzó a retroceder. Tras la llegada del Partido Popular al poder, ya no volvió a hablar más de «terceras vías» para alzarse con el poder.

Capítulo X

Terra Lliure: títere del Gobierno

Durante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, los parlamentarios de Ezquerra Republicana de Cataluña se ausentaron de la sala cuando intervino el juez Baltasar Garzón, que participaba como experto en aquella ceremonia de la confusión. «Garzón es el culpable de las torturas y malos tratos policiales a los dirigentes de Terra Lliure detenidos en las redadas de 1992», declararon Joan Puigcercós y Agustí Cerdà para justificar su ausencia. Y es que dispuesto a apuntarse a un bombardeo, se atribuye en su biografía el desmantelamiento del grupo terrorista catalán, operación diseñada, coordinada y dirigida desde el Gobierno y el Ministerio del Interior con Convergència i Unió y Ezquerra Republicana de Cataluña durante el periodo comprendido desde finales de los años ochenta hasta mediados de los noventa. A la mayoría de los terroristas no se les acusó de integración en banda armada, sino que se les perdonaron sus delitos y se les mandó a casa con una especie de amnistía camuflada bajo el brazo. Al igual que su compañero Carlos Bueren, el juez Baltasar Garzón se limitó exclusivamente a dar el visto bueno a unos pactos institucionales. Veamos cómo ocurrieron los hechos.

***

Se acercan los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Gobierno central y la Generalitat deciden poner todos los medios a su alcance para que la organización Terra Lliure no pueda hacer nada que altere el buen funcionamiento del acontecimiento. El jutge Baltasar Garzón Real autoriza «la infiltració d'un talp dins de Terra Lliure». Es decir, infiltrar un topo dentro de la organización independentista.

Pasados unos pocos días, un miembro del grupo terrorista de Cataluña se entrevista con un aspirante a formar parte de la organización. Le encuentra un personaje un poco extraño, pero el candidato consigue entrar en Terra Lliure. El topo del Gobierno español comienza entonces su tarea: es Josep María Aloi, apodo del espía entrenado por el Lobo —Mikel Lejarza, antiguo agente del CESID infiltrado en ETA—, que logró infiltrarse en Terra Lliure a principios de los años noventa. Actualmente se desconoce su paradero. De esta manera tan novelesca presentaba el Canal 33 de la televisión catalana una serie de reportajes —Doble Joc— sobre los topos catalanes. Fue a comienzos de 2007 y la serie estaba realizada por Felipe Soler, con guión de Jorge Finestres y Jorge Sanromán. Lo más cómico del reportaje fue esta afirmación: «A comienzos de los noventa la Policía había pedido autorización al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para hacer su trabajo, es decir, para infiltrar agentes en las bandas terroristas».

Poco después, el 14 de abril de 2007, TV3, la televisión pública catalana, emitía un reportaje titulado «Terra Lliure. Punt final», realizado por las productoras Batabat y Zeba Produccions junto a TV3, uno de cuyos periodistas, David Bassa, fue el responsable de la dirección y el guión del proyecto televisivo. El documental fue un acto de glorificación a los escamots catalanes y una excusa para contar las «angelicales» actividades de activistas catalanes, unos «santos varones», como diría Tip, que «sólo» provocaron algo más de doscientos atentados matando a una mujer e hiriendo a algunas decenas de policías. En el programa intervino, no faltaría más, el juez Baltasar Garzón, quien en su habitual papel de rey de la Justicia asumió para sí todo el protagonismo de haber desarticulado el grupo terrorista en su fase operativa y judicial.

Y es que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se cree hasta tal extremo su papel protagonista en la historia de España de finales del siglo XX que en su currículum, distribuido en cuatro idiomas tras el intento de entorpecer las investigaciones que se llevaban a cabo sobre Pinochet en Chile, asume el papel de Josep Lluís Carod-Rovira y se atribuye el desmantelamiento de los pistoleros catalanes.

Previamente a constituirse en el grupo terrorista Terra Lliure, los grupúsculos independentistas catalanes habían cometido tres de los atentados terroristas más horripilantes de la historia de la reciente democracia. Uno de ellos fue sólo comparable en sadismo y brutalidad con el secuestro y posterior asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP por Ermua.

El 9 de mayo de 1977, poco antes de las primeras elecciones democráticas, dos individuos localizan al industrial catalán Josep María Bultó Marqués, de setenta y tres años, cuando se encontraba almorzando con su hermana en la calle de Montaner de Barcelona, como hacía habitualmente todos los miércoles. Los desconocidos, que vestían ropas de trabajo, se presentaron como empleados del gas, le apuntaron con una pistola en la cabeza, le obligaron a quitarse la camisa, a tirarse al suelo medio desnudo y le ataron las manos a la espalda. A continuación le adosaron un artefacto explosivo en el pecho, sujeto con unos esparadrapos y correajes, y le exigieron 500 millones de pesetas que debería reunir en el plazo de veinticuatro horas, momento en que le darían la «combinación» para desactivar la bomba.

—No intente quitárselo o neutralizarlo por su cuenta porque es hombre muerto. Tampoco acuda a la Policía, porque le ocurrirá lo mismo. Es un aparato muy sofisticado y sensible y sólo nosotros sabemos cómo desmontarlo —le advirtieron.

—Pues que sea lo que Dios quiera. Yo no tengo ese dinero y si lo tuviera tampoco se lo daría —se encaró Bultó, desafiante, con los terroristas, que llevaban varios meses siguiendo todos sus movimientos por la Ciudad Condal.

—Haga lo que quiera. Si no los desembolsa en el plazo impuesto el artefacto hará explosión —le amenazaron al tiempo que le entregaban una carta del Exèrcit Popular Català (EPOCA), un grupúsculo terrorista escindido del Front Nacional de Catalunya (FNC), con las medidas de seguridad que debía tomar para que la bomba no explotara.

Presidente de la sociedad anónima Cros, una de las más importantes del sector químico, y accionista y consejero de múltiples empresas que le convertían en el hombre más acaudalado de Cataluña, Bultó no hizo demasiado caso a la amenaza y reiteró su negativa a dejarse extorsionar. Haciendo gala de una gran sangre fría, una vez huyeron los asaltantes, se puso la camisa, llamó a su conductor, le contó lo que le había pasado y le dijo:

—Lléveme ahora mismo a la Jefatura Superior de Policía.

En el trayecto se dio cuenta de que al forcejear para tirarle al suelo, los terroristas le habían roto los pantalones, por lo que prefirió pasar antes por su domicilio, en el exclusivo barrio de Pedralbes, para cambiarse de ropa. El conductor le acompañó a la casa, le vio entrar en el cuarto de baño con unos nuevos pantalones y fue entonces cuando el artefacto, con 250 gramos de sustancia explosiva militar, de gran potencia, estalló. El cuerpo del empresario fue encontrado por sus familiares y amigos tendido en el suelo en un charco de sangre que salpicaba todas las paredes, completamente destrozado, especialmente el torso, que aparecía reventado, con las vísceras al aire.

«Tras hablar con su hermana y el conductor y después de conocer las intenciones de la víctima, la hipótesis más plausible es que el artefacto, que actuaba por un mecanismo de presión que se disparaba al tratar de desprender la bomba del cuerpo de la víctima, hiciera explosión cuando Bultó se agachó para cambiarse de ropa y se produjo un hueco en el pecho que disparó el mecanismo», opina J. R. S., inspector del Grupo Segundo de la Brigada Regional de Información de Barcelona.

Poco después la Policía detenía en Barcelona al «poeta» y cinturón negro de kárate241 Álvaro Valls Oliva, y a Montserrat Tarragona, Carlos Sastre Benlliure y Josep Lluis Pérez como responsables del «escamot», dicho en el lenguaje de los terroristas, que acabó con la vida de Bultó. Los cuatro confesaron el crimen. Poco después fueron puestos en libertad en virtud de la Ley de Amnistía, sin ser juzgados ni incriminados siquiera, a pesar de que el gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, recurrió la decisión.

Meses después, el 25 de enero de 1978, tres hombres y una mujer malencarados y armados penetraban en la vivienda que el último alcalde franquista de Barcelona, Joaquín Viola Sauret, ocupaba en el paseo de Gracia de Barcelona junto a su esposa, Montserrat Tarragona Corbella, y sus hijos.

Haciendo gala de una tremenda violencia, los pistoleros, que iban enmascarados, amenazaron con sus pistolas a Montserrat Tarragona y la introdujeron con sus hijos, Enrique y Joaquín, la novia de éste y la sirvienta Rosa Pérez en una habitación, donde los maniataron y amordazaron, como habían hecho con los parientes de Bultó. Acto seguido, fueron a buscar al alcalde Viola, que se hallaba todavía en pijama, y le adosaron con esparadrapo y unos correajes una bomba casera en el pecho, provista de unos potentes sensores a presión que la activaban si alguien trataba de despegarla.

Poco después trasladaban a su mujer a la misma habitación. Tras entregarle un folio en el que le exigían un fuerte rescate para salvar la vida, dándole veinticuatro horas para reunir el dinero y ponerse en contacto con los terroristas, abandonaron el piso. La acción terrorista había durado apenas quince minutos.

—Recuerde el «caso Bultó». Si no reúne el dinero es hombre muerto, y si intenta moverse o quitársela, también —le dijeron antes de salir.

De sesenta y cuatro años, abogado, registrador de la propiedad, procurador en Cortes, consejero del Reino, alcalde de Barcelona en 1976,242 casado con Montserrat, hermana del diputado franquista Eduardo Tarragona, Viola era miembro de una de las clásicas familias de la burguesía catalana.243 Nada más desaparecer los terroristas, al parecer, intentó desprenderse el artefacto con la ayuda de su mujer y un policía municipal.244 En ese momento se oyó una tremenda explosión, que hizo vibrar el edificio. El cuerpo de Viola apareció decapitado y hecho pedazos, y el de su mujer destrozado, con el cráneo al aire como consecuencia de la onda expansiva.245

Los atentados fueron cometidos por seis independentistas fundadores del EPOCA, detenidos todos ellos en marzo de 1979, cuando su partido se hallaba en negociaciones con otros grupúsculos independentistas para crear Terra Lliure.

Capturados los autores de estos dos crímenes, la Audiencia Nacional, por sentencia de 15 de enero de 1982, condenó a Francesc Xavier Barberá Chamorro y a Antonio Messegué Mas a dos penas de treinta años de reclusión mayor por un delito de asesinato y a seis años y un día por otro de tenencia ilícita de armas y explosivos. Del resto del comando, Ferrán Jabardo García fue condenado a doce años y un día por complicidad en el delito de asesinato. Otros implicados, entre ellos Jaume Martínez Vendrell, fueron condenados a doce años por colaboración con banda armada.

Recurrida en casación la sentencia, el Tribunal Supremo la confirmó por otra suya de 27 de diciembre de 1982, salvo en relación a Ferrán Jabardo, quien fue sentenciado por el delito de colaboración con banda armada, lo que reducía su pena a seis años de prisión.

Contra ambas sentencias, la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo, los condenados presentaron en 1990 recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Estimaban que se había vulnerado su derecho a un juicio justo, a la tutela judicial efectiva, a un proceso público con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Consideraban también que no se les había considerado iguales ante la ley, por la no aplicación de la Ley de Amnistía, por la ausencia de información y asistencia de letrado desde el momento de la detención, la tutela efectiva de los jueces y tribunales y la presunción de inocencia.

La demanda no fue admitida a trámite por auto del Tribunal Constitucional 173/1983 al no haberse invocado la indefensión en el momento procesal oportuno.246 El Tribunal de Derechos Humanos, sin embargo, les dio la razón y condenó al Estado español a suspender la sentencia, lo que se hizo parcialmente en una nueva revisión por el Constitucional.

«Terra Lliure, organización revolucionaria que lucha por la independencia total de los Países Catalanes, hace un llamamiento a todo el pueblo catalán a luchar contra el proceso de destrucción sistemática a que está sometida nuestra nación». Este manifiesto se dio a conocer oficialmente durante un partido de fútbol en el Camp Nou, en Barcelona, el 23 de junio de 1981, en el marco de la campaña «Somos una nación». La primera asamblea de la organización se celebró en el sur de Francia (en la denominada Cataluña Norte). La mayoría de sus miembros provenían de otras organizaciones como el Exèrcit Popular Català, Front d'Alliberament Català o el Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN). «Se nos ha impuesto una destrucción política con la separación de los Países Catalanes en tres regiones autónomas, con lenguas y símbolos diferentes, instituciones separadas que se tendrán que comunicar entre sí en español».

«Nuestra lucha se concreta en las siguientes líneas de acción: defensa de la tierra, defensa de la lengua como instrumento de soberanía nacional, defensa de nuestros intereses económicos y, en especial, contra la descapitalización de la nación y lucha contra la militarización de la sociedad, con el hostigamiento a las fuerzas de ocupación, ataque a los aparatos de difusión españolistas y militaristas». El documento, fechado en los «Països Catalans» el 24 de junio de 1981, termina con un llamamiento: «¡Viva la tierra! ¡Independencia o muerte! ¡Viva la lucha armada! ¡Una sola nación, Países Catalanes!».

La salida al ruedo de la banda terrorista no cogió de improviso a la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Meses antes, por una confidencia de Josep Tarradellas, los agentes sabían que Jaume Martínez Vendrell, vinculado a Daniel Cardona, uno de los terroristas que habían intentado derrocar la dictadura de Miguel Primo de Rivera, era el instructor militar de los jóvenes cachorros terroristas.

Un segundo chivatazo permitió alertar a la Policía sobre un conocido escultor y grabador catalán radicado en Andorra, Manuel Viusà i Camps, como uno de los financieros y animadores del grupo independentista.247 Tras averiguar su aspecto gracias a una foto suya que aparecía en un libro, la Brigada Regional de Información desplazó a dos inspectores a Cataluña. Allí, después de varios días de búsqueda, localizaron casualmente su domicilio,248 intervinieron sus comunicaciones y cuentas corrientes y averiguaron que se dedicaba a dar cobijo a los elementos más exaltados y radicales del nacionalismo catalán, a los que adoctrinaba y proporcionaba dinero.

Los futuros pistoleros también vivían refugiados en Andorra bajo la cobertura de estudiar la historia del arte del grabado en Cataluña. Pero los agentes averiguaron algo más importante: contra una cuenta corriente de la que disponía en una entidad bancaria en Suiza se libró el talón para adquirir las primeras armas de Terra Lliure, cuatro pistolas Walter PPK, el arma preferida por el agente 007, protagonista de la serie de películas de espionaje británicas realizadas por Sean Connery y otros actores.

Sin embargo, antes de echarse al monte, los terroristas catalanes decidieron aprender de los «maestros» vascos.

En marzo de 1980 ETA-pm llevaba a cabo un extraño secuestro al «detener» al industrial catalán Jesús Serra Santamans, al que liberaron previo pago de un rescate de 125 millones de pesetas.249

El 16 de noviembre del mismo año, una columna de catorce pistoleros de ETA-pm, al mando del terrorista José María Salegui, asalta el acuartelamiento del Regimiento de Cazadores de Montaña 63, de guarnición en Berga (Barcelona). Su intención, al estilo de las FARC colombianas o los Montoneros argentinos, es apoderarse de todo el armamento existente en la unidad. La rápida reacción de los centinelas, a tres de los cuales llegaron a desarmar, impidió que la acción terrorista se consumara y el comando terrorista fue capturado por entero.250

Lo que pocas veces se ha contado de estas dos acciones terroristas es que la información operativa y el apoyo logístico se lo pasó a la banda armada vasca el PSAN (Partit Socialista d'Alliberament Nacional), que pensaba obtener de esta manera parte del botín para crear su propia «sección técnica», según el lenguaje de la época. Algunos de sus militantes o simpatizantes, entre ellos Lluis Milá Salinas, Salvador Domenech Beahin, Pere Ros, Adela y Fina Conell, Octavio Montagud y Mercedes López, fueron detenidos a raíz de este espectacular asalto armado. Otros, como Roberto Ara, Miquel Cura y Jordi Puig, encargados de buscar la infraestructura en Manresa, salieron aparentemente airosos de la «aventura».

No resulta extraño, por lo tanto, que cuando los tres principales grupos independentistas catalanes se fusionaron en Terra Lliure y decidieron echarse al monte, en diciembre de 1978, fueran a tomar clases de terrorismo a Bayona bajo la dirección de ETA, organización a la que tenían como referente.

También entre 1923 y 1930 catalanes y vascos independentistas del Estat Catalá y el PNV se habían unido para derrocar la dictadura de Primo de Rivera, y en 1934 Telesforo Monzón fue a Cataluña para unir las fuerzas nacionalistas vascas a la Revolución de Octubre, aunque los pactos de José Antonio Aguirre con Indalecio Prieto no eran lo suficientemente sólidos aún. Seguir otro camino, por lo tanto, habría sido ilógico e improcedente.

En 1978 volvía a repetirse el ciclo. Los cinco miembros que formaron el núcleo inicial de Terra Lliure, Frederic Bentanachs, Martí Marco, Félix Goñi, Quim Pelegrí y Griselda Pineda, pasaron dos semanas preparando explosivos, haciendo ejercicios de puntería con armas largas y cortas y aprendiendo técnicas de falsificación de documentos y de clandestinidad para pasar desapercibidos a la Policía.

A cambio de su «doctorado honoris causa» en las distintas formas de eliminar a sus contrincantes, los terroristas catalanes se comprometieron a reivindicar sus primeras acciones gangsteriles en nombre de Euskadi Ta Askatasuna, como «forma de pago» por los servicios prestados.

Sus atentados sembrarían una estela de dolor, muerte e inquietud entre 1980 y 1996 en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, dejándose la vida por el camino seis de sus más activos terroristas. Dos de ellos «fallecen» un año antes de que Terra Lliure reivindicara su primera acción, es decir, cuando la banda terrorista se hallaba todavía en proceso de organización y consolidación. Así, el 26 de enero de 1979 muere abatido por la Policía un miembro de la organización, Martí Marco i Bardella,251 un mecánico de diecinueve años nacido en Perelada, en el Alto Ampurdán. Meses después, en la madrugada del 2 de junio de 1979, muere también Félix Goñi i Roura Bruc al estallarle la bomba mientras iba a colocarla en un concesionario de automóviles de la Ciudad Condal.252

Veamos, con detalle, algunas de sus fechorías. Empezó en 1974 pintando las paredes de la central de Correos de la provincia de Gerona. Luego, con un manual de explosivos que le entrega el dirigente de Terra Lliure Carlos Benítez, el gerundense Miquel Casals fabrica sus primeras bombas caseras y está a punto de asaltar el polvorín de Banyolas, a propuesta de Ángel Colom y Jordi Sánchez, de Esquerra Republicana de Cataluña. Tenían los planos del edificio.

El 23 de mayo de 1990 comete su mayor «heroicidad»: quemar la réplica de la nao Santa María en el Muelle de la Madera de Barcelona.253 «Estamos en el quinto centenario del descubrimiento y para él el barco simboliza el genocidio de los españoles en América». No, en cambio, los mercados cautivos que tuvieron los catalanes durante siglos para sus exportaciones textiles. Para quemar el barco utiliza objetos artesanales: una bombona de gas butano, un bote de mermelada con pólvora prensada, una mecha y un encendedor. A la una de la madrugada se acerca a la nao por el agua y coloca el artefacto disimulado en un lateral. Intenta prenderle fuego, pero el encendedor no funciona. No se arredra: compra una caja de cerillas y vuelve a la carga. Le prende fuego y la mecha se apaga. Una semana después, acude de madrugada a rematar su obra, pero cuando llega nadando al Muelle de Madera, unos vigilantes de seguridad le descubren y le gritan.

—¡Arriba las manos!

—¡Y una mierda!

Desnudo como estaba se lanza de nuevo al agua y desaparece entre una ensalada de tiros. Se ha salvado por los pelos. En marzo de 1990 vuelve a intentar destruir el «símbolo provocador». Lo hace sin complicarse la vida. Le lanza dos cócteles molotov y la Santa María arde como una pavesa. El incendio del barco fue uno de los casi doscientos atentados terroristas realizados por Terra Lliure entre el 25 de junio de 1980 —cuando aún no se había dado a conocer oficialmente— y el 20 de julio de 1996, fecha en que salen de prisión, en régimen abierto, dos de sus últimos terroristas, Guillermo Godó y Carlos Sastre. Entre una y otra fecha la banda catalana coloca decenas de bombas en los juzgados de Cataluña, en oficinas de empleo, gobiernos civiles, comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, e intenta incluso asaltar algunas instalaciones militares o lanzar un mortero de fabricación casera contra algunos lugares estratégicos254 tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana y Baleares, donde sus posibilidades de actuación son más bien escasas.

Su primer atentado oficial fue cometido el 25 de julio de 1980, cuando hicieron saltar por los aires las oficinas de FECSA en Barcelona y Calella, coincidiendo con una marcha antinuclear sobre la central de Ascó, a la cual, emulando como siempre a ETA, pretendían convertir en un segundo Lemóniz.

Desde entonces, las empresas eléctricas (ENHER, FECSA, Hidroeléctrica Española) constituyen el principal punto de mira de los terroristas de Terra Lliure. Este tipo de empresas sufren veintinueve atentados en apenas tres años. En ningún momento, sin embargo, los independentistas lograron aglutinar un movimiento antinuclear como el que se formó en el País Vasco.

Las instalaciones de Televisión Española en Miramar, Tossa del Mar (repetidor), Hospitalet de Llobregat, Blanes (repetidor); las oficinas de Telefónica en Lérida, Gerona y Barcelona; o las comandancias militares de la Armada en Castelldefels, Tortosa y Barcelona constituyeron otros de sus objetivos. Especialmente sonada fue la voladura del repetidor de Televisión Española situado en Montserrat, que dejó sin cobertura en la banda de UHF a toda la Cataluña central el 30 de mayo de de 1981, víspera del Día de las Fuerzas Armadas, fecha en la que los catalanes iban a reconciliarse con su ejército, según la propaganda hecha pública por el alcalde de Barcelona y posterior ministro de Defensa, Narcís Serra.

El comando terrorista, dirigido por el ingeniero de telecomunicaciones de IBM en Barcelona, Jaume Fernández Calvet, casado con María Teresa Aragonés, una empleada de los juzgados de la Ciudad Condal, no tuvo problemas para colocar el artefacto. Entraron por el monasterio de Montserrat, abrieron los tres armarios metálicos que albergaban los transmisores, y los volaron.

Considerado con Pere Bascompte y Josep Serra los «tres mosqueteros» de Terra Lliure, a Fernández Calvet se le atribuye la formación del núcleo duro de la banda armada, con Jaume Llussà, Albert Ibáñez, Carles Benítez y los inspiradores de los asesinatos de Viola y Bultó, los terroristas Carlos Sastre y Montserrat Tarragona, ocultos desde comienzos de la Transición en Perpignan.

La irracionalidad terrorista llega a tal límite que atentan contra el busto del rey Juan Carlos, situado en San Cugat del Valles, en dos ocasiones, y se plantean incluso hundir el Fortuna, el yate real «símbolo de la opresión contra el pueblo catalán».

Muchos de sus atentados se saldaron con muertos o heridos, como el del 11 de septiembre de 1989, coincidiendo con la Diada de Cataluña, contra el cuartel de la Guardia Civil de Bañolas, con dos agentes heridos, veinticuatro horas antes un artefacto colocado contra un juzgado de Les Borges Blanques (Lérida) había causado la muerte a una mujer, Emilia Aldobar Sanz, de sesenta y cinco años, sobre la que cae la pared de su casa tras la explosión de la bomba, compuesta por quince kilos de cloratita.

Los autores del atentado, Marcelo Canet y Sebastián Datzira, detenidos, son juzgados en la Audiencia Nacional. No se les condena, tratándose de terroristas, por asesinato u homicidio, sino por imprudencia temeraria con resultado de muerte. De esta manera, causar la muerte a una persona les supone apenas seis años de cárcel.

La muerte de Emilia Aldobar, la escasa implantación de la banda terrorista entre los catalanes y, especialmente, la eficaz actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra sus activistas, lleva a los principales dirigentes de la banda a pensar en la disolución. Conviene, sin embargo, no adelantar acontecimientos.

El 25 de enero de 1981 el periódico Diario 16 publicaba un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña, también conocido como el «Manifiesto de los 2.300», en el que se defendía la igualdad en territorio catalán entre los que hablaban el castellano y el catalán. El texto decía: «Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vean gravemente amenazadas».

Ese 25 de enero de 1981, alrededor de 2.300 intelectuales y profesionales que vivían y trabajaban en Cataluña se manifestaban de este modo en contra del monopolio exclusivo de la lengua catalana y del uso partidista del catalán vulnerando la Constitución y el Estatuto. El texto añadía: «No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua, están siendo despreciados no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos»

Los responsables del texto denunciaban la discriminación que suponía para un amplio sector de la población que los comunicados y documentos de la Generalitat se presentaran en catalán, su uso exclusivo en reuniones oficiales con desprecio del castellano, el menosprecio que supone para los castellanohablantes que los diputados abandonen la Cámara cuando alguien habla en la lengua de Cervantes, la obligatoriedad de rotular en catalán y las consignas emanadas para consagrar la oficialidad exclusiva de esta lengua.

«Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como "lengua propia de Cataluña", se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada. La cooficialidad es un principio jurídicamente muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas».

Los firmantes del «Manifiesto de los 2.300» denunciaban el empobrecimiento cultural y la marginación de muchos intelectuales, artistas, obreros y empresarios que se estaba produciendo con la política de ayudas a particulares, grupos de teatro, cine, revistas, jornadas y conferencias para que se excluyera el castellano.

«Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes "no tienen cultura" y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder al uso del catalán.

»Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común».

Tras otras consideraciones de similar o mayor importancia, Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Federico Jiménez Losantos, José Luis Reinoso, Pedro Peñalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, el diputado del PSC Jesús Vicente, Santiago Tarancón, el sociólogo y traductor Alberto Cardín y los otros firmantes añadían: «De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán —no del catalán, que indudablemente sí defendemos—, los hijos de los emigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un trauma cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción y comprensión». Y finalizaban: «Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario».

Semanas después, el 21 de mayo de 1981, Terra Lliure, que aún no se había dado a conocer oficialmente, intenta secuestrar en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona al primer firmante del escrito, el sociólogo Amando de Miguel, al que consideran autor intelectual del texto. Al no encontrarle, se desplazan al Instituto de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y secuestran a punta de pistola a otro de los firmantes, el periodista Federico Jiménez Losantos, y a una profesora del instituto, que suponían era su novia.

Dispuesto a encabezar meses antes un partido político255 que pusiera fin a la cobardía histórica del PSOE, su entreguismo a los partidos nacionalistas a cambio de nada, y defendiera la igualdad entre catalanes nacionalistas y el resto de los españoles, al estilo de Ciutadans, Jiménez Losantos se había convertido también en objetivo de los terroristas al promover el «Manifiesto de los 2.300», en contra de la obligatoriedad de estudiar el catalán.

Tras recorrer la Ciudad Condal de un extremo al otro, el comando terrorista se detiene en un descampado de Esplugues, en una zona desierta y semiarbolada, atan al periodista a uno de los árboles, le disparan un tiro en la pierna y escapan de la zona dejándole abandonado a su suerte. «Se procuró dispararle en el muslo [en la masa muscular] para no dejarle cojo para siempre y no crear una víctima», escribiría años más tarde el periodista Oriol Malló, un individuo que predica el «exterminio» del partido Ciutadans y de quien no piense en nacionalista en Avui, el periódico pagado por José Manuel Lara con el dinero que obtiene de la venta de libros en castellano y la televisión —Antena 3— que le «regaló» José María Aznar.

Losantos pasaría dos días en el Hospital Clínico de Barcelona antes de recibir el alta. Posteriormente, junto con el sociólogo, columnista y escritor Amando de Miguel y Santiago Tarancón, abandonaría Cataluña.

Los autores del atentado fueron identificados como Pere Bascompte y Jaume Llussà, dos pistoleros de la zona de Manresa, fundadores y autores intelectuales de Terra Lliure, responsables de muchas de las bombas colocadas por aquella época contra intereses españoles y creadores de un mortero de fabricación casera con el que pretendían atentar desde una distancia de diez metros.

El atentado era el preludio de una campaña de agitación a favor del catalán en el que iban a participar la Crida, Solidaridad por la Defensa de la Lengua, la Cultura y la Nación Catalana, creada ese mismo año, el 18 de marzo de 1981, poco después del tejerazo.

El espectacular atraco a las oficinas principales del Banco Central, situado en la plaza de Cataluña de Barcelona, llevado a cabo tres días más tarde por un grupo de delincuentes comunes que se hacían pasar por militares y utilizaban códigos militares para comunicarse entre ellos, le arrebató todo el protagonismo al separatismo lingüístico.

El autor del disparo habría sido Bascompte, que fue detenido y condenado en julio de 1983 a nueve años de cárcel por el secuestro y agresión al profesor y periodista. Jaume Llussà, en cambio, recibió una condena de un año y seis meses, por lo que salió inmediatamente en libertad.

Cuatro meses después, el 25 de noviembre de 1983, por un supuesto error administrativo el pistolero y terrorista quedó libre y huyó a Perpignan. A pesar de que se pidió su extradición, en 1990 el Gobierno francés la desestimó porque ya habían pasado cinco años desde que se dictó la sentencia en España y, según la ley francesa, el delito de Bascompte había prescrito. Regresó a Cataluña el 22 de mayo de 1999, cuando sus delitos habían prescrito también en España.

Losantos no ha hablado nunca del atentado, salvo el 31 de enero de 2007, en La noche de Quintero, en TVE-1, donde le dijo al Loco de la Colina, refiriéndose a los que le habían disparado: «Lo único a que me negué es a que liquidaran a los que me dispararon, y eso que me lo ofrecieron».

La banda terrorista catalana, presentada por TV3 como una ONG que jamás practicó nada lejanamente parecido al terrorismo, ya que sus comandos estaban integrados por unos probos «activistas» que apenas se vieron envueltos en «doscientas acciones armadas», jamás ha reprobado el atentado. Así lo declaró el 25 de abril de 2007 el ex pistolero Josep Serra (más conocido por Cala): «En un determinado momento las cosas se tienen que parar y, por tanto, hacía falta un cierto nivel de violencia respecto a esa gente [el secuestro de Jiménez Losantos], entre otras cosas, porque nada más entienden ese lenguaje».256

Montañero, esquiador y cinturón negro de kárate, Jaume Fernández Calvet era un terrorista previsor. Sabía que tarde o temprano tendría que huir de la Policía, y para abandonar el tercer piso que ocupaba en el centro de Barcelona se había provisto de una cuerda de 40 metros de longitud para descolgarse hasta la calle. Lo que no había previsto era el lugar por el que descolgarse cuando alguien que no fuera el lechero llamara a la puerta. Así y todo, aquel 3 de diciembre de 1981 la suerte estuvo de su lado. La Policía, al no ver su coche —un Renault 14— en el aparcamiento de su casa, acudió a la de su novia, María Teresa Aragonés.

Unas semanas antes, para conmemorar la Diada, Terra Lliure había colocado nada menos que seis bombas en tres delegaciones de Hacienda de Barcelona y Tarragona, la sede de la Magistratura de la Ciudad Condal y los gobiernos civiles de Valencia y Alicante. Poco después habían secuestrado a un transportista y lo habían intentado con el miembro de UCD y gerente de la empresa Pedra Fora de Manresa (Barcelona), cuya identidad no se hizo pública.

El incremento de la escalada terrorista y el peligro a que se les fuera de las manos llevó al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, a ordenar a Manuel Ballesteros, responsable del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, a lanzar una gigantesca operación policial contra la banda armada catalana.

Así, en la noche del 3 de diciembre, agentes de Madrid, Barcelona y Valencia entraron en diversos pisos de Barcelona, Esplugas de Llobregat, Reus, Manresa y Valencia y detuvieron a un total de veintidós supuestos activistas,257 entre los que se encontraban Pere Bascompte y Jaume Llussà Llorens, los dos pistoleros que habían secuestrado a Federico Jiménez Losantos y le habían disparado en una pierna.

«Para llevar a cabo una operación de estas características la Policía debe de habernos estado siguiendo durante meses —señalaba en una autocrítica días después Fernández Calvet—. La mayoría de los militantes que han caído no se conocían entre sí, por lo que es imposible pensar que unos hayan delatado a otros en los interrogatorios. Sólo yo y Cala los conocemos a todos».

La redada provocó la «natural indignación» entre quienes no querían ver el peligro de una «ulsterización» de Cataluña. El alcalde de Gerona, Joaquim Nadal, los escritores Joan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán, los senadores Joan Benet y Jaume Sobrequés y el diputado Xavier Folch firmaron una nota exigiendo la inmediata libertad de los detenidos.

Lo que nadie sabía por entonces es que la Policía había logrado infiltrar un topo en Terra Lliure, Josep María Aloi, y que todos sus movimientos y actividades eran conocidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

De esa manera, el 16 de noviembre de 1982, días después de la celebración de la primera asamblea de la banda armada, la Policía organiza una nueva redada en Sant Just Desvern, Molins de Rei, Barcelona y Vilanova i la Geltrú y captura a otros nueve activistas258 al tiempo que decomisa una importante cantidad de explosivos escondidos en un zulo en San Feliu de Llobregat, en las estribaciones del Tibidabo.

Josep Serra, Cala, y Jaime Fernández Calvet, Marc, los dos más importantes dirigentes de Terra Lliure, seguían en libertad. ¿Por cuánto tiempo?

A nadie le extrañó aquel 25 de julio de 1983 que, tras ser juzgado en la Audiencia Nacional, Pere Bascompte fuera condenado a nueve años de cárcel por el secuestro de Federico Jiménez Losantos. Tampoco causó alarma que el 25 de noviembre de aquel mismo año un error judicial permitiera a Bascompte salir en libertad y escapar a Perpignan. Como decía María Teresa Aragonés, la mujer de Fernández Calvet, la justicia española era así de torpe e ineficaz.

El 19 de enero de 1985, mientras esquiaba en Puigcerdá, Jaime Fernández Calvet se dio cuenta de que aquel error judicial no fue tal, pero ya era tarde para rectificar. Un policía acababa de apuntarle en la cabeza con su pistola y de un certero golpe le derribaba al suelo impidiéndole hacer uso de la suya. En la misma operación eran detenidos Carlos Sastre, Montserrat Tarragona, Enric Pascual Cubells y una quinta persona en Barcelona. A los terroristas se les encontraron varias pistolas y granadas de mano.

Lo más significativo de todo fue la nota que hizo pública la Comisaría General de Información de la Policía, en la que se indicaba que el comando de Terra Lliure iba a secuestrar en los próximos días a un prestigioso médico barcelonés ligado a la clínica del doctor Barraquer, por el que pensaban pedir un rescate de 50 millones de pesetas. Para retenerle mientras durara el cautiverio habían construido una «cárcel del pueblo» en Esparraguera (Barcelona).

Las sucesivas caídas, encadenadas una tras otra, unidas a las muertes de terroristas mientras manipulaban explosivos por fallos en los detonadores y en los programadores no eran buenos síntomas de que la sociedad catalana apoyara la creación de un Estado propio mediante el uso de la violencia. A mediados de los ochenta otros dos terroristas, José Antonio Villaescusa Martín, valenciano, nacido en Quart de Poblet y residente en Castelldefels (Barcelona), y Joaquín Sánchez Núñez, Quim, nacido en Hospitalet del Llobregat, perdían la vida al intentar colocar dos bombas.

El primero de ellos falleció el 20 de junio de 1984 en Alcira (Valencia) al hacerle explosión el artefacto que iba a colocar en las oficinas del INEM. Quim Sánchez murió la madrugada del 16 de diciembre de 1985 junto a una cabina telefónica de la calle de Aldana de la Ciudad Condal, junto al Paralelo, a 100 metros de la 411 Comandancia de la Guardia Civil, situada en la calle de San Pau, donde iba a cometer el atentado en solidaridad con los familiares y simpatizantes del etarra Mikel Zabalza, cuyo cadáver acababa de ser encontrado en las aguas del Bidasoa con signos evidentes de haber sido torturado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián).259

La desmoralización que estas muertes produjeron en la militancia y el hecho de que Catalunya Lliure, el brazo político del PSAN, sólo hubiera alcanzado 22.000 votos en las primeras elecciones europeas de 1989, parecía indicar que el independentismo estaba de capa caída.

Sin embargo, la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992 y el incremento de la violencia etarra en Cataluña en los últimos años avivaron en muchos pistoleros de Terra Lliure la esperanza de aprovechar aquella plataforma propagandística internacional para conseguir sus objetivos.

Cansados de que Terra Lliure no diera el paso definitivo de lanzarse a la lucha armada contra el Estado central, el 19 de junio de 1987 ETA decidió pasar a la acción y considerar a Cataluña como parte de España, tal y como afirmaba Sabino Arana en sus escritos.

Ese día un comando formado por Rafael Caride Simón, Domingo Troitiño Arranz, José Luis Gallastegui Lagar y Josefa Mercedes Ernaga Esnoz colocaba una bomba en el centro comercial Hipercor de Barcelona causando 21 muertos y casi un centenar de heridos.260

El nacionalismo catalán, que no se movilizó años antes cuando los hermanos Sabater,261 del Movimiento Libertario Español, asolaron Barcelona, no entendió el «internacionalismo proletario» o la «internacional del terror» y se lanzó a la calle para echar a los vascos que pretendían darles lecciones de libertad. Mucho menos al producirse el brutal atentado exactamente nueve días después de las primeras elecciones europeas, en las que 40.000 catalanes habían dado su apoyo a Txema Montero, el candidato de Herri Batasuna al Parlamento de Bruselas.

ETA, sin embargo, estaba decidida a explotar al máximo la imagen internacional de los Juegos Olímpicos,262 y en 1990 volvió a enviar a Cataluña un nuevo comando dirigido por José Luis Urrusolo Sistiaga y compuesto por Jesús Narváez Goñi, Fernando Díez Torre, Idoya López Riaño y Rosario Delgado Iriondo. Este nuevo comando de ETA, con apoyo de Terra Lliure, entró pegando fuerte. El 8 de diciembre de 1990 asesina a seis policías y hiere a una docena de agentes y transeúntes que acudían al partido de fútbol entre el Sabadell y el Málaga, que se celebraba en el Estadio Municipal Creu Alta, de Sabadell.

El 13 de diciembre de 1991 el pistolero de ETA Urrusolo Sistiaga y otro individuo no identificado asesinan en el barrio de Les Corts de Barcelona a los policías Francisco Javier Delgado y José Ángel Garrido. Los asesinos les atraen a la zona con un coche robado, mal aparcado, y les disparan por la espalda un total de quince proyectiles.

Entre uno y otro atentado, el 29 de mayo, los terroristas vascos colocan un coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Vic, matando a nueve personas e hiriendo a otras 39, entre ellos seis niños. Al día siguiente, un dirigente de Convergencia i Unió, conmovido por la tragedia y dispuesto a borrar del mapa a Terra Lliure, pasó a la Guardia Civil la información de un chalet situado en el municipio de Lliçà d'Amunt donde se reunían los terroristas.

Asaltado el inmueble, la sorpresa fue tremenda. Formando parte de uno de los taldes del grupo terrorista vasco se hallaba el dirigente de Terra Lliure Juan Carlos Monteagudo Povo y el etarra Juan Félix Erezuma Uriarte, que fueron abatidos a tiros.

Aunque la foto de Monteagudo formaba parte de los carteles de los terroristas más buscados hechos públicos ese año por el Ministerio del Interior, su muerte fue la constatación del pacto entre ETA y un sector de Terra Lliure para crear una «federación» de pistoleros de las llamadas nacionalidades históricas. Los papeles encontrados en Lliçà d'Amunt revelaban la existencia de contactos entre ex dirigentes del PSAN y de EPOCA, algunos de ellos autores intelectuales de las muertes de Bultó y Viola, con ETA para formar un nuevo grupo.

Fue entonces cuando se oyó bramar a Jordi Pujol en el Palacio de la Generalitat de Cataluña: «El orbe entero está pendiente de nosotros y no vamos a demostrar al mundo que somos un pueblo sin civilizar. Que se entreguen o les detengan a todos».

ETA, sin embargo, no estaba dispuesta a recibir lecciones de nadie, y en 1994 envió a Barcelona un nuevo comando,263 autor del asesinato del coronel del Ejército de Tierra Leopoldo García Campo y de otros atentados, hasta que en 1998, tras el Pacto de Lizarra, la banda armada vasca declaró una tregua.

Tras el asalto al cuartel de Vic, en 1991, seguía habiendo puentes de comunicación entre Terra Lliure y ETA. Según cuenta Miquel Casals, uno de los principales dirigentes del Movimiento en Defensa de la Tierra, en una ocasión le llamó Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, al que conocía. «Tras citarle en un piso de Iparralde (País Vasco francés), tras un extenuante viaje en tren, Gadafi le propone asaltar conjuntamente un polvorín privado situado en Gerona. Le pedí un diez por ciento de los beneficios para Terra Lliure y no se volvió a hablar más del asunto».

A su vez, un sector de Esquerra Republicana de Cataluña se debatía entre la lucha política y la lucha armada, para lo cual debían emplear la experiencia acumulada por Terra Lliure y sacar consecuencias de sus fracasos. Según cuenta Miquel Casals, un escamot formado por el ejército español en el cuartel de Alcantarilla (Murcia) durante el servicio militar, lo supo cuando se encontró con Ángel Colom y Jordi Sánchez, de ERC, en su piso de la travesía de Creu de Barcelona. La conversación, según narra Oriol Malló, se desarrolló así:

—Soy Ángel Colom.

—Pero, ¿vosotros sois de Terra Lliure?

—No, somos de la Crida.264 Pero no queremos que se sepa y lo negaremos siempre.

—Y esto, ¿por qué? ¿Podemos ayudar?

—No, Terra Lliure está muerta. Hay que hacer una cosa nueva, una organización que haga cosas bien hechas, con prestigio.

Según Casals, Colom había llegado a él por medio de un militante del colectivo nacionalista de la Baja Garrotxa. La propuesta que venían a hacerle era asaltar un polvorín de Banyoles, del que tenían los planos.

En este contexto, en que Terra Lliure atravesaba por sus horas más bajas y Esquerra Republicana de Cataluña aparentemente aspiraba a dar el salto a la lucha armada y convertirse en una nueva Herri Batasuna como brazo político de la «ETA catalana», la noticia de la celebración de los XXV Juegos Olímpicos de verano en Barcelona en 1992 fue como un balón de oxígeno para la organización terrorista.

Las primeras estimaciones hablaban de la participación de 9.364 atletas (6.657 hombres y 2.707 mujeres) de 169 países, compitiendo en 24 deportes y 257 especialidades diferentes. Todos ellos, junto con otros tantos periodistas de prensa, radio y televisión, debían concentrarse en Barcelona entre el 25 de julio y el 9 de agosto para dar cobertura al espectáculo que iban a presenciar millones de personas en todo el mundo.

La ocasión era que ni pintada para dar a conocer las reivindicaciones separatistas de los Países Catalanes, oprimidos por España desde 1714, con la caída del reino de los Austrias y la llegada de los Borbones a España. Por eso, nada más hacerse público el acontecimiento, Terra Lliure convocó su tercer congreso con dos ponencias claramente expresivas: «El independentismo combativo ante el reto del 92» y «Una estrategia de resistencia para avanzar hacia el proceso de liberación nacional».

El 28 de febrero de 1986 la banda terrorista pone en práctica su estrategia. Ese día, tras buscar arduamente por toda Barcelona, colocan una bomba en las oficinas de representación de la empresa japonesa Sanyo. Fechas después atentan contra la multinacional del sector de las impresoras y faxes Rank Xerox. Los independentistas justifican así su cambio de estrategia: «Ambas empresas apoyan la candidatura olímpica de la ciudad de Barcelona y esta situación sólo puede implicar la españolización de toda Cataluña, toda clase de destrucciones ecológicas y una especulación urbanística masiva».

La campaña antiespañola se extendió además a todos los bancos y compañías de seguros nacionales, al domicilio particular del presidente del Comité Olímpico Español, Carlos Ferrer Salat, y a la Oficina Olímpica de Bañolas, que sufrieron los efectos de numerosas bombas.

La nueva estrategia contempla también el boicot a los viajes del rey Juan Carlos y del príncipe Felipe a Cataluña para inspeccionar los avances del Anillo Olímpico y la Villa Olímpica y el rechazo a los actos del V Centenario del Descubrimiento de América, que coincide con la celebración de los juegos de verano de 1992.

Al mismo tiempo que todo esto ocurría de cara a la galería, entre bastidores los dirigentes de Terra Lliure sabían que estaban más solos y aislados que nunca en el seno de la sociedad catalana. Aunque en ningún momento se plantearon abandonar su objetivo de luchar por la independencia de Cataluña, en la primavera de 1991 los cabecillas de Terra Lliure, Pere Bascompte y Jordi Vera, constatan que dirigen una «organización» terrorista formada por algo más de veinte personas, que su incidencia es, más que nula, patética, y que su capacidad operativa ha quedado reducida a la mínima expresión.

A sus espaldas cargan con una víctima mortal, la mujer sobre la cual cayó la pared de su casa tras la explosión de una bomba el 10 de septiembre de 1989, en Les Borges Blanques. Un mes antes, en la Diada, habían herido a dos guardias civiles en Banyoles, que se venían a unir a otros que habían quedado sordos, cojos o tuertos en anteriores acciones terroristas, sin conseguir nada a cambio, ni siquiera el respaldo de un sector de la opinión pública catalana.

En consecuencia, sin renunciar a sus principios ni renegar de su sangriento pasado, el sector de Terra Lliure liderado por Pere Bascompte y otros comenzó a desmarcarse de las tesis oficiales a raíz de la cuarta asamblea, celebrada en marzo de 1989 para acercarse a los planteamientos de Esquerra Republicana de Cataluña.

En 1991, cuando se producen los primeros abandonos, la banda armada hace público el siguiente comunicado: «Terra Lliure, organización militar que lucha por la independencia total de Cataluña, se dirige por última vez al pueblo catalán para comunicar los siguientes acuerdos: vista la buena marcha de las negociaciones políticas establecidas entre los dirigentes independentistas procedentes de Catalunya Lliure y de ERC, habiendo comprobado el sentido de profunda responsabilidad política de ERC en el proceso hacia la independencia y habiendo considerado la demanda realizada por la dirección de ERC en la ronda de conversaciones, la dirección ejecutiva de Terra Lliure ha acordado, con la consulta y el acuerdo previos con cada uno de sus militantes y colaboradores, reconsiderar la posición inicial de tregua unilateral indefinida y aprobar la autodisolución de nuestra organización».

El comunicado, hecho público el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña, era el fin de un largo y tortuoso proceso propiciado por Ramón Colom, Josep Lluís Carod-Rovira y la diputada Pilar Rahola —más conocida por «Pilar Gramola»— tres dirigentes convencidos de que el crecimiento y el futuro de su organización —Esquerra Republicana de Cataluña— dependía exclusivamente de radicalizar sus posturas, hacer de «nave nodriza» y acoger en su seno a los elementos más combativos del nacionalismo separatista sin neutralizarlos.

De esta manera, en realidad era Esquerra la que se autodisolvía y aceptaba como tesis propias el radicalismo y la exclusión de todo lo no catalán, no aceptando en la sociedad catalana otros partidos que los catalanes ni otra lengua que la de Ramón Llull, como se plasmaría años más tarde en el «Pacto del Tinell».

La escenificación de todos estos pactos que llevarían a la reunificación de Terra Lliure, Movimiento en Defensa de la Tierra, Crida, Solidaridad por la Defensa de la Lengua, la Cultura y la Nación Catalana, Exèrcit Popular Català, Front d'Alliberament Català o el Partit Socialista d'Alliberament Nacional en un solo partido se celebraría con apoyo del PSOE en el domicilio del diputado socialista y embajador en Francia Joan Raventós, ya fallecido, con la presencia de Pasqual Maragall.

Los socialistas demuestran así el intento de implicar a Jordi Pujol en el escándalo de Banca Catalana, pues siguen obsesionados con acabar con Convergència y Unió como única vía para hacerse con el poder en Cataluña.

Para engrasar la situación y facilitar las cosas, el entonces presidente de La Caixa, Juan Antonio Samaranch, se comprometió a condonar unos créditos impagados que Esquerra Republicana de Cataluña tenía con la entidad crediticia. De esta manera, al centrar todo el protagonismo sobre ella y otorgarle un plus de legitimidad y respetabilidad en las instituciones y en la sociedad, Esquerra Republicana se convertiría en las siguientes elecciones en el tercer partido de Cataluña, después de Convergència i Unió y del PSOE, relegando a Izquierda Unida y al Partido Popular a fuerzas casi marginales.

No todo el mundo, sin embargo, estaba dispuesto a pasar por el aro. Especialmente porque Ramón Colom es considerado un hombre débil, personalista, traidor a la causa del nacionalismo, capaz de firmar los pactos más vergonzosos y humillantes con tal de mantenerse en el poder, partidario de una política de fuegos artificiales aunque carezcan de contenido político.

Pese a todo, más vale malo conocido que lo bueno por conocer. Así que Terra Lliure y Esquerra, de acuerdo en lo esencial —romper España para crear un Estado independiente—, deciden obrar como ocurre en México según el adagio popular: «Plata para los amigos, plomo para los enemigos, y para los indiferentes, la legislación vigente». No tienen siquiera que mancharse las manos. Para ejercer el papel de malo están el juez Baltasar Garzón y la Audiencia Nacional.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le había dicho al presidente del Gobierno, Felipe González, que todo estaba controlado. «Salvo algún incidente propagandístico, fácilmente controlable, no va a ocurrir nada más». Pujol estaba, en parte, en lo cierto. En plenas fiestas del deporte, su propio hijo Oleguer Pujol Ferrusola apareció con una pancarta en la que ponía «Freedom for Catalonia». Las Fuerzas de Seguridad del Estado, por medio del infiltrado Josep María Aloi, sabían que se preparaba algo más grave, especialmente atentados con bombas contra intereses españoles en una ciudad atestada de participantes en las jornadas, espectadores y turistas.

Durante la noche del domingo al lunes del 29 de junio de 1992 explotan tres bombas en Barcelona y Gerona, dos de ellas ante dos sucursales del Banco Español de Crédito (Banesto), el banco oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tres días después la Policía entraba en numerosas viviendas de Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia y Castellón y detenía a veintinueve supuestos activistas de Terra Lliure o de sus organizaciones satélite: el Comité de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC).

Todos ellos colonizados por los independentistas, entre otras supuestas organizaciones políticas ligadas al separatismo catalán.

Entre los detenidos se encuentran el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Ramón Piqué, el periodista Oriol Malló, el médico Oriol Martí, los militantes de Esquerra Carles Buenaventura, Lluis Quintana Bosch y Miguel Casals Fernández, el alcalde de Ribera d'Urgellet, Antonio Capdevila, y otros. Diecisiete de ellos265 fueron encarcelados y el resto quedaron en libertad bajo fianza o con la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado de guardia266 tras prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón.

En conjunto, a lo largo de 1992 fueron apresados alrededor de sesenta supuestos terroristas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, lo que suponía el golpe más fuerte dado a la banda armada en toda su historia.

La labor del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional durante ese periodo se limitó a tomarles declaración para dirigirse seguidamente a un congreso internacional de Policía en Vitoria.

De esta manera, apenas tres semanas antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, Terra Lliure quedaba definitivamente finiquitada. «Los tiempos de heroísmo, de martirio y sacrificio, de lucha por la lengua han pasado a la historia. A partir de ahora el verdadero independentismo es el que nosotros representamos», señaló Carod-Rovira, sin el menor pudor al calificar de héroes y mártires a unos simples pistoleros.

Las redadas eran una operación de cara a la galería, ya que previamente todo se había pactado a nivel político entre los altos responsables de la Generalitat y el Gobierno central.

Uno de los entonces detenidos, el periodista de Avui Oriol Malló, partidario de exterminar a los impulsores de la plataforma Ciutadans, cuenta muchas anécdotas, sin pelos en la lengua, en su libro De les armes a les urnes. En 1992, Carlos Casals, secretario del gobernador civil de Gerona, Pere Navarro, se acerca al terrorista Miquel Casals. Le dice:

—Ya sabemos que tú estás parado, que ya no pones bombas. ¿Por qué no te presentas en Madrid [en la Audiencia Nacional]?

—[No, que me meten en la cárcel].

—No te preocupes. La orden de busca y captura se ha retirado.

Pasados los Juegos Olímpicos, Miquel Casals sigue sin estar convencido de las buenas intenciones de Garzón. Hasta que un buen día se le acerca Ángel Colom, secretario general de ERC, y le hace una propuesta:

—Miquel, ¿quieres entrar en Esquerra?

—Sí, hombre, siempre me dará una capa de pacifismo.

—Entonces lo voy a hablar con Rafael Vera.

—¿Vera?

—Sí, es muy buen tío. Ya lo tengo todo arreglado. Te avisaré para que vayas a Madrid a presentarte ante Bueren, cuando Garzón esté de vacaciones. Así declararás con Bueren, que también es juez instructor. Ya te contaré.

Las cosas no ocurrieron como se esperaba. Aunque el terrorista estaba supuestamente bajo la protección del senador de Esquerra y futuro alcalde de Gerona, Francesc Ferrer,267 el 25 de septiembre de 1992, al salir del Cinema Plaza en Gerona, Miquel Casals fue detenido por la Guardia Civil. La segunda fase de la llamada Operación Garzón se acababa de poner en marcha. En el cuartelillo le dijeron que ya no le implicaban de nada, ni de la quema de la carabela en el puerto de Barcelona, ni de la compra de armas en Andorra ni de ninguna otra actividad terrorista en la que hubiera participado. De esta manera se enteró de que, sin él pedirlo por escrito ni retractarse de nada, sin abjurar de su pasado como terrorista, le habían concedido una especie de amnistía gratuita.

Al día siguiente lo presentaron en la Audiencia Nacional, en Madrid, ante el juez Baltasar Garzón. Bajo su mirada, que helaba la sangre, y su odio frío y visceral, apareció su vena filosófica, relata Oriol Malló.

—Usted, ¿qué pretende?

—¿Yo? Vivir tranquilo.

—¿Y qué más?

—Yo soy catalán y mi país es Cataluña y me gustaría que fuera como los demás.

—Pero, ¿a usted le parece que el terrorismo es forma de conseguirlo?

—Bueno, el terrorismo depende de si ganas o si pierdes. Porque para usted Agustina de Aragón es una patriota, pero para los franceses era una terrorista. Y yo tengo ese esquema.

—Vale, vale. Aquí hay dos caminos. O se arrepiente, se firma su reinserción y se va usted para casa, o le mando a Alcalá-Meco un par de años. ¿Qué quiere usted?

—Pues me voy a mi casa.

—¿Se arrepiente entonces?

—Sí, sí.

—¿Se quiere acoger a las medidas de reinserción?

—Sí, sí.

—Pues adiós. Libertad condicional con fianza de un millón de pesetas.268

El anterior relato, reproducido textualmente, revela que Baltasar Garzón no era el juez intrépido y echado para adelante, ese papel que él mismo se atribuye en la desarticulación de Terra Lliure. Su papel, por el contrario, fue el de simple comparsa, el de una persona decidida a seguir la línea del Ministerio de Interior, los pactos entre Convergència i Unió y el PSOE, para evitar que su colega de carrera Carlos Bueren le robara el protagonismo de haber acabado con una banda terrorista.269

—Pues nos pasamos días y días, Rafael Vera y yo, encerrados en un despacho, estudiando caso por caso las distintas informaciones que teníamos de los terroristas de Terra Lliure.

El comisario Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único para la Lucha Antiterrorista, era en 1991 asesor de la Secretaría de Estado para la Seguridad y mano derecha de su titular, Vera, a cuyo lado tenía su despacho.

Cuando Terra Lliure, sin abdicar de sus reivindicaciones, decidió autodisolverse, la calle de Amador de los Ríos era un desfile permanente de diputados nacionalistas, alcaldes, gobernadores civiles y dirigentes de ERC y Convergència i Unió. Cada uno de ellos tenía un pariente, un amigo o un conocido al que se pretendía amnistiar.

Miembro del equipo del fallecido ministro del Interior Juan José Rosón, que había iniciado en 1981 una negociación que llevó a la disolución de ETA político-militar, Ballesteros era por entonces todo un experto en aquellas lides.

—En Interior llegábamos a un acuerdo con el terrorista arrepentido, sus abogados o los políticos que le representaban, y luego se lo pasábamos a Baltasar Garzón.

—¿Tuvo Garzón algún infiltrado en Terra Lliure? —le pregunta el autor.

—¡Qué va! ¿Tú crees que algún policía va a dejar a uno de sus confidentes en manos de un juez? Si no nos los contaban ni a nosotros, que éramos sus jefes.

Rafael Vera y él se reunían periódicamente con Ángel Colom, el «Bandrés de Terra Lliure», estudiaban los expedientes de cada terrorista y autorizaban la reinserción con la condición añadida casi siempre de que debían ingresar en Esquerra Republicana, como prueba inequívoca de que no volverían a las andadas.

El juez Garzón se limitaba, pura y simplemente, a poner en papel timbrado, de la Administración de Justicia, las decisiones que los políticos y los policías habían pactado.

Incluso en aquellos casos en que, por estar avanzados los sumarios, los terroristas eran condenados a seis y hasta nueve años de cárcel por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la sentencia quedaba en suspenso, pendiente de la buena conducta del pistolero.

Posteriormente, cuando Rafael Vera abandona el Ministerio del Interior y la jueza Margarita Robles ocupa su cargo, con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia, los indultos siguen concediéndose a manos llenas.

«Nunca les pedimos que se arrepintieran de sus actos por escrito, que colaboraran con la Policía para la desarticulación de Terra Lliure, que entregaran las armas y explosivos de que disponían o hicieran una declaración pública de que habían estado equivocados. Se les indultó y se acabó», recuerda uno de los agentes que participó en las negociaciones.

La persona que llevaba a cabo las negociaciones con ERC era entonces, fundamentalmente, el delegado del Gobierno en Cataluña, Francesc Martí Jusmet. Uno de sus primeros objetivos fue conseguir, con la ayuda de Antonio Asunción, director general de Prisiones, y de la diputada de CiU Rosa Bruguera, que se recorrió casi todas las cárceles, la colaboración de los jueces Carlos Bueren y Baltasar Garzón para que todos los presos de Terra Lliure de Alcalá-Meco fueran trasladados a la prisión de Cans Brians, para estar cerca de sus familiares.270

—Si se mantienen tranquilos y callados en tres meses, tras los Juegos Olímpicos les damos el tercer grado —solía decir Asunción a los familiares de los presos.

El compadreo entre políticos, terroristas y jueces era tal que los pistoleros de Terra Lliure se sabían de memoria antes de entrar en el despacho de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional que debían acogerse al artículo 57 bis del Código Penal de entonces, que regulaba la reinserción de los delincuentes. Algunos, como Agustín Cerdá, tras declarar que era una «hermanita de la caridad» tuvo la desvergüenza de preguntar a Carlos Bueren si el juzgado le pagaba el billete de tren de vuelta a Valencia, de donde era originario.

Tras la celebración de un macrojuicio contra los veinticinco independentistas catalanes detenidos por Garzón el 4 de abril de 1995, la Fiscalía, a petición del Gobierno, retiró la imputación de pertenencia a banda armada. De esta manera, todos ellos son inmediatamente indultados por los delitos cometidos. Incluso los que no se acogen a las medidas de reinserción, como Guillermo Godó o Carlos Sastre, salen de la prisión el 20 de julio de 1996.

El caso Terra Lliure estaba cerrado para la justicia, pero se abría una nueva etapa para la estabilidad de la nación. Controlados todos sus comandos y situados sus jefes en puestos relevantes dentro de Esquerra Republicana de Cataluña, el 3 y 4 de enero de 2004 Carod-Rovira viaja a Perpignan y se entrevista «de Estado a Estado» con los jefes de los escamots vascos.

«Nosotros somos una nación. No estamos en guerra con esa otra nación llamada Euskadi. Les exigimos, por lo tanto, que dejen de matar en nuestro país», le soltó a bocajarro a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea y a Mikel Albizu, jefes de la banda armada vasca, restregándoles de paso la histórica colaboración de Terra Lliure con ETA, sin recibir nunca nada a cambio.271

Tras las elecciones autonómicas catalanas de 2003, en las que Pasqual Maragall derrotó a Artur Mas tras la firma del tripartito entre Esquerra, PSOE e Izquierda Unida, los terroristas irrumpen en número importante en las instituciones y utilizan el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat para plantear abiertamente la misma política de Terra Lliure: la ruptura con España, plasmada meses antes en el llamado Pacto del Tinell, la guillotina con la que se quiere decapitar al Partido Popular y a cualquier otra institución que se oponga a la transformación de los Países Catalanes en una nación independiente de España.

¿Dónde estaba Baltasar Garzón, el hombre al que se atribuye la razzia de 1992 contra Terra Lliure, para meter a estos políticos radicales en la cárcel?

A comienzos del 2007, cuando TV3 emitió un documental sobre Terra Lliure ensalzando su heroísmo, su capacidad de sacrificio y ascendiendo a sus activistas a los altares como mártires de la causa nacionalista, el juez estrella asistió en el plato al encuentro. Como es su estilo en los últimos tiempos, se limitó a cobrar como conferenciante, se llevó el honor y la gloria de haber acabado él solito con Terra Lliure, y tampoco esta vez detuvo a nadie.

Capítulo XI

Como Caín y Abel

Javier Gómez de Liaño escribió de él: «Baltasar Garzón cumplió con el cometido de evitar que Juan Luis Cebrián declarase ante mí como Jesús de Polanco lo había hecho meses antes, pero su auto siempre se recordará por haberse escrito, aparte de la pésima sintaxis y la escalofriante ortografía, con las últimas gotas de dignidad que a un ser humano pueden quedarle cuando se mueve entre lo patético y lo trágico. A pesar de todo, sólo siento piedad. Baltasar, mi querido amigo, lo único que demostraba con su conducta es que las galerías donde se cruzan los más profundos navajazos eran para él lugares no desconocidos». Y Joaquín Navarro Estevan, hoy fallecido, remachó el clavo de esta guisa en su libro Palacio de injusticia: «La garzonitis es una mezcolanza de maldad, cinismo, tosquedad mental, exhibicionismo e impotencia. [Sus resoluciones judiciales] son cainitas, mendaces, cínicas y prevaricadoras».272 Los amores y desamores de Baltasar Garzón, sus celos infantiles hacia sus compañeros que despuntaban más que él, marcaron las desavenencias y hasta la salida de la carrera judicial de muchos de sus amigos. Estas son sólo dos historias, pero podrían contarse muchas más.

***

Entre 1987 y 1996 Carlos Bueren Roncero y Baltasar Garzón Real forman un equipo indestructible en la Audiencia Nacional. Como titulares de los juzgados centrales de instrucción números 1 y 5 respectivamente se apoyaban uno a otro y se sustituían entre sí cuando tenían que viajar o irse de vacaciones. Entre los dos llevaban el 80 por ciento de los asuntos noticiables que pasaban por el único tribunal central español especializado en terrorismo, grandes delitos económicos, persecución de los grandes cárteles del tráfico de la droga y blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

Fueron unos años de vino y rosas en los que las cámaras de televisión los mostraban formando un tándem alejado del resto de los mortales, descendiendo la escalinata de la Audiencia Nacional y dirigiéndose a la cercana cafetería Riofrío a tomar café juntos. Como el juzgado de Bueren estaba una planta inferior, el que bajaba siempre era Baltasar y, cuando estaba muy atareado, le esperaba en la puerta de su juzgado. La pareja era la envidia del resto de jueces y fiscales que trabajaban en el edificio de la Audiencia Nacional, el lugar donde se tomaban las decisiones judiciales más importantes de España, incluso por encima de las del Tribunal Supremo.

Había algo, sin embargo, en el dúo, que no funcionaba. Baltasar tenía por entonces y sigue teniendo la rara habilidad de meterse en todas partes, de convertirse en el factótum contra ETA y asumir las mejores instrucciones, restando protagonismo a sus compañeros.

No es nada desconocido que la Policía les preparaba las grandes operaciones, y cuando estaban a punto de caramelo las adelantaban o retrasaban para que el juez galáctico estuviera de guardia. Se las servían en bandeja.

Carlos Bueren, su amigo del alma, casi su hermano, no era la excepción. El 20 de enero de 1985 el cazador Ramón Soriano Poveda descubre en Busot (Alicante) unos restos humanos. Avisa a la Guardia Civil y aparecen los huesos de dos personas enterrados en cal viva. Los esqueletos se llevan a las cámaras frigoríficas del cementerio de Alicante y allí permaneces varios meses hasta que el jefe de la Policía Judicial de esa ciudad, atando cabos sobre las personas desaparecidas por la época y pidiendo pruebas de ADN, descubre que se trata de los restos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos jóvenes de Tolosa (Guipúzcoa), desaparecidos en 1983 en el sur de Francia.

Un asunto tan espinoso como este, que acabaría implicando a altos mandos de la Guardia Civil encargados de la persecución del terrorismo, le corresponde por reparto a Carlos Bueren. El 19 de abril de 1995 se declara competente para instruir el sumario.

—¿Por qué no me lo dejas a mí? —inquiere Garzón.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 tiene clavada una espina contra la Guardia Civil desde que investigó el Caso Ucifa y recibió todo tipo de amenazas e incluso algunos agentes asaltaron en dos ocasiones su casa. Quiere el Caso Lasa y Zabala para desquitarse de lo mal que lo pasaron entonces él y su familia.

—No, me ha correspondido a mí por reparto. Lo siento, pero lo voy a investigar yo.

—Es que por antigüedad y por conexión le corresponde a mi juzgado. Llevo una pieza separada sobre el Caso Oñaederra, realizado por la misma gente. Nadie podría protestar si te inhibieras a favor de mi juzgado. Además, en lo de los GAL no conviene dispersar los asuntos. Es mejor que los lleve un solo juzgado.

Bueren, que hasta entonces no había tenido inconveniente en cederle aquellos casos que le interesaba investigar, en esta ocasión se mantuvo en sus trece. Ese día, 19 de abril de 1995, algo imperceptible se rompió entre los dos. Seguían yendo a tomar café juntos, hacían los mismos comentarios y Garzón, dicharachero y hablador, contaba el último chiste, el último chascarrillo conocido. Pero ya no volvieron a ser los mismos.

Meses antes había ocurrido el dichoso asunto de la doble recusación por parte de Rafael Vera por el caso de Segundo Marey. En un escrito dirigido por el letrado Manuel Cobo del Rosal, el secretario de Estado para la Seguridad recusó a los dos jueces. A Baltasar Garzón por enemistad manifiesta con su cliente y a Carlos Bueren, que como juez sustituto debía resolver el incidente, por amistad manifiesta con Baltasar Garzón.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1, que en ocasiones similares había resuelto siempre fallando en contra del acusado, esta vez reconoció que era amigo de Garzón y se abstuvo. «Fue una actuación muy extraña y sigo sin entenderla. Carlos Bueren era mi amigo. El 4 de febrero, sábado, yo estaba en mi juzgado. El día antes Vera había presentado su doble recusación. Vino Carlos, me dio un fuerte abrazo, sentido."¡Baltasar, venga, ánimo! Esto es una cabronada. Van a por ti y quieren acojonarte, pero tú sigue adelante. Y no te preocupes, pienso rechazar la recusación, como rechacé la que te puso [Juan] de Justo"». Esta es la versión de Pilar Urbano. Y agrega: «Mi sorpresa es morrocotuda cuando Carlos acepta ser recusado porque se considera amigo mío. Pero esa no es causa legal de recusación ni de abstención entre dos jueces, ya que es normal que entre colegas haya una relación profesional amistosa. Pero él, en virtud de la amistad, decide abstenerse. ¿No era amigo mío un mes antes, cuando me recusó De Justo? ¿Acaso no era amigo mío cuatro años antes, en 1991, cuando me recusó Francisco Paesa, rechazó la recusación también y le multó por mala fe?».

Aunque no lo ha contado públicamente nunca, Garzón vio tras esa decisión de Bueren la larga mano de Interior para quitarle el Caso Segundo Marey y entregárselo a Manuel García Castellón, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, como así ocurrió.

«Este es el final de los GAL y de la investigación del terrorismo de Estado. Manuel Cobo del Rosal acaba de metérnosla doblada y sin vaselina», le contó a un amigo en los pasillos de la Audiencia Nacional. «¿Qué va a hacer García Castellón, con los antecedentes que se le atribuyen de colaboración con la Policía en su etapa de Valladolid, sino aceptar la recusación de los dos, quedarse con el sumario y archivar inmediatamente el asunto?».

Sin embargo, García Castellón, que pudo haberse quedado con el sumario, se limitó a cumplir su papel. Tras estudiar el incidente, falló a favor de los dos jueces, y le devolvió la causa sin retenerla un minuto más de lo debido a Baltasar Garzón.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional respiró aliviado, aunque el vaso de la amistad entre los dos jueces se resquebrajó para siempre. Cuando se iban de vacaciones o de permiso seguían sustituyéndose, pero desde entonces Carlos Bueren dejaba los asuntos delicados encerrados en un armario o se los llevaba a casa para que Garzón no metiera mano en su juzgado.

La gota que colmó el vaso se produjo a finales de ese año de 1995 y fue, probablemente, la espoleta que provocó la decisión de Carlos Bueren de arrojar la toalla y dedicarse al ejercicio libre de la abogacía en el despacho de Aurelio Menéndez y Rodrigo Uría.

En agosto de ese año, dentro de las diligencias del Caso Lasa y Zabala, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Carlos Bueren, había solicitado una comisión rogatoria a las autoridades francesas a espaldas de Baltasar Garzón. Pretendía que le informaran si las balas que habían matado a Lasa y Zabala habían sido disparadas por la misma arma con que se asesinó a Ramón Oñaederra Kattu el 19 de diciembre de 1983, y a Vicente Perurena, Peru, y Ángel Gurmindo, Stein, el 8 de febrero de 1984.

Tras enviarle un duplicado del informe y fotografías de los casquillos y de las estrías de los proyectiles para que pudieran ser contrastados con los hallados en Busot, Bueren encargó al laboratorio de la Guardia Civil que hiciera el examen balístico, lo que indignó profundamente a Garzón, que no confiaba en los medios técnicos ni en la pericia de la Benemérita.

Lo que ya le sacó de quicio fue, sin embargo, remitir una comisión rogatoria sobre el mismo asunto a las autoridades judiciales francesas acerca del Caso Oñaederra, y que el 17 de octubre de 1995 le respondieran textualmente: «Pídaselo usted a su colega del Juzgado Central Número 1. Él tiene ese informe, que le hemos mandado nosotros, desde hace meses».

A partir de ese día la estrella judicial más rutilante de Occidente no dejó de repetir entre sus amigos, especialmente el juez Joaquín Navarro Estevan, que Carlos Bueren le había traicionado y que se estaba moviendo a sus espaldas para acumular pruebas sobre el GAL verde y apartarle de la instrucción.

Se suponía por entonces que las muertes de Oñaederra, Perurena y Gurmindo, habían sido realizadas por guardias civiles del cuartel de Itxaurrondo, una macrounidad policial en la que trabajaban más de mil agentes, que vivían allí con sus familias, dedicados exclusivamente a la lucha contra ETA.

Con todas sus virtudes y sus defectos, que eran muchos, constituía el aparato mejor engrasado y coordinado de la lucha antiterrorista y Garzón pretendía meter allí sus narices para investigar el caso de los GAL e impedir que se convirtiera en un coto cerrado de su ex amigo y compañero, «ya sólo de cafés y chascarrillos», Bueren.

De ahí que Garzón no perdiera ocasión para desacreditar la investigación de su compañero. «Practicó un registro en el domicilio de Enrique Dorado Villalobos, pero no lo hizo en el que vive ahora. Fue a la anterior casa, como si fuera tonto y se hubiera olvidado allí las pruebas que le vinculan a los GAL», se burlaba de él.

El juez de Torres estaba convencido, por entonces, de que su colega no quería llegar a ninguna parte con el Caso Lasa y Zabala. «Lleva casi un año practicando diligencias y aún no ha detenido a nadie», era su frase más empleada para definir el trabajo del que fuera su mejor amigo. «Que me lo deje a mí y verá cómo en una semana meto en la cárcel a la mayoría de los autores materiales».

Su decisión final de dimitir se conoció en los primeros días de enero, pero el Gobierno, que quería buscar un candidato idóneo para sustituirle,273 le forzó a que no hiciera pública su renuncia enseguida. Carlos Bueren esperó todo lo que pudo y el 30 de enero de 1996 formalizó ante el Consejo General del Poder Judicial su marcha.

Pedía una excedencia de dos años para dedicarse al ejercicio de la abogacía y tras su retirada provisional de la judicatura quedaba toda una estela de trabajo bien hecho: el procesamiento de los abogados Álvaro Reizábal e Íñigo Iruín, la trama de Sokoa, la extorsión a empresarios por el llamado impuesto revolucionario, la investigación de Egin, el encarcelamiento de Pepe Rei, y una amplia labor, discreta pero eficaz, en la lucha contra el narcotráfico.274

La preocupación del Gobierno por que un único juez pudiera llevar toda la investigación sobre los GAL quedó patente en tres portadas del diario El País, dos de ellas escritas por el periodista Bonifacio de la Cuadra: «El Caso Lasa y Zabala quedará en manos de Baltasar Garzón por una carambola judicial» y «Bueren deja a Garzón las llaves de Intxaurrondo».275

Las aguas estaban tan revueltas que fue necesario que el juez declarara al rotativo de Polanco que «descartaba investigar los papeles en que se implicaba a [Enrique Rodríguez] Galindo, el general de la Guardia Civil que más comandos de ETA había detenido en la historia de la banda terrorista, para que la situación se tranquilizara». Así y todo había un temor fundado de que al producirse la vacante el juez de jueces entrara en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 y se llevara a su juzgado los asuntos que le interesaban. El Gobierno era consciente de ello y desde la Presidencia se retrasó por lo menos un mes el envío al Boletín Oficial del Estado del cese de Bueren para evitar esa tentación.276

El temor del Gobierno estaba fundado. «Cuando se va Bueren, le sustituye Baltasar Garzón como juez en el [juzgado] 1 y se autoinhibe de una serie de sumarios de Bueren, que le interesan a él, a favor del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional», recuerda el fiscal Eduardo Fungairiño, que se vio sorprendido por el asunto.

El desarrollo de la cuestión era en cierta manera lógico. Un principio de economía procesal que rige en todos los juzgados de España obliga a que los hechos que tengan conexión se investiguen en un solo juzgado, el más antiguo. «Lo que ya no era tan normal es que sólo los asuntos con una cierta enjundia acabaran en el juzgado de Garzón y los "marrones" le tocaran todos ellos a Javier Gómez de Liaño Botella, el sucesor de Carlos Bueren», recuerda Joaquín Navarro Estevan, amigo por entonces de los dos jueces.

Esta es la única explicación posible para que asuntos como el cierre del Egin, iniciado por Bueren el 1 de diciembre de 1993, o las diligencias seguidas contra Pepe Rei, jefe del equipo de investigación del periódico etarra y director del semanario Ardi Beltza (Oveja Negra)277 y otros muchos casos de relumbrón acabaran en el Juzgado Central de Instrucción Número 5.

El jueves 25 de enero de 1996 Baltasar Garzón, Joaquín Navarro Estevan, Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado quedan a desayunar. En esa ocasión no se trata de una reunión de amigos más, como las que mantienen con cierta frecuencia. Aquel día se han citado en secreto en una cafetería de la calle de Zurbano, cerca de la sede del PP, para echarle un capote a Baltasar Garzón, decidido también a arrojar la toalla si no encuentra un juez de confianza en el que apoyarse.278

Tres días antes, el 22 de enero, Carlos Bueren, después de haber ejercido durante nueve años como titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, había pedido dos años de excedencia voluntaria en el Consejo General del Poder Judicial.279

Desde entonces, tanto el viceministro Juan Alberto Belloch como su antecesor en la cartera de Justicia, Fernando Ledesma, o el Consejo General del Poder Judicial presidido por Pascual Sala, están dispuestos a sustituirle por un magistrado dócil y acomodaticio, con el que se pudiera enterrar el sumario sobre el secuestro, torturas y muerte de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.280 El objetivo: cubrir con un espeso manto de silencio el entonces llamado GAL verde.

Tras la aparición de los cadáveres de Lasa y Zabala se descubrió que los dos jóvenes vascos habían sido secuestrados en Francia por miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo. Posteriormente habían sido trasladados al Palacio de la Cumbre, un edificio deshabitado, situado en la cuesta de Aldapeta, donde se guardaban algunos muebles y objetos personales de la familia real procedentes del Palacio de Miramar. El edificio estaba destinado a su venta a la Diputación de Guipúzcoa. El Gobierno, sin embargo, se negó a admitir los hechos y mantuvo una lucha soterrada con la justicia para cerrar el caso.

La contienda se convirtió en un desafío a los jueces de la Audiencia Nacional, a los partidos políticos y a la opinión pública, cuando el 4 de agosto de 1995 el Consejo de Ministros ascendió a general de brigada al coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de Intxaurrondo. Varios testigos aseguraban por entonces que Rodríguez Galindo y el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, habían asistido encapuchados a los interrogatorios e incluso habían dirigido estos.

Se intentaba evitar, al mismo tiempo, que el nuevo responsable de la oficina judicial de la calle de García Gutiérrez formara un nuevo tándem con Baltasar Garzón. Incluso trascendió que desde el PSOE se había consultado con el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, sobre la forma de encontrar a la persona más acomodaticia posible a los dictados del Gobierno.281

Ante este panorama, los cuatro congregados, Garzón, Márquez de Prado, Gómez de Liaño y Navarro Estevan son conscientes de una cosa: con un magistrado solo, actuando como francotirador y con un amplio sector de la prensa gubernamental censurando sus actuaciones, era imposible sacar adelante los grandes escándalos relacionados con la peor de las corrupciones, el crimen de Estado.

Piensan que la vacante del Juzgado Central de Instrucción Número 1 debe ser cubierta por un juez curtido, experto en investigaciones complejas, cuyo interés sea por encima de todo la defensa de la justicia; una persona dispuesta a apoyar el trabajo de Baltasar Garzón y a tirar hacia delante en el esclarecimiento de los asesinatos cometidos por los GAL. Su investigación y enjuiciamiento constituían la auténtica piedra angular, la clave en la que se sustenta todo el edificio constitucional.

La investigación de aquellas mafias sólo podía hacerse, según consta en uno de los libros de Garzón,282 siguiendo los métodos de trabajo de Mani Pulite en Milán, que dirigen los fiscales Edmondo Bruti Liberati y Francesco Saverio Borrelli. La mayoría de estos fiscales eran, no obstante, partidarios acérrimos de la prisión provisional como instrumento de presión con el que forzar los arrepentimientos y desenmascarar las más sórdidas tramas de Estado.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y candidato a la Sala Segunda del Supremo, destino para el que le veta Felipe González en persona,283 Navarro Estevan estaba dispuesto a pedir la vacante de Carlos Bueren si no existía otro candidato más idóneo.

Había pensado, sin embargo, en su amigo Gómez de Liaño. Tras permanecer en el Consejo General del Poder Judicial desde 1990, el 25 de octubre de 1995 Javier Gómez de Liaño había presentado su baja en el órgano de gobierno de los jueces y solicitado el reingreso en la judicatura. Le correspondía incorporarse a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero al cruzarse de por medio el Caso Banesto, en el que aparece inculpado su hermano Mariano, que debe ser juzgado por su propia sección, opta por solicitar el Juzgado Central de Instrucción Número 1. Con el fin de evitar maniobras del Gobierno buscando a un candidato con más antigüedad que él, cursa su solicitud el 13 de febrero de 1996, horas antes de que se agote el plazo legal para optar a la plaza. Sin embargo, no la presenta en el Registro del Consejo General del Poder Judicial, del que sigue siendo vocal, para que el Gobierno no se entere. Lo hace por carta certificada, desde la Oficina Central de Correos, situada en la plaza de Cibeles, poco antes de la medianoche.

La estrategia de formar un «núcleo duro» de jueces insobornables, indomables, dedicados a perseguir el delito con todas sus consecuencias, se ha logrado. Aunque Gómez de Liaño, rompiendo la disciplina de voto del grupo de vocales propuestos por el PP ha votado a algunos jueces en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los socialistas, Juan Alberto Belloch acusa el gol que le han colado por toda la escuadra. «Hay que cambiar la Ley de Provisión de Vacantes de la Audiencia Nacional, que no debería regirse siempre por el principio de antigüedad», masculla.

Garzón acogió la llegada de su nuevo compañero con la mayor de las alegrías. Al igual que en la etapa de Carlos Bueren, todas las mañanas iban a tomar el café juntos a Riofrío, entre una nube de fotógrafos, muchas veces acompañados por los fiscales María Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo o Pedro Rubira. Los fines de semana los dos matrimonios, Gómez de Liaño-Márquez de Prado284 y Garzón-Yayo Molina, pasaban el rato juntos en El Portón o en El Montecillo de Pozuelo de Alarcón.285

También solía vérseles juntos en alguna plaza de toros de la que Garzón conseguía entradas gratis en un palco de honor gracias a su amigo Félix González-Salas; en el Auditorio de Música de la calle del Príncipe de Vergara, de Madrid; o en espectáculos más populares, como los conciertos de Carlos Cano o de Luis Eduardo Aute. Incluso se les veía escuchando al cuarteto formado por Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, patrocinado como siempre desde el diario El País.

Aquella amistad, que parecía duradera, tenía un punto frágil: la megalomanía de Garzón y su obsesión por estar siempre en la cumbre, donde nadie le hiciera sombra. «Se sentía el único gallo de pelea de la Audiencia Nacional y no admitía que nadie estuviera por encima de él», recuerda uno de los fiscales. De la misma manera que ha acabado con Carlos Bueren, tarde o temprano acabará con Gómez de Liaño, pronosticaba todo el mundo. Veamos cómo sucedió.

Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo formaban parte de un selecto grupo de agentes de la Guardia Civil que tenían el privilegio de despachar personalmente con el coronel Enrique Rodríguez Galindo. Eran tipos duros, hábiles, siempre dispuestos a meterse en el ojo del huracán y a infiltrarse en las numerosas manifestaciones a favor de ETA, a hacerse pasar por trabajadores del sindicato LAB e incluso a confraternizar con los responsables de Gestoras Pro Amnistía. También aparecían casi siempre en las misiones más sucias, pero cuando tenían algún problema con el Ministerio del Interior aparecía el estrafalario abogado Jorge Argote envuelto en su capa madrileña a sacarles de los apuros.

El 21 de mayo de 1996 se les acabó su buena racha. Tras declarar en la Audiencia Nacional, los dos agentes de confianza de Intxaurrondo fueron enviados a la cárcel de Alcalá-Meco. A ambos se les acusaba de formar parte de la trama que secuestró en Francia a Lasa y Zabala. El encarcelamiento de los agentes era la primera medida con respecto a los GAL tomada por Javier Gómez de Liaño tras su llegada al Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. Tras leerse los diecinueve tomos del sumario heredado de Bueren y practicar algunas pruebas, había comenzado a tomar medidas cautelares contra los presuntos implicados.286

Dorado y Bayo fueron los primeros pero no los únicos en dar con sus huesos en la cárcel. Entre el 19 y el 21 de mayo le siguieron el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga y el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto. El día 24 era Enrique Rodríguez Galindo, el general más condecorado de la Guardia Civil y probablemente el mejor jefe de la Benemérita en la lucha contra ETA de todos los tiempos, el que acababa entre rejas.

El auto de prisión, hecho público días después, no dejaba lugar a dudas sobre lo acertado de la medida cautelar. Decía: «[Tras secuestrar en Francia a sus víctimas] los procesados Enrique Dorado y Felipe Bayo someten a muy duros interrogatorios a José Antonio Lasa y a José Ignacio Zabala, a quienes pretenden arrancar cualquier tipo de información que les lleve a posteriores detenciones de terroristas. También les infligen dolores físicos y sufrimientos graves con el fin de castigarlos por actos cometidos por ETA y como venganza de sus violentas acciones sobre miembros de la Guardia Civil y otros Cuerpos de Seguridad del Estado».

En un lenguaje duro, a veces descarnado, el juez continúa relatando las supuestas actividades delictivas de los procesados: «Durante los días en que permanecieron Lasa y Zabala retenidos y torturados en el Palacio de la Cumbre, esta situación fue conocida por Enrique Rodríguez Galindo, que consintió los métodos de interrogatorio, pues incluso visitaba a los secuestrados y torturados cubierto con una capucha o pasamontañas. También fue Rodríguez Galindo quien, ante el lamentable estado físico de los chicos, consecuencia de los suplicios, decidió que Lasa y Zabala fueran trasladados a Alicante, donde se les haría desaparecer».

Situado en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, entre el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol, el restaurante Lhardy es famoso en el mundo entero por su cocido, sus callos a la madrileña y su suflé con helado de vainilla. No era eso lo que iban a buscar cada último miércoles de mes el grupo de tertulianos arropados en torno a la figura del juez Joaquín Navarro Estevan, los catedráticos José Juan González Encinar287 y Jesús Neira Rodríguez y el ex ministro de UCD y consejero del Grupo Prisa Jaime García Añoveros.

La tertulia, que se celebraba en los mismos reservados que frecuentó la reina Isabel II en el siglo XIX mientras maquinaba a qué ministro se llevaba a la cama aquella noche, estaba inspirada por el ex gobernador civil Ezequiel Jaquete Molinero, y fue degenerando al integrarse en la misma individuos como Antonio García-Trevijano, cuyas andanzas por Guinea Ecuatorial son equivalentes a su importante patrimonio inmobiliario y crematístico y su cultura judicial similar a sus maniobras para inclinar la balanza de la justicia de su lado o el de sus parientes, tenga o no razón. También aparecía por allí el semidelincuente, conseguidor y «periodista de secano» Antonio Navalón López, afincado en Madrid y México gracias a su amigo Iñaki Gabilondo.

Una mañana de septiembre de 1989, tras el funeral por la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA, el juez Navarro Estevan encontró a Baltasar Garzón hundido moral y profesionalmente y decidió invitarle a la tertulia de Lhardy, «infectada» por entonces de periodistas como Soledad Gallego Díaz y Bonifacio de la Cuadra, de El País, el columnista de ABC Lorenzo Contreras, el columnista de El Mundo José Luis Martín Prieto y algún otro invitado ocasional.

A comienzos de los ochenta, Joaquín Navarro decidió trasladar la tertulia a Casa Domingo, un restaurante situado frente al parque del Retiro, bastante más barato y acogedor que Lhardy y porque, además, le quedaba al lado de casa.

En este contexto, en 1996, cuando Javier Gómez de Liaño regresa a la Audiencia Nacional como juez de instrucción y no como magistrado de sala, Baltasar Garzón propone que se le invite junto con la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, la compañera sentimental del juez.

Pocas semanas después, cuando Javier Gómez de Liaño procesa al general Enrique Rodríguez Galindo, la tertulia se convierte en un infierno. Comido de celos por no haber ocupado durante unas semanas las páginas de El Mundo, Baltasar Garzón no paraba de lanzar dardos envenenados contra su compañero de audiencia, pese a que este había decidido sacrificarse como magistrado de sala para colocarse a su altura de juez instructor.

Por alguna manía rara o por desquitarse de lo mal que se lo habían hecho pasar los Grupos Operativos de la Guardia Civil cuando procesó al comandante Pindado, de la Ucifa, le tenía una especial inquina a la Benemérita y quería desquitarse de ella.

—Déjame a mí el Caso Lasa y Zabala —le había solicitado Garzón en una ocasión.

—No, lo voy a instruir yo. ¿Por qué no se lo pediste a Bueren, que lo tuvo un año parado?

—También se lo dije a Bueren y no me hizo caso. Ahora te lo pido a ti. Lo hago por tu bien —explicó el juez de Torres.288

—Entonces lo mejor que puedes hacer por mí es dejarme trabajar sin interferencias —replicó Gómez de Liaño.

Entre ellos se entabló desde entonces una pugna, cosa de niños y no de personas mayores, para demostrar al mundo quién era mejor instructor y quién metía a más gente importante en la cárcel.

«No sé cómo puede llevarse a cabo una instrucción sobre los GAL sin implicar al director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y al jefe de Estado Mayor, Andrés Casinello Pérez, en ella», sentenciaba Garzón ante quien quisiera oírle. Sólo cogiendo a Roldán y a Casinello bien cogidos se podía seguir tirando del hilo para llegar a Felipe González. Pensaba que si Roldán se veía en la tesitura de cumplir 108 años de cárcel, como ocurrió con Amedo y Domínguez, no tendría más opción que dar datos, fechas y lugares en los que se habían montado los GAL, en lugar de limitarse a suministrar una «información genérica», como la que le endilgó a él, que no iba a ser aceptada por el Tribunal Supremo para encausar a Felipe González.

«Lo que le pasa a Baltasar es que está celoso, dolido por no estar él en las primeras páginas de los periódicos. Cuando empecé a encarrilar el sumario, un día, en el despacho de mi mujer, María Dolores Márquez de Prado, abiertamente, casi descaradamente, me pidió que le pasase el Caso Lasa y Zabala. En su juzgado había unos precedentes anteriores a mi investigación y no existía problema para que me inhibiera», contaría después Gómez de Liaño.

Los comentarios entre amigos, impublicables por una especie de pacto de honor no escrito entre todos los comensales, revelaban el enfrentamiento entre los dos jueces estrella desde comienzos de 1996. Un clima que llevó a Javier Gómez de Liaño a dejar de asistir a las tertulias. «Sólo asistí a la tertulia en dos ocasiones —llegó a confesar Gómez de Liaño— porque me asusta la locuacidad procesal de Baltasar Garzón, dispuesto a sentar cátedra en cualquier momento y circunstancia y entre los más variados comensales».

El juez de Torres, sin embargo, era un tipo que salvo aquellas puyas hacía todo lo posible para no mezclar la diversión con el trabajo. «Pocos personajes he conocido —afirma Martín Prieto— que sepan desinhibirse y hacer reír a los demás como Garzón, casi compulsivo contador de chistes que hace deliciosas las veladas. Para conseguirlo, [a veces] no le importaba caer en la indiscreción y relatar aspectos de las investigaciones en las que estaba inmerso». Tampoco le importaba pisarle los «sumarios» a su colega Gómez de Liaño.

Los roces, las peleas, las pequeñas escaramuzas, habían comenzado mucho antes. Conviene que nos detengamos en ellas.

El 25 de marzo de 1997 Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado se van a pasar una semana a la isla de Fuerteventura, aprovechando un puente y un permiso de tres días del Consejo General del Poder Judicial. Garzón le sustituye en el juzgado de forma reglamentaria, y según un pacto no escrito entre los jueces de toda España sólo deben resolver los asuntos rutinarios, como la prórroga de escuchas telefónicas, asuntos de prisión y otros temas similares para que no prescriban.

—¿Qué tal va todo? —le pregunta Gómez de Liaño todos los días.

—Muy bien. No te preocupes.

Cuando regresa a Madrid se encuentra con que su colega, sin consultarle, llama a declarar a la Audiencia Nacional a Manuel Vázquez, un testigo protegido del narcotráfico y, tras tomarle declaración y conseguir que imputara al abogado Pablo Vioque, ordena su detención y lo mete en la cárcel.

El asunto no habría tenido relevancia si el caso hubiera sido suyo y no del Juzgado de Instrucción Número 1, donde estaba en funciones de suplencia, y se hubiera extendido entre los oficiales de la oficina de justicia que Baltasar Garzón se había hecho cargo de la investigación obrando por su cuenta y riesgo.

Cuando examinó la causa, Gómez de Liaño se dio cuenta de que su sustituto había entrado a saco en la investigación, incorporando testigos nuevos y aportando asuntos de su propio juzgado, que había remitido por exhorto. De esa manera, en menos de una semana, enchironó al que era hasta entonces abogado estrella de los narco traficantes de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) y le inhabilitó para seguir ejerciendo su profesión durante mucho tiempo.

—¿Por qué has tenido que hacer eso, por qué te has metido en mis asuntos? Aunque hubieras hecho avanzar la instrucción, ¿no podías haber esperado tres días para que yo tomara las medidas cautelares? —le preguntó al juez de Torres.

—Es que [a este tipo] le tenía muchas ganas —fue su respuesta,289 según la versión de Gómez de Liaño.

El 3 de octubre de 1997 Gómez de Liaño denuncia al fiscal general del Estado que Garzón ha conspirado junto al fiscal antidroga para quitarle el caso, ya que con anterioridad se lo había reclamado para unirlo a otros sumarios conexos que instruía.290

Fue todo tan anómalo («utilizó a dos famosos arrepentidos para que cambiaran su declaración y le imputaran en su ausencia», dice Liaño) que aquello cuarteó para siempre las relaciones entre los dos miembros de la carrera judicial. A ello se vendría a sumar, poco después, la libertad de Ortega Lara.

A finales de junio de 1997 se presenta un confidente en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y le dice a uno de los miembros del servicio de información:

—Sé dónde está escondido José Antonio Ortega Lara. Os lo puedo entregar cuando queráis.

Los guardia civiles del Servicio de Información, al principio, no le creen, pero a medida que aporta datos sobre los personajes que supuestamente tienen retenido al entonces funcionario de prisiones de la cárcel de Logroño, secuestrado 532 días antes, la información parece relevante.291

El confidente, sin embargo, se reserva algunos datos importantes. Sólo está dispuesto a ofrecer lo que sabe a cambio de 50 millones de pesetas. Es el precio que pone para salvar una vida. Los agentes regatean. Al final logran rebajar la cifra a 5 millones. Y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se consulta, los paga gustosamente, religiosamente.

Tras localizar el sitio, una nave industrial abandonada propiedad de la empresa Jalgi, situada en el municipio de Mondragón, e identificar a las personas que tienen secuestrado al funcionario (los miembros de un comando legal de ETA formado por Jesús María Uribetxeberría, Xabier Ugarte, José Luis Erostegi y José Miguel Gaztelu), se decide intervenir inmediatamente. Era el 1 de julio de 1997. Los agentes piden una orden de entrada y registro a la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón, que está de guardia esa tarde, la concede inmediatamente. Pero hace algo más. Aunque el sumario sobre el secuestro de José Antonio Ortega Lara pertenece al Juzgado Central de Instrucción Número 1 y le corresponde a Gómez de Liaño intervenir en la liberación del funcionario de prisiones enterrado en vida por ETA, decide ponerse él al frente. Así se lo comunica al fiscal Pedro Rubira, de guardia en su juzgado, para que le acompañe.

Según cuenta Isabel San Sebastián, el fiscal Pedro Rubira se pone entonces en contacto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para darle a conocer la noticia. Fungairiño telefonea al secretario de Estado de Interior, Ricardo Martí Fluxa, y le pide los medios necesarios para que los responsables de la Audiencia Nacional puedan desplazarse a Guipúzcoa.

Entre tanto, Javier Gómez de Liaño, que se ha enterado de que Garzón pretende intervenir de nuevo en un asunto de su competencia, monta en cólera. Fungairiño interviene para apaciguar los ánimos. Le comenta a Rubira:

—Dile a sus señorías que se pongan de acuerdo sobre cuál de los dos va a acudir.

Como está en juego la vida de una persona, Javier Gómez de Liaño piensa que no es el momento de discutir a quién corresponde intervenir. Cede su derecho y Garzón acude a la nave donde se halla el secuestrado. El traslado lo hace en un avión del Ejército del aire puesto a disposición del Ministerio del Interior, en compañía del fiscal Rubira.

El registro de la nave industrial dura no menos de cinco horas. Los guardias civiles buscan un zulo en su interior, pero no lo encuentran. Emplean los perros rastreadores y tampoco da resultado. Mientras tanto, los guardianes del funcionario, que han sido detenidos previamente, permanecen mudos, sin soltar palabra. Garzón, que nunca ha creído en la Guardia Civil, por la que siente un desprecio absoluto (muchos de sus informes sobre ETA los ha echado a la papelera sin leerlos siquiera o los ha enviado a la Policía para ver si eran ciertos, llegando incluso en una ocasión a organizar careos entre los agentes de uno y otro cuerpo «dando más verosimilitud a los de la Comisaría General de Información»), se impacienta.

Cerca de las cinco de la madrugada ordena desmontar el dispositivo. No quiere que amanezca, le vean y se filtre la noticia a los periódicos de que ha estado buscando sin éxito al funcionario de prisiones. Es un borrón en su brillante y meteórica carrera. Los guardias civiles estaban, naturalmente, más intranquilos todavía. No sólo se jugaban su reputación como agentes, sino incluso el dinero que habían pagado al confidente. ¿Tuvieron que utilizar la fuerza para convencer a los carceleros de que les dijeran cómo se abría el zulo? Delante de Baltasar Garzón, con toda seguridad, no se empleó ningún tipo de violencia. Lo cierto es, sin embargo, que en un momento dado, después de que un agente de la Benemérita le quitara todas las balas a un revólver salvo una, girara el tambor, le pusiera el cañón del arma en la cabeza al terrorista y apretara el gatillo, este se hizo pis encima, al no darle tiempo a pedir que le dejaran ir al cuarto de baño. De repente, la lengua se le desató, y les explicó a los agentes el complejo mecanismo para abrir el zulo, bajo tierra, con una pesada losa de hormigón armado de 30 centímetros de espesor, que se levantaba mediante un complicado sistema hidráulico.

Liberado Ortega Lara, al día siguiente todas las portadas de los periódicos hablaban del juez Baltasar Garzón como el hombre que había protagonizado la proeza de humillar a ETA. Parecía uno de esos miembros de la 11 División Acorazada de los Estados Unidos, alegres y satisfechos por haber liberado a los judíos del campo de exterminio de Mauthausen.

Dos días más tarde, Javier Gómez de Liaño tenía que volar en avión ordinario a Bilbao y desde allí trasladarse a Mondragón (Guipúzcoa). A él le correspondía poner el punto y final en el sumario sobre el secuestro del funcionario de prisiones e interrogar al comando terrorista que había realizado la acción.

Estaba enfermo y Baltasar Garzón le sustituía en su juzgado aquel 30 de mayo de 1997. Al leer el diario El País descubrió que alguien había filtrado el informe pericial sobre el Caso Sogecable realizado por la Agencia Tributaria que estaba instruyendo. Se había dado a la publicidad con el propósito no disimulado de desinflar la causa y vaciarla de contenido.

El principal sospechoso de la filtración era nada menos que su compañero y amigo, el único que había tenido acceso al informe que se había entregado aquella misma mañana en un sobre cerrado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. «El 27 de mayo estaba en mi despacho recibiendo tres declaraciones de los desaparecidos de Argentina. Un funcionario del Juzgado Número 1 me dijo que se había presentado el informe de los peritos. Me lo entregó y lo metí en el maletín. Luego bajé al juzgado de Gómez de Liaño y se lo entregué a la secretaria para que lo uniera a la causa», se defendió Garzón cuando fue acusado en el Tribunal Supremo de entregar los informes de Sogecable a los investigados para arruinarle la instrucción al juez encargado del asunto.

Ese día se produjo uno de los muchos rifirrafes entre los dos jueces. «Gómez de Liaño me llamó al móvil para recriminarme que hubiera unido a la causa un informe sin que él lo hubiera visto previamente. Le acababan de llamar del juzgado para decírselo. Le respondí que la causa no estaba secreta, que los abogados de Sogecable habían preguntado por el informe y no tuve más remedio que aportarlo al sumario y permitir que lo leyeran».

¿Quién había informado a Matías Cortés y a Horacio Oliva de la existencia de ese informe crucial para determinar si se habían producido desvíos de los depósitos de los usuarios desde Canal Plus a otras empresas del grupo? Luego se sabría que, en realidad, el informe no se unió ese día al sumario, sino veinticuatro horas después. Baltasar Garzón lo había retenido durante todo ese tiempo probablemente para estudiarlo, según declaró el funcionario Juan Carlos Martínez.

¿Cómo llegó el informe, por tanto, desde el maletín de Garzón a la calle de Miguel Yuste, donde está la sede del diario El País? Este incidente forma parte de la demonización y decapitación profesional de Javier Gómez de Liaño, al estilo de Juan el Bautista, para ofrecerle su cabeza en bandeja de plata a Jesús de Polanco, editor de El País y «dueño» del PSOE. Habrá, por tanto, que empezar por el principio.

La cosa empezó el martes 11 de febrero de 1997, cuando el director del diario ABC, Luis María Anson, ofreció una cena en el comedor del periódico, que sólo se abría para las grandes solemnidades y para agasajar a sus amigos. En aquella ocasión entre los invitados se encontraban el notario Antonio García-Trevijano, el juez Joaquín Navarro Estevan, el catedrático Jesús Neira Rodríguez y el juez Baltasar Garzón Real.

Antes de que se sirviera la cena, Anson sacó del cajón de su despacho un informe sobre las empresas Sogecable y Canal Plus y se lo leyó hoja por hoja a sus contertulios. Se trataba de un estudio multidisciplinar realizado por el decano del Colegio de Economistas, Gerardo Ortega, y por el letrado y ex secretario del Consejo de Administración de Banesto, Rafael Pérez Escolar.

Según el documento, el Consejo de Administración de Sogecable se había gastado los 23.000 millones de pesetas de depósitos de sus abonados a Canal Plus en repartir dividendos entre los accionistas y en recapitalizar la empresa en lugar de dejarlos bloqueados como garantía de la devolución de los decodificadores en un banco o en una caja de ahorros.

Tras la lectura del texto, el director de ABC quiso saber la opinión de los juristas. Según la versión de Joaquín Navarro Estevan, el primero en pronunciarse fue Baltasar Garzón.

—Esto es una apropiación indebida de libro. Si el asunto acabara en los tribunales y me correspondiera instruirlo, mi primera disposición sería meter en la cárcel a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián.

Joaquín Navarro Estevan y Antonio García-Trevijano no estaban tan seguros. Para llegar a una conclusión más precisa había que leer los contratos de Canal Plus con sus abonados, estudiar si el dinero depositado como garantía para que los usuarios devolvieran los decodificadores era un depósito o una fianza y si la empresa podía disponer del dinero para reinvertirlo o no.

Era la primera vez que Baltasar Garzón pisaba la casa de ABC, con cuyo director había tenido un contencioso casi permanente por el asunto de los GAL. Abierto y dicharachero como era él, insistió en lo de la apropiación indebida. Dirigiéndose al profesor Jesús Neira, añadió:

—Y tú, Jesús, podrías ser el primer querellante.

Del asunto no volvió a hablarse hasta que unos días más tarde la revista Época, dirigida por Jaime Campmany, publicaba un reportaje sobre el asunto firmado por Miguel Platón, uno de los periodistas con más amplia formación de la prensa española, y casi al mismo tiempo otro periodista, Jesús Cacho, dedicó una de sus incisivas columnas al asunto.

Polanco, el zar de la prensa española, reaccionó presentando una querella contra Campmany y Cacho. La respuesta del director de Época ante la chulería del editor del felipismo fue sentarse al ordenador, redactar una denuncia y enviarla junto con el informe de Ortega y Pérez Escolar a la Audiencia Nacional.

Ahí, sin embargo, no acabó el asunto. Días más tarde el profesor de Derecho Financiero de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado Javier Sainz Moreno decide sumarse a la denuncia del director de Época y presenta una querella criminal en la Audiencia. En ella acusa a los consejeros de Canal Plus y Sogecable de un presunto delito de «apropiación indebida» por hacer un uso distinto de los depósitos a los que, según él, marca la ley. Era el martes 25 de febrero de 1997.

Ese día se celebró la acostumbrada reunión de amigos en el Lur Maitea, un restaurante de cocina tradicional vasca situado en la calle de Fernando el Santo de Madrid. Invitaban los llamados «fiscales rebeldes», Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado y Pedro Rubira, a los que se acababa de expedientar y dar un homenaje esos mismos días, junto a otros personajes como el catedrático Enrique Gimbernat, el ex ministro y columnista de El País Jaime García Añoveros, el abogado Antonio García-Trevijano, los jueces Joaquín Navarro Estevan y Baltasar Garzón, el catedrático Jesús Neira y el columnista de ABC Lorenzo Contreras.

Mientras el propietario y chef del local, Juan Ignacio Zubiarraín, distribuye las cartas y recomienda los platos del día (merluza al cava rellena de txangurro, kokotxas de merluza rebozadas, txangurro al horno o chipirones en su tinta), algunos de los comensales echan en falta a Javier Gómez de Liaño. María Dolores Márquez de Prado les tranquiliza: no tardará en llegar. Se presentaría, en efecto, un rato después, pidiendo disculpas por la tardanza.

—Es que acaba de entrar el Caso Sogecable. Me ha correspondido por reparto y he perdido unos minutos redactando el escrito de admisión a trámite y la remisión al fiscal para que informe.

—¿Que te ha tocado a ti? ¡Enhorabuena! —le felicitaron inmediatamente Navarro Estevan y García-Trevijano casi al unísono, como si hubieran conocido de antemano la noticia. El resto de los contertulios se congratularon también de que el «asunto más grave ocurrido en la prensa en la democracia española» cayera en uno de los dos juzgados que, por entonces, se consideraban los más competentes de la Audiencia Nacional.

A Garzón se le humedecieron los ojos y tuvo que agachar la cabeza para disimular la rabia que le causaba el reciente protagonismo de su compañero Liaño. Hasta entonces él era el único gallo del corral de la Audiencia Nacional y le había salido un duro competidor.

«Sabes, Baltasar: este asunto es más importante que todos los sumarios de los GAL juntos», comentó el abogado Antonio García-Trevijano, que conocía las debilidades del juez estrella y no perdía oportunidad de zaherirle. Según García-Trevijano y su teoría del dominó, si caía el Grupo Prisa le seguía el PSOE y la monarquía e inmediatamente se instauraba la República en España, como en 1931.

Como era el tema del día, el Caso Sogecable se estuvo debatiendo ampliamente y fue casi el único motivo de conversación. Baltasar Garzón aparentemente compartía la alegría de la mayoría de sus compañeros de tertulia, aunque esa jornada no estuvo tan parlanchín ni dicharachero como de costumbre. Ni siquiera contó los consabidos chistes y chascarrillos con los que solía amenizar las reuniones, convirtiéndose en el centro de atracción de sus amigos. Al perder el protagonismo como juez, se sentía como un animal herido. Su metamorfosis, debida según muchos de los contertulios a un problema de celos y de envidia que no lograba controlar, y que le llevará a enfrentarse en un juicio público a su compañero y amigo, sólo acaba de comenzar.

Al día siguiente, Gómez de Liaño inició las investigaciones pisando fuerte. Tras consultar con el fiscal pidió a Canal Plus que le remitiera la lista de abonados, para publicar edictos en los periódicos por si había algún perjudicado entre ellos, además de solicitar diversa documentación mercantil sobre la empresa.

Los directivos de la cadena de televisión de pago no pusieron reparos a su solicitud. Cuando veinticuatro horas después les convocó a la Audiencia Nacional, les hizo dar «el paseíllo»292 por las escaleras del edificio y les sentó en una silla de tijera —la misma en que tomaba declaración a los etarras—, las cosas comenzaron a cambiar.

«Ese día sintieron en carne propia el síndrome de los acusados italianos de la Tangentópolis y se revolvieron contra el juez. Acostumbrados a que se les distinga y trate con privilegios, excepciones y desigualdades sin cuento, no entendían que se les aplicara a ellos la ley común. Si un juez como Gómez de Liaño no les rendía pleitesía es que había una confabulación contra ellos y era preciso linchar moral e institucionalmente al instructor», relata Navarro Estevan.

No le faltaba razón. Fuera de sí por la humillación recibida, indigna de un hombre que había hecho tanto por la cultura del país en la medida que el negocio de la libertad le permitía llenarse los bolsillos, Polanco se planteó la querella de Sogecable como una batalla a vida o muerte.

Inmediatamente contrató a los mejores catedráticos de Derecho Civil y Mercantil y les pidió dictámenes para demostrar a la Audiencia Nacional y a la sociedad española que no era un estafador profesional y que los depósitos podían utilizarse para financiar a la empresa, e incluso traspasarlos de una sociedad a otra sin que ello constituyera alzamiento de bienes ni apropiación indebida. El juez reaccionó pidiendo contrainformes a la Agencia Tributaria y solicitando a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial que le asignen a varios inspectores para investigar los patrimonios personales de Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, el consejero delegado del Grupo Prisa y hombre de confianza del magnate.

Fue como un nuevo insulto. «¿Este tío cree que nos hemos llevado el dinero y lo tenemos en el calcetín?». Los directivos de Prisa se revuelven como gato panza arriba y responden contratando una legión de abogados dirigidos por Matías Cortés, el catedrático Horacio Oliva, uno de los letrados del PSOE, y Antonio González-Cuéllar, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta socialista y ex defensor de Mario Conde.

Su estrategia se basa, desde los primeros momentos, en recurrir todas las decisiones del instructor, por inocentes y fundadas que fueran. Tratan así de tenerle bloqueado e impedirle avanzar en sus investigaciones para solicitar que se levantara el secreto de la causa, con lo cual conocieran cuáles serían sus próximos pasos de forma que pudieran anticiparse.

Esta situación, inédita en la justicia española, donde prácticamente todos los sumarios se declaran secretos en el primer periodo de instrucción, acabaría dando sus frutos. La Sala de lo Penal, encargada de resolver los recursos de reforma, integrada por los magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos y José Ricardo de Prada, en lugar de apoyar al instructor en sus resoluciones se colocan de parte del querellado y obligan al magistrado a levantar el secreto del sumario por considerarlo injustificado y desproporcionado.

En la desigual pelea del juez contra el grupo empresarial de prensa más poderoso de España, el 25 de abril prohíbe a Polanco viajar a los Estados Unidos para ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island. Casi al mismo tiempo, ordena a Juan Luis Cebrián y otros dirigentes de Prisa entregar su pasaporte.

A mucha gente, incluidos los profesionales del diario El Mundo, estas medidas cautelares les parecen excesivas. ¿Cómo se iba a escapar Cebrián de España, tras el éxito de La Rusa293 y el futuro literario que le esperaba?, se comenta en algunos ambientes. La sala revoca de nuevo las medidas cautelares por considerarlas «arbitrarias y sin fundamento».

El 16 de mayo de 1997, dos días antes de que el ex director de El País ingrese en la Real Academia Española, Javier Gómez de Liaño le llama a declarar. La cita se pospone para el 6 de julio, pero los directivos de Prisa están convencidos de que va a decretar su prisión comunicada y sin fianza, por lo que recurren a La Zarzuela y solicitan al Rey que presida el acto. Es la única manera que tienen de oponerse a lo que consideran una conspiración del PP, un sector de la prensa y un grupo de jueces y abogados contra sus intereses.

El periodista y humorista Alfonso Ussía, enlace con la Corona en algunos asuntos delicados debido a su amistad con don Juan de Borbón, recibe la información y ese mismo día la cuenta en el programa Protagonistas de Luis del Olmo.

Al día siguiente, antes de leer su discurso de ingreso en la Academia rodeado de la plana mayor del PSOE,294 les cuenta a sus más íntimos que va a ir a por Gómez de Liaño. Otra batalla, que desatará los odios y pasiones entre los dos jueces, acaba de comenzar. Veamos ahora a otro personaje de este delicado juego.

Turolense afincado en Sevilla, en cuya universidad fue catedrático de Economía Política y Hacienda Pública y de Derecho Financiero y Tributario, diputado y ministro de Hacienda con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, a Jaime García Añoveros hay que reconocerle su gran capacidad de adaptación al medio como norma de supervivencia hasta su muerte en el año 2000.

A finales de mayo de 1997, tras el ingreso de Juan Luis Cebrián en la Real Academia de la Lengua por su méritos como conferenciante de talla universal, convocó a sus entonces amigos Baltasar Garzón y Joaquín Navarro Estevan en el restaurante Pazo de Monterrey. Allí, nada más verles, casi de sopetón, les comunicó la noticia:

—Juan Luis Cebrián va a recusar a Gómez de Liaño.

Su forma de proceder, aunque en muchos momentos pareciera estúpida, no era inocente. García Añoveros actuaba como enviado de Matías Cortés, Horacio Oliva y el equipo de abogados del Grupo Prisa para valorar la reacción de los dos jueces, especialmente de Garzón, que debía resolver el incidente.

—¿Pensáis que el que Gómez de Liaño esté abonado a Canal Plus puede ser motivo de recusación? —inquirió inocentemente.

—No, no, pero quizás haya otros motivos más graves —respondió Garzón.

Según cuenta Pilar Urbano en su libro Garzón, el hombre que veía amanecer, desde hacía dos meses su biografiado estaba sumamente preocupado por la actitud que había tomado su amigo y compañero Gómez de Liaño y la compañera de este, María Dolores Márquez de Prado. A comienzos de abril habían hablado del asunto. «Javier, ¿tienes muerto o no tienes muerto? Si tienes muerto, aprieta con todas tus fuerzas, tira p'adelante, decreta las prisiones y no habrá ningún problema. [...] Pero si en Sogecable no tienes delito para meter a nadie en la cárcel, es que no tienes muerto. Humo, coño, humo es lo que tienes. No te engañes, que si sólo tienes humo, al apretar te encontrarás agarrándote tus propios brazos».295

Gómez de Liaño, en cambio, asegura que le intentó apartar del caso «pidiéndole que se fuera una semana de vacaciones, que él le tomaría declaración a Polanco y a Cebrián, archivaría el asunto y pasaría a la historia del Grupo Prisa como el hombre que les salvó de la hecatombe».296

Y es que los vientos comenzaban a soplar en otra dirección y el instructor del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se dio cuenta enseguida. Clemente Auger, editorialista de El País y presidente de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, y algunos jueces del Supremo como Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo estaban convencidos de que allí no había nada, a lo sumo un asunto civil.

Le había dicho a Gómez de Liaño, un día mientras regresaban de desayunar: «Javier, eres demasiado débil. Si por mí fuera, esos estarían ya en Alcalá-Meco». Desde entonces pasó a tener una actitud crítica y despectiva hacia el instructor, al que calificaba de «loco e iluminado».

En este contexto, la tertulia del miércoles 18 de junio en el Pazo de Monterrey fue la última en la que se verían las caras todos ellos. Con el ardor y la vehemencia que es propia en él, Baltasar Garzón criticó a su compañero por no haber acudido ese día. Lo tachó de prevaricador y, por primera vez, se le oyó decir que, junto a su compañera Márquez de Prado, formaba la «banda de los dos».

Navarro Estevan, que tenía sus dudas sobre la ilegalidad de los depósitos de Canal Plus, pero que también era consciente del ensañamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con él, salió en su defensa. Replicó con dureza.

—Entre un juez prevaricador y una sala prevaricadora, me quedo con el juez prevaricador.

—Pues sabéis lo que os digo: si por fin Cebrián opta por presentar la recusación, no tendré más remedio que freírle los huevos a Javier.

La tertulia en la que ese día estaban los jueces Baltasar Garzón y Joaquín Navarro, los profesores Jesús Neira y Jaime García Añoveros, el ex gobernador civil Ezequiel Jaquete, el psiquiatra Francisco Albertos, el catedrático Juan González Encinar, los periodistas de El País Bonifacio de la Cuadra y Soledad Alameda, y el de ABC Lorenzo Contreras, quedó triturada. A partir de entonces no volverían a reunirse nunca más.

Con tres espías entre los tertulianos, Juan Luis Cebrián sabe lo que tiene que hacer. A las diez de la mañana del 6 de julio, acompañado de doce abogados entra en la Audiencia Nacional y presenta un incidente de recusación contra Javier Gómez de Liaño por «enemistad manifiesta» e «interés indirecto» en la causa.

La pelota cae ese mismo día del lado de Baltasar Garzón, que tiene que resolver sobre el asunto. Los motivos de recusación del ex director de El País son débiles, fútiles e incluso estúpidos. Al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 se le presenta una situación inmejorable para resolver el caso de un plumazo y devolverle la causa a su compañero. Sin embargo, opta por dejar que el Caso Sogecable se cueza en su propia salsa y resuelve una tras otra las peticiones de prueba del recusador. Pide a Telefónica que le remitan copias de los faxes enviados desde el teléfono del juez amigo e incluso ordena que se le intervenga el aparato.

De esta manera, la principal prueba de cargo contra Gómez de Liaño esgrimida por Cebrián, que el instructor estaba pasando sus autos antes de dictarlos a Antonio García-Trevijano y a Joaquín Navarro Estevan y que todo formaba para de una gran conspiración para acabar con Prisa, queda desvirtuada. En el registro del fax no aparecían los números de ninguno de los dos.

Garzón se ha quedado, por tanto, sin pruebas para «freírle los huevos» a su amigo. Pero decide esperar, otear el horizonte y valorar la actitud del Grupo Prisa, su encarnizado enemigo hasta hace poco. De esta manera, un asunto que debía estar resuelto antes de finales de junio, tarda dos meses y medio más en dirimirse.

Decidido a no dar puntada sin hilo, anula un viaje a Eaton, en el Reino Unido, para estudiar inglés con una beca del Foreign Office. Ese verano es mejor quedarse en España para pulsar las distintas opiniones antes de pronunciarse.

Entre tanto, siguen celebrándose las reuniones y cenáculos donde se habla del asunto, y el juez, que debía permanecer mudo, forma parte de ellos.

La casa de Baltasar Garzón ocupa una de las seis viviendas adosadas, de paredes rojizas y cubierta de teja marrón, situadas en una prolongación lateral de la calle de Sanchidrián, en la Colonia Benítez de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. Aunque una de las vías perpendiculares a esta calle se encuentra dedicada al Dr. Garzón, no se refiere, indudablemente, al juez que más homenajes ha acumulado en España y parte del extranjero.

Acceder a la vivienda no plantea dificultades. Basta llegar a la garita de la Guardia Civil que presta servicio en uno de los laterales de la calle, identificable por la potente cámara, tipo domo, situada en el techo, o seguir los postes del circuito cerrado de televisión de las vías adyacentes, con una doble cámara en cada torreta, una de ellas para captar la matrícula de los coches y otra para controlar el entorno. De esta forma es imposible perderse.

Un día, en medio del fregado, Baltasar Garzón ofreció una cena en su casa a la que asistieron el juez Joaquín Navarro y su mujer, Pura Mañas, Araceli Manjón con su marido y Antonio Navalón con su mujer, Carmen, una de las amistades poco recomendables del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Como era lógico, una de las cuestiones de las que se habló en la sobremesa fue el Caso Sogecable.

—Aquí no hay apropiación indebida ni nada parecido. No me explico cómo Gómez de Liaño ha podido meter la pata de esa manera, si no fuera por ciertas personas que le rodean —comenta Araceli Manjón.

—Mira, Araceli, yo pienso como tú, que probablemente no hay apropiación indebida. Ahora, no te permito que digas que Javier está prevaricando. Puede equivocarse, pero pongo la mano en el fuego porque es una persona honesta —afirma Navarro Estevan.

—Hay que convencer a Javier de que se aparte de esa investigación porque se está hundiendo y todavía está a tiempo. La «banda de los dos» se está volviendo loca —terció Garzón, iracundo.

—Lo que estás diciendo es una barbaridad. Te has convertido en enemigo de Javier y María Dolores, y eso es intolerable.

Fue entonces cuando intervino Antonio Navalón, el amigo del abogado Matías Cortés y hombre de confianza de Jesús de Polanco.

—Aquí a lo que hemos venido es a buscar una solución. Y lo que esperamos de ti Joaquín, tú que eres amigo de María Dolores, de Javier y de Baltasar, es que le pidas que tenga sensatez. Que no se equivoque con Sogecable porque tras la recusación de Cebrián vendrán otras. El que va a salir perdiendo es él.

Pocos días después hubo otra reunión en el hotel Alcalá de Madrid en la que estuvieron presentes Jaime García Añoveros, Baltasar Garzón, Jesús Neira y Joaquín Navarro Estevan. El profesor Neira propone:

—Joaquín, tú que eres amigo de los dos, dile a Baltasar que rechace la recusación y a Javier que se comprometa a archivar el Caso Sogecable.

—Mira, Jesús, tú, como no eres experto en Derecho no sabes lo que estás diciendo. Sugieres que prevariquen los dos y, además, que yo sea el inductor. Por favor, no vuelvas a repetir eso.

El columnista de El País, Jaime García Añoveros, no veía así las cosas. Por el contrario, era partidario de buscar un acuerdo antes de que Baltasar Garzón tuviera que resolver sobre un asunto tan espinoso que le afectaba a él personalmente como amigo de Polanco y accionista del Grupo Prisa. Navarro Estevan se dio cuenta de la trampa y saltó hecho un basilisco:

—Jaime, tengo la intuición de que esta reunión es una encerrona de Baltasar para tener una coartada, antes de estimar la recusación contra Javier. Quiere darnos a entender que él intentó todo lo que estaba en su mano y que los demás fuimos imbéciles. Si llega el caso, no voy a tener más remedio que decir abiertamente que tú eres el instigador de todas las falsedades y prevaricaciones que se están cometiendo en este asunto.297

Y ahí se acabó el encuentro. Era ya pleno verano, la recusación seguía sin resolverse y las espadas continuaban en alto.

¿Qué pasó entre el 15 de junio y los últimos días de agosto, en aquel cálido y tórrido verano madrileño? ¿Qué le ofrecieron a Garzón, defensor apenas un año antes de la sociedad civil y del ciudadano frente al Estado para que diera un giro de ciento ochenta grados y decidiera apoyar a El País, el órgano informativo del PSOE, el grupo desde donde había recibido las mayores embestidas en su carrera profesional? ¿Por qué aquel cambio de chaqueta sobre la marcha subiéndose de golpe al carro del polanquismo y del socialismo? ¿Era inocente o premeditada aquella resolución suya que, bajo el pretexto de inhibirse del asunto por estar contaminado, colocaba a su mejor amigo a los pies de los caballos?

Veamos, paso a paso, la evolución de los acontecimientos. Volvía con la piel no demasiado tostada, prueba inequívoca de que aquel verano había tomado muy poco el sol pese a haber estado en Gerona practicando rafting con su hermano Luis, que se dedica al tratamiento de aguas residuales y a la limpieza de piscinas. El 1 de noviembre, nada más incorporarse al trabajo, decidió antes que nada resolver la pieza separada de recusación. Para crearse una coartada en que apoyarse y demostrar que no actuaba por despecho, el 1 y 2 de septiembre de 1997 llamó a declarar como testigos a Jaime García Añoveros, a Joaquín Navarro Estevan y a Jesús Neira. Les sometió al siguiente cuestionario:

1.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro le refirió a usted que el 28 de marzo de 1997 —Viernes Santo— el citado señor Navarro Estevan participó en el restaurante Lur Maitea, de Madrid, en una cena en la que asimismo fueron comensales el juez don Javier Gómez de Liaño, la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado, el fiscal don Ignacio Gordillo, don Antonio García-Trevijano y don Jesús Neira.

2.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro le comentó a usted que en dicha cena-reunión se abordó de manera clara, directa y nuclear la cuestión de la denuncia formulada por don Jaime Campmany contra don Jesús de Polanco y otros, que dio lugar a las diligencias previas 541/97, en el Juzgado Central de Instrucción 1.

3.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro le comentó a usted en el curso de la aludida cena-reunión que don Antonio García-Trevijano insistió reiteradamente en que tanto la denuncia de don Jaime Campmany como la posterior querella formulada por don Javier Sainz Moreno, aun careciendo de suficiente fundamentación jurídica sustantiva, constituían el pretexto idóneo para atacar de manera frontal los intereses del Grupo Prisa y, según palabras textuales del señor García-Trevijano, acabar de una vez con Polanco y lo que representaba.

4.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro le comentó a usted que él personalmente objetó tal planteamiento del señor García-Trevijano porque era, literalmente, «una barbaridad», y ello no sólo por la palmaria ausencia de ilícitos penales, sino, igualmente, en razón de la evidente falta de legitimidad del señor Sainz Moreno para actuar como letrado de la acción popular.

5.- Diga si es cierto que el señor Navarro Estevan le comentó a usted que tanto el juez don Javier Gómez de Liaño como la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado expresaron, en la aludida cena-reunión, una opinión coincidente con la de don Antonio García-Trevijano.

6.- Diga si es cierto, a la vista de las objeciones formuladas por el señor Navarro Estevan, que se relacionan en la cuarta pregunta, y siempre según los comentarios que a usted le hizo don Joaquín Navarro, que el juez don Javier Gómez de Liaño, la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado y don Antonio García-Trevijano consideraron la conveniencia de que el señor García-Trevijano redactase y presentase otra querella «con el fin de mantener vivo el asunto».

7.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro le ha referido a usted que a raíz de la cena-reunión del 28 de marzo de 1997 han venido siendo constantes los encuentros entre el juez don Javier Gómez de Liaño, la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado y don Antonio García-Trevijano, siempre con el objeto de buscar cauces para procurar que la causa 54/97 genere, ya por su duración ya por las medidas cautelares adoptadas, el mayor gravamen posible a don Jesús de Polanco y al Grupo Prisa.

8.- Diga si es cierto que don Joaquín Navarro Estevan le ha referido a usted que a raíz de la cena-reunión del 28 de marzo de 1997 el juez don Javier Gómez de Liaño ha reiterado la remisión, a don Antonio García-Trevijano, de borradores de diversos autos recaídos en la causa 54/97 antes de proceder a dictarlos de manera formal.

9.- Diga si es cierto que el pasado 1 de mayo de 1997 se celebró una reunión entre el juez don Javier Gómez de Liaño, la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado y don Antonio García-Trevijano con el fin de hallar una cobertura formal que explicara la intensa relación que venían manteniendo, para lo que decidieron que don Antonio García-Trevijano asumiera formalmente la defensa de doña María Dolores Márquez de Prado en el expediente disciplinario que dio lugar a su traslado forzoso de la Audiencia Nacional.

10.- Diga si es cierto que desde la incoación de las diligencias previas 54/97 que se tramitan ante el Juzgado de Instrucción Número 1, don Jaime Campmany ha venido manteniendo constante comunicación con el juez don Javier Gómez de Liaño y la fiscal doña María Dolores Márquez de Prado, siempre con el monotemático objeto de evitar el sobreseimiento de la causa contra don Jesús de Polanco.

11.- Diga si es cierto que a usted le consta la existencia de una relación profesional de asesoramiento entre don Antonio García-Trevijano y las cadenas Televisa y Vía Digital

298 y, asimismo, que dicha relación data de fechas anteriores a la comida-reunión a que se viene haciendo alusión. Y exprese usted, igualmente, desde cuándo data en términos concretos la mentada relación de asesoramiento.

El cuestionario era, ni más ni menos, una trampa para demostrar que había una conspiración contra el Grupo Prisa, conspiración de la que formaban parte García-Trevijano, Gómez de Liaño y la fiscal Márquez de Prado junto con Jaime Campmany y otros elementos inconfesables (el Partido Popular y la derecha mediática) que no habían salido a relucir.

El consejero de Prisa, Jaime García Añoveros, lógicamente arrimó el ascua a su sardina. Aseguró que en la cena de Lur Maitea y en otras reuniones supo que Gómez de Liaño y García-Trevijano, actuando coordinadamente, preparaban una querella contra los administradores de Sogecable. Afirmó que el polémico abogado tenía interés político en que Polanco fuera a la cárcel como paso previo para terminar con el sistema socialista. Dijo que el juez le mandaba los borradores de sus autos antes de dictarlos para que los corrigiera. Entre los tres (García-Trevijano, Gómez de Liaño y Márquez de Prado) habían decidido reforzar la causa buscando nuevos querellantes por si la Sala de lo Penal rechazaba la acción popular de Javier Sainz Moreno, como así ocurriría.

El profesor Jesús Neira declaró que en la famosa reunión de Lur Maitea no se dijo nada. Recordó que ese preciso día fue a buscar a Navarro a Radio Nacional para tomar un café con él. Más tarde se reunieron con García-Trevijano y estuvieron hablando de Sogecable. Los asuntos los comentaban «de pasada» como meras «charlas de café», sin que ninguno de los asistentes a los distintos encuentros, a los que iba algunas veces el propio Baltasar Garzón, hubiera observado algún interés especial en perjudicar al Grupo Prisa.

Joaquín Navarro, el último en ser llamado a testificar, afirmó tajantemente que jamás había escuchado «comentarios conspirativos», y se negó a contestar a las demás preguntas del juez. «Mis amigos son los que yo quiero, hablo con ellos lo que me parece, y nadie tiene derecho a inmiscuirse en la esfera de mi intimidad».

Según contó Garzón a Pilar Urbano, aquel interrogatorio le sirvió para encontrar lo que buscaba: una excusa para no resolver el incidente de recusación. Se la proporcionó uno de los testigos, Jaime García Añoveros, que corroboró todo lo que él sabía a través de Joaquín Navarro Estevan y por algunas de las reuniones a las que había asistido.

El miércoles 3 de septiembre de 1997 se descolgó con un auto demoledor contra sus amigos, a los que tachaba de conspiradores, y contra Javier Gómez de Liaño, al que consideraba una pieza más del engranaje montado para acabar con el Grupo Prisa: «Por el contenido de alguna de las preguntas formuladas por la parte recusante a los testigos, y por las respuestas del señor García Añoveros, se han puesto de manifiesto en esta pieza separada una serie de datos de los que este instructor tiene cierto conocimiento anterior a través de las informaciones y comentarios extraprocesales que, ocasionalmente, le han suministrado dos de los ahora testigos, los señores Neira y Navarro, y algunas otras personas. Estos datos, al no haber aparecido hasta este preciso momento en las actuaciones, no han permitido la resolución que ahora se dicta para que tal extremo sea valorado por la Sala de Gobierno y quede amparada objetivamente la actuación del instructor que está tramitando este incidente por obligación legal, tanto en el caso de que aquella se estime como en el de que se rechace», decía. Y, dos párrafos más adelante, volvía con otra andanada: «Tanto uno como otro testigos [...] me han comentado en diferentes ocasiones, ya personalmente ya a través del teléfono, algunos de los encuentros, charlas y reuniones que se dicen mantenidas por el señor Gómez de Liaño, juez instructor, el señor García-Trevijano, el señor Campmany y otras personas, en las que se han tratado aspectos del fondo de las querellas, la forma de apoyar la acción inicial con otras acciones, la necesidad de que el procedimiento debía pervivir el mayor tiempo posible en una labor prospectiva, aun cuando no existiera base para ello, y la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de alguno de los querellados».

Tras este alegato, en el que convertía unas simples reuniones de un grupo de amigos en toda una trama conspiratoria, en la que aparecía el juez confabulado con los querellantes, actuando como parte y no como juez al buscar nuevos querellantes para reforzar la causa y tomando medidas cautelares desproporcionadas contra los dirigentes del Grupo Prisa, Garzón decide abstenerse por tener un conocimiento extraprocesal del asunto y envía la causa principal y la pieza de recusación al magistrado Manuel García Castellón para que resuelva.

El asunto, sin embargo, se iba a dirimir en otras instancias más altas y acabaría con la expulsión de Gómez de Liaño de la carrera judicial.

Altos cargos de la Audiencia Nacional se habían mantenido hasta entonces aparentemente distantes del asunto, aunque hay quien afirma que algunos de ellos movían el caso entre bambalinas, influyendo en la Sala de lo Penal para bloquear la investigación de sus segundos o terceros patronos.

En la primera semana de septiembre, cuando Baltasar Garzón le remitió su auto de recusación, pasó a primer plano y decidió intervenir personalmente. Acude al Consejo General del Poder Judicial con el auto del juez y se lo enseña a Javier Delgado Barrio. El presidente del órgano de gobierno de los jueces reúne inmediatamente la Comisión Permanente del Consejo. A la vista de los hechos que allí se narran remite las acusaciones contra Gómez de Liaño al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. De esta manera el asunto acabó en el Tribunal Supremo, que abrió una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, a la que se unió el Grupo Prisa, que le acusaba de tres delitos de prevaricación por otras tantas resoluciones inapropiadas tomadas por el juez en contra de los directivos de Sogecable según el Supremo.299

El 16 de septiembre de 1999 Gómez de Liaño se sentaba en el banquillo de los acusados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tras casi un mes de vista oral fue condenado y expulsado de la carrera judicial. Meses antes, el 17 de junio de 1998, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, había resuelto el expediente de recusación a su favor y archivado el Caso Sogecable al no apreciar delitos societarios, de falsedad, de apropiación indebida ni de ninguna otra clase.

Garzón, la persona que le puso el dogal al cuello, diría de él: «Abusaron de su bonhomía, trastearon su vanidad. Como su talón de Aquiles era cierta tendencia al heroísmo iluminado hasta inmolarse si era preciso, imbuyeron en él la idea de la trascendencia histórica del Caso Sogecable como obra purificadora [de la sociedad española, corrupta por el PSOE con el apoyo del Grupo Prisa] en el sacrosanto nombre de la justicia [...]. Para mí fue el tiempo más amargo de mi vida».

Frente a esta actitud, entre condescendiente y falsamente exculpatoria, en un libro titulado Pasos perdidos, Javier Gómez de Liaño ofrece un retrato demoledor del personaje. «Desde que lo conocí, Baltasar me dio la sensación de que era un hombre al que ciertos intelectuales, sobre todo los fabricantes de idearios y consignas, y también algunos amigos utilitaristas uncidos al carro del vencedor, le habían vaciado la cabeza y sustituido la prudencia, la sencillez y la reflexión por el oro, el incienso y, sobre todo, la mirra; o sea, por el boato y el apego al poder. La culpa no fue sólo suya, sino también de quienes le mecieron en columpios de grandeza, sobre todo el de la política, tan difícil de parar cuando el cojinete de la humildad no está engrasado».

Más duros en sus críticas se mostraron el director de Época, Jaime Campmany, y el juez Joaquín Navarro Estevan: «Empezaré hoy por santiguarme con Machado. El pecado de soberbia es un pecado grande, monumental, capital. Pecado de ángeles rebeldes y de príncipes de la Iglesia, que no se cura si no es con esa virtud tan difícil y conmovedora que es la humildad. En cambio, el pecado de vanidad es un pecado de segunda, una cagarruta de pecado, pecado de pavo y de gallo de corral, pecado de tenor sin do y de vicetiple entretenida. El pequeño y ridículo pecado de la vanidad no merece ni por el forro los manoseados versículos del Eclesiastés, "Vanitas vanitatum et omnia vanitas". Morir de soberbia es muerte de dioses. Morir de vanidad es muerte de homúnculos», decía Campmany con motivo de la salida de su libro.300

Navarro Estevan tampoco ahorraba calificativos: «El juez Baltasar Garzón se inventa casi todo. Está respaldado por el Gobierno y por eso se permite la chulería de firmar autos de procesamiento o de prisión absolutamente fabulados. [...] Ha encarcelado [como etarras] a personas pacifistas o contrarias a la acción armada, como Sabino Ormazábal o Pepe Uruñuela, a quienes conozco personalmente. Las decisiones de Garzón, por injustas que sean, son impunes porque están respaldadas por el poder político. Se le permite cualquier caza de brujas, lo que me parece alarmante e inquietante».301

El personaje que meses antes —en 1995 y 1996— había escrito dos artículos sobre la sociedad civil, desmarcándose políticamente del PSOE y posicionándose ideológicamente al lado del presidente de Banesto, Mario Conde, con la sentencia en contra de su amigo Javier Gómez de Liaño da un nuevo giro copernicano y se instala en los círculos de El País y los medios del Grupo Prisa.

En la primera semana de octubre de 2005 aparece en la lista de más de trescientos invitados a la fiesta de los Premios Sorolla302 que la Hispanic Society de Nueva York, fundada por el estadounidense Archer M. Huntington, celebró en el Rockefeller Center, en el centro de Manhattan, para galardonar al recientemente fallecido zar de las letras españolas Jesús de Polanco, por su negocio de la cultura.303

Melchor Miralles y Pedro J. Ramírez habían dado ya lo que tenían que dar a Garzón. Por eso, a partir de 2001 los artículos de opinión del juez estrella, mayoritariamente sobre los derechos humanos, en contra de la guerra de Iraq y del PP, comienzan a ser publicados en el diario El País304 y a ser reproducidos por los medios afines: El Periódico de Catalunya, de Antonio Asensio y La Vanguardia de Javier de Godó, conde de Godó. Lo que revela que Garzón es un as a la hora de otear el horizonte, ver por dónde calienta el sol y colocarse bajo el paraguas protector de los poderosos. Un juez que, al igual que Jesús de Polanco, Mario Conde, Javier de la Rosa o Manuel Prado y Colón de Carvajal, marcará una época de la historia de España.

Capítulo XII

Argentina, a ritmo de tango

Fue el comienzo de la popularidad internacional de quien era hasta entonces un juez intrépido, capaz de hurgar en las entrañas del Gobierno y conocer las entretelas de los fondos reservados y del crimen de Estado. En 1997 Garzón decidió meter la nariz en Argentina, donde una dictadura militar había asolado el país, sembrado las calles de muertos, desaparecidos y exiliados con el pretexto de acabar con las actividades subversivas de media docena de brutos guerrilleros que previamente se dedicaban a sembrar la anarquía y el pánico en las grandes ciudades. El juez español no actuó bajo el mandato de ningún tribunal internacional, sino aplicando un concepto de justicia universal que se había sacado la izquierda judicial para ajustar las cuentas a las dictaduras de derecha una vez caído el Muro de Berlín. Aplicó las leyes de Núremberg, que no estaban en ningún código escrito, a los dictadores de derecha, y puso en entredicho el proceso de transición hacia la democracia que los gobiernos argentinos habían dictado, obligando al Parlamento a derogar leyes como la de Punto Final y Obediencia Debida. Mientras tanto, a los antiguos jerarcas y torturadores de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía o Alemania del Este ningún juez europeo les tocó ni un pelo. ¿Justicia, ajuste de cuentas de clase o venganza?

***

A comienzos de enero de 1976 la revista Cambio 16, donde trabajaba entonces el autor, publicó una portada premonitoria: «Argentina, golpe a ritmo de tango». En su interior, la publicación hacía referencia al ultimátum dado por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Jorge Rafael Videla, señalando que o bien los políticos arreglaban sus problemas dentro de los cauces democráticos o el ejército se vería obligado a intervenir. No era un aviso cualquiera, sino la séptima advertencia dada por el general jefe del ejército ante la sangría que vivía el país, con media docena de grupos terroristas matándose entre ellos y decenas de muertos casi a diario en las calles.

Los grupos guerrilleros argentinos no se dieron por aludidos. Siguieron ajustándose las cuentas entre ellos con la misma facilidad con que acuden al psiquiatra para que les ausculte el alma, o con la misma manía con la que se dejaban crecer las patillas hasta la comisura de los labios. Entre tanto, el país, gobernado por Isabelita Martínez de Perón, la incompetente amante y después esposa del general populista Juan Domingo Perón, entraba en un periodo de franca anarquía.

De hecho la violencia no era nueva. Los mismos electores que el 11 de noviembre de 1951 eligieron al general con el 65 por ciento de los sufragios trataron de asesinarle en la Plaza de Mayo años después, el 16 de junio de 1955. Emplearon nada menos que treinta y dos aviones militares, casi toda la fuerza aérea, para ametrallar una multitud entre la que se encontraba. No lo consiguieron, pero en el intento se llevaron por delante a otros 364 compatriotas con fuego de ametralladoras y bombas.

El abandono del poder y la salida del dictador al exilio se plantearon como la solución. Los argentinos, sin embargo, siguieron matándose a ritmo de tango, ese baile entre arrabalero y místico, a veces dulce, a veces bravo. Y provocaron numerosos hechos insurreccionales como el Cordobazo, el Mendozazo, el Tucumanazo, el Rocazo, el Vivorazo y otros «azos» con decenas de muertos y centenares de heridos.

Para poner fin a las matanzas, el candidato peronista y presidente de la República, Héctor Cámpora, trajo del exilio al ya decrépito dictador. Lo recibieron en loor de multitudes en el aeropuerto de Ezeiza. Casi un millón de personas, donde peronistas y montoneros de izquierdas se disputaron a tiros la herencia del dirigente populista. El resultado no podía ser otro: 25 personas muertas y 365 heridas de bala el mismo día de su regreso.

Las elecciones del 11 de marzo de 1973, en las que el tándem Juan Domingo Perón-María Estela de Perón se alzó con el poder, no resolvieron el problema. La sociedad argentina se dividió aún más y a los Montoneros se les unieron otros grupos guerrilleros de izquierda, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y otros grupúsculos dispuestos a predicar sus ideas con la Biblia del Che Guevara: la metralleta.

Incapaz de controlar los asesinatos de militares, sindicalistas, estudiantes, profesores universitarios y otros, Perón tuvo entonces la ocurrencia de encargar al futuro ministro de Bienestar Social, José López Rega, El Brujo, que creara la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) para poner freno a tanto desmán.

Fue peor el remedio que la enfermedad. Entre 1973 y 1977 la Triple A asesinó a no menos de 1.500 activistas de izquierdas y abrió nuevas heridas entre los distintos bandos enfrentados en una guerra civil sin declarar.

Los argentinos, que presumían ante el mundo de ser la Suiza de Latinoamérica, por su cultura y su agricultura, al tiempo que con esa humildad que les caracteriza no dejaban de mirar a sus vecinos por encima del hombro, habían entrado en una especie de locura colectiva que ya no se curaba ni siquiera en las decenas de miles de divanes de sus psicoanalistas. Era un desastre que parecía no tener remedio.

***

Al no conseguir que los distintos grupos guerrilleros, cada vez más envalentonados, dirimieran sus problemas en las urnas, Jorge Rafael Videla, jefe del Estado Mayor y comandante de las Fuerzas Armadas, como otros muchos militares de su escuela se sintió obligado a intervenir. Tras dar un golpe de Estado y deponer a Isabel Martínez de Perón, se hizo cargo del poder, nombró una junta militar y decidió resolver el problema de la guerra subversiva como los militares acostumbran a hacerlo: borrando de la faz de la tierra a toda persona que no piense como ellos.

Lo hizo, además, de forma metódica, sistemática, casi matemática. Al igual que en Chile, se limitó a aplicar a rajatabla los manuales sobre la guerra revolucionaria que el coronel francés Charles Lacheroy había escrito años antes a partir de sus experiencias en la Guerra de Indochina, y que posteriormente sirvieron de libro de texto en la Escuela de las Américas de Panamá.

Dividió los grandes centros urbanos en zonas, subzonas y sectores, creó centenares de grupos de tareas, puso a un oficial al mando de cada cuadrícula y les dio carta blanca para peinar las grandes urbes calle por calle, casa por casa, para «arrancar de raíz la mala hierba», es decir, a los peronistas y justicialistas de izquierda.

Como la mayoría de los grupos terroristas tenían su organización cerrada, con una férrea disciplina, muchos de ellos escaparon inmediatamente al extranjero, especialmente a Estados Unidos y Europa. La salvaje y más brutal de las represiones jamás ejercidas en Argentina se cebó, en consecuencia, en la mayoría de casos en personas inocentes, ajenas a la violencia terrorista.

De esta manera, lo que se inició como una ofensiva a los grupos armados subversivos, acabó afectando a obreros, estudiantes, periodistas, dirigentes políticos, abogados, jueces y profesores universitarios. La gente mejor preparada del país en todos los campos fue así sistemáticamente perseguida, encarcelada, deportada, torturada y asesinada. Para que no quedara huella de la más feroz de las atrocidades, los cadáveres de muchos «insurgentes» fueron hechos desaparecer tras romperles los huesos, mutilarlos o tenerlos encadenados durante meses en cárceles secretas.

La guerra de Las Malvinas, durante la presidencia del almirante Leopoldo Fortunato Galtieri, y la derrota sufrida por el ejército argentino frente a una fuerza combinada británica, que recuperó para el Reino Unido el archipiélago situado en el Atlántico sur, casi en la Antártida, acabó con la dictadura militar. Tras la humillación pública sufrida por unos generales y jefes que eran hábiles a la hora de acabar con decenas de miles de sus propios compatriotas, pero que demostraban ser unos perfectos inútiles en la defensa de su territorio frente a un enemigo con una retaguardia situada al otro lado del Atlántico, el ejército dejó el poder y convocó elecciones generales.

***

Las elecciones del 10 de diciembre de 1983 dieron paso a la Casa Rosada, como presidente de la República, al abogado de origen gallego Raúl Alfonsín, que había concurrido a las urnas al frente de su partido, la Unión Cívica Radical. Compañero de colegio de Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, obró como se esperaba de él. Cinco días después de tomar posesión de su cargo, adoptó dos decisiones trascendentales para el futuro del país, al sancionar los decretos 157/83 y 158/83.

Mediante el primero de ellos daba instrucciones para enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP305 y Montoneros detenidos. Con el segundo solicitaba al Parlamento el procesamiento de las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

El dirigente radical fue mucho más allá. Ese mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La integraban personalidades independientes, ajenas a la política, entre ellos Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide y otros. Su misión iba a ser la clave de todos los procesos judiciales y políticos desarrollados en el futuro. La misión de la llamada Comisión Sábato era la de investigar, documentar y elaborar un amplio informe sobre las violaciones de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983. Así, la opinión pública, el Gobierno, los tribunales de justicia y el Parlamento tendrían una información seria y rigurosa sobre lo que había ocurrido en el periodo más negro de la historia del país. Al mismo tiempo los tribunales contarían con pruebas y testimonios para enjuiciar a las juntas militares responsables de los asesinatos masivos.

Paralelamente, el dirigente radical enviaba al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Autoamnistía n° 22.924 dictada por el último Gobierno militar, presidido por el general Reynaldo Bignone, para crear en torno suyo y de sus antecesores una «coraza jurídica» que les mantuviera inmunes de sus terroríficos delitos de lesa humanidad. Una semana después la Cámara retiraba la inmunidad a los militares golpistas y permitía su enjuiciamiento por tribunales civiles y su posible condena por los crímenes cometidos entre 1976 y 1983.

Tendría que pasar, sin embargo, casi un año para que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que presidía el autor de El túnel, Sobre héroes y tumbas o Abaddón el exterminador entre otros libros306 entregara el 20 de septiembre de 1984 al presidente Raúl Alfonsín su informe «Nunca más», en el que se relatan pormenorizadamente los horrores y atrocidades sin cuento cometidos por la Junta Militar.

Y otro asunto no menor que en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta: los 600 muertos ocurridos en los dos años anteriores, lo que en manera alguna puede argüirse como excusa o pretexto para que el general Videla se alzara con el poder y, mucho menos, para que desatara una represión indiscriminada en contra de lo que las juntas militares denominaban «subversivos».

***

El escándalo fue mayúsculo. A raíz del informe, los tribunales militares que estaban enjuiciando a las juntas militares se sintieron desautorizados y dimitieron. El caso pasó a los tribunales civiles, concretamente a la Cámara Federal, que inició sus actuaciones el 34 de octubre de 1984.

Para evitar que el juicio se convirtiera de nuevo en una farsa, Alfonsín nombra personalmente a dos fiscales independientes, de gran prestigio, para que lleven la acusación. Es así como Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo (en 2007 fiscal general de la Corte Penal Internacional con sede en Bruselas) se encuentran de pronto desbordados por centenares de investigaciones e interrogatorios a supervivientes de la represión, testigos e imputados.

Una vez investigados 281 casos representativos de las decenas de miles de torturas, mutilaciones, asesinatos, desapariciones y deportaciones masivas de ciudadanos cometidos por la Junta Militar, se dio por concluida la causa. Los principales generales que dirigieron los destinos del país en los fatídicos años de la dictadura tuvieron que sentarse en el banquillo.

Celebrada con todas las garantías procesales, la vista oral del macroproceso duró casi cuatro meses, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, y fue abierta al público. Tras otros cuatro meses para estudiar los hechos probados del plenario, el 9 de diciembre el tribunal dictó la sentencia. No fue, precisamente, benévola. El general Jorge Rafael Videla y su segundo, el almirante Eduardo Massera, eran condenados a reclusión perpetua.307 Al general Roberto Eduardo Viola, que les sucedió en el poder en 1981, se le condenaba a 17 años de prisión; al almirante Armando Lambruschini308 a 8 años de prisión; y al general del aire Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

La condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, donde hasta entonces ninguno de las decenas de militares golpistas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Colombia o Nicaragua habían sido encarcelados, sometidos a proceso judicial o condenados a vivir de por vida entre rejas. Por el contrario, la mayoría de ellos morían de viejos en sus suntuosas residencias particulares, rodeados del afecto y el cariño de sus familiares.

Es cierto que no todos los responsables de las torturas, las desapariciones y los asesinatos se sentaron en el banquillo. Tampoco todos los criminales de guerra acusados del holocausto, de exterminar a seis millones de judíos entre 1940 y 1945, fueron juzgados en Núremberg. Otro tanto ocurrió con muchos criminales nipones o con los ustachis de Ante Pavelich,309 que exterminaron a medio millón de serbios cristianos ortodoxos sin que la Iglesia, que vio cómo de la noche a la mañana se convirtió al catolicismo millón y medio de ellos, hiciera nada para evitar las matanzas.310 O con los nazis, autores de las matanzas de las Fosas Ardeatinas en Italia, tras la caída de Mussolini.

Por otra parte, conviene tener en cuenta, como ocurre en España, que las víctimas siempre piden justicia y nunca es suficiente para mitigar su dolor. En Argentina la pidieron desde la década de 1970 hasta 2000 y nunca se conformaron con las penas impuestas. Otros ejemplos se dan en otras partes del mundo; es el caso de la concejala del PP en Azkoitia, Pilar Elías, exigiendo que el asesino de su marido tras cumplir condena no pueda instalarse de nuevo junto a su casa; o que el general golpista argentino Jorge Rafael Videla no vuelva a pasear tranquilamente por Buenos Aires, tras ser amnistiado. Todo esto revela lo complejo que es hacer justicia en casos de torturas, terrorismo o genocidio. De hecho, el tormento para las víctimas sólo se extingue con la desaparición física del verdugo, lo cual no quiere decir que aquí estemos a favor de la pena de muerte.

En este contexto, ¿era justo reabrir nuevos procesos judiciales dentro o fuera de Argentina? ¿Valía la pena volver una y otra vez sobre las viejas heridas? ¿Había que hacerlo a ritmo de tango?

***

La sorpresa y el desconcierto en el mundo político y judicial español fueron mayúsculos. Todo salió, sin embargo, como habían planeado el fiscal Carlos Castresana y el abogado argentino Carlos Slepoy, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de su país en España.

El 24 de marzo de 1996 Baltasar Garzón estaba de guardia en la Audiencia Nacional. Como miembro de la Unión Progresista de Fiscales y no en representación del ministerio público, esa mañana Castresana se planta en la Audiencia Nacional y presenta una querella criminal contra la dictadura militar argentina que rigió los destinos del país desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.

En la querella, elaborada con la base documental que posee la Asociación Pro Derechos Humanos argentina, se acusa a los cuatro jefes de las juntas militares argentinas que se turnaron en el poder —y a otros altos cargos que formaron parte de las mismas311 — durante los siete años que siguieron al golpe de Estado312 contra María Estela Martínez de Perón de varios delitos de «genocidio, terrorismo y torturas» cometidos contra un número indeterminado de argentinos que no baja de los 20.000, según los cálculos más optimistas.

Tal y como parecía acordado de antemano, Garzón aceptó a trámite la querella, llamó a ratificarse a Carlos Castresana y permitió la personación de nueve acusaciones particulares.313

Acto seguido, el 12 de septiembre de ese mismo año remitió una comisión rogatoria a Argentina requiriendo a 101 imputados, entre vivos y muertos, de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y La Rioja que se pasaran por su juzgado a declarar, entre ellos a Jorge Rafael Videla, Domingo Bussi y Eduardo Massera.314

Cuando llegó la comisión rogatoria a Buenos Aires, la carcajada general se oyó en la Pampa, el Paraná y hasta en la Patagonia. El entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, que había tenido ya varios encontronazos con Garzón por el Caso Yomagate, replicó a los pocos días: «El juez Garzón propone aplicar una ley de extraterritorialidad que Argentina no acepta».

Según cuenta Garzón, en el momento en que hizo extensiva la orden de detención al general Leopoldo Fortunato Galtieri, recibió una llamada de Carlos Menem, quien pretendía pedirle explicaciones. «Me negué categóricamente a ponerme al teléfono para mantener la dignidad de la justicia», ha escrito. No pudo evitar las burlas y chanzas de los argentinos. «Garzón no está en su sano juicio», declaró a Página 12 el canciller Guido di Tella.315

Poco después el Ministerio de Exteriores argentino remitió una nota verbal a la Embajada de España negando oficialmente cualquier apoyo a la investigación sobre la guerra sucia y considerando una injerencia intolerable la decisión de la justicia española. El Gobierno argentino aseguraba, además, que el asunto había sido juzgado por sus tribunales y los principales responsables del genocidio condenados a severísimas penas. A todo ello habría que añadir las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, aprobadas por la Cámara en 1986 y 1987, que beneficiaron a los escalones inferiores de las Fuerzas de Seguridad implicados en los delitos de represión política.

«¿Puede el juez Garzón obligarnos a que modifiquemos nuestras leyes para hacer carrera fuera de España, después de haber abandonado el PSOE con cajas destempladas, y una vez ha derribado del Gobierno a Felipe González, con sus falaces actuaciones judiciales? ¿Estamos los mandatarios del mundo entero obligados a someternos por encima de nuestras propias leyes a su soberbia y a su vanidad infinitas?», se afirmaba en la nota.

Los militares que reclamaba en España para ser procesados y encarcelados también levantaron la voz indignados. «En Argentina el asunto de la guerra sucia está resuelto con las sanciones penales que se impusieron. El caso es cosa juzgada para nosotros. Ningún juez, de ninguna parte del mundo, tiene derecho a reabrir los asuntos ya resueltos por nuestros tribunales», protestó Domingo Bussi, ex general y gobernador de Tucumán. El resto de los espadones incriminados reaccionaron en el mismo sentido.

Decidido a comerse el mundo y a emprender la acción judicial más ciclópea realizada por la justicia española desde hace tiempo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 no se achantó. Decretó el procesamiento de los 101 imputados sin oírles previamente. Y tomó una segunda decisión más onerosa para algunos: envió una segunda comisión rogatoria a Suiza y bloqueó las cuentas corrientes a siete dirigentes de las juntas militares.

El 3 de febrero de 1997 llamó a declarar a la ex presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, afincada desde años atrás en España. Tras un largo interrogatorio, al final del cual un grupo de familiares de los desaparecidos la llamó asesina y le lanzaron huevos que alcanzaron su abrigo color canela y su pañuelo estampado, Martínez de Perón aseguró no tener datos sobre los desaparecidos en Argentina. En su deposición no reconoció que en 1975 firmó un decreto dando inicio al Operativo Independencia, que permitió la intervención sin mandamiento judicial de las Fuerzas Armadas en la provincia de Tucumán para poner fin a la insurgencia. Tampoco hizo referencia a su abandono provisional del poder en el otoño de ese año, dejando el país en manos de su vicepresidente, Italo Luder, ni habló de su paulatino desentendimiento de las responsabilidades del poder.

Toda su argumentación fue que ella había sido una «marioneta», un «títere» en manos de los militares, que la obligaron a retirarse del poder en 1976 y a trasladarse años después a España, a su residencia de Puerta de Hierro,316 donde desde entonces vivía al margen de la política.

La declaración no aportó ningún elemento que esclareciera unos hechos ocurridos veinte años antes, pero obsesionado con el montaje de operaciones teatrales con mucha parafernalia y poca enjundia, al estilo de Alfonso Paso o Carlos Arniches, Garzón continuó adelante con su obra, en la que el actor principal era él, y no los grandes torturadores de la historia que decía perseguir.

La tramitación de la causa, con el Parlamento argentino en contra, no iba a ser un camino de vino y rosas, sino todo lo contrario.

***

En la segunda quincena de abril de 1998 algunos diputados peronistas, con el jefe de su grupo, Humberto Roggero, a la cabeza visitan España y se hospedan en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

Al enterarse Baltasar Garzón por las acusaciones particulares que Roggero podía conocer la existencia de fichas dactiloscópicas y listas de desaparecidos y muertos durante la dictadura militar, decidió citarle a declarar a su despacho. Sin tener en cuenta que los parlamentarios argentinos eran aforados y contaban con inmunidad diplomática en virtud de los convenios internacionales suscritos entre Argentina y España, envió a un oficial de su juzgado con una citación exigiendo comparecencia al parlamentario.

El diputado peronista, muy nervioso, recogió la citación y escribió en el dorso que estaba dispuesto a esclarecer aspectos importantes de la represión en Argentina. Añadió también que se negaba a testificar ante un juez extranjero. Consideraba que Garzón no era competente para la investigación y el castigo de los culpables por la violación de los derechos humanos en su país. «Mucho menos —señaló— para interrogar a los parlamentarios argentinos, que declaran por escrito y en su despacho, según nuestras normas internas».

—Dígale al juez que investigue la muerte de la señora de Molfino, que respete la separación de poderes y que a nosotros nos deje tranquilos —le espetó al oficial—.317 Y adviértale que no pretenda investigar lo que sucedió a 12.000 kilómetros si es incapaz de saber lo que pasó a las puertas de su juzgado.

—¡Que no sea chanta [fantasma] y respete el derecho de territorialidad argentino! —le gritó otro de los presentes, el diputado Carlos Soria.

Pese a que debía conocer los privilegios de los aforados, dos horas después el Campeador volvió a comportarse como si fuera el juez de la horca y no existiera más ley que la suya. Según el embajador de Argentina en España, mandó a otro ujier, esta vez supuestamente acompañado de la Policía,318 a citar «a la fuerza, contra toda norma de derecho y sin respetar los tratados internacionales» a los parlamentarios.

La citación, entregada a las ocho y media de la tarde en el vestíbulo del hotel, era para el día siguiente a las diez de la mañana.319 El incidente, calificado por Garzón de «burla hacia la comisión judicial [...] previamente orquestada» y «acción grotesca» «con el fin de provocar una información sesgada y manipulada que afecte a la tramitación de la causa judicial», acabó casi en una ruptura de relaciones entre Argentina y España.

El vicecanciller argentino Andrés Cisneros llamó inmediatamente al embajador de España en Buenos Aires, Carlos Calderera Soler, y le exigió explicaciones por la inopinada situación judicial creada en España por la actitud del magistrado Baltasar Garzón, «acosando y acorralando a unos parlamentarios que se hallaban de viaje en Madrid». Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores, Guido di Tella, llamó a Abel Matutes para exigirle que España respetara la inmunidad parlamentaria de sus diputados en aplicación de los tratados internacionales. «Si quiere interrogarlos, que pida la correspondiente comisión rogatoria, tramite el suplicatorio previo a la Cámara, se traslade a Argentina y venga a escucharles a su propio despacho, como ordenan nuestras leyes», propuesta a la que se unió el ministerio público español. «Al tratarse de aforados tiene que ofrecerles la posibilidad de tomarles declaración en su despacho, tal y como ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las leyes de su país, y no cazándoles al lazo»,320 expuso el fiscal Fungairiño a sus compañeros. El hombre que veía amanecer no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y, al parecer, intentó volver a citar a los parlamentarios argentinos bajo el apercibimiento de detenerles si desobedecían sus mandamientos. No tuvo siquiera tiempo de hacerlo. Aterrorizados, al día siguiente tomaron un avión y «escapaban» a su país.

La irrupción de un personaje barojiano, esperpéntico, bullanguero y tan excéntrico como él, dispuesto a ser el novio en la boda y el muerto en el entierro si ello le daba algo de fama, le concedía la posibilidad de cometer un nuevo atropello contra las leyes españolas.

***

«Quiero decirles a todos que me siento un asesino. Desde que hice el primer vuelo de la muerte no puedo dormir si no uso Lexotanil o alcohol. Es muy complicado para un ser humano arrojar personas dormidas al mar en las condiciones que lo hicimos nosotros». «A los detenidos los teníamos día y noche acostados, engrillados e inmovilizados». Como tenían la cabeza cubierta los militares bautizaron el lugar como «capucha». La Armada argentina consultó a la Iglesia católica para eliminarlos de «una forma cristiana y poco violenta», y la conclusión fue que los condenados «iban a volar». «A los presos elegidos para aplicarles la solución final se les decía que iban a ser trasladados al sur del país y que por ese motivo se les ponía una vacuna. En realidad, el médico les aplicaba pentotal para atontarlos y luego se les embarcaba como zombis en el avión». «Los días de matanza eran los miércoles. A los presos encerrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se les llamaba por su número y se les inyectaba la droga para que no sufrieran». «Arriba del avión el médico les aplicaba una segunda dosis del calmante y quedaban dormidos totalmente. Seguidamente el profesional de la salud se retiraba hacia la cabina por el juramento hipocrático. Dos oficiales y dos suboficiales desnudaban a los prisioneros. Cuando el comandante daba la orden en función de donde estaba el avión, mar afuera de la base naval de Punta Indio, se abría el portón trasero. Los levantábamos y los arrojábamos al mar desnudos». El 10 de marzo de 1995 el capitán de corbeta Adolfo Francisco Scilingo Manzorro hizo estas espeluznantes declaraciones sobre los llamados «vuelos de la muerte» en la televisión argentina. Teniente de corbeta de la Marina destinado en Puerto Belgrano cuando se desató la «guerra» contra los insurgentes, uno de los miembros activos de la terrible Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, donde se torturaba y aniquilaba sistemáticamente a los opositores, Scilingo estaba obsesionado en airear y dar a conocer las atrocidades cometidas en su país entre 1974 y 1979.

No «desnudaba su alma» porque aparentemente estuviera arrepentido de lo que habían hecho supuestamente él y sus compañeros. Separado de su mujer, expulsado de las Fuerzas Armadas por problemas mentales, había pasado muchas penurias y calamidades hasta entonces para sobrevivir. Meses antes había descubierto un «filón» para ganarse la vida: la escritura del libro Por siempre nunca más,321 que le empezó a reportar importantes beneficios.

Su aparición en televisión, sin embargo, despertó los fantasmas dormidos en la conciencia de muchos argentinos, sacudió el alma colectiva de la nación y muchos familiares de presos, desaparecidos y asesinados salieron de nuevo a la calle a pedir justicia.

El 20 de marzo de 1995 fue llamado a declarar ante la justicia de su país y confesó que él y otros ciento treinta compañeros, oficiales de la Armada, habían participado directamente en la represión, encargándose de transportar a centenares de opositores a la dictadura, narcotizados y con las manos y los pies atados, para arrojarlos al mar con el fin de hacer desaparecer sus cuerpos. Scilingo acusaba a sus superiores, especialmente al jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, de haber encubierto todos aquellos crímenes, y le instaba a que divulgara las listas de los desaparecidos. «Es obligatorio que se entreguen las listas de abatidos o muertos para que de una vez por todas se termine con esa situación insólita de los desaparecidos», reclamaba.

Declarándose un «represor arrepentido», denunció que durante la dictadura militar funcionaron docenas y docenas de campos de exterminio en cuarteles y comisarías. La comisión «Nunca Más» estimaba en 10.000 el número de víctimas mortales, cantidad que otros organismos humanitarios hacían extensiva hasta las 30.000. En un pacto de silencio, ningún militar reconoció haber asesinado a prisioneros desarmados.

«Yo mismo integré junto a los capitanes de corbeta Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón un "grupo de tareas". Capturábamos a quienes eran sospechosos de «marxistas». Los trasladábamos hasta la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Allí se les torturaba para arrancarles información y para que delataran a sus compañeros». Hasta el sótano del casino de oficiales de la ESMA se había convertido en sala de torturas. «A la puerta —cuenta Graciela Daleo, una superviviente— había dos carteles: uno ponía "Avenida de la Felicidad" y otro "El silencio es salud". Mientras me daban descargas eléctricas yo rezaba avemarías a gritos. Pernías tenía un crucifijo en el cuello y se volvía loco, luego me hizo un simulacro de fusilamiento».

Según Scilingo, más de 1.500 opositores «volaron» con cargo a la Marina. Otros, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, vieron cómo una contraorden recibida en la cabina del avión —«Flaco, te salvaste»— conmutaba su condena a muerte. De regreso a las bases, «los capellanes —recuerda Scilingo— confortaban a los oficiales con citas de los Evangelios sobre la separación del grano y el trigo. Nosotros obedecíamos sin rechistar, era un acto supremo de entrega que se hacía al país». «Desde entonces tengo cargos de conciencia, pero como hombre, como ser humano y no como militar. Como soldado actué completamente convencido, sólo cumplí con mi deber y ganamos la guerra a la subversión, que era lo importante».

Un repaso a sus declaraciones en la prensa durante los años 1995 y 1996 revela que Scilingo era un personaje esperpéntico, imaginativo, con una tremenda capacidad de fábula, que cada día necesitaba inventarse nuevos hechos cada vez más horripilantes para atraer el interés, convertirse en el centro de atención y vender su libro.

***

Transformado en una especie de showman, vivió todo el año 1995 y parte de 1996 de narrar el dolor ajeno, que adobaba con hechos que había vivido —los menos— y narraciones que le hacían las víctimas de la peor oleada de terrorismo que había vivido Argentina en el siglo XX.

Nacido el 28 de julio de 1946 en la ciudad de Bahía Blanca, responsable en 1997 y 1978 del taller de mecánica de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, cuando el show-business se le acabó en Argentina, movido por un claro afán de notoriedad, pidió entregarse a las autoridades francesas para que le «juzgaran» y abrir un nuevo filón en París.322 No le hicieron caso y el 8 de octubre de 1986 envió una carta al juez Baltasar Garzón para que le permitiera declarar como testigo protegido.323 Como no recibió contestación, posteriormente se presentó en el Consulado General de España en Buenos Aires324 acompañado de su abogado, Mario Fernández Ganora.

Guiado también por el despecho hacia sus superiores, al haber sido expulsado de la Armada, pretendía declarar en la Audiencia Nacional como testigo de cargo sobre la represión militar argentina y «hacer una limpieza general de torturadores y represores en el país». Ponía una sola condición: su deposición no debía ser objeto de procesamiento ni de prisión en contra suya.

—He venido a España a denunciar a la dictadura militar y a pedir justicia, no a que me tomen por cabeza de turco. Sería de risa que yo acabara en la cárcel mientras al generalato argentino, a los represores, nadie les toca un pelo —le dijo al funcionario de la embajada.

Por las mismas fechas se puso en contacto con Izquierda Unida y con los letrados de la Asociación Libre de Abogados para que le facilitaran su acceso al juez. Hasta sus propios letrados, Rosalía Liliana Magrini y Mario Fernández Ganora, llegaron a presentarse en el Juzgado Central Número 5 para que se tomara declaración al oficial «arrepentido».

Sin obtener respuesta alguna del titular del juzgado, el 6 de octubre de 1997 el torturador argentino viajó a España. Había sido invitado a participar en el programa de Radio Nacional de España que dirigía Carlos Herrera,325 cobrando del ente público una suculenta minuta y los gastos de su séquito de cuatro personas.

Aprovechando su estancia en Madrid pretendía, además, presentarse en la Audiencia Nacional y prestar declaración. Los primeros problemas se plantearon nada más pisar suelo madrileño. Los abogados de Izquierda Unida, Enrique de Santiago Romero, Virginia Díaz y Frank Pérez, pretendían que declarara como testigo protegido, pero los de la Asociación Libre de Abogados eran partidarios de que el juez le imputara como genocida y torturador. De ahí que la misma noche de su llegada a Madrid tuviera que cambiarse del hotel Nacional al Fénix para no ser localizado por el abogado argentino Carlos Slepoy, dispuesto a utilizar la justicia para ajustarle las cuentas.

A continuación compareció en el programa Las mañanas de Radio 1, donde fue ampliamente entrevistado en directo por el periodista Carlos Herrera.326 Allí contó la historia de los vuelos de la muerte, los «asados de los cadáveres de sus enemigos» y otras atrocidades. A la salida del programa le esperaba una incómoda sorpresa.

Adolfo Scilingo no había leído todavía el libro Un mundo sin miedo, en el que Garzón pontifica sobre el papel de los arrepentidos: «El arrepentido exige respeto y confía en que no se le hayan realizado falsas promesas después de haberle demostrado que no le tienes miedo y que no le desprecias». Pues, bien, aquella noche el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 debió de olvidar su forma de pensar.

—¿Es usted Scilingo? —le preguntaron.

—Sí, para servirle.

—Acompáñenos. Está usted detenido por orden del juez Garzón.

De repente y sin que nadie le hubiera informado de ello, su situación había dado un giro de 180 grados. Su supuesta condición de testigo protegido comenzaba a cambiar paulatinamente hacia la de imputado. El tratamiento que le daban los españoles también. No era lo mismo pasar la noche en un calabozo junto a algunos delincuentes comunes que hacerlo en el hotel Fénix, un cinco estrellas situado en la madrileña calle de Hermosilla, junto al paseo de la Castellana y la plaza de Colón.

***

Al día siguiente, trasladado a la Audiencia Nacional, Scilingo ya no era la misma persona franca, abierta y dispuesta a colaborar. Baltasar Garzón se encontró con un hombre de mediana edad serio, reservado y cauteloso. Poco a poco volvió a recuperar su aplomo y se transformó en un libro abierto.

En su encuentro con el juez reconoció que los oficiales de la ESMA drogaban a los prisioneros de los que querían deshacerse, los desnudaban y los arrojaban en alta mar. Relató también cómo los cadáveres de los «subversivos» que morían en los interrogatorios eran amontonados y quemados hasta reducir sus cuerpos a cenizas.327 Y contó la más atroz técnica de tortura practicada, aún peor que la picana:328 el retroscopio, sistema que consistía en introducir a los detenidos un tubo de acero por el ano o la vagina, meter luego un ratón hambriento por el interior del tubo, y entonces retirar éste.

Todas estas barbaridades, que ponen los pelos de punta a la persona más insensible, las narró en una especie de «charla amigable» con el juez Baltasar Garzón y los letrados de Izquierda Unida, sin la presencia del fiscal. Allí se decidió, como es habitual en el Juzgado de Instrucción Número 5, lo que «convenía» que quedara por escrito en la causa329 y las personas que interesaba implicar en una primera fase. Al acabar la declaración, según consta en la sentencia, el «arrepentido» puso en conocimiento del magistrado que aquella mañana dos personas habían insultado a su familia. El titular del juzgado ordenó inmediatamente que se diera protección a sus parientes. Al mismo tiempo el juez le hizo pasar a la Secretaría, le leyó sus derechos como imputado y le hizo firmar un escrito en el que se hacía constar su presentación voluntaria ante su juzgado. Arreglados estos trámites y cuando se disponía a marcharse, Garzón le aguó la jornada.

—Está usted detenido —le dijo.

—Pero bueno, eso no es lo convenido. Yo he venido aquí como testigo protegido.

—No se preocupe, no tengo ninguna decisión tomada todavía. Si le envío a la cárcel es para protegerle.

A partir de entonces las cosas cambiaron radicalmente. Al día siguiente, siguiendo sus instrucciones, sus abogados presentaban un escrito en el juzgado pidiendo la «declinatoria de jurisdicción».330 Baltasar Garzón no era su juez natural, los delitos que había relatado no se habían cometido en España sino en Argentina y las víctimas en cuyas desapariciones había participado eran todas bonaerenses. Establecidas así las reglas del juego, la justicia española carecía de jurisdicción para interrogarle y tomar medidas cautelares en su contra.

Los abogados de Izquierda Unida, especialmente Enrique de Santiago, trataron de tranquilizarle. «La prisión es necesaria para dar credibilidad al proceso: antes de Navidad estarás libre», le dijo Frank Pérez y le reiteró su letrada, Liliana Magrini.

Más tranquilo, Scilingo fue trasladado a la Audiencia Nacional durante las cuarenta y ocho horas siguientes y contó todo lo que sabía. No sólo volvió a relatar las horripilantes formas de tortura aplicadas, sino que dio todo género de detalles sobre los detenidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. «Los hombres eran interrogados en calzoncillos hasta enloquecer, manteniéndolos con una capucha en la cabeza durante varias semanas. Las mujeres, semidesnudas y también encapuchadas, algunas de ellas embarazadas y otras con los restos de la menstruación entre las piernas, mezclados con los restos de la sangre por las heridas infligidas al romperle la nariz a golpes o con los ojos y la cara tumefactos por las tremendas palizas, no recibían mejor trato».

Relató asimismo haber participado en dos vuelos de la muerte, realizados en un viejo avión Skilab. Al final de su interrogatorio facilitó los nombres de más de ciento ochenta supuestos torturadores, empezando por el general en jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera.

***

Ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores argentino (PRT)331 de Enrique Gorriarán Merlo y Mario Roberto Santucho, huido a España durante la dictadura militar, presidente de la Asociación Argentina de Derechos Humanos en Madrid, el abogado laboralista Carlos Slepoy Prada era partidario de meter a Adolfo Scilingo en la cárcel a cualquier precio. Se enfrentaba así a la tesis de los letrados de Izquierda Unida, partidarios de dejarlo en libertad, de concederle la condición de arrepentido y utilizarlo como una especie de agitador político que denunciara constantemente a la dictadura argentina y sus atrocidades.

Las dos posiciones irreconciliables se enfrentaron en la Audiencia Nacional durante los interrogatorios al militar argentino. Tras la deposición y antes de que el juez decidiera si debía tomar alguna medida cautelar, Slepoy formuló su última pregunta:

—Ya nos ha dicho que usted participó en dos de los vuelos de la muerte, es cierto, ¿no? Pero, ¿participó usted activamente en estos vuelos? ¿Arrojó usted personalmente a alguna persona al mar?

Scilingo tartamudeó. De pronto sintió como si la boca se le secara y el aliento le fallara. Intentó salir de nuevo por los cerros de Úbeda.

—Sí, sí, se lanzó gente al mar. Se nos había dicho que era una forma de muerte muy cristiana.

—No, mi pregunta no es esa. Lo que quiero saber es si usted participó en esas atroces matanzas, si es usted criminalmente responsable de ello. ¿Me entiende?

Antes de que respondiera, Baltasar Garzón le interrumpió:

—La pregunta no es necesaria, señor letrado. El testigo ha dicho varias veces que participó en esos vuelos como miembro de los grupos de tareas. Con eso es suficiente.332

Tras dar por concluido el interrogatorio se celebró la llamada vistilla del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal333 para determinar si era preciso que se tomaran medidas cautelares con el testigo. La defensa de Scilingo, al igual que los abogados de Izquierda Unida, piden que se le dé la condición de testigo protegido. Los letrados de la Asociación Libre de Abogados solicitan la prisión incondicional para el «delator».

La decisión la tomó el juez Garzón el 20 de octubre de 1997. En un auto ordena el encarcelamiento de Adolfo Scilingo por presuntos delitos de torturas, desaparición de personas, genocidio y delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo dicta una orden internacional de busca y captura de Emilio Eduardo Massera y otros siete ex altos cargos de la Junta Militar argentina.

A partir de ese día el «arrepentido Scilingo permaneció en Alcalá-Meco hasta el 9 de enero de 1998, cuando el juez decretó una libertad condicional sui generis. Le permite salir de la cárcel pero le prohíbe abandonar España y le retira el pasaporte. Abandonado por todo el mundo, incluso por Izquierda Unida, al considerar sus abogados que ya no interesa a sus propósitos, ese día se encuentra tirado en la calle y sin dinero para comer.334 Acude entonces al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y solicita que se le dé la condición de testigo protegido, lo que conlleva la asignación de una vivienda y dinero para su manutención y la de su familia.

—Si quiere dinero, trabaje —le espeta el juez, rompiendo todos los compromisos verbales que supuestamente había contraído con sus abogados.

El «arrepentido» argentino recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional, que le da la razón. «O lo mete en la cárcel o lo deja en libertad con todas las consecuencias», viene a ordenar el alto tribunal al instructor. Ni corto ni perezoso, Garzón acató la sentencia. El 31 de julio de 2001 mandó llamar a Adolfo Scilingo y ordenó su encarcelamiento hasta la celebración de la vista oral, a comienzos de 2005.

***

Mientras Adolfo Scilingo se sentía por esas fechas como el hombre que vino a por lana y acabó trasquilado, en otro nivel, entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal, entre bambalinas, se producía una batalla jurídica sobre la competencia de los tribunales españoles para juzgar, sin pruebas, con el simple testimonio de un señor que luego se desdice, hechos ocurridos a 12.000 kilómetros de distancia veinte años antes, vulnerando las reglas del Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional.

El asunto se debate por primera vez en la Junta de Fiscales, el máximo órgano de gobierno de la Fiscalía General del Estado. Los fiscales presentes, salvo Carlos Jiménez Villarejo, Jesús Vicente Chamorro y Juan José Martínez Zato, están en contra de que se admitan en España las denuncias contra Pinochet y Videla. «Si no hay autores o víctimas españolas, qué hacemos nosotros persiguiendo estos delitos, por qué demonios tenemos que meternos en camisas de once varas si la comunidad internacional, a través del único órgano competente, la ONU, no los pide», protesta el fiscal José María Luzón, del Tribunal Supremo. Carlos Granados, que en 2007 opina de manera diferente, sostiene entonces el mismo criterio.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, indica: «Los delitos que han cometido fuera de España, entre personas no españolas, han sido juzgados por sus tribunales internos con las garantías posibles. Luego es cierto que se han concedido amnistías, pero ese es un asunto que entra dentro de la potestad de los gobiernos y los parlamentos. En España se concedió una amnistía en 1975, otra a ETA en 1977, una tercera camuflada a los polimilis en 1981 y otra a Terra Lliure, y por eso nadie se ha levantado a protestar alegando que no se ha hecho Justicia y que hay que volver a sentar a los terroristas en el banquillo».

Por eso, cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitió la querella contra Adolfo Scilingo acusándole de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, la Audiencia Nacional se opuso radicalmente a la pretensión del juez Garzón de instituirse en juez penal universal sin el mandato expreso de organismo alguno.

En un incidente de especial pronunciamiento presentado en la causa, Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira alegaban que, además de la falta de jurisdicción por haberse cometido los delitos en un país distinto, que no había renunciado a perseguir a los autores de la represión de 1976 o los había amnistiado con la Ley de Punto Final o la Ley de Obediencia Debida, los tres delitos que se imputaban a Adolfo Scilingo no eran perseguibles en España al no existir como tipos en el Código Penal en el momento de los hechos o no ser de aplicación. «El delito de genocidio, para ser aplicable según la legislación española —informa el fiscal Rubira— presupone el intento de exterminio de un grupo étnico o religioso. La dictadura argentina no persiguió a los indios tabajaras, sino a sus oponentes, donde había blancos, negros, indios, católicos, hebreos y protestantes. Tampoco puede aplicarse el de terrorismo, porque este delito no lo comete el Estado, que puede eliminar o exterminar a sus enemigos, pero no comete terrorismo, ya que este busca la destrucción del Estado. Por último, el delito de torturas tampoco es de aplicación. No existía en el Código Penal español de 1976».335

Rubira aportaba otros elementos no menos respetables, como la prescripción del delito, la amnistía o indulto concedidos por las autoridades argentinas y el principio de «cosa juzgada». El ministerio fiscal pedía, por último, que se resolviera el asunto sobre la base del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, que indica que todos los Estados tienen capacidad soberana en sus territorios.

Sin embargo, el 28 de julio de 2002 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que juzgaría el caso, resolvía el incidente a favor del instructor. El ministerio público decidió recurrir entonces al Tribunal Supremo y recusar al magistrado José Ricardo de Prada Solaesa, miembro de Jueces para la Democracia, para enjuiciar el caso, pues le consideraba «contaminado» al entrar en el fondo del asunto para resolver el anterior incidente.

La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, que nombra fiscal general del Estado a Cándido Conde-Pumpido, supone un giro radical en la estrategia que se sigue hasta entonces en el enjuiciamiento de los responsables de las dictaduras militares del cono Sur. El nuevo máximo responsable del ministerio público, al tiempo que da instrucciones de no perseguir a Batasuna o de no implicar a Julián García Valverde en el caso del AVE, ordena a Alejandro del Toro que desista del recurso contra el juicio de Scilingo en el Supremo. «Así, mientras se negocia en España con los terroristas causantes de más de 834 muertes, se pretende dar la imagen al mundo de que España es el país abanderado en la defensa de los derechos humanos», afirma uno de los fiscales.

Se eleva recurso al Supremo defendido por Alejandro del Toro Morzal. Pero Conde-Pumpido va mucho más allá. Sin comunicárselo previamente al fiscal jefe de la Audiencia Nacional releva a Pedro Rubira de la «causa Scilingo» y nombra a una nueva fiscal, Dolores Delgado García. Esta elabora una nueva calificación penal336 en la que pide 9.138 años de cárcel para un simple teniente de la Armada argentina, jefe de la Sección de Electricidad de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada por donde, supuestamente, pasaron algo más de 1.000 de los «desaparecidos» argentinos.

Con un informe fiscal en el que se acusa a Scilingo de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, no era preciso celebrar la vista oral para conocer el resultado.

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La vista oral del «golpista arrepentido» constituyó, sin duda, uno de los actos más controvertidos y polémicos de la justicia española. Constituiría, sin duda, una lección magistral para la escuela judicial a la hora de formar a los futuros jueces y magistrados del país, para indicarles cómo no se debe celebrar un juicio.

El 14 de enero de 2005, nada más abrirse el plenario, Adolfo Scilingo se retractó de las declaraciones que había en autos, algunas sin asistencia letrada, otras grabadas en vídeo y dadas a la Policía y a la Guardia Civil para que las transcribieran. «Nunca tuve conocimiento directo de los hechos que conté al juez Garzón. Me los inventé todos, sacando algunas cosas de los periódicos y otras de libros. Di muchos nombres porque mi propósito era que se investigaran las masacres cometidas por la dictadura militar y no para que se me procesara a mí. El instructor no ha movido un dedo para investigar nada», señaló.

Negó también su participación en los vuelos de la muerte. «No tiene claras las imputaciones que se le efectúan, ya que no hay ninguna fecha ni nombre de ninguna víctima. Niega haber participado en ninguno de los hechos que se le imputan. No ha tenido nada que ver con el Grupo Operativo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, aunque sabía que había un grupo operativo secreto».337 Tampoco reconoció a ninguna de las víctimas en las fotos que le presentaron.

A pesar de su negativa a inculparse y sin que consten en la sentencia otros hechos que desvirtúen la presunción de inocencia, los tres magistrados que componían la sala —Jorge Campos Martínez, José Ricardo de Prada y Fernando García Nicolás— dan verosimilitud a las declaraciones ante Garzón «puestas en relación con el resto de las pruebas suficientes» y le condenan a seiscientos cuarenta años de cárcel. Pero no lo hacen por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas pedidos por el ministerio público y las ocho acusaciones particulares. La sala, tras escuchar al ponente Ricardo de Prada, le condena por un delito de lesa humanidad, recién incorporado al Código Penal español, no vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.

Para justificar tamaña barbaridad, el ponente dedica más de cincuenta folios de la sentencia a explicar que este delito existe en la mente de la justicia internacional desde hace décadas, desde el tribunal de Núremberg. «El hecho de que no se haya aplicado casi nunca, no quiere decir que no deba hacerse ahora», se justifica.

Frente al principio nullum crimen nulla poena sine lege338 que rige el derecho interno de muchos países y es la base donde se asienta el Tribunal Penal Internacional recientemente creado, De Prada antepone un derecho consuetudinario internacional que, aunque no esté en códigos escritos, es de general conocimiento. «En el momento en que se producen los hechos existían normas internacionales consuetudinarias de aplicabilidad general que prohibían claramente la conducta llevada a cabo por la dictadura militar argentina en la llamada lucha contra la subversión, aunque ciertamente la tipificación de estas conductas339 no tuviera una absoluta precisión en los tipos».

El ponente salva la aplicación retroactiva de la ley y el principio de nullum crimen sine lege afirmando, como ya se dijo en Núremberg, que es una «mayor inmoralidad dejar sin castigo determinadas conductas especialmente atroces», como la que se atribuye a Scilingo. La sentencia no se pronuncia expresamente en nombre del Rey, sino aludiendo genéricamente al artículo 117 de la Constitución española. Para el tribunal, al ser juzgado en España, a Scilingo le ha tocado incluso la lotería. «Cabe decir que el Código Penal vigente en Argentina en el momento de los hechos establecía la pena de prisión perpetua para el homicidio agravado y la pena de muerte o reclusión perpetua para los intervinientes cuando el delito de asociación ilegal causara muerte o lesiones gravísimas en los intervinientes».

La propia descripción del entorno sociopolítico en que se produjo el golpe de Estado de 24 de marzo de 1976 revela la adscripción ideológica del juez, su carencia absoluta de los mínimos conocimientos de la historia contemporánea o la manipulación de que pudo ser objeto por el fiscal y las defensas. «En la República Argentina, a lo largo de 1975, los responsables militares [dispuestos a complicarse la vida] tomaron la decisión de derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado que se materializó el 24 de marzo de 1976». «Una vez conseguido el objetivo de extender a la sociedad argentina la sensación generalizada de vivir en un estado de absoluto desastre institucional, económico y social,340 el siguiente paso fue presentar a la presidenta de la nación como una persona incapaz de dirigir el país, situación que ésta aceptó, [permitiendo la promulgación de una serie de decretos] que constituyeron el inicio de lo que un año después desembocaría en un golpe militar».

La sentencia viene a concluir que hay una justicia universal por encima de las leyes escritas, basada en el derecho internacional consuetudinario, nacido del Estatuto de Núremberg, que establece el principio de responsabilidad individual en los delitos que atentan contra la paz y la humanidad. No es lícito, por tanto, escudarse en las normas de la obediencia debida que rigen los ejércitos.

De esta manera, cualquiera de los más de seis mil millones setecientos mil ciudadanos del mundo que caiga en la Audiencia Nacional, si ha cometido delito y no lo conoce porque no está en su derecho interno, va a salir condenado porque en España hay unos jueces que aplican el derecho por encima de las leyes positivas.341 Eso no es inseguridad jurídica ni falta de tutela judicial efectiva. Es, sencillamente, que hay jueces, como Baltasar Garzón o José Ricardo de Prada, que se sienten legitimados para ver dónde están el bien y el mal por encima de las leyes. Con lo cual cualquier persona de buena fe que venga a denunciar un delito de genocidio, terrorismo o torturas a España puede encontrarse con que sale condenado por uno más grave, el de lesa humanidad, como le ocurrió a Scilingo, un fabulador empedernido víctima de su propia verborrea y tal vez de algún delito concreto.

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Llevaba tres años al frente del Gobierno, en su periodo se había enjuiciado y condenado a los principales represores de la dictadura militar, cuando Raúl Alfonsín, presionado por el Ejército,342 decidió que había llegado el momento de la reconciliación nacional. Entre diciembre de 1986 y comienzos de 1987 envió al Congreso dos leyes con ese propósito, las llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida.343

Aprobada por la mayoría de los votos de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, la primera de ellas establece la «extinción de la acción penal», es decir, pone punto final a partir de su promulgación «a los delitos cometidos por aquellos militares implicados en los atroces crímenes originados por la dictadura que no estuviere prófugo, declarado en rebeldía o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria por tribunal competente antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983».344

En vigor desde el 4 de junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida —una especie de «pacto del capó» como el que sirvió para exculpar en España a los implicados en el golpe del 23-F de teniente hacia abajo—, determinó que los hechos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas durante la guerra sucia y el Proceso de Reorganización Nacional no eran punibles al actuar en virtud de obediencia al mando.

De esta manera, Alfonsín intentaba contener el malestar existente por entonces en la oficialidad del Ejército, traumatizado tras la pérdida de la Guerra de las Malvinas, y frenar la creciente amenaza de un nuevo cuartelazo que acabara con el régimen democrático, hecho que podía producirse si la oficialidad era sentada en masa en el banquillo.

La Ley de Obediencia Debida representaba, sin embargo, una humillación, una burla y una afrenta para muchas personas que aún seguían buscando a sus seres queridos «desaparecidos» y veían cómo sus torturadores, de coronel hacia abajo, se paseaban tranquilamente por la calle, sin que a partir de entonces se les pudiera exigir responsabilidad alguna.

El asunto era más lacerante en la medida en que algunos de los beneficiados, como el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general retirado Antonio Domingo Bussi, eran reconocidos torturadores que hacían gala de sus fechorías, y en el caso de Astiz había sido juzgado incluso en Francia en rebeldía por el asesinato de dos monjas galas.

La dificultad de los mandatarios argentinos Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa de conciliar el Estado de Derecho con la persecución de los crímenes más repulsivos, que seguían latentes en la conciencia de los argentinos, alimentados por las Madres de la Plaza de Mayo, acabó volviéndose contra el ejecutivo y el Parlamento.

Cuatro años después de su entrada en vigor, en 2001, el juez Gabriel Cavallo declaraba inconstitucionales las dos leyes y ordenaba la detención de Julio Simón y Juan Antonio del Cerro, acusados de sustracción de menores, hijos de las personas asesinadas durante la dictadura militar. El asunto acabó en la Corte Suprema de la Nación, que el 15 de junio de 2005, en una sentencia histórica, anulaba las dos leyes.

La existencia de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que impedían la actuación de los tribunales argentinos en el esclarecimiento de la represión, fue el principal argumento utilizado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para creerse con derecho a inmiscuirse, sin que ningún organismo internacional se lo pidiera, en los asuntos judiciales internos de otros países.

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La historia continúa con otro personaje. Peronista identificado con el ideario de Juan Perón y Eva Duarte, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, nada más llegar a la presidencia de Argentina el 25 de mayo de 2003, Néstor Carlos Kirchner se topó con uno de los más graves problemas de su mandato. De repente y sin que hubiera ninguna investigación previa ni mediara ningún sumario de por medio, uno de sus jueces federales, Rodolfo Canicoba Corral, había ordenado la detención de cuarenta y un ex generales y coroneles de las juntas militares que ensangrentaron en 1976 la nación, realizando detenciones indiscriminadas, encarcelamientos en campos de concentración clandestinos, asesinatos y desapariciones sólo comparables a las que realizó Adolfo Hitler con los judíos durante la II Guerra Mundial.

Considerado un juez demasiado vehemente e impulsivo, el «terror de los ayatolás», al haber procesado en su país al ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y a otros siete dirigentes del régimen persa345 a los que acusaba de colocar una bomba en la mutua judía Amia en 1984, que dejó 84 muertos, Canicoba había protagonizado otros casos judiciales sonados en Buenos Aires.

Sin embargo, muy pocas personas le consideraban capaz de mandar detener en masa y encarcelar a los generales Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Rubén Oscar Franco, Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta, Guillermo Suárez Masón, Juan Carlos Rolón, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Maertella, Genaro Díaz Bessone, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Luis María Mendía, Basilio Arturo Lami Dozo u Omar Domingo Rubens Graffigna. Entre otras razones porque en su juzgado no se tramitaba ningún asunto contra la dictadura militar.

A comienzos de agosto de 2003 se descubre el pastel. El juez argentino no estaba actuando por su cuenta. Lo hacía a petición de su colega español Baltasar Garzón, quien, sin seguir los canales oficiales, le había anticipado una comisión rogatoria. Pedía la entrega de cuarenta y seis jefes de las Fuerzas Armadas argentinas, de los que cuarenta y uno habían sido detenidos ya y la mayoría juzgados y condenados en procesos anteriores.

Según el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el Gobierno argentino había instaurado las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida para poner trabas a la justicia en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y torturas. Incluso, suprimidas las leyes por la acción de la justicia, los problemas seguían existiendo.

Había, de acuerdo con el juez, un principio de derecho imperativo, de ius cogens,346 que le facultaba para intervenir al tratarse de delitos contra los derechos humanos, no prescriptibles. Existía, en consecuencia, un mandato no escrito pero perentorio e ineludible de la comunidad internacional para que el caso pudiera ser enjuiciado en cualquier tribunal del mundo, de acuerdo a los principios de subsidiaridad y de justicia universal.

Su petición de extradición fue inmediatamente respaldada por la mayoría de las acusaciones particulares personadas en el sumario 19/97. El ex guerrillero Carlos Slepoy, reconvertido en 2003 en presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Argentina en Madrid, no sólo hizo eso. «Pediré además al juez Garzón que embargue los bienes de los acusados por un importe de 2.648 millones de euros (431.634 millones de pesetas) para indemnizar a las víctimas», declaró al diario La Nación de Buenos Aires.

Con un país en bancarrota, con las principales fuentes de riqueza privatizadas por sus antecesores, era lo último que le podía pasar al presidente Kirchner. Alarmado por las consecuencias que una extracción masiva de sus ciudadanos podía acarrear y por la pérdida aún mayor de su prestigio internacional, antes de que el asunto se agravara aún más ordenó inmediatamente la suspensión del tratado de extradición entre España y Argentina. Y se puso en contacto con su colega español José María Aznar, para ver cómo podían entre los dos frenar los ímpetus de Canicoba y Garzón.

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Actuando en consecuencia, el 29 de agosto de 2003 el Gobierno de José María Aznar se niega a dar curso a las extradiciones de los cuarenta militares argentinos. El juez recurre a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dicta un auto en el que señala que el Gobierno es sólo «el canal de transmisión de las órdenes de auxilio internacional». Por lo tanto, no puede entrar a valorarlas ni puede decidir sobre su tramitación o no. Su papel, de acuerdo con este pronunciamiento, se limita pura y exclusivamente a actuar como la West & Fargo o la Oficina de Correos; tiene que cursar las solicitudes de auxilio judicial.

Pese a la sentencia a su favor, el asunto acaba enfrentando al ministro de Justicia, José María Michavila, y al juez Baltasar Garzón, que insiste en que se tramite su petición.

—Nosotros no hemos rechazado la demanda de extradición. Sólo la hemos suspendido. Al haberse suspendido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la Argentina pueden enjuiciarles ellos —argumenta Michavila.

—Pero eso no es cierto. La Corte Suprema argentina no ha resuelto el recurso formulado y no lo hará en mucho tiempo. Además resulta vergonzoso que se tenga que poner en libertad a los reclamados después de haber pedido la detención y que se acordara esta.

—Nosotros, como gobierno, hemos hecho lo que nos han pedido nuestros colegas argentinos. Darles tiempo para que puedan actuar contra la impunidad.

—¿Es eso cierto? —inquiere Garzón.

—Ana Palacio ha estado en contacto permanente con su colega argentino durante el mes de agosto —replica el titular de Justicia.

Según cuenta en su libro Un mundo sin miedo, la decisión del Gobierno de José María Aznar fue una nueva ley de punto final, que le llenaba de angustia. «Me puse en marcha con celeridad y hablé con el fiscal argentino Eduardo Freiler. Le dije que mandaría a mi colega Canicoba, con el que ha preparado las extradiciones. Que me dijera si era posible plantear la persecución. Si no era así, que me lo comunicara con urgencia para plantear de nuevo la extradición».

Al poco tiempo le llamó el fiscal Freiler para decirle que, a pesar de que el Tribunal Supremo aún no se había pronunciado en contra de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el clima era favorable al enjuiciamiento de los represores argentinos.

—Me ha tocado la causa del Primer Cuerpo de Ejército —le comunicó.

«Era un asunto derivado de mi denuncia. ¡Dios existe!, pensé en ese momento», concluye el hombre que se considera a sí mismo, sin el menor pudor, y no tiene rubor en confesarlo, la «madre de todas las batallas» judiciales de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Michavila tenía otra opinión: «Garzón se creía el rey de la justicia universal, pero actuando siempre en una dirección, sólo contra los dictadores de derecha, al igual que la Unión Progresista de Fiscales y la mayoría de las acusaciones particulares». El ex ministro de Justicia agrega: «Y todo eso lo hacía no porque le importaran demasiado los dictadores, con muchos de los cuales había compartido mesa y mantel. Actuaba así para darse notoriedad. Lo único que buscaba era que le dieran el Premio Nobel de la Paz».

Movido permanentemente a impulsos de opinión pública, el caso Cavallo es un exponente de ello.

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«He sido víctima y soy testigo de cargo contra Ricardo Miguel Cavallo. He sobrevivido al campo de concentración en Buenos Aires de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada y soy periodista en Ginebra. Por todo ello, y para que se haga justicia, yo acuso». «Han pasado veintiséis años y la imagen del infierno, que es la que guardo de Ricardo Miguel Cavallo, no se me ha olvidado. Era un joven de sonrisa despectiva. [...] Le habían puesto el apodo de Serpico por su eficacia para el rapto y el asesinato, y por el pelo largo. Su atlética figura de un hombre de veintiséis años, de tez clara, descollaba participando en los grupos que salían a la calle a secuestrar o a matar».

«Serpico Cavallo no participó de mi detención, pero formó parte de la cuadrilla que asesinó a mi compañera, Mónica Jáuregui, en Buenos Aires, el 10 de enero de 1977. Por la mañana yo había sido capturado en las oficinas del abogado Conrado Gómez, que nos alquilaba un apartamento en la calle de Sánchez de Bustamante 731 de la Capital Federal. Gómez facilitó a los captores el dato sobre nuestra vivienda, en la que también estaban mis dos hijos, Emiliano Miguel y Arturo Benigno, y una amiga viuda, Azucena Victorina Buono».

El autor de las frases anteriores es el periodista Juan Gasparini, un exiliado argentino que vive en Suiza desde finales de los setenta o comienzos de los ochenta. El supuesto asesino de su mujer, Cavallo, fue detenido en México, donde se había refugiado, el 24 de agosto de 2000 a petición del juez Baltasar Garzón.

Basándose en el Informe Sábato y en algún testimonio como el de Gasparini, el juez español le acusó de 264 desapariciones y 159 secuestros. Tras un recurso al Tribunal Supremo mexicano, éste autorizó su traslado a España en 2003 para ser enjuiciado.

El 29 de junio de 2003 se le interroga y se le pregunta por los atentados en los que ha tomado parte. La Fiscalía se opone y se hace cargo de la calificación Dolores Delgado. El juicio está a punto de celebrarse cuando la defensa pide la declinatoria de jurisdicción a favor de las autoridades argentinas.

Le toca resolver el asunto a Fernando Bermúdez de Castro. Como sigue procesado en Argentina, el territorio, el autor y los perjudicados son argentinos, que se vaya allí. Argentina pide extradición y España la concede. Sin embargo, se plantea un problema muy curioso: España no puede conceder la extradición sino, en todo caso, una re-extradición, que debe ordenar México. Hay que pedir permiso a México para enviarlo a Argentina. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al auto de la sala que pide mandarlo a Argentina. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que informar del recurso para juzgarlo en España. Lleva preso desde el 4 de junio de 2003 y se van a cumplir los cuatro años. Habrá que ponerlo en libertad.

El fiscal Eduardo Fungairiño, que le ha presentado dos querellas criminales por revelación de secretos, no cree en la forma atrabiliaria y mesiánica de administrar la justicia de Garzón. «¡Si yo contara!», dice. Y aporta un solo dato: «¿Sabes lo que pretendía cuando desglosó del sumario sobre la represión en Argentina el asunto del Plan Cóndor? Iniciar una investigación que abarcara a Chile, Uruguay y Bolivia. ¿Y sabes por qué no abrió los casos de Uruguay y Bolivia? Porque la comunidad de esos países en España era poco influyente y no le daban la publicidad que tan alto señor merecía».

Su lucha por crear una justicia universal tallada a la medida de la izquierda Iberoamericana, como puede verse en este libro, no ha ido más allá del puro voluntarismo. Pese a todo, lo realmente inaudito es que un individuo, que supuestamente amenaza a un grupo de diputados con meterlos a la cárcel porque no piensan como él, haya pasado a la historia como el campeón de los derechos humanos. Vivir para ver.

Capítulo XIII

Londres: a la caza del Cóndor

El momento en que se recobraron las libertades en Chile, uno de sus jueces, Juan Guzmán Tapia, inició acciones contra la Junta Militar para sentar en el banquillo a los generales de la Caravana de la Muerte y al jefe de todos, Augusto Pinochet. Al mismo tiempo, desglosando una parte de uno de sus sumarios, Baltasar Garzón logró no sólo quitarle el caso a su colega español Manuel García Castellón, sino inmiscuirse en la justicia interna de Chile. Su gran y sonoro éxito, aquel por el que es conocido en todo el mundo, fue un auto sacado de España durante un fin de semana en que no había nadie en la Audiencia Nacional. Lo hizo, según fuentes del ministerio público, sin conocimiento del fiscal ni del otro juez instructor del Caso Pinochet, solicitando a las autoridades británicas la extradición a España del ex dictador para ser juzgado por delito de genocidio, decisión que fue rechazada por el Gobierno de Londres tras más de quinientos días de pelea judicial. La izquierda dice que fue el fin de la impunidad para los dictadores de derecha. Entre tanto, nadie se acuerda del juez chileno Guzmán Tapia, ya retirado, que sin retorcer las leyes logró procesar a Pinochet en dos ocasiones en su país y meter en la cárcel a la mayoría de sus colaboradores. Y es que Guzmán Tapia tiene a honra ser conservador y pertenecer a esa clase de jueces austeros y trabajadores que no dan conferencias pagadas a precio de oro.

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Cuando al juez Juan Salvador Guzmán Tapia le ofrecieron su primer destino de magistrado en Panguipulli, en la Patagonia chilena, el dirigente del Partido Radical que amablemente se había decidido a ayudarle, le preguntó:

—Pero, tú, ¿sabes jugar a la brisca?

—No, pero, ¿y eso que tiene que ver con la justicia?

—Con la justicia, nada. Pero para ir a Panguipulli hay que saber jugar a la brisca. Allí todo el mundo lo hace.

Estábamos a mediados del Gobierno de Salvador Allende, el político más controvertido de Chile que había llegado al poder con sólo el 36'4 por ciento de los votos. A aquel Chile convulsionado por la revolución le sucedió algo peor todavía. La feroz dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte con sus escuadrones de la muerte y su horror de miles de ajusticiados y desaparecidos sin causa previa y sin siquiera ser oídos.

Hijo del poeta y diplomático Juan Guzmán Cruchaga, miembro de una familia aristocrática venida a menos, abogado, amigo en su infancia de Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez, y ávido lector de William Shakespeare, Somerset Maugham, Oscar Wilde y Charles Dickens, en 1987 Guzmán Tapia era juez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.

Cuando le presentaron la primera querella contra Augusto Pinochet Ugarte ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde ejercía entonces, el juez Guzmán Tapia no tenía una idea muy clara, salvo lo publicado en la prensa, de los graves acontecimientos que sacudieron a Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Era el 12 de febrero de 1998. La querella había sido presentada por la secretaria general del Partido Comunista contra «todos los autores y cómplices» del secuestro de la calle de la Conferencia, en Santiago, y del asesinato de los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976, incluido el que fuera marido de la denunciante, Juan Muñoz. Como uno de los posibles implicados era el general Pinochet, aforado por su condición de senador vitalicio, la denuncia sólo podía presentarse en la Corte de Apelaciones, donde prestaba sus servicios Guzmán Tapia.

Formado en el elitista Saint George's College de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Chile, experto en Filosofía del Derecho por la Universidad de La Sorbona, el magistrado tenía un gran reto por delante. No sólo debía desenterrar el pasado inconfesable de su país durante los tres primeros años de la dictadura de Pinochet, sino bordear el decreto-ley 2191 por el que se amnistiaban todos los crímenes cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978. «Si algún elemento de un sumario judicial tendía a demostrar que un prisionero político había sido torturado o ejecutado en ese periodo de tiempo, había que aplicar la Ley de Amnistía en beneficio del verdugo», afirma el juez.347

Era el turbio legado que habían dejado a la democracia, reinstaurada en 1990, los militares golpistas, que se habían autoperdonado los crímenes que ellos mismos ordenaron cometer. Para no vulnerar las leyes chilenas, por injustas que fueran, había que buscar los resquicios que dejaba la Ley de Amnistía,348 y el juez Guzmán Tapia los encontró.

Al no haber aparecido los cuerpos de muchas de las personas torturadas y asesinadas se podía aplicar la doctrina de un secuestro permanente. Un delito que no había prescrito ante los tribunales porque sus efectos seguían vivos, sus familiares continuaban buscando a las víctimas, presentando denuncias contra el Estado y movilizando a parientes y amigos para tratar de localizarlas.

El 22 de enero de 1998 se presentó una nueva querella contra Augusto Pinochet y otros por el asesinato de catorce personas en Antofagasta. El 25 de julio los familiares de los asesinados en Calama piden que se investigue la muerte de otras veintiséis personas, todos ellos «ejecutados» por la llamada Caravana de la Muerte, un operativo militar dirigido por el general Sergio Arellano Stark que recorrió el país en helicóptero haciendo desaparecer a centenares de opositores al régimen de Pinochet.349

Una de las denunciantes de Antofagasta, Alicia Orrego, madre de Eugenio Ruiz-Tagle, relató las torturas que había sufrido su hijo antes de que lo asesinaran: «Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del cristal. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Le habían partido la nariz, con tajos, hinchada y separada. Le habían quebrado también la mandíbula inferior en varias partes. La boca era una masa tumefacta en la que no se veían los dientes. Tenía un tajo largo, ancho, en el cuello y otros en la frente. Le habían partido y semiarrancado la oreja derecha y el rostro presentaba huellas de quemadura, como del cañón de una pistola disparada a quemarropa. La cabeza estaba extrañamente ladeada, como si le hubieran roto el cuello».350

Con estos testimonios, que helaban la sangre, el juez Guzmán Tapia comenzó a hilvanar un sumario donde todos los indicios conducían al ex presidente de Chile y general golpista Augusto Pinochet Ugarte.

Otro día un oficial implicado en una masacre le relata: «Nos metimos en la Pampa, aparcamos el camión y bajamos los prisioneros de tres en tres, maniatados y encapuchados, para fusilarlos. Les disparamos con nuestras armas reglamentarias, del 7'62 mm, a una distancia de 8 metros. Finalizada la "acción", cargamos los cadáveres de nuevo en el camión y los abandonamos en el regimiento hasta el 17 de octubre de 1973, en que trasladamos los restos hasta el cementerio de Copiapó».351

Guzmán Tapia comprobó que, como ocurrió en España en menor escala con los GAL, un sector del Ejército y de la Policía, con la connivencia de las autoridades que derrocaron a Allende, habían desviado los fondos del Estado para acabar con la izquierda y cometer asesinatos en masa a cual más horripilante. Lo habían hecho, además, de forma permanente y sistemática durante tres años, por lo que el asunto podía incluso calificarse de genocidio.

Su sumario era, por entonces, el más serio y riguroso de cuantos se instruían en medio mundo, en una vertiginosa carrera por llevar ante la justicia al ex jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio de Chile. Lo que Guzmán Tapia, un excelente jugador de brisca, ignoraba, es que había otros jueces que se sentían hijos de Zeus. No conocía aún al dios de la justicia, experto en mus, otro juego de naipes que se basa en gran medida en engañar al contrario.

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La caída en desgracia de Augusto Pinochet Ugarte, que no fue sino una mínima parte de las miles de desgracias que su golpe de Estado provocó en Chile, comenzó en España el 4 de julio de 1996. Ese día el fiscal Miguel Miravet Hombrados, en nombre del Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales, órgano que representa a los fiscales de izquierdas, interpuso denuncia en el Juzgado de Guardia de Valencia. En el escrito acusaba al ex presidente de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, y a los generales Gustavo Leigh Guzmán, César Mendoza Durán, José Toribio Merino Castro, Fernando Matthei Aubel, Rodolfo Stange Oelchers «y a los que resulten responsables» de los delitos de genocidio y terrorismo.

La denuncia corresponde por reparto al Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia, donde la Unión Progresista de Fiscales solicita que se oficie al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informe sobre los ciudadanos españoles muertos o desaparecidos en Chile durante la dictadura militar. También pide que se libre comisión rogatoria a Estados Unidos para que aporte información sobre el derrocamiento de Salvador Allende y los militares chilenos implicados.

Paralelamente, y sin realizar ninguna indagación, se solicita el embargo de los bienes de los denunciados y que se libren órdenes de detención internacional contra Pinochet y los generales más destacados de su régimen.

La presentación de la denuncia causó perplejidad en todas las cancillerías internacionales, especialmente en el Gobierno de Chile. Desde 1988, cuando el dictador convocó un plebiscito y lo perdió, la nación había entrado en un proceso de normalización democrática. En 1990 se habían celebrado elecciones generales que habían llevado al poder a Patricio Aylwin.

El político democristiano, a pesar de la opinión de los militares, decidió abordar el tema de los derechos humanos, creó la Comisión Verdad y Reconciliación, y encargó un informe sobre las atrocidades cometidas por la dictadura a un grupo de diputados presididos por el abogado y ex senador Raúl Rettig, ya fallecido.

El Informe Rettig, como se conocería desde entonces, se hizo público en febrero de 1991 y reveló que la Junta Militar que se hizo con el poder tras el golpe que concluyó con la muerte de Salvador Allende en el Palacio de La Moneda, en 1973, causó no menos de 1.151 muertes y 979 detenidos desaparecidos contrastados.

En 1994 se habían celebrado nuevas elecciones democráticas que llevaron al poder a Eduardo Frei, un ingeniero hidráulico de extracción democristiana que trató de empujar a su país por la senda constitucional y de olvidar el pasado siguiendo el modelo de la Transición española.

El intento de procesar a Augusto Pinochet y a su cohorte veintitrés años después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, siete años después de que se hubieran reinstaurado las libertades en el país, parecía un claro intento de provocación, de originar una involución en el país y hacerlo retroceder a las tinieblas del pasado.

La presencia de Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas, de las que seguía siendo comandante en jefe, y la cohesión de los principales mandos de las tres armas y de los Carabineros en torno a su figura, así lo pronosticaban. De ahí que la persona más preocupada por la denuncia no fuera Augusto Pinochet, que se sentía a salvo en su país pese a que ese mismo año sufriera un intento de asesinato,352 sino el presidente Frei, que veía en el escrito una amenaza en contra de los avances democráticos del país.

Veinticuatro horas después de la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales se sabría quién estaba detrás del asunto: nada menos que la Fundación Presidente Allende, una entidad que presidía en España el abogado socialista valenciano Joan Garcés. Doctor en Ciencias Políticas por La Sorbona, investigador titular de la Foundation Nationale des Sciences Politiques de París y Visiting Fellow del Institute for Policy Studies de Washington, funcionario de la Unesco en Chile, Premio Nobel Alternativo en 1999, Garcés había sido el más estrecho colaborador del presidente Salvador Allende.

El día del golpe de Estado consiguió escapar del palacio presidencial y refugiarse en la embajada española para, días más tarde, con un salvoconducto de Pinochet, regresar a España, donde desde 1973 había jurado un odio eterno al dictador y represor chileno.

El 5 de julio de 1996, al día siguiente de la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales, para los que por lo visto los asesinatos de los jemeres rojos, Mao Tse-Tung o Stalin no constituyen delitos de genocidio, la Fundación Presidente Salvador Allende convertía la denuncia en querella criminal. Cuarenta y ocho horas después, sin embargo, el caso era sustraído de los juzgados ordinarios y remitido al Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García Castellón, comenzó por incorporar a los autos el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el llamado Informe Rettig.

Acto seguido, el 6 de febrero de 1997, remite una comisión rogatoria a los Estados Unidos solicitando información sobre las atrocidades cometidas en Chile durante la dictadura militar y, en especial, sobre el asesinato de Orlando Letelier en aquel país. Y envía otras dos a Italia y Chile para que le informen sobre la situación procesal de los querellados, las investigaciones realizadas sobre los desaparecidos, las implicaciones de miembros de las Fuerzas Armadas en la represión y la Ley de Amnistía proclamada por Augusto Pinochet, que fue convalidada por los dos últimos parlamentos democráticos.

La respuesta del Gobierno de Chile fue enviar, con autorización de su presidente, Eduardo Frei, a la Audiencia Nacional al auditor general del Ejército, general Fernando Torres Silva. «Nuestro país —le dice al fiscal Eduardo Fungairiño— avanza con muchas dificultades hacia la democracia plena. La Audiencia Nacional o cualquier otro tribunal del mundo carece de competencia jurisdiccional para enjuiciar delitos cometidos en nuestro territorio». Y agrega: «Los presuntos delitos cometidos en Chile ocurrieron la mayoría hace veinticuatro años. Teóricamente, de acuerdo con las leyes penales chilenas, es muy dudoso que puedan ser perseguibles. ¿Les habría gustado a ustedes que cuando Adolfo Suárez estaba realizando la Transición política nosotros hubiéramos detenido a Santiago Carrillo y lo hubiéramos juzgado por los asesinatos en masa cometidos en tres días en Paracuellos del Jarama, delitos muy superiores a los ocurridos en Chile en cinco años, según el Informe Rettig?».

La comparecencia del general Torres Silva se produjo el 3 de septiembre de 1997. García Castellón continuó su investigación hasta el 23 de marzo de 1998. Ese día dio por concluido el sumario y lo remitió a la Sala de lo Penal, que se lo devuelve, ordenándole continuar con las investigaciones hasta el final.

Lo que por entonces ignoraba el juez del Juzgado de Instrucción Número 6 es que su compañero Baltasar Garzón, conocedor del odio que generaban en la izquierda del mundo entero el general Pinochet y su arrogancia, aspiraba a abducirle la causa para llevarla él. Era el salto definitivo que necesitaba para lanzarse al estrellato mundial.

***

Tras llegar a Indochina en 1951 y leer el Libro rojo de Mao Tse-Tung, el coronel francés Charles Lacheroy tuvo clara una cosa: mientras en una contienda convencional se enfrentan dos ejércitos y hay un campo de batalla donde se desarrollan los combates, en la guerra revolucionaria no existe nada de eso. La guerra de Indochina, en la que posteriormente se verían implicados los estadounidenses, era una contienda revolucionaria. «El enemigo, siempre invisible, se servía de la población civil y era imposible llegar a un objetivo sin que los vietcong no lo supieran por anticipado», relata.353 Su regimiento, mucho mejor equipado y entrenado, con más medios que los de los comunistas vietnamitas, era siempre batido sobre el terreno por unos guerrilleros harapientos y hambrientos. Casi siempre conocían sus movimientos por adelantado, sabían por dónde les iban a atacar, les cercaban, les preparaban emboscadas y los aniquilaban. Entonces aprendió que el verdadero enemigo no era el soldado de a pie, sino la retaguardia. El enemigo puede ser tu médico, el maestro de tus hijos, el tendero de la esquina o el dueño del kiosco de periódicos. «Obtiene información sobre ti y luego la pasa a otros que te liquidan por la espalda o con una bomba trampa».

Apoyándose en estos estudios, Lacheroy y su compañero el teniente coronel Roger Trinquier elaboraron diversos manuales que se aplicaron a rajatabla en la insurrección de Argel hasta su independencia en 1961,354 por Carlos Andrés Pérez en Venezuela u Omar Torrijos en Panamá. La base para ganar la guerra revolucionaria era la información. Se obtenía de la población civil. Para ello había que dividir el país en zonas y subzonas, poner al frente de cada sector a uno o varios mandos del ejército y tratar de saber por anticipado lo que iban a hacer los distintos grupos. Al tratarse de enemigos ideologizados y no de tropas mercenarias era difícil que hablaran al ser detenidos. El asunto se resolvía con la tortura. Lo complejo de todo este sistema era que muchos a los que aplicaban la picana morían o quedaban convertidos en guiñapos humanos. Por eso había que hacerlos desaparecer, como ocurrió en Argelia.355

En 1998 Baltasar Garzón tenía a los mayores torturadores y genocidas del mundo al otro lado de la frontera, en Francia. Fueron ellos los que realmente instruyeron a los estadounidenses con sus técnicas, y estos a las dictaduras del cono sur americano.356 Si los grandes maestros de la tortura eran los franceses, ¿por qué no detener a unos cuantos de ellos, algunos vivos por entonces, especialmente los formados en la guerra de Argel, e implantar la justicia universal en los Campos Elíseos?

Con toda su grandeza y sus enormes miserias muy pocas veces contadas, la V República Francesa tenía la apariencia de una democracia consolidada, uno de los países más civilizados del planeta, tierra de asilo, cuna de la bohemia y defensora a ultranza de los derechos humanos. Al menos esa era la opinión que se tenía en Occidente. Por eso había que poner los ojos al otro lado del Atlántico, en las dictaduras de América Latina, que no sabían disimular, extraditar a sus juntas militares con los uniformes aún manchados de sangre inocente y sentarlas en el banquillo, aunque muy pocos por entonces confiaran en la llamada justicia universal.

El azote de cualquier delito que le diera popularidad no pensaba así. El 28 de marzo de 1996, tras una denuncia del fiscal Carlos Castresana Fernández, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, Garzón había abierto las diligencias previas contra las juntas militares argentinas que luego se transformarían en el sumario 19/97.

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Entre los años 1986 a 1998 eran dos los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional comprometidos en la persecución de las dictaduras militares y los crímenes de guerra en el Cono Sur iberoamericano. Los dos, además, a petición de la Unión Progresista de Fiscales.

Como se cuenta en otra parte de este libro, el 28 de marzo de 2006 el fiscal Carlos Castresana Fernández había acudido al Juzgado Central Número 5 y había presentado una denuncia contra la dictadura argentina, a cuyas juntas militares acusaba de los delitos de tortura, terrorismo y genocidio.

La opinión pública española, incluido el periódico El País, defensor de cualquier iniciativa de la izquierda por muy extravagante que sea, consideraban que se trataba de un brindis al sol sin consecuencias jurídicas para los responsables de los dos países, Videla y Pinochet. «Son perfectamente discutibles las iniciativas de dos jueces de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, de abrir sendos procesos contra los responsables de crímenes contra la humanidad realizados por las dictaduras de Chile y Argentina en los años setenta», editorializaba el diario de la calle de Miguel Yuste de Madrid el 7 de noviembre de 1998. Y dice a continuación: «Tienen pocos precedentes y sin duda hay serios interrogantes en materia de competencia».

Datos para fundamentar esa tesis no faltaban. Desde los procesos de Núremberg y Tokio las cuatro potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, no se habían atrevido a juzgar a los dirigentes de otros países. Los crímenes cometidos dentro del propio territorio, incluido el genocidio o el delito de lesa humanidad contra la propia población, se consideraban delitos internos, que se enjuiciaban de acuerdo con sus leyes penales o prescribían.

A falta de un Tribunal Penal Internacional, ningún tribunal nacional —y mucho menos un juez ordinario— había osado hasta entonces inmiscuirse en el territorio judicial de sus colegas extranjeros, considerado terreno acotado y vedado para la justicia de cada país y donde regía el principio de extraterritorialidad. Lo cual no quiere decir que los dictadores y genocidas no generaran permanentemente el rechazo y el odio en un amplio sector de la humanidad. Precisamente por temor a las represalias internacionales tras la II Guerra Mundial, dictadores como Francisco Franco o Antonio de Oliveira Salazar no habían salido nunca de sus respectivos países, España y Portugal. Otros, en cambio, como Fidel Castro, se paseaban por medio mundo sin que nadie osara echarles el guante.

Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 23.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985,357 admitían la posibilidad de que los criminales de guerra, los genocidas y aquellos que atentaran contra la dignidad de las personas sometiéndolos a tratos inhumanos o degradantes podían ser llamados a comparecer ante la justicia española, allí donde se hallaren.

Apoyándose en estos textos, el 12 de septiembre de 1996 Garzón citó como querellados a más de cien represores de las distintas juntas militares argentinas que sucedieron al Gobierno de Isabel Martínez de Perón. Ninguno de ellos compareció a la cita en la Audiencia Nacional, pero el juez de Torres sintió en sus adentros que acababa de cumplir una «misión histórica» sin precedentes en la humanidad.

Entonces volvió la cara hacia Chile. ¿Qué pasaba con Pinochet, que no estaba ya procesado? Su compañero Manuel García Castellón, pese a haber acumulado —en su opinión— centenares de pruebas, entre ellas el Informe Rettig, no se atrevía a dar el paso de inculpar a Augusto Pinochet, tal vez el personaje más impopular e indigesto para la izquierda.

Estamos en marzo de 1998. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 se encuentra por los pasillos de la Audiencia Nacional con el socialista y abogado valenciano Joan Garcés, el hombre de confianza de Salvador Allende y el «guardián» de su memoria,358 de su oscuro pasado, como presidente de la Fundación Salvador Allende.

El letrado está descontento con la instrucción de Manuel García Castellón. «Va a remolque de lo que le ordena la sala y no tiene el más mínimo interés en que el asunto prospere. Incluso me ha dicho que va a pedir la conclusión del sumario sin procesar siquiera al tirano, a Pinochet. Tengo que hacer algo para impulsarlo. Para mí es un deber moral, un caso de conciencia: le prometí al presidente Allende, en el lecho de muerte, que no pararía hasta meter en la cárcel a los que se habían alzado en armas contra la república constitucional de Chile».

Sentados ya en el despacho del juez, Garcés y Garzón barajan las distintas posibilidades de que el sumario 19/98 no se cierre en falso de nuevo. Hay sólo una posibilidad: quitárselo a su colega y que lo instruya el Juzgado Penal Número 5. No obstante, ¿cómo hacerlo sin que Manuel García Castellón, celoso de su trabajo, ponga el grito en el cielo y le denuncie al presidente de la Audiencia Nacional?

—El Plan Cóndor no afectó por igual a las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.359

—Sí, fue el instrumento de asistencia mutua militar, judicial y policial entre todas las dictaduras. Sin duda, sin este siniestro acuerdo, la represión habría sido mucho menor.

—Pues ya está. Desgloso la Operación Cóndor del sumario 19/98 y proceso a Pinochet como responsable de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas a través del Plan Cóndor.360

—Es un poco burdo. Si no investigas también a las dictaduras de Paraguay, Brasil y Uruguay se va a ver claramente la maniobra.

Era el 29 de marzo de 1998. Al día siguiente el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional dicta un auto por el que acuerda, entre otras medidas, la apertura de tres piezas separadas del sumario 19/98, dedicado a la persecución por delito de terrorismo y genocidio de la dictadura argentina. La primera hace referencia a la investigación de los niños secuestrados durante la dictadura, la segunda a la muerte en Madrid de la argentina Esther Gianetti de Molfino, la tercera, al Plan Cóndor, el aparato de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

El ardid legal para sustraerle un sumario a un compañero de la Audiencia Nacional estaba en marcha. Ahora era necesario darle cuerpo para disimular la operación. Pocos días después, la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Chile se persona en la pieza del Plan Cóndor y presenta querella criminal contra Augusto Pinochet y otros. La Fundación Salvador Allende se suma enseguida como acusación particular.

Al existir dos causas sobre el mismo asunto, la lógica procesal habría obligado a la Sala de lo Penal y al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, a pedir que en virtud del principio de economía procesal el caso abierto de Baltasar Garzón —una simple estratagema para proceder por su cuenta contra Pinochet— se hubiera acumulado al sumario 1/98 del Juzgado de Instrucción 6, por ser el más antiguo. Hay que llenar el sumario, aportar denuncias concretas, testimonios que impliquen a Pinochet en la mayor represión de su país en el siglo XX.

***

Entre tanto, en Chile el juez Juan Guzmán Tapia lleva casi un año viviendo en carne propia la tragedia que vivió su país entre 1973 y 1978, a la que fue ajeno en su momento al haber estado destinado como juez en Panguipulli, un lugar tan apartado del mundo que muy poca gente se había enterado de las verdaderas implicaciones del golpe de Estado de Pinochet.

Por aquella época, mediados de 1998, llevaba seis meses recorriendo el país, de 4.000 kilómetros de longitud de norte a sur, interrogando a centenares de testigos y realizando decenas de desenterramientos de cadáveres. Era un trabajo casi rutinario, pero cada nueva fosa hallada, cada nuevo enterramiento levantado le ponía los pelos de punta y le hacía hervir la sangre por los signos de sadismo y la brutalidad que transmitían los esqueletos de aquellos hombres y mujeres brutalmente asesinados: huesos rotos, ojos arrancados, cráneos machacados... Había, sin embargo, mucha gente dispuesta a que no se desenterrara el pasado. Lo supo cuando recibió las primeras amenazas y el Gobierno de Eduardo Frei le puso nada menos que cuatro coches de escolta para proteger su vida y la de sus familiares, uno montando guardia frente a su casa, otro en una colina cercana y un tercero dando vueltas por la manzana y otro acompañándole a todas partes.

Fue por esa época, mediados de 1998, cuando casualmente se enteró de que además de Manuel García Castellón tenía un segundo competidor en España.

—Dile a Gladys que quiero verla mañana en su despacho. Si se puede pasar, que me lo haga saber.

—No va a ser posible, doctor. Gladys está en España. Ha ido a testificar en otro sumario, el del juez Garzón.

Secretaria general del Partido Comunista chileno, Gladys Marín Millie había sido la primera persona que presentó denuncia en su juzgado de la Corte de Apelaciones de Santiago por el asesinato en 1976 de su marido, Jorge Muñoz, y de los miembros de la dirección clandestina de su partido.

En efecto, Garzón y Garcés estaban por esas fechas montando un sumario paralelo al suyo en Madrid, utilizando sus pruebas de convicción y hasta sus mismos testigos. «¿Se habrá visto robo mayor?», bramó el juez Guzmán.

En mayo de 1998, mientras Madrid celebra sus fiestas patronales, Gladys Marín Millie361 «denuncia» la desaparición de su marido en Chile. Por su parte, Herman E. Schwember aporta datos sobre el secuestro de algo más de un centenar de chilenos, cuyos cadáveres fueron encontrados en Argentina irreconocibles y con documentos falsos. Otras personas aportan sus testimonios.

Garzón sabe, porque se lo cuentan los abogados, que los denunciantes son los mismos que meses antes han presentado una querella en la Corte de Apelación de Santiago de Chile contra Augusto Pinochet, que los sumarios se encuentran en periodo de investigación y que una persona no puede ser procesada ni enjuiciada dos veces por los mismos hechos. Tampoco ignora, porque es una asignatura que se da en primero de Derecho, que la autoridad judicial competente en la instrucción de una causa es el juez natural, predeterminado por el principio de territorialidad donde se han cometido los delitos. Al estar imputado el ex jefe del Estado, general Augusto Pinochet, el juez natural en este caso es la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, con preeminencia y competencia sobre cualquier otro tribunal.

Sin embargo, en este caso se trataba lisa y llanamente de abrir un proceso político a una dictadura. Dispuesto a cubrirse con los laureles de la victoria, Baltasar Garzón pasa por alto todas estas consideraciones. Partidario de la competencia de España para juzgar al dictador, Garzón encuentra inesperadamente un espontáneo colaborador en el auditor general de las Fuerzas Armadas chilenas, el general Fernando Torres Silva. Como ya se ha contado, fue enviado a Madrid por el Gobierno de Eduardo Frei, con la anuencia del jefe del Ejército chileno, Ricardo Izurieta, para indagar sobre el proceso que se seguía contra Pinochet en el Juzgado de Instrucción Número 6, dirigido por Manuel García Castellón. «De esta manera, sin valorar el alcance de su decisión, Torres Silva, tal vez sin quererlo, estaba ratificando la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar nada menos que al ex primer mandatario de su país», afirma indignado Juan Guzmán Tapia cuando lee la noticia en la prensa de su país.

Garzón no se inmuta lo más mínimo. Preparada la trampa, sólo era necesario alertar a las distintas redes de derechos humanos esparcidas por todo el mundo, especialmente Amnistía Internacional, esperar el momento oportuno y coger por sorpresa al más siniestro y malvado de los dictadores de la historia de Chile.

***

Al día siguiente había quedado en reunirse con su amigo, el abogado Manuel Medina, y otros conocidos para asistir a una corrida en la plaza de toros de Jaén, que acababa de estrenar ese año una cubierta textil.362 Los nuevos empresarios, la sociedad Taurotoro, presidida por el arquitecto José María González de Caldas, detenido años después en la Operación Malaya, había preparado para la ocasión un cartel de postín con Jesulín de Ubrique, José Luis Moreno y Julián López, El Juli. Los astados eran de la ganadería de los hermanos Tornay.

—Vente temprano. Así nos vamos a la plaza a ver desencajonar a los toros —le propuso Medina.

—No te preocupes. Allí nos veremos.

A media mañana se presentó en el juzgado Joan Garcés. Venía desencajado, con los ojos fuera de las órbitas, con la cara colorada y la camisa empapada en sudor, como si le hubieran dado una paliza.

—Te traigo buenas noticias. Pinochet está en Londres. No vamos a tener otra oportunidad en la vida de echarle el guante.

Baltasar Garzón hizo una mueca de inquietud y contrariedad. Si quería cazarle necesitaba dictar una orden de captura internacional inmediatamente. Tenía un ajetreado fin de semana festivo por delante y no podía hacer el trabajo. Pero eso no era lo más grave. Para tener alguna posibilidad de éxito debía ponerse en marcha inmediatamente y actuar por sorpresa sin que lo supiera nadie, ni siquiera en la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García Castellón, que aún era competente en la materia, podía reclamar el caso para sí. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por otra parte, se iba a oponer a que se tramitara la orden de detención, recurriría a la sala, se armaría un gran escándalo y todo se echaría a perder. El fiscal Fungairiño, junto a Pedro Rubira y otro fiscal más, estuvo ese día, viernes, de guardia en la Audiencia Nacional hasta las tres de la tarde. Garzón no les comunicó nada. «Fíjate tú si estaba persuadido de que tenía que obrar con sigilo, bordeando las leyes, que esperó a que nos marcháramos todos, a que no hubiera nadie en la Fiscalía ni en la Audiencia Nacional. Cuando se quedó solo y estuvo convencido de que la información no podía filtrarse, se sentó él mismo en el ordenador y comenzó a redactar la orden de busca y captura internacional», recuerda pasmado el fiscal Fungairiño en su nuevo destino del Tribunal Supremo. Añade: «Lo hizo de una forma muy curiosa, sin dictar orden de detención ni procesarle antes ni nada».

Tras concluir la orden y entregársela a un funcionario de Interpol de confianza para que la cursara inmediatamente, llamó a la embajada británica en Madrid para asegurarse de que llegaba a Londres y se le entregaba al juez inglés, con el que presuntamente se había concertado para practicar la detención. Sólo entonces cogió el coche blindado y se fue a su pueblo natal, Torres, siempre pendiente del teléfono móvil por si se producía el menor contratiempo. Así supo, minuto a minuto, lo que estaba pasando. Cuando estuvo seguro de que el mandamiento judicial iba a cumplirse inmediatamente —a pesar de que era fin de semana y los jueces británicos no suelen trabajar— llamó por teléfono al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para advertir al Gobierno de la nación de lo que estaba a punto de pasar.

—He mandado detener a Pinochet. La orden se está cumpliendo en estos momentos —le dijo.

No se lo comentó, sin embargo, a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que se enteró por los periódicos al día siguiente, sábado.

—¿Qué ha pasado? —le preguntó al fiscal jefe de la Audiencia.

—No sabemos nada, el juez ha obrado por su cuenta y no nos ha informado de nada. En ningún momento se ha comunicado a la Fiscalía. No nos ha pedido nuestro parecer.

El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, fue otro de los que tuvo que escuchar por la radio la trascendental noticia que acababa de protagonizar por su cuenta uno de los jueces que orgánicamente dependían de él. «Esa misma mañana [domingo, 17 de octubre de 1998] —afirma Manuel Medina— habló con su entrañable amigo el presidente de la Audiencia Nacional para confirmarle que eran ciertas las noticias que comenzaban a dar desde Santiago de Chile: había ordenado la detención del general Augusto Pinochet en Londres».363

Acto seguido se fue a ver los toros a la plaza de Jaén, sin ser consciente todavía del terremoto político que acababa de desencadenar «cogiéndole prestado» un sumario a su compañero de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

***

El 22 de septiembre de 1998 el general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte había viajado a Londres vía Francfort en posesión de un pasaporte diplomático donde rezaba: «Embajador en misión especial de Chile en Londres. Inglaterra». Y era cierto. El ex presidente de Chile, que había perdido el poder tras un plebiscito nacional convocado por él mismo en 1988, en el que obtuvo el 48 por ciento de los votos, y había cedido voluntariamente el poder a la sociedad civil permitiendo que la Democracia Cristiana ganara las primeras elecciones generales con el 38 por ciento de los sufragios, había viajado a Londres a ultimar la compra de dos fragatas para la Armada de su país.

Con Patricio Aylwin y Eduardo Frei alternándose en el poder se había mantenido como jefe de las Fuerzas Armadas hasta el 10 de marzo de 1998, cuando dimitió de su cargo para que lo ocupara uno de sus militares de confianza, el general Ricardo Izurieta. Acto seguido, para preservar su inmunidad y garantizar el tránsito de la dictadura a la democracia, los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano le nombraron senador vitalicio, lo que le colocaba a resguardo de los tribunales. Como al mismo tiempo era un dictador viajero, que incluso estuvo presente en las honras fúnebres del general Franco en Madrid en 1975, el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país le había provisto de un pasaporte diplomático con el que viajaba con frecuencia, acompañado de su mujer, Lucía Hiriart, a Francia, Alemania, Suiza, Austria y el Reino Unido, donde mantenía una especial amistad con la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y su marido, Denis.

Pese a que la diplomacia chilena sabía que varios jueces europeos trabajaban coordinadamente en varios procesos de extradición del dictador para que respondiera de los crímenes cometidos tras el golpe de Estado de 1973, su llegada al aeropuerto londinense de Heathrow había pasado completamente inadvertida. Desoyendo los consejos del ministro de Asuntos Exteriores de su país, José Miguel Insulza, en los siguientes días, Pinochet hizo todo lo posible para que le vieran. Paseó por Hyde Park, acudió al mercadillo de Portobello, fue de compras a Harrod's, acudió a tomar el té a Fortnum & Mason, visitó el Museo Británico, hizo un crucero por el Támesis y se paseó por la Torre de Londres y los alrededores de Buckingham Palace.

Setenta y dos horas después de su llegada, el presidente de Amnistía Internacional, Andy McEntee, estaba al corriente de las correrías del dictador y medio centenar de manifestantes montaban guardia ante el hotel Harrods para gritarle durante sus entradas y salidas:

—¡Asesino! ¡Asesino!

El viejo dictador, nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, estaba acostumbrado a esas reacciones de bienvenida y no les daba importancia. Incluso se permitió hablar con la prensa y conceder una entrevista en exclusiva a The New Yorker, el semanario neoyorquino propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, y otras dos a The Daily Telegraph de Londres y a El Mercurio de Chile. En todas ellas Pinochet se explayaba en dar la versión andina de cómo acabar con el comunismo internacional, tres años después de la caída del Muro de Berlín. Explicaba cómo ordenó hacer «muchas cosas» al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, y cómo desde su alto cargo de la Junta Militar daba instrucciones que eran obedecidas por sus subordinados sin preguntar. Añadía: «Se trataba de acabar con el comunismo internacional que se había infiltrado en Chile y trataba de subvertir el orden y la paz. Procuré que hubiera la menor sangre posible, pero nuestros enemigos no eran hermanitas de la caridad, eran subversivos que buscaban la destrucción del país y la eliminación física de todos sus enemigos».

Su presencia en la capital británica, donde había estado ya otras cinco veces, no iba a pasar inadvertida a los abogados Garcés y Enrique de Santiago, vinculado este último al PCE. El 13 de octubre, casi tres semanas y media después de que aterrizara en Londres, la noticia le fue comunicada al juez Baltasar Garzón por los abogados.

Al final de su viaje, el hombre al que todos atribuían la puesta en marcha de la Operación Cóndor en América del Sur y la «política» de hacer desaparecer a sus adversarios después de torturarles, cometería un último error: internarse en una clínica para operarse de una hernia discal, lo que le mantenía inmovilizado, sin posibilidad de escapatoria.

***

A las once de la noche del sábado 16 de octubre de 1998 un grupo de agentes de Scotland Yard de paisano rodean la London Clinic, a escasos centenares de metros de Hyde Park, los viejos jardines del señorío de Ebury, en el centro de la capital inglesa. Los agentes penetran en la mansión, inaugurada como clínica en 1932 por la reina Isabel II, uno de los más reputados centros asistenciales londinenses por su brillante cuadro de especialistas, y suben hasta el octavo piso. Una vez allí preguntan a uno de los internistas de guardia por la habitación del senador chileno Augusto Pinochet. El médico deja escapar una exhalación, como si se quitara un peso de encima.

—¡Ya era hora de que vinieran ustedes! —exclama.

E inmediatamente les conduce hasta la habitación del paciente más ilustre que se halla internado en el centro en aquellos momentos. Una vez dentro de la estancia, con un amplio salón para recibir visitas, los dos ayudas de cámara del que fuera presidente de Chile entre 1973 y 1988 parecieron sentirse también aliviados.

Por esas fechas el embajador chileno en Londres, Mario Artaza, había pedido protección policial a la policía británica para el que había sido jefe supremo de las Fuerzas Armadas hasta 1998 y en ese momento ocupaba la plaza de senador vitalicio. Por fin, pensó, Scotland Yard se dignaba a concederle la seguridad a que tenía derecho como ex primer mandatario de un país amigo del Gobierno de Margaret Thatcher durante la Guerra de las Malvinas. La realidad, sin embargo, era otra. Tras detener y desarmar a los edecanes y guardaespaldas del dictador, uno de los agentes ingleses, Andrew Herwitt, acompañado de la intérprete Jean Pateras, se introduce en su habitación sin llamar.

—¿Es usted Augusto Pinochet? —pregunta.

—Sí, ¿y quiénes son ustedes que se permiten molestar así a un enfermo? ¿Es que se ha perdido ya la educación británica?

Los policías observaron de cerca a aquel anciano de ochenta y tres años de edad, de rostro pálido y demacrado y mirada perdida que les observa sobresaltado y tembloroso. Tras reconocerle por las fotos que de él les ha enviado Interpol, le dicen:

—Señor Pinochet, está usted detenido en virtud de un mandamiento de busca y captura internacional.

—¿Detenido yo? Pero si soy un ciudadano chileno. He entrado en este país con un pasaporte diplomático. Estoy protegido por la inmunidad diplomática y por las leyes internacionales.

—Eso lo decidirán los tribunales ingleses. Entre tanto y hasta que recupere la salud, queda usted arrestado en esta clínica bajo custodia de la policía londinense.

Media hora después, al filo de la medianoche, se organiza un tremendo revuelo en el interior de la clínica. El embajador Artaza, militante socialista exiliado en Nueva York durante la dictadura, y el agregado militar de Chile en Londres, Oscar Izurieta, al conocer la detención de su «comandante» irrumpen violentamente en el centro dispuestos a pedir explicaciones y a exigir responsabilidades a los desaprensivos agentes.

—¿Detenido el general Pinochet? ¿Puede usted enseñarme la orden de detención?

Pese a que les restriega su credencial de diplomático ante las narices, los policías se niegan y tiene que intervenir el Foreign Office para que le dejen leer el papel.

Aunque sabía que se preparaban varias requisitorias internacionales en contra de Pinochet para responder por la desaparición y muerte de varios súbditos españoles, suizos, holandeses, belgas e ingleses, de esta manera el embajador Artaza es el primero en enterarse de quién había ganado la carrera contra reloj para presentarse ante la opinión pública mundial como el campeón de las libertades y de su propio ego. Naturalmente, no podía ser otro que Baltasar Garzón Real, el instructor del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de Madrid.

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El presidente de Chile, Eduardo Frei, se encuentra de visita en Oporto para asistir a una cumbre de la Democracia Cristiana, cuando le dan la noticia: el ex dictador de Chile ha sido detenido en Londres por una requisitoria del juez español Baltasar Garzón, y los militares, con el general en jefe del Ejército a la cabeza, Ricardo Izurieta, amenazan con alzarse en armas si el Gobierno no le libera enseguida.

Frei es el segundo presidente constitucional de su país desde la reinstauración de las libertades en 1990. Para hacer el tránsito de la dictadura a la democracia, socialistas y democratacristianos habían pedido ayuda a España. Centenares de periodistas, jueces, así como políticos españoles de todas las ideologías y colores habían pasado por Santiago explicando la Transición y poniéndola como modelo a seguir. Pese a las recomendaciones de «paz y perdón», los chilenos habían creado la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) encargada de evaluar la represión ocurrida en su país durante la dictadura militar. Y habían decidido enterrar el pasado, ponerse una venda en los ojos, taparse la nariz y tirar hacia delante sin ira.

Tras entrevistarse con Aznar al día siguiente en la reunión de la Internacional Democristiana celebrada en Bayona y hablar por teléfono con el Rey, Frei no dejaba de preguntarse: «¿Qué derecho tiene un juez de un país situado a 14.000 kilómetros de distancia para ordenar la detención de una persona en un segundo país para implantar la justicia en un tercer país, el mío, poniendo en riesgo el proceso hacia la democracia de los chilenos y abocándolos a un nuevo baño de sangre?».364

Tanto Aznar, informado de lo ocurrido por Mayor Oreja, como el rey Juan Carlos no pudieron ofrecerle ninguna solución: en España los tribunales eran independientes y el poder político no podía inmiscuirse en sus resoluciones. De la misma forma opinaban Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, consultados igualmente por Frei. «Los españoles tienen un millón de muertos derivados de la Guerra Civil y treinta crímenes derivados de la guerra antiterrorista de los GAL. ¿Qué dirían si otro país se inmiscuyera en sus asuntos internos y pretendiese juzgar esos crímenes?», señaló Frei antes de dejar Europa. Y no lo decía a título de inventario. El juez chileno Juan Salvador Guzmán Tapia llevaba más de cinco años investigando los crímenes de la dictadura. Había elaborado un amplio informe, de más de cincuenta mil folios, con los testimonios de los padres, hermanos y amigos de los desaparecidos de la Caravana de la Muerte, por medio de la cual se había hecho desaparecer a centenares de opositores políticos, socialistas, comunistas y hasta democristianos en Pisagua, La Serena, Cauquenes y otros lugares del país.

Procesado y detenido el general Sergio Arellano Stark,365 el juez Guzmán Tapia, que en 2005, en una conferencia celebrada en la Universidad de Nueva York, no ahorró descalificaciones hacia el juez Garzón, pensaba llegar así hasta el general Augusto Pinochet, la «X de los GAL chilenos».

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Pese a todo, la decisión del juez Baltasar Garzón de procesar a Augusto Pinochet fue una conmoción mundial y su detención abrió las primeras páginas de todos los periódicos. Por primera vez se ponía en cuestión si los grandes asesinos de la humanidad, tras retirarse del poder, podían vivir en la impunidad, refugiados en terceros países después de la caída de sus respectivas dictaduras, como ocurrió con el ex presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle,366 el de Uruguay, Alfredo Stroessner,367 o el de Bolivia, Hugo Bánzer. Se ponía en debate si podían ser perseguidos internacionalmente y encarcelados por sus crímenes de lesa humanidad.

La justicia, sin embargo, pretendía utilizarse en una sola dirección: para perseguir, estigmatizar y descuartizar a ser posible a los dictadores de derechas, dejando al margen a los grandes genocidas de la humanidad como Mao Tse-Tung, Stalin o Pol Pot y los jemeres rojos, responsables del exterminio de la población de Camboya tras la caída del rey Norodom Sihanouk.

Pese a haber instruido un sumario en secreto, datándolo en marzo de 1996 al desglosar la Operación Cóndor, tras la detención de Pinochet logró que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligara al juez Manuel García Castellón, que había incoado un sumario parecido en junio de 1996, a inhibirse a favor del juez estrella español.

En el ámbito internacional la marejada iniciada por Garzón sólo acababa de empezar. Tras retirarle la inmunidad diplomática el Foreign Office, una avalancha de peticiones de extradición llega a Londres. Los jueces chileno, suizo, alemán, francés y belga, que instruyen causas contra el dictador, piden que se le levante la inmunidad soberana que le protege como ex jefe de Estado para sentarle en el banquillo y enjuiciarle por genocidio. Sin embargo, no todas las peticiones son unánimes. El presidente chileno Frei está indignado. Han iniciado una transición democrática, sin violencias ni revanchas, pactada por todos los partidos políticos y grupos sociales, y la detención de Pinochet ha reavivado los odios y puede dar al traste con los avances conseguidos. Margaret Thatcher piensa igual, pero por otros motivos. Durante la Guerra de las Malvinas, Pinochet había sido el principal aliado de los británicos, ayudando a salvar muchas vidas de soldados ingleses. «¿Cómo vamos a entregarle ahora nosotros a sus enemigos, para que le descuarticen?». También Aznar, cogido en un atolladero, protesta por la politización del caso y el aluvión de denuncias internacionales que comienzan a llover sobre la Audiencia Nacional. Tras reunirse con el presidente italiano Massimo D'Alema advierte: «No quiero que España se convierta en un Tribunal Penal Internacional».

Se inicia a partir de entonces un largo y tortuoso proceso judicial para conceder la extradición del general a España. En principio la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales se niega a las pretensiones del juez Garzón. «La inmunidad soberana ampara todos sus hechos emanados de sus órdenes como jefe de Estado». La Fiscalía de la Corona y los jueces que reclaman su extradición apelan a la Cámara de los Lores. A comienzos de diciembre hay sentencia a favor de las tesis de Garzón y el 9 de ese mes el ministro del Interior Jack Straw autoriza que Pinochet sea extraditado a España.

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«De lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973, y al igual que en la República Argentina a partir de 1976, se producen toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra ciudadanos y residentes de estos países. Para el desarrollo de las mismas se siguen planes y consignas preestablecidas desde las estructuras de poder, que tienen como fin la eliminación física, la desaparición, el secuestro, previa práctica generalizada de torturas, de miles de personas», según relata el Informe Rettig.368

Nada más conocerse la decisión de extraditar a Pinochet a España el juez Baltasar Garzón Real no pierde el tiempo. Se desplaza a su despacho en la Audiencia Nacional, se encierra durante veinticuatro horas y redacta su auto de procesamiento, según cuenta la periodista Pilar Urbano en su libro Garzón, el hombre que veía amanecer.

El escrito no es más que una reiteración de otro anterior, el auto de detención dictado el 16 de octubre de 1998 dentro del sumario 19/97 P. S.369 Carece, igualmente, de base incriminatoria, ya que no se basa en hechos investigados por la Audiencia Nacional, en declaraciones de víctimas o familiares de la represión chilena realizadas con todas las garantías procesales, es decir, ante el juez, el fiscal y la secretaria judicial, con todas las partes personadas en el proceso. Por el contrario, su alegato es una copia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en Chile por el presidente Patricio Aylwin con el objeto de esclarecer «la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990».370 Y también es una copia del sumario de Juan Guzmán Tapia, del que se reproducen folios enteros de declaraciones de testigos en los que lo único que cambia es el membrete de la Audiencia Nacional.371

Tras relatar minuciosamente un total de 700 de los 2.296 casos investigados por el Parlamento chileno, entre ellos numerosas desapariciones, torturas, secuestros de ciudadanos chilenos, españoles, estadounidenses, argentinos e ingleses, Garzón concluye: «En el contexto descrito, Augusto Pinochet aparece como uno de los responsables máximos de la organización, y liderazgo, en colaboración con otros responsables militares y civiles de otros países, entre ellos de forma principal Argentina, de la creación de una organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas [...] con el fin de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración, exterminar a la oposición política y a múltiples personas por razones ideológicas».

De esta manera, sin guardar formalmente las apariencias, sin esperar a tomarle declaración como ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin permitirle ejercer desde el principio su derecho a la defensa, Garzón pretendía enviar a la cárcel de Soto del Real —desde cuya enfermería tendría que ser trasladado a un domicilio particular para quedar en arresto domiciliario, por sus ochenta y tres años de edad— al ex primer mandatario de Chile nada más fuera trasladado a España en un avión militar.372

«Tal y como consta acreditado, [tras el golpe de Estado de Chile protagonizado por Augusto Pinochet] se crea una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación de poder, para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la coordinación y la ayuda de otros países».

El juez jienense califica los hechos como delito de genocidio, realizado mediante asesinatos, torturas y desapariciones que imputa a Augusto Pinochet. Como los hechos aparecen tipificados como delitos en el Código Penal español y en otras leyes internacionales373 en el momento de cometerse se acoge a la doctrina del tribunal militar de Núremberg.

Tras dos largos meses de debates internacionales, controversias y discusiones en los tribunales británicos, el asunto no estaba aún resuelto ni mucho menos.

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Entre tanto, la posibilidad de que las autoridades británicas concedieran la extradición a España había creado un problema en el seno del Gobierno. ¿Qué tratamiento se le debía dar al viejo dictador, de civil o de militar? ¿En qué prisión debía encarcelársele hasta que se celebrara la vista oral? Estas y otras cuestiones atenazaban al Gobierno de José María Aznar, que llevó el asunto a uno de los Consejos de Ministros. Tras un pequeño debate se llegó a la conclusión de que el Gobierno español no podía despojarle de su condición de militar y que debía ser encarcelado en la prisión de Alcalá de Henares, la misma que habían ocupado Antonio Tejero Molina y Jaime Miláns del Bosch, tras el golpe de Estado del 23-F. «Incluso —recuerda el fiscal Fungairiño— sé que se mandó habilitar un pabellón militar y todo, e incluso se consultó con las autoridades chilenas el tratamiento que debía dársele en la cárcel, según el protocolo de aquel país, hasta que estuviese condenado».

El sector más intervencionista del Ejército chileno, en cambio, pretendía resolver las cosas de otra manera y envió a España un comando armado con una misión: matar al juez Baltasar Garzón Real al precio que fuera. El comando, integrado por suboficiales y oficiales de élite, llegó a Madrid a comienzos de 1999 y estableció contacto inmediatamente con Alan Acevedo, un ex militar chileno supuestamente relacionado con el atentado a Orlando Letelier en los Estados Unidos.374

Acevedo residía por entonces en Madrid y era amigo personal de Antonio Andrade, jefe de la comisaría de Moratalaz, quien alertó enseguida a sus compañeros de la nueva amenaza que se cernía sobre el invicto príncipe de la justicia universal. «Por lo que a mí me consta, los cuatro o cinco oficiales fueron una o dos veces a inspeccionar el terreno en la calle de Sanchidrián, de Pozuelo de Alarcón, comprobaron el dispositivo de seguridad del juez, se emborracharon media docena de veces, comunicaron a Chile que el atentado era imposible y se volvieron a su país», recuerda Andrade.

Por esas fechas, sin embargo, aunque Pinochet estaba a punto de cumplir los noventa años y era un viejo que cada día se consumía un poco más, de repente los jueces de media Europa, que llevaban casi un cuarto de siglo mirando para otro lado, se dieron cuenta de que Latinoamérica estaba llena de caudillos, tiranos, sátrapas y déspotas y que había que darles caza y captura sin piedad.

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En efecto, los sumarios surgieron como hongos por todas partes. El fiscal general del cantón de Ginebra y padre del llamado Manifiesto de Ginebra, Bernard Bertossa, seguía trabajando incansablemente en el secuestro y asesinato de un ciudadano suizo-chileno llamado Alexei Jaccard.

Casado entonces con Paulina Veloso, en 2007 ministra de Hacienda del Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, Jaccard había viajado desde Suiza a Chile vía Buenos Aires el 15 de mayo de 1977, durante la aplicación de la llamada Operación Cóndor.Veinticuatro horas después había sido secuestrado en Buenos Aires por agentes de seguridad argentinos y chilenos. Originaria de la comuna de Sainte Croix, del cantón de Vaud, Paulina Veloso viajó poco después a Argentina para descubrir el paradero de su marido. Lo único que pudo comprobar es que Alexei Jaccard había sido detenido en la vía pública y trasladado a un recinto de la Policía Federal argentina donde fue interrogado y luego transferido a la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. Desde entonces figura en la lista de desaparecidos.

En Concepción, su ciudad natal, había iniciado estudios de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción (1980-1985). Obtuvo en 2002 un doctorado en Derecho en la Universidad de Chile. Durante sus estudios Paulina Veloso regresó en varias ocasiones a Ginebra, donde prestó testimonios ante el juez Bernard Bertossa y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dispuesta a indagar el paradero de los restos de su marido.

Entre tanto, en Bélgica, el juez instructor Damien Vandermeersch, que luego se haría famoso por un sumario sobre Ruanda, instruía una causa iniciada en febrero de 1998 a raíz de una querella de seis ciudadanos chilenos que se habían constituido en parte civil y pedían la detención y el enjuiciamiento internacional de Pinochet. Sus familiares habían sido asesinados en Santiago de Chile a raíz del golpe de Estado de 1973. Las atrocidades narradas por los parientes de los muertos ponían los pelos de punta al más neutral observador, y aunque el derecho penal belga no contemplaba el delito de genocidio, estaba a punto de pedirse la detención y encarcelamiento del ex dictador chileno por torturas y asesinato.

Por su parte, el juez francés Roger Le Loire investiga en Francia las denuncias por «secuestro seguido de torturas» presentadas por las familias de otros cinco ciudadanos franceses desaparecidos en Chile entre 1973 y 1977. Sobre esta denuncia, el juez parisiense libró en 1999 una orden de arresto internacional seguida de una demanda de extradición. Su petición, sin embargo, no encontró eco alguno en las autoridades del Reino Unido.

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Mientras en Londres Baltasar Garzón y su cohorte de jueces de relumbrón continúan exigiendo que Augusto Pinochet sea deportado a España para someterlo a la «justicia internacional» que quiere instaurar en la Audiencia Nacional, en Santiago de Chile la verdadera justicia comenzaba a abrirse paso.

Tras encabezar numerosas investigaciones a lo largo y ancho del país, y dirigir personalmente decenas de exhumaciones de restos humanos en busca de los «detenidos-desaparecidos», a comienzos de 1999 el juez Guzmán Tapia había identificado a 57 víctimas de la siniestra Caravana de la Muerte.

El juez chileno no hacía otra cosa que seguir la doctrina elaborada por Patricio Aylwin, primer presidente constitucional de Chile tras la dictadura, para quien la amnistía que se habían autoconcedido los torturadores no debía atenazar a la justicia, ya que era perfectamente compatible actuar contra los responsables de las torturas y asesinatos independientemente de la Ley de Amnistía. Esta ley no impedía que se aclararan los casos de homicidio, se identificara a sus autores, y se les procesara y encarcelara hasta la celebración de la vista oral.

El 8 de junio da un paso más. Ordenó la detención y el procesamiento del general Arellano Stark y de cuatro oficiales retirados,375 que se llevaron a cabo sin ningún problema.

Su actuación era un salto de gigante que nadie iba a valorar por entonces en toda su magnitud. La justicia chilena, sumisa y sometida al poder político, recobraba por primera vez desde 1973 su autonomía e independencia. El Ejército, que en otros tiempos había sido una institución respetable, garante de la independencia del país y sometida al poder político, para convertirse en un grupo de forajidos tras el derrocamiento de Salvador Allende, dejaba de ser una institución intocable.

En los meses siguientes inculpó a otros cincuenta y nueve militares y el 1 de diciembre de 1999, procesó al general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, al coronel Marcelo Morén Brito y al mayor Armando Fernández Larios por el secuestro del militante comunista David Silberman, desaparecido en octubre de 1974, tras su detención por la DINA.

En 1998 y 1999, al tiempo que Baltasar Garzón y otros jueces con sed insaciable de justicia universal seguían enredados en los vericuetos del Reino Unido para trasladar a Augusto Pinochet a España y encausarle, el juez Guzmán Tapia, un hombre de derechas, católico, amante de la ley y el orden, admirador del estamento militar y de su país, Chile, continuaba en su línea inflexible de sentar al dictador en el banquillo. «La inmensa sed de justicia después de decenios de gritos y lágrimas de los que habían padecido la represión del régimen, se había instalado en Chile. La mayoría de la población quería que se juzgara al dictador, que se beneficiaría de las garantías procesales con las que ni ellos ni sus parientes habían contado. Nadie torturaría ni condenaría a la pena de muerte a Pinochet, pero con sólo sentarle en el banquillo muchas heridas comenzarían a restañar», afirmaba el juez.376

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Durante todo el procedimiento seguido en Londres los abogados de Pinochet, que eran una legión, tenían guardado un as en la manga: uno de los jueces intervinientes en la Cámara de los Lores, lord Leonard Hoffmann, pertenecía a Amnistía Internacional. Como tal, al tratarse de un ente dedicado a denunciar y perseguir la tortura en el mundo, estaba contaminado. Su voto había viciado todo el procedimiento. Ante esta disyuntiva, a los jueces ingleses sólo les quedaban dos posibilidades: declarar la sentencia nula y dejar libre al procesado o retenerle e iniciar de nuevo el procedimiento de extradición.

Tras una larga y dilatada instrucción llevada a cabo con exquisito celo, los jueces vuelven a llegar a la misma decisión: Pinochet debe ser extraditado a España. Y es entonces cuando la ex premier británica Margaret Thatcher decide salir abiertamente en defensa de su amigo, el dictador, en un congreso del Partido Conservador, que se celebra en Blackpool a comienzos de octubre de 1999: «Voy a revelarles un secreto de Estado, a decirles cómo nos ayudó Pinochet en la Guerra de las Malvinas. Los radares chilenos nos avisaban cada vez que los aviones argentinos despegaban desde sus bases militares. Así pudimos desplegar nuestra propia aviación e impedir que bombardearan nuestra flota, ya que cuando se acercaban a las Malvinas volaban tan a ras del mar que nuestros radares no podían detectarles».

«Nosotros conocíamos aquella ayuda pero sólo pudimos estimarla en su justo valor el 8 de junio de 1982. Ese día no recibimos información temprana de los radares chilenos porque estaban desconectados para su mantenimiento. Los aviones argentinos atacaron, no pudimos detectarlos a tiempo con nuestros medios, como siempre, y nos destruyeron dos barcos, el Sir Galahad y el Sir Tristan, pereciendo gran parte de sus tripulaciones. Nuestra gratitud con el general Pinochet es, pues, inmensa».377

Lo que la Dama de Hierro propone al Gobierno presidido por Tony Blair es que, en lugar de extraditar a su amigo a España para ser sometido a un proceso con años de instrucción y a un juicio interminable, se le deje en paz y se le envíe a su país. «A sus ochenta y cuatro años, su salud está quebrantada y las razones humanitarias deben prevalecer sobre cualquier otras», señala.

Al final, tras quinientos días de detención en Londres, es la tesis que se impone. El 2 de marzo del año 2000 Augusto Pinochet parte en secreto desde una base militar británica rumbo a Santiago de Chile, donde le están esperando sus partidarios.

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Sin embargo, sus penalidades no han finalizado aún. Al mismo tiempo que desciende por la escalerilla del avión y sus seguidores festejan el regreso por las calles de Santiago de Chile, el juez Juan Salvador Guzmán Tapia, el primero en instruir un procedimiento en su contra, le está esperando para procesarle.

«Estoy en contacto con sus abogados. Sé que no tiene sus facultades mentales disminuidas y que puede enfrentarse a un juicio con todas las garantías procesales», declaró a El Mercurio.

El 6 de marzo de 2000, setenta y dos horas después de que el viejo general descendiera del avión en una silla de ruedas e inesperadamente se levantara y echara a andar como en el milagro de Lázaro, Guzmán Tapia pidió a la Corte de Apelaciones que le levantara la inmunidad parlamentaria. Le acusaba, por el momento, de 19 delitos de secuestro permanente, cometidos por la Caravana de la Muerte.

Casi tres meses después, el 5 de junio, el alto tribunal acordó despojar al dictador de su inmunidad por trece votos frente a nueve al considerar que había «sospechas fundadas» de que Augusto Pinochet Ugarte hubiese ordenado aquel macabro operativo militar para acabar con los disidentes de la dictadura.

El 8 de agosto de 2000 la Corte Suprema de Chile, por catorce votos frente a seis, decide levantar a Pinochet la inmunidad parlamentaria. El Supremo ha perdido todo su poder, es un mortal de carne y hueso y puede —como todo el mundo— ser sometido a los tribunales. La decisión de la justicia chilena asombró al mundo y reveló que el imperio de la ley empezaba a regir también para el hombre que ahogó en sangre a su país en la década de los setenta.

El Tribunal Supremo chileno fue más allá. El general Pinochet debía ser procesado y juzgado no sólo por aquellos 19 desaparecidos presuntamente asesinados, sino por otros 57 casos de homicidio demostrados, al haberse encontrado los cuerpos de las víctimas, y por cualquier otro caso que pudiera descubrirse en el futuro.

Al final, cuando prácticamente nadie veía en Chile la posibilidad de enfrentar a Augusto Pinochet con la justicia y sentarle en el banquillo para que pagara por sus horrorosos crímenes de lesa humanidad, Guzmán Tapia había conseguido colocar a la justicia de su país en el lugar que le correspondía

Toda su labor callada, realizada con sumo tacto y delicadeza, procurando no molestar a los altos mandos uniformados, pero al mismo tiempo sentándoles a declarar en los mismos recintos militares en que se interrogó y asesinó a centenares de personas, acabaría dando sus frutos: cuando por fin Pinochet regresa a Chile el juez Guzmán Tapia ha logrado acumular casi cien querellas criminales contra él y su círculo más próximo, los generales Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark y otros.

Sin embargo, el 9 de julio de 2001 la Sexta Corte de Apelación, a petición de las defensas del dictador, decidió sobreseer provisionalmente el proceso contra el general «por razones humanitarias» y por no poder hilvanar un discurso coherente. Seis meses después, el 1 de julio de 2002, el Tribunal Supremo confirmó el fallo sobreseyendo la causa «definitivamente». Pinochet tenía entonces ochenta y siete años.

El juez Guzmán Tapia no dio por cerradas sus investigaciones. De los 99 procedimientos abiertos se centró en 5: el centro de torturas Villa Grimaldi, por el que pasaron 4.000 presos de los que 250 desaparecieron; la Caravana de la Muerte; el Caso Conferencia;378 la Operación Colombo;379 y la Operación Cóndor, el plan de colaboración de las policías del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia), para prestarse colaboración mutua en su lucha contra lo que ellos llamaban la «insurgencia».

El Plan Cóndor no sólo facilitó la muerte de numerosos militantes de izquierdas, sino que fue utilizado por la Junta Militar chilena para asesinar en Washington al ex ministro de Asuntos Exteriores de Allende, Orlando Letelier, y a su acompañante Ronnie Moffit; al general Carlos Prats y a su mujer Sofía Cuthbert en Argentina; y el intento de homicidio en Roma del ex ministro del Interior Bernardo Leyton, hombre de confianza del ex presidente Eduardo Frei; y para matar en Madrid a Esther Gianetti de Molfino y a muchas otras víctimas de este holocausto.380

Tras la instrucción de un sumario por las operaciones Cóndor y Colombo, en el que figuraban más de medio centenar de asesinatos ordenados directamente por Pinochet al jefe de la DINA, Manuel Contreras, el juez Guzmán Tapia volvió a procesar al dictador chileno. En esta ocasión la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por unanimidad el auto y el Supremo confirmó la decisión del juez por mayoría. La justicia chilena ganaba la partida por segunda vez en noviembre de 2005.

Poco después, el 9 de diciembre de 2006, a la edad de noventa y un años, fallecía el ex dictador. Aunque nunca lograron meterle entre rejas, lo que habría sido una humillación para sus seguidores, para muchos chilenos ese día la pesadilla desaparecía.

Desde entonces Juan Guzmán Tapia, un juez conservador y católico, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Santiago de Chile y doctor en Filosofía del Derecho por La Sorbona, amante de la música clásica, coleccionista de antigüedades precolombinas y lector de Bernard Shaw, vive casi retirado. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, ha desgranado sus recuerdos en su libro de memorias titulado Au bord du monde. Les mémoires du juge de Pinochet.381

Muy poca gente, sin embargo, está al corriente en España y en gran parte del mundo de que fue el único juez capaz de sentar en el banquillo a la versión chilena de Yo, el Supremo, el siniestro personaje de la novela del paraguayo Augusto Roa Bastos.

Entre tanto, Baltasar Garzón continúa pavoneándose por el mundo y recibiendo galardones por haberle birlado un sumario a su compañero Manuel García Castellón y otro a Guzmán Tapia para hacerse la foto en la Cámara de los Lores de Londres. Aunque su instrucción, basada esencialmente en el Informe Rettig, no sirviera para nada.

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El 7 de mayo de 2007 la Tisch School of the Arts de Nueva York, situada en el 721 de la avenida de Broadway, organiza un homenaje a Baltasar Garzón. Es otro más de los muchos que se le han dedicado en todo el mundo desde que tuvo la osadía de pedir la detención de Pinochet, saltándose por todo lo alto el informe preceptivo de la Fiscalía española y otros muchos preceptos legales.

«La Corte Criminal Internacional —decía el panfleto de la presentación— fue establecida en 2002 como un tribunal permanente para enjuiciar los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y puede instruir causas por crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, en que se firma el Estatuto de Roma, que da carta de naturaleza a este organismo.

»[De esta manera] el Tribunal Penal Internacional ha establecido troneras o agujeros transnacionales que permiten a dictadores como Pinochet escapar de la justicia. El juez Baltasar Garzón [en cambio] decretó que Pinochet podía ser extraditado de Inglaterra para someterse a juicio por tortura, genocidio y asesinato [mucho antes de establecerse este tribunal] [...] que investiga ahora crímenes de guerra y genocidios cometidos en Darfur, Sudán y Uganda».

Meses antes Juan Guzmán Tapia había pasado también por la Gran Manzana, invitado a asistir a una de las conferencias celebradas en la Universidad de Nueva York y financiadas por el Banco de Santander. Pese a haber sido el hombre que sentó por dos veces a Pinochet en el banquillo, todo el protagonismo fue para su compañero de mesa redonda, Baltasar Garzón. Durante aquel acto el autor le preguntó cómo llevaba aquel espinoso asunto. Tras ser el único juez en el mundo que había procesado en dos ocasiones al nonagenario Pinochet, le molestaba que Garzón hubiera pasado a la historia como el campeón de los derechos humanos en Chile, su país, y a él se le recordara siempre en un segundo plano. Aunque se le notaba tremendamente incómodo ante el endiosamiento del príncipe de la justicia, Guzmán Tapia se encogió de hombros. Luego, leyendo su biografía, el autor se dio cuenta del por qué de aquella actitud suya distante. «A mí, de pequeño, en Estados Unidos, mi patria de adopción, me enseñaron a no hacer trampas ni a decir mentiras», dejó escrito.

Como uno de los personajes de El Gatopardo del siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pertenecía a esa aristocracia venida a menos del mundo del ayer, esos a los que el presente les resulta penoso y el futuro incierto. Pero, como viejo aristócrata que era, su conciencia no le permitía cometer marrullerías para escalar socialmente.

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Un sector de la opinión pública mundial que ve con horror cómo los dictadores de América Latina ahogaron a sangre y fuego las hogueras revolucionarias que ellos mismos provocaron considera que el intento de detención de Pinochet coloca a la justicia española en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Aunque aquí no tratamos de justificar, sino todo lo contrario, las dictaduras iberoamericanas, por la tremenda barbarie y los actos de sadismo y los asesinatos indiscriminados que cometieron en sus respectivos países, no es cierto que Baltasar Garzón haya instaurado una «nueva etapa en la lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas de las dictaduras y haya establecido un precedente jurídico de extraordinaria trascendencia», como se afirma en un libro de la editorial Planeta.

Si se lee el libro El caso de España contra las dictaduras chilena y argentina382 se comprobará que los 305 primeros folios de un libro de 334 páginas lo constituye el Informe Rettig,383 apropiado por el juez como suyo y adobado con alguna perla jurídica que tampoco es de su cosecha y que luego ha repetido en centenares de conferencias y libros,384 a 100.000 dólares la intervención en algunos casos. En el volumen citado pueden encontrarse frases como estas: «Garzón marcó un hito histórico al reconocer por primera vez la jurisdicción universal de España para juzgar crímenes contra la humanidad, genocidio, terrorismo y torturas cometidos fuera del territorio español y cualquiera que sea la nacionalidad de las víctimas».

Esta supuesta concepción avanzada y moderna de la defensa de los derechos humanos y de las libertades plantea varios graves problemas. Entorpece, como en el caso de Chile, que la justicia de su país pueda ejercer como tal; aplica con carácter retroactivo el derecho penal, en contra de la máxima que ha dejado sentada la Corte Penal Internacional; atenta contra el principio de la doble incriminación y funciona en un solo sentido. Sólo los dictadores de derechas —Guatemala, Chile y Argentina— han sido incriminados. Algunos, como Jorge Rafael Videla o Eduardo Emilio Massera lo han sido tras ser condenados a cadena perpetua en sus respectivos países. Otros, como Fidel Castro, Daniel Ortega, Hassan II o Teodoro Obiang Nguema, o los ex dictadores de los países del este europeo que ahogaron la Primavera de Praga o que ordenaban a los vopos, la Volkspolizei de Alemania del Este a disparar contra todo lo que se movía junto al Muro de Berlín, siguen impunes. E igualmente individuos que han participado desde la OTAN en guerras no autorizadas por la ONU. Y no es —como se verá en otras partes de este libro— porque no hayan llovido en su juzgado querellas en ese sentido.

Capítulo XIV

Dictaduras buenas, dictaduras malas

A finales de la década de los ochenta, cuando la Audiencia Nacional decidió declararse «tribunal penal internacional» sin la autorización de las Naciones Unidas para procesar a los genocidas de derecha, le llovieron decenas de querellas para que se hiciera lo mismo con Fidel Castro, Hassan II, Teodoro Obiang Nguema o Santiago Carrillo. Baltasar Garzón, la Sala de lo Penal, el Tribunal Supremo y el Constitucional decidieron que la justicia universal no se podía aplicar a dictadores en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado o de Gobierno. Por otra parte, los presuntos delitos de Santiago Carrillo o de los dirigentes de los países del Este europeo, como Stalin o los que masacraron la Primavera de Praga, los esbirros del sátrapa Nicolae Ceaucescu y su esposa y consejera Elena, en Rumanía (asesinados por la multitud), o los dirigentes y seguidores del Partido Comunista de Alemania, dirigido con mano de hierro consecutivamente por Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Erich Honecker y Egon Krenz nunca fueron sometidos a juicio o condenados. Por el contrario, muchos de ellos pasaron de encarnar la feroz dictadura comunista a convertirse en fervientes demócratas. Baltasar Garzón y la Audiencia Nacional, por supuesto, jamás pensaron en sentar en el banquillo a quienes cometieron torturas, terrorismo y genocidio contra su propio pueblo, y se les permitió «rehabilitarse».

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En 1986 la viuda de Juan Garrigues Walker, Carmen Díaz Llanos, y un grupo de personas defensoras de los derechos del pueblo saharaui alquilaron un avión a la empresa OLT para realizar un viaje con políticos y periodistas al antiguo Sáhara español. El avión debía salir de Madrid y aterrizar en El Aaiún. Allí se reunirían con la población local y algún dirigente del pueblo saharaui para denunciar la invasión marroquí.

Además de cumplir con un deber cívico, los viajeros consideraban que estaban en su derecho de viajar al antiguo Sáhara colonial. Se basaban en las tesis del abogado Antonio Fernández Goberna, quien sostenía que aquellas posesiones en el norte de África estaban aún bajo administración española. El letrado había llegado a esta conclusión tras meses antes de investigación en el Boletín Oficial del Estado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos. De esta manera supo que la administración de la ex colonia seguía siendo española, ya que el Acuerdo Tripartito entre Marruecos, Mauritania y España para ceder la administración a los países limítrofes, hasta que se aclarara la cuestión de la soberanía, nunca había existido. El documento inscrito en la ONU, al que todo el mundo llamaba Acuerdo Tripartito, era una simple «declaración de principios», un «acuerdo de intenciones», y no un tratado, como pretende hacer creer el reino alauita.385

Así que, ni cortos ni perezosos, con el fin de defender el derecho del pueblo saharaui a su soberanía, el 15 de mayo de ese año Carmen Díaz Llanos, la diputada Cristina Almeida, los periodistas Ana Camacho y Raúl del Pozo, el cantante Javier Krahe y otras personas toman camino de El Aaiún y Villa Cisneros en un avión.

Hacen el trayecto sin ningún contratiempo, pero cuando se encuentran cerca de El Aaiún les llaman desde la torre de control. Con palabras gruesas y frases amenazantes un oficial del Ejército de Hassan II les insta a identificarse y a declarar sus intenciones. El comandante de la aeronave, Oscar Bermejo, les explica que son un grupo de excursionistas españoles que pretenden pasar un fin de semana en el antiguo Sáhara español.

—Se hallan en zona militar, en zona de guerra. ¡Abandonen inmediatamente el lugar y diríjanse a otro destino!

El piloto vuelve a insistir. Alega razones humanitarias para tomar tierra. Apenas tiene combustible para llegar al aeropuerto de El Aaiún, pero el controlador aéreo se muestra inflexible.

—Su aeronave no cuenta con autorización oficial para aterrizar. Le ordeno que abandone ahora mismo el espacio aéreo marroquí —le insta por radio.

El comandante Bermejo hace un tercer intento de convencer a su interlocutor, pero resulta fallido.

—Salga ahora mismo del espacio aéreo marroquí o doy órdenes de derribarles.

Y para que viera que no iba en broma mantuvo la radio abierta al tiempo que por otro canal llamaba a la base aérea de Casablanca y pedía la intervención de los cazas Mirage F-3, de guarnición en aquella plaza. No hizo falta esperar a que todo el aparato militar marroquí se pusiera en marcha. Tras echarlo a votación, los amigos del pueblo saharaui y del Frente Polisario escucharon las acertadas palabras de la diputada de IU, Cristina Almeida.

—Yo prefiero seguir siendo noticia todos los días a serlo por última vez.

Todos estuvieron de acuerdo y, sin pensarlo dos veces, le pidieron al comandante de la aeronave que cambiara de rumbo y aterrizara en el aeropuerto de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria.

A su regreso a Madrid, tras asesorarse convenientemente, el letrado Fernández Goberna, hijo del jugador del Celta y del Real Madrid, Manuel Fernández Pahiño, decidió interponer una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Hassan II y el reino de Marruecos, acusándole de piratería aérea.386 Lo hizo en nombre de dos de las pasajeras, la periodista de El País Ana Camacho y la viuda de Garrigues, Carmen Díaz Llanos. El asunto cayó en el juzgado de Javier Gómez de Liaño quien, con el apoyo del fiscal Ignacio Gordillo, decidió no admitirla siquiera a trámite. Pero la sala, presidida por José Antonio Jiménez-Alfaro, obligó a reabrir el sumario. «No puede menos que sorprender que admitiendo la posibilidad de un delito de piratería aérea se haya informado a favor del archivo».

El asunto acabó en el juzgado de Juan del Olmo, quien no llegó siquiera a interrogar a los viajeros, aunque sí al comandante de la aeronave y a dos de las azafatas. Inmediatamente se archivó de nuevo. «Mantener abierta la presente causa genera incomodidad a muchas personas».

El procedimiento se lleva en la actualidad en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. «No son autoridades, son piratas, asaltacaminos y saqueadores de tierras. Están usurpando la administración de un territorio que no es suyo», afirma convencido Fernández Goberna. Por las mismas fechas había otra gente luchando por sentar a Hassan II en el banquillo. Veamos otro caso.

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Eugenio Suárez es un piloto de aviación canario, ex comandante de vuelo de Aviaco con muchas horas de vuelo por África pilotando naves destartaladas y viejos cacharros aéreos para trasladar tropas cubanas a Angola y Mozambique y otros países en conflicto.

Volando sobre el continente africano y hablando con sus gentes ha aprendido a amarlo. Sus correrías le han dejado, además, un pozo de bonhomía y de entrega total por los desheredados de la tierra y la solidaridad por los pueblos oprimidos de África.

Nombrado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España responsable de la campaña de solidaridad y defensa de los saharauis desaparecidos tras la desacertada descolonización del antiguo Sáhara Occidental y la creación del Frente Polisario, en 1986 propuso una iniciativa que tendría unos resultados sorprendentes. En contacto con las asociaciones pro derechos humanos de todo el mundo puso en marcha una campaña de envío de tarjetas postales a los presidentes francés y estadounidense, François Mitterrand y Ronald Reagan, al presidente del Gobierno español, Felipe González, al rey Juan Carlos I y a medio centenar más de mandatarios del mundo. Su objetivo era conocer el paradero de 762 saharauis desaparecidos tras la guerra del Frente Polisario con el ejército alauita, la mayoría de los cuales habían sido hechos prisioneros en los campos de batalla o capturados en El Aaiún y Villa Cisneros.

El punto culminante de la campaña fue un encuentro de treinta y una organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha a favor de los derechos de los pueblos oprimidos. La cita fue en Hamburgo a mediados de 1987. Coincidiendo con ese encuentro, la presión internacional se hizo tan insostenible para el rey alauita que tuvo que reconocer que 261 de los desaparecidos se encontraban prisioneros en la «Cárcel Negra» de El Aaiún, además de en otras prisiones secretas de Kenitra, El Aaiún y otras cárceles tercermundistas de Marruecos. Otros dos centenares habían fallecido al no poder resistir las torturas, el hambre y las enfermedades padecidas en las prisiones.

En 1989, coincidiendo con una visita oficial del rey de Marruecos a España, Eugenio Suárez tuvo una idea todavía más audaz. Se incautó de una avioneta Pipper Comanche en el aeropuerto de Cuatro Vientos y se paseó por los cielos de Madrid arrastrando una pancarta de 60 metros cuadrados que ponía «Desaparecidos saharauis, ¿dónde están?».387

Las imágenes de su travesura fueron censuradas por TVE, pero pudieron verse en las televisiones belga, alemana, danesa y suiza. Los gobiernos español y marroquí pasaron por alto el asunto en las reuniones bilaterales celebradas en Madrid. El escándalo organizado fue de tal magnitud que otros centenares de presos y desaparecidos fueron puestos en libertad en los siguientes días. A partir de esa fecha Suárez se hizo acreedor a un monumento por parte de la asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis (Asapedesa), pero nadie le ofreció un doctorado honoris causa como a Baltasar Garzón, ni siquiera en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El ex piloto de Aviaco, jubilado poco después de la fusión de Aviaco e Iberia, llevó a la opinión pública un hecho del que muy poca gente se atrevía a hablar. El país de Hassan II era un régimen feudal, típico de la Edad Media, donde la vida y la hacienda carecían de valor para cualquier persona que se supusiera enemigo del régimen. Sostener una dictadura a escasos kilómetros de la frontera española era una vergüenza y un oprobio para los españoles, que habían entregado oficiosamente, a hurtadillas, la administración del antiguo Sáhara Occidental, sometiendo a sus habitantes a la severidad de un régimen tercermundista y torturador.

Tomando el relevo a Eugenio Suárez, cuando le archivan la causa por piratería aérea, en 1998, Javier Fernández Goberna presenta una segunda querella contra Hassan II. Esta vez acusa a la monarquía alauita de genocidio contra el pueblo saharaui, y en apoyo de sus tesis aporta una lista de 120 saharauis desaparecidos, el lugar y fecha en que fueron vistos por última vez y los testimonios de algunos supervivientes acusando a la policía marroquí de haberlos detenido y mantenido en prisión sin abrirles causa alguna. «Muchos de ellos, sin haber cometido delito alguno, habían sido convertidos por el régimen en muertos vivientes. Estaban encerrados en cárceles bajo tierra, torturados continuamente, mal alimentados y no podían ver el sol durante años. Así que ya me río de Guantánamo y de todos aquellos que critican a los norteamericanos por negar los derechos humanos a los talibanes», afirma Fernández Goberna. Era el primer paso para interponer otras querellas en las que exige que la Audiencia Nacional declare nulos de pleno derecho los tratados internacionales de pesca firmados entre Marruecos y otros países, entre ellos España, para faenar en aguas del banco sahariano, al no existir acuerdo de cesión de la administración a favor de Marruecos y Mauritania.

El asunto cae en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5. Decidido a quitarse el muerto de encima, Baltasar Garzón lo remite al ministerio público para que «informe». «La inmunidad de Hassan II como jefe de Estado impide que pueda admitirse siquiera a trámite», sentencia el fiscal Pedro Rubira en apenas dos líneas. Apoyándose en la tesis del ministerio público, el gran maestre de la justicia española y martillo pilón de los Estados Unidos, por crear «zonas de impunidad» a donde no llega la acción de la justicia, entre ellas la prisión de Guantánamo, aplica dos varas de medir. Decide no admitir ni siquiera a trámite la querella contra Hassan II.

Fernández Goberna recurre entonces a la sala, en apelación, pero no sirve de nada. La Audiencia Nacional se niega por activa y por pasiva a iniciar un sumario contra el primer mandatario y monarca absolutista del reino alauita.

—Tú estas buscando que invada Ceuta y Melilla. ¿Quieres provocar una guerra, no? —le dicen.

Para procesar a Hassan II en apoyo de la tesis de la justicia universal que decía practicar Garzón había motivos suficientes. Desde que llegó al trono en 1956 un rosario de crímenes de Estado jalona su mandato. Desterrado en Madagascar por los franceses hasta 1955, cuando se independiza Marruecos en la testa coronada de su padre, Mohamed V, desde su llegada al poder en 1961 hasta su muerte ocurrida en 1999, es decir, durante treinta y ocho años, el monarca alauí utilizó la represión, la tortura, el asesinato de los disidentes políticos, el encarcelamiento y la desaparición de sus adversarios como herramientas de gobierno.388 Señor feudal de su país hasta su muerte, basta leer cualquier enciclopedia para saber que se estrenó en el poder aniquilando y exterminando a tiro limpio la disidencia de los rifeños del norte de Marruecos, los cuales, años antes, con Abd el-Krim a la cabeza, habían mantenido en jaque al rey español Alfonso XIII.

El 29 de octubre de 1965, según multitud de libros y publicaciones, ordenó con ayuda de los servicios secretos franceses el secuestro del líder demócrata marroquí Mehdi ben Barka ante el restaurante parisino Lipp, y desde entonces no se sabe nada de él.

De esta manera, apoyado en el general Mohammed Ufqir, un militar formado por los franceses en la guerra de Indochina, su mano derecha en el Ejército, eliminó masivamente a los opositores a la dinastía alauita —árabes y bereberes—. Una política que inauguró su padre, Mohamed V. También encarceló y mandó fusilar a muchos de los dirigentes políticos y militares que le eran adversos.

Desde el Ejército y la oposición trataron de asesinarle varias veces, la primera el 3 de junio de 1961, en su palacio de Sjirat, durante la fiesta de su cumpleaños, donde un grupo de suboficiales tomó el palacio y realizó una matanza de personalidades.

Incluso el general Ufqir, que había gobernado el país con mano de hierro, se volvió en contra de su forma autoritaria de reinar. Fue ahorcado cuando, con el fin de instaurar una democracia parlamentaria con la ayuda de Francia, trató de asesinar al rey al año siguiente, en 1972. En aquella ocasión, los conjurados (sabiamente dirigidos por el general Mohammed Ufqir), tras ametrallar el Boeing en que el dictador regresaba de Francia y derribarle, estaban tan seguros de que no había sobrevivido a la caída que se llegó a anunciar la proclamación de la república por las radios del país.389

Tras la revuelta popular en Casablanca, en junio de 1981, debida a la escasez y el elevado precio de los alimentos —el pan subió un cincuenta por ciento en un día—, su política represiva y vengativa llevó a la cárcel a más de 2.000 personas, y a otras 600 directamente al cementerio, muchas de las cuales murieron en prisiones secretas como las de Derb Mulay Cherif, Tazmarmat, en el Alto Atlas, o la «Cárcel Negra» de El Aaiún. Algunas de ellas estaban situadas bajo tierra, los presos eran enterrados en vida y no volvían a ver la luz del sol en veinte o treinta años.390

Con la creación del Estado Saharaui y el Frente Polisario, otro grupo étnico, el que vivía en El Aaiún y Villa Cisneros bajo los auspicios del general Franco, sufrió un proceso de aniquilación, exterminio y desapariciones que dura hasta 2007. De esta manera, a lo largo de su reinado, el régimen de Hassan II, «nuestro vecino del sur», era responsable de la muerte y desaparición de unas 60.000 personas, el doble de los asesinados por la dictadura militar de Argentina y Chile, pero bastante menos capacitados para defenderse al tener menos posibilidades de acceso a los medios de comunicación. De donde podría deducirse que la justicia universal que predica la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ejerce mayormente Baltasar Garzón es válida frente a Adolfo Scilingo, Efraín Ríos Montt, Leopoldo Fortunato Galtieri, Augusto Pinochet y demás sátrapas americanos, situados a 12.000 kilómetros de España. En cambio no es aplicable con los dictadores de los países vecinos del norte de África por los conflictos geopolíticos que pueden crearnos.

Pese a que no se le dio siquiera traslado, el asunto es conocido inmediatamente por los servicios secretos marroquíes, que informan al monarca de las pretensiones del letrado español. El asunto, sin embargo, logró suavizar la política penitenciaria hacia los polisarios en una primera instancia y que Hassan II no se moviera del país hasta su muerte por cáncer, ocurrida el 29 de julio de 1999.391

Otra querella parecida contra el dirigente de Guinea Ecuatorial ha tenido el mismo final. A sus sesenta y tres años, tras varios intentos de golpes de Estado para derrocarle, el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema sigue en su puesto. Desde un pueblo de Toledo donde se halla oculto, el periodista guineano Severo Moto afirma que una de las aficiones predilectas del jefe de Estado de su país es comerse vivos a sus enemigos. Sus palabras suenan a excentricidad y a paranoia, pero tienen un punto de apoyo en las tradiciones de Guinea, Congo, Nigeria, Camerún y los países del entorno. Desde tiempos ancestrales los brujos y hechiceros han impuesto este rito. Al comerse las vísceras de sus enemigos Obiang adquiriría la fuerza de estos y se haría invulnerable a sus opositores.

Tal vez por eso una de las primeras cosas que hizo al asumir el poder, tras la detención y el fusilamiento de su tío, el sanguinario Macías Obiang, fue mandar matar al teniente que le detuvo, Pedro Motu Mbabiaga, el Tigre, para comérselo, cosa que pretende hacer también con el corazón de Severo Moto, presidente del opositor Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. «Si un día me muero y mi cadáver lo llevan a Guinea para darme sepultura, sé que mandará desenterrarlo para comerme, y no precisamente a la parrilla, sino crudo. Allí y en los países limítrofes, donde la brujería y el vudú son las religiones más arraigadas, muchos políticos creen que para mantenerse en el poder deben hacer sacrificios humanos. Si los ejecutados son sus opositores, la ofrenda tiene más fuerza ante sus divinidades ancestrales», dice Moto.

A mediados de 1998, después de que le rechazaran la demanda contra Hassan II, el letrado Fernández Goberna volvió a acudir a la Audiencia Nacional. Esta vez para acusar de genocidio al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le atribuía alrededor de cien asesinatos y desapariciones de opositores, algunos de ellos «crímenes rituales o religiosos» de adversarios políticos o intelectuales comprometidos con la democracia.392

La demanda se dirigía principalmente contra Teodoro Obiang, pero incluía también a su hijo Teodoro Nguema Obiang, Teodorín, ministro de Bosques y futuro presidente del país; a su tío Armengol Ondo Nguema, director general de la Seguridad Nacional; y al ex ministro del Interior Julio Ndong Ela Mongue, actualmente huido del país y refugiado en Barcelona para escapar de las garras del dictador.

Considerado por las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos internacionales como un dictador sanguinario y torturador, que se mantiene en el poder apoyado en su mujer, Constancia Mangue, y su suegra, Mamá Okomo, una activa e influyente sacerdotisa, reparte los principales cargos entre su propia familia y extermina sistemáticamente a sus adversarios. Por eso Fernández Goberna pensaba que, esta vez, la Audiencia Nacional iba a darle la razón.393 «Mi idea es que si en esta ocasión no prosperaba la demanda contra el jefe del Estado, al menos, con las pruebas aportadas y con las que íbamos a ir suministrando a lo largo del proceso, se procediera contra los otros tres».

Baltasar Garzón, el gran defensor de la justicia universal, decidió, sin embargo, archivar el caso. Lo argumentó así: «Al menos uno de los denunciados es jefe de Estado y goza del derecho a la inmunidad».

Aunque temía que el asunto no iba a prosperar por los intereses petrolíferos de Repsol en la región y la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de no buscarse problemas con ningún dictador cercano, Fernández Goberna decidió recurrir el auto de archivo. «Hasta donde a este letrado le es dado a conocer, la Jefatura del Estado es un cargo personalísimo, y si ese juzgado decide dejarlo al margen, lo entendemos. En cambio nos oponemos a que la figura de Obiang se emplee como paraguas que abarque a otros para amparar un delito de genocidio, de torturas y de desaparición de personas, delito este último que no prescribe, pues cada día que la persona desaparecida sigue sin dar señales de vida y sus familiares y amigos continúan con su búsqueda, el delito en lugar de desaparecer se renueva», replica al auto.

Nacido en Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, para que no se vea en su actuación animosidad contra dos dictadores, Fernández Goberna presenta al mismo tiempo en la embajada del Reino Unido en Madrid un escrito uniéndose a la querella contra el general Augusto Pinochet. No le sirvió de nada. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantuvo el archivo de la causa contra Teodoro Obiang Nguema. «Lo malo de este sumario es que si él nos captura, no sólo nos mete en la cárcel, sino que hace una barbacoa con nosotros».

Tras la detención de Adolfo Scilingo y el proceso contra Augusto Pinochet en Londres la Audiencia Nacional se convirtió en la depuradora de la gran cloaca política del mundo occidental. Todos los represaliados de las dictaduras trataron de lavar sus problemas, de ventilar sus asuntos sucios en España, convirtiendo la Audiencia Nacional en una especie de Corte Penal Internacional, sin mandato expreso de ningún organismo internacional. Y pese a que por mandato de las Naciones Unidas existían otros tres tribunales penales internacionales, regulados por el Estatuto de Roma, cuya doctrina está inspirada en los procesos de Núremberg y de Tokio, como se cuenta en otro capítulo.

Aunque jamás logró interrogar a Pinochet, y mucho menos a los responsables de las dictaduras de Argentina, convertido en una especie de «milagrero universal», desde 1998 han pasado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional decenas de grupos marginados, desde los indios mapuches hasta los ascendientes y descendientes de Rigoberta Menchú, que buscan remedio a sus males, una especie de justicia vengativa.

La revista Proceso, en su número 1.310, publicaba una serie de 24 fotografías sobre una matanza de medio millar de estudiantes en pleno Distrito Federal mexicano en 1968, acción ordenada por el Gobierno para evitar que se reprodujeran los sucesos del Mayo Francés en la capital azteca. En el número siguiente la revista publicaba en portada una entrevista con el juez Baltasar Garzón y afirmaba: «El juez español Baltasar Garzón opina que las fotografías publicadas por esta revista en su número de la semana pasada confirman que la matanza de Tlatelolco puede ser considerada un crimen de lesa humanidad y un acto terrorista desde el Estado y, en ese sentido, el delito cometido el 2 de octubre de 1968 no es prescriptible».

La matanza se había producido cuando el Ejército mexicano, decidido a disolver por la fuerza a un grupo de estudiantes, lanzó a la tropa contra una manifestación que se celebraba en la plaza de Tlatelolco y provocó una matanza indiscriminada en la que perdieron la vida entre 300 y 500 universitarios masacrados por una unidad especial, el Batallón Olimpia. Las órdenes al Ejército de disparar indiscriminadamente sus fusiles y ametralladoras contra la muchedumbre se atribuyen al propio presidente de México, quien actuaría por medio de su lugarteniente, Luis Echevarría, que en 1968 era secretario de Gobernación y posteriormente ocupó la presidencia de la República.

Los militares, sin embargo, siempre han negado estos hechos y el asunto sigue siendo, casi cuarenta años después, tabú, del que no se puede hablar en el país. Un libro de historia publicado por Editorial Santillana, con 5 millones de ejemplares vendidos, fue secuestrado y retirado de las escuelas, asumiendo el Gobierno de De la Madrid el coste de la impresión.

Tras plantearse que el presidente de México, Vicente Fox, era incapaz de encarar un proceso a los militares que llevaron a cabo aquella terrible matanza, en su número 1.311 la revista Proceso preguntaba a Garzón:

«—¿Y si el presidente Fox no lo hace?

»—Si no se hace, Fox queda en deuda con el pasado, con heridas abiertas, y una democracia no se puede asentar en bases firmes si no se saldan esas cuentas pendientes.

»—La matanza de Tlatelolco, donde se calcula que murieron entre 300 y 500 estudiantes, ¿es un crimen de lesa humanidad?

»—Hay que analizarlo, primero por la finalidad con que se ejecuta, por qué acontece. Evidentemente, aquí puede considerarse que hubo una represión política contra el movimiento estudiantil; pretendieron silenciar a un sector de la población, y con la participación de organizaciones paraestatales y, eventualmente, con el apoyo de los propios aparatos del Estado. Todo ello implica que los hechos se integren en una categoría que se puede considerar como crimen contra la humanidad. La matanza de Tlatelolco presenta características muy próximas, o incluso incide de lleno, en la categoría de crimen contra la humanidad.

»Puede que tal crimen no se encuentre tipificado en las leyes correspondientes de un determinado Estado, pero también hay otras tipificaciones aplicables, como puede ser, sin lugar a dudas, también el delito de terrorismo en su modalidad de terrorismo de Estado, y delitos de tortura masivos y reiterados. Todo ello puede dar lugar al análisis de la situación con perspectivas de enjuiciamiento.

»Considero que antes que nada se debe analizar si los mecanismos de prescripción han operado, si ha habido leyes o normas de impunidad, de amnistía o indulto. En tal caso, esas leyes deben ser analizadas para comprobar si se compaginan adecuadamente con la legislación internacional y los instrumentos o convenios de los que México es parte desde el momento de su ratificación».

Nada más conocerse en la capital azteca la decisión de Garzón de asumir el caso, Vicente Fox telefoneó a José María Aznar para pedirle que le pusiera un bozal al juez universal por excelencia después de Dios y que no le creara problemas con los militares.

Para evitar un conflicto interno, tras una entrevista entre Fox y Garzón, México se negó a firmar el acta final de la Corte Penal Internacional. Las denuncias, lejos de remitir, aumentaban día a día.

Por aquellas fechas, confiados en el justiciero universal que se dedicaba a predicar en numerosas universidades y foros internacionales, en el faro judicial y centinela de Occidente, la Fundación Nacional Cubano Americana presenta ante la Audiencia Nacional española una querella contra el régimen castrista. Era el 6 de noviembre de 1998. Según relató El Porvenir Internacional, editado en Miami, la querella se presentó por la muerte de nueve personas durante la invasión de Bahía de Cochinos, ocurrida el 15 de abril de 1961.394

El escrito, de cincuenta y seis folios de extensión más otros doscientos de base documental, era mucho más amplio. En él la Fundación de Derechos Humanos de Cuba395 y doce ciudadanos cubanos, entre ellos la poetisa María Elena Cruz Varela, la española Caridad Roque, Sergio Perodín, superviviente del hundimiento del remolcador 13 de Mayo, y el presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, Francisco Hernández, entre otros, acusaban al régimen cubano de haber exterminado a 18.000 personas desde el 12 de enero de 1959, fecha en que se instauró el comunismo en Cuba y comenzó el fusilamiento masivo de los opositores.

En la querella los denunciantes pedían el procesamiento y enjuiciamiento de Fidel Castro, presidente del Gobierno de Cuba; Raúl Castro, vicepresidente y ministro de Defensa; Osmany Cienfuegos, ministro de Turismo,396 y Carlos Amat, embajador de Cuba en Ginebra y antiguo represor del sistema al igual que los demás.

Los cuatro querellados eran acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinatos y tortura. Para llevar a cabo estos delitos, los denunciantes, dirigidos por el letrado Guillermo Alonso Olarra, atribuían al régimen castrista haber creado un sistema totalitario y represor encaminado a la sistemática violación de los derechos humanos, para lo que se habría valido de los fusilamientos de opositores, del encarcelamiento de los disidentes y de la práctica masiva de la tortura, habiendo eliminado, al igual que la dictadura chilena, grupos sociales claramente definidos.

La Fundación de Derechos Humanos de Cuba atribuía al Gobierno instaurado en su país desde 1959 «entre 15.000 y 17.000 fusilamientos, algunos de ellos de ciudadanos españoles como Domingo Trueba y José Ramón Gonzalo Teja, de los cuales hemos acreditado ante el juez unos 800». En ese periodo, más de medio millón de cubanos habían sido encerrados en campos y centros de represión donde eran sometidos a torturas psicológicas y muchos de ellos obligados a trabajar. Según el informe de Amnistía Internacional de 1997, aportado a la denuncia, por esas fechas había aún en Cuba más de 2.500 prisioneros políticos mal alimentados, sometidos a tortura y sus familiares vigilados y represaliados.

Los firmantes de la querella aseguraban que el «régimen de terror castrista» atentaba contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España, todo el articulado de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura, tratados estos últimos firmados por España y Cuba. Afirmaban, asimismo, que España era competente para perseguir todos estos delitos en virtud del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del auto de 4 de noviembre de 1998 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que este último organismo había sido considerado competente para impartir la justicia universal, al margen de los tribunales penales internacionales existentes.

La demanda cayó en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Ismael Moreno, decidió elevar el asunto a la Sala de lo Penal. «España no es competente para juzgar a jefes de Estado ni de Gobierno en activo», sentenció el tribunal. Los querellantes, sin embargo, recurrieron. Y afirmaron que en el Convenio para la Represión de la Tortura firmado por el Reino de España se incluye a jefes de Estado, de Gobierno y a altos funcionarios en activo. «Por lo tanto, parece un contrasentido procesar a dirigentes en retirada, como Augusto Pinochet, que han dejado de causar daño a la humanidad, y permitir que sátrapas como Fidel Castro sigan encarcelando y torturando, convirtiendo Cuba en el último reducto de Iberoamérica donde existen presos políticos».

El magistrado de la Audiencia Nacional desestimó el caso ese mismo mes y dictaminó que los hechos presentados en la denuncia no eran constitutivos de genocidio o tortura, y que los Estados no pueden cometer terrorismo, una afirmación discutible. El juez Ismael Moreno también declaró que, como jefe de Estado en funciones, Fidel Castro era inmune al juicio en España, decisión que fue recurrida sin éxito.397

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por un gran número de magistrados de izquierda, algunos de ellos admiradores del régimen castrista, se mantuvo inflexible. Encausar a Fidel Castro, uno de los iconos del falso progresismo mundial, por muchos crímenes que hubiera cometido, era un escándalo universal de magnitudes imprevistas que ningún juez español en sus cabales estaba dispuesto a afrontar. Ni siquiera Baltasar Garzón, que por esas fechas rechazaba otras denuncias similares presentadas por otros colectivos de cubanos bajo la misma tesis: los delitos de genocidio y lesa humanidad sólo se pueden perseguir cuando estén los cementerios llenos de víctimas y los tiranos retirados del poder, a ser posible sentados en una silla de ruedas.

«Habrá combate, se lo aseguro. Soy el comandante en jefe de Cuba. Este es un país soberano y si alguien intenta juzgarme en el exterior habrá combate». A mediados de abril de 2001 Fidel Castro respondía a los supuestos intentos del juez Baltasar Garzón de detenerle. La noticia la distribuía el domingo 29 de abril de 2001 la BBC, a las 17.45. La información se difundía por su servicio internacional de noticias, en una crónica-entrevista firmada por su corresponsal Fernando Ravsberg. El comandante, que había publicado ese mismo día una carta en el periódico Gramma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista Cubano, amenazaba: «Si algún juez o autoridad española o de cualquier otro país de la OTAN intentara alguna vez arrestarme, haciendo uso de arbitrarias facultades extraterritoriales y violando derechos que para mí son sagrados, debe saber de antemano que habrá combate, sea cual fuere el lugar donde intenten hacerlo».

Aunque el juez Baltasar Garzón acababa de declarar a la prensa que ni siquiera había estudiado la solicitud de procesamiento contra el mandatario cubano «porque la ley internacional no permite procesar a presidentes en activo», el comandante decidió salir a la palestra y lanzar un aviso a navegantes. «Durante el proceso de arresto a Pinochet en Gran Bretaña visité España, donde dormí una noche e hice todos mis traslados por carretera, a pesar de conocer la demanda judicial presentada en mi contra por esa gentuza, que se dicen cubanos, pero que viven como marqueses en Miami odiando a los verdaderos cubanos, que somos los que estamos aquí defendiendo la revolución».

Castro negó el derecho de los países desarrollados a juzgar a los gobernantes del Tercer Mundo, y sostiene que además de no tener autoridad legal tampoco tienen autoridad moral para ello. «Ningún mortal [en alusión a Garzón] se debe hacer la ilusión de ser más temible que los dioses. He vivido siempre y viviré tranquilo el resto de mi vida porque sé defender con dignidad los derechos de mi pueblo y el honor de las naciones pobres y débiles». Volviendo a la idea central de la respuesta al juez español Baltasar Garzón, el mandatario cubano reafirmaba que no aceptará ser arrestado jamás: «Soy revolucionario y moriré siéndolo».

La carta, publicada en primera página por todos los medios de prensa cubanos, está firmada por el propio Castro y finaliza diciendo: «Creo en la extraterritorialidad del honor y la dignidad del hombre».

Por esas fechas Human Rights Watch, uno de los observatorios sobre los derechos humanos más prestigiosos del mundo, señalaba la persistencia continuada de las violaciones del derecho de gentes en la llamada Perla del Caribe. «Por el contrario, las continuas denuncias interpuestas no sólo no se investigan, sino que dan origen a represalias con los detenidos. La persistencia de las violaciones de los derechos humanos se debe, fundamentalmente, a que prácticamente ningún funcionario cubano ha sido sancionado nunca».

«Dado que el Gobierno cubano no permite una observación independiente de sus prisiones y ni siquiera ha hecho público el número de presos recluidos actualmente en ellas, es imposible saber cuántos presos de conciencia hay», relata el observatorio.

En 1997 el Gobierno declaró, sin ofrecer detalles concretos sobre casos, que había recibido 37 denuncias de malos tratos en prisiones o durante detenciones; había adoptado «medidas administrativas o disciplinarias» en diez de esos casos; y había remitido diez casos a los tribunales, uno de los cuales se saldó con una condena de ocho años.398

Uno de los abusos más graves fue el hundimiento premeditado del remolcador 13 de Mayo, en el que perdieron la vida 41 personas cuando barcos del Gobierno castrista embistieron, inundaron y hundieron el citado remolcador, secuestrado por civiles para huir de la isla. Los hechos ocurrieron el 13 de julio de 1994. El 16 de octubre de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras interrogar a los supervivientes, emitió un informe en el que relataba cómo habían ocurrido los hechos: cuatro barcos del Ministerio de Transporte cubano dispararon sus cañones de agua sobre la cubierta del remolcador, antes de hundirlo. De esta manera, el Gobierno cubano no sólo había violado el derecho de tránsito de 72 personas que pretendían huir, sino que había causado 41 muertes.

En el informe aparecen testimonios espantosos de los sobrevivientes sobre los intentos deliberados del Gobierno de hundir el barco. Las declaraciones del presidente Castro y el Ministerio del Interior en relación con la responsabilidad por el incidente contrastan fuertemente con los testimonios de los supervivientes. Está clara la intención del Gobierno de exculparse de toda responsabilidad, en lugar de realizar una investigación seria y sancionar a los responsables del incidente.399

Fundada en 1988 y con sede en Nueva York, Human Rights Watch cita al historiador Hugh Thomas, que reconoció la imposibilidad de saber con precisión el número de ejecuciones y otras violaciones de los derechos humanos ocurridas en Cuba, pero que estimaba en 2.000 el número probable de cubanos ejecutados por el Gobierno a principios de 1961. Diez años después la cifra sería quizás de unos 5.000. Thomas, que no puede ser tachado precisamente de ser un escritor anticomunista, no especifica si estas ejecuciones fueron el resultado de juicios, aunque señala que «en el caso de los crímenes políticos, no hubo Estado de Derecho».400

El historiador británico cita un discurso de Castro en 1965 en el que admitió que Cuba contaba con 20.000 «presos políticos», de los cuales una cantidad no definida habían participado en acciones armadas contra el Gobierno.401 Por lo tanto, la cifra de entre quince y veinte mil asesinados en los últimos cuarenta y ocho años, por uno u otro motivo, o encerrados en las cárceles hasta la muerte, no parece excesiva. No se entiende, por lo tanto, la condescendencia de los distintos gobiernos socialistas con el dictador cubano, ni el exquisito tratamiento que el ex presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, le ha otorgado en los treinta últimos años.

«Fidel Castro puede venir a España cuando quiera y todo el tiempo que quiera. Tiene la palabra del Gobierno de que aquí no va a ser procesado ni metido en la cárcel por nadie». Estas declaraciones las hizo nada menos que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa que siguió a un Consejo de Ministros de octubre de 2005.

Días más tarde, el 14 y 15 de ese mes, iba a celebrarse en Salamanca la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre las autoridades invitadas se encontraba el dirigente cubano, quien, antes de decidirse a pisar tierra española, quiso saber si algún juez «al estilo de Garzón» le tenía preparada alguna encerrona, como se rumoreaba en fuentes del exilio cubano en Madrid y en Miami.

Al presunto genocida cubano no le faltaba razón. El 14 de octubre, al tiempo que los reyes de España y el presidente del Gobierno inauguraban el encuentro de mandatarios de habla española de los dos lados del Atlántico, el procurador Gonzalo Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla acudía al registro de entrada de la Audiencia Nacional y presentaba nueva querella criminal contra uno de los pocos dirigentes barbudos del mundo.402

Los demandantes acusan a Castro y a sus secuaces de implantar un sistema totalitario y represor en la isla desde 1959, neutralizando a las Fuerzas Armadas, los sindicatos obreros, los organismos estudiantiles y profesionales, la prensa y las instituciones religiosas, que fueron perseguidas y aniquiladas, instaurándose y autorizándose sólo aquellas que obedecían las consignas del Partido Comunista de Cuba.

Incluían asimismo la lista de centros de tortura y represión instaurados en el país, especialmente los de Camagüey, El Mambi, Santiago de Cuba, La Cabaña, La Habana y otros en donde a los presos se les privaba del sueño, se les subalimentaba y se les torturaba psicológica o físicamente hasta enloquecer, provocando pánicos y desordenes de la personalidad. «Estos campos, por lo tanto, eran verdaderos centros de exterminio, donde los presos morían de hambre, por el tifus o a golpes de sus guardianes».403 «Algunos presos políticos, para no ser violados por los comunes, se embadurnaban el cuerpo con excrementos; otros eran encerrados como monos en jaulas de hierro, como ocurrió en Tres Macios de Oriente, y a las mujeres se les obligaba a desnudarse delante de sus captores antes de pasar a las duchas, siendo violadas y golpeadas muchas de ellas», se relata en la denuncia.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechazó de nuevo la querella al considerar que no es competente para investigar a un jefe de Estado. El precedente histórico y milagroso instaurado en España permitía sólo a uno de sus tribunales, la Audiencia Nacional, ejercer la justicia universal, pero no era posible aplicarlo cuando perturbara la paz y serenidad del dictador.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional consideraba además que los hechos denunciados no eran constitutivos de los delitos de genocidio o terrorismo, argumentos que ya utilizó en 1998 para rechazar otra querella interpuesta por la misma fundación contra el jefe de Estado cubano por idénticos delitos. Por eso el 31 de mayo de 2006, cuando el ex guerrillero de Sierra Maestra tuvo que ser intervenido de urgencia y cedió el poder a su hermano Raúl Castro, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba atisbo un rayo de esperanza y volvió a la carga.

El gozo en un pozo. El intento de que se reabrieran las diligencias indeterminadas archivadas por la Audiencia Nacional no iba a prosperar. Fidel Castro morirá con las botas puestas y amenazando con «invadir» a quienes pretendan juzgarle.

Veamos ahora otro caso.

***

En junio de 1991, apenas un mes después de ser nombrado presidente del Gobierno de Italia, los abogados del magnate y empresario Silvio Berlusconi acudieron a la Audiencia Nacional y le soltaron al magistrado Baltasar Garzón: «Exigimos que al presidente de Italia se le aplique la misma doctrina que a Hassan II, a Teodoro Obiang Nguema o a Fidel Castro».

Hijo de un empleado de banca de Roma, de clase media, investigado en su país por presunta pertenencia a la mafia, Silvio Berlusconi había iniciado a principios de la década de 1960 una fulgurante carrera con una empresa constructora, y pocos años después, tras la construcción de Milane Due, Berlusconi aparecía en la revista estadounidense Forbes, en 2005, a la cabeza de los hombres más ricos de Italia y como una de las veinticinco mayores fortunas del mundo, con 12.000 millones de dólares. Este dinero no lo amasó, lógicamente, jugando a tres en raya y mucho menos con el sudor de su frente. En ese periodo de tiempo, de ser propietario de la mayor empresa del ladrillo de Italia se convirtió en uno de los magnates de la información.

En 1974 fundó el canal televisivo local Telemilano; en 1978 lanzó Canale 5, de ámbito nacional, poniendo fin al monopolio de la RAI, la televisión pública italiana, y alcanzó el liderazgo de audiencia merced a una mezcla de programas de distracción y concursos basados todos en la telebasura. En 1983 amplió su imperio audiovisual adquiriendo Italia 1 y Rete 4 y obligó al Gobierno italiano a aprobar en veinticuatro horas una ley consagrando el duopolio Rai-Finninvest, la empresa matriz de su consorcio empresarial audiovisual.

El imperio de Berlusconi no es sólo televisivo, se extiende también al terreno de la prensa escrita. En 1976 compró participaciones de Il Giornale. Al final de su carrera como empresario mediático, en 1990, obtuvo la presidencia del Grupo Mondadori, editor del periódico La Repubblica y de los semanarios L'Espresso, Epoca y Panorama en aquel momento.404

Más tarde Berlusconi adquirió la cadena de tiendas de vídeo Blockbuster, portales de acceso a internet y una participación en Olivetti. Así, el Grupo Mondadori actualmente controla un tercio del sector editorial en Italia. Para aunar los varios sectores de la comunicación que poseía (televisión, prensa, edición, internet, publicidad), creó el conglomerado Finninvest.

Su incursión en España se produjo a finales de la década de los ochenta, de la mano de Bettino Craxi. El Gobierno socialista había adquirido la cadena Telecinco, con participación de Anaya, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y algunos testaferros privados.

En el momento de decidir el tipo de televisión que había que hacer, Germán Sánchez Rupérez, presidente de Anaya, intentó imponer su criterio, que chocó con el del presidente de la ONCE, Miguel Durán. Para zanjar la disputa, Sánchez Rupérez vendió su participación dando entrada a Finninvest, el consorcio de Berlusconi, hoy llamado Mediaset.405

Telecinco, desde los primeros momentos de su entrada en funcionamiento, se convirtió en una especie de cueva de Alí Babá. Berlusconi impuso a sus empresas para la contratación de la publicidad, el fichaje de estrellas y la búsqueda de programas de entretenimiento y concursos, según la investigación policial. Por su gestión Finninvest cobraba un 30 por ciento de la facturación, dinero que sacaba presuntamente a Italia, sin pagar impuestos. Los dirigentes de la ONCE y el resto de los accionistas siguieron su ejemplo y se convirtieron en contratistas de su propia empresa, llevándose el dinero a manos llenas, antes incluso de que Telecinco diera beneficios, afirma la policía italiana y española en diversos sumarios.

Investigado por el juez Baltasar Garzón, se encontraron varios delitos societarios, fraudes fiscales y otras irregularidades de dudosa verificación, de los que resultaron absueltos sus responsables españoles en 2007.

Previamente, en septiembre de 2006, recién incorporado a la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón cayó en la cuenta de que los quince meses que había pasado en Estados Unidos no habían sido en balde. De regreso a España los teléfonos ya no sonaban como antes, no recibía las mismas invitaciones para asistir a los toros, para acudir al Teatro Real o al Auditorio Nacional de música. El número de conferencias había descendido también.

—Tengo que hacer algo para recuperar mi prestigio o acabo desapareciendo del mapa —le dijo al fiscal Enrique Molina, con el que mantenía por entonces una buena amistad.

Al tiempo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional iniciaba el juicio por el Caso Telecinco, tomó la decisión de llamar a declarar y procesar al ex presidente italiano Silvio Berlusconi, cuya implicación en el fraude fiscal que se juzgaba estaba en una pieza aparte.

Berlusconi, que no es precisamente una hermanita de la caridad, sino un personaje acusado de vinculación con la mafia de Italia, había sido su juguete roto en multitud de ocasiones. «A Margarita Mariscal de Gante, siendo ministra de Justicia, le montó una que casi no lo cuenta. Siendo primer ministro de Italia, Berlusconi anunció un viaje a España y Garzón se empeñó en mandar a la Policía al aeropuerto para detenerle. Habla con ella. ¡Que te cuente!», recuerda el ex ministro de Justicia José María Michavila.

«Te diré —recuerda Garzón en un libro, supuestamente dirigiéndose a su hijo Balti— que he tenido el dudoso honor de haberle hecho comparecer dos veces ante mí [a Silvio Berlusconi] a declarar en la investigación sobre la compra del canal de televisión Telecinco. En este caso la inmunidad se ha tornado en impunidad».406 Lo que viene a certificar la incapacidad manifiesta del juez instructor para saber buscar y mucho menos para encontrar lo que quiere. En 2006, cuando intentó citarle a declarar por tercera vez, como si la gente no tuviera otra cosa que hacer que pasarse la vida en los juzgados, The Wall Street Journal salió al paso y le acusó de elegir los casos que le iban a dar publicidad y de actuar al estilo de Eliot Spitzer, fiscal general de Nueva York, famoso por sus batallas judiciales contra los grandes conglomerados industriales estadounidenses porque le reportaban más páginas de publicidad gratuita. En un editorial corto titulado «El superjuez español ha vuelto al tajo» el diario más influyente del mundo en el sector financiero y empresarial decía: «Baltasar Garzón trabajó duro para hacerse un nombre la pasada década persiguiendo a cualquier supuesto chico malo en cualquier sitio. Después de un año sabático en la Universidad de Nueva York, el juez, tras volver a su casa en España, tiene ahora a Silvio Berlusconi en su punto de mira.

»Usted puede intuir que los jueces italianos han gastado lo mejor de su tiempo en los últimos trece años, desde que el hombre más rico del país se metió en política, intentando y fracasando al crucificar al señor Berlusconi. También se figurará que el italiano vive y trabaja en Italia, no en España. Pero nunca acuse al juez Garzón de tener modestas ambiciones. Esta semana ha resucitado un viejo fraude fiscal contra el ex primer ministro italiano.

»E1 caso surgió en 1997, pero fue detenido cuando el señor Berlusconi asumió el poder en Italia. Después de que los italianos le echaran del poder el pasado mes de abril, el juez Garzón ha encontrado la posibilidad de seguir con su investigación en el presunto fraude en la televisión española Telecinco, en el que la empresa de Berlusconi Mediaset es el accionista mayoritario. El procesamiento a un ex jefe de Estado puede parecer audaz, pero el señor Garzón sabe cuáles son los casos que le pueden dar más publicidad. Garzón es el ejemplo ibérico de Eliot Spitzer, el fiscal general de Nueva York y candidato gubernamental, quien persigue a gigantes de los negocios como AEG y Wal-Mart. Mientras Spitzer va tras los jefes de las empresas, Garzón prefiere los jefes de los países», concluía The Wall Street Journal.

Supuesto experto en la resolución de conflictos, el que fuera antiguo azote de ETA, dando un nuevo giro copernicano a su trayectoria profesional, se convertiría en un acólito de José Luis Rodríguez Zapatero y del proceso de paz de ETA, sin tener en cuenta los intereses de las víctimas de la banda terrorista, pese a lo que le habían advertido en Nueva York y en Argentina las Madres de la Plaza de Mayo: «Las víctimas siempre van a exigir justicia. En mi país la pidieron en los años setenta, ochenta, noventa y dos mil».

Al mismo tiempo que persigue a los poderosos, este juez con una infancia de niño de pueblo, sin posibles, cuyo padre ganaba 60.000 pesetas mensuales al final de su vida en una gasolinera, trabajando de sol a sol para alimentar cinco bocas, su obsesión por convertirse en negociador mundial, al igual que la Fundación Carter o la Arnulfo Arias, le ha llevado a varios encuentros con líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de la guerrilla colombiana a través de la Fundación Robert Kennedy Cuomo y la Confederación de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos de Colombia, entre otras.

El 8 de junio de 2006, en vísperas de la campaña para las elecciones a la presidencia del Gobierno nicaragüense (a celebrar el 5 de noviembre de 2006), el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, presentó una denuncia contra ex dirigentes sandinistas que tuvieron responsabilidades en el periodo de Gobierno revolucionario, entre ellos Daniel Ortega (candidato electoral a la presidencia en esas elecciones), ante la Fiscalía General de la República en Puerto Cabezas.

Las acusaciones eran por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra indígenas misquitos. Los hechos presuntamente ocurrieron entre 1981 y 1982 y fueron denunciados a la Comisión de Derechos Humanos en 2005, según el periódico El Nuevo Diario de Nicaragua.

Un total de 64 personas fueron asesinadas, 13 torturadas y 15 desaparecidas en diecisiete comunidades misquitas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, según la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos, una férrea opositora al régimen sandinista.

El sandinista Enrique Figueroa ha manifestado que es lamentable que un organismo de derechos humanos, cada vez que se presenta una campaña electoral, sea instrumentalizado por los adversarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional para organizar campañas de desprestigio que afecten a la imagen de sus candidatos y del partido.

«¿Señor Garzón, ¿debemos esperar de usted que persiga con el mismo celo que lo hizo con los militares chilenos y argentinos a otros violadores de los derechos humanos, como Fidel Castro en Cuba o Daniel Ortega en mi país, Nicaragua, dos individuos que han atropellado los derechos humanos desde hace décadas y están condenados por las Naciones Unidas y la Corte Iberoamericana?». La pregunta se la formuló en la Organización de Estados Americanos, en Washington, al superjuez, el embajador nicaragüense Reinaldo Velázquez. Aquel 18 de abril de 2006, sobre las dos de la tarde, Garzón replicó: «La persecución bajo el principio de justicia internacional cuando no es por el propio Estado o por una Corte Penal Internacional tiene que respetar el principio de igualdad entre Estados. Un juez no puede perseguir a un jefe de Gobierno o de Estado en activo. Si la Constitución española establece la falta de responsabilidad penal del jefe del Estado, nadie en España puede perseguir a un jefe de Estado en activo».

Entre el rey Juan Carlos y los dictadores comunistas de Latinoamérica, Asia y África hay un pequeño pero importante matiz. El Monarca español no gobierna y sus actos tienen que ser refrendados por el ejecutivo. Obiang, Hassan II, Daniel Ortega y Fidel Castro no sólo gobiernan: firman, además, personalmente las penas de muerte en algunos casos.

Y hay más ejemplos. El ex dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas durante la Guerra Civil y secretario general del PCE durante la Transición, Santiago Carrillo, subió a la tribuna de oradores y dijo: «El Partido Popular debe desmarcarse de la derecha histórica para evitar que muchos españoles sigan viendo en él una referencia al pasado más tenebroso de este país». Aquel 16 de marzo de 2005 el dirigente comunista cumplía noventa años. Con ese motivo, Iñaki Gabilondo y María Antonia Iglesias organizaron con el concurso del Gobierno y varios escritores y periodistas un homenaje al político nonagenario. El acto no tendría en sí mayor significación si no se enmarcara en una auténtica campaña para revivir los odios de la Guerra Civil, emprendida desde el Gobierno, y que lleva la marca de «recuperación de la memoria histórica». Como muestra de las intenciones del Gobierno del «buen talante» a la hora de despertar los sentimientos que había enterrado la Transición, el ejecutivo tomó la medida de culminar el homenaje a Santiago Carrillo arrancando una estatua del general Franco que se encontraba frente al edificio de los Nuevos Ministerios, en Madrid. Varios de los asistentes al homenaje a Carrillo contemplaron más tarde el derribo de la estatua de Franco. El ex presidente Felipe González declaró al respecto: «Me parece una estupidez. Franco es ya historia de España».

Al homenaje asistieron unas cuatrocientas personas, entre las cuales se encontraban el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o el ministro José Montilla. También fueron Jordi Pujol, Juan José Ibarretxe, Miguel Herrero de Miñón, Rodolfo Martín Villa, José Barrionuevo, José Luis Corcuera o Gregorio Peces Barba. Un protagonista ausente del homenaje fue el Partido Popular. Precisamente el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo declaró que «los buenos estaban en esa cena», en contraste con los malos, en referencia a los ausentes del PP.

El propio Carrillo se dirigiría al Partido Popular dos semanas después, recomendándole que se desmarque del franquismo para descartar «las sospechas que a veces tiene no poca gente de que viven aún en el mundo ideológico del pasado». El Partido Popular había criticado el uso de los símbolos para «abrir heridas y rencillas entre los españoles». Dos días más tarde de la acusación de Carrillo al partido de la oposición de estar ligado al franquismo, se da a conocer que varios guionistas y escritores preparan para Televisión Española una serie sobre la «represión franquista».407

El otro gran episodio referido al recuerdo de la Guerra Civil fue el acto de investidura de Santiago Carrillo como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, en reconocimiento a «sus extraordinarios méritos, y de forma significada a su contribución a la política de reconciliación nacional». El acto fue interrumpido por un grupo de veinte jóvenes, que se dirigió a Carrillo llamándole «asesino» y «genocida», en referencia a su responsabilidad en las matanzas sistemáticas en la Cárcel Modelo de Madrid y en Paracuellos. El rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, declaró que la incorporación de Carrillo al claustro de doctores supone la asunción de los valores de la «reconciliación» y los del «reconocimiento para cuantos vivieron y murieron por ellos».

Esta carrera por deshacer la Transición democrática que superó la Guerra Civil y el régimen que surgió de ella podría trasladarse a la legislación. El socio de Gobierno, ERC, propuso una ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifranquista que incluiría un reconocimiento «jurídico y moral de las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas». Eduardo Zaplana preguntó en el Parlamento si lo que se pretendía con esta mención era compensar a grupos terroristas como ETA, Terra Lliure o los GRAPO.

Poco antes, el 14 de diciembre de 1998, los abogados José Luis Jerez Riesco y el procurador Javier Lorente Zurdo, en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, así como Fernando Pazos Alonso Barajas408 y José Antonio Esquiroz García presentaban una querella criminal en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional contra el dirigente comunista. La querella iba contra Santiago Carrillo, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español y el Estado español, los últimos como responsables civiles subsidiarios.

En el texto del escrito, de 54 folios, los querellantes acusaban a Carrillo de haber cometido los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la Guerra Civil española. «El genocida Carrillo, a pesar de haber transcurrido luengo tiempo desde los hechos que se narran, a tenor del artículo 134 del Código Penal el delito de genocidio no prescribe nunca, y a la vista de la posible aplicación retroactiva de la ley, aun siendo desfavorable al reo, pedimos que se le investigue y se le juzgue».

»Y lo hacemos —dicen los querellantes invocando los fundamentos jurídicos que han aplicado los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, en concreto el Número 5, en el asunto del general Augusto Pinochet— con fundamentos ratificados por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aspiramos a que de forma analógica [sic] se aplique el delito contra los genocidas a Santiago Carrillo, aun no existiendo la norma a aplicar en el momento de ocurrir los hechos, ya que tampoco figuraba en el derecho positivo español cuando ocurrió el golpe de Estado de Chile».

Acto seguido narraban cómo Santiago Carrillo había sido consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid desde su nombramiento el 7 de noviembre de 1936 hasta su cese el 4 de diciembre del mismo año. «En ese periodo se tuvo confinados, sin formación de causa alguna, a veinte mil prisioneros. Solamente en los días 7 y 8 de noviembre de 1936, dos mil setecientos cincuenta de ellos fueron sacados de las cárceles de San Antón, Porlier, Modelo y Ventas y salvajemente asesinados en las cercanías de Paracuellos del Jarama y otros pueblos de las afueras de Madrid».

Para ratificar sus aseveraciones, además de las listas de asesinados en ese periodo extraídas de la Causa General y del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, aportaban los testimonios de centenares de familiares de las víctimas y de cuatro diplomáticos extranjeros.409

Al estar doce de los asesinados, sacerdotes, monjas o frailes en proceso de beatificación por la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, y sabedores de que el Vaticano llevaba más de cincuenta años reuniendo información sobre la persecución anticristiana llevada a cabo por el Frente Popular, los firmantes del escrito pedían que se oficiara a Darío Composta, responsable de este departamento de la Santa Sede, para que aportara sus archivos al sumario.410

Aunque la querella se presentó en el Decanato de la Audiencia Nacional a las 13.45 horas, los autores del escrito ignoraban que por casualidades de la vida o arte de birli birloque el asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 5, exactamente el que pretendían evitar al ir dirigida subsidiariamente la querella contra el PSOE, de cuyas listas electorales formó parte el juez Garzón en 1993.

De esta manera, el 16 de diciembre de 1998, es decir cuarenta y ocho horas después, Garzón abría las diligencias indeterminadas 70/98 X. Sin dar parte al fiscal, en un auto de tres folios anunciaba que por turno de reparto le había correspondido la querella, que rechazaba al no acreditarse la personalidad jurídica de la entidad Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama y «por ende ha de entenderse sin capacidad jurídica alguna para otorgar un poder que además no otorga».

En lugar de emplazarles y darles un plazo prudencial para que subsanaran los supuestos defectos de forma encontrados, que es lo habitual en los juzgados, el magistrado consideraba que la supuesta falta de capacidad jurídica de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama constituía un defecto insubsanable «que vicia irremediablemente la acción intentada y la querella debe rechazarse ad limine ya que, por otra parte, los querellados individuales no especifican el tipo de acción que pretenden ejercitar, particular o popular, por lo que carecen de capacidad jurídico-procesal».

«Por este motivo —agrega— la querella debe rechazarse asimismo ad limine [...]. Por lo demás, no teniendo carácter de parte los que presentan el escrito al concurrir defectos insubsanables, no existe la posibilidad de darles entrada por la vía del recurso».

En consecuencia, Garzón dispuso «rechazar de plano el escrito de "querella"411 presentado por el procurador Javier Lorente Zurdo en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama» [sic] y «dejar constancia de la mala fe procesal y del abuso de derecho y fraude de ley en la formulación de la querella».

La respuesta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama fue presentar un incidente de recusación contra Baltasar Garzón al considerarle parte en el asunto. «Es notorio y conocido que fue candidato número dos por la lista del Partido Socialista Obrero Español por la circunscripción de Madrid, y al ser el PSOE uno de los coquerellados debe abstenerse de instruir la causa al tener amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes».

Paralelamente, vía el Juzgado de Guardia de la plaza de Castilla (Madrid) se presentaba un recurso de reforma subsidiario de apelación contra el auto de inadmisión de la querella por no haber dado el juzgado el preceptivo plazo de diez días para subsanar, en cualquier caso, los defectos que existieran. «[Por otra parte] hasta que no hubiera llamado a ratificar la querella no puede conocer el instructor si tiene o no la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama capacidad jurídica, y prejuzgar la inexistencia de dicha capacidad entendiendo dicho error como insubsanable va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».

Garzón no contestó al recurso de reforma y subsidiario de apelación, ni lo elevó a la sala como es preceptivo, según él, por no tener conocimiento del mismo. En cuanto al incidente de recusación, tras dar parte al fiscal, resolvió el mismo rechazarlo con el siguiente argumento: «... si la parte carecía de legitimación para formular la querella y ser parte, según su propio auto, el escrito de recusación debe rechazarse ad limine por las mismas causas y razones, dejando constancia de la falta de legitimación, abuso de derecho y la mala fe [de los firmantes del escrito de querella]».

El asunto, sin embargo, no se resolvió aquí. Tras obtener la venia intervinieron en el caso otros dos abogados de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama. Eran dos letrados de Torrelodones (Madrid) y Barcelona,412 los cuales, tras acusar a Garzón directamente de prevaricador,413 exigían del juez justiciero que hiciera justicia en relación con sus familiares asesinados supuestamente por el genocida de Paracuellos.

En diversos escritos, en 2000, 2001 y 2002, le reclamaron al juez que abriera de nuevo el procedimiento, ya que no se había resuelto por la sala el recurso de apelación.

A todo ello Garzón, con un auto de 6 de marzo de 2000, en el que tras reproducir de corrido todos sus autos y providencias anteriores, después acusar otra vez a los promotores de la querella de abusar del derecho a la jurisdicción para utilizarla y ridiculizarla, se saca de la manga nuevos argumentos. Según él, los fusilamientos de Paracuellos del Jarama están amnistiados por el indulto general de 25 de noviembre de 1975, con motivo de la proclamación de Su Majestad Juan Carlos I como rey de España, con lo cual, aplicando la misma regla de tres, el titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional no podría reabrir las causas contra Argentina y Chile al existir amnistías y leyes de punto final que cerraban las heridas producidas por los golpes de Estado de 1973 y 1976.

El segundo argumento era que el delito de genocidio no estaba tipificado como tal en 1936. «El término genocidio, de genos, raza, y caedes, matar —dice—, fue acuñado por el jurista polaco Rafael Lemkin en 1944 para designar los crímenes de especial barbarie». A pesar de lo que diga el juez, ello no obsta para que los tribunales de Núremberg y Tokio lo aplicaran retroactivamente a los genocidas nazis y nipones en 1945 y 1947, y la Audiencia Nacional lo hiciera con Pinochet en 1998 por delitos cometidos en 1973, teniendo en cuenta que el mismo delito no aparece en el Código Penal español hasta 1995.

Todo ello implica, como poco, que la Audiencia Nacional actúa con una doble vara de medir, según los casos y circunstancias: para los dictadores y represores de derechas, palo y tentetieso. Para los de izquierda, guante de seda.

A raíz de ahí, el 19 de diciembre de 1998 los querellantes presentaron un incidente de recusación en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y anunciaron un recurso de reforma contra el auto, susceptible de convertirlo en recurso de apelación. El 21 de diciembre de 1998 la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama da parte de la querella al ministerio fiscal de la Audiencia Nacional y le pide que la curse al juez sustituto.

El 11 de junio de 1999 Garzón decide resolver él mismo el incidente de recusación en su contra e inadmite de nuevo la querella, volviendo a dejar constancia de la mala fe procesal, el abuso de derecho y el fraude de ley del que, según él, han hecho uso los querellantes. El delito de genocidio no está recogido en ningún código del mundo hasta el proceso de Núremberg, y la Guerra Civil española ocurrió entre 1936 y 1939, por lo que no es aplicable por la no retroactividad de las normas penales. Lo cual indica que hay varias varas de medir en la Audiencia Nacional. Cuando se trata de Carrillo no se admite, y cuando es Scilingo el personaje a condenar se le aplica el delito de lesa humanidad, que no aparece en el Código Penal español hasta 1995.

Los firmantes de la querella insisten de nuevo. Aportaban como base documental las listas de presos fusilados, los testimonios de numerosas personas que habían conocido los hechos y el nombramiento de Carrillo como comisario de Orden Público de Madrid y subdirector general de Prisiones en la época en que se cometió el crimen. «Él solo, en tres días de noviembre de 1936, mató más inocentes que Augusto Pinochet y el Ejército chileno durante los años de la dictadura de Chile», arguyen.

A los pocos días el juez Baltasar Garzón rechazaba la denuncia judicial señalando que los hechos, de haberse producido, no podían ser enjuiciados. En noviembre de 1936 no estaba en vigor el delito de genocidio, que entró en vigor años después, en 1945, al crearse los tribunales militares de Núremberg y posteriormente los de Tokio, que enjuiciaron a los jerarcas alemanes y nipones.

«Tampoco cuando se cometieron los supuestos crímenes nazis existía en ningún código penal el delito de genocidio. Se creó ad hoc para condenar a Adolfo Hitler y a sus lugartenientes y se aplicó retroactivamente. ¿Por qué no puede hacerse igualmente en el caso del genocida Santiago Carrillo?».

«El juez alegaba, además, razones formales para no admitir ni siquiera a trámite la denuncia. La personalidad jurídica de la asociación denunciante no estaba suficientemente acreditada a juicio del magistrado», según el procurador madrileño Javier Lorente Zurdo.

«Todo ello es una forma de encubrir un problema ideológico, que la justicia en España funciona con esquemas ideológicos, y si se quiere empezar a resolver el problema de la memoria histórica, como pretende José Luis Rodríguez Zapatero, hay que empezar por meter a Carrillo en la cárcel y juzgarle por genocida. Y si hay que meter a franquistas, que se haga también», opina el letrado Javier Zarzalejos, que no es precisamente el director del ABC.

En suma, la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama ha presentado una querella ante el juez Garzón por genocidio, terrorismo y tortura contra Carrillo, el PSOE y el PCE. En nombre de la misma actúa como letrado Fernando Pazos Alonso-Barajas, que cuenta con el apoyo de diversas asociaciones, entre ellas el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. El juez ha rechazado la querella con un auto incalificable, que muestra muy a las claras su auténtica catadura y su indisimulada actuación al servicio del social-comunismo mundialista. El abogado Fernando Pazos, en nombre de la asociación, ha recusado al juez, por lo que el sumario está ahora en manos del juez sustituto. Sobre este tema ha escrito también José Luis Corral en sus últimas «Apostillas», que pueden consultarse en la Agencia Patriótica de Noticias.

Al mismo tiempo el letrado Jaime Alonso intentó poner una segunda querella criminal por un presunto delito de genocidio. Cuando ya la tenía concluida y estaba a punto de llevarla al juzgado de Baltasar Garzón se dio cuenta de que por una ley de 1967 el franquismo había establecido una especie de Ley de Punto Final, impidiendo que los crímenes de la Guerra Civil puedan enjuiciarse.

Se ve que Alonso no ha leído a Baltasar Garzón, que aplica la doctrina de que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles y pueden ser enjuiciados en cualquier país del mundo siguiendo el principio de justicia universal. Pero si el delincuente es de izquierdas tiene muchas posibilidades de que en la Audiencia Nacional la querella vaya al cesto de los papeles.

Capítulo XV

España, tribunal galáctico

Baltasar Garzón ha presentado una conferencia del Dalai Lama, Jefe del Gobierno del Tíbet —en el exilio— en el Club Siglo XXI de Madrid, y ha impartido dos conferencias en Nueva York con Rigoberta Menchú, quien le apoyó en su fracasado intento de alcanzar el Premio Nobel de la Paz. Y pese a estar por ello aparentemente contaminado, ha dictado órdenes internacionales de busca y captura contra las juntas militares de Guatemala y contra las autoridades de la República Popular China como sustituto del Juzgado Central de Instrucción Número 1, por suspensión a su titular, Guillermo Ruiz Polanco. Y es que dadas las atribuciones que le ha conferido el Tribunal Supremo y el Constitucional para aplicar los preceptos de derecho internacional en naciones soberanas basándose en el principio de subsidiaridad, pese a que carecen de mandato expreso de las Naciones Unidas, España se está convirtiendo de hecho en un Tribunal Penal Internacional paralelo. Los gobiernos de la República Popular China, por las matanzas del Tíbet y la persecución a la secta Falung Gong, y los Estados Unidos por la muerte de un inocente causada en la guerra de Iraq —el Caso Couso y los vuelos de la CIA— acabarán sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional. Sólo falta que alguien se querelle contra la Federación Rusa por la guerra de Chechenia para que la justicia española alcance a los dirigentes de los habitantes de la mitad del planeta. Y es que sin que haya habido una guerra mundial de por medio, en España se han instruido más sumarios sobre derechos humanos en 2007 (Estados Unidos, Chile, Argentina, Guatemala, República Popular China, Guinea Ecuatorial, Marruecos, etc.) que en Núremberg y Tokio juntos. Baltasar Garzón puede presumir ahora de ser el juez más poderoso de todos los tiempos en la Tierra. De ahí a implantar la justicia galáctica falta sólo un paso.

***

Unos eran partidarios de rearmar a los ejércitos de la OTAN, darle de nuevo el mando al «general» Javier Solana Madariaga. Otros, en cambio, proponían que la Audiencia Nacional alquilara la VI Flota de los Estados Unidos. Un tercer grupo, por su parte, apostaba por reunir una fuerza de invasión no inferior en número de buques, portaaviones, carros de combate y aviones a la que tomó la playa de Omaha durante el desembarco de Normandía, en la II Guerra Mundial y lanzarla en tromba contra la muralla china. El debate, en son de broma, no es baladí. Tarde o temprano la Audiencia Nacional tendría que procesar al ex presidente de China y secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, al ex primer ministro Li Peng, y al secretario general del Partido Comunista chino en el Tíbet, Ren Rong.

En 1995 los Estados Unidos tomaron una decisión similar contra el presidente de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, para procesarle por narcotráfico. Para apresarle tuvieron necesariamente que mandar a su Ejército a invadir la nación del canal.

En una situación similar, ¿qué podría hacer España para ejercer de facto la justicia universal que ha recaído en Garzón por obra y gracia de la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Pedir a la cúpula del Gobierno chino que entregue a sus principales mandatarios? ¿Enviar una fuerza de la OTAN similar a la que se lanzó sobre Kosovo o alquilar la Marina de guerra estadounidense, con su enorme capacidad de destrucción?

Todo se debía a que el 28 de junio de 2005 una representación del Comité de Apoyo al Tíbet, de la Fundación Casa del Tíbet y de Thubten Wangcheng Sherpa acudía a la Audiencia Nacional y presentaba una querella criminal contra las siguientes personas: Jiang Zemin, anterior presidente de China y secretario del Partido Comunista Chino, que en la actualidad es la máxima autoridad del Ejército Popular de Liberación. Li Peng, primer ministro durante la represión tibetana y la de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Ren Rong, secretario del partido en el Tíbet durante el periodo de 1971 a 1980 y dirigente militar que perteneció a la Comandancia Militar del Suroeste, participando en la ocupación del Tíbet. Yin Fatang, secretario del partido en el Tíbet durante el periodo de 1980 a 1985 y dirigente militar que perteneció a la Comandancia Militar del Suroeste, participando también en la ocupación del Tíbet. Qiao Shi, jefe de la Seguridad China y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de la década de 1980. Chen Kuiyan, secretario del partido en la Región Autónoma del Tíbet durante el periodo que va de 1992 a 2001. Deng Delyun, ministro de Planificación familiar en la década de 1990.

En la denuncia los querellantes acusaban a los máximos responsables de la República Popular China de deportaciones masivas, torturas y genocidio contra el pueblo tibetano, cuya autoridad religiosa y política, el Dalai Lama, la reencarnación de uno de los precursores del budismo en el Tíbet para los creyentes, tuvo que huir en 1959 a la India, donde reside desde entonces, estableciendo allí un Gobierno en el exilio.

Las agresiones contra el pueblo tibetano habían comenzado en 1951 con la ocupación militar del territorio por el Ejército de la República Popular China, durante la etapa de Mao Tse-Tung. Bajo el pretexto de liberar la región de las fuerzas imperialistas y religiosas, sus seguidores iniciaron una serie de persecuciones y deportaciones masivas que provocaron un millón de muertos en una primera etapa. Paralelamente, a partir de 1983, el Gobierno comunista ordenó otras formas de exterminio no menos crueles, como la esterilización forzosa de las mujeres tibetanas, y comenzó la emigración masiva de parejas jóvenes de chinos al Tíbet a los que, en contra de la política de natalidad del resto del país, se les prima y ayuda para que tengan varios hijos. También se les subvenciona para que construyan sus casas y, de esta forma, aniquilar la cultura autónoma. «El genocidio cultural había comenzado», según denunció entonces el Dalai Lama.

Pese a las constantes denuncias a la comunidad internacional414 la situación pasó bastante desapercibida a la opinión pública mundial hasta finales de la década de 1980. Por entonces varias delegaciones de tibetanos exiliados en la India regresaron a su región y llegaron a una serie de conclusiones preocupantes: 2 millones de habitantes, lo que representaba el 30 por ciento de la población, habían muerto asesinados o víctimas del hambre. Se habían destruido 6.254 monasterios y conventos. El 10 por ciento de los tibetanos estaban en la cárcel. Y la vida contemplativa y la meditación trascendental habían sido casi aniquiladas.

Todo, sin embargo, había pasado desapercibido en España hasta que el Dalai Lama, al conocer la trascendencia mediática del caso Pinochet, se presentó en la Audiencia Nacional a pedir justicia universal para los suyos.

En un viaje anterior a los Estados Unidos, el líder espiritual del Tíbet fue recibido en una audiencia privada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, y por el presidente de la nación, George W. Bush, que le dieron tratamiento de jefe de Estado. El 8 de octubre de 2003, cuando vino a España a pasar dos días y dar una conferencia en el Club Siglo XXI para hablar del exterminio dé su pueblo, el Gobierno de José María Aznar no envió a nadie a recibirle al aeropuerto, ni le concedió ninguna audiencia. Hubo, sin embargo, una persona atenta a todos sus movimientos y explicaciones: el juez Baltasar Garzón, quien presentó públicamente al premio Nobel de la Paz y XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, en su intervención pública y le mostró el camino a seguir: presentar una querella contra el Gobierno de la República Popular China.

Baltasar Garzón remataba así su serie de denuncias contra los crímenes de lesa humanidad: «En la humanidad hubo en el siglo XX cuatro grandes genocidios: la I Guerra Mundial, el genocidio cometido por Stalin en los años treinta, los delitos de exterminio de la II Guerra Mundial, y el cuarto gran genocidio es el que se produce en las montañas del Tíbet por las autoridades chinas contra los ciudadanos naturales del país».

«A partir de 1953 China se instala e invade el país y hasta 1958 provoca las matanzas más sistemáticas, masivas, cruentas y persistentes de la historia reciente de la humanidad. Incluso hoy sigue produciéndose ese genocidio étnico por motivos religiosos, masacrando a los tibetanos y premiando a las familias chinas que tienen más de un hijo. De esta manera, en pocas décadas hay dos tercios de población china y un tercio de tibetanos, sometidos por los primeros y esclavizados».415

A ellos, sin embargo, nadie quiere hacerles justicia. La República Popular China, al igual que Estados Unidos o Rusia, no han reconocido el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 por el que se crea el Tribunal Penal Internacional. En estas circunstancias, al no reconocer el principio de justicia universal y constituir el tercer país más grande del mundo después de Rusia y Canadá, con 1.300 millones de habitantes y catorce fronteras,416 situado bajo la órbita comunista, que se sostiene gracias a un férreo y disciplinado ejército capaz de cometer matanzas contra su propia población como la de la plaza de Tianammen,417 es casi imposible imponer la justicia a sus dirigentes.

La querella contra los principales mandatarios chinos, por reparto, cayó en el Juzgado Penal de Instrucción Número 2. Su titular, Ismael Moreno, acordó incoar diligencias previas que registró con el número 237/05 y remitió la querella al ministerio fiscal para que informara sobre la competencia e interesara lo pertinente sobre la práctica de diligencias.

Con fecha de 27 de julio el ministerio fiscal emitió el informe solicitado, interesando la inadmisión de la denuncia por diferentes razones, la principal de ellas, la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para enjuiciar asuntos cometidos fuera de nuestro territorio.418

De esta manera, apoyándose en el informe del fiscal, mediante auto de 5 de septiembre, el juzgado instructor acordó sabiamente la inadmisión a trámite de la denuncia.

El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangcheng Sherpa, con Rigoberta Menchú a la cabeza, recurrieron el auto del juez Moreno y el 10 de enero de 2006 el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambiar la posición oficial del ministerio público por otra favorable a la tramitación de la denuncia. En consecuencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,419 siguiendo los nuevos criterios del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sin tener en cuenta el proverbio chino que dice «cuando el enemigo es mayor que tú únete a él» ordenaba la readmisión a trámite del caso y la práctica de las diligencias correspondientes.

Para justificar su decisión la sala se apoyaba en las tres resoluciones de las Naciones Unidas de 1958 y 1959 y la del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 1989, en las que se acusaba a la República Popular China de no respetar los derechos humanos de sus habitantes, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.420

La reacción del Gobierno chino por esta supuesta intromisión de la justicia española en sus asuntos internos no se hizo esperar. Una semana después de la admisión a trámite de la querella, Jia Qinlin, número cuatro en la jerarquía comunista china, citó al embajador de España en Pekín y le apercibió de las «graves consecuencias que esta actitud podía tener en el futuro de las relaciones diplomáticas entre los dos países».

Otro tema relacionado con la política china es el de la secta Falung Gong. «Para satisfacer el deseo común de tener buena salud, Falung Gong sedujo y engañó a un gran número de personas, proclamando que Falung Gong permite tener buena salud, curar todas las enfermedades y prolongar la vida».

«Apropiándose de las características psicológicas de los practicantes, Li Hongzhi aseguró que su Falung Gong podía mejorar la moral de las personas, y así fue como hechizó a mucha gente honesta.

»Li Hongzhi empezó a instar a sus practicantes a abandonar a sus familias y familiares y el pensamiento de la gente ordinaria, y les explicó que debían creer únicamente en ellos mismos. Para evitar que los practicantes aprendieran otro tipo de información, pidió a todos que ejercitaran el Falung Gong dos veces al día, leyeran sus libros, escucharan sus cintas y vieran sus vídeos una y otra vez.

»Muchos practicantes perdieron la capacidad básica de hacer juicios correctos y se negaron a aceptar información objetiva o tener relación con otras personas no practicantes de Falung Gong, hechos que les llevaron a someterse al yugo de Li Hongzhi.

»Entonces Li Hongzhi falseó las causas de los males al decir que las enfermedades se dan a causa del Yeli (energía maligna),y que únicamente practicando el Falung Gong una persona puede evitar el Yeli. Como resultado, muchos practicantes embrujados rechazaron ir al médico cuando estaban enfermos.

»Li Hongzhi incluso amenazó a los practicantes diciendo que si querían obtener el nirvana y vivir en el reino del cielo, debían seguirlo fielmente para que pudieran cultivar sus capacidades físicas y mentales y alcanzar un nivel superior, o de lo contrario morirían.

»Siguiendo los pasos mencionados, Li Hongzhi sedujo a más y más practicantes, alegando que la gente ordinaria vive en esta capa del espacio, y que practicando el Falung Gong su espíritu se alzará y se convertirá en Buda en la capa superior del espacio.

»Por lo tanto, muchos practicantes rompieron con la realidad y la sociedad y se encerraron en sus vidas. Y lo que es más, bajo la instigación de Li Hongzhi cometieron actos en contra de la ley y la sociedad».

Este texto forma parte de la propaganda del Gobierno de la República Popular China contra la secta Falung Gong, de la que forman parte más de 100 millones de seguidores en el país asiático, un número superior al de militantes del Partido Comunista Chino.

Decidido a combatir las presuntas herejías de sus habitantes, a llevarles por el recto camino y a velar por la salud mental de los 1.300 millones de chinos, los gobiernos de Mao Tse-Tung y Jiang Zemin pasaron de la propaganda a los hechos. Se dedicaron a perseguir a los seguidores de la secta, pero fue a partir de 1999 cuando muchos de los practicantes de estas técnicas de meditación trascendental y de iniciación a una vida interior más rica fueron encarcelados y exterminados, utilizando las mismas técnicas que la Gestapo en la Alemania nazi.

Durante el periodo en que el dirigente comunista Jia Qinglin ejerció como secretario general del Comité Municipal del Partido Comunista Chino en Pekín, entre 1997 y 2002, millones de seguidores de esta práctica religiosa fueron sometidos a torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Li Hongzhi, su dirigente espiritual, tuvo que huir a los Estados Unidos, y otros muchos líderes de la secta Falung Gong fueron dispersados por los países del entorno.

«La persecución de los seguidores de Falung Gong en China supone posiblemente el mayor genocidio del mundo desde la II Guerra Mundial e incluso el mayor de la historia de la humanidad si tenemos en cuenta el número de personas afectadas y el refinamiento con el que se les reprime», afirmó en 2004 el letrado español Carlos Iglesias.

El 2 de septiembre de 2004 Iglesias y otros abogados presentaban una querella contra Jia Qinglin, responsable en esos momentos del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y otros mandatarios chinos, entre ellos el ministro de Comercio, Bo Xilai, ante la Audiencia Nacional. Ese mismo día Bo Xilai aterrizaba en Madrid y los representantes de Falung Gong pretendían que fuera detenido, encarcelado y juzgado por «centenares de muertes bajo crueles torturas de honrados ciudadanos chinos simplemente por sus creencias religiosas» y por cometer «los más graves delitos contra la humanidad: el genocidio y las torturas».

Tras admitir el caso a trámite, el 20 de junio de 2006 el Tribunal Supremo consideró que España es competente para juzgar el presunto delito de genocidio y torturas que se está produciendo en China contra personas inocentes, perseguidas hasta la muerte simplemente por ejercer sus libres creencias espirituales. El 29 de julio de 2007 declaraban ante el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional los primeros perseguidos del régimen comunista, Zhao Ming, un estudiante de informática residente en Irlanda, Dai Zhizhen, licenciada en Turismo que perdió a su marido asesinado por pertenecer a Falung Gong, Chen Ying y otros.

«Nada más llegar a mi país fui secuestrado por los servicios secretos chinos y trasladado a una cárcel. Me metieron con el cuerpo doblado bajo una cama durante días y pude aguantar por mi complexión delgada, pero otros no; el dolor era insoportable», aseguró Zhao Ming. «Fui detenida en tres ocasiones, trasladada a campos de trabajos forzados, donde sufrí vejaciones que me marcaron de por vida. Los policías ordenaban a los presos comunes que me desnudaran completamente en invierno para echarme agua helada. También me golpearon y me violaron», señala Chen Ying.

Pero la justicia universal no sólo enfrenta a los tribunales españoles con la República Popular China. Los Estados Unidos se encuentran también en el punto de mira de la Audiencia Nacional.

«En la madrugada del 8 de abril del 2003 la 3ªDivisión de Infantería del Ejército de los Estados Unidos cruzó la zona occidental de Bagdad hasta situarse en la ribera del río Tigris. Al otro lado del río, en la zona oriental, se encontraban la mayor parte de las áreas residenciales de Bagdad, donde vivía la mayoría de la población civil, y era allí donde se encontraba ubicado el hotel Palestina, uno de los edificios más altos de la ciudad.

»A media mañana de ese día los carros de combate del 64° Regimiento Blindado, 4ºBatallón, pertenecientes a la 3ªDivisión de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, se situaron en un extremo del puente Jamurohaora, a un kilómetro y medio del hotel. Sobre las 11.00 horas aproximadamente un carro de combate estadounidense Abrams MI, perteneciente a la Compañía A, disparó un proyectil contra el hotel, a la altura de la planta quince.

»E1 periodista español de la cadena de televisión Telecinco, José Manuel Couso Permuy, se encontraba filmando desde la habitación 1.403 [las operaciones militares de la guerra de Iraq]. Fue alcanzado por el impacto, falleciendo pocas horas después en el hospital Ibn Nafis, de Bagdad. Asimismo perdió la vida en ese ataque el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk, y resultaron con heridas otros periodistas».

De esta manera arranca el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional el auto de procesamiento contra el teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos Philip de Camp, jefe del Regimiento Blindado n° 64 de la 3ªDivisión de Infantería Acorazada. De Camp dio la orden de disparar al capitán Philip Wolford, quien a su vez ordenó al sargento Thomas Gibson que la ejecutara.421

El instructor de la causa, Santiago Pedraz, considera que las fuerzas militares estadounidenses, y en concreto los autores del disparo, tenían conocimiento de que el hotel Palestina se encontraba en zona civil y estaba ocupado por periodistas. «No consta la existencia de francotirador ni disparo alguno procedente del tejado u otra parte del hotel Palestina contra las tropas norteamericanas», dice el juez.422 Según el juez los hechos relatados de acuerdo al informe remitido por las autoridades estadounidenses, pueden ser constitutivos de un delito contra la comunidad internacional castigado con hasta quince años de cárcel.423

El Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional considera que la muerte de Couso pudo realizarse con alevosía, ya que «el Pentágono aconsejó a los periodistas que se trasladaran a dicho hotel, los medios de comunicación transmitieron a las embajadas, al Pentágono y a Washington la posición GPS del hotel y los soldados llevaban una lista de objetivos prohibidos, entre los cuales se encontraba el citado hotel».424 En consecuencia, el 28 de junio de 2007 el juez Pedraz Gómez no sólo ordena el procesamiento de los tres militares estadounidenses (el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp), sino que pide por medio de una comisión rogatoria su entrega a España para tomarles declaración indagatoria, y que aporten una fianza al juzgado o, en caso contrario, se les embargue sus bienes para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias a que hubiese lugar.

La decisión del Gobierno estadounidense de no entregar a los supuestos autores del disparo que quitó la vida a Couso ha sido empleada por la defensa de Monzer al-Kassar para que se aplique el principio de reciprocidad y no se conceda la extradición de este a los Estados Unidos.

Durante décadas los aviones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, generalmente bajo la cobertura de compañías aéreas comerciales, surcaron los cielos de los cinco continentes llevando en su interior centenares de agentes y matones de toda clase y condición para realizar actividades subversivas en medio mundo.

A partir del 11-S los vuelos se incrementaron y eran en su mayoría de otro estilo. Volaban a Europa, el norte de África, Oriente Medio, Iraq, Pakistán y Afganistán en busca de terroristas islámicos o sospechosos de encubrir sus actividades para trasladarlos a la base de Guantánamo y a los centros de detención secretos establecidos en Polonia, Rumanía y Estados Unidos. En muchos casos, probablemente, se trató de un viaje sin retorno o, cuando menos, en el que no se observaban los derechos de los detenidos a un interrogatorio con asistencia letrada y a un juicio justo.

El asunto se descubrió cuando un imán de origen egipcio, Mustafá Osama Nasr, acusado de terrorismo por las autoridades italianas, fue secuestrado en Milán y trasladado en secreto a Egipto, donde permaneció en paradero desconocido durante cuatro años, hasta el 20 de abril de 2004. O cuando Khaled el-Masri, un germano-libanés de cuarenta y un años, fue detenido en enero de 2004 en Skope (Macedonia) y trasladado clandestinamente a Afganistán, donde pasó tres meses sometido a torturas, hasta que se demostró que no era la misma persona425 que llevó a Mohamed Atta desde Hamburgo a Kabul para que conociera a Osama ben Laden, quien le «contrató» para volar las Torres Gemelas.

El secuestro de ciudadanos europeos de origen árabe, los interrogatorios en pleno vuelo, las presuntas torturas infligidas, hicieron que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa abrieran una investigación. En sus conclusiones se establece que catorce de los cuarenta y cinco gobiernos interrogados estaban implicados en los vuelos, algunos, como los de Polonia y Rumanía, permitiendo el establecimiento de campos de aislamiento de terroristas; otros, como Reino Unido, Suecia, Italia, Macedonia, Alemania, Bosnia-Herzegovina y Turquía, facilitando el secuestro de presuntos terroristas árabes y facilitando su entrega a los servicios secretos estadounidenses.

España se encontraba junto con Irlanda, Chipre, Grecia y Portugal en un tercer grupo de naciones que facilitaron los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia sin preguntar por la «mercancía» que se transportaba en los aviones. En el caso español, además de las bases de Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz, Rota y Zaragoza, los vuelos de los servicios secretos estadounidenses utilizaron otros diez aeropuertos: Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Ibiza y Vigo, donde repostaron 125 vuelos entre 2002 y 2005, según el Consejo de Europa.426

El asunto, lógicamente, acabó en la Audiencia Nacional. Así, mientras el juez Oscar Magi, de Milán, procesaba a 33 personas, entre ellas los jefes de los servicios secretos italianos y a varios agentes estadounidenses,427 26 de ellos declarados en rebeldía, el 1 de junio de 2006 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declaró competente para investigar el supuesto uso del aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan por aviones de la CIA para el traslado clandestino de presos desde Pakistán, Iraq y Afganistán a Guantánamo y otros centros de los Estados Unidos.

El juez central decidió asumir el asunto, iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Palma de Mallorca, al estimar que durante los vuelos se pudieron haber producido torturas a los detenidos y que los presuntos delitos se podían haber cometido en otros puntos de la geografía nacional. «En estos casos —dijo el juez—, al tratarse de viajes ilegales equiparables a la piratería aérea por algunos juristas, la Ley Orgánica del Poder Judicial le obliga a ello por tratarse de un delito de persecución universal».

En un auto notificado poco después, el juez Moreno recuerda que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena a la jurisdicción española conocer de aquellos asuntos que, según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguidos por España, afirmó el diario El Mundo.

En sus fundamentos jurídicos el auto del juez Moreno señala que nos encontramos ante la hipótesis de que a lo largo de los años 2004 y 2005, miembros de servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros países y utilizando diferentes aeronaves los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, también de países extranjeros. En el ínterin efectuaron escalas en diversos aeropuertos españoles para la materialización y culminación de tales presuntas actuaciones ilícitas.

Para corroborar la información existente, el juez Moreno pidió en enero del 2007 la desclasificación de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia sobre los vuelos de la CIA, solicitó información sobre el uso de las bases de Rota, Torrejón y Morón en estos vuelos y trató de verificar si el aeropuerto de Tenerife fue utilizado como escala para trasladar a presuntos terroristas a la base de Guantánamo, en Cuba. En cambio, se negó a interrogar de momento a los agentes de la CIA situados en España por aquella época y a tomarle declaración a la secretaria de Estado Condoleezza Rice durante su viaje a España a finales de mayo de 2007, como pretendían las acusaciones particulares. En agosto de 2007 había descartado asimismo llamar a declarar a los directores del CESID y el CNI, al diplomático Jorge Dezcallar y al experto en montes Alberto Saiz.428

La estrategia de la oposición se centra, sin embargo, en sentar al entonces presidente del Gobierno en el banquillo, ya que José María Aznar brindó en 2001 toda la cooperación en operaciones de inteligencia, tanto a nivel bilateral como en el seno de la OTAN. Aznar apoyó plenamente al presidente George W. Bush tras el atentado a las Torres Gemelas, y el entonces presidente del CNI, Jorge Dezcallar, viajó a Langley (Virginia) a coordinar las actividades de la CIA y el CNI frente a la nueva amenaza global.

De esta manera España tiene procesados en la actualidad, sin mandato de ningún organismo internacional ni consentimiento expreso de la comunidad internacional, a los militares o mandatarios de la mitad de la humanidad: Chile, Argentina, Guatemala, China, Estados Unidos, Marruecos, Siria y otros, aunque ha rechazado querellas contra Cuba, Venezuela, México, Marruecos, Guinea Ecuatorial y otros países apoyándose en el dudoso principio de que los genocidas o presuntos autores de delitos de lesa humanidad siguen ejerciendo sus cargos como jefes de Estado o de Gobierno. Lo más curioso de esta situación es que se plantea al mismo tiempo que las Naciones Unidas han aprobado el Estatuto de Roma, de 1 de julio de 2002, por el que se crea la Corte Penal Internacional, en funcionamiento en La Haya (Holanda) desde el 11 de marzo de 2003.

Junto a este tribunal, compuesto por dieciocho magistrados, que actúa con carácter complementario, es decir, para juzgar aquellos delitos que un país no quiere o no puede juzgar, desde 1993 y 1994 existen otros dos tribunales penales internacionales, creados ex profeso, para juzgar los delitos cometidos en la ex Yugoslavia429 y las masacres entre hutus y tutsis en Ruanda. Los tres tribunales penales internacionales se rigen por una serie de principios universales del Derecho, como el de nullum exime sine lege (no hay delito sin ley previa); nullum poena sine lege (nadie puede ser enjuiciado si el delito no estaba tipificado previamente); e irretro actividad ratione personae (nadie puede ser perseguido por delitos anteriores a la entrada en funcionamiento del tribunal).

Asimismo, al igual que los tribunales de Núremberg y de Tokio,430 que juzgaron el genocidio y los delitos de torturas y terrorismo cometidos por alemanes y japoneses durante la II Guerra Mundial, el Tribunal Penal Internacional establece la responsabilidad penal individual de los delitos, con lo que los jefes de Gobierno y altos cargos del Ejército pueden ser enjuiciados. También se establece la imprescriptibilidad de los delitos penales de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y torturas.

De esta manera, tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la caída del Muro de Berlín, los países miembros de las Naciones Unidas vuelven a dotarse de un instrumento permanente para castigar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que habían vuelto a aparecer en las contiendas genocidas entre hutus y tutsis en Ruanda, entre musulmanes y cristianos en la ex Yugoslavia, además de otros sucesos ocurridos en ciertas zonas de la extinta Unión Soviética. Y lo hacen respetando los procesos de evolución de la dictadura comunista hacia la democracia, de manera que individuos de la catadura moral de los antiguos dirigentes comunistas de la Europa del Este, por ejemplo, nunca fueron sometidos a juicio o condenados. Por el contrario, muchos de ellos pasaron de encarnar la feroz dictadura comunista a convertirse en fervientes demócratas, como los rusos Mijail Gorbachov, Boris Yeltsin o Vladimir Putin, a los que no se les exigen responsabilidades por su pasado en el KGB, como instigadores de las masivas deportaciones a Siberia o por la guerra de Chechenia, considerada un «asunto interno» del país.

En la nueva corte, el principio de inmunidad soberana, que impidió el fusilamiento del káiser Guillermo431 al término de la I Guerra Mundial, o del emperador Hiro-Hito tras la siguiente conflagración planetaria, y que sólo se había cuestionado en escasísimas ocasiones, una de ellas en la segunda mitad del siglo XVI432 desaparece para dar origen al de justicia universal, establecida para perseguir a los autores de delitos de lesa humanidad o genocidio.

Y es que desde la celebración del juicio de Núremberg hasta las matanzas de Chechenia, Sarajevo, Ruanda y otras, la doctrina de Núremberg y de Tokio dejó de aplicarse en la práctica, salvo casos aislados como el de Klaus Barbie, detenido y juzgado en Francia por genocida.

La justicia ha funcionado en el sentido contrario. En la década de 1960 Bélgica se negó a pedir la extradición de León Degrelle, fundador del Partido Rexista exiliado en España; nadie quiso saber nada de Otto Skorzeny, líder de las fuerzas especiales de las Waffen SS alemanas y el hombre que liberó a Mussolini tras ser derrocado; ni se pudo perseguir a Ante Pavelich, líder del régimen ustacha de Croacia; ni a Antón Galler, autor de cuatrocientas muertes en Santa Anna (Italia). En otros casos, como el de Erich Priebke, responsable de los 330 fusilamientos llevados a cabo en las Fosas Ardeatinas en Italia; el del famoso doctor José Mengele, el Ángel de la Muerte de los campos de concentración nazis; el de Adolf Eichmann, responsable de la deportación de cientos de miles de judíos; el citado de Klaus Barbie, el Carnicero de Lyon; o los de Gerhard Bohne, Erich Priebke, Kurt Christmann, Bernhard Heilig y otros, los acusados vivieron largos años refugiados en diferentes países, como la Argentina de Perón o el Paraguay del general Alfredo Stroessner, entre otros.

Aplicando el principio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, varios de ellos (Barbie, Mengele, Eichmann) pudieron ser detenidos, en algunos casos clandestinamente, gracias a las gestiones del cazanazis suizo Simón Wiesenthal, más que a las de los propios gobiernos democráticos. Otros, como Walter Kutschmann, Reinhard Spitzy (secretario del ministro de Exteriores del III Reich Joachim von Ribbentrop), Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, que trabajó en el campo de concentración de Mauthausen en Austria y mató a cientos de presos con inyecciones letales y torturas, han escapado a la justicia.

Con tres tribunales penales internacionales reconocidos por la comunidad internacional y aplicando las leyes nacidas del Estatuto de Roma, sólo cabe una pregunta: ¿Qué demonios pinta la Audiencia Nacional433 actuando por su cuenta como un cuarto tribunal, sin mandato de las Naciones Unidas y aplicando con carácter retroactivo, al margen de los principios del derecho internacional, tipos desconocidos como el delito de lesa humanidad, o el genocidio, no existentes en muchos códigos penales de los países industrializados y sólo utilizados, ilegalmente también, en Núremberg y Tokio?

Si se quiere mantener, porque da lustre y esplendor a las instituciones democráticas españolas y sirve para halagar la vanidad de algunos jueces estrella, ¿por qué no se enmienda el artículo 34. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido del más escrupuloso respeto a los principios de la Corte Penal Internacional?

Claro que, si esto ocurriera, el ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, el de Perú, Alberto Fujimori, el de Venezuela, Hugo Chávez, y otros, no tendrían nada que temer.

Todo empezó en una fiesta de la alta sociedad de Madrid. El diplomático y jefe de la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Máximo Cajal, se enamoró de B. de la I,434 la mujer de un alto cargo de Interior. La influencia de Cupido fue tal que la esbelta «moza» abandonó a su marido y se fue a vivir con el diplomático, quien, a partir de entonces, comenzó a recibir llamadas amenazadoras. Cajal expuso su problema al ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, y este decidió enviarle de embajador a Guatemala, un país asolado por la corrupción, las guerrillas y las bandas paramilitares, que actuaban con total impunidad bajo las dictaduras de los generales Efraín Ríos Montt y Fernando Romeo Lucas García.

A finales de enero de 1980, siguiendo la costumbre de tomar las embajadas de España para ser escuchados internacionalmente, un grupo de campesinos y estudiantes ocuparon la legación diplomática de España en la ciudad de Guatemala. Pero, en contra de lo que ocurrió con los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que meses antes habían tomado la Embajada de España en Managua, en la etapa de Pedro Aristegui, de donde salieron en andas para ocupar el gobierno, el general Fernando Romeo Lucas, jefe del Estado de Guatemala, no tenía ningún parecido con Anastasio Somoza, el depuesto dictador nicaragüense. Según consta en autos, el 31 de enero de 1980 el ministro de la Gobernación de Guatemala, Donaldo Álvarez Ruiz, ordenó al coronel Germán Chupina Barahona, director general de la Policía Nacional, que asaltara la Embajada de España, violando la inmunidad diplomática y todas las normas del derecho internacional.

Siguiendo las instrucciones de sus superiores, en horas de la mañana Pedro García Arredondo envió al Comando 6, las fuerzas de acción rápida de la Policía Nacional guatemalteca, para rodear la legación diplomática, emplazada en la calle Novena, entre la Sexta y la Séptima avenidas. Los policías cortaron las comunicaciones, penetraron en el recinto diplomático por los jardines, los balcones y el techo, donde efectuaron un boquete, hasta que lograron concentrar a todas las personas de la delegación en un despacho, a excepción del señor Mario Aguirre Godoy, que fue detenido.435

Una vez dentro rompieron las puertas e incendiaron el edificio asesinando a todos sus ocupantes, a excepción del sobreviviente Gregorio Yuja y del embajador Máximo Cajal López, quien consiguió saltar hasta la puerta y escapar de la embajada, momento en que intentaron apiolarle, lo que fue impedido por Odette Arzu, de la Cruz Roja guatemalteca.

En el asalto a la Embajada de España, algo similar a lo que ocurriría años más tarde con la representación diplomática de Estados Unidos en Teherán en la etapa del ayatolá Jomeini, perdieron la vida 35 personas.

En 1999 el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional admitía a trámite una querella contra los generales guatemaltecos Fernando Romeo Lucas García,436 presidente de la República de Guatemala de 1978 a 1982; Efraín Ríos Montt, jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983; Oscar Humberto Mejía Victores, jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986; Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa; Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor; Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación; Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional; y Pedro García Arredondo, jefe del Comando 6 de la Policía Nacional. A todos ellos se les imputaba la comisión de diversos delitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales durante la dictadura militar que ejerció el poder en el país entre 1978 y 1986. El número de muertos de la etnia maya en ese periodo se calcula en unas 250.000 personas.

El titular del juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, sin embargo, mantuvo el asunto bastante ralentizado mientras permaneció al frente del Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional, al igual que han hecho la mayoría de los jueces de este organismo.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reconociendo el principio de personalidad pasiva, decidió en marzo de 2003 que la justicia española era competente para enjuiciar a la dictadura guatemalteca por la masacre cometida contra el pueblo maya. El pronunciamiento en este sentido se producía como consecuencia del ataque sufrido contra la Embajada de España en aquel país el 30 de enero de 1980, así como por los asesinatos de sacerdotes españoles por fuerzas militares guatemaltecas.

Un año después, el asunto seguía estancado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. Su titular, Guillermo Ruiz Polanco, no veía viable la posibilidad de encausar a los responsables de las últimas dictaduras militares y mantuvo la causa paralizada algo más de un año.

El 19 de abril de 2004, tras el expediente abierto a Ruiz Polanco por el Consejo General del Poder Judicial, Baltasar Garzón se hizo cargo temporalmente del juzgado. El 20 de abril libró una comisión rogatoria internacional a Guatemala en la que indicaba su intención de acudir al país centroamericano para interrogar en calidad de imputados al ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt y a otros siete imputados, cuatro de ellos generales.437

Lo singular del asunto es que la decisión se tomó poco después de que el juez regresara de Estados Unidos, donde había impartido una conferencia con la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, donde ambos coincidieron en una cosa: el genocidio cometido con el pueblo maya no podía quedar impune. Sus autores debían ser detenidos, interrogados, juzgados y encarcelados de por vida.

Garzón comenzaba a funcionar a base de conferencias bien pagadas, y su toma de decisiones penales sobre asuntos que conocía extrajudicialmente y sobre los que se había pronunciado en contra en dos intervenciones públicas, sentado al lado de Rigoberta Menchú, causó estupor en medios judiciales internacionales. «El juez español debía haberse abstenido del caso. No se puede estar a favor de una tesis reduccionista de los derechos humanos en organismos justicieros como Amnesty Internacional y aplicar las leyes», señala el profesor J. Royers, de la Universidad de Pennsylvania. «Los jueces justicieros son como Roy Bean, el juez de la horca, una plaga de la que hay que huir».438

***

Como si se tratara del coco o del huracán Katrina, en septiembre de 2002 la prensa de Lima titulaba en portada: «Garzón viene: el implacable juez Baltasar Garzón vendrá a Perú para investigar a Montesinos».439

En efecto, un mes después, el 10 de octubre de 2002, el magistrado español viajaba a Perú. Se entrevista en la base militar de El Callao, próxima a Lima, con Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios secretos y asesor personal de Alberto Fujimori, presidente del país entre 1990 y 2000. Montesinos estaba entonces detenido por el presunto pago de sobornos a sus opositores, a los que grababa en vídeo, y por apropiación indebida de fondos públicos.

El juez va a interesarse por un asunto conectado: los supuestos ingresos efectuados por el BBVA para financiar la campaña electoral de Alberto Fujimori, que se dilucidan en su juzgado.440 El magistrado quiere saber también si esos supuestos sobornos se abonaron con el propósito de tomar el control del Banco Continental, al ser privatizado por el Gobierno, hechos que investigan igualmente el Banco Central de Perú y la fiscalía anticorrupción del país andino.

Según los informes de la Audiencia Nacional, los pagos —12 millones de dólares—, se habrían hecho efectivos a Fujimori y Montesinos, según la instrucción sumarial, a través de la filial del BBVA en el exterior, la sociedad International Investment Corporation Puerto Rico, bajo cobertura de préstamos irreales. Era la forma de «engrasar» las relaciones con el Gobierno de Lima para hacerse con el control del Banco Continental de Perú, en proceso de privatización, como parte del plan de expansión en América Latina de la entidad financiera resultante de la fusión del Bilbao-Vizcaya con Argentaria.

La información procedía de un ex alto ejecutivo del BBVA en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, convertido en testigo protegido por el juez, quien había denunciando los hechos primero al FBI (Federal Bureau of Investigation) y luego al juez. Según su declaración, el BBV International Investment Corporation constituía un banco paralelo establecido en la isla del Caribe con la presunta finalidad de crear cuentas secretas, efectuar donaciones irregulares a políticos de México, Venezuela, Colombia, Panamá y Perú, y blanquear dinero negro, entre otras actividades.

Era la segunda vez que la espada flamígera del arcángel san Gabriel volaba a Lima. A las tres de la tarde del 10 de octubre se presentó en un módulo de seguridad donde tenían detenido a Montesinos.

Cuando fue interrogado por Garzón estaba, lógicamente, leyendo el libro colectivo El mundo después del 11 de septiembre de 2001,441 del que era autor, entre otros, el juez.

Aprovechando el viaje, y como estaba en ebullición el escándalo de los vídeos grabados por Montesinos en los que aparecía sobornando a empresarios y personajes públicos peruanos, el juez de Torres se interesó por el asunto, aunque no era de su competencia. Cuando en febrero de 2005 se publicó Un mundo sin miedo, su segundo best-seller, narró su conversación extraoficial con el espía quien, enfadado por los chismorreos que decía de él, lo llevó a los tribunales, como ya se ha contado en el capítulo primero.

La investigación de Garzón, que acudió a Perú acompañado del fiscal David Martínez, era sólo un pretexto para avanzar en su meta, que acababa de trazarse, de convertirse en el justiciero universal de América del Sur. Lo que de verdad pretendía el juez era reunir los datos suficientes para sentar en el banquillo a Alberto Fujimori por violación de los derechos humanos. «Con el Plan Cóndor —afirma al autor el fiscal Eduardo Fungairiño— ya había pretendido extender sus investigaciones a Bolivia y Uruguay». Lógicamente, tras este incidente, Garzón sigue tratando de impartir justicia entre los «corruptos» países latinoamericanos.

Veamos otro caso sin cambiar de continente.

***

Según cuenta Carlos Caprile Ayala, ex embajador de Venezuela en España y miembro de una de las familias más adineradas del país, los sucesivos gobiernos venezolanos compraron plantas de laminación para la Siderúrgica del Sidor, la empresa más importante de transformación de mineral de hierro del país, por lo menos cuatro veces.442 «Sacaban el dinero fuera para hacer supuestos pagos, firmaban los contratos para adquirir las plantas de laminación, y estas nunca llegaban a Venezuela. Lo que hacían mediante este sistema de ingeniería financiera era llevarse el dinero del país».

El 2 de julio de 2002, al investigar unas cuentas opacas creadas por el BBVA en Jersey, se detecta que se han efectuado pagos para la campaña electoral de Hugo Chávez en Venezuela. El 2 de julio de 2002 el banco reconoce oficialmente los pagos. Al día siguiente, 3 de julio, declara ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 el ex presidente del Banco Provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorrilla, que ha hecho de intermediario de los pagos del BBVA a Hugo Chávez. «El Banco Provincial de Venezuela, filial del BBVA en ese país, no sólo contribuyó a las campañas electorales de Hugo Chávez, sino que también realizó pagos por montos similares a otros partidos de oposición de ese país», reconoció Zorrilla. Añadió: «Los pagos a Copei (democristianos) y otras dos coaliciones fueron hechos por el banco como parte de una práctica habitual en los países americanos».

En relación a los dos pagos de 1.500.000 dólares realizados a través de la sociedad Concertina a Hugo Chávez, en 1998 y 1999, Zorrilla explicó que los había negociado él personalmente con dos representantes del mandatario venezolano. «Se trata de Tobías Carrero, gestor de Concertina, y Luis Miquilena. Los pagos, hechos de las cuentas secretas del BBVA, no eran conocidos por Zorrilla, dijo su abogado. Sí sabía, en cambio, los aportes a los partidos de oposición, ya que fueron realizados directamente por el Banco Provincial y contabilizados en sus cuentas».

Aunque negó que se hubiera pagado en prevención de una nacionalización de la banca por parte de Chávez, sí dijo que él tramitó el asunto como una cuestión institucional porque era un tema delicado, y explicó que comunicó el pedido de los pagos a José Ignacio Goirigolzarri, entonces responsable del área latinoamericana del banco.

El 15 de agosto de 2002 el ex ministro de Interior de Venezuela, Luis Miquilena, reconoce que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria financió ilegalmente la campaña electoral de Hugo Chávez de 1999. A raíz de esos y otros hechos, el juez imputa a veinticuatro antiguos ejecutivos de la entidad financiera. Deja al margen al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y al consejero delegado de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Poco después dimiten los consejeros del BBVA Javier Aresti, Ramón de Icaza y Luis María Ybarra.

La prensa venezolana recuerda el caso de Fujimori y Montesinos. ¿Vendrá Garzón a interrogar al mandatario venezolano?, se preguntan algunos rotativos. «Que se atreva ese pendejo, ese juez comemierda del carajo, a poner los pies en mi país. Que venga, que yo le voy a enseñar lo que es la justicia», salta lleno de ira Hugo Chávez. «¿Qué se creen los españoles, que estamos aquí con taparrabos y que van a repetir lo que hicieron en el siglo XV?».443

El 19 de junio de 2007 volvió a Venezuela invitado por el Congreso Internacional de Conindustria 2007. Días antes, Hugo Chávez, el «dictador» mestizo, acababa de cerrar el canal Radio Caracas Televisión y el juez de la Audiencia Nacional acudió casualmente por esas fechas a dar una charla sobre «Democracia, libertades y derechos humanos, empresariales y laborales».

«La credibilidad de un sistema radica en la existencia y realidad de los controles a los que se somete el poder. Quien más poder tiene debe ser el más controlado. Cerrar un medio de comunicación no es el mejor sistema para garantizar la libertad de expresión», aseguró. Y se preguntó: «¿Cuántos ciudadanos venezolanos habrían votado por la desaparición del canal Radio Caracas Televisión?» Su actitud oportunista fue tomada como una provocación por el Gorila Rojo y sus secuaces, y desató las iras del infierno. Varias organizaciones gremiales, como Empresarios por Venezuela (Empreven), le declararon persona non grata. Como parecía lógico, Chávez acusó a José María Aznar, que no tenía nada que ver en el asunto, de «fascista», y anunció que «tomaría distancia del Gobierno de España porque la intervención del juez español en asuntos internos de su país era una falta de respeto hacia su país». Al mismo tiempo llamaba «payaso» y «desfigurado» al juez galáctico. Calificó su visita a Caracas de «triste y cobarde».

En la polémica intervinieron también el vicepresidente venezolano, Jorge Rodríguez, que tildó a Garzón de «payaso al servicio de la oligarquía venezolana», y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, para quien Garzón se ubica «más cerca de la visión de Aznar y de Bush que de otra cosa». Al mismo tiempo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, acusó al juez de «expresar conceptos realmente denigrantes contra el poder judicial venezolano». «Venezuela no lo acepta, y su poder judicial menos, un neocolonialismo que venga a usurpar lo que es la competencia y la jurisdicción de nuestro país», agregó la magistrada del máximo organismo judicial venezolano.

Tras refugiarse en la Embajada de España para escapar de las iras de los seguidores del Gorila Rojo, como llama Federico Jiménez Losantos al presidente de Venezuela, regresó a España. «A poco que pueda, a este tío lo meto en la cárcel», señaló Chávez.

También algunos de los sobrevivientes de la matanza de Ruanda, iniciada el 6 de abril de 1994, han tratado de hallar justicia en la Audiencia Nacional. Las Naciones Unidas se adelantaron y crearon un tribunal ad hoc para enjuiciar a los criminales de guerra causantes de la muerte de medio millón de personas, entre ellas nueve españoles, según relató en el tribunal central español Abdul Joshua Ruzibiza, militar ruandés residente en Noruega y autor del libro Ruanda, la historia secreta, publicado por Ediciones de Panamá.

Y más fracasos. Tras el fallido intento de procesar a Hassan II, del que hablamos en el capítulo anterior, en 2006 los responsables del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática han vuelto a presentar querella contra varios militares marroquíes a los que acusan de exterminio de sus ciudadanos.444 Por su parte, Severo Moto, el eterno líder opositor de Guinea Ecuatorial en el exilio, ha recibido invitación de las asociaciones de derechos humanos para iniciar nuevas acciones penales contra los asesores militares y los ministros de Teodoro Obiang Nguema.

La Audiencia Nacional pretende suplantar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional en el papel que les corresponde y que se niegan a realizar basándose en los principios nullum crime sine lege e irretroactividad ratione personae, que no permiten enjuiciar hechos que antes no estuvieran penalizados ni aplicar retroactivamente el derecho penal. Para muchos jueces de la Audiencia Nacional, la base del derecho romano, pilar esencial de nuestras libertades y garantías judiciales, no tiene mayor importancia. «De seguir así, llegará el día en que veamos a Baltasar Garzón saltando desde un helicóptero en Marruecos, Mauritania o Guinea Ecuatorial», dice un conocido abogado.

Y aún hay más. Según publicaba el diario El Mundo el 19 de agosto de 2007, Garzón reconocía oficialmente por primera vez que estaba contaminado para actuar contra George Bush, Tony Blair y José María Aznar. En el Festival de Espiritualidad y Paz de Edimburgo (Reino Unido), convocado por el Comité de Apoyo al Tíbet, al tiempo que pedía que se reconociera su papel de pionero en la creación de la justicia universal aceptaba haber asumido «un papel beligerante contra la guerra de Iraq. Desde el principio sabía que había que exigir responsabilidades penales a los firmantes del trío de las Azores».

Colocándose de víctima afirmaba que «por mis opiniones sobre Iraq se me abrieron dos investigaciones en el CGPJ. Lo que demuestra que estaba dispuesto a perder la carrera judicial para defender aquello en lo que creía».

Formando parte de un cartel variopinto de gente excéntrica entre los que se encontraba un rabino, Lionel Blue, y otro reverendo, Christopher Goodwins, que había escrito una Biblia en verso, Garzón reconoció que «yo en un caso así estoy completamente contaminado, pues he sostenido una posición pública muy beligerante con la guerra».445 Estuvo acompañado por Toni Cantó, miembro del Comité de Apoyo al Tíbet, lo que le contamina de nuevo para instruir este caso en sustitución del juzgado de instrucción que lleva el asunto en la Audiencia Nacional.

A este respecto narró una anécdota que revela la grave situación en que jueces como él han colocado al Gobierno al perseguir fantasmas inalcanzables. «No creo que desvele ningún secreto de Estado —manifestó— al decir que el ministro de Asuntos Exteriores español, muy amigo mío, me dijo antes del viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a China» en julio de 2005:

«—¿Cómo hacemos para que no interfiera el caso del Tíbet?

»Muy fácil. Dándole órdenes al fiscal general del Estado para que active el caso».

Y es que Cándido Conde-Pumpido, tras lanzar la piedra y dar instrucciones para que se procesara a los mandatarios chinos, escondió la mano. «El fiscal general del Estado, en este caso, no ha hecho nada», concluyó Garzón en Edimburgo, donde manifestó también: «Mai'inglis isnot gud. Is bete traleitor. Taim is veri qüik».

De no ser por otro fiscal al que odia profundamente, Eduardo Fungairiño, los ex presidentes de Bolivia, Uruguay, Brasil y Venezuela estarían hoy también procesados.

Capítulo XVI

ETA, no más metralletas

Desde el asesinato de Melitón Manzanas González, en 1968, la banda terrorista ETA había sido concebida como un grupo de pistoleros aislados de la sociedad, sedientos de sangre, que cometían sus asesinatos para llevar al Estado a una locura tal que se desentendiera del norte de España y les permitiera a ellos crear su país independiente, socialista y euslkaldún. Fue precisa la llegada del Partido Popular al poder, para que el asunto se encausara tal y como es. Porque la banda armada no es un simple grupo terrorista al estilo de los GRAPO, las Brigadas Rojas o la banda Baader-Meinhof, sino una organización revolucionaria con distintos frentes (armado, político, sindical, estudiantil, de apoyo a los presos, institucional, de medios de comunicación). Su desarticulación exige la previa neutralización de todos sus tentáculos en la sociedad civil. José María Aznar y Jaime Mayor Oreja lo entendieron así. Incluso parece que hasta el juez Garzón llegó a comprenderlo en algún momento: «ETA —ha escrito— no puede entenderse si no se la [sic] enmarca en todo el complejo que dirige y cuyo enfrentamiento, desde el Estado de Derecho, se ha desvelado muy eficaz, aunque algunos parece que no son conscientes del gran avance producido y pueden propiciar un retroceso en ese combate».

En cinco años, entre 1998 y 2003, un fiscal trabajador, intrépido y eficaz, Enrique Molina Benito, puso en jaque a la banda armada. Las resoluciones y los autos, naturalmente, los firmó Baltasar Garzón Real.

***

El 1 de diciembre de 1993 el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, ordena un registro en la sede del diario Egin, situada en el polígono Aciago de Hernani, uno de los «santuarios» de ETA desde comienzos de los años setenta. El ordenador del jefe de Investigación del diario abertzale, José Benigno Rey, un orensano con carnet de abertzale en el bolsillo, y los de su equipo de colaboradores son analizados a fondo en busca de archivos sobre empresarios vascos utilizados para el cobro del «impuesto revolucionario».

Semanas antes, durante la detención en Francia del jefe del aparato de finanzas de ETA, Carlos Almorza, Pedrito de Andoaín, se habían encontrado en su poder dieciséis informes de la empresa madrileña Incresa (Información y Crédito S.A.), participada por Enrique Sarasola, el amigo de Felipe González, y otros accionistas. Los documentos habían sido encargados por Egin para realizar una serie de reportajes. Posteriormente aparecieron en poder de ETA para montar operaciones de extorsión. Llevaban notas a mano del periodista orensano, lo que revelaba su procedencia.

Años más tarde, el consejero de Interior vasco Juan María Atutxa metió a la Ertzantza a investigar el órgano oficial de los terroristas vascos. Acosados por los trabajadores, la policía autónoma vasca no encontró suficiente información que permitiera incriminar a los directivos del rotativo con los asesinatos y extorsiones de la banda, pese a que en muchos círculos vascos comenzaba a corearse ya el siguiente lema: «Pepe Rei apunta, ETA mata».

Y es que, como ocurrió años antes con el semanario Interviú, cada vez que alguien aparecía en la diana del diario abertzale, la banda terrorista encontraba una justificación moral para apretar el gatillo y dar trabajo a los sepultureros.446

Tuvo que llegar el Partido Popular al poder para que las cosas cambiaran radicalmente. Tras estudiar el momento más adecuado para penetrar en sus instalaciones sin que los trabajadores movilizaran a sus bases y echaran a gorrazos a la Policía, se decidió actuar en horas de la madrugada, cuando los talleres hubieran cerrado y sólo quedaran las furgonetas del reparto. De esta manera, el 15 de junio de 1998, apoyándose en los informes facilitados por Juan María Atutxa y Carlos Bueren, el siempre oportunista Baltasar Garzón acude a Guipúzcoa a rematar la faena que por antigüedad le correspondía al Juzgado Central de Instrucción Número 1.

El registro, practicado esta vez por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, hay que contarlo también, pues es de los que hacen historia. Tras rodear el edificio e impedir que nadie pudiera entrar o salir de sus instalaciones, cortar las líneas telefónicas y requisar los teléfonos móviles, Garzón no deja nada sin inspeccionar. Al final, cuando acaba con su trabajo, se trae consigo a Madrid nada menos que veinte camiones con documentación y detiene a once personas, entre ellas al director del rotativo, Xabier Salutregui, y a varios miembros del Consejo de Administración.447

La gran redada tendría consecuencias más graves. Baltasar Garzón ordena el cierre del periódico, el primero clausurado en democracia, embarga sus cuentas corrientes y precinta sus instalaciones y las de la emisora afín Egin Irratia,448 o dicho en español, Radio Egin.

Diez días después, en un auto de cuarenta y cinco folios, razona su decisión: el periódico Egin y la emisora Egin Irratia forman, según el magistrado, el cuarto frente de la organización terrorista ETA, el informativo, organizado para actuar en el marco de la legalidad Junto con el juvenil, el político y el laboral integran el conglomerado civil básico de la banda terrorista

La lectura del auto permite determinar que, desde su fundación en 1979, los directivos y el Consejo de Administración del periódico son elegidos por ETA siguiendo generalmente los informes de su brazo político, la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), de Herri Batasuna o del sindicato LAB.

Un documento intervenido por la Policía francesa e incorporado a la causa permite establecer que el director de Egin recibe a diario mensajes codificados y consignas en su ordenador portátil, mediante un sistema de encriptación de textos PGP449 cuyas claves sólo poseen él y la dirección de ETA.

El periódico, en ocasiones, se ha utilizado para marcar los objetivos terroristas a ETA, muchos de los cuales son asesinados o sufren daños en sus propiedades después de que sus nombres y sus fotografías aparezcan en el diario señalándoles como «enemigos del pueblo vasco», «txibatos» o «traficantes de droga».

Por si todo esto no fuera suficiente, durante el registro se encuentra un ordenador con cuatro archivos: «Delclaux1», «Delclaux2», «Turbo1» y «Turbo2». Estos contienen documentación de la familia de Isidoro Delclaux Arostegui, cuyo hijo Cosme Delclaux Zubiría había sido secuestrado en 1987 por ETA que le había obligado a pagar un rescate de varios cientos de millones de pesetas, incluso cuando la banda armada declaró una tregua al año siguiente.

—¿Han dado ustedes su palabra de pagar? —preguntaron en el Gobierno vasco a los Delclaux, que se negaban a ser extorsionados en los siguientes cinco años.

—Sí, pero bajo amenazas y coacción.

—Pues paguen. Un vasco no rompe nunca su palabra.

Una lectura pormenorizada de algunas secciones del diario, cotejadas con informaciones de detenidos, revelaba que Egin había sido empleado en numerosas ocasiones para pasar información desde la dirección de ETA a los comandos, utilizando para ello los anuncios por palabras o mensajes cifrados dentro de algunas informaciones de sociedad y cultura.

La conclusión del juez en su extenso auto, después de relatar algunos de los hechos delictivos más relevantes, era demoledora: «Todo ello indica que el diario Egin y Egin Irratia constituyen el brazo informativo de KAS y son, al mismo tiempo, un mero instrumento de ETA para conseguir sus fines delictivos, señalar a sus víctimas y pasar información a los comandos terroristas para que cometan acciones criminales».450

El cierre del periódico abertzale, un panfleto descaradamente nacionalista y pistoleril, constituyó toda una conmoción en el campo de los medios informativos durante aquel tórrido mes de junio de 1998. Todos los medios, desde El Mundo a El País, plantearon que el magistrado debía de disponer de «claras y fundadas» razones para proceder sin más a clausurar un medio de comunicación, privando a la sociedad de una voz, por muy extremista que esta fuera.

El juez, sin embargo, no estaba haciendo otra cosa que aplicar la nueva doctrina del Gobierno de José María Aznar, según la cual se definía a ETA como algo más que un clásico grupo terrorista que actúa al margen de la sociedad por medio de su banda de pistoleros.

Frente a la definición clásica de grupo terrorista, aplicable a la banda Acción Directa, francesa, a las Brigadas Rojas, italianas, a la banda Baader-Meinhof,451 alemana, o a los GRAPO, nos encontramos con que ETA es algo más que un grupo terrorista. Se trata de un grupo revolucionario al estilo de los descritos por Mao Tse-Tung en su Libro Rojo, teoría ampliada por otros protagonistas de la guerra revolucionaria como Che Guevara, Ho Chi Minh, Menahem Begin, Regis Debray o el brasileño Carlos Maringhella, para quienes la retaguardia de la lucha armada es mucho más importante que los combatientes que se encuentran en primera línea: «Los combatientes pueden ser reemplazados a medida que vayan cayendo, pero sin una retaguardia sólida, cohesionada y fuertemente ideologizada, que dé apoyo a las columnas de choque, que vaya preparando a los nuevos combatientes para ocupar su puesto en frente, no hay lucha armada posible», había escrito Mao.

Hasta entonces, todos los gobiernos de la democracia —Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González— habían mantenido una estrategia equivocada en la lucha contra ETA. Habían centrado todo el esfuerzo policial, diplomático y judicial en la captura de los comandos terroristas, pensando que una derrota de sus grupos de choque obligaría a Herri Batasuna, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai, LAB, Egizan y otros aparatos del entorno de la banda a aceptar los cauces democráticos y alejarse de la violencia. Pero lo cierto es que ocurría todo lo contrario: los llamados «demócratas» albergaban muchas veces ideas más violentas que los pistoleros.

La caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) el 29 de marzo de 1992 y el debilitamiento de todos sus aparatos asesinos (Reclutamiento, Mugas, Logística, Makos, Explosivos), reveló que la estrategia antiterrorista seguida hasta entonces era errónea. La aparición de la kale borroka como fenómeno nuevo, junto al hecho de que los pistoleros delegaran el cobro del impuesto revolucionario en Batasuna, así como el paso de varios concejales de San Sebastián y Vitoria del frente político a la lucha armada, revelaron que la verdadera cabeza del hacha y la serpiente estaba en su retaguardia, la «nave nodriza» desde donde se hacía el aprovisionamiento.

Estas estructuras entre semiclandestinas y semilegales, tenían la misión, según los planteamientos de la banda armada, de ir ocupando política y socialmente los espacios que los pistoleros fueran abriendo en la sociedad mediante sus acciones terroristas. Esa era la teoría, pero en la práctica estaban tan implicadas en el pistolerismo que muchos de sus miembros se ofrecían a sustituir a los responsables de los aparatos desarticulados, de los comandos detenidos, para mantener viva la estructura de terror hasta conseguir sus objetivos máximos, la autodeterminación de las Provincias Vascongadas y Navarra, la independencia.

Con un Gobierno de derechas en el poder, dispuesto a actuar sin complejos estúpidos, Baltasar Garzón, el hijo del hortelano de Torres empleado de un surtidor de gasolina en los últimos años de su vida, entendió enseguida la nueva estrategia antiterrorista. Y como no estaba dispuesto a que nadie le arrebatase la notoriedad ni el estrellato, los verdaderos impulsos de su actuación como juez, se colocó el casco en la cabeza y se puso en la cabeza de la manifestación.

Con la información requisada a Egin abrió las diligencias 18/98 en su juzgado e inició una vertiginosa carrera para arrancar de raíz de la sociedad vasca a cualquier organización —por embrionaria o grande que fuera— que ofreciera su apoyo a los terroristas vascos.

Por esos días y hasta 2004, con Jesús de la Morena al frente de la Comisaría General de Información de la Policía, y Enrique Molina, un fiscal interino, recién llegado de Barcelona, donde tenía fama de hombre trabajador, íntegro y batallador452 en la fiscalía de su juzgado, Garzón formó una piña irreductible.

Situada entre el río Urumea y la plaza de Zaragoza, la calle de Arrasate, en San Sebastián, es una vía tranquila, de dos carriles, que discurre paralela a la calle de San Martín, sede de los Juzgados Provinciales de Guipúzcoa. El 27 de mayo de 1998 medio centenar de agentes de paisano de la Policía Nacional tomaban la calle no para detener al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que a lo mejor habría sido una buena operación, ni para proteger a Jaime Mayor Oreja en una de sus esporádicas visitas a sus tías, instaladas en aquella vía. Camuflados entre los escasos transeúntes que a aquellas horas de la tarde-noche circulaban, los agentes esperaban que acabara de salir el último empleado de un piso de oficinas situado en el número 51 para intervenir.

Ese día, sin embargo, la jornada laboral de alguno de los miembros de AEK (Alfabetatze ta Euskalduntze Koordinakundea, la Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización de adultos ligada al entorno político de ETA, cuya sede central se encuentra en aquel modesto e inocente piso) se prolonga hasta la medianoche. Una vez se apaga la última luz y los agentes ven bajar a la calle al último de los empleados, el jefe del operativo ordena: «Adelante».

Un grupo de policías, expertos en este tipo de operaciones, es el primero en tomar posiciones ante la puerta. Tras apalancarla con una barra de un metro de longitud acabada en una uña curvada, la hacen saltar y penetran en el inmueble. Casi al mismo tiempo otros grupos policiales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria asaltan una docena de pisos y caseríos en el País Vasco y detienen a sus moradores, aparentemente personas pacíficas, profesores libres de toda sospecha que se dedican a una actividad tan loable pero escasamente útil como la enseñanza del euskera.

En los minuciosos registros llevados a cabo durante el resto de la noche, los investigadores, que siguen órdenes del juez Baltasar Garzón y del fiscal Enrique Molina, que cada vez asume más el protagonismo de las intervenciones, no encuentran armas, explosivos ni bombas-lapa. No hay ni siquiera un mal Zutik o Zutabe, los manuales de propaganda de ETA. Por lo tanto, lo que se incautan los policías tras los registros son los libros de cuentas, las listas de profesores y toda la documentación de la Coordinadora, un organismo que regenta más de ciento cincuenta centros de enseñanza del euskera en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y el sur de Francia.

La entidad, por los datos que se poseen, había sido creada en 1966, en pleno franquismo, y su objetivo era el de «euskaldunizar» a la población abertzale vasca para que la «lengua más antigua del mundo», esa que enseñó Dios a Adán y Eva en el Paraíso Terrenal,453 no cayera en el olvido, como habían predicho y deseado Miguel de Unamuno y Pío Baroja. Se trataba, por lo tanto, de una institución aparentemente modélica, sin ánimo de lucro, nacida en el entorno de intelectuales de ETA vinculados a Euskaltzaindia (la Academia de la Lengua Vasca), de la que habían formado parte entre otros José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi; el sacerdote Julen Kalzada, vinculado al proceso de Burgos; o el escritor Federico Krutwig, autor de Vasconia, una de las «Biblias» de ETA en los años sesenta y una de las personas que le midió el cráneo a los Olazábal Entecha (biznietos del fundador del Partido Integrista) en los años setenta del siglo XX, al considerarlos descendientes directos de Túbal.

Presentada por sus dirigentes como una entidad surgida espontáneamente en la sociedad vasca a través de un grupo de personas comprometidas en mantener sus señas de identidad, AEK había librado en los años setenta y ochenta una dura batalla contra la Consejería de Educación del Gobierno vasco. Las dos instituciones se disputaban el derecho a patrimonializar y defender en exclusiva la recuperación de la lengua de Túbal, el hijo de Jafet y nieto de Noe al que la mitología atribuye la creación de la «República Vasca».

Frente a AEK, el Gobierno vasco había creado HABE (Helduen Alfabetatze eta Berreuskaduntserako Erakundea), el organismo de alfabetización y euskaldunización de adultos, para hacerle la competencia desde las instituciones mediante la puesta en marcha de una red de escolarización para nacionalistas.

Decididos a no dejarse arrebatar uno de los sectores más nacionalistas de Euskadi, como era el de los defensores de la lengua autóctona, Herri Batasuna y ETA plantaron cara al Gobierno vasco. Y aunque Xabier Arzalluz recriminaría varias veces a sus «hermanos descarriados», pretender «aekizar» a sus militantes para llevarlos a su molino electoral, el asunto se zanjó a favor de los terroristas.

El Gobierno vasco hibernó HABE y el nacionalismo radical relanzó con más fuerza AEK, que aparece inscrita el 2 de diciembre de 1982 como una entidad sin ánimo de lucro en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 47728. Sus domicilios oficiales estaban en el número 51 de la calle de Arrasate de San Sebastián, en la calle de Arana, 30, de Álava, en la calle del Perro, 1, de Bilbao, en la calle de Jarauta, en Pamplona, y en Pontike Karrika, de Bayona (Francia).

Financiada desde el Gobierno vasco a través de HABE, la empresa dedicada a mantener viva la llama del euskera, se expande como una mancha de aceite. En 2002 la Coordinadora de Euskaldunización contaba con una red de ciento cincuenta euskaltegis (centros de enseñanza reglada) y otros tantos barnategis (internados para la enseñanza del dialecto por el sistema de inmersión).

Por esa época, en Bilbao y San Sebastián todo el mundo sabía que, bajo la cobertura de la enseñanza del lenguaje, AEK era uno de los centros de adoctrinamiento y movilización del entorno de Herri Batasuna. Incluso la Policía, la Guardia Civil y el CESID habían utilizado en varias ocasiones sus instalaciones para infiltrar a sus agentes en la dirección de ETA. Lo que se ignoraba por entonces era que AEK funcionaba también como una vía de financiación paralela de ETA, al destinar todos sus beneficios al sostenimiento de la banda armada. La institución de defensa de la lengua actuaba, además, como una correa de transmisión para transferir fondos desde el ejecutivo vasco al entorno abertzale que sostenía en la sociedad civil a la banda armada.

Según descubren los agentes, por lo menos desde seis años antes AEK figura en uno de los documentos de ETA, el llamado «Proyecto Uldaletxe», como una de las grandes empresas de ETA. Muchos de los dirigentes de Herri Batasuna han formado parte de la dirección de AEK, y al menos ochenta terroristas detenidos y condenados, que han estudiado sus carreras en la cárcel con becas del Gobierno vasco, han sido profesores de euskera en los euskaltegis.

El análisis de las cuentas de la sociedad por dos inspectores de Hacienda demostraría que AEK, con su inocente e inocua apariencia, había transferido 2.000 millones de pesetas a los círculos próximos de la banda terrorista, pagando sueldos al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y a Xabier Alegría, Juan María Mendizábal Alberdi, José Luis Olarciegui Altuna, Iker Beristain, Juan María Larrate, Mikel Aznar Ares y otros. Los fondos procedían en gran parte de las partidas aprobadas por el Parlamento Vasco para el apoyo y la promoción del euskera (más de 30.000 millones de pesetas desde 1982), derivadas directamente a AEK, a las ikastolas del PNV y otros centros vinculados al nacionalismo pactista o radical.

AEK no sólo había contribuido al sostenimiento del entramado de ETA —Jarrai, Egizan, Gara, KAS—, no sólo había abonado los arreglos del coche de Otegi... Es que incluso había financiado el divorcio de Xabier Alegría Loinaz pagándole la pensión alimenticia a su ex mujer, para que el dirigente de KAS no tuviera que perder el tiempo en asuntos domésticos.

El registro a AEK y otros realizados en el periodo 1998-2003 permitió a Garzón desmontar una buena parte del aparato financiero de ETA, que tenía una trama de empresas en Cuba,Venezuela, Costa Rica y el sur de Francia para dar trabajo a sus militantes quemados y obtener beneficios que invertir en el «negocio del crimen». Sin embargo, otra parte de este aparato, especialmente sus participaciones por medio del sindicato LAB en papeleras, inmobiliarias, gestorías, librerías y otras industrias legales, salvo Egunkaria, muchas de ellas subvencionadas o sacadas a flote con fondos de las diputaciones forales, quedaron y siguen activas.

Veamos otras intervenciones.

***

El 29 de noviembre de 1996 la Policía francesa detiene en Lasseube (Francia) a Joaquín Atxurra Egurola, Pototo. En un zulo disimulado en el escalón de su vivienda le encuentran varios discos de ordenador. Tras desencriptarlos, se lee lo siguiente: «Cuando [nuestra gente de Jarrai] rompe una cabina, ¿por qué lo hace? ¿A favor de los presos o para castigar al Estado español opresor? ¿Vale la pena quemar a nuestra gente más valiosa en el futuro en ese tipo de acciones que no conducen a nada?»

Poco después, Juan Manuel Soares Gamboa, ex miembro del Comando Madrid, escribe: «ETA es la única organización del mundo que tiene abierto desde hace lustros un frente de lucha sin ningún enemigo a la vista. El "frente de los cajeros automáticos" y la destrucción de cualquier clase de mobiliario urbano, sea de la condición que fuere, sin tener en cuenta que muchos de esos destrozos los pagamos exclusivamente los vascos con nuestros impuestos».

Durante toda la década de 1990 la banda terrorista ETA mantuvo activo un amplio debate interno: el papel que debían desempeñar sus jóvenes cachorros dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Unos opinaban que había que incrementar la kale borroka o lucha de baja intensidad contra enemigos inexistentes para obstaculizar el «dominio» de los españoles sobre Euskadi e ir fogueando a los jóvenes en la «lucha armada de liberación nacional». Otros pensaban, por el contrario, que al sacar a la calle a sus muchachos se estaba quemando anticipadamente a varias generaciones de comandos al ser «fichados» por la Policía antes de que llegaran a la edad de empuñar una pistola.

Creados al estilo de EGI (Eusko Gudari Indarra o, dicho en castellano, Fuerza Joven Vasca), la sección juvenil del PNV, en un acto celebrado en abril de 1979 en la Universidad de Lejona, con el nombre de Jarrai («seguir»),454 el grupo juvenil de ETA nació como una organización subordinada a la estrategia política de los terroristas y de KAS. Su objetivo inicial, en aplicación del principio del centralismo democrático, era implantar la Alternativa KAS entre los jóvenes.

ETA, inmediatamente, les encontró una segunda «ocupación»: volar cajeros de bancos y cajas de ahorros para alcanzar un «programa de máximos» en las conversaciones de Argel, colocar bombas en la autovía de Leizarán, poner en práctica el «terrorismo de baja intensidad» en los periodos de tregua para que nadie pensara por error que ETA iba a rendirse, e incluso suplir la acción de sus comandos tras las caídas policiales, para dar a los vascos la sensación de estar en guerra. Actuaban con ventaja dentro del Estado de Derecho. Muchos de ellos eran menores de edad y la mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional se negaban a dar a sus atentados el tratamiento de actos terroristas, pese a que sus actividades estaban «subordinadas» a los planes terroristas de ETA.

Tendría que llegar el año 2000 para que el juez Baltasar Garzón, con un informe de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, una mujer brillante y creativa, aplicaran el Código Penal en toda su amplitud a esta forma de terrorismo callejero.

El descabezamiento de Jarrai —que había cambiado su nombre por el de Haika tras un congreso celebrado en el sur de Francia para el que estaban convocadas 12.000 personas, y que más tarde volvió a cambiar su nombre por el de Segi— fue uno de los grandes golpes a la estructura juvenil y estudiantil de la banda armada, que se dedicaba a «marcar» docentes en la Universidad del País Vasco, a «señalarles» ante la dirección de ETA y a provocar un éxodo de más de doscientos profesores y doctores al resto de España a finales del siglo XX.455

Medio centenar de miembros fueron detenidos y encarcelados bajo la acusación de formar parte del conglomerado terrorista. Otros tuvieron que huir al sur de Francia.

Lo más significativo de la lucha en este frente terrorista consistió en que la Policía pudo elaborar por primera vez bancos de datos de alevines de terroristas que estaban «quemados» antes de empuñar la pistola o colocar un coche bomba en esa guerra en la que sólo existe un grupo de contendientes, el de los abertzales fanatizados y dispuestos a matar por la espalda.

El «fichaje» de los candidatos a terroristas y el control que la Policía tuvo de todo el aparato de captación de activistas en el interior, que actuaban en herriko-tabernas, Gestoras Pro Amnistía o desde las estructuras del sindicato LAB, acabaría poniendo a ETA contra las cuerdas hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder.

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La batalla contra el terrorismo, hasta la derrota final, continuaría un día tras otro sin tregua. Cuando ETA colocó en 1987 una bomba en el Hipercor de Barcelona, asesinando a veintiuna personas y dejando heridas a otro centenar, hubo muchas voces discrepantes dentro de Herri Batasuna que acusaron a la banda armada de abandonar la lucha política para convertirse en auténticos pistoleros. Uno de ellos, Txomin Ziluaga, llegó a encabezar una candidatura en contra de ETA en el congreso que HASI celebró en secreto en Cestona. Y su candidatura fue aprobada por una inmensa mayoría de militantes de Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y las demás organizaciones satélites de ETA. Era preciso dar un cambio a las acciones armadas, supeditarlas a las políticas, y todo el mundo estaba de acuerdo. Pero entonces se levantó de entre la concurrencia Kepa Embeitia Urtuondo, un joven de apenas veinte años, con menos ideas que un mosquito, se puso una capucha y se subió a la tribuna:

—En nombre de ETA proclamo que no vamos a tolerar que se discuta su papel de vanguardia en la lucha contra el fascismo. Ziluaga y sus comparsas son un «cáncer liquidacionista». Todos ellos quedan expulsados de HASI.

Y así ocurrió. Utilizando el «voto de calidad» que tenía en los movimientos de masas, la banda terrorista acababa de imponer su criterio a la mayoría social abertzale del País Vasco por el simple hecho de que sus activistas llevaban pistola y se regían por esa feroz dictadura llamada centralismo democrático.

Baltasar Garzón leyó la trascripción del congreso de HASI en Cestona y se quedó helado por la cantidad de documentos que fue descubriendo, muchos de ellos publicados en Zutabe y Zutik, dos de las publicaciones de la banda armada.

Desde octubre de 1977, cuando un grupo de políticos e intelectuales de izquierda, entre los que destacaban Telesforo Monzón, José Luis Elkoro, Francisco Letamendía, Joaquín Gorostidi Artola, Santiago Brouard y el portero José Ángel Iríbar, se reunieron en Alsasua para manifestar públicamente su rechazo a la Transición y apostar por la ruptura política, ETA ejerció un dominio absoluto por medio de estas personas sobre su aparato político, Herri Batasuna.

Según pudo comprobar el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, por los distintos informes de la Policía y sus propias publicaciones, desde entonces Herri Batasuna no ha tenido en momento alguno la más mínima independencia ni autonomía para adoptar sus propias decisiones al margen de los pistoleros. Por el contrario, siempre se «había limitado a seguir al pie de la letra sus instrucciones y órdenes». Era ETA la que marcaba, en todo momento, la acción política, la que elegía a los candidatos para ocupar los cargos en ayuntamientos y diputaciones forales, quien daba su aprobación o veto a las candidaturas y quien obligaba a que muchos terroristas quemados, como Victoria Gorostiaga, Jesús Aranzamendi, Iñaki Arakama Mendía, Javier Retolaza u Oscar Arrúe encabezaran sus listas electorales en numerosos municipios, diputaciones e incluso en el Parlamento vasco. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 1987, con Juan Carlos Yoldi Múgica, que fue sacado de la cárcel para presentarse a la investidura del lehendakari del País Vasco, en la más siniestra y macabra broma a la democracia.

Al mismo tiempo, una lista elaborada por la Comisaría General de Información revelaba que 450 cargos de Herri Batasuna, tras ocupar sus puestos en las instituciones, habían sido detenidos y encarcelados por formar parte de la banda asesina.

Por si todo esto fuera poco, la presencia de la plana mayor de la organización política de los terroristas, jaleando sus consignas durante las manifestaciones en contra de la autopista de Leizarán o en las contramanifestaciones realizadas tras el secuestro de Cosme Delclaux, revelaba la iniquidad de unos «políticos» dispuestos a justificar la detención ilegal y las torturas a un ser humano.

La gota que colmó el vaso se produciría en las elecciones generales de 1996, cuando la Mesa Nacional de Herri Batasuna prestó su espacio electoral a ETA para que lanzara un mensaje al pueblo vasco, un mensaje grabado en vídeo semanas antes, lo que significó la condena para todos sus dirigentes, episodio ya contado.

***

«Señor Juan María Atutxa: Usted se preguntará por qué le escribo esta carta. Necesito que me ayude a hacer mi transición particular de militante de ETA a ciudadano normal de la sociedad a la que pertenezco. [...] Mi renuncia a la lucha armada es total; ya lo fue desde 1991, cuando se debatieron aquí las treguas. Nuestra forma particular de entender la liberación nacional ya no tiene sentido, y menos matando. El pueblo ya no comulga con ideologías que se sustentan en la muerte y el sufrimiento». De esta forma tan dura y descarnada Juan Manuel Soares Gamboa, uno de los pistoleros del sanguinario Comando Madrid, pide dejar la lucha armada y que el PNV le ayude a reinsertarse haciéndose garante de su vida ante sus compañeros de armas.

La carta había sido difundida el 25 de junio de 1995 por el diario vasco El Correo. Autor de veintinueve asesinatos según la Policía y confinado en Santo Domingo, aislado del resto de los compañeros, con los que apenas se hablaba, Soares Gamboa prefería pasar unos años en la cárcel en España a la «eternidad» en la República Dominicana.

La banda terrorista tenía por entonces más de cien deportados a la fuerza en más de una veintena de países de África (Cabo Verde, Togo, Gabón, Argelia, Santo Tomé) y América (Venezuela, Cuba, Uruguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana o Costa Rica).

Para mantener cohesionados a todos estos terroristas, atender a sus necesidades y gestionar que las autoridades locales les concedieran una especie de estatus de presos políticos parecido al que disfrutaban en el sur de Francia, y para evitar que se desmoralizasen, prefirieran la cárcel al exilio y se entregaran a las autoridades españolas, ETA se vio obligada a crear un «aparato de relaciones exteriores».

Los dirigentes de Xaki no sólo se encargan de velar por la «ortodoxia» de sus pistoleros en los más remotos confines del mundo, sino que también asisten a los congresos del Frente de Liberación Bretón, del IRA irlandés, de las Brigadas Rojas italianas o del Frente Canadiense de Liberación de Québec.

Creada bajo la denominación de Asociación Europea Xaki, la entidad se inscribe en el Registro de Asociaciones del Gobierno vasco, donde se depositan sus estatutos, los nombres de sus fundadores y su domicilio social, en la calle de Pedro Egaña, 12, la sede de Herri Batasuna. Sus objetivos son bastante más amplios que los descritos: como aparato de propaganda de ETA, Xaki tiene la misión de dar a conocer en el mundo la «existencia» del pueblo vasco y el «conflicto» creado con el Estado español, que le niega sus «derechos colectivos» y mantiene como «rehenes» a sus militantes en sus «cárceles de exterminio».

El aparato tiene también la misión de buscar «interlocutores» fuera de España que obliguen al Gobierno español a sentarse en una mesa de negociación para hablar de la «territorialidad» y la «autodeterminación» del pueblo vasco para crear una república abertzale y socialista donde sólo tengan cabida los vascos.

Para ello la «Herri Enbaxada» de Bruselas se ha dirigido al premio Nobel de Literatura Darío Fo; al presidente de Paz y Justicia Adolfo Pérez Esquivel; al dirigente democristiano de Italia Francesco Cossiga; al mítico dirigente de la Revolución de los Claveles Antonio Rosa Coutinho; a los miembros del parlamento kurdo en el exilio; y a la defensora de los indígenas Rigoberta Menchú, para que apoyen internacionalmente su proyecto.

También han llegado al Vaticano, donde dos cardenales, Roger Echegaray y Sebastián Laboa, apoyan sus pretensiones junto con la Comunidad de San Egidio. En el otro lado del Atlántico han logrado incorporar a su proyecto a las fundaciones Arnulfo Arias y Jimmy Carter, donde les sugieren captar a todo tipo de escritores y pacifistas como Noam Chomsky, Gabriel García Márquez, James Petras, Desmond Tutu, la irlandesa Betty Williams y hasta el mismísimo Dalai Lama,456 un señor que en lugar de confiar en sus poderes espirituales, confía en la Audiencia Nacional para que procese al presidente de la República Popular China.

El 6 de abril de 1999 Baltasar Garzón decidía procesar a 16 miembros del aparato internacional de ETA, también conocido como Xaki o el «Ministerio de Asuntos Exteriores» de la banda armada.457 Los principales detenidos eran José María Olarra Aguiriano, Gorka Martínez Bilbao y Jokin Gorostidi Artola, que habían pertenecido a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. También fueron encausados el portavoz de Euskal Herritarrok en las Juntas Generales de Vizcaya, Sabino del Bado, y los miembros del área internacional de ETA Elena Beloki (novia entonces de Josu Ternera), Miriam Campos, Miren Korta, Íñigo Elkoro, Rosario Buñuel, la jefa de sección del diario Gara, María Teresa Ubiría, y otros.

Poco después, en marzo de 2000, el Partido Popular gana por mayoría absoluta las elecciones generales. ETA está ahora más hundida y desarbolada que nunca, con sus aparatos deshechos, su red de captación de terroristas infiltrada por la Policía como un queso de gruyere y su cúpula dirigente detenida una y otra vez.

Garzón, que con sus actuaciones contra todos los aparatos políticos y sociales de la banda armada se había convertido en el verdadero verdugo de los terroristas, demostraba de esta forma que él tampoco creía en la reinserción.

***

En las transcripciones impresas de uno de los «pinchazos» que el juez Baltasar Garzón ordenó para la sede de Gestoras Pro Amnistía de Bilbao se lee lo siguiente:458

«Gurutze. —Buenas tardes desde Ondárroa. ¿Jagoba?

»Jagoba. —Sí.

»Gurutze. —Sí, aquí desde Ondárroa, igual no me conoces. Soy Gurutze, del Grupo de Economía. Aquí nos aparece mensualmente un abonaré de 75.000 mil pesetas. ¿Eso es para repartir a los presos del pueblo?

»Jagoba. —¡Ah, sí! ¿Cuántos presos tenéis?

»Gurutze. —¿Presos? Tres.

»Jagoba. —¿Y de cuánto es el abonaré?

»Gurutze. —75.000 pesetas.

»Jagoba. —Sí, eso es, 25.000 para cada uno. Es lo que está decidido por la organización.»

La conversación entre Jagoba Terrones y Gurutze Arriaga revela que ETA paga un «sueldo» de 25.000 pesetas «para sus gastos» todos los meses a todos sus presos. La entidad encargada de recaudar y distribuir esa cantidad es un grupo de militantes de apoyo a la banda armada organizados en torno a Gestoras Pro Amnistía, un grupo formado en 1977 para «arrancar» la amnistía política al primer Gobierno de la democracia. Tras una corta desaparición del grupo, en el que militaban personalidades de tanto prestigio como Eduardo Chillida, después de la salida del último terrorista detenido durante el franquismo, fue reactivado por ETA cuando sus comandos volvieron de nuevo a matar.

Gestoras, sin embargo, no se dedicaba a luchar por los derechos humanos de los presos. Un informe en poder de Baltasar Garzón señalaba que algunas de sus militantes, entre ellas Iratxe Sorzábal o Idoia Arrieta, asesina del jefe de ETA Ramón Doral y jefa de apoyo del Comando Donosti respectivamente, cuyo jefe Valentín Lasarte había asesinado a Gregorio Ordóñez o a Fernando Múgica, entre otros, no eran precisamente «hermanitas de la caridad» ni «altruistas mujeres» decididas a darlo todo por el prójimo.

Según el citado documento, Gestoras Pro Amnistía constituía un frente de lucha más de ETA, y entre sus actividades estaba la de esconder a los presos huidos de la Policía, hacer de buzón entre la dirección de la banda armada y sus comandos, «marcar» a los activistas mejor cualificados para formar parte de los grupos de pistoleros y, a veces, cobrar incluso el «impuesto revolucionario».

Sus integrantes formaban parte de uno de los aparatos de colaboración más activos de la banda armada. Los «pinchazos» en poder del juez revelaban que desde sus sedes se daban asimismo consignas a la kale borroka para incrementar su presencia en la calle cada vez que un terrorista perdía la vida, y se alertaba a los miembros de los comandos que actuaban en su zona en aquellos momentos en que se incrementaban los controles policiales, para que se ocultaran provisionalmente hasta que disminuyera la presión.

Como enlaces entre el aparato jurídico de ETA, formado por más de cien abogados a las órdenes de Íñigo Iruín, y los presos, transmitían las órdenes a las cárceles para organizar las huelgas de hambre y, paralelamente, las listas de los coches, los domicilios y los familiares de los funcionarios de prisiones «a ejecutar» por ETA para dar un escarmiento a los «carceleros».

La «guerra psicológica» a los concejales, junteros, diputados forales y autonómicos del Partido Popular y del PSOE, «los opresores de la patria vasca», amenazándoles con cartas y pintadas en sus casas, era otra de las actividades en que los miembros de Gestoras Pro Amnistía destacaban por méritos propios.

En febrero de 2002 Baltasar Garzón está decidido a barrer del mapa ese eficientísimo aparato de ETA y ordena un asalto simultáneo de las cuatro sedes principales de Gestoras Pro Amnistía de las provincias vascas y Navarra, así como la detención en sus domicilios de los principales activistas. En el momento en que están a punto de asaltar la sede de Vitoria, uno de los agentes propone retrasar la operación un par de horas. Cuando todo el mundo se ha marchado de la sede, el abogado Txema Matanzas entra en el inmueble a ver a una de las dirigentes, con la que mantiene una relación sentimental desde hace varios meses.

Tras la interrupción, que dura algo más de una hora, se produce el asalto, y así el 14 de febrero de 2002 el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional desarticula el aparato de las Gestoras Pro Amnistía y, tras tomar declaración a sus miembros, les acusa de integración en banda armada.459

Aquella semana en la Audiencia Nacional se organizó un verdadero motín entre los secretarios y oficiales de los distintos juzgados centrales de instrucción. Baltasar Garzón, el superjuez, el «Príncipe de las Tinieblas» en el lenguaje de ETA, un hombre tan «atacado por el pecado de la vanidad que no le quedaba margen para la codicia», con su «aniñada arrogancia, su altivo afán de protagonismo, su infantil obsesión por ser el centro de todas las miradas y el héroe de todas las hazañas», según la descripción de Pedro J. Ramírez, acababa de tocar a rebato. Tras un minucioso y exhaustivo trabajo de análisis y documentación realizado por Antonio Martín Zaragoza, jefe de estudios de la Comisaría General de Información y uno de los mejores agentes que ha dado este país, había decidido cerrar todas las herriko-tabernas (tabernas populares) de ETA en el País Vasco y en el antiguo reino de Navarra.

Registradas con diversos nombres e inscritas bajo la cobertura de sociedades culturales o recreativas, o de cooperativas de trabajadores, en el País Vasco había entonces un total de 145 herriko-tabernas censadas, de las cuales 65 se hallaban en la provincia de Guipúzcoa. Para intervenir en todas ellas a la vez, incautarse de la documentación y detener a algunos de sus dirigentes, Garzón necesitaba trasladar al norte a la mitad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Madrid, ya que de la Ertzantza no se fiaba por miedo a las filtraciones. Pero, además, precisaba «habilitar» como secretarios de su juzgado a la mayoría de los funcionarios de la Audiencia Nacional que estuvieran capacitados para levantar un acta de entrada y registro.

El alboroto de los funcionarios, que no querían perder un fin de semana ni arriesgar su integridad, fue de tal calibre que los primeros en enterarse de todo fueron los abogados de ETA, que se pasaban el día saltando de juzgado en juzgado. Al poco tiempo, el portavoz de Herri Batasuna, Arnaldo Otegi, lo anunció públicamente en una rueda de prensa: «Sabemos que el juez Garzón, como ya nos tiene acostumbrados, prepara una nueva agresión contra el Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Esta vez pretende cerrar las herriko-tabernas, por lo que hacemos un llamamiento a nuestros manifestantes para que se concentren ante ellas e impidan el acceso de la Policía».460

Pese a esta advertencia, tras un mes de aplazamientos de la decisión, en julio de 2002 numerosos grupos de policías, guardias civiles y agentes de la Ertzantza entran al asalto en estos centros y proceden a su clausura en numerosas localidades del País Vasco, dejando abiertos otros, como el de Vera de Bidasoa (Navarra), por ejemplo.

La documentación encontrada en los locales, que ETA no había puesto a salvo, permitió verificar que a partir de 1994 la mayoría de ellos se habían inscrito como sociedades recreativas, lo que indicaba que formaban parte de un proceso centralizado de ETA y Herri Batasuna. Además de no pagar el impuesto de sociedades ni el IVA a las haciendas forales, los beneficios anuales de las herriko-tabernas ascendían a 1.500 millones de pesetas, dinero que se destinaba a financiar Haika, el diario Egin, Herri Batasuna o Gestoras Pro Amnistía mediante préstamos que no se devolvían o abonando directamente sus gastos.

Creadas al estilo de las casas del pueblo del PSOE o los batzokis del PNV, las herriko-tabernas eran a la vez centros de reparto de propaganda de ETA y Batasuna, lugar de reclutamiento de militantes, polvorín donde guardar las armas y explosivos de los comandos en muchas ocasiones, y uno de los puntos clave para recoger información de los concejales del PP y del PSOE de la demarcación en la que ejercían su influencia.

En muchos de sus locales se habían planificado, en numerosas ocasiones, las acciones de kale borroka, y se repartían las botellas, la gasolina y el jabón de lavavajillas concentrado para fabricar los cócteles molotov. También era el lugar donde se lanzaban las consignas para la lucha callejera tras las manifestaciones prohibidas por la Ertzantza, el Ministerio del Interior o los tribunales de justicia.

Incluso los empresarios a los que se había pedido el «impuesto revolucionario» y no querían arriesgarse a ir a Francia a negociar con ETA, en algunas ocasiones habían depositado el dinero en estos lugares, aparentemente inofensivos, donde solían reunirse los activistas de Egin, Jarrai, HB, LAB, Egizan, Acción Nacionalista Vasca, Herri Batasuna o Gestoras Pro Amnistía.

Con su actuación, interviniendo muchas veces con escasas pruebas o con elementos incriminatorios insuficientes, entre 1998 y 2002 Baltasar Garzón había puesto fuera de juego todos los aparatos legales de ETA, procesando y encarcelando a más de 180 personas y obligando a darse a la fuga a otras tantas.

El sumario abierto, el 18/98, era tan voluminoso ya por esa época que al no poderlo almacenar en las dependencias de la Audiencia Nacional había sido trasladado a las del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, donde se custodiaba en una sala blindada a la que sólo podían acceder con mandamiento judicial algunos funcionarios de la Policía Judicial encargados de los traslados.

En apenas cuatro años (desde 1998 a 2002), Garzón había desmantelado todos los aparatos legales de ETA y llevado a la banda a los peores momentos de su historia, algo que no había logrado el Estado desde 1968-69, en las fechas previas al Consejo de Guerra de Burgos. El juez de la Audiencia Nacional se había convertido así en la primera persona que había cogido la medida a los terroristas después del inspector Melitón Manzanas —un cerebro andante— asesinado durante la dictadura bajo la excusa de que era un torturador, práctica que por entonces, lamentablemente, ejercían otros muchos policías. A Garzón ya sólo le quedaba una cosa en la vida para convertirse en el superhéroe contra ETA: ilegalizar a Herri Batasuna.

De un hombre con su musculatura intelectual sólo cabía esperar dos cosas: ¿Lo haría? Y, de hacerlo, ¿moriría en el empeño y sería elevado a los altares de la democracia en olor de santidad?

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El 21 de marzo de 2002, pasado el mediodía, Juan Priede Pérez, concejal socialista del Ayuntamiento de Orio (Guipúzcoa), acudió al bar Gure Txoko a tomar café, en la calle de Aritxaga. Fue la última vez que se le vio vivo. Un comando terrorista le descerrajó un tiro en la cabeza a menos de 50 metros de su casa y escapó ante la indiferencia de los parroquianos, como si nada hubiera pasado.

La muerte de Priede, sin embargo, fue el vaso que colmó la paciencia de la dirección socialista. Harta del asesinato de sus cargos electos, preocupados sus miembros por las amenazas a sus casas del pueblo y de la tragedia de no poder hacer política sin ir escoltados a todas partes, aquel mismo día los dirigentes socialistas Jesús Caldera y Juan Fernando López Aguilar se citan en el Ministerio de Justicia con el ministro Ángel Acebes, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Luis de Grandes, y el secretario general de la formación política, Javier Arenas.

Allí, unidos por el sentir común de encontrarse amenazados, convertidos en blancos humanos, los dirigentes de los dos partidos mayoritarios sientan las bases para elaborar una normativa que ponga fuera de la ley a Herri Batasuna. Acuerdan también que sean el Gobierno y el fiscal general del Estado los dos únicos organismos que puedan promover la eliminación del partido político de ETA del Registro de Asociaciones Políticas, clausurar sus sedes, expulsar a sus miembros de las instituciones y no abonar los gastos que les corresponde por su actividad parlamentaria o municipal, de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos.

La Ley Orgánica 6/2002, más conocida como la Ley de Partidos Políticos, aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de junio de 2002. Aprobada veinticuatro horas antes en el Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, PP, Convergencia i Unió y Coalición Canaria, el nuevo instrumento jurídico regula en cuatro títulos y trece artículos las características que debe reunir un partido político para actuar en democracia dentro de la legalidad.

Los condenados por asociación ilícita o terrorismo, de acuerdo con el nuevo texto legal, no pueden constituir un partido hasta la prescripción de sus delitos o su rehabilitación; los que excluyan a sus semejantes por «razón de su ideología, raza, religión, sexo u orientación sexual» tampoco reúnen las condiciones democráticas básicas para concurrir a las urnas. «Un partido puede ser declarado ilegal —se dice en el artículo 9— cuando vulnere los principios democráticos, deteriore o destruya el régimen de libertades promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida, propiciando o legitimando la violencia, complementando o apoyando políticamente la acción de organizaciones terroristas».

Amparándose en este artículo, el Gobierno puede instar la ilegalización de Herri Batasuna en cualquier momento, pero José María Aznar espera a que se cometa el primer atentado, que no tardaría mucho en producirse. El 4 de agosto de 2002, apenas un mes después de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, ETA coloca un coche bomba en el Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) y asesina a una niña de seis años y a un transeúnte.

Al día siguiente, en Palma de Mallorca, a donde ha ido a despachar con el Rey, José María Aznar declara: «Van a pagar por lo que han hecho y lo van a pagar muy caro. El Estado, el Gobierno y la sociedad no aceptan desafíos. Ello implica que esa basura humana que es Herri Batasuna no va a seguir paseándose libre e impunemente por el País Vasco mientras los españoles tenemos que soportar el entierro de los nuestros, niños incluidos».

Mientras el Congreso de los Diputados, por mayoría —295 de los 334 diputados votaron a favor— insta al Gobierno a ilegalizar a Herri Batasuna y el ejecutivo presenta una denuncia en la Sala 61 del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón está decidido a que nadie le tome la delantera, ni siquiera el Parlamento o el Gobierno, en un asunto sobre el que lleva instruyendo desde 1998. Por eso, a mediados de agosto de 2002, días antes de que Parlamento y Gobierno insten al Supremo a colocar fuera de la ley a Herri Batasuna, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decide suspender las actividades de Herri Batasuna e imponer el cierre de todas sus sedes sociales en el País Vasco y Navarra. Todo ello siguiendo las amplísimas actuaciones que ha ido acumulando en el mastodóntico sumario 18/98.

Tras pedir un informe al fiscal Enrique Molina, adscrito a su juzgado, y otro al teniente fiscal Jesús Santos, la tercera semana de octubre se encierra alternativamente en su despacho y en su casa de Pozuelo de Alarcón con su ordenador portátil y elabora un auto de más de 350 folios de amplitud. En el documento, tras repasar sus intervenciones contra Xaki, Jarrai, Haika, Batasuna, KAS, Gestoras Pro Amnistía y Egin, y después de analizar los motivos que le han llevado a cerrar las herriko-tabernas, concluye que todas estas organizaciones son la parte visible de la misma estructura criminal: Euskadi Ta Askatasuna, ETA.461 «Desde su creación —acredita el juez más famoso de España— hasta la fecha han cometido 3.391 acciones terroristas con 2.367 heridos y 836 muertos, y otros 3.761 actos de kale borroka en el periodo de 1991 a 2002».462

La sanción que llevan aparejadas todas estas actividades ilícitas, que en muchos casos no se han podido cometer sin el concurso de Herri Batasuna, Gestoras Pro Amnistía, Xaki o KAS, está clara. Garzón estima que Batasuna, nombre que usa por entonces la formación política ligada a ETA, no puede seguir disfrutando de las ventajas de la legalidad para atentar en contra de ella y tratar de subvertirla. «En consecuencia, decido suspender las actividades de Batasuna por un periodo de tres años prorrogables a cinco», decreta Garzón con los instrumentos que la ley ha puesto en sus manos.

Su auto —casi una sentencia— lleva aparejada la clausura de los locales y sedes de Batasuna, el cierre de las herriko-tabernas, la suspensión de las ayudas o subvenciones públicas que pudiera percibir la coalición, el corte de los suministros de luz, agua y electricidad a sus locales, la cancelación de sus páginas en internet y la suspensión de sus derechos de manifestación y reunión, por lo que Batasuna no podrá, en adelante, convocar manifestaciones, concentraciones o actos públicos, ni hacer propaganda partidista, utilizar signos políticos o espacios electorales públicos.

La medida impide también a los seguidores de los terroristas la compra o venta de bienes inmuebles como representantes de Batasuna, y también el tráfico bancario. Les prohíbe actuar dentro de las instituciones —diputaciones forales, juntas generales y ayuntamientos de Navarra y el País Vasco— como grupo político, aunque no ostentar sus escaños a título individual.

De esta manera, Garzón, el hombre que en los años de gobierno del PP había acomodado algunas de las decisiones a la política de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes, borraba materialmente al brazo político de ETA y taponaba cualquier resquicio del Estado de Derecho por el que pudiera sacar la cabeza y reaparecer en escena.

Para conseguir la luz divina, la santidad perpetua, al astro sólo le faltaba que el Gobierno de España le impulsara a los altares del premio Nobel de la Paz, galardón para el cual le habían propuesto algunas ONG latinoamericanas.

—¿Apoyaría usted su candidatura al Premio Nobel de la Paz? —le preguntó en antena Luis del Olmo a José María Aznar.

—No, creo que ese no es el papel del Gobierno —respondió seco el presidente.

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Con 1.200 tomos de base documental, el sumario 18/98 constituyó y constituye hoy en día la mayor y más completa investigación realizada sobre ETA y todo su entorno desde su creación, muy superior en datos a las dos enciclopedias publicadas por la banda terrorista.463

El autor, de cara a la opinión pública, de tan ímprobo trabajo fue, sin duda, el juez Baltasar Garzón, responsable de la firma de todos los autos y órdenes de detención. Formalmente a él hay que atribuirle la desarticulación de todos los aparatos legales de la banda armada. Sin embargo, en ese periodo el juez estaba preocupado por la detención de Augusto Pinochet y los militares argentinos, por su candidatura al Nobel de la Paz y también por figurar ante la opinión pública como uno de los autores intelectuales del Tribunal Penal Internacional y del Estatuto de Roma.

El juez estrella había descubierto, además, una segunda actividad a la que dedicó todo su empeño: la participación en ponencias y conferencias, la escritura de libros y la irrupción en el mundo de los toros (como espectador), del flamenco (como bailaor aficionado), y de la canción, como intérprete aficionado de O sole mío, Las mañanitas, El rey y otras canciones, según cuenta en su libro su amigo el abogado Manuel Medina.464

Con frecuencia, desde 1996, tras la instrucción del segundo sumario de los GAL, el juez llegaba siempre cansado a su despacho de la planta primera de la Audiencia Nacional, y solía sobrevivir a las maratonianas jornadas de trabajo con amplias dosis de Coca-Cola, su bebida predilecta.

—Interroga tú hoy, que ayer regresé de una conferencia, estuve preparando una ponencia hasta las cuatro de la mañana y esta tarde me voy a Argentina, donde me van a hacer doctor honoris causa de la Universidad de Quilmes.

—Coño, ¿otra vez? ¿Y qué haces tú con tanto diploma?

—A ti te lo voy a decir.

Propuestas como estas las escuchó Enrique Molina, un fiscal que en su juventud iba para músico, acabó estudiando la carrera de Derecho en el SEU, opositó a secretario de ayuntamiento, a notarías, a la carrera judicial y fiscal al mismo tiempo, porque el temario era muy parecido, y acabó como representante del ministerio público en Barcelona en 1983. Trasladado a Madrid en 1986, tras pasar un año en los juzgados de la plaza de Castilla haciendo de «limpiador de juzgados», ingresó en 1987 en la Audiencia Nacional en comisión de servicios. Allí conoció a Baltasar Garzón, que se lo llevó al Juzgado Central de Instrucción Número 5. Molina tenía entonces treinta y dos años.

Convertido durante más de siete años en el alma máter del juzgado, desde 1998 hasta 2004 tuvo que preparar la mayor parte de los interrogatorios a los terroristas de Haika, Egin, Gestoras, Xaki, Herriko-Tabernas y otros para que su señoría se repusiera de sus largos viajes y de las noches en vela en las que preparaba sus ponencias y aportaciones a la justicia universal.

Los informes de la Policía, muy bien elaborados y entregados en CD-ROM en el juzgado, las comidas en el Pazo de Monterrey y algunas aportaciones externas, le facilitaban la elaboración de los autos. Por lo tanto, un artículo de su compañero y a veces amigo, Joaquín Navarro Estevan, en el que le acusaba de que «Garzón se lo inventa todo», no se ajusta lo más mínimo a la realidad. «Fue un juez muy trabajador al principio, que ha descubierto una forma extrajudicial, lícita por supuesto, de hacerse multimillonario, pero no se inventaba los sumarios, tampoco hay que atribuirle tanta imaginación», señala uno de sus compañeros de carrera de la Audiencia Nacional.

El macrosumario 18/98 daría lugar a cuatro sonados procesos contra la banda terrorista y sus adláteres, dos de los cuales se habrán celebrado cuando este libro se encuentre a disposición de los lectores.

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El 19 de junio de 2005 se producía un hecho no demasiado insólito en el panorama judicial español. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el juicio contra Jarrai/Segi/Haika, del que era ponente el magistrado Carlos Ollero,465 condenaba a 37 cachorros de ETA a penas mínimas de dos años y medio de cárcel.466

La sentencia se producía al estimar el tribunal que los activistas de ETA formaban una asociación ilícita no terrorista. El fiscal Enrique Molina recurre entonces a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sube la condena a seis años de cárcel. El alto tribunal estima que los miembros de Harrai/Haika son integrantes de banda terrorista a nivel básico, no como dirigentes.

Como todos ellos estaban en libertad condicional en espera de la sentencia del Supremo, al conocer el incremento de pena, cinco de los condenados huyen a Francia y el resto se entrega a la Ertzantza en un acto político celebrado el domingo 4 de febrero de 2007 en el Arenal de Bilbao.

El juicio a Ardi Beltza, Egiri, Ekin, Saki, al proyecto de desobediencia Josema Zumalabe y otros se celebró en la Casa de Campo de Madrid desde finales de 2006 a abril de 2007. En el banquillo se sentaron 53 de los 62 acusados, al ser excluidos algunos de ellos, como el director de Ardi Beltza, Pepe Rei, por estar incapacitado, y haber escapado otros a la acción de la justicia. Otros se libraron por enfermedad o muerte.467

Aunque se trata de casos heterogéneos, los dirigentes de Egin estaban procesados por colaboración con banda armada, dos delitos de Seguridad Social y uno de alzamiento de bienes; los de Ekin y Saki por pertenencia o colaboración con banda armada, según los casos. Las condenas, para muchos de ellos, como Xabier Alegría, son de hasta veinte años de reclusión.

Durante la vista oral, sin embargo, la Agencia Tributaria no aporta diversos informes sobre alzamiento de bienes y otros cinco delitos fiscales que figuraban en el sumario. El ministerio público, representado por el fiscal Enrique Molina, en sus calificaciones definitivas tiene que rebajar su solicitud a penas que oscilan entre ocho y diez años.

Su actuación, correcta según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le supuso un intento de descalificación profesional instrumentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y su presidente, Francisco J. Alcaraz, lo que le ha dejado un amargo sabor. «Mientras ETA tenía quince abogados para seguir la causa, que se turnaban en las preguntas, en los informes, tenían tiempo para descansar y se apoyaban mutuamente; mientras que para el juicio del 11-M, con muchos menos tomos, había cuatro fiscales, yo me tuve que tragar el asunto solo y, además, pasarme todas las noches por la Fiscalía para resolver las cuestiones de trámite que me correspondían», ha dejado Molina por escrito en una agenda, al igual que años atrás hiciera Baltasar Garzón para poder contarle cosas a Pilar Urbano sin que figurara su nombre. Algo que hizo también el mismísimo banquero Mario Conde para no tener que contar personalmente algunas cosas en un célebre libro que escribió Jesús Cacho.468

En ese periodo, debido al exceso de trabajo, perdió quince kilos,469 sufrió todo tipo de descalificaciones de propios y extraños y estuvo a punto de enfermar. Supo, sin embargo, mantener el tipo y no recibió presiones de nadie, ni siquiera de su superior, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que le dejó obrar en conciencia, según su leal saber y entender, por lo que en ningún momento tuvo que echar mano del artículo 27 del ministerio fiscal.

Cuando tuvo que rebajar la petición de condena a ETA de veinte a diez años se sintió más solo que nunca y llegó a pensar que por qué trabajaba tanto para nada, salvo para recibir cornadas.

—El marrón es tuyo, te lo vas a comer tú, no el fiscal general del Estado —le dijo el fiscal Zaragoza.

Viendo cómo algunos fiscales con doscientos puntos menos que él eran elevados por la política a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Molina estuvo a punto de arrojar la toalla, pero se contuvo. Al fin y al cabo, cuando se lo proponga puede encontrar trabajo en cualquier prestigioso despacho de abogados.

La causa que más disgustos le ha originado en la vida está pendiente de sentencia. En otoño de 2007, si no hay dilaciones, se conocerá el veredicto de los jueces. Para entonces, los máximos responsables de las Gestoras Pro Amnistía, un total de 28 personas, muchas de ellas mujeres, se darán una vuelta por la Casa de Campo de Madrid, donde una de las pocas actividades lícitas que pueden practicar es sentarse en el banquillo de los acusados. Una vez celebrado este juicio quedarán pendientes los sumarios de las herriko-tabernas, de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y de Udalbiltza, que se verán probablemente en una misma vista.

Lo que nadie ha contado ni va a referir, porque sólo hay otra persona, con Enrique Molina, que se ha leído los 1.200 tomos del sumario 18/98 —el autor de este libro, dicho sea con toda la modestia—, es que existe una parte del macrosumario que nunca se verá en una vista oral.470

Se trata de los tres primeros tomos, las llamadas diligencias 75/8925, donde figuran una serie de comisiones rogatorias a Francia sobre José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; José María Dorronsoro Malatxeberría; José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera; y Elena Beloki Resa. También figuran algunas intervenciones telefónicas ilegales del Centro Superior de Información de la Defensa a todo el aparato de letrados vinculados a la banda terrorista ETA, al que los jueces no se atrevían a intervenir los teléfonos.

En estas diligencias aparecen detallados informes471 elaborados por ETA sobre Kepa Landa, Álvaro Reizábal, Íñigo Iruín, Jone Goiricelaya, José María Elosúa y casi todos los abogados de la banda armada. De Reizábal, relacionado con el aparato de cobro del impuesto revolucionario, por ejemplo, dice la banda armada: «Es uno de los nuestros».

¿Por qué no se han empleado nunca para meter a la cárcel al aparato de abogados de la banda terrorista? Tras la muerte de la fiscal Carmen Tagle, el 12 de septiembre de 1989 a la puerta de su casa, la Audiencia Nacional decidió contratar un seguro de vida para sus jueces, fiscales y personal auxiliar. Esos papeles, el sumario 78/89 (número genérico utilizado para incluir todas las comisiones rogatorias) ha sido ese seguro. «Los mantuvimos como piezas secretas hasta el comienzo de los juicios de la Casa de Campo para que los abogados de los terroristas no supieran lo que conocíamos de ellos», relata un fiscal.

Si, como dice el refrán, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso el dicho es cierto con una ligera variante. Tras un juez esforzado en acabar con ETA ha habido siempre un fiscal mucho más brillante, valiente, esforzado y trabajador. Y punto. ¿O es que alguien se atreve a decir lo contrario?472

Capítulo XVII

A la conquista del Premio Nobel

Actuó con la ingenuidad y la impericia de un funcionario que quiere trabajar en la Casa Blanca y se enfrenta veinticuatro horas antes por televisión al presidente George W. Bush sin citarle. El 11 de abril de 2002 el controvertido y polémico juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, presentó su candidatura al Premio Nobel de la Paz. El mismo día en que se hacía pública su candidatura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid viajaba hasta Londres una orden suya para detener a otra persona a la que la Fundación Nobel había concedido el mismo galardón en 1973: el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, al que acusaba de crímenes en contra de la humanidad en el llamado Plan Cóndor. Pese a todo, en 2003 y 2004 lo intentó de nuevo utilizando como bandera su oposición a la guerra de Iraq, lo que le valió dos expedientes en el Consejo General del Poder Judicial. Al final enterró su candidatura en La Gomera, a donde acudió a un simposio invitado por el presidente del Cabildo de la isla, Casimiro Curbelo, quien paga con fondos del erario público los entierros de sus compatriotas. En aquel acto, donde le rindieron todo tipo de pleitesías pero le negaron la medalla de Oro de la isla por meter en la cárcel a Vera y a Barrionuevo, Garzón perdió su Nobel pero España ganó la Alianza de Civilizaciones, de la que luego se apropiaría José Luis Rodríguez Zapatero. Se gestó allí aquel curso de verano, en 2004.

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El jueves 14 de junio de 2007 llegó a primera hora de la mañana, rodeado de un impresionante aparato de seguridad, al Instituto Oftalmológico de Oviedo. El doctor Luis Fernández-Vega Sanz le hizo pasar inmediatamente a su consulta. Las pocas personas que aguardaban en esos momentos en el centro para operarse de cataratas, miopía o astigmatismo le encontraron viejo, con una docena de kilos de más, el pelo completamente cano y poco o nada dicharachero. Era la viva estampa de los personajes centrales de novelas como El coronel no tiene quien le escriba o El otoño del patriarca, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Taciturno, hundido, jugueteando con el teléfono móvil, que había dejado de sonar. Alguno de los pacientes preguntó a las enfermeras qué hacía Garzón en la mejor clínica oftalmológica de España.

—¿Es que se está quedando cegato como el juez Juan del Olmo? —preguntó G. P., una clienta de Zamora, en plan de broma.

—No, este ha venido a que le quitemos las telarañas. Aunque yo no sé si de paso el médico le tratará de un ligero estrabismo que se le nota —respondió en tono humorístico la enfermera.

—Es cierto, hace tiempo que observo que sólo embiste por el pitón derecho. ¿Será que sólo ve por el ojo izquierdo? —inquirió de nuevo la paciente.

—Es posible. Cosas más raras pasan por este centro —continuó con la broma la empleada del centro.

Recién llegado de Nueva York, con una beca pagada por los accionistas del Banco de Santander, las ilusiones de alcanzar el Premio Nobel de la Paz, de convertirse en un conferenciante de lujo y dejar atrás para siempre la Audiencia Nacional se habían esfumado.

La empresa Sedo, una especie de aparcamiento de dominios de internet, sacaba a subasta el servidor nobelgarzón.org y exigía de los compradores que el precio obtenido por la venta, una vez acabada la subasta, se ofreciera en dólares estadounidenses. Se vendía, naturalmente, sin sus contenidos y sin los 118 enlaces establecidos para lanzar años atrás la candidatura, pero conservando toda la ingeniería informática desplegada, el sistema de traducción a varios idiomas, los contenidos multimedia, la posibilidad de colgar vídeos y la de comunicarse con su nuevo propietario en español, inglés, alemán, italiano, danés, holandés, polaco, suomi, indonesio, chino, japonés y ruso. El catalán y el euskera, el idioma en el que más insultos ha recibido en su vida, no figuraban, pero sí cualquier otra lengua de uso universal.

Realizada por la empresa Sierra Mágina, nadie había reparado en que la página en la que se exponían los presuntos logros conseguidos en su supuesta y a la vez fallida lucha por la consecución de la justicia penal universal podía pasar a manos de un narcotraficante sin escrúpulos, un acaudalado empresario o incluso un judío partidario de la invasión de los territorios de Gaza y Cisjordania, dos de los caballos de batalla del juez.

La primera persona que advirtió la posibilidad de que el juez intentara «ser algo más que un juez», esta vez como Premio Nobel de la Paz y como supuesto defensor de los derechos humanos, fue el periodista Pepe Rei, ex redactor de Egin y director por entonces de la publicación Ardi Beltza.

Nacido en Barbantes (Orense) en 1947 y convertido no en separatista gallego, sino vasco, cuando Garzón mandó detener a Pinochet en el Reino Unido, Rei observó una cosa insólita: «Garzón acaba de distribuir su currículum, de veintiún folios, nada menos que en cuatro idiomas diferentes», escribió este periodista doblemente procesado por el juez por colaboración con banda armada.473

Una actitud semejante parecía fuera de lugar. Ni siquiera el presidente del Banco de Santander tiene su vida profesional impresa en cuatro lenguas, pese a que dirige el quinto banco en importancia del mundo. Ni siquiera jugadores del Real Madrid, como David Beckham, o su mujer, Victoria, habían osado llegar a tanto.

¿A qué se debía tanta megalomanía, tanto afán de protagonismo en un personaje cuyos últimos fracasos se cuentan últimamente por el número de sus sumarios instruidos?

Todo ello tenía una explicación: el «Dios de la Justicia» aspiraba a convertirse en el octavo Nobel español después de Camilo José Cela, (Literatura, 1989); Vicente Aleixandre (Literatura, 1977); Severo Ochoa (Medicina, 1959); Juan Ramón Jiménez (Literatura, 1956); Jacinto Benavente (Literatura, 1922); Santiago Ramón y Cajal (Medicina, 1906) y José Echegaray (Literatura, 1904). También sería el número octogésimo tercero dentro de los premios Nobel de la Paz.

Luchó a brazo partido durante tres años consecutivos por el galardón más preciado para los que no han estudiado Física, Química, Literatura o Medicina (los otros cuatro apartados del Premio Nobel). Sin embargo, no pudo ostentar el mismo galardón de la madre Teresa de Calcuta o Rigoberta Menchú. La suerte le dio la espalda.474

Dicen las críticas escritas por sus amigos que la «actriz» e «intelectual» indígena Adriana Alba Arce de Pizzio, más conocida por Adriana Arce, una mujer que no escribió El Quijote quechua porque Miguel de Cervantes Saavedra le robó la idea y se le adelantó por unos minutos, es una mujer dispuesta a hacer lo que haga falta con tal de conseguir sus objetivos. Profesora de una escuela de secundaria, en la etapa de plomo de la dictadura Argentina fue detenida,475 juzgada y condenada a cinco años de cárcel por «subversiva». Al cumplir la sentencia, la dejaron salir para España, a donde llegó en diciembre de 1985. En la Madre Patria hizo de todo: trabajó como periodista por libre en la Agencia Efe y por poco no gana el Pulitzer; limpió casas, cuidó niños, dio clases particulares e incluso montó una empresa de espectáculos con la que fracasó.

Hasta que descubrió que muchos países occidentales lavaban sus culpas por ser pioneros en algunos sectores industriales o simplemente por ganar dinero reinvirtiendo parte de sus ingresos en los países del Tercer Mundo. Avispada como nadie, Adriana Arce no tuvo empacho en beneficiarse en España del capitalismo que tanto había combatido en su país de origen, Argentina.

Consciente de que «al que madruga el "hombre que ve amanecer" le ayuda», montó la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas,476 estableció su sede en la calle de El Escorial, 16, en pleno barrio de Malasaña de Madrid, el meollo de la progresía de ese nuevo proletariado que trae dentro cada emigrante. De inmediato se rodeó de gente influyente.

De la misma manera que hace años los espabilados que querían montar una obra de beneficencia para forrarse repartiendo las migajas entre los pobres buscaban a un conde o un marqués y lo ponían al frente del asunto para darle una cierta apariencia de respetabilidad, Adriana Arce puso de presidente de su fundación al juez Baltasar Garzón, que dimitió en 1995 y le cedió el puesto al cantante Carlos Cano. Al año siguiente, cuando se dio cuenta de que ganar el Nobel de la Paz podía ser una buena inversión, cambió de punto de vista y regresó a la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas, de la que es presidente de honor, representante en las Naciones Unidas y algo más.

La joint venture funcionó a finales de los noventa a la perfección. Garzón le presentaba en 1994 a Felipe González, antes de intentar meterle en la cárcel, y Adriana Arce le traía argentinos y chilenos ultrajados por las dictaduras de sus respectivos países, con el cuerpo roto, el alma envenenada, la dignidad siempre a flor de piel. Unos venían decididos a buscar justicia y otros venganza, para que el juez pudiera administrarse su ración diaria de ego.

A sus cincuenta y seis años declaró: «No quiero ver muertos a mis verdugos. Los prefiero bien vivitos para que puedan ser juzgados y encarcelados. Les deseo de todo corazón que estén muchos años entre nosotros para que paguen todos y cada uno de sus crímenes».

Con algunos intelectuales como Santiago Auserón, Paco Rabal, los integrantes de Celtas Cortos, Almudena Grandes, Antonio Buero Vallejo, Miguel Delibes, Gabriel García Márquez o Soledad Puértolas al frente de la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas, Adriana Arce por fin pudo «hacer las Américas» en Madrid, a 12.000 kilómetros del lugar donde había nacido.

Pese a ser cuestionada por un amplio sector de las ONG que trabajan en España, además de numerosas y cuantiosas subvenciones a fondo perdido recibidas del Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid le cedieron gratuitamente el Palacio de los Deportes y otros centros para que organizara sus conciertos. Televisión Española se ofreció a comprar los derechos de emisión, y también recibió el apoyo de Caja Madrid, Tabacalera, BBVA y otras entidades.477

Cuando ganó lo suficiente para no tener que trabajar para vivir, regresó a Hispanoamérica a seguir luchando por los derechos de los indios pero con las cuentas corrientes llenas de subvenciones y convertida en una autoridad que era recibida por ministros y jefes de Estado de Latinoamérica.

El 7 de febrero de 2002, como dirigente de la Fundación de Artistas e Intelectuales para los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, Adriana Arce envió una carta al director del Instituto Nobel de Oslo (Noruega), Geir Lundestad. La firmaba junto con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, creada por Juan de Dios Parra, con sede en Quito (Ecuador) y amigo personal de Baltasar Garzón. En el texto decía: «Considerando que: don Baltasar Garzón Real ha sentado un precedente histórico en la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos y en pro del establecimiento de la Corte Penal Internacional.

»Desde el ámbito de la justicia española se hizo eco del reclamo internacional contra la impunidad y provocó con su actitud comprometida la apertura de juicios similares en otros países europeos.

»E1 procesamiento y detención de los responsables de crímenes de lesa humanidad en América Latina marca un hito en la lucha contra la impunidad, por la justicia y el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre su pasado histórico.

»Ha dejado claro ante el mundo que las dictaduras latinoamericanas han cometido crímenes contra la humanidad imprescriptibles y sobre los cuales rige la jurisdicción universal.

»Su visión del Derecho y de la aplicación de la justicia constituyen un aporte a la paz en el mundo, puesto que esta se basa en la vigencia de la justicia y la verdad.

»Ha trascendido el ámbito judicial para desempeñar funciones en instituciones de carácter no gubernamental, en especial de apoyo a los pueblos indígenas de Iberoamérica, a quienes ha visitado y recibido en reiteradas oportunidades, comprometiéndose en la defensa de sus derechos y participando en la mediación de conflictos.

»Ha promovido especialmente la lucha contra diversas formas de corrupción: narcotráfico, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

»Otorgar este premio a don Baltasar Garzón Real será sin duda un estímulo para todos los defensores de los derechos humanos que en diferentes lugares del mundo, día a día, trabajan por la paz, edificada desde la justicia y la verdad.»

Firmaban la misiva Arce y Juan de Dios Parra junto con el presidente de la Fundación Cultura y Paz, Jaime Mayor Zaragoza, y medio centenar de dirigentes latinoamericanos.478

El viernes 11 de abril de 2002 el periodista Luis del Olmo, amigo personal del juez Baltasar Garzón, se las ingenió para entrevistar al presidente del Gobierno, José María Aznar, en su programa Protagonistas que se emitía entonces en Onda Cero.

—Señor Aznar, ¿apoyaría usted la candidatura del juez Baltasar Garzón al Premio Nobel de la Paz?

—No le apoyo ni dejo de apoyarle —replicó Aznar utilizando ese lenguaje abstruso de los políticos para no decir abiertamente que no y quitarse de en medio.

—¿Qué quiere decir usted con eso, presidente? ¿No estará usted echando balones fuera? —inquirió de nuevo el presentador.

—No, no he querido echar balones fuera. De lo que estoy seguro es de que si se presenta al Premio Nobel, apoyos no le faltarán —agregó Aznar volviendo a dar una larga cambiada.

La pregunta del director de Protagonistas no era ingenua. Ese mismo día, en el salón de baile del madrileño Círculo de Bellas Artes se presentaba oficialmente la candidatura del superjuez español a uno de los premios más cotizados en el mundo entero. Ese Nobel por la Paz al que en años anteriores se habían hecho acreedores Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Henry Kissinger y hasta Yassir Arafat. Baltasar Garzón no pudo asistir porque ese día y a esa misma hora tenía una cita ineludible: la audiencia anual que concede la reina Sofía en el Palacio de La Zarzuela a los miembros de la Fundación Contra la Droga, de la que Garzón es miembro junto con Luis del Olmo, Eduardo Serra y otros.479

A las ocho de la tarde el salón estaba abarrotado de gente hasta la bandera. En la mesa presidencial, sobre una pancarta que ponía «Candidatura Premio Nobel de la Paz 2002», se sentaron los promotores del encuentro, el alcalde socialista del municipio de Torres (Jaén), Manuel Molina, el escritor y teórico de la teología de la liberación, Enrique Miret Magdalena, y el ex presidente de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, un tipo estrafalario, partidario de la negociación con ETA.

El acto había sido promovido, al igual que la carta ya expuesta, por la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica y por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, que pretendían pagar con una gran dosis de vanidad el trabajo y la entrega de Garzón para enjuiciar a los militares de la dictadura de Argentina y al presidente chileno Augusto Pinochet.

Mayor Zaragoza y los actores Sancho Gracia y José Sacristán fueron los encargados de actuar como maestros de ceremonias y de glosar los méritos de la figura de Garzón, sus extraordinarias cualidades humanas y profesionales que le convertían inequívocamente en candidato al galardón.

Lo más significativo de aquel acto de presentación es que en el salón de actos del Círculo de Bellas Artes no había ni un solo político, ni de derechas ni de izquierdas. Ni siquiera el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el que tan excelente sintonía existía desde su llegada al Gobierno, o su sucesor Mariano Rajoy, que compaginaba por entonces su cargo en Interior con la vicepresidencia primera del Gobierno. Tampoco había miembros de los partidos políticos480 ni representantes sindicales, de la universidad o de la cultura. Se echaba de menos igualmente a los representantes de las carreras judicial y fiscal. No estaban ni se esperaba que llegaran ni siquiera sus compañeros de la Audiencia Nacional, empezando por el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño o el joven fiscal Enrique Molina, llegado desde Barcelona para seguir los asuntos del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Tantas y tan significativas ausencias revelaban que el juez más rutilante del firmamento estelar carecía de amigos influyentes que pudieran echarle un capote en la difícil tarea de obtener un galardón tan reconocido. El público que abarrotaba la sala estaba compuesto, principalmente, por sus vecinos y amigos de Torres, que habían recorrido 335 kilómetros en autobús para dar su apoyo a la candidatura. También había algunos cuadros de organizaciones no gubernamentales latinoamericanas en España.

Al iniciarse los breves discursos de los integrantes de la mesa, el alcalde Manuel Molina Lozano invitó a un niño de Torres (integrante de una delegación de escolares del pueblo) a leer una redacción sobre Garzón y la tolerancia. «La tolerancia —dijo luego en su intervención el alcalde— es el orgullo del pueblo de Torres. Nosotros fuimos emigrantes a Europa y hoy el pueblo lo repoblamos con inmigrantes del Magreb y de Latinoamérica. Los acogemos porque sabemos lo que es estar lejos del hogar y los tuyos, y por eso aprendimos a ser tolerantes».

En su exposición, Federico Mayor Zaragoza puso a la paz como eje de sus palabras. La definió como «un comportamiento, una forma de vivir y aplicar la tolerancia». Subrayó que Garzón «fomentó la paz a través del derecho y que tuvo la imaginación y el coraje de plantar una semilla, la de la acción de la justicia contra la impunidad. Esta semilla ya dio un fruto: el tribunal por el que él luchó y que, al posibilitar la desaparición de la impunidad, es una acción significativa por la paz».

Enrique Miret Magdalena, por su parte, recordó la labor y la brega de Garzón contra el narcotráfico y la droga, la impunidad y el terrorismo en España, y su lucha por los derechos humanos y contra la impunidad en el Cono Sur. «Fue y es Garzón —dijo— un denodado combatiente por la paz, sin caer en la retórica y fáciles frases rimbombantes». Citando a los clásicos, expresó que cumplió la «lección magistral de Santo Tomás: la paz se logra con la convivencia, el orden exterior y la tranquilidad interior de cada uno. Y esa paz es el anhelo de todos nosotros, el que también sé que es el de Garzón, porque lucha por ella».

Con el fin de que todas las personas que admiraban su obra pudieran apoyarle con su firma, esa misma semana se instalaron servidores de internet en Torres, en el Ayuntamiento de Jaén, en el Consejo Económico y Social de la provincia, en el Cabildo de San Sebastián de la Gomera y en numerosas universidades y centros de los derechos humanos de América del Sur, desde la Patagonia hasta Tijuana, al norte de México.

La respuesta de la sociedad latinoamericana, que se esperaba masiva, fue desastrosa, imprevisible.

—Hemos recibido tantas adhesiones como programas infectados de virus, que no hacen más que bloquearnos los ordenadores —reconocía Juan de Dios Parra.

Ni Patricio Aylwin, ex presidente de Chile, ni Raúl Alfonsín, ex mandatario de Argentina ni ninguno de sus sucesores quisieron patrocinar el evento. Tras muchas gestiones sólo se sumó el presidente de México, Vicente Fox, quien le recibió en mangas de camisa en su residencia oficial de Los Pinos, acompañado del ministro del Interior, Ricardo Creel, el 3 de junio de 2002, aprovechando un viaje del juez para participar en un acto de la Fundación Rigoberta Menchú en la capital mexicana.

«¿Sabe lo que le digo, doctor? Si usted, con el propósito de defender los derechos humanos, idea que considero loable, no digo que no, me hubiera creado los problemas que han padecido mis colegas de Argentina y Chile, a mí también me tendría en su contra», le espetó Fox.

¿A qué se debía tanta orfandad? ¿Cómo era posible que un individuo que genera amores y odios, a partes iguales, en Chile,481 Argentina y España, se presentara al Premio Nobel pensando que podía obtener el galardón?

Por lo demás, la candidatura tuvo un eco sin precedentes en la prensa española, pero sólo por la ausencia de noticias y el desdén con que la mayoría de los medios de comunicación se tomaron la iniciativa de Garzón de «coronarse» rey en Oslo, cuando en España le habían negado el Príncipe de Asturias de la Concordia, pedido por el Ayuntamiento de Jaén, y otros importantes galardones.

Al día siguiente de que se celebrara el acto del Círculo de Bellas Artes, el diario El País, a cuyos presidente y consejero delegado había salvado de la cárcel, le dedicó veinticuatro líneas en una crónica firmada por su corresponsal en Jaén. Al día siguiente de la presentación de su candidatura, Eduardo Haro Tecglen le dedicaba su columna de El País, pero no precisamente para alabarle y apoyarle: «La petición de que el juez Garzón sea Premio Nobel de la Paz me sorprendió, y siempre hay un rato de perplejidad en estos casos y los argumentos se contradicen. [...] Garzón no me parece mal dentro de lo relativo. No ha conseguido nada de lo que se propuso, pero se lo propuso: ni la pacificación con ETA desde el Gobierno socialista ni su destrucción desde el juzgado; ni la desaparición de la droga ni la encarcelación de los grandes traficantes, aunque sí una carestía y encarecimiento del mercado, que produce que unas veces el producto llegue adulterado y otras no demasiado puro, lo cual produce más víctimas; y el encierro de pequeños traficantes».

La revista Tiempo, en cambio, le dedicaba un reportaje de cinco páginas firmado por Alejandrina Gómez, que se colgó inmediatamente en la página de internet del candidato. Uno de los entrevistados en el semanario era el Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

«—¿Se merece Baltasar Garzón el Premio Nobel de la Paz? —le preguntaba la periodista.

»—Sí, creo que desde el punto de vista jurídico ha tratado de contribuir a romper una violación de los derechos humanos [...].

»—¿Es cierto que tiene usted otros candidatos?

»—Sí, yo he presentado a las Abuelas de la Plaza de Mayo y a las Madres Línea Fundadora. Y vengo presentando también en cada edición a los españoles Juan Carrero, por su trabajo en África, y a Federico Mayor Zaragoza.

»—¿Daría su apoyo a Garzón?

»—Como he dicho, he propuesto a las Abuelas. También apoyaría a Carrero y a Mayor Zaragoza. Todos son merecedores de un reconocimiento internacional».

Otro de los consultados por Tiempo fue el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, o el director de la Escuela de Cultura y Paz, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas. «El Premio Nobel debe dársele a aquellas personas que defiendan una causa noble en condiciones de vulnerabilidad».

La candidatura de Garzón era la número 14 de las 156 presentadas482 en 2002 al Nobel de la Paz, un premio subvencionado con 10 millones de coronas (un millón de dólares), que se falla el 10 de octubre y se entrega un mes después, el 10 de noviembre.

Apoyado por futbolistas como Jorge Valdano, escritores como José Agustín Goytisolo, Maruja Torres, Manuel Vázquez Montalbán o Ernesto Sábato, y cantantes de la talla de Paco Ibáñez, Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Miguel Ríos, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional pretendía ponerle normas al Comité Pro Nobel: «Si me lo dan ex aequo con George Bush o Tony Blair, conmigo que no cuenten. Lo rechazaré», comentó.

El paladín de la justicia, entre tanto, no hacía otra cosa que acumular méritos para que le regalaran un viaje pagado de ida y vuelta a Oslo. Veámoslo con detalle, siguiendo el relato que un alto cargo de la Fundación Nobel hizo al autor y a otros periodistas reunidos en Estocolmo.

Cuando fue invitado a Estocolmo en 1986, para que el jurado que concede el Premio Nobel de Literatura le conociera, en una de las cenas a las que asistió a Camilo José Cela no se le ocurrió mejor idea que, delante de su selecta concurrencia, señoras incluidas, decir que él era capaz de ingerir tres litros de agua por el ano.

Y para que no hubiera dudas de que no iba de farol, pidió un recipiente lleno del líquido elemento, se bajó los pantalones dejando al aire un trasero descomunal y sonrosado, lo introdujo en la palangana y dejó el envase semivacío ante el asombro y el pasmo de sus anfitriones, que jamás sintieron tanta vergüenza ajena y se pasaron años chismorreando sobre el asunto.

Decidido a ganarle en excentricidad por goleada, a Baltasar Garzón se le ocurrió una genialidad mucho mayor. El 15 de abril de 2002, tres días después de que anunciara su candidatura al galardón más preciado de Occidente, dictó un auto pidiendo a Interpol que le confirmara si el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger iba a estar el 24 de ese mes en Londres. No lo hacía para pedirle consejo sobre la forma de conseguir el premio, que Kissinger ostentaba desde 1973, sino para encarcelarle, como ya hemos comentado.

Y es que tras el fallido intento de extradición de Augusto Pinochet a España para juzgarlo, a Baltasar Garzón sólo le faltaba meter en la cárcel a Henry Kissinger para completar el póker y sentirse el hombre más poderoso de la Tierra hasta el fin de los tiempos.

Asesor de seguridad Nacional del presidente estadounidense Richard Nixon entre 1969 y 1973 y secretario de Estado bajo los gobiernos de Nixon (segundo mandato) y Gerald Ford, retirado de la política activa, Kissinger era a finales de la última década del siglo XX el «gurú» indiscutido en asuntos internacionales de los Estados Unidos, analista de las cadenas de televisión ABC y CBS.

Nacido en Alemania en 1923, estudiante en Harvard, asesor del Instituto de Estudios Interamericanos fundado por el ex alcalde de Nueva York David Rockefeller, responsable de la agencia para el Desarme y Control de Armas con la administración Kennedy, en 2002 Kissinger dirigía también una empresa, Kissinger & Associates, en la avenida Madison de Nueva York, que representaba a treinta multinacionales estadounidenses en Asia, Europa y Latinoamérica.

Decidido a incorporar la cabeza del ex secretario de Estado a sus trofeos de caza, palmarés que antes ningún juez del mundo había logrado, pidió a Scotland Yard que le respondieran «sin dilación» si Henry Kissinger iba a participar, al igual que en años anteriores, en la convención anual de altos ejecutivos británicos a celebrar en el Royal Albert Hall londinense.483 La intención del magistrado de la Audiencia Nacional era la de interrogarle y procesarle por su presunta participación en el llamado Plan Cóndor y en los asesinatos de numerosos disidentes al Gobierno de Pinochet.

Gran parte de la información para inculparle la había sacado del libro The Trial of Henry Kissinger, publicado por el escritor británico Christopher Hitchens, utilizando documentación desclasificada del Pentágono y de la CIA. «Kissinger y su equipo idearon el proceso destinado a asesinar al general Rene Schneider, que no sólo era el jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, sino un hombre que se oponía al golpe de Estado de Pinochet», dice Hitchens.484

A esta gravísima acusación se unían 10.000 documentos desclasificados por The National Archives,485 uno de los cuales reproduce una conversación personal mantenida el 8 de junio de 1976 entre Kissinger y Pinochet en la que hablan de los problemas que está causando en Estados Unidos al general chileno el ex ministro de Asuntos Exteriores de Chile [Orlando] Letelier. Un mes después Pinochet anuló la nacionalidad chilena a Letelier y tres meses más tarde, el 21 de septiembre de 1976, era asesinado en Washington por un comando de la DINA chilena, al frente del cual iba un ex agente de la CIA, Michael Townley.486

Los «papeles» de Garzón revelaban también que la CIA y el Departamento de Estado tuvieron conocimiento del Plan Cóndor meses antes de su establecimiento formal, en mayo de 1976. Uno de los documentos, fechado el 22 de agosto de 1978, señala que la Agencia Central de Inteligencia conoció la existencia del Plan Cóndor en marzo de 1978, cuando el coronel Manuel Contreras le contó al entonces embajador de los Estados Unidos en Chile los planes de las policías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para llevar a cabo una represión conjunta de los subversivos y cooperar al margen de las fronteras geográficas en su aniquilación.

Los servicios de inteligencia estadounidenses, que tenían estrechamente vigilados los movimientos del magistrado, sospechaban que Garzón trataba, en realidad, de repetir el escándalo de meses antes con Pinochet para erigirse en el campeón de las libertades y apoyar así su candidatura al Nobel. De hecho, el 22 de abril el juez solicitó formalmente el envío de una comisión rogatoria a Londres, en la que participarían él mismo, el fiscal Carlos Castresana y el acusador particular Joan Garcés.

A consecuencia del acoso487 que comenzaba a padecer en todos los foros internacionales a los que asistía, el ejecutivo estadounidense había recomendado a Kissinger declinar la invitación para asistir a la cumbre de Sao Paulo, en Brasil, en febrero de 2002, a lo que el otrora experto en asuntos internacionales de la Casa Blanca accedió.488

Aunque el juez español basaba su comisión rogatoria en la Convención Europea sobre Terrorismo, que obliga a los países signatarios a colaborar entre ellos, en abril de 2002 el ministro de Interior Británico (Home Office), David Blunkett, un ciego de nacimiento que acabó dimitiendo de su cargo dos años después por escándalos sexuales y abuso de poder, le quitó también la razón:489 «Para interrogar a Kissinger debe dirigirse al Departamento de Estado estadounidense, ya que la embajada de Estados Unidos en Londres ha informado a Interpol que el señor Kissinger no está disponible para responder a ninguna comisión rogatoria española, ya que la petición se relaciona a hechos ocurridos cuando el señor Kissinger era secretario de Estado».

«Según la legislación del Reino Unido —concluía el responsable del Home Office— en este país no es posible oír en declaración a un testigo sin consentimiento del mismo». «Si quiere interrogarlo que venga a los Estados Unidos. El doctor Kissinger siempre ha cooperado con la justicia», señaló William Roger, portavoz de la firma Kissinger & Associates de Nueva York.490

En consecuencia, el 22 de abril el magistrado de la Audiencia Nacional solicitó formalmente una comisión rogatoria internacional dirigida al Gobierno de Estados Unidos «a fin de recibir declaración al señor Kissinger, en calidad de testigo, por los hechos objeto del presente sumario».

La comparecencia de Kissinger ante la justicia española nunca se llevó a cabo. «Lo que busca este juez español es sustituir a los gobiernos de las naciones por la dictadura de los jueces, que son más perversos e incapaces que los gobiernos democráticos».491 El secretario de Estado americano agregó: «El juez español Baltasar Garzón ha ido más allá de sus atribuciones, ha suplantado a los tribunales internacionales en las acusaciones contra el general chileno Augusto Pinochet. Es un claro ejemplo de la tendencia de algunos países occidentales a aplicar con excesivo celo su visión del mundo».

Cuando la información sobre tamaño disparate llegó a Estocolmo, los miembros del jurado del Premio Nobel de la Paz se echaron las manos a la cabeza. Garzón, un individuo que descalificaba y cuestionaba a la institución, pretendía que el galardón se lo dieran a él.

Cometería otras aberraciones mucho más graves, como poner su prestigio judicial al servicio de los intereses de un sector de la opinión pública contraria a la guerra de Iraq. Pero ese es otro asunto. Continuemos.

Para ganarse el apoyo de la comunidad judía internacional, en su currículum en cuatro idiomas había destacado la detención de Monzer al-Kassar, el sirio que supuestamente había suministrado armas para secuestrar el Achille Lauro, acción en la que había muerto el judío estadounidense León Klinghoffer. Y su papel en el esclarecimiento de los casos de judíos chilenos, entre ellos David Silberlam, líder del Instituto Hebreo de Chile, y de Jacobo Stoulman, agente de bolsa y próspero empresario, cuando los asesinaron. También destaca su lucha por esclarecer el sangriento atentado a la sinagoga judía de Buenos Aires, en la etapa de gobierno de Carlos Saúl Menem.

El 13 de marzo de 2002 una mujer suicida, la tercera en lo que iba de año, perteneciente a los Mártires de Al-Aqsa, un grupo terrorista fanático ligado a Yassir Arafat, se inmolaba en el centro de Jerusalén llevándose consigo la vida de medio centenar de judíos. Al mismo tiempo dos misiles Qassam-2 caían en el cuartel general israelí en Beersheva y en un kibutz de Negev. La respuesta judía fue mandar sus aviones F-16 y sus helicópteros Apache a bombardear Gaza, acto que presenció el emisario de la Unión Europea Miguel Ángel Moratinos, que tomaba el té en esos momentos con el líder y Premio Nobel de la Paz palestino.

Al mismo tiempo que en Madrid se celebraban manifestaciones a favor de los palestinos y en París había concentraciones masivas a favor de Israel, Baltasar Garzón decidió tomar partido a favor de la resistencia del pueblo palestino. «Parece que algunos países y líderes han perdido el juicio, entre ellos el Estado de Israel y su primer ministro, Ariel Sharon, al que acuso de cometer delitos de lesa humanidad por socializar las represalias del pueblo palestino». A continuación, añadió: «Ningún atentado terrorista autoriza una respuesta alegal por parte del Estado israelí, ya que las víctimas no son los líderes de ambos países, Arafat y Sharon, sino el pueblo, el palestino especialmente».492

Su amigo Shlomo Ben Ami, ex embajador de Israel en España, y el ministro de Asuntos Exteriores Simón Peres le llamaron enseguida para reconvenirle. «Recuerda que los kamikazes que matan a nuestras mujeres y a nuestros niños en los parques, en los mercados y a las salidas de las escuelas son todos ellos palestinos», le dijeron.

—¿Es cierto que vas a presentarte al Premio Nobel de la Paz?

—Sí, ¿por qué lo preguntas?

—Es que no haces más que ganarte amigos. Si sigues en la línea de las declaraciones de ayer, lo tienes concedido. Ten por seguro que la comunidad judía de Nueva York, la más influyente del mundo, te va a apoyar en bloque.

Un buen premio bien valía una rectificación a tiempo. Decidido a hacerse perdonar sus culpas, tras ponerse en contacto con la Fundación Keren Kayemeth Leisrael,493 una entidad filantrópica que se dedica al cuidado y conservación de la naturaleza en Israel desde 1901, Baltasar Garzón viajó a Israel a cumplir su penitencia.

Allí, tras visitar el Muro de las Lamentaciones, el Monumento al Holocausto, el Bosque de los Desaparecidos, el templo del rey Salomón, el túnel de los macabeos, el Monte de los Olivos, la Knesset y algunas otras instituciones, creó el bosque «Baltasar Garzón» en las afueras de Jerusalén, donde se plantaron dos mil árboles, pagando diez dólares por árbol como donación anónima.

A pesar de que el juez critica duramente la política antiterrorista del Gobierno de Tel Aviv, Garzón buscaba así atraerse al movimiento sionista hacia su causa a favor del Nobel de la Paz. Fue un intento de penetrar en las organizaciones nacionales judías establecidas en Estados Unidos, empezado por el Consejo Americano para el Judaísmo, el Congreso Judío Americano, el Consejo Consultivo de Organizaciones Judías, la Organización Nacional de Legisladores Judíos, la Asociación de Judíos Veteranos de Guerra de los Estados Unidos y otras para que le apoyaran en su campaña.494

Tras plantar esos dos mil árboles para ganarse la confianza del Consejo Mundial Sionista, le faltaba escribir un libro donde se narrara toda su pretendida y polémica trayectoria en defensa de los derechos humanos de la izquierda chilena y argentina.

«Baltasar Garzón es un hombre que sólo tiene un objetivo en la vida: la búsqueda de la justicia como forma de alcanzar la paz, la lucha contra la impunidad, su lucha para que no existan en el mundo espacios sin derecho, la defensa de las víctimas y el rechazo a toda forma de violencia y opresión». Con estas almibaradas palabras, exentas de cualquier atisbo de crítica, defendía el profesor de la Universidad de Quilmes y secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Buenos Aires, Jorge Taiana, el papel del superjuez español en la Audiencia Nacional. Lo hacía en el libro Cuento de Navidad. ¿Es posible un mundo diferente? en el que la espada flamígera de Occidente retóricamente expone su pensamiento sobre diversos temas. Publicado por Ediciones Tierra, el volumen, cuyos derechos de autor se destinan a diversos proyectos de cooperación y desarrollo emprendidos por la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, es una autohagiografía de Baltasar Garzón escrita por él mismo y financiada por algunos amigos.

Cuento de navidad. ¿Es posible un mundo diferente? es una obra que reúne el pensamiento de Baltasar Garzón en torno a los temas que asolan hoy a la humanidad: la justicia universal, los fundamentalismos religiosos, la inmigración y los derechos de los pueblos indígenas. Según el autor, «los olvidos impuestos no duran, y el fantasma del pasado para el responsable vuelve en forma recurrente y no logra cerrar la puerta del gran misterio del mal».

Sostiene que ante la impunidad, la justicia no debe tener fronteras, y aboga por la universalización de la misma. En definitiva, dice que la lucha contra la impunidad es no sólo la lucha por la libertad y la justicia, sino también por la paz basada en la verdad y en la memoria. Para el autor las diferentes formas del terrorismo, las torturas, los secuestros o el genocidio, en suma, ningún tipo de delito por graves que sean sus efectos puede autorizar a un gobierno democrático para que, en la persecución del crimen y en la búsqueda de la reparación debida, traspase la delgada línea roja que separa la legalidad y el derecho de la ilegalidad representada por la violencia ejercida desde el Estado.

Pasando por alto sus garrafales errores judiciales, sus carencias como instructor que convierte en pruebas meras sospechas, su mala preparación académica, las acusaciones recibidas de moverse más por ambición personal que por su deseo de aplicar la justicia, sus instrucciones rápidas y efectivas pero inconsistentes y su supuesta venganza no disimulada contra Felipe González, el volumen era un panegírico escrito para mitificar, ensalzar y elevar a los altares a un individuo que ha consagrado toda su vida a mirarse el ombligo y a sentirse por encima de los mortales: «más que un juez», como declararía en Edimburgo el 18 de agosto de 2007, donde reivindicó su condición de pionero en el establecimiento de la justicia universal.495

Lo más insólito de su obra de 208 páginas, escrita con los pies desde la primera a la última frase,496 es la autoconfesión del autor que figura en el prefacio: una de sus conferencias, «Derechos Humanos. Internacionalización de la justicia y Corte Penal Internacional como alternativa a la impunidad», la había endosado ya, antes de publicarla en el breviario, a treinta y dos auditorios «y a algunos otros» que pagaban sus conferencias a precio de oro.497

Este descarado autoplagio revela que el candidato al Nobel carecía de ideas propias y que, desde hacía ocho años, se limitaba a repetir como un papagayo las mismas y manidas ideas, los cuatro tópicos de siempre, con centenares de faltas de sintaxis y de ortografía incluidas. Con el agravante añadido de que muchos de sus supuestos pensamientos eran lucubraciones de Ernesto Sábato o Raúl Rettig, sacados de los documentos «Nunca más» o del Informe Rettig. Unos textos que, en cualquier caso, ya había vendido en otros libros, conferencias, charlas, programas de radio y debates de televisión dentro del gran negocio en que se habían convertido para él algunos sumarios, que escandalizaba a propios y extraños.

Lo que muy poca gente sospecha es que mientras se dedicaba a este negocio didáctico de la Justicia universal, de la misma manera que Jesús de Polanco había montado su negocio de la libertad con el Grupo Prisa, todo para él eran beneficios, porque siempre había alguien que corría con los gastos. La candidatura al Nobel de la Paz se convertía así en un negocio más, en una compra-venta nueva, en la que lo que primaba por encima de todo era su ego personal y el sustancioso incremento del caché de sus conferencias y charlas. Para conseguirlo, Baltasar Garzón se había propuesto llegar hasta el esperpento, y lo logró.

Los lectores ilustrados del diario El Universal de México que leyeron el ejemplar correspondiente al 6 de diciembre de 2002 no salían de su estupor. ¿Era aquella una versión de La vida es sueño, del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, reescrita por el ilustre prosista Fernando Baltasar Garzón Real, o se trataba de un mal sueño en una noche de invierno tropical? El texto decía: «Señor Baltasar Garzón: leí la carta que me dirige en el periódico mexicano El Universal. En ella, además de insultarme con toda clase de calificativos, me reta a un debate en el lugar y fecha de mi elección.

»Le comunico a usted que acepto el reto y, como mandan las leyes de la caballería andante, puesto que yo soy el caballero retado, me corresponde fijar las condiciones del encuentro.

»1.-El debate se realizará en las islas Canarias, en la isla de Lanzarote, entre los días 3 y 10 de abril del año 2003.

»2.-El señor Fernando Baltasar Garzón Real deberá conseguir las garantías y salvoconductos suficientes, tanto del Gobierno español como del mexicano, para que el caballero retado y seis de sus escuderos puedan asistir al desafío y volver con bien a estos lares. [...]

»7.-Si el señor Garzón derrota en buena lid al subcomandante insurgente Marcos, tiene derecho a descapucharlo una vez delante de quien le venga en gana. Además, el subcomandante pedirá disculpas públicamente y se someterá a la justicia española para que le torturen.

»Si, en cambio, sale derrotado, presentará demanda por delito de lesa humanidad en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, responsable de la matanza de Acteal, perpetrada en las montañas del sureste mexicano en diciembre de 1997, donde fueron ejecutados cuarenta y cinco mujeres, niños y ancianos indígenas.»

La carta, real como la vida misma, venía firmada por el subcomandante del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a comienzos de diciembre de 2002. Era la respuesta a otra publicada en el mismo rotativo por el juez Garzón, en la que le invitaba a «quitarse la capucha», a desprenderse de su «ridícula pipa» y a bajar a la arena política a hablar de política.

«¡Habla usted de rebeldía! La rebeldía que yo entiendo es la que se hace cada día luchando desde el Estado de Derecho, en la democracia y por la democracia; aplicando el principio de igualdad ante la ley, el de presunción de inocencia y una justicia independiente. Esta es la rebeldía que practican muchas mujeres y hombres que buscan un mundo mejor y diferente. Entre todos tratamos de consolidar un sistema de garantías que nos cohesione como pueblo diverso y nos vertebre como un Estado plurinacional», le había dicho Garzón muy serio.

Tan surrealista debate, más propio de Charles Baudelaire o André Bretón, no se habría producido si el juez, en lugar de dedicarse a impartir justicia con un poco más de rigor, no se hubiera metido en camisa de once varas y viajado a Chiapas a enseñarle a los mexicanos cómo debían negociar con la guerrilla del comandante Marcos.

Y es que, pese a que el 10 de octubre se supo que el Premio Nobel de la Paz 2002 había correspondido al ex presidente estadounidense Jimmy Carter, Baltasar Garzón, al igual que Lluis María Xirinacs, el cura catalán mesiánico, folclórico y visionario, estaba dispuesto a presentarse al galardón instituido por el descubridor de la dinamita cuantas veces hiciera falta.498

Para ello, para crearse un currículum como Dios manda, entre los años 2002 a 2004 cosechó once doctorados honoris causa en otras tantas universidades de Argentina, México, Chile y Bolivia, en las cuales leyó el mismo discurso, prologó una docena de libros y se puso contra la guerra de Iraq sin colgar su toga previamente, lo que le impidió ser elegido miembro de la Corte Penal Internacional por «parcialidad» y «sectarismo».

Eso le permitió sumar a su aspiración al Nobel de la Paz algunas firmas como la de José Saramago, grupos de juristas argentinos, ex ministros colombianos, la familia de Martin Luther King, el Foro Social de Porto Alegre y más de cien ONG, tres de ellas de gays y lesbianas, dicho sea a título de ejemplo y no para señalar conductas de nadie.

Durante ese periodo inauguró el Mirador de la Tolerancia y el Paseo de la Paz en su pueblo natal, Torres, donde se definió un «trabajador por la paz y un luchador en contra del lado oscuro de la globalización», sin señalar cuál era su salario mínimo interprofesional y quién pagaba los gastos. Un asunto que tenía perplejos a muchos de sus amigos. Garzón acumulaba laureles, glorias y honores y quienes pagaban eran siempre aquellos.

***

¿De dónde salió el dinero para crear la fundación que lanzara la candidatura de Garzón al Premio Nobel, el pago de los viajes a diversos países de América Latina y el alquiler del Círculo de Bellas Artes?

«Me consta que muchos de los banquetes fueron abonados por la empresa Sarot, S.A., de mi ex marido José Félix González-Salas, porque el señor juez no hace gesto alguno para abonar una simple factura y viaja invitado, gratis total, a todas partes», reitera la ex mujer del empresario madrileño, T. C. G., que mantiene aún varios litigios judiciales por la propiedad del patrimonio, tras su separación, pese a que tenían separación de bienes. Por si había dudas al respecto, en uno de sus libros Garzón le agradece públicamente su apoyo.

El Ayuntamiento de Torres, los vecinos de su infancia y otros amigos contribuyeron al gasto de los autobuses para desplazar a Madrid a varios centenares de personas que querían asistir a la presentación de la candidatura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid».

La Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica (que él presidió en el año de su fundación) y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos se gastaron también parte de sus ahorros en apoyar al juez.

El presidente del Cabildo de la Gomera puso un servidor de internet a cargo del presupuesto insular y la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, financió la publicación de un librito de 230 páginas, Cuento de Navidad. ¿Es posible un mundo diferente?, en formato bolsillo, dedicado a glosar su figura y a exaltar lo que se consideraban eran sus rasgos más sobresalientes. De la obra, poco conocida en España, se editaron 10.000 ejemplares. «Garzón —se dice en la solapa— ha trascendido el ámbito judicial para desempeñar activamente funciones en instituciones no gubernamentales, especialmente de apoyo a los pueblos indígenas de Iberoamérica, comprometiéndose en la defensa [de] sus derechos y participando en la mediación de conflictos, en organizaciones de ayuda a drogodependientes y en la defensa de la libertad de expresión».

Los escritores Fanny Rubio y Manuel Vázquez Montalbán, el conferenciante y teólogo Enrique Miret Magdalena, el catedrático de Bioquímica y ex presidente de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y el divulgador y poeta indígena Manipiniktikinya, colaboraron desinteresadamente con sus artículos, al igual que otro medio centenar de intelectuales y escritores.

¿Se pondría fin alguna vez a sus aspiraciones a convertirse en Premio Nobel de la Paz?

***

El maestro nacional, licenciado en Historia contemporánea y socialista Casimiro Curbelo tiene bien ganado un lugar en la gloria. Presidente del Cabildo Insular de la isla de La Gomera por quinta o sexta vez, defensor del régimen castrista, es el único regidor local de España que entierra gratis a los muertos de la isla, y corre con todos los gastos aunque la defunción se haya producido en Venezuela o en Hong-Kong.499

Curbelo, que hace bueno el refrán de que «el gomero más tonto hace relojes», ha logrado lo que Baltasar Garzón ha sido incapaz de conseguir para su pueblo, Torres. La mayoría de los 20.000 habitantes de La Gomera disfruta de una pensión, contributiva o no, por lo que nadie debe preocuparse de trabajar.

El 18 de julio de 2003, el hombre que ha logrado que los gomeros no tengan que ganarse el pan con el sudor de su frente, reunió al Cabildo Insular y decidió, por unanimidad, apoyar la candidatura del juez campeador al Nobel de la Paz y hacer campaña internacional para lograr este objetivo. «Garzón —proclamó solemnemente el regidor— es la esperanza de millones de personas que creen en otro orden institucional basado en la verdad, la libertad y la justicia». La institución decidió enviar una carta al presidente del Comité del Nobel, haciendo notar que «La Gomera entera apoyaba la candidatura del juez, uno de los grandes valores del mundo en defensa de la paz, la convivencia y la solidaridad entre pueblos, razas, culturas, etnias, religiones y tribus».

Esa misma semana el juez interrumpió un viaje en México, donde se encontraba departiendo con el presidente Vicente Fox acerca de la manera de encauzar el problema de Chiapas y recogiendo tres doctorados honoris causa, uno por la Universidad de México, el segundo por la de Guadalajara y el tercero por la de Chiapas. Lo hizo para viajar al aeropuerto de Los Cristianos y, al día siguiente, presentarse en La Gomera.

Mucha gente pensó entonces que aquel «hombre de paz» que ha encarcelado a inocentes iba a buscar el emplazamiento idóneo para celebrar la conferencia mundial entre el famoso guerrillero, subcomandante Marcos, y el presidente de México.

No fue así. Garzón llegaba a la isla, pura y simplemente, a dar una conferencia en la Universidad de Verano que se celebra todos los años en la isla, como una especie de remedo de las «Jornadas Colombinas» del franquismo, que traían a San Sebastián de La Gomera a los embajadores de Latinoamérica, dispuestos a conmemorar los viajes de Colón a América.

Por aquella universidad veraniega han pasado personalidades tan famosas como Lucía Etxebarría, escritora, Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación, Xosé Manuel Beiras, secretario General del BNG, Josu Jon Imaz, ex secretario general del PNV, Josep Lluís Carod-Rovira, presidente de ERC, Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del grupo parlamentario del PSOE, o Pilar Manjón, presidenta de la Asociación Víctimas del 11-M. En este escenario Garzón lanzó su mitin-proclama contra los Estados Unidos.

Su intervención fue, como siempre, monotemática: la guerra de Iraq, las armas de destrucción masiva, el Eje del Mal formado por Blair, Bush y Aznar... «Desde los atentados del 11 de septiembre la justicia —pontificó— ha descendido al sexto lugar en el mundo al romperse el orden penal internacional y crearse la cárcel de Guantánamo, lo que supone un espacio de impunidad».

Aquella semana Curbelo tuvo doble jornada de trabajo en el Cabildo Insular. Los dirigentes locales de Coalición Canaria, a cuyos jefes aún no había procesado el juez dentro del caso de Fórum Filatélico, pretendían que se le concediera la medalla de oro de la isla, «trofeo» al que ya se había hecho acreedor en una etapa anterior otro juez: Juan Alberto Belloch, que había iniciado su carrera en la judicatura en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera. Los socialistas, sin embargo, se opusieron radicalmente a tan alta distinción. Según informaron los miembros de la oposición al equipo de gobierno del Cabildo, la «mayoría de los miembros del grupo de gobierno se opusieron a que Baltasar Garzón, que visitará la isla el próximo sábado, 19 de julio, reciba la distinción honorífica de medalla de oro de la isla por considerar que el prestigioso juez ha metido en la cárcel a miembros nacionales del partido que representan, tales como José Barrionuevo o Rafael Vera».

Es decir, Baltasar Garzón era un español de talla universal. Se le podía promover para el Premio Nobel de la Paz, honor del que disfrutan escasas personas en el mundo, entre ellas el secretario de Estado estadounidense durante la II Guerra Mundial, Cordell Hull, el catedrático de la Universidad de Columbia Nicholas Murray Butler, Desmond Tutu, las Abuelas de la Plaza de Mayo, algunos «halcones» de la política internacional, como Henry Kissinger, Yassir Arafat, Isaac Rabin o Menahem Begin, y personas acusadas de dudosa moralidad como Rigoberta Menchú o Kofi Annan... sin embargo, Garzón no era acreedor a una condecoración local.

La fábrica de ideas o, mejor dicho, esa eficaz empresa de tormentas de ideas que es la Fundación por los Pueblos Indígenas que dirige Adriana Arce, fue la que ideó el proyecto, cosa que hace siempre que le permita llenar la buchaca. Aprovechando la Universidad de Verano de La Gomera y el dinero que le sobre al presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, había que crear la Cátedra por la Paz, que debería coordinar en principio la doctora Ana María Figueroa, catedrática de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina.

Frente a la lucha de civilizaciones, que ha venido a suplantar la lucha de clases tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición del marxismo como ideología, los promotores del evento planteaban la Alianza de Civilizaciones. Al proyecto, que formaba parte del lanzamiento de la candidatura de Baltasar Garzón por tercera vez al Nobel de la Paz, se unieron inmediatamente el fiscal argentino Eduardo Freiler, el presidente de Abogados sin Fronteras de la Pampa, Carlos Raúl de la Torre, junto con la ministra española Carmen Alborch, Juan Ignacio Castién Maestro, Josep Lluís Carod-Rovira, José María Mendiluce y Benito Codina Casals, viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Canarias.

La Plataforma Cultura contra la Guerra, representada por José Antonio Labordeta (cantautor y diputado), Miguel Ríos (cantante), Lucía Etxebarría (escritora), Enrique Simón (actor), Marisa Tejada (actriz) Juan Margallo (director de teatro), Jordi Dauder (actor), Pepe Viyuela (actor), Petra Martínez (actriz) y Pilar Bardem (sus labores proselitistas), entre otros, decidió aportar su insólito granito de arena al evento.

Las jornadas debía clausurarlas José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y Baltasar Garzón, quienes deberían lanzar desde la Universidad de Verano el Manifiesto por la Paz de La Gomera, declaración de principios que regirá la Cátedra por la Paz en los próximos cinco años. También era el lugar para lanzar el proyecto de la Alianza de Civilizaciones, a la cual se pediría la adhesión de todos los países del mundo.

Los planes de Zapatero y las dificultades para articular dos proyectos en apenas un mes impidió que los argentinos contrarios a Videla lanzaran su Alianza de Civilizaciones desde La Gomera, donde Rodríguez Zapatero ni siquiera llegó a ir. Sin embargo, se apropió de la idea que generosamente le brindó Garzón y su legión de incondicionales sudamericanos, empedernidos lectores de Un mundo sin miedo, un mal remedo de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Sólo en el título, claro.

Tras aquellos encuentros preparatorios entre Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional quedó intelectual y profesionalmente vinculado al proyecto de búsqueda de la paz con ETA a cambio de romper España y poner la otra mejilla frente a los autores de casi un millar de asesinatos desde la muerte de Franco.

Afortunadamente, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Casimiro Curbelo no le dio a Garzón la medalla de oro de La Gomera, pero hizo algo mejor. Como buen presidente del Cabildo, preocupado por la salud de los vivos y el descanso eterno de los muertos, enterró sus aspiraciones al Premio Nobel de la Paz. Y es que como Premio Nobel de la Paz de los cementerios nadie le gana.

Capítulo XVIII

Objetivo: sentar a Aznar en el banquillo

«Para mí es muy grave que hayan muerto en Iraq centenares de miles de personas y que los responsables de aquella guerra ilegal e injusta —Bush, Aznar y Blair—, los nuevos césares o tiranos de Occidente, que aplican el nepotismo de manera larvada y que promueven actos bélicos en contra de la opinión pública mundial, no hayan sido sentados todavía en el banquillo». La frase es del juez Baltasar Garzón. Convertido en el nuevo paladín de los derechos humanos del mundo civilizado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional inició hace tres años una particular cruzada para inculpar al «trío de las Azores» en el derrocamiento de Saddam Hussein. Su beligerancia contra el Gobierno y el presidente Aznar, al que acusó en un artículo de El País de comportarse como «un muro de piedra resbaladiza por la humedad y el humus pestilente de quienes carecen de sentimientos, manipular a la opinión pública y no oír el clamor mundial por la paz», le ha supuesto dos expedientes disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial, «pero por defender aquello en lo que creo estoy dispuesto incluso a perder mi carrera». Tres años después de concluido el ataque, el ex presidente del Partido Popular y del Gobierno de España sigue siendo su objetivo. «Tarde o temprano alguien les obligará a rendir cuentas», señaló el 17 de agosto de 2007 en Edimburgo (Escocia).

***

Fue la guerra convencional con mayor disparidad de medios técnicos, electrónicos y humanos desplegados entre dos contendientes en los tiempos modernos. Para lanzar la primera ofensiva, los estadounidenses desplazaron a la zona en conflicto 4 portaaviones, 1.400 carros de combate, 400 helicópteros, 350 bombarderos y centenares de misiles de largo alcance guiados desde su avanzada red de satélites y sus eficacísimos equipos de guerra electrónica capaces de dejar ciegos a los radares y sistemas de guía de las armas electrónicas del enemigo.500 Sus aliados británicos y australianos dispusieron también de una amplia parafernalia bélica, adecuada a su potencial militar, bastante superior al de su enemigo.501

El día 20 de marzo de 2003, sin que mediara declaración de guerra por ninguna de las partes, comenzó el ataque de la coalición contra el régimen iraquí.

Al economista y ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria López, presidente del Partido Popular en las islas desde 1999, hay que alabarle su excelente ojo clínico para elegir a los conferenciantes que hablaran a favor de su partido. El mismo día que comenzaba la invasión de Iraq, el juez Baltasar Garzón intervenía en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria invitado por el alcalde de la capital de la isla, dentro del ciclo «Contra la Libertad», que había iniciado semanas antes el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Rodeado de un fuerte aparato de seguridad, el hombre que veía amanecer llegó a la ciudad de Las Palmas en avión aquella misma mañana y se presentó a saludar en la alcaldía sobre el mediodía. «Hablamos un rato de cosas intrascendentes. Garzón estaba muy dicharachero, como es él cuando se siente el centro de la conversación, y no paraba de hablar», recuerda José Manuel Soria.

—Al final, ¿de qué vas a hablar esta tarde? —le preguntó el alcalde, que se temía la hecatombe.

—De terrorismo, de ETA y de la libertad. Es en lo que habíamos quedado, ¿no? —respondió.

—¡Ah! Muy bien.

Soria respiró satisfecho. En los últimos días había previsto suspender el acto, pero como el ciclo de conferencias se había programado con ocho meses de anticipación, había llegado a la conclusión de que no había forma humana de interrumpirlo. De planta hexagonal, con capacidad para 1.600 personas, la sala sinfónica del Auditorio de Las Palmas, un moderno edificio construido en el paseo de Las Canteras en 1997, se encontraba esa tarde a rebosar. Las autoridades locales, encabezadas por José Manuel Soria, Josefa Luzardo y Miguel Jorge Blanco, el presidente del Cabildo y todos los concejales y consejeros ocupaban las dos primeras filas cuando a las ocho de la tarde hizo su irrupción en el escenario el juez Baltasar Garzón.

Tras una breve presentación a cargo del escritor gran canario Juancho Armas Marcelo, la superestrella tomó la palabra. «Esta es una conferencia sobre la libertad que será pronunciada desde la más absoluta libertad en unos tiempos de oscurantismo y manipulación», advirtió nada más subir a la tribuna. Durante unos diez minutos habló de ETA, el tema que le había llevado a Las Palmas de Gran Canaria, defendiendo la labor de los jueces y fiscales. «Invito a quienes no están aquí pero puedan escucharnos a que la ambigüedad oficial desaparezca de Euskadi, al igual que los terroristas», dijo.

Acto seguido se lanzó de cabeza a abordar el asunto del día: la invasión de Iraq, que se había iniciado con el bombardeo por aviones estadounidenses y británicos de varios edificios oficiales y palacios de Bagdad seguido por un avance espectacular de la infantería sobre la ciudad de Basora. Con los micrófonos de la radio y las cámaras de televisión delante, el superjuez se despachó a gusto contra el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. «Esta guerra, que llaman preventiva, es inmoral e ilegítima, ya que no cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. Nace moralmente derrotada porque es el clamor por la paz el que era preventivo. La decisión unilateral del Gobierno español de meternos en una contienda ilegal es infundada e injusta. Porque, ¿se han preguntado ustedes cuántos españoles habrían votado a favor de una intervención militar en Iraq si se les hubiese consultado?».

Por primera vez estalló una fuerte ovación desde las butacas ocupadas por los diputados, concejales y miembros del Partido Socialista Obrero Español y de Coalición Canaria. En los bancos del Partido Popular se hizo el silencio absoluto. Garzón continuó con su incendiaria soflama: «El Derecho y la justicia internacional deben anteponerse a cualquier cuestión de Estado, por muy poderosos que sean esos Estados. A mediados de la década de los setenta, tras el secuestro del dirigente Aldo Moro, Italia se vio en una disyuntiva.502 Había una posibilidad de liberar al dirigente democristiano torturando a algunos dirigentes de las Brigadas Rojas que probablemente sabrían dónde estaba secuestrado. Cuando se le planteó esta posibilidad al general [Carlos Alberto] dalla Chiesa,503 se negó rotundamente. "Italia puede permitirse la pérdida de Aldo Moro, pero no puede reinstaurar ni por un instante la tortura contra los detenidos"».

Frente a este gesto de dignidad y de civismo de la Europa de los setenta, contrapuso la situación actual: «En los últimos años, España y el mundo hemos vivido tiempos en que la libertad se ha visto amenazada. Ahora vivimos la situación de una guerra absurda e ilegal contra Iraq. La sociedad asiste ahora a momentos difíciles en los que no importa asumir que se formen unidades de élite para asesinar a líderes políticos o para la privación de los derechos de los prisioneros talibanes de Guantánamo, vejados, sometidos a torturas y tratados peor que animales».504 Y agregó: «Estamos en una sociedad regida por una pléyade de nuevos tiranos o, más aún, nuevos Césares, que empiezan a abundar y que no quieren saber nada de la opinión pública de sus compatriotas cuando toman sus decisiones». Aunque no citó los nombres de George Bush, Tony Blair y José María Aznar, se refirió a ellos como a los nuevos señores de la guerra, a la que ponen los adjetivos de «preventiva, selectiva y humanitaria».

«¿Qué habría pasado en España ante un eventual referéndum sobre el conflicto bélico de Iraq? ¿Cuántos españoles habrían votado a favor de una intervención militar en Iraq si se les hubiera consultado?», volvió a repetir machaconamente. Tras citar a Voltaire, a Jefferson y a Orwell hizo alusión a la manifestación celebrada en Madrid el 11 de febrero anterior y citó al escritor luso afincado en Lanzarote, José Saramago. «No es ninguna exageración decir —como señaló Saramago— que hay un fuerte e irresistible movimiento colectivo frente al poder en todas las naciones del mundo y que la opinión pública se ha convertido en una nueva potencia mundial».

En plena campaña por su nominación por segunda vez al Premio Nobel de la Paz, el juez estrella habló, acto seguido, del binomio seguridad-libertad para decir que la segunda estaba saliendo derrotada. «La libertad está amenazada no sólo por los terroristas, sino por aquellos que desde el poder quieren imponer cuestiones inaceptables en democracia.

»La tiranía no es sólo patrimonio de los dictadores, sino que también se da en las democracias occidentales, aunque ahí actúa de una manera larvada. Tenemos que elegir entre luchar por la libertad o sucumbir bajo la ilegalidad internacional revestida de legalidad.

»La guerra no va a aportar nada y, además, es ilegal. Es absurdo que para acabar con las armas de destrucción masiva, si las hubiere, se lleve a cabo una destrucción masiva. Ahora en lugar de hablar de comunidad internacional tenemos que hablar de caos internacional, donde prima la ley del más fuerte.

»Un caos internacional donde para ocultar sus posiciones los países no hablan de guerra, sino de enfrentamientos preventivos y hasta humanitarios. Y donde ya se habla de daños colaterales, algo que yo certificaría como crímenes contra la humanidad.

»La escenificación de una minicumbre en medio del Atlántico supone la derrota de la diplomacia y del derecho internacional. Estos momentos pasarán a la historia como aquellos en los que la voluntad de unos pocos se impuso a la de muchos.

»Los países implicados en esta guerra nos hacen vivir en una libertad vigilada, y una parte de los medios de comunicación se han convertido en una brigada más del regimiento por la guerra».

¿Cómo parar a los nuevos tiranos o a los nuevos cesares? «Ante una guerra ilegal, donde los crímenes contra la humanidad son ya palpables, el Tribunal Penal Internacional tendrá algo que decir. Quienes han tomado las decisiones de una guerra injusta bajo el pretexto de aportar apoyos logísticos [en clara referencia a España] nos han metido en una guerra y deben pagar por ello», profetizó con su característico catastrofismo y mesianismo.

«Porque si la guerra nace derrotada, como he dicho, aquellos que la defienden perderán la credibilidad, el respeto del pueblo y legitimidad aun cuando, como es previsible, resulten vencedores. Por eso el Derecho internacional y la Corte Penal Internacional deben tener el derecho a decir la última palabra», concluyó.

Cuatro años después de celebrada aquella conferencia, José Manuel Soria aún no ha digerido del todo el asunto. «Los viajes a Aznar fueron tremendos, jamás me imaginé que un juez pudiera venir invitado a hablar a una tribuna organizada por una alcaldía del Partido Popular para insultar al anfitrión», recuerda.

Días antes se habían reunido en las islas Azores los máximos mandatarios de los Estados Unidos, George Bush, del Reino Unido, Tony Blair, y de España, José María Aznar, además del dirigente portugués José Manuel Durao Barroso, que ejercía de anfitrión. En el encuentro conocido como «Cumbre de las Azores», el dirigente estadounidense y sus socios europeos analizaron la situación diplomática creada en occidente por Alemania, Francia y Rusia tras su decisión de oponerse radicalmente a la invasión de Iraq para derrocar al tirano Saddam Hussein. Igualmente, adoptaron el acuerdo de dar un plazo de veinticuatro horas al régimen iraquí, encabezado por Saddam Hussein, para su desarme y rendición incondicional.

Aparte del ultimátum, la Cumbre de las Azores aprobó una declaración sobre la solidaridad transatlántica en la que los firmantes pretendían establecer su compromiso en defensa de los valores comunes de democracia, libertad y Estado de Derecho a ambos lados del Atlántico.

En uno de los momentos políticos más comprometidos de los últimos años, la conferencia de Garzón en Gran Canaria se había convertido en un ataque directo y personal al jefe del Gobierno, al que consideraba uno de los responsables de todos los males.

Al acabar el acto fueron a cenar en grupo unas quince personas, entre ellas un magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial presente en la isla y su mujer, además de Juancho Armas Marcelo y el alcalde Soria.

—¿Qué te ha parecido la conferencia? —preguntó Garzón.

—¿Quieres que te diga la verdad?

—Sí, claro, no faltaría más.

—Pues me ha parecido un mitin en contra del Gobierno. Nosotros te contratamos hace ocho meses para que hablaras del terrorismo. Tú has venido hoy a dar un mitin de la guerra de Iraq. Y eso no fue lo acordado.

En los días que siguieron a la intervención, el líder de los populares canarios tuvo que salir varias veces a la palestra a explicar que su partido no compartía las tesis de Garzón. «Ni el PP ni gran parte de la sociedad, porque todos estamos en contra de la guerra y a favor de la paz, pero otra cosa son las posiciones para alcanzar esos objetivos.

»Nosotros estamos a favor de la legalidad que atribuye al ataque a Iraq a partir de la resolución 1.441 de la ONU. Coalición Canaria y PSOE están actuando de manera irresponsable al condenar la postura del Gobierno. La posición de nuestro partido es la que ha expresado el presidente del Gobierno, José María Aznar, y no hay otra», manifestó el entonces candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno autónomo.

—¿Cuánto le pagaste por la conferencia, para que os insultara? —le preguntaron en un aparte en la cena.

—Un millón de pesetas. Ese es su caché y por menos de ese dinero no se mueve de Madrid —respondió Soria.

En 2007 se reafirma en lo dicho: «Fue una de las experiencias más bochornosas e ingratas de mi vida profesional, pero no me arrepiento. Así, por lo menos, descubrimos que era un personaje sectario y que su única obsesión era por entonces meter a José María Aznar en la cárcel o, al menos, echar al Partido Popular del poder».

Se lo habían advertido sus amigos una semana antes. «Ten cuidado con ese tío, anda metido con los de la pancarta, manifestándose todos los días, y si puede meterá al presidente del Gobierno en la cárcel».

El presidente del Partido Popular de Canarias se enteró de las presuntas maquinaciones del juez e intentó buscarle remedio al asunto. Como ya se habían cursado las invitaciones y no había tiempo para suspender el acto habló con otro juez, amigo suyo, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial.

—¿Por qué no te vienes este fin de semana a Las Palmas? Te vienes con tu mujer, decimos que estás aquí de vacaciones, te haces el encontradizo y te presentas en la conferencia.

—¿Y tú crees que eso va a servir para algo?

—¡Hombre! Yo creo que delante de un miembro del Consejo General del Poder Judicial al menos se morderá la lengua un poco. Tendrá que ser un poco más precavido, ¿no?

—Conociendo al personaje dudo que sirva para algo. Pero si eso te tranquiliza a mí no me importa ir.

La presencia entre el público de un miembro del CGPJ no sirvió de nada. Convertido en el demagógico apóstol del pacifismo, en el defensor de Saddam Hussein, el mayor tirano de Oriente Medio, gaseador de los kurdos e incitador de dos guerras, la «espada flamígera del arcángel san Gabriel» como le definen algunos, situándose en la verdad absoluta no ahorró calificativos para denigrar a los mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido y España, el «trío de las Azores»: «No se puede asesinar impunemente a un pueblo bajo el pretexto de buscar armas de destrucción masiva. Tarde o temprano todos ellos acabarán ante la Corte Penal Internacional».

El viernes 25 de marzo de 2003 el vocal del Consejo General del Poder Judicial dio cuenta de su viaje a Las Palmas de Gran Canaria al grupo conservador del órgano de gobierno de los jueces: «Fue una situación vergonzosa, intolerable, lamentable. Un miembro de un poder del Estado, y mucho menos un juez, no puede ni debe insultar desde una tribuna pública al presidente del Gobierno, representante de otro poder del Estado. Y mucho menos amenazarle ante mil quinientas personas de que va a sentarle en el Tribunal Penal Internacional. ¿Pero quién se ha creído ese individuo que es?»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, y el resto de los consejeros, al escuchar el relato estaban fuera de sí, indignados.

—Dame los datos por escrito y ordeno ahora mismo que se le abra un expediente.

—No, no voy a hacer eso. Yo estaba allí a título privado, como amigo. Si quieres abrirle un expediente pide una copia de la conferencia, que yo creo que está grabada, envíala a la inspección de los tribunales y que decidan ellos, que para eso están.

Además, llovía sobre mojado. Cinco días antes, el 15 de marzo, el juez había intervenido en un acto público contra la guerra de Iraq celebrado en la Puerta de Alcalá de Madrid. Allí, junto al Premio Nobel de Literatura, José Saramago, él y su hija María habían leído un manifiesto censurando al Gobierno «por implicarnos a todos en una guerra injusta». «Las terribles matanzas, genocidios y crímenes contra la humanidad, así como los ataques terroristas, junto con la posibilidad de una guerra preventiva, y ya hecha realidad, han sacudido nuestra conciencia. No podemos quedarnos impasibles: frente a la guerra hay que ser siempre beligerantes», dejó escrito.

La conferencia de Las Palmas de Gran Canaria, donde prácticamente se pronunciaba a favor de procesar, enjuiciar y encarcelar al presidente del Gobierno, José María Aznar, además de a Tony Blair y a George W. Bush fue la gota que colmó el vaso. «El Consejo General del Poder Judicial ya había intentado buscarme las vueltas por haber criticado el apoyo del entonces presidente del Gobierno José María Aznar a la guerra de Iraq. [...] Entonces las cosas fueron un poco más lejos, pero al final no se me expedientó, aunque aún pago las consecuencias. El PP no ha perdonado mi posición crítica contra su política de gobierno y ya me ha castigado cuando pedí la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional», ha dejado escrito Garzón.

Lo cual, en parte, es cierto. Tras sus críticas desde la judicatura a las decisiones del Gobierno, para ponerse de nuevo al lado de los socialistas a los que había denigrado en 1994, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial como desde el ejecutivo, se le tendió un puente de plata para que dejara la Audiencia Nacional para siempre.

—¿Tú le conoces? Pues dile que pida lo que quiera: miembro del Tribunal Penal Internacional, representante de España en las Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico, en materia de terrorismo. ¡Que pida lo que quiera! ¡Y que deje de censurar al Gobierno y de incordiar al resto de las instituciones, que ese no es el papel de ningún juez!

Convencido de que él estaba situado en una posición ética y moral por encima de los demás, de que podía tomar partido de forma beligerante por una opción política e impartir justicia con objetividad e imparcialidad, el juez de Torres no se dio por aludido.

En 1989, con la caída del Muro de Berlín, del llamado Telón de Acero que dividía el mundo en dos mitades irreconciliables, enfrentadas y a punto de eliminarse mutuamente en un holocausto nuclear, acabó la Guerra Fría. Y comenzó políticamente el siglo XXI.

La lacra de los grandes totalitarismos, el azote de las democracias liberales, primero con Adolfo Hitler y Benito Mussolini, y después con Stalin y sus sucesores, pasaron a formar parte de la historia. La internacionalización del comercio, el nacimiento de grandes consorcios empresariales y la globalización del sector financiero y de las telecomunicaciones se abrió paso.

Con la televisión omnipresente en todos los hogares, por primera vez en la historia de la humanidad un acontecimiento ocurrido en los confines del planeta podía ser visto y sentido en el resto del mundo por millones de personas a la vez, contribuyendo a formar una memoria y una conciencia universal. Sin embargo, la globalización de la información, en contra de lo que parecía lógico esperar, no sirvió para crear un mundo más dialogante y justo. Dio paso a las grandes migraciones, al desmembramiento de Europa en la península balcánica y la antigua URSS, al recrudecimiento de la guerra entre palestinos e israelíes y al desplazamiento del crecimiento económico a la India, China y los países asiáticos.

La dialéctica socialismo/capitalismo que había polarizado la sociedad desde 1917 a 1989 fue sustituida por otra bastante más arcaica, la guerra de civilizaciones con la nueva amenaza del islamismo, dispuesto a llenar el mundo de muyahidines que exterminaran a los infieles para convertir el planeta en el Califato de Alá.

En este contexto, el estremecedor impacto el 11 de septiembre de 2001 de dos aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Manhattan, que acabaron derrumbándose sobre sí mismas, el impacto de otro avión contra el Pentágono y la existencia de un cuarto dirigido probablemente contra la Casa Blanca, aunque se estrelló en un descampado de Pennsylvania, conmocionó al mundo entero.

Dejando al margen el precedente del bombardeo sorpresa de Pearl Harbor por la aviación japonesa en la II Guerra Mundial, era la primera vez en la historia que los Estados Unidos eran atacados en su propio territorio y golpeados no en una lejana base militar del Pacífico, sino en Manhattan, el centro de las finanzas, la cultura, el ocio y hasta la moda universal. El atentado se había producido además sobre una población civil, desarmada e indefensa.

La brutalidad de la agresión fue de tal calibre que la mayor parte de la población mundial admitió al principio que los Estados Unidos desplegaran todos sus medios para hacer frente a esa nueva guerra silenciosa y cruel que se ponía en marcha, para aniquilar a Al-Qaeda, a los muyahidines salafistas, y machacar cualquier foco terrorista en cualquier país del mundo.

Fue sólo al principio. Con la OTAN en proceso de extinción, las Naciones Unidas desmanteladas, la izquierda sin referentes ideológicos y un minoritario pero activo sector de la sociedad que históricamente se había opuesto a la política estadounidense movilizado, salieron a relucir los viejos demonios familiares.

En Roma, París, Berlín, Austria y Bruselas los hijos de aquellos que habían sobrevivido años antes gracias a la leche y la mantequilla del Plan Marshall y que debían estar agradecidos a los Estados Unidos por haberles librado de las garras del nacionalsocialismo y del fascismo, metiendo al diez por ciento de su población en una guerra que no era la de ellos, se rebelaron contra quienes les habían dado de comer y habían llenado Europa de cadáveres para que ellos sobrevivieran.

Amparándose en una supuesta defensa de los derechos humanos en los países que practicaban o amparaban el terror, la cuestión de fondo era no permitir que los Estados Unidos se convirtieran en el nuevo gendarme del planeta e impusieran sus normas a los demás, vulnerando el derecho internacional para conseguir sus propósitos.

Toda la intelectualidad de izquierda y de centro izquierda del planeta, empezando por Susan Sontag, Umberto Eco, el lingüista y supuesto politólogo Noam Chomsky, el editorialista de Le Monde Ignacio Ramonet, el ex fiscal estadounidense Ramsey Clark, Javier Sádaba, Jaime Pastor, el sociólogo Ulrich Beck, el ex presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, el escritor Robert D. Kaplan, el ingeniero chileno Orlando Caputo, el politólogo Sami Naïr, el senador estadounidense Robert Byrd, el sociólogo James Petras, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter o el escritor ex nazi Günter Grass se planteaban redefinir un nuevo orden mundial, para lo que era necesario crear una nueva legalidad hasta entonces ignorada por todos: la de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, controlado por la izquierda y Kofi Annan, cuyo hijo se había dedicado a robar el petróleo de Iraq.505

Los impulsores de este movimiento en España encontraron su órgano de expresión en El País, con Juan Luis Cebrián, José Saramago, Juan Goytisolo, Javier Marías, Manuel Vázquez Montalbán, el economista Juan Francisco Martín Seco, el militar pacifista Alberto Peris, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza.

Dispuesto a apuntarse a un bombardeo con tal de no quedar excluido de salir en la foto, Baltasar Garzón, olvidándose de su condición de juez, se subió al carro de los nuevos predicadores. Entre 2002 y 2004, utilizando como plataforma de lanzamiento el diario El País, publicó una docena de artículos que fueron reproducidos por decenas de periódicos en el mundo entero.

«Probablemente cuando este artículo vea la luz se habrá producido la respuesta de las armas en Afganistán, el régimen talibán, Osama ben Laden o su gente. Tanto da, parece ser, uno como otros. Pero permanecer callado y a la espera de esta especie de teatro de operaciones en el que estamos siendo actores, porque de nuestro futuro se trata, es una omisión gravísima o una aceptación culpable de los proyectos bélicos reiteradamente proclamados por los gobernantes de los Estados Unidos, y exigidos por los ciudadanos americanos que reclaman venganza. A quien discrepa casi se le considera un traidor, y se le vigila cuando se manifiesta para que no sufra daño».506

El 2 de octubre de 2001, erigiéndose en el «portavoz de los sin voz», Baltasar Garzón Real publicaba su primera proclama en el diario El País exigiendo prácticamente que los estadounidenses permanecieran quietos, impasibles, esperando a que les volaran el Golden Gate, la Casa Blanca o el Capitolio. En su artículo «La respuesta» el más irresponsable de los jueces españoles se indignaba porque el resto de la gente no pensara como él: «La callada aceptación oficial de Occidente, especialmente de los países europeos, me lacera en lo más profundo del corazón y debe llenarnos de desesperación. Se oyen grandes discursos, se emiten importantes acuerdos de principio, pero se acepta e incluso se comparte la respuesta violenta».

Unos días antes de la publicación del texto, el 30 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había aprobado su resolución 1.373 autorizando la invasión de Afganistán para aniquilar el régimen talibán, como medida preventiva para evitar nuevas masacres. Al juez Campeador le pareció una barbaridad: «Que Estados Unidos iba a reaccionar como anuncia que lo hará —invasión de Afganistán, acciones bélicas de comandos, bombardeos, acciones encubiertas— era lógico y esperado, pero la sumisión simiesca de todos no era previsible. Así resulta preocupante que países como Francia y España no hayan alzado la voz en forma clara para decir "no", para no aceptar la solución violenta como única posible, para desvelar la gran mentira de la solución final contra el terrorismo. Es lo que me ha hundido en una profunda depresión de la que apenas me recupero.

»No es posible que viva en un país que sufre el terrorismo desde hace más de treinta años y que día a día clama por la legalidad y el Estado de Derecho para hacerle frente, y que ahora se ponga el casco militar y decida ayudar sin límite a un hipotético bombardeo de la nada, a una masacre de la miseria, a un atentado a la lógica más elemental».

El juez, un tipo que había huido de la miseria de su pueblo de Jaén para instalarse confortablemente en un chalet de Pozuelo de Alarcón tapizado con alfombras persas, dotado de todas las comodidades y rodeado de cámaras de televisión y guardaespaldas, que cobraba un millón de pesetas por conferencia, se permitía dar lecciones de moralidad al resto de los occidentales. «Occidente y sus jerarquías políticas, militares, sociales y económicas han estado más ocupados del progreso abusivo y vergonzante, de la producción, la especulación y el beneficio globalizados que de una adecuada redistribución de la riqueza; de una política de exclusión social que de una mayor atención a la integración de los pueblos; o de una política de inmigración progresista y solidaria, del mantenimiento y la exigencia de la deuda externa, que de la implementación de recursos en esos países a los que ahora se les pide ayuda o comprensión, o a los que se amenaza con la guerra final, con la "justicia infinita" o con la "paz duradera"».

En este artículo, redactado por un grupo de pseudointelectuales marxistas de Argentina y Chile, varios de ellos vinculados al llamado Equipo Nizkor, y en el que el juez se había limitado a poner su firma, desgrana decenas de tópicos vacíos y demagógicos: «La paz o la libertad duraderas sólo pueden venir de la mano de la legalidad, de la justicia, del respeto a la libertad, de la defensa de los derechos humanos, de la respuesta mesurada, justa y eficaz. Como decía Victor Hugo, "el derecho está por encima del poder", y debe mostrar a este el camino y el respeto a esos principios tradicionales que constituyen la esencia de la civilización moderna y que le dan forma y contenido a la misma».

Pese a las declaraciones televisadas de Osama ben Laden amenazando a Occidente, el azote de ETA se permitía poner en cuestión que fuera el responsable de la ola de terrorismo fundamentalista islámico o el inductor de la voladura de las Torres Gemelas, y pedía que se le imputara y se acreditara su culpabilidad en un juicio público. No era consciente de que exactamente los mismos argumentos —acusar y encarcelar sin pruebas, inventándose los sumarios— eran utilizados por ETA y por el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco en su contra, publicados en miles de artículos.

Confundiendo lo que era una nueva forma de guerra no convencional —mucho más atroz al ir encaminada contra la población civil desprevenida e incauta— con un acto terrorista extremista, el juez concluía su artículo: «Ya sabemos cuáles son las consecuencias de la violencia y de las armas. Probemos ahora la fuerza de las manos unidas por la paz y el derecho en contra del terrorismo. Esta es la única respuesta, aunque probablemente no será la que se aplique».

Bajo el nombre de Operación Justicia Infinita, sustituido posteriormente por el de Operación Libertad Duradera, el 7 de octubre de 2001 una coalición anglo-estadounidense, con apoyo de Francia, Italia y los Países Bajos atacaba por diversos puntos Afganistán. La invasión del país se hacía con el apoyo de la ONU, de la Comunidad Internacional y ante la negativa del régimen talibán a entregar a la justicia a Osama ben Laden para que fuera enjuiciado. Tras un masivo bombardeo de las bases del ejército talibán y de los campamentos de Al-Qaeda, en Kabul, Kandahar y Jalalabad, los efectos fueron inmediatos: cinco días después de la ofensiva las defensas aéreas de la nación estaban destruidas, los sistemas de comunicaciones inutilizados y las pistas de aterrizaje de los aviones cubiertas de cráteres.

El 13 de noviembre de 2001 la Alianza del Norte tomaba Kabul, pero Osama ben Laden y el líder talibán, el mulá Omar, habían logrado escapar días antes cerca de Kandahar para esconderse en las montañas de Pakistán.

En medio de este panorama Baltasar Garzón ingresaba presuntamente en la masonería, según contó Pío Moa en Libertad Digital:507 al parecer, en una logia de la ciudad de los rascacielos vinculada a la Universidad de Nueva York, integrada esencialmente por profesores de Derecho, juristas, defensores de los derechos humanos y grupos en contra de la guerra.

«Antes del 11 de septiembre ya sabíamos que la ausencia de límites al poder no era ajena a muchos de nuestros dirigentes. En realidad, a la más que contrastada implicación histórica de las grandes potencias en la creación, financiación, entrenamiento y dotación de armas —incluso bacteriológicas y químicas de destrucción masiva— a organizaciones armadas y gobiernos terroristas [...] lo único que se ha añadido desde el 11 de septiembre es la publicidad».

El 28 de enero y el 5 de marzo de 2002 escribe dos nuevos artículos en El País bajo los títulos «Terrorismo y terroristas» y «Terroristas, halcones y criminales de guerra». Los firma junto al catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III José Manuel Gómez-Benítez. Más que perseguir el terrorismo, el primero de los artículos se centra en los dirigentes políticos, a muchos de los cuales califican de «halcones y criminales de guerra»: «Ahora no hay problema en reconocer públicamente que el ejército de Israel cuenta con una unidad de élite dedicada a ejecutar atentados mortales contra presuntos dirigentes de determinadas organizaciones terroristas palestinas. A su vez, en los medios de comunicación se alude a comandos norteamericanos que operan en determinados países en misiones especiales a la caza de terroristas vivos o (preferiblemente) muertos. [...] En Guantánamo los presos están metidos en jaulas, incapaces de moverse por sí mismos y disfrazados, y en Estados Unidos no se oculta que hay centenares de presos desaparecidos, interrogados en la clandestinidad, sin derecho a un abogado».

Los Estados Unidos, por lo tanto, se han colocado fuera de la ley al repeler la brutal agresión de las Torres Gemelas con métodos más propios de la Edad Media que de un Estado civilizado del siglo XXI. «Asistimos a la consolidación pública de los espacios sin derecho [Estados Unidos y Gran Bretaña] y a la consiguiente marginación de los tribunales de justicia en cuestiones de terrorismo y crímenes de guerra; [...] al uso de la guerra sucia, que hace más imperceptible la diferencia ética y moral entre los dos bandos», señalan los autores. «Los guerrilleros, paramilitares o soldados y sus superiores —incluidos los políticos que en un conflicto armado matan o torturan al enemigo herido o prisionero— [...] o no respetan las normas básicas del derecho internacional humanitario, no son terroristas, sino criminales de guerra, y como tales deben ser juzgados y condenados. [...] Si sobrepasan el listón perverso de sus respectivos crímenes, imprimiéndoles una dimensión masiva y sistemática, se convierten en responsables de crímenes contra la humanidad».508

Sin citarlo expresamente, al presentar una única fotografía —la de Estados Unidos— para describir esas atrocidades, Garzón y Gómez-Benítez están indirectamente llamando criminales de guerra sin citarlos a las autoridades de este país. Y crean el clima político para romper en el futuro la unidad monolítica creada en torno a la invasión de Afganistán. La Europa civilizada no puede colocarse al lado de unos bárbaros como los dirigentes de Estados Unidos, que han roto las normas de convivencia y han instaurado un espacio de impunidad. Para consolidar ese espacio vedado a la policía y a los jueces, los estadounidenses se han negado a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, señala Garzón. «Cuando los delitos objeto de investigación se produzcan en una campaña bélica apoyada, coordinada y dirigida por la OTAN —en la que están integrados los Estados Unidos, pero también países como España, que ha ratificado el estatuto— ¿qué sucederá? ¿Les afectará a [los ciudadanos europeos] la responsabilidad por las decisiones, aunque estas hayan sido tomadas por los mandos estadounidenses?», se pregunta el indómito magistrado.509

Descalificados los Estados Unidos, el paso siguiente para romper la coalición es olvidarse de los horripilantes crímenes de guerra de Saddam Hussein y centrar toda la artillería en atacar a los firmantes de la foto de las Azores. Ni siquiera con la «pérfida» ayuda de Pilar Urbano pudo Garzón perfilar un guión tan bien hecho.

«Ahí estaba yo, con los pantalones bajos y el trasero al aire y la enfermera blandiendo la aguja como si nada, con el terror que les tengo a las inyecciones. La mujer me decía: "Yo a usted le veo cara conocida, yo lo conozco de algún lado". Al final le dije quién era y ella me dice: "Ya me parecía, si anoche lo vi en la televisión". Pues póngame de una vez la inyección, mujer, le pedí, que si sigo aquí me va a dar un paro cardíaco». La anécdota, según cuenta el diario argentino Clarín, le ocurrió al juez Baltasar Garzón en 2005, en una farmacia porteña, donde tuvo que acudir a que le pusieran una inyección, pues estaba a punto de perder la voz.510 Según el periodista el magistrado se la contó, sin el menor rubor, en un restaurante de la calle de San Martín de Buenos Aires a los representantes de la Corte Suprema Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, el secretario y el subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Mattarollo, y el cónsul en Nueva York, Héctor Timerman.

Convertido en un producto mediático de consumo masivo, al igual que la Coca-Cola, la Viagra o leche Pascual, quizás no la más mala de las malaleches, no es extraño que alguna enfermera le conociera mientras le pinchaba el trasero. En el año 2003 Baltasar Garzón era uno de los personajes más populares del espectro judicial y social español. Ese año su nombre apareció reflejado en la prensa escrita en 78.232 ocasiones, cinco veces más que el del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando. De hecho era un personaje popular desde mucho antes. Sólo en el periódico El Mundo entre los años 1994 a 1996 se publicaron de él 4.172 noticias y 9.375 referencias en artículos de opinión, editoriales y cartas al director, además de 196 fotografías.511 Es decir, su nombre o fotografía figuró en letra impresa 13.743 veces, algo más de siete ocasiones por día. En el diario El País, entre 1987 y 2007, ha protagonizado 12.563 noticias de la sección de Nacional, aparte de figurar en 31.213 columnas de opinión, notas de sociedad y citas ajenas.

El servidor Google, probablemente el más potente de toda la red, ofrece 813.000 entradas tecleando Baltasar Garzón, de las cuales más de 500.000 se refieren al Zeus español, uno de los dioses mayores romanos, que encarnaba el ideal de la justicia.

Confundiendo el tocino con la velocidad o viceversa, o dicho con otras palabras, popularidad con autoridad y con rigor jurídico, en el año 2003 se siente tocado por la soberbia y la vanidad de los dioses —que como se sabe tenían muchas de las debilidades de los hombres— y se dedica a dar lecciones sobre cómo conducir la lucha contra el terrorismo islamista a los dirigentes de todo el mundo.

«Hace unos meses fui con mi hijo a ver la película de George Lucas que titula este artículo.512 Por entonces se comenzaba a hablar de la guerra de Iraq, uno de los temidos ejes del mal. En aquel momento pensé que si se llegaba al estado actual de cosas [inicio de los preparativos para la invasión de Iraq] es que la demencia se había instalado definitivamente en el mundo y en esta situación los jedi no podrían contener al lado oscuro de la Fuerza».

Era el 27 de enero de 2003. Por aquellas fechas el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, había obtenido en la ONU el apoyo de un grupo de países para formar una alianza militar que invadiese Iraq con el objetivo de derrocar al Gobierno de Saddam Hussein. La coalición estaba formada por Estados Unidos, Reino Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría. Bush recibió también el apoyo de los gobiernos de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, Israel y Kuwait. Francia, Alemania, China, México y Rusia manifestaron su total oposición a medidas de fuerza contra Iraq y fueron partidarios de una salida negociada a la crisis

En este contexto, el artículo de Garzón podía ser cualquier cosa menos inocente. Al día siguiente de su publicación había convocadas manifestaciones en contra del conflicto en todo el mundo, desde Yakarta a Nueva York. Convertido en un improvisado agitador de masas, dispuesto a calentar el ambiente, Garzón continuó: «No me siento representado ni por los postulados que inspiran esta atrocidad ni por las instancias políticas que la autoricen ni por mi Gobierno ni por ninguna otra institución que la apoyen. Por eso apostato de quienes dirigen un Estado [España] que no es capaz de contener una locura como la que estamos viviendo; de un gobierno que entre surcos de negro vertido, y con una tendencia al reino de la seguridad a secas, sin término para la libertad o las garantías, y que goza de una posición privilegiada en el Consejo de Seguridad de la ONU, es incapaz de alzar la voz, que sin duda encontraría eco, para oponerse a la bota militar que amenaza con pisotearnos y destruirnos como pueblo».

Sin ejercer la más leve crítica a Saddam Hussein ni a la amenaza que constituye para la paz en las dos últimas décadas, al haber promovido una guerra con Irán y al invadir el reino de Kuwait provocando la primera Guerra del Golfo, ni a su política genocida iniciada contra los kurdos, a los que gaseó aniquilando pueblos enteros, usando un leguaje mitinero que no era habitual en él hasta entonces el juez universal continuaba: «Y lo hago porque está en juego nuestra dignidad como personas; y lo hago porque soy yo y mis hijos quienes vamos a pagar parte de esta guerra; y lo hago porque la misma ni es legítima ni justa y claramente quebranta la legalidad internacional; y lo hago porque está en juego nuestra dignidad como personas; y lo hago porque mi gobierno no es capaz de exigir a los Estados Unidos que cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

En su enfebrecido análisis de la realidad, llega a comparar a Saddam Hussein con José María Aznar y a exigir a un gobierno elegido democráticamente y mayoritario que convoque un referéndum: «No tengo el talismán que dé la solución equidistante entre un dictador agónico [Saddam] y un mandatario que ha sobrepasado los límites de la legalidad democrática y que presenta tics autoritarios y militaristas. [Exijo] que el Gobierno español se someta a debate parlamentario o incluso a consulta popular, porque a todos nos afecta el hecho de que España declare una guerra. Desgraciadamente, al contrario que otros líderes, en España el control del Parlamento y las explicaciones al mismo no pasan de una simple comisión», escribe.

«Mientras tanto —concluía el juez estrella, a unos meses de convertirse en juez estrellado— [tenemos] que protestar en forma continua y masiva contra esta guerra injusta, en todos los foros».

El artículo sentó como un tiro en La Moncloa, especialmente entre los asesores del presidente del Gobierno, a donde llegó la noticia de que Baltasar Garzón se había reunido con el secretario general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el fiscal José Jiménez Villarejo y habían estudiado la posibilidad de procesar a Aznar por crímenes de lesa humanidad si metía a España en la contienda: «Adviértele a tu presidente que los delitos de genocidio y de lesa humanidad son delitos de autor, que la responsabilidad es personal, como quedó acreditado en Núremberg y Tokio, y que son delitos que no prescriben nunca. Tarde o temprano le sentaremos en la Corte Penal Internacional», le contó Gaspar Llamazares a Gabriel Cisneros, hoy fallecido, por los pasillos del Congreso de los Diputados.

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La Federación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica (FAIPII), el Proyecto Hombre, la Fundación por los Pueblos Indígenas, Periodistas sin Fronteras, Deportistas contra la Droga, Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid, Al Sur del Sur y otros colectivos marginales se dedican a recoger firmas para que el magistrado que ha invadido el área de actuación del Gobierno no fuera condenado.

En efecto, un mes antes, el 7 de marzo de 2003, el sindicalista Miguel Bernad Remón y otros, en nombre del colectivo Manos Limpias, habían presentado una denuncia contra el juez Baltasar Garzón en el Consejo General del Poder Judicial. En el escrito le acusaban de erigirse en «salvador de la Patria», de censurar e intentar coaccionar al presidente del Gobierno al que atribuye dirigir «esta locura [la guerra de Iraq] con una sordera tan desconcertante como peligrosa» y de atentar contra la independencia del poder Ejecutivo y de su presidente. Por todo ello, insta a la comisión disciplinaria del Consejo a que le abra expediente por «falta muy grave».513

A esta denuncia se une una segunda de otro grupo de ciudadanos desconcertados por el «mitin» en contra de la guerra de Iraq lanzado por el juez el 6 de abril en la Puerta de Alcalá de Madrid, donde sin tener en cuenta su condición de juez volvió a poner de «chupa dómine» al Gobierno. Estamos en abril de 2003.

Semanas más tarde, el 21 de mayo de 2003, el jefe de servicio de la Unidad Inspectora Central, Fernando L. Ruiz Piñeiro, propone al Consejo General del Poder Judicial abrir un expediente al juez por la presunta comisión de una falta grave al amparo del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.514

En medio de presiones del PSOE, Izquierda Unida, el Gran Oriente Español de España de la masonería y otras instituciones, los consejeros Agustín Azparren, Fernando Salinas, Félix Pantoja, Carlos Ríos y Enrique López se citan a puerta cerrada para debatir el asunto.

Al final, tras una larga discusión, el juez de Torres salva su puesto —no así su promoción dentro de la carrera— por los pelos, por tres votos frente a dos (los de Agustín Azparren, Fernando Salinas y Félix Pantoja frente a los de los vocales Carlos Ríos y Enrique López). Pese a todo, no se libra de un voto particular elaborado por el portavoz del Consejo, Enrique López, al que se suma Carlos Ríos, quienes califican su actitud como una «injerencia intolerable» en la política del Gobierno. «Jueces y magistrados vienen obligados a cumplir con el deber de lealtad constitucional y de separación de poderes, que en este caso se ha infringido gravemente»,515 afirman en un voto expresado de viva voz.

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El 16 de marzo de 2003 los tres principales mandatarios comprometidos políticamente en la invasión, George W Bush, Tony Blair y José María Aznar se reúnen en la base militar de Lajes, en la isla Terceira (Azores), con el presidente portugués, José Manuel Durao Barroso. Como ya hemos visto, allí se decidió dar a Saddam Hussein un plazo de veinticuatro horas para cooperar con las Naciones Unidas en el desarme de su ejército, al que se supone en posesión de armas de destrucción masiva.

Dos semanas antes de decidirse la invasión, el juez Baltasar Garzón vuelve a despacharse a gusto en un nuevo artículo contra la posición del Gobierno español en la contienda. El artículo se titula «Sr. Presidente», y en él el defensor de los derechos humanos —salvo los de los kurdos, iraníes y kuwaitíes gaseados por Saddam Hussein— se dirige a Aznar de tú a tú, en primera persona, como si hubieran sido compañeros de pupitre del Colegio del Pilar: «A veces, señor presidente, me da la sensación de que enfrente no tenemos políticos, sino muros de piedra resbaladiza por la humedad y el humus pestilente de quienes carecen de sentimientos. No recuerdo un grado de protesta y de auténtica rebelión popular como el que su postura, señor presidente del Gobierno, está generando en todos los estratos y clases sociales españoles. Tampoco recuerdo mayor grado de cinismo en algunos líderes políticos, que utilizando toda la demagogia y la manipulación de los medios de comunicación que controlan confunden gravemente a los ciudadanos jugando con su seguridad y sometiéndolos a un "bombardeo" constante de mentiras y medias verdades que apenas les dejan respirar».

En 2003, el juez galáctico se postula de nuevo como candidato al Nobel de la Paz. Para ganar puntos ante la opinión pública mundial necesita hacer méritos. En el artículo que venimos comentando no sólo se despacha a gusto con el presidente del Gobierno. Le dicta también lo que tiene que hacer: «Creo, humildemente, que entre las obligaciones que ahora debe cumplir está la de sumarse al grito de oposición a la guerra y hacerlo abiertamente en el ámbito de sus competencias. Como ciudadano, tengo derecho a pedírselo, e incluso exigírselo, porque el derecho a la paz es mi derecho y la guerra es la negación de este derecho y de la justicia más elemental, a la vez que la derrota de todos».516 A continuación, añade: «Ninguna disciplina de voto puede obligarles a votar por encima de aquel derecho. Y si finalmente lo hacen, no olviden su responsabilidad en la masacre que se anuncia, porque ustedes son responsables directos si avalan esta locura. Ningún reglamento de régimen interno les obliga a votar en contra de su conciencia, pero si a pesar de ello ustedes votan en contra de aquel derecho, no olviden que serán responsables de cada una de las vidas que se pierdan en esta posible guerra, incluida la de los soldados españoles que sean enviados al escenario del conflicto. [...] Ustedes deben decidir en qué bando juegan, si en el de la legalidad internacional y nacional, pero la real, no la del márketing, ni la fatua, ni la de las palabras huecas, o en el bando de la falsedad y del interés oculto de unos pocos que pretenden sobornar nuestras conciencias».

Como magistrado que aspira no sólo a revestirse de los máximos oropeles mundiales, sino a presidir incluso la Corte Penal Internacional, advierte veladamente de los riesgos de tener que sentarse algún día en el banquillo de los acusados: «Señor presidente, con respeto pero con enorme firmeza le digo que usted no puede ni debe ir de la mano de quien está haciendo gala con su política de la consumación de la doctrina de "los espacios sin derecho"; ni de la mano de quien se ha desvinculado de la Corte Penal Internacional; ni unido a quien, de hecho, está construyendo espacios de impunidad que perjudican a la comunidad internacional: ¿acaso usted tampoco cree en la justicia internacional?».

El 28 de febrero de 2004, a apenas dos semanas del atentado del 11-M y de las elecciones generales que darían el triunfo al PSOE, convertido en el guardián absoluto de la justicia universal, Baltasar Garzón vuelve a la carga: «Hace ahora un año millones de personas salimos a la calle en todo el mundo para evitar una guerra; para gritar que la acción que estaba a punto de cometerse contra Iraq mancharía una vez más a la humanidad. En aquellos momentos se iniciaba lo que denominé la "revolución por la paz", con la que, de manera práctica, se quería construir esta parcela de la historia en una forma distinta, más participativa y, por tanto, más real. Los promotores de aquella guerra apostaron por una acción preventiva y "terapéutica" pensando que salvarían a una parte del mundo, y minusvaloraron, cuando no despreciaron, a todos los que defendimos una opción diferente».

En un artículo publicado en las páginas de opinión de El País y titulado «Tiempo de canallas», parodiando el libro de Lilian Hellman sobre la cobardía colectiva en la época de la caza de brujas en los Estados Unidos, el eterno aspirante a Premio Nobel agrega:517 «¿Ustedes se acuerdan de que hubo una guerra en Iraq? ¿Recuerdan asimismo que ha habido, según las estimaciones más fiables, más de 30.000 civiles muertos y que más de 10.000 soldados iraquíes perdieron la vida en la misma? ¿Por qué no se publica la historia de la vida actual de las familias, de los militares, de los ciegos, de los sordos, de los sin piernas? [...] La postura frente a estos manipuladores natos es la de la intransigencia ética; no hay pacto ni consenso posible con ellos, sino sólo la exigencia de responsabilidades políticas y cualesquiera otras que procedan».518

El «juez de jueces» concluye: «Frente a ellos debemos demostrar nuestra indignación activa, cuando los responsables de una guerra ilegal no asumen su responsabilidad o ni siquiera dan explicaciones; cuando un determinado responsable político europeo [Silvio Berlusconi] se asegura su imperio empresarial, sanciona las leyes adecuadas para tal fin, denuesta a la oposición y ataca a los jueces sin respetar sus resoluciones en tanto que le son adversas; cuando la administración norteamericana quebranta, en forma constante, los derechos humanos de miles de extranjeros.

»Por cierto, bueno sería que algunos de nuestros políticos [por Aznar] aprendieran la diferencia entre resistencia y terrorismo; entre acciones contra un ejército invasor sin cobertura legal y atentados terroristas, y también que dejaran de jugar no sólo con las palabras, sino también con la buena voluntad de millones de personas que estuvimos en contra de la guerra, que pedimos responsabilidades».

El atentado del 11-M, días más tarde, demostraría que las barreras entre terrorismo y guerra convencional no eran tan nítidas como el superjuez sospechaba, y que los asesinos de la masacre de Atocha cometieron las mismas barbaridades de las que se quejan en Iraq sin pedir permiso a las Naciones Unidas.

Era lo de menos: la obsesión del juez estrella era llegar a lo más alto. Si no había podido sentar en el banquillo a Felipe González, ahora tenía la oportunidad de hacerlo con su sucesor, José María Aznar.

Aunque Garzón juró públicamente que como se produjera un solo muerto del contingente español en Iraq inmediatamente abriría diligencias, llamaría a declarar a la familia de las víctimas y los altos cargos de Defensa y elevaría un auto motivado al Tribunal Supremo para pedir el procesamiento de Aznar por genocidio y crímenes de lesa humanidad, su postura beligerante contra el Gobierno le habría impedido hacerlo. «Habría bastado examinar los diversos intentos de abrirle expediente disciplinario para que quedara automáticamente recusado», afirma el portavoz del CGPJ Enrique López. Instados directa e indirectamente por el juez que ya intentó acabar con Felipe González y ahora pretendía perseguir a su sucesor, no habían perdido el tiempo cuando menos en intentarlo.

La sede del Tribunal Penal Internacional ocupa un edificio en La Haya, a cuya inauguración asistió el presidente de las Naciones Unidad, Kofi Annan, y la reina Beatriz de Holanda. El 2 de mayo de 2004, apenas trece meses y medio después de su entrada en funcionamiento,519 un grupo de abogados e intelectuales madrileños presentaban ante el fiscal Luis Moreno Ocampo, de nacionalidad argentina y uno de los investigadores de la represión en su país, una denuncia contra el presidente del Gobierno de España, José María Aznar. Actuaban como representantes de un total de 13.500 artistas de la Plataforma Cultura y Espectáculos en Contra de la Guerra, integrada por diecisiete entidades de actores y actrices de las diferentes comunidades autónomas. En su escrito de denuncia acusaban a Aznar «por su implicación de forma ilegal en la guerra contra Iraq, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como consecuencia de ello, la comisión competente estudiará la pertinencia o no de abrir el correspondiente proceso contra José María Aznar».

Las causas de la denuncia se centraban en crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como en el delito internacional de agresión, definido en la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que establece que «la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado».

Para los denunciantes Aznar se había hecho responsable de los crímenes internacionales aludidos «porque decidió sumarse personalmente, y sin declaración de guerra por parte del Parlamento español, a la coalición que protagonizó la guerra y la invasión de Iraq que ha costado miles de vidas civiles».

El proceso de esta querella se inició en abril del año 2004 por parte de una comisión emanada de la Plataforma Cultura y Espectáculos en Contra de la Guerra.

Por su parte, algunos escritores, filósofos e «intelectuales» ligados a Izquierda Unida, que suelen irse de vacaciones a la isla de Cuba y jamás condenaron la dictadura comunista ni sus atrocidades, han creado otro contubernio, con varias páginas de internet incluidas, para sentar al presidente del Gobierno en el banquillo.520

En su libro Un mundo sin miedo Baltasar Garzón vuelve a plantear, sin decirlo expresamente, la necesidad de sentar al trío de las Azores, incluido José María Aznar, en el banquillo. «La guerra de Iraq —dice— fue una guerra ilegal porque fue declarada unilateralmente por Estados Unidos y el Reino Unido y apoyada por otros países como España, Australia y Polonia fuera del marco del derecho internacional [ya que] el único organismo que podía hacer esa declaración era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, [el cual instó] a usar todos los medios para verificar si Iraq disponía de armas de destrucción masiva antes de recurrir al uso de la fuerza militar.521

»El derecho internacional prohíbe el recurso unilateral a la fuerza armada salvo que constituya un acto de legítima defensa frente a un ataque armado previo. Sin embargo, en esta ocasión, esa declaración de guerra se escenificó en la cumbre de las Azores que protagonizaron George Bush, Tony Blair y José María Aznar.

»El entonces presidente español no consultó con su gabinete la postura del Gobierno español, no escuchó la opinión del Parlamento español y desoyó la voluntad de los ciudadanos que masivamente se habían pronunciado en contra de la guerra.

»El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece como crimen de guerra los ataques dirigidos contra civiles o bienes provocados por una guerra ilegal». El presidente español, «al declarar ilegalmente una guerra al reunirse con Bush y Blair en las Azores», había cometido un delito de lesa humanidad como poco. «Ese delito puede ser perseguido por ese tribunal [Penal Internacional] al tener jurisdicción universal, al menos en los países que lo integran», entre ellos España y el Reino Unido.

El 20 de marzo de 2007, al cumplirse cuatro años de la invasión de Iraq, los diputados de todos los grupos parlamentarios, salvo los del Partido Popular, se concentraron ante la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados para condenar de nuevo la guerra. Posteriormente el máximo dirigente de Izquierda Unida y el portavoz socialista Diego López Garrido se refirieron a la exigencia de que el ex presidente del Gobierno José María Aznar fuera procesado por el Tribunal de la Haya: «Nosotros, el PSOE y el Gobierno —dijo López Garrido— acataremos y respetaremos lo que diga el Tribunal Penal Internacional respecto a las responsabilidades del inicio de esa guerra. Estamos dispuestos, sin embargo, a apoyar cualquier investigación».

Aprovechando el río revuelto, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declaró que «era el momento de juzgar a las personas que comenzaron la guerra, uno de los episodios más sórdidos e injustificables de la historia de la humanidad reciente».

En un artículo de opinión publicado en el diario El País, afirmó que los líderes estadounidenses y otros que apoyaron la decisión del presidente George W. Bush de invadir Iraq deberían responder de sus actos. «Debería profundizarse sobre la eventual responsabilidad penal de quienes son o fueron responsables de esta guerra y si existen indicios bastantes para exigirles dicha responsabilidad. Seiscientos cincuenta mil muertos son un argumento suficiente para que esa investigación e indagación se aborden sin más dilación», señaló.

Garzón fue especialmente crítico con el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, que respaldó la invasión. «Habría que preguntarle por qué no actuó como aconsejaba la prudencia, dando más margen a los inspectores de Naciones Unidas, en vez de hacer lo contrario, con una fidelidad y sumisión totales al presidente Bush», dijo Garzón.

El 17 de agosto de 2007, en Edimburgo, reconoció al menos que no iba a ser él personalmente quien iniciara las pesquisas para llevar al Tribunal Supremo a Aznar, como trató de hacer años antes con Felipe González. «Algún día, tarde o temprano, habrá que exigir responsabilidad penal a los que promovieron la guerra de Iraq. Aunque yo, personalmente, no podré hacerlo. Estoy completamente contaminado, pues he sostenido una posición pública muy beligerante en contra del conflicto».522

El justiciero universal, por una vez en su vida, renunciaba a ser protagonista de la historia.

Capítulo XIX

El juicio de las Torres Gemelas

Fue un español, Herculano Izquierdo, nacido en Zalla (Vizcaya), jurista de la Fiscalía de Manhattan y mano derecha del legendario fiscal Robert Morgenthau, quien descubrió la «célula de Hamburgo» de Al-Qaeda. Una semana antes de que se suicidara pilotando un avión contra las Torres Gemelas había viajado por casualidad con Mohamed Atta en un vuelo de Lufthansa desde Alemania a Nueva York, e inmediatamente le reconoció en los vídeos. El 11 de septiembre de 2001, cuando los seguidores de Osama ben Laden causaron en los Estados Unidos el atentado terrorista más grande de todos los tiempos, Baltasar Garzón estaba en México y se juró que dedicaría los próximos meses de su vida a impedir que una catástrofe igual volviera a repetirse. De regreso a Madrid se dedicó a buscar las ramificaciones de los terroristas de Nueva York y Washington hasta debajo de las piedras para hacerles a todos ellos un juicio paralelo al de las Torres Gemelas en Madrid. Tras investigar a centenares de musulmanes y descubrir a dos comandos con teléfonos Trium (similares a los supuestamente empleados más tarde, el 11 de marzo de 2004 en Madrid), hizo otro de los ridículos de su carrera judicial. Fue tal su falta de rigor que la Sala de lo Penal tuvo que agarrarse a otro delito para no dejar en libertad a las personas que él consideraba la «trama española vinculada al terrorismo de Al-Qaeda en los Estados Unidos». Veamos los hechos paso a paso.

***

El 11 de septiembre de 2001, cuando Al-Qaeda derribó las Torres Gemelas de Nueva York, el juez Fernando Baltasar Garzón Real estaba, como dijimos, en México, en concreto en el hotel Nikko, situado en la calle de los Campos Elíseos del barrio de Polanco, al otro lado del parque de Chapultepec. Estaba invitado a pasar una semana en la capital azteca por la LIV Legislatura del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de la Baja California. Allí debía dictar varias conferencias y recibir media docena de premios y galardones de diversa índole,523 como ocurre por lo general en sus viajes al extranjero.

En el momento en que ocurrió el «mayor atentado de la historia de la humanidad» tenía que intervenir en un programa de televisión para hablar sobre la Corte Penal Internacional, pero no pudo hacerlo. Ese día se dio cuenta de que poco más de una docena de terroristas podían cambiar el mundo. «Al observar la magnitud de la catástrofe se me puso un nudo en la garganta que todavía no se me ha deshecho», ha dejado por escrito para la posteridad.

A su vuelta a Madrid, moviéndose como siempre a golpe de opinión pública y de los réditos personales que ésta pudiera procurarle, se obsesionó en buscar la conexión española de la red terrorista. Conoció entonces las investigaciones del fiscal de origen español Herculano Izquierdo, de la Fiscalía de Nueva York, donde lleva treinta años trabajando al frente de doscientos cincuenta abogados. Fue allí donde se enteró de que los atentados se habían planificado en Europa, concretamente en Hamburgo, por lo que se dedicó a trabajar en esa dirección con la Brigada de Información Exterior de la Comisaría General de Información.

Dispuesto a celebrar en la Audiencia Nacional el verdadero juicio de las Torres Gemelas de Nueva York y del Pentágono de Washington, aunque los hechos hubieran ocurrido a miles de kilómetros de distancia, dos años y unos días después, el 17 de septiembre de 2003, fue una de esas jornadas felices, pletóricas para el juez Baltasar Garzón. A las nueve de la mañana tenía sobre la mesa un auto de 692 folios mediante el cual atribuía a 35 árabes afincados en España —la mayoría de ellos de origen sirio, desconectados de los saudíes de la matanza de Estados Unidos— el delito de llevar a cabo actividades ilegales, en combinación con la «célula de Hamburgo», para planificar, preparar y cometer los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Acostumbrado a crear castillos en el aire y a vivir del espejismo efímero de los fuegos artificiales, que luego se convierten en fracasos rotundos, en su auto procesa, antes incluso que los estadounidenses, al mismísimo Osama ben Laden, alias Abu Abdullah, y ordena su busca y captura internacional para juzgarlo en España. Le considera el responsable de la red internacional de terrorismo integrista, la cual, según el experto estadounidense Richard A. Clarke, pretende echar a los judíos y a los representantes de los países occidentales de la península arábiga, acabar con los gobiernos apóstatas y corrompidos y crear un califato en Oriente Medio.

«Como máximo jefe de Al-Qaeda desde su creación —se dice en el auto—, Osama ben Laden ha instaurado la yihad [guerra santa] mundial o global contra Occidente y los infieles de sus propios países para establecer el Estado islámico universal, basado en la estricta ley islámica [la sharia] y acabar con todos los males que padece actualmente el pueblo musulmán. [...] Para Ben Laden existe un enfrentamiento insalvable entre el mundo islámico y el mundo occidental, representado este último por Estados Unidos, la cabeza de la serpiente, y el Estado de Israel».

El juez concretaba los planes del hombre más buscado del mundo desde mucho antes del 11 de noviembre de 2001 en cuatro puntos:

«1.-Conseguir que los lugares sagrados del Islam (Jerusalén, La Meca, Medina) queden libres de tropas occidentales o judías».

»2.-Reconquistar los territorios árabes [sic] que actualmente están integrados en países no islámicos (Chechenia, Cachemira, Palestina, Turquía).

»3.-Establecer gobiernos islámicos por la fuerza, basados en la sharia, en todos aquellos países musulmanes que tienen gobiernos laicos.

»4.-Extender el Islam a todo el planeta mediante la solidaridad islámica y la yihad para conseguir un califato universal donde sólo se profese la religión de Mahoma, el verdadero profeta».

Aplicando el principio de justicia universal, que los Estados Unidos no aceptan, y buscando de nuevo colocarse en primera fila para ver reflejada su foto en la prensa mundial, les procesa por todos los asesinatos cometidos en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington.

Los hechos que el juez instruye arrancan el 11 de septiembre de 2001, momento de la acción más audaz y colosal realizada jamás por el terrorismo mundial.524 A las ocho de la mañana, diecinueve terroristas suicidas de Al-Qaeda armados con cuters secuestran cuatro aviones, dos de American Airlines y otros dos de United Airlines en los aeropuertos de Boston, Washington y Newark (Nueva Jersey). Degüellan a las azafatas y a algún piloto, se hacen con el control de las aeronaves y las estrellan contra el Pentágono (Washington) y las Torres Gemelas de Nueva York. El cuarto aparato, que iba destinado a la Casa Blanca o al Capitolio, acaba contra un descampado en Pensilvania al no poder hacerse los terroristas con el control del pasaje y de la tripulación.525

Todo había comenzado, en realidad, en 1998, cuando Ben Laden declaró la guerra santa a los Estados Unidos e hizo pública una fatwa o llamamiento a la guerra santa con su firma llamando a matar a civiles estadounidenses «en cualquier parte del mundo» para acabar con el imperialismo y la opresión del mundo árabe. Por esa época, en agosto de 1998, las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Nairobi son atacadas casi simultáneamente con dos coches bomba, con el resultado de 226 muertos y casi 5.000 heridos.526 Meses antes, un grupo de soldados aerotransportados de la Delta Force son atacados en Somalia, con un saldo de dieciocho muertos al ser derribado el helicóptero Black Hawk desde el que operaban. Lo más tenebroso de todo fue que los cadáveres de los soldados estadounidenses fueron descuartizados y arrastrados por las calles de Mogadiscio527 en una terrible orgía de sangre.

Por último, el 12 de octubre de 2000 el destructor USS Cole hace una escala rutinaria en el puerto de Adén (Yemen) para aprovisionarse de combustible. Media hora después, a las 11.18 de la mañana, es atacado con una barcaza cargada de explosivos que, pilotada por los suicidas Ibrahim al-Thawr y Abdullah al-Misawa, se estrella contra un costado. La colisión origina un boquete al navío y provoca 17 muertos y 39 heridos entre la tripulación. Al-Qaeda reivindica todas esas acciones, que no consiguen la repercusión mediática que esperaba Ben Laden en Estados Unidos.

Lo que en cambio resultó doloroso y espectacular fue el atentado contra las Torres Gemelas. El desplome de las torres, visto por millones de personas en directo, fue como vivir en persona la Guerra de las Galaxias. Las dos torres, una de 415,5 metros (108 pisos) y otra de 417 metros (521 con la antena de televisión, unas 110 plantas), se vinieron abajo con sus 200.000 toneladas de acero, 325.000 metros cúbicos de hormigón, 55.000 metros cuadrados de superficie acristalada correspondiente a 43.600 ventanas, 239 ascensores con una capacidad media de 55 personas, 71 escaleras automáticas y 930.000 metros cuadrados de superficie de oficinas. Unas 50.000 personas trabajaban en las torres, que recibían hasta 150.000 visitantes al día, en su mayoría turistas extranjeros. En su desplome inutilizaron las estaciones de trenes y metro subterráneas y varios edificios y hoteles colindantes, que no pudieron soportar el peso de los cascotes.

El mayor atentado de la historia de la humanidad, que causó 2.989 muertos y 24 desaparecidos, parecía la respuesta terrorista a la invasión de Afganistán, donde Al-Qaeda pretendía establecer un régimen talibán que hiciera retroceder la civilización (especialmente los derechos de la mujer) a la edad de piedra. Una acción que había conmocionado al mundo y alterado la concepción del terrorismo y su manera de combatirlo en las sociedades occidentales.

Hijo del jeque Muhammad ben Laden, un ingeniero yemení instalado desde comienzos de los años treinta en Arabia Saudí, donde hizo una fortuna colosal al convertirse en el mayor contratista de obras de la familia real Saudita, y de madre originaria de Siria, Osama ben Laden nació en 1957 en Jedda, Arabia. Aunque fue uno más de los cincuenta y cuatro descendientes que el jeque Ben Laden tuvo en su vida, a la muerte de su padre, en 1968, Osama, con trece años, poseía una fortuna de 80 millones de dólares. Influenciado por el fundamentalista islámico Sheik Abdullah Azza, tras la caída del sha de Irán y la invasión soviética de Afganistán abandonó su carrera de ingeniero para encabezar los movimientos integristas que proclamaban la yihad o guerra santa contra los comunistas y el Occidente «podrido y decadente». Tras trabajar para la CIA en Afganistán, en 1988 crea Al-Qaeda (La Base) y se dedica a combatir a sus antiguos aliados por todo el mundo.

El masivo ataque contra los Estados Unidos, la meca del capitalismo y del mundo occidental, utilizando sus aviones comerciales cargados de combustible como bombas volantes guiadas por kamikazes fue su acción más espectacular y siniestra.

Todos los servicios secretos y policías del mundo se ofrecieron a colaborar con los Estados Unidos en el esclarecimiento de los hechos. Algunos, como Baltasar Garzón, estaban dispuestos incluso a abrir un sumario y a procesar al multimillonario Saudita residente por entonces en Afganistán, el responsable del Eje del Mal.

El elemento para reabrir el sumario no se lo dieron la Policía española ni la alemana, sino la Comisión Nacional de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, donde se habla por primera vez de la célula de Hamburgo y de una reunión clandestina del jefe de los suicidas en España para ultimar los planes.

De la misma manera que había abierto sumarios con el informe «Nunca Más» del escritor Ernesto Sábato o el Informe Rettig para procesar a las juntas militares de Argentina y Chile, el informe del Congreso estadounidense, adelantado por el FBI y la CIA con meses de anticipación,528 sería la pieza fundamental para hilar las investigaciones descoordinadas e inservibles de la Brigada de Información Exterior y montar el macrojuicio de Al-Qaeda en Madrid. Conviene, por lo tanto, que conozcamos someramente el informe del Congreso estadounidense en lo que concierne a España: «En enero de 2001 se sabe que había dos personas comprometidas con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono con el grado de dirigentes operativos. Uno de ellos era Ramzi Binalshibh, que coordinaba el operativo de los Estados Unidos entre Osama ben Laden y Mohamed Atta,529 el jefe de los pilotos suicidas.

»Tras reunirse en Berlín en enero vuelven a citarse a finales de mayo en Kuala Lumpur para ultimar los preparativos. Binalshibh, que viene de Afganistán de hablar con Osama ben Laden, trae nuevas instrucciones: deben concentrar todos los esfuerzos en el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono, la Casa Blanca o el Capitolio. "Ben Laden prefiere la Casa Blanca al Capitolio", le dice».530

Después de varios intentos frustrados para reunirse en Malasia, Bangkok y Alemania, Mohamed Atta cita a su enlace con Ben Laden a principios de julio en Madrid. «En Alemania me conoce mucha gente y temo que nos vean juntos. Es un riesgo para la operación que no debemos correr.

»Atta cogió un avión para Madrid. Sin embargo, debido al overbooking turístico Ramzi Binalshibh sólo pudo encontrar plaza para Reus (Gerona). El jefe de los comandos suicidas llegó a la capital de España el 8 de julio, pasó la noche en hotel Diana Cazadora, habitación 109, e hizo tres llamadas desde su habitación, probablemente para coordinarse con su enlace.

»Al día siguiente cogió un coche de alquiler y se desplazó hasta Reus, donde tras recoger a Binalshibh se desplazó a la localidad turística de Cambrils. Los registros de los hoteles muestran que alquiló dos habitaciones hasta el 19 de julio, cuando devolvió el coche y voló a Fort Lauderdale y Binalshibh regresó a Alemania.

»En los encuentros de Cambrils, el enlace entre Osama ben Laden y Mohamed Atta le contó a este último que el jefe de Al-Qaeda estaba muy preocupado por tener tantos agentes en los Estados Unidos y exigía que la operación se realizara cuanto antes. Atta replicó que no podía darle una fecha exacta. Estaba demasiado ocupado organizando la llegada de los secuestradores y aún necesitaba tiempo para sincronizar los vuelos para que los ataques se produjeran simultáneamente. Añadió que hasta cinco o seis semanas más tarde no podía iniciar nada.

»Charlaron también sobre un ataque a la Casa Blanca, pero a Atta le parecía un objetivo demasiado difícil porque el espacio aéreo circundante estaba restringido. En cambio, habían realizado vuelos de reconocimiento con pequeñas avionetas sobre el Pentágono y el Capitolio y no existía la misma seguridad.

»Durante la reunión en España, Atta también mencionó que había considerado como objetivo una instalación nuclear que había visto durante los vuelos de familiarización cerca de Nueva York: un objetivo al que se referían como "ingeniería electrotécnica". Según Binalshibh, a los demás pilotos no les gustaba la idea. Pensaban que un objetivo nuclear sería difícil porque el espacio aéreo circundante estaría restringido, lo que imposibilitaría los vuelos de reconocimiento y aumentaría la probabilidad de que algún avión pudiera ser derribado antes de impactar.

»La forma de realizar los secuestros de las aeronaves fue otro de los puntos de conversación entre los dos terroristas musulmanes. Yo y Shehhi no hemos encontrado problemas para llevar cuters en los vuelos de reconocimiento, con unos simples cuters puede hacerse. El mejor momento para irrumpir en la cabina del piloto era a los quince minutos del despegue, cuando generalmente las puertas se abrían por primera vez. Si no ocurría así tenían que tomar a algún pasajero como rehén y amenazar con matarlo.

»Se habló también del tipo de avión a utilizar. El terrorista saudí prefería los Boeing y los McDonnell Douglas estadounidenses a los Airbus europeos. Estos últimos era más difíciles de pilotar y disponen de un sofisticado dispositivo que no les permitía estrellarse contra el suelo.

»La consigna de Ben Laden había sido clara. Si no lograban alcanzar los objetivos previstos, debían estrellar los aviones contra el suelo causando el mayor número de víctimas posibles. Atta estaba completamente de acuerdo. Si no lograba llegar a la Torre Gemela asignada, lanzaría el avión contra las calles de Nueva York».

El informe de la Comisión Nacional de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, que preside el congresista republicano Thomas Kean no cita para nada a España como uno de los lugares donde se preparó el atentado de las Torres Gemelas. Pero Garzón, el único individuo que se atribuye la creación del Tribunal Penal Internacional que instituyó las Naciones Unidas, no podía tolerar quedarse al margen de una investigación tan relevante. Luego se sabría que el juez más incorruptible lo que había hecho, en realidad, era desempolvar un sumario viejo, actualizarlo un poco y presentarlo como su gran aportación al esclarecimiento de uno de los más horripilantes crímenes de los albores del siglo XXI. Veamos cómo ocurrieron los hechos:

La calle de Anastasio Herrero de Madrid es uno de esos pequeños callejones, de una manzana de longitud, situado entre las calles de Bravo Murillo y Lérida, en el barrio de Tetuán, en las cercanías del mercado de San Enrique y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El fin de semana del 28 al 30 de julio de 1994 la vía registró una inusual concurrencia. En la mezquita Abu Baker, situada en el número 5, se celebraba un congreso de radicales islamistas, los llamados Soldados de Alá.

Agentes de la Unidad Central de Investigación Exterior de la Comisaría General de Información vigilan por los alrededores, especialmente a las personas con rasgos árabes que salen de la boca del metro de Tetuán, situada a escasos cien metros de distancia.

Concluida la reunión, los agentes registran clandestinamente la mezquita y encuentran un manuscrito escrito en árabe en el que se hacen llamamientos a la guerra santa y se insta a los «verdaderos musulmanes» a acudir en defensa de sus hermanos que están siendo asesinados por los serbios en Bosnia.

Preocupados por el alcance futuro de aquellas incipientes células terroristas, los agentes se presentan en la sede de la Audiencia Nacional y piden autorización para intervenir los teléfonos de Abdelkader Hassan Abusniemah. El objeto de estas escuchas es conocer la vinculación de este individuo con el grupo terrorista palestino Hamas y con los llamados Soldados de Alá. Seis días después, Baltasar Garzón dicta un auto autorizando el «pinchazo» y abre las diligencias previas número 447/94.

Dos años más tarde, cuando la Policía le pide una nueva prórroga de las escuchas al no haber dado ningún resultado las primeras, el juez archiva las diligencias 447/94, abre otras nuevas, las 206/96,531 y mediante esta triquiñuela reautoriza las intervenciones telefónicas, ampliando el número de «observados» al grupo que lidera Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido por Abu Dahdah, a Ousama Darra y Mohamed Needl Acaid.

El 10 de julio de 2000, a la vista de los escasos resultados obtenidos, pese a los treinta y cinco tomos de transcripciones de cintas, el juez archivó también las segundas diligencias. Sin embargo, la investigación se mantiene «viva». Los policías, actuando negligentemente, acuden a los juzgados centrales de instrucción números 1 y 3, presentan una «motivación razonada»532 y vuelven a intervenir los teléfonos. Los titulares de los juzgados, Guillermo Ruiz Polanco533 y Teresa Palacios, incoan a su vez los procedimientos 321/99 y 24/2001.

Se supo así que muchos de los integrantes del grupo Soldados de Alá eran ciudadanos de origen sirio, la mayoría de ellos de la región de Alepo.534 Por entonces, además de reunirse en la mezquita de Cuatro Caminos, se dedicaban a distribuir la revista Al-Ansar, del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino y a reclutar mercenarios para la guerra de la ex Yugoslavia, para luchar al lado de los musulmanes bosnios frente a los serbios y croatas.

«Eran un grupo de personas vinculadas a los Hermanos Musulmanes, sobre todo su rama siria, establecidos en España a raíz de la represión desencadenada en su país contra ellos. [...] En 1994 se escindió un grupo llamado Alianza Islámica del que se separaría otro más radical todavía los Soldados de Allá, que se dedican en España a reclutar muyahidines para enviarlos a los campos de entrenamiento de Zenica en Bosnia», ratifica Gustavo de Arístegui.535

De esta manera, el 11 de septiembre de 2001, el día en que Al-Qaeda vuela las Torres Gemelas, tres juzgados de la Audiencia Nacional, el 1, el 3 y el 5, tienen abiertas diligencias previas contra el integrismo musulmán en España, de forma aleatoria, caótica y desordenada. Este hecho, junto con otros muchos, explicaría el estrepitoso fracaso de la Policía, plagada de confidentes, agentes dobles y tramas ocultas, durante los brutales atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004.536

Aunque se trataba de asuntos conexos e incluso del mismo caso, resulta paradójico que ninguno de los tres jueces supiera a ciencia cierta lo que instruía el otro.

Tras conocerse los primeros datos de las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, el juez Garzón y la Policía española desempolvaron sus sumarios y archivos y en colaboración con otras policías europeas empezaron a atar cabos. En poco tiempo se supo en Estados Unidos que el organizador material de las masacres era el ciudadano saudí Mohamed Atta junto con otros dos individuos de origen marroquí, Mounir el-Motasadeq y Abdelghani Mzoudi. Los tres formaban lo que empezó a denominarse la célula de Hamburgo de Al-Qaeda.537

Los servicios secretos conocían a la célula por este apelativo, ya que los tres habían compartido un piso en Hamburgo, situado en la calle de Bunatwiere, 23. Actuaban en coordinación con un cuarto elemento ya citado, Ramzi Binalshibh, enlace con los muyahidines de Afganistán y su cerebro, Osama ben Laden, el emir general que presidía el consejo del sura, formado por los expertos en la yihad para establecer el califato538 en el mundo.

En esta vivienda apareció anotado en una agenda el número de teléfono correspondiente al domicilio del que era propietario Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, ubicado en la Urbanización Nuevo Versalles, bloque n° 3, de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Pese a que llevaba siendo investigado desde 1995, fue entonces cuando se supo que era un individuo cercano a Osama ben Laden. El 6 de agosto de 2001, un mes antes del atentado contra las Torres Gemelas, Abu Dahdah recibe una llamada telefónica de un individuo llamado Hilari Farid, relacionado con la famosa célula de Hamburgo. Durante la conversación, Farid le comunica que «ha cortado todas sus antiguas relaciones». Añade: «No quiero que nadie sepa de mi situación. He decidido seguir el camino de Alá y tengo que llegar hasta el final».

El 27 de agosto, dos semanas antes de los atentados terroristas en Estados Unidos, los dos interlocutores vuelven a ponerse en contacto. «En estos momentos estoy dando clases [de aviación] y tardaré un mes más o menos». Le explica que dentro de las clases había entrado en el campo de la aviación e incluso «había degollado al pájaro. Mi objetivo es el objetivo y no quiero entrar más en detalles».

«A través de estos diálogos —concluye la Policía-Abu Dahdah era informado por uno de los preparadores de la matanza de las Torres Gemelas sobre el resultado de los vuelos de familiarización y reconocimiento sobre los inminentes objetivos, que estaban realizando los pilotos suicidas en escuelas aeronáuticas de los Estados Unidos.

»Todo ello fuerza a presuponer que estaba enterado de todos los planes que antecedieron a los inminentes ataques, no resultando imaginable otra explicación que justifique semejante dación de cuenta por parte de Hilari Farid, alias Sakur, y además también presupone que Barakat Yarkas los asumió como propios deseando los fatales resultados».

El redescubrimiento de la conversación intervenida por la Policía, varios meses después de ser grabada y veinte días después de los atentados de Nueva York, y la identificación de la célula de Hamburgo por los agentes alemanes, fueron las claves para que Baltasar Garzón, con su natural vehemencia y convirtiendo meras sospechas sin fundamento en evidencias irrefutables, se lanzara a la aventura de buscar «la pista española de las Torres Gemelas» y procesar a cerca de cincuenta personas, entre ellas el propio Ben Laden, que jamás ha estado en España que se sepa.

Pocos días antes al del fatídico atentado, el 5 de septiembre de 2001, el enlace entre Atta y Ben Laden, el terrorista Ramzi Benalshibh viaja por segunda vez a España. Se hospeda en el hotel Madrid, ubicado en el número 10 de la calle de Carretas. Dos días más tarde, utilizando un pasaporte que no era el suyo, adquirió dos pasajes de avión de la compañía aérea Olimpia Airways con destino a Atenas.

Días después de ese 11 de septiembre, concretamente el 26 de septiembre de 2001, Hilari Farid, uno de los pilotos que debía haber participado en la masacre de Nueva York y Washington, llama a Abu Dahdah a su teléfono móvil. Le dice que ha intentado contactar con él, sin éxito, en otras dos ocasiones y añade [en clave] que sospecha que la Policía le está siguiendo.

—He cogido la malaria. Los médicos han venido a visitar a un amigo mío y dicen que van a venir a verme a mí también para darme medicinas —le dice, tratando de indicarle que era seguido.

—Yo también estoy enfermo. Sospecho que me van a ingresar en el hospital de un momento a otro. Pide a Alá que me cure.

Tal y como lo predijo ocurrió. Mes y medio después sería detenido y encarcelado por el instructor que ha dado más veces la vuelta al mundo, siguiendo la estela del papa Juan Pablo II, el «mensajero de la paz».

Para que el lector tenga una visión global de por qué muchos sumarios de este juez, modelo de instructores, se van al traste, vamos a estudiar el asunto en su contexto.

Según los archivos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en poder del autor, en el año 2001 el juez Fernando Baltasar Garzón Real fue el único magistrado de toda España que disfrutó de ocho permisos extraordinarios por estudios.

El primero de ellos se lo concedieron el 22 de enero para asistir como ponente a un congreso sobre Derechos Fundamentales a Lima, organizado por el Colegio de Abogados de la capital peruana. Posteriormente asistió a la inauguración de la Cátedra Justicia y Paz de la Unesco en la Universidad de Santo Domingo,539 invitado por su amigo Jaime Mayor Zaragoza. Del 15 al 18 de mayo impartió un curso sobre crimen organizado en la Escola Superior da Magistratura Federal, en Porto Alegre (Brasil); del 18 al 21 de junio se encontraba en San Salvador, donde leyó una ponencia con motivo del XX aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica.

A finales de julio, es decir, antes del verano, viajó a Sucre (Bolivia) a dar una conferencia invitado por el Colegio de Abogados de Chuquisaca y, tras el viaje ya relatado a México en septiembre, un mes después se iba a Praga invitado por el Gobierno de la República Checa, para acabar el año pidiendo otro permiso para asistir en Brasil al II Forum de Autoridades Locais Pela Incluçao Social, asunto sobre el que también es lógicamente un redomado experto.

Pero ahí no acaba la cosa. Ese mismo año fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (Bolivia), uno de cuyos patronos es el ex director de El País Juan Luis Cebrián, y de la Universidad Nacional Mar del Plata (Argentina). Además compatibilizó sus viajes con su cargo de profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, fue director del curso de verano «Violencia y religión» en la Complutense (julio de 2001), anticipándose así al atentado a las Torres Gemelas.

Por si todo esto fuera poco impartió una conferencia sobre «Las pruebas en el extranjero: las comisiones rogatorias», otra sobre «Derechos humanos, derechos de los indígenas y la universalización de la justicia», una tercera sobre «Periodismo y la internacionalización de la justicia», una cuarta sobre «El delito de tortura dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional», y otra más titulada «Aliados del juez investigador en casos de corrupción».

Ese año no elaboró ningún ensayo ni prologó libro alguno, en contra de lo que es habitual en él, salvo error u omisión del autor, pero se estrenó como articulista en El País el 2 de octubre de 2001,540 criticando los incipientes planes para invadir Afganistán, y recibió cuatro medallas: la del Colegio de Abogados de París, la de la ciudad de Buenos Aires, la de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y la medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

A todo esto, en 2001 añadió los siguientes honores que adornan su largo currículum: profesor meritísimo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ciudadano del año de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, huésped distinguido por el Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre-Bolivia, huésped grato de la ciudad de Potosí, visitante distinguido de la ciudad de Tijuana, miembro del Patronato de Honor de la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, miembro del Patronato de la Fundación Independiente, Reconocimiento por su aportación a la Justicia Universal (Puerto Rico) y otros más de menor relevancia.

Y eso que aún estamos en el año 2001, en las vísperas de su nominación mundial al Premio Nobel de la Paz, periodo en que las actividades públicas de este émulo del Lazarillo de Tormes, de Rinconete y Cortadillo o de cualquier otro protagonista de cualquier obra de la literatura picaresca española, se multiplicaron por dos.

Lo que de verdad tiene mérito en el juez es que, además de participar en todas estas actividades, muchas de las cuales ocurrieron en el extranjero y para las que no dispuso del permiso del Consejo General del Poder Judicial, dictó varias conferencias en España que aparecen citadas globalmente en su biografía oficial e hizo mal y pronto su trabajo: instruyó el sumario de Al-Qaeda.

En los pasillos de la Audiencia Nacional, entre algunos funcionarios veteranos y curtidos por el tiempo y la experiencia, durante mucho tiempo al sumario sobre Al-Qaeda se le llamó el «caso del sofrito». «Se trata —decían— de una mezcla de cebolla, ajo, perejil, zanahoria y pimiento, todo ello bien picado y rehogado en aceite». A los funcionarios, probablemente, no les faltaba razón. Según se vería posteriormente en la vista oral, tras regresar del hotel Nikko, en México, el 18 de octubre de 2001, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 procedió a desempolvar las diligencias previas 206/96.

Poco después, por auto de 6 de noviembre de 2001, reabre las diligencias de los Soldados de Alá de Barakat Yarkas y Abu Dahdah, y procede a su detención.541

En esa misma resolución acordó requerir la inhibición de los juzgados centrales números 1 y 3 respecto al conocimiento de las diligencias previas 321/99 y 24/2001 incoadas por dichos órganos judiciales el 1 de diciembre de 1999 y 12 de enero de 2001 respectivamente, y que se le remitieran todas las investigaciones realizadas.

Así, una vez más Garzón basaba sus instrucciones en el trabajo de sus compañeros, que pasaba a sus manos gracias a sus artes de birlibirloque, porque él, naturalmente, controlaba la pieza más antigua de todas.542 Una vez con el puzzle bajo su control, el 12 de noviembre de 2001 procedió a la incoación de Sumario Ordinario número 35/2.001.

De esta manera, apenas dos meses después de la voladura de las Torres Gemelas, al tiempo que el FBI identificaba a los diecisiete suicidas que habían acabado con el sueño americano, Garzón lleva a cabo numerosas redadas en varias provincias españolas.

El primer resultado de la llamada Operación Dátil, dividida en varias fases, fue la detención de once personas, en su mayoría españoles de origen sirio y marroquí. Según el juez, todos ellos componían una estructura terrorista presuntamente ligada a Al-Qaeda. Los encarceló a casi todos y les acusó de participar en la preparación y desarrollo de los cuatro atentados cometidos por los pilotos suicidas de Nueva York y Washington. Una decisión de ese calibre tenía que haber hecho saltar por los aires el cuartel general del FBI en la avenida de Pennsylvania, en Washington. Sin embargo, no ocurrió nada. El mismo día de las imputaciones, las declaraciones policiales de los detenidos estaban en la sede de la Embajada de Estados Unidos en la calle de Serrano, en Madrid. El entonces agregado del FBI para Europa, el cubano-estadounidense Eduardo Sánchez, ni siquiera se molestó en mirarlas.

Imbuido por un sentimiento trágico de la vida que sólo le permite ver maldad, dolor y opresión en el mundo, tal y como narra en su libro Cuento de Navidad, ungido a la vez en su papel de redentorista y salvador de la humanidad, Garzón organiza su Tormenta del Desierto judicial. El 19 de julio de 2002 cursa nada menos que diecisiete comisiones rogatorias a Alemania, Estados Unidos, Indonesia, Grecia, Reino Unido, Bélgica, Yemen, Siria, Suecia, Turquía, Jordania, Arabia Saudí y otros países, ordenando la detención de decenas de terroristas. Su petición de auxilio judicial sólo es atendida por Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, según relata en su primer auto de procesamiento, pero el juez campeador no se amilana ni inquieta un segundo. Semanas más tarde pone en marcha la tercera fase de su Operación Dátil y vuelve a meter en la cárcel a otras cinco personas.

El 17 de noviembre de 2003 dicta el auto de procesamiento ya citado al comienzo e implica a medio centenar de personas en la formación de células durmientes de Al-Qaeda en España. Dispuesto, al igual que el Guerrero del Antifaz, a acabar él solo con Al-Qaeda, el 19 de abril de 2004 amplía el auto incluyendo en el mismo a otros cinco imputados, con lo que el número de terroristas islámicos detectados por el superjuez de la Audiencia Nacional se eleva ya a cuarenta personas.

El 20 de mayo del mismo año dicta un segundo auto. En este asegura que nueve de los detenidos han participado indirectamente como colaboradores necesarios en los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono, por lo que están acusados de haber cometido 2.989 homicidios.543

Decidido a acaparar cuantos sumarios caigan en su poder, a partir de 2003, cuando el Consejo General del Poder Judicial decidió apartar al juez Guillermo Ruiz Polanco de sus funciones, se hizo cargo también de la Operación Lago. Desarrollada el 23 de enero de 2003, a petición de las autoridades francesas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 había mandado detener a veinticuatro personas, inmigrantes en su mayoría y residentes en Banyotes (Gerona), diecisiete de los cuales habían ingresado en la cárcel.

Tras la masacre de Atocha, el 11 de marzo de 2004, Garzón asume de lleno el control de la Operación Lago. Tres días más tarde manda detener a las cuatro personas que Ruiz Polanco había dejado en libertad por falta de indicios criminales.

Su obsesión por no dejar títere con cabeza la resume así el periodista Mariano Sánchez Soler: «Mientras el juez [Juan] del Olmo instruía el sumario del 11-M, su compañero Baltasar Garzón desarrollaba una gran actividad como azote del terrorismo islamista. Unos detenidos estaban vinculados a las matanzas del 11-M y de Casablanca;544 otros planeaban atentar contra la estación de Príncipe Pío, la sede del PP, el estadio Santiago Bernabéu, la Torre Picasso e incluso contra la Audiencia Nacional».

«Garzón había puesto entre rejas a los miembros del grupo Ansar al-Islam y debía dar preferencia a esa indagación. En julio de 2004 viajó a Marruecos en comisión rogatoria para investigar los atentados de Casablanca, mientras en su juzgado seguían abiertas las diligencias contra los cuatro argelinos de la Operación Lago, acusados de integrar o colaborar con banda terrorista. El juez instructor consideraba que formaban parte de la infraestructura logística y financiera de Al-Qaeda en Europa, vinculados a la célula de Hamburgo (Alemania)».

Y añade: «Los últimos sumarios instruidos, el estudio y las lecturas, habían hecho de Baltasar Garzón un experto en terrorismo islamista. Así lo proclamaba él a los cuatro vientos. Desde su juzgado había sabido desmantelar las células de los Soldados de Alá y los Mártires por Marruecos, a ciertos grupos dispersos salafistas, miembros argelinos del GIA y varias ramificaciones logísticas de la gran amenaza que giraba en torno a Al-Qaeda».

En enero de 2002, la cadena estadounidense CNN emitía la primera entrevista con Osama ben Laden tras el ataque a Afganistán. Rodeado de sus lugartenientes, hablando en árabe, el terrorista más buscado del mundo amenazaba con pasar a cuchillo, con combatir a sangre y fuego a todos los infieles del mundo: «Estados Unidos me ha acusado a mí y a otros musulmanes de haber cometido actos terroristas. Si matar a aquellos que matan a nuestros hijos es terrorismo, entonces dejemos que la historia sea testigo de que somos terroristas. Pero juro por Dios que, a partir de ahora, América no tendrá seguridad.

»Mataremos a los reyes de los infieles, a los reyes de los cruzados y a los ciudadanos infieles por asesinar a nuestros niños. La ley islámica permite masacrar a sus inocentes si ellos han hecho previamente lo mismo con los nuestros», añade.

La entrevista, que se ofrecía como una exclusiva mundial, se había realizado varios meses antes «en algún lugar del desierto» de Afganistán para la cadena Al-Yazira por su delegado en Kabul. Previamente a su difusión en la CNN, la cadena de Qatar se había negado a distribuirla para los telespectadores de lengua árabe.

En realidad, todo había comenzado a gestarse dos años antes. Periodista de origen sirio, radicado en Granada, donde vivía con su mujer, Fátima Zhora, hija del imán de Ceuta, y con sus dos hijos, en el año 2000 Taysir Alony recibió una oferta: dirigir la oficina de Al-Yazira, la televisión en lengua árabe, en Kabul. Ni corto ni perezoso lió los bártulos y se plantó en la capital de Afganistán. Lo primero que hizo nada más pisar suelo afgano fue entrar en contacto con los muyahidines y pedir a Ben Laden una entrevista en exclusiva en inglés y árabe para Al-Yazira y la CNN.

Meses después, el 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda cometía los macroatentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Poco después, en octubre, los estadounidenses atacaron Afganistán para destruir las células del grupo terrorista y apresar a sus dirigentes. El 7 de octubre de 2001, en unos momentos en que los muyahidines trataban de frenar el avance de las tropas estadounidenses en Afganistán, mientras estaba en su oficina llamaron a la puerta. Se asomó a la ventana de la planta superior y le preguntaron:

—¿Es usted Taysir?

Al contestar afirmativamente, los visitantes le pidieron que bajara las escaleras, pues tenían que darle una buena noticia. Una vez en la calle le dijeron que Osama ben Laden se dignaba a concederle la entrevista que había solicitado meses antes. Sin perder un segundo ni permitirle avisar a nadie, le cachearon por si llevaba armas o transmisores ocultos, le metieron en un coche, le vendaron los ojos y, tras varias horas de trayecto, en silencio le plantaron ante el multimillonario de origen saudí, que le dio la bienvenida.

Osama ben Laden le recibe en una especie de cueva rodeado de todos sus fieles, que empuñan fusiles rusos Kalashnikov y exhiben toda una parafernalia de armas y granadas de mano. Durante el trayecto Taysir Alony ha memorizado un cuestionario en el que incluye algunas preguntas comprometedoras para Al-Qaeda.

—¿Por qué matan a seres inocentes?

—Esa pregunta es impertinente.

—¿Permite el Corán la práctica del terrorismo para llevar a cabo la yihad o guerra santa?

—Esa pregunta tampoco es pertinente.

Los asesores de Ben Laden le prohíben formular esas cuestiones críticas o que cuestionan la legitimidad de Al-Qaeda. Debe limitarse a formular preguntas comunes, casi tópicas, para permitir que el dirigente saudí se explaye contra el imperialismo estadounidense y el Estado de Israel.

«La batalla se ha trasladado a los Estados Unidos. Trabajaremos para continuar esa batalla si Alá lo permite, hasta la victoria o hasta encontrar a Alá», amenaza Ben Laden. Y sigue pronosticando cataclismos sin cuento: «Creemos que es posible derrotar a los Estados Unidos, incluso puede resultar más sencillo de lo que fue vencer a la Unión Soviética. Porque el Gobierno de Estados Unidos está llevando a su pueblo, a Occidente en general, a un infierno insoportable, a una vida asfixiante».

Tras ser visionada una y otra vez por la CIA, el FBI y los servicios secretos de medio mundo, Al-Yazira se negó a emitir la entrevista, que consideraba un llamamiento mundial al terrorismo. Sólo en enero de 2002 la emitió muy troceada la CNN. Para Taysir Alony se convirtió en una prueba de cargo de que era un agente del Eje del Mal y de Ben Laden, y supuso su detención en España.

Los verdaderos terroristas, entre tanto, no habían sido detectados por la Policía.

En el periodo que pasó en la capital granadina como traductor de árabe de la agencia EFE, Taysir tuvo un encuentro con otro compatriota sirio nacionalizado español, Mustafá Setmarián Nasar. Setmarián acababa de llegar a la capital donde reposan los restos del poeta Federico García Lorca con una mano delante y otra detrás. Nacido en Alepo (Siria), militante de los Hermanos Musulmanes, había tenido que huir de su país por su radicalismo y pretendía establecerse como comerciante de muebles antiguos y no tenía dónde dormir ni dinero para pagarse una pensión.

Acusado a posteriori del atentado al restaurante El Descanso, ocurrido en Madrid en 1985, donde murieron 18 personas, Setmarián aparentaba entonces ser un buen hombre. Casado desde 1987 con la española Elena Moreno, con la que tuvo tres hijos, como esta conocía a la mujer de Taysir, este le ofreció su casa y le prestó dinero para que pudieran comprar los primeros alimentos con los que sustentarse.

Con Setmarián ocurría, sin embargo, como con los metales preciosos: no es oro todo lo que reluce. Vinculado a Osama ben Laden desde 1988, vivió a finales de la década de los noventa en Afganistán, España y Reino Unido sin que la Policía sospechara nada de sus actividades clandestinas. En el año 2000, cuando los talibanes se hacen con el control en Afganistán, se convierte en uno de los principales ideólogos de Al-Qaeda y se dedica a impartir cursos de terrorismo en Kabul a las miles de personas que acuden en secreto desde todo el mundo para hacer la guerra santa.

Como emir o jefe del grupo sirio asociado a Al-Qaeda, Mustafá Setmarián, forma parte del consejo o sura545 de esta organización terrorista y en uno de los lugartenientes de Osama ben Laden, representando en Al-Qaeda a otros seguidores como el Grupo Islámico Armado, el Grupo Radical Islámico Argelino, o el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, entre otros.

Su obsesión es crear unas brigadas de resistencia islámica mundial que se dediquen a exportar el terrorismo por los cinco continentes. Durante años recibe en Kabul a los muyahidines conversos de España, Italia y Francia, a los que entrena en su propio campamento. «Matar es muy fácil —dice en un vídeo grabado en 2000—. Una pequeña cantidad de un producto inflamable es suficiente para causar un incendio a un edificio, como habéis visto en el cursillo de explosivos. Con una pequeña avioneta cualquier musulmán decidido a inmolarse puede hundir un petrolero, destruir una estación de trenes, un campo de fútbol o inutilizar un aeropuerto».

Tocado con un gorro islámico, con la cara cubierta por una espesa barba pelirroja, mirada de odio y aspecto de lunático, el dirigente de Al-Qaeda tenía una filosofía clara de cómo expandir la contrarrevolución musulmana al mundo entero: «Si de cada cuarenta muyahidines que formo veinte mueren en la guerra de Afganistán, quedarán otros veinte que regresarán a sus países para formar una célula durmiente encargada de expandir la yihad cuando se lo pidamos».

Autor del libro La yihad en Siria, que se regalaba en la mezquita de Cuatro Caminos, explica así a sus «alumnos» cómo financiar sus actos terroristas: «Todos los jóvenes musulmanes, sin excepciones, deben sumarse a la yihad para fundar nuestro califato. Cualquier turista lleva encima mil dólares, su pasaporte, sus tarjetas y las joyas de su mujer, a los que se puede atacar o robar y de esta manera obtener el dinero necesario para golpear al enemigo en los puntos más sensibles».

Sirio, miembro de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes en España, Ghasoub al-Abrash Ghalyoun había llegado a España para establecerse aquí, pues sus tres hermanos, un médico, un ingeniero y un veterinario, vivían ya en Madrid. Empresario del sector de la construcción, multimillonario, estudiante en Jordania, donde residió en un piso del grupo integrista Hermanos Musulmanes, solía visitar todas las semanas la mezquita de Cuatro Caminos, en la que, según el sumario judicial, se gestó el grupo islamista que facilitó la información y los contactos a los suicidas de Nueva York y Washington.

En agosto de 1997 hizo un viaje de placer por los Estados Unidos visitando en aquella ocasión, en compañía de un amigo y su hijo, las ciudades de Nueva York, Chicago, San Diego, Los Ángeles y Las Vegas entre otras. En la ciudad de los rascacielos, su primera escala, se compró una cámara de vídeo y filmó todo lo que les suele parecer interesante a los turistas: el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, los edificios de las Torres Gemelas, el centro de Manhattan, el edificio de la Bolsa de Wall Street, las colas para viajar en ferry a ver la Estatua de la Libertad o el Empire State Building, la torre Sears de Chicago, el Golden Gate de San Francisco, los casinos de Las Vegas y otros muchos edificios públicos y privados.

De vuelta a España, tras visionar las cintas con su mujer, las guardó en un cajón, se dedicó por entero a su trabajo de constructor y se olvidó de su existencia durante casi cinco años. El 26 de abril de 2002 tuvo que visionarlas por segunda vez en un reproductor de vídeo de la Audiencia Nacional. El juez Baltasar Garzón le había detenido dentro de la Operación Dátil, encaminada a desenmascarar a los principales activistas de Al-Qaeda en España. Los vídeos, tomados desde «perspectivas comprometedoras», según el juez, habían servido de base para preparar los atentados del 11 de noviembre de 2001. Las cintas y sus relaciones con algunos miembros de los Hermanos Musulmanes eran las pruebas «inequívocas» de que aquellas filmaciones habían servido de base para preparar los atentados contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

Tras permanecer unos meses en libertad condicional bajo fianza, el 19 de julio de 2002 el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ordena su ingreso en prisión junto con otros tres acusados de formar parte de células terroristas islámicas: Kamal Hadid Chaar, Mohamed Khair al-Saqqa y Abdelraman Alarnaot Abu-Aljer.

Sin embargo, el verdadero jefe de la trama para la Brigada de Información Exterior de la Policía y para el juez Baltasar Garzón era el hispano-sirio Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, al que el magistrado acusa de pertenencia a organización terrorista internacional, colaboración en los atentados contra las Torres Gemelas y apropiación indebida mediante falsificación de documentos. Este sirio había llegado a España en 1986 y poco después se casó con una actriz del equipo del cineasta Pedro Almodóvar, con la que tiene seis hijos. Tras su matrimonio, adquirió la nacionalidad española e inmediatamente se convirtió en líder de dos grupúsculos integristas: la Alianza Islámica y los Soldados de Alá. Para ello sustituyó al palestino Abu Rachid, quien más tarde fue localizado en Afganistán desempeñando la labor de jefe de un campo de entrenamiento para seguidores africanos de Al-Qaeda.

El hispano sirio llevaba en España una vida modesta y sin grandes lujos. Vivía en un piso de protección oficial que había obtenido con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Hasta el día de su detención era un desconocido para sus vecinos del Puente de Vallecas. Pese a su austera apariencia, sus implicaciones con el integrismo musulmán no pasaron desapercibidas para la Policía, que comenzó a vigilarle desde 1995. Por entonces ya tenía pinchado el teléfono y todas sus actividades eran conocidas y estaban registradas en numerosos informes policiales.

A los agentes encargados de su control les llamaba la atención que un sencillo comerciante de ropa de mercadillo, que en invierno vivía del buen o mal tiempo que hiciera, y que carecía de otros recursos, emprendiera una frenética actividad viajera por numerosos países de Europa y Asia sin razón que justificara estos desplazamientos. En el último lustro Abu Dahdah había visitado Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Malasia, Yemen, Turquía y Jordania. En Gran Bretaña llegó a estar diez veces entrevistándose con el imán Abu Qutada, líder espiritual de su grupo. Jacobo Teijelo, abogado de Abu Dahdah, contó a El Mundo que los viajes de su cliente no guardan relación con Al-Qaeda: «Es curioso que haya viajado tanto y no haya estado nunca en Hamburgo (Alemania), desde donde Atta preparó el ataque a las Torres Gemelas, ni en Estados Unidos».

La Policía dispone de documentación que demuestra multitud de contactos de Abu Dahdah en Oriente Medio: con Mazen Belnajo y Abu Talha, en Arabia Saudita; con Abu Rached y Jihad Barakat, en Emiratos Árabes, y con Abu Alfaraj, Mustafá Halime Abu Bashir, Abu Musab, Abu Khadiyah y Nabil Manakli, en Yemen. Los teléfonos de todos estos islamistas, considerados miembros peligrosos de Al-Qaeda, figuraban en la agenda personal de Abu Dahdah.

La desarticulación de las dos supuestas células durmientes de Madrid y Granada había permitido conocer igualmente al juez Garzón que los seguidores de Ben Laden reclutaban en España a jóvenes que eran enviados a campos de entrenamiento de Afganistán, Malasia, Indonesia, Chechenia, Bosnia y otros lugares para prepararlos para la guerra santa. Para ello realizaban una actividad clandestina en muchas mezquitas.

Al-Qaeda utilizaba España también para recaudar fondos destinados a financiar a los movimientos integristas del mundo entero, así como refugio y lugar de descanso de muchos muyahidines que habían combatido en Palestina, Afganistán, Chechenia, Bosnia, Somalia y otros países con conflictos étnico-religiosos.

En julio de 2004 la investigación realizada por el juez Garzón superaba los doscientos tomos de informes, documentos, comisiones rogatorias y transcripciones de conversaciones telefónicas, muchas de ellas autorizadas por otros jueces ajenos a la investigación.

De todas maneras, los centenares de pinchazos, los controles en puertos y aeropuertos y los seguimientos de los principales cabecillas de Al-Qaeda en España no habían podido resolver el nudo gordiano del atentado a las Torres Gemelas. Ni los propios estadounidenses tenían las cosas tan claras. Tras largas investigaciones en las que emplearon a más de 7.000 agentes del FBI y a decenas de miles de agentes locales y analistas del Departamento de Estado, del Pentágono, del Consejo Nacional de Seguridad y de policías amigas, sus investigaciones sólo le habían permitido lograr un culpable confeso: Zacarías Moussaoui, un francés de origen marroquí condenado a seis penas de cadena perpetua.

Con estos mimbres, es decir, casi sin mimbres, Baltasar Garzón no dudó en sentar a más de una treintena de personas en el banquillo, y no lo hizo con cuarenta y una porque el resto se encontraba en aquellos momentos en paradero desconocido. Las pistas más significativas de lo que se podía estar tramando en España, entre viaje y viaje, se le pasaron por alto.

El día 13 de noviembre de 2001 ordena el registro de una vivienda situada en la calle de la Ronda de Cooperativas, 4, de Madrid. En el transcurso de la diligencia aparecieron numerosos carnets falsos, pólizas de seguros, contratos y otros documentos a nombre del ciudadano marroquí, nacido en Nador el 17 de febrero de 1966, Najib Chaib Mohamed. También se encontraron dos hojas manuscritas en árabe, con la letra de Chaib, conteniendo fórmulas e instrucciones para confeccionar artefactos explosivos mediante la mezcla de acetona, ácido clorhídrico, nitrato amónico, ácido sulfúrico, mercurio, alcohol y otros componentes químicos. Lo más significativo fue la aparición de un teléfono móvil de la marca Trium, con dos orificios en la parte superior del mismo, similar a los utilizados por la red Al-Qaeda en el ataque de Bali (Indonesia)546 y a los empleados en los atentados de 11 de marzo de 2004 en la Estación de Atocha de Madrid.

Por esas fechas el activista de Al-Qaeda Luis José Galán González, madrileño de treinta y cinco años, había estado precisamente en un campamento de Al-Qaeda en Indonesia realizando un curso terrorista de tres semanas, enviado por Abu Dahdah.

Meses después, en enero de 2004, al investigarse por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional una nueva trama islamista, vinculada al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, se encuentra un nuevo teléfono Trium manipulado y con dos orificios en la parte superior para ser utilizado como receptor de señal inalámbrica para activar un artefacto explosivo. El hallazgo se hace en la calle de Bonaire, de Olot, domicilio del presunto terrorista argelino Mohamed Amine Benboura.547

Todos los elementos parecían indicar que los grupúsculos islamistas integristas sirios, marroquíes, tunecinos y argelinos pretendían atentar en España. A la UCIE, y a Garzón en especial, se les pasó por alto aquella información.

De la misma manera que los pinchazos al teléfono en el domicilio de Elena Moreno tampoco ofrecieron pista alguna para capturar a Mustafá Setmarián, Amer Aziri, uno de los dirigentes del 11-M que logró escapar de una de las redadas policiales, Jamal Ahmidan, el Chino, desaparecido con la explosión del piso de Leganés, o Jamal Zoughan, dueño del locutorio Nuevo Siglo del barrio de Lavapiés, casualmente todos ellos casados con mujeres españolas.

En este contexto, en el que la mayoría de los dirigentes de Al-Qaeda que podían tener algo que ver con los atentados, por su formación militar y sus dotes de mando, no fueron nunca detenidos por el juez Garzón pese a tenerlos en su lista, el 27 de mayo de 2004, el fiscal del caso, Pedro Rubira, pidió la conclusión del sumario y el envío a la sala para el enjuiciamiento de los 41 procesados, 17 de los cuales estaban huidos de la justicia.

Dos semanas más tarde, el 15 de junio, los 300 tomos con cerca de 60.000 folios eran trasladados a la planta séptima de la Audiencia Nacional, donde se encuentran las distintas secciones de la Sala de lo Penal. «Esta célula de Al-Qaeda es de vital importancia en el esclarecimiento del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. En España se ultimaron los detalles y se puso la fecha exacta del mayor crimen de la historia de los Estados Unidos, un asunto mucho más grave incluso que el ataque a Pearl Harbor en la mañana del 7 de diciembre de 1941, que desencadenó la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial».

Hacía buen tiempo aquel día y por los pasillos de la Audiencia Nacional muchos abogados comenzaban a ir con trajes de pretemporada. Era el 22 de abril de 2005 y el espectáculo judicial, a punto de comenzar, no estaba en aquellos momentos allí. Se encontraba en uno de los pabellones de la Casa de Campo, en las afueras de Madrid, sede de otros juicios sonados como el de la colza o el de la Operación Nécora. Allí se iba a celebrar el macrojuicio por la Operación Dátil, y desde primeras horas de la mañana el parque madrileño situado al borde de la carretera de Extremadura se hallaba atestado de policías, detectores de explosivos, perros especializados en husmear bombas y decenas de unidades móviles de radio y televisión, con sus antenas desplegadas, para dar puntual información del acontecimiento del año.

El asunto había empezado con mal pie. En septiembre del año anterior, antes de que nadie se sentara en el banquillo, el fiscal de la causa, Pedro Rubira, y no las defensas —que habría sido lo habitual—, había instado a la Sala de lo Penal para la puesta en libertad de al menos cuatro de los encausados, entre ellos el corresponsal de Al-Yazira, «al no existir pruebas incriminatorias contra ellos».

La sala estaba presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, recién nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acompañado de los también magistrados Ángela Morillo, que hacía de ponente, y Ricardo Rodríguez.

La vista oral se celebraba, por lo tanto, con los imputados al completo. En el banquillo, dentro de una gran vitrina de cristal blindado, se sentaban aquel día un total de 25 acusados detenidos en las tres fases de la Operación Dátil, a algunos de los cuales el fiscal Pedro Rubira solicitaba condenas de hasta 62.509 años de cárcel, al involucrarlos en la matanza de las Torres Gemelas de Nueva York.

Durante las 53 sesiones que duró la vista oral pasaron por la sala de la Casa de Campo un centenar de testigos, de los cuales 69 eran policías. Comparecieron igualmente 17 peritos, entre los que se incluyen técnicos en desactivación de explosivos, expertos en dactiloscopia, en ADN y una catedrática de árabe.

El fiscal Rubira, apoyado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, consideró a los principales implicados miembros de una célula islamista llamada Soldados de Alá. La lideraba uno de los procesados, el ya citado Barakat Yarkas, quien con sus cómplices Driss Cebli y Ghasoub al-Abrash Ghalyoun eran cómplices de la masacre del 11 de septiembre en los Estados Unidos, al haber participado como «cooperadores necesarios» en la planificación y la ejecución de los hechos.

La vista oral sirvió, sin embargo, para desbaratar esta tesis. Durante la cuarta sesión, cuando se procedió a visionar las cintas «turísticas» de las Torres Gemelas de Nueva York, de las que ya hemos hablado, quedó de relieve que las tomas habían sido efectuadas por un aficionado que no había manejado nunca una cámara de vídeo, al que le temblaba el pulso y que se dejaba encendida muchas veces la máquina enfocando al suelo. Cualquier turista que hubiera viajado en alguna ocasión a la ciudad de los rascacielos sabía que por la centésima parte del dinero invertido en la compra del vídeo se podían adquirir cintas de mucha mejor calidad, realizadas por profesionales.

Al constituir la principal prueba de cargo para vincular a las células españolas con Al-Qaeda, todo el andamiaje judicial montado por Baltasar Garzón amenazaba con venirse abajo. La posibilidad de que el mayor macrojuicio celebrado contra una red terrorista árabe se convirtiera en un nuevo fiasco del juez estrella rondaba en el ambiente.

«La finalidad perseguida por el grupo conformado en España era la misma que busca de manera incesante Al-Qaeda. No se trata de pervertir el orden democrático constitucional de España, se pretende desestabilizar el orden mundial, practicando un terrorismo mucho más atroz del que estamos acostumbrados en nuestro país, en aras a conseguir imponer a todos una religión y una forma de vida, con desprecio absoluto a los más elementales principios humanos. Eso persigue Al-Qaeda y en eso estaban dispuestos a coadyuvar los procesados, que constituían uno de los muchos tentáculos que esa red tiene por el planeta».

El 26 de septiembre de 2005 la Sala Tercera de la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia 36/05, un texto de 447 páginas en las que hacía afirmaciones como la anterior.

Frente a los 74.340 años de petición fiscal, el tribunal condenó a Abu Dahdah a doce años como dirigente de la organización terrorista Al-Qaeda, «al conocer los siniestros planes del 11-S y asumirlos como propios» y constatar que participó en la «ideación criminal» de los atentados pero no intervino en su ejecución. También le condenó a otros quince por tenencia ilícita de armas. Al periodista Taysir Alony se le condenó a siete años por haber auxiliado a los muyahidines Mustafá Setmarián y Mohamed Bahaya sabiendo que eran miembros de Al-Qaeda «con el único propósito de conseguir una entrevista con Ben Laden». El resto de los diecisiete acusados fueron «sancionados» con penas que oscilaron entre los once y los seis años.

La sentencia no aclara, porque tampoco quedó claro en el juicio, cuáles fueron los favores prestados por el periodista a Al-Qaeda. «Me condenaron por la entrevista a Ben Laden, pues daba la impresión —según el fiscal— de que yo estaba entrevistando a mis jefes. Pero nadie ha visionado esa entrevista, que nunca se ha exhibido entera ni pública ni privadamente», protestó Alony en carta desde la cárcel.548

«Además —agrega el periodista—, en la vista oral no se demostró nunca que se reuniera con ninguno de los ejecutores de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Conviene recordar que el mismísimo Congreso de los Estados Unidos, en sus investigaciones, afirma que no existía ningún indicio de que la célula española tuviera relación con el atentado».

De los restantes enjuiciados, el tribunal condenaba a dieciocho y absolvía al resto. Los 223.222 años de cárcel pedidos por el fiscal para los detenidos quedaron reducidos a apenas 152. El fracaso más clamoroso de todos fue que uno de los imputados, para el que se pedían 74.334 años de prisión, Al-Abrash Ghalyoun, salió absuelto, y otro para el que se solicitaba idéntica pena fue condenado apenas a seis años de prisión, con lo que al poco tiempo quedó en libertad al haber pasado tres años y medio en prisión provisional.549 Anulado el vídeo, su libertad era de manual.

En Nueva York, donde se encontraba disfrutando de la vida, Baltasar Garzón participaba con un grupo de expertos en una charla sobre Al-Qaeda. Se muestra satisfecho por la sentencia en virtud de la cual ha sido condenado el periodista Taysir Alony por simpatizar con Ben Laden. «Los terroristas que atacaron Madrid no eran guerrilleros afganos, sino que pertenecían a una generación de musulmanes que lleva viviendo en Europa algún tiempo», explicaba.550

Lo que el instructor del caso de las Torres Gemelas no cuenta es que una gran parte de los terroristas habían sido absueltos y que para condenar al resto fue necesario inventarse un delito de conspiración mediante el cual se establece una relación, aunque sea tenue, con los atentados del 11-S para no dejar en el bochorno más absoluto al ministerio fiscal.

Lo explicaba en el programa La mirada crítica de Telecinco el presidente del tribunal con estas palabras: «Se ha sentado un precedente al condenar a Abu Dahdah por un delito de conspiración, porque el tribunal tiene la certeza de que participó en la idea de cometer los atentados y eso debe ser castigado de por sí, aunque luego quede probado que no participó en la comisión de los delitos. El tribunal ve que hay indicios suficientes para entender que estaba al corriente de los preparativos de los atentados del 11-S y que fue informado de ellos. Y tuvo una participación, que intuimos fue más activa, pero de la que carecemos de pruebas. Ante la falta de pruebas no se le podía condenar como cooperador necesario, ni como cómplice, y por eso optaron por la figura penal de la conspiración», señaló, para luego añadir: «Sabemos que es una novedad, pero creemos que las zonas de impunidad deben cubrirse con este tipo de anticipos de la protección penal. En cualquier caso, el Tribunal Supremo podrá confirmarlo o revocarlo». El 16 de febrero de 2006, aplicando la tesis de que no se puede matar con el pensamiento, el Supremo rebajó la pena a Dahdah a doce años. Su participación en la conspiración no estaba probada.551 Todo había sido un brindis al sol para salvar la cara de Garzón.

Según el letrado José Luis Galán «las irregularidades fueron numerosas. Para empezar, no se dio traslado a las defensas de todos los documentos obrantes en el sumario. Se han usado pruebas ocultas, desconocidas para la defensa; se ha infringido el principio acusatorio; no se sabía cuál era el motivo de la acusación contra varios de los procesados. Se han declarado impertinentes muchas preguntas en el juicio oral; no se ha permitido a las partes escuchar las cintas motivo de la acusación, ni ampliar sus declaraciones. Se han aportado pruebas totalmente nulas, como testimonios indirectos de detenidos en Guantánamo. En resumen, se ha vulnerado el derecho a la defensa, a un juicio con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva, a conocer la acusación, a la presunción de inocencia. El secreto de sumario se ha usado de forma abusiva y se ha condenado sin pruebas».

«Contra la mitad de los procesados no hay absolutamente nada —añadió Galán, abogado de Alony, en vista oral—. Las pruebas son nulas, las escuchas telefónicas, ilegales; las cintas originales están en manos de la Policía y el tribunal sólo ha visto fotocopias de las transcripciones. No han sido escuchadas por el tribunal. Es un escándalo desde el punto de vista procesal. Conforme avanza la vista oral, se va exonerando a más acusados. Además, la mayoría ha sufrido prisiones preventivas de más de tres años y medio a la espera de juicio. Después de una década desde que se abrió el sumario que ha originado todo el caso, ha quedado demostrado que estamos en manos de chapuzas».

De manera especial fueron cuestionadas las escuchas telefónicas. Cuando el presidente de la sala las solicitó para proceder a su escucha, la Policía, que se había encargado de su custodia desde el año 1994, remitió 75 cajas con las grabaciones originales de las escuchas, reseñándose en cada una de forma genérica la fecha aproximada en que se produjo la observación. «Para escuchar en el plenario sólo las cintas especificadas por el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales habría sido necesario reproducir centenares de cintas, introducidas en diversas cajas, identificadas con un distintivo».552

Los jueces se permitieron también criticar al policía Rafael Gómez Menor, al fiscal Rubira y al juez Garzón, por el modo en que habían desarrollado la investigación y la instrucción sumarial. La forma en que se practicaron los interrogatorios, donde el juez se lo «guisaba y se lo comía» fue otro de los grandes escándalos. Según declararon varios de los procesados en la vista oral, «Garzón formulaba la pregunta y sugería la respuesta que se debía dar». Sin embargo, el tribunal consideró que los derechos de los detenidos no habían sido vulnerados.

Las grabaciones telefónicas realizadas durante la instrucción, como en la mayoría de los sumarios del juez Garzón, eran además ilegales. «En la vista oral el propio presidente de la sala aseguró que iba a excluirlas por considerarlas francamente ilegales e inconstitucionales. Sin embargo, las han tenido en cuenta para condenar a algunos acusados, entre ellos yo», señala Alony, tesis que comparten la mayoría de los abogados defensores.

Lo más grave de todo es que el texto de la sentencia señala de forma clara y taxativa que en muchos casos se basa en indicios y no en pruebas concluyentes. «Es decir, se ha condenado a dieciocho personas a penas que oscilan entre los seis y veintisiete años basándose en meras conjeturas sin contrastar con la realidad», afirma el periodista.

La investigación demostró un hecho inaudito hasta entonces en las instrucciones judiciales: muchos terroristas citados en el sumario, no precisamente testigos protegidos sino todo lo contrario, aparecían con nombres ficticios, pese a que los datos habían sido aireados por la prensa con todo género de detalles. «¿Cómo puede argumentar una defensa si un testigo acusador es un fantasma y está en paradero desconocido?», señaló el letrado Jesús Santaella. Para Jesús Santaella, abogado de Al-Abrash Ghalyoun, que salió absuelto, el sumario 35/01 no es más que «la suma de media docena de atestados policiales, informes de la Unidad Central de Información Exterior. El principal testigo de la acusación ha sido el policía Rafael Gómez Menor, que no ha hecho más que ratificar esos informes».

Los informes policiales sólo reflejaban sospechas que el juez Garzón elevó a indicios para procesar a los acusados y que el fiscal empleó como si fueran pruebas. «No se trata de un ingente trabajo del juez instructor —dijo—, sino del uso de la informática, el fruto de la técnica de cortar y pegar. Garzón se limitó a tomar declaraciones a los imputados y no practicó diligencias de investigación, ni siquiera el visionado de los famosos vídeos de los Estados Unidos».

Lo más grave de todo es que aquellas llamadas «células durmientes» comenzaron a viajar a Chechenia, Afganistán e Iraq para aprender a manejar los teléfonos Trium, y el juez, que contaba con una docena de infiltrados en la red, no tuvo tiempo de enterarse, así como tampoco fue capaz de averiguar las posibles conexiones de presuntos servicios predispuestos a desestabilizar el país. Estaba muy ocupado recibiendo premios cum laude y preparando su candidatura al Nobel de la Paz.

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El 27 de septiembre de 2007, la Audiencia Nacional absolvía a otros siete islamistas (seis argelinos y un tunecino) detenidos y acusados por el juez Baltasar Garzón de formar una célula terrorista al servicio de Al-Qaeda en Iraq. Según publicaban El Mundo y Libertad Digital553 en sus ediciones del sábado 28 de septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por Clara Bayarri García e integrada por los magistrados Fermín Echarri y María Luisa Sánchez, invalidó como prueba las escuchas telefónicas autorizadas por el instructor al no existir «motivos suficientes que justificaran tan drástica injerencia en el secreto de las comunicaciones».

«No basta con la constancia en la solicitud policial de meras hipótesis subjetivas acerca de una posible comisión de un hecho delictivo y de una posible participación de las personas, cuyas comunicaciones se pretende intervenir para abrir unas diligencias indeterminadas, sin saber que se va a investigar» y «pinchar» unos teléfonos, se dice en el texto.

Según explica la sentencia, «la intervención telefónica no supone un medio normal de investigación sino que es excepcional, ya que supone sacrificar uno de los derechos fundamentales de la persona. Por ello, el juez instructor debe contar para autorizar la intervención telefónica con algún dato objetivo que permita aceptar de forma provisional la sospecha de que las personas a quienes se les controlarán las comunicaciones han cometido un delito».

Lo más significativo del asunto es que las dos personas a las que se les interceptaron sus comunicaciones, a las que se supone miembros de la célula de Hamburgo, no acabaron procesadas por falta de pruebas. En cambio, las «escuchas» a sus teléfonos se emplearon para intentar condenar al resto. Por ello el tribunal absolvía a los siete presuntos miembros de la célula islamista ubicada en España —Samir Mahdoub, Heidi Benyoussef, Tahar Izerouel, Redouane Zenimi, Reda Zerroug, Mohamed Ayat y Kaled Madani— acusados de dedicarse a recaudar dinero para otras células de Al-Qaeda en distintas ciudades europeas.

Durante el juicio, celebrado en julio de 2007, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado en sus conclusiones definitivas veinte años de cárcel para seis de los acusados por los delitos de integración en banda armada, financiación de actividades terroristas y falsificación de documento público. Para un séptimo, el argelino Mohamed Ayat, pidió siete años de cárcel por un delito de colaboración con banda armada.

De acuerdo con el ministerio público, los siete supuestos islamistas más un octavo, Francisco García Gómez, fallecido el 2 de enero de 2006, formaban un grupo asentado en Bilbao (Vizcaya), Torrevieja (Alicante), Madrid y Barcelona, cuyo objetivo era recaudar dinero para financiar las actividades terroristas de Al-Qaeda. Más concretamente, según la Fiscalía, esta financiación se destinaba a la estructura que los discípulos de Ben Laden habían formado en Italia, liderada por Abderrazak Mahdjoub —hermano de uno de los procesados— y Abdelhai Djaouat, máximos responsables de captar muyahidines para enviarlos a Iraq.

La decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de dejar en libertad a los acusados, siguiendo el criterio de la magistrado-ponente María Luisa Sánchez, revela la endeblez y falta de consistencia de la mayoría de los sumarios instruidos en el Juzgado 5 contra el terrorismo árabe y el temor de policías y jueces de que el resto de los sumarios contra terroristas islámicos, sin apenas pruebas, puedan venirse abajo en cascada según informaba el diario Público.554 De esta manera, «el hombre que tanto ha criticado los "campos de exterminio" de Guantánamo, al considerarlos contrarios a los Derechos Humanos y que afirma que hay que procesar a George Bush por crear "áreas de impunidad a la Justicia en la lucha global contra el islamismo radical", se ha quedado sin argumentos». «Si se esmerara un poco más en sus investigaciones y no cosechara un fracaso tras otro, tal vez nos convenciera a todos para que confiáramos un poco más en su Justicia Universal», señala un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en España. Pero, tal vez como dijo el inolvidable Carlos Gardel, para el juez español «veinte años [de cárcel, la petición del fiscal] no es nada».

Capítulo XX

Ley de punto final para un juez

Si es cierto el dicho popular de que a todo cerdo le llega su san Martín, sin tratar de hacer comparaciones, «el juez más polémico y arbitrario de la judicatura española», según definieron en la sesión de la vista oral los condenados de la Operación Ucifa, tenía su propia ley de punto final escrita en las estrellas. Tras tomar partido político en contra de la guerra de Iraq, sufrir dos intentos de apertura de expedientes disciplinarios por ello, dar un nuevo giro a su vida y alinearse con las tesis del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para romper España entregando una parte a los separatistas vascos, el que fuera en otros tiempos el azote de ETA, Fernando Baltasar Garzón Real, pagaría con su carrera su largo historial de juez-veleta, alineado hacia el sol que más calienta. Pese a que, emulando a Jesús de Polanco, afirmó que «En España no hay cojones para quitarme a mí ese puesto», el Consejo General del Poder Judicial le cortó el paso a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por tres veces consecutivas, al considerar que «carecía de preparación» al no haber puesto nunca una sentencia ni haber actuado jamás en órganos judiciales colegiados. Para quitárselo definitivamente de encima la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces redujo en su informe los centenares de doctorados honoris causa y galardones de todo tipo, alegados como méritos, a línea y media, y alargó, al parecer, en dos folios que no figuraban en su expediente, las capacidades de su oponente, Javier Gómez Bermúdez. A partir de entonces aprendió en carne propia dos dichos populares: no por madrugar se ve amanecer más temprano, ni por gritar más fuerte contra la guerra de Iraq se tiene más razón.

«Se llama Javier Gómez Bermúdez y la historia de su fulgurante éxito en la carrera judicial comenzó un día de octubre de 2002 en que a su colega Ruth Alonso, juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, se le ocurrió conceder la libertad condicional a dos presos de ETA. Aquella decisión provocó la ira de un Aznar en santa cruzada contra el terrorismo y sus cómplices, que de inmediato decidió la creación de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para centralizar las decisiones judiciales a adoptar en el campo penitenciario sobre los presos de la banda». Así comenzaba, el 26 de diciembre de 2004, su columna dominical «La Rueda de la Fortuna» en el diario El Mundo el periodista Jesús Cacho.555 Y continuaba: «Quedaba un escollo: encontrar un juez de vigilancia penitenciaria que se ajustase como un guante a la nueva doctrina Aznar, capaz de plegarse a la razón de Estado. Lo encontraron. Procedía de Almería [y se llamaba Javier Gómez Bermúdez]».

Según el periodista, Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez, nacido el 3 de agosto de 1962, con apenas dieciséis años en la carrera judicial, se hizo inmediatamente amigo del ex ministro del Interior, Ángel Acebes, del ministro José María Michavila y del secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa. De esta manera, cuando el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García Pérez, anunció su decisión de abandonar su puesto, poco antes de su jubilación,556 para dedicarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, todas las miradas del PP se posaron en Gómez Bermúdez, que ni siquiera era todavía magistrado de sala.

«Los viejos conocedores de los resortes del poder real desconfiaron: si un sujeto se atreve a viajar por los despachos [del poder económico] vendiendo su candidatura, es señal de que cuenta con respaldo político cierto. El propio afectado se encargó de revelar el nombre de su padrino:"Tengo el apoyo de Astarloa"», relata el entonces periodista de El Mundo.

Su oponente principal dentro del Consejo General del Poder Judicial era el juez Baltasar Garzón. Tras casi dos décadas instruyendo sumarios, aspiraba a presidir la Sala de lo Penal del único tribunal con jurisdicción en toda España, junto con la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con sus cuatro sesiones, controladas por la izquierda hasta hace poco, es una entidad sui generis, especial, excepcional. Entre sus atribuciones está la de poder procesar y hasta juzgar, si se tercia, al hombre más poderoso del mundo, George W. Bush, al día siguiente de que dimita y cese en el cargo de presidente de los Estados Unidos; o al ex presidente de la República Popular China y secretario general del partido único, Jiang Zemin, al igual que se pretendía con Augusto Pinochet. ¿Iba el superjuez de Torres a perderse una perita en dulce como esta, en el momento en que le llegaba la jubilación a Siro García, tras cuarenta años condenando a diestro y siniestro?

Después de hacer de Spider-man, de Batman y de Superman a la vez persiguiendo siempre a los malos, parecía lógico que la Sala de lo Penal fuera el descanso del guerrero, el justo premio a su esforzada y «callada» labor, tan elogiada por el Partido Popular y su amigo Jaime Mayor Oreja en lo concerniente a ETA.

Los caminos del Señor (Botín) eran, sin embargo, inescrutables. Garzón perdió la partida y Gómez Bermúdez se alzó con el santo y la limosna. Al campeador, al menos, le tocó la pedrea.

En el año 2004 el horizonte penal de Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, hermano, hijo y nieto de banqueros, era bastante incierto, y no porque hubiera sido un chico excesivamente malo, sobre todo para los intereses de su familia y de los accionistas de su banco. Presidente del Grupo Santander, una entidad financiera con un valor en bolsa de 88.436 millones de euros (lo que le convertía en uno de los diez primeros bancos del mundo por capitalización bursátil), dueño del Abbey del Reino Unido, del Santander, de Banesto, de Banif, de Santander Consumer Finance, de Santander Totta y de otros bancos igualmente significativos en Brasil, México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y otros países, su vida privada y profesional estaba condicionada desde 1987 por un par de jueces de la Audiencia Nacional de Madrid.

Fue por esa época, a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando al Santander, que necesitaba captar dinero en el mercado para crecer, se le ocurrió lanzar las supercuentas y las cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero opaco, no regulado por las leyes fiscales, que permitía a sus cuentacorrentistas no tributar a Hacienda por los beneficios obtenidos.

No era el único banco que se aprovechaba de las rendijas de la gran aspiradora en que se había convertido la Agencia Tributaria, que ya se había llevado por delante hasta la cabeza de Lola Flores, para beneficiar a sus impositores e impedir que les succionasen los réditos de sus ahorros. La Caixa de Barcelona y el Banco Bilbao Vizcaya hicieron lo mismo —este último por medio de su filial Euroseguros S. A.— y a los de Neguri ni siquiera se les llamó al orden. Ellos tenían su hacienda foral propia, que no quería que el asunto se investigara en la Audiencia Nacional, y finiquitaron el problema impidiendo que las actas de Hacienda llegaran a los juzgados situados en la calle de García Gutiérrez, en Madrid.

Al Santander, sin embargo, le cogieron con las manos en el saco de la manteca. Y como todavía Aznar no había llegado al poder para que le echara una mano en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, un juez imprevisible, que no miraba a los ojos y embestía de lado, Miguel Moreiras, decidió abrirle un sumario en el Juzgado Central de Instrucción Número 3, el entonces llamado Juzgado de Delitos Monetarios.

La instrucción a cargo de un juez que metió en la cárcel a Benedicto Alfaro557 el mismo día de la boda de su hijo, fue todo un esperpento. ¿Cómo no iba a recordar Emilio Botín el día 19 de julio de 1992, cuando le llamó a declarar dispuesto a procesarle y meterle en la cárcel si no depositaba una fianza varias veces milmillonaria? Moreiras le acusaba de un presunto fraude fiscal al haber realizado el Santander 47.274 operaciones de «cesiones de crédito» por importe de más de 450.000 millones de pesetas, lo que representaba un supuesto fraude de más de 100.000 millones de pesetas al Tesoro Público.

Sometido al escarnio general, el día de su declaración ante Moreiras lo recordará tanto como el de su primera comunión. Esa mañana los camiones blindados dedicados a los transportes de fondos de Prosegur se agotaron y sus empleados tuvieron que hacer horas extras. Menos mal que Dionisio Rodríguez Martín, el Dioni,558 estaba ya entre rejas, porque de lo contrario habría tenido una gran oportunidad para robar no los casi trescientos millones que robó, sino treinta mil, la fianza en dinero contante y sonante que estuvo dando vueltas durante horas por la plaza de Colón, calle de Génova, Cibeles, Puerta de Alcalá y alrededores para impedir que Botín pisara la cárcel y se estigmatizara como Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal o Benedicto Alfaro.

El cese de Moreiras en la Audiencia Nacional y la llegada al Juzgado de Delitos Económicos de Teresa Palacios no mejoró las cosas. Tras una prolija instrucción, la hija del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba decidió, en el otoño de 2004, abrir juicio oral contra Emilio Botín y otros tres directivos de la entidad financiera por las cesiones de crédito.

En el auto, la juez Palacios acusaba a los cuatro responsables del banco, entre ellos su presidente, a 138 clientes y a sus presuntos testaferros de la entidad financiera de un delito de fraude fiscal, por lo que de confirmarse sus previsiones como instructora deberían hacer frente al abono de 12.200.000 euros a la Hacienda Pública.

Sin embargo, no todo iban a ser contrariedades y desdichas en la viña del Señor. Alguna compensación iba a tener para los abogados del Santander pasarse la vida en los juzgados.

En el otoño de 2004, al mismo tiempo que Teresa Palacios pretendía abrir juicio oral por las cesiones de crédito, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, reunía a todos los fiscales y, tras una larga deliberación, decidieron solicitar por unanimidad el sobreseimiento de la causa.

En un escrito de diez folios remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fungairiño Brigas expone: «No va a ser posible sentar ni física ni procesalmente en el banquillo a 149 personas, y entendemos que no existen indicios de comisión de delito. El juzgado confunde las meras sospechas con los delitos, ya que en el auto de apertura oral no se esboza siquiera qué directivos del banco, cuándo y dónde se reunieron y acordaron la supuesta perpetración de un fraude generalizado a la Hacienda Pública». El ministerio público solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones y retira la acusación pública junto con el abogado del Estado. Al mismo tiempo advierte a la sala del riesgo que supone la celebración de una vista oral dejando el asunto sólo en manos de unas acusaciones populares cuyos móviles no estaban nada claros. Para ilustración de la sala, añadía: «La presente causa se abrió por querella de don José María Ruiz-Mateos que, de repente, desistió de ejercer la acción popular. Siete años después, cuando el sumario estaba instruido, se presentó la llamada Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes, de los letrados Juan Francisco Franco Otegui y Rafael Pérez Escolar y el partido político Iniciativa Per Catalunya».559

La cuestión que flotaba en el ambiente era si las dos acusaciones populares citadas buscaban el legítimo ejercicio de la justicia o, por el contrario, pretendían utilizar los tribunales para que Emilio Botín les concediera a ellos una verdadera cesión de crédito —de las buenas— sin derecho a reembolso ni pago de intereses. «El tufo que desprende este turbio asunto es ese, y nuestro deber es impedir que se instrumentalice la justicia para que unos aprovechados atraquen ante nuestras narices al Banco de Santander», se le hizo saber al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

La Sala de lo Penal acabó dándole la razón a Eduardo Fungairiño y el juicio sobre las cesiones de crédito de nuda propiedad no se celebró, al decaer la acusación pública y considerarse que las populares carecían de legitimidad.

Pese a todo, al todopoderoso presidente de uno de los diez bancos más importantes del mundo se le acumulaban los problemas judiciales.

La noticia salió en todos los periódicos el 17 de agosto de 2001. José María Amusátegui, presidente del Banco de Santander-Central Hispano, abandonaba la presidencia de la entidad financiera y cedía el cargo a Emilio Botín con plenos poderes y funciones. Poco después, el vicepresidente de la entidad y consejero delegado, Ángel Corcóstegui, seguía el mismo camino.

Enseguida se sabría que la generosidad de Amusátegui y Corcóstegui al cederle todos los poderes de la entidad financiera más importante de España al banquero santanderino había tenido un precio.560 Actuando como si fuera la Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado, y como si nos encontráramos en Navidad, Emilio Botín había tenido que indemnizar a los dos altos cargos procedentes del Central Hispano con 56.750.000 y 108.180.000 euros respectivamente.561

Tras cobrar los correspondientes «cuarenta y cinco días [de salario] por año», tal y como se establece en los convenios colectivos más generosos, se supieron las razones de la ruptura: «Botín y Amusátegui no se hablaban en los últimos meses y, al margen de si una jubilación tan escandalosamente alta es ética o no, esa parece ser que fue la única salida a la larga crisis de la entidad bancaria», señalaba el diario El Mundo, para más adelante añadir: «Cuarenta y ocho horas antes de su dimisión Amusátegui acarició la idea de entablar acciones legales y Botín esgrimió ante los suyos la posibilidad de presentar un voto de censura contra su colega en el Consejo. Amusátegui, tras recapacitar en las últimas semanas, había decidido salir por la puerta grande del banco», por el que cupiera un blindado de Prosegur, naturalmente.

Apoyándose en estas informaciones, el 5 de noviembre de 2002 el letrado Juan Francisco Franco Otegui, presidente de la autodenominada Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes del Banco de Santander,562 presentaba una querella contra Emilio Botín.

Abogado de algunos de los comisionistas del PSOE en el Caso AVE, un escándalo de corrupción de la década de 1980, en el que aparecía implicado Julián García Valverde, ex ministro socialista, que salió absuelto, el letrado Franco Otegui acusaba a Botín de dos delitos societarios y otros tantos de apropiación indebida y de administración desleal.

Admitido a trámite por la jueza Teresa Palacios, el asunto acabó calificado de un simple delito societario del que el presidente del Santander, tras sentarse en el banquillo de los acusados, acabaría absuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Sin embargo, lo cierto era que este espinoso asunto tenía poca gracia. Según el periódico Libertad Digital, en aquellos momentos el tándem formado por Rafael Pérez Escolar y Juan Francisco Franco Otegui se había dedicado a perseguir con saña a Emilio Botín en venganza por la condena a nueve años sufrida por Pérez Escolar en el Caso Banesto, y habían presentado nada menos que veinticuatro demandas, querellas y recursos contra Banesto y el Santander. «A día de hoy —informaba Libertad Digital—,563 ninguna de las veinticuatro se ha resuelto a favor del ex consejero y el abogado. Un proceso tiene sentencia firme contra los demandantes; siete están recurridos por el demandante (uno incluso ante el Tribunal Supremo); nueve procesos aún se están tramitando; dos están pendientes de sentencia; otros dos casos han sido desestimados y otro sobreseído. Así hasta completar una larga lista de batallas judiciales que ambos bandos libran desde hace casi una década».

En este contexto de presiones múltiples, con Baltasar Garzón instruyendo un sumario contra los directivos del Banco Bilbao Vizcaya por sus cuentas secretas en el paraíso fiscal de Jersey, y con Botín a punto de sentarse en el banquillo para responder de las suculentas indemnizaciones pagadas a Amusátegui y Corcóstegui, en julio de 2004 se produjo el relevo en la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un puesto clave para decidir el horizonte penal de los que habían sido los dos banqueros más importantes de España, Emilio Ybarra y Emilio Botín, los «dos Emilios».

El 24 de junio de 2004 el diario El País lo anunció en portada: «Garzón solicita la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional». En las páginas interiores el rotativo hace un recuento de sus méritos para aspirar al cargo: «Ha presentado un currículum con doce doctorados honoris causa, más de ochenta premios nacionales e internacionales, unos cien artículos y ensayos doctrinales y [su experiencia de] más de veinte años compaginando la docencia con el ejercicio de la judicatura». El periódico alude también a sus virtudes como instructor de macrosumarios y grandes causas judiciales. «Investigó los sumarios de la Operación Nécora, Al-Kassar, Sáenz de Ynestrillas y Ucifa y, tras un breve periodo como diputado del PSOE, instruyó la mayor parte de los sumarios sobre los GAL y ETA».

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional leyó la noticia en el avión, de regreso de San Diego (California), a donde había acudido a impartir una conferencia organizada por Survivors of International Torture, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, organizada por las Naciones Unidas. De allí había empalmado viaje a San Francisco, donde se dirigió a un nuevo auditorio en el Center for Justice and Accountability, esta vez cobrando del despacho de abogados Heller Eheman White and McAuliffe. Desde allí volvió a Madrid. Y se alegró de la amplia cobertura que le daba el diario de Jesús de Polanco. Después de dieciséis años y medio en el mismo destino, un cambio de aires no le vendría mal, sobre todo cuando la mayoría de los compañeros de su promoción llevaban años presidiendo salas de justicia e incluso audiencias provinciales.

Un mes después, el 21 de julio de 2004, se jubilaba por antigüedad Siro García Pérez, cuya imparcialidad en el uso de las normas del Derecho no había cuestionado prácticamente nadie. Para cubrir la vacante, el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, debía celebrar un pleno antes de las vacaciones y elegir a su sustituto. Junto con la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que se renovaba al mismo tiempo, la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se convirtió, desde los primeros momentos, en la novia más deseada de la judicatura. Y no era para menos. En cualquiera de las cuatro secciones que integran la sala se verían en los próximos meses muchos de los asuntos más conflictivos de los últimos años. Desde el caso de las cesiones de crédito o los pagos multimillonarios a Amusátegui y a Corcóstegui, a las cuentas secretas del BBVA, el supuesto fraude fiscal de Telecinco, el «caso del lino», los habituales sumarios por narcotráfico o los asesinatos de la banda terrorista ETA.

Personajes como Silvio Berlusconi, Miguel Durán, Nicolás López de Coca, Emilio Ybarra, José María Amusátegui, Ángel Corcóstegui, Francisco González, Juan de Villalonga, César Alierta y el Consejo de Administración en pleno del BBVA y el BSCH, es decir, toda la clase empresarial y financiera, debía pasar por el banquillo, bien en calidad de acusados, bien como testigos, en el caso de prosperar las numerosas querellas en marcha. Y eso, naturalmente, sin tener en cuenta a los presidentes de las juntas militares de Argentina, Chile y Guatemala, a los dirigentes de la República Popular China o de los Estados Unidos, contra los que había diligencias en marcha, en la mayoría de los casos testimoniales, en los juzgados de instrucción 1, 2 y 5 de la Audiencia Nacional.

No resulta extraño, en consecuencia, que la presidencia del único tribunal existente en España con atribuciones para enjuiciar asuntos como los casos Kio, Banesto o Pinochet fuera ambicionada por un juez que pretendía erigirse a sí mismo en Tribunal Penal Internacional en virtud del principio de justicia universal. Y era fruta apetecida para muchos, pues se presentaron nada menos que una quincena de candidatos.564

La gran batalla para elegir al presidente de la Sala de lo Penal que había de decidir sobre los destinos de centenares de personas en los siguientes cinco años comenzó el 5 de julio de 2004. Esa mañana veraniega se reunía la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, el organismo encargado de elegir las ternas para que, posteriormente, el pleno del órgano de gobierno de los jueces eligiera a los candidatos para cubrir las vacantes de las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ganador de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 —que llevaron a José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa como presidente del Gobierno—, el PSOE pretendió aplicar el rodillo socialista al resto de las instituciones. Y ese día decidieron echar un pulso a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para repartirse los altos cargos del Supremo, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales. La firmeza de la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces impidió que se salieran con la suya. En consecuencia, los vocales de la llamada minoría progresista decidieron plantarse, abandonar la Comisión de Calificación565 y paralizar la política de nombramientos. «Ha sido una actitud obscena y de arrogancia preconstitucional», afirmaron los vocales socialistas en un comunicado.566 «La actitud de la minoría es antidemocrática y anticonstitucional», replicó el presidente de la Comisión, el conservador José Enrique Míguez.

A la semana siguiente, cuando volvieron a reunirse, se comprobó que todos los candidatos para cubrir la vacante de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reunían los diez años como magistrado, los méritos, la trayectoria profesional y la idoneidad para el cargo, salvo uno: Baltasar Garzón. En el larguísimo currículum que aportó no figuraba ni una sola sentencia y sólo tres autos destacables,567 doce doctorados honoris causa, prólogos de libros y centenares de conferencias, todas ellas pagadas doblemente con dinero del contribuyente, al haber sido dictadas muchas en instituciones públicas, con permisos concedidos por el Consejo General del Poder Judicial, un tiempo en el que debió estar instruyendo causas.

—Este tío se ha equivocado de concurso. Se cree que la plaza que está en concurso es la de la Facultad de Autobombo de la Universidad Complutense. ¡Se va a enterar de lo que es un tribunal! —decían algunos de los vocales por los pasillos del Consejo.

—¿Doctor «horroris» causa por la Universidad de Quilmes, la de Bahía Blanca, la de la Patagonia, la de La Plata y la de El Rosario, todas ellas en Argentina? ¿Y todos estos doctorados se los concedieron por pronunciar la misma conferencia?

—Conferenciante en veinticuatro provincias españolas. Pero bueno, si ha impartido más lecciones magistrales que Menéndez Pelayo, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa juntos. Si se pasa el día viajando, ¿por qué no le hacen presidente de Iberia?

Aunque la minoría que representa a la izquierda en el Consejo General del Poder Judicial había presentado su propia terna (Santiago Pedraz, José Ricardo de Prada y Baltasar Garzón), el 14 de julio, cuando se vio el asunto por segunda vez por la Comisión de Calificación, el juez Pedraz se cayó del cartel.

Tras la criba oportuna, sólo tres de los siete candidatos con más méritos pasaron a formar el triunvirato del que saldría el futuro presidente de la sala juzgadora y sentenciadora: Baltasar Garzón Real, José Ricardo de Prada —propuestos por el consejero socialista Fernando Salidas— y Javier Gómez Bermúdez, presentado por el presidente del Consejo, Francisco Hernando.

Aunque el candidato oficial del sector de izquierdas del Consejo es, en apariencia, José Ricardo de Prada, miembro de Jueces para la Democracia y destacado perseguidor de las dictaduras latinoamericanas en la Sala de lo Penal —donde llega a aplicar el delito de lesa humanidad con carácter retroactivo en una sentencia, como ha quedado dicho—, el 14 de julio cambian radicalmente las tornas.

Absolutamente convencido de que cuenta con muchos de los votos de la derecha por su «implacable» y «eficaz» persecución del terrorismo de ETA en los últimos años,568 bajo los dos gobiernos de Aznar, el juez Baltasar Garzón se ha dedicado a recabar los apoyos de la minoría socialista en el Consejo.

Tras una entrevista secreta con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Alfredo Pérez Rubalcaba, el juez campeador se ofrece a lo que haga falta.

—Podéis contar conmigo para encausar el «proceso de paz» o para meter a los etarras en la cárcel.

El encuentro produce los resultados deseados. Siguiendo a rajatabla las consignas del partido, la llamada minoría progresista en el Consejo renuncia en bloque a presentar su candidato y decide apoyar mayoritariamente a Garzón, aunque tienen serias dudas de que pueda resultar elegido.

«A mí todavía, en este país, después de lo que he hecho por las instituciones, no hay nadie que tenga cojones para quitarme el puesto de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional». Estas palabras se le atribuyen a Baltasar Garzón y, al parecer, las pronunció días antes de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara al respecto. Lo que ignoraba el rey mago de la justicia es que no se trataba de un problema de testículos. Lo que ocurría, simplemente, era que la mayoría del órgano de gobierno de los jueces le detestaba y no le podía ver ni en pintura, aunque les dijeran que el lienzo era una obra de arte de un discípulo de Diego Velázquez, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Los vocales Adolfo Prego y José Luis Requero le consideraban un «incompetente absoluto», y Javier Laorden, Enrique López y Pepe Merino se inclinaban claramente a favor de Javier Gómez Bermúdez, el candidato del secretario de Estado de Interior, Ignacio Astarloa, y del ministro de Justicia José María Michavila.569

Sometida la propuesta a votación, Javier Gómez Bermúdez obtiene diez votos, insuficientes para ganar la plaza, Baltasar Garzón siete y José Ricardo de Prada dos. De Prada queda por tanto excluido y el debate se centra, a partir de entonces, entre los dos primeros. Javier Martínez Lázaro se encarga de defender la candidatura del juez galáctico: «Su prestigio ha trascendido nuestras fronteras, tiene experiencia docente, numerosos premios obtenidos, es doctor honoris causa en doce universidades y ha instruido sumarios complejos».

«Sí, pero no ha pisado nunca una sala de justicia y desconoce su funcionamiento. Según las bases de datos del Consejo no ha puesto jamás una sola sentencia decente, que ya es decir», le rebate José Merino.

Puestas así las cosas, después de tres nuevas votaciones, Francisco Javier Gómez Bermúdez obtiene once votos, Garzón ocho. Uno de los vocales, Alfonso López Tena, propuesto por CiU, deposita su papeleta en blanco. Nacido en Alora (Málaga) en 1962, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, juez decano de Almería y titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, Gómez Bermúdez acababa de salir elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Era el 21 de julio de 2004. Nada más conocerse el resultado de la votación, Baltasar Garzón, iracundo, suspendió los encuentros que tenía previstos para los siguientes días y se recluyó en su casa de Pozuelo de Alarcón para meditar.

Para el juez, la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces era un puro y simple ajuste de cuentas teledirigido desde la sede del PP por dedicarse a una labor que no era la suya, la de presunto agitador de masas en las manifestaciones en contra de la guerra de Iraq. Así, más o menos, lo dejó escrito, como ya hemos visto con anterioridad: «El Consejo General del Poder Judicial ya había intentado buscarme las vueltas por haber criticado el apoyo del entonces presidente del Gobierno José María Aznar a la guerra de Iraq en un artículo publicado en un medio de comunicación».570

Baltasar Garzón sabía que su carrera como juez acababa de tocar techo, al menos para unos cuantos años. Pese a todo, le quedaba su «segunda actividad», en la que cada día «cobraba» más fuerza en el doble sentido de la palabra, la de conferenciante internacional empedernido, que esa no se la podía arrebatar nadie. Así, los días 13 al 15 de septiembre de ese mismo año viajó a Porto Alegre invitado por la International Association of Chiefs of Police para hablar sobre la seguridad en América del Sur; del 23 al 30 de septiembre estuvo en el Estado de Tabasco (México), y el 5 de octubre viajó a Bruselas invitado por B'nai B’rith571 para participar en el coloquio «Europa frente al terrorismo».

De todos aquellos viajes el que más huella dejó en él fue el realizado a México, donde tenía que participar en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal y Cooperación Internacional. Sobre todo por el mal sabor de boca sufrido aquel mismo año cuando fue al país azteca a interrogar a seis etarras y, tras varias humillaciones, acabaron prohibiéndole entrar en la cárcel Reclusorio Norte.572

Las autoridades civiles y académicas de Tabasco le convirtieron en su huésped y le acompañaron a todas partes, incluso a una fiesta de mariachis, donde Garzón se arrancó a cantar, con su voz atiplada, para enjugar sus penas:

Cucurrucucú, paloma,

cucurrucucú, no llores.

Las piedras jamás, paloma

¡qué van a saber de amores!

—Oiga, doctorcito, perdone la confianza. Me han dicho que le acaban de chingar, que le han volado un cargo en España. ¿Es cierto, doctor? —inquirió uno de sus huéspedes.

—En España hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, eso es lo que ha pasado —se excusó Garzón.

—Pues oiga, doctor, y dice usted eso, no más. Pues eso es cosa de malnacidos.

De todas maneras el periódico El Mundo le sigue situando entre los juristas más influyentes del año 2004, en el número 48, por detrás de Juan Fernando López Aguilar, Enrique López y por delante de Luis Martín Mingarro, Antonio Garrigues Walker, Emilio Cuatrecasas, Clemente Auger o el mismo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando.

Sin embargo, el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seguiría dando guerra para rato.

El 4 de enero de 2005 el rotativo El País da la noticia: «Garzón solicita al poder judicial una excedencia de nueve meses para impartir clases en Estados Unidos. El juez quiere establecerse en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York». La información omitía un dato relevante. La decisión significaba que el instructor del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional renunciaba a recurrir su exclusión para presidir la Sala de lo Penal ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como había estado barajando en los seis meses anteriores.

Al día siguiente, mientras asiste en Villarreal a la XIII Edición del Partido Contra las Drogas, organizado por el Proyecto Hombre, del que forma parte, y en el que juega como portero junto a David Bisbal, Emilio Aragón, Manel Fuentes y otros artistas, periodistas y cantantes (encaja ocho goles),573 se produce un hecho insólito en la justicia española. Su compañero José Ricardo de Prada, el candidato de Jueces para la Democracia que ni siquiera llegó a la segunda vuelta, decide acudir a los tribunales. Y presenta un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el real decreto 1826/04, de 30 de julio, por el que se nombra presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Javier Gómez Bermúdez. En sus razonamientos el demandante afirma que el nombramiento de Gómez Bermúdez era nulo toda vez que éste no reunía los méritos ni la capacidad suficientes para ocupar el puesto. Además se había vulnerado el reglamento del Consejo General del Poder Judicial al celebrarse cuatro votaciones en lugar de las tres preceptivas, y había existido desviación de poder. «Es vox populi que el órgano de gobierno de los jueces está politizado, y no actuó con criterios objetivos, sino extrajudiciales», señaló.

Aunque la elección era discrecional y no por concurso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, controlada por magistrados afectos a Jueces por la Democracia y al PSOE, admitió a trámite el escrito, abrió las diligencias 309/2004 y nombró a Ramón Trillo Torres —curiosamente recién nombrado por la mayoría conservadora presidente de la sala— ponente del asunto. Tras evacuar los trámites procesales oportunos, el 29 de mayo de 2006 el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo574 se reúne para deliberar. Esa misma tarde hacía pública una sentencia de veintitrés folios por la que estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por José Ricardo de Prada. Tras analizar con microscopio el caso, había encontrado un defecto de forma en el nombramiento. Se había omitido el trámite del informe de la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial. Ordenaba, por lo tanto, que «se retrotrayeran las actuaciones administrativas a ese punto, se elaborara el preceptivo informe y se volviera a votar».575

El nombramiento de Francisco Javier Gómez Bermúdez quedaba anulado, aunque seguiría actuando como presidente accidental de la sala hasta que se dilucidara la cuestión.

La sentencia suponía un duro varapalo para el Consejo General del Poder Judicial, y significaba, al mismo tiempo, una intromisión en las actividades del órgano de gobierno de los jueces. Una de sus funciones es la de elegir a los jueces más idóneos para las salas, audiencias y tribunales de justicia, incluida la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Contra esa decisión, en teoría, no cabía recurso judicial ni administrativo.576

Como sus miembros son conscientes de que se trata de un nombramiento discrecional, que depende exclusivamente de su facultad potestativa, el sector mayoritario del Consejo bascula entre no darse por enterado o tomarse a mofa la sentencia del Supremo. «Aceptar la posibilidad de que la Sala Tercera revise los nombramientos de los jueces habría sido igual que si Felipe González o José María Aznar admitieran que el Supremo pudiera cuestionar la elección de los jefes de la Policía, los embajadores o el director del Centro Nacional de Inteligencia», afirma el ex ministro de Justicia José María Michavila. Así pues, optan mayoritariamente por tomarse el asunto a broma. Encargan a Enrique Míguez, entonces presidente de la Comisión de Calificación, hoy ya jubilado, que elabore un informe sobre los tres candidatos.

El texto de la Comisión de Calificación representa tal escarnio y menosprecio hacia la Sala Tercera del Tribunal Supremo que el vocal Agustín Azparren Lucas, independiente, formula un voto particular en contra por la manera tan poco escrupulosa con que se ha llevado el procedimiento.577 Dice en su escrito: «De la simple lectura del informe llama especialmente la atención que el relativo a Javier Gómez Bermúdez tenga mayor extensión que el aportado por el propio candidato al haberse ampliado sorprendentemente en dos folios, incluyendo incluso un apartado nuevo [relaciones internacionales], ampliación cuyo origen se desconoce», se afirma en el voto particular. Y se agrega: «[Lo más escandaloso del asunto] es que las dos páginas nuevas que aparecen ahora hacen referencia a ponencias, cursos y actividades desarrollados por Gómez Bermúdez en fechas posteriores a junio de 2004, momento al que debían retrotraerse las actuaciones».

Lo más chusco de todo es que el Consejo General del Poder Judicial incluye entre los méritos de Gómez Bermúdez el de su nombramiento para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, nombramiento que se cuestionaba, anulado por sentencia de 29 de mayo de 2006. «La prueba de que es un excelente presidente y de que el Consejo General del Poder Judicial ha ponderado rigurosamente los méritos y capacidad de todos los candidatos es su propio currículum como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional», se decía en el texto.

El currículum de Garzón, de más de veinte folios por entonces, con centenares de conferencias, doctorados honoris causa y prólogos de libros, como ya vimos, quedó reducido a escasas ocho líneas en las que además se cambiaba la forma de redacción del texto, se le humillaba, se le descalificaba globalmente y se le trataba con un tono distante y ambiguo, de evidente menosprecio. Decía el texto del Consejo: «Como mérito profesional [Garzón] alega que es en la actualidad juez central de instrucción en número 5 de la Audiencia Nacional. No consta que haya ocupado cargos en tribunales colegiados ni haya dictado sentencia en este tipo de tribunales.

»Alega haber realizado investigaciones complejas en su cometido, que tiene experiencia docente, que ha dado diferentes conferencias en determinados centros y publicado ensayos y libros sobre materias de su especialidad.

»En la actualidad se halla disfrutando de un permiso de estudios concedido por este Consejo, ignorando esta Comisión [de Calificación] si ese permiso lo disfruta como profesor o como alumno de cualquier actividad».

Una vez elaborado el informe, reunido de nuevo el pleno del Consejo General del Poder Judicial, votó otra vez por Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con lo que se cumplía a rajatabla la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. «Estas graves irregularidades, tanto en el procedimiento como de otro tipo, y el menosprecio a uno de los candidatos [Baltasar Garzón] son motivos suficientes para adoptar la postura excepcional de no votar en la presente propuesta», afirmaba Agustín Azparren Lucas en su voto particular.578 «Entiendo que ese proceder de ordeno y mando fue una clara burla al Tribunal Supremo, que en los nombramientos debe velar porque se cumplan los procedimientos que establece la ley», le dice al autor del libro.

Y es que la pugna judicial por el control de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendría dos nuevos y esperpénticos episodios en los tribunales.

Como ya se cuenta en otra parte del libro, durante su estancia en Nueva York, donde hizo de presentador de diecisiete conferencias bajo el título común de «Diálogos trasatlánticos», el juez Baltasar Garzón invitó a compartir atril con él, en la Universidad de Nueva York, al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y al de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Antes y después de sus intervenciones, Garzón, Moratinos, López Aguilar y Bono, que también estaba, analizaron la entrega de Navarra al País Vasco y la instauración del derecho a la autodeterminación que, al margen de la Constitución, estaba dispuesto a conceder el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los terroristas de ETA y a sus adláteres, bajo el seductor ropaje de un «proceso de paz».

Allí, entre bambalinas, se planteó que tras el cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional lo que estaba fallando era la Sala de lo Penal del alto tribunal, que no se plegaba a los intereses del Gobierno, vista la decisión de algunos presidentes de secciones, como Alfonso Guevara, de actuar por libre, no plegarse a las peticiones del fiscal y censurar incluso al Gobierno por intentar que la justicia se plegara a sus intereses de partido.

En este contexto, según fuentes judiciales, se le plantea a Garzón la necesidad de que el Gobierno controle la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que ETA rompiera la tregua. ¿Escuchó Garzón los cantos de sirena o se movió por su propia y legítima ambición a reintegrarse a la Audiencia Nacional como la espada flamígera del arcángel san Gabriel, esta vez favoreciendo las tesis de ETA? Nadie, ni siquiera él mismo, metido en una vorágine de conferencias y actos públicos, es probable que lo sepa.

Lo único constatable es que el 25 de junio de 2006, una vez acabadas sus vacaciones pagadas en la Gran Manzana y reintegrado a la Audiencia Nacional, es Baltasar Garzón Real el que toma el relevo a José Ricardo de Prada.

Al no haber acatado la sentencia el Consejo General del Poder Judicial y continuar Javier Gómez Bermúdez al frente de la Sala de lo Penal, promovió ante el Tribunal Supremo un incidente de ejecución de sentencia, instando a la Sala Tercera a que obligara al órgano de gobierno de los jueces a reabrir el procedimiento y a volver a reunirse para proveer el cargo. En su escrito manifestaba que aunque no promovió el recurso a la sala por el nombramiento de Gómez Bermúdez ni se unió al de su compañero José Ricardo de Prada, se consideraba legitimado para exigir que el Consejo General del Poder Judicial ejecutase la sentencia. Con esto demostraba, una vez más, que debería repasar de vez en cuando las leyes, ya que durante la tramitación del proceso el abogado del Estado y el propio José Ricardo de Prada se opusieron a sus pretensiones. «Los legitimados para pedir la nulidad de los actos contrarios al fallo son sólo quienes han sido parte en el procedimiento», expuso el magistrado De Prada a la Sala Tercera.

A la vista de que se trata de un nuevo órdago, para que queden las cosas claras, tres días después de presentado el incidente de incumplimiento de sentencia, el Consejo General del Poder Judicial nombra de nuevo a Javier Gómez Bermúdez presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.579

El 20 de noviembre de 2006, con Gómez Bermúdez confirmado en su cargo por segunda vez, se reúne el pleno de la Sala Tercera para resolver el incidente de ejecución de sentencia. Tras admitirlo a trámite, el escrito de Garzón «condenó» al Consejo General del Poder Judicial a cumplir el fallo de la sentencia anterior «en los términos estrictos que allí se indican». «Con esta finalidad —agregaba— ordenamos de nuevo la reposición de las actuaciones del expediente administrativo para que se realice en debida forma el trámite de informe de la Comisión de Calificación y después se pronuncie sobre el nombramiento nuevamente el pleno, mediante la oportuna resolución motivada».580

El rifirrafe jurídico en torno a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuyo presidente y ponente había sido elegido por mayoría por el bloque conservador en la misma reunión en que se eligió a Gómez Bermúdez,581 al igual que en los combates de boxeo conocería aún otros asaltos.

El 17 de enero de 2007 el Consejo General del Poder Judicial celebra su primer pleno del año. Por tercera vez designa a Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal por un plazo de cinco años a partir de la fecha. Como se cuestiona su idoneidad por su edad y por su formación jurídica, al ser más joven que Garzón y que José Ricardo de Prada, le envía parte del acta de la deliberación. «[Para que ustedes se enteren de una vez de si el nombramiento es idóneo o no] Javier Gómez Bermúdez lleva dos años ejerciendo como presidente de la Sala de lo Penal y con su actuación ha demostrado que es un excelente profesional. Sus sentencias no han sido cuestionadas por ninguno de los partidos políticos ni por las partes procesales».

El pleno del Consejo General del Poder Judicial no sólo no ha ejecutado la sentencia, sino que reitera a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que no puede revisar sus actos. «Y ahora, debido a sus intolerables injerencias, además de los dos años que ya lleva ejerciendo, le vamos a nombrar por otros cinco años», señaló un vocal al Tribunal Supremo, adjuntando las sentencias de los juicios por secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el de Gregorio Ordóñez, el seguido contra los autores del atentado contra Eduardo Madina o el de la Operación Dátil, en donde no sólo se apreciaba claramente la exposición y valoración de los hechos y la rigurosa aplicación del Código Penal, sino que Gómez Bermúdez había hecho mucho más. Para salvar la deficiente instrucción sobre la red Al-Qaeda en España (Operación Dátil) y poder juzgar de manera eficaz a las personas imputadas por Baltasar Garzón, para las que el fiscal pedía un total de 74.334 años de cárcel, llegó a estirar el Código Penal y a inculpar de un delito de conspiración a Abu Dahdah, el jefe de la trama de las Torres Gemelas en España quien, de lo contrario, habría sido condenado solamente por tenencia ilegal de armas, según se dice en otro capítulo.

Como si de una carrera de relevos se tratara, después de que el Consejo General del Poder Judicial le diera calabazas a Garzón, fue José Ricardo de Prada quien se lanzó a la arena judicial con un fracaso casi asegurado de antemano.

El 23 de enero de 2007, cinco días después del tercer nombramiento de Javier Gómez Bermúdez para el mismo cargo, De Prada promovió un segundo incidente de ejecución de sentencia. Pide al Supremo que dicte auto acogiendo la presente cuestión incidental y se decrete la nulidad del acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial de 17 de enero de 2007, por el que se volvió a nombrar a Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sin volver a repetirse la votación. Alega además que el presidente del organismo, Francisco Hernando, debe abstenerse de votar por hallarse legalmente cesado en el cargo de presidente del Consejo desde el 7 de noviembre de 2006, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El 23 de febrero de 2007, apenas un mes y unos días después, la sala acordó que no «había lugar a este incidente de nulidad», con lo que el asunto quedaba zanjado para la posteridad.582

El Gobierno perdió la batalla para controlar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un organismo vital, según Rodríguez Zapatero, para que el llamado «proceso de paz» llegara a buen puerto. Lo cierto es que esta vez Zapatero no andaba muy desencaminado.

El 23 de marzo de 2007 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal se veía obligada a dejar en libertad al jefe de Batasuna Arnaldo Otegi Mondragón. Tras la decisión de este de no presentarse ante el tribunal y la posterior decisión de la sala de ordenar a la Guardia Civil que lo trajera esposado desde su pueblo, Elgóibar, a la Audiencia Nacional, el fiscal del caso, Fernando Burgos, se niega a imputar al jefe político de ETA de un delito de enaltecimiento del terrorismo, al pronunciar un discurso a favor de la banda terrorista en el entierro de la etarra Olaia Castresana, muerta años antes. Lo hace siguiendo instrucciones directas del Gobierno, transmitidas a través del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, un individuo implicado en la negociación con los terroristas y sumiso a los planteamientos del Gobierno. De esta manera, tras movilizar a las Fuerzas de Orden Público para detener al terrorista y presentarlo ante la justicia, el juicio apenas duró cinco minutos.

—¿No hay imputación? —preguntó el presidente de la sala.

—No, señoría

—Pues puede marcharse. Está libre —señaló dirigiéndose a Otegi.

Posteriormente, en su resolución, el tribunal echó las culpas de lo sucedido al ministerio fiscal. «Existe prueba de cargo directa, objetiva y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Las pruebas han sido lícitamente obtenidas y practicadas», por lo que Otegi habría sido condenado sin ningún género de dudas por enaltecimiento terrorista.

Fue uno más entre las decenas de bochornosos espectáculos que se vivieron en 2006 y 2007 entre una sala decidida a hacer justicia frente a un Gobierno actuando de abogado de los terroristas.

Bastante más sorprendente que todo esto resulta el hecho de que Baltasar Garzón, becado en Estados Unidos por el Banco de Santander, a su vuelta, en lugar de abstenerse, admita una querella contra Emilio Botín y todos los consejeros del banco, como ya vimos.

Primero se hizo correr la especie de que Javier Gómez Bermúdez había ido personalmente a ofrecerse en persona a Emilio Botín para resolverle sus asuntos judiciales. Incluso se citaba como fuente a uno de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Acto seguido, Rafael Pérez Escolar, condenado en el juicio de Banesto, que actuaba como acusación particular, presenta un escrito de recusación contra el presidente de la Sala de lo Penal. Afirma que tiene «enemistad manifiesta» e «interés indirecto» en la causa al haber sido ponente en las piezas de responsabilidad civil del caso Banesto.

Las dos cuestiones actúan como un cóctel explosivo y obligan a la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional, integrada por el presidente de la entidad, Carlos Divar Blanco, y otros ocho magistrados, a debatir sobre el asunto y a aceptar la recusación de Gómez Bermúdez para evitar que se genere una «apariencia de falta de imparcialidad».

De esta manera, el miércoles 26 de enero de 2005, cuando José María Amusátegui, Ángel Corcóstegui y Emilio Botín se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por el «caso de las estratosféricas jubilaciones» pagadas a los dos primeros por el Banco de Santander, el tribunal estaba presidido por el magistrado Antonio Díaz Delgado. Formaban sala con él Luis Antonio Martínez de Salinas y Raimunda Lorente Martínez.

Lo más significativo del asunto es que pese a ser amorales las jubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui nadie veía delito penal en ellas, salvo Pérez Escolar, movido por su ánimo de venganza. Lo decía así El Mundo: «Una cosa es que nadie debería tener condiciones salariales como las de estos ejecutivos de oro —y que por ello merezcan algún tipo de abucheo social— y otra que otorgárselas fuera un ilícito penal. De hecho, esto es lo mismo que ha dicho ya en cuatro ocasiones el ministerio fiscal. Todo indica que al término de la vista volverá a decirlo por quinta vez. Porque si otros juicios comienzan con la incógnita de quién ha podido ser el delincuente, lo que aquí no aparece por ninguna parte es el delito».

El 25 de mayo de 2006 el presidente del Santander era absuelto con todos los pronunciamientos favorables por la Sala de lo Penal. Según la sentencia, no hubo administración desleal, al haberse actuado con transparencia de cara al órgano de gobierno del banco y al responder las retribuciones fijadas a principios de equidad. Tampoco ha quedado acreditado que estos abonos produjeran perjuicio alguno al Santander, pues las remuneraciones se consideraron un gasto en línea con las cifras que se manejan para los primeros ejecutivos de empresas internacionales. El 27 julio de ese mismo año el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia al no haberles encontrado culpables de recibir jubilaciones millonarias, tras la fusión entre el Banco de Santander y el Central Hispano. «Los pagos tampoco produjeron un perjuicio patrimonial en el banco, sino todo lo contrario: la sociedad resultó notablemente beneficiada al igual que sus accionistas», afirma la sentencia.

La figura de Javier Gómez Bermúdez como presidente del tribunal sentenciador no quedó tocada por el incidente de recusación. Veamos, a continuación, lo ocurrido con Baltasar Garzón Real.

***

Madrileño de sesenta y nueve años, abogado en ejercicio hasta su reciente muerte, ex secretario del Consejo de Administración de Banesto y hombre apasionado por el patrimonio cultural, lo que le ha llevado a salvar de la ruina el monasterio cisterciense de Santa María de Bujelo, Rafael Pérez Escolar es un personaje peculiar. Juez en sus tiempos de juventud, experiencia que relató en un libro,583 su carácter de individuo iluminado y tenaz aparece retratado en otra obra, Memorias, en la que sin prueba alguna afirma que el llamado síndrome tóxico, una enfermedad neurodegenerativa que causó centenares de muertos en España en 1981, se debió a un escape de material bacteriológico de la base de utilización conjunta hispano-estadounidense de Torrejón de Ardoz.584

En su capacidad fabulatoria llega a hablar de «la evacuación [clandestina] de civiles y militares americanos a diversos centros hospitalarios, fundamentalmente a Alemania, [...] lo que concordaba por la afección padecida por militares españoles». También dijo que la «onda epidémica se desató de manera accidental por el manejo indebido de armamento bacteriológico».

El 9 de octubre de 2006, después de que la Audiencia Nacional le rechazara media docena de escritos similares, presentaba en el Juzgado de Guardia una querella de 189 páginas. En ella implicaba al presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, a todo el Consejo de Administración,585 al ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, al presidente de Bankinter, Jaime Botín, al actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz Abad, y a Ana Patricia Botín. Acusaba a los veintidós consejeros de la entidad financiera y crediticia de la apropiación indebida de 4.507 millones de euros (734.631 millones de pesetas) pertenecientes a Banesto.586 Además le imputaba un total de once delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.

Mezclando churras con merinas, el que fue consejero de Banesto durante la época de Mario Conde denuncia en concreto «las maniobras urdidas por relevantes personalidades financieras y administrativas para disponer indebidamente en su propio beneficio de 750.000 millones de pesetas pertenecientes a Banesto, lo que, además del fraude causado a sus accionistas, lleva consigo un delito fiscal por más de 262.000 millones de pesetas. A lo que debe añadirse, entre otras graves infracciones penales, una gigantesca malversación de caudales públicos en beneficio del Banco de Santander y de los propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de pesetas».

A juicio del demandante, un individuo condenado a pena de cárcel en el proceso abierto a raíz de la intervención de Banesto y que ha jurado odio eterno a la familia Botín, «se trata de cuestiones de excepcional gravedad cuya exposición se fundamenta tanto en numerosos documentos elaborados por las propias entidades afectadas como en antecedentes de diversa naturaleza que constan en oficinas y registros públicos».

El asunto correspondió al juzgado de Baltasar Garzón quien, en lugar de inhibirse por colusión de intereses con los querellados, decidió abrir diligencias y seguir adelante, y solicitar informes al fiscal, que no apreció indicios de delito alguno tras examinar el texto de la querella y las escasas pruebas aportadas.587

El 29 de noviembre el diario El País informaba de la decisión del juez de rechazar la misma. «Aunque aparentemente está bien armada, se funda en una cadena de hipótesis no contrastadas», afirmaba Garzón. Para el presidente del Santander tal vez hubiera sido más elegante que otro magistrado le hubiera dado la razón, pero ni él ni nadie, lógicamente, puede elegir juez.

Capítulo XXI

New York, New York

Si es cierto el aforismo que dice que la política hace extraños compañeros de cama, no es menos cierto que puede hacerse extensivo también al campo de la justicia. Resentido con todo el mundo al no ser elegido como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se marchó a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, «para nunca más volver», como dice la canción. En Nueva York se dedicó a hacer las paces con todos sus antiguos enemigos, pidió una prórroga de seis meses y al final concluyó que la Gran Manzana no había sido hecha para él. Tras despotricar en una serie de conferencias dictadas bajo el nombre genérico de «Transatlantic Dialogues» contra tirios y troyanos, convirtiéndose por sus manifestaciones públicas en el juez español más vulnerable, ya que puede ser de hecho recusado por muchos de sus procesados, regresó a Madrid a mediados de 2006. Previamente había hecho las paces con Felipe González, Henry Kissinger, Pepe Bono, el ex ministro de Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, y otros, a los que invitó a sus tertulias pagadas a precio de oro. A su vuelta Baltasar Garzón ya no era lo que era ni el país, dividido por los atentados del 11-M, estaba dispuesto a tolerarle sus salidas de pata de banco. Aislado de la vida cotidiana, alejado de los mortales y subido al alto pedestal de la justicia universal, ni siquiera sus amigos de El País le reían ya las gracias.

***

Dice Pilar Urbano, y en esto hay que creerle, que cuando Felipe González acudió al Tribunal Supremo como testigo de José Barrionuevo en el Caso Marey y contó que él le había pedido personalmente el indulto para José Amedo y Michel Domínguez, las vaharadas de indignación le subían por dentro o, lo que es parecido, se lo llevaban los demonios. Y agrega que aquel 23 de junio de 1998 escribió en su diario: «Felipe ha caído para mí. Kaput. Y lo siento. [...] Lo menos que me esperaba era que, puesto a hablar, no mintiera. Esa manera suya de hoy cancela todo compromiso moral de silencio. Desde ahora me siento dueño de sacar a la luz mis vivencias políticas cuando yo quiera. Algún día lo haré, pero a mi manera: yo no sé mentir. Y daré datos a la historia, para que la historia ponga a cada uno en su sitio».588

Como queda dicho, el paladín de la justicia intentó encausarle de nuevo con la argucia de los papeles del CESID, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tras leerle la cartilla en un auto durísimo, le puso en su sitio.

La cacería del ex presidente del Gobierno había terminado, pero durante años no se dirigieron la palabra, pese a que el «experto en bonsáis», en una ocasión, le regaló un libro en unas Navidades, y en el año 2000, cuando fue a recoger el premio Pro Derechos Humanos Monseñor Leónidas Proaño, instituido en recuerdo del obispo de los indios,589 le hizo llegar un mensaje a través de la Embajada de España en Quito: «De parte del presidente González, que tenga mucho cuidado en sus viajes por el Cono Sur. Los militares chilenos y argentinos están dispuestos a hacer lo que sea para acabar con él».

En su libro Un mundo sin miedo, Garzón reconoce que entonces tuvo miedo y anuló un viaje que iba a hacer a las islas Galápagos con su mujer y un grupo de amigos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos.

A comienzos de 2004 Henry Kissinger recibió al autor del libro, junto a otros periodistas estadounidenses, en su despacho de la calle Madison de Nueva York. Al saber que era español, me preguntó en un aparte:

—Y ese juez Garzón que ustedes tienen en España, ¿está loco o qué?

A sus ochenta y un años de edad se le veía molesto porque un juez insignificante de un país que había empezado a despuntar en la Comunidad Europea durante los gobiernos de José María Aznar hubiera intentado detenerle en Londres en 1998 por su presunta relación con el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Como se cuenta en otra parte de este libro, el 15 de abril de 2002 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón enviaba una comunicación urgente vía Interpol a la Policía del Reino Unido solicitando que le respondieran «sin dilación» si el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger iba a participar, al igual que en años anteriores, en la convención anual de altos ejecutivos británicos a celebrar en el Royal Albert Hall londinense.

En su libro White House Years,590 Kissinger explica con todo detalle por qué se llegó a un golpe de Estado en Chile: «En las elecciones del 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende era mucho menos popular, sacó muchos menos votos, pero como los partidos no comunistas se presentaron divididos, se proclamó él ganador y anunció que Unidad Popular asumiría el poder, abandonaba la OEA y establecía un gobierno comunista.

»Richard Nixon, que echaba en cara continuamente a los demócratas que toleraran un estado comunista minúsculo como el de Cuba, cuando se enteró de la noticia se puso como una hiena. No iba a ser él quien permitiera el establecimiento de una nueva dictadura comunista en el continente, que violara los derechos humanos y las normas de la democracia.

»Inmediatamente dio instrucciones al Departamento de Estado y a todas las agencias para trabajar por los medios legales para que Allende no llegara al poder. Según la Constitución chilena debía tener la mayoría para ser proclamado presidente ante la cámara o se convocaban nuevas elecciones. Había obtenido sólo el 31,1 por ciento de los votos, pero el general René Schneider, que mandaba las Fuerzas Armadas y luego sería asesinado,591 y los dirigentes políticos Jorge Alessandri y Eduardo Frei se negaron a presentar una moción de censura.

»La estrategia del Gobierno estadounidense consistía en que el Congreso designara a Alessandri como presidente de la República para, acto seguido, presentar su dimisión y convocar nuevas elecciones, a las que sólo se presentaría un candidato de derechas, Eduardo Frei Montalva, capaz de derrotar a Allende como ya lo había hecho en 1964 y alejar el problema de los totalitarismos comunistas de Sudamérica», dice Kissinger.

«El 24 de octubre el Congreso chileno votó la candidatura de Unidad Popular, Allende formó un gobierno de izquierdistas, a su toma de posesión invitó a representaciones de más de dieciséis gobiernos comunistas, incluyendo al movimiento separatista de Puerto Rico y al llamado Partido Chileno para la Liberación Nacional, que pretendía hacer la revolución incluso en Bolivia.

»A partir de entonces, Chile, donde se levantaban estatuas del Che Guevara por todas partes, se convirtió en el centro de Latinoamérica para la asistencia y entrenamiento de las organizaciones revolucionarias que pretendían liberar a sus países mediante la lucha armada.592 Mientras tanto, la nación entraba en una crisis económica agónica tras la política de expropiaciones de Allende y aumentaba el descontento, aunque la nación continuó siendo uno de los mayores países de Latinoamérica receptores de la ayuda estadounidense», asegura Kissinger.

La aprobación de medidas por el Gobierno de Allende que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, el Controlador General y la Cámara de Diputados, entre mayo y agosto de 1973, provocaron el golpe de Estado del general Augusto Pinochet. «En la concepción, planificación y ejecución del cuartelazo el Gobierno estadounidense no tuvo nada que ver», afirma Henry Kissinger, aunque los últimos documentos desclasificados por el Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca demuestran todo lo contrario.

Por eso el ex secretario de Estado no entiende que a finales de la década de los noventa, tras el intento de Baltasar Garzón de detenerle en Londres para que declarara sobre el Plan Cóndor, un proyecto conjunto de exterminio de la oposición de las dictaduras del Cono Sur, se haya extendido por todo el mundo su caza y captura, «como si yo fuera una alimaña a exterminar».

Nacido en Alemania en 1923, estudiante en Harvard, asesor del Instituto de Estudios Interamericanos de David Rockefeller para Latinoamérica, responsable de la Agencia para el Desarme y Control de Armas con la administración Kennedy, en 2004 no ocultaba su odio y rencor hacia el magistrado de la Audiencia Nacional española.

Garzón, junto con otros jueces europeos y latinoamericanos y alguno de su propio país, le había colocado en el punto de mira judicial de la comunidad internacional, donde muchas personas le consideraban un criminal de guerra al que había que aplicar la doctrina de los tribunales de Núremberg y Tokio, inventada por los Estados Unidos.

El juez británico Nicholas Evans había sido su salvación. Había denegado la petición por falta de evidencias, dejando la puerta abierta a un procesamiento «si se encuentran pruebas de su culpabilidad en las matanzas, mutilaciones, torturas y desplazamientos forzosos de poblaciones civiles en Vietnam, Camboya, Laos y en el establecimiento de las dictaduras de Chile y Argentina».

La iniciativa del juez de Jaén, sin embargo, le había dejado una profunda herida en el alma difícil de cicatrizar.

***

El salón de actos del Silver Center for Art and Science de la Universidad de Nueva York, en la parte sur de la isla de Manhattan, siempre tiene algo de surrealista, de contracultura que chirría en la mente de un espectador ajeno a esos happenings. Situado en el Hermmerdinger Hall, en el número 100 de Washington Square East, sus pasillos siempre suelen estar repletos de estudiantes estrafalarios más cercanos a las técnicas pictóricas de Andy Warhol o Anselm Reyle que de Frank Benson, William Merritt o John White Alexander.

El 14 de diciembre de 2005, con un lleno hasta la bandera, el anfiteatro de la Universidad de Nueva York volvía a revelarse como un mundo ajeno a lo cotidiano, más cercano a lo onírico que a lo real. A las ocho de la tarde, tomaban posesión del estrado del paraninfo universitario neoyorquino el juez Baltasar Garzón acompañado del ex secretario de Estado Henry Kissinger, uno de los hombres más odiados en Latinoamérica, y del ex presidente del Gobierno español Felipe González Márquez, supuesto asesor de Carlos Slim y de varios gobiernos de la América Latina.

Profesor invitado de la Cátedra Rey Juan Carlos I,593 un centro educativo sin apenas proyección cultural alguna, adscrito a la Universidad de Nueva York, y visitante distinguido de la Facultad de Derecho y Seguridad de la misma universidad, Garzón no iba a interrogarles en esta ocasión sobre el llamado Plan Cóndor ni por la famosa X de los GAL. Por el contrario, los que hacía unos meses eran sus más acérrimos enemigos, convertidos por arte de birlibirloque en honorables caballeros sin tener que pasar por el potro de la Audiencia Nacional, compartían estrado ahora con el juez estrella «especializado en investigaciones de terrorismo, crímenes de lesa humanidad y delincuencia organizada», según la propaganda de la universidad estadounidense, para hablar de la Transición española.

Lo verdaderamente insólito de aquella situación es que tanto Kissinger como González seguían investigados en algunos sumarios del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, instruidos por Baltasar Garzón, por sus supuestos «crímenes de lesa humanidad», por emplear el lenguaje del centro educativo neoyorquino.

Gracias a las gestiones del Banco de Santander, que financiaba a precio de oro el evento, y al Grupo Prisa, González era asesor de los Diálogos Transatlánticos que coordinaba la espada flamígera de san Gabriel en la Universidad de Nueva York. ¿Cómo se había producido aquella mutación neuronal en el cerebro del juez más honesto e incorruptible del sistema judicial español? ¿Qué había pasado para que el instructor más valiente y avispado de la Audiencia Nacional compartiera salón de conferencias con dos de sus posibles reos? ¿Estaba Garzón aquejado de alguna enfermedad mental que le había llevado a perder la brújula de la justicia, el norte de la equidad, el eje de su carismática estrella de juez justiciero, escrupuloso y cumplidor?

De la mesa redonda «Hacia una nueva estrategia política en las Américas» de aquel día formaban parte también el presidente de México Ernesto Zedillo y el de Colombia Álvaro Uribe. Sin embargo, todas las miradas estaban centradas en los tres enemigos irreconciliables de hace años, Baltasar Garzón, Henry Kissinger y Felipe González.

Antes de empezar el acto, Garzón se había acercado al ex secretario de Estado estadounidense para darle las gracias por su asistencia.

—Sé lo difícil que ha sido para usted aceptar mi invitación.

—Yo también se lo agradezco. Me consta lo difícil que debió de ser para usted invitarme —respondió el hombre más poderoso de las administraciones Nixon y Ford.

Con la guerra de Iraq como telón de fondo, el asunto a tratar era de la máxima actualidad: las relaciones de los países latinoamericanos con Estados Unidos y Europa. Para calentar el ambiente acerca del papel de gendarme realizado por los Estados Unidos, el ex presidente del Gobierno español contó por primera vez una anécdota ocurrida en 1982, poco antes de su llegada al poder en España. «Recuerdo que antes de tomar posesión de mi cargo usted vino a verme enviado por el Gobierno estadounidense. Le recibí encantado y me preguntó:"¿Van ustedes a nacionalizar la banca?" "No, en absoluto, eso no entra en nuestros proyectos"."Pero François Mitterrand, que acaba de asumir el poder, ha nacionalizado la banca". "Ese es su problema, aunque los dos somos partidos socialistas tenemos diferentes percepciones de la realidad. En España no vamos a nacionalizar la banca, ni las empresas ni nada"».

Luego habló el ex secretario de Estado. Henry Kissinger apenas había comenzado a hacer uso de la palabra cuando un individuo de unos cuarenta años, calvo, con un suéter rojo, se puso en pie y comenzó a increparle:

— Union yes, Kissinger not! Union yes, Kissinger not!

Un sector del público se acercó al espontáneo y le indicó que se marchara para continuar el acto. Garzón trató de poner paz:

—¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Please! Please!

El saboteador no le hace el menor caso y continúa con sus gritos. Mientras le sacan a empellones, acaba gritando en referencia a Kissinger:

— War assasin! War assasin!

Era exactamente el minuto cincuenta y dos del coloquio y el ex secretario de Estado, impasible, volvió a hacer uso de la palabra:

—Como estaba diciendo, antes de la II Guerra Mundial los Estados Unidos no tenían una política económica definida hacia Latinoamérica. Cada administración obraba de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Luego, durante la Guerra Fría...

— Mass murderer! Mass murderer!

En esta ocasión era una mujer desaliñada, de unos ciento diez kilos de peso, con un pañuelo en la cabeza, la que había decidido impedir el parlamento de Kissinger. Encogido dentro de un traje azul marino mal cortado, con camisa blanca y corbata roja, imperturbable tras sus gafas de concha y con melena blanca, el político estadounidense aguantaba impasible el chaparrón de insultos.

—Al menos no dejo a la gente indiferente —dijo en voz baja.

Baltasar Garzón, el hombre que tantas veces había querido tenerle entre rejas, salió en defensa del ex secretario de Estado:

—Me gustaría que si alguien más quiere interrumpir el acto que lo haga ahora, ya que así podemos respetar las reglas de la democracia. La universidad es un lugar libre y todo el mundo puede opinar, pero este es el momento de intervención de los panelistas. La opinión vendrá luego.

Kissinger vuelve a hacer uso de la palabra, pero apenas cuatro minutos después es interrumpido de nuevo por un tercer «emboscado» entre el público:

— World criminal! Dictador! —le increpan.

—Está claro que había más [saboteadores] —se oye decir a Garzón, indignado, fuera de sí.

—¡Con esta gente no hay quien pueda! Si no le hacen caso al juez que nos quiso enjaular a los dos no le hacen caso a nadie —bromea Felipe González.

Al día siguiente, 15 de diciembre de 2005, se celebraba en el salón de actos de la Universidad de Nueva York la clausura del primer semestre de Diálogos Transatlánticos, la serie de conferencias, a 100.000 dólares la intervención, subvencionadas por el Banco de Santander con la colaboración de otras instituciones como Telefónica, BBVA, Coca-Cola o la Fundación Ford.

«La situación de Latinoamérica tras la globalización es que el crecimiento económico se ha desplazado hacia el Pacífico, a los antes llamados países emergentes, y ya no puede hablarse de relaciones norte y sur», señaló Felipe González. Luego agregó: «Aunque la democracia es la norma y la dictadura la excepción, se corre el peligro de que muchos países democráticos se están desplazando hacia el populismo al no encontrar en la democracia la solución a sus problemas. El problema de América Latina es que la izquierda, cuando llega al poder, no sabe cómo crear riqueza y reparte pobreza; y la derecha sabe perfectamente cómo hacerlo pero no quiere distribuirla», señaló con ironía el ex presidente español. «El [problema] de Europa es que tras la caída del Muro de Berlín, para controlar al Pacto de Varsovia se ha perdido la capacidad de iniciativa y no hemos sabido adaptarnos a la economía global, con una gran pérdida de competitividad. Después de haber sufrido dos guerras mundiales fuimos incapaces de resolver cuestiones aparentemente tan simples como la crisis de los Balcanes. El de Estados Unidos y del resto del mundo, tras el 11-S, es que ha cambiado la percepción de la amenaza, la Alianza Atlántica es inservible. La gran crisis entre Europa y los Estados Unidos es el tremendo desacuerdo por la guerra de Iraq».

Acabado el acto, Kissinger volvió a darle las gracias al juez Garzón, convertido en un showman redomado pese a su mal inglés que esa noche no empleó para no «torturar» a la audiencia.

—No es usted tan fiero como lo pintan. Esta noche hasta me ha parecido en algunos momentos que ha actuado usted como mi abogado defensor —le dijo.

Y se marchó complacido a su casa de la avenida Madison. Por lo menos sabía, a partir de ahora, que el «lobo feroz» de la Audiencia Nacional no podía ni siquiera intentar procesarle de nuevo. Tras aquel acto había quedado judicialmente incapacitado para hacerlo.

Baltasar Garzón Real había llegado a la Gran Manzana a comienzos de abril de 2005. Venía acompañado de su mujer, Yayo Molina, que había solicitado un permiso en el colegio de Pozuelo de Alarcón donde daba clases. Poco después, tras pelearse con su novio en Madrid, se les incorporó su hija María.

Se había ido para no volver, por lo menos a su antigua profesión de juez, según contó a tirios y troyanos, a fenicios y cartagineses. «Me preguntas si he tenido ganas de abandonar y mi respuesta es que sí. Es cierto que después de diecisiete años en la Audiencia Nacional, de golpes, tensiones y frustraciones, he tenido la tentación de dejarlo todo. Pero hay como una especie de hilo invisible que me sujeta al cargo de juez central de instrucción de la Audiencia Nacional», escribe en 2005, cuando al señorito no le dan lo que quiere.594

En la ciudad de los rascacielos buscó alojamiento cerca de la universidad, en los aledaños de Washington Square, el antiguo patíbulo neoyorquino, y desde los primeros días se dedicó a aprender inglés, un idioma que, reconoció, era mucho más difícil que los sumarios que instruía en la Audiencia Nacional.

Con una secretaria pagada por el Estado español y una «beca» de varias decenas de millones de pesetas, abonadas en su mayoría por el Banco de Santander, se instaló en el Centro Rey Juan Carlos, cátedra creada gracias al empeño del ex congresista demócrata por el Estado de Indiana y presidente emérito de la Universidad de Nueva York, John Brademas,595 y Jesús Sainz, uno de los hombres de confianza de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el supuesto testaferro del Rey.

Aunque la Gran Manzana no era ya la ciudad que inmortalizó Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, la ciudad abierta para los exiliados españoles como Fernando de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza y ex embajador de la República en Washington, o el ex agente de la CIA José Antonio Aguirre Lecube, ex presidente del Gobierno vasco durante la Guerra Civil, Nueva York seguía teniendo su encanto. La capital del mundo constituía, además, un imán, un refugio dorado para los grandes talentos españoles como el psiquiatra andaluz Luis Rojas Marcos, jefe de la red hospitalaria pública; Valentín Fuster, uno de los pioneros en la investigación del infarto de miocardio en el Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinaí; el pintor Manolo Valdés, célebre por sus Meninas velazqueñas; o el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, autor del proyecto del Fordham Spire de Chicago, una de las torres más altas del mundo.

Garzón, sin embargo, nunca se sintió neoyorquino. Pese a asistir al estreno de Obaba, la película de Montxo Armendáriz que inauguró el Festival de Cine Español, encontrarse entre los asistentes al homenaje que la Hispanic Society rindió a Jesús de Polanco cuando ya se le notaban los estragos del cáncer en su cuerpo consumido, u organizar con los octogenarios miembros de la Brigada Abraham Lincoln una exposición sobre la Guerra Civil española,596 se le veía desplazado, incómodo y fuera de ambiente en la ciudad más cosmopolita del mundo donde, como decía Frank Sinatra, nadie se sentía extranjero.

Sus encuentros con Carmen Zulueta, hija de Luis Zulueta, el embajador de España en el Vaticano durante la II República y sobrina de Julián Besteiro, que desde hace cuarenta y cinco años vive en el exilio de Nueva York, así como sus contactos con otros exiliados españoles, le permitieron rememorar su situación personal. Él también se sentía un exiliado de la judicatura en una nación cuya lengua no hablaba, cuyas costumbres desconocía, aunque para sobrevivir no hubiera tenido que robar el Vita, como le pasó a Indalecio Prieto cuando huyó a México al final de la Guerra Civil. Por el contrario, su autoexilio de la Audiencia Nacional para que no estorbara y denunciara al Consejo General del Poder Judicial ante el Tribunal Supremo por haberle arrebatado la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, justo cuando se iban a juzgar asuntos de vital trascendencia para el sistema financiero del país, lo había cobrado a precio de oro sin que los mexicanos de Lázaro Cárdenas vinieran a exigirle la «mordida».

Acompañado por su mujer, Yayo, y auxiliado por su secretaria, contando siempre con la presencia cercana de Antonio Navalón, el presunto delincuente de cuello blanco amigo suyo establecido en México como delegado del Grupo Prisa junto a su mujer, se dedicó a preparar sus conferencias y sus libros Un mundo sin miedo, Cuento de Navidad, o La Lucha contra el terrorismo y sus límites. En otros momentos se concentró en reconciliarse con su propia conciencia y con el género humano, especialmente con Felipe González, con el que ya había tenido un encuentro fortuito en un avión años antes, que no renunciamos a transcribir.

Se había encontrado con «Dios» en carne y hueso varias veces: en Madrid en un festival en memoria de Miguel Gila, o en el aeropuerto de México, pero no se hablaban. Se limitaban a mirarse con rencor, con cierta aprehensión y recelo. Coinciden, por fin, en un vuelo desde Sao Paolo a Madrid, y ahí se produce la «química» que les había faltado en etapas anteriores, especialmente cuando el juez intentó meter en dos ocasiones en la cárcel al entonces presidente del Gobierno. Baltasar Garzón Real y Felipe González se pasaron el vuelo charlando sin parar. «Fue un viaje muy interesante», rememora la espada flamígera en su libro Un mundo sin miedo. El contenido de la entrevista y la forma de expresarse de Garzón y González, como si estuvieran hablando entre dos jefes de Gobierno de tú a tú, nos lleva a reproducirla textualmente en su mayor parte:

«Hablamos de todo un poco sin remover el pasado. Le dije que me resultaban despreciables las actitudes soberbias e intransigentes de José María Aznar, de su servilismo a George W. Bush, así como del poco peso que la administración estadounidense le otorga al considerarle un segundón útil pero prescindible. Hablamos de José Luis Rodríguez [Zapatero] y ambos coincidimos en que va avanzando y afianzándose, pero todavía le falta seguridad y profundidad.597

»Hablamos de Chile, en particular de la situación del Partido Socialista y del despegue económico de este país. De Argentina y del efecto positivo de la elección de Néstor Kirchner; de Brasil y de los problemas que comenzaba a tener Luis Inácio [Lula] da Silva; de Bolivia, de la caída del presidente "Goni" [Gonzalo Sánchez de Lozada] y del nombramiento de Carlos Mesa, y de las expectativas que despertaba. Le comenté que conocía a ambos y los dos me habían expuesto sus puntos de vista sobre la crisis que es casi insuperable en Bolivia.

»También hablamos de Ecuador y de la inestabilidad del sistema por el peligro de la ruptura de la coalición con los indígenas; de Venezuela y de la crisis que estaba experimentando este país por el enfrentamiento de la oposición con el presidente [Hugo] Chávez y los problemas de corrupción que afectaban a este país; de Cuba y de la actitud de Fidel Castro ante los disidentes y la injusticia del embargo norteamericano; de México y de la falta de liderazgo del presidente [Vicente] Fox y su gobierno, la incertidumbre que transmite [Manuel] López Obrador y los problemas internos del PRI.

»Me dijo que iba a formar parte de una fundación que extenderá su actuación a los diferentes países de Sudamérica orientada al desarrollo y al reforzamiento de los sistemas democráticos; de Iraq y de la coincidencia de posturas que manteníamos en este tema; de Israel y de la negativa de actuación de [Ariel] Sharon en relación con los territorios ocupados; de la importante labor de la Liga Árabe; del alejamiento de Aznar de los países árabes, en particular de Marruecos, de la crisis de la isla de Perejil y de la jugada que le intentaron montar a él con el tema de Marruecos.

»En fin, conversamos sobre otros muchos temas y personas: de literatura, de Pepe Bono y las relaciones del manchego con él; de [Pasqual] Maragall y del futuro de Cataluña; de su propio futuro. En este punto me dijo que no se presentaría a las nuevas elecciones, que no le decía nada el Parlamento y que no soportaba las actitudes intransigentes de la derecha que quiere destruir España y todo lo que hicieron los socialistas.

»También se quejó de cómo estaba el PSOE, que no acababa de superar sus contradicciones internas, y de la izquierda en general, y apostó por un cambio radical que regenere y despierte a las bases de la izquierda. En fin, se le veía feliz, con ganas de seguir disfrutando de la política, pero sin estar en primera línea.

»Latinoamérica. Le comenté que dentro de mis escasas posibilidades había tenido que paliar el olvido español hacia Latinoamérica en las distintas charlas, entrevistas y reuniones que había mantenido con líderes políticos, juristas, intelectuales, periodistas, estudiantes y miembros de organismos de derechos humanos a lo largo de los años.

»Así concluyó el encuentro a treinta y dos mil pies de altura. Eran las 7.15 horas de la mañana cuando llegamos al aeropuerto de Barajas. Me dio la impresión de que en aquel lejano 1994 nos faltó diálogo y comunicación, entre otras cosas».

A partir de entonces, como se cuenta en otros capítulos, Garzón decide enterrar el asunto de los GAL y vuelve a colocar como libro de cabecera el «catecismo de Pablo Iglesias». Entre tanto, sigue haciendo las paces con sus antiguos enemigos.

***

—¿Dónde está mi queso? —le espetó Garzón nada más encontrarse con él en Nueva York.

—Hombre, te sigues acordando de eso. No te preocupes, que cuando llegue a Madrid, te mando uno.

Baltasar Garzón asegura que nunca le echó la culpa a José Bono Martínez por haberle embarcado en la política como número dos del PSOE en las listas de Madrid para las elecciones de 1993. Sin embargo, tras la salida de la política para buscar venganza contra los dirigentes de Interior del PSOE, las relaciones entre el hijo del agricultor de Torres y Bono, el hijo del jefe de la Falange de Salobre (Albacete), formado en los campamentos de la Guardia de Franco durante el franquismo, no volvieron a ser las mismas. El magistrado de la Audiencia Nacional se sentía traicionado por el entonces presidente de Castilla-La Mancha, al que había pedido ayuda cuando José Luis Corcuera, Eligio Hernández y Rafael Vera se habían lanzado a cuchillo contra su yugular y Bono no hizo nada para impedir la caza del hombre. Esa era una de las cosas que, en opinión de Garzón, no se perdonan nunca.

Sin embargo, en 2005 el máximo responsable de la comunidad castellano-manchega era ministro de Defensa y las relaciones con los Estados Unidos se encontraban bajo mínimos tras el desplante de José Luis Rodríguez Zapatero a la bandera estadounidense, la vergonzosa huida de las tropas españolas de Iraq y la invitación del presidente más imprudente de la democracia española a los socios de la Alianza Atlántica para que sacaran sus tropas de Iraq y huyeran de las tierras bañadas por el Tigris y el Éufrates.

El 30 de octubre de 2005 Garzón le invitó a asistir a la mesa redonda dedicada a «Seguridad y Defensa», una aproximación al tema en el nuevo escenario geopolítico actual, celebrada dentro de su ciclo «Diálogos Transatlánticos». Junto a Bono participaron el secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, el ex senador Bob Kerry, un farmacéutico de Nebraska, ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina en la Guerra de Vietnam, candidato demócrata a las presidenciales de 1992 y presidente de la New School University de Nueva York. También se hallaba presente María Emma Mejía, ex alcaldesa de Bogotá, ex embajadora en España y ex ministra de Asuntos Exteriores de la República de Colombia.

El encuentro de Bono y Garzón en Nueva York sirvió para recuperar una vieja amistad perdida, pero no a los fines previstos por el Gobierno socialista. Pese a las gestiones del juez por medio de sus amigos neoyorquinos John Brademas, Bob Kerry y otros, la administración estadounidense le recibió como un ciudadano más, pero se negó a darle tratamiento de ministro de Defensa de un país amigo. Un viaje al Pentágono y una entrevista con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y con el secretario de Defensa Donald Henry Rumsfeld quedaron aplazadas sine die por la decisión suprema de George W. Bush.

***

Nacido en Santiago de Chile el 2 de junio de 1943, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas, y posgraduado en Derecho por la Universidad de Michigan, profesor de la Universidad Pontificia de Chile, José Miguel Insulza Salinas había sufrido una doble tragedia en su vida a causa del general Augusto Pinochet. Socialista y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país durante el golpe de Estado de 1973, había tenido que huir de él y durante diez años exiliarse en Roma. A su regreso a Santiago al finalizar la dictadura de Pinochet había tenido que defender a su peor adversario como ministro de Asuntos Interiores de Chile de las garras del juez Garzón, que pretendía extraditarlo a España y juzgarlo.

Insulza se había convertido entonces en el mayor enemigo del juez Garzón, pues criticó su vedetismo, la vulneración de las normas del derecho internacional y su violación de la soberanía de los Estados y rechazó enérgicamente la aplicación extraterritorial de las leyes. «Todo ciudadano chileno, incluido Pinochet, tiene derecho a ser juzgado en su país y por su juez natural», señaló.

En aquella hora trágica para su país en la que el Senado y los jefes de las Fuerzas Armadas fueron a visitarle en bloque para que rompiera las relaciones diplomáticas con Inglaterra y España, supo mantenerse firme y sereno. Sin embargo, no ahorró descalificativos hacia el juez español que había osado inmiscuirse en sus asuntos internos y poner en peligro su transición hacia la democracia. «Garzón se ha apuntado a la dudosa estrategia de arrogarse la pretensión de juzgar el golpe de Estado de Chile. Porque en España no se están juzgando los homicidios ni las desapariciones de personas, ya que carecen de testimonios y pruebas periciales y documentales para ello. Lo que pretende Garzón es hacer un juicio político al régimen militar chileno. Si eso lo hiciera el Tribunal Internacional de la Haya no tendríamos que objetar nada. Pero partimos de un principio básico de derecho internacional: un Estado no puede juzgar a otro. De la misma manera que ningún Estado europeo se atribuyó jamás el derecho a juzgar a la dictadura franquista, no admitimos que un juez español sea la persona adecuada para juzgar a la dictadura chilena», protestó Insulza en diversos foros internacionales.

Siete años después de aquellos enfrentamientos, en los que tanto el juez como el ministro chileno defendían posturas contrapuestas e irreconciliables, la mesa redonda sobre Seguridad y Defensa permitió que los dos enemigos se reconciliaran y fumaran la pipa de la paz. Insulza era en 2005 el secretario general de la potente Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, pero no olvidaba su pasado reciente.

—Es usted el hombre que peores ratos me ha hecho pasar en toda mi vida —le dijo a Garzón nada más verle.

—Ya lo sé. Y usted a mí, ¿qué se cree? —replicó Garzón.

—Pero yo le derroté a usted. Pinochet fue transferido a Chile para ser juzgado y no a España, que era lo que usted quería.

Tras casi dos años de lucha judicial y diplomática había ganado la batalla el 5 de marzo de 2000, cinco días antes de que Ricardo Lagos Escobar, que le nombraría ministro del Interior, asumiera la presidencia del Gobierno de la República. Por esa época a Insulza se le conocía ya en Chile como «el Panzer» por su capacidad de resistencia.

—Tengo que reconocer, pese a las diferencias de criterio que mantuvimos entonces, que le debo parte de mi carrera política. Nadie ha sido ministro en Chile durante diez años consecutivos. Yo lo fui gracias a su empeño en juzgar a la dictadura chilena.

—Y yo la mía. Dicen por ahí que gracias al Caso Pinochet soy el juez español más conocido fuera de mi país. Y debe de ser así.

En justa correspondencia, el 18 de abril de 2006, cuando ya estaba de regreso en España, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 regresó por unos días a Washington invitado por su amigo Insulza. Ese mismo día, a la una de la tarde, intervenía en la cátedra de Las Américas, dentro de la sede de la Organización de Estados Americanos para hablar de «Poder e impunidad». De esta manera, en la sede de la OEA, situada en la calle 17 esquina a la avenida de la Constitución de Washington, el juez español dedicó treinta y cinco minutos a criticar la política de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, al establecer «áreas de impunidad» para luchar contra el terrorismo de Al-Qaeda: «La impunidad aparece cuando la clase dirigente de un país determinado acepta la existencia de espacios sin derecho, es decir, espacios opacos en los que la acción de la justicia criminal o civil no puede penetrar, estableciéndose así tan sólo como límite, en esos casos, la mera voluntad del líder. Cuando en un sistema se percibe esa falta de límites, de control, es el momento en el que el poder judicial resulta esencial, de modo que de la acción judicial o de su inhibición va a depender que este sea el siglo de la justicia universal o no».

En el mismo sentido se había manifestado meses antes en una entrevista con el periodista Tim Golden de The New York Times: «Cuando los terroristas son tratados con respeto se vuelven más colaboradores, pero aun cuando se nieguen a declarar, un Estado democrático no puede permitirse durante mucho tiempo el coste de las torturas y los malos tratos», declaró.Y añadió: «Lo que más me subleva es que haya políticos que se sitúen por encima de las leyes amparándose en el derecho de defensa de la sociedad y negando el derecho de defensa a los presos de Guantánamo e instaurando la licencia para matar terroristas. En este país todo el mundo sabe lo que es el empleo de la mano dura y que moverse al margen de la ley es muy peligroso».

En la entrevista-reportaje de medio folio de extensión el periódico mostraba su sorpresa porque el juez español hubiera dictado una orden internacional de busca y captura contra Osama ben Laden desde un juzgado de España, cuando el atentado a las Torres Gemelas había ocurrido en Nueva York. «Mientras el Gobierno norteamericano mantiene un amargo y dispar criterio con muchos países europeos acerca de cómo hacer frente al mayor peligro que amenaza al mundo, un juez español, de apenas cincuenta años, acaba de emerger en Washington como una de las personas más críticas del continente [con la política de Bush]», finalizaba The New York Times.

Volviendo a su etapa de paseante en Nueva York, el juez invitó a su colega Juan Guzmán Tapia y al argentino Hugo Omar Cañón, fiscal general de Bahía Blanca, para hablar de las dictaduras del Cono Sur y su sistemática violación de los derechos humanos. En su intervención trató de explicarle al juez que había procesado en dos ocasiones al general chileno —en esos momentos decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Leyes de la Universidad Central de Chile— cómo había que hacer para enfrentar el problema de las desapariciones, los malos tratos y el terrorismo de Estado en las dictaduras latinoamericanas. «Yo, que estaba en primera línea filmando el acto para la Hispanic Information and Telecomunications Network (HITN), me di cuenta de cómo Guzmán Tapia se revolvía en su silla dispuesto a saltar de un momento a otro por la cantidad de disparates que estaba oyendo. No entiendo cómo ese hombre pudo aguantar la soberbia y la vanidad de Garzón, que se erigía en campeón de los derechos humanos y reducía a sus tertulianos a la condición de simples mortales, casi sin derecho a expresarse», cuenta José Nieto, productor de la cadena de habla hispana.

En el debate ocurrió, sin embargo, un hecho realmente abracadabrante. Baltasar Garzón, el juez que meses antes se había negado a procesar a Santiago Carrillo por la masacre de Paracuellos del Jarama alegando que sus delitos estaban amnistiados, de repente cambió de opinión y aseguró que había que juzgar los delitos de todas las dictaduras, incluido el franquismo. «Hay una asignatura pendiente por lo ocurrido después de la Guerra Civil, que se saldó con el fin del régimen republicano y el principio de casi cuarenta años de dictadura, hasta la muerte de Franco en 1975. Lo que ocurrió después, en la postguerra, con las desapariciones masivas y sistemáticas en los primeros años, que se elevan a miles de personas, es un capítulo pendiente. El tiempo transcurrido tal vez haga inviable una respuesta penal, pero no impide el esclarecimiento y la recuperación de la memoria histórica»,598 señaló.

Ninguno de los tres ponentes, ni Juan Guzmán Tapia, ni Hugo Omar Cañón y mucho menos Baltasar Garzón hicieron alusión a la dictadura de la URSS que ahogó durante décadas las ansias de libertad de países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía o Alemania del Este, y que provocó en estos un millón de muertos durante la etapa en que estuvieron bajo la bota comunista.599

Convertidas las charlas en una especie de juegos florales en las que importaba no el contenido, sino el lucimiento personal de los ponentes, meses más tarde pasaron por la Cátedra Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia de España, Miguel Ángel Moratinos y Fernando López Aguilar, el ex ministro de Exteriores de México, Bernardo Sepúlveda, y el escritor chileno exiliado en Estados Unidos Ariel Dorfman, para hablar sobre la emigración.

La seguridad de la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 ocupó otra de las mesas redondas, en la que intervino la directora de la Facultad de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, Karen Greenberg, como moderadora, y Baltasar Garzón, el hombre al que acababan de tumbarle su sumario sobre Al-Qaeda en Madrid, como ponente, junto con el experto en contraterrorismo de la Policía de Nueva York, Michael Sheehan, y Keith Weston, antiguo superintendente de Scotland Yard y estudioso del fenómeno terrorista en la Cranfield University del Reino Unido.

La mesa redonda dedicada a analizar la transición de las dictaduras a la democracia reveló, una vez más, el sectarismo político del juez convertido en predicador de los derechos humanos. En lugar de llevar como ponentes españoles a Leopoldo Calvo Sotelo, a Rafael Arias Salgado, a José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, a Marcelino Oreja Aguirre, a Rafael Calvo Ortega o a cualquier otro dirigente de la UCD que hubiera protagonizado desde dentro la Transición, optó por personajes de tercera división. «Esos tíos son todos unos fachas salvo Jaime García Añoveros», se le oyó decir.

Ante la ausencia de su amigo García Añoveros, su testigo de cargo en el Caso Sogecable, fallecido el 15 de marzo de 2000 en Sevilla, echó mano del director del Instituto Cervantes en Nueva York, el escritor Antonio Muñoz Molina, columnista de segunda fila durante la Transición en Cambio 16 bajo las órdenes del periodista Sebastián Moreno. También llamó a los diplomáticos de Venezuela, Argentina y México,600 todos ellos «grandes» expertos en la materia.

El panel dedicado al terrorismo contó con la presencia, como era obligado por sus apariciones en la prensa, del jefe de los bomberos de Nueva York, Thomas von Essen, del psiquiatra español y jefe del Departamento de Salud Mental de Nueva York, Luis Rojas Marcos, del profesor israelí de la Universidad de Texas, Ami Pedahsur, y de Javier Rupérez, director ejecutivo de la Unidad Antiterrorista de las Naciones Unidas.

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, tuvo también su espacio para hablar de la dictadura de Guatemala,601 las matanzas indiscriminadas de la población civil y pedir de nuevo que la Audiencia Nacional, representada allí por el excedente juez Garzón, procesara al general Efraín Ríos Montt. El terrorismo sistemático y las violaciones de derechos humanos practicadas por Fidel Castro en la isla de Cuba, o los riesgos que suponían para la democracia los gobiernos populistas de Evo Morales o Hugo Chávez estuvieron ausentes de los debates, al igual que las violaciones de los derechos humanos en los regímenes comunistas de Laos, Camboya, China o las mafias que controlan la Federación Rusa.

En definitiva, con el dinero del Banco de Santander, una entidad financiera más bien de derechas, Garzón dividía el mundo en buenos y malos, se rodeaba de ponentes socialistas y comunistas y se dedicaba a dar una visión del planeta a imagen y semejanza de sus ideales. Por algo era «Yo, el Supremo» de la justicia española.

Pese a todo, el Centro Rey Juan Carlos I, que se había dedicado hasta entonces a que personalidades de la talla de Pasqual Maragall, acompañado del embajador en las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, explicaran a los neoyorquinos que «Catalunya es una nació» o que el Partido Popular está detrás del boicot al cava, recibió un nuevo impulso en la etapa de Garzón en Nueva York.

Llevado por su afán de colocarse siempre en el centro de todos los debates y conferencias celebrados, no tuvo el más mínimo pudor en ser protagonista de una versión de la obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Las cosas ocurrieron así: cualquier persona que haya leído a los clásicos habría pensado enseguida el gran acierto de la actriz española Puy Navarro. Porque el notable dramaturgo del Siglo de Oro español retrata como nadie la vanidad humana, la debilidad por la ostentación y el apego a las cosas terrenales, el engaño de uno mismo, la mezquindad, la soberbia, la egolatría y otros muchos «pecados» que aparecen encarnados en nuestro príncipe español de la justicia. Y es que Baltasar Garzón es, sin duda, el prototipo, la encarnación viva del individuo pagado de sí mismo, dispuesto a triunfar a costa de pisarle la cabeza a los demás, de conculcar derechos básicos y de otras muchas irregularidades, según se ha relatado en este libro. De ese sueño sólo se despierta, según Pedro Calderón de la Barca, «con el amor y las buenas obras que hacen trascender al hombre y conducirlo a la vida verdadera».

El 16 de marzo de 2007 la agencia oficial EFE, que preside el ex periodista de El País Álex Grijelmo, distribuía la siguiente noticia que recogían los principales rotativos españoles: «La figura del juez español Baltasar Garzón ha inspirado una nueva versión, centrada en la defensa de los derechos humanos, de la obra de Calderón de la Barca La vida es sueño, que se representará en Nueva York del 29 al 31 de marzo. La nueva versión de este clásico del teatro español del Siglo de Oro, que será bilingüe y se titulará Life is a dream, parte de una adaptación realizada por la actriz y productora española Puy Navarro, que dice que encontró en Garzón la inspiración para este proyecto que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional».

La idea de la autora era diametralmente distinta a como se percibe al instructor de la Audiencia Nacional entre un amplio sector de la sociedad española. Decía Puy Navarro: «Asistí a las conferencias políticas sobre derechos humanos que Garzón impartió el curso pasado en la Universidad de Nueva York y [vi que] leía La vida es sueño. Gracias al contenido de las conferencias supe qué quería decir en este proyecto. Garzón fue el catalizador de esta versión».

En su versión no aparece Garzón como ese personaje prepotente y soberbio que pasea por el mundo su mechón de pelo blanco, entrometiéndose en los asuntos internos de los Estados para luego, cuando está contaminado por la política, pretender juzgarlos. «La obra, cuya traducción al inglés ha corrido a cargo de Navarro y del actor de teatro estadounidense Gerry Bamman,602 traslada la temática original de Calderón a la situación de los inmigrantes que cruzan la frontera de México a los Estados Unidos, a la justicia estadounidense después del 11-S, a la democracia y al papel de George W. Bush y de la Casa Blanca, los represores de los derechos humanos en el mundo actual».

Los protagonistas de la obra de Calderón no varían, al igual que el lenguaje del siglo XVII en los fragmentos en español, por lo que Segismundo, Rosaura, Clarín o Basilio se mantienen como las claves de una historia que continúa siendo universal; esta adaptación denuncia temas como la opresión, los abusos de poder o la impunidad. Para Puy Navarro, representar esta obra en Nueva York cobra vital importancia «si se piensa que para mucha gente del público ésta es la primera ocasión en que oyen los versos de Calderón y en que se darán cuenta de que se trata del Hamlet español». Así, aparecen, Segismundo encarcelado de manera injusta, «como en Guantánamo», Rosaura y Clarín, que llegan a este país buscando justicia «como los inmigrantes latinoamericanos que llegan con muchas esperanzas», y Basilio, que personaliza «el gran poder», como George W Bush.

Life is a dream, dirigida por Cecil MacKinnon y con coreografía de Barbara Allen, también se define como «un poema virtual», ya que su escenografía se consigue a través de proyecciones de vídeo que actualizan la versión.603

Algunos periódicos españoles, al recoger la información y tratar de ampliarla con la autora de tan estúpida y descabellada idea, la supuesta actriz valenciana Puy Navarro, llegaron a publicar que el juez Garzón era el autor del texto de la nueva versión: Garzón, llevado una vez más de su osadía, reescribiendo nada menos que a Calderón de la Barca. Al leer la noticia en la redacción de ElConfidencial.com de Madrid, a la periodista de origen vasco Julia Pérez casi le da un ataque de risa: «Pero si Garzón no sabe escribir, ni siquiera juntar letras, se pasa la vida dándole patadas al español. Si comete decenas de faltas de ortografía y no digamos ya de sintaxis». Entonces contó que ella, por una carambola de la vida, le había corregido durante años sus discursos al juez sin saberlo. «Yo trabajaba entonces en Cambio 16 y a veces colaboraba con Manolo Cerdán y Antonio Rubio. De vez en cuando llegaba un conductor con un sobre, se lo entregaba a Antonio Rubio en persona y le decía:

»—Tu amigo me dice que si le puedes mirar esto.

»—¿Otra vez? Pero, este hombre, ¿qué se ha creído? ¿Que me paso el día rascándome la barriga?».

Cerdán y Rubio, periodistas de investigación, trabajaban entonces como mulos, bajaban al bar al mediodía unos minutos a comerse un emparedado y seguían trabajando. No tenían tiempo ni para respirar.

—Venga, Julia, corrígeme esto. Métele el lápiz lo que haga falta que ese tío es un burro.

—¿Quién es este tío? —preguntaba Julia Pérez intrigada.

—Una fuente mía. No te la puedo decir.

Un día, al repasar uno de los libros de conferencias de Baltasar Garzón, la periodista descubrió por fin al personaje. «¡Pero, coño, todo esto lo he tenido que reescribir yo, si este texto es más mío que del juez!».

En otra ocasión la periodista averiguó también sin pretenderlo cómo se comunicaban el juez y su compañero, uno de los entonces reporteros de Cambio 16. «Había una oficial del juzgado que vivía en la misma calle que uno de ellos. Cuando Baltasar Garzón necesitaba hacerle llegar algún documento, la funcionaria se acercaba a su casa y se lo echaba en el buzón».

Y es que en el teatro de las vanidades, de los fuegos artificiales y de las candilejas, y en muchos de los sumarios del juez estrella, todo parecido con la realidad es mera coincidencia.

Otro tanto ocurriría con La vida es sueño, obra a la que la mayoría de los periódicos españoles dedicaron decenas de crónicas, llenas de elogios, ocultando a la opinión pública española que se trataba de una obra de barrio, de las miles que se representan a diario en Nueva York por actores de cuarta fila y que estuvo un solo día, a la una de la tarde, en «cartelera», en el salón de actos prestado de uno de los muchos centros culturales de los alrededores de Broadway.

El 2 de abril de 2007 un periódico madrileño de cuyo nombre no quiero acordarme por rubor y respeto al resto de los compañeros que allí trabajan publicaba la siguiente crónica del estreno mundial de La vida es sueño, inspirada en las andanzas de uno de los jueces más inconsistentes de la humanidad:

«Garzón: una estrella en Broadway. En Nueva York se ha representado una versión de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, inspirada en el juez.

»E1 juez Baltasar Garzón ha abandonado el polvoriento estrado de los ropones para embriagar plateas. En Nueva York, donde pasó un año sabático, se ha representado durante tres días una versión de La vida es sueño de Calderón de la Barca, inspirada en el juez de la Audiencia Nacional.

»Life is a dream, título de la obra en inglés, ha enloquecido a los medios hispanos —no tanto a los neoyorquinos— por sus obvias implicaciones: pocos jueces han logrado trascender el cripticismo del lenguaje jurídico para transformarse en musa de autores.604

»Las palabras de Calderón resonaron con fuerza en español en el Culture Project pero, sobre todo, en inglés gracias a las vigorosas interpretaciones de los actores, entre los que destacaron Ally Burrows (Segismundo) y James Gale (Clotaldo)».

Cualquier parecido de la crónica con la realidad es mera coincidencia. Empezando por la fecha del estreno, completamente falsa, al haberse adelantado el periodista al acontecimiento nada menos que en un mes y cinco días, hecho que suele darse con frecuencia en Nueva York y en otros países con los periodistas españoles: no tienen contactos, viven en su mundo, encerrados en su campana de cristal y no acuden a los actos.

Patrocinada por Amnistía Internacional, que prestó su nombre en homenaje al juez, el esperpento teatral se llevó a escena una sola vez en una sala de 100 metros cuadrados de la Tisch School of the Arts, emplazada en un sitio maloliente y destartalado situado en una segunda planta en el número 721 de la Avenida de Broadway, fuera del circuito de los grandes teatros.

El «enloquecido público» que asistió al acto consistió en 21 personas, entre ellos el mismísimo juez, que esperaba encontrarse con centenares de cámaras de televisión y flashes e hizo un vuelo inútil de ida y vuelta Madrid-Nueva York-Madrid en pos de una fama y popularidad que ese día no le acompañaron.

Concluida la «representación», Puy Navarro dijo: «Esta obra es muy importante, porque se trata de mi sueño, mi proyecto, casi mi bebé. Desde que llegué a esta ciudad, mi sueño ha sido acercar la cultura española a Nueva York, y este es sólo el principio». Lo más insólito fue que la actriz valenciana se permitió escribir al rey Juan Carlos pidiéndole ayuda, asunto que el Monarca resolvió dándole ánimos y remitiendo el libreto en el que se criticaba a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, a George W. Bush y a los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores.

No ocurrió lo mismo con el consulado español en Nueva York y el Banco Santander Central Hispano. Empleando el nombre de Baltasar Garzón como reclamo la «compañía» de teatro logró que le financiaran el proyecto por un día.

La actitud de Garzón también resultó increíble. Con tal de aparecer en la prensa española y recobrar su popularidad, se prestaba a ser protagonista de una adulteración de La vida es sueño, mientras prohibía a un grupo de rock que usara su nombre, o reabría viejos sumarios contra los poderosos del mundo, como Silvio Berlusconi, al que había llamado a declarar en dos ocasiones sin poder probarle nada. En 2006 pretendía de nuevo sentarle en el banquillo, pues era el asunto que más publicidad podía acarrearle, según editorializó The Wall Street Journal comparándole, como ya ha quedado relatado, con Eliot Spitzer, el fiscal general de Nueva York, dedicado a perseguir gigantes para abrir todos los días los telediarios, los informativos de la radio y ganarse un recuadro en la portada de los periódicos.

Supuesto experto en la resolución de conflictos, el que fuera antiguo azote de ETA, dando un nuevo giro copernicano a su trayectoria profesional, se convertiría en un acólito del presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del proceso de paz de ETA. Y lo hacía sin repasar su propia historia, sin tener en cuenta que los intereses de las víctimas de la banda terrorista, las de Pinochet, o las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, están en contra de las leyes de punto final y van a exigir siempre justicia. Y esto va a ser así «en los años setenta, en los ochenta, en los noventa y en el dos mil», tal y como le recordó el fiscal de la Cámara Federal de Garantías de Bahía Blanca (Argentina), Hugo Omar Cañón, en una de las conferencias celebradas en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York.

El ocaso del juez más ambicioso y ególatra de la España moderna, el paradigma en el campo de la justicia de los años de la cultura del pelotazo y de los últimos años del felipismo al que incluso combatió, es materia de otro capítulo.

Capítulo XXII

El ocaso del patriarca

Tras su vuelta de los Estados Unidos el 1 de julio de 2006, abdicó de las que habían sido sus normas de comportamiento como juez en los años anteriores e implantó otras. Para hacer coincidir sus sentencias con la política de pacificación del Gobierno, legalizó Acción Nacionalista Vasca, un partido al que dos años antes incluyó bajo la influencia de ETA, para que los representantes de los terroristas pudieran presentarse a las elecciones municipales y forales; se le acusa de olvidarse de anotar en el Registro de la Propiedad los embargos preventivos de las herriko-tabernas; autorizó manifestaciones de la izquierda abertzale, siempre que no se exhibieran símbolos de ETA; y sufrió denuncia ante el CGPJ supuestamente por emplear métodos cuestionables para arrancar confesiones a funcionarios públicos que luego fueron absueltos en otro juzgado. En su otoño, el «patriarca» acusó también a los periodistas que no le bailan el agua ni están al servicio de José Luis Rodríguez Zapatero de «ser expertos en coacción mediática, utilizar la profesión periodística como mercenarios o para obtener ventajas del poder político» y «de tener pensamiento, actitudes y fines venales». Más preocupado por la mediación con la banda terrorista que de su derrota, el Gobierno quiso enviarle como negociador en un caso de violencia de género a Nueva Jersey, pero el Consejo General del Poder Judicial se lo impidió. Y es que los jueces federales estadounidenses no suelen poner la justicia al servicio de los gobiernos. Su pronta jubilación o cambio de actividad será el final de una época y de los jueces estrella en España.

***

El 28 de febrero de 2005, en un auto de procesamiento de los dirigentes de Herri Batasuna y ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, José Federico Álvarez Forcada y Joseba Permach Martín, acusados de formar parte de banda terrorista, el juez Baltasar Garzón razonaba así: «Dentro de la dinámica marcada por ETA en 1976, la organización Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna tuvo su origen en la denominada Mesa de Alsasua, constituida en el mes de octubre de 1977 por representantes de los partidos políticos Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI), Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA), Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB), Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA).

»Posteriormente, en el mes de febrero de 1978, las organizaciones integrantes, excepto EIA, convocaron un acto público en la localidad de Algorta (Vizcaya) con el lema Herri Batua, que se fijó como objetivos la independencia, el socialismo, el asamblearismo en la gestión municipal y la necesidad de unidad de la izquierda abertzale.

»En fecha 27 de abril de 1978, en la localidad de Alsasua (Navarra), los grupos anteriores presentaron un documento titulado "Bases de constitución de una alianza electoral" firmado por la mesa de Alsasua-Herri Batasuna, en lo que suponía la presentación pública de Herri Batasuna».605

Y prosigue: «El vínculo entre ETA-KAS y Herri Batasuna se pone de manifiesto, desde el primer momento, en las elecciones generales del mes de marzo de 1979, al incluir en sus listas electorales al Congreso a los miembros de ETA presos, José Antonio Torre Altonaga como candidato por Vizcaya; César Izar de la Fuente Martínez de Arenzana como candidato por Álava; Jesús María Zabarte Arregui como candidato por Guipúzcoa; y Javier Morras Zazpe, candidato por Navarra; todos los cuales, caso de ser elegidos, no tomarían posesión de su escaño, para mostrar su rechazo a la legalidad constitucional española.

»En las elecciones al Parlamento vasco de 1980, Herri Batasuna incluye en sus listas como candidatos a los miembros de ETA en situación de prisión, Carlos Gómez Sampedro e Iñaki Picabea».

Convencido de que Herri Batasuna constituía el frente político e institucional de ETA desde su nacimiento, y que sus dirigentes actuaban como simples «correas de transmisión» de las consignas terroristas, sin voz ni criterio propios, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5, a más abundamiento, agregaba: «En las siguientes elecciones generales, en 1982, Herri Batasuna volvió a incluir en sus listas electorales al Congreso a miembros de ETA en situación de prisión, en este caso a Francisco Javier Ilundaín Guillén como candidato por Navarra; José Miguel López de Muniaín Díaz de Otalora como candidato por Álava; Felipe San Epifanio San Pedro como candidato por Vizcaya; y Koro Eguibar Michelena como candidata por Guipúzcoa.

»En las elecciones generales de 1986 Herri Batasuna incluyó en sus listas electorales al Congreso a los miembros de ETA Guillermo Arbeloa Suberbiola, como candidato por Navarra.

»En las elecciones al Parlamento vasco de 1986, Herri Batasuna incluyó como candidato a lehendakari al miembro de ETA en situación de prisión, Juan Carlos Yoldi Múgica.

»En las elecciones simultáneas al Parlamento Europeo y al Parlamento navarro de 1987, Herri Batasuna presentó respectivamente como número dos al miembro de ETA en situación de clandestinidad José Manuel Pagoaga Gallastegui, y al también miembro de ETA en situación de prisión, Guillermo Arbeloa Suberbiola.

»En las elecciones generales de 1989, Herri Batasuna incluyó en sus listas electorales al Congreso a un antiguo responsable del aparato político de ETA, Josu Muguruza Guarrochena, que al no resultar elegido sustituye a Anastasio Erquicia, que sí lo había sido. El citado Josu Muguruza Guarrochena es asesinado en la víspera de la toma de posesión de su acta de diputado en Madrid, siendo sustituido por el preso de ETA Ángel Alcalde Linares».

Tras aportar esta apabullante lista de conexiones entre los pistoleros y los que defienden sus intereses en las instituciones y se niegan a condenar el terrorismo, afirma que en las elecciones municipales de 1995 en el País Vasco participaron treinta y dos miembros de ETA, la mayoría presos:606

«La caracterización607 de Herri Batasuna como frente institucional de ETA desde su nacimiento mismo se pone de manifiesto en los textos recogidos en la publicación Zutabe608 del aparato político de esta organización terrorista, en la que aquella explica sus acciones, hasta que en 1987 incluye con regularidad un apartado para la difusión de las denominadas "Actas de KAS" o "Reuniones de KAS", con mención expresa de los asistentes a las mismas y sus aportaciones a las decisiones que se adoptan».

Desde la Ley de Partidos, e incluso desde antes, la doctrina oficial de la Audiencia Nacional consistía en considerar a Batasuna parte de ETA. Hasta su viaje a Nueva York Baltasar Garzón siguió a rajatabla esta tesis, sustentada en la realidad, y su sucesor, Fernando Grande-Marlaska, la mantuvo. Veámoslo.

El 17 de abril de 2005 se celebran elecciones autonómicas en el País Vasco y era la primera vez en la historia de la democracia en que se podía aplicar la Ley de Partidos Políticos de 28 de marzo de 2003 para ilegalizar las candidaturas etarras, que concurren al proceso generalmente encubiertas.

El 18 de marzo, un mes antes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska remite a la Fiscalía General del Estado un auto en el que enumera hasta cinco pruebas que demostrarían la vinculación entre la formación ilegalizada Batasuna y la agrupación electoral Aukera Guztiak. En el escrito el magistrado hace referencia a una serie de conversaciones telefónicas entre miembros de ETA, Ekin, el sindicato LAB y otras organizaciones de la izquierda abertzale, en algunas de las cuales participan también miembros de Aukera Guztiak.

El auto de Grande-Marlaska se apoya en las investigaciones efectuadas en tres sumarios distintos en los que lleva trabajando varios meses. Los mismos revelan la estrategia de varias personas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco para vulnerar presuntamente la Ley de Partidos.

La primera de las pruebas es una conversación telefónica entre Elisabet Zubiaga San José, persona relacionada con Ekin, y el preso etarra Jorge García Sertucha, condenado a 109 años de prisión, junto con Juan José Rego Vidal e Ignacio Rego Sebastián, por la preparación de un atentado contra el Rey el 13 agosto de 1995. En dicha conversación, de 20 de octubre de 1994, se define la estrategia que vislumbran para las próximas elecciones autonómicas, conformando sendas listas, una con personas relacionadas con el entorno de Batasuna, cuya ilegalización sería obvia, y otra «lista blanca» con el entorno de Aukera Guztiak.

Elizabet Zubiaga mantuvo otra conversación el 4 de marzo con Marije Rodríguez de Lena, portavoz de Aukera Guztiak. En la misma se habló sobre actos de esta plataforma y se hizo referencia asimismo a Eusebio Lasa, miembro de la última Mesa Nacional de Batasuna antes de ser ilegalizada.

Otras llamadas telefónicas intervenidas son las que mantuvo el dirigente del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, negociador por parte de ETA en Argel en 1989, con miembros de la plataforma Aukera Guztiak, entre ellos Antxon Lafont Mendizábal, y otros no identificados.

De dichas conversaciones se infiere «razonablemente la relación de Díez Usabiaga con la estrategia de doble lista, organizando y dirigiendo principalmente la denominada lista blanca. No puede obviarse asimismo la relación de Díez Usabiaga en estrategias similares verificadas en proyectos electorales anteriores», indica el auto, basándose en un informe emitido por la Comisaría General de Información.

De la intervención del teléfono de Eusebio Lasa se analizaron distintas conversaciones, entre ellas una mantenida el día 8, en la que se materializó «su interés en ponerse en contacto con Koldo Navascués Simón», candidato de Aukera Guztiak por Guipúzcoa. Dicho contacto se verificó, según el auto.

Finalmente, el último indicio remitido a la Fiscalía es el número 106 de Zutabe, boletín interno de ETA en el que «se hace indicación de la citada estrategia de la doble lista».

Según Grande-Marlaska, de estas conversaciones cabe concluir «la estrecha relación de la ilegalizada Batasuna con la plataforma electoral Aukera Guztiak, no obviando la superior dirección de la banda terrorista ETA, tanto en su diseño o concepción como en el desarrollo y organización posterior».

Añade que el hecho de que pretendan establecer una «estrategia de doble lista tiene el fin cierto de conculcar la legalidad vigente». Por ello libra testimonio a la Fiscalía General de estas investigaciones a través del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, con el objeto de que «le dé el cauce preciso».

El Gobierno, sin embargo, no hizo caso a las recomendaciones del juez Grande-Marlaska de ilegalizar a Batasuna y su entorno y frente a ellos decidió autorizar una tercera lista vinculada a los terroristas, la del Partido Comunista de las Tierras Vascas, vulnerando la Ley de Partidos Políticos y permitiendo que los representantes de ETA estuvieran presentes en el Parlamento vasco, ocupando los escaños contiguos a sus posibles víctimas.

El regreso de Garzón en julio de 2006 y su incorporación al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional supondría la acomodación del Código Penal y de la justicia a la estrategia del Gobierno de romper España y entregar el País Vasco y Navarra a la banda de asesinos y a sus secuaces. Y es que en un nuevo arranque de falta de pudor y de criterio personal el juez estrella no tuvo el más mínimo escrúpulo en metamorfosearse de nuevo con tal de seguir en el candelero.

La legalización de Acción Nacionalista Vasca, uno de los apéndices de ETA, para que concurriera a las elecciones municipales y forales, nos descubriría a un nuevo juez más preocupado por la negociación política con ETA que por impartir justicia.

Creado en Bilbao el 20 de noviembre de 1930, poco antes de la II República, como una escisión de Aberri, la línea pistoleril del PNV, Acción Nacionalista Vasca (Eusko Abertzale Ekintza) fue un partido republicano, laico y socialista que luchó por la independencia del País Vasco. Poco después publicó el «Manifiesto de San Andrés», donde se recoge su ideología: defensa de la democracia y de la República; derecho de autodeterminación no basado en la restauración foral, sino en la creación de un Estado nuevo; unitarismo intravasco frente al confederalismo interno del PNV; apertura a los inmigrantes; aconfesionalidad. En este último campo ANV fue un partido laico pero no anticlerical, como se demostró cuando sus concejales votaron en contra de la propuesta de sus aliados republicano-socialistas de derribar el monumento al Sagrado Corazón en Bilbao.

El 8 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, formó parte del Gobierno vasco y tuvo un consejero, el banquero y empresario inmobiliario Gonzalo Nardiz, encargado de la cartera de Agricultura y de al menos cinco batallones dentro del Eusko Gudarostea (Ejército Vasco), de obediencia claramente nacionalista y secesionista. Los batallones eran: ANV-l, ANV-2 Eusko Indarra, ANV-3, Lenago II («Antes de morir») y ¿Zer gaitik-ez? («¿Por qué no?»).609

En 1976, durante las llamadas Conversaciones de Txiberta,610 realizadas entre fuerzas nacionalistas exclusivamente con el objeto de crear un frente vasco y separarse de España, Acción Nacionalista Vasca, representada por Valentín Solagaistúa, optó por colocarse al lado de ETA frente a la reforma política propiciada por Adolfo Suárez, que apoyó Xabier Arzalluz, uno de los representantes del PNV en Txiberta, aunque participó en las primeras elecciones en Navarra y Guipúzcoa.

A raíz de ahí, tras la llamada «Marcha por la Libertad», un movimiento asambleario que recorrió las tres provincias vascas y Navarra, los participantes se reunieron en la famosa Mesa de Alsasua, crearon una plataforma política, Herri Batasuna (Unidad Popular) y asumieron las directrices de ETA. Entre los partidos que tomaban esa decisión se hallaba Acción Nacionalista Vasca, convertido ya en un partido claramente independentista e integrado en las estructuras políticas de ETA. Los hechos son así y no de otro modo.

El 28 de abril de 2007, casi un mes antes de las elecciones municipales convocadas en toda España y las forales celebradas en el País Vasco, olvidándose de su auto de apenas dos años antes en el que daba por sentado que Acción Nacionalista Vasca formaba parte de ETA desde 1976, Baltasar Garzón decidía cambiar de criterio y afirmar que esa formación política era legal.611

Para justificar esta pirueta judicial, habitual en el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, consistente en transformar lo blanco en negro y viceversa, afirmaba: «La izquierda abertzale no tiene suspendidas ad cautelam ninguna de sus actividades, salvo que actuara encubriendo a grupos terroristas. [Para proceder a su ilegalización] deberá demostrarse que la dirección actual se encuentra en manos de ETA. [Y para ello] no es suficiente la afirmación retórica de que son los mismos miembros de Batasuna los que ahora asumen la dirección, porque, aunque así fuera, debería demostrarse la sumisión, vinculación e integración actual de sus dirigentes en ETA, hecho que no está ni acreditado ni probado indiciariamente».

La decisión del juez se producía como consecuencia de una querella presentada el 13 de abril anterior por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en Granada. «La petición de que se suspenda Acción Nacionalista Vasca —afirmaba el juez— no puede prosperar. Ningún dirigente de este partido político aparece como imputado, no existen indicios de que hayan desarrollado actividades terroristas relacionas con ETA, ni aparecen como miembros o responsables de Batasuna; ni los componentes del Comité Ejecutivo de ANV tienen vínculos orgánicos con alguna de las organizaciones que integran el complejo terrorista liderado por ETA.

»Ante la ausencia del más mínimo indicio de pertenencia, integración, vinculación orgánica, ni siquiera temporal o transitoria de ANV con ETA-Batasuna, debe afirmarse la plena legalidad de la formación cuestionada y su ajenidad a la presente causa, seguida por el presunto delito de integración en organización terrorista».612

Para tomar esta decisión el magistrado solicitó dos informes a la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información y a la Guardia Civil. Y como estos no se ajustaban a su visión de la Justicia, se los devolvió al director general de la Policía y de la Guardia Civil Joan Mesquida, dándoles un plazo de cuarenta y ocho horas613 para que los adecuasen a sus peticiones.

De esta manera, en su auto del 28 de abril dividía a la izquierda vasca en dos grupos. Uno formado por organizaciones como Batasuna, Askatasuna, Segi, Josemi Zulamabe y Ekin, todas ellas suspendidas o ilegalizadas por su juzgado; y otras como el sindicato LAB, Askapena, Etxerat, Euzki, Aralar, Zutik, Batzarre, Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Bilgune Feminista, Abiadura Handiko Trena, Bai Euskal Herriari, Herri 2000 Eliza, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herría, AEK o EKB, ninguna de las cuales está declarada ilegal o suspendida.

El juez afirmaba que, de igual manera que el foro de debate independentista Udalbiltza Kurssal había sido suspendido judicialmente, la veintena de entidades que lo conformaban, la gran mayoría de ellas apéndices de la banda terrorista, eran legales y podían presentarse a unas elecciones si cumplían el resto de los requisitos.614

El auto, por tanto, dejaba las manos libres al Gobierno para permitir que la banda terrorista vasca concurriera a los comicios municipales y forales del 27 de mayo de 2007 bajo las siglas de Acción Nacionalista Vasca, como así ocurriría.

Dignidad y Justicia, sin embargo, no dio la partida por perdida y presentó hasta cinco querellas en las que aportaba nuevas pruebas en la Audiencia Nacional solicitando la ilegalización de ANV por formar parte del conglomerado de ETA.

Su intento de lograr un cambio de magistrado para conseguir que se cumpliera la Ley de Partidos y la doctrina del Tribunal Supremo, y ANV fuera suspendida, no prosperó. El asunto recayó en el juez Fernando Grande-Marlaska, pero inmediatamente el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 calificó el asunto de «maniobra fraudulenta» y pidió su acumulación al sumario que él instruía.

Pese a que ETA había exigido meses antes al PSOE, casi a punta de pistola, la creación de un órgano de coordinación entre el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, según desveló Josu Jon Imaz,615 el juez siguió haciendo creer a la sociedad española que ANV y ETA no eran la misma cosa, aunque los dirigentes de la formación política aseguraron que no iban a condenar los atentados de la banda armada, como así ha ocurrido.

Garzón se negó a suspender las actividades de ANV. «No es el momento para afirmar que forma parte o ha sido instrumentalizada orgánicamente por Batasuna-ETA en el marco del complejo terrorista en el que ambos se integran y que la segunda dirige. Si esa conexión, vinculación o integración se constatara, se adoptarían las medidas precisas en forma inmediata, previo cumplimiento de las formalidades legales».

El juez, el azote y flagelo del terrorismo, cuya cabeza figuró durante muchos años en el centro de una diana en el País Vasco, se había convertido así, a los ojos de muchos españoles, en un defensor del proceso de paz con ETA para adaptarse a los nuevos tiempos. Por último, el 20 de junio de 2007 se negó a impedir que los ediles de ANV tomaran posesión de sus cargos en los ayuntamientos. «No hay base legal para ello», arguyó.

Sólo faltaba, para rematar la faena, que Xabier Arzalluz y Josu Jon Imaz le recomendaran para la medalla de la paz de la futura Euskal Herría. Y es que el juez estrella no había descartado en ningún momento ser al mismo tiempo el verdugo y el negociador con los pistoleros abertzales.

Tras el fracaso de las negociaciones de Argel entre ETA y el Gobierno y la deportación de la cúpula de la banda terrorista a la República Dominicana, en 1990 los canales de comunicación entre los pistoleros y el ejecutivo para reanudar un posible diálogo estaban rotos.

Una de las personas que podían reabrir las vías de comunicación era el donostiarra Íñigo Iruín, abogado de ETA y uno de los asesores de la banda terrorista en los contactos de Argel en 1989. Según cuenta el periodista Miguel Ángel de la Cruz, un día Iruín se lo propuso a Baltasar Garzón y este, inmediatamente, llamó por teléfono a Rafael Vera.616

—Iruín ha estado conmigo y me ha pedido que haga una gestión con el Ministerio del Interior con el fin de que os podáis ver. Al parecer, quiere hablar sobre ETA y la posibilidad de reemprender vías de diálogo.

Al secretario de Estado de Interior le pareció excelente la idea y citó a su interlocutor a almorzar en el restaurante Araceli, en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix, uno de los lugares que solía frecuentar.

—¿No os importa que os acompañe?

—No, por mí no hay inconveniente —replicó Vera.

La cita, sin embargo, se realizó sin la presencia del juez, que a última hora había decidido no acudir al encuentro ya que podía salir a la luz pública y ser un motivo de recusación. Finalmente, Rafael Vera acudió acompañado del ex jefe del Mando Único para la Lucha Antiterrorista, Manuel Ballesteros.

Según le cuenta Garzón a Pilar Urbano la conversación se produjo a la inversa: fue Rafael Vera, con el que entonces tenía unas excelentes relaciones, quien le pidió el contacto y el que le suplicó que asistiera a la entrevista, «pues tú tienes una visión global del terrorismo y eso lubrificaría el encuentro». El juez afirma que se negó a ello invocando su condición de instructor, los procesos que tenía abiertos y los que podían caerle por reparto en los siguientes meses, incluido el propio letrado Iruín, imputado en Francia por colaboración con ETA. Lo cierto es que meses más tarde se incautaron varios documentos al etarra Gil Cervera y en ellos se decía. «Garzón facilitó un contacto [entre ETA] y el Gobierno».

No sería la única vez que supuestamente se ofrecía para «sondear» las posibilidades de llegar a un acuerdo político entre los terroristas y el Gobierno. En 1992, con motivo de un viaje de vacaciones a la República Dominicana con su mujer, habló con Vera de la posibilidad de charlar con Antxon Etxebeste Arizcuren, jefe de la «Oficina Política» de ETA deportado entonces en la isla junto con otros negociadores de Argel.617

El secretario de Estado de Interior no sólo le recomendó que no interfiriera en las labores del Gobierno, sino que además llamó al jefe del DNI (Departamento Nacional de Investigaciones) para que le pusieran escolta los días que iban a estar tomando el sol en La Romana, Puerto Plata y Samaná. Garzón, sin embargo, niega que en este viaje hiciera lo más mínimo para entrevistarse con ETA o que el Ministerio del Interior le abonase algunos de los gastos, de los que tiene las correspondientes facturas.

En 2002 fue famoso el intercambio de cartas con el subcomandante Marcos, cabeza visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y su intento de hacer de mediador con el Gobierno de México, posibilidad que Marcos cortó, ofreciéndose él a mediar en nombre de ETA. La experiencia la trataría de repetir en Colombia, a donde asistió como miembro de la Misión Política Internacional de la Fundación Robert Kennedy Cuomo618 de Washington.

Su intento de mediación más importante y menos conocido se produce en 2005, durante su estancia en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York. En un momento en que los encuentros entre el Gobierno y ETA estaban paralizados, José Luis Rodríguez Zapatero solicitó su intervención para que negociara con el grupo de terroristas afincados en la isla de Cuba. «Recuerdo que llegaron a hacerse gestiones incluso con la Oficina de Representación Diplomática del Gobierno cubano en Nueva York, pero no dieron resultado. Fidel Castro en persona se negó a que el hombre que había querido detenerle "pisara la isla mientras él viviera"», recuerda el periodista José Nieto desde Nueva York.619

En mayo de 2007 fue el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien propuso su nombre para que mediara entre España y Estados Unidos en el caso de la abogada valenciana María José Carrascosa, presa en una cárcel de Nueva Jersey acusada de secuestrar a su hija menor de edad y traérsela a España sin consentimiento de su marido, del que se hallaba separada, asunto en los que las leyes estadounidenses son durísimas. El Consejo General del Poder Judicial se lo prohibió: «No es coherente permitir a un magistrado realizar una gestión en el extranjero que, de acuerdo con la ley, no puede llevar a cabo en ningún caso en España».

De regreso a Madrid a mediados de 2006, se encargaría de engrasar los mecanismos judiciales y policiales para que el separatismo, de la mano de Rodríguez Zapatero, lograra sus objetivos a costa incluso de humillar a las víctimas. Y veamos ahora otro asunto.

A sus setenta y un años de edad a Joseba Imanol Elosúa Urbieta le había ocurrido casi de todo en la vida, pero esa mañana, a comienzos de mayo de 2006, supo por qué se dice aquello de que no te acostarás sin aprender algo nuevo. Acababa de salir del restaurante Faisán, de su propiedad, situado en la localidad guipuzcoana de Irún, cuando un individuo se le acercó de frente, le paró y le dijo:

—Te están siguiendo. Mañana, cuando vayas a entregar el dinero del impuesto revolucionario a ETA, te van a detener. Suspende la entrega ahora mismo.

—¿Pero qué dice usted? ¿De qué me habla? ¡Está usted chiflado! —se defendió.

Su interlocutor, que no llegó a identificarse, sacó un teléfono móvil del bolsillo y se lo entregó.

—Anda, deja de fingir, que yo no voy a hacerte nada. Estoy aquí para colaborar con el proceso de paz. Haz lo que te digo y si te pasa algo, llámame.

Y sin esperar su respuesta, el misterioso personaje se dio la vuelta y se marchó. Miembro de la red de extorsión de ETA en Guipúzcoa, Elosúa no salía de su asombro. Era la primera vez en su vida que se había encontrado con un supuesto policía y no había maldecido para sus adentros.

Al rato, ya repuesto del susto, llamaba por teléfono a su enlace con la dirección de ETA, le contaba el incidente que acababa de sufrir y pedía instrucciones.

—Es increíble. ¡La txakurrada ayudándonos a cobrar el impuesto revolucionario e impidiendo que nos detengan!

La llamada telefónica donde se contaba el chivatazo a ETA quedó grabada en la Brigada Regional de Información de San Sebastián. Su responsable puso los hechos inmediatamente en conocimiento del comisario general de Información, Telesforo Rubio.

—Tenemos un traidor dentro. ¡O se le coge y se le mete en la cárcel ahora mismo o yo dimito!

Hombre de confianza del Gobierno en las negociaciones con ETA, tardó tres días en comunicar los hechos al juez Grande-Marlaska, dando tiempo a que los responsables del equipo de extorsión de ETA huyeran a Francia e impidiendo que pudieran ser detenidos por las Fuerzas de Orden Público.

Al conocer los hechos, el suplente del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ordenó el cese fulminante del comisario Rubio. «Si no lo hace, en veinticuatro horas reúno la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y lo meto en la cárcel por obstrucción a la justicia», le dijo al ministro del Interior.

Con el expediente del «chivatazo a ETA» abrió una pieza separada al sumario sobre el impuesto revolucionario que estaba instruyendo. Verificó que algunas de las llamadas al responsable del aparato de extorsión de ETA se habían hecho desde la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid.

Sus investigaciones se centraron también en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, que dirigía un viejo amigo de Garzón, el comisario Enrique García Castaños, quien ya en anteriores ocasiones había intentado pasar información a ETA a través del periodista Pepe Rei, según cuenta este en sus libros, como medio para infiltrarse entre los pistoleros.620

La indignación del juez y de la Policía era lógica. Mediante aquel aviso de la propia Policía a ETA se echaba por tierra una investigación de años621 llevada a cabo conjuntamente por los jueces Baltasar Garzón y su colega francesa Laurence LeVert desde 1998, para actuar conjuntamente contra el aparato de extorsión de la banda delictiva en los dos países a la vez.

Pese al chivatazo, el martes 20 de junio de 2007 las policías francesa y española asestaban un golpe mortal a la red de extorsión de ETA, deteniendo a doce personas, la mayoría históricos militantes de ETA, cargados de años,622 registrando veintidós domicilios y aprehendiendo importantes sumas de dinero, especialmente en la casa del empresario hostelero Joseba Elosúa, donde se hallaron 40.000 euros en billetes pequeños, tal y como solía exigirlos la banda armada a sus víctimas.

De esta manera se ponía fin a una red que llevaba veinte años actuando. De acuerdo con las investigaciones, era en Francia donde la dirección de la red de extorsión coordinaba y canalizaba las peticiones exigiendo el pago del impuesto revolucionario. En España, ETA invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales.

Diez días después Garzón se hacía cargo de nuevo de un juzgado. El 4 de octubre de 2006 dictaba un auto exculpando de la filtración al jefe de Seguridad del PSOE, Fernando Mariscal; al ex comisario general de Información, Telesforo Rubio; y al comisario provincial de Información de San Sebastián, Manuel Risco. Meses después, en marzo de 2007, dejaba en libertad al cobrador de ETA Joseba Elosúa por razones de salud. Y a partir de entonces el sumario duerme el sueño de los justos.

Desde entonces la mayoría de sus actuaciones en relación con ETA han estado marcadas por el escándalo hasta tal punto que no se sabe si es más cierto que el juez se olvidó el Código Penal en los Estados Unidos o, agotado el cupo de galardones sudamericanos, trata ahora de hacer méritos para que le nombren doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Así, un día autoriza a Arnaldo Otegi y a Pernando Barrena a viajar a Irlanda para asistir a un congreso del Sinn Fein, invitados por su líder, Gerry Adams, y poco después les prohíbe hacerlo a Sudáfrica. En una ocasión autoriza una manifestación de la gente de Batasuna, siempre que no exhiban los símbolos etarras, y poco después prohíbe otra del mismo signo. Al mismo tiempo se niega a proceder contra el PSOE por negociar en secreto con ETA y, al parecer, se olvida de inscribir durante un año el embargo de las herriko-tabernas, como ya se comentó, lo que le supone una denuncia por parte del colectivo Manos Limpias ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

De todos los asuntos que afectan a su juzgado, el más significativo fue sin duda la pugna que mantuvo con su colega Juan del Olmo para ver quién atendía con mayor prontitud una comisión rogatoria de la juez francesa antiterrorista Laurence LeVert, que investigaba los contactos con miembros del Gobierno de dos terroristas: Jon Yurrebaso y Kepa Suárez. Los cuales, tras ser detenidos, declararon ser los interlocutores de José Luis Rodríguez Zapatero y le entregaron cuatro teléfonos que tenían para contactar. ¿Quiénes eran sus enlaces en el Ministerio del Interior? ¿Cuántas llamadas se hicieron desde que Zapatero había decidido instaurar su política de claudicar ante ETA?

Baltasar Garzón, con el apoyo del fiscal o, dicho de otra manera, del Gobierno, pretendía ser el que facilitara la información a la jueza francesa para «quemar» lo menos posible la infraestructura negociadora. Del Olmo se adelantó y, sin esperar a que la Sala de lo Penal de la Audiencia le contestara, remitió a Francia las casi doscientas llamadas efectuadas y recibidas desde esos teléfonos, cuyos autores podrían ser perseguidos judicialmente en España o, al menos, llamados a declarar, hecho que pretendía Garzón que se evitara.

Empeñado en blanquear la imagen de los terroristas para negociar con ellos, el Gobierno se empeñó en negar cualquier conexión entre ETA y los autores de la masacre del 11 de marzo de 2004. Garzón le respaldo en el empeño.

Poco antes de las ocho de la mañana había dejado su casa en Pozuelo de Alarcón y se dirigía en su coche oficial a la Audiencia Nacional. Entonces oyó por la emisora de la Policía: «A todos los coches patrulla situados en la zona: diríjanse a la Estación de Atocha. Acaba de producirse una explosión». Era el 11 de marzo de 2004 y el hombre que inventó la Corte Penal Internacional antes de que a unos sesudos juristas se les ocurriera reunirse en Roma, llamó por teléfono al subdirector general de la Policía, Pedro Díaz-Pintado.

—Baltasar —le dijo—, son varios atentados y hay muchos muertos. Nos vemos en Atocha si quieres.

Aquel día estaba de guardia en la Audiencia Nacional el juez Juan del Olmo, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. Garzón, sin embargo, se consideraba con mayor autoridad para llevar personalmente la investigación. Cuando llegó a Atocha e intentó acceder al escenario del crimen se topó con el juez Del Olmo. Conocedor de los antecedentes del juez estrella a la hora de apropiarse de aquellos asuntos de los que pudiera sacar algún rédito mediático, le increpó duramente:

—El caso es mío. No voy a permitir que te lo quedes.

—Ya lo sé. Pero es que hay centenares de muertos. Yo sólo vengo a echar una mano.

En efecto, además del atentado del tren en Atocha había otros escenarios macabros en la calle de Téllez, la estación del Pozo del Tío Raimundo y en la de Santa Eugenia. El panorama en todos estos puntos era desolador.

—Te prohíbo terminantemente que entres en el escenario del crimen.

Aquella bochornosa escena de dos jueces peleándose junto a un montón de cadáveres sin identificar, disputándose la incoación de un sumario, dejó estupefactos al fiscal Enrique Molina y a otros miembros de la Audiencia Nacional que habían acudido a la Estación de Atocha por si era necesaria su presencia.

Teóricamente Garzón llevaba mucho más tiempo instruyendo sumarios sobre el terrorismo árabe. Sin embargo, de la misma manera que él le había birlado otros casos a Manuel García Castellón o a Javier Gómez de Liaño, ahora recibía su propia medicina. Pero no regresó a su despacho de la Audiencia Nacional, sino que decidió quedarse en el cercano Ministerio de Agricultura, en la misma glorieta de Atocha. Debido al colapso de los teléfonos móviles, el ministro del Interior, Ángel Acebes, y los altos mandos policiales habían establecido allí su cuartel general para recibir in situ los últimos datos de los lugares del crimen e impartir las órdenes necesarias.

Los primeros datos sobre la autoría del crimen apuntaban claramente a ETA. Meses antes, en la Nochebuena de 2003, se había localizado y neutralizado un tren con destino a la estación de Chamartín, en Madrid, cargado con mochilas explosivas similares, preparado para estallar al llegar a la capital de España. Posteriormente, un segundo comando terrorista que viajaba hacia Madrid desde el sur de Francia, desplazándose por la autopista del Mediterráneo para no ser detectado, había sido detenido en las cercanías de Cuenca. Transportaban cerca de quinientos kilos de explosivos que debían dejar en una calle de Alcalá de Henares (en la zona donde se ponen en marcha los atentados del 11-M), con las llaves del vehículo en el tubo de escape para que otro grupo se hiciera cargo de los explosivos y volaran una de las zonas industriales cercanas a la capital de España. La fecha elegida era a primeros de marzo de 2004, días antes de la masacre de Atocha.

El presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el titular del Gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe, eran conscientes de que la banda terrorista vasca, diezmada y a punto de desaparecer por los golpes policiales, preparaba una acción desesperada que le permitiera «demostrar» ante la opinión pública su «fortaleza» y colocarse en una situación de «superioridad» teórica frente al Estado.

La seguridad de que los autores de aquel brutal atentado, el más violento y sanguinario de los ocurridos en Europa en los últimos años, eran los pistoleros abertzales, cobró tal certeza que el propio lehendakari Ibarretxe decidió ponerse la venda antes de que el Gobierno adoptara medidas de excepción en el País Vasco. En un mensaje televisado «condenó» a «sus chicos malos», a esos «vascos descarriados» que quieren resolver los problemas y ganarse el premio Nobel de la Paz como Yassir Arafat o Ariel Sharon, con el empleo de la dinamita.

La evidencia de que los artefactos estaban compuestos por tytadine, un explosivo robado en Francia por ETA con apoyo de los independentistas normandos, que desde 2001 sólo utilizaba la banda terrorista de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, y Arnaldo Otegi, Gordo, era otra evidencia incriminatoria más. ETA, además, era la única organización terrorista que conocía una nueva técnica de golpe de Estado para hacerse con el poder no descrita por el escritor Curzio Malaparte en su célebre manual,623 doctrina que antes y después emplearían Vladimir Ilich Ulianov Lenin, León Trotsky, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Wolfgang Kapp, Jozef Pilsudski, Miguel Primo de Rivera y otros.

En 1995 el descubrimiento y la publicación del Caso Lasa y Zabala, del secuestro de Segundo Marey, y la evidencia de que los GAL estaban formados por mercenarios a sueldo del Gobierno socialista había abocado a Felipe González a perder el poder tras trece años ostentándolo. En 2004 un atentado de similares características al del 11-S, en el que se pudiera sembrar la duda del terrorismo islamista y echar la culpa de la masacre a Aznar «por haber apoyado desde la cumbre de las Azores la guerra de Iraq», tendría sin duda similares resultados al caso GAL en una población sensibilizada por la izquierda contra la guerra y llamada a las urnas cuarenta y ocho horas después de los atentados para elegir las nuevas Cortes Generales de las que debería salir el Gobierno de la nación.

Qui prodest? ¿A quién favorece un atentado de las características de los del 11 de marzo de 2004? Sólo había dos posibles beneficiarios: ETA, a punto de ser derrotada y que necesitaba un cambio de Gobierno o sería borrada del mapa en la siguiente legislatura, o el PSOE que recuperaba de esta manera el poder. Los terroristas y un sector de los socialistas guipuzcoanos, con la aprobación de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaban dos años negociando en la sombra contra el Gobierno de la nación, planificando la forma de acabar con la Ley de Partidos que «asfixiaba» al sector «político» de la banda armada y no le permitía levantar cabeza.

La incomprensible y absurda negociación emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero con los terroristas nada más llegar al poder, desafiando todas las leyes y todos los pronósticos más aberrantes, rompiendo los pactos con la oposición, era la pieza que faltaba para que el diabólico puzzle encajara.

Hubo quien pensó, incluso, que la negociación era el pago por los «servicios prestados», aunque al final la mayoría de los españoles no iba a admitir el abono de determinados peajes que suponían la desmembración de España como nación.

Garzón, sin embargo, comenzó a cavilar otra teoría desde que vio por televisión las primeras imágenes de los atentados. «No era posible que los autores fueran los terroristas vascos —escribe— porque ello suponía que ETA había ganado la batalla frente a la justicia, empeñada desde 1998 en desarticular las diversas tramas de los pistoleros». Utilizando su bola de cristal para conocer las intenciones de los terroristas vascos recalcó: «En contra de lo que mantenían desde el Ministerio del Interior, ETA no había preparado un atentado con mochilas bomba en Baqueira Beret en las Navidades de 2003. Tampoco buscó una carnicería en la estación de Chamartín durante la Nochebuena de 2003. La intención de los terroristas era hacer estallar el explosivo cuando el tren estuviera fuera de servicio. Por último, también era falso que quisiera cometer una matanza en la capital con los explosivos que iban a colocar a primeros de marzo, ya que iban a hacerlos explotar de madrugada, cuando los edificios industriales estuvieran desalojados».624

El hecho de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le quitara la razón mediante una sentencia en la que establecía que la banda terrorista vasca pretendía realizar una masacre en la estación de Madrid-Chamartín el 24 de diciembre de 2003 no significaba nada para él. Dispuesto a imponer su tesis sobre las de los demás, escribió también que el jefe de Al-Qaeda, Osama ben Laden, había amenazado a España en octubre de 2001. En su parlamento había hecho alusión a la necesidad de reconquistar Al-Andalus para formar el gran califato del pueblo árabe y exterminar a judíos, cruzados e infieles de todo el mundo. Sin embargo, esta fue una más de sus peroratas.

Lo que el juez no reconoce es que la amenaza del terrorismo islámico se incrementa exponencialmente a raíz de las detenciones indiscriminadas realizadas por su juzgado dentro de la Operación Dátil, ya contada. «En tres años en España detuvimos a cuatrocientos presuntos terroristas, una cifra superior a la del resto de Europa. Se encontraron teléfonos Trium, ya empleados en Bali y otros atentados, y nadie valoró su importancia», afirma un agente de la Policía. Lo que el juez tampoco admite, porque ello sería dejar sentado su fracaso como instructor, es que las detenciones de muchos de estos sospechosos de terrorismo, a veces sin pruebas definitivas, por lo que fueron puestos en libertad, movilizó a muchos integristas musulmanes, que llevaban años viviendo pacíficamente en España, alejados de todo contacto con los muyahidines.

En cambio, lo que ya acaba convenciéndole de que los autores de la mayor masacre terrorista de Europa fueron terroristas musulmanes fue la aparición de la furgoneta Kangoo junto a la estación de Alcalá de Henares.

—Don Baltasar, ha aparecido una furgoneta en Alcalá de Henares.

—¿Había bomba trampa?

—No.

—¿Tenía las matrículas dobladas?

—No.

—¿Dónde y cuándo fue robada?

—Parece ser que en Madrid, el 27 o 28 de febrero de 2004.

«Con esta información mis dudas aumentaron. No tenía sentido que si ETA había utilizado explosivo tytadine no hubiera respetado ninguna otra de sus reglas de seguridad. Esa organización terrorista no improvisa sus acciones. No era lógico que hubiera dejado una bolsa con explosivo en la estación del Pozo [del Tío Raimundo] sin dispositivo de activación con trampa para matar a los funcionarios que se acercaran. Tampoco que la furgoneta se hubiera robado en Madrid y se utilizara con tan escaso margen de días. Además, el portavoz de Herri Batasuna, Arnaldo Otegi, había descartado la participación de la organización terrorista en la matanza», escribe el juez.625

Desilusionado, desencantado y moralmente hundido porque le hubieran arrebatado ante sus narices el gran sumario de su vida, el sábado 12 de marzo de 2004 Baltasar Garzón se fue a coger espárragos silvestres a Torres.

Había, sin embargo, dos personas con las que mantuvo conversaciones telefónicas: el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaños, alias el Gordo, y el policía nacional Ayman Maussili Kalaji, un antiguo escolta suyo, en cuya tienda se habían liberado los teléfonos Trium supuestamente empleados en los atentados.

No obstante, trató de seguir influyendo entre bambalinas en el sumario del Caso Atocha, tratando de echarle una mano al nuevo Gobierno. Puso tanta pasión y empeño en que triunfaran las tesis de Rodríguez Zapatero, que el 10 de noviembre de 2004, el mismo día que regresaba de París de recoger el Gran Premio de la Academia Universal de las Culturas, el Consejo General del Poder Judicial le abría un expediente por meterse en camisas de once varas.

Días antes, alineándose con la teoría del PSOE, hizo unas declaraciones a Punto Radio en las que insistió: «No hay conexión entre ETA y los supuestos autores del atentado del 11-M. No me consta que haya ningún tipo de conexión operativa entre el terrorismo islamista y ETA». Ante la reiteración de la pregunta por el locutor Luis del Olmo, el juez sabelotodo repitió: «Creo que esa conexión no existe, no creo que se vaya a demostrar hasta la fecha. En lo que se refiere a los atentados del 11-M».

A su regreso de Nueva York su obcecación y sectarismo porque prevaleciera la verdad oficial en la mayor masacre terrorista de la historia de España le llevó a procesar a tres funcionarios de la Policía por contar la verdad en un informe. Veamos cómo ocurrieron los hechos.

Todo había empezado el 21 de marzo de 2005. Tres peritos policiales, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, que investigan las sustancias halladas en el domicilio de Hassan al-Hasid, preso por la masacre del 11-M, encuentran restos de ácido bórico en una habitación. A continuación elaboraron un informe con destino al Juzgado Central de Instrucción Número 6. Señalaban, como era su deber, que la misma sustancia química había sido encontrada en un piso franco de ETA en el año 2001. Al leerlo su jefe, Francisco Ramírez, responsable de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, probablemente para evitar que prosperara la tesis de la conexión entre ETA y los grupos árabes que colocaron las bombas en Atocha, ordenó a sus subordinados retirar la referencia a ETA del documento. Como estos se negaron, Ramírez asumió el caso como propio, reelaboró el informe retirando toda referencia a ETA y remitió el documento a la Comisaría General de Información para que lo enviara al juzgado que instruía el sumario por la masacre de Madrid de 2004.

Año y medio después, el 21 de septiembre de 2006, el diario El Mundo publicaba una copia del primer informe. Relataba cómo la Policía se dedicaba a manipular pruebas para que la autoría del atentado del 11-M coincidiera con la versión preconcebida. Inmediatamente, la plataforma España y Libertad presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falsedad en documento oficial contra los jefes de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez y José Andradas, y contra los comisarios de Policía Científica e Información, Miguel Ángel Santano y Telesforo Rubio.

Al tratarse de un delito común, el asunto debió remitirse a los tribunales ordinarios, pero por no se sabe qué arte de birlibirloque el caso acabó en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Como ya hiciera en el Caso del Lino y algunos otros ya relatados, el juez Garzón abrió diligencias, pero no para castigar a quienes habían manipulado el documento, sino para actuar contra aquellos que habían tenido la osadía de contar la verdad.

Decidido a que los justos pagaran por los pecadores, máxima que debió de quedarle muy grabada de sus años de seminario, llamó a declarar a los peritos y los estuvo interrogando hasta altas horas de la madrugada, supuestamente presionándoles y coaccionándoles hasta hacer llorar a alguno de ellos. De esta manera, tras darle la vuelta al asunto con métodos poco ortodoxos, acabó imputando de un presunto delito de falsedad en documento oficial a quienes sólo habían cumplido con su deber.626

Al día siguiente, un sector de la prensa se le lanzó al cuello con toda la razón: «Garzón interroga como un nazi», señalaba un titular, lo que dio origen a una querella del juez. A la carga de caballería se suman el vocal del Consejo General del Poder Judicial y el diputado del PP por Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, que le tachan abiertamente de «ofrecer un espectáculo bochornoso al trabajar al servicio del Gobierno», «exceso de abuso de superioridad», «falta de consideración respecto a los ciudadanos» e incluso de presunta prevaricación.

Automáticamente, el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario y Manos Limpias presentaba una querella criminal ante los tribunales, acusándole de ser un juez prevaricador, hecho del que fue absuelto. Sin embargo, ante el escándalo judicial y periodístico formado, para zanjar el asunto sin dejar al descubierto la supuesta parcialidad del juez Garzón, y aprovechando un viaje del instructor a Colombia y otros avatares, se envió el asunto a los juzgados ordinarios.

De esta manera, tras reinstruir el expediente, la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, Gemma Gallego, daba completamente la vuelta al asunto y lo situaba en el contexto en que se había producido la denuncia. Retiraba la acusación contra los peritos imputados por Garzón y procesaba por falsedad documental y falso testimonio a varios mandos de la Comisaría General de Policía Científica, entre ellos a su jefe, Miguel Ángel Santano, al secretario general de Policía Científica, Pedro Melida, al jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y al jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez.

Situado como siempre al sol que más calienta, el juez no había hecho otra cosa que volver por donde solía y practicar unas instrucciones polémicas, vacías de contenido en muchas ocasiones, y en otras sesgadas y manipuladas o viciadas al estar inspiradas en razones políticas o extrajudiciales. Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2006 un amplio sector de la prensa dejó de bailarle el agua o de pasar por alto sus arbitrariedades. La respuesta del juez fue insultar a los periodistas, que acabaron llevándolo a los tribunales.627

El 21 de febrero de 2005 el abogado Guillermo Regalado-Aznar Nores acudía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y presentaba una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón Real por presunto delito de injurias. Al mismo tiempo, la letrada Cristina Peña Caries se presentaba en los Juzgados de Primera Instancia de la plaza de Castilla, en Madrid, e interponía una demanda contra el juez al amparo de la ley orgánica 1/82, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Los letrados Regalado-Aznar y Peña Carles actuaban en nombre y representación, respectivamente, del periodista Jesús Cacho Cortés, un antiguo amigo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional,628 y del también periodista y comentarista político Federico Jiménez Losantos, editor y accionista de Libertad Digital, el periódico electrónico del mismo nombre, columnista de El Mundo y director y presentador del programa La mañana de la COPE, la cadena de radio cuyo principal accionista es la Conferencia Episcopal española.

Tanto Cacho, director del diario El Confidencial Digital, columnista y comentarista político de la COPE, como Jiménez Losantos, aparecían citados con sus nombres y apellidos en el libro Un mundo sin miedo en términos claramente injuriosos y vejatorios. «Hay expertos en coacción mediática que utilizan la profesión de periodista como mercenarios o para obtener ventajas del poder político. Son falsos profesionales, cuya ética profesional es similar a la de los capos mafiosos», afirma. Dos párrafos más adelante, tras aludir al 11-M, agrega: «Una vez más, la decisión de constituir una comisión [de investigación] parece que la marca determinada persona, aprendiz de Rasputín [probablemente se refiere al director de El Mundo, aunque no lo cita por temor a que desvele su forma de actuar], y otros congéneres de cuya ética no es que dude, sino que no tengo duda de su inexistencia». Y sigue: «Me refiero a esa persona, o a esos señores como Federico Jiménez Losantos y Jesús Cacho y otros periodistas de igual calaña, de los que nunca se sabrá todo lo necesario para hacerse una idea clara del retorcimiento de los pensamientos, actitudes y fines venales que los guían en todos y cada uno de sus actos. Alguien puede decir que opino así porque me atacan siempre que pueden, pero no es eso. No ofende quien quiere, sino quien puede, y estos dejaron de hacerlo hace tiempo».

«Creo sinceramente —añadía el opúsculo— que han hecho y hacen mucho daño a la democracia y que siempre han estado movidos por el resentimiento, el odio e intereses espurios. No les conozco ni una sola acción que pueda considerarse buena ni alcanzo a comprender qué encuentran en ellos algunos líderes políticos para someterse a su influjo.

»Antes o después tendrán que rendir cuentas de sus tropelías. No por tener un micrófono se puede atacar impunemente en nombre de una libertad y una ética que ellos prostituyen día a día con la mentira y la maldad. Aviso a navegantes, presidente del Gobierno.

»El espectáculo mediático y político de estos días [mayo de 2004, fecha de redacción del libro] es deprimente. Parece que algún director de periódico [por Pedro J. Ramírez] ha decidido dirigir la política del país, y lo más grave es que los políticos le dejan. Parece que España está viviendo a golpe de titular o de opinión en las tertulias».

La respuesta no se hizo esperar: «Analizado el texto en su integridad vemos cómo don Baltasar Garzón imputa a mi representado de forma directa, nominal y falsa un hecho gravísimo consistente en guiar su actuación informativa de acuerdo a fines venales, prostituyendo la libertad de expresión a través de la mentira y la maldad, ya que venal, tal y como hemos señalado, significa recibir dádivas o sobornos», señalaba en su demanda Cristina Peña, probablemente la mejor letrada en asuntos de prensa de España, actividad que lleva realizando desde hace más de treinta años. Y añade la defensora de Jiménez Losantos: «De esta forma es este dato el que permite inferir un hecho, cual es que don Baltasar Garzón conoce casos, al parecer, en los que mi representado ha vendido informaciones falsas o bien se ha dejado sobornar para emitirlas».

La demanda fue aceptada a trámite por el Juzgado de Primera Instancia 52 de Madrid con el número de procedimiento 827/2005, y fue ratificada por el demandante. Abierto el periodo de prueba, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y Federico Jiménez Losantos presentaron los documentos necesarios para su defensa y propusieron a sus testigos. Una vez practicadas todas las pruebas propuestas, el titular del juzgado señaló la celebración de vista oral para el 21 de noviembre de 2007.

En el caso de la querella criminal de Jesús Cacho, el trámite procesal ha sido diferente. Pese a que el Tribunal Supremo es competente en la instrucción de querellas contra jueces y magistrados,629 y pese al informe favorable de la fiscal Paloma Abad, el 16 de marzo de 2007 se reunía la Sala Segunda630 y decidía declinar en los juzgados ordinarios la capacidad para instruir el asunto.

Según el ponente, el juez supuestamente progresista Carlos Granados, tesis que acepta el resto de la sala, «el privilegio procesal del aforamiento debe entenderse sólo para salvaguardar la independencia judicial. El delito común que se le atribuye al juez Garzón en la querella nada tiene que ver con el ejercicio de su cargo».

Declarada la incompetencia del Supremo, el asunto, por lo tanto, acabó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona,631 que abre las diligencias 1933/2007 y ordena que se le tome declaración al juez por exhorto en Madrid.

De esta manera, cuando este libro se halle a la venta, es probable que Baltasar Garzón Real tenga que probar la misma medicina que un día sorbieron amargamente los implicados de la Operación Nécora, y Monzer al-Kassar, José Barrionuevo, Rafael Vera, José Amedo y Michel Domínguez: sentarse en el banquillo de los acusados.

Entre tanto, el juez estrella ha comenzado a hacer sus pinitos en España en el mundo del espectáculo, y era recusado por primera vez por aceptar las frecuentes invitaciones que le hacían una parte de los procesados en sus sumarios de Argentina y Chile, un caso que de prosperar podría echar por tierra todo lo actuado, ya que materia al respecto hay de sobra. ¿Qué pasa por la mente de un torturador? ¿Qué siente cuando le arranca las uñas a una joven o la viola? El 10 de abril de 2007 el juez Baltasar Garzón se estrenaba como reportero de TVE con un documental sobre la represión en la dictadura argentina dirigido por el periodista Vicente Romero. Emitido en horario de máxima audiencia en La 2 bajo el título «El alma de los verdugos», «el documental recoge la resistencia activa de las personas que demandan justicia después de tantos años, ya que las víctimas necesitan respuestas desde las propias instituciones, especialmente de la justicia», señaló el juez Garzón.

Meses antes, en junio de 2006, la defensa del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien se enfrenta a una petición de cárcel de entre 13.332 y 17.010 años, según el Código Penal que se le aplique, por los crímenes que presuntamente cometió durante la dictadura argentina, ha pedido la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción. Para justificar su petición acusó al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de «falta de imparcialidad y existencia de interés directo» en la causa. El escrito de nulidad fue presentado por el abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, semanas antes de que Garzón se incorporara a su despacho después de los quince meses de vacaciones en Estados Unidos.

En su petición de nulidad, Pamos de la Hoz afirma que Baltasar Garzón «está posicionado de todo punto, sin prueba en contrario, con los postulados acusatorios», y está, al mismo tiempo, «contaminado por las numerosas actuaciones llevadas a cabo en Argentina y en España al lado de las acusaciones particulares y entidades públicas controladas por estos».

El juez doctor honoris causa por numerosas universidades del país de la Pampa y miembro selecto de varias asociaciones de derechos humanos, se ha posicionado reiteradamente en contra de los responsables de la dictadura militar argentina, atribuyendo a muchas personas hechos que no están probados. El abogado argumenta que Garzón ha participado en actos organizados por las acusaciones y se ha confesado admirador de uno de los principales testigos de cargo en el sumario, el escritor Ernesto Sábato. Por ello entiende que «los efectos que ha producido esta parcialidad objetiva son absolutos y se refieren a todas y cada una de las resoluciones». En este sentido cita unas fotografías que aparecieron en los diarios El Mundo y El País el 2 de agosto de 1997, donde ambos aparecieron en una cafetería próxima a la Audiencia Nacional. También afirma que la citada amistad viene reflejada en el libro Garzón, el hombre que veía amanecer. Para mayor abundamiento especifica que Garzón prologó el libro Otumba, del escritor y sindicalista argentino Rafael Flores, posicionándose con las acusaciones, y acudió a su presentación el 6 de junio de 2000 en la Feria del Libro de Madrid, donde se vertieron proclamas y gritos en favor de una de las acusaciones personadas en el procedimiento de referencia, las Madres de la Plaza de Mayo.

Según el escrito, en el prólogo del libro aparecen afirmaciones que «serían propias de cualquiera de las acusaciones particulares personadas y no de la persona que tenía en ese momento encomendada la función instructora de la investigación». Además dice que es «igualmente obvio, notorio y conocido que el hecho de prologar y presentar una obra implica la existencia de una relación estrecha, incluso antigua, con el autor» de la misma, que pertenece, al igual que el magistrado, a la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, que tiene como fin la defensa de las minorías indígenas. Asimismo el escrito detalla que Garzón visitó en Argentina la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, principal centro de represión, en el que estuvo destinado Cavallo, en agosto de 2005, para intervenir en el seminario «Memoria, verdad y justicia. Acciones contra la impunidad», donde participaron también otras acusaciones personadas, como las Abuelas de la Plaza de Mayo. «El acto evidenció una toma de posición clarísima respecto a las acusaciones personadas, en detrimento de la imparcialidad que se le exigía».

«Todos, como ciudadanos, somos los perjudicados por los crímenes de lesa humanidad y por tanto tenemos derecho a exigirla. Lo que no se puede permitir es que haya impunidad», se dijo en el seminario, donde Garzón reivindicó el fallo de la Corte Suprema argentina que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Y es que, como quedó claro en el Reino Unido en el caso de la extradición de Pinochet, los jueces no pueden estar en misa y repicando a la vez, en Amnistía Internacional defendiendo desde posiciones políticas muchas veces radicales los derechos humanos, y en un juzgado de instrucción procesando a los supuestos represores. De ahí que si se tuvieran en cuenta los viajes de Garzón a Hispanoamérica y quiénes pagan sus billetes y estancias, incluida una entrevista extrajudicial con la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente chileno, para ampliar las imputaciones a otros implicados en el golpe de Estado de 1973, probablemente habría que anular todas sus actuaciones.

De aplicarse el mismo baremo que se usó en el Reino Unido contra Leonard Hoffmann, habría que declarar nulas todas las actuaciones, especialmente las de Guatemala, Argentina, Tíbet, y otras. También, según el mismo Garzón reconoce, está «judicialmente incapacitado» para investigar o juzgar hechos relacionados con las guerras de Iraq, Afganistán, Chechenia, Kosovo e Israel por las críticas que ha vertido públicamente. Garzón es embajador para Europa de los pueblos indígenas de la región del Cauca (Colombia), presidente de honor de la organización La Com, de Sucre (Bolivia), presidente de honor de la Fundación de Intelectuales y Artistas por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, cuya dirigente, Adriana Arce, y muchos de sus miembros, fueron torturados por la dictadura argentina. Y así sucesivamente.

Y es que el Príncipe de la Justicia, proclive al halago fácil, a la lisonja, en el ocaso de su carrera, es incapaz de darse cuenta de que cada vez que se recibe un millón de pesetas de alguien por impartir una conferencia se está contaminado para investigarle en el futuro. De ahí que su probable fin esté próximo, aunque sin duda aún dará muchas primeras páginas a los periódicos, como en octubre de 2007.

***

Los que conocían sus deseos, expresados al fiscal Enrique Molina, de realizar una intervención judicial importante que además le permitiera recobrar su protagonismo de juez campeador, de instructor estrella, perdido en parte desde su estancia en Estados Unidos, lo sospecharon enseguida: por fin había llegado su hora. El 4 de octubre de 2007, tras la ruptura de las negociaciones Gobierno-ETA, Garzón abandonaba la estrategia de apaciguamiento y, como un camaleón, se convertía en el magistrado implacable de siempre con los pistoleros de ETA. Ese día interrumpía por orden judicial una reunión que la plana mayor al completo de la Mesa Nacional de Herri Batasuna celebraba en la localidad guipuzcoana de Segura (Guipúzcoa), en pleno «territorio abertzale», y detenía a veintitrés de sus miembros.632 Dos días más tarde enviaba a diecisiete de ellos a la cárcel de Alcalá-Meco.

En un sorprendente auto de ochenta y un folios, el juez admite que, en ningún momento, Batasuna se había desvinculado del terrorismo y que en los dos últimos años había celebrado al menos otras seis reuniones, que, pese a ser todas ellas conocidas por él, no ordenó la detención de la trama civil de ETA en aplicación de la Ley de Ilegalización de Partidos y del Código Penal. «Con sus actuaciones, los dirigentes de Batasuna estaban buscando el fin de la violencia, aunque sus actividades individualizadas se hayan producido aún en nombre de la representación de la opción política ilegalizada», manifiesta.

Tras un comunicado de ETA hecho público el 5 de junio de 2007, en el que la banda terrorista anunció que «no existen condiciones para la negociación», rompe el alto el fuego y decide «actuar en todos los frentes a partir de las cero horas del 6 de junio de 2007», la actitud apaciguadora del juez cambia radicalmente. «Batasuna ha venido demostrando desde el principio —explica— que no tiene la voluntad de acabar con la violencia terrorista. [Por el contrario], su objetivo es coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines de ETA por medio del recurso a la violencia. [...] Tras la ruptura del alto el fuego, pese a tener la opción de desvincularse de ETA, han optado por la permanencia en el complejo terrorista, cumpliendo los fines y actuando en su seno. Esa actitud debe valorarse como un ejemplo de aquiescencia y apoyo a la banda».

Con este auto, el juez se retrata a sí mismo al revelar que en los últimos dos años no ha perseguido y encarcelado a los miembros de Batasuna allí donde se hallaren e impidiendo que sus formaciones políticas afines [el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca] emplearan las instituciones en su beneficio y evitando que los pistoleros pudieran rearmarse y amenazar con renovados esfuerzos el Estado de Derecho. Siguiendo la tesis del Gobierno, que llegó a llamar a Arnaldo Otegi «hombre de paz», el magistrado, tal y como reconoció, parece que había optado por aplicar la Ley según las circunstancias de cada momento marcadas por la estrategia diseñada por José Luis Rodríguez Zapatero.

«Garzón es el único juez de España que tiene la desfachatez de aplicar el Código Penal cómo y cuándo le da la gana y además decirlo sin que le pase nada», señaló el vocal del Consejo del Poder Judicial José Luis Requero en octubre de 2007, en el programa La linterna de la COPE. En la misma línea, el director de La mañana de la COPE, Federico Jiménez Losantos, agregó: «Por las mismas razones que no ha detenido a Batasuna en los últimos años, manda a la cárcel ahora a sus dirigentes, para apartarlos hasta pasadas las elecciones generales de marzo de 2008 en que Zapatero los sacará para negociar con ellos. Si la misión de un juez es aplicar la Ley y, él mismo se descubre y reconoce que no lo ha hecho, está demostrando que es un prevaricador y debe ser apartado de la carrera».

Por su parte, el diario El Mundo digital fue igual de tajante: «Garzón ha sido sincero. Ha metido a los dirigentes de Batasuna en la cárcel porque ETA ha roto la tregua, en coincidencia clara con el cambio de criterio de la Fiscalía y con la política de dureza del Gobierno contra la banda y su entorno. No hay duda de que la inmensa mayoría de los españoles estará de acuerdo con su actuación de ayer. Pero pueden acabar considerándolo un juez que aplica o no la ley en función de la oportunidad política. Y eso no es bueno para la credibilidad de la Justicia». Libertad Digital resaltaba: «La súbita detención de parte de la dirección de Batasuna-ETA, que sin resquicio a la duda es una buena noticia, parece mostrar una inopinada voluntad de cumplir la ley y restituir el imperio del derecho sobre los enjuagues políticos. Pero no sólo no hay nada de ello sino que con lo que nos encontramos es con el uso oportunista de la Ley, en función de los intereses políticos del Gobierno. [...] que ha elegido cada día que no se cumpla la ley de partidos con Batasuna [...] ignorando la sentencia del Supremo que reconocía que Batasuna es parte de ETA mientras negociaba con los terroristas». Y añadía: «El propio Garzón, el hombre que no veía amanecer con la conciencia tranquila, ha actuado durante estos años como un eficaz peón del Gobierno. [...] El juez debe de pensar que un hombre como él, que merece el Nobel de la Paz y puede que hasta el de Química, no puede limitarse estrictamente a hacer cumplir la Ley. Según ha reconocido él mismo, su decisión se produce después de la ruptura de la tregua por la banda asesina. Acaba de descubrir que la facción política del grupo criminal colabora con los fines y medios de la ETA. [...] ¿Cuándo lo volverá a olvidar? En el momento oportuno. Porque, por todo el estruendoso silencio de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre las detenciones de este fin de semana, Mariano Fernández Bermejo ha reconocido que el Gobierno no ha dado por concluida la negociación. La única incógnita es cuándo se reanudará, si los españoles no lo evitan en las urnas».

***

Los españoles aún no habían tenido tiempo de asumir el peculiar auto de Garzón deteniendo a la cúpula de Batasuna cuando, de nuevo, la prensa sorprendía a la opinión pública con otra excentricidad del juez de jueces.

El 3 de noviembre de 2007, el diario que dirige Pedro J. Ramírez publicaba en portada que tres ministerios del Gobierno español —Interior, Defensa y Asuntos Exteriores— habían tenido que coordinar sus esfuerzos para que el magistrado nacido en Torres viajara en un avión militar a visitar en Bagdad la prisión de Abu Ghraib, entre otras actividades ajenas a su cargo.

Garzón no se desplazaba a los dos países citados, infestados de terroristas de Al-Qaeda, en calidad de juez instructor; ni siquiera acudía a buscar a los «autores intelectuales» de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, debate que al magistrado le parecía «falso y absurdo», según sus declaraciones, cuando había sido él quien, en 1999, había pedido al Supremo el procesamiento de Felipe González como «instigador de los GAL». Volaba en un avión militar (prerrogativa no al alcance de todo el mundo) como «reportero estrella» de Televisión Española para realizar un supuesto trabajo audiovisual para la cadena pública.

«Se denunciarán —decía El Mundo— los famosos vuelos de la CIA, la situación alegal de la cárcel de Guantánamo, las cárceles secretas... Habrá una dura crítica hacia los Estados Unidos [el gran aliado del Gobierno Aznar en la anterior legislatura] y sus actuaciones en Iraq utilizando como argumento la lucha contra el terrorismo. En especial serán entrevistados ex militares estadounidenses [críticos con la invasión], representantes de las asociaciones de derechos humanos...».

El rotativo añade que el supuesto reportaje se emitiría a comienzos de 2008, en periodo de máxima audiencia coincidiendo con la campaña electoral. De esta manera, bajo el pretexto de denunciar las «vulneraciones de los Derechos Humanos en Iraq y Afganistán», misión que no compete a ningún juez salvo en el ejercicio de su función, instruyendo procedimientos y aplicando el Código Penal dentro del ámbito territorial de su jurisdicción, la pieza televisiva parecía concebida por TVE para convertirse en un instrumento más contra el Partido Popular poco antes de que los españoles sean llamados a las urnas. No hay que olvidar que el partido que creó los GAL no ha cesado de calificar a sus oponentes de «herederos del franquismo» y a identificarlos con la invasión norteamericana de Iraq, al suponer que ésta constituye el talón de Aquiles del PP.

«En marzo [Garzón] escribió un artículo en el que se mostraba partidario de exigir responsabilidades penales al ex presidente Aznar por la guerra de Iraq, durante la lectura de la sentencia del 11-M se puso al lado del Gobierno cuando debía ser el primer interesado en callar. Fue Garzón quien hizo pasar un calvario a los peritos del ácido bórico al someterles a un interrogatorio inmisericorde o al dejar doscientas cintas sin traducir hasta el 11-M al dedicarse a sus hobbies», editorializaba el diario de la mañana.

Considerado por la prensa argentina como el hombre que «abrió» como sparring la campaña electoral a las presidenciales argentinas de Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York, como se cuenta en el capítulo 1 de este libro, el reportaje sobre Iraq sería una de las «contribuciones» de TVE a Rodríguez Zapatero, trabajo para el que a fecha 6 de noviembre de 2007 el juez Baltasar Garzón —del que se habla ya en diversos círculos como futuro ministro de Justicia socialista si el actual inquilino de La Moncloa se mantiene en el poder—, no había pedido la preceptiva autorización al Consejo General del Poder Judicial. «Y es que lo haría —señalaba El Mundo— aprovechando sus ratos libres y sus días de descanso», al parecer, utilizando su libertad de expresión, que los jueces tienen limitada (como no puede ser de otra manera) por la Ley Orgánica del Poder Judicial y las sentencias del Supremo y el Constitucional en sus críticas a otros poderes del Estado y partidos políticos.

***

Cambiando de asunto, revela igualmente el diario que dirige Pedro J. Ramírez que el sábado de mediados de julio de 2007 se casó por lo civil «en segundas nupcias», en León, el comisario de la Policía Enrique García Castaños. A la boda, celebrada en el Parador Nacional, asistieron cerca de doscientas personas entre compañeros, algún que otro juez, periodistas y amigos de los novios. Uno de los testigos de la boda fue Baltasar Garzón Real, que saldaba así numerosas deudas de gratitud con el agente más controvertido y polémico de la democracia. Baste un ejemplo: García Castaños pasó de vender Fuerza Nueva en las dependencias policiales de la Puerta del Sol a trabajar para Javier de la Rosa, a ser jefe de los «espías de la Comisaría General de Información» y a mutarse en un demócrata convencido.

No asistieron a la fiesta el ex director general de la policía, Agustín Díaz de Mera, ni su ex jefe Jesús de la Morena, comisario general de Información. Tampoco estuvo, que se sepa, el que fuera director de la revista Doblón en la Transición, José Antonio Martínez Soler. La lista de ausentes podría ser infinita si el autor se lo propusiera.

Lo que no relata El Mundo es que la velada se prolongó hasta el día siguiente. Sobre las cinco de la mañana, Garzón echó de menos la compañía de su amigo Luis del Olmo para echarse a cantar rancheras. García Castaños, el policía que tantas veces le había sacado las castañas del fuego, le acompañó en un dúo y entonaron O sole mío. Luego cambiaron de letra, según le contó al autor el comisario Manuel Ballesteros, y se fueron por rancheras, concluyendo la velada con la canción del compositor José Alfredo Jiménez, El Rey:

Con dinero y sin dinero

hago siempre lo que quiero

y mi palabra es la ley.

No tengo trono ni reina,

ni nadie que me comprenda,

pero sigo siendo el Rey.

Todo un «poema» que define al juez que ha campeado en España desde 1987 hasta la fecha. Un rey sin corona, fuera de lugar, acostumbrado a hacer de las suyas en el juzgado, incluidos sus dos intentos de meter en la cárcel a Felipe González, acusado de crear los GAL, porque no le concedió el cargo político que le apetecía.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, el hombre que veía amanecer, el único juez al que se le ha permitido dejar sus sumarios a medias sin exigirle responsabilidades, como afirma el vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, es el último de una generación de jueces estrella, ya en su crepúsculo.

Personaje destacado en la investigación del terrorismo de Estado, formó parte de la generación de la cultura del pelotazo socialista sin aparentemente dejarse influir por los cantos de sirena de personajes como Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Carlos Solchaga, Luis Roldán o Mariano Rubio.

Tras prestar su ciencia jurídica al gobierno de turno, desde Felipe González a José María Aznar y a José Luis Rodríguez Zapatero, ya no es ni la sombra de lo que un día pretendió ser. Aunque su nombre ha traspasado las fronteras como el juez que pretendió y no pudo procesar a Augusto Pinochet, la Corte Penal Internacional le rechazó, la Audiencia Nacional le ha cerrado las puertas al ascenso y desde 2006 ha comenzado a vivir su ocaso.

Dentro de poco desaparecerá del mapa judicial y alguien escribirá sobre su «tumba»: «Garzón, el hombre que no supo envejecer, el juez que se creyó Dios y que, como Ícaro, perdió las alas al pretender volar más alto que el sol».

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20/07/2012

Notas

1 El empresario catalán Javier de la Rosa Martí; los industriales de Badajoz Rafael Álvarez-Buiza Diego y Ángel Medrano Cuesta; el abogado Santiago Muñoz Machado; el presidente de la ONCE Juan Carlos López-Cid Fuentes; los industriales italianos Alfredo Messina y Giovanni Acampora; y el presidente de Fininvest, Silvio Berlusconi, que no figuraba en la causa por su condición de aforado, al haber sido jefe del Gobierno de Italia y europarlamentario.<<

2 Por delitos relacionados con Gestevisión Telecinco, dos años de prisión; por sus gestiones en Publiespaña, dos años; por su gestión en Diversiva otros dos años; por la cuota defraudada en Promociones Calle Mayor, un año; y por operaciones particulares suyas, otro año de cárcel, además de otros veintidós meses por supuestos delitos de falsedades. Rollo de Sala 15/2005 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.<<

3 Adquirida no directamente, sino por medio de otra sociedad, Pacense de Comunicación.<<

4 Leo Kirch, Jan Motto, Juan José Folchi Bonafonte, Adolfo Maristany Cucurella, Giorgio Vanoni, Marcelo Del'Ultri y Silvio Berlusconi. Procedimiento abreviado 262/1997.<<

5 Formaban la sala Roberto García-Calvo, Ramón Montero Fernández-Cid y José Augusto de Vega.<<

6 Joaquín Navarro Estevan, Palacio de injusticia, Temas de Hoy, Madrid, 1998.<<

7 Diligencias previas 1281/99 del Juzgado de Instrucción Número 1 de Zamora; Diligencias Previas 396/01 del Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel; y Diligencias indeterminadas 2443/01 del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid.<<

8 Es decir, pasaban a ejercer la acusación particular.<<

9 Los otros eran: Eusebio Arroyo Domínguez, Esperanza Arroyo Domínguez, Estela Arroyo Almería, Victoriano Blanco Alonso, José Celedonio Martín Cabreros, Enrique Ruiz Paz, Gonzalo Ruiz Paz, Cristina Ruiz Paz, Martín Ángel García Corral, Antonio Muñoz Martínez, Eugenio Alabarces Muñoz, Adela Obdulia López de Sancho Sánchez, Ramón Martín Prado, Manuel Rojo Rojo, Santiago Rojo Rojo, Alberto García Valencia, Vicente Cañadas Simón, Enrique Ayala Martínez, Fernando Calvé Dobón, José Manuel Pérez Espílez, Ramiro Julián Guillén, Juan José Martínez Villar, Pedro Jesús García Borque.<<

10 Negociaciones prohibidas a funcionarios. Artículo 439 del Código Penal.<<

11 La sala formada por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero estimó que los hechos que se le imputaban a López de Coca, que no aparecían ni siquiera concretados en la causa, no eran competencia de la Audiencia Nacional.<<

12 Hace referencia a Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y presidente de Humanismo y Democracia, cuya mujer falleció de cáncer por la ansiedad sufrida durante la tramitación de la causa.<<

13 El Mundo, 26 de abril de 2007.<<

14 En los años ochenta Vera alquiló el Club de Campo de Torrelodones para un congreso policial de fin de semana. Al poco tiempo se recibió en el ayuntamiento un millón de pesetas en un sobre como pago, dinero que el alcalde Mario Mingo devolvió a Interior.<<

15 La Universidad Internacional de Verano de Santander fue creada el 23 de agosto de 1932 por un decreto fundacional del entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos. Sin embargo, el profesorado de los tiempos de la República (Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Pedro Salinas, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Américo Castro, Gerardo Diego, José María de Cossío, Jorge Guillén, Xavier Zubiri, Jiménez Díaz, Huizinga, Pierre Guinard, Marcel Bataillon, Karl Volssler, Harold Laski, Hugo Obermaier y premios Nobel como Schrödinger, Haber o Willstätter) no tiene nada que ver con el actual.<<

16 Pepe Rei, Garzón: la otra cara, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1999.<<

17 El País, enero de 1995.<<

18 Declaración de Al-Kassar ante la Audiencia Nacional, 11 de enero de 1995.<<

19 Oficialmente estaba en excedencia, y así constaba en el escalafón, dedicado a la investigación de siniestros para las compañías de seguros. Extraoficialmente seguía perteneciendo a la policía y despachaba personalmente con su subdirector general, Agustín Linares.<<

20 En el sumario por la muerte del dirigente de ETA Josu Muguruza, Garzón implica al policía Ángel Duce y a Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que sale absuelto en la vista oral. Baltasar Garzón, sin embargo, continúa sosteniendo que estuvo implicado en el asesinato como coautor. Al salir de la cárcel, Duce habría ido un día a verle para contarle que no le quedó más remedio que exculparle.<<

21 Joaquín Navarro Estevan, Palacio de injusticia, Temas de Hoy, Madrid, 1998 y Mariano Sánchez Soler, Baltasar Garzón: tigre de papel, Foca, Madrid, 2006.<<

22 Juzgado de Instrucción Número 16, diligencias previas 3641/97.<<

23 El intento de magnicidio fue realizado por el grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Según contó Pinochet, la Virgen del Perpetuo Socorro le salvó la vida.<<

24 Desde el 28 de junio de 2001 fue jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional. En 2005 se encuentra recluido en la base naval de El Callao, procesado por la justicia por delitos contra los derechos humanos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, sobornos, tráfico de armas y espionaje telefónico, entre otros.<<

25 De algunas de ellas se habla en otra parte de esta obra.<<

26 Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

27 Según su memoria correspondiente a 2004, de un presupuesto de 151.065.828 dólares invirtió 90.730.711 en conferencias y actos públicos en defensa de la nación estadounidense, de la libertad de empresa y el libre comercio.<<

28 Barcelona, Alicante, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Navarra, Cáceres, León, Valladolid, Palencia, Murcia, Madrid, Salamanca, La Coruña, Santander, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Asturias.<<

29 Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, artículo 373, apartado 3.2.<<

30 Veamos, a título ilustrativo, sólo algunas de sus ponencias (página 6 de su currículum): asesor en temas de terrorismo en el Congreso Mundial de la Juventud celebrado en Estrasburgo (Francia) en 1989; asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados celebrado en Trujillo (Venezuela) en noviembre de 1989; intervenciones sobre la criminalidad organizada en el Parlamento Europeo (Bruselas) en diciembre de 1993, 1996 y 1997; participante por España en el I Congreso de Magistrados Europeos Contra la Corrupción en septiembre de 1994, en Ginebra (Suiza); ponente en el I Congreso Sobre la Corrupción organizado por la Fundación Río de la Plata en Buenos Aires en diciembre de 1994; ponente en el seminario Respuestas Legales contra el Terrorismo; The George Washington University, «Terrorismo islámico», diciembre de 1995; ponente en el I Congreso Sobre la Corrupción Política de Bogotá (Colombia) en julio de 1996; ponente en la Cumbre Económica del Mercosur, celebrada en Sao Paulo, en septiembre de 1997, a iniciativa del World Economic Forum; miembro de la Comisión Política de Mediación para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia, septiembre de 1999; ponente en Naciones Unidas en abril de 2000 con ocasión de la Pre-Conferencia Sobre Criminalidad Organizada; ponente en Naciones Unidas en diciembre de 2000 con ocasión de la firma de la Convención Sobre Delincuencia Organizada; ponente en el Comité Europeo Contra la Tortura; ponente con ocasión de la Pre-Conferencia de la Corte Penal Internacional en las Naciones Unidas en junio de 2000; director del curso de verano «La criminalidad organizada», Universidad Complutense de Madrid, julio de 1993; director del curso «Reforma del Código Penal: Interés político— interés general», Universidad de Verano Casado del Alisal (Palencia), julio de 1996; director del curso «El terrorismo en España», Universidad de Verano Casado del Alisal (Palencia), julio de 1997; director del curso «El Estado frente al crimen organizado», Universidad de Verano Casado del Alisal (Palencia), julio de 1998; director del curso «Derechos Humanos. El reto del siglo XXI», Universidad de Verano Casado del Alisal, julio de 1999.<<

31 «Imprudencia médico-farmacéutica y responsabilidad civil», en revista jurídica La Ley, octubre de 1987; «Derecho al honor y humor», en revista jurídica Actualidad Penal, 1989; «Valor y efectividad de las diligencias practicadas en el extranjero en relación con el respeto a los derechos de defensa y a un proceso con las debidas garantías», en Actualidad Penal, n° 16, abril de 1989; «Análisis específico de la doctrina constitucional respecto a determinadas diligencias sumariales. Ruedas de reconocimiento. Toma de huellas. Toma de fotografías», en Actualidad Penal, n° 25, junio de 1989; «La nueva legislación antiterrorista», en revista jurídica Estudios de Derecho Penal y Criminología, diciembre de 1989; «Reincidencia y constitución», en Actualidad Penal, 1991; «Delincuencia organizada y narcotráfico», octubre de 1991, Aula de Cultura del Correo Español; «Los retos en el proceso de unificación europea. Formas emergentes de delincuencia y exigencias a los cuerpos policiales», Mesa redonda en el I Congreso Internacional de Policía de Euskadi (España), 1992, publicada por el Gobierno vasco; «La Ley de Seguridad Ciudadana», en revista de filosofía y pensamiento Claves de la Razón Práctica, 1992; «Proceso penal, pena y rehabilitación del drogodependiente. El valor de la probación», en revista especializada en drogodependencias Protecto, enero-marzo de 1992; «La justicia vista desde dentro», Anuario del periódico El Mundo, enero de 1993; Plan Nacional Sobre Drogas; libro de 1993, Salvat; «Reflexiones sobre drogas», Anuario El País, enero de 1994; «La corrupción política. Un indulto imposible», 1994; «Anuario de hechos», Difusora Internacional, junio de 1995; «Política general en materia de drogodependencias en España», en Avances en política social, 1995, entre otros.<<

32 Ha prologado, entre otros, los siguientes libros: Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordás y Santiago Tarín, Guía de la corrupción en España, 1994; Joaquín Navarro, Manos sucias: el poder contra la justicia, Temas de Hoy, Madrid, 1995; Sagrario Morán, ETA, entre España y Francia (libro conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Editorial Complutense, Madrid, 1997; Luis Miguel Sánchez Tostado, Los maquis en Sierra Mágina, Ayuntamiento de Albánchez de Mágina, Jaén, 2000; Gonzalo Hernández Guarch, El árbol armenio, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002; David Rieff y Roy Gutman (coord.), Crímenes de guerra: lo que debemos saber, Debate, Madrid, 2003; Hernando Valencia Villa, Diccionario Espasa de Derechos Humanos, Espasa Calpe, Madrid, 2003; Eva Joly, ¿Queremos realmente vivir en un mundo así?, Foca Ediciones, Madrid, 2003; Ana María Salazar, Las guerras que vienen, Aguilar, Madrid, 2003; Henrique Cymerman, Voces desde el centro del mundo, Temas de Hoy, Madrid, 2005; Begoña del Pueyo y Alejandro Perales, ¿Y si mi hijo se droga?, Grijalbo, Barcelona, 2005; Manuel Medina, Conquista de la vida, Plaza & Janés, Barcelona, 2005; Karen Greemberg, Al-Qaeda Now, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.<<

33 Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 11 de enero de 2005.<<

34 Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 22 de noviembre de 2006.<<

35 Fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia voluntaria de la carrera fiscal desde el 1 de noviembre de 2007. Boletín Oficial del Estado, 12 de octubre de 2007.<<

36 Tras escucharlo varias veces en un magnetofón especial, el texto en inglés era, más o menos, éste: «Thank you, Mr. president, ambassadors, dear friends, thank you for returning once more to this Transatlantic Dialogues. Today we will reflect better about a problem that's old as humanity itself. Human migratory currently have been associated with wars, repression, economic crisis, all kind of natural disaster phenomena that have forced millions of people to leave their native lands. Today the number of immigrants in the world, number is about two hundred thousand millions. They search for a better life or an opportunity that was frequently denied back home».<<

37 La obra de Ariel Dorfman destaca, principalmente, por sus sucesivos análisis de la cultura popular. De entre ellos destacan Para leer al Pato Donald (1971), en colaboración con Armand Mattelart, Ensayos quemados en Chile (1974), Superman y sus amigos del alma (1974), en colaboración con Manuel Jofré, La última aventura del Llanero Solitario (1979), Reader's nuestro que estás en la Tierra (1980), Patos, elefantes y héroes (1985), Sin ir más lejos (1986), Los sueños nucleares de Reagan (1986). Como veremos, muchos de sus ensayos se repiten exactamente varias veces a lo largo de las diferentes colecciones mencionadas; otros son reescritos y puestos al día.<<

38 Guillermo Sánchez Ferrero, El Mundo, 27 de diciembre de 1997.<<

39 Isidro Fainé, director general de La Caixa, que intervino junto con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega el 30 de mayo de 2007, día de la clausura.<<

40 Según el informe que el CGPJ facilitó al autor del libro.<<

41 También integran la comitiva el presidente provisional del Senado, José Pampuro y el titular de la Cámara Baja, Alberto Balestrini, candidato a vicegobernador bonaerense por el oficialismo. Además, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto; y el del bloque Peronista Federal y candidato a diputado nacional por el FPV, José María Díaz Bancalari.<<

42 Emilio Fermín Mignone, abogado argentino vinculado a los movimientos civiles por los derechos humanos, fallecido en diciembre de 1998.<<

43 Jakob Ludwig y Wilhelm Karl Grimm, filólogos alemanes, autores de los cuentos Blancanieves y los siete enanitos, La Cenicienta, Hänsel y Gretel o Juan sin Miedo.<<

44 Según denunciarían meses más tarde las unidades contra el tráfico de droga de la Guardia Civil, muchas de aquellas órdenes de entrada y registro estaban sin firmar, dejadas en blanco por el juez.<<

45 Baltasar Garzón, Un mundo mejor, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

46 Detención de los capos de la droga por la declaraciones de Portabales; declaración del segundo arrepentido Manuel Fernández Padín, que acusa al clan de los Charlines de traficar con 3.800 kilos de hachís; e implicación del cártel de Bogotá, que había introducido 2.187 kilos de cocaína en España por medio de Alfredo Cordero y Antonio Cebollero.<<

47 «No soy partidario de prohibir el consumo. Es más, considero que es necesario y que, en casos puntuales, puede ser conveniente que se suministre droga de forma controlada a drogodependientes y a aquellos que la necesiten con fines terapéuticos, cuando no existe otra posibilidad de desintoxicación y con la finalidad de reducir el daño». Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2000. «¿A qué cártel compramos la droga, al de Cali o al de Medellín? ¿Dónde la vendemos, en las farmacias o en los estancos de tabaco?», bromeó el ex ministro del Interior José Barrionuevo en el Congreso de los Diputados cuando oficialmente se formuló esta alocada propuesta.<<

48 Se habían apresado los barcos China Brezze y Pearl II.<<

49 Se trataba de un motor de Astilleros Españoles construido en 1983. Durante la travesía habían tenido que hacer una escala en Trinidad y Tobago para repararlo.<<

50 Las precipitadas declaraciones dieron origen a una pregunta en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. La formuló la diputada socialista Carmen Romero.<<

51 En esa cifra se incluyen los desperfectos en el casco causados al atracar la nave en el puerto de Gran Canaria y la rotura de la máquina central, que se para el 1 de septiembre por el mal uso realizado por los Servicios de Vigilancia Aduanera.<<

52 El Mundo, 22 de diciembre de 2000.<<

53 La organización tenía, según la DEA, otros dos barcos, el Castor y el Pearl 2, para transportar la droga a los Estados Unidos, por lo que la agencia antinarcóticos estadounidense, de acuerdo con la policía de México, había montado la Operación Orinoco, que permitió capturar a tres de los barcos, el Suerte I, el Pearl 2 y el Castor.<<

54 Documentos de la Procuraduría General de la República de Colombia.<<

55 José María Climent, José Antonio Díaz León, Diego, Miguel, Manuel y Antonio García Navarro, José Antonio y Manuel González Sánchez, Diego y Francisco Herrera Mellado, Jesús y Leandro Jiménez Jurado, Manuel Lázaro Oliva, Manuel López Moreno, Francisco López Valiente, Manuel Romero Serrano, Mariano Castellano Galán, Manuel Martín Mellado, Francisco López Román, Pedro Tirado Camacho, José María Valencia Piña y Antonio Odero Salas.<<

56 Baltasar Garzón, op. cit.<<

57 Pepe Rei, Garzón, la otra cara, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1999.<<

58 Del relato del capitán del Achille Lauro en la causa juzgada en Italia. Procura della Repubblica. Génova, 1307/85.<<

59 En realidad, el Achille Lauro se había comenzado a construir en 1939 en los astilleros de Vlissingen, pero la II Guerra Mundial impidió que se finalizara hasta 1947, cuando realizó su viaje inaugural con el nombre de Willem Ruys. En 1964 fue adquirido por la naviera italiana Lauro Line, que lo llamó Achille Lauro en honor a un antiguo alcalde de Nápoles del mismo nombre.<<

60 El llamado «Gran Crucero al Lejano Oeste» que solía coincidir con las fiestas de Navidad y Año Nuevo.<<

61 Una de las razones para no conceder el visado a Arafat para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1998 fue el caso Achille Lauro. Así lo reconoció el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, en rueda de prensa.<<

62 Seudónimo de Abú Abbas, según se demostraría en el juicio.<<

63 En aquellos primeros momentos de nerviosismo, un marinero italiano, Pasquale Langella, resultó herido en una pierna alcanzado por las esquirlas de uno de los proyectiles.<<

64 La operación se había realizado en protesta contra las dictaduras de Francisco Franco y Oliveira Salazar. Los «terroristas» bautizaron la nave como Santa Liberdade, ocupando las portadas de todos los periódicos del mundo durante semana y media.<<

65 El asalto al Achille Lauro ha sido llevado al cine por Burt Lancaster (en el papel de Leon Klinghoffer) y Eva Marie Saint. La película para la televisión se filmó en 1990 y lleva por título Viaje de terror: el caso del Achille Lauro. También se ha representado en ópera con un libreto de Alice Goodman y música de John Adams bajo el título La muerte de Klinghoffer. El Canal 4 de la Televisión Británica también ha serializado el asunto.<<

66 Especialmente Al-Qantari, uno de los dirigentes de la OLP.<<

67 Esta acción había originado el bombardeo de los cuarteles de la OLP situados entonces en Túnez, lo que dio origen a una nota de protesta del Gobierno de este país a la comunidad internacional por el brutal ataque sufrido por sorpresa a cargo de la aviación israelí, que por primera vez destruyó un objetivo situado a 2.400 kilómetros de sus bases militares, teniendo que repostar sus aviones en vuelo.<<

68 Según la información facilitada entonces por el ministro de Defensa italiano, Giovanni Spadolini, que siguió los acontecimientos al minuto.<<

69 Los juzgados fueron los siguientes: Abú Abbas, Ossudi al-Din Badrahran, Ziad al-Omar, Abdulrahim Khaled, Abbas Mohamed Issa, Abu Kifad, Jarbúa Mohamed, Abu Kazem Ali, Sa'ad Yusuf Ahmad Yusuf y Foros Petros (todos ellos en rebeldía).Y Youssef al-Molqi Magied, Ibraim Fatayer Abdelatif, Ahmad Marrouf al-Assadi y Bassan al-Asker Gandura (los miembros del comando).<<

70 Hay que pensar que el barco transportaba a más de mil pasajeros, pero algunos centenares de ellos habían descendido en Alejandría para hacer una excursión al Nilo. Había además unos cuatrocientos tripulantes.<<

71 Desde ahí huyó a Belgrado. En una entrevista a la revista Time condenó los atentados del 11-M y negó que siguiera estando vinculado al terrorismo. Los servicios secretos israelíes le acusaban por entonces (2003) de coordinar los pagos de Saddam Hussein a las familias de los palestinos que cometían atentados suicidas.<<

72 El empresario judío estuvo representado en la causa por Lisa Klinghoffer, una de sus hijas, y por la Asociación Internacional de Juristas Hebreos, constituida en parte civil.<<

73 Boston Globe, 26 de junio de 1998.<<

74 Durante los interrogatorios se examinó la posibilidad de que fuera asesinado como represalia tras haber mordido a Al-Molqi. El terrorista lo negó. Tras examinarle los brazos se comprobó que el terrorista decía la verdad.<<

75 Según el FBI, usaba por lo menos otros veinte alias conocidos, siempre cambiando el nombre o los apellidos, entre ellos los nombres de sus hijos.<<

76 En 1977, fue condenado en Inglaterra a dos años y medio de cárcel.<<

77 Según los antecedentes del Ministerio del Interior.<<

78 Casado con la alemana Monica Haas se le atribuye formar parte del comando que secuestró el avión Landshut de Lufthansa que realizaba el vuelo Palma de Mallorca-Frankfurt y que fue desviado a Mogadiscio (Somalia) con ochenta y dos pasajeros a bordo en octubre de 1977.<<

79 El atentado fue realizado por Kamal Gawad Ghazoul, del Frente Popular de Liberación de Palestina, protegido de Al-Kassar en España, quien fue detenido por el policía Ramón Lillo al encasquillársele la pistola. Un mes después del atentado a Awad, en noviembre de 1994, Abú Abbas mandó a otro activista a Madrid, Yousef Ahmed Saad, para rematar al que creían confidente del Mosad. También acabó detenido.<<

80 Guerrillero nicaragüense nacido en Netapa (Ciudad Darío) en 1936, conocido por el sobrenombre de Comandante Cero cuando lideró una unidad de la guerrilla sandinista que acabó con la dictadura de Anastasio Somoza. Años después fue un miembro destacado de la Contra nicaragüense, movimiento organizado para acabar con la revolución sandinista.<<

81 En noviembre de 1981 la administración Reagan inició su guerra contra el sandinismo y autorizó a la CIA a gastar 19.500.000 dólares para crear la Contra, una fuerza militar entrenada en Honduras. En 1982 el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Edward P. Boland, presentó una enmienda limitando la ayuda a los guerrilleros de Pastora. Para buscar fondos se organizó la operación triangular conocida como «Irán-Contra».<<

82 Tras el derrocamiento del sha Reza Pahlevi de Persia, en 1979, accedió al poder el ayatolá Jomeini, convirtiendo el país en un núcleo fundamentalista e integrista más propio de la Edad Media que del siglo XX.<<

83 Las cobraba directamente de los gobiernos de Siria, Arabia Saudí y Kuwait, enemigos de Israel. Luego vinieron Yemen, Afganistán, Irán, Iraq, Líbano, Yugoslavia, Chechenia y otros focos de conflicto mundiales.<<

84 Tras una denuncia sobre la escasa eficacia de sus bombas cluster los iraquíes le quemaron la fábrica, acción en la que perecieron cincuenta y un trabajadores.<<

85 En su libro Un mundo sin miedo, Baltasar Garzón se inventa un dato nuevo que no aparece en ningún sumario. Según él, las armas adquiridas en Polonia no fueron directamente a Túnez y a Italia, sino que «habían circulado por España».<<

86 Como consecuencia del atentado murieron 18 personas y otras 84 resultaron heridas, 11 de ellas ciudadanos estadounidenses, los presuntos objetivos de la masacre.<<

87 El delito fue denunciado en el juzgado 46 de los de la Plaza de Castilla e investigado por la juez Teresa Palacios.<<

88 Se trata de una «casa» formada por tres viviendas individuales, con tejas verdes, encaramadas sobre una escalera de mármol de Carrara y separada del exterior por una alta verja de color verde. Tiene helipuerto, cámaras de seguridad, vigilantes de nacionalidad siria, piscina, vivienda de servicio y todas las comodidades para no tener que depender del exterior.<<

89 Disponía de dos guardias civiles adscritos al CESID, que le hacían de escolta permanente, le acompañaban a todas partes y le permitían cruzar las fronteras aeroportuarias sin pasar los rutinarios y pesados controles de seguridad.<<

90 Entre ellas una escandalosa gargantilla con setecientos brillantes y catorce rubíes valorada en 140 millones de pesetas, comprada en Viena y regalada a su esposa, Ragda Habal. Según el sumario, en su casa aparecieron los siguientes coches robados: cuatro BMW, dos Rolls-Royce, tres Renault, dos GMC Chevrolet, un Land Rover, dos Porsche 928, un Chrysler Jeep Cherokee, y tres Mercedes 1000.<<

91 Al hacerse pública la noticia, el presidente Carlos Menem, cuya familia política procede de Yabrud, el mismo municipio de Siria del que procede Al-Kassar, decidió despojarle de la ciudadanía argentina por falsificación de documentos, venta ilegal de armas y terrorismo.<<

92 Según el auto, a través de esta cuenta suministró a Abú Abbas 237.000 dólares, unos 24 millones de pesetas de la época.<<

93 Sólo sus propiedades en Marbella estaban valoradas en más de 4.000 millones de pesetas.<<

94 Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves suscrito en La Haya el 16 de diciembre de 1970, ratificado por España mediante instrumento de fecha 6 de octubre de 1972, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de 1973.<<

95 «Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como: traición y contra la paz o la independencia del Estado, contra el titular de la Corona, rebelión y sedición, falsificación de la firma o estampilla reales, del Sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales, falsificación de moneda (euro) y su expedición. E, igualmente, será competente para conocer de los hechos tipificados como genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, prostitución y corrupción de menores, tráfico de drogas, mutilación genital femenina y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España». Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio.<<

96 Consejo General del Poder Judicial, 7 de septiembre de 1992. Documento con el sello de entrada pero sin número de registro.<<

97 Según el texto publicado por el diario ABC el día 22 de febrero de 1993, que dedicó tres páginas a glosar el asunto y a calificar a Garzón de «juez corrupto». La publicación de los tres documentos y algunas otras portadas le costó a su director, Luis María Anson, una querella del juez, que fue archivada, según cuenta el periodista Miguel Ángel Aguilar por esas fechas en El País.<<

98 El fiscal Eduardo Fungairiño, al que también se le envió la denuncia para que la calificara, se negó a entrar en el fondo del asunto «por entender que han sido sustraídos». Y le devolvía la pelota a los abogados. «En todo caso pueden generar responsabilidad criminal por receptación en quien los manejó».<<

99 Curiosamente, un mes antes la Sala de lo Penal había prorrogado su prisión provisional otro año para asegurar que pudiera ser extraditado a Argentina. Al-Kassar presentó un recurso de súplica y la misma sala formada por Antonio Jiménez-Alfaro, Manuel Trenzado Ruiz y Jerónimo Barnuevo Asensi le dejó en libertad condicional bajo fianza, ya que el delito por el que se concedió la extradición, falsedad documental, no justificaba la privación de libertad preventiva.<<

100 Al policía Ramón Lillo llegó a plantearle la posibilidad de acabar con ETA por el procedimiento de invitar a sesenta o setenta terroristas al Yemen, donde tenía excelentes contactos, para realizar un cursillo de entrenamiento terrorista y luego hacerlos desaparecer. «Una vez allí yo me encargo de que se pierdan en el desierto».<<

101 Quilombo: mancebía, lupanar, casa de mujeres públicas, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.<<

102 La Autoridad Nacional Palestina fue establecida en 1994, conforme a los Acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Gobierno de Israel, como una entidad transitoria durante un periodo de cinco años tras el cual tendrían lugar las negociaciones finales entre las dos partes. A partir de estos acuerdos la Autoridad Palestina fue designada para controlar tanto la seguridad como la administración civil en las áreas urbanas palestinas, manteniendo sólo el control civil sobre las áreas rurales palestinas.<<

103 Una pistola con silenciador oculta en una maleta.<<

104 El 19 de junio de 1991 había sido objeto de otro tiroteo cuando salía de comer de un restaurante de la calle Costa Rica, en Madrid, resultando herido en las dos piernas y sufriendo desde entonces una acusada cojera.<<

105 Un mundo sin miedo, Baltasar Garzón, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

106 Tiempo, 20 de febrero de 1989.<<

107 Escrito desde Madrid para Torres (pregón de las fiestas de Torres), 1 de septiembre de 1988, Baltasar Garzón Real.<<

108 Previamente había sido destinado unos meses a la estación de Campsa de Jerez de la Frontera.<<

109 Portero suplente del Madrid proveniente del Castilla, cedido al Sevilla.<<

110 Miguel Ángel de la Cruz. Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

111 Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, Tumbas sin nombre, Edaf, Madrid, 2004; José Martínez Romero, Las caras de Bélmez, Martínez Roca, Barcelona, 1978; Andrew McKenzie, The Seen and the Unseen, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1987; José Luis Jordán, Casas encantadas, poltergeist, Noguer, Barcelona, 1992; Javier Cavanilles, «Las nuevas caras de Bélmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. El objetivo es explotar comercialmente el fenómeno y favorecer el turismo», El Mundo, 28 de noviembre de 2004.<<

112 Una de sus hijas, Macarena, está casada con el secretario del Partido Popular andaluz y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Javier Arenas Bocanegra.<<

113 Luis, casado en Gerona, tiene una empresa, Ingeniería de Aguas S. L., situada en Torroella de Montgrí, de la que es apoderado. Se dedica al tratamiento de aguas para riego y piscinas.<<

114 Artículo 30 del Código Civil: «Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno».<<

115 Manuel Medina, La conquista de la vida, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

116 «El lugar de la explosión se convirtió en un escenario de horror en el que se encontraban restos de intestinos, dos piernas juntas y separadas del resto del cuerpo, un esternón y un brazo que por su tamaño pudiera pertenecer a una chica, una mano que conservaba dos dedos agarrotados a escasos centímetros del detonante del explosivo y una cabeza seccionada a la altura de los ojos, que ofrecía el aspecto de una media esfera exprimida», escribió el diario El País.<<

117 Ángel María Fernández Ruiz de Ofiate, Félix Bádiola, José Antonio Gárate, Antxón Tolosa y los dos muertos de Usúrbil.<<

118 Isabel San Sebastián, Fungairiño, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007.<<

119 La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.<<

120 Como es el caso de su compañero José Antonio García Villa, que se examinó un día antes que él en las oposiciones. A los cuatro años de estar en la carrera pidió la excedencia.<<

121 Andreu Enfedaque presidente de la Audiencia Provincia de Tarragona, José Enrique Mora Mateo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y así sucesivamente.<<

122 La lista íntegra es la siguiente: Jesús María Calderón González, Lorenzo del Río Fernández, Rafael Márquez Romero, Alfonso Martínez Escribano, Juan Martínez Pérez, Francisco Javier Vieira Morante, Ángel Márquez Romero, Fernando de la Torre Deza, Baltasar Garzón Real, Ángel Judel Prieto, María Rosa Rigo Roselló, Francisco Tuero Aller, José Luis Seoane Spielgelberg, María José Pueyo Mateo, José Enrique Mora Mateo, Jacobo López Barja de Quiroga, Pedro Manuel Díaz Méndez, Jesús Fernández Entralgo, María Luisa Aparicio Carril, Andreu Enfedaque i Marco, Manuela Carmena Castillo, Heriberto Asensio Cantisán, Fernando Tesón Martín, Bernardo Donapetry Camacho, Miguel Ángel Olarte Madero, Tarsila Martínez Ruiz, Juan Carlos Terrón Montero, Elisa Veiga Nicole, Carlos Javier Álvarez Fernández, Eugenio Esteras Iguacel, Francisco Salinero Román, José María Pijuán Canadell, Andrés Palomo del Arco, Ramón Gómez Ruiz, Alberto Álvarez Rodríguez, Hipólito Hernández Barea, José María Gómez y Díaz-Castroverde, Fermín Zubiri Oteiza, José Luis Barragán Morales, Pablo Quevedo Aracil, Joaquín Jiménez Sánchez, María Eugenia Alegret Burgues, Pedro Pozuelo Pérez, Rafael Puya Jiménez y Abdón Díaz Suárez.<<

123 Miguel Ángel de la Cruz, op. cit.<<

124 Foca, Madrid, 2006, p. 55.<<

125 Formaban el comando, junto con Txapela, José Luis Eciolaza Galán y Antonio María Tellería Uriarte. Les habían dado cobertura y apoyo logístico José María Alcíbar, Milagros Eizaguirre, José Luis Lizaso y Félix Lertxundi.<<

126 No resulta extraño. El conductor de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, un guardia civil infiltrado, estudió euskera en el mismo euskaltegi de AEK, tal y como se descubriría después.<<

127 Los Grupos Antiterroristas de Liberación son responsables de los siguientes asesinatos: José Lasa Arostegui, Joxean; José Ignacio Zabala, Joxi; Ramón Oñaederra, Kattu; Mikel Goikoetxea, Txapela; Vicente Perurena, Peru; Ángel Gurmindo, Stein; Eugenio Gutiérrez Salazar, Tigre; Jean Pierre Leiva; Javier Pérez Arenaza; Jean Pierre Cherid (miembro de los GAL); Rafael Goikoetxea; Tomás Pérez Revilla; Christian Olaskoaga; Santiago Brouard; Benoit Pecasteing; Pedro José Pikabea; Jean Marc Mutio; Xabier Galdeano; Santos Blanco González; Emile Weiss; Claude Doer; Juan Manuel Otegui Elizegui, Txato; Dominique Labeyrie; José Mari Etxaniz, Potros; Iñaki Asteazu Izarra, Beltza; Agustín Irazustabarrena Legrá; Sabin Etxaide Ibarguren, Eskumotz; Mikel Zabalza Gárate (muerto durante un interrogatorio en Intxaurrondo); Robert Caplane; Christophe Matxikote; Catherine Brion; y Juan Carlos García Goena.<<

128 «Perro», en euskera.<<

129 Según cuenta José Amedo en su libro La conspiración, a Gutiérrez Argüelles y a su grupo de chacales les encargaron el asesinato de un político de Herri Batasuna en Bilbao, pero el asunto se suspendió. El inspector catalán había estado ya implicado en los GAL meses antes, al tratar de detener en el sur de Francia a un dirigente de ETA para canjearlo por el capitán de Farmacia de Bilbao Alberto Martín Barrios, secuestrado por la banda terrorista.<<

130 Organización terrorista francesa montada con oficiales del Ejército y dirigida por el general Raoul Salan, nacida en 1961 tras el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Maurice Challe, André Zeller y Edmond Jouhaud. Tras el referéndum que permitió la autodeterminación argelina, la OAS sembró el terror en Argel y, posteriormente, en París. En sus filas contó con un elevado número de militantes neofascistas, reclutados principalmente en Orán y Argel. Tras el fracaso de sus planes terroristas en contra de De Gaulle y el independentismo argelino, la mayoría de sus miembros se exiliaron en el sur de Francia. Muchos de ellos (Pierre Lagaillarde, Jacques Soustelle, Jean Garden, Alin Sarrien o Raoul Salan) encontraron refugio en España.<<

131 Pedro J. Ramírez, Amarga victoria, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.<<

132 Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, 2005.<<

133 Moriría poco después en Francia, en condiciones poco aclaradas, en la cárcel donde cumplía condena.<<

134 El enlace entre Rafael Vera y los abogados portugueses fue el asesor de la Secretaría de la Seguridad del Estado Manuel Ballesteros, ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. El Mundo, 12 de marzo de 1989.<<

135 La periodista de Egin Teresa Toda Iglesia, el redactor de Interviú José Luis Morales, Gabriel Albiac, Enrique González Duro, José Luis Galán Martínez, Francisco Javier Álvarez Dorronsoro, Francisco José Baena Muñoz, Pedro Alvite y otros. En realidad fue esta acusación particular la única que formuló querella criminal el 13 de abril de 1988, ya que hasta entonces los hechos se instruían de oficio y podían archivarse si el fiscal retiraba su acusación.<<

136 Pertenencia a banda armada, un asesinato consumado, seis asesinatos frustrados, seis lesiones, falsificaciones de documento nacional de identidad, apoderamiento de materias, uso público de nombres supuestos, malversación de caudales públicos, tenencia de armas y explosivos, estragos y delitos contra la Administración de Justicia.<<

137 Uno de los asesinos convictos y confesos de Jean Pierre Leiba en el sur de Francia, asesinado en la estación de Hendaya el 1 de marzo de 1984.<<

138 «En coordinación con terceros» es la forma de implicar a otras personas, presuntos miembros de la cúpula de Interior, y a dirigentes del PSOE, sin decirlo expresamente. La sentencia, por lo tanto, deja la puerta abierta a nuevas investigaciones.<<

139 María del Carmen Martínez Aguirre, Nagore Otegui Martínez, José Cau, Frederic Haramboure, Juan Luis Zabaleta Elosegui y la niña Ainhize Zabaleta Escudero.<<

140 El año anterior, su compañero Michel Domínguez se gastó 4.890.000 pesetas.<<

141 Fue el confidente de la Policía y ex jefe de prensa de Fuerza Nueva, Jaime Ugarte, el que detectó en uno de sus viajes a Bilbao que Amedo y Domínguez se dedicaban a pedir dinero a empresarios para «mantener vivos» los GAL, ya que el Ministerio del Interior había decidido cortar el grifo, tras una entrevista entre Felipe González y François Mitterrand. Ugarte pasó la información a su controlador, Enrique García Castaño, el Gordo, quien lo comunicó al comisario general Jesús Martínez Torres. Por esta vía el asunto llegó a conocimiento del Gobierno, que devolvió las cantidades percibidas por los dos policías a varios empresarios de Neguri y Bilbao.<<

142 Lo que Inmaculada Gómez vio fue un paquete que Amedo le dijo era una bomba, pero no comprobó si se trataba de un artefacto explosivo ni tenía conocimientos para determinarlo.<<

143 La tesis oficial, por entonces, es que el Estado no puede constituir bandas armadas ni grupos terroristas ya que la finalidad de estos es, precisamente, acabar con el Estado y socavar sus instituciones.<<

144 Como una especie de exhibicionismo barato, de chulería policial o de burla a la sociedad y a la justicia, José Amedo Fouce utilizaba un carnet de identidad a nombre de Genaro Gallego Galindo.<<

145 José Amedo Fouce, La conspiración. El último atentado de los GAL, Espejo de Tinta, Madrid, 2006.<<

146 Por esas fechas se había celebrado un almuerzo en el restaurante Las Reses entre Eligio Hernández, el ex ministro de Justicia Fernando Ledesma y Juan José Martínez Zato, miembro del Consejo General del Poder Judicial. En la conversación se habla de unas cintas comprometedoras en poder de Al-Kassar en las que un policía de su confianza le pide 1.500 millones para sacarle de la cárcel. El asunto acabó en un juzgado de la plaza de Castilla, pero curiosamente el trozo de cinta donde se pide el dinero se «borró» casualmente, con lo que no hubo causa penal. El autor puede dar fe de que el citado policía se dedicaba a esos «menesteres» por esa época.<<

147 El resto de los asistentes, según la foto hecha pública, fueron el empresario conquense Rafael López; el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Fernando López Carrasco; el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, José Sánchez; el presidente de los boy scout, Manuel Lorenzo Marcos; la alcaldesa de El Ballestero, Concha Vázquez; el presidente de la Cooperativa La Solana, Gregorio Martín; el responsable del Proyecto Hombre de Guadalajara, Modesto Salgado; y la dirigente socialista Clementina Díez, además de la mujer de Bono, Ana Rodríguez.<<

148 Nieto del doctor Marañón, se negó a ingresar en la política.<<

149 Ahí pasó el juez lucero del alba la jornada del 5 de junio de 1993, la jornada de reflexión, y parte de la mañana del día electoral.<<

150 Es autor de obras tan dispares como Prejubilación, ¿premio o pesadilla?, Juan Carlos I, un rey para la humanidad, Cómo conducir en España y no morir en el intento o el libro de poemas Las cuatro estaciones de la vida.<<

151 Extraño personaje de la Transición, presunta agente de la CIA que se dedicó a reunir a la clase política para discutir en torno a un plato de humildes lentejas.<<

152 Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

153 Pilar Urbano afirma en Garzón, el hombre que veía amanecer, que el juez no fue —ni se lo planteó siquiera— de número uno por Sevilla para no interferir en la campaña del todopoderoso vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.<<

154 Procesados los dos dentro del rosario de procedimientos judiciales como Mani Pulite o Tangentópolis por sus conexiones con las mafias, el crimen organizado, la Logia P-2 y todo el entramado de corrupción creado en el país. Craxi tuvo que huir a Hammamet (Túnez) para no ingresar en la cárcel. Andreotti fue acusado incluso de dejar morir a su colega Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas, y de ser el hombre en Roma de los sicilianos.<<

155 El País, 14 de abril de 1993.<<

156 Todos los edificios de la calle, salvo uno, son plantas de apartamentos.<<

157 Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno.<<

158 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 1994.<<

159 José María Mohedano, antiguo abogado laboralista y diputado del PSOE. Fue cesado de su cargo por la compra irregular de un Jaguar, al ser una persona aficionada a los coches de lujo y de gran cilindrada.<<

160 «Irritación en el PSOE por la actitud de Garzón y Pérez Mariño», El Mundo, 22 de abril de 1994.<<

161 Diario Las Provincias, Valencia, 29 de abril de 1994.<<

162 El Mundo, 10 de mayo de 1994.<<

163 Manuel Medina, La conquista de la vida, Plaza y Janés, 2006.<<

164 José Amedo, La conspiración, Espejo de Tinta, Madrid, 2006. Los datos contenidos en este libro, pese a que pueden ser constitutivos de delito, no han sido nunca desmentidos. La carta aparece publicada en el apéndice de la obra con certificado de remisión de Correos del día 2 de febrero de 1994.<<

165 Amedo amenazó con denunciar al Rey las promesas incumplidas del Gobierno. El Mundo, lunes 22 de febrero de 1994.<<

166 El Mundo, 28 de abril de 1993.<<

167 Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

168 Miguel Ángel de la Cruz, op. cit., p. 146.<<

169 La Dirección General de la Policía, a la que ha pedido la relación de los números de carnés profesionales de los agentes para enviarles la citación, pone todas las pegas del mundo para cumplimentar el trámite.<<

170 Como vimos en otra parte del libro, se trataba de eliminar una red de tráfico de hachís marroquí introducido en Europa a través de Andalucía. Garzón había iniciado esta investigación en 1993, antes de entrar en la política, y la cierra un año después, deteniendo a algunos implicados, entre ellos el empresario holandés Piet Bakker, que hasta entonces había escapado a la acción de la justicia.<<

171 El Mundo, 29 de julio de 1994.<<

172 El policía no perdió la libreta, como se publicó, según han contado al autor fuentes cercanas al sumario.<<

173 Sumario 17/89, Juzgado de Instrucción Número 5, Audiencia Nacional, Madrid.<<

174 «Permiso por estudios», 12/94 del Consejo General del Poder Judicial.<<

175 Le droit des plus forts, Thierry Jean-Pierra, Fixot, 1996; Mani Pulite? Giusticia e política en Italia, Napoleono Colajanni, Arnoldo Mondadori Editore, 1996; Le Coup d'Etat des juges, Eric Zemmour, Grasset, 1997; R. G., la machine a scandales, Patrick Rougelet, Albin Michel, 1997; L'Enquete imposible (Le vrai dossier de fausses factures enfin révélé), Antoine Gaudino, Albin Michel, 1990; La Suiss lave plus blanc, Jean Ziegler, Seuil, 1990; Le corrupteur et le corrompu, Alain Etchegoyen, Julliard, 1995; La justicie ou le chaos, Denis Robert, 1996.<<

176 «Consejo de Europa, Tratado de Roma, Acuerdos de Schengen, Tratado de Maastricht: a la sombra de esta Europa en construcción, visible, oficial y respetable, se esconde otra Europa, más discreta, menos confesable. Es la Europa de los paraísos fiscales que, desde las Islas Anglonormandas hasta el Peñón de Gibraltar, pasando por Liechtenstein o Luxemburgo, prospera de forma descarada gracias a los capitales a los que presta un benevolente refugio. Es también la Europa del mundo financiero y de los bancos, donde el secreto bancario es demasiado a menudo un pretexto o un biombo. Esta Europa de las cuentas numeradas y del blanqueo de dinero es utilizada para reconvertir el dinero de la droga, del terrorismo, de las sectas, de la corrupción y de las actividades mafiosas». Así comenzaba el llamado Manifiesto de Ginebra, mediante el cual varios jueces de izquierda, entre ellos Garzón, pedían «crear una comunidad más justa y más segura, en la que el fraude y el crimen no se beneficien más de la impunidad de los Estados y donde la corrupción sea verdaderamente erradicada». Bajo estas palabras grandilocuentes y altisonantes se escondían, sin embargo, la frustración de muchos de los firmantes en sus relaciones con el poder político, a cuyos dirigentes odiaban.<<

177 Sengelin había trabajado en el desmantelamiento de la «Peseta Conection» ligada al narcotráfico gallego; Renaud van Ruymbecke había sido arrumbado a la Audiencia de Rennes tras investigar las finanzas ocultas del Partido Socialista francés; Pierre Philipon investigaba los negocios del ministro socialista Bernard Tapie; Philippe Courroye había inculpado por corrupción al alcalde de Lyon, Michel Noir. Todos ellos, por lo tanto, tenían dos elementos en común: estaban ligados a la izquierda y habían sido represaliados por sus correligionarios ideológicos, cuyos manejos sucios pretendían poner patas arriba.<<

178 José Díaz Herrera, El secuestro de la Justicia, Temas de Hoy, Madrid, 1997.<<

179 La mayor parte del dinero había sido utilizado para elaborar el famoso Informe Crillon, una sarta de mentiras y medias verdades presentadas bajo la envoltura del trabajo de una agencia de investigación de prestigio internacional que debía servir para quitarse de en medio a un posible competidor.<<

180 Pedro J. Ramírez, Amarga victoria, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.<<

181 El 11 de junio de 2001 el juez Jorge Urso le detuvo al considerarle involucrado personalmente en la venta de armas a Croacia y Ecuador, países en guerra o a punto de entrar en conflicto con sus respectivos vecinos.<<

182 Implicación de Amira Yoma, secretaria y cuñada de Carlos Menem en una supuesta red de narcotráfico. Según le contó Garzón al presidente Héctor Kirchner, tras iniciar el sumario por el Caso Yomagate le llamó Carlos Menem para preguntarle quién era él para meterse con su familia. Posteriormente, en abril de 1991, durante un viaje oficial a Alemania, recibió otra llamada curiosa, esta vez del vicepresidente Duhalde, en funciones de presidente de Argentina. «Soy el presidente Duhalde y quiero saber si usted está pensando en pedir la extradición del doctor Menem. Desde ya le digo que puede contar con todo el apoyo de mi Gobierno». Clarín, 8 de julio de 2005.<<

183 La versión del letrado, en cambio, es que existió una promesa clara y seria de indulto. «No entiendo por qué luego lo negó en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo», dijo al autor.<<

184 Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Visor, Madrid, 1997.<<

185 Según Amedo, la única persona que tenía pruebas concretas del mismo era el jefe del CESID en el País Vasco y Cantabria, Jesús Diego Somontes, hoy fallecido.<<

186 «El Litri», contracción de «el electricista», apodo por el que se conocía a Corcuera, debido a su anterior profesión.<<

187 José María Benegas era por entonces secretario de Organización.<<

188 El 28 de marzo de 1988 el Gobierno británico asesinó en una emboscada en Gibraltar a tres terroristas del IRA. Margaret Thatcher asumió toda la responsabilidad y declaró que ella había dado personalmente la orden de disparar. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Inglaterra en 1995 por la muerte de Sean Savage, Daniel McCann y Mairead Farrell, pero el Gobierno inglés asumió la responsabilidad de los agentes secretos de Scotland Yard que ultimaron a los terroristas.<<

189 En un discurso sobre el estado de la Unión, Richard Nixon dimitió el 8 de agosto de 1974.<<

190 La idea, al parecer, partió de Juan Luis Cebrián, consejero delegado y hombre fuerte del conglomerado empresarial de Jesús de Polanco.<<

191 En declaraciones de Sancristóbal al autor, donde recrea la conversación.<<

192 El 26 de enero de 1996 le devuelve ocho tomos para que numere los folios.<<

193 De una entrevista de Fernando de Cotta con el autor.<<

194 La Constitución española considera la figura del Rey inviolable, por lo que no puede ser procesado ni enjuiciado. Por eso, para salvar su responsabilidad, todos sus actos deben ser refrendados por el Gobierno. Título II, artículos 56 a 65.<<

195 Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

196 «Pactábamos lo que había que decir», El País, 6 de junio de 1996.<<

197 La causa había entrado en la Sala con 25.000 folios y tras la conclusión constaba de 20.000 folios. La reducción se explica por el desglose de determinados asuntos, que se remitieron a otros juzgados e incluso al titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional.<<

198 Nombre de guerra de Felipe González durante la clandestinidad.<<

199 Miguel Ángel de la Cruz, op. cit.<<

200 Aunque era una simple resolución se trataba de una sentencia en toda regla si se aplica el aforismo de que «un tribunal no puede ir en contra de sus propios actos».<<

201 José Augusto de Vega, Cándido Conde-Pumpido, Enrique Bacigalupo, Joaquín Martín Canivel, Gregorio García Ancos y Ramón Montero Ruiz.<<

202 Frente a esta absurda teoría se alzaron las voces de los cuatro magistrados discrepantes, Luis Román Puerta, Joaquín Delgado García, José Antonio Martín Pallín y Roberto García-Calvo Montalvo, para quienes se podía inculpar a un aforado sin necesidad de pedir suplicatorio, ya que «inculpar» no presupone indicios de responsabilidad penal sino que, por el contrario, incrementa las garantías de defensa de la persona llamada a declarar.<<

203 Según Amedo, poco después de quedar en libertad se encontró a Gutiérrez Argüelles en Bilbao dispuesto a «picarse» a un dirigente de Herri Batasuna en contra de las directrices que tenían de no actuar en suelo español. El atentado, finalmente, no se llevó a cabo (José Amedo, La conspiración, Espejo de Tinta, Madrid, 2006).<<

204 Vera sería condenado posteriormente a otros siete años por uso indebido de los fondos reservados.<<

205 Miguel Ángel de la Cruz, op. cit.<<

206 El sumario inicial de los GAL y la causa relativa al secuestro de Segundo Marey.<<

207 Encabezaban el auto los magistrados Luis Román Puerta, Enrique Bacigalupo Zapater, Gregorio García Ancos, Joaquín Delgado Barrio, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Martín Canivel, Carlos Granados, Roberto García Calvo, Cándido Conde-Pumpido, José Antonio Marañón Chávarri, Adolfo Prego de Oliver, Andrés Martínez Arrieta y Joaquín Jiménez García.<<

208 Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005, p. 81.<<

209 En el mismo auto imputó al ex jefe de Operaciones del CESID, Juan Alberto Perote, al capitán de la Guardia Civil y jefe de los antiguos Grupos Omega, Pedro Gómez Nieto, al ex arrepentido José María Velázquez Soriano, y a los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo.<<

210 Las Fuerzas de Seguridad del Estado le atribuyen la colocación de una bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Ayerbe (Huesca), en 1993, que no llegó a explotar, y de un explosivo en una papelera en Pamplona, en 1994, que hirió levemente a tres policías. También se le considera responsable de las catorce explosiones con bomba ocurridas el año anterior en Navarra, aunque no fue juzgado por ellas.<<

211 Atestado policial 93/94 de la Brigada de Información de San Sebastián. Sumario 4/94 del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.<<

212 El 6 de junio de 2000 el Ministerio de Justicia francés, mediante decreto, autoriza su traslado a España tras oír al Tribunal de Apelación de Limoges, donde había sido detenido.<<

213 Junto con Chimeno Inza, el Comando Txomin Iturbe estaba formado por Juan María Arrieta Echeveste, Luis Gastón Arrieta, María Aránzazu Barrenechea Bereciartúa y Antxón Guinea Lasurtegi.<<

214 El contrato de arrendamiento del inmueble estaba suscrito por este mismo terrorista, con su nombre y apellidos auténticos, pues aún no estaba fichado por la Policía.<<

215 Iñaki de Rentería dirigía ETA desde la captura de la cúpula de la banda terrorista en Bidart en 1992, año en que fueron detenidos Francisco Múgica Garmendia, Pakito, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregui Erostarbe, Fitipaldi.<<

216 De forma especial el teléfono de Consuelo Vidal, madre del etarra Juan José Rego Vidal y suegra de Venancio Sebastián Horcajo, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. De esta manera se supo un año antes del atentado que Rego iba a alquilar un barco para irse de «vacaciones» a Palma de Mallorca.<<

217 Mejorado en 1993 y remotorizado y cabinado en 1999, en el año 2004 el Durlindana estaba a la venta en Alicante por 325.000 euros.<<

218 El Mundo, 4 de junio de 1995.<<

219 Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid entre 1985 y 1995, falleció en Nassau (Bahamas), donde pasaba unos días de descanso. Mendoza, de setenta y tres años, se encontraba de vacaciones en un barco acompañado de una de sus hijas y su yerno.<<

220 El piso era propiedad de Francisco Rosellón Ramón. Lo toma en arriendo por un periodo de diez meses, a razón de 80.000 pesetas mensuales.<<

221 Con José Ramón Karasatorre Aldaz, responsable del aparato logístico y de impartir los cursillos a los terroristas. En algunas informaciones se le confunde con Juan Luis Aguirre Lete, histórico del Comando Madrid.<<

222 Cuando Chimeno Inza es detenido en Francia la Audiencia Nacional libra una comisión rogatoria. En un piso de Hendaya se encuentran documentos de Jesús María Insausti Múgica, José Javier Arizcuren Ruiz y Francisco Javier Chimeno Inza, lo que indica que, además de amigos, orgánicamente estaban muy próximos.<<

223 De hecho, sus hijos Begoña e Ignacio Rego Sebastián habían nacido en Cannes.<<

224 Juan María Ormazábal Ibarguren muere a finales del mismo año 1991 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bilbao.<<

225 En contra de lo que pueda creerse, se trata de un fusil diseñado en 1898 por el ingeniero alemán Paul Máuser, arma reglamentaria de muchos ejércitos del mundo hasta la II Guerra Mundial. Su alcance máximo es de 4.000 metros y la distancia útil es de 2.000 metros. El tiro de precisión se ejerce entre los 200 y 400 metros. El utilizado por ETA es una versión del Máuser K-98 fabricada por Daniel Dekause en Bélgica.<<

226 El primer jefe de seguridad de la Casa del Rey fue el coronel Manuel Blanco Valencia. El general Guillermo Quintana Lacacci fue asesinado en el número 16 de la calle de Romero Robledo. Su mujer, María Elena Ramos, fue herida al enfrentarse al comando. La información para cometer el atentado la realizó Venancio Sebastián Horcajo, cuñado de Rego Vidal.<<

227 Pilar Urbano, Garzón, el hombre que veía amanecer, Plaza y Janés, Barcelona, 2000.<<

228 Fue ascendido por el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, del Partido Popular, a subdirector general técnico de la Dirección General de la Policía antes del 11 de marzo de 2004. En 2007 ha pasado a la escala de complemento.<<

229 Diligencias previas 194/95 incoadas el 16 de junio de 1995 contra Juan Carlos Aldasoro y Félix Elcano.<<

230 Un ejemplo: el comisario Antonio Andrade, en su etapa de operativo de la Brigada de Interior, tuvo varios pisos en Madrid preparados para capturar a los Grapo. Los pisos estaban habitados por «infiltrados» en el entorno de los familiares de este grupo terrorista. A veces eran utilizados para ocultar a colaboradores de los comandos.<<

231 El fallo de la operación de Madrid consistió en que cuando los dos taldes se reunieron en aquel piso un domingo para preparar una operación para el día siguiente, lunes, los dos policías encargados de la vigilancia del inmueble estaban viendo un partido de fútbol y habían bajado la señal de los micrófonos. Cuando se dieron cuenta de su fallo la mitad del comando se había marchado. Un segundo error ocurrió esa noche cuando los GEO asaltaron el apartamento y Belén González Peñalba, que iba a dormir en el piso, burló los cordones de seguridad y se escapó de Madrid con Juan Manuel Soares Gamboa, que tampoco fue capturado.<<

232 Datos recogidos del cuaderno de anotaciones del terrorista, en el que registra todos los movimientos de la familia real en el destacamento naval de Porto Pi.<<

233 Su hijo nacería dos meses más tarde y le pondrían por nombre Julen.<<

234 El Rey acabaría llamándole y disculpándose, como hace siempre que comete alguna exageración. Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

235 En contra de lo que pueda parecer, Leizaola envió al etarra a contar los planes de ETA a la Embajada de España en París, desde donde se alertó inmediatamente al Ministerio de la Gobernación. ETA, años después, asesinaría al «chivato», Joaquín María Azaola.<<

236 Fue condenada por haber entregado en Mallorca dos millones de pesetas al comando que debía atentar contra el monarca. «Cometí un grave error al pedirle que entregara el dinero al comando sin explicarle nada. Ella en ningún momento supo de qué se trataba», subrayó Kantauri al declarar como testigo en el juicio contra Iglesias, madre de su hijo Julen.<<

237 Todos ellos habían sido condenados por asociación de malhechores. Tras cumplir la condena, Mari Luz Bella y Juan Carlos Estévez fueron deportados a España. Serafín Blanco González y Francisco Javier Chimeno Inza fueron extraditados. El primero quedó en libertad. El otro, en cambio, fue condenado en 2002 y 2003 por tres delitos: colocación de un explosivo en el cuartel de Ayerbe (Huesca), tentativa de asesinato de E. M. G. y tenencia de explosivos. Las condenas fueron de 18, 17 y 8 años de cárcel respectivamente.<<

238 Aunque cita el texto en su biografía, el manifiesto no aparece en Tiempo de esa época. Lo que sí figura es una entrevista de la periodista Nativel Preciado a Manuel Vázquez Montalbán en la que se habla del mismo y de la necesidad de buscar recambio a Felipe González, «quemado» por los casos de corrupción.<<

239 Se habla de un presunto manifiesto previsto para que lo firmaran ciento veinte personas, pero que sólo suscriben unas sesenta.<<

240 Anuario de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, 1996.<<

241 De carácter violento; al intentar detenerle, Valls trató de escapar lanzándose a la calle desde un cuarto piso.<<

242 En la etapa en que Rodolfo Martín Villa ocupaba el Gobierno Civil.<<

243 Consejero con José Marçía Porcioles del Banco de Madrid y de otras entidades, el matrimonio Viola-Tarragona tenía importantes propiedades agrícolas en Lérida. Antes de ser nombrado alcalde Joaquín, vivían en la finca Mas Tinell, en la comarca de Las Garrigas. Viola, entre otras muchas cosas, había sido presidente de Productoras Eléctricas Urgelenses, accionista del Diario de Lérida, consejero del Banco de Madrid y secretario del Barça, cargo en el que permaneció cuatro años.<<

244 Según la versión de Terra Lliure.<<

245 La Brigada Regional de Información de Barcelona asegura que la muerte del matrimonio Viola se produjo a tiros. Según esta versión, después de colocarle la siniestra bomba-lapa a su marido, los terroristas llamaron a su mujer, Montserrat Tarragona, para adosarle otra. La mujer se negó a desnudarse y los terroristas le habrían disparado dos tiros en la cabeza acabando después con la vida del ex alcalde también por disparos de una pistola Walter PPK. Recogemos esta segunda versión, aunque la más difundida es la que figura en el texto principal.<<

246 Formaban el tribunal Francisco Tomás y Valiente, presidente; Francisco Rubio Llorente, vicepresidente; y los magistrados Fernando García-Mon y González-Regueral, Carlos de la Vega Benayas, Eugenio Díaz Eimil, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Jesús Leguina Villa, Luis López Guerra, José Luis de los Mozos, Álvaro Rodríguez Bereijo, Vicente Gimeno Sendra y José Gabaldón López.<<

247 Manuel Viusà i Camps (Barcelona, 1918-París, 1998). Artista, pintor y grabador. Estudia en la Llotja de Barcelona y en la Escola de Belles Arts. Discípulo de Xavier Nogués. Se exilió en Francia. De su obra gráfica destaca la serie de dibujos que ilustran una edición de Exemples del Llibre de les bèsties, de Raimon Llull.<<

248 Los agentes llevaban casi una semana buscándole calle por calle, cuando se les cayó el coche a una zanja de una vivienda en construcción. Al darse la vuelta y mirar a la casa de enfrente, Viusà i Camps estaba en una ventana sacudiendo una alfombra.<<

249 La operación fue reivindicada por un inexistente Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés, ya que las verdaderas relaciones eran con el PSAN.<<

250 Fue un asalto planificado en toda regla. Formaban la columna por parte de ETA: José María Salegui Urdieta, José Agustín Echega Aguirre, José María Iza Unamuno, Carmen Barandiarán, María Arrate, Emilio Zagarzazu, Candelaria Elcobeiren, Vicente Gorritxo, Gabriel Urquijo, Pablo José Iratxe y otros, entre ellos los catalanistas Roberto Ara Arqués y Jordi Puig Panella. Disponían además de cuatro coches y dos Land Rover para el transporte y de varias ametralladoras y pistolas Taurus y Browning. «Fue la última vez que los poli-milis decidieron utilizar la columna como unidad militar, volviendo al comando tradicional», escribe ETA en sus textos. Euskadi Ta Askatasuna, Editorial Txalaparta, Enciclopedia sobre ETA en ocho tomos.<<

251 Fue militante de las Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya y fundador de la Agrupació Unitaria d'Esquerres (AUE) y el Exèrcit d'Alliberament Català (EAC). Posteriormente participó en la fundación de la organización terrorista Terra Lliure. Fue abatido por la Policía cuando intentaba huir con Quim Pelegrí y Frederic Bentanachs en un coche. Recibió doce balas. Fue el primer miembro de Terra Lliure muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad españolas.<<

252 Junto con Quim Pelegrí era el encargado de colocar la bomba en el concesionario. Los terroristas Frederic Bentanachs y Griselda Pineda apoyaban a los activistas vigilando la plaza de Gala Placidia, esquina con Travesera de Gracia. Cuando a Félix Goñi y Quim Pelegrí, que provenían de la calle de Regàs, les faltaban todavía pocos metros para llegar al objetivo, la bomba que transportaba Goñi explotó junto a una cabina telefónica causando su muerte y dejando gravemente herido a su compañero. A Quim Pelegrí hubieron de amputarle dos dedos, un testículo, la mitad del otro y un ojo. «Si no hubiera sido por la muerte de sus activistas, habrían reivindicado el acto como una acción contra la Telefónica», señaló el confidente Josep María Aloi en uno de sus informes a su controlador policial.<<

253 Previamente, el 13 de junio de 1987, otro grupo había colocado dos artefactos explosivos contra la misma nave.<<

254 Las acciones de 1982, por ejemplo, fueron las siguientes: 23 de enero, explosivos contra instalaciones de FECSA en Cornellà y Sant Cugat; 25 de febrero, artefacto explosivo contra el cuartel de la Guardia Civil en Alcover; 22 de abril, ataque con explosivos contra el cuartel de la Guardia Civil de Vallvidriera, dos guardias civiles resultan heridos leves; 30 de abril, acciones contra la Magistratura de Trabajo en Gerona, y contra la oficina del INEM de Sant Feliu de Llobregat; 20 de julio, artefactos contra ENHER y FECSA en Barcelona y Mollet del Vallès; 2 de septiembre, atentado contra la Delegación de ICONA en Barcelona.; 16-17 de octubre, se realiza la primera parte de la I Asamblea de Terra Lliure, en algún lugar del Rosellón; 8 de noviembre, atentado con morteros contra el cuartel de la Policía de Casarramona en Barcelona, con éxito, y contra la Delegación del Gobierno español, fallido; 11 de noviembre, explosivo contra los Juzgados Centrales de Valencia; 13— 14 de noviembre, se realiza la segunda parte de la I Asamblea de Terra Lliure; 15 de noviembre, atentados contra dos oficinas de Hidroeléctrica Española en la ciudad de Valencia; 16 de noviembre, operación policial contra Terra Lliure. Detenciones de nueve independentistas en Sant Just Desvern, Molins de Rei, Barcelona y Vilanova i la Geltrú; 2 de diciembre, artefacto explosivo contra una oficina de FECSA en el barrio de Sarrià en Barcelona.<<

255 Jiménez Losantos lo ha explicado así: «Hicimos un conato, cuando se presentó el PSA en las elecciones en Cataluña, pero para eso tienes que valer y dedicarte profesionalmente a ella y no quería. Entonces decidí venirme a Madrid y habría venido incluso sin el atentado».<<

256 Otras dos personas sufrieron la violencia terrorista por estar en contra de la Ley de Normalización Lingüística del catalán, eufemismo tras el que se ocultaban los planes de la Generalitat para convertirla en lengua vehicular de la enseñanza e ir suprimiendo poco a poco el castellano en las escuelas, en la administración pública y en la vida civil. Fueron el profesor valenciano y presidente de la Asociación de Escritores en Lengua Castellana, Pedro J. Lapeña, al que le volaron el despacho el 20 de mayo de 1994 por impulsar un intento de manifiesto similar al de los 2.300, y el abogado Esteban Gómez-Rovira, cuyo despacho asaltaron y posteriormente dinamitaron el 17 de septiembre de 1995.<<

257 Jaume Llussà Llorens, Pere Bascompte Carbonell, Carlos Castellanos Llorens, María Teresa Carrasco Pastor, María Luisa López Pijoa, Marcelo Casellas Novines, María Teresa Aragonés Perales, Eva y María Blanca Serra Puig, María Teresa Lecha Berges, Pilar Sala Riú, María Clara Galobar Jounou, José Oliveras Más, Pedro Anguera Noya, José Mariné Rabascal, Luis Alberto Pon de Rubinat García, y los valencianos Josep Vicent Just Rodríguez, Luisa Parra, Simò Aguilar Carrasco, Francesc Tortosa, Eduard Antoni Aleu Ordaz y Daniel Pérez Ferrando.<<

258 Aurelio Solsona Martínez, Xavier Montón Canals, Guillermo Berenguer Tarré, Ramón Lage Ale, Carlos Benítez Bandrés, Bonaventura Subiela Arques, Carlos Soler Esteve y otros dos puestos en libertad.<<

259 De hecho, poco después el Front Nacional de Catalunya y el Movimiento de Defensa de la Tierra, dos apéndices de Terra Lliure, publicaban sendas esquelas por Quim Sánchez y Mikel Zabalza en los diarios El Segre de Lérida y Avui.<<

260 Previamente, a comienzos de los años setenta, Juan Paredes Manot Txiki asesinó al policía Ovidio Díaz López durante un atraco a un banco, por lo que fue condenado a muerte y fusilado. El 30 de junio de 1975, Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, fue herido en un tiroteo tras un atraco al Banco de Bilbao de la plaza de Llucmajor (Barcelona). Las acciones de ETA en Cataluña, en esa época, eran de «aprovisionamiento».<<

261 José y Francisco Quico Sabater Llopart, José Luis Facerías y otros activistas de la CNT dirigidos desde Toulouse por la «Pasionaria ácrata» y carcelera Federica Montseny.<<

262 El primer atentado, contra el policía Ángel González del Pozo, ocurre el 14 de octubre de 1986, tres días antes de que el presidente del Comité Olímpico Internacional, José Antonio Samaranch, hiciera público que Barcelona iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1992.<<

263 Lo integraban el concejal de HB en el ayuntamiento de San Sebastián, Felipe San Epifanio San Pedro, Gregorio Vicario Setién, Dolores López Resina y Rosario Ezkerra Pérez de Nanclares.<<

264 La «llamada», «llamamiento».<<

265 Josep Musté, Ferran Ruiz, David Martínez, Jordi Bardina, Joan Rocamora, Esteve Comellas, Jaume Oliveras, Ramón López, Vicenc Conca, Josep María Granja, Francesc Tolosana, Marcel Dalmau, Francesc Puy, Josep Poveda, Oriol Malló, el septuagenario Josep Bou y Vicenc Coll.<<

266 Oriol Martí, Carles Buenaventura, Guillem Pareja, Joan Dura, Antonio Infante, Vicenc Artur Escutia, Xavier Ros, Ramón Piqué, Eduard López, Xabier Puigdemont, Eduard Pomar, Xavier Alemany, Albert Serra Verges, Carmen Porta y David Cortada.<<

267 «Miquel Casals és custodiat pel senador Ferrer», publicó Punt Diari por aquellas fechas.<<

268 Oriol Malló, De les armes a les urnes. Cosas que volia saber sobre ERC i no s’atrevia a preguntar, La Esfera de los Libros, Barcelona, 2005.<<

269 Miquel Cura, Roberto Ara y el resto de los terroristas de Terra Lliure que pasaron a formar parte de ETA-pm tras el asalto al cuartel de Berga fueron presentados de la mano de Juan María Bandrés en la Audiencia Nacional, en el despacho de Carlos Bueren. «Tenéis que decir que renunciáis a la lucha armada y que a partir de ahora vais a defender políticamente vuestras ideas. El juez se va a quedar contento y no os pedirá ni siquiera fianza. Ahora sí, tenéis que presentaros ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes durante algún tiempo», les dijo.<<

270 Hubo otros negociadores, entre ellos algunos dirigentes de Convergència i Unió, el ministro del Interior José Luis Corcuera, los dirigentes socialistas catalanes Eduardo Martín Toval, José Montilla, Raimon Obiols o Ernest Lluch, y el alcalde socialista de Gerona Joaquín Nadal. Sin embargo, no es el objetivo de este libro contar una a una todas las negociaciones.<<

271 En la entrevista con ETA le «asistió» el ex dirigente de Terra Lliure Jaume Renyer, ex secretario municipal del Ayuntamiento de Reus y actual miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat a propuesta de ERC.<<

272 Joaquín Navarro Estevan, Palacio de injusticia, Temas de Hoy, Madrid, 1998.<<

273 Se llegó a pensar incluso en Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior y número uno de la promoción de Baltasar Garzón.<<

274 La memoria de la Audiencia Nacional de 1995 reflejaba que había instruido procesos contra 503 narcotraficantes, había capturado 39 barcos y decomisado un total de 15.634 kilos de cocaína y 127.337 de hachís.<<

275 El País, 28 de enero y 14 de febrero de 1996.<<

276 «Presidencia retrasa que Garzón sustituya a Bueren al no enviar al BOE su cese», Bonifacio de la Cuadra, El País, 27 de febrero de 1996.<<

277 Fue encarcelado por Bueren el 25 de agosto de 1995 al encontrarse en poder del dirigente de ETA Carlos Almorza, Pedrito de Andoaín, unos informes solicitados por él, como jefe de investigación de Egin, a la empresa Incresa, propiedad de Enrique Sarasola y otros. Los informes se emplearon supuestamente para extorsionar a empresarios vascos.<<

278 El 30 de enero de 1996 Antena 3 difundió su supuesto abandono de la judicatura para dedicarse a la enseñanza en Estados Unidos. Aunque semanas antes había estado pensando en el asunto, Garzón desmintió la información calificándola de «imbecilidad».<<

279 Formalizaría la petición por escrito días más tarde, como ha quedado dicho.<<

280 El Ministerio de Justicia e Interior llegó a sacar a concurso la provisión de la plaza en el BOE semanas antes de que se hiciera público el decreto de cese voluntario de Carlos Bueren. El Gobierno pretendía así nombrar el candidato «idóneo» el mismo día del cese e impedir que Baltasar Garzón se hiciera cargo del sumario, aunque fuera provisionalmente, al ser el juez sustituto de Bueren, como se verá más adelante.<<

281 Auger, vetado por el Gobierno para diversos cargos de la judicatura y editorialista de El País, se negó a secundar la maniobra del Partido Socialista.<<

282 Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

283 Navarro Estevan había sido negociador con ETA en 1983, decano de los jueces de San Sebastián y diputado por el PSOE en 1977. Tras pelearse con Felipe González y abandonar el Congreso de los Diputados, el entonces presidente del Gobierno le ofreció una plaza en la Sala Primera del Tribunal Supremo (civil). Navarro Estevan, hoy ya fallecido, se negó entonces a aceptarla, pues él era penalista. «A la Sala Segunda no vas a ir jamás, no voy a mandar a mis enemigos a ella para que me procesen», le dijo González.<<

284 Separada del juez del Supremo Andrés Martínez Arrieta, con el que había tenido dos niñas, María Dolores Márquez de Prado había comenzado a salir con Javier Gómez de Liaño, con el que acabaría casándose.<<

285 El periodista Jesús Cacho, entonces en El Mundo, y su compañera de esa época, una conocida diseñadora, eran también habituales en las reuniones y saraos.<<

286 Dorado Villalobos acababa de insertar un anuncio en Segundamano para vender su coche y sus muebles, lo que suponía un indicio de que iba a sustraerse a la acción de la justicia.<<

287 Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y ayudante años antes de Carlos Ollero. González Encinar falleció el 19 de mayo de 2003.<<

288 Pepe Rei, Garzón, la otra cara, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1999.<<

289 Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

290 Mariano Sánchez Soler, Baltasar Garzón, tigre de papel, Foca, Madrid, 2006.<<

291 José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones. Nació en Montuenga, pedanía de Madrigalejos (Burgos) en 1958. Es maestro, licenciado en Derecho y trabaja en prisiones. Vive en Burgos. El 17 de enero de 1996 se disponía a hacer un viaje al Centro Penitenciario de Logroño, cuando en el camino unos encapuchados lo retienen. Días más tarde la organización terrorista ETA se hizo responsable del secuestro, exigiendo a cambio de su liberación el reagrupamiento de los presos etarras en las cárceles vascas.<<

292 Expresión despectiva utilizada en la Audiencia Nacional y en los medios de comunicación para narrar la experiencia de los imputados al entrar con sus abogados cubriéndose la cara y ocultándose de las cámaras de televisión al subir las escalinatas de los juzgados centrales.<<

293 Su primera y última novela, que desapareció de El Corte Inglés a las pocas horas, de vuelta a los almacenes.<<

294 Estuvieron presentes la mayoría de los ministros socialistas, con Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y Narcís Serra a la cabeza. También asistió la dirección del PSOE, salvo Alfonso Guerra y el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala.<<

295 Pilar Urbano, Garzón, el hombre que veía amanecer, Plaza y Janés, Barcelona, 2000.<<

296 Javier Gómez de Liaño, Pasos perdidos, Temas de Hoy, Madrid, 1999.<<

297 Joaquín Navarro Estevan, op. cit.<<

298 Según el juez, Luis María Anson había contratado a García-Trevijano como asesor de Televisa y Vía Digital, la supuesta competencia de Canal Plus.<<

299 Sentencia 2/1999 recaída en la causa especial 2940/97 dictada por el Tribunal Supremo.<<

300 ABC, 17 de octubre de 1999.<<

301 Gara, 12 de enero de 1999.<<

302 Se trata de una de las medallas que en 1910 mandó acuñar el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, Archer M. Huntington, para galardonar a quienes contribuyeran a la preservación y expansión de la cultura española. Se conocen popularmente como Premios Sorolla.<<

303 Entre las personalidades que asistieron a la gala se encontraban el inversor George Soros, el empresario Plácido Arango, el ex presidente de México Ernesto Zedillo, el presidente de Televisa Emilio Azcárraga, el presidente de Media Planning Leopoldo Rodés, el consejero delegado del BBVA José Ignacio Goirigolzarri, o Juan Beckman, dueño de las destilerías José Cuervo, entre otros.<<

304 Desde 2001 a 2004 publica un total de diez artículos de opinión. El primero de ellos, titulado «La respuesta», aparece el 2 de octubre de 2001 y «analiza» los atentados del 11 de septiembre. El último, «La fuerza del derecho», aparece el 10 de octubre de 2004. Entre uno y otro publicó «Terrorismo y terroristas», El País, 28 de enero de 2002; «Terroristas, halcones y criminales de guerra», El País, 5 de marzo de 2002; «Derechos Humanos y pueblos indígenas», La Vanguardia, 2 de abril de 2002; «La Corte Penal Internacional: una iniciativa de paz», El País, 11 de abril de 2002; «El ataque de los clones», El País, 27 de enero de 2003; «Sr. Presidente», El País, 4 de marzo de 2003; «Tiempo de canallas», El País, 28 de febrero de 2004; y «El lenguaje y sus trampas», El Periódico de Catalunya, 11 de marzo de 2004. Todo ello formó parte de su campaña al Premio Nobel de la Paz.<<

305 Ejército Revolucionario del Pueblo. Junto con los Montoneros cometieron numerosos crímenes, entre ellos el asesinato del jefe de la Policía de Buenos Aires, una de las excusas esgrimidas por el ejército para tomar el poder e instaurar un supuesto Proceso de Reorganización Nacional que, en lugar de traer la estabilidad interna a Argentina como ocurrió en periodos anteriores, trajo una serie de asesinatos sistemáticos de los dirigentes peronistas y de izquierdas.<<

306 El 19 de mayo de 1976 Videla había organizado un almuerzo con un grupo de intelectuales argentinos, entre los que se contaban Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratti (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el padre Leonardo Castellani. Este último le expresó su preocupación por otro escritor desaparecido, Haroldo Conti. Sin embargo, tanto Borges como Sábato elogiaron en un principio a la Junta Militar.<<

307 La pena conllevaba la pérdida de su condición militar. La Cámara Federal los halló responsables de numerosos homicidios, detenciones ilegales, tortura, robos, secuestros y sustracción de menores. La Corte Suprema ratificó el fallo en 1986.<<

308 En 1985 fue enjuiciado por integrar una de las juntas y fue condenado a 8 años de prisión. Cumplió dos terceras partes de su condena y se benefició del indulto otorgado en 1990 por el presidente Carlos Menem. Lambruschini volvió a ser enjuiciado en 2003, acusado de genocidio, terrorismo y torturas, y fue detenido por mandato del juez español Baltasar Garzón. Fue liberado más tarde, cuando España renunció a pedir su extradición. Durante la Junta Militar perdió a una de sus hijas, Paula, de quince años, asesinada en 1978 por los Montoneros.<<

309 Por el contrario, Pavelich y otros genocidas reconocidos internacionalmente encontraron refugio en España y vivieron tranquilamente hasta su muerte en Valencia y otros puntos de España.<<

310 Para más detalles ver el libro Pío XII, the Hitler's Pope, del periodista e historiador inglés John Cornwell, basado en datos de los archivos del Estado Vaticano.<<

311 El almirante Emilio Eduardo Massera y el general del aire Orlando Ramón Agosti.<<

312 Fue una transmisión de poderes forzada lo que, en la práctica, equivalía a un golpe de Estado.<<

313 La Asociación Libre de Abogados, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Izquierda Unida, Asociación Contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Comisión de Solidaridad de Familiares de Barcelona, Iniciativa per Catalunya, Confederación Intersindical Galega y Madres de la Plaza de Mayo.<<

314 Los generales Leopoldo Galtieri, Renaldo Bignone, Basilio Lami Dozzo, Santiago Omar Gaffigna, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Masón, responsable del acuartelamiento Campo de Mayo, fallecido en el momento de la citación, lo que revela que el juez era una simple marioneta de las acusaciones particulares y procesaba a vivos y muertos sin tomarse la molestia de depurar las informaciones que le llegaban.<<

315 Página 12, 4 de agosto de 1997.<<

316 El 12 de enero de 2007 fue detenida por la Policía Nacional española en su casa de Villanueva de la Cañada y trasladada, esposada, a la Audiencia Nacional. Tras negarse a ser extraditada voluntariamente a Argentina, fue puesta en libertad provisional por el juez de guardia, Juan del Olmo, mientras se resuelve el expediente ordinario de extradición, con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. En su país está acusada de dirigir con López Rega la Triple A y de algunos de los seiscientos crímenes ocurridos antes de que la dictadura militar la depusiera del poder.<<

317 Noelia Esther Gianetti de Molfino, una argentina que apareció muerta en Madrid en 1980, después de ser secuestrada por los escuadrones de la muerte en Sudamérica y trasladada a la capital de España con engaño.<<

318 El juez niega que enviara a la Policía. Los parlamentarios argentinos, sin embargo, declararon que las dos personas que acompañaban al oficial de los juzgados les parecieron agentes de paisano.<<

319 El escrito de Garzón, reproducido en una nota de réplica en El País, decía: «A la vista de las manifestaciones del testigo Humberto Roggero, reitéresele la obligación que como testigo propuesto tiene de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 en el marco del sumario 19/97 con el fin de practicar declaración [...]; hágasele saber que, al hallarse en España, este juzgado tiene plena jurisdicción para convocarle como testigo al amparo de lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello sin perjuicio de la cooperación judicial internacional que se tiene interesada de las autoridades judiciales argentinas y que en ningún caso puede ser aducida como razón para no atender la orden judicial». Comunicado del juez Garzón, El País, 16 de abril de 1998.<<

320 El Mundo y El País de 16 de abril de 1998, y conversaciones del autor con miembros del ministerio fiscal.<<

321 Editorial Del Plata, 1996.<<

322 Poco antes, en 1990, la justicia francesa había condenado en rebeldía a cadena perpetua al capitán Alfredo Astiz, acusado del asesinato de dos monjas francesas, las religiosas Alice Domon y Léonie Duquet. En 2003, al ser arrestado en Buenos Aires, el ministro francés de Justicia, Dominique Perben, solicitó su extradición a Francia.<<

323 «Al haber tomado conocimiento, por medios periodísticos, de que tiene a su cargo la investigación que se lleva a cabo por la justicia española por la desaparición de 266 españoles durante la dictadura militar argentina entre 1976 a 1983, pone en su conocimiento su total disposición para colaborar con la justicia española, asumiendo las responsabilidades que le correspondan, y ello como integrante de la Plana Mayor de la Escuela Mecánica de la Armada, donde revistó con el grado de teniente de navío desde diciembre de 1976 hasta diciembre de 1977». La carta fue enviada por medio del embajador de España en Argentina, Nicolás Martínez Fresno y Pavía.<<

324 Nota del cónsul general de España en Buenos Aires de 24 de septiembre de 1997.<<

325 Sentencia 16/2005 de 5 de abril de 2005.<<

326 El sumario hace alusión a un programa de TVE y no de RNE. No especifica cuál. Sumario 19/1997.<<

327 Los «asados», en el argot de las Fuerzas Armadas.<<

328 Aplicación de descargas eléctricas en los genitales de hombres y mujeres.<<

329 Fue la primera declaración que no se grabó. No estaba presente el fiscal, se afirma en la sentencia.<<

330 Luego, por presiones de las acusaciones, la retiraron.<<

331 Partido formado por Mario Roberto Santucho, Ana María Villarreal, Enrique Gorriarán Merlo, Benito Urteaga, Domingo Menna, José Joe Baxter, Carlos Molina y otros. En 1970 formó en su seno el Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo guerrillero muy activo. En la Navidad de 1975 el PRT-ERP intenta tomar el Batallón 601 Depósito de Arsenales del Ejército Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, en el conurbano sur de Buenos Aires. El Ejército, alertado, mató en una emboscada a varias decenas de guerrilleros. Los pocos que salieron con vida decidieron vengar a sus compañeros. Agencia Universitaria de Noticias y otras fuentes, Buenos Aires, 2007.<<

332 Sentencia 16/2005 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.<<

333 Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se hace a raíz de las detenciones de los cargos del Ministerio del Interior por Baltasar Garzón. Mediante este artículo se le limitan al juez en parte las facultades omnímodas para decidir sin consultar a nadie sobre la libertad o prisión de los encausados. El instructor necesita desde la entrada en vigor del artículo 504 celebrar una vistilla (especie de juicio menor) y escuchar a las partes.<<

334 Decididos a convertir a España en un tribunal universal para juzgar sólo a los dictadores de derechas, los letrados de izquierdas le retiran la ayuda al haber pedido al juez que se inhibiera del caso y le garantizara su derecho al juez natural.<<

335 En 2007 la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre terrorismo ha cambiado a ese respecto. El delito de torturas, que castiga el empleo de métodos brutales para obtener información dentro de un proceso judicial, aparece posteriormente. Además, en Argentina las torturas se producen sistemáticamente, fuera del proceso judicial.<<

336 Rubira pedía la inhibición de jurisdicción y la no celebración del juicio de acuerdo al artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.<<

337 Del texto de la sentencia 16/2005 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.<<

338 No hay delito ni puede abrirse un procedimiento judicial si no existe una ley previa que tipifique los actos a juzgar como perseguibles por los tribunales.<<

339 Basadas fundamentalmente en el artículo 6 del Estatuto de Núremberg.<<

340 Los datos del Banco Mundial y otros organismos internacionales sobre la situación interna de Argentina son públicos. Es un hecho incontrovertible que el tremendo incremento de la subversión no les autorizaba ni les daba carta blanca para cometer las atrocidades llevadas a cabo, de la misma manera que tampoco el PSOE estaba legitimado para crear los GAL.<<

341 Escrito este capítulo, la Sala de lo Penal del Supremo ha anunciado su decisión de incrementar las penas para Scilingo a más de mil años de cárcel. Varios miembros del jurado, sin embargo, han anunciado votos en contra de la sentencia, que se hará pública el otoño de 2007.<<

342 En la Pascua de 1987 el teniente coronel Aldo Rico, al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones), se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Él y otros oficiales del mismo rango amotinados por las mismas fechas exigieron una solución política para los juicios a los represores.<<

343 La Ley 23.492 de Punto Final fue sancionada el 24 de diciembre de 1986, y la de Obediencia Debida se promulgó a mediados de 1987.<<

344 Votaron a favor de la ley los siguientes diputados de la Unión Cívica Radical: Luis Abdala, Oscar Alagia, Antonio Albornoz, Raúl Baglini, Juan Belarrianaga, Carlos Bello, Tulio Bernasconi, Ricardo Berri, Carlos Bianchi, Elia Biancho de Zizzias, José Bielicki, Víctor Bisciotti, Felipe Botta, Julio Bulacio, Oscar Caferri, Osvaldo Casimar, José Canata, Augusto Cangiano, Rubén Cantor, Pedro Capuano, Raúl Carrizo, Juan Castiella, Juan Castro, Juan Cavalleri, Ricardo Colombo, Ricardo Cornaglia, Lorenzo Cortese, Atilio Curatolo, Ricardo Daud, Eduardo Douglas Rincón, Juan Elizalde, Nemesio Espinosa, Ernesto Figueras, José Furque, Lindolfo Gargiulo, Mario Gerarduzzi, Julio Ginzo, Néstor Golpe Montiel, Florentina Gómez Miranda, Héctor González, Joaquín González, José Gorostegui, Erasmo Goti, Emilio Guatti, Jorge Horta, Horacio Huarte, Emilio Ingaramo, Roberto Irigoyen, César Jaroslavsky, Harnaldo Lazcoz, Jorge Lema Machado, Luis Lencina, Pedro Lepori, José Lizurume, Roberto Lorens, Santiago López, Mario Losada, Horacio Lugones, Blanca Macedo de Gómez, Alberto Miglietti, Miguel Martínez Márquez, Horacio Massacessi, Raúl Milano, Leopoldo Moreau, Feliz Mothe, Arturo Negri, Próspero Nieva, Pedro Ortiz, Rodolfo Parente, Anselmo Peláez, Tomás Pera Ocampo, René Pérez, Osvaldo Posse, Alberto Prone, Ariel Puebla, Liborio Pupullo, Daniel Ramos, Rubén Rapacini, Cleto Rauber, Adolfo Reynoso, José Rodríguez Artusi, Julio Romano Norri, Ángel Ruiz, Roberto Salto, Guillermo Sarquis, Carlos Silva, Roberto Silva, Hugo Socchi, José Soria, Carlos Spina, Miguel Srur, Juan Stavale, Jorge Stolkiner, Adolfo Stubrin, Marcelo Stubrin, Lionel Suárez, Guillermo Tello Rosas, Ricardo Terrile, Domingo Uzin, Jorge Vanossi, Carlos Vidal, Jorge Yunes, Jorge Zavaley, Felipe Zingale, Pablo Zoccola y Balbino Zubiri. Por el Partido Justicialista: Guillermo Brizuela, Teófilo Iglesias Vilar, Alberto Medina y Domingo Purita. Por los partidos provinciales: Horacio Guzmán, María Cristina Guzmán. Por el Movimiento Popular Jujeño, Roberto Ulloa, Carlos Zaffore. Se abstuvieron dos diputados de la UCR: Manuel Díaz y Federico Storani. Votaron en contra 17 diputados y 117 se ausentaron de la cámara.<<

345 Entre ellos al entonces embajador en Argentina Ali Akbar Velayatti, al ministro de Sanidad Alí Fallahian y al consejero cultural en la embajada de Buenos Aires, Moshen Rabbani.<<

346 Expresión latina que hace referencia al derecho imperativo para distinguirlo del dispositivo. Las normas acogidas al ius cogens tienen que ser respetadas y acatadas por todos (erga omnes) al no ser discutibles.<<

347 Juan Guzmán Tapia, En el borde del mundo. Memorias del juez que procesó a Pinochet, Anagrama, Barcelona, 2005.<<

348 Publicada el 19 de abril de 1978 a instancias del Ministerio del Interior, la ley estaba firmada por Augusto Pinochet Ugarte, general del Ejército y presidente de la República; José Merino Castro, almirante y comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leith Guzmán, general y comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas; César Mendoza Durán, director general de Carabineros; Sergio Fernández Fernández, ministro del Interior; y Mónica Madariaga Gutiérrez, ministro de Justicia. En su artículo primero decía: «Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas».Y «amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto-ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973».<<

349 Entre los miembros de la caravana se encontraban dos soldados de infantería y varios oficiales del Ejército, como el teniente coronel Sergio Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería), el mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la DINA), el capitán Marcelo Morén Brito (después comandante de Villa Grimaldi, el campo de torturas) y el teniente Armando Fernández Larios (más tarde agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier). Juan Guzmán Tapia, op. cit.<<

350 Pruebas a la vista, Patricia Verdugo, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile.<<

351 Jorge Escalante, La misión era matar, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2000.<<

352 El 7 de septiembre de 1996 las células paramilitares del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) dispararon varios cohetes contra su coche blindado asesinando a sus cinco escoltas. Pinochet y su nieto salieron ilesos. Los autores intelectuales y materiales del atentado lograron salir del país, pero al año siguiente fueron abatidos doce guerrilleros del FPMR.<<

353 Roger Trinquier, La guerre moderne, La Table Ronde, París, 1961; Le coup d'état du 13 mai, Esprit Nouveau, París, 1962; Jacques Duchemin y Jacques Le Bailley, Notre guerre au Katanga, La Pensée Moderne, París, 1963; L'Etat nouveau, Nouvelles Editions Latines, París, 1964; Modern Warfare: A french View of Counterinsurgency, Frederick A. Praeger, Nueva York, 1964, y Combat Studies Institute, Fort Leavenworth (Kansas), 1985; Roger Trinquier, «La bataille pour l'élection du président de la République», L'Indépendant, 1965; Guerre, subversion, révolution, Robert Laffont, París, 1968; Les maquis d'Indochine, Albatros, París, 1976; Le premier bataillon des bérets rouges: Indochine 1947-1949, Plon, París, 1984; Otto Skorzeny, La guerre inconue, Albin Michel, París, 1975, y Charles Lacheroy, «La campaña de Indochina, una lección de guerra revolucionaria», Le Monde, 1953.<<

354 Libro traducido por ETA y utilizado como uno de sus manuales de guerra subversiva.<<

355 Durante la guerra de Argel se hizo desaparecer a 3.024 personas, según el jefe de la Policía francesa, Paul Teitgen. El método para combatir la guerra revolucionaria aparece descrito en tres manuales del coronel francés Roger Trinquier.<<

356 Como no saben cómo hacerlo y los estadounidenses carecen de conocimientos para ello, recurren a los franceses de Indochina y Argel. Imparten cursos en la Academia de Mecánica de la Armada, en la Escuela de Fort Bragg (Virginia) y en la Escuela de las Américas, de Panamá, donde se forman los principales mandos en la contrainsurgencia.<<

357 «Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: de traición y contra la paz o la independencia del Estado, contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor o el regente, rebelión y sedición, falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales, falsificación de moneda española y su expedición. [...] Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Para aplicar esta norma se tendrá en cuenta que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda».<<

358 Según Víctor Farias, filósofo, historiador, catedrático de la Freie Universitat de Berlín, académico en Estados Unidos y Argentina, Salvador Allende en los años treinta fue un convencido antisemita, defensor de la predeterminación genética de los delincuentes, que extendió su racismo a árabes y gitanos, consideró que los revolucionarios eran psicópatas peligrosos a los que había que tratar como a enfermos mentales, propugnó la penalización de la transmisión de enfermedades venéreas y defendió la esterilización de los alienados mentales. Su tesis doctoral como médico defiende esas teorías. Salvador Allende: antisemitismo y eutanasia, Víctor Farias. Tras la película La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, la izquierda le convirtió en un icono de la revolución. La Fundación Salvador Allende que preside Joan Garcés ha rebatido el documentadísimo libro de Farias.<<

359 El Plan Cóndor sirvió para aplicar en toda América del Sur las técnicas aprendidas por los militares uruguayos, argentinos, brasileños y chilenos en la Escuela de las Américas de Panamá, en Fort Bragg (Carolina del Norte) e incluso en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, donde los pied noirs y los militares franceses que hicieron la guerra de Argelia hacían de asesores de estadounidenses y sudamericanos y les enseñaron a detener «por cuadrículas» y a torturar a los prisioneros. Fue la pieza clave para perseguir «globalmente» a los disidentes de los distintos regímenes.<<

360 De una entrevista del autor con miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En su libro Un mundo sin miedo el juez dice: «No obstante, poco podía hacer, ya que el juez competente era Manuel García Castellón. Por eso recomendé a Garcés que hablara con mi colega. Pero desconfiaba de la diligencia de García Castellón. [Este] aceptó tramitar una comisión rogatoria para interrogar en Londres al dictador chileno. [...] El viernes 16 de octubre yo había admitido, a primera hora de la mañana, una nueva querella contra el dictador por genocidio, torturas y terrorismo por su implicación en la llamada Operación Cóndor».<<

361 Se trata de la misma dirigente del Partido Comunista que había logrado que se abriera un juicio contra Pinochet en enero de ese mismo año en Santiago de Chile.<<

362 Fue la primera plaza de Andalucía en ser cubierta.<<

363 Manuel Medina González, La conquista de la vida, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

364 Frei, que ganó las elecciones de 1964 en Chile, dividió el voto conservador en 1970, y se negó junto con Jorge Alessandri, el otro candidato de derechas —sumaban el 63 por ciento de los votos— a cortar el paso a Salvador Allende en el Congreso para celebrar nuevas elecciones, lo que probablemente habría impedido el golpe de Estado.<<

365 El general Arellano Stark era el delegado del jefe de la Junta de Gobierno de Chile en las primeras semanas del golpe y, por lo tanto, la mano derecha de Pinochet y el ejecutor material de los asesinatos. Jefe de la Caravana de la Muerte, demócrata cristiano y edecán de Eduardo Frei, además de presidente de Chile antes de la dictadura militar, Arellano Stark ordenó ejecuciones sumarias en diversos acuartelamientos de Chile. En total se le atribuía la ejecución de setenta y dos prisioneros políticos. Curiosamente, recibió durante su carrera la Orden de la Reina Victoria de Inglaterra y la Cruz de la Orden al Mérito Militar de España.<<

366 Tras huir a Uruguay, Somoza fue asesinado el 17 de septiembre del año siguiente en Asunción por fuerzas del Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo terrorista argentino.<<

367 Antes de su muerte en Río de Janeiro el general Stroessner se puso en contacto con el autor del libro por medio de la embajada de Uruguay en España para contar sus memorias. Pretendía que se narrara una historia al estilo de Yo, el Supremo, la novela del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Entre las lindezas que estaba dispuesto a contar había dos que me marcaron profundamente. Stroessner presumía de tener una persona a su servicio para que le ahormara los zapatos. También financiaba un colegio religioso de niñas recogidas en la calle que utilizaba como picadero personal. Stroessner vivía exiliado en Río de Janeiro, uno de los lugares frecuentados por Baltasar Garzón, sin que este osara nunca molestarle hasta que falleció el 16 de agosto de 2006. Tras el Plan Cóndor, uno de sus hijos pasó a formar parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de lo que se sentía orgulloso. Otro periodista, Juan Antonio Pérez Mateos, recibió la misma oferta y también la rechazó.<<

368 Formaron parte de la comisión, aparte de su presidente Raúl Rettig Guissen, Jaime Castillo Velasco (jurista, militante democristiano); José Luis Cea Egaña (jurista de centroderecha, actual integrante del Tribunal Constitucional); Mónica Jiménez de la Jara (centrista, independiente vinculada a la DC); Ricardo Martín Díaz (ex ministro de la Corte Suprema y ex senador designado); Laura Novoa Vásquez (jurista); Gonzalo Vial Correa (historiador y jurista, ex ministro de Pinochet, de ideas conservadoras); José Zalaquett Daher (jurista, vinculado a la izquierda); y Jorge Correa Sutil (jurista, democristiano, miembro del Gobierno de Lagos).Tras nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó al presidente Aylwin un Informe definitivo en el que se detallan 3.550 denuncias, de las cuales 2.296 fueron consideradas como casos calificados o probados.<<

369 El número de sumario 19/97 indica, una vez más, que Garzón comenzó a instruir la causa casi un año después que su colega Manuel García Castellón, al que le arrebató su trabajo por el procedimiento de incluir en él asuntos como la Operación Cóndor, incoados en 1996.<<

370 La Comisión Rettig se constituye por decreto de 25 de abril de 1990 de la Presidencia de la República de Chile.<<

371 «Los documentos del juez Garzón y la Audiencia Nacional». El caso de España contra las dictaduras chilena y argentina. Prólogo de Maruja Torres, Planeta, Barcelona, 1998.<<

372 «Al no hallarse el imputado a disposición de este juzgado no puede celebrarse la audiencia prevista en el artículo 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo el juez potestad de ordenar la prisión como única medida para impulsar adecuadamente la instrucción y posibilitar que aquel comparezca ante la autoridad judicial», se justifica Garzón en su auto de procesamiento.<<

373 Declaración de Moscú de 1943 (etapa de Stalin) sobre crímenes contra la humanidad; Estatuto del Tribunal de Núremberg de 1945; resolución de 16 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; convenio de la ONU de 9 de diciembre de 1948 contra el genocidio; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 16 de diciembre de 1966; resolución de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1973; declaración de la Asamblea General de la ONU sobre la desaparición forzada de personas de 1992; convenio europeo sobre represión del terrorismo de 27 de enero de 1977; y artículo 23.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.<<

374 Artículo del autor publicado en Cambio 16 en 1986.<<

375 El general Sergio Arellano Stark, los coroneles Marcelo Morén Brito, Sergui Arredondo González y Patricio Díaz, y el brigadier Pedro Espinosa Bravo, ya encarcelado por el asesinato de Orlando Letelier.<<

376 Guzmán se retiró en 2005 y publicó sus memorias Au bord du monde. Les mémoires du juge de Pinochet. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Otras obras suyas son La sentencia y Ética profesional del abogado. Ha recibido los premios Jordi Xifra (Universidad de Gerona) y Óscar Romero (Dayton University).<<

377 Un informe de la Armada española de la época revela que los bombarderos argentinos, para eludir el control de los radares, volaban tan bajo que, muchas veces, al elevarse para bombardear a los navíos de guerra británicos, lo hacían tan cerca del casco de estos que apenas podían ganar la altura suficiente para que las bombas, en su caída, pudieran armarse. De no haber sido así, podrían haber destruido toda la escuadra británica.<<

378 Reunión del Comité Central del Partido Comunista en abril de 1976 en la calle de la Conferencia, donde fueron detenidos masivamente por la DINA y hechos desaparecer.<<

379 Plan de la DINA para hacer desaparecer a 119 personas, muchas de ellas relacionadas con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Chile, cuyos cuerpos torturados y destrozados aparecieron en Argentina con documentación falsa para impedir su identificación. Mediante este operativo se trató de simular un encuentro armado entre dos grupos guerrilleros que se mataron mutuamente.<<

380 Según los Archivos del Terror descubiertos por Martín Almada en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. El Plan Cóndor fue dado como un ejemplo similar a la estrategia de la tensión utilizada en Italia en los años 1970, la cual estaba dirigida por la llamada Operación Gladio, de la que Licio Gelli fue un miembro.<<

381 Escrito originariamente en francés, la lengua de su mujer, se refiere al libro de la nota 1 de este capítulo.<<

382 Op. cit.<<

383 De este total, 212 folios son una interminable lista de nombres de asesinados y desaparecidos, sin el menor interés literario, aunque sí documental.<<

384 Por ejemplo, Cuento de Navidad. ¿Es posible un mundo diferente?, de Baltasar Garzón. Este libro reproduce cuatro conferencias del juez, reproducción literal de algunos de sus autos, que ya habían sido dictadas en algunos foros y universidades. De donde se desprende que el justiciero de Torres cobra tres veces por la misma mercancía: primero del Estado español; a continuación, de los auditorios donde imparte sus conferencias; y por último de sus libros, donde las publica íntegras, incluidas las faltas de sintaxis que aparecen en los autos.<<

385 Registro por el Gobierno de Marruecos de la Declaración de Principios sobre la Descolonización del Sáhara, sede de las Naciones Unidas, Nueva York, 5 de febrero de 1976. Según el BOE el llamado Acuerdo Tripartito no ha sido nunca publicado ni figura en el Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, lo que se ha dado en llamar Acuerdo Tripartito es una simple declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental. Fue firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y no fue elevado a tratado ni aprobado jamás por las Cortes Españolas, según la investigación realizada por el letrado Francisco Fernández Goberna.<<

386 El Código Penal de entonces definía el desvío de un avión por procedimientos coactivos como piratería aérea. El delito, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondía enjuiciarlo a la Audiencia Nacional.<<

387 Esta es parte de la lista de desaparecidos entre 1975 y 1987: Abderraham Salem, Abderraham Bugarn, Abderraham Brahim, Abderraham Fak, Abderraham Abdelkader, Abdesalam Salek, Abdulah Hamdi, Abdulah Sidahmed, Abidim Alal, Agdafna Maelainin, Abidin Alala, Ahmedu Bucazan, Ahmed Brahim, Ahmed Nayem, Ahmed Ayad, Ahmed Mehdi, Ahmed Eulali, Ahmed Mahayub, Ahmed Lahsen, Ahmed Mohamed Ahmed, Ahmed Larosi, Ahmed Moulud, Ahmed Suelem, Abba Mahamud, Abd Larosi, Abdelane Gailani, Abdelahe Embarec, Abdelahe Moisa, Abdelahe Ramdan, Abdat Brahim, Adeid Suhaili, Abdi Fater, Abdi Jalil, Abeidi Ahmed-Baba, Abeida Mohamed, Abdel-Ali Abdeluadud, Abdelbaqui Aleua, Abdefatah Brahim, Abdelfatah Ahmed, Abdehaji Erguibi, Abdeljahek Juna, Abdelkyalil Machir, Abdelyahid Sidi-Mohamed, Abdelmayid Mulay, Abdelkader Abdala, Abdeluadud Houssein el-Hach y otros 720 más.<<

388 En 1970, por ejemplo, mandó detener a 18 miembros de la familia El-Manouzi, torturando a varios de ellos y asesinando a otros. Gran parte de la familia tuvo que exiliarse a Francia y Holanda.<<

389 Tras sobrevivir a aquel atentado, Hassan llevó el avión a La Meca para bendecirlo y convirtió al piloto en ministro.<<

390 Al respecto se pueden consultar los libros Nuestro amigo el rey, del escritor francés Gilles Perrault, o Sufrieron por la luz, cuyo autor es Tahar ben Jelloun.<<

391 En 2006, las asociaciones pro-saharauis han interpuesto en la Audiencia Nacional una nueva querella contra los altos cargos del Reino de Marruecos acusados de genocidio, excluyendo al rey.<<

392 Esta es parte de la lista de los desaparecidos y asesinados: Maximiliano Miko Eyono, militar; Job Obiang Mba, maestro; Buenaventura Ochaga Ngomo, opositor; Jesús Oyono Alogo, opositor; José Esono Mitogo, sacerdote; Manuel Nzi Mba, opositor; Pablo Nzeng Esono, policía; Pedro Motu Mamiaga, militar; Martín Esono, opositor; Francisco Macías Nguema Biyogo, ex presidente de Guinea; Miguel Eyegue Ntutumu, opositor; Manuel Beka Edu Mbengono, opositor; Marcos Alo Nguere, maestro; Manuel Ndong Asángono, opositor; Elías Maho Sicacha, médico; Julián Nsono Abaga, diplomático; Bonifacio Ondo Edu, presidente de Gobierno autónomo; Antonio Martínez Liste, empresario; Felipe Inestrosa Ikaka, economista; Jassón Lawerry, ingeniero; Manuel Nguema Obono, médico; Manuel Combe Madje, médico; Eduardo Ondo Mba, diplomático; Edmundo Bosio Dioko, opositor; Jesús Eworo Ndongo, opositor; Lucas Alogo, maestro; Juan Mangue, maestro; Mariano Riopo, funcionario; Aurelio Nicolás Itoa, opositor; Marcos Ropo Uri, perito; Federico Ngomo Nandongo, opositor; Antonio Vila, constructor; Armando Balboa, funcionario; Luis Nguema, funcionario; Carmelo Owono, militar; Gregorio Ndong Ela, militar; Felipe Ovono, militar; Laureano Nkogo Nsogo, comerciante; Jesús Ndong Buendi, economista; Damián Miko, oficio desconocido; Agustín Iñeso Nene, opositor; Agustín Nve, opositor; Juan Mangue, economista; Manuel Cabrera, opositor; Lucas Ondo, administrativo; Eduardo Ebang, opositor; José Oló, militar; Antonio Edjo Ondo, opositor; Antonio Mañe, opositor; Santiago Ángel Djamanene, funcionario; Fernando Nguema, policía; Santiago Nchuchuma, opositor; Pelagio Esono, funcionario; Ireneo Asumu, funcionario; Andrés Balance, cooperante; Cocsal, comerciante; Pablo Ayong Ndong, opositor; Valentín Ekua Momendene, opositor; Germán Mañe, funcionario; Norberto Balboa, político; Pascual Mba, funcionario; Eliseo Nguema, funcionario; Echuaka, sargento; Santiago Ntena, funcionario; Dámaso Nguema, comerciante; Ssé Mamiaga, marino; Feliciano Bibang, marino; Toribio Ondo Engama, marino; Antonio Nkoni, militar; Juan Carlos Ondo; militar; Florencio Nguema, técnico; Gaspar Mangue, maestro; Juan Ondo Misue, maestro; Jaime Eseng Kung, maestro; Pedro Ndumu Mba, maestro; Mario Nvo, maestro; Manuel Mba Ondo, maestro; Juan Nguema, funcionario.<<

393 La familia de Teodoro Obiang Nguema —y los amigos— copa todos los cargos del país: Armengol Ondo Nguema, hermano, delegado de la Seguridad Nacional; Antonio Mba Nguema, hermano y ministro de Defensa; Manuel Nguema Mba, tío, ministro de Seguridad Nacional; Teodoro Nguema Obiang, hijo, ministro de Bosques; Gabriel Mbega Obiang, hijo; Alberto Ovono Obiang, hijo; Constancia Mangue Nsue, esposa; Okomo Nsue, suegra; Julián Ondo Nkumu, yerno y director de la Seguridad Presidencial; Antonio Obama Ndong, primo; Joaquín Ndong Nve, inspector de las Fuerzas Armadas; Vicente Eya Olomo, cuñado y jefe del Estado Mayor del ejército; Jesús Ngomo Nvono, primo, director de Seguridad Nacional; Fausto Abeso Fuma, yerno y embajador en Moscú; Melchor Esono Edjo, sobrino y secretario de Estado de la Tesorería; Baltasar Ngonga Edjo, sobrino; Francisco Edu Ngua, secretario de Estado en el Ministerio de Defensa; Victoriano Bibang, cuñado; Teodoro Biyogo Nsue Okomo, cuñado y ex embajador en Washington; Cayo Ondo Mba Angué, jefe de la Gendarmería de Bata; Feliciano Obama Nsue Mangue, amigo íntimo de Obiang; Demetrio Elo Ndong Nsefumu, ministro de Transportes; Salomón Nguema Owono, presidente del Parlamento; Alejando Evuna Wono Asangono, ministro de la Presidencia; Roberto Mba Ndong, capitán de navío; Marcelino Otyono Ntutumu, viceprimer ministro; José Ene Obama, jefe de Aduanas de Malabo, ex secretario particular de Obiang; Ricardo Mangue, viceprimer ministro; Enrique Abaga Anguesomo, jefe de Policía de Malabo; Heriberto Meko Mbengono, embajador en Nigeria; Damián Ondo Mañe, funcionario y hombre de las cuentas de Obiang Nguema en Estados Unidos; Braulio Bakale Ondo; Hermenegildo Madiba, ex primer teniente de alcalde de Malabo; Filiberto Ntutumu, secretario del partido único, el PDGE; Agustín Nse Nfumu, embajador en Londres; Miguel Oyono Ndong, ex ministro de Exteriores; Hassam Hasshem, libanes, asesor, empresario y hombre de plena confianza del dictador.<<

394 La invasión de Bahía de Cochinos se inició el 13 de abril de 1961, cuando partieron varios buques desde Puerto Cabeza, en Nicaragua, transportando un contingente de 1.200 hombres dispuestos a deponer a Fidel Castro y acabar con el régimen comunista. El 15 de abril se inició la invasión con el apoyo de ocho aviones B-26 que bombardean los aeropuertos militares de la isla. El contingente de infantería —la Brigada 2506— desembarca en Playa Girón y Playa Larga, donde encuentran escasa resistencia. Las tropas cubanas contraatacan a las pocas horas derribando un número importante de aviones y causan daños a los dos barcos, Houston y Río Escondido, que transportaban el armamento para los alzados, que escapan. Sin apoyo aéreo, naval ni armamento, los brigadistas se rindieron masivamente al tercer día, dejando un centenar de muertos en el terreno y causando 150 bajas al enemigo. Los capturados, alrededor de 1.100 milicianos, fueron sometidos a bárbaros castigos y muchos de ellos fueron fusilados sin proceso previo. Los sobrevivientes fueron canjeados por dinero en 1962.<<

395 Entidad vinculada a la Fundación Nacional Cubano Americana.<<

396 Comandante del Ejército durante la invasión de Bahía de Cochinos, al que se atribuye haber encerrado a 149 prisioneros en un camión, 9 de los cuales murieron por asfixia.<<

397 Auto del magistrado-juez central de instrucción n° 2, Ismael Moreno Chamarro, Madrid, 19 de noviembre de 1998.<<

398 Informe de Cuba ante el Comité contra la Tortura, 3 de marzo de 1998, párrafo 25.<<

399 Informe 47/96, Caso 11.436, Cuba (OEA/Ser./V/11.93), 16 de octubre de 1996.<<

400 Hugh Thomas, Cuba: The Pursuit of Freedom, Harper & Row, Nueva York, 1971.<<

401 Discurso de Castro ante el Foro Nacional sobre Orden Internacional, 9-24 de marzo de 1969.<<

402 Actuaba a instancias de Manuela Calvo Barreras, Sergio Perodín Pérez, Myrna Prado, Francisco José Hernández, Albertina O'Farrill Campa, Eugenio Rodríguez, María Elena Cruz Varela, Bárbara Herrera, Clara María Carrera y otros. Carlos Alberto Montaner y Antonio Guedes, vicepresidente de la Unión Liberal Cubana, apoyaron la iniciativa sin sumarse a ella.<<

403 En concreto, las muertes atribuidas al régimen castrista desde enero de 1959 son 5.634 fusilamientos, 1.178 asesinatos extrajudiciales, 1.190 muertes en prisión y 197 desaparecidos. Entre las víctimas documentadas se encuentran más de 93 niños, de los que 19 fueron ejecutados, 31 víctimas de asesinatos extrajudiciales y 24 asesinados mientras trataban de huir del país. Además también se incluyen 217 casos documentados de asesinatos de mujeres, 11 de ellas ejecutadas, 20 asesinadas extrajudicialmente, 13 desaparecidas y 17 muertas en prisión. La demanda se apoya en más de 50 casos en los que está totalmente documentada la actuación de los demandados.<<

404 En 1985 creó La Cinq, la primera cadena privada gratuita francesa, y adquirió acciones de Chain y Cinema 5, otros canales franceses. Posee la empresa de publicidad italiana más grande y ha comprado recientemente Endemol, empresa que vende formatos de programas. Durante su Gobierno cambió la ley que le obligaba a dar las frecuencias de su canal Rete 4 al nuevo canal Europa 7.<<

405 Mediaset es una de las más ricas empresas privadas de Italia, con cerca del 50 por ciento de la audiencia y el 66 por ciento de la publicidad, y su controlada Telecinco es la primera cadena televisiva de España en audiencias y publicidad.<<

406 Baltasar Garzón Real, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

407 Entre los autores están Julio Llamazares (escritor leonés), Juan Madrid (historiador y escritor de novela negra, además de miembro de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas), Manuel Rivas (escritor gallego que adquirió relevancia tras el hundimiento del Prestige como portavoz de la plataforma Nunca Mais), Luis Pastor (cantautor cuyo último trabajo se titula Pásalo) y Pedro Guerra (cantautor canario, miembro también del colectivo No a la Guerra). A estos guionistas les une el no ser historiadores y compartir una visión muy parcial de la historia reciente.<<

408 Su nombre no figura ni siquiera en el censo de abogados de España ni en la guía telefónica, al estar amenazado.<<

409 George Henny, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (Informe a Ginebra del 24 de noviembre de 1936); Félix Schlayer, encargado de Negocios de la legación de Noruega (Diplomat im roten Madrid, Editorial F.A. Herbig, Berlín, 1938); Edgardo Pérez Quesada, encargado de Negocios de la Embajada de Argentina en España (Informe al Departamento de Exteriores); Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile en Madrid y decano del Cuerpo Diplomático (Sucesos de España vistos por un diplomático, Editorial Vimar, Madrid, 1979).<<

410 Aportaban incluso una carta del consultor de la Sacra Congregazione delle Cause dei Santi, Darío Composta, que ratificaba estos extremos.<<

411 Entrecomillado en el original.<<

412 José Ezpeleta y Ángel Pérez Trisat, del cual no queda claro si iba en la misma causa o en otra diferente instada contra Carrillo.<<

413 Exactamente de haberse «tragado un recurso y además de no resolverlo en su instancia no elevarlo a la sala, lo que sería en cualquier caso una decisión tomada a sabiendas, de forma injusta, por el instructor».<<

414 Las Naciones Unidas comenzaron a preocuparse del problema en 1959, cuando se habla por primera vez de que el pueblo del Tíbet, como los demás, tiene derecho a gozar de las libertades civil y religiosa. El Parlamento Europeo aprobó varias resoluciones en 1989 y 1991 en las que pedía el fin de estas prácticas nazis contra una población civil que se estimaba en 6 millones de personas.<<

415 Baltasar Garzón, Cuento de Navidad. ¿Es posible un mundo diferente?, Ediciones de la Tierra, Madrid, 2002.<<

416 Afganistán, Bután, Myanmar, India, Kazajistán, Kirguizistán, Laos, Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam.<<

417 Durante la noche del 3 al 4 de julio de 1989 tropas fuertemente armadas y centenares de vehículos militares blindados irrumpieron en las principales ciudades para limpiar las calles de manifestantes. En su avance dispararon contra estos y también contra simples transeúntes. La mayor matanza se produjo en la plaza de Tianammen, en Pekín, donde hubo miles de muertos.<<

418 Según la Fiscalía, «los actos criminales objeto de la denuncia no han sido cometidos en España, con lo que falta el presupuesto jurisdiccional prevalente de territorialidad, previsto en el artículo 23.1 de la LOPJ y el artículo 8 del Código Civil. Tampoco han sido cometidos tales crímenes por nacionales españoles, por lo que su persecución tampoco está amparada por el presupuesto jurisdiccional de personalidad activa, previsto en el artículo 23.2 de la LOPJ. La legislación española no prevé el presupuesto jurisdiccional de personalidad pasiva; cuando un ciudadano español es víctima de actos criminales fuera del territorio nacional, la ley española no actúa contra los autores de estos hechos, por lo que queda vedado a los tribunales españoles el enjuiciar estos hechos».<<

419 Rollo de Apelación n° 196/05. La sala estaba integrada por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Félix Alfonso Guevara Marcos y Carmen Paloma González Pastor. El tribunal español apoyaba su decisión en tres presupuestos: los infructuosos intentos de buscar una solución pacífica a los problemas del pueblo tibetano, la constatación de diversos delitos cometidos en contra de sus habitantes y la imposibilidad de actuación de la Corte Penal Internacional al no aceptar la República Popular China su existencia.<<

420 El Congreso y el Senado estadounidenses se pronunciaron en el mismo sentido en 1987 y 1989, el Bundestag alemán en 1987, el Parlamento italiano en 1989 y la Convención Internacional sobre el Tíbet y la Paz en el Sur de Asia lo hizo igualmente en 1989.<<

421 Parte de esta causa fue instruida por Baltasar Garzón, como juez sustituto del Juzgado Central Número 1. El 20 de abril de 2004, en sustitución de Guillermo Ruiz Polanco, suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, reclamó al experto en montes y jefe del CNI Alberto Saiz, a la embajada de Grecia en España y a Telecinco, toda la información existente para iniciar la causa.<<

422 La razón alegada por el mando central estadounidense es que fue un disparo en defensa propia al existir un francotirador enemigo en el hotel, y que el disparo fue acorde con las reglas de combate. Esta razón se basa, aparentemente, en que se observó a una persona con binoculares y flashes. «Es del todo punto lógico que los periodistas emplearan flashes y binoculares si estaban haciendo su trabajo», afirma el magistrado.<<

423 Artículo 611.1 del Código Penal: «[Aterrorizar o amedrentar a los periodistas], sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla». En relación con el artículo 608.3 del Código Penal, que indica los sujetos protegidos. A los efectos de este capítulo se entenderán por personas protegidas: la población civil y las personas civiles protegidas en el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977. Aparte, se trataba de un delito de asesinato con alevosía, previsto y penado en el artículo 139 del Código Penal.<<

424 Incluso el secretario de Estado Colin Powell reconoció que se sabía que el hotel estaba repleto de periodistas.<<

425 Se llamaba Khaled el-Masri y no Khalid es-Masri, nombre del terrorista egipcio, por lo que fue confundido por los ordenadores de la CIA.<<

426 El mayor número de vuelos pasó por el aeropuerto de Palma de Mallorca, con países de destino como Iraq, Libia, Djibuti o Egipto. En segundo lugar se sitúa el de Tenerife, donde hicieron escala vuelos de la CIA que se dirigían a Guantánamo, Libia, Guinea o Ghana.<<

427 A Nicola Pollari, ex jefe de los Servicios Secretos Militares Italianos (Sismi), Marco Mancini, número dos del espionaje militar, y a dos altos funcionarios del Sismi, Luciano Seno y Pío Pompa. Entre los agentes de la CIA procesados figura el anterior jefe de la estación de la CIA en Roma, Jeff Casteli, y Robert Seldon, responsable de la antena de Milán. Los dos últimos se hallan huidos.<<

428 También ha pedido información sobre doce presuntos terroristas (Khaled el-Masri, Ahmed Agiza, Mohammed al-Zary, Hasam Usama, Mustafá Nasr, Bisher al-Rawi, Yamil el-Banna, Maher Arar, Muhammad Bahmila, Salah Alí Qaru, Mohammed Zammar y Bin-yam Mohamed) supuestamente hechos desaparecer por la CIA según el Informe 10.957 del Consejo de Europa de 12 de junio de 2006.<<

429 El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se establece en cumplimiento de la resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 25 de mayo de 1993. El Consejo de Seguridad consideró que desde 1991 se venían produciendo en el territorio de la antigua Yugoslavia graves violaciones de los derechos humanos, así como una amenaza real y seria para la paz y seguridad de la zona balcánica en particular y europea en general. Un año después se constituye el de Ruanda. Los hechos ocurrieron así: el 6 de abril de 1994 los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, murieron al precipitarse a tierra el avión en que viajaban, producto de un atentado terrorista, cuando estaban a punto de aterrizar en Kigali. Este hecho provocó el inicio de una masacre inconmensurable que afectó a las comunidades hutu y tutsi que habitaban desde tiempos inmemoriales en la zona de los Grandes Lagos africanos.<<

430 En Tokio fueron condenados a muerte el primer ministro Tojo Hideji; el comandante de la Fuerza Aérea, Doihara Kenji; el ministro de Exteriores, Hirota Koki; el ministro de Guerra, Itagaki Seishiro;y los jefes de las fuerzas expedicionarias a Birmania, Shanghai y Filipinas, Kimura Heitaro, Matsui Iwane y Muto Akira respectivamente. Otras dieciséis personas fueron condenadas a cadena perpetua. El emperador Hiro-Hito, el Hitler de Asia según los historiadores del continente, ni siquiera se sentó en el banquillo por el carácter de divinidad sagrada que se da en Japón al emperador, aunque fue considerado el máximo responsable de la guerra.<<

431 La prevalencia del derecho internacional sin límites ni fronteras impediría que personajes como el káiser Guillermo de Hohenzollern, emperador de Alemania y rey de Prusia, hubiera podido escapar en 1918 a las represalias de los países vencedores, los cuales, en el Tratado de Versalles, decidieron juzgarle pero no lo lograron, por una ofensa suprema a los tratados internacionales. Hohenzollern escapó a los Países Bajos, donde la reina Guillermina le dio asilo político y se negó a extraditarlo. En sus memorias afirmó que no era culpable de haber desatado la Gran Guerra.<<

432 Ocurrió cuando la reina católica de Escocia, María Estuardo, es detenida en Londres por su prima Isabel de Inglaterra, y es acusada de conspiración, condenada, encerrada en una mazmorra y finalmente decapitada en el castillo de Fotheringhay el 8 de febrero de 1587, a la edad de cuarenta y cinco años.<<

433 Junto con el Tribunal de Apelación belga, que en 2002 decidió investigar por su cuenta las matanzas de Sabra y Chatila, que ocasionaron 18.000 muertos y 30.000 heridos, y sentar en el banquillo al mandatario israelí Ariel Sharon apoyándose en la Ley Estatutaria belga de 1993. Sin embargo, previamente, en una causa similar, el Tribunal Internacional de La Haya había fallado, al amparo de la misma ley, a favor de la inmunidad del ex ministro de Asuntos Exteriores del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, considerado culpable de delitos de genocidio. El Tribunal de la Haya, a petición de la República Democrática del Congo, estableció la falta de jurisdicción de Bélgica para enjuiciar a un ciudadano de la ex colonia y anuló la sentencia.<<

434 Hija de un conocido periodista.<<

435 Para más detalles véase el libro Saber quién puso fuego ahí. Masacre en la embajada de España de Máximo Cajal, Siddharth Mehta Ediciones, Madrid, 2000.<<

436 Falleció el día 27 de mayo de 2006, a los ochenta y dos años, en un hospital de Caracas, donde residía desde su exilio en 1982.<<

437 Además de Ríos Montt se trata de los siguientes militares: Óscar Humberto Mejía Víctores, Fernando Romeo Lucas, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Benedicto Lucas García. Además estaba previsto el interrogatorio en calidad de imputados de Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo.<<

438 La vida de este juez fue llevada al cine en 1971 como The Life and Times of Judge Roy Bean; la protagonizaron Paul Newman, Jacqueline Bisset, Tab Hunter, John Houston, Stacey Keach, Anthony Perkins, Ava Gardner, Roddy McDowall, Victoria Principal, Anthony Zerbe y Ned Beatty en los principales papeles.<<

439 Agenciaperu.com<<

440 También comparecerán los responsables del Banco Continental entre los años 1995 y 2000, así como varios accionistas de esta entidad.<<

441 Ahmed Raschid, Gilles Kepel, Felipe González, Mario Vargas Llosa, Baltasar Garzón y otros, El mundo después del 11 de septiembre de 2001, Península, Barcelona, 2002.<<

442 Carlos Caprile, La corrupción en Venezuela, Ediciones Capriles, Caracas, 1956, tres tomos. Es autor, además, de las siguientes obras, Desarrollo del Oriente de Venezuela, Sexo y poder en la historia de Venezuela, Golpes de Estado y magnicidios, Vida y muerte de la democracia, Sola a través de la selva amazónica, Un burdel de postín, Tiempo de borrasca, Cuentos del Jardín de la Isla.<<

443 Programa de televisión Aló Presidente, agosto de 2002.<<

444 Al parecer Garzón ha reabierto este asunto, según información de El País del 30 de octubre de 2007.<<

445 El Mundo, 19 de agosto de 2007.<<

446 Interviú, el semanario de escándalos del Grupo Zeta, publicó dos reportajes sobre la supuesta extrema derecha vasca y determinados atentados contra bienes abertzales. ETA asesinó a varios de los «señalados» por el periodista Xavier Vinader, que fue condenado por «imprudencia temeraria» con resultado de muerte. En venganza, el Batallón Vasco Español empezó entonces a quemar la revista en los quioscos, con tal de llevarla a la ruina. Antonio Asensio, su presidente, arregló el asunto entrevistándose con un alto cargo de Interior y llegando a un acuerdo económico con los familiares de las víctimas, según confesó el responsable de Interior al autor hace años. La quema de Interviú, a punto de desaparecer, cesó como por ensalmo.<<

447 Para que la Policía les pueda dar protección hasta Madrid, los camiones tienen que pasar una noche en la comisaría de Bilbao.<<

448 Tras la criba oportuna de la documentación, los «papeles de Egin» ocupan 180 tomos del sumario 18/98.<<

449 Pretty Good Privacy o PGP, un programa de encriptación desarrollado por Phillip Zimmermann, de consumo libre, considerado uno de los mejores del mundo. Ni siquiera la CIA puede descifrar su contenido.<<

450 El periódico abertzale, en bancarrota, tampoco pagaba la Seguridad Social y se sostenía merced a una serie de préstamos que recibía de otras organizaciones del entorno nacionalista, como las herriko-tabernas.<<

451 Fracción del Ejército Rojo, en el lenguaje de los terroristas.<<

452 Juzgado por el que pasaba quedaba limpio de papeles en pocas semanas y se ponía al día en sus asuntos, tal era su fama de fiscal emprendedor.<<

453 José Díaz Herrera y Carlos Olazábal, El nacionalismo vasco en sus documentos, de próxima aparición.<<

454 Como siempre, el nacimiento de Jarrai se hace imponiendo la disciplina de ETA y obligando a autodisolverse y desaparecer a otros grupos juveniles como Egam o Gai, que existían entonces dentro de la izquierda abertzale.<<

455 «Informe sobre la organización juvenil Jarrai-Haika, su vinculación con ETA-KAS y Ekin y su responsabilidad en la ejecución de formas de violencia complementarias con las de ETA», Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, Ministerio del Interior, varios tomos. Existe un segundo informe sobre Jarrai, de la Guardia Civil, que el juez desechó para iniciar sus investigaciones. Trozos enteros del informe policial forman el auto del juez, elaborado por el sistema informático del corta y pega.<<

456 Exactamente las mismas personas e instituciones que con Baltasar Garzón, Juan Luis Cebrián y Felipe González inician la «cruzada» contra la guerra de Iraq. El mundo después del 11 de septiembre de 2001, Península, Barcelona, 2002.<<

457 Informe sobre las relaciones exteriores de ETA-KAS y el MNLV y sobre la Asociación Europea Xaki. Varios tomos de documentos. Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, Ministerio del Interior. La parte teórica de los anexos documentales de este informe son plagiados por el juez en su auto de detención de los dirigentes de Xaki.<<

458 Anexo documental del sumario 300/00, Unidad Central de Inteligencia, Comisaría General de Información, Ministerio del Interior.<<

459 Las Gestoras también se encargan de recibir como héroes a los terroristas que salen de las cárceles, y han seguido en todo momento las consignas de ETA de organizar los funerales por los terroristas muertos en «actos de servicio» o en enfrentamientos con la Policía o la Ertzantza.<<

460 «Informe Herriko-Tabernas», Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, Ministerio del Interior. Se compone de varios tomos literalmente «fusilados» por Baltasar Garzón en su auto.<<

461 El texto está sacado del Informe sobre Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna de 15 de julio de 2002. Lo elaboró la Unidad de Análisis de la Comisaría General de Información. El juez Garzón reproduce páginas enteras del mismo como propias.<<

462 No se sabe de dónde se saca la lista de las acciones terroristas ni la de los heridos. Sólo en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición ETA cometió muchos más atentados. El número de heridos, si se tienen en cuenta no sólo aquellas personas con lesiones externas, sino quienes han perdido la vista o el oído al explotarle una bomba al lado, o aquellos con problemas psicológicos por presenciar el asesinato de un familiar, es, por lo menos, cuatro veces superior. Sobre ello, sin embargo, no hay estadísticas fiables.<<

463 Varios autores, Euzkadi Ta Askatasuna, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1997, ocho tomos; y ETA en sus documentos (o Documentos Y), varios autores, Editorial Hordago, San Sebastián, 1977, dieciocho tomos.<<

464 Manuel Medina González, La conquista de la vida, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

465 Hijo del catedrático de Derecho Político y Constitucional y senador real Carlos Ollero.<<

466 Los 16 condenados por un delito de asociación ilícita en su condición de dirigentes son Olatz Dañobeitia, Ugaitz Elizarán, Olatz Carro, Ibon Meñica, Igor Ortega, Amaia Arrieta, Garazi Viteri, Garikoitz Etxebarría, Egoitz López de Lacalle, Aiboa Casares, Iker Frade, Unai González, Asier Íñigo Egizuráin, David Lizarralde, Asier Ochoa de Retana y Jon Markel Ormazábal. Como miembros activos de Jarrai, Haika o Segi han sido condenados Aiora Epelde, Gartzen Garayo, Igor Chillón, Xabier Abasolo, Gorka Betolaza, Arkaitz Martínez de Albéniz, Ainara Frade y Xabier Gogenola. Fueron absueltos por falta de pruebas Mikel Ayllón, Patricio Jimbert, Arkaitz Rodríguez y Aitziber Pérez; y debido a la retirada de la acusación por parte del fiscal, Maider Alonso, Unai Beaskoetxea, Sonia Jacinto, Amaia Maestre y Jorge Jesús Urbiola, entre otros.<<

467 Entre ellos, Ramón Uranga, consejero delegado de Orain y apoderado de Ganeko, José Ramón Aranguren, Íñigo Elkoro, José Uruñuela (al que se retira la acusación), Manuel Aramburu, consejero delegado de Orain, Francisco Aramburu, Unai Hernández Sistey y Pello Jon Sanchas.<<

468 Jesús Cacho, M. C., un intruso en el laberinto de los elegidos, Temas de Hoy, Madrid, 1997.<<

469 «De 97 que pesaba me quedé en 81», pone en su famosa agenda.<<

470 Se incorporaron luego al 18/98, formándose un único sumario.<<

471 Son documentos de 1993, es decir, posteriores a la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia). Llegan a España en 1998 y 1999 por comisión rogatoria.<<

472 En 2001 y 2002, el año en que nació su hija Isabel, el autor del libro pasó dieciocho meses encerrado en la Audiencia Nacional preparando el libro Eta, el saqueo de Euskadi, con autorización de la Fiscalía para revisar la parte documental de todos los sumarios en instrucción y la totalidad de las causas ya juzgadas.<<

473 Pepe Rei, Garzón, la otra cara, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1999.<<

474 El de la Paz es uno de los cinco premios clásicos instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel. Mientras que los de Física, Química, Medicina y Literatura son entregados en Estocolmo, el de la Paz se concede en Oslo, la capital de Noruega. En varias ocasiones se ha declarado desierto, especialmente durante las dos guerras mundiales. Al final de los dos grandes conflictos el galardón se concedió al Comité Internacional de la Cruz Roja. Posteriormente, se instituyó el Nobel de Economía.<<

475 La secuestraron, según sus palabras.<<

476 Creada el 11 de enero de 1994 bajo la protección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España con el número de registro 28/0938.<<

477 Así, el 23 de enero de 2005 organizó un concierto simultáneo en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el lago Titicaca de Bolivia y en la plaza de la Aduana de Cartagena de Indias (Colombia) con los artistas más importantes del ámbito hispanoamericano. En España: Ángel Petisme, Antonio Vega, Cómplices, la colombiana Anyela, Carlos Cruz, Eulalia Yagari, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, María Lavalle, Miguel Ríos, Suburbano, Víctor y Ana y La Mata. En Bolivia: Altiplano, Los Cantores de Híspalis, Los Kjarkjas, José Manuel Soto, Marina Rosell y Seguridad Social. Y en Colombia: Carlos Cano, El Binomio de Oro, Manolo Tena y María Gracia. El recital a tres bandas, transmitido por el Canal Internacional de Televisión Española, tenía como objetivo fundamental recaudar fondos para la reconstrucción de la región del Cauca, en Colombia.<<

478 Viceministerio de Cultura de Bolivia, Unidad de Arqueología, Javier Escalante Mosoco, Mauricio Mamani Pocoaca; Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia, Pedro Rubín de Celis Rojas; Cámara de Diputados de Bolivia, presidente Jaalil R. Melgar Mustafá; presidente de Ecuador, Rodrigo Borja; veedores del Municipio de Porto Alegre, Brasil, Raúl K. M. Carrión, Juárez Pinheiro, Helena Bonumá, Humberto Goulart, Nereu Dávila, Sebastinu Melo, Ervino Besson, Paulo Baum, Estilac Xavier, Cassiá Carpes, Sofía Cavedon, María Celeste, Elvi Guimaraes, Haroldo de Souza, Antonio Luis Bilaz, Berto Moesel,Valdir Caetano, Maristela Maffei, Almerindo, Mario Fraga, José Fortunati, Aldalia Milani, Marcelo Danéris, Carlos Alberto García, Luis Fernando Zachia, Adeli Sen, Isaac Ainhorn, Reginaldo Pujol; Universidad Mayor de San Andrés, vicedecano Luis Morales Escobar; Comisión de Política Internacional Cámara de Diputados de Bolivia, Guillermo Pedregal; Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Fernando Cajías de la Vega; Facultad de Historia, Juan Jaúregui; Asociación para el desarrollo integral de Irpa Chico, Bolivia, Clodomiro Mamani Pocoaca; Facultad de Filosofía de la Universidad de San Andrés, Bolivia, Eduardo Murillo Quiroga; Taller de Historia Oral Andina, María Eugenia Choque; Cátedra Precolombina y Colonial, Carlos Mamni Condori, Ph. Mary Money; director de la Carrera de Sociología de la Universidad de San Andrés, Bolivia, Danilo Paz Ballivan.<<

479 Para salvar este inconveniente se dirigió por vídeo a los asistentes para darles las gracias y asegurar que lucharía por un mundo mejor.<<

480 Sólo Unidad Alavesa, un grupo político minoritario escindido del PP alavés, con cinco diputados en el Parlamento de Vitoria, se sumaría al acto.<<

481 Su viaje a Chile, para ser homenajeado por intentar juzgar a Pinochet, por ejemplo, provocó numerosos disturbios en cada uno de los actos a que asistía. Su intento de juzgar a la Junta Militar argentina movilizó a un grupo de diputados que se desplazaron a Madrid para insultarle públicamente, sin apenas eco en la prensa.<<

482 Entre las ciento cincuenta y seis personalidades y organizaciones figuraban Bomberos del Mundo, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el presidente actual, George W. Bush, y Tony Blair, entonces jefe de Gobierno del Reino Unido.<<

483 Allí Kissinger iba a pronunciar una conferencia titulada «Globalización, su auténtica naturaleza e impacto».<<

484 Christopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger. El general Rene Schneider Chereau, comandante en jefe del Ejército chileno, fue asesinado el 25 de octubre de 1970 tras una tentativa de secuestro a cargo de hombres cercanos al general Roberto Viaux. Schneider era favorable a un gobierno de Unidad Popular en Chile, lo que le enfrentaba a una gran parte del Ejército de su país.<<

485 Los archivos nacionales de los Estados Unidos, donde se centralizan, conservan y pueden consultarse todos los documentos del Gobierno, Congreso y agencias oficiales.<<

486 Muchas de las informaciones por las que pretendía incriminarle aparecen contadas en White House Years, America in Vietnam y Peace and Power, libros escritos por el mismo Henry Kissinger. También en el resto de su obra publicada en Estados Unidos y ampliamente reproducida por The New York Times, la revista Time, The Washington Post y otras publicaciones.<<

487 En 2001 había tenido que suspender una conferencia en Francia al cursar un juez local, Roger Le Loire, una orden de interrogatorio en su contra. Le Loire había intentado poco antes la extradición de Italia del militar argentino Jorge Olivera, acusado de la desaparición de la ciudadana francesa Anne Marie Erize. Kissinger, que se hallaba alojado en el hotel Ritz de París, abandonó el país al día siguiente.<<

488 Invitado por el presidente Fernando Cardoso, que pensaba condecorarlo con la Orden do Cruzeiro do Sul, Kissinger iba a dar una charla sobre «Paz en el mundo después del 11 de septiembre».<<

489 Ya en el año 2001 el juez Juan Guzmán Tapia había remitido treinta preguntas a Herry Kissinger sobre la Operación Cóndor y sus relaciones con Augusto Pinochet. En junio de 2001 el abogado argentino Ramiro González presentó una querella contra Kissinger en Argentina por la desaparición de Liliana Celia Fontana. En agosto de 2001 otro juez de Buenos Aires, Rodolfo Canicoba, envió un exhorto a Washington para interrogarle en calidad de testigo. El 10 de septiembre de 2001 los familiares del general Rene Schneider presentan demanda en Washington contra Henri Kissinger por la muerte del general. Según fuentes fiables, en los últimos años el ex secretario de Estado ha sufrido más de mil intentos de procesamiento y ha sido comparado con individuos tan execrables como Slobodan Milosevic. Incluso ha sido bautizado en algún artículo periodístico como «El Milosevic de Manhattan».<<

490 En esas fechas Kissinger estaba en una conferencia en Hong-Kong, por lo que no pudo responder personalmente a la prensa.<<

491 En 1973 Kissinger pronunció la célebre frase «No veo por qué tenemos que aguantar que un país se vuelva comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo», reproducida por entonces en Newsweek, la revista Times y otros periódicos de la época.<<

492 Revista Tiempo, marzo de 2002. Su pensamiento sobre Oriente Medio se encuentra en Cuento de Navidad, Un mundo sin miedo, La lucha contra el terrorismo y sus límites y otros libros.<<

493 Fue fundada en el año 1901 con el objetivo de adquirir terrenos en Palestina en nombre del pueblo judío. En el año 1904, paralelamente a su actividad en el área de la adquisición de tierras, tuvo la iniciativa de plantar olivos entre Ben Shemen y Julda, que acababan de ser compradas. La idea que había detrás de esta iniciativa era plantar árboles que dan fruto y que se destacan por su vitalidad. Esta actividad marca de hecho el comienzo de la empresa de forestación del Keren Kayemeth Leisrael, que continúa hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de cien años de actividad, ha plantado más de 200 millones de árboles sobre más de 90.000 hectáreas.<<

494 En Estados Unidos existen 6.997 sociedades vinculadas al movimiento sionista de tipo comunitario, religioso, cultural, educativo, escolar, de socorro mutuo, profesional, de mujeres, de jóvenes y de estudiantes. Controlan no sólo la banca, sino un amplio sector de la prensa estadounidense.<<

495 «Siempre quise ser más que un juez», El Mundo, 19 de agosto de 2007.<<

496 «Unas palabras iniciales son necesarias para explicar el sentido y alcance de estos textos», arranca.<<

497 Universidad de Stanford en California; Universidad de Wisconsin; Universidad Central de Nueva York; Universidad de Harvard; Universidad de La Plata; Colegio de abogados de Lima; Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica; Universidad Tecnológica de El Salvador; diversos centros Colombia y Brasil (Porto Alegre, Sao Paulo y Brasilia); Universidad Autónoma de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Toluca, y del Estado de Baja California; Universidad Autónoma de México; Universidad de Oxford (Reino Unido); Universidad de Estocolmo; Universidad de Oslo; Naciones Unidas (Nueva York, Viena, Palermo y Milán); Amnistía Internacional en Bruselas y Helsinki; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Carlos III; Asociación Pro Derechos Humanos; Universidad Menéndez Pelayo (Santander); Facultad de Derecho de Málaga; y otros centros de Granada, Sevilla, etc.<<

498 Candidato al Premio Nobel de la Paz en 1975, 1976 y 1977, senador y profeta del independentismo catalán, Xirinacs se suicidó a mediados de agosto de 2007 porque no quería seguir viviendo como un esclavo español, según su testamento. Las cadenas y los grilletes se los dejó en herencia a Josep Lluís Carod-Rovira, presente en su entierro.<<

499 A tal efecto firmó una póliza con Mapfre en 2002 para la repatriación de los cadáveres de los gomeros, la mayoría de los cuales han emigrado a otras islas, al resto de España e incluso a Sudamérica. Esta póliza sigue vigente aún.<<

500 En total, el despliegue incluyó: 225.000 soldados, 1.400 tanques Abrams y Bradleys, 400 helicópteros Apache, Cobra, Chinook, Black Hawk y Sea Stallion, 350 aviones F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Falcon, F-18 Hornet, A-10, B-l, B-52 y B-2,60 Harrier y 4 grupos de combate marítimo con los portaaviones Constellation, Harry S. Truman, Abraham Lincoln y Theodore S. Roosevelt.<<

501 Los británicos dispusieron 50.000 soldados, 120 carros Challenger, 150 blindados Warrior, 100 aviones de combate, 1 portaaviones y 16 buques de guerra. Australia cooperó con 2.000 soldados, 3 fragatas, 17 aviones de combate y algunos helicópteros.<<

502 Aldo Moro fue secuestrado el 16 de marzo de 1978 en vía Fani (Roma) por izquierdistas pertenecientes a las Brigadas Rojas, encabezados por Mario Moretti, quien después de asesinar a sus cinco escoltas ordenó capturar a Moro. Después de cincuenta y cinco días de cautiverio fue asesinado cerca de Roma el 9 de mayo.<<

503 Carlo Alberto dalla Chiesa nació en Saluzzo en 1920 y murió en Palermo en 1982. El general italiano fue enviado en 1945 a Sicilia con superpoderes para acabar con la Mafia, logrando encarcelar a algunos capos. En 1978 pasó a dirigir la lucha antiterrorista. Nombrado de nuevo jefe de la Policía de Palermo y encargado de la lucha contra la Mafia, fue asesinado.<<

504 La Provincia y Canarias 7, 21 de marzo de 2003.<<

505 Todos ellos y otros centenares de «intelectuales» más sembraron el universo de libros, artículos y demás caldo de cerebro en la mayor campaña orquestada nunca contra un gobierno legítimamente elegido, el de George W. Bush, tratando de deslegitimarlo dentro y fuera de su país. Ni uno de ellos, que se sepa, ha escrito una sola línea condenando los asesinatos masivos de Stalin, donde perecieron 20 millones de personas. O los 65 millones exterminados en China, los 4 millones de Corea del Norte y Camboya, un millón en Vietnam y Europa oriental, 1.700.000 en África y 1.500.000 en Afganistán. El libro negro del comunismo, Stephane Courtois y otros autores, Planeta, Barcelona, 1998.<<

506 «La respuesta», El País, 2 de octubre de 2001.<<

507 28 de septiembre de 2002.<<

508 «Terroristas, halcones y criminales de guerra», Baltasar Garzón Real y José Manuel Gómez-Benítez, El País, 5 de marzo de 2002.<<

509 «Corte Penal Internacional, una iniciativa de paz», Baltasar Garzón Real, El País, 14 de abril de 2002.<<

510 Julio Blanck en Clarín, 8 de julio de 2005.<<

511 El desglose es el siguiente: año 1994 (diputado del PSOE): 364 artículos y 850 referencias en el primer semestre y 301 artículos y 648 referencias en el segundo; 1995 (vuelta a la judicatura): 1.666 artículos y 3.506 referencias en el primer semestre y 874 artículos y 2.238 referencias en el segundo; 1996: 634 artículos y 1.498 referencias en el primer semestre y 333 documentos y 725 referencias en el segundo. Fuente: Mundired, servicio electrónico de El Mundo.<<

512 «El ataque de los clones», Baltasar Garzón, El País, 27 de enero de 2003.<<

513 Información previa 318/02 de 7 de marzo del CGPJ. Según la Ley es falta grave «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella».<<

514 El órgano del CGPJ estima que se ha sobrepasado los límites a la libertad de expresión de jueces y magistrados consagrada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. «Quienes ejercen un poder del Estado no pueden someter a los otros poderes a sus dictados. Por el contrario, tienen la obligación ineludible de mantener su neutralidad política para así ejercer con todas las garantías su potestad jurisdiccional», dice la Comisión Disciplinaria en las referidas «diligencias previas».<<

515 Por su intervención «política» en el mitin de la Puerta de Alcalá de Madrid, acompañado de su hija, se le archivó el expediente. Aunque la Ley (artículo 395.1 de la LOPJ) prohíbe a jueces y magistrados acudir a actos o reuniones que no tengan carácter judicial, «excepto a las que tengan por objeto cumplimentar al Rey» o a «aquellos para los que no hubieran sido autorizados por el Consejo General del Poder Judicial», la Unidad Inspectora Central estimó que no había precepto sancionador específico a aplicar en este supuesto y que tampoco se sabía si había intervenido en calidad de miembro del Poder Judicial. En cuanto a las palabras pronunciadas en ese acto, producidas en un momento diferente al del artículo «Sr. Presidente», no eran susceptibles de expediente disciplinario por ser parecidas a las expresiones vertidas en el referido artículo en virtud del principio non bis in idem.<<

516 Baltasar Garzón Real, «Sr. Presidente», El País, 4 de marzo de 2003.<<

517 Curiosamente, la técnica de usar títulos de libros y películas conocidas para encabezar sus artículos es la misma empleada por Pilar Urbano en la famosa hagiografía Garzón, el hombre que veía amanecer. La renombrada periodista no sólo se vale de títulos ya consagrados, sino que en nota a pie de página explica por qué los ha utilizado y el significado que pretende darles. El juez, en cambio, parece emplearlos para eludir posibles responsabilidades penales al llamar supuestamente «canallas» a Aznar, Blair y Bush.<<

518 Baltasar Garzón Real, «Tiempo de canallas», El País, 28 de febrero de 2004.<<

519 El tribunal empezó a funcionar oficialmente el 12 de marzo de 2003 con el nombramiento y jura de los dieciocho magistrados que integran sus salas, cuyos miembros nombraron presidente al canadiense Philippe Kirsch.<<

520 Carlos Taibo (profesor de Ciencia Política en la UAM), Noam Chomsky (profesor de Lingüística en el MIT), Julio Anguita González (PCE), Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción), Pilar del Río, José Manuel Martín Médem y Pascual Serrano (periodistas), Fernando Orbaneja (escritor), Pedro Luis Angosto (historiador), José Luis Pitarch (profesor de Derecho Constitucional), Jaime Pastor Verdú (profesor de Ciencia Política en la UNED), José Luis Centella (secretario internacional del PCE), Javier Parra, Miguel de Unamuno Adarraga (ex-profesor de la UPM), Antonio Rallo Romero (economista), Vicente Fernández (catedrático), Javier Sádaba (filósofo), Francisco Frutos (secretario general del PCE), Felipe Alcaraz (presidente ejecutivo del PCE), Françoise Chuffart (ATTAC), Higinio Polo (escritor), Carlos Anxo (PCG), José Gols (CERAI), Francisco Cenamor (poeta), Antoni Doménech (editor de SinPermiso), Pablo «Aritz» (filósofo), Ariel Jerez (Red con Voz), José M. Berreal (Foro por la Escuela Pública),Víctor Casco (IU-Extremadura), Javier Navascués (director de la FIM), Agustín Morán (CAES), Ramón Fernández Durán (Ecologistas en Acción), Carmen Lamarca (profesora de Derecho Penal en la Universidad Carlos III), Ricardo Rodríguez (escritor), J. Kalvellido (dibujante) y otros.<<

521 Por medio de la famosa resolución 1.331 tantas veces invocada en un sentido u en otro, según quien la utilice.<<

522 El Mundo, 19 de agosto de 2007.<<

523 Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Licencia a favor de don Baltasar Garzón Real por razón de estudios, del día 10 al 14 de septiembre de 2001.<<

524 La nacionalidad y el papel de los suicidas fue el siguiente: Mohamed Atta (egipcio y piloto),Waleed al-Shehri (saudí),Wail al-Shehri (saudí), Abdulaziz al-Omari (saudí), Salam al-Suqami (saudí), Marwan al-Shehri (Emiratos Árabes Unidos y piloto), Fayez Banihammad (Emiratos Arabes Unidos), Mohand al-Shehri (saudí), Hamza al-Ghamdi (saudí), Ahmed al-Ghamdi (saudí), Hani Hanjour (saudí y piloto), Khalid al-Mihdhar (saudí), Majed Moqed (saudí), Nawaf al-Hazmi (saudí), Salem al-Hazmi (saudí), Ziad Jarrah (libanés), Ahmed al-Haznawi (saudí), Ahmed al-Nami (saudí) y Saeed al-Ghamdi (saudí).<<

525 Los terroristas suicidas Mohamed Atta, Abdulaziz al-Omari, Wail Al-Shehri, Waleed al-Shehri y Salam al-Suqami, después de secuestrar el vuelo 11 de American Airlines, que viajaba desde Boston a Los Ángeles, lo estrellaron contra la Torre Norte; Marwan al-Shehri, Fayez Banihammad, Ahmed al-Ghamdi, Hamza al-Ghamdi y Mohand al-Shehri, tras secuestrar el vuelo 175 de United Airlines, que desde Boston se dirigía a Los Ángeles, estrellaron el avión contra la Torre Sur; Khalid al-Mihdhar, Nawaf al-Hazmi, Hani Hanjour, Salem al-Hazmi y Majed Moqed, secuestraron el vuelo 77 de American Airlines, que volaba desde Virginia a Los Ángeles, y lo lanzaron contra el Pentágono; Ziad Jarrah, Ahmed Al-Haznawi, Saaed Al-Ghamdi y Ahmed Al-Nami secuestraron el vuelo 93 de United Airlines, que se desplazaba desde Newark hasta San Francisco, y lo estrellaron en Pennsylvania.<<

526 Fueron 13 muertos en la embajada de Tanzania, y 213 fallecidos y 5.000 heridos en la de Nairobi, según la investigación oficial. Sólo 12 de los fallecidos eran estadounidenses.<<

527 El caso dio origen a la película Black Hawk derribado (Black Hawk Down), dirigida por Ridley Scott con guión de Ken Nolan y música de Hans Zimmer. Sus intérpretes fueron Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana y William Fitchtne, entre otros.<<

528 Con quinientas páginas y tras veinte meses de investigación, el informe de la Comisión del 11-S se hizo público el 20 de julio de 2004. Muchos de los datos eran conocidos ya a los pocos días del atentado.<<

529 La primera vez que se detecta la presencia de Atta en España fue el 4 de enero de 2001, fecha en la que pasó el control policial del aeropuerto de Barajas.<<

530 Un testigo llegó a declarar en la vista oral que vio a Abu Dahdah junto al piloto suicida Mohamed Atta en la línea 3 del metro de Barcelona ocho semanas antes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. El tribunal no tuvo en cuenta el testimonio.<<

531 Informe del fiscal Pedro Rubira Nieto a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin fecha.<<

532 La ley es muy taxativa en cuanto a las escuchas telefónicas como medio excepcional de investigación. Las cintas deben entregarse a la Secretaría del juzgado para su custodia, y si no se consiguen resultados en un plazo determinado, hay que suspenderlas. La forma de burlarla es abrir nuevas diligencias con un informe policial en el que se meta algún otro nombre y aparezcan hechos nuevos, reales o no comprobados.<<

533 Suspendido del cargo con pérdida de destino el 9 de julio de 2004 tras un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial que propuso la apertura de un expediente disciplinario por la comisión de dos faltas muy graves, una consistente en la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa, y otra por tardar diez meses en procesar a los miembros del Comando Urbasa de ETA.<<

534 De los casi cincuenta procesados en el sumario 35/01, diecisiete son sirios, de las regiones de Alepo, Hama, Homs o de la capital, Damasco.<<

535 Gustavo de Arístegui, La yihad en España, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.<<

536 Para tener una visión global de muchas de las incógnitas no despejadas del 11 de marzo de 2004 conviene repasar las hemerotecas de El Mundo y Libertad Digital.<<

537 Los dos, El-Motasadeq y Mzoudi, fueron procesados por presunta implicación en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. De hecho, El-Motasadeq fue el primer procesado en todo el mundo por su presunta relación con el 11-S, y en febrero de 2003 fue condenado a quince años de prisión por complicidad con la célula alemana de Mohamed Atta, coordinador de esos atentados.<<

538 Un mundo bajo la influencia de las doctrinas coránicas, adaptado al modo de vida de los musulmanes.<<

539 Inicialmente el Consejo General del Poder Judicial le negó el permiso, que acabaría concediéndole, al asegurar Garzón que, además, iba a dar una conferencia sobre la protección de los derechos humanos en el sistema internacional de justicia. Expediente 26 de la Comisión Permanente del CGPJ.<<

540 «La respuesta», El País, 2 de octubre de 2001.<<

541 Pertenecen al grupo Ousama Darra, Jasem Mahboule, Mohamed Needl Acaid, Sid Ahmed Boudjella, Mohamed Zaher Asade, Abdalrahman Alarnot Abu Aljer, Kamal Hadid Chaar, Mohamed Ghaled Kalaje Zouaydi, Bassam Dalati Satut, Said Chedadi, todos ellos de nacionalidad siria, además del español Luis José Galán González y el marroquí nacido en Nador Najib Chaib Mohamed, entre otros.<<

542 Dice la sala: «El día 17 de noviembre de 2001 se recibieron en el Juzgado de Instrucción Número 5 las diligencias previas 24/2001, compuestas por cinco tomos, que pasaron a constituir los números 42, 43, 44, 45 y 46 del sumario 35/2001 (transcripciones telefónicas), y el 26 de junio de 2002 ocurrió lo mismo respecto a las diligencias previas 321/1999, integradas por nueve tomos, con los que se formaron los números 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del sumario 35/2.001». Una prueba inequívoca de cómo Garzón utiliza el trabajo de los demás.<<

543 La cifra oficial es, al parecer, 2.973 muertos. En el sumario se habla de 2.989.<<

544 En mayo de 2003 había sido atacada la Casa de España, en Casablanca, por un grupo próximo ideológicamente Al-Qaeda. Tres suicidas penetraron en el recinto tras degollar al vigilante del establecimiento y dos de ellos hicieron estallar en el restaurante del centro los artefactos que portaban, mientras que el tercero hizo explotar el suyo en el patio de la Cámara Española de Comercio, colindante. En el brutal atentado murieron cuarenta y tres personas, entre ellas tres españoles: Domingo Mateo Taizeira, el empresario catalán Manuel Albiach y el empresario andaluz Francisco Abad. Los terroristas suicidas eran marroquíes, miembros de Assirat al-Moustaqim o la Salafia Jihadia.<<

545 Consejo mediante el cual las tribus árabes elegían a sus dirigentes en la antigüedad. También hace referencia a las leyes o normas dictadas por los califas o los dirigentes religiosos o a las consultas para interpretar diferentes versículos del Corán.<<

546 El 13 de octubre de 2002 varios terroristas de Al-Qaeda destruyeron con un coche bomba una discoteca del pueblo de Kuta, en la isla de Bali, matando por los menos a 190 personas e hiriendo a otras 309, principalmente turistas. Previamente, la Yemaa Islamiya, la milicia extremista supuestamente liderada por el clérigo radical Abu Bakar Bashir, había intentado colocar explosivos en las embajadas estadounidenses de Malasia y Singapur a principios de 2002.<<

547 Sumario 3/2004 del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, cuyos miembros fueron juzgados y condenados el 7 de febrero de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal.<<

548 Carta de Alony, «Detrás de los barrotes: una sentencia sin pruebas», 7 de octubre de 2005, página de internet de Islam/Al-Jazeera.<<

549 Los veinticuatro procesados eran: Imad Eddin Barakat, más conocido por Abu Dahdah (8 años); Gasoub al-Abrash Ghalyoun (absuelto); José Luis Galán González (9 años); Najib Chaib (8 años); Osama Darra (11 años); Jasem Mahboule (11 años); Mohamed Needl Acaid (8 años); Kamal Hadid Chaar (6 años); Mohamed Zaher Asade (8 años); Said Chedali (8 años); Mohamed Ghaleb Kalaje (9 años); Bassan Dalati (absuelto); Abdullah Khayata Kattan (9 años); Sadik Merizak (8 años); Hassan al-Hussein (8 años); Abdelaziz Benyaich (8 años); Mohamed Khair al-Saqqa (absuelto); Abdalrahman Alarnaot (8 años); Jamal Hussein (8 años); Waheed Koshaghi Kelani (absuelto); Ahmad Koshaghi Kelani (absuelto);Taysir Alony Kate (7 años); y Sid Ahmed Boudjella (absuelto). Otras diecisiete personas, entre ellas Osama ben Laden o Mustafa Setmarián Nasar, instructor de los muyahidines y predicador de la guerra santa, no pudieron ser apresados.<<

550 Foro abierto sobre Al-Qaeda en la Facultad de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York. Participaron junto con Garzón el fiscal Paul Cliement, los jueces francés e italiano Jean-Louis Bruguiére y Armando Spatato, y los expertos contraterroristas de Scotland Yard y de la Policía de Nueva York Peter Clarke y Michael Sheehan (jubilado), respectivamente.<<

551 En el programa La mirada crítica, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, reconoció que en su opinión la instrucción había sido llevada de forma errática por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Además, se refirió a las irregularidades policiales que se cometieron durante la investigación, que ha ocasionado que algunas pruebas no fueran tenidas en cuenta, ya que se trataba de «acciones en fraude de ley». Según él, una de las principales pruebas que ha presentado el fiscal, el vídeo grabado por Ghasoub al-Abrash en Nueva York «es un vídeo doméstico y de mala calidad».<<

552 Véanse páginas 100-130 de la sentencia.<<

553 Véanse ediciones del 27 de septiembre (Libertad Digital) y del 28 (El Mundo).<<

554 Público, 2 de octubre de 2007.<<

555 El Mundo, 26 de diciembre de 2004.<<

556 En el escalafón de la carrera judicial cerrado a 31 de enero de 2005, García Pérez, con una antigüedad de más de cuarenta y un años en la carrera, figura como magistrado adjunto de la Sala Segunda. El 19 de noviembre de ese mismo año cumpliría los setenta años de edad.<<

557 Dueño de los supermercados Alfaro y condenado a seis años de cárcel a comienzos de junio de 2004. Fue detenido en noviembre de 1993, durante la boda de su hijo, dentro de la propia iglesia en que se celebraba la ceremonia.<<

558 Empleado de la empresa de transporte de fondos Candi. El 28 de julio de 1989, mientras custodiaba un furgón, aprovechó la ausencia de sus compañeros para robarlo con su contenido dentro, 298 millones de pesetas.<<

559 Informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Juzgado Central de Instrucción Número 3 y a la Sala de lo Penal. Previas 53/92.<<

560 A finales de la década de 1970, don Juan de Borbón, conde de Barcelona y padre de Juan Carlos I, se instaló en España. Entonces, el presidente de su gabinete, Luis de Ussía y Gavalda, conde de Los Gaitanes y padre de Alfonso Ussía, pidió a los principales banqueros del país que contribuyeran a sus gastos. Botín (padre) fue el único que se negó a prestarle ayuda.<<

561 Rafael Pérez Escolar, Memorias, Foca, Madrid, 2005.<<

562 Se supone que detrás de esta entidad está Rafael Pérez Escolar.<<

563 Libertad Digital, 29 de enero de 2003.<<

564 El ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y juez central de lo penal, Ángel Calderón Cerezo; los magistrados de la Audiencia Nacional Jorge Campos Martínez, Ismael Moreno, Santiago Pedraz Gómez y Baltasar Garzón Real; los magistrados de sala Francisco José Castro Meije (presidente de Sección de la Audiencia Nacional), Félix Alonso Guevara Marcos, Carlos Cezón González y José Ricardo de Prada; Fernando Bermúdez de la Fuente, magistrado de la Audiencia de Jaén; Juan Félix López Ortega, ex presidente de la Audiencia de Palma de Mallorca; Javier Vieira Morante, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Francisco Javier Gómez Bermúdez, juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional y ex juez de menores de Almería. No todos, sin embargo, llegaron a remitir su candidatura al Consejo General del Poder Judicial. El Mundo y El País, 22 de julio de 2004.<<

565 La valoración de los méritos y capacidades de los distintos candidatos por la Comisión de Calificación es el trámite previo e ineludible para los nombramientos.<<

566 Lo firmaban el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, y los vocales Luis Aguiar, Montserrat Comas, María Ángeles García, Javier Martínez Lázaro, Juan Carlos Campo y Alfonso López Tena, este último elegido a propuesta de CiU.<<

567 En las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial. Ninguno de ellos hace referencia a la justicia universal, a la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, al ius cogens y a otros principios de la justicia instaurados por los tribunales de Núremberg y Tokio, los de la antigua Yugoslavia y Ruanda o la Corte Penal Internacional, muchos de los cuales el magistrado cita en sus sentencias como doctrina propia.<<

568 Al parecer, el vocal conservador Juan Pablo González, ex juez en Bilbao y persona muy sensibilizada con el asunto del terrorismo al estar amenazado de muerte por la banda terrorista ETA, le había ofrecido su apoyo para ganarse los votos de sus compañeros elegidos a propuesta del Partido Popular.<<

569 «Yo y todo mi equipo veíamos con buenos ojos el nombramiento de Gómez Bermúdez», señala José María Michavila.<<

570 «Sr. Presidente», Baltasar Garzón Real, El País, 4 de marzo de 2003.<<

571 Organización judía internacional defensora de los derechos humanos, contraria al racismo y al antisemitismo pero, ante todo, comprometida con la seguridad y continuidad del pueblo judío y el Estado de Israel.<<

572 Según la crónica de IPS primero le hicieron guardar fila con los familiares de los reclusos, luego intentaron cachearle y por fin pretendieron colocarle un sello de tinta identificativo en el brazo. Cuando fue autorizado a entrar en la prisión le aseguraron que dentro había varias cámaras de televisión y emisoras de radio dispuestas a transmitir en directo el interrogatorio, como si fuera un espectáculo. Garzón renunció, puesto que ello vulneraba el secreto del sumario. Tito Drago, en International Press Service, 13 de febrero de 2004.<<

573 En una apuesta con el presidente del Villarreal, Fernando Roig, quien afirmó donaría 6.000 euros al Proyecto Hombre por cada gol que fallara frente a Garzón en una tanda de diez penaltis.<<

574 Componían la sala su presidente, Ramón Trillo Torres, y los magistrados Fernando Ledesma Bartret, Mariano de Oro-Pulido y López, Ricardo Enríquez Sancho, Mariano Baena del Alcázar, Pedro José Yagüe Gil, Jesús Ernesto Peces Morate, Antonio Martí García, José Manuel Sieira Miguez, Rafael Fernández Montalvo, Oscar González González, Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Juan José González Rivas, Enrique Lecumberri Martí, Manuel Campos Sánchez-Bordona, Nicolás Maurandi Guillén, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Agustín Puente Prieto, Santiago Martínez-Vares García, Eduardo Espín Templado, Juan Gonzalo Martínez Micó, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Rafael Fernández Valverde, Celsa Pico Lorenzo, Octavio Juan Herrero Pina, Margarita Robles Fernández, Emilio Frías Ponce, José Díaz Delgado y Eduardo Calvo Rojas.<<

575 Presentaron un voto discrepante con esta sentencia los magistrados Óscar González González, Agustín Puente Prieto, Juan Gonzalo Martínez Micó y Emilio Frías Ponce.<<

576 Artículo 333 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Las plazas de presidente de sala de la Audiencia Nacional se proveerá, por un periodo de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que hubieren prestado diez años de servicios en esta categoría y ocho en el orden jurisdiccional. No obstante, la Presidencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se proveerá entre magistrados con más de quince años de antigüedad en la carrera que hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quien ostente la condición de especialista».<<

577 Al voto se unen los vocales Fernando Salas Molina, Luis Aguilar de Luque, Carlos Campo Moreno, Montserrat Comas D'Argemir y Cendra, María de los Ángeles García García, Félix Pantoja García y Alfonso López Tena.<<

578 Pese a ello, como juez que ha sido de Asturias, al concluir la vista oral del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 acudió personalmente a la Audiencia Nacional a felicitarle por la forma en que había llevado el plenario sin que el asunto se le escapara de las manos y, al mismo tiempo, sin recortar los derechos de defensa de los inculpados. El sumario enjuiciado tenía 93.226 folios.<<

579 Entendemos que el relato es demasiado largo y aburrido. Lo hemos transcrito tal y como ocurrió para que se conozca cómo se las gastan los jueces entre ellos.<<

580 Se dice que tropezar dos veces en la misma piedra es de humanos. Esta vez la sala estaba integrada por Ramón Trillo Torres, Fernando Ledesma Bartret, Mariano de Oro-Pulido y López, Ricardo Enríquez Sancho, Mariano Baena del Alcázar, Pedro José Yagüe Gil, Jesús Ernesto Peces Morate, Antonio Martí García, José Manuel Sieira Míguez, Rafael Fernández Montalvo, Oscar González González, Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Juan José González Rivas, Enrique Lecumberri Martí, Nicolás Maurandi Guillén, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Agustín Puente Prieto, Santiago Martínez-Vares García, Eduardo Espín Templado, Juan Gonzalo Martínez Mico, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Rafael Fernández Valverde, Celsa Pico Lorenzo, Octavio Juan Herrero Pina, Margarita Robles Fernández, Emilio Frías Ponce, José Díaz Delgado y Eduardo Calvo Rojas.<<

581 El candidato del PSOE para presidir la sala era Fernando Ledesma. Los conservadores manejaron dos: Mariano de Oro-Pulido, al que apoyaban Francisco Hernando y Enrique López por ser más proclive al socialismo, y Ramón Trillo Torres. Se optó por Trillo Torres, además de por su capacidad profesional, por los méritos contraídos con la carrera dignificando el sueldo de los jueces en la etapa de Felipe González. «Era una deuda que se tenía con él», señaló uno de los vocales del Consejo.<<

582 Formaban el pleno de la Sala Tercera en esta ocasión Ramón Trillo Torres, Fernando Ledesma Bartret, Mariano de Oro-Pulido y López, Ricardo Enríquez Sancho, Mariano Baena del Alcázar, Pedro José Yagüe Gil, Jesús Ernesto Peces Morate, Antonio Martí García, José Manuel Sieira Míguez, Rafael Fernández Montalvo, Oscar González González, Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Juan José González Rivas, Enrique Lecumberri Martí, Manuel Campos Sánchez-Bordona, Nicolás Maurandi Guillén, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Agustín Puente Prieto, Santiago Martínez-Vares García, Eduardo Espín Templado, Juan Gonzalo Martínez Micó, José Manuel Bandrés, Rafael Fernández Valverde, Celsa Pico Lorenzo, Octavio Juan Herrero Pina, Margarita Robles Fernández, Emilio Frías Ponce, José Díaz Delgado y Eduardo Calvo Rojas.<<

583 Rafael Pérez Escolar, El juez de tinieblas, Plaza y Janés, Barcelona, 1995.<<

584 Al autor le correspondió investigar el asunto en 1991 y 1992 en Cambio 16. Lo único que se llegó a saber es que los enfermos morían debido a una degeneración del sistema nervioso central ocasionada por la inhibición de la colinesterasa, una enzima esencial para su funcionamiento. El factor desencadenante de esta enfermedad nunca se conoció, aunque se manifestaron diversas hipótesis, entre ellas la ingestión de alimentos adulterados o envenenados por el mal uso de pesticidas organofosforados.<<

585 Se trata de Miguel Martín Fernández, Matías Rodríguez Inciarte, Ignacio Benjumea, David Arce, Víctor Menéndez Millán, José Corral, Juan Delibes, José Ángel Merodio, José Luis Roselló, Fernando Gutiérrez-Ojanguren, Luis Abril, Timoteo Patricio Domínguez, Jaime Pérez Renovales, Juan Carlos Rodríguez Cantanero, Antonio Ramón Tejerina, Fernando Ruiz y Carlos Giménez Lambea.<<

586 El Banco de España intervino Banesto el 28 de diciembre de 1993 y cifró el agujero patrimonial en medio billón de pesetas. Cuatro meses después el Santander se impuso en la puja al BBV y a Argentaria y compró la entidad por 280.000 millones de pesetas.<<

587 Libertad Digital, 12 de octubre de 2006.<<

588 Pilar Urbano, Garzón, el hombre que veía amanecer, Plaza y Janés, Barcelona, 2000.<<

589 Obispo de Riobamba y una de las figuras más carismáticas de la iglesia de Ecuador hasta su muerte en 1988.<<

590 Henry Kissinger, White House Years, Little Brown and Company, Nueva York, 1980.<<

591 Según las investigaciones, lo mató un comando dirigido por el general Roberto Viaux, que trabajaba a las órdenes de la CIA, por apoyar la candidatura de Allende tras un primer intento fallido de otro grupo.<<

592 Kissinger habla de la importación masiva de armas de Cuba, de la llegada de quince barcos de guerrilleros de distintos países a entrenarse y de la presencia del dirigente cubano, amigo del Che Guevara, Luis Fernández de Ona, organizando la subversión en el continente desde el Palacio de la Moneda.<<

593 El centro fue inaugurado por los reyes de España Juan Carlos I y Sofía acompañados por Hillary Clinton, entonces primera dama de los Estados Unidos, el 9 de abril de 1997 como «la primera institución del mundo dedicada a promover la investigación, la enseñanza y el diálogo entre España y Latinoamérica», es decir, algo así como el Instituto de Cultura Hispánica de Carlos Robles Piquer y Manuel Fraga Iribarne, pero en moderno.<<

594 Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

595 Ex miembro de la Trilateral, de la Fundación Rockefeller, de la Alexander Onassis Public Benefit Foundation, de la University of Notre Dame, del Actor’s Studio, del American Council of Education, del American Council for the Arts y de la Academy for Educational Development de Atenas, Grecia. También pertenece a la Boston Foundation, la Carl Albert Congressional Research and Studies Center, la Society for the Preservation of the Greek Heritage y la American Ditchley Foundation. Es autor de un libro sobre el movimiento anarquista en España titulado Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937).<<

596 La exposición «Facing Facism: New York City and the Spanish Civil War», abierta en el Museo de Nueva York desde el 23 de marzo al 12 de agosto de 2007 y que apenas tuvo visitantes después de que el New York Times publicara una crítica declarando que se trataba de una muestra «sectaria y partidista».<<

597 Baltasar Garzón, op. cit.<<

598 «Garzón, Guzmán y Cañón abogan por investigar los crímenes del franquismo», France Presse, Nueva York, 22 de mayo de 2006.<<

599 Stéphane Courtois, Nicolás Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowki, Karel Bartosek y otros, El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión, Planeta, Barcelona, 1988.<<

600 Los ponentes fueron Antonio Muñoz Molina, director del Instituto Cervantes de Nueva York; Héctor Timerman, cónsul general de Argentina en Nueva York; Paul Berman, escritor adscrito a la Universidad de Nueva York; Liébano Sáenz Ortiz, secretario general del presidente de México, Ernesto Zedillo; y Enrique Tejera París, ex embajador de Venezuela.<<

601 «Verdad, justicia y reconciliación en Guatemala».<<

602 Conocido por sus papeles en películas como Solo en casa o en la serie televisiva Ley y orden.<<

603 El Mundo y Libertad Digital, 1 de abril de 2007.<<

604 Lamentablemente, los hispanos no van a los actos culturales en Nueva York. Sólo les interesa Jennifer López.<<

605 Juzgado Central de Instrucción Número 5, Audiencia Nacional, Madrid. Sumario 35/02-M por integración en organización terrorista.<<

606 Vizcaya: Ángel Figueroa Fernández (Busturia); María Victoria Gorostiaga Lezama (Basauri); Iñaki Gonzalo Casal (Guecho); Andoni Muñoz de Vivar Berrio (Urduliz); Guillermo Marañón Uñarte (Yurre); Sebastián Prieto Jurado (Bilbao); Juan Carlos Beascoechea Arizmendi (Gueñes); Juan María Fullaondo Betanzos (Santurce); Jorge González Endemaño (Portugalete); Jesús María Aranzamendi Manrique (Elorrio) y Rafael Martín Manrique (Lemóniz). Álava: Andoni García Frutos (Vitoria); Iñaki Aracama Mendía (Vitoria);José Ángel Viguri Camino (Ayala);Koldo Zurimendi Oribe (Amurrio); y Eulalia Aramendi Bilbao (Llodio); Guipúzcoa: Josu Ayerbe Aristondo (Ordizia); Jon Ander González Arrizubieta (Rentería); Iñaki Arietaleanizbeascoa Tellería (Vergara); María Eugenia Muñagorri Azurmendi (San Sebastián); Ivan Illarramendi Ortiz (Zarauz), Luis María Lizarralde Izaguirre (Azkoitia), Javier Retolaza (Ibarra);José Miguel Arteaga García (Beasain); Ander Beristáin Bernedo (Soraluze); María Lourdes Churruca Mandinabeitía (Soraluze);Luis Oscar Arrúe Idigoras (Hernani); José Ignacio López Aguiriano (Oyarzun); Jesús María Goitia Unzurrunzaga (Oñate); José Ángel Apecechea Narbarte (Billabona); Haritz Arnaiz Lascurain (Andoain); y Pedro Juan Galarraga Urbizu (Zizurkil).<<

607 Palabro empleado por la Policía y ETA. Revela cómo se hacen los sumarios en el Juzgado Central de Instrucción Número 5.<<

608 Órgano de expresión interno del aparato político de ETA.<<

609 Los dos últimos con militantes de la corriente Jagi-Jagi, el sector más crítico y radical del PNV.<<

610 Encuentros entre ETA-pm, ETA-m, PNV, Acción Nacionalista Vasca, el grupo de alcaldes de Vergara y varios grupúsculos nacionalistas como EHAS, ESB, EKA y otros. Se celebraron en el balneario de Txiberta (sur de Francia), y el convocante fue el consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente de Anai Artea Telesforo Monzón, tres meses antes de las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Previamente, en febrero de 1977, ETA presentó un proyecto de unificación de los nacionalistas bajo el nombre de Euskal Erakunde Herritarra (EEH).<<

611 Juzgado Central de Instrucción Número 5, Madrid. Sumario 35/02 M, incoado por integración en organización terrorista.<<

612 Sumario 35/02 M, por integración en organización terrorista.<<

613 Finalizó el 27 de abril de 2007, veinticuatro horas antes de hacer público su auto.<<

614 Entre ellas, el juez enumera grupos y grupúsculos como Eusko Alkartasuna, Abertzalen Batasuna, Berdeak Eguzki, CDN, IUN, EHNE, Geaska, Emakumeo, CGT, ELB, STEE-EILAS, HIRU, ELA, ESK, Elkartzen, Kontseilva, ESAIT, Gesto por la Paz, Adiskidetuak, Ikasle Abertzaleak, Acción Nacionalista Vasca, Aralar, Euskal Herriko Komunistak, Zutik, EHE, ELA, ELB, ESK, HIRU, LAB, STEE-EILAS, Autodeterminazioasu Biltzarrak, ACI, AEK, Anai Artea, Askapena, Bai Euskal Herriari, Bilgune Feminista, CDHPB, Demoak, Duina, Eguzki, Eharoak, Ehbe, Euskal Herrian, Euskaraz, Elkartzen, Emakume Internazionalisteaz, Eraiki, Esait, Etxerat, Euskal Herriko Giza Eskubideen, Behatokia, Euskal Iheslari Politikeon Kolek Tiboa, Euskal Preso Politikoen Kolek Tiboa, Euskal Konfederazioa, Garaipen, Gazte Abertzaleak, Gernika Gatzordea Gogoa Gurasoak, Herria 2000 Eliza, Ika Euskaltegiak, Ikasle Abertzaleak, Komite Internazionalistak, Kontseilva, Matalos Oinarriak, Orreaga Fundazioa, Partaide, Sortzen Ikastabatuaz y Torturaren Aurkako Taldea.<<

615 Libertad Digital, 26 de junio de 2007.<<

616 Miguel Ángel de la Cruz, Garzón, la ambición de un juez, Temas de Hoy, Madrid, 2000.<<

617 Ignacio Aracama Mendía, Juan Manuel Soares Gamboa, Belén González Peñalva, Ángel Iturbe Abasolo y José María Gautxegui Arruti.<<

618 El grupo estuvo presidido por Kerry Kennedy Cuomo, fundador del Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos de Washington. Formaban parte de la misión el ex juez de distrito Marvin Frankel, los abogados Frank LaRue y Francisco Soberón, de Guatemala y Perú respectivamente, el sacerdote Luis Pérez Aguirre, del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, y el juez Baltasar Garzón.<<

619 La utilización de la isla de Cuba, donde hay una importante colonia de ex dirigentes de ETA, como «buzón» para transmitir mensajes entre el Gobierno y la banda terrorista fue descubierta por el diario El Mundo el 8 de julio de 2007.<<

620 Rei nunca logra identificarle como policía. Piensa que se trata de un agente del CESID o un hombre de Presidencia del Gobierno. Según los datos que aporta, el Gordo le recibía en las oficinas de Alfredo Fraile y hablaba con Baltasar Garzón por teléfono como si tal cosa. «En más de una ocasión me resolvió más de un problema judicial o me informó de cómo se encontraba. También me anticipó que el Gobierno de Aznar estaba dispuesto a acercar los presos de ETA al País Vasco y así sucedió. Una semana después, habían sido trasladados treinta y dos presos», dice.<<

621 Se había reactivado año y medio antes, tras la marcha de Garzón del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Según alguno de sus colaboradores, el juez vedette la había dejado de lado, al no ofrecerle los réditos propagandísticos que esperaba de la instrucción debido a que los etarras vigilados «eran todos viejos».<<

622 Los detenidos fueron Ángel María Iturbe Abasolo, Ikula, de 53 años; Joseba Imanol Elosúa Urbieta y su yerno, José Carmelo Luquín Vergara, o del que fuera máximo dirigente de ETA, Txomin; José Luis Cau Aldanur, de 62 años; María Cristina Larrañaga Arando, de 52 años; Eloy Uriarte Díaz de Guereñu, Señor Robles, de 48 años; José Ramón Badiola Zabaleta, de 48 años; Ramón Sagarzazu Olazaguirre, de 69 años; Julen Madariaga Aguirre, fundador de ETA, 63 años; María Izaskun Gantxegi Arruti; Ignacio Aristizábal; Jean Pierre Harocarene; y Joseba Elosúa Urbieta, de 72 años y con domicilio en Irún, quien regenta en ese pueblo guipuzcoano un local de hostelería conocido como El Faisán.<<

623 Curzio Malaparte, Técnica del golpe de Estado, Plaza y Janés, Barcelona, 1960.<<

624 Baltasar Garzón, Un mundo sin miedo, Plaza y Janés, Barcelona, 2005.<<

625 Op. cit.<<

626 En un auto de 29 de septiembre de 2006 les citaba para que comparecieran en su juzgado el 18 de octubre siguiente acompañados de un abogado para tomarles declaración y ratificar su procesamiento o imputación.<<

627 Ya concluido el libro, el 4 de octubre de 2007, tras la ruptura de las negociaciones Gobierno-ETA, Garzón abandonaba su estrategia de juez supuestamente pactista con los terroristas y, como un camaleón, se convertía en el juez implacable de siempre. Ese día interrumpía una reunión de la Mesa Nacional de Herri Batasuna que se celebraba en la localidad guipuzcoana de Segura y detenía a veintidós de sus miembros. Los apresados fueron Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Mikel Zubimendi, Imanol Iparraguirre, Xabier Albisu, Egoitz Apaolaza, Iban Berasategui, Ángel Elkano, Aner Petralanda, Ana Lizarralde, Joana Regueiro, Ibon Arbulu, Patxi Urrutia, Jon Garai, Juan Cruz Aldasoro, Arantxa Santesteban, Asier Arraiz, Maite Díaz de Heredia, Maite Fernández de la Bastida, Haizpea Abrisketa y a Jean-Claude Agerre. Gara, 4 de octubre (edición digital).<<

628 Años antes, Cacho y su pareja de entonces, una conocida diseñadora, Baltasar Garzón y su mujer, Rosario Molina, junto a Javier Gómez de Liaño y su compañera María Dolores Márquez de Prado, solían salir juntos.<<

629 Artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el Tribunal Supremo es competente para «la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia»), y artículos 277 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.<<

630 La integraban los magistrados Juan Saavedra Ruiz, Carlos Granados Pérez, Joaquín Giménez García, José Ramón Soriano Soriano y José Manuel Maza Martín.<<

631 Previamente, como es preceptivo desde 2004, hubo un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia 61 de Madrid, que retuvo el asunto más de un año al no poder localizar al juez, llegando a pedirle, incluso, al denunciante Jesús Cacho su DNI para enviarle la citación para la conciliación a su casa de Pozuelo de Alarcón.<<

632 Según la edición digital del diario pro terrorista Gara, los apresados eran Joseba Permach Martín, Tomasa Alejandro Gordaliza, Rufino Echeverria Arbelaiz, Mikel Gotzxon Zubimendi Berastegui, Imanol Iparraguirre Arrechea, Ibon Berasategui Guerrico, Ángel María Elcano Echebeste, Ibon Arbulu Rentería, Ana Lizarralde Palacios, Aner Petralanda Mugarra, Juana Reguerio Martínez, Asier Arraiz Barbadillo, Maite Fernández de Labastida Amurrio, María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Jon Garay Vales, Juan Cruz Aldasoro Jáuregui, Juan José Petricorena Leunda, María Aranzazu Santesteban Pérez, Francisco Javier Urrutia Jáuregui, Egoitz Apaolaza Goena, Javier Albizu Apaolaza, Jean Claude Aguerre y Haizpea Abrisqueta.<<