«A él se lo debemos todo», decía Felipe II de su bisabuelo Fernando; y Maquiavelo, que lo propuso como modelo de Príncipe Renacentista, añadía: «Sus obras son todas grandes, y algunas extraordinarias». Desde sus orígenes en Aragón, la vida de este Rey Católico, decidido a unificar sus reinos tanto como la fe de sus súbditos, se presenta con los tintes de un estadista moderno, creador de un nuevo concepto de absolutismo frente al estado feudal, de instituciones distintas, de un ejército renovado… Una biografía del esposo de la más famosa reina de Castilla y del más brillante de los monarcas de su época.

Javier Palao Gil

Fernando el Católico

Flashback - 24

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Titivillus 06-12-2021

Título original: Fernando el Católico

Javier Palao Gil, 2002

Diseño de cubierta: Pablo Núñez

Digital editor: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

Cuenta Baltasar Gracián en su El político don Fernando el Católico, que Felipe II solía entretenerse largo rato contemplando los retratos de quien fue su bisabuelo, “haciendo cortesía” de ellos; y al acabar, comentaba: «A este lo debemos todo». No cabía mayor elogio, teniendo en cuenta la personalidad y la figura de quien lo hacía. En 1580, España acababa de culminar un proceso de unificación plurisecular gracias a la incorporación de Portugal a los Estados de Felipe II. En aquel año se unían dos imperios gigantescos, y medio mundo se sometía al rey español. Desde la cima de su poder, sin embargo, era capaz de reconocer con humildad la obra de quien había puesto los cimientos de esa grandeza.

Porque durante el reinado de Fernando el Católico se construyen las bases de la monarquía hispánica, el ente político que sacó a la península Ibérica de la Edad Media y supo canalizar el enorme vigor que acumulaban sus gentes y sus tierras hacia empresas hasta entonces impensables. La lista de proezas que acumulan las Coronas unidas de Castilla y Aragón en apenas cuarenta años es larga: conquista de Granada, de Nápoles, de Navarra, del norte de África. Descubrimiento de América; reorganización y modernización del Estado, de su ejército, su burocracia, su Hacienda; desempeño de una política internacional y diplomática extraordinaria, que conduce a la conclusión de tratados y alianzas con la mayoría de países del occidente europeo. Aislamiento y derrota de Francia, el gran rival en la lucha por la hegemonía; uniformización religiosa, con la expulsión de los judíos, la conversión forzosa de los mudejares y el estable cimiento de la Inquisición. La misma unión de Aragón y Castilla debió mucho a la inteligencia y el trabajo de Fernando el Católico… No pretendo hacer ahora una relación completa de toda esta actividad, ya que puede seguirse en las páginas que vienen a continuación. Pero conviene reparar en las razones que alientan un libro como este, máxime cuando se va a unir a una colección en la que figuran personajes como Augusto o Carlomagno. A todos ellos les unen los mismos anhelos, los mismos objetivos: la construcción de un Estado poderoso, el reforzamiento del poder real, el desarrollo de una política hegemónica.

Hernando del Pulgar, seguramente el cronista castellano que mejor recogió en su tiempo la vida de los Reyes Católicos, nos ha dejado un magnífico retrato físico y psicológico de Fernando V de Castilla y II de Aragón: «Este rey era ome de mediana estatura, bien proporçionado en sus miembros, e en las façiones de su rostro bien conpuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos e llanos; ome bien conplisionado. Tenía la habla igual, ni presurosa ni mucho espaçiosa. Era de buen entendimiento, muy templado en su comer e beber, e en los movimientos de su persona, porque ni la ira ni el plazer facía en él grand alteración. Cabalgaba muy bien a cavallo, en silla de la guisa e de la gineta; justaba, tirava lança e fazía todas las cosas que ome debe hazer, tan sueltamente e con tanta destreza, que ninguno en todos sus reynos lo fazía mejor. Era gran caçador de aves, ome de buen esfuerço, e gran trabajador en las guerras. De su natural condiçión era muy inclinado a hazer justiçia, y tanbién era piadoso, e compadeçíase de los miserables que veía en alguna angustia. Tenía una graçia singular: que qualquier que con él hablase, luego le amava e deseava servir, porque tenía la comunicación muy amigable. E era asimesmo remitido a consejo, en espeçial de la Reina su muger, porque conoçía su gran sufiçiençia e discreçión (…) No podemos dezir que hera franco (…) E como quiera que amava mucho a la Reina su muger, pero dávase a otras mugeres». Este es el retrato de quien sin duda ha sido uno de los más grandes políticos de la historia de España. Pocos casos se encontrarán de una tenacidad y una constancia como las suyas, puestas al servicio de un plan de gobierno perfectamente concebido. Para lograrlo hubo de sacrificar muchas cosas y desarrollar cualidades poco loables: fue un rey egoísta, como lo fueron los grandes monarcas de su tiempo; frugal hasta rayar en la cicatería; ingrato con algunos de sus más grandes colaboradores; circunspecto y poco dado a la franqueza.

Con sus luces y sus sombras —que las hubo, por supuesto—, Fernando el Católico ofrece un perfil vital apasionante, incluso novelesco en algunos momentos. Mas no cabe buscar aquí una novela histórica. En la medida en que lo permite la brevedad requerida por las obras de divulgación, he tratado de recoger, con el rigor que se le exige al historiador, los principales sucesos y hechos que jalonan la vida del Rey Católico. Y no solo eso: también encontrará el lector diversas reconstrucciones de lo que fue la España de Fernando e Isabel. A menudo no puede entenderse la actitud y el comportamiento del personaje sin situarlo en el escenario adecuado y sin ofrecer una explicación de él. La estrecha relación de Fernando el Católico con Cataluña, por ejemplo, se comprende mejor desde la perspectiva de la guerra iniciada en 1462 y de las causas que la motivaron. Otra aclaración pertinente se refiere a las numerosas alusiones que el texto hace a la figura conjunta de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, sobre todo en la segunda parte. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la gobernación de Castilla correspondió a ambos por igual. Y que, como muchos historiadores han reseñado, la documentación de la época no permite establecer distinciones entre las actuaciones de uno y otro, seguramente porque no las hubo. La simbiosis en las tareas de gobierno fue casi perfecta, como el entendimiento y el cariño que se profesaron ambos monarcas. Solo a partir de la muerte de Isabel, en 1504, surge con nitidez la figura de Fernando el Católico, con sus defectos y virtudes, con su propio estilo de conducir los asuntos del Estado.

1
LA FORMACIÓN
DE UN PRÍNCIPE

La península Ibérica en el siglo XV

A mediados del siglo XV, en Europa, el Estado y la sociedad, la economía y la cultura comenzaban a experimentar las primeras transformaciones que anticipaban los tiempos modernos. Las viejas estructuras feudales se desmoronaban, dejando paso a las manifestaciones iniciales de formas autoritarias del gobierno monárquico. El crecimiento mercantil del continente impulsaba a la creación y desarrollo de nuevos mercados, que los portugueses buscaron navegando hacia Oriente, hacia la India. La burguesía, cada vez más rica y poderosa, dominaba las ciudades y ya no temía enfrentarse a la nobleza. Uno de sus miembros, el patricio de Maguncia Johann Gutenberg, creaba entre 1440 y 1445 la imprenta de tipos móviles con la que revolucionaba el mundo de la literatura, de la educación, de la cultura al fin. Es una época, también, de inquietud religiosa, que precede a la Reforma. En las artes, los estilos renacentistas que provenían de Italia pugnaban con las manifestaciones tardías del gótico. Mientras, en Oriente, la caída de Constantinopla y el auge del Imperio otomano traían a Europa otra vez la amenaza de un Islam renacido.

La península Ibérica no era una excepción en este panorama. Cinco reinos, cinco Coronas distintas, se repartían las tierras hispanas. Al oeste, el reino de Portugal vivía tiempos de esplendor de la mano de los soberanos de la casa de Avís. Juan I y sus hijos consolidaron la monarquía y aprovecharon su pujanza para embarcarla en la aventura de la navegación transoceánica por las costas de África. Madeira, Azores, Cabo Verde y Senegal serán los hitos iniciales de la primera escuela naval del mundo, la creada en Sagres por el infante don Enrique el Navegante. La Corona de Castilla, sin embargo, vivía momentos de zozobra e incertidumbre. La falta de carácter de sus reyes, sobre todo Juan II y Enrique IV, había dado alas a la levantisca nobleza castellana y creado innumerables problemas de orden público: bandidaje, guerras entre partidos y linajes rivales, inseguridad… El largo enfrentamiento entre Álvaro de Luna, valido de Juan II, y buena parte de la alta nobleza congregada en torno a los llamados infantes de Aragón —los hijos de Fernando I— había sumido a la Corona en la anarquía y la había dejado sin fuerzas para acometer otras empresas.

En Aragón reinaba desde 1412 la misma dinastía que en Castilla: los Trastámara. Tras la muerte sin sucesión de Martín I el Humano, último monarca de la casa condal de Barcelona, los compromisarios reunidos en Caspe habían otorgado la corona al infante castellano Fernando, hijo de Juan I, llamado “el de Antequera” por su participación en la conquista de dicha ciudad. El breve reinado de Fernando I dio paso al mucho más largo de Alfonso V el Magnánimo, marcado por la atención preferente a los intereses de Aragón en Italia. El rey pacificó Cerdeña y, tras diversas campañas militares, ocupó el trono de Nápoles hasta su muerte, acaecida en 1458. La brillantez de la política italiana contrasta con la inquietud en sus Estados patrimoniales, donde la revuelta forana en Mallorca o la agitación de los campesinos remensas en Cataluña eran indicios de una peligrosa inestabilidad.

Por último, dos pequeños reinos quedaban insertos entre los anteriores. Al norte, Navarra, constreñida por la vecindad de las Coronas castellana y aragonesa, carecía de posibilidades de expansión. Por eso, desde mediados del siglo XIII, sus reyes entroncan con casas nobiliarias francesas —Champagne, Evreux o la real de los Valois— e intervienen en los asuntos del norte. No es de extrañar, pues, que Navarra y su destino constituyan un elemento de fricción entre Francia y las monarquías castellana y aragonesa, recelosas del poder y la influencia de aquella más allá de los Pirineos.

En Granada, la muerte del longevo Mohamed V en 1391 abrió un periodo de inestabilidad y de guerras intestinas entre los reyes nazaríes y los linajes nobiliarios, como el de los Abencerrajes. Hasta 1464, once emires se sentarían en el trono, en una sucesión de conspiraciones, asesinatos y destierros que debilitaron el reino. No obstante, la falta de concierto entre los monarcas castellanos, la nobleza y las ciudades facilitó una pervivencia cómoda del último bastión del Islam en la Península. Amparado siempre en un ejército numeroso y en la seguridad que proporcionaba el pago de las parias o impuestos al rey de Castilla, el sultanato nazarí se inmiscuyó, cuando pudo, en los asuntos de sus vecinos cristianos y les hizo la guerra de manera intermitente. Las fronteras apenas se movieron en dos siglos y medio; pero la expansión otomana en el Mediterráneo oriental comenzó a arrojar sombras sobre el porvenir de Granada, que, al fin y al cabo, siempre podía ser la puerta de acceso para un poder musulmán renovado.

En este panorama tan plural, sin embargo, comenzaba a advertirse una tensión hacia la convergencia política de las Coronas peninsulares. La implantación de la casa de Trastámara en Aragón o la tupida red de alianzas matrimoniales entre Portugal, Castilla, Aragón y Navarra a lo largo del siglo XV constituían los cimientos de la futura unión del Solar hispano. Es evidente que la primera mitad de la centuria muestra una mayor interrelación de los itinerarios políticos de los distintos reinos; pero no hay en ello una voluntad providencial o la plasmación de una pretendida unidad de destino vigente a lo largo de los siglos, desde la caída del reino visigodo de Toledo. También Francia o Inglaterra experimentan procesos de este tipo. Es, de algún modo, el signo de los tiempos políticos. Las grandes monarquías de la Europa occidental se benefician de las fuerzas centrípetas que tienden a la creación de poderes de rango superior. Frente a la atomización y disgregación del poder tan típicas del feudalismo altomedieval, el tránsito a la Edad Moderna alumbrará unas fuerzas políticas —las monarquías absolutas— con un vigor y una solidez como no se habían conocido desde los tiempos de esplendor de Roma. La potestad y la autoridad del rey ya venían robusteciéndose desde siglos atrás, al socaire de las ideas religiosas y las formas políticas que se desarrollan en la Baja Edad Media. Pero ahora el proceso se acelera. Y los reinos peninsulares no podían desentonar respecto a sus vecinos del norte, pues quien fuese capaz de dar una organización más eficiente a sus nuevos recursos habría de dominar el mundo conocido…

Sin duda, la figura que mejor ilustra cuanto hasta aquí se ha apuntado es la de Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico. Hijo segundogénito del rey Fernando I, formó junto a sus hermanos menores Enrique y Pedro el belicoso linaje de los infantes de Aragón, uno de los más formidables partidos nobiliarios de Castilla en la primera mitad del siglo XV. Pese a la denominación que recibieron, todos ellos eran castellanos por su nacimiento y por la casa a la que pertenecían —la de Trastámara—. Don Juan creció a la sombra de su hermano, el rey Alfonso V; y pese a no tener al principio más título que el de duque de Peñafiel, llegó, merced a un esfuerzo continuado y a una tenacidad inquebrantable, a ser el dueño, de un modo u otro, de tres de las Coronas hispánicas.

El entorno familiar y político
del príncipe Fernando

En 1420, Juan de Aragón había contraído matrimonio con la infanta Blanca, hija menor de Carlos III de Navarra. La muerte sin hijos de su hermana mayor, Juana, hizo que Blanca accediese al trono navarro en 1425, y, con ella, su marido, ahora rey consorte. Entretanto, había nacido del matrimonio su primer hijo, el infante Carlos, para el que su abuelo había erigido el principado de Viana. Pocos años después, en 1433, Alfonso V entregaba de facto la lugartenencia de Aragón y Valencia a su hermano Juan, que se convertía así en regente de la Corona de Aragón y en sucesor tácito de su hermano, pues este, alejado en Nápoles de la reina María, no tendría descendencia legítima. De hecho, Alfonso V dejó en sus manos la política peninsular de los Estados aragoneses para tener las propias libres en los asuntos italianos.

Estos poderes serían utilizados por don Juan, sobre todo, para alimentar sus ambiciones en Castilla. Porque, aunque ya era rey de Navarra y regente de Aragón, sus intereses primordiales estaban centrados en los asuntos castellanos, donde aspiraba a realizar el programa de hegemonía peninsular trazado pollos Trastámara. En 1439 asumió el liderazgo de la poderosa Liga nobiliaria castellana, obligando al rey Juan II a solicitar paces y a ceder ante sus peticiones. Un año más tarde casaba a su hija mayor, Blanca, con el heredero de Castilla, el príncipe Enrique. En 1441, por último, sus tropas tomaban la villa de Medina del Campo, capturando al propio Juan II. Por esas fechas moría la reina Blanca de Navarra, dejando a su marido en el testamento un título, el de rey, que en derecho correspondía al hijo primogénito del matrimonio, es decir, al príncipe de Viana. Poco después, don Juan acordaba tomar en matrimonio a Juana Enríquez, hija del poderoso almirante de Castilla Fadrique Enríquez, una de las figuras más respetadas de la Liga nobiliaria y dueño de inmensas posesiones territoriales. Culminaba así su trayectoria: rey de Navarra, lugarteniente de Aragón y árbitro del poder en Castilla.

Pero en los años siguientes comenzaría a torcerse esta envidiable situación. Diversos reveses sufridos en Castilla llevaron a don Juan a instalarse en 1450 en Navarra, reino del que era gobernador general su hijo Carlos, príncipe de Viana, desde nueve años atrás. Las malas relaciones entre padre e hijo, que ya se arrastraban desde la muerte de la reina Blanca por las polémicas cláusulas de su testamento, se habían deteriorado aún más a raíz del segundo matrimonio del rey, que se acordó mientras aún estaba vigente el periodo de luto. Las disputas desembocaron en un conflicto abierto por el gobierno de Navarra. Carlos ligó su suerte al partido nobiliario de los beamonteses, mientras iniciaba conversaciones en Castilla con el gran rival de su padre, don Álvaro de Luna. Don Juan, por su parte, buscó apoyos en el partido de los agramonteses. En 1451, un ejército castellano invadió Navarra con la anuencia del príncipe de Viana. El asedio que sufrió Juana Enríquez en Estella se salvó con la victoria de las tropas del rey en Áibar, batalla en la que cayó prisionero el propio Carlos. Como el peligro aún no había pasado, don Juan recomendó a la reina, que estaba embarazada, abandonar las inciertas tierras navarras y dirigirse a Aragón para dar allí a luz. De este modo, el 10 de marzo de 1452, hacia el mediodía, venía al mundo en la villa aragonesa de Sos un nuevo infante real. Nació sin pompa ni festejos, en una modesta estancia del palacio de Sada, lejos de su padre, que seguía atareado con la campaña navarra. No sería bautizado hasta casi un año después, con el nombre de Fernando, en recuerdo de su abuelo, el primer rey Trastámara de Aragón. El regio pasado que venía a rememorar sería una premonición de su propio futuro, aun cuando al nacer sólo ostentase el título de infante aragonés.

El nacimiento de un hijo varón de Juan de Navarra enturbió aún más las relaciones entre este y su primogénito, el príncipe de Viana. El bautizo del infante Fernando permitió, sin embargo, una breve reconciliación, prolongada gracias a la muerte sucesiva de Álvaro de Luna y Juan II de Castilla, lo que venía a mejorar la posición de don Juan. El nuevo monarca, Enrique IV, que a la sazón era su yerno, mantenía buenas relaciones con él, y eso podría permitirle retomar sus intereses castellanos. Además, en 1454 aceptaba la lugartenencia de Cataluña, antesala del acceso al trono de Aragón. Pero en medio de esta buena racha se situaba, una y otra vez, su hijo Carlos, por el que no sentía ningún cariño y que, paradójicamente, estaba llamado a sucederle en todos sus Estados. Hasta en los intereses castellanos, pues también gozaba del aprecio de Enrique IV e incluso se había tratado la posibilidad de que el príncipe de Viana casase con Isabel, la hermana menor del rey de Castilla. De este modo, la unión de las tres Coronas a la que estaba llamado Fernando podría haberse realizado años antes, y en distinta cabeza.

El orgulloso lugarteniente aragonés no habría de transigir con esta situación. La tregua entre padre e hijo se rompió cuando la guerra volvió a tomar su curso en Navarra y el rey, harto de las infidelidades del príncipe de Viana, decidió privarle de sus derechos al trono de la monarquía pirenaica, en favor de su hermana menor, Leonor. Como señaló hace ya tiempo Vicens Vives, desde fines de 1455 la suerte de Carlos estaba echada. Porque don Juan, que le había desposeído de una Corona que ni siquiera era suya en puridad, bien podía dejarle sin la otra, la de Aragón, máxime cuando ahora disponía del as que le había faltado hasta entonces: otro hijo varón que enfrentar al díscolo primogénito.

Los biógrafos de Fernando el Católico han destacado el diferente trato que Juan II dispensó a sus dos hijos. Los enfrentamientos con Carlos, el mayor, menudearon desde la primera juventud de este y se consolidaron en una enemistad abierta al morir la reina Blanca, la única que podía mediar entre ambos. Eran dos tipos humanos bien distintos: de carácter sensible e indeciso, el príncipe prefería la dedicación al mundo de las letras antes que a las tareas de gobierno; la pequeña corte que le seguía era un cenáculo de poetas, eruditos y músicos, y su propia obra literaria es más que notable. Nada que ver, pues, con el temple frío y pugnaz de su padre, siempre embebido en los asuntos de Estado e incapaz de distraerse con nada que le alejara por un momento de sus planes de gobierno. Defraudadas las esperanzas que había puesto en el primogénito, don Juan derramó toda la ternura y la benevolencia posibles en Fernando, el infante que alentaba una vida, la suya, por entonces en tránsito hacia la vejez.

Pero el príncipe de Viana no había de aceptar los designios de su padre con resignación. Volvió a ser derrotado en el campo de batalla, en Estella, y se vio obligado a expatriarse. Le quedaba el recurso a su tío, Alfonso V, el rey de Aragón. Acudió, pues, a Nápoles, y consiguió que el Magnánimo intercediera ante su hermano Juan para obtener el perdón anhelado. Mas la temprana muerte de Alfonso volvió a dejar las cosas en un punto muerto. El 25 de julio de 1458, Juan II prestaba el juramento real en Zaragoza; ese mismo día, su hijo Fernando recibía los títulos de duque de Montblanch, conde de Ribagorza y señor de Balaguer, tradicionalmente ligados a la sucesión a la Corona. Poco después, obtenía del gran senescal de Sicilia la donación del condado de Augusta. Las intenciones del nuevo rey no podían ser más claras; incluso en septiembre de 1459 sondeó entre sus Estados la posibilidad de proclamar a Fernando como sucesor al trono —la respuesta fue, claro, negativa—. El príncipe de Viana trató de conjurar la amenaza entonando el mea culpa y aproximando posiciones con su padre. Por fin, en enero de 1460, ambos alcanzaban un principio de acuerdo, y pocos meses después se reencontraban. Pero ni uno ni otro eran sinceros. Don Juan no accedía a reconocer a Carlos como heredero en Aragón, y presionaba al rey de Castilla, Enrique IV, para cerrar el acuerdo matrimonial que habría de unir a su hermana menor, Isabel, con Fernando. Sin embargo, el monarca castellano negociaba a escondidas con el príncipe de Viana, al que ofrecía la mano de Isabel y el apoyo de la Corona en las negociaciones con su padre. Este, advertido por el almirante Enríquez de que se fraguaba un complot para asesinarle, dio orden de detener al príncipe Carlos, que se hallaba con él en Lérida, y conducirlo a prisión. Eran los últimos días de 1460, y empezaba a gestarse un drama que arruinaría a Cataluña, desafiaría la enorme tenacidad de Juan II y pondría en escena a Fernando de Aragón, ya convertido en príncipe heredero.

Para entender mejor el escenario en que se moverán unos y otros es necesario reparar en la situación en que se encontraba la Cataluña del siglo XV. Como ha señalado Belenguer Cebrià, el panorama no era idílico. La derrota del candidato catalán en el Compromiso de Caspe, Jaime de Urgel, fue un síntoma de la debilidad y la desunión del Principado desde mediados de la centuria anterior. La crisis era general, pues afectaba a todos los sectores de la vida catalana: social, político, económico y hasta cultural. En el plano social, la querella era doble. Por un lado, la que enfrentaba en la capital, Barcelona, al patriciado tradicional, conservador —la llamada mà major—, con un grupo emergente integrado por menestrales miembros de los gremios, pequeños comerciantes y profesionales liberales. Cada grupo constituyó su partido de cara a la contienda política: se trataba de la Biga y la Busca, que pugnaban por el dominio del municipio barcelonés, cap i casal del Principado. Pero también en el medio rural ardía el conflicto entre los campesinos o payeses de remensa, sometidos a servidumbre, y los señores, la rancia nobleza terrateniente catalana. Aquellos buscaban suprimir la servidumbre desde fines del siglo XIV, y estos no solo no cedían, sino que además querían aherrojar a los labradores con la práctica del más negro feudalismo heredado de los tiempos altomedievales: el de los seis malos usos.

La fractura social conducía inexorablemente a la ruptura política. El gobierno del Principado había derivado hacia la oligarquía, y tanto la Generalitat como el Consell de Cent municipal de Barcelona estaban en manos de la nobleza y de las familias de ricos comerciantes y “ciudadanos honrados”. Los excluidos —la pequeña nobleza y los menestrales y modestos comerciantes de la Busca— pasaron a engrosar el grupo de los descontentos. Las relaciones con la realeza y sus oficiales siempre fueron difíciles, pero durante el reinado de los últimos monarcas de la casa de Barcelona existió aún cierta sintonía entre estos y el Principado. La derrota de Caspe y la introducción de una casa real extraña a una tradición dinástica de siglos trajo las primeras nubes al horizonte. La temprana marcha de Alfonso V a Nápoles y el gobierno de Cataluña a través de lugartenientes —la reina María o el propio Juan de Navarra— contribuyeron a empeorar las cosas. La crisis social se acentuó al inclinarse el rey por el partido de la Busca, en Barcelona, y por los payeses en el campo. En los últimos años de su reinado, la tensión subió de grado, y debe tenerse en cuenta que fue don Juan, lugarteniente desde julio de 1454, quien tuvo que afrontarla. Entre esa fecha y la de la muerte de Alfonso el Magnánimo, acaecida en 1458, el futuro Juan II perdió, ante los sectores sociales más pudientes del Principado, buena parte de su prestigio.

La depresión económica que afectaba a Cataluña tiene sus orígenes en la crisis bajomedieval o de la peste negra, que afectó en gran medida al mundo mediterráneo. Pero mientras otras ciudades, como Génova, Marsella o Valencia, fueron capaces de superarla y afrontar así un futuro de cierta prosperidad, Barcelona no pudo y se hundió, arrastrando con ella a todo el territorio catalán. Las causas son diversas. La primera, las grandes exacciones económicas que tuvo que satisfacer el Principado para pagar las campañas militares de los últimos reyes de la casa de Barcelona. Estas contribuciones causaron varias bancarrotas entre los principales banqueros catalanes; aun así, continuaron y se endurecieron durante la empresa napolitana de Alfonso V, que por esta razón ya no contó con el consenso general de las clases y grupos sociales dominantes. Además, el estancamiento demográfico de Cataluña impidió alcanzar un mercado de consumidores suficientemente amplio, y ello contribuyó al hundimiento de su hegemonía mercantil en el Mediterráneo. Por último, había serias divergencias entre los partidos en liza —la Busca y la Biga— sobre la política económica que cabía aplicar para salir de la crisis: los unos preferían apoyar la industria textil mediante el proteccionismo y la devaluación de la moneda; los otros, que basaban su riqueza en los negocios de importación y en el rentismo, apostaban por un librecambismo moderado y por el mantenimiento de una moneda fuerte. En consecuencia, cualquier medida que se aplicase contaba enseguida con la enemiga de una parte de los grupos sociales implicados.

Como apuntó en su día Pierre Vilar, la crisis catalana, que continuaría en la Edad Moderna, era la muestra de la decadencia de un Estado-nación excepcionalmente precoz, dotado desde el siglo XIII de una cohesión interna y una proyección externa únicas. Pero, una vez agotado su caudal demográfico y desgastados sus recursos, entraba, como tantos otros imperios y reinos a lo largo de la historia, en el camino del declive. Cataluña y, por ende, la Corona de Aragón, se encontraban en una situación de inferioridad ante una Francia superpoblada para aquel tiempo y una Castilla que no hacía sino crecer en todos los órdenes —salvo en el del poder real—. Era precisa otra política de cara a los tiempos modernos: Fernando el Católico lo vería con claridad y la aplicó en su proyecto de monarquía hispánica. Pero a mediados del siglo XV, lejano aún el plan unificador, Cataluña era un avispero. Las últimas decisiones de Alfonso V habían puesto al Principado ante la evidencia del fin de su expansión y de la dureza de la crisis. La capitalidad de fado de la Corona se trasladaba a Valencia, y con ella la hegemonía política y económica. En un estado de descontento general, la actuación de Juan II fue la chispa que prendió la llama. Porque a los catalanes ya sólo les quedaba la defensa del derecho y de sus prerrogativas constitucionales. Y la arbitraria detención del príncipe de Viana por parte de Juan II afectaba de lleno a ambos…

Las protestas fueron unánimes. Las leyes de Cataluña prohibían que el heredero al trono pudiese ser arrestado, y más cuando el propio rey le había concedido garantías de inmunidad. Para entonces, el príncipe se había convertido, a los ojos de las instituciones catalanas, en un símbolo de la defensa de sus libertades. Venía a ser el representante de la genuina tradición de los condes de Barcelona. La Generalitat, pues, se declaró en sesión permanente y llamó a somatén exigiendo su libertad. Juan II hubo de huir de Cataluña, llevándose a su hijo, y refugiarse en Zaragoza. Pero las tropas de la Generalitat amenazaron con atacar Aragón; las de Enrique IV de Castilla, aliado del príncipe de Viana, invadieron Navarra, y todos los Estados de la Corona reclamaron el fin de la detención. El rey se vio obligado a liberarlo al fin, y el 12 de marzo hizo don Carlos su entrada triunfal en Barcelona. No se conformaron con esto los rivales de Juan II, pues le propusieron un acuerdo por el que había de reconocer al príncipe como lugarteniente general de Cataluña y heredero del trono. Aún más: el rey había de comprometerse a no regresar a territorio catalán sin el permiso previo de sus autoridades. En el mes de junio se acordó la llamada Concordia de Vilafranca, por la que don Juan otorgaba lo que se le pedía, si bien se mostró reticente en punto a la sucesión definitiva a la Corona, pues no quería agotar la opción del infante Fernando. Pero ya no habría lugar para más negociaciones: el 23 de septiembre de 1461 moría en Barcelona don Carlos de Aragón, príncipe de Viana, víctima de la tuberculosis que padecía desde años atrás. Desventurado en todo, el príncipe falleció cuando su suerte le sonreía por vez primera, rodeado de un entusiasmo general y de un ambiente de admiración tras haber encadenado varios triunfos consecutivos. Con todo, la estrella que ahora se apagaba dejaba paso a otra que, con el tiempo, habría de brillar con mucha más intensidad: la de Fernando de Aragón.

Sinsabores de la infancia: la guerra
civil en Cataluña

La inesperada muerte del príncipe Carlos dejaba frente a frente al rey y a Cataluña. Juan II quiso anticiparse a los acontecimientos, y a primeros de octubre convocó una reunión de las Cortes de Aragón para el solemne juramento de Fernando como heredero al trono. Las sesiones se convirtieron en un toma y daca en el que el monarca obtuvo el juramento a cambio de diversas concesiones que reforzaban el régimen pactista aragonés. Además, las Cortes frenaron el intento regio de otorgar al príncipe el cargo de gobernador general: eran demasiadas responsabilidades para un infante de apenas nueve años. Los brazos tuvieron que recordarle a Juan II que su situación política aún era muy endeble. La leyenda del desdichado príncipe de Viana se agigantaba día a día, del mismo modo que iba creciendo y extendiéndose el rumor de su asesinato mediante el veneno, crimen que habría sido inducido por la impopular madrastra, Juana Enríquez.

Así pues, llegaba la hora de pacificar la situación en Cataluña. El rey se mostraba optimista, ya que con la muerte del príncipe Carlos la oposición catalana había perdido su baza principal en la lucha con el trono. Con cierta moderación por ambas partes, cabía esperar que los acuerdos acabasen llegando y la situación se apaciguase. Pronto llegó la primera reclamación del gobierno del Principado: en cumplimiento de la Capitulación de Vilafranca, Juan II debía enviar a su hijo a Barcelona. El rey sólo ofreció un reparo: debido a la menor edad de Fernando, era aconsejable que su madre le acompañara para evitar influencias indeseables. La Generalitat y el Consell municipal barcelonés tuvieron que transigir, aunque a disgusto, pues la figura de Juana Enríquez no despertaba ninguna simpatía.

El infante Fernando, de este modo, regresaba a una tierra que habría de reclamar a menudo su atención en años venideros. Reina y príncipe entraban en Barcelona a fines de noviembre de 1461, y la acogida fue sumamente cordial. Doña Juana, estimulada por el ambiente favorable que creía percibir, desoyó los consejos de prudencia que le diera su marido y comenzó a actuar en un terreno, el político, que le estaba vedado. Buscaba la reina levantar la prohibición que pesaba sobre Juan II de entrar en tierras catalanas sin el acuerdo de sus autoridades. Y para ello recabó apoyos entre los sectores descontentos con el gobierno oligárquico del Principado. En el municipio podía encontrar el del partido de la Busca, tradicional aliado de la monarquía. Y en el campo, un acercamiento a las posiciones de los payeses de remensa también le proporcionaría mayor fuerza. Alentados los unos y los otros, se envalentonaron hasta el punto de que un tumulto de personas exigió entrevistarse con Juana Enríquez para presentarle tres peticiones, una de las cuales era el regreso inmediato del rey a Cataluña. Lo que se conoció como el complot de San Matías vino a alertar a la Generalitat y a buena parte de la nobleza señorial sobre las verdaderas intenciones de la reina: decantar el problema remensa hacia el campesinado y superar las limitaciones de la Capitulación de Vilafranca vulnerando el sistema constitucional catalán.

La reacción no se hizo esperar. Las peticiones fueron denegadas, mientras la nobleza reclamaba la restauración de sus derechos señoriales, cercenados desde los tiempos de Alfonso V. Las crisis social y económica se veían agravadas por una crisis política mantenida desde la prisión del príncipe de Viana en 1461. Por añadidura, a oídos de la Generalitat llegó la noticia de que el rey negociaba con Luis XI de Francia la entrega en prenda de los condados del Rosellón y la Cerdaña a cambio de ayuda económica y militar para afrontar una guerra que ya por entonces parecía inminente. Tan inminente que la propia Juana Enríquez, en una situación cada vez más difícil, decidió salir de Barcelona camino de Gerona, plaza fuerte alejada de la capital condal y donde le esperaba su obispo, Juan Margarit, uno de los apoyos más significados del partido realista. Era el 15 de marzo de 1462, y la noticia causó el natural desasosiego en el gobierno del Principado, pues el regio traslado no contaba con su licencia y parecía, más que otra cosa, una huida. La fuga, además, les privaba de la pieza esencial de la Capitulación de Vilafranca: la residencia del príncipe heredero en Barcelona, bajo el control y la supervisión de sus autoridades. No es de extrañar que, a fines del mes de mayo, la Generalitat reuniera tropas y armara una pequeña flota: eran los aprestos de guerra. El conde de Pallars recibió orden de dirigirse al norte a fin de sofocar la revuelta campesina y capturar a la reina y al infante para llevarlos de vuelta a la capital. Durante casi dos meses, madre e hijo soportaron un fuerte asedio detrás de los muros de la fortaleza vieja de Gerona, la Forga, hasta que las tropas francesas de Gastón IV de Foix, aliadas de Juan II, levantaron el sitio. Solo entonces pudieron abandonar el Principado hacia el refugio seguro de Zaragoza y prepararse para una guerra larga y cruenta, en la que Fernando habría de dar las primeras muestras de sus dotes como soldado y gobernante.

En pocos meses, pues, el príncipe-niño había atravesado por un cúmulo de experiencias de distinto signo y difícil asimilación. Por un lado, la magnífica acogida inicial que le dispensó Cataluña, con los fastos y desfiles de Lérida y Barcelona. Después, las ceremonias a las que tuvo que asistir, como torneos caballerescos, procesiones, festejos… y la más solemne, el juramento de fidelidad a los privilegios y leyes del Principado, que hizo en los brazos de su madre ante la emoción de todos los presentes en el acto. Pero, por otro, estaban los momentos difíciles de las reuniones de su madre, a escondidas, con los fieles del partido realista; los alborotos del complot de San Matías; la huida apresurada hacia Gerona y el espanto de un asedio en el que, por primera vez, peligró su vida. Era pronto aún para asumir un protagonismo que no le correspondía —apenas tenía diez años—, pero sensaciones y experiencias comenzaban a forjar un carácter que no tardaría en mostrarse en plenitud.

La guerra tomó cuerpo muy pronto. El Consejo del Principado depuso de sus cargos a Juana Enríquez y al príncipe Fernando por la huida de Barcelona y la colaboración con el enemigo francés. Poco antes había corrido la misma suerte el propio Juan II, por la enajenación de los condados de Rosellón y Cerdaña al rey de Francia en el tratado de Bayona y por haber invadido el país contraviniendo la Concordia de Vilafranca. Mientras fracasaba un primer asedio a Barcelona, en septiembre de 1462 una delegación de la Generalitat le ofreció la corona catalana a Enrique IV de Castilla, al fin y al cabo depositario de ciertos derechos dinásticos como sobrino carnal de Alfonso V y Juan II y nieto de Fernando I. El monarca castellano aceptó el ofrecimiento, aunque solo por unos meses: en abril de 1463 renunciaba, tras recibir en pago la merindad navarra de Estella. La venganza del rey de Aragón no se hizo esperar. Promovió una nueva Liga Nobiliaria, al frente de la cual se pusieron Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo; don Juan Pacheco, marques de Villena, y el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez; junto a ellos se alinearon multitud de condes, caballeros y prelados. Los resultados de esta coligación fueron: la acusación de adulterio contra la esposa de Enrique IV y las dudas que se suscitaron sobre la paternidad de su hija Juana, conocida ya como “la Beltraneja”, y la farsa o auto de Ávila, en que los nobles representaron el destronamiento del rey vejando y derribando una estatua que hacía sus veces. Empezaba para Enrique IV un largo calvario que se prolongaría hasta su muerte. Desafiar la cólera de Juan II de Aragón traía estas consecuencias.

Pero el gobierno del Principado no se iba a rendir tan pronto. En 1464 ofrecieron nuevamente la corona, en esta ocasión al condestable Pedro de Portugal, nieto de Jaime de Urgel, el pretendiente derrotado en el Compromiso de Caspe. El infante portugués aceptó, pero su gestión no fue sino una serie de desastres militares. Ese mismo año se rendían Lérida y Vilafranca del Penedés, y Juan II pudo convocar una reunión de Cortes en Tarragona. En febrero de 1465, el ejército real derrotó al de Pedro de Portugal cerca de Calaf. Entre los escuadrones de reserva se hallaba el príncipe Fernando, con tan solo doce años. El bautismo de fuego coincidió con su entrada definitiva en la vida política. Abandonando el retiro de Zaragoza, a la sombra de su madre, comenzaba a frecuentar el trato de soldados, nobles y estadistas y a templar el ánimo ante los difíciles tiempos que se avecinaban.

En Cataluña, mientras tanto, todo parecía encaminarse hacia una rápida resolución del conflicto. Tras la victoria de Calaf, el rey había tomado Igualada y Cervera, mientras los remensas de Francesc Verntallat ocupaban Olot y buena parte del Ampurdán. A fines de junio de 1466 moría en Granollers Pedro de Portugal, y la Gencralitat se quedaba sin su propio estandarte regio. Poco tiempo después caía Tortosa. El príncipe Fernando, que ya había alcanzado la mayoría de edad, fue jurado como gobernador general de Aragón en Zaragoza. Aprovechando la ocasión, hizo un llamamiento a los catalanes para alcanzar una paz generosa que permitiera la regeneración política, social y económica del Principado.

Pero el conflicto iba a dar un giro radical justo por esas fechas. Una Generalitat aún más exaltada por los reveses sufridos decidió prolongar la resistencia y ofreció la corona aragonesa a Renato de Anjou, conde de Provenza y rey nominal de Nápoles. La decisión, además de inesperada, era de enorme gravedad, pues el elegido representaba la antítesis de la política catalana en el Mediterráneo. A lo largo de doscientos años, Cataluña se había esforzado por construir un imperio marítimo contra las fuerzas enemigas de los Anjou, siempre apoyados por Francia. Estos eran, pues, los adversarios ancestrales del Principado, y sobre esta premisa habían construido los reyes de Aragón su política exterior. La Generalitat y el Consell municipal de Barcelona traicionaban ahora esta sencilla fórmula, y quedaban desprovistos de razones en su lucha. Mas era la última carta que les quedaba. Detrás del pretendiente angevino estaban Luis XI y los poderosos ejércitos franceses, y esto era lo que, en última instancia, buscaban las autoridades de Cataluña.

Juan II se alarmó ante este hecho. Había podido neutralizar sin esfuerzo a los pretendientes anteriores, merced a su mejor posición y al dominio de la situación política. Mas Renato de Anjou encarnaba una amenaza para el trono mucho mayor. El conde tenía una gran fortuna, gozaba de prestigio, y sus Estados, ricos y populosos, eran vecinos de los del rey aragonés. Los derechos dinásticos los recibía de su abuelo Juan I, rey de Aragón. Su hermano Luis, fallecido en 1434, ya había intentado ceñir la corona aragonesa a raíz del Compromiso de Caspe. Además, era tío del rey de Francia, Luis XI, con lo que Juan II podía despedirse del apoyo francés que hasta ahora había tenido —pagado, eso sí, a un alto precio—. Por añadidura, sospechaba que Renato habría de aprovechar la oportunidad que se le brindaba en Cataluña para impulsar de nuevo sus pretensiones en el sur de Italia —Nápoles y Sicilia—.

Como era de esperar, la guerra se recrudeció. Luis XI se alineó con su tío, pues albergaba la esperanza de recuperar algún día para Francia las viejas fronteras que en su día había establecido Carlomagno. Y el primer paso era situar a una dinastía francesa en el trono de Aragón. Un ejército dirigido por Juan de Anjou, hijo de Renato y duque de Calabria y Lorena, pasó los Pirineos y entró en Barcelona a fines de agosto de 1467, insuflando nuevo aliento en la causa de la Generalitat. A la delicada situación militar por la que atravesaba Juan II, vino a unirse la derrota en Vilademat de las tropas reales —acción en la que estuvo a punto de caer prisionero el príncipe Fernando—, la rebelión de su yerno Gastón de Foix en Navarra y la enfermedad y muerte de la reina Juana Enríquez, acaecida el 13 de febrero de 1468.

2
PRÍNCIPE DE CASTILLA

La tierra se abría a los pies de un monarca que ya frisaba la setentena y que se estaba quedando ciego. Mas la tenacidad del viejo rey habría de dar todavía en los años siguientes una lección inolvidable de inteligencia y capacidad políticas a partes iguales. A su lado, el príncipe culminaría el aprendizaje iniciado en Zaragoza y alcanzaría su primera madurez, con apenas veinte años. Lejos de arredrarse ante la desgracia, Juan II comenzó a trazar con laboriosidad la política que debía llevar, con el tiempo, a la recuperación y a la victoria. Fernando nunca olvidó el método de su padre: la frialdad, el cálculo en la disección de los problemas, la anticipación a los acontecimientos, la respuesta flexible pero contundente cuando estos se producían de manera inopinada… En Cataluña cuando ya era rey, en Granada, en la política religiosa, en la conquista de Navarra, en los largos años de su reinado, en fin, le veremos actuar del mismo modo y siguiendo las mismas premisas. Muchos maestros tuvo el Rey Católico en los primeros años de vida; pero, sin duda, fue su padre el principal.

La primera de las medidas que adoptó Juan II fue la de reforzar la posición política de su propio hijo. La avanzada edad del monarca hacía pensar en una pronta sucesión, y era hora de comprobar los mimbres de que estaba hecho Fernando. Además, ahora que ya no podía apoyarse en la enérgica Juana Enríquez, precisaba de otro báculo. Es verdad, como señaló Vicens Vives, que el rey habilitó al príncipe —al fin y al cabo, un mero adolescente— para empresas muy superiores a sus recursos físicos y a su entendimiento. Pero Fernando iba a hacer frente a las responsabilidades con una madurez impropia de la edad, lo que colmó de alegría a un padre que por fin había encontrado un heredero a la altura del futuro que estaba construyendo. Y la primera responsabilidad que asumió el príncipe fue la de ceñir la corona de Sicilia. Las relaciones de Fernando con la isla y sus autoridades habían sido estrechas desde su nacimiento. A los pocos meses había recibido el condado de Augusta; en 1463 fue nombrado duque de Noto, y un año después los estamentos de aquel reino lo juraban como príncipe heredero de Sicilia. Las rentas que percibió le permitieron disponer de una mediana hacienda para hacer frente a sus gastos de forma autónoma.

Sólo faltaba dar el último paso, y este se dio en junio de 1468: una pragmática real elevaba al príncipe Fernando al trono de Sicilia. Mucho se ha especulado sobre el sentido de este acto y los objetivos que Juan II buscaba con él. Los historiadores tradicionales lo incluyen dentro del plan trazado para casar al príncipe con Isabel de Castilla, de modo que aquel aportaría al matrimonio todo un solio real y se igualaría en dignidad con la heredera de la Corona hegemónica. Más convincentes parecen las explicaciones de Vicens Vives, buen conocedor de la personalidad de Juan II. Las razones son, para él, varias. La primera, satisfacer los deseos sicilianos de gozar de cierta autonomía con respecto a Aragón, disponiendo de un rey privativo. La segunda, oponer a las pretensiones de Renato de Anjou sobre Sicilia el hecho consumado de la designación de su hijo primogénito como continuador de la tradición rival catalanoaragonesa. La tercera, reforzar la posición política de la Corona en Italia, afirmando los lazos diplomáticos establecidos tras la paz de Lodi. La cuarta y última, asegurar la sucesión y dotarse de un colaborador a la altura de la difunta reina Juana. El pensamiento del anciano rey de Aragón se asemeja aquí al del jugador de ajedrez, y el príncipe es una pieza clave en el tablero. Con un solo movimiento, se atraía la fidelidad de Sicilia en la guerra de Cataluña, bloqueaba las aspiraciones del irredentismo angevino, daba un paso más en la política diplomática que estaba desplegando y confirmaba la sucesión al trono aragonés. Y también —es indudable— confería a Fernando una cierta aureola en torno a su figura, un prestigio que iba a ser utilizado inmediatamente para continuar reforzando esa pieza del tablero a la que Juan II todo lo fiaba.

Porque muy poco después de ceñir la corona siciliana en la cabeza de su hijo, el rey volvía a retomar el viejo proyecto matrimonial que buscaba unir las Coronas de Aragón y Castilla. Entre julio y septiembre de 1468, Isabel se había convertido en la heredera castellana, tras la muerte de su hermano Alfonso y la firma del tratado de los Toros de Guisando con Enrique IV. El monarca aragonés se decidió a echar el resto en un envite que llevaba casi una década de gestación. Y para ello tuvo, como siempre, que arrostrar numerosas dificultades. De entrada, sus consejeros más próximos, entre los que estaban el arzobispo de Tarragona y el vicecanciller Joan Pagès, vieron la empresa con malos ojos y desaconsejaron la unión. Había que concentrar las fuerzas en el frente catalán, y temían que resucitara el viejo diversionismo castellano de un Juan II que nunca perdió de vista los asuntos de la tierra en que nació. En Castilla, a la oposición de Enrique IV, enojado por las múltiples intromisiones de su tío en el gobierno de la Corona, había que sumar el ambiente de guerra civil que se vivía y la posición ambigua de una nobleza aliada de Juan II de Aragón, pero más atenta a los beneficios que la boda pudiera depararle y siempre dispuesta a la defección y al cambio de partido. Por último, también Portugal mostró interés por la mano de la princesa, bien para el rey Alfonso V o para su hijo el príncipe Juan; y lo mismo Francia: Luis XI deseaba alejar a su hermano Carlos, duque de Guyena, de la corte, y veía en esta boda una buena ocasión que le permitiría, de paso, afianzar la alianza con Castilla. Cualquiera de estas dos opciones agradaba más a Enrique IV, que había de ser quien autorizara el matrimonio de su hermana.

La península Ibérica se encontraba, hacia 1468, en una de las encrucijadas de su historia. La monarquía hispánica de la Edad Moderna se está gestando, y con un signo indudablemente castellano. Su demografía en auge, el poder de que podían disponer sus reyes —aunque no lo ejercitasen por debilidad de carácter—, el vigor de la Hacienda regia y de la economía… convertían a Castilla en la piedra angular de cualquier política unificadora. Quedaba la duda de si se inclinaría hacia Oriente, hacia Aragón; o hacia Occidente, hacia Portugal. Mas Juan II se apresuró a despejar el panorama allanando el camino a un matrimonio que se concertó en Cervera el 7 de marzo de 1469. En él intervinieron activamente los dos príncipes, convencidos de que era la mejor solución. Isabel sabía que Fernando era el pretendiente válido, pues Alfonso V de Portugal era mucho mayor que ella, y su hijo Juan parecía destinado a casarse con la hija de Enrique IV de Castilla, Juana, llamada la Beltraneja por sus enemigos. Solo su primo, el infante aragonés, podía ayudarle a afirmar su derecho al trono. Y este tuvo que transigir con unas capitulaciones matrimoniales muy rigurosas desde el punto de vista político y económico, y que le obligaban a intervenir militarmente en Castilla en caso de guerra civil. Pero Aragón precisaba de la Corona castellana en la red diplomática que continuaba tejiendo su infatigable rey; ya habría tiempo más adelante para ajustar las condiciones y pactos del matrimonio.

Lo que ocurrió a continuación es bien conocido por el carácter novelesco que revistieron los hechos acaecidos tras la firma de Cervera. Isabel tuvo que huir de Madrigal a Valladolid, protegida por el arzobispo de Toledo y el almirante de Castilla, ante las amenazas de su hermanastro Enrique, que desaprobaba la boda. Mientras, Fernando se dirigió hacia allí, aunque tuvo que vestirse de mozo de mulas para atravesar la frontera castellana, según cuenta Alonso de Palencia, emisario de la reina. Por fin, el 18 de octubre de 1469, y tras ratificar las capitulaciones matrimoniales, se celebró el matrimonio en Valladolid, en la casa de Juan de Vivero. El último obstáculo, la consanguinidad de los contrayentes —eran primos segundos—, se salvó merced a una falsa bula de Pío II, datada en 1464. Con la boda, una nueva pieza se había movido en el tablero de Juan II. Su valor era mayor que el de muchas batallas ganadas, y le permitía desquitarse de la pérdida de Gerona a manos de Juan de Lorena. El viejo rey cuadraba su juego de alianzas y privaba a Francia de un aliado tradicional: Castilla. Por añadidura, la figura del príncipe de Gerona salía aún más reforzada dentro de los medidos cálculos del monarca aragonés. Mas, en esta ocasión, la pieza se había movido con la participación activa y la anuencia de Fernando. Lejos de ser ya un mero espectador en el juego de su padre, el rey de Sicilia comenzaba a labrarse el futuro con sus propias manos.

Mientras, Juan II atendía igualmente a la escena internacional. Su objetivo era aislar a la Francia de Luis XI —y con ella, a Renato de Anjou— mediante un sistema de pactos múltiple. Entre 1466 y 1471, estructuró definitivamente sus alianzas en Italia y la Europa occidental, marcando la política diplomática que habrían de seguir su hijo y los reyes de la casa de Austria. Comenzó suscribiendo sendos acuerdos con Eduardo IV de York, rey de Inglaterra, y con Carlos el Temerario, duque de Borgoña. Después enlazó estas alianzas primeras con las que ya había establecido de facto en Italia, con Milán, Florencia y Nápoles. En este último caso, Juan II tuvo que convencer a su sobrino, el rey Ferrante I, para que mejorara las relaciones con la Santa Sede y suscribiera un acuerdo con Venecia para incorporarla al sistema de alianzas. Todo el conjunto de negociaciones se cerró con nuevos acuerdos con Gastón de Foix y Juan de Armagnac, poderosos señores del Mediodía francés. Por añadidura, el acceso al solio pontificio de Sixto IV a mediados de 1471, en sustitución del pro-francés Paulo II, reforzaba aún más los cimientos del edificio diplomático levantado por el rey de Aragón. En los años siguientes, como veremos, este magno mecanismo de alianzas se deterioró por circunstancias diversas. Pero para entonces ya había servido a los planes de Juan II: aislar a Francia y abrirle las puertas de la victoria en Cataluña.

De la pacificación de Cataluña
a la guerra en Castilla

Tras la boda con Isabel, Fernando habría de pasar largo tiempo en Castilla antes de volver a Aragón. El joven matrimonio se aprestaba a hacer frente a un periodo muy difícil de sus vidas, marcado por la persecución de que fueron objeto por Enrique IV y por las penurias económicas que sufrieron. Al fin y al cabo, la boda se había celebrado sin el permiso del monarca castellano, incumpliendo el tratado de Guisando. Enojado por lo que era para él un desastre político y una afrenta personal y familiar, el rey de Castilla dejó pasar algún tiempo antes de revocar, en octubre de 1470, el juramento que había hecho de Isabel la heredera del trono. Con la ruptura del tratado de los Toros de Guisando, inducida por un sector de la nobleza castellana y por el propio Luis XI, recobraba sus derechos al trono la hija del rey, Juana la Beltraneja. La débil posición en que quedaban Fernando e Isabel, que apenas si contaban con el apoyo del arzobispo de Toledo y del almirante Enríquez, y el de algunas —pocas— ciudades, recomendó su traslado de Valladolid a Dueñas, villa más segura. Pero Fernando había ya pasado por estos trances, y aun peores. A sus diecisiete años, ya había participado en varias batallas, e incluso había comandado ejércitos en los asedios a distintas ciudades leridanas, como Tárrega, Cervera o la propia capital. El contacto habitual con los payeses de remensa o, sobre todo, con las tropas del conde de Prades le había curtido en todos los aspectos de la vida, incluida la sexual: cuando desposó a Isabel, ya era padre de un bastardo, el infante Alfonso. La mayor experiencia de Fernando fue vital a la hora de intervenir en los asuntos castellanos. Lejos de la presencia de su padre, el príncipe de Gerona se disponía a afirmar su personalidad allí donde también la había forjado Juan II: en Castilla.

Mientras, el rey de Aragón superaba las últimas dificultades de la guerra en Cataluña. A fines de 1470 moría Juan de Lorena, el hijo primogénito de Renato de Anjou, que había dirigido las campañas militares angevinas en el Principado. En su sustitución, fue enviado a Barcelona Juan de Calabria, hijo bastardo del duque de Lorena; el verdadero sucesor, el niño Nicolás de Anjou, permaneció en los territorios de su abuelo. La situación era inmejorable para Juan II, pues el grupo de los catalanes disidentes se resquebrajaba merced al agotamiento y a las adversidades de la campaña. Infatigable, como siempre, se prodigó a partes iguales en el campo diplomático y en el militar. El primero le permitió atraerse a la nobleza ampurdanesa y al obispo de Gerona; de este modo, la capital del Ter y el Bajo Ampurdán eran recuperados a fines de 1471. Por esas mismas fechas, el ejercito real derrotaba al de la Generalitat cerca del río Besos; tras la batalla, caía el Valles y se ponía cerco a Barcelona. Un amago de ayuda francesa se frustró gracias a un ataque del duque de Borgoña contra el corazón de los Estados de Luis XI. La alianza internacional funcionaba en el momento justo. Pudo entonces Juan II atacar y conquistar el Alto Ampurdán y cerrar el paso natural de las tropas francesas desde el Rosellón. La extrema generosidad de que hizo gala el anciano rey en las capitulaciones de las ciudades que se le entregaban provocó muchas más defecciones en el bando de la Generalitat. Desde su campamento de Pedralbes, prepara la expugnación de Barcelona, que desea pacífica. La capitulación, firmada el 17 de octubre de 1472, es otro alarde de liberalidad: se concede un amplísimo perdón y se confirman las constituciones, libertades y privilegios de Cataluña.

Terminaba así una guerra que dejaba a Cataluña en un estado de suma postración. En el Parlamento convocado ese mismo año, Juan II trató de restañar las heridas de un conflicto que él mismo había contribuido a crear con la comisión de dos graves errores —quizá los mayores de su vida—: la prisión del príncipe de Viana y el pacto con Luis XI en 1462. Pero no había tiempo para el reposo en la vida del rey de Aragón. De inmediato, comenzó a preparar la recuperación de los condados ultrapirenaicos, que estaban en posesión del monarca francés. Y mientras permanecía en Pedralbes, recibió la visita de su hijo Fernando. Ambos aguardaban la llegada del cardenal Rodrigo de Borja, que debía llevarles la bula de dispensa de parentesco dada por Sixto IV el 1 de diciembre de 1471. La ocasión fue aprovechada por padre e hijo para repasar el estado de sus diversas empresas. Fernando explicó la difícil situación en que se encontraba en Castilla, ante el empuje que había cobrado el partido de la Beltraneja. Se acordó, pues, prestar atención al posible matrimonio de la infanta —los pretendientes eran muchos— y ganarse el favor del cardenal Borja, apoyo esencial en la lucha por el poder en Castilla dada su cercanía al Papa. Hablaron también de la inminente campaña militar sobre el Rosellón y de la necesaria recuperación de Cataluña en todos los órdenes. De algún modo, padre e hijo se iban a necesitar en los años siguientes, pero las dificultades en que se hallaban y la penuria de sus respectivas haciendas se lo iba a impedir.

Para incrementar sus rentas y parlamentar con el cardenal Rodrigo de Borja, Fernando decidió pasar algún tiempo en Valencia antes de volver a Castilla. Las negociaciones que allí mantuvo con el vicecanciller pontificio y con el poderoso obispo de Sigüenza, Pedro González de Mendoza, cabeza del linaje castellano del mismo nombre, consolidaron los avances que el rey de Sicilia había venido obteniendo desde los primeros meses del año y están en la base de los que vendrían en los dos años siguientes. La villa de Sepúlveda y las provincias vascas se alineaban ya en el partido de Isabel, y la familia Mendoza cejaba en su vieja hostilidad hacia la princesa. En noviembre de 1472, Fernando volvía a Castilla para impulsar esos avances. En los meses siguientes, también Segovia, con su poderoso alcázar y el tesoro real, entró en el bando isabelino. Mientras, el rey de Sicilia procuraba estorbar los planes de la nobleza castellana que le era hostil, encabezada por el valido de Enrique IV, don Juan Pacheco, marqués de Villena.

En mayo de 1473, Fernando tuvo que dejar precipitadamente Castilla para socorrer a su padre, sitiado en Perpiñán por las tropas de Luis XI. La reconquista del Rosellón y la Cerdada, que había empezado a fines de enero de ese año como un pasco triunfal, se complicó con el contraataque del rey francés en abril. Juan II quedó entonces bloqueado dentro de la ciudad, y su situación se hizo angustiosa. El príncipe vio claramente que la suerte de su empresa en Castilla estaba ligada a la que corriera la de su padre en el norte de Cataluña, y no tardó en responder a las peticiones de ayuda que le llegaron de Aragón. Tras pasar por Zaragoza y Barcelona, atravesó los Pirineos a mediados de junio. Pero el ejercito francés empezaba a retirarse tras la firma de la tregua de Bruselas. Padre e hijo volvieron a encontrarse en el camino de Elna a Perpiñán; aquel, emocionado, le espetó: «¡Dichoso yo que puedo llamarme padre de mi libertador y del libertador de mi patria!». En la distancia, Juan II había ido siguiendo los pasos de su hijo a través de informadores y consejeros. Ahora comprobaba que las esperanzas que había puesto en él desde su nacimiento no habían sido vanas. Este sí era el vástago digno de heredar los Estados y los proyectos hegemónicos que el viejo rey aragonés había incubado durante largos años. El tiempo venía a llenar de razones su terca oposición al príncipe de Viana, tan buen escritor como incapaz gobernante. Fernando era la antítesis de aquel otro hijo, abúlico e indeciso, causa de sus mayores contratiempos, cuyo recuerdo empezaba a difuminarse —si no lo había hecho ya del todo— ante el presente espléndido del rey de Sicilia.

Fernando pudo abandonar Perpiñán a mediados de julio de 1473. Marchó a Barcelona para solicitar el dinero necesario para mantener el ejercito real. Allí se demoró algún tiempo, en contacto con algunos de los grupos políticos más influyentes del Principado. Tarde o temprano habría que afrontar la cuestión de la recuperación de Cataluña, y el príncipe pensó que era un buen momento para empezar a allanar el camino. Por de pronto, alcanzó un buen entendimiento con el municipio barcelonés, que mantendría en años sucesivos. Incluso llegó a enfrentarse con su padre por el empecinamiento de este en permanecer en Perpiñán, en una situación arriesgada. Fernando se alineó con las tesis de buena parte de los prohombres catalanes: era preferible restaurar primero el Principado y luego tratar de resolver la cuestión de los condados del norte de forma pacífica, pues el poder de Francia no era asequible aún para Aragón. Por suerte, el tratado de Perpiñán entre Juan II y Luis XI, suscrito en septiembre, vino a calmar eventualmente las cosas. Pudo entonces volver a Barcelona el rey y apaciguar con su presencia la inquietud de las autoridades catalanas. Para Fernando, que había estado gravemente enfermo en Tortosa durante el mes de septiembre, había llegado la hora de volver a Castilla. Su esposa no había permanecido quieta durante este tiempo y, a raíz de la incorporación de Segovia al partido isabelino, había concertado un encuentro con su hermano Enrique IV. De nuevo la sucesión al trono castellano cobraba protagonismo, y la reina reclamaba al marido a su lado, como había hecho habitualmente desde que se casaron, cuatro años atrás.

A fines de diciembre de 1473, Isabel llegaba a Segovia; Fernando lo haría el día de Año Nuevo. El encuentro fue tan cordial que los reyes de Sicilia pensaron que los escollos desaparecían y que el problema sucesorio se encarrilaba con concesiones de una y otra parte. Pero echaron las campanas al vuelo demasiado pronto: el acuerdo perjudicaba, más que a nadie, al marques de Villena, valido del rey, que procuró estorbar las negociaciones. También el arzobispo de Toledo, el gran protector de los reyes, empezó a formar una confederación nobiliaria. Se mostraba el prelado muy suspicaz ante el juego a varias bandas que estaban desplegando Isabel y Fernando; se acercaba, pues, el momento de su defección. Lo cierto es que entre unos y otros consiguieron entorpecer las entrevistas, y el tiempo pasaba sin que se alcanzasen acuerdos palpables. Harto de esperar, Fernando abandonó Segovia a mediados de febrero, con el pretexto de entrevistarse con el nuevo almirante de Castilla, su tío Alfonso Enríquez. Mientras, en Madrid se negociaba un acuerdo que pusiera fin al pleito sucesorio sobre la base del reconocimiento de los derechos de Fernando e Isabel. Y fueron varios los hechos que dieron al traste con esta última intentona. El primero, la entrada en el Rosellón de un imponente ejército francés. La grave enfermedad de Juan II impedía una defensa efectiva, y la ciudad de Barcelona llamó al príncipe heredero. Fernando no tuvo más remedio que marchar a la Ciudad Condal, aunque demoró el viaje un mes para resolver algunas cuestiones que quedaban pendientes en Castilla. Con él marchaba uno de los principales integrantes de las negociaciones. El segundo hecho fue la muerte del marqués de Villena, don Juan Pacheco, a principios del mes de octubre. Desaparecía, pues, el principal apoyo que el rey Enrique IV tenía entre la nobleza castellana y el mayor enemigo de Fernando e Isabel en los asuntos de Castilla. Y el tercer hecho fue la muerte del propio monarca castellano, el 10 de diciembre de 1474, apenas dos meses después de su consejero y valido.

De este modo, a fin de año todas las encrucijadas volvían a estar abiertas. El príncipe Fernando corría hacia Castilla, donde su esposa había sido proclamada reina el día 13. Dejaba atrás una situación insostenible en el Rosellón —Perpiñán no tardaría en caer en manos francesas— y gran descontento en Aragón y Valencia. Esto último podría resolverse más adelante, pero aquello sólo podría afrontarse con las fuerzas y el dinero castellanos. Y conseguirlos no iba a ser tarea fácil: de entrada, el rey castellano, antes de morir, había reconocido a la princesa Juana como su legítima heredera. Esto volvía a dejar a Isabel y Fernando en una posición, cuanto menos, debilitada. La rápida proclamación de Isabel había buscado despejar dudas e incógnitas, mas solo lo había conseguido en parte. Por añadidura, Fernando no podía estar satisfecho con el modo en que se había producido. Aparentemente, el ceremonial venía a manifestar que el heredero de Aragón solo sería un mero rey consorte en Castilla, lo que restringiría enormemente su acción de gobierno. Era demasiado pedir para una tradición dinástica, la aragonesa, que vedaba el acceso de la mujer al trono y sólo le permitía transmitir derechos hereditarios —es el mecanismo de la ley sálica francesa— Fernando exigió revisar los términos de las capitulaciones de Cervera y matizar algunas de sus cláusulas, para eludir un papel meramente decorativo. La reina accedió, y fue posible firmar, el 15 de enero de 1475, la concordia de Segovia, que vino a igualar el relieve de ambos monarcas: «… acordaron que en todas las cartas que diesen fuesen nombrados él y ella; e que el sello fuese uno, con las armas de Castilla e de Aragón. Ansimesmo en la moneda que mandaron labrar, estoviesen puestas las figuras dél y della, e los nombres de ambos…». Así describe Hernando del Pulgar en su Crónica lo que en la práctica se configuraba como un gobierno conjunto. De hecho, Fernando se convertía en rey efectivo de Castilla, consumiendo incluso el ordinal que le correspondía: Fernando V.

Mientras los reyes alcanzaban un acuerdo que, como veremos, no iba a ser muy duradero, su partido se iba consolidando gracias al trabajo de Pedro González de Mendoza, obispo de Sigüenza y cardenal de España. En torno a Fernando e Isabel se fueron congregando el condestable y el almirante de Castilla, los duques de Alburquerque y Alba, los condes de Benavente, Paredes, Alba de Liste y Treviño, el arzobispo de Toledo y los obispos de Coria y Ávila. Frente a ellos, parecía debilitarse el partido rival del fallecido marqués de Villena, que ahora encabezaba su hijo Diego López Pacheco, y al que seguían, entre otros, los duques de Arévalo y Valencia, el marqués de Cádiz y el maestre de Santiago. Algunos de ellos trataron de negociar con los reyes para ver satisfechas sus demandas; otros comenzaron a tratar en secreto con el soberano de Portugal, Alfonso V, a fin de promover la candidatura de Juana la Beltraneja al trono castellano. No obstante, Fernando e Isabel podían sentirse, a principios de 1475, ciertamente optimistas acerca de su situación.

Pero el buen rumbo que habían tomado las cosas se torció en apenas un mes, el de marzo. Los monarcas habían convocado las primeras Cortes del reinado en Medina del Campo para consolidar definitivamente sus derechos al trono. Hacia el día 20 les llegaba la noticia de la rendición de Perpiñán, preludio de la amenaza de Luis XI sobre la propia Cataluña. También por esos días se produjo la defección del arzobispo de Toledo, que, descontento por las magras concesiones que había arrancado de los reyes, decidió cambiar de partido y reforzar el de los enemigos de estos. Por último, a fin de mes recibían la nueva de que la infanta Juana había sido trasladada a Trujillo y que las tropas portuguesas de Alfonso V se acercaban a la frontera. Los acontecimientos se desencadenaron: el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo unieron sus fuerzas; la invasión portuguesa se confirmó; doña Juana reclamó sus derechos en el manifiesto de Plasencia, a fines de mayo; y el juego de alianzas diplomáticas de Juan II de Aragón hacía agua por todas partes: Borgoña se desentendió de estas cuestiones, mientras Portugal aparecía claramente aliado a Luis XI de Francia, y hasta los propios reyes inauguraban relaciones con el monarca francés para defender sus derechos. La guerra volvía a abrirse paso como única solución al problema. Pero antes, la reina Isabel canceló la concordia de Segovia al conceder plenos poderes a su marido para «proveer, mandar, fazer e ordenar todo lo que le fuera visto e lo que por bien toviese» en cualquier lugar de Castilla, aunque ella no estuviese presente. Las restricciones a la acción de gobierno de Fernando no habían durado ni tres meses. Su experiencia bélica, curtida en los campos de batalla de Cataluña, iba a ser ahora más necesaria que nunca.

El difícil camino hacia la unificación
dinástica y la paz duradera

La guerra, pues, era inevitable. Y ya no solo por la cuestión sucesoria. Que Isabel o Juana tuviesen mayores o menores derechos al trono empezaba a tener poca importancia. Como en Cataluña, la situación se había ido deteriorando hasta alcanzar el estallido. Las diferencias, sin embargo, entre el Principado y Castilla eran grandes. La meseta no presentaba los mismos síntomas de crisis: el crecimiento demográfico y económico era constante, al socaire del comercio de la lana; la estabilidad social era mayor, aunque las tensiones entre la burguesía mercantil y la nobleza latifundista empezaban a ser notorias. Incluso, desde el punto de vista cultural, el XV es un siglo de desarrollo de las artes y las letras, preludio del Renacimiento. ¿Dónde residía, pues, el problema? En el plano político, evidentemente. En Castilla coinciden durante más de un siglo una monarquía fuerte, escasamente limitada en sus atribuciones, y una nobleza poderosa y levantisca, tentada constantemente por ambiciones de gobierno. Aquella, la monarquía, se había ido gestando desde el reinado de Fernando III, a mediados del siglo XIII, y Alfonso XI la había consolidado durante el medio siglo que ocupó el trono. La guerra entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara debilitó algo su fuerza, pero no mucho. Porque el poder del monarca en Castilla radicaba, antes que en su carácter o aptitudes para el gobierno, en las grandes sumas que su Hacienda recibía a través de los nuevos tributos creados en la Baja Edad Media —las alcabalas y las rentas de aduanas, que gravaban el comercio de mercaderías—, o en su facilidad para legislar con carácter general para toda la Corona, con independencia de otros organismos, mediante las pragmáticas sanciones. Frente a ella, las Cortes o los municipios aparecen progresivamente empequeñecidos: aquellas, por la incapacidad de desarrollar una Hacienda que les garantizase recursos propios, al contrario que las poderosas Diputaciones del General aragonesas, y estos, por la oligarquización que padecían y el aumento del control de la Corona en ellos a través de oficiales reales como el corregidor. Sin trabas ni limitaciones a su poder derivadas de la existencia de organismos populares vigorosos, la realeza debería haberse impuesto con facilidad en la lucha por el gobierno de Castilla.

Sin embargo, la nobleza supo jugar con habilidad sus bazas para convertirse en el único rival del rey en esa lucha. Esta nobleza castellana había surgido en buena medida de las grandes recompensas que entregó Enrique de Trastámara, así llamado “el de las Mercedes”, tras acceder al trono en 1369. Los breves reinados de Juan I y Enrique III permitieron su crecimiento; algo que trató de combatir en vano el hermano de este último, Fernando de Antequera, La minoría de edad de Juan II fue aprovechada para consolidar posiciones y empezar la disputa por la hegemonía en Castilla, con la formación de bandos o partidos enfrentados, como los del marqués de Villena y el arzobispo de Toledo. En su ascenso, los instrumentos de que se sirvió la nobleza fueron: de un lado, la confederación aristocrática o Liga Nobiliaria, garantía de seguridad colectiva que les permitía unir sus fuerzas contra el monarca; de otro, una acción constante, participando en conspiraciones, tomando como rehenes a personas de la realeza —Juan II y Enrique IV tuvieron que pasar por este amargo trance— y ocupando fortalezas y villas estratégicas como garantía de seguridad individual. El propio Juan de Navarra y sus hermanos, los infantes de Aragón, habían tomado parte activamente en unas y otras prácticas. Su hijo tendría que hacer frente a las amargas consecuencias de esta política, que en punto a las tareas de gobierno buscaba más deshacer y anular que construir y fortalecer. Si a todo ello unimos la debilidad de carácter o la flexibilidad de los reyes castellanos del siglo XV, incapaces de activar los mecanismos de poder que tenían a su disposición, tenemos una primera explicación de los problemas políticos por los que atravesaba el gran reino peninsular cuando Fernando e Isabel accedieron al trono. La belicosidad nobiliaria era tan grande que Hernando del Pulgar le escribía al obispo de Coria en 1473: «No hay más Castilla, sinno más guerras havría».

Pero no eran estos los únicos problemas. La escena internacional también contaba. Y en ella, hacia 1475, el gran dominador era el rey de Francia, Luis XI. Este no sólo había vencido en el Rosellón, sino que había destruido la gran Alianza occidental, tramada contra él por Juan II de Aragón entre 1467 y 1472. Las apetencias de la Universal Araña —este era su apelativo— en la península Ibérica eran enormes. Deseaba neutralizar a su gran enemigo (Aragón), apoderarse de Navarra y convertirse en árbitro de los asuntos castellanos. La derrota aragonesa le reportaría, además, la posesión de Cataluña y la hegemonía en Italia con la ocupación de Nápoles y Sicilia por la casa francesa de Anjou. Su anhelo, cada vez más firme, de recuperar las viejas fronteras de la Marca Hispánica carolingia encontró un inesperado aliado en el rey de Portugal, Alfonso V. El prometido de Juana la Beltraneja también soñaba con unir las dos Coronas o, en el peor de los casos, anexionar a su reino buena parte de la Castilla occidental que le era fronteriza. Ambos reyes sellaron su alianza en el tratado de Senlís, que establecía la desmembración y reparto de Aragón entre Francia y la Castilla filoportuguesa. Para ejecutar las cláusulas pactadas, Alfonso V invadió la meseta y preparó la defensa de los derechos de la infanta Juana. Quizá sin la intervención foránea, la nobleza castellana hubiese pactado una nueva tregua y aplazado la resolución de sus litigios. Pero la ofensiva militar portuguesa y la diplomática de Francia contribuyeron a radicalizar las posturas hasta desembocar en el conflicto bélico.

En suma, demasiadas apetencias, demasiados intereses que convergían sobre el mismo ámbito. O, dicho de un modo más llano, demasiados gallos para un único corral. Solo la guerra podía despejar el panorama. Y Fernando era consciente de que sus resultas quizá le fuesen favorables. Porque había llegado la hora de sojuzgar a la nobleza en Castilla, si no quería quedarse atrás en los trabajos de construcción de la nueva monarquía que empezaba a despuntar en la Europa occidental. Luis XI le llevaba ventaja también en este punto: sus victorias sobre la Liga nobiliaria del Bien Público, integrada por los linajes más poderosos de Francia —Armagnac, Borbón, Anjou o Borgoña— estaban a punto de darle el triunfo final, que alcanzaría en el campo de batalla de Nancy, en 1477, con la muerte del duque Carlos el Temerario. Incluso en Portugal se daban pasos en esa dirección, que culminaría Juan II. Inglaterra dirimía por entonces, en la guerra de las Dos Rosas, el partido que habría de gobernar el reino. En todas partes, la misma tendencia: auge del poder monárquico en detrimento del de la nobleza. Era un signo de los tiempos que Fernando advirtió con nitidez. La época de los Estados feudales empezaba a declinar: era el otoño de la Edad Media. La nobleza tendría que abandonar las viejas dedicaciones, eminentemente guerreras, y encauzar su actividad y su vida en tareas al servicio de la nueva monarquía absoluta. Los ejércitos ya no se integrarán con las mesnadas y las huestes nobiliarias, sino con tropas mercenarias y permanentes —también en este punto fue pionero Luis XI—. Todo esto no iba a acontecer de forma pacífica; no podía esperarse que la nobleza abandonara su situación de privilegio en el gobierno del reino sin lucha. Mas los reyes reclaman con urgencia el monopolio del poder, de la soberanía; y si han de tomarlo por la fuerza y es necesaria la guerra, no vacilarán en precipitarse a ella. Al fin y al cabo, Fernando de Aragón ya era un hombre experimentado en estas lides, y eso le concedía ventaja sobre sus rivales.

Y la guerra empezó en Castilla en junio de 1475. La reina Isabel declaró rebeldes al marqués de Villena y a otros nobles de su partido, mientras Fernando mandaba pregonar «la guerra por mar e por tierra contra el rey de Portugal… y contra todos mis desleales». También la infanta Juana reclamó sus derechos al trono por esas fechas. Extremadura y la mayor parte de Castilla la Nueva se alinearon con ella, mientras la cornisa cantábrica, León y Castilla la Vieja seguían las banderas de los reyes de Sicilia. El ejercito portugués había conseguido la entrega de la ciudad de Toro y amenazaba con atravesar los vados del Duero atacando Valladolid y enlazando con Burgos, cuyo castillo se había declarado juanista. Fernando e Isabel reunieron un gran ejército —cerca de 30 000 hombres— en las inmediaciones de Tordesillas. Antes de marchar hacia el oeste, el príncipe de Aragón hizo testamento. Este documento nos muestra algunos aspectos de su personalidad cuando acababa de cumplir veintitrés años. En primer lugar, el amor hacia su esposa, en cuya defensa lucharía «hasta derramar la sangre si fuera menester»; Isabel recibe varios encargos, entre ellos el de elegir la sepultura del marido si este muere en la batalla, o el de cuidar de sus dos hijos ilegítimos. También aparece una acendrada religiosidad, reflejada en un buen número de mandas pías. Por último, pide a su padre que, en caso de morir él, facilite la sucesión en el trono aragonés de su hija la infanta Isabel, pese a estar esto prohibido por la ley sálica; pero la visión unitaria del joven rey, que aquí ya es manifiesta, le lleva a solicitar que se remuevan los impedimentos «por el gran provecho que de los dichos reynos resulta y se sigue de ser assy unidos con estos de Castilla y de León, que sea un príncipe, rey, señor y gobernador de todos ellos».

El ejército reunido por los reyes marchó hacia Toro a mediados de julio de 1475. Mas para cuando se halló a la altura de la ciudad, supo Fernando que el rey de Portugal había entrado en Zamora. Conocedor, por la experiencia militar que acumulaba, de la debilidad en que quedaba su posición, decidió regresar a Tordesillas sin dar batalla. Este hecho le costó una seria reconvención de su esposa, por haber dejado pasar de largo la oportunidad de obtener una rápida victoria. El rey le explicó las razones del repliegue y acabó haciéndole una advertencia: «En las guerras do no hay consejo, la furia que da de cabeza cae a los pies; esfuerzo y tiempo ganan vitoria, que la locura, en mi tierra, atañía». El temple del rey se ponía de manifiesto: su padre tardó diez años en ganar Cataluña, y él iba a seguir por el mismo camino del esfuerzo y del tiempo, si no había otra opción.

Pero, por esta vez, la guerra no habría de durar tanto. La clave del conflicto estaba en el dominio de la submeseta norte, la región más rica y poblada de Castilla. Y aunque en su mayor parte esta se decantó por Fernando e Isabel, algunas plazas y ciudades eran contrarias a su causa. Esa debilidad quiso explotar el rey de Portugal atacando la línea del Duero. Su objetivo era llegar hasta Burgos para poder esperar allí a las tropas francesas de Luis XI, y acto seguido conquistar la parte de la meseta que no le era leal. Por suerte para los reyes, el soberano francés atendía en aquel momento un desembarco de tropas inglesas en Normandía —último servicio que prestaba la gran Alianza occidental—. La conquista del castillo de Burgos era, pues, trascendental, y Fernando asumió en persona la dirección de las operaciones de asedio. En su ayuda acudió el infante Alfonso, hijo bastardo de Juan II de Aragón. El rey de Portugal trató de socorrer la plaza, pero tuvo que retirarse. Por fin, en los últimos días de enero de 1476, se entregaba la fortaleza en manos de la reina Isabel. Un mes después se libra la batalla en campo abierto que Fernando llevaba tanto tiempo evitando. En Peleagonzalo, lugar situado a una legua de Toro, las tropas castellanas pusieron en desbandada a las portuguesas y obtuvieron una victoria que, si bien no era definitiva, sí tuvo un gran valor estratégico.

Las consecuencias del triunfo fueron extraordinarias para los reyes. En marzo se rendía Zamora; en junio, Alfonso V se retiraba a Portugal, y en octubre era conquistada Toro. Entre abril y septiembre se deshizo la Liga nobiliaria juanista, al firmarse concordias con el duque de Arévalo, el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo. Además, por fin pudieron convocar Cortes Generales. Se celebraron en Madrigal, y allí el reino reconoció como heredera de la corona a Isabel. También se acordó la creación de la Santa Hermandad, con el fin de afirmar el orden y la seguridad en el campo castellano. La Hermandad, heredera de las que ya existían desde el siglo XII en algunas ciudades de Castilla, había de administrar una justicia rápida y sumaria contra los delitos cometidos en despoblado —robo, asalto, homicidio o prisión injusta—. Los municipios castellanos venían clamando desde tiempo atrás por un organismo que velara por la seguridad en los caminos, vitales para el comercio. Fernando e Isabel apoyaron la petición; pero sometieron la Hermandad al control regio, pues veían en ella un mecanismo para afianzar su poder. Sus guardias y cuadrilleros también serían un instrumento eficaz en las luchas de la realeza contra la aristocracia, sobre todo contra las partidas de caballeros y guerreros nobles que devastaban con sus rapiñas el país desde fortalezas y castillos. La Hermandad es, pues, el primer paso en la reorganización política del reino, a fin de conseguir la pacificación y un orden estable que fomentase la riqueza, el comercio, la confianza y el bienestar de los súbditos castellanos.

Encauzadas las cuestiones internas de Castilla, al menos por el momento, pudo Fernando atender a otros asuntos también apremiantes. Cataluña, aún postrada por las secuelas de la guerra y la constante amenaza francesa, le reclamaba. Los roces entre las autoridades del Principado y Juan II volvían a ser frecuentes, y sólo el rey de Sicilia podía poner las tierras “en tranquil·litat e repós”. Pero también Navarra y las provincias vascas le reclamaban. El ataque militar francés, una y otra vez pospuesto, se materializó al fin mientras se celebraban las Cortes de Madrigal. El ejército de Luis XI invadió Guipúzcoa, pero fue rechazado en el paso de Irún y se vio obligado a poner sitio a Fuenterrabía. Fernando acudió en julio de 1476 con tropas castellanas que levantaron el asedio. De paso, pacificó Vizcaya, reforzando la autoridad real en el territorio. A fines del mes de agosto, Juan II de Aragón y su hijo se reunían nuevamente en Vitoria. Repasaron la situación, difícil, de Cataluña y Navarra; pero el anciano rey aragonés pudo comprobar que su hijo solo tenía ojos para los asuntos castellanos. Aun así, antes de regresar a Castilla, Fernando tuvo tiempo de concertar a las parcialidades navarras y llegar a acuerdos con su hermana la reina Leonor. Con ello alejaba, por el momento, a Navarra de la órbita francesa. En cuanto a Cataluña, tiempo habría para ocuparse de ella —y de Luis XI— cuando el poder de Castilla estuviese en condiciones de ser utilizado.

Y esto no iba a tardar mucho en suceder. Durante el verano de 1477, las tropas reales conquistaron algunas de las fortalezas que todavía quedaban en manos del partido juanista. También se avanzó en la pacificación de una Andalucía dividida entre el duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz. La política de sojuzgar a la nobleza se aplicó aquí combinando a partes iguales la fuerza y la diplomacia, y produjo buenos resultados para los reyes, que recuperaron numerosas fortalezas. Ya en la primavera de 1478 marchó Fernando de Andalucía para supervisar las fronteras ante una nueva amenaza de invasión desde Portugal. Pero a mediados de junio estaba de vuelta en Sevilla para asistir al parto de la reina, que esta vez trajo al mundo al tan deseado varón. Con el príncipe Juan se aseguraba la continuidad de la dinastía en Castilla y Aragón, al tiempo que se aclaraba el pleito sucesorio en favor de los reyes y en detrimento de la infanta Juana y su partido. Las fiestas y regocijos organizados espontáneamente por todas partes simbolizan el triunfo de los jóvenes reyes. Poco importó que el monarca portugués amenazara con una nueva invasión. Las paces alcanzadas con Francia en octubre, en San Juan de Luz, dejaban solo al viejo Alfonso V.

El año 1479 supone otra de las fechas emblemáticas en la vida de Fernando el Católico. El día 19 de enero moría en Barcelona su padre, el octogenario Juan II, después de una vida tremendamente agitada. Dejaba al hijo, alejado en Castilla, algunos consejos que él no había podido o sabido poner en práctica: «Los regnos e súbditos conservad en paz y en justicia, sin injuria del prójimo, evitando cuanto al mundo podays todas guerras y dissenciones». El príncipe se convertía en Fernando II, rey de Aragón, y volvía a unir en su persona las Coronas aragonesa y siciliana. Del mismo modo, se obraba de hecho la unión de Aragón y Castilla, tan perseguida por la casa de Trastámara. Sin tiempo para descansar, los ejércitos reales hubieron de hacer frente a la última intentona del rey de Portugal por agitar la bandera de la Beltraneja. Mas sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Albuera, en el mes de febrero. Tras conversaciones preliminares, el 4 de septiembre se firmaba la paz de Alcáçovas. Alfonso V y la infanta Juana dejaban el título de reyes de Castilla, y Portugal y Castilla inauguraban una larga etapa de paz solo alterada por las discusiones sobre la expansión oceánica de ambos países. Para entonces, Fernando II ya estaba en Barcelona. Apenas había dejado transcurrir unos meses desde la muerte de su padre, pues llevaba mucho tiempo lejos de los Estados patrimoniales, quizá demasiado. Pero el objetivo castellano ya se había logrado, y esto era lo primordial. Con el vigor y la fuerza que proporcionaba la consumación de la unión dinástica, Fernando, que contaba por entonces veintisiete años de edad, se disponía a acometer un vasto programa de gobierno. Desde 1462 no había conocido otra cosa que los rigores y las exigencias de la guerra. Alcanzada la paz, llegaba la hora de plasmar las ideas y los pensamientos que durante años había acariciado. Llegaba la hora de la monarquía hispánica, el proyecto de Estado que durante siglos iba a regir los destinos de España.

Decíamos antes que toda Europa se debatía, a mediados del siglo XV, en la encrucijada que separa a la Edad Media de la Moderna. Los sucesos de 1479 impulsan a la península Ibérica a atravesar ese meridiano. Con Juan II y el declive de Alfonso V de Portugal, que moriría sólo dos años después, desaparecía todo un siglo, el XV, el del otoño de la Edad Media. Serán sus respectivos hijos, Fernando y Juan II de Portugal —el llamado “Príncipe Perfecto”—, los que cancelen muchas de las antiguas formas de vida y refuercen las tendencias que llevan al Renacimiento y a la superación de los viejos esquemas medievales. Hacia 1479, Fernando II de Aragón y V de Castilla, o Fernando de España, como empezaba a conocérsele en las cancillerías europeas, se asomaba a unos tiempos nuevos. No le preocupaban: acostumbrado a la rápida sucesión de hechos en su vida, se aprestó a tomar todo lo que de bueno pudieran estos ofrecerle.

3
REY CATÓLICO

La consolidación de los reinos:
reformas en Castilla y en Aragón

El 19 de enero de 1479, como acabamos de decir, había muerto en Barcelona Juan II de Aragón, más de viejo que de enfermo, según cuenta Jerónimo de Zurita. Su hijo Fernando se convertía, pues, en el nuevo rey aragonés. Se unían por fin las dos grandes Coronas peninsulares, en las personas de Isabel y Fernando. Pero se trataba de una unión personal, frágil e inestable —estaría a punto de romperse tras la muerte de Isabel—, cuya consolidación habría de durar siglos.

Historiadores como Ladero Quesada o Henry Kamen han señalado los dos polos entre los que se mueve la unión que protagonizan los Reyes Católicos. Por un lado, es evidente que se juntan dos Coronas muy diferentes en varios aspectos. Castilla es una tierra mucho más poblada que Aragón, pues aporta cerca de siete millones de habitantes, por uno de la Corona oriental. Su economía y comercio también son más boyantes. Aragón trataba de compensar con su hegemonía mercantil en el Mediterráneo occidental la mejor disposición de las redes comerciales castellanas en la Península, la mayor presencia de mercaderes y capitales extranjeros —genoveses, franceses, borgoñones y flamencos—, la potencia de su mercado de consumidores o el volumen descomunal que suponía el comercio de la lana, tanto para Castilla como para la Europa occidental. Además, la monarquía castellana se revela más fuerte que la aragonesa, al menos desde el siglo XIV. Es el primer Estado peninsular que ensaya formas autoritarias de gobierno, prescindiendo de las Cortes estamentales o del refrendo de concejos y municipios. La Hacienda del rey castellano es también más rica, pues se embolsa los impuestos que gravan el consumo y el comercio de mercaderías, es decir, alcabalas y aduanas. El rey en Aragón, sin embargo, ha de gobernar con el consenso de las fuerzas y grupos sociales preponderantes, en especial de la nobleza aragonesa, y de las Cortes catalanas y la ciudad de Barcelona. Alfonso V prefirió transferir la corte a Nápoles para evitar estos obstáculos; a Juan II, tratar de sortearlos de forma autoritaria le costó una guerra de diez años contra la Diputacío catalana. Por añadidura, su Hacienda no tiene las posibilidades de la castellana, pues los tributos sobre el comercio, las llamadas generalidades, están cedidos a los reinos —a sus diputaciones— o a los municipios. Depende, pues, del real patrimonio, que solo tiene cierta entidad en Valencia, y de los servicios o pedidos que le conceden las Cortes, de las que acaba dependiendo al fin.

Este panorama no habría de alterarse apenas, pues cada territorio conservó sus instituciones, a veces muy distintas; sus monedas y medidas respectivas; sus códigos y leyes privativos; incluso las distintas lenguas, pues el catalán continuó siendo el idioma oficial de la Cancillería de Aragón. En este sentido, estamos más bien ante la unión personal de diversos Estados que conservan íntegramente sus propias instituciones y organización. La unión no supuso, pues, fusión. Ni siquiera hubo un acuerdo aduanero para la supresión de las fronteras entre reinos, lo que habría sido un verdadero paso hacia la mencionada unión. Pero, y este es el otro polo, hay una acción de gobierno conjunta que es indudable. La reunión de las dos Coronas es un proyecto que comienza a acariciarse en 1412, con el Compromiso de Caspe, La boda de Fernando e Isabel es el corolario de una política diseñada mucho tiempo antes, de igual modo que ahora se empieza a programar la futura unión de la Península mediante los enlaces con Portugal. Pero, mucho más allá, ambos soberanos comparten no sólo el poder, sino el designio de gobernar personalmente asumiendo la plenitud de sus facultades. Utilizarán para ello unas posibilidades muy concretas, las que les proporcionó la unión, y sabrán aprovecharlas para crear una monarquía autoritaria moderna, como las que se estaban gestando en Francia e Inglaterra. Pese a la división aparente, hay un proyecto común: engrandecer su poder y sus Estados. Y para su consecución se servirán de los enormes recursos que la próspera Castilla y el aventurero Aragón habían ido acumulando hasta la fecha, un potencial que solo esperaba una mente rectora que lo supiese dirigir y usar correctamente, sin dilapidarlo en guerras estériles o rencillas intestinas. Era la tarea de construir los cimientos de la monarquía hispánica. Y si alguien disponía del talento para hacerlo, era indudablemente Fernando de Aragón.

En la empresa común, sin embargo, podía utilizarse bien el esquema autoritario e integracionista castellano, bien el federal típico de Aragón. Los monarcas Trastámara se inclinaban por el primero, pues era el suyo, al fin y al cabo. No obstante, por mucho tiempo se mantuvo una organización semejante a la aragonesa: unión en el monarca, que era común a todos; separación en los asuntos de cada reino, a los que el soberano atendería de acuerdo con las Cortes y estamentos de cada uno de ellos; y suma de esfuerzos en la política exterior, cuya dirección se deja en manos del rey. Mas, tarde o temprano, la hegemonía castellana acabaría imponiéndose por la lógica de su mayor poder, político, social y económico.

Volviendo al inicio de estas líneas, la confirmación de Isabel y Fernando en sus respectivos tronos, tras el fin de la contienda en Castilla y la muerte de Juan II en Aragón, ponía ante ellos una tarea de vastas dimensiones. No se trataba solo de cerrar las heridas de las guerras —en Cataluña o en Castilla— o de restablecer el orden público allí donde este se había deteriorado. Eso no habría supuesto un trabajo excesivo. Más bien aguardaban los trabajos de consolidación de la monarquía dual que acababa de surgir, mediante el fortalecimiento del poder de los reyes. Para ello se requerían reformas profundas y extensas que les permitieran alcanzar la independencia de hecho frente a otros poderes, en especial la nobleza, al tiempo que les dotaran de funciones y competencias mayores y más variadas. En pocas palabras, se hacía preciso concentrar el poder, las potestades de gobierno, y racionalizar y modernizar su ejercicio. Fernando era consciente de que una nueva época se abría ante Europa, y de que solo los que se aprestaran a transformar sus Estados de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos tendrían la oportunidad de entrar a la disputa del dominium mundi. La conciencia, tan clara y nítida, que tuvo de esta situación, junto a la maestría con que ejecutó los planes y proyectos que le permitirían afrontarla, son los hechos por los que el Rey Católico fue considerado el prototipo de los gobernantes de su época.

Las reformas habrían de afectar a todos los Estados peninsulares de la monarquía, pero especialmente a los que habían atravesado por mayores turbulencias en los últimos tiempos, es decir, Castilla y Cataluña. En Castilla, serán las trascendentales Cortes de Toledo de 1480 las que impulsen el programa reformista. El príncipe Juan había cumplido ya dos años, y a las Cortes correspondía jurarle como heredero del trono. Reunieron, pues, los monarcas a los representantes de los estamentos para la solemne ceremonia que se celebraba con motivo del juramento, y que Fernando preparó con un esmero especial. Pero el fin último de la reunión era adoptar los acuerdos necesarios para revitalizar la acción de gobierno de la monarquía, remodelando sus organismos e instituciones. Los cambios iban a alcanzar a los diversos ramos de la administración. En materia de gobierno, el Consejo Real varió su composición, dando entrada a una mayoría de juristas o letrados; con ello se buscaba orillar el viejo Consejo medieval, integrado por nobles y clérigos. A partir de ahora, se convierte en el gran organismo asesor de un trono que le plantea consultas constantemente; incluso, con el tiempo, asumirá funciones legislativas y judiciales, como máximo tribunal de apelación. Pero también la administración territorial sufrió cambios. El poder de la nueva monarquía debía alcanzar a las villas y ciudades castellanas y a sus distritos. Por eso las Cortes acordaron generalizar la figura del corregidor, que, con más funciones y competencias, habría de supervisar la vida ciudadana y reformar unos ayuntamientos dominados por las oligarquías y patriciados urbanos. Por último, la Santa Hermandad, nacida en las Cortes de Madrigal en plena coyuntura bélica, fue confirmada, una vez lograda la paz, como el sistema idóneo para restablecer el orden en las ciudades, en el campo y en los caminos, capturando a los malhechores y juzgándolos por un procedimiento especial, más rápido.

También el ramo de justicia fue objeto de atención. La Real Audiencia, el alto tribunal regio surgido de las Cortes de Toro de 1371, fue reformada. Su sede se estableció en Valladolid, y el número de jueces, funcionarios y oficiales se incrementó. La Corona pensaba crear nuevas Audiencias en otros territorios para acercar la justicia a sus súbditos; por eso se le daba preeminencia a la de Valladolid, que conservaría el nombre de Chancillería y disfrutaría de un ámbito de competencia mayor. Las Cortes, además, solicitaron de los reyes que se hiciese una recopilación de las leyes de Castilla que recogiera las más relevantes y las ordenase de forma sistemática para hacer más fácil su consulta. Fernando e Isabel encargaron la tarea a un alto letrado de la corte, Alonso Díaz de Montalvo, que la tuvo lista cuatro años después y la imprimió en 1485. El Ordenamiento de Montalvo nombre que recibe la obra, es la primera recopilación moderna de las leyes castellanas y resultó de indudable utilidad.

Para el final se dejó la materia hacendística, porque afectaba a una cuestión delicada: la validez de las mercedes y donadíos hechos en los últimos años del reinado de Enrique IV, que habían terminado por liquidar el gran patrimonio de la Corona. Por añadidura, múltiples rentas y pagos se cargaron durante esos años sobre la real Hacienda, hasta el punto de que esta a menudo dejó de hacer efectivos los abonos. Tras largas deliberaciones, los representantes de los reyes y de la nobleza llegaron al acuerdo de invalidar las donaciones y rentas concedidas después de 1464. Así se saneaba el Tesoro real, reduciendo el situado o gastos fijos y permanentes, y se posibilitaba la reforma del sistema de las Contadurías, mejorando la gestión y el funcionamiento de estas instituciones, diversificando los ingresos y controlando mejor los gastos. De este modo, entre 1480 y 1502 los ingresos ordinarios se duplicaron, pasando de 150 millones de maravedís a más de 300; también los extraordinarios crecieron al mismo ritmo. El ingreso conjunto superó los dos millones de ducados a principios del siglo XVI, aunque ello no evitó que los reyes tuviesen que recurrir al préstamo en varias ocasiones, pues los gastos se multiplicaron.

Terminadas las Cortes toledanas, pudo marchar Fernando el Católico a sus Estados patrimoniales, ya a fines de 1480, para permanecer en ellos algún tiempo. Los reinos se lo habían pedido reiteradamente, y el monarca pensaba continuar la política de reformas que había puesto en marcha en Castilla. Pero sabía que sería una empresa mucho más ardua, pues, paradójicamente, su poder allí era mucho menor. El régimen pactista, es decir, la necesidad de pactar con las Cortes las decisiones y medidas que afectasen a la totalidad de un reino o a sus intereses, limitaba enormemente las posibilidades de su acción de gobierno. Al rey le preocupaba de modo especial la situación de Cataluña. Tras la guerra, el Principado se encontraba en una situación de marasmo. El comercio, en otro tiempo esencial para su economía, estaba hundido. El descontento en el campo y en la ciudad era grande, y las heridas de la contienda aún no estaban cerradas, sobre todo por el problema de la restitución de los bienes usurpados por los vencedores. La deuda pública —los censales— devoraba los presupuestos, y la pobreza impedía aumentar los impuestos y la recaudación. La ciudad de Barcelona, en otro tiempo próspera y poblada, ofrecía ahora un aspecto desolador, con la vida social y económica reducida a sus más pobres manifestaciones en mucho tiempo.

Decía Gómez de Figueroa respecto del Rey Católico «ca su merced faze lo quel buen çirugiano, que primero en la yaga pone cosas blandas y sy con aquellas no puede, cura con fuego y fierro». Para Cataluña era la hora del trato afable: Fernando quería poner al levantisco Principado de su parte y evitar en el futuro nuevos enfrentamientos. Convocó a las Cortes para el mes de noviembre, y su discurso tuvo un tono conciliador. Pero las exigencias económicas —entre otras cosas, para rescatar el Rosellón y la Cerdaña de manos de Luis XI— eran excesivas para las modestas posibilidades de las finanzas catalanas, asoladas por la guerra. El rey se vio obligado a prorrogar la reunión y a marchar a Aragón, donde le esperaban otras Cortes, aún más renuentes que las catalanas. A mediados de 1481 volvió a Barcelona, y entonces recogió el fruto de su paciencia y del trabajo activo de su esposa, Isabel, que se ganó el aprecio de los consellers de la capital. Pudo el rey obtener un acuerdo para la restitución de las propiedades expoliadas, al tiempo que se reconocían los títulos de deuda emitidos por la Generalitat durante la guerra. Se fomentó el comercio y la producción manufacturera mediante medidas proteccionistas. Además, consintió el monarca en aprobar todo un conjunto de constituciones o leyes de Cortes que reforzaban el sistema normativo y jurídico del Principado. La más importante fue la constitución llamada “de la Observancia” o Poc Valdria, que confirmaba todo el derecho histórico catalán y permitía a la Generalitat actuar en el caso de que fuese vulnerado por el poder real. A cambio obtuvo el rey el servicio que había pedido el año anterior, por importe de 300 000 libras, y tomó ciertas garantías en el nombramiento de algunas de las autoridades catalanas.

Era el primer paso del redreç o arreglo que Fernando el Católico pensaba aplicar en Cataluña, un programa de reformas para devolverle el esplendor de otros tiempos. Porque las Cortes de 1481 no fueron suficientes. Los proyectos de redreç que intentó la Generalitat por su cuenta fracasaron. Por añadidura, la revuelta de los payeses de remensa volvió a prender con fuerza en el verano de 1484. Decidido a acabar con este problema, que se arrastraba desde el siglo anterior, Fernando reprimió la sublevación e inició las negociaciones entre el Sindicato remensa y la nobleza a fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. Este se puso por escrito en la Sentencia Arbitral de Guadalupe, rubricada en abril de 1486, que abolía definitivamente los seis malos usos señoriales —también el genérico de maltratar— a cambio del pago de 60 sueldos por predio familiar campesino, además de unas indemnizaciones por los daños causados en la revuelta.

Apaciguada la cuestión remensa, en los años siguientes pudo el rey acometer la reforma económica y gubernativa que deseaba para Cataluña. El objetivo era, por un lado, sanear la Hacienda del Principado, seriamente endeudada desde la guerra; por otro, introducir un mayor control regio en la conformación de las más altas instituciones del territorio, la Generalitat y el Consell de Cent barcelonés. El rey triunfó en ambas cosas y pudo, por vez primera en muchos años, disfrutar de cierta paz en sus Estados patrimoniales. Porque la misma política que había llevado a cabo en Cataluña fue aplicada en Aragón, con idéntico éxito: la Hacienda del reino fue saneada y liberada de una situación cercana a la quiebra. Mientras, el monarca colocaba a los hombres de su confianza en el gobierno municipal de Zaragoza y en el de la Diputación aragonesa. En Valencia, sin embargo, Fernando se limitó a conservar la situación privilegiada de que gozaba y a fomentar la bonanza económica de una ciudad que era, con diferencia, la mayor prestamista de la monarquía.

La guerra de Granada: el fin del Islam
en la península Ibérica

A fines del siglo XV, todavía quedaba un enclave musulmán en la península Ibérica, el reino de Granada, último reducto de lo que en otros tiempos había llegado a ser el poderoso califato de Córdoba. Durante casi ochocientos años, musulmanes y cristianos, andalusíes e hispanos, se enfrentaron, con mayor o menor intensidad, de manera intermitente, a lo largo de toda la geografía ibérica en la guerra más larga de cuantas se han conocido. Fue una contienda civil, pues enfrentó a un mismo pueblo, nacido en una misma tierra, pero separado por sus respectivos credos religiosos. La enorme duración del conflicto habría de dejar huellas profundas y duraderas en la historia y el ser de lo que hoy llamamos España, pues obligó a toda una sociedad a vivir durante siglos en permanente estado de guerra.

La Reconquista cristiana, a mediados del siglo XIII, había avanzado hasta el Algarve portugués, la mayor parte de Andalucía y los reinos de Valencia, Mallorca y Murcia. Mas uno de los reyezuelos que se habían enfrentado a Fernando III, llamado Mohamed Ben Nasr al-Ahmar, fundó en 1238 un reino en la Andalucía oriental, que se extendía desde Almería hasta Gibraltar, y que incluía Sierra Nevada, las Alpujarras, las hoyas de Guadix y Baza y otras serranías interiores —Ronda, los Filabres, etc.—; la capital la estableció en Granada. Supo sacar partido al-Ahmar, primer rey de Granada con el nombre de Mohamed I y fundador de la dinastía nazarí, del agotamiento mostrado por los cristianos tras el esfuerzo de la primera mitad del siglo y de los problemas por los que atravesó Alfonso X el Sabio durante su reinado. Así, mediante pactos y treguas, y el pago anual de una fuerte suma de dinero, consiguió consolidar su reino y prolongar la presencia del Islam en la Península durante dos siglos y medio más.

Los reyes de Castilla apenas habrían de prestar atención a este pedazo de tierra al sur de sus Estados. En ocasiones, algunas campañas permitieron la conquista de diversas ciudades y plazas, como Algeciras y Gibraltar en tiempos de Alfonso XI, o Antequera y Zahara, ocupadas por el infante Fernando a principios del siglo XV. Pero, en general, los reyes granadinos fueron un elemento más en las interminables luchas y banderías que enfrentaron a la Corona y a la nobleza en Castilla hasta la llegada al trono de los Reyes Católicos. Con tesón y esfuerzo, los sultanes nazaríes consolidaron un reino que alcanzó su cénit con Mohamed V, durante la segunda mitad del siglo XIV. Sus historiadores, geógrafos y poetas eran celebrados en todo el mundo islámico. En sus talleres se elaboraban ricos tejidos, una cerámica muy apreciada y el mejor vidrio de la Península. Granada mantuvo un intenso comercio tanto con los reinos cristianos del norte como con el Magreb, Egipto o Constantinopla. Pero donde alcanzó una mayor perfección fue en la arquitectura, con una riqueza y variedad ornamental no superadas en su tiempo. Baste con destacar el conjunto de palacios que constituye la Alhambra, comenzados por Mohamed I sobre una antigua fortaleza, y cuyas obras aún continuaban en los años previos a la conquista cristiana. Esta espléndida muestra del trabajo artístico de los yeseros, ceramistas, carpinteros y alarifes granadinos constituye el culmen de la sofisticada civilización del último Islam en España.

Precisamente este vigor y poderío, algo atenuados en el cuatrocientos tras el esplendor del siglo anterior, está en la base de la caída y desaparición del reino nazarí. Desde 1456 ocupaba el emirato Abul Flassan Alí, el Muley Hacén de los cronistas cristianos, último gran monarca granadino. Los apuros por los que pasaban los jóvenes reyes de Castilla y Aragón le animaron a dejar de pagar los tributos o parias que había prometido durante el reinado de Juan II de Castilla. Por añadidura, aprovechó la expiración de la tregua trienal que había pactado con los Reyes Católicos en Segovia, en 1478, para atacar y ocupar por sorpresa la villa de Zahara, reclamada por los sultanes nazaríes desde su conquista cristiana a principios del XV. Esto era más de lo que podía tolerar Fernando de Aragón, que vio la oportunidad y el motivo que necesitaba para conquistar Granada y acabar así la empresa nacional que se había demorado durante siglos. Obró en su favor la rápida reacción de las tropas cristianas, que se apoderaron, tras una breve incursión, de la ciudad de Alhama, muy próxima a la capital del reino nazarí. La necesidad de socorrer a los soldados, sitiados por Abul Hassan, obligaba a intervenir con prontitud y abría las puertas de par en par a la conquista definitiva del territorio.

Otra circunstancia favorecía los intereses del monarca. Los hijos del emir, Mohamed Abu Abd-Allah —el Boabdil de las crónicas— y Yusuf, se habían sublevado contra su padre con el apoyo del importante partido señorial de los Abencerrajes. La revuelta fue secundada por la población granadina, disconforme con la tiranía y la vida licenciosa de Abul Flassan. Este se vio obligado a abandonar la capital y refugiarse en Baza, auxiliado por otro gran grupo señorial, el de los Zegríes, y por su propio hermano, Mohamed al-Zagal. La guerra civil entre ambos partidos estalló con violencia inusitada, debilitando así la fortaleza del bando musulmán.

Con todo, Fernando el Católico no se forjó demasiadas ilusiones. Su experiencia militar, ya extensa pese a no haber cumplido aún los treinta años, le hacía ver que la guerra habría de ser larga. Frente a él se alzaban las sólidas alcazabas de Málaga y Almería, la fortaleza impresionante de Ronda y las murallas ásperas de Loja, Baza y Guadix; para el final esperaba la ciudadela más inexpugnable: la Alhambra. A ello había que añadir las dificultades del terreno: los caminos angostos de serranías y montes, las paredes y acantilados de Sierra Nevada, las trochas y vericuetos de la Alpujarra, tan proclives a la emboscada y al desastre súbito, los valles breves, en fin, erizados de torres y fortines. Para afrontar un desafío tal, el rey se veía obligado a recurrir al viejo y anticuado ejército medieval, formado por las mesnadas de la nobleza, las milicias concejiles, las órdenes militares y su propia hueste, aún reducida en tamaño y poder. Sería necesario desplazar a miles de peones y jinetes por senderos estrechos e impracticables; asegurar los suministros para tropa tan nutrida tampoco sería tarea sencilla… De hecho, las primeras acciones bélicas vinieron a confirmar sus temores. Para asegurar las comunicaciones con Alhama, era preciso ocupar primero Loja. Pero, iniciado el asedio, una salida de los musulmanes sitiados puso en peligro al ejército cristiano, que pudo retirarse con orden gracias a la pericia del rey en estos lances. Peor fue la acción llamada de la Ajarquía. Ausente Fernando en Castilla, sus lugartenientes decidieron atacar Málaga por sorpresa. Pero el camino, que los informadores habían descrito como fácil y seguro, acabó discurriendo por barrancos y ramblas, donde las tropas fueron fácilmente acometidas y deshechas. Murieron muchos soldados y más de mil fueron hechos cautivos.

Cuando el Rey Católico regresó, decidió reorganizar la conquista en previsión de nuevos desastres. Dividió la frontera en dos sectores: el de Jaén u oriental y el de Écija u occidental, con un jefe de operaciones al frente de cada uno. Activó los recursos militares de la retaguardia, apercibiendo a la nobleza y a las ciudades para que estuviesen preparadas para las campañas. Decidió reformar el ejército dotándolo de artillería moderna —traída de Italia, Alemania y Francia o fabricada en Córdoba— y de un cuerpo de zapadores e ingenieros que facilitara el desplazamiento de las tropas y la colocación de dicha artillería. Además, incrementó los efectivos de la caballería de jinetes, más ligera y móvil para guerrear en la montaña, y los de la infantería, en la que encontramos arqueros, piqueros, ballesteros, espingarderos, etc. Dispuso también una flota para evitar que llegasen refuerzos y suministros desde Berbería. Por último, se enfrentó a la necesidad de dotar de recursos materiales a tan magna empresa. El éxito de la guerra dependía, en última instancia, de su financiación. Los reyes obtuvieron gran ayuda de la Iglesia, que cedió la recaudación de la bula de Cruzada expedida en 1482, una décima de las rentas eclesiásticas y otros pequeños subsidios. También pidieron préstamos, tanto a banqueros como a nobles y burgueses. Todos los reinos peninsulares contribuyeron, incluidos mudéjares y judíos, a los que se gravó con un tributo extraordinario. Los monarcas, en suma, fueron conscientes de la necesidad de reformar la Hacienda regia si querían consolidar su poder.

La nueva organización dio los resultados apetecidos. En abril de 1483, los cristianos desbarataron un ataque contra Lucena y capturaron al rey Boabdil, que ya se había auto-proclamado emir con el nombre de Mohamed XII. A los pocos meses era liberado, tras firmar un pacto con los Reyes Católicos por el que se comprometía a pagar las parias y devolver 400 prisioneros; a cambio, los reyes le prestarían apoyo en la guerra contra su padre, Abul Hassan. De este modo, el bando cristiano se aseguraba la continuidad de la guerra civil dentro de Granada, que tanto provecho había de depararle. En los años siguientes, Fernando el Católico preparó con cuidado las campañas militares que habrían de ir reduciendo la extensión del reino nazarí. En 1484 ocupó Setenil y Álora. En esta última ciudad, el empleo de la artillería resultó decisivo. Además, la reina Isabel dispuso la instalación del primer hospital de campaña documentado en nuestra historia: con seis tiendas grandes con camas para los heridos, más el personal preciso: médicos, cirujanos y asistentes. Un año después conquistó la larga porción de costa comprendida entre la desembocadura del río Guadiaro y Benalmádena. Y como el sitio de Málaga se mostró inviable, las tropas cristianas se volvieron hacia el interior y tomaron la inexpugnable ciudad de Ronda. Por esas mismas fechas moría el último gran emir nazarí, Abul Hassan, y el partido de los Zegríes decidía proclamar a su hermano al-Zagal. En 1486, un impresionante ejército formado por 12 000 jinetes y más de 40 000 peones se dirigió a Loja. Iba acompañado por una gran dotación artillera, transportada en 2000 carros con la ayuda de otros 6000 peones con azadas y picos, imprescindibles para allanar los caminos. En poco tiempo, la ciudad, defendida por Boabdil, capituló, y este fue nuevamente capturado. Aun así, se le liberó después de renovar su juramento de fidelidad a los reyes.

A partir de 1487 comienza el asalto a las principales capitales del emirato. La guerra cuenta ya con la participación de soldados de todos los reinos de la monarquía, e incluso de más allá de los Pirineos: franceses, ingleses y suizos acuden al reclamo de la cruzada y sus beneficios espirituales. Un ejército cada vez más numeroso tomó la ciudad de Málaga, tras un durísimo asedio por tierra y mar que se prolongó casi cuatro meses. Lo fiero de la resistencia enfureció el ánimo del rey: obligó a la rendición incondicional y esclavizó a toda la población, que fue repartida entre los caballeros cristianos o vendida para sufragar el coste de la expedición. En los dos años siguientes conquistó toda la parte oriental del reino nazarí. Y aunque Baza se rindió tras largo cerco, la mayor parte de las ciudades, como Vera, Guadix o Almería, fueron ocupadas pacíficamente. En esta última se entregó a los reyes al-Zagal, con lo que Boabdil y su partido quedaron como únicos señores de un ya muy reducido reino de Granada.

A fines de 1489, Boabdil fue requerido por los Reyes Católicos para que, en cumplimiento de sus pactos, entregase la capital del emirato. El reyezuelo se opuso con diversos pretextos, por lo que no quedó más remedio que sitiar Granada. En 1491, los cristianos construyeron ante ella la ciudad-campamento de Santa Fe para estrechar el cerco. Por fin, en el mes de noviembre, y ante lo inútil de la resistencia, Boabdil empezó tratos con los reyes. Se acordó una capitulación sumamente generosa, que concedía amplios derechos a los andalusíes. De este modo, las tropas cristianas entraron en Granada el 2 de enero de 1492, mientras el último emir nazarí marchaba a sus nuevos Estados en la Alpujarra, y luego al destierro en Fez. La alegría fue enorme en toda la Cristiandad, que celebró la victoria como una compensación por la pérdida de Constantinopla. Se retomaron las viejas leyendas y profecías que daban el nombre de Fernando al rey que habría de liberar Granada y Jerusalén del yugo musulmán. Tras el fin de un imperio cristiano en un extremo del Mediterráneo, otro comenzaba a nacer en la ribera opuesta. La conquista de Granada fue, sin duda, una de las primeras muestras de su poder emergente, que apagaba así los últimos destellos del Islam en España, tras setecientos ochenta años de presencia ininterrumpida.

El problema religioso: de la introducción
de la Inquisición a la expulsión
de los judíos

La expulsión de los judíos de todos los reinos de la monarquía venía a cerrar también un extenso periodo, en este caso de la historia religiosa hispánica. Los judíos habían entrado en la Península ya en los primeros siglos de nuestra era, formando colonias y grupos numerosos. Como hombres del Libro, fueron respetados y su culto consentido durante siglos, tanto a un lado como a otro de la frontera de la Reconquista. En los reinos cristianos, la habilidad proverbial del pueblo hebreo para determinadas ocupaciones les reportó la protección de sus monarcas y del derecho de la época. Los mejores físicos —médicos— eran judíos: por ejemplo, Cresques Abiabar, rabino de Lérida, operó de cataratas a Juan II de Aragón y le salvó de una ceguera total. Pero eran también hábiles comerciantes y prestamistas, y en sus manos solía recaer la recaudación de tributos, en especial la del almojarifazgo o aduanas. Esto se debía, en buena medida, a las restricciones que la legislación canónica impuso a la actividad crediticia de los cristianos, a quienes, por ejemplo, se les prohibía el préstamo mutuo o a interés. En consecuencia, los judíos se limitaron a ocupar el hueco que en este apartado de la economía, tan relevante, dejaba el pueblo cristiano. Pero las riquezas y el prestigio que obtuvieron les granjearon la enemistad y un odio creciente de amplios sectores sociales.

La época de esplendor —la “edad de oro” la llamaron— de que gozaron durante los siglos XI y XII, al amparo de reyes como Alfonso VI o Alfonso VIII, termina en la segunda mitad del XIII. Las primeras normas limitativas son promulgadas por Alfonso X el Sabio, y vienen a recoger, atenuadas, las que estableciera en 1215 el IV Concilio de Letrán. La protección que les dispensaron Alfonso XI y Pedro I aumentó unas tensiones que comienzan a aflorar durante el reinado de Enrique II de Trastámara, con el saqueo de varias juderías y su expulsión del Consejo Real. Peores fueron los sucesos del gran pogromo de 1391: aprovechando la minoría de edad de Enrique III, Ferrán Martínez, arcediano de Écija, excitó con sus prédicas la animadversión del pueblo contra los judíos. El resultado fue el saqueo e incendio de la rica aljama de Sevilla —el actual barrio de Santa Cruz— y la extensión de los ataques a las principales juderías andaluzas y aun a algunas castellanas, como las de Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Desde principios del XV se les obligó a vivir recluidos en sus barrios o guetos, a menudo vallados y con una sola puerta, y a llevar ropas especiales o señales que les identificaban por la calle. Además, se limitó su trato con los cristianos y fueron objeto de nuevas prohibiciones legales, como la de ocupar cargos públicos. Si bien es verdad que algunas de estas medidas tuvieron una eficacia reducida o nula, el ambiente hostil acabó produciendo numerosas conversiones, algunas forzadas. Pero tampoco estos conversos o marranos, como se les llamaba, gozaban del aprecio popular, pues se sospechaba que, en secreto, continuaban practicando su antigua fe.

Esta es la situación que heredaba el Rey Católico al llegar al trono. Desde fines del reinado de Enrique IV, el antisemitismo no había hecho sino aumentar. Entre 1468 y 1474, varias de las principales juderías castellanas habían sido atacadas. En las Cortes de Madrigal y Toledo se reiteró la obligación de que viviesen en guetos y de que llevasen en la ropa un distintivo —una rodela roja o una luneta azul—. Pero, para los reyes, dentro de la política global de afianzamiento del poder político que estaban llevando a cabo, esto no era suficiente. Sobre todo para Fernando, que cada vez se mostraba más preocupado por la unidad de fe de su pueblo y por las consecuencias de la extensión de las prácticas judaizantes de los conversos. Estas no solo constituían un pecado o ilícito religioso, sino también, al quebrar el equilibrio social, un delito político que debía perseguirse con el mayor rigor. El Rey Católico temía mucho más la actividad de los conversos que la de los propios hebreos, pues estos al menos estaban recluidos en sus aljamas, mientras aquellos tenían libre comunicación con los cristianos, viejos y nuevos. Su capacidad de contagiar el criptojudaísmo a través del proselitismo era indudable, aunque no se supiese a ciencia cierta el número de anusim o falsos conversos judaizantes. Mas los informes que recibieron los reyes en los primeros meses tras su acceso al trono fueron inquietantes. Se sabía que el ricohombre Diego de Suxan recibía a muchos en su casa de Sevilla, algunos notables y poderosos, mientras se acumulaban las denuncias por la actividad blasfema de judíos y conversos durante la Semana Santa.

El de los conversos era, pues, un problema que se superponía al de los judíos. Su número había ido creciendo desde fines del siglo XIV: las personas con antepasados judeoconversos en sus familias podían superar ya las 200 000, igualándose así con el contingente de la población hebrea. Habían heredado también las dedicaciones profesionales de esta, pues eran artesanos, escribanos públicos, administradores y arrendadores de rentas, mercaderes y comerciantes, banqueros o médicos. Además, la igualdad religiosa con los cristianos les había permitido ejercer oficios antes prohibidos, acceder a la clerecía y hasta entroncar con algunos linajes poderosos. Pero la fortuna y el auge social de los que muchos de ellos disfrutaban les habían granjeado el odio de clases sociales de baja condición, campesinos y obreros ignorantes y supersticiosos, aunque muy orgullosos de su condición de cristianos viejos. La presión social obligó a los conversos a agruparse y a apoyarse en el poder —en la monarquía— y sus instituciones. No es ningún secreto que una parte de los oficiales y funcionarios de confianza de los reyes provenían de familias de conversos.

La hostilidad hacia estos había prendido con fuerza a mediados del XV: también ellos habían sido atacados durante los turbulentos años finales del reinado de Enrique IV. En esta época empezó a abrirse paso la idea de que era necesaria una pesquisa o inquisición para detectar y castigar el criptojudaísmo y acabar de paso con las acusaciones infundadas. En 1462, el rey pidió a Roma la designación de varios inquisidores. Pero el Papa se conformó con conferir al nuncio pontificio el cargo de inquisidor general. La medida era insuficiente para solventar el problema judeoconverso, que precisaba de un tratamiento legal y procesal bien definido a fin de salvaguardar el orden público y social y, en última instancia, la propia autoridad de la monarquía.

La urgencia por establecer la Inquisición se avivó entre 1477 y 1478, debido a los informes que los Reyes Católicos habían recibido durante su viaje a Andalucía. Se pidió bula a Roma, y se obtuvo el 1 de noviembre de 1478. La Exigit sincerae devotionis facultaba a los monarcas para nombrar dos o tres clérigos que tendrían la calidad de inquisidores, con amplias competencias, sobre todo para actuar contra los judaizantes. Estaban exentos de la jurisdicción episcopal, lo que les confería gran independencia. El proceso inquisitorial, además, era muy riguroso: cualquiera podía ser denunciado; las posibilidades de defensa efectiva eran pocas, y las penas eran sumamente severas, pues incluían la muerte en la hoguera. No obstante, los reyes vacilaron a la hora de aplicar el potente instrumento político-religioso que habían recibido de Sixto IV. Prefirieron —sobre todo, Isabel— emprender una campaña de catequesis y predicación en Sevilla. Su fracaso colmó la paciencia de Fernando, que en septiembre de 1480 nombró a los dos primeros inquisidores, con instrucciones claras para proceder contra los falsos conversos y los que les diesen protección. Pronto las cárceles del convento de San Pablo y del castillo de Triana se llenaron de judaizantes, algunos de ellos muy influyentes. Los procesos siguieron su curso y comenzaron las ejecuciones en la hoguera, en el campo de Tablada. El mundo converso reaccionó con pánico y, tras enviar embajadas a Roma, consiguieron que Sixto IV revocara en 1482 la bula promulgada cuatro años antes, espantado por los excesos inquisitoriales. Pero, para entonces, el Rey Católico no había de dar marcha atrás. La nueva Inquisición era un formidable mecanismo de gobierno controlado totalmente por la monarquía: nada podía casar mejor con su política de afirmación del trono. El tribunal acabó instalándose en otras ciudades de Andalucía y Castilla y continuó dando muestras de brutal crueldad, como las que protagonizó en Córdoba el inquisidor Diego Rodríguez Lucero a fines de siglo. En los años siguientes a su creación, miles de conversos pasaron por sus dependencias. La mayoría recibieron la pena más leve, la de reconciliación, y la ostentación del popular “sambenito” les permitió reintegrarse sin mancha en la sociedad cristiana, aunque siempre bajo la atenta mirada inquisitorial. Pero otros muchos fueron encarcelados, y no pocos acabaron sus días en el quemadero, la hoguera llamada a purificar el cuerpo social. Además, un contingente apreciable de conversos huyó por miedo a los rigores inquisitoriales, unos esperando su atenuación para regresar, otros para no volver jamás.

Mucho más difícil iba a resultar la implantación del tribunal del Santo Oficio en la Corona de Aragón. Y no porque la enemiga contra judíos y conversos fuese menor. En estas tierras ya existía la Inquisición medieval, introducida en la primera mitad del siglo XIII a raíz de la cruzada contra los albigenses. Pero llevaba una existencia languideciente por su carácter episcopal y su acomodo en las peculiares estructuras de gobierno de cada territorio. La institución que se quería introducir tenía poco que ver con aquella, y era seguro que, tal como estaba configurada, habría de producir un conflicto político con las leyes y autoridades de los reinos aragoneses. Mas la voluntad y la decisión de Fernando conseguirían salvar los obstáculos, que no fueron pocos. Del enorme interés del rey por la cuestión religiosa nos habla el empeño con que se empleó en este asunto. De entrada, en octubre de 1483 consiguió que el pontífice nombrara a fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Aragón, Cataluña y Valencia. Después convoco Cortes Generales en Tarazona, aunque los catalanes se negaron a acudir. Torquemada nombró sus primeros comisarios en Valencia, y el reino amagó con presentar una batería de greuges o agravios en las Cortes. Fernando, a su vez, amenazó con disolverlas y perseguir a los instigadores de la resistencia. La violencia con que el soberano trató al embajador valenciano terminaba con la oposición.

En Aragón puso el monarca en juego todos los resortes de su poder. Aun así, la Diputación y las ciudades de Zaragoza y Teruel se opusieron a la Inquisición con especial encono. El poder y la influencia que los conversos tenían en el reino se hicieron sentir de forma pacífica al principio. Luego derivaron hacia una conspiración abierta, cuyo resultado fue el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en septiembre de 1485. Las represalias de la monarquía alcanzaron a los conversos y a las autoridades aragonesas, mientras el ejército real amenazaba con tomar Teruel por las armas. Vencida la resistencia en Aragón, sólo Cataluña restaba por aceptar el tribunal. En la ciudad de Barcelona estalló un motín que suponía la expulsión de los inquisidores. Pero, terminada la revuelta, Fernando se apresuró a cerrar el último eslabón de la cadena: consiguió de Roma la destitución de los últimos jueces medievales y la designación del propio Tomás de Torquemada como inquisidor de Barcelona. En julio de 1487 se instalaba el Santo Oficio en la capital condal y el rey lograba su objetivo.

Debe resaltarse el hecho de que el tribunal de la Inquisición es el único organismo que Fernando insistió en establecer tanto en Aragón como en Castilla. La política unificadora en el interior de la monarquía se redujo, en la práctica, a este aspecto. Muchos otros campos, como el económico, el fiscal o el comercial, se habrían visto sin duda beneficiados por medidas tendentes a la eliminación de barreras y trabas entre unos reinos y otros; pero el Rey Católico agotó sus esfuerzos en este punto con el Santo Oficio. Esto nos proporciona una idea de la importancia que el monarca daba al problema religioso, y al de los judeoconversos en especial. Pero también nos advierte sobre su perspicacia y capacidad de anticipar la proyección futura de hechos y acontecimientos. Más allá de un mero tribunal para perseguir a los judaizantes, Fernando vio en la Inquisición un poderoso mecanismo para prevenir y castigar no solo la heterodoxia religiosa, sino también cualquier forma de disidencia o desviación ideológica respecto de los principios y valores preconizados por la nueva monarquía. El tribunal habría de actuar en el futuro como garante del orden público y agente de cohesión social, y por eso se extendería a todos los Estados de la monarquía hispánica. España no se desangraría en guerras o disturbios religiosos como Francia o el Imperio; pero tendría que pagar por los efectos secundarios de las expulsiones y la represión, en terrenos como el económico, el comercial o el científico, por señalar algunos de los más destacados.

La implantación del Santo Oficio permitió, pues, hacer frente al problema del criptojudaísmo. Pero los inquisidores advirtieron a los reyes de que la solución definitiva solo vendría de la mano de la completa expulsión de los hebreos, pues su eliminación habría de prevenir en el futuro el contagio de la herejía. Además, tras varias décadas de insistir en el bautizo de los judíos a través de campañas de catequesis y evangelización, era ya hora de invertir los términos y poner a estos ante la tesitura de bautizarse definitivamente o abandonar la que durante siglos había sido su tierra. No debe extrañarnos, pues, que el rey acariciase la idea de la expulsión desde tiempo antes, y que esperase a un momento propicio. Este llegó con el fin de la guerra de Granada. El 31 de marzo de 1492, Isabel y Fernando firmaban una pragmática que disponía que todos los judíos no bautizados debían salir de sus Estados en el plazo improrrogable de cuatro meses.

Podemos imaginar el sufrimiento y el dolor de todo un pueblo por este nuevo éxodo forzado. Nos lo relata Andrés Bernáldez en su Crónica de los Reyes Católicos: «E ivan por los caminos e canpos por donde ivan con mucho trabajo e fortuna, unos cayendo, otros levantando, unos muriendo, otros nasciendo, otros enfermando, que no avía cristiano que no oviese dolor dellos». Aun así, la solidaridad dentro de la comunidad hebrea fue enorme, como señala Luis Suárez. Solo una minoría accedió a bautizarse. El resto eligió su fe y, con ella, arrostrar las terribles consecuencias de esta segunda diáspora. Entre 50 000 y 150 000 hebreos se vieron obligados a malvender sus bienes —los que pudieron hacerlo— y a salir a los caminos, donde en muchos casos fueron maltratados e incluso asesinados. La mayoría pasaron a Berbería, bien a través de Cádiz y El Puerto de Santa María, bien a través de Portugal. Otros eligieron la península Itálica, o marcharon mucho más lejos, a Turquía o a los puertos del Oriente Próximo. Nació así Sefarad, la segunda tierra de promisión de los judíos, donde fueron felices durante siglos y de la que fueron expulsados bárbaramente. Desde entonces, los sefardíes han mantenido el recuerdo de aquella tierra, a través de sus costumbres, de su lengua familiar —el sefardí— y de los viejos romances que aprendieron.

Mucho se ha escrito sobre las causas y consecuencias de la expulsión de los judíos, sobre los motivos que impulsaron al Rey Católico, sobre todo, a decretar el extrañamiento de un grupo social tan significado. Es evidente que la finalidad principal fue la de depurar la religión cristiana y poner a salvo a sus fieles del contacto con los que practicaban la “herética pravedad mosaica”, posible fuente de apostasías y herejías, sobre todo por parte de los conversos o cristianos nuevos. Pero, además, parece también claro que la falta de integración de la población hebrea en la sociedad de su tiempo constituía un problema político. En cierto modo, los judíos formaban un cuerpo social extraño, denostado por los cristianos y hostilizado progresivamente por las leyes que dictaban los monarcas, y que procuraban ahondar la separación entre ambos grupos. Los motivos son, pues, tanto religiosos como políticos, y lo demuestra el que la conversión y el bautizo habilitaran para permanecer en las tierras del rey como un súbdito más. De hecho, una minoría de judíos, encabezados por algunos de los más significados miembros de la comunidad hebrea en España, como Abraham Seneor, optaron por abrazar la nueva fe. Ahora bien, es innegable que el visceral antisemitismo del pueblo, rayano en el racismo y adobado por falsas consejas y cuentos fantásticos de niños crucificados por los hebreos, tuvo su papel en la decisión regia.

Así pues, el rey acordó el extrañamiento con plena convicción. Al fin y al cabo, seguía el mismo camino por el que ya habían transitado los reyes de Francia e Inglaterra. Ni siquiera las consecuencias previsibles le detuvieron. Porque la expulsión comportó la pérdida de un grupo social sumamente activo en campos como el del comercio, la manufactura y artesanía o las finanzas, esenciales para la economía de un Estado; sin que olvidemos su dedicación a profesiones liberales. También la cultura habría de sufrir las consecuencias, pues buenos lingüistas, filósofos o escritores marcharon al exilio. Pero, por encima de todo ello, se impuso la razón de Estado. Prevalecieron la unidad religiosa, la cohesión social y, sobre todo, la voluntad de mostrar la configuración autoritaria de la nueva monarquía.

Su resolución en este punto nos queda aún más clara cuando consideramos el trato que dispensó a la población mudéjar que había quedado en Granada tras la conquista. Su número e importancia pronto habrían de plantear graves problemas de integración y convivencia. Las tareas de conversión al catolicismo, iniciadas al poco de la conquista por fray Flernando de Talavera, confesor de la reina, apenas avanzaron por medios pacíficos. Cuando el cardenal Cisneros endureció las métodos, estalló una sublevación general en las Alpujarras y en las montañas de Ronda y Almería, que tardó tres años en ser sofocada. A su término, los Reyes Católicos decidieron zanjar la cuestión siguiendo la línea inaugurada con los judíos, y promulgaron la pragmática de 11 de febrero de 1502, que obligaba a los mudejares a abrazar forzosamente la fe cristiana, so pena de expulsión del país. De nuevo, decenas de miles de personas tuvieron que abandonar su tierra y marchar a otros países. Los que se quedaron iban a instaurar un nuevo foco de tensión —el problema morisco—, pues su conversión aún fue menos sincera que la de los judíos. En cualquier caso, era un paso más en la política de unificación religiosa.

Porque este fue el principio que guió los pasos de los Reyes Católicos, y de Fernando en especial, desde su acceso al trono. La necesidad de poner la proa a los nuevos tiempos les obligó a afrontar la cuestión de la coexistencia de las tres grandes religiones monoteístas en sus reinos —la “triple morada vital” de Américo Castro—. Sólo había dos soluciones posibles: o prolongar una tolerancia problematizada desde mediados del XIV, u optar por la unificación religiosa. La decisión parece tomada casi desde el principio, habida cuenta de la apuesta que hicieron los monarcas por la fe como piedra angular de sus proyectos, de su orden de valores y de su política de gobierno. No en vano recibieron del Papa el título que constituye su principal enseña. Los reinos que poseían eran una corporación de personas, de vasallos, un cuerpo social ya entendido así desde los tiempos bajomedievales. Pero para llegar a constituir una verdadera comunidad, esa corporación debía profesar una sola fe, de acuerdo con los ideales de la época. Los judíos dislocaban la unidad del cuerpo social; los musulmanes, además, eran una amenaza en el contexto de la expansión turca. No había otra opción.

Para concluir estas líneas dedicadas a las cuestiones religiosas del reinado, es preciso referirse a otra de las grandes reformas que los monarcas emprendieron durante estos años: la del propio clero católico. La convergencia social en torno a una sola fe obligaba también a depurar esta, eliminando antiguas prácticas y costumbres y recuperando otras perdidas con el tiempo. La reforma abarcó tres campos: el nombramiento de obispos, cúspide de la jerarquía eclesiástica; el clero secular, y el clero regular. Por lo que hace al primer punto, los reyes exigieron de la Santa Sede un derecho de fiscalización en los nombramientos. Tras varios años de tira y afloja, obtuvieron el derecho de presentación —llamado real patronato— de los obispados de Granada, Canarias y América. En la práctica, los de la Península también eran provistos con el consentimiento de los monarcas. Su interés por intervenir se explica si tenemos en cuenta el amplio poder temporal —administrativo, judicial, militar— del que estos pastores estaban investidos: a veces gobiernan un territorio muy extenso, y en él recaudan impuestos, nombran a las autoridades, reclutan ejércitos, imparten justicia, etc. Participan del poder político, y por eso son objeto de atención por parte de los reyes, que buscan someterlos mediante la designación de personas más afines a sus ideas. Durante esos años, se altera el estatus social de los prelados: poco a poco, los viejos linajes episcopales de la alta nobleza que campearon durante el medievo van retrocediendo. Los Fonseca, Mendoza o Carrillo —muchos de ellos, padres de abundante prole— van dejando paso a los fray Hernando de Talavera, fray Alonso de Burgos, Diego de Deza o Cisneros, hombres de gran honestidad y hábitos píos, provenientes de la pequeña nobleza y clases medias. Su procedencia social es más modesta, pero no así su formación, pues todos ellos son teólogos o canonistas formados en las universidades. No obstante, Fernando no dudó en vulnerar esta política cuando le interesó. Así, en 1478 fue designado arzobispo de Zaragoza su hijo ilegítimo Alfonso, que solo contaba nueve años de edad; en 1484, Diego Hurtado, sobrino del poderoso cardenal Mendoza, era promovido al arzobispado de Sevilla; en 1507, por último, permitió que el arzobispo de Santiago, Alfonso de Fonseca, cediera esta sede a su propio hijo, del mismo nombre.

La reforma del clero secular había de afectar, sobre todo, al comportamiento moral de sus integrantes. Muchos de ellos eran simples clérigos de corona, que habían recibido la tonsura con el único fin de beneficiarse de las ventajas que proporcionaba el pertenecer al estamento eclesiástico. No deseaban ordenarse in sacris ni ejercer oficios eclesiásticos como la cura de almas. Su comportamiento era meramente laical; pero, a la hora de pagar impuestos o de ser juzgados por un delito, se acogían al régimen privilegiado de la Iglesia. Además, no pocos clérigos despreciaban el celibato y vivían amancebados, sobre todo en pueblos y villas. Mas también es cierto que las cortísimas rentas que disfrutaban no les estimulaban a llevar una vida digna, precisamente. Los reyes hicieron frente con decisión a este cúmulo de problemas: obligaron a todos los clérigos a recibir las órdenes menores y a usar tonsura y vestimenta bien visibles; redujeron los privilegios procesales y penales del clero —derecho de asilo, inmunidad eclesiástica—; consiguieron que el Papa amonestase a los curas amancebados, mientras ellos castigaban a sus mujeres; sanearon sus rentas, mediante la concentración de beneficios eclesiásticos y la reserva solo para el clero nacional, y fomentaron su formación, limitando el desempeño de los mejores oficios eclesiásticos a los clérigos que hubiesen pasado por las aulas universitarias.

Por último, quedaba la reforma del clero regular. Los monjes y, en especial, los frailes, eran instrumentos principales de evangelizaron y misión, y su vida y sus costumbres debían proporcionar ejemplo a la comunidad cristiana. Lejos de eso, muchos de ellos habían dejado de vivir en clausura o en comunidad y se dedicaban a faenas y quehaceres de todo tipo: unos eran taberneros o dependientes en instalaciones del propio monasterio o convento; otros regentaban fincas agropecuarias propiedad de los cenobios; algunos incluso se dedicaban al contrabando o al mercadeo de bienes. Su ejemplo no podía ser más pernicioso. También es cierto que la crisis de la vida religiosa se debía a múltiples factores: los abades vivían a menudo a mucha distancia, y solo lo eran de nombre, pues administraban por medio de un vicario; las rentas monásticas habían descendido, a causa de los expolios y malas gestiones; disipada la propiedad, era muy difícil mantener la autoridad en los abadengos con jurisdicción. Unas cosas y otras vaciaron los monasterios. Frailes y monjes, desmoralizados, se buscaron la vida en aquellas ocupaciones antes descritas, o salieron a los caminos a pedir limosna transformándose en “plaga de langosta de todos los años”.

A todo esto pusieron los reyes remedio. Su impulso, como siempre, fue decisivo, pues el poder de la monarquía iba a ser utilizado para hacer prosperar la reforma. Ya desde principios del siglo XV habían ido extendiéndose congregaciones de regular observancia, dispuestas al cumplimiento literal de la Regla y las primitivas costumbres fundacionales. Pretendían volver a los orígenes de cada orden, recuperando el rigor y la fe de antaño. Los monjes y frailes observantes insisten en el reforzamiento de la vida comunitaria y de la clausura, la pobreza individual, la correcta administración de los bienes monásticos y el rigor en la selección y acogida de nuevos monjes y frailes, de acuerdo con una vocación verdadera. Pero la restauración de la vida religiosa era, sobre todo, una cuestión económica. Había que rescatar propiedades secuestradas, conseguir renuncias de abades y superiores absentistas que obtenían pingües beneficios de sus cargos, y conceder rentas con las que sostener las nuevas casas de devoción. A todo ello se dedicaron los reyes con ahínco y con la colaboración inestimable de Francisco Jiménez de Cisneros; los tres veían en la observancia una solución a los problemas y prácticas a extinguir. Entre fines del XV y principios del XVI, varias órdenes religiosas iniciaron la reforma: los benedictinos y los cistercienses, entre las monásticas, más la extensión de la orden de San Jerónimo; los franciscanos, los dominicos y los agustinos, entre las mendicantes. No fue fácil, pues a menudo chocaron los partidarios de la observancia y los conventuales, religiosos que no deseaban los cambios. Pero el apoyo de la Corona y su mediación diplomática ante la Santa Sede propiciaron y alentaron la reforma. Con ella, también el clero católico completaba su transformación ante los nuevos tiempos.

4
DESDE 1492 HASTA LA
MUERTE DE LA REINA

El annus mirabilis español: 1492

El año 1492 principiaba con los estandartes reales de Castilla desplegados en las torres de la Alhambra. Apenas terminaba una empresa, cuando otra del mismo calado comenzaba a gestarse. El 17 de abril, días después de firmado el decreto que expulsaba a los judíos de España, los Reyes Católicos ponían sus rúbricas a otro documento de trascendencia aún mayor para nuestra historia: las Capitulaciones de Santa Fe. Junto a ellos firmaba un marino solitario de origen genovés, llamado Cristóbal Colón. Entre todos, pretendían abrir un nuevo camino a la India, navegando hacia Poniente a través del océano Atlántico. Las ideas visionarias de este marino desconocido habían acabado por convencer a los reyes para embarcarse en la que sería “empresa del mayor suceso que otra ninguna”, en palabras del cronista Zurita.

Cristóbal Colón había arribado en 1476 a las costas de Portugal. Tenía cierta experiencia náutica, que se iba a acrecentar en sus años de estancia portuguesa. El reino lusitano se hallaba inmerso en la política de expansión marítima y, tras explorar las costas de Gambia y Sierra Leona, se disponía a hacer lo propio con el golfo de Guinea. En los años siguientes, Colón se dedicó con entusiasmo al arte de la cartografía y a la consulta de mapas y libros, buscando los datos necesarios para consolidar el proyecto que albergaba desde tiempo antes. Convencido de la esfericidad de la tierra, pensaba el marino genovés que podía arribarse al extremo oriental de Asia navegando por el Atlántico hacia Occidente, en un viaje que no había de ser muy largo. Así, pudo ofrecer su proyecto al rey Juan II de Portugal en 1483. La propuesta fue examinada y desestimada por una junta nombrada por el monarca. Posiblemente, las desmesuradas peticiones de Colón, junto a la constatación de algunos errores de cálculo en el proyecto de viaje, frustraron esta primera oportunidad. Portugal habría de perseverar en la ruta de la navegación por la costa de África para llegar hasta la India.

Sólo dos años después, Colón llegaba a España, al convento franciscano de La Rábida, en Huelva. Los frailes, seducidos por la retórica del marino genovés, promovieron su idea. Al principio le pusieron en relación con algunos grandes señores andaluces interesados en la navegación del Atlántico, como el duque de Medina-Sidonia. Pero un proyecto como este necesitaba más altos auspicios, y a primeros de 1486 Colón pudo entrevistarse con los Reyes Católicos. De nuevo una junta de cosmógrafos analizó la propuesta, y otra vez fue rechazada. No obstante, la reina Isabel comenzó a interesarse por ella; con el tiempo, otros apoyos se sumaron a este, como los de fray Diego de Deza o fray Hernando de Talavera. Colón permaneció a la espera, subsidiado por los reyes y aumentando el círculo de amistades y protectores.

La coyuntura histórica que encontró el genovés en Castilla no era la más halagüeña. Todos los ojos estaban puestos en Granada, y en las trascendentales campañas que iban a tener lugar a partir de 1487. Pero en su favor jugaba la vocación atlantista de Castilla. Las posibilidades de expansión de la Corona habían quedado, sin embargo, muy mermadas tras la paz de Alcáçovas de 1479. Aunque el tratado reconocía la pertenencia castellana de las islas Canarias, reservaba a los portugueses la exploración y conquista de Fez, en Marruecos, y del golfo de Guinea, lo que equivalía a dejar casi toda África en sus manos y a cerrar las puertas de la ruta del sur. La exitosa expedición de Bartolomé Díaz en 1488, cuando consigue por vez primera atravesar el cabo de Buena Esperanza y abrir una ruta segura hacia la India, colocaba a Castilla en una situación de inferioridad de la que sólo Colón y su ruta alternativa podían rescatarla.

Pero el magno proyecto colombino estuvo a punto de naufragar entre 1491 y 1492. La guerra de Granada, que tocaba a su fin, exigía el mayor esfuerzo, incluido el económico. Los reyes dejaron de pensionar al marino genoves, y este se volvió a La Rábida, quizá para marcharse a visitar otras cortes europeas. Mas una hábil gestión de los frailes permitió que Colón tuviese una nueva oportunidad, y Fernando e Isabel le recibieron en Santa Fe. En esta ocasión, sus desmedidas pretensiones estuvieron a punto de dar al traste con las negociaciones. Pedía el almirantazgo perpetuo del mar océano; el virreinato y gobernación de cuantas tierras se descubrieran; la décima parte de los tesoros que se encontrasen y la octava de los navíos que se armasen para navegar a las tierras descubiertas. Al Rey Católico no debieron de agradarle unas peticiones que socavaban los fundamentos de la monarquía autoritaria que estaba forjando y que, además, suponían un menosprecio a su familia materna: los Enríquez eran los únicos propietarios del título de almirantes de Castilla desde el siglo XIV. Las conversaciones quedaron rotas a fines de marzo de 1492, y Colón emprendió viaje de vuelta a Palos de Moguer[1]. En el camino, sin embargo, un alguacil real le dio alcance y le comunicó la aquiescencia de los reyes con las condiciones estipuladas.

Las Capitulaciones de Santa Fe se firmaban finalmente el 17 de abril. Aún hoy sigue siendo un enigma por qué cambió el real criterio de una forma tan completa, súbita y espontánea. Se ha apuntado en ocasiones que Colón reveló en Santa Fe la noticia de un predescubrimiento. En cualquier caso, la insistencia de la reina obró el milagro. A Castilla no le quedaba otra opción para colmar sus ansias expansionistas. Además, el coste de la expedición no se preveía grande —tres barcos y unos dos millones de maravedís—. Y tampoco pensaban los monarcas cumplir lo pactado a rajatabla. Una concesión tan generosa, típica de los viejos reyes medievales, no tiene cabida ya en los Estados renacentistas, y sólo se explica por la voluntad de los soberanos de esperar a que el descubrimiento se hiciera efectivo para decidir qué cláusulas se respetarían, y por cuánto tiempo.

La expedición se organizó en unos meses. El 3 de agosto de 1492 se hacía a la mar, desde Palos de Moguer, una flotilla compuesta por una nao capitana, la “Santa María”, y dos carabelas, la “Pinta” y la “Niña”. A bordo, poco más de cien hombres, en total. Tras salir de la isla de La Gomera el 6 de septiembre, en poco más de un mes de navegación tranquila avistaron tierra firme. Era el 12 de octubre: acababa de comenzar una nueva era en la historia de España y del mundo. Aquel pedazo de tierra recibió el nombre de San Salvador. Tras recorrer la parte norte del mar de las Antillas, a fines de mes arribaron las naves a Cuba. Después, a Santo Domingo, la isla Española. Aquí edificó Colón el primer poblado de europeos, aprovechando los restos del naufragio de la nao “Santa María”. Lo llamó Natividad, y dejó cuarenta hombres con sustento para todo un año. Por fin, con excesivo retraso, a mediados de enero de 1493 las dos carabelas restantes emprendieron el viaje de regreso. La navegación fue peor esta vez, y una tormenta las dispersó. No arribaría el almirante al puerto de Palos hasta el 15 de marzo, después de haber hecho escala en Lisboa. Solo restaba la entrevista con los soberanos, que tuvo lugar en el mes de abril, en Barcelona, ante la admiración de toda la corte real.

Era el colofón de un año glorioso para la historia de España, pero aún más para Fernando el Católico, que lo hizo posible. Incluso esa historia le había hecho un pequeño guiño con la elección de un natural de sus reinos como nuevo pontífice: en julio de 1492, el cardenal Rodrigo de Borja se convertía en el papa Alejandro VI. En plena madurez, a los cuarenta años de edad, el Rey Católico veía con satisfacción los frutos de su política y sus obras. En el segundo semestre del año viajó hacia Aragón y Cataluña, y en todas partes comprobaba los progresos políticos, sociales y económicos que su gobierno producía. Ahora podía sentirse, con razón, rey de las Españas, el más grande monarca peninsular desde que, en el siglo XIII, Fernando III y Jaime I sometiesen definitivamente al Islam y pusiesen las bases del nuevo poder real. Ya había mostrado una amplia panoplia de virtudes: prudencia, astucia, valor, diplomacia, equidad, firmeza… Sus actos hablaban por él con largueza. Mas no se habría de conformar. Resueltas las cuestiones internas de la monarquía hispánica, era el momento de atender nuevas tareas más allá de sus fronteras.

Sin embargo, un desgraciado incidente estuvo a punto de segar en flor la vida de Fernando mientras estaba en Barcelona. El 7 de diciembre de 1492, cuando el annus mirabilis tocaba a su fin con el broche de la inminente recuperación de los condados del Rosellón y de la Cerdaña, un payés trastornado, Joan Canyamás, acuchilló al rey en el cuello y le produjo una gravísima herida de la que a punto estuvo de morir. La noticia causó la natural conmoción en la ciudad y en la corte, que temió una conspiración más vasta. En las semanas siguientes todo volvió a su cauce: Fernando no tardó en mostrarse a caballo por Barcelona, para disipar el miedo, y el traidor fue descuartizado con el ritual atroz que las leyes reservaban para los reos de un delito de lesa majestad. Pero el hecho vino a ser una señal que los monarcas atendieron, redoblando su prudencia en las cuestiones de gobierno.

La política exterior de la monarquía
dual y las guerras de Italia

La unión matrimonial de Isabel y Fernando, y, por tanto, de sus respectivos Estados, planteaba algunos problemas de coordinación a la hora de determinar políticas conjuntas. No era el menor el de las relaciones exteriores. Castilla era una aliada tradicional de Francia desde el tratado de Toledo de 1368, e incluso llegó a colaborar con los monarcas galos en la Guerra de los Cien Años. Esa alianza, renovada en 1462, había comenzado a deteriorarse, sin embargo, a raíz de la cuestión sucesoria navarra. El acercamiento posterior de Castilla a Inglaterra y Borgoña acabó por enfriar las relaciones entre ambas Coronas, justo en vísperas del acceso de Isabel y Fernando al trono.

Para Aragón, Francia era su mayor rival, el centro de atención del edificio diplomático que trataba de establecer desde el reinado de Juan II. La enemistad con el vecino reino del norte, de todos modos, se remontaba al siglo XIII, cuando Pedro III el Grande invadió Sicilia y desalojó del trono insular a la casa de Anjou, siempre apoyada por los monarcas galos. Los elementos de discordia, desde entonces, se habían ido acumulando y ya eran muchos; el primero, la enajenación de los condados del Rosellón y la Cerdaña durante la guerra de Cataluña. Pero también lo eran los intereses que ambas monarquías compartían sobre el Mediodía italiano, es decir, sobre el reino de Nápoles. O sobre Navarra, donde Fernando apoyaba al partido beamontés frente al de los agramonteses, sostenido por Luis XI.

Pese a algunas coincidencias, los intereses globales de las Coronas aragonesa y castellana divergían. La política aragonesa se dirigía al Mediterráneo, su territorio natural de expansión, y en especial hacia Italia. Castilla, sin embargo, primaba los asuntos peninsulares —la recuperación de las relaciones dinásticas con Portugal y la conquista de Granada— y la incipiente aventura atlántica, con su extensión africana. Los historiadores coinciden en señalar que la política común adoptada por los Reyes Católicos en materia internacional se ajustó mejor a los intereses de Aragón. Pero también es cierto que Isabel estableció algunas prioridades antes de dar el visto bueno. La primera fue que, en la cuestión navarra, se buscaran los apoyos entre el partido beamontés, cuyos intereses coincidían con los de los territorios vascos. Fernando tuvo que hacer de tripas corazón para entablar alianza con quienes habían sido los principales valedores del príncipe de Viana y, por tanto, rivales de su padre, alejándose con ello del siempre fiel partido agramontés.

La segunda prioridad era la guerra de Granada, resuelta en 1492. La expansión atlántica fue atendida con el fin de la conquista de las islas Canarias y con la expedición colombina, que permitiría abrir nuevos horizontes a Castilla. Por último, las relaciones con Portugal, restablecidas tras las paces de 1479, habían mejorado con el acceso al trono de Juan II y el inicio de las alianzas matrimoniales entre las dos Coronas. Pero surgió un inesperado escollo, precisamente tras el viaje de Colón. Ya se apuntó que el almirante hizo escala en Lisboa antes de volver a España. En la corte lusa pudo dar rienda suelta a su retórica y, de paso, desquitarse de la negativa que esa misma corte había dado a su proyecto diez años antes. El puntilloso rey portugués comenzó a temer que el descubrimiento de Colón se hubiese hecho sobre las tierras reservadas a su reino desde Alcáçovas. A fines de julio de 1493 llegaban tres bulas papales otorgadas por Alejandro VI, el papa Borja, a los Reyes Católicos. La segunda de las tituladas Inter coetera establecía una línea de demarcación entre los descubrimientos portugueses y españoles; esa línea o meridiano, pues corría de norte a sur o de polo a polo, se colocaba 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. El descubrimiento y exploración de las tierras localizadas a poniente de la raya se concedían a España, mientras Portugal retenía las situadas a levante.

Pero el monarca luso no aceptaba la demarcación impuesta por el Papa y proponía a su vez otra, marcada por el paralelo de las Canarias —el norte quedaría para Castilla y el sur para Portugal—. La tensión creció, pero la vía diplomática impidió que llegara lejos. A punto de abrirse la pugna por el dominio de Italia, Fernando necesitaba a Juan II en su proyecto de aislar a Francia. Además, una incipiente política de enlaces matrimoniales comenzaba a apuntar hacia la reintegración definitiva de las Coronas peninsulares en una sola monarquía. Por tanto, representantes de ambos Estados trabajaron durante un año para alcanzar una solución negociada, que se rubricó el 7 de junio de 1494 en el tratado de Tordesillas. La línea alejandrina se sustituía por otro meridiano que pasaba 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Esta nueva demarcación habría de permitir la colonización portuguesa del Brasil, pero también la presencia española en el Pacífico —en las islas Filipinas— y en el levante norteafricano, donde no tardarían en aparecer sus naves.

Resueltas las prioridades castellanas, el Rey Católico disponía del margen de maniobra suficiente para llevar a cabo su política exterior. La cuestión de los condados pirenaicos del Rosellón y la Cerdaña habría de resolverse de manera pacífica. Entre 1489 y 1490, Inglaterra, España y Maximiliano de Habsburgo habían concertado una alianza para proteger el ducado de Bretaña y, de paso, exigir de Francia la devolución de ciertos territorios: la Guyena y Normandía, en el caso inglés; el ducado de Borgoña, para Maximiliano, y Rosellón y Cerdaña, constante reivindicación de los soberanos españoles. Para zanjar el litigio, el rey francés negoció por separado con los integrantes de la alianza para satisfacer sus pretensiones. Así, por el tratado de Barcelona-Tours, de enero de 1493, los condados pirenaicos se reintegraban en Cataluña pacíficamente. El primer objetivo se había conseguido sin necesidad de utilizar el ejército. Pero Carlos VIII lograba deshacer la alianza y despejar el camino para su gran proyecto: la conquista del reino de Nápoles y el asentamiento de la hegemonía francesa en Italia.

La paz instaurada gracias a estos tratados habría de durar poco tiempo. Aliado al duque de Milán, el rey de Francia presentó sus derechos al trono napolitano, como heredero de la casa de Anjou. El 27 de diciembre de 1494, después de una cabalgada triunfal a través del norte de Italia, Carlos VIII entraba en Roma y acababa con la situación de equilibrio que había instaurado la Paz de Lodi cuarenta años atrás. El antiguo eje Milán-Florencia-Nápoles era sustituido por otro mucho más adverso a los intereses españoles, Milán-Venecia-Roma, sometido a la voluntad del rey francés. Los acontecimientos se desencadenaron con rapidez. Muerto el monarca napolitano Ferrante I en ese mismo año de 1494, el Papa proclamó como sucesor a su hijo Alfonso II, quien a su vez abdico a los pocos meses en su propio hijo Ferrante II. La abdicación provoco una revuelta de la nobleza meridional y allanó el camino a las tropas francesas, que ocuparon el reino a principios de 1495 mientras el joven Ferrante II huía a Sicilia.

Fernando el Católico nunca había ocultado su interés por el trono napolitano, al cual tenía derechos indudables por ser sobrino carnal de Alfonso V el Magnánimo. Ni siquiera en el tratado de Barcelona de 1493 había cedido a las presiones de Carlos VIII, fiando la cuestión al arbitraje ulterior del Papa. Ante la situación creada, decidió actuar primero por la vía diplomática. Robusteció los viejos lazos de amistad con Portugal, Inglaterra y los herederos de la casa de Borgoña para estrechar el cerco sobre Francia. En Italia creó una Liga con el fin de restablecer el equilibrio truncado por la invasión gala. La Liga Santa se constituyó en marzo de 1495, con el papa Alejandro VI a la cabeza, y unió en un mismo objetivo al duque de Milán, a la señoría de Venecia, al Rey de Romanos —Maximiliano de Habsburgo—, al destronado Ferrante II y a la España del Rey Católico, que fue quien obró a través de sus diplomáticos el nacimiento de la coalición. Mientras, en el frente militar, el virrey de Sicilia fue prevenido para que colocase en estado de guerra los puertos vecinos a Calabria. La flota del conde de Palamós era enviada a la isla y se aprestaban un gran ejército en Castilla y la armada que habría de transportarlo, en Vizcaya y Galicia.

Carlos VIII se vio obligado a abandonar Nápoles para buscar refuerzos en el norte; pero milaneses y venecianos cortaron su cabalgada en Parma y hubo de retirarse a Asti. Para entonces, las tropas españolas ya habían desembarcado en Calabria y Ferrante II volvía a entrar en Nápoles. A mediados del año siguiente, y tras la capitulación de la plaza de Atella, los franceses, derrotados, solo conservaban Gaeta y Tarente, que caerían poco después. En la triunfal campaña de las armas hispanas destacó Gonzalo Fernández de Córdoba. Experto militar y noble de alta cuna, protagonizó sus primeras proezas —la toma de Gaeta, por ejemplo— y comenzó a labrarse el prestigio inmenso que, con el tiempo, le haría acreedor del título de “Gran Capitán”. Por otro lado, en 1496 moría Ferrante II y ocupaba el trono su tío Fadrique III, hijo bastardo de Ferrante I. El Rey Católico, que se juzgaba con mejor derecho, lo excluyó de las negociaciones con Carlos VIII sobre la cuestión napolitana. Sin embargo, la tregua de Lyon, de febrero de 1497, dejó las cosas como estaban, al menos hasta la temprana muerte del monarca francés, acaecida en abril de 1498. La primera campaña italiana supuso para los monarcas españoles un reconocimiento adicional: Alejandro VI les concedía el título de “Reyes Católicos”, que venía a contrapesar el de “Rey Cristianísimo” que ostentaba el soberano francés.

Fernando vio que había llegado la hora de recuperar la diplomacia. Los recientes cambios en los tronos de Portugal, Francia y el Imperio le habían convertido ya en el decano de los reyes de Europa occidental —si exceptuamos a su propia esposa en Castilla—. Comenzaba a advertir que su poder y su prestigio le permitían dirigir la escena internacional sin necesidad de recurrir sistemáticamente al ejército. Como el nuevo monarca francés, Luis XII, reiteraba sus intereses italianos invadiendo el Milanesado al poco de llegar al trono, Femando convino en repartir Nápoles entre ambos de modo pacífico, y ganar tiempo así para la solución definitiva del conflicto: el dominio total del sur de Italia. Por el tratado de Granada, de noviembre de 1500, los franceses adquirían la parte septentrional del reino, con los Abruzzos y la capital, Nápoles, mientras España retenía Apulia y Calabria. Se cerraba en falso, pues, la primera parte de las guerras italianas. Ninguna de las partes implicadas en el tratado pensaba cumplir su parte, y muy pronto habría que dirimir el asunto, nuevamente, en el campo de batalla.

En efecto, la disputa estalló a la hora de repartir las tierras que quedaban entre las regiones adjudicadas a cada uno de los contendientes, y cuya propiedad no se había especificado. Eran la Basilicata y la Capitanata, y fueron invadidas por las tropas de Luis XII, dirigidas por el duque de Nemours, en junio de 1502. Fernando, agobiado por las dificultades económicas y políticas —sublevación de los mudejares granadinos, llegada de Felipe el Hermoso y Juana a Castilla, crisis de la alianza con Inglaterra…—, tuvo que esperar y batirse en retirada. El ejército francés ocupó también Apulia, y el Gran Capitán pasó a la defensiva, esperando que se le diese la orden de atacar. Entre invierno y primavera de 1503, recibió los refuerzos prometidos. La superioridad de la infantería española sobre la vieja caballería feudal francesa quedó patente en las batallas de Seminara y Ceriñola, a fines de abril de 1503: el duque de Nemours murió en el combate, y las puertas de Nápoles se abrieron a Gonzalo Fernández de Córdoba a mediados de mayo. Un nuevo ejército enviado por Luis XII fue completamente derrotado en Garellano a fines de año. Se imponía la paz. Francia temía por la suerte del ducado de Milán, ahora que toda Italia se apresuraba a ponerse del lado del vencedor; mientras que los españoles, aunque triunfantes, estaban arruinados por el coste de la campaña. El 11 de febrero de 1504 se firmaba el tratado de Lyon, que dejaba la totalidad del reino de Nápoles en manos españolas.

La contención del expansionismo turco fue un complemento de la política de Fernando el Católico en Italia. Los Reyes Católicos asumieron la posición de defensores de la Cristiandad en el Mediterráneo, un mar en gran parte musulmán. El acceso al trono de Fernando en 1479 coincidió con las últimas ofensivas del infatigable sultán Mohamed II. Tras concluir la guerra con Venecia mediante el tratado de Estambul, la armada turca atacó la isla de Rodas y ocupó brevemente Otranto, en la Apulia italiana. En ambos casos, la armada catalana tuvo una intervención decisiva a la hora de rechazar los ataques. El hijo de Mohamed II, Bayaceto II, retomaría la guerra con Venecia a finales de siglo. Conquistó sin dificultades la fortaleza marítima veneciana de Lepanto y diversas ciudades en el suroeste del Peloponeso, dominando así el golfo de Corinto. La expansión turca comenzaba a amenazar intereses vitales de la Corona en Italia, como el paso a través del canal de Otranto o la seguridad de las costas de Sicilia y Calabria. Por eso, Fernando dispuso el envío de una gran flota al mando del Gran Capitán para levantar el cerco de Neápolis y aflojar la presión otomana sobre el Mediterráneo central. Aliado a la flota veneciana, Gonzalo Fernández de Córdoba consiguió expugnar el puerto y la fortaleza de Cefalonia, tras un asedio de dos meses en que tuvo que utilizar toda su pericia militar. La conquista de Cefalonia fue un jalón en la defensa del Mediterráneo, pues por vez primera las naves cristianas derrotaron a los turcos y frenaron momentáneamente su expansión, impidiéndoles el paso hacia Occidente.

Pero también era preciso intervenir en las costas del norte de África, a fin de evitar la instalación de posesiones turcas desde las que se pudiese hostilizar el comercio y, eventualmente, el litoral de Andalucía y Valencia. El Magreb, además, era uno de los espacios previstos para la expansión castellana. En el tratado de Alcáçovas, Castilla se había asegurado el monopolio de la Berbería de Levante. Los reyes procuraron mantener relaciones amistosas con los soberanos musulmanes de la región, por varias razones: eran un medio de evitar la influencia turca sobre el Mediterráneo occidental, favorecían el intenso comercio entre las islas y el sur de Italia con el litoral magrebí y facilitaban la liberación de cautivos. En este sentido, las relaciones con los sultanes de Túnez y Bugía fueron cordiales; pero comenzaban los problemas con el puerto de Argel, que por entonces ya era un nido de piratas. Por eso, Fernando pensó en reforzar la presencia española en la costa mediante el establecimiento de una plaza que sirviese de base de operaciones. Tras diversos tanteos, la elección recayó en Melilla. En septiembre de 1497, soldados castellanos desembarcaron en la pequeña península y comenzaron a fortificarla. Poco después se sometía el jeque de Djerba, isla estratégica situada entre Túnez y Trípoli. Eran los primeros pasos de la política norteafricana, que habría de consolidarse a principios del siglo XVI.

Castilla y Aragón hasta la muerte
de Isabel la Católica

Entre 1492, año de la conquista de Granada, y 1504, que marca la muerte de la reina, Fernando trató de combinar la exhaustiva dedicación que requería la política internacional con las exigencias del gobierno de los Estados peninsulares. La construcción de la nueva monarquía, autoritaria o absoluta, no admitía aplazamientos, debía ser constante. Los cimientos se habían puesto en las Cortes de Toledo de 1480, por lo que hace a Castilla, y en las sucesivas reuniones de Cortes y en las intervenciones en las diputaciones y los principales municipios de los reinos, en el caso aragonés. Cabía seguir ahondando, pues, en la vía de la afirmación del poder regio, suprimiendo o reduciendo otros núcleos de poder que pudiesen resultar alternativos. Ambos monarcas —en especial, Isabel— habían conocido y sufrido la degradación de la potestad real en el transcurso de reinados anteriores: Juan II en Cataluña y Enrique IV cuando la “Farsa de Ávila” eran dos muestras recientes. Por eso no dudaban en querer reservarse para ellos solos la autoridad suprema, y se negaban a compartirla con alguna otra institución, grupo social o persona —léase valido o favorito—.

En Castilla, la sumisión de la nobleza era el objetivo preferente. El primer paso se dio cuando Fernando incorporó a la Corona los maestrazgos de las órdenes militares. Entre 1489 y 1494, Calatrava, Santiago y Alcántara pasaron a ser gobernadas directamente por el monarca. De un golpe, el Rey Católico eliminaba unas dignidades que conferían a sus titulares demasiado prestigio y poder e incorporaba a su Hacienda medios materiales y recursos económicos cuantiosos. Al mismo tiempo, la alta nobleza era apartada del Consejo Real después de las reformas de este, pues se le privaba del derecho de voto. El auge de los corregidores y la actividad de la Santa Hermandad supondrán igualmente un freno a sus actividades y un límite más a su poder. Por lo que respecta al aspecto político de la cuestión, las cosas están claras: a los grandes señores solo les queda el recurso de trabajar para la nueva monarquía, si llega el caso y son llamados. Virreinatos, embajadas y mandos militares serán los destinos preferentes. Mas los Reyes Católicos no olvidaron proteger a este grupo social: reconocen sus privilegios, confirman sus posesiones territoriales y dejan intactas sus fuentes de rentas. Las leyes dadas en las Cortes de Toro, de 1505, consolidan definitivamente la institución del mayorazgo, que es la base de la riqueza y del poder territorial de los señores castellanos. Los patrimonios nobiliarios se convierten en inalienables e intangibles, con lo que se refuerzan e inician un largo proceso de concentración. Los grandes linajes, como Medinaceli, Alba o Medina-Sidonia, serán los principales beneficiarios de esta política.

También las ciudades, y en especial las representadas en las Cortes de Castilla, sufrirán las consecuencias del auge del poder real. Es verdad que, en un primer momento, Fernando e Isabel se apoyaron en ellas para enfrentarse a la nobleza e imponer la nueva organización del reino. Pero, una vez establecido un poder fuerte, los reyes procuraron someter a las ciudades castellanas, bien mediante los corregidores, bien procurando no convocar a las Cortes más de lo necesario —solo en situación de crisis o de necesidad económica, o cuando hay que preparar la sucesión al trono—. Tras las de Toledo de 1480, solo se convocarán en tres ocasiones en los siguientes veinticinco años.

La estructuración de la nueva monarquía prosiguió durante esos años. En 1494, Fernando erigía el Consejo Real de Aragón, derivándolo de la vieja curia regia de los Estados catalanoaragoneses. También en este Consejo, dotado de ciertas funciones de justicia y gobierno, eran los letrados la parte principal en su gestión, como lo eran en el de Castilla. Otros Consejos empezaban a despuntar por entonces: el de las Ordenes Militares, el de la Inquisición, el de Guerra… Se estaba gestando el régimen polisinodial de gobierno, es decir, el ejercicio del poder con la ayuda de cierto número de juntas estables —los Consejos— integradas por un presidente, un secretario y varios consejeros. Asesoraban al monarca en las tareas de gobierno, despachando con él los asuntos más notables, y suponían la más alta instancia jurisdiccional en el ámbito de su competencia. Habrá así Consejos que actúan sobre un determinado territorio, como los de Castilla, Aragón, Indias o Navarra; otros rigen una materia determinada: Estado, Guerra, Inquisición… Junto a los Consejos, y como órgano de gobierno y justicia a un tiempo, se erigen las Chancillerías y Audiencias. A la creación de la de Valladolid, en 1480, siguió a fin de siglo la de Ciudad Real, que en 1504 era trasladada a Granada, también con la intitulación de Chancillería. La Audiencia de Galicia, con sede en Santiago, se instituye para colaborar en el gobierno de un territorio azotado por banderías y luchas nobiliarias. Más tarde surgirían nuevas Audiencias, en Sevilla o Canarias. Se trataba igualmente de acercar la justicia a los súbditos del rey y evitarles largos desplazamientos en los pleitos de alzada o apelación. Es evidente que estas y otras reformas van consiguiendo afirmar el poder soberano de la Corona. Durante el reinado de Fernando e Isabel, una legión de agentes reales recorre Castilla de un extremo a otro, restaurando la autoridad de la monarquía: gobernadores, corregidores, pesquisidores y visitadores, jueces de comisión, alcaldes… Todos ellos construyen lenta y pacientemente el entramado de relaciones y funciones que constituyen la base de la soberanía moderna.

En sus Estados patrimoniales de Aragón, Fernando trató de avanzar en la política de intervención y de afirmación del poder regio. Desarrolló algunas instituciones para fortalecer su presencia, como las Audiencias de Barcelona, Valencia y Zaragoza. En Cataluña obtuvo un mayor control sobre el municipio barcelonés y la propia Generalitat, mediante la introducción de la insaculación o sorteo de sus principales cargos, con unas listas en cuya confección él intervenía. En Aragón hizo lo propio con la poderosa Diputación: aprovechando la necesidad de sanear su maltrecha economía mediante un reparo del general, similar al redreç catalán, el rey introdujo el sorteo de cargos, la intervención en las listas y apoyó la presencia de su hijo bastardo Alfonso, arzobispo de Zaragoza, en el seno de la institución. En Valencia, se limitó a mantener el control sobre la capital mediante la designación de racionales sumisos a sus órdenes. En general, Fernando reformó y saneó las haciendas municipales y de los reinos y mejoró su presencia en los distintos órganos de gobierno. Pero también favoreció los intereses de los grupos sociales más poderosos, como los ciudadanos honrados de Barcelona o la nobleza aragonesa —la sentencia de Celada de 1497 reconocía casi todos sus derechos, hasta los más antiguos—. Los efectos de esta política condescendiente habría de sufrirlos el rey en el futuro.

La reforma de los medios militares con los que contaba la Corona fue una de las grandes preocupaciones de Fernando. La difusión del empleo de armas de fuego o la necesidad de mantener flotas de guerra y tropas mercenarias que pudiesen operar fuera de la Península abren las puertas a la creación de un ejército permanente al servicio de los reyes y de su política. El ejército medieval había resultado aún de cierta utilidad para la conquista de Granada, pero su uso era inimaginable en las campañas italianas, a partir de 1495. De todas formas, la larga guerra granadina había creado una base con la que trabajar: grupos de especialistas en tareas de mando, de organización de las tropas en la batalla, de manejo de armas nuevas, como cañones o espingardas; de preparación del terreno —ingenieros o zapadores—. También había proporcionado algunos conceptos que luego resultarían claves en el desarrollo de la guerra moderna: la importancia de la caballería ligera o de jinetes, la movilidad de la infantería o el despliegue de armas de fuego. Granada sirvió a la vez para remozar el viejo ejército de carácter territorial y sus dispositivos y preparar un uso más eficaz de ellos. Y esto pasaba por la formación de un ejército real permanente. Primero se reformaron las capitanías de caballería, que pasaron a estar formadas por caballeros armados o “a la guisa” y por jinetes. La artillería formó sus parques y especialistas propios —cerca de 150 en 1504— La infantería vio reorganizados tanto sus efectivos como su forma de combatir a raíz de las campañas de Italia: nacería así la infantería de ordenanza, que combatía en formación, imitando con mayor perfección el modelo suizo, y combinando picas y espingardas o arcabuces. Un modelo más evolucionado, el de las coronelías, agrupa a compañías de infantería y caballería, con enorme potencia de fuego y despliegue. Son el precedente inmediato de los célebres “tercios”, base de un ejército que será hegemónico en Europa hasta mediados del siglo XVII.

Pero esta revolución del arte militar, que combinaba las fuerzas de infantería, caballería y artillería, suponía una fuente de gastos más que notable. Ladero Quesada calcula que, poco antes de morir Isabel, el ejército real costaba unos 120 millones de maravedís anuales, es decir, dos quintas partes de los ingresos ordinarios del Estado. Quizá por esta razón no fuese posible establecer una flota de guerra permanente, pues el coste era elevadísimo. Hubo, pues, que recurrir a la contratación temporal de barcos, la mayoría vascos y cántabros. En cualquier caso, la Corona no podía renunciar a la libertad que le proporcionaba un ejército de este tipo, idóneo para las empresas exteriores por su eficacia. Fernando el Católico aún tuvo que recurrir a la nobleza para acudir a la guerra; pero sus sucesores ya no se verán obligados a hacerlo, con lo que la monarquía habrá consumado su independencia de hecho respecto de los antiguos señores de Castilla.

Si el desarrollo del ejército moderno es un hecho de gran importancia durante el reinado de Fernando, también lo es el establecimiento de una diplomacia permanente al servicio de la nueva monarquía. Los primeros embajadores fijos fueron enviados a Roma. Después se establecieron en las cortes de Inglaterra, Francia y del emperador de Alemania. Incluso Estados menores, como Venecia o Milán, conocieron embajadas permanentes españolas. A principios del siglo XVI, la red de embajadores y agentes de la monarquía cubría ya media Europa. Y es que, para los reyes, la diplomacia era un complemento necesario de su política global, tan importante al menos como el desarrollo del ejército. El complejo legado de relaciones exteriores formado por Juan II de Aragón requería de una actividad incesante ante los diferentes poderes que empezaban a configurarse en la Europa occidental. La política exterior hispana se basa en el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de Estados que deben convivir manteniendo cierto equilibrio entre ellos. De ahí la lucha por cercenar los intentos de hegemonía de Francia en el concierto de las naciones de la época.

Uno de los aspectos más notables de la actividad diplomática de los Reyes Católicos lo constituye su política de uniones matrimoniales. La casa de Trastámara había cimentado buena parte de su fortuna en una serie de enlaces que habían acabado por propiciar la unión dinástica de Castilla y Aragón. Esa actividad continuó durante el reinado de Fernando e Isabel, esta vez encaminada a reforzar los vínculos con los países aliados de la doble Corona. Así, Isabel, la hija mayor, casó con el príncipe Alfonso de Portugal; al morir este, volvió a contraer matrimonio con Manuel el Afortunado, sucesor de Juan II. La hija menor, Catalina, corrió una suerte similar: prometida al príncipe de Gales, Arturo Tudor, que también falleció poco después de la boda, acabó casándose con su hermano Enrique —el futuro Enrique VIII de Inglaterra—. La gran alianza, sin embargo, se pactó con Borgoña y sus herederos, los Habsburgo. El príncipe Juan casó con Margarita de Austria, hija de Maximiliano I, emperador de Alemania; su hermana, la infanta Juana, lo hizo con otro hijo de Maximiliano: Felipe de Borgoña, llamado “el Hermoso”. Pero este castillo de naipes, construido tan trabajosamente, comenzó a quebrarse con la muerte, en octubre de 1497, del príncipe Juan. El mazazo para los Reyes Católicos fue enorme, y en especial para Fernando, que perdía el varón que exigía la sucesión aragonesa. Las Cortes de Toledo de 1498 se apresuraron a jurar a los príncipes herederos, Isabel y Manuel de Portugal, mientras el Rey Católico luchaba en Zaragoza por asegurar los derechos de su hija. Lo consiguió, pero no le valió de mucho: la reina de Portugal moría en agosto de 1500, al dar a luz a un hijo varón, el príncipe Miguel, que por unos meses fue el heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal, hasta que falleció a fines de ese año.

Las muertes de sus hijos Juan e Isabel y las desventuras por que pasaba Catalina en Inglaterra fueron un duro trauma para la reina Isabel. Para colmo, las noticias que llegaban a la corte sobre la salud mental de la ya princesa Juana eran inquietantes. En enero de 1502, esta y su marido, Felipe, se desplazaron a la Península para ser jurados como herederos por las Cortes de Castilla y de Aragón. Sin embargo, Fernando desconfiaba del yerno, cuya francofilia le era bien conocida. De hecho, Felipe de Borgoña había pactado a sus espaldas el matrimonio de su hijo Carlos de Gante, nieto de los reyes, de apenas dos años, con Claudia, la hija de Luis XII de Francia. Fueron unos años difíciles para el Rey Católico. El desánimo de Isabel, cada vez más deprimida; los recelos hacía su yerno, que ya mostraba unas ambiciones desmedidas y una doblez del mismo calibre; la desesperación ante una hija obsesionada por su marido e incapaz de percibir los desafíos de ser la heredera de Castilla y Aragón; la lejanía del único nieto, que algún día habría de recibir estas y otras Coronas; las asechanzas de Luis XII, un rey inteligente y severo, dispuesto a sacar partido de cualquier traspié; los problemas en Granada, en Nápoles, en el Rosellón… Un enorme lastre para cualquiera que no fuese Fernando de Aragón, el hijo del infatigable Juan II.

Pero sí lo fue al cabo para Isabel de Castilla. En el verano de 1504, poco después de que su hija Juana se embarcara para Flandes, enfermó gravemente de fiebres cuartanas. Con el cuerpo ulcerado y síntomas de hidropesía, se retiró a Medina del Campo, adonde le acompañó Fernando. En octubre redactó su testamento, al que añadió un codicilo a mediados del mes siguiente. Por fin, el 26 de noviembre de 1504, moría la Reina Católica. Apenas contaba cincuenta y tres años de edad. Pero, al igual que su marido, no había conocido reposo desde la infancia, y las amarguras familiares de los últimos años acabaron por minar su resistencia. En el testamento, instituía como herederos de la Corona de Castilla a los archiduques de Austria, Juana y Felipe; sin embargo, temiendo los desequilibrios de aquella y la ambición de este, designó a Fernando gobernador del reino y regente durante las ausencias del matrimonio. En este punto, la clarividencia de la reina equivalía a la de su marido. Castilla iba a afrontar tiempos difíciles, e Isabel sabía que el Rey Católico era el único capacitado para un gobierno en tiempos de crisis.

5
LA CRISIS DE LA
MONARQUÍA (1504-1516)

La primera regencia: los problemas
coyunturales

«Por cuanto puede acaecer que al tiempo que Nuestro Señor de esta vida presente me llevare, la dicha Princesa, mi hija, no esté en estos Reinos, o después que a ellos viniere, en algún tiempo haya de ir e estar fuera de ellos, o estando en ellos, no quiera o no pueda atender en la gobernación de ellos (…) el Rey, mi Señor, rija, administre e gobierne los dichos mis Reinos e Señoríos». Con estas palabras, dejaba Isabel la gobernación de Castilla a Fernando. Otros párrafos del testamento la hacían durar hasta la mayoría de edad del infante don Carlos —el futuro Carlos V-, al tiempo que rogaba a los príncipes «que siempre sean muy obedientes e subjetos al Rey, mi Señor, e que no le salgan de obediencia e mandado». Mas la situación política en que quedaba Fernando era complicada. Los verdaderos reyes eran su hija Juana y ese príncipe ambicioso y libertino, Felipe de Borgoña. Así lo reconoció, alzando pendones por ellos en Medina, el mismo día de la muerte de la reina. Además, el Rey Católico se quedaba solo, sin la presencia y ayuda de quien había estado a su lado los últimos treinta y cinco años, de quien le había apoyado de modo incondicional en su acción de gobierno.

Los problemas eran muchos, e iban a poner a prueba la capacidad política de Fernando. Era consciente de que su obra se había gestado en pocos años, y que quedaban muchas cosas por consolidar. Y no corrían buenos tiempos, precisamente. En el campo castellano, una sucesión de malas cosechas había elevado el precio del trigo en las ciudades, con el consiguiente descontento. La nobleza, una vez disuelta la Santa Hermandad en 1498 y muerta Isabel, volvía a las andadas, reclutando tropas para enfrentarse entre sí o constituir una nueva Liga. Aún peor: una parte principal de los linajes de Castilla —Medina-Sidonia, Béjar, Benavente, Villena…— empezó a congregarse en torno a Felipe de Austria; encabezaba el partido el señor de Belmonte, don Juan Manuel, que aspiraba a reverdecer la institución del valido. La situación económica tampoco era buena, pues aun cuando la política real había conseguido un sensible aumento de los ingresos en la Hacienda, los gastos siempre eran superiores, lo que obligaba a recurrir al crédito: los juros, los préstamos de la nobleza, la banca genovesa… Las guerras del Rosellón y Nápoles habían devorado muchos millones de maravedís, consumidos en empresas propias de la política exterior de la Corona de Aragón. Este hecho comenzaba a despertar en Castilla recelos, si no abierta hostilidad, contra Fernando y su séquito de secretarios, el llamado partido aragonés o fernandino.

En el exterior, las recientes victorias en Italia habían puesto Nápoles en manos del rey; pero faltaba consolidar el triunfo. Y no iba a ser fácil, pues en 1503 había sucedido al papa Borja, Alejandro VI, el cardenal Della Rovere, con el nombre de Julio II. El nuevo pontífice era partidario de reducir la influencia extranjera en Italia y de conceder a la Santa Sede la hegemonía política sobre sus tierras. Pero no era Nápoles el único dolor de cabeza más allá de las fronteras. Navarra empezaba a oscilar peligrosamente hacia Francia, de la mano de su reina, Catalina de Foix. En una maniobra como siempre alentada por Luis XII, Catalina había casado al príncipe heredero, Enrique, con Margarita de Valois, hermana del futuro rey Francisco I. El soberano francés no desaprovechaba la más mínima señal de debilidad española para resarcirse de sus derrotas napolitanas.

Y las desavenencias entre Fernando, su hija Juana y el yerno Felipe eran un flanco fácil de atacar. Fernando confiaba en que los ahora reyes de Castilla prolongaran su estancia en Flandes, de modo que él pudiese gobernar cómodamente los Estados peninsulares. Pero, por si esto no ocurría, el Rey Católico convocó una reunión de las Cortes castellanas, que habría de celebrarse en Toro ya entrado 1505. El fin no era otro que conseguir que Juana fuese jurada para, acto seguido, incapacitarla por su enajenación mental. De este modo, Fernando hizo de nuevo el juramento reservado a los reyes castellanos, aunque su condición fuese la de gobernador del reino. El premio para la nobleza, que avaló estos actos, fue la confirmación del régimen de la propiedad feudal en Castilla, es decir, del mayorazgo. Como vimos, las leyes de Toro ordenaban, sistematizaban y aclaraban esta institución, base de la conservación del poder económico y social de los señores.

Mas Felipe de Austria no se iba a conformar con este arreglo de cosas. Mientras reclamaba a su suegro que le cediese el gobierno de Castilla, firmaba junto con su padre, el emperador Maximiliano, el tratado de Hagenau, en abril de 1505. El telón de fondo no era otro que la constitución de una alianza entre Francia, el Imperio y la Castilla de Juana y Felipe; el rey de Aragón y sus Estados quedaban excluidos. Con ello se le daba la puntilla a la red de alianzas diplomáticas y matrimoniales de Juan II que se había consolidado con los Reyes Católicos. Además, la reina, presionada por Felipe, insistía en reclamar la gobernación. El margen de maniobra de Fernando se estrechaba por momentos y no le quedó más remedio que intentar un acercamiento, insincero y coyuntural a Francia, para tratar de desmantelar las asechanzas de su yerno. Por el segundo tratado de Blois, el Rey Católico aceptaba desposar a Germana de Foix, sobrina carnal de Luis XII. La boda le acarrearía el reconocimiento francés de sus derechos a la corona de Nápoles, siempre que pagase una indemnización por los gastos de la guerra. Viendo cómo la baza francesa se alejaba, Felipe de Austria trató de llegar a un acuerdo diplomático con su suegro. Y así, por la concordia de Salamanca, firmada en noviembre de 1505, Fernando, Felipe y Juana eran reconocidos como reyes indistintamente; si esta no pudiese gobernar, lo haría su marido estando en Castilla, pues de lo contrario el gobierno sería de Femando.

Precisamente para evitar esto último, se trasladó Felipe desde Flandes en pleno invierno, llevando consigo a Juana y a toda una cohorte de nobles y partidarios flamencos. A fines de abril de 1506 desembarcaban los jóvenes reyes, pero no en Laredo, donde eran esperados, sino en La Coruña. Felipe quería aplazar el encuentro con su suegro hasta haber asegurado la situación. La reunión se celebró por fin el 20 de junio en Remesal, cerca de Puebla de Sanabria. La escena no pudo ser más elocuente: Fernando compareció prácticamente solo, acompañado por algunos de sus consejeros de confianza y unos pocos nobles; enfrente tenía un ejército formado por miles de mercenarios alemanes y las mesnadas de los linajes partidarios de Felipe de Austria. El Rey Católico sabía que no le quedaba otra salida que abandonar Castilla; lo contrario habría supuesto una guerra civil, su más que probable derrota y la ruina del reino que tanto amaba. El tratado de Blois con Francia y la boda con Germana de Foix habían disminuido su crédito y la fe de muchos en él, incluido el ya poderoso cardenal Cisneros. La concordia de Villafáfila selló la marcha de Fernando de la Castilla por la que tanto había luchado. Tras de sí dejaba una tierra castigada por la peste y el hambre y envuelta en nuevas banderías nobiliarias. Mas los pactos no le fueron del todo desfavorables: su obra y el recuerdo de los buenos tiempos no iban a perderse tan pronto, y quizá más adelante pudiera volver a enderezar lo que entretanto se torciese. Conservó además la administración de las órdenes militares y de sus grandes rentas. Y, lo que era más importante, ganaba un tiempo precioso para atender los asuntos de sus Estados aragoneses, de los que durante tantos años había permanecido ausente. Ante todo, el gobierno de Nápoles, donde las últimas actuaciones de su virrey, el Gran Capitán, habían sembrado de inquietudes el ánimo del Rey Católico.

La segunda regencia y la política
interior

A fines de julio, Fernando entraba en Aragón y abandonaba por un tiempo los asuntos de Castilla. Pasó fugazmente por Zaragoza para recoger a su esposa, y en septiembre se embarcó en Barcelona hacia Nápoles. La escuadra en que viajaba hizo una primera escala en Génova. Hasta allí fue a recibirle Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. La entrevista era muy esperada por ambas partes. Fernando estaba dolido con su virrey por la tardanza con la que ejecutaba sus órdenes y por haberse negado a viajar a España a requerimiento del monarca. También le había sorprendido el hecho de que se atribuyese en la administración del territorio napolitano facultades regias, al repartir tierras, proveer oficios, disponer embajadas o gastar dinero de la Hacienda en mercedes. Don Gonzalo, por su parte, no entendía que el pago a recibir por tanta grandeza alcanzada fuesen suspicacias y cicatería a partes iguales. Y es que dentro del concepto de la monarquía y de la corte que mantenía el Rey Católico no cabían los vasallos demasiado encumbrados, y menos aquellos que, con su comportamiento, desafiaban el monopolio del poder que la Corona reclamaba. En estos casos el rey no regateaba el premio por sus servicios: concedió al Gran Capitán los ducados de Sessa y Terranova. Pero no les permitía medrar en los lugares que habían ganado para España, y por eso fue depuesto como virrey de Nápoles poco después y enviado de vuelta a la Península. Es, al fin y al cabo, una historia similar a la escrita por Cristóbal Colón y el propio monarca muy poco tiempo antes.

Mientras Fernando atendía los asuntos napolitanos, su yerno Felipe trataba de gobernar en Castilla. Y pronto comprobó que no iba a ser tarea fácil. Por de pronto, las Cortes, reunidas en Valladolid en julio de 1506, se negaron a incapacitar a su esposa, Juana. Antes bien, fue jurada como reina por delante del propio Felipe, que quedó sólo como rey consorte. Esta era la reacción de una tierra que empezaba a ver con desconfianza a una corte extranjera, cuyos componentes recibían a diario mercedes y, lo que era más grave, también altos cargos, contraviniendo así la antigua disposición castellana que vedaba la provisión de oficios en personas que no fuesen naturales de la Corona. Por añadidura, el nuevo rey dedicaba largo tiempo a sus placeres favoritos: el juego, las fiestas, la sensualidad… «Tráenlo de vanquete en vanquete, y de dama en dama, y asy va todo como va», escribía el embajador Fuensalida por esos días. No podía haber mayor contraste con la austeridad y el rigor de Fernando e Isabel mientras ocuparon el trono. El recuerdo de aquel feliz reinado se expone en memoriales de la época, como ese que clama: «Rey don Fernando, ¿qué es de tu justicia?» La sensación de desgobierno, el nuevo empuje de la nobleza feudal —que protagonizó dos sublevaciones, en Andalucía y Segovia— y los abusos de las tropas mercenarias que Felipe había traído consigo empezaban a pasarle factura apenas dos meses después de haber tomado las riendas del poder.

A fines de septiembre de 1506, mientras en Génova se entrevistaban el rey Fernando y el Gran Capitán, los hechos tomaron un sesgo inesperado. Felipe había trasladado la corte a Burgos, y allí se encontraba cuando le sobrevino una brusca e inesperada enfermedad, a resultas de la cual murió el día 25. El desconcierto fue enorme en toda Castilla. Los nobles más cercanos al archiduque de Austria, temiendo el regreso desde Italia de un Fernando enojado, propusieron la proclamación del príncipe Carlos, niño de apenas seis años; durante la minoría, su abuelo Maximiliano tendría la gobernación del reino. La misma Juana, en medio de un trastorno agravado por la muerte del marido al que idolatraba, impugnó esta idea por descabellada: «La Reina le respondió que en lo que decía de la venida del Rey de Romanos, que no era menester acá para la governación del reino, porque en lo de Alemania tenía harto que governar; y el Príncipe su hijo era muy pequeño para ponello…» Una larga minoría con su correspondiente regencia era el escenario más agradable para un buen sector de la nobleza; pero, por el momento, ese proyecto no era viable. Los grandes de Castilla, reunidos en Burgos, acordaron constituir un Consejo de Regencia integrado por el almirante de Castilla y los duques de Nájera y del Infantado; la presidencia recayó en el arzobispo de Toledo, fray Francisco Jiménez de Cisneros. La autoridad de este se impuso sobre cualquier otra consideración: el testamento de la reina y el análisis de las soluciones plausibles apuntaban hacia Fernando de Aragón.

La crisis que vivía Castilla se agravaba por momentos. La hambruna y la peste se cebaban en la población; la guerra civil había estallado con toda virulencia en Segovia y amenazaba con extenderse, ante las protestas de los que, perjudicados por la política de Felipe de Aus tria, reclamaban restituciones y compensaciones; la demencia de la reina se había agravado con la muerte del archiduque. El regreso del rey era urgente, y por eso Cisneros le dirigió una carta a Génova el mismo día de la muerte de Felipe. Mas no olvidaba Fernando las humillaciones con facilidad, y menos la escena de Remesal. No iba a renunciar tampoco a otra empresa, si no tan acuciante, al menos sí más placentera, como era recoger los laureles del triunfo en Nápoles y reorganizar el gobierno de un reino que iba a permanecer en manos españolas durante dos siglos. El Rey Católico encargó a Cisneros que se hiciese cargo de la regencia hasta su vuelta y, mientras tanto, como indica Belenguer Cebrià, “que cada cual se cociese en su propia salsa”. Al fin y al cabo, ya no era un joven al que apremiase cumplir los designios dinásticos de los Trastámara. A las alturas de 1507, Fernando de Castilla y Aragón era el decano de los monarcas del occidente europeo y, por méritos propios, el más brillante de todos ellos —solo Luis XII y el papa Julio II podían comparársele—. Casi cuarenta años hacía desde que ciñó la primera de sus coronas, la de Sicilia. Ahora podía esperar, sabiéndose indispensable.

«Estando el rey don Fernando en Nápoles, muy a menudo sabía las cosas de Castilla y los movimientos y nuevas della, y sabía cómo algunos de los cavalleros presumían e tratavan que no fuese reçebido en Castilla». El cronista Bernáldez nos confirma que el monarca no había dejado de estar rigurosamente informado de lo que acontecía en la meseta gracias al partido que le apoyaba y a su propio servicio de espionaje. Sabía, pues, que el reino se encontraba sin rumbo. Su hija Juana había entrado en una atonía que le privaba de tomar decisiones de gobierno. Por otro lado, Cisneros no había podido imponerse al partido proflamenco, encabezado por don Juan Manuel y que aún porfiaba por ofrecer la corona al príncipe Carlos, nieto del Rey Católico. El frente nobiliario estaba abierto. Y aunque el señor de Belmonte acabó exiliándose a Flandes antes de ser capturado, otros personajes, como el duque de Nájera o el marqués de Priego, se aprestaron a resistir. Esta fue la primera tarca que se impuso, y la despachó en poco más de un año, de modo que a fines de 1508 Castilla podía darse por definitivamente pacificada. Era la hora de emprender la segunda de las tareas, la de poner fin al macabro espectáculo que su hija Juana estaba dando desde diciembre de 1506. Un cortejo fúnebre trataba en vano de trasladar los restos del archiduque de Austria desde Miraflores hasta Granada, empeño en el que se hallaba por más de dos años sin que apenas se hubiesen recorrido unas cuantas leguas. En febrero de 1509, Fernando obligó a su hija a recluirse en el palacio de Tordesillas, de donde no habría de salir hasta su muerte, acaecida casi medio siglo después.

Ahora podía dedicarse a restablecer la línea de gobierno de años atrás. Por la concordia de Blois, de diciembre de 1509, llegaba a un acuerdo con el emperador Maximiliano sobre la sucesión a la corona de Castilla. Temía este que los hijos que pudieran tener Fernando y Germana de Foix —de hecho, el primero nació en mayo de ese año, aunque murió a las pocas horas— llegaran a arrebatarle la herencia a su nieto Carlos de Gante. Por eso aceptó reconocer la regencia de Fernando sobre Castilla en tanto viviese Juana o, en caso de morir esta, hasta que Carlos cumpliese los veinte años. El Rey Católico rompía la última carta que le quedaba a la nobleza que aún le era contraria y aseguraba la herencia del futuro Carlos I. Ahora podía convocar a las Cortes castellanas, que se reunieron en Madrid en octubre de 1510. Allí se ratificó la concordia de Blois, juró Fernando el cargo de gobernador, administrador y tutor de los reinos en nombre de su hija Juana, y obtuvo un espléndido donativo de cien millones de maravedís. Las ciudades, en contrapartida, le pidieron que fuese más respetuoso con la legislación de Cortes, que la monarquía tan a menudo vulneraba con sus pragmáticas. El rey hizo falso propósito de enmienda, pues desde mucho tiempo antes sabía que la de legislar es facultad intrínseca a un soberano poderoso, y no pensaba renunciar a ella.

Pocos meses antes, Fernando había girado la vista por un momento hacia sus Estados patrimoniales para convocar a sus respectivas Cortes y obtener de ellas los fondos que necesitaba en la campaña norteafricana. Los representantes de cada reino se reunieron en Monzón a partir de marzo, y allí tuvo ocasión el monarca de pulsar su situación. La de Aragón no presentaba problemas, y así pudo continuar la política intervencionista, esta vez en el campo de la justicia, aumentando su control sobre el Justicia Mayor y la Audiencia de Zaragoza. Valencia, por el contrario, empezaba a mostrar síntomas de agotamiento económico: desde principios de siglo, había prestado al rey cerca de cinco millones de sueldos, a costa de descapitalizar al reino y provocar las primeras revueltas ante la escasez de un trigo que ya no podía comprar. Mas Fernando no habría de variar un ápice una situación que le era muy favorable. Las mayores dificultades se detectaban, como siempre, en Cataluña. El aumento de la autoridad del rey, empeñado en sacar adelante el redreç o arreglo económico del Principado, empezaba a causar problemas, sobre todo de orden público por el incremento de bandosidades nobiliarias. Trató el monarca de obtener el apoyo de algunos sectores sociales, como los comerciantes, a quienes abrió las puertas del tráfico mercantil con las plazas del norte de África recién conquistadas; o los ciudadanos honrados de Barcelona, a los que protegió y concedió numerosos privilegios. Sin embargo, ese apoyo habría de durar lo que la vida del rey… Por último, pudo conseguir Fernando lo que pretendía en el plano económico: un servicio conjunto que alcanzaba las 550 000 libras, una suma inimaginable años atrás.

Las bases de un Imperio: hacia
el dominio del mundo

La política exterior continuó siendo objeto de atención prioritaria para Fernando, aun durante el interregno que transcurre entre las dos regencias. La obra que había edificado con paciencia desde 1468, año en que ocupó el trono de Sicilia, empezaba a dar frutos más allá de lo esperado. Porque el Rey Católico siempre fue partidario de un equilibrio entre los diferentes Estados que se van consolidando a lo largo del siglo XV en la Europa occidental: Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón, Portugal, Borgoña, Venecia, Nápoles… con el telón de fondo del viejo Imperio de los Habsburgo. La ruptura de ese equilibrio por parte de la nación más poderosa, la Francia de Luis XI, motivó la incesante actividad diplomática y guerrera de Juan II de Aragón, primero, y de su hijo Fernando, después. Cuarenta años más tarde, el hijo puede ver cómo su propia nación está a punto de asumir un papel hegemónico entre las potencias europeas, ese papel dominante que durante tanto tiempo negó a Francia. La herencia que habría de recibir un día su nieto Carlos consumaba el viejo anhelo de rodear de enemigos el trono y los Estados de los Valois, con el valor añadido del dominio continental. Si a eso se le suma el control del Mediterráneo —al menos, del occidental— y del Magreb, más el de las tierras que iban surgiendo como por ventura al otro lado del océano Atlántico, el futuro no podía pintar mejor. Pero aún quedaban ciertos ajustes y algunas situaciones enquistadas desde antiguo, como la de Navarra. Hagamos, pues, un recorrido a través de la última lección de alta política que impartió Fernando el Católico antes de morir.

La continuación de la conquista de la costa norteafricana ya había sido recomendada por la reina Isabel en su testamento de 1504. Y, en efecto, siguió aun en los años difíciles de la transición entre las dos regencias. En 1505, las tropas castellanas habían conquistado Mazalquivir. Un año más tarde caía Cazaza, y en 1508, el peñón de Vélez de la Gomera. En este punto se imponía una recapitulación para establecer los verdaderos objetivos que perseguían las campañas africanas. Por un lado, el control sobre el Islam, al menos en el Mediterráneo occidental; por otro, el ideal de la cruzada, al que Fernando se sentía llamado desde mucho tiempo antes. Aquel era tangible y práctico, bueno para el comercio y la seguridad peninsulares; este no era más que un sueño imposible de realizar. El apoyo del cardenal Cisneros, tanto ideológico como económico, y la habilidad militar del conde Pedro Navarro, discípulo aventajado del Gran Capitán, permitieron afrontar en 1509 una campaña más ambiciosa, que culminó con la gran victoria de la toma de Oran. Al año siguiente eran ocupadas Bugía y Trípoli, esta ultima en pleno Mediterráneo central. El bey de Argel también se sometió a Castilla. Pero no era posible ir más allá, donde esperaba el poder turco. Solo una amplia Liga cristiana podría afrontarlo, y por entonces andaba el occidente europeo más revuelto que de costumbre. Además, un revés militar sufrido al tratar de desembarcar en la isla de Djerba o los Gelves advirtió de que era el momento de atender a otros asuntos.

En Italia, la política del rey se encaminó desde el primer momento a consolidar la conquista del reino de Nápoles. Tras diez años de guerra sin cuartel, era hora de reconstruir y de gobernar sobre unas tierras en paz. Fernando hizo el largo viaje hasta Nápoles porque sabía que su poseedor gozaría de la mejor de las posiciones en Italia. Y esa posesión sólo sería viable devolviendo las aguas a su cauce y contentando a unos y a otros. El Gran Capitán, sin embargo, favoreció notoriamente a las familias proaragonesas, perjudicando y despojando a los linajes angevinos y filofranceses. Una política así era la semilla para una insurrección a corto plazo y para una nueva guerra que vendría a desestabilizar otra vez el Mediodía itálico. El Parlamento que reunió el rey en 1507, y en el que concedió un indulto general, fue el punto de partida para la paz y la estabilidad duraderas. En él se adoptaron numerosas medidas para promover el comercio, mejorar las finanzas, aumentar los ingresos de la Hacienda y mejorar la justicia. En su línea habitual de gobierno, Fernando trató de equilibrar el peso de la capital del reino, opulenta y superpoblada —más de 100 000 habitantes—, con el de los barones que representaban a las tierras del interior. Después institucionalizó la administración del territorio, nombrando como virrey a su sobrino don Juan de Aragón y colocando junto a él un Consejo asesor que supervisara sus acciones. En la práctica, las reformas de Nápoles apuntan a las que el mismo rey había emprendido en España; como siempre, había que modernizar el Estado y adaptarlo a los nuevos tiempos. Toda esta actividad febril llevó a los napolitanos a acariciar la idea de que el monarca, siguiendo el ejemplo de su tío Alfonso el Magnánimo, estableciera la corte en el reino italiano y no regresara ya a la Península. Mas los sucesos de Castilla no lo hicieron posible.

Italia, no obstante, seguiría requiriendo la atención de Fernando hasta su muerte. Tras el tratado de Blois de 1505, parecía haberse alcanzado el necesario equilibrio entre todos los intereses en juego: Francia poseía el Milanesado, y con ello el dominio del norte; junto a ella, Venecia seguía siendo una potencia marítima en el Adriático; España, por fin, tenía Nápoles y la hegemonía en el sur. Mas nadie había contado con las apetencias del nuevo pontífice, Julio II, a quien llamaban “el Papa terrible”. Deseoso de incluir sus Estados dentro de este complejo sistema de equilibrios, promovió una confederación de países contra Venecia, a la que reclamaba ciertas ciudades en la Romaña. La Liga de Cambray, en la que prevalecieron los intereses franceses, se constituyó en diciembre de 1508, y poco después el ejército de Luis XII obtenía una gran victoria sobre los venecianos. De nuevo la sombra de Francia volvía a extenderse sobre Italia, amenazando con dominar todo el norte. El propio Julio II, temeroso de la hegemonía gala, trató de reconstruir el sistema cuya destrucción había propiciado. Su intento de formar una nueva Liga, ahora contra Francia, levantó las iras de Luis XII, que organizó un concilio cismático en Pisa para deponer al pontífice. El Rey Católico evitó apoyar a París en este lance. Estaba cansado de guerrear, y nunca se le pasó por la cabeza conspirar contra un Papa. Mas, al fin, la promesa de recibir de manos de Julio II la tan deseada investidura del reino napolitano le decidió a intervenir de nuevo en el teatro de operaciones transalpino. Formóse la Liga Santa en octubre de 1511, y la integraron Venecia, España y la Santa Sede; poco después se incorporó Inglaterra. La guerra fue dura y larga. Las tropas de la Liga, acaudilladas por el nuevo virrey de Nápoles, Ramón de Cardona, fueron derrotadas en Rávena. Pero pronto el ejército español hizo sentir su superioridad: la victoria de Novara sobre Francia obligó a Luis XII a evacuar el Milanesado ya en 1513. La estrella del rey francés se apagaba, mientras la de Fernando volvía a brillar con todo su esplendor.

Y más lo iba a hacer con la conquista de Navarra. Vivía el pequeño reino pirenaico en una situación de interinidad permanente desde la muerte de la reina Leonor. Atrapado entre Francia y España, debía su subsistencia a la rivalidad y a los recelos de ambas potencias. Con territorios tanto a un lado como al otro de los puertos, constituía un pasillo natural de comunicación y también una amenaza permanente de invasión, sobre todo del espacio peninsular. Fernando había decidido acabar con esta situación, y solo esperaba a la ocasión más propicia. Esta se dio, justamente, tras constituir la Liga Santa. Luis XII reclamó la ayuda de los reyes navarros, Catalina de Foix y Juan de Albret. A cambio recibirían la posesión de las tierras de Bearn y Bigorra, al otro lado de los Pirineos, que disputaban con una rama del linaje de los Foix. Pero, al aliarse con la cismática Francia, fueron excomulgados. Fernando el Católico no necesitaba más motivos: el 21 de julio de 1512, las tropas del duque de Alba cruzaban la frontera, y en apenas unos días entraban en Pamplona y llegaban hasta el Pirineo. Catalina y Juan se veían obligados a abandonar la parte peninsular de sus Estados. Un vigoroso contraataque francés en noviembre se saldó con un nuevo fracaso. Depuestos los Albret por Julio II y con el apoyo del partido beamontés, afecto a los intereses castellanos, pudo el Rey Católico incorporar Navarra —al menos, la cispirenaica— precisamente a Castilla. Las Cortes de Burgos de 1515 sancionaron la unión, aun cuando el reino conservaría su derecho e instituciones propias.

Para terminar, solo resta referirnos a la expansión española en América. Es bien cierto que los intereses de Fernando se centraron en el Viejo Mundo, y allí acumuló triunfos y reinos. Mas no por ello dejó de seguir la evolución de los descubrimientos al otro lado del mar. Las pésimas dotes de Colón como gobernador, que él ya intuyó en Santa Fe, le habían obligado a intervenir en 1500, nombrando un nuevo gobernador para la isla Española y mandando aprisionar al almirante, que volvió a la Península cargado de cadenas. Con o sin él, las exploraciones debían proseguir, y por ello impulsó la creación de la Junta de Navegantes en 1508, cuya dirección recayó en Américo Vespuccio. Para entonces, la idea de que lo descubierto era un nuevo continente empezaba a abrirse paso. Había que explorar estas tierras, sí; pero sin dejar de lado el viejo proyecto de alcanzar la India navegando hacia Poniente. Durante un lustro se suceden las expediciones, que dan frutos inmediatos: Ponce de León descubre la península de Florida, se crea un asentamiento en la tierra firme de Panamá, y Vasco Núñez de Balboa alcanza en 1513 las costas del Mar del Sur, el océano que permitiría enlazar con las islas de las especias años después.

No olvidó el Rey Católico la necesidad de dotar a las nuevas tierras de unas estructuras de gobierno sólidas y estables. Su política en este punto es sistemática: primero, la conquista o la posesión del territorio; luego, la organización y la administración para conservarlo en paz. Castilla, Granada o Nápoles son las muestras de ese interés por reinar con justicia y orden. Y América no iba a ser una excepción. Cabía, pues, crear instituciones de gobierno, necesarias tanto en la metrópoli como al otro lado del mar, sobre todo tras la muerte de Colón, en 1506. En las islas se introducen las gobernaciones, primero para Santo Domingo y más tarde para Cuba. También son nombrados poco después alcaldes mayores para fortalecer y controlar la vida municipal. En 1511 se crea, precisamente en la isla Española, la primera Audiencia, que será al mismo tiempo órgano de administración y de justicia. Pero también en España era preciso establecer tales instituciones. Fernando supervisaba las tareas que a este respecto venía desempeñando Juan Rodríguez de Fonseca desde los tiempos del descubrimiento. Con los años, este clérigo se dotó de colaboradores y medios, y con la ayuda de dos miembros del Consejo de Castilla formó una Junta de Indias, que sería el embrión del futuro Consejo de las Indias.

Las cuestiones tocantes al gobierno parecían, pues, resueltas. Pero otro amplio campo se estaba abriendo ya desde el segundo viaje colombino: el del comercio entre la Península y las nuevas tierras. Mercaderías y pertrechos empezaban a cruzar el Atlántico, y la actividad mercantil podía ser para Castilla una fuente de riqueza, como ya lo era para Portugal. Su Casa da India controlaba en régimen de monopolio el tráfico comercial con las costas africanas de Guinea y con las descubiertas en la India por Vasco da Gama. Los Reyes Católicos también quisieron intervenir en la regulación del paso de mercancías de cualquier clase hacia América. A la hora de escoger la ciudad y el puerto idóneos desde los que centralizar tal actividad, la elección recayó en Sevilla. Sobre otros puertos de mayor tradición y mejores instalaciones, como Santander, Bilbao o La Coruña, Sevilla ofrecía la tranquilidad de sus aguas, pues el golfo de Cádiz es menos dado a las tormentas, y remontar el río Guadalquivir no ofrecía grandes problemas. Además, a principios del siglo XVI Sevilla era, seguramente, la ciudad más poblada de Castilla, y una plaza mercantil y financiera de primer orden, en la que recalaba la ruta del oro que venía desde Sudán. Los reyes ya la habían utilizado como base de operaciones para la conquista de las islas Canarias y las incursiones en las costas africanas. Estaba dotada, pues, de instalaciones y personal cualificado —patrones de barco, pilotos, marinos…— para hacer frente a mayores empresas. Por ello, en 1503 los reyes establecieron en ella la Casa de Contratación, con el fin de supervisar y controlar el comercio con las Indias. Ahora bien, la Corona renunció al régimen de monopolio sobre los frutos coloniales. Desde el principio, son particulares los que gestionan la explotación de las nuevas tierras: ellos ponen el capital y obtienen los beneficios, si los hay. En este lucrativo negocio, la monarquía aspira a obtener rentas mediante el gravamen fiscal de las mercancías y ciertos derechos preferentes sobre los metales preciosos; de ahí su interés por inspeccionar el tráfico comercial, tarea que se encomienda a la Casa de Contratación.

En relación con las tierras americanas, una última cuestión afectó al ánimo de Fernando el Católico durante sus últimos años de vida: el maltrato a los indígenas. A fines de 1511, un fraile dominico, Antonio de Montesinos, había causado grave escándalo en la isla Española al denunciar en sus sermones la brutalidad que empleaban colonos y encomenderos en su trato con los indios. Para apaciguar los ánimos, el rey trasladó al denunciante y a algunos representantes de los denunciados a la Península y los hizo comparecer ante una junta de teólogos convocada al efecto en Burgos. La junta elaboró unas conclusiones, en las que se destacaba el carácter de vasallos del rey que tenían los indios y la humanidad con que debían ser tratados. En diciembre de 1512 eran promulgadas las Leyes de Burgos, que regulaban la encomienda y dispensaban cierta protección a los aborígenes. Las leyes fueron incumplidas, y las protestas arreciaron, por lo que el propio Fernando hubo de impedir que zarpara una flota de conquista con rumbo a Panamá. Irritado por el hecho —había invertido parte de su fortuna personal en la expedición—, convocó una nueva junta, esta de teólogos y juristas, que se reunió en Valladolid en 1514. De ella salió el Requerimiento, un sorprendente documento que había de leerse a los indios para obtener de manera pacífica su sumisión. Debió de quedar tranquilo el monarca, pues la flota pudo partir al fin hacia el lejano Darién. El Requerimiento, sin embargo, llegó a ser una fuente inagotable de abusos y tropelías contra los derechos de los indios. Mas, a esas alturas, ya poco debió de importarle a un rey exhausto y que, por vez primera en su vida, daba visibles muestras de cansancio.

El final de un reinado

Nada le había resultado fácil a Fernando el Católico durante su vida, y tampoco el tránsito hacia la muerte iba a ser un camino de rosas. El año 1515 está lleno de espinas para la monarquía. En Castilla, las protestas por la fuerte presión tributaria empiezan a oírse en las ciudades. El rey convoca a las Cortes en Burgos, y allí recibe un sinnúmero de quejas y peticiones. El malestar urbano empieza a ser patente y no augura nada bueno. Incluso aparecen brotes de resistencia antiseñorial, preludio de lo que serán las Comunidades. De modo especial se significan pañeros y tejedores, que reclaman un mayor proteccionismo en el comercio de la lana frente a los privilegios de la Mesta.

Tampoco en sus Estados patrimoniales iban mejor las cosas. Hubo convocatoria de Cortes para Cataluña y Aragón. Manifestaron los catalanes en su reunión algunas inquietudes por el incremento del bandolerismo y de las actividades piráticas en las costas del Mediterráneo, lo que venía a entorpecer la recuperación del comercio. En Aragón, donde la autoridad del rey no había conseguido arraigar con tanta fuerza, la nobleza mostró su enojo por la incorporación de Navarra a Castilla. Las relaciones entre Navarra y Aragón siempre habían sido intensas, y la conquista de 1512 había hecho concebir esperanzas de un mayor acercamiento. Los nobles aragoneses estrecharon con sus peticiones y agravios a un rey que, en el otoño de 1515, estaba agotado.

Pero aún habría de sacar fuerzas de flaqueza ante una nueva amenaza proveniente de Francia. A Luis XII, fallecido el primer día del año, le sucedió otro rey enérgico, su yerno Francisco I. Este se había lanzado sobre Italia y, tras derrotar a un ejército suizo en la batalla de Marignano, ocupaba otra vez el ducado de Milán. Fernando se sintió amenazado en Nápoles y en la frontera pirenaica, en un momento en que no se hallaba prevenido para la guerra. Echó mano, pues, de su último recurso: una reedición de la antigua alianza occidental, en la que volviesen a entrar Inglaterra y el Imperio. El pacto se cerró en el mes de octubre, y con él Francia volvía a quedar cercada.

No había tiempo para más. Desde Aragón emprendió viaje a Castilla, y de allí hacia Andalucía, donde se preparaba una flota para combatir la piratería musulmana en el Mediterráneo. A mitad de camino, en Madrigalejo, lugar del municipio de Trujillo, no lejos del monasterio de Guadalupe, enfermo y exhausto, se vio a las puertas de la muerte. En la noche del 22 al 23 de enero, dictó su testamento, última muestra vital de la grandeza de su ideario político. En él designaba gobernador del reino a su nieto Carlos, duque de Gante, al que no había vuelto a ver desde que era un niño. En tanto el joven príncipe flamenco no viniera a la Península a hacerse cargo de sus Estados, el cardenal Cisneros gobernaría Castilla en calidad de regente, y lo propio haría Alfonso, el hijo ilegítimo del Rey Católico, en Aragón. Estas disposiciones se acompañaban de numerosos consejos al aún inexperto nieto para el buen gobierno de los reinos: el respeto a sus leyes, el recurso a sus naturales para administrar y recibir consejo, le defensa de la fe católica por encima de cualquier otro fin… También miró por su familia, por Germana de Foix, a la que dejaba viuda en plena juventud, o por su hijo Alfonso. Para sí solo dispuso algunas mandas pías y, al igual que había ordenado en su primer testamento, allá por 1475, pidió ser enterrado junto a su esposa Isabel en la capilla real de Granada. Y así, en las primeras horas del 23 de enero de 1516, entre la una y las dos de la madrugada, moría Fernando el Católico. Se cerraba con ello una página de la historia, mas ya no de la española, sino de la universal.

EPÍLOGO

Hemos llegado al final del extenso recorrido por la vida y las obras de Fernando V de Castilla y II de Aragón, el Rey Católico. Han sido unas páginas apretadas, repletas de sucesos y relatos sobre una época que, como dijimos al comenzar la obra, se encontraba en plena transformación. Varios de los protagonistas de estos cambios fallecieron en la misma época que Fernando de Aragón: Enrique VII de Inglaterra, el papa Julio II, Luis XII de Francia o el Gran Capitán… Poco después lo harían Maximiliano I y el cardenal Cisneros. Con ellos, en cierto modo, acababa un siglo y empezaba una época nueva, más convulsa que la anterior, que habría de conocer la Reforma protestante, las guerras de religión, la lucha por la hegemonía en Europa y aun más allá. Otros actores tendrá la escena internacional, algunos del mismo relieve: Carlos V, Francisco I, Enrique VIII, Solimán el Magnífico, Lutero… La historia no se detiene y las nuevas épocas requieren también sus personajes, capaces de hacer avanzar la rueda del tiempo. Mas a nosotros quizá sí nos convenga detenernos a analizar sus figuras al trasluz de la del propio Fernando el Católico, propuesto a menudo como prototipo de los príncipes renacentistas. Porque en ellos encontramos algunas o todas las características que adornan a ese soberano que fue el protagonista de las transiciones hacia la modernidad, hacia el absolutismo…

Maquiavelo, es bien sabido, instituyó a principios del siglo XVI la figura del príncipe moderno, aquel que trabaja exclusivamente por la unidad, el fortalecimiento y el dominio de su propio Estado, en constante lucha contra los otros Estados y las fuerzas disgregadoras. Para la obtención de esos fines, el príncipe puede vulnerar principios morales, derechos preexistentes, compromisos contraídos… Al fin y al cabo, constituyen la razón suprema de su propia existencia, la así llamada razón de Estado. Para su logro y conservación, todo se sacrifica, incluidas las consideraciones morales y religiosas. Un gobernante puede desplegar un comportamiento inmoral si ello le permite afianzar el Estado y su administración. Estos planteamientos, que fueron muy controvertidos en su tiempo, afectan al presente estudio porque Maquiavelo propuso al rey de España, Fernando el Católico, como un ejemplo que sustentaba sus afirmaciones: «Nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, son todas grandes, y algunas extraordinarias». La clave del éxito del rey español reside, a juicio de Maquiavelo —y esto es indiscutible— en su infatigable actividad: «… porque siempre meditó y realizó hazañas extraordinarias que provocaron el constante estupor de los súbditos y mantuvieron su pensamiento ocupado por entero en el éxito de sus aventuras. Y estas acciones suyas nacieron de tal modo una tras otra que no dio tiempo a los hombres para poder preparar con tranquilidad algo en su perjuicio». El Rey Católico desbarataba los propósitos de sus enemigos a fuerza de adelantarse a los acontecimientos; lo hemos visto una y otra vez.

Mas no iba a ser pacífica esta identificación de Fernando de Aragón con el gobernante maquiavélico carente de escrúpulos. Durante el siglo XVII, diversos escritores y pensadores españoles propusieron un modelo alternativo: el del príncipe cristiano. Es Le actúa impulsado por la defensa de la fe, respetando los límites que la moral impone en las tareas de gobierno. El prototipo, creado por el padre Ribadeneira a fines del XVI, fue luego utilizado por escritores de la talla de Baltasar Gracián o Saavedra Fajardo para explicar el correcto sentido de las obras de Fernando el Católico.

¿Cuál de los dos modelos ofrece el verdadero perfil del rey? No es fácil determinarlo, pues quizá haya elementos de ambos profundamente imbricados. Sin embargo, el propio Maquiavelo nos proporciona en su obra un rasero con el que medir a un príncipe moderno: a su juicio, la finalidad de la política es conservar y aumentar el poder, y el patrón para juzgarla es su éxito en la consecución de ese propósito. Con estas premisas, no cabe dudar de la modernidad de Fernando de Aragón. En comparación con otros príncipes de la época, su originalidad, la nota que le caracteriza, es la capacidad de triunfar, de salirse con la suya aun en las empresas más complejas. Los logros del reinado están ahí para demostrarlo. Hagamos un breve repaso de ellos. Por lo que hace a la política interior —cuya importancia ya resaltó Maravall—, dos son los resultados principales. El primero, la unidad territorial de España, tras la conquista de Granada, Navarra y el sometimiento de las islas Canarias. Pero mayor importancia reviste el segundo: la preparación del absolutismo político. En este punto, el trabajo del rey es constante, sobre todo en Castilla, a la que dedicó la mayor parte del esfuerzo. Se consigue la subordinación de la nobleza y la restauración de la jurisdicción real. Se obra la racionalización del Estado y de su acción de gobierno mediante el desarrollo de una burocracia capaz: los Consejos, la Cancillería, los secretarios, etc., en la corte o administración central; las Audiencias y corregimientos en el ámbito territorial o local; el régimen virreinal en Aragón, Italia y América; y una legión de pesquisidores, visitadores e inspectores para comprobar el correcto funcionamiento de todo. El complemento es la ejecución de algunas formas primitivas de política económica: el fortalecimiento de la moneda, la protección del comercio lanero y el estudio de la adopción de un cierto mercantilismo, etc.

En cuanto a la política exterior, los logros no son menores. Los más reseñables son: la incorporación del reino de Nápoles y el dominio político de Italia; la obtención de la herencia austríaca e imperial para su nieto Carlos; el aislamiento internacional de Francia y la derrota de sus proyectos hegemónicos; la creación de un servicio diplomático moderno; y el inicio de la expansión ultramarina en América. Unos éxitos y otros tienen la base, a su vez, en dos grandes reformas emprendidas por estos años: la creación de un ejército estable, permanente, modernizado en sus unidades y con gran capacidad de combate, y la reestructuración de la Hacienda regia, con el fin de obtener más ingresos con los que afrontar el crecimiento imparable del gasto.

Pero no es oro todo lo que reluce. También hubo errores de cálculo y soluciones no muy logradas. Llama la atención la zozobra de los últimos años de gobierno. Parece mentira que una herencia tan trabajosamente construida carezca al fin de destinatario claro, pues la reina está recluida por su demencia y el heredero legal es un adolescente criado en Flandes del que apenas se tienen noticias. Por otro lado, para la institucionalización del gobierno monárquico quizá podrían haberse escogido fórmulas mejores. Los Consejos eran organismos hipertrofiados, lentos y muy burocratizados; la estructura francesa, con su Consejo Secreto, o el Gabinete de ministros, era mucho más operativa. La administración territorial de Castilla mejoró con los corregidores, mas no cesaron por ello el desorden y la duplicidad de instituciones; de nuevo Francia supo organizarse mejor, dividiendo el territorio en provincias y colocando al frente de ellas y sus ciudades a los intendentes y magistrados reales. Y también hubo bandazos, decisiones políticas erráticas, como ocurrió con la evangelización de los mudejares granadinos. Fernando se propuso en algún momento la supresión de las aduanas interiores entre los reinos de la Corona, lo que habría repercutido en una mayor riqueza. Pero prefirió echar toda la carne en el asador en el asunto de la Inquisición y olvidarse de otras cuestiones que podían parecer quimeras… De igual modo, el poder turco siguió intacto en el Mediterráneo y los sueños de cruzada se desvanecieron ante la imposibilidad de llevarla a cabo.

Se ha discutido entre los historiadores si tenía el Rey Católico un plan preconcebido de consolidación y gobierno de la nueva monarquía hispánica. Sería un plan encaminado a cumplir con los fines que se reconocen en el Estado moderno: promulgar y aplicar el Derecho, ejercer la justicia real, mantener la paz, proteger el orden social, defender la religión y la fe… En pocas palabras, conseguir lo que por toda la sociedad es sentido como el bien común. Pero, más que un plan riguroso y una línea de acción política recta, lo que puede verse en Fernando de Aragón es una táctica encaminada a la consecución de esos fines. Toda actuación procura encaminarse hacia el reforzamiento del poder del rey y de su instrumento de gobierno, que es el Estado. La táctica es más flexible que el plan, y permite recuperarse de los contratiempos. Hernando del Pulgar apunta en esa dirección cuando, al hacer el retrato del rey, nos dice: «Ome era de verdad, como quiera que las neçesidades grandes en que le pusieron las guerras, le fazían algunas vezes variar (…) Era asimismo ome que hera traydo a hazer mudança de las cosas algunas vezes, más por suplicaçiones e inportunidades de otros que por interese ni voluntad suya». Pensemos en el desastre que supuso la muerte del príncipe Juan en 1497. La sucesión aragonesa y, con ella, la unidad dinástica quedaban en el aire. Con el tiempo, la táctica permitió diseñar alternativas y alcanzar una solución satisfactoria en Carlos de Gante.

En esa táctica podemos encontrar tanto elementos modernos como antiguos. Entre aquellos, destacan el sometimiento de la nobleza y la eliminación de cualquier privilegio político o social que menoscabe el absolutismo real; o la apuesta, tan arriesgada, por la empresa americana, en la que la reina tuvo un papel decisivo. Pero hay también conceptos y hechos que provienen del medievo: la obsesión por Italia; la atracción por la idea imperial, que empuja a enlazar con los Habsburgo; la misma idea de cruzada, tan cara al rey; o la utilización de las alianzas matrimoniales como medio de expansión política, complementario del concepto moderno de la diplomacia. En la utilización de unos y otros elementos Fernando el Católico mostrará una intuición política genial, esa intuición que tanto admiraron Felipe II o el conde-duque de Olivares. Mas no en todo fue un autodidacta. De su padre Juan II heredó la concepción de la política internacional que seguirá España durante dos siglos, y también ese rasgo de tenacidad que acompaña a todas sus empresas. En el arte de la guerra aprendió con el conde de Prades, y se doctoró con las enseñanzas del Gran Capitán. Hubo otros consejeros, como Cisneros; pero nunca validos o favoritos. En este sentido, las crónicas cuentan que los reyes se tenían el uno al otro.

Que Isabel es pieza clave a la hora de conocer la vida y el reinado de Fernando el Católico ya se ha repetido suficientemente. Fuera de algún desacuerdo concreto, la unión fue sólida y agrupó a dos personajes con verdadero talento para las tareas de gobierno. La reina asumió gran protagonismo en empresas como el descubrimiento de América o la reforma del clero español, en medio de un mundo administrado exclusivamente por hombres. Y Fernando no dejó de consultarle en cuantas ocasiones tuvo, como nos recuerda Hernando del Pulgar al describir al rey: «Era, ansimesmo, remitido a consejo, en especial de la reina su muger, porque conocía su gran suficiencia». «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando», aquel lema apócrifo del que abusó la propaganda franquista, esconde una verdad de fondo, pues hasta 1504 la monarquía hispánica fue cosa de dos. O de uno, si hemos de creer a Hernando del Pulgar cuando dice que «conformáronse tanto que pareçían tener una voluntad que morava en dos cuerpos». Fernando se mostró apesadumbrado al morir la reina, y llegó a escribir que fue «la mejor y más excelente mujer que nunca rey tuvo». La razón que le asistía se hizo bien patente al desencadenarse los desórdenes que azotaron a Castilla por esos años. La fuerza de Isabel mantuvo cerrada la caja de Pandora de los demonios castellanos de siempre. A su muerte, muchos de ellos se desataron y amenazaron el programa de gobierno pacientemente tejido por los reyes.

Mas quedaba Fernando. El viejo monarca supo sobreponerse una vez más a la adversidad y guiar la nave hacia buen puerto. La tercera parte de esta obra recoge las esencias del Rey Católico como gobernante solitario, capaz incluso de concertar una alianza internacional estando enfermo de muerte. No exageran quienes lo han ponderado como uno de los más grandes políticos de la historia de España. Desde su modestia, él mismo vino a reconocerlo al final de su reinado, cuando escribió en 1514: «Ha más de setecientos años que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como agora, así en Poniente como en Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y trabajo».

CRONOLOGÍA

1447
Boda del rey Juan de Navarra con Juana Enríquez.

1451
Nace la infanta Isabel, hija de Juan II de Castilla, en Madrigal.

1452
Nace Fernando en la villa aragonesa de Sos.

1454
Enrique IV es proclamado rey de Castilla.

1458
Al morir Alfonso V, Juan II accede al trono de Aragón.

1461
Muere Carlos, príncipe de Viana. Fernando, heredero de Aragón.

1462
Comienza la guerra civil en Cataluña.

1466
Renato de Anjou es nombrado rey de Cataluña por la Generalitat.

1468
Muere Juana Enríquez, madre de Fernando. Juan II de Aragón designa a Fernando rey corregente de Sicilia.
Pacto de Guisando: Enrique IV reconoce a Isabel como heredera.

1469
Boda de Fernando e Isabel en Valladolid.

1472
Fin de la guerra civil en Cataluña.

1474
Muere Enrique IV. Isabel se hace proclamar reina de Castilla.

1475
Concordia de Segovia entre Fernando e Isabel.
Comienza la guerra en Castilla entre los partidarios de Isabel y los de Juana.

1476
Batalla de Toro. Las Cortes de Madrigal reconocen a Isabel como reina.

1478
Bula de Sixto IV que aprueba el establecimiento de la Inquisición.

1479
Muere Juan II. Fernando, rey de Aragón. Unión de las dos Coronas.
Tratado de Alcáçovas con Portugal. Fin de la guerra en Castilla.

1480
Cortes de Toledo.

1481
Comienza la guerra de Granada.

1486
Sentencia arbitral de Guadalupe.

1492
Conquista de Granada.
Expulsión de los judíos.
Descubrimiento de América.
Rodrigo de Borja es elegido Papa con el nombre de Alejandro VI.

1493
Tratado de Barcelona: Cataluña recupera el Rosellón y la Cerdaña.
Tratado de Tordesillas con Portugal.

1495
Inicio de las guerras de Nápoles. Constitución de la Liga Santa.

1496
Alejandro VI otorga a Fernando e Isabel el título de «Reyes Católicos».

1497
Victoria española en Nápoles. Tregua de Lyon. Toma de Melilla.

1500
Tratado de Granada: Nápoles es repartido entre Francia y España.

1502
Se reanuda la guerra en Nápoles.

1504
Tratado de Lyon: el reino de Nápoles se incorpora a España.
Muere la reina Isabel. Juana y Felipe de Austria son proclamados reyes de Castilla, Fernando es designado regente.

1505
Fernando contrae matrimonio con Germana de Foix.

1506
Concordia de Villafáfila: Fernando abandona Castilla y viaja a Nápoles.
Muerte de Felipe el Hermoso.

1507
Fernando inicia la segunda regencia en Castilla.

1508
Se crea la Liga de Cambray contra Venecia.

1509
Conquista de Oran.
Juana la Loca es recluida de por vida en el palacio de Tordesillas.
Formación de la Liga Santa contra Francia.

1512
Las tropas castellanas conquistan la Navarra cispirenaica.

1515
Navarra es incorporada a la Corona de Castilla.
Tratados de alianza con Inglaterra y el Imperio Germánico

1516
Fernando el Católico muere en Madrigalejo.

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FRANCISCO JAVIER PALAO GIL. Licenciado en Derecho y Geografía e Historia, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y profesor titular de Historia del Derecho por la misma universidad. Las materias sobre las que trabaja son la historia de las universidades y de las doctrinas jurídicas y políticas, y el derecho y la sociedad foral valenciana. Participa en varios proyectos de investigación relacionados con ellas, y es desde 2009 director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano. En la actualidad es vicedecano de Posgrado e Investigación, y director del Máster Interuniversitario en Procura.

Notas

[1] Una denominación incorrecta de la localidad española de Palos de la Frontera (llamada hasta 1642 únicamente Palos). A mediados del siglo XVI, los primeros cronistas del descubrimiento de América, Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gómara, creyeron que Palos y Moguer era un solo pueblo, y crearon el nombre incorrecto de Palos de Moguer, error que rápidamente se extendió pasando a enciclopedias y manuales de estudio. (N. del E. digital) <<