Sinopsis

A nadie le sienta bien que le den plantón, pero solo duele la primera vez. Para cuando vuelve a ocurrir, uno ya está anestesiado. Eso, al menos, es lo que quiere creer Pierce, por lo que al abandono de su última pareja no le dedica siquiera cinco minutos de su tiempo, y menos aún cuando toda su atención está centrada en la remodelación de un antiguo palacete renacentista, propiedad de su familia, que quiere convertir en hotel de lujo.

Sin embargo, cuando llegue a Carcassonne, además de encontrarse con una joya arquitectónica, se topará también con un montón de secretos ocultos entre sus muros que retrasarán la obra.

Y, por si fuera poco, recibirá una visita inesperada que pondrá su mundo patas arriba.

Fake News:

la nueva arma

de destrucción masiva

Cómo se utilizan las noticias falsas

y los hechos alternativos para

desestabilizar la democracia

DAVID ALANDETE

Introducción

«Es un productor en serie de noticias falsas»

El 26 de marzo de 2018, pasadas las cinco de la tarde, recibí una llamada en mi teléfono móvil de un número con prefijo italiano que no tenía grabado. Recuerdo que estaba en mi mesa de la redacción de El País en Madrid, trabajando en un artículo sobre las elecciones europeas del año siguiente y la posibilidad de que una nueva campaña de injerencias procedente de Rusia diera como resultado un Europarlamento bloqueado y sumido en el caos.[1] Llevaba ya unos cuantos meses compaginando mi labor de gestión digital del diario con una serie de investigaciones sobre las injerencias rusas en la vida política europea, en especial en el proceso de independencia en Cataluña.

Era Mario Calabresi, director de La Repubblica, el principal diario italiano, quien me llamaba para avisarme de que la periodista Stefania Maurizi, que tiene una amplia experiencia informando sobre Wikileaks, había entrevistado a Julian Assange en Londres y que éste había utilizado una buena parte del intercambio para descalificarme y acusarme de haberle injuriado.[2] No era la primera ocasión en que el fundador de Wikileaks, que desde 2012 estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, me atacaba en público. Sólo unos meses antes me había acusado ante sus más de 750.000 seguidores en Twitter de ser «el propagandista en jefe» del Estado español, calificándome de «demente» e inventor de toda una serie de «teorías de la conspiración». «Es un productor en serie de noticias falsas», me había llegado a decir.[3] La novedad era que Assange se hiciera entrevistar por una periodista de su confianza para verter ese tipo de acusaciones en uno de los principales medios de comunicación en Europa y el mundo.

Lo cierto es que hace una década, cuando comencé a trabajar para El País en la corresponsalía de Washington, profesaba una sincera admiración a Assange, ya que éste defendía la transparencia gubernamental como una forma de prevenir los abusos de poder. Fue para mí y para muchos otros periodistas de El País una oportunidad única poder participar en el equipo que informó en 2010 de los cables de la diplomacia estadounidense, lo que convirtió a Assange y a Wikileaks en proscritos en Estados Unidos.

Sin embargo, las cosas habían cambiado mucho desde entonces. Primero, frustrado con la meticulosidad y la cautela de los medios tradicionales, Assange había decidido publicar por su cuenta cientos de informes clasificados sobre la guerra de Afganistán, sin tachar previamente, como hacíamos en las redacciones, los nombres de informantes y fuentes, que de ese modo quedaron desprotegidos ante posibles represalias por parte de la guerrilla talibán. El Pentágono llegó a afirmar que él y Wikileaks tenían las «manos manchadas de sangre», una acusación de una gravedad extrema.[4] Posteriormente llegaron las denuncias por agresión sexual en Suecia y su huida al Reino Unido, desde donde, años después, lanzó una feroz campaña contra Hillary Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Por aquel entonces, Assange ya había iniciado un controvertido flirteo con Rusia y sus medios estatales, expertos en injerencias en todo tipo de elecciones y crisis políticas a ambos lados del Atlántico. Eran de sobra conocidos sus contactos con Margarita Simonián, la directora de los dos buques insignia de esa gran red de desinformación, RT y Sputnik. De hecho, en 2012 Assange llegó a presentar en RT su propio programa de televisión, en el que entrevistó a Rafael Correa y Hasan Nasralá, entre otros líderes mundiales críticos con los valores occidentales y la democracia liberal.

A pesar de todo, poco tenía yo que decir de Assange y las decisiones de cómo gestionaba Wikileaks, hasta que tropecé con él durante la investigación de la alarmante proliferación de noticias falsas y bulos en los días previos al referéndum de independencia de Cataluña, ilegalizado por la justicia española. Las informaciones más alarmistas, que hablaban de guerras mundiales y violencia, remitían en gran número a pronunciamientos exagerados y engañosos de Assange, que se había convertido en una de las voces con más influencia en el mundo sobre la crisis catalana en las redes sociales.

Aquello sí que era una novedad, porque antes del 9 de septiembre Assange no había compartido ningún mensaje en Twitter, su red social favorita, sobre el proceso de independencia de Cataluña. Desde entonces, y hasta el día del referendo, compartiría unos 48 mensajes en inglés, español y catalán, todos abogando de forma apenas disimulada por la independencia, comparando la acción policial española con la represión del régimen chino en las protestas de la plaza de Tiananmen, en las que murieron miles de personas, y al gobierno español con la dictadura nazi. En mi primera información sobre las injerencias rusas en el proceso de independencia catalán, publicada el 23 de septiembre de 2017, mencioné a Assange y a Edward Snowden, asilado en Rusia tras filtrar los informes secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como una parte de esa campaña de desinformación que se había posado sobre Cataluña, para exagerar el conflicto y presentar la crisis como lo que no era: el intento de la oprimida nación catalana por convertirse en una república independiente ante la represión de un Estado español autoritario que todavía no había dejado atrás su pasado franquista.

No es ningún secreto que los medios de comunicación tradicionales han perdido el control de la distribución de información, con unos efectos todavía inciertos para la salud de las sociedades democráticas. Desde que Antonio Caño, director de El País entre 2014 y 2018, me encomendó la gestión digital del diario, me quedó muy claro. El principal periódico en español del mundo competía por audiencia con todo tipo de medios, serios o no, públicos y privados, editados en Madrid, Moscú o Washington, que podían publicar con gran éxito de audiencia cualquier noticia, real o inventada.

A medida que caen drástica e imparablemente las ventas de los diarios en papel, aumenta el número de lectores que llegan a las noticias a través de buscadores y redes sociales en sus teléfonos móviles. Una de mis labores como director adjunto del diario era estar pendiente de lo que publicaban otros medios y de qué se hablaba más en las redes sociales. En septiembre de 2017 descubrí que las informaciones que publicábamos en El País se veían en numerosas ocasiones superadas en Facebook y Twitter por otras de RT como «Assange pronostica para el 1-O el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil».

Sospeché, y luego confirmé con ayuda de estudios como el del investigador Javier Lesaca,[5] de la presencia en la conversación sobre Cataluña de cuentas automatizadas, los célebres bots, que se habían activado en otras crisis políticas como la del brexit en el Reino Unido o las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al término de la investigación para este libro me di cuenta, sin embargo, de que los bots son una parte mínima del problema, y que la psicología humana es la razón principal del éxito de la desinformación.

A lo largo de los meses en que publiqué, solo o junto con otros periodistas, informaciones sobre esta injerencia, me sucedió algo realmente insólito y he de reconocer que incómodo: los activistas del independentismo catalán, los medios estatales rusos y Assange y su equipo de colaboradores en Wikileaks me pusieron en el centro de sus críticas, en una campaña sin cuartel de acoso y desprestigio en la que se me acusó de ser un propagandista y un franquista, de defender el fascismo español, de estar a sueldo del inversor George Soros y hasta de trabajar para la CIA, por citar sólo algunos ejemplos.

El propio Assange, cuatro días después de que publicara en El País una mención a sus mensajes en Twitter sobre Cataluña, me mandó tres mensajes en la misma red social haciendo referencia a que hubiera viajado con el ejército de Estados Unidos a Afganistán en 2011 como si aquello implicara que desde entonces trabajaba para el Pentágono. En uno de ellos me adjuntó además un artículo del blog Antiwar en el que se me acusaba de tratar a Cataluña, como el resto de España, «con una condescendencia burlona a pesar de su más elevado nivel de democracia cívica y cultural».[6]

Ésta es la nueva realidad del ejercicio del periodismo: si un informador publica una noticia incómoda, se le apunta con el dedo para invalidar lo que dice tratando de desacreditarle a él personalmente. Desde luego no he sido el primero ni seré el último profesional del periodismo en ser objetivo de esas campañas, que por otro lado son tristemente comunes en España y sobre todo en Cataluña, tal y como refleja un informe de 2017 de Reporteros Sin Fronteras.[7] Pero haberlas sufrido me dio la determinación de plasmar en un libro los hechos y nada más que los hechos referentes a las noticias falsas en Cataluña entre septiembre y diciembre de 2017, algo sobre lo que ese entramado de desinformación que orbita alrededor de Moscú no ha sido capaz de refutar de una forma clara y que me haya convencido de que su interés es genuinamente periodístico y respeta las reglas del juego democrático.

No basta con que digan, como suelen hacer, que representan una realidad alternativa con voces diferentes. Publicaron titulares sobre tanques en las calles de Barcelona, bombardeos de la OTAN sobre Madrid y, con la inestimable ayuda de Assange, guerras mundiales y conflictos civiles en España.

Respecto a la entrevista de Assange en La Repubblica, era un paso más allá en sus acusaciones contra mí: quería acudir al Parlamento británico —algo que su asilo en la embajada de Ecuador le impedía— para responder a mi testimonio de diciembre ante el comité sobre noticias falsas de la Cámara de los Comunes, en el que me había limitado a repetir sus afirmaciones sobre Cataluña en las semanas previas al referéndum: «Me parece apropiado que responda de la misma manera a la difamación del subdirector de El País, David Alandete, que se presentó ante el mismo Comité para difamarme personalmente y al movimiento independentista catalán, en un momento de intenso conflicto político interno en España, que ahora ha producido numerosos presos políticos y refugiados». Esas y otras declaraciones llevaron al gobierno de Ecuador a perder la paciencia con su asilado, y le cortaron al día siguiente las conexiones a internet, la única forma que tenía de estar en contacto con el resto del mundo. A pesar de todo, me pareció una mala decisión, porque Assange tenía y tiene derecho de expresar lo que quiera y es en un juzgado donde debería rendir cuentas por sus actos.

En la misma entrevista que le llevó a la incomunicación, Assange además alababa profusamente al presidente ruso, Vladímir Putin, al que describió como «el líder con mayor capacidad de gestión que Rusia ha visto en años, bajo el cual Rusia ha visto un aumento muy sustancial de las pensiones y los salarios».

Había pasado más de un año desde que Wikileaks filtrara los correos privados de Hillary Clinton y de su jefe de campaña, John Podesta, de los que la inteligencia estadounidense tiene la absoluta certeza de que fueron sustraídos por hackers rusos.[8] Aun así, Assange sigue defendiendo que nada le conecta a Rusia y al Kremlin, del mismo modo que desmiente cualquier voluntad de interferir en la crisis catalana, a pesar de que en El País publicamos información sobre su reunión con un empresario líder del proceso independentista, Oriol Soler, en la embajada de Londres en la que recibe asilo. Lo que me quedó claro es que Assange no admite críticas de ningún tipo, ni siquiera las que se formulan sobre hechos.

Él y otras personas afines a su causa, como Snowden y Glenn Greenwald, han dado ya a la prensa tradicional por muerta, sustituyéndola ellos mismos y su legión de seguidores en redes por una mezcla de periodismo y activismo que va en contra de la razón de ser del oficio de la información.

Desde que el actual modelo de Estado democrático se consolidara en Europa y Norteamérica después de la segunda guerra mundial, los periodistas hemos sido administradores de un derecho que no nos pertenece: el de una sociedad a estar bien informada. Son las dictaduras y los regímenes autoritarios los primeros que históricamente han metido a periodistas en la cárcel y han instaurado desde bien temprano imperios de propaganda a través de los cuales aniquilan cualquier crítica, mezclando hechos, opiniones y mentiras. Ya lo decía Thomas Jefferson, tercer presidente y padre fundador de Estados Unidos, en una carta escrita en 1789: «Cuando la ciudadanía está bien informada se le puede confiar su propio gobierno».[9] Por eso es tan preocupante que, durante una crisis como la catalana, medios financiados por Rusia y dirigidos por personas que han definido su labor en términos militares se lanzaran a publicar todo tipo de información errónea y creo que maliciosa: nuevos mapas de Europa con cuarenta y cinco nuevos países, listas de apoyos gubernamentales a la república catalana y la ya célebre cifra de los mil heridos en el referéndum. En Rusia, por cierto, han muerto en circunstancias sospechosas sesenta periodistas desde la caída del comunismo.

Las primeras informaciones que publiqué en El País sobre este asunto fueron recibidas al principio con un mutismo que, lo admito, me extrañó. El gobierno no se pronunciaba, la oposición no sabía muy bien qué decir y el resto de los medios se resistía a hacerse eco del asunto, que les resultaba ajeno. La pregunta que me formularon muchos compañeros era: «¿Qué se le ha perdido a Rusia en Cataluña?». Y la verdad es que estoy convencido de que nada, sobre todo teniendo en cuenta que el separatismo está penado en aquel país con cárcel. La independencia catalana es un pretexto, un hecho noticioso que ocurrió en el momento adecuado para que una maquinaria ya experimentada en batallas políticas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia pasara a operar también en España, ya que para eso contaba con dos grandes canales en español.

En El País estuvimos informando en solitario unas cuantas semanas hasta que tanto la Unión Europea como la OTAN confirmaron estas injerencias, obligando al gobierno a llevar el problema a Bruselas y al Congreso a abrir dos comisiones, una a puerta abierta y otra en secreto. Por aquel entonces, hasta el propio Putin se había pronunciado sobre esta crisis, en unos términos idénticos a los de los medios estatales de su país: el caso catalán era la consecuencia de que Europa hubiera favorecido calladamente la independencia de Kosovo y se hubiera opuesto a la de Crimea.

Con la generalización de los móviles conectados a internet y las redes sociales, el periodista ha quedado muy desprotegido. Ya no le sirve el amparo del medio en el que firma. Sus lectores y sus críticos le pueden interpelar directamente, y no siempre de forma precisamente constructiva. En El País padecí, como otros compañeros, verdaderas campañas de acoso contra mí por parte de los independentistas catalanes, protegidos muchas veces por el anonimato que facilitan plataformas como Twitter, con todo tipo de injurias y calumnias y con un objetivo claro: que, a la siguiente, el periodista se lo pensara dos veces antes de firmar una información controvertida.

Desde luego, no es plato de buen gusto ser acusado a diario de fascista, nazi, demente, propagandista o agente secreto. Muchos fueron los que me dijeron directamente que, dadas las circunstancias, era un acto de valentía firmar cualquier cosa sobre las injerencias rusas y Assange. Algunos reporteros incluso pedían que se le retirara la firma de algunas crónicas especialmente sensibles. Y precisamente eso es una anomalía y un grave daño. Valentía en periodismo es acudir a una guerra o moverse en regímenes autoritarios, no informar de hechos. Y la firma no es sólo un privilegio del autor, es una obligación y una garantía para el lector de que alguien con nombre y apellido se responsabiliza de lo que dice en un medio. Por eso, como también se verá en este libro, las notas de los medios rusos carecen por sistema de firma, a pesar de la osadía de sus afirmaciones.

Toda esta crisis se enmarca en un contexto inédito en el que la desinformación ha tenido un papel central en procesos políticos con efectos reales en las elecciones en Estados Unidos e Italia o el referéndum de salida del Reino Unido de la UE. Por primera vez, políticos y gobernantes populistas con poder —incluidos los catalanes— han convertido a la prensa en el objeto principal de sus críticas, «el partido de la oposición», como le llama Steve Bannon, el polémico consejero de Trump, hoy centrado en llevar sus ideas ultranacionalistas y antiinmigración al corazón de Europa.[10] Y a pesar de que precisamente Trump le ha dado una carga política y negativa al término «noticias falsas» o fake news, yo defiendo en este libro su uso, en lugar del término genérico de «desinformación», que recomiendan tanto el Parlamento británico como la Comisión Europea. Creo que no debemos darle a Trump y a los partidos xenófobos europeos el monopolio de llamar a las cosas por su nombre. Las noticias falsas son precisamente eso: noticias con datos erróneos, exagerados o manipulados, que pervierten el oficio del periodismo con una finalidad política. Si comenzamos a ceder incluso en la terminología, la batalla por proteger la fortaleza e independencia de la prensa estará perdida de antemano.

Por lo demás, antes incluso de que Assange me acusara de injurias en la entrevista que provocó su incomunicación, la Asociación de la Prensa de Madrid, el mayor colegio de periodistas de España, me había amparado en un comunicado en el que aseguraba que «este tipo de campañas de acoso vulneran el derecho a la libertad de prensa y tratan de privar a los ciudadanos de informaciones de interés general».[11]

Calabresi me permitió responder a Assange en La Repubblica, para trasladarle una serie de preguntas a las que todavía no ha respondido: ¿qué le llevó a interesarse por la crisis catalana? ¿Desde cuándo estaba en contacto con los empresarios que lideran el independentismo? ¿Habían firmado éstos algún acuerdo con Wikileaks? ¿Cuánto les pagaron los medios rusos por emitir su programa? ¿Qué relación tiene con RT y Sputnik? Son dudas, entre muchas otras, que me llevaron a iniciar la investigación para este libro, en el que intento darles respuesta.

Assange, es cierto, se unió a la crisis ya algo tarde. Comenzaron a aparecer noticias dudosas sobre Cataluña en Sputnik[12] el mismo día en que este medio ruso vio la luz, en 2014, pero la primera noticia falsa sobre el independentismo nació de un congreso sobre separatismo celebrado en Moscú en 2016, en el que aparecen ya algunos personajes centrales de esta red de desinformación.

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«Rusos y catalanes podemos llegar a acuerdos importantes»

La convocatoria llevaba por título «Diálogo de naciones y derecho de los pueblos a la autodeterminación y construcción de un mundo multipolar». Era la tercera edición del encuentro, cuya finalidad era llevar a Moscú a representantes de movimientos independentistas de todo el mundo.[13] Lo había organizado al detalle el líder del Movimiento Antiglobalización de Rusia, el joven y carismático abogado Alexander Ionov, un patriota de más de dos metros de altura y con oficina en uno de los barrios más caros y exclusivos de Moscú. Unos treinta políticos y activistas de todo el mundo habían sido convocados en septiembre de 2016 a uno de los hoteles más lujosos —y más intervenidos por los servicios secretos— de la capital rusa.

Según las invitaciones cursadas por Ionov, en el congreso se analizaría el conflicto entre dos principios fundamentales de la legislación internacional: la inviolabilidad de las fronteras nacionales y el derecho de autodeterminación de los pueblos del mundo. El objetivo final era crear una comisión de trabajo para coordinar la acción de grupos separatistas en todos los continentes, bajo la supervisión de Rusia.

No se les podía escapar a los asistentes la contradicción de que fuera precisamente en Rusia donde iban a debatir sobre la independencia: en 2014, el gobierno ruso había aprobado una ley por la cual se pena con cinco años de prisión a quien promueva el separatismo dentro de su territorio nacional, lo que explica que estuvieran ausentes del simposio defensores de movimientos independentistas dentro de la propia Federación, como el norte del Cáucaso, tibetanos, tártaros, kurdos o comunidades de la extinta federación yugoslava.

Ionov había anunciado el encuentro en las redes sociales como «una conferencia que reunirá a más de dos decenas de activistas políticos de diversos Estados cuyas regiones trabajan a favor de la independencia y la autodeterminación y en contra de la ideología de la dominación mundial y explotación económica». Para organizar el evento, por tercer año consecutivo, obtuvo fondos del gobierno ruso, en este caso 3,5 millones de rublos (unos 45.000 euros al cambio de entonces) a través del Fondo Nacional de Caridad, creado por el presidente Vladímir Putin en 1999 para promover proyectos patrióticos y militares.

En la edición previa, en 2015, la conferencia había tenido lugar en el hotel President, una mole funcional de ladrillo rojo y titularidad pública a un kilómetro del Kremlin y a orillas del río Moscova, en el que suelen alojarse altos funcionarios extranjeros de visita oficial en Rusia. En esta ocasión, los asistentes gozaron de una mejora: el Ritz-Carlton, donde se han alojado dignatarios de todo el mundo, entre ellos Donald Trump durante su célebre visita a Rusia para la gala de Miss Universo en 2013, de la que surgió un polémico dossier sobre un supuesto chantaje de las autoridades rusas al actual presidente estadounidense, incluidos rumores sobre un encuentro con prostitutas que orinaron sobre una cama en la suite presidencial. Tras las reuniones, los asistentes, con los gastos pagados a cargo del gobierno ruso, se hospedaron en otro hotel, el Alfa.

Esta tercera cumbre independentista tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre, apenas seis meses después de la victoria del «sí» en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los asistentes estaban lógicamente eufóricos: si el brexit había triunfado en las urnas, ¿no les podía separar a ellos de la independencia un simple referéndum? «Quiero darle la enhorabuena a la ciudadanía británica. Su éxito es una inspiración para todos nosotros», proclamó uno de los asistentes, Nate Smith, líder del Movimiento Nacionalista de Tejas.[14] Smith forma parte de una red de activistas que mantiene que la anexión de Tejas por parte de Estados Unidos en 1845 fue ilegal y que Washington se comporta como una potencia colonial. El grupo tiene su propio gobierno, su senado y su sistema de juzgados, algo que en 2015 había propiciado un registro por parte del FBI, aunque nadie fue detenido.

En la conferencia independentista de Moscú se trataba a Smith y otros compañeros de viaje como representantes de un sentir legítimo con objetivos viables. Cada delegación expuso su camino a la independencia y prácticamente todos hicieron referencia al brexit.

Uno de los primeros en llegar fue un hombre uniformado que llevaba la bandera de Nueva Rusia, de fondo rojo y una cruz azul ladeada reminiscente de la que ondeaban los confederados del sur en la guerra civil estadounidense. Nueva Rusia es una confederación, no reconocida internacionalmente, integrada por las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas en Ucrania. «Para Ucrania ya no somos sujetos, sino objetos», dijo aquel uniformado a su llegada al hotel. «Es culpa del nuevo gobierno de Kiev, que a su vez es la marioneta de Estados Unidos. Hoy en día, todos los países deben vivir de una forma que le convenga a Estados Unidos»[15]. Aquel antiamericanismo sería el tono general del simposio.

Fueron tomando la palabra los delegados de los futuros Estados independientes de la Padania (norte de Italia); Borinken (Puerto Rico); Nagorno Karabaj y Talish (Azerbaiyán), y Lugansk y Donetsk (Ucrania). Hasta intervino por videoconferencia el rey de Hawái, Edmund Keli’i Silva Jr. Frente a todos presidía Ionov, que se colocó a sus espaldas una gran pantalla con una imagen del globo terráqueo visto desde el polo norte, similar al escudo de Naciones Unidas, y el lema «Todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación». Preguntado posteriormente por el periodista Xavier Colás si esa afirmación afectaba también a Rusia, Ionov diría que «Rusia no tiene movimientos separatistas, podemos ir a cualquier parte de Rusia y preguntar por separatistas; no encontrará usted»[16].

Fue invitado a la conferencia el legislador ultranacionalista ruso Mijail Degtiarev, que no se anduvo con rodeos. «Los fenómenos más repugnantes que vemos hoy en el mundo, el racismo, el nazismo, el tráfico de esclavos, nacieron, todos, en la sociedad europea, esa misma que dice ser desarrollada. Lo que se llama democracia estadounidense no es más que porrazos y gas lacrimógeno. Mirad Ferguson, es una dictadura que quiere ser todopoderosa», dijo, en referencia a los recientes disturbios raciales en una localidad del estado de Mississippi, en Estados Unidos.[17] Degtiarev es célebre por su homofobia, que ha intentado convertir en política de Estado en un país ya de por sí hostil a los derechos de los gais, proponiendo terapias de conversión a través de psicoterapia y la prohibición a los gais de donar sangre u órganos.

Si, como parece, a los asistentes en aquella conferencia se les consideraba legítimos representantes de movimientos socialmente mayoritarios con posibilidades reales de cumplir sus planes, pronto el mundo tendría una treintena de países más en casi todos los continentes y, lo que era mejor para Ionov y sus patronos: todos en excelente sintonía con Moscú. Algunos, directamente escindidos de Estados Unidos y por lo tanto nada críticos con arengas como la de Degtiarev.

Tampoco es que Ionov engañara a nadie. En un momento del simposio, el propio abogado dijo: «Si Muamar el Gadafi estuviera aún vivo en Libia, no habría Estado Islámico, crisis migratoria ni Maidán», en referencia al movimiento proeuropeo de Ucrania. Su organización había sido registrada en 2012 y se financia sobre todo de fondos públicos y algunas donaciones. Antes, Ionov había presidido el Comité para la Solidaridad con los Pueblos de Siria y Libia. En 2013 organizó una visita a Damasco, donde le propuso en persona a Bachar el Asad ser miembro de honor del Movimiento Antiglobalización, algo que ya había ofrecido previamente al expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad.

Con los años, el interés de Ionov y su Movimiento Antiglobalización fue virando de la defensa de regímenes afines a Moscú en Oriente Próximo y el norte de África a la instigación del independentismo, pero no de cualquier tipo: sólo el de carácter marcadamente antioccidental. En especial, si procedía de Estados Unidos. Por ejemplo, el que abandera el líder del movimiento independentista californiano Yes California!, Louis Marinelli.[18] Éste intervino en aquel congreso para anunciar la inminente apertura de un consulado de su futuro país en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, a 1.800 kilómetros de Moscú y en plenos Urales. Según declararía el mismo Marinelli posteriormente, el supuesto consulado funcionaría como un centro cultural a fin de presentar a los rusos la historia de California y también se dedicaría a establecer relaciones de negocios y turismo con los rusos. «Es importante para nosotros demostrar a Washington que su principal enemigo geopolítico [Rusia] apoya la autodeterminación de California y está dispuesto a cooperar en todos los sentidos, a diferencia de Washington», diría. El falso consulado abrió en diciembre de 2016 y desde entonces poco se ha sabido de sus actividades. Marinelli vive con su mujer en Ekaterimburgo, donde da clases de inglés.

También tomó la palabra en el congreso el presidente del partido Uhuru, un movimiento africanista de ideas socialistas. Omali Yeshitela pidió que se condenase al gobierno de Estados Unidos por «el genocidio de los afroamericanos» y que quedasen libres absolutamente todas las personas de raza negra en cárceles estadounidenses. «La elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos es una muestra del poder neocolonialista escondido tras una cara negra», dijo.

En la conferencia independentista había, por segundo año, representación catalana. Era, de hecho, uno de los platos fuertes, anunciado por Ionov y su Movimiento Antiglobalización a través de Sputnik, uno de los principales medios de la agitación propagandística rusa. «Los organizadores cuentan con invitados de Cataluña, Irlanda del Norte, el Sáhara Occidental, Escocia e incluso Estados Unidos, con estados y territorios como Hawái, Puerto Rico, California y Tejas», anunció el diario. Y aunque en el caso de Cataluña el apoyo social a la independencia es proporcionalmente mucho mayor que en California o Hawái, el abogado Ionov sólo pudo dar con un invitado desconocido en las esferas políticas catalanas.

Se trataba de Enric Folch, y conviene recordar su nombre, porque sus palabras serán utilizadas repetidamente en esta crisis de desinformación.[19] A los asistentes se presentó como secretario internacional del partido Solidaritat Catalana per la Independència, que a los oídos de los independentistas de Tejas o Hawái debió de sonar muy bien, ya que el propio enviado lo definió como «una coalición de seis partidos políticos que se formó en 2010 para participar en las elecciones parlamentarias en Cataluña, cuyo fin es la consecución de la independencia de Cataluña y su constitución como Estado soberano en el seno de la UE».

Lo cierto es que esa coalición no logró un solo diputado autonómico en las últimas elecciones a las que se presentó. En las anteriores, en 2010, había obtenido cuatro escaños y ninguno de ellos lo ocupó el propio Folch. Éste tiene lazos con Rusia desde 1991, año en que se trasladó a aquel país, inmerso en el trance de salida del comunismo, para asesorar a empresas españolas y europeas que quisieran hacer negocios allí. Hoy está afincado, de nuevo, en Barcelona, tras vivir en Londres.

En la reunión, Folch proyectó imágenes de las recientes manifestaciones multitudinarias en Barcelona del 11 de septiembre, un día simbólico para el nacionalismo catalán en el que se conmemora la derrota de 1714 en la guerra de Sucesión, cuando Cataluña, con un ejército defensor del archiduque Carlos de Austria, capituló ante las tropas de Felipe V de Borbón. Desde hacía tres años, aquellas marchas habían crecido sustancialmente por la invalidación de varias provisiones del estatuto de autonomía. El argumento de Folch era claro, y así lo demostraban aquellas fotografías plagadas de manifestantes y de banderas: la población de Cataluña estaba mayoritariamente a favor de la independencia, ante la asfixia cultural y económica de España.

A aquella reunión de independentistas había acudido un centenar de periodistas, incluidos empleados de los portales públicos del Kremlin. A varios de ellos les atendió Folch, quien no ocultó que le gustaría que una Cataluña independiente tuviera buenas relaciones con Rusia, un país con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Desde el punto de vista de Cataluña, desde hace mucho tiempo tenemos relaciones muy amistosas con Rusia, hay muchos rusos que viven en Cataluña felizmente y sin ningún problema. Consideramos que los rusos son nuestros amigos. Y, por supuesto, Rusia es una gran potencia y no debemos olvidarnos de Rusia de ninguna manera. Esto significa que, en cualquier caso, una Cataluña independiente hará lo mejor que pueda para tener una buena relación con Rusia en el ámbito económico, cultural y social. Estoy seguro de que rusos y catalanes podemos llegar a acuerdos importantes», dijo.

Según recuerda hoy Folch, que accedió a hablar conmigo en septiembre de 2018 sobre aquel congreso, el intercambio con los periodistas que le entrevistaban continuó de la siguiente forma:

PREGUNTA: En caso de que España utilizase la fuerza contra Cataluña, ¿aceptaría ésta la ayuda militar de Rusia?

RESPUESTA: Esta pregunta no tiene lugar. El pueblo catalán es pacífico, democrático, ni nos planteamos esta situación.

PREGUNTA: ¿Una Cataluña independiente reconocería a Crimea?

RESPUESTA: No sé lo que reconocerá el Parlamento de Cataluña si es independiente, pero en cualquier caso estoy seguro de que Cataluña, aunque esto es ya es opinión personal, reconocerá a cualquier país que efectivamente haya accedido a la independencia por vías democráticas, pacíficas y normales.

En 2014, Putin en persona había anunciado la entrada de Crimea en la Federación de Rusia después de que las fuerzas armadas de este país tomaran el puerto de Sebastopol, en el mar Negro. Era la primera anexión por parte de un Estado del territorio soberano de otro en la Europa continental desde que acabara la segunda guerra mundial. Aquellas acciones provocarían una apabullante condena internacional y una serie de sanciones económicas, a las que España se sumó.

En aquel momento, en aquella sala del hotel Ritz-Carlton de Moscú, nació la primera noticia falsa sobre Cataluña procedente de la gran maquinaria de injerencias rusa. El titular que publicó primero Izvestia en ruso, y que pronto replicó Sputnik en inglés fue: «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa».

Es imposible afirmar que el gobierno ruso organizara de forma directa o indirecta una conferencia de independentistas sólo para buscar informaciones que apuntaran a una posible legitimación de sus aspiraciones anexionistas en Ucrania. Folch defiende que nadie le dijo qué decir a la prensa y no hay razones para dudar de su palabra. Pero ahí estaba: la posibilidad de recordarle a Occidente que tiene sus propios problemas y que Moscú no dudará en aprovecharlos en beneficio propio. Ésa es la razón de ser de esos medios en apariencia minoritarios creados y alimentados para presentar un mundo alternativo donde Hawái tiene un rey, Tejas cuenta con un presidente y a Folch se le atribuye la capacidad de reconocer en nombre de toda Cataluña que Crimea es y será siempre rusa.

Izvestia citó a Folch en mayor detalle: «¿Y por qué no reconocer a Crimea? En la península se realizó un referéndum, en el que la gente optó por unirse a Rusia. Debemos respetar los resultados de este plebiscito. Y aunque una Cataluña independiente seguirá en la UE, esto no afectará a sus decisiones. Lo mismo ocurre con las sanciones contra Rusia. Las restricciones económicas nunca han ayudado a resolver problemas». Hoy, Folch defiende que esas palabras son en realidad una interpretación libre del periodista, que empleó un traductor y mezcló el enunciado de sus preguntas con las respuestas del entrevistado.

Inmediatamente tras Izvestia, Sputnik publicó una nota similar en inglés: «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Aquella noticia, ya muchas veces modificada sin fe de errores o reconocimiento alguno, es un ejemplo de libro de desinformación, desde su primera hasta su última letra. De una fuente no oficial, que expresa algo que no es más que una opinión, extrae un titular contundente y de unas implicaciones enormes sobre la vida política de todo un continente y sus aliados y, sobre todo, en línea con lo que le interesa a Moscú: más independentismo en Europa y la legitimación de la anexión de territorios de mayoría rusa en el continente.

En los días siguientes se hicieron eco de la información, en diversos idiomas, todo tipo de diarios en la misma órbita, incluidos en canal iraní en español Hispan TV y el portal griego Elkratos. El titular, compartido en plataformas como Facebook o Twitter, logró decenas de miles de interacciones en diversos idiomas. Aquella noticia fundacional de la desinformación en la crisis catalana era un modelo de cómo la gran maquinaria de injerencias rusa funcionaría en los meses siguientes: personajes de segunda o tercera fila dando titulares rotundos y alarmistas, como que la OTAN podría bombardear Madrid, que los tanques estaban en las calles de Barcelona o que Europa contaría con medio centenar más de países. Su efecto fue amplificado por una gran parte de la población catalana que ya albergaba el ansia de romper con España con argumentos a veces racionales pero que en la mayoría de los casos apelaban más a las emociones que a la razón, en la primera gran crisis de la posverdad en España.

Cuando Folch vio lo que Sputnik había publicado, llamó a los organizadores del evento y se quejó del titular. Éste cambió poco después por «Un grupo dice que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa», sin fe de errores por parte de sus autores. Hoy, el político admite que esos medios «hacen las preguntas para que después el redactor pueda dar con ellas una sensación de la opinión que quieren dar».

Por su parte, el abogado Ionov, promotor de este congreso, tiene otros lazos con Cataluña. Meses después asumió la defensa de dos hackers rusos a los que buscaba Estados Unidos y que serían detenidos precisamente en Barcelona. El 9 de enero de 2017, la Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de El Prat a Stanislav Lisov, un programador informático al que buscaban el FBI y la Interpol por desarrollar un programa, conocido como NeverQuest, para cometer un supuesto fraude bancario por valor estimado de 800.000 euros. La Audiencia Nacional falló a favor de su extradición a Estados Unidos, que se ejecutó el 9 de enero de 2018.

Más llamativo es el caso de Piotr Levashov, otro hacker ruso al que detuvo la policía en un hotel de Barcelona el 7 de abril de 2017, también por petición de Estados Unidos.[20] La Audiencia Nacional aprobó su extradición, y fue entregado al FBI el 2 de febrero de 2018. Según explicó el Cuerpo Nacional de Policía, los motivos por los que le requería la justicia estadounidense tenían que ver con la creación de una red de bots u ordenadores automatizados, denominada Kelihos, con la que controlaba a sus víctimas de forma remota para el envío de spam o correo basura y programas maliciosos que bloqueaban el acceso a información personal, lo que le permitía pedir un rescate económico para su liberación.

Cuando ambos hackers fueron detenidos, Ionov se presentó a los medios internacionales como su abogado, en calidad, además, de vicepresidente de la oficina rusa del Comité Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, otro cargo que añadir a su lista. Tras el arresto de Levashov, Ionov se quejó en la versión de RT en ruso de que se hubiera requisado el material informático del programador «sin ningún testigo presente», porque la policía podría, desde entonces, «tener libre acceso a su información, incluso añadir documentos con software malicioso». En una hábil estrategia, Rusia pidió paralelamente a España la extradición de Levashov por el supuesto hackeo de un hospital de San Petersburgo, algo que la Audiencia Nacional rechazó.

Las primeras noticias publicadas sobre su arresto apuntaron a su participación en las injerencias en la campaña electoral que ganó Trump en 2016, en concreto el robo de información a Clinton, su jefe de campaña y el Partido Demócrata. Esa información venía en realidad de su propia mujer, que dijo en declaraciones a RT que los agentes le enseñaron «unos papeles en español sin sellos, con una foto de mala calidad de él» y le informaron de algo «que tenía que ver con un virus relacionado con que Trump ganara las elecciones».[21]

El programador informático alegó en su vista de extradición ante la justicia española que su caso obedecía a motivaciones políticas, y no criminales, porque había trabajado para Rusia Unida, el partido que apoya a Putin, y era un analista militar con acceso a información clasificada.[22] Previamente, cuando aún estaba en Rusia, había usado el pseudónimo Peter Severa para conectarse a un chat de hackers en el que había revelado que trabajaba para el gobierno de su país reclutando a programadores aficionados y profesionales para campañas de ofensiva digital. En aquel intercambio llegó a insinuar que entonces trabajaba en un «batallón informativo» del FSB, el servicio de seguridad ruso que en la época soviética funcionaba con el nombre de KGB.

Si hay algo de verdad en la intervención de Levashov en esas campañas de injerencias políticas, Estados Unidos no lo ha revelado, porque en el anuncio de los cargos presentados en su contra el Departamento de Justicia sólo se refiere a ocho delitos de fraude informático genérico relacionado con la red Kelihos, por los que se ha declarado culpable. Sí que dice explícitamente el auto de acusación que controló «programas informáticos diseñados a interferir en operaciones informáticas, recabar información sensible, acceder a ordenadores o iniciar otras acciones ilícitas en los mismos», pero no hay una sola mención a las elecciones de 2016 o a la campaña de Clinton.[23]

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«Tanques en las calles de Barcelona»

Una noticia falsa no tiene por qué ser una completa mentira. La desinformación contiene muchos elementos de verdad: existió una cumbre independentista en Moscú en 2016 y al político catalán Enric Folch, que acudió a ella, le preguntaron si una Cataluña independiente reconocería que Crimea es rusa. Los desinformadores utilizan hechos como ésos para torcer las reglas del periodismo,[24] con una técnica tan necesaria para ellos como perniciosa para la sociedad: la manipulación de las fuentes. De esa práctica surge un espacio a medio caballo entre la verdad y la mentira que algún avezado profesional de los medios de propaganda rusa ha descrito como «realidad alternativa».

Hay un ejemplo que en el estallido de la crisis independentista catalana logró cierta prominencia y que sirve para una definición anatómica de una noticia falsa. Es el caso de la nota del portal RT «“Tanques en las calles de Barcelona”: España y Cataluña al borde de un desenlace violento», publicada el 28 de octubre de 2017.[25] El titular es, desde luego, contundente. En un ejercicio de mal periodismo, se deja una cita al principio, sin atribuir, y luego el periodista insinúa que una guerra está a punto de estallar, poniendo en el mismo plano a España y Cataluña, como si la independencia fuera ya una realidad. La crónica comienza con la opinión, de nuevo, de Folch, quien asegura que «el gobierno de España no podrá solucionar la crisis únicamente invocando la ley, porque a los catalanes no les importa la anulación de su autonomía». Folch, sin embargo, no da a la nota su explosivo titular. Lo hace otro habitual de las entrevistas de RT.

El texto prosigue: «Por su parte, el analista John Wight opina que los líderes del movimiento separatista catalán están siguiendo un camino peligroso en esta última instancia, ya que Madrid ha demostrado su determinación de “desatar la violencia contra civiles desarmados”. Aunque Wight resalta la importancia de la Constitución en este caso, se opone a su uso como “justificación” para atacar a la población. El analista asegura que España y Cataluña claramente se dirigen hacia un conflicto. Para evitar “tanques en las calles de Barcelona”, ambas partes deben dar un paso atrás, subraya».

¿Quién es John Wight? Se le presenta simplemente como analista. Es un autor prolífico que ha publicado con especial frecuencia en RT y Sputnik, medio este último donde tiene un programa de radio semanal. Es autor de varios libros y se define en sus redes sociales como un novelista que ganó experiencia como extra y doble de cine en Hollywood, además de portero de discoteca. Y poco más. En lo que no suele fallar es en expresar siempre puntos de vista afines a los intereses rusos: ha puesto en duda la existencia de ataques químicos del régimen de El Asad en Siria, ha denunciado la supuesta rusofobia de la clase política británica y ha alabado a Putin abundantemente.

El problema de la nota sobre los tanques en Barcelona no es únicamente que Wight carezca de cualquier conocimiento en profundidad sobre España que le permita predecir un estallido de violencia en Cataluña. Es que ni siquiera él mismo se atreve a ir tan lejos. Sus declaraciones apuntan a cómo podría evitarse que los tanques del ejército salieran a la calle en Barcelona, una opción que por otro lado ni siquiera estaba en la mesa del gobierno español. Sin embargo, al autor de la nota de RT las palabras de Wight le bastan para afirmar: «Tanques en las calles de Barcelona». De ese modo, la opinión con matices de un analista de tercera fila, que nunca sería citado en ningún medio serio, logra un tratamiento estelar, junto a noticias con declaraciones del presidente del gobierno español o los líderes políticos de la independencia.

Las fuentes son el pilar central del periodismo. El profesional de la información cimenta todo su trabajo en ellas: porque le cuentan lo que han visto o porque le transmiten un conocimiento para él y los demás oculto. Son esenciales, desde el vecino que ha presenciado un atropello y le cuenta al periodista los detalles del accidente, hasta los filtradores de las grandes exclusivas de la historia del periodismo, como el escándalo del Watergate o los cables diplomáticos de Wikileaks. Lo que no debería ser una fuente es la validación de un punto de vista u opinión existentes antes de la elaboración de la noticia. Y eso es precisamente lo que la gran maquinaria de desinformación rusa ha convertido en un método de desinformación. Ni Folch en el caso de Crimea ni Wight en el de los tanques son fuentes válidas porque sólo expresan opiniones personales. Destacar sus afirmaciones en titulares es, llanamente, manipular.

Es cierto que el uso interesado de las fuentes ha existido siempre en el periodismo. Un reportero puede acudir a una manifestación en contra de la guerra o del aborto y puede seleccionar exquisitamente las declaraciones en su crónica para retratar a los entrevistados bien como una caricatura de la realidad o bien como un grupo de personas cabales. Por ello, uno de los mayores esfuerzos en el oficio periodístico es cultivar, seleccionar y equilibrar las fuentes y sus declaraciones, tratando a todo entrevistado con respeto.

Un ejemplo: cuando el movimiento político del Tea Party comenzó en Estados Unidos, en mitad del primer mandato de Obama, me correspondió escribir sobre algunos de sus mítines, entonces centrados en rechazar la reforma sanitaria que proponía el presidente. Entre los asistentes a un mitin en el estado de Virginia en octubre de 2009 encontré a personas que defendían con vehemencia que Obama había nacido en Kenia o en Indonesia. No es que lo supieran, lo creían. Estaban seguros de ello porque lo habían leído, decían, en internet. Y por eso estaban allí, más contra Obama que contra su reforma sanitaria. Otros asistentes al mitin eran personas de clase media, más formadas, procedentes en su mayoría de la zona metropolitana de Washington, que se abstenían de opinar sobre la procedencia del presidente y centraban sus argumentos en el coste que tendría para el Estado universalizar la sanidad, algo, decían, más propio de sociedades europeas que de un país donde el libre mercado está tan arraigado como Estados Unidos.

Elegir entre un tipo de fuente u otra es ya de por sí un ejercicio de subjetividad periodística, un mal inevitable. El informador puede sentir más o menos afinidad con el ideario de esos manifestantes y destacar sus argumentos más racionales o los más caricaturescos. Incluso mezclar ambas opiniones es complicado: ¿cuál se coloca primero? ¿En qué contexto? ¿Hay que citar a alguien que miente, aunque sea inconscientemente, como el caso de si Obama nació fuera de Estados Unidos? Son dudas que al periodista le asaltan a diario. Y es necesario que dude. Acudir a una manifestación o a un congreso a buscar testimonios que validen un punto de vista, una opinión o una línea editorial es pervertir la naturaleza del periodismo, y desgraciadamente es algo que se hace a diario.

Y no es tan fácil solucionar el problema. Vista la historia reciente de Estados Unidos, no hubiera sido una buena opción dejar de lado a aquellas amas de casa de apariencia afable que rabiaban en 2009 porque creían que Obama no era estadounidense, pues de aquellas protestas nació la campaña de Trump, que cuando echó a andar lo hizo precisamente sobre el único pretexto de exigirle al presidente que revelara su certificado de nacimiento, algo que éste hizo, sin apaciguar al magnate neoyorquino. La mentira, desafortunadamente, es ahora parte crucial de la política de comunicación de la Casa Blanca.

La correcta valoración de las fuentes es incluso más importante en el llamado periodismo de declaraciones, las notas informativas que se arman sobre la base de las afirmaciones de un político o gobernante. Son el tipo de noticia más común en las secciones de política de todos los diarios del mundo. Alguien con poder dice algo que puede tener unas consecuencias claras para la sociedad y así se explica en el medio. Es un tipo de periodismo muy endogámico, que se alimenta sobre todo de ruedas de prensa, comunicados y entrevistas. Tradicionalmente, los jefes de comunicación de los políticos son quienes controlan ese flujo de información y quienes tratan de que un mensaje que a éstos les interesa difundir tenga un espacio destacado en los medios.

La importancia de lo que se dice y quién lo dice condiciona posteriormente elementos como el tamaño, la posición o la distribución de la propia noticia. Si el presidente de Estados Unidos anuncia que dimite, lógicamente logrará un espacio dominante en todo tipo de diarios en papel y digitales, y hoy día un eco comparable en las grandes plataformas sociales. Si el concejal de un pueblo de mil habitantes anuncia que abrirá un nuevo centro deportivo, la noticia, si se publica, tendrá un tratamiento menor y una distribución acorde con sus consecuencias reales. En ese sentido, el tamaño, la posición y la distribución son elementos de valoración de una información. También en la era de la ubicuidad de los teléfonos móviles: sólo las noticias relevantes son enviadas a través de alertas informativas, para mantener al lector informado incluso cuando no está consumiendo información activamente.

La línea editorial de un diario o las simpatías de editores y periodistas tienen también una influencia indudable sobre la información, aunque éstos lo nieguen. Un buen periodista, sin embargo, siempre coloca los hechos por encima de esas afinidades. Por ejemplo, la diferencia entre buena y mala praxis se puede ver claramente entre estos dos titulares sobre la cumbre de Trump y Putin en julio de 2018: «Trump le ofrece a Putin un triunfo diplomático al poner en entredicho a las agencias de inteligencia de Estados Unidos» (The Washington Post) y «Putin y Trump consideran su cumbre un “éxito” y rechazan las alegaciones de “conspiración”» (Sputnik).

El auge del populismo ha convertido la labor de comprobación de hechos del periodismo en una práctica esencial para la buena salud de la democracia. Desde 2016 se sabe que el presidente de Estados Unidos miente por sistema, y la labor de los medios es distinguir sus falsedades de la realidad.

Por otro lado, esa labor informativa diferencia a los Estados democráticos de los regímenes autoritarios, en los que la prensa no cumple su función y se limita a repetir consignas que llueven desde el poder, con una falta completa de visión crítica. Nunca se encontrará en medios estatales rusos como RT o Sputnik una crónica crítica con su gobierno o sus decisiones. La tónica son noticias engañosas en su asepsia, cargadas de vaguedades, como «Putin felicita a los rusos en su día y asegura que “todo estará bien”», un titular real publicado por RT en 2018.

La nota sobre los «tanques en las calles de Barcelona» contiene otro elemento importante en la gran mayoría de las publicaciones de sitios como RT y Sputnik: la ausencia de una firma. En circunstancias normales, el nombre del periodista es un aval, que refuerza la credibilidad de un medio, en especial cuando se publican informaciones comprometidas o polémicas. En estos casos el informador tiene el deber de responsabilizarse de lo escrito, porque es su obligación rendir cuentas por posibles errores o engaños.

Muchos son los escándalos de noticias inventadas que han propiciado medidas disciplinarias. En 1981, la periodista estadounidense Janet Cooke ganó un premio Pulitzer por un reportaje titulado «El mundo de Jimmy», publicado en The Washington Post y en el que contaba el caso de un niño de ocho años adicto a la heroína. Cooke, quien describía en el texto «las marcas de las agujas en la suave piel de sus brazos delgados y oscuros», se había inventado la historia. Ante las dudas que planteó la policía local de Washington, sus jefes abrieron una investigación y llegaron a la conclusión de que la información era falsa. Cooke fue obligada a dimitir de su puesto de trabajo y devolver el premio. En casos tan extremos como éste, al medio le beneficia la existencia de una firma: sirve para obligarle al periodista a proteger su nombre, su imagen y su puesto de trabajo.

En los medios de agitación rusos prácticamente no existe la firma. La mayoría de las informaciones, excepto las tribunas de opinión, omiten el nombre y apellido de quien las ha elaborado, ocultando cualquier mala praxis tras la cabecera del medio. De ese modo se puede publicar, como se verá más adelante, mentiras como que en unos años Europa tendrá medio centenar de países más, y no pasa nada. Si una falsedad provoca un incendio en las redes, se cambia el titular, se modifica el texto y listo. Al no ofrecer firmas, estos medios no publican fe de errores, otra obligación ética no sólo en el periodismo impreso, sino también digital.

Cuando una información se modifica en partes esenciales como afirmaciones, datos o declaraciones, debería añadirse al texto, como hacen medios como El País, The New York Times o The Guardian, una explicación sobre qué ha cambiado el autor y por qué. Sólo en una ocasión he visto una corrección a una noticia de RT, con un falso mapa de los apoyos oficiales recibidos por la nueva república catalana en el mundo. Se modificó el titular, y los autores de la nota añadieron el siguiente mensaje: «El titular de esta noticia en su primera redacción fue inexacto por lo que ha sido modificado. Pedimos disculpas a nuestros lectores por este error. Cada día nos seguimos esforzando por que fallos como éste no se repitan, gracias por su comprensión»[26].

El entorno digital, mediatizado por algoritmos protegidos por las leyes intelectuales, es el hábitat natural de la desinformación. Una nota como la de «Tanques en las calles de Barcelona» no lograría nunca un lugar prominente en un diario de papel o digital serio, porque lo lógico es que un editor con criterio la paralizara. Pero en el caso de RT este tipo de informaciones, tan osadas, suelen ser catapultadas a través de plataformas sociales como Facebook o Twitter. De hecho, el ejemplo mencionado logró en cuestión de horas 11.800 interacciones en Facebook, un impacto tres veces superior a la media de informaciones de RT en esa plataforma. En Twitter, el perfil principal de RT en español la compartió en tres ocasiones.[27] Y como suele suceder en estos casos, en esas redes sociales se publicó únicamente el titular, sin más. El resultado, al menos unas 12.000 personas reaccionaron, compartiendo o comentando, una entrada que simplemente decía: «“Tanques en las calles de Barcelona”: España y Cataluña al borde de un desenlace violento», sin más.

Está claro que una lectura pormenorizada de la noticia despejaría cualquier duda: no hubo ni habría tanques en las calles de Barcelona. Pero es que ése es el punto central del problema.

La desinformación se extiende principalmente con titulares. Diversos estudios recientes reflejan que una gran mayoría de los lectores en internet comparte enlaces en las plataformas sociales sin haber leído el texto de la noticia previamente. En total, un 59 por ciento ni siquiera llega a abrir el vínculo adjunto en el mensaje, según un informe de un grupo de ingenieros de la universidad estadounidense de Columbia y el Instituto Nacional Francés, que analizaron durante un mes 59.088 enlaces a informaciones que fueron compartidos 2,8 millones de veces en Twitter.[28] Por eso, los titulares son el instrumento principal con el que esa maquinaria de injerencias difunde sus argumentos, y es en ellos donde quedan claras sus intenciones y prioridades.

Un mundo de titulares exagerados, tendenciosos y opinativos abre la puerta a una representación alternativa de la realidad, donde, como se ha visto, en España estaba a punto de estallar una guerra civil, algo a lo que apuntaba la información mencionada y otras de corte similar. Es el modus operandi de medios como RT y Sputnik, cuya ética de trabajo la definió su directora, Margarita Simonián, en una entrevista de enero de 2018: «Informamos sobre el mundo, sobre aquello que le interesa al mundo, intentando mostrarle al mundo voces alternativas, enfoques alternativos, noticias alternativas».[29] Tan alternativas que, como se verá, muchas de ellas eran completamente falsas.

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«Ésta es la zona cero de los catalanes»

La desinformación no opera en el vacío. Moscú no se inventó ninguna crisis independentista en Cataluña del mismo modo que no creó el malestar británico o italiano con la UE ni el caldo de cultivo populista que aupó a Trump a la presidencia de Estados Unidos o provocó las protestas de los chalecos amarillos en Francia. En todos estos casos hay una técnica parasitaria: las noticias falsas rusas se posan sobre una situación ya de por sí conflictiva y amplifican el mensaje de una de las partes, por lo general la que más coincide con sus intereses: antiglobalista o antiamericana. En el caso de Cataluña, esa maquinaria se encontró con un nutrido historial de mitos y fantasías disfrazados no sólo de noticias, sino también de documentales, libros de texto y volúmenes de historia. Y todo de acuerdo con un plan diseñado desde las élites políticas catalanas e implementado de una forma muy disciplinada y exitosa.

Tal vez sea el documento más importante de toda la historia reciente del independentismo catalán. Su autor intelectual no es otro que Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980 a 2003 y padre moral del nacionalismo catalán moderno. En septiembre de 1990, a instancias suyas, el gobierno autonómico comenzó a debatir una propuesta de medidas concretas para alimentar el sentimiento nacionalista en una década, mediante un férreo control de casi todos los ámbitos de la sociedad catalana, en especial de la educación y los medios de comunicación.

El objetivo del llamado Programa 2000 era consolidar la noción de que Cataluña es «una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico».[30] Para ello era necesaria la «elección y divulgación de los conceptos que permiten el máximo fortalecimiento de nuestro pueblo (ser más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos, amar el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, constatar las raíces, vigencia de los valores cristianos...) de acuerdo con los desafíos que plantea el mundo actual». Entre las tareas prioritarias se marcaba la «difusión de los acontecimientos cruciales de nuestra historia y de nuestros personajes históricos, así como la aportación del pueblo catalán a la cultura y ciencia europeas. Fomento de las fiestas populares, tradiciones, costumbres y su trasfondo mítico». La parte más llamativa de aquel documento es la admisión de ese «trasfondo mítico», todo un pasado colectivo situado fuera del tiempo histórico y plagado de gestas exageradas o inventadas.

El documento, de veinte páginas, no se queda en lo teórico, e incluye una serie de acciones concretas en el mundo escolar, universitario y cultural. Sin embargo, las medidas más agresivas las reserva para el sector de los medios de comunicación, consciente de su importancia a la hora de influir en el estado de ánimo de una sociedad. El objetivo que marca es «lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán». Para ello recomienda, sobre todo, «introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica entre los lugares claves de los medios comunicación», además de «incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana».

Según publicó en 1990 en el diario El País José Antich, quien hoy es parte fundamental de ese entramado mediático nacionalista como director de El Nacional, «la génesis del documento se produce a partir de unas notas de Pujol» de 1989.

Ese plan de crear un ecosistema mediático plenamente nacionalista lo acometió la Generalitat con gran éxito, primero con un férreo control de los medios públicos, que tienen un presupuesto anual de unos 300 millones de euros, y posteriormente en los medios privados en catalán, subvencionados con unos 7 millones de euros por año en los ejercicios más recientes, según datos del Diario Oficial de la Generalitat. En esa órbita, entre ayudas a la difusión del catalán y publicidad institucional, subsisten más de trescientos medios digitales e impresos, entre los que destacan Nació Digital, Ara, Vilaweb, El Punt Avui, El Món, Directe, El Nacional o Catalan International View.

Tal como dijo en 2017 el entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, en una comparecencia en el Senado, «no ha habido mejor negocio en Cataluña estos cuatro años que montarte una página web y apoyar el “procés” para llevarte una subvención». A través de esas cabeceras, dijo, «se ha contado otra verdad».[31]

Y no sólo es cuestión de medios. En miles de libros de texto, cuentos infantiles, enciclopedias, novelas históricas, exposiciones, documentales y teleseries, durante tres décadas se ha repetido machaconamente la epopeya del nacimiento de la nación catalana, emergida en el siglo IX y sometida por la España opresora en el siglo XVIII. Baste como ejemplo el lujoso volumen Cataluña, nación de Europa.

Son tres tomos, de 870 páginas y con 1.000 ilustraciones a todo color, por el que la compañía Enciclopèdia Catalana recibió 72.000 euros de subvención pública en 2014. Según explicó en su presentación el autor del volumen, el historiador Joaquim Albareda: «Cataluña entró en el siglo XVIII en una nueva etapa sin poder disfrutar de los recursos políticos que le habían permitido organizar su vida colectiva durante más de cinco siglos. Éste es el punto de partida de la obra, que analiza esta nueva situación, la represión que cuando acabó la guerra de Sucesión sufrió la sociedad catalana y el impacto durísimo de la imposición fiscal en los años posteriores a que acabara la guerra».[32] Lo dijo ante la mirada atenta, a su lado, del propio Pujol, patrono también de aquel volumen.

El prólogo lo firmaba también Pujol. El profesor Albareda proclamaba en el libro: «Este país, a pesar de haber corrido el riesgo de desaparecer como nación en diversos momentos de su historia (señaladamente, en 1714 y 1939), ha pervivido como tal manteniendo su identidad colectiva —un hecho bastante difícil en la Europa de los Estados-nación que se consolidó en el siglo XIX—. No sólo eso, sino que ha alcanzado un desarrollo muy notable en los ámbitos económico, social, político y cultural que le ha hecho ganar una presencia indiscutible en Europa».

La relación directa entre la derrota de la Cataluña partidaria de los Habsburgo y la victoria del fascismo en la guerra civil sería una constante en la narrativa independentista, uno de cuyos argumentos principales es que la España contemporánea es en realidad un sucedáneo blanqueado del franquismo, algo que encontró su debido eco en los medios rusos y Wikileaks.

En aquella obra, como en toda la Enciclopedia de la que emana, se recoge el mito central del nacionalismo catalán: el 11 de septiembre de 1714, Cataluña como nación fue derrotada por las tropas borbónicas españolas y desde entonces su sociedad en conjunto ha anhelado la independencia.

Es una falsedad, que manipula la guerra de Sucesión española de comienzos del siglo XVIII y la convierte en una guerra por la independencia de Cataluña. En realidad, al morir en 1700 sin descendencia el último rey Habsburgo de España, Carlos II, se desató una batalla por la corona. Los dos aspirantes eran Felipe V de Borbón y el archiduque Carlos de Austria. Los borbones pretendían aliar a España con Francia, ya en su poder. Los Habsburgo cortejaron a Inglaterra y a los Países Bajos. El reino de Castilla y el Principado de Cataluña, unidos políticamente desde finales del siglo XV por los Reyes Católicos, se dividieron; el primero con los borbones y el segundo con el archiduque, que pronto abandonó a sus partidarios para coronarse emperador en Austria.

Baste, como información falsa, la última revisión efectuada a la monumental y subvencionada Enciclopedia Catalana para definir qué es Cataluña: «País de la Europa mediterránea, en la costa oriental de la península ibérica; la capital es Barcelona». De su historia destaca que «el final de la guerra de Sucesión representa la ruptura más radical en la historia de Cataluña desde la invasión de los sarracenos» porque «el país fue desarmado, los castillos derruidos y comenzó la represión».

Todo el mito del independentismo catalán se cimenta en aquella quimérica derrota alargada, como relataba Albareda, hasta el siglo XX. Según ha afirmado el filósofo Pedro Insúa, «tienen que dibujar la sociedad actual como una tiranía. Y todo eso lo hacen mediante una ficción que no tiene una base histórica. Recurren constantemente a anacronismos como el de 1714. Entonces no fue una guerra de Cataluña contra España, eso es una falacia. Fue una contienda dinástica. Cuando se declaró al archiduque Carlos rey, fue rey de toda España, y no sólo de Cataluña».[33]

¿Cómo informan los medios rusos de aquella fecha seminal del independentismo catalán? En los mismos términos que los nacionalistas. RT afirmaba ya en una nota de 2012: «Muchos catalanes aprovechan tradicionalmente el 11 de septiembre, fiesta oficial de la comunidad autónoma catalana, para expresar sus deseos independentistas o soberanistas. Y no es casualidad, ya que la derrota infligida al pueblo catalán ese día en 1714 fue el principio de su pérdida de soberanía y derechos dentro del territorio español».[34] Sputnik imitó ese modelo de revisionismo histórico. En 2017 citaba a un político separatista italiano, Roberto Ciambetti, quien dijo que «Cataluña no es una región sino una nación, un pueblo, un idioma y una bandera que desde 1714 vive sometida a la Corona española, pero no ha perdido su idiosincrasia, cultura y orgullo».[35]

En efecto, cada 11 de septiembre los nacionalistas recuerdan la caída de Cataluña en 1714 y acuden en masa a las calles a pedir la independencia tras esos supuestos trescientos años de sometimiento. Son las célebres diadas, cuyas imágenes llevó Folch a la conferencia independentista de Moscú.

Aquella derrota tiene incluso su propio museo, todo un centro de culto a una interpretación falsa de la historia. Un viejo mercado de abastos se convirtió en 2013 en un parque temático de la Barcelona arrasada por las tropas borbónicas en 1714. Quim Torra, su primer director y posteriormente presidente autonómico catalán, lo bautizó como la «zona cero de los catalanes», como si en ella se hubieran cometido crímenes tan atroces como los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York.[36] En los actos del tercer centenario de aquella derrota, el Ayuntamiento de Barcelona invirtió 2,5 millones de euros y la Generalitat otros 900.000.

En esa «zona cero» de la desinformación histórica se exhiben más de 1.800 objetos excavados de la época, como joyas, vasos de cristal, piezas de menaje y pipas de fumar. También, unas 60 bombas de piedra o hierro usadas por las tropas borbónicas, extraídas de los restos de las 55 casas excavadas. En resumen, los falsos restos de la última Cataluña libre e independiente. Les acompaña una reconstrucción audiovisual que culmina en la batalla del 11 de septiembre, donde se exhibió por primera vez un pendón restaurado que encabezaba desde 1588 todas las movilizaciones militares de Barcelona y lideró las tropas en la batalla culminante de 1714.

El Museo del Born se abrió con varias exposiciones, una de las cuales recogía plenamente el mito de aquella fecha. Llevaba por título «¡Hasta conseguirlo! El sitio de 1714», y, entre vídeos y hologramas, afirmaba: «El enfrentamiento entre Cataluña y Felipe V no fue una guerra civil, fue un choque entre Estados». A los catalanes se los describía como «cuna de la democracia del sur de Europa» por su carácter pactista y habituado al consenso. La falsa historia defendida por el independentismo ya tenía hasta su propia realidad virtual.[37]

Los independentistas no sólo tergiversan la historia, también la lengua. Los medios de comunicación nacionalistas han puesto sus noticias al servicio de la causa separatista, con un cometido central: crear un léxico a la medida de esas aspiraciones políticas. La clave está en llamar a las cosas por otro nombre, más amable. No hay separatismo, hay «derecho a decidir». Ellos no son independentistas, son «soberanistas». Cataluña no es una nación o un Estado, es «un país». Su ciudadanía es «el pueblo». No existe España, sino «el Estado español», en el que Cataluña no ha encontrado su «encaje». Y por ello, no hay ruptura de Cataluña de España, sino «desconexión». Esos términos se emplean de forma sistemática en los medios públicos y privados controlados por la Generalitat.

Todo lo que tenga que ver con España está contaminado por reaccionario y opresor. Sirva de ejemplo la definición del adjetivo «españolista» en un delirante glosario publicado por el diario nacionalista Ara en 2013: «Españolista es el que defiende la unidad de España, pero en el imaginario colectivo se asocia al franquismo y a la extrema derecha, de modo que ni el PP ni Ciudadanos se sienten cómodos con esa etiqueta».[38] Han creado todo un dialecto ideológico que según lo describe Álex Grijelmo es «una relación de vocablos y locuciones cuyos significados se han pulido desde hace años para acercarlos a los propios intereses aunque eso implicase alejarlos de su genuino sentido, que queda así oculto en la maniobra».[39]

Es digno de atención el enorme éxito del mal llamado «derecho a decidir», una expresión que se ha incrustado hasta en los usos periodísticos de los diarios de tirada nacional. Tal y como admitía Ara en 2013, «la popularización de la expresión “derecho a decidir” es uno de los grandes triunfos de los soberanistas, porque sitúa el debate en términos democráticos y le resta la carga política del más clásico “derecho a la autodeterminación”». Hasta a portadas del diario El País ha llegado ese falso derecho a decidir, como un ejemplo de marzo de 2014 en que el diario afirmaba en su información principal que el Tribunal Constitucional supeditaba «el derecho a decidir a una reforma legal».

Se mire como se mire, el «derecho a decidir» no es un concepto válido de las leyes internacionales. Es una invención de un colectivo de activistas que en 2005 creó una denominada Plataforma por el Derecho a Decidir y en febrero del año posterior reunió a miles de personas en una manifestación bajo el lema «Somos una nación y tenemos el derecho a decidir».

La expresión caló, sobre todo en los medios nacionalistas, y en 2011 Jaume López, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, le dio carta de naturaleza académica. En un artículo titulado «Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir», publicado por el extinto Centre Unesco de Catalunya en 2011, López afirmaba: «Hace menos de una década que, en ciertos contextos, como es el caso de Cataluña o Euskadi, se ha empezado a extender el uso del término “derecho a decidir” como sinónimo, en principio, de derecho a la autodeterminación. A menudo, el concepto de “derecho a decidir” aparece como un neologismo para expresar, con un vocabulario más contemporáneo y fácil de entender para las mayorías sociales de estos lugares, los principios que ya recogía el derecho a la autodeterminación. Entre sus virtudes debería mencionar, de acuerdo con estas mismas fuentes, el hecho de distinguirse de los procesos reivindicativos y de formación de nuevos Estados en el ámbito del llamado tercer mundo, vinculados a veces con ideologías marxistas bastante desacreditadas en Occidente».[40] Aparecía como un neologismo porque así lo afirmaba López, y poco más. Era la invención de un término para esconder las connotaciones negativas de un separatismo que apenas podía disimular su desprecio a una nación soberana de Europa como España.

En resumidas cuentas: ¿quién en su sano juicio puede oponerse a un derecho a decidir? El argumento, rascando la superficie, es muy endeble. Por supuesto que no existe un derecho a decidir sin más, porque tiene limitaciones obvias que los independentistas rehúyen sistemáticamente. Hay cuestiones sobre las que una mayoría no puede o no debe decidir, como derechos fundamentales o libertades básicas. Hemos visto en todo el mundo referendos que han privado a partes de la población derechos como el matrimonio homosexual o el trato igualitario a personas de distintas razas. Grandes dictaduras han nacido de las urnas, poniendo de relieve que el valor de la democracia no es sólo la capacidad de decisión de la mayoría, sino también la protección de las minorías.

Lo expresa con gran claridad Enrique Gil Calvo: «El derecho a decidir no se puede aplicar si hacerlo implica perjudicar a otros. Y pretender extenderlo sin límites a cualquier decisión colectiva, como ocurre con el derecho de autodeterminación, es antidemocrático. En el caso catalán se ha incurrido en otras actuaciones de lesa democracia como incumplir las leyes, violar los derechos de las minorías y forzar un pseudorreferendo sin garantía alguna».[41]

Aun así, para los medios independentistas no hay nada más deseable y democrático que ese derecho, que debería traducirse en un referendo de independencia primero y en los meses posteriores en una proclamación unilateral de la República catalana. En ese sentido, el derecho a decidir es más un pretexto que otra cosa, un instrumento para declarar la independencia, que es al final lo que importa. Una prueba: los independentistas ya habían aprobado sus leyes de transición a un Estado independiente antes incluso de que se produjera el referéndum.

Cuando llegó el momento culminante de la crisis independentista, en la recta final hacia el 1 de octubre de 2017, los medios de desinformación rusos encontraron en Cataluña un caldo de cultivo idóneo para aumentar la temperatura varios grados con noticias abundantes sobre violencia, represión, tanques y bombardeos. Finalmente intervino el mismísimo Putin, recordándole a Europa que había jugado con fuego al apoyar veladamente la independencia de Kosovo en 2008 y ahora la caja de Pandora estaba ya abierta. Antes, sin embargo, entró en escena Julian Assange.

4

«Ha comenzado la primera guerra mundial en internet»

En agosto de 2017, Cataluña sufrió uno de los peores atentados yihadistas en la historia reciente de Europa. Ocho terroristas sembraron el caos con un atropello masivo en Barcelona y un tiroteo con la policía en Cambrils en el que murieron ocho personas, además de los autores. Horas antes del ataque, una explosión fortuita en un chalé de Alcanar había frustrado los planes de la célula de hacer estallar un monumento céntrico en la capital catalana, algo que seguramente hubiera provocado numerosas víctimas.

Lo lógico entonces parecía que, ante el primer atentado islamista en España desde 2004, los gobernantes catalanes pusieran entre paréntesis su pulso por la independencia. Sin embargo, en el plazo de unos días la investigación, que debía resolver lo que a todas luces parecían fallos muy graves de prevención por parte de las fuerzas policiales autonómicas, pasó a un discreto segundo plano, eclipsada por informaciones de corte político. El referéndum se mantenía en pie.

El 7 de septiembre el Parlamento catalán, controlado por los partidos separatistas, aprobó una ley titulada de «transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana», que pretendía garantizar la sucesión ordenada de las administraciones y la continuidad de los servicios públicos durante el proceso de transición de Cataluña de comunidad autónoma a Estado independiente. No podía haber una demostración más clara de que el referéndum no iba a ser más que un trámite: la ley inaugural de la república ya estaba aprobada de antemano. Eran los intensos días previos al referéndum ilegalizado del 1 de octubre, que se celebraría entre protestas y boicot de los partidos constitucionalistas y enfrentamientos entre grupos organizados y las fuerzas de seguridad españolas, movilizadas por el gobierno a petición de los jueces.

El 17 de agosto, El País había publicado un editorial en el que decía: «Es hora de acabar con los sinsentidos democráticos, la violación flagrante de las leyes, los juegos de engaños, los tacticismos y los oportunismos políticos. Es hora de que nuestros gobernantes, todos nuestros gobernantes, trabajen en beneficio de los verdaderos y principales intereses de los ciudadanos». Era una petición cabal, ante un golpe terrorista terrible. La única respuesta del gobierno catalán fue la descalificación. En una entrevista en la cadena de radio Onda Cero, el presidente autonómico, Puigdemont, describió a quienes le pedíamos que actuara con racionalidad como «miserables».[42]

A las 17.27 horas del 9 de septiembre, Julian Assange,[43] el fundador de Wikileaks, desde su asilo en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, publicó el siguiente mensaje en Twitter: «España, esto no funcionará en Cataluña. La ciudadanía catalana tiene derecho a la autodeterminación. Las detenciones sólo les unirán y harán más fuertes». A esas frases adjuntó la célebre foto de un hombre solo en pie frente a una columna de tanques durante las protestas de la plaza de Tiananmén de 1989 en la República Popular China, en las que murieron miles de personas. Antes, Assange no había dicho una sola palabra sobre la crisis o la situación política de Cataluña y España en Twitter, su medio de comunicación preferido. El impacto de aquel mensaje: 13.500 retuits y 17.400 likes en cuestión de minutos, una velocidad inusual en las redes sociales pero comprensible en un perfil con casi 800.000 seguidores.

Mientras, los independentistas preparaban el referéndum y las autoridades españolas intentaban impedir su logística, tratando de invalidar el recuento de votos por medios técnicos.[44] Un grupo de agentes de la Guardia Civil entró en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y el Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat de Cataluña, donde se debía oficializar el recuento de votos del referéndum. Durante cuarenta y ocho horas ininterrumpidas tuvieron que hacer caer en cientos de ocasiones el programa que permitía contrastar quién había votado y quién no, según un informe interno del Ministerio del Interior. «Estas actuaciones permitieron neutralizar el centro de llamadas en el que estaba previsto recibir la información de las supuestas mesas electorales para poder mecanizar esos datos y así llevar a cabo el recuento de los votos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional», decía ese documento.

Ante ese tira y afloja, Assange proclamó en Twitter el 29 de septiembre: «Ha comenzado la primera guerra mundial en internet, en Cataluña, mientras la ciudadanía y el gobierno lo utilizan para organizar un referéndum de independencia el domingo y la inteligencia española ataca, congelando conexiones de comunicación, ocupando edificios de telecomunicaciones y censurando centenares de sitios web y protocolos». La crisis quedaba descrita así en términos bélicos, toda una guerra mundial. Los medios de agitación rusos se lanzaron inmediatamente a recoger las palabras de Assange, repetidas luego hasta la extenuación. «La situación en Cataluña es la primera guerra de internet, según Assange», publicó Sputnik en español. «Assange acusa a España de conducir la primera guerra mundial en internet para impedir el referéndum», diría RT. Pronto, la información tuvo eco en todo tipo de portales en la misma órbita, como Hispan TV. El mensaje era claro: las medidas policiales para impedir la infraestructura técnica de un referéndum ilegalizado por la justicia eran un acto de agresión equiparable a una declaración de guerra a los catalanes.

Assange se convirtió rápidamente en la voz con más influencia internacional sobre la crisis en Cataluña. A medida que pasaban las semanas, los mensajes subían de tono. Y el 9 de octubre, tras la celebración del referéndum, proclamó: «El Estado español está claramente determinado a empujar a Cataluña hacia la DUI [Declaración Unilateral de Independencia]. Del mismo modo en que Hitler utilizó a una minoría étnica para que la mayoría étnica se arrojara a sus brazos. El PP está haciendo lo mismo. Al rechazar mediación o diálogo, Rajoy sólo deja la DUI, que unirá a todos los castellanos tras el PP».

Esta afirmación demuestra claramente el desconocimiento de la crisis por parte de Assange, sobre todo por calificar a los españoles en general como castellanos, y por ignorar a la mitad de votantes catalanes contrarios a la independencia. Pero además incluye la acusación de que la España constitucional se estaba comportando como la Alemania nazi.

De entre todas las fuentes periodísticas que la gran maquinaria de desinformación internacional suele emplear, Assange tiene un lugar especialmente destacado. El activista era un viejo conocido nuestro en El País, pues en 2010 seleccionó al diario, junto con otras cabeceras internacionales, para la publicación de cientos de miles de cables de la diplomacia estadounidense que había sustraído la analista de inteligencia militar Chelsea Manning, detenida en Irak, juzgada, condenada e indultada por Obama.[45] Tras el primer golpe de exclusiva, las relaciones con Assange se habían vuelto tensas y según me confió posteriormente uno de los periodistas que tenía un contacto más habitual con él, «se apoderó de él un sentimiento de megalomanía y egocentrismo».

Es cierto que en un primer momento los medios de comunicación y una buena parte de la izquierda a ambas partes del Atlántico tomó a Assange como un referente ético, pero aquello comenzó a cambiar cuando Wikileaks decidió publicar por su cuenta miles de informes clasificados sobre la guerra en Afganistán. Al contrario que los diarios con los que había colaborado, la organización de Assange dejó al descubierto los nombres de cientos de colaboradores e informantes del ejército estadounidense en el país asiático, lo que llevó al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, a decir que el activista tenía «las manos manchadas de sangre».[46] Nunca se supo, porque el Pentágono no lo reveló, si aquellas publicaciones costaron en realidad vidas, pero es un hecho que Assange dejó sin amparo a cientos de afganos que se habían arriesgado a cooperar con los estadounidenses en su ofensiva contra los talibanes. Muchos de ellos tuvieron que ser evacuados a Estados Unidos con visados concedidos de urgencia, mientras otros quedaban para siempre marcados en un país en guerra desde hace más de medio siglo.

La inteligencia estadounidense siempre ha sospechado de un nexo de Assange con Moscú. No en vano, en 2012, cuando otro conocido filtrador de documentos, Edward Snowden, tuvo que abandonar Hong Kong tras la publicación de miles de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional a través del diario The Guardian, fue Assange quien le instó a recalar en Moscú en su periplo con destino a Ecuador.[47] Para pedir asilo, Snowden había esgrimido razones idénticas a las que motivaron a Assange a pedir la protección de Quito. Cuando Snowden aterrizó en Moscú, Wikileaks envió a uno de sus abogados a asistirle y al final consiguió asilo político en Moscú.

Assange, además, ha recibido dinero de instituciones públicas rusas. En 2012 presentó una serie titulada «El mundo del mañana», emitida en los canales en inglés, árabe y español de RT, con invitados como el líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, o el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En un programa dedicado al movimiento Occupy Wall Street, Assange admitía que su programa se centraría en «ideas revolucionarias para cambiar el mundo». Wikileaks le atribuye a Assange el contenido del programa, producido por la empresa Quick Roll, pero en su presentación admitió que el gobierno ruso compró los derechos de emisión prioritaria del programa, cuya licencia luego se cedió a otros medios.

En los diversos anuncios emitidos por RT, Assange hablaba de la necesidad de un periodismo combativo y respetuoso con las fuentes, pero se negó a responder a las preguntas formuladas entonces por varios medios de por qué vendía entonces la licencia del programa a un medio de propaganda afiliado con el gobierno de un país en el que casi sesenta periodistas habían muerto desde la caída del comunismo, incluidos críticos con el presidente Putin como Anna Politkovskaya.[48]

Sin sonrojarse, Assange ha defendido en varias ocasiones que RT es igual a la BBC, un argumento habitual entre los empleados de la cadena, y también una mentira. La BBC tiene unos resortes de gobernanza interna que aseguran su transparencia y rendición de cuentas. RT es completamente opaca y además ha sido amonestada en numerosas ocasiones por los reguladores públicos británicos por violaciones éticas.

Cuando le pregunté al exdirector de la BBC James Harding por estas comparaciones, dijo que las había escuchado en numerosas ocasiones, y resaltó las diferencias entre ambos medios: «No son como la BBC. No lo son porque no tienen garantías de independencia y no tienen un comportamiento independiente. Una buena manera de comprobarlo es la frecuencia con la que critican, con argumentos legítimos, a su propio gobierno, y lo dispuestos que están a hacerlo. Es una buena manera de comprobar la independencia de cualquier medio de comunicación».[49]

Durante la grabación de sus programas para RT en 2012, Assange gozaba aún de libertad de movimiento. Pero justo durante la emisión de los últimos programas de la serie, la corte suprema del Reino Unido autorizó la extradición del fundador de Wikileaks a Suecia para que rindiera cuentas ante la justicia por un caso de agresión sexual a dos mujeres. Inmediatamente, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, que le concedió el asilo político el 16 de agosto. Una de las primeras visitas que recibió fue precisamente la de Margarita Simonián, directora de RT. Según admitió ella posteriormente, conversaron una hora y desde entonces han mantenido contacto habitual.

Assange se ha negado a revelar la compensación económica de RT por aquellos programas, pero desde su emisión se ha convertido en todo un héroe para el canal. Algunos de los titulares que se han publicado allí en años recientes: «El trato a Julian Assange es una tortura», «Protestas en Londres en apoyo a Assange ante la posible pérdida del asilo político», «Assange trabaja para la gente y ahora tenemos que salvarlo nosotros», «La vida de Assange podría estar en peligro si la justicia es parcial».

Con ese bagaje y tras haber convertido a políticos como Hillary Clinton, Emmanuel Macron y Angela Merkel en objetivos constantes de su feroz crítica, Assange se fijó en el referéndum de independencia de Cataluña, en un ataque dialéctico sin tregua, y con afirmaciones tan osadas como que «Cataluña será independiente o habrá otra guerra civil».

El 27 de septiembre, a cuatro días del referendo, dio una videoconferencia cuya logística corrió a cargo del grupo Universitats per la República, vinculado a los partidos políticos independentistas, y que fue emitida en una pantalla gigante en la plaza Universidad de Barcelona.[50] Con una camiseta azul claro y ante los emblemas de Wikileaks en una pantalla blanca, Assange comparó la actuación de las fuerzas del Estado para desactivar el referendo con la represión del régimen del Partido Comunista Chino y advirtió de que la movilización del independentismo en Cataluña se repetiría en Europa para evitar que el modelo autoritario chino se instalase en Occidente. «Este choque entre los catalanes con el Estado español es un hecho determinante en la historia de Occidente», dijo. Ahí salía a relucir aquella narrativa trabajada por los partidos independentistas desde el poder durante décadas, el famoso Programa 2000: al final todo quedaría en un conflicto entre España y Cataluña, ambas naciones a la par, de forma similar a lo que según aquellos mitos nacionalistas sucedió en 1714.

A tenor de sus intervenciones, era indudable el doble enlace de Assange con los independentistas catalanes y los medios rusos. De hecho, la Universidad Pompeu Fabra le había llegado a invitar a dar una videoconferencia en un máster sobre «derechos civiles y tecnopolítica». Según reveló Cristian Segura en El País, la directora del máster, Simona Levi, líder del movimiento de ciberactivismo XNet, asesoró puntualmente a Assange en aspectos del conflicto en Cataluña. «Assange tiene su equipo de prensa, y traducen lo que reciben, por eso puede lanzar mensajes en catalán o artículos de medios locales», dijo Levi.[51]

Posteriormente se produjo una reunión que confirmaría el papel central de Assange en la crisis independentista, y de la que éste se ha negado a dar explicaciones. En noviembre de 2017 llegaron a la redacción de El País de buenas fuentes, cuando yo era director adjunto del diario, una serie de imágenes que revelaban que el empresario y editor Oriol Soler, uno de los ideólogos y promotores más relevantes del independentismo catalán, acudió a la embajada ecuatoriana en Londres a verse con Assange el 9 de noviembre de 2017. Le acompañó otro activista, Andreu Grinyó, director de marketing del supermercado Ulabox. Aquellas imágenes se publicaron en la portada del diario, con una información de Rafa de Miguel y el titular: «Un ideólogo clave en la secesión se reunió con Assange en Londres».

A mis manos llegó, de forma paralela y bajo petición firme de confidencialidad, un informe completo de diez páginas sobre la visita de Soler, con detalles sobre logística, pero sin referencia a las conversaciones internas. Posteriormente supe que aquel informe, como muchos otros, era obra de un grupo de investigadores y mercenarios a sueldo del gobierno de Ecuador que en teoría debían garantizar la seguridad de Assange en Londres, con un coste total para el Estado ecuatoriano de más de 4 millones de euros.

La empresa contratada por los dos últimos gobiernos ecuatorianos, UC Global, es española y tiene sede en Jerez de la Frontera. En el informe en cuestión, redactado en español y titulado genéricamente «Cataluña», UC Global asegura que la entrevista duró tres horas y «una vez finalizada todos marchan de buen humor, por lo que entendemos que la misma tuvo buen resultado».[52] Minutos después del encuentro, Assange publicó uno de sus incendiarios mensajes en Twitter: «Por qué me interesa Cataluña. Los ataques a Wikileaks: espionaje electrónico, censura, corrupción judicial, detenciones, extradiciones, prisión, exilio, bloqueos financieros, noticias falsas, propaganda, presión sobre Estados aliados. Los ataques a Cataluña: exactamente los mismos».

El informe de UC Global afirma que el «acercamiento a las posturas y apoyos a la causa independentista catalana mostrado por Julian Assange durante los recientes hechos relativos a la rebelión del gobierno de Cataluña ante las autoridades gubernamentales e institucionales españolas son fruto de las relaciones que J. A. mantiene con enlaces y organizaciones relacionadas con el independentismo radical catalán».

El documento contiene además varias imágenes que no se llegaron a publicar en 2017 por la cautela que pidieron las fuentes de los servicios de inteligencia que nos lo facilitaron. Una de ellas muestra un momento de la reunión. Presidiendo la mesa, Assange; a su izquierda, su abogada, Stella Morris, y, frente a ella, Soler y Grinyó. ¿Qué hacían el líder de Wikileaks y su representante legal y dos empresarios cercanos al nacionalismo catalán en aquella mesa? Los servicios de inteligencia seguían la pista del dinero, y no llegaron a confirmar si hubo pago por servicios de propaganda en aquella reunión, aunque lo sospechaban y aún lo sospechan. La foto la difundiría finalmente el propio Assange en mayo de 2018, después de que el diario británico The Guardian informara de la existencia del informe.

Este documento además advierte sobre el independentismo: «estas posiciones y acercamiento a dichas posturas, consideradas antisistema por la mayoría de los líderes y gobiernos europeos, pueden desencadenar críticas por parte del gobierno de España ante la injerencia de J. A. y su organización en asuntos de vital interés para la soberanía española, afectando las relaciones entre España (Europa) y Ecuador». El gobierno de Ecuador llevaba meses preocupado por el daño a su diplomacia de las campañas desinformativas de Assange, ya plenamente inmiscuido en el auge de Trump en Estados Unidos y activo en el filtrado de documentos con el objetivo confeso de desestabilizar a gobiernos y políticos occidentales a los que considera hostiles Wikileaks.

Soler confirmó el encuentro tras la publicación de la exclusiva de El País, sin más explicaciones. Se limitó a decir: «Los catalanes hemos sufrido también espionaje electrónico y físico, censura, irregularidades judiciales, arrestos, intentos de extradición, prisión, exilio, bloqueo financiero, noticias falsas, contrapropaganda, como Julian Assange, y estuvimos compartiendo nuestra visión del momento». Punto por punto, el mismo argumentario que publicó en Twitter Assange minutos después de la reunión. Todo apunta a que las explicaciones quedaron acordadas entonces.

Días después, Soler filtraría a los medios nacionalistas otra versión: en teoría le llevó a Londres la promoción de un proyecto bautizado como «Atlas del futuro», creado por la fundación Democratising the Future Society, constituida según la Coordinadora Catalana de Fundacions el 17 de febrero de 2016. En su registro constan como presidente Soler y como secretario Grinyó. El Ayuntamiento de Barcelona concedió una subvención de 30.000 euros a la fundación antes de su registro. Previamente, la institución había funcionado como una empresa privada registrada como sociedad limitada, con administrador único: Soler. Esta sociedad recibió en el segundo trimestre de 2014 una primera subvención, también por valor de 30.000 euros. No se sabe qué papel tendrían Assange o Wikileaks en ella.

Soler es una figura central en el independentismo catalán. Fue uno de los fundadores del diario Ara y está al frente de la cooperativa cultural SOM, editora de revistas como Sàpiens y propietaria de la productora audiovisual Batabat. Todos ellos son resortes cruciales en la estrategia de crear una realidad informativa paralela en Cataluña. Batabat, de hecho, fue responsable de un hilarante vídeo titulado «Help Catalonia!», difundido tras el referendo del 1 de octubre e inspirado en las protestas del Maidán en Ucrania, en el que una actriz llorosa pedía ayuda al mundo ante los supuestos abusos del Estado español contra la población catalana. El vídeo tuvo un efecto inverso al deseado y se convirtió en objeto de todo tipo de bromas por su impostado dramatismo. La productora ha recibido en total más de 2 millones de euros en subvenciones del gobierno catalán.

Negocios aparte, el empresario era más, mucho más, en el independentismo catalán: formaba parte del llamado «sanedrín» o «estado mayor en la sombra» que, con reuniones semanales, gestionó la logística del referéndum del 1 de octubre. En él había cargos electos como Puigdemont o el vicepresidente Oriol Junqueras y otros procedentes de la empresa privada, como Soler. Los servicios de inteligencia españoles saben además que Soler había viajado a la ciudad rusa de San Petersburgo el 5 de junio previo al referéndum. La excusa: promocionar el difuso proyecto «Atlas del futuro».

Como se ha visto, Assange no está solo en este viaje. La órbita de activistas a su alrededor es amplia y tiene un curioso centro de gravedad en torno a Moscú. Justo en el momento de mayor actividad de Wikileaks sobre la crisis catalana, Snowden irrumpió en escena desde su asilo en Rusia, sumándose a las críticas al gobierno español ante el referéndum del 1 de octubre. Dijo en Twitter que es posible estar contra la independencia catalana «y seguir a favor de los derechos humanos», pero «no estar a favor de la represión de Rajoy y decir lo mismo».

Las noticias estaban ya escritas antes incluso del referéndum, para el que quedaba todavía más de una semana: la violencia, el choque de legitimidades, el autoritarismo represivo del gobierno español, el franquismo revivido, la violación de los derechos humanos de los catalanes por enésima vez en la historia. Todo era una narrativa ficticia, que simplificaba la crisis a un problema ancestral entre Madrid y Barcelona, ocultando conscientemente que una mayoría de los catalanes no quiere saber nada de referendos ni de independencia.

Todos aquellos activistas —Assange, Snowden, Soler— se negaban a admitir que la Constitución española no contempla referendos para el desguace territorial de España; que la instrucción del caso corría a cargo de los jueces y no de los gobernantes, y que Cataluña, parte integral de España como nación, cuenta ya con más autogobierno que cualquier cantón federal suizo.[53]

5

«España reprime por la fuerza la primavera catalana»

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la ley de referéndum catalán porque, según la sentencia, comportaba «por sí misma una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe cualquier otra vulneración de orden competencial». Además, «cualquier intento de surgimiento de un Estado en violación del propio derecho interno podría suponer en sí mismo una vulneración del derecho internacional». El tribunal prohibió a 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat participar en la organización de la consulta. La Fiscalía General del Estado presentó al Tribunal Constitucional una querella por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos contra la presidenta del Parlamento autonómico, los miembros de la mesa legislativa que votaron a favor de tramitar el proyecto de ley del referéndum y todos los miembros del gobierno catalán. Al día siguiente fue admitida a trámite y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la intervención de urnas y material destinado a la votación. Seis días después, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó investigar a los ayuntamientos que colaborasen en la organización del referéndum. Los Mossos d’Esquadra, la fuerza de seguridad autonómica, debía actuar como policía judicial.

A pesar de todo ello, el referéndum de independencia se celebró el 1 de octubre. En sus comparecencias y comunicaciones, los gobernantes catalanes evitaron consciente y meticulosamente cualquier referencia a la invalidación judicial. Primero, habían ignorado las advertencias de los poderes ejecutivo y legislativo españoles. Luego, ampliaron la desobediencia al judicial. No fue ni mucho menos una consulta válida según el marco que se habían fijado los propios independentistas: el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos que redactó la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, establecido en 1990 y que ha desempeñado un importante papel en Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro y Kosovo.

En junio, el presidente de la Generalitat, Puigdemont, había enviado a ese organismo una carta en la que le informaba de la voluntad del gobierno catalán de celebrar un referéndum. En su respuesta, Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión, le comunicaba que cualquier consulta «tendría que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas». La petición en sí misma era parte de un gran teatro, pues el caso de Cataluña nada tenía que ver con el de los Balcanes y el propio Puigdemont ya sabía de antemano, como luego admitió, que la Comisión le respondería que debía coordinarse con Madrid.

Obtener el visto bueno previo del gobierno español no era el único requisito no cumplido. No hubo un censo válido porque el Estado, depositario de él, rechazó facilitarlo a los independentistas. Según las sospechas de los jueces instructores, los gobernantes catalanes obtuvieron de forma ilegal datos del instituto de estadística catalán, que disponía de los ficheros del Registro de Población de Cataluña. La policía llegó a detener a su director, Frederic Udina, por haber cedido los datos personales que gestiona ese organismo, sin amparo legal.

Gracias a ello, el gobierno catalán convocó, a través de una página web, a 5.343.358 catalanes a votar en 2.315 colegios electorales, con la logística a cargo de 7.200 voluntarios y ni un solo funcionario, por si la administración española les inhabilitaba. Todo lo relativo al referéndum discurría en esa especie de limbo en el que la independencia era un objetivo real pero que se aplicaba con una cautela extrema por si el Estado español se enteraba y reaccionaba.

Tras el cierre de la primera web oficial de la logística del referéndum (referendum.cat), Puigdemont publicó en Twitter dos direcciones nuevas: ref1oct.cat y ref1oct.eu, ubicadas en el Reino Unido y Luxemburgo. Ambas fueron cerradas inmediatamente por orden judicial. Varios hackers al servicio de la Generalitat clonaron la página web y activaron nuevas direcciones en Europa, lo que permitió a la Guardia Civil intervenir también los dominios referendum.ninja, referendum.love o guardiacivil.sexy. Fue inútil, porque hubo cientos de réplicas en decenas de países.

El censo era crucial para otra máxima de la Comisión de Venecia: «por cada elector corresponde un voto». Al verse privada de la infraestructura técnica que permitía evitar el voto doble, la Generalitat tampoco cumplió con ella. Minutos antes de que abrieran los colegios, en la madrugada del 1 de octubre, los gobernantes catalanes anunciaron que operarían con lo que llamaron «censo universal», lo que básicamente significaba que cualquier ciudadano podía votar en cualquier colegio. Un rudimentario sistema de comprobación manual eliminaría los votos dobles. Según demostró el grupo Societat Civil Catalana, en realidad en aquella jornada se pudo depositar en las urnas más de una papeleta, acudiendo a diversos colegios electorales sin ninguna cortapisa. Esa asociación difundió dos fotografías en las que un mismo hombre votaba primero en el colegio La Pau sobre las 09.45 horas y después en la Escuela Industrial a las 14.30 horas.

Otro punto débil de ese seudorreferendo fue la carencia de neutralidad por parte de quienes lo promovieron. Los organizadores hacían abiertamente campaña por el «sí». Tal y como recoge la Comisión de Venecia: «La igualdad de oportunidades debe ser garantizada para los simpatizantes y opositores de la propuesta sujeta a votación. Esto implica una actitud neutral por parte de las autoridades administrativas, en particular con relación a: i. la campaña del referéndum; ii. la cobertura de los medios de comunicación, en particular de los medios públicos; iii. financiamiento público de la campaña y de sus actores; vi. propaganda y publicidad; v. el derecho a manifestarse en la vía pública».

No existió tal imparcialidad. Desde luego, no en los medios públicos.[54] Los informativos y tertulias de televisiones y radios autonómicas y locales de Cataluña han estado durante años plagados de soflamas a favor del referendo y del «sí», con destacados comentaristas a favor de la independencia colocados en horarios prominentes, de acuerdo con las recomendaciones del Programa 2000. Los informativos han sido espacios desde los que se ha tratado de dar legitimidad al independentismo, con un trato de favor apenas escondido a políticos, partidos y organizaciones separatistas. La oposición, especialmente los partidos que defienden la unidad de España, ha sido silenciada de forma sistemática mientras en las tertulias y magazines se ha permitido cualquier soflama siempre que fuera lo suficientemente crítica con el Estado español y sus instituciones.

En abril de 2016, la comentarista Empar Moliner llegó a quemar una Constitución española en directo, en un programa sobre la pobreza energética: «Si calentarse en invierno es inconstitucional, los catalanes pobres tendrán que calentarse con cualquier libro a modo de estufa». Es una anécdota, por supuesto amparada por la libertad de expresión, pero cabe preguntarse si Moliner hubiera hecho lo mismo con una copia de la declaración de independencia que meses después firmaron los partidos separatistas en el Parlamento catalán.

Moliner, por cierto, fue la protagonista de otro ejemplo que demuestra cómo se las gastan los medios públicos catalanes ante cualquier crítica. En 2014, el catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona Manuel Cruz escribió una serie de artículos denunciando lo que muchos piensan y pocos dicen en Cataluña: que los informativos de TV3 son sesgados y carecen de pluralidad.[55] El magazine matutino de la cadena invitó a Cruz el 9 de agosto y éste expresó sus puntos de vista. Al día siguiente, Moliner empleó cinco minutos del mismo programa, cuando Cruz ya estaba ausente, para burlarse de él, diciendo que le motivaba «el autobombo y la autosatisfacción sexual». «Estoy yo también erotizada por ser como soy», decía mientras se tocaba, añadiendo música de fondo a las palabras grabadas de Cruz. Muy pocas televisiones, públicas o privadas, serias o no, se permiten insultar a los comentaristas de sus propios programas de información de una forma tan salvaje, sin ellos delante.

Según Cruz, «conviene llamar la atención sobre los planteamientos que ha terminado por acuñar el discurso oficial en Cataluña para justificar su abierta instrumentalización de la televisión pública. Por lo que se refiere a los programas de debate, para los soberanistas en el poder el pluralismo consiste en permitir la aparición de un discrepante una vez cada quince días, en debates y tertulias en las que la relación es seis contra uno, cinco contra uno o, en el mejor de los casos, cuatro contra uno, mientras que, en lo tocante a los informativos, el supuesto indiscutido es que tanto el pluralismo como la objetividad vienen garantizados por la supuesta profesionalidad de quienes trabajan en ellos, argumento corporativista donde los haya».

La sátira es el instrumento habitual de estos medios, siempre convenientemente dirigida hacia todo lo español. El trasfondo, sin embargo, es más serio. Por ejemplo, el director del exitoso espacio humorístico Polònia, Toni Soler, viene desde 2014 hablando de vencedores y vencidos en el proceso independentista, según publicó en una tribuna en el diario Ara, del que fue fundador: «Haremos un país para todos, claro; pero me gustaría pensar que, si lo conseguimos, los oportunistas recibirán el trato que se merecen cuando intenten hacerse la fotografía junto a los vencedores».[56] Su productora, Minoria Absoluta, ha recibido de la Generalitat contratos por valor de 45 millones de euros desde 2005, según reveló el diario El Mundo.[57]

Pilar Rahola, política y periodista veterana del separatismo, también a sueldo de los medios públicos, dijo en TV3 el 23 de septiembre: «Ni cuando ETA mataba a gente por la calle, intervinieron la Ertzaintza [policía autonómica vasca]. Les preocupan más las urnas que aquella barbaridad». Es decir, al Estado español le importa más la independencia de Cataluña que los deplorables actos de terrorismo de una banda que mató casi a mil personas. Sus compañeros de mesa ni siquiera reaccionaron.

Tan osada o más es la estrella de la radio pública matutina catalana, Mònica Terribas, quien llegó a retransmitir en antena el paradero de los agentes de policía destinados a Cataluña para impedir el referéndum: «Estamos compartiendo la información de los oyentes que nos dan del movimiento de furgonetas de la Guardia Civil. Las últimas informaciones que nos están dando: en Igualada, tres todoterreno y una furgoneta de la Guardia Civil dirección Barcelona [...]». Terribas fue denunciada por la Guardia Civil por ello, pero la cadena de radio para la que trabaja no fue amonestada por aquella llamada abierta a la rebelión, sino por sus comentarios en las elecciones autonómicas del mes de diciembre posterior, que según la Junta Electoral Central tenían un «tono partidista y electoralista abiertamente favorable a aquellas formaciones políticas que sostienen que existe una represión injusta».

Más grave si cabe en la crisis del referendo, por sus consecuencias, fue la actuación de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, a la que la justicia le encomendó el cierre de los colegios electorales. Según un informe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña entregado a la Audiencia Nacional, y al que tuve acceso en El País, la policía autonómica, liderada por el mayor Josep Lluís Trapero, puso en pie un operativo para permitir que se celebrara el referéndum a pesar de haber recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de prohibirlo. La juez Carmen Lamela procesó después a Trapero y a otros altos cargos de la consejería de Interior por delitos de sedición y por formar una organización criminal a las órdenes de los gobernantes de la Generalitat.

Según aquel informe: «Con la comprobación de estos detalles se refuerza la idea de que al cuerpo de los Mossos se quiso presentar ese día 1 de octubre a la ciudadanía partidaria de la celebración del referéndum ilegal con una peculiaridad diferencial del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, como las fuerzas que permitieron que se desarrollara la jornada, desprendidas del “carácter represor” de aquéllas». Si los Mossos hubiesen cumplido el mandato judicial, el referéndum no se habría celebrado.

Posteriormente, la Policía Nacional localizó en una incineradora de Sant Adrià de Besós documentos que valoraban escenarios en caso de que tuvieran que llevar a término lo dispuesto por la autoridad judicial. Todo apunta a que los Mossos pretendían destruir aquellos papeles.

La desidia de los Mossos tuvo un alto coste para el Estado. El entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reveló en una comparecencia en el Senado en enero de 2018 que la llamada Operación Copérnico, el desplazamiento de hasta 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil entre septiembre y diciembre, tuvo un coste de 87 millones de euros. Esos operativos se añadían a otros 6.000 agentes de plantilla fija en Cataluña, que debieron cancelar libranzas y vacaciones. Zoido acusó a la policía autonómica de «desobediencia clamorosa» y «absoluta pasividad».

En consecuencia, cuando los agentes españoles trataron de cerrar los colegios electorales el 1 de octubre, se encontraron con que en muchos habían pernoctado familias enteras, con ancianos y niños, para mantenerlos abiertos. Tres de cada cinco puntos de votación eran escuelas y en ellas los independentistas habían convocado fiestas de inicio de curso o de pijamas; reuniones de asociaciones de padres y maestros, y jornadas de puertas abiertas como excusa para hacerse fuertes. Los Mossos se personaron en la mayoría de ellos, levantaron acta de ocupación y se marcharon, dejando el desalojo a los agentes nacionales.

Aquello dio pie al momento más dramático del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, el que más cobertura mediática suscitó. Las cargas policiales. Los antidisturbios. Los porrazos. Las ancianas con las cabezas ensangrentadas. Los niños desesperados en llanto. Las cadenas humanas. Los mil heridos. Las imágenes dieron inmediatamente la vuelta al mundo.

Especialmente intensa fue la actividad del portal ruso RT. «FUERTES VÍDEOS: Brutal represión de la policía contra los votantes del referéndum catalán», tituló. También: «Cataluña elige su destino entre porras y balas de goma». Más: «Cataluña: Cargas policiales y violencia contra los votantes durante el 1-O». Además, publicó el falso testimonio de una activista: «“Me rompieron los dedos”: Graban a una mujer golpeada por la Policía en el referéndum catalán». En Twitter: «Cataluña: Francisco Franco, el dictador, ha regresado victorioso».

Sólo la información con los «fuertes vídeos» de RT logró en Facebook 11.400 interacciones, con otras 3.300 en Twitter. En realidad, era un recopilatorio en vídeo de imágenes de las redes sociales. «Agresiones, denuncias de abuso de autoridad por parte de la policía española», decía un presentador, mientras reproducía imágenes difundidas en Twitter por la Agencia Catalana de Noticias, otro instrumento propagandístico de la Generalitat. En otro corte del vídeo se veía a una multitud aplaudiendo a la policía autonómica mientras ésta se negaba a intervenir. «Mujeres ensangrentadas, adultas, mayores, como verán sacadas a la fuerza de los colegios electorales», aseguraba. Luego proyectaba en una pantalla dos imágenes de disturbios en España: una del referéndum catalán y otra de cargas policiales durante la dictadura franquista. «Un usuario expuso uno de los mensajes que más ha llamado la atención en las redes sociales donde él expone un comparativo de la actual represión con lo que sucedió hace cuarenta años cuando España afrontaba esta represión entre lo que fue la dictadura y el retorno de la democracia.» La fuente, un usuario anónimo.

A la mañana siguiente, las imágenes de violencia policial coparon las portadas ya no de los medios de desinformación, sino de los diarios más respetables. The Telegraph: «Crisis en Europa por la violencia policial en Cataluña». El Times de Londres: «España se rompe con los 850 heridos en los disturbios del referéndum». The Guardian: «Cientos de heridos en el descenso de Cataluña a la violencia». The Financial Times: «Cientos de heridos por la actuación de la policía en la votación en Cataluña». La portada de The New York Times hablaba de caos, y resaltaba en el subtítulo de la noticia de portada «los cientos de heridos».

Todos esos medios tragaron la desinformación de la Generalitat, amplificada en internet por la propaganda rusa. El marco estaba ya establecido, con gran maestría por parte de los líderes independentistas y sin que el Estado español hiciera nada para defenderse. Casi nadie, en aquellas informaciones, hablaba claramente de la pasividad de la policía autonómica o la importancia para los constitucionalistas españoles de que se preservara ya no sólo la integridad territorial del país, sino también las decisiones judiciales. No aparecía en ningún lado la mayoría de los catalanes que contemplaba aquel caos desde la distancia, ajenos a la independencia. Al final, en aquellos medios todo quedó en la romántica idea de unos catalanes indefensos ansiosos por votar y una policía española violenta y represora, fiel, como apuntaban los periodistas de RT, a sus orígenes franquistas.

Hasta el reputado periodista Jon Lee Anderson publicó en The New Yorker su explicación a lo que sucedía en Cataluña: eran las heridas mal cerradas del franquismo.[58] «¿Desde cuándo los Estados de la Unión Europea impiden a sus ciudadanos que voten?», se preguntaba. «Bajo el general Francisco Franco, que gobernó España como una dictadura fascista desde 1939 hasta 1975, la autonomía de Cataluña quedó suprimida y la lengua catalana se ilegalizó.» Y recordaba que España la presidía Rajoy, «un veterano del Partido Popular, fundado por los discípulos políticos de Franco». Muchos otros corresponsales, como Anderson, cayeron en la vieja trampa del reporterismo costumbrista, una especie de turismo periodístico que consiste en achacar todos los males de España a un franquismo mal enterrado, sin duda una prolongación de la vieja leyenda negra española.

A Anderson, por cierto, le respondió en El País Antonio Muñoz Molina, harto de que a España se la retratara en el extranjero como «Francoland».[59] Fue una de las tribunas de mayor éxito de cuantas publicamos en aquellos días: «Si seguíamos en la tierra de Franco, ¿cómo era posible que Cataluña dispusiera de un sistema educativo propio, un Parlamento, una fuerza de policía, una radio y una televisión públicas, un instituto internacional para la difusión de la lengua y la cultura catalanas? El reconocimiento de la singularidad de Cataluña era tan prioritario para la naciente democracia española que la Generalitat se restableció incluso antes de que se aprobara la Constitución. Extraño país franquista el nuestro, tan opresor de la lengua y de la cultura catalana, que elige una película hablada en catalán para representar a España en los Oscar».

Los hechos no fueron todo lo relevantes que deberían haber sido en la cobertura periodística de aquella jornada y por eso creo que conviene detallarlos. El 1 de octubre de 2017, de un censo no oficial de 5.313.564 personas hubo 2.286.217 votos, casi 20.000 de ellos considerados nulos por la propia Generalitat. No hay forma de saber si esas papeletas se depositaron de forma lícita o hubo fraude. Se designaron 6.250 colegios electorales en toda Cataluña, con 10.000 urnas traslúcidas compradas a la empresa china Smart Dragon Ballot Expert, entregadas en Francia e introducidas en secreto en Cataluña por una red de activistas. El 1 de octubre, las fuerzas de seguridad clausuraron 400 colegios y se pudo votar en el resto. Los agentes españoles aumentaron su presencia en los colegios en los que suponía que iban a votar los líderes separatistas, como el presidente Puigdemont, o Forcadell, la presidenta del Parlamento autonómico. Según una investigación judicial posterior, la policía cargó en 26 puntos de Cataluña. ¿Qué resultados tuvieron las cargas policiales en aquellos 26 colegios, un 0,4 por ciento del total de puntos de votación?

El 1 de octubre, a las 10.30, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dio una rueda de prensa en la que anunció que a aquella hora había «337 personas heridas y contusionadas a raíz de la violencia policial de España. Hay algún herido grave. Esto es muy grave y es un hecho inaudito en una democracia». El consejero instó a los heridos a «ir a un centro médico, pedir un certificado médico y presentar una denuncia ante los Mossos».

Posteriormente, a las 16.00, en la redacción de El País recibimos a través de agencias un comunicado del Departamento de Salud del gobierno catalán en el que se elevaba esa cifra: «El Departamento de Salud informa de que 844 personas requirieron asistencia médica hoy durante el referéndum catalán por las acciones de la policía española. Han sido atendidos por el Servicio Catalán de Salud». En aquella notificación no se incluía nada más, ni tipos de heridas ni datos demográficos ni ingresos hospitalarios. Los medios independentistas se lanzaron inmediatamente a repetir aquella cifra. Horas después, sobre las cinco de la mañana del 2 de octubre, ese departamento volvió a informar de heridos, con un incremento de la cifra: 893. En unas semanas la elevarían a 1.066 personas.

Como editor al cargo de la información en la página web de El País, aquellas jornadas pedí a los periodistas que trabajaban en Cataluña que contrastaran la información y averiguaran qué tipo de heridas registraban aquellas personas. Fue imposible obtener una respuesta clara y concisa. En circunstancias normales no debería dudarse de la palabra de un organismo oficial en un Estado democrático, pero quien informaba era una parte con un interés claro, que era retratar a España como un Estado represivo y policial.

¿Era uno de aquellos heridos la mujer de los dedos rotos de la que hablaba la cadena rusa RT? Se trataba de Marta Torrecillas, una activista a favor de la independencia que además denunció acoso sexual por parte de los agentes de policía mientras la evacuaban de un colegio. Su testimonio, grabado por una amiga en un teléfono móvil, la mostraba con una aparatosa venda y un cabestrillo en el brazo izquierdo. «Cuando estábamos a mitad de las escaleras me ha empezado a coger todos los dedos. Me ha empezado a doblar todos los dedos hacia atrás uno a uno. No sé si están rotos o con esguinces, porque aún no me han hecho radiografías, pero he oído que los huesos me hacían “crack”. Yo estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor en medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas y se reían», decía en el vídeo.

En efecto, unas imágenes mostraban a dos agentes de la policía nacional arrastrando a Torrecillas escaleras abajo por un brazo. Sin embargo, algo me hizo desconfiar de aquel testimonio. En el vídeo se veía que los uniformados tiraban de la mano izquierda de Torrecillas pero esta llevaba la venda en la mano derecha. Su denuncia llevó al popular futbolista Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, a decir en Twitter: «¡A una chica le han roto los dedos! Han atacado a más de 700 personas por querer votar».

El diario La Vanguardia fue el primero en publicar las declaraciones de Torrecillas, sin contrastarlas y sin aclarar lo que una sencilla búsqueda en internet revelaba: era una activista que había impulsado con otras personas una serie de consultas populares sobre la independencia años atrás y había llamado a la resistencia en la jornada de votación. De nuevo, una fuente de parte, empleada como material noticioso de primer orden: los cimientos mismos de la desinformación. Y además, con alegaciones falsas, como algunos ya sospechábamos. La propia Torrecillas acudió a la televisión pública catalana el 3 de octubre a aclarar: «En aquel momento me hizo mucho daño el golpe y fui diciendo que me habían roto los dedos porque es lo primero que te viene cuanto estás en esa situación». La rotura de dedos quedó en la inflamación de un dedo de la mano izquierda.

Casos como el de Torrecillas hubo cientos aquel día. Era difícil saber qué era cierto o no sólo atendiendo a denuncias en las redes sociales, el medio natural de la desinformación. Diversos servicios de comprobación de hechos, como Maldito Bulo, revelaron que varias de las imágenes publicadas en las redes, viralizadas rápidamente, eran falsedades, recicladas de viejas cargas policiales.

Lagarder Danciu, un activista con 22.800 seguidores en Twitter, compartió en la mañana del 1 de octubre una imagen en esta red social de un hombre con la cabeza ensangrentada de la que pronto se hicieron eco otros perfiles como Yanina Hernández, con más de 9.000 seguidores y que obtuvo 6.700 retuits. La foto en realidad es de Javier Bauluz, tomada el 12 de julio de 2012, durante una carga policial en los disturbios provocados por una marcha minera y está publicada en Periodismo Humano. De hecho, además, es la primera imagen que aparece en Google cuando uno busca los términos «hombre cabeza sangrando».

Pronto circuló otra imagen, esta de un niño con la cabeza ensangrentada acompañada de denuncias de agresiones policiales a menores. Correspondía en realidad al 14 de noviembre de 2012. El menor, que entonces tenía trece años, resultó herido y cuatro personas fueron imputadas por desórdenes públicos en una carga policial de los Mossos d’Esquadra ante El Corte Inglés de Tarragona. La usuaria de Twitter Marta Guira superó los 1.000 retuits antes de borrar el mensaje, que fue replicado por otros perfiles. Otras cuentas internacionales de las redes sociales, como @ScotIndyDebate o @MC1988, compartieron vídeos de esas mismas cargas policiales de 2012, en los que se ve claramente a agentes de la policía autonómica catalana persiguiendo y cargando con saña con sus porras contra el menor. El vídeo original se puede ver en realidad en YouTube y fue incluido por medios como El País o El Mundo en sus informaciones en 2012.

La cuenta canadiense de Twitter @ClaudeDuguay2 difundió una imagen de unos bomberos acorralados por unos policías que blandían sus porras, reflejando la tensión entre funcionarios catalanes y agentes españoles. La imagen es de otra protesta, de 2013, contra los recortes, en Barcelona. La tomó un fotógrafo de AP, Paco Serinelli. De hecho, aparece junto a otras fotos que se emplearon en la jornada del 1 de octubre, en la búsqueda genérica de Google «policías vs bomberos». Otra imagen que emplearon varios perfiles de Twitter y Facebook, sobre todo extranjeros, como la italiana Veneto Award, resaltaba la supuesta brutalidad policial incluso contra discapacitados, con un policía aporreando a una persona en silla de ruedas. La imagen corresponde a mayo de 2011 y está alojada en el perfil de Flickr de Acampadabcnfoto, surgido en el movimiento 15-M. La secuencia completa demuestra además que el policía —de nuevo de los Mossos— no agrede al discapacitado sino a alguien que se encuentra detrás de él.

¿Eran éstos parte de los casi 1.000 heridos del 1 de octubre? Es más, en tiempos de la desinformación, como periodistas nos vimos en la obligación de preguntarnos algo tan básico como: ¿qué consideraba el gobierno catalán como «herido»? Según Médicos Sin Fronteras, que cita el derecho humanitario internacional, los heridos son «uniformados o civiles que necesitan atención médica porque padecen traumatismos, enfermedad u otro desorden o discapacidad física o mental». Es una obviedad recurrir a organizaciones y marcos legales internacionales, pero es que a ellos apelaron los independentistas para que mediaran posteriormente.

Ante las repetidas peticiones de los periodistas, el Servicio Catalán de Salud hizo pública la lista de heridos en días posteriores: 30 sufrieron traumatismos craneoencefálicos, 23 fracturas, 383 policontusiones, 435 contusiones, 50 heridas, 36 lipotimias, 3 arritmias, 28 casos de ansiedad y hubo hasta dos casos de conjuntivitis. Es decir, en su mayoría, eran personas que habían recibido algún tipo de golpe y que no había requerido más atención que una simple observación médica. Que algunos habían sido golpeados y presentaban heridas sangrantes lo demostraban las fotos reales de aquella jornada. Lo correcto, entonces, hubiera sido decir que los servicios médicos catalanes atendieron a más de 800 personas, de las cuales un centenar recibió golpes y dos fueron heridos de gravedad. Una persona falleció de un infarto. Hay que recordar que los gobernantes catalanes alentaron a los votantes a acudir a los médicos y denunciar, para luego utilizar los canales oficiales y confundir conscientemente atendidos por heridos.

El juez de Barcelona Francisco Miralles Carrió investigó la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del referéndum y fue el encargado de reducir sensiblemente aquella exageración. El instructor asegura que sólo 130 personas podrían ser susceptibles de ser consideradas heridas en cargas policiales en 17 colegios. En su auto de instrucción admite que «la práctica mayoría de los lesionados presentan lesiones leves y básicamente hematomas y erosiones, si bien en al menos dos casos existen lesiones graves». La fiscalía se había opuesto sin éxito a que se abriera una causa general sobre las cargas policiales y recordó que sólo habían resultado heridos un 0,037 por ciento de los votantes del referéndum. Sin embargo, la exageración de las autoridades catalanas sembró de dudas razonables el recuento sanitario.[60]

Pocos medios internacionales y desde luego ninguno independentista hicieron acto de contrición después de que se supiera que no había habido mil heridos. Los datos reales pasaron desapercibidos, mientras los líderes separatistas repetían, algunos ya fugados por Europa, la cifra de los mil heridos. Sí les enmendó la plana en The Guardian el veterano columnista Peter Preston: «No es que las acciones de la Guardia Civil con porras no fueran violentas y amenazantes. Pero la información sobre lo ocurrido, incluidos los detalles de esos 893 votantes lesionados, no se comprobó de forma independiente. Lo cual es importante, incluso en esta era. No hay motivo para sentir miedo y odio construidos sobre cimientos tan frágiles».[61]

En aquel contexto caótico y extremadamente tenso, fue especialmente indignante que las instituciones del Estado español, que en teoría defendían la validez de las estructuras constitucionales, cayeran en la trampa de la posverdad independentista. Cuando los líderes separatistas salieron en público con sus 800 heridos, el ministerio español de Interior dijo que 39 policías y guardias civiles habían resultado heridos durante la jornada del referéndum. Al día siguiente sumó a heridos por contusiones, arañazos, patadas e incluso mordiscos, incrementando la cifra hasta 431, de forma igualmente inverosímil. No hay peor daño para la democracia que esas prácticas perniciosas de desinformación acaben replicándose en todas las instituciones.

Justo en el momento en el que un grupo de gobernantes regionales abrió y mantuvo un pulso a todo un Estado apelando a emociones y sentimientos nacionalistas, se superpuso en el momento culminante la maquinaria de desinformación que durante la pasada década ha construido y engordado el gobierno ruso, ya bregada en batallas por la opinión pública en Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia.

No todos los medios de la red de desinformación rusa son grandes buques que llegan a audiencias internacionales masivas como RT. Hay otros minoritarios que actúan como correa de transmisión de noticias falsas dentro de Rusia, como el diario ruso Vzglyad, fundado por Konstantin Rykov, un exdiputado ruso próximo a Putin que es conocido como el «jefe de propaganda digital del Kremlin». Vzglyad nunca falla, con su diseño burdo y sus fotografías en blanco y negro, en propagar puntos de vista ya no afines sino directamente supeditados al Kremlin para la audiencia rusa, que también es objetivo de esta campaña, con la cual se insinúa que Occidente tiene problemas más graves que los de Rusia.

El diario publicó el 20 de septiembre la información «España reprime por la fuerza la primavera catalana», con la afirmación de que «la primavera de Crimea se traslada a los Pirineos». Para ese análisis entrevistó a Alexander Chichin, decano de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Academia Presidencial Rusa, una institución que depende del Kremlin, quien afirmaba: «En Crimea se permitió a las personas votar y en Cataluña no se permite [...]. Es increíble que este tipo de cosas pueda suceder en Europa».

El mismo medio había informado el 8 de septiembre de que «políticos catalanes ya están discutiendo qué harán después de la proclamación de la independencia. Uno de ellos dijo al periódico Vzglyad que Cataluña buscará el reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur». Ambos territorios proclamaron su independencia de Georgia en los noventa, sin que ésta fuera reconocida por la comunidad internacional. ¿Quién era ese político catalán que cita Vzglyad? Enric Folch, el secretario internacional del partido Solidaritat Catalana per la Independència que, como se vio en el primer capítulo, en 2016 había participado como delegado en un encuentro independentista en Moscú y había dado pie al titular «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Él, hoy día, niega haber hablado con Vzglyad y asegura que nunca dijo tal cosa. De hecho, desconocía la existencia de esta nota hasta que yo le leí sus declaraciones.[62]

Las semanas posteriores a la consulta fueron de una actividad febril para las redes de desinformación. El gobierno español estudiaba la suspensión de la autonomía catalana. Los líderes independentistas trataban de internacionalizar el conflicto. Los sindicatos catalanes convocaban huelgas y los piquetes cortaban las autopistas. Las grandes empresas empezaban a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña. La ley del referéndum establecía: «Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente».

El 24 de octubre, RT publicó: «Efecto dominó: Si Cataluña se independiza, hasta 45 nuevos países podrían surgir en Europa». La fuente, el profesor de política de la Universidad de Milán Marco Bassani, otro de los expertos citados abundantemente por los medios rusos. La nota logró 4.800 interacciones en Facebook, donde la compartió la cuenta principal de la cadena rusa en español con sus 6,5 millones de seguidores. En el texto se decía: «Una eventual independencia catalana podría provocar un efecto dominó en Europa, advierte el profesor de política de la Universidad de Milán Marco Bassani, quien predice que el actual orden europeo puede ser reemplazado en diez o quince años por una confederación, con la aparición de decenas de nuevos países [...]. En general, el analista estima que “estamos siendo testigos de la desintegración” del actual orden europeo, y pronostica que “habrá una confederación en Europa dentro de diez a quince años”. Según su análisis, ésta “no se basará en las naciones-Estado que conocemos”. De esta forma, si Cataluña y España se separan, ello “definitivamente tendrá un efecto dominó con Véneto, Escocia y todo tipo de regiones”, resalta el experto, precisando que “es probable que surjan entre 35 y 45 nuevos países”».

Bassani no es un analista, es un activista a favor de movimientos independentistas en su país. Que el orden europeo se esté desintegrando no es un hecho, es una opinión o, como mucho, un objetivo político. Ningún académico serio diría que en los próximos años puedan surgir en Europa 35 o 45 nuevos países para formar una confederación, porque hacerlo es simple y llanamente engañar. Y convertir esas opiniones en noticias y titulares es uno de los ejemplos de desinformación más claros de toda esta crisis, y en él queda claro el punto de vista de Moscú: al gobierno ruso le interesa una Europa débil, un Estados Unidos noqueado y una OTAN paralizada.

Queda patente con ejemplos como este que tras la desinformación hay en realidad una narrativa. No importa, de hecho, la fuente, puede ser cualquiera: un novelista, un político jubilado, un profesor metido en política o un portero de discoteca. Como ya se ha visto, los medios de desinformación como RT o Sputnik manipulan las reglas del periodismo porque buscan siempre que los entrevistados validen un punto de vista concreto, siempre antioccidental, que dé fe de la grave crisis en la que está sumido el Estado liberal democrático. Y en ocasiones ni siquiera necesitan esa validación externa: lo hacen ellos mismos.

El 11 de octubre, RT publicó otro de sus titulares más sonados en esta crisis: «El nuevo mapa de Europa: ¿Quiénes apoyan la independencia de Cataluña?», luego modificado por: «¿Qué apoyos ha recibido el gobierno catalán en Europa?». Lo acompañaba un mapa en el que se afirmaba que Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Eslovenia habían mostrado apoyo oficial al Estado catalán. En Facebook, el perfil en español de la cadena rusa afirmó: «El proceso de independencia catalán ha conmocionado no sólo a España, sino también al resto del continente. Varios países han dado muestras de apoyo a los independentistas». Como es habitual en RT, el titular y el contenido de la nota cambiarían a lo largo de las semanas posteriores, para intentar matizar la mentira y la manipulación. La nota original, sin embargo, logró 6.300 interacciones en Facebook.

Cataluña llegó así a uno de los momentos más surrealistas y engañosos de la historia reciente de España y Europa. Los líderes de la independencia, con un control absoluto de los plazos y procedimientos, alargaron un recuento carente de cualquier validez hasta el viernes 6 de octubre, día en que notificaron formalmente de los resultados al Parlamento catalán. Puigdemont acudió al pleno del Parlamento el miércoles 10 de octubre, envuelto en una niebla de misterio y con filtraciones contradictorias de su partido a los medios de comunicación: convocaría elecciones; declararía la independencia unilateralmente; la declararía y la suspendería; abriría un proceso negociador con España y Europa... Cualquier escenario era posible, y el presidente mantuvo la duda hasta el final.

Por si acaso, los medios nacionalistas llevaban días informando de la viabilidad de una declaración unilateral de independencia, de la que comúnmente se hablaba como DUI. Uno de los medios más activos en el nacionalismo catalán, Vilaweb, publicó una nota titulada «¿Cómo es el primer día de la independencia?», en la que el analista Vicent Partal recordaba sus vivencias en Lituania cuando la República báltica proclamó la independencia de la URSS en 1991. Decía que «el gobierno de la República podrá someter a referéndum si queremos estar en la UE o no, si queremos usar el euro o si sanciona, si así lo cree, al juez que no cumpla la ley». El Temps, otro medio independentista, recordaba que, desde la declaración de independencia, «el gobierno catalán ha de poder asumir el control de todo el territorio, no sólo físicamente —seguridad y aduanas—, sino también económicamente —hacienda».

Más lejos iba el investigador Jordi Graupera, que posteriormente sería candidato a alcalde de Barcelona, en una tribuna en El Nacional: «En ausencia de una Declaración de Independencia, la represión del Estado no tendrá ningún límite ni incentivo para parar, especialmente de cara a las instituciones catalanas, los líderes políticos y sociales y, directamente, a la gente que trate de defenderse legítimamente». Es decir: independencia o represión. Graupera fue, junto con otros académicos catalanes en instituciones educativas internacionales, uno de los activistas clave en la internacionalización del discurso oficial independentista y en el blanqueo de sus tintes más radicales y supremacistas.

En la zona de prensa acreditada del Parlamento catalán aquel 10 de octubre esperaban a Puigdemont cientos de periodistas, muchos de ellos de medios extranjeros, ante la posibilidad de que declarase formalmente la independencia. A las 19.35, la presidenta del Parlamento le dio la palabra y éste subió a la tribuna con traje oscuro, corbata azul y gesto serio. Inmediatamente, en su discurso dijo: «Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república». Ahí estaba. El momento esperado. La independencia... que duró exactamente ocho segundos, porque a continuación el presidente catalán dijo: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».

Con léxico enrevesado y expresiones populistas —«momento histórico», «mandato del pueblo»—, Puigdemont se abstuvo de afirmar sin reparos que declaraba la independencia. Su discurso y sus comparecencias posteriores fueron giros retóricos sobre la idea de un Estado independiente y el camino a emprender desde entonces, carentes de afirmaciones claras y planes concretos. Ante aquella exquisita vaguedad, lo que más caló entre los suyos fue el uso del verbo «suspender», a pesar de que minutos después los partidos separatistas firmaron una declaración formal de independencia en un acto solemne en el Parlamento.

La prensa española inmortalizó en imágenes el momento en que decenas de catalanes, apostados en el parque frente al Parlamento autonómico, reaccionaban ante la declaración de Puigdemont: sus caras pasaron del éxtasis a la confusión, la incredulidad, la decepción y la amargura. Aquellas personas eran, en gran medida, víctimas también de todo el entramado de desinformación y mentiras creado por la Generalitat y engordado por la maquinaria propagandística rusa y la deficiente cobertura de muchos medios internacionales. A pesar de todo lo que se les había prometido, era imposible a todos los niveles que Cataluña se independizara. Los líderes separatistas no tenían el crédito político ni el control real de las instituciones e infraestructuras necesarios para ello. El referéndum había sido, como mucho, un simulacro. Dejaban fuera a la mitad de la población de Cataluña. Y aun así Puigdemont y los suyos actuaban como si tuvieran la legitimidad y el poder de hacerlo, en una realidad paralela en la que ellos tenían el control de los tiempos y los conceptos.

No es de extrañar que muchos votantes independentistas, intoxicados en esa burbuja nacionalista, creyeran que ya, por fin, el día 11 de octubre se levantarían en una república independiente, libres del yugo español y dueños de sus presupuestos, su moneda, sus carreteras, sus puertos y su espacio aéreo. Pero el 10 de octubre Puigdemont, tras declarar la república y suspenderla, se marchó a las fiestas patronales de Gerona, desde donde emitió otro discurso todavía más confuso. Tanto que el propio Rajoy tuvo que escribirle una carta preguntándole si «alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia y/o si su declaración del 10 de octubre ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre en vigor o no».

En una pirueta epistolar, Puigdemont respondió, pero de nuevo no aclaró nada, y aquello dio lugar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la suspensión del autogobierno y la intervención de la Generalitat por parte del ejecutivo español. Todo aquel proceso, con las manifestaciones, las leyes de desconexión y el referéndum, había acabado no dándole la independencia a Cataluña, sino costándole su autonomía.

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«El trumpismo reina desbocado en Cataluña»

En la última década, una gran ola antisistema ha desestabilizado a numerosos países de todo el mundo a través del auge de movimientos populistas. Los primeros síntomas aparecieron tras la gran crisis económica que comenzó en Estados Unidos en 2008 y afectó a Europa y al resto del mundo en los meses y años posteriores. Esa ola se ha traducido en la irrupción de grupos xenófobos y nacionalistas en gobiernos y parlamentos de todo el mundo, todos con un marcado carácter antiglobalista, convencidos de que un regreso a la protección de un Estado étnica y culturalmente homogéneo es la mejor receta contra la desigualdad económica.

Todos ellos han sustituido los argumentos políticos racionales por una estrategia centrada en respuestas emocionales a problemas reales, siempre con la finalidad última de sustituir el orden liberal que durante décadas ha dado estabilidad a Estados Unidos y Europa por un nuevo modelo de Estado autocrático y aislacionista, donde se normaliza el abuso de poder y cuyo modelo está más en Moscú que en Washington. La verdad, la historia, los hechos e incluso la ciencia pasan a ser objeto de debate, ya no son un campo neutral sobre el que debatir u ofrecer propuestas políticas. De ahí surgen nuevas interpretaciones del pasado o del presente, las falsas informaciones sobre asuntos tan diversos como el asalto de fronteras de Estados Unidos o Europa por parte de inmigrantes, el coste del Estado del Bienestar y las políticas sociales, la pérdida de puestos de trabajo a causa de la globalización o incluso la falta de pruebas de que exista el calentamiento global.

Habitualmente, todos estos movimientos se asocian a la extrema derecha, pero no siempre es así. El sistema político español, tras cuatro décadas de alternancia bipartidista, se resquebraja, y en zonas como Cataluña, la autonomía con más recursos del país, el nacionalismo ha ganado terreno hasta convencer a la mitad del electorado con una serie de argumentos que como se ha visto anteponen los sentimientos a la razón. El resultado es la mayor crisis desde el golpe de Estado que en 1981 intentó derribar sin éxito la democracia.

El nacionalismo catalán intenta romper un modelo de país surgido de una exitosa transición a la democracia tras la muerte del dictador en 1975. Su objetivo último es acabar con uno de los Estados autonómicos más descentralizados de Europa; dinamitar el concepto de solidaridad territorial por el cual las zonas más ricas compensan a las de menos recursos y, por tanto, más pobres, y cambiar el modelo de monarquía parlamentaria por el de una república presidencialista en la cual, por cierto, el poder judicial queda inicialmente supeditado al ejecutivo, según las leyes de desconexión aprobadas por los independentistas en el Parlamento regional.

No hay que llevarse a engaño: el nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, tiene un tinte populista y xenófobo. Los movimientos de ese corte que han tocado poder en la última década lo han hecho inventándose a un adversario común, alguien que, de forma parasitaria, exprime los preciosos recursos que harían a la nación en cuestión más rica. En el caso de Trump son los inmigrantes mexicanos y centroamericanos. En el de los líderes del brexit, la Europa sedienta de fondos para repartirlos entre los países pobres pero derrochadores. En el del Frente Nacional francés y Alternativa por Alemania, los refugiados que invaden sus países y amenazan sus puestos de trabajo y su cohesión cultural y social.

En Cataluña, los independentistas, aplicando el Programa 2000, han plagado los libros de texto de referencias a un supuesto proceso de «colonización» española aplicado durante el franquismo, con oleadas de inmigrantes llegados sobre todo de Andalucía para diluir la nación catalana. Eso explica unas frases escritas en 1958 y republicadas en 1976 por Pujol: «El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido [...], es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad».[63]

Pujol se disculparía posteriormente, pero aquellos argumentos, aplicados a andaluces, extremeños, murcianos o el resto de los españoles han sido moneda corriente entre los independentistas durante décadas, y, de hecho, cristalizaron en un lema muy usado en las esferas nacionalistas durante largos años: «Espanya ens roba», España nos roba.

Esa expresión la inventó por cierto un independentista hoy convertido al constitucionalismo, el valenciano Alfons López Tena, quien en una entrevista reciente dijo: «Poniendo la voluntad del pueblo por encima de la ley, atacando a la judicatura, sembrando el desprecio por los expertos y por los argumentos racionales, e intimidando a los disidentes, el trumpismo reina desbocado en Cataluña».[64]

En aquella línea supremacista se encuentran también las afirmaciones de Torra, presidente sucesor de Puigdemont tras la fuga de éste, sobre quienes se sintieran españoles en Cataluña: «Ahora miras al país y vuelves a ver cómo hablan las bestias. Son bestias de otro tipo. Carroñeras, escorpiones, hienas. Bestias de forma humana, pero que regurgitan odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con verdín, contra todo lo que representa la lengua».[65] Es una sola de muchas afirmaciones en esa línea de Torra, que fue el primer director del museo del Born, aquella «zona cero» del independentismo catalán. Se trata claramente de un racismo ni siquiera disimulado. Todo lo español se asocia a barbarie, autoritarismo y expolio.

Lo realmente alarmante de esta anómala situación es la indiferencia con que se reciben semejantes afirmaciones en Cataluña. No hubo por ejemplo gran revuelo cuando la Asociación de Municipios por la Independencia, uno de los pilares del separatismo, se dotó de unos estatutos en los que afirmaba que «es del todo conocido que su mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaron en Europa y América. Cataluña, sin embargo, siguió manteniendo su lengua, su cultura, su derecho, sus costumbres, sus instituciones y su conciencia nacional desde antes de la formación del mismo Estado español, dentro del cual Cataluña se ha sentido incómoda y menospreciada, obligada de forma constante a luchar con diversas armas para hacer valer su esencia y su identidad». La eurodiputada española Beatriz Becerra hizo en las redes sociales el ejercicio de sustituir los términos «España» y «españoles» por «Islam» y «musulmanes» y el resultado era, como apuntaba antes López Tena, trumpista.

Todas estas verdades emocionales han sido descritas desde el auge de Trump en Estados Unidos como posverdad, un término elegido palabra del año 2016 por el diccionario de Oxford y definido como «relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales». El caso catalán es paradigmático. Da igual que Cataluña tenga mayor grado de autonomía que un cantón suizo; que controle su educación, su sanidad, su cuerpo policial y hasta sus instituciones penitenciarias, o que sus ciudadanos tengan el PIB per cápita más elevado de toda España. Eso son hechos que no pueden competir con el sentimiento de que Cataluña ha sido agraviada durante siglos por las huestes españolas, sedientas de dinero y poder.

Aunque el término posverdad circulaba en el entorno académico desde hacía décadas, fue el dramaturgo estadounidense de origen serbio Steve Tesich quien lo dotó de su sentido actual en un artículo publicado en enero de 1992 en la revista The Nation.[66] Su tesis era que la guerra de Vietnam, la presidencia de Richard Nixon y el escándalo del Watergate hicieron tantos estragos en la opinión pública estadounidense que desde entonces esta se negó a admitir la existencia de más abusos, pasando a un estado catatónico y optando por creer que cualquier mal era necesario para la preservación de la democracia. «Le pedimos a nuestro gobierno que nos protegiera de la verdad», escribió Tesich. Desde entonces, cualquier gobernante pudo salir airoso de casi cualquier sospecha de corrupción o abuso de poder: Ronald Reagan y el escándalo de la financiación de los «contras» nicaragüenses con la venta de armas a Irán; la censura de los medios durante la primera guerra del Golfo; la existencia misma del penal de Guantánamo; el gran teatro del uranio y las armas de destrucción masiva de la guerra de Irak, y finalmente la intervención rusa en el ascenso de Trump a la presidencia.

Según escribió Tesich en 1992: «Nos estamos convirtiendo rápidamente en el prototipo de un pueblo por el que los monstruos totalitarios sólo podrían babear en sus sueños. Todos los dictadores hasta ahora han tenido que trabajar duramente para suprimir la verdad. Nosotros, con nuestras acciones, estamos demostrando que esto ya no es necesario, que hemos adquirido un mecanismo espiritual que puede desproveer a la verdad de cualquier significado. De un modo muy fundamental, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad». En Cataluña, esa verdad también ha quedado oculta por mitos y mentiras de un pasado y un futuro idílicos rebosantes de independencia y prosperidad.

En cuanto a corrupción y abuso de poder, que es aquello que todas esas posverdades tratan de esconder, en Cataluña existe una larga lista de casos o bien probados o bien en investigación, de los que todo el proceso independentista ha servido de distracción. El propio Pujol admitió en 2014 que durante décadas había escondido una fortuna millonaria en Andorra que él atribuye a una herencia por la que no quiso pagar impuestos, pero cuyo origen real investiga la justicia. Su mujer, Marta Ferrusola, ha sido investigada por encubrimiento. Los siete hijos de ambos, todos, han llegado a estar imputados en algún momento por diversos casos de corrupción.

Hay más casos: Palau, en cuya investigación se hallaron indicios sólidos de que Convergència había cobrado 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Pujol (1999-2003), o ITV, en el que se condenó a dos años de cárcel por sobornos y tráfico de influencias a Oriol Pujol, que llegó a ser número dos de Convergència y por tanto delfín de su padre.

No es que la corrupción del partido de Pujol fuera un secreto. En Cataluña, durante años, se hablaba informalmente del 3 por ciento, una supuesta mordida que los gobiernos de Convergència cobraban para adjudicar obra pública a determinadas empresas afines. Y no sólo se aludía a esos sobornos en privado. En 2005, el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, acusó a Convergència, en la oposición, de quedarse con un porcentaje de los costes de la obra pública que adjudicó cuando estuvo al frente del gobierno catalán. Lo hizo en un debate sobre el hundimiento de un túnel de la ampliación de la línea 5 del metro de Barcelona, que provocó un socavón de unos 35 metros de profundidad y 30 de diámetro, lo que afectó a 84 edificios, 2 colegios y 500 viviendas, con un total de 1.054 personas desalojadas. En un tenso tira y afloja con Artur Mas, sucesor de Pujol al frente de Convergència, Maragall dijo: «Ustedes tienen un problema que se llama 3 por ciento».

Fue, a tenor de las investigaciones judiciales posteriores, un momento de lucidez. Diez años después, tres jueces obtuvieron decenas de pruebas sobre el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos por parte de altos cargos de Convergència, en los antes mencionados caso Palau y Pujol Ferrusola o el caso Petrum. El gobierno socialista de Cataluña no quiso investigar ese problema del 3 por ciento. Mas acusó a Maragall de haber «mandado la legislatura a hacer puñetas» y le obligó a retractarse y pedir disculpas. Aquellos mismos líderes del 3 por ciento serían quienes llevarían a Cataluña al borde del abismo de la crisis independentista sólo años después.

La era de la posverdad surge también de la desconfianza en los argumentos racionales y la descalificación de quienes los transmiten. Según apunta el periodista británico Matthew D’Ancona en un estudio en el que se centra en el brexit y el ascenso de Trump, «el hundimiento de la confianza es la base social de la era posverdad: todo fluye de esta única fuente venenosa. Para decirlo de otra manera, todas las sociedades desarrolladas confían en un grado relativamente alto de honestidad para preservar el orden, respetar la ley, hacer que los poderosos rindan cuentas y generar prosperidad».

No son sólo Trump o los líderes del brexit quienes descalifican a los académicos que los contradicen o a los periodistas que publican informaciones incómodas para ellos. Todos los populismos lo hacen y por eso es tan importante para los que ostentan el poder contar con todo un entramado de medios afines que se limitan a ratificar sus puntos de vista y sus argumentos. Si Trump tiene a su disposición diarios radicales como Breitbart News o el programa radiofónico de Alex Jones, los independentistas catalanes tienen, como se ha visto, toda una red de medios públicos y privados completamente subvencionados por ellos.

Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y todos los activistas y organizaciones que han trabajado con ellos se han esforzado también en descalificar a académicos, intelectuales, opinadores y periodistas que han afirmado que la independencia era imposible; que en el caso remoto de que se declarara una república ésta tendría que salir de la UE y del euro; que ese proceso afectaría gravemente a la economía de ese supuesto país, y que el riesgo real era la fractura de una comunidad autónoma y la cárcel para los promotores del separatismo.

Uno de ellos, el exvicepresidente Junqueras, responsable de economía, aseguró en repetidas ocasiones que la independencia no supondría la salida de Cataluña de la UE. En una reunión con empresarios en mayo de 2017, dijo que «es imposible, no hay ningún artículo, nada, que muestre que la UE puede expulsar a uno de sus miembros». Muy al contrario, absolutamente todos los representantes de las instituciones europeas consultados contradecían aquellas afirmaciones. Todos, desde el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, hasta el presidente del Europarlamento, Antonio Tajani. Ya en 2015, el portavoz de Juncker, Margaritis Schinas, había dicho: «Si parte de un Estado miembro deviene independiente, deja de ser parte de la UE, pasa a ser un tercer Estado, y los tratados europeos dejan de serle de aplicación».

En la antesala del referéndum, más de 400 de los aproximadamente 550 profesores de derecho internacional de toda España firmaron un manifiesto en el que afirmaban que Cataluña «no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el derecho internacional», por lo que «el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia».

A pesar de la obviedad de los argumentos, los independentistas ignoraron esas advertencias y buscaron una alternativa a su medida: la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental creada en 1960 por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza para promover el libre comercio y la integración económica entre ellos, todos fuera de la UE. En junio de 2017, las asociaciones nacionalistas difundieron un argumentario que los medios en su órbita trasladaron debidamente, con las correspondientes ratificaciones de expertos afines.

Publicaba uno de ellos en El Món: «El profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Josep Lladós explicó que la integración de una Cataluña independiente en la EFTA tiene “ventajas comerciales” y que “el principal activo es que es un acuerdo de liberalización de un grupo de países para garantizar el acceso al mercado de la UE en cuanto al intercambio de mercancías”. Asegurándose la pertenencia a este club, “se mantendría el acceso al mercado europeo y ningún socio podría vetar el acceso”, añade Lladós». Desde entonces, y durante unos meses, numerosos seguidores del independentismo añadieron a sus perfiles en las redes sociales las siglas EFTA. Si la UE no les quería, encontrarían una solución a su medida.

Los intelectuales y académicos que se han atrevido a decir la verdad sobre Cataluña han sufrido una verdadera campaña de desprestigio sin cuartel por parte de los independentistas, sobre todo los catalanes disidentes. Gravísimas descalificaciones recibió el escritor y columnista Javier Cercas por publicar en el diario alemán Süddeutsche Zeitung una tribuna en la que afirmaba que los líderes independentistas catalanes han protagonizado «un golpe de Estado, lo que no implica forzosamente violencia» con el objetivo de «desviar la atención de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre sus políticos». «Ser elegido no otorga a nadie el derecho a derogar la democracia. Deberían recordarlo precisamente en Alemania», añadía.[67]

Ante estas críticas y otras similares, los medios nacionalistas se lanzaron a un virulento ataque contra Cercas. En El Nacional, Enric Vila le llamó «impostor», y le recordaba que aunque había vivido toda su vida en Cataluña, no podía considerarse catalán: «Si Catalunya hubiera sido un país libre, o si sus padres se hubieran quedado en Extremadura, el talento de Cercas se habría podido alzar sobre unas bases estables [...]. Cercas ha tirado siempre del colonialismo sentimental que se construyó a finales de la dictadura para vestir de rosa el intento de exterminio lingüístico y político del país». Queda patente en esas críticas la superioridad moral en la que su autor se sitúa, para recordarle a Cercas sus orígenes familiares, extremeños. Su infancia en Cataluña era fruto de una explotación colonial.

Proscritos han quedado también los más de mil artistas, escritores e intelectuales que en vísperas del 1 de octubre publicaron un manifiesto titulado «1-O Estafa antidemocrática. ¡No participes! ¡No votes!», en el que llaman a los ciudadanos a no participar en el referéndum. «Es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Catalunya», argumentaban, aparte del propio Cercas, personalidades catalanas como los directores de cine Isabel Coixet, Alfonso de Vilallonga y Joaquín Oristrell, actrices como Rosa María Sardá y Julieta Serrano, escritores como Juan Marsé, y artistas como Mariscal y Nazario, además del exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el excoordinador general de IU Paco Frutos.

Un ejemplo de las reacciones que un ejercicio tan democrático como publicar un manifiesto provocó: días después de su difusión, Coixet publicó una tribuna en El País en la que contaba lo imposible que se le estaba haciendo la vida en su ciudad, Barcelona. «Escribo esto con la cara encendida. No de vergüenza, sino de rabia. Dos individuos con banderas esteladas atadas al cuello me han increpado gritándome en la puerta de mi casa llamándome “fascista”, “¡debería darte vergüenza!”. Yo bajaba a pasear al perro y a reciclar plásticos y al principio, como era temprano y estaba medio dormida porque no he pegado ojo en toda la noche, no creí que hablaban conmigo y he seguido mi camino. Seguían gritándome y me he vuelto con una tranquilidad que aún ahora dos horas después me asombra y les he dicho: “¿Pero no os da a vosotros vergüenza decirme esto a mí sin conocerme?”. Han continuado con sus gritos.»[68]

Esa caza y hostigamiento de intelectuales, académicos y expertos ha abocado al independentismo al callejón sin salida en el que se encuentra y al que ha arrastrado a España. Los independentistas han creado dos bandos, se han atrincherado en uno de ellos y han colocado al resto en otro. En la escena internacional han encontrado más bien pocas simpatías y signos de apoyo muy escasos, y los que han llegado han sido por vías oscuras y motivos espurios, como se verá a continuación.

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«RT es un arma como cualquier otra»

El papel de los medios rusos durante las semanas anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre fue decisivo para que los independentistas proyectaran al exterior una imagen de fuerza mucho mayor de la que tenían. Como se ha visto, esos medios, en especial RT y Sputnik, entrevistaban y daban un espacio prominente a expertos que ratificaban los argumentos independentistas, cuando no eran ellos mismos activistas del independentismo. Cuando en septiembre de 2017 publiqué las primeras informaciones al respecto en el diario El País, éstas fueron recibidas con escepticismo, hasta que los servicios de inteligencia, el gobierno español y diversas agencias de comunicación estratégica en la UE y la OTAN corroboraron esa injerencia por diversas vías. La duda, comprensible, era qué podía interesar a Rusia de una crisis independentista en España.

Lo cierto es que RT y Sputnik habían dado ya en el pasado un espacio destacado en sus informaciones a nacionalistas escoceses durante el referéndum de independencia de esa nación respecto al Reino Unido en 2014; se habían convertido en una plataforma esencial para la difusión del mensaje antieuropeo del partido UKIP y los demás promotores del brexit, y habían interferido en la campaña presidencial francesa amplificando el mensaje del Frente Nacional y Marine Le Pen. Un año después, a finales de 2018, serían un altavoz prioritario para las protestas de los chalecos amarillos en Francia.

De puertas afuera, Rusia no admite injerencias de ningún tipo.[69] Sin embargo, en varios discursos, altos funcionarios han ubicado la propaganda dentro de su estrategia militar. El 21 de febrero de 2017, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, compareció ante la Cámara Baja del Parlamento para detallar una serie de medidas de refuerzo que suponían un considerable incremento del gasto militar. Además de la adquisición de 41 misiles balísticos intercontinentales, 10 lanzaderas, 170 aviones militares, 905 tanques y 17 buques de guerra, el ministro admitió por primera vez la creación de una división encargada de acometer acciones informativas. Según dijo Shoigu, citado por la agencia Interfax, «la propaganda debe ser inteligente, lista y eficiente». No dio más detalles de la composición y objetivos de esa unidad.[70]

El general retirado Vladímir Shamanov, que preside el Comité de Defensa en la Cámara Baja, admitió también en aquella sesión la existencia de esa división, refiriéndose sólo a ella por sus objetivos: «proteger los intereses de defensa nacional y acometer operaciones de guerra informativa», incluidos los ciberataques. La agencia RIA Novosti citó al coronel retirado Leonid Ivashov, que había estado al frente del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa: «Debemos dejar de ofrecer excusas y obligar a Occidente a ponerse a la defensiva con operaciones que nos permitan dejar al descubierto sus mentiras».

La semilla política de esas campañas, mucho más meditadas y trabajadas de lo que se piensa, hay que buscarla en 2011. En diciembre de aquel año hubo en Rusia unas elecciones legislativas que ganó el partido de Putin,[71] Rusia Unida, con un 49 por ciento de los votos y un descenso de 13 puntos respecto a los anteriores comicios. Diversos observadores y opositores denunciaron un fraude masivo, con abundantes pruebas audiovisuales en las redes sociales. Una serie de vídeos que mostraban a votantes depositando decenas de papeletas en urnas de todo el país fueron misteriosamente distribuidos en las redes sociales y provocaron unas protestas masivas hasta entonces poco habituales en aquel país. El gobierno reaccionó arrestando a cientos de personas e interrogando a activistas y opositores.

En marzo de 2012 había convocadas unas elecciones presidenciales que podían marcar el regreso de Putin a la presidencia del país, después de cuatro años en el cargo de primer ministro por la limitación de mandatos. No podía haber peor augurio para el candidato que una campaña con protestas en las calles de Moscú, San Petersburgo y decenas de ciudades más, que es lo que hubo, organizadas todas ellas a través de las redes sociales. Como había demostrado la elección de Obama en 2008 y el auge del movimiento del Tea Party después, internet era el nuevo medio natural de la organización política y, desde el punto de vista de Putin, no haberse preparado frente a ello pudo haberle provocado serios problemas. Finalmente ganó de nuevo la presidencia, pero sólo con 46 millones de votos, 6 millones por debajo de su antecesor en el cargo, Dmitri Medvedev.

A partir de entonces, el gobierno ruso tomó las medidas necesarias para protegerse también por vías digitales. En un año, Putin nombró subjefe de gabinete al abogado e ingeniero Viasjelav Volodin, hasta entonces uno de sus principales asesores en materia de política nacional, para que coordinara la estrategia de su gobierno en internet. Inmediatamente, Volodin contrató los servicios de una empresa de seguimiento de conversaciones y emociones en las redes sociales, Prism, que consultaba frecuentemente para saber cuál era la percepción que Rusia y el resto del mundo tenían del presidente Putin y su gobierno.[72]

Éste tomó otras medidas para poder ejercer un mayor control de internet dentro del país: decenas de sitios bloqueados por contenido supuestamente ilícito, leyes para que los blogueros se registraran ante el gobierno de forma obligatoria y presión política sobre plataformas hasta entonces libres como Yandex. Sin embargo, el cerco digital que Putin había planeado no era sólo político.

En febrero de 2013, una revista minoritaria rusa, El Correo Militar-Industrial, imprimió un discurso pronunciado previamente por el general Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor, en el que abogaba por que Rusia adaptara sus estrategias militares al entorno digital. Su razonamiento partía de la importancia de las redes sociales en el éxito de la llamada primavera árabe y de las revoluciones contra regímenes alineados con Moscú en Europa del Este. En ese discurso, Gerasimov afirmó: «Las normas de la guerra han cambiado. El papel de los medios no militares para lograr fines políticos y estratégicos ha crecido y, en muchos casos, ha demostrado ser mucho más efectivo que el uso de la fuerza con armas».

El general advertía de la necesidad de debilitar al enemigo alimentando «la oposición interna para abrir un frente permanente en todo el territorio del Estado enemigo, además de operaciones informativas». Sobre estas medidas informativas, Gerasimov afirmaba que «los nuevos espacios informativos —internet y las redes sociales— abren posibilidades asimétricas para reducir la capacidad de lucha del enemigo. En el norte de África ya vimos el uso de esas tecnologías para influir sobre las estructuras del Estado y la población con la ayuda de redes informativas».

En julio de 2014, el académico Mark Galeotti, investigador en el Instituto de Relaciones Internacionales de Praga, bautizó el discurso como la «doctrina Gerasimov», interpretándolo como una nueva política militar por la que Rusia atacaría también a sus adversarios por métodos híbridos, propaganda junto con acciones bélicas convencionales. Posteriormente, el propio Galeotti puso en duda en un artículo publicado en marzo de 2018 en Foreign Policy que aquel texto fuera en realidad una doctrina, porque «Gerasimov hablaba en realidad de cómo el Kremlin interpreta lo que sucedió en las revueltas de la primavera árabe, las revoluciones de colores contra los regímenes afines a Moscú en la zona de influencia rusa y, posteriormente, en la revuelta del Maidán en Ucrania». Eran, por así decirlo, lecciones aprendidas. Sin embargo, como el propio Galeotti afirma, «no se puede negar que Occidente se enfrenta a una campaña con múltiples vectores y agentes de subversión, división y medidas activas encubiertas de Rusia, no importa cómo se la llame».

El refuerzo digital por vías militares del Estado ruso no comenzó ni mucho menos en aquel momento. La inteligencia de aquel país ha demostrado en repetidas ocasiones que es capaz de ataques digitales muy complejos y exitosos. En 2007 sumió a Estonia en un verdadero caos. El gobierno de esa pequeña República báltica decidió aquel año el traslado de una estatua de un soldado soviético, forjada en bronce y de dos metros de altura, del centro de la capital, Tallin, a un cementerio militar en las afueras de la ciudad. El monumento llevaba allí desde 1947, después de que el ejército soviético liberara el país de la ocupación nazi. Los planes de retirarla provocaron la furia de Moscú, que advirtió de que el traslado sería «desastroso para los estonios».[73]

El gobierno ruso argumentaba que, dado el papel del Ejército Rojo en la derrota de Hitler, la retirada significaba glorificar el nazismo. Estonia había sido absorbida por la URSS durante la segunda guerra mundial y recobró su independencia en 1991. Más allá de simbolismos, había otras razones para la inquietud rusa. En el momento de esta crisis, Estados Unidos había anunciado su intención de colocar misiles defensivos en Polonia y en la República Checa, algo que causó una profunda inquietud en el Kremlin, molesto por el viraje de los países de la antigua órbita soviética hacia posiciones occidentales.

La noche antes de la retirada de la estatua en Tallin hubo protestas, con decenas de heridos y cientos de detenidos, sobre todo estonios de ascendencia rusa. La madrugada del 27 de abril de 2007, el monumento fue retirado. Escasas horas después, los servidores online de prácticamente todas las instituciones y servicios del país fueron sometidos a un ataque orquestado de denegación de servicio. Una enorme red de computadoras automatizadas pidió simultáneamente conectarse a las páginas web de los diarios, bancos, empresas y gobierno de Estonia, saturando sus canales y colapsando la red. El resultado: los estonios quedaron completamente aislados en internet. Las consecuencias no fueron solo virtuales: el ciberataque inutilizó los cajeros automáticos del país.[74]

Desde el primer momento, el ministro de Exteriores estonio, Urmas Paet, acusó a Rusia de estar tras los ataques. «La UE está siendo atacada porque Rusia está atacando Estonia. Éstos son ataques virtuales, psicológicos y reales», dijo. Estonia no sólo era miembro de la UE, sino también de la OTAN, cuyo tratado contempla, en su Artículo V, la defensa conjunta de un miembro cuando éste se vea sometido a ataque extranjero. ¿Debía aplicarse aquella cláusula también en un ataque digital? El ministro de Defensa estonio, Jaak Aaviksoo, dijo entonces: «En la actualidad, la OTAN no define los ciberataques como clara acción militar. Esto significa que las disposiciones del Artículo V del Tratado del Atlántico Norte, o en otras palabras, la autodefensa colectiva, no se extenderán automáticamente al país atacado. Hoy ni un solo ministro de defensa de la OTAN definiría un ciberataque como una clara acción militar».

Entonces, efectivamente, no se invocó el Artículo V, pero la Alianza emitió un informe en octubre de 2007 en el que estableció una política de ciberdefensa. En años posteriores creó un Centro de Cooperación en Ciberdefensa para enfrentarse a campañas de desestabilización digital, cuya sede está precisamente en Estonia.

Por lo que respecta al primer ataque cibernético contra todo un país, poco pudo hacer Estonia para protegerse. En realidad, los agresores se retiraron ellos solos después de veinticuatro horas y dejaron en la pequeña República báltica una lección aprendida, que le ha llevado a ser el primer Estado digital descentralizado y a prueba de ciberataques del mundo.

Según quien era presidente de Estonia entonces, Toomas Hendrik Ilves, estos ataques «son una técnica de subversión y, en última instancia, de una guerra contra las democracias liberales. La pregunta sigue siendo la misma, ¿cuál es la motivación de estos ataques contra la democracia? No existe un motivo ideológico para atacar a los gobiernos centristas en Europa y en otros lugares. Aún más desconcertante debería ser la promiscuidad ideológica en el apoyo a los partidos extremistas: Rusia apoya tanto a los partidos de extrema derecha como a los de extrema izquierda, en algunos casos, como en Alemania y Grecia, simultáneamente. Lo que comparten es una antipatía hacia la democracia liberal y, lo que es más importante, las instituciones que han sostenido la democracia liberal en Europa: la OTAN, la UE, así como, por supuesto, Estados Unidos».[75]

En otras palabras: Rusia defiende sus intereses en su zona de influencia. Esa lógica explica que otro giro proeuropeo de otra exrepública soviética, Georgia, provocara un ataque similar posteriormente, en 2008, en el contexto de la guerra de ese país con los separatistas de Osetia del Sur y Abjazia, apoyados éstos militarmente por Rusia. El presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, inició un ataque a Osetia del Sur, que Rusia repelió. El conflicto armado duró cinco días. Putin reconoció después a Osetia del Sur y Abjazia como Estados independientes y evacuó a los mediadores y observadores internacionales de aquellos conflictos territoriales. Las tropas de apoyo rusas son ahora un destacamento permanente en ambos territorios.

Durante las operaciones armadas, las infraestructuras digitales de Georgia comenzaron a ser atacadas por los mismos medios empleados previamente en Estonia.[76] Sobre todo se vieron afectadas las páginas web del gobierno de aquel país, que se vio privado de la posibilidad de distribuir información propia durante el tramo final del conflicto. Algunos de esos sitios web fueron hackeados y sustituidos por otros en los que se comparaba a los líderes georgianos, especialmente a Saakashvili, con nazis y con Hitler, en una estrategia que Rusia emplearía posteriormente en Ucrania. También fueron atacadas las páginas web de medios de comunicación, servicios principales de transporte y bancos nacionales. El gobierno georgiano acusó a Moscú de estar tras los ataques, algo que el Kremlin negó, como suele hacer.

Ejercitado el músculo digital en Estonia y Georgia, Rusia aún necesitaba desarrollar la parte informativa, descrita como necesaria por el general Gerasimov en su discurso de 2013. El temor a campañas de desestabilización dentro del propio país había llevado al Kremlin a crear una enorme red de medios informativos digitales a su disposición, con dos vertientes, la informativa y la tecnológica, es decir: el contenido y las vías para distribuirlo de forma masiva. La red informativa no sólo la componen RT y Sputnik, pero sí son sus dos pilares de carga, alrededor de los cuales orbitan cientos de medios minoritarios en decenas de idiomas, a través de páginas, grupos y perfiles falsos en las redes sociales. La razón para crearla, como se apuntó antes, era la defensa, pero pronto se emplearía también para el ataque.

En 2005, Putin había ordenado fundar Russia Today, un canal de televisión en inglés, con la misión de cambiar la percepción de su país en el extranjero, después de que una encuesta encargada por su gobierno dos años antes revelara que los cuatro conceptos más asociados en Estados Unidos con este eran el comunismo, el KGB, la nieve y la mafia. Al ampliar la consulta a más países, el resultado fue todavía peor. Los términos más relacionados con Rusia eran los cócteles Molotov y los rifles Kaláshnikov. No hay duda de que la imagen del país podía mejorar, y si Estados Unidos había contado con Voice of America y Radio Free Europe durante la Guerra Fría, ¿por qué no dotar al Kremlin de sus propios medios de propaganda? A lo largo de los años, Russia Today logró colarse en la lista de canales de proveedores de televisión por cable de todo el mundo, con emisiones en inglés, alemán, árabe, francés y español, pero en ellos su audiencia ha llegado a ser en el mejor de los casos insignificante. Su fuerza real la cobraría por otros medios.

Al frente de la cadena lleva desde su fundación Margarita Simonián, una periodista que tenía veinticinco años cuando fue elegida para el puesto, tras unos años como reportera política en Moscú, con experiencia en el Kremlin y contactos en las altas esferas de este. Simonián mantiene hoy una estrecha relación con el entorno de Putin, en especial con Alexei Gromov, subjefe de gabinete del presidente y coordinador de la cobertura televisiva pública en Rusia. Según un informe de la inteligencia estadounidense de enero de 2017, «el Kremlin elige al personal de RT y supervisa de forma muy estrecha la cobertura de RT, contratando a profesionales que pueden transmitir los mensajes estratégicos rusos por sus creencias ideológicas».[77]

En sus inicios al frente de RT, Simonián decidió centrar la cadena en información sobre Rusia, tratando de proyectar una imagen más amable del país en el extranjero, pero a partir de 2008 amplió el foco a la actualidad internacional, cambiando integralmente la imagen corporativa y el tono de la cadena, que pasó a llamarse simplemente RT. Simonián ha sido bastante franca a la hora de describir la naturaleza y la finalidad de sus operaciones. En una entrevista concedida en 2012 al diario ruso Kommersant, titulada «No existe la objetividad», se expresó en términos abiertamente militares:

PREGUNTA: ¿Por qué necesita esto el país? ¿Por qué debería el contribuyente apoyarlo?

RESPUESTA: Bueno, por la misma razón por la que el país necesita un Ministerio de Defensa. ¿Por qué usted, como contribuyente, lo necesita?

PREGUNTA: ¿De verdad? ¿Estamos en guerra con alguien en este momento?

RESPUESTA: En este momento no estamos en guerra con nadie. Pero en 2008 estábamos en guerra. El Ministerio de Defensa estaba en guerra con Georgia, y estábamos llevando a cabo una guerra informativa, y lo que es más, contra todo el mundo occidental. ¡Es imposible comenzar a fabricar las armas solo cuando la guerra ya comenzó! Es por eso que el Ministerio de Defensa no está en guerra con nadie en este momento, pero está listo para defenderse. Ahí entramos nosotros.

A pesar de sus logros militares en la guerra con Georgia, queda patente que Rusia sentía que había perdido la parte informativa y propagandística, ante el clamor internacional en su contra. En otra entrevista concedida al diario Lenta en 2013, Simonián volvió a hablar de información en términos bélicos y destacó su uso en momentos críticos: «El arma informativa, por supuesto, se usa en momentos críticos, y la guerra siempre es un momento crítico. Se trata de guerra. Es un arma como cualquier otra. Y ¿por qué lo necesitamos? Es casi lo mismo que decir: ¿por qué necesitamos al Ministerio de Defensa si no hay guerra?».

Este punto de vista no es, ni mucho menos, atípico o nuevo en Rusia. El KGB empleó abundantemente la desinformación en la Guerra Fría para debilitar a los países de la Alianza Atlántica, promoviendo todo tipo de teorías conspirativas a través de libros y cartas falsificadas, como que tras el asesinato de John F. Kennedy se encontraba en realidad el Estado profundo estadounidense con la CIA al frente.[78] Llegó a publicar en los años setenta octavillas en las que buscaba provocar un conflicto violento entre los Panteras Negras y la Liga de Defensa Judía y puso en circulación la idea de que el virus que provoca el sida había sido empleado como arma biológica por Estados Unidos. Los medios pueden ser nuevos pero la técnica es bastante antigua: crear sospechas entre la población, ahondar en divisiones entre grupos enfrentados y tratar de influir sobre los medios de comunicación. Exactamente el mismo patrón se aplicaría en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Actualizando los medios a su alcance, hoy RT y todos sus sucedáneos son armas, para defenderse y para atacar, con el fin de mantener el statu quo en Rusia y debilitar al adversario. No hay crisis lo suficientemente grande o pequeña en la que este entramado no pueda entrar si así lo desea. En las emisiones de RT en inglés, por ejemplo, han logrado un espacio prominente todo tipo de teorías conspirativas, como que los ataques contra Washington y Nueva York de 2001 habían sido ideados por el propio gobierno estadounidense o que la caza y muerte de Osama Bin Laden había sido en realidad un montaje. En las elecciones presidenciales de 2012, la cadena dedicó numerosas horas a informar de un supuesto fraude en el voto, poniendo en duda los resultados y la segunda victoria de Obama. Aquel mismo año, RT otorgó un tratamiento estelar al movimiento Occupy Wall Street, retratándolo como la oposición a una clase política corrupta y dominada por las grandes empresas, y llegó a crear una aplicación en Facebook para que los manifestantes pudieran mantenerse en contacto.

En octubre de 2015, el canal emitió en su servicio en inglés un segmento sobre Hillary Clinton titulado «Obvi-Illuminati», en el que la presentadora Lori Harfenist afirmaba que la candidata pertenecía a la secta satánica Illuminati, que según diversas teorías de la conspiración aspira a la dominación mundial con ritos que incluyen todo tipo de barbaridades, desde pedofilia a sacrificios rituales. Los argumentos: que el logotipo de una compañía de tecnología que trabajaba con la campaña de Clinton se asemejaba vagamente al símbolo de la secta: un triángulo con un ojo en su interior. «No sólo tienen un logotipo similar al de los Illuminati —decía la presentadora—, sino también patrocinadores que hablan hebreo». A la paranoia se le añadía el antisemitismo.

La fuerza real de RT está, sin embargo, en internet. Con gran dominio del entorno digital, Simonián y sus superiores en el Kremlin supieron convertir la cadena en una gran plataforma de distribución de contenido liberada de la etiqueta de televisión minoritaria, con más de 300 millones de euros de presupuesto anual. Sus contenidos, sobre todo vídeos breves e informaciones escritas, se distribuyen en las grandes plataformas sociales y en los buscadores, y logran audiencias masivas. Sólo en Facebook, su canal en árabe tiene 14 millones de seguidores; el español 6,5 millones, y el inglés 5,2 millones. La audiencia combinada de sus canales de YouTube en esos idiomas es de más de 6 millones de suscriptores. Desde su fundación, sus vídeos han sido vistos 800 millones de veces en internet, una de las mayores cifras de medios en la misma categoría.

Son audiencias masivas, que explican por qué sus informaciones tienen un impacto mucho mayor del que se le suele atribuir a la cadena.[79] Esto lo ha facilitado el cambio de paradigma en la distribución de noticias. Hasta el auge de las redes sociales y la generalización del uso de los teléfonos inteligentes, los medios tradicionales controlaban todo el proceso de creación y suministro de información. Un diario se escribía, se diseñaba, se imprimía y se repartía en una cadena controlada y cerrada. La televisión y la radio producían y emitían sus espacios para audiencias multitudinarias, con responsabilidad sobre el producto final. Era el modelo tradicional de la comunicación de masas, en el que los medios gestionaban un derecho que no les pertenecía: el de una sociedad a estar informada para tomar decisiones.

Ahora, sin embargo, cualquiera puede generar información en el formato que desee y distribuirla en las plataformas de internet. No hay más filtros de calidad que los que quiera aplicar el autor. Los algoritmos de Google, Facebook o Twitter son los encargados de canalizar y discriminar esa información, que tiene una vida propia después de haber sido publicada. La clave es la viralidad, la capacidad de hacer reaccionar a los lectores, que comparten o comentan esas noticias y ayudan en su difusión, muchas veces atendiendo, como se ha visto, sólo a un titular o una imagen. Por eso tienen semejante impacto y tan larga vida los titulares de RT sobre Cataluña vistos antes.

Ante el éxito inicial cosechado con esta estrategia, y cuando se aseguró la presidencia de nuevo en 2012, Putin decidió reorganizar y fortalecer la política de medios del Kremlin, convencido como estaba de que tras las protestas que clamaban por más democracia en su país había una mano negra extranjera, con toda probabilidad estadounidense. Fusionó la agencia RIA Novosti y la radio Voice of Russia bajo una nueva organización, Rosia Segodnia, o Rusia Hoy. Como presidente, Putin eligió a un controvertido presentador, célebre por su homofobia y radicalismo: Dimitri Kiseliov.[80] Desde su ascenso a ese puesto, el polémico Kiseliov ha afirmado en diversas ocasiones que la objetividad no existe, que su trabajo es defender a Rusia y que ésta es la única potencia que hoy en día preserva la libertad de expresión.

En una entrevista de 2014 definió su labor, como Simonián, en términos militares: «Está claro que Rusia quiere ser un jugador competitivo en el espacio mediático internacional, porque las guerras informativas, hoy en día, se han convertido en una práctica habitual y predominante. Los bombarderos se envían sólo al conseguir una victoria mediática. En el caso de Siria, por ejemplo, los estadounidenses perdieron la guerra de la información. En el caso de Crimea también. Antes se lanzaba un ataque masivo de artillería previo al combate. Ahora, un ataque mediático».

Tres semanas después de llegar al puesto, Kiseliov designó a la propia Simonián como directora editorial de Rosia Segodnia, cargo que sumaba al de RT, y en 2014 rediseñó el servicio de información internacional de RIA Novosti, cambiándole el nombre por Sputnik. De agencia, Sputnik mantuvo sólo el nombre, porque a día de hoy es un espacio de opinión e información controvertida y provocadora, dado a recoger todo tipo de teorías conspirativas y extremas, siempre desde un punto de vista antiglobalista y prorruso. Opera ya en treinta idiomas y produce cientos de horas de radio cada día, descargable en formato podcast.

El mismo día de su lanzamiento en inglés, el 10 de noviembre de 2014, Sputnik publicó una nota que parecía toda una declaración de intenciones, o al menos el avance de una agenda propia, con las miras ya puestas en Cataluña. Se titulaba «2014: el año de la independencia — Venecia, Escocia, Crimea, Cataluña y... ¿Miami?». El día anterior, los líderes independentistas catalanes habían mantenido una votación no vinculante sobre la independencia, que los partidos constitucionalistas habían boicoteado. Decía el autor: «Los residentes [de Cataluña] hablan catalán, un idioma completamente diferente. Su distintiva cultura ha impulsado su deseo de dotarse de un Estado independiente, pero la región es una de las más ricas de España, con un 20 por ciento del PIB español».

Tras mencionar el caso escocés, donde ganó el «no» en el referéndum de independencia, el autor pasaba... a Crimea. La redacción de la nota en ese apartado es todo un ejercicio de propaganda: «En marzo, la zona que antes pertenecía a Ucrania y que se conoce como Crimea tuvo su propio plebiscito y se declaró Estado soberano, para luego unirse a la Federación Rusa. A diferencia de las votaciones anteriormente mencionadas, los votantes de Crimea actuaron tras un golpe de Estado y un cambio de administración en la capital ucraniana, Kiev, forzando a la mayoría rusa de Crimea a organizar el referéndum». Ni una mención a la intervención del ejército ruso ni a lo que en realidad había sido aquella operación: la anexión por parte de Moscú de un territorio extranjero.

Es realmente revelador que ésta fuera una de las primeras noticias que publicó Sputnik el mismo día de su lanzamiento, con referencias no sólo a esos casos sino otros si cabe más descabellados, como el de la ciudad de Miami. No es de extrañar que, dos años después, cuando la maquinaria de injerencias rusa se puso en marcha en la crisis catalana lo hiciera dando un primer golpe por la misma vía, aquella ya célebre noticia de que «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Era solo cuestión de tiempo. Antes, sin embargo, toda una nación se convertiría en el campo de tiro de esta nueva forma de hacer la guerra, precisamente con Crimea como objetivo primordial.

8

«Luchamos contra el creciente fascismo en Europa»

Desde 2014, Ucrania, un país de unos 50 millones de habitantes situado a las faldas de Rusia sobre el mar Negro, ha sido el gran campo de pruebas de una operación de desinformación de proporciones épicas. Este país pasará a la historia como el primero en ser arrastrado por Rusia a una verdadera guerra híbrida, con una serie de agresiones bélicas enmascaradas por una sofisticada y certera campaña de noticias falsas destinada a sembrar el caos y la discordia y engañar tanto a sus habitantes, sobre todo los de origen ruso del este del país, como a la comunidad internacional.[81]

En febrero de aquel año, una revuelta popular, bautizada como Euromaidán, obligó al presidente Víctor Yanukóvich a abandonar el poder y huir a Moscú, después de haber intentado suspender un acuerdo de colaboración con la UE en un acercamiento político y comercial a Rusia acordado con Putin.[82] Que un país de la extinta URSS, cuya población es en un 20 por ciento de origen ruso y que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Rusia, desafiara de semejante manera los equilibrios de poder consolidados tras la caída del comunismo, ante la mano tendida de las instituciones europeas, fue interpretado como un desafío sin precedentes por el Kremlin, que actuó en consecuencia.

Días después de la huida de Yanukóvich, soldados enmascarados con uniformes de color verde —bautizados por los medios ucranianos como los «pequeños hombres de verde»— tomaron posiciones en la península de Crimea, que tiene 2,2 millones de habitantes, de los cuales una mayoría del 65 por ciento es de origen ruso. Y aunque esos uniformados no revelaron su afiliación, más allá de que luchaban por liberar Crimea, el gobierno de Ucrania y buena parte de la comunidad internacional los identificaron como miembros de las fuerzas especiales rusas por el material bélico que emplearon, como rifles de asalto AK-100, sólo a disposición de Moscú. De hecho, en Sebastopol, una de las principales ciudades de Crimea, Rusia cuenta con una base naval construida tras un acuerdo previo con Ucrania. Durante el conflicto hubo abundantes movimientos de tropas en la parte rusa de la frontera, y en los meses posteriores medios rusos e internacionales revelaron que Moscú estaba enterrando a sus bajas sin revelar a sus familiares cuál había sido el conflicto por el que habían dado la vida.

Menos de un mes después de la invasión, los líderes separatistas de Crimea, coordinados con Moscú, anunciaron que mantendrían un referéndum de escisión de Ucrania, al que se opuso la comunidad internacional y la minoría étnica ucraniana de la propia península. La consulta, ilegal según la legislación de Ucrania, se llevó a cabo el 16 de marzo, con el apoyo logístico de Rusia y una victoria del «sí» por el 96,77 por ciento de los votos. Dos días después, la denominada República de Crimea firmó su ingreso en la Federación Rusa, una anexión en toda regla que sólo han reconocido Afganistán, Bolivia, Cuba, Corea del Norte, Kirguistán, Nicaragua, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabue.

Paralelamente, Rusia alentó otro conflicto en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, una zona históricamente conocida como el Donbás. Como en Crimea, una legión de misteriosos uniformados de verde tomó posiciones en territorio ucraniano con armas de fabricación rusa. Esas fuerzas se vieron apoyadas por fuego de artillería desde territorio ruso a posiciones dentro de Ucrania, que a su vez devolvió la agresión. A pesar de haber pactado un alto el fuego en repetidas ocasiones, el conflicto sigue abierto y Moscú ha reconocido la independencia de ambos territorios. La anexión de Crimea y el conflicto abierto en el este de Ucrania, que suman más de 8.000 bajas, le han valido a Rusia duras sanciones por parte tanto de Estados Unidos como de la UE.

Mientras todas estas operaciones se desarrollaban sobre el terreno, los medios rusos se lanzaron a una campaña de propaganda destinada a generar confusión. Rusia 24, NTV y el Canal 1 acallaron las razones de las protestas, sin mención alguna a la corrupción de Yanukóvich ni a la insatisfacción que provocaba en la mayoría de la población su giro antieuropeo. Esos mismos medios, a los que se les sumaron plataformas internacionales como RT, además de una legión de perfiles falsos en las redes sociales, informaron sólo de las amenazas que aquella revolución representaba para las minorías de origen ruso en Ucrania, con noticias falsas cuyo objetivo era infundir miedo y legitimar la anexión final.

Como en el caso catalán, la semántica fue crucial a la hora de informar de la crisis. Éstos son los términos en los que un especial informativo de RT titulado «Guerra civil en Ucrania» definía el conflicto:

Las primeras protestas en Ucrania estallaron en noviembre de 2013 cuando el gobierno se negó a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El 22 de febrero, el Parlamento del país destituyó al presidente Yanukóvich, cambió la Constitución y convocó elecciones anticipadas. Varias áreas del este y el sur de Ucrania no reconocieron la legitimidad del gobierno autoproclamado de Kiev y con protestas multitudinarias reivindicaron la federalización del país. Para aplacar las protestas en la región, el nuevo gobierno envió al Ejército. La operación especial de Kiev llevó a duros enfrentamientos contra las autodefensas de la región.[83]

Cabe destacar el reiterado énfasis de RT en que el Euromaidán había sido en realidad «un golpe de Estado» que había dado lugar a una «guerra civil», un conflicto fratricida ajeno a Rusia. De él se habían apropiado «grupos de ultraderecha» y «antirrusos». Pronto, recuperando un viejo hábito de la Guerra Fría, a las milicias que se enfrentaban al ejército ucraniano las denominaban, simplemente, «antifascistas».

Para esos medios, el gobierno de Yanukóvich había sido depuesto por la fuerza y había usurpado el poder otro ejecutivo, autoproclamado, liderado por Petró Poroshenko, que tal vez haya sido el político con el que más se han ensañado estos medios. Cualquier acusación ha sido válida en su contra: corrupción, nepotismo, latrocinio, alcoholismo, adulterio, nazismo o racismo. El Canal 1 de Rusia, la televisión pública, llegó a emitir un espacio en el que decía que el presidente había formado grupos de ultraderecha en su país para consolidar su poder e instaurar un régimen autoritario.

Cierto es que Ucrania, como otros países, sufre el auge de partidos de ultraderecha, algunos dotados de milicias armadas movilizadas ante la guerra en Crimea y el este del país, pero son minoritarios y en las elecciones de 2014 no superaron el 1,8 por ciento de votos. En esas elecciones, por cierto, obtuvo mayoría de escaños el partido que apoya a Poroshenko.

En un ejemplo de la falta de ética y límites de esta campaña del miedo a la que se lanzaron los medios estatales rusos, el 12 de julio de 2014 la cadena pública antes mencionada, el Canal 1, emitió un reportaje sobre cómo los soldados ucranianos habían crucificado a un niño de tres años en la localidad de Sloviansk, en Donetsk. «Lo crucificaron como a Jesucristo. La gente se desmayaba», aseguraba en el reportaje una tal Galina Pishniak, que decía haber visto aquella atrocidad con sus propios ojos. Al niño lo habían dejado en ropa interior antes de clavarlo a la cruz y a su madre, que lo había presenciado todo, la ataron a un tanque y la arrastraron tres veces por la plaza Lenin del pueblo. La entrevistada clamaba: «El ejército de Ucrania no es libertador de nada, son una panda de bastardos». A esto, añadía el presentador del espacio televisivo: «Es imposible entender cómo algo así puede suceder hoy en día en el centro de Europa, a pesar de que nuestro corazón se niegue a creerlo».

Estaba en lo cierto el corazón del presentador, porque según comprobaron varios medios independientes rusos, como Novaia Gazeta, y denunciaron numerosos opositores a Putin, como Alexei Navalni o Boris Nemtsov, aquella noticia era una completa farsa, de la que nadie sabía nada en Sloviansk. «Nadie con quien hablé en Sloviansk había escuchado nada sobre esta historia», dijo el periodista Evgueni Feldman tras investigar en la zona. Es más, en Sloviansk ni siquiera existe una plaza Lenin, el supuesto escenario de aquel crimen. Nemtsov se aventuró a valorar cuál podía ser la intención de semejante ejercicio de manipulación en toda una televisión pública: «Al escuchar los horrores de una tortura tan inhumana, cualquier espectador desarrollaría una intención: unirse a las fuerzas voluntarias y buscar venganza contra los fascistas ucranianos».

No iba desencaminado Nemtsov, porque el Canal 1 y los demás medios estatales rusos emiten con gran éxito de audiencia en el este de Ucrania. La maquinaria rusa tenía, sin embargo, otro objetivo añadido: ganar la batalla propagandística en el ámbito internacional, para no repetir los errores cometidos antes en Estonia y Georgia, conflictos en los que Moscú quedó retratado como una potencia agresora. Para ello, el Kremlin ya contaba con una RT reinventada y reforzada. La cobertura de esa cadena en inglés y español de la guerra de Crimea demuestra hasta qué grado puede llegar a actuar como un agresivo portavoz de la política gubernamental rusa.[84]

Uno de los episodios que repasa aquel especial es el del derribo de un avión Boeing 777 operado por Malaysia Airlines, en el que fallecieron 298 pasajeros, de los que 193 eran holandeses y 27, australianos. Había despegado de Ámsterdam el 14 de julio de 2014. Su caída es, según los medios rusos, uno de los mayores misterios de la historia mundial de la aviación porque no existen pruebas definitivas de nada. En una estrategia que en el futuro aplicarían a otros escándalos que afectarían a Rusia, como el envenenamiento del espía Sergei Skripal, difundirían cientos de teorías de todo tipo, atribuidas a cualquier fuente que pudieran encontrar. Éstos son solo algunos de los ejemplos:

Putin volaba en la zona con su jet presidencial, de regreso de Brasil, justo cuando el avión de pasajeros fue abatido, por lo que él podría haber sido el objetivo real del ataque. Su avión, de hecho, se parece al Boeing abatido, con colores similares. (Interfax)

El Boeing 777 pudo haber sido derribado por cazas ucranianos, y no por un misil lanzado desde tierra. Justo antes del desastre, un avión militar ucraniano, presumiblemente un Su-25, fue visto a una distancia de entre 3 y 5 kilómetros del MH-17. Para sostener esta teoría, RT entrevistó en directo a Carlos, un supuesto controlador aéreo del aeropuerto de Kiev de nacionalidad española, quien afirmó que el avión «fue escoltado por dos cazas ucranianos hasta minutos antes de desaparecer de los radares». Por supuesto, el tal Carlos era un impostor cuya cuenta en Twitter (@spainbuca) fue suspendida por difundir bulos sobre el accidente.

El día de la tragedia, el avión se encontraba dentro de la zona de acción de sistemas de misiles antiaéreos Buk del ejército ucraniano, que podrían haber sido activados. (RT)

Una interceptación telefónica entre dos agentes de la CIA sugiere que hubo un plan para colocar dos bombas en el MH-17. La CIA recibió ayuda de los servicios secretos de Ucrania. (RT)

Sólo dos países del mundo han abatido aviones de pasajeros por accidente: Estados Unidos y Ucrania, por tanto sólo pueden ser ellos. (Maxim Komonenko, Izvestia)

Las autoridades aéreas provocaron la caída del MH-17 pidiéndole que volara a una altura inusualmente baja. (Lifenews.ru)

En el avión volaban cien científicos e investigadores que estaban a punto de encontrar la cura del sida, lo que apunta a que el ataque podría estar relacionado con ello, en un giro conspirativo completamente falso. (RT)

El Boeing 777 realizó su primer vuelo el 17 de julio de 1997, justo diecisiete años antes de que se estrellara. El número de vuelo es también el 17: MH-17. En la antigüedad, el diecisiete era un número maldito y que traía mala suerte. (RT)

El MH-17 no existió. Era otro avión de Malaysian Airlines que desapareció en el océano Índico previamente y que cuando partió de Ámsterdam sólo llevaba cadáveres a bordo. (Russkaya Vesna)

Los servicios secretos de Ucrania tienen grabaciones que demuestran que varios pilotos militares presenciaron una explosión dentro de la cabina del MH-17. (LifeNews.ru)

A pesar de toda esta lista de invenciones, lo cierto es que hay pruebas sobradas de que un misil Buk, que momentos antes de su lanzamiento portaba un convoy de la 53 brigada antiaérea de las Fuerzas Armadas rusas en Kursk, dentro de territorio rebelde ucraniano, provocó la caída del avión. A 50 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia se le perdió la vista al Boeing, que acabó estrellándose en Donetsk. Ésa es la conclusión a la que llegó el comité de expertos independientes formado por Holanda y Australia, los países con más víctimas. Sus hallazgos fueron aceptados como válidos por los gobiernos de ambos países y por la comunidad internacional, excepto Rusia, claro. El informe decía claramente que «Rusia fue responsable del montaje del sistema Buk que se empleó para abatir [el vuelo] MH-17». A Holanda y Australia se les unió el Reino Unido, Estados Unidos, la OTAN y la UE en una petición unánime para que Moscú admitiera su parte en el siniestro, algo que no hizo porque aquello hubiera implicado simplemente aceptar su parte en el conflicto de Ucrania.

La importancia para Rusia de contar con unos medios capaces de conectar con audiencias internacionales la demuestra otro hecho acontecido en España el 27 de febrero de 2015. Aquella jornada, la Policía Nacional detuvo a ocho ciudadanos españoles de entre veinte y treinta años en Asturias, Cataluña, Murcia, Extremadura, Navarra y Madrid por haber combatido con las milicias separatistas prorrusas en Ucrania. La investigación de la fiscalía, que les acusaba de delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y actos que atentaban contra los intereses de España, la provocó que dos de los detenidos, Rafael Muñoz y Ángel Arribas, publicaran en las redes sociales imágenes con las que afirmaban que se habían unido al Batallón Vostok de las milicias de la autodenominada República Popular de Donetsk, mientras portaban rifles de asalto y otras armas de fabricación rusa. El primero militaba en Izquierda Unida y el segundo en la sección juvenil del Partido Comunista de los Pueblos de España.

En realidad, la fiscalía española llegaba algo tarde, porque RT ya había entrevistado a dos de aquellos ocho españoles en agosto de 2014. Primero, emitió una entrevista en sus informativos titulada «Abrir los ojos» en la que dos personas a las que identificaba como Rafael, de veintisiete años, y Ángel, de veintidós, vestidos de militar y ante una bandera republicana española y otra con la hoz y el martillo, revelaban por qué estaban en el Donbás: «Luchamos contra el creciente fascismo en Europa, que se puede extender a todo el mundo». Su cometido, decían, era «defender a la población» de un gobierno, el ucraniano, que estaba «masacrando, aniquilando, bombardeando de manera constante». Además, denunciaban «la gran manipulación de los medios de comunicación occidentales, que dificulta mucho que fuera de este país [Ucrania] se sepa en realidad lo que ocurre».

La entrevista dejaba fuera cualquier mención a Rusia o a las milicias prorrusas. Posteriormente, la cadena amplió la emisión televisiva con una información en internet titulada «RT entrevista a dos jóvenes españoles que se unieron a autodefensas ante el creciente fascismo». Holgaba mencionar a Ucrania en el titular porque prácticamente todas las menciones al «fascismo» en RT en aquellos meses estaban intrínsecamente ligadas a ese país.

Tras la detención de los ocho españoles, entre los que estaban aquellos dos entrevistados por RT, este portal se lanzó a su defensa por todos los medios posibles, intentando justificar sus acciones a través de varias entrevistas y titulares. En la noticia en que informaba de los arrestos, la cadena rusa ni siquiera citaba el comunicado de la policía, pero dedicaba un espacio destacado a un tal Agustín Ríos, representante del Comité de Apoyo a la Ucrania Antifascista de Madrid, quien afirmaba, sin más: «Las acusaciones presentadas contra ellos no corresponden con la realidad».

Al día siguiente, RT informó detalladamente de una concentración convocada en Madrid por el mencionado Comité y en protesta por «las detenciones ilegales». RIA Novosti entrevistó a uno de los líderes del grupo, Ramiro Gómez, quien declaró que los detenidos trataban de «proteger a los civiles en el este de Ucrania» y que el gobierno español no sólo «no es neutral», sino que, al contrario, «apoya a la parte del conflicto que mata a los civiles». Aunque RT, Sputnik y otros medios rusos hablaran de concentraciones y manifestaciones, lo cierto es que el Comité de Apoyo a la Ucrania Antifascista de Madrid, del que existe una página web y poco más, reunió a menos de una decena de personas, una de las cuales leyó un comunicado en un megáfono mientras otras tres sujetaban detrás una bandera de Nueva Rusia, adoptada por las regiones separatistas del este de Ucrania.

No tardó RT en entrevistar a otro de los detenidos, Sergio Becerra, quien le dio a la cadena rusa uno de sus titulares más impactantes: «Uno de los españoles detenidos revela a RT las atrocidades de Kiev en Donbás». Era el resultado de una entrevista telefónica en la que Becerra, tras su arresto, contaba lo siguiente: «He llegado a ver cómo cogían a los milicianos, les cortaban las cabezas y se las enviaban a sus madres. Eso no lo hace ni un ejército, ni alguien que se supone que es una persona. Portarse bien no se portan, desde luego, así que cuando llegamos a una zona que ya estaba a salvo, la gente se veía muy agradecida de que hubieran liberado ese lugar. Seguramente porque bien no lo estarían pasando. Cualquier persona normal, si ve que están matando, quemando vivas a las personas, torturando a otras personas, con un poco de humanidad, haría lo mismo que he hecho yo».

Si de verdad las vio, Becerra se abstuvo de relatar esas supuestas atrocidades ante el juez. Posteriormente admitiría que lo que sabía de ellas lo había conocido sólo por vídeos que le habían enviado a través de las redes sociales y poco más. Finalmente, el caso fue desestimado ante la obviedad de que en Ucrania los ocho detenidos habían hecho poco más que sujetar algunas armas y posar para fotos. «Nos pasábamos los días mirando a un lago», dijo uno de ellos en una vista oral.

En aquel incidente, sin embargo, RT y otros medios afines a ella hallaron una pequeña legión de fieles que después se movilizaron en un asunto de menor peso político y diplomático pero con gran eco social: el fichaje de un jugador de fútbol, el mayor espectáculo de desinformación rusa en España antes de la crisis catalana. Es cierto que en esta crisis no sólo tuvo que ver la maquinaria rusa. Hubo algunos diarios españoles, como 20 Minutos y Público, que se tragaron el anzuelo de perfiles falsos en Twitter que por sistema acusaban a todo lo que tuviera que ver con el Estado ucraniano de fascista. Fue un aperitivo de lo que vendría después en Cataluña, y merece la pena prestarle atención.

9

«Vallekas no es lugar para nazis»

El 1 de agosto de 2016 llegó al aeropuerto sevillano el nuevo delantero del Betis, uno de los fichajes estrella de la temporada de un equipo que apenas un año antes había regresado a la primera división española. Nada distinguía en apariencia al ucraniano Román Zozulya, de veintiséis años, de cualquier joven futbolista de su edad: vaqueros negros de pitillo, gorra al revés, mochila al hombro, maleta en mano y una camiseta blanca con un gran tridente estampado en su pecho. Sin embargo, aquella camiseta, y las numerosas fotografías en las que figuraría desde entonces de forma prominente, con Zozulya mirando sonriente a cámara levantando el pulgar, dio pie a un monumental enredo de noticias falsas en el que un nutrido número de medios españoles entró de lleno, jaleados alegre e interesadamente por la gran maquinaria de propaganda rusa, con consecuencias devastadoras para la carrera del deportista.[85]

«Zozulya, nuevo fichaje del Betis, llegó con una camiseta de un partido de ultraderecha ucraniano», escribió aquel 1 de agosto el diario 20 Minutos en un titular publicado en internet. Inmediatamente se sumó Público: «En su llegada a la capital andaluza el ya nuevo delantero bético llevaba una camiseta en la que lucía el símbolo del partido ultranacionalista, cuyo nombre en español significa Sector D». Se hicieron eco de ello Reporte 24, MultiNoticias, Betis, Sport.es, Mica News y muchos otros. Poco a poco, la idea de que Zozulya desembarcó en España vestido de neonazi fue repetida por una veintena de medios, digitales e impresos, y se repitió en días posteriores en radios y televisiones, alimentando una gran mentira.

En realidad, lo que Zozulya llevaba en el pecho era un tridente que desde tiempos ancestrales ha servido de escudo histórico de su país, sustituido durante los años de comunismo por la hoz y el martillo y recuperado en 1992. Muchos políticos ucranianos lucen un pin con ese mismo símbolo en la solapa, como hizo el presidente Poroshenko en su entrevista con su homólogo español en Madrid en junio de 2018, y se encuentra en banderas y carteles en toda Ucrania como un símbolo de patriotismo.

El partido ultra Sector D, extremadamente minoritario en su país y con menos del 2 por ciento de los votos, incluye el tridente en su logotipo, pero con una espada en la púa central.

El joven delantero llegaba a España desde un país en conflicto y en un momento de repunte del sentimiento patriótico. Durante el conflicto en Ucrania, Zozulya, como otros futbolistas de su país, había manifestado públicamente su apoyo al gobierno y llegó a crear una fundación para canalizar donaciones al ejército ucraniano. En 2015 subastó su medalla de finalista en la Europa League del año anterior y donó los 7.500 euros que obtuvo al ejército. Hizo lo mismo con una camiseta que lució en un partido entre las selecciones de España y Ucrania en Sevilla, en el que resultó lesionado. Hasta el jefe de Estado Mayor de Ucrania le concedió una medalla por servicios a las fuerzas armadas nacionales. Zozulya no engañaba a nadie. Incluso sus redes sociales estaban plagadas de fotos con soldados ucranianos.

El apoyo de un joven deportista al gobierno y al ejército de su país, en guerra, atacado por una potencia extranjera, ni siquiera debería ser una noticia de primer orden. Más bien al contrario: sería más noticioso que un deportista de élite ucraniano hubiera dado apoyo financiero al ejército ruso. Así lo explicaron el propio jugador y su club al diario 20 Minutos, donde se publicó la primera información. Éste eliminó la noticia y pidió disculpas por haber dado por válidos rumores difundidos en las redes sociales. Sin embargo, en un ejemplo arquetípico de propagación de la desinformación, decenas de medios se habían hecho ya eco de aquella falsedad, amplificándola y convirtiendo el hecho de retirar la noticia del diario en algo completamente inútil.

Dado el frenesí condenatorio contra Zozulya de los medios españoles, poco trabajo le quedó después a la maquinaria rusa. Había publicado el portal Estadio Deportivo el 27 de julio que en Ucrania se apodaba a Zozulya «el francotirador, por su afición a las armas y la enorme simpatía que siente por el ejército». En un párrafo delirante, el autor de la noticia afirmaba: «Zozulya ha estrechado aún más si cabe los lazos que le unen a su otra gran pasión más allá del fútbol, que le llevará a miles de kilómetros de su Ucrania natal, a un país diferente y donde la cuestión militar no acapara tanto protagonismo. Una experiencia nueva y en la que se tendrá que acostumbrar a ser un “francotirador” sólo sobre el césped». En definitiva: Zozulya era poco menos que un francotirador real que debía renunciar ahora al arma para ser simplemente un delantero.

Y aquello acababa de empezar. Sólo cinco meses después, en enero de 2017, Zozulya estaba de nuevo en el mercado tras un inicio de temporada traumático. Rechazadas varias ofertas de ligas extranjeras, el Rayo Vallecano de Madrid, en segunda división, se interesó por él. Apurando el plazo hasta el final, el 31 de enero el club madrileño anunció su intención de ficharle. Al día siguiente estaría en Vallecas, donde el club tiene su sede. Se trata de un barrio de clase trabajadora, mayoritariamente de izquierdas y con un intenso activismo obrero.

Inmediatamente estalló una tormenta. Algunas cuentas de Twitter alineadas con los llamados movimientos antifascistas, afines a las posturas políticas rusas, anunciaron que el jugador ucraniano iba a entrar en el club. Cientos de perfiles de Twitter y Facebook recuperaron la famosa foto del tridente y otras de Zozulya vestido de militar o posando con soldados ucranianos. Miembros de la peña ultra Bukaneros se presentaron en el entrenamiento con pancartas. «Vallekas no es lugar para nazis. Presa, para ti tampoco. Vete ya», decía una de ellas, en alusión al jugador y a Martín Presa, presidente del club. Tres furgones acudieron al campo para evitar un estallido de violencia mientras dos hinchas daban una rueda de prensa diciendo que harían lo que estuviera en su mano para impedir «que el racismo y el nazismo entren en el Rayo».

No sólo fueron los aficionados más ultras. La plataforma ADRV, que agrupa a varias peñas, se sumó emitiendo un comunicado incendiario: «No es una cuestión de ideologías o pensamiento, va más allá: el jugador ucraniano ha empuñado armas, ha donado dinero a batallones fascistas, luce sus símbolos y ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a la ultraderecha de su país, para quien es un símbolo».

En un clima de enorme tensión, incapaz ni siquiera de asomarse al campo, Zozulya emitió también un comunicado a través de su abogado. «Mi llegada a España estuvo acompañada por un malentendido por culpa de un periodista que no conoce la realidad de Ucrania —dijo—. Llegué al aeropuerto de Sevilla con una camiseta con el escudo de mi país y unos versos del poeta Taras Shevchenko, estudiado en todas las escuelas de la Unión Soviética. Este periodista publicó que traía una camiseta de un grupo paramilitar que se distingue del escudo de mi país porque lleva una espada de gran tamaño.» Y concluía, intentando ganarse la simpatía de la afición: «¡Aúpa Rayo!».

A pesar de que la dirección del Rayo hizo sus investigaciones y llegó a la conclusión de que Zozulya no era ningún nazi, fue el fichaje más breve de la historia del club. Al día siguiente estaba fuera, tal y como anunció el Betis, el club que lo había cedido en un primer momento. «Ante los problemas surgidos con los radicales del Rayo, hemos hablado con este club y en protección al jugador, que es nuestro, hemos decidido que regrese a Sevilla», dijo el director deportivo del Betis, Miguel Torrecillas, en la radio del club andaluz.

Una semana después, el presidente de la liga nacional de fútbol, Javier Tebas, presentó una querella por coacciones contra diez personas que amenazaron al ucraniano, incluidos los dos hinchas de la rueda de prensa. Paralelamente, la embajada de Ucrania emitió una queja pública, afirmando que Zozulya debía recuperar «su derecho a la actividad profesional». En un tira y afloja con tintes cada vez más surrealistas, el agente del jugador, José Lorenzo, pidió en una comparecencia pública a los hinchas del Rayo que pidieran perdón «porque para el fútbol y nuestra sociedad sería patética la imagen de un profesional que tiene que desarrollar su profesión con escoltas, y también en su vida privada; eso no se puede permitir. Echo un poco de menos al gobierno, no sólo al que lidera nuestro país, sino a todos aquellos que tienen un asiento en el Congreso, porque es obligación de todos, defender, garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los trabajadores; es un pilar fundamental en el que se sustenta nuestra sociedad».

Los políticos se implicaron, pero no como esperaban Zozulya y su agente. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, acudió el 19 de febrero al campo del Rayo, aprovechando un partido con el Mirandés, para apoyar a los diez aficionados contra los que se querelló el presidente de La Liga, a quien de paso acusó también de ser un fascista. «Esta persona ha puesto una querella contra diez personas por haber hecho presión, legítima y muy clara, para decir que no le parece bien a la afición del Rayo que un jugador de su equipo sea neonazi», dijo en unas declaraciones grabadas y posteriormente distribuidas por las redes sociales. Un diputado, líder en la coalición que ocupaba el tercer puesto en escaños en el Parlamento, daba por sentado que Zozulya era un nazi.

Por supuesto, los medios de agitación rusos no dejaron pasar aquella oportunidad. «¿Futbolista o nazi?», se preguntó directamente Sputnik en el titular de una nota. RT incluso maquillaba la realidad al afirmar que «el equipo de fútbol Rayo Vallecano, de la segunda división española, decidió retirar de sus prácticas al ucraniano Román Zozulya luego de las protestas de los aficionados del club que acusan al futbolista de tener vínculos con la extrema derecha de Ucrania». En el mercado ruso fueron mucho más osados, dando un tratamiento estelar a la noticia y titulares mucho más transparentes en su tendenciosidad, como muestra este ejemplo de RT: «Escándalo ucraniano-español: los hinchas han frustrado la transferencia de Zozulya debido a sus puntos de vista nazis». Ni una sola de esas notas se molestaba en aclarar que Zozulya nunca había militado en grupos de ultraderecha o expresado ideas nazis.

Tal y como me diría Poroshenko: «Todo esto es parte de una técnica muy bien financiada, patrocinada y organizada, la distribución profesional de las noticias falsas. El señor Zozulya es un futbolista bastante famoso en Ucrania, pero aquí no tenía ninguna posibilidad de aparecer en los principales medios en España o en cualquier parte del mundo. Pero cuando los ultras atacaron a Zozulya, fue noticia de primer orden en la televisión rusa. Fue una información prioritaria en Rusia. Fue una gran lástima que la reacción de los dueños del equipo y de los hinchas fuera la que fue. Zozulya no hizo nada malo. Zozulya sólo estaba defendiendo su propia patria, su propio país».[86]

En septiembre, después de una temporada completamente arruinada y sólo seis partidos jugados con el Betis, Zozulya fue fichado por el Albacete, un equipo con menos exposición mediática y una afición menos ruidosa. En su primera temporada marcó nueve goles. El Real Oviedo se interesó en el verano de 2018 por él, pero cuando este dato se filtró a los medios, volvieron a aparecer las fotos con la camiseta del tridente y las acusaciones de nazismo, en un bucle de noticias falsas ya imposible de romper.

Éste es el método de funcionamiento de esta maquinaria: sembrar dudas, difundir falsas informaciones, propagarlas a través de las redes sociales, contaminar a los medios tradicionales. El gobierno español ya sabía de este patrón porque la embajada ucraniana le había advertido de las operaciones de RT y Sputnik en España. Aun así, sólo un año después, durante el gran estallido de la crisis catalana, la campaña de desinformación rusa sorprendió al Estado completamente desprevenido.

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«¿Por qué no bombardea la OTAN Madrid durante 78 días?»

Cuando la maquinaria propagandística se alió con los medios nacionalistas catalanes en la antesala del referéndum del 1 de octubre, con la ayuda de Julian Assange y Wikileaks, ya era demasiado tarde para que el Estado español tomara medidas para protegerse por vías digitales. No hubo previsión ni estrategia. La batalla de la comunicación estaba perdida de antemano. La narrativa que triunfó en aquellos días fue la de los nacionalistas: la Cataluña históricamente oprimida, ahora humillada y golpeada, sólo tenía la única opción de declararse independiente. Y las redes sociales fueron el instrumento necesario para el éxito de esa perspectiva.

Los días anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre fueron la demostración de que sin un plan de protección frente a injerencias digitales que no conocen de fronteras o soberanías, los Estados democráticos corren graves riesgos. El Estado español lo había tenido todo de su parte: la justicia había declarado ilegal el referendo; la votación no podía ser válida por falta de garantías; más de la mitad de los catalanes no iba a participar en aquel acto, y prácticamente toda la comunidad internacional apoyaba al gobierno de Rajoy, desde Donald Trump a Angela Merkel. Sin embargo, los argumentos gubernamentales estuvieron palmariamente ausentes de la conversación en las redes sociales aquellos días. Los medios públicos españoles, incluidas la radio, la televisión y la agencia de noticias EFE, ni siquiera tenían una estrategia informativa planificada con una visión general de Estado.

Las imágenes más difundidas no fueron, lógicamente, las de personas votando cinco o seis veces o las de los colegios electorales cerrados o vacíos, sino las de los desalojos forzosos y los golpes a quienes intentaban votar. La fotografía más reproducida por los diarios internacionales en sus portadas fue la de un policía antidisturbios cargando con una porra contra un grupo de manifestantes. Tuvo más eco una mentira, como la de los dedos rotos de Marta Torrecillas que quedaron en una simple inflamación, que informaciones veraces sobre la cooperación necesaria de la policía autonómica con aquellos que habían abierto un pulso al Estado. Por diversas vías, los periodistas que descubrimos el inicio de esta injerencia, avisamos a las autoridades y preguntamos por reacciones y planes de defensa o acción, topándonos siempre con un silencio inquietante.

En el contexto de aquel mutismo gubernamental se pronunció sobre Cataluña el mismísimo Putin, y en un giro ya habitual en toda esta trama, lo hizo sacando a colación el problema de Crimea. Fue el 19 de octubre en el foro Valdái, una solemne cita anual de académicos y políticos que se celebra en la localidad de Sochi, a orillas del mar Negro, una especie de foro de Davos eslavo.[87] El título de la conferencia de 2017 era: «Destrucción creativa: ¿Emergerá un nuevo orden de los actuales conflictos?».

Putin, con traje negro y corbata púrpura, dio su discurso de pie ante un auditorio lleno, en el que se encontraban el expresidente de Afganistán Hamid Karzai y el presidente del titán comercial chino Ali Baba, Jack Ma. Tras referirse a la guerra en Siria y las tensiones de Estados Unidos con Corea del Norte, el presidente ruso pasó al tema de Cataluña. «La situación en España muestra claramente cuán frágil puede ser la estabilidad incluso en un Estado próspero y establecido. ¿Quién podría haber esperado, incluso recientemente, que el debate sobre la situación de Cataluña, que tiene una larga historia, dé lugar a una grave crisis política?», dijo, para reiterar formalmente su postura de que «todo lo que está sucediendo es un asunto interno de España y debe resolverse de acuerdo con la legislación española y las tradiciones democráticas». Pero eso no era todo.

«En el caso de Cataluña, vimos que la UE y otros Estados condenan unánimemente a los partidarios de la independencia. Pero no puedo dejar de resaltar que deberían haber pensando en esto mucho antes. ¿Nadie estaba al tanto de estos desacuerdos centenarios dentro de Europa? Lo sabían, claro. Sin embargo, en un momento dieron la bienvenida a la desintegración de varios Estados en Europa sin ocultar su alegría. ¿Por qué fueron tan irreflexivos, motivados por intereses políticos fugaces y su deseo de agradar, lo expresaré sin rodeos, a su hermano mayor en Washington, al proporcionar su apoyo incondicional a la secesión de Kosovo, provocando así procesos similares en otras regiones de Europa y el mundo? Puede recordarse que por algún motivo no se vio con buenos ojos que Crimea también declarara su independencia, y luego, después del referéndum, su decisión de formar parte de Rusia. Ahora tenemos el caso de Cataluña. Hay un problema similar en otra región, Kurdistán. Quizás esta lista no es exhaustiva. Pero tenemos que preguntarnos: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos pensar al respecto?»

Obviaba Putin que la anexión de Crimea a Rusia se produjo tras un referéndum contrario a la legislación ucraniana y bajo la supervisión de los soldados rusos enmascarados que ocuparon aquella región. Por lo demás, ni la Constitución ucraniana, ni la española, ni la rusa contemplan la posibilidad de secesión por medio de un referéndum regional. Tampoco aclaró Putin que, como Rusia, ni España ni Ucrania han reconocido a Kosovo como Estado de derecho. Sin embargo, para el Kremlin la separación final de ese territorio de Serbia en 2008, con un tácito apoyo apenas disimulado por la UE, fue un golpe a uno de sus satélites rusos en el entorno europeo.

Ese discurso es la demostración de que la equiparación de la situación de Cataluña con la de Crimea no era exclusivamente algo en lo que estuvieran centrados los medios de desinformación. Era algo en la mente del propio Putin, un argumento que había emanado de la más elevada de las esferas del Kremlin. Sputnik, RT y otros medios en ruso habían estado abonando el terreno para estas declaraciones.

Aparte de la alusión a Crimea, el hecho de que Putin mencionara el caso de Kosovo es digno de consideración, por sus efectos. Un titular del servicio de RT en inglés del 4 de octubre ya decía: «¿Por qué no bombardea la OTAN Madrid durante 78 días?». Posteriormente, le atribuía esa frase a un «exdiplomático británico». Se trataba de William Mallinson, que comparaba el caso catalán y el kosovar. Decía Mallinson en la nota: «¿Por qué la OTAN no bombardea Madrid durante 78 días?, porque la situación es similar en muchos sentidos. De hecho, Kosovo es aún más parte de Serbia que Cataluña [es para España]. Recordemos que en la Edad Media se unió cuando Fernando e Isabel unieron todos esos pedazos de España juntos. Recordemos que España es un país unido pero es un conglomerado. También debemos recordar este peligroso efecto de arrastre. Esto va a alimentar la ira vasca cada vez más. Y, por supuesto, en otras partes de Europa, posiblemente incluso a los valones en Bélgica, por no hablar de Escocia».

El bombardeo de la OTAN de 1999 fue parte de una guerra no declarada entre la mayoría de los países miembros de la Alianza y la República Federal de Yugoslavia, durante la guerra de Kosovo por su independencia. La OTAN no pidió autorización previa al Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene poder de veto. Los ataques tuvieron lugar desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999 y en ellos murieron, según informes de la propia Alianza, hasta 1.500 civiles.

Convertir una pregunta en principio retórica en titular de una información en el que se insinúa que alguien que ha sido miembro de la diplomacia británica está instando a la OTAN a bombardear Madrid es otro de los casos graves de desinformación de esta crisis. Más aún, teniendo en cuenta que la nota fue un éxito de audiencia: provocó casi 18.000 interacciones en Facebook, donde fue compartida por el perfil principal de RT y el de esa cadena en el Reino Unido. En Twitter incluso la distribuyó el perfil oficial de la embajada de Rusia en Canadá.

Como es habitual, la información carecía de firma y era sumamente engañosa con respecto a la fuente que empleaba. Porque ¿quién es en realidad William Mallinson? ¿Qué le hace merecedor de destacar sus palabras en el titular? Porque la nota de RT cuenta con una entrevista exclusiva al presidente serbio, Alexander Vucic, que también habla de dobles raseros en la UE. Es cierto que Mallinson se define como exdiplomático británico en el perfil oficial de la universidad que le emplea, la Guglielmo Marconi, con sede en Roma y que se especializa en cursos online. Añade además que tiene «excelentes lazos con la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú», la mayor y más veterana institución de estudios superiores de Rusia. En su haber, Mallinson tiene varios artículos sobre Chipre, que parece ser su zona de experiencia, como el «Reino Unido y Chipre, temas centrales y documentos desde la segunda guerra mundial». Finalmente, en su hoja de servicios diplomáticos figura el trabajo de «funcionario, tercer secretario (cancillería) y segundo secretario en funciones (información) en Londres y las embajadas en Nairobi y La Haya».

Nada, absolutamente nada, en la trayectoria de Mallinson le convierte en una fuente lícita y versada para hablar de Cataluña, mucho menos de un bombardeo de la OTAN en Madrid. Definirlo como un diplomático retirado es una osadía, pues no fue embajador o cónsul en ningún lugar. A nadie, ni siquiera a los independentistas catalanes más radicales, se le ocurriría pedir el bombardeo de Madrid. Destacar ese despropósito en un titular es simple y llanamente un ejercicio de confusión destinado a que en las redes sociales circule la posibilidad de que la crisis catalana deviniera en un verdadero conflicto bélico.

Lo único que convierte a Mallinson en una fuente válida para RT es que absolutamente siempre expresa ideas afines a lo que le interesa a Moscú. Algunos ejemplos de notas en las que se le cita: «Estados Unidos hará todo lo posible para causar problemas entre Rusia y China»; «Exdiplomático británico: “Estados Unidos refleja en el conflicto sirio su doble diplomacia”»; «La UE no sabe lo que está haciendo en Ucrania»; «Las advertencias de Estados Unidos a Rusia son poco profesionales, amenazantes, carentes de tacto y ajenas a la diplomacia, según un exdiplomático británico». El caso de Kosovo, luego recordado por Putin, es un ejemplo bastante claro.

El discurso del presidente ruso fue una provocación en toda regla y un mensaje a Occidente. Para entonces, el gobierno español contaba ya con diversos informes preparados por la inteligencia nacional y por el Ministerio de Defensa en los que estos constataban no sólo la creación de noticias falsas, sino la activación de redes de bots, o computadoras automatizadas, para compartir y viralizar aquel contenido. Uno de esos informes, del CNI, aseguraba que el 50 por ciento de esa actividad procedía directamente de Rusia, mientras un 30 por ciento había pasado por Venezuela, vinculado a redes chavistas. Y las advertencias no habían llegado al Palacio de la Moncloa sólo desde dentro de España.

Paralelamente, un equipo de especialistas creado por la UE en 2015 para detectar y combatir los ataques de Rusia a través de internet informó al gobierno de que en las semanas previas al referéndum había detectado un gran incremento de campañas destinadas a agravar la crisis en Cataluña. Este departamento, que lleva por nombre East Stratcom, depende del Alto Comisionado para la Política Exterior Europea y tiene base en Bruselas.[88] Sus analistas tomaron nota de algunas noticias falsas sobre Cataluña publicadas en días previos en diversos idiomas: «El español ya se enseña como idioma extranjero en Cataluña» (publicado en Vesti.ru el 17 de septiembre), «Las islas Baleares se suman a la petición de independencia de España» (21 de septiembre en Sputnik).

Uno de los coordinadores de East Stratcom, Jakub Kalensky, me transmitió que las menciones a Cataluña en los medios de desinformación rusos habían pasado de 4 a 241 por semana, lo que llevó a los analistas a alertar a representantes españoles en Bruselas.

Uno de los ejemplos más destacables de entre los detectados por East Stratcom fue el del exitoso programa televisivo Vesti Nedeli, de la televisión estatal rusa. Presenta este espacio, siempre alineado con los intereses políticos y diplomáticos del Kremlin, Kiseliov, el director de Rosia Segodnia y, por tanto, jefe de Sputnik y RT. El 1 de octubre, día del referéndum, emitió un especial sobre la crisis catalana en el que advertía del riesgo de «guerra civil» en España y se tachaba al gobierno español de «suicida». «España está en el inicio no de un conflicto, sino de una guerra», dijo Kiseliov. «No podemos entender a Europa ya. Es penoso cómo Europa está perdida.» En un giro muy común en la maquinaria de propaganda rusa, luego se pasaba a circular una teoría de corte conspirativo: «Tal vez Bruselas esté interesada en alentar el separatismo para debilitar a los gobiernos nacionales y lograr así más poder».

Aunque en Bruselas hay un reconocimiento casi unánime a la necesaria labor de East Stratcom, muchos son los que critican los pocos recursos que la UE le dedica a este equipo. En marzo de 2017, ciento veinte políticos, académicos e intelectuales habían pedido a la alta comisionada de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini que triplicara la capacidad de East Stratcom y que le concediera presupuesto de millones de euros, para que pudiera cumplir su mandato. El Parlamento europeo apoyó esa petición y el departamento acabó con un magro presupuesto de un millón de euros, frente a los 1.000 millones anuales que Rusia emplea en financiar campañas de desinformación, según las estimaciones de los propios analistas de East Stratcom.

En aquellos días posteriores al referéndum, también la OTAN reveló que disponía de informes de inteligencia que demostraban cómo las redes de injerencia rusa en internet han centrado su actividad en Cataluña aprovechando el pulso soberanista. El Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la Alianza Atlántica había detectado un claro viraje hacia asuntos relacionados con la independencia catalana por parte de los miles de cuentas automatizadas en las redes sociales que, normalmente, centraban su actividad en desinformación sobre conflictos en los que el Kremlin tenía participación directa, como Ucrania o Siria.[89]

Janis Sarts, director de ese centro de comunicaciones, me dijo en una conversación telefónica que estaba convencido de que la intencionalidad última de esas redes rusas no es alentar la independencia de Cataluña sino ahondar divisiones para debilitar a la UE y a la propia OTAN, organizaciones ambas de las que España forma parte. «La razón básica de esta actividad, en realidad, es crear confusión y agravar los problemas existentes, no lograr un resultado que favorezca a unos o a otros —dijo—. Creo que consiste cada vez más en crear el caos. En eso son mucho mejores que en conseguir un determinado resultado, en crear caos y situaciones problemáticas que los países suelen sufrir.»

El Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas es una organización militar internacional cuya función es informar y capacitar a funcionarios y especialistas de la OTAN y sus países socios. Sobre todo, ofrece a la Alianza y a los gobiernos que lo financian informes detallados sobre la desinformación procedente de Rusia y otros países cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de Estados Unidos y sus aliados europeos.[90] Los hallazgos previos de ese centro han servido para poner a la OTAN en guardia ante la amenaza cibernética procedente de Rusia y su maquinaria de propaganda. Entre los países que lo financian están Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Francia. España hubiera contado con más protección el 1 de octubre su hubiera solicitado el ingreso, a un coste ínfimo para el presupuesto de defensa del país.

Sarts afirmaría posteriormente que difundir y viralizar contenido en ruso sobre crisis extranjeras forma parte también de la estrategia de las redes afines al Kremlin. «La mayor parte de la actividad propagandística rusa tiene un público objetivo dentro de Rusia. Una de las prácticas habituales es traducir esos conflictos foráneos para una audiencia rusa, con el mensaje de que todo el mundo tiene problemas, que Occidente es hipócrita, que en todos los países los gobiernos actúan de forma similar. Hay que recordar que nosotros somos el público o los objetivos secundarios. El principal está en Rusia y la razón de eso es legitimar a la actual élite del Kremlin y que se mantenga en el poder», me dijo. Era, pues, una campaña centrada también en preservar el equilibrio de poder dentro de la propia Rusia.

La publicación de esas noticias era, según los análisis del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, el primer paso en el proceso de injerencia de las redes prorrusas. Una vez se publican en medios financiados por el Kremlin, como RT o Sputnik, llega la segunda fase: la llamada «falsa amplificación». De forma paralela, comparten las noticias falsas perfiles reales y falsos en las redes sociales, bots que se activan por una orden concreta. Tanto los analistas de ese centro de la OTAN como los del East Stratcom Task Force de la UE consideran que entre un 70 y un 80 por ciento de la viralización de esos contenidos es resultado de la interacción inicial de esas cuentas durmientes o automatizadas.

Ante tantas advertencias y la actitud desafiante del presidente ruso, el gobierno español finalmente reaccionó. Lo hizo más de un mes después del referendo, el viernes 11 de noviembre. En una comparecencia tras el Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunciaron por sorpresa que llevarían las injerencias digitales rusas en la crisis catalana al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que se celebraría el lunes posterior en Bruselas. Cospedal era titular de Defensa desde noviembre de 2016 y mantenía un enfrentamiento interno en el gobierno con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que controlaba por su parte el servicio de inteligencia, el CNI. Ambas habían encargado investigaciones internas por separado y ambas habían llegado a la misma conclusión, pero con un escaso grado de coordinación entre los dos departamentos.

El 13 de noviembre, los responsables de Exteriores y Defensa trasladaron a sus homólogos europeos la necesidad de tomar medidas urgentes frente a este tipo de agresiones. En la reunión estaba presente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que confirmó los datos de los que disponía la Alianza a través de su Centro de Comunicaciones Estratégicas. Según indicó De Cospedal en rueda de prensa posterior: «Sí que vienen de territorio ruso y algunas otras también, por cierto, repicadas de territorio venezolano. Eso es lo que sabemos a día de hoy».

Al responsable de Exteriores, Alfonso Dastis, le preguntaron en la misma rueda de prensa sobre si estaba seguro de estas operaciones, a lo que respondió: «Sí, sí se ha comprobado». En el caso de las desinformaciones en internet relacionadas con Cataluña, el jefe de la diplomacia española añadió que había pedido explicaciones a las autoridades rusas. «Son multiplicaciones de informaciones falsas que contribuyen a aumentar la desinformación y la manipulación», dijo, y agregó que pretenden debilitar los esfuerzos en favor de una unión entre países «basada en valores».

Rusia, inmediatamente, negó las acusaciones, de forma muy airada. El ministro de Exteriores de aquel país, Serguéi Lavrov, criticó duramente al gobierno español en una comparecencia ante los medios: «Seguramente esa histeria sensacionalista la montan para distraer la atención de sus electores acerca de la incapacidad para resolver esos problemas internos». Y añadió: «Ya estamos acostumbrados a que, según algunas observaciones, algunos de nuestros socios en Europa y Estados Unidos parece que no tienen otra cosa que hacer que presentar acusaciones contra nuestros medios y declararles agentes extranjeros».

Se refería Lavrov al hecho de que el gobierno de Estados Unidos hubiera obligado a RT a registrarse como agente político extranjero, en lugar de medio de comunicación, en virtud de una ley aprobada para luchar contra la propaganda nazi en la década de 1940. No era, sin embargo, la primera ocasión en que medios rusos se veían obligados a registrarse de ese modo. Ya lo hicieron los diarios Izvestia y Pravda y la agencia de noticias TASS antes de la Guerra Fría. La medida afectaría también a Sputnik en enero de 2018. Previamente, Twitter ya había prohibido a RT y a Sputnik comprar publicidad en su plataforma, por las sospechas de que habían manipulado sus algoritmos para viralizar noticias falsas.

Cuando se les apunta directamente, los autores o transmisores de estas campañas de desinformación suelen recurrir al sarcasmo o las burlas para intentar deslegitimar a quien les deja al descubierto. Es una técnica muy habitual no sólo contra periodistas, sino también contra políticos y gobernantes. El 14 de noviembre, después de sus declaraciones en Bruselas, el equipo de Cospedal recibió una llamada del gabinete del ministro de Defensa de Letonia, en la que se le comunicaba que éste, Raimonds Bergmanis, disponía de información fehaciente sobre la injerencia rusa en Cataluña. Cospedal, asesorada por su equipo, atendió el teléfono, sin saber que en realidad estaba hablando con dos humoristas rusos, Alexei Stoliarov, alias «Vovan», y Vladímir Kuznetsov, «Lexus», famosos en su país por realizar bromas de este tipo. En un momento de la conversación, los comediantes volvían a hacer referencia a Crimea.[91]

VOVAN Y LEXUS, fingiendo ser el ministro: Quería explicarlo en términos generales. No voy a hablar de los vínculos secretos ahora. Quiero decir que lo que ahora pasa en Cataluña es que allí se prepara un escenario parecido al de Crimea y el Donbás, un escenario ucraniano precisamente en Barcelona. Ahora muchos de los turistas que se encuentran en Barcelona, un 50 por ciento, son de los servicios secretos rusos.

DE COSPEDAL: ¿El 50 por ciento?

VOVAN Y LEXUS: Según nuestros datos, sí. Es muy importante ahora. Puigdemont, no sé qué haréis con él, pero no hay que jugar con él. Tiene una historia peligrosa. Puigdemont trabaja para la inteligencia rusa desde hace tiempo. También sabemos su nombre en clave, es Cipollino [un popular personaje de dibujos animados en Rusia]. Quiero que tome esto en serio. En cualquier caso queremos apoyarles con el desplazamiento de nuestras tropas en el territorio de Barcelona en un plazo muy corto.

DE COSPEDAL: Ajá, bien, voy a hablar con el presidente, con el primer ministro, le llamo mañana por la mañana, ministro, es algo muy importanter para nosotros. ¿Desde cuándo saben que Puigdemont trabaja para Rusia?

VOVAN Y LEXUS: Lo sabemos desde hace una semana, pero teníamos que verificar la información por fuentes seguras. Parte de la información la recibimos de nuestros vecinos y de Ucrania. Pero estamos convencidos de que es cierto.

La broma recibió, como era de esperar, un tratamiento estelar en los medios rusos, que difundieron el audio de la llamada con transcripciones en inglés y español, a lo que añadieron reacciones de burla a Cospedal por parte de usuarios anónimos en las redes sociales. Según Cospedal, «fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos».

Según fuentes del Ministerio de Defensa con las que contacté después de que se revelara esta broma, el teléfono al que contactaron los bromistas sólo está al alcance de altos funcionarios en otros gobiernos o servicios de inteligencia. «No fue algo improvisado. Los bromistas sabían perfectamente los cauces y los términos que debían emplear. Sabían hasta datos de la agenda de la ministra. No es nada fácil colar una broma de este tipo en un ministerio, a pesar de lo que pueda parecer», me dijeron esas fuentes, con contacto directo con la ministra. Su sospecha, después de un proceso de análisis y un informe interno, era que los servicios secretos rusos alentaron y ayudaron a organizar la llamada para ridiculizar al gobierno español.

No es casualidad que estas bromas siempre caigan en el mismo lado: el de quien en el momento en cuestión supone un estorbo para los intereses geoestratégicos rusos. Un habitual es el presidente ucraniano Petró Poroshenko, quien en 2016 recibió la falsa llamada de Almazbek Atambaiev, presidente de Kirguizistán, para mostrarle su apoyo en el conflicto contra Rusia por Crimea. El gobierno ucraniano anunció después en su web institucional el inicio de conversaciones con Kirguizistán, algo que posteriormente negó este país. Poroshenko sería objeto de otra chanza similar con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como falso protagonista.

En 2016, los bromistas se hicieron pasar por el propio Poroshenko y concertaron una entrevista telefónica con el comité editorial de The New York Times para solicitar la publicación de una tribuna. En la conversación, el falso Poroshenko dijo que tenía una cuenta con 500 millones de dólares en Panamá que no quería repatriar a su país para no pagar impuestos. Lo estridente de aquellas afirmaciones, y el hecho de que el impostor hablara ruso, además de otros detalles, alertó a los periodistas del Times, que rechazaron cualquier publicación. Normalmente, RT y Sputnik se hacen eco de esas bromas amplificando su efecto, como ejemplifica un titular publicado el 1 de enero de 2018: «“¡No bebas tanto!” Poroshenko es objeto de una broma».

Mis contactos en el Ministerio de Defensa español me aconsejaron que prestara atención al caso de la cantante y exdiputada rusa María Maksákova, huida a Ucrania junto con su marido y también diputado Denis Voronénkov. Este, después de haber criticado abiertamente a Putin, fue asesinado a tiros en plena calle de Kiev en marzo de 2017, y su mujer acusó del asesinato al FSB, el servicio secreto ruso heredero del KGB.[92] En junio, dos meses después del asesinato de su marido, Maksákova recibió una llamada de Vovan y Lexus, quienes, en un método habitual, se hicieron pasar por el ministro de Cultura ucraniano para ofrecerle una gira de conciertos en zonas de guerra para levantar la moral de los combatientes. La cantante respondió que estaría encantada de hacerlo. Cuando los bromistas le pidieron que les detallara una lista de rusos que deberían ser proscritos en el este de Ucrania, les refirió a las autoridades de Kiev. Los detalles de la conversación se publicaron posteriormente en internet.[93]

Según explicó la propia Maksákova al portal ucraniano Gordon: «Si alguien piensa que los autores son bromistas actuando por motivación propia, no es así. Hay una subdivisión especial del FSB que se dedica a las provocaciones, incluidas las bromas telefónicas. Con arrogancia nos dan a entender que pueden interferir en los asuntos internos de Ucrania. La mezquindad es la característica principal de la guerra híbrida». De ese modo, la exdiputada reveló que este tipo de bromas, también las de Vovan y Lexus, son parte de la gran guerra híbrida en la que Rusia se halla inmersa en internet.

La presión sobre el gobierno español a finales de 2017 era máxima. Aunque en público apoyaban a Rajoy, sus socios internacionales no cesaban de preguntarle cuáles eran sus planes para resolver la situación. La canciller alemana, Merkel, había llegado a pedir a Rajoy que se refiriera brevemente a la crisis catalana en la cumbre de primeros ministros de la UE que tuvo lugar el 20 de octubre en Bruselas. Rajoy se había negado, alegando que era un tema estrictamente interno de España, y aquél no era el foro adecuado para tratarlo. Merkel insistió y en la cena durante la cumbre se dirigió ella misma al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a quien le preguntó si se iba a abordar el tema catalán. Tusk trasladó la pregunta a Rajoy, que volvió a negarse.[94]

Ante esas presiones, la vicepresidenta española pasó a la acción, animada por el CNI y con la aprobación previa del propio presidente del gobierno. No se abriría ningún proceso negociador con los líderes del separatismo y se reforzaría la protección del Estado de campañas de desinformación para evitar otra crisis de comunicación similar. El 13 de diciembre, Sáenz de Santamaría anunció en unas jornadas de ciberseguridad organizadas por el Centro Criptológico Nacional en Madrid la inminente creación de un Centro de Operaciones de Seguridad para la protección de las redes informáticas de la Administración General del Estado frente a los ciberataques. Luis Jiménez, máximo responsable del Centro Criptológico, dijo que el servicio tendría 50 empleados, costaría 16 millones y contaría con un presupuesto de 2 millones anuales para actuar como un «controlador del ciberespacio» de forma permanente.

Sáenz de Santamaría no admitió falta de previsión en aquellas jornadas. Dijo que España figuraba en el número 20 de un índice de ciberseguridad que incluye a 193 países, pero advirtió de que «nadie está a salvo» en un contexto de «webs atacadas, incursiones pidiendo rescates, informaciones falsas que pueden poner en jaque la estabilidad de gobiernos y economías de muchos países y sospechas de injerencias en elecciones democráticas». No mencionó a Rusia en ningún caso. Según fuentes en la Moncloa que consulté entonces, el gobierno español quería evitar a toda costa un choque diplomático con Moscú por este asunto, a pesar de su convencimiento de que la mano rusa estaba tras esas operaciones.

La creación del Centro de Operaciones de Seguridad, que comenzaría a andar en 2018, completa una red de departamentos, algunos con competencias duplicadas, que incluye también al Mando de Ciberdefensa, responsable de proteger las redes de las Fuerzas Armadas, y al Equipo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas de Seguridad e Industria, encargado de la protección de las redes de empresas e infraestructuras críticas, como energía o transporte, y dependiente de los ministerios de Agenda Digital e Interior. Ninguno de ellos se ocupa, sin embargo, de combatir la difusión de noticias falsas en las redes sociales.

Al día siguiente de anunciarse la creación de ese Centro de Operaciones de Seguridad, el Congreso español inició la investigación de las injerencias rusas en dos comisiones separadas, una a puerta cerrada y otra abierta a público y prensa. El PSOE había pedido la comparecencia de la vicepresidenta en la comisión de secretos oficiales, sujeta a máxima confidencialidad. El hecho de que en ella hubiera representantes de partidos independentistas como Joan Tardà o Jordi Xuclà llevó a Sáenz de Santamaría a mantenerse estrictamente dentro de lo que había explicado ya antes: refuerzo de la ciberseguridad con nuevos recursos y ni una mención al papel del gobierno ruso. Desde el gabinete de la vicepresidenta se argumentó después que «la atribución directa de la autoría en el entorno cibernético es muy compleja, aunque está claro que esos ataques vienen de donde vienen».[95]

Paralelamente, Sarts, el director del centro de comunicación estratégica de la OTAN, había viajado a Madrid para comparecer ante otra comisión, la de Seguridad Nacional. Aseguró que existen «amplias muestras» de la vinculación del Kremlin con otras campañas de desinformación en Ucrania y Alemania y que los ataques a la candidata demócrata Hillary Clinton en la campaña electoral estadounidense de 2016 no se habrían producido sin autorización de «las más altas instancias» del Kremlin. Posteriormente, en una reunión con periodistas, Sarts añadió que, en una investigación en la que rastreaban mensajes en las redes sociales con palabras como «OTAN», «Lituania», «Letonia» o «Estonia» en cuentas automatizadas relacionadas con Rusia, irrumpió meses antes Cataluña con fuerza. La búsqueda se realizó en mensajes en inglés y ruso durante el verano de 2017 y los analistas llegaron a la conclusión de que un 85 por ciento de los contenidos en ruso y un 50 por ciento de los contenidos en inglés procedían de bots.

El contexto geopolítico de la crisis lo ofreció Mira Milosevich-Juaristi, investigadora experta en Rusia en el Real Instituto Elcano, quien afirmó ante la comisión mixta que la presencia de Cataluña en las redes sociales aumentó un 2.000 por ciento en el mes de septiembre y que algunos mensajes de Julian Assange fueron retuiteados 60 veces por segundo, hechos que sólo pudieron ser realizados por bots. Recordó los principios de la llamada doctrina Gerasimov y añadió: «Teniendo en cuenta la procedencia territorial de esos mensajes y la complejidad de los medios tecnológicos utilizados, creo que no pudo venir de un individuo aislado o un patriota. Hay una coordinación y requiere una estrategia planificada y apoyo de agencias cercanas al gobierno».

Mientras estos asuntos se debatían en el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de la presidencia del gobierno, modificó la Estrategia de Seguridad Nacional en la que había trabajado en los meses previos para incluir el creciente problema de la desinformación.[96] Al texto se añadió la siguiente provisión: «La utilización del ciberespacio como medio para la realización de actividades ilícitas, acciones de desinformación, propaganda o financiación terrorista y actividades de crimen organizado, entre otras, impacta en la Seguridad Nacional, amplificando la complejidad y la incertidumbre, y también pone en riesgo la propia privacidad de los ciudadanos».

Es la primera ocasión en que la desinformación entra en el listado de amenazas reales a la estabilidad de España, al constatar que «sofisticados sistemas de armas de alta precisión se combinan con la letalidad funcional de ciberataques y acciones de influencia y desinformación. La ambigüedad y la dificultad de atribución son factores constantes de los denominados conflictos híbridos, aquellos que incorporan operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares. Estas acciones, perpetradas tanto por actores estatales como no-estatales, tienen por objeto la movilización de la opinión y la desestabilización política».

La estrategia, hecha pública en diciembre de 2017, no contempla acciones concretas, pero recomienda al gobierno «fomentar un enfoque preventivo y anticipatorio, para el que cobran particular relevancia el seguimiento permanente del entorno de seguridad y sus constantes cambios, los sistemas de inteligencia e información, el desarrollo de metodologías de análisis de riesgos y de instrumentos que contribuyan a la protección contra la desinformación, así como la formación o la realización de ejercicios de gestión de crisis».

A pesar de que el gobierno finalmente tomó algunas medidas, la división en su seno y las rivalidades entre Defensa y Vicepresidencia aplazaron la respuesta y la toma de decisiones y, cuando éstas se materializaron, lo hicieron con un alto grado de confusión y redundancia en las atribuciones y cometidos. No es de extrañar que en enero de 2018 el Ejército publicara finalmente sus propias conclusiones sobre lo que había ocurrido en Cataluña, mucho más aventuradas y determinadas en sus planteamientos que todo lo expresado hasta entonces por el ejecutivo español.

En un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el centro de estudios del Ministerio de Defensa, el doctor en ciencia política Josep Baqués afirmaba que el Kremlin está aprovechando «el órdago catalán para desestabilizar, empleando para ello una política destinada a generar confusión desde las redes sociales, en una línea similar a la utilizada para influir en las recientes elecciones de Estados Unidos. Moscú no tiene interés específico en España, ya que queda demasiado lejos de su área de influencia. Ni siquiera somos dependientes del gas natural ruso a diferencia de lo que ocurre, con mayor o menor claridad, al norte de los Pirineos. Pero Moscú aspira a fomentar las desavenencias en Cataluña para de ese modo debilitar a un Estado miembro de la OTAN. Esta estrategia puede repetirse en el futuro en otros Estados europeos (puesto que muy pocos son monoculturales) y, desde luego, puede reproducirse en nuestro propio país (vinculado al caso catalán o a otros similares/potenciales)».[97]

Por aquel entonces, sin embargo, la actividad de esas redes había remitido. La gestión de la crisis estaba de nuevo en manos de activistas en la órbita de los intereses rusos, como Julian Assange, que a punto estuvo de provocar un conflicto sin precedentes entre España y Ecuador.

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«España, parece que un oso merodea tus bosques»

Después de que los medios rusos publiquen sus titulares alarmistas, estos se distribuyen a través de las redes sociales, en muchas ocasiones con la ayuda de perfiles automatizados, o bots. Sus acciones son la parte más compleja de todo este proceso, y la más difícil de probar, por la dificultad de acceder a los algoritmos y los datos que almacenan de cada usuario las grandes empresas digitales. Los gestores de esas redes, además, recurren a complejas rutinas para enmascarar su procedencia geográfica, como proxies y servidores VPN. Pueden operar desde Rusia y aparecer ante las plataformas sociales como si estuvieran en cualquier otro país.

Muchos son los estudios académicos que han demostrado la actividad de cuentas automatizadas en redes sociales como Twitter.[98] Son perfiles falsos que publican o comparten información de forma coordinada con el objetivo de difundir masivamente un mensaje. De ese modo manipulan los algoritmos para lograr un mayor impacto: si un mensaje provoca un considerable número de reacciones en un corto espacio de tiempo, se viraliza y acaba apareciendo ante muchos más usuarios. Si la desinformación es un proceso industrial es por la magnitud de esas redes, controladas de arriba hacia abajo, activadas con una orden concreta.

En enero de 2018, Twitter admitió, a instancias del Congreso de Estados Unidos, que durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 detectó 50.258 perfiles automáticos que estaban ubicados en o relacionados con Rusia. Todos ellos fueron eliminados.[99] Al menos 677.775 usuarios reales de esa red social siguieron a al menos uno de esos perfiles, o interactuaron con sus publicaciones, compartiéndolas o dándoles a «me gusta». Paralelamente, un grupo de investigadores de la City University de Londres investigó 10 millones de mensajes en Twitter sobre la campaña del brexit y encontró 13.493 perfiles falsos o automatizados relacionados con Rusia por su localización o el tipo de contenido que difundían antes del referéndum.[100]

La crisis de la independencia en Cataluña no fue una excepción. Los primeros indicios de actividad automatizada los detectó la herramienta Hamilton 68, creada por la Alianza para Asegurar la Democracia, una institución formada en Estados Unidos para combatir la propaganda rusa y dirigida por altos funcionarios estadounidenses retirados, procedentes de los campos de la diplomacia y la inteligencia. Ese servicio había identificado seiscientas cuentas de Twitter gestionadas desde Rusia y controlaba a diario los temas sobre los que publicaban o compartían mensajes. A finales de septiembre de 2017, en los días previos al referéndum de independencia, sus gráficos reflejaban que Cataluña se había colocado entre los asuntos más comentados, junto a menciones a Trump, Clinton, Siria y Ucrania.

En la jornada del propio referéndum, el 1 de octubre, Hamilton 68 detectó un incremento del 2.000 por ciento de la actividad relacionada con Cataluña de esas cuentas vinculadas a Rusia, empleando sobre todo el hashtag #Catalan. Esos perfiles no sólo compartían noticias de RT y Sputnik, sino también mensajes de activistas que habían defendido a Trump durante las elecciones de 2016, como Jack Posobiec, que tiene más de 400.000 seguidores en Twitter. Se le unió uno de los medios radicales más afines a los planteamientos del actual presidente de Estados Unidos, el portal InfoWars, en el que el presentador David Knight afirmó erróneamente que en España se había detenido a 700 alcaldes y que el gobierno preparaba una invasión de Cataluña por mar. Luego criticó que Trump no apoyara la secesión de aquella comunidad autónoma porque «Estados Unidos se fundó en el derecho a la autodeterminación».

El politólogo y profesor de la Universidad de Nueva York Ian Bremmer también detectó esta actividad, a través de una lista de los perfiles de Twitter con mayor influencia en la conversación mundial sobre Cataluña, elaborada por el servicio Hashtagify. Eran, por este orden, Edward Snowden, Julian Assange, Wikileaks y RT. Bremmer publicó en Twitter una imagen con esa lista y una advertencia: «España, parece que un oso merodea tus bosques».

Una de las críticas principales a la herramienta Hamilton 68 es que fue fundada por exaltos funcionarios estadounidenses. Según los definieron dos activistas como Glenn Greenwald y Mc McGrath en un artículo en The Intercept, «ex agentes de la CIA, halcones republicanos y neoconservadores del Partido Demócrata».[101] Éstos añadían: «Lo que es peor es que Hamilton 68 era y es increíblemente opaca con respecto a su metodología, rechazando identificar cuáles son los perfiles que asocian a la promoción de Rusia en internet». Lo cierto es que la mencionada Alianza no esconde ni su procedencia ni su afiliación a la institución estadounidense German Marshall Fund, que promueve las relaciones trasatlánticas. Sus análisis, de acceso público, contienen no sólo los temas que tratan esas cuentas, sino los enlaces que comparten. El motivo de no revelar esos 600 perfiles, según me confiaron sus gestores, es impedir que sean cerrados para borrar rastros.

En noviembre de 2018, los investigadores Massimo Stella, Emilio Ferrara y Manlio De Domenico publicaron en la revista científica de Estados Unidos Proceedings of the National Academy of Sciences un importante análisis de la actividad de esos bots durante los días previos y posteriores al referéndum de independencia. Analizaron 3,6 millones de mensajes en Twitter publicados por 523.000 usuarios, con los hashtags #Catalunya, #Catalonia, #Catalogna, #1Oct, #votarem, #referendum y <#1O>. Su conclusión, tras analizar patrones de conducta, es que «uno de cada tres usuarios en esta conversación fue un bot». En concreto, esas cuentas automatizadas publicaron un 23,6 por ciento de los mensajes analizados y fueron responsables de un 28,8 por ciento de las respuestas y reacciones a éstos. Lo que resulta más importante, los bots «pueden influir en la difusión de información en los sistemas de redes sociales, en concreto acentuando la exposición a contenido negativo, que induce al odio, exacerbando el conflicto social online».[102]

Durante los días previos y posteriores al referéndum del 1 de octubre, el investigador de la Universidad George Washington Javier Lesaca condujo un exhaustivo análisis independiente que confirmó la actividad de esas redes de bots.[103] Para su estudio, Lesaca analizó entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017 las referencias a Cataluña en redes sociales en catalán, español e inglés, un total de 5.029.877 mensajes distribuidos principalmente en Facebook y Twitter, además de otras plataformas digitales. En total, 1.350.326 usuarios participaron en la conversación, compartiendo 253.696 mensajes diferentes, con una audiencia de hasta 4.500 millones de impresiones. Las informaciones elaboradas por RT y Sputnik se compartieron 47.964 veces, con una audiencia de hasta 125 millones de usuarios de redes. Esto significa que el contenido de las plataformas rusas se compartió hasta diez veces más que el que produjeron y distribuyeron los medios públicos españoles, RTVE y la agencia EFE. El tipo de contenido que ambos medios estatales rusos produjeron se ha analizado antes: informaciones alarmistas, exageradas y de parte, con un lugar destacado para las imágenes y vídeos de la supuesta violencia policial.

En general, RT y Sputnik combinados fueron, según Lesaca, el cuarto medio con mayor influencia en la conversación digital sobre Cataluña en el periodo analizado. «Su éxito —dice el investigador— radicaba en el elevado número de usuarios que replicaron y diseminaron su contenido de forma sistemática durante los días en que se condujo este análisis.» El estudio analiza los 65 perfiles que más noticias de los medios rusos compartieron aquellos días, responsables del 10 por ciento de los mensajes compartidos con las informaciones de esas plataformas. La conclusión de Lesaca es que sólo dos cuentas tenían un patrón de comportamiento humano. Otras seis eran las de los medios rusos en varios idiomas. El resto, 57 perfiles, «no se pueden identificar con ninguna persona o institución real, no generaban contenido original y se dedicaban simplemente a difundir contenido generado por otros de forma constante, sistemática y masiva». Según concluye el estudio, «existen claras evidencias e indicadores que apuntan a que un 87 por ciento de los nodos digitales principales y cuentas que difundieron el contenido de RT y Sputnik sobre Cataluña se corresponden con cuentas anónimas que son gestionadas con gran probabilidad a través de bots digitales».

«Lo más sorprendente de la investigación ha sido descubrir todo un ejército de cuentas zombis perfectamente coordinadas que se dedican a compartir contenidos generados por RT y Sputnik en diversas conversaciones digitales, que van desde Siria y Estados Unidos hasta Cataluña», según Lesaca. «Hay indicios para pensar que el patrón de disrupción digital que se ha detectado en debates digitales sobre las elecciones de Estados Unidos o el brexit se ha producido también en Cataluña y que los actores de esta disrupción son los mismos.»

En el análisis de Lesaca para la Universidad George Washington quedó en evidencia un hecho que agravaba todavía más el problema, y del que informamos en El País el 11 de noviembre de 2017: un 32 por ciento de las cuentas utilizadas para difundir el contenido de RT y Sputnik sobre Cataluña estaban ubicadas en Venezuela y operaban tradicionalmente en el entorno chavista.[104] Un claro ejemplo: esas cuentas compartieron contenido de RT sobre Cataluña con el hashtag #VenezuelaSaludaACataluña, por encima de menciones a la OTAN, la UE o Julian Assange. En lo que respecta a Sputnik, la segunda noticia más compartida de entre las que publicó fue: «Maduro: Rajoy debe responder al mundo por lo que ha hecho en Cataluña». Como afirma el informe, la mayoría de los perfiles digitales anónimos analizados «están asociados a cuentas o nodos que se originan en Venezuela y que claramente muestran su simpatía hacia el régimen de Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela o su líder [difunto] Hugo Chávez». El estudio añade que «en algunos casos, se detecta que esas cuentas publican el mismo contenido al mismo tiempo, reforzando la hipótesis del empleo de robots». El gobierno español confirmaría la injerencia venezolana semanas después, tras recibir informes de ello por parte de los servicios de inteligencia.

Existe una afinidad entre los medios estatales de países como Venezuela, Irán y Siria, que en los múltiples idiomas en los que operan suelen compartir enfoques e incluso titulares. RT y Telesur, la cadena pública latinoamericana creada por Hugo Chávez, llegaron a firmar un acuerdo en 2015 para la distribución conjunta de un programa titulado Venezuela y Rusia en la mira. Venezuela posee el 51 por ciento de la empresa que controla Telesur y, por lo tanto, es su responsable editorial. El régimen chavista logró financiación para ella de Argentina, Cuba, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que entraron entre 2006 y 2007. Mauricio Macri decidió cortar la financiación de ese canal cuando llegó a la presidencia argentina en 2016.

Telesur fue, de hecho, muy activa durante la crisis de independencia de Cataluña, con titulares bastante similares a los publicados por RT: «Aumentan a 844 los heridos por violencia policial en Cataluña»; «Ni Rajoy ni la Guardia Civil podrán con Cataluña»; «Líderes políticos condenan violencia policial en Cataluña»; «Contradicciones de España sobre la democracia». El hecho de que estos contenidos no tuvieran impacto alguno en las redes sociales en las jornadas en que fueron publicados es también un indicio de que los medios rusos, menos arraigados y con menos recursos en el mundo hispanohablante, contaron con algún tipo de ayuda automatizada para viralizar sus contenidos. Ésta no es más que una hipótesis basada en cuáles fueron las noticias más leídas y compartidas en aquellas jornadas, pero entra dentro de un patrón de conducta que la inteligencia estadounidense ha puesto en evidencia y que pasa por una oscura agencia financiada por alguien comúnmente conocido como «el chef del Kremlin».

El 26 de julio de 2013 se registró ante el gobierno ruso una organización con el nombre de Agencia para la Investigación de Internet, con sede física en el barrio Olgino de San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada de Rusia. En apariencia, era una empresa tecnológica que se dedicaba, según los anuncios de empleo que publicó entonces, a «operaciones en internet». Cuando comenzó a andar, aquella pequeña compañía ofrecía un salario de 25.960 rublos al mes (unos 700 euros al cambio de entonces) por «publicar comentarios en internet; escribir artículos temáticos para blogs y redes sociales, y hacer informes de seguimiento». Poco a poco, la compañía fue creciendo, hasta llegar a más de cuatrocientos empleados en departamentos como diseño gráfico, análisis de datos, optimización en buscadores, apoyo técnico y gestión financiera, y cambió su sede al número 55 de la calle Savushkina de la misma ciudad. Aquella dirección quedaría marcada, con el paso de los años, como el domicilio mismo de la desinformación rusa, porque bajo la apariencia de empresa tecnológica convencional se escondía una formidable fábrica de trolls y bots.[105]

Según una detallada investigación del fiscal especial estadounidense Robert Mueller, la Agencia para la Investigación de Internet es en realidad «una organización rusa cuyas operaciones tienen la finalidad de interferir en procesos políticos y electorales». Los fondos para su funcionamiento proceden de Evgueni Prigozhin, creador de un inmenso imperio de catering cuyo éxito se debe a sus buenas relaciones con la clase dirigente rusa. De ahí el apodo de «chef del Kremlin». A través de varias de sus empresas, que operan bajo la marca Concord, llegó a destinar 73 millones de rublos mensuales (aproximadamente 1 millón de euros) a financiar aquella maquinaria de desinformación, con la excusa de que eran pagos para el desarrollo de software. La creación de la Agencia, dirigida por Mijail Bistrov, y el empleo de esos trolls, forma parte de una gran operación de influencia en internet conocida como Proyecto Lakhta, «que tiene varios componentes, algunos destinados a audiencias internas en Rusia y otros a audiencias extranjeras en varios países», según la acusación formal de Mueller.

Alexei fue uno de los primeros empleados de la Agencia, cuando ésta todavía operaba desde su primera sede en San Petersburgo. Se había licenciado en verano de 2013 y, tras algunos empleos mal remunerados como camarero y repartidor, un amigo le reenvió uno de los anuncios en los que la Agencia buscaba «operadores de internet». Le citaron para una entrevista, en la que tuvo que responder a un cuestionario con preguntas generales sobre su educación y habilidades. El entrevistador le contó que el objetivo de su equipo era mejorar el posicionamiento en las redes de una serie de artículos, la mayoría escritos por la propia Agencia aunque había otros externos. Le dijeron que aquello se podía lograr con bots, o cuentas automatizadas, pero que cuando las plataformas los detectaban, suprimían sus perfiles, por lo que era necesaria la intervención humana.

El equipo al que se incorporó Alexei trabajaba únicamente en ruso, pero había otras unidades en otros idiomas, según aprendería posteriormente. Los posts que recibiría Alexei estaban publicados mayoritariamente en Live Journal y luego se distribuían en plataformas sociales como Vkontakte o Yandex, ampliamente usadas en Rusia. También se le pediría que escribiera breves entradas sobre asuntos políticos, como las relaciones de Rusia con Ucrania, el gobierno de Estados Unidos o la guerra en Siria. No debía preocuparse por sus conocimientos al respecto. A diario recibiría un correo electrónico con cada tema que debía tratar, los conceptos que desarrollar e incluso algunas frases que incluir en sus textos. Otro de los cometidos, del que el entrevistador no dio demasiados detalles, era crear perfiles falsos en las redes sociales para ayudar a posicionar mejor un contenido, con comentarios que respondieran a patrones de conducta humana.

El puesto de trabajo era, básicamente, la definición de un troll, aunque Alexei aún no estaba familiarizado con ese término, que se generalizó cuando internet comenzó a ofrecer una cómoda pantalla de anonimato tras la que esconderse para poder decir cualquier cosa, por incendiaria que fuera. El concepto es tan antiguo como la red misma. Ya en Usenet, uno de los sistemas más antiguos y rudimentarios de comunicaciones entre redes de computadoras, lanzado en 1980, aparecieron trolls, usuarios dispuestos a defender sus ideas con todo tipo de agresiones verbales. Con la generalización de las redes sociales, el fenómeno se ha convertido en un problema social de primera magnitud, entrando ya en la cultura popular gracias a foros como 4chan, que no sólo permiten sino que favorecen el anonimato. Según un pormenorizado estudio sobre trolls de la investigadora y profesora de la Universidad de Syracuse Whitney Phillips, en las elecciones de Estados Unidos en 2016 estas conductas y el hecho de que los medios se hicieran eco de ellas «ayudó a que el racismo se infiltrara en el discurso político general y a que los manipuladores de la derecha alternativa tuvieran una mayor visibilidad».[106]

Los turnos de la Agencia eran de doce horas seguidas, de nueve a nueve, trabajando dos días y descansando otros dos. A Alexei se le pagaría semanalmente y no era necesario firmar un contrato, pero sí un acuerdo de confidencialidad, de ahí que al revelar esta información en una conversación que mantuvimos a través de Skype en mayo de 2018 decidiera hacerlo usando sólo un nombre de pila. Al ficharle, el entrevistador sacó una copia de su pasaporte y le citó al día siguiente. En su primera jornada de trabajo, se le asignó un ordenador en una sala en la que trabajaban otras cuarenta personas y lo primero que se le pidió fue que escribiera dos entradas en Live Journal de unos dos mil caracteres sobre la guerra siria. Y no cualquier tema. El correo que recibió le indicaba cómo poner en duda que el régimen de El Asad hubiera empleado armas químicas contra la población civil, algo que a punto había estado de provocar un ataque de Estados Unidos a Damasco.

Con el tiempo, viendo que se le daba bien el trabajo, a Alexei le pusieron los mismos objetivos diarios que al resto del equipo: escribir entre 2 y 3 entradas de blog, publicar de 80 a 100 comentarios en las redes sociales y compartir al menos 20 mensajes previamente escritos por otros. Algo que le explicaron después de haber aceptado el puesto es que a diario debería activar un servidor proxy, una pantalla que permite esconder la ubicación geográfica de la conexión a internet. Según recuerda Alexei, a lo largo de los meses le llegaron argumentarios de asuntos tan diversos como las guerras en Siria y Ucrania, la anexión de Crimea a Rusia, medidas del gobierno ruso, Putin, Obama, la crisis del virus del ébola, reuniones del G20 y varios opositores rusos como Alexei Navalni. En muchas ocasiones, cuando escribía una entrada de blog sobre alguno de aquellos asuntos, debía enviar el enlace por correo a alguien que activaría una red de bots para darle un primer impulso.

«Todo el trabajo iba destinado a contar repetidamente que Putin era lo mejor para Rusia, trabajábamos como zombis repitiendo ese mensaje constantemente», asegura Alexei. Su trabajo se volvió mucho más intenso cuando Rusia medió con la comunidad internacional para evitar un ataque de Estados Unidos a Siria, garantizando que ésta se desharía de su arsenal químico. «Desde entonces se nos encargó escribir que Putin había salvado a Siria de la guerra, que había traído la paz a Oriente Próximo y otros argumentos similares. Pero como ves la guerra aún duraría muchos años más.» El trabajo se volvió muy intenso porque a Alexei, como al resto del equipo, se le pondrían unos objetivos de volumen de publicaciones y audiencia todavía más exigentes. Aun así, asegura que lo que le llevó a salir de la empresa fue el ambiente en general y los compañeros. «Algunos no eran gente muy formada, hacían lo que se les decía. Otros eran creyentes en la causa, hooligans del gobierno», afirma. Oyó a algunos de ellos hablar de sus operaciones en inglés. Preguntado por si había empleados que hablaran español dice que sí pero no sabe si su trabajo era exactamente hacer lo mismo en este idioma. Varias investigaciones de medios rusos críticos con el gobierno han apuntado a que existen otras empresas de este tipo en otros puntos de Rusia, como Moscú.

Según la investigación del fiscal especial de Estados Unidos, en 2014, en los últimos meses en que Alexei trabajaba para la Agencia, se creó en ésta una división conocida como Proyecto de Traducción, que contaría con ochenta empleados dedicados a la creación de contenido en inglés para YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, entre otros. Su objetivo, según la demanda presentada contra la Agencia en enero de 2018, era «sembrar la discordia en el sistema político de Estados Unidos, incluidas las elecciones presidenciales de 2016», en apoyo a Trump y con constantes ataques a sus contrincantes tanto en las primarias de su partido como en los comicios finales.

Mueller acusa a doce agentes rusos de organizar toda una trama para crear perfiles falsos en las redes sociales, camuflando su origen con argucias técnicas para fingir que se encontraban en Estados Unidos. A través de cuentas en Facebook y Twitter crearon grupos como «Fronteras Seguras», «Musulmanes Unidos de América» o «Ejército de Jesús» con los que publicaron mensajes incendiarios y convocaron manifestaciones y contramanifestaciones con el único objetivo, según documentos interceptados a los propios acusados, de elevar «la intensidad política con el apoyo a grupos radicales». En una manifestación en Florida llegaron a lograr que un estadounidense se disfrazara de Clinton y se metiera dentro de una jaula montada sobre una camioneta.

Con el uso de pantallas técnicas y falsas cuentas de PayPal, compraron también anuncios en esas plataformas sociales para promocionar sus mensajes, haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses, algo para lo que, según Mueller, suplantaron la identidad de al menos seis personas, creando catorce cuentas bancarias falsas. Algunos de los anuncios que publicaron en las plataformas de internet: «Un gran número de gente negra nos apoya diciendo que #HillaryClintonNoEsNuestraPresidenta»; «No a Hillary Clinton, no a la manipulación»; «Donald quiere acabar con el terrorismo... Hillary quiere promoverlo»; «Ohio quiere que Hillary vaya a la cárcel»; «Hillary es Satanás, y sus crímenes y mentiras demuestran qué mala es».

El trabajo de esta red era en realidad muy sofisticado. El 29 julio de 2016, el grupo Musulmanes Unidos de América, controlado por esta trama, convocó en Washington una manifestación de apoyo a Clinton y empleó a alguien que acudió con una pancarta en la que se leía una cita falsa atribuida a la candidata demócrata: «Creo que la sharía [ley islámica] será una fuerza para la liberación». El objetivo era que esa imagen circulara en las redes, incendiando a la base electoral conservadora. Aquellos días, otros dos grupos que controlaba la Agencia, Ser Patriota en Facebook, y @March_for_Trump en Twitter, organizaron una manifestación a favor de Trump y otra en contra de Clinton en Nueva York. Cuando Trump fue elegido, usando su red de perfiles en las redes sociales, la trama se dedicó a organizar concentraciones enfrentadas con lemas como «Apoyemos a nuestro presidente electo» y «No es nuestro presidente».

Para tener un mejor control de esas redes de desinformación que tan efectivamente puso en marcha, en 2014 la Agencia había enviado a Estados Unidos a tres empleados, Alexandra Krilova, Anna Bogacheva y otra persona a la que la acusación no identifica. Las dos mujeres pasaron veinte días viajando por los estados de Nevada, California, Nuevo México, Colorado, Illinois, Michigan, Louisiana, Texas y Nueva York para establecer contactos e identificar posibles objetivos. Al mismo tiempo, desde Moscú, otros empleados de la Agencia identificaban grupos de Facebook y usuarios de Twitter susceptibles de ser atraídos con sus técnicas de división y radicalización. Cuando los medios comenzaron a informar sobre la existencia de una trama de desinformación rusa durante las elecciones de 2016, los acusados cerraron cuentas de correo y redes sociales y destruyeron pruebas para intentar borrar su rastro, según Mueller. Paralelamente, la fiscalía acusó a una agente rusa, Maria Butina, de infiltrarse en organizaciones conservadoras de Estados Unidos para influir en las elecciones de 2016. Detenida en julio de 2018, se declaró culpable en diciembre de ese mismo año.

Las sospechas de injerencias, junto con la infiltración de los servidores del Partido Demócrata y el robo de correos del jefe de campaña de Clinton, llevaron al Departamento de Justicia a nombrar a Mueller, exdirector del FBI, fiscal especial para esta causa, con el cometido también de analizar las conexiones de Rusia con los empleados de Trump. En el transcurso de sus investigaciones presentaría cargos no sólo contra ciudadanos rusos, sino también contra empleados clave en la campaña del actual presidente de Estados Unidos, como Paul Manafort.

De momento, ningún otro país se ha tomado tan en serio la amenaza de la desinformación rusa como para iniciar una investigación independiente de dimensiones comparables a la de Mueller. Hay, sin embargo, medidas que parlamentos y gobiernos han tomado de forma individual en Europa que vale la pena considerar.

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«Sabemos lo que estáis haciendo y no lo vais a conseguir»

El referéndum del brexit es tal vez el mejor ejemplo de los efectos reales y perniciosos que la desinformación puede tener sobre toda una sociedad. Tan convencidos estaban quienes se oponían a la salida del Reino Unido de la UE de que ésta era imposible, incluido el gobierno de David Cameron, que declinaron tomar medidas de protección frente a las noticias falsas.[107] La situación fue muy similar a la de Cataluña durante la crisis independentista: un grupo movilizado dentro del país, con control sobre una serie de medios dispuestos a disfrazar su propaganda de información y el apoyo firme de la maquinaria de injerencias rusa. Así se distribuyeron fotos y datos falsos sobre la inmigración europea al Reino Unido o sobre la riqueza que crearía una ruptura con el resto de la UE. Con argumentos emocionales, y desafiando a la razón, el brexit ganó en las urnas, para sorpresa incluso de quienes habían convocado el referéndum.

Ante la posibilidad de que la desinformación hubiera tenido un papel determinante en aquella crisis, el comité sobre Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes británica abrió en enero de 2017 una investigación sobre las noticias falsas en la que acabaría tratándose la crisis independentista catalana, la desinformación procedente de Rusia y la colaboración necesaria de Julian Assange y Wikileaks en este proceso. El comité sobre noticias falsas de Westminster, presidido por el legislador conservador Damian Collins e integrado por otros diez diputados comenzó su labor de forma discreta y ante un escepticismo generalizado por parte de la clase política, los medios y las empresas tecnológicas en el Reino Unido y el resto del mundo. Sin embargo, ha elaborado y publicado uno de los informes más reveladores hasta la fecha sobre cómo las noticias falsas desestabilizan la democracia europea.[108]

El comité, en el que participaron 61 testigos en 20 vistas orales y que recibió 150 testimonios escritos, detalla qué considera noticias falsas en la actual guerra de desinformación que sufre Occidente:

Información inventada: contenido completamente falso.

Información manipulada: distorsión de información o imágenes reales, por ejemplo, un titular en términos sensacionalistas, que acaba popularizándose con más clics.

Información de fuentes falsas: suplantación de fuentes por impostores, por ejemplo, con el uso de la imagen corporativa de una agencia informativa.

Información malintencionada: mal uso de información, por ejemplo, disfrazando un comentario de opinión como un hecho.

Contexto o conexiones falsos: información real que se comparte con información contextual falsa, por ejemplo, cuando el titular de un artículo no refleja el contenido de éste.

Sátira y parodia: informaciones humorísticas se presentan como si fueran ciertas. Aunque no se caracteriza habitualmente como noticias falsas, esta categoría puede engañar a los lectores de forma inintencionada.

La totalidad de los ejemplos vistos previamente sobre Cataluña entra en alguna de esas seis categorías. Sin embargo, tanto este comité como la Comisión Europea recomiendan a las autoridades que rechacen el uso de «noticias falsas» o «fake news» por la carga política que le han dado quienes precisamente más se han beneficiado de este fenómeno, como Trump, que describe de ese modo cualquier noticia que le resulta incómoda. Según el informe del comité de julio de 2018: «El término “noticias falsas” se maneja sin una idea clara de lo que significa, o una definición acordada.[109] El término ha adquirido diversos significados, incluida una descripción de cualquier afirmación con la que el lector no está de acuerdo». Recomienda, en su lugar, el uso del término «desinformación», que considera más adecuado. A pesar de esa recomendación, creo que renunciar al uso de la expresión «noticias falsas» es entregarle incluso la elección de la terminología a los populismos que, sin escrúpulos, desprecian al periodismo y su búsqueda de la verdad.

En sus pesquisas, el comité dice haber obtenido evidencias «del papel de Rusia específicamente en apoyo de organizaciones que crean y difunden desinformación, contenido falso o partidista, con la finalidad de erosionar la confianza de la ciudadanía y desestabilizar los estados democráticos. Es una actividad que describimos como “desinformación” y la consideramos una amenaza activa». Hubo un testimonio que vale la pena destacar por cómo condensa la estrategia de esta guerra híbrida en la que se halla sumido el Kremlin. Se trata de Edward Lucas, un veterano periodista y experto en políticas de seguridad:

Es cierto que Rusia es mucho más débil que Occidente. Su población es una séptima parte de la nuestra. Su PIB es una catorceava parte. Pero aún tiene la capacidad de hacernos daño. Supone una amenaza militar para los Estados del Báltico, un lugar en el que la orografía y las debilidades de la OTAN han imposibilitado una defensa convencional. Tiene una probada capacidad de generar confusión, distraer y distorsionar nuestra toma de decisiones, bien con ataques centrados en las élites o bien forzando su influencia sobre la opinión pública.

Entre las pruebas que recibió el comité sobre la injerencia rusa en el Reino Unido se encuentran los análisis de la agencia europea 89up que revelaron que, entre enero y junio de 2016, RT y Sputnik publicaron 261 artículos sobre el referéndum del brexit con un claro «sentimiento antieuropeo». Algunos titulares de aquellos días: «Los planes para un ejército europeo se mantendrán en secreto para los votantes británicos hasta después del referéndum del brexit»; «¿Se prepara el Parlamento para ignorar a la ciudadanía si vota a favor del brexit?»; «Las técnicas de propaganda para obligar al Reino Unido a mantenerse en Europa». También cita un informe de las universidades de Swansea y Berkeley que identificó 156.252 cuentas en redes sociales ubicadas en Rusia que en las cuarenta y ocho horas previas al referéndum compartieron 45.000 mensajes sobre el brexit.[110]

En noviembre de 2017, la primera ministra británica había lanzado una dura advertencia a las autoridades rusas en una cena con representantes de la Cámara de los Lores. Theresa May acusó directamente al Kremlin «de emplear la información como un arma, desplegando sus medios estatales para diseminar informaciones falsas e imágenes manipuladas en un intento de crear división en Occidente y debilitar nuestras instituciones». May añadió que tenía un mensaje para Rusia: «Sabemos lo que estáis haciendo y no lo vais a conseguir». Dos meses después, el gobierno británico anunció la creación de un grupo de comunicaciones estratégicas encargado de combatir noticias falsas y desinformación, en especial las procedentes desde Rusia.

Tanto May como el Parlamento británico disponían de información sobre los contactos de altos funcionarios rusos con uno de los fundadores de la campaña Leave.EU, que defendió de forma exitosa el brexit. Se trata de Arron Banks, uno de los principales donantes al partido extremista UKIP, liderado por Nigel Farage. Según las conclusiones del comité, Banks invirtió 8,4 millones de libras, la mayor donación de fondos en la historia de la política británica, a la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la UE. «Cuando le preguntamos en junio de 2018, el señor Banks no nos dio una respuesta clara sobre el dinero de esas donaciones para apoyar la campaña de salida de la UE», asegura el comité. Éste, sin embargo, tiene sus sospechas. Tres testigos ofrecieron información sobre el intercambio de correos electrónicos entre Banks y altos funcionarios de la embajada rusa en Londres, incluido el embajador, Alexander Yakovenko. En ellos, desde noviembre de 2015, ambas partes hablaban sobre todo de adquisiciones de oro y diamantes y también del intercambio de información en torno al referéndum de la UE. En un intercambio de mensajes se menciona la posibilidad de transacciones con Alrosa, el monopolio ruso de diamantes, y la compra de minas de oro por Sberbank, el banco estatal ruso.

Un correo incluso menciona a Alexander Nekrasov, un poderoso asesor político ruso, con lazos con el Kremlin y el propio Putin: «He estado en contacto con Alexander Nekrasov y está dispuesto a ayudarnos desde cualquier ángulo en la campaña para la salida. Soy consciente de que es una persona polémica y que no se calla sus opiniones, y que puede haber un conflicto de personalidades. Sin embargo, si se maneja bien, podría ser un activo valioso para la campaña», asegura Banks en ese correo.

En el informe del comité queda claro que esta guerra híbrida no tiene un solo frente. Estas acciones, asegura, «no se deberían estudiar de forma aislada; son parte de un grupo de acciones complejas e interrelacionadas para generar confusión y crear conflicto». Afirma que hay otros ejemplos claros de la injerencia rusa en los asuntos internos de otros países: las elecciones de Estados Unidos en 2016 y el referéndum de independencia en Cataluña en 2017. En la sesión en la que se analizó esta última crisis, el 19 de diciembre de 2017, participamos Mira Milósevich-Juaristi, la investigadora del Real Instituto Elcano; Francisco de Borja Lasheras, que entonces era director de la división española del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y yo como representante de El País, el medio que había publicado las primeras informaciones sobre esas injerencias.

Los legisladores británicos, reunidos en la sala del comité en Westminster, estaban interesados en saber qué papel y qué interés podían haber tenido los medios públicos rusos en fomentar la independencia. Como explicó Lasheras, en Cataluña se vio una mezcla de informaciones reales sobre choques violentos entre la policía y los manifestantes, y noticias falsas, malintencionadas o exageradamente partidistas. Detallamos algunos de los ejemplos de desinformación, como los titulares sobre los bombardeos de la OTAN en Madrid o los tanques en las calles de Barcelona. En un momento, tuve el siguiente intercambio con el diputado laborista Ian C. Lucas.

LUCAS: ¿Tiene pruebas de que el gobierno ruso intenta interferir con el referéndum en Cataluña?

ALANDETE: La única evidencia que tengo como periodista es que las organizaciones televisivas afiliadas al Estado ruso han difundido abiertamente propaganda que beneficia a quienes quieren la independencia en Cataluña.

LUCAS: Creo que ésa es una respuesta interesante, porque estoy interesado en la relación entre el gobierno ruso y los afiliados a Rusia: usted estaba hablando de Sputnik.

ALANDETE: Sí, totalmente de su propiedad.

LUCAS: Y cree que eso está apoyado por el gobierno ruso.

ALANDETE: Bueno, están financiados por el Kremlin y su editora en jefe es Margarita Simonián. Ella es una periodista rusa cercana a Putin. Puede investigar sobre ella y quién la designó. Fíjese en RT y Sputnik, qué información hacen y qué cubren aquí en el Reino Unido sobre todo tipo de cuestiones, porque creo que vale la pena verlo. El Departamento de Estado en Estados Unidos acaba de solicitar que se registren como agentes extranjeros. Twitter les ha prohibido comprar publicidades, porque piensan que es propaganda y no publicidad por razones comerciales.

Milósevich-Juaristi ofreció más información sobre la autoría de esas campañas al formular la hipótesis de que es imposible realizar una operación tan compleja con diferentes instrumentos sin el apoyo de una agencia gubernamental. «No creo que ningún actor prorruso hiciera nada sin la autorización del gobierno ruso, porque Rusia, como sabemos, es un Estado centralizado y autoritario. No creo que ningún actor pueda simplemente actuar de forma libre», dijo.

La conclusión posterior del comité, tras escuchar estos testimonios, fue que, «durante la campaña del referéndum, Rusia generó conflictos a través de una mezcla de información malintencionada y desinformación, entre los españoles y entre España y otros estados miembros de la UE y de la OTAN. Recibimos pruebas que demostraron que Rusia tenía un interés especial en desacreditar el sistema democrático español, a través de las organizaciones estatales de televisión rusas que difundieron propaganda que beneficiaba a aquellos que buscaban la independencia de Cataluña».

Los legisladores se interesaron también por el papel de Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, en aquella crisis. Milósevich-Juaristi explicó que la complejidad de la campaña, con los medios rusos, el probable uso de redes de bots y las intervenciones del fundador de Wikileaks y de Snowden no podían ser una coincidencia. Destacamos el hecho de que Assange hubiera escrito mensajes sobre éste en Twitter en español y catalán. Y presenté como prueba las imágenes y los informes publicados en El País sobre la reunión del ideólogo del independentismo Oriol Soler con Assange en la embajada ecuatoriana. Los miembros del comité ya sabían que el fundador de Wikileaks era una fuente habitual en las informaciones de RT y Sputnik.

Aquel testimonio no sólo sirvió para informar a los parlamentarios sobre el problema en Cataluña: dio pie a una serie de ataques furibundos de los medios rusos, Assange, Wikileaks y varios diarios nacionalistas catalanes, en una campaña de desprestigio y noticias falsas sobre las otras noticias falsas que ya analizaba el comité. Al día siguiente de nuestra comparecencia, que fue retransmitida en directo a través de internet, comenzaron las primeras cargas de RT, con la dosis de sarcasmo e ironía reservada tradicionalmente a atacar a aquellos que dejan al descubierto sus técnicas de desinformación.[111]

La nota que publicó la cadena rusa sobre el comité el 20 de diciembre es todo un compendio de falsedades destinado a desacreditar a quienes testificamos en él sobre Cataluña. Por supuesto, la información no va firmada y contiene una mezcla indivisible de hechos y opiniones claramente supeditados a un interés superior. «Los intentos de acreditar una supuesta campaña de desinformación e injerencia internacional orquestada desde Rusia vuelve a estrellarse, como era previsible, contra la realidad», decía. «Cada intento que hacían estos “expertos” de explicar la estructura y el funcionamiento de la supuesta maquinaria de injerencia rusa quedaba reducido a la categoría de mera conjetura en cuanto alguno de los diputados presentes les preguntaba si había pruebas al respecto. La respuesta, envuelta unas veces en vaguedades o expresada otras veces con simple impotencia, era invariablemente la misma: no existen pruebas.»

En el intercambio reproducido antes puede comprobarse que, de hecho, sí que ofrecimos pruebas de titulares y fuentes sesgados y partidistas, los cimientos mismos de la desinformación. Los comparecientes informamos, además, de la posible activación de redes de bots, para lo que adjuntamos artículos publicados en El País y diversos estudios recientes, como el de Lesaca para la Universidad George Washington. Además, estábamos allí no a iniciativa propia sino invitados por el comité para expresar nuestras opiniones e hipótesis en el marco de una investigación de mayor envergadura. Esto es indiferente para los medios propagandísticos rusos. Su estrategia durante toda esta crisis, como en todas aquellas con las que se les ha relacionado, es repetir de forma machacona el argumento de que «no hay pruebas». Cuando se les enfrenta a los titulares y las fuentes dudosas recurren al argumento de que presentan una visión alternativa del mundo. Si se les muestra una información falsa, o bien la borran de sus servidores o bien responden que «un error lo comete cualquiera».

Estos medios recurren también a la parodia para tratar de deslegitimar a los periodistas que les apuntan como competencia desleal en el oficio de la información. Muchos son los comentarios satíricos que me han dedicado RT y en especial una de sus personalidades más digitales, Inna Afinogenova, quien suele producir una serie de vídeos de escasos minutos de duración destinados a viralizarse en las redes sociales.

El que compuso sobre la comparecencia en el comité del Parlamento británico, que en seis meses acumulaba más de 575.000 reproducciones en Twitter, es antológico: ella misma comiendo palomitas como si estuviera en el cine, exagerando los silencios, haciendo zoom sobre expresiones faciales y condensando más de una hora y media de testimonio en unos pocos momentos en los que parece reinar el caos y la confusión en el comité. Al final, afirma, en un tono entre amenazante y burlón: «No saben, pero van por el mundo como si supieran, y no van por su cuenta, van representando a los medios e instituciones para los que trabajan, ustedes son la imagen de un país. No es el momento de ir haciendo el ridículo por las instituciones europeas. Quiéranse un poquito más».

El sarcasmo, como se apuntó antes, es el arma preferida de estos medios cuando deben enfrentarse a acusaciones de mal periodismo y desinformación, y lo aplican a todos los niveles. Es célebre una campaña de publicidad desplegada en el metro del Reino Unido y los aeropuertos de Moscú, San Petersburgo y Sochi en 2017 en la que RT bromeaba sobre su papel en la guerra híbrida rusa. Los anuncios decían: «La CIA nos llama una máquina propagandística. Averigua cómo llamamos nosotros a la CIA»; «¡Cuidado, somos un altavoz de propaganda!»; «¿Has perdido el avión? ¿Has perdido unas elecciones? ¡Cúlpanos a nosotros!»; «Cuanto más nos ves, más se enfada Hillary Clinton».

Cuando preguntamos al departamento de comunicación de RT por la campaña, una dirección de correo genérica respondió con el siguiente mensaje, como siempre, sin firma: «Gracias por tu pregunta. De forma totalmente sorprendente, éstas son las mismas preguntas que hemos recibido de todos los otros medios de comunicación. ¡Gracias por darnos otra idea para añadir a estos anuncios! Esta campaña de RT la produjimos en la propia cadena (pero el presidente Putin aprobó personalmente los mensajes). Ten cuidado si escribes sobre estos anuncios, porque se te podría acusar de colaborar con el Kremlin para ayudar a este altavoz de propaganda». El patrón queda claro.

Menos cintura y sentido del humor suele tener RT cuando se la sanciona por vías oficiales. En ese sentido, el Reino Unido tiene una ventaja: cuenta con una oficina pública reguladora de medios que puede analizar malas prácticas y falta de ética en la información, para luego tomar medidas al respecto. Ofcom, como se llama este servicio, ha amonestado a RT en al menos dieciséis ocasiones por mala praxis periodística, mucho más que cualquier otro canal de televisión. En concreto, según un portavoz de Ofcom consultado, la cadena rusa ha sido advertida de que ha violado en repetidas ocasiones los códigos de imparcialidad y neutralidad requeridas en coberturas electorales y otras áreas informativas de ámbito general. En dos ocasiones, Ofcom obligó a RT a emitir comunicados de amonestación. De momento no se le han aplicado otras medidas punitivas.[112]

Una de las primeras sanciones se remonta a un programa de 2014 en el que RT afirmó que una serie de ataques con armas químicas por parte del régimen de El Asad en Siria eran en realidad una cortina de humo de la que la BBC era partícipe a través de un reportaje. Sin contactar ni siquiera con la cadena pública británica, RT emitió en su programa Truthseeker un espacio titulado «Acusan a la BBC de escenificar un ataque con armas químicas». El presentador de este espacio aseguraba falsamente que la polémica había «abierto una investigación sin precedentes» sobre la cadena británica. Citaba como fuente a Robert Stuart, a quien identificaba como «investigador de medios» y que en realidad es autor de un seudodocumental centrado exclusivamente en atacar a la BBC por su cobertura de la guerra siria. Stuart decía sobre la información de la cadena británica: «Es una mentira total, del principio hasta el final, sobre una atrocidad, con el “reportero” de la BBC Ian Pannell posando frente a un repertorio de malos actores». El presentador posteriormente acusaba a los rebeldes sirios de «fingir atrocidades que atribuyen posteriormente al gobierno y de las que los medios convencionales se hacen eco».

El apoyo de Rusia al régimen de El Asad ha sido crucial para que éste haya recuperado el control de casi la totalidad del país, y la cobertura de RT ha sido siempre consistente con este objetivo geoestratégico. Ésta no era la única ocasión en que la cadena rusa informaba de oscuras teorías conspirativas o montajes sobre los excesos del régimen sirio, pero al involucrar en ellos a la BBC, dio pie a Ofcom para que actuara. Se la sancionó por falta de ética periodística y se la obligó a emitir un comunicado. Otra emisión del programa Truthseeker provocó la misma reacción al afirmar que el gobierno de Ucrania era responsable de un genocidio en el este separatista del país, parte de cuya población buscaba la anexión a Rusia. El espacio dedicaba una parte destacada a una serie de entrevistados a los que presentaba como «refugiados ucranianos» y dejaba la respuesta de Kiev a seis segundos de texto al final de la emisión.

Entre abril y mayo de 2018 Ofcom abrió otras diez investigaciones diferentes sobre la cobertura de RT del envenenamiento del espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia en la localidad de Salisbury, en el Reino Unido. «Desde que ocurrieron los hechos, hemos observado un incremento en el número de programas emitidos que son dignos de ser investigados por una posible ruptura de los códigos de medios», dijo la oficina de comunicaciones en una nota informativa emitida en abril, en la que además advertía de que entre sus opciones está la de retirarle la licencia de emisión a RT en televisión convencional en el Reino Unido.

Los dos Skripal, de sesenta y seis y treinta y tres años, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo de 2018 en un banco de Salisbury en un atentado del que ambos consiguieron sobrevivir. La unidad antiterrorista de Scotland Yard reveló que la sustancia utilizada en aquel intento de asesinato era un agente nervioso de tipo militar identificado como Novichok, que sólo se fabrica en laboratorios militares rusos, lo que llevó al gobierno británico a culpar a Rusia y a tomar represalias contra Moscú con la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos. Rusia tomó posteriormente la misma medida, como represalia. Algunos titulares de RT sobre el caso: «Rusia expone 8 mentiras del Reino Unido sobre el caso Skripal»; «29 países y 0 pruebas: ¿Cómo el caso Skripal desembocó en una crisis diplomática sin precedentes?»; «Putin: Julia Skripal tiene tan buen aspecto que todo lo que Reino Unido ha dicho sobre su envenenamiento queda en duda».

El servicio de comunicaciones estratégicas de la Unión Europea identificó hasta veinte teorías contradictorias entre sí con las que la maquinaria de desinformación rusa trataba de sembrar todo tipo de dudas sobre la autoría del ataque. Éstas son las líneas principales de razonamiento:

Fue obra del Reino Unido para fomentar el sentimiento antirruso, o «rusofobia» (Canal 1).

Fue un ataque del gobierno de Ucrania para dañar la imagen de Rusia (Canal 1).

Es obra de Estados Unidos, para destabilizar el mundo (Canal 1).

La primera ministra británica Theresa May había participado en el ataque porque tiene una estrecha relación con la nueva responsable de la CIA Gina Haspel (Zvezda).

Fue en realidad un intento de suicidio (Canal 1).

Fue una sobredosis accidental (RIA Novosti).

Fue una exposición accidental por unas pruebas de la empresa británica Porton Down (24 TV).

El mismo laboratorio, Porton Down, lleva a cabo pruebas secretas de agentes químicos con seres humanos y miente al decir que no produce el veneno Novichok (RT).

La responsable es la suegra de Serguéi Skripal (Moskovsky Komsomolets: <mk.ru>).

Fue un ataque terrorista (portavoz de Exteriores ruso).

Fue el inversor británico-estadounidense Bill Browder, que se encuentra en la lista negra del Kremlin por denunciar la corrupción (Canal 1).

Se roció el gas con un dron (Zvezda y ministerio de Defensa ruso).

Skripal era en realidad traficante de armas químicas (Pravda).

Occidente está utilizando el caso para desviar la atención de los éxitos rusos en Siria (portavoz de Exteriores ruso).

Reino Unido está usando el caso para desviar la atención del brexit (ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov).

El ataque fue un intento frustrado de atacar a Vladímir Putin (televisión estatal).

Rusia ya ha destruido todo su arsenal de Novichok y no puede ser responsable (Sputnik).

Rusia en realidad nunca ha producido Novichok y por lo tanto nadie la puede acusar (Interfax).

Solo la República Checa, Eslovaquia y Suecia tienen Novichok (portavoz de Exteriores ruso). Los tres países lo negaron.

No hay pruebas de que el gas usado contra los Skripal fuera Novichok. El laboratorio Porton Down no ha identificado la sustancia (RT).

El 5 de septiembre de 2018, la fiscalía del Reino Unido presentó cargos por intento de asesinato contra dos ciudadanos rusos, e hizo públicas abundantes pruebas gráficas sobre su llegada al país y dos viajes de su hotel en Londres a la localidad de Salisbury, donde se produjo el envenenamiento. Ambos, a los que el gobierno británico acusa de formar parte de la inteligencia militar rusa, viajaron con pasaportes bajo los nombres falsos de Alexander Petrov y Ruslan Borishov. Posteriormente fueron identificados por el diario de investigación Bellingcat como Alexander Mishkin, médico militar que trabaja para los servicios de inteligencia rusos, y Anatoli Chepiga, un coronel. Llevaban consigo un pequeño frasco de muestra de perfume en el que transportaban el veneno. Tras rociarlo sobre el pomo de la casa de los Skripal, lo echaron a una papelera, donde lo encontró Charlie Rowley, un vecino de Salisbury quien, pensando que era perfume, se lo regaló a su novia, Dawn Sturgess. Ésta se lo puso en las muñecas y falleció.

El propio Putin se refirió a los sospechosos una semana después, en un foro económico en la ciudad oriental de Vladivostok. «Son civiles —dijo—. Deberían acudir a los medios de comunicación a aclararlo.» Al día siguiente, la propia Simonián les entrevistó en RT. Efectivamente, ellos eran los que aparecen en los vídeos y fotos del gobierno británico. Pero todo era un malentendido: en realidad estaban haciendo turismo. Viajaron a Salisbury a visitar su famosa catedral gótica. Se alojaron en Londres, a 125 kilómetros. Tomaron un tren de hora y media pero no pudieron recorrer los mil metros escasos que separan la estación del templo por la nieve, aunque las fotos de aquel día demuestran que las calles estaban despejadas. En una hora estaban de vuelta en el tren. Al día siguiente, el del envenenamiento, regresaron y pudieron visitar la catedral.

La entrevista es antológica. Simonián les hace preguntas muy concretas —«¿Sois vosotros los de la foto?», «¿qué hacíais en Salisbury?», «¿transportabais Novichok?»— y, con un gesto entre incrédulo y socarrón, llega a insinuar que son pareja: «Hablando de hombres normales, en los vídeos aparecéis juntos siempre. Estabais juntos, os alojabais juntos, caminabais juntos a todos los sitios. ¿Qué relación tenéis, para estar tan juntos?». Petrov le responde: «No tenemos por qué entrar en detalles de nuestra vida personal. Hemos venido a ti porque necesitamos protección, pero esto se está convirtiendo en un interrogatorio». De hecho, nada más lejos de la realidad. Todo parece un gran teatro protagonizado por malos actores que no se han preparado bien sus líneas. Los dos acusados expresan su incoherente versión de los hechos mirándose uno al otro y bajando la vista; Simonián no hace ni una sola repregunta de enjundia, y RT intenta figurar como un canal de periodismo agresivo y honesto que incomoda a sus entrevistados. Mientras, el poso es mucho más grave: aunque este caso tenga la apariencia de una farsa, en realidad demuestra que Rusia puede atacar con impunidad en un país europeo para luego reírse hasta de sus víctimas.

Hasta la embajada británica en Londres se permitió ironizar. «Ante la falta de pruebas, necesitamos que Hercules Poirot se persone en Salisbury», dijo en Twitter.

Por último, la más reciente de las sanciones de Ofcom a RT la originó un programa en el que aparecían dos líderes independentistas como protagonistas: el escocés Alex Salmond y el catalán Puigdemont. El primero estrenó un nuevo espacio de entrevistas el 16 de noviembre de 2017, y lo hizo con el hombre del momento, el expresidente catalán, entonces ya huido a Bruselas. Puigdemont comenzó la entrevista hablando de la dictadura franquista y sobre cómo ésta le empujó en su infancia a ser independentista. Luego efectuó una serie de afirmaciones en línea con el ideario independentista, como que «la unidad de España es como una religión, no es política, sino espiritualidad, y por lo tanto hay una incapacidad intelectual de admitir la posibilidad real de que España podría ser diferente en el futuro».

Salmond se refirió a Puigdemont como «presidente de un nuevo país» y a Cataluña como «una nueva y valiente república», a pesar de que el catalán era ya prófugo de la justicia y el gobierno español había tomado el control de las instituciones autonómicas. Pero eso no es lo que llevó a Ofcom a amonestar de nuevo a RT. Al principio del programa, el presentador dijo: «La semana pasada, incluso antes de que el programa comenzara, recibimos una verdadera avalancha de tuits y correos electrónicos. Gracias a todos por esta publicidad, en especial a los demás medios. Echemos un vistazo a algunos de ellos. Primero un tuit de Ella Loren que pregunta: “¿Por qué RT?”. Bueno Ella, porque tengo el control editorial total y RT ofrece una plataforma internacional, ¿por qué no RT?». Salmond leyó después otras cinco preguntas de seguidores de su programa, entre ellas una que atribuía al perfil @TheGodfather: «Si fuera primer ministro, ¿pararía el brexit? Sí, desde luego que sí».

Ofcom pidió a la productora, Sláinte, del propio Salmond, y a RT que dieran los detalles de esas preguntas, y descubrió que la mayoría eran falsas o de empleados del programa. La primera no se correspondía con el perfil de Twitter al que se le atribuía. Las otras eran del director del programa, de la maquilladora y del realizador. La pregunta sobre el brexit era de un amigo de Salmond que, de nuevo, empleó un nombre de Twitter falso. La oficina de comunicaciones amonestó al programa por «engañar al público rompiendo las normas de emisión». A este entramado no le bastaba con información falsa, también necesitaba de espectadores inventados.[113]

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«Un clima envenenado para el libre ejercicio del periodismo»

Quien se tomó mi testimonio en el comité del Parlamento británico como algo personal fue Assange, que ya había intentado sacudirse cualquier responsabilidad en la crisis catalana atacando, como es habitual en este entramado de desinformación, al periodista que simplemente se limitaba a hacer su trabajo. Como ya se vio, Assange me había calificado en Twitter, ante sus casi 800.000 seguidores, de «demente» y de «propagandista en jefe del Estado español». En un giro trumpiano, me acusó, además, de ser «un productor en serie de noticias falsas» y de traducirlas al inglés «para tener un efecto internacional».

Los ataques de Assange fueron el primer golpe de una campaña de desprestigio sin cuartel y ejecutada desde varios frentes. De sus palabras se hizo eco inmediatamente Sputnik, que el 17 de octubre publicó una nota sobre los insultos del fundador de Wikileaks con el titular «Assange acusa a El País de ser “un órgano de la propaganda” del Estado español». En el texto, sin firmar, se decía: «Fuentes internas del diario, bajo condición de anonimato, atribuyen a Alandete y a su jefe de opinión, Nacho Torreblanca —también vinculado al European Council on Foreign Relations (ECFR), financiado principalmente por la Open Society de George Soros—, la deriva ideológica del medio». Las palabras de Assange eran, como se ve, la excusa para ampliar el tiro y añadir, de paso, a la gran bestia negra de los medios propagandísticos rusos: Soros, el magnate estadounidense de origen húngaro, que volverá a aparecer más adelante.

Pronto se sumó a Assange y a los medios rusos una pequeña asociación que promueve los intereses de Rusia en España de nombre Observatorio Hispano Ruso de Eurasia (OHRE) y que cuenta entre sus patrocinadores a Sputnik. Su director, Fernando Moragón, que es una fuente habitual en medios como el canal iraní Hispan TV, publicó el 5 de enero de 2018 una biografía mía en la que destacaba mi paso por Estados Unidos y el hecho de que en 2006 obtuviera una beca Fulbright para periodistas. Moragón afirmaba: «OHRE ha contactado con distintas fuentes de inteligencia que corroboran que la Fulbright Foundation pertenece al conjunto de organizaciones que colaboran de una u otra forma con la CIA». Además, resaltaba los lazos del programa Fulbright con Soros: «la Fundación Fulbright y, en su caso, la Open Society [la fundación de Soros] hicieron unas becas conjuntas para que estudiantes húngaros estudiaran en Estados Unidos».

Tales razones llevaron a OHRE y su director a publicar una nota titulada «¿Está el director adjunto de El País relacionado con George Soros o con la CIA?». Inmediatamente se sumaron medios menores en España que de alguna forma u otra han colaborado con RT y Sputnik o cuyas informaciones siguen los métodos de la desinformación. El titular compartido en español y catalán por medios como Digital Sevilla, Democracia Nacional o Directe era: «Salen a la luz los vínculos de David Alandete con la CIA y la fundación Soros». Huelga decir que para un periodista ser acusado de formar parte de la CIA es un ataque gravísimo, un intento de poner en duda su independencia que intenta supeditar todo lo que escribe a los intereses de la inteligencia estadounidense.

Los activistas del independentismo en Cataluña se sumaron a esta campaña de forma muy activa. Son un colectivo coordinado, bien organizado y muy efectivo a la hora de diseminar mensajes de forma machacona en las redes sociales. Según me comentó uno de sus integrantes en una conversación privada, se organizan a través de grupos ingentes de los servicios de mensajería WhatsApp y Telegram para compartir en Twitter y Facebook contenido de forma simultánea, logrando viralizar sus mensajes en cuestión de momentos. Durante semanas se dedicaron a compartir los vídeos satíricos sobre mi comparecencia en Westminster y las acusaciones de que yo era agente de la CIA y trabajaba para Soros.

Reporteros Sin Fronteras ya había denunciado entonces lo que había descrito como «un clima envenenado para el libre ejercicio del periodismo» en Cataluña. En un informe titulado «#RespectPressCAT», publicado a finales 2017, esa organización, que se dedica a la defensa de la libertad de prensa, detallaba las presiones de los líderes y activistas a favor de la independencia sobre periodistas españoles y extranjeros y denunciaba los «linchamientos en las redes sociales aparentemente instigados y/o secundados en entornos de poder en Cataluña, así como las presiones reiteradas por parte de determinados responsables de Comunicación del gobierno autónomo catalán».[114]

El informe destacaba el papel que desempeñan los medios de comunicación públicos en esas presiones. Y aunque aprecia un sesgo a favor del gobierno central en los medios públicos españoles, TVE y RNE, afirma que los empleados de ambos disponen de mecanismos internos de denuncia de los que carecen los medios catalanes, algo que la organización no gubernamental lamenta. Cuando esas denuncias se han producido, ha sido siempre desde fuera y con gran polémica, como cuando el 10 de octubre dos comentaristas habituales de TV3 y Catalunya Ràdio, Joan López Alegre e Ignacio Martín Blanco, anunciaron en una tribuna publicada en El País, titulada «Adiós al circo del odio», que abandonaban aquellos medios.[115]

«Como colaboradores habituales de los medios catalanes, representantes de lo que ignominiosamente se ha dado en llamar cuota unionista, hemos llegado a la conclusión de que nuestra presencia en las tertulias de TV3 y Catalunya Ràdio es contraproducente, pues sólo sirve como coartada para demostrar su supuesta pluralidad y apuntalar la tesis dominante», decían. «La tesis oficial en Cataluña es que ésta es una nación natural, telúrica, esencialmente buena, que desde hace al menos tres siglos vive una situación de opresión colonial insostenible dentro de un Estado artificial, pérfido y carpetovetónico, España, del que debemos escapar. A tal efecto, todo vale. Se habla de Franco a todas horas y en cualquier formato de programa. Desde Catalunya Ràdio se preguntó a los oyentes si estaban dispuestos a impedir físicamente que se juzgara a Artur Mas. Más recientemente, se les pidió que informaran sobre movimientos de la Guardia Civil en los días previos al referéndum ilegal del 1-O, información que luego se difundió en antena. Brigada de agitación y propaganda antiespañola, y ahora también oficina de reclutamiento y delación.»

Los activistas del separatismo catalán prestan además una atención especial a los medios internacionales, a cuyos corresponsales la Generalitat ha dado tradicionalmente un trato preferencial, mucho mejor que el que le dedica a la prensa española. Cuando la revista Politico publicó un artículo incluyendo a la crisis de independencia de Cataluña entre «los momentos Trump» de 2017, cientos de cuentas se lanzaron a injuriar y desacreditar a uno de los corresponsales de la publicación, Ryan Heath, que compartió la información en las redes. Del mismo modo actuaron con otro periodista de esa cabecera, Tunku Varadarajan, quien escribió un artículo con el titular «Doce personajes que te harán la vida imposible en 2017», en el que incluyó a Puigdemont. Posteriormente, Varadarajan detalló en una tribuna en Abc los virulentos ataques que le habían dedicado: «Este que resulta ser un indio con pasaporte de UK y trabajando en Estados Unidos, qué coño sabe de la vieja Europa»; «Actúas como un cipayo, pero esta vez para ayudar a España, no a Gran Bretaña. ¡Debería darte vergüenza!». Según el periodista: «Otros me llamaban mercenario al servicio de España, lacayo de la Corona española y, lo más divertido de todo, cuestionaban mi derecho a hacer comentarios sobre Cataluña por ser seguidor del Real Madrid».[116]

El informe de Reporteros Sin Fronteras denuncia además las constantes presiones de altos funcionarios independentistas como el responsable de prensa internacional de la Generalitat, Joan Maria Piqué, que durante los días anteriores y posteriores al 1 de octubre atacó repetidamente a periodistas españoles acusándoles veladamente de manipular la información sobre el proceso de independencia. Según Pauline Adès-Mevel, responsable del Área de Unión Europea de esa organización, esas acciones forman parte de un patrón diseñado para promover el acoso en las redes a los periodistas. «Cuando un político, especialmente si ocupa puestos de poder o próximos a él, señala directamente a un periodista, voluntaria o involuntariamente está lanzando contra él a legiones de detractores y está creando en el periodista la inevitable sensación de que quizá le compense más callarse. El impacto del “ciberacoso” en términos de miedo a perjuicios en la vida profesional es mucho mayor si se ejerce desde estructuras del poder. Esto no es deseable en ninguna sociedad democrática», dice Adès-Mevel.

El clima es ciertamente mucho peor para los periodistas catalanes que se resisten a ser una mera correa de transmisión de los dogmas del independentismo. Ha habido compañeros de la redacción de El País en Barcelona que han sufrido todo tipo de insultos, acoso y presiones, de forma sistemática. El informe recoge el caso de Cristian Segura, cuyos reportajes, reconocibles por su distancia y su calidad, han dado pie a lo que Reporteros Sin Fronteras califica de «uno de los mayores linchamientos contra periodistas en las redes sociales que se haya observado recientemente».[117] Cualquier información de Segura que compartiera él mismo o las cuentas del diario en Twitter era recibida con graves injurias y acusaciones de xenofobia, manipulación, propaganda y otras mucho peores. El insulto preferido de los independentistas, sin embargo, es «miserable», una palabra muy repetida incluso por sus gobernantes cuando algo, como un editorial o una tribuna de opinión, no les gusta.

Para mi sorpresa, al ataque que los independentistas y los medios rusos iniciaron contra mí se les unió el tercer partido en escaños en el Congreso de los Diputados español. El 29 de diciembre, el secretario de comunicación y diputado de Podemos Juanma del Olmo publicó en Twitter otro vídeo sobre nuestro testimonio en el Parlamento británico, este mucho más editado y burlón, con el mensaje: «El País y FAES fueron al Parlamento británico para convencerles de los bots rusos y venezolanos en las redes sociales. El equipo titular: Milosevic y Francisco de Borja en la defensa, y David Alandete jugando arriba. ¡Ridículo espantoso!». FAES es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, creada en 2002 por el expresidente del gobierno español José María Aznar y de tendencia conservadora. Milósevich-Juaristi es vocal del patronato de FAES pero acudió a Westminster como una de las más reconocidas expertas en Rusia en España y como investigadora del Real Instituto Elcano.

El vídeo difundido por Podemos, que logró más de 200.000 visualizaciones, alarga los silencios entre nuestras palabras, se burla de nuestras expresiones faciales y añade la música y las imágenes de un conocido videojuego de puzzle originalmente diseñado y programado en la URSS en 1984, Tetris. Aritz Ezkiaga, un desarrollador informático navarro, fue el primero en compartirlo en YouTube. Es difícil comprender por qué una fuerza política nacional, ajena en principio al separatismo, se unió de ese modo, desde su departamento de comunicación, a las campañas independentistas y desinformativas que pasaban por Rusia.

Tal vez tuviera algo que ver que en noviembre de 2017 el think tank estadounidense The Atlantic Council, centrado en relaciones internacionales y miembro de la Organización del Tratado Atlántico, hubiera publicado un informe sobre lo que consideraba «caballos de Troya del Kremlin en Europa».[118] Diversos autores de reconocido prestigio, como Alina Poliakova, de la Brookings Institution, repasaban la influencia de Moscú y sus políticas en partidos y políticos de Grecia, Italia y España. En el apartado español, Lasheras, que participó en el comité de Westminster, y Nicolás de Pedro, investigador principal del Centro de Barcelona para Asuntos Internacionales, apuntaban a Podemos como un caso problemático.

«Podemos está más a la izquierda políticamente que el PSOE, y merece un análisis propio y más detenido. Rusia (y su política exterior) no son parte de la política central de esta fuerza política. En lugar de eso, Podemos contempla el modelo ruso como una encarnación de un narrativa antioccidental que pone sobre la mesa, en su opinión, la hipocresía y los abusos del actual orden liberal. El partido se toma la molestia de no ser asociado públicamente con Putin, un líder al que ve en desacuerdo con su visión de empoderamiento, antioligárquica y social en materia de derechos. Aunque el partido rechaza la etiqueta de prorruso, es el único partido principal español que pide un levantamiento de las sanciones a Rusia inmediato e incondicional.»

En efecto, en los numerosos foros en los que he participado o a los que he asistido como espectador y en los que se ha tratado el problema de la desinformación, cuando ha hablado algún político de Podemos, su discurso siempre ha sido de escepticismo ante cualquier injerencia rusa en la vida política española. En una jornada organizada conjuntamente por el Parlamento europeo y El País en Madrid en mayo de 2018, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán dijo que el problema de la desinformación no es ni nuevo ni exclusivo de Rusia, «se ha utilizado desde hace muchísimos años por los gobiernos para justificar guerras y desde grupos de poder para justificar compras».

Antes, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que analizaba las injerencias en el referéndum catalán, Podemos quedó como el único partido de los cuatro grandes que las rechazó ya de entrada: acusó a los ponentes de estar actuando de cortina de humo similar a la que George W. Bush empleó para la guerra de Irak. Mira Milósevich-Juaristi, una de las comparecientes, dijo que «Moscú usa la guerra de la información como estrategia militar y así lo recoge la vigente Doctrina Militar de la Federación de Rusia».

Rafael Mayoral, de Podemos, le preguntó directamente a Milósevich-Juaristi si sus informes tenían la misma credibilidad que los que aseguraban que había armas de destrucción masiva en Irak; y la acusó directamente de participar en una «estrategia de intoxicación» sin aportar «ni una sola prueba» de la implicación del Kremlin. «¿Está España en guerra con Rusia?», preguntaba repetidamente el dirigente de Podemos a la investigadora. «Rusia está en la guerra de la información con España y el resto de la UE», le respondió ella. El presidente de la comisión, el exministro José Manuel García-Margallo, tuvo que salir en defensa de la compareciente.

El 26 de marzo de 2018 recibí la llamada de Mario Calabresi, director de La Repubblica, que me advertía de que al día siguiente iba a publicar una entrevista exclusiva con Assange realizada por Stefania Maurizi, que en los pasados años se ha convertido en parte del círculo cercano a Wikileaks.[119] Calabresi, en un gesto que le agradecí, me advertía de que en la entrevista Assange se refería a mí y que se sentía en la obligación de darme la capacidad de respuesta. Quedamos en que La Repubblica publicaría la entrevista hecha por Maurizi y posteriormente yo consideraría si procedía enviar una tribuna como respuesta.

Éste es el intercambio publicado entre la periodista y Assange, en el que me acusaba de haber cometido un delito contra él.

MAURIZI: Usted ofreció comparecer ante el Comité del Parlamento del Reino Unido que investiga el caso de Cambridge Analytica, ¿puede decirnos algo más?

ASSANGE: No puedo porque arruinaría la sorpresa para el Parlamento [sonríe]. Me invitaron a dar testimonio y yo estaba a favor de hacerlo, pero ha habido presión sobre el comité. Ése es un problema político.

MAURIZI: ¿Por qué?

ASSANGE: No sé, tal vez debería preguntarles. Mi nombre y el nombre de WikiLeaks fueron mencionados por personas que aparecieron allí, como Alexander Nix, veintiséis veces. Me parece apropiado que responda de la misma manera a la difamación del subdirector de El País, David Alandete, que se presentó ante el mismo Comité para difamarme personalmente y al movimiento independentista catalán, en un momento de intenso conflicto político interno en España, que ahora ha producido numerosos presos políticos y refugiados.

MAURIZI: Cuando dice que el subdirector de El País lo calumnió, ¿se está refiriendo a sus artículos argumentando que Rusia está detrás del movimiento de independencia de Cataluña y su apoyo?

ASSANGE: Sí, y no simplemente eso, me refiero a la precisión de mis comentarios sobre la independencia de Cataluña. He apoyado el artículo uno de las Naciones Unidas: debe haber autodeterminación para los pueblos, no autodeterminación para cada familia o pequeña ciudad, pero la autodeterminación de un pueblo. Los catalanes tienen su propio idioma, cultura y por lo tanto tienen derecho a la autodeterminación. Si deben ser independientes es una pregunta completamente diferente. Mi propia creencia personal es que sería mejor si el resto de España fuera amable con ellos y fueran amables con el resto de España y todos vivieran felices juntos, pero ésa no es mi decisión, es su decisión.

De nuevo, Assange caía en sus propias contradicciones. Defendía estar a favor de la unidad de España mientras había animado a los independentistas a romper unilateralmente con el resto del país. Citaba el derecho internacional pero no la legislación española y sus fundamentos democráticos. Finalmente lo dejaba todo a una cuestión de «amabilidad» entre ambas partes, después de haber difundido bulos y mentiras como la de que en España hay presos políticos y exiliados, como cuando Franco controlaba el país.

Al acusarme Assange de difamación, acepté la propuesta de Calabresi de responder en La Repubblica. Envié un texto breve en el que sólo le pedía al fundador de Wikileaks que diera explicaciones por una serie de elementos hasta entonces dudosos: ¿qué le había llevado a posicionarse de forma tan clara en la crisis catalana? ¿Por qué las menciones a conflictos y guerras civiles? ¿Había recibido en algún momento dinero de RT? ¿Estaba en contacto directo con los medios públicos rusos? ¿Por qué se reunió en la embajada con el líder del independentismo Oriol Soler? ¿De qué hablaron? ¿Por qué me acusaba de propagandista? Finalmente, le pedía a Assange que dejara de hostigar a la prensa.

En aquel momento, Assange era ya un problema demasiado grande para el nuevo gobierno de Ecuador, que desde 2017 presidía Lenín Moreno. En un momento de la entrevista con Maurizi, el fundador de Wikileaks alababa a Putin profusamente. Cuando Maurizi le preguntó por los asesinatos de disidentes y si podrían estar relacionados con el gobierno, afirmaba: «Es bastante difícil de saber, está claro que numerosos asesinatos están vinculados a elementos del Estado, pero los analistas serios de Rusia lo atribuyen a una falta de control sobre los elementos del Estado ruso y sus regiones».

Aquella entrevista acabó con la paciencia de sus anfitriones. Como se ha visto antes, Assange se había presentado en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 para solicitar la protección del gobierno del entonces presidente, Correa, a través de una carta en la que decía ser víctima de una persecución. El fundador de Wikileaks quería evitar su extradición a Suecia, donde la justicia le reclamaba para ser interrogado por delitos sexuales, tras agotar su último recurso ante la justicia británica y después de quinientos días de arresto domiciliario. En la carta, revelada por la cancillería ecuatoriana, Assange argumentaba que su país de origen, Australia, no defendería sus «garantías mínimas ante ningún gobierno», por lo cual se encontraría «en un estado de indefensión al ser solicitado para ser interrogado por el reino de Suecia». Los «más altos funcionarios [de Suecia] me han atacado abiertamente, e investigado por delitos políticos en Estados Unidos de América, un país donde la pena de muerte por dichas ofensas aún está vigente».[120]

Así comenzó un largo proceso de asilo cada vez más incómodo para la diplomacia ecuatoriana. En abril de 2012, Assange había entrevistado a Correa en su programa de RT y, durante la emisión, el presidente le dijo al australiano: «Bienvenido al club de los perseguidos», a lo que Assange respondió: «Gracias. Cuídese. No deje que lo maten». En agosto, Correa le concedió el asilo.

Entre los argumentos hechos públicos por el gobierno de éste, se afirmaba que «existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad, e incluso su vida» y que «existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal». A final de 2018 la fiscalía de Estados Unidos revelaría que, de hecho, sí que buscaba juzgar a Assange.

Con los años, la situación para Quito se fue volviendo insostenible. Assange no se abstuvo de hablar abiertamente sobre cualquier conflicto o situación política sobre los que tuviera una opinión. Aquello no era nuevo para Ecuador, ya que Wikileaks había cimentado su reputación con la publicación de información clasificada del gobierno estadounidense y Assange es sin duda un personaje mediático. Pero el punto de inflexión llegó en 2016 con sus furiosos ataques a la candidata demócrata, Clinton, a quien acusó de haber promovido guerras en Oriente Próximo. En febrero de 2016 dijo: «El problema de Hillary no es sólo que es un halcón de guerra. Es un halcón de guerra con mal juicio a la que excita emocionalmente matar a gente. Si no debería permitírsele el acceso a una tienda de armas, tampoco a un ejército».

El 22 julio de 2016, días antes de que comenzara el congreso que confirmaría a Clinton como candidata para medirse con Donald Trump, Wikileaks comenzó a publicar 20.000 correos privados de los más altos cargos del Partido Demócrata. Según la inteligencia estadounidense, ese material había sido sustraído previamente al partido por una organización de hackers con sede en Rusia a cuyo frente estaba un misterioso personaje de nombre Guccifer 2.0. Los mensajes reflejaban que la dirección del Partido Demócrata, que debería haber sido neutral en la contienda, se había decantado por Clinton y había tratado de perjudicar a su principal competidor, el senador Bernie Sanders. El escándalo le costó el puesto a la presidenta del partido, la congresista Debbie Wasserman-Schulz, que fue forzada a dimitir.

En octubre, ya en la antesala de la campaña electoral, con Clinton y Trump como competidores finales, Wikileaks publicó otro bloque de correos robados al entorno de Clinton, en este caso a su jefe de campaña, John Podesta, que había sido objeto de un ataque de phishing, o suplantación de un correo aparentemente legítimo de cambio de contraseña. De nuevo, la inteligencia estadounidense ha trazado el origen de este hackeo a Rusia, a través de un grupo bautizado como Fancy Bear.

En ese segundo bloque de correos quedan reflejadas las inseguridades y los problemas de la fallida campaña de Clinton: polémicas afirmaciones en discursos en Wall Street que podrían pasarle factura, el filtrado de preguntas de un debate de primarias antes de que éste tuviera lugar y sospechas de apoyo de países como Arabia Saudí a grupos yihadistas. No es que supusieran un gran escándalo, pero a la campaña de Trump le dieron munición suficiente para llegar al día de las elecciones retratando a la política demócrata como alguien sediento de poder, entregada a los conglomerados financieros y dada a todo tipo de maquinaciones.

El 27 de julio de 2016, en una rueda de prensa, Trump había invitado al gobierno ruso a difundir esos correos: «Rusia, si me escuchas, espero que puedas encontrar los 30.000 correos que faltan —dijo—. Creo que nuestros medios te ofrecerán una impresionante recompensa». Trump se refería al uso por parte de Clinton de un servidor de correo privado cuando era secretaria de Estado bajo la presidencia de Barack Obama, algo investigado por el FBI. El mismo día en que Trump cursó aquella invitación, comenzó un intento de hackeo a setenta y seis cuentas de correo de la campaña de Clinton y a una empresa ligada a ésta, según la acusación cursada en julio de 2018 por el fiscal especial Mueller.

Esos documentos acabaron en manos de Assange, cada vez más agresivo en su campaña contra Clinton. Es imposible saber qué influencia tuvieron en la victoria de Trump, porque el equipo de éste se vio también favorecido por los servicios de Cambridge Analytica, una empresa británica que obtuvo de forma fraudulenta información de millones de perfiles de Facebook en Estados Unidos para diseñar campañas de publicación y publicidad de contenidos de acuerdo con sus preferencias y tendencias políticas. Ésta también tuvo un papel determinante en la campaña a favor del brexit. Después de ser bloqueada por Facebook, que la acusó de mal uso de sus servicios, la empresa cerró en mayo. El resultado de las elecciones presidenciales de 2016 no fue, además, apabullante. Clinton obtuvo 2,9 millones de votos más que Trump, pero la ley electoral y el reparto territorial la perjudicaron.

La campaña de Clinton ha acusado después a Trump de coordinarse con Wikileaks para publicar material robado por Rusia a través de un intermediario, Roger Stone, quien me negó esas acusaciones en una entrevista en Washington el 6 de diciembre. «Assange hace lo mismo que todos los periodistas. ¿Por qué tiene que ser diferente de The New York Times o The Washington Post? Los periodistas reciben información, verifican que sea cierta y la publican», me dijo. Tres semanas antes, la fiscalía de Estados Unidos había revelado de forma inintencionada que de hecho sí que ha presentado cargos contra Assange por delitos que no ha revelado. Su temor a ser extraditado a Estados Unidos es, por tanto, justificado.

El gobierno de Ecuador ha recibido multitud de quejas por las acciones de Assange, pero éstas se han multiplicado y han aumentado de tono en los pasados años. Las protestas que a finales de 2017 llegaron de España ya no eran de una candidata perdedora en unas elecciones presidenciales de Estados Unidos, eran del gobierno de un socio histórico y con lazos muy fuertes con Quito. El temor a abrir una crisis diplomática con España llevó al gobierno ecuatoriano a obligar a Assange a suscribir en diciembre de 2017 un documento por el cual se comprometía a no opinar sobre los asuntos políticos de otros Estados. Lo firmó a cambio de que se le concediera la ciudadanía ecuatoriana, ante la posibilidad, remota, de poder lograr inmunidad diplomática y abandonar el Reino Unido sin ser detenido y extraditado a Estados Unidos.

El presidente ecuatoriano, Moreno, dijo en enero de 2018 que «la decisión de dar la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange no fue mía. No fue lo más adecuado, pero yo lo respeto». Añadía que «siempre es bueno recordarle a la ciudadanía que es un problema que heredamos. Yo he estado permanentemente reclamando al señor Julian Assange que debe ajustarse a las normas de un asilo». Por entonces, Moreno ya había retirado el costoso dispositivo de seguridad que su gobierno pagaba en Londres, subcontratado a una empresa de mercenarios españoles.

Al día siguiente de que Assange concediera la entrevista a La Repubblica, el gobierno de Ecuador le cortó el acceso a internet, dejándole incomunicado del resto del mundo, más allá de visitas y llamadas de teléfono. Fue sin duda un duro golpe para el fundador de Wikileaks, usuario compulsivo de las redes sociales y acostumbrado a estar en permanente contacto con sus colaboradores y seguidores. Assange dijo entonces que pondría la gestión de sus redes sociales en manos de su equipo y se abstendría de hacer pronunciamientos políticos, algo que no cumplió.

Al contrario, las cuentas en Twitter de Assange (en apariencia gestionadas por su equipo) y Wikileaks siguieron con sus ataques no sólo a políticos sino también a periodistas. Para ello reclutó a una serie de colaboradores habituales. El principal, el hacker radicado en Alemania y fundador de Transparency Toolkit M. C. McGrath, quien en 2015 realizó una base de datos con información personal y profesional de los miembros de la inteligencia estadounidense. El 17 de abril, McGrath envió una carta al comité del Parlamento británico que investigaba las noticias falsas dedicada principalmente a poner en duda los artículos de los que yo era autor sobre la crisis catalana, junto con todas las fuentes que había empleado.[121]

El análisis de McGrath es ciertamente interesante y creo que contiene críticas válidas y que tengo en cuenta, como lo complejo que es detectar la actividad de cuentas automatizadas y su procedencia geográfica. Sin duda, es una fuente autorizada para efectuar esas observaciones porque conoce el medio digital y las redes sociales. A lo que no entra, desgraciadamente, es a la parte esencial de la cuestión, el tema mismo que debatía el propio comité: la desinformación y su propagación por todo tipo de métodos, automatizados o no. No hay en su análisis ni una sola palabra sobre aquellos titulares de tanques y bombardeos o sobre las fuentes que emplean RT y Sputnik. La carta era, más bien, una defensa integral de Assange, algo que por otro lado McGrath estaba en su pleno derecho de hacer pero que no competía al comité.

El texto se publicó en la página web del Parlamento británico, y momentos después Wikileaks y los medios rusos amplificaron su mensaje, con un giro interesante, y falso. La periodista de RT Inna Afinogenova, látigo en español de todos los que hemos sido críticos con su cobertura, afirmó en Twitter: «Un informe del Parlamento británico sobre las “investigaciones” de El País sobre Cataluña y los bots rusos. Conclusión: todo o bien está sobredimensionado o bien es mentira. No tiene desperdicio. Sin duda, el Parlamento británico es otra marioneta del Kremlin». El énfasis está en la expresión «del Parlamento británico», como si fuera la conclusión oficial, y no otra prueba más que, además, se centraba en Assange, y no en RT.

Los medios nacionalistas catalanes se le sumaron posteriormente. Pero no sólo ellos: también un medio de reconocido prestigio en español, La Vanguardia, que tituló el 20 de abril: «Un informe del comité británico sobre fake news tumba la teoría de la “injerencia rusa” en la crisis catalana». La autora, Marina Meseguer, decía que «Wikileaks ha difundido un duro informe del experto en análisis de datos en internet estadounidense M. C. McGrath para el comité del Parlamento británico para las “noticias falsas” en el que se concluye que las afirmaciones hechas por varios medios de comunicación españoles y expertos sobre la influencia de la organización liderada por Julian Assange y los bots rusos en los acontecimientos sucedidos en Catalunya están plagados de errores y llegan a conclusiones engañosas».

Ésa era, sin duda, la opinión de Wikileaks, pero no del Parlamento británico. La autora me contactó después de haber publicado la nota, y no antes, que hubiera sido lo más ético, con el siguiente mensaje: «Soy Marina Meseguer, periodista de La Vanguardia. Hoy hemos publicado la noticia sobre el informe publicado en la web del comité británico sobre fake news que critica varias de las informaciones que has publicado sobre la injerencia rusa en la crisis catalana. Quisiera saber si quieres hacer declaraciones sobre este asunto». No tenía nada que añadir excepto que el titular y el enfoque me parecían incorrectos. Meseguer cambió el título por el de «Un informe para el comité británico sobre fake news tumba la teoría de la “injerencia rusa” en la crisis catalana», sin añadir ninguna fe de errores.

Wikileaks, por su parte, se unió a las críticas con varios mensajes a sus 5,5 millones de seguidores en Twitter en los que pedía a El País que me despidiera por ser «un productor en serie de noticias falsas». Posteriormente, cuando el diario eligió publicitar algunos de mis textos en anuncios de Facebook, Wikileaks me acusó de emplear «las tácticas de estilo de Cambridge Analytica después de que WikiLeaks pidiera que lo despidieran el viernes. Alandete fue atrapado repetidamente inventando historias sobre Cataluña». Comparar la publicidad de contenido general con las técnicas fraudulentas de Cambridge Analytica es sin duda osado, y todo un ejercicio de desinformación.

Por supuesto, medios como Directa, que se halla entre los más osados del entorno independentista catalán, se hizo eco de esas acusaciones con una nota en la que ya me culpaba directamente de ser el autor de «una campaña contra Cataluña». La nota, que como todos estos ejercicios de desinformación no va firmada, es digna de reproducción: «Wikileaks ha descubierto públicamente las tácticas maliciosas de El País en su campaña contra Cataluña. Desde su cuenta de Twitter, ha criticado como el director del diario unionista, David Alandete, ha pagado en las redes sociales para promocionar un artículo contra su fundador, Julian Assange, diciendo que está “al servicio de los enemigos de las democracias occidentales, especialmente la Rusia de Putin”. Assange ha mostrado —en repetidas ocasiones— su apoyo al soberanismo catalán y ha criticado duramente la represión del Estado en Cataluña; por lo que no ha recibido precisamente el favor de la prensa españolista».

Lo realmente curioso del caso de la carta de McGrath al Parlamento británico es que, tres días después de que éste la hiciera pública, su autor publicó un extenso artículo en el diario de Glenn Greenwald, The Intercept, con los mismos argumentos, punto por punto, y con algunos añadidos. A la firma de McGrath se le unía la del propio Greenwald, que en 2013 había publicado en The Guardian los documentos de la inteligencia estadounidense sustraídos por Snowden y que asistió a éste en su huida a Moscú. Tras aquella exclusiva, Greenwald ha cortado lazos con los medios tradicionales, a los que acusa de ser parte de un complejo entramado que sustenta a los poderes fácticos internacionales.

La información que publicó junto con McGrath añade al apartado técnico consideraciones y opiniones de corte político, como que el actual presidente ecuatoriano, Moreno, no defiende la soberanía de su país como lo hacía Correa o que «ésta no es la primera vez en que se ha cazado a los gobiernos occidentales y sus aliados empleando actividades online ilícitas para difundir propaganda estadounidense, pero a pocos comentaristas occidentales les importa, excepto cuando quien lo hace es Rusia u otros adversarios de Estados Unidos». La nota de The Intercept retrata, además, a Wikileaks y Assange en términos ciertamente positivos, «prolíficos comentaristas en debates políticos de todo el mundo».

Lo que más me llamó la atención de ella, sin embargo, es que, entre sus consideraciones técnicas y análisis detallados, incluye una serie de afirmaciones descabelladas y falsas. Aseguran los autores, después de un análisis muy superficial de la realidad política en Cataluña, empleando unos términos hipotéticos:

En plena crisis, el exprimer ministro español Felipe González habría solicitado que el conglomerado de medios más poderoso de España, el Grupo PRISA, propietario de El País, «ofrezca una respuesta firme» al movimiento independentista en Cataluña. La corporación de medios cumplió, dedicando todos sus recursos a oponerse a la secesión catalana. El País, días más tarde, comenzó a representar a los activistas catalanes como una herramienta del Kremlin. El periódico publicó un artículo que alegaba que no sólo Assange, sino también Edward Snowden, estaban ayudando a las redes de propaganda rusa a difundir «noticias falsas» sobre Cataluña. El País repitió estas afirmaciones en historias posteriores, que se repitieron en informes de otras organizaciones antiseparatistas, como el instituto de investigación español Elcano Royal Institute, el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council y el StratCom de la OTAN.

Una llamada hubiera bastado para que el expresidente González o cualquier ejecutivo o editor en El País desmintieran semejante afirmación, que no sustenta fuente alguna. González lleva décadas retirado de la vida política y ha escrito tribunas puntualmente en El País. Ha sido miembro del consejo editorial del Grupo PRISA como otros políticos, magistrados e intelectuales de reconocido prestigio, pero no es que no pidiera mano dura en Cataluña, es que no tenía foro ni puesto interno en el grupo o el diario para dar ese tipo de órdenes. Esa afirmación, que ya se plantea en el texto de forma dubitativa, es una mentira de enormes dimensiones, dentro de la búsqueda de conspiraciones. Y demuestra un elevado desconocimiento sobre cómo funciona un diario en una sociedad democrática. Por lo demás, en mis artículos nunca dije que los activistas catalanes fueran «una herramienta del Kremlin». Todo lo contrario, la desinformación rusa se aprovechó de una crisis abierta ya existente y que seguirá abierta durante un largo tiempo, haya injerencia o no.

Para aquel entonces, sin embargo, Wikileaks y Assange tenían ya problemas mucho mayores que las simples informaciones de un periodista en un diario español. El Partido Demócrata presentó el 20 de abril una demanda multimillonaria contra WikiLeaks, el Kremlin y el equipo de campaña de Donald Trump por haber conspirado para interferir en la campaña electoral de 2016 en favor del candidato republicano.

En lo que respecta a los ataques personales y la campaña de desprestigio contra mí y otros periodistas que informábamos de las injerencias en la crisis catalana, decidí informar a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el mayor colegio de profesionales de la información de España, con una breve carta. Tras un análisis interno, ésta emitió un comunicado de amparo ante lo que consideraba una «campaña de desprestigio profesional montada por medios rusos y otras organizaciones en sintonía con éstos».

«Los instigadores de la campaña acusan a Alandete de mantener vínculos con la CIA, basándose en el argumento de que cursó un máster en Política Internacional en la Universidad George Washington con una beca Fulbright, fundación que, según sostienen los autores de la campaña, pertenece al conjunto de organizaciones que colaboran de una u otra forma con la agencia de inteligencia estadounidense», añadió. En este contexto, la APM afirmaba que el objetivo de esas campañas es «desacreditar e invalidar desde el origen todo lo que publique Alandete a la vista de que, afirman sus orquestadores, mantiene relaciones con la CIA». «Sostener que alguien está relacionado con la CIA es una grave acusación que necesita de mayores pruebas que el mero hecho de haber cursado estudios en Estados Unidos con una beca Fulbright», zanjó.

No esperaba, desde luego, que los medios rusos simplemente se limitaran a respetar la decisión de la APM. RT respondió con una larga nota, desde luego sin firmar, repleta de ataques y en la que incluyó mensajes de usuarios anónimos en Twitter insultándome a mí o a la propia APM. La información se titulaba «La Asociación de la Prensa de Madrid acusa de acoso a RT por defenderse del acoso de El País», y en ella se decía: «El bochorno, el rechazo y la burla son las reacciones lógicas a un comunicado que, además de despreciar su obligación elemental de aportar pruebas de las acusaciones que lanza, está teñido de un victimismo difícil de entender entre personas adultas. Por otra parte, tampoco sorprende esa actitud, tristemente habitual cuando escasean los argumentos y la legitimidad real». Es difícil averiguar qué entiende RT por «legitimidad real», pero si es la máxima que aplica a su cobertura de asuntos políticos, Europa tiene mucho de que preocuparse, como se verá a continuación.

14

«Nadie podía esperar que esto pasara en un país tan próspero como Alemania»

El 11 de enero de 2016 desapareció de camino a su escuela en Berlín Lisa F., de trece años de edad y con doble nacionalidad, alemana y rusa. La menor había salido de casa, en el barrio de Marzahn, pasadas las seis de la mañana y debía tomar un autobús y un tren para llegar a su centro educativo. Al ser advertidos de que no había acudido a clase, sus padres contactaron con la policía, que inició una búsqueda. Durante treinta agónicas horas, la familia se temió lo peor, rastreando el vecindario junto con familiares y amigos con la esperanza de encontrarla con vida. La niña, finalmente, apareció por su propio pie en la puerta de casa sola, con la cara desencajada y lágrimas en los ojos.[122]

Le contó a su familia que de camino a clase, al bajarse del autobús, se le acercaron tres tipos «con aspecto de ser del sur», probablemente «de origen árabe», y que «no hablaban bien alemán». Le prometieron que la acercarían a la escuela pero en lugar de eso la llevaron en coche a un apartamento que no recordaba exactamente dónde se encontraba y que estaba vacío salvo por un colchón en el suelo. La niña, desmoronada, dijo que durante toda la noche la habían violado y golpeado, para luego dejarla en la calle.

Los medios, como es lógico, se hicieron eco del suceso y de las denuncias de la familia, indignada por que algo semejante pudiera suceder en las calles de Berlín. Ocurría, además, sólo unos días después de que, en la noche de fin de año de 2015, cientos de mujeres hubieran denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales cerca de la estación de ferrocarril de Colonia y otras ciudades alemanas. Los sospechosos, según la policía, eran hombres «árabes o del norte de África».

La policía interrogó a la niña durante tres horas, para luego comunicar a sus padres que debía finalizar algunas pesquisas preliminares antes de que la fiscalía pudiera presentar cargos. Pasaron los días y la familia se cansó de esperar. Indignada por lo que consideraba una inaceptable pasividad policial, movilizó a la comunidad rusa en Berlín, que organizó vigilias y concentraciones de repulsa.

A una convocada el 16 de enero invitó a Ivan Blagoy, un periodista del Canal 1 de Rusia, que le dedicó al caso de Lisa una parte destacada en sus populares informativos. Blagoy entrevistó a una tía de la niña de nombre Marina, que dio detalles de la desaparición, incluida la violación. En la información emitida, el reportero, desde Berlín, decía: «Las mujeres tienen miedo. Dicen que ahora acompañarán y recogerán a sus hijos en la escuela. Nadie esperaba que esto pudiera pasar en un país tan próspero como Alemania».

En el mismo reportaje, el Canal 1 emitió parte de un vídeo publicado en una página de Facebook atribuida al colectivo de hackers Anonymous en el que aparecía un alemán de origen en apariencia árabe describiendo la violación de una menor. «Había siete personas con ella, dos en el suelo sujetándola, tres encima, uno por abajo, y otro apagó la luz y comenzamos a violarla. Era virgen», decía el protagonista del vídeo, en alemán. El periodista del Canal 1 añadía: «No sabemos ni dónde ni cuándo se grabó este vídeo o si esta noticia es una invención monstruosa. [...] Pero la atmósfera de miedo y desconfianza hacia las autoridades es tan pesada que nada asegura que si alguien reconoce a esta persona vaya a llamar a la policía. Sobre lo que le pasó a Lisa, la diáspora rusa en Alemania promete que habrá consecuencias, ya que buscará una investigación justa».

Aquel reportaje es en realidad un ejercicio de desinformación digno de ser estudiado. El vídeo en cuestión era de 2009, cuando fue publicado en YouTube con la descripción «unos turcos hablan abiertamente de violación». La página de Facebook de la que lo extrajo el periodista del canal ruso no está vinculada con Anonymous, sino que era una plataforma de contenido islamófobo. Y por último, y más importante, todas las pruebas apuntaban ya a que Lisa F. no había sido violada y se había inventado toda la historia relativa a su desaparición, que en realidad había sido un intento de fuga.

Éste es un ejemplo de cómo la maquinaria de desinformación rusa ha actuado en Europa, estudiando los temores de cada país, apelando a los problemas más arraigados en cada sociedad y publicando informaciones dudosas o directamente falsas para crear divisiones. Sus principales campañas han tenido como objetivo elecciones, pero han operado también al margen de ellas tanto en Alemania como en Italia y Francia, como se verá.

Cuando los agentes de policía pidieron a la familia de Lisa F. más tiempo lo habían hecho porque encontraron graves contradicciones en el testimonio de la niña. Ésta había roto su teléfono móvil, pero los agentes lograron acceder a sus datos de conexión a los repetidores y reconstruyeron el periplo de la menor durante aquellas treinta horas. Las había pasado con un amigo suyo de diecinueve años. Según la fiscalía, «la joven quería esconderse en casa de su amigo porque tenía problemas en la escuela».

Dio igual. Pronto se unieron a las críticas a las autoridades alemanas los canales de Sputnik y RT en alemán, alertando del aumento de los crímenes de tipo sexual relacionados con la inmigración. «El porcentaje de ataques en centros de refugiados ha aumentado de forma dramática el pasado año. En Renania del Norte-Westfalia, el número de delitos se ha multiplicado por ocho», afirmaba RT, que advertía de la politización del caso y del doble rasero de la policía y las autoridades alemanas, por ser la niña de origen ruso. Es cierto que la menor tuvo antes relaciones con al menos dos hombres de origen turco y de unos veinte años de edad, y la policía abrió una investigación por posible abuso infantil dado que la edad de consentimiento en Alemania es de catorce años.

Las concentraciones de la comunidad rusa en Alemania fueron en aumento, con momentos de tensión y enfrentamientos con la policía. Los medios rusos, en sus diversos idiomas, informaron debidamente de estos choques en espacios destacados de sus emisiones. En las imágenes que transmitían se leían carteles como «Nuestros hijos están en peligro» o «Dejad a nuestros hijos en paz».

Finalmente, el propio Kremlin reaccionó. El 27 de enero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo en una conferencia de prensa en Moscú: «Lo que está claro es que la niña no desapareció durante treinta horas de forma voluntaria. [...] Espero que el gobierno no se dedique a barrer estos problemas debajo de la alfombra y que no haya más casos como el de nuestra Lisa».

Desde aquel momento, el caso de Lisa F. se convirtió en un problema diplomático de primer orden, que aumentaba varios grados la tensión entre Berlín y Moscú. Sobre todo, después de la tirantez que había provocado el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, a Ucrania y a las sanciones a Rusia por su anexión de Crimea. En los meses anteriores al caso de Lisa F., Merkel había abanderado la respuesta europea a la crisis migratoria abierta por la guerra civil siria. En 2015 había abierto las fronteras a 1,1 millones de refugiados, algo que a su vez le reportó críticas internas y vino finalmente acompañado del auge de partidos de extrema derecha como Alternativa por Alemania.

El gobierno alemán se vio obligado a reaccionar. El ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo que no había ninguna justificación para usar el caso «como propaganda política e inflamatoria y para influir en lo que ya es un debate difícil sobre la migración dentro de Alemania». El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del gobierno alemán, Norbert Roettgen, se quejó de que «la manipulación y las mentiras son métodos comunes en la propaganda rusa. El caso muestra que las cuestiones domésticas del poder en Rusia parecen ser más importantes que las relaciones con otros países».

El caso de Lisa F. le sirvió al gobierno alemán para advertir a la ciudadanía del grave problema que suponía la desinformación, y para tomar medidas. Es cierto que para un país de 82 millones de personas con un idioma propio y unos medios públicos y privados de excelente salud y larga tradición democrática no fue excesivamente problemático. Las elecciones generales de septiembre de 2017 fueron una prueba de ello, en contra de todo pronóstico.

En principio, los augurios no eran buenos. En mayo de 2015, unos hackers que la inteligencia alemana ubicó posteriormente en Rusia habían penetrado en los sistemas informáticos del Parlamento y habían sustraído 16 gigas de información. Los principales partidos alemanes se prepararon para unas filtraciones como las que sufriría Macron durante su campaña a la presidencia francesa. En enero de 2017, un usuario anónimo registró dos sitios web, btleaks.info y btleaks.org, y la inteligencia alemana concluyó que la b y la t del principio de ambos dominios apuntaban al Bundestag, el nombre del Parlamento.

El ataque, sin embargo, si estaba planeado, no se produjo. Cierto es que Alemania ya tenía sus propios problemas con la crisis migratoria y que Merkel quedaría lejos de la mayoría absoluta, forzada de nuevo a pactar con los socialdemócratas y reeditar la gran coalición frente al auge de la extrema derecha, que obtuvo 94 escaños en un Parlamento de 598. Un grupo de investigadores de la London School of Economics identificó la activación de una red de bots en ruso, pero de dimensiones mucho menores que en otros procesos electorales.[123] Otro estudio, de la Universidad de Oxford, concluyó que un 15 por ciento de las menciones en Twitter al grupo ultra Alternativa por Alemania procedían de cuentas automatizadas, pero no hay pruebas de que estuvieran relacionados con actores rusos.[124]

¿Qué cambió para que las elecciones en Alemania estuvieran libres de injerencias de este tipo? Tanto el gobierno como los principales medios alemanes advirtieron de esta amenaza y algo crucial en las campañas de desinformación se esfumó: el factor sorpresa. Los principales partidos sabían que podían ser víctimas de un ataque como los sufridos por Francia o Estados Unidos y estaban preparados para hacerles frente y responder con estrategias de comunicación estructuradas y dotadas de recursos.[125]

El caso de Lisa F. había resultado ser una valiosa lección aprendida. Tanto que el propio gobierno alemán propuso y logró aprobar en el Parlamento una ley contra las noticias falsas antes de las elecciones. La ley es interesante porque considera responsables a las plataformas que se definen a sí mismas como meros distribuidores de información: Twitter, Facebook y las demás redes sociales. Desde junio de 2017, si éstas no eliminan de sus servidores contenido ilegal a las veinticuatro horas de haber recibido una queja de un tercero o mantienen contenido injurioso más de siete días después de haber sido notificados de él, pueden recibir multas de hasta 50 millones de euros por caso. Bien es cierto que Alemania tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre amenazas, injurias, calumnias y difamación, incluida la negación del Holocausto.

La experiencia alemana es interesante porque contiene un elemento crucial en la lucha contra las noticias falsas: la tensión existente entre la libertad de expresión y las sanciones por desinformación. Los negacionistas del fenómeno de las injerencias en procesos democráticos, tanto a izquierda como a derecha, han acusado a los gobiernos y parlamentos de todo el mundo que han intentado atajar el problema de estar creando un «ministerio de la verdad», que decidirá qué información es real y cuál no lo es. Flemming Rose, investigador en el Cato Institute, y Jacob Mchangama, director del think tank Justitia, argumentan que, «en lugar de fortalecer a los medios establecidos, prohibir las noticias falsas podría socavarlos a los ojos del público. Si los medios alternativos son perseguidos o clausurados, los medios convencionales corren el riesgo de ser vistos como herramientas de propaganda extraoficiales de los poderes fácticos». Recuerdan ambos que durante una buena parte de la vida de la URSS los medios clandestinos eran de los que más se fiaba el público, frente a la labor burocrática y oficial de grandes cabeceras como Pravda e Izvestia.[126]

¿Cuál es la alternativa, sin embargo? ¿Basta con programas educativos y confiar en que un lector sepa distinguir una noticia real de una falsa? Hasta ahora, no tomar medidas ha supuesto pagar un elevado precio. El caso de Italia es, como se verá a continuación, tal vez uno de los mejores ejemplos de los efectos reales de la desinformación en la historia europea más reciente.

15

«En Italia se dan escenas propias de una guerra civil»

Después de que en el otoño de 2016 Trump ganara, contra todo pronóstico, la presidencia de Estados Unidos, la canciller alemana convocó en Berlín al aún presidente estadounidense, Barack Obama, y a los líderes de España, Mariano Rajoy; Francia, François Hollande; Italia, Matteo Renzi, y el Reino Unido, Theresa May, para analizar los principales desafíos de la agenda internacional. Sobre la mesa aquel 17 de noviembre estaban la crisis migratoria, el brexit y el conflicto abierto por Rusia en el este de Ucrania. Renzi, en un momento de la reunión a puerta cerrada, tomó la palabra para expresar su profunda preocupación con la ofensiva de noticias falsas en Italia ante el referéndum que había convocado para modificar la Constitución de su país y reformar integralmente el Senado. Entonces había decidido ya que si ganaba el «no» en el referéndum, dimitiría, y lo había insinuado en público.

El primer ministro italiano llegó a Berlín con algunos ejemplos de esas noticias falsas. Uno de los más destacables era un artículo del diario digital TzeTze, alineado con el populista Movimiento 5 Estrellas, con el titular «¿Está financiando en secreto Estados Unidos el tráfico de inmigrantes a Italia?». La fuente de la nota, sin firmar, eran «informes de la inteligencia australiana» que apuntaban a que el gobierno estadounidense estaba dedicando fondos a través del Departamento de Estado y la fundación Soros para favorecer la salida de emigrantes de Libia hacia el sur de Italia. A su vez, TzeTze enlazaba al sitio del medio ruso Sputnik, que había extraído la información de un oscuro blog de extrema derecha repleto de teorías conspirativas. La nota provocó 10.200 interacciones en Facebook y su información fue reproducida posteriormente por decenas de diarios digitales.[127]

Renzi explicó que aquél era un patrón habitual en el entorno del Movimiento 5 Estrellas, que había creado una compleja red de blogs y medios afines que se dedicaban a defender sus posicionamientos: atacar a los partidos tradicionales italianos, en especial al de Renzi, y defender posturas prorrusas.[128]

Las referencias a medios estatales del Kremlin como Sputnik eran habituales. Este servicio de noticias había comenzado a operar en italiano en febrero de 2015 y se había esforzado en retratar al primer ministro italiano como un político inexperto y compulsivo, fiel lacayo de Estados Unidos y Obama. Una columnista de Sputnik llegó a llamarle «populista en el sentido más mezquino del término». Otra información, titulada «Italia, el gobierno vive en otro país», y publicada tras el terremoto de octubre en el que morirían casi trescientas personas, comenzaba así: «Para cualquiera que viva en Italia y tenga un mínimo de espíritu crítico, es difícil adivinar de dónde extraen Renzi y sus alegres ministros el optimismo para aparecer con amplias sonrisas en cada reunión pública para defender el “sí” en el referéndum».

TzeTze y otros diarios digitales en la órbita del Movimiento 5 Estrellas, como La Cosa, eran propiedad de Casaleggio Associati, una empresa de comunicaciones creada por uno de los cofundadores del partido político, Gianroberto Casaleggio, fallecido por causas naturales en abril de 2016. Casaleggio también había ayudado al carismático Beppe Grillo a poner en marcha su blog, que sería parte fundamental de ese entramado de medios y a través del cuál criticaba habitualmente a Renzi («con él se ha triplicado la llegada de barcos con inmigrantes») y defendía posiciones afines al Kremlin («los italianos no quieren más guerras, es hora de acabar con las sanciones a Rusia»). Una investigación de BuzzFeed de 2016 demostró que el blog de Grillo, la web del partido y una buena parte de esos diarios digitales compartían las mismas direcciones IP, lo que apuntaba a una autoría compartida.[129]

Otro de los ejemplos con los que contaba Renzi era una emisión del 29 de octubre del canal en italiano de RT, que incluía imágenes de una multitudinaria manifestación en la plaza del Popolo de Roma. El locutor decía, sobre ellas: «Miles de ciudadanos protestaron hoy en las calles de Roma contra el primer ministro italiano, Matteo Renzi, que ha convocado un referéndum sobre su propuesta de reforma constitucional, que se celebrará el 4 de diciembre. La ciudadanía teme que las reformas, destinadas a desmantelar el Senado, le den más poder al propio primer ministro». El perfil de RT en italiano compartió el directo con el mensaje: «Protestas en Italia contra el primer ministro». La noticia era una completa falsedad, porque aquella manifestación era en realidad a favor del «sí» en el referéndum y había sido convocada por el propio Renzi. Esto provocó una queja formal del Ministerio de Exteriores italiano a sus homólogos rusos. RT cambió el titular, sin dar más explicaciones.

En realidad, se trataba de un episodio más en una larga lista de mentiras y exageraciones. En un comentario sobre las protestas por una visita de Renzi a Nápoles durante la campaña del referéndum, RT habló de que «en Italia se dan escenas propias de una guerra civil».[130] Para describir una huelga de sindicatos a causa de una reforma de la ley de empleo, la cadena rusa empleó la expresión «un país en rebelión abierta». La Italia que aquellos medios retrataban era un Estado a punto del derrumbe, pasto después de movimientos populistas de todo signo.

La preocupación expresada por Renzi llevó a Obama a efectuar una de las advertencias más duras sobre la diseminación de noticias falsas de su presidencia, en una rueda de prensa posterior a la reunión: «Reconocemos que Rusia tiene sus métodos de inteligencia y sabemos que los va a emplear aunque no nos guste, pero hay una diferencia entre eso y las injerencias en elecciones o la persecución de organizaciones privadas o entidades comerciales. Estamos siguiendo este problema de cerca y responderemos de forma adecuada si vemos que cosas como ésas suceden». A Obama le quedaban, sin embargo, apenas dos meses en la presidencia de su país. Su sucesor en el cargo no mostraría tal interés en combatir la desinformación.

Renzi, por su parte, perdió el referendo y dimitió como primer ministro. El presidente de la República, Sergio Mattarella, designó a Paolo Gentiloni, del mismo partido que Renzi, para que acabara la legislatura. Las elecciones serían el 4 de marzo de 2018 y en la campaña el problema de la desinformación se repitió aun con más fuerza, ante la pasividad general de los políticos y gobernantes de la tercera economía europea. El patrón de conducta de los desinformadores fue, sin embargo, distinto.

El 21 de noviembre de 2017, varios diarios de Italia informaron de que una niña de nueve años, a la que no identificaban y que vivía en Padua, había sido violada por su marido, veintiséis años mayor que ella, lo que le había producido una grave hemorragia que la había llevado al hospital. La noticia comenzó a circular en perfiles y foros de las redes sociales de grupos de extrema derecha y antiinmigración, pero la recogió la edición digital de un diario veterano, Il Mesaggero, y de ahí saltó a decenas de medios digitales, entre ellos Quotidiano Libero, Vox, Secolo d’Italia o ZZ7. En todos ellos se alertaba del grave problema de los matrimonios infantiles que practican los musulmanes, y de cómo la llegada de éstos como refugiados a Italia estaba generalizando esas prácticas en el país.

Para entonces, el populismo de izquierda del Movimiento 5 Estrellas tenía ya su contrapartida en la derecha. Bajo el liderazgo de Matteo Salvini, el veterano partido separatista Liga Norte se había convertido en una formación euroescéptica y ultranacionalista, con un programa basado fundamentalmente en rechazar la inmigración, después de que en 2016 Italia registrara el mayor número de desembarcos de inmigrantes de su historia, 181.000. Salvini hasta le había quitado al partido el apellido, para dejarlo, simplemente, en La Liga. Oliendo la oportunidad de la noticia de la niña violada, el líder del partido reaccionó en Twitter, en un mensaje airado: «Padua, la casan a los 9 años con un hombre de 35, y ahora está en el hospital por las hemorragias causadas por la violencia sexual. TODO ESTO ES MONSTRUOSO. ¡No hay espacio en Italia para este multiculturalismo!».

La noticia era falsa. La policía la desmintió formalmente. Il Messaggero la borró. Salvini hizo lo mismo con su mensaje en Twitter. Pero en realidad daría lo mismo, porque quedaría ya en decenas de miles de mensajes y reacciones en las redes sociales y en diarios digitales menores. Éste sería el patrón informativo aplicado por una nebulosa de medios grandes y pequeños, más y menos conocidos, nacionales y extranjeros, durante toda la campaña electoral italiana. Primero, publicaban las sospechas y las denuncias, y luego comprobaban los hechos.

En septiembre de 2017, el sitio web inews24 publicó la siguiente información: «Un 25 por ciento de los inmigrantes que llega a Italia está enfermo de hepatitis o VIH». La fuente citada era Mohamed Abdel Fadil, supuesto «director del departamento de la lucha contra la inmigración ilegal en la ciudad de Kufraha». La ciudad de Kufraha podría ser en realidad la región meridional de Al Kufrah, en Libia. Del tal Fadil y su cargo no hay registros fiables asociados. Dio igual, inews24 afirmaba: «Uno de cada cuatro inmigrantes trae a nuestro país enfermedades infecciosas». Otras informaciones del mismo diario digital: «Los inmigrantes en rebelión: “Italianos racistas, Alá nos guiará en la venganza”»; «Europa invadida por los musulmanes, el lugar en el que las mujeres tienen miedo de salir de casa»; «Horror en la guardería: unos inmigrantes intentan secuestrar a tres niños»; «“Aquí mandamos nosotros, mierdosos. Los italianos son unos racistas y unos ladrones”, dicen los inmigrantes que se enfrentaron a la policía y a los que ha liberado un juez».

inews24 forma parte de un complejo entramado de medios que publican habitualmente ese tipo de informaciones falsas y otras de corte similar que incluyen otras cabeceras digitales como DirettaNews. Ambas son propiedad del empresario romano Giancarlo Colonno, quien las gestiona a través de una compañía llamada Web365 y opera hasta 175 dominios web en Italia. Otra investigación de BuzzFeed relacionó a Colonno con una oscura asociación católica, de nombre La Luz de María, que define su misión como «ofrecer a los lectores información correcta con especial relevancia de las noticias de sucesos, sociales, políticas, religiosas y humanitarias de nuestro tiempo». En su sitio web publica mensajes favorables a La Liga y Salvini y noticias pseudocientíficas, homófobas y místicas. Tiene incluso una sección dedicada a apariciones de la Virgen María. Su perfil de Facebook tiene 1,5 millones de seguidores y su versión en español, 2 millones.

En noviembre de 2017, a medida que se acercaban las elecciones generales, el número de noticias falsas iba en aumento, para preocupación de Renzi, que, retirado del gobierno, intentaba alertar a la sociedad del problema. El día 27 concedió una entrevista a The New York Times en la que pidió «a las redes sociales y en especial a Facebook que nos ayude a tener una campaña electoral limpia» porque «la calidad de la democracia en Italia depende de que haya una respuesta a esos problemas».

El exprimer ministro disponía entonces de un informe elaborado por un joven experto en seguridad, tecnología y uso de datos, Andrea Stroppa, que llegaba a una serie de alarmantes conclusiones y que reflejaba, de nuevo, conexiones con la política rusa. Una página de seguidores de La Liga, Estamos con Salvini, compartía los mismos códigos analíticos de Google que las páginas de seguidores del Movimiento 5 Estrellas, video5stelle e info5stelle. A su vez, esos códigos, distribuidos por la plataforma de búsqueda a usuarios individuales para sus múltiples proyectos digitales, aparecían en decenas de páginas con noticias conspirativas y falsas, además —y ésta es la información más relevante— de un puñado de sitios web prorrusos y de defensa directa de Putin.

Uno de esos sitios web que lleva por título Yo estoy con Putin (Io sonno con Putin) reproducía, entre otras informaciones, artículos íntegros tomados de la versión italiana de Sputnik. Por ejemplo: «Putin, el modelo de un verdadero líder». En la nota, un experto en comunicación política, Luigi Crespi, calificaba a Renzi de «líder muy conflictivo» y describía a Putin en estos términos: «Vladímir Putin tiene todas las características físicas y simbólicas de un jefe de verdad, es un verdadero líder. Sus funciones se reflejan en su cuerpo, que es el punto de referencia para su gente, una referencia unitaria de una comunidad. Más allá de cómo pienses, puedes estar a favor o en contra, puedes amarle o no, desde un punto de vista técnico y de liderazgo, Putin expresa respeto y transmite este respeto a su gente. Con su representación física, dialéctica y política, puede representar a su gente. En mi opinión, es el líder más fuerte en el mercado político de hoy».

Contra Stroppa, los medios de desinformación abrirían una guerra de desprestigio, acusándole de haberse inventado la información —que había sido corroborada por Google— y de ser un espía para la inteligencia estadounidense.

Por entonces se cerraba ya sobre los partidos centristas italianos la pinza del populismo de izquierda y de derecha. Cierto es que La Liga y 5 Estrellas, entonces liderado por Luigi Di Maio, no firmaron acuerdo ninguno antes de las elecciones e incluso se tomaban la molestia de criticarse mutuamente en sus mítines. Pero ambos avanzaban a merced del viento de las noticias falsas, con propuestas antisistema, euroescépticas, contrarias a la inmigración y alineadas con Rusia en lo internacional. Todo ello, ante la inanidad de un gobierno técnico y demasiado débil como para hacer nada al respecto. Dos legisladores del partido de Renzi, Luigi Zanfa y Rosanna Filippin, elaboraron un proyecto de ley que contemplaba multas de hasta 5 millones de euros a las plataformas y redes sociales que no retiraran contenido que incluyera «crímenes contra la República» como «incitación al delito, la propaganda, racismo, terrorismo, fraude y falsificación de documentos y comunicaciones informáticas». El proyecto no llegó a ningún lado y quedó Renzi solo, una pequeña figura asomada a una ventana apenas iluminada en una oscura noche de desinformación.

En la recta final de las elecciones, otro suceso demostró lo arraigada que la desinformación estaba ya en la vida política italiana. El tres de febrero de 2018, a media mañana, Luca Traini, desempleado de veintiocho años, condujo su Alfa Romeo negro a una plaza del centro de la localidad italiana de Macerata, de 42.000 habitantes, y disparó indiscriminadamente con una pistola modelo Glock desde la ventanilla de su coche contra varios inmigrantes africanos que paseaban por el centro, hiriendo de consideración a seis de ellos. Después, se bajó lentamente del coche, se ató una bandera italiana alrededor del cuello y levantó el brazo haciendo el saludo fascista. «¡Viva Italia!», gritó. En su casa, la policía encontró Mein Kampf, el libro de Adolf Hitler, y todo tipo de parafernalia fascista y nazi.[131]

En unas condiciones normales, las fotos que circularon posteriormente del autor del crimen junto a Matteo Salvini, y el hecho mismo de que éste fuera candidato por La Liga en la localidad de Corridonia, un pueblo del nordeste de Italia cercano a Macerata, hubieran bastado para hundir al partido político en las elecciones que se iban a celebrar un mes después. Pero Italia vivía tiempos excepcionales. Los medios del entorno de la Liga relacionaron el crimen con otro suceso días antes.

Pamela Mastropietro, una toxicómana romana de dieciocho años, se había escapado hacía dos semanas de una clínica de rehabilitación de Corridonia. Tras su huida, contactó con un camello nigeriano que la llevó a su apartamento. Después se le perdió la pista. Apareció días después, troceada dentro de dos maletas. La policía halló en casa del inmigrante nigeriano un cuchillo manchado con sangre reseca y la ropa que llevaba la víctima cuando desapareció. Junto con el nigeriano fueron detenidas otras dos personas, todos ellos en situación irregular. Según las informaciones publicadas en esos sitios web, Traini había actuado para vengar el asesinato de la joven, a la que no conocía.

Salvini, el líder de la Liga, salió al paso de cualquier crítica alegando que «una inmigración fuera de control conduce al desencuentro social», y que razones excepcionales habían llevado a Traini a perder la cabeza. Días antes ya había calificado el asesinato de la joven toxicómana de «emergencia social». Había acusado a la izquierda, para él blanda con la inmigración, de «tener las manos manchadas de sangre». La estrategia de relacionar ambos hechos le dio a Salvini un resultado excelente: en la localidad de Macerata, sacudida por el tiroteo, su partido pasó del 0,6 por ciento de votos en las elecciones anteriores a más del 20 por ciento.

De hecho, en aquellos comicios del 4 de marzo, Italia consagró al populismo en las urnas. El Movimiento 5 Estrellas se convirtió en el primer partido del país, con un 32,7 por ciento de los votos. La Liga, con un 17,4 por ciento, multiplicó por cuatro su resultado de 2013. Se trataba de una revolución política sin precedentes en la tercera economía de la UE. Las dos fuerzas antisistema, con los inmigrantes y los funcionarios de Bruselas como enemigos, habían subvertido el orden de alternancia bipartidista en pie desde el final de la segunda guerra mundial. El partido de Renzi obtuvo los peores resultados de su historia y éste dimitió también de su cargo en él.

La actividad de las redes de injerencia había tenido en este caso un resultado espectacular. En vísperas de las elecciones publicamos en El País un análisis de 1.055.774 mensajes de 98.191 usuarios en las redes sociales, elaborado entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2017 por la empresa Alto Data Analytics y que sería recogido por otros diarios como La Repubblica. Éste revelaba que un entramado de perfiles de activistas contra la inmigración había empleado sobre todo enlaces publicados por Sputnik para propagar aquella falsa imagen de una Italia invadida por unos refugiados responsables del desempleo y de la inflación, en una crisis agravada por la pasividad de los políticos europeístas.[132]

Algunos ejemplos de las informaciones publicadas por Sputnik: «En 2065, la cuota de inmigrantes en Italia podría superar el 40 por ciento de la población total» o «El caos de los inmigrantes es el inicio de una guerra social». Otras noticias advertían de que entre los refugiados —a los que se solía referir ese servicio de noticias como «inmigrantes ilegales»— había espías. Otro artículo, que ya no debería sorprender pero que, sin embargo, sigue haciéndolo, argumentaba que la crisis migratoria en realidad les venía bien a las instituciones europeas para crear puestos de trabajo en labores de protección de las fronteras y atención de refugiados. «Si estos extracomunitarios dejaran de llegar, ¿qué haríamos con todos estos especialistas que ahora están empleados», se preguntaba el texto.

De todos los medios internacionales que operan en Italia, el ruso fue, según aquellos datos, el segundo más influyente, tras la versión italiana del Huffington Post, según las mediciones de Alto, cuyos algoritmos consideran el número de usuarios y la intensidad con la que se comparten los enlaces de los distintos medios en las redes sociales de forma similar a como lo harían los algoritmos de Google.

A ese medio ruso se le había sumado un enjambre de pequeños sitios web centrados de forma casi exclusiva en mensajes contra la inmigración como Todos los crímenes de los inmigrantes, El populista o Italia patria mía. Un indicio de la actividad de cuentas automatizadas o bots, utilizadas para viralizar contenido, es que, con el doble de integrantes, la comunidad a favor de la inmigración publicó menos de la mitad del contenido que la que se opone a la entrada de refugiados a Italia. En Twitter, una de las redes sociales analizadas, los mensajes contra la inmigración supusieron un 68 por ciento del total. El estudio de Alto refleja que Sputnik consigue una influencia desproporcionada en la conversación digital italiana a pesar de que tiene poco más de 45.000 seguidores en Facebook y algo más de 6.300 seguidores en Twitter. Este impacto se explica por una participación muy activa de un reducido número de cuentas influyentes de usuarios antiinmigrantes.

Quienes compartieron las informaciones de Sputnik fueron en un 90 por ciento los perfiles que se dedicaban habitualmente a diseminar mensajes contra la inmigración en italiano. Según el análisis de Alto, «los mensajes de esta comunidad relacionan estrechamente la inmigración con inseguridad, criminalidad y terrorismo y, en algunos casos, con teorías de la conspiración como que la crisis migratoria es parte de una estrategia mayor para desestabilizar el país».

La mano rusa era en este caso si cabe más evidente, sobre todo por la reconocida admiración de Salvini por el presidente ruso. Es más: el líder de La Liga acudió en marzo de 2017 a Moscú a firmar un acuerdo con el partido de Putin, Rusia Unida, en términos similares a los negociados por otras formaciones ultra europeas, como el Partido de la Libertad austriaco, Alternativa por Alemania o el Frente Nacional francés. Sobre todo establecía lazos con respecto a «colaboración en materia de seguridad, la defensa de los valores tradicionales y la futura cooperación económica entre Italia y Rusia».

Del presidente ruso dijo en una entrevista del 8 de junio de 2018: «Con Putin hay un lazo de afecto, creo que ha hecho mucho, por su pueblo y con intervenciones contra el terrorismo islámico como la ayuda a Siria, y lo digo de manera gratuita, porque creo que es así. Con Rusia es mejor tener una relación de intercambio, nunca he tenido una lira, una matrioshka o un sombrero de piel de Rusia. La economía italiana solo puede ganar con las buenas relaciones con Rusia. El enemigo en este momento es el terrorismo islámico, no el expansionismo de Rusia».[133]

Cuando Salvini pronunció esas palabras, las cosas ya habían cambiado. Unos días antes había tomado posesión del cargo de ministro del Interior y máximo responsable de las fronteras y la inmigración. Di Maio ocupaba la cartera de Trabajo. Los dos eran, además, vicepresidentes. El puesto de primer ministro recayó sobre un hasta entonces desconocido profesor de derecho, Giuseppe Conte. Lo primero que hizo Salvini como ministro fue anunciar un recorte de 5.000 millones en políticas migratorias y una agilización de las expulsiones de personas en situación irregular. Entre sus primeras medidas, se encontraba rechazar la entrada a puerto italiano del barco MV Aquarius, que llevaba 629 migrantes a bordo y que acabó recalando en el puerto español de Valencia.

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«Macron podría ser un agente de Estados Unidos»

En pocos países han invertido los medios de propaganda rusos tantos recursos como en Francia. Sputnik y RT operan ambos en francés y su principal objetivo allí ha sido Emmanuel Macron. Primero, con informaciones sesgadas y malintencionadas en las elecciones presidenciales de 2017 y más recientemente durante la revuelta populista de los chalecos amarillos, que comenzó como un rechazo al aumento del impuesto sobre las gasolinas y pronto pasó a pedir la dimisión de Macron. El 29 de mayo de 2017 el presidente francés hizo algo a lo que pocos líderes mundiales se han atrevido: pedirle contención a Vladímir Putin, a la cara y ante periodistas de todo el mundo durante una visita oficial.

Había pasado menos de un mes de las presidenciales francesas. Después de un encuentro privado en el Palacio de Versalles, ambos presidentes caminaron hacia dos atriles colocados en pleno salón de las batallas, que muestra con lienzos la historia de Francia a través de sus mayores enfrentamientos armados, desde el siglo V hasta las últimas contiendas de Napoleón. Macron se sabía ya víctima de una campaña de desinformación con la que los medios rusos habían tratado de favorecer a su rival, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, quien además había sido recibida con honores en el Kremlin sólo unos días antes de la votación. Los medios públicos rusos habían acusado a Macron de ser un elitista, el candidato de los poderosos, un Napoleón moderno, e incluso habían propagado rumores de que engañaba a su mujer con un famoso periodista francés. Como candidato, harto, había prohibido la entrada de los periodistas de RT y Sputnik a sus últimos actos de campaña.[134]

Los periodistas presentes en la rueda de prensa preguntaron a ambos líderes por el fenómeno de las noticias falsas y por esos ataques, y éste es un extracto de sus respuestas durante la comparecencia. Se trata de un fragmento que refleja muy bien, por cierto, la relevancia de cómo se formulan preguntas para evitar que un entrevistado se salga con la suya.

PREGUNTA: A Rusia se la ha acusado frecuentemente de injerencias en elecciones. Acusaciones como ésa fueron dirigidas a Rusia durante la reciente campaña electoral en Francia. ¿Trataron este asunto? ¿Lo aclararon o se preguntaron sobre ello?

PUTIN: Sobre esa supuesta injerencia de Rusia en cualquier elección, no, no hemos hablado de ese asunto y el presidente Macron no ha mostrado interés en ello. ¿Y por qué lo iba a mostrar? Es un problema inexistente.

PREGUNTA: Señor Putin, usted recibió a la candidata del Frente Nacional en el Kremlin en marzo y la apoyó en las presidenciales, al menos de forma implícita. Además, está el asunto de los hackers. Se dice que podrían ser de Rusia y que intentaron interferir en la campaña.

PUTIN: Se refería usted a los hackers. Me gustaría llamar su atención sobre cómo formuló esta pregunta. En cualquier caso, así es como me la han traducido. Usted dijo: «Se dice que tal vez los hackers rusos interfirieron». ¿Cómo voy a comentar algo sobre tales afirmaciones? «Se dice.» ¿Quién dijo y basado en qué? Eso no está claro. Mi segunda precisión: «Tal vez fueron hackers rusos». O tal vez no. ¿Son éstos los motivos sobre los que se extraen conclusiones? La prensa puede permitirse cualquier conclusión. Para eso sirve la prensa, para que las personas conozcan diferentes puntos de vista. Sin embargo, en política éste es un camino que no lleva a ninguna parte: justificar acciones o formarse impresiones sobre la base de suposiciones que no han sido confirmadas.

PREGUNTA: Por seguir con el asunto por el que preguntaba mi colega, el de las elecciones en Francia, no fue fácil para los periodistas rusos lograr el acceso a la sede de la noche electoral [de Macron]. ¿Cómo va usted a mantener relaciones con periodistas extranjeros?

MACRON: Quiero tener relaciones ejemplares con periodistas extranjeros... si son periodistas. Los políticos tienen la responsabilidad de decir la verdad. Si algunas personas están difundiendo mentiras, ya no son periodistas. Russia Today y Sputnik difundieron información falsa y creo que no tenían cabida en mi sede electoral. Sin embargo, todos los demás periodistas extranjeros, incluidos los de Rusia, tenían acceso a mi sede. Las reglas son muy simples y siempre serán las mismas. La situación era muy grave, porque durante la campaña hubo injerencias de algunos de estos llamados medios de comunicación, actuando bajo la influencia de ciertos intereses políticos. En otras palabras, Russia Today y Sputnik no se comportaron como prensa o como deberían hacerlo los periodistas. Se comportaron como agitadores y propagandistas, difusores de noticias falsas, ni más ni menos.

Mientras Macron pronunciaba estas palabras, Putin mantenía la mirada al frente, con un gesto cada vez más serio. No era la primera ni la última ocasión en que se le preguntaría por las injerencias procedentes de su país, pero era patente que al presidente ruso cada vez se le hacía más incómodo tener que dar explicaciones en foros internacionales. El asunto desde luego no era menor, pues su preferencia por Le Pen había sido más que obvia y los ataques a Macron, de los peores que había sufrido un aspirante a una jefatura de gobierno en Europa.

Hubo de todo. Aparentes escándalos de proporciones mayúsculas y pequeñas indiscreciones. El más grave fue probablemente el robo y difusión en redes sociales de 20.000 correos de diversos miembros de su partido político, En Marche! El 5 de mayo, a sólo dos días de la votación presidencial, aparecieron en el servicio online de almacenamiento de texto PasteBin ocho documentos de acceso público compartidos por un perfil de nombre EMLEAKS con nueve gigas de contenido. Información de esos correos u otros supuestamente relacionados con ellos saltó a Twitter con el hashtag #MacronLeaks, que en tres horas y media alcanzó 47.000 menciones en esa red social.

El primero en emplear el mencionado hashtag fue Jack Posobiec, el activista de ultraderecha de Estados Unidos, activo en las redes a favor de Trump, cuyo primer mensaje en Twitter fue compartido ochenta y siete veces en cinco minutos, en una velocidad que apunta, según un análisis posterior del servicio DFRLab, a la actividad de bots. Hablé con Posobiec del asunto en una conferencia en Washington en diciembre de 2018, y negó cualquier coordinación con Rusia. «Es una tendencia global, que comenzó con el brexit, vino a Estados Unidos con Trump. Luego ha barrido Polonia, Hungría y Austria. Y ha entrado en Francia, con las protestas de los chalecos amarillos», me dijo. Posteriormente, a Posobiec se le unió el perfil principal de Wikileaks, que ayudó a popularizar el hashtag #MacronLeaks. Perfiles de extrema derecha y seguidores del Frente Nacional compartieron mensajes con informaciones supuestamente extraídas de esos documentos.

La ley francesa impone un periodo de reflexión de cuarenta y ocho horas antes de la cita en las urnas, lo que en principio dificultaba la respuesta pública de la campaña de Macron a todas esas acusaciones. Este hecho refleja lo obsoleto de este tipo de legislación electoral, presente también en otros países como España, porque #MacronLeaks se convirtió en tendencia mundial en Twitter, pero los medios tradicionales estaban obligados a no publicar entrevistas y los políticos no podían defenderse abiertamente de los ataques.

Las acusaciones contra Macron eran muy variadas. Entre lo que cientos de usuarios dijeron en Twitter en aquellas horas antes de la votación, sin que las autoridades electorales pudieran hacer nada al respecto más que pedir a los medios que las ignoraran, se hallan afirmaciones como las siguientes:

Varios legisladores en la Asamblea Nacional francesa consumieron metanfetaminas, compradas a través del equipo de Macron.

Alguien del equipo de Macron le había suministrado a éste cocaína, porque en un correo se hacía referencia a la compra de «c.».

Macron había recibido del banco Rothschild 3,6 millones de euros mientras era ministro de Economía como resultado de facilitar la compra de acciones de Alstom por parte de General Electric.

Macron tenía infiltrados en la campaña de François Fillon, su adversario en el partido de derecha Los Republicanos, que le facilitaron información sobre una serie de escándalos que provocaron su eliminación en primera vuelta.

Algunos documentos de campaña reflejaban planes para hacer la enseñanza de árabe obligatoria en las escuelas y aligerar la presión sobre las mezquitas.

Otros correos muestran que Macron solicitó donaciones ilegales de campaña con intención deliberada de garantizar pagos no autorizados imposibles de rastrear.

Algunos correos electrónicos del personal de Macron expresan niveles de adulación hacia Macron que pueden ser indicativos de más que meras relaciones profesionales, y de carácter homosexual.

Un documento refleja la voluntad de otorgar asilo automático a todos los refugiados sirios.

Otros usuarios difundieron copias de unas supuestas cuentas bancarias de Macron en las islas Caimán, que en realidad pertenecían a una filtración anterior que el político francés había desmentido previamente.

Los administradores del sitio web PasteBin, donde se volcaron los correos inicialmente, los eliminaron en cuestión de horas, pero habían recibido ya unas 44.000 visitas. El contenido fue replicado después en todo tipo de sitios web alternativos, especialmente en 4chan, un foro de conversación preferido por la ultraderecha. Wikileaks se hizo con una copia que posteriormente almacenaría con un buscador en sus servidores. Es importante destacar que durante las primeras horas, el contenido de esos correos era realmente difícil de leer, porque se requería un software de reconstrucción de correo electrónico conocido como PIM. Esto apunta a que la gran mayoría de las afirmaciones que se efectuaron en Twitter en aquellas horas previas a la votación eran en realidad invenciones, parte de una gran campaña de injerencia destinada a brindarle la presidencia a Marine Le Pen.

El equipo de Macron fue rápido, y reaccionó como no lo hizo el de Hillary Clinton en Estados Unidos cuando fue informado por el FBI de que sus servidores habían sido penetrados desde Rusia. El director digital de campaña, Mounir Mahjoubi, contactó inmediatamente con diversos periodistas para contarles que hacía tiempo que sabían que habían sido hackeados y por ello habían plantado información falsa en los servidores afectados para que los atacantes picaran con todo tipo de mentiras y exageraciones.[135] Un análisis detallado de los metadatos —información sobre el contenido de un mensaje— demostraba que algunos de ellos contenían caracteres en cirílico, el alfabeto ruso; varios habían sido alterados con versiones rusas de editores como Word o Excel; y en otros se había colado el nombre de un empleado de la empresa rusa de seguridad Evrika, que trabajaba para el Kremlin.

Posteriormente, el comandante a cargo del Comando de Ciberseguridad de Estados Unidos, el almirante Michael Rogers, confirmó que sus servicios habían advertido a la inteligencia francesa de que habían detectado el intento de hackeo, y que estaban seguros de que éste procedía de Rusia.[136] Al contactar también con la campaña de Macron, ésta respondió a aquella agencia que habían detectado esos intentos, sobre todo ante la recepción de un gran número de ataques de phishing, el intento de obtener información de un usuario de internet con correos falsos diseñados como si fueran legítimos. Según Mahjoubi, «creamos cuentas falsas, con contenido falso, como si fueran trampas. Lo hicimos de forma masiva, para obligarles a tener que verificarlo, a tener que determinar en cada ocasión si aquélla era una cuenta verdadera o no. Tampoco creo que los detuviéramos, creo que simplemente los ralentizamos».

El retrato que los medios rusos habían hecho de Macron en los meses anteriores entraba en línea de lo que aquel filtrado de correos intentaba demostrar, con afirmaciones sospechosamente similares. Era el candidato del sistema, un banquero más, alguien sin preparación y carente de talentos. Según lo definió RT: «el héroe de los ricos». Para sustentar esas afirmaciones, RT y Sputnik entrevistaron a decenas de analistas sin reconocimiento o prestigio y a políticos de extrema derecha que eran capaces de afirmar casi cualquier cosa.

El caso más sonado fue el de una nota en la que Sputnik entrevistó al alcalde de Brienne-le-Château, el político ultra Nicolas Dhuicq, hasta entonces vinculado al partido de derecha Los Republicanos. La información de Sputnik era atípica porque estaba íntegramente dedicada a recoger las palabras de Dhuicq, un candidato regional que no se medía cara a cara con Macron, para destacar especialmente una afirmación en el titular: «El exministro de Economía Macron podría ser un “agente de Estados Unidos” que defendería los intereses de los bancos». ¿Las razones para esa afirmación? Las daba no sólo Dhuicq, sino también Assange: «Según Dhuicq, antes de anunciar su candidatura a la presidencia, Macron había viajado a Estados Unidos. Supuestamente condujo una polémica correspondencia política con la excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton, según dijo el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al diario ruso Izvestia el viernes». Por resumir: un político radical francés ataca a un oponente; Sputnik refuerza sus afirmaciones con el extracto de una entrevista de Assange a un diario ruso, y el titular está servido.

Pero había más. Al final de la información, Dhuicq afirmaba: «Con respecto a su vida privada, que se está volviendo pública mientras hablamos, Macron es un tipo al que se llama chouchou, o querida, de los medios franceses, que son propiedad de unas pocas personas, como todos sabemos. Entre quienes lo respaldan se encuentra el famoso empresario Pierre Berge, socio comercial y amante de Yves Saint Laurent, que es abiertamente homosexual y aboga por el matrimonio homosexual. Hay un lobby homosexual muy rico detrás de él. Esto lo dice todo». Añadía Sputnik: «En noviembre de 2016, Macron negó públicamente un rumor persistente de que es secretamente gay y vive una doble vida».

Lo que había ocurrido en realidad en noviembre de 2016 era que una serie de oscuros medios minoritarios habían publicado rumores sobre la homosexualidad de Macron sin ningún fundamento, basados en afirmaciones anónimas en las redes sociales. En una entrevista con Mediapart, el candidato había respondido: «Digo muy claramente que aquellos que disfrutan haciendo esto están perdiendo el tiempo, pero no voy a cambiar mi vida por ellos, no tengo una doble vida, y me importa más que nada mi vida familiar».

Minutos después de que se publicara la información de Sputnik, la revista francesa del corazón Closer recogió sus acusaciones: «Emmanuel Macron apoyado por el lobby gay: un diputado estalla». Pronto, la noticia comenzó a propagarse en las redes sociales y diarios digitales pequeños, con un añadido: su amante era Matthieu Gallet, presidente de la cadena pública Radio France. Macron estaba de hecho casado con Brigitte, de sesenta y cinco años, a la que conoció cuando era su profesora de secundaria.

Hay indicios de que el ataque de Sputnik no fue casual o aislado. Al tiempo que el servicio de noticias difundía aquella nota, Macron y la política francesa eran el tema central de una de las emisiones dominicales del programa de televisión de Dmitri Kiseliov, que, como se ha visto, también es presidente de Rosia Segodnia, el paraguas bajo el que opera Sputnik. En un reportaje, se decía: «Macron está casado con una maestra francesa que tiene veinticuatro años más que él, pero hay rumores de que su orientación sexual en realidad no es muy tradicional y de que tomó 120.000 euros de los presupuestos públicos para financiar su campaña electoral».

El objetivo era desacreditar a Macron como fuera, incluidas sospechas de una doble vida, con la esperanza de que los votantes conservadores que no podían optar por la derecha tradicional, eliminada en primera vuelta, acabaran haciéndolo por Marine Le Pen. El candidato respondió con sorna el 8 de febrero en un mitin de París: «Si os dicen que tengo una doble vida con Mathieu Gallet, es mi holograma, que, de repente, se me ha fugado, pero no puedo ser yo», dijo con humor.

Macron ganó la segunda vuelta con un resultado apabullante, un 66 por ciento de votos frente al 34 por ciento de Le Pen. Ante los ataques recibidos durante la campaña, su gobierno propuso una ley según la cual en periodo electoral los candidatos podrán pedir a los juzgados la retirada de internet por vía rápida de noticias falsas e injuriosas. Además, obliga a las grandes plataformas sociales, como Facebook y Twitter, a revelar quién paga por anuncios de material ilícito. La medida recibió duras críticas de legisladores a izquierda y derecha, además de los medios de comunicación. Le Monde, el principal diario francés, dijo que podría ser un método de censura al servicio de un gobierno autoritario.

La principal crítica es que un juzgado deberá decidir en espacio de cuarenta y ocho horas si una noticia es cierta o no, lo que durante el debate parlamentario provocó acusaciones de que el gobierno francés estaba creando un «ministerio de la verdad». El texto de la ley define las noticias falsas como «cada afirmación o acusación carente de elementos verificables que la hagan plausible». Además, se les da a las autoridades francesas la potestad de clausurar canales de televisión que «sean operados por un Estado extranjero o bajo la influencia de ese Estado» si propagan desinformación. Esta provisión llevó al candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon a definir la ley como «un instrumento circunstancial para clausurar RT y Sputnik».

El Consejo de Estado, que asesora al gobierno en materia legislativa, emitió un informe en abril en el que expresaba que el actual marco regulatorio requiere nuevas medidas para luchar contra la desinformación, especialmente durante elecciones, sin entrar en más detalles. El partido de Macron tenía mayoría absoluta en la Asamblea francesa y aprobó la ley sin más problemas que el de un largo debate hasta la madrugada y la propuesta, infructuosa, de 126 enmiendas por parte de la oposición.

La ley resultó completamente inútil en la otra gran crisis de desinformación a la que se debería enfrentar Macron. Cuando el movimiento de los chalecos amarillos ganó tracción y comenzó a paralizar el país a mediados de noviembre de 2018, RT y Sputnik se lanzaron a denunciar, como habían hecho en Italia y España, que el país estaba al borde del colapso. Un exitoso vídeo de RT mostraba una tanqueta arrollando una barricada en llamas, bajo el título «Furia, fuego, Francia: los disturbios y el caos paralizan por 4 semanas un país».

Una de las noticias más compartidas de ambos medios fue que la policía francesa le había dado la espalda al presidente francés y se había alineado con las protestas contra su gobierno. Un destacado titular de RT fue «La mayoría de policías apoya a los chalecos amarillos en lugar de a Macron», que, compartido en Facebook en francés, provocó 9.000 reacciones. La fuente de semejante información era Alexandre Langlois, del sindicato VIGI, que en las últimas elecciones sindicales obtuvo apenas un 0,4 por ciento del voto. Dista mucho, por tanto, de ser una voz realmente representativa del sentir generalizado de los policías franceses.

En otro sonado ejemplo, Sputnik afirmó: «La policía en Francia se quita los cascos en solidaridad con los manifestantes». Es cierto que algunos policías se quitaron brevemente los cascos en la localidad de Pau el 1 de diciembre, pero sólo para conversar con unos manifestantes durante un momento. Tras ser desenmascarados, los editores de Sputnik cambiaron el titular por «Los policías en Francia se quitan los cascos entre protestas por la gasolina» y añadieron una corrección en la que aseguraban que su afirmación inicial «se propagó por las redes sociales pero no ha sido ratificada con pruebas». La labor de un medio de comunicación debería ser, precisamente, comprobar hechos antes de publicar sobre ellos.

Según me dijo Jakub Kalenski, antes miembro del servicio de comunicaciones estratégicas de la UE y ahora analista principal del Atlantic Council, «los medios del Kremlin siguen una estrategia de amplificar cualquier protesta que dañe a las autoridades europeas, tratando de propagar el caos y difundir un mensaje de odio. El caso más similar al de los chalecos amarillos es el de la crisis independentista catalana, que fue un pretexto para atacar a las instituciones democráticas europeas».[137]

El análisis de las cuentas de Twitter asociadas al Kremlin que sigue permanentemente la herramienta Hamilton 68 confirmó este interés ruso por los chalecos amarillos. El hashtag más empleado a mediados de diciembre de 2018 era, con mucha diferencia y por un largo espacio de tiempo, #giletsjaunes (#chalecosamarillos).

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, anunció que investigaría esas injerencias, que Rusia negó. Otra investigación se sumaba a las ya existentes, finos ejercicios de análisis de un problema que consume las instituciones con una imperiosa voracidad.

17

«¡Es George Soros, y no Rusia!»

La revelación por parte de El País de la campaña de injerencias en la crisis independentista catalana resultó sin duda incómoda para el entramado propagandístico ruso. Hay, sin embargo, algo curioso y por lo demás previsible en su reacción: negaron ser parte de la injerencia, pero admitían que ésta se había producido. No la habían perpetrado ellos, claro, sino George Soros, a quien, como se ha visto antes, apuntarían como instigador no sólo del sentimiento separatista, sino también de la cobertura de medios como El País, al que acusaban de ser parte de una conspiración global.

Antes de que las primeras informaciones en El País revelaran la intensa actividad de las redes rusas, varios diarios digitales españoles habían sacado ya a relucir el nombre de Soros. Medios de extrema derecha habían publicado titulares como «George Soros financia el separatismo en Cataluña». Remitían todos a la misma información del diario La Vanguardia de agosto de 2016 en la que se afirmaba que la fundación Open Society Initiative, fundada por Soros, destinó en 2014 un total de 27.049 dólares a organizar un acto del Consell per la Diplomàcia Pública de Catalunya, la agencia «paradiplomática» catalana. Se trataba de una jornada sobre la xenofobia y el euroescepticismo que se celebró en Barcelona antes de las elecciones al Parlamento europeo. En otra donación puntual, el CIDOB, un think tank internacional bajo el paraguas de diversas administraciones catalanas, recibió 24.973 dólares para financiar una jornada.

De pagar por dos actos tres años antes de que realmente estallara la crisis independentista a «financiar el independentismo» hay un trecho bastante largo, pero esto no fue impedimento para que el fantasma de Soros, la verdadera bestia negra de los medios estatales rusos, hiciera su entrada estelar en toda esta crisis. Ya se ha visto previamente cómo medios en la órbita rusa nos acusaron a varios periodistas de El País de estar a sueldo de Soros por haber publicado informaciones y tribunas críticas con la actuación de los medios financiados por el Kremlin. La asociación Observatorio Hispano Ruso llegó a publicar una tribuna dirigida a mí y titulada «Es George Soros, señor Alandete... ¡Y no Rusia!».

El argumento para semejante afirmación era que el 8 noviembre de 2017 la web OpenDemocracy había publicado una carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Firmada por numerosas personalidades del mundo de la política, la educación y el periodismo, contenía duras críticas al gobierno español por su gestión de la crisis, y decía: «Sin un intento serio de mediación política, la UE se arriesga a perder la confianza y el compromiso de sus ciudadanos». El Observatorio Hispano Ruso afirmaba que OpenDemocracy estaba financiada por la sociedad estadounidense sin ánimo de lucro NEO Philanthropy, cuya presidenta, Michele Lord, había trabajado con anterioridad en diversos proyectos para el Open Society Institute, propiedad se Soros.

Por resumir un argumento tan complejo: una web que había difundido una carta abierta estaba dirigida por alguien que en el pasado había colaborado con una fundación de Soros. Por lo tanto, Soros estaba financiando y promoviendo el independentismo. Afirmaba el director del Observatorio Hispano Ruso, Fernando Moragón: «Tomen nota, señores de El País, no es Rusia quien impulsa desde el exterior el independentismo catalán, sino el especulador financiero George Soros, desde Estados Unidos. Como es sabido, George Soros ha sido unos de los principales impulsores de las revoluciones de colores, como la que tuvo lugar en Ucrania en 2014».

Un día después de la votación en Cataluña del 1 de octubre se sumó a estas acusaciones la versión en español del think tank ultraderechista ruso Katehon, firme defensor de Putin y que ha tenido una parte también central en campañas de desinformación en Estados Unidos, Europa del Este y el mundo árabe. Una tribuna firmada por Miguel Gómez daba fe de «la participación en la crisis catalana del oligarca financiero George Soros, el cual habría promovido las protestas y los disturbios a través de su sede en Barcelona». Es cierto que Open Society tiene una oficina en la ciudad catalana, desde la que se dedica exclusivamente a la filantropía y en la cual no ha tenido lugar un solo evento de corte separatista. Añadía Gómez en la web de Katehon: «El objetivo del tiburón financiero, en este caso, sería el de crear Estados más pequeños que apliquen una menor resistencia al proceso de globalización planetaria».

Por la parte de la ultraderecha, aliada natural de la Rusia de Putin en la gran mayoría de los países de Europa occidental, se estaban colocando en escena todos los elementos idóneos para una crisis de este calado: un país controlado en realidad por las élites europeas y mundiales y la agresión externa del pérfido magnate Soros con su agenda globalista, secular e izquierdista.

Había incluso informes de inteligencia que confirmaban este último extremo. O al menos de eso informó el medio digital Confilegal, que el 27 de abril de 2018 publicó extractos de un informe titulado «Agentes oscuros y hostigamiento en la zona gris», atribuido a dos analistas de nombre Juan A. de Castro y Aurora Ferrer.

Éstos afirmaban: «El golpe secesionista catalán no habría sido nunca posible sin la colaboración plena del entramado del financiero, que no filántropo, George Soros y de sus redes. Ello implica la activación de su muy característico modus operandi y de una financiación apropiada a través, entre otros, de la puesta a disposición de dicho conglomerado secesionista, de su complejísima red global de ONG y think tanks (grupos de generación de ideas) locales y globales, guiados adecuadamente desde el observatorio principal de su Open Society Foundations». Sin más prueba que sus afirmaciones, basadas en «fuentes abiertas u OSINT (acrónimo en inglés de Open Source Intelligence)», aseguraban que «todas las evidencias recabadas y analizadas muestran un nivel elevado de certeza», lo que induce a concluir la «alta probabilidad de que en realidad la injerencia en Cataluña haya sido iniciada, y esté siendo llevada a cabo, por George Soros y sus fundaciones y no por el gobierno de Vladímir Putin».

Los dos analistas, de los que no hay rastro en publicaciones o instituciones académicas y cuya única prueba de existencia son dos fotos de cara publicadas por Confilegal en su noticia, aseguraban que el complejo entramado de empresas y fundaciones de Soros constituía una «zona gris» desde la que el filántropo había intentado promover una revolución de colores, como las de Europa del Este, en Cataluña. La mencionada «zona gris» es, según los analistas, «un espacio de riesgo donde tienen lugar estrategias y maniobras de hostigamiento que se encuentran entre la guerra y la paz y que se producen sin que medie ningún cambio en las relaciones diplomáticas».

Lo realmente increíble es que, según este informe que nadie, aparte de sus autores y los periodistas de Confilegal, ha visto, quienes formábamos parte de las injerencias en Cataluña éramos los periodistas, analistas y académicos que habíamos denunciado esas injerencias en un primer momento, con el diario El País a la cabeza. «Para ello se emplean “medios amigos”, que comparten los mismos intereses y son capaces de colocar un discurso creíble que sea “comprado” por alguna corriente política y por un sector de la sociedad. Como por ejemplo lanzar noticias sobre la supuesta injerencia rusa en Cataluña, desmentida desde el ejecutivo y desde el Kremlin, pero que tras la publicación de varios artículos en el diario El País, y con la colaboración de un informe del Real Instituto Elcano, un think tank de estudios internacionales y estratégicos que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea y global, el cual creó todo un revuelo mediático cuando dio por cierta la implicación del Kremlin en Cataluña».

Iban los autores más lejos al afirmar que existe una «alta probabilidad de que el diario El País haya creado una acción de hostigamiento informativo con el asunto de la trama rusa para favorecer los intereses de George Soros y otros actores» porque «tanto El País como su narrativa en el asunto de Cataluña tienen conexiones importantes con Open Society Foundations y George Soros, Alexander Soros, Nicolas Berggruen, Mira Milosevic, Atlantic Council y José María Aznar. No en vano El País está/ha estado directamente vinculado a George Soros a través de Liberty Acquisitions Holding Corporation».

Es de destacar que la conexión de El País con ese listado de personas y organizaciones era que compartíamos una «narrativa» y que el fondo estadounidense Liberty había entrado en 2010 en el accionariado del Grupo PRISA, propietario de El País. A su vez, entre los accionistas de Liberty tenía una presencia minoritaria el fondo inversor de Soros. La conspiración estaba servida. En ese informe no había mención a una sola noticia, titular, evento o pago que confirmara tan graves acusaciones. Ocultaba también que no existe contacto posible entre los accionistas del Grupo PRISA y la dirección de El País o sus periodistas. Durante mis investigaciones pedí a los periodistas responsables de la noticia en Confilegal que me facilitaran el informe o el contacto de sus autores, sin respuesta por su parte. Una de ellos, Yolanda Rodríguez, sería nombrada directora de comunicación del Ministerio de Defensa cuando los socialistas llegaron al poder con una moción de censura en 2018.

La biografía de Soros explica en gran parte el porqué de esta obsesión de los medios estatales rusos y sus satélites con él. Nació en Budapest en 1930, con el nombre György Schwartz.[138] Ante el auge del nazismo y el fascismo en Europa, su padre, Tidar, decidió cambiar el apellido en 1936 para evitar ataques antisemitas. Cuando en 1944 Alemania invadió Hungría, la familia fingió ser cristiana, algo que les permitió sobrevivir a la guerra y al Holocausto. En el exterminio perpetrado por los nazis murieron dos tercios de los judíos de Hungría, gracias sobre todo al colaboracionismo de las autoridades locales.

El padre, al darse cuenta de las deportaciones masivas, dividió a la familia. Al hermano mayor, Paul, lo envió a vivir en un piso compartido. A George lo mandó a la casa de un funcionario de agricultura, donde se hizo pasar por el ahijado de éste. Uno de los trabajos del funcionario era hacer inventario de las propiedades expropiadas a los judíos, una labor en la que puntualmente le ayudó George, que tenía trece años. Este episodio ha sido manipulado recientemente por partidos de extrema derecha europeos y medios rusos para acusar a Soros de haber colaborado con los nazis, en una antológica pirueta antisemita.

Con sólo dieciséis años, y ante la llegada del Ejército Rojo y la imposición del comunismo en Hungría, Soros huyó al Reino Unido, donde se aplicó para estudiar y fue aceptado en la prestigiosa London School of Economics. Allí conoció al filósofo Karl Popper, que se convirtió en su mentor y amigo. En 1956, año de una frustrada revolución en Hungría contra el dominio soviético, Soros se mudó a Nueva York para dedicarse a las finanzas. Comenzó trabajando como analista de bolsa y en los años sesenta fundó su propio instrumento de inversión, Quantum Fund, que resultó ser extremadamente provechoso.

El 16 de septiembre de 1992, Soros ganó en un solo día 1.000 millones de dólares con una jugada que todavía ensombrece su biografía. El inversor estaba convencido de que la libra esterlina estaba sobrevalorada con respecto al marco alemán. Para demostrarlo, vendió más de 10.000 millones de libras a la vez que anunciaba que ésta perdería valor. Un elevado grupo de inversores le imitó y entre todos hundieron la moneda británica. El Banco de Inglaterra invirtió 50.000 millones de dólares en los mercados de divisas para tratar de fortalecer la libra, sin conseguirlo. Soros pasó a convertirse en símbolo de la especulación mundial.

Repitió la operación en 1997, en esta ocasión contra el baht tailandés, con el que ganó 750 millones de dólares. La diferencia en este caso era que la economía de Tailanda no era ni mucho menos la del Reino Unido. Mientras este último aguantó el golpe, el país asiático se hundió en una grave crisis durante la cual cerraron numerosas empresas y miles de personas perdieron sus puestos de trabajo. El primer ministro tailandés acusó públicamente a Soros de ser «un especulador sin escrúpulos». Parece que las críticas surtieron efecto porque cuando, meses después, se orquestó un ataque similar a la moneda indonesia, Soros decidió no tomar parte en él.

Soros es hoy uno de los hombres más ricos del planeta. Llegó a tener una fortuna de 23.000 millones de dólares, buena parte de éstos ya transferidos a sus organizaciones filantrópicas. A finales de la década de 1970 comenzó a invertir dinero en proyectos humanitarios, algo para lo que fundó el Open Society Fund, que pronto se centró en los países del este de Europa bajo el dominio soviético, en especial Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria.

El nombre de su organización, que pervive hoy en una compleja red de instituciones, hace referencia al concepto de «sociedad abierta» de Popper, su mentor. Éste, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, había descrito ese concepto como el sistema político en el cual los individuos pueden tomar decisiones informadas y pueden reemplazar a los líderes políticos y gobiernos sin necesidad de recurrir a la violencia, a diferencia de las sociedades autoritarias, en las cuales el mecanismo de reemplazo en el poder es la revolución o el golpe de Estado.[139] Para Soros, como para Popper, los regímenes comunistas eran un ejemplo claro de las últimas sociedades cerradas que debían ser abiertas.

La actividad de Soros se dejó notar especialmente en su país de origen, Hungría. Llevó a académicos húngaros a que estudiaran en Estados Unidos; compró impresoras y fotocopiadoras para que los disidentes imprimieran sus libros y folletos, y financió escuelas, bibliotecas y escuelas de teatro y arte. En un libro de 1990, Abriendo el sistema soviético, escribió que el objetivo de su fundación no era otro que «derribar el monopolio del dogma a través de fuentes de financiación alternativa para actividades sociales y culturales».

Soros es un prolífico autor, con catorce libros en su haber. En todos expresa una visión a favor de los valores de la democracia liberal capitalista, con una marcada preferencia internacionalista. No es un filántropo al uso, centrado en programas humanitarios y de ayuda al desarrollo social, sino un inversor político, interesado en difundir ideas de libertad, igualdad y propiedad privada, algo que le ha granjeado la enemistad de regímenes autoritarios en todo el mundo. Cuando la URSS cayó, decidió dedicarse a la construcción de instituciones que consolidaran la democracia en el este de Europa, expandiendo instituciones como la UE, a la que veía como garante de la democracia en el continente.

Su confianza en la fortaleza de la UE se ha visto puesta a prueba con el auge de los diversos populismos que han ido ganando terreno a ambos lados del extinto telón de acero. La gran recesión, la crisis migratoria y el expansionismo ruso le han convertido en objetivo constante de críticas tanto dentro de Europa como en Rusia. Es acusado reiteradamente de haber puesto en marcha una gran conspiración mundial para acabar con la soberanía de las naciones centenarias de Europa. Un golpe especialmente fuerte para él fue la victoria del «sí» en el referéndum del brexit, tras el cual llegó a afirmar que el proyecto de integración europea estaba acabado.

Aparte de sus constantes encontronazos con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que en el pasado fue protegido suyo, Soros ha sido objeto de una verdadera guerra de desgaste orquestada desde Moscú, que ve en sus inversiones una amenaza contra la arquitectura actual del Estado ruso. En 2015, Putin expulsó a su fundación de Rusia, por considerarla un riesgo para la seguridad nacional del país. Según un comunicado de la fiscalía, ésta halló que la actividad de sus organizaciones «supone una amenaza a los cimientos del sistema constitucional de la Federación Rusa».

En una conferencia de prensa conjunta tras una cumbre con Trump en julio de 2018, Putin llegó a apuntar directamente al inversor y filántropo como un elemento de desestabilización política. Cuando un periodista le preguntó al presidente ruso sobre las acusaciones de injerencias en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y la imputación por parte del fiscal especial Robert Mueller de Evgueny Prigozhin, el empresario ruso al frente de la fábrica de bots de San Petersburgo, Putin respondió que la labor de un empresario y unos hackers no representa a un gobierno. ¿El ejemplo? Soros, claro. «En Estados Unidos hay muchos individuos como George Soros, con fortunas multimillonarias, pero ¿eso le convierte a él, a sus posiciones, su postura, en la postura de Estados Unidos. No, no es así.»

Putin no es un político dado a improvisar. La mención a Soros ante Trump, objeto también de las críticas del filántropo, no era casual. En una entrevista anterior a la televisión austriaca ORF, el presidente ruso había dicho que Soros «interfiere en todos los asuntos del mundo». «Hay rumores que circulan sobre que el señor Soros está planeando hacer que el euro sea altamente volátil. Los expertos ya están discutiendo esto. Pregúntele al Departamento de Estado. ¿Por qué está haciendo esto? El Departamento de Estado dirá que no tiene nada que ver con ellos, sino que es asunto privado del señor Soros.»

Todo lo que hace o dice Soros y los empleados de sus fundaciones está sujeto al escrutinio de las redes rusas, que convierten cualquier anécdota en parte de una conspiración mundial. En 2016, el portal DCLeaks, que la inteligencia estadounidense relaciona con el grupo de hackers ruso Fancy Bear, publicó documentos internos de Open Society, entre ellos una lista elaborada por Nicolás del Pedro, investigador del CIDOB catalán, titulada «creadores de opinión prorrusa en Twitter». En ella había cuarenta y nueve nombres de periodistas y activistas españoles, así como otra lista menos numerosa con voces «críticas pero favorables» a Ucrania en el conflicto por el este del país.

Entre los nombres se encontraban el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso (@caninator); dos militantes del Partido Comunista Español, Javier Parra (@javier_parra) y Paco Arnau (@cuidadfutura); los académicos Javier Morales (@jmoraleshdez) y Asier Blas (@AsierBlas); el humorista Facu Díaz (@FacuDiazT); el corresponsal de Telesur en Moscú (@julioteleSUR), y el periodista Pablo González (@PabVis). Posteriormente, De Pedro expresaba la necesidad de atraerse la confianza de medios españoles como El País, eldiario.es, El Periódico, el diario Ara, el medio La Directa y Radio Klara.

El documento, que no es más que un correo electrónico con una lista de usuarios de Twitter, se convirtió en la prueba de que Soros estaba intentando diseminar el odio a Rusia en España, a tenor de los titulares y la cobertura de RT y Sputnik: «Filtran una lista de periodistas españoles prorrusos enviada a George Soros»; «Occidente lanza una caza de brujas contra las voces disidentes».

Este tipo de listas, con perfiles a favor y en contra, se hacen en todo tipo de departamentos de comunicación e instituciones académicas de análisis, más si hay indicios de injerencias extranjeras en el debate político de un país. Según su autor, Nicolás de Pedro: «El trabajo consistió en un mapeo de los debates en España sobre el tema de Ucrania basado, exclusivamente, en lo que la gente pone en abierto en su cuenta de Twitter. Es decir: no sólo algo legal sino perfectamente legítimo y muy frecuente. Cuando un usuario organiza una lista pública está haciendo lo mismo. Así que no tiene nada que ver ni con listas negras, sino con identificar qué ideas y narrativas dominaban y cuáles eran las cuentas más influyentes».[140] Y desde luego, ese documento no llegó a Soros en persona, como intentan sugerir los medios rusos.

La entrada en escena de Soros en la crisis catalana tiene mucho que ver con el apoyo de Rusia a la ultraderecha en España, un fenómeno que no ha sido lo suficientemente analizado pero que va más en línea con los intereses políticos y estratégicos de Putin y su gobierno. Como se vio, el partido de Putin ha explorado y firmado acuerdos con el Frente Nacional Francés, al que Rusia ha concedido cuantiosos créditos, y La Liga en Italia. En el informe «Los caballos de Troya del Kremlin» se hace referencia a la emergente fuerza de ultraderecha española, Vox, como un partido posiblemente favorable a los posicionamientos del Kremlin en el sur de Europa. «Estos actores ven a Putin como un líder duro en materia de terrorismo o como un defensor de la integridad territorial, y ven a Rusia como un baluarte en la defensa de la cristiandad frente al islam», dice el documento. Vox niega cualquier sintonía con Moscú.

En septiembre de 2017, Jordi Pérez Colomé publicó en El País una información exclusiva sobre las conexiones rusas de otra organización ultra española, Hazte Oír. Ésta tiene una agenda claramente antiabortista y agresivamente contraria a los derechos del colectivo LGTB. Desde 2013 cuenta con una sucursal global, CitizenGo, con la que ha desarrollado portales web en doce lenguas. El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, participa habitualmente en el Congreso Mundial de Familias, la principal organización global de grupos conservadores, creada y radicada en Moscú y que ha montado once encuentros internacionales desde 1997. CitizenGo es miembro de ese congreso y organizó en 2012 en Madrid un encuentro, en el que participó Hazte Oír.

El ruso Alexei Komov es miembro del patronato de CitizenGo. Según publicó Pérez Colomé, Komov tiene estrechos lazos con el magnate Konstantin Malofeev, que está en la lista de sancionados por la UE por su apoyo a los separatistas ucranianos. A Malofeev se le conoce como «el Soros de Putin», por su fortuna y su activismo político. Es presidente, además, de Katehon, el think tank ultra que publicó tribunas sobre la relación de Soros con el independentismo catalán y del que se habló antes. En 2014, Malofeev estuvo presente en una conferencia de partidos de ultraderecha mantenida en Viena, en la que también se encontraba la líder del Frente Nacional, Le Pen, y ha participado en varios actos de La Liga en Italia.

El activismo de Hazte Oír y los avances de Vox en intención de voto auguran un final a la época en que España era inmune a la ola de populismo de derechas que ha desestabilizado otros países europeos.[141] El bipartidismo en España ha quedado herido de muerte y cualquier escenario es posible en un contexto político extremadamente volátil.

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«Cataluña necesita reconciliarse con la verdad»

Era, sin duda, el discurso más importante de toda la carrera de Mariano Rajoy, un veterano político bregado en mil batallas parlamentarias pero reacio siempre a hablar en público más de lo estrictamente necesario.[142] Se le había acusado de falta de previsión, de haber dejado en manos de los jueces la respuesta al independentismo, de lentitud e incluso de cobardía. Para los medios y políticos críticos, a su izquierda y a su derecha, el presidente del gobierno español era la encarnación del «tancredismo», en referencia a un lance taurino que consistía en que un individuo esperaba disfrazado al toro subido a un pedestal situado en mitad del ruedo. Su mérito era quedarse impertérrito ante el peligro.

Rajoy subió serio al atril de la sala de medios del Palacio de la Moncloa el 27 de octubre de 2017, tras una intensa discusión con su Consejo de Ministros. Sobre sus hombros pesaban las imágenes de las cargas policiales y el hecho de que, a pesar de sus advertencias, sí hubiera habido una votación el 1 de octubre. Con la ayuda de la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, el presidente del gobierno había establecido el plan de acción para aplicar por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155 de la Constitución, que establece que si «una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».

Las líneas maestras se habían consensuado antes con Ciudadanos, socio de investidura del PP, y el PSOE, principal partido en la oposición, que había establecido una serie de condiciones para su apoyo a tan drástica medida, como que no se intervinieran los medios de titularidad pública en Cataluña. La agrupación socialista en Cataluña, el PSC, tenía una tortuosa relación con el nacionalismo, habiendo pactado en el pasado con partidos separatistas como ERC y habiendo defendido siempre la necesidad de dialogar y apaciguar a los independentistas, infructuosamente. No actuar ante la propaganda de medios como TV3 era el precio de ese apaciguamiento.

El Senado, en el que el PP tenía mayoría absoluta, había respaldado previamente la aplicación del mencionado artículo constitucional. En virtud de éste, Rajoy asumía directamente el control del gobierno autonómico catalán y decretaba el cese del presidente y el resto de los consejeros de la Generalitat. Anulaba, además, toda una serie de instituciones paralelas que en los años previos se habían dedicado a promover y ejecutar la agenda independentista, como las embajadas catalanas en el extranjero. También cesó al director general de la policía autonómica. Finalmente, el presidente disolvió el Parlamento autonómico y convocó elecciones para dos meses después, el 21 de diciembre.

No sólo España miraba aquel día a Rajoy. Lo hacía todo el mundo, incluidos sus socios políticos a ambos lados del Atlántico, tras la intensa cobertura que los medios internacionales habían dedicado al referéndum. Antes, a Rajoy se le había criticado duramente por haber dejado que el rey cobrara excesivo protagonismo con un duro discurso aprobado previamente por Moncloa y pronunciado por televisión el 3 de octubre. Las palabras del presidente del gobierno se interpretarían como la prueba final de su determinación. Rajoy fue breve, y en su discurso no sólo detalló las medidas a tomar, sino que añadió, de forma destacada, que «Cataluña necesita reconciliarse con la verdad».[143]

No era una afirmación casual o menor. El presidente del gobierno era consciente, según comentó aquellos días a personas de su confianza, que una de las mayores víctimas del proceso independentista había sido la verdad, despojada de relativismos y emociones. Había algo muy cierto en el razonamiento de Rajoy, antes y después de aquel día: Cataluña, a pesar de todo, no era independiente, no podía ser independiente y no iba a ser independiente. El separatismo no era un sentimiento unánime en Cataluña. Sus líderes habían actuado según un plan ejecutado a lo largo de décadas, dando una difusión exagerada a sus ideas, mientras ocultaban un gran entramado de corrupción. «La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes que no son independentistas, incluso muchos independentistas demócratas que no pueden compartir el destrozo que esta operación basada en mentiras, fraudes e imposiciones está causando en el cuerpo social de Cataluña», dijo Rajoy.

Era la admisión, tardía, de que España había vivido, casi sin darse cuenta, su primera gran crisis de la era de la posverdad. Pero por mucha razón que Rajoy tuviera, había algo que no le acompañaba: el Estado no se había protegido ante uno de los mayores desafíos de su existencia democrática. Rajoy era un político clásico, que todavía daba importancia a los discursos y a la cobertura que le dedicaban medios impresos, radios y televisiones. El sentir ciudadano, sin embargo, estaba ya en otros foros, que a él le quedaban muy lejos: en redes sociales, buscadores, grupos de mensajes abiertos y cerrados, agregadores de noticias y sitios web generalistas y minoritarios. La política, siempre supeditada al estado de ánimo de la sociedad, ya no se jugaba en los campos que Rajoy conocía bien.

El presidente no podía haber hecho nada, es cierto, sobre la creación de una realidad paralela en Cataluña, pues ésta se llevaba fraguando, como se ha visto, décadas. Ningún gobierno anterior, de derecha o izquierda, con mayoría absoluta o no, había intentado detener la implantación de las ideas nacionalistas en instituciones académicas y medios de comunicación, iniciada en los primeros años de Pujol. Pero lo que sí podía haber hecho Rajoy, que llevaba en el poder desde 2011, era tomar medidas para contener el avance de la desinformación en internet. Fueron varios los políticos, periodistas y académicos que le advirtieron de ello, pero él pensó que aquellas vías de comunicación eran algo menor comparado con la posibilidad de que España se rompiera.

Cuando estalló la crisis catalana, el gobierno español ya disponía de informes sobre injerencias en países aliados como Ucrania, Francia o Estados Unidos. RT y Sputnik llevaban años operando en español, con un punto de vista extremadamente crítico no sólo con su gobierno, sino con la salud general de todo el Estado. Incluso cuando El País y otros medios como El Confidencial publicaron las primeras noticias de injerencias en el referéndum, secundadas después por organismos de los que España es miembro, como la UE o la OTAN, Rajoy arrastró los pies y evitó, ante todo, formular claras advertencias a Rusia como las que en su día hicieron Obama, Renzi o Macron.

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«Esto ha terminado»

Un día después del discurso de Rajoy, Puigdemont, ya depuesto de la presidencia de Cataluña, decidía si se quedaba en España o si huiría al extranjero. La Fiscalía General del Estado sopesaba presentar una denuncia por rebelión ante la Audiencia Nacional, algo que con toda seguridad conllevaría prisión cautelar por riesgo de fuga. Aquel sábado 28 de octubre, Puigdemont y su mujer mantuvieron largas conversaciones con el empresario Josep Maria Matamala y con Lluís Escolà, un sargento de la policía autonómica con el que tenían una excelente relación. En aquella conversación comenzó a fraguarse la idea de la fuga, pero con el matiz de que se contaría a través de los medios afines como un «exilio temporal», igual que el de los líderes catalanistas durante la dictadura franquista.

Intentando aparentar la máxima normalidad posible, Puigdemont grabó en la mañana de aquel sábado un mensaje institucional que TV3 emitió a las 14.30 con el rótulo de «Mensaje del presidente de la Generalitat», a pesar de que ya había sido depuesto. En efecto, Puigdemont no acusaba recibo de la aplicación del artículo 155 y pedía a los catalanes ejercer «oposición democrática» contra éste. Aludía también a las líneas maestras del argumentario, con su correspondiente dosis de victimismo: «Es la consumación de una agresión premeditada contra la voluntad de los catalanes, que de forma muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa».

Cuando el mensaje grabado se emitió se dio la circunstancia de que el propio Puigdemont estaba comiendo en un restaurante de Gerona con su familia, después de un paseo por la ciudad.[144] El expresidente había posado para una foto con varios jugadores de un equipo de baloncesto y había mantenido breves conversaciones con vecinos de la ciudad que le daban efusivas muestras de apoyo y le animaban a seguir con su lucha. Por la tarde acudió a una casa en la zona del Alt Empordà y discutió sus opciones con varios miembros del denominado «estado mayor del proceso», el célebre sanedrín independentista en el que tienen presencia empresarios, periodistas y cargos electos.[145]

Al volver a su casa ya a la hora de la cena, Puigdemont había decidido «irse al exilio», tal y como dijo a los suyos. Iría solo y su mujer y sus dos hijas se quedarían de momento en Gerona. De las opciones que había barajado con varios abogados que le asesoraban, se decantó por Bélgica. Fueron diversos los motivos que le llevaron a ello: es un país con una fuerte presencia de partidos nacionalistas flamencos; en Bruselas tienen sede las principales instituciones europeas; cuenta con tres eurodiputados independentistas catalanes, y sobre todo hay una nutrida representación de medios de comunicación de todo el mundo.[146]

El expresidente catalán citó al sargento Escolà en su casa a las 15.45 del día siguiente, domingo 30 de octubre. Le contó sus planes y éste preparó toda la logística, procurando un cambio del coche oficial por un todoterreno y pidiendo ayuda para ello a dos agentes del cuerpo de escoltas de su confianza. Pasadas las 19.00, para no llamar la atención del destacamento de escoltas que en aquel momento custodiaba a Puigdemont, el sargento entró en el garaje de la casa con la excusa de que iba a dejar unas cajas en él. El expresidente se despidió de su mujer y sus dos hijas, se acostó en la parte trasera del todoterreno y comenzó su fuga.

En una urbanización de Gerona cercana, el sargento y Puigdemont volvieron a cambiar de coche por un todoterreno que le entregaron los dos escoltas, que no hicieron preguntas. Tras una hora y media de camino cruzaron la frontera y, en la primera estación de servicio en Francia, se encontraron con el empresario Matamala, que les esperaba allí. En la gasolinera, el sargento se dio cuenta de que la documentación del todoterreno no estaba en la guantera, por lo que pidió a los escoltas que se la acercaran. Estos así lo hicieron, y Puigdemont y su camarilla prosiguieron su huida al filo de la medianoche.

Cuando se despidió de los dos agentes, el sargento les pidió que avisaran de lo sucedido a sus superiores cuando lo creyeran oportuno. Lo hicieron a la mañana siguiente. A las 08.00 del lunes, el propio Escolà llamó a su superior directo y le informó de que estaba acompañando a Puigdemont a Bruselas y que asumía las consecuencias que aquello pudiera acarrear. Llegaron a la capital belga pasadas las 09.00.

Comenzaba con aquella fuga el mito del exilio, de nuevo una gran noticia falsa que consolidarían los medios nacionalistas catalanes y los medios rusos, que emplearían abundantemente ese término. Para ellos, aquella huida era otra muestra de que España era un Estado represor, cuyo autoritarismo había empujado a Puigdemont a buscar el asilo en el extranjero.

Al expresidente se le unieron en Bruselas varios miembros de su gobierno: Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Lluis Puig, de Cultura, y Meritxell Serret, de Agricultura. Por su parte, Clara Ponsatí, exconsejera de Educación, huyó primero a Bruselas y de allí se trasladó posteriormente a Escocia, donde trabaja para la Universidad de St. Andrews. Anna Gabriel, que fue diputada del partido antisistema CUP, se fugó a Suiza, país al que también se desplazó Marta Rovira, de ERC. Todos huyeron después de haber sido acusados por la fiscalía de diversos delitos, bien de rebelión, desobediencia o malversación de caudales públicos para la organización del referéndum.

A diferencia de Puigdemont, otros líderes de la independencia prefirieron permanecer en España y enfrentarse a la justicia. Los acusados ingresarían inicialmente en diversos centros penitenciarios de Madrid como medida cautelar a la espera de juicio. Entre ellos se encontraban miembros del gobierno de Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras; Joaquim Forn, exconsejero de Interior y responsable político de la policía autonómica; Jordi Turull, portavoz del Govern; Raül Romeva, exconsejero de Exteriores; Josep Rull, responsable de Territorio, y Dolors Bassa, de Trabajo. Se unían a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, conocidos como los «Jordis», líderes de la ANC y Òmnium respectivamente, en prisión preventiva desde octubre al ser acusados de un delito de rebelión por convocar y organizar una protesta contra los registros judiciales para impedir el referéndum.

Desde que el 16 de octubre, la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, ordenara el ingreso de Sànchez y Cuixart en prisión preventiva, los medios independentistas se lanzaron a difundir, en catalán, español e inglés, la otra gran mentira de esta fase posterior al referéndum: desde entonces en España habría «presos políticos». La portada del diario Ara del día siguiente era tal vez las más reveladora: mostraba una foto de ambos imputados, sonrientes a su llegada a la Audiencia Nacional, con el rótulo «presos políticos» en mayúsculas. Momentos después de su entrada en la cárcel, el diario digital independentista Vilaweb había sido el primero en afirmar: «Cuixart y Sànchez, presos políticos en la Europa de 2017 por una movilización pacífica».

Por «movilización pacífica» ese medio se refiere a las multitudinarias concentraciones que ambos activistas convocaron para impedir los registros en diversos edificios públicos durante la operación para abortar la logística del referéndum, en los que fueron detenidos once políticos. Los «Jordis» movilizaron a decenas de miles de personas, que provocaron unos altercados que a punto estuvieron de impedir la labor de la comisión judicial. De hecho, la organización Òmnium, que preside Cuixart, envió a sus seguidores un mensaje a través de WhatsApp en el que les pedía ayuda para «parar a la Guardia Civil».

La juez Lamela consideraba especialmente graves las manifestaciones alrededor de la Consejería de Economía, en Barcelona. Una cadena humana la rodeó e impidió en repetidas ocasiones la salida de los coches policiales. La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que trabajaba en el dispositivo, tuvo que evacuar la Consejería por una azotea para después camuflarse con un grupo de gente que salía de un teatro. Los agentes que acudieron al registro con ella no pudieron abandonar el edificio completamente hasta las 07.00 del día siguiente.

Mientras, una muchedumbre independentista destrozaba tres todoterrenos de la Guardia Civil, pinchando ruedas, rompiendo lunas y causando daños que la juez estimó en 135.600 euros. Unas imágenes de aquellos altercados muestran a Sànchez y Cuixart encima de uno de esos todoterrenos con unos megáfonos, dirigiéndose a la multitud. A lo largo de la noche contactaron con los cuerpos policiales en cinco ocasiones, arrogándose la representación de los manifestantes y ofreciéndose para mediar. La juez contaba con pruebas de que Sànchez había pedido a las puertas de la Consejería que nadie se fuera a su casa hasta que acabara la operación policial y de que Cuixart había hecho un llamamiento a la «movilización permanente».

Según la juez, éstos son hechos de «extrema gravedad» que iban destinados a «impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial». En cualquier Estado de derecho, impedir un registro policial ordenado por un juzgado, con destrozo de material público e intimidación, conllevaría el mismo tipo de medidas, si no otras más duras.

En la Cataluña nacionalista, sin embargo, la causa justificaba los medios y a los «Jordis» se les añadió a la larga lista de mártires en el proceso independentista. Los medios nacionalistas, incluidos los públicos, pasaron a referirse a ellos como «los primeros presos políticos catalanes del siglo XXI». Así los definió Julian Assange en un mensaje del mismo 16 de octubre, comenzando la ofensiva: «España acaba de crear sus primeros presos políticos por el referéndum catalán».

A la mañana siguiente, en el programa matinal de la radio pública, el de mayor audiencia en Cataluña, la presentadora Mònica Terribas entrevistó al delegado del gobierno central en la comunidad autónoma, Enric Millo, y ésa fue la primera pregunta que efectuó: «¿Tenemos presos políticos en Cataluña?». Es una técnica de desinformación clásica: obligar a un entrevistado a entrar a pronunciarse sobre un concepto falso y con una alta carga ideológica, condicionando el intercambio posterior ya en esos términos.

Pocos en el resto de España creían ya las estridencias de aquella burbuja separatista, que recurría a métodos cada vez más obvios. Pero los independentistas supieron aprovechar la llegada de Puigdemont a Bruselas para comenzar un bombardeo propagandístico a las instituciones europeas con la cantinela del «exilio» y los «presos políticos», comparando a España con países como Turquía y pidiendo, sobre todo, mediación para solucionar tan graves problemas. Es importante resaltar que la petición de mediación, que se formularía repetidamente, no es tan inocente como parece, pues sería una mediación entre España y Cataluña, de igual a igual, para conseguir la independencia de esta última. Significaba que el asunto ya no era algo interno de España.

Con la llegada de Puigdemont a Bruselas, los eurodiputados independentistas intentaron a toda costa llevar ambos asuntos a debate en el Europarlamento, con todo tipo de argucias. En varias ocasiones, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, con el apoyo de los Verdes y de Izquierda Unitaria, lo propusieron en la agenda del día del hemiciclo, algo que la conferencia de presidentes del Parlamento rechazó frontalmente, por decisión de los conservadores del PP, los socialdemócratas y los liberales de ALDE, una agrupación en la que tiene por cierto representación testimonial el partido de Puigdemont.[147]

Ante la imposibilidad de forzar un debate parlamentario, los tres eurodiputados independentistas catalanes en Bruselas —Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras y Ramon Tremosa— intentaron por todos los medios organizar una conferencia del expresidente catalán dentro del Europarlamento. Tremosa había reservado para las 18:30 del 7 de noviembre una sala de gran capacidad, donde en teoría tendría lugar un acto con doscientos alcaldes catalanes independentistas. El título del encuentro era «Alcaldes catalanes en apoyo del gobierno de Cataluña». El presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, del PP italiano, decidió, y así se lo comunicó a estos legisladores, que Puigdemont sólo podría acceder al recinto si contaba con una autorización expresa del juez belga que tramitaba una orden de detención y entrega cursada por España. Tremosa se vio obligado a buscar otro recinto, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, donde tuvo lugar el acto.

Tajani había expresado a varios colaboradores con los que hablé posteriormente su temor a que Puigdemont utilizara la Eurocámara para atrincherarse y tratar de escapar de la acción de la justicia belga. El protocolo de privilegios e inmunidades de las instituciones europeas establece que el Europarlamento es inviolable: la policía no puede acceder allí libremente para detener a alguien o llevarle ante el juez. Aquello limitó notablemente la capacidad de Puigdemont de llamar la atención política en Bruselas, por lo que luego se dedicaría a dar conferencias en otros países y se establecería brevemente en Alemania.

Antes de la llegada de Puigdemont a la capital belga, el eurodiputado Tremosa ya se había convertido en la principal correa de transmisión del independentismo en el Europarlamento, sobre todo defendiendo la idea de que una Cataluña independiente no podría verse obligada a abandonar la UE, en contra de lo expresado por los líderes y portavoces de todas las instituciones implicadas. En una entrevista en el medio independentista El Nacional del 3 de julio de 2017, había dicho: «Cataluña cada día es más europea y, de hecho, es core business europeo. Estamos exportando más a Europa que a España. Barcelona es el primer aeropuerto europeo en vuelos dentro de Europa. ¡Esta cifra es brutal! Alcanzaremos los 50 millones de pasajeros este año. A Barcelona no la podrás expulsar de nada».

Haciendo uso de ese talante entre optimista y desafiante, Tremosa se convirtió tras el referéndum en una verdadera máquina de fabricar noticias falsas desde Bruselas. Durante el 1 de octubre publicó en Twitter imágenes de protestas en Chile como si fueran de Cataluña y empleó fotografías de una antigua manifestación de bomberos contra los recortes con el lema, falso, de «Bomberos defendiendo al pueblo [catalán] de la policía». El día seis de octubre compartió una imagen con una falsa portada de la revista Time, a la que había extraído el titular referente a la «revolución de los paraguas» ocurrida en Hong Kong en 2014, para añadirle una imagen de una protesta en Cataluña durante la cual había llovido y a la que los manifestantes habían acudido con paraguas.

Tremosa ha sido muy prolífico enviando correos a sus 750 compañeros en el Europarlamento ofreciéndoles siempre el punto de vista independentista de la crisis, lo que le ha valido el apodo del «diputado del spam». En uno de esos mensajes masivos fechado el 27 de marzo de 2018 les contaba que Puigdemont había pedido mediación a la comunidad internacional, que en España había presos políticos y que «no hubo delito de rebelión porque no existió violencia ni la amenaza de ella».

Durante las semanas más intensas de la crisis independentista, con la llegada de Puigdemont a Bruselas, los periodistas de El País intentamos en repetidas ocasiones que Tremosa nos atendiera para responder sobre sus afirmaciones, algo que se negó a hacer. No es que fuera alguien reacio a hablar con los periodistas, todo lo contrario: atendía frecuentemente a medios independentistas catalanes y estatales rusos.

De hecho, el 6 de octubre dio una entrevista a RT en la que afirmó: «La brutal represión militar española nos ha unido a todos». Ése fue, por supuesto, el titular de la nota, que por lo demás contenía las ya habituales tácticas de desinformación del separatismo. Tremosa serviría también de fuente habitual para Sputnik, a quien le dio el titular «Eurodiputados catalanes denuncian la eventual utilización del ejército en Cataluña».

Tremosa no es una de aquellas fuentes desconocidas que tanto cultivan RT y Sputnik para reafirmar sus puntos de vista, ya que ostenta un cargo de relevancia. Pero la suya es una opinión de parte, y darle un titular a unas declaraciones suyas sin más es servir de instrumento a sus tácticas propagandísticas. Él no podía denunciar el uso del ejército en Cataluña porque nadie en el gobierno español había sopesado desplegarlo.

Aunque las intentonas de internacionalizar la crisis independentista se encontraron con la oposición de una inmensa mayoría en el Europarlamento, Tremosa sí recibió ayuda de un bloque de legisladores prorrusos que se dedicaron a agitar el debate con posicionamientos afines a las políticas del Kremlin. Una de las más activas fue la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka, de los Verdes, que llevaba años alentando el independentismo en Europa y que ha tenido relación directa con Oriol Junqueras, eurodiputado entre 2009 y 2012, y Raül Romeva, que también lo fue entre 2004 y 2014.

En los meses posteriores al referéndum del 1 de octubre, Zdanoka concedió numerosas entrevistas en las que se mostró extremadamente crítica con España y con el «doble rasero europeo», porque la situación de Cataluña le recordaba a la de Kosovo, en línea con la postura oficial del Kremlin. «En Europa hay muy pocos estados homogéneos. En Francia también hay catalanes y vascos, además de bretones y corsos. La política estatal de Francia se basa en la asimilación violenta», dijo en la cadena letona Radio Pik el 10 de noviembre.

Cuatro días después, se unió a una protesta ante el Europarlamento contra «la violación del Estado de derecho en España», según dijo en un mensaje en su perfil de Facebook. Le acompañaron Tremosa, Solé y Terricabras, posando con banderas independentistas. Ya en septiembre, Zdanoka y otros diputados habían firmado una petición para que la Comisión Europea condenara la «persecución judicial y política» de los alcaldes catalanes a los que la justicia española había prohibido poner al servicio del referéndum ilegal del 1 de octubre sus instalaciones municipales. La Comisión la desestimó.

Quienes promueven este tipo de iniciativas, casi siempre frustradas, suelen ser un grupo de eurodiputados prorrusos de partidos extremistas bien a derecha o a izquierda, además de los representantes de las minorías rusas en países del extinto bloque soviético, como la propia Zdanoka. En 2016, algunos de ellos viajaron a Siria para tener una reunión con el dictador El Asad, al que mantenía en el poder el apoyo militar de Moscú. En el viaje participaron Zdanoka y el español Javier Couso, de IU. El Europarlamento se negó a reembolsarles los gastos del viaje al considerar, según un portavoz, que era «una visita no oficial».

Fue precisamente a ese grupo de eurodiputados prorrusos al que recurrió la Generalitat cuando buscaba a toda costa invitar a un grupo de observadores internacionales durante el referéndum. Con la mediación de Tremosa, Solé y Terricabras, diez legisladores, encabezados por el italiano Mario Borghezio, de La Liga, se plantaron en Barcelona aquel 1 de octubre con la excusa de supervisar el correcto funcionamiento de la votación, ilegalizada por la justicia. Entre ellos había dos españoles: Josu Juaristi, de EH Bildu, y María Lidia Senra, de Alternativa Galega de Esquerdas. El Parlamento europeo les desautorizó posteriormente, aclarando por vías oficiales que no había enviado ninguna misión a Cataluña y que quien estaba allí era a título personal. Por cierto, la Generalitat también invitó al abogado Ionov, organizador de las conferencias independentistas de Moscú, que finalmente no acudió.

Éstos eran, pues, los compañeros de viaje de Puigdemont, Tremosa y los suyos en el Europarlamento. Eran todos viejos conocidos de los grupos conservadores y socialistas, por lo que no consiguieron su objetivo de que Puigdemont entrara en el Europarlamento o que las falsas nociones del exilio y los presos políticos se colaran en ningún debate de relevancia. Por su parte, los eurodiputados independentistas intentaron por todos los medios seguir con su agenda de agitación, como cuando el 20 de noviembre de 2017 organizaron una sesión en una sala de la Eurocámara para debatir sobre «Franquismo tras Franco, continuación y continuidad institucional». Uno de los invitados, el catedrático Ramón Cotarelo, calificó en ella a España de «seudodemocracia». Recurrían de nuevo los independentistas al fantasma del franquismo, tan manido durante esta crisis.

Aquello eran, sin embargo, meras provocaciones de una serie de políticos que veían cómo el problema catalán pasaba a un discreto segundo plano en la cambiante agenda internacional. En sus inicios, la crisis había logrado un tratamiento estelar, copando horas de emisiones televisivas, cientos de portadas de periódicos en papel y miles de titulares en diarios digitales. Pero con el paso de los días era ya obvio que la independencia no se había producido y, es más, nunca había sido una opción real en un futuro inmediato, en contra de las promesas de los gobernantes catalanes.

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron en Cataluña las elecciones que había convocado Rajoy. Las ganó por mayoría simple Ciudadanos, el partido centrista que había nacido en 2006 para, entre otras cosas, normalizar la situación de aquella comunidad autónoma dentro de España. Sin embargo, el bloque independentista, con una amalgama de partidos de derecha, izquierda y antisistema logró la mayoría absoluta. No les fue fácil llegar a un acuerdo de coalición, porque había ya serias fracturas entre las diversas facciones separatistas. Puigdemont, cada vez más aislado, luchó hasta el final para ser investido por teleconferencia, sin éxito por la resistencia de sus socios de ERC, que ocupaban la presidencia de la cámara. Para muchos políticos de ese partido era evidente que su líder, el exvicepresidente Junqueras, estaba en prisión a la espera de juicio, mientras Puigdemont vivía cómodamente en un chalé de las afueras de Bruselas intentando marcar todavía los tiempos.

Tampoco consiguió Puigdemont colocar al frente del gobierno a otros políticos de su confianza como Jordi Turull, contra quien se rebelaron los antisistema de la CUP. Finalmente, y tras siete meses sin gobierno autonómico, el 29 de mayo fue investido Quim Torra, quien, como primer director del museo del Born había declarado a este «zona cero de los catalanes» y que era ya conocido por sus insultos en artículos y redes sociales al resto de los españoles, a los que había calificado de «bestias».

Durante el tira y afloja entre los diversos líderes independentistas después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Puigdemont mostró al mundo por pura casualidad un momento de lucidez. El 31 de enero de 2018 debería haber participado en un acto organizado por nacionalistas flamencos en la localidad belga de Lovaina, pero a última hora se ausentó. En su lugar acudió el exconsejero Comín, de ERC, que intervino y luego tomó asiento entre el público. Un cámara de la cadena española Telecinco captó unas imágenes del móvil de Comín mientras tenía abierta la aplicación de mensajería Signal. En la pantalla había cuatro mensajes de Puigdemont que revelaban cuál era su estado de ánimo verdadero después de que el Parlamento catalán hubiera decidido no arriesgarse a seguir con la farsa de nombrarle presidente por Skype.

«Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana... El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico es histórico... Supongo que tienes claro que esto se ha acabado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería [el diputado de ERC Joan] Tardà. No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia».

Puigdemont renegaría después de aquellas palabras, atribuyéndolas a un momento de duda y debilidad transitorio. Eran, sin embargo, la admisión de que las acciones de los líderes independentistas sólo habían logrado sumir a Cataluña en el desconcierto, con un grave perjuicio no sólo para los propios presos y fugados, sino para toda la sociedad española, a la que aún le quedaban largos años por delante para poder superar una de las crisis más graves de sus cuarenta años de democracia.

20

«No queremos ser un ministerio de la verdad»

Cuando Puigdemont llegó a Bruselas, la Comisión Europea trabajaba ya en una propuesta para combatir las noticias falsas, a propuesta del Europarlamento. En junio de 2017, éste había instado al brazo ejecutivo de la UE a que revisara el marco legal que se aplicaba a plataformas como Facebook y Google, con la finalidad de impedir la difusión de noticias falsas. En un razonamiento de catorce páginas, los legisladores, conscientes de la imposibilidad de impedir la proliferación de contenido ilícito, colocaban el peso de la carga sobre las vías de distribución. Admitían que era imposible tomar medidas contra la creación de noticias falsas, pero estaban convencidos de que podían poner coto a su distribución masiva en las redes sociales y los buscadores.[148]

En aquella resolución, el Europarlamento destaca «la importancia de tomar medidas contra la difusión de noticias falsas; pide a las plataformas digitales que proporcionen a sus usuarios herramientas para denunciar noticias falsas de tal manera que otros usuarios puedan ser informados de que la veracidad del contenido ha sido puesta en duda; señala, al mismo tiempo, que el libre intercambio de opiniones es fundamental para la democracia y que el derecho a la privacidad también se aplica en las redes sociales; destaca el valor de la libertad de prensa con respecto a proporcionar a los ciudadanos con información fiable».

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, encargó después a la nueva comisaria de Economía y Sociedad Digital, la búlgara Mariya Gabriel, que analizara el actual marco regulatorio y decidiera si procedía proponer algún cambio legislativo en el espacio común europeo.[149] En octubre, en el punto álgido de la crisis independentista catalana, Gabriel abrió una consulta pública sobre desinformación y formó un grupo de expertos de diversos países para que le ofrecieran una serie detallada de recomendaciones.[150] Tras varias reuniones y debates, éstos entregaron a la comisión un informe que se publicó en marzo de 2018.[151] Según diversos miembros del equipo con los que hablé posteriormente, hubo una división en su seno sobre cuán grande era en realidad el problema de la desinformación y si procedía legislar al respecto, por el temor a interferir en un derecho tan básico como es el de la libertad de expresión.

El informe a la comisaria recomendaba que se renunciara a la expresión «noticias falsas» o «fake news» para referirse a este fenómeno, porque «no sólo es inadecuado sino también engañoso, dado que algunos políticos y sus partidarios se han apropiado de él, y lo utilizan para criticar toda cobertura periodística que consideran equivocada, y se ha convertido en un arma con la que los actores políticos pueden interferir en la circulación de información y atacar y socavar a los medios informativos independientes». Como he dicho antes, me parece una decisión errónea porque supone ceder ante la apropiación del término por parte de los políticos populistas.

Los expertos efectuaron una serie de recomendaciones, entre las que destacaban: transparencia por parte de las plataformas en cuanto a compra de publicidad de contenido y mal uso de sus servicios; educación de la ciudadanía sobre medios y periodismo; dotar a los periodistas de medios para poder ejercer mejor su trabajo, y ayudas a los medios para garantizar su independencia y pluralidad. En resumen, confiaban plenamente en la autorregulación de los medios y un mayor control sobre las plataformas digitales.

En el espacio de tiempo entre la entrega de ese informe y la publicación de las conclusiones finales de la Comisión tuve la oportunidad de hablar en privado en Bruselas con la propia Gabriel y con un miembro de su equipo. Ambos admitieron que la Comisión había recibido presiones para hacer caso a ese grupo de expertos, renunciando a aprobar una regulación más restrictiva en materia de desinformación. Entendí que aquellas presiones provenían no sólo de las grandes plataformas digitales y sus representantes en Bruselas, sino también de agrupaciones de corte político, preocupadas por la ya manida acusación de que, con nuevas leyes, la UE podría estar dotándose de un «ministerio de la verdad».

Según me comentó posteriormente aquel miembro del equipo de Gabriel, que pidió anonimato: «No vemos ahora mismo la necesidad, la justificación, ni creo que tengamos los datos necesarios para proponer algún tipo de legislación. No queremos que se nos acuse de querer ser un ministerio de la verdad. No queremos que haya una legislación que diga: ahora vamos a decir lo que es cierto y lo que es falso. Aquí hay ya leyes suficientes».

La del «ministerio de la verdad» es, por cierto, una vieja acusación de los medios rusos ante cualquier medida legislativa que intente poner coto a sus acciones. En octubre de 2017, cuando aquel equipo de expertos europeos comenzaba a trabajar, RT publicó una noticia con el titular «Las plataformas de redes sociales no necesitan un ministerio de la verdad gubernamental, según los analistas».

Es cierto que la propia Gabriel recibió también presiones en el sentido contrario, que le pedían de forma insistente una legislación adaptada a los nuevos tiempos. El comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King, le demandó a Gabriel en una carta datada el 19 de marzo de 2018 que propusiera «medidas de obligado cumplimiento» ante la grave amenaza que la desinformación supone para la democracia. En aquella carta, a la que tuve acceso, King afirmaba que «está claro que la amenaza de ciberseguridad a la que nos enfrentamos está mutando su orientación, de un enfoque centrado en sistemas a otro que se basa cada vez más en la utilización de medios cibernéticos para manipular conductas, profundizar las divisiones sociales, subvertir nuestros sistemas democráticos y cuestionar nuestras instituciones».

Otros compañeros de partido de Gabriel, como el eurodiputado popular español Esteban González Pons, tomaron la iniciativa, poniendo de relieve el problema de la desinformación rusa y el grave riesgo que supone para las instituciones democráticas. Según González Pons, «necesitamos una normativa que proteja a la democracia de las noticias falsas. Ningún país podrá luchar contra este problema en solitario, necesitamos una normativa europea».[152] Se le sumó el vicepresidente del Europarlamento Ramón Luis Valcárcel, también del PP español, que pidió insistentemente una propuesta de reforma legislativa. Valcárcel, que por su apoyo a la democracia en Ucrania ha sido vetado de entrar en Rusia, dijo en un duro discurso que Putin «proporciona a cada país exactamente lo que necesita para fracasar. Miedo al inmigrante, rechazo al diferente, gasolina separatista, movimientos antisistema o, incluso, un catálogo de políticas autoritarias que recuerden a lo peor del pasado. Rusia no tiene problema en apoyar, dentro de un mismo país, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, como ocurre en Grecia. Ni tampoco en echar leña al fuego del populismo de izquierda radical o del rancio nacionalismo, como ocurre en España. Porque el objetivo de Rusia es que nos destruyamos nosotros mismos, desde dentro, sin tener que movilizar a su ejército».[153]

Finalmente, Gabriel ignoró aquellas peticiones desde dentro de su propio partido. El 26 de abril de 2018 emitió sus propias conclusiones, en forma de comunicación pública. En ellas, como ya se preveía, confiaba plenamente en la autorregulación y no instaba al Europarlamento a dotarse de nuevas leyes. En el texto, sin embargo, se incluía una certera descripción del problema. Definía la desinformación como «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE».

La Comisión destacaba el papel que las plataformas de internet tienen a la hora de amplificar ese contenido en una descripción que conviene reproducir íntegra:

Amplificación a través de las redes sociales y otros medios de comunicación en línea. Existen varios factores que generan un buen caldo de cultivo para la difusión de desinformación en línea. La mecánica de la proliferación de la desinformación es la siguiente:

Uso de algoritmos: los criterios que utilizan los algoritmos para priorizar la visualización de información están motivados por el modelo de negocio de las plataformas y por el hecho de que dichos algoritmos privilegian un contenido personalizado y sensacionalista, que normalmente es más probable que atraiga la atención y se comparta entre los usuarios. Al facilitar el intercambio de contenido personalizado entre usuarios afines, los algoritmos aumentan indirectamente la polarización y refuerzan los efectos de la desinformación.

Estrategia basada en la publicidad: el modelo actual de publicidad digital suele basarse en los clics del usuario, lo que favorece el contenido sensacionalista y viral. Este modelo utiliza redes publicitarias operadas por agencias que aseguran una colocación de los anuncios en tiempo real basada en una toma de decisiones algorítmica. Esto facilita la colocación de anuncios en sitios web que publican contenido sensacionalista que apela a las emociones de los usuarios, incluida la desinformación.

Facilitación tecnológica: Las tecnologías en línea, como los servicios automatizados (denominados «bots» u ordenadores zombis), amplifican artificialmente la difusión de desinformación. Este mecanismo tecnológico puede contar con la ayuda de perfiles simulados (cuentas falsas), detrás de los cuales no hay ningún usuario real, a veces orquestados a una escala masiva (es lo que se conoce como «fábricas de trolls»).

Sin embargo, en la difusión de noticias falsas no son sólo responsables las plataformas digitales. Los algoritmos de éstas responden a un patrón de conducta humana que tiende a favorecer la reacción inmediata que producen titulares e imágenes sensacionalistas e impactantes. Este fenómeno fue objeto de un formidable estudio en el que tres investigadores del prestigioso Massachusetts Institute of Technology analizaron 126.000 rumores y noticias falsas publicados en inglés en Twitter desde 2006 hasta 2017, con mensajes que llegaron a 3 millones de usuarios en 4,5 millones de ocasiones. Los autores, Sinan Aral, Soroush Vosoughi y Deb Roy, iniciaron esta investigación tras detectar los rumores que se propagaron en las redes sociales durante el atentado terrorista de la maratón de Boston en 2013.[154] Con la ayuda de tres servicios de comprobación de bulos —Snopes, Politifact y FactCheck.org—, crearon una lista de decenas de miles de rumores y los sometieron a búsqueda y análisis en Twitter empleando un programa desarrollado por la empresa Gnip.

Las conclusiones del estudio, publicado íntegramente en la revista Science y titulado «La difusión de noticias verdaderas y falsas online», son realmente alarmantes. Tomando como muestra a un grupo de 1.500 usuarios, comprobaron que una noticia falsa les llega seis veces más rápido que otra verdadera. Esto sucede en todos los campos, como finanzas, ciencia y tecnología, pero sobre todo en el de la información política. «Las noticias falsas sobre política se difunden de forma más profunda y mayor, llegando a más gente, y son más virales que cualquier otra categoría de información falsa», aseguran los autores. La desinformación política llega a una muestra de 20.000 personas tres veces más rápido de lo que tarda la información real en llegar a solo 10.000, la mitad. Esto significa que la desinformación viaja más rápido y llega más lejos que las noticias reales. De sus análisis, los autores extraen la conclusión de que una mentira tiende a ser compartida en las redes sociales un 70 por ciento más que una verdad.

Varias son las razones para ese comportamiento. ¿Por qué alguien prefiere compartir una noticia que diga «Tanques en las calles de Barcelona» sobre otra que simplemente afirme «El funcionario catalán que incumpla órdenes se enfrenta a la expulsión», ambas publicadas el mismo día? Según los autores del estudio del MIT, la razón principal es lo novedoso y sorprendente del primer titular: «La novedad atrae la atención humana, contribuye a la toma de decisiones y anima a compartir la información. En suma, puede actualizar nuestros conocimientos sobre el mundo. Cuando la información es novedosa, no sólo es sorprendente, sino que es más valiosa». Por lo general, los más efectivos, según los autores, son los mensajes que incluyen información que no ha aparecido en las redes sociales del usuario en los sesenta días previos.

Es también importante el factor del estatus: muchos usuarios se sienten gratificados al compartir información que en apariencia sólo ellos tienen y que ponen a disposición de sus seguidores. Irónicamente, difundiendo rumores y noticias falsas, uno se representa como alguien bien informado, con acceso a secretos hasta entonces ocultos.

Aparte del factor novedoso, está el emocional. Los autores del estudio del MIT crearon una base de datos con los adjetivos empleados para calificar las 126.000 noticias falsas que detectaron. Con un programa de clasificación semántica de emociones, descubrieron que los usuarios que compartían aquellos rumores y mentiras solían expresar sobre todo sorpresa o enfado. Las noticias reales se solían difundir con adjetivos relacionados con la tristeza o la confianza, estados menos poderosos a la hora de reaccionar y compartir el contenido en cuestión.

En capítulos anteriores se ha visto la importancia que han tenido en la difusión de noticias falsas los bots o redes automatizadas de ordenadores que operan de forma industrial: se conectan para amplificar bulos y rumores, casi siempre con un interés político. Este estudio, sin embargo, revela que el problema de la desinformación es mayor que una campaña con perfiles falsos. En su análisis de 3 millones de usuarios, los investigadores descubrieron que esos bots suelen compartir noticias falsas pero también otras reales, al mismo ritmo y en la misma cantidad. «Aunque la inclusión de bots en nuestro análisis aceleró la difusión de las noticias verdaderas y falsas, afectaron a la difusión de ambas de una forma aproximadamente igual. Esto indica que, al contrario de lo que muchos creen, las noticias falsas se extienden más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad porque es más probable que los humanos, no los robots, las propaguen», dicen los autores, quienes concluyen que «las políticas de contención de la desinformación deberían poner énfasis en programas de conducta, como etiquetado y promoción de noticias, en lugar de centrarse exclusivamente en poner coto a los bots».

El principal problema de la desinformación es, por lo tanto, su existencia misma como arma para desestabilizar procesos e instituciones democráticos. Una gran parte de las noticias falsas se crea con un fin político y éstas se reproducen en las plataformas digitales aprovechándose de la arquitectura de sus algoritmos y no sólo manipulándolos por vías tecnológicas. Es decir, las redes de bots, tan difíciles de identificar y ubicar geográficamente, son una parte, pero sólo una parte, del problema.

En realidad, la crisis es mucho más grave porque afecta a los patrones de conducta del ser humano. Los autores de esas campañas son conscientes de que titulares como «Tanques en las calles de Barcelona», «¿Por qué no bombardea la OTAN Madrid durante 78 días?» o «Más de 900 heridos durante el referéndum» son más novedosos y sorprendentes que otros con información real.

En ese sentido, las medidas de educación de la ciudadanía y las ayudas a los medios que propone la Comisión Europea son sin duda necesarias, pero una situación tan grave requiere más, mucho más, porque mientras tengan el mismo tratamiento medios establecidos con mecanismos internos de transparencia y rendición de cuentas y agentes de agitación y propaganda, el problema seguirá creciendo. Como se ha visto en capítulos anteriores, Rusia cuenta con toda una política y unos medios estatales para defenderse y atacar en el ámbito informativo. ¡Dispone incluso de una división del ejército dedicada a ello! A lo largo de la pasada década, Putin ha erigido y alimentado una maquinaria eficaz y bien engrasada que opera prácticamente en todo el mundo y con especial dedicación en Estados Unidos y Europa. Ante esa amenaza, la solución de la Comisión Europea de autorregulación y educación resulta completamente insuficiente, y deja en situación de desamparo a la UE y a sus veintiocho integrantes. Y aunque ha dado muestras de que es consciente del problema, tampoco es que la OTAN haya sido muy eficaz a la hora de proteger a sus países miembros en situaciones de crisis, más allá de emitir informes y acusar recibo de las injerencias.

De los ejemplos vistos anteriormente, ¿cuáles son las medidas más efectivas para luchar contra ese entramado propagandístico? A tenor de las reacciones de los empleados y directivos de RT y Sputnik, las sanciones por vías oficiales, como las amonestaciones de los reguladores audiovisuales en el Reino Unido o la prohibición a sus periodistas de que logren acreditaciones para cubrir eventos informativos, tal y como hizo Macron al final de su campaña en Francia. También resultó efectiva la obligación de ambos medios de registrase como agentes propagandísticos extranjeros en Estados Unidos. Éstas no deberían ser medidas permanentes, sino correctivas. Si ambos medios respetan las normas periodísticas y éticas básicas, como lo hacen instituciones públicas como la británica BBC o la alemana Deutsche Welle, no tendrían por qué temer ninguna represalia y deberían poder actuar en libertad. Pero de momento, ése no es su patrón de conducta.

No se le puede pedir a la Comisión y al resto de las administraciones europeas que decidan a diario qué es noticia y qué no lo es. Es imposible y, en el caso de no serlo, esa labor sí que equivaldría a un «ministerio de la verdad» o algo similar. Pero sí tienen esas instituciones la obligación de detectar patrones de conducta que se repiten a lo largo del tiempo. Deben tomar medidas preventivas para que el espacio mediático no quede dominado por una serie de agentes de agitación disfrazados de medios de comunicación que se aprovechan de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, para subvertir los mismos sistemas democráticos en los que operan.

A lo largo del análisis de la crisis en Cataluña he intentado demostrar que al Kremlin le interesaba agravar una crisis en España comparando el caso de Cataluña con el de Kosovo, para recordarle a la UE que en el pasado había alentado el separatismo. No sólo se pronunciaron en ese sentido los medios estatales rusos, sino el propio Putin. También quería esa maquinaria crear paralelismos entre el caso de Cataluña y los de los diversos territorios de mayoría rusa en Ucrania y Georgia, que, con el uso de la fuerza, Rusia trató de anexionarse. Esa comparación estaba ya presente en las primeras noticias falsas de toda esta crisis, en el otoño de 2016. Serían una constante hasta el final, cuando las instituciones europeas alertaron del problema y aquella campaña de desinformación se desinfló y remitió.

Las vías para suministrar información han cambiado radicalmente desde la irrupción en el mercado digital de las plataformas de internet como Facebook, Twitter y Google. Éstas tienen también una responsabilidad en el problema y deben rendir cuentas por ello. Su argumento de que son meros distribuidores de información no es válido porque desde siempre los medios de comunicación han sido responsables de las noticias que distribuían. Suministrar diarios y emitir informativos en radio y televisión era una parte crucial de su función, de la que hoy han perdido el monopolio, a favor de esas mismas plataformas.

Vista la gravedad del problema, las plataformas deben ser más transparentes. Sus algoritmos están protegidos por las leyes de protección intelectual, y así debe ser para fomentar una sana competitividad en el sector. Pero deben ser más transparentes y permitir el acceso a sus plataformas de las autoridades y los servicios que éstas creen para combatir la desinformación.

Si Facebook, Google o Twitter detectan una alta incidencia de bots o cuentas automatizadas conectadas a sus servicios, deberían informar de ello a las autoridades competentes, revelando el origen geográfico de esa actividad. Si los usuarios les informan de contenido ilícito, injurioso o falso, deben actuar con mayor rapidez para eliminarlo de sus servidores, si es posible en cuestión de minutos, en lugar de horas o días, como sucede ahora. Y, sin revelar la naturaleza de sus algoritmos, pueden hacer más accesible su información con servicios que se conocen como interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), que facilitan el acceso de servicios externos a su software sin tener por ello que darles acceso a las fórmulas esenciales de sus programas.

Todos estos cambios pueden efectuarse por cualquier vía, pero sería mucho más efectiva la legislativa, porque le daría rango de ley a una serie de medidas de las que depende la buena salud de los estados democráticos de todo el mundo.

Epílogo

«Un acto de traición sin precedentes»

El 7 de octubre de 2016 ocurrió algo insólito en una campaña electoral de Estados Unidos. Era una noticia de primer orden, material informativo capaz de decidir las presidenciales que se celebrarían un mes después. En una decisión sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el grueso de la inteligencia estadounidense, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban tener pruebas de que «el gobierno ruso dirigió el reciente robo de información de correos electrónicos de personas e instituciones estadounidenses, incluidas organizaciones políticas de Estados Unidos». En la nota no se referían directamente a Clinton o a los demócratas, pero afirmaban claramente que las revelaciones de Wikileaks «entran en la línea de motivaciones y métodos de estrategias dirigidas por Rusia». Añadían que «los rusos han utilizado ya tácticas y métodos similares en Europa y Eurasia, para influir sobre la opinión pública allí». Y lo más importante, la inteligencia estadounidense decía, con la aprobación previa de la Casa Blanca, que «dado el alcance y la sensibilidad de estos esfuerzos, sólo altos funcionarios en Rusia podrían haber autorizado estas actividades».

Al gobierno estadounidense no le cabía duda, por tanto, de que Rusia había emprendido una campaña sin precedentes para desestabilizar el sistema electoral norteamericano, debilitando a Clinton y apoyando a Trump con el robo y filtración de información sensible e injerencias en las redes sociales. Era de esperar que fuera la noticia no sólo del día, sino de toda la campaña. El comunicado se publicó en internet pasadas las tres de la tarde, hora de Washington. Sin embargo, en menos de una hora había caído en un absoluto olvido informativo.

Porque, a las cuatro de la tarde, el diario The Washington Post publicó una explosiva información del periodista David Fahrentold, que había recibido sólo unas horas antes una cinta con la grabación de unos comentarios de Trump fuera de cámara durante un programa para la cadena NBC en 2005.[155] En ella, el candidato republicano decía sobre las mujeres: «Me atrae la belleza, empiezo a besarlas. Es como un imán. Las beso. Ni siquiera espero. Cuando eres una estrella te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. Cogerlas por el coño. Puedes hacer lo que quieras». Aunque Trump negó que él hubiera hecho semejantes comentarios, no cabía duda de que mentía, algo que confirmaron después quienes estuvieron presentes durante la grabación. Aquélla fue la verdadera sorpresa de octubre y de toda la campaña, la noticia de la que nadie dejaría de hablar hasta el día mismo de las elecciones, y que provocó, entre otras cosas, una protesta de mujeres el día después de que Trump tomara posesión de su cargo en enero de 2017.

En retrospectiva, desde aquel día y hasta la votación misma, la campaña de Clinton y la administración de Obama cometieron un grave error de dejación que sólo puede explicarse por su certeza, errónea, de que la candidata demócrata tenía las elecciones ganadas y era mejor mantener un perfil bajo. ¿Cómo, si no, se explica que la Casa Blanca supiera que Rusia estaba interfiriendo en las elecciones a favor de Trump y dejara el asunto en un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, en el que ni siquiera figuraba el FBI, que ya estaba investigando al candidato republicano?

Es más, la campaña de Clinton, después de una ronda de llamadas a periodistas aquel mismo 8 de octubre, en la que resaltó la relevancia del comunicado, decidió no insistir demasiado en el asunto porque, según dirían posteriormente varios de sus empleados, temían ser percibidos como locos que defendían la existencia de teorías de la conspiración. Es cierto que el Partido Demócrata presentaría en los juzgados una demanda contra el gobierno ruso, la campaña de Trump y Wikileaks por lo que consideraba «un acto de traición sin precedentes: la alianza de la campaña de un candidato a presidente de Estados Unidos con un poder extranjero hostil para mejorar sus posibilidades de ganar la presidencia», pero lo haría... ¡en abril de 2018!

En peor lugar queda, sin embargo, la prensa, lanzada de lleno al frenesí de vulgaridades y provocaciones de Trump. Miles de noticias se publicaron aquellos días sobre el vídeo de 2005, copando los diarios digitales, días enteros de emisión en radio y televisión y logrando un lugar prominente en las portadas de papel de la jornada siguiente. La noticia sobre las graves injerencias de Rusia quedó relegada a un muy discreto segundo plano con titulares escépticos, débiles y confusos: «El gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a Rusia de una campaña de hackeo para interferir en las elecciones» (The Washington Post); «Estados Unidos afirma que Rusia dirigió un hackeo para influir en las elecciones» (The New York Times); «La Administración de Obama acusa al gobierno ruso de hackeo en año electoral» (Politico). Poca investigación hubo en los medios principales de Estados Unidos, y poca preocupación por obtener más detalles de la Casa Blanca y el FBI, que los tenían y en abundancia.

Creo que éste es un ejemplo claro de qué sucede cuando la prensa no cumple con su deber, que está por encima de la lógica y legítima búsqueda de grandes audiencias y abundantes ventas. La noticia del día, del mes y de toda la campaña de 2016 eran las acciones subversivas de Rusia, como ha demostrado una investigación de un fiscal especial y todo tipo de informes de inteligencia y comités parlamentarios en Estados Unidos. La opinión de Trump sobre las mujeres se sabía, y si no se sabía, el vídeo la dejaba clara y poco más había que añadir. Sí, era una noticia importante, claro. Pero centrarse en ella y dejar de lado la pista rusa, puesta en bandeja con una incomprensible timidez por parte de la inteligencia estadounidense, fue una grave falta ética.

Por supuesto, Trump salió vivo de aquello. Su consejero áulico, Steve Bannon, orquestó una estrategia que pasaba por decir que nada de lo que pudiera haber hecho el candidato en el pasado podía compararse con los excesos de Bill Clinton con las mujeres. Hasta montó una rueda de prensa de Trump con tres mujeres que acusaron al expresidente y marido de la candidata demócrata de agresión sexual. Y ganó el pulso, por supuesto.[156]

En este y otros casos, como el ascenso del populismo en Italia y el brexit en el Reino Unido, los medios de comunicación no cumplieron su labor de investigar, revelar y destacar las injerencias procedentes de Rusia. Por eso creo que en El País hicimos lo correcto en el caso catalán, y agradezco la confianza que depositó en mí para ello Antonio Caño, el director del diario, que creyó en la información y me animó a seguir con ella, dándole un lugar prominente en internet y en papel.

La mejor recompensa a ese trabajo fue la confirmación de esas injerencias por parte de servicios de inteligencia, gobiernos y parlamentos de todo el mundo, así como de instituciones internacionales como la UE y la OTAN. Las campañas de desprestigio y ataques personales como los de Assange y los independentistas no son más que técnicas de defensa de quien no tiene argumentos y son un precio que he pagado, como otros compañeros, sin mayores problemas. Creo que en este libro he dejado claro qué tipo de noticias crearon RT y Sputnik en aquellos días de otoño de 2017 y cómo se aprovecharon de redes de bots y sobre todo de la tendencia humana a compartir titulares sensacionalistas para crear caos y confusión.

Si el trabajo hecho tuviera que servir de algo, me gustaría que fuera para que una campaña de subversión extranjera como la que vivió Cataluña durante el referéndum no se vuelva a repetir en España, y si se repite, que el Estado esté al menos preparado.

Washington, diciembre de 2018

Anexo

Programa 2000

1. Pensamiento

Objetivos

Desarrollo de las siguientes líneas de sensibilización:

a)  Configuración de la personalidad catalana: Explicación y potenciación de los ejes básicos, definitorios y positivos, de nuestra personalidad colectiva. Elección y divulgación de los conceptos que permiten el máximo fortalecimiento de nuestro pueblo (ser más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos, amar el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, constatar las raíces, vigencia de los valores cristianos…) de acuerdo con los desafíos que plantea el mundo actual.

b)  Divulgación de la historia y del hecho nacional catalán: Difusión de los acontecimientos cruciales de nuestra historia y de nuestros personajes históricos, así como la aportación del pueblo catalán a la cultura y ciencia europeas. Fomento de las fiestas populares, tradiciones, costumbres y su trasfondo mítico.

c)  Nuevo concepto de nación dentro del marco europeo: Cataluña (Països Catalans), nación europea emergente. Reafirmación del sentimiento europeísta. La Europa sin fronteras ha de ser una Europa que reconozca a las naciones.

d)  Descubrimiento del potencial de futuro: Cataluña (Països Catalans), como centro de gravedad del sur de la CEE. Actuación económico-cultural preferente sobre el arco mediterráneo noroccidental y el espacio occitano-catalán. Máxima atención al núcleo comprendido en el espacio que forman el triángulo Barcelona-Montpellier-Toulouse. También hay que tener en cuenta la relación de Cataluña con Aragón. Y área de intercomprensión mutua de Alicante a los Alpes.

e)  El factor demográfico: Sólo avanzan los pueblos que son jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva.

f)  Memorial de agravios: Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico. Descubrimiento, constatación, ponderación y divulgación de los hechos discriminatorios, carencias, etcétera, de forma clara, contundente y sistemática. Remarcando la incidencia negativa que esto tiene para el conjunto del pueblo catalán y para cada uno de sus ciudadanos.

g)  Sensibilización colectiva: Cataluña es un pueblo que camina en busca de su soberanía dentro del marco europeo. Sensibilización ciudadana para reforzar el alma social. Apuntalamiento de nuestro propio centro de gravedad dentro de Europa. Reforma del Estatut d’Autonomia.

h)  Vertiente social: Una mayor libertad para Cataluña comporta un mayor bienestar social de todos sus ciudadanos. El sentimiento nacionalista y de liberación nacional han de ir ligados a la promoción social de las personas y a su propia realización individual y colectiva.

i)  Configuración de la personalidad individual de los ciudadanos de Cataluña: Queremos hombres y mujeres de fuertes convicciones y preparados para afrontar una Catalunya potente.

j)  Revitalizar el concepto de Cataluña como una sociedad civil viva, cohesionada, con conciencia de pertenencia, generadora de riqueza material y espiritual.

k)  Ejercer plenamente la soberanía en todos aquellos espacios donde tenemos competencias.

Actividades fundamentales

Es necesario reunir a diferentes grupos de personas, instituciones y asociaciones que estén decididos a desarrollar las líneas de sensibilización arriba mencionadas y de difundir su contenido.

Hay que incidir de manera eficaz en todos los medios de comunicación a través de personas con una mayor influencia social positiva. Al mismo tiempo, se deben promover y potenciar las entidades con una extensión cultural y de formación que incluyan este contenido nacionalizador.

Las campañas de sensibilización que se organicen han de tener como base el fomento de las fiestas populares, las tradiciones, costumbres y mitología nacional. La potenciación del modelo familiar que garantice la sustitución biológica. Reforma del Estatut d’Autonomia con su correspondiente explicación de motivos. Conseguir que Cataluña sea circunscripción europea. Y potenciar Barcelona, capital de Cataluña, como un lugar de encuentro en el espacio occitano-catalán, etcétera.

Edición de libros, artículos de sensibilización y material de soporte para las actividades propias de cada ámbito (folletos, videos, casetes, mapas, juegos, etcétera). En esta línea, se elaborará una relación de fundaciones, entidades y/o editoriales existentes donde se pueda trabajar para elegir o, en su caso, redactar y publicar, si conviene, el material necesario de sensibilización.

Finalmente, habría que crear en Barcelona un gabinete de investigación sociológica y de estudios de opinión pública, además del Museo de la Historia de Cataluña.

2. Enseñanza

Objetivos

Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes. Garantizar el perfecto conocimiento de la geografía, historia y otros hechos socioculturales de Cataluña, además de potenciar el uso de la lengua catalana por parte de profesores, maestros y alumnos. Educar a los niños y jóvenes de acuerdo con criterios de generosidad, esfuerzo, disciplina, creatividad, civismo, solidaridad (teniendo entonces presente los valores propios de nuestro pueblo y los valores universales de la humanidad). Todo ello con una defensa ideológica y práctica del modelo escolar mixto (escuela pública-privada).

Actividades fundamentales

Exigir el correcto conocimiento de la lengua, historia y geografía de Cataluña y de los Països Catalans a todos los profesores, maestros y alumnos. Elaborar las herramientas didácticas correspondientes y obligar a los inspectores su cumplimiento.

Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales. Incentivo positivo de los cursos de reciclaje.

Editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, economía, etcétera, de Cataluña y de los Països Catalans. Establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión, con subvenciones si es necesario.

Catalanización de los programas de enseñanza. Análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza.

Promover que en las escuelas universitarias de formación del profesorado de EGB se incorporen los valores educativos positivos y el conocimiento de la realidad nacional catalana.

Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal.

Realizar la campaña «El país a l’escola» con la máxima extensión posible, con una constante renovación de actividades (cançó popular, sardanas, ballets, teatro, poesía, trabajos, videos, defensa del medio ambiente, viajes culturales, excursiones, jornadas de intercambio para estudiantes, jornadas de intercambio docente, la escuela en televisión, fomento de publicaciones infantiles, visitas de empresa, actividades científicas y tecnológicas…)

Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas.

Refuerzo del papel de los cuadros directivos de los centros, de la autoridad y del orden, con nuevas normativas e incentivando y prestigiando las funciones directivas.

Velar por la composición de los tribunales de oposición.

Campaña de dignificación social de los enseñantes profesionales, técnicos y no reglados.

Racionalización de la masa de especialistas de FP de acuerdo con las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

Aumentar las dotaciones de los programas escuela-trabajo.

Exigir la articulación de los departamentos de Ensenyament, Treball e Indústria i Energia para la coordinación de la Formación Profesional y Ocupacional.

Elaborar un plan de equipamientos para la FP.

Hacer cumplir los mínimos establecidos en lo referente a la enseñanza en catalán.

Campaña de potenciación de los valores cívicos en los colegios.

Campaña de denuncia de las insuficiencias financieras en lo concerniente al régimen de conciertos de los centros privados.

Potenciar las actividades extraescolares (excursionismo, música, deportes…)

Potenciar las escuelas de artes aplicadas y conservatorios de música.

Realización de campañas de orientación escolar y profesional.

Prestar mayor atención presupuestaria a la educación especial. Crear una comisión de coordinación entre los departamentos de Ensenyament, Sanitat y Benestar Social.

Defensa del propio modelo de reforma educativa. Realizar una campaña explicativa.

3. Universidad e investigación

Objetivos

Potenciar las universidades catalanas, dotándolas de recursos humanos y de infraestructura, de forma que se puedan contar entre las mejores de Europa. Impulsar la investigación especialmente en los campos de las aplicaciones industriales y de tecnología punta. Estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores y promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la actividad académica y de investigación.

Promover y facilitar la creación de universidades privadas que nazcan de la sociedad civil catalana. Y promover la descentralización y desconcentración universitaria, creando nuevas universidades o carreras universitarias ligadas al territorio.

Actividades fundamentales

a)  Favorecer y promocionar la creación de nuevas universidades, institutos, centros y estudios universitarios:

1.  Consolidación y conversión en universidades de los centros universitarios de Lérida, Tarragona-Reus y Gerona.

2.  Promoción y ayuda a la creación de universidades privadas especialmente de iniciativa social arraigada al país.

3.  Creación de nuevas universidades.

4.  Creación de nuevos centros. Potenciación de los ya existentes relacionados con empresas para el desarrollo de especialidades punteras en el campo industrial y de la gestión y dirección, además de nuevos centros conectados con la realidad comarcal.

5.  Creación de estudios universitarios a distancia (o abiertos) y ayuda a la elaboración de libros de texto y materiales didácticos multimedia en catalán y con una perspectiva catalana.

b)  Impulsar la presencia catalana en todos los programas europeos, intercambios y presencia internacional en Cataluña, así como la comunicación científica entre Cataluña y el mundo:

1.  Impulso a los programas Comett, Erasmus y Lingua.

2.  Más protocolos de intercambios del profesorado y los estudiantes.

3.  Ayudas para la ampliación de estudios en el extranjero.

4.  Aumento de los lectores de catalán en las universidades extranjeras.

5.  Creación de un consorcio (del tipo COPCA) que promueva la lengua, cultura y la ciencia catalanas en el exterior por medio del establecimiento de oficinas difusoras.

6.  Potenciación de las asociaciones profesionales de estudiantes que permitan intercambios internacionales (AIESEC, IAESTE, IFMSA).

7.  Ayuda a las publicaciones científicas en catalán (revistas, tesis, etcétera), dando prioridad a intercambios o traducciones de revistas científicas extranjeras de prestigio.

c)  Dar más impulso a las fundaciones universidad-sociedad y a los centros de transferencias de tecnología.

d)  Potenciación de la Associació Catalana del Professorat Universitari, así como las asociaciones de estudiantes nacionalistas.

e)  Potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas.

f)  Política de residencias para estudiantes, especialmente en ciudades universitarias medias.

g)  Revalorización del papel de los consells socials.

h)  Elaborar un Plan Nacional de Investigación , absolutamente priorizado y selectivo e interconectado a la red económica, y revisar y potenciar la acción del CIRIT.

i)  Redefinición y potenciación del papel del IEC.

j)  Potenciar los centros de investigación ya existentes.

k)  Velar por la composición de los tribunales de oposición.

l)  Impulsar las titulaciones propias, adaptándolas a las necesidades sociales.

m)  Diseñar y realizar una buena Universitat Catalana d’Estiu con cursos de alto nivel para nacionales y extranjeros que facilite también el conocimiento del país.

n)  Campaña a favor de la desgravación fiscal para inversiones en el ámbito universitario y/o de la investigación.

o)  Impulsar la constitución de institutos de estudios superiores de alto nivel, en diversos campos (económico, político…).

4. Medios de comunicación

Objetivos

Lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Para ello se utilizará y difundirá de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana:

a)  Depuración del lenguaje. Es necesario emplear un catalán estándar y sin incorrecciones, teniendo en cuenta las diversas fonéticas.

b)  Posibilitar una programación global catalana entre todos los canales de televisión, con un porcentaje superior entre las emisoras de radio.

c)  Una mejor y mayor difusión los productos culturales catalanes con producciones sobre hechos, personajes, episodios de nuestra historia y una mayor atención a actual realidad cultural, científica y social catalana.

d)  Extender el marco de actuación de los medios audiovisuales al ámbito de los Països Catalans con una mayor atención a las comarcas. Captación de la señal de 11/3, Canal 33 y TVV desde cualquier punto de los Països Catalans por medio de una política audaz de captación de audiencia popular.

e)  Difusión del contenido de líneas de sensibilización elaboradas para el ámbito de pensamiento (creación del estado de opinión nacional).

f)  Proyección del espacio de comunicación catalán mediante la coproducción con televisiones europeas, programas europeos, etcétera, que permitan la difusión de nuestra lengua e identidad nacionales.

g)  Ampliar el alcance de las radios nacionales catalanas a la onda media.

h)  Potenciar la prensa escrita en catalán.

i)  Incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana. Crear los códigos de comunicación.

j)  Inducir a las empresas de publicidad a crear un mensaje publicitario positivo y bien hecho que transmita el modelo cultural y social catalán.

k)  Normalizar la producción exhibición de cine catalán, así como el doblaje al catalán de películas videos.

Actividades fundamentales

Introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios comunicación.

Convertir el periódico Avui un gran diario de alcance nacional dotándolo de los necesarios medios técnicos y los referidos a redactores, corresponsales y colaboradores que lo conviertan en un medio competitivo. Actuar de forma parecida con un semanario de información general y con un magazine.

Favorecer las estrategias con el fin de que las revistas y publicaciones en catalán cubran todo el abanico nacional y, especialmente, facilitar el paso al catalán de los periódicos comarcales de Lérida y Tarragona, así como otros medios.

Creación de una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia.

Llevar a cabo una campaña para favorecer el hábito de lectura entre los ciudadanos de Cataluña y de los Països Catalans. Pedir la colaboración de los editores.

Creación de colecciones de vídeo con las películas de más éxito traducidas al catalán. Creación de una productora de video de TV3 y difusión de programas con este soporte.

Incidir en los canales normales de distribución con tal de que difundan mejor los productos culturales catalanes.

Llegar a acuerdos con los principales distribuidores de películas, con el fin de que todos dispongan de la correspondiente versión catalana y garantizar que al menos den diez películas de estreno e importantes se exhiban en catalán, así como también 20 vídeos.

Que TV3 amplíe la adquisición de los derechos de antena de películas que dobla al catalán a los derechos de difusión de proximidad (vídeo, pantalla).

Firmar acuerdos con otros canales de televisión para realizar series o reportajes sobre personalidades o hechos de Cataluña.

Conseguir que las emisoras de la Generalitat de Cataluña emitan en onda media y corta.

Favorecer la concesión de ayudas para emisoras con programación catalana.

5. Entidades culturales y de ocio

Objetivos

Catalanizar las actividades deportivas y lúdicas. Fomentar el conocimiento de la realidad nacional catalana dentro de los diferentes sectores donde opera cada entidad. Fomentar el amor a la naturaleza, el civismo y la protección y conservación del medio ambiente.

Reconocimiento del papel fundamental de las entidades culturales y del movimiento asociativo en general, dándoles soporte económico, técnico e institucional para su desarrollo. Incidir especialmente en las zonas más desnacionalizadas de nuestro territorio.

También es necesario velar por la formación de los animadores socioculturales y de las nuevas profesiones en los campos del ocio, educación social, cultura y vida asociativa.

Actividades fundamentales

Campaña a favor del Comité Olímpic Català.

Campaña a favor de que los JJOO de 1992 respeten la lengua y la identidad nacional catalana.

Adaptación de juegos internacionales a nuestra lengua y cultura (por ejemplo el Trivial) y mantenimiento de los juegos tradicionales catalanes.

Fomento de viajes culturales, excursiones programadas, turismo juvenil con contenidos de país y turismo interior en general.

Fomento de la educación en el tiempo libre (ocio y escultismo) en las entidades de iniciativa social.

Fomento y consolidación de entidades y grupos culturales catalanes en todos los ámbitos, con especial atención a las áreas urbanas suburbiales, facilitándoles las condiciones para el desarrollo: fiscales, laborales, patrocinio, subvenciones, etcétera.

Potenciar la formación de educadores en el ocio y animadores socioculturales desde iniciativas procedentes de las mismas entidades.

Promocionar el voluntariado y los grupos amateurs.

Fomentar y ayudar al asociacionismo juvenil y cultural con vocación de hacer país.

Promoción y ayuda a la edición de libros divulgativos sobre rutas excursionistas y culturales, cancioneros, divulgación de nuestra historia, tradiciones, fiestas populares, costumbres, juegos, etcétera.

Potenciación de las entidades pal de paller que puedan actuar de motor y arrastrar a otras hacia una actuación colectiva de amplio espectro.

Programación y realización de Expocultura en diversos lugares del territorio, para poner en contacto a las asociaciones con los creadores.

Campaña para sensibilizar a la sociedad de los beneficios del hecho asociativo.

Elaboración, publicación y difusión de los reglamentos deportivos y de los vocabularios de cada deporte.

Campaña de catalanización de las federaciones deportivas, con el apoyo de la UFEC.

Creación de grupos de asesoramiento y normalización lingüística en el seno de las federaciones deportivas.

Potenciar los Consells Comarcals de l’Esport. Llevar a cabo unos Jocs Esportius Escolars, de ámbito nacional, como elemento de integración a nivel local, comarcal y nacional.

Incrementar las subvenciones, tanto en actividades como en equipamientos, a las asociaciones, y muy concretamente a las relacionadas con nuestra cultura tradicional.

Campaña a favor de la desgravación fiscal y otras exenciones de ayuda para las asociaciones.

6. Mundo empresarial

Objetivos

Garantizar el uso del catalán en todos los letreros, indicadores, tablones de anuncios, impresos, publicidad, documentación comercial…

Promover unas organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas.

Actividades fundamentales

Creación de unidades de asesoramiento lingüístico en el seno de las principales organizaciones empresariales y sindicales. Coordinación de un organismo que aglutine a todas estas entidades con tal de facilitar la catalanización, con especial énfasis en la actuación a nivel de cuadros altos e intermedios.

Incidir en las escuelas de Formación Profesional y de directivos para difundir el espíritu catalán entre los alumnos, futuros directivos de empresa.

Reconversión del INEM.

Favorecer las estrategias sindicales que incorporen en su política la dimensión lingüística y nacional de Cataluña.

Favorecer la catalanización de las empresas de servicios. Por ejemplo, suministrar modelos de seguros en catalán y los impresos de gestoría.

Exigir la normalización lingüística y nacional a las empresas estatales y a las empresas públicas del sector terciario (Iberia, Telefónica, Renfe, etcétera).

Conseguir la catalanización de los gremios, Fomento del Trabajo Nacional, PIMEC, Círculo de Economía, Federació de Caixes d’Estalvis, colegios profesionales, cámaras de comercio, etcétera.

Incrementar la influencia de la Generalitat en la Fira de Barcelona para lograr que se convierta en un verdadero organismo de proyección internacional de Cataluña.

Conseguir la normalización lingüística y nacional de las cajas de ahorros, bancos y otras entidades financieras.

Diseño de estrategia con tal de optar a los cargos directivos de las instituciones de este ámbito.

Introducir en la formación y reciclaje de directivos (ESADE, IESE, EMI, ICESE, etcétera) la catalanización de los programas de estos centros.

Preferencia a la hora de adjudicar los concursos de material público a aquellas empresas que tengan un proceso de normalización, tanto en el seno de la empresa como en la comercialización del producto (etiquetaje, señalización, características técnicas, teclado en catalán, etcétera).

Catalanizar las industrias del turismo y del ocio (parques de atracciones, hoteles, restaurantes…)

Ser rigurosos en la concesión de galardones y honores a las empresas, directores de empresa y trabajadores.

Política de ayuda al artesano, revalorizando la artesanía tradicional.

Ayudar a la producción de software empresarial en catalán.

7. Proyección exterior

Objetivos

Hacer conocer la existencia de Cataluña y de los Països Catalans en todo el mundo, especialmente en Europa. Cohesionar el espacio catalán dentro del marco noroccidental del Mediterráneo y de Europa del Sur. Estrechar las relaciones entre los Països Catalans y su entorno económico (Aragón, Occitania y norte de Italia) en todos los campos.

Conseguir que el idioma catalán sea oficial en las Cortes Generales y en la CEE, y que Cataluña se convierta en circunscripción europea en las elecciones al Parlamento europeo. Potenciar el conocimiento de idiomas facilitando el estudio a través de todos los medios, porque el pluralismo nos ayuda a preservar el catalán.

Asimismo, es necesaria una permanente presencia en el exterior de las producciones culturales catalanas y potenciar Cataluña como lugar de encuentro y de realización de todo tipo de expresiones culturales, económicas, comerciales, etcétera, de alto nivel.

Actividades fundamentales

Crear cursos para extranjeros que quieran conocer la lengua y cultura catalanas en su lugar de origen, acreditándolos con el Certificat Internacional de Català.

Fomentar las relaciones culturales, científicas, turísticas, universitarias, escolares, deportivas, comerciales, etcétera, entre los Països Catalans y toda su zona de influencia, por medio de jornadas o seminarios interdisciplinarios (por ejemplo, unas Jornades Culturals de l’Alguer o el Estudi General Lul.lià) que sirvan de interconexión. Fomentar las relaciones con Occitania (Jornades Universitàries a la Vall d’Aran).

Favorecer las actividades de las entidades que desarrollan programas de conocimiento de la cultura catalana en el exterior (IPECC, CAOC, casals catalans, etcétera).

Fomentar el conocimiento de una imagen catalana en el exterior, compuesta por elementos como el folklore, la artesanía, las artes plásticas, etcétera.

Puesta en marcha de campañas de sensibilización en el exterior para el reconocimiento de la oficialidad de la lengua catalana en Europa. Exigencia del catalán en el programa Lingua.

Campaña para fomentar una oferta turística de calidad que valore la vida cultural catalana, sus tradiciones, su identidad y que sea respetuosa con el patrimonio cultural y con el medio ambiente.

Incremento de la ayuda a las entidades catalanófilas (NACS, Oficina Catalana de Frankfurt, etcétera).

Campaña a favor de que Cataluña sea circunscripción electoral europea.

Crear un Club de Debates Internacionales en Barcelona.

Potenciar los intercambios y acuerdos de Cataluña con otros motores regionales de Europa.

Potenciar la presencia del catalán y de Cataluña en las manifestaciones internacionales (Expolangues, ferias comerciales, ferias de turismo, etcétera).

8. Infraestructuras

Objetivos

Lograr que Cataluña y los restantes Països Catalans tengan un peso importante en el terreno económico. Dotar a Cataluña y al resto de los Països Catalans de una buena red de comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas. Interconectar uno y otro lado de los Pirineos con nuevas líneas férreas, carreteras y autopistas. Hacer de Cataluña y del resto de los Països Catalans un núcleo de alto nivel de desarrollo en todos aquellos aspectos donde valga la pena vivir. Propiciar una política de adecuación territorial y urbanística respetuosa con el patrimonio cultural y ambiental. Potenciar el papel de Barcelona como capital económica, comercial y turístico-cultural del Mediterráneo noroccidental y del Gran Sur europeo. Favorecer la autonomía tecnológica de Cataluña.

Actividades fundamentales

Potenciar los bancos y las cajas de ahorros catalanas existentes y su penetración europea.

Potenciar la Bolsa de Barcelona.

Primar al máximo la implantación en Cataluña de empresas de alto nivel tecnológico, así como los centros de investigación.

Desarrollar las comunicaciones por carretera; potenciación del eje mediterráneo.

Campaña de sensibilización de los ciudadanos con respecto a la merma de calidad de vida y de desarrollo que representa la falta de determinadas estructuras económicas.

Traspasar a la Generalitat todas las competencias en materia de ferrocarriles en territorio catalán.

Campaña para pasar al ancho europeo todos los ferrocarriles de los Països Catalans. Creación de nuevas líneas, como por ejemplo: Tortosa-Lleida, Pobla de Segur-Sant Gironç, Manresa-La Seu d’Urgell-Andorra.

Campaña a favor de potenciar el transporte por ferrocarril, especialmente el de cercanías de Barcelona y la red de metro de la ciudad.

Campaña para garantizar que el TGV de Barcelona a la frontera y París se realizará lo más pronto posible, y que se prolongará hasta Valencia y Alicante.

Campaña para convertir el aeropuerto de Barcelona en el núcleo de enlace del gran sur europeo. Ampliar los vuelos internacionales e intercontinentales.

Campaña a favor de la ampliación del Puerto de Barcelona, y dotarlo de las infraestructuras necesarias para convertirlo en uno de los mejores de Europa.

Encauzar un proyecto de diseño de las señales iconográficas (señalización de carreteras, lugares, etcétera) que permita tener un sentido diferenciado e identificador.

Desarrollar aquellos sectores de la economía en los cuales Cataluña puede tener un papel importante a nivel europeo, como, por ejemplo, informático, diseño, logística, organización de empresas, etcétera.

Potenciar los parques tecnológicos.

Potenciar revistas económicas de ámbito internacional hechas en Cataluña.

9. Administración

Objetivos

Que la Administración se identifique (en los conceptos: trabajo, creatividad, participación, estilo, formas, actuaciones) con los valores nacionales:

Primacía de la sociedad civil y aplicación del principio de subsidiariedad.

Refuerzo entre la ciudadanía de los conceptos sobre derechos y deberes.

Actitud de servicio por encima de los mecanismos burocráticos.

Apertura a Europa (conocimiento y estudio de las realidades europeas y conexión con instituciones europeas).

Austeridad (equilibrio, no ostentación).

Eficacia. pragmatismo, pero con la ‘feina ben feta’ y atención a individuo.

Liberalismo.

Reforzar el papel político y social de la legislación catalana sobre diferentes temas. Prestigiar la Administración catalana como sinónimo de eficacia y buena gestión. Incidir sobre la administración de justicia y de orden público con criterios nacionales. Respeto al patrimonio natural y cultural.

Actividades fundamentales

Superar la preeminencia que están adquiriendo determinadas estructuras y entramados funcionariales en los departamentos de la Generalitat.

Superar la dicotomía que se intenta establecer entre funcionarios y políticos con preeminencia de las decisiones políticas y de la eficacia y la simplificación en las actuaciones administrativas.

Reforzamiento de las estructuras de los gabinetes de los consellers como mecanismos de actuación política.

Revisión en profundidad de los mecanismos de acceso y promoción interna del funcionariado (Ley de la Función Pública y leyes de funcionamiento interno), buscando un mayor incentivo en el trabajo y flexibilidad en el funcionamiento.

Cambio sustancial de orientación de la Escola d’Administració Pública hacia la formación básica y permanente de los diferentes niveles del funcionariado y de los cargos públicos.

Notas

[1]. Este artículo se publicó el 2 de abril de 2018 en los medios de la Leading European Newspaper Alliance, entre ellos Le Figaro, Die Welt, Le Soir, El País y La Repubblica bajo el título «Un Europarlamento antieuropeo».

[2]. La entrevista se publicó el 27 de marzo en italiano y en inglés con el titular «I want to testify on Cambridge Analytica, but there has been political pressure». Mi respuesta, publicada en el mismo diario italiano al día siguiente llevaba por título «Assange spieghi e non attacchi la stampa» (28/03/2018).

[3]. El mensaje completo de Assange, en Twitter, era «El Pais chief propagandist Alandete grows ever more demented now claiming a Russian-Chavez conspiracy to spread RT stories of "alleged police violence" against Catalan voters in a plot to destroy Spain, hence EU. It's the "alleged" that does it» (10/11/2017).

[4]. Las declaraciones sobre «las manos manchadas de sangre» de Assange son del almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos («Wikileaks may have blood on its hands, U.S. says», Phil Stewart y Adam Entous, Reuters, 30/07/2010).

[5]. Las investigaciones de Javier Lesaca sobre las injerencias en la campaña catalana se analizarán con más detalle en el capítulo 11 («España, parece un oso que merodea tus bosques»).

[6]. La entrada de blog a la que me refería Assange en sus mensajes es «Largest Newspaper in Spain Blames Russia and Antiwar.com for Catalonia Pro-Independence News» (Thomas Harrington, Antiwar, 23/09/2017).

[7]. Las denuncias de Reporteros Sin Fronteras se analizan en el capítulo 13 («Un clima irrespirable para el libre ejercicio del periodismo»).

[8]. Sobre las injerencias de Rusia y Wikileaks en la campaña electoral estadounidense de 2016, el análisis más detallado es el de «Russian Roulette: The inside story of Putin's war on America and the election of Donald Trump» (David Corn y Michael Isikoff, Hachette, marzo de 2018).

[9]. La cita de Thomas Jefferson está extraída de su carta a Thomas Price, datada en París el 8 de enero de 1789. Sobre el tercer presidente de Estados Unidos y su relación con la prensa, recomiendo revisar Jefferson and the Press (Frank Luther Mott, Louisiana State University Press, 1943).

[10]. Las palabras de Steve Bannon las he extraído de «Trump strategist Stephen Bannon says media should 'keep its mouth shut' (Michael M. Grynbaum, The New York Times, 06/01/2017).

[11]. Sobre el amparo de la APM, se puede consultar «David Alandete, amparado por la APM ante el acoso de los medios rusos» (El País, 16/03/2018).

[12]. La primera noticia sobre Cataluña de Sputnik es «2014: A Year of Secession - Venice, Scotland, Crimea, Catalonia and... Miami?» (10/11/2014).

[13]. La corresponsal de El País en Moscú, Pilar Bonet, acudió a las reuniones independentistas organizadas por Ionov en 2015 y 2016, y publicó dos informaciones al respecto: «Moscú junta a catalanes, hawaianos y portorriqueños en una "internacional" independentista» (21/09/2015) y «Rusia reúne a independentistas de todo el mundo mientras reprime a tártaros o causásicos» (25/09/2016).

[14]. La plataforma de medios Euractiv recogió con detalle las palabras de varios de los asistentes a la reunión de 2016, como las de Nate Smith, en una crónica titulada «Moscow 'anti-globalisation' conference stirs up European and American separatists» (28/09/2016).

[15]. Al uniformado ucraniano lo entrevistó Nadia Beard para The Independent, donde publicó una información con el titular «Global separatist groups meet up in Moscow - but no one criticises Russia» (20/09/2016).

[16]. Especial interés tiene la entrevista que el corresponsal de El Mundo en Moscú, Xavier Colás, realizó al abogado Alexander Ionov y de la que he tomado algunas valiosas citas: «La conexión moscovita del "procés" con los hackers rusos» (4/10/2017).

[17]. He tomado las declaraciones de Degtiarev del texto de Nadia Beard en The Independent, mencionado antes.

[18]. Tras la participación del líder independentista californiano Louis Marinelli, le entrevistó Adam Taylor para The Washington Post. Su crónica «He's the founder of a Californian independence movement. Just don't ask him why he lives in Russia» (19/02/2017) deja en evidencia las contradicciones de Marinelli.

[19]. Las palabras de Enric Folch fueron ampliamente reproducidas por todo tipo de medios en la esfera rusa. La definición que hizo de su partido la he extraído de la nota de Hispan TV «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa» (28/09/2016), que carece de firma. El mismo Folch expresa sus impresiones sobre su visita a Rusia y sobre el independentismo en tres tribunas publicadas en el diario digital L'Unilateral: «Sentiment agredolç al Regne Unit pel brexit i cop de pal a la UE» (25/06/2016); «Fins a Rússia i més enllà» (01/10/2016); «Per qui piquen les campanes?» (28/02/2017). El diario ruso que más espacio dedicó a sus declaraciones fue Izvestia, el primero en publicarlas: «Каталония признает Крым российской территорией» (28/09/2016). Le siguió, con mayor éxito de audiencia, Sputnik, con una crónica que primero se tituló «An independent Catalonia would recognize Crimea as Russian». El titular cambió posteriormente a «Group says independent Catalonia would recognize Crimea as Russian» (28/09/2016). Folch dio posteriormente una entrevista a Àlex Tort de La Vanguardia, y le explicó su paso por aquel congreso, que quedó plasmado en una información con un titular bastante significativo: «Moscú, por la independencia» (08/10/2016). Por mi parte, debo agradecer a Folch que aceptara verme y charlara conmigo sobre mi investigación en Barcelona el 6 de septiembre de 2018.

[20]. De las detenciones y extradiciones de Stanislav Lisov y Piotr Levashov dieron información en su día los principales medios españoles, pero es de especial relevancia y contiene información relevante la nota de Andrew E. Kramer para The New York Times «A new Russian ploy: competing extradition requests» (20/12/2017).

[21]. La nota de RT en que se cita a la mujer de Levashov es «Wife of Russian programmer 'suspected of cyber attacks on US' shares details about his arrest» (10/04/2017).

[22]. Los detalles sobre la investigación judicial contra Levashov están extraídos de los cargos anunciados por el Departamento de Justicia, que pueden consultarse en este enlace: <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1030976>.

[23]. Sobre las dudas de que Levashov estuvo implicado en el hackeo del Partido Demócrata en 2016, la información de referencia es «This Russian 'cyber kingpin' probably didn't hack the US election» (Thomas Brewster, Forbes, 10/04/2017).

[24]. Existe una gran cantidad de libros publicados sobre estructura y práctica periodística y lo cierto es que poco deberían cambiar conceptos como titulares, fuentes o citas sea cual sea el formato informativo. Para quien esté interesado en profundizar en este aspecto, que en este libro se trata de forma meramente introductoria, recomiendo una revisión a fondo del Libro de estilo de El País (Aguilar, 2014) y sobre todo Los elementos del periodismo, de Bill Kovach y Tom Rosenstiel (Aguilar, 2012). Sobre el uso de fuentes, recomiendo especialmente New media, old news: Journalism and democracy in the digital age (Natalie Fenton, Sage Publications, 2010).

[25]. Todos los ejemplos de RT citados en este capítulo han sido publicados en su servicio en español.

[26]. La corrección que se cita al final apareció en un caso que se analizará más adelante, «¿Qué apoyos ha recibido el gobierno catalán en Europa?» (11/10/2017).

[27]. La medición del impacto en las redes de la información sobre los «tanques en las calles de Barcelona» se realizó con el servicio NewsWhip Analytics, que mide las interacciones de noticias en cinco plataformas sociales, entre ellas Facebook y Twitter.

[28]. El informe sobre el bajo índice de apertura de enlaces informativos en Twitter es «Social clicks: what and who gets read on Twitter?», publicado por Maksym Gabielkov, Arthi Ramachandran, Augustin Chaintreau y Arnaud Legout (junio de 2016, Conferencia Internacional de Medida y Modelos de Ingeniería Informática).

[29]. Por último, la cita de Margarita Simonián que cierra el capítulo fue publicada en inglés por AP bajo el título «Russian TV channel RT: US order to register as foreign agent hurting» (27/01/2018).

[30]. El texto íntegro del Programa 2000 de la Generalitat puede consultarse en el anexo. Fue José Antich quien reveló la existencia de ese documento en El País, en una crónica titulada «El gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales» (28/10/1990).

[31]. Para profundizar en la línea de lo que Roberto Bermúdez De Castro dijo en el Senado, recomiendo el reportaje «El negocio de difundir el secesionismo», de Hugo Garrido para El Mundo (16/12/2017).

[32]. Las palabras de Joaquim Albareda en la presentación de Cataluña, nación de Europa fueron grabadas y las he extraído del usuario Canal d'Enciclopèdia Catalana de YouTube. Una lectura crucial para la elaboración de este capítulo fue «Mitos y falsedades del independentismo», un soberbio análisis de Xavier Vidal-Folch y José Ignacio Torreblanca publicado en El País (24/10/2017).

[33]. De recomendada lectura es también la entrevista que le hizo Manuel P. Villatoro a Pedro Insúa en Abc (24/05/2018) de la que he extraído la cita de este último.

[34]. La nota de RT en la que se define a las «diadas» en términos netamente independentistas es «El independentismo catalán pide un nuevo Estado europeo» (11/09/2012), que no lleva firma.

[35]. Tampoco la lleva la información de Sputnik citada a continuación, «Madrid está matando a la gallina de los huevos de oro en Cataluña» (01/10/2017).

[36]. En El País, José Ángel Montañés y Blanca Cia publicaron la primera información sobre la elección de Quim Torra como director del museo del Born y en ésta, titulada «Quim Torra, primer director del futuro museo del Born» (06/09/2016) recogían declaraciones suyas como: «Si el espacio que ocupaban las Torres Gemelas es la zona cero para los americanos, el Born y sus ruinas es la zona cero de los catalanes».

[37]. La descripción de las primeras exposiciones del Born la he extraído de crónicas publicadas en 2013, pero en especial de la de Montañés, «El Born renace 300 años después» (10/09/2013).

[38]. El glosario independentista publicado en Ara es obra de Oriol March y David Miró, y recomiendo leerlo en detalle. Se titula «La batalla semàntica del procés en 38 paraules» (02/11/2013) y contiene pasajes como éste: «¿Qué es un radical? ¿Alguien empeñado en la "deriva" independentista y en la consecución, "sí o sí", de un Estado catalán? ¿O alguien que quiere hacer del proceso un ejemplo de "radicalidad democrática"?».

[39]. Respecto a la obra de Álex Grijelmo, recomiendo en especial El estilo del periodista (Taurus, 2014) y La información del silencio (Taurus, 2012). La cita sobre la semántica del independentismo está extraída de su «Diccionario de la seducción independentista» (El País, 22/11/2017).

[40]. Aunque el Centre Unesco de Catalunya ya no existe, el informe publicado por Jaume López sobre el mal llamado «derecho a decidir» se puede encontrar fácilmente en internet: «Del dret a l'autodeterminació al dret a decidir», Quaderns de Recerca, Unescocat, noviembre de 2011.

[41]. La respuesta de Enrique Gil Calvo a este concepto fue publicada en El País con el título «La falacia del derecho a decidir» (18/04/2018).

[42]. El editorial de El País que Carles Puigdemont calificó de «miserable» en Onda Cero llevaba por título «Terroristas muertos» (19/08/2017). En él se decía, además, que «la lucha contra el terrorismo requiere la máxima coordinación y unidad de acción entre las diferentes administraciones y fuerzas de seguridad del Estado. Esa colaboración sólo puede nacer de la más absoluta confianza entre los diferentes niveles de gobierno y sus instituciones. Hacemos por tanto un llamamiento al Govern y a las fuerzas políticas catalanas para que se pongan a trabajar en una agenda real al servicio de los problemas reales que afectan a la ciudadanía de Cataluña».

[43]. Sobre Julian Assange y Wikileaks hay una larga lista de libros publicados, muchos de ellos en tono hagiográfico y dedicados a agrandar su mito, sobre todo los firmados por él mismo: Autobiografía no autorizada (Los Libros del Lince, 2012), Cyberpunks (Deusto, 2013), Cuando Google encontró a Wikileaks (Clave Intelectual, 2014). Sin embargo, creo que el más revelador de cómo funciona Wikileaks por dentro y cuál es la personalidad del propio Assange es Dentro de Wikileaks: mi etapa en la web más peligrosa del mundo, de Daniel Domscheit-Berg (Roca, 2011), quien fue portavoz de Wikileaks en Alemania hasta 2010. El volumen WikiLeaks y Assange, de los periodistas de The Guardian David Leigh y Luke Harding (Gestion 2000, 2011), narra los inicios de la organización y el proceso de filtración de los cables de la diplomacia estadounidense.

[44]. Sobre las acciones policiales para impedir el referéndum en Cataluña, que Assange describió como «la primera guerra mundial en internet», el mejor recuento periodístico es el de Patricia Ortega-Dolz en El País («Así se intentó bloquear la votación del referéndum ilegal», 09/10/2017).

[45]. Como se dice en el capítulo, El País fue uno de los diarios que en 2010 publicó los cables de Wikileaks sobre la diplomacia estadounidense. Paralelamente, y a lo largo de los años posteriores, me correspondió escribir sobre la detención y juicio de Chelsea Manning a quien la justicia militar estadounidense halló culpable de sustraer aquella información clasificada para entregársela a Assange.

[46]. Las declaraciones de Mike Mullen sobre Assange durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en las que dijo que «tiene las manos manchadas de sangre», fueron retransmitidas por la mayoría de las cadenas de televisión el 30 de julio de 2010.

[47]. La narración más fiable —aunque parcial— de la huida de Edward Snowden de Estados Unidos a Hong Kong y luego a Moscú es la del libro de Glenn Greenwald Snowden, sin lugar para esconderse (Ediciones B, 2014). Greenwald publicó los cables de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en The Guardian y en sus contactos con Snowden le acompañó la directora de cine Laura Poitras. Ésta ganó en 2015 el premio Oscar al mejor documental con el resultado de aquellas investigaciones, un largometraje titulado Citizenfour. En 2017 le dedicó otro documental a Assange, éste titulado Risk. En un principio, el fundador de Wikileaks le permitió un acceso inédito a la organización y a él mismo, pero cuando vio el resultado entró en cólera porque Poitras dejaba al descubierto buena parte de sus contradicciones. Vale la pena ver el film si se quiere conocer más al personaje.

[48]. El anuncio del programa de Assange en RT lo hizo la agencia AFP, que en su servicio en inglés tituló «Assange lines up Russian TV gig» (25/08/2012).

[49]. Mi entrevista al director de la BBC James Harding se puede consultar en El País: «Se distribuye información falsa a escala industrial» (10/02/2018).

[50]. La mejor crónica sobre la conferencia de Assange ante universitarios catalanes antes del referéndum del 1 de octubre es de Cristian Segura en El País: «Assange alienta que la rebelión en Cataluña se extienda a nivel global» (27/09/2017).

[51]. De esa información citada en la nota anterior están extraídas también las declaraciones de Simona Levi.

[52]. Posteriormente, The Guardian publicó una extensa información sobre el informe, «How Julian Assange became an unwelcome guest in Ecuador's embassy», firmada por Luke Harding, Stephanie Kirchgaessner y Dan Collyns (15/05/2018).

[53]. Desde el diario Público, el periodista Carlos del Castillo mantuvo desde un primer momento una posición sumamente crítica con la existencia de injerencias en la crisis catalana. Creo que vale la pena leer sus razonamientos, aunque crea que son incorrectos. Recomiendo además una entrevista a la abogada Renata Ávila que lleva por título «La teoría de los hackers rusos de El País busca demonizar el activismo digital» (03/10/2017). Ávila es la encargada del caso de Assange dentro del bufete de Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En este capítulo debo hacer también mención a una investigación de Marcos Lamelas para El Confidencial, titulada «Puigdemont, dos congresistas y un lobby: el triángulo que explica los tuits de Assange» (14/09/2017) y que fue la primera información publicada en España sobre el interés de Rusia en la crisis catalana.

[54]. Una de las lecturas obligadas sobre la manipulación de los medios públicos catalanes es «Una semana viendo solo TV3», un reportaje publicado por Íñigo Domínguez en El País (12/11/2017), que provocó todo tipo de quejas y una denuncia judicial por parte de la dirección de la corporación de medios autonómicos.

[55]. La tribuna que Manuel Cruz publicó en El País sobre los insultos de Empar Moliner se titulaba «Matonismo de buen rollo» (19/04/2014). Moliner, por cierto, en contra de lo que creen Cruz, Vidal-Folch y muchos televidentes catalanes, no es cómica de profesión, sino periodista, y escribió en El País entre 2000 y 2014.

[56]. La tribuna en Ara de Toni Soler a la que hago referencia en el capítulo se titula «Quan ens fem la foto» (03/08/2014), y es toda una declaración de intenciones sobre cómo tratar a los vencidos en el pulso independentista.

[57]. Los datos de ingresos públicos de su productora, Minoria Absoluta, provienen de una investigación de Hugo Garrido y Marta Ley para El Mundo («Activistas del procés, entre los principales contratistas de TV3 y Catalunya Ràdio», 27/10/2017).

[58]. Conviene leer con atención la crónica publicada por Jon Lee Anderson en The New Yorker sobre la crisis catalana, titulada «The increasingly tense standoff over Catalonia's independence referendum» (04/10/2017).

[59]. La respuesta de Antonio Muñoz Molina, publicada por el suplemento «Babelia» de El País llevaba por título «En Francoland» (13/10/2017). Debo citar, además, una magnífica y reveladora entrevista que le hizo a Anderson David Mejía en Nueva Revista («Franco, Cataluña y todo lo demás. Una conversación con Jon Lee Anderson», 23/10/2017), en la que el periodista estadounidense no queda en muy buen lugar, o al menos no aparece lo suficientemente informado sobre la crisis catalana.

[60]. De los varios desmentidos de imágenes e informaciones falsas del referéndum del 1 de octubre, el más completo es el que hizo en Twitter y en su portal, Maldito Bulo, con análisis exhaustivos caso a caso.

[61]. Sobre esas mentiras en las redes sociales, y el papel de los medios tradicionales en darles validez, escribió el veterano columnista de The Guardian Peter Preston («Violence in Catalonia needed closer scrutiny in age of fake news», 08/10/2017). En aquella tribuna, Preston, fallecido en enero de 2018, afirmaba: «No revisar las fotos de los supuestos heridos en las recientes manifestaciones independentistas perjudicó al periodismo».

[62]. Los ejemplos de manipulación en diarios en ruso sobre la crisis catalana los recogí en mi crónica «La red de injerencia rusa sitúa Cataluña entre sus prioridades para debilitar Europa» (Alandete, El País, 24/09/2017). De entre todos los mencionados, el más revelador es el de Vzglyad: «Испания силой подавляет «каталонскую весну» (Nikita Kovalenko y Ekaterina Korostichenko, 20/09/2017). Como en capítulos anteriores, las mediciones de interacciones y viralidad de las informaciones de los medios rusos se efectuaron con NewsWhip Analytics.

[63]. El libro en que Jordi Pujol hizo sus comentarios sobre los andaluces es Immigració, problema i esperança de Catalunya, se publicó inicialmente en 1958 y fue reeditado por Nova Terra en 1976. No quedan muchos ejemplares en el mercado, y las declaraciones que cito las he extraído de un texto de Arcadi Espada para El Mundo titulado «Andaluces de Pujol» (03/11/2012). Un año después, Pujol publicó dos tribunas en El País más descafeinadas, bajo el título «La inmigración, problema y esperanza de Cataluña / 1 y 2» (25 y 26/03/1977) en las que decía: «No tendremos país, no tendremos una colectividad válida, si los sectores que he calificado de más instalados no aceptan que hay que construir —y pagar el precio que ello les exigirá— una Catalunya válida para todos. Pero no la tendremos tampoco si, por la razón que sea, la población inmigrada se alza contra Catalunya. Si en vez de exigir —con lo cual están en su derecho— una Catalunya también para ellos —en realidad una Catalunya para todos—, colaboran, consciente o inconscientemente, al derribo del país». El libro más detallado sobre la vida política de Pujol es La gran vergüenza: ascenso y caída del mito de Jordi Pujol, de Lluís Bassets (Península, 2014).

[64]. La entrevista a Alfons López Tena en la que habla de las similitudes entre el independentismo catalán y Donald Trump la realizó el periodista Baba Umar en Economía Digital (21/04/2017).

[65]. El entrecomillado de Quim Torra en el que describe a los españoles en Cataluña como bestias pertenece a una tribuna que publicó en el diario El Món, «La llengua i les bèsties» (19/12/2012).

[66]. El artículo de Steve Tesich en el que este dramaturgo empleó por primera vez el término posverdad fue publicado por The Nation bajo el titular «A government of lies» en enero de 1992. Es recomendable leer la interpretación que en la misma revista escribió Richard Kreitner catorce años después: «Post-Truth and its consequences: What a 25-year-old essay tells us about the current moment» (30/11/2016). Resultan realmente relevantes y valiosos dos libros recientes publicados en inglés sobre el concepto de «posverdad»: Post truth: The new war on truth and how to fight back, de Matthew D'Ancona (Random House, junio de 2017) y Post-truth: Why we have reached peak bullshit and what we can do about it, de Evan Davis (Little, Brown, mayo de 2017).

[67]. Sobre las afirmaciones de Javier Cercas, aparte de sus tribunas en español, se puede consultar su entrevista con Sebastian Schoepp para Süddeutsche Zeitung («Wie Nordirland, nur ohne Tote», 14/12/2017) y su tribuna «Warum man Puigdemont nicht verteidigen sollte» (12/04/2018).

[68]. En El País publicó Isabel Coixet dos tribunas dignas de ser releídas. La primera, que se cita en este capítulo, se titulaba «Tierra de nadie» (03/10/2017) y relataba su experiencia personal en los días de mayor tensión independentista en Barcelona. En la segunda, «Rosa y Sant Jordi» (19/11/2017), contaba cómo la actriz Rosa María Sardá devolvía una de las máximas condecoraciones de la Generalitat, la Cruz de Sant Jordi.

[69]. Un libro fundamental para entender la política de medios del Kremlin y cómo funciona RT es La nueva Rusia: nada es verdad y todo es posible en la era de Putin, de Peter Pomerantsev (RBA, 2017).

[70]. El anuncio por parte de Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, sobre la creación de una unidad de propaganda lo extraje de una detallada nota de Reuters, que citaba a su vez a TASS: «Russia sets up information warfare units - defence minister» (22/02/2017).

[71]. Para el contexto sobre Vladímir Putin y el Kremlin consulté varios libros de Anna Politkovskaya, en especial La Rusia de Putin (Debate, 2005), Diario ruso (Debate, 2007) y Solo la verdad (Debate, 2014). Otros volúmenes sobre el presidente ruso consultados: Sistema mediático y propaganda en la Rusia de Putin (Adrian Karin Sanz, Comunicación Social, 2018), El hombre sin rostro (Masha Gessen, Debate, 2018), Rusia en la era de Putin (Carlos Taibo, Catarata, 2006), Notificación Roja (Bill Browder, Capitan Swing, 2016), The Invention of Russia: The Rise of Putin and the Age of Fake News (Arkady Ostrovsky, Penguin, 2017) y Putin Country: A Journey into the Real Russia (Anne Garrels, Picador, 2017).

[72]. Para más información sobre Viasjelav Volodin y su posición en las esferas de poder del Kremlin, es recordable leer el informe del Centro Carnegie de Moscú «Volodin vs. Kiriyenko: The battle for influence in Russia's power vertical» (Andrey Pertsev, 16/06/2017).

[73]. Sobre Estonia, un libro de referencia en inglés es Estonia, a modern history (Neil Taylor, Hurst, 2018).

[74]. No hay muchas investigaciones en profundidad sobre los ciberataques de 2007 y éstos son los artículos con información más detallada: «Cyber war I: Estonia attacked from Russia» (Kertu Ruus, European Affairs, 9, 2008); «Estonia two-and-a-half years later: a progress report on combating cyber attacks» (Scott Shackelford, Journal of Internet Law, 2010); «Ten years after the landmark attack on Estonia, is the world better prepared for cyber threats?» (Emily Tamkin, Foreign Policy, 27/04/2017).

[75]. Las declaraciones de Toomas Hendrik Ilves sobre las técnicas de subversión de Rusia están extraídas de su testimonio en una vista oral sobre Rusia en el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 09/03/2017.

[76]. Respecto a la guerra entre Rusia y Georgia de 2008, consulté, entre otros, el libro de Ronald Asmus A little war that shook the world: Georgia, Russia, and the future of the West (St. Martin's Press, 2010) y especialmente dos artículos: «The five-day war: Managing Moscow after the Georgia crisis» (Charles King, Foreign Affairs, 2008) y «Cyclones in cyberspace: Information shaping and denial in the 2008 Russia–Georgia war» (Ronald J. Deibert, Rafal Rohozinski, Masashi Crete Nishihata, Security Dialogue, vol. 43, 2012).

[77]. Las entrevistas de Margarita Simonián sobre las funciones de RT fueron publicadas por Kommersant («Нет никакой объективности», 07/04/2012) y Lenta («Не собираюсь делать вид, что я объективная», 07/03/2013).

[78]. Sobre las tácticas del KGB en la Guerra Fría hay abundante bibliografía, y de ella destaco un viejo volumen que sigue siendo muy interesante a día de hoy: «The KGB and Soviet disinformation: an insider's view» (Ladislav Bittman, Pergamon-Brassey's, 1985).

[79]. Los datos de audiencias de RT han sido extraídos de un análisis de sus métricas en las grandes plataformas sociales, mediciones de Comscore y comunicados oficiales de la propia cadena.

[80]. Sobre la elección de Dimitri Kiseliov para dirigir Rosia Segodnia, y sus discursos, ofrece más información una extensa crónica de The New York Times, «RT, Sputnik and Russia's new theory of war» (Jim Rutenberg, 13/09/2017). Son de obligada lectura además de los informes clasificados pero de fácil acceso en internet de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos «Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections» y «Background to 'Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections': The Analytic Process and Cyber Incident Attribution».

[81]. Sobre Ucrania y sus relaciones con Rusia, son de recomendada lectura Ukraine, the EU and Russia: history, culture and international relations, una serie de artículos compilada por Stephen Velychenko (Springer, 2007), y Russia, Ukraine and the breakup of the Societ Union, de Roman Szporluk (Hoover Press, 2000).

[82]. La cobertura del Euromaidán de Pilar Bonet para El País es probablemente la mejor compilación en español sobre esta crisis, con entrevistas y fuentes de primera mano muy valiosas.

[83]. Sobre la guerra que comenzó con la revolución de 2013, estos son los artículos y estudios que he consultado: «Ukraine, mainstream media and conflict propaganda», de Oliver Boyd-Barrett (Journalism studies, 18, 2017); «Fascism, Russia, and Ukraine», de Timothy Snyder (The New York Review of Books, 2014); Ukraine and Russia: People, politics, propaganda and perspectives, de los editores Agnieszka Pikulicka-Wilczewska y Richard Sakwa (E-International Relations Publishing, 2015) y Ukraine, Russia, and the question of Crimea, de David R. Marples y David F. Duke (Nationalities papers, 1995).

[84]. Sobre la cobertura de los medios rusos de la crisis ucraniana, he consultado abundantemente el servicio StopFake (stopfake.org), una web que opera en trece idiomas creada por profesores, investigadores y alumnos de la escuela de periodismo Mohyla de Kiev. En ella encontré información abundante sobre la falsa noticia de la crucifixión de un niño en Ucrania y otros bulos similares, como las versiones contradictorias sobre el derribo del vuelo MH-17. Además, tuve la oportunidad de entrevistar al director de esa institución, Yevhen Fedchenko, durante un congreso de Societat Civil Catalana en julio en Barcelona, donde ambos participamos como ponentes.

[85]. Las informaciones sobre las acusaciones a Román Zozulya han sido extraídas todas de publicaciones de prensa de aquellos días, en especial de El País, El Mundo, Abc y El Confidencial.

[86]. Entrevisté al presidente ucraniano, Petró Poroshenko, en El País bajo el titular «Cataluña y Ucrania han sufrido la campaña rusa de noticias falsas» (06/06/2018).

[87]. El discurso íntegro de Vladímir Putin en el foro Valdái puede consultarse, en inglés, en la página oficial de la presidencia rusa, en concreto en la dirección <en.kremlin.ru/events/president/news/55882>.

[88]. Sobre el equipo East Stratcom de la Unión Europea, publiqué la nota «La UE combate la máquina de propaganda del Kremlin» (10/11/2017) y recomiendo visitar su página web EU vs Disinformation (euvsdisinfo.eu), en la que recopilan numerosos casos de desinformación procedente de Rusia contra los países europeos. De ese portal han sido extraídos la mayoría de los casos citados en este capítulo.

[89]. Sobre el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, publiqué, también en El País, «El Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN pide a España que se proteja ante la injerencia rusa» (20/11/2017). Este otro centro publica habitualmente informes sobre campañas de desinformación rusas en diversos países europeos. España, sin embargo, no suele figurar en ellos porque no ha solicitado su ingreso en él, algo que conlleva un pago anual.

[90]. El informe de la OTAN al que se hace referencia en el capítulo es «Russian meddling in elections and referenda in the Alliance» (Susan Davis, Comité de Ciencia y Tecnología, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, marzo de 2018).

[91]. Sobre los comediantes Lexus y Vovan, el especialista en Rusia y Ucrania Vitaly Shevchenko publicó un profundo análisis en BBC Monitoring titulado «Telephone pranksters as a Kremlin media tool» (BBC, 02/01/2018) en el que afirmaba: «A menudo se acusa de engaño y manipulación a la televisión controlada por el Estado de Rusia, y una técnica en particular contiene elementos de ambos. Un par de bromistas telefónicos han atacado a numerosos enemigos del Kremlin, y las grabaciones de sus conversaciones reciben amplio tiempo de emisión y comentarios de apoyo de la televisión rusa. Vladímir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, conocidos como Vovan y Lexus, respectivamente, despliegan una táctica de preguntas provocadoras, y la televisión tergiversa a menudo el contenido de dichas conversaciones para retratar a sus objetivos bajo una mala luz. Los bromistas también reciben con frecuencia una plataforma para transmitir sus puntos de vista favorables al Kremlin en la televisión. Según el servicio de monitoreo de medios Medialogia, los canales de televisión federales, es decir, aquellos que transmiten en toda Rusia, publicaron más de 400 informes que mencionan a los bromistas en 2017».

[92]. De especial relevancia es el trabajo de Marc Marginedas para El Periódico de Cataluña sobre el asesinato de Denis Voronénkov en Ucrania («Asesinado a tiros en el centro de Kiev un exdiputado de Rusia exiliado», El Periódico, 23/03/2017).

[93]. Las declaraciones de Maria Maksákova las extraje de los fragmentos publicados por Gordon en su web: «Максакова: Существует специальный подотдел ФСБ, который занимается провокациями, в том числе телефонными пранками» (Gordon, 30/01/2017).

[94]. Sobre las presiones de Angela Merkel a Mariano Rajoy para que hablara en una cumbre de líderes europeos dieron detallada cuenta Javier Casqueiro y Claudi Pérez en El País («Rajoy evita en la cumbre una invitación de Merkel para hablar de Cataluña», 21/10/2017).

[95]. También publicó El País información sobre las comisiones en las que se estudió la injerencia rusa en el Congreso y el Senado españoles, elaborada por Miguel González e Íñigo Domínguez («El Congreso aborda en dos comisiones la injerencia rusa en Cataluña», 15/12/2017).

[96]. La estrategia de seguridad nacional fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno español a finales de 2017, con prólogo de Mariano Rajoy.

[97]. El informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos es «Análisis de tendencias geopolíticas a escala global», publicado en la serie Documentos de Investigación del Programa de «Trabajo de Futuros» (Josep Baqués, 2017) y en el se advierte de los efectos contrarios a los intereses del Kremlin que puede tener su apoyo al independentismo: «Con todo, su posición es complicada, dado que este tipo de reivindicaciones de corte nacionalista proliferan en su "extranjero próximo" (no siempre en la dirección que le conviene a Putin) mientras que todavía pueden darse en el seno de la misma Rusia (habrá que ver cómo evoluciona la situación en Siberia, por ejemplo)».

[98]. Éstos son algunos de los estudios del uso de bots en Twitter que he consultado para este capítulo: «Using sentiment to detect bots on twitter: Are humans more opinionated than bots?», de John P. Dickerson, Vadim Kagan y V. S. Subrahmanian, Proceedings of the 2014 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, IEEE Press, 2014; «Detecting spam bots in online social networking sites: a machine learning approach», de Alex Hai Wang, IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy, Springer, Berlín, Heidelberg, 2010; «Botornot: A system to evaluate social bots», de Clayton Allen Davis et al., Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016; «The rise of social bots», de Emilio Ferrara et al., Communications of the ACM, 2016, vol. 59, núm. 7; y «Weaponized health communication: Twitter bots and Russian trolls amplify the vaccine debate», de David A. Browniatowski, et al., American journal of public health, 2018.

[99]. Las medidas anunciadas por Twitter sobre la actividad de cuentas automatizadas en las elecciones de Estados Unidos en 2016 fueron extraídas de la comunicación pública de la empresa en su blog (blog.twitter.com), «Update: Russian interference in 2016 US election, bots, & misinformation» (28/09/2017).

[100]. El informe de la City University de Londres es «The Brexit botnet and user-generated hyperpartisan news» (Marco T. Bastos y Dan Mercea, octubre de 2017).

[101]. El artículo de Glenn Greenwald y McMcGrath en The Intercept, que será citado de nuevo más adelante, es «How shoddy reporting and anti-Russian propaganda coerced Ecuador to silence Julian Assange» (20/04/2018).

[102]. El estudio es «Bots increase exposure to negative and inflammatory content in online social systems», Massimo Stella, Emilio Ferrara, and Manlio De Domenico, 20/11/2018).

[103]. Javier Lesaca publicó una tribuna en El País explicando sus investigaciones («Los zombies de la desinformación», 12/11/2017). Su estudio, que será publicado en los próximos meses, es «The battle for the Agenda Setting and the Framing in the Catalonian referendum. Evidences of Foreign Digital Disruption. An Analysis of 5 million digital publications about Catalonia from September 29th to October 5th», George Washington University).

[104]. La nota que yo publiqué en El País al respecto es «La trama rusa empleó redes chavistas para agravar la crisis catalana» (11/11/2017).

[105]. Se han publicado numerosos reportajes sobre la célebre fábrica de trolls y bots de San Petersburgo, pero el primero, y más relevante, es el de Alexandra Garmazhapova, publicado en Novaya Gazeta («Где живут тролли. Как работают интернет-провокаторы в Санкт-Петербурге и кто ими заправляет», 09/09/2013). Del mismo medio, es especialmente valiosa la investigación de Diana Khachatryan sobre trolls («Как стать тролльхантером», 11/03/2015). Merece también una mención la crónica de Adrian Chen para The New York Times, uno de los trabajos más completos sobre la Agencia para la Investigación de Internet en la prensa internacional («The Agency: From a nondescript office building in St. Petersburg, Russia, an army of well-paid 'trolls' has tried to wreak havoc all around the Internet – and in real-life American communities», 02/06/2015). En español, el reportaje de referencia es de Pilar Bonet para El País («La fábrica rusa de las mentiras», 25/02/2018). Sin embargo, la investigación más detallada es el informe de acusación del fiscal especial de Estados Unidos para la trama rusa Robert Mueller, de treinta y siete páginas y registrado en los juzgados del Distrito de Columbia el 16 de febrero de 2018 y que puede consultarse en este enlace: justice.gov/file/1035477.

[106]. El análisis sobre trolls de Whitney Phillips lleva por título «The Oxygen of amplification: better practices for reporting on extremists, antagonists, and manipulators online» (Whitney Phillips, Data and Society Research Institute, mayo de 2018).

[107]. De los varios estudios sobre el uso de bots en el referéndum del brexit recomiendo especialmente Bots, #StrongerIn, and #Brexit: computational propaganda during the UK-EU referendum, de Philip N. Howard y Bence Kollany, 2016.

[108]. Los diversos testimonios y comunicaciones de la comisión sobre Noticias Falsas del comité sobre Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes británica a los que hago referencia en este capítulo se pueden consultar en esta dirección: https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and-sport-committee/inquiries/parliament-2017/fake-news-17-19/publications/.

[109]. El informe de julio de 2018 al que hago referencia es «Disinformation and 'fake news': interim report, Fifth Report of Session 2017–19, House of Commons» y se puede descargar en el enlace anterior.

[110]. El informe de las universidades de Swansea y Berkeley es «Social media, sentiment and public opinions: evidence from #Brexit and #USElection', de Yuriy Gorodnichenko, Tho Pham y Oleksandr Talavera», NBER Working Paper No. w24631, mayo de 2018.

[111]. La información de RT sobre mi comparecencia ante el comité mencionado antes es «Expertos españoles no logran aportar pruebas de injerencia rusa ante el Parlamento británico» (20/12/2017) y carece de firma.

[112]. Los diversos comunicados de Ofcom sobre sus investigaciones y amonestaciones a RT pueden consultarse en esta dirección web: <https://www.ofcom.org.uk/search?query=RT&site-search-submit=>.

[113]. Sobre RT y sus emisiones en español ha publicado una serie de investigaciones Fernando Peinado para El País, y especial mención merecen «La campaña de desinformación de Rusia sobre la guerra en Siria» (15/04/18) y «Diez cosas que aprendí viendo RT en español durante una semana» (14/02/2019).

[114]. El informe de Reporteros Sin Fronteras es «#RespectPressCAT, Reporteros Sin Fronteras pide respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña» (diciembre de 2017) y entre sus conclusiones afirma: «La tensión inédita que han creado las actuaciones policiales en Cataluña, destinadas a cumplir la suspensión del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional, y los constantes desafíos que se lanzan mutuamente los gobiernos central y catalán no han hecho sino agravar un clima de por sí muy viciado para la libertad de información en Cataluña».

[115]. La tribuna de Joan López Alegre e Ignacio Martín Blanco es «Adiós al circo del odio» (09/10/2017).

[116]. La tribuna de Tunku Varadarajan fue publicada en Abc con el título «Cómo hacer la vida desagradable a Europa» (09/01/2017).

[117]. Las informaciones y reportajes de Cristian Segura pueden encontrarse en El País, y entre ellos destaco «Las falsas excusas del independentismo» (20/11/2017), «Decepcionados y divididos por la política» (22/11/2017) y «Oriol Soler, la red de la propaganda» (13/11/2017).

[118]. El informe de The Atlantic Council lleva por título «The Kremlin's trojan horses 2: Russian influence in Greece, Italy, and Spain» (noviembre de 2017), y es una obra conjunta de Alina Polyakova, Markos Kounalakis, Antonis Klapsis, Luigi Sergio Germani, Jacopo Iacoboni, Francisco de Borja Lasheras y Nicolás de Pedro. Los dos últimos firman el capítulo dedicado a España.

[119]. La entrevista de Stefania Maurizi a Julian Assange y mi respuesta han sido citadas en las notas sobre la introducción.

[120]. Sobre la intervención de Wikileaks y Assange en las campañas electorales de las elecciones de Estados Unidos de 2016 se han publicado varios volúmenes, pero el más detallado es el ya mencionado Russian Roulette: The inside story of Putin's war on America and the election of Donald Trump (Hachette, marzo de 2018).

[121]. La carta de M. C. McGrath al Parlamento británico así como la información que publicó junto con Glenn Greenwald en The Intercept han sido citados en el capítulo anterior.

[122]. La revista NATO Review, publicada por la OTAN, analizó en detalle el caso de la menor supuestamente raptada en el artículo «The 'Lisa case': Germany as a target of Russian disinformation» (2016). También le dedicó varias publicaciones StopFake, de donde he extraído varios de los ejemplos de los medios rusos.

[123]. Los análisis de la London School of Economics han sido publicados por el programa Arena (<lse.ac.uk/iga/arena>), en el que participa la reputada experta en Rusia y ganadora del Pulitzer Anne Applebaum.

[124]. El estudio de la Universidad de Oxford sobre bots lleva por título «Junk news and bots during the German parliamentary election: What are German voters sharing over Twitter?» (Lisa-Maria Neudert, Bence Kollany y Philip N. Howard, The Computational Propaganda Project, COMPROP DATA MEMO 2017, 19/09/2017).

[125]. Sobre las medidas tomadas en Alemania y los supuestos intentos de filtrar información secreta del Bundestag, he consultado un detallado informe del Digital Forensic Lab del Atlantic Council: «German Election: Waiting For Leaks. Assessing online conversations about document dumps» (01/08/2017). El Carnegie Endowment for International Peace publicó sobre este asunto «Russian election interference: Europe's counter to fake news and cyber attacks» (Erik Brattberg y Tim Maurer, 23/05/2018). Michael Schwartz publicó también un interesante análisis en The New York Times («German election mystery: Why no Russian meddling?», 21/09/2017).

[126]. De entre las críticas a cualquier legislación contra la desinformación, que son muy abundantes, he elegido el artículo de Flamming Rose y Jacob Mchangama porque resume muy bien el sentir general desde posiciones conservadoras y liberales. Se puede consultar en The Washington Post: «History proves how dangerous it is to have the government regulate fake news» (03/10/2017).

[127]. Como en capítulos anteriores, las mediciones sobre interacciones de TzeTze y otros medios italianos han sido realizadas con la herramienta NewsWhip Analytics.

[128]. Sobre los ejemplos de Matteo Renzi de injerencias en la política italiana, hay varias noticias publicadas en italiano e inglés, y entre ellas cabe destacar «La propaganda russa all'offensiva anti-Renzi. E il web grillino rilancia» (Jacopo Iacononi, La Stampa, 02/11/2016); «Spread of fake news provokes anxiety in Italy» (Jason Horowitz, The New York Times, 02/12/2016), e «Italy, bracing for electoral season of fake news, demands Facebook's help» (Horowitz, The New York Times, 24/11/2017). En esta última, el autor entrevistó al propio Renzi, y sus declaraciones se recogen en el capítulo posteriormente.

[129]. La investigación de BuzzFeed sobre el Movimiento 5 Estrellas citada es «Italy's most popular political party is leading Europe in fake news and Kremlin propaganda» (Alberto Nardelli y Craig Silverman, 29/11/2016) y la que publicó sobre La Liga es «One of the biggest alternative media networks in Italy is spreading anti-immigrant news and misinformation on Facebook» (Nardelli y Silverman, 21/11/2017).

[130]. RT realizó la afirmación sobre las «imágenes de una guerra civil» en una emisión que cita La Stampa en el artículo mencionado previamente.

[131]. Para las investigaciones sobre el tiroteo de Luca Traini he consultado la cobertura de La Repubblica, en especial el perfil «Chi è Luca Traini, l'ex candidato della Lega che ha sparato a Macerata» (Giovanni Gagliardi, 03/02/2018).

[132]. El reportaje publicado en El País con los análisis de Alto Data Analytics es «Las redes rusas se activaron para impulsar a la ultraderecha en Italia» (Daniel Verdú y David Alandete, 02/03/2018).

[133]. La entrevista de Matteo Salvini donde menciona a Putin se publicó en Il Foglio: «Così conquisterò l'Europa. Salvini a tutto campo» (Annalisa Chirico, 04/08/2018).

[134]. El análisis más completo de la campaña de supuestas filtraciones contra Emmanuel Macron lo publicó el Digital Forensics Lab de The Atlantic Council bajo el título «Hashtag Campaign: #MacronLeaks: Alt-right attacks Macron in last ditch effort to sway French Election» (06/05/2017). Otras investigaciones relevantes que he empleado para este capítulo son: «The far-right American nationalist who tweeted #MacronLeaks» (Andrew Marantz, The New Yorker, 07/05/2017); «U.S. far-right activists promote hacking attack against macron» (Mark Scott, The New York Times, 06/05/2017); «Que risquent ceux qui diffusent de fausses informations à l'approche du scrutin?» (Blandine Le Cain, Caroline Piquet y Julien Boudisseau, Le Figaro, 06/05/2017).

[135]. Sobre Mounir Mahjoubi publicó la prensa francesa abundantes perfiles, pero la parte más interesante de su gestión de la crisis de las filtraciones, con sus contactos con la inteligencia estadounidense, la recoge The New York Times en «Hackers came, but the french were prepared» (Adam Nossiter, David E. Sanger y Nicole Perlroth, 09/05/2017).

[136]. El testimonio del almirante Michael Rogers ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos fue entregado y leído el 9 de mayo de 2017, y puede consultarse íntegro en la dirección <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Rogers_05-09-17.pdf>.

[137]. Entrevisté a Kalenski para una información en ABC: «Francia investiga la injerencia rusa en la crisis de los chalecos amarillos», 13/12/2018.

[138]. Como afirmo en el capítulo, George Soros es un prolífico autor. De entre sus obras publicadas, destaco La crisis del capitalismo global (Sudamericana, 1999), Globalización (Planeta, 2002), La burbuja de la supremacía norteamericana: cómo corregir el abuso de poder de Estados Unidos (Debate, 2004), Tiempos inciertos. Democracia, libertad y derechos humanos en el siglo XXI (Nomos, 2006), La tormenta financiera (Destino, 2012) y Mi filosofía (Taurus, 2010). De las biografías escritas sobre Soros he consultado Soros: the life and times of a messianic billionaire (Michael T. Kaufman, Knopf, 2002) y Soros: the life, ideas, and impact of the world's most influential investor (Robert Slater, McGraw-Hill Education, 2009). Más reciente es el brillante estudio sobre la personalidad y pensamiento de Soros elaborado por Daniel Bessner para la revista n+1, titulado «The Globalist: George Soros after the open society» (18/06/2018). De entre sus entrevistas recientes, tal vez la más completa es la que publicó Michael Steinberger en The New York Times Magazine («George Soros bet big on liberal democracy. Now he fears he is losing», 17/07/2018).

[139]. De la obra de Karl Popper, en el capítulo se cita La sociedad abierta y sus enemigos (Paidós, 1957).

[140]. Las declaraciones de Nicolás de Pedro sobre la lista de usuarios de Twitter las realizó en una entrevista con Vice («¿Está el magnate George Soros influyendo en el debate sobre el conflicto ucraniano en España?», Quique Badía, 17/09/2016).

[141]. Por último, no es muy abundante la obra periodística o de investigación sobre los nexos con Rusia de los grupos de extrema derecha en España. La excepción es «La conexión rusa de Hazte Oír», de Jordi Pérez Colomé (El País, 05/08/2017).

[142]. No hay muchos libros en profundidad sobre Mariano Rajoy en el gobierno, aparte de Morder la bala: un año del gobierno de Rajoy (Lucía Méndez, Esfera de los Libros, 13/11/2011), que no recoge sus últimos años.

[143]. Recomiendo, para saber más sobre el pulso independentista y las opciones del Estado español, Anatomía del procés: Claves de la mayor crisis de la democracia española (varios autores, Debate, 2018). Considero también una referencia para la interpretación de la Constitución y la crisis catalana varios estudios de Francesc de Carreras, en especial Paciencia e independencia: La agenda oculta del nacionalismo (Ariel, 2014) y Escucha, Cataluña. Escucha, España: Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión, escrito junto con Josep Borrell, Juan-José López Burniol y Josep Piqué (Península, 2017).

[144]. La reconstrucción de la fuga de Carles Puigdemont y otros consejeros la he elaborado sobre las notas que tomé en aquellos días de octubre y noviembre de 2017, cuando ya trabajaba en la investigación para este libro. Debo mencionar, sin embargo, la completa reconstrucción de la huida de estos últimos realizada por Mayka Navarro para La Vanguardia («Diario de una escapada a Bruselas», 03/12/2017).

[145]. Para obtener más información sobre el llamado «sanedrín» o «estado mayor del proceso», recomiendo la lectura de «Las caras del "Estado Mayor" del proceso», una lista de sus integrantes publicada por La Vanguardia sobre la base de otras informaciones el 05/10/2017. Hay libros muy valiosos sobre el proceso de independencia de Cataluña y sus momentos clave, de entre los que destaco La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat (Anagrama, 2017); Cómo ganamos el proceso y perdimos la república, de Josep Martí Blanch (ED Libros, 2018); La gran ilusión: mito y verdad del proceso indepe, de Guillem Martínez (Debate, 2016) y Con permiso de Kafka: El proceso independentista en Cataluña (Península, 2018). Una mención especial merece el excelente volumen de la corresponsal de Le Monde en España Sandrine Morel En el huracán catalán: Una mirada privilegiada al laberinto del procés (Planeta, 2018), en el que revela las presiones de la Generalitat a los medios extranjeros, incluida la oferta de inversión publicitaria. Este capítulo es deudor también del libro del exconsejero catalán Santi Vila, escrito en primera persona y titulado De héroes y traidores: El dilema de Cataluña o los diez errores del procés (Península, 2018).

[146]. Sobre su estancia en la capital de Bélgica, Álvaro Sánchez publicó en El País un detallado reportaje: «Los cien días de Puigdemont en Bruselas» (07/02/2018).

[147]. Respecto a la labor de los eurodiputados independentistas, Álvaro Sánchez publicó un interesante reportaje en El País titulado «La fábrica de bulos del eurodiputado Tremosa» (08/12/2017) y yo mismo elaboré también una información sobre los legisladores prorrusos como Tatiana Zdanoka («Un grupo de eurodiputados prorrusos agita el independentismo catalán desde Bruselas», El País, 19/11/2017).

[148]. La resolución del Europarlamento en la que insta a la Comisión a revisar el marco legal sobre desinformación lleva por título «Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el mercado único digital».

[149]. En la carta en la que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, establecía las misiones principales para la nueva comisaria de Agenda Digital, Mariya Gabriel, fechada el 16/05/2017, éste afirmaba: «La Comisión debe analizar los desafíos que las plataformas en línea crean para nuestras democracias en lo que respecta a la difusión de información falsa e iniciar una reflexión sobre lo que se necesitaría a nivel de la UE para proteger a nuestros ciudadanos».

[150]. El informe realizado por el grupo de expertos y entregado a la comisaria Gabriel lleva por título «A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation» (marzo de 2018).

[151]. La comunicación definitiva de la comisaria fue publicada el 26 de abril de 2018 bajo el título «La lucha contra la desinformación en línea, un enfoque europeo».

[152]. La entrevista que realicé a Esteban González Pons se publicó en El País el 30 de noviembre de 2017 con el titular «España tiene razones suficientes para solicitar a la OTAN protección ante los ataques con noticias falsas».

[153]. Las declaraciones del vicepresidente del Parlamento europeo Ramón Luis Valcárcel las incluí en una crónica escrita desde Bruselas, titulada «Un grupo de eurodiputados se moviliza para impulsar una legislación sobre noticias falsas» (El País, 14/04/2018).

[154]. Tal vez el estudio más importante de cuantos he citado en este libro sea aquel con el que concluyo este capítulo, publicado en la revista Science: «The spread of true and false news online», de Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral (09/03/2018). Es la prueba definitiva de que la desinformación depende de comportamientos humanos, y no sólo de redes de computadoras automatizadas. Es un problema tan psicológico como técnico, y ésa es precisamente la razón que más complica la toma activa de medidas para solucionar este grave problema.

[155]. La crónica de David Fahrentold para The Washington Post llevaba por título «Trump recorded having extremely lewd conversation about women in 2005» (07/10/2016). De este autor, recomiendo el libro Uncovering Trump: The Truth Behind Donald Trump's Charitable Giving (Diversion Books, 2017).

[156]. Por último, recomiendo dos relatos de los primeros pasos de Trump en la Casa Blanca que arrojan abundante luz sobre sus conexiones con Rusia: Fear: Trump in the White House (Bob Woodward, Simon & Schuster, 2011) y Trump, fuego y furia. En las entrañas de la Casa Blanca de Trump (Michael Wolff, Península, 2018).

Fake news

David Alandete

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