Siglo XXI / Serie Historia de Europa / 8

Olwen Hufton

Europa: privilegio y protesta

1730-1789

Traducción: Equipo de la Editorial y Fernando Valero (capítulos V-XII)

Revisión: Jaime Roda

En los cincuenta años que preceden a la Revolución francesa, Europa se ve desgarrada por conflictos de todo tipo. Las tensiones sociales y económicas aumentan bajo la presión de una población creciente para la cual el suministro de alimentos resulta permanentemente insuficiente. Las rivalidades imperialistas en América y Asia, y las políticas expansionistas de Prusia y Rusia vienen a añadir nuevas dimensiones a las guerras europeas. Pero, por encima de todo, la nueva dinámica de esta época va a ser la surgida del desafío al tradicional monopolio del poder político ejercido por los monarcas y las elites privilegiadas. Como Hufton muestra, sin embargo, el privilegio no es una mera prerrogativa de los ricos y los poderosos, sino que impregna el tejido social a todos sus niveles. Al atacar los privilegios, la Ilustración va a golpear las mismas raíces del orden social aceptado, crecientemente inestable ya a causa de su onerosa superestructura de burocracias y ejércitos permanentes.

Olwen Hufton es Leverhulme Professor of History en la Universidad de Oxford y Senior Research Fellow en el Merton College, de la misma universidad. Fue también profesor de Historia en las universidades de Reading y Harvard, así como en el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

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Título original

Europe: privilege and protest, 1730-1789

© Olwen Hufton, 1980, 2000

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 1983, 2017

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1847-4

NOTA DEL AUTOR

Una nueva edición de un libro que ya tiene 20 años requiere una reflexión sobre las formas en las que ha evolucionado el estudio histórico. A finales de la década de los setenta y durante la mayor parte de la de los ochenta hubo un interés en escribir la historia general prestando atención a la interacción entre las clases, un interés especialmente centrado en la observación del impacto de la alta política sobre las masas y de su respuesta a la explotación cuando aumentaban los impuestos, el precio de la comida en épocas de escasez o las exigencias de la guerra. Al mismo tiempo, los que estaban interesados en desafiar las bases del poder monárquico no dudaban en apelar al «pueblo» para apoyar sus intereses. De ahí el título de este volumen y la patente necesidad de interpretar el siglo XVIII –un siglo lleno de conflictos que acabó desencadenando la Revolución– en términos de controversia y polaridades sociales, un siglo en el que la acción se entiende ante todo desde un punto de vista social.

A lo largo de la última década esta interpretación no ha sido desbancada, pero los historiadores han tendido a centrar sus energías cada vez más en los aspectos culturales, como los efectos del avance de la alfabetización, la transformación de las pautas de consumo o la identidad nacional y de género. Además, y especialmente en el contexto del bicentenario de la Revolución francesa, se ha dado un nuevo énfasis a los lugares alternativos de expresión, debate, intercambio y asociación política que surgieron en Europa occidental para desafiar y, de hecho, socavar la pretensión monárquica de poder absoluto, así como a la transformación de estos foros privados en foros públicos. Los «discursos enfrentados», de opiniones críticas que promovían diferentes alternativas para el funcionamiento del estado y la sociedad, provenían de salones y academias provinciales, o de las publicaciones y los intercambios epistolares de una «república de cartas» cuyo internacionalismo desafiaba la censura estatal. Estas asociaciones sirvieron para reformular la manera en la que se concebían la sociedad y el gobierno, de una forma que presagiaba el desarrollo de la sociedad secular moderna de Occidente.

Algunos de los cambios de énfasis historiográfico han sido integrados en los capítulos correspondientes de esta segunda edición revisada y se ha añadido una bibliografía actualizada como guía para el estudio de la época. En general, se ha mantenido el texto original, pues sus principales puntos de vista no han cambiado radicalmente.

INTRODUCCIÓN

Si un concepto contribuye a la comprensión del siglo XVIII, debe ser seguramente el de privilegio. El privilegio era la base sobre la cual estaba construida la sociedad, y todos los gobiernos, renuentes o no, estaban forzados a reconocerlo. El privilegio existía en múltiples formas, algunas puramente honoríficas y otras extremadamente lucrativas. Había individuos privilegiados, como nobles y clérigos que, a menudo, estaban exentos de impuestos y eran juzgados por sus propios tribunales; había ciudades privilegiadas que venían comprando desde hacía mucho tiempo la exención de los impuestos reales y eran, en el caso de algunos ejemplos alemanes y españoles, enclaves virtuales de autogobiernos; había provincias privilegiadas con sus propios códigos legales y, en algunas circunstancias, con sus propias Dietas, que luchaban contra los monarcas por el control de los recursos y cuestionaban, demoraban o impedían efectivamente la legislación real, como las de Hungría y Bohemia. Otras provincias, a menudo estas mismas incorporadas posteriormente a la Corona central, exigían especiales consideraciones. Bretaña se negaba a pagar el impuesto sobre la sal; los vascos rechazaban cualquier tipo de impuesto real. Algunas veces, el privilegio conllevaba la posesión efectiva de hombres, como el privilegio de la dvorianstvo rusa o de los junkers prusianos; a veces dotaba a los propietarios del privilegio de derechos específicos, o prestaciones de trabajo, a rentas en dinero o en especie, o a utilidades derivadas de los servicios básicos de la comunidad: el horno, el molino y la prensa de vino. Descendiendo en la escala social, el privilegio daba en Inglaterra a algunos el derecho al voto por residir en una determinada casa de campo o hacienda, y en Europa daba a algunas comunidades rurales el derecho a espigar a expensas de otras, o concedía derechos de pasto en tierras comunes que negaba a otros. El privilegio daba a algunos indigentes el derecho a recoger los residuos de cera de los cirios de las iglesias y a los niños de los pobres el derecho a despojar los setos de zarzamoras y recoger la fruta caída por el viento. En resumen, toda persona era alcanzada por privilegios de algún tipo. Muchas formas de privilegios eran de origen medieval, pero otras eran producto particular de los siglos XVI y XVII, cuando las monarquías, para comprar apoyo o financiar guerras, multiplicaron el número de nobles, cargos, monopolios y concesiones.

El periodo final del siglo XVII fue notable por el establecimiento de un número de fuertes monarquías «absolutistas» que parecían capaces de persuadir o, por lo menos, de dominar a las instituciones copartícipes del poder para que cedieran el control de los recursos, con miras a permitir a los monarcas la máxima flexibilidad en el establecimiento de impuestos para financiar a los nuevos ejércitos regulares que proliferaron en el siglo XVII en Europa. Pero se ha exagerado mucho el poder de estos monarcas. En el siglo XVII, el absolutismo se veía moderado en todas partes por las malas comunicaciones y por los privilegios locales. No obstante, los ejércitos regulares y las burocracias que proporcionaban los hombres y el dinero para sostenerlos eran bastante reales y constituyeron la inmediata herencia del siglo XVIII. No hubo ninguna posibilidad de que este siglo fuese pacífico. La entrada de Rusia en la política de fuerza europea desde el reinado de Pedro el Grande, con consecuencias significativas tanto para Rusia como para el resto de Europa, la presencia en el norte de Alemania de un nuevo Estado fuerte, Prusia, con decididos objetivos territoriales, y la nueva dimensión del conflicto en América y la India impusieron la guerra en una nueva escala. El mundo europeo no había conocido nunca una guerra en tantos frentes como la guerra de los Siete Años, que virtualmente destrozó las finanzas estatales y no resolvió casi nada. Los monarcas, pues, no pudiendo deshacerse de la carga financiera de los ejércitos y burocracias, se vieron condenados a una despiadada búsqueda de recursos para financiarlas, búsqueda que los condujo a un conflicto frontal con los privilegios, en su forma individual, corporativa o provincial. Aquí radica el impulso de la vida política del siglo.

Pero había otros aspectos que hacían que el enfrentamiento entre el poder del monarca y el privilegio en sus múltiples formas fuera más agudo que nunca. La ilustración, que alcanzó su apogeo durante este periodo, convirtió el mismísimo concepto de autoridad secular y religiosa en un tema prioritario. Cuestionó el origen divino del poder real, la autoridad absoluta de la doctrina de la Iglesia y luchó para que la felicidad terrenal del hombre ocupara un lugar central en la organización de la sociedad. Intentaba formular una nueva cultura política. Dirigió un ataque contra el privilegio, fuera en forma de exenciones de impuestos para la nobleza y el clero o de derechos provinciales consuetudinarios. Ningún movimiento intelectual dio nunca la espalda tan enfáticamente al pasado.

Si el privilegio existía en un ambiente progresivamente hostil, también se hallaba en un entorno de cambios sociales y económicos cargados de consecuencias. Este periodo es el de la «revolución vital», superación del clásico vaivén demográfico de movimientos ascendentes y descendentes, en el cual la población europea despegó por primera vez gracias a un sostenido crecimiento con considerables implicaciones en forma de nuevas demandas de alimento y empleo. El ensanchamiento de la base de la pirámide social, en mayor amplitud que en el pasado, atrajo a los desposeídos a las ciudades, amenazando a un mundo de elites privilegiadas y monarcas envueltos en un esplendor barroco.

Este libro trata, pues, del privilegio social y político, de las monarquías, de sus luchas por sobrevivir y sus relaciones con la sociedad, de la política de fuerza en una nueva escala y de los cambios sociales y económicos que son lo característico del siglo XVIII. Se ocupa especialmente de las tensiones que produjeron la desaparición del antiguo orden e hicieron que los días de la Europa del Ancien Régime estuviesen contados.

PARTE I

ESTRUCTURAS TRADICIONALES Y FUERZAS DE CAMBIO

I. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

En vísperas de la reunión de los Estados Generales en 1789, un grabado contemporáneo mostraba a un campesino humilde, cuya espalda encorvada llevaba, amarrados a ella como el proverbial albatros, a un gordo eclesiástico que representaba a la Iglesia y a un noble fastuosamente vestido que representaba a la aristocracia. No había razón para que el artista se detuviese ahí. Podría haber apilado sobre esos hombros a reyes y palacios, burocracias, ejércitos, armadas y ciudades con sus enjambres de funcionarios e industrias variadas. Con ello, simplemente habría expresado la verdad, axiomática entre los discípulos de la Ilustración, de que la agricultura era la base de la vida económica europea. El 85 por 100 o más de la población de todos los países europeos vivía del trabajo de la tierra y del consumo o la venta de su producto. La mayoría del resto vivía de las rentas o los tributos obtenidos de aquellos que trabajaban la tierra o, en el caso de los trabajadores industriales, dependían del poder adquisitivo de aquellos cuyos ingresos procedían de la tierra, o velaban por la obligación de pagar impuestos de las masas agrarias.

Por supuesto, no había un campesinado europeo homogéneo. En términos puramente legales se podría distinguir entre un campesinado servil en la Europa oriental y otro, en la occidental, en buena parte libre: libre en la medida en que, dejando a un lado Dinamarca, parte de Alemania meridional, Holstein y Alsacia, donde la servidumbre persistía, el campesino de Europa occidental era dueño de su propio tiempo, era libre de desplazarse y su vida dependía menos de la voluntad arbitraria de un solo individuo que la del siervo de Europa oriental. En Europa occidental, las reliquias de la servidumbre y los vestigios del señorío, el cual aún reclamaba tributos y pagos por el uso de los derechos de monopolio sobre el molino, el horno comunitario y el lagar, eran fuerzas decadentes, herencia del pasado medieval y un blanco fácil para la crítica reformista. Al este del Elba, sin embargo, la servidumbre era un fenómeno relativamente nuevo y aún en crecimiento. En Rusia, los gobernantes del siglo XVIII continuaron respaldando la expansión de la servidumbre porque consideraban este el mejor modo de fijar a una población de otro modo flotante, y, por lo tanto, obtener de ella impuestos y soldados. En Polonia y Alemania oriental, los señores, en la segunda mitad del siglo XVII, tras una serie de guerras, hambres y pestes, habían tratado de atar a los campesinos a la tierra para asegurarse el suministro de mano de obra. En Polonia, donde la dominación política de la szlachta estaba muy desarrollada, el proceso continuó aceleradamente a lo largo de este periodo, reflejando los intereses de los terratenientes que podían obtener un buen precio por su grano en una Europa occidental densamente poblada si conservaban su mano de obra barata. Las tierras de Europa oriental, en su mayoría, eran objeto de cultivo extensivo, no intensivo. No había escasez de tierras, pero la tierra no tenía valor sin hombres para trabajarla, el rendimiento del cereal era bajo y el barbecho era el único método de reponer el suelo. Aun así, se podía conseguir que esta área primitiva, mediante el cultivo extensivo, produjera considerables excedentes.

La servidumbre es, por supuesto, una designación legal, no económica. No nos dice nada de la calidad o la cantidad de la dieta del siervo en comparación con la del campesino libre de Europa occidental. La servidumbre rusa incluía siervos sometidos al obrók (que pagaban a su señor en dinero o en especie) y los sometidos a la barshchina (prestaciones de trabajo muy pesadas). Aparentemente, la servidumbre afectaba al obrotchnik mucho menos que al campesino sometido a la barshchina. Sin embargo, el obrók era el tipo de tenencia característica de las regiones más pobres del norte, donde los terratenientes consideraban que el campesino sabía muy bien cómo sobrevivir y lo abandonaban a su suerte. La palabra obrotchnik era sinónimo de indigente. Observadores occidentales como William Coxe insistieron en que, en términos de alimentación, el siervo ruso podía vivir y normalmente vivía mejor que el pequeño propietario de Europa occidental y que las malas condiciones se debían por entero al carácter del propietario del siervo y a cómo usaba su facultad de castigarlo, particularmente azotándolo y, en el caso ruso, mandándolo al exilio a Siberia por intento de fuga. Los primitivos gobiernos locales y, sobre todo, las pésimas comunicaciones, en algunos casos limitadas a los ríos, hacían que el campesino de Europa oriental pudiera caer víctima de terribles hambrunas que no podían ser remediadas. Los tumultos de Bohemia en la década de 1770 y la revuelta de Pugachev de 1774 iban a demostrar el grado de privación producida por el hambre, en el caso de Bohemia por la peste, y en ambos casos por las exigencias bélicas, quizá sin paralelo en el siglo. Pero en tiempos normales, la sociedad de Europa oriental podía producir lo suficiente para asegurar una alimentación relativamente adecuada y, en el caso de Polonia, Livonia y los territorios contiguos, un considerable excedente para el mercado. Solo en el siglo XIX la presión demográfica interna provocó en los países al este del Elba los problemas con que Europa occidental se había enfrentado en el siglo XVIII.

En esto reside una de las más notorias diferencias entre los territorios de los Hohenzollern, los Romanov y los Habsburgo, por una parte, y los occidentales, por otra.

Cualquier generalización acerca de los campesinos de Europa occidental debe ser matizada, dadas las grandes diferencias regionales y locales. El señor, como individuo que podía reclamar rentas, tributos y monopolios, había desaparecido en Gran Bretaña y parte de los Países Bajos, y la relación directa entre el terrateniente y el arrendatario era la única –al margen de la propiedad absoluta– que afectaba a estas sociedades. El sector de la sociedad –nobleza, clero, burguesía o campesinado– que poseía realmente la tierra variaba de una región a otra y de un país a otro. En conjunto, la mayor parte de ella (el 50 por 100 o más) era propiedad del campesinado. Pero lo importante no era tanto quién poseía la tierra como la calidad de esta, y si el campesinado obtenía lo suficiente para mantenerse él y su familia. ¿Tenía un excedente que pudiese llevar al mercado? ¿Se veía forzado en algunas coyunturas del año a comprar cereal? ¿Hasta qué punto dependían él y su familia de trabajos complementarios? El típico campesino continental era el pequeño propietario que trabajaba para sí. Esto era particularmente notorio en Francia, y muy especialmente en las regiones agrícolas más pobres que constituían, según los cálculos de Turgot, cerca del 60 por 100 del país. Pero era igualmente cierto en la Campine belga o en Italia del Norte.

En España, las sequías de finales del siglo XVII habían provocado una especie de huida hacia el litoral y una disminución de la superficie cultivada. La España de los pequeños propietarios era la del oeste, el norte y Galicia. El sur, la Mancha y Extremadura se caracterizaban por la explotación directa del latifundio y los privilegios de la Mesta, los cuales, por lo menos hasta 1786, exigían grandes zonas del interior sin cercar ni cultivar que sirvieran de pasto a las ovejas.

El escaso crecimiento demográfico de finales del siglo XVII y principios del XVIII dio lugar a unos precios agrícolas bastante bajos que no sirvieron de incentivo para que los campesinos más acomodados consideraran la experimentación o aumentaran la producción. Hubo excepciones a esto. En Gran Bretaña y los Países Bajos, cuando los precios de los granos flojearon, se produjo una cierta evolución hacia la ganadería. En East Anglia, por ejemplo, desde ca. 1660 la introducción del nabo, los prados artificiales y los abonos intensivos, permitió convertir grandes regiones de pasto permanente para ovejas en zonas de economía mixta, que producían sobre todo cereales pero también se dedicaban a la cría de ganado vacuno y lanar. Desde el punto de vista del productor de excedentes, la agricultura inglesa se vio afectada por una crisis secundaria de superproducción en la década de 1730. Similarmente, la agricultura flamenca, en respuesta a las necesidades de una región altamente urbanizada, hizo significativos progresos en la producción de ganado estabulado y trigo mediante el uso de abundantes abonos. A pesar de todo, en conjunto, Europa occidental estaba muy poco preparada para la que sería, en términos históricos, la mayor revolución del siglo: la revolución demográfica.

La historia de la población de Europa desde el siglo VI hasta por lo menos el XVIII puede ser descrita de forma realista como una continua y dramática confrontación entre una población con una tendencia natural a crecer y una oferta de alimentos capaz solamente de un aumento limitado. El economista del siglo XVIII Malthus, respaldado por abundantes e irrefutables pruebas históricas, vio en dos fuerzas gemelas, el hambre –producto de las malas cosechas– y la enfermedad –que, con sus apariciones a intervalos, reducía sin piedad la población a un nivel más acorde con sus recursos alimenticios–, a árbitros enviados por Dios en la batalla entre la población y los abastecimientos. En cierto sentido, es irónico que Malthus fuera una figura del siglo XVIII, producto de la época que fue testigo de la «revolución vital», en la cual la población de Europa se embarcó en un lento pero irreversible movimiento ascendente. Sin embargo, Malthus no era miope ni interpretó deliberadamente mal los signos. No había nada ineluctable en este movimiento ascendente para que su detención se invirtiera y el motivo de que esto se produjese tiene aún que ser explicado plenamente por los modernos historiadores de la demografía. Un factor evidente es que el aumento de la población no es atribuible a un incremento en el índice de natalidad ni a un progreso milagroso de los conocimientos médicos (aunque las vacunas bien pudieron contribuir al crecimiento ya iniciado). Más bien se debió a un descenso del índice de mortalidad, no tanto en los años normales como en los anormales, por la desaparición de las grandes crisis, la sucesión de malas cosechas y brotes de peste característica de épocas anteriores. De este modo «se rebajaron las cumbres, pero no las altiplanicies de la mortalidad». En Gran Bretaña, el hecho de que la edad media de los matrimonios descendiera ligeramente, como consecuencia de la disponibilidad de trabajo, puede ser la causa del leve aumento en la tasa de natalidad.

Después de la segunda década del siglo XVIII, Europa occidental pudo haber conocido años aislados de rendimiento inferior de las cosechas. Los sectores más pobres de la comunidad siguieron siendo presas del tifus, la viruela, las fiebres tifoideas y entéricas de todo tipo y la tuberculosis, enfermedad claramente en aumento y conocida, de hecho, si no de nombre –enfermedades que, en cualquier comunidad y en cualquier momento, podían hacer que las muertes superaran a los nacimientos–, pero ni la carestía ni las enfermedades pudieron eliminar la tendencia general a crecer. Por lo menos en parte, este significativo cambio puede ser atribuido a la desaparición de las hambrunas locales o regionales como resultado de la mejora de las comunicaciones, que permitió un sistema de distribución nacional de los suministros más efectivo en tiempos de penalidades locales. Progresivamente, el grano pudo ser trasladado más fácilmente desde una región productora de excedentes, para aliviar a otra en graves apuros.

Por supuesto, no hay que sobreestimar el índice de crecimiento de la población ni atribuir a las cifras sobre la población total una precisión que posiblemente no podían tener. Estaban basadas en datos sumamente incompletos, como los censos gubernamentales irregularmente efectuados y, a menudo, parcialmente inventados. Entre 1700 y 1800 la población europea pasó de unos 68-84 millones de personas a unos 104-115 millones y, honradamente, se debe dejar este margen de especulación. Gregory King calculaba en 1696 (aunque sus cifras hayan sido descritas como fantasiosas por un historiador francés) en 6,5 millones el número de británicos, que se habían convertido en 9 millones al realizarse el censo de 1801. Veinte millones de franceses en 1714 se habían convertido en 26-27 millones en 1800. Seis millones de españoles fueron contados en 1700: 10,3 millones por el censo de 1796. Según algunos cálculos gubernamentales sumamente dudosos, se estima que los 14 millones de rusos del imperio de Pedro el Grande se habían duplicado a finales del reinado de Catalina la Grande. En Gran Bretaña, los Países Bajos austríacos y Escandinavia, el índice de crecimiento entre 1740 y finales de siglo parece haber sido del orden de un 1 por 100 al año. En Francia, el país más poblado de Europa en el siglo XVIII, el índice de crecimiento no llegó a la mitad. Sin embargo, a pesar de este índice de crecimiento menos boyante, la población francesa fue al menos tres veces mayor que la de Gran Bretaña en todo el periodo.

Hay que tener cuidado al comparar el crecimiento de la población con la prosperidad cada vez mayor en todas partes. Todo dependía de hasta qué punto el crecimiento económico de un determinado país era capaz de mantener a un mayor número de personas. El tipo de crecimiento económico que obviamente más importaba era el encaminado a aumentar la oferta de alimentos. A menos que la oferta de alimentos aumentase significativamente, incrementando la superficie cultivada, elevando el rendimiento de las cosechas o cambiando a cultivos capaces de alimentar a más gente en una superficie reducida o en un suelo menos fértil (mijo, maíz, trigo sarraceno, arroz, patatas, etc.), la grave hambruna periódica solo sería reemplazada por una desnutrición menos grave, pero, no obstante, crónica. Por otra parte, la lucha por los abastecimientos existentes elevaría casi con certeza el precio de los alimentos. Si no se incrementaba el potencial de empleo en el sector agrario o en el industrial, el aumento de la población conduciría al desempleo e intensificaría la presión sobre el empleo existente (con lo que no se produciría un alza en los salarios que contrarrestase el aumento de los precios). Las sociedades de pequeños propietarios se veían arrastradas a una mayor división de las propiedades, progresivamente menos capaces de mantener a sus titulares. En última instancia, sin una ampliación del potencial de empleo y alimentos, los escalones inferiores de la sociedad de Europa occidental estaban condenados a un rápido deterioro de su nivel de vida, en el cual dejarían de morir de inanición, pero nunca estarían libres del hambre y conocerían el subempleo, el desempleo o un salario insuficiente para alimentar a sus familias en un mercado de trabajo saturado.

Los historiadores usaron en otro tiempo el término «revolución agraria» para describir algunos de los cambios agrícolas que tuvieron lugar en el siglo XVIII. Pero este enfoque es muy engañoso. El siglo experimentó una efervescencia de literatura agronómica: solamente en Francia se publicaron 1.214 libros y panfletos, en comparación con los 130 del siglo anterior. En todos los países, nobles rurales, clérigos ociosos y literati formaron sociedades agrícolas, como las Sociétés d’Agriculture francesas, las Sociedades Económicas de Amigos del País que florecieron en toda España a partir de 1770, las Academie italianas o el Oeconomische-Patriotische Bewegung (Movimiento Económico-Patriótico) holandés, que denotaban un creciente y generalizado interés por los temas agrícolas y una cierta comprensión de la necesidad de elevar el nivel de producción. Indudablemente, la apreciación del potencial de aumento de la producción a través de métodos científicos y la transformación de los pequeños cultivos de subsistencia en grandes cultivos, orientados hacia el mercado, pueden considerarse indicadores de un enfoque más moderno. Sin embargo, los efectos prácticos de las sociedades agrícolas fueron mínimos. De hecho, el intendente de Borgoña se refirió peyorativamente a ellos como centros de cotilleo. En verdad, las mejores obras de esta literatura, como por ejemplo Horse houghing husbandry de Jethro Tull (1731), Traité de la culture des terres de H. L. Duhamel du Monceau (1750-1761), Vollstandige Experimentalokonomie de Gottlieb von Eckhart (1754), Nutzliche und auf die Erfahrung gegunrundete Einleitung zu der Handwirtschaft de Johann Georg Leopoldt (1759) no fueron totalmente inefectivas en las décadas siguientes. Pero su influencia se limitó a zonas concretas y a una clase de terratenientes que probablemente explotaban personalmente sus tierras, como hacían muchos nobles ingleses o, de un modo más serio, los junkers de las zonas más allá del Elba, quienes en sus «reservas» podían experimentar métodos que tal vez más tarde se hicieran extensivos a las tierras de sus arrendatarios.

En el conjunto de Europa occidental, esta proliferación de literatura agronómica no significó un aumento del rendimiento por unidad de cultivo, y eso por una buena razón. Las sociedades de pequeños propietarios no tenían medios ni inclinación para arriesgarse a hacer experimentos y, sobre todo, no poseían el abono necesario para revitalizar el suelo y aumentar la producción. En un esfuerzo por producir todo el cereal panificable posible, estas sociedades sacrificaron gradualmente pastizales con graves consecuencias para el nivel alimenticio y la reposición del suelo. En algunas zonas (Bretaña y Lorena), tal vez se produjera, incluso, un descenso de la productividad. Hasta en Gran Bretaña, donde en conjunto se llegó a un equilibrio entre el cultivo de cereales y las plantas forrajeras para el ganado cuyo estiércol renovaba los campos, la tendencia alcista de la producción agrícola se quebró en la década de 1750, no consiguiendo igualar su desarrollo al crecimiento de la población en la siguiente mitad de siglo.

Tampoco encontró alivio Europa occidental en el importante movimiento general del cultivo de tierras marginales o tierras en otros tiempos cultivadas que habían dejado de serlo como consecuencia de la disminución de la población en el siglo XVII. En Gran Bretaña y la Francia oriental, los derechos comunales sufrieron algunos ataques encaminados a cercar las tierras del común en beneficio del señor. Europa, en su conjunto, no carecía de tierras sin cultivar. Pero donde tales tierras existían en abundancia era en la Europa mediterránea (territorios al sur de los montes Cantábricos, los Pirineos, el Macizo Central y la llanura del norte de Italia). Transformar en fértiles esas tierras era una cuestión de control del agua. La irrigación de una fracción, por insignificante que fuera, de las vastas extensiones de tierras insuficientemente regadas de la Europa mediterránea era una empresa que excedía los recursos organizativos y de capital de la época, y allí donde se hicieron intentos –como en los alrededores de ciertas ciudades españolas (Barcelona, Valencia)– de descubrir corrientes de agua y emplear el contenido de las letrinas como fertilizante, tales intentos fueron de poco alcance. Más al norte, la explotación de brezales, foscarrales, ciénagas o pantanos en verdad no contribuyó de forma significativa a incrementar la producción de alimentos. Excepto al este de Prusia, donde se realizaron pequeños pero impresionantes progresos en la desecación de pantanos, los esfuerzos en Irlanda, Escocia, Noruega, Suecia, Bretaña y el noroeste de Alemania por incorporar los brezales a la rotación de cultivos tuvieron por lo general desastrosas consecuencias a largo plazo, que llevaron al agotamiento de los brezales, hasta entonces valiosa fuente de abono.

En ciertas zonas, hubo un cambio por productos alimenticios impopulares pero de alto rendimiento, particularmente el maíz y la patata, los cuales en el curso del siglo XIX monopolizarían progresivamente la dieta de los pobres. La patata del siglo XVIII, un tubérculo duro e irregular que tenía escasa relación física con sus descendencias actuales, se incorporó hacia 1750 a la dieta de los campesinos irlandeses en Munster, a la de los pequeños propietarios bávaros y, tras mucha oposición, a la de los campesinos de los Pirineos, de parte de Aquitania y del este de Francia, especialmente Alsacia, donde su falsa asociación con las fiebres tifoideas dio lugar a prolongadas revueltas en 1786.

Europa occidental siguió encontrando alguna ayuda en las importaciones del Báltico, distribuidas a través de los puertos de Danzig y Riga. Los terratenientes del Báltico suministraban a los países mediterráneos y a algunas ciudades del norte de Europa –incluyendo Londres– parte de sus necesidades a cambio de vino, sal, artículos manufacturados y metales preciosos. El comercio en vinos con Europa del Norte y América tuvo importantes consecuencias para la difusión de la viticultura desde Gascuña, a lo largo de la costa de Portugal y España y a través del sur de Francia, hasta Italia. Los argumentos de los que afirman que hubo un aumento en la producción agrícola francesa del siglo XVIII son más convincentes en términos de viticultura. Pero la extensión de la vid se hizo a expensas de los cereales panificables, porque redujo la cantidad de tierra disponible para su producción, dejando a los pequeños propietarios de estas regiones a merced de los fluctuantes precios del vino y, por lo tanto, peligrosamente expuestos a la crisis vitícola de la década de 1780 o a la escasez de cereales del Báltico de la década de 1760.

El corolario natural del hecho de que no aumentara la producción de granos, ni se roturaran nuevas tierras, ni se produjera un cambio significativo en los cultivos es bastante simple. Los precios se movieron, lentamente al principio, pero después con considerable ímpetu, en una espiral ascendente. La revolución demográfica, que en algunos casos solo había empezado en la década de 1740, en las de 1750 y 1760 había producido una serie de ganadores y perdedores. Los ganadores son bastante fáciles de definir: todos aquellos que disponían de un excedente para el mercado se beneficiaron de los precios elevados que podían exigir por sus mercancías. Los buenos precios del mercado permitieron a los agricultores acomodados incrementar su riqueza. En esta nueva riqueza encontramos la raíz, y la explicación, de un aumento en la capacidad de consumo que fue lo suficientemente grande como para transformar las dependencias de las sólidas granjas y los contenidos de las casas solariegas. Las sátiras se burlaban de las esposas de los ricos granjeros que intentaban meter sus carnes en ropajes a la moda. Los grandes terratenientes que explotaban directamente sus tierras pudieron jugar con el mercado en su propio beneficio, ya que tenían la posibilidad de retener el grano, si así lo deseaban, en el periodo inmediatamente posterior a la cosecha para llevarlo al mercado durante la primavera y el verano, la época de los precios más altos. Estas personas podían negociar con los comerciantes la venta de sus productos o hacerlo ellos directamente. En tal situación, los beneficiados podían ser aquellos que recibían una parte de la cosecha del campesino en especie: el señor, en forma de tributo; la Iglesia, en forma de diezmo y cualquiera al que el campesino se hubiese visto obligado a pedir prestado. El prestamista podía ser un comerciante de granos que adelantara grano al campesino a fin de que este pudiera atender a sus necesidades si su propia cosecha resultaba insuficiente para mantener a su familia durante todo el año o si la mala cosecha lo obligaba a consumir el grano necesario para la próxima siembra, o podía ser un señor o un campesino acomodado dispuesto a conceder un préstamo, exigiendo un gran interés por su grano en la primavera y principios del verano, cuando los precios eran altos. Los préstamos eran siempre reembolsables cuando la cosecha estaba recogida y los precios estaban en su nivel más bajo. Era prácticamente imposible que el campesino indigente o muy modesto se beneficiara alguna vez de los precios en alza, porque inevitablemente era comprador cuando los precios estaban altos y vendedor cuando estaban en su nivel más bajo. En general, para todo aquel que tenía la desgracia de haberse visto reducido a la condición de prestatario, el reintegro de la deuda en la próxima cosecha disminuía claramente sus posibilidades (aun en el supuesto de que el rendimiento de esa cosecha fuese bueno) de sobrevivir al año siguiente sin pedir prestado nuevamente. Muchas de las protestas campesinas reflejan la prolongación de las crisis en este sentido. La deuda fue el camino que el pequeño propietario siguió en su descenso al rango de trabajador asalariado.

Había un segundo camino para ganar dinero en esta situación, mediante una actitud más cerrada, más dura y de carácter más empresarial con respecto al arrendamiento de la tierra: la adopción de arriendos más cortos, e inevitablemente menos favorables que, a su vencimiento, podían ser reajustados para reflejar las condiciones del mercado de tierras. En general, no hubo ninguna nación de Europa occidental que no experimentara de algún modo este fenómeno en la segunda mitad del siglo XVIII. De aquí, el gradual desplazamiento en Inglaterra de los tenentes hereditarios por propietarios acaparadores, la rápida vuelta en Irlanda a las superficies menores de 2 ha, las condiciones cada vez más desfavorables en Francia e Italia que los aparceros (hombres que no tenían capital para arrendar y dotar una finca y a los que el terrateniente adelantaba el ganado y la semilla a cambio de una renta pagadera en la época de la cosecha) estaban obligados a aceptar. En Piamonte, los arrendamientos en régimen de aparcería, que era la tónica dominante, fueron gradualmente elevados, de tal forma que la suma que el arrendatario pagaba al propietario pasó de los dos quintos a la mitad de su cosecha. Además, aquí la tenencia hereditaria desapareció gradualmente, siendo reemplazada por contratos a tres, seis o nueve años, fenómeno también notable en el Nivernais francés y el Lemosín. Había, por supuesto, un límite que el propietario no podía pasar, sobre todo en tierras de escaso rendimiento. Una variedad de tales prácticas fue el subarriendo que se daba en algunas partes de España. Aquí, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, el único modo de obtener considerables beneficios de la agricultura era almacenar el grano cosechado, en espera de años de mala cosecha y precios altos. Pero, a partir de 1760-1765, la creciente demanda de alimentos y, por lo tanto, el creciente valor de la tierra arable, rápidamente reavivó el interés por adquirir y reasumir la propiedad de las tierras de cultivo.

Había también un número siempre en aumento de intermediarios empleados por terratenientes absentistas para maximizar sus beneficios –agentes, administradores, fermiers–, algunos de los cuales hicieron impresionantes fortunas quedándose con una parte del producto en especie, negociando los nuevos arrendamientos en nombre de sus patronos, que en muchos casos ignoraban los sustanciosos cohechos percibidos por el agente, etcétera. La fortuna de la familia Lamoignon, fermiers généraux, uno de cuyos miembros llegó a ser contrôleur général, tuvo su origen en una administración. También estaban los subcontratistas de diezmos (a veces los mismos comerciantes de grano), quienes convenían una suma global con el beneficiario a cambio de guardar en sus graneros el producto, producto que era en especie y cuyo valor, por lo tanto, aumentaba año tras año. Obviamente, el campesino no permanecía completamente pasivo en su respuesta a las exigencias de tales personas, como queda de manifiesto en la enorme cantidad de litigios en torno al diezmo o, en un cierto caso –el del sur de Irlanda–, el estallido en la década de 1760 de algunas de las más violentas revueltas rurales que conoció la Europa del siglo XVIII. A pesar de todo, la existencia en el campo de una multitud de intermediarios que vivían como parásitos del campesino y que, en términos de riqueza, ocupaban un importante lugar en la jerarquía económica rural, fue un fenómeno generalizado.

Aunque los altos precios de la comida aumentaran el nivel de vida y el dinero de los que tenían acceso a las existencias, los perdedores en una situación así no son menos evidentes: todos aquellos que se veían obligados a comprar, aunque solo fuese durante una parte del año, todos aquellos campesinos por debajo del nivel de subsistencia que se veían obligados a subdividir sus propiedades en cada generación y a malvivir cada vez con menos. En general, nos enfrentamos con la certeza de que, en la mayor parte de la Europa continental, el crecimiento demográfico fue acompañado de una gradual reducción de la media de calorías ingeridas per capita. En algunas zonas esto no se hizo sentir hasta la década de 1760, pero en otras, por ejemplo entre las comunidades que se alimentaban de castañas en ciertas partes de Auvernia, en las laderas pirenaicas, en el Alto Adigio o en el Tras-os-Montes de Portugal, o entre las comunidades que se alimentaban de arroz, víctimas de la malaria, en el Delfinado y en la Maremma toscana, o entre los jornaleros de Connaught, se pusieron de manifiesto signos de agotamiento desde la década de 1740. Comunidades montañesas enteras vivían durante varios meses al año principalmente de castañas cocidas y unas pocas verduras en el verano, o de aguachentas sopas de maíz o trigo sarraceno. La única proteína que ingerían era la leche proveniente de una vaca escuálida alimentada con hierbajos arrancados al borde de los caminos, o un poco de manteca de un cerdo –el animal por excelencia de los pobres, ya que no necesita pastar– que compartía la choza familiar, pero cuya mejor carne era vendida en el mercado.

Es tentador afirmar el aumento de la polarización de Europa occidental entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y llegar incluso a pensar en un aumento de la renta per capita a pesar del incremento de la miseria entre las masas, un fenómeno que resulta bastante familiar hoy en día en algunas partes del mundo. Sin embargo, aunque este proceso de polarización social fue una experiencia común a toda Europa occidental, su intensidad varió significativamente de un país a otro e, incluso, de una región a otra. Es posible, por ejemplo, recurrir al caso de algunas comunidades francesas y encontrar la siguiente respuesta a la pregunta «¿Cuántos de sus feligreses son indigentes?»: «Hay solo dos que no lo son»; o al de las comunidades de Tipperary, donde un granjero que explota, junto con su administrador, 3.600 hectáreas, ofrece un duro contraste con los jornaleros circundantes que ocupaban parcelas de 1 o 2 hectáreas; o al de la Pistoia toscana, donde en algunas comunidades montañesas, como Treppio, de un total de 315 familias, hay 60 buhoneros o pastores, y el resto son pequeños propietarios que durante seis meses al año emigran como temporeros a la Maremma toscana. Estos casos extremos, obviamente, no eran la norma. No obstante, la polarización social de Europa occidental en su conjunto, durante este periodo, entre un puñado de ricos y una masa de pobres, es un factor con el que hay que contar, ya que tuvo importantes consecuencias. La ausencia de un grupo suficientemente grande y solvente, con poder adquisitivo en el campo, puede haber tenido repercusiones en el desarrollo industrial, condicionando el tipo de urbanización que un país experimentaba. Sociedades de indigentes sin posibilidades de alivio en forma de trabajo o ayuda monetaria por parte de los elementos más ricos de la comunidad se veían probablemente obligadas a desplazarse en busca de trabajo y tal vez fueran responsables de lo que podríamos llamar una urbanización de la pobreza tal como la que alcanzó su apogeo en Sicilia.

En general, Gran Bretaña (dejando a un lado Irlanda) fue, probablemente, el país que consiguió en su conjunto un mejor equilibrio social, limitando la población de jornaleros e indigentes a un nivel de un 30 por 100 del total de la población y destacando por la existencia de un grupo de campesinos medios bastante amplio, ya que era crucial para un crecimiento industrial sostenido que hubiese numerosos compradores de productos industriales. Los Países Bajos austríacos y Suecia ocupaban probablemente el segundo lugar en esta escala, aunque aquí, como seguramente en Gran Bretaña, se observa un aumento de los elementos del nivel más bajo. En 1751, en Suecia, jornaleros e indigentes constituían un 25 por 100 de todo el campesinado: en 1815 habían pasado a un 50 por 100. En Francia, el número de jornaleros, indigentes y elementos marginales de la población urbana puede estimarse de forma realista en un 60 por 100, pero, en algunas regiones, el 90 por 100 de la población de las comunidades rurales no tenía lo suficiente ni para mantenerse a lo largo del año ni para librarse de sufrir privaciones en diversos momentos del ciclo vital, especialmente cuando tenían niños pequeños o en la ancianidad. Quizá fuera en Francia donde se producía un contraste más evidente entre aquellos pocos que eran ricos y la gran masa de los que eran pobres. Aunque esto ocurría en parte de Alemania occidental, las regiones escasamente pobladas de Alemania oriental fueron capaces de absorber el exceso demográfico de la occidental, con lo que esta última se salvó de las peores consecuencias de la presión demográfica y de una extrema polarización social.

La tan comentada alimentación de Europa es, por lo tanto, bastante cuestionable. El cambio demográfico que engendró, por un lado, más riqueza y, por lo tanto, más consumo, al haber un número cada vez mayor de personas que vestir y proveer de artículos de primera necesidad, y, por otro, una masa ansiosa de aceptar un trabajo en la industria, bien como complemento a una parcela insuficiente o bien como sustituto del trabajo en la agricultura, fue un factor que, obviamente, contribuyó a promover el desarrollo industrial.

En conjunto, el siglo XVIII experimentó un crecimiento industrial impresionante, aunque desigual. A su término, Gran Bretaña estaba forjando nuevos criterios de desarrollo. En 1730, a pesar de todo, la futura evolución estaba lejos de ser evidente. Entre las regiones industriales, Inglaterra, Bélgica, el nordeste de Francia, Languedoc y Suiza disfrutaban de una paridad aproximada de desarrollo (proporción agricultura-industria, aproximadamente, 2:1). El desarrollo industrial dependía en buena parte del mercado interno, pero se exportaban considerables cantidades de mercancías a Europa oriental, el Levante y el otro lado del Atlántico, habiendo una feroz competencia comercial para apoderarse de estos mercados «extranjeros» y controlarlos. En Europa oriental y en la mayor parte de Alemania, los tejidos de lana de Inglaterra, Holanda, Francia y Sajonia libraron una batalla comercial. El Mediterráneo fue escenario de una guerra comercial de gran alcance. A principios del siglo XVIII, la industria lanera de Languedoc se había adueñado del mercado levantino, que conservaría hasta la década de 1760, mientras que los ingleses desplazaban a los alemanes como principales proveedores de España y Portugal. Pero ningún país disfrutó por mucho tiempo de ventajas. Aquellos productores que eran los primeros en un campo por sus variedades más vendibles o los más rápidos en discernir los cambios del mercado, podían tomar la iniciativa y llevarse la ganancia.

En 1730, la base de la producción textil era el tejido de lana, o de lana mezclada con otras fibras, fabricado en diversos tamaños, calidades y cantidades en casi toda Europa, aunque algunas veces tales industrias no hacían más que satisfacer las necesidades de la familia productora. Las dos naciones manufactureras de lana más destacadas, Gran Bretaña y Francia, tienen un historial muy similar, a lo largo de este periodo, a pesar de las aparentes diferencias en la organización. La industria francesa estaba regulada por gremios y el pensamiento fisiocrático identificó tal práctica con el bajo rendimiento industrial. Pero los fisiócratas exageraron ingenuamente la situación. Los gremios eran los garantes de la calidad y las mercancías de mala calidad no llegaban al mercado. En realidad, la independización del control de los gremios por parte de la industria en la década de 1760 coincide con el declive de la industria lanera en Languedoc. Tanto en Francia como en Gran Bretaña, la producción lanera se incrementó en el curso del siglo; en el caso de Francia la producción era quizá un 70 por 100 más alta en 1780 que en 1700. Pero, hacia 1760, el crecimiento perdió impulso. Las exportaciones se redujeron notablemente y la producción total, en el caso de Francia, tendió probablemente a descender. Igualmente, la producción de Inglaterra, caracterizada por un rápido desarrollo en el West Riding gracias a la introducción en la década de 1760 de innovaciones técnicas fundamentales (la lanzadera volante, en la década de 1760, la jenny, máquina de hilar de husos múltiples, en la de 1770, y la cardadora, en la de 1780), entró en una fase de cambio hacia 1760. Las exportaciones se redujeron y no alcanzaron el nivel de la década de 1760 hasta bien entrada la de 1790. El descenso fue más pronunciado en East Anglia y West Country; no parece que la producción doméstica aumentara lo suficiente para impedir una contracción general de la industria británica.

El descenso en la producción de lana puede reflejar uno de estos tres factores o bien una amalgama de ellos. Primeramente, hubo un aumento de la competencia por el desarrollo en las naciones importadoras de industrias locales que recibían protección estatal. Así perdió Inglaterra los valiosos mercados de Dinamarca, Noruega, Suecia e incluso Prusia, que creó una notable industria lanera tras la adquisición de Silesia en 1740. En Portugal, también, la política oficial, iniciada en 1758, de desarrollar la industria rural de paños en ciertas partes de Beira y el Alentejo dio, al parecer, importantes frutos. Por otra parte, el crecimiento de la industria rural veneciana, desarrollo espontáneo más que promovido por el Estado, redujo la fuerza francesa en el Levante.

En segundo lugar, el bajo nivel de producción de la década de 1760 puede ser también reflejo de una crisis generalizada. Esta crisis se extendió por toda Europa y afectó a diversos sectores de la vida económica en el continente. Las finanzas gubernamentales se vieron en apuros: el mercado internacional del dinero sufrió graves trastornos, hubo quiebras bancarias entre los más importantes financieros y, lo que quizá dio origen a todas las dificultades, se produjeron signos de agotamiento en el sector agrario que bien podían reflejar un cambio en el equilibrio demográfico. La década de 1760 fue testigo de disturbios en las aldeas y ciudades de Inglaterra, Francia, Holanda e incluso España, a causa del elevado precio de los cereales panificables como consecuencia de las malas cosechas. El alza de precios pudo recortar el poder adquisitivo de los consumidores de productos textiles básicos y, por lo tanto, desencadenar la crisis.

En tercer lugar, otros productos textiles, y particularmente el algodón, contribuyeron quizá a la decadencia a largo plazo de los tejidos de lana. A principios del siglo XVIII, Europa occidental no dominaba completamente el arte de hilar la fina pero fuerte fibra de algodón necesaria para reproducir las telas de percal de Oriente que tanto gustaban a la sociedad adinerada de Occidente, familiarizada con ellas por mediación de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. La moda del percal fue un hecho tan característico de la sociedad de principios del siglo XVIII que la mayoría de los gobiernos de Europa occidental decidieron acudir en ayuda de los maltrechos intereses textiles nativos, adoptando medidas que excluyeran de sus territorios las telas de algodón estampado. Pero una vez despertado el interés, no podía ser cortado de raíz. Los empresarios se dedicaron a buscar sustitutos nacionales para unas telas tan fácilmente vendibles y a crear fábricas de tejidos estampados. Las manufacturas de algodón florecieron en Gran Bretaña y Prusia, en Suiza, que se especializó en linones y algodones bordados, en Cataluña, en el complejo Ruán-Amiens-Troyes, en Francia y en Lieja y las ciudades textiles belgas.

El arte oriental de hilar no tuvo, de hecho, rivales hasta que la waterframe (máquina de hilar continua, movida por agua) y la mule (máquina de hilar intermitente) aportaron una solución a los problemas planteados por el hilado fino, cosa que sucedió al final de este periodo. Solamente en la década de 1780 –y solamente en Lancashire– la máquina de hilar continua y la máquina de hilar intermitente pudieron ser suministradas en cualquier cantidad. Hasta este momento, su historia es la del desarrollo de la capacidad europea de fabricar ciertas clases de telas de algodón y de mezcla de lino y algodón de un tipo más fino que los hechos hasta entonces.

Esta industria de telas finas era una actividad predominantemente rural, salvo las operaciones de blanqueo, estampación, acabado y comercialización. El hilado, antes de la mecanización, era un trabajo artesanal realizado en casa por mujeres y niños. Estos constituían una mano de obra fácil de explotar y dispuesta a trabajar por menos dinero que las mujeres de la ciudad, porque para ellos la industria era un ingreso complementario al que sacaban de su pequeña unidad agrícola. Aún las industrias tradicionales, como la de la lana, los encajes y las cintas, eran susceptibles de ser desplazadas al campo para encontrar allí una mano de obra barata y manejable. Con esto no queremos sugerir que la pobreza rural engendrara la empresa industrial. La necesidad de empleo no fue determinante en la introducción de la industria. Allí donde la industria se desplazó al campo fue un paliativo a la extrema pobreza rural, al tiempo que detuvo el movimiento migratorio campesino a la ciudad. También expuso al campesino a las vicisitudes del desarrollo industrial.

De un modo limitado y en zonas específicas, el desarrollo industrial (no la Revolución industrial) contribuyó en alguna medida a mantener al pequeño campesino en su tierra. Lo que no hizo fue solucionar el grave desequilibrio entre las posibilidades de empleo y la mano de obra. El desempleo y el subempleo se mantuvieron y los salarios disminuyeron en todas las industrias, salvo en algunas favorecidas en periodos muy restringidos. Frente a un alza del 65 por 100 en el precio de los alimentos, hubo en Francia un débil crecimiento del 22 por 100 en los salarios entre 1760 y la Revolución. Los jornaleros resultaron especialmente perjudicados; en cuanto a los enfermos, los débiles, los viejos y las víctimas de las depresiones económicas o de las malas cosechas, para ellos no había el paliativo de una asistencia organizada. En la Europa católica, el escaso remedio de la limosna seguía siendo «el arma más efectiva (sic)» contra el gran número de personas incapaces de ganarse la vida. En la Europa protestante, y particularmente en Gran Bretaña y Escandinavia, los gobiernos trataron de conseguir que la responsabilidad del socorro a los pobres recayera sobre la parroquia o, como en Holanda, sobre la comunidad de feligreses, de modo que las parroquias trataron de reducir su responsabilidad estableciendo leyes contra los forasteros y, en muchos casos, poniendo como condición de la ayuda el ingreso en un hospicio. No sin razón hubo en el siglo XVIII una preocupación, a lo largo y ancho de Europa, por el problema de los pobres. Y mientras se discutía desde los sillones de los salones, millones de personas arrastraban una existencia miserable y se debatían entre la inquietante opción de luchar contra el hambre en el campo, pasando inadvertidos, o huir a la ciudad, donde no podían ser completamente ignorados.

La sociedad urbana fue el espejo en muchos aspectos de las condiciones que prevalecían en el campo circundante y que reflejaban, por una parte, la nueva riqueza obtenida de la comercialización de los productos agrícolas y la venta de los bienes de consumo a los enriquecidos con las rentas agrarias y, por otra, la creciente pobreza que reducía a los que no tenían tierras al nivel de los desposeídos y mantenía a los asalariados en un mercado laboral saturado y poco activo.

En Europa occidental, las ciudades estaban más pobladas, siendo al este del Elba menos numerosas y de menor tamaño. Generalmente, en ningún país europeo la urbanización excedía del 20 por 100 de la población total, con excepción de los Países Bajos, o más precisamente Flandes, Brabante (24 por 100) y la provincia de Holanda (55 por 100) y Sicilia. Las ciudades se desarrollaron en el siglo XVIII a medida que los burócratas se multiplicaban, el comercio marítimo aumentaba, el desarrollo industrial crecía rápidamente y los campesinos desposeídos buscaban refugio en las ciudades.

La burocratización durante este periodo implicó una creciente complejidad de los organismos del gobierno central (el boato, por ejemplo, del despotismo ilustrado). En las ciudades importantes, el número de cortesanos, políticos, funcionarios, abogados, financieros, con sus necesidades de sirvientes y servicios, se multiplicó en proporción a la progresiva complejidad del gobierno, proceso que empezó en el siglo XVI y que continuaba aún en el XVIII.

La segunda razón del crecimiento fue la expansión del comercio marítimo y, especialmente, del comercio transatlántico. Glasgow, Liverpool, Bristol, Cork, Nantes, Burdeos, Oporto, Lisboa, Barcelona, Marsella, Liorna y Hamburgo son buena prueba de esto. Los puertos más importantes (Londres y Ámsterdam –que continuaron descollando entre los otros centros comerciales de Europa– y Rotterdam) solo experimentaron una modesta expansión, si es que la experimentaron. Pero las repercusiones del comercio marítimo se extendieron hacia las tierras del interior, a través de los grandes ríos, hasta Lyon, Ruán, Fráncfort y los puertos fluviales del Rin. Nuevamente, el crecimiento de los puertos abrió oportunidades a los trabajadores de la construcción, a los porteadores y estibadores de los muelles y a numerosos sirvientes y empleados. Leyendo las impresiones de Arthur Young en su visita a Burdeos y sobre la elegancia de la arquitectura y la opulencia de una existencia que no había conocido hasta entonces, se puede tener una idea de la importancia de la demanda de empleo que un crecimiento como ese podía producir.

El desarrollo industrial fue la tercera fuerza que, en ciertos casos, produjo un crecimiento importante de las ciudades. No obstante, hay que ser prudentes. De algún modo, todas las ciudades, cualquiera que fuese su tamaño, eran ciudades industriales. Albergaban a trabajadores de la confección y del cuero, albañiles, ebanistas, candeleros, jaboneros, cerveceros, destiladores, panaderos, etc. Las ciudades importantes, con notables concentraciones de gente rica, albergaban además a numerosos y variados fabricantes de objetos de lujo: refinadas piezas en metales preciosos o corrientes, joyas, relojes de pared y de bolsillo, instrumentos ópticos, coches y carruajes, libros, grabados, etc. Las mayores concentraciones de trabajadores industriales de Europa estaban en Londres, París y Nápoles, debido a que estas eran las ciudades más importantes, y no al revés. Donde hubo un crecimiento urbano hubo, como consecuencia de este, un crecimiento industrial. El proceso inverso –un crecimiento industrial que impulsara el crecimiento urbano– fue un fenómeno mucho más raro. En realidad, Leiden, Lille, Ruán, Reims, Valenciennes, Colonia, Nuremberg y Augsburgo eran ciudades textiles que perdieron población en el siglo XVIII, cuando la industria se desplazó hacia los pueblos y las aldeas. Sin embargo, en Gran Bretaña, al finalizar este periodo, Birmingham y Mánchester, Leicester, Nottingham, Sheffield, Leeds, Bradford y sus aldeas industriales satélites mostraban al menos un incipiente crecimiento de la población que se puede atribuir al desarrollo industrial. En todo caso, hay que hacer hincapié en la palabra incipiente. En todos los Estados europeos, la capital (nacional o, en el caso de un conglomerado político como los territorios de los Habsburgo, provincial) impedía el crecimiento de las otras ciudades y absorbía de un 5 por 100 a un 10 por 100 del total de la población.

Las dos zonas más densamente urbanizadas de Europa, Holanda y Sicilia, ofrecían un contraste interesante. En la primera, desde los tiempos medievales, el comercio internacional, la industria y el comercio local habían promovido un intenso desarrollo urbano, que en relación al siglo XVIII fue menos activo. La segunda representaba un ejemplo extremo de un tema presente en cierto grado en la demografía urbana de cualquier parte de Europa: las ciudades como lugares de refugio de los más pobres y, a veces, de los desesperados y de los desamparados, las ciudades como monumentos de la pobreza rural. La densidad de la población urbana en Sicilia es un testimonio del progresivo colapso de su economía rural, incapaz, por una combinación de factores humanos y físicos, de ofrecer ni siquiera la promesa de manutención y subsistencia a sus numerosos miembros. Sicilia, el paisaje urbano más desorganizado de Europa, también contaba con el suburbio más notable, Palermo, sin duda el último reducto de la peste en Europa occidental.

La urbanización de la pobreza, una pobreza nacida en el campo, pero que se manifestaba en las ciudades, creaba problemas de orden público, amenazaba la salud pública y provocaba tensiones en los sistemas tradicionales de abastecimiento. El creciente índice de criminalidad, y en especial el del robo que en las zonas urbanas sobrepasaba por un amplio margen al índice de crecimiento de la población, las estadísticas cada vez más altas de niños abandonados en hospicios debido a que sus padres no podían mantenerlos, los niveles higiénicos cada vez más bajos a medida que las instalaciones municipales no conseguían crecer al ritmo de la inmigración: todo ello da fe de una urbanización de la pobreza. Es cierto que de los 8.000 expósitos a los que tuvo que hacer frente el Hôtel Dieu en París en la década de 1780, y que representaban un tercio de los nacimientos registrados en la ciudad, muchos fueron enviados de las aldeas. Era imposible aislar los problemas de la pobreza en la sociedad rural de aquellos de la ciudad.

Linneo comparó el hedor de Hamburgo con una cloaca abierta. La mayoría de las ciudades olían a varias millas de distancia por la insuficiencia de los sistemas de drenaje, alcantarillado y recogida de basuras; aunque probablemente las ciudades más pestilentes eran las que disponían de canales o estaban construidas en estuarios fluviales, como Estocolmo, Venecia, Gante y Brujas. Incluso en las ciudades más elegantes, los cerdos hozaban imperturbables en las calles laterales, a menos que la policía cumpliese las leyes que lo prohibían. No es sorprendente que durante el siglo XVIII el crecimiento de las ciudades no fuese vegetativo, sino generado y aumentado por la inmigración rural. De algún modo, la ciudad mató a gran parte de los campesinos refugiados en ella de tifus, fiebres tifoideas, viruela y tuberculosis, que florecían en las condiciones de hacinamiento, insalubridad y contaminación en que los inmigrantes se veían forzados a vivir. En la comunidad urbana estos inmigrantes eran, por supuesto, un elemento en constante cambio, aunque los historiadores de los conflictos sociales han señalado que es posible que fuesen causa de descontento más que instigadores de las protestas populares. Sea como fuere, las autoridades veían con inquietud a las clases inferiores de la sociedad urbana. La mayoría de las cortes, y en particular las de Francia, España y Portugal y las de muchos principados alemanes, habían decidido, en algunos casos un siglo antes, confinarse en la artificial tranquilidad semirrural de palacios como Versalles, Mafra, Charlottenburg y Schonbrunn. Aunque la nobleza y los ricos se sentían atraídos por las cortes también buscaban, a pesar de sus peligros, las diversiones de la ciudad.

En las ciudades y aldeas importantes de Europa había una riqueza real, aunque el grado de riqueza reflejaba la situación económica del campo circundante, ya que el dinero gastado en las ciudades provenía en su mayor parte de las rentas, tributos e impuestos pagados por la comunidad rural.

La Europa acomodada tenía toda una serie de necesidades y caprichos en forma de vestimentas y objetos de adorno personal, edificios y decoraciones de casas, muebles, orfebrería, porcelana, pinturas, y además existía una predilección por los alimentos importados, como el azúcar y el té, el café, el chocolate, los vinos finos y las bebidas alcohólicas, y por los entretenimientos como los libros y los caballos. Este siglo experimentó lo que se ha llamado «descubrimiento de la infancia», de una infancia que debía disfrutar con juguetes especiales, casas de muñecas, animales tallados en madera, soldados, cajas de música e instrumentos musicales, de una infancia a la cual había que vestir con ropas especiales y no como adultos en pequeño. Los ricos, con sus anhelos de consumo, incrementaron las posibilidades de empleo de artesanos y arquitectos como Adam, ebanistas como Chippendale, fabricantes de porcelana como los de Meissen, continuadores del éxito de Sèvres, nuevos creadores como Wedgwood, editores e impresores –especialmente en Holanda, donde la censura era menor–, pintores como Hogarth, Stubbs, Canaletto –que proporcionaba recuerdos perdurables de los costosos viajes al extranjero– o Antolínez, cuyas pinturas representaban al vendedor ambulante de cuadros que exponía en casa de los ricos. Los lazos y bordados, los elaborados corsés y cintas usados por María Antonieta y sus damas eran producidos por mujeres que recibían ínfimos salarios, debido a que trabajaban en sus casas o a cambio de su manutención en casa del patrón. En el Macizo Central, el jornal de una encajera –expuesta a perder la vista– era de 2 a 5 sueldos diarios (una libra de pan costaba dos sueldos).

Los aristócratas y la burguesía media que pretendía imitarlos pusieron en circulación la mayor parte de sus fortunas. En cada ciudad importante europea, el 13 por 100 o más de la población eran sirvientes domésticos y, aunque en algunos casos este término incluía a las muchachas que ejecutaban algunos trabajos industriales a cambio de su manutención en el lugar de trabajo y, en otros, a las criadas para todo en hogares bastante modestos, en las capitales un sector importante de los asalariados estaba concentrado en los empleos proporcionados por los ricos. Los servicios solicitados por los ricos no solo abarcaban a los criados sino también a fabricantes de pelucas y polvos de tocador, a fabricantes de corsés y una increíble variedad de oficios que proveían lo necesario para los elaborados trajes de la clase alta del siglo XVIII. El culto a la falta de higiene corporal, que en el siglo XVII habían practicado hasta los reyes, fue sustituido por el lavado y el perfumado del cuerpo. Nunca antes ni después de este periodo se ha gastado tanto esfuerzo humano en ropas y apariencia, ni tampoco hasta tal punto en la decoración de edificios, muebles y transportes. El noble, el eclesiástico y el rico burgués gozaron de un refinado consumismo. Los siervos y comerciantes observaban e imitaban a sus señores. Las criadas ahorraban de su sueldo para poder comprarse dos o tres vestidos y mudas limpias. Los artesanos también aumentaron sus posesiones y el reloj de bolsillo se convirtió en una pertenencia habitual (que se empeñaba en tiempos difíciles).

Los cargos públicos despertaron quizá menos interés que en el pasado entre los nuevos ricos, ya que los réditos de este tipo de inversión, salvo el prestigio, eran relativamente escasos, pero, aun así, este fue campo de absorción del capital. Los comerciantes enriquecidos se dedicaban invariablemente a adquirir los requisitos materiales de una existencia aristocrática: tierras con rentas y tributos, quizá un cargo público y, con seguridad, casas y ropas fastuosas. El préstamo de dinero al gobierno era el único medio de evitar la disminución y pérdida del capital, obteniendo en tiempos de paz un interés bastante modesto pero, con posibilidad de mayores ganancias en tiempos de crisis. Existía un importante grupo de rentistas, personas que procuraban vivir de empréstitos al gobierno o a sus organismos, a veces a cambio de un interés anual y otras veces a plazos más cortos. Los sistemas bancarios y crediticios se desarrollaron rápidamente, aunque de forma irregular, en los grandes puertos y capitales de Europa. Gran Bretaña en 1694, Austria en 1705, Prusia en 1765 y España en 1782 contaban ya con bancos estatales; Ginebra y Ámsterdam eran sedes de importantes firmas bancarias. Este desarrollo unió más estrechamente que antes al mundo del comercio, la industria y la hacienda pública, dando a la crisis del crédito en las décadas de 1760 y 1780 un aspecto internacional.

Todas las ciudades albergaban a grandes y pequeños burócratas, que vivían sobre todo de gravar, vigilar y reglamentar a la sociedad. En algunas ciudades francesas, italianas y españolas, uno de cada diez adultos se definía como tal a mediados del siglo XVIII; y hubo Estados alemanes que produjeron dinastías de burócratas que ofrecieron sus servicios, al modo de los soldados mercenarios, a los Habsburgo, los Hohenzollern y los Romanov. Los cargos burocráticos más importantes, tales como el de intendant en Francia o el de corregidor en España, estaban en manos de la nobleza, los más modestos en las de hombres con educación pero de escasos medios económicos, y los más bajos, tales como el de alguacil en tribunales casi inútiles, apenas permitían sobrevivir al titular. La estructura burocrática de la Europa del siglo XVIII desafía prácticamente todo análisis. Los monarcas del siglo XVII implantaron sus innovaciones sobre una estructura de tribunales medievales en crisis e instituciones en muchos casos inútiles. En Francia y España el cargo público era frecuentemente venal. Esto significaba que era propiedad del titular y podía ser vendido o legado prácticamente a voluntad. También había burócratas o funcionarios provinciales y municipales, a menudo relacionados con los sistemas de impuestos, que con frecuencia se llevaban una parte de la recaudación. Las aduanas, los fielatos, la ferme générale francesa que empleaba a miles de funcionarios para administrar la abultada gabelle y coger a los contrabandistas y evasores de impuestos, los chinoviki de Rusia (literalmente, hombres de rango), pagados irregularmente y siempre dispuestos a dejarse sobornar, eran profundamente odiados por una venerable tradición popular.

Había también enjambres de abogados, algunos de ellos con negocios prósperos en tribunales importantes tales como los parlements, solicitados por una rica clientela, y otros que dependían de los pleitos poco frecuentes en una sociedad rural que creía que la justicia debía ser gratuita y que, sin duda, satisfacía con irregularidad sus honorarios. Dejando a un lado a los pobres y a los campesinos sin tierras, la sociedad del siglo XVIII fue muy amiga de los litigios para hacer valer los derechos de la tierra y los privilegios, fomentar un sentido individual del honor que, en casi todos los niveles sociales, era mucho más susceptible de lo que puede apreciar el hombre del siglo XX (aún las vendedoras de pescado de Marsella y Montpellier, habitualmente, se querellaban exigiendo indemnizaciones por insultos) y finalmente obtener justicia por la muy frecuente violencia. Esto creó trabajos abundantes, pero insuficientes para evitar a muchos la lucha por empleos subsidiarios, llevando la contabilidad de haciendas u hospitales, actuando en Francia como syndic municipal (encargado de administrar los asuntos del municipio con los funcionarios de la intendencia) o buscando trabajo en una jurisdicción señorial donde se pagaban los honorarios más bajos. Eran numerosos los abogados y empleados públicos que se sentían amargados y frustrados y adoptaban una postura crítica. Ellos serían elementos disidentes de la burguesía del siglo XVIII.

La producción industrial urbana se basaba en el pequeño taller, donde el maestro artesano utilizaba los servicios de su familia y quizá los de un oficial y un aprendiz. Pocos asalariados ganaban lo suficiente para asegurar pan y alojamiento a una familia reducida y el maestro, en caso de enfermedad o de que el comercio, por alguna razón, entrara en crisis, se encontraba precariamente protegido y contaba con pocas reservas para mantenerse. Con esto no queremos negar la existencia de ricos fabricantes de hierro o de paños, pero estos no constituían un grupo numeroso, aunque su influencia se extendiera a muchos trabajadores independientes. Eran ciudadanos que distribuían el trabajo disperso por las aldeas, explotando una mano de obra rural que podía ser usada o abandonada a voluntad de acuerdo con las condiciones del mercado y que, con frecuencia, recibía un salario inferior al del trabajador urbano y se encontraba inmersa en una maraña de deudas con el fabricante de paños.

Existía un antagonismo entre la ciudad y el campo en todo orden de cosas. Para el campesino, la ciudad era una fuerza opresiva, privilegiada y parasitaria que lo explotaba hasta la extenuación. El mundo de los recaudadores de impuestos y los funcionarios, los señores y los gordos clérigos, los fabricantes de paños rapaces y los terratenientes absentistas, ya fuesen nobles, clérigos o burgueses, representaban una influencia exterior y desagradablemente entrometida en la vida rural. Por el contrario, los que residían en la ciudad vivían atemorizados por un sector de los inmigrantes que era alborotador y violento y en muchos casos estaba dispuesto a trabajar por menos salario que el trabajador urbano.

La presencia temporal o permanente de inmigrantes irlandeses en Londres contribuyó a suscitar el descontento popular, manifestándose, por ejemplo, en los disturbios de Gordon. La constante afluencia a la capital francesa de campesinos pobres de Auvernia, Beauce, Picardía y Normandía dio un nuevo enfoque a las prioridades policiales cuando la mano de obra superexplotada dio en suponer que los inmigrantes hacinados en sótanos miserables o en áticos abarrotados, frecuentemente sin trabajo e invariablemente hambrientos, eran el sector de la población más propenso al crimen.

Las ciudades también sospechaban que el agricultor llevaba todas las de ganar en las negociaciones relativas a la venta del trigo. El consumidor urbano tenía un concepto de la economía sometido al violento cambio de las condiciones demográficas del siglo XVIII. Creía que el mercado debía ser regulado, que las ventas de cereales debían ser realizadas en un mercado abierto y no negociadas directamente entre agricultores y mercaderes mediante muestras o cuando el grano estaba sin cosechar, que al ciudadano común se le debía permitir comprar antes que a los comerciantes mayoristas, protegiendo así sus intereses. Era igualmente partidario del precio justo, esto es, un precio que no sufriese alzas con la escasez ni reflejara las fluctuaciones de la oferta. Pero el grano era un producto cada vez más preciado y en Europa occidental los productores evitaban progresivamente las prácticas de mercado establecidas. En la medida en que muchos campesinos eran a su vez compradores en algunos periodos del año, compartían la preocupación del ciudadano por una moral económica. Pero ningún sector confiaba en el otro: ambos creían que el contrario tenía ventajas en la lucha por unos suministros a precios justos, que el campesino disfrutaba de una ventaja injusta por su proximidad al campo o, a la inversa, que el ciudadano estaba en mejores condiciones para influir en el gobierno con vistas a una legislación coercitiva. El grano era la más común de las causas de los disturbios urbanos y, en los casos en que no era el motivo directo de los desórdenes, subyacía en su fondo.

Otro motivo susceptible de originar disturbios urbanos era el aumento de los impuestos sobre los artículos de consumo. Si bien el habitante de la ciudad escapaba al grueso de los impuestos directos, sobre él recaía el peso de los impuestos indirectos de las mercancías que entraban en la ciudad o los artículos de consumo común, sobre todo bebidas alcohólicas y tabaco. Gran Bretaña conoció una serie de tumultos y disturbios como consecuencia de los nuevos impuestos sobre la ginebra, estimulados por los destiladores y agudizados por la creencia popular de que eran el inicio de futuros aumentos de impuestos indirectos. Tradicionalmente, los gobiernos recurrían a los impuestos indirectos cuando necesitaban fondos. Menos frecuentes fueron los conflictos industriales. Sin embargo, la legislación de 1762, que permitía el desplazamiento de todas las ramas de la producción textil al campo, produjo graves disturbios en las ciudades textiles del Languedoc y manifestaciones de protesta en Amiens y Lille.

En las capitales y ciudades de provincia, el populacho urbano, siempre disconforme, estaba también expuesto a la manipulación de disidentes políticos, situación esta a la cual se deben hacer frecuentes referencias. Por el contrario, los disturbios rurales tendían a concentrarse en determinados personajes odiados por ser considerados el compendio de los problemas de la agricultura. Un gran descontento recaía en el terrateniente y sus agentes, el administrador o el molinero que había arrendado los derechos del molino y al que se podía hacer responsable de todo tipo de demoras y aumentos en los costos. Esta situación fue más frecuente en Francia.

Continuando hacia el este, fueron las prestaciones de trabajo al señor las que provocaron enfrentamientos y motivaron masivos disturbios agrarios en Bohemia, y contribuyeron también a la revuelta de Pugachev. Estos disturbios fueron de tal magnitud que desestabilizaron a los gobiernos, aunque la mayoría de los desórdenes rurales fueron locales y plantearon escasos problemas al poder central. Los disturbios contra el diezmo y los movimientos para acabar con los cercados agitaron intermitentemente a la provincia irlandesa de Munster durante veinte años, a partir de 1760. A pesar de su amplitud, el movimiento seleccionó a personajes especialmente odiados, procuradores o canters del diezmo (hombres que arrendaban el derecho a cobrar el diezmo a cambio de una suma y luego sacaban una ganancia de la recaudación) o terratenientes responsables de atrocidades. Sin embargo, muchas víctimas, algunas de ellas enterradas vivas, lo fueron por venganza. La ferme générale francesa perdía anualmente una veintena de empleados, que eran encontrados asesinados al borde de los caminos. Solo en un año, cincuenta recaudadores desaparecieron en Auvernia. La violencia fue un atributo tanto de la sociedad rural europea como de la urbana. Las ciudades y el campo se definían, más que nada, por sus odios.

II. EL MUNDO DEL PRIVILEGIO

La sociedad europea del siglo XVIII estaba estructurada aún, en buena parte, en relación con los estados o estamentos: el clero, la nobleza y el estado llano, este último dividido a veces en burgueses y campesinos. Los dos primeros estados eran reconocidos invariablemente como estamentos privilegiados, aunque estaban lejos de disfrutar el monopolio del privilegio. Esta estratificación reflejaba el concepto medieval de la división por funciones en una elite de guerreros, un orden sacerdotal interesado en la salvación de las almas y, finalmente, aquellos que dependían de los otros dos estamentos para la defensa y el socorro espiritual. Hacia 1730 tal estratificación había perdido muchas de sus justificaciones iniciales. Aunque el clero continuaba rezando y reclamaba exenciones de impuestos por hacerlo, las diversas sociedades habían perdido de vista la razón de que tal actividad conllevara privilegios especiales: la nobleza tenía ocupaciones mucho más complejas que el arte de la guerra. La división en estados nunca implicó una uniformidad económica y las calificaciones de noble, clero o estado llano progresivamente tuvieron menos en cuenta la realidad social. Había un abismo social y económico visiblemente amplio, por ejemplo, entre un duque de Orleans y un señor languedociano con un ruinoso castillo y un puñado de sirvientes, incapaz de impedir que el campesinado disparara contra las palomas, cosa a la que solo él tenía derecho, o entre un arzobispo de Maguncia en su palacio y un humilde cura párroco en su casucha. Sin embargo, todos estaban cogidos en la trama de los privilegios que caracterizó a la Europa del siglo XVIII y que hace imposible descartar por entero el concepto de estamento como algo sin importancia. Los dos estamentos privilegiados tenían intereses corporativos que luchaban por mantener y eran lo suficientemente fuertes como para sostener una lucha o incluso para ganarla finalmente. Por otra parte, en esta lucha iban a llegar a una colisión frontal con la monarquía, tradicionalmente interesada en la consolidación de la nobleza y el clero para sostener su autoridad. Fue un conflicto enconado porque las riquezas corporativas de los dos estamentos en tierras y mano de obra eran impresionantes, por no decir otra cosa, y porque en muchos Estados existían instituciones que no solo garantizaban la continuación de los privilegios, sino que daban a los dos estamentos una plataforma para contrarrestar la oposición a sus demandas, las cuales podían ser, y parecían serlo, mucho más amplias que la simple defensa de los privilegios elitistas. En tercer lugar, la lucha se agudizó debido a que la monarquía, por un lado, y los cuerpos privilegiados, por el otro, tenían conceptos diferentes de la forma y la función del Estado. En general, la primera abogaba por un concepto de control centralizado, dentro del cual el Estado podía llegar directamente al ciudadano y este ciudadano solo debía lealtad al Estado que podía crear ejércitos y cobrar impuestos de acuerdo con sus necesidades. Los otros abogaban por una descentralización y una fragmentación del poder dentro de las cuales el Estado no pudiera entrometerse en los esquemas tradicionales de lealtad o pasar por encima de las influencias locales. Estas afirmaciones deben ser, por supuesto, desarrolladas, pero son tres importantes explicaciones de por qué el privilegio fue una fuerza tan formidable.

La nobleza europea, firmemente asentada en la cima del mundo de la riqueza, no compartió en parte alguna su predominio económico, excepto, quizá, en Inglaterra y las Provincias Unidas, donde la riqueza colectiva de la pequeña nobleza y la burguesía comercial exigió algún reconocimiento de estas como rivales.

La designación legal de «noble» usualmente se aplicaba a un 2 o 3 por 100 de cualquier sociedad europea, exceptuando las Provincias Unidas, en donde era decididamente menor porque el patriciado urbano no tomó títulos o estatus de nobleza, Inglaterra, donde como grupo legalmente definido estaba limitado a un pequeño cuerpo de 182 familias, Suiza, donde por razones históricas no existía una nobleza, y España, donde el 15 por 100 de la población adulta masculina estaba incluida nominalmente (cifra inflada por la inclusión del total de la población adulta de Guipúzcoa donde la nobleza significaba nada menos que la exención de la provincia de los impuestos y de la justicia real). Aun así, el porcentaje español excedía a la media europea.

En todas partes la nobleza podía ser adquirida por dos conductos: primero, por nacimiento –el método más fácil y menos discutido– y, segundo, por su creación por la monarquía. Los monarcas podían conferir el estatus de nobleza por varias razones: para obtener un respaldo político importante (como en Inglaterra), para realizar un experimento administrativo, subiendo de estatus a algunos funcionarios reales (como en Prusia, Suecia, Rusia, Francia, España y la administración española en Lombardía), como recompensa por servicios leales en tiempos de guerra (consideración importante para los Habsburgo, tan duramente presionados), como recurso para obtener dinero (común en España y Francia en los siglos XVI y XVII) e, incluso, como recompensa al mérito, aunque esto fue relativamente poco frecuente. En el siglo XVIII, el ennoblecimiento de Rutherford en Baviera por sus programas de ayuda a los pobres, de Elie de Beaumont, filántropo de Caen, o de ocasionales agrónomos interesados en ganar tierras al mar o a los pantanos entra dentro de esta pequeña categoría. En Francia y España, existió un tercer método de conseguir la nobleza: mediante la compra de ciertos cargos que conllevaban la nobleza vitalicia y, si la familia continuaba desempeñando el cargo, la nobleza hereditaria después de la tercera generación. Una apreciación hecha en Francia a finales del Ancien Régime calculaba el número de estos cargos en unos 4.000. Este tipo de nobleza se encontraba de preferencia en los parlements, aunque los cargos de parlementaires quedaban vacantes con menos regularidad que los de secrétaires du roi. El secrétaire du roi no tenía obligaciones anexas a su cargo una vez pagado el alto precio de compra. Por todas estas razones, al principio de este periodo ni siquiera un 5 por 100 de los nobles europeos podían alardear de antepasados que se remontaran a la Edad Media y más del 50 por 100 de ellos habían sido ennoblecidos a partir de principios del siglo XVII.

Los nobles generalmente poseían privilegios de dos tipos: primero, tenían derecho a ser juzgados por sus pares, esto es, fuera de los tribunales reales; segundo, la nobleza (junto con el clero y las ciudades) conseguía eludir una importante parte de los impuestos reales, aunque sus exenciones a este respecto han sido bastante exageradas. De todos modos, hubo excepciones a esta regla, como por ejemplo, Inglaterra. En Europa oriental, Rusia, Polonia y Hungría, un noble era fácilmente definible: solo él tenía derecho a poseer hombres. Aquí termina la generalización. Aparte de estas consideraciones, las diferencias entre los distintos elementos de la nobleza europea son más notorias que las semejanzas y la historiografía de la nobleza tiende a definir lo que un noble no era. Un noble no era necesariamente rico; no tenía necesariamente un título; no poseía necesariamente tierras; por supuesto, no ocupaba necesariamente un feudo; no poseía necesariamente derechos señoriales y la mera posesión de derechos señoriales no era un determinante del estatus de noble; no era necesariamente un personaje militar, como fueron los nobles medievales; y no estaba necesariamente exento de impuestos. Aun tomando en cuenta todas estas salvedades, el noble que no fuese más rico que el promedio de los hombres, no alardease de algún título –una provincia, a lo más, o una finca, a lo menos–, no poseyese tierras ni derechos señoriales, no tuviese alguna conexión (si no él, su hermano o su hijo) con una carrera militar y no esperase que su estatus le ofreciera algún tipo de ventajas pecuniarias, pertenecía a una pequeña minoría a punto de caer del estrado de la nobleza a la masa indiferenciada. Por lo que respecta a la Europa continental, la nobleza revestía un aspecto psicológico. En caso de no indicar un grado de riqueza, educación o posibilidades de un estatus militar o de cargos públicos, no sería, a la larga, reconocida y si esto sucedía, aparecería con toda seguridad un recaudador de impuestos. Por la misma razón, un individuo no noble que se rodease de los atributos de la nobleza, señoríos y tierras, podía introducirse –con toda seguridad en España e Italia–, prácticamente sin oposición, en las filas de la nobleza. En Francia era necesaria la compra de un cargo público para garantizar la aceptación.

Se ha prestado demasiada atención a la nobleza empobrecida, a las familias que empleaban menos de seis sirvientes, pero jamás menos de tres, o, en Europa oriental, a los que poseían menos de veinte siervos, a expensas del nivel medio y de los extremadamente ricos. ¿Qué magnate algodonero de Lancanshire, incluso en la década de 1790, tuvo una plantilla de empleados que se aproximase en número a los dos mil o tres mil sirvientes, campesinos, jardineros, agentes, abogados de la nómina del duque de Orleans? Además, esta deformación oculta una importante verdad. En el siglo XVIII, y en muchos aspectos esto se hacía cada vez más cierto, la Europa aristocrática era la Europa capitalista. La nobleza poseía colectivamente una parte considerable de las tierras (de un 15 a un 40 por 100) y de los recursos naturales de Europa en forma de mineral de hierro, carbón y madera –los recursos productivos, con escasas excepciones, del siglo y del futuro, aunque no los explotaran necesariamente en forma directa. Es verdad que no todos estaban involucrados del mismo modo. En el caso muy especial de Rusia había nobles, por ejemplo, en las inmensas extensiones heladas al norte de Simbirsk, que no podían ni siquiera obtener ganancias en el mercado local, dado que tal cosa no existía. En la mayor parte de Europa había una pequeña nobleza provinciana que a menudo administraba directamente sus tierras, enviaba a sus hijos al ejército y vivía en condiciones muy modestas. Pero, por otra parte, había una nobleza cortesana urbana respaldada por impresionantes dominios y recursos naturales. Las tierras del conde de Lonsdale, en Cumberland, encerraban ricos yacimientos de carbón. Los nobles de Silesia, Alemania y el Báltico suministraban madera a Europa. Las leyes de dérogeance, que técnicamente impedían a la nobleza de Francia y de España participar en el comercio, no los privaron de las ganancias que podían obtenerse de la metalurgia, la fabricación del vidrio y la explotación de las minas. Las minas de Carmaux eran dirigidas por una cooperativa de pequeños nobles de Toulouse, las de Littry por el marqués de Balleroy y la nobleza española ocupaba un lugar preeminente en la explotación de este sector. El duque de Orleans poseía dos hornos para vidrio. La mayor empresa industrial de Europa, las minas del Nord, era propiedad de la Compagnie d’Anzin, empresa que estaba en buena parte en manos de la nobleza. También el mundo del comercio marítimo estaba abierto ampliamente a la actividad empresarial de los nobles. Por ejemplo, participaban mayoritariamente en la producción de los grandes viñedos de Borgoña y Burdeos y en el comercio de oporto y jerez de Portugal y España, comercio que alcanzó un volumen impresionante en la década de 1780. Recientemente, ha sido revelada la participación masiva de los nobles en el comercio del azúcar en Nantes, un importante y rentable campo para el inversor. Lejos de rehuir la actividad mercantil, la nobleza adinerada la buscó con avidez. Los comerciantes de azúcar ennoblecidos no se sintieron en la obligación de abandonar la fuente de su fortuna cuando adoptaron un título. Estaba también la industria de armamentos o la curiosa compañía formada en 1781 para armar los buques franceses que transportaban cartas y cargamentos reales, de la cual eran accionistas el príncipe de Rohan Rochefort, el conde de Melfort, el conde de Hautoy, los caballeros Lambert y Beige, un médico llamado Guirodet y un traficante de armas llamado Fournier. A ellos se agregó en 1782 un alemán, el príncipe Federico de Salm-Kriburg. Con capital de la nobleza se fundó en 1763 la Compagnie de la Guyane Française, la cual tenía el monopolio del aprovisionamiento de las Indias Occidentales francesas, del fomento de la emigración y del abastecimiento de los puestos africanos de esclavos y, más tarde, de la dirección del tráfico de esclavos. La lista de accionistas de esta empresa incluía nombres como la princesa de Lamballe, el duque de Duras y el marqués de Chaillon; de hecho, la participación en su totalidad era noble y muy típica del interés de la nobleza por el comercio transatlántico. El matrimonio era una forma de transferencia de riqueza entre grupos que gozaba de respeto por ser una práctica tradicional. La hija mayor de una antigua familia, y aún más si provenía de una familia de nuevos ricos, podía aportar a su alianza hasta una quinta parte de la riqueza de su familia. Las familias que concertaban el matrimonio, tras un contacto limitado y supervisado entre los contrayentes, esperaban algo a cambio de su inversión. Los matrimonios establecían la posición social de ambas familias, algo que les preocupaba mucho más que el amor romántico. Las herederas de las familias de nuevos ricos intercambiaban los millones de su padre por títulos y sus familias de origen compartían la gloria de la casa del novio. Es significativo el hecho de que las hijas de la vieja nobleza siguieran formando parte de su grupo social de origen después del matrimonio, pues sus familias temían la pérdida de estatus. No obstante, está claro que el matrimonio aumentaba la riqueza de aquellas familias que lograban encontrar nuevas fortunas para sus hijos. El mundo de las finanzas no solo dio origen a nuevos nobles, sino que condujo a las viejas casas nobles a compromisos y alianzas. El más reciente historiador de la nobleza francesa escribe «La haute bourgeoisie y el parti des ducs formaron de ahí en adelante una sola sociedad: una société du bon ton, la riqueza y el poder»[1]. Se puede ver esta integración cuando un Montmorency, un Broglie y un Biron se casan con herederas de financieros recién ennoblecidos.

Todo dependía, más que nada, de las oportunidades. En España, cuya economía en general estaba atrasada en comparación con su vecina del norte, es posible encontrar nobles que no dejaron escapar la oportunidad que les ofrecían los importantes contratos estatales para labrarse una carrera comercial. Juan Fernández de Isla, de linaje distinguido, inició una espléndida carrera comercial en 1746 como proveedor de suministros navales a los grandes arsenales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, y en 1754 era dueño de un imperio industrial que incluía trece buques mercantes, oficinas comerciales en Cádiz, Murcia, Valencia, Madrid, Lisboa, Bilbao y Santander, una fábrica de porcelana, una fábrica de papel, una curtiduría, dos destilerías, cuatro fundiciones y un negocio de fabricación de sombreros. Otro ejemplo es el de don Juan de Goyeneche, cuya fortuna salió principalmente del suministro a la marina real de madera y de la fabricación de ropa de lana para el ejército. Todo indica que el noble español podía trabajar por su propia cuenta sin estigma social alguno. Pero los que lo hicieron arriesgaron sus fortunas en un mundo comercial incierto, restringido por el poder adquisitivo muy limitado de la población española, y tuvieron que enfrentarse, por lo tanto, como cualquier empresario español, a las dificultades de la práctica económica.

La nobleza europea del siglo XVIII, en su conjunto, destaca por una mejor contabilidad (incluso en España y Rusia) y una administración más concienzuda de sus bienes, aunque esto solo significó habitualmente un cobro más eficiente de las rentas y un mayor control de los arrendamientos. En parte se vieron forzados a ello. Por tomar un ejemplo, hasta la década de 1770 hubo pocas perspectivas de inversión para los grandes ingresos de la nobleza en España. Las tierras españolas apenas proporcionaban ganancias, las propiedades urbanas menos aún, y no había una «bolsa de valores». Prestar dinero al Estado era algo muy arriesgado y solo posible en forma de anualidades (hay que tener en cuenta la prohibición constante de la usura). Después de 1770, sin embargo, el alza del precio de la tierra y la formación de sociedades anónimas para inversiones industriales y financieras dieron una anhelada oportunidad a un grupo menos susceptible de enriquecerse con el favor real como recompensa por las pérdidas en América. Por supuesto, el gran inversor tenía más oportunidades; para la mayoría de los nobles, las nuevas fuentes de inversión no superaban las antiguas rentas de la tierra y los privilegios, los derechos señoriales, los peajes en caminos, puentes y vados y, en el caso español, la apropiación del diezmo y los cargos municipales.

En el siglo XVIII la importancia relativa de los diversos tipos de tributos señoriales había variado considerablemente. Las «ganancias» de la justicia señorial se habían transformado en pérdidas, hasta tal punto que muchos señores solo mantenían los tribunales como símbolo de estatus o por un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Otros tributos señoriales, como el cens (censo) y el champart (rentas sobre tierras roturadas) podían suponer entre el 2 y el 10 por 100 del total de los ingresos del campesino continental. Las banalités (derechos de horno, molino y lagar y, en algunos casos, matadero), que eran arrendadas habitualmente, podían ser muy rentables. Por otra parte, el cens y el champart eran bastante difíciles de cobrar y profundamente odiados y, al ser, por lo general, un pago en metálico, no habían corrido parejas con la inflación. Los manuales que trataban de la explotación de un señorío a pleno rendimiento recomendaban a los señores reconvertir sus rentas en dinero en pagos en especie, pero no hay pruebas concluyentes de que estas recomendaciones fueran puestas en práctica habitualmente. Los señores podían beneficiarse del alza del valor de la tierra gracias al pago de los derechos de transmisión por el nuevo titular, cuando una finca era vendida o arrendada. Este luismo o lods et ventes, o laudemio (generalmente un 10 por 100 del precio de venta) podía ser el más lucrativo de los derechos, especialmente, al parecer, en Baviera, donde podía suponer hasta el 20 por 100 del precio de venta. Los derechos señoriales fueron, de hecho, objeto de un triple ataque: desde abajo, por parte del campesinado, a menudo dispuesto a pagar arriendos altos por la tierra, pero disconforme con los tributos arcaicos pagaderos a un individuo que bien podía no ser el dueño de la tierra; por parte de los pensadores de la Ilustración, que veían en ellos un obstáculo para el desarrollo de una economía de mercado y restos medievales que se interponían entre el gobernante y sus súbditos; y por parte de los gobernantes –y esto era especialmente notorio en las tierras de los Habsburgo, en Alemania del centro y del sur y en parte de España–, que veían en ellos un grave recorte de la cantidad que el Estado podía exigir en impuestos al campesino, ya que los derechos señoriales consumían una buena parte de sus cosechas, y José II, al menos, iba a dar un paso importante para limitar su incidencia. Ningún gobernante, sin embargo, se atrevió a suprimirlos. Si cayeron en 1789, ello se debió a que fueron atacados desde abajo. ¡Afortunado el noble que, para mantener su patrimonio en tierras, había diversificado sus inversiones en el comercio, las finanzas y la industria! Él al menos podía contemplar su cartera sin escuchar el clamor de una crítica desde fuera. Su considerable patrimonio en tierras y su participación en el comercio y la industria hicieron que la riqueza de los nobles en la Europa posrevolucionaria siguiera siendo impresionante.

Así como la nobleza del siglo XVIII se diferenció de sus predecesores por su dinámica económica, también lo hizo por su relación con el gobernante, cada vez más ambivalente, y por su conciencia del cambio de su papel dentro del Estado. Hasta mediados o finales del siglo XVII, los monarcas se habían apoyado en la nobleza y sus ejércitos «feudales» privados para defender al Estado y se habían visto obligados a contener la periódica oposición de los nobles que controlaban los ejércitos con vistas a imponer sus ambiciones políticas. Las guerras de religión (1562-1598) y la Fronda (1648-1653) en Francia son ejemplos claros de guerras civiles instigadas por una nobleza en armas, políticamente disidente, empeñada en reducir en su propio beneficio la autoridad real. La formación de ejércitos regulares, sin embargo, modificó, primero, y luego puso fin al poder de la nobleza en lo referente a la dirección a la vida política. Al mismo tiempo, despojó a la nobleza de la antigua justificación bélica de sus privilegios. El crecimiento simultáneo de unas burocracias directamente responsables ante el rey y no ante la provincia o localidad contribuyó también –por lo menos, teóricamente– a reducir la fuerza local de la nobleza. La nobleza del siglo XVIII estaba vivamente interesada en forjarse un nuevo papel para justificar sus privilegios sociales. Al haber recibido una instrucción mejor que antes, por lo menos en sus niveles más altos, en colegios de jesuitas, salones o universidades, fue el debate, más que la espada, la principal arma de la nobleza, que intervino en las cuestiones más candentes del pensamiento de la Ilustración. De hecho, la sociedad de los salones parisinos en los que se discutían los temas e ideas de la época era aristocrática, por lo menos en parte. Algunos miembros de la nobleza provincial participaban en las academias provinciales, que formaban parte de la vida social, y también estaban al tanto de las discusiones sobre la distribución de poder. Un importante punto de vista que mantenían muchos nobles era que la forma política más deseable era el constitucionalismo aristocrático, un gobierno en el que el poder era compartido entre la monarquía y la aristocracia y que en Europa se consideraba el modelo británico. La relación entre monarquías y aristocracias fue compleja y difícil. Los monarcas habían dejado de crear masivamente nuevos nobles como recurso para obtener dinero y, en conjunto, el número de nobles estaba disminuyendo. Los gobernantes también estaban interesados, particularmente en las tierras de los Habsburgo, en Alemania del centro y del sur y en España, en impedir que las tierras cayeran en manos de los nobles y escaparan así a los impuestos. Los príncipes de Alemania central lograron introducir leyes que prohibían a la nobleza urbana la compra de tierras cuando hubiera un comprador campesino y se llevó a cabo una enérgica política de protección al campesinado en Turingia, el electorado de Sajonia, Baviera y Austria para limitar la entronización de la nobleza en las propiedades de los campesinos independientes. No hubo quizá nada tan decisivo como la Reduktion de Carlos XI de Suecia –apropiación por la Corona de las tierras reales enajenadas– a fines del siglo XVII, pero la intención es muy clara. Los monarcas tampoco otorgaron pensiones o sinecuras con la largueza característica de una época en que necesitaban comprar el apoyo de los nobles disidentes. Esto fue especialmente notorio en España. Es cierto que la atribución de los puestos claves en la Iglesia, el gobierno y las colonias (si las tenían) continuaba siendo una prerrogativa de los monarcas y estos seguían escogiendo a candidatos de la nobleza. De este modo, la nobleza tenía asegurado el práctico monopolio de los puestos importantes de la Iglesia y el gobierno. Un noble francés se transformaba automáticamente en oficial cuando entraba en el ejército y todos los ejércitos europeos (exceptuando el británico) eran mandados por la nobleza. El noble que elegía la Iglesia como carrera se iniciaba como canónigo y no como cura párroco. Más aún, los reyes no escogían ministros de ningún otro sector de la sociedad.

Pero la recompensa por el apoyo no era automática. En Francia, desde 1695 y a lo largo del siglo XVIII, se abrieron sucesivas brechas en el principio de la inmunidad de los nobles frente a los impuestos que la nobleza no pudo resistir. Hasta cierto punto, la nobleza se interponía en el camino de las aspiraciones monárquicas a un Estado burocrático centralizado, siendo esto más evidente en algunas zonas que en otras. Los patriciados del norte de Italia y los Países Bajos austríacos sabían que Viena aspiraba a eliminar su poder. En todas partes los magnates locales que participaban en las Dietas y las instituciones provinciales eran conscientes de los esfuerzos de la monarquía para dejarlos relativamente impotentes al despojarlos del control financiero. Se comprende fácilmente que adoptaran una actitud defensiva. Por supuesto, esta situación no se dio en todas partes. Los monarcas no trataban de destruir a su nobleza, ya que carecían de un concepto de existencia sin ella, sino de neutralizarla. En Prusia y Rusia la nobleza estaba ligada al servicio de la Corona en el ejército y la burocracia, situación que los monarcas de Europa oriental usaron en su beneficio, llegando a poner a sus nobles, en el caso ruso, en considerables apuros. Sin embargo, la nobleza continental continuó definiéndose por enviar un hijo o más al sevicio militar.

Lo más notable de todo fue un hecho que indudablemente marcó una ruptura con la época en que las casas nobles mantenían ejércitos privados capaces, en ocasiones, de amenazar con una guerra civil a las monarquías: la nobleza del siglo XVIII optó por los argumentos intelectuales para defender su estatus privilegiado y escogió las instituciones políticas tales como las asambleas, Reichstag o parlements provinciales como foro en donde plantear o defender sus intereses.

Por supuesto, no partían de una postura de fuerza total. Solo en Gran Bretaña y Polonia se podría decir que fueron capaces de modificar la dirección de la vida política. Su posición privilegiada era, como veremos, atacada no solo por las monarquías, sino también por los pensadores de la Ilustración, que hacían hincapié en la igualdad de los hombres ante la ley y en los evidentes perjuicios implícitos en las exenciones y privilegios «góticos». También iba a tropezar con las críticas de un sector cada vez más disidente del Tercer Estado que deseaba una ampliación de la participación política que los incluyera.

El mundo del privilegio, a pesar de todo, tenía una fluidez intrínseca. Algunos privilegios, como los derechos señoriales, podían ser comprados: otros emanaban del hecho mismo de ser noble. En Europa occidental, una clase media pudiente con aspiraciones aristocráticas se introducía con bastante facilidad en las filas de la nobleza y, aun de no ser así, se rodeaba de los atributos de la nobleza, como los señoríos, de preferencia tierras, la compra o el arriendo de derechos de caza, etc. Hubo, incluso, en algunas zonas, como ciertas partes del Macizo Central francés, una pequeña burguesía rural sin ninguna pretensión de nobleza que invirtió en privilegios señoriales, obteniendo un razonable beneficio de sus pequeñas inversiones, pero sin dar a cambio a la comunidad ninguno de los servicios que el señor debía supuestamente suministrar. Algunos sectores de la clase media aspiraban a posiciones privilegiadas; el patrocinio del gobierno británico afectaba a toda la burocracia y los ministros, por ejemplo, eran asediados por un puesto en las oficinas de aduanas en los puertos. De tal modo, este pequeño mundo de los privilegios estaba vinculado al mayor y esto, en no poca medida, contribuyó a su perpetuación.

La Iglesia compartía los problemas de la nobleza para encontrar un lugar en el mundo moderno, aunque aquí tal vez se deba establecer una rígida diferencia entre la Europa católica y la protestante. En general, las Iglesias protestantes estaban sometidas al control estatal. Las Iglesias protestantes habían caído en las redes del patrocinio estatal, pues habían sido despojadas dos siglos antes de la mayor parte de sus tierras por los gobernantes laicos, algunos de los cuales reclamaron la jefatura de las Iglesias nacionales. Federico el Grande de Prusia, Gustavo III de Suecia o el duque de Newcastle en su etapa ministerial, utilizaron los cargos de la Iglesia para recompensar a los partidarios leales. El episcopado inglés era pequeño, pero tenía cierto poder político en la Cámara de los Lores y podía ser manejado en favor del gobierno. Federico el Grande disponía de trescientas canonjías para recompensar a familias de militares y burócratas. En las Provincias Unidas y Suiza, la Iglesia calvinista estaba aún activamente interesada en mantener el control sobre su grey mediante una fuerte dirección parroquial y la influencia del pastor en la parroquia fue un factor importante para determinar las actitudes y obediencias. La religión en Alemania estaba asociada a un concepto de identidad territorial y las diferencias religiosas encendieron la mecha de los individualismos locales.

Si el protestantismo continuó siendo en el siglo XVIII una fuerza intelectual dinámica, ello se debió en buena medida al pietismo alemán, cuya influencia se extendió a la República de Holanda y Escandinavia, aunque floreció sobre todo en las restringidas y rigurosas universidades protestantes alemanas. Como fuerza social e intelectual, el protestantismo alcanzó, quizá, su expresión más alta en Inglaterra. Aquí, incluso las clases trabajadoras se embarcaron en un movimiento ajeno a la Iglesia establecida, entroncado temporalmente con el metodismo, cuyo espíritu tenía mucho en común con las misiones lazaristas y redentoristas de la Europa católica. En ningún país protestante la Iglesia puso obstáculos verdaderamente efectivos al control del Estado. Esencialmente, su autoridad y privilegios no eran tantos como para atraerse la oposición de los poderes seculares, ni tampoco experimentó la incómoda explosión de la Ilustración impía, salvo quizá en Escocia.

La Iglesia católica, por el contrario, profesaba, con diversos grados de convicción nacional, obediencia a un poder ajeno a su gobierno natural o central, el papado, influencia ultramontana supuestamente suprema, en última instancia, en asuntos espirituales. En realidad, este poder había sido recortado por unos concordatos históricos que limitaron el excesivo control del papado sobre la designación de funcionarios, pero cuando se vislumbraba una disensión en cuestiones de ortodoxia, como sucedió a comienzos del siglo XVIII con el jansenismo, el papado y sus agentes jesuitas, la orden religiosa que dependía directamente de Roma, tenían, por lo menos teóricamente, la última palabra. Las anatas y el dinero de San Pedro seguían siendo enviados al Vaticano, especialmente desde la península Ibérica y las tierras de los Habsburgo. De hecho, el papado poseía enclaves en territorio francés, en Aviñón y Valréas. Pero el papado era en el siglo XVIII una fuerza menguante, notoriamente incapaz de imponer su autoridad. Este fenómeno quedó claramente demostrado por su incapacidad de salvar a sus protagonistas, los jesuitas, de la expulsión. Mucho más amplios eran los privilegios que la Iglesia católica venía arrogándose a través de los siglos. La riqueza corporativa de la Iglesia en tierras, derechos señoriales, diezmos, metales preciosos y tesoros de arte la señalaba como digna rival del esplendor de los nobles y los reyes. Se definían como clérigos hasta un 2 por 100 de la población de los Estados de la Europa continental y las propiedades de la Iglesia como institución incluían entre un 7 y un 20 por 100 de los territorios de los Estados católicos. Al igual que la nobleza, el clero podía, con algunas excepciones (Italia) aspirar a la inmunidad con respecto a los antiguos impuestos directos y, allí donde el control de la Iglesia abarcaba más de una quinta parte del territorio de una provincia, como sucedía en la Baja Austria, se puede apreciar la importancia de las manos muertas para un monarca que intentara aumentar sus ingresos mediante los impuestos.

De hecho, la inmunidad clerical a los impuestos en Europa occidental ha sido algo exagerada. El clero francés pagaba el don gratuit, una suma «voluntaria» asignada por la assemblée de clergé de France que debía ser (y era) suficientemente considerable. El clero de los Estados Pontificios pagaba un impuesto sobre la tierra que constituía hasta el 40 por 100 de la recaudación total y la Iglesia española cedía grandes sumas a la monarquía en tiempos de guerra, proceso que alcanzó su apogeo durante la década de 1790 y dejó a la Iglesia seriamente desguarnecida. El clero, por supuesto, recaudaba fuertes impuestos en su propio beneficio, reclamando hasta una décima parte de la producción bruta en concepto de diezmo, comúnmente menos en Francia, los Países Bajos austríacos y Polonia, y a veces más en la península Ibérica. A menudo los diezmos eran propiedad de obispos, cabildos o monasterios o eran enajenados a laicos (como en España), lo que hacía que el párroco dependiera de las pequeñas sumas cobradas por servicios tales como bautizos, entierros y misas por los difuntos. El clero bajo veía con malos ojos esta apropiación de los diezmos de la parroquia por parte del alto clero y las órdenes religiosas, sentimiento que compartían los feligreses.

La Iglesia en la Europa del siglo XVIII era, de hecho, un oficio rentable y las divisiones internas eran sociales, económicas y psicológicas. Dejando a un lado el importante ejemplo de España, donde aún era posible que el mérito fuese el único determinante para alcanzar altos cargos, y de Italia, donde en algunos Estados la aristocracia controlaba menos de un 30 por 100 de todos los obispados, los cargos de obispos y los cabildos catedralicios estaban monopolizados por la aristocracia que utilizaba los vínculos familiares, fuera y dentro de la Iglesia, para asegurarse la promoción a los puestos más lucrativos. En el Imperio germánico, los caballeros imperiales dominaban los obispados y las canonjías y controlaban los electorados de Maguncia, Tréveris y Colonia. El arzobispo de Lyon, depositario de la feuille de bénéfices, apenas abandonaba Versalles, en donde estaba abierto a las sugerencias con respecto al próximo asignatario de un obispado vacante y, como el valor de los obispados oscilaba entre 10.000 y 200.000 livres, la competencia dentro de las filas del propio episcopado era intensa. Generalmente, el obispo era miembro de la alta aristocracia (que de este modo se aseguraba que no tendría que emplear la riqueza familiar en dar sustento a este vástago), debía su posición a la recomendación de un influyente miembro en la Corte y jugaba con ventaja si ya tenía un pariente en el episcopado. No sería jamás un cura párroco o un miembro de una orden regular (excepto en España e Italia, en donde las órdenes regulares dieron algunos prelados notables). Generalmente saltaba de la universidad y la ordenación sacerdotal a una gran vicaría de un cabildo catedralicio y a menudo era obispo hacia los veinticinco años y, con toda seguridad, antes de los treinta y cinco. Sin embargo, cuando Felipe V de España, en 1735, asignó la administración temporal de la archidiócesis de Toledo a su hijo de ocho años de edad, alteró las prácticas habituales. La iglesia postridentina luchó tímidamente contra estos abusos flagrantes. Una vez en su cargo, el obispo del siglo XVIII sobresalía por sus cualidades administrativas, más que como teólogo o santo. Era un burócrata eficiente que realizaba, a menudo a través de sus agentes, más visitas episcopales que antes para asegurar la calidad del culto parroquial y la conducta del párroco, así como los niveles básicos de la instrucción en el seminario. Frecuentemente, al mismo tiempo, era un político. Los Países Bajos austríacos y Alemania tuvieron un conjunto de príncipes-obispos que fueron gobernantes temporales, el último de ellos con un cargo en el Reichtag y capaz de adoptar firmes planteamientos políticos. En otras partes, participaron en el juego de la política cortesana. En España, el cardenal Portocarrero de Toledo tuvo una influencia eminente en las intrigas en favor de la dinastía de los Borbones y Carlos III era muy consciente de la fuerza del episcopado en el Consejo de Castilla. El cardenal Fleury y Loménie de Brienne, arzobispo primero de Toulouse y luego de Sens, pertenecen a una tradición similar. Pero este episcopado no dejó de contar con hombres caritativos, como el arzobispo de Braga o el arzobispo Rajey, de Santiago de Compostela, quien distribuyó comida para 1.300 personas al día durante la crisis de 1768-1769. Y hay innumerables ejemplos franceses que responden a las necesidades producidas por las hambrunas y las epidemias. Por corruptas que sus prácticas promocionales pudieran ser, el episcopado del siglo XVIII fue, en su conjunto, un episcopado distinguido.

Por cada obispo había, al menos, diez veces más canónigos (2.300 en España por 60 obispos) vinculados a las catedrales que desempeñaban una función sencilla y descansada en la administración de la diócesis, con una cantidad más que suficiente de tiempo libre y, a menudo, con una red de patrocinios a su disposición. También estos cabildos fueron en su mayoría aristocráticos y a menudo fue en el seno de ellos donde se debatieron más acaloradamente los dilemas intelectuales de la Iglesia católica: el debate entre jansenistas y jesuitas, o entre tradicionalistas y partidarios de una Ilustración católica.

Los obispos, los cabildos y, al principio de este periodo, las órdenes religiosas fueron grandes inversores en edificios y objetos preciosos. Sirvientes y un gran número de trabajadores agrícolas buscaban trabajo fijo en la Iglesia. Desde 1720 hasta 1740, durante la edad de oro de la Iglesia portuguesa, más de 5.000 trabajadores de la construcción buscaron regularmente trabajo en el palacio de Mafra y la preeminencia de la Iglesia en la vida económica del país es uno de los tradicionales chivos expiatorios usados por los historiadores portugueses para explicar el lento desarrollo de la economía nacional en el siglo XVIII. En Austria, Portugal y buena parte de Italia fueron eclesiásticos acaudalados y monasterios ricos los que dominaron, más que la nobleza, la vida local económica y social.

Pero las órdenes religiosas a mediados del siglo entraron en un periodo conflictivo. En todas partes, excepto en Polonia, el número de sus miembros disminuyó y la decadencia más notoria se produjo en las antiguas órdenes contemplativas de los benedictinos y cistercienses. De todos modos, en España y Portugal los franciscanos, que sumaban 15.000 en España, no tuvieron ninguna dificultad para encontrar neófitos, ya que los reclutaban en las órdenes menores. Las vocaciones femeninas disminuyeron de un modo menos espectacular al no existir, al menos en la clase media y alta, otra alternativa viable al matrimonio. La península Ibérica no produjo un torrente de órdenes femeninas activas, como las ursulinas o las hermanas de la caridad, que fueron responsables, en el primer caso, de la elevación de la alfabetización femenina en la Europa católica y, en el segundo caso, de la creación, en Francia por lo menos, de un servicio de enfermeras que, un siglo más tarde, Florence Nightingale dijo que se esforzaba en emular. Estas órdenes no enclaustradas de mujeres representaron, de hecho, un cambio paradigmático en la vida religiosa. Constituyeron un precoz servicio de atención social dedicado al cuidado de los débiles y al alivio de sus problemas y llegaron a lugares en los que prácticamente no existían otras ayudas. Fueron capaces de sobrevivir a la Revolución y, de hecho, en el siglo XIX se extendieron por Europa, América y Asia.

La riqueza, por supuesto, estaba irregularmente repartida entre las órdenes religiosas. En términos generales, las órdenes antiguas eran las mejor dotadas, y más las masculinas que las femeninas. La falta de novicios dejó vastos edificios, como el de Vézelay, con menos de una docena de monjes en 1789. El rechazo de la vida contemplativa reflejaba claramente entre las clases altas cultas la aversión intelectual en boga a una vida consagrada solo a la oración y a la salvación personal que, en adelante, no sería ya aceptada sin dudas. Lo que está claro es que los monasterios vacíos quedaron indefensos frente al asalto del Estado y se produjeron crisis de confianza en las menguadas comunidades. La Commission des Réguliers francesa aprobó en 1766 la agrupación de las casas con menos de nueve residentes; otras órdenes solicitaron colectivamente ser liberadas de sus votos. En Lombardía y Toscana, reducciones similares, sancionadas por José II, redujeron en el primer caso de 291 en 1767 a 200 en 1790 el número de establecimientos, y en Toscana la reducción fue de 345 a 215, con una pérdida del 43 por 100 de los miembros. En España hubo un movimiento para crear congregaciones españolas de cartujos y órdenes mendicantes que las puso más claramente bajo el control real. En Portugal, un edicto de 1788 exigía a los jóvenes un permiso real para entrar en religión; entre la nobleza y las clases urbanas acomodadas había un claro desinterés. En 1789, en el gran monasterio de Sintra, por ejemplo, había cuatro monjes débiles y ancianos. Había llegado el fin de la vida contemplativa.

Nos queda solamente por considerar el párroco, elemento principal de la vida religiosa parroquial. Sabemos bastante acerca de este individuo. Procedía de la clase media baja urbana, más que del medio rural –hecho probablemente relacionado con las posibilidades de educación– y, por tanto, era un hombre de recursos económicos limitados. A pesar de eso, estaba mejor situado económicamente que sus feligreses pobres, aunque debía estirar sus ingresos para pagar a un coadjutor y servicios básicos como lavandería. Era, también, el primero en ser solicitado por los pobres de la parroquia o los vagabundos. Estaba mejor «preparado» que sus predecesores, dejando a un lado las zonas rurales de Portugal, España y el sur de Italia. Esto se debía a la notable amplitud de la educación en el seminario, primero fomentada por la Contrarreforma y después por la Ilustración católica. Dado que sus actividades estaban sometidas al escrutinio periódico de las visitas regulares, debía estar también más atento al obispo y al alto clero. Por esta razón, dejando nuevamente a un lado las zonas más atrasadas de la península Ibérica e Italia, donde podían producirse irregularidades sin ser detectadas, era notable por su impecable vida privada, en un grado sin precedentes. En el siglo XVIII en Francia, en Alemania, en los Países Bajos austríacos, en la Alta y Baja Austria o en la Italia del Norte, prácticamente no había nada parecido a un párroco corrupto. Tampoco existía una crisis general de vocación, exceptuando Francia, donde era difícil encontrar candidatos a párrocos para las parroquias rurales más pobres de Auvernia. Otros países, y en particular España y Portugal, producían un excedente molesto y en ocasiones disidente.

El sacerdote del siglo XVIII adoptaba con frecuencia una actitud crítica hacia la estructura eclesiástica. Sabía que estaba explotado y que disponía de una miseria en comparación con los establecimientos monásticos vacíos y el alto clero secular, y necesitaba dinero para cumplir más adecuadamente con su trabajo parroquial. En Francia, donde el nivel del clero parroquial era más alto, el espíritu crítico alcanzó su punto culminante. Este movimiento fue conocido como richerismo y se basaba en la creencia de que era el sacerdote y no el obispo el elemento más importante de la jerarquía eclesiástica y que el primero tenía, por tanto, derecho a una remuneración adecuada. El clero parroquial criticaba a las órdenes religiosas y, por supuesto, al ideal monástico, era indiferente en muchos casos a la autoridad de Roma y, sobre todo, era hostil al obispo y al cabildo: no se podía contar con él para defender el viejo orden en 1789.

El mundo del privilegio no estaba limitado a los nobles y clérigos. Con las notables excepciones de Gran Bretaña, Rusia y Suecia, la mayoría de los Estados europeos conservaban, bajo una máscara de aparente centralización, una enmarañada realidad de instituciones y autoridades descentralizadas. De estas, las más importantes eran la provincia y sus órganos de gobierno, los estados provinciales y las ciudades, las mayores de las cuales eran prácticamente autónomas. La fuerza del gobierno provincial frente a la autoridad central determinaba el grado en que la autoridad real prevalecía en un determinado lugar. Se podría argumentar que, dado que la mayoría de los estados provinciales estaban divididos en nobleza, clero y estado llano, que podían, aunque esto no sucedía invariablemente, estar sujetos a un proceso de votación por separado, los estados provinciales simplemente reforzaban la autoridad aristocrática y clerical. Pero esto no es todo. Contenían un importante elemento plebeyo y se apoyaban en un consenso popular significativo como garantes de las «libertades» (en el sentido dieciochesco) y, por tanto, eran apreciados por todos los niveles de la sociedad.

Fueron, por ejemplo, los estados de Bretaña los que preservaron la inmunidad de la provincia frente al impuesto de la sal, y los que cada año regateaban la assiette de la taille (cantidad que la provincia debía pagar) con el contrôle général de forma tan eficaz que los campesinos bretones tenían los impuestos más bajos de Francia (y, a la inversa, tenían el nivel más bajo de servicios, tales como vigilancia, construcción de caminos, etc.). El campesino más humilde sabía lo que quería. En Languedoc, que tenía los estados provinciales más eficientes y responsables de Francia y donde el voto era individual y no por estamentos, los estados provinciales no solo mantuvieron bajo el nivel de los impuestos, sino que garantizaron que los impuestos recaudados fuesen usados, en la medida de lo posible, dentro de la provincia. Esto explica por qué Languedoc tenía el mejor sistema de carreteras de Francia, así como el canal del Mediodía, una costosa empresa que reportó poco en cuanto a beneficios a la autoridad central, pero bastante en cuanto a actividad comercial a Languedoc. No es de extrañar que en aquellas zonas de Francia donde las instituciones provinciales eran débiles, en 1789 se pidiera la restauración y revivificación de los estados provinciales. La política de los estados de Holanda y, por tanto, los intereses de las provincias marítimas, fueron defendidos más eficazmente en los estados generales holandeses y Holanda reclamó el derecho a proveer espléndidamente a los pensionados, ya que las riquezas marítimas constituían la mayor fuente de ingresos del Estado. Las cortes de Castilla, de modo similar, fueron el árbitro de la vida política de España y los intereses de Castilla prevalecieron sobre los de cualquier otra provincia. Las provincias estaban a menudo dotadas de códigos legales específicos que incluían aduanas provinciales, las cuales, por estar asociadas a la autonomía provincial, fueron defendidas abiertamente contra los intentos del poder central de imponer la uniformidad.

Estaban también los privilegios de las ciudades. En los Países Bajos y en el norte de Italia, y también en España y en la Francia mediterránea, existían ciudades con facultades de autogobierno muy desarrolladas. La mayoría de ellas habían comprado en los siglos anteriores la inmunidad frente a los impuestos reales, mediante el pago de una suma específica obtenida de los impuestos indirectos recaudados por los concejos. La mayoría de estos concejos estaban formados por oligarquías corruptas y el peso de los impuestos recaía sobre los productos de consumo común que entraban o salían de la ciudad. Parece indiscutible, empero, que las ciudades resultaron muy beneficiadas por la distribución del impuesto, con las posibles excepciones de Gran Bretaña y Prusia, donde los gobiernos centrales decretaron cargas muy gravosas en forma de impuestos indirectos. El habitante de la ciudad era un privilegiado en comparación con su equivalente rural, porque no había ningún impuesto sobre la propiedad urbana comparable al impuesto sobre la propiedad agrícola. La ciudad conservó también el monopolio de los gremios, los cuales fueron creados para proteger a las ciudades de la posible competencia rural, aunque utilizaron mano de obra rural cuando les convino.

Hemos observado que los cargos públicos urbanos, particularmente en Francia y España, eran venales, es decir, que el titular había comprado su cargo y por definición podía disponer de él a voluntad mediante su venta o legado. Por lo tanto, el cargo público era una forma de propiedad y, aunque algunos monarcas intentaron abolir categorías enteras de funcionarios, como en el caso de Francia, el concepto de cargo venal siguió siendo sacrosanto porque era una forma de propiedad.

Existía una estructura de funcionarios incrustados en tribunales y ciudades cuya incompetencia podía no ser detectada por el control central. Los propios monarcas fueron responsables de la creación inicial de estos cargos venales –de los cuales habían obtenido beneficios en el pasado– y de la concesión de peajes en ríos y puentes, así como de monopolios a individuos y compañías a cambio de dinero para la Corona. Muchas de estas concesiones continuaban siendo una fuente de ingresos para la autoridad central, la cual, privada por los estados provinciales y parlements de recaudar impuestos territoriales, no podía permitirse el lujo de sacrificarlas. En este sentido, los monarcas se encontraban envueltos en una estructura privilegiada y obligados a escoger entre una reforma –y una pérdida de ingresos– o una continuidad que implicaba el fracaso de la evolución hacia un sistema más eficaz y racionalizado.

Una apreciación del privilegio en sus múltiples formas muestra lo lejos que se encontraba el siglo XVIII europeo de un concepto universalmente aceptable del Estado tal como lo conocemos; esto es, una entidad política unitaria y autónoma que, por lo menos teóricamente, no reconozca ningún control soberano externo sobre su funcionamiento y no permita a ninguna otra autoridad interponerse entre ella y sus ciudadanos. Aceptando tal definición, solamente Inglaterra, Suecia y Rusia podrían haber reunido los requisitos para tal designación en el siglo XVIII. En las dos primeras, la monarquía y la aristocracia disfrutaban del poder absoluto al no haber reivindicaciones de un reconocimiento aparte de las provincias. En Rusia, las instituciones provinciales nunca estuvieron realmente desarrolladas ni tuvieron la idea de compartir el poder, permaneciendo el gobierno dentro de un concepto patrimonial primitivo.

La historia del gobierno de Europa occidental desde la Edad Media en adelante ha sido la de una autoridad central que trataba de eliminar, en la medida de lo posible, las autoridades intermedias y los privilegios que ponían en peligro el control central. El éxito fue solo parcial. Por ejemplo, aunque el rey de Francia pretendía tener la autoridad absoluta, en 1730 el suyo era un país dividido, con anomalías provinciales respaldadas por los parlements y los estados provinciales, dotado de diferentes códigos legales y a veces de idiomas distintos –bretón, occitano y vasco–, que tenía que reconocer los privilegios particulares de la nobleza, el clero y algunos príncipes. El papa poseía Aviñón y Valréas y la casa holandesa de Orange un enclave en el sur de Francia, estando el rey maniatado para imponer una política central. Su «despotismo» estaba circunscrito por leyes y regulaciones, siendo prácticamente imposible definir dónde empezaba su autoridad y dónde terminaban las leyes e instituciones provinciales, factor que monopoliza la historia política de la Francia del siglo XVIII. Así y todo, el rey de Francia tenía quizá mayor libertad de movimientos que el monarca español, quien en 1730 tuvo que hacer juegos malabares con los intereses respectivos, no solo de Aragón y Castilla, sino de innumerables ciudades que reclamaban el control sobre el campo circundante. En la República Holandesa la autoridad central era casi imposible de localizar. Es cierto que había unos Estados Generales, supuesta amalgama de los intereses corporativos de las siete provincias enfrentadas por disensiones internas, cuya autoridad teóricamente abarcaba las grandes ciudades. Pero, en realidad, los Estados Generales nunca las controlaron y nunca pudieron resolver verdaderamente si era deseable o no tener un estatúder en tiempos de paz, el cual podía subrepticiamente usurpar el poder de los intereses particularistas.

En la Europa central, el concepto de Estado era el más débil de todos y las ramificaciones del poder dentro de los 294 Estados del Imperio germánico casi imposibles de definir. Una federación poco estructurada de Estados se reunía en el Reichtag y profesaba lealtad al emperador del Sacro Imperio Romano. Sin embargo, dentro de cada uno de estos Estados había enclaves, ciudades, propiedades de los monasterios y caballeros imperiales que exigían Reichsunmittelbar, independencia de toda autoridad que no fuese la del emperador. Los territorios de los Habsburgo eran también una federación, parte de la cual pertenecía a la federación del Imperio. Entre el emperador Habsburgo y sus súbditos se interponía una maraña de autoridades provinciales, locales y personales: el siervo de un dominio noble debía obediencia a su señor, el cual tenía derechos sobre su tiempo (y, por tanto, sobre su capacidad de trabajar) y, en consecuencia, sobre sus ingresos. En suma, el señor era el filtro de las decisiones del gobierno.

Las entidades fragmentadas, tales como Italia y los Estados bálticos, eran buenos terrenos de caza para los gobernantes ansiosos de dejar una herencia a sus hijos, que injertaban a una pequeña elite dominante dentro de las estructuras existentes del «Estado». Los Países Bajos del Sur, separados de España en 1713, se convirtieron en parte del dominio austríaco, aunque los Habsburgo habrían estado dispuestos a cambiarlos por Baviera. Sin embargo, ¿cuánta autoridad, cuánto poder real quedaba en Bruselas o Lieja y cuánto asumió realmente Viena? Tal pregunta no tiene una respuesta directa. Se habla del «Estado» prusiano, pero Prusia y Brandemburgo estaban separadas por el amplio corredor del territorio polaco y el «Estado» también incluía a Neuchâtel, en Suiza, y Cléveris y Mark, junto al Rin, todos con tradiciones e instituciones provinciales. Lo que un gobernante podía hacer en Brandemburgo no necesariamente podía hacerlo en Cléveris.

Antes del ejemplo de Suecia en 1772, ningún Estado europeo poseía un documento único en forma de constitución escrita que indicara claramente los principios en que residía el poder. La presión en favor de tal documento se reforzó después de la Revolución americana y de la Revolución francesa, con su sucesión de constituciones. A falta de una constitución, la pregunta de quién tenía poder y qué podía hacer en una determinada entidad territorial daba lugar a continuos y enconados debates. La autoridad central, generalmente representada por la monarquía, hacía llamamientos en favor de una unidad a la que consideraba como necesaria para el interés general y las instituciones particulares respondían con acusaciones de despotismo y violación de las «libertades» esenciales de la provincia y de los intereses sectoriales. Esta larga lucha adquirió un nuevo vocabulario a lo largo del siglo XVIII. El discurso de la crítica política incluyó un lenguaje de derechos, de derechos del hombre y del ciudadano, que era una aportación especial de la Ilustración. Además, y tal vez con especial intensidad en Francia, una novedad fue el desarrollo de una cultura política que no formaba parte de la estructura de instituciones formales del gobierno, cuya base eran los salones y los medios de comunicación en forma de libros y grabados. La voz de la crítica se filtraba hasta estratos más bajos de la sociedad y algo que podría identificarse como «opinión pública», como la que movilizó a las multitudes en los grandes días revolucionarios de 1789, apareció.

[1] G. Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVII siécle, París, 1976, p. 158.

III. EL MUNDO DE LAS IDEAS

ILUSTRACIÓN: Intelectualismo superficial y pretencioso, con un desprecio irracional por la autoridad y la tradición, etc.; aplicado especialmente al espíritu y propósitos de los filósofos franceses del siglo XVIII.

(The shorter Oxford English dictionary, 1865)

La Ilustración nunca ha sido un tema neutral de estudio. Sus protagonistas la consideraron la alternativa crítica que dio lugar al desarrollo de la modernidad, de una sociedad secular dedicada a la felicidad de la humanidad y a la realización del potencial del hombre en la tierra. Esto significaba el reconocimiento de determinados derechos básicos como la libertad de expresión, lo que conllevaba una tolerancia, o el derecho a la protección contra el arresto arbitrario, en una cultura política basada en el debate y el consenso. De hecho, en las últimas tres décadas se han dado muchas nuevas dimensiones al estudio de la Ilustración. El siglo XVIII, se ha considerado «el siglo del libro», un periodo que vio un crecimiento exponencial en la publicación y circulación de ideas sobre cualquier tema concebible. Estas ideas se debatían apasionadamente en los salones políticos, pero también se filtraban al pueblo a medida que aumentaba la alfabetización. Cruzaban las fronteras nacionales a medida que mejoraban los servicios postales. De acuerdo con esta interpretación, gracias a esto el periodo presenció una serie de transformaciones sociales que incluían, desde la aparición de una nueva cultura política, hasta una nueva valorización y reevaluación de la infancia. Al siglo XVIII se le ha llamado «el siglo del niño». También se ha atestiguado un cambio en las relaciones afectivas entre marido y mujer, que produjo el «nacimiento de la familia moderna» ya que, supuestamente, el afecto entre los cónyuges hizo que un culto a la sensibilidad sustituyera a la sombría formalidad de épocas anteriores más violentas. Si a estos cambios añadimos una revolución en el pensamiento económico, que dio lugar a la aparición de las ideas modernas de la economía de libre mercado –laissez faire, en lugar de proteccionismo–, o la idea de una estructura judicial y penal estandarizada que aplicaba castigos según la gravedad del crimen y sustituía el brutal castigo físico por una idea de corrección moral que permitía la reinserción en la sociedad, podemos destacar la diversidad de las intromisiones que se produjeron en la ordenación del hombre y su mundo. Sin embargo, una importante diferencia que ha de tenerse en cuenta es que el alcance intelectual de muchos pensadores del siglo XVIII superó de lejos a su aplicación práctica. En el punto de contacto entre las ideas y su aplicación, a menudo se tiende a generalizar y a creerse la teoría demasiado. Por ejemplo, el concepto del «siglo del niño», tal como se ha descrito a partir de folletos educativos dedicados al desarrollo de la mente del niño, cuyo fin era hacerle comprender su potencial terrenal o convertirlo en el ciudadano ideal, o a partir de juguetes y juegos dedicados al joven consumidor, se refiere esencialmente a los hijos de los ricos, puesto que, durante este siglo hubo unas tasas de abandonos infantiles sin precedentes. Y, a pesar de que, poco a poco, la estandarización de la ley se convirtió en el objetivo de todo gobernante ilustrado y de que, en general, esto se extendiera por todo el Imperio napoleónico, las reformas penales requerían una inversión de recursos financieros en policía e instituciones penales que superaba a los medios que los estados europeos tenían a su disposición. A menudo, estos planes se quedaban en meros proyectos.

Dicho esto han sido las ideas, más que ninguna otra cosa, las que le han dado al siglo XVIII su lugar especial en la historia de la humanidad e ignorarlas sería sacrificar una importante etapa de la evolución de la identidad occidental. Nuestra forma de definirnos como europeos occidentales –seculares, tolerantes, respetuosos de los derechos humanos (un concepto ahora muy ampliado)– debe mucho al discurso de la Ilustración.

El filósofo alemán Kant describió la Ilustración como la mayoría de edad del hombre europeo: el momento en el cual voló con sus propias alas sin el soporte psicológico del mundo antiguo y medieval. Este soporte, la inmutable creencia de que el hombre era parte de un plan divino y su estancia terrenal era una prueba preliminar que les encaminaba hacia el infierno o hacia el paraíso, de que habitaba en una tierra creada por Dios y, de acuerdo con la geografía de Ptolomeo, epicentro del universo, de que debía sufrir esa doble autoridad, la del monarca (aunque fuese aparentemente tiránica) y la de las decisiones de la Iglesia cristiana, portadora de la única verdad, se vino abajo frente a los pensadores de la Ilustración porque se demostró, por medio de la razón y los principios científicos, que era patentemente falso.

Los orígenes de esta notable experiencia intelectual son muy anteriores al siglo XVIII. El empirismo científico, en el cual la exploración a partir de los principios básicos mediante la experimentación y la observación hizo posible la formulación de nuevas leyes que regían la naturaleza del universo –largo proceso desde Copérnico, pasando por Galileo y Francis Bacon, hasta Isaac Newton–, había sido un punto de partida y se había enfrentado a la doctrina establecida del modo más destructivo. El racionalismo, del cual Descartes fue el más explícito exponente, había sido otro de los puntos de partida. Se argumentaba que en el hombre había una facultad innata de razonamiento, capaz a largo plazo de explicar fenómenos previamente misteriosos mediante una lógica inmisericorde que no admitía presunciones. Esencialmente, el empirismo y el racionalismo condujeron al hombre en una misma dirección, es decir, hacia un concepto del mundo que no tenía ya por centro a Dios, sino que existía para el hombre y su disfrute y esta era la única certeza humana.

En un principio, este pensamiento crítico no disminuyó la creencia en un Dios cristiano tal como lo formulaba la Iglesia, sino que más bien llevó a una desestabilización de certezas previas. La ciencia de la cronología, cuando se aplicaba a las Sagradas Escrituras, revelaba inconsistencias en la misma Biblia, que anteriormente se había considerado el intachable depósito de la verdad divina. Tales descubrimientos resultaban turbadores. Además, al empirismo y al racionalismo había que añadirle el relativismo, que era el resultado de un conocimiento mayor, y que iba en aumento, de un mundo más amplio. En 1730, la exploración de América y la penetración de los misioneros jesuitas y dominicanos en Asia llevaban produciéndose desde hacía casi dos siglos, sin embargo, ahora sus informes (especialmente las relaciones de los jesuitas, que empezaron a publicarse a mediados del siglo XVII) llevaban progresivamente a una inquietante percepción de las limitaciones de la experiencia europea. Estaba bastante claro que, aparte de la cristiandad, había otros pueblos que llevaban miles de años viviendo sin conocimiento alguno de Cristo ni de la revelación cristiana, algunos gobernados por autoridades que no justificaban su poder haciendo referencia al derecho divino de los reyes. La percepción de estas diferencias podía inspirar tanto el afán de conquista como el entusiasmo misionero para rescatar a los paganos, pero al mismo tiempo alimentaba la incertidumbre intelectual. Si un Dios cristiano había creado el mundo y ordenado su funcionamiento, ¿cómo podía explicarse la existencia de masas no iniciadas? Algunos recurrieron al estudio de las odiseas de los hijos de Noé para intentar explicar esta paradoja. Otros se quedaron con la incómoda sospecha de que tal vez la cristiandad no disfrutara de un monopolio de la verdad. Los jesuitas intentaron reconciliar las tradiciones cristina y confucionista en China y promovieron la idea de que podía existir gente virtuosa fuera de la cristiandad y de que muchos de los valores de estos pueblos paganos podían reconciliarse con el pensamiento cristiano. Su propuesta fue condenada por hereje, sin embargo, la contemplación de otras culturas desde un punto de vista informado y crítico se convirtió en un ejercicio intelectual habitual. De hecho, tomó un nuevo giro en 1721, cuando Montesquieu publicó sus Lettres persanes, en las que un ficticio grupo de persas llegaba a París y aplicaba su propio punto de vista crítico, su innato sentido del espectáculo y sus presuposiciones sobre la sociedad y gobierno parisinos para describirlos y revelar sus incongruencias. El ejercicio pretendía perturbar y cuestionar las ideas convencionales, para revelar su falta de lógica. Lo que proponía era un reto a la imaginación, más que un programa de cambios.

De hecho, el proceso de ilustración no siguió un camino único y bien definido. No había un marco teórico único que incluyera a todos los críticos. El cuestionamiento de la verdad divina no afectó a la solidez del protestantismo alemán. La naturaleza divina del poder real hacía tiempo que había sido desestimada en Gran Bretaña. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVII, ambas sociedades desarrollaron un interés o una preocupación por los orígenes del gobierno que fomentó la elaboración de teorías de derecho natural y del gobierno como forma de contrato. Si se adoptaba un enfoque antropocéntrico y se tomaba en consideración lo que realmente impulsaba a los hombres a aceptar el gobierno, una autoridad superior, podía argumentarse que lo que impulsaba esta aceptación era la garantía (un contrato) de que se mantendrían ciertos derechos fundamentales que incluían la conservación de la persona y de la propiedad. El Essay concerning human understanding (1690) de Locke y sus Two Treatises on Government (1960) tuvieron una importancia crucial a la hora de definir estos temas, pero estas preocupaciones eran compartidas con la misma intensidad en Alemania, en cuyas universidades se desarrolló una distinguida tradición de catedráticos de derecho natural, entre los que se encontraban académicos como Wolff (1679-1754) y Pufendorf (1632-1694). El derecho natural y la noción de contrato, una terminología legal en la que un lenguaje de derechos del hombre reemplazaba al derecho divino, se convirtieron en un punto de referencia fundamental para pensadores como David Hume y Jean Jacques Rousseau. Además, la idea de un contrato que garantizaba ciertos derechos básicos inició una discusión sobre la naturaleza misma de los derechos. La liberación de un gobierno arbitrario (de la tiranía), la libertad de expresión y publicación de opiniones sin censura y la tolerancia de la discrepancia, el derecho a ocupar cargos sin que para ello fuera necesario un origen privilegiado (la carrière ouverte aux talents) eran la clase de conceptos universales que se discutían. La idea de los derechos fue fundamental para definir la crítica a la sociedad existente y, por supuesto, desde entonces ha ido creciendo puesto que, en el siglo XX, la lucha por los derechos de diversos grupos (las mujeres, los niños, las minorías étnicas, los homosexuales) se ha enfrentado al orden universal existente. En el contexto del siglo XVII, dos mujeres, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, utilizaron el concepto de derechos, tal como estaba expresado en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, para exigir los derechos de la mujer. Para Wollstonecraft esto significaba el derecho de las mujeres a recibir una educación igual a la de los hombres y a tener acceso a las mismas profesiones; para de Gouges, entre otras preocupaciones, significaba una liberación de la tiranía dentro del matrimonio, si esta se producía, así como la reivindicación de derechos fundamentales para las madres, como la custodia de los niños. En el contexto del siglo XVIII ninguna de las dos consiguió alcanzar el éxito pero, a la larga, la noción de derechos es lo que ha permitido avanzar en la lucha por los cambios.

La noción de derechos tenía una dimensión económica que fue desarrollada por un grupo de pensadores franceses, los fisiócratas, entre los que, quizá, el más destacado es Quesnay, y también por Adam Smith y el grupo conocido como los economistas británicos clásicos. Empezando esencialmente por la premisa de que los hombres entran en la sociedad civil con unos derechos que garantizan la santidad de su propiedad, la promoción de unas condiciones (la economía de libre mercado o laissez faire) que les permitan maximizar su riqueza es, para estos pensadores, un objetivo integral que lleva al enriquecimiento general de toda la sociedad.

Todo intento de reducir el pensamiento ilustrado a una síntesis estará encaminado al fracaso. Dejando a un lado a un puñado de pensadores, la mayoría no fueron grandes intelectuales ni se abrieron camino con rigurosa certeza. Como la carcoma de un edificio gótico, excavaron un túnel en el puntal intelectual de siglos, pero en muchos casos apenas se preocuparon de la reconstrucción. La Ilustración estuvo circunscrita en tiempo, lugar y extensión. Después de un resuelto comienzo a fines del siglo XVII, decayó como movimiento, alcanzó su punto culminante en 1734, con la publicación del Essay on man, de Pope (síntesis del pensamiento deístico), las Lettres philosophiques, de Voltaire (observaciones sobre la relativa libertad del pensamiento, la prensa y las instituciones inglesas), y La considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, de Montesquieu, una nueva aproximación empírica a la historia que tomaba en consideración la historia política de las civilizaciones para extraer los puntos fuertes y débiles de distintos tipos de gobierno. Durante la siguiente década se agitó suavemente, para irrumpir a finales de la década de 1740, sufriendo una condena oficial que engendró un acceso de pesimismo en la década de 1750. Pero en la década de 1760 floreció nuevamente y en la de 1770 había creado una especie de ortodoxia institucional.

En términos generales, la Ilustración fue un fenómeno de la Europa occidental y central, incluidos Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, los territorios de los Habsburgo y, en menor grado, España. Afectó únicamente a las personas con una mayor educación y resulta casi imposible saber qué porcentaje de la población podría incluirse dentro de este grupo. Las estadísticas de alfabetización suelen referirse únicamente a la habilidad de firmar con el nombre, por lo que, de acuerdo con estos criterios, al final del siglo XVIII dos tercios de los hombres franceses y alrededor de un tercio de las mujeres podían considerarse alfabetizados. Los niveles en Gran Bretaña, los Países Bajos y partes de Alemania eran más altos y los de España e Italia eran, en general, más bajos. En Gran Bretaña había una gran disponibilidad de lecturas avanzadas, textos discursivos de noticias y traducciones. Las Provincias Unidas, donde había poca censura, también contaban con un comercio de libros organizado que abastecía a un público lector establecido. La evasión de la censura por medio de la publicación en las Provincias Unidas y el contrabando de libros a Francia fue todo un arte e hizo que entre los intelectuales hubiera un elemento de aventura de una intensidad que posiblemente faltara en otros lugares. Las ideas de la «república de cartas» circulaban en muchos ámbitos: en los salones parisinos, en las academias provinciales francesas, que proponían los temas principales de ensayo, en sociedades de debate y asociaciones similares que se formaban en las ciudades, y también en libros, folletos, cartas y grabados.

Es siempre difícil determinar hasta qué punto llegaron estas ideas a la sociedad o establecer la relación entre el pensamiento y la acción política. No es de extrañar que se considere que Francia –donde se produjo la Revolución en 1789– fue el lugar en el que se produjo el desarrollo más radical. Las opiniones de las elites de los salones y las academias francesas reverberaban por la capital. Periodistas populares de poca monta, impresores y charlatanes moldearon entre ellos algo que podría llamarse opinión pública. Con una actitud crítica hacia el gobierno, a menudo a favor de los parlamentos, hostil hacia la familia real y especialmente hacia la reina extranjera María Antonieta, los medios se dedicaron a socavar la base de la autoridad política existente ante un público más amplio.

También es en Francia donde, después de la Revolución, pueden observarse con mayor claridad políticas que reflejan las ideas de la Ilustración. La redacción de las Constituciones, la Declaración de los Derechos del Hombre, el requisamiento del patrimonio territorial de la iglesia católica, los proyectos para ayudar a los pobres y para destruir el privilegio o codificar la ley, muestran a la Ilustración en acción. Sin embargo, mucho antes de que la revolución asomara por el horizonte, observamos que en los lugares en los que había ministros e individuos seguidores de las ideas ilustradas ocupando cargos en los que podían influir en las políticas, así lo hacían. En este apartado se encuentran Sonnenfels y van Swieten, Turgot, Cocceji y Aranda, quienes, en distintos contextos, intentaron cambiar las políticas de su nación.

Hay dos factores a los que no hay que restar importancia. En primer lugar, muchas de las más notables mentes eran extremadamente individualistas. Por ejemplo, Voltaire y Rousseau no encajan adecuadamente en lo que podría considerarse la línea principal de acción. En segundo lugar, la ilustración tenía un significado y un énfasis distinto en diferentes contextos nacionales. La Ilustración francesa estaba sustentada en los salones: una anfitriona sucedía a otra o rivalizaba con ella. Madame de Lambert, Madame du Deffand, Madame Geoffrin, virtualmente las últimas patrocinadoras de la Encyclopédie, invitaban a sus salones a pensadores y escritores que formaban progresivamente tertulias de hombres de mentalidad similar y se reforzaban unos a otros en sus posturas contrarias a los prejuicios «góticos». Los miembros de estas tertulias llevaban a amigos, visitantes extranjeros y discípulos a los salones, hasta que en la década de 1770 el ingreso en un salón dependía de las relaciones adecuadas. Hay quien dice que, en este punto, la Ilustración se osificó. Otros, sin embargo, herederos en gran medida del trabajo del sociólogo alemán Jürgens Habermas, consideran al salón como un foro de debate importante, casi institucionalizado, crucial para el desarrollo de las ideas en una sociedad en la que el poder no estaba compartido sino concentrado en manos de un gobernante que alegaba estar legitimado por Dios. Aunque estas reuniones se llevaban a cabo en la privacidad de una casa adinerada y estaban reguladas por una anfitriona de acuerdo con unas reglas de actuación bastante estrictas, la disciplina impuesta por esta estructura hizo que un espacio privado se convirtiera en un foro público de gran utilidad y la asociación de hombres discursivos creó una voz alternativa (o unas voces, teniendo en cuenta las muchas discrepancias que había). Al final, esto ayudó a la formación de una sociedad civil políticamente consciente que avanzó hacia el cambio social.

Las anfitrionas (salonnières) realizaban su trabajo con mucho empeño y a menudo llevaban a cabo importantes intercambios epistolares con eruditos y pensadores extranjeros. Sin embargo, no debemos considerar a estas mujeres feministas precoces, sino facilitadoras de conversación y comunicación, que ofrecían, de su propio bolsillo, un ambiente cómodo para el filósofo y enriquecían la experiencia del pensador, invitando a intelectuales extranjeros. El trabajo de la anfitriona conllevaba mucha planificación, que incluía la elaboración de una agenda de preguntas, pero ella no expresaba su opinión. El abad Morellet insistía en que Madame Geoffrien, una de las más famosas anfitrionas, ambicionaba «ofrecer los medios para servir a hombres de letras y artistas […], ayudar a relacionarlos con hombres poderosos e influyentes».

Los salones suscitaron un movimiento más profundamente hostil a la religión establecida y más abiertamente interesado en limitar el poder de la monarquía que en ninguna otra parte. La Ilustración alemana, igualmente intensa, se centró, quizá más prosaicamente, en las universidades, las más vigorosas del siglo XVIII europeo. En este caso la fuerte autoridad del príncipe era considerada como el mejor medio para salvaguardar la felicidad del individuo, ya que la persistente influencia del pietismo protestante y de la Ilustración católica impidió al intelectual alemán seguir el rumbo de los franceses y británicos hacia el deísmo o, en casos aislados, hacia el ateísmo. El deísmo –creencia en una presencia divina no específica, en una religión de benevolencia, sin una forma institucional estructurada, dedicada a la búsqueda de la felicidad humana– se desarrolló de modo distinto en el ámbito francés que en el inglés. Quizá esto se debió, como Voltaire señaló en su Lettres philosophiques, a que la Iglesia en Inglaterra había aprendido a convivir con las múltiples sectas y, por tanto, podía contener al deísmo sin excesivo esfuerzo. En Francia, por el contrario, la Iglesia católica estaba obligada a reaccionar vigorosamente y, por tanto, había una preocupación intelectual casi frívola en los salones por las odiseas de los filósofos, que cortaban gradualmente sus vínculos con su herencia religiosa. No es casual que el barón d’Holbach cambiara su Alemania natal por París para librar su guerra personal por Dios en el incontrolado pero tranquilizador ambiente de un salón en el que un conservador tradicionalista no tenía cabida. Compárese con la desesperada lucha de Lessing por conservar alguna brizna de fe en una universidad alemana donde tradicionalistas e innovadores se encontraban en un mismo terreno.

Cualesquiera que fuesen las diferencias nacionales o individuales, la Ilustración declaró la guerra a unos enemigos comunes: en religión, la superstición, la intolerancia y el dogmatismo; en política, la tiranía; en la sociedad, el prejuicio, la desigualdad, la ignorancia y cualquier obstáculo a la realización del pleno bienestar físico e intelectual de un individuo en la tierra. La más vapuleada de todas fue la Iglesia católica, como supuesta conservadora de las ilusiones del pasado. La Iglesia se había visto obligada, durante la Reforma, a enfrentarse a los disidentes, pero nunca antes se había enfrentado a un movimiento claramente hostil a una fe institucionalizada, a un movimiento que cuestionaba el derecho de nadie a tener el monopolio de la verdad. En sus comienzos, la Ilustración había estado en manos de judíos como Spinoza o protestantes como Bayle, pero a mediados de la década de 1730 se instaló en la capital de Luis XV, cuyo título incluía el de «Rey cristianísimo» y se atrincheró en la société du bon ton. Durante los veinte años siguientes en que Voltaire y Montesquieu ocuparon el proscenio de la Ilustración francesa, hubo, a pesar de los intentos gubernamentales de represión y de la condena de la Iglesia oficial, una activa circulación clandestina de cientos de manuscritos o panfletos procedentes de las imprentas protestantes de Ámsterdam. Entre estas obras había algunas verdaderamente desconcertantes, como un supuesto testimonio de retractación de un sacerdote, Meslier, que declaraba haber sido ateo durante toda su vida o, en la década de 1740, el de un escéptico sacerdote llamado Dumarais cuyo panfleto Le philosophe intentaba describir a un individuo –y ninguna descripción se aplicaba mejor a los philosophes– que se había liberado de los prejuicios y errores de una educación religiosa y reconocía que la religión estaba basada no en la razón, única guía del philosophe, sino en la ignorancia, la credulidad y la pasión humanas, en la esperanza y no en la realidad. El philosophe, concluiría Dumarais, sigue las observaciones y la evidencia de sus sentidos; está comprometido con la sociedad y con el perfeccionamiento de la condición humana a través del conocimiento y, sobre todo, con la búsqueda de la verdad. Casi contemporáneamente fue publicado un tratado de Fontenelle llamado Nouvelles libertés de penser (1743), el cual versaba sobre los mismos conceptos.

Desde mediados de la década de 1740, los philosophes formaron un grupo diferenciado, dispuesto a cuestionar a la Iglesia y el Estado, algunos de cuyos miembros procedían del seno mismo de la Iglesia. Las obras más avanzadas de principios de la década de 1740 mostraban simplemente una tendencia hacia el deísmo. Lo peor estaba por venir. Mientras el Parlamento de París decretaba la quema de folletos deístas completamente convencionales, como Les moeurs de Toussaint, pensadores progresistas como La Mettrie, en L’homme machine (1748), difundían ideas ateas en obras que negaban la espiritualidad del hombre y el concepto de «alma». Incluso la obra, sobre todo la política, de Montesquieu, De l’esprit des bis (1748), que se puede considerar el libro más influyente del siglo, asestó algunos duros golpes a la Iglesia establecida con una cuidadosa argumentación de la tolerancia religiosa y una crítica al predominio de la Iglesia en la sociedad. La educación de la Iglesia y un concepto de caridad que minaba la dignidad natural del trabajador al permitirle vivir como un parásito de la generosidad de los que pensaban estar así comprando una llave para su salvación eterna, esclavizaban a la sociedad y servían a los propósitos de la Iglesia.

La Encyclopédie (cuyo primer volumen fue publicado en 1751) resumía de forma explícita hasta dónde habían avanzado los philosophes en el sendero de la razón, y su introducción, el Discours préliminaire de d’Alembert, era prácticamente una reseña histórica del impacto de los modernos enfoques científicos sobre los procesos mentales del mundo antiguo y medieval. No fue sino en 1759 cuando la Encyclopédie, ya en siete volúmenes, fue incluida en el Índice. De l’esprit, de Hélvetius (otro monumento al ateísmo) y el Poème sur la loi naturelle de Voltaire (moderadamente deísta) fueron condenados a un mismo tiempo a las llamas por el Parlement de París.

Casi cinco años después, apareció la primera obra francesa sobre el sensualismo o conocimiento obtenido por los sentidos, atribuible al abate de Condillac (observemos que se trata también de un clérigo). El sensualismo se centraba en el discernimiento sensual del placer, el dolor y la satisfacción en el hombre. El sensualismo se convirtió, de hecho, en la doctrina más notable de las décadas de 1750 y 1760 y los trabajos más influyentes en esos años fueron los del filósofo escocés David Hume, siendo los más significativos de todos el Treatise of human nature (1740) y la Natural history of religion (1757), los cuales encontraron eco en Boulanger y el presidente Des Brosses. Hume defendía la falta de fiabilidad de las pruebas de los sentidos, pero se embarcaba en una explicación de la evolución de la religión que hacía referencia a los temores y aspiraciones primitivos del hombre antiguo, el cual, rodeado de la enfermedad y el hambre, era incapaz de explicar los fenómenos naturales. La religión era, pues, presentada, no como un engaño perpetrado desde arriba, sino como un fenómeno histórico desarrollado desde abajo, a partir de los sentidos del hombre, y, en cuanto tal, era considerada como parte de la historia de la humanidad.

Es importante señalar hasta qué punto el sensualismo redujo los tomos seculares de teología cristiana a una afirmación pasajera en la historia del desarrollo de la humanidad. En última instancia, el concepto de sensualismo fue tal vez la herramienta más primitiva del ateísmo. En manos de Hélvetius, y aún más en las de D’Holbach, fue usada para convertir el ateísmo en un credo tan dogmático como todo lo bosquejado por la Iglesia cristiana. En De l’esprit se afirmaba que, si todas nuestras ideas provienen de nuestros sentidos, estas emanan de un equipamiento sensorial que escapa a nuestro control y, por lo tanto, las ideas del hombre están predeterminadas independientemente de cualquier fuerza moral, aunque la educación y la búsqueda de la virtud puedan actuar como factores condicionantes. D’Holbach prescindió de todas estas consideraciones. El equipamiento sensorial del hombre lo transformaba en una máquina: no tenía libre albedrío; su único motor era la necesidad y la única función de la educación era explicar dicha necesidad a los jóvenes. El Système de la nature (1770) fue el término de esta evolución y con él d’Holbach dividió a los philosophes, muchos de los cuales encontraron aún más repelente el dogmatismo ateo que aquel al que debía reemplazar. Voltaire estuvo entre los que consideraron que D’Holbach había perpetrado un acto de tiranía intelectual.

¿Hasta qué punto el anticlericalismo y el ataque sobre las prácticas católicas convencionales llegaron a la sociedad y constituyeron un movimiento perceptible de alejamiento de la Iglesia? Aunque reconozcamos las semillas de la secularización en intelectuales concretos, hay abundantes pruebas para insistir en que las creencias populares permanecieron inalteradas y en que, aunque los clérigos ricos pudieran haber provocado un cierto anticlericalismo, esto no afectó a la fe popular. Los que se han ocupado de calcular los números de las personas que no iban a misa semanalmente, en las parroquias de la Francia rural, raramente encuentran más de un 2 o un 3 por 100 de hombres y casi ninguna mujer. El impacto de la Ilustración sobre las prácticas del bautismo infantil, el matrimonio y la extremaunción fue prácticamente nulo. Sin embargo, entre las elites, hubo ciertas modificaciones en algunos de los aspectos más extravagantes de la religión barroca, como las peticiones de centenares de misas por el reposo de un alma en el Purgatorio, los elaborados monumentos funerarios y las procesiones. Lo que también resulta llamativo es el descenso que se produjo en el número de hombres y mujeres que entraban en órdenes contemplativas. Sin embargo, las órdenes femeninas que operaban fuera de los claustros siguieron creciendo.

Hemos visto que algunos clérigos se convirtieron a los conceptos de la Ilustración. Sin duda, la Iglesia católica, o por lo menos, sectores de ella, aplicó su propio proceso racional a las críticas dirigidas por el pensamiento moderado de la Ilustración a la Iglesia oficial y se mostró dispuesta a remodelarse introduciendo ciertas modificaciones. Este contramovimiento, conocido como la Ilustración católica, fue casi tan difuso como la propia Ilustración. En algunos casos, fue simplemente la continuación de los principios de la Contrarreforma. En otros, reflejó algo de la perceptible escisión de la Iglesia francesa entre jansenistas y jesuitas a fines del siglo XVII y el término jansenista muchas veces cubre (de forma un tanto engañosa, ya que el movimiento inicial fue primordialmente teológico, relacionado con el concepto de la gracia) a los exponentes de la Ilustración católica, no solamente en Francia, sino también en los Países Bajos austríacos, Austria e Italia. La Iglesia produjo ciertamente laxistas y rigoristas, reformadores y tradicionalistas, los cuales reflejaron una crisis intelectual general, que alcanzó su apogeo a partir de la década de 1740. El conflicto entre estos puntos de vista quizá debilitó la postura de la Iglesia enfrentada a los ministros y funcionarios que solicitaban cambios de acuerdo con la filosofía de la Ilustración. En la década de 1740, Muratori propuso a la curia papal un programa de reformas basado en los principios de la Ilustración católica, pero fue rechazado a finales del pontificado de Benedicto XIV.

La Ilustración católica intentó confundir a sus críticos mediante un movimiento destinado a reforzar la espiritualidad de los fieles al nivel parroquial, aplicando una nueva austeridad moral a las costumbres de los feligreses. Esto llevó a dar más importancia a la formación del párroco con la ayuda de un número considerable de seminarios en Francia, Alemania y los territorios de los Habsburgo y una supervisión mayor de la conducta del sacerdote y de su asiduidad a la instrucción catequística. También llevó consigo una actitud muy rigurosa frente a la superstición, los milagros, los santos de origen sospechoso y los aspectos más pintorescos de las creencias populares que implicaran aspectos paganos. Los días del santoral y los festivos fueron reducidos en todo el mundo católico, y esto sin instrucciones del papa. Los obispos, especialmente en Francia y en los territorios de los Habsburgo, emprendieron personalmente una violenta campaña contra las procesiones en honor de los santos locales que, a menudo, daban motivo a borracheras y violencias. Miraron también con recelo el aumento de las pintorescas misiones populares, las cuales habían ganado importancia durante la Contrarreforma, pero alcanzaron nuevas cotas en el siglo XVIII con las actividades de los redentoristas.

En resumen, en nombre del reformismo ilustrado, la Iglesia católica, para aplacar a una pequeña minoría de intelectuales, decretó una guerra a las costumbres religiosas de la mayoría de sus feligreses y con ello cometió quizá un error de apreciación fundamental a la larga, porque los intelectuales habían roto sus vínculos con ella mientras que la religión de las masas, aunque débil en materia de doctrina, se basaba en el fervor y la tradición. Estos, como la Revolución francesa iba a demostrar, le daban una fuerza mucho más poderosa que cualquiera generada por los philosophes. Es interesante observar cómo los pensadores ilustrados y los jansenistas pudieron encontrar un terreno común para condenar las actividades de los convulsionnaires de Saint-Médard: curas supuestamente milagrosas, efectuadas junto a la tumba del jansenista François de Pâris, de tullidos y enfermos que caían en convulsos temblores. Para ambos, esto era un ejemplo de error y superstición.

Hay que reconocer otro aspecto de la Ilustración católica, aunque tuvo su contrapartida –la condena de la vida contemplativa–: la denuncia de las actividades de las órdenes ultramontanas «laxistas» (los jesuitas, con sus generosas teorías del perdón divino y su sometimiento a Roma, por ejemplo) y la participación en el desmantelamiento del control clerical de la educación superior. Hubo incluso una predisposición, verdaderamente nunca ausente de la Iglesia, a criticar la riqueza y la pompa. En algunos casos, la Ilustración católica simplemente aceptó lo inevitable, ya que el sistema estatal había escogido a los jesuitas y los contemplativos, así como las riquezas de los establecimientos monásticos infrautilizados como blanco de sus condenas. Pero, en el caso austríaco, por ejemplo, el grupo conocido como «los grandes» (Die Grossen), que fue responsable de la expulsión de los jesuitas y de la reforma de las universidades, incluía a muchos sacerdotes y laicos devotos bajo la influencia «jansenista», como Ambrose Stock, director de estudios teológicos en Austria, e Ignaz Müller, confesor personal de María Teresa en 1767, y al mismo Van Swieten. En España, la infiltración de la Ilustración puede ser atribuida a los elementos regalistas en la Iglesia española que Carlos III comenzó a utilizar en 1759 para acelerar el cambio. Resumiendo, la Iglesia produjo elementos claramente anticlericales que estaban preparados para dar la bienvenida al cambio y adaptarse a él.

Pero aun así, las fuerzas de la reacción seguían en pie. El Índice crecía de año en año. La Inquisición, aunque cansada e inconexa, realizaba su trabajo ocasionalmente, y el caso Calas mostró que, incluso en Francia, todavía era posible que en 1762 un protestante fuese torturado y destrozado en el potro por la falsa atribución del asesinato de su hijo convertido al catolicismo.

La agitación del pensamiento religioso solo era igualada por la del pensamiento político. La base común fue la asimilación del principal legado del siglo XVII, la doctrina del derecho natural: que en política existen principios racionalmente descubribles, de aplicación universal, a los que los Estados deben atenerse. Esto implicaba una búsqueda de los orígenes de la organización política: el contrato original mediante el cual el individuo debía buscar la garantía de su bienestar en la organización política. ¿Qué intereses comunes unían a los hombres? El siglo XVIII mantuvo, junto a la búsqueda de los principios básicos, un interés opuesto por la observación empírica del motor de los diversos Estados u organizaciones políticas. Esta oscilación entre los dos intereses, el teórico, por un lado, y el histórico y práctico, por otro, no podían dejar de producir grandes divergencias, especialmente en los diferentes contextos nacionales. El pensador político más influyente de Europa occidental, Montesquieu, habría argumentado que esto era, en efecto, lo que debía ser y que solo se puede hablar de lo que debería ser en base a lo que es. A pesar de todo, y aquí también fue posible un consenso, en política lo que se debía evitar era la tiranía (definida de diversos modos) y lo que se debía alcanzar era la libertad (concebida de diversos modos): libertad de conciencia, libertad contra la opresión, la explotación y la ignorancia, pero no libertad hasta el punto de permitir la autodestrucción. La función de la política era garantizar al máximo la libertad individual sin que eso limitara la de los demás. Esta debía ser la finalidad del gobierno. Basándose en la observación directa de las prácticas francesas (Montesquieu era miembro del Parlement de Burdeos) y en la experiencia relativamente próxima de la estructura política británica, que comprendió de un modo imperfecto, así como en lo que había leído del mundo antiguo y del Oriente, clasificó a los gobiernos en tres tipos. Afirmaba que cada tipo se caracterizaba por un rasgo distintivo: la república por la virtud, la monarquía (moderada por la aristocracia) por el honor, y el despotismo, que solamente se distinguía por el temor. Montesquieu no ocultaba a sus lectores, aunque no lo decía explícitamente, que consideraba el constitucionalismo aristocrático como el mejor medio de protegerse contra el abuso de poder de una autoridad despótica. Discernía en el modelo británico un equilibrio de poderes logrado mediante la separación de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del gobierno, y, por extensión, dejaba a sus lectores convencidos de que los controles tradicionales sobre la monarquía, los parlements y los estados provinciales franceses debían ser dotados de poderes análogos a los de la legislatura bicameral británica, a fin de que sirvieran de limitación efectiva al despotismo ministerial.

No es de extrañar que las aristocracias de Europa, desde las magiares a las suecas, encontraran L’esprit des bis muy de su gusto, mientras que las Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France (1746) del marqués d’Argenson llamaban menos la atención. D’Argenson procedía de una familia que durante generaciones había ocupado repetidas veces cargos ministeriales, y el libro planteaba una situación política en la que el poder de los parlements era minimizado, la venalidad abolida y los magistrados populares elegidos en las localidades como agentes directos de la autoridad real absoluta. La democracia real era una propuesta poco atractiva, de todos modos, en el contexto del Ancien Régime. Igualmente limitada era la obra de Jean Jacques Rousseau Du contrat social (1762), muy complicada y poco comprendida, y quizá la más probatoria y polémica manifestación del periodo, con sus nociones de soberanía popular encauzada por conveniencia (raison d’état) hacia determinadas formas políticas. No fue rival para el estudio de Montesquieu, claramente pragmático y fácilmente comprensible, que indicaba la necesidad de una autoridad real limitada por los controles institucionales.

Pero la autoridad real fuerte y sin trabas, como el mejor medio de garantizar la libertad individual, encontró sus protagonistas en Europa occidental entre aquellos que enfocaban la política desde un ángulo completamente distinto al de los defensores del derecho natural y del contrato social original, esto es, de un grupo conocido como los fisiócratas, que no eran pensadores políticos propiamente dichos, sino hombres a menudo aclamados como los fundadores del pensamiento económico moderno. La doctrina fisiocrática evolucionó gradualmente durante la década de 1760, en buena parte como resultado de las ideas de dos hombres, Quesnay y el conde de Mirabeau. En cuanto movimiento, la fisiocracia transformó a la economía en una nueva ciencia, la de la riqueza, sacándola del papel subalterno que había desempeñado desde Aristóteles a Rousseau en el pensamiento político, donde simplemente equivalía a una parte de la administración del Estado y estaba determinada por el orden sociopolítico. En cuanto manifestación directa del orden natural y, por lo tanto, en cuanto determinante del orden socio-político, la economía logró una nueva significación.

Quesnay era un animal político (quizá el primero de todos) interesado, más que nada, en la mecánica de la producción de la riqueza y en la forma de aumentar las rentas del Estado. Quesnay equiparó los productos de la tierra –granos, vinos, alcoholes, sal, linaza, lino, lana y ganado– con la riqueza y sostuvo que el deber del Estado era crear un marco para una producción más eficiente de esa riqueza, la cual, a cambio, llenaría las arcas estatales. El marco para una producción eficiente era la economía de mercado (laissez faire) que implicaba (aunque Quesnay era poco específico en su vocabulario) el nacimiento de la agricultura capitalista. La tarea del gobierno era librar al mercado de todas las restricciones a la venta y la distribución del grano. Aquí Quesnay optaba por un concepto de gobierno autoritario único, capaz de imponerse a los intereses particulares, concepto al que Mirabeau, cuyo punto de partida era la profunda creencia en la santidad de la propiedad y en las virtudes de una nobleza hereditaria, había dado forma. Mirabeau incluía el reconocimiento de la santidad de la propiedad en un nuevo desarrollo del derecho natural que se convirtió en la base del pensamiento político fisiocrático. La propiedad precede al gobierno y una parte intrínseca del contrato original es la santidad de la propiedad. Por tanto, el gobierno nace de la propiedad y no puede amañar las leyes fundamentales de la propiedad sin crear un caos social. Basándose en tales premisas, Quesnay insistía en que la ley más fundamental de la propiedad era el derecho económico del propietario de la tierra a exigir el máximo rendimiento de su inversión. De este modo surgió el concepto de despotismo legal, gobierno autoritario cuya misión era garantizar los intereses de una sociedad de mercado basada en unas relaciones de producción capitalista.

La fisiocracia tuvo, por supuesto, que enfrentarse a la cuestión del privilegio y vio en este un obstáculo al derecho del individuo a explotar al máximo su propiedad. Los peajes, las aduanas, tanto internas como externas, los impuestos sobre las mercancías, la existencia de individuos exentos de impuestos debían ser anulados, y el Estado debía aplicar solamente un impuesto uniforme sobre la tierra, fijado de acuerdo con la riqueza de esta. Solo un monarca fuerte y autoritario podía imponerse a los privilegios. Habrá también otros blancos en el campo de tiro de los fisiócratas, como las prácticas restrictivas de los gremios y la protección estatal a industrias específicas.

Los fisiócratas hicieron evidentemente dos cosas: pusieron fin al mercantilismo mediante la exaltación de las virtudes del libre comercio y ofrecieron a la monarquía una nueva razón de ser como primer servidor de un Estado dedicado a maximizar el potencial económico del hombre. En el contexto de Europa occidental, los fisiócratas fueron los exponentes de la teoría del absolutismo ilustrado. De esta forma, encaminaron a Europa occidental hacia una serie de conceptos intelectuales sostenidos desde hacía tiempo por los pensadores políticos alemanes, los cuales no enfocaban el problema de la autoridad a través de la economía, sino a través de diferentes interpretaciones del derecho natural y de referencias empíricas a una estructura política muy diferente de la de Francia.

En Europa central hubo relativamente poco entusiasmo entre los teóricos por la idea de una monarquía limitada por la aristocracia de Montesquieu. Quizá, como ha argumentado Leonard Krieger, esto se debió a que la histórica fragmentación territorial de Alemania y su peculiar estructura política, en la que el príncipe era el gobernador en su propio Estado, pero representante dentro del Reichtag, hizo que los pensadores alemanes asociaran la libertad política con la fuerte autoridad del príncipe, eliminando así las bases del antagonismo entre súbdito y gobernante. La disensión dentro de un Estado se consideraba como una merma de la fuerza del Estado dentro del Imperio. Aunque Leibnitz, por ejemplo, estaba dispuesto a reconocer la existencia de tiranías hereditarias de gobernantes absolutistas, insistía en que la conveniencia, la necesidad de evitar el caos y de presentar una imagen de fuerza al mundo exterior, era una consideración de primer orden y que un súbdito no tenía derecho a oponerse, ya que los males causados por la rebelión eran peores que las causas de la queja. Los tres grandes exponentes del derecho natural, Pufendorf (1632-1694), Thomasius (1658-1728) y Wolff (1679-1754) defendían todos ellos una base contractual para el desarrollo del Estado y consideraban necesarias las reformas en el gobierno existente, pero ninguno exigió salvaguardias constitucionales ni concibió una alternativa al ilimitado poder del príncipe. Pero al príncipe no le quedaba ninguna duda sobre lo que se esperaba de él en el mundo moderno del siglo XVIII. Su trabajo tenía una dimensión nunca antes concebida. En la Política de Wolff, el príncipe debía supervisar la economía, la educación, las instituciones benéficas y, cuando estas eran escasas, crear los necesarios orfanatos, asilos para pobres, etc. Además, Wolff no sacrificaba estos grandiosos principios a detalles insignificantes. Supervisar la economía suponía controlar la inmigración y la emigración, conocer las cifras de los distintos ramos, fijar los salarios y las horas de trabajo e imponer fuertes multas a los vagos.

La Ilustración alemana no fue menos explícita que la francesa o la italiana a la hora de insistir en la tolerancia religiosa, oponerse a los privilegios sociales y reivindicar el derecho del hombre a la mayor plenitud posible de su vida en la tierra, pero veía en la autoridad del príncipe el medio más seguro de llegar a ese fin. El cameralismo alemán, como fue llamado este movimiento, difería de la concepción fisiocrática del gobierno en un aspecto fundamental: su hincapié en el derecho del Estado a intervenir a cualquier nivel y, por tanto, en el papel positivo del gobierno. Por el contrario, la fisiocracia contemplaba un Estado donde el gobernante eliminase los obstáculos a cualquier tipo de libertad, ya fuese económica, social o religiosa, y luego simplemente velase porque la situación se mantuviese. El cameralismo tuvo en los Estados alemanes y en Europa central una influencia mucho mayor sobre los gobiernos de la que tuvieron los fisiócratas sobre los gobernantes de Europa occidental, por razones obvias. Derivaba de forma natural de una antigua concepción del papel de los Estados alemanes dentro del Imperio y hasta finales del siglo XVIII, con el advenimiento del Romanticismo y del nacionalismo y la fuerte reacción contra el autoritarismo autocrático, no tuvo serios rivales. La fisiocracia, por el contrario, nació abruptamente en un contexto donde la monarquía limitada era un serio competidor en cuanto a la concepción del papel del gobernante en la sociedad y donde ya existían instituciones que recortaban estrictamente la libertad de acción de la monarquía. Cuando se considera el despotismo ilustrado, la relación entre un movimiento intelectual y la práctica real del gobierno, esta distinción ha de ser tenida muy en cuenta.

Durante un siglo o más, ha estado de moda pasar revista a los gobernantes de la Europa occidental del siglo XVIII y señalar su grado de aceptación de la Ilustración y su grado de conformidad con un modelo de despotismo ilustrado. Tal ejercicio exige que consideremos lo atractivos e incluso seductores que eran los principios de la Ilustración para unas monarquías que trataban de resolver el problema de la financiación de sus ejércitos y armamentos frente a unas instituciones que le disputaban el poder del dinero y la tiranía del absolutismo. Vista de este modo, la filosofía de la Ilustración justificaba nuevamente a una monarquía despojada del concepto del derecho divino de los reyes, dotándolos de una nueva función, la de primer servidor del pueblo. Este enfoque permite como corolario la reflexión de que el nuevo despotismo no era sino el viejo despotismo débilmente reorganizado. ¿Qué había de nuevo, después de todo, en el intento de imponerse a los privilegios de los nobles, despojar a la Iglesia de sus riquezas o llenar las arcas del Estado más eficientemente? ¿Eran tan distintas las burocracias creadas por las monarquías del siglo XVIII de las creadas en las postrimerías de la guerra de los Treinta Años? ¿Era el despotismo ilustrado simplemente despotismo en su última etapa?

Aunque sea obvio el sentido del enfoque, este no lo explica todo. La influencia de la Ilustración fue profunda y puede ser detectada en la legislación de prácticamente todos los gobernantes en la segunda mitad del siglo XVIII. Las ambiciones de los gobernantes no fueron estimuladas en ninguna parte por la reforma de las leyes, la difusión de la educación secular o la tolerancia religiosa, aunque en todos los países se realizaron algunos intentos en esa dirección. Pero una cosa es la influencia de la Ilustración y otra muy distinta trasladar el original del despotismo ilustrado a un modelo funcional. Ningún gobernante de un Estado poco homogéneo iba a hacer de este un laboratorio experimental para una serie de principios políticos preconcebidos. Además, las tradiciones políticas locales limitaban claramente los intentos de cambio.

Se puede ver aquí una estrecha relación entre la teoría y la práctica, en el contexto del Imperio, en Estados como Maguncia, Tréveris o Sajonia. En todas partes las fuerzas de las instituciones provinciales y sociales hacían obviamente impracticable tal unión. El ejemplo de José II es interesante, ya que, como converso al cameralismo alemán, hizo caso omiso de la razón de Estado, premisa sobre la que se había construido el Imperio de los Habsburgo con consecuencias previsibles. Para Federico II, por el contrario, enfrentado con territorios que eran parte del Imperio y donde la relación entre el gobernante y los estados provinciales era armónica, aunque mesurada, el cameralismo fue un proceso más fácil. Así y todo, su apreciación de las condiciones económicas y demográficas locales hizo que Federico II no fuese partidario a ultranza del laissez faire ni de la emancipación de los siervos, por mucho que se sintiera atraído por las filosofías de Europa occidental. En resumen, se ajusta al concepto cameralista del gobernante ilustrado pero no al fisiocrático. En otras partes, el único paralelo con el Estado alemán es quizá el de Toscana, cuya peculiar posición dentro del Imperio austríaco era análoga a la del Estado alemán dentro del Imperio y donde, a finales del siglo XVIII, el gran duque Leopoldo proyectó una situación de acuerdo con los principios y la política cameralista.

La influencia de la Ilustración en la política del Estado en términos religiosos se manifestó en las medidas adoptadas hacia las órdenes contemplativas y, sobre todo, hacia los jesuitas. La expulsión de los jesuitas refleja quizá más que ningún otro fenómeno el carácter de la época.

Este ímpetu provino inicialmente de los portugueses y al principio reflejó tensiones coloniales. La situación se había estado volviendo problemática a lo largo del río Para, donde los jesuitas habían protegido a la mano de obra india de la brutal explotación colonialista. En 1752 un intercambio de territorios entre los gobiernos portugués y español tuvo como resultado que los jesuitas se llevaran de estos territorios a los trabajadores indios que había en sus granjas, junto con todo el ganado, como reacción contra la medida. En la península Ibérica su número era bastante reducido (3.000 en España) frente a los números de las órdenes mendicantes, a quienes a menudo molestaba la influencia de los jesuitas sobre la educación de la elite. Aun así, en España solo tenían diecisiete colegios, mientras que en Francia tenían alrededor de unos 100 y entre sus alumnos se encontraban figuras como Voltaire y Robespierre. Sin embargo, como veremos, en Francia, los jesuitas estaban relacionados con la influencia papal y con una crisis política en la que los parlements se opusieron al registro de la bula Unigenitus (véase cap. 11, «La Francia del Antiguo Régimen»). Una política de honestidad algo dudosa llevó a que Francia, España y Portugal presionaran conjuntamente al papado para que expulsara a la Sociedad de Jesús.

Ni Clemente XIII ni Clemente XIV estaban en situación de tomar una postura resuelta y el último prefirió, como un medio para comprar la paz con los príncipes católicos, sacrificar a los jesuitas en la bula Dominus ac Redemptor (1773), empujando irónicamente a los restos de la orden más hacia el este, donde ni Federico II ni Catalina la Grande se sentían inclinados a considerarlos como un desafío a su autoridad. Como era de prever, este acto del papa no mejoró las relaciones del papado con los príncipes europeos. En Francia la comisión real para la reforma de las órdenes religiosas no contó con la aprobación papal; y en los territorios de los Habsburgo y Portugal, las autoridades seglares procedieron a despojar a la Iglesia de la mayoría de sus riquezas y a acabar con su control de la educación. Además, los cardenales, irritados por el sacrificio de los jesuitas por parte de Clemente XIV, cuestionaron en adelante cada uno de sus movimientos, incluyendo sus intentos de acabar con los abusos económicos y sociales dentro de los Estados pontificios. En la historia del papado, el siglo XVII es una época de vacilación y desconcierto.

No hubo ninguna manifestación popular en apoyo de los jesuitas, tal vez porque se trataba de una organización que tenía más que ver con las elites que con las masas y las prioridades de la religión popular no fueron ofendidas por su expulsión. Es importante enfatizar el hecho de que, aunque la Ilustración se interesaba por la realización del potencial del hombre y de sus derechos sociales y políticos, las actitudes de muchos pensadores hacia las masas analfabetas eran a menudo abiertamente despectivas. El pueblo era ignorante, crédulo y carecía de habilidades racionales. Eran esclavos de sus bajos instintos, proclives al crimen y a los disturbios e indignos de confianza. Pero a los philosophes les abrumaba pensar que el pueblo era el sector de cuyo trabajo dependía la sociedad en su conjunto, y el problema de los philosophes fue cómo reconciliar la utilidad del pueblo con su falta de razón. Su utilidad implicaba el derecho a una justicia imparcial, a un sistema de impuestos justos y a una cierta educación. Hasta dónde debía llegar esta educación fue el tema de prolongados debates intelectuales y alcanzó poco consenso. La mayoría coincidían en que el programa educativo de las masas debía estar dirigido a promover su utilidad social y debía centrarse en el aprendizaje de un oficio. Sin embargo, unos cuantos fueron más allá. Adam Smith, por ejemplo, consideraba que la capacidad de observación y el desarrollo del razonamiento y la conversación eran cualidades que enaltecían la vida y debían estar disponibles para todos, incluso para los más pobres. La capacidad de razonamiento aumentaría el orden público. Condorcet también recomendaba encarecidamente que la educación se extendiera a un amplio espectro de la población. Pero muchos se echaron atrás y erigieron barreras entre la mayoría y ellos, la minoría ilustrada. La educación de las masas no debía estar relacionada con el conocimiento o la alfabetización, sino con la enseñanza de los deberes de su condición. En el tema de la religión para las masas encontramos el mismo doble rasero. Mientras que los pensadores podían cuestionarse las nociones de Purgatorio y condena eterna como invenciones de una Iglesia que pretendía mantener el control a través del miedo, en el caso de las masas no estaban tan dispuestos a desprenderse del concepto de condena eterna.

Este concepto era una de las pocas armas que quedaban para mantener a raya a estas masas de mentes débiles y propensas al crimen y Voltaire consideraba que la conservación de este mito era esencial para mantener el orden en las clases bajas. Diderot y Condorcet estaban dispuestos a aceptarlo, pero Helvétius optó por una religión inventada de utilidad pública basada en los conceptos de la santidad de la vida y de la propiedad.

El pueblo tenía un derecho mal definido al trabajo. Un buen gobierno debía crear trabajo donde no lo hubiera. El pueblo no tenía derecho a la caridad, ni a esperar que el gobierno velase por él mediante la fijación de precios y unos mercados protegidos y, en adelante, sería mantenido dentro de un orden por una justicia imparcial, servida por una fuerza policial numerosa.

Este es, por supuesto, un resumen básico. La tolerancia religiosa y la relativa relajación de la censura tal vez satisficieran a algunos intelectuales pero no tuvieron ninguna significación para las masas. La Europa católica seguía apegada a su santoral y a sus misas dominicales, procesiones, imágenes y supersticiones, tales como la de tañer la campana de la parroquia para alejar el granizo o pedir al párroco que excomulgara insectos, y las masas se aferraban a cultos populares que tanto la Ilustración secular como la Ilustración católica denunciaron abiertamente, pero que florecieron, a pesar de todo, como, por ejemplo, la difusión del culto al Sagrado Corazón a través de las misiones lazaristas en la Europa mediterránea. Los sacerdotes de la misión continuaron la obra de la Contrarreforma, a pesar de la abierta condena de los reformadores jansenistas y difundieron esa directa e intensa religión de sangre y amenazas de condenación tan fácilmente aceptada por las clases trabajadoras. Tampoco el Estado se preocupó de modo sustancial por la educación de las clases populares, aunque hubo algunos intentos en ciertos Estados alemanes y en los territorios de los Habsburgo. La alfabetización de los campesinos franceses o españoles corrió a cargo de los colegios religiosos; la innovación en materia de educación en toda Europa solo afectó a los más acomodados.

La reacción popular a la economía del laissez faire era un asunto en el que la indiferencia era imposible. Desde la década de 1760 en Francia, España, Portugal, los territorios de los Habsburgo y, en menor grado, Gran Bretaña y Escandinavia, los gobiernos optaron por el libre comercio de los granos y el abandono de los métodos tradicionales de protección de las masas mediante la fijación de precios en tiempos de carestía y el uso obligatorio de los mercados regulares. El consumidor del siglo XVIII pensaba en términos de precios justos, concepto evidentemente reñido con el laissez faire económico, y reaccionaron violentamente, sobre todo durante las difíciles décadas de 1760 y 1770, ante cualquier intento del gobierno de abandonar los controles. De hecho, ningún asunto causó un mayor distanciamiento entre gobernantes y gobernados. De menos consecuencia, aunque suscitaron una abierta oposición en las ciudades, fueron los intentos de romper el monopolio de los gremios, ilusorio cajón de sastre de los fisiócratas para explicar el bajo rendimiento de ciertas industrias, cuya única consecuencia en Francia fue acelerar el desplazamiento de las industrias de la ciudad al campo, engendrando así una crisis de superproducción en las industrias tradicionales de la lana.

El aumento de la burocracia en Alemania, los territorios de los Habsburgo y la península Ibérica y la recaudación más eficaz de los impuestos, favorecieron un mayor control. El gobierno patrocinó obras destinadas a proveer de empleo a los necesitados mediante la construcción de caminos, la demolición de murallas medievales, la edificación de acequias, etc., que no fueron un paliativo al problema crónico del subempleo rural, porque ningún gobierno tenía a su disposición fondos suficientes para hacer realidad un programa adecuado de política asistencial. La condena de las instituciones benéficas mantenidas por la Iglesia católica no hizo sino reducir la eficacia de tal ayuda. En resumen, la fe de los philosophes en la posibilidad de que el gobierno influyera profundamente en la vida de las masas estaba completamente fuera de lugar en una sociedad sin medios para dotar a su excedente demográfico de trabajo y comida suficiente. Esto bien puede explicar por qué los intentos de llevar a cabo una política ilustrada parecen muy distintos en una Europa central poco populosa que en una Europa occidental superpoblada. No hay que perder de vista esta realidad básica cuando se estudia a estos hombres clarividentes. En 1816 el alcalde de Toulouse logró escapar de un tumulto provocado por la escasez de alimentos, gritando al populacho: Voulez-vous la chanté des philosophes? Las mujeres hambrientas de Bayeux, en 1794, hicieron pedazos un busto de Rousseau al grito de: À bas putain! El pueblo no era convocado muy a menudo para expresar su punto de vista sobre los philosophes y los fisiócratas, pero la «guerra de la harina» y el fracaso del programa de ayuda del Comité de Mendicité en 1790 ofrecen algunos indicios. En la práctica, el pueblo podía arreglarse bien sin ellos.

Se pueden, asimismo, minimizar los efectos inmediatos del que fue probablemente uno de los logros más notables de la Ilustración: la reforma del derecho y del sistema legal. En todos los países, el derecho era una extraña mezcolanza de derecho romano, canónico, provincial y consuetudinario. Las leyes eran recopiladas en el código sin preocuparse por la uniformidad o la escala de las sentencias. La aplicación de la ley recaía por fuerza en las comunidades, ya que, aun donde existían fuerzas policiales, como en Francia, eran tan escasas que resultaban casi ineficaces. La justicia, en primera instancia, a menudo recaía en los tribunales señoriales y, como no había ganancia alguna para el señor en ese tipo de justicia, estos tribunales rara vez se reunían. Por lo demás, era cuestión de abrirse camino en el sistema mediante el soborno. La maraña de jurisdicciones y las diferentes penas dictadas por cada tribunal provocaban una total confusión. Todo el mundo coincide en que los delitos, y sobre todo los delitos contra la propiedad, aumentaron en el siglo XVIII, lo cual puede simplemente reflejar el crecimiento demográfico o la tensión producida por el deterioro de las condiciones económicas. Las autoridades en la primera mitad del siglo adoptaron el principio de la justicia ejemplar: el severo castigo del individuo detenido para desanimar a los demás. El trato en prisión dependía de las posibilidades de cada uno de pagarse un alojamiento; las autoridades europeas usaban preferentemente el estigma, los azotes y las galeras. Hasta la década de 1780, se aplicó la tortura judicial al condenado para hacerle delatar a sus cómplices. Los ahorcamientos y las torturas en el potro eran espectáculos públicos, justificados por la creencia de que tales espectáculos tendrían efectos disuasorios en los posibles infractores.

La ineficacia de la justicia y su evidente incapacidad de hacer frente al número cada vez mayor de delitos eran obvias, incluso para los observadores de la primera mitad del siglo. La consideración de la barbarie de la tortura y ciertas reservas sobre el acto de quitar la vida cuando la inmortalidad no era una certeza, hicieron reflexionar a los ilustrados. Quizá la mejor y más influyente de las obras de la Ilustración fue Dei delitti e delle pene (1764) de Cesare Beccaria, posteriormente traducida a los principales idiomas europeos antes de finales de siglo. La obra era un resumen de las ideas ilustradas sobre el delito, el castigo y la prevención del delito, y su influencia fue notoria en innumerables escritos legales, como el de Blackstone, Commentaires on the laws of England, en la segunda mitad del siglo. En pocas palabras, Beccaria abogaba por la sustitución de una justicia (a la que desde ahora nos referiremos como justicia prebeccariana) que era esporádica, cambiaba de un lugar a otro y se basaba en el principio de la disuasión mediante el castigo ejemplar, por una justicia que fuese uniforme en todo el país y superase las barreras sociales, en la que el castigo fuese proporcional al delito y el objetivo fuese la captura de todos los infractores. Beccaria descartaba la tortura y todas las barbaridades. Era contrario a la pena de muerte. Su trabajo ejerció una inmensa influencia en la segunda mitad del siglo XVIII en dos campos: la abolición de la tortura y la corriente general en favor de la codificación del derecho en toda Europa. Pero poner la obra en práctica era otra cosa. El proyecto de Beccaria requería una fuerza policial nueva o rápidamente aumentada, proyecto costoso que ningún Estado europeo en el siglo XVIII se podía permitir, así como prisiones o lugares de detención reformados y una magistratura mejor informada. Nada de esto fue logrado en el siglo XVIII, pero fue una visión de futuro.

Por lo tanto, en general, la ilustración aumentó las distancias entre una minoría convertida y una mayoría ignorante o no convencida. La fisiocracia enfrentó a los productores con los consumidores, y el ataque a la superstición a la mayoría crédula con la minoría austera y recta. De hecho, la secularización o el cambio en el culto religioso tradicional otorgaron sonadas victorias populares contra los Habsburgo en los Países Bajos y Lombardía y a favor del muy intrusivo gobierno Republicano de la Francia revolucionaria. Los límites de la persuasión intelectual fueron sobradamente demostrados.

IV. EJÉRCITOS, INTERESES Y CONFLICTOS

Entre los diversos temas acaloradamente discutidos por los pensadores de la Ilustración, había uno en el que todos estaban de acuerdo: la oposición a la guerra como derroche injustificado de vidas y recursos naturales en peleas, por lo general, de ninguna importancia para la humanidad. Aunque solo el abate de Saint Pierre publicó un proyecto para lograr la paz eterna, otros –Voltaire, Helvétius y los historiadores– insistieron en la futilidad de los conflictos armados. Pero la historia no dejó a ningún gobernante europeo en condiciones de hacer caso a sus advertencias. Todo parecía conspirar para hacer las luchas eternas. Un proceso que nadie intentó detener fue el aumento de los grandes ejércitos permanentes a finales de la guerra de los Treinta Años, y a lo largo del siglo XVIII hubo un crecimiento masivo del tamaño de las tropas profesionales, cuyo volumen aumentaba aún más en tiempos de guerra. El núcleo regular de aproximadamente 20.000 soldados prusianos en el año 1675 había pasado a 190.000 en 1786, aunque técnicamente el país no había estado en guerra desde 1763: la justificación de tales cifras reflejaba el temor a los 300.000 soldados de los Habsburgo y a los 458.000 de las fuerzas rusas (1796). Los franceses contaban en la década de 1780 con una fuerza de 187.000 soldados en tiempos de paz y planeaban aumentarlos a 224.000 en tiempos de guerra. Los británicos y los holandeses, que tenían una población mucho menor y declaraban asociar los grandes ejércitos permanentes con las tiranías «extranjeras», mantenían, no obstante, un núcleo de por lo menos 25.000 hombres para salvar el vacío que pudiera producirse en tiempos de guerra mientras se reclutaban soldados y mercenarios.

Todos los grandes ejércitos permanentes, incluso en tiempos de paz, empleaban mercenarios, y hubo verdaderos pueblos mercenarios, como los irlandeses, los escoceses, los suizos y, sobre todo, los habitantes de los pequeños Estados alemanes, como Mecklemburgo, para los cuales el servicio militar en cualquier otro ejército era un elemento importante de la economía nacional. Los soldados rasos del ejército procedían de los niveles inferiores de la sociedad, mientras que los ricos y, a menudo, los ciudadanos se las arreglaban para eludir los diversos métodos usados para reclutar tropas. Los magistrados británicos enviaban al ejército a los pequeños delincuentes físicamente aptos; en Rusia cada familia campesina debía proporcionar un recluta; en otras partes se hacía un sorteo entre los aldeanos. Con tales métodos, difícilmente se conseguían reclutas entusiastas y la deserción era de prever: en pocos años desertó una décima parte del ejército francés y la situación en Prusia no era mejor. Sin embargo, las tropas eran entrenadas en tiempos de paz a un nivel que nunca se hubiera creído posible en la época en que todas las fuerzas eran licenciadas en tiempos de paz. Además, el mando en la Europa continental estaba en su mayoría en manos de la nobleza, la cual consideraba la carrera militar como un derecho propio y, en su conjunto, constituía una eficaz clase de oficiales. Inevitablemente, se introdujo la venalidad y los mejores cargos, por lo menos en Gran Bretaña, Francia y España, pasaron a ser comprables.

Las potencias con intereses comerciales o coloniales estaban también obligadas a mantener una marina, aunque solo Gran Bretaña y la República Holandesa consideraban a la armada más importante que al ejército de tierra, En tiempos de guerra, la marina británica, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, llegó a tener unos 80.000 hombres y la francesa unos 75.000. Los barcos que tripulaban eran buques de guerra y no los buques mercantes apresuradamente transformados del siglo anterior. La marina británica superaba a todas las demás con sus 174 barcos (1783), pero las flotas conjuntas de Francia y España no le iban muy a la zaga (104 y 60 barcos, respectivamente) y muchos de sus buques eran más modernos. Las condiciones de vida en los barcos eran invariablemente espantosas y los marinos reclutados a la fuerza eran presa de todas las enfermedades concebibles e indeseables, desde el escorbuto a la fiebre amarilla. Un hombre enfermo podía contagiar y matar a una tripulación completa. No existía mejor aprendizaje para llevar después una vida dedicada al contrabando y la piratería.

Junto con el desarrollo de los ejércitos y las armadas mejoraron los armamentos, armamentos que hicieron posible un uso más complejo de la táctica. En 1721 la bayoneta había reemplazado a la pica incluso en el ejército ruso, lo que dio nueva fuerza a la infantería. La batalla de Mollwitz, en 1741, demostró por primera vez que era posible para la infantería ser la determinante de la victoria, al resistir a pie firme mientras la caballería era puesta en fuga. Esto fue solo el principio. Los prusianos fueron un caso único en cuestiones de técnica lineal y armamentos avanzados. Las formaciones de combate en el siglo XVIII estaban basadas normalmente en tenues líneas de tropa, despliegue que supuestamente aumentaba la potencia de fuego. La finalidad era atravesar las líneas enemigas y servir de protección a la artillería, la cual realizaba el verdadero trabajo de destrucción. Reforzando los flancos de sus líneas o desplegando a los hombres sobrantes contra el ala enemiga, los prusianos adoptaron nuevas variantes tácticas, que el resto de Europa se apresuró a copiar.

Los nuevos ejércitos no solo estaban entrenados, sino correctamente uniformados y calzados. Una infantería gastaba muchas botas. Por tanto, los ejércitos permanentes eran importantes consumidores de textiles y artículos de cuero, al mismo tiempo que de armamentos y utensilios de metal. La construcción naval creó también muchos puestos de trabajo: Chatam, Portsmouth, Brest y Tolón empleaban cada una a cerca de 1.000 hombres. Además, estaban los negocios y trabajos relacionados con el aprovisionamiento de estos ejércitos y armadas en tiempos de paz. No es de extrañar que se necesitara una burocracia masiva para mantenerlos y que la labor del gobierno estuviese encaminada, sobre todo, a asegurar los ingresos necesarios para mantenerlos y, por supuesto, aumentarlos. Los ejércitos, las armadas, los gastos de manutención (ocasionados comúnmente por las operaciones militares) y los costos de la recaudación de impuestos (para pagar las deudas y mantener los ejércitos y las armadas) eran las partidas más importantes del gasto estatal. El mantenimiento de los tribunales, las recompensas a los servidores fieles y los gastos de los servicios públicos eran, en comparación, una mera bagatela. Dado el estado rudimentario de la contabilidad de los gobiernos del siglo XVIII, no sería honrado ofrecer un desglose falsamente preciso de los gastos del gobierno. Pero cuando los monarcas y los miembros de las familias reales adoptaban uniformes militares y poses marciales y algunos, incluso, iban al campo de batalla, daban una imagen visible a lo que era una verdad obvia: que los monarcas, los gobiernos y las burocracias por ellos creados estaban atados a sus ejércitos. El crecimiento de estos últimos significó un aumento de los órganos del gobierno y de las demandas que las monarquías debían hacer en materia de dinero y hombres a sus súbditos, en nombre de los imperativos del Estado y de sus intereses. Tales imperativos e intereses variaban de un Estado a otro, pero siempre convergían en una misma dirección: hacia una costosa defensa o una costosa agresión. Además, este camino conducía al callejón sin salida de los debates con las instituciones que reclamaban algún control del presupuesto.

¿Qué fines pretendían alcanzar los ejércitos en el siglo XVIII? Había cinco activos constructores de imperios –Gran Bretaña, Francia, Rusia, Prusia y, más tarde, Austria–, aunque la esfera de sus actividades estaba nítidamente diferenciada. Las dos primeras estaban primordialmente interesadas en la expansión fuera de Europa y las tres restantes en la expansión interna, a costa de los Estados débiles y, principalmente, la anárquica Polonia y la inestable Turquía.

Esta expansión estaba basada, en su mayor parte, en ambiciones económicas. Cuando Federico el Grande emprendió la conquista de Silesia fue con la intención de hacerse con una importante zona industrial que ofrecía impresionantes ingresos al Estado. Sus ambiciones en Polonia se centraron en el control de la cuenca baja del Vístula y, por tanto, del comercio de grano y madera distribuido a través de Danzig. La peculiar situación económica de Rusia la forzó a una inmisericorde expansión en busca de ricas tierras productoras de granos. Gran Bretaña, Francia, España, Portugal y la República Holandesa ya tenían colonias cuya existencia o extensión estaban a menudo justificadas por el comercio efectivo o potencial con la madre patria. El comercio para las potencias de Europa occidental justificaba la existencia de una armada, y por comercio se entendía básicamente el de los productos que no se producían en el país, pero que eran apreciados en él, como el azúcar, el algodón, las especias, los tintes, el tabaco y las pieles. La extensión territorial tenía relativamente poca importancia comparada con los intereses económicos. En cualquier caso, para la madre patria la más pequeña isla azucarera de las Indias Occidentales, en la primera mitad del siglo XVIII, sobrepasaba en valor el total de las grandes extensiones nevadas del Canadá, que solo producían pieles de castor y bacalao salado. Dadas las creencias mercantilistas en la naturaleza prácticamente estática del comercio mundial, el comercio colonial siempre había implicado rivalidades y conflictos entre los distintos Estados. Sin embargo, el abandono del mercantilismo por el laissez faire no provocó una revisión de la agresiva competencia implícita en el comercio.

Unas veces los intereses de los Estados eran estratégicos, como la creencia en fronteras defendibles o la importancia de emplazamientos como Gibraltar, tan fundamentales para la planificación estratégica británica. Otras, estaban basados en la vieja noción de equilibrio de fuerzas, en boga desde la amenaza de unión de las Coronas francesa y española en la guerra de Sucesión española. Esta amenaza desapareció después de 1713, pero el principio del equilibrio de fuerzas fue invocado de nuevo como justificación de la partición de Polonia, iniciada en 1772 y completada en 1793 y 1795, y de la intervención austro-rusa en el caída del Imperio turco.

Las consideraciones dinásticas, por supuesto, no estaban enteramente ausentes. Los intentos de Isabel Farnesio de impulsar las aspiraciones españolas en Italia, a fin de obtener algunos principados para sus hijos, no sirvieron a ningún interés español, y los intentos de Carlos VI de garantizar el acceso de su hija a los territorios de los Habsburgo debilitaron visiblemente a Austria a los ojos de Europa. Las diferencias religiosas ya no conducían a conflictos armados. Sin embargo, la enemistad de Francia y España, unida al insistente fantasma del papismo irlandés, fue útil para conseguir el apoyo de la opinión pública británica a la guerra, y los avances de los rusos y los austríacos frente a los musulmanes pudieron suscitar, al menos inicialmente, algún entusiasmo popular.

Claramente, sin embargo, la línea de demarcación entre Oriente y Occidente radicaba en la dirección de sus acometidas imperialistas. La competencia transatlántica abrió un foso entre Gran Bretaña y otras tres potencias colonialistas: Francia, España y la República de Holanda. La rivalidad hispano-portuguesa en América del Sur y la hostilidad histórica entre estas dos potencias dieron a Gran Bretaña su más antiguo aliado, Portugal. Francia y España expresaron su apoyo nominal mediante sucesivos pactos familiares, pero estos solo demostraban el temor a un enemigo común, Gran Bretaña.

Finalmente, los holandeses, que habían controlado el transporte mundial en épocas anteriores y dominaban el comercio entre el Báltico y el Mediterráneo, no consiguieron mantener su anterior impulso comercial y, amargamente resentidos con el poder comercial británico, se vieron excluidos de todo lazo duradero con este país. En Oriente, los intentos de Federico el Grande de crear un imperio unificado mediante depredaciones de los territorios de los Habsburgo y Polonia y la hostilidad entre Austria y Prusia dentro del Imperio hicieron de estas enemigas permanentes.

Desde un punto de vista académico, las dos esferas de influencia parecen lo suficientemente separadas como para permitir que los rivales en una de ellas miraran con total indiferencia el progreso de los rivales en la otra. Pero la separación no era tan tajante. El rey de Inglaterra era elector de Hannóver y, por tanto, estaba lejos de mostrarse indiferente a los acontecimientos en el norte de Alemania. Los franceses no solo eran sensibles a la expansión de los Habsburgo en la Alemania renana, sino a cualquier factor que amenazara con fortalecerlos y, por tanto, con alterar el equilibrio de fuerzas dentro del Sacro Imperio Romano. A estos temores se debió, en buena parte, la oposición francesa en 1773 a una candidatura al trono electivo de Polonia, la cual parecía sentar un precedente, limitando la posición de la casa electoral de Sajonia y haciendo de Polonia un Estado dependiente de Prusia y Rusia. Los franceses creían que el mantenimiento del poder polaco, turco y sueco era la mejor garantía para contener a los Habsburgo. En la medida en que la dinastía de los sajones, mediante concesiones masivas a los magnates, aceleraba el fin de Polonia, los franceses interpretaron acertadamente la situación. Pero después de 1733, tras la breve y desafortunada guerra de Sucesión polaca, los franceses se desinteresaron de los asuntos polacos, dejando el campo libre al avance ruso-prusiano. Sin embargo, al hacer esto, los franceses no renunciaron a su vivo interés por los asuntos alemanes, y la guerra de Sucesión austríaca demostró su ansiedad por asestar un golpe decisivo a los Habsburgo.

El interés de Gran Bretaña y Francia por la situación alemana servía, pues, de lazo entre las dos áreas de conflicto, añadiendo una dimensión extraordinariamente amplia a los asuntos internacionales. Fuera de Europa, las batallas en el Nuevo Mundo, y más aún en Asia, fueron frecuentemente libradas por un número reducido de hombres. Sin embargo, armar y aprovisionar a estas fuerzas y mantener sus contactos con la madre patria exigía un cierto control del mar, y, por consiguiente, lo que en un contexto europeo habrían sido meras escaramuzas, fueron luchas increíblemente costosas de mantener. El papel de Francia y Gran Bretaña como potencias coloniales extraeuropeas y como importantes árbitros de la situación europea dio una complejidad nunca antes experimentada a los compromisos internacionales y una dualidad a su política que los países con intereses puramente europeos, y en especial Prusia y Austria, encontraron frustrante, ya que la bifurcación de dichos intereses transformaba a Gran Bretaña y Francia en aliados inestables.

Estos fueron los factores constantes que regularon las relaciones internacionales en el siglo XVIII.

Los Estados de Europa occidental que buscaron imperios en ultramar fueron España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda. En 1740 ningún imperio sobrepasaba en extensión territorial al español, el cual abarcaba la mayor parte de América del Sur, México y las islas más importantes del Caribe, Cuba, Puerto Rico y La Española, y se extendió por el Pacífico con la ocupación de las Filipinas. El Imperio portugués estaba disperso y aglutinado solamente por el poder marítimo. Reducido a Brasil y Uruguay, franjas costeras en el oeste y este de África, Goa y Nassau, las factorías comerciales orientales eran de especial interés. Las factorías comerciales portuguesas en Oriente habían sido presa de la intervención holandesa en el siglo XVII. Las Molucas, Ceilán y las islas de las Especias cambiaron de mano y los holandeses implantaron sus bases en Batavia y Malacca. En África tenían una factoría en Ciudad del Cabo y los comerciantes holandeses ocuparon en las Américas una franja de Guayana, la isla de Curaçao y dos de las islas Leeward. Las posesiones británicas incluían franjas del litoral de América del Norte y las trece colonias que se extendían desde Maine a las Carolinas, complementadas estas en el Caribe por las «islas exteriores» de San Cristóbal, Nevis, Antigua y Barbados. En India, Bombay fue la dote aportada por Catalina de Braganza a Carlos II, que se añadió a Surat y Madrás, y una factoría en el emplazamiento actual de Calcuta dio a los británicos una importante base en la península. A los franceses les había resultado más difícil introducirse en América del Norte y su influencia se limitaba sobre todo a pequeños asentamientos a lo largo del río San Lorenzo y a la base de Luisiana, junto al Misisipí. Pero conservaban algunas de las principales joyas de las Indias Occidentales: la Martinica, Guadalupe y Santo Domingo.

A principios del siglo XVIII hubo tres tipos de desarrollo colonial claramente diferenciados. El primero, el de la colonia de explotación, se dio en zonas tórridas y fue adoptado por los europeos con idea de hacerse ricos cuanto antes. Tales individuos no consideraban la colonia como un hogar o la separación de su país natal como definitiva, sino que veían la colonia como un lugar en donde, según su capacidad administrativa o comercial, podían hacer fortuna rápidamente. En estas colonias habitualmente se utilizaba mano de obra esclava. Donde la población nativa no podía ser sometida a tal extremo, era necesario importarla. Típicos de la colonia de explotación fueron los asentamientos españoles en América del Sur, los cuales usaban mano de obra india para explotar las minas, o las plantaciones de azúcar de las Indias Occidentales, trabajadas por incesantes remesas de esclavos africanos.

Las colonias de asentamiento eran muy diferentes. Aquí los colonos, por una u otra razón –religiosa, política, económica–, habían roto de forma definitiva con su país natal y veían en la nueva tierra prometida su hogar permanente. La unidad de producción característica era la pequeña propiedad, y el colono recurría a sus propios esfuerzos para mantener a su familia. Las colonias inglesas en América del Norte ofrecen un ejemplo excelente. Compuestas por diversos grupos de minorías religiosas disidentes –no todas ellas británicas– o por refugiados políticos, las colonias se caracterizaron por su actitud independiente e incluso hostil hacia la madre patria. Juzgados según criterios europeos, los británicos fueron muy descuidados por lo que respecta a la población de sus colonias de asentamiento en ultramar. Los franceses, al contrario, realizaron una cuidadosa selección de los posibles colonos para asegurar su ortodoxia religiosa y política. Esto explica quizá por qué la Nueva Francia (Canadá) no pasaba de 10.000 habitantes a la muerte de Colbert en 1683, pero también explica la comunidad de intereses de la colonia y la madre patria. La obra de los jesuitas, tanto en la América española como en la Nueva Francia y tanto entre los colonos como entre los indios, hizo que la uniformidad religiosa de la madre patria fuese perfectamente emulada en la nueva colonia.

La estructura gubernamental de las colonias tendía a reflejar el tipo de gobierno del país de origen. En el Imperio español, los virreinatos y las audiencias, en estrecho contacto con el Consejo de Indias en Madrid, imitaban la estructura gubernamental de España, mientras que el gobierno de la Nueva Francia reproducía fielmente el de una généralité francesa, con un intendente a la cabeza, aunque dotado de mayores poderes de decisión que el modelo francés.

Existía un tercer tipo de colonia, el de la factoría o puesto comercial, encontrándose la mayoría de ellas en las costas de África, India y las islas del Pacífico. Tales factorías eran muy apreciadas por una filosofía colonial que anteponía el interés comercial a la conquista territorial. De hecho, la factoría encajaba con mayor facilidad que ninguna otra forma de desarrollo colonial en ese elemento de la filosofía mercantilista que solo podía justificar el asentamiento si proporcionaba un mercado a los esfuerzos industriales de la madre patria. El problema era que el valor de las factorías suscitó una intensa competencia y, para garantizar su protección, los europeos se vieron abocados, a la larga, a la conquista y la ocupación. En el siglo XVIII, sin embargo, este desarrollo apenas había comenzado. Para el mundo occidental las factorías en Oriente significaban té, especias, algodones finos que aún no podían ser producidos con técnicas europeas, seda, salitre y maderas duras. Los hilos del comercio oriental estaban en manos de las grandes compañías comerciales. La Compañía Británica de las Indias Orientales estaba formada por un consorcio de comerciantes de Londres; la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales era una institución nacional dirigida por los representantes de las provincias marítimas, con participación abierta a todos. Tal organización reflejaba el hecho de que el comercio con Oriente era muy deficitario, es decir, de que el valor de las mercancías que salían de la zona superaba ampliamente al de las que entraban, siendo cubierto el déficit en barras de oro. Lo más eficaz era, pues, dejar que del comercio se encargara un número limitado de barcos expedidos anualmente por las grandes compañías.

Tener aliados significaba usar sus factorías. En este sentido, la alianza británica con Portugal fue extremadamente valiosa. La Compañía Británica de las Indias Orientales y sus equivalentes francés y holandés podían, por supuesto, forzar el desarrollo de los acontecimientos mediante la intromisión en la política local con acciones que no se adaptaban necesariamente a la política de la metrópoli. En este caso eran sus funcionarios, y no tropas apresuradamente importadas, los que tenían que repeler los ataques. En cierto sentido, estos funcionarios eran los verdaderos árbitros de la política colonial.

El comercio con Oriente a finales del siglo XVIII estaba aún limitado a artículos de lujo. En el siglo XVII, el comercio con Oriente había sido siempre comparado negativamente con el activo comercio del Báltico en grano, madera, mineral de hierro y suministros navales. Los holandeses habían disfrutado de un gran ascendente en ambos comercios, progresivamente disputado por Gran Bretaña. Pero ya no era el comercio con el Báltico, sino el comercio transatlántico el que suscitaba el entusiasmo mercantil y el que se había convertido en el centro de las rivalidades internacionales. El comercio transatlántico afectaba a mercancías relativamente poco variadas, pero extremadamente valiosas, las cuales parecían esenciales a la economía europea. Del mismo modo que el comercio español y portugués de metales preciosos y diamantes, el azúcar y el tabaco habían pasado a ser una característica intrínseca del comercio transatlántico, artículos de consumo masivo de los que Europa creía no poder prescindir. Estos fueron seguidos del algodón, el índigo, los tintes vegetales y las maderas. Las colonias de asentamiento del Norte producían cierta cantidad de cuero y pieles, pero, aparte de Virginia, ya entonces importante productora de tabaco, y de las pesquerías de Terranova, no eran importantes exportadores a los países de origen. El comercio transatlántico habría sido un comercio altamente deficitario para Europa si no hubiera existido la trata de esclavos que hizo posible un provechoso tráfico triangular de mercancías manufacturadas (telas baratas y chucherías) a la costa africana, donde traficantes de esclavos enviaban a sufrientes hordas humanas a trabajar en las plantaciones de las colonias de las Indias Occidentales, los Estados sureños de Norteamérica y América del Sur. En la tercera etapa del viaje, el azúcar de las Indias era enviada a una Europa insaciable. Se podían obtener beneficios de todos los ramos de este comercio. Los comerciantes de azúcar de Bristol, Nantes, Orleans y Rotterdam gozaban de una opulencia no superada. Se hicieron grandes fortunas con la trata de esclavos, pero, sobre todo en el caso de los tratantes ingleses, franceses, holandeses y portugueses, los beneficios eran en ocasiones más aparentes que reales y rara vez excedían del 10 por 100 de la inversión.

Cada metrópoli trataba de supervisar el comercio de su imperio ultramarino mediante un rígido sistema de normas para controlar las condiciones de trasporte y distribución de las mercancías y limitar las importaciones coloniales procedentes de otros países. Las leyes de navegación inglesas son típicas de tal actitud. En la América española, donde los intentos de los colonos, comerciantes y armadores de eludir estas normas fueron el casus belli de 1739, el derecho a participar en el comercio colonial fue monopolio de una sola institución comercial, la Casa de Contratación. Desde España dos convoyes, uno a Veracruz y otro a Portobelo, proveían oficialmente a las colonias de los productos europeos esenciales manufacturados en España y se llevaban plata, índigo, algodón, tintes vegetales y cochinilla. Solo un número limitado de puertos podían enviar mercancías a Europa. Obviamente, las formalidades y los gastos del sistema de convoyes encarecían los costos de las mercancías para los colonos que, por tanto, estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con extranjeros para conseguir precios más bajos. El Caribe rebosaba de comerciantes ilegales aun antes de la concesión a Gran Bretaña del asiento en 1713 –derecho a suministrar anualmente a las colonias españolas 4.800 esclavos– y la autorización del envío anual de un barco británico (nominalmente de 650 toneladas) a Portobelo. Dada la difundida convicción de gobernantes, mercaderes e intereses navieros de que existían inmensas posibilidades de lucro en los asuntos coloniales y, especialmente, en el comercio con América del Sur, el deseo generalizado de interrumpir y evitar las normas dio lugar a un intenso resentimiento. Los tratantes de esclavos británicos creían que, debido a las actividades de los intermediarios y a las maquinaciones de los funcionarios españoles, nunca obtenían lo que les correspondía del asiento. Los españoles estaban convencidos de que los británicos abusaban de su privilegio de enviar cada año un barco usando varios buques para reaprovisionar al oficial mientras este estaba anclado.

Los términos «británicos» y «españoles» son usados aquí en el más amplio de los sentidos. A menudo los hombres directamente envueltos eran truhanes de primera magnitud, contrabandistas y hombres sin escrúpulos que vivían de las ganancias del comercio ilegal, pero los gobiernos no podían psicológicamente guardarse de intervenir en negocios que prometían, aunque fuera nebulosamente, posibles beneficios «nacionales». La ruina del sistema de Law y la South Sea Bubble en la década de 1720 habían derribado ciertos mitos sobre la rentabilidad del comercio de la América española y por lo menos hicieron que británicos y franceses no volvieran a confiar las finanzas del Estado a las empresas comerciales. A pesar de todo, se mantuvo la convicción de que allí había copiosas riquezas y, aún con mayor insistencia, como los acontecimientos de 1739-1740 iban a demostrar, surgieron grupos de presión, algunos con intereses creados, que empujaron al gobierno hacia una actitud positiva. La supuesta desaparición de doce buques «británicos», hundidos por los guardacostas en el Caribe en 1737, la suspensión por parte de España del asiento en 1739 y la pérdida de una oreja por el capitán Jenkins mientras intervenía en negocios turbios en América del Sur –uno de los muchos incidentes de este tipo denunciados– sometieron a Walpole a la presión de un grupo favorable a la guerra. Las desproporcionadas cantidades exigidas en concepto de indemnización por parte de los españoles, el desarrollo de la fiebre bélica y una implícita fe en la superioridad de la marina británica hicieron que Gran Bretaña se embarcara en la guerra a la ligera.

En el curso de la «guerra de la oreja de Jenkins», los ingleses tornaron y demolieron la fortaleza de Portobelo, pero no tuvieron éxito en sus intentos de apoderarse de parte de Florida y Santiago de Cuba. Cuatro años después de la declaración de guerra, los intereses británicos no habían progresado. Lo más curioso es que los británicos habían jugado a un juego muy peligroso, porque España, desde 1733, estaba unida por un pacto de familia a Francia, destinado, desde el punto de vista de Isabel Farnesio, a asegurar a su hijo una herencia italiana. Cualquier victoria importante británica que condujera a un cambio del poder en el Caribe habría preocupado a Francia y la declaración de guerra colocó a ese país en estado de alerta. En 1741, Walpole se vio obligado a retirar a Vernon de Cartagena para que vigilara el canal de la Mancha. Y, peor aún, la intervención británica en América del Sur amenazaba con asociarse fatalmente en Europa a un conflicto que prometía ser de gran importancia. Quizá necesite alguna explicación por qué la guerra de Sucesión austríaca, conocida en Gran Bretaña como la «guerra del rey Jorge» –dado que reflejó el interés de este por Hannóver y el monarca, de hecho, salió a la palestra–, se mezcló de forma tan natural con los embrollos anglo-españoles en el Caribe. Gran Bretaña se había alineado ya contra España y, en potencia, en el caso de que España no pudiera servir de amortiguador, contra Francia. En 1741, Gran Bretaña había llevado el conflicto a aguas europeas al usar su flota en el Mediterráneo para evitar que tropas españolas se desplazaran a Italia. La medida resultó ineficaz. El rotundo fracaso condujo a la dimisión de Walpole en febrero de 1742. Entonces surgió un gabinete, con Carteret en el departamento del Norte, encargado de recuperar el perdido prestigio de Inglaterra a nivel internacional. La intervención británica, primero mediante la diplomacia y después mediante la acción militar, en la guerra, guerra primordialmente contra los Borbones, quienes derrotados en Europa serían incapaces de mantener las defensas imperiales, fue un proceso bastante lógico.

Desde 1713, el problema del orden de sucesión del Imperio de los Habsburgo, problema que se inició debido a que Carlos VI no tenía en ese momento descendencia y que continuó al tener una hija, mientras que su difunto hermano solo había engendrado niñas, había sido nominalmente resuelto mediante el recurso a un precedente español; la Pragmática Sanción. Este era un documento que señalaba la indivisibilidad del Imperio de los Habsburgo y hacía recaer la sucesión, en caso de ausencia de un heredero masculino, en uno femenino. En primer lugar, estaba la propia hija de Carlos, María Teresa (nacida en 1717). Los siguientes en el orden de sucesión eran su hermano, los hijos de José I y luego los de su padre con Margarita Teresa de España. La Pragmática Sanción fue aceptada por los parlamentos de Austria y Bohemia y por la dieta húngara (1722) y, durante la década siguiente, por España, Francia, Inglaterra y Prusia. A pesar de estos considerables esfuerzos para conseguir un reconocimiento universal, a la muerte de Carlos VI, en 1740, la sucesión fue objeto de acalorados debates y las principales potencias europeas se enzarzaron, algunas de muy buena gana, en una lucha que amenazaba con el desmembramiento del Imperio de los Habsburgo.

Carlos Alberto, elector de Baviera, se ofreció como heredero varón en cuanto lejano descendiente de una hija de Fernando I de Habsburgo (1556-1564). Felipe V, rey de España, basó sus pretensiones en un tratado entre Carlos V y su hermano Fernando, con ocasión de la cesión de los territorios alemanes, reforzado por una reserva hecha por Felipe III de España cuando también renunció a los territorios alemanes. Instigado por su ambiciosa esposa, Isabel Farnesio, Felipe V empezó a considerar la conquista de la Italia austríaca. Augusto III de Sajonia, marido de la hija mayor de José I, también expuso sus pretensiones.

Para agravar la confusión y hacerla total, Carlos VI no fue el único monarca cuya defunción en 1740 alteró la suerte de su país. A la muerte del cauto Federico Guillermo de Prusia le sucedió su hijo, mucho más activo y ambicioso, Federico II (el Grande), que entonces hizo valer sus derechos a una parte de Silesia (a la que había renunciado el gran elector Federico Guillermo en 1686). A cambio de la cesión de toda la Baja Silesia, Federico II se declaró dispuesto a combatir en defensa de Austria para zanjar el problema de la sucesión austríaca en el contexto alemán. Además, mientras británicos y franceses dudaban sobre la actitud que debían adoptar, Federico tomó el asunto en sus manos e invadió la Baja Silesia. Esperaba que su acción forzaría a los franceses a una alianza positiva contra Austria en un intento de desmembrar el Imperio de los Habsburgo. En esto, como era de esperar, tuvo un rotundo éxito.

Por mucho que Fleury deseara solo una alianza defensiva, los partidarios de la guerra en la Corte francesa se ganaron el favor de Luis XV. Belle-Isle recibió la embajada de Fráncfort y se dedicó a organizar a Europa contra Austria. Se firmaron acuerdos por los que se garantizaría a Federico II la posesión de la Baja Silesia, el elector de Sajonia recibiría la mayor parte de Moravia y Alta Silesia, Bohemia y la Alta Austria serían para el nuevo emperador Carlos Alberto de Baviera (Carlos VII) y la herencia italiana se repartiría entre España y Cerdeña. Francia buscaba abiertamente la recompensa de los Países Bajos austríacos. Los franceses se daban cuenta de que los tres aliados potenciales de Austria, Rusia, la República de Holanda y Gran Bretaña, tendrían que ser neutralizados. A Rusia se le impediría intervenir mediante la amenaza sueca, a los holandeses por la amenaza de una invasión y Hannóver podría ser inmovilizado mediante un control impuesto por Prusia y el elector palatino (pagado por Francia).

La intervención de Francia fue casi inmediata. Los prusianos hicieron retroceder hasta el Neisse a una fuerza austríaca en la batalla de Mollwitz (5 de abril de 1741); los bávaros y una fuerza francesa penetraron en el valle del Danubio; en septiembre de 1741, Carlos Alberto entró en Linz y fue coronado archiduque de Austria. En ese mismo mes, la Alta Austria estaba en manos bávaras y un ejercito franco-bávaro avanzaba sobre Praga. A estas alturas, María Teresa se puso a merced de la dieta húngara y, a cambio de las concesiones inevitables a los magnates, obtuvo hombres y financiación para dos ejércitos, uno para la reconquista de la Alta Austria y el otro para Bohemia. Federico el Grande, convencido de que los franceses estaban a punto de ser derrotados, optó por una actitud sumisa, y los británicos empezaron activamente a negociar las condiciones de paz, tanto en Berlín como en Viena.

La diplomacia británica fue responsable de los tratados de Breslau y Berlín, por los que Federico abandonaba la alianza contra María Teresa a cambio de la cesión a Prusia de la Alta y la Baja Silesia y del Condado de Glatz, abandono que persuadió al elector de Sajonia de cesar las actividades. Parecía como si la guerra hubiese llegado a su fin cuando los franceses renunciaron a Praga y, pocos días después, María Teresa fue proclamada reina de Bohemia, quedando también Baviera indefensa ante ella.

La aspiración de Carteret en 1743 era crear una especie de gran alianza rediviva (de Estados protestantes y antiborbónicos) contra Francia, aspiración que, si se realizaba, podía servir al mismo tiempo a las ambiciones coloniales y comerciales de Inglaterra. A tal fin, era una necesidad imperiosa el replanteamiento del alineamiento entre los príncipes alemanes. La derrota de los franceses en Dettingen (junio de 1743) por el ejército pragmático, formado por tropas de Inglaterra, Hannóver y Hesse, bajo el mando de Lord Stair y Jorge II, frustró los designios franceses para impedir la ocupación de Baviera por los austríacos. También permitió a Carteret presentarse como mediador en una conflictiva situación alemana en la que Austria sería persuadida de evacuar el Palatinado y Baviera, a cambio de la lejana promesa de Lorena y tres arzobispados alemanes en cuanto la paz fuese firmada. La estrategia antiborbónica de Carteret tuvo repercusiones en Italia con el tratado de Worms (13 de septiembre de 1743), que implicaba una alianza con el escurridizo Carlos Manuel de Cerdeña, cuyo precio fue el sacrificio austríaco de parte del Milanesado a cambio del reconocimiento de la Pragmática Sanción. En segundo lugar, incluía la renuncia austríaca a sus pretensiones a cambio del resto del Milanesado y, en tercer lugar, contenía una promesa británica de mantener una fuerza de 45.000 hombres sobre las armas en caso de nuevas ofensivas de los Borbones. De este modo, las pretensiones españolas e italianas a la sucesión de María Teresa podrían ser neutralizadas.

La fuerza de las alianzas de Carteret era más aparente que real. Tres factores contribuyeron al malestar prusiano con respecto al mantenimiento de la conquista de Silesia. El primero fue la manifestación visible de un sistema alemán de alianzas absolutamente al margen del control de Prusia; el segundo, la aparente rotundidad del éxito anglo-austríaco en Alemania; el tercero, la paz apresuradamente firmada entre Suecia y Rusia después del fracaso desastroso de Suecia en su intento de invadir Finlandia, lo cual anunciaba una posible renovación de la alianza austrorrusa (establecida de hecho el 26 de julio de 1746). Los austríacos no estaban entusiasmados con los resultados de la diplomacia inglesa. Silesia, Baviera y el Palatinado les parecían sacrificios austríacos inmediatos a cambio de promesas a muy largo plazo, mientras que los británicos solo se habían comprometido a pagar tropas mercenarias.

Las relaciones entre Gran Bretaña y Austria eran muy tensas mucho antes de la ruptura oficial en 1756, pero fue Federico quien reanudó las hostilidades internacionales al entrar en Sajonia con 80.000 hombres e invadir Bohemia a finales del verano de 1744. Hizo esto después de haber reafirmado un tratado con Luis XV (que en ese momento dirigía personalmente los asuntos exteriores) y haber convenido un protocolo con Baviera, el Palatinado y Hesse en defensa del emperador Carlos VII y las libertades alemanas. Su acción forzó inmediatamente la retirada austríaca de Baviera, puso fin a la visión de Carteret de una Alemania movilizada contra Francia y reveló la fragilidad de sus planes. Carteret se vio sometido a duras críticas en su país debido a la sangría del Tesoro causada por los subsidios prometidos. En diciembre fue reemplazado por Harrington, el cual, junto con la mayoría de los ministros ingleses, se inclinaba por una vuelta a la política de Walpole. Dado el nombramiento del marqués d’Argenson, conocido adversario de la alianza con España, como ministro de Asuntos Exteriores en París, un claro cambio de las circunstancias estaba en el aire.

En enero de 1745, Austria, Sajonia, Inglaterra y la República Holandesa firmaron una alianza. Para las dos primeras el enemigo era Prusia, para la segunda, en gran medida, Francia. Una de las bases de la política bélica de Luis XV había sido la ofensiva en los Países Bajos, y aunque todavía no se podía hablar de ningún éxito verdadero en ese frente, los holandeses estaban nerviosos por las intenciones francesas en los Países Bajos austríacos. De hecho, en la segunda guerra de Silesia se iba a producir un viraje de las actividades francesas hacia ese frente. Tras la inesperada muerte del bávaro Carlos VII en enero de 1745, su hijo, menos ambicioso, renunció a sus pretensiones en Austria y prometió a Francisco Esteban, marido de María Teresa, su voto en la elección imperial, lo que eliminó de un modo inesperado uno de los núcleos de hostilidad. Pero mayo de 1745 iba a ser testigo de la batalla de Fontenoy, donde el ejército pragmático fue derrotado por el mariscal Mauricio de Sajonia y empezó la ocupación francesa de los Países Bajos austríacos. Un mes después, Federico el Grande derrotó a los austríacos y sajones en la batalla de Hohenfriedburg, en Silesia.

En otoño de 1745, la posición de María Teresa parecía bastante difícil una vez más. En cierto sentido, la eliminación de Baviera y lo que parecía seguro, la inminente elección de Francisco Esteban como emperador, hacían que su posición en Alemania fuera todo lo firme que pudiera haber deseado. En cambio, la derrota de Silesia (unida a la batalla del Soor, en Bohemia, en el mes de septiembre), la derrota de Carlos Manuel frente a los franceses en Bassignano y su evidente falta de deseo de continuar una alianza con Austria (estaba intrigando en secreto con D’Argenson) y, además, la retirada de los ingleses de los Países Bajos para hacer frente a la rebelión de 1745, ponían claramente en peligro otros flancos de su Imperio. En el mes de diciembre, estaba deseosa de firmar la paz con Prusia en Dresde, ratificando el tratado de Breslau con respecto a la cesión de Silesia y asegurando, a cambio, el reconocimiento prusiano en la elección de Francisco I.

Para Prusia, la guerra estaba definitivamente concluida, pero Austria tenía que atar aún algunos cabos, como Gran Bretaña, la República Holandesa, Francia y Cerdeña. De todos ellos, los británicos y los franceses eran sin duda los más implicados y su situación, como se demostró en 1747, era en general similar. Ninguno podía jactarse de un éxito completo y ambos tenían algo que permutar. Los británicos, después de la derrota jacobita, dirigieron sus esfuerzos hacia la guerra marítima y al efectivo acoso del tráfico francés con las Antillas. Los buques franceses se vieron obligados a adoptar un sistema de convoyes, con un mínimo de cuatro barcos de guerra por cada convoy, barcos de guerra que los comerciantes debían pagar. En esto, los británicos tuvieron cierto éxito, pero probablemente la adquisición más valiosa fue la captura de Fort Louisbourg, en la isla de Cabo Bretón, considerado esencial para la presencia francesa en América del Norte. La hazaña se debió mayormente al comodoro Warren y a un escuadrón de tres barcos de guerra con los cuales impidió la ayuda a la fortaleza sitiada. La captura de Louisbourg significó la posesión del fuerte francés más importante en América del Norte y la potencial destrucción de las pesquerías francesas y dejó abierto el camino para un asalto a Quebec, aunque el intento de tomar dicha ciudad falló completamente. Como contrapartida de Louisbourg, sin embargo, los desastres se acumularon. No fue el menor de estos la capitulación de Madrás, sitiada por el gobernador de Pondicherry, Dupleix, en septiembre de 1746, y varios intentos fallidos de efectuar desembarcos en las costas del Mediterráneo y del Atlántico.

Los franceses, por su parte, prosiguieron insistentemente la conquista de los Países Bajos austríacos hasta que, a finales de 1746, le restaban solamente a María Teresa Luxemburgo y Limburgo con Maastricht. A esto siguió, en abril de 1747, una declaración de guerra contra la República Holandesa y la invasión francesa de Zelanda. A pesar del éxito que tuvo esta maniobra, provocó también una revuelta interna en Zelanda, en la cual se proclamó estatúder a Guillermo IV de Orange, acción que hizo improbable una paz rápida entre Francia y la República. Los subsidios ingleses supusieron una ayuda a la República. Cumberland, comandante de las tropas inglesas, estaba persuadido, sin embargo, de la necesidad de una rápida paz con los franceses, y Mauricio de Sajonia, jefe de las fuerzas victoriosas francesas, estaba igualmente convencido. El agotamiento final hizo posible el tratado de Aquisgrán.

La restitución de Louisbourg fue el precio de la evacuación francesa de los Países Bajos y la cesión de Madrás a los británicos. La situación en el Caribe quedó nominalmente resuelta mediante la declaración de neutralidad de cuatro islas en disputa: la Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Tobago. Prusia conservó la posesión de Silesia; la Pragmática Sanción fue mantenida en Austria; la casa de Hannóver conservó los derechos de sucesión en sus posesiones alemanas y en Gran Bretaña. Parma, Piacenza y Guastella fueron cedidas al infante español don Felipe, con una serie de cláusulas de reversión. Lo que es evidente es que, con la posible excepción de Federico el Grande, nadie tenía motivo alguno para estar satisfecho. Los problemas del final eran la quintaesencia de los del principio. La paz se había logrado porque Gran Bretaña y Francia querían un respiro, pero la lucha por el poder en el Caribe, en América del Norte y en la India no había quedado resuelta. Similarmente, la disputa con España en torno al contrabando y al asiento no tenía solución, aunque la cuestión fue zanjada de momento en 1748 con la prolongación de la concesión por cuatro años. Menorca y Gibraltar no eran mencionados en el tratado. Cerdeña obtuvo algunos territorios entre el lago Mayor y el Po, pero ninguna salida a las costas de Liguria. La más insatisfecha de todos era María Teresa. Humillada por Prusia respecto a Silesia, pensaba que había sido empujada a la paz por un aliado insatisfactorio que no había hecho ningún sacrificio y en el cual no se podía confiar en cuanto al mantenimiento de sus promesas (estaba particularmente dolida por la incapacidad inglesa de defender los Países Bajos) y que, además, la había llenado de aliados totalmente inútiles. En la lista de quejas de María Teresa figuraba en primer término el tratado de Worms, que había unido el destino de sus posesiones italianas al del escurridizo Carlos Manuel. Esta no fue una amnistía duradera.

Mientras las potencias imperiales seguían creyendo sin motivo alguno que las colonias eran ejecutoras pasivas de la política de la madre patria, de hecho la «guerra de la oreja de Jenkins» había demostrado que sucedía todo lo contrario. Además, la guerra de Sucesión austríaca había sellado un futuro conflicto internacional al subrayar la rivalidad francobritánica en la India, al demostrar la vulnerabilidad de Nueva Francia al tratado de paz y al revelar la obstinación francesa en evacuar las «islas neutrales». El nuevo conflicto estaba, de hecho, presagiado por las actividades de los colonos del continente de América del Norte, y los focos de hostilidad eran el valle del Ohio y la zona situada al sur de los lagos Ontario y Erie. En estas dos zonas los colonos «británicos» y «franceses» albergaban ambiciones territoriales. El avance hacia los lagos Ontario y Erie estuvo dirigido por colonos de Pensilvania (en su mayoría, irlandeses, alemanes y holandeses) y su incursión en el territorio de Illinois fue señalada por la construcción del Fuerte Pickawillany. En el valle del Ohio, un grupo de ricas familias hacendadas de Virginia, entre las cuales se contaban tanto los Lee como los Washington, habían formado una compañía agrícola, la Compañía de Ohio, fundada en 1748, que recibió de la Corona una concesión de 200.000 ha.

Tales actividades chocaron de forma frontal con las ambiciones de Nueva Francia o, más exactamente, con la política formulada por La Galissonière, dinámico intendente de Nueva Francia. Su política pretendía destacar la importancia de Nueva Francia para la madre patria mediante su presentación como punto de partida de un nuevo Imperio francés. Este Imperio se concebía como una esfera de intereses que se extendía desde Nueva Francia hacia el sur a través de Illinois y el valle del Ohio, continuando hacia Luisiana y el golfo de México y las posesiones francesas en el Caribe. Tal proyecto, argüía La Galissonière, bloquearía el paso a la dominación británica de América del Norte y el Caribe.

La ciencia de la retrospectiva es muy precisa: el proyecto de La Galissonière estaba condenado al fracaso. En tiempos de guerra, una potencia que controlara tanto el San Lorenzo como el golfo de México y la mayor parte de zona costera entre ellos podría cortar las líneas de abastecimiento de tal imperio. En términos de potencial humano, los franceses no tenían suficientes emigrantes para colonizar el valle del Ohio. Lo que le dio credibilidad fue la determinación con la que el empuje inicial de los franceses consiguió expulsar a los colonos británicos y las buenas relaciones entre los comerciantes franceses y las tribus guerreras indias de la región del Ohio, las cuales preferían los comerciantes a los colonos y, por lo tanto, recelaban menos de los franceses que de los virginianos. El Fuerte Pickawillany fue destruido en 1752. Los franceses construyeron rápidamente otros fuertes durante los dos años siguientes y el intento de una pequeña fuerza de la milicia colonial, dirigida por George Washington, de detener la construcción del Fuerte Duquesne (en el actual emplazamiento de Pittsburgh) fue rechazado. Estaba bastante claro que los soldados del Canadá francés, aunque escasos en número, podían hacer verdaderos progresos contra los colonos «británicos», algunos de los cuales eran pacifistas por convicción; la mayoría de ellos no estaban dispuestos a hacer sacrificios monetarios o personales para la defensa y los celos y sospechas entre los distintos estados hacían inviable una política unitaria. Sabedor de esto, el gobierno británico envió en 1754 dos regimientos de regulares bajo el mando del general Braddock. Trágicamente para ellos, fueron rápidamente enviados, después de un largo viaje por mar, a través de la colonizada Virginia a la no colonizada y montañosa región en que debían tomar el Fuerte Duquesne, que había sido fortificado por los franceses ante su llegada. Más de 1.000 hombres perecieron en el fuego cruzado. La humillación británica parecía completa. Pero lo peor quedaba por venir, al no conseguir evitar el almirante Boscawen que toda la flota francesa, salvo dos barcos, entrara con refuerzos en el San Lorenzo. Además, los franceses tenían en el marqués de Montcalm un comandante de excepcional talento, que en 1755 llegó a capturar Oswego, centro comercial británico en el lago Ontario.

En conjunto, fue una guerra en todo menos en el nombre. Estaba bastante claro, dado el contraste entre los franceses, muy cohesionados, y los colonos «británicos», dispares e indisciplinados, que el gobierno británico iba a tener que llevar tropas en una escala sin precedentes si quería vencer a los franceses. Esta no era una perspectiva agradable para una nación que carecía de un ejército permanente amplio. Conociendo perfectamente esta desagradable verdad, los británicos declararon la guerra a Francia en enero de 1756, conflicto que dio origen, después de algunos meses diplomáticamente angustiosos, a la guerra de los Siete Años.

Para el historiador de la diplomacia, que conoció su apogeo en la primera mitad de este siglo –cuando la historia de Europa era la historia de la diplomacia–, las propuestas diplomáticas previas a la guerra de los Siete Años fueron, sin duda, un paraíso. Las relaciones entre las potencias, que finalmente culminaron en una serie de alianzas muy distintas del alineamiento de la guerra de Sucesión austríaca, eran tan complejas, tan imprevisibles, tan oscilantes, que los acontecimientos diplomáticos de 1750-1756 han sido llamados la «revolución diplomática», designación bastante grandiosa que oculta una versión importante. Las potencias con importantes intereses irreconciliables a mediados del siglo XVIII eran Gran Bretaña y Francia, por una parte, y Austria y Prusia, por otra, y de ningún modo los acontecimientos diplomáticos alteraron estos principios fundamentales. La llamada «revolución diplomática» significó una modificación de las relaciones entre Austria y Francia, Estados con rivalidades históricas, y en las relaciones entre Gran Bretaña y Prusia, que implicó pocos cambios fundamentales en los razonamientos porque no supuso un sacrificio real de los principios. Fue quizá accidental que Gran Bretaña y Prusia no encontraran un terreno común durante la guerra de Sucesión austríaca. Seguramente, Fleury estaba convencido de que Austria y Francia podían hacerlo. Además, Austria, en el curso de la guerra, se sintió realmente insatisfecha de sus aliados británicos y los franceses, especialmente después del fracaso de Bohemia, en 1743, donde fueron abandonados por los prusianos, terminaron por mirar a sus aliados prusianos con alguna circunspección. La fidelidad diplomática en el siglo XVIII no significaba mucho: las antipatías y los intereses permanentes eran los únicos factores decisivos constantes. Europa tenía que adquirir aún una moral diplomática.

En Europa la readquisición de Silesia por Austria seguía siendo una obsesión para la monarquía de los Habsburgo, la cual se vio empujada hacia una reorganización financiera interna y una movilización masiva. El gobierno de Austria también estaba dispuesto a construir un sistema de alianzas que amenazara a Prusia y protegiera los intereses austríacos en los Países Bajos e Italia. Desde 1746, Austria había intentado una alianza con la emperatriz Isabel, de Rusia, enemiga personal de Federico el Grande, comprometiéndose a una revisión de la frontera ruso-polaca que diera a Rusia el control de Curlandia y compensando a Polonia con Prusia Oriental. Tal alianza fue la base de la diplomacia austríaca porque simplemente prometía algo que ninguna otra alianza podía dar: la necesaria retención de las fuerzas prusianas lejos de Silesia, lo cual protegería al territorio de los Habsburgo de una posible invasión. Convencido de la falta de interés de Inglaterra por los asuntos austríacos en los Países Bajos e Italia, Kaunitz, ministro de María Teresa entre 1750-1752, fue en misión a Versalles para explorar las posibilidades de una alianza con Francia contra Prusia, cuyo posible precio sería alguna concesión en la frontera con los Países Bajos austríacos. Iba a regresar parcialmente desilusionado a Viena, contrariado –tenía razón para creerlo– por el secret du roi. El secret du roi es la expresión usada para describir un plan o proyecto en materia de política exterior que existía en la mente de Luis XV, quien, desde la muerte de Fleury, se había ocupado personalmente de los asuntos exteriores. Este plan era secreto, como esencialmente lo era toda estrategia diplomática. Era también sumamente especulativo. El proyecto de Luis XV consistía en una alianza francopolaca (Sajonia y Polonia unidas) que sirviera de amortiguador a las pretensiones rusas a lo largo de la frontera polaca, a la que Prusia (para conseguir a largo plazo Hannóver) se vería obligada a acceder. Un sistema de alianzas alemanas reforzaría la neutralidad austríaca y, por lo tanto, permitiría a Francia concentrar todos sus esfuerzos en la cuestión más importante de su política exterior, la derrota de Gran Bretaña. Por lo tanto, Luis XV y sus consejeros, Conti y el conde de Broglie, no contemplaban una ruptura con Prusia, sino una diplomacia en la cual Prusia se vería forzada a actuar bajo la dirección francesa. Kaunitz no comprendió completamente el secret (quizá nadie lo hizo), pero dedujo, al menos, que Austria no figuraba entre las prioridades francesas.

La monarquía francesa no era, por supuesto, única en su personal y específica actitud frente a la diplomacia de la nación. La convicción de que la política exterior debía ser secreta y, por tanto, obra personal de un individuo, y no de una comisión o incluso de un individuo inferior al mismo monarca, era un lugar común en Europa. Las implicaciones de esta actitud fueron, por supuesto, enormes. Allí donde el rey era realmente un hombre lógico y bien informado sobre política exterior –como demostró serlo Federico el Grande–, podía tomar sus propias decisiones y ser su mejor diplomático. Pero allí donde no lo era, el monarca teóricamente absolutista se encontraba en manos de consejeros que eran invariablemente sus favoritos; y donde había favoritos había también facciones dispuestas a ganarse el favor del rey. Si este era el dilema de la monarquía francesa, lo era aún más el de la monarquía rusa. La emperatriz Isabel se dejó llevar unas veces hacia una alianza con Gran Bretaña y otras hacia una alianza con Francia por las facciones rivales del ya anciano Bestuzhev-Riumin (gran canciller) y su enemigo Vorontsev (vicecanciller). Lo irónico es que fueron los rusos quienes determinaron el curso de la historia diplomática en 1756 y que la «revolución diplomática» puede ser presentada convincentemente como un accidente ruso.

La continua obsesión británica por la seguridad de Hannóver en el caso de un conflicto con Francia (que potencialmente implicaba la repetición de la experiencia de la guerra de Sucesión austríaca) condujo en la primavera de 1755 a un conjunto de propuestas diplomáticas británicas a Viena. La terquedad de la actitud de María Teresa en ciertos aspectos dejó sorprendidos a los británicos. Por ejemplo, sometió a los británicos a una serie de condiciones para acudir en ayuda de los británicos en el caso de un ataque prusiano a Hannóver. Primero, para garantizar la seguridad de Hannóver y los Países Bajos, Gran Bretaña debía emplear mercenarios alemanes y, además, financiar 60.000 soldados rusos que estarían preparados para atacar a Prusia en el caso de un ataque prusiano a los territorios de los Habsburgo. Si se daban tales garantías, los austríacos prometían acudir en ayuda de Gran Bretaña en Hannóver.

Gran Bretaña había abandonado algunos meses antes un intento de negociación con Rusia, pero, en vista de las condiciones de Austria, se hizo necesario reanudar el intento y Hanbury-Williams fue enviado a San Petersburgo con el propósito de concertar un acuerdo de subsidio. Anticiparse a dicho acuerdo llegó a ser la principal preocupación de Federico el Grande, y la misión de Hanbury-Williams presenció, de hecho, las primeras tentativas prusianas de llegar a un acuerdo con Gran Bretaña que asegurara la inmunidad de Hannóver a una agresión prusiana. Pero las ofertas prusianas fueron acogidas cautelosamente en Londres, donde se esperaban los resultados de las negociaciones de Hanbury-Williams. En agosto, este estaba convencido de que había llegado a un acuerdo con Rusia. Este acuerdo estipulaba la manutención británica de 55.000 soldados rusos cerca de las fronteras de Prusia Oriental, a un costo de unas 100.000 libras esterlinas al año, que aumentaría a 400.000 en caso de que tuvieran que cruzar la frontera rusa. Pero la emperatriz rusa puso ciertas condiciones que, a largo plazo, Gran Bretaña no podía aceptar. La primera condición exigía la determinación de hacer la paz, la segunda exigía un preaviso de tres meses antes de que las tropas rusas pasasen a territorio extranjero (a fin de que pudiesen ser reemplazadas por tropas de cualquier parte del Imperio) y la tercera impedía absolutamente el uso de tropas rusas si la causa de las hostilidades europeas fuera una guerra limitada solamente a América o a Italia. Evidentemente, los rusos solo estaban interesados en un conflicto con Prusia, pero el rumbo acelerado de los incidentes en América del Norte durante el verano de 1755 condujo a los ingleses a pensar que para ellos ese iba a ser el campo de batalla, y, mientras tanto, ¿cuál sería el destino de Hannóver? Se filtraron rumores en Berlín de que se había efectuado o estaba en vías de efectuarse algún tipo de alianza anglo-rusa y el nerviosismo británico, más la inconfortable ignorancia prusiana, hizo posible la convención de Westminster (enero de 1756), tratado de neutralidad entre Gran Bretaña y Prusia. Para la emperatriz Isabel este fue el fin de la alianza con los británicos, aunque Vorontsev tenía aún que encaminarla hacia una unión positiva con los franceses.

En mayo de 1756, Kaunitz logró convencer a Versalles de que una alianza con Austria serviría mejor a los intereses franceses, con vistas a la derrota de Gran Bretaña, que una alianza con Prusia. El resultado pareció favorable a Austria. En el caso de una guerra anglo-francesa, prometió lo que de todos modos pretendía, la neutralidad. A cambio recibió la promesa francesa de no invadir los Países Bajos. Si las posesiones europeas, tanto de Luis XV como de María Teresa, eran atacadas, la parte ofendida tendría derecho a exigir 40.000 soldados del otro. Una cláusula secreta estipulaba la posibilidad de un conflicto entre Francia y Prusia que podía producirse si Francia atacaba Hannóver y Prusia, de acuerdo con la convención de Westminster, acudía en ayuda de los británicos. En ese caso, Austria ayudaría a los franceses y por esto los austríacos entendían que atacarían a Prusia en Silesia. Esto era exactamente lo que los austríacos querían porque así podrían pedir ayuda a Rusia para atacar a Prusia Oriental. Parecía bastante claro, pero existían fallos importantes. Francia no quería aceptar una extensión de la influencia rusa a Polonia y al mar Báltico. A pesar de todo, la inminencia del conflicto con Gran Bretaña en América hizo que al menos estuviese dispuesta a apoyar las propuestas de negociaciones diplomáticas de Vorontsev y se intercambiaran embajadores.

Cuando las noticias de un acuerdo franco-austro-ruso llegaron a sus oídos, Federico el Grande se vio inmerso en una agresiva actividad, convencido de que, si les daba tiempo, todo estaría perdido, aunque, ni Francia, ni Rusia, ni Austria estaban preparadas todavía para emprender una ofensiva contra él. Cuando tomó esta decisión, no podía saber que Austria, juzgando que no estaba preparada para un ataque inminente a Prusia (consideraba que eran necesarios unos 40.000-50.000 soldados más de los 67.000 que ya tenía, dado que Prusia contaba con 150.000), había informado a Rusia de que no se podría emprender una acción concertada hasta la primavera de 1757, e Isabel, de mala gana y con considerable ira, había ordenado el cese de la concentración de tropas en la frontera de Prusia Oriental. En agosto de 1756, Federico tomó por sorpresa a sus enemigos. Invadió Sajonia (el elector de Sajonia era el rey de Polonia) con 67.000 hombres y tomó Dresde (el 2 de septiembre). Se dirigió hacia Bohemia. En Lobositz, una fuerza austríaca trató de repeler su entrada en Bohemia y lo retuvo en Sajonia, pero fue derrotada y los sajones (unos 18.000) capitularon en Pirna. Se llevaron a cabo complejos preparativos y, en enero de 1757, los austríacos y los franceses firmaron un tratado ofensivo.

La cuestión más controvertida en 1756-1757 no era la fuerza de la alianza franco-austro-rusa sino la efectividad de la de Prusia y Gran Bretaña. La convención de Westminster, concebida para proteger a Hannóver, había quedado en cierto sentido sorprendentemente anticuada. Federico, en guerra con las tres principales potencias militares de Europa, no estaba en las mejores condiciones para ayudar a Hannóver. La opinión pública británica se encontraba dividida entre la creencia (de William Pitt y la City) de que Hannóver y Prusia debían ser abandonadas a su suerte y la tesis de Newcastle de que las energías de Francia se estaban debilitando en una ofensiva europea. La segunda opinión daba algún crédito a la política de «conquistar América en Alemania» que solo podía hacerse mediante una política de subsidios a Hannóver, Brunswick y Hesse. El tiempo demostró ser esencial y los británicos se habían demorado demasiado. Francia, a mediados de 1757, tenía un ejército de 100.000 hombres que marcharon sobre Hannóver, derrotando a las fuerzas británicas y hannoverianas en Hastenbeck e imponiendo la convención de Kloster-Zeven por la que los británicos prometían retirar de la guerra el ejército hannoveriano. En cualquier caso, Hannóver fue abandonado a la ocupación francesa y, por lo tanto, Prusia central quedó expuesta a una invasión francesa.

Pero esto no iba a suceder. En junio de 1757, Federico el Grande había sido duramente derrotado en la batalla de Kolin, por lo cual se vio obligado a evacuar Bohemia. Sus otras fuerzas, al mando del mariscal Lehwaldt, sufrieron una derrota a manos rusas (en Gross Jaegersdorf) que pareció implicar la pérdida de Prusia Oriental y, para colmo de males, Pomerania fue invadida por los suecos. Parecía también que los 55.000 soldados franceses al mando de Soubise iban a tomar Leipzig y que Sajonia iba a serle arrebatada a Federico. Este acontecimiento fue impedido por la quizá mayor de las victorias de Federico sobre los franceses en Rossbach, el 5 de noviembre de 1757, y sobre Austria, en Leuthen, un mes después, en donde aproximadamente 50.000 soldados austríacos cayeron o desertaron. Ante un éxito tan espectacular, William Pitt revisó radicalmente su actitud y presionó en favor de la derogación del acuerdo de Kloster-Zeven. De ahí en adelante, no hubo una política británica distinta de la hannoveriana. Y no porque se llegase rápidamente a un acuerdo entre Gran Bretaña y Prusia. Federico quería ayuda británica en forma de una flota báltica para limitar las actividades suecas y rusas, pero Gran Bretaña no deseaba poner así en peligro los recursos navales necesarios para una ofensiva en América. Gran Bretaña pensaba en un tratado de ayuda económica y, finalmente, Federico aceptó 670.000 libras esterlinas, la mayor suma asignada por Gran Bretaña a un Estado continental, con las que el ejército mercenario de Fernando de Brunswick se mantuvo abastecido hasta la muerte de Jorge II. Desde entonces, el espíritu bélico para los británicos quedó encerrado en la frase: «Una guerra de desgaste en Europa y de conquista territorial en ultramar», conflicto bifurcado en el cual Prusia se enfrentaría a Austria y Rusia y los mercenarios ingleses y hannoverianos neutralizarían a los franceses en Europa, de tal modo que la verdadera guerra para Gran Bretaña y Francia tendría lugar allende los mares.

Desde el punto de vista británico, la guerra en Europa no era sino un acontecimiento secundario y William Pitt, como director efectivo de la ofensiva bélica, encarnaba este punto de vista nacional. Pitt creía, y lo había creído ya en 1746, que la conquista de Canadá era el medio de asegurar las colonias británicas en América del Norte, hacerse con las pesquerías y cortar los suministros navales franceses. Estaba perfectamente convencido de la imposibilidad del proyecto de La Galissonière. Por otra parte, estaba más interesado por el comercio que por la expansión territorial y sus planes de guerra incluían el proyecto de acaparar las ramas más lucrativas del comercio, las cuales, se podía argumentar, justificarían el gasto de guerra. Solo en 1758 fue capaz de invertir la suerte de Gran Bretaña en el continente americano y, cuando lo hizo, su éxito fue atribuible en gran parte a la unidad de la dirección y a una clara comprensión de la estrategia.

El plan era simplemente que una sección de la flota británica inmovilizara a la flota francesa en Brest y Toulon, de modo que ningún refuerzo pudiese partir para América. Esto haría posible una campaña en tres etapas. La primera parte de la campaña sería un ataque a Louisbourg como preludio de la toma de Quebec, la segunda un ataque al Fuerte Duquesne en los disputados territorios de Ohio y la tercera un ataque a Montreal. La primera parte del plan fue un éxito total, después de un asedio de siete semanas y pesados bombardeos. En la segunda, los mismos franceses acabaron quemando el fuerte y batiéndose en retirada. La ineptitud militar del general Abercromby les costó a los británicos la captura inmediata de Montreal a causa de un desastre en Ticonderoga. A pesar de todo, los días de la Nueva Francia estaban contados. En 1759, a Amherst se le ordenó capturar el Fuerte Niágara y, por tanto, salvar otro importante escollo en el plan de Ohio. Luego, el general de brigada Wolfe reunió una fuerza de asalto para tomar Quebec, el corazón del Canadá francés. La torna de Quebec (junio de 1759) es atribuible a varios factores, entre ellos la alta calidad y experiencia de las fuerzas británicas, la excelencia del mando de Wolfe, la pericia naval de Charles Saunders en la navegación por el río San Lorenzo, la perspicacia de William Pitt al ordenar la exploración del río como paso preliminar, el fracaso de los franceses en sus intentos de apuntalar una Nueva Francia debilitada con hombres de reemplazo y la división del mando por rivalidades personales entre el marqués de Vaudreuil, gobernador general, y el marqués de Montcalm, comandante de las tropas regulares francesas. La rendición de Quebec fue, ciertamente, el episodio más decisivo en el hundimiento de la Nueva Francia. Lo único que faltaba era la rendición de Montreal, que se produjo en septiembre de 1760, y su hundimiento fue completo.

Nunca dejaron de ser una preocupación para el gobierno británico los acontecimientos en el Caribe y, probablemente, solo el bloqueo de la flota francesa en Brest y Toulon permitió a los británicos darse el lujo de no tener que librar inmediatamente una guerra americana en dos frentes. La caída de Louisbourg, sin embargo, dio a Pitt la oportunidad de enfilar hacia las islas azucareras francesas, que eran de inmenso valor para el comercio francés, con la intención de hacerse con algunas bazas importantes para las negociaciones de paz y conseguir así que, en caso de romper el bloqueo, los buques franceses concentraran sus esfuerzos en recuperar el Caribe y no en ir en ayuda del Canadá. Las factorías francesas dedicadas al tráfico de esclavos a lo largo del río Senegal, en África occidental, habían sido tomadas ya en 1758 y esto equivalió, a la larga, a privar a las Indias Occidentales francesas de mano de obra. Los plantadores británicos, hostiles a la idea de tener competidores en su comercio, no mostraban gran entusiasmo por la conquista del Caribe, pero la Martinica, nido de piratas, fue una propuesta diferente. 6.000 soldados británicos y una escolta naval recibieron órdenes en 1758 de dirigir sus esfuerzos contra Martinica y Guadalupe. Guadalupe resultó fácil de tomar, aunque el clima y las enfermedades pronto infligieron pérdidas a las fuerzas invasoras. Los artículos de la capitulación redactada por los victoriosos británicos estipulaban la libertad de comercio dentro del Imperio británico e impedían a los plantadores británicos establecerse allí antes de la firma de la paz. Por supuesto, no contemplaban la destrucción de las plantaciones francesas, lo cual fue considerado por los plantadores británicos como una total traición a sus intereses. La Martinica no cayó hasta 1762. La Dominica, a esas alturas, había caído, y Santa Lucía, San Vicente y Granada también fueron capturadas. Todo esto fue posible por las victorias navales de Lagos y la bahía de Quiberon en 1759, después de las cuales no hubo una flota francesa eficaz.

El éxito británico era notorio en todas partes. La tardía entrada de España a la guerra, en enero de 1762, atribuible en gran medida a la aprensión del nuevo monarca Carlos III ante el éxito británico en el Caribe, y la renovación del pacto de familia con Francia solo pueden ser descritas con las palabras de Glyndwr Williams como «no lejos de ser suicidas» para España. Los ingleses tomaron La Habana, clave para el Imperio de España en el Caribe, y después, en 1763, Manila, centro de los dominios españoles del Pacífico. Aun así, parecían pequeños logros en comparación con los avances británicos en la India bajo la dirección de Robert Clive, «general llovido del cielo para Gran Bretaña», como lo describió Pitt. Clive, en la batalla de Plassey (1757), puso prácticamente fin a las pretensiones francesas en la India, estableció el control británico en Bengala y logró decisivas victorias, incluyendo la toma de Pondicherry (1759).

Sin embargo, los ingleses estaban ansiosos por hacer la paz. La guerra había agotado los recursos financieros de todos los participantes hasta un grado que nadie había creído posible y los británicos no eran una excepción. Las maquinaciones políticas y la muerte de Jorge II llevaron a la renuncia de Pitt en 1762 y a su sustitución por Bute. La retirada de Rusia de la guerra y las propuestas de paz del duque de Choiseul fueron presiones en favor del cese de las hostilidades. Pero la paz de París (1763) iba a ser muy curiosa. Explicable solamente por la extraña idea de que infligir una derrota demasiado grande a Francia equivalía a mantener una guerra eterna, las pérdidas de Francia no fueron en modo alguno proporcionales a la magnitud de la derrota francesa. Para Pitt, la paz fue un dispendio de todo lo obtenido por Gran Bretaña. También creía en la posibilidad de una guerra de desquite con los Borbones, pero pensaba que se produciría al margen de las condiciones del acuerdo y los hechos le darían la razón.

El punto más conflictivo de la paz fue si Gran Bretaña debía ceder a los franceses las islas caribeñas de Guadalupe y la Martinica o Canadá. Los ministros tenían muy pocas dudas de que la devolución de Canadá haría que la guerra no tuviese sentido alguno. Choiseul ofreció a Gran Bretaña la cesión de todas las posesiones en el continente, y para Bute esto significaba que el continente americano estaba ahora seguro. Por otra parte, los franceses recuperaron sus derechos de pesca en los grandes bancos de Terranova y las islas azucareras de Guadalupe y Martinica. Esto ciertamente satisfizo a los intereses azucareros británicos, aunque estos habrían preferido la destrucción de las plantaciones. Las islas de Granada, la Dominica y Tobago, en las Indias Occidentales, quedaron en manos de los británicos, así como Senegal y las conquistas más importantes en la India. Luisiana, cedida por Francia a Gran Bretaña, fue cambiada a España por Florida, y La Habana fue restituida a los españoles. Los tratados comerciales angloespañoles fueron renovados. Para Pitt, Canadá, sin las pesquerías, no valía nada. Quizá exageraba su importancia, pero no había duda alguna de la naturaleza insatisfactoria de la paz.

Algunos de los fallos del tratado eran imprevisibles. Ciertamente, la balanza de la grandeza como potencia colonial se inclinaba a favor de Gran Bretaña y quizá la pregunta más significativa que se puede formular acerca de la guerra de los Siete Años es por qué Francia fue tan desafortunada. A esta pregunta no hay respuesta rápida o simple. Para Alfred Cobban: «La paz de París fue el precio pagado por un gobierno de grupos ministeriales y facciones de la Corte débiles e irresolutos»[1]. Esta crítica es correcta, dadas las intrigas cortesanas que reemplazaron a d’Estrées, el victorioso general francés que obligó a Cumberland a formar la convención de Kloster-Zeven, por el duque de Richelieu, que desperdició los triunfos franceses en Hannóver, disminuyó la fuerza del ejército francés e hizo posible la victoria prusiana en Rossbach que, según Napoleón, fue el acontecimiento aislado más importante para el hundimiento de la monarquía francesa. Igualmente evidente era la falta de preparación del poder marítimo francés, que condujo a la separación entre la metrópoli y su Imperio. Quizá también la alianza austríaca fue un error cuando los objetivos franceses eran predominantemente antibritánicos, a pesar de lo cual dicha alianza no sería formalmente abandonada hasta 1789. Y finalmente, ¿cómo se podría luchar realmente con los británicos? En el transcurso de la guerra de los Siete Años, los franceses se convencieron progresivamente de la necesidad de usar una fuerza de invasión. La falta de un ejército permanente en Gran Bretaña debía asegurar el éxito rotundo de una estrategia de este tipo, si alguna vez se lograba efectuar un desembarco. Es significativo que, a los dos meses de firmar la paz, Choiseul estuviera trabajando en la creación de una fuerza naval y especulando sobre el lugar de desembarco más conveniente. Claramente, la paz de París no iba a durar mucho.

La paz de París y el tratado de Hubertusburg suponen la dicotomía más significativa en la historia diplomática del siglo XVIII, porque señalan el punto en el que dos cuestiones, las preocupaciones coloniales y ultramarinas de Inglaterra, Francia y España, y las ambiciones y rivalidades de las tres potencias de Europa oriental, se convirtieron, rápida y lógicamente, en casus belli. Tanto Francia como Gran Bretaña volvieron la espalda a Alemania. La razón de esto fue principalmente financiera. A los británicos les habría gustado que existiera alguna alianza que protegiera de algún modo a Hannóver, pero los políticos retrocedieron claramente ante las dificultades económicas de un tratado de financiación (y ninguna potencia de Europa oriental defendería a Hannóver por nada). Los franceses habían sufrido una costosa derrota y habían sacado la conclusión de que lo mejor para Francia, su futuro económico y su prestigio, era desentenderse de los asuntos alemanes hasta recuperar todas sus energías para reconstruir un imperio comercial. Esto implicaba, sobre todo, la construcción de una nueva armada para contrarrestar la experiencia de la guerra de los Siete Años. El abandono de los asuntos alemanes dio a los franceses una nueva resolución. Como los españoles estaban también decididos a llegar a una guerra de desquite para conseguir la restitución de Gibraltar y Menorca, el pacto de familia se mantuvo con firmeza. Esta firmeza, sin embargo, iba a actuar en favor de los franceses. Los franceses se negaron rotundamente a verse envueltos en una agresión por los españoles antes de estar preparados, y por eso no respaldaron a España en 1770 en la disputa acerca de los derechos españoles sobre las islas Malvinas.

En Europa oriental, estas actitudes también contribuyeron a que se produjera un periodo de calma en las relaciones diplomáticas. La razón más directa fue el agotamiento económico, aunque esto no significó ninguna reducción real de las fuerzas armadas. De hecho, para José II la insuficiencia de las tropas y la necesidad de aumentar el número de militares fue una de las lecciones de la guerra de los Siete Años. Pero también, en cierta medida, significó reconocer que una guerra para reconquistar Silesia no estaba dentro de las posibilidades de los Habsburgo. Federico el Grande estuvo al borde del desastre: quizá solo la buena suerte le evitó tener que hacer frente a un ataque conjunto austrorruso. Un acercamiento a los Habsburgo no era posible y en 1784 los ejércitos prusianos habrían de asegurar que los Habsburgo no extendieran su influencia dentro del Imperio, intercambiando Baviera por los Países Bajos. Sin embargo, la guerra de Sucesión bávara no fue para Prusia una guerra de conquista. Además, a través de Rusia, se hizo posible una acción concertada entre los Habsburgo y los Hohenzollern en el caso polaco.

Rusia, en efecto, marcó la pauta de las relaciones diplomáticas en Europa oriental desde 1763. Esto se debió en parte a sus ambiciones en dos zonas, Polonia y el Imperio otomano, ambas contiguas al territorio ruso, donde se podían obtener supuestas ganancias sin caer necesariamente en interminables acciones militares. Estos llegaron a ser los puntos focales de la actividad en Europa oriental. Quizá lo más significativo de todo fue que, en los veinte años que siguieron a la guerra de los Siete Años, solamente Rusia, a pesar del mito de un Federico el Grande siempre en pie de guerra, se mostró dispuesta a llevar a su ejército al campo de batalla. Por tanto, por primera vez en este periodo, el tan invocado principio del equilibrio de fuerzas se transformó en una realidad perfectamente demostrada con el inmoral desmembramiento de Polonia, en el cual los tres gigantes de Europa oriental actuaron al unísono, sin ceder ninguno de ellos una pulgada en rapacidad a los otros dos. Estas particiones demostraron que el viejo concepto de equilibrio de fuerzas, basado en la idea de la equitatividad de las fuerzas en la acción, había sido sustituido por el derecho a una parte igual de cualquier despojo. Como señalaba Vergennes, ministro francés de Asuntos Exteriores: «Durante dos siglos las grandes potencias han centrado toda su atención, a menudo hasta el punto de agotar sus recursos, en impedir que alguna de ellas llegara a ser preponderante. Ahora una nueva combinación ha reemplazado al sistema de equilibrio general; tres potencias han construido uno propio. Está basado en la igualdad de su usurpación y, por lo tanto, el equilibrio de fuerzas está hecho para inclinarse fuertemente a su favor.»

En resumen, mientras una parte de Europa se embarcaba en la lucha más enconada hasta ese momento para forjar o mantener un imperio transatlántico en el cual el factor decisivo iban a ser, una vez más, los mismos colonos, la otra parte se dedicaba a construir un imperio en las fluidas regiones fronterizas de Europa oriental.

El hecho de que el conflicto entre Gran Bretaña y Francia tardara en materializarse en Europa occidental después de 1763 reflejó, más que nada, la fuerte presión fiscal. Incluso Gran Bretaña se resintió del esfuerzo. La deuda nacional casi se había duplicado, pasando de 70 millones a 130 millones de libras esterlinas; la contribución territorial subió cuatro chelines por libra. Los terratenientes pagaban por esa causa más del 15 por 100 de sus ingresos en concepto de contribución territorial y el gobierno se vio obligado a proponer nuevos impuestos, sumamente impopulares, y a reforzar el control sobre cualquier posible anomalía en el sistema de aduanas inglés. De hecho, no se puede comprender ningún aspecto de la vida nacional o internacional sin una constante referencia a la cicatería del gobierno como consecuencia de la guerra de los Siete Años. Aunque Choiseul estaba convencido de la inevitabilidad de un inminente conflicto y se esforzaba en reconstituir la armada francesa (de 35 vapuleados barcos en servicio en 1763 a 64 barcos y 50 fragatas en 1771), esto tuvo que hacerse en parte por suscripción pública, dadas las estrecheces financieras del gobierno. Choiseul inicialmente proyectó una guerra para rehacer de algún modo el Imperio francés con base en el Caribe, con una posible reconquista de Senegal y las posesiones indias que se produciría a los cinco años de la paz de París. Fue, sin embargo, la dura reacción financiera la que determinó la capacidad de acción de Francia y, en 1770, el «gran designio» de Choiseul sufrió un importante revés por parte del contrôleur général, Terray. Choiseul, ansioso de demostrar a los británicos la fuerza del pacto de familia, estaba dispuesto a respaldar a España en sus reivindicaciones de las islas Malvinas frente a los británicos. A esto, Terray opuso la casi bancarrota de las finanzas de Francia. Choiseul intentó culpar de esto a la ineptitud financiera del contrôleur général, pero perdió el favor del rey y fue separado de su cargo.

En resumen, la política exterior francesa entre 1763-1776 fue esencialmente de tono menor y este tono amortiguado se debió al impacto de las circunstancias financieras. Sin embargo, no se puede decir que se habían producido cambios importantes en las finanzas reales en 1776, cuando las colonias americanas se sublevaron contra Gran Bretaña. La anglofobia francesa inspiró una fuerte simpatía hacia los rebeldes. Un puñado de voluntarios franceses (incluyendo al joven Lafayette), cruzaron casi inmediatamente el Atlántico para servir a la causa de los colonos. En 1778, cuando se puso de manifiesto que los colonos estaban haciendo algo más que resistir (después de la capitulación del ejército británico al mando de Burgoyne en Saratoga), el ministro de Asuntos Exteriores francés, Vergennes, y el enviado americano en París, Benjamin Franklin, negociaron tratados de alianza y comercio entre Francia y las colonias americanas. Francia acordó entrar en la guerra y no firmar la paz hasta que la independencia americana fuese una realidad, y renunciar a todos sus derechos en Norteamérica al este del Misisipí, y a cambio se le dejaba el campo libre en el Caribe. La mayor parte de la ayuda francesa en el continente americano se llevaría a cabo básicamente en forma de subsidios, los cuales serían gradualmente reembolsados mediante tabaco americano y acuerdos comerciales preferentes entre los dos países. Ciertamente, los franceses esperaban que una Norteamérica agradecida acudiera a ellos en busca de las mercancías manufacturadas, habitualmente suministradas por los británicos. Por lo tanto, la entrada de Francia en la guerra se debió a algo más que a una simple venganza o a unas nociones filosóficas acerca de la libertad. Para responder a la pregunta de por qué intervino Francia, y reforzó así su éxito en América, se deben tener en cuenta el Caribe y las ambiciones comerciales. El matrimonio entre los colonos americanos y Francia fue principalmente un matrimonio de conveniencia. Por supuesto, en el curso de la guerra, las preocupaciones francesas por el Caribe iban a enfurecer a los colonos.

La pugna de los británicos con las colonias americanas llevaba consigo una consecuencia inevitable. Los intentos de disminuir el coste de su mantenimiento a partir de 1763, mediante un paquete de medidas, suscitaron serios problemas constitucionales dentro de las asambleas coloniales, que disfrutaban de un alto grado de autonomía y estaban persuadidas de que los impuestos arbitrarios eran perjudiciales para el poder de las instituciones representativas. Estas medidas incluían una mejora de las relaciones con los indios mediante una proclama que garantizara que los asentamientos blancos no oficiales al oeste de los Apalaches serían controlados y, por lo tanto, la tierra de los indios sería protegida –decisión difícilmente compatible con las ambiciones expansionistas de los colonos– y un esfuerzo por aumentar los ingresos mediante un impuesto sobre el azúcar extranjero importado y, más tarde, mediante un impuesto sobre el timbre (1765). Fue muy importante la ausencia de un enemigo francés que hiciera indispensable la presencia de los británicos. Al mismo tiempo, los esfuerzos británicos por mantener relaciones armoniosas con los canadienses franceses en el Acta de Quebec, que extendió los límites del Canadá hasta el río Ohio –haciendo caso omiso de las reivindicaciones de Massachusetts, Nueva York y Connecticut–, fueron interpretados como favores fuera de lugar. El malestar suscitado por los esfuerzos de regular la importación de té dando a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio del abastecimiento condujo al incidente conocido como el Boston Tea Party, en el que fue destruido uno de los cargamentos. La formulación de una política radical tomó cuerpo en septiembre de 1774, cuando el primer Congreso continental reunido en Filadelfia y los radicales, encabezados por Samuel Adams, se impusieron a los elementos conservadores, redactando una declaración de derechos que exigía la derogación de trece actas existentes (incluida la de Quebec) y denunciaba otras para aumentar los ingresos. Al mismo tiempo, se rompieron las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Cinco meses más tarde, se intercambiaban los primeros disparos en Lexington.

¿Habría podido ser la guerra verdaderamente evitada? Probablemente no. Las colonias americanas habían alcanzado un grado de madurez política y tenían unas ambiciones económicas que inevitablemente debían conducirlas a un conflicto con las entrometidas autoridades de la madre patria, con la cual se sentían escasamente solidarias. Evidentemente, las colonias americanas no podían ser encerradas dentro de los límites del viejo sistema colonial ni la amplitud de las relaciones con la madre patria podía estar dictada por la filosofía colonial que ya se ha descrito. Pero para Gran Bretaña, una vieja filosofía no podía ser descartada sin que otra ocupase su lugar. La negativa colonial a cooperar en la defensa arrastró gradualmente a Inglaterra hacia una represión armada y una guerra que estaba condenada a perder.

¿Por qué los británicos perdieron la guerra? Norteamérica contaba solamente con dos millones de habitantes: los británicos con ocho millones. Los soldados británicos, o los mercenarios que enviaron, eran tropas regulares y entrenadas, todo lo contrario que las fuerzas americanas. Además, los británicos tenían una industria bélica mucho más desarrollada. Dicho esto, sin embargo, los británicos tenían pocas posibilidades de ganar. Al principio de la guerra, los británicos contaban solo con una pequeña fuerza militar en América. Con el tiempo se reunió y transportó a través del Atlántico una fuerza mayor, un ejército regular que había tenido tiempo de entrenarse y desarrollar una estrategia. Las ofensivas británicas iban a revelar la magnitud de los problemas del aprovisionamiento y la coordinación de los movimientos de tropas a través del Atlántico y de un país muy grande, con unas comunicaciones muy primitivas. Los británicos tropezaron con el problema enorme y desconocido de ganar una guerra cuando era necesario, no solamente derrotar a un ejército enemigo y ocupar sus centros más importantes, sino también sojuzgar a una población civil. Además, esta población civil creía en la derrota de los británicos y, por lo tanto, para los británicos no era solo cuestión de aplastar una rebelión, sino también de efectuar una reconquista. Todo esto era válido antes de que Francia y España entraran en la guerra de 1776. Pero su intervención, obviamente, multiplicó las dificultades de los británicos. Ahora era Gran Bretaña la amenazada con una guerra en varios frentes: en aguas europeas, en el Caribe y en la India. Vergennes decidió inicialmente concentrar los esfuerzos franceses en el Caribe.

En junio de 1779, España entró en la guerra, decidida a recuperar Gibraltar y Menorca y desde ese momento, hubo que contar con una fuerza naval conjunta superior a la de Gran Bretaña. Aunque la invasión francoespañola de Gran Bretaña en 1779 se vio frustrada, esta diversión en aguas de su soberanía significó la retención de fuerzas a este lado del Atlántico y, para mayor confusión británica, estalló la guerra con la República Holandesa a causa de las disputas por el suministro holandés de pertrechos navales a Francia y España. En el mismo año, la Liga de Neutralidad Armada del Norte –alianza entre Rusia, Suecia, Prusia, Dinamarca y Portugal– impugnó la autoridad británica para impedirles, como potencias neutrales, abastecer a las colonias. Ante tales contratiempos, había pocas esperanzas para Gran Bretaña.

¿Hasta qué punto es atribuible la victoria americana a la intervención francesa? La efectividad de los colonos se vio favorecida por el hecho de que Inglaterra tuvo que soportar una guerra en varios frentes y la marina francesa pudo suministrar armas a los americanos (probablemente de origen holandés). Lo más crucial de todo fue quizá el papel de los franceses en la batalla de Yorktown, el episodio aislado más importante de la guerra. No obstante, aun sin la intervención francesa, es dudoso que los británicos hubieran podido lograr una victoria a largo plazo en Norteamérica.

La pérdida de la superioridad naval británica fue acompañada de malas noticias de la India, donde una fuerte coalición de gobernantes indios con respaldo francés estaba acabando rápidamente con el poder británico, y de las Indias Occidentales, donde el almirante de Grasse había tomado una a una San Cristóbal, Montserrat y Nevis y estaba preparando un ataque a Jamaica. Solo una brillante victoria del almirante Rodney, la batalla de los Santos, en abril de 1782, salvó a Jamaica, y el mismo almirante fue responsable de la defensa de Gibraltar. El éxito de Rodney dio a los británicos cierta fuerza en las negociaciones de paz hacia las que les impelían la opinión pública y la desesperación política.

Las negociaciones en representación de Gran Bretaña fueron llevadas por Lord Shelburne, un político curiosamente desafortunado al que la posteridad considera un hábil negociador que miraba al futuro y no al pasado. Influenciado por la nueva escuela de economistas encabezada por Adam Smith, creía que lo verdaderamente importante eran las buenas relaciones comerciales entre Gran Bretaña y el nuevo Estado americano y, a tal fin, se opuso a los intentos franceses y españoles de restringir los Estados Unidos al litoral atlántico y los definió como el país al sur de los grandes lagos, al norte de Florida y al oeste del Misisipí. Una nación en formación debía ser libre de abrirse al Oeste. Canadá y Nueva Escocia seguían siendo británicas, Luisiana francesa y Florida española. Vergennes, enfrentado a los problemas financieros franceses, encontró a Shelburne más comprensivo que sus aliados españoles, que planteaban absurdas reclamaciones. Los británicos, una vez solucionado el caso americano, podían resistir en el Caribe y, de hecho, la mayor parte de las conquistas francesas (excepto Tobago y Santa Lucía) fueron restituidas. Francia recuperó Senegal, aunque se llevó una gran desilusión en la India, donde Vergennes esperaba abrir nuevas esferas de influencia y se vio reducido a la restitución de las factorías comerciales y a una franja alrededor de Pondicherry. España recuperó Menorca, pero no pudo expulsar a los británicos del golfo de Honduras.

El precio que debió pagar Francia por la derrota británica fue una crisis constitucional y fiscal que haría caer al gobierno, efecto a largo plazo que nadie podía prever, pero que demuestra hasta qué punto el interés cada vez más absorbente por el comercio, el Imperio y todo lo relacionado con ellos iban a determinar el rumbo de la vida política de Europa occidental.

En la otra parte del mundo, mientras Gran Bretaña y Francia se preparaban para librar este duelo debilitador, el destino de Polonia pendía de un hilo. La idea de una partición de Polonia no surgió inesperadamente tras la guerra de los Siete Años, ya que durante toda la guerra había sido el leitmotif de la intervención rusa, con la esperanza de modificar la frontera ruso-polaca e, inicialmente, despojar a Prusia de la Polonia prusiana. Tierras de cereales, grandes ríos, importantes puertos en el Báltico eran obviamente presas codiciables, aun sin tener en cuenta que Prusia estaba separada por territorio polaco o que Zips, un enclave polaco, era contiguo a Hungría. Polonia iba a ser deshojada, como dijo Federico el Grande, por varias razones, que se podrían resumir como debilidad interior y codicia exterior. El constitucionalismo aristocrático en Polonia había acabado con todo. Una monarquía electiva y una administración dirigida por un senado y el Seym, el uno formado por los grandes magnates y el otro por sus hombres de confianza de la szlachta o pequeña nobleza, garantizaban la anarquía. En el Seym cada individuo tenía derecho a anular los acuerdos mediante su voto personal, el liberum veto. El control del rey podía ser comprado, recompensando a los miembros del Senado con pensiones y sinecuras y construyendo así una red de padrinazgos. Este control era simplemente una ficción: los grandes magnates eran prácticamente soberanos en sus propios palatinados y la szlachta no se movería una pulgada sin ellos. Este sistema no produjo un ejército nacional eficaz –18.500 oficiales y soldados que difícilmente podían hacer frente a los cientos de miles de soldados que Rusia, Prusia y Austria podían reunir conjuntamente– ni, y esta era una cuestión muy relacionada con la anterior, de una renta nacional sustanciosa. Las tres cuartas partes de la población eran siervos que realizaban agobiantes prestaciones de trabajo con efectos muy perjudiciales para la renta nacional, que había de ser aumentada mediante impuestos a los comerciantes y al comercio e impuestos extraordinarios a los judíos y otras minorías. En cualquier caso, el dinero escaseaba.

Desde 1733, el rey de Polonia había sido un títere de la emperatriz de Rusia; primero, Augusto III (elector de Sajonia) y, luego, después de 1764, Estanislao Poniatowski, antiguo amante de Catalina la Grande. La elección de este último al trono polaco fue convenida mediante un acuerdo ruso-prusiano como parte de un trato por el que Prusia garantizaba a Rusia ayuda en caso de agresión por una potencia que no fuese Turquía y Rusia prometía apoyo a Prusia en caso de ataque a sus dominios occidentales. Fue una especie de réplica a la continuidad de la alianza francoaustríaca y, quizá, igualmente significativa. La política rusa en esta coyuntura fue la de preservar a Polonia como Estado débil y dependiente, aunque una facción de la Corte rusa (encabezada por los hermanos Chernyshev) propugnaba una revisión de las fronteras existentes. Lo que llevó a Catalina a la idea del desmembramiento fue un cierto estímulo pasivo por parte de Prusia (estímulo quizá sobreestimado por los historiadores rusos), dispuesta, si se podía conseguir sin esfuerzo, a anexionar Pomerania y Prusia Oriental y, sobre todo, los acontecimientos que se estaban produciendo en Polonia. Porque Polonia, en ese momento tan crítico de su historia, se iba a ver envuelta en una guerra civil. Esta fue suscitada por los derechos de los disidentes religiosos (200.000 protestantes y 600.000 ortodoxos, los últimos de los cuales vivían en la actual Bielorrusia y en Ucrania). Unos y otros exigían plena igualdad y los ortodoxos pedían que cesaran las presiones en favor del rito uniata. Catalina apoyó sus reivindicaciones por diversas razones: por fomentar la anarquía, por tolerancia ilustrada y, por lo que concernía a los ortodoxos, por motivos eminentemente «rusos». Prusia, por otra parte, alentó ligeramente las reivindicaciones de los protestantes.

El resultado fue la formación de confederaciones entre los disidentes, con evidente ayuda extranjera, y la existencia de estas inspiró la creación de confederaciones similares para la defensa de la fe y de la libertad y del derecho de los polacos a velar por sus propios asuntos sin intervención extranjera. La Confederación de Bar terminó por abarcar a la mayor parte de estos últimos. Todas las confederaciones eran organizaciones guerrilleras dedicadas al saqueo, al asalto y al bandidaje en general. Si la Confederación de Bar tenía algún programa político era la disminución del poder real y la abolición del liberum veto.

En pleno conflicto, en el cual intervenían extraoficialmente tropas rusas, la población ucraniana de Polonia sudoriental se sublevó contra sus terratenientes polacos y contra aquellos a los que calificaba de intermediarios «judíos», así como contra los métodos de conversión usados por la Iglesia uniata. Una revuelta masiva, de carácter antiseñorial por sus ataques a las casas solariegas y a los agentes señoriales, arrasó la región, en la creencia de que los rusos apoyarían a los rebeldes. Pero, en su búsqueda de confederados polacos fugitivos, los ucranianos quemaron la ciudad otomana de Balta y los turcos (incitados por los franceses) se valieron de este pretexto para declarar la guerra a Rusia a fin de asestarle un golpe mientras estaba enredada en Polonia. Por tanto, Rusia se encontraba en 1768 en una posición curiosa. Por una parte, la cuestión polaca exigía claramente una solución «rusa» si se quería mantener la influencia de Rusia en ese país. La Confederación de Bar tenía que ser destruida para que no condujera a un acuerdo político susceptible de acabar con la «feliz anarquía» que tanto convenía a los intereses rusos. Lo más probable, de todos modos, era que, si Rusia no intervenía a fondo, Prusia se aprovechara de la guerra civil para hacerse con el enclave polaco entre Pomerania y Prusia Oriental. Por otro lado estaban los sueños rusos de expansión hacia el mar Negro. Catalina sabía exactamente lo que quería obtener del conflicto turco y sus miras eran ambiciosas: un puerto en el mar Negro, paso libre por los Estrechos y la «independencia» del janato de Crimea. Había, pues, que dar una firme orientación a este inoportuno conflicto.

En 1770, los ejércitos rusos estaban en Azov y Bucarest, la flota turca había sido destruida en Chesme y los rusos habían ampliado sus objetivos bélicos para incluir la anexión de Crimea y de las fortalezas de Kerch y Yenitake (a fin de controlar los Estrechos de Kerch, que unían el mar de Azov con el mar Negro) y la anexión de Moldavia y Valaquia como recompensas de guerra. Pero era imposible utilizar las ventajas tácticas rusas teniendo tropas comprometidas en Polonia. Había, además, muchos indicios de que las potencias europeas no se iban a quedar sentadas y a permitir que Catalina se anexionara tranquilamente el Imperio otomano. Existían rumores de una alianza austro-turca (en efecto, los preliminares de un acuerdo austro-turco fueron firmados en 1771, aunque Austria estaba bastante dudosa al respecto) y era evidente que Austria no estaba dispuesta a permitir el arrollador avance ruso hacia los Balcanes. Federico el Grande, temeroso de verse arrastrado a un conflicto, y a la luz de las obligaciones de su tratado, en el que ahora no veía ninguna ventaja para él, presionaba a Catalina para firmar la paz, y fue también él quien, a principios de 1771, sugirió a la emperatriz de Rusia que el mejor modo de evitar un conflicto internacional era la división tripartita de ciertos territorios polacos. Esto, junto con la renuncia de Rusia a su insistencia en ocupar Moldavia y Valaquia, aplacaría a Austria y resolvería la cuestión polaca de tal modo que Catalina podría, sin más preocupaciones, negociar con la Puerta. Uno por uno, los ejércitos confederados se rindieron a los ejércitos prusianos o rusos y de este modo pudo ser fácilmente llevada a cabo la primera partición, que afectó aproximadamente a la cuarta parte del territorio polaco.

Federico no se había equivocado en sus predicciones, aun cuando, incluso sin la cuestión turca, la partición de Polonia era una posibilidad inminente y el problema turco no hizo sino acelerarla. En agosto de 1772, Prusia se apoderó de Prusia Occidental y del arzobispado de Warmia (Ermeland), Austria de un triángulo emplazado en los Cárpatos y Rusia de las regiones al este del Duina, el Druc y el Dniéper. Dos millones de polacos quedaron bajo el control austríaco, aproximadamente un millón y medio bajo la soberanía rusa y cerca de medio millón bajo la prusiana, aunque el valor del territorio prusiano en términos estratégicos sobrepasaba con mucho al de las anexiones de los otros dos.

Afortunadamente para los turcos, tan pronto como se eliminaba un obstáculo al avance ruso, otro ocupaba su lugar. La prolongación de las hostilidades se cobró un gran número de víctimas no solamente de la guerra, sino también de enfermedades. Además, esta fue una guerra que los rusos debieron financiar y, por tanto, tuvieron que recurrir al aumento de los impuestos, lo que dio lugar a algunos de los disturbios relacionados con la revuelta de Pugachev. La extensión de esta revuelta hizo que el gobierno, ansioso de distraer al ejército, fuese consciente de la necesidad de paz.

Las negociaciones con la Puerta fueron agotadoras, pero finalmente los rusos obtuvieron en el tratado de Kutchuk-Kainardji Azov las desembocaduras del Dniéper y del Bug, las fortalezas de Kerch y Yenikate y el libre paso por los Estrechos, y se aseguraron la independencia de Crimea. Tanto Gran Bretaña como Francia veían los acontecimientos en Polonia y Turquía con gran aprensión, pero ninguno de ellos estaba en condiciones de interceder. Ni la primera partición de Polonia ni el tratado de Kutchuk-Kainardji pusieron término a estos problemas. A principios de la década de 1780, los designios rusos sobre Turquía se habían convertido en un «proyecto griego» según el cual la influencia rusa se extendería al Dniéster, se crearía una Dacia independiente (más o menos, Rumanía) y se resucitaría el Imperio bizantino, que sería gobernado por el nieto de Catalina, Constantino, mientras que las posesiones otomanas en los Balcanes serían ofrecidas a Austria, y Francia sería acallada con un territorio en el norte de África. Todo esto eran conjeturas y no fue sino en 1787 cuando este proyecto puso a Europa oriental al borde de la guerra.

En cuanto a Polonia, el impacto de la primera partición hizo que los miembros del Seym reconocieran, aunque tardíamente, que eran necesarias algunas reformas y que el individualismo y la anarquía solo podían acarrear destrucción. Las dietas provinciales de la década de 1770 cedieron algunos de sus poderes fiscales al Seym, del que fue proscrita la szlachta sin tierras, y se hicieron intentos de limitar el poder de los magnates. Más impresionantes fueron los esfuerzos por racionalizar la recaudación de las rentas públicas, que implicaron un intento de establecer un presupuesto nacional, la racionalización de los impuestos sobre los judíos y el clero y la introducción de nuevos impuestos sobre la sal y tabaco, así como un nuevo impuesto del timbre. Todo esto aumentó los ingresos del Estado, pero lo que no pudo hacer fue preservar al país de la rapacidad de sus vecinos ni tampoco de dos nuevas particiones en la década de 1790.

El panorama internacional en vísperas de la Revolución francesa estaba aparentemente más tranquilo de lo que lo había estado durante muchas décadas. Los antiguos odios seguían en pie, algunos parcheados a medias, cuando no borrados. Se habían perdido dos imperios en la Europa occidental, mientras en la oriental crecían rápidamente otros dos. El destino de las monarquías y el desarrollo del Estado iban unidos a este proceso.

[1] A. Cobban, A history of modern France, Londres, 1962, p. 77.

PARTE II

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

V. EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO

El Estado alemán procede del principado territorial. No es un Estado monárquico por naturaleza, como lo son los Estados de la Europa occidental.

Schlesinger, 1954.

En el siglo XVIII, la posición de los Estados alemanes y, por supuesto, de la totalidad del Sacro Imperio Romano Germánico entre las formas políticas europeas era verdaderamente única. Según observadores de la época –como Voltaire, que tendía a la frase sentenciosa y poco precisa siempre que juzgaba fenómenos que solo entendía de modo imperfecto–, el Imperio había dejado de ser sacro, romano e imperio. Su carácter sacro y romano se había perdido durante las luchas que siguieron a la Reforma, y el estilo imperial suponía una autoridad central que el emperador, sencillamente, no poseía. En opinión de tales observaciones, el Imperio se mostraba, en su forma institucional, decadente y moribundo, y nadie se detenía a considerar qué función le incumbía y en qué medida realizaba su cometido. Esto sucedía porque, al igual que los comentaristas del siglo XIX que les seguirían, estos observadores partían del concepto del Estado monárquico unificado que comprendía un pueblo cuyos intereses particularistas quedaban supeditados al sentido de la unidad.

Visto de cerca, sin embargo, tal concepto apenas significaba nada para los 294 Estados o 2.303 territorios y jurisdicciones del imperio, que incluía las zonas que actualmente conocemos como Alemania, pero también se adentraba en la Europa central, en territorios que siempre habían pertenecido a los Habsburgo. La historia de los primeros tiempos de la Alemania moderna es la de una federación de principados territoriales y, en algunos de estos principados, la noción de Estado o de soberanía era muy distinta de la que predominaba en Europa occidental. Esto es menos aplicable a los superestados de los Habsburgo o los Hohenzollern o, incluso, a Estados de tipo medio como Baviera, Hannóver o Sajonia, donde la autoridad estaba claramente en manos de príncipes y asambleas, que a las numerosísimas ciudades imperiales y villas libres, o a los Estados eclesiásticos de Renania, donde las autoridades municipales o los príncipes-obispos electos se declaraban tan landesvater (padres de la patria) como cualquier otro gobernante dinástico secular. Y consideremos también la peculiar posición de instituciones tales como el antiguo y gran monasterio de Fulda, o la de individuos tales como los miembros de la antigua nobleza alemana, los caballeros francones, suabos o renanos que se arrogaban casi todos los derechos políticos, económicos y sociales: la guttsherrschaft (dominio sobre el territorio), la gerichtsherrschaft (administración de justicia) y la landherrschaft (autoridad no sujeta a nadie dentro del Imperio). Ciudades imperiales, caballeros imperiales, enclaves monásticos y beneficios canónicos reclamaban para sí la Reichsunmittelbar (lealtad solo al emperador y su autoridad, limitada a su presidencia del Reichstag), aunque solo las primeras podían exigir representación en el Reichstag. Tales pequeñas entidades territoriales, las más pequeñas de las cuales apenas tenían unos kilómetros cuadrados, efectivamente se autogobernaban, pero tenían que formar asociaciones, conocidas históricamente como los diez círculos o esferas de influencia alemanes, para sobrevivir y proteger su integridad. Así, por ejemplo, aunque las ciudades de Ratisbona, Freising y Bamberg, situadas en territorio bávaro, se negaban a reconocer los derechos del elector de Baviera y eran gobernadas por eclesiásticos electos, se encontraban en la esfera de influencia bávara a causa de la mera realidad geográfica. El hecho de que algunos de los principados fuesen pequeños no significaba que careciesen del sentido de la lealtad o identidad; por el contrario, su particularismo implicaba un sentido de la identidad muy desarrollado, y tan posible era profesar lealtad al obispo de Espira, por ejemplo, como al elector de Sajonia.

El Imperio tenía ya una historia amarga y variada de conflictos. Históricamente, gran parte de estos se habían centrado en disensiones religiosas, y las diferencias de religión todavía desempeñaban un papel importante en el contexto del particularismo alemán. El resultado del conflicto vivido en el siglo XVII fue garantizar el principio de uniformidad religiosa en el interior de cada Estado, mientras que se admitía el pluralismo religioso del propio Imperio, pero diversos incidentes ocurridos en el siglo XVIII, como la expulsión de los protestantes del arzobispado de Salzburgo, sirvieron para mantener la conciencia de las diferencias religiosas subterráneas. Además, aunque la religión influía en la determinación de las alianzas entre principados, no siempre constituía un elemento de unión. Así, por ejemplo, los Estados gobernados por dignatarios católicos no se sintieron necesariamente empujados a sellar una alianza con Austria, especialmente cuando este último país se convirtió a los principios de la Ilustración, principios que atacaban los cimientos de la riqueza y autoridad eclesiásticas y ponían seriamente en duda el papel de la Iglesia como terrateniente. Llevados a sus últimas conclusiones lógicas, tales principios negaban a los principados eclesiásticos el derecho a la existencia y, por ello, debían ser rechazados incondicionalmente. Esto es solo un ejemplo de la fragmentación de intereses. El territorio alemán era rico, sus ríos eran arterias comerciales importantes y sus puertos esenciales para el comercio del Báltico, y el Imperio no estaba aislado. Rodeada de vecinos codiciosos, la historia de Alemania siempre estuvo marcada por las maniobras con vistas al engrandecimiento territorial de los Habsburgo, los Borbones y los Vasa.

El tratado de Westfalia (1648) fue especialmente ideado para resolver el problema alemán, logrando un equilibrio de intereses. Ninguna soberanía conservaba el poder suficiente para amenazar la integridad territorial de otra. Para ello, una fuerte presencia francesa en la orilla izquierda del Rin limitaba la extensión de los Habsburgo más allá de sus territorios hereditarios, y un Brandemburgo reforzado con la Pomerania occidental contrarrestaba la influencia intrusiva de los Vasa por el norte. Por lo demás, y dentro del Imperio, electorados, principados, ciudades libres y demás fueron reintegrados a su posición anterior. Para garantizar la existencia de los elementos de este sistema se resucitó un marco institucional, y es necesario estudiar atentamente el mecanismo del Imperio, pues, más que otra cosa, fue lo que decidió su supervivencia. En su conjunto, las instituciones imperiales realizaron un trabajo notable de conciliación y arbitraje frente a dos miembros poderosos, Austria y Prusia, que no siempre respetaban las leyes.

La autoridad constituida de cada Estado alemán tenía derecho a controlar sus propios asuntos internos y, en gran medida, sus relaciones con potencias extranjeras, pudiendo enviar a su elector o gobernante inmediato o, en el caso de las ciudades imperiales, representantes al Reichstag, cuerpo federativo dedicado a asuntos de interés común del Imperio en su conjunto, que se reunía bajo la presidencia del emperador. Teóricamente, la dignidad de emperador era electiva, pero, de hecho, se había hecho hereditario en la rama austríaca de la familia Habsburgo, y este principio incluso sobrevivió la crisis de sucesión de 1740. En principio, la dignidad imperial concedía al titular ciertos «derechos reservados», permitiéndole vetar medidas específicas presentadas por el Reichstag, realizar promociones de rango y conferir feudos, títulos de nobleza y grados universitarios. El emperador representaba también al conjunto del Imperio en sus negociaciones corporativas (que no existían prácticamente) con potencias extranjeras. El Reichstag era un congreso imperial organizado en tres cámaras. La primera era el Colegio de los Electores, los ocho que realmente llevaban a cabo la elección imperial y que incluía a tres eclesiásticos, los arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris, y solo a dos dignatarios por parte protestante, el elector de Hannóver y el margrave de Brandemburgo. La segunda era el Colegio de los Príncipes, Condes y Barones, y la tercera, el Colegio de las Ciudades Imperiales Libres. El bloque de la aristocracia católica era, de modo claro, preponderante numéricamente, hasta un punto que sobrepasaba con mucho su peso territorial real. En el Reichstag había, con derecho a voto, 65 arzobispos, obispos, abades y priores, 45 príncipes dinásticos, 60 señores dinásticos y representantes de 50-60 ciudades imperiales. Pero los 65 eclesiásticos solo tenían alrededor de un 14 por 100 del territorio total y algo menos de un 12 por 100 de la población federal total (3,5 millones de personas aproximadamente), mientras que los 45 príncipes dinásticos controlaban alrededor de un 80 por 100 del territorio y unos 22,5 millones de habitantes, gobernando los señores y las ciudades imperiales alrededor de un millón de personas cada uno y los caballeros imperiales cerca de medio millón.

A pesar de su influencia en el Reichstag, el bloque católico se mostraba prudente en aquellos asuntos de la política imperial que enfrentaban a católicos y protestantes, pues la experiencia histórica había dejado bien claro que las disensiones religiosas significaban el preludio de la intervención extranjera. Los miembros del Imperio participaban del interés por resolver sus problemas internos dentro de sus laberínticos confines. Para ello no solo existía el Reichstag, sino también el Reichskammergericht, tribunal supremo dedicado a los asuntos administrativos y, especialmente, a las transgresiones contra la autoridad establecida y, además, una Reichshofrat, cámara imperial de contribuciones. El tribunal mencionado era un elemento significativo en los procesos de arbitraje y conciliación y promovía la conciencia de unos intereses alemanes colectivos. La existencia de este mecanismo de arbitraje impidió, por ejemplo, que el principado de Anhalt fuera absorbido por Prusia, o que el gobernante de Hesse-Darmstadt se anexionase los condados de Isenburg o Solms. Y dicho mecanismo también disuadió a los ambiciosos duques de Mecklemburgo y Wurtemberg de intentar formular reclamaciones de tipo territorial e incluso, todavía en 1803, pudo evitar que Baviera obligase a los caballeros francones a convertirse en súbditos bávaros.

Aunque las instituciones corporativas del Imperio eran complicadas, lentas y difíciles de manejar y, a primera vista, parecen frágiles preservas de la paz, puede decirse que, en su conjunto, funcionaron y que en el siglo XVIII el problema alemán tuvo una importancia menor de la que había tenido en los siglos XVI y XVII, y de la que tendría en los siglos XIX y XX. Esto es muy notable si consideramos el hecho de que la Reichsarmee, o ejército imperial, tenía escasas dimensiones y las contribuciones imperiales para su financiación tardaban tiempo en hacerse efectivas. Y altamente significativo es también el hecho de que José II, como emperador, se desinteresase de los asuntos imperiales, considerando que su fragmentación y forma federal encarnaban aquellos rasgos indeseables que quería eliminar, con su reforma, de los dominios de los Habsburgo.

La actitud de José II es, hasta cierto punto, comprensible. Durante la crisis sucesoria de 1740, Federico II de Prusia había ocupado Silesia, y se había nombrado temporalmente a un bávaro como emperador. El mecanismo institucional del Imperio no había impedido tales hechos en absoluto. Y, sin embargo, cuando José II, por su parte, trató de anexionarse Baviera en 1784 durante una disputa sucesoria, el resultado fue la formación de una Liga de Príncipes, que comprendía a los Estados católicos aliados a Prusia, cuyo poderío militar se utilizó para cortar de raíz las pretensiones de los Habsburgo. La política eclesiástica del emperador y su ridiculización pública del Congreso de Ems, en el que los arzobispos de Maguncia, Colonia, Tréveris y Salzburgo trataron de adaptar sus jurisdicciones eclesiásticas a los principios de la Ilustración católica, alejaron más todavía al emperador de sus aliados «naturales». Esto no significa que Federico II ofreciese un apoyo incondicional al Imperio, e incluso parece que consideró la posibilidad de abandonarlo. Pero, puesto que Austria se desinteresaba progresivamente del Imperio, Federico sabía dónde se encontraban sus verdaderos intereses y, en conjunto, si exceptuamos la ocupación de Silesia, acató las reglas imperiales.

Conforme avanzaba el siglo XVIII, nadie tenía buenas palabras para el Imperio y, en 1795, incluso Estados de dimensiones medias como Sajonia y Hannóver creían que sus días estaban contados y que ellos saldrían beneficiados, de algún modo indeterminado, con su desaparición. El carácter fuertemente autoritario de la primera Ilustración alemana temprana encontró su expresión más acabada en la determinación de los deberes y derechos del príncipe territorial; el posterior desarrollo del Romanticismo y el concepto de un volk con un pasado unificado manifestaron pocas simpatías hacia los principios federales en los que se basaba el Imperio. Pese a todo, las instituciones imperiales proporcionaron, durante el último siglo de su existencia, cierta seguridad a sus componentes y fomentaron su desarrollo político interno.

Así pues, el Imperio del siglo XVIII existió, a pesar de una crisis de confianza, de un emperador que ya no creía en él, de una guerra civil breve, pero incómoda (1756-1763), y del surgimiento de una potencia septentrional, Prusia, deseosa de expansión territorial. Evidentemente, la historia del Imperio deberá escribirse haciendo referencia a la evolución especial y aparte de Prusia y los territorios de los Habsburgo, cuyos dominios trascendían las fronteras imperiales y cuyos conflictos resonaban por todo el Imperio. Pero también deberá escribirse haciendo referencia a sus otros miembros y, en este caso, nos encontramos en una situación de relativa ignorancia, pues los historiadores apegados a un pasado nacionalista han evitado el estudio del Imperio en el siglo XVIII, y solo la condición de país dividido de Alemania en la última parte del siglo XX le ha dado una prensa más sensible y comprensiva y, con ella, un análisis detallado del funcionamiento de los principados medianos y pequeños.

Entre estos últimos, el electorado de Maguncia exige una atención especial como ejemplo de principado eclesiástico gobernado por un arzobispo elector cuya autoridad eclesiástica se extendía sobre varias diócesis, pero cuyo poder territorial estaba limitado a algunos territorios dispersos por Renania, Franconia y Turingia, teniendo su núcleo en la ciudad de Maguncia (30.000 habitantes). Archicanciller del Imperio, el arzobispo de Maguncia era, en términos de prestigio, «solo inferior al emperador». En la práctica, y pese a influir significativamente en la política seguida por la Reichskirche (la Iglesia católica en Alemania) y el Reichskammergericht, su autoridad se limitaba al ámbito de su electorado. Incluso dentro de esta pequeña entidad, se veía forzado a reconocer la independencia de los canónigos de la catedral, dotados de Reichsunmittelbar dentro de sus beneficios, por lo que podían oponerse firmemente a cualquier intento de ampliar su autoridad. Por irónico que parezca, el arzobispo elector de Maguncia era elegido precisamente por los cánones y, al igual que ellos, provenía de las familias selectas de los caballeros imperiales, que tan fácilmente se introducían en los mejores puestos imperiales y para quienes electorados como el de Maguncia suponían la posibilidad de un enriquecimiento continuo. No obstante, y una vez elegido el arzobispo, existían muchas posibilidades de conflicto con los canónigos si aquel se mostraba emprendedor.

Este anacrónico marco olía a casi todos los abusos condenados por la Ilustración, pese a lo cual durante los electorados de Johann Friedrich y Emmerich Joseph (1743-1774) y, más notablemente, durante el de Friedrich Karl von Erthal (1774-1802), fue posible utilizarlo como base para la reforma ilustrada. Por supuesto, se ha insistido en que el despotismo ilustrado tuvo una realidad más intensa en aquellos pequeños Estados alemanes en los que se identificó con un fortalecimiento de los mecanismos individuales internos de los principados dentro de los confines del Imperio. En el caso concreto del electorado de Maguncia, esto significó sobre todo la voluntad de los electores (o de los ministros como Stadion) de imponer un amplio programa de reformas educativas para casi todas las capas sociales, de esforzarse en estimular el desarrollo económico del principado y de llevar a cabo una reforma religiosa destinada a dar expresión acabada a los principios de la Ilustración católica.

Por supuesto, estamos tratando de una pequeña entidad territorial, y no es fácil calibrar los resultados de las medidas económicas, pues está claro que Maguncia, cuya vida económica había girado siempre en torno al tráfico del Rin, no era una entidad aislada, sino que formaba parte de la Alemania occidental. También está claro que la fragmentación política de Alemania, sus innumerables barreras aduaneras y sus pontazgos no contribuían a la realización de su pleno potencial económico; este sería uno de los reproches más insistentes lanzados contra el viejo Imperio. Sin embargo, para Maguncia fue más significativo el declive del tráfico por el Rin en el siglo XVII. Tal declive puede ser atribuido parcialmente a la creciente importancia de los puertos atlánticos pero, principalmente, a la desfavorable curva demográfica de Alemania, que redujo el potencial industrial y la actividad mercantil. Al mismo tiempo, la población rural, diezmada por el hambre y la peste, cayó aún más bajo la esclavitud feudal.

En la segunda década del siglo XVIII, la vida económica de Alemania entró, en su conjunto, en una fase más saludable. Las rentas y las prestaciones de trabajo seguían siendo altas, pero no existían indicios del empobrecimiento evidente en Francia y en las Provincias Unidas, y el equilibrio entre pastos y tierras cultivadas y, por ello, el mantenimiento de la productividad de las tierras de labranza por medio de un abono eficaz, se mantuvo a un nivel relativamente constante. En pocas palabras, las medidas reformistas se llevaron a cabo en un contexto bastante favorable, y ello a pesar de la invasión francesa durante la década de 1740 y de la dislocación producida por la guerra de los Siete Años.

Dicho esto, el historial de Maguncia y de su participación en el comercio de vino y de productos agrícolas a través del Rin es más impresionante que el de otros centros renanos, como Colonia o Fráncfort. Esto podría ser perfectamente atribuible a los esfuerzos realizados por Stadion a finales de la década de 1740 para fomentar el comercio dando facilidades de crédito, desarrollando una comisión consultiva de comerciantes y funcionarios gubernamentales, restableciendo las ferias anuales, ofreciendo a los comerciantes extranjeros incentivos tales como locales de exposición, haciendo hincapié en la tolerancia religiosa acordada al sector mercantil y reduciendo las tasas sobre algunos productos importados. Además, se obligó a los detallistas de Maguncia a que comprasen en la feria, proteccionismo pragmático que demuestra hasta qué punto prescindía Stadion de la filosofía económica corriente en la época. Sus contemporáneos quedaron ciertamente impresionados, y Fráncfort, en concreto, estaba convencida de que el renacimiento de Maguncia había sido estimulado por la política del elector.

Los intentos de Stadion en la década de 1740 por hacer obligatoria la enseñanza primaria fracasaron por completo pero, bajo el mandato del elector siguiente, Emmerich Joseph (1763-1774), se hicieron algunas reformas en el sistema de enseñanza tendentes a colocar al electorado en la vanguardia de la política progresista del siglo XVIII. Una nueva escuela de magisterio mejoró la preparación de los maestros y los libros de texto fueron revisados para actualizarlos sobre Felbiger, Muratori y Lessing. En los programas de estudio se incluyeron materias como las ciencias y la historia natural, para aguzar el razonamiento y el desarrollo de la memoria, y todo esto fue acompañado de una expansión real de las escuelas primarias y secundarias. Ir más allá y reformar la enseñanza superior significaba enfrentarse con los jesuitas, pues estos tenían el monopolio de la educación superior. Emmerich Joseph era partidario de la Ilustración católica y contrario al dominio teológico ejercido por las órdenes ultramontanas, pero no siguió el ejemplo de Portugal, España y Francia expulsando a esta orden hasta que Clemente XIV ordenó su disolución en 1773. La desaparición de los jesuitas permitió el ingreso de una serie de nuevos e ilustres profesores en las universidades de Maguncia y Erfurt, con lo que estas gozaron en parte de la renovación experimentada por las universidades protestantes alemanas dentro del Imperio.

No obstante, la tendencia más radical de Emmerich Joseph venía del hecho de encabezar un partido episcopalista dentro de la Reichskirche, cuyo objetivo era lograr una notable reducción del poder papal en Alemania. Esto coincidía con una serie de afrentas personales provenientes de la intervención papal en los obispados renanos –Emmerich Joseph estaba resentido por la elevada cuota de ingreso que se le había exigido al ser elegido para el obispado de Worms–, pero las opiniones del partido englobaban todas las actitudes antipapales de la Ilustración católica. Una conferencia celebrada con los otros obispos dio lugar a la Gravamina de Coblenza, pidiendo la abolición de los derechos a Roma, del control papal sobre los beneficios alemanes, la limitación de las actividades de los nuncios del papa y la abolición de la inmunidad monástica con respecto a la jurisdicción episcopal. La Gravamina (1769) sería la precursora inmediata de la Conferencia de Ems de 1786, en la que los dignatarios de la Reichskirche trataron de poner orden en el interior de la misma, de acuerdo con los principios de da Ilustración. Los arzobispos se dirigieron en ambas ocasiones a José II en busca de apoyo y se sintieron seriamente decepcionados. José II era un antipapista, pero era también un antiepiscopalista y no tenía la menor intención de verse involucrado en una reducción del poder papal si ello implicaba un aumento del poder de los obispos alemanes, y los Estados que eran católicos, pero estaban gobernados por príncipes-arzobispos, vacilaron.

La victoria fue más fácil en otras materias. Emmerich Joseph y Friedrich Karl von Erthal lograron una regulación más estricta de la vida monástica, la abolición de futuras manos muertas, la venta de las propiedades de los jesuitas y un recorte de los privilegios clericales como, por ejemplo, el derecho del capítulo a la exención de los derechos aduaneros. También se hicieron los inevitables intentos para poner orden en las costumbres populares restringiendo los pasatiempos, las peregrinaciones, el baile y la bebida en días de fiesta, pues olían a profano. No es de extrañar que, tras su muerte en 1774, el capítulo lograse desatar, con apoyo popular, una reacción aristocrática menor que anuló, durante el interregno, lo conseguido por Emmerich Joseph. Estaba claro que la plebe era poco aficionada a unos cambios que afectaban en gran medida a la religión del barroco florido, que imponían la enseñanza para sus hijos o que amenazaban de algún modo el ritual asociado a la fe tradicional. Pese a todo, Friedrich Karl von Erthal no se desanimó y, además de continuar la obra de su predecesor, tomó él mismo medidas adicionales para que los campesinos pudieran redimir las cargas señoriales más pesadas (aunque, hay que decir, a un nivel que solo los campesinos más ricos podrían haberse permitido, pues la cantidad a pagar por la redención de la carga era veinte veces superior al valor de la misma), al mismo tiempo que formuló un programa de ayuda institucionalizada a los pobres.

La historia de Maguncia es significativa porque demuestra cómo, incluso en el más conservador y anacrónico de los Estados alemanes más pequeños, fue posible que soplaran vientos reformistas, aunque de carácter moderado. Pero no nos encontramos ante un ejemplo único. Clemens Wenceslaus de Tréveris, Franz Ludwig de Wurzburgo y Bamberg o Max Franz de Colonia también lograron impulsar a sus territorios por la senda reformista, demostrando que Alemania no estaba dormida en absoluto. A pesar de las devastaciones ocasionadas durante la ocupación prusiana, la Sajonia electoral llevó a cabo una recuperación sin deterioro o cambio del nivel de vida del campesino en su marco político. Los Estados alemanes de dimensión media, como Sajonia o Baviera, conservaron el mecanismo de las asambleas que actuaban como freno a la política del gobernante dinástico. El concepto de absolutismo ilustrado tiene aquí una menor realidad y el debate político aparece con mayor claridad, aunque no excesiva, en comparación con lo que ocurría en Gran Bretaña o en los Países Bajos. Los gobernantes de estos Estados llevaron a cabo una decidida política para restringir las manos muertas y la extensión de los privilegios del clero, y para evitar que las tierras de los campesinos pasasen a manos de la nobleza. En las zonas más fragmentadas de Alemania, donde el poder se encontraba diluido al máximo, sus habitantes confiaban en la estructura e instituciones del Imperio para que sus derechos y privilegios fuesen garantizados. Lippe, por ejemplo, en Westfalia, autónoma, pero consciente de su poderoso vecino Brandemburgo, defendió su independencia y los privilegios de sus ciudades contra cualquier abuso por parte de la dinastía reinante o de extraños mediante sus frecuentes y afortunadas apelaciones al Reichskammergericht.

Así pues, el Imperio existía gracias a un delicado equilibrio de intereses privilegiados y de anacronismos que separaba a la Europa occidental, cuyo desarrollo político había tendido hacia el Estado unificado, de la oriental, cuya experiencia política había sido muy diferente. Aunque solo las invasiones napoleónicas produjeron una ruptura fundamental de las posiciones tradicionales, lo que más amenazó la existencia física del Imperio y destruyó sus fundamentos intelectuales fue la lucha entre los Habsburgo y los Hohenzollern, así como la anomalía de un emperador con motivos para pensar que la preservación del Imperio era contraria a los intereses de los dominios de los Habsburgo. Algunas de las preguntas más interesantes que podemos hacernos con respecto al gobierno de Viena son las siguientes: ¿qué hizo que sus gobernantes abandonasen en la segunda mitad del siglo XVIII su posición tradicional y cómo pudieron rechazar de ese modo una experiencia de siglos?

VI. LOS DOMINIOS DE LOS HABSBURGO

Los territorios de los Habsburgo, unos dentro del Imperio y otros fuera de él, eran una sorprendente mezcolanza de intereses aleatorios y dispares. El rasgo característico de la monarquía de los Habsburgo consistía en que era una entidad política solo en el más tenue sentido de la palabra y en que eran más evidentes las fuerzas segregadoras que las integradoras. A pesar de todo, continuó existiendo y, aunque sufrió pérdidas importantes en el siglo XVIII, todavía conservaba cierta vitalidad en cuanto potencia de la Europa oriental, como quedaría demostrado con ocasión del inmoral desmembramiento de Polonia. La perogrullada histórica según la cual Austria fue una potencia en decadencia desde el siglo XV hasta el XX requiere un examen más atento, a la luz de su negativa persistente y, para muchos, perversa, a desintegrarse. En algún lugar debía haber una dinámica oculta, que provenía de un motor anacrónico e incluso obsoleto, pero que mantuvo en pie, con algunas averías que requirieron reparaciones, a una monarquía durante quinientos años, es decir, desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial. Dentro de la idea de la decadencia continua del Imperio austríaco se encuentra la contradicción inherente de su supervivencia, y tal idea existe tan solo a causa de la convicción desarrollada en Europa occidental según la cual al Imperio también habrían de ser aplicadas las categorías políticas que se aplican en el resto del continente. De hecho, la razón principal de su supervivencia quizá se encuentra precisamente en que, al igual que el propio Imperio, los dominios de los Habsburgo constituían una entidad política radicalmente diferente a la mayor parte de los otros Estados europeos, y en que esta entidad realizaba, y con éxito, funciones muy diferentes.

Históricamente, el inconexo conglomerado de territorios de los Habsburgo en Europa oriental encontró una cierta unidad de expresión en la defensa de sus intereses primarios y de los del cristianismo, contra los turcos. Sin esta asociación habrían sucumbido, mientras que, con dicha asociación, conocieron una expansión, en el siglo XVII y principios del XVIII, a expensas de los turcos. Esto dio seguridad a la existencia de las partes componentes de los territorios de los Habsburgo y, sobre todo, a Hungría, seguridad recién adquirida que explica en parte la actitud intransigente de Hungría frente a las exigencias de los Habsburgo. Dentro de este imperio se sucedieron las crisis cuando la idea de una comunidad de intereses quedó en alguna medida oscurecida, o cuando la unión, lejos de garantizar la individualidad de sus elementos componentes, pareció amenazar su particularismo.

En 1730, el Imperio austríaco era un inconexo conglomerado de territorios: Austria propiamente dicha (dividida en Alta y Baja Austria y el Tirol), Bohemia, Silesia y Moravia. Todos estos territorios formaban parte del Sacro Imperio Romano. Los otros dominios de los Habsburgo eran Hungría, Milán, Nápoles y Sicilia (cambiada en 1738 por Parma y Plasencia) y los Países Bajos del Sur, adquiridos en Utrecht, que nunca se sintieron parte integrante de la monarquía de los Habsburgo austríacos. Cada uno de estos elementos tenía sus propios privilegios, su carácter peculiar y su propia tradición política. Y cada uno de ellos tenía su propia idea del papel que debía desempeñar el emperador, así como de las limitaciones del poder de este dentro de su territorio. Mientras que otras potencias europeas, como Francia, Suecia, Prusia o Rusia, se dirigían a finales del siglo XVII hacia un gobierno fuertemente centralizado, nada parecido tenía lugar en los dominios de los Habsburgo. Sin embargo, ya en esta época se entabló en los círculos gubernamentales vieneses un debate entre el concepto de imperio (Reichsidee) y el concepto de Estado unificado (staatsidee) con un ligero predominio de este último como filosofía para la acción gubernamental. Pero es necesario subrayar la naturaleza teórica de tal tendencia. Los gobernantes de la monarquía de los Habsburgo se enfrentaban al espectáculo de unos gobiernos centrales, en otras naciones, capaces de controlar, en mayor o menor grado, el poder de la bolsa, capaces de anular las restricciones institucionales tradicionales a la autoridad monárquica y, una vez hecho esto, obtener recursos para sus ejércitos y sus campañas bélicas y librar una guerra a una escala sin precedentes con una eficacia inaudita. Para un Habsburgo, paralizado a todos los niveles por intereses particularistas, tales gobiernos se encontraban en una posición envidiable. Pero no era posible dar forma, en sus condiciones, a la idea de Estado unificado. El control de los Habsburgo sobre Hungría, por ejemplo, era muy limitado. Solo en 1687 el trono de este país se hizo hereditario para los Habsburgo y la nobleza húngara perdió el derecho a la resistencia armada a su gobernante, mientras que una seria rebelión nacionalista ocurrida en 1703 terminó, en 1711, con un tratado que confirmó de nuevo los privilegios húngaros. Por consiguiente, la staatsidee era una quimera y, dadas las peculiaridades de los dominios de los Habsburgo, una ilusión, insidiosa quizá. Sin embargo, sería la staatsidee la que haría que José II revisase la organización de sus dominios y la que provocaría el cambio de actitud de este monarca con respecto a sus territorios y con respecto al Sacro Imperio Romano.

Merece la pena examinar el mecanismo por el que eran gobernados los dominios de los Habsburgo en 1730. Los dos órganos más importantes de la administración de los Habsburgo en Viena eran el Geheimerat, conferencia o consejo secreto presidido por el Obersthofmeister (lo más semejante a un primer ministro en la administración de los Habsburgo), y la Hofkammer o consejo de economía. El primero de los consejos mencionados estaba encargado de estudiar temas de política interior y exterior, tarea inútil, puesto que carecía de control sobre los asuntos financieros, competencia de la Hofkammer. Este organismo administraba los ingresos de los diferentes Estados destinados al soberano, pero hay que precisar que sus poderes eran bastante limitados, pues en realidad su actividad consistía en la administración rutinaria de las sumas aportadas por las diversas Dietas para objetivos concretos. La Hofkammer carecía de iniciativa en asuntos presupuestarios. El soberano tenía, en cada uno de los Estados, regalías (aduanas, impuestos, rentas de minas, etc.), pero del dinero obtenido de este modo, así como de los impuestos directos votados por las Dietas, había que deducir el costo de la administración provincial y local, los salarios, las carreteras y los edificios públicos. De este modo, las sumas que llegaban a la Hofkammer eran, invariablemente, insuficientes para la manutención del ejército que era, por supuesto, la inquietud primordial de la Hofkammer, y este organismo tenía que recurrir a los préstamos de los banqueros genoveses y holandeses, ofreciendo como aval los ingresos anticipados de las aduanas y las minas, estado de cosas que no mejoró con la creación del Banco de Viena (1705) por Carlos VI.

El Geheimerat, trabajando sobre los informes de la Hofkammer, podía recomendar medidas políticas al emperador, pero su puesta en práctica no dependía solo de la aprobación del soberano (no se trataba del conseil du roi francés), sino también de la de las Dietas y las administraciones locales. En cierto sentido, y dado que la voluntad del rey no era ley, como en el caso de Francia, se puede decir que el consejo secreto no tenía poder constitucional. Se trataba de un mero consejo asesor cuyo peso era debido únicamente a la talla de sus miembros. Generalmente, entre estos se encontraban, por ejemplo, los dos cancilleres de Austria y el canciller de Bohemia.

Existía otro consejo, el Hofkriegsrat o consejo de guerra, relacionado con los asuntos militares, el aprovisionamiento, los salarios y los movimientos de las tropas, que dependía de la Hofkammer en materia de recursos y del Geheimerat en materia de política exterior.

Varios de los individuos que formaban parte de los consejos del emperador desempeñaban altos cargos y poseían grandes riquezas territoriales en sus lugares de origen. Por tanto, debían lealtad a su propio país y, al mismo tiempo, al emperador. De aquí que los intereses locales pudieran ejercer una presión sobre el emperador mayor que la que este podía ejercer sobre los distintos Estados, en los que estaba insuficientemente representado. En teoría, al menos, en cada Estado había un delegado, que residía en su capital, que administraba en nombre del emperador y era su representante. Pero su actividad debía realizarse en colaboración con la Dieta y con sus agentes ejecutivos. Es incluso más significativo el hecho de que, si bien todos los funcionarios de hacienda y administración de justicia podían ser nombrados por el emperador, dependían de la Dieta local y, por consiguiente, servían a esta antes que a su monarca.

Es muy posible que no haya pregunta más difícil de responder que la de dónde residía el poder en los dominios de los Habsburgo, pero es necesario intentarlo porque es algo intrínseco a los problemas de gobierno. A nivel local, el poder residía realmente en las Dietas, juntas de aristócratas pertenecientes a la gran nobleza terrateniente que decidían qué tipo de contribución financiera y cuántas tropas se necesitaban para el funcionamiento de los dominios de los Habsburgo y estaban preparadas para aguantar choques frontales con la autoridad central si la ocasión lo exigía. Lo que prevalecía finalmente era la decisión de estas juntas, pues constituían el gobierno a nivel local, siendo sus funcionarios, que eran quienes estaban en contacto con el pueblo, un filtro de la política gubernamental. Las Dietas eran bastiones de los privilegios aristocráticos, pero también garantizaban los privilegios locales, es decir, garantizaban aquellos derechos e inmunidades provinciales que servían a menudo de obstáculo frente a las ilimitadas exigencias de un príncipe cuyos intereses podían exceder e, incluso, contradecir los intereses puramente locales. Y es por esto por lo que las Dietas aristocráticas podían asegurar que estaban firmemente asentadas sobre la voluntad popular. Considerando un ejemplo hipotético de aquellos territorios dispersos, ningún húngaro estaba dispuesto a contribuir ad infinitum a una guerra en Alemania o Italia. El hecho de que estuviera dispuesto a considerar alguna contribución para tal fin refleja la convicción, de intensidad variable, de que los intereses de Hungría, territorio fronterizo con turcos y eslavos, estaban mejor protegidos mediante su vinculación con Viena. Pero tal vinculación debería ser entre iguales, hecho reflejado en la coronación por separado en Presburgo, que garantizaba que el emperador tomase consciencia de la dignidad, individualidad y autonomía del pueblo húngaro.

Por lo demás, debemos subrayar también que la estructura social de los territorios de los Habsburgo imponía limitaciones importantes a un gobierno central cuyas preocupaciones fundamentales eran la integridad de sus dominios y el honor de la Casa de Habsburgo, teniendo que dedicarse a formar ejércitos y conseguir impuestos para mantenerlos. En Bohemia, Galitzia, Moravia y Hungría y, esporádicamente, en Austria, Carintia, Carniola y Estiria, la economía agraria todavía tenía una estructura señorial. Esto significaba que la carga fiscal que el Estado podía imponer al siervo estaba limitada por la cantidad que este debía pagar a su señor y por su restringida capacidad para ganar dinero, como resultado de sus prestaciones de trabajo. Los nobles, algunos de los cuales formaban parte de las Dietas, eran, ante todo, señores, y el verdadero origen de sus riquezas se encontraba en la tierra, en los tributos y en las prestaciones de trabajo. También podían ser, al mismo tiempo, oficiales del ejército, miembros de algún consejo de los Habsburgo, diplomáticos o burócratas y, en cuanto tales, empleados del monarca. Pero eran sus rivales con respecto a la renta de los campesinos, y consideraban que estos, antes que súbditos del soberano, eran súbditos de su señor. Aquí estaba el dilema de los Habsburgo, pues ¿qué gobierno podía funcionar efectivamente en las condiciones del siglo XVIII si no desempeñaba un papel fundamental en la dirección de sus súbditos?

Desde un cierto punto de vista, la solución para los Habsburgo era la de imponer la staatsidee en sus dominios y embarcarse en un programa de centralización, empezando por la reforma del mecanismo de recaudación de tributos, de modo que se pudiesen recaudar los impuestos sin la intervención de las Dietas, al mismo tiempo que extendíase el control del Estado sobre la masa del campesinado, logrando, de este modo, aumentar la contribución de los campesinos al tesoro central, en detrimento de los ingresos de los señores. Cualquier otra medida no significaría sino poner remiendos en el sistema, de modo que pudiese dar un poco aquí y otro poco allí. Entre tales medidas podrían encontrarse nuevos monopolios comerciales en beneficio del gobierno, mejores servicios crediticios y bancarios en general, una arremetida contra las rentas percibidas por los eclesiásticos o una sangría adicional en aquellos territorios (Países Bajos, Italia septentrional) en los que era más fácil obtener fondos de la plebe «libre». Carlos VI recurrió a todos estos modos de obtención de nuevos ingresos. Aunque tales medidas eran indudablemente contemporizadoras, no produjeron ningún cambio en las bases sobre las que descansaba todo el Imperio de los Habsburgo. En los territorios de los Habsburgo, el problema fiscal tenía un carácter constitucional y social en un grado mucho mayor, incluso, que en Francia. La staatsidee era un concepto amenazador. Es posible que el punto de partida más adecuado para comprender la política de los Habsburgo en el siglo XVIII sea reconocer que todos sus gobernantes fueron conscientes de la diferencia esencial entre las medidas ad hoc y el cambio radical, pero habrían actuado de manera poco inteligente en caso de no haberse decidido por las primeras en la medida de lo posible, por miedo a que el segundo precipitara la desintegración del Imperio, esto es, provocara la centralización que se proponía evitar. Lo que caracterizó a los gobiernos de María Teresa (1740-1780) y José II (1780-1790), a diferencia del de Carlos VI (1711-1740), fue que la opción de la cirugía preventiva en lugar de la radical parecía haber desparecido. En efecto, las pérdidas en la guerra de Sucesión polaca habían puesto de manifiesto, ya bajo Carlos VI, las insuficiencias del ejército austríaco y, en el curso de dos cortos años, 1740-1741, la monarquía de los Habsburgo pasó por una crisis que convenció tanto al monarca como a sus oficiales de que los días del gobierno de los Habsburgo estaban contados, a menos que se llegase a una extensión del control central que permitiese una mayor presión fiscal para financiar las necesidades de la defensa. En el mejor de los casos, la época de mayor gloria de los Habsburgo había pasado y los buitres tomaban posiciones para devorar sus entrañas. Teniendo en cuenta esta situación, en Viena se adoptó la staatsidee como una política de supervivencia.

La crisis de la monarquía de los Habsburgo provenía de la existencia de un ejército insuficientemente entrenado, equipado y abastecido, así como de una sucesión disputada. En sus memorias, escritas en 1750, María Teresa describía la confusión reinante durante los primeros meses tras su acceso al trono en 1740. Si dejamos aparte sus quejas acerca de su ignorancia e inexperiencia en materia política, como obligada retórica femenina (y este punto puede ser comparado con los discursos de Isabel I de Inglaterra sobre su pretendida debilidad femenina), lo cierto es que nos encontramos con los hechos innegables de su falta de experiencia en diplomacia, su avanzado estado de gestación (José II nació en marzo de 1741) y la muerte, en enero de 1741, de su hija de un año. Evidentemente, se trataba de obstáculos psicológicos, físicos y emocionales que tenían que ser superados. A esto hay que añadir que, cuando Federico II ocupó Silesia en diciembre de 1740, los ministros más influyentes se abstuvieron de aconsejar a María Teresa, porque temían comprometerse con una sucesión que parecía condenada al fracaso y, por otro lado, los magnates locales de los territorios ocupados por los prusianos y los bávaros se sometieron de grado a sus nuevos señores, lo que es bastante comprensible. Derrotados sus ejércitos en Mollwitz en abril de 1741, la reina se arrojó en los brazos de los húngaros y, unas seis semanas después del nacimiento de su hijo, se encaminó a Presburgo. Tras este viaje, María Teresa fue coronada reina de Hungría a cambio de garantizar el respeto de los derechos, libertades y privilegios húngaros. Después de sentirse segura, al menos en este terreno, inició una serie de negociaciones diplomáticas para conseguir el apoyo de los electores de Sajonia y Baviera. Cuando las negociaciones fracasaron, convencida de que los territorios hereditarios de los Habsburgo corrían el riesgo de ser desmembrados, se presentó en la Dieta húngara engalanada con ropas de luto y, mediante una actuación impresionante, logró la leva de 40.000 hombres y la garantía de seis regimientos de caballería.

En este caso, Hungría salvó al Imperio de los Habsburgo. Federico II, aunque invicto, estaba dispuesto a firmar la paz si se le cedía Silesia, y María Teresa no pudo sino aceptar tal condición, aunque temporalmente, en Breslau, en 1742. Los ingleses mantuvieron su alianza y las fuerzas conjuntas del Imperio de los Habsburgo lograron aislar al ejército francés en Bohemia, donde la nobleza local ya había aceptado al elector de Baviera como señor, aunque todavía no había sido coronado. Los franceses efectuaron una valiente retirada y, sin su apoyo, los bávaros se encontraron sin fuerza para imponer sus pretensiones.

En abril de 1743, María Teresa fue coronada en Praga, con un presupuesto de 100.000 florines, y la Dieta aceptó unas obligaciones fiscales anuales de 500.000 florines, así como un impuesto especial adicional de 700.000 florines para hacer frente a los gastos de la guerra. La batalla por la sucesión en el Imperio había sido muy dura. En conjunto, María Teresa había actuado acertadamente. Lo que le molestaba era la cesión de Silesia, aunque en realidad fue Federico el Grande quien reanudó las hostilidades en 1744, quizá con la intención de contrarrestar todo éxito austríaco que pusiese en peligro sus posesiones en Silesia. Pero la segunda guerra de Silesia (que acabó con el tratado de Aquisgrán en 1748) no logró que este territorio volviese a la Corona austríaca.

Considerando lo ocurrido desde 1733, María Teresa no podía dejar de ser consciente de las pérdidas sustanciales del Imperio en Italia, donde solo conservaba Lombardía y Toscana, de que todos los territorios al sur del Danubio y la valiosa fortaleza de Belgrado habían sido cedidos a los turcos y de que Silesia, el más avanzado económicamente de todos los territorios hereditarios de los Habsburgo, había sido cedida a Federico. Estaba claro que el Imperio no podría sobrevivir en el mundo implacable de las guerras y la diplomacia del siglo XVIII. Así, María Teresa no encontró otra salida que la de tratar de dotarse de los mismos poderes de los que parecían gozar otros monarcas europeos. La primera ola de reformas con este fin se extendió desde 1748 hasta 1755, aproximadamente, periodo que a veces es llamado el primer rétablissement.

El arquitecto del primer rétablissement fue un emigrado procedente de Silesia llamado Friedrich-Wilhelm Haugwitz. Haugwitz pertenecía a la nueva generación que María Teresa congregó en torno suyo para moderar la influencia de los viejos cortesanos heredados como ministros de su padre, uno de los cuales, el canciller supremo, conde Friedrich Harrach, encabezó la oposición de la nobleza contra los proyectos de Haugwitz. Por supuesto, las ideas de Harrach no eran meramente destructivas, y enunció un contraproyecto a la tendencia centralizadora de Haugwitz, en el que se concedía más autoridad política a las Dietas a cambio de unos mayores subsidios y de un sistema más eficaz para su establecimiento y recogida. Es posible que su política fuese la del futuro, pero en aquel momento parecía el producto de un archirreaccionario y, realmente, debemos preguntarnos si las Dietas del siglo XVIII eran capaces de reformarse. Haugwitz y Koch pensaban que el sistema eficaz para modernizar la administración financiera debía provenir del centro. Históricamente, el sistema seguido consistía en que las Dietas discutían la suma total a recaudar como impuesto regio, la dividían, la recaudaban y la enviaban a la Hofkammer una vez hechas las deducciones correspondientes. Haugwitz no sabía cómo despojar a las Dietas de su capacidad para decidir cuánto debería serle entregado al monarca, pero esperaba concentrar sus poderes de recaudación de modo que la parte del impuesto inicial que llegase a Viena fuese la mayor posible. Entre las propuestas de Haugwitz también estaba la de colocar las tierras señoriales bajo la férula del recaudador de impuestos. El objetivo de su proyecto era conseguir un ejército permanente de 108.000 hombres. Además, era especialmente contrario a una situación en la que tenía que haber un regateo cada año entre el gobierno central y las Dietas, y pedía que se garantizaran los subsidios con varios años de antelación.

María Teresa aceptó la racionalidad de las ideas de Haugwitz, a pesar de la oposición de Harrach, y encargó al ministro de convencer a las Dietas de la necesidad de contribuir con más dinero, sin una extensión de sus poderes políticos. Ante la Dieta de Moravia tuvo un éxito sorprendente y consiguió una garantía de diez años. La Dieta de Bohemia se mostró más recalcitrante, pero finalmente aceptó una cifra reducida con la condición de que las tierras señoriales solo pudiesen ser gravadas sobre una base «extraordinaria». Las Dietas de la Alta y Baja Austria aceptaron las propuestas en su totalidad. Estiria, Carniola, Gorz y Gradiszka aceptaron pagar durante tres años. Carintia se negó en redondo y, aquí, los impuestos extraordinarios sobre las tierras señoriales solo podrían conseguirse por medios anticonstitucionales. Pero, en conjunto, Haugwitz demostró que las Dietas estaban dispuestas a hacer ciertos sacrificios para asegurar el territorio del Imperio de los Habsburgo, e incluso consiguió aumentar los ingresos procedentes de Moravia y Bohemia en más de un 25 por 100. Al mismo tiempo, se crearon nuevas delegaciones de la autoridad central, llamadas autoridades circulares (kreisbehorden), en numerosas provincias, para supervisar el alojamiento de las tropas y velar porque los campesinos no se viesen tan oprimidos por los impuestos señoriales que no pudiesen pagar sus impuestos estatales. Finalmente, el Directorium in Publicis et Cameralibus integró la Hofkammer y las cancillerías de Bohemia y Austria para lograr un firme control central sobre los asuntos financieros.

Estos esfuerzos centralizadores alcanzaron ciertos objetivos, pero Hungría, el norte de Italia y los Países Bajos no quedaron por ello más vinculados al poder central. María Teresa estrechó las relaciones entre los dominios tradicionales de los Habsburgo para oponer un bastión más resistente a Prusia. Pero la experiencia de la guerra de los Siete Años demostraría que esto, por sí solo, no era suficiente para lograr sus fines.

Las reformas de Haugwitz crearon los medios para financiar un ejército permanente y cubrir los gastos normales en tiempos de paz. Este ejército había sido notablemente mejorado y Daun, el más destacado de los reformadores militares, había creado una clase de oficiales entrenados en estrategia y en el arte de la maniobra. La fundación de la escuela de Wiener Neustadt, en 1752, formaba parte de un plan global para que el entrenamiento de los miembros de la nobleza como oficiales del ejército no fuese inferior al de Prusia y Rusia. Este ejército no se había creado con el mero objetivo de disuadir a posibles agresores. Estaba destinado a reconquistar Silesia y devolver a los Habsburgo un lugar destacado, al menos entre los príncipes alemanes. Pero no tenía capacidad para ello y carecía de respaldo económico suficiente para conseguir tales fines. Podía, desde luego, rechazar a un agresor e impedir avances importantes, pero, tras cuatro años de guerra, no había ninguna perspectiva de recuperar Silesia y Austria solo pudo continuar gracias a préstamos sustanciales cuyos intereses se añadieron a la carga anual que pesaba sobre la tesorería.

Nadie podía prever los profundos cambios que la guerra de los Siete Años produciría en todos los países europeos. Los prusianos devaluaron su moneda y lanzaron al mercado nuevas acuñaciones, los emisarios de la zarina buscaban capital holandés y María Teresa se embarcó en 1760, todavía en guerra, en una nueva serie de reformas, designando al príncipe Wenzel Anton Kaunitz para llevarlas a cabo. Kaunitz consideraba, como negociador de la alianza francesa y como canciller de Estado, que sus éxitos diplomáticos habían sido traicionados en materia de política interna y fue el responsable del segundo rétablissement. Como todos los hombres de Estado, tuvo que desmontar en parte la obra de su antecesor para demostrar su perspicacia política. En el caso concreto de Kaunitz, esto consistió en desechar el Directorium in Publicis et Cameralibus como algo engorroso y poco eficaz, restableciendo la Hofkammer y la cancillería. Pero dejó bien claro que su intención era desarrollar algo nuevo, el Consejo central de Estado (Staatsrat), compuesto de ocho altos funcionarios con él como presidente. Este cuerpo asesor tenía como misión supervisar todos los demás órganos oficiales y trazar las líneas maestras de la reforma. Su fuerza consistía en que sus miembros estaban de acuerdo en la forma de abordar la reforma y, por ello, suponía un sólido apoyo ministerial para los esfuerzos reformistas de María Teresa.

Era necesario encontrar dinero para financiar la guerra de los Siete Años y los medios escogidos para ello fueron, en primer lugar, hacer extensivos a Hungría los principios aplicados por Haugwitz a Bohemia, Moravia y Austria, esto es, establecer una «igualdad grata a Dios» que colocara a las tierras señoriales bajo la fórmula de recaudador de impuestos y, además, asegurara una garantía a largo plazo para los subsidios aprobados; en segundo lugar, incluir a un grupo hasta entonces privilegiado, el clero, en la categoría de los contribuyentes y, al mismo tiempo, asegurar que no pasasen más tierras a la condición de manos muertas (es decir, que fuesen poseídas por el clero como resultado de un legado y escapasen así a los impuestos); y, en tercer lugar, aumentar la suma a pagar al Estado por el siervo mediante la reducción o limitación de lo que este debía pagar al señor.

Estas medidas eran, en todos los sentidos, una extensión lógica de los planteamientos de Haugwitz y, en el caso de Hungría, solo tuvieron un éxito limitado. Una cosa era convencer a Bohemia y Moravia, y a aquellas provincias que habían experimentado directamente la amenaza prusiana, de que hiciesen concesiones que implicaban una merma de sus privilegios constitucionales y económicos, y otra muy diferente convencer a la nobleza húngara. La Dieta húngara no cedió, a pesar de haber sido empleada una estratagema notable: la publicación de un libro de un erudito húngaro, Adam Franz Kollár (ocultando el hecho de que era una iniciativa del gobierno), en el que se defendía la superioridad de las exigencias regias sobre las de los nobles. El cupo fiscal que Hungría debía de pagar aumentó ligeramente en 1764, pero esto no se hizo a expensas de la nobleza y, además, solo se aceptó después de que María Teresa condenase el libro de Kollár. A partir de entonces, María Teresa se esforzó en neutralizar a la nobleza húngara a través de una política gradual de «austrianización». Esta política consistió en atraer a los nobles a Viena, emplearlos en el servicio imperial, darles honores en la Corte y descuidar a la Dieta húngara en los últimos años de su reinado. Sin embargo, el separatismo húngaro no cedió, pues era un sentimiento que podía dormitar, pero no morir.

La política de limitar los privilegios eclesiásticos y señoriales estaba muy de acuerdo con la ideología de la Ilustración, aunque hay que emplear esta correspondencia con mucho cuidado. Hubo realmente una Ilustración austríaca vigorosa, pero gran parte del impulso reformista fue consecuencia directa de la presión fiscal, más que de la firme convicción de que era necesaria una mayor igualdad social. Ciertamente, el fundamento intelectual de la filosofía de la Ilustración daba una respetabilidad a ciertas medidas que iban en contra de intereses muy poderosos, y puede ser que animase a ciertos ministros a seguir por caminos difíciles que, de otro modo, habrían abandonado. En las medidas tomadas para gravar al clero y en el resuelto ataque de Kaunitz a los privilegios eclesiásticos encontramos un buen ejemplo de esta alianza entre la necesidad de una mayor presión fiscal y la convicción de la rectitud esencial de las medidas de control sobre las propiedades de la Iglesia. Ninguna Iglesia europea poseía tantos bienes como la Iglesia católica romana en los territorios de los Habsburgo. Además, dado que los monasterios seguían recibiendo legados de tierras, la riqueza del clero no podía dejar de crecer a expensas del Estado. Las tierras de la Iglesia pagaban impuestos muy reducidos: prácticamente estaban «muertas» desde el punto de vista del tesoro estatal. Por otro lado, la Iglesia tenía el monopolio de la educación, insistía en una política intransigente con respecto a judíos y herejes y se mostraba fiel, en primer lugar, a Roma.

Ya conocemos algunas de las actitudes de la Ilustración con respecto a la Iglesia establecida, que se centraban en ciertos aspectos del poder eclesiástico. Los extremistas atacaban la base misma de la religión, la existencia de un Dios cristiano o de cualquier otra confesión. Pero entre estos y los devotos de la religión establecida existían otras actitudes intermedias que, incluso, podían ser aceptadas por los doctrinalmente ortodoxos. María Teresa era mujer de piedad manifiestamente ortodoxa: anti-semita, anti-protestante y respetuosa, a los menores detalles, de las enseñanzas de la Iglesia católica en materia de fe y moral. Pero, al mismo tiempo, era partidaria convencida de poner una moratoria al crecimiento de los bienes raíces de la Iglesia y creía firmemente que los monasterios producían demasiados ociosos y tenían demasiada riqueza sobrante, como la abadía de Melk, en la Alta Austria, que tenía un excedente anual de 27.000 florines. De este modo, aceptó de buena gana el proyecto de Kaunitz, destinado a desviar parte de esta riqueza hacia las arcas del Estado.

El ducado de Milán de los Habsburgo fue elegido como campo de experimentación para ver qué podría hacerse. En 1765 se constituyó la Giunta Nazionale, órgano civil encargado de despachar todos los asuntos eclesiásticos. Un año después, todas las tierras adquiridas por la Iglesia en los últimos cincuenta años fueron sometidas a responsabilidad fiscal plena, pudiendo ser vendidas en caso de falta de pago. En 1767, las tierras de la Iglesia quedaron «congeladas» por una ley que prohibía su adquisición por las comunidades religiosas y se pidió a las casas religiosas que hiciesen un cálculo de sus rentas y gastos, así como del número de miembros. Con esto se quería saber cuántas casas podrían ser suprimidas, concentrando las más pequeñas.

En 1769, y a pesar de las protestas del papa, estas medidas fueron aplicadas al resto de los dominios hereditarios de los Habsburgo y, en la cancillería de la Corte, un departamento especializado para asuntos eclesiásticos, bajo la dirección de Franz Joseph Ritter von Heinke, antiguo discípulo de Christian Wolff en la Universidad de Halle, adoptó una serie de nuevas medidas en ese sentido. Entre estas hay que destacar la que limitaba el número de miembros de las órdenes religiosas e impedía que los monasterios adquiriesen más riquezas. El primer objetivo se logró exigiendo un mínimo de veinticuatro años para tomar el hábito y restringiendo el número de miembros al especificado en la carta fundacional de la casa. La dote del novicio también fue limitada a dinero o bienes muebles que no superasen los 1.500 florines.

Estas reformas constituyeron la base de la política erróneamente atribuida a José pero, de hecho, formulada ya bajo el reinado de su madre, y durante la corregencia de José y María Teresa, que comenzó tras la muerte de Francisco, en 1765. Paul Joseph Riegger, profesor de derecho canónico en la universidad de Viena, fue el encargado de proporcionar una justificación intelectual a unos cambios totalmente acordes con el tipo de piedad de María Teresa. Sin ninguna duda, quien más influencia ejerció sobre la soberana fue Gerhard van Swieten, su médico holandés. Van Swieten era jansenista, y su tipo de devoción lo enfrentaba con los elementos del catolicismo barroco, laxista y dado a la vistosidad. Van Swieten defendía una fe revigorizada mediante una instrucción superior, una moral más escrupulosa y una austeridad que rechazaba el atractivo de los cultos populares. No es de extrañar que van Swieten ejerciese una influencia notable sobre el programa de reformas educativas que trató de remodelar las universidades eliminando el control de los jesuitas, quienes producían un escolasticismo magnífico, pero no sacerdotes para el trabajo parroquial. Van Swieten fue el responsable directo de la reforma de la Facultad de Medicina, que se labró en poco tiempo una notable reputación dentro de Europa.

El resultado de la reforma universitaria fue la secularización de las universidades y el mayor hincapié en el estudio de las matemáticas y de la ciencia política. Los partidarios de la Ilustración ocuparon puestos clave, pero la reforma de la enseñanza secundaria, en igual sentido, tuvo menos éxito porque se carecía de profesores laicos cualificados y, esto mismo, además de la falta de medios económicos, impidió la realización de un programa de gran alcance para la enseñanza primaria concebido por Johann Ignaz Felbiger, quien también hizo los planes para una nueva escuela de formación de maestros. Felbiger era originario de Silesia, y todo el programa reformista mostró a nivel intelectual y burocrático que este Imperio multinacional podía alcanzar gran coherencia con su burocracia reformista procedente de todos los rincones del Imperio. Igualmente sorprendente fue el ocaso de la influencia ejercida por los jesuitas, que habían tratado de subordinar los intereses del Estado a los de la Iglesia universal. Sin duda alguna, el programa reformista fue más allá de las meras consideraciones fiscales, aunque fuesen estas las que le dieron impulso.

Lo mismo se puede decir de aquellas reformas dirigidas a reducir los privilegios señoriales. Las cargas fiscales eran soportadas por el campesinado, y si el Estado quería elevar tales cargas solo podía hacerlo a expensas de las obligaciones que el campesinado, en dinero, servicios y especie, debía prestar al señor. Al subrayar el derecho del hombre a decidir libremente su destino, la filosofía de la Ilustración condenaba claramente la servidumbre, pero cualquier Habsburgo hubiese retrocedido ante las consecuencias de un enfrentamiento con las clases privilegiadas en las Dietas. Y, de hecho, los primeros ataques de importancia sufridos por los privilegios señoriales vinieron de las clases populares durante la situación revolucionaria existente en Bohemia en la década de 1770.

Las insurrecciones bohemias de 1775, que coincidieron cronológicamente, aunque de modo accidental, con toda probabilidad, con las insurrecciones de Pugachev, fueron el resultado de múltiples factores. En primer lugar, entre 1765 y 1770 se sucedieron las malas cosechas en comarcas que habían sufrido repetidas levas y, además, habían sido teatro de operaciones militares y, por otro, lado, epidemias de carácter virulento provocaron una considerable, si bien estadísticamente imprecisa, reducción de la población (aunque se especula que fue quince años antes de que Bohemia se rehiciera de las pérdidas de 1771). Desde 1768 se produjeron en Bohemia insurrecciones campesinas de modo esporádico. La mayoría de los campesinos checos eran siervos sometidos a un robot (prestaciones de trabajo) más severo que en ningún otro territorio hereditario de los Habsburgo. Los intentos de impedir la exportación de grano y limitar las prestaciones de trabajo a tres días a la semana solo fueron débiles paliativos. Sin embargo, hubo dos factores por los que el campesinado checo llegó a la conclusión de que el Estado era su aliado contra los señores que lo oprimían. En primer lugar, José II realizó un viaje por toda Moravia en 1771, a fin de comprobar directamente la situación, y quedó desolado por lo que vio. Se enviaron donativos, pero llegaron demasiado tarde y fueron demasiado escasos para resultar eficaces. Aunque, y esto es más significativo, el propio Estado mostró gran interés en castigar los escándalos provocados por algunos señores. Esto ya había comenzado en 1768, y un buen ejemplo lo encontramos en el caso Mansfeld. El príncipe von Mansfeld tenía una importante propiedad cerca de Praga en la que sus empleados iniciaron una serie de represalias contra los arrendatarios que se negaban a aceptar ciertas sernas, apaleándolos y torturándolos. Denunciado el caso en Viena por los campesinos, la propiedad Mansfeld fue sometida a investigación y el príncipe fue condenado a pagar 2.000 florines a la inclusa de Praga y a indemnizar a los campesinos por los daños causados. También hubo otras investigaciones sobre la conducta del conde, Lazansky, sobre la administración de las propiedades del margrave de Baden en Lovosice y sobre la aplicación de la ley de 1768, por la que se prohibía a los señores infligir castigos corporales.

Estas investigaciones despertaron gran atención, tanto en los círculos universitarios como en los ambientes populares, en los que se creía que se preparaba una reforma de gran importancia. Por supuesto, el paralelo más cercano a la insurrección bohemia lo encontramos quizá en el «gran miedo» en la Francia de 1789, cuando los rumores de que un grupo de influyentes señores estaba impidiendo la reforma precipitaron la revuelta. El primer incidente de la insurrección bohemia tuvo lugar en enero de 1775, dentro del círculo de Koniggratz, donde castillos e iglesias fueron saqueados. Esto impulsó las actividades de una sociedad secreta revolucionaria dirigida por un campesino libre, Antonin Nývlt, y dedicada a recaudar fondos para la compra de armas con el fin de realizar una marcha sobre Praga el 16 de mayo, fecha de la peregrinación al santuario de San Juan Nepomuceno, dado que en ese día se reunirían grandes muchedumbres en la ciudad.

El ejército reprimió la insurrección en Koniggratz, pero durante el invierno y primavera se formaron bandas de campesinos, algunas de hasta 1.000 hombres, que amenazaban a administradores y capataces y se negaban a realizar el robot. En el mes de marzo, el propio Nývlt entabló negociaciones con las autoridades del castillo de Nachod para conseguir la abolición del robot, iniciativa que hubiese podido conducir a una tendencia general si Nývlt no hubiese caído en una emboscada. Otra banda, de varios miles de miembros, capitaneada por Mathieu Chvoyka, fue derrotada por el ejército en Nový Bydzov. Aun privado de dirigente, el movimiento campesino proyectó una marcha sobre Praga, pero, muy mal armado, fue derrotado por el ejército, aunque con escaso derramamiento de sangre.

Los rumores acerca de la existencia de una orden imperial, escrita en letras de oro, por la que se concedía la libertad al campesinado, ponen de relieve el carácter casi milenarista del movimiento. Durante el verano, esto es, durante los meses de mayor hambre, se produjeron miles de pequeñas escaramuzas. La pacificación llegó a finales de agosto, cuando el ejército fue proclamado, al margen de los señores, una real orden de la emperatriz por la que se limitaba el robot a tres días a la semana en el periodo de mayor trabajo del año agrícola y se concedía una amnistía general para los sublevados.

Los campesinos lograron una victoria parcial frente a los señores, pero el gran vencedor fue el Estado, que pudo utilizar los incidentes para intimidar a los señores, por lo menos hasta cierto límite. María Teresa apoyó el proyecto ideado por Franz Anton von Raab para transformar el robot en un pago monetario, dividir las tierras y arrendarlas a los campesinos liberados. Este proyecto fue puesto en práctica en diversos dominios reales en Bohemia, pero quedó limitado a estos. Dentro de la historia del campesinado bajo los Habsburgo, el progreso más importante realizado en la época de María Teresa fue la creciente disposición del Estado a intervenir en las relaciones entre señor y campesino aunque, dada la fuerza de aquel, las condiciones materiales de los siervos no conocieron una mejora global.

¿Cómo resumir los logros conseguidos durante el reinado de María Teresa? ¿Hasta qué punto pudo introducir en sus dominios la staatsidee? Por lo que respecta, al menos, a los territorios hereditarios de los Habsburgo, la idea de la soberanía legal de una autoridad central que debía ser obedecida se fue abriendo paso en un concepto de derecho que solo garantizaba los privilegios personales. Pero realmente no se generalizó. Frente a las exigencias de la guerra, hubo que hacer sacrificios y el poder de las Dietas locales disminuyó, por lo que los territorios hereditarios de los Habsburgo parecieron más unidos que nunca. La afirmación del derecho del Estado a frenar la expansión ilimitada de las riquezas de la Iglesia y a oponerse al monopolio eclesiástico de la educación de la elite fue un paso positivo. Sin embargo, todavía quedaba un mundo de privilegios señoriales, eclesiásticos y particulares prácticamente intacto. Los Países Bajos austríacos y, sobre todo, Hungría evitaron por completo esta extensión de los poderes administrativos de Viena. Además, la reforma había logrado reunir, con dificultades, un ejército de 108.000 hombres. Pero este ejército no fue suficiente para recuperar Silesia o infligir reveses de importancia a las fuerzas prusianas y las deudas acumuladas durante la guerra de los Siete Años no pudieron ser absorbidas por los acrecentados ingresos procedentes de los ataques de María Teresa a los privilegios existentes (ataques que, si bien tuvieron importancia histórica, apenas engrosaron las arcas imperiales).

Tras la muerte de María Teresa en 1780 quedó como único soberano su hijo José II quien, teniendo en cuenta que durante los quince años de regencia compartida con su madre había visto mermados sus poderes de decisión, pensó, con una cierta impaciencia excusable, que podía y debía adoptarse sin vacilaciones una política más radical con respecto a los privilegios, basándose en la experiencia acumulada, si se quería que el Imperio sobreviviera y prosperara. De carácter solitario y sin hijos, incapaz de despertar sentimientos de amor entre sus familiares y perseguido por una mala salud, José estaba dotado de firmeza de carácter y convicción sobre la rectitud de sus acciones y, por otro lado, de una cierta energía frenética que exigía resultados inmediatos, lo que suponía una mezcla desafortunada. Caso único, quizá, entre los gobernantes del siglo XVIII, José II tenía un plan. Pensaba que sus dominios habían quedado atrapados en las adversas condiciones sociales y políticas que se habían ido acumulando a través de los siglos, y que su papel consistía principalmente en hacer tabla rasa. Creía que la eliminación de las desigualdades sociales y políticas daría gran impulso a la economía, pues el hombre que trabajaba para sí mismo debía ser especialmente productivo. La emancipación de las masas de la influencia deformadora de los poderosos grupos de presión, que mantenían su dominio a través del monopolio de los órganos de comunicación, permitiría establecer una «igualdad grata a Dios». Un ordenamiento jurídico que impulsase la igualdad social, fomentase la tolerancia religiosa e impusiese un código penal severo, pero uniforme, conduciría ineluctablemente a la consecución de un Estado que funcionase a la perfección y de una sociedad armónica. El gobernante, único que podría ser desinteresado, debía gozar del monopolio político, tanto legislativo como ejecutivo, para lograr el bien común, y sus agentes, es decir, la burocracia, ejecutarían su política.

Esta filosofía presenta a José como discípulo perfecto de la Ilustración, hecho que queda confirmado por sus medidas contra los privilegios en nombre de la igualdad social y el Estado unitario. Pero en un punto importante, la política de José II tomó una dirección que demostró que las ideas del gobierno, en lo que respecta al Estado unitario, no serían necesariamente aplicadas de acuerdo con la interpretación del bienestar social de todo el mundo. José tenía ambiciones territoriales y perseguía una política exterior dinámica que asegurase prestigio al Imperio y también una parte en cualquier reparto territorial. Con este propósito quería mantener un ejército de 300.000 hombres –casi un 300 por 100 mayor que el de la guerra de los Siete Años–, lo que suponía unas mayores exigencias fiscales. El Estado unitario de José II fue concebido para mayor gloria de los Habsburgo y para satisfacer la vanidad interior de José, quien quería remedar la figura de Federico el Grande en el campo de batalla. Pudiera ser que José, al igual que las asambleas revolucionarias francesas, creyese que las victorias militares unían a una nación, por lo que su política militar era una extensión lógica de sus medidas políticas y sociales. Mientras que los gobernantes prusianos esperaron a tener una política interior consolidada, una hacienda pública saneada y un país relativamente unificado para emprender sus campañas militares, José trató de realizar todo de modo simultáneo.

Las reformas administrativas de José II tenían como objetivo reducir el poder de las Dietas, crear un sistema administrativo uniforme en todo el Imperio de los Habsburgo, servido por una burocracia estrechamente controlada desde Viena, usar el alemán como lengua común y recurrir a un solo código legal. El nuevo proyecto dividía la monarquía de los Habsburgo en trece unidades administrativas: Bohemia, Moravia y la Silesia austríaca, Galitzia y Bucovina, Baja Austria, Austria Interior (Estiria, Carintia y Carniola), Tirol, Austria Exterior (las posesiones de los Habsburgo en el sudoeste de Alemania), Transilvania, Hungría y el Banato, Croacia, Lombardía, Gorz, Gradiszka, Istria y Triestre. Es notable el hecho de que los Países Bajos austríacos quedasen al margen de este proyecto administrativo, y ello fue así porque, en ese momento, José II se dio cuenta de modo claro de los problemas que supondría la incorporación de estos territorios a un Estado unitario. En 1779 decidió cederlos al trono de Baviera, pero cambió de opinión tras el fracaso de la guerra de Sucesión bávara. Las trece unidades administrativas eran en gran parte contiguas, y cada una de ellas fue dotada de una gubernia o gobierno provincial nombrado desde Viena. Aunque estos gobiernos provinciales no disponían del poder financiero –que seguía en manos de la Dieta–, asumieron todos los demás poderes.

Lo más notable fue, sin embargo, el intento de incluir a Hungría en el mecanismo administrativo por el que se gobernaban los territorios hereditarios. El parlamento húngaro, institución bicameral con una cámara alta en la que estaban representadas unas 300 familias de magnates, y una cámara baja que reunía a los representantes de unos 25.000 miembros de la pequeña nobleza, no había sido convocado por la monarquía desde 1765, pero quien se resistía a los intentos de extender el control del gobierno central no era tanto esta institución como las asambleas regionales (congregaciones), que estaban bajo el control absoluto de la pequeña nobleza y que nombraban a los funcionarios locales de la administración, la justicia y la Iglesia. Cuando José II se negó a ser coronado en Presburgo en 1780 y, cuatro años después, trasladó a Viena la antigua corona de San Esteban, estaba indicando a las claras que algo iba a cambiar. En 1785, Hungría fue dividida en diez unidades administrativas, partición que no se basó en antiguas divisiones provinciales, sino en consideraciones demográficas. Las asambleas regionales conservaron su nombre, pero perdieron su capacidad de nombrar a los funcionarios locales. Los nuevos delegados imperiales (intendants) y sus subordinados (vizegespane) recibían órdenes de Viena. La afrenta mayor para un pueblo convencido de su antigua igualdad con Viena fue, quizá, el decreto de 1784 por el que, con la excepción de Lombardía y los Países Bajos, en todos los demás Estados del Imperio se establecía el alemán como lengua oficial. Esto era, sin duda, muy ventajoso para el gobierno central, porque los territorios de los Habsburgo estaban en gran parte administrados por una burocracia compuesta de familias nobles alemanas que encontraban en el Imperio posibilidades de hacer una carrera atractiva. Pero incluso en el caso de que se tratase de funcionarios checos, polacos o húngaros, podían ser cambiados de destino a voluntad del poder central si empleaban un lenguaje común.

En 1786 se elaboró detalladamente el marco administrativo del ducado de Milán. Hasta entonces, el ducado había sido gobernado por un patriciado milanés que controlaba el Senado y el Magistrato Camerale (el órgano supremo de justicia), y un conjunto heterogéneo de autoridades provinciales, que también solían ser controladas por la nobleza local. María Teresa ya había introducido limitaciones en la autonomía milanesa circunscribiendo el poder real del Senado y del Magistrato Camerale. Pero, en 1786, el ducado quedó dividido en ocho unidades administrativas, con un funcionariado típico de los Habsburgo, mientras que el Senado, el Magistrato Camerale y todas las instituciones provinciales con pretensiones de gobierno fueron eliminados. La vieja estructura judicial fue sustituida por un conjunto de tribunales con tres niveles jerárquicos y con un ordenamiento jurídico parecido al existente en el resto de los territorios de los Habsburgo.

Solo quedaban por asimilar los Países Bajos austríacos. Estos territorios, que eran los menos amados de todas las posesiones y los menos comprendidos en Viena, eran, y así se reconocía, los más ricos, espinosos y recalcitrantes cuando se trataba de aceptar cambios provenientes del gobierno central. Compuestos de diez provincias distintas, cada una de ellas con un conjunto de asambleas provinciales tripartitas, al estilo francés, que garantizaban los privilegios locales, y con ciudades cuya autonomía tenía raíces medievales, los Países Bajos austríacos han sido denominados la «pesadilla de un racionalista». En 1787, la mano del reformador trató de abolir todo el sistema administrativo existente y reemplazarlo por una división en nueve provincias (basada de nuevo en criterios utilitarios), cada una de ellas con unos funcionarios cuyas competencias fueron determinadas desde Viena. Esto incluyó a los Países Bajos austríacos en el marco administrativo general de los territorios de los Habsburgo. Lo más notable de todo ello fue la pérdida de poder de la alta burguesía urbana. Los privilegios habían sido, en los Países Bajos, cuidadosamente conservados a lo largo de los sucesivos regímenes por las asambleas provinciales, y las exenciones fiscales no solamente afectaban al clero y a la nobleza, sino también a ciudades y enclaves privilegiados, por lo que los ingresos procedentes de los Países Bajos no eran suficientes para compensar los gastos administrativos. Aparte de la concesión anual de las asambleas, gran parte de la cual se empleaba para sufragar los gastos de la Corte del gobernador general, la monarquía solo podía percibir la renta de los dominios reales, los derechos de aduana, los ingresos postales, las tasas a pagar por el nombramiento de los altos funcionarios y los títulos y concesiones, el reconocimiento anual de los fueros urbanos, parte de los beneficios de la justicia administrada por los tribunales regios y las confiscaciones de bienes que no habían sido vendidos o recogidos en el plazo previsto en los puertos. Pero recaudar tales ingresos era inmensamente complicado y desproporcionadamente caro. La abolición del poder de las asambleas eliminó el obstáculo que se interponía entre el emperador y sus súbditos, con privilegios o sin ellos, aunque no se llevó a cabo una reforma a fondo de las premisas básicas del sistema fiscal.

El problema de la reforma fiscal estaba evidentemente unido a otro de mayor entidad, el de la estructura socioeconómica del Imperio en su conjunto. En opinión de José, una sociedad basada en la servidumbre no tenía nada de envidiable, pues no solamente negaba la libertad personal sino que, en la medida en que el señor estaba autorizado a ser el primer beneficiario del esfuerzo del campesino, este no podía pagar su contribución a los gastos del Estado. Por otro lado, José II estaba también firmemente convencido de que el trabajo servil no era verdaderamente eficaz, por lo que la economía del país se veía perjudicada por la perpetuación de la práctica. Incluso allí donde el régimen señorial era relativamente rudimentario, como ocurría en ciertas zonas de los Países Bajos, no servía para nada.

Las primeras medidas tomadas por José en este sentido eliminaron los aspectos más degradantes de la servidumbre y establecieron la libertad de circular, siempre y cuando se hubiesen cumplido las obligaciones anteriores: la libertad de contraer matrimonio sin el consentimiento del señor y la libertad de dedicarse a cualquier oficio o profesión. Las ordenanzas de 1780 fueron más importantes para los campesinos, pues garantizaban la posesión, aunque no la propiedad, hereditaria de sus tierras y la reducción de los monopolios (derechos de caza, pesca, molienda y cocción). El problema de la emancipación no se tocó, ni tampoco el de quién sería el propietario de la tierra en caso de que se llegase a la emancipación. Además, el hecho de no recortar los derechos del señor sobre el trabajo del campesino significaba que el Estado todavía veía restringida la contribución que podía exigir al siervo. Pensando en ello, y con la idea de suprimir las complicaciones innecesarias del sistema fiscal del Estado, tendiendo al mismo tiempo hacia una igualdad social plena, se enunció en 1784 el proyecto de un impuesto uniforme sobre la tierra, que no admitiría exenciones en nombre de los privilegios.

Pero las implicaciones de este proyecto eran enormes. En primer lugar, suponía la elaboración de un Kataster (catastro) de todas las posesiones agrícolas para valorar de modo uniforme la propiedad en los territorios de los Habsburgo, y esto no se podía hacer de la noche a la mañana, trabajándose en ello desde 1784 hasta 1789. En segundo lugar, el Estado necesitaba saber con exactitud qué proporción de los ingresos del campesino debía ser entregada al señor. En el proyecto de José II se insistía en que el campesino debía conservar el 50 por 100 de sus ingresos, de modo que pudiese reponer su tierra y vivir desahogadamente; algo menos de un 20 por 100 iría a las contribuciones locales; algo más de un 12 por 100 sería el impuesto estatal y algo más del 17 por 100 sería para el señor. Además, el señor solo podría exigir pagos en dinero, pues las prestaciones de trabajo deberían ser remuneradas. Este proyecto suponía, en definitiva, el final de la agricultura de dominio y, dada la relativa escasez de mano de obra en algunas zonas, encarecía la mano de obra agrícola de un modo prohibitivo. La oposición a tales medidas logró que no se llevasen a la práctica.

Entre las demás medidas reformistas tomadas durante los diez años de reinado personal de José se encuentra también la abolición de las prácticas restrictivas de los gremios que ponían trabas al crecimiento industrial. Estas prácticas estaban más generalizadas en los Países Bajos y en los territorios checos de Bohemia, así como en el trozo que quedaba de Silesia; es decir, en los sectores más industrializados del Imperio. Está muy claro, por otro lado, que la Ilustración exageró en sus opiniones sobre los gremios, pues en Francia, por ejemplo, su abolición simplemente hizo que la producción se desplazase de la ciudad al campo, donde la gente trabajaba por menos dinero al tener algunas tierras a las que recurrir, y que algunas industrias urbanas decayesen. José consideró que los gremios eran demasiado poderosos para atacarlos de frente y se limitó a abolir su monopolio del comercio (que era su mejor baza) y sus propiedades y a permitir la importación de artesanos extranjeros, medidas que debilitaron con el tiempo la influencia urbana en la industria y que, como en Francia, la desplazaron al campo, donde los trabajadores carecían de protección. Pese a todo, la industria de los territorios de los Habsburgo siguió teniendo una naturaleza artesanal regulada por los gremios.

Probablemente fue mucho más importante para el desarrollo económico del Imperio otro aspecto de la política de José que contradecía los principios de la Ilustración: el proteccionismo de su política, que olía más a mercantilismo que a ninguna otra filosofía económica. En 1784 se erigió una barrera proteccionista alrededor de Hungría y de los territorios hereditarios, imponiendo fuertes aranceles sobre las mercancías extranjeras, que incluían también las materias primas importadas por la industria austríaca. Al mismo tiempo, se establecieron incentivos fiscales y subvenciones a las industrias nacionales y, ciertamente, Bohemia y Moravia pudieron recordar el reinado de José como una época de notable expansión en la que el Estado intervino de modo bastante eficaz. El crecimiento de los ingresos del Estado, de 65.777.780 florines en 1781 a 87.484.740 florines en 1788, refleja el hecho de que el Imperio en su conjunto participó bastante de la expansión económica de la Europa de la época.

Sin embargo, siempre es necesario hacer algunas consideraciones especiales para entender la historia de los Países Bajos. Territorialmente aislados del resto del Imperio, su expansión económica se debió más a factores externos que a la política de José II. En especial, la política neutral seguida por los Países Bajos austríacos durante la Liga de Neutralidad Armada y la necesidad de los comerciantes británicos durante la guerra de Independencia americana de encontrar puertos neutrales impulsaron una corriente de comercio hacia las ciudades costeras de los Países Bajos, dando a esta zona una prosperidad comercial que se vino abajo de forma espectacular en 1786. Dos años después, las regulaciones hechas por el emperador para mantener los cereales dentro del Imperio, a fin de satisfacer la demanda interior en una época en la que se sucedieron en Europa las malas cosechas y la desorganización del mercado cerealista por el inicio de las hostilidades entre Suecia y Rusia, a finales de la primavera de 1788, echaron por tierra las aspiraciones de los mercaderes flamencos quienes, basados en la agricultura más productiva de Europa, podrían haberse aprovechado del aumento del precio de los cereales en el mercado internacional. Aparte de esto, las redes de contrabandistas, sumamente desarrolladas, que eran una parte esencial de la economía de los Países Bajos, hicieron que la legislación de José II no fuese, habitualmente, sino papel mojado.

A largo plazo, es posible que, para aumentar los ingresos de la hacienda pública, lo mejor sea propiciar un relanzamiento económico, pero tal relanzamiento económico no sería, a corto plazo, de gran ayuda para un monarca en busca de fondos y, en cualquiera de los casos, sería ingenuo pensar que el Imperio austríaco hizo progresos importantes hacia la industrialización y la economía capitalista durante la década del reinado de José II. Para hacer frente a los gastos inmediatos, la hacienda pública podía ser robustecida extendiendo el control estatal a las exenciones privilegiadas. Puesto que el tema de las relaciones entre la nobleza y los siervos sería tratado de manera definitiva tras la elaboración del catastro, esto implicaba una confrontación con la Iglesia. José II, que no era menos devoto que su madre con respecto a los preceptos de la doctrina cristiana y a los principios fundamentales de la Iglesia católica romana, participaba en mayor grado que ella de las ideas ilustradas y era un discípulo más ferviente de Van Swieten y Muratori. El tipo de devoción de estos era una fe depurada desprovista de los elementos de la piedad barroca, tales como vírgenes, reliquias, lápidas votivas, estatuas, peregrinaciones y festivales (de origen semipagano) y basada, en cambio, en una mejor instrucción y una conciencia personal de la importancia de una recta conducta moral. José II comulgaba en todo con este tipo de catolicismo. Pero fue más allá y llevó sus concepciones hasta el campo de la tolerancia religiosa con respecto a los protestantes y judíos y hasta un concepto del cristianismo caracterizado por las buenas obras (aunque también San Vicente de Paul hubiese asumido tal concepto un siglo antes). En los ataques que José dirigió contra la Iglesia es posible distinguir una doble intención: una práctica y otra moral, expresando plenamente la rectitud ilustrada. Por un lado, hubo medidas que extendieron el control del Estado sobre la Iglesia, absorbiendo las tierras de esta y, sobre todo, desmantelando los monasterios; por otro, hubo medidas de tolerancia, importantes realizaciones para el bienestar social y medidas contra la censura, por lo que se puede decir que, en José II, el pragmatismo y el idealismo se daban la mano.

Al extender el control del Estado sobre la Iglesia, el problema más importante que se planteó fue el del poder del papa en los territorios de los Habsburgo. El punto de partida de José II fue que el papa era la cabeza de la Iglesia solo porque se necesitaba una figura clave para expresar la unidad de la Iglesia. El folleto ¿Qué es el Papa?, de Johann Valentin von Eybel, resumía el punto de vista de José II, afirmando que el papado medieval había usurpado el poder que correspondía a cada uno de los obispos (pues la autoridad de atar y desatar había sido dada por Cristo a todos los apóstoles, y no solamente a San Pedro), por lo que la jurisdicción papal no debería ir más allá de su propia sede. Y diversos escritores josefinos incluso negaron al papado la capacidad de juzgar sobre asuntos de fe y moral, argumentando que quienes realmente estaban autorizados para ello eran los concilios de la Iglesia. Las medidas prácticas que siguieron a tal modo de pensar consistieron en la prohibición de la publicación de comunicados papales sin permiso imperial, así como la de recursos de los obispos a Roma sin el consentimiento previo del emperador. Por otro lado, se rechazó oficialmente la bula Unigenitus, que había condenado el jansenismo, y los monasterios situados en territorio de los Habsburgo fueron declarados libres con respecto a la autoridad de los superiores de la orden residentes en Roma. Lo más importante de todo fue, quizá, el hecho de que los obispos tuviesen que jurar lealtad al Estado. Hacia 1782, todo esto equivalía prácticamente a la creación de una Iglesia nacional de los Habsburgo. Pío VI decidió, imprudentemente, quizá, enfrentarse cara a cara con el emperador en una visita a Viena, en marzo-abril de 1782, que demostró que el pueblo era hostil a los cambios establecidos por José, pero que el papa no tenía fuerza suficiente para hacer cambiar de idea al emperador, a pesar del amable recibimiento que este le dispensó.

A ello siguió un doble ataque contra las riquezas de la Iglesia. El primero fue dirigido directamente contra los monasterios, mientras que el segundo afectó a la Iglesia secular y supuso una reestructuración radical de los ingresos eclesiásticos. No cabe duda del desprecio de José II (y el de la Ilustración) hacia el ideal monástico y, en particular, hacia la vida contemplativa. En conjunto, y comenzando con las órdenes contemplativas, se suprimieron 700 monasterios y, de los 65.000 religiosos existentes, fueron jubilados y secularizados 38.000, es decir, más del 50 por 100. Las sumas procedentes de la venta de las propiedades de dichos monasterios se destinaron en parte a sufragar obras de caridad y a financiar un aumento del clero parroquial. Las tierras de la Iglesia eran inmensas: en términos de superficie, esta poseía la mitad de Carniola y tres octavas partes de la Silesia austríaca. Ciertamente, la estructura de la propiedad rural cambió radicalmente tras las reformas llevadas a cabo por José II, aunque no está tan claro quiénes fueron los nuevos compradores.

El Estado se hizo cargo de las propiedades de la Iglesia con la intención de reducir los enormes ingresos del episcopado (proveniente en su totalidad de familias de la gran nobleza) y de convertirlo en un cuerpo de funcionarios asalariados, es decir, de funcionarios civiles casi. Así, los arzobispos cobrarían 20.000 florines anuales (lo que suponía, en algunos casos, una reducción salarial de un 80 por 100) y los obispos, 12.000. Las sumas procedentes de la venta de tierras se emplearían en proporcionar al clero rural un salario con el que vivir dignamente y en aumentar el número de parroquias para llegar a una relación más equilibrada entre sacerdotes y fieles. Se comprendió, pues, que el clero rural podía desempeñar un papel importante difundiendo entre sus feligreses un mayor conocimiento no solo de la religión, sino también de los decretos gubernamentales, pudiendo enseñar asimismo las nuevas técnicas agrícolas. Después de todo, el púlpito era el principal vehículo a través del cual el Estado podía llegar a las masas. Por consiguiente, entre los objetivos prioritarios para la creación de un Estado unitario se encontraba la puesta a punto de un clero ilustrado y reformado.

Las sumas procedentes de la venta de las tierras eclesiásticas también se utilizaron parcialmente como base de un programa de bienestar social. Es posible que esta no fuese la primera intención de José II, pues llegó a anunciar a su ministro en Bruselas que las riquezas de la Iglesia deberían emplearse solo con fines religiosos. En los territorios de los Habsburgo se pensaba, en cuanto sociedad católica, que los enfermos, los ancianos, los inválidos y los parados debían ser socorridos por la caridad voluntaria de los particulares o por instituciones privadas. Sin apartarse radicalmente de los principios de la «sagrada caridad» tridentina, una comisión presidida por el conde Johann Buquoy recomendó, y pudo ver realizada, la fundación de inclusas, maternidades (que, dada la ignorancia de la antisepsia, multiplicaron el número de mujeres que morían de fiebre puerperal) y hospitales generales, siguiendo el modelo del hôpital général francés fundado por San Vicente de Paúl en la década de 1650, utilizándose para ello parte del capital conseguido con la venta de los bienes eclesiásticos. El hospital de Viena tenía 2.000 camas para atender a ancianos que ya no podían trabajar e inválidos. Las realizaciones de José II no deben interpretarse como un programa global de servicios sociales, pues, en todos estos programas, los habitantes de la ciudad resultaban favorecidos en relación a los del campo, ya que el número de camas era reducido y existían listas de espera. Pero se había conseguido algo mucho más importante que lo realizado con anterioridad.

Mientras que en el caso de las medidas contra la propiedad de la Iglesia y a favor de una extensión del control del Estado influyeron consideraciones de tipo político y económico, no fue así en lo que respecta a la Patente de Tolerancia, primera en su género, que fue decretada en 1781. En ella se resumía la repulsa que José sentía por las incomprensiones y persecuciones religiosas y se concedía libertad total de culto e igualdad civil a los principales disidentes –luteranos, calvinistas, ortodoxos–, aunque no a las sectas marginales que siempre habían proliferado en Bohemias y Silesia. A finales de 1781 y en 1782 también se aplicó a los judíos, que fueron autorizados, por vez primera, a celebrar su culto libremente, construir escuelas, asistir a las universidades y recibir títulos de estas. Sin embargo, por miedo a que el antisemitismo popular reaccionase violentamente ante una expansión evidente y ostensible del judaísmo, los que vivían en Viena, donde existía una masa susceptible de ser soliviantada, tuvieron que someterse a otras reglas y, en particular, se les prohibió construir sinagogas o constituir una organización propia. Otro aspecto de la política de tolerancia de José II fue la relajación de la censura (excluyendo la pornografía y el ateísmo abierto) y la autorización para la libre circulación de libros protestantes y extranjeros.

También en el derecho civil, en proceso de codificación, se manifestó ese espíritu de tolerancia religiosa, y ello puede verse en las leyes relativas al matrimonio. La capacidad de conceder la separación ya no era prerrogativa de Roma, sino del obispo local (como en Francia). Se autorizaron los matrimonios interconfesionales, así como el divorcio en caso de adulterio, abandono o delito probado ante los tribunales. El pecado mortal dejó de ser delito importante, y la magia y brujería fueron eliminadas de la lista de delitos que merecían la pena capital, siendo reemplazada la pena de muerte por la muerte en vida de los trabajos forzados (en este sentido, lo más parecido que Austria tenía con respecto a las galeras, tan mencionadas en las sentencias de los tribunales franceses, era la condena a arrastrar barcazas a lo largo del Danubio). Pero lo más importante de todo puede que sea el hincapié que se hizo en la uniformidad de las penas. Esta, que había sido el objetivo esencial de Cesare Beccaria en Delle delitti e delle pene, contrastaba decididamente con las arbitrarias condenas de otros países europeos en el mismo periodo.

Todo esto, junto con la extensión de la enseñanza primaria y un conjunto de curiosas medidas, destinadas, por ejemplo, a fomentar la lactancia natural y a limitar el uso del corsé, pues el pensamiento ilustrado consideraba que podía producir deformaciones fetales, constituyó el paquete de medidas de José II. A primera vista, lo que más impresiona es su coherencia total, su implacable lucha contra el privilegio, su sincera intención de crear un Estado unitario y de llegar a la igualdad social. Estaba claro que ciertos grupos poderosos, tales como el clero, la nobleza, los patriciados urbanos y los magistrados, los maestros gremiales, etc., se opondrían a dichas medidas, pero ¿se contrarrestaría esta oposición con el apoyo de los campesinos, protestantes, judíos y nuevos funcionarios? Los magnates de Hungría y los patriciados de los Países Bajos se mostrarían hostiles a esta política, pero ¿los arrastraría la nueva coherencia de las tierras hereditarias con la corriente de los cambios? Este era, probablemente, el razonamiento de José II, que siguió adelante con su política, convencido de su rectitud, con alguna que otra vacilación (como, por ejemplo, al no hacer extensivas muchas de las medidas a los Países Bajos austríacos hasta 1786-1787 y al dejar sin resolver la espinosa cuestión de la propiedad de la tierra en las relaciones siervo-señor). Pero a su muerte, en 1790, se sentía amargado: «Aquí yace José II, que fracasó en todas sus empresas», rezaba el epitafio compuesto por él mismo.

¿Qué falló? La respuesta es: todo. De modo tradicional, y con razón, el fracaso de la política de José II se explica en términos de una victoria del provincialismo sobre el Estado unitario, y del privilegio sobre la igualdad social. Pero antes de considerar tales explicaciones, digamos algo que debería ser obvio, pero que, a menudo, se olvida: que el programa de José II sacudió los cimientos de su sociedad hasta un punto difícil de imaginar. La apropiación masiva de los bienes eclesiásticos en forma de tierras, rentas señoriales y edificios monásticos no solo despojó de sus riquezas a una serie de parásitos en favor del clero rural y de instituciones benéficas para los pobres, sino que también privó a los artesanos, empleados y proveedores del monasterio de sus ingresos. La abadía de Melk, por ejemplo, gastaba 27.000 florines anuales en nuevas construcciones, yendo la mayor parte de esta suma a parar a los artesanos. La fiebre constructora de los monasterios del barroco en los territorios de los Habsburgo distribuyó riqueza por todo el abanico social: ahora había que ser beneficiario de un programa de asistencia social para recibir una parte. También estaba el asunto complejo de la transferencia de la tierra. Ningún proceso de disolución de órdenes monásticas acompañado de venta de tierras se ha podido efectuar sin tensiones, y esto ocurrió tanto en la Inglaterra del siglo XVI como en la Francia de 1790. El cambio de propietario significó, tanto en el caso francés como en el de los Habsburgo, el cambio de un propietario tradicionalista y bastante poco exigente por otro ansioso de capitalizar su inversión. La reforma podía afectar a pueblos enteros. Cada vez que se reorganizaban los tribunales, alguien perdía su trabajo y, en concreto, la reforma radical efectuada en la maraña de jurisdicciones urbanas y provinciales que caracterizaba a los Países Bajos y, en menor medida, al norte de Italia, dejó sin trabajo a miles de personas. Los fondos gremiales habían servido de sostén a más de un pequeño artesano en dificultades y habían ofrecido cierta protección a las viudas y los huérfanos de los miembros del gremio, permitiendo algunas veces que la viuda continuase la actividad del taller en nombre de su marido. Pero ¿dónde encontrar tal protección tras la reforma? ¿Cómo convencer a un maestro artesano de la ciudad, a un hombre relativamente humilde, con una dieta de pan y verduras, que quizá empleaba a dos oficiales cuyos ingresos no eran probablemente mucho menores que el suyo propio, de trasladar la industria al campo? Para comprender la vehemencia de la respuesta, es necesario ponerse en el lugar de aquella gente y compartir el recelo de los campesinos con respecto a los nuevos amos.

El Antiguo Régimen era un conjunto de relaciones económicas vitales. Por muy corrupto, por muy reprensible que al reformador le pudiese parecer el privilegio, no era posible destruirlo sin perturbar con ello la vida de todos, incluso la de los más humildes. También existían implicaciones psicológicas, pues la lealtad a la provincia venía después de la lealtad a los parientes y conciudadanos: se desconfiaba del forastero. Y, en estas condiciones, ¿qué confianza podía sentir el súbdito, humilde o no, por una burocracia de lengua alemana o por una reforma legal emanada de otra fuente? Por otro lado, todo lo que conocemos sobre los sentimientos religiosos populares del siglo XVIII, en cualquier parte de Europa, subraya su carácter totalmente opuesto a lo que el jansenismo significaba. Vívida, inmediata, semipagana, la religión de las masas abundaba en imágenes barrocas, días festivos y procesiones, sin preocuparse para nada de una instrucción mejor, de una moral más exigente y de una religión más concentrada en sus esencias más puras.

Esta es la razón por la que, aunque José II pudiera ser considerado por los campesinos como aliado suyo en contra de los abusos de los señores, no podía contar con un amplio apoyo popular para sus medidas reformistas. En los Países Bajos, un arzobispo resentido por la pérdida de poder y de dinero y escandalizado por la legislación civil que regulaba el divorcio podía encontrar el apoyo popular de las masas urbanas en defensa del antiguo orden y de sus intereses privados. Y algunas de las rebeliones más violentas ocurridas en los Países Bajos fueron dirigidas por mujeres que acusaban a José II de ser el Anticristo. Es difícil saber con exactitud qué fue lo que las movió, pero lo cierto es que habían sido víctimas, desde 1786, de unas duras condiciones económicas que fácilmente podían ser identificadas con el régimen, por lo que, al igual que las mujeres francesas de 1795, escogieron las manifestaciones religiosas como forma de protesta.

La política de José II fue, en efecto, rechazada, tanto por las nacionalidades dentro del Imperio como por grupos sociales específicos. Las protestas más vociferantes se produjeron en Hungría y Países Bajos, pero los esfuerzos por imponer un sistema judicial uniforme y por recortar los poderes de las asambleas también causaron un hondo resentimiento en los territorios hereditarios de los Habsburgo, considerando que los privilegios existentes formaban parte de la diversidad de carácter de las distintas nacionalidades. Al final de su reinado, incluso José II tuvo que hacer concesiones, pese a lo cual, la nobleza húngara, reaccionando contra los decretos fiscales, tomó las armas y, cuando el catastro estaba a punto de ser concluido, en 1788, inició conversaciones con Prusia para una posible ayuda contra los Habsburgo. Acosado por los problemas derivados de su propia política exterior y de una guerra desastrosa contra los turcos, José II no encontró en quién apoyarse para hacer frente a la insurrección de la nobleza húngara, y solo pudo conseguir la paz desechando todo el programa reformista.

En los Países Bajos, la oposición era más difusa, pero no por ello menos eficaz, y los patriciados aristocráticos, el alto clero y las masas urbanas iniciaron insurrecciones esporádicamente. Los rumores, según los cuales los habitantes de los Países Bajos serían incorporados al ejército imperial para pelear contra el turco, les incitaron a organizarse en cuerpos armados. Encabezados por Brabante, las asambleas provinciales se manifestaron con vigor casi diariamente desde 1787, pidiendo la anulación inmediata de todos los decretos administrativos y judiciales, el restablecimiento de todas las casas de religiosos a las que estos quisiesen volver, la cesión a las asambleas de las propiedades confiscadas a la Iglesia y la restauración total de los poderes de las asambleas provinciales.

Las vidas de los ministros fueron amenazadas; fueron desplegadas con ostentación banderas manchadas de sangre, rememorando los combates contra Felipe II de España, y unas multitudes urbanas dispuestas a luchar por sus reivindicaciones cantaron canciones patrióticas recordando en ocasiones las rebeliones de los Países Bajos. La Universidad de Lovaina, el primado de los Países Bajos, el arzobispo de Frankenberg, que irónicamente había nacido en Silesia, y los obispos de Namur, Amberes, Brujas y Ruremonde, que entraron en la arena política a fines de 1787, apoyaron al partido «patriótico», que defendía la devolución a los Países Bajos de todos sus antiguos poderes. Una cosecha desastrosa y una recesión comercial contribuyeron a empeorar la situación, dentro de la cual las autoridades políticas de los Habsburgo, presas del pánico, fueron incapaces de mantener una postura firme. José trató de apaciguar los ánimos de los obispos con razonamientos teológicos, pero la situación política se deterioró más todavía al negarse varias asambleas provinciales a pagar los impuestos, y toda la cuestión de los Países Bajos se complicó con los abruptos cambios políticos de Francia en 1788-1789.

Lieja se convertiría en el foco más peligroso de la rebelión, formándose grupos, como Pro aris et focis (Pro altar y hogar), inspirado por el jurista Jean François Vonck, cuyo objetivo era derrocar el absolutismo monárquico y entregar el poder político a un grupo social más amplio. De hecho, fueron los seguidores de Vonck los que levantaron un ejército, los que buscaron apoyo en el extranjero y los que constituirían el núcleo rebelde mejor organizado.

La situación inmediata evolucionaría hacia la victoria del programa patriótico (esto es, la vuelta al viejo orden de la autonomía provincial y privilegios aristocráticos, eclesiásticos y municipales). Y los seguidores de Vonck, deban o no ser denominados «demócratas», como lo han sido frecuentemente, volvieron sus ojos hacia los políticos de la Francia revolucionaria, cuya suerte compartieron. El final de este proceso va más allá de los límites de este volumen, pero debería recordarse que la puesta en práctica de la política reformista de José II desató dos tipos de fuerzas de oposición, la conservadora y la radical, sin contar con ningún apoyo.

Incluso en los territorios hereditarios de los Habsburgo, en los que no hubo rebelión, aparte de la formación de grupos de campesinos armados para defender los estandartes y estatuas que los funcionarios imperiales trataban de destruir, fue necesario hacer concesiones de importancia. José II no pudo siquiera impresionar a sus súbditos con una política exterior triunfante que compensase la alta presión fiscal y las exigencias de tropas. Sus aventuras exteriores comenzaron desastrosamente con el fracaso de la guerra de Sucesión bávara. José presentó su candidatura al electorado bávaro a la muerte del elector Maximiliano José en 1777, basándose en especiosos motivos genealógicos, y apoyó sus pretensiones con una invasión. Esto provocó una reacción inmediata por parte de Prusia que condujo a un masivo movimiento de tropas en Bohemia y a una devastación territorial inmensa que acabó en la paz de Teschen (mayo de 1779), por la que pasaron a la Corona de los Habsburgo unos cuantos kilómetros cuadrados.

Los posteriores intentos frustrados de abrir el Escalda le costaron la alianza con Francia. Se puede decir que el mayor logro de José II fue el de granjearse la enemistad de casi todas las naciones europeas. Varios príncipes alemanes –Hannóver, Sajonia, Maguncia, Prusia y otros catorce– formaron la Liga de Príncipes para impedir cualquier ambición de José II con respecto a los territorios alemanes. Su última aventura fue la más desastrosa. Estimulado por sus ambiciones balcánicas, siguió a Catalina la Grande en la guerra contra los turcos en 1787 y, al frente de un ejército de 200.000 hombres, dirigió personalmente un avance desastroso en territorio otomano. Su ejército, diezmado por el tifus y las fiebres tifoideas, se vio obligado a batirse en retirada y las tropas turcas devastaron el sur de Hungría. Mientras los turcos realizaban estas operaciones, Catalina la Grande se anexionó Crimea y llegó hasta el Dniéster. La tesorería austríaca se encontró tras la guerra con unas deudas colosales de 400 millones de florines.

No es de extrañar que la prensa, que gozaba de libertad de expresión, comenzase a criticar a la monarquía, críticas que José II exageró, decidiendo reprimirlas a través de una policía secreta organizada por el ministro del interior, el conde Pergen. A su vez, y para justificar su existencia, esta policía inventó conspiraciones y anticonspiraciones. Pese a todo, en Viena no existía una situación revolucionaria en 1789, aunque hubo algaradas a causa del pan. Esta ciudad aristocrática, cuyo papel central fue fortalecido por María Teresa y por su hijo, supo capear el temporal revolucionario y sobrevivió rechazando la staatsidee. No obstante, José II murió como un hombre deshecho y derrotado, siendo la víctima más notable del privilegio del siglo XVIII.

VII. PRUSIA

La historia de Prusia, el otro gigante del Imperio, en el siglo XVIII, ha adoptado tradicionalmente la forma de un panegírico a dos gobernantes, Federico Guillermo I (1713-1740) y Federico II (1740-1786), quienes, actuando en condiciones favorables, hicieron posible lo que se ha llamado «el milagro de la casa de Brandemburgo»[1]. Expresado en términos concretos, este «milagro» consistió en la adquisición de 196.000 km2 de territorio, más de un tercio de la superficie de Prusia en 1780. La población de este Estado en expansión aumentó a lo largo del siglo y, a pesar del lento crecimiento natural, pasó de 2,2 millones a 5 millones de habitantes. Estos nuevos territorios fueron adquiridos por conquista, en el caso de Silesia, por herencia, en el caso de Frisia Oriental, o por negociaciones diplomáticas, reforzadas por la evidente fuerza militar de Prusia, en el caso de Prusia Occidental (la parte de Prusia en la lamentable primera partición de Polonia).

Evidentemente, a Prusia le fue bien en la política europea del siglo XVIII. Detrás de su engrandecimiento territorial estaba la realidad de su ejército, el más reputado de su época. Este ejército llegó a tener 150.000 hombres y, aunque era numéricamente inferior a los ejércitos de los Habsburgo y los Romanov, estaba magníficamente preparado y era dirigido en el campo de batalla por un rey con una capacidad militar que no poseía ningún otro monarca de la época. Detrás del ejército estaba el bastión sobre el que descansaban sus victorias, una tesorería saneada que permitía alimentar y pagar a los miembros del ejército. Esta hazaña ha sido atribuida a los sacrificios de un campesinado esforzado, al trabajo de una burocracia que dejó boquiabierta al resto de Europa, a causa de su eficacia, y a la frugalidad de los gobernantes. El «milagro» prusiano ha sido descrito en unos términos que recuerdan los empleados por Tácito al comparar las virtudes de los germanos con la decadencia de los romanos:

Lo que distinguía a Prusia de otros Estados continentales era la fuerza moral que emanaba de los más grandes de los Hohenzollern y la magnífica calidad de la burocracia prusiana, que fue una de las primeras administraciones públicas modernas de Europa[2].

En el mismo sentido, se afirma que Prusia tenía un ejército de primera con los recursos de un Estado de tercera. Todo este planteamiento historiográfico da una gran importancia a la personalidad y a la fortaleza moral y, aunque se acepte que ambos factores desempeñan un papel en el proceso histórico, no pueden ser ofrecidos como explicación total. En los principados alemanes existía, desde la década de 1670, la tradición de mantener un fuerte ejército permanente, cuyos servicios podían ser comprados por otras potencias extranjeras para perseguir objetivos políticos privados. Estos ejércitos permanentes, cuyo tamaño no era proporcional a los caudales públicos que había tras ellos y que no podrían haber existido sin apoyo extranjero, se convirtieron progresivamente en elemento esencial de la estructura política alemana. Sin ellos, no sería posible comprender la estructura sociopolítica alemana. El crecimiento de un ejército suponía el crecimiento de otro con el fin de asegurar la supervivencia inmediata en Alemania. La utilización de esos ejércitos por parte de potencias extranjeras, contratados como mercenarios o por medio de alianzas, que incluían subsidios monetarios o concesiones territoriales, determinó la forma de la política alemana y, de hecho, también de la europea.

Cuando el recién nacido Estado prusiano comenzó a formar a finales del siglo XVII su ejército, no hizo sino lo que hicieron también Hannóver, Brunswick, Mecklemburgo, Sajonia y Baviera, y un tercio de ese ejército ayudó a los Habsburgo a salvar a Viena de los turcos. Pero hubo acontecimientos, y en especial dos, si no tres, vacíos de poder que permitieron a Prusia seguir en el siglo XVIII un rumbo dentro de la política europea que hizo de este Estado un fenómeno único dentro de los Estados alemanes. El primer vacío de poder, y el más importante, fue causado por el colapso de Suecia en la Alemania septentrional a principios del siglo XVIII; el segundo, por la creciente tendencia a la anarquía de la situación política polaca que, para empezar, hizo de la sucesión a la Corona polaca una ocasión de pujas de las diversas partes interesadas y que, finalmente, condujo al desmembramiento del país. El tercer vacío de poder fue debido al debilitamiento evidente del poderío de los Habsburgo dentro de Alemania, en la primera mitad del siglo XVIII, así como el escaso control, resultado en parte de una sucesión disputada, de los Habsburgo sobre sus territorios más distantes.

Por supuesto, este no es sino un análisis somero y rápido. Ya, incluso, en la política de fuerza europea de finales del siglo XVII, el gran elector había negociado inteligentemente con su ejército y sus alianzas, aunque estaba lejos de tener el dominio total de la situación. Al finalizar el siglo XVII, Prusia se encontró cogida entre dos guerras: la gran guerra del Norte y la guerra de Sucesión española. Sus verdaderos intereses empujaban a Prusia a participar en la primera, ayudando a Pedro el Grande a demoler el poderío sueco, con el objetivo de adquirir la Prusia occidental (o polaca), la Pomerania sueca y una salida al Báltico. Pero Pedro el Grande no podía pagar los subsidios de los que dependía el ejército prusiano, mientras que la Gran Alianza, dirigida contra Luis XIV, sí podía hacerlo. Por su participación, Federico Guillermo I obtuvo en 1713, en Utrecht, algunas migajas territoriales en Europa occidental (Mors y Lingen, Tecklemburgo, cerca de Cléveris, Neuchâtel, en la frontera occidental de Suiza, y el norte de Güeldres, en los Países Bajos españoles). Entonces, se dispuso a poner en orden su ejército, pero Carlos XII le presionó para que tomase una parte más activa en los últimos episodios de la gran guerra del Norte. Por el tratado de Estocolmo (1720), Prusia adquirió la mitad oriental de la Pomerania sueca, desde el Oder hasta el Peene, y el importante puerto báltico de Stettin. Quizá fue esta adquisición la que, más que ninguna otra, determinó que Prusia, al margen de las predilecciones intelectuales de sus gobernantes, se convirtiese decididamente en una potencia de Europa oriental, aunque con importantes enclaves en Europa occidental (Cléveris, Mark, Güeldres, etc.).

Dentro de su escala de prioridades, tanto Federico Guillermo como Federico el Grande reconocieron que los territorios occidentales, aunque más interesantes desde el punto de los ingresos, eran una parte del Estado prusiano menos importante que los territorios contiguos al núcleo de Prusia. Esta escala de prioridades no era ningún secreto. Especialmente los Estados alemanes occidentales vivían con provisionalidad dinástica. Eran apéndices habituales en los tratados europeos. Sus asambleas provinciales y sus ceremonias de homenaje tenían el objetivo de sobrevivir a los cambios de amo al mismo tiempo que conservaban los privilegios y los derechos aduaneros de sus territorios y, en este proceso, eran ayudados por las instituciones del Imperio. Hasta Federico el Grande, ningún rey de Prusia había osado hacer caso omiso del antiguo mecanismo que regulaba las relaciones dentro del Imperio, e incluso Federico aceptó ciertas reglas. Como soberano de territorios alemanes, el rey de Prusia tenía que limitarse estrictamente a sus posesiones como elector de Brandemburgo (pues, dentro del Imperio, no era rey). Toda reforma legal requería el permiso del emperador como presidente del Reichstag. Toda medida que concerniese al derecho, a los impuestos y a la leva y acuartelamiento de tropas tenía que respetar los privilegios provinciales, de acuerdo con la constitución del Imperio. Hablar de una política de centralización y del poder omnímodo de un rey despótico equivale a demostrar una ignorancia absoluta sobre el carácter global del Imperio. Para lograr un mayor margen de maniobra, el rey prusiano se veía obligado a actuar fuera del Imperio, y su baza más notable era su carácter dual como soberano de territorios no germánicos. Esto significaba que podía asegurarse un papel en la política europea que hubiese sido imposible dentro del Imperio, donde su influencia estaba restringida. Una tendencia significativa de los soberanos prusianos durante el siglo XVIII fue la de esforzarse en organizar y estimular la economía de sus territorios no germánicos y de los germánicos marginales (Prusia oriental, Silesia, la empresa del Oderbruch y la Prusia occidental o polaca), empleando en gran parte recursos procedentes de sus posesiones en Alemania occidental. Cuando Federico el Grande se refería a sus posesiones empleaba el término mes états y, si aplicamos a Prusia el concepto de Estado unitario, hemos de tener en cuenta que, al igual que en el caso de los territorios de los Habsburgo, las peculiaridades provinciales eran muy fuertes. Pero, en general, los Hohenzollern no tuvieron que luchar contra tales peculiaridades para sobrevivir en la política europea.

El gobierno prusiano tenía en 1730 una simplicidad sorprendente, atribuible a los esfuerzos de Federico Guillermo I. Este monarca trasladó gradualmente las competencias del consejo privado de Berlín, que hasta entonces había funcionado como órgano asesor en todos los asuntos de política interior y exterior, a la cámara privada del rey (Kabinet) en Potsdam. El distanciamiento físico del rey con respecto al consejo privado simbolizaba el aislamiento de una institución que podía ofrecer consejo por escrito, pero no tenía ningún control directo sobre las decisiones del rey. El soberano emitía, desde su palacio de Sans Souci, en Potsdam, toda una serie de edictos e instrucciones por escrito a sus ministros y funcionarios. Estos edictos rara vez hacían caso omiso del asesoramiento ministerial, pero los ministros no podían tener la impresión de que ejercían una influencia directa sobre la legislación. El distanciamiento entre el rey y el consejo privado no hizo que este dejase de reunirse, sino que se reuniera con menos frecuencia y que sus reuniones cristalizaran en pequeños comités. Uno de estos se ocupaba de los asuntos exteriores, un segundo, el Justizrat, de la política judicial, y un tercero, el Geheimer Staatsrat (consejo de Estado privado), de la política interior. Estos comités tenían como función redactar informes para someterlos a la consideración del rey.

En 1723, Federico Guillermo I había amalgamado las delegaciones fiscales y militares en sus Estados en una organización única, el Directorio General (General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domanen Directorium), compuesto de unas veinte personas de las cuales las más importantes eran cuatro ministros, responsables de dos tipos de tareas. En primer lugar, cada ministro debía supervisar la administración de una cuarta parte de los territorios prusianos y, en segundo lugar, cada uno debía tener unos conocimientos especializados de una de estas cuatro clases de temas: agricultura y fronteras, presupuesto general, ejército y sistema postal y acuñación de moneda. Estos cuatro ministros debían elaborar regularmente informes para el rey, en los que este basaba su política, aunque, en teoría, no estaba obligado a seguir sus consejos.

Cada uno de los principados estaba dotado de un Consejo de Guerra y de Dominios (Kriegs-und Domanenrate), formado por consejeros o comisarios cuyas funciones eran comparables a las de un intendente francés y cuya relación con el ministro del Directorio General responsable del área era también similar a la del intendente francés con el contrôleur général. Por debajo de estos consejos, en las ciudades existían delegaciones de hacienda (Steuerat) y, en los distritos rurales, delegaciones (Landrat) formadas por los junkers locales. Estos últimos también formaban parte de los consejos de distrito y controlaban el elemento más importante de la justicia tradicional, las Regierungen. Dicho de otro modo, si bien los niveles superiores de la burocracia eran designados a escala nacional, en los inferiores el funcionamiento del Estado prusiano tenía un carácter local y, en este sentido, no se diferenciaba en nada de los otros Estados europeos.

Sin embargo, difería en dos aspectos importantes. En Prusia, en el siglo XVIII, se había operado, y se siguió operando, un proceso por el cual el derecho público amplió la esfera de su competencia en detrimento del derecho tradicional. Esto significaba que el Estado podía intervenir en un grado mucho mayor en los asuntos tanto de los individuos como de las comunidades locales y, si bien se respetaron los derechos tradicionales de las asambleas provinciales y de la nobleza en materia de contribución territorial, el Estado fue asumiendo directamente competencias como los restantes impuestos, los asuntos militares, el gobierno local, la administración de los derechos de regalía, los precios, los salarios, las carreteras y los monopolios, sin que el ciudadano pudiera recurrir contra las decisiones del rey.

La expansión del derecho público no condujo a una proliferación de nuevos tribunales o nuevos funcionarios de la administración de justicia, sino que, por el contrario, se dotó de poderes a los delegados provinciales del rey para que, en caso necesario, pudiesen actuar como jueces de aquellos que se negasen a ejecutar sus órdenes.

El segundo rasgo peculiar del Estado prusiano consistía en la fuente de sus ingresos, en el tipo de sistema impositivo. Mientras que otros países europeos dependían principalmente de los impuestos directos o indirectos y, en el caso de la mayor parte de Alemania, del bede (contribución similar a la taille), la monarquía prusiana, en gran medida, vivía de sus propias rentas. Las regalías y los derechos de los dominios de la Corona constituían, en 1740, un 51 por 100, aproximadamente, de los ingresos del Estado; les seguían en importancia los impuestos indirectos, que constituían un 20 por 100 más, las landkasten o contribuciones territoriales y, finalmente, impuestos diversos sobre la industria y el comercio.

Merece la pena subrayar la importancia de esta estructura fiscal, pues permitía al monarca prusiano una libertad de maniobra inigualable. El rey era el propietario directo de una gran parte del territorio prusiano (más de un 50 por 100 en la Prusia oriental). Sus propiedades eran arrendadas a administradores que tenían que llevar libros de contabilidad y someterlos a un consejo provincial que tenía relación directa con el rey y debía proporcionar información precisa al Directorio General. Así pues, este cuerpo estaba perfectamente informado sobre la productividad de cada una de las fincas arrendadas y podía aumentar la renta si había fuerte demanda de administraciones de fincas o disminuirla en caso contrario. También podía imponer cambios en la rotación de cultivos y exigir la experimentación de nuevas técnicas agrícolas, si pensaba que con ello podrían aumentar los ingresos. Por consiguiente, este sistema permitía una gran flexibilidad y cada tierra recién roturada o colonizada podía ser arrendada en términos inicialmente favorables, para someterla después a una paulatina presión fiscal.

Los impuestos indirectos también podían ser fácilmente recaudados y aumentados. Puesto que no eran impuestos tradicionales, no podían ser impugnados por las asambleas provinciales y, puesto que eran impuestos sobre el consumo, y especialmente sobre las bebidas (aunque a finales del siglo XVIII había 2.775 artículos imponibles pertenecientes a 67 categorías, que hacían necesarios 8.000 funcionarios), la gran mayoría de estos impuestos se pagaban en las ciudades. Probablemente, no suponían para el ciudadano una carga mayor que la de las aides y los octrois juntos en Francia, pero, mientras que, en Francia, la mayor parte de estos impuestos iba a parar a las arcas municipales, en Prusia esta parte era mínima, y el Estado era el árbitro del destino de estos impuestos. Por regla general, el costo de la recaudación ascendía a un 12 por 100, aproximadamente, del total recaudado.

Por otra parte, las contribuciones territoriales constituían el impuesto menos flexible de los recaudados por el Estado, por lo que, el hecho de depender de ellas menos que los demás monarcas europeos, colocaba al rey de Prusia en situación ventajosa. Las contribuciones territoriales eran antiguas y, por ello, llenas de exenciones y, peor aún, tenían que ser negociadas con las asambleas provinciales. Bien es cierto que, en Prusia, las competencias de estos organismos habían sido recortadas en 1730, pero un monarca que no necesitara realizar petición alguna podía estar seguro de no encontrar oposición alguna. ¿Es necesario comparar esta situación con la del monarca Habsburgo o cualquier otro príncipe alemán obligado a negociar con las asambleas provinciales y a ver cómo deducían estas los gastos de los ingresos de la contribución territorial?

Caso único entre los monarcas europeos, Federico el Grande heredó de su antecesor un superávit de 10 millones de táleros que, a pesar de las necesidades de la guerra, se convertirían en 54 millones de táleros al final de su reinado.

Es práctica habitual acentuar la frugalidad y la perspicacia para los negocios de la monarquía prusiana al explicar cómo pudo orientarse hacia la guerra una economía «atrasada». Ciertamente, no vamos a negar el talento de Federico Guillermo I o de Federico el Grande (y, durante el reinado siguiente, se vería lo que le puede ocurrir a un Estado bajo un soberano débil), pero se debería insistir menos en el carácter atrasado de la economía prusiana y más en sus peculiaridades, reconociendo la ventajosa posición de la que partieron los Hohenzollern en el siglo XVIII.

Prusia era una nación «atrasada», según los criterios de Europa occidental, principalmente por la sencilla razón de que el monarca era, en gran medida, propietario directo y señor de su reino. Esto significaba que recibía los ingresos como propietario y los impuestos como monarca. Por el contrario, la mayor parte de los ingresos provenientes de los dominios habían ido desapareciendo en el caso de los otros monarcas y, en gran parte, se limitaban a los derechos forestales. Además, si el desarrollo económico de Prusia en el siglo XVIII no igualó el alcanzado por otros países de Europa occidental, no por ello dejó de haber un desarrollo que, al abrir al cultivo nuevas tierras y mejorar el suministro de alimentos, siguió la dirección que importaba a la gran mayoría de la población. Es muy posible que el mantenimiento del sistema de servidumbre y la incidencia de los impuestos indirectos retrasasen el desarrollo del capitalismo en Prusia durante un siglo o más, pero Prusia, escasamente poblada, no se veía al menos agobiada por un exceso de población o de gente sin trabajo. No existía el problema del hambre de tierras, ni tampoco el de la pobreza o mendicidad en el grado en el que se daba en ciertas zonas de Francia hacia 1760. Es más, presentar al siervo prusiano como particularmente oprimido no tiene sentido, pues si entregaba un 30 por 100 de sus ingresos al Estado, no contribuía más, y posiblemente menos, que el campesino francés, quien, por término medio, entregaba probablemente un 30 por 100 al rey, al señor y a la Iglesia y un 30 por 100 al terrateniente. La escasez de mano de obra aseguraba, al menos, que tuviese para comer. Su condición de siervo le garantizaba un cierto grado de protección económica y, al igual que el siervo de los territorios de los Habsburgo, no desempeñó necesariamente un papel activo en la lucha por la emancipación de los siervos. Bien es cierto que el nivel de riqueza visible en la comunidad de los siervos no era tan alto como el de la sociedad rural de Francia o los Países Bajos, pero esto es otra cuestión. El ejército prusiano no tuvo nunca que dejar parcialmente el frente para reprimir insurrecciones internas, como le ocurrió al de Catalina la Grande.

También es posible exagerar la eficacia de la máquina burocrática prusiana en comparación con la de otras potencias europeas. Fuera de la administración de los dominios, no hubo ninguna racionalización en la percepción y recaudación de impuestos: los impuestos se añadían unos a otros, el impuesto indirecto constaba de 67 tarifas, y la introducción de un sistema de arriendos al estilo francés, para administrar los impuestos indirectos, fue considerada como una medida reformista. Lo más que se puede decir de la burocracia prusiana es, quizá, que en ella se quedaba una parte menor de los ingresos del Estado que en otros países, característica que pudiera ser atribuible al hecho de que los funcionarios de hacienda dependían directamente del Directorio General. Y lo peor que se puede decir de ella es que, en la cúspide, era un embudo innegable. El gobierno sobrepasaba la capacidad del monarca, y más cuando este se encontraba en el frente y no podía seguir los asuntos de gobierno cotidianos del país.

¿Dónde residía el poder del Estado prusiano en 1730? Es bastante sencillo responder a esta pregunta. Está claro que el rey tenía en sus manos una gran parte del poder, y sus burócratas no eran funcionarios venales inamovibles, sino que eran designados por el rey y podían ser destituidos si se mostraban ineficaces o corruptos. Por otro lado, existían pocos obstáculos institucionales a la voluntad del rey en forma de fuertes asambleas provinciales. Sin embargo, en la gran mayoría de los asuntos de gobierno había algún tipo de delegación de poderes. Los ministros que debían aportar información podían no ser objetivos y, lo que es más importante, como ha señalado la señorita Behrens, incluso Federico Guillermo I admitía que tenía que apoyar a su burocracia si quería ser apoyado. Esto significaba, como también tuvo que reconocer Federico el Grande, el monopolio por la nobleza local de los mejores cargos y el apoyo del monarca a los intereses de la nobleza local. Quizá pueda decirse que la peculiaridad del caso prusiano consistía en la comunidad de intereses existente entre el monarca y la nobleza, que hizo posible una connivencia entre estas fuerzas imposible en otros países. Aquellas instituciones a través de las cuales podía llegarse a un enfrentamiento entre la Corona y la nobleza fueron neutralizadas. Y había una institución, el ejército, donde la Corona y la clase de oficiales nobles estaban en perfecta armonía. La historia de Prusia en este periodo se caracteriza por el entrelazamiento de los intereses de la autocracia, la aristocracia, el ejército y la burocracia, y sus puntos de diferencia.

Aparte de la creación del Directorio General, los logros de Federico Guillermo I consistieron en el desarrollo de una clase de funcionarios hábiles, fiables y trabajadores, en la reforma del ejército prusiano y en la repoblación (rétablissement) de Prusia oriental, mediante el fomento de la inmigración procedente de los territorios vecinos y la concesión de subsidios. En veinte años, la población de esta zona pasó de 160.000 a 600.000 almas. Pero lo más notable fue, quizá, su organización administrativa. Los funcionarios de Federico Guillermo, los burócratas dispuestos a travailler pour le roi de Prusse (es decir, a trabajar duro por un salario cualquiera) procedían, en parte, en sus escalones superiores, de la nobleza prusiana, y previamente habían sido jueces, oficiales del ejército o administradores de grandes haciendas. Había también inmigrantes de otros Estados alemanes que, procedentes de familias que tradicionalmente enviaban a algunos de sus vástagos al servicio de Habsburgo, los Vasas o los Borbones, se sintieron ahora atraídos por la ampliación de la burocracia prusiana. Pero el elemento más importante era de origen plebeyo. La ampliación de la burocracia abrió camino a estos nuevos funcionarios, pues Federico Guillermo se propuso eliminar la existencia de camarillas cortesanas y el concepto de destino vitalicio. De ahí que en 1740 la mitad de los ministros y cinco de cada seis consejeros de cámaras importantes no fuesen nobles. La promoción a un cierto grado dentro de la administración llevaba inevitablemente al ennoblecimiento, lo que significó el desarrollo de una noblesse de robe, aunque estos burócratas podían ser rápida y humillantemente despedidos si resultaban ineficaces. Otro de los rasgos más notables del funcionariado de Federico Guillermo I fue el empleo de soldados retirados o de nobles ya no aptos para el servicio, así como la transferencia a la administración civil, en tiempos de paz, de jóvenes oficiales pertenecientes a la nobleza, para introducir un modelo de obediencia ciega a las órdenes del rey y de actividad rápida, constante y disciplinada. Sin embargo, la nobleza mantuvo su monopolio a dos niveles; el del Landrat y el de la oficialidad del ejército. En pocas palabras, la burocracia que surgió bajo el reinado de Federico Guillermo fue una fusión de elementos viejos y nuevos. El sistema del padrinazgo no fue eliminado del todo, por supuesto, y alguien tenía que recomendar al rey las actividades de los candidatos. Por otro lado, también era esencial para acceder a un cargo de importancia una educación superior y una base económica, por lo que estos funcionarios provenían de un determinado estrato social. La venalidad no fue eliminada del todo, pero el rey se independizó de una burocracia emanada de los nobles cortesanos, cuyo poder en sus lugares de origen se basaba en su capacidad para distribuir cargos.

Aunque apenas reconocida oficialmente, en la práctica se introdujo en la administración civil la transmisión hereditaria, probablemente inevitable en un Estado compuesto de territorios esparcidos y de escasa población. De ahí que hijos y sobrinos accediesen a los cargos dejados vacantes por padres y tíos con el beneplácito del poder central, a menos que se mostrasen incompetentes. Es decir, que la naturaleza «abierta» de la burocracia prusiana bajo Federico Guillermo llevaba ya consigo gérmenes que acabarían reduciendo su apertura y, dado que ciertos cargos incluían el ennoblecimiento, la harían cada vez más noble, a la par que cerrada. Incluso bajo Federico Guillermo I, los altos cargos de la administración central eran siempre ocupados por miembros de unas pocas familias de la nobleza.

El ejército con el que Federico Guillermo se embarcaría, en 1740, en la conquista de Silesia era, por supuesto, el heredado de su padre. Pero, en una medida muy significativa, «prusianizó» el ejército e hizo de él parte integrante de la sociedad prusiana. En 1713, las dos terceras partes del ejército estaban compuestas por extranjeros reclutados, con frecuencia a la fuerza, mediante incursiones armadas en otros Estados alemanes que no poseían un ejército permanente. Pero en 1739 ya se había invertido la proporción. De los 81.000 hombres que componían el ejército prusiano, las dos terceras partes eran prusianos y los oficiales, casi en su totalidad, habían nacido en el seno de la nobleza prusiana, a cuyos miembros les había prohibido expresamente el rey enrolarse en ejércitos extranjeros.

Los territorios prusianos habían sido divididos, con vistas al reclutamiento militar, en cantones que tenían que proporcionar hombres para determinados regimientos. Estos regimientos se mantenían al completo solo entre abril y junio y, durante el resto del año, una parte de los soldados estaban de permiso, trabajando en el campo, lo que reducía gastos (este sistema se parece mucho al que funcionaba en Suecia a finales del siglo XVII). Los que permanecían en el ejército todo el tiempo se alojaban en las guarniciones de las ciudades, en gran parte en casas de civiles. Este sistema creó estrechos vínculos entre civiles y militares, lo que no fue tan fácil de conseguir en otras partes, y al parecer no suscitó fricciones en el campo, como en otras zonas de Europa, tal vez porque la mano de obra era escasa en Prusia y un hijo incorporado a filas no era una pérdida para la agricultura. Esto no eliminó el problema de la deserción dentro del ejército prusiano. Durante el reinado de Federico Guillermo I, las deserciones alcanzaban un 35 por 100 al año aproximadamente, y este problema era particularmente agudo en el caso de las tropas reclutadas a la fuerza en Mecklemburgo. Este porcentaje se elevó considerablemente durante la guerra de los Siete Años, por lo que es fácil de comprender que ni Federico Guillermo ni Federico el Grande tuviesen ninguna confianza en la lealtad del soldado raso. Tampoco esperaban que el enemigo fuese perseguido después de la batalla, por la sencilla razón de que una considerable proporción del ejército prusiano habría desaparecido en ese momento, problema que compartían con los otros monarcas europeos. Sin embargo, hicieron frente a este problema de modo diferente: confiaban en la lealtad de una oficialidad que no dudaba en aplicar una disciplina brutal sobre el soldado raso y en un entrenamiento tan rígido que hacía del soldado un autómata en el campo de batalla. El soldado raso avanzaba porque se le había programado para ello y porque, rodeado de oficiales que habrían disparado contra él en caso de quedar rezagado, no le quedaba más remedio.

Quizá existían pocas diferencias entre el soldado prusiano y el soldado austríaco, pero el oficial prusiano era muy distinto del austríaco. Aquel, vinculado con los otros oficiales por lazos de parentesco, intereses comunes y esprit de corps, vástago de una clase de junkers cuyo bienestar económico y cuya situación social dependían de un nombramiento civil o militar, se sentía identificado con su rey. Y esto era así porque Federico Guillermo, y su hijo después de él, dejaron claro que el rey era uno de ellos: el comandante en jefe, el rey-soldado, que compartía las privaciones del campo de batalla y un estilo de vida despreocupado por los lujos. Era a nivel militar como se hacía más evidente la tan mencionada unidad entre el rey y los junkers. Cualquiera que fuese el rumbo seguido por la expansión prusiana, los junkers, en cuanto grupo social, podían estar seguros de que ese rumbo favorecería sus intereses económicos inmediatos, al proporcionar un margen para su progreso como militares, funcionarios o terratenientes. Por el contrario, cuando un oficial húngaro del ejército de los Habsburgo se batía en el campo de batalla en defensa de unos territorios checos, no podía percibir en qué le beneficiaría aquello. El oficial húngaro estaba reñido con su servicio, mientras que, en Prusia, existió una estrecha cooperación a partir del siglo XVII. El servicio en el ejército era una fuente de ingresos de primera importancia para el junker prusiano, al mismo tiempo que dejaba en manos del conjunto de los junkers la protección del Estado y confirmaba su control sobre sus siervos.

Con frecuencia se compara a Federico Guillermo I con su hijo, resaltando la rudeza del primero, que no se sentía atraído por el clima intelectual de Europa occidental, y se utiliza la difícil relación que Federico Guillermo mantuvo con su hijo durante la adolescencia de este para explicar algunas diferencias fundamentales entre ambos monarcas. Pero, de hecho, destacan más sus semejanzas. Es verdad que Federico el Grande fue fiel durante toda su vida a aquellas ideas que subrayaban la obligación del soberano de utilizar el poder en beneficio de su pueblo y, tanto su Anti Machiavel (1741) como su Essai sur les formes de gouvernement (1781), encierran un concepto de la monarquía dedicada a la consecución del bien común. Y también es cierto que se preocupó más que su padre de los problemas relacionados con la tolerancia religiosa y la educación. Sin embargo, lo esencial era para ambos el poderío militar y la eficacia administrativa, el Estado poderoso que subsumía los intereses de los individuos en un austero y exigente concepto del bien común, las obligaciones, tanto del gobernante como de los gobernados, más que su felicidad o libertad. Para muchos europeos, incluidos escritores alemanes, tales como Wieland, Lessing y Winckelmann, Prusia era el más horrendo de los despotismos, por el grado de control ejercido por el gobernante sobre los gobernados, por la constante intervención del Estado en las libertades individuales, por las evidentes desigualdades sociales y por el peso que los objetivos de carácter militar tenían en la sociedad prusiana. Todos estos rasgos de la vida prusiana provocaron el rechazo de los ilustrados de Europa occidental.

Pero sus normas eran las imperantes en Europa occidental y los intelectuales, especialmente los alemanes, no comprendieron que Prusia se estaba convirtiendo progresivamente en una potencia de Europa oriental y no occidental, obligada, por tanto, a desenvolverse en el cambiante mundo político de la Europa oriental. Su centro de gravedad estaba situado al este del Elba, y tenía más afinidades con la Europa del este que con la del oeste. Este cambio se concretó bajo Federico el Grande, y el papel de Prusia dentro del Imperio fue cada vez más difícil de definir. Bajo Federico Guillermo I, Prusia permaneció fiel a la idea del imperio, aunque ello supusiese una humillación frente a los Habsburgo. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en el caso de las pretensiones prusianas sobre las provincias renanas de Julich y Berg, que Carlos VI aceptó, en 1728, a cambio del reconocimiento de la Pragmática Sanción por parte de Prusia. En 1738, cuando el emperador Habsburgo firmó un tratado con Francia y las potencias marítimas, consideró que podía sacrificar el reconocimiento prusiano y rechazó sus pretensiones territoriales. Federico Guillermo aceptó el desaire, pero con deseos de venganza. La casa de los Habsburgo pagaría esta acción, pues Federico el Grande abandonó la política conciliadora de su padre con respecto al Sacro Imperio Germánico.

En 1740, ya apenas existía el concepto del Imperio como institución en la que los príncipes alemanes eran iguales, bajo la presidencia de los Habsburgo. La invasión de Silesia demostró que Federico ignoraba la autoridad constitucional de aquellos. La sustitución de su título de rey de Prusia por el de rey en Prusia indicaba que su mandato no quedaba bajo la institución imperial. En 1750 se dejó de rezar por el emperador en las iglesias prusianas y, tras la guerra de los Siete Años, Federico consideró la posibilidad de abandonar completamente el Imperio. Pero no lo hizo, a pesar de que apenas podía perjudicarle tal medida, y quizá fuera porque su pertenencia al Imperio le daba una influencia dentro de Alemania que una separación oficial habría hecho imposible, como se pudo ver con ocasión de la guerra de Sucesión bávara, en la que las tropas prusianas impidieron que los Habsburgo extendiesen su poder dentro de Alemania.

Sin embargo, el Estado que controlaba Federico el Grande no era un mero electorado alemán, sino una nación a caballo entre la Alemania oriental y occidental, tendiendo más hacia el este. La invasión de Silesia por el ejército prusiano, primera acción importante del reinado de Federico el Grande, fue un riesgo calculado que no tuvo relación con los artificiosos derechos hereditarios en ese reino, esgrimidos posteriormente como justificación, sino con sus ambiciones de extensión hacia el este. No solo rechazó la Pragmática Sanción e invadió Silesia, sino que su éxito le valió la alianza francesa y una adquisición territorial de gran valor, lo que demuestra a las claras su intención de forjar un Estado que tuviese muy poco en cuenta al Imperio. Las dos décadas siguientes fueron dedicadas a asegurar la conservación de los territorios adquiridos.

En términos económicos, la adquisición de Silesia se convirtió en la baza más importante de Prusia. Hacia 1750, esta provincia producía un 45 por 100 (10 millones de táleros) de las exportaciones totales de Prusia y compraba un 44 por 100 de sus importaciones. En términos industriales, representaba el sector más avanzado del Estado prusiano. Federico había comprendido la importancia de los asuntos financieros en mayor medida que los otros monarcas europeos, añadiendo al Directorio General un quinto departamento radicalmente diferente de los otros, establecidos sobre una base regional. El objetivo de este departamento ministerial era estudiar la economía prusiana en su conjunto y formular y llevar a cabo medidas relativas al comercio, la agricultura y la industria de aplicación universal.

Las ideas económicas de Federico tenían poco que ver con la Ilustración y estaban más cerca de las de Colbert que de las de Quesnay. Según el soberano, la economía debía ser firmemente controlada por el Estado, las industrias existentes debían ser protegidas y los artesanos extranjeros debían ser animados a establecer en Prusia industrias de artículos hasta entonces importados del exterior. El quinto departamento, bajo la dirección de Von Marschall, que era un mercantilista convencido, también llevó a cabo una labor de asesoramiento sobre problemas de producción respecto a las industrias existentes y recogió estadísticas para hacer una estimación del consumo y la producción locales. Se suele exagerar la eficacia de la labor de Von Marschall, porque durante los primeros quince años, aproximadamente, de la existencia de este quinto departamento ministerial (al término de los cuales el Estado se vio inmerso en la guerra de los Siete Años), fue difícil recoger información precisa y hubo que basarse en conjeturas. Está claro que durante la guerra no fue posible dirigir con mano firme la economía del país y el desbarajuste producido por la misma dejó sus secuelas hasta bien entrada la década de 1770. Hay datos que indican que la industria de la lana –que, a finales del reinado de Federico, daba trabajo a unos 60.000 obreros– conoció una sólida expansión. La razón más evidente de esta expansión fue la existencia de una demanda continua para cubrir las necesidades de un ejército permanente que, a finales del reinado, contaba con unos 150.000 hombres. Por lo demás, el mercado se mantuvo flojo, pues, aunque había más gente para vestir que antes, la capacidad adquisitiva del campesino era limitada y prácticamente estática. La unidad familiar lograba a veces autoabastecerse por medio de una rudimentaria industria doméstica y, de este modo, se mantenía al margen del mercado textil. Se hicieron avances notables en cuanto al fomento de la producción de lino de calidad, paños de lana fina y, en Silesia, producción de algodón en fábricas estatales que, a menudo, empleaban a artesanos extranjeros. En cuanto a la exportación, lo más importante era posiblemente el capítulo de la seda. Aquí el Estado protegía y fomentaba la iniciativa privada y había un sistema, extraño pero eficaz, de protección localizada. La industria de seda de Krefeld, la más importante de las exportaciones estatales, había sido autorizada a vender solo dentro de un determinado radio, para ayudar a las recién instaladas industrias de Kurmark, Stettin y Königsberg. También existía una intervención estatal en la industria de la porcelana; es decir, de nuevo en un sector de lujo. El impacto de este desarrollo industrial sobre el conjunto de la economía fue pequeño, pero el Estado prusiano, tal como existía en 1740, logró autoabastecerse de productos industriales durante el reinado de Federico. Pero la existencia de un excedente comercial se debió a la anexión de Silesia. Aquí el desarrollo de las industrias metalúrgicas y mineras ya existentes, el establecimiento de nuevas fábricas de vidrio y la concesión de subsidios estatales para resucitar industrias en decadencia, como las de lino fino, a pesar de la guerra, conocieron un éxito desigual. Federico el Grande habría sido el primero en reconocer que, como resultado de sus esfuerzos, Prusia distaba mucho de ser un país altamente industrializado, pero su objetivo de llegar al autoabastecimiento había sido conseguido.

Las ideas económicas de Federico se basaban en un planteamiento eminentemente pragmático. Por ejemplo, nunca se dejó engañar, en materia de comercio de grano, por la quimera del laissez faire, que tanto perjudicó a otros países europeos. Algunos de los Estados prusianos estaban situados en medio de otros Estados, tales como Polonia, Mecklemburgo y Sajonia, que eran grandes productores de grano, mientras que las tierras locales eran de calidad mediocre. Estaba claro que los agricultores prusianos necesitaban protección, en tiempos normales, respecto a la competencia extranjera, más barata, y esta protección era rigurosamente impuesta. Todos los esfuerzos del Estado se dirigían a mantener el precio del grano relativamente estable. En Silesia, que nunca se autoabasteció de grano, se otorgaron subsidios a las importaciones de grano procedentes del resto de los territorios de los Hohenzollern, para mantener el precio bajo control. La existencia de un gran ejército permanente llevó consigo la de almacenes estatales y, especialmente tras las malas cosechas de 1739 y 1746, el Estado llevó a cabo una decidida política de construcción de almacenes oficiales para proteger al país en tiempos de escasez. En 1771-1772, cuando la mala cosecha de centeno en Europa oriental puso a Sajonia y Bohemia al borde del hambre y el centeno alcanzó en estos países el precio de cinco táleros la fanega, en Prusia se mantuvo en la mitad dicho precio, al abrirse las reservas oficiales de grano.

El Estado apoyó al consumidor frente al especulador, fijando los precios de mercado y limitando la utilización de grano para destilación. Esta política no iba en contra de los intereses de los junkers. Prusia era una sociedad agrícola basada en el trabajo de los siervos y la escasez de mano de obra significaba que, sin una fijación legal del trabajo, habría sido imposible el cultivo extensivo. Al confirmar el dominio del terrateniente sobre sus siervos, al protegerlo frente a las importaciones y al comprarle regularmente sus productos para el ejército y para llenar los almacenes oficiales (Landmagazine), el Estado aseguraba la existencia de los junkers. Dentro del reformismo agrario del siglo XVIII, los junkers pudieron asegurarse una posición comparable a la del yeoman de East Anglia o su equivalente flamenco, gracias a un factor que les permitía hacer experimentos para incrementar la producción. La sujeción del siervo al señor se vio intensificada por el hecho de que el junker poseía, no solamente la propiedad de la tierra (Grundherrschaft), sino también derechos jurisdiccionales (Gerichtsherschaft) por lo que, al mismo tiempo que terrateniente, era también administrador de justicia, funcionario público y, a menudo, oficial del ejército. Pese a todo, y dejando aparte las condiciones anormales producidas por la guerra de los Siete Años y los años difíciles de malas cosechas y epidemias de peste de la década de 1770, no existen pruebas de que el nivel de vida de los siervos se deteriorase. Tanto los junkers como el rey estaban interesados en que la gente siguiese con vida.

Los programas gubernamentales de colonización de zonas poco pobladas en Pomerania, Prusia oriental, Kurmark y Silesia atrajeron a inmigrantes de la Alemania renana. Los campesinos sin tierras no tenían dificultad en encontrar trabajo, siempre y cuando se mantuviesen en buena forma física, y hacia Prusia emigraron unas 250.000 personas como colonos, debiendo tenerse en cuenta que en los territorios fronterizos no existía la servidumbre. Pero no todos los programas de colonización aportaron a la Corona beneficios inmediatos. La aventura del Oderbruch, es decir, el drenaje de la zona pantanosa del Oder, costó un millón de táleros, que no fueron recuperados, en forma de impuestos o de excedentes comerciales, en tiempos de Federico, aunque tales aventuras pusieron de relieve la vitalidad de la expansión prusiana. En Prusia, territorios malsanos, desolados y sombríos, como las llanuras de la Prusia polaca y de la Prusia oriental, no albergaban, como la fértil Beauce en Francia, a una población de pobres y, en la medida en que podían cultivarse tierras, era posible recaudar impuestos y reclutar soldados relativamente sanos.

Federico el Grande hizo un gran esfuerzo por elevar la productividad agrícola a través de la Cámara de la Guerra y los Dominios y de sus delegados rurales. En especial, en los dominios de la Corona, en las tierras roturadas y en las tierras de los señores que recibían subsidios del gobierno se estimularon aquellos proyectos tendentes al fomento de la ganadería, con el fin de conseguir el abastecimiento de estiércol que los agrónomos alemanes consideraban como el requisito previo para aumentar la producción de grano. La estabulación del ganado durante el invierno, siguiendo el modelo inglés y flamenco, exigía el cultivo de plantas forrajeras tales como el altramuz, la mielga y el trébol, y las subvenciones gubernamentales hacían posible la experimentación agraria. Federico, personalmente opuesto a la idea de la servidumbre, insistió en que en los dominios de la Corona se tomasen medidas para conmutar las prestaciones de trabajo por pagos en especie y, en interés de los ingresos de la Corona, ofreció arrendamientos a corto plazo susceptibles de reflejar el valor del mercado. Los ingresos procedentes de las tierras de la Corona aumentaron considerablemente desde 1740 a 1786, lo que, dado que los Habsburgo se habían desprendido en Silesia de gran parte de sus dominios, es un reflejo de la forma más comercial de abordar la administración de las tierras de la Corona. No hay indicios que sugieran que los arrendatarios tuvieran dificultades para hacer frente a las rentas en aumento, y no tiene sentido discutir si fue un grupo de junkers egoístas el que impidió que Federico aboliese la servidumbre, pues el sentido común nos muestra que, en un mundo agrario con escasez de mano de obra y de dinero contante y sonante, la conmutación de las prestaciones de trabajo por el pago en dinero era totalmente irrealizable. Federico insistió, sin embargo, en que se controlasen los abusos de poder del señor: las prestaciones no podrían superar en ningún caso los 3-4 días a la semana y se prohibió el castigo corporal. Pero quien tenía que controlar al señor era el Landrat, y este era un hombre de las asambleas provinciales, abiertamente hostiles a toda interferencia en las relaciones entre el señor y el siervo. A pesar de esto, y dejando aparte el caso de Silesia, donde las relaciones entre señor y siervo eran tensas (e, incluso aquí, los levantamientos más importantes se produjeron después de 1787), pareció existir una relación relativamente armoniosa entre el siervo y el señor. Teniendo en cuenta los problemas con que tropezaron las relaciones en la sociedad agraria de los Habsburgo y los Romanov en las décadas de 1760 y 1770, resulta impresionante la relativa tranquilidad de los territorios prusianos.

Esta tranquilidad es más notable todavía si se tienen en cuenta las tensiones que los territorios prusianos tenían que soportar en tiempos de guerra. Los costos bélicos reales durante la guerra de los Siete Años fueron formidables, superando con mucho las reservas estatales, así como las contribuciones procedentes de las subvenciones sajonas y británicas. Los préstamos extraordinarios de 4 millones de táleros, los sacrificios simbólicos, aunque poco eficaces, tales como la fundición de una mesa de plata del rey, la devaluación metálica de la moneda a través de sucesivas reacuñaciones, el retraso de los salarios pagados a los funcionarios y las sumas debidas en concepto de provisiones para el ejército indican las tensiones de la economía. Y, lo que fue peor, provincias enteras sufrieron la ocupación extranjera, por lo que no pudieron aportar ni hombres ni dinero. Prusia oriental fue ocupada por Rusia en 1758. Frisia oriental, Cléveris y Silesia también sufrieron una ocupación temporal durante la cual los invasores requisaron todo lo requisable en materia de grano, forraje y bienes en general. Sajonia, a su vez, sufrió un trato similar durante la ocupación prusiana. Es difícil exagerar la dislocación interna y los inmensos sufrimientos provocados por una guerra en cuyas batallas finales el rey solo tenía como soldados a viejos o niños. Prusia perdió, a consecuencia de esta guerra, unos 400.000 habitantes, es decir, el 10 por 100 de su población, aproximadamente, pérdida enorme para un país con una densidad de población tan baja como la de Prusia. Solo en Prusia oriental se registraron 90.410 muertos y las tierras permanecieron yermas. Con la paz fue necesario un programa de reconstrucción a casi todos los niveles; esto es, nuevos programas de colonización, intentos de reorganizar los recursos financieros de la Corona sobre una base más rentable, intentos de conseguir que la fragmentaria burocracia fuera más eficaz, de reconstruir un ejército y esfuerzos por dar un mayor significado a la idea de Prusia como Estado unitario. Estos esfuerzos llevaron consigo reformas legales y medidas destinadas a hacer un Estado más tolerante y más humano. Con respecto a estos objetivos, la situación de la posguerra solo tenía una ventaja, y esta era el agotamiento total de todos los beligerantes. En términos europeos, la guerra de los Siete Años fue una victoria pírrica y disminuyó el peligro de nuevos enfrentamientos entre potencias europeas. Federico el Grande, a partir de 1763, trató de recomponer las mermadas filas de su ejército del modo más rápido posible, y este ejército actuó entonces como fuerza disuasoria que se utilizaba poco. La batalla por la conquista de Silesia había sido ganada.

La base de la nueva organización fue un estudio agrario para conocer la productividad de las fincas, la localización precisa de las fronteras, el valor exacto de las tierras de la Corona y las posibilidades de los programas de mejora agrícola. Todo esto requería tiempo y, mientras tanto, era necesario hacer frente al caos existente. Para ello, Federico se decidió por el método de Colbert, es decir, por la introducción de una Régie o arrendamiento de impuestos del Estado, en el que un conjunto de individuos, la mayor parte de los cuales eran prusianos, aunque también había algunos profesionales franceses, se hacía responsable de la recaudación y administración de los impuestos indirectos –especialmente el impuesto sobre el consumo– y, como contrapartida, garantizaba a la monarquía unos ingresos fijos. La Régie (como en Francia) no tenía ningún control sobre las cantidades a recaudar, y la ventaja que tenía este sistema para la monarquía era que el mecanismo de un impuesto impopular dejaba de ser regio y se podía delegar en una empresa privada la adopción de métodos eficaces, aunque tiránicos, de recaudar los impuestos. Los abusos de los funcionarios de la Régie enemistaron a estos, tanto con el pueblo como con la burocracia regular. Para la monarquía, se trataba evidentemente de una medida coyuntural para hacer frente a una situación de posguerra, y, gradualmente, recortó sus poderes a partir de 1766, fecha en que fue fundada la Régie. En 1769, por ejemplo, esta perdió la prerrogativa de recaudar y administrar los ingresos postales. Los campesinos de Westfalia evitaban la Régie llevando sus productos a mercados fuera de Prusia, admitiendo Federico la derrota en este caso. No obstante, la Régie producía a finales del reinado un excedente de 23 millones de táleros para las arcas del Estado.

La burocracia prusiana había pasado con éxito la prueba de la guerra en numerosos sentidos. Aunque Federico no se mostró irritado en su relación con ciertos poderes que tendían a ampliarse, abrigaba algunas quejas y no le entristeció la jubilación de muchos de los altos funcionarios del Directorio General. Esta institución fue reflejando cada vez más la creciente complejidad del Estado prusiano, conforme fueron apareciendo nuevos departamentos para encargarse de las cuestiones de actualidad. Estos nuevos departamentos fueron los del servicio diplomático, la administración eclesiástica, los departamentos ministeriales para el fomento de la minería y la metalurgia (1768), asuntos forestales (1770), vivienda y administración de justicia. Federico prefería los departamentos especializados, cuyas actividades pudieran aplicarse a todo el país, a los departamentos regionales responsables de todos los ramos de la administración. Evidentemente, esta preferencia no podía ser puesta en práctica en términos generales, pues dentro del Directorio General tenía que haber sitio para planteamientos generales y regionales a la vez. Es necesario preguntarse seriamente si los cambios introducidos por Federico hicieron algo más que poner de nuevo en funcionamiento el Directorio General después de la guerra y aumentar las disputas de competencias entre unos departamentos ministeriales que querían seguir controlando una esfera de poder semejante a la de la situación anterior. Y es igualmente evidente que esos cambios introducidos por Federico en el Directorio General y sus subcámaras no lograron poner a los territorios prusianos bajo un mando unificado. Silesia nunca estuvo bajo la jurisdicción del Directorio General, pero conservó prácticamente intactos los poderes de su asamblea provincial para negociar directamente con la Corona, y el Directorio General solo tardíamente logró imponerse a otras provincias, como Güeldres, Pomerania y Prusia occidental. Las antiguas asambleas provinciales perduraron en todas partes y fueron utilizadas.

Y esto por una buena razón. La actitud de Federico con respecto a una burocracia a la que nunca dejó de injuriar con lenguaje cuartelero era muy ambivalente, pues el monarca prusiano fue dándose cuenta de que la burocracia empezaba a tener vida propia. Aunque un autócrata no podía subsistir sin una burocracia, y la prusiana, en especial, había mostrado una dedicación completa a los intereses del Estado, Federico tenía sus dudas. Mirándolo bien, la burocracia prusiana empezó a extender su poder en el interior del Estado tras la guerra de los Siete Años. Aunque hasta 1770 no existió ningún procedimiento estructurado de exámenes –y este lo fue para los que ingresaron en la burocracia a partir de ese año–, se tendió siempre a nombrar altos funcionarios a aquellos que contaban con experiencia, dándose preferencia a los hijos de funcionarios con una sólida formación. Por ello, las altas instancias de la administración civil quedaron reservadas a una elite profesional cada vez más cerrada, formada por miembros, tanto de familias ennoblecidas como de familias burguesas. En 1770, una comisión de exámenes, creada a instancias de Hagan, introdujo un sistema de exámenes estatales que aseguró la aplicación de un nivel mínimo de conocimientos y redujo el número de funcionarios incompetentes.

Se discute entre los historiadores la medida en la cual Federico consideraba que la burocracia sobre la que debía apoyarse en cuanto autócrata, y que tan importante papel había desempeñado a la hora de limitar la fuerza de las instituciones locales prusianas, se estaba convirtiendo en un cuerpo con demasiado poder. La burocracia prusiana se iba transformando en una elite cada vez más reducida, dotada de los conocimientos administrativos y responsable solo ante la Corona que, aunque intentase lo contrario, no podía supervisarlo todo. Según se puede ver por lo ocurrido en el siglo XIX, la burocracia prusiana demostró ser capaz de llevar la iniciativa reformista con respecto al ejército y a ella misma, sin la dirección de la monarquía. Ciertamente, la fuerza de la burocracia empezó a crecer a partir del reinado de Federico Guillermo I, y cada paso tomado en favor de un incremento de su eficacia y de su nivel educativo realzó la idea que tenía de sí misma. Sus conflictos con la antigua aristocracia local fueron numerosos. Todo aquel o todo aquello a lo que se oponía tenía pocas posibilidades de éxito. Rosenberg opina que, con la introducción de la Régie, la monarquía pretendió asestar un golpe importante a la burocracia establecida para evitar un mayor crecimiento de su poder, despojándola de su control sobre los impuestos indirectos. Lo que da más peso a las reservas de Federico con respecto al creciente poder del aparato burocrático es el hincapié que puso en un programa de reformas administrativas en gran escala, iniciado en 1766 en favor de la aristocracia local. En efecto, esto significó la adopción de una política que parecía chocar directamente con la de su padre, porque estas reformas sancionaron la reaparición de órganos corporativos de autogobierno, muchos de los cuales eran anteriores a la formación del Estado prusiano. Con estas reformas, Federico dio a los junkers mayor poder e influencia política de la que habían tenido en el siglo anterior: «Al apoyar a los enemigos naturales del centralismo burocrático y promover la reaparición de elementos de gobierno representativos de los intereses de los terratenientes junkers, fomentó efectivamente una restauración parcial, aunque en forma diferente, del antiguo Ständestaat territorial»[3].

Una muestra de esta tendencia la encontramos en la extensión y normalización del cargo de Landrat a lo largo y a lo ancho de las provincias prusianas. Aunque este individuo era, en cierto sentido, un alto funcionario del Estado, representaba en gran medida a los órganos de poder provinciales. Se trataba de un delegado rural dentro de un Kreis (o círculo) encargado de proporcionar información sobre la situación económica de los pueblos dentro de su círculo y de velar por la aplicación de los reglamentos. Aunque percibía su salario de la Corona, el Landrat era nombrado por la asamblea provincial, y la instrucción de 1766 dejó bien claro que uno de sus cometidos principales era velar porque ningún burócrata bajo su control ejerciese tiranía alguna sobre el campesinado. Por ello, las asambleas provinciales, a cuya existencia deseaba poner término la burocracia, ampliaron su esfera de influencia por medio del Landrat.

Estos intentos de equilibrar el poder de la burocracia, oponiéndole el poder de la aristocracia provincial, fueron muy importantes dentro del ecléctico concepto que Federico tenía del Estado prusiano. Sin embargo, tampoco hay que pensar que sus esfuerzos descentralizadores fueron demasiado lejos. En un aspecto, y a pesar de que los resultados no alcanzaron el éxito previsto, el programa de reformas legales de Heinrich von Cocceji fue un paso muy importante en favor de la unificación real del Estado. Con esta reforma se trataba de uniformizar los tribunales en toda Prusia, de modo que se pudiese seguir un procedimiento único. En segundo lugar, con ella se esperaba fijar las costas legales y, de este modo, eliminar (teóricamente al menos) la posibilidad de comprar el favor de los tribunales. En tercer lugar, se querían regular y unificar los honorarios de jueces y abogados, para reducir el costo de los jueces, e insistir sobre los conocimientos mínimos necesarios para ser juez, de modo que los jueces tuviesen un mayor grado de competencia y honradez. En último lugar, este programa de reformas legales quería implantar un ordenamiento jurídico uniforme. Estas medidas eliminaban el poder que las asambleas provinciales tenían sobre el nombramiento de jueces, nombramiento que recaía sobre miembros de la nobleza local, y si estas medidas se hubiesen aplicado plenamente, habrían constituido un golpe de importancia contra los privilegios locales. Pero, aparte de insistir en que los señores empleasen a personal cualificado, las reformas de Cocceji dejaron casi intacta a la justicia señorial, que continuó siendo administrada de acuerdo con las tradiciones de los dominios privados en la Prusia oriental, pues la unificación solo era posible en los dominios de la Corona. Entonces, surgió el complicado problema de reconciliar una administración de justicia centralizada y normalizada con las peculiaridades regionales de las instituciones provinciales que tenían que ser respetadas. Al final, tales anomalías provinciales se mantuvieron en parte y el sistema normalizado solo tuvo autoridad judicial en materia de conflictos entre ciudades, de disputas en torno a los dominios de la Corona y de los arrendatarios de la Corona con respecto a sus rentas o problemas fiscales, de disputas sobre derechos de fabricación de cerveza y de delitos contra agentes del gobierno, tales como recaudadores de impuestos, policías y soldados. Los oficiales que cometiesen alguna falta o delito debían ser, pues, juzgados por la estructura judicial regia.

El código legal de Cocceji solo era un proyecto en marcha cuando su autor murió, en 1754. Por supuesto, las actividades casi cesaron durante la guerra de los Siete Años y no avanzaron de manera significativa hasta que la cancillería de Von Carmer fue encargada en 1780 de proceder a la codificación de las leyes alemanas. La tarea de trabajar sobre los proyectos de Cocceji y adaptarlos a las complejidades de las diferentes prácticas legales provinciales fue enorme. Los borradores se sucedieron y el cuerpo legal no fue publicado hasta 1791, y no entró en vigor hasta junio de 1794. Tanto los juristas como los historiadores han considerado al Allgemeine Landrecht für die Preussischen Staaten (Derecho consuetudinario general para los Estados prusianos) como el monumento más importante y duradero de la Ilustración prusiana y la encarnación de los principios fundamentales de la justicia expuestos por Beccaria: uniformidad en el castigo y carácter humanitario, en la medida en que se eliminaba la tortura y el castigo estaba claramente relacionado con la magnitud del delito cometido. La aplicación de este código uniforme no dependía tanto de los tribunales de justicia como de una policía capaz de llevar a los delincuentes ante el juez, y el Estado prusiano de finales del siglo XVIII no estaba preparado para gastar lo suficiente en ese sentido. No obstante, la codificación del derecho prusiano colocó a Prusia, junto con la Francia revolucionaria y el Imperio de los Habsburgo, en la primera línea de los Estados que trataron de normalizar y aplicar los principios ilustrados a las reformas legales.

Federico el Grande prosiguió también una tradición prusiana de tolerancia religiosa acorde con los ideales de la Ilustración. Federico era un descreído que, al igual que Voltaire, pensaba que la religión era buena para las masas. Al comienzo de su reinado, el 90 por 100 de la población era luterana, el 3 por 100 calvinista y el 7 por 100 católica, pero la anexión de Silesia supuso la entrada en el sistema prusiano de una población predominantemente católica; además, al frente de la Iglesia católica de Silesia se encontraban diversos obispos subordinados a arzobispos austríacos. Federico no quería enemistarse con la población católica, pero no siempre era fácil mantener una actitud neutral. El monarca desconfiaba del alto clero de Silesia, no sin algo de razón. Naturalmente, sus esfuerzos por controlar el nombramiento de los altos dignatarios eclesiásticos provocaron tanto la reacción del papado como de la jerarquía eclesiástica de Silesia, contrarios a la intrusión de un rey protestante. Más éxito tuvo en su intento de someter a impuestos las riquezas eclesiásticas y congelar la dimensión de las propiedades bajo control eclesiástico. La Iglesia católica también tuvo que aprender a convivir con una minoría protestante que, por primera vez, obtuvo la igualdad de derechos civiles. Se permitió toda secta religiosa, siempre y cuando no pretendiese ocupar un lugar privilegiado dentro del Estado o, en el caso del catolicismo, no insistiese en mantener vínculos supranacionales. Las fricciones entre el Estado y la Iglesia católica nunca fueron eliminadas por completo y también persistió la tensión entre luteranos y calvinistas.

Por lo que al Estado concernía, también los judíos gozaron de tolerancia, pero la política gubernamental no pudo lograr su plena integración en la sociedad. Por el privilegio general de 1750 lograron, en cualquier caso, el derecho a administrar libremente sus escuelas, sinagogas y cementerios.

Entre los pueblos europeos, los grupos componentes del Estado prusiano mostraban un bajo nivel de alfabetización y educación. Los terratenientes tenían la obligación legal de colaborar, pero no era posible establecer sistemas educativos generales y la mayor parte de los terratenientes se negaban a dar permiso para que los niños asistiesen a la escuela, excepto en la época de escasa actividad agrícola. Además, el estallido bélico interrumpió un proyecto importante para la formación de maestros iniciado en la década de 1750. En agosto de 1763, el General-Landschule Reglement trató de hacer obligatoria la enseñanza primaria básica, pero la oposición de los terratenientes, por un lado, y la carencia de maestros cualificados, por otro, hizo que entre la teoría y la práctica hubiera un abismo enorme. No obstante, durante la década de 1770, y especialmente cuando el ministro Zedlitz-Leipe se adhirió a la reforma de la educación superior, se produjo un importante aumento en cuanto a la calidad y lealtad de los nuevos maestros, que se fueron progresivamente apartando del modelo educativo organizado por el clero. En la Prusia de Federico, la educación era más bien un adorno social, que dependía de lo que el Estado pudiera gastar, sin tener nunca un carácter prioritario. Aun así, las tasas de alfabetización crecieron notablemente.

El «formidable despotismo» que supuestamente caracterizó al reinado de Federico el Grande fue más aparente que real. En la medida en que Prusia era un Estado unitario, se trataba de un Estado con privilegios sociales, particularismos provinciales y prejuicios sociales que podían derrotar las propuestas gubernamentales sobre tolerancia religiosa o reformas educativas y que limitaban el margen de maniobra de la monarquía. El autócrata temía, incluso, que sus propios burócratas pudiesen convertirse en una fuerza que, con el tiempo, llegase a limitar más todavía su autoridad, y la historia demostraría que sus temores eran fundados. Es posible que, por su celo reformista, Federico fuera hijo de la Ilustración y que aspirara a tener una autoridad despótica, pero su poder estaba lejos de ser total y solo existió en la medida en que respetó los intereses de su apoyo real la nobleza prusiana. Federico hizo todo lo posible, pero no realizó milagros.

[1] W. Hubatsch, Frederick the Great. Absolutism and administration, Londres, 1976.

[2] W. L. Dorn, Competition for Empire, 1740-1763, Nueva York, 1940, p. 53.

[3] H. Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy: the Prussian experience, 1660-1815, 1958, pp. 168-169.

VIII. RUSIA

La historia de Rusia es la historia de un país que se coloniza a sí mismo.

Kliuchevskii

En 1730, Rusia se había incorporado ya plenamente a Europa. En cuanto presencia militar con la que los gobiernos europeos tendrían que contar, Rusia se inclinó hacia Occidente en la medida en que tecnológica y, hasta cierto grado, psicológica y culturalmente, adoptó modelos europeos y no asiáticos o indígenas. Pero, dicho esto, no podemos aplicar a Rusia los criterios y conceptos sociales o, incluso, el vocabulario político y social que utilizamos para el resto de Europa. Rusia no pasó por un Renacimiento o una Reforma, ni tampoco tuvo una Ilustración propia. Ciertamente, Rusia experimentó el fenómeno del despotismo ilustrado bajo el reinado de Catalina la Grande, fenómeno común con otras naciones europeas. Pero el papel de Catalina no está claro del todo, como tampoco está claro el concepto del despotismo ilustrado ruso porque, mientras que en Occidente dicho término implica una confrontación o una anulación de los elementos tradicionales de control constitucional al poder monárquico, Rusia nunca desarrolló dichos elementos constitucionales de control de modo claro. Desde el punto de vista occidental, Rusia carecía de tradición legal, de modo que era imposible apelar a un cuerpo legal en un contencioso con el Estado. Por ello, los fundamentos en los que se basaba el gobierno monárquico eran radicalmente diferentes de los del resto de Europa, a pesar de que algunos conceptos sobre el Estado de derecho aparecieron en la vida política rusa a partir de 1760. Además, caso único entre los Estados europeos, Rusia era un país con fronteras fluidas e impulsado por motivos políticos y económicos a un expansionismo inexorable. En el siglo XVIII, este expansionismo se concentró sobre todo en una extensión del control sobre una masa de pueblos seminómadas, de origen parcialmente ruso, que planteaban al gobierno problemas especiales. También existían otras diferencias fundamentales. Rusia no tenía, aparte de un puñado de familias principescas, una aristocracia hereditaria asentada en lugares determinados y capaz, por su gran riqueza en tierras y en su antiguo linaje, de oponerse a los intereses de un poder central en sus lugares de residencia o de fomentarlos activamente. La inexistencia de primogenitura, un suelo que se agotaba rápidamente y una tradición de servicio estatal en el ejército y en la burocracia hizo que el noble ruso abandonase su lugar de nacimiento y formase un grupo social sin raíces, totalmente dependiente de los favores y las donaciones de tierras del zar.

Veamos otra diferencia: mientras que en la Europa del siglo XVIII se tendía hacia el debilitamiento de los lazos de la servidumbre, en Rusia ocurría lo contrario. Demográficamente hablando Rusia era, por supuesto, un país poco poblado desde el punto de vista de la Europa occidental, y la tierra carecía de valor sin hombres que la trabajaran, por lo que los terratenientes se vieron en la necesidad de atar al campesino a la tierra. Pero, más que a esto, la extensión de la servidumbre podía estar asociada al proceso de colonización. Los nómadas son malos contribuyentes, de dudosa lealtad al poder central y están dispuestos tan solo a cultivar la tierra en beneficio propio. Por ello, la servidumbre era un medio de vincularlos al Estado ruso y, al mismo tiempo, un medio de recompensar los esfuerzos de una nobleza de servicio. En pocas palabras, para comprender la historia rusa de este periodo es imprescindible estudiar la interacción de Corona y sociedad, así como reconocer que cualquier «occidentalización» que se produjera lo haría dentro de un marco de tradiciones y relaciones que no tenían nada de occidentales. Debemos tratar de definir el concepto de «occidentalización», porque en 1785 significaba algo muy diferente que en 1730. Concebido originalmente por Pedro el Grande como medio de alcanzar éxitos militares, la occidentalización pasó de ser la adopción de una tecnología y unos procedimientos burocráticos occidentales, fundamentalmente impuestos por el zar, a ser un movimiento que finalmente, es decir, a mediados del siglo XIX, se mostraría crítico con respecto a los fundamentos de la autocracia. Parte de esta transición sucedió en el periodo de 1730-1785 y supuso una reorganización fundamental de la relación entre el zar y los dvoriani; esto es, la nobleza de servicio. Si Rusia tuvo una historia política en el siglo XVIII, y realmente es difícil hablar de política en una autocracia donde el único grupo social con suficiente riqueza y educación para desarrollar una mentalidad política era el de los dvoriani (quienes, obstinadamente, desde el punto de vista occidental, se negaban a ello), esta historia debe centrarse, en gran parte, en la relación radicalmente cambiante entre el zar y este importante grupo social.

La principal diferencia constitucional entre Rusia y el Occidente en el siglo XVIII radicaba en que el zar, al contrario del rey occidental, era soberano y propietario de su reino al mismo tiempo. Esta diferencia provenía de una situación medieval en la cual el zar, propietario y dueño absoluto en el Moscovia de una población servil moscovita, extendió gradualmente su control hacia el exterior, reduciendo al mismo tiempo a esclavitud a una población anteriormente libre y extendiendo las prácticas antes usadas para administrar lo que, de hecho, era una enorme finca privada a una zona en continuo aumento. Más allá de Moscovia, el poder del zar se veía limitado, de hecho, por unas comunicaciones difíciles y una administración muy rudimentaria y poco eficaz. El Imperio ruso tuvo tres grandes fases de expansión. La primera, en el siglo XV, absorbió Novgorod y los principados adyacentes. La segunda, en el siglo XVIII, anexionó Estonia, Letonia y los territorios del golfo de Finlandia y, bajo Catalina la Grande, prosiguió hasta lograr la integración de Polonia y Ucrania y, más al sur, la Nueva Rusia y los territorios de Crimea que abrían la ruta de Kazán, en el sudeste. La tercera, en el siglo XIX, llevó a Rusia hasta el Cáucaso, Georgia y Besarabia y desembocadura del Danubio, conquistando temporalmente Finlandia y el ducado de Varsovia. No obstante, el principio según el cual el zar era soberano y propietario directo de los territorios absorbidos se mantuvo durante este proceso de expansión. El concepto de la monarquía como régimen patrimonial y del zar como figura patriarcal, dominus al igual que rex, estaba arraigado a todos los niveles de la sociedad. Y la masa heterogénea de seminómadas y siervos que optaron por un falso Pedro III en la figura de Pugachev nunca renunciaron, ni por un momento, a este concepto del zar como padre, propietario y dueño absoluto de sus vidas.

Por supuesto, el engrandecimiento ruso no estuvo exclusivamente destinado a la gratificación del zar y, aunque teóricamente todo el poder estaba concentrado en sus manos, en la práctica dependía de un cuerpo en el que apoyarse, como todo gobernante. Un año agrícola restringido, unos suelos ligeros que se agotaban rápidamente y unos rendimientos agrícolas que eran los más bajos de Europa engendraban un hambre perpetua de mejores tierras en el sur y el oeste. Pero esta expansión requería un ejército y un ejército implicaba oficiales, soldados y recursos para mantenerlos. Por consiguiente, el gobernante pedía de sus súbditos ayuda para sus conquistas, recompensándolos con entregas masivas de tierras y hombres que, a lo largo de este proceso, aseguraron la posición interna de la monarquía, creando una situación mutuamente beneficiosa. Ciertamente, estos principios generales son aplicables a toda la historia de Rusia a partir del siglo XV, pero en el XVIII se hicieron mucho más evidentes.

Los éxitos militares de Pedro el Grande en la gran guerra del Norte (1700-1721) se debieron a la modernización del ejército ruso al estilo occidental, dotado de equipamiento y conocimientos tácticos actualizados, entrenado, uniformado y equipado. Esto se consiguió por medio de una revolución social limitada en la que se crearon un cuerpo de oficiales y una burocracia encargada de la leva y de la recaudación de impuestos a partir de una nobleza antigua y, a falta de término más adecuado, de una gentry, y de plebeyos capaces en una parte mucho menor. La dvorianstvo o nobleza de servicio ocupaba un lugar único según la definición oficial de la «Tabla de rangos» (1722). De acuerdo con la legislación de Pedro el Grande, todos los varones de origen noble debían incorporarse a uno de los catorce rangos de la burocracia del estado, y todo burócrata era automáticamente considerado noble cuando, por méritos propios, había alcanzado un rango suficientemente alto. Dicho con pocas palabras, la nobleza era el resultado del servicio y sin este no podía ser adquirida ni conservada. El rango proporcionaba nivel social, y no al contrario, como ocurría en los demás países europeos. Teóricamente al menos, los dvoriani constituían una aristocracia especialmente abierta en el extremo inferior de la «Tabla de rangos», en la que podían abrirse camino plebeyos capaces. Los privilegios de la nobleza no iban más allá del derecho de poseer siervos y la vida de los nobles era bastante dura, especialmente en el ejército. Trasladados frecuentemente de lugar, y de puestos militares a civiles, mal e irregularmente pagados y desplazados, a menudo arbitrariamente, del escalafón, los nobles de servicio de la época de Pedro el Grande estaban por completo a merced del Estado. Y si sus servicios merecían una recompensa en forma de tierras, estas estaban esparcidas por todo el Imperio, impidiéndole asentarse en alguna región determinada. Sus sacrificios eran evidentemente grandes, tanto como los abultados volúmenes de quejas que los nobles enviaban a Moscú.

Las reformas de Pedro I tuvieron un gran éxito en dos sentidos. Desde el punto de vista bélico, Rusia fue capaz de embarcarse en un nuevo periodo de expansión y, además, el zar logró crear un grupo de gente entregada por completo al servicio del Estado. Indudablemente, esta gente prefería los cargos militares a los civiles, en los que el noble, con una educación deficiente para el trabajo administrativo, era consciente de su inferioridad respecto del burócrata plebeyo. Pero es necesario hacer tres consideraciones con respecto al éxito de las reformas de Pedro I. En primer lugar, ¿crearon tales reformas una nobleza rusa homogénea? ¿Hasta qué punto estaba contenta con su suerte la nobleza de servicio? ¿Cuáles eran las perspectivas a largo plazo de los cambios iniciados por Pedro I en cuanto a la organización del aparato militar y administrativo? La respuesta a las primeras dos preguntas la encontramos ya en 1730, cuando una crisis constitucional reveló la existencia de una nobleza dividida con aspiraciones radicalmente diferentes.

La muerte de Pedro II, en 1730, creó un problema sucesorio. Pedro I había decretado que todo gobernante podía nombrar a su sucesor entre la dinastía reinante, pero Pedro II murió sin un heredero legítimo claro, y la elección de monarca recayó en las personas responsables de la dirección de los asuntos del Estado, altos funcionarios y jerarcas de la Iglesia y el ejército. Esta situación hizo posible el comienzo de una etapa de revoluciones palaciegas que permitieron a la antigua aristocracia principesca rusa, un puñado de familias que se oponían a la «Tabla de rangos» y a la existencia de los dvoriani, pero que gozaban de la ventaja de ser miembros del Consejo Privado (cuerpo meramente asesor), proponer un plan para transferir parte del poder político de la Corona hacia sí. Esta antigua aristocracia apoyó a Ana de Curlandia (1730-1741) con un cierto número de condiciones y, por supuesto, la escogió porque pensaba que era una mujer de fuerza política limitada. El movimiento dirigido por los Golicyn y los Dolgoruki propugnaba una serie de cambios encaminados a convertir el consejo en algo análogo al Reichstag alemán, en el que la iniciativa política pertenecía a un senado principesco. Teniendo que elegir entre un zar autocrático y un cuerpo aristocrático contrario a su existencia, como la experiencia había demostrado, los dvoriani, aunque sin experiencia política e intelectualmente poco preparados, apoyaron con todas sus fuerzas al zarismo bajo su antigua forma. Este hecho debió demostrar a la nueva zarina que estos eran sus súbditos más leales, pero ¿la convencieron para que se vendiese a los dvoriani, reduciendo sus obligaciones con respecto al Estado y, por consiguiente, convirtiéndolos gradualmente en una elite independiente? Ciertamente, su reinado fue notable a causa de la ley de 1731, que daba a los dvoriani libertad completa para legar sus tierras. Luego, cinco años después, otras leyes declaraban a un miembro de cada familia exento del servicio estatal para que pudiese quedarse en casa y administrar la hacienda familiar, asegurando de este modo unos ingresos más regulares, y reducían también el servicio estatal obligatorio a un máximo de veinticinco años. Es posible que los dvoriani se beneficiasen de esta concreción legal de sus deberes frente al Estado, pero ¿hasta qué punto fueron importantes en la práctica tales concesiones? Veinticinco años es mucho tiempo, posiblemente más de lo que, por término medio, duraba el ejercicio de un cargo burocrático. Además, el Estado se reservaba el derecho de rescindir dicha medida en caso necesario. Especialmente en tiempos de paz, el servicio obligatorio de grandes masas de militares era costoso y la reducción del número de oficiales pagados permitía hacer importantes economías. Por otro lado, esto creaba una mayor movilidad en el escalafón, de manera que se podían conseguir funcionarios más jóvenes y eficaces, eliminando a los más viejos. Es necesario tener en cuenta todos estos puntos antes de decidir si las medidas de Ana fueron pasos significativos para la liberación de los dvoriani.

De todos modos, a partir de la década de 1730 es posible discernir una mayor intensidad en el esprit de corps de los dvoriani y una aceptación incondicional de la idea de que el servicio era el destino de los nobles y de que, para ascender más rápidamente de rango, estos debían mejorar su educación. Pedro el Grande había creado un cierto número de colegios especiales, pero en 1731 se convenció a Ana para que fundase un cierto número de cuerpos de cadetes exclusivamente para la nobleza, cuyos graduados pasasen automáticamente a la categoría de oficiales. Este fue solo el comienzo de un proceso importante, a lo largo del cual el concepto de nobleza se unió al de una educación superior inspirada en modelos extranjeros y abierta exclusivamente a los miembros de la nobleza.

También es posible que el estilo de gobierno de Ana –sobrina de Pedro I, que había vivido muchos años en Curlandia y cuya desconfianza con respecto a la nobleza cortesana rusa la llevó a colocar alemanes en todos los puestos clave– fomentase una mayor conciencia corporativa y diluyese la dicotomía entre la antigua nobleza rusa y los dvoriani. Ostermann fue encargado del gabinete, Munnich del ejército y –lo peor de todo– Biron, el favorito de Ana, fue nombrado gran chambelán, cargo que aprovechó para amasar una inmensa fortuna personal. Sin embargo, Biron no mostró la eficacia típicamente alemana en materia de hacienda pública y de persecución de elementos corruptos dentro de la burocracia. La cancillería secreta cobró nuevo vigor persiguiendo a todo tipo de críticos. Evidentemente, los Golicyn y los Dolgoruki fueron eliminados, pero también lo fue todo el que se opuso al dominio de los alemanes. Volynski, estimado servidor de Pedro I, fue torturado por la cancillería secreta después de que Biron lo denunciase vehementemente. De este modo, no es de extrañar que la muerte de Ana fuese seguida de una reacción contra los alemanes, así como de una sórdida serie de conspiraciones que acabó con un golpe, en 1741, a favor de Isabel, hija de Pedro I, tras derrocar a Iván VI, sobrino de Ana, de dos meses de edad, y a los sucesivos regentes.

Los organizadores del golpe fueron los guardias rusos. Isabel también contaba con el apoyo de toda la nobleza, así como de los enemigos de la influencia alemana en la corte, entre los que se contaban los embajadores francés y sueco, deseosos de acabar con las relaciones alemanas. Tanto Francia como Suecia habían sido humilladas por los éxitos rusos en la guerra de Sucesión polaca (1733), en la que Estanislao Leszczynski, suegro de Luis XV, fue destronado y sustituido en el trono polaco por un candidato de los rusos, por lo que ambos países esperaban sacar provecho del caos constitucional que seguiría a la muerte de Ana. Suecia, incluso, llegó a invadir Rusia en 1741, pero cualesquiera que fuesen los fallos del gobierno ruso durante la década de 1730, el ejército no dejó de prepararse y Suecia perdió la provincia de Kymmenegard por la paz de Abo (1743).

Por supuesto, quizá se exagere la discontinuidad del gobierno en esta época de revoluciones palaciegas. El periodo de influencia alemana fue difícil para la vieja nobleza cortesana que aspiraba a las altas dignidades del Estado, pero, aparte de eso, no hubo una ruptura radical con la política legada por Pedro el Grande. Isabel era totalmente rusa, vitalista, independiente, como su padre, y con un olfato especial para elegir a los ministros más adecuados dentro de una corte desgarrada por las facciones. Bestuzhev y Pedro Shuvalov (por venal que fuera este último) eran hombres de talento. En comparación con Catalina la Grande, Isabel no era una intelectual europea deseosa de demostrar públicamente su talento, pero su reinado mostró una sorprendente continuidad en relación con el de Catalina, y algunas de las reformas ejecutadas o proyectadas durante el reinado de Isabel han sido atribuidas a Catalina. Especialmente, el derecho penal fue puesto al día en la medida en que los delitos, particularmente contra la propiedad, fueron más especificados y se establecieron proyectos para una reforma general del poder legislativo, a través de una asamblea representativa. Además, si se busca una figura a la que se pueda atribuir la importación en Rusia de una mayor influencia ilustrada, esa figura no será la de Catalina, sino la de Iván Shuvalov, favorito de Isabel y primo de su influyente ministro. La familia Shuvalov es, en diversos aspectos, el compendio del reinado de Isabel. Alejandro Shuvalov presidió la cancillería y Pedro Shuvalov, aunque amasó una inmensa fortuna a expensas del Estado, elaboró numerosos proyectos reformistas, algunos de los cuales fueron ejecutados. Entre estos proyectos figuran una reforma de las aduanas internas, cambios fiscales –encaminados a diversificar los ingresos del Estado introduciendo un impuesto indirecto sobre la sal y las bebidas alcohólicas con el fin de frenar el aumento incesante de la capitación–, cambios en la administración local y también en el reclutamiento y el aprovisionamiento del ejército. Pedro Shuvalov trató de revitalizar la economía nacional estimulando el sector privado y otorgando monopolios en la industria y el comercio.

La etapa de las revoluciones palaciegas también fue testigo de un desarrollo sin precedentes en la industria metalúrgica, con un aumento en la producción de un 250 por 100 entre 1725 y 1762, y del desarrollo de un importante comercio de exportación de mineral de hierro. Estos datos están en contradicción con la tesis de que este fue un periodo de estancamiento y, por supuesto, lo están también con una aproximación a la historia rusa que atribuye todo a las características personales de cada uno de los gobernantes. El hecho más importante del reinado de Isabel fue la intervención en la guerra de los Siete Años. Muchos de los cambios habidos, algunos de los cuales podían ser descritos como reformas, no fueron el reflejo de un espíritu reformista, sino de la necesidad de afrontar los problemas provocados en la economía rusa a causa de las demandas bélicas. La guerra fue el catalizador del cambio en la Rusia del siglo XVIII, y la guerra de los Siete Años, especialmente, tuvo consecuencias de gran alcance, pues no solamente engendró una crisis económica, sino también una reorganización de las relaciones entre Estado y nobleza y entre Estado y campesinado. Por supuesto, los nobles constituían la oficialidad del ejército y eran también los responsables de la leva de tropas y de la recaudación de los impuestos. El campesinado era el grupo del que había que extraer hombres y dinero.

El campesinado ruso se componía de tantos grupos diferentes que es muy difícil generalizar. En términos generales, en el siglo XVIII estaba dividido en partes más o menos iguales entre campesinos del Estado y siervos que vivían en tierras de propiedad privada y estaban personalmente vinculados a un noble. Los siervos constituían el grueso de la población rural en los territorios de la antigua Moscovia; en el resto del país, eran una minoría importante. En las regiones fronterizas, esto es en el sur y en el este, la servidumbre se fue extendiendo a lo largo del siglo XVIII conforme los rusos fueron asimilando a los tártaros, calmucos y bashkires. También la Iglesia poseía siervos, pero estos vivían en condiciones relativamente buenas.

Evidentemente, el control del Estado sobre los campesinos que trabajaban las fincas estatales era mayor, pero, aunque estos pagaban una capitación bastante alta, por lo demás eran libres. Los siervos de los terratenientes pagaban la capitación a través de sus propietarios. Por supuesto, lo que el Estado podía exigir de ellos era limitado, pues era necesario guardar un cierto equilibrio entre las exigencias del Estado y las del terrateniente, teniendo en cuenta que el terrateniente era un noble de servicio cuyos ingresos no podían ser arbitrariamente recortados para aumentar los ingresos del Estado sin crear descontento. La mayor parte de los propietarios de siervos tenían menos de cien hombres cuyo trabajo no creaba un excedente lo suficientemente importante como para ser empleado, tanto por el señor como por el Estado. Por consiguiente, el Estado no podía imponer una capitación ilimitada. De hecho, cuando se intentó elevar la presión fiscal para hacer frente a los costos de la guerra, se produjeron numerosas fugas de campesinos hacia tierras todavía no colonizadas. El Estado tuvo, pues, que recurrir a los impuestos indirectos sobre la sal y las bebidas alcohólicas (siendo estas últimas un producto de lujo, su consumo quedaba reducido, probablemente, a los más pudientes) y al expediente de poner bajo su control a los siervos de la Iglesia de modo que estos, reducidos a la condición de siervos de la Corona, pudieran soportar mayores impuestos. Se dijo que todas estas medidas solo se mantendrían mientras durase la guerra de los Siete Años. El Estado también se embarcó en una reforma menos específica y a largo plazo, consistente en someter al control del Estado a los pueblos nómadas del sudeste y reducir a estos pueblos libres a la servidumbre para entregarlos, junto con tierras, a los fieles servidores. En pocas palabras, hubo un proceso de nivelación en favor de la Hacienda estatal. El Estado estaba directamente interesado en este proceso de nivelación porque, al extender los derechos de propiedad sobre pueblos anteriormente libres, sometía a estos al control fiscal. A partir de 1730, los siervos quedaron más estrechamente sometidos a la voluntad de sus señores, pues se establecieron castigos para las fugas y se facilitaron los traslados de siervos de una región a otra. No se puede decir con precisión hasta qué punto se deterioró durante el siglo XVIII la situación económica del campesino ruso o, en algunos casos, si se deterioró, pero está claro que se produjo un retroceso en su situación jurídica, retroceso que se hizo más pronunciado conforme fueron pasando los años de guerra. La insurrección de Pugachev demostró hasta qué punto reinaba el descontento.

Las medidas económicas de Shuvalov y sus esfuerzos por atraer a la órbita fiscal a pueblos anteriormente libres no pudieron evitar que Rusia se viese obligada a recurrir a devaluaciones monetarias, ni librarla de un inmenso déficit. Cuando llegó la paz en 1762, la hacienda pública rusa presentaba un aspecto lamentable. Y quizá fue una medida económica la que el autócrata tomó cuando decidió dispensar del servicio estatal obligatorio a parte de los dvoriani, medida que es considerada como uno de los hechos más discutidos de la historia del siglo XVIII.

Se podría decir que, con esta medida, el monarca creó una clase ociosa privilegiada y occidentalizada que nunca había existido en Rusia con anterioridad y, puesto que la ambición de todo noble es el privilegio sin obligación como contrapartida, también se puede decir que, con ello, el autócrata cedió ante la nobleza. Esta opinión puede encontrar un respaldo en el «Manifiesto sobre la libertad de la nobleza», obra de Pedro III quien, débil e incompetente, no supo hacer frente a la presión de los dvoriani. Sin embargo, y examinándolo de cerca, aunque el Manifiesto pudiese corresponder a unas ambiciones muy enraizadas entre los dvoriani, de hecho fue obra de un grupo influyente dentro del gobierno, y particularmente de los hermanos Vorontsov. Estos venían defendiendo desde la década de 1750 la idea de que los intereses de Rusia estarían mejor servidos encauzando a la nobleza rusa hacia una administración más estricta de sus tierras y hacia una intervención más estrecha en la administración local y en la actividad económica, creando de este modo una clase similar a la gentry inglesa. Opinaban que existían muestras indudables de que los dvoriani seguirían emocionalmente vinculados al ejército, por lo que no se sacrificaría nada en el frente militar. Ninguno de estos puntos se encontraba específicamente mencionado en el Manifiesto, pese a girar en torno a las relaciones de la nobleza con el servicio. El documento por el que se dispensaba a los dvoriani del servicio obligatorio les asestó algunos golpes. Por ejemplo, estipulaba que aquellos que abandonasen el servicio militar solo podrían incorporarse al servicio civil en el caso de que existiese una vacante, y su reintegración posterior en el ejército no sería garantizada. En pocas palabras, el Estado se desembarazaba de sus obligaciones con respecto a los dvoriani, y este principio fue reforzado fomentando la educación de una serie de plebeyos capacitados para ocupar los escalones inferiores de la burocracia. Se opine lo que se opine del Manifiesto de febrero de 1772, este documento marcó un hito fundamental en la relación entre el autócrata y la nobleza, y la explicación más racional de este acto zarista es la necesidad de realizar economías. Quitándose de encima servidores reacios, el Estado podía adaptarse gradualmente a una situación de paz.

Los miembros más ricos de la nobleza aceptaron gustosamente la posibilidad de dejar el servicio estatal, pues esto los acercaba a las tradiciones occidentales y, aunque permanecieran fieles a la idea de servicio, estaba claro que podían beneficiarse de la situación. Pero ocurría todo lo contrario con aquellos miembros de la nobleza menos ricos. Para estos, los ingresos procedentes del servicio en el Estado eran fundamentales, como también lo era la entrada automática en el servicio con un salario, por pequeño que fuese, y con unas posibilidades de ascenso, por remotas que pareciesen. La eliminación del vínculo directo entre el autócrata y ellos amenazaba con privarlos de ese frágil medio de vida, exponiéndolos a la competencia de los de abajo. El efecto del Manifiesto fue, a corto plazo, la salida inmediata del servicio de los nobles más pobres, más ineficaces y menos preparados, que desde hacía tiempo ocupaban los cargos inferiores y peor remunerados de la burocracia y que vieron en la emancipación la posibilidad de reconstruir su modo de vida en el campo. Probablemente, esto coincidía con los propósitos de Pedro III pues, obsesionado con la eficacia de la burocracia y del ejército prusianos, concibió el manifiesto como medio de reorganizar la administración rusa. También tendían hacia una mayor eficacia las medidas por las que las tierras de la Iglesia quedaban sometidas al control estatal permanente y se creaban puestos de trabajo para funcionarios del gobierno jubilados en la recaudación de tributos de los antiguos siervos de la Iglesia.

El reinado de Pedro III solo duró seis meses. Víctima de una revolución palaciega más, su asesinato fue probablemente debido a sus esfuerzos por reducir la autoridad del Senado. Aunque este cuerpo no podía reclamar unos poderes constitucionales respaldándose en la ley, los trece senadores habían constituido en la práctica bajo Isabel la institución más importante en el gobierno del Estado. Las decisiones de junio de 1762 dejaron bien claro que Pedro III no pensaba seguir la política de su antecesor: «Ordenamos que, a partir de ahora, el senado no promulgue ningún decreto que tenga fuerza de ley o que incluso interprete leyes anteriores, sin consultarnos y obtener nuestra aprobación». Dado que Pedro III también dio muestras de evidente simpatía hacia los alemanes, y se proponía llevar a cabo un nuevo alineamiento de la política exterior rusa por medio de una alianza con Federico el Grande, que encontró escaso apoyo, excepto entre los favoritos del zar, era evidente que existía una divergencia entre el autócrata y lo que a partir de 1762 se convertiría en una nobleza cortesana semiinstitucionalizada. La importación de ministros y burócratas alemanes que no procedían ni de la elite cortesana ni de la nobleza de servicio ya había provocado un reinado de terror bajo la emperatriz Ana. La eliminación de Pedro III por el tradicional método ruso del asesinato palaciego evitó la repetición de un fenómeno semejante. Por mucho que Pedro hubiese contentado a la alta nobleza, dispensándola del servicio obligatorio, tal acto no fue suficiente para protegerlo. Los dvoriani no se agruparon para defenderlo. La condición sine qua non de la autocracia rusa consistía en que los favoritos no absorbiesen el poder político y que el capricho del monarca no determinase las recompensas y las promociones, y Pedro III contravino de modo claro tan importante condición. Es significativo que el primer acto político de Catalina la Grande fuese el de devolver al senado la posición política que había ocupado bajo el reinado de Isabel.

Hasta hace poco, los historiadores, en general, han insistido en considerar el reinado de Catalina la Grande (1762-1796) como un periodo que supuso una cierta ruptura con el pasado, es decir, como un importante estadio hacia la europeización de Rusia. La obra de estos historiadores gira en torno a la cuestión de si Catalina la Grande debe ser incluida o no entre los déspotas ilustrados y se preocupa por sopesar las predilecciones personales y la agilidad intelectual de la soberana, contrastándolas con la legislación puesta en vigor durante su reinado. O, dicho de otro modo, se dedica a contrastar una realidad de servidumbre y privilegio con las teorías de la justicia social y la igualdad entre los hombres. Sus conclusiones apuntan mayoritariamente hacia el divorcio existente entre los sentimientos expresados y los principios ejecutados, divergencia que se explica por la realidad a la que debe enfrentarse la política, pues Catalina sabía perfectamente que era necesario permanecer al lado de quienes la habían puesto en el trono.

En un sentido significativo, este planteamiento es artificial y contraproducente, porque no tiene en cuenta los importantes acontecimientos de la vida política y social rusa en este periodo, al hacer hincapié en la discontinuidad, y porque exige que nos esforcemos en proyectar sobre la política y la sociedad rusa unos criterios que no significan nada en un contexto ruso. Ciertamente, merece la pena despersonalizar momentáneamente la historia rusa para acentuar el núcleo de la continuidad. La influencia de la Ilustración ya se había dejado sentir bajo Isabel. Los Shuvalov habían proyectado diversas reformas legislativas y administrativas que tuvieron que esperar a tiempos más pacíficos. Y, más importante aún, el esfuerzo primordial del poder central se concentró en el impulso colonizador. Tal impulso se aceleró durante la década de 1770, conforme la autoridad central fue ampliando su control sobre los pueblos nómadas del sudeste y, con una mezcla de diplomacia y presencia amenazadora, se extendió también hacia Polonia. Un programa tan ambicioso requería una estrecha relación continua entre el autócrata y la nobleza y, en otro sentido, una relación peculiar entre los nobles y el campesinado. El servicio militar se había convertido en parte integrante de la vida de la nobleza, excepto, quizá, para sus miembros más pobres, y este servicio continuó siendo recompensado con tierras y siervos. Las cargas militares recaían inexorablemente sobre el campesinado, que pagaba la expansión, como soldados, con sus vidas, y como civiles, con sus impuestos. En los nuevos territorios colonizados, los pueblos anteriormente libres fueron sometidos a servidumbre por el Estado, mientras que la apertura de territorios anteriormente poco poblados implicaba el traslado forzoso de siervos de una parte del Imperio a otra.

Esta política expansionista tenía poco que ver con el capricho del soberano de turno, pues se debía parcialmente a consideraciones de tipo económico. Hacia 1800, el núcleo de Rusia, es decir, la antigua Moscovia, no podía proporcionar a su población el pan necesario y se vio obligado a buscar en el sur suelos más ricos y menos exhaustos. Pero, en la década de 1760, este movimiento expansionista era algo incluso automático, y siguió siéndolo. Solo se detendría al encontrar una oposición firme, como la de los británicos en Afganistán en el siglo XIX o la de los chinos en Manchuria en nuestra época. Los europeos occidentales conocen desde hace tiempo el concepto de fronteras naturales o históricas, pero este concepto es ajeno a la historia rusa. Así pues, si Catalina la Grande continuó con la política de colonización y expansión, no es necesario interpretar esto como una forma de lograr las simpatías de los dvoriani. Por supuesto, lo que significaba es que sabía perfectamente que sus intereses estaban íntimamente ligados. Elementos determinantes del flujo y reflujo de esta política expansionista fueron los recursos de la hacienda pública y, en segundo lugar, como quedaría demostrado con la guerra turca, el grado en que la población estaba dispuesta a aceptar unas cargas fiscales sin límite. El considerable déficit de la hacienda pública en 1762 estaba causado por los gastos necesarios para la guerra de los Siete Años y, al igual que otros gobiernos europeos de la época, su historia ha de ser escrita en relación a los enormes apuros de su tesorería. Dicho déficit no cesó con el asesinato de Pedro III. De igual manera que Pedro III había adoptado medidas económicas determinadas con respecto a los siervos de la Iglesia y a los dvoriani, su sucesora se vio obligada a hacer otro tanto, cualesquiera que fuesen sus inclinaciones ideológicas. Después de haber revocado inicialmente el decreto de Pedro III por el que los siervos de la Iglesia pasaban bajo control de la Corona, al cabo de unos años se adoptó la misma medida, de modo que los tributos que pagaban pudieran engrosar directamente la fortuna privada de la soberana. Las recompensas por los servicios prestados tuvieron que hacerse en hombres y no en dinero, porque los ingresos del Estado procedentes de la capitación, las aduanas y el comercio interior, las bebidas alcohólicas, los dominios regios, los créditos logrados en Holanda y en Italia y medidas ad hoc, tales como la emisión de papel moneda con dudoso respaldo, no daban al gobierno ningún margen de maniobra. Además, siguieron siendo necesarias las exigencias, tanto de hombres como de dinero, para perseguir los objetivos militares. Cualquiera que fuera el soberano, la realidad política seguía siendo la misma.

Es posible ir más allá en esta interpretación del periodo desde un punto de vista «despersonalizado». Quienquiera que hubiese asumido el papel de zar en 1762 se habría visto obligado a ofrecer a los dvoriani una definición más precisa de su status. El Manifiesto de Pedro III dejó muchos cabos sueltos, pues dispensó de sus obligaciones a un grupo de gente del que el servicio estatal había hecho uso y abuso, pero no dejó claros cuáles eran sus privilegios y su papel en el Estado. Catalina no estaba dispuesta a tolerar privilegios sin obligaciones aunque, consciente, por un lado, de la buena acogida dispensada por la alta nobleza a la emancipación del servicio estatal y, por otro, de la situación de la hacienda pública, sabía que no era factible la derogación del Manifiesto. No es pues de extrañar que este fuese un periodo de clarificación de la situación legal, clarificación que, al figurar entre los privilegios de la nobleza la propiedad de siervos, afectaba tanto al noble como al siervo.

Evidentemente, se puede llevar demasiado lejos la despersonalización. La historia política de una autocracia gira, en cierto modo, en torno a la personalidad del autócrata y de los ministros elegidos entre las diversas facciones cortesanas. Las intrigas cortesanas ya habían provocado la revolución palaciega que había llevado a Catalina al poder, pero, una vez instalada en el trono, demostró su cinismo y su perspicacia para maniobrar entre los políticos y favoritos. Al elegir a sus ministros, Catalina demostró su maestría para impedir la ascendencia de cualquier individuo o grupo. Panin destacó entre los responsables del derrocamiento de Pedro III, pero se vio obligado a codearse en sus funciones públicas con Glebov, los hermanos Vorontsov (estadistas de Pedro III), Bestuzhev, Riumin y Shajovskoy (estadistas de Isabel), y a tolerar la influencia de Orlov, amante de Catalina. Este equilibrio de intereses hizo que Catalina pudiese gozar del reinado más largo entre los autócratas rusos del siglo XVIII. Además, al mismo tiempo que restauraba ostensiblemente el Senado en 1772, la creación casi inmediata de un consejo imperial que sirviese como intermediario entre la monarquía y el Senado –y que actuase como coordinador principal de la política nacional–, y la división, un año después, del Senado en seis departamentos, dos de ellos en Moscú y cuatro en San Petersburgo, logró diluir su autoridad. Una de las constantes de la historia del siglo XVIII en Rusia fue la evidente diferencia entre los nobles cortesanos y los dvoriani. En el reinado de Catalina la Grande, algunos de aquellos, como Panin, habían llegado a considerarse como estadistas profesionales con un derecho propio a llevar los asuntos del gobierno, el derecho a consilium et auxilium, reclamado para sí por los nobles de Europa occidental. Esta hábil maniobra para desviar el poder de la nobleza, en lugar de atacarlo frontalmente, fue un logro importante para una autócrata que inicialmente contaba con una base muy débil. De este modo se impidió que el Senado llegara a convertirse en algo parecido al Reichstag alemán.

Durante el periodo comprendido entre 1762 y 1767, cuando la comisión legislativa se reunió para sopesar las quejas de los dvoriani, tuvieron estos tiempo de considerar su situación tranquilamente. Estaba claro que lo que más les molestaba era la inseguridad fundamental en la que se encontraban con respecto a sus tierras, pues no tenían derechos hereditarios sobre ellas. Además, en un periodo de revoluciones palaciegas, sus siervos podían ser confiscados o redistribuidos. También se mostraban evidentemente nerviosos con respecto a su posición social. Su programa, tal como fue presentado, agresiva e, incluso, un tanto incoherentemente a Catalina en 1767, insistía en tres puntos: seguridad para sus propiedades, derechos exclusivos e inalienables sobre sus siervos e inmunidad frente a confiscaciones y arrestos arbitrarios. Si el decreto de 1762 no dejó clara la extensión de los privilegios de la nobleza, el programa de 1767, que no fue puesto en práctica hasta 1785, expuso oficialmente lo que los dvoriani sabían que necesitaban antes de poder considerarse una elite privilegiada.

La vida en las provincias ponía de manifiesto hasta qué punto Moscú y San Petersburgo habían monopolizado los recursos de la nación en cuanto a edificios, instalaciones y servicios sociales, como escuelas y hospitales. También hizo conscientes a los dvoriani del abandono en que se había dejado a la administración local. Entre las peticiones de 1767 encontramos la referente a la reorganización completa de la administración local, de modo que pasase bajo control de las familias de la nobleza local. Si se hubiese cedido a esta petición, los dvoriani se habrían convertido en algo similar a la gentry inglesa, pero esto no formaba parte de los proyectos de Catalina. En 1767 no estaba dispuesta a ceder ni una pizca del poder central. Todo lo más que permitió en la década de 1760 fue una cierta formulación del control de la nobleza sobre sus siervos, prohibiendo al siervo que pudiese apelar contra su señor. De este modo, cortó formalmente el último vínculo existente entre los siervos de los terratenientes y el soberano. Este fue un paso importante, que mostró el deterioro de la situación legal de los siervos de terratenientes, aunque apenas afectase a su posición socioeconómica real. Esto no era suficiente para satisfacer a los dvoriani, pero, a finales de la década de 1760, no tenían poder para mostrar su descontento, pues eran leales a la idea de una autocracia que, después de todo, constituía su modo de vida. Su entrega al servicio estatal era plena, pero el fracaso de su programa demostró que carecían de influencia suficiente sobre la monarquía rusa.

Sin embargo, en 1785 se puso parcialmente en práctica el programa de 1767. En el periodo entre ambas fechas, aparecieron un cierto número de factores que cambiaron la relación entre los dvoriani y el autócrata. El primero de estos factores surgió de la reanudación de la guerra, en 1769, y de la fase expansiva más importante del reinado de Catalina la Grande. El segundo fue consecuencia de la inseguridad crónica de la monarquía tras la insurrección de Pugachev. El periodo comprendido entre 1769 y 1775 fue testigo realmente de un cambio radical en la relación de la zarina con sus pueblos, y la insurrección de Pugachev puso especialmente de manifiesto las tensiones sociales emanadas de las exigencias militares en los territorios fronterizos. También demostró la hostilidad latente que existía, incluso dentro de Moscovia, lo que convenció a la zarina de que necesitaba apoyos políticos.

La insurrección de Pugachev fue en diversos aspectos el incidente más revelador del reinado de Catalina, permitiendo la apreciación, tanto de las reivindicaciones campesinas como de las limitaciones del control central sobre los territorios fronterizos. El fenómeno del pretendiente no era nuevo en la historia de Rusia, y la frase de Kliuchevskii, «Cuando los rusos son desgraciados, está el camino abierto para un pretendiente», es especialmente pertinente en el siglo XVIII, que conoció, según cálculos moderados, al menos cuarenta y cuatro de estos, en comparación con los veintitrés del siglo anterior. De ellos, seis aparecieron en el año 1764-1765; seis (incluyendo a Pugachev) entre los años de 1772-1774 y otros cinco entre 1782-1786. Pero ninguno de ellos supuso una amenaza tan seria para el poder central como la insurrección de Pugachev, entre 1773 y 1774.

Los movimientos promovidos por pretendientes no parecen haber sido producto de situaciones concretas de privación –hambres localizadas o aumentos repentinos en el precio del centeno– sino de un conjunto de circunstancias deterioradas, en parte económicas, en parte jurídicas y en parte psicológicas. Lo más significativo de todo ello es que surgieron en una zona geográfica muy definida, que formaba una media luna desde los Urales hasta Oremburgo, pasando por la región de tierras negras, concentrándose principalmente a lo largo del Volga medio e inferior. La Rusia rebelde era la Rusia de las estepas, la que había conocido las hordas tártaras y había sido colonizada por guerreros que tomaron tardíamente el arado a causa de la inseguridad de su existencia frente a los merodeadores. Por otro lado, esta región había sido el refugio de los siervos huidos que trataban de rehacer su vida en el anonimato. Más recientemente, al igual que el resto de Rusia, esa zona había sido ampliamente poblada por hombres reducidos a servidumbre y por jornaleros marginales. Los grupos rebeldes eran cosacos, sobre todo, pero también bashkires, calmucos y tártaros de Kazán que se habían ido enemistando poco a poco con la política del gobierno central, que ellos consideraban moscovita. Eran pueblos fronterizos, aunque los territorios cosacos se adentraban en la Rusia propiamente dicha, con un profundo sentido de la identidad y unas peculiaridades que los diferenciaban por completo de los moscovitas. Los bashkires seguían apegados a su pasado turco-magiar, prestando todavía atención a sus beys y al mundo comercial que se extendía por el Turquestán y Asia Menor. Se trataba de pueblos a los que debía meter en cintura el gobierno central, preocupado por una política bélica nacional, especialmente en las tierras turcas adyacentes, con un control fiscal y un reclutamiento de tropas cada vez mayores. Pero, para cosacos, bashkires y tártaros, esto solo significaba sometimiento y colonización física y psicológica por parte de un poder central intruso y extraño, a través de una burocracia y de una nobleza que defendían los intereses de la Corona.

En líneas generales, había dos tipos de siervos: los de obrók y los de barshchina. Los siervos de obrók pagaban un censo a su señor en metálico, y esta era la forma dominante de servidumbre en Moscovia y en las regiones boscosas, donde el rendimiento agrícola era bajo y donde la experiencia había demostrado al señor que el campesino sabía cuál era el medio más eficaz para aumentar la producción, por lo que era mejor dejarle hacer las cosas a su modo. La barshchina era una renta pagada con prestaciones de trabajo que, a lo largo del siglo XVIII, se convirtió en la forma de servidumbre típica del cinturón de tierras negras, es decir, del sur y del sudeste. En esas regiones, la mano de obra era escasa pero la tierra fértil, por lo que, si el señor podía elevar la producción en su finca, siempre encontraría mercados para sus productos. Por ello, y esto se convertiría en un rasgo peculiar de las zonas poco pobladas del Volga y de las fronteras meridionales, las prestaciones de la barshchina fueron intensificadas hasta niveles increíbles por unos señores codiciosos, y el trabajo normal de tres días para el señor se amplió, prolongando la jornada desde el amanecer hasta el anochecer. Además, en estas regiones muchos siervos que anteriormente pagaban el obrók fueron convertidos en siervos de barshchina, lo que no significaba necesariamente un deterioro de las condiciones materiales del individuo, pero sí una intromisión en la regulación tradicional de la organización agraria. Algunas de las más graves insurrecciones tuvieron lugar allí donde siervos de obrók fueron sometidos a la barshchina. En el conjunto de Rusia, el nivel del obrók se triplicó, tanto en la década de 1760 como en la de 1770, lo que puede explicar por qué la rebelión de Pugachev amenazó con extenderse a Moscovia.

Existía otro elemento social disidente. Por encima de los siervos y debajo de los dvoriani había un grupo social conocido con el nombre de odnodvórtsi que, en algunas zonas, constituía el grueso de la población contribuyente. Los odnodvórtsi eran especialmente numerosos en las regiones de tierras negras, que eran precisamente las más propensas a la insurrección. Los odnodvórtsi podían poseer un número restringido de siervos, pero sus derechos sobre sus propiedades eran limitados; pagaban un obrók a su señor y una capitación al gobierno y debían cumplir el servicio militar. Víctimas de las exigencias del Estado y conscientes de que los dvoriani se oponían a que tuvieran siervos, constituían un grupo insatisfecho, con los ojos puestos en un pasado mejor; de aquí que dieran pábulo a la rebelión.

Los bashkires, los obreros de las fábricas de los Urales y los cosacos tenían también otros motivos específicos de descontento. Los bashkires habían pasado bajo control nominal del gobierno ruso a finales del siglo XVI, pero no fue hasta el reinado de Pedro el Grande cuando su territorio quedó sometido a la presión fiscal o cuando los grandes recursos metalúrgicos de los Urales se convirtieron en la base, no solo de los ambiciosos planes de exportación del zar, sino también de la industria de armamentos rusa. El crecimiento de esta industria dependía de la conversión de los campesinos bashkires en obreros fabriles. A estos se les permitía poseer tierras a cambio de su trabajo en las minas o en las fábricas durante un determinado tiempo a la semana, con lo que la barshchina se disoció del trabajo agrícola. Los bashkires eran tratantes de camellos, apicultores, ganaderos y leñadores sin ningún interés por el hierro, excepto para fabricar aperos agrícolas fuertes, y en el siglo XVIII se rebelaron por lo menos seis veces contra la intromisión del gobierno central. Normalmente se rebelaban en solitario, pero en 1773 harían causa común con los cosacos. El descontento cosaco procedía de la continuación de los intentos de Pedro el Grande por absorber a los cosacos en un servicio militar regular bajo el mando de oficiales rusos. En 1765, cuando surgió la amenaza de una guerra contra Turquía, este servicio militar bajo oficiales rusos se hizo obligatorio.

Además, tenían otras quejas, pues el gobierno se había atribuido ciertos monopolios, como el de la extracción de sal y el de los derechos de pesca en el río Yaik (Ural), elemento esencial en la economía cosaca. Al estallar en 1768 la guerra contra los turcos, los agentes encargados del reclutamiento y las exigencias fiscales avivaron el descontento. También entre los cosacos surgió un pretendiente.

El fenómeno del pretendiente en Rusia ha sido explicado de modo convincente haciendo referencia a una psicología campesina imbuida de una doble creencia: en primer lugar, en una justicia natural, según la cual la tierra y su producto les pertenecían y ningún señor o burócrata tenía derecho sobre ellos; en segundo lugar, en la liberalidad intrínseca del monarca, liberalidad que solo podía ser desviada de su hijo (el campesino) por funcionarios o cortesanos corrompidos o, si el monarca se mostraba manifiestamente injusto, entonces el monarca no era legítimo. Pedro III, cuya personalidad reclamó Pugachev, un antiguo soldado analfabeto, era un candidato obvio a la resurrección, a causa de las dudosas circunstancias en que murió, tras un corto reinado, y de la impopularidad evidente de su mujer, Catalina. Las virtudes imaginarias del uno podían ser contrastadas con las atrocidades conocidas de la otra. Es imposible saber hasta qué punto Pugachev convenció a la gente con un poco de cabeza, pero lo cierto es que lo aceptaron y apoyaron su programa, que incluía la libertad para los siervos y, en el caso de los cosacos, la dispensa del servicio de armas, la abolición de la capitación y garantías sobre la posesión de tierras, lagos salados y derechos de pesca. Cosacos y bashkires tenían intereses comunes en estos asuntos, y los cosacos también presionaron en favor de un retorno a la «vieja religión» y a las costumbres condenadas por el gobierno. Basándose en las tradiciones militares cosacas, a partir de las cuales Pugachev estableció una «academia militar», siguiendo casi el modelo de San Petersburgo, los valientes, pero caóticos bashkires se organizaron de un modo desconocido en ellos. La insurrección se extendió por territorios que comprendían unos cuatro millones y medio de habitantes y, en ocasiones, participaron en ella unos 30.000 hombres armados. Los rebeldes incendiaron, saquearon y destruyeron los registros señoriales, mataron a los señores y a sus familias con una brutalidad increíble y llegaron hasta Moscovia.

¿De dónde sacaban su fuerza? La insurrección se mantuvo durante un año y fue, finalmente, ahogada cuando el gobierno firmó la paz con Turquía y generales y tropas quedaron disponibles para realizar un inmenso esfuerzo militar contra los insurgentes. Evidentemente, la paz con Turquía alivió en parte el descontento popular. Uno de los fallos más claros de los rebeldes fue el de mantener las ciudades en su poder, y uno de los factores que probablemente influyó más en la consecución de la paz fue la falta de grano y de ganado creada por la insurrección. Reinaba realmente el hambre en agosto de 1774 en el valle del Volga.

Los detalles de la insurrección y la muerte de Pugachev tienen menos importancia que las consecuencias de un movimiento que influyó en las vidas de una tercera parte de la población rusa y que había amenazado seriamente el control central y los cimientos del gobierno de Catalina. Probablemente, el resultado más importante fue la reorganización de la administración local. Las provincias carecían de personal suficiente hasta un punto peligroso. En Kazán, sede de la insurrección, una población de dos millones y medio de habitantes era supuestamente controlada por ocho funcionarios prácticamente libres de control superior. El segundo resultado fue que la derrota supuso para cosacos y bashkires el abandono forzoso de sus pretensiones autonómicas y el tercero fue que la insurrección hizo que Catalina comprendiera más claramente que existía una comunidad de intereses entre la Corona y la nobleza, lo que la llevó a ceder en 1785 ante parte de sus reivindicaciones.

La reforma administrativa provincial de 1775 dividió al Imperio ruso en cincuenta gubernii de 800.000 habitantes, subdivididos luego en distritos de 60.000 habitantes. Al frente de cada guberniya se encontraba un gobernador. El sistema se parecía en varios aspectos al de las intendencias francesas concebidas por Colbert, es decir, que el gobernador no era una personalidad local, sino que era elegido por la soberana, en razón de su lealtad y preparación, y solo era responsable ante ella. Dada la distancia existente entre los gubernii y el poder central, los gobernadores gozaban prácticamente de poderes ilimitados, puesto que no les daba tiempo a consultar con la emperatriz antes de tomar una decisión política. Por consiguiente, la emperatriz ponía mucho cuidado en la selección de sus gobernadores, pues tenían que ser personas de su completa confianza. A veces eran favoritos o amantes, pero normalmente eran hombres con energía y capacidad de iniciativa. A diferencia del intendente francés, el gobernador ruso tenía todas las unidades militares de su guberniya a su disposición, por lo que cualquier disturbio local podía ser reprimido militarmente de inmediato sin tener que pedir permiso a San Petersburgo. La administración financiera, el desarrollo industrial y los servicios sociales –hospitales, escuelas y hospicios– quedaron bajo la responsabilidad de un cierto número de organismos locales.

También se reorganizó ampliamente la estructura judicial. Un consejo local asumía la responsabilidad de la administración de justicia civil y criminal dentro de una zona determinada y, por debajo de este, se extendía una red de tribunales especiales con competencia sobre nobles, ciudadanos y campesinos, respectivamente. Este sistema reflejaba la identidad aparte de la nobleza y le otorgaba un estatus corporativo separado, pero ¿en qué forma satisficieron tales medidas las aspiraciones de los dvoriani de controlar la administración local? En una medida muy escasa, en realidad. Unos cuantos cargos, que no se encontraban entre los más prestigiosos, eran ocupados sobre una base clasista. El jefe de la administración provincial, el kapitan-ispravnik, era un cargo electivo y también lo era el comandante en jefe de la nobleza, su portavoz ante el gobernador. De modo similar, algunos cargos judiciales importantes eran reservados a los dvoriani. Los nobles tenían derecho a reunirse en asamblea para formular un programa común y elegir a su portavoz, pero el gobernador no toleraba presiones de la asamblea ni estaba obligado a aceptar a su portavoz si lo consideraba inadecuado. Por consiguiente, las concesiones eran más aparentes que reales, y no había nada en la administración local que atrajese a los dvoriani a ella más que al servicio militar. Los cincuenta gobernadores eran los hombres a quienes se otorgaba temporalmente el poder real y, al ser nombrados por la emperatriz, esta no cedía nada en realidad.

Diez años después, una ley municipal especificaba el mecanismo de gobierno de las ciudades, creando consejos municipales de seis miembros (duma). Cada uno de sus miembros representaba a una de las seis categorías de ciudadanos, entre las que se incluían la nobleza y los comerciantes. Entre estos seis miembros se elegía al alcalde, pero el poder del gobernador era absoluto, pues él y su burocracia controlaban las elecciones municipales y utilizaban la duma, en general, para la recaudación de impuestos. Ciertamente, Catalina logró algo que ningún otro autócrata ruso había conseguido antes: la extensión de un control efectivo de las provincias.

En 1785 la medida más importante de Catalina con respecto a los dvoriani, la Carta de la Nobleza, resolvió finalmente, mediante una definición cuidadosa, la espinosa cuestión del privilegio de los nobles sin las correspondientes obligaciones. Es difícil decir por qué ocurrió esto en 1785. ¿Fue quizá porque Catalina, ante la amenaza de nuevos pretendientes, quiso reforzar su posición teniendo a la nobleza como aliada? ¿Fue porque veintitrés años de experiencia política la habían convencido de que, si daba a los dvoriani una posición privilegiada, estos no abandonarían el servicio estatal repentinamente para convertirse en una clase ociosa? ¿O fue quizá que el problema político real, es decir, el de quien debería desempeñar el gobierno local, había sido resuelto en 1775 y Catalina había comprobado hasta qué punto la nobleza local se desinteresaba por las actividades corporativas y era incapaz de constituir una amenaza para la autocracia? Ciertamente, la Carta de 1785 representó un compromiso entre el concepto de nobleza, como recompensa por los servicios prestados, y el de nobleza de transmisión hereditaria. Por medio de la Carta, la ley reconocía la igualdad entre nobleza de sangre y la nobleza de servicio, confirmando y extendiendo los privilegios otorgados durante los sesenta años anteriores. Especialmente, estos incluían la seguridad de personas y propiedades, el monopolio de la posesión de siervos, exenciones fiscales, tribunales especiales formados por nobles e inmunidad con respecto a los castigos corporales. Los guardianes del privilegio eran los representantes elegidos por la nobleza a nivel local, y estos tenían derecho a llevar registros genealógicos, aunque solo el departamento de Estado de Heráldica tuviera derecho a decidir quién era o no noble.

A partir de este momento, la nobleza podía considerarse como una elite legalmente privilegiada, aunque en la práctica podían darse algunos incumplimientos de la ley, y los gobernadores, en particular, actuaban a veces arbitrariamente, causando pérdida de libertad o propiedades. En su conjunto, estas medidas variaron muy poco el modo de vida de los dvoriani, que seguían encontrándose a disposición del Estado, sin los medios o las ganas de poner en duda el poder de este. La inexistencia de la primogenitura hacía que algunas familias pudieran verse arruinadas en cosa de tres generaciones si no se les inyectaban nuevos recursos en forma de salarios del Estado, recompensas de siervos o créditos. El desarraigo de la nobleza de la época de Pedro el Grande continuó siendo su principal característica y, como el servicio del Estado se llevaba de sus localidades a los nobles más preparados, las asambleas apenas tuvieron importancia en la vida política o social del Estado.

Sin embargo, algo había cambiado. Los logros de la Rusia de Pedro el Grande habían sido el resultado de una unión acertada entre el zar y los dvoriani, pero ciertos acontecimientos, especialmente desde 1775, habían distanciado a estos dos elementos al interponer una burocracia emanada de los gobernadores, creando la sensación de que ya no existía comunidad de intereses entre la zarina y los dvoriani. Algo que contribuyó a reafirmar esta convicción fue el número cada vez mayor de elementos plebeyos instalados en la burocracia en puestos que, si bien no conferían condición de noble, exigían una actividad eficaz en la rutina burocrática, de manera que el gobierno pudo contar finalmente con funcionarios profesionales con amplia experiencia en las tareas administrativas. El gobierno central se rodeó progresivamente de tales funcionarios, pagándoles salarios, pero sin concederles recompensas o privilegios, por lo que dejó de depender de los dvoriani en materia de administración rutinaria. Para llegar hasta el soberano, las peticiones de los nobles tenían que atravesar los despachos repletos de plebeyos, y gradualmente se fue erigiendo otra muralla entre la nobleza y la Corona de un modo posiblemente involuntario. La Carta de 1785 permitía a los nobles viajar al extranjero, y el papel de la nobleza como elemento occidentalizador no solo fue reconocido por Catalina, sino que gozó de sus simpatías. Esta «occidentalización» de la nobleza rusa tendría unas repercusiones inesperadas, la más importante de las cuales fue la aparición de una intelectualidad cuya educación estaba impregnada de principios desacordes con la naturaleza política de una autocracia. Radischev, educado en Leipzig a expensas de Catalina, es, quizá, el ejemplo más notable de un noble cuya educación lo convirtió en un crítico, tanto de la autocracia como de la servidumbre. Su Viaje de San Petersburgo a Moscú expresa una paradoja de la historia rusa de finales del siglo XVIII: el hecho de que la propia autocracia fomentase una educación basada en principios fundamentales antiautocráticos.

La «occidentalización» siguió adelante durante todo el siglo XVIII, afectando a una serie de procesos económicos, políticos y culturales. En términos económicos, siguió significando la adopción de tecnología occidental y el engranaje de la economía rusa en el importante mercado europeo de la exportación de hierro en lingotes. En términos políticos, significó una burocratización más eficaz, a fin de lograr los medios fiscales necesarios para la expansión militar. En términos militares, nunca dejó de significar la adopción de los modelos armamentísticos occidentales. Sin embargo, en términos culturales, hubo un desarrollo muy notable en la segunda mitad del siglo. En este ámbito, significó la expansión de las ideas occidentales, el cultivo de un gusto refinado y, por consiguiente, la aparición de un tipo de educación y de un cierto consumismo. Los dvoriani habían observado desde la década de 1730 que la educación era la forma de progresar en el escalafón, por lo que estaban especialmente interesados en que la autocracia estableciese academias subvencionadas para nobles. Pero esto no indica necesariamente una predilección por un determinado tipo de educación. La afición a una educación impartida por tutores franceses, como la que Catalina proporcionó a su nieto, cuyo contenido intelectual se basaba en la literatura europea occidental absorbida a través del francés o del alemán, fue un fenómeno de la segunda mitad del siglo XVIII. Para la zarina, contar con una elite culta respondía a sus propias tendencias intelectuales, pues era una mujer dotada de una mente despierta y un cierto grado de vanidad intelectual. Si le gustaba agudizar su mente leyendo a Diderot y Voltaire, y examinado la esencia del De l’Esprit des Lois, entonces debemos suponer que prefería convivir con individuos de formación intelectual similar. La reorganización del cuerpo de cadetes y la fundación, en San Petersburgo, del instituto femenino Smolny y, más concretamente, la aparición de unas sesenta academias provinciales, abrieron para la nobleza la perspectiva de una educación al modo occidental. Catalina también quiso extender la escolarización a los habitantes de las capitales de provincia, ya no a las masas rurales, pero las escuelas elementales y secundarias que surgieron no tenían un nivel muy elevado, por lo que la educación siguió siendo básicamente el privilegio de la nobleza o, más concretamente, del 20 por 100 (como mucho) de los dvoriani que podían permitirse el lujo de pagar tutores o academias.

Una educación al estilo occidental para un joven costaba el equivalente a la renta anual de 20 siervos de obrók. Para asegurar tal educación, que abría al joven la perspectiva de ser aceptado en la Corte y prosperar, los dvoriani trataron de aumentar sus ingresos. Y, hasta cierto punto, lo hicieron en connivencia con el Estado. La legislación que reforzó el control del señor sobre sus siervos lo reafirmó en la posesión de mano de obra, que era su capital más importante; pero el señor no podía incrementar las rentas más allá de un cierto nivel, porque no se pueden pedir peras al olmo y, por grandes que fueran los castigos, los campesinos seguían huyendo hacia los territorios fronterizos. En última instancia, la educación occidental y los modelos occidentales de consumo en forma de vestidos elegantes, condimentos culinarios (azúcar, chocolate), tabaco y artefactos de metales preciosos, eran financiados por créditos oficiales. De hecho, los créditos a la nobleza constituían, hacia 1800, la salida más amplia de ingresos estatales después de los gastos militares. Se ha dicho que esto beneficiaba a la Corona porque, de este modo, los miembros más influyentes de los dvoriani quedaban sujetos económicamente a la gracia real, y era una forma muy eficaz para asegurar su lealtad[1]. Así, la Corona rusa estableció la relación, tradicional y bien conocida, entre señor y cliente sobre la que se basaron en la Edad Media las monarquías europeas occidentales. En Rusia, este sistema de créditos sustituyó al de recompensas con tierra y hombres, utilizado con anterioridad, cuando la oferta del activo disponible se contrajo, como ocurrió entre las dos particiones de Polonia. También es posible que tras la más severa legislación que limitaba la adquisición de siervos por los empresarios industriales se escondiese la intención del gobierno de sanear los ingresos de los dvoriani. Estas medidas legales eran lo contrario de la política seguida por Pedro el Grande de estimular el desarrollo industrial permitiendo el empleo de siervos fugitivos y dando a los empresarios el derecho a comprar hombres cuando lo requiriese la expansión industrial. Los dvoriani temían que el precio de la mano de obra se elevase o que el trasvase de campesinos a la industria amenazase sus ingresos.

En conjunto, los dvoriani consiguieron mantener el número de siervos a su servicio con esta ayuda por parte del Estado. Sin embargo, existían amplias discrepancias en cuanto al modelo de propiedad entre los dos extremos de la nobleza, es decir, entre la gran nobleza con grandes propiedades y la pequeña nobleza, que siempre corría el riesgo de desaparecer como tal. Pero mientras que el número de siervos por finca se mantuvo relativamente constante, los artículos de lujo importados y el gusto por una educación al estilo extranjero siguieron creciendo. Tampoco la emperatriz escatimaba dinero en la realización de sus caprichos arquitectónicos en el estilo rococó del Zarskoe Selo, con sus arcos triunfales, columnas palladianas y colecciones de arte de viejos maestros, importadas desde todos los rincones de Europa. Su mecenazgo impulsó la actividad de artistas y escultores rusos. Surgieron teatros por toda Rusia; en 1800 Moscú tenía quince. También nació un comercio de libros, aunque no sin censura, parcialmente interesado en traducciones de libros extranjeros, pero atendiendo progresivamente a la publicación de autores rusos. El poeta Derzhavin, Karamzin, cuyas memorias contienen algunos de los comentarios más pertinentes sobre la sociedad y la autocracia en Rusia, el historiador Scherbatov y el satírico Novikov indican un florecimiento sin precedentes de la literatura rusa. Los compradores de libros, los espectadores de los teatros, los mecenas de los artistas, los clientes de los arquitectos, los portadores de vestidos elegantes y joyas en los salones en los que se hablaba francés y el hábil conversador que podía recurrir a una galaxia de autores occidentales y al aparato crítico de la Ilustración europea, pertenecían a aquellos miembros del dvorianstvo (de un 10 a un 20 por 100) que tenían los medios para mantener ese tipo de vida.

Gran parte de esta civilización de salón era superficial. El anticlericalismo volteriano o los principios deístas estaban fuera de lugar en este contexto ruso, mientras que los discursos y debates políticos sobre la igualdad del hombre contradecían fundamentalmente la tradición rusa. Curiosamente, esta situación engendraría dos tipos de críticos, que fueron en un cierto sentido los intelectualmente desposeídos de su generación. Los que aceptaron las ideas occidentales de los tutores franceses fueron llevados a creer en el Estado de Derecho, siguiendo de este modo un camino políticamente radical que amenazaba los cimientos de la monarquía, mientras que el otro grupo retrocedía ante las influencias extranjeras. Novikov fue uno de los eslavófilos más ardientes, que consideró a la influencia occidental como el medio por el cual los «cochinillos» fueron transformados en «perfectos cerdos». Scherbatov, aunque admirador del constitucionalismo occidental, se dio cuenta de la contradicción de una autocracia patrocinadora de unas filosofías que censuraban la autocracia. Puesto que Catalina no podía apoyar las ideas conservadoras eslavófilas sin admitir la necesidad de rechazar la tradición intelectual de la Europa occidental, tuvo que perseguir a los eslavófilos y utilizar contra ellos el aparato de la policía de Estado con quema pública de libros, juicios ejemplares y una rígida censura. Novikov fue encarcelado sin juicio en 1789 y reapareció tres años después, absolutamente destrozado; Radischev se convirtió en el primer exiliado político importante en Siberia y los francmasones, que habían adoptado una postura eslavófila, pero que eran partidarios de una reforma humanitaria, pasaron a la clandestinidad. Sin embargo, no solo hubo víctimas en ese campo. La revolución francesa produjo la persecución de los radicales y, poco a poco, sin confesarlo, el gobierno fue adoptando gradualmente las posturas políticas de los eslavófilos.

La fallida insurrección decembrista de 1825 y las sociedades secretas del siglo XIX fueron el corolario lógico de los cambios habidos en la Rusia de Catalina. Lejos de ser verdaderamente «la edad de oro de los dvoriani», el reinado de Catalina fue testigo de su distanciamiento del campesinado y la burguesía, ya fuese industrial o burocrática. Entre los elementos más cultos apareció un malestar profundo con respecto al Estado que ellos habían contribuido a crear. Estas fueron probablemente las consecuencias más lógicas de la sociedad rusa de este periodo, el precio que Rusia tuvo que pagar por un siglo de expansión europea, una posición de gran potencia y un proceso de occidentalización que implicaba unas filosofías fundamentalmente opuestas a las realidades de la vida rusa.

[1] A. Kahan, «The costs of Westernization in Russia», Slavic Review, 25, 1966.

PARTE III

EL MUNDO OCCIDENTAL

IX. SUPREMACÍAS DESVANECIDAS: LA PENÍNSULA IBÉRICA

A mediados del siglo XVIII, había tres países, por lo menos, en Europa occidental que habían desempeñado históricamente un papel predominante en la vida política o económica de Europa y cuyos imperios ultramarinos o, en el caso holandés, el comercio marítimo, todavía mostraban huellas de su antiguo poderío. Cada uno de estos países tenía estructuras políticas muy diferentes entre sí, pero en el siglo XVIII hubieron de enfrentarse a un problema común: el mantenimiento de sus imperios y de su comercio. Aquí acaban todas sus semejanzas, porque cada una de estas naciones sufrió experiencias políticas muy diferentes que reflejaron, cada cual a su modo, las distintas tendencias del siglo XVIII. En España se ensayaron soluciones características del despotismo ilustrado, en Portugal apenas se disimuló la tiranía ministerial con los adornos del cambio «ilustrado» y, en las Provincias Unidas, la evolución de su política radical engendraría la primera generación revolucionaria de Europa.

La historia de España en el siglo XVIII muestra una curiosa mezcla de progreso y reacción en la que el rey y los ministros aplicaron los principios de la Ilustración a una sociedad medieval en su aspecto y en sus convicciones. En este país, un litoral económicamente boyante, con un floreciente comercio y unas activas relaciones económicas, contrastaba con el interior del país, árido, escasamente poblado y víctima de repetidas sequías y epidemias. España era un país en el que los privilegios regionales y las demarcaciones provinciales parecían la verdadera negación del concepto de Estado unificado. En épocas anteriores, las importaciones de metales preciosos de España habían marcado la pauta de la economía europea, sus ejércitos habían determinado el curso de la política internacional y sus convicciones religiosas habían servido de alimento a la mística y a los jesuitas y habían hecho de España el bastión de los principios de la Contrarreforma. Sin embargo, si observamos a España desde el exterior en 1730, lo más evidente es que, entre 1680 y 1715, había sufrido una inmensa crisis que solo parcialmente quedó resuelta con el tratado de Utrecht. Por un lado, había sufrido una crisis sucesoria, que finalmente había quedado resuelta con el triunfo de Felipe V, un Borbón obligado a renunciar a toda pretensión al trono de Francia. Pero también se trató de una crisis en la que el futuro de España como potencia colonial fue puesto en entredicho. Ya en Utrecht habían iniciado los británicos incursiones contra los monopolios comerciales españoles, y empezó a ser inseguro el control español sobre las Indias. Las finanzas de la Corona habían comenzado a resentirse gravemente, desde principios del siglo XVII, de la política de los Habsburgo, en la que inflación y deflación se sucedían alternativamente, y el oro y plata de América habían sido considerados durante más de un siglo como una fuente de riqueza que no podía perdurar indefinidamente, por lo que estaba lejos de ser una respuesta a los problemas financieros del gobierno. Estaba claro que España debía tratar de conservar su Imperio y su potencia comercial y, sobre todo, su poderío naval.

El acceso de un Borbón al trono español simplemente confirmó lo que, de todos modos, hubiese ocurrido, es decir, un pacto de familia con Francia mediante el cual los dos países hicieron causa común contra los británicos, cuyas ambiciones coloniales y comerciales y cuyos conceptos de intereses estratégicos suponían para ellos la mayor amenaza. La política exterior española estaba subordinada a su papel colonial, y la alianza francesa fue una realidad que solo recusaron los más audaces y, notablemente, Esquilache. El hecho de que el trono español fuese ocupado por un Borbón también tuvo otras importantes consecuencias. A partir de 1715, los monarcas españoles consideraron la posibilidad de llevar a cabo en sus territorios una reforma administrativa muy similar a la adoptada unos cincuenta años antes por Luis XIV en Francia. Esta reforma tendió, sobre todo, a reforzar el poder central, reduciendo los privilegios y fronteras provinciales, uniformizando los órganos de gobierno provinciales y municipales mediante la institución de un nuevo funcionario real, el intendente, sobre una masa de cargos provinciales hereditarios y comprados para asegurar el cumplimiento de la voluntad del monarca, aboliendo y reduciendo el poder de los antaño poderosos consejos aristocráticos que gobernaban las provincias y creando lo que sería un indudable despotismo ministerial.

Los cimientos del poder ministerial fueron echados ya en 1705 por una decisión real de dividir la secretaría de Estado en diversos ministerios con esferas de influencia especiales: los ministerios de Estado (asuntos exteriores), Guerra, Hacienda, Gracia y Justicia, Marina e Indias. Cada uno de los ministros elegidos por el rey tenía la obligación de presentar sus proyectos políticos al Consejo de Castilla y de transmitir las decisiones a las provincias. No es de extrañar que los ministerios de Estado y Hacienda se convirtiesen con el tiempo en los dos cargos que mayor poder otorgaban a sus titulares. El ministro de Hacienda era el equivalente español al contrôleur général. Probablemente ocupaba esta posición clave por estar relacionado con la economía nacional, siendo ayudado por la Junta de Comercio y Moneda en la formulación de la política económica. Un mismo ministro podía ocupar más de una secretaría, pues esta decisión dependía del rey. Floridablanca, por ejemplo, ocupó al mismo tiempo la secretaría de Estado y la de Gracia y Justicia, de la que dependían los nombramientos eclesiásticos. Por supuesto, en la cumbre del gobierno se encontraba una pequeña camarilla, y el monarca que había nombrado a estos hombres dejaba que sobre ellos recayeran la responsabilidad y las iras del público. Si suscitaban demasiada hostilidad, como fue el caso de Esquilache, eran cesados, pero, por lo demás, tenían en sus manos las riendas de la reforma administrativa en España.

Este distanciamiento del monarca con respecto a los cambios hace que sea casi imposible hablar de despotismo ilustrado en España, siendo mucho más sencillo pensar en un programa reformista influido por las ideas de la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Tal programa era un reflejo de la necesidad básica para el gobierno español de ampliar el control del gobierno, mejorar el sistema fiscal, reducir el poder de la nobleza y del clero y, en la segunda mitad del siglo, impulsar la economía, eliminando los obstáculos para la libre circulación de los productos y reduciendo la cantidad de tierra dejada libre para la trashumancia (especialmente, dejando de proteger las rutas utilizadas por la Mesta) o para los pastos comunales. Los cambios administrativos se sucedieron a lo largo del siglo, pero los de mayor alcance fueron obra de los ministros de Carlos III, después de 1759.

Felipe V (1714-1746) inició una política de reducción de enclaves dotados de autogobierno en las principales provincias y de uniformación de los gobiernos provinciales, al menos en Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña. Dentro de los consejos regionales solo el de Castilla, campo de entrenamiento de los secretarios reales, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta por el gobierno central. A nivel local, la administración estaba tradicionalmente en manos de los corregidores, de los que había uno en cada ciudad, controlando la zona rural circundante. Estos funcionarios estaban completamente corrompidos, y Felipe V trató de transferir sus poderes en asuntos económicos a los intendentes. Esta reforma se introdujo con cuidado, al principio con un puñado de hombres, pero en 1749 se extendió y en 1780, cuando las exigencias económicas de la guerra en América hicieron necesario un mayor control, se reforzaron los poderes de los intendentes, aunque, incluso entonces, lo que se consiguió en Aragón no se consiguió en Castilla. A finales del Antiguo Régimen, los intendentes constituían el vínculo más firme de la administración local con el poder central. Mucho más débil era el control del gobierno sobre ciertas ciudades cuya autonomía tal vez se hubiese reducido, pero que seguían siendo impresionantemente poderosas.

En 1751, Ensenada, ministro de Fernando VI, logró obligar a las ciudades a someter sus cuentas al Consejo de Castilla y, tras la insurrección de 1766 en Madrid, Aranda se esforzó por lograr la uniformidad de la administración municipal, decretando la elección de cuatro representantes por cada mil habitantes. Sin embargo, en muchos casos tal medida solo consiguió injertar más funcionarios en unos ayuntamientos intactos, por lo demás. Algunas ciudades eran «propiedad privada» de nobles, obispos, monasterios y órdenes militares, lo que significaba que la monarquía carecía prácticamente de control sobre la recaudación de impuestos y la administración de justicia. El censo de 1797 mostró que la nobleza poseía 15 ciudades, 2.286 villas y 6.380 pueblos y aldeas, mientras que el clero poseía 7 ciudades episcopales, 395 villas y 3.494 pueblos y aldeas. Incluso en las ciudades nominalmente controladas por el rey a través de los corregidores, los funcionarios fiscales y los miembros de la nobleza local podían desviar parte de lo recaudado hacia su propio bolsillo. Los funcionarios de la Corona enviados a provincias en misiones de inspección podían verse estrangulados por las redes de privilegios locales y personales que incluían exenciones fiscales, apropiación de los frutos de ciertos impuestos reales y beneficios de la administración de justicia.

Los ingresos de la Corona provenían de una sorprendente variedad de fuentes: propiedad de salinas, minas, almadraba de Cádiz, ingresos procedentes de las propiedades confiscadas a las órdenes militares, el servicio, la moneda forera (impuesto sobre personas físicas por el hecho de ser súbditos españoles, del que se eximía al clero y la nobleza), subsidio eclesiástico (parecido al don gratuit), derechos aduaneros que, a principios de siglo, en los puertos eran recaudados y, por tanto, absorbidos por los municipios, la alcabala o impuesto general sobre las ventas (recaudado sin piedad por los concesionarios reales), monopolios sobre la venta de sal, tabaco, mercurio, naipes, etc., los millones o impuestos indirectos sobre toda una serie de artículos, algunos ingresos procedentes de la Mesta por el mantenimiento de sus privilegios, los tercios reales (dos novenas partes del diezmo) y ciertas contribuciones especiales provenientes de los ingresos eclesiásticos autorizadas por los papas en el siglo XVI. No era posible calcular con exactitud lo que todo esto podía producir en un momento determinado y parecía casi imposible la tarea de reformar esta situación. Los ministros de Felipe V y Fernando VI trataron de mejorar los sistemas contables y controlar la contabilidad de los municipios, así como de recuperar las contribuciones de los puertos marítimos, pero esto no contribuyó a un gran aumento de las sumas disponibles. Y, por supuesto, se vieron forzados a acudir al préstamo para sobrevivir. En años normales, podía bastar un préstamo de los Cinco Gremios Mayores (grupo poderoso que tomaba prestado de la gente al 2,5 por 100 y prestaba a la monarquía al 4,5 por 100), pero la guerra podía dar lugar a expedientes especiales, como el recurso a préstamos del extranjero.

Tanto Felipe V como Fernando VI tuvieron que soportar a esposas cuyas ambiciones dinásticas eran contrarias a los intereses de las finanzas españolas. Los intentos en la década de 1730 de Isabel Farnesio de reunir territorios en Italia, en Nápoles y Sicilia más concretamente, para sus hijos, y el apoyo que posteriormente prestó España a Carlos de Baviera en la guerra de Sucesión austríaca y que reportó los ducados de Parma y Plasencia, fueron digresiones sin importancia para la protección del Imperio español. Ensenada, ministro de Fernando VI, inició en 1741 un costoso programa de reforma de la Marina, con el cual se construyeron en nueve años 43 buques de línea y 9 fragatas, empleando al máximo los recursos presupuestarios. Ensenada era partidario ferviente de la alianza francesa y, tras la guerra de los Siete Años, España compartió las humillaciones de su aliada con la pérdida de Florida y Menorca. La paz de París marcó un hito en la desintegración del Imperio.

Durante la guerra, España pasó a tener un nuevo rey, Carlos III, así como un nuevo grupo de ministros. Carlos III tenía ya veinticinco años de experiencia como gobernante de Nápoles y se trajo de allí a Tanucci, político italiano notorio por la dureza de sus planteamientos respecto a las inmunidades y los privilegios eclesiásticos, que se convertiría desde el primer momento en protagonista activo del regalismo, política tendente a ampliar el poder del Estado en detrimento del de la Iglesia. Tanucci recomendó a Carlos III que trajese de Nápoles a un hombre considerado como un genio de las finanzas, el marqués de Squilace o Esquilache, como fue conocido en España, y este «extranjero» fue nombrado secretario de Hacienda y, en 1763, también de Guerra. Ensenada cayó en desgracia y se nombró a Campomanes fiscal (experto financiero) del Consejo de Castilla.

El reinado de Carlos III (1759-1789) sería testigo de reformas e intentos de reforma. En parte, esto fue un reflejo de las predilecciones de un rey eficaz y, al principio, de un grupo de ministros extranjeros que veían con imparcialidad la maraña de privilegios individuales y corporativos que entorpecían una labor de gobierno eficaz y un buen sistema fiscal y se daban cuenta de que la reforma era deseable. Pero la década en la cual iniciaron sus reformas, la de 1760, en la que los desastres psicológicos y financieros de la guerra eran evidentes, también las hacían necesarias. Ciertos historiadores españoles contemporáneos hacen hincapié en que la era reformista coincidió con un periodo de crecimiento económico, pero este juicio pasa por alto dos consideraciones importantes. En primer lugar, que el crecimiento económico español era crónicamente desigual, pues, al lado de las florecientes ciudades del litoral, de los puertos cuya riqueza provenía predominantemente de la exportación de vinos, licores y lana fina y que estaban respaldados por un pequeño hinterland de viñedos, se encontraban los territorios del interior en los que, exceptuando los valles fluviales, las cosechas eran pobres y los mercados escasos. La España litoral intercambiaba sus bienes en los mercados del norte de Europa, importando grano. De este modo, estaba muy vinculada a la economía del Báltico y al centro comercial de Ámsterdam, y, por tanto, a las vicisitudes de la economía del norte de Europa, dato importante si recordamos que, en la década de 1760, las malas cosechas en el Báltico obligaron a la adopción temporal de medidas proteccionistas y que el mercado monetario de Ámsterdam sufrió un gran desequilibrio. La segunda consideración es que el gobierno no estaba en buenas condiciones, por la naturaleza de la hacienda real, para aprovechar la riqueza agrícola y mercantil de España, pese a lo cual no le quedaba más remedio que tratar de aumentar los ingresos del gobierno, aunque solo fuese para hacer frente a las deudas de guerra y para asegurar el futuro de la Armada española, pues nadie suponía que la paz de París fuese a durar mucho.

El primer paquete de reformas propuesto por Esquilache se centró en la reforma de la hacienda pública, con el propósito de introducir una contribución rústica única de la que no estuviesen exentos ni el clero, ni la nobleza ni las ciudades, proyecto que requería un nuevo catastro agrícola, por lo que no pudo ser realizado de inmediato. En segundo lugar, presentó un plan para la remodelación del Consejo de Castilla, remplazando al clero y a la nobleza por manteístas, burócratas pertenecientes a la baja nobleza, considerados como más sensibles a la reforma fiscal. En tercer lugar, Esquilache se enfrentó a los Cinco Gremios Mayores con el fin de despojarlos de su monopolio para fijar el precio de los artículos de lana, sedas, joyería y especias. Se suponía que, a largo plazo, esto los debilitaría, con lo que se aliviaría su presión sobre las finanzas de la Corona. En cuarto lugar, se proyectó una reorganización de la contribución de la Iglesia a las finanzas gubernamentales y se dictaron decretos para evitar que pasasen de nuevo tierras a manos muertas, asegurando de este modo que las tierras poseídas por la Iglesia se estabilizaran y no aumentaran a expensas del Estado.

Las reformas de Esquilache suponen un paquete de medidas bastante curioso, cuyo significado solo es comprensible desde una perspectiva a largo plazo. En su momento, no ofrecieron nada positivo a la hacienda pública, pero presagiaron cambios radicales en el futuro. De modo inmediato, proporcionaron a Esquilache una serie de poderosos enemigos: la alta aristocracia, la Iglesia, los Cinco Gremios Mayores y los partidarios de la alianza con Francia, pues Esquilache era abiertamente contrario al pacto de familia. Desde un punto de vista objetivo, los proyectos de Esquilache suponían los primeros pasos lógicos de un programa fisiocrático y hubieran podido ponerse en práctica poco a poco de no ser por su política de cereales que, cualquiera que fuese su importancia real, desató las protestas de las clases populares madrileñas en la insurrección española más considerable del siglo XVIII, en el motín de Esquilache.

Las dificultades económicas que España experimentó en la década de 1760 también se produjeron en el resto de Europa y, en términos generales, fueron el resultado de tres factores. En primer lugar, hubo un desequilibrio duradero entre crecimiento económico y crecimiento demográfico; en segundo lugar, hubo una serie de malas cosechas, especialmente las de 1763 y 1764; y, en tercer lugar, se registró un profundo desajuste en el suministro de cereales del Báltico, a consecuencia de unas cosechas mediocres en aquella zona y de la adopción temporal de medidas proteccionistas en el norte de Europa. Los puertos del litoral español dependían de los suministros del Báltico y, si no podían conseguir cereales allí, tenían que acudir a otro sitio y competir por lo que hubiera que importar. En pocas palabras, incluso en Cataluña se observan en la década de 1760 ciertas manifestaciones de tensión económica, a pesar de que la economía catalana era la más vigorosa de España: aumento del bandidaje, necesidad de nuevas medidas represivas contra vagabundos y mendigos. En el árido interior de España, las cosechas de 1763 y de 1764 fueron notablemente malas y, si bien la del año siguiente mejoró, los campesinos tuvieron que seguir pagando deudas, por lo que la crisis se prolongó.

Pierre Vilar ofrece las siguientes cifras del movimiento del precio del trigo en el mercado de Madrid (en maravedís por fanega).

1754

952

1761

843

1755

836

1762

1039

1756

529

1763

1360

1757

?

1764

1258

1758

680

1765

1657

1759

646

1766

(1054)*

1760

1009

1767

1791

* Cifra artificial, debida a un subsidio del gobierno.

Está claro que, a partir de 1760, los precios se mantuvieron a un nivel alto. En el interior de España había pocos comerciantes de cereales, pero aquellos que recibían rentas en especie, como los arrendatarios del diezmo y los señores, tenían, evidentemente, un excedente del que disponer durante los meses de primavera y verano, cuando los precios eran altos, mientras que en el periodo posterior a la cosecha, cuando los precios se encontraban en su nivel inferior, se vendía a hospicios, proveedores del ejército y graneros privados de instituciones benéficas, en algunos casos, y pertenecientes a municipios, en otros. El pequeño especulador privado existió siempre, pero hasta 1765 sus actividades fueron ilegales. Tradicionalmente, el comercio de cereales estaba regulado por un sistema de control de precios llamado tasa de granos fijado por el gobierno central y controlado en los mercados urbanos por las autoridades municipales. El nivel de precios era un reflejo de la oferta de grano y de los costes de transporte. Hasta 1756-1757 no se permitió la existencia de un comercio de granos interior o exterior, autorizándose a partir de esta fecha en el caso de que los precios del interior cayesen a un nivel inferior al de las provincias periféricas, lo que ocurrió en muy contadas ocasiones, por lo que el cambio de política fue más bien teórico.

La regulación era mucho más estricta en teoría que en la práctica. Se creía que la tasa de granos mantendría los precios bajos, pero realmente no consiguió frenar su subida. Por supuesto, y los españoles no fueron un caso único, ni mucho menos, a este respecto, mientras se dejó actuar a los mecanismos tradicionales, fueran o no eficaces, predominó una tranquilidad relativa, aunque no es posible saber si hubiera sucedido lo mismo en 1766. La pragmática de Esquilache de julio de 1765 proclamó la libertad en el comercio de grano, lo que permitía la compra y venta de cereales en cualquier parte y en cualquier época del año, siempre y cuando los comerciantes (que eran definidos como los poseedores de ingresos procedentes de derechos feudales, o de diezmos o de cualquier otro tipo que adquirieran cereales para su comercialización) estuviesen registrados en sus localidades. Al mismo tiempo, se dieron instrucciones a las autoridades locales para que velasen porque hubiese pan suficiente en sus municipios.

Es dudoso que estas medidas llegasen a ponerse en práctica, dado el recelo mostrado por las autoridades locales. Algunos magistrados urbanos compraron realmente cereales para impedir la especulación. Ciertamente, el periodo comprendido entre 1765 y 1766 hubiese sido duro con o sin la intervención de la pragmática de Esquilache, pero el hecho de que el gobierno tratase de manipular el comercio de cereales hizo que las medidas del gobierno pudieran ser culpadas de las desgracias del país.

A principios de marzo de 1766 estallaron en Madrid una serie de disturbios que se extendieron a provincias, exigiendo la abolición de las medidas sobre libertad de comercio. Pero los disturbios sucedidos en Madrid fueron diferentes en la medida en que fueron más allá de los meros disturbios callejeros, siendo organizados por agitadores políticos. El 23 de marzo, una manifestación callejera, con 10.000 personas que exigían un abaratamiento del pan, logró arrebatar a Carlos III la promesa de una reducción de los precios y la abolición de la libertad de comercio. Pero la insurrección no cedió. Por la capital circularon pasquines y folletos y, el 24 de marzo, una muchedumbre de 3.000 personas presentó, con un fraile como representante, siete exigencias: exilio de Esquilache y su familia, que todos los ministros fuesen españoles, abolición de la guardia valona, que era muy impopular, supresión de la Junta de Abastos, abaratamiento de los precios alimenticios, vuelta de las tropas a sus acuartelamientos y autorización de las capas largas y de los sombreros de ala ancha. Carlos III aceptó todas estas reivindicaciones.

Mucho se ha discutido sobre la identidad de los organizadores de esta insurrección popular, y los jesuitas, los grandes de España y los franceses, junto con los partidarios del «pacto de familia», han sido los tres grupos a los que con más frecuencia se ha atribuido la gestación de los hechos. Existen datos para pensar que, si bien los jesuitas se oponían al regalismo del gobierno de Carlos III, no participaron en la insurrección en cuanto orden religiosa, aunque algunos jesuitas interviniesen individualmente. Está claro que los grandes de España guardaban resentimiento por el hecho de haber sido remplazados por manteístas y, junto con los partidarios de Ensenada, y quizá con el apoyo de dinero francés, son los más sospechosos. El misterio continúa, pero lo que está claro es que, a excepción de Tanucci y Esquilache, los ministros de Carlos III escogieron a la Iglesia como víctima propiciatoria y el motín proporcionó un pretexto para dos actos de enorme importancia: la expulsión de los jesuitas (1767) y la depuración del Consejo de Castilla de todo elemento «jesuita», es decir, sospechoso de antirregalismo.

Aunque la expulsión de los jesuitas, que equiparó a España con Portugal y Francia, se llevó a cabo en base a su influencia antipatriótica sobre el pueblo (según Campomanes, fiscal general, predicaban la doctrina del regicidio), permitió al gobierno de Carlos III confiscar sus propiedades y eliminar al principal bastión del ultramontanismo en España. Campomanes también demostró la implicación en los hechos de Diego de Rojas, obispo de Cartagena y presidente del Consejo de Castilla, que fue remplazado en el cargo por el conde de Aranda, candidato del rey. Esto, junto con la expulsión de otros 13 miembros del Consejo de Castilla tachados de «jesuitas» (de un total de 27 miembros) convirtió a dicha institución en un instrumento de los ministros de Carlos III. La reorganización del Consejo fue quizá la consecuencia más notable del motín pero, con o sin libertad de comercio, los precios no bajaron a largo plazo, aunque durante la década de 1770 se estabilizarían y las insurrecciones y tumultos no se convertirían en un rasgo habitual de la sociedad española hasta la década de 1780.

Ciertos historiadores españoles modernos piensan que el nombramiento de Aranda como presidente del Consejo de Castilla (1766-1773) fue la consecuencia más importante del motín. Aranda gozaba de una elevada reputación por diversas razones. En primer lugar, era español y su forma de pensar se basaba en unos métodos específicamente españoles. Al contrario de Esquilache, que solo pensaba en la eficacia del control burocrático regio, Aranda era más partidario de lo que en Francia podría haber sido considerado como una monarquía limitada o un constitucionalismo aristocrático. Aranda era grande de España y, por consiguiente, opuesto a lo que él veía como una tiranía burocrática, y sus ideas sobre política, economía y reforma administrativa lo alineaban en gran parte con la Ilustración de la Europa occidental. Era muy amigo de Voltaire, y no es difícil ver las razones de esta amistad. Lo que ya es más difícil es comprender por qué Carlos III se mostró tan dispuesto a escuchar a Aranda, quien progresivamente se fue convirtiendo en el cabecilla de un grupo conocido como «el partido aragonés», grupo en el que se encontraba también el economista Jovellanos, y que era partidario, en términos políticos, de una monarquía moderada por la aristocracia y por las viejas instituciones, contra los «golillas» del Consejo de Castilla, capitaneados por Floridablanca y Campomanes, que eran partidarios de un mayor control burocrático central. Quizás Carlos III consideró al uno como un contrapeso eficaz de los excesos del otro, pues no deseaba una repetición de los sucesos de 1766. Además, si bien los conceptos políticos de Aranda no coincidían con los del rey, sus ideas económicas y, de modo especial, su proyecto de reforma agraria, estaban en perfecta armonía con Carlos III y Campomanes.

Durante la presidencia de Aranda se decretaron diversas medidas, la mayor parte de ellas formuladas por Jovellanos (1766, 1768 y 1770), para dividir todos los ejidos cultivables entre los peticionarios que cumpliesen los requisitos de la ley (la residencia y la posesión de tierras en la zona en cuestión daban derecho a la adquisición de ocho acres, la mera residencia a tres acres) y la formación de «Sociedades de Amigos del País», sociedades agrícolas que trataban de fomentar entre la nobleza y los grandes terratenientes la conciencia de la necesidad de estimular el desarrollo agrario. Muchas de estas sociedades fueron, ni qué decir tiene, simples escenarios de estériles discusiones, que hicieron menos por estimular el interés en la agricultura que por elevar los precios de los cereales que ofrecían mayores incentivos. Pero el apoyo del gobierno, que quiso utilizar a los Amigos del País de Madrid como cuerpo asesor y crítico de su proyectada reforma agraria, dio a estas sociedades un cierto relieve. Los resultados de estos diez o quince años de debates agrarios no fueron importantes. El proyecto de reforma agraria quería forzar a las villas a dividir y cercar sus terrenos comunes, pero no se contaba ni con el mecanismo burocrático ni con el capital necesario para llevar a cabo tal proyecto. Estas mismas deficiencias, más la ineficacia de los campesinos frente a la hostilidad de los señores, hicieron inútiles los esfuerzos por dividir los ejidos comunales y las tierras baldías.

Aranda y Campomanes se opusieron enérgicamente a los privilegios de la Mesta, que otorgaban a un grupo de unos cincuenta o sesenta individuos o instituciones el derecho a usar amplias cañadas para la transhumancia de las ovejas, lo que impedía el desarrollo de grandes zonas, especialmente en Extremadura. En la década de 1770 había en esta provincia medio millón de personas y tres millones de ovejas. Los ingresos totales de la Mesta fueron calculados en unos setenta y cinco millones de reales anuales, comparados con un producto agrícola nacional estimado en unos cinco mil millones de reales. La Corona obtenía de la Mesta ingresos importantes. El producto anual de una oveja de la Mesta era de un real y medio para el propietario, seis reales y medio para la Corona y siete reales y medio para los gastos en pastos, de modo que la Corona perdería dinero al dejar de proteger a la Mesta. De hecho, no se tomó ninguna medida eficaz contra la Mesta hasta 1786, cuando fue abolido su derecho a utilizar, en perpetuidad y a una renta fija, los terrenos utilizados hasta entonces como pastos, y dos años después se concedió a los propietarios de tierras el derecho a cercarlas y plantar en ellas lo que quisieren.

En 1763 se habían iniciado proyectos para eliminar el subarriendo de la propiedad, a fin de evitar la elevación rápida de las rentas, pero tales proyectos no habían sido puestos en ejecución en la época de las invasiones napoleónicas. Dicho brevemente, el plan de reforma económica no constituyó un éxito clamoroso en el sector agrario, ámbito que era el más importante para el grueso de la población española. El pequeño campesino tenía contra él las contribuciones señoriales y eclesiásticas, el absentismo de los terratenientes, la falta de agua y de abono, la lenta aceptación de la patata y del arroz y el desarrollo de un fuerte mercado de tierras en un ambiente de inflación. Además, el campo y la ciudad competían para hacerse con los abastecimientos necesarios y el campesino esperaba vender su grano a alto precio para poder pagar la renta. En 1766, se desató un grave conflicto en Zaragoza para pedir precios fijos en materia de cereales, que fue sofocado por el campesinado de los alrededores, al tiempo que las autoridades se mantuvieron inactivas.

Mientras que el gobierno tendía a la libertad de comercio para los productores de grano, adoptó una actitud proteccionista con respecto a la industria, prohibiendo desde finales de la década de 1760 la importación de artículos extranjeros, especialmente algodón, para proteger la producción catalana, y hierro, para proteger la industria vasca. Sin embargo, se realizó algún esfuerzo a fin de eliminar obstáculos para la producción nacional, primero entre 1785 y 1786, mediante una reducción de la alcabala y, más tarde, llevando a cabo un ataque frontal contra los Cinco Gremios Mayores. Estos gremios tan poderosos se habían opuesto tenazmente al trabajo de las mujeres, pero entre 1778 y 1784, se proclamó el derecho de las mujeres a trabajar en la industria y las leyes de 1787 y 1789 permitieron a los industriales textiles contratar a un número indeterminado de obreros eximiendo sus productos de la inspección gremial. Es difícil calibrar el impacto de tales medidas en la producción industrial. El proteccionismo frente a los artículos británicos fue importante para la industria algodonera española en un periodo vital para su crecimiento. El punto de mayor desarrollo de esta industria se alcanzó entre 1783 y 1795, aproximadamente, eso es, entre el final de la guerra de la Independencia americana, que aisló a los mercados coloniales, y la Revolución francesa. La apertura de la industria a las mujeres y la reducción de la inspección gremial quizá aceleraron la introducción de la industria en el interior del país. A finales del siglo XVIII, los fabricantes de artículos de lana se vieron en dificultades, que no fueron solucionadas por la multiplicación del número de trabajadores o por la entrada de las mujeres en la industria, dispuestas a trabajar por un salario menor que el de los hombres.

La evolución de la legislación reformista se ajustó claramente a las vicisitudes de la política exterior española. Por ejemplo, en tiempos de guerra, ni siquiera Carlos III podía tolerar un descenso en sus ingresos procedentes de la Mesta o el sacrificio de la alcabala para reducir los costos de los bienes industriales, o atacar a los Cinco Gremios Mayores, aunque en la época de la guerra de la Independencia americana este cuerpo fuese ya cosa del pasado.

España no se negó a seguir a Francia en su declaración de guerra contra Gran Bretaña, su enemigo colonial más importante, en 1779, aunque Carlos III tenía algunos recelos con respecto a una insurrección colonial que posiblemente suponía un mal ejemplo para las propias colonias españolas. Resentida por una negativa anterior de Francia para cooperar en 1771 con España en la expulsión de los británicos de las islas Malvinas, España exigió esta vez un acuerdo claro con Francia sobre su recompensa en caso de victoria y, notablemente, la recuperación de Gibraltar. De hecho, aunque en el curso de la guerra reconquistó Florida y las Bahamas, se apoderó de bases británicas en Belice y recuperó Menorca en 1782, en las negociaciones no se incluyó la devolución de Gibraltar y, además, España tuvo que devolver las Bahamas a los británicos. Territorialmente hablando, la paz parecía ventajosa, pero el precio fue una enorme desorganización comercial que afectó gravemente a las importaciones de oro y plata y de algodón e impidió las exportaciones de vino y de otros artículos a la Europa septentrional. Es posible que Gran Bretaña fuese el rival comercial más importante para España, pero también era su socio comercial de mayor envergadura y podía cortar los lazos mercantiles españoles a través de su fuerza naval. Careciendo de la posibilidad de elevar la presión fiscal interior o de conseguir préstamos de instituciones nacionales o extranjeras, Carlos III tuvo que recurrir a la emisión de los «vales reales», bonos con la garantía del Estado, que tuvieron curso legal. En comparación con otros experimentos europeos de naturaleza semejante, los vales reales tuvieron bastante éxito. Francisco Cabarrús fue autorizado durante la guerra a fundar el primer banco nacional de España, el Banco de San Carlos (1782), con la finalidad de amortizar los vales. La paz salvó la situación y los vales reales mantuvieron su valor hasta el estallido de la guerra contra la Francia revolucionaria, que causó estragos sin precedentes en la economía del país.

Durante la última década del reinado de Carlos III, su hombre de confianza fue Floridablanca, quien, tras 1776, fue nombrado secretario de Estado (asuntos exteriores) y ocupó también la secretaría de Gracia y Justicia. Floridablanca, más partidario que Aranda del absolutismo burocrático, extendió el empleo de intendentes aunque, en otros aspectos, continuó la labor realizada por Aranda. La reforma de la estructura judicial trató de conseguir una mayor uniformidad dentro del procedimiento judicial y fue seguida de una abolición gradual de la tortura y de los castigos bárbaros característicos de la judicatura. Un rasgo notable de esta época fue la decadencia del poder de la Inquisición. Durante el reinado de Fernando VI se celebraron 34 autos de fe para castigar a judíos conversos que habían reincidido, blasfemos, bígamos y homosexuales, pero cada vez fueron más raras las intervenciones de la Inquisición. Una cédula de febrero de 1770 determinó las competencias del inquisidor, limitándolas a los casos de herejía y apostasía. De hecho, su decadencia corrió paralela a la de los jesuitas, con quienes no tenían nada en común, exceptuando la fidelidad a Roma. Aranda, Roda, Floridablanca y Campomanes fueron denunciados por la Inquisición por sus actividades en el Consejo de Castilla, pero no se les procesó. Los inquisidores se opusieron en vano al proyecto de una contribución rústica única, pero si no se llegó a ponerlo en práctica no fue tanto por su oposición como por las dudas de las autoridades centrales sobre la oportunidad de abolir los antiguos impuestos sin estar seguras de percibir inmediatamente otros nuevos. Tampoco consiguió la Inquisición contener la aparición de literatura ilustrada.

España fue instalándose cautelosamente, durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII. Es posible que los resultados positivos parezcan escasos, pero se consiguió una cierta ruptura con respecto al embrollo de los privilegios y anomalías provinciales, aunque no se lograra una uniformidad total. También hubo más contacto, aunque no suficiente, entre el gobierno central y los centros urbanos, llegándose a un mejor conocimiento de los problemas del país a través de los secretarios. Por primera vez se consiguió, asimismo, mermar el poder de la Iglesia y la nobleza fue empujada, por otro lado, a una mayor actividad comercial, al quedar eliminados los favores y recompensas reales y perder poder en los consejos ejecutivos. Los principios enunciados por Beccaria se incorporaron en una cierta medida a la organización jurídica española. El grueso de la población apenas fue afectada por estos cambios y las reformas tampoco fueron suficientes para realizar la preocupación fundamental de los Borbones, es decir, la preservación y explotación de un gran imperio comercial. Pero sí fueron suficientes para poder decir que la Revolución francesa, que transformó a Floridablanca y al nuevo monarca Carlos IV en archiconservadores y tenaces partidarios de la censura y de una estricta regulación social, constituyó la proverbial nevada sobre árboles en flor.

Portugal, país vecino de España y enemigo tradicional suyo, a pesar de los repetidos vínculos matrimoniales entre sus respectivas monarquías, destaca molestamente en cualquier generalización acerca de la influencia de la Ilustración en los gobiernos del siglo XVIII, a pesar de sus vinculaciones con Europa, en materia de geografía, tradiciones feudales, relaciones señoriales y estructura social, así como de su pasado católico. Esto se debió a que, si bien se realizaron algunos intentos por parte del gobierno de introducir cambios económicos y sociales, tales acciones apenas reflejaron la influencia ilustrada. Los monarcas portugueses eran indolentes a la hora de gobernar y preferían delegar sus poderes de decisión en ministros autocráticos –primero Pombal (1750-1777) y, después, Pina Manique (1780-1803)–, quienes se esforzaron principalmente en articular su poder personal. Pombal fue objeto del desprecio de la Europa intelectual, a pesar de que históricamente se le atribuye una política hasta cierto punto imbuida de principios ilustrados. Los rasgos característicos de este periodo fueron el terrorismo y la brutalidad gratuita, el asesinato y la tortura.

Ni la sociedad portuguesa ni el aparato del Estado eran receptivos al cambio. Portugal, país que tenía menos de tres millones de habitantes y un suelo árido, se encontraba vinculado, más que ningún otro país en Europa, a su imperio y a sus factorías comerciales, sobre los que se apoyaban las finanzas del Estado. El oro del Brasil, sobre todo, y el descubrimiento en 1728 de yacimientos de diamantes, supusieron para la monarquía unos ingresos importantes que le dieron independencia e hicieron innecesaria la convocatoria de las Cortes para pedir subsidios desde principios del siglo. Estos ingresos eran, evidentemente, insuficientes para hacer frente a los costos de la guerra de Sucesión española, pero Portugal había unido su futuro a una alianza con Gran Bretaña desde principios del siglo XVIII. Esta alianza tenía dos grandes ventajas y un inconveniente de importancia. La primera ventaja consistía en que Portugal no necesitaba dedicar una parte importante de sus ingresos a la defensa de sus intereses coloniales frente a España y, en Asia, frente a Francia. En segundo lugar, el tratado de Methuen, que abrió oficialmente el mercado portugués a los textiles británicos, aportó a los portugueses un cliente importante para los vinos portugueses encabezados. La afición que entre los sectores acomodados de la sociedad británica se despertó por el oporto, producto del valle del alto Duero, proporcionó a Portugal su sector exportador más importante. Bien es cierto que el transporte de vino y de aceite de oliva y, posteriormente, de oro, diamantes y maderas preciosas, tales como el ébano y la caoba, procedentes de América del Sur, estaba en manos de los ingleses y que el capital británico adquirió parte de los viñedos del valle del Duero, erigiendo casas residenciales en este paisaje armonioso. Por todo ello, se podía decir que los portugueses no explotaban completamente sus propios recursos, y Pombal no dejó de decirlo. También hubo una reducción de la cantidad de vinos encabezados producidos por los portugueses en el siglo XVIII en favor de vinos menos fuertes, que se vendían bien en el país, pero no tan bien en el extranjero. La sociedad portuguesa no contaba con una población suficiente para guarnecer de hombres sus factorías comerciales en Asia, especialmente en Goa y Macao, y en África, de modo que hubo un aumento perceptible de la intervención británica.

Los historiadores portugueses que han tratado de los aspectos económicos de su país culpan a la alianza británica, como hizo el mismo Pombal, de constituir un obstáculo para el desarrollo económico portugués, pero este punto debe ser examinado cuidadosamente. Los tejidos británicos eran comprados por las ciudades más ricas del litoral y por las villas situadas en los valles del Tajo, Duero, Guadiana, Mondego y Sado. El interior del país apenas contaba con carreteras y puentes, lo que hacía que el comercio que existía se realizara a lomos de mula y se limitara al vino, la sal, la miel, la cera y los frutos secos. Las aldeas y los caseríos cubrían sus propias necesidades básicas en cuanto a vestimenta. Las industrias locales (lana, seda, alfarería, jabón, hierro y madera) estaban aisladas de la competencia extranjera y privadas de contactos con el resto del país a causa de las malas comunicaciones, especialmente en Tras-os-Montes, Beira Alta y Alentejo.

En contraste con este mundo prácticamente cerrado se encontraba el centro comercial de Lisboa, completamente volcado hacia el exterior. Lisboa, que incluso recibía el grano de fuera, especialmente de las Azores y del norte de Europa, mantenía unas actividades comerciales de dimensiones verdaderamente internacionales y controlaba las tres cuartas partes, por lo menos, del comercio exterior portugués. Por su participación en la reexportación de artículos procedentes de Brasil, tales como azúcar (no inferior a las exportaciones de oporto), algodón (cuyo valor se aproximó al del azúcar en la década de 1780), madera y oro, Lisboa era un centro extraordinariamente activo.

Sin embargo, las importaciones portuguesas superaban con mucho a sus exportaciones y reexportaciones.

Comercio exterior portugués en millones de reis

Importaciones

Exportaciones

1776, 1777 p.a.

6,55

4,90

1789

9,60

7,50 de las que 3,25 son interiores, incluyendo 2,05 de vino.

Estos resultados tan negativos preocupaban mucho a quienes eran conscientes del carácter agotable del oro y los diamantes, que empezaron a disminuir rápidamente a partir de 1764.

Pero la vitalidad que Portugal mostró en la primera mitad del siglo XVIII se centró por completo en su comercio. El gobierno permaneció inactivo, tanto a nivel central como a nivel local. Incluso se puede decir que a nivel local era prácticamente inexistente. Juan V (1706-1750) fue, durante los últimos veinte años de su reinado, un hombre enfermo cuya mala salud fue, quizá, un factor que contribuyó a impulsar la aparición en la Corte de una facción clerical. Durante su reinado se crearon diversas secretarías, que normalmente fueron tres: la de Estado, la de Guerra y la de Ultramar y Marina. El cardenal Da Mota, ya viejo e inactivo, ocupó la primera de las secretarías mencionadas hasta 1747, año en que murió, siendo remplazado por un sobrino suyo inválido. Diego de Mendoça, diplomático elegante pero no muy eficaz, estuvo a cargo del departamento de Ultramar y Marina y, mientras que el de Asuntos Exteriores estaba en manos de fray Gaspar de Encarnaçao. Todos estos estadistas estaban influidos por otro cardenal portugués, Nino da Cunha, mientras que Juan V se fue gradualmente apoyando en un jesuita napolitano llamado Carbone, que también murió en 1750.

La fuerza del partido clerical dentro del gobierno quizá era tan solo el reflejo de la influencia que la Iglesia ejercía sobre el conjunto de la sociedad. Aunque las investigaciones locales revelan cada vez más la escasez de curas rurales en el interior de Portugal, el alto porcentaje de uniones libres y nacimientos ilegítimos y la práctica ausencia de catequesis en muchas parroquias, los portugueses creían firmemente en su religión y en su pureza racial. La penetración de elementos judíos y mudéjares quizá reforzó estas creencias en la psicología popular. La Inquisición, como órgano encargado de garantizar la ortodoxia religiosa, era una institución popular entre las masas. Sus juicios periódicos, acompañados de quemas y destierros de marranos (judíos convertidos al cristianismo, a veces a la fuerza, y sus descendientes acusados de reincidir en el judaísmo) y de moriscos (musulmanes convertidos al cristianismo y sus descendientes), absorbían ese instinto para el odio que prevalecía entre los grupos más necesitados económica y culturalmente. Saraiva dice que la Inquisición se convirtió, con su búsqueda y denuncia de prácticas judaicas, en una «fábrica de judíos», y cita a personas que advirtieron a los inquisidores que las técnicas seguidas por la Inquisición en sus interrogatorios, basados en torturas, para cotejar sus confesiones con unos rituales cuidadosamente descritos les revelaban prácticas de las que jamás habían oído hablar antes. Pero la Inquisición siguió con sus actividades y las multitudes continuaron acudiendo a los autos de fe hasta que, en 1774, quedó prohibida su celebración en público y la pena de muerte prácticamente abolida.

La Inquisición también era una parte sólida de la sociedad portuguesa. En teoría, la nobleza portuguesa, dada la posterior tendencia historiográfica a acusar a las noblezas que despreciaban el comercio, tenía que ser una de las más abiertas, modernas y conscientes de los cambios intelectuales y económicos sucedidos en el siglo XVIII, ya que participó activamente en los negocios coloniales y comerciales. Pero, en la práctica, ocurrió más bien lo contrario. Rígidamente ortodoxa en materia de religión, apegada al concepto de «pureza de sangre», que garantizaba el acceso a los cargos importantes, e indiferente a la evolución del pensamiento europeo, los nobles portugueses colaboraron con la Inquisición en calidad de «familiares», es decir, como filtros de las denuncias populares en sus lugares de residencia, tomando parte en el ceremonial del auto de fe. Los que tenían una experiencia colonial o se habían enriquecido en las colonias o por medio de la corrupción, regresaban al parecer al Portugal provinciano para llevar allí una vida señorial. En la medida en que se trataba de un pequeño grupo cuya herencia estaba sometida a la confirmación del rey, de modo que todos los duques estaban emparentados con el rey y que solo existían nueve marqueses y treinta y tres condes, esperaban del modo más natural altos cargos, embajadas y gobiernos coloniales. Dicho brevemente, se trataba de una sociedad primitiva, con poco movimiento, que encerraba todo tipo de desigualdades y privilegios, pero que carecía, asimismo, de oposición interna.

No obstante, fue en Portugal donde se iniciaron los ataques contra los jesuitas y fue también allí donde la expulsión del partido clerical de la Corte y la política del regalismo tuvieron más éxito. Todo ello fue obra del marqués de Pombal, nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Guerra en 1750, desplazando de este modo al poco activo fray Gaspas de Encarnaçao. La fulgurante carrera política de Pombal encierra algún punto misterioso. Con anterioridad había desempeñado el cargo de diplomático en Londres y Viena, donde se había casado con una mujer de antiguo linaje, pero sin dinero. Al volver a Lisboa ocho meses antes de la muerte del rey Juan apenas tuvo margen de maniobra frente al omnipresente partido clerical, pero logró el apoyo de don Luis de Cunha, noble influyente opuesto al gobierno inactivo, y su mujer, austríaca, entró en estrecho contacto con la reina, austríaca también, lo que pudo ser crucial. Cuando murió el rey Juan le sucedió su hijo José I (1750-1777), quien, por lo visto, no tenía ninguna afición al gobierno. Su mujer española no ejercía sobre él la influencia de su madre María Ana, y puede que esta última presionase en favor del nombramiento de José Pombal como ministro. Una vez en el cargo, su habilidad y rapidez para resumir los asuntos al perezoso José le aseguraron quizá su influencia sobre el rey, que se mantuvo durante toda su vida. El enfermo Da Mota y el elegante Diego de Mendoça no eran, evidentemente, rivales para él, pero Pombal comprendió que el partido clerical todavía suponía una amenaza. Además, la reina madre, protectora de Pombal, se fue vinculando cada vez más, a partir de 1753, al jesuita italiano Gabriel Malagrida, que había adquirido una reputación de profeta y santo durante su estancia en Brasil. Los motivos que impulsaron a Pombal a atacar a la Sociedad de Jesús quizá fueron en parte un sentimiento de inseguridad y, en parte, un insaciable ansia de poder. Ya se sabe que Pombal fue uno de los ejecutores de la política del regalismo. Es posible que los jesuitas despertasen una antipatía especial a causa de sus intrigas para influir en la Corte portuguesa, en España y en Sudamérica sobre las negociaciones hispano-portuguesas acerca del intercambio de Sacramento por una parte del Paraguay. Tanto España como Portugal querían realizar el intercambio, porque Sacramento tenía poco valor para los portugueses, ya que solo servía a los británicos de base para descargar su contrabando con destino a los territorios españoles en Sudamérica, mientras que la parte del Paraguay en cuestión era considerada de mayor valor intrínseco. Pero el Paraguay, a pesar de formar parte del Imperio español, estaba gobernado, de hecho, por los jesuitas, que se oponían vigorosamente a tal intercambio. En algunos casos, incluso, incitaron a la insurrección y explotaron al máximo su capacidad de intriga, tanto en la Corte española como en la portuguesa. A pesar de ello no pudieron evitar la realización del tratado de intercambio, que ya había sido acordado por ambos gobiernos antes de que Pombal entrara en funciones. Sin embargo, la puesta en práctica del tratado fue encomendada al gobierno de Pombal, y este supuso acertadamente que los jesuitas estaban detrás de la oposición organizada. Un puñado de ellos fueron expulsados de Paraguay y regresaron a Portugal en actitud amenazadora.

Es posible que exagerase Pombal la capacidad de intriga de los jesuitas, pero estaba convencido de que tratarían de lograr una alianza política para poner fin a su carrera política. Alrededor de Don Pedro, hermano del rey, se fue reuniendo en Queluz un grupo opuesto a Pombal, y los jesuitas se acercaron allí a exponer sus quejas. Don Pedro era el pretendiente favorito a la mano de la hija mayor de José y, por consiguiente, era una fuerza con la que había que contar. Además, en el grupo de Queluz se encontraba también Mendoça, quien, naturalmente, no era un gran entusiasta de su colega en el gobierno. La nobleza portuguesa había observado cómo las prebendas iban a parar, tras el nombramiento de Pombal, a manos de familiares de este y a manos de aquellos dispuestos a convertirse en sus hombres de confianza, por lo que el grupo de Queluz incluía a ciertas familias ducales. La alianza entre la alta aristocracia y los jesuitas y una propia conciencia, no muy clara, acerca de las manipulaciones políticas y los beneficios personales de una serie de especulaciones comerciales sensibilizaron a Pombal de la vulnerabilidad de su cargo si perdía el favor del rey. Pero tuvo que esperar su hora. El terremoto masivo que sacudió a Lisboa en 1755, y que fue seguido de un maremoto, acabó con la vida de entre 35.000 y 40.000 personas y provocó una enorme angustia física y psicológica. Pombal se distinguió por su reacción rápida y práctica a la crisis nacional, mediante programas de limpieza y reconstrucción de la ciudad. Estos programas se financiaron en base a una contribución especial de un 4 por 100 sobre todas las mercancías que pasaran por el puerto de Lisboa, impuesto que fue mal recibido por los comerciantes. No obstante, tras la catástrofe se pronunciaron sermones y se organizaron procesiones cuya intención era asociar el desastre con la ira divina provocada por los pecados nacionales. El jesuita Malagrida, especialmente, publicó su Juicio de la verdadera causa del terremoto, obra tan repleta de furor que el nuncio papal aprobó la idea gubernativa de desterrarlo a Setúbal por sembrar la alarma entre los ciudadanos. El rey, que era profundamente devoto, obligó a Pombal a pedir al Vaticano que nombrase patrón de Portugal al jesuita español San Francisco de Borja que, a partir de entonces, fue festejado en el aniversario del terremoto.

Estaba claro que el periodo inmediatamente posterior al terremoto no era la mejor ocasión para atacar al grupo clerical de la corte o a los nobles mezclados en intrigas políticas, pero, antes de que pasasen dos años, Pombal ya había asestado golpes de consideración al grupo de Queluz y a los jesuitas. El primero de ellos alcanzó a Mendoga, implicado en el envío de correspondencia en la que se criticaba la política «regia», que fue desterrado de la Corte y sustituido por un hermano de Pombal. Entre las personas que presentaron denuncias al soberano acerca del enriquecimiento de Pombal mediante especulaciones con empresas mercantiles se encontraban dos sacerdotes italianos, Martinho Velho Oldenburg, miembro de una importante casa comercial, un grupo de nobles sospechosos y el duque de Lafões, por una implicación compleja. Pombal envió a este último a Viena y los demás fueron encarcelados o enviados a Angola, por lo que la camarilla de Queluz fue silenciada. Después, en mayo de 1757, la administración del Paraguay fue secularizada, las misiones jesuitas suprimidas y la población india, a la que, de hecho, mantenían sometida a servidumbre, liberada. Pombal se justificó en sus misivas a Roma denunciando el poder secular de los jesuitas y acusándolos de esclavizar a los indios en provecho propio. El Vaticano no hizo ninguna objeción a las medidas tomadas por Pombal, aunque Malagrida echó pestes desde Setúbal y reunió a su alrededor un grupo de nobles opuestos a Pombal, como el duque de Aveiro, el marqués de Gouvea y miembros de la familia del marqués de Távora. No se puede decir que este grupo fuese semejante al de Queluz, pero Pombal no podía dejarles vía libre. En septiembre de 1758 hubo un atentado contra la vida del rey, quien, según se dice, regresaba de una cita amorosa clandestina con la marquesa de Távora, bastante más joven que él. Se constituyó una comisión de investigación especial y Pombal logró implicar en el asunto al duque de Aveiro, a los marqueses de Távora y Alorna, a tres condes, a Malagrida y a 12 jesuitas relevantes. Aveiro, sometido a tortura, denunció a los Távora, pero estos no confesaron nada. La comisión de investigación, compuesta por hombres de Pombal, aconsejó al rey no dejarse llevar por la clemencia. Los Távora y Aveiro fueron decapitados o atormentados en la rueda junto con sus sirvientes, y luego se prendió fuego al patíbulo. Posteriormente, el 3 de septiembre de 1759, se persuadió a José para que expulsase a los jesuitas de Portugal, desoyendo la petición de clemencia del papa y, como una muestra especial de odio, Pombal decidió que Malagrida fuese condenado por la Inquisición como hereje. El inquisidor general se negó a cooperar y fue sustituido por el hermano menor de Pombal. Malagrida fue acusado de regicidio, blasfemia y herejía y ejecutado públicamente. Todos los demás jesuitas fueron confinados.

Pero aquí no es posible pensar que esto fuese consecuencia de las ideas ilustradas. Los jesuitas fueron destruidos en Portugal porque, en cierto sentido, amenazaron la ascensión de Pombal, y los medios utilizados para su destrucción y la de la nobleza fueron torturas, ejecuciones públicas y humillantes y la Inquisición. La victoria de Pombal sobre posibles rivales fue completa y, a partir de entonces, pudo cubrir todos los cargos importantes con familiares y partidarios suyos. Uno de sus hermanos fue nombrado ministro de Marina y Ultramar, otro fue inquisidor general y presidente de la corporación de Lisboa. Un monje que gozaba de la confianza de Pombal, llamado Mansilha, fue puesto al frente de la Junta do Comercio y de la Junta Real de Censura. Durante la época de gobierno de Pombal no se permitió que se infiltraran en Portugal críticas ilustradas al despotismo y, por supuesto, las obras de Hobbes, Locke, Spinoza, Voltaire y Montesquieu fueron prohibidas. El nuncio apostólico fue expulsado, so pretexto de proferir insultos, por lo que Portugal quedó todavía más aislado con respecto a influencias externas. Desde luego, la política religiosa de Pombal no tenía nada de liberal. Tras la expulsión de los jesuitas sobrevino una secularización de la enseñanza más bien teórica, dado el vacío dejado en la educación de la nobleza por su desaparición. La Inquisición dejó de ser un instrumento de la Iglesia para convertirse en un instrumento del Estado, ya que sus sentencias tenían que ser aprobadas por el gobierno y, cuando Pombal se deshizo de sus enemigos, se despojó a la Inquisición de la posibilidad de condenar a muerte. También quedó prohibida la persecución de los marranos. La nobleza pudo darse cuenta de que su carrera en la corte dependía del favor de Pombal. Por otra parte, pronto se decretó la abolición de la pureza de sangre para ocupar cargos burocráticos.

En otros tiempos se atribuyó a Pombal una política económica coherente, pero es difícil discernir un esquema claro en las medidas dispersas que adoptó para hacer frente a los problemas cotidianos. Aun sin ser antibritánico, Pombal pensaba, y con razón, que los británicos se llevaban una parte excesiva de las ganancias del comercio portugués, y que especialmente la exportación de oro debía ser limitada. La tarea de la Junta do Comercio era maximizar los beneficios comerciales portugueses, y se designó un cierto número de empresas comerciales en régimen de monopolio, tales como la Compañía del Alto Duero, que comercializaba el oporto, para controlar la calidad y regular las exportaciones. Las actividades de la mencionada Compañía provocaron la insurrección popular más importante en el Portugal del siglo XVIII, la llamada insurrección de los bebedores del miércoles de Ceniza de 1757 en Oporto. Veinte mil personas que se habían reunido en la ciudad con motivo de la festividad fueron incitadas a rechazar el monopolio de la Compañía del Alto Duero por el clero y los taberneros de la ciudad. La población se oponía a una medida en la que veía un recorte a su derecho a comercializar sus productos al modo tradicional y, especialmente, negaba el derecho de la compañía a comprar cualquier producto al precio fijado por ella. Es de suponer que los taberneros consideraban que sus intereses económicos se veían amenazados por el control sobre la producción de vinos baratos, y es posible que los representantes de los intereses comerciales ingleses pusiesen algún dinero para atizar el fuego. En cuanto a la participación del clero, quizá se puede explicar por simpatía hacia el pueblo llano o por hostilidad frente a la política de Pombal. El juiz do poyo, es decir, el funcionario que supuestamente representaba al gobierno en la ciudad, fue obligado a presidir las manifestaciones desde su lecho de enfermo. Ninguna insurrección en la historia de la Europa occidental en el siglo XVIII fue reprimida de modo tan violento. El ejército sofocó la rebelión, 17 personas fueron ahorcadas, 26 más enviadas a galeras, 86 desterradas y 56 más encarceladas. Además, el juiz do poyo fue severamente castigado y dicho cargo abolido en las ciudades pequeñas.

No existen pruebas de que las medidas de Pombal sobre el control de las exportaciones de vino tuviesen otro resultado que el de llenar los bolsillos de ciertos individuos de la Junta do Comercio. El estancamiento comercial general de la década de 1760 repercutió en Portugal y es imposible saber si las medidas proteccionistas de Pombal mitigaron, agudizaron o no surtieron ningún efecto en el desarrollo portugués. Los esfuerzos por centralizar la recaudación de ingresos aduaneros en 1766 hicieron, al menos, que la hacienda pública recibiera una mayor cantidad de dinero. Los esfuerzos por fomentar las industrias protegidas del lino, vidrio, papel, porcelana y sombrerería no fueron en gran medida sino mera fachada, aunque la protección de la industria algodonera que comenzó a desarrollarse en Beira dio resultados a largo plazo. La sociedad portuguesa no engendró un mercado lo suficientemente amplio como para absorber una industria en desarrollo y ninguna medida pudo evitar tal situación.

Cuando José I murió, en 1777, Pombal fue expulsado del gobierno y acusado de tiranía y especulación, cargos de los que se le declaró culpable, aunque, por tener 78 años, no fue castigado. Las puertas de las cárceles se abrieron y cientos de víctimas del terrorismo de Pombal se vieron finalmente libres. La nueva reina María I, casada con Don Pedro, rehabilitó a los Távoras y permitió el regreso a Portugal de jesuitas a título individual. La recién reconstruida Lisboa se convirtió en un monumento conmemorativo del reinado de la tiranía en Portugal, pero estaba destinada a seguir siendo escenario de la represión y la tiranía política. El sucesor de Pombal, Pina Manique, no era menos autoritario, aunque se apoyó en la pequeña nobleza. Su mandato se caracterizó por la creación de una policía portuguesa encargada de perseguir a los literatos liberales y de mantener el orden público. Hubo por lo menos tres representantes notables de la Ilustración portuguesa (Verney, Ribeiro Sanches y Oliveira) que conocieron el exilio, aunque es posible que sus obras llegasen hasta ciertos círculos de la nobleza y el funcionariado a través del puerto de Lisboa. Pero no existen indicios de que tales semillas cayeran en terreno fértil o de que hubiera una respuesta social amplia al régimen tiránico. Ciertamente, ninguna sociedad permanecería tan indiferente al mensaje de la Revolución francesa.

X. LAS PROVINCIAS UNIDAS

Al abordar la historia de las Provincias Unidas en el siglo XVIII, los historiadores se han planteado una pregunta esencial, ¿qué ocurrió con el milagro económico holandés del siglo anterior? Por entonces los holandeses monopolizaban el sector del transporte en el comercio de Europa occidental y dominaban los sectores clave del comercio de grano y madera del Báltico, los puertos holandeses eran los centros comerciales del mundo civilizado, con amplias redes de distribución que se adentraban en Alemania, y Ámsterdam se había convertido en la capital bancaria de Europa.

El contraste entre un dinámico siglo XVII, en el que los holandeses desarrollaron nuevos métodos comerciales, y el inactivo y supuestamente decadente siglo XVIII es tan chocante que, indudablemente, se ha exagerado al describir el declive global, olvidando algunos matices importantes y pasando por alto el hecho de que muchos comerciantes y hombres de negocios holandeses abandonaron el comercio activo por la especulación financiera. En lo que respecta al conjunto del siglo no es posible señalar un descenso en el volumen del comercio holandés, sino, en todo caso, una incapacidad de los holandeses para ampliar y controlar una mayor parte del comercio mundial que crecía cada año, por lo que su decadencia comercial solo fue relativa. ¿Es que los comerciantes holandeses no quisieron o no pudieron conquistar nuevos mercados? ¿O es que los nuevos sectores y los nuevos hechos que tuvieron lugar suplieron meramente las pérdidas sufridas en otros sectores? Sin duda alguna, se trató de esto último. La conquista del mercado de tejidos ligeros de Constantinopla o Esmirna no suplió a largo plazo las pérdidas sufridas en el transporte del comercio atlántico, pero indica de modo evidente que el comercio holandés seguía conservando un cierto dinamismo. Desplazados del sector del transporte tradicional por la aparición de las flotas británica y francesa que, en la medida de lo posible, adoptaron una legislación proteccionista sobre el transporte de productos coloniales, privados de monopolios tan lucrativos como, por ejemplo, el refinado del azúcar, por el establecimiento de instalaciones paralelas en Nantes y Bristol, y obligados a enfrentarse con la competencia activa de las nuevas industrias parieras, como las industrias del lino de Inglaterra, Irlanda, Silesia y Elberfeld (que disputaban a los holandeses sus antiguos mercados), lo sorprendente es que el historial holandés fuese tan bueno.

Hubo dos factores, sobre todo, que dificultaron la continuidad de los éxitos holandeses en el siglo XVIII. En primer lugar, los comerciantes franceses y británicos se mostraron cada vez más reacios a adquirir partidas de intermediarios holandeses que solo presentaban una muestra del producto, pues si compraban a comerciantes de su propia nacionalidad podían tener la seguridad de que toda la partida sería de la misma calidad. Este punto era particularmente aplicable a las partidas de lino, pues estas pasaban algún tiempo en almacenes, esperando la llegada de un comprador y de un barco, y podían enmohecerse. Es decir, en las condiciones del siglo XVIII era posible asegurar un nivel superior, pero los holandeses no podían, en modo alguno, garantizar tal nivel. En segundo lugar, y esto es quizá más importante, el comercio holandés del siglo XVII había sido un comercio muy bien organizado, en el que los barcos casi nunca viajaban vacíos, por lo que el costo de los fletes era bajo. Esto era especialmente aplicable al comercio con la madera y el trigo del Báltico, que para la mayor parte de los países era un comercio altamente deficitario, pues importaban del Báltico más de lo que exportaban, por lo que la diferencia tenía que ser pagada en metales preciosos. Sin embargo, los holandeses cargaban arenques en salazón y sal de las salinas de Setúbal, en Portugal, y también vino, trayendo de vuelta madera y grano a las naciones del Mediterráneo. La aparición de pesquerías británicas, irlandesas y danesas, de carácter competitivo, y la pérdida del comercio de sal portugués, que pasó a manos británicas, dislocó profundamente ese modelo armonioso. Los británicos también se convirtieron en rivales en el mercado de la madera, y la participación holandesa en el mercado de la madera del Báltico descendió, de un 65 por 100 en la década de 1730, a un 31,9 por 100 en la década de 1780. A su vez, también experimentaron una cierta depresión las industrias dependientes del comercio de la madera, como las serrerías del Zaanstreek, los astilleros de Zaandam y las industrias de fabricación de cuerdas y velas para la navegación. Pocas industrias europeas sufrieron en el periodo que nos ocupa una depresión tan espectacular como las serrerías de Zaanstreek entre 1730, fecha en que su actividad alcanzó su punto culminante, contando con 256 serrerías, y el periodo de 1740-1765, en que se cerraron 47, quedando solo 144 en 1795. La decadencia de las industrias auxiliares, como la de fabricación de velas y pertrechos navales, también fue muy amplia.

Sin embargo, la actividad económica difería mucho de una región a otra y de una ciudad a otra. Durante la primera mitad del siglo XVIII, las Provincias Unidas fueron testigo de una decadencia de la producción textil en las ciudades más antiguas y de un aumento de la misma en ciudades más pequeñas y en el campo, lo que venía a confirmar una tendencia general en Europa. En el norte, la producción de lino empezó a decaer, a partir de 1725, frente a la competencia internacional, y la manufactura lanera de Leiden pareció decaer en proporción inversa al progreso de las pañerías de Brabante. En 1671 se produjeron en Leiden 139.000 piezas de paño; en 1725, 72.000; en 1775, 41.000, y en 1795, 29.000. Estas industrias dependían todas del mercado internacional, pues la población holandesa no era grande y el crecimiento demográfico holandés era lento: la población de 1.850.000-1.950.000 habitantes en 1700 había pasado a 2.080.000 en 1795-1796, experimentando algunas ciudades como Leiden, Delft y Haarlem un descenso de población. Ámsterdam y Rotterdam mantuvieron un desarrollo bastante equilibrado; Schiedam, centro de destilerías de ginebra, que era la industria holandesa más floreciente en ese periodo, y La Haya, ciudad de burócratas, fueron las únicas que mantuvieron un crecimiento continuo.

La población agraria experimentó claramente, excepto en ciertos reductos del sur de Holanda y en el Kwartier septentrional, un crecimiento relativo, a pesar del tifus, enfermedad típica de los subalimentados, y las fiebres tifoideas, propagadas por el agua, ambas de efectos devastadores. Pero si el excedente demográfico se orientaba hacia las ciudades, no era precisamente hacia las más antiguas. Uno de los polos de atracción era Brabante. La agricultura holandesa, muy especializada en la cría de ganado vacuno, tanto de carne como de leche, sufrió en el siglo XVIII algunos golpes de envergadura. En el periodo de 1744-1745, y en 1769, de nuevo, la peste llegó a matar hasta el 75 por 100 del ganado en algunas provincias. Además, la mayor parte del norte de Holanda quedaba inundada durante el invierno y las partes más bajas permanecían bajo el agua hasta seis meses al año. Existen indicios de que, hacia 1700, el nivel del agua comenzó a subir y las inundaciones se hicieron más prolongadas, por lo que el valor de las tierras comenzó a bajar. Y más claramente hay pruebas de la expansión del equesetum palustre, hierba que produce diarrea entre el ganado. Pero también había zonas en el centro de Holanda donde la agricultura parecía más boyante y donde los terratenientes hicieron importantes experimentos con forrajes. Pero el cuadro general lleva de modo irrefutable a la conclusión de que hubo una decadencia en el nivel de vida de la población trabajadora, tanto urbana como rural, conclusión reforzada por los indicios de estancamiento de los salarios y aumento de los precios y por la evidente pauperización de amplios sectores de la población holandesa, llegando a alcanzar en ciertas zonas de un 50 a un 60 por 100. Siempre es difícil encontrar criterios nacionales para determinar cuándo pasa una familia a ser pobre, pero parece que en las Provincias Unidas el número de mendigos, vagabundos y bandidos se acercó al existente en algunas partes de Francia. Además, la población hambrienta de las ciudades era muy volátil y se prestaba a ser manipulada por los disidentes políticos.

Por consiguiente, los comerciantes holandeses tenían que actuar sobre una base nacional que pasaba por momentos de verdadera depresión, consiguiendo beneficios a pesar de los problemas. Su preocupación más importante era la de cómo reinvertir sus beneficios. Esta preocupación la compartían los sectores bancarios y financieros tradicionales, de cuyas filas procedían muchos comerciantes y en cualquier caso ambos sectores, el mercantil y el bancario, se hallaban estrechamente relacionados en la actividad crediticia. Excepto en el caso de las destilerías, la industria holandesa no atraía inversiones. Por otro lado, la expansión en otras ramas del sector mercantil estaba limitada por las crecientes actividades de franceses y británicos. Los tipos de interés en la propia Holanda eran bajos, pero existía un campo para la inversión capaz de absorber todo lo que pudiesen ofrecer los holandeses: los préstamos a los gobiernos extranjeros. Aunque en Inglaterra abundaban los individuos que se oponían a que el dinero nacional fuese administrado por extranjeros y exageraron la participación holandesa en la deuda nacional, debiendo tenerse en cuenta también que los holandeses no eran los financieros más importantes a escala internacional, lo cierto es que la actividad mercantil holandesa creaba unos capitales que trataban de perpetuarse y recrearse mediante préstamos, grandes o pequeños, y que los británicos, los franceses, los Habsburgo, los Romanov, los españoles y los americanos eran fervientes prestatarios cuando se enfrentaban a un conflicto real o inminente. Este crecimiento de los préstamos fue positivo y, en términos puramente económicos, es posible hablar de un incremento global de la riqueza bruta holandesa en comparación con la decadencia relativa del comercio. En muchos casos, el mercado de capitales hizo que algunos hombres de negocios holandeses tuviesen una economía saneada, al tiempo que otros se hundían. Pero apenas infundió vida en la economía holandesa a escala global, por lo que simplemente contribuyó a acentuar la división de la sociedad holandesa entre un pequeño grupo de ricos y una gran mayoría de pobres. Por supuesto, un rasgo permanente de la sociedad holandesa fue la existencia de un grupo de banqueros y hombres de negocios adinerados, tradicionalmente reclutados entre los elementos más ricos de la comunidad mercantil, que abandonaban progresivamente el comercio a medida que el capital invertido producía mayores dividendos. No obstante, los comerciantes y banqueros no siempre tenían los mismos intereses. El grupo de los banqueros y financieros adinerados se beneficiaba de los conflictos bélicos; la industria y el comercio, de la búsqueda de la paz. Las industrias nacionales tal vez hubieran salido mejor libradas con la adopción de una política proteccionista, pero la República se adhirió tenazmente al laissez faire, a fin de mantener los modelos comerciales existentes y los ingresos centrales, siendo cada vez más difícil decir cuáles eran los intereses a los que servía la República.

La desaparición del odio a España y del miedo a Francia, enemigos tradicionales, cuya existencia había sido en cierto sentido un factor importante para la cohesión de las Siete Provincias, les hizo más conscientes de sus diferencias que de su comunidad de intereses. La presión fiscal, en buena medida indirecta, era probablemente mucho más fuerte en las Provincias Unidas que en ningún otro lugar de Europa. Los Estados Generales no se ponían de acuerdo sobre si el país debía dedicarse a reforzar el ejército y sus defensas terrestres, como propugnaban las provincias meridionales, con fronteras vulnerables, o incrementar su fuerza naval, como propugnaban las provincias marítimas. En cierto sentido, Inglaterra era un enemigo natural, ya que era el rival principal de los intereses comerciales y marítimos de la República, y la anglofobia se hallaba muy arraigada en las provincias marítimas. Sin embargo, los intereses bancarios holandeses se hallaban involucrados en el mercado monetario londinense y, tradicionalmente, las dos potencias protestantes habían evitado que Francia se extendiese a costa de los Países Bajos. La Casa de Orange y el estatúder se hallaban emocionalmente vinculados con Inglaterra, por lo que no había unas posiciones muy claras. En este sentido, no tiene ninguna importancia, cuando se sopesan los pros y los contras, saber si disminuyó o no en el siglo XVIII la riqueza bruta holandesa a nivel global, pues lo que sí es evidente es el sentimiento de decadencia, la crisis de confianza experimentada por los intelectuales holandeses y la conciencia de una falta de dirección. Este malestar no procedía en absoluto de la Ilustración, sino de las circunstancias nacionales, circunstancias que originarían la primera generación revolucionaria de Europa.

La estructura política de las Provincias Unidas era muy especial, aunque, inevitablemente, contenía, al igual que los otros gobiernos del siglo XVIII, elementos de mecenazgo y corrupción. La fuerza de las Provincias Unidas se había basado tradicionalmente en sus ciudades y villas que, al igual que las alemanas, las españolas y las de Italia del norte, eran prácticamente autónomas. Las ciudades estaban bajo el dominio de unos patriciados de los que se extraían los regentes. Los regentes, hacia finales del siglo XVII, habían hecho de sus cargos prácticamente un patrimonio de manera que, por ejemplo, a comienzos del periodo estudiado aquí, Ámsterdam estaba dominada por unas cuarenta familias que sellaban alianzas financieras de envergadura a través del matrimonio (con lo que generaban una riqueza aún mayor) y repartían cargos entre sus fieles. Naturalmente, los miembros de la burguesía media no veían con buenos ojos este sistema. En Holanda, la más rica y poblada de las Provincias Unidas, esta burguesía media había puesto sus esperanzas en el estatuderato, institución que provenía de finales de la Edad Media y que, en el periodo que estudiamos, había recaído en la Casa de Orange. Las riquezas de esta casa, tanto en Francia como en Holanda, dejaban pequeños, incluso, los recursos de los capitalistas de Ámsterdam. El estatúder fue, en principio, un magistrado de cinco provincias y era un cargo electivo en la medida en que los Estados de Holanda podían intervenir en su sustitución cuando moría. Las villas enviaban delegados a las asambleas provinciales que, a su vez, enviaban delegados a los Estados Generales, en los que el estatúder jugaba un papel muy importante como jefe de las fuerzas armadas. En los Estados Generales también se reconocía un enorme peso al gran pensionario, funcionario que hacía las veces de ministro de Hacienda y que procedía de la provincia de Holanda, dado que era la que más impuestos pagaba y, por consiguiente, podía reclamar el derecho a marcar la pauta acerca de su empleo. Sin embargo, las actividades políticas se repartían tradicionalmente entre el estatúder y los regentes, tradición rota por segunda vez de 1702 a 1747 cuando, tras los intentos de Guillermo III por hacer del estuderato una institución hereditaria, se dejó vacante el puesto. Durante este periodo sin estatúder, los Estados Generales se enfrascaron en polémicas de rutina y se aferraron a la política del pasado, como la alianza con los ingleses, mientras que, en las ciudades, los regentes ignoraban o aceptaban a voluntad las decisiones del órgano central y se manifestaban abiertamente casos de venalidad. Los que criticaban la política del momento señalaban la carencia de estatúder como la causa de todos los problemas holandeses e indicaban la conveniencia de nombrar un nuevo estatúder para controlar el poder de los regentes y revitalizar la economía.

La restauración del estatuderato y la elección de Guillermo IV, de la rama frisia, para el cargo, fueron las consecuencias inmediatas de un acontecimiento diplomático: la invasión de los Países Bajos austríacos por parte de los franceses en 1747, durante la guerra de Sucesión austríaca, lo que asustó a los holandeses. Tal restauración fue, de hecho, obra de los ultraorangistas, entre los que destacaba el conde William Bentinck, pero también contó con un amplio apoyo popular. Este apoyo popular estaba condicionado a que el estatúder atacase a las oligarquías urbanas y revisase la política fiscal. Las reivindicaciones populares llegaron hasta el estatúder de diversos modos. Las concentraciones de Doelisten (así llamadas por el lugar donde se reunían en Amsterdam) exigían el fin de la venalidad o, por lo menos, la venta de los cargos oficiales en un mercado abierto, la restauración de las regulaciones gremiales (cuya desaparición era asociada al deterioro económico) y la elección de los oficiales de la milicia entre los ciudadanos, en vez del empleo de partidarios de los regentes que luego utilizaban su potencia militar para sofocar las reivindicaciones populares. En Amsterdam, Haarlem, Rotterdam y Leiden se produjeron violentas confrontaciones con los arrendatarios de impuestos y sus funcionarios, y en Leiden los cabecillas populares, aunque no está claro que procediesen del pueblo, establecieron un gobierno municipal paralelo al de los regentes con la ayuda de los obreros textiles desempleados. Hacia 1748, la depuración de las regencias se convirtió en un punto importante de la plataforma política de los Doelisten, y el movimiento se extendió rápidamente por las ciudades de importancia, arrastrando a miembros de la pequeña burguesía, entre los que se encontraban también miembros de profesiones liberales y comerciantes, para solicitar que el nuevo estatúder luchase contra la corrupción de la oligarquía.

Pero los Doelisten se equivocaron de hombre. Guillermo IV estaba dispuesto a recortar hasta cierto punto el poder de los regentes con la intención de consolidar su propia posición y, de hecho, depuró a 17 de los 36 cargos municipales de Ámsterdam. Pero fueron inmediatamente remplazados por otros semejantes, aunque estos eran naturalmente partidarios de la Casa de Orange. Los representantes de los Doelisten fueron encarcelados y las manifestaciones reprimidas por tropas al mando del estatúder. Los reformistas fueron realmente aplastados. Las manifestaciones urbanas de 1748 aportaron algunos cambios, en la medida en que se abolió el arriendo de los impuestos. Pero los Estados Generales se aferraron a la idea de establecer impuestos indirectos en vez de un sistema de capitación, probablemente por buenas razones. El sistema de capitación hubiese exigido una nueva estimación de los ingresos de cada individuo, proceso de larga duración preconizado por todos los reformistas europeos, pero rehuido por los gobiernos que necesitaban dinero de inmediato. El propio estatuderato, y la Casa de Orange en su totalidad, se hallaba vinculado al mecenazgo y la venalidad por unos lazos que consideraba vitales para su existencia. Ni que decir tiene que Guillermo IV, al igual que su antecesor Guillermo III, se apresuró a meter en todos los cargos municipales y provinciales a hombres de su confianza. De este modo, el estatúder se convirtió en parte integrante de aquel sistema decadente y corrupto que en ningún momento estuvo asociado con la oligarquía de los regentes. La tendencia no se invirtió con su muerte, en 1751. Su sucesor, menor de edad, estuvo dirigido, al principio, por su madre y, luego, por Luis de Brunswick, aventurero extranjero que había conseguido de Guillermo V la cesión, mediante un documento secreto, de gran parte de su poder. El estatuderato se fue alejando cada vez más todavía de un sistema de gobierno firme, con lo que se completó el proceso de distanciamiento. Entre los burgueses ilustrados se levantaron voces condenando el sistema en su totalidad y ciertos elementos del patriciado aprovecharon la oportunidad para presentarse como los verdaderos defensores de la tradición republicana holandesa.

La guerra de los Siete Años, durante la que los holandeses mantuvieron una astuta neutralidad, supuso una especie de línea divisoria. A pesar de la presión que, tanto Francia como Inglaterra ejercieron sobre las Provincias Unidas, los holandeses fueron capaces de mantenerse al margen de la guerra. Después, tal posibilidad fue inviable. Es difícil calcular las consecuencias de la guerra, pues, evidentemente, los banqueros y financieros se beneficiaron de los numerosos aspirantes a prestatarios, y es posible que el comercio holandés se aprovechara de la interrupción de las actividades comerciales de los países beligerantes. Esto no evitó que después de la guerra se produjese una importante recesión económica, cuando las mercancías que británicos y franceses habían acumulado durante la misma inundaron los mercados europeos y los almacenes de Ámsterdam se vieron repletos de mercancías a las que era difícil dar salida. La década de 1760 también fue testigo de una cierta dislocación en el mercado monetario de Ámsterdam, atribuible a las dificultades financieras de los gobiernos europeos. Los gobernantes trataron de mejorar su situación financiera por medio de una reforma fiscal o una reducción de los gastos, y las instituciones financieras europeas se vieron desagradablemente sorprendidas por algunos casos de bancarrota. Incluso los británicos dieron la impresión de ser deudores inseguros. La actividad política se centró en el problema, aparentemente sin solución, de la defensa de los Países Bajos: ¿era mejor invertir en la marina holandesa, para proteger el comercio, o en el ejército, para proteger las fronteras? Este problema no fue, quizá, muy importante mientras el país se mantuvo neutral, pero, durante la década de 1770, la política internacional tomó un rumbo que no podía dejar de interesar a los holandeses, y no hubiese sido razonable afrontar un conflicto sin unas defensas sólidas. La guerra de la Independencia americana abrió la perspectiva de acabar con el dominio británico en el Atlántico y, por tanto, la de un posible avance holandés. Esta idea interesó a los grupos mercantiles anglófobos y entusiasmó a los antiorangistas, dado que esta casa estaba asociada a la alianza tradicional con los ingleses, y también provocó la intervención del capital holandés en los asuntos americanos. La visita de John Adams a los Países Bajos tuvo como objetivo patente buscar ayuda financiera para la guerra y, en 1782-1788, fueron reunidos 9 millones de florines por un consorcio de instituciones financieras. El capital holandés se sintió, quizás, atraído por la perspectiva de obtener rápidos beneficios de unas existencias que podían vender fácilmente a un público crédulo excitado por la perspectiva de una derrota británica. O, quizá, simplemente no sabían qué hacer con su dinero. Pero estas operaciones financieras tuvieron también connotaciones políticas entre un sector del pueblo holandés, que posteriormente sería conocido con el nombre de «patriota». Los patriotas vieron en la guerra de Independencia americana y en la cuarta guerra anglo-holandesa (1780-1784) la posibilidad de introducir en las Provincias Unidas unos cambios políticos y constitucionales radicales.

Por supuesto, la guerra con Inglaterra significó el abandono de la neutralidad que los comerciantes holandeses eran propensos a considerar esencial para sus actividades mercantiles, pero el conflicto anglo-americano había impedido el comercio holandés con el continente americano debido al bloqueo, por lo que desapareció su hostilidad tradicional. Teóricamente, los británicos consideraban como actividad prohibida el comercio de armas y de mercancías paramilitares. No obstante, los comerciantes holandeses estaban desarrollando desde 1775 un activo tráfico de armas con las colonias, almacenando material bélico en la isla de San Eustaquio, en las Indias Occidentales. Cuando estalló la guerra en 1776, los comerciantes pidieron a los Estados Generales que decretasen la formación de convoyes para ayudarlos a forzar el bloqueo. Los Estados Generales trataron de evitar una decisión que llevaría a la República al conflicto armado contra los británicos, pero los acontecimientos arrollaron tan conservadora cautela. Se decía que los comerciantes de Ámsterdam y los americanos estaban discutiendo un posible tratado comercial, y que el gobernador de San Eustaquio había reconocido la bandera americana y permitía que barcos americanos se refugiasen en los puertos de la isla. También los franceses deseaban que los holandeses tomasen parte activa en el conflicto, pues estaba claro que el abandono de la alianza tradicional con los ingleses haría posible la reconciliación entre los Países Bajos y Francia. Los holandeses firmaron la constitución, bajo la égida de Catalina la Grande, de la Neutralidad Armada del Norte, específicamente destinada a asegurar el derecho de los países neutrales a mantener relaciones comerciales con cualquier potencia beligerante sin la interferencia de los enemigos de dicha potencia. Diez días después (en diciembre de 1780), se dio un paso más decisivo al declarar la guerra a los británicos. Se trató de una decisión inmensamente popular, que contó con el apoyo de los sectores mercantiles y bancarios y con el de los patriotas y supuso un golpe muy importante para el estatúder, ya que este encarnaba la tradicional política de alianza con los ingleses y, como jefe de las fuerzas armadas, se encontró en una situación que hubiera deseado evitar.

Sin embargo, y a pesar de la popularidad de la guerra, la derrota holandesa sería clamorosa. Las colonias holandesas capturadas por los británicos solo fueron recuperadas tras la paz por medio de la ayuda francesa. Las pérdidas navales fueron muy importantes y las casas aseguradoras sufrieron sucesivas bancarrotas. El entusiasmo bélico de las provincias no marítimas era mucho menor que el de Holanda y, cuando se vislumbró la posibilidad de un desastre, la integridad de las Provincias Unidas se vio amenazada.

El hecho de haber sido derrotados por los británicos, mientras sus amigos americanos surgían victoriosos, no tuvo otro efecto que el de reavivar el fuego del radicalismo político holandés: «América se constituyó en un espejo para su propia República en el que pudieron ver por un momento una imagen idealizada del heroico patriotismo»[1]. El movimiento patriótico comenzó a extenderse por medio de una ola de asambleas públicas, el desarrollo de una prensa mordaz, campañas reivindicativas y agitación en favor de una milicia de ciudadanos. ¿Quiénes eran los agitadores? En cierto sentido, eran una minoría dentro de la población holandesa, pero tenían un apoyo pasivo mucho más numeroso. Algunos eran aristócratas acaudalados, como el barón Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Otros eran personas acomodadas y muchos más pequeños burgueses, comerciantes, burócratas, abogados, profesionales, miembros de los gremios y, sobre todo, en cuanto a número, artesanos. También participaron en este movimiento algunos clérigos y, tanto el púlpito como las reuniones gremiales se convirtieron en medios eficaces para aglutinar voluntades y mantener contactos en las pequeñas ciudades aisladas, pues las zonas rurales no adoptaron ningún compromiso político.

El grado de agitación política no era en modo alguno el mismo en todas las provincias, por lo que en este caso no se aplica la tradicional diferencia de actitudes entre las provincias marítimas y las del interior, o entre Holanda y el resto. Holanda se hallaba dividida en ciudades patrióticas, como Ámsterdam, y ciudades orangistas, especialmente Delft y Rotterdam; esto es, en ciudades en las que los regentes estaban dispuestos a colaborar con los patriotas y aquellas otras en las que los regentes los rechazaban categóricamente. Las ciudades de Zelanda eran, en general, orangistas. Overijssel, Utrecht y Güeldres tenían algunas ciudades muy activamente patrióticas, pero las dos últimas tenían asambleas provinciales fieles al estatúder. En las provincias del interior la escisión entre las ciudades, que eran patrióticas, y el campo, que era orangista, fue muy clara. En estas provincias no existía esa poderosa clase regente que se encontraba en las grandes ciudades de las provincias marítimas y los burgueses se enfrentaban, más bien, a una pequeña nobleza rural que controlaba las asambleas provinciales y asociaba su supervivencia y su dominio político con el mantenimiento del poder orangista. En las provincias marítimas, las ciudades se dividían entre aquellas cuyos regentes debían su cargo a la Casa de Orange y aquellas cuyos regentes suponían que el movimiento patriótico podía ser manipulado y puesto al servicio de la política antiorangista de los propios regentes.

Si bien los patriotas no eran sino una minoría en comparación con la totalidad de la población holandesa, tenían una importancia mucho mayor si se los considera como una parte de la población políticamente consciente. Además, contaban con dos periódicos de amplia difusión y un programa político lo suficientemente demoledor como para obtener amplio apoyo urbano. Este programa pedía la eliminación del estatuderato y, más específicamente, la destitución de Guillermo de Brunswick y la abolición del control ejercido por la corrupta oligarquía municipal y también de las asambleas provinciales, tendentes a apoyar los intereses de la nobleza rural. Las reivindicaciones de los patriotas incluían también una prensa libre y una milicia de ciudadanos. Pero existía un aspecto de la cuestión menos claro, pues, aunque en comparación con el resto de Europa, la República de los Países Bajos parecía ya muy descentralizada, los patriotas defendían una mayor autonomía, tanto provincial como local. Pero tampoco es posible asegurar nada a este respecto, pues las ideas de los patriotas de Utrecht tal vez difirieran de las de los de Güeldres. Tampoco se puede decir que los patriotas reivindicasen un régimen democrático, sino, más bien, la ampliación de los derechos políticos a los ciudadanos con educación y ciertos medios; es decir, los hombres capaces, en su opinión, de comprender la realidad política. En cuanto a medidas prácticas se refiere, los patriotas dieron un gran paso adelante al crear los «cuerpos libres» o milicias de ciudadanos. Estos cuerpos tenían una cierta experiencia histórica en la defensa de la República, pero ahora se convirtieron en el brazo principal del movimiento patriótico y demostraron al estatúder la fuerza de la oposición política. Conscientes del desconcierto de Guillermo V en medio de la derrota marítima holandesa y del crecimiento del movimiento patriótico, los regentes de Holanda atacaron en 1782, primero, a Brunswick, que se vio obligado a abandonar La Haya, y, en segundo lugar, al estatúder y su familia, quienes tuvieron que abandonar las riendas de gobierno.

Solo a partir de entonces se esforzó el movimiento patriótico en especificar sus ideas constitucionales, elaborando en junio de 1785 un proyecto de constitución que tenía grandes semejanzas con la Declaración de Independencia americana. Sin embargo, ya se había puesto de manifiesto la clara dicotomía de intereses entre regentes y patriotas, así como entre asambleas aristocráticas y patriotas. Además, la llegada de la paz, en 1784, no significó la vuelta a la estabilidad en las relaciones internacionales. José II se había aprovechado de la crisis del Escalda para enviar un navío austríaco a través de los canales cerrados por el tratado de Munster (1648) y, conmocionados por cualquier cosa que prefigurase la apertura de Amberes, los holandeses pidieron ayuda a Francia. Pero los franceses no estaban en condiciones de realizar ningún gesto amenazador, aunque el congreso de los cuerpos libres logró una alianza defensiva. Sin embargo, Gran Bretaña también estaba interesada y mucho más dispuesta a restablecer la alianza con los holandeses, si bien a través de la Casa de Orange, y el embajador británico Harris recibió fondos para promover la causa orangísta. El resurgimiento del problema del Escalda consiguió enturbiar más aún las aguas de la política de los Países Bajos. Los bastiones patrióticos, gobernados por consejos de burgueses, trataron de acelerar el proceso de conversión de la población rural patriótica, logrando algunos éxitos entre el campesinado católico, aunque en muchos casos esto no sirvió sino para empujar al resto hacia posiciones más firmemente orangistas. En conjunto, los patriotas se contentaron con esperar a que los Estados Generales estuviesen copados por delegados del movimiento patriótico, pero ello no tuvo lugar sino de un modo muy lento. En algunas provincias, como Utrecht y Frisia, apareció un panorama político tripartito, compuesto por patriotas, nobles de las asambleas provinciales y orangistas, tendiendo estos dos últimos grupos a aliarse. La República parecía haber llegado a un estancamiento político cuando, en junio de 1787, la princesa de Orange, que no soportaba el exilio, se dirigió a La Haya. Rudamente tratada por un destacamento de los cuerpos libres, se retiró a Nimega. Su hermano, el rey de Prusia, invadió la República y los patriotas se asustaron, huyendo muchos de ellos a Francia, mientras que los orangistas fueron reestablecidos en La Haya.

Evidentemente, se trató de una derrota señalada, pero no significó el final para el movimiento patriótico. Los orangistas no se sentían seguros y la prensa y las asambleas patrióticas continuaban existiendo. Los acontecimientos políticos de Francia despertaron gran expectación y los patriotas reafirmaron su voluntad política al ver las analogías en el desarrollo político de los dos países, al mismo tiempo que subrayaban las peculiaridades de la situación holandesa. Los patriotas vieron progresivamente la salvación política de su país en una alianza entre ellos y los políticos revolucionarios franceses. Todavía no habían experimentado los desmoralizadores efectos de una ocupación francesa en nombre de la libertad política.

[1] S. Schama, Patriots and liberators: revolution in the Netherlands, 1780-1813, Londres, 1977.

XI. LA FRANCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Francia gozó de una cierta preeminencia entre los países europeos, aunque quizá menor de lo que supone la tradición historiográfica francesa. Esta preeminencia era un reflejo del peso demográfico de dicho país, ya que el número de franceses era mayor que el de cualquier otra nacionalidad, de su ascendiente cultural sobre Occidente y de sus tradiciones políticas, basadas en el modelo de Versalles, que muchos otros monarcas europeos se esforzaron en imitar y que ofrecía al mundo la imagen de un formidable despotismo. Francia tenía, probablemente, el PIB más alto de Europa y era uno de los países económicamente más desarrollados, aunque en algunas regiones tuviera intensos problemas de pobreza. Además, la vida política francesa era de una fragilidad intrínseca que pocos pudieron percibir en 1730, pero que era evidente en 1789. El marco social e institucional del Antiguo Régimen era una mezcla de elementos antiguos, medievales y modernos. En concreto, en el gobierno de la Francia del siglo XVIII actuaban dos factores que trataban de llevar al país por distinto camino. El primero era una fuerza centralizadora, compuesta por el rey y una serie impresionante de consejos y ministros concentrados en Versalles y en estrecho contacto con los intendentes de la administración local. El segundo era la vieja fuerza descentralizadora de las asambleas provinciales, parlements, bailliages y sénéchaussées que defendían los derechos tradicionales y que trataban de contener los ataques monárquicos a los privilegios y derechos locales. «L’ancien régime», escribió Marcel Marion, «ne détruisait rien, il préférait laisser végéter». Esta frase resume el espíritu de la administración en el Antiguo Régimen. Este reposaba sobre una base de asambleas y tribunales de justicia medievales, y de funcionarios venales, incontrolados e incontrolables en sus cargos. Por encima de ellos se habían colocado en el siglo XVII unos consejos y los intendentes nombrados por el rey, que realizaban la mayor parte de las tareas de gobierno. Algunas de las reliquias de la Edad Media eran tan obsoletas que resultaban inútiles (este era el caso, por ejemplo, de los tribunales fiscales o élections), pero otras (como los parlements y algunas asambleas provinciales) gozaban de una vitalidad considerable. Además, en ocasiones, una institución aparentemente moribunda encontraba ánimos suficientes para salir en defensa de sus intereses. Se puede decir que la administración del Antiguo Régimen estaba poblada de fantasmas que, en su gran mayoría, no se resignaban a permanecer inactivos durante largo tiempo. Hacia 1730 debía parecer que la más muerta de todas las instituciones era la de los Estados Generales.

En la cúspide de la estructura administrativa y judicial se encontraba el rey, legislador supremo. Teóricamente, tornaba sus decisiones tras consultar con los consejos, aunque no tenía por qué asumir sus propuestas. Estos consejos eran, hacia 1740, seis: el Conseil d’Etat (d’ en haut, secret), presidido por el rey y compuesto por ministros elegidos por el monarca para tratar de los grandes asuntos de Estado y, especialmente, de los asuntos exteriores; el Conseil des Dépêches, relacionado con el gobierno cotidiano del país; el Conseil des Finances, encargado de la política fiscal, cuyas actividades a veces corrían caminos paralelos a las del Conseil de Commerce; el Conseil de Conscience, encargado principalmente de la entrega de beneficios eclesiásticos y, finalmente, el Conseil Privé o des Partis, encargado, sobre todo, de los conflictos entre jurisdicciones. Compuestos por ministros nombrados por el rey, junto con los secrétaires d’Etat, el chancelier y el contrôleur général y 80 o más maîtres des requêtes del Conseil Privé, los consejos eran, en palabras de Alfred Cobban, simplemente la fachada, pues las tareas reales del gobierno estaban en manos de un puñado de funcionarios. Entre estos era el contrôleur général quien ejercía probablemente una mayor influencia, porque los problemas de gobierno eran, en su mayor parte, de naturaleza financiera y él era el responsable de las finanzas reales, la agricultura, la industria, los puentes y las carreteras. Después estaban los cuatro secrétaires d’Etat (de Asuntos Exteriores, Guerra, Marina y la Casa Real). Estos podían tener iniciativas propias y, de hecho, tomaban decisiones que el monarca normalmente aprobaba. El cargo de mayor prestigio era el de chancelier, que era considerado la personificación de la justicia. Todos los ministros y secretarios eran nombrados por el rey, y lo mismo ocurría con los intendentes, quienes ejecutaban la voluntad real a nivel local. Los treinta y cuatro intendentes eran responsables, en su généralité, de los mismos asuntos que el contrôleur général a nivel nacional. No podían legislar, pero sí determinar hasta qué punto se ejecutaba la política del rey en provincias, utilizando el material proporcionado por los subdélégués, que eran agentes sin salario, por regla general. Los intendentes eran, pues, importantes fuentes de información para el gobierno central y, a menudo, podían forzarle la mano, aunque fuese de modo indirecto.

La voluntad del rey se expresaba, por lo general, a través de edictos. Para que un edicto pudiera convertirse en ley era necesaria su ratificación por los parlements provinciales, quienes consideraban la compatibilidad del edicto con el derecho existente, puesto que la función de los parlements consistía en velar por el derecho provincial. Cada uno de estos parlements tenía el derecho de remontrance o protesta contra cualquier edicto, y podía impedir su conversión en ley. Pero este derecho de remontrance podía ser superado mediante la convocatoria por parte de la monarquía de un lit de justice, en el que el rey ordenaba personalmente a los parlements la aceptación de su edicto. Puesto que no era posible contradecir al rey en su presencia, los parlements se veían ante la disyuntiva de asentir o aceptar el exilio. Por supuesto, tales pruebas de fuerza debían ser evitadas si se pretendía administrar al país sin conflictos. Por otro lado, es igualmente evidente que los parlements representaban un obstáculo frente a la extensión sin límites del poder monárquico. Es probable que Montesquieu estuviese ya trabajando hacia 1740 en su De l’esprit des bis, en donde hacía hincapié en la obligación especial de los parlements de actuar como freno al despotismo y como guardianes de la ley. Al abrazar la causa jansenista y oponerse al registro de la bula Unigenitus, como quería la monarquía, hubo ya un presagio de la feroz lucha entre parlement y monarquía que caracteriza a la historia francesa. Baste decir por el momento que esta elite aristocrática (puesto que los parlementaires eran miembros de la nobleza y cerraban filas en su actividad política) disponía de una forma insatisfactoria de poder negativo. Esta forma de poder podía dificultar e, incluso, impedir que un ministro de la Corona llevara a cabo sus proyectos y, por consiguiente, derribar a algún ministro, pero no podía determinar la política de la monarquía.

Se suele decir que los parlements constituyeron una importante fuerza descentralizadora en la historia francesa y, sin duda alguna, así fue, a pesar de su alegación de que era precisamente su existencia la que hacía posible el Estado unificado, al garantizar los derechos históricos de cada uno. Pero nada por el estilo fue alegado por las asambleas provinciales. Limitadas en el siglo XVIII a las provincias de Languedoc, Bretaña, Borgoña, los Flandes valones, Provenza y algunos enclaves de los Pirineos –y con fuerza real solo en los tres primeros casos–, las asambleas provinciales tenían como única misión velar por los privilegios de la provincia. Esto significaba que tales asambleas provinciales debían ser consultadas acerca de la cantidad a pagar por la provincia en concepto de impuestos y supervisar la recaudación mediante sus propios funcionarios. En las provincias que contaban con tales asambleas (pays d’états), la influencia del intendente era escasa, pues era fundamentalmente un funcionario económico. Además, solo había un intendente por provincia y ¿cómo podía administrar un solo individuo una provincia del tamaño de Bretaña o Languedoc?

La respuesta es que no podía hacerlo y que, además, sus manos se vieron cada vez más atadas durante los últimos cincuenta años del Antiguo Régimen por una mayor afirmación de las asambleas provinciales, especialmente en el caso de Bretaña. Existía la convicción general de que la mayor parte de la carga fiscal recaía sobre los pays d’élections (regiones sin asambleas provinciales), puesto que la capacidad negociadora de las asambleas provinciales aseguraba a sus regiones un trato de favor. Esto era, sin duda, cierto, como lo era también la inmunidad de algunos de los pays d’états (Bretaña y Flandes) con respecto al grueso del impuesto sobre la sal (gabelle).

El concepto de provincia estaba muy arraigado en toda Francia. Bretones, flamencos, loreneses, alsacianos, etc., tenían un sentido muy elevado de su identidad provincial y, allí donde los límites provinciales eran históricamente fluidos, como en el caso de gran parte del Languedoc, este sentimiento era remplazado por una especie de regionalismo: el habitante de Gévaudan o del Pays de Velay pensaba más en su terruño que en la entidad provincial. Estos sentimientos eran, en parte, meramente emotivos, pero reflejaban una desconfianza con respecto al forastero, un recelo hacia todo lo que fuera nacional o central. En vísperas de la revolución, el gobierno trató de asegurarse ciertos apoyos fomentando estos sentimientos y delegando los poderes fiscales del intendente en los pays d’élections en las asambleas provinciales, instituidas siguiendo el modelo de los estados provinciales del Languedoc. Esta iniciativa no logró salvar al gobierno del Antiguo Régimen, pero refleja el progreso de la tendencia descentralizadora en un gobierno teóricamente centralizado.

En Francia, y durante el Antiguo Régimen, no es posible tratar separadamente los problemas constitucionales y los financieros, pues se trataba de asuntos estrechamente relacionados.

La historia de los asuntos constitucionales y financieros durante el siglo XVIII se halla muy influida por dos ideas que han sido los puntos de referencia de muchos libros de texto. La primera de ellas es que las dificultades económicas de Francia eran la consecuencia del hecho de que los grupos sociales privilegiados, esto es, la nobleza y el clero, estaban exentos de obligaciones tributarias, inmunidad preservada por la política de los parlements. Esto fue lo que Calonne defendió en 1787 ante la Asamblea de Notables y, si no logró convencerlos de su racionalidad, parece que logró convencer a las generaciones siguientes. Esto implica que el sistema fiscal francés era sólido, excepto en el caso de las exenciones fiscales interesadas. La segunda idea se refiere a la relación existente entre el rey y sus ministros con los parlamentos, relación siempre belicosa, que ha sido presentada como una batalla entre los reformistas interesados en lograr un clima de honradez y eficacia y los privilegiados con intereses creados[1] y, a partir de aquí, por extensión, entre buenos y malos. Esta es una interpretación realizada tal vez pensando en la Revolución. En opinión de los que en el siglo XIX condenaron la revolución y sus excesos, era posible discernir en la política de los ministros del rey un programa de reformas, ahogado por la oposición de los parlements, que de haber sido puesto en práctica habría podido evitar quizá la revolución. Incluso para Alfred Cobban, la revolución sobrevino como «una nevada sobre árboles en flor» y «el Antiguo Régimen habría tenido más posibilidades de sobrevivir si en él hubiese habido cabida para un ministro como Turgot»[2]. Turgot, y esto habría sido sorprendente para sus coetáneos, ha merecido la aprobación de la posteridad, por dos razones, posiblemente. Si pensamos en términos de honradez ministerial contra malevolencia parlamentaria, en este caso es posible describir su caída tras la derrota de sus seis edictos como prueba definitiva de la inmoralidad parlamentaria. En segundo lugar, como defensor de una política fisiocrática de laissez faire, fue visto con desconfianza por los parlements, mientras que para los librecambistas del siglo XIX era más que aceptable. Por consiguiente, se puede decir que las actitudes historiográficas hacia Turgot, chivo expiatorio del deseo de sangre de los parlements, simbolizan la convicción de que todas las virtudes se encontraban en el campo del rey y todos los intereses egoístas y miopes, en el campo de los parlements.

Las investigaciones más recientes han puesto en tela de juicio estas suposiciones tan simplistas y han insistido en que el despotismo monárquico, la conducta anticonstitucional y la mala gestión de los ministros, la incoherencia de la política seguida y las actitudes francamente contradictorias con respecto a la reforma financiera son elementos que no deben olvidarse a la hora de emitir un juicio. De modo especial, al estudiar los temas constitucionales es necesario tener en cuenta, tanto la agresión monárquica como la hostilidad y el supuesto interés de los parlements en socavar la autoridad monárquica. Y también es necesario considerar algunos otros puntos flacos del sistema fiscal, además de las inmunidades de la nobleza.

«El gobierno arbitrario, en el que la única ley es la voluntad del príncipe, no existe en los Estados bien organizados; no tiene cabida entre nosotros; es manifiestamente contrario al gobierno legítimo» (Bossuet). Estas palabras no fueron escritas por un filósofo del siglo XVIII determinado a ampliar la base del gobierno, sino por un teólogo del siglo XVII, confesor de Luis XIV, monarca que definía su autoridad haciendo referencia al derecho divino de los reyes. Desde este punto de vista del Antiguo Régimen, el poder del rey se concebía como una autoridad que evitaba el despotismo, al estar moderada por la influencia de la ley. Los defensores más importantes de dicha ley eran los parlements, quienes quizás protegían los privilegios individuales y colectivos, pero solo en la medida en que estos privilegios constituían una parte esencial del derecho consuetudinario francés. Toda violación de la ley por parte de la monarquía equivalía a un cambio de dirección del poder monárquico, tendente a convertirse en un poder despótico o arbitrario.

Durante la década de 1640, los parlements se opusieron, naturalmente, a los intentos de Mazarino de recaudar dinero por medios anticonstitucionales, esto es, utilizando financieros que adelantaban dinero a la monarquía a cambio del establecimiento de contribuciones extraordinarias y no sancionadas por la ley sobre el pueblo en general. Al menos el parlement de París dio el paso fatal de llevar su oposición hasta el punto de llegar a una violenta guerra civil, pero pagó esta decisión con la reacción de un pueblo cansado de guerras que permitió a la monarquía, en la segunda mitad del siglo XVII, despojar a los parlements de su derecho de remontrance contra los edictos reales, por lo que Luis XIV se vio libre, en adelante, de la obligación de recurrir a un lit de justice.

Sin embargo, Luis XIV no trató de llevar más lejos su control y dejó de recurrir a los impuestos irregulares. Cuando su ministro trató, a modo de prueba, de imponer una contribución sobre Bretaña, una de las provincias privilegiadas, provocó una insurrección y se echó atrás. No acabó con los parlements ni consideró tal opción, porque creía en lo que Bossuet definía como gobierno legítimo, y un gobierno legítimo en Francia significaba forzosamente el reconocimiento de la ley y de sus guardianes.

La tendencia a una monarquía fuerte, surgida tras los desórdenes de la Fronda, no sobrevivió al siglo XVII. Las exigencias militares, los desbarajustes financieros producto de unos costos bélicos elevados, los apuros económicos debidos a las malas cosechas y la peste cambiaron el rumbo de los sentimientos populares. La muerte de Luis XIV fue la ocasión para que el regente devolviese los plenos poderes a los parlements, a fin de conseguir la anulación del testamento de Luis XIV que limitaba la autoridad del regente.

Los parlements, nuevamente con plenos poderes, no adoptaron en absoluto una actitud turbulenta. Si aprendieron algo durante los cincuenta años anteriores fue que su supervivencia estaba condicionada por el mantenimiento del orden público y una estricta definición de su papel tradicional. Orleans, el regente, y Fleury, primer ministro de Luis XV, trataron abiertamente de ignorar o negar tal papel. Para el primero, la restauración del derecho de remontrance fue el precio a pagar por verse libre de las intromisiones de un consejo de regencia gracias a la anulación por el parlement del testamento del rey. Una vez conseguido esto, tanto el regente como Fleury mostraron un desprecio total hacia la autoridad de los parlements, excepto en tiempo de crisis, especialmente en dos problemas vitales: la aprobación de la bula Unigenitus y los asuntos económicos. Con ello provocaron una actitud defensiva que hizo cada vez más difícil un entendimiento entre ambas partes.

En el caso de la bula Unigenitus, Fleury llevó el conflicto, en 1730-1731, mucho más allá de su carácter religioso, trasladándolo al peligroso terreno constitucional de si el rey debía actuar dentro de la ley o independientemente de ella. Es posible que para la posteridad este problema parezca considerablemente teórico. La objeción de los parlements a la bula Unigenitus, promulgada en 1715, que condenaba la obra del jansenista Quesnel, era que contravenía las llamadas libertades galicanas de la Iglesia francesa, y este podía ser el caso del tendencioso artículo 91, según el cual no se podía modificar el juicio de la Iglesia universal en cuestiones espirituales. Entre 1715 y 1730, el problema pareció agotarse, después de producir desgarros tanto en la jerarquía eclesiástica como en el poder secular. Pero, en 1730, Fleury desempolvó la cuestión mediante una declaración en la que pedía que «la bula Unigenitus siendo una ley de la Iglesia debería ser considerada también como una ley de nuestro reino». Un lit de justice celebrado en abril de 1730 en el que se pedía sumisión, las medidas prohibiendo a los magistrados discutir la legislación que obligaba a aceptar la bula sin reservas y los intentos de conseguir su reconocimiento a través de la Grand’ Chambre, la cámara más dócil del parlement de París, no lograron convencer a los parlements. La más extrema de todas estas medidas fue un decreto del consejo real, de marzo de 1731, que garantizaba el derecho de la Iglesia a imponer su censura espiritual sin referencia a la autoridad secular. Tal decisión despertó todos los problemas de la autoridad de los poderes temporal y espiritual, cuyas raíces se hundían en el cristianismo medieval. Un decreto del parlement de septiembre de 1731 reafirmó la independencia total de la autoridad secular, única que tenía poderes coercitivos, la subordinación de los clérigos al poder temporal y la impotencia de la autoridad eclesiástica para determinar la frontera entre este y el poder secular. A modo de réplica, Fleury limitó el derecho de los magistrados a la libertad de expresión sobre el problema de la autoridad de los dos poderes, aunque les aseguró que ello sería durante un tiempo limitado.

Escaso consuelo, bien es cierto, pero lo peor estaba por llegar. Por motivos difíciles de determinar, la opinión pública abrazó la causa jansenista. Se corrió el rumor de que ocurrían milagros alrededor de la tumba de un joven diácono llamado Pâris, tenaz crítico de la bula Unigenitus, y multitudes acudieron al lugar para rendir homenaje. Como resultado de ello el gobierno cerró en enero de 1732 el cementerio de Saint-Médard y, aunque los parlementaires no se oponían a esta medida, se les prohibió discutir todo aquello que estuviese relacionado con la bula.

Una limitación tan arbitraria de los privilegios del parlement provocó la respuesta inmediata y los magistrados se mostraron dispuestos a realizar una huelga judicial. Fleury arrestó y mandó al exilio a sus principales oponentes, tras lo cual el grueso de los magistrados del parlement de París dimitieron en bloque. Pero esto no podía quedar así. A los parlamentos se les reconoció el derecho de remontrance, pero una declaración real insistió en que solo la Grand’ Chambre tendría capacidad para decidir si una ley era compatible o no con las leyes fundamentales del reino y prohibió las huelgas judiciales. La hostilidad de los parlementaires fue contrarrestada por un lit de justice que les obligó a registrar dicha declaración y, como los magistrados se mostrasen inflexibles, se mandó al exilio a 139 de ellos. El resultado fue un caos judicial en el que la monarquía se convirtió en la parte más perjudicada, llegando finalmente a un compromiso mediante la suspensión de la declaración impuesta a través del lit de justice. Pero esto representó la única victoria conseguida por los parlements porque, durante el tiempo que Fleury ocupó su cargo (hasta 1736), prohibió que los tribunales interviniesen en asuntos relativos al reconocimiento de la bula Unigenitus.

La batalla en torno a esta bula tiene importancia, tanto para la historia de la monarquía francesa como para la historia de los parlements. Luis XV apoyó las ideas del cardenal Fleury, quizá porque, como sugiere Cobban, el monarca estaba bajo la influencia del partido devoto, o quizá porque había confiado en un solo hombre, un primer ministro, creyendo, al igual que otros muchos monarcas franceses antes que él, que con ello controlaría más directamente la política. Pero fue una elección desacertada que suscitó problemas innumerables, porque Fleury privó a la monarquía francesa del firme apoyo de la tradición galicana, reduciendo de ese modo la autoridad de la Corona en temas de naturaleza espiritual. Y, lo que fue incluso más importante, atacó los fundamentos, lo que los franceses consideraban como soberanía legítima, una soberanía basada en el imperio de la ley que, como Bossuet nos recuerda, no se convirtiera en gobierno arbitrario. La filosofía de la Ilustración estaba erosionando velozmente el concepto de una monarquía basada en el derecho divino de los reyes y sustituyéndolo por el ideal de una monarquía situada bajo el control de la ley. El registro de la bula Unigenitus fue «realizado de una forma totalmente arbitraria, sin respetar los procedimientos ordinarios del derecho. Allí quedó patente la impotencia, y no la fuerza de la ley frente al autoritarismo real»[3].

Al mismo tiempo, la década de 1730 fue un importante punto de partida para los miembros de los parlements. En conjunto, y en lo que respecta al conflicto de la bula Unigenitus, se comportaron responsablemente, con moderación, e insistieron en que no pretendían mermar la autoridad monárquica –de hecho, la tradición galicana que querían proteger era un aspecto de esa autoridad– y en que lo que pretendían era velar por la soberanía de la ley. Tanto el regente como Fleury habían tratado al parlement de París con desprecio, empleando medios arbitrarios e ilegales para imponer sus dictados. Los parlements se convirtieron en asambleas cínicas, desilusionadas y a la defensiva a partir de la década de 1730. La bula Unigenitus fue el primer paso en un camino que llevaría a la perdición, tanto al rey francés como a los tribunales soberanos.

En comparación con los conflictos creados por la bula Unigenitus, los problemas financieros durante la época en que Fleury fue responsable de la política francesa fueron de escasa consideración, aunque, incluso en este caso, Fleury se inclinó por el procedimiento del lit de justice para tomar ciertas medidas sin acudir a los tribunales. Merece la pena estudiar las diversas actitudes con respecto a los impuestos antes de examinar la fragilidad del sistema fiscal francés, porque es importante conocerlas para comprender las difíciles relaciones entre el rey y los parlements.

Se partía de la idea de que el rey debía vivir, en tiempos de paz, de lo suyo; es decir, del producto de los dominios regios, de los impuestos directos tradicionales, de la taille y de los impuestos indirectos consuetudinarios. En tiempos de guerra se podían recaudar impuestos directos de carácter extraordinario con el consentimiento del parlement. Con la capitación de 1695 ya se había comenzado a atacar el principio de la exención de la nobleza de los impuestos directos, pero la introducción de nuevos impuestos directos sin la justificación de una guerra solo llegó con la regencia. A esta idea se añadía un gran recelo hacia cualquier intento de desviarse de los métodos tradicionales de financiación del Estado y hacia los ministros de Hacienda, especialmente si eran extranjeros, sospechosos de llenarse los bolsillos por medios poco limpios. El uso y abuso de los traitants por Richelieu y Mazarino, que dio lugar a la Fronda, estaba aún muy reciente. La oposición de los parlements a los proyectos de John Law durante la regencia debería ser considerada en un contexto de desconfianza hacia un extranjero de dudosa reputación, que planteaba una política aún por comprobar, puesta en duda, no solo por los parlements, sino también por otros ministros, así como por el canciller y por los intereses comerciales parisinos. Los parlementaires eran conservadores por definición. No eran hombres de visión y su inquietud con respecto a la viabilidad de los proyectos de Law es tanto más comprensible cuanto que el regente no había hecho frente al pago de los intereses (rentes) sobre los préstamos al Estado. A partir de entonces, y durante todo el tiempo en que Fleury estuvo a cargo del gobierno, la oposición se centró en los esfuerzos del gobierno por obtener nuevos impuestos directos en tiempo de paz (en 1725, el cinquantième) o, en 1733 y 1741, en la negativa de la monarquía a fijar un límite de tiempo para la imposición de un dixième sobre todos los sectores de la población, concebido inicialmente para sufragar los gastos de la guerra de Sucesión polaca. En pocas palabras, no se había planteado en este momento una actitud totalmente intransigente con respecto a un impuesto universal. Por supuesto, es posible afirmar, como lo hace Shennan, que el principio de gravar, tanto a las clases privilegiadas como al pueblo en general, ya había sido aceptado implícita y explícitamente por los magistrados entre 1695 y 1741. Lo que no se aceptó fue el reconocimiento de la necesidad de reestructurar la totalidad del sistema fiscal (como propuso Calonne en 1787) ni el principio de que los impuestos existentes eran perfectamente suficientes para cubrir las necesidades en tiempos de paz. La estructura existente era la única que tenía tras de sí la fuerza de la ley, además de convenirle a los privilegiados que gozaban de exenciones.

Ciertamente, esta última afirmación era innegable. Pero ¿hasta qué punto era realista pensar que los impuestos existentes eran suficientes para cubrir los gastos corrientes del Estado en época de paz? O, dicho de otro modo, ¿hasta qué punto era sólida la estructura financiera del Estado?

El sistema fiscal de la Francia del Antiguo Régimen reflejaba en cierta medida el conflicto entre el gobierno central y los privilegios individuales y provinciales. El más oneroso de todos los impuestos regios era la taille, que recaía en el norte de Francia sobre todos los terratenientes que no fuesen nobles ni eclesiásticos y, en el sur, sobre todos los que no poseían tierras exentas de contribución, pues aquí la taille era réelle, es decir, que la exención recaía sobre el terreno y no sobre el titular. Este impuesto, obstaculizado por las inmunidades compradas por ciudades e individuos privilegiados, rechazado por las asambleas provinciales, administrado por intendentes y tribunales de élection y recaudado por un miembro de la comunidad campesina, nunca fue, por sí solo, suficiente para cubrir los gastos del gobierno. La monarquía había tratado de contar desde el siglo XVI con sus propios agentes directos o de establecer nuevos impuestos indirectos. El resultado fue toda una serie de insurrecciones provinciales, las revueltas fiscales de mediados del siglo XVII, que una monarquía más prudente habría evitado, resignándose a la idea de abandonar el mecanismo de recaudación de la taille a los municipios, donde se quedaba gran parte de dicho impuesto, y acudiendo a otros sitios en busca de dinero disponible. La capitación, introducida en 1695, constituyó otro ensayo de imposición directa. Esta capitación se convirtió en un impuesto permanente aplicado también a la nobleza y, en muchos casos, terminó siendo un mero apéndice de la taille, aunque su reparto estaba en manos de los intendentes.

Los impuestos directos no eran suficientes para sufragar los gastos del país, y para los gastos de cada día el monarca tenía que acudir a los ingresos de los impuestos indirectos. Había gran cantidad de ellos: la gabelle (impuesto sobre la sal), las aides (impuestos sobre las bebidas y los alimentos), los monopolios (especialmente sobre el tabaco), los impuestos sobre el cuero, los aranceles internos y externos y los affaires extraordinaires que, en gran parte, recaían sobre la venta de cargos y patentes de nobleza. Colbert dejó un importante legado a los monarcas franceses del siglo XVIII: la ferme générale, sindicato de financieros que tomaban en arriendo el derecho a recaudar los impuestos indirectos (exceptuando los affaires extraordinaires y ciertos derechos arancelarios), a cambio de una suma global, pagada por adelantado y fijada habitualmente para un periodo de 9 años antes de ser renegociada. Estos financieros tomaban a su vez el dinero prestado, por lo que la ferme constituía un campo seguro de inversión que pagaba unos intereses del 2 ½ por 100. Este sistema tenía para la monarquía dos grandes ventajas. En primer lugar, proporcionaba por adelantado sumas muy valiosas y evitaba que el gobierno tuviese que depender de unos ingresos irregulares y que llevara a cabo un pesado trabajo de recaudación. En segundo lugar, esto significaba que los impopulares impuestos indirectos ya no eran recaudados por la monarquía, sino por particulares, y eran estos los que sufrían las iras del pueblo. Durante el siglo XVIII no hubo insurrecciones a causa de los impuestos de la Corona y esto, teniendo en cuenta la historia de las Frondas, las insurrecciones de los croquants y de los nus pieds, o la revuelta del papier timbre del siglo anterior, fue todo un éxito. Bien es cierto que algunos commis des aides eran estrangulados o acuchillados, y que los empleados de la ferme générale eran frecuentemente encontrados muertos y mutilados por bandas de contrabandistas, pero esto no era problema suyo.

Este rasgo de empresa privada que caracterizaba a la recaudación de impuestos llevada a cabo por la ferme générale no se limitaba a esta augusta institución, en cuyo seno se encontraban algunos de los hombres más ricos de Francia. Por el contrario, dicho rasgo era extensible, de un modo o de otro, a todos los departamentos gubernamentales relacionados con la administración financiera. Mientras que los cargos ministeriales –y, especialmente, los de contrôleur général y miembros de los consejos reales– eran cargos políticos, que dependían de la voluntad del rey y de la influencia en los círculos cortesanos, para el funcionamiento de la hacienda pública existía una vasta red de oficinas contables y financieras repletas de funcionarios venales que mantenían una relación contractual con la Corona. No existía una tesorería de la Corona centralizada y, aunque existía una tesorería, la mayor parte de las operaciones se ejecutaban a través de un cierto número de contables que formaban parte de unas oficinas de pago, llamadas caisses, que gestionaban los asuntos de la Corona de acuerdo con instrucciones y contratos. Estos contables, todos ellos hombres ricos, estaban siempre atentos a las posibilidades de ascenso. Habían heredado o comprado sus cargos y estaban dispuestos a venderlos si se les ofrecía una buena contrapartida económica. También acumulaban otros cargos de carácter venal. En las cartas de concesión de los cargos no había nada que obligase al contable a limitarse a servir a la Corona o a no realizar negocios privados, ni que sugiriese que no podía utilizar su cargo en su propio provecho. El contable recibía unos honorarios, un porcentaje sobre los fondos que manejaba, gratificaciones, pensiones y emolumentos, pero no un salario. Y, aunque se le obligaba a rendir cuentas y a servir lealmente a la Corona, nada limitaba su independencia. No sería posible aplicarle el nombre de funcionario, tal como lo entendemos hoy en día.

La caisse del contable recibía y/o pagaba gran parte de los ingresos de la Corona, sin que estos llegasen nunca a la tesorería real: muchos de estos fondos ni siquiera eran registrados en los libros mayores de la tesorería. Aunque la ferme générale era el grupo de contables mejor organizado y más poderoso, también existían otros grupos poderosos, aunque menos cohesionados, tales como los recaudadores generales (receveurs généraux), cada uno de los cuales poseía su propia caisse, aunque pagaba a una caisse común de la tesorería real los ingresos netos de los impuestos directos, y era responsable, en todo o en parte, de una généralité. Cada uno de estos recaudadores generales, que eran cargos venales, contrataba a un sinnúmero de receveurs particuliers (cargos también venales) que, a su vez, contrataban a funcionarios municipales encargados de recaudar los impuestos individuales. Puesto que los impuestos se recaudaban de modo muy lento, el sistema dependía en gran medida de los créditos a corto plazo, aunque esto no significaba que el dinero real cambiase de manos. Lo que ocurría era que el recaudador general firmaba pagarés a todo aquel que le señalara el Conseil des Finances. El valor de estos pagarés dependía exclusivamente del crédito personal del recaudador general; eran instrumentos negociables equivalentes a una letra de cambio. Algunos de los funcionarios, como los tesoreros generales, responsables de algunos pagos especiales (como, por ejemplo, la marina y las colonias), emitían billetes de crédito que eran considerados por la sociedad del Antiguo Régimen como moneda muy sólida.

¿Cuánto costaba el funcionamiento de este sistema? No es posible saberlo. Esta red de contables era un fenómeno en continuo crecimiento. Siempre que el gobierno tomaba dinero prestado se creaba un nuevo grupo de contables para atender al pago de los intereses. El control de este sistema era ejercido por la Chambre des Comptes. Ni que decir tiene que esta institución era un tribunal de justicia, al que debían rendir cuentas los contables y cuya misión era tomar todas aquellas medidas necesarias para proteger los intereses económicos de la Corona. Incluso el contrôle général tenía que rendir cuentas a la Chambre des Comptes seis meses después de acabar el año fiscal. Es más, los magistrados venales de la Chambre des Comptes tenían un derecho de remontrance contra las decisiones del rey relacionadas con asuntos financieros muy similar al que poseían los parlements.

El rasgo más destacado de todo el sistema era su inflexibilidad. Si los gastos del gobierno francés no hubiesen superado sus recursos fiscales, el gobierno no habría podido efectuar cambios radicales, ni en la exacción ni en la recaudación, sin afrontar innumerables problemas. Todos –reyes, ministros, parlements y pueblo en general– creían que el sistema estaba manejado por una maraña de buscadores de fortuna corruptos y estaban convencidos de que los delitos económicos se llevaban una gran parte de los ingresos. La historia francesa está llena de los Jacques Coeur y los Fouquet que fueron cabezas de turco de la monarquía en los desórdenes financieros y cuya eliminación tuvo efectos más psicológicos que económicos. Sin embargo, más allá de esta convicción general, no existía una base de acuerdo. Los parlements se negaron una y otra vez a conceder autorización para la exacción, por parte de la monarquía, de nuevos impuestos, excepto en condiciones extraordinarias. Los sucesivos contrôleurs généraux, y no hay que olvidar que se trataba de hombres escogidos por la monarquía y obligados a sobrevivir en una Corte dada a la intriga y que, por lo tanto, no eran necesariamente hombres de perspicacia y talento, adoptaron a menudo medidas políticas diversas y contradictorias para controlar la situación. Tales medidas pueden ser descritas hasta 1756 como métodos francamente ilegales para forzar el registro de impuestos nuevos y/o extraordinarios. Durante este periodo, la monarquía se ganó definitivamente ser la enemiga de los parlements. A partir de 1763, los planteamientos fueron cada vez más divergentes. Terray, Turgot y Necker trataron de controlar más de cerca el sistema de contables venales, suprimiendo las caisses privadas, atacando el principio de la venalidad, desviando la actividad financiera de los contables y caisses hacia la tesorería real y vigilando con más cuidado los fondos globales; es decir, mediante una contabilidad más precisa. Joly de Fleury (1781-1782) pensaba que dicho planteamiento mermaba el prestigio de los contables, de los que dependía por completo la monarquía, y trató de detener el proceso tendente a acabar con la venalidad y a lograr una mayor centralización. Finalmente, Calonne siguió adelante con la idea de un impuesto uniforme sobre la tierra que reemplazara todos los demás impuestos y dirigió la mayor parte de sus esfuerzos reformistas contra las exenciones de los privilegiados y el sistema de pensiones reales. Lo que no pudo hacer ningún contrôleur général fue evitar que el gobierno tuviese que recurrir a préstamos, y el complejo mecanismo de los contables venales y de las caisses, por el que se cubría la deuda gubernamental, impidió llevar a cabo reformas esenciales, ya que estas se encontraban más allá de las posibilidades del gobierno.

De esta manera, la pregunta que nos hacíamos al principio, esto es, hasta qué punto eran los ingresos fiscales del gobierno suficientes para cubrir los gastos corrientes en tiempos de paz, quedará, en su mayor parte, sin respuesta. Hasta el Compte rendu de Necker de 1781, ningún ministro había tratado de tener una visión global de los ingresos totales en relación con los gastos globales, y cuando Necker lo intentó cometió una serie de errores esenciales que resultaron desastrosos para la política de la monarquía. El proyecto del Comité des Finances de 1791 se basó ampliamente en suposiciones y conjeturas (algo así como: sabemos que los gastos de la monarquía han sido grandes, por consiguiente, tendremos que fijar una suma convenientemente elevada). Al parecer, el pago de los intereses sobre los préstamos obtenidos suponía aproximadamente la mitad de los gastos gubernamentales a finales de la década de 1780, y bastante menos antes de esta fecha[4]. Esta proporción es exactamente la misma que en el caso británico, a pesar de que el gobierno francés pagaba un tipo de interés unas dos veces más alto (6 por 100), tipo de interés muy atractivo para el mercado monetario internacional de financieros holandeses y suizos todavía en 1785. En pocas palabras, nada había de notable en el tamaño de la deuda pública francesa o en la cantidad requerida para cubrirla. Lo notable era el grado en que las finanzas gubernamentales se basaban en el crédito privado y en financieros individuales y, por tanto, estaban expuestas a los avatares de la economía francesa, a las oscilaciones de los negocios privados e, incluso, al mercado monetario internacional, y podían verse afectadas por crisis de confianza en las que los créditos, pura y simplemente, desaparecían. Cada uno de estos factores desempeñó un papel importante en la historia de las finanzas gubernamentales francesas, sobre todo durante el periodo comprendido entre 1770 y 1789.

Es posible que el rencor creado por la bula Unigenitus durante el periodo en el que Fleury ocupó el cargo de ministro no hubiese tenido tanta importancia a largo plazo si a ello no se le hubiesen añadido estos espinosos problemas financieros. Tal como estaban las cosas, fue el preludio de una batalla prolongada, que durante el periodo de 1740 a 1755, tuvo dos rasgos destacados. El primero de ellos fue un aumento notable de la belicosidad y las reivindicaciones políticas de los parlements, expresadas en 1748 por De l’esprit des bis de Montesquieu, obra en la que la magistratura era presentada como la salvaguarda de la ley y la monarquía como una institución sometida a la ley y no al margen de ella, y las Grandes remontrances de 1753, que se construyeron sobre esta obra básica. Estas Grandes remontrances fueron elaboradas por los parlements en respuesta a otra disputa religiosa en torno a la bula Unigenitus, provocada por la intención de la monarquía de trasladar los conflictos suscitados por la negativa del clero antijansenista a administrar los sacramentos a todos los adversarios de la bula Unigenitus, de los parlements al Grand Conseil, que estaba bajo el control de la monarquía y sus ministros. Estas remontrances, que fueron publicadas, incluían la afirmación de que «cuando existe un conflicto entre el poder absoluto del rey y el bien de su servicio, el tribunal respeta este último más que el primero, no con ánimo de desobedecer, sino de cumplir con sus obligaciones». Esta afirmación resume claramente cómo se los consideraba, cada vez más, jueces de la política real.

El segundo rasgo de este periodo, igualmente importante, es el aumento de los contactos y la coherencia de acción entre el parlement de París y los de provincias, de manera que esa oposición, que al principio había estado exclusivamente limitada a París, se fue extendiendo a Burdeos, Rennes, Ruán, Toulouse, etc. En este ambiente de creciente belicosidad, Machault d’Arnouville trató, en 1749, de introducir un nuevo impuesto para hacer frente a las deudas originadas por la guerra de Sucesión polaca. Este contrôleur général concibió dicho impuesto, el vingtième, como un gravamen sobre todos los sectores de la sociedad y todas las formas de ingresos (propiedad, industria manufacturera y cargos). Cuando el parlement se opuso a un nuevo impuesto en tiempos de paz, Machault recurrió a un lit de justice. De hecho, el principio en el que se basaba el establecimiento del nuevo impuesto no fue cuestionado en este caso por los parlements, sino por el clero, que vio en este ensayo de impuesto obligatorio un allanamiento del terreno para las ilimitadas exigencias de la Corona. El clero empleó todas las armas a su alcance, incluyendo la amenaza de abandonar las iglesias, con el apoyo del partido «devoto» de la Corte, que incluía a la reina, el delfín, las princesas de sangre real e, incluso, el secretario para la Guerra, D’Argenson, que estaba personalmente enemistado con Machault. En 1751, Machault se vio forzado a conceder inmunidad fiscal al clero.

La batalla en torno al vingtième supuso una victoria para todos, menos para la nobleza y los parlements, pues el «segundo estado» fue sometido a impuestos en 1749, aunque de forma temporal, en tiempos de paz. Sin embargo, los parlements alcanzarían en 1756 una victoria que, en buena parte, fue obra de Machault. Este, que dejó la secretaria de Hacienda por la cancillería, fue el artífice de una serie de leyes destinadas a reducir la capacidad de los parlements para oponerse a las decisiones reales. Estas leyes, que solo pudieron ser ratificadas mediante el autoritario método del lit de justice, prohibían, entre otras cosas, las huelgas judiciales y las remontrances repetidas, suprimían dos de las cinco Chambres des Enquêtes y desplazaban la capacidad de entablar un debate político a la Grand’ Chambre, más dócil. Si Machault se hubiera salido con la suya, el poder de los parlements habría quedado muy mermado, pero los miembros de las cinco Chambres des Enquétes dimitieron, seguidos por la mitad de los miembros de la Grand’ Chambre y, de modo inaudito, los parlements de provincias se apresuraron a manifestar su apoyo al parlement de París, por lo que el gobierno tuvo que enfrentarse por primera vez a una magistratura muy unida. Durante el transcurso de la costosa guerra de los Siete Años, el rey se vio reducido a una posición defensiva en la que el prestigio de la Corona sufrió un duro golpe a manos de los parlements. Machault fue desplazado a la secretaría de Marina y las leyes reales fueron revocadas, a excepción de aquellas por las que se suprimían dos Chambres des Enquêtes, aunque esto se hizo más tolerable con el tratado de sus miembros a las otras tres chambres. Como contrapartida, los parlements aceptaron provisionalmente los impuestos extraordinarios, en este caso un vingtième temporal (1756-1759). Por supuesto, lo hicieron sin sacrificar, ni por un solo instante, su principio de coherencia. De hecho, la coherencia se convirtió en un tema predominante dentro de la propaganda del parlement durante lo que pudiéramos llamar el interludio bélico. Dada su necesidad de dinero, justificable realmente por los gastos militares, la monarquía adoptó una actitud relativamente sumisa, lo que no significa una relación armónica. Durante este periodo, las reivindicaciones de los parlements, escarmentados por la experiencia y estimulados por su nueva unidad, experimentaron un rápido proceso. La publicación de ciertos argumentos que subrayaban las limitaciones de la monarquía o la ilegalidad de cualquier cambio en la política fiscal que fuese en contra de la costumbre (e, incluso, la discusión de la importancia histórica de una institución como los Estados Generales, aparentemente enterrados desde hacía tiempo) pertenecen a la propaganda de los parlements en tiempos de guerra. Es posible que se estuviesen pertrechando frente a un renovado ataque por parte de la monarquía, considerado como inevitable con el regreso de la paz. Comoquiera que sea, los parlements pudieron competir con el gobierno por lo menos hasta 1770, convencidos como estaban de la intrínseca corrección de su postura. El final de la guerra, en 1763, supuso realmente el comienzo de otro acto dentro de este drama en el que todos los protagonistas terminarían por perecer. La primera víctima de este acto fue el contrôleur général Bertin.

Hasta cierto punto, la caída de Bertin era de prever: fue consecuencia del atolladero que se produjo cuando Bertin, como contrôleur général, promulgó un edicto autorizando la prolongación de los impuestos ordinarios de la guerra de los Siete Años. Este edicto tuvo que ser registrado por medio de un lit de justice. Esto provocó inmediatamente un conjunto de críticas por parte de los parlements en forma de remontrances que insistían en su derecho a sancionar los impuestos establecidos. El monarca no estaba preparado en ese momento para un enfrentamiento. Si Luis XV experimentó en alguna ocasión una crisis de confianza, fue en 1763, tras una guerra desastrosa en cuya diplomacia había intervenido él de forma directa. No hubo en toda Europa una monarquía envuelta en dicha guerra que no se encontrase, como consecuencia directa de ella, en grandes dificultades económicas (incluso los británicos se vieron obligados a considerar la imposición de tributos sobre las colonias), pero quizás fueron las monarquías francesa y austríaca las que peor libradas salieron. Se consideraba inevitable la renovación del conflicto, pero, de momento, las potencias beligerantes necesitaban un respiro. En estas circunstancias, Luis XV prefirió sacrificar a Bertin y a la mayor parte de sus impopulares edictos y reconocer el derecho de los parlements a sancionar los impuestos, a aventurarse en una confrontación directa con aquellos. Una muestra más de la debilidad de la monarquía en esa época fue el hecho de que Luis XV aceptase, en noviembre de 1764, bajo presión de los parlementaires, la supresión de la Compañía de Jesús.

La década de 1760 requiere un cuidadoso análisis. La interpretación clásica de los años inmediatamente posteriores a la guerra es la de un periodo dedicado plenamente a la reforma del ejército y de la armada, con el duque de Choiseul como responsable de Asuntos Exteriores, en previsión de un inminente conflicto franco-británico. A Choiseul se le presenta como hombre consagrado en exclusiva a este fin y dispuesto para conseguirlo a contemporizar con los parlements, permitiéndoles suprimir la Compañía de Jesús y renunciando forzosamente a cualquier tipo de reforma económica. El nombramiento para el cargo de contrôleur général de una nulidad como De l’Ayerdy, antiguo parlementaire, no supuso una desviación de esa política. Los resultados más importantes de estos años fueron una armada considerablemente reformada, una artillería perfeccionada y toda una serie de medidas que garantizaban una mayor centralización del reclutamiento, así como una mayor adecuación de los medios del ministerio de la Guerra. En el capítulo de los inconvenientes, hubo un recrudecimiento de las reivindicaciones de los parlements que no solo se manifestó en conflictos de tipo general, como en el caso de los jesuitas o de los impuestos, sino también en asuntos de tipo particular, como la dimisión, en 1765, de todos los miembros del parlement de Bretaña. Esto último fue consecuencia de diversas polémicas sobre temas fiscales y sobre la construcción de nuevas carreteras militares que enlazarían Quiberon y los puertos bretones, en previsión de una nueva batalla atlántica. El problema era quién debía pagar, construir y mantener estas carreteras y Bretaña, indudablemente una de las provincias más pobres de toda Francia, se negó a soportar parcial o completamente sobre sus espaldas esta y otras cargas financieras, enfrentándose decididamente a D’Aiguillon, gobernador provincial. La dimisión de los parlementaires bretones hizo que el rey, como respuesta, crease un nuevo tribunal de justicia en Rennes. En ese momento, otros parlements declararon su apoyo a Rennes y presentaron remontrances que demostraban su solidaridad. Esto no logró evitar el arresto de La Chalotais, procureur général del parlement de Bretaña, que había participado en intrigas cortesanas para obtener el favor ministerial. El asunto alcanzó su punto álgido con un lit de justice celebrado el 3 de marzo de 1766 –sesión conocida con el nombre de séance de la flagellation– en el que Luis XV rechazó las reivindicaciones constitucionales defendidas por los parlements desde 1740, esto es, la idea de una unión de los distintos parlamentos o la pretensión de que tenían poderes soberanos.

La monarquía aplastó, en 1770, los intentos del parlement de París de procesar a D’Aiguillon, y el canciller Maupeou presentó dos meses después el célebre edicto de noviembre que prolongaba el primer vingtième, prohibía a los parlements evocar su unidad y estipulaba la ejecución inmediata de todos los edictos, ya hubiesen sido registrados normalmente o mediante un lit de justice. Este edicto también fue registrado a la fuerza, mediante un lit de justice.

En pocas palabras, todas las concesiones de la monarquía a los parlementaires duraron poco. De acuerdo con la interpretación tradicional, la caída de Choiseul fue el resultado del distanciamiento entre él y Luis XV, quien se negó sabiamente a dejarse embarcar en una guerra contra Inglaterra para apoyar las reivindicaciones españolas sobre las islas Malvinas. Este creciente distanciamiento ya se había manifestado anteriormente, al nombrar Luis XV canciller a Maupeou y contrôleur général al abate Terray, pues estos dos ministros eran partidarios de adoptar una línea más dura contra los parlements. Además, ambos eran ambiciosos y no sentían ninguna simpatía por los Choiseul. La crisis de las islas Malvinas, que Choiseul contemplaba como iniciación del conflicto, fue debatida en una sesión del consejo real, en diciembre de 1770, en la que hubo violentas discusiones. Terray se opuso a la idea de un conflicto, basándose en el estado desastroso de la economía de la Corona, y atribuyó tal situación a la intransigencia de los parlements, contestando Choiseul que las dificultades financieras se debían a la mala administración de Terray. Luis XV apoyó a Terray y Maupeou y destituyó a Choiseul. A partir de entonces, comenzó el periodo de la influencia de Maupeou (1771-1774), «el último de los grandes ministros de la dinastía borbónica»[5], durante el cual, según la interpretación tradicional, se adoptó una postura firme frente a los parlements y se inició la reforma económica, y la monarquía francesa emprendió un rumbo que, de no haberse desviado de él a partir de 1774, habría podido evitar la revolución.

Pero esta versión simplista de los hechos ha sido puesta en duda por una reciente interpretación, más sofisticada, que presenta a Maupeou, no tanto como un reformador clarividente, que trató desde el primer momento de desembarazar a la monarquía de los obstáculos para el cambio, cuanto como un intrigante ambicioso cuyo deseo de poder lo llevó a buscar los medios de provocar la caída de Choiseul y cuya política con respecto a los parlements fue innecesariamente agresiva y, probablemente, contraproducente. El poder de Choiseul en la Corte dependía de la inminencia de una guerra que, a su vez, implicaba la necesidad de una relación razonablemente armoniosa con los parlements, cuya sanción era necesaria para establecer impuestos de guerra. Con el fin de provocar la caída de Choiseul, Maupeou trató deliberadamente de crear una situación tensa con los parlamentos, adoptando una línea intransigente con respecto al caso D’Aiguillon y expresando su firme oposición a las pretensiones de los parlementaires en el edicto de noviembre. De este modo, se aseguró de que no hubiese ninguna posibilidad de llevar a cabo el programa bélico de Choiseul, y este se vio forzado a abandonar el gobierno. Maupeou no proyectó ningún otro ataque contra el poder parlamentario. Ya con Choiseul fuera del gobierno, se llevó a cabo un esfuerzo real por mejorar las relaciones entre los parlements y el gobierno central, aunque Maupeou no pudo retirar el edicto de noviembre.

La negativa de Maupeou de retirar su polémica legislación y la correspondiente negativa de los parlements a aceptar esta merma de su poder condujeron al estadio siguiente, esto es, al exilio, disolución y remodelación del parlement de París y, como consecuencia, a la abolición de tres parlements provinciales (Ruán, Douai y Metz) y la remodelación de todos los demás. Los rasgos más importantes de esta remodelación fueron, en primer lugar, una disminución del poder del parlement de París desde abajo, estableciendo una serie de consejos superiores dentro de su ámbito jurisdiccional, con soberanía sobre todos los casos civiles y criminales, excluyendo los asuntos relativos a la nobleza. Estos consejos no desempeñaban ningún papel político en absoluto y, aunque registraban leyes, no tenían derecho de remontrance. La competencia del parlement de París quedó limitada a París y sus alrededores, y el poder también fue desplazado, en lo fundamental, de los parlements de Toulouse y Ruán a consejos similares. La remodelación, en general, se limitó a eliminar funcionarios superfluos. Quizá el cambio más importante y más cargado de consecuencias fue la abolición de la venalidad y del derecho hereditario a los altos cargos. Una vez establecido dicho principio, se escogió a los funcionarios de entre los magistrados, aunque el gobierno dejó bien claro que no serían inamovibles ni tendrían poder político. Se redujo su número, pero todo magistrado desplazado tuvo derecho a una indemnización.

Ciertamente, las reformas de Maupeou eliminaron las condiciones que hacían posible las huelgas, las dimisiones en masa y la acción concertada entre los parlements. Pero lo que no eliminó totalmente fue las remontrances contra las reformas financieras de Terray, aunque muchas de estas fueran de naturaleza más bien simbólica. Pero debemos preguntarnos: ¿qué efecto real tuvo la eliminación de la presión de los parlements entre 1771-1774 en los problemas de las finanzas francesas? ¿Qué muestras tenemos de que la remodelación de los parlements se llevase a cabo con la intención de proporcionar al gobierno una mayor libertad de acción en materia financiera?

No es fácil contestar a tales preguntas. Hasta este momento, en nuestro relato los asuntos financieros han aparecido en esta lucha entre el rey, los políticos y los parlements simplemente como un casus belli al que dio relieve la especial situación financiera de la posguerra. Pero también tenemos que considerar otras circunstancias. En la actualidad, parece que la década de 1760 fue una encrucijada para el crecimiento económico francés y que, a partir de ese punto, hubo un desequilibrio evidente en muchas regiones entre población y alimentos. Algo de esto se refleja en los edictos de De l’Ayerdy sobre mendicidad y vagabundeo de 1767, en los que se establecía la creación de nuevos correccionales para vagabundos y la reforma de la policía francesa con el fin de hacer frente a los problemas crecientes que surgían de la situación en el campo. Otras muestras de esta situación fueron los intentos de Terray, en 1770, por manipular el comercio de cereales en la creencia de que lo más peligroso sería el desabastecimiento de las ciudades, por lo que aprobó la adquisición por parte del gobierno de grandes cantidades de grano. A partir de esto, se extendió el rumor de que Terray era el artífice de una maniobra, el paste de lamine, por medio de la cual él o el gobierno querían hacerse ricos comprando grano en épocas de abundancia y vendiéndolo a precios desorbitados en épocas de escasez, y, por extensión, que el ministro era el artífice de la carestía. Es cierto que nadie podía manipular el comercio de cereales sin provocar las sospechas del pueblo, y lo es igualmente que Terray, a pesar de sus buenas intenciones, agudizó la crisis, en vez de aliviarla.

En la actualidad, ciertos especialistas en historia económica opinan que si la crisis económica no fue la causante de la crisis financiera del gobierno francés, al menos pudo desempeñar un papel muy importante en ella. Las deudas acumuladas de la guerra de los Siete Años y los preparativos para el conflicto siguiente constituían, evidentemente, unas pesadas cargas para todos los gobiernos. Pero el gobierno francés dependía de modo especial de los créditos privados, y los créditos privados en la Francia de los últimos años de la década de 1760 fueron problemáticos. Según Herbert Luthy, el año transcurrido entre 1769 y 1770 fue el año de «la crisis general del comercio», durante el cual parece que tuvieron que cerrar 2.500 negocios. Los innumerables funcionarios que, a lo largo de toda la escala social, habían emitido letras de crédito sobre sus caisses privadas o en su propio nombre, tuvieron que hacer frente a dificultades financieras. En parte, esto puede haber sido debido simplemente a las dificultades surgidas a la hora de recaudar impuestos entre unos campesinos obligados en esa época anormal a convertirse en compradores. Y, también, en parte, la crisis pudo ser un reflejo de la retirada de fondos por parte de los prestamistas extranjeros. Esta «crisis de confianza» tendrá que ser plenamente documentada e investigada, pero no cabe la menor duda de su existencia, o de la bancarrota de varios funcionarios financieros importantes a una escala que no se dio de nuevo hasta 1787 y que obligó a Terray a adoptar toda una serie de severas medidas de emergencia. Lo cierto es que la crisis afectó en 1770 a las relaciones entre el gobierno y el parlement, al margen de la rivalidad puramente política entre Choiseul y Maupeou. La remodelación de los parlements acometida por Maupeou debía haber hecho posible algún tipo de reforma financiera. ¿Qué haría Terray con esta posibilidad?

Las medidas de emergencia, por medio de las cuales salvó Terray el crédito de la monarquía e impidió la bancarrota, fueron, en primer lugar, la suspensión de pagos de todos los billetes de crédito emitidos por las caisses del gobierno como adelanto de los ingresos de 1770, de manera que los ingresos tributarios pudiesen ser utilizados como garantía para las nuevas emisiones de billetes, a fin de hacer frente a los gastos gubernamentales (aunque hay que tener en cuenta que esta medida precedió al edicto de noviembre). En segundo lugar, el edicto de noviembre de 1771 convirtió en perpetuo el primer vingtième y prolongó un segundo vingtième hasta 1781. Se podría decir que estas medidas no habrían sido probablemente aprobadas por los parlements sin las reformas de Maupeou ni, quizá, tampoco lo habrían sido los planes para evaluar de nuevo la responsabilidad pecuniaria con respecto al vingtième sobre una base más justa. Pero lo más importante de todo sería el ataque a los propios funcionarios financieros, muy similar al ataque de Maupeou a la venalidad de los parlements. Se han atribuido a Terray los primeros pasos para una centralización de la tesorería real, con la intención de dar al gobierno un mayor control sobre sus finanzas. Sin embargo, estos pasos tuvieron, por fuerza, un carácter de ensayo. Durante las supresiones llevadas a cabo por Maupeou fue relativamente fácil desprenderse de un cierto número de funcionarios financieros de poca monta, pero no lo fue tanto atacar al mundo de las finanzas sin provocar problemas crediticios.

De todos modos, se puede observar una reducción del número de tesoreros generales para la Marina y las Colonias de cuatro a dos, y el de tesoreros generales de la Casa Real de dos a uno. Además, parece ser que, durante el tiempo en que Terray ocupó el cargo de primer ministro, mejoraron de modo continuado los medios para controlar a los financieros. Esto marcó un hito en la relación entre el gobierno y los financieros, a partir del cual estos últimos quedaron sujetos a un mayor control y fueron mucho más vulnerables. Los fermiers généraux, por ejemplo, fueron obligados a contratar arrendamientos más severos, que proporcionaron más dinero a la Corona, y el año de 1770 marcó una especie de marea menguante en las fortunas de los financieros, fenómeno que es posible observar, tanto entre los financieros provinciales del Languedoc como entre las prósperas instituciones parisinas. Pero, y esto es importante, no sería acertado considerar a Terray como un hombre con una visión de la reforma financiera esencial o imaginar que tal reforma fue posible en ausencia de un parlement capaz de oponerse firmemente a ella. Al margen del vingtième, impuesto de muy poca importancia dentro del sistema tributario francés, Terray no trató en absoluto de reformar o de intervenir en la estructura tradicional de los tributos directos o indirectos. Aquellos que más han subrayado los aspectos positivos de la política de Terray no se atreven a asegurar que las medidas tendentes a la creación de una tesorería real supusiesen realmente un modo más económico o eficaz de recaudar tributos, pues lo más que se puede decir es que tales reformas tendieron a aumentar el control central sobre un sistema anticuado y difícil de manejar. Este sistema no podía ser reorganizado de arriba abajo sin una inspección detallada a escala nacional de todos los ingresos, aun sin tener en cuenta la existencia de privilegios provinciales. No era posible demoler de la noche a la mañana una fuente de ingresos para la Corona sin descubrir otra de modo inmediato. Tales medidas no entraban, ni podían entrar, en los cálculos de Terray, que solo estaba interesado en ganar un respiro para la monarquía en el que pudieran obtenerse nuevos créditos privados dentro del sistema existente y mantener bajo control las deudas de la monarquía. En caso de necesidad podía contraer nuevas deudas basándose en los ingresos extraordinarios del vingtième. De hecho, su mandato se caracteriza por haber extendido el caos financiero a las finanzas municipales al reintroducir en 1770 la venalidad de los cargos. Terray era odiado por una población hambrienta que le atribuía el pacte de famine y no tenía muy buenas relaciones con los intendentes sobre todo tipo de asuntos, desde el práctico hundimiento de algunos gobiernos municipales, como resultado de su edicto, hasta la imposibilidad de financiar debidamente los dépôts de mendicité o la recién reformada policía.

También tenemos que preguntarnos si Terray no desprestigió más aún el crédito de la monarquía. Las medidas gubernamentales de 1770 con respecto a la crisis financiera crearon cierto nerviosismo entre inversores y financieros que, a largo plazo, agudizaron las dificultades financieras de la Corona. Aunque los préstamos no se agotasen por completo, la tendencia del crédito a congelarse en épocas de crisis constitucional y de los acreedores a asociar su destino con el de los parlements fueron fenómenos habituales a partir de 1770. En pocas palabras, es falsa la idea de que 1770-1774 fue un periodo en el que el gobierno mostró su mentalidad reformista sin la participación de los parlements. En este sentido hay que decir que Maupeou y Terray simplemente ganaron para la monarquía cuatro años de relativa tranquilidad, durante los cuales pudieron ser gestionados los asuntos de la monarquía de modo más rápido. Esto no significa que el edicto de Maupeou contribuyese a un funcionamiento más rápido o eficaz de la justicia. Los salarios de los miembros de los conseils supérieurs elevaron, al parecer, el coste total de la justicia y ni siquiera se inició la reforma de la administración de justicia en provincias. Es posible que lo más importante de todo fuese el odio popular contra Luis XV, quien murió en 1774 siendo un hombre despreciado, considerado como un tirano, le plaisir des clames y el protector de un ministro capaz de idear un pacte de famine. El reverso de la moneda fue el cálido apoyo de la población a los parlements.

Parece fuera de toda duda que el nuevo rey, nieto de Luis XV, era consciente del desprestigio de la monarquía, y esta consciencia fue uno de los factores que lo llevaron a restaurar los parlements, en contra de su propia voluntad. En parte, esta decisión provino de las preferencias políticas, pues la política de una monarquía absoluta es la política de las facciones. Maupeou y Terray constituían una facción y, junto con D’Aiguillon, se caracterizaban por estar en contra de Choiseul y de su facción, quienes se habían mostrado dispuestos a contemporizar con los parlements para asegurar sus campañas militares. No había nada en ellos que les recomendase a la joven y bien intencionada pareja real. El propio rey pidió consejo a su tía, Madame Adelaïde, que le recomendó a Maurepas, exiliado en 1749 como consecuencia de la pérdida del favor del rey, o, más bien, del favor de la amante del rey. Si Maurepas tenía alguna filosofía política, era la encerrada en el dogma «sans parlement point de monarchie». D’Aiguillon no había gustado a nadie en el puesto de ministro de la Guerra y fue inmediatamente sustituido por el conde de Vergennes. Turgot, persona un tanto al margen de la actividad política pero con amigos en la Corte, que había sido maître des requêtes e intendente y era partidario de una restauración restringida de la actividad de los parlements, fue incorporado al gobierno. Convencido por Maurepas de la animosidad suscitada en todo el país por la política de Maupeou, el rey destituyó a Maupeou y Terray en agosto de 1774. Las manifestaciones en la capital, incluyendo la invasión del parlement de Maupeou, demostraron al rey y a sus ministros el apoyo popular del que gozaban los antiguos parlements y, junto con las inclinaciones de la mayoría de los nuevos ministros, decidieron al rey a restaurarlos. Antes de poner en práctica esta política, el rey tomó una decisión muy importante al sustituir a Maupeou como canciller por Miromesnil, un parlementaire que había sufrido las consecuencias de la política de su predecesor en la cancillería.

El restablecimiento de los parlements por Luis XVI no fue un salto en el vacío, realizado bajo presiones y sin pensar en las consecuencias. El modo de gobernar de Luis XV había estado más cerca del despotismo durante el periodo comprendido entre 1771 y 1774 que en ninguna etapa anterior en la historia de la monarquía francesa. Luis XV se había mostrado durante todo su reinado muy celoso de su poder, rasgo que no solo quedó patente en su actitud hacia los parlements, sino también en su tolerancia hacia las enconadas luchas faccionales entre sus ministros, que él consideraba convenientes para que ninguno alcanzase excesivo poder y olvidase que debía su puesto al propio monarca. Los ministros elegidos por Luis XVI tenían, al menos en 1774, una cierta unidad de criterio en los asuntos más vitales, y ninguno era tan vital como el de la relación entre parlements y monarquía. Maurepas, que tenía más de 70 años, era partidario de una política conciliatoria, y Miromesnil era un astuto negociador que conocía el funcionamiento interno de los parlements y, de hecho, era sospechoso de contar con agentes, espías y manipuladores en el interior de los parlements mismos. La elección de Turgot como contrôleur général por parte de Maurepas fue la de un hombre obsesionado por la economía y no la de un hombre aficionado a las intrigas cortesanas. De hecho, no poseía ningún talento para la política, mientras que Vergennes mostró su competencia en los asuntos exteriores. Este gobierno funcionó sin ninguna fisura hasta 1776, año en que Turgot y Miromesnil se enfrentaron con motivo de los «seis edictos», enfrentamiento que significó la salida de uno de ellos de un gobierno que requería armonía y coherencia.

El parlement de París no había sido concebido, en su nueva forma, a semejanza de su predecesor. Por un lado, se eliminaron una cierta cantidad de asuntos judiciales desde abajo, al elevarse el rango jurisdiccional de los viejos tribunales de tipo présidial, de modo que una gran cantidad de asuntos prácticos quedaron fuera de las competencias de los parlements y, por otro, desde dentro, el poder de las grand’ chambres (que siempre fue el sector de los parlements más sumiso a la monarquía) fue aumentado en detrimento de las cámaras de menor categoría. Se dictó un nuevo decreto sobre procedimiento disciplinario que recordaba al edicto de Maupeou, por el que se limitaban las posibilidades de huelga, dimisión en masa y obstruccionismo judicial al registro de las decisiones gubernamentales. Restricciones semejantes se impusieron también a los parlements provinciales. Lo que todo el mundo se preguntaba en la Corte francesa y en las embajadas extranjeras era hasta qué punto podía funcionar esto a largo plazo y cuáles eran las posibilidades de establecer una relación viable entre el gobierno y los parlements. La tesis tradicional es que, tras el primer año, durante el que los parlements actuaron con moderación, pronto reanudaron su táctica de protesta y se embarcaron en una despreocupada política obstruccionista que acabó aniquilándolos a ellos junto con la monarquía. Sin embargo, más recientemente se ha afirmado que los parlements desempeñaron un papel muy moderado entre 1774 y 1787, mostrándose notablemente dóciles con respecto al registro de nuevos empréstitos y a la ampliación del vingtième. De hecho, no volvieron a recuperar la unidad entre el parlement parisino y los provinciales, que había sido un rasgo esencial de la situación anterior a 1770. Además, los parlements provinciales se caracterizaron, a partir de 1774, por una serie de luchas internas entre aquellos que habían aceptado cargos en los conseils supérieurs y en los parlements capitidisminuidos de Maupeou y aquellos que se habían mantenido al margen, por lo que los parlementaires se convirtieron en unos defensores de las libertades tradicionales muy poco eficaces, contra el despotismo real.

La destitución de Turgot es considerada en la actualidad, no como consecuencia de la negativa de los parlements a registrar sus «seis edictos», sino como resultado de la oposición de sus colegas a una política que llevaba consigo la ruptura de la armonía entre los ministros del gobierno, factor muy estimado por la monarquía. Además, la crisis de los últimos años de la década de 1780, en la que la oposición de los parlements condujo a la convocatoria de los Estados Generales, es interpretada en la actualidad como una respuesta al fantasma de un despotismo redivivo al estilo de 1770 y a las vacilaciones ministeriales que caracterizaron al gobierno de Luis XV. Este punto de vista contempla los acontecimientos del periodo entre 1774-1789 desde una perspectiva diferente, esto es, como algo mucho más complejo que una batalla renovada entre el rey y los parlements, provocada por la locura de Luis XVI de permitir la restauración de una institución tan proclive a la destrucción.

Existen innumerables mitos en torno al ministerio de Turgot (1774-1776). Su experiencia como intendente en Limoges era de una gran solidez y había demostrado una notable comprensión de los problemas del empobrecimiento y la baja productividad agrícola en una región dominada por pequeñas granjas en las que se ofrecía poca ayuda económica a la pobreza. Pero no estaba dotado para la política de la corte. Además, como ministro de Hacienda, no es posible sino incluirlo entre los contrôleurs généraux de menor importancia del siglo XVIII. Su política fue, en buena medida, una prolongación de los esfuerzos de Terray por centralizar la tesorería real, reduciendo, aunque solo fuese simbólicamente, el número de contables y de caisses (como, por ejemplo, la agrupación dentro de cada élection o sénéchaussée de múltiples cargos en uno solo, con el nombre de receveur des impositions), por medio de un mayor control de cuentas y de una línea dura respecto a la ferme générale y a los financieros. Su balance, en lo que respecta a la contratación de nuevos empréstitos, es más positivo que el de Terray, pero hay que tener en cuenta que estuvo menos tiempo en el cargo y que no actuó en las difíciles condiciones financieras de su predecesor, quien tuvo que hacer frente a los problemas resultantes de la crisis de 1770. Turgot se distinguió de Terray y, por supuesto, de cualquier otro contrôleur général del siglo XVIII en que le preocupaban menos las finanzas que la economía y, por tanto, tendió a actuar de un modo en que no lo hizo ningún otro excepto Colbert, es decir, tratando de influir en el desarrollo económico francés. Por supuesto, podemos preguntarnos si se puede hablar de una economía francesa en el siglo XVIII y pedir que se perdone nuestro escepticismo con respecto al grado en el cual pueden los gobiernos influir sobre el crecimiento económico. No obstante, y en el contexto de los siglos XVIII y XIX, las ideas de Turgot sobre la posibilidad de impulsar a la economía por medio del intervencionismo gubernamental tenían un acento muy moderno. Como fisiócrata que era, concebía el intervencionismo gubernamental como la eliminación de los obstáculos a las condiciones de mercado libre y a la expansión industrial. De hecho, tres de sus seis conflictivos edictos se referían a la liberación del comercio de cereales y a la abolición de los gremios. En resumen, Turgot intentó llevar a la práctica las ideas económicas de la Ilustración.

Pero ¿hasta qué punto tenían relación las medidas económicas de Turgot con los problemas económicos reales de Francia y hasta qué punto podrían suponer un remedio para ellos? Hacia mediados de la década de 1770, el crecimiento demográfico en Francia había superado al crecimiento económico en cuanto a la producción de una mayor cantidad de cereales para alimentar a una mayor cantidad de bocas. Esto, por supuesto, no era necesariamente evidente para un gobierno que apenas comenzaba a recurrir a los datos estadísticos como base de su actuación política (revolución que hay que atribuir a Terray). Un individuo como Turgot, que había sido antes intendente en Limoges, sabía perfectamente hasta qué punto eran vulnerables los pequeños agricultores a la más ligera fluctuación de su principal cultivo –que, en aquella región, podía ser la castaña, la patata o el cereal basto–, pero, dotado de una visión cósmica de Francia, creía que el excedente de una región podía ser utilizado para suplir las deficiencias de otra y que, en la medida en que estaban prohibidas las exportaciones, la producción total era suficiente para las necesidades de la población francesa. En un mercado libre, los cereales serían llevados allí donde fueran necesarios.

Se trataba de una política evidentemente orientada hacia el productor. Aquel que puede llevar su grano a donde lo desee puede obtener el mejor precio por él y, de este modo, verse estimulado a aumentar su producción. Este es un razonamiento perfectamente respetable. Sin embargo, estaba condenado a fracasar dentro del contexto de la década de 1770 por tres buenas razones. En primer lugar, por muy entusiastamente que acogieran los productores la idea del libre cambio, los consumidores, que después de todo suponían el grueso de la población francesa, eran inflexiblemente hostiles a ella. Para los consumidores, el libre cambio de cereales significaba un aumento de precio. En segundo lugar, las medidas de Turgot se pusieron en práctica en un año de cosechas mixtas, realmente malas en el sur y nada abundantes en el norte, por lo que la vista de cereales en tránsito, destinados a otro mercado, solo podía provocar tumultos. Y, en tercer lugar, cosa que quizá no ignoraba Turgot, no era posible tratar de modificar la carte de ravitaillement (mapa de avituallamiento) de la Francia del siglo XVIII sin despertar la oposición de una población que vivía con el continuo temor de pasar hambre. Queremos decir con esto que cada localidad estaba acostumbrada a abastecerse con los productos de una comarca determinada y que los productores estaban obligados a utilizar unos mercados determinados. La carte de ravitaillement de París era la más compleja de todas, y es significativo que Turgot, en 1774, eximiera de sus medidas a París y su zona de abastecimiento. Cualquier interferencia en las antiguas tradiciones de abastecimiento podía provocar las iras populares.

La respuesta inmediata de los funcionarios locales a las primeras medidas librecambistas de Turgot en 1774, aboliendo la obligación para los productores de vender sus productos en mercados determinados, consistió en intentar eludirlas del temor que tenían a ponerlas en práctica. La subida de precios provocó disturbios hacia la primavera en Dijon, Tours, Metz, Reims y Montauban, pero el más importante sería la «guerra de la harina», que estalló en Beaumont-sur-l’Oise en abril de 1775. Este fue un movimiento popular espontáneo, al igual que otros muchos disturbios provocados por los cereales, pero mucho más amplio. Su objetivo era reducir el precio de los cereales desde el elevado nivel de 25 libras el sextario al de 12 libras, en que estaba a comienzos de la década de 1760. Es posible que el aumento de precios fuese una mera consecuencia del resultado de la cosecha, pero fue relacionado con la política de libre cambio. El objetivo del movimiento era obligar a los comerciantes a vender su cereal a un precio justo y, en caso contrario, apoderarse de él y venderlo a tal precio, sistema conocido con el nombre de taxation populaire. El movimiento se extendió a Pontoise, donde la muchedumbre atacó convoyes de grano destinados a París, posteriormente a Saint-Germain-en-Laye y, finalmente, a Versalles. Los funcionarios locales cedieron en todas partes, ordenando a los comerciantes y panaderos que vendiesen sus productos a precio popular, para ser posteriormente arrestados por orden de Turgot o ver cómo sus órdenes eran revocadas. Las medidas por las cuales se eximía a París de la legislación librecambista no impidieron que los precios aumentasen en la capital, como tampoco que se produjesen disturbios a principios de mayo. La guerra de la harina se extendió también hacia la región de Brie, donde no solamente se manifestó en ataques contra los comerciantes, sino también contra los terratenientes, cesando de repente el 10 de mayo, quizá porque se introdujo la pena de muerte para los disturbios de la capital.

Esta medida represiva fue aprobada por el parlement de París el 4 de mayo, pero este añadió que el rey debería tomar medidas para reducir el precio del pan a un nivel proporcional a los medios del pueblo en general, y su fallo fue exhibido por las calles de París con este comentario. Además, los parlementaires protestaron contra el establecimiento de una commission prévôtale encargada de procesar a los rebeldes, cometido que correspondía a la Grand’ Chambre. La medida fue aprobada finalmente a través de un lit de justice, pero no sin que las remontrances demostraran la insistencia del parlement en el derecho del pueblo a comprar el pan a 2 sous la libra.

La actitud del parlement de París no carecía de coherencia, pues había registrado un edicto prometiendo la exención de París y tenía que hacer frente a una situación de evidente ruptura del orden público que no podía ser controlada por la policía. Informado por el lit de justice de que las medidas de Turgot habían sido boicoteadas por una conjura para «asolar los campos, impedir la navegación, dificultar el transporte de cereales en las carreteras y desabastecer las grandes ciudades, y, sobre todo, París, apoyó a la monarquía a fin de proteger el orden público. Tanto Turgot como Luis XVI creían en una conspiración para boicotear el libre cambio, y sus sospechas iban, desde el príncipe de Conti, el abate Terray, el clero francés y los dirigentes de los parlements, hasta los ingleses, pero nunca se ha podido comprobar que tales sospechas fuesen fundadas.

En el verano de 1775 se intentó bajar el precio del pan en las ciudades mediante la abolición de las contribuciones municipales (octrois) sobre los cereales y la harina, pero el gobierno central siguió defendiendo su política de libre cambio. Dicho esto, hay que precisar en quién se piensa cuando se habla de gobierno central, ya que la experiencia de la guerra de la harina introduciría una fisura entre Turgot y los ministros más destacados. Turgot era un funcionario con mentalidad de intelectual, no de político, y sus apoyos en la Corte, que era el lugar donde eran necesarios, se redujeron en el verano de 1775. Maurepas, por ejemplo, veía con aprehensión las acciones del contrôleur général y Miromesnil, cuya actitud hacia los inminentes seis edictos sería abiertamente hostil, ya había comenzado a emitir críticas. Turgot contaba con el apoyo de un grupo de secretarios de Estado, como los D’Ormesson y los Trudaine, pero se trataba de gente sin mucho peso político. Luis XVI respaldó decididamente a Turgot en 1775 y 1776, pero entre los ministros, Malesherbes fue quizá el único que lo apoyó firmemente. Su distanciamiento durante la batalla en torno a los seis edictos sería crucial. Un hombre con talento político habría podido comprender la inutilidad de actuar sin un aliado ministerial más consistente. La caída de Turgot se debió a esta falta de apoyo en la Corte, pues la oposición de los parlementaires estaba lejos de ser suficiente para derribar al ministro: simplemente contribuyó a crear una hostilidad general contra él.

Tres de los seis edictos hacían extensivas a París las medidas referentes a la libertad en el comercio de cereales. Un cuarto edicto abolía toda una serie de cargos de poca categoría, encargados de recaudar contribuciones menores sobre el comercio cárnico, que contribuían a aumentar los precios sin obtener cantidades realmente importantes para el tesoro. El quinto, y probablemente el más perjudicial para la reputación de Turgot ante el pueblo después de la medida de liberalización del comercio del grano, abolía los gremios que controlaban la admisión a ciertas ramas de la industria y de la formación artesanal y que, al restringir el desarrollo industrial, eran despreciables para el pensamiento económico del momento. El sexto conmutaba la corvée, contribución ineficaz que era pagada por los campesinos en trabajo, en un impuesto monetario que debía ser pagado por todos los propietarios de tierras. Estas dos últimas medidas han sido consideradas como un ataque esencial contra los privilegios defendidos por los parlements, pero estos no se opusieron al registro de tales medidas mediante un lit de justice. Además, considerar estas medidas como un ataque contra los privilegios, y nada más, es pasar por alto sus consecuencias para un amplio abanico social. La abolición de los gremios era una medida lógica dentro de un programa fisiocrático Se consideraba que la eliminación de todo obstáculo a su libre desarrollo era el mejor modo de fomentar el crecimiento industrial.

Desde un punto de vista económico global, el desarrollo económico no era determinado por la existencia o inexistencia de los gremios. Los maestros de los gremios urbanos no eran hombres ricos necesariamente. De hecho, la gran mayoría de ellos eran hombres sin capital que podían sucumbir a la menor vicisitud en sus circunstancias personales o en la situación económica general. Pero el edicto de Turgot no fue el primer golpe que se les asestó, pues, ya en 1762, un edicto había permitido la implantación incontrolada de la industria en las zonas rurales, medida que, en muchos aspectos, tuvo unos devastadores efectos sobre la industria urbana. La producción rural era más barata, pues la mano de obra poseía pequeñas propiedades y estaba dispuesta a aceptar salarios más bajos. Junto con las malas cosechas de finales de la década de 1760, el rencor provocado por este edicto fue inmenso y ciertas industrias (notablemente la producción del Languedoc para la zona de Levante, centrada en Clermont-de-Lodève y Carcasona), se vieron muy afectadas por unas condiciones de libre cambio que no pudieron soportar. En este caso, la crisis consistió en un exceso de producción de paños bastos, que dejó a los productores sin recursos. El edicto de 1762 provocó en todas partes el enfrentamiento entre campo y ciudad, y el edicto de Turgot amenazó con enfrentar a los ciudadanos entre sí. Según el pensamiento fisiocrático, las empresas estaban destinadas a quebrar si no podían competir en un mercado libre. A largo plazo, esto podía conducir a una producción sólidamente establecida, pero, ciertamente, se trataba de una política que no tenía en cuenta el factor humano inmediato, y quienes se oponían a la política de Turgot no lo hacían solo en nombre de los privilegios; lo hacían desde un punto de vista no inhumano, desde una concepción diferente del desarrollo industrial.

Tampoco es posible considerar que la oposición suscitada por la conmutación de la corvée en un impuesto monetario era la mera respuesta de los privilegiados a la tan necesaria reforma. Es cierto que un impuesto a pagar en metálico suponía un medio más adecuado para financiar la construcción de carreteras, y algunos intendentes ya habían comenzado a actuar en esa dirección. Pero el pequeño agricultor, que durante parte del año permanecía inactivo, no podía abrigar ninguna duda acerca de sus predilecciones. ¿Por qué se le pedía a él, como miembro de la población no privilegiada y sometida a los impuestos, que pagara más cuando los que usaban las carreteras con sus carros estaban exentos? Al negarse a esta medida, los parlements incrementaron su apoyo popular. Había que oponerse a cualquier aumento en los impuestos.

Cuando los edictos se registraron a través de un lit de justice, comenzaron a manifestarse las fisuras en el equipo ministerial. Malesherbes quiso dimitir de modo inmediato y la corriente de antipatía hacia Turgot alcanzó a Luis XVI. Turgot trató en vano de desacreditar a sus colegas ante Luis XVI, que finalmente salió de su mutismo destituyendo, al cabo de dos meses, a un ministro cuyas acciones habían creado más problemas de los que habían resuelto. La política de Turgot había destruido el ideal de una dirección unificada que Luis XVI había tratado de crear en 1774. Es posible que esta destrucción se hubiera producido también sin Turgot, pero el proceso de desintegración podría haber sido más lento.

El sucesor de Turgot, De Clugny, a quien la muerte sacó de escena prematuramente un año después, tuvo escasa influencia en la historia de las finanzas gubernamentales francesas en comparación con la creciente certeza de que Francia participaría en la guerra de Independencia norteamericana, que estalló en 1776. Aunque la decisión de entrar en guerra, tomada en 1778, cuando el éxito de los independentistas parecía probable, pueda parecer desastrosa a la posteridad, se trató de algo lógico a la luz de la continuación de la hostilidad franco-británica y de los fracasos coloniales franceses experimentados en 1763. A partir de esta fecha, Francia había iniciado su rearme, y ahora aparecía una oportunidad de desquite y posibles beneficios, si no en términos territoriales, al menos en materia de comercio. Además, el país estaba más preparado para la guerra de lo que lo estaría nunca y los costos bélicos reales no parecían una amenaza directa para el gobierno. Durante la guerra se podía recurrir a los impuestos extraordinarios, que los parlements aprobarían a causa de los precedentes y, de todos modos, se encontrarían los fondos necesarios para amortizar las deudas. Nada hacía pensar que pudiera repetirse la difícil situación experimentada tras la guerra de los Siete Años, pues, como ocurre con todas las guerras al principio, el nuevo conflicto era contemplado como una empresa venturosa de la que se obtendrían unos beneficios indefinidos. Vergennes y Sartine (secretario de Estado de la Marina) insistían en aprovechar la oportunidad y Maurepas demostró haber captado perfectamente las implicaciones de la situación al recomendar a un vacilante Luis XVI que nombrase como contrôleur général al hasta entonces directeur du trésor royal, Jacques Necker, rico banquero ginebrino y self-made man, quien conocía de forma incomparable el mercado monetario internacional y tenía contactos en todas las capitales y cuyo banco, a pesar de que él ya no lo dirigía, había sido un prestamista importante del gobierno durante la época de Terray. Si existía alguna persona que supiera dónde encontrar dinero contante y sonante para financiar la guerra, este era Necker.

Debemos examinar atentamente la persona de Necker, que hasta hace poco ha sido la cabeza de turco de los historiadores del Antiguo Régimen, el hombre al que, como archiprestatario de prodigalidad supuestamente inaudita, se le podría atribuir incluso la caída del gobierno del Antiguo Régimen. Pero sus biógrafos más recientes y los historiadores de las instituciones financieras han salido en su defensa, considerándolo como, quizá, el mayor ministro de Hacienda del siglo. El punto de partida más importante es que la presencia de Necker, protestante ginebrino, en la Corte católica francesa, solo quedaba justificada por la necesidad de obtener créditos, y es indudable que tuvo éxito en este aspecto. Entre 1778 y 1781 consiguió para la monarquía 150 millones de libras al año, en gran parte en emprunts viagers (empréstitos obtenidos a cambio de una pensión vitalicia a un individuo determinado). También contribuyeron a aumentar los fondos del gobierno otros métodos, tales como loterías y empréstitos directos de instituciones financieras importantes y anticipación de ingresos de impuestos anuales «extraordinarios» (por ejemplo, sobre los funcionarios), ofreciendo una rebaja a aquellos que pagasen por adelantado ocho años. La mera presencia de Necker contribuyó a crear una atmósfera de confianza entre los acreedores. Esto no significa que el contrôleur général fuese un proveedor incondicional de fondos: su relación con Sartine, en lo que respecta a los gastos de la Armada y a los arbitrarios métodos del departamento de Marina para conseguir dinero sin consultar al contrôleur général, provocó conflictos continuos, que desembocaron en la destitución de Sartine en octubre de 1780.

Además, aunque los préstamos fueron un aspecto muy importante de la política de Necker, hubo también otros. La confianza, requisito previo del crédito, dependía de lo que Necker llamaba «conducta económica y prudente». Esto significó la búsqueda de un tipo de reforma financiera que no provocase conflictos políticos y sociales, pero que lograse un mayor control central de las finanzas francesas. A diferencia de Turgot, Necker no se entregó a fantasiosas generalizaciones sobre la economía francesa. No era un defensor del libre cambio, sino que abordó el problema de los cereales desde el punto de vista del consumidor, recomendando el funcionamiento del mercado libre solo en el caso de una superabundancia que amenazase a los agricultores con unos precios excesivamente bajos. Necker fue, en muchos aspectos, el contrôleur général más pragmático que conoció la Francia del Antiguo Régimen. Necker se destacó, por ejemplo, por haber introducido un elemento de racionalidad en la gestión financiera de hospitales y centros benéficos al permitirles vender sus propiedades para pagar las deudas en las que, inevitablemente, fueron cayendo al aumentar el número de indigentes. Pero, desde nuestro punto de vista, lo más importante fue su labor de reforzamiento del control central sobre la maraña de funcionarios, tesoreros y recaudadores venales contra los que ya Terray había intentado actuar. Partiendo de la base de que, a mayor número de caisses, mayores posibilidades de fraude, trató de reducirlas y de abolir muchos de los cargos de carácter venal, por ejemplo, en los departamentos de tesorería de Marina y de Guerra. También intentó conseguir un control ministerial directo sobre el resto de las caisses, así como una estricta supervisión de la contabilidad, junto con un control directo de los adelantos a corto plazo y del empleo de billetes de papel por contables y otras personas que tenían la custodia de los fondos de la monarquía. Una regulación de 1778 insistía en que las caisses solo podían emitir documentos de crédito autorizados por el departamento de Hacienda, y en 1780 se dio otro paso para asegurar que dichos documentos de crédito estuvieran garantizados por la Corona y no solamente por el contable emisor. Necker también extendió su reforma al imperio fiscal de la ferme générale, adscribiendo a la régie générale (grupo de funcionarios asalariados) la recaudación de los derechos de los dominios reales y de los impuestos indirectos, reduciendo el número de fermiers généraux de 60 a 40 y estableciendo unos arrendamientos más estrictos, que mermaron sus beneficios. Durante este periodo se realizaron muchas economías y se proyectaron otras. A lo que Necker renunció fue al recurso a nuevos impuestos o a esfuerzos inútiles por recaudar más aumentando los impuestos existentes.

Ciertamente, Necker se hizo enemigos y algunos de ellos muy poderosos. Vergennes, especialmente, le detestaba, en parte por su abierta hostilidad a la extensión de intervención francesa en la guerra de la Independencia norteamericana, pero más aún por la insistencia de Necker en que los gastos quedasen bajo la responsabilidad del contrôle général. Los contables y funcionarios venales, en general, se consideraron víctimas de la tiranía ministerial y el mundo de los funcionarios se sintió amenazado. La oposición en la Corte lograría la caída de Necker y es posible que fuese la conciencia de la importancia de sus críticos lo que le movió a publicar el Compte rendu au Roi par M. Necker, directeur général des Finances, au mois de janvier 1781, obra rechazada por casi todos los historiadores del Antiguo Régimen, acusada de haber engendrado un optimismo ficticio sobre el estado de las finanzas francesas y de ser un obstáculo importante para los sucesores de Necker cuando trataron de realizar unas reformas financieras radicales.

Más recientemente, dicha obra ha sido interpretada como la primera salida a la luz pública de las finanzas reales, un intento de poner a la vista del público un ejercicio hasta entonces secreto. Además, los críticos del Compte rendu han sido acusados de inclinarse demasiado en favor del punto de vista de Calonne, quien tenía intereses personales en demostrar que Necker estaba equivocado. Pero hay un punto en el que todos los historiadores están de acuerdo. El Compte rendu fue anunciado el mismo día en que Necker hizo pública la creación de 6 millones de libras de rentes viagères, por lo que fue concebido como una seguridad a los posibles prestamistas de que quedaban garantizados los intereses de sus préstamos.

Lo que irritó a los ministros fue el carácter público del Compte rendu, más que su imprecisión, y Necker fue acusado de no ser un verdadero francés. La opinión que Vergennes dio a Luis XVI sobre el Compte rendu expresaba dicho punto de vista: «El ejemplo de Inglaterra, donde se exponen públicamente las cuentas, es el de una nación calculadora, egoísta y molesta. Aplicar tales principios a Francia es un insulto nacional: nosotros somos un pueblo sentimental, confiado y devoto a la persona del Rey», y seguía declarando que el Compte rendu era un desaire a la monarquía. Maurepas adoptó una postura similar y amenazó al rey con la dimisión de todos los ministros si se aceptaban las propuestas de Necker de que los gastos y los ministerios de Guerra y de Marina quedasen bajo la supervisión directa del contrôle général. El rey cedió y Necker fue destituido.

Las consecuencias de tal destitución fueron múltiples. Por ejemplo, los ministerios de Guerra y de Marina se vieron libres de la amenaza del control financiero y, una vez más, el nuevo contrôleur général, Joly de Fleury, siguió una política opuesta a la de Necker en cuanto a la reforma de las caisses y de los contables venales, volviendo a crear algunos de los cargos que Necker había suprimido y fortaleciendo el sistema de caisses independientes en la creencia de que el crédito del gobierno a corto plazo dependía del crédito personal de los contables. Lo más atormentador para la posteridad es que lo que realmente quedó de la política de Necker fue la continuidad de los pagos de los intereses de la deuda y el Compte rendu, que podía ser –y fue– acusado de fraudulento.

¿Fue Necker un banquero realista o se dio a la prodigalidad? Es imposible contestar a esta pregunta de forma rotunda, pero podemos avanzar en la comprensión de Necker y de su política analizando el contexto financiero en el que tuvo que actuar y reconociendo que su crítico más importante, Calonne, no trató en 1786 de revocar la política de préstamos, sino de ofrecer a los acreedores un tipo diferente de garantía. Debemos reconocer que el nivel de los préstamos no disminuyó con la caída de Necker; de hecho, tanto Joly de Fleury como Calonne se endeudaron más que el propio Necker.

Préstamos vitalicios

Otros tipos

Total

Necker, 1777-1781

233.813.722

79.000.000

312.813.722

Joly de Fleury, 1781-1782

177.299.160

170.000.000

347.299.160

Lefèvre d’Ormesson, 1783

48.000.000

48.000.000

Calonne, 1783-1787

194.810.120

226.978.540

421.788.660

Loménie de Brienne, 1787-1788

187.000.000

187.000.000

Totales, 1777-1788

792.923.002

523.978.540

1.316.901.542

Debemos partir de que la necesidad francesa de contraer préstamos para la guerra fue satisfecha gracias a una disposición de los banqueros franceses y extranjeros a prestar a una escala sin precedentes en la historia de Europa. A nivel extranjero, los principales acreedores eran holandeses, ginebrinos y genoveses y su propensión inicial a prestar pareció deberse menos a su confianza en la salud de las finanzas francesas que a la práctica inexistencia de otras posibilidades de inversión. La década de 1775-1785, especialmente, vio cómo Inglaterra dejaba de ser un país con una deuda excesiva y con un sistema político propenso a recurrir al mercado de capitales para hacer frente a sus conflictos coloniales. En las Provincias Unidas y en Suiza existía un capital superabundante, pero el relativo estancamiento del comercio holandés a partir de 1730 y el subdesarrollo del potencial industrial hicieron que los posibles inversores buscasen un mercado donde colocar sus fondos excedentes en el extranjero. Este era el dinero que los contrôleurs généraux franceses solicitaban como préstamos para la guerra, y para ello ofrecían rentas vitalicias a un tipo de interés muy beneficioso, que no podía ser obtenido en ningún otro mercado.

La avidez con que fueron absorbidas estas rentas vitalicias hasta mediados de la década de 1780 provocó un asombroso boom especulativo. Al igual que otros booms semejantes, este conllevaba una fragilidad que el banquero perspicaz habría podido prever a largo plazo, pero, mientras duró, los préstamos al gobierno francés fueron una mina de oro para los inversores, ya que el dinero tomado prestado de los más cautos a un interés del 4 o el 5 por 100, podía ser invertido por un banquero en préstamos al Estado francés a un 8 o un 10 por 100, y los beneficios podían ser utilizados para liquidar el préstamo o para aumentar la inversión. En pocas palabras, el crecimiento del capital podía ser acelerado y llegar a ser notable si el especulador había comenzado con escaso o nulo capital propio.

Para Necker y los especuladores de 1780-1781, estas operaciones eran relativamente seguras si contaban con la evidencia de que los ingresos ordinarios procedentes de los impuestos proporcionaban la suficiente tranquilidad para pagar los intereses de la deuda. El Compte rendu quería demostrar que existía tal posibilidad, probando que los ingresos ordinarios, en comparación con los gastos ordinarios, esto es, los necesarios para el funcionamiento cotidiano del país, creaban un saneado excedente de unos 10 millones de libras. La contabilidad de Necker diferenciaba cuidadosamente entre gastos ordinarios y gastos extraordinarios (debidos, predominantemente, a la guerra), así como entre ingresos ordinarios y extraordinarios (procedentes, principalmente, de préstamos). Calonne acusaba a Necker de haber falsificado la situación en 1781 de diferentes modos. En primer lugar, no había deducido de la cantidad bruta recaudada por las caisses responsables de los ingresos del tesoro, es decir, de los ingresos ordinarios, los gastos extraordinarios de dichas caisses, lo que, de hecho, significaba que los ingresos ordinarios suponían 9 millones de libras menos de lo que Necker decía (hay que señalar que Terray había seguido también este método). En segundo lugar, la estimación de Necker del vingtième de 1781 no se había realizado, de hecho, hasta los primeros meses de 1782, por lo que los ingresos ordinarios en este apartado eran inferiores en 120.000 libras a lo señalado. En tercer lugar, Necker consideraba como ingresos ordinarios ingresos que eran, de hecho, extraordinarios. En este punto es necesario examinar cuidadosamente los argumentos de Calonne. Por ejemplo, afirmaba que el don gratuit era un ingreso extraordinario, mientras que Necker lo consideraba como ordinario. En la medida en que el clero se consideraba dispensado de cualquier obligación real de aportar su «don gratuito», Calonne estaba en lo cierto y los 3 o 4 millones de libras deberían haber sido considerados como extraordinarios. Pero, por otro lado, el clero aportaba invariablemente dicha contribución, por lo que la contabilidad moderna aceptaría el punto de vista de Necker. De igual modo, Calonne impugnaba la inclusión de algunos gastos militares y navales en los gastos extraordinarios, argumentando que en tiempos de paz se soportaban unos gastos militares y navales muy superiores a los admitidos por Necker. Sin embargo, Joly de Fleury seguiría el sistema de Necker. En este punto, Calonne estimaba su discrepancia en casi 4 millones de libras. Al incluir algunos de los gastos extraordinarios de Necker en los gastos ordinarios, Calonne hallaba un déficit global de los gastos ordinarios con respecto a los ingresos de 56 millones de libras en 1781 y, por tanto, en 1786 trató de demostrar que nunca había habido un superávit.

Nos encontramos, en este caso, frente a una polémica que va más allá de la contabilidad propiamente dicha. Sin pretender que Necker fuese un bendito incapaz de falsificar los libros, lo cierto es que su planteamiento era el de un banquero experto, aunque realizase un cierto número de errores de cálculo. El planteamiento de Calonne era el de un hombre totalmente resuelto a demostrar algo con tal de llegar a unos objetivos determinados. La actuación de Calonne como responsable de las finanzas de la monarquía fue la de un gran prestatario y un gran gastador, escrupuloso en el pago de los intereses y muy pródigo en el campo del gasto público. Calonne compró Saint-Cloud y Rambouillet para la Corona, pagó las deudas de los hermanos del rey, fomentó grandes proyectos urbanísticos en Burdeos, Marsella y Lyon, llevó a cabo la construcción del puerto de Cherburgo y acabó el canal del Centro y el canal de Borgoña. En pocas palabras, hizo todo lo posible por despertar confianza antes de 1786.

Sin embargo, hacia 1785 fue menguando ese ambiente de actividad especulativa. En parte, es posible que esto reflejase ciertas presiones internas. Concretamente, el parlement de París había protestado violentamente contra las rentas vitalicias creadas en diciembre de 1784 y diciembre de 1785, y la imagen pública de los banqueros era parecida a la de los partisans del siglo XVII, buscadores de fortuna que habían logrado un dominio completo sobre el gobierno. A nivel internacional, los años 1785-1786 fueron notables por la renuencia de los financieros a mezclarse más aún en las finanzas francesas, quizá por miedo o quizá porque, especialmente los financieros holandeses, encontraron la oportunidad de diversificar su cartera invirtiendo en la deuda norteamericana o en el mercado ruso. Incluso las inversiones en Gran Bretaña parecieron más atractivas para el mundo de las finanzas internacionales. Esto no significa que dejasen de prestar dinero –Ámsterdam siguió siendo la fuente más significativa de empréstitos para los franceses–, pero la corriente crediticia comenzó a hacerse más lenta. Quien quisiese obtener un crédito podía tratar de atraer capital, ofreciendo unos tipos de interés más elevados (de un 12 a un 16 por 100), pero ni siquiera en este caso estaba el éxito asegurado. Algunos financieros, como Clavière, con grandes intereses en la deuda francesa, cambiaron sus técnicas especulativas y exigieron mejores garantías.

Este era, pues, el contexto de las críticas de Calonne contra el Compte rendu de Necker y de su propuesta a Luis XVI, en agosto de 1786, para que reconociese un déficit anual de, al menos, 100 millones de libras (166 para 1786) y autorizase una reforma de la estructura fiscal a nivel nacional. De haber sido aceptada, esta reforma habría ampliado los ingresos ordinarios de la Corona, incluyendo a los estamentos privilegiados entre los contribuyentes. Para lograr esto con la mayor rapidez posible no se convocó a los parlements, sino a una asamblea de notables, en quienes pudieran influir las sombrías perspectivas expuestas por Calonne de modo que no expresaran reservas acerca de su competencia constitucional para acceder a tal propuesta. El enviado británico no albergaba dudas sobre los designios de Calonne: su convocatoria de los notables «bajo cualquier pretexto en el que se escude, ha sido ciertamente adoptada con la intención de reavivar, si ello fuese posible, el crédito calamitoso del gobierno y allanar el camino a nuevos préstamos» (el subrayado es mío). Si este era el punto de vista del enviado británico, mucho más lo era el de los notables. Pero es necesario un análisis más profundo de la cuestión. Las ideas de Calonne para poner remedio a los problemas financieros franceses han convencido a la posteridad en un grado extraordinario. Todo erudito sabe desde el siglo XIX que la crisis solo podía ser resuelta gravando a los privilegiados y aceptando las propuestas de Calonne y que solo el egoísmo ilimitado de la nobleza, que defendía sus privilegios fiscales, impidió este final feliz. Pero ¿fue realmente así? Para muchos de sus contemporáneos con experiencia de gobierno los argumentos de Calonne no parecían tan evidentes, por razones muy sólidas. La nueva subvention territoriale estaba concebida como un impuesto en especie sobre la cosecha, atractivo, quizá, para el fisiócrata doctrinario, pero escasamente para el productor, que prefería pagar impuestos fijos en metálico a soportar mermas en su producción. La recaudación de tal impuesto exigía un nuevo catastro y unos nuevos funcionarios, por lo que no ofrecía una solución inmediata. En segundo lugar, los ingresos estimados (que no podrían ser superiores) por tal impuesto serían de 80 millones de libras, casi la mitad del déficit previsto por Calonne para 1786. Tal suma podría servir para atender a una deuda, pero no la eliminaría ni evitaría la necesidad de seguir endeudándose. Es decir, no ofrecía una solución real del problema desde el punto de vista de un observador atento.

Calonne propuso otras reformas de carácter muy discutible. La primera de ellas consistía en un retorno al libre cambio en los cereales para incrementar los ingresos de los agricultores y, de este modo, hacer más soportable la nueva subvention. Otra era un retorno a la corvée en metálico. Los notables, que habían pasado ya por la experiencia de la «guerra de la harina» y de los «seis edictos», consideraban a Calonne como a otro fisiócrata que amenazaba con exponer al país a nuevos conflictos, por lo que no es de extrañar que rechazasen las propuestas de Calonne. Lo que sí es extraño es que este lograse convencer a la posteridad de que poseía las soluciones adecuadas, cosa que quizá pueda ser atribuida a la persistente inclinación del siglo XIX por el laissez faire y a la profunda convicción de que los privilegios eran la única fuente del caos fiscal. Y aquí entramos en unas consideraciones relacionadas con este problema. El clima intelectual de la época, del que participaba el mundo de las finanzas internacionales y el de los europeos ilustrados, creía firmemente en el carácter pernicioso de los privilegios y en las virtudes de la economía de mercado libre. Por ello, las propuestas de Calonne significaron una campaña propagandística dirigida a quienes abrigaban tales convicciones en un intento desesperado por restaurar las posibilidades crediticias del gobierno. Sin embargo, el rechazo de sus proyectos no impidió que se airease públicamente la existencia de un déficit elevado y la conciencia de que Calonne había fracasado en sus intentos por atenuarlo.

Todos conocemos la existencia de una crisis económica (y una crisis económica agudizada por el hecho de hablar de ella). Este fue el legado de Calonne (destituido en febrero de 1787) a su sucesor Loménie de Brienne, junto con la convicción de que la asamblea de notables no era la solución a sus problemas. Es increíble que Brienne lograse obtener 187 millones de libras en créditos a cambio de rentas vitalicias, aunque realizara la operación en unas condiciones muy desfavorables para la monarquía y a través de Ámsterdam, que se negaba a admitir la fragilidad de las inversiones ya realizadas. De todos modos, esta suma no fue capaz de cubrir los gastos del gobierno porque, a los problemas de Brienne, los de las finanzas internacionales, se sumaron otros problemas determinados que recordaban a los de 1770. Las desastrosas cosechas de 1786 retrasaron el cobro de los impuestos y produjeron considerables moras en los pagos, provocando entre los contables una serie de bancarrotas cuyas consecuencias se hicieron notar en todo el sistema fiscal francés. El crédito de los contables dependía por completo de la expectativa de la recaudación fiscal: ¿quién utilizaría sus documentos de crédito si la probabilidad de reembolso quedaba reducida? Por ello, Brienne tuvo que hacer frente a numerosos problemas referentes a la absorción de los ingresos ordinarios en la tesorería central. Cuando presentó ante los parlements sus proyectos de reforma fiscal, era un hombre desprovisto de cualquier otra línea de acción que no fuese la de abogar por la extensión del número de contribuyentes.

La monarquía francesa había quedado atrapada en su deuda, y no por primera vez. A menos que la reforma fiscal ofreciese garantías a los acreedores, la única salida posible era la de negarse a reconocer su deuda. Pero Luis XVI y sus ministros no consideraron esta última medida como algo viable, quizá porque el crédito privado se encontraba presente en todos los niveles del sistema financiero. Como resultado de ello se llegaría a la fútil confrontación final con los parlements que provocaría la caída, tanto de la monarquía como de la aristocracia. La crisis del Antiguo Régimen fue, en primer lugar, una crisis crediticia. También era una crisis en la que la misma esencia del poder monárquico y de las bases del gobierno estaba abierta a debate. Una caja de Pandora llena de descontentos se abrió abruptamente y, lo que antes habían sido discusiones de filósofos de salón, se convirtieron en temas de actualidad.

[1] «Los defensores oscurantistas de intereses creados», Cobban, In search of humanity, p. 164.

[2] Cobban, A history of modern France, p. 104.

[3] J. Shennan, The Parlament of Paris, 1968, p. 307.

[4] Braesch, Finances et monnaies, II, p. 202.

[5] Cobban, A history of modern France, p. 97.

XII. EL OCASO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Desde mediados de la década de 1760 toda Europa, y especialmente su parte occidental, entró en una época de crisis cuyas repercusiones se evidenciaron en casi todos los aspectos de la vida política, económica y social. En Europa occidental, el crecimiento demográfico había provocado en la década de 1760 un desequilibrio incómodo entre producción económica y población. Incluso en años de cosechas normales, fue creciendo el número de aquellos que no podían hacer frente a sus necesidades sin recurrir a la mendicidad, fenómeno observable incluso en Gran Bretaña, país en el que se había conseguido un equilibrio más favorable entre población y oferta.

El camino hacia la indigencia pasaba normalmente por la acumulación de deudas. El pequeño agricultor tomaba dinero prestado para poder acabar el año agrícola, deuda que pensaba pagar con los ingresos de la cosecha siguiente. Cada año de dificultades era testigo de nuevos préstamos, hasta que se agotaba su crédito personal y, o bien se iba a la ciudad en busca de trabajo, o bien se echaba a los caminos. En 1767, Francia fue testigo de los intentos más severos realizados hasta entonces para tratar de detener la creciente marea de vagabundos por medio de una legislación penal, aumentando la fuerza policial (a pesar de que, aun entonces, solo era de 4.800 hombres para una población de casi 26 millones) y estableciendo dépôts de mendicité (correccionales) para vagabundos de los que no constaba ningún trabajo reciente. Todo esto tuvo relativamente pocas consecuencias, y tampoco tuvieron mucho éxito los proyectos para dar empleo a la población rural durante las épocas en que permanecía inactiva.

Los pobres no protestaban, pero no se podía decir lo mismo de aquellos que luchaban por no cruzar la línea que separaba el desahogo de la indigencia. La violencia de los disturbios urbanos en Londres, Madrid y algunas ciudades francesas del norte y el este, como Nancy, Metz, Amiens y Lille, durante los últimos años de la década de 1760, es una muestra significativa de la tensión existente tras unas décadas relativamente libres de tales disturbios. Exceptuando los disturbios de Londres, muchos de estos fueron mera consecuencia de los aumentos en el precio de los cereales. A veces, como vimos en el caso de Madrid, tales disturbios se vieron exacerbados por los intentos del gobierno de introducir una política de laissez faire y, a veces, también políticos de la oposición utilizaron el descontento en provecho propio. A nivel europeo, Londres era, en la década de 1760, y nuevamente tras los disturbios de Gordon de la década de 1780, la capital con peor reputación en este sentido. Todas las capitales o grandes ciudades de la Europa occidental vivían en un clima de tensión. Otro aspecto de la crisis de la década de 1760 fue el hundimiento de las industrias tradicionales de la lana, que se manifestó en toda Europa, dejando en difícil situación a miles de personas en Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania.

Los gobiernos no podían permanecer inmunes a la crisis. La guerra de los Siete Años había sometido a gran tensión los recursos económicos de casi todos los beligerantes. Después de la guerra, todos los gobiernos europeos hubieron de adoptar algunas decisiones vitales para recortar el gasto público y sanear sus haciendas. A partir de este periodo hemos visto cómo los monarcas rusos, por ejemplo, trataron de recortar el gasto público reduciendo el número de nobles al servicio del Estado, mientras que en los territorios de los Habsburgo se llevaron a cabo ataques cada vez más serios contra las propiedades eclesiásticas y en todas partes se planteó la espinosa cuestión de la reforma fiscal. Aquellas monarquías que consideraban el impuesto sobre la tierra como la base de los ingresos del Estado, se encontraron en especiales dificultades, porque la recaudación de impuestos significaba un enfrentamiento con aquellas instituciones que tenían derecho a discutir con el gobierno el nivel de tales impuestos y porque el nivel de presión fiscal que podía aguantar la población rural dependía de las cantidades que dicha población debía entregar a la Iglesia y a sus señores. La crisis financiera de los últimos años de la década de 1760 en Francia había demostrado la completa vulnerabilidad del sistema fiscal de este país. Dado que el impuesto sobre la tierra recaía también sobre los pequeños agricultores que, en caso de malas cosechas repetidas, no podían hacer frente a sus necesidades y, dado que los ingresos eran recaudados por una jerarquía de contables que avanzaban sumas recuperables desde abajo, una falta de pago generalizada en la base del sistema podía provocar una crisis fiscal de importancia.

Sin embargo, ni esta crisis ni la batalla con los parlements, que llevó a estos al exilio, provocaron la revolución. Los gobiernos europeos fueron capaces, en general, de superar las difíciles décadas de 1760 y 1770 evitando los conflictos bélicos y tratando de fortalecer el control del gobierno sobre los ingresos del Estado, o recurriendo a nuevos expedientes fiscales. A principios de la década de 1770, el mercado monetario holandés se normalizó tras un periodo de dislocación y se mantuvo relativamente estable hasta la intervención en la guerra de Independencia norteamericana.

No obstante, la crisis de finales de la década de 1760 y principios de la de 1770 tuvo cierta importancia psicológica y aumentó la sensibilidad de los acreedores estatales, sensibilidad que descendió por toda la escala social hasta alcanzar a individuos de medianos recursos. El gobierno francés y los órganos gubernamentales, la ferme générale, las diferentes asambleas provinciales e, incluso, la asamblea general del clero francés tomaban dinero prestado a tipos de interés moderados de individuos de un amplio abanico social y se encontraron inmersos en el proceso de las finanzas estatales. Por ello, las fortunas de los rentiers dependían de la solvencia de la monarquía francesa.

La crisis de finales de la década de 1760 fue, en Francia, casi un ensayo general de la crisis de la década de 1780. Dentro del marco de una crisis económica y social, producto de las malas cosechas, de la depresión industrial y del equilibrio desfavorable, a más largo plazo, entre la población y la oferta, hubo otra crisis de crédito del gobierno. La diferencia más importante fue que en 1774 la dimisión de los parlements no tuvo mayores consecuencias. Si en la sociedad existía un grupo social con aspiraciones políticas, este no formuló públicamente sus reivindicaciones, muy al contrario de lo que ocurriría en la década de 1780.

En 1788, los notables se opusieron a cualquier reforma fiscal sin la convocatoria de los Estados Generales, y la monarquía no tuvo más opción que aceptar. Necker, que había sustituido a Brienne, propuso doblar el número del Tercer Estado, lo que parecía indicar que en los Estados Generales se votaría de forma individual y no por estamentos. De improviso, se llevó a cabo un sencillo retoque para que las aspiraciones de los políticamente descontentos pudiesen tener cabida dentro del marco constitucional existente.

Este grupo se había nutrido de una literatura panfletaria crítica y vociferante. Solo se había manifestado en los salones o en las academias provinciales. Está claro que, antes de 1788, había poco consenso respecto al camino a seguir o a una visión de los Estados Generales como instrumento de participación en el poder. Tal vez los críticos del gobierno creían que el parlement se había posicionado contra el despotismo en su nombre. En tal caso, la negativa parlamentaria a aceptar cambio alguno en la estructura histórica de los Estados Generales supuso una desilusión que puso fin a la idea de una aristocracia unida con el tercer estado contra el despotismo, sustituyéndola por la de un abierto conflicto entre aristocracia y burguesía. Teóricamente, esta sustitución debería haber hecho posible, en el momento en que se reunieron los Estados Generales, una alianza entre monarquía y burguesía, ya que el adversario común era la aristocracia, pero esto no constituía una posibilidad real. La monarquía accedió a convocar los Estados Generales porque no vio otra salida. Estaba ganando tiempo. Y no pensó jamás en ceder terreno ni siquiera al constitucionalismo aristocrático, por no hablar de compartir el poder con ningún sector de la sociedad. Cuando el discurso de la Corona inauguró los Estados Generales y Barentin, ministro de Justicia, explicitó que, a pesar de la duplicación del tercer estado se votaría por estamentos, la burguesía cayó en la cuenta de su aislamiento. Comprendió entonces que se encontraba varada entre una monarquía con tendencia al despotismo y una aristocracia que se consideraba la única con derecho a moderar las decisiones de la monarquía, y se dio cuenta de que ambas estaban dispuestas a utilizar al tercer estado en su propio provecho, pero no a aceptar su pretensión de tener voz y voto en el gobierno del país.

La confianza nacida de varias décadas de discusión y de la creencia en la absoluta legitimidad de su lucha reforzó la voluntad colectiva del tercer estado de mantenerse firme. Pensando que la monarquía estaba a punto de disolver a la fuerza los Estados Generales y que intentaba reprimir sus debates con el cierre de este lugar de reunión, los miembros del tercer estado se retiraron a un campo de tenis local y, pese a no tenerlas todas consigo, se negaron a disolverse, mediante el juramento del Juego de Pelota de junio de 1789, hasta que la monarquía aceptase dos puntos constitucionales básicos: el voto individual y no por estamentos y la convocatoria periódica de los Estados Generales. Su insistencia en estas reivindicaciones constituye lo que los historiadores han definido como la revolución burguesa de 1789, que fue mucho más allá de las reivindicaciones de la aristocracia de compartir el poder con la monarquía. Al igual que sus correligionarios holandeses y de otros puntos de Europa occidental, los miembros del tercer estado contaban con una amplia literatura política; compartían una profunda desilusión con respecto a la ineptitud del gobierno y consideraban que ellos podían hacerlo mejor.

Estamos especialmente bien informados sobre quiénes representaban al tercer estado en 1789. La unidad electoral para los Estados Generales era el bailliage, unidad territorial empleada en la Edad Media para la administración de la justicia civil, y el propio tribunal del bailliage fue el encargado de supervisar las elecciones finales, a las cuales enviaron delegados pueblos y ciudades. En las elecciones municipales se concedió doble voto a los profesionales, funcionarios y consejeros municipales, ya que a los colegios profesionales se les permitió elegir dos representantes por cada 100 miembros, mientras que a los miembros de los gremios solo se les permitió elegir uno por cada 100. Los abogados, por su parte, tuvieron a menudo una cuádruple posibilidad de ser elegidos: como funcionarios de los tribunales, como miembros del colegio de abogados, como síndicos de aldea (muy frecuentemente elegidos por los aldeanos) o como consejeros municipales. No es de extrañar que las elecciones dieran una victoria arrolladora a abogados y funcionarios, quienes coparon el 85 por 100, aproximadamente, de la delegación. Cultos, organizados, con cierta experiencia en la administración local, los dos meses de convivencia en Versalles les unieron como grupo que defendía intereses comunes. Durante estas semanas se constituyeron los núcleos de los que serían después los clubs políticos, y ciertas figuras persuasivas, como el abate Sieyès, autor de Qu’est-ce que le Tiers Etat, y Mirabeau, hijo rebelde del fisiócrata Comte, con gran capacidad para la síntesis y un considerable talento oratorio, aparecieron como portavoces, de manera que este grupo incipiente pronto alcanzó una especie de coherencia. Incluso en estas condiciones, muchos tenían miedo de abandonar el recinto asambleario donde habían prestado colectivamente juramento político, por temor a ser arrestados. Su aparición en público se había debido a la existencia de un vacío de poder político y su permanencia en la palestra política se debió al comportamiento de otros dos actores importantes dentro de este drama de dimensiones épicas. El primero de ellos fue la monarquía y el segundo, el pueblo de París y su rebelión. Un tercer factor fue la reticencia de las potencias extranjeras a intervenir en la vida política francesa.

Cuando la monarquía convocó los Estados Generales no tenía una idea clara de lo que sucedería o de cuál sería el próximo paso. La dimisión de Brienne y la reincorporación de Necker al gobierno fue, en parte, un intento de comprar a la opinión pública y, en parte también, una garantía a los rentiers de que el gobierno pagaría sus deudas y no se declararía en bancarrota. Pero la monarquía no estaba dispuesta a aceptar a largo plazo ni la presencia de Necker ni la actitud del tercer estado. Luis XVI adoptó dos decisiones durante la primavera y principios de verano, época de gran sufrimiento personal para Luis XVI y María Antonieta por la muerte del mayor de sus hijos. La primera fue la de disolver los Estados Generales por la fuerza, llevando a Versalles 30.000 soldados. La segunda fue la de destituir a Necker y, probablemente, declarar la bancarrota del Estado francés, lo que habría significado el repudio completo de la deuda estatal y, como resultado de ello, la quiebra de algunas importantes instituciones financieras. No está claro qué pretendía hacer el rey después, y todo parece indicar que simplemente procuraba ganar tiempo para arrebatar la iniciativa a los Estados Generales y dejar que las cosas se enfriaran. De ser así, su error de cálculo fue considerable.

El 12 de julio se filtraron noticias en París acerca de la destitución de Necker. Los acontecimientos del día siguiente, domingo, siguen teniendo mucho de misteriosos, pero tratándose de un día festivo, la exposición de la población a la agitación política proveniente, o bien de los políticos rebeldes de Versalles, o bien de oradores callejeros, o bien de los partidarios de los rentiers, es una posibilidad obvia. La opinión pública, moldeada por los altos precios, por la demagogia y por una ofensiva literatura panfletaria que socavaba la posición de la familia real, denigrando a la reina y presentando al rey como la víctima de sus maquinaciones en una corte corrupta, se movilizó para apoyar la perpetuación de los Estados Generales. El Palais Royal fue escenario de arengas y parece claro que, incluso en los barrios obreros, la población identificó su futuro bienestar con la existencia de los Estados Generales, y vio en la destitución de Necker el preludio de la disolución de estos por la fuerza. El 14 de julio estalló la gran insurrección de París, consistente en un ataque bifurcado, primero contra la Bastilla, símbolo del despotismo, pero también, según se decía, arsenal de París, y luego contra los Inválidos, donde se guardaba también armamento. En la medida en que el símbolo del despotismo estaba defendido por un mero puñado de tropas reales, en que solo encerraba a un loco y a unos cuantos deudores (pues, después de todo, se trataba de una prisión para gente distinguida), y en que sus recursos en armas y municiones eran menores de lo que se suponía, la toma de la Bastilla fue un episodio menos heroico de lo que posteriormente pretendería la leyenda revolucionaria. Pero las tropas recién incorporadas a la capital, que tenían la misión de disolver al recalcitrante tercer estado, no intentaron enfrentarse a las masas insurrectas ni se juzgaron capaces de hacerlo. Los medios para mantener el control en la capital no estaban presentes en ella y la insurrección parisina demostró que la autoridad no controlaba la capital. Esta insurrección consolidó e hizo posible la permanencia de los Estados Generales.

Se ha contado miles de veces por qué se levantó de este modo el pueblo de París. Las difíciles condiciones descritas para la década de 1760 se repitieron con renovado vigor en la segunda mitad de la década de 1780. A partir de 1784, Francia sufrió una serie de malas cosechas que alcanzaron su punto álgido con la de 1788, que fue una de las peores de todo el siglo XVIII. La mala cosecha fue acompañada en Bretaña por virulentas epidemias de tifus y fiebres tifoideas y, en Gascuña, Champaña, Alsacia, el Franco Condado y el Languedoc, coincidió con una crisis de superproducción en la industria vinícola que se mantuvo durante varios años y que hizo descender los precios. En las regiones industriales de Normandía y del noreste y en la zona de Lyon se produjo un empobrecimiento masivo, a consecuencia de la escasez de cereales y la depresión industrial. Los hambrientos del campo acudieron en tropel a las ciudades y a la capital, en especial, con la esperanza de llamar la atención de las autoridades sobre sus problemas. París tenía especialmente unas obras en Montmartre que, durante el invierno, atraían como un imán a los hambrientos parados de Ile-de-France y muchos tenían que ser rechazados. Estos inmigrantes rurales se disputaban con los pobres locales los recursos de la beneficencia y constituían una masa callejera disidente y propensa a la delincuencia. Incluso si tenía trabajo, el jornalero parisino recibía un salario que, dado el alto precio del pan, sería invertido hasta en un 80 por 100 en este producto. La insurrección de París, por lo que se puede saber, constituyó una insurrección de la población trabajadora local, y no de los desposeídos del campo, pero fue un movimiento en el que los sufrimientos, en general, y la elevación de los precios fueron identificados con el gobierno del Antiguo Régimen. Esta convicción era general, cualquiera que fuera la dirección que oradores y periodistas dieran al levantamiento parisino. Una vez tomados al asalto la Bastilla y los Inválidos, el tercer acto importante de la muchedumbre fue el linchamiento de Bertier de Sauvigny, el intendente responsable del abastecimiento de la capital.

Merece la pena examinar la revolución del 15 de julio y preguntarse qué se consiguió con ella. ¿Qué significó la revolución burguesa? Lo que el tercer estado consiguió fue una clara ampliación del poder político a su favor, a favor de unos hombres cultos y de medios moderados, consecución confirmada por la Asamblea Constituyente con su posterior clasificación de la ciudadanía en activa y pasiva, siendo necesario para pertenecer a la primera, única con derecho de voto, pagar unos impuestos equivalentes, por lo menos, a tres días de trabajo. La monarquía del Antiguo Régimen había cesado de existir. Sin embargo, los representantes del tercer estado eran monárquicos y, en su mayoría, partidarios de conceder amplios poderes a la monarquía, aunque, por supuesto, debía tratarse de una monarquía constitucional. El hundimiento de la monarquía del Antiguo Régimen implicó, naturalmente, la abolición de sus órganos de gobierno, consejos, ministros, intendentes, asambleas provinciales, parlements y tribunales de justicia, con su muchedumbre de funcionarios venales. Un sistema nuevo y simplificado debía sustituir a la maraña de competencias superpuestas que había habido hasta entonces, permitiendo que los principios de repartición de poder de la Revolución se extendieran por las localidades. La Asamblea Constituyente estaba en condiciones de hacer algo que no había podido hacer nunca un monarca del Antiguo Régimen: abolir por completo una estructura institucional y crear una nueva sobre principios de nuevo cuño.

Por supuesto, existía el escollo de la venalidad, el hecho de que en esos tribunales obsoletos los funcionarios tuvieran la propiedad de sus cargos. Uno de los aspectos de todas las revoluciones de finales del siglo XVIII fue su respeto por la sacrosanta propiedad, respeto que quedaría plasmado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero los políticos de 1789 reconciliaron su creencia en la santidad de la propiedad con la abolición de los cargos venales, prometiendo una indemnización.

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano debía algo a su precedente americano, pero ha quedado como uno de los resúmenes más significativos de los principios de la Ilustración europea. Los derechos de los que se ocupaba, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de prensa, la protección del individuo contra el arresto arbitrario, la abolición de los privilegios basados en el nacimiento o en la adquisición de títulos (la carrière ouverte aux talents), representaban las convicciones de los críticos del gobierno y la sociedad del Antiguo Régimen. La nueva Francia iba a ser un lugar de hombres cultos y adinerados con posibilidades de medrar. Aunque el lenguaje de los derechos parecía universal, en cuanto se redactó la primera constitución resultó evidente que la ciudadanía completa era solo para hombres con propiedades. Las mujeres eran irrelevantes dentro de aquel proyecto y la posición de los esclavos coloniales todavía estaba por resolverse. Visto en su totalidad, y a pesar de la extensión de la Declaración, el concepto de derechos era solo un importante punto de partida que tendría que desarrollarse en las dos décadas siguientes. Los hombres de 1789 todavía tendrían que embarcarse en una reforma fiscal, pero lo harían guiados por la convicción fisiocrática de la conveniencia de un impuesto único sobre la tierra sin exenciones de ningún tipo y, en cuanto hombres del siglo XVIII que trataban de poner en marcha un Estado en dificultades económicas, la propiedad de la Iglesia sería sacrificada en primer lugar, algo que seguía la lógica de los principios ilustrados.

Pero ¿serían capaces los hombres de la Asamblea Constituyente de hacer frente a los problemas del campo francés? Realmente apenas pudieron elegir. Un par de semanas después de la insurrección parisina tuvo lugar el cuarto levantamiento del cuarteto revolucionario, el del campo francés, que, en términos puramente sociales, fue el más preñado de consecuencias. El campo francés había consignado en la primavera de 1789 sus reivindicaciones acerca de la presión fiscal, de la multiplicidad de funcionarios venales, del diezmo que iba a parar a un sector indebido del clero y, sobre todo, del señor y sus agentes, que tomaban una parte de la cosecha sin dar nada a cambio. Los cahiers habían pedido la abolición del cens y del champart (normalmente mediante redención) y habían enumerado los inconvenientes inherentes a las banalités y los retrasos, costos e insuficiencias de la justicia señorial. Curiosamente, las rentas a percibir por el señor suponían para los ingresos del campesino el apartado de menor importancia dentro de su triple contribución a la Iglesia, al gobierno y al señor, no pasando normalmente de un 2 por 100 del total (aunque podía elevarse hasta un 10 por 100). Sin embargo, en 1789 los señores tuvieron que aguantar lo más recio de la hostilidad campesina. El fenómeno es tanto más notable cuanto que las protestas de los campesinos se habían centrado, un siglo antes, en las cargas gubernamentales. Este cambio se explicó en otros tiempos por el creciente aumento de las cargas señoriales a lo largo del siglo XVIII, debido a la voluntad del señor de sacar mayor provecho de sus tierras. Pero historiadores más recientes han rechazado tal interpretación y piensan más bien que la hostilidad campesina contra los impuestos gubernamentales disminuyó cuando el gobierno abandonó los impuestos extraordinarios que había intentado imponer en el siglo XVII. Con esta disminución, la hostilidad se centró en un hombre cada vez más irrelevante para la comunidad rural. Es especialmente notable, a lo largo del siglo XVIII, la decadencia de los servicios judiciales ofrecidos por el señor a la comunidad, obligando a los campesinos a acudir a los costosos e inadecuados, incómodos tribunales reales para asuntos de pequeña importancia, sobre todo litigios de tierras, que requerían una solución rápida. Por regla general, las prisiones señoriales estaban en ruinas. Las sublevaciones campesinas antiseñoriales de 1789 no fueron la proverbial tormenta en un cielo hasta entonces sin nubes. El desarrollo de los modelos de sociabilidad basados en el cabaret (bar o posada) contribuyó al desarrollo de la propensión campesina a una abierta hostilidad contra los señores en las últimas décadas del Antiguo Régimen. También hay indicios de que muchos pequeños señores, que carecían de un equipo de agentes o empleados, se veían en dificultades a la hora de percibir sus derechos, especialmente en aquellos casos en los que el campesino era propietario de las tierras que cultivaba, por lo que la amenaza de desahucio o de una renta cada vez mayor no tenía ningún sentido. Además, en 1788, las comunidades locales se encontraban endeudadas en grado sumo tras una serie de malas cosechas y la depresión de las industrias rurales. En muchas ocasiones, el señor se vio envuelto en la red de deudas, unas veces permitiendo que no se le pagasen sus derechos, y otras adelantando grano al campesino para que pudiera pasar los meses difíciles, a cuenta de la cosecha siguiente. De este modo, los endeudamientos pudieron aumentar e intensificar el resentimiento antiseñorial.

También surgieron otros problemas de las circunstancias especialmente difíciles de 1788-1789. El hambre empujó a la gente hacia la carretera: vagabundos dispuestos a vivir de lo que pudieran, habitantes de las ciudades –criadas, aprendices y obreros textiles despedidos y convencidos de que sus parientes en el campo compartirían con ellos lo que tuvieran–, habitantes del campo persuadidos de que en la ciudad se las arreglarían mejor… Todos ellos eran peligrosos, en la medida en que podían caer en la tentación de coger por la fuerza lo que no pudieran conseguir por otros medios. En el verano de 1789 vagaba por las carreteras un número insólito de personas. Los meses de verano eran los peores para los hambrientos, porque se iban acabando los víveres del año anterior. Los franceses llaman a este periodo la soudure (la soldura) porque, mientras que la próxima cosecha era inminente, los precios y los víveres reflejaban las condiciones del año anterior. Durante esa época había muchos parados en espera de la cosecha y crecía el temor a que los hambrientos y desempleados segasen los cereales en el campo antes de que estos alcanzasen la madurez. Este temor fue uno de los dos factores que dieron lugar al Gran Miedo. El otro fue el rumor de que los señores y las autoridades locales estaban ocultando las noticias de que la Asamblea Constituyente había abolido los derechos señoriales para mantener al campesino sometido a la servidumbre fiscal. En cierto sentido, y esto solo puede ser explicado a partir de la psicología campesina, de las malas comunicaciones y de la ignorancia acerca de lo que estaba pasando en Versalles y en París, el temor al señor y el temor a los «bandidos» (hombres desesperados dispuestos a saquear las cosechas) quedaron asociados, y los bandidos fueron considerados como supuestos secuaces de los señores. Asimismo, los vagabundos aislados fueron transformados en adelantados de los ejércitos de bandidos a punto de aterrorizar al campesinado.

El resultado de ello fue una serie de insurrecciones rurales en las últimas semanas de julio, con diversos epicentros, especialmente en Borgoña, desde donde se extendieron por los valles fluviales y arterias más importantes, dejando al margen ciertas zonas, como el valle del Sena, la Beauce, Bretaña y la mayor parte del Languedoc, que tuvieron unas características casi uniformes. Los campesinos atacaron los castillos, quemaron los archivos de los señores y maltrataron a sus empleados. En el norte y el este se utilizaron únicamente como armas horcas y aperos agrícolas, pero en el sur se dispararon algunos tiros. Con todo, lo verdaderamente importante fue que la destrucción del sistema señorial no requirió el uso real de violencia. La autoridad señorial, una de cuyas manifestaciones era el espectáculo, a menudo patético, de una justicia señorial sin prisiones, sin tribunales y sin agentes de policía, demostró ser, excepto en el caso de algunos grandes terratenientes que controlaban gran cantidad de hombres y recursos (como la familia Saulx-Tavanes, recientemente estudiada), un castillo de naipes. El sistema señorial se había mantenido en pie porque era considerado parte del sistema en su conjunto, que englobaba al Estado, la Iglesia y el señor, pero, al sucumbir la autoridad monárquica en 1789, sus días estaban contados. Una policía con menos de 5.000 agentes para una población de 26 millones de personas no era una fuerza disuasoria, y el ejército no tenía medios para contener a las masas. Los intendentes habían abandonado sus funciones y las elites urbanas observaban con horror y desesperación cómo avanzaba la insurrección por casi toda Francia. Los campesinos o, más exactamente, los pequeños propietarios y arrendatarios (los que pagaban rentas, por un lado, y los que tenían algo que temer de las depredaciones de los pobres, por otro) habían introducido una cuña en el intrínseco respeto de la Asamblea Constituyente por la santidad de la propiedad. Algunos tenían derecho a percibir rentas y, aunque la Asamblea había acordado su abolición el 4 de agosto, trató de trazar una línea imposible entre contribuciones que producían ingresos, por las que había que pagar una indemnización, y contribuciones que consistían en prestaciones laborales, que no serían indemnizadas.

Pero la actividad de la Asamblea no significaba nada para las masas rurales. Aquellos que, aun siendo propietarios de su tierra, tenían que pagar a su señor una suma de un 2 a un 10 por 100 de sus ingresos brutos dejaron de pagarla, y aquellos que eran arrendatarios de un señor comprobaron, a largo plazo, que tenían que tolerar un aumento en la renta superior a la cantidad anteriormente pagada en derechos. Pese a todo, el campesinado francés se vio situado en un plano semejante al del campesinado holandés o inglés. A partir de entonces, la única propiedad sacrosanta sería la propiedad de la tierra. El sistema de privilegios del Antiguo Régimen había recibido su más duro golpe, lleno de consecuencias para el grueso de la población. Para el pequeño propietario, este fue el último aspecto beneficioso que logró de la Revolución.

CONCLUSIÓN

El Antiguo Régimen tuvo un final violento y ruidoso, con una revolución norteamericana que destruyó un imperio, una insurrección holandesa, aunque fracasada, unas ciudades de los Países Bajos austríacos divididas en facciones rivales y unidas solo por su hostilidad profunda y abierta al gobierno vienés, una nobleza húngara insurrecta, una Polonia que se despertó para tratar de evitar su aniquilación total, una evolución de la política radical en Gran Bretaña, una rebelión en Ginebra para ampliar la base de gobierno de la ciudad-Estado y unos comienzos en Francia de una de las revoluciones políticas de mayor trascendencia mundial. Y es igualmente evidente que estos fueron solo los episodios más importantes de una embestida demoledora contra el gobierno establecido. En 1792 fue asesinado el monarca sueco por un complot de la nobleza, y 20 años antes había sido decapitado, en Dinamarca, Struensee, ministro reformista «ilustrado». Irlanda estuvo desgarrada durante la mayor parte de las décadas de 1760 y 1780 por motines contra los diezmos y disturbios agrarios, al menos en Munster y Ulster. Los «Whiteboys», los «Peep-o-day boys» y los «hombres de Ribbon», fundadores del terrorismo irlandés, hicieron su aparición y durante la década de 1780, cuando apareció en Irlanda el movimiento de los voluntarios para dar a este país una legislatura propia. En el norte de Italia estaban fermentando las insurrecciones religiosas que estallarían en la década de 1790 al grito de «¡Viva María!». ¿Qué fue lo que provocó tal discordia? ¿Es posible encontrar algún hilo común a través de esta Europa agitada e inquieta capaz de explicar estos acontecimientos o fue mera coincidencia que toda esta hostilidad fuera coetánea? ¿Cómo es que el Antiguo Régimen no murió de muerte natural en su brillante decadencia barroca, como la muchacha del columpio en una fiesta galante, que se volvió agria, débil y desabrida en su vejez? ¿Quién quería el cambio y por qué? Y, si el cambio era absolutamente necesario, ¿por qué no pudo lograrse sin revolución?

Es necesario poner títulos a los libros de texto, y estos títulos son propuestos como indicadores esquemáticos, aunque a menudo insuficientes, del espíritu de una época. Las últimas décadas del Antiguo Régimen fueron conocidas en otro tiempo con el nombre de «era de la Ilustración» o «era del despotismo ilustrado». Hace 40 años fueron presentadas por R. R. Palmer como la «era de la revolución democrática», convertida por los historiadores franceses en la «era de la revolución atlántica». Después, hace ya más de tres décadas, Alfred Cobban habló de la «era de la reacción aristocrática». Todas estas denominaciones tratan de destacar un lazo común, y todas contienen algo de verdad. Sin embargo, ninguna de ellas puede ser enteramente satisfactoria porque ninguna de ellas puede expresar de modo simultáneo la omnipresencia de instituciones en decadencia, desigualdades sociales, privilegios (a veces denominados libertades), corrupción política y desorden financiero y, por otro lado, la complejidad de un movimiento en favor de un cambio radical o de la restauración del statu quo anterior. Además, lo que se aplica a un grupo de Estados no suele ser de aplicación universal. Hemos visto que la Ilustración fue, en muchos sentidos, un formidable movimiento intelectual, que dio al siglo XVIII buena parte de su grandeza en su animosa obra de demolición y una ocasional fuerza constructiva, encarnada en la Declaración de Derechos norteamericana o francesa. Pero, en otros sentidos, se trató de un fenómeno ecléctico, difuso y muy restringido, un fenómeno marcado por una falta de consenso que, a partir de 1789, se volvió aún más aparente. De modo similar, el despotismo ilustrado apenas supuso para Europa una experiencia común, pues fue una experiencia singular, de enorme importancia en las condiciones de fragmentación del Imperio, pero sin trascendencia para la Europa atlántica.

La «era de la reacción aristocrática» nos ofrece algo más, pues destaca la evidente confrontación entre aristocracia y monarquía que, al menos en cinco casos, los de los Países Bajos austríacos, los territorios tradicionales de los Habsburgo, Hungría, Suecia y Francia, dejó a las monarquías sin un claro punto de apoyo. No obstante, esta tesis ha sido exagerada hasta postular un aumento generalizado del poder político y social de la nobleza a lo largo del siglo XVIII que no resiste a un detallado análisis. Esta tesis se basa en cuatro consideraciones. La primera es el aumento evidente de las reivindicaciones de la nobleza frente al gobierno. La segunda es el intento por parte de algunas noblezas, y concretamente la rusa, de desembarazarse de sus obligaciones con respecto al Estado sin perder sus privilegios económicos. En tercer lugar, hay un supuesto aumento, aunque indemostrable, de la monopolización por parte de la nobleza de los mejores puestos en el Ejército, la Iglesia y el Estado. Finalmente, se ha esgrimido en apoyo de estas tesis un supuesto aumento en el peso del señorío atribuible, bien a la reimposición de derechos señoriales caídos en desuso y a la reconversión de los pagos en especie, bien al evidente aumento de las obligaciones serviles en Rusia y el fracaso del movimiento emancipador en Prusia y en los territorios de los Habsburgo. Dicho brevemente, la tesis de una reacción aristocrática se basa en un resurgimiento claramente definible del poder de la nobleza a expensas de la monarquía y del resto de la sociedad y, en especial, a expensas de una burguesía celosa del control que la nobleza ejercía sobre los mejores cargos y de una población campesina cada vez más oprimida.

Sin embargo, cuando analizamos la historia de un país concreto no encontramos nada que sugiera que el número de obispos, intendentes, burócratas u oficiales del ejército pertenecientes a la nobleza fuese en 1789 superior al de un siglo antes. Incluso la tan citada ordenanza de Ségur de 1781, que reservaba el acceso a las máximas graduaciones militares en Francia a los oficiales de origen noble, no alteró la relación que existía en el ejército entre nobles y plebeyos. Es cierto que, si analizamos la evolución del cuerpo de oficiales del ejército sueco en 1760, podemos observar que dos tercios de sus componentes eran nobles, mientras que en 1719 solo lo era un tercio, pero esto solo refleja la anormalidad del índice de bajas de los oficiales y de las perspectivas de ascenso en las condiciones más bien difíciles de la gran guerra del Norte. Y allí donde vemos un aumento evidente en el poder de la nobleza, como en el caso de Prusia, encontramos que ello fue debido al deliberado propósito por parte de la monarquía de limitar el control burocrático, no el noble.

En términos generales, la riqueza de la nobleza fue en casi todos los casos en aumento, dado que poseía tierras, rentas y excedentes y, en la medida en que había posibilidades para ello, invertía su dinero en el comercio y en la deuda pública. Pero esto no significa necesariamente que el dominio de la nobleza sobre el resto de la población fuese mayor que en épocas anteriores. La extensión de la servidumbre en los territorios rusos era atribuible a la política de una monarquía interesada en extender el control fiscal sobre las poblaciones fronterizas. Los nobles austríacos no vieron ninguna ventaja en el mantenimiento de la servidumbre, dado que existía un mercado de trabajo en buenas condiciones, por lo que no opusieron ninguna resistencia a su abolición. Por otro lado, no tenemos testimonios que sugieran que el campesinado austríaco o prusiano reivindicase una emancipación que no llevase consigo garantías de un asentamiento agrario.

Hay también una tesis muy en boga sobre la reacción señorial, que en Francia se basa en dos tipos de pruebas: por un lado, los manuales, aparecidos cada vez con más frecuencia a partir de 1760, que enseñaban a los señores cómo maximizar sus beneficios y, por otro lado, los cahiers de doléances de 1789, donde se enumeran las quejas de los campesinos acerca de la opresión señorial. Pero una cosa es el resentimiento, que habrá que explorar más a fondo, y otra muy distinta la prueba real de una reacción aristocrática en términos sociales o económicos.

Este tema nos conduce a la política. Durante los siglos XVII y XVIII los Estados de la Europa continental tendieron a aumentar el poder de la monarquía a expensas de aquellas instituciones que, en cierto sentido, actuaban como un freno al poder central; esto es, las asambleas provinciales, las dietas o, en el caso de Francia, los parlements. La historia de Francia de finales del siglo XVII muestra que, en su conjunto, tales instituciones eran más manejables de lo que lo serían posteriormente. Por otro lado, nunca habían sido tan desconsideradamente tratadas por monarcas y ministros como lo fueron durante las disputas financieras del siglo XVIII, cuando la monarquía francesa trató de obligar a los parlements a que aceptasen unas medidas fuera de sus competencias constitucionales.

Pero no solamente era en Francia donde estas instituciones aristocráticas eran el único freno al despotismo monárquico y, por consiguiente, la única fuente de oposición organizada que se atrevía a cuestionar las decisiones reales. En este sentido, buena parte de las protestas políticas en el siglo XVIII fueron, por fuerza, de origen aristocrático, aunque en el caso de Francia y de los Países Bajos austríacos su base se ampliara en la década de 1780, simplemente porque las instituciones aristocráticas eran el único foro de debate posible.

José II llevó a cabo un ataque frontal contra la autonomía política tanto, de los Países Bajos austríacos como de Hungría y, aunque el patriciado belga actuara impulsado por el egoísmo, su oposición tuvo una base popular y, por lo menos al principio, estuvo dirigida contra la recuperación, y no contra la extensión, de su autoridad. Lo mismo se puede decir del curioso espectáculo de la política sueca. A partir de la década de 1720, el Estado sueco osciló entre un constitucionalismo aristocrático tan desarrollado como el de Gran Bretaña y, en las décadas de 1770 a 1780, un gobierno monárquico despótico. La nobleza reconquistó el poder en 1792, tras la eliminación de Gustavo III por un complot aristocrático. El movimiento oscilatorio de la política en Suecia estuvo en gran parte condicionado por su política exterior. En 1730, la dieta o Riksdag estaba dividida en cuatro estamentos y, mientras Carlos XII se encontraba en Rusia, se redactó una constitución por la que reducía los poderes del rey en una gran medida y se formaba un consejo de 16 miembros, responsable ante el Riksdag, que había de reunirse cada tres años (práctica parlamentaria verdaderamente regularizada). El grupo aristocrático del Riksdag apoyaba al partido de los Sombreros, partidario de una alianza con Francia, que quedó muy desprestigiado tras la desastrosa intervención sueca en la guerra de los Siete Años. Los Gorros, que estaban apoyados por los otros tres estamentos –clero, burguesía y campesinos libres–, aprovecharon esta oportunidad para introducir en la década de 1760 toda una serie de reformas liberales que incluían la libertad de prensa y la reducción de los gastos militares. Los Gorros eran partidarios de una alianza con Rusia como medio de garantizar la presencia de Suecia en Pomerania y Finlandia. Pero una población de poco más de dos millones de habitantes no estaba en condiciones de protagonizar una política extranjera dinámica, y la principal preocupación de Suecia era conservar lo que ya había adquirido. El rey Gustavo III dio en 1771 un verdadero golpe de Estado, promulgando una nueva constitución en la que el poder del Riksdag quedaba reducido y el del rey incrementado. Gustavo buscó el apoyo de los campesinos libres, como lo había hecho Carlos XI al convencerlos de que renunciasen a sus privilegios constitucionales a cambio de limitar los de la aristocracia. Poco a poco, se fueron llevando a cabo reformas para impulsar el desarrollo económico, estableciendo ciudades libres y puertos en Marshand y Finlandia que no tuvieron mucha incidencia en la economía sueca, y Gustavo III tomó algunas medidas efectistas del clásico despotismo ilustrado.

Pero sus ambiciones en materia de política exterior incluían en 1786 una guerra contra Rusia que lo amenazaba con incrementar la presión fiscal, y el Acta de Unión de 1789 trató de anular el poder del Riksdag. Frente a la perspectiva de perder sus poderes constitucionales y de tener que soportar una política exterior cuyos objetivos superaban los recursos nacionales, la nobleza optó por eliminar a su ambicioso rey. Esto podría ser presentado como un ejemplo claro de reacción aristocrática, pero sería difícil pretender que la aristocracia sueca hizo algo más que defender la constitución tradicional sueca y evitar la repetición de los desastres de la guerra del Norte. Tampoco la muerte del rey convirtió a los nobles en dictadores de la política sueca.

Solamente en Polonia, donde las reivindicaciones de la nobleza paralizaron el gobierno y acabaron por destruir el Estado, y en Gran Bretaña, donde los nobles y la gentry (burguesía acomodada) compartían el poder, podría decirse que la aristocracia controló a lo largo de todo este periodo la oposición frente a la monarquía o fue capaz de asumir la iniciativa para forzar el ritmo de los acontecimientos políticos. En todos los demás países, la nobleza se limitó a utilizar sus poderes constitucionales hasta que, en la década de 1780, se vio llevada en Francia, los Países Bajos austríacos y Hungría a una situación sin salida, como consecuencia de la presión monárquica y, como guardián de las «libertades» esenciales, adoptó una actitud más firme. En el caso de los Países Bajos austríacos, se trataba de protestar contra la extinción nacional. En Francia, por otro lado, los parlements siguieron en todo momento la senda del constitucionalismo, insistiendo simplemente en que la monarquía, si quería introducir algún cambio en la estructura fiscal, debía consultar a los Estados Generales. De este modo, se abrieron las puertas a un movimiento que fue mucho más lejos que ellos y que supuso un cambio radical en la vida política.

Se podría decir que, en la batalla entre monarquía y aristocracia, no hubo vencedores ni vencidos: no podían existir la una sin la otra. Los años finales del siglo XVIII fueron la «era de la reacción aristocrática» en la medida en que las aristocracias europeas de los países occidentales se alinearon, desde el punto de vista político, en contra del despotismo, pero dicho concepto no nos lleva demasiado lejos. Junto a la reacción aristocrática, o resultante de ella o, en el caso de Gran Bretaña, provocándola, hubo otro movimiento que aspiraba a ampliar la base del poder político y social. Este movimiento, que es posible observar en las colonias norteamericanas durante la década de 1770, en la República Holandesa a principios de la década de 1780, en Ginebra, en los Países Bajos austríacos y en Gran Bretaña y Francia, a finales de la década de 1780, ha sido denominado por Palmer la «revolución democrática». Según él, este movimiento se define por su oposición unánime a la aristocracia y al gobierno de unas instituciones autoconstituidas y autoperpetuadas. Aspiraba a ampliar la participación en la vida política y a hacer a los gobiernos –cuya actuación distaba de ser satisfactoria– responsables ante un sector más amplio de la sociedad. Históricamente, volvía la mirada hacia un pasado medieval en el que los órganos políticos eran más representativos, convirtiéndose, a partir del siglo XVI, en las cabezas de turco de la expansión del poder monárquico. Pero este movimiento también hacía referencia a las teorías más modernas del derecho natural y de la base contractual del poder. Si exceptuamos el caso especial del Westminster Committee en Inglaterra, este movimiento no exigió en ninguna parte el sufragio universal. Reconocía la apatía de un 75 por 100 o más de la sociedad en cuanto a la extensión de los derechos políticos, a pesar de que hablaba de la soberanía popular. El concepto de «pueblo» era muy limitado. Como comentaba a su gobierno el embajador francés en los Países Bajos, hablando de las características del movimiento patriótico holandés: «Aquí no se entiende por pueblo a la parte más pobre de la nación, a los individuos desprovistos de medios para vivir con desahogo. Solo se incluye en este término a la clase de los burgueses que poseen un cierto capital y contribuyen en una proporción determinada a los gastos de la República».

Los acontecimientos políticos de Ginebra nos permiten ver tales principios en acción de un modo más preciso. La insurrección ginebrina se dirigió contra el monopolio político de una reducida aristocracia que gobernaba a la ciudad-Estado a través del Consejo Legislativo de los Doscientos y del todavía más elitista Pequeño Consejo o Senado, que tenía derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de los Doscientos. Este consejo representaba teóricamente a 3.000 citoyens et bourgeois, que celebraban un Consejo General o asambleas municipales con fines electorales. Pero la población masculina adulta también incluía a 4.000 natifs (profesionales e individuos de medios moderados) y 4.500 habitants (trabajadores manuales y siervos). La oposición cristalizó en torno a los natifs, quienes, a partir de 1766, reivindicaron una ampliación de la participación política que diera representación política a una parte de los natifs, lo que les habría convertido en bourgeois. En la asamblea municipal de 1781, los bourgeois aceptaron que se diese el voto a 460 natifs, pero el Pequeño Consejo aplicó su veto y, frente a una actitud tan intransigente, se gestó un golpe para derrocar la constitución oligárquica. En esta coyuntura, Francia y Zúrich, potencias garantes de la Constitución de Ginebra, respondieron, ayudadas por Cerdeña, con un bloqueo militar que se convirtió en asedio, tras el que huyeron los principales dirigentes de la insurrección. Algunos de ellos, como Clavière, se dirigieron a París para disfrutar de cierta publicidad en la época de la Revolución, como escritor a sueldo de Mirabeau y colaborador de Brissot.

Pero si otorgásemos a los movimientos de Ginebra, de la República Holandesa, de los patriotas belgas o del Tercer Estado francés la denominación de «democráticos», emplearíamos tal concepto en un sentido muy diferente del actual. De hecho, estos movimientos se parecen más a las tendencias del liberalismo constitucional de la Europa de la Restauración, por su cautelosa forma de abordar la ampliación de los derechos políticos a los ciudadanos ricos y cultos. A ello se debe que los historiadores franceses prefieran el concepto de «revolución atlántica», evitando la mención de su carácter democrático. Esta denominación es bastante correcta en la medida en que el movimiento en favor de una extensión de los derechos políticos estuvo limitado a los Estados Unidos, donde, hasta cierto punto, podía declararse democrático en el pleno sentido de la palabra, Inglaterra y, quizás, a Irlanda, ciertamente a Francia y a los Países Bajos, aunque en España y Portugal no tuvo ninguna importancia, mientras que Ginebra no estaba bañada por el océano. Sin embargo, una mera denominación geográfica no puede evocar el deseo de cambio político que Palmer trató de captar, y es una pena, porque lo que distinguió a ciertas sociedades en las últimas décadas del Antiguo Régimen fue la presión en favor de un cambio político, y en Francia los acontecimientos fueron mucho más allá de una rebelión aristocrática –que hubiese acabado en tablas– para llegar a destruir los cimientos políticos del Antiguo Régimen. Mientras que en Ginebra, las Provincias Unidas y los Países Bajos austríacos, los abogados, burócratas, banqueros y comerciantes no lograron suplantar a los que tenían el poder político, las circunstancias políticas, algunas de ellas fortuitas, en Francia permitieron que los profesionales, abogados, funcionarios y burócratas se hiciesen con el control de la situación.

¿Por qué razón apareció la agitación política radical exclusivamente en esa parte de la Europa occidental, caracterizada por tradiciones políticas muy diferentes, autonomía municipal, monarquía limitada o despotismo legal? Tal vez esta pregunta sea fácil de responder. En los países en los que, históricamente, la autoridad había sido controlada y compensada, lo que se reivindicaba era la extensión y la organización racional de la participación política, no la participación política en sí. Fue un proceso de crecimiento natural en el que los ciudadanos más importantes y elocuentes trataron de participar en las funciones del gobierno. Estas fuerzas estaban respaldadas por un debate público de más de cien años sobre la distribución del poder, en el curso del cual se había rechazado todo tipo de autoritarismo. Aunque en Londres y en las ciudades de provincias más importantes se reivindicó la concesión del derecho a voto a las clases trabajadoras, la agitación en favor de una extensión del sufragio en Gran Bretaña solo tuvo como objetivo la revisión de la constitución británica para eliminar los abusos de un sistema electoral decadente y corrompido, en el que los «burgos podridos», el caciquismo, las elecciones basadas en cerveza para todos, etcétera, fueron los medios increíbles mediante los que la aristocracia perpetuó su poder político. En Ginebra, se trató simplemente de ampliar el electorado en un 10 o un 15 por 100. En los Países Bajos, en los que el poder osciló históricamente entre orangistas y gobiernos municipales por un lado, y oligarquías urbanas por otro u, ocasionalmente, entre provincias marítimas y provincias del interior, los patriotas tenían como objetivo la eliminación de los orangistas y una reorganización no muy definida del gobierno provincial y municipal para acabar con el poder de la nobleza terrateniente y de las oligarquías urbanas y dar entrada en la escena política a un mayor número de ciudadanos de posición, al menos, modesta. Esto exigía la construcción de una nueva base constitucional que nunca fue puesta en pie, a causa de la intervención extranjera. La oposición comenzó, en los Países Bajos austríacos, como reacción aristocrática ante las reformas de José II. Después surgieron distintas facciones, algunas de las cuales aspiraban simplemente a la restauración del statu quo, mientras que otras exigían una distribución más amplia del poder dentro de las provincias, cuya autonomía sería restaurada. E, incluso en Francia, un análisis detenido de los acontecimientos demuestra que los más radicales defensores del cambio político centraron su atención en una antigua institución, los Estados Generales, como medio para que la vida política francesa tuviese una base social más amplia.

Está claro, pues, que los movimientos de finales de la década de 1780 tuvieron algo en común. El éxito de Francia al lograr aquello que holandeses, belgas y ginebrinos trataban de conseguir a su manera se debió, quizá, más que nada a la confirmación de la postura de los políticos por la intervención de París y al escaso deseo mostrado por las potencias extranjeras de intervenir en territorio francés. Una vez en el poder, la participación del campesinado abrió unas perspectivas de cambio que fueron mucho más allá de lo previsto en el programa de reformas de cualquier país.

Entre mayo y agosto de 1789 se produjo una metamorfosis en el país más poblado de Europa. El poder político cambió de manos y el marco institucional que englobaba a tribunales medievales y asambleas provinciales saltó en pedazos. Se destruyeron también las inmunidades provinciales, que databan de una época en la que Francia no constituía todavía un Estado unificado, y se puso un brusco fin a los parlements, que se sentían orgullosos de constituir un límite al despotismo, al velar porque este no contraviniese las leyes fundamentales de las provincias. Los privilegios personales o corporativos basados en el nacimiento fueron suprimidos y la propiedad de cargos o derechos señoriales desapareció. Evidentemente, Francia ya no podría ser la misma ni tampoco Europa occidental, dado que los franceses exportaron la Revolución en la punta de sus bayonetas.

La autoridad monárquica, limitada por los privilegios, fue destruida, ya que no tenían fuerza suficiente para suplantarla. Así se dio paso a un absolutismo estatal más refinado, que llevó consigo una intromisión cada vez mayor y cada vez más eficaz en las vidas de las comunidades y de los seres humanos, sin excepciones. Como consecuencia de lo sucedido en Francia en 1789, la Asamblea Constituyente trató de legar a las generaciones futuras una monarquía constitucional en la que la Asamblea iniciaba y debatía las políticas y el monarca confirmaba sus decisiones. El estado se hizo potencialmente mucho más intervencionista con respecto a la vida de los ciudadanos y de la comunidad. El control del gobierno se hizo mayor, no menor.

Monarcas como José II, inspirándose en los cameralistas alemanes, habían acariciado la idea de abrirse paso entre la maraña de privilegios para extender la influencia del Estado sobre la vida de la mayoría, fracasando palpablemente, porque la base del poder absolutista no era lo suficientemente fuerte y, para sobrevivir, tenía que pactar con la aristocracia. Por su lado, los movimientos de finales del siglo XVIII consiguieron dar al Estado un mayor control, ampliando la base de su autoridad y destruyendo los límites a su poder.

Los grabados que muestran al campesino francés del Antiguo Régimen llevando a cuestas a un noble y a un clérigo ilustran su emancipación, invirtiendo los papeles y sentando al campesino sobre los hombres del noble que, a su vez, busca apoyo en la Iglesia. Alrededor del campesino emancipado crecen coles enormes, y los conejos y pichones, que hasta entonces solo habían sido cazados por los nobles, cuelgan muertos de la mano del campesino, quien claramente los destina a su puchero. Se trata de una imagen fantasiosa. La eliminación de los privilegios dio al Estado acceso a las fortunas de los nobles y medios para apropiarse de las tierras eclesiásticas, con lo que se llegó a un cierto tipo de igualdad. Pero esto no significó que la carga fiscal del campesino fuese más leve ni que disminuyesen sus obligaciones con respecto al Estado; el cambio político no implicó el descubrimiento de una varita mágica que diese comida y un puesto de trabajo a los necesitados. Las coles no crecieron más, sino todo lo contrario. En conjunto, las instituciones del Antiguo Régimen habían sido importantes consumidoras y creadoras de puestos de trabajo, y las ciudades, en particular, notaron su desaparición. De hecho, todavía está por descubrir un pueblo o una ciudad que se beneficiase de la destrucción del Antiguo Régimen. El cambio significó, invariablemente, la sustitución de los viejos señores y empleados de la ferme génerale por una nueva serie de personajes aborrecidos, los entrometidos funcionarios del gobierno.

La Europa decadente de los privilegios no fue, por supuesto, destruida en todas partes en 1789. Hasta en Francia, el centro de la Revolución, muchos de los cambios de 1789 fueron temporales o sufrieron muchas vicisitudes. En 1815, las familias más ricas de Francia provenían aún de la nobleza del Antiguo Régimen, aunque debían pagar impuestos. Sin embargo, el anacrónico marco institucional del gobierno había desaparecido irrevocablemente. España y Portugal, donde la sociedad privilegiada fue identificada con la libertad nacional, conservaron las viejas costumbres, y en Gran Bretaña se produjo una «reacción aristocrática» que fue adoptando una postura cada vez más severa frente a las demandas de reforma política, por temor a que Gran Bretaña e Irlanda siguieran el camino de la Francia revolucionaria. De hecho, fue en Inglaterra donde, para justificar su condena de los acontecimientos franceses, Edmund Burke escribió un panegírico de la corrupción como «signo infalible de libertad política». Rusia y el corazón de los dominios de los Habsburgo lograron permanecer inmunes y, de este modo, se mantuvieron en el siglo XIX una sociedad antigua y unas instituciones privilegiadas. Pero ya no cabe duda de que sus puntales psicológicos estaban corroídos. Este proceso de corrosión fue el legado concreto del siglo XVIII.

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