Índice

Sinopsis

Portadilla

Dedicatoria

Una década turbulenta en un país de contrastes

POLÍTICA

El camino de la justicia...

La polémica catalana...

Un octubre caliente: caos y conflicto...

Prestar oído sin regalarlo...

Un amor europeo: la relación entre España y...

La generación de 2015: el fin del bipartidismo

ECONOMÍA

Los dioses del dinero...

Duelo al sol: auge y ocaso de Abengoa

La marca España: la preocupación por la imagen...

El negocio de la tierra...

Un mundo más o menos global...

SOCIEDAD

Drogas sin violencia...

La limosna del rico...

Salto de vallas: las puertas de la inmigración...

Salir del coma: la lucha por la justicia...

Un olvido a la americana...

La larga sombra de Franco...

Pequeño pero matón: cómo el Pequeño Nicolás...

El cuarto poder...

La presunción de inocencia...

Recuperar una herencia...

Valorar la fiesta: un mosaico...

Proteger al denunciante...

Epílogo

Láminas

Notas

Créditos

SINOPSIS

Raphael Minder, en cuanto corresponsal de The New York Times en España, es la persona encargada de contar al mundo lo que sucede en nuestro país. Escrito desde un punto de vista objetivo, aunque a veces crítico, Esto es España es una mirada con perspectiva sobre el panorama político y social que ha marcado la última década de la realidad española.

«Muchas veces me he sentido testigo de primera línea de una década crucial en la formación de la España moderna. Lo que comenzó siendo una crisis financiera derivó en una crisis institucional —sobre el bipartidismo— y acabó siendo una crisis territorial — sobre el futuro de Cataluña—, con muchos otros episodios importantes a lo largo del camino. He tenido la oportunidad de contar historias memorables y de hablar con personajes muy diversos en los rincones más remotos de la península ibérica. Este libro da cuenta de ese viaje de diez años por España.»

Raphael Minder

¿Esto es España?

Una década de corresponsalía

Traducción de Vanesa García Cazorla

A la memoria de mi padre

UNA DÉCADA TURBULENTA EN UN PAÍS DE CONTRASTES

Aterricé en Madrid en 2010, el 1 de abril, fecha en la que en Estados Unidos y parte de Europa se celebra el Fools’ Day, el equivalente del día de los Santos Inocentes. Enseguida tuve la impresión de que algunos dirigentes españoles rayaban en el delirio al creer que, de algún modo, podrían prolongar aquella década española de esplendor económico, aun cuando ya asomaran los nubarrones de la crisis financiera.

Dos semanas después de mi llegada, cubrí una reunión de ministros de Finanzas europeos que se celebró en Madrid, pues entonces España ejercía la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Si bien el destino de Grecia era el asunto prioritario en la agenda, algunos de los ministros expresaron también sus dudas sobre la capacidad española para cumplir sus objetivos presupuestarios. Elena Salgado, entonces ministra de Economía española, hizo caso omiso de sus preocupaciones. Al parecer seguía convencida de que los brotes verdes del crecimiento económico que ella había augurado todavía podrían nacer y sustentar a España.

Sin embargo, en mayo se aprobó el plan de rescate internacional de Grecia, y ese mismo mes el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero efectuó los primeros recortes presupuestarios. La burbuja española había estallado, aunque habrían de transcurrir otros dos años hasta que otro Gobierno, liderado por Mariano Rajoy, se viera obligado a negociar el rescate bancario europeo.

Mientras España se sumía en una crisis cada vez más profunda, mis jefes estadounidenses querían tratar el tema desde una perspectiva más amplia: saber si el descarrilamiento de España asimismo entrañaría la destrucción de la estabilidad financiera europea. La idea era que la Unión Europea (UE) no tenía recursos para salvar la economía española, que era más grande que la combinación de las de los tres países —Grecia, Irlanda y Portugal— que los acreedores internacionales habían estado ya obligados a rescatar.

Al final, España empleó menos dinero del rescate del que había solicitado para sobrevivir a la crisis financiera y se las ingenió para salir de la recesión al cabo de tan solo un año. Así las cosas, rápidamente España empezó a recibir aplausos por el saneamiento de su sector bancario, el aumento en las exportaciones y el descenso del desempleo generalizado, todo lo cual garantizó que el país volviera a convertirse en uno de los motores económicos de Europa.

Sin embargo, al descontento social generalizado que seguía existiendo se sumaron otras fuerzas que supusieron un factor de tensión en el tejido social español. Tras haberme pasado mis tres primeros años escribiendo casi de manera exclusiva para los redactores jefes de la sección de Negocios, me di cuenta de que las informaciones que cubría ahora estaban orientándose en gran medida hacia artículos de naturaleza política y social. En cualquier caso, España continuó siendo noticia, desde la abdicación del rey Juan Carlos en 2014 hasta el final del bipartidismo en 2015 y el desafío secesionista en Cataluña, que se puso al rojo vivo en otoño de 2017.

A esas alturas vi con claridad que estaba siendo un observador de primera línea de la década probablemente de mayor impacto en España desde la instauración de la democracia, aunque no hubiera alcanzado esa «segunda transición» que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, había presagiado cuando lo entrevisté en 2015, poco antes de que su partido ganara sus primeros escaños en el Congreso de los Diputados.

Mientras Podemos y Ciudadanos se preparaban para entrar por vez primera en el hemiciclo, yo estaba empezando a trabajar en mi primer libro, sobre Cataluña, asunto del que hablaré con mayor detalle más adelante. El libro lo sacó a la luz una editorial británica en septiembre de 2017, precisamente en la misma semana en que los parlamentarios separatistas desafiaron al Gobierno español y al Tribunal Constitucional presionando, a través de sus leyes catalanas, para la celebración de un referéndum de independencia.

Cuando se publicó mi libro sobre Cataluña, Ramon Perelló, a la sazón editor de Península, me ofreció continuar con otro libro, esta vez sobre mi experiencia en calidad de corresponsal extranjero en España. Como en aquel entonces andaba yo enfrascado cubriendo para mi periódico la convulsa política española, le dije que, desafortunadamente, estaba demasiado ocupado. Pero empezamos a vernos de tarde en tarde, ya fuera en Madrid, ya en Barcelona, y construimos una amistad en la que yo también he aprendido mucho de sus enjundiosas anécdotas y esclarecedoras opiniones sobre España. Cuando ya llevaba cerca de una década de corresponsal en España, acordamos recuperar aquella generosa propuesta que ya me había hecho en 2017 para escribir un libro.

He aquí el resultado. He estructurado el libro a modo de una serie de estampas que pueden leerse por separado, pero con la esperanza de brindar una visión general de cómo he percibido España y cómo he escrito sobre el país durante la última década. Algunos capítulos están basados en mis reportajes para The New York Times . Pero parte del material presente en este libro nunca se ha publicado o trata sobre vivencias más personales y reflexiones más abiertas sobre España y el trabajo de un corresponsal.

De hecho, espero que este libro arroje luz sobre aquello que hace que mi trabajo sea apasionante, estimulante, gratificador y, en ocasiones, también frustrante. Es un enorme privilegio trabajar de corresponsal extranjero, máxime en un país tan diverso, abierto y cautivador como España. Espero que el lector me acompañe en este viaje a lo largo y ancho de España, pero que asimismo pasee por la cocina del periodismo y vea por qué se añadieron algunos ingredientes al cóctel de noticias y reportajes que he escrito sobre España, en tanto que otros se quedaron fuera.

Cuando se ejerce bien, el periodismo es un servicio público, función que desde mucho tiempo atrás le ha atribuido el mundo anglosajón en el concepto de cuarto poder. Me encanta la idea de formar parte de este cuarto poder, ya que puede ayudar a informar y orientar a la sociedad, al tiempo que defiende la democracia y los derechos humanos al actuar de perro guardián contra las fechorías políticas y otros desmanes económicos o sociales. Ahora bien, para mí, lo mejor de ser periodista es tener la oportunidad de preguntar y obtener respuestas (al menos la mayoría de las veces). Un periodista puede aprender algo nuevo a diario y, por ende, recibir una formación gratuitamente al tiempo que se gana la vida (creo, por descontado, que el periodismo debería estar bien pagado). No existen preguntas necias, menos aún cuando eres un corresponsal extranjero, pues siempre puedes alegar desconocimiento sobre las estructuras y costumbres de una sociedad, o sobre la historia de un país.

Trabajar de corresponsal es, por lo tanto, una curva de aprendizaje escarpada y muy enriquecedora que, a veces, entraña la tentativa de dominar un nuevo idioma.

El corresponsal es un estudiante y un observador de un país, pero su labor no es un constante intento de reinventar la rueda. Muy a menudo mi trabajo se ha basado en noticias que han cubierto muy bien los periodistas españoles y cuya ardua tarea de investigación ya se había llevado a cabo. No obstante, mi reto ha sido explicar a un mayor número de lectores internacionales la relevancia de una noticia que la gente en España podría conocer, pero que podría revisarse y contemplarse desde una perspectiva diferente y más amplia.

Esta labor requiere concentrarse en elementos de esa noticia que podrían ser importantes o despertar la curiosidad en un lector que habitualmente no ha seguido la actualidad española o a quien incluso le cueste situar España en el mapa. Me gusta comparar esto con el reto al que se enfrenta una fotógrafa que posee una cámara magnífica pero que acaso se halla mirando algo que está ligeramente desenfocado. El zoom de la cámara es perfecto para captar los detalles, pero no sirve para hacerse una idea del panorama. Un mínimo cambio en la apertura del diafragma puede hacer que una imagen tenga un aspecto muy diferente. Al igual que la fotógrafa, el corresponsal a veces ha de retocar un poco con el fin de ayudar a que los árboles dejen ver el bosque a sus lectores.

Al tiempo que pienso en los lectores, he de empezar a convencer a mi lector más importante, que es el jefe de sección que en cada caso corresponda y que tendrá que invertir tiempo y energía en trabajar en un reportaje sobre España. Los miembros de la junta editorial de The New York Times poseen un enorme talento, así como un extraordinario conocimiento de la política mundial, pero el mundo es un lugar enorme que bulle de actividad en el que España solo ocupa un rincón en el sudoeste de Europa.

El trabajo del corresponsal consiste, pues, en comprender los pormenores de una noticia para, a continuación, concentrarse solamente en los aspectos más relevantes de esta y archivar el resto del material. También he tenido que pensar detenidamente a la hora de elegir el momento oportuno. Es importante no llegar con demasiado retraso a una información, sobre todo en esta era de internet, en la que la gente puede leer las noticias al instante y cree que debería tener un conocimiento completo de inmediato. Pero, en ocasiones, es mejor empezar tarde que quedarse atascado en un embotellamiento de noticias. A menos que se trate de una noticia trascendental de última hora, no tiene mucho sentido llamar al redactor jefe de la sección de Europa con una propuesta desde España el mismo día en que unos terroristas perpetran un atentado en París o en que la primera ministra Theresa May dimite en pleno caos del Brexit.

Al trabajar para The New York Times , también me he convertido, con creciente asiduidad, en el primer recurso de personas en España que quieren contar al mundo sus historias, algo de lo que hablaré más detalladamente en este libro. Con frecuencia quienes se ponen en contacto conmigo desean lograr un reconocimiento internacional para su trabajo o para un asunto. A veces, sin embargo, lo hacen por pura frustración y afirman que en España no se les ha prestado oídos. Algunos me han dicho que, dado que no tengo intereses privados en España, debería ser capaz de comprenderlos mejor que los dirigentes o los periodistas que han dado la espalda a su problema o que incluso en ocasiones han contribuido a ocultarlo.

No creo, por supuesto, que semejante afirmación sea siempre acertada. En España existe un debate animado y abierto sobre infinidad de temas. Como ya he apuntado antes, los periodistas españoles llevan a cabo importantes investigaciones, y con frecuencia me apoyo en su magnífico trabajo. Los fiscales siguen abriendo nuevos casos. Algunas veces se ha cuestionado el funcionamiento del poder judicial español, pero este ha dictado algunas sentencias de gran alcance y ha contribuido a reducir la montaña de corrupción que acompañó al auge inmobiliario en España. He escrito sobre Rodrigo Rato y un puñado de banqueros que fueron condenados por fraude. También he cubierto el encarcelamiento de Iñaki Urdangarin, miembro de la familia real española, además del de un buen número de políticos, como Jaume Matas, el expresidente de las islas Baleares. No muchos países pueden afirmar haber puesto entre rejas a tantos miembros de sus élites como España.

Pero, a decir verdad, en cuanto corresponsal extranjero, no siento que deba nada a España en el plano personal salvo el privilegio de que se me haya consentido vivir y trabajar aquí. Puedo maravillarme ante la belleza y la complejidad del país, admirar a su gente, tener muy buenos amigos, amar su gastronomía y su música, pero todo esto me convierte más en un residente feliz que en un ciudadano que enarbola la bandera española. Y, para mi trabajo, es bueno gozar de esta posición. Ello me permite ser crítico sin tener la sensación de estar traicionando a alguien o mostrando deslealtad al país y sus instituciones. Asimismo, me permite elogiar sin dejar que esto se mude en adoración o devoción. He seguido partidos de fútbol tanto en Madrid como en Barcelona, sentado en la tribuna de prensa del estadio Santiago Bernabéu o del Camp Nou al lado de periodistas que parecen estar al borde de un ataque al corazón mientras realizan su trabajo. A veces hasta dan manotazos en la mesa o chillan a grito herido antes de teclear la siguiente frase en su ordenador portátil. A menudo me he preguntado cómo pueden dichos periodistas escribir una crónica objetiva sobre el partido cuando hay tanta pasión personal de por medio.

Comencé mi andadura en el periodismo en 1993 en mi país de origen, Suiza, cubriendo la actualidad para Bloomberg News. Desde entonces, he trabajado de corresponsal extranjero en otros cinco países durante todos estos años, diez de ellos para The Financial Times . En cada uno de esos países, incluido el mío, he detectado cuestiones muy delicadas que enardecen los ánimos y, por lo tanto, escribiera lo que escribiese sobre ellas, era seguro que suscitarían algunas críticas. En España, el fútbol es uno de estos temas sensibles. Pero en mi lista también están los toros, el catolicismo, la Guerra Civil y Franco, la monarquía, el terrorismo vasco y el más reciente secesionismo catalán.

En esta era de las redes sociales y las noticias en línea, algunos de mis detractores han arremetido contra mí incluso antes de leer un artículo mío, basándose en lo que otra persona ha dicho en Twitter o en otra parte (y a saber si después han leído o no de veras mi artículo). Esto es algo que en concreto sucedió con el libro que escribí sobre Cataluña, que presentó un desafío del que hablaré más adelante. Lo mismo ha ocurrido con algunos de mis artículos, que han enfadado a alguna gente no tanto por lo que he escrito ni por su contenido como por el titular o las fotos que acompañaban a mi texto.

En calidad de corresponsal extranjero, acepto que he de estar en la primera línea y que a veces he de esquivar las primeras balas. A ningún lector le importa el hecho de que un redactor jefe escriba mis titulares o que un fotógrafo tome unas imágenes que después son seleccionadas por un grupo aparte de editores de fotografía y que, normalmente, yo solo veo una vez publicadas. En verdad, relativamente pocas personas en España parecen comprender que un rotativo como The New York Times tiene diferentes departamentos y que, con el fin de preservar su imparcialidad, su organización se funda en mantener una serie de barreras internas, en especial entre las personas que dirigen las páginas de noticias y aquellas que se ocupan de los artículos de opinión y las reflexiones de los editoriales. En 2016 se añadió un nuevo estrato cuando The New York Times inició una edición en español con sede en Ciudad de México que, con su propia y reducida redacción, traducía muchos artículos (incluidos los míos), pero que asimismo encargaba artículos de opinión a escritores hispanohablantes para su propia sección, alojada en el portal del rotativo. En resumen, The New York Times es una nutrida parroquia en la que se publican los escritos de muchas personas diferentes, a veces incluso en idiomas diferentes, y las decisiones editoriales siempre se toman muy por encima de mi grado de competencia y responsabilidad.

El presente libro no trata sobre el periodismo norteamericano, antes bien es la crónica de un corresponsal suizo que trabaja para un diario estadounidense. Tampoco es un intento de volver a narrar con pelos y señales los acontecimientos trascendentales de la última década. En efecto, muchos de los artículos más memorables que he escrito para mi periódico nada tienen que ver con las noticias de actualidad en la España del momento. Se me ocurrieron porque sencillamente leí u oí algo que me pareció desacostumbrado. He conocido a personas fascinantes en algunos de los rincones más remotos de España, además de algunas con las que me he topado casi en la puerta de mi casa. Para mí una de las historias más desgarradoras, y de la que hablo en este libro, es la de una familia que montó una tienda de campaña en una plaza de Madrid para protestar por la negligencia médica que dejó a su hijo en coma.

Espero compartir con el lector lo que lo que para mí ha sido un extraordinario viaje de descubrimiento en el que he sido capaz de probar y revisar muchos de mis supuestos iniciales sobre España. En todo caso, he estado en España mucho más de lo que había previsto porque todavía me queda mucho por aprender aquí.

POLÍTICA

EL CAMINO DE LA JUSTICIA:

LOS ALTIBAJOS DE BALTASAR GARZÓN

En abril de 2010 llegué a Madrid con la esperanza de consagrar mi primera semana más a la búsqueda de un piso que a la de cubrir información para mi periódico. Pero casi de inmediato mi búsqueda de vivienda se vio interrumpida por las diligencias abiertas a Baltasar Garzón, el juez más prominente del país.

Tras cancelar una cita con una inmobiliaria, inauguré mi nuevo trabajo escribiendo sobre por qué Garzón estaba acusado de excederse en sus poderes de juez al intentar desenterrar —literalmente, de las fosas comunes— algunas atrocidades cometidas durante la guerra civil española.

Garzón además afrontaba otras dos demandas. Una de ellas estaba relacionada con las retribuciones que había percibido del Banco de Santander por impartir unos cursos en la Universidad de Nueva York. La otra, relativa a la posible ilegalidad de las escuchas para proporcionar pruebas contra los acusados en lo que después acabaría siendo uno de los juicios por corrupción política más grandes de España: el caso Gürtel.

Tenía conocimiento de Garzón porque el juez llevaba apareciendo en las portadas de los periódicos desde hacía más de una década. Pero lo conocía por ser un defensor de los derechos humanos en el ámbito internacional y no por sus investigaciones en el territorio español.

Haciendo un uso extenso del principio de jurisdicción universal en España, había logrado convertir a Madrid en un centro para la persecución de delitos cometidos en el otro extremo del mundo.

Garzón se convirtió en una celebridad internacional a raíz de que su investigación del asesinato de españoles durante la dictadura chilena lo llevara a solicitar la extradición del general Augusto Pinochet, el exdictador chileno, al Reino Unido en 1998. Solo que, en vez de extraditarlo, el Gobierno británico finalmente le permitió regresar a Santiago alegando su mala salud.

No obstante, Garzón aprovechó su momento de nombradía en Chile para investigar a otros dirigentes mundiales, por lo que a veces extendió su labor mucho más allá de los derechos humanos. Intentó sin éxito levantar la inmunidad política de Silvio Berlusconi, que entonces era primer ministro de Italia, con el objetivo de investigar los contratos televisivos de este por si violaban la legislación antimonopolio española.

En 2009 Garzón asimismo apuntó a la Administración estadounidense del presidente George W. Bush lanzando una investigación de lo que describió como «un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos» en la cárcel de Guantánamo.

Ni Berlusconi ni Bush acabaron sentados en el banquillo de los acusados de un tribunal en Madrid. Pese a ello, Garzón había levantado ampollas y había situado asuntos importantes y controvertidos entre las prioridades de la agenda internacional, lo que le concitó los aplausos de insignes expertos jurídicos y defensores de los derechos humanos en el mundo entero.

Entre mis visitas a unos pisos y otros, leía acerca de las principales investigaciones de Garzón y su importante papel en la lucha antiterrorista en España, tanto contra los militantes vascos de ETA como contra los militantes islamistas a raíz de los atentados de Atocha en marzo de 2004. Su empeño por combatir el terrorismo le había granjeado muchos elogios y respeto. Pero igualmente comprendí que el modo en que había tratado algunos casos había suscitado una gran controversia y que había acumulado muchos enemigos y detractores en el camino, incluso en el seno de la judicatura, en especial después de que Garzón se pusiera de parte de Prisa contra un colega, el juez Javier Gómez de Liaño, que en 1997 había iniciado una investigación por fraude centrada en Sogecable y los ingresos de la televisión de pago del grupo. Por otro lado, también llegaron a mis oídos algunos relatos poco halagüeños sobre el breve período de Garzón en la política durante la década de los noventa y las ambiciones personales que albergaba dentro del Gobierno socialista. Casi todas las personas con las que hablé sobre Garzón tenían una opinión tajante sobre él, ya fuera favorable o contraria.

De hecho, al poco de mi llegada a Madrid en abril de 2010, logré ver de primera mano lo mucho que Garzón dividía a la sociedad española. Seguí una enorme manifestación en la madrileña Puerta del Sol en la que miles de personas se habían congregado durante un fin de semana para mostrar su apoyo a Garzón. La protesta concluyó con un manifiesto cuya lectura estuvo a cargo de varias personalidades del arte, entre ellas, el director de cine Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana, que había pasado casi veintitrés años encarcelado por la dictadura de Franco.

Pero no lejos de la Puerta del Sol me encontré con una marcha rival de menor tamaño. Aunque la cifra de manifestantes era mucho menos nutrida, estos eran casi tan ruidosos como los partidarios de Garzón. Provistos de banderas, entre ellos se hallaban simpatizantes de la formación de extrema derecha Falange, quienes acusaban a Garzón de cometer un delito al violar la Ley de Amnistía de 1977 y de intentar reabrir viejas heridas al investigar las atrocidades de la Guerra Civil.

Esto así, justo después de que se presentaran los cargos contra Garzón, finalmente lo conocí, no sin cierta inquietud, en un despacho de la madrileña Gran Vía. La reunión fue muy difícil de organizar, ya que Garzón parecía preocupado por la posibilidad de ser objeto de escuchas ilegales. Aquella era la primera entrevista en un año que el juez concedía a un gran rotativo.

Más que hablar acerca de su labor internacional en el pasado, de lo que yo quería tratar con él era, principalmente, sobre por qué se había convertido en una figura tan polémica y controvertida en España.

Durante nuestra entrevista, Garzón parecía desafiante mientras describía la ira que su labor había provocado como el espejo de una sociedad española que había fracasado a la hora de aceptar el legado de su reciente y trágica historia. No se mostraba arrepentido y me dijo que, cualquiera que fuese el veredicto, los efectos de sus esfuerzos para promover la justicia internacional ya no tenían marcha atrás.

Uno de los rasgos más extraños y lamentables de España, dijo, era que el sistema judicial había logrado abrir brecha en el campo del rastreo de criminales en todo el mundo, entre ellos, de dictadores como Pinochet, pero que España no era capaz de encarar su propio pasado dictatorial ni de erradicar la corrupción política.

«Creo que se ha plantado la semilla, a pesar de las posibles contradicciones de un país que investiga en el extranjero, pero no puede investigar en casa», dijo Garzón.

El camino de la justicia, añadió, consiste en «dar dos pasos hacia delante, luego uno atrás, luego uno adelante y luego dos atrás, de modo que avanzamos con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en juego, tanto judiciales como políticos y diplomáticos».

En 2010 The New York Times había sido uno de los rotativos que lideraba el apoyo internacional a Garzón. Poco después de que el juez fuera encausado, el diario publicó un editorial titulado «An Injustice in Spain» [Injusticia en España] en el que se avisaba de que apartar a Garzón de los tribunales sería «una parodia de la justicia».

El editorial (en cuya redacción yo no participé) se centraba en el intento de Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil y subrayaba la necesidad de que España examinara su historia: «España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, y no el enjuiciamiento de quienes tienen el valor de exigirla», se sostenía en el artículo.

A pesar de esto, el editorial reconocía el talón de Aquiles de Garzón, probablemente asociado a su ambición personal: «Le atraen los casos mediáticos, como su intento de juzgar al exdictador chileno Augusto Pinochet, y algunas veces se extralimita —decía el editorial—. Pero su objetivo constante ha sido rechazar la impunidad de los poderosos y extender el alcance de la normativa internacional de los derechos humanos».

Al conocer a Garzón, en efecto, tuve la sensación de estar hablando con alguien con un gran sentido de su propia valía y su misión. Me dijo que nunca había aspirado a convertirse en un juez estrella, sino que sencillamente se había encargado de un trabajo que otros jueces de la Audiencia Nacional no habrían tocado. «Mi experiencia personal es que mis compañeros de la Audiencia Nacional no hacían nada en temas de terrorismo», dijo.

Garzón albergaba escasa esperanza de que, en su ausencia, España pudiera tener un poder judicial operativo. Veía con especial displicencia cómo los políticos podían manipular a los jueces —salvo a él— para garantizar que la corrupción no se castigara en España. «La impunidad es la hermana, o acaso la madre, de la corrupción», me dijo.

A principios de 2012 seguí otra vez las tribulaciones de Garzón cuando tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Garzón declaró ante los magistrados del Tribunal Supremo que había investigado los crímenes de la Guerra Civil porque «hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías».

Pero en febrero de 2012 el alto tribunal condenó a Garzón a once años de inhabilitación. El fallo ponía en peligro su carrera judicial, ya que en aquel entonces contaba cincuenta y cuatro años.

En cuanto fue apartado de su cargo, Garzón emitió un comunicado en el que tachaba su condena de «injusta y predeterminada». Advirtió de que su inhabilitación eliminaba «toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados» en España.

Poco tiempo después de que Garzón fuera condenado, entrevisté por separado a dos de los políticos españoles más veteranos y opuestos entre sí: Manuel Fraga y Santiago Carrillo, antiguo líder del Partido Comunista de España (PCE). Quería conocer sus visiones sobre cómo había evolucionado España desde Franco, en cuyo Gobierno Fraga había tenido un cargo de ministro; pero, además, les pregunté sobre Garzón.

Fraga no ocultó su desdén por Garzón. Lo presentó como una amenaza para esa nueva España y se glorió ante mí de haber participado en su construcción en calidad de padre de la Constitución. «Habría que mantenerlo apartado de España, tan lejos como fuera posible», me dijo sobre Garzón.

Carrillo tenía una visión más matizada, tal vez porque también le había preguntado por su participación en la Guerra Civil, empañada por la masacre de miles de prisioneros en Paracuellos, en las afueras de Madrid, cuando Carrillo estaba al mando de la seguridad de la ciudad. «Durante la guerra se cometieron crímenes en ambos bandos, pero no fueron comparables», afirmó Carrillo en defensa de la labor de Garzón. «Y luego, después de la guerra, Franco encarceló y fusiló a todos sus oponentes, además de reparar a los muertos de su bando. Todavía queda por hacer la reparación a sus víctimas.» Volveré a tratar este asunto más adelante.

Los jueces estrella, como Garzón, se enfrentan a dificultades en muchos otros países. En 2017 asistí a un fascinante debate entre Garzón, Antonio Di Pietro, el fiscal italiano que dirigiera la Operación Mani Pulite [Manos Limpias] contra políticos corruptos, y Sérgio Moro, el juez brasileño cuya investigación de la corrupción política, conocida como Operación Lava Jato, propició que se encarcelara al expresidente brasileño Lula da Silva.

Durante el debate, que tuvo lugar en la población costera portuguesa de Estoril, Garzón recordó una charla que había tenido con Di Pietro en julio de 1993, época en la que presentaba su candidatura en las elecciones generales españolas. «Amigo Baltasar, está usted cometiendo un error —le dijo Di Pietro—. Un juez no puede pasar a la política.»

Aun así, cuatro años después, Di Pietro no siguió su propio consejo y también entró en política. «La coincidencia es que ninguno de nosotros renunciamos a nuestros principios», dijo Garzón al auditorio. Tras unirse al Gobierno socialista, dijo Garzón, «dimití porque el presidente del Gobierno Felipe González, que se había comprometido a combatir la corrupción, no lo hizo. […] Lo denuncié y me marché al juzgado. […] Con esto lo que quiero decir es que no es malo que un juez o un fiscal vaya a la política: es servicio público. La cuestión es cómo, de qué forma, con qué requisitos se mueven las puertas giratorias, qué intereses hay que concitar. […] No todos los políticos son corruptos. Ese es un discurso muy fácil. […] También hay corrupción entre los jueces, también hay corrupción en las más altas esferas judiciales, también hay intereses políticos dentro la judicatura».

Mientras escuchaba a Garzón hablar de su pasado político, me pareció difícil compartir su opinión de que no había peligro en que un juez se convirtiera en político y después usara también las puertas giratorias del poder para regresar a la carrera judicial.

Puede que, como él mismo alegó, hubiera una motivación política en su inhabilitación para el cargo de juez en 2012. La decisión se vio después empañada por el hecho de que sus principales acusadores, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, se enfrentaron también a problemas legales.

Pero Garzón había entrado en política por voluntad propia y debería haber sabido que luego tendría que luchar para restituir su imagen de independencia absoluta. Tal y como me dijo: «Existe una visión muy española de la justicia que consiste en sospechar que si has estado en la política vas a ser corrupto».

Por lo demás, las andanzas políticas del propio Moro también resultaron controvertidas y breves. Fue ministro de Justicia en el Gobierno de derechas del presidente Jair Bolsonaro, pero lo obligaron a tomarse unos días de asueto en julio de 2019, a consecuencia de la filtración de unas conversaciones telefónicas que insinuaban que Moro había violado su deber de imparcialidad mientras ostentaba el cargo de juez, al colaborar de manera activa con los fiscales que perseguían a los políticos corruptos.

En una democracia eficaz basada en los controles y equilibrios, los políticos y los jueces deberían estar lo más separados posible. En España esa distancia no siempre ha sido la suficiente. Los jueces no siempre han asumido las responsabilidades de sus propios errores.

En 2012 seguí la caída de Carlos Dívar, un juez que era el presidente tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo. Pero Dívar se vio envuelto en serios problemas fuera de los tribunales después de que la prensa informara de que había estado utilizando dinero público para disfrutar de fastuosos viajes y vacaciones. Durante semanas Dívar se negó a hablar de sus fines de semana a todo lujo en Puerto Banús a costa de los contribuyentes. También se resistió a comparecer en el Congreso de los Diputados con la ayuda del Partido Popular (PP) y el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero los hechos del escándalo eran indefendibles y con el tiempo se obligó a Dívar a dimitir.

La buena noticia para España es que el poder judicial es una gran comunidad en la que una manzana podrida no tiene por qué pudrir al resto de la cesta. Otros jueces también siguieron los pasos de Garzón para perseguir la corrupción política, a menudo a paso lento pero seguro. El sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, salió pronto del anonimato en cuanto máximo representante de una nueva generación de jueces investigadores. En el fugaz período en que fue designado sucesor de Garzón, Ruz fue fundamental en el desarrollo de la investigación de la financiación ilegal del PP orquestada por quien fuera su tesorero, Luis Bárcenas.

Al repasar esta última década, sorprende, de hecho, la cantidad de colegas de Garzón en la judicatura que han aparecido en los titulares de la prensa, a veces siendo menos visibles y controvertidos en sus métodos de investigación que el mediático juez. En 2018 el magistrado Ángel Hurtado dictó una sentencia sin precedentes en contra del PP de Mariano Rajoy, que se convirtió en la primera fuerza política en España a la que se declaró culpable de tener una caja negra.

A los pocos días, la oposición de los socialistas, liderada por Pedro Sánchez, empleó esta sentencia contra la corrupción para destituir a Rajoy en una inesperada moción de censura. Tras sobrevivir dos décadas en la cumbre de la política española, Rajoy salió por la puerta de atrás, ya que fue el primer dirigente español de la historia contemporánea en ser expulsado por los diputados en lugar de por los votantes.

La sentencia del caso Gürtel justificó los esfuerzos de Garzón, pero fue la prueba, además, de que el poder judicial español no dejó de funcionar una vez que lo inhabilitaron, a pesar de lo que en su día sostuvieran algunos de los más eminentes expertos jurídicos, como Dolores Delgado, fiscal que en tiempos había trabajado estrechamente con Garzón. En 2010 esta me dijo que la destitución de Garzón supondría un demoledor golpe para el poder judicial español. «Fue un pionero que logró, desde un Estado pequeño, despertar una idea de justicia internacional que estaba muerta hasta que él la impulsó —dijo Delgado—. ¿Qué sucederá ahora? Se ha marchado y es muy poco probable que surja otra figura como la suya.»

Desde la perspectiva actual, Delgado probablemente estuviera en lo cierto cuando auguró que ningún otro juez español llevaría a cabo una investigación más allá de las fronteras españolas y cuyo blanco lo constituyeran incluso jefes de Estado, como había hecho Garzón. Al parecer, el principio de justicia universal se quedaría relegado a los libros de historia.

No obstante, parece que Delgado no acertó al pensar que, por alguna razón, el poder judicial sería menos eficiente y poderoso sin Garzón. Desde la marcha de este, otros jueces han investigado exhaustivamente la corrupción de la clase dominante española, pues no solamente han juzgado a dirigentes y políticos, sino también a miembros de la familia real.

En algunos casos, aunque con graves demoras y a pesar, incluso, de los esfuerzos políticos por obstruir la justicia, se han dictado sentencias. En 2014 la jueza Mercedes Alaya fue apartada de su instrucción del caso de los ERE, en el que algunos políticos socialistas habían desviado dinero destinado a los fondos para los desempleados. Después la jueza denunció que «el sistema», en el que había políticos y colegas jueces, la había apartado. Pero, lo mismo que en el caso de Garzón, con su salida no se cerró la causa. En noviembre de 2019, un juzgado de Sevilla condenó a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y a otros dieciocho miembros por uno de los casos de fraude de mayor coste político en la historia española, en el que se habían malversado casi 680 millones de euros de las arcas públicas.

A finales de 2019, entrevisté a Garzón de nuevo, esta vez para centrarme en su trabajo de abogado en la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que entonces luchaba contra el intento de Washington de que lo extraditaran desde el Reino Unido.

Cuando le pregunté también por su trayectoria y si había lamentado haberse convertido en esa persona a la que le llovían todas las críticas en el debate sobre el poder judicial español, Garzón se mantuvo firme en su desafiante argumento. Al repasar su trayectoria, dijo que no había habido nada malo en su incursión en la política en los años noventa. Asimismo, negó haber buscado protagonismo en calidad de juez.

Si bien seguía mostrándose muy crítico con la España institucional, afirmó que, con el tiempo, había adquirido una «visión más completa de la justicia». Entre los aspectos positivos, dijo, estaba el hecho de que la politización de la justicia en España no había impedido a otros jueces perseguir con eficacia la corrupción, concretamente, al culminar el caso Gürtel, que en parte le había costado su puesto de trabajo. «Los que pretendían que mi suspensión fuera una suerte de aviso no contaron con el hecho de que los jueces, conservadores o no, tienen un sentido de independencia en el ADN —dijo Garzón—. Es un logro que la justicia se haya consolidado en la investigación frente a la corrupción.»

La justicia en España sigue siendo lenta, imperfecta e impredecible. Aun así, ha dado más pasos hacia delante que hacia atrás.

LA POLÉMICA CATALANA:

LAS MÚLTIPLES CARAS

DE LA INDEPENDENCIA

En noviembre de 2015 recibí un correo de un editor de la editorial británica Hurst que había leído algunas de mis crónicas y me preguntaba si me interesaría escribir un libro sobre Cataluña. Su ofrecimiento me halagó, pero intenté convencerlo de que lo que yo tendría que escribir sería un volumen más amplio sobre España en el que Cataluña fuera un tema importante, en lugar de ser el único de la obra.

Aun así, el editor de Hurst quería tratar específicamente Cataluña, un asunto al que los autores de habla inglesa habían prestado relativamente poca atención. Existía la posibilidad de que semejante libro atrajera el interés de los lectores británicos debido al debate que estaba teniendo lugar en Escocia y que había dado lugar a un referéndum de independencia, que los votantes rechazaron en 2014. Me explicó que la idea de Hurst era realizar un análisis profundo tanto de la historia, la cultura y la sociedad catalanas como de su veleidosa política, teniendo en cuenta asimismo el contexto de la Unión Europea, que se enfrentaba entonces a nuevos retos políticos, entre ellos el auge de los movimientos nacionalistas.

Me convenció. También me pareció que escribir un libro era un hito en la carrera de un periodista y que era un lujo que me ofrecieran una experiencia tan valiosa sin tener que buscarla.

A decir verdad, aunque me había interesado el cambiante panorama político catalán, tampoco es que me hubiera fascinado. Sabía que era un tema que requeriría un arduo aprendizaje por mi parte, ya que tenía la impresión de no conocer Cataluña y sus habitantes sino de un modo superficial. Al fin y al cabo, lo mismo que muchos extranjeros, crecí pensando que la cuestión del nacionalismo en España era más relevante en el País Vasco que en Cataluña. Aunque desde 2010 había escrito sobre Cataluña alguna que otra vez, en ocasiones esto había sido una lucha. Me parecía que había sido incapaz de comprender por qué un asunto como el del Estatuto de Autonomía catalán podía caldear tanto los ánimos y suscitar semejante controversia.

Antes de documentarme y entrevistar a gente, comencé a leer los escritos de Vicens Vives y otros eminentes autores que me habían recomendado. Para mi desesperación, cada vez que pedía consejo a alguien, me daban el nombre de otro historiador o escritor por añadir a mi lista, con la advertencia de que la lectura del antedicho autor era esencial si quería comprender algo sobre Cataluña.

Mientras hincaba los codos para saber más sobre Cataluña, tuve otra conversación con Hurst, cuyos editores querían elegir lo antes posible el título para el libro venidero. Me presentaron tres propuestas, todas y cada una de las cuales eran títulos con gancho, pero no del todo apropiados. Me preocupó que la redacción del título que eligieran pudiera generar una controversia en España, al igual que su decisión de poner una estelada en la portada. Pero yo era nuevo en el mundo del libro y, por supuesto, comprendí que lo que una editorial quería era que su obra captara la atención de potenciales lectores en medio de la amplia oferta de una librería.

Al final resolvimos que el título sería The Struggle for Catalonia [La lucha por Cataluña], matizando un poco su idea original, que era llamar el libro The Fight for Catalonia [La contienda por Cataluña]. Me las había ingeniado para convencerlos de que el término fight ¹ sonaba demasiado beligerante.

Al volver la vista atrás, creo que esta opción fue premonitoria y, desde luego, no muy fuerte. Ha habido y sigue habiendo una lucha [struggle ] por Cataluña. El libro se publicó el 4 de septiembre de 2017, justo unos días antes de que los legisladores catalanes independentistas lograran aprobar en el Parlament unas nuevas leyes con el fin de convocar un referéndum de independencia y hacer caso omiso de los fallos del Tribunal Constitucional español.

No tenía una bola de cristal para predecir el futuro mientras escribía el libro, y lo que tuvo lugar en Cataluña a continuación superó con creces lo que yo había imaginado. También creo que muy pocas personas de las más de 150 a las que entrevisté para aquel libro podrían haber presagiado lo que ocurrió en otoño de 2017. La única certeza es que la publicación del libro fue de lo más oportuna, justo en el momento en que el secesionismo catalán estaba al rojo vivo.

De hecho, mi libro desató algunas críticas feroces incluso antes de publicarse, en concreto cuando algunos vieron en internet una vista preliminar de la portada del libro. A través del correo electrónico y las redes sociales, me llovieron toda suerte de lindezas y comentarios infundados, entre ellos afirmaciones difamatorias de que la Generalitat me había encargado escribir el libro y lo había financiado.

Algunos de esos ataques procedían de gente a la que conocía personalmente y a la que tenía en alta estima. En tiempos, había dado las gracias a Martín Ortega Carcelén, que había sido director de uno de los gabinetes del Ministerio de Exteriores, por mandarme un ejemplar de su libro. Pero dos meses antes de la publicación del mío, Ortega Carcelén escribió en Twitter que en breve me disponía yo a «vender un panfleto antiespañol». Decepcionado y atónito, le pregunté por correo electrónico qué le había movido a hacer semejante embate público y le insinué que lo menos que podría haber hecho era tener el rigor intelectual de leerse el libro antes de tildarlo de panfleto. Por aquel entonces él daba clases en diversas universidades, labor que compaginaba con la de investigador senior asociado en el Real Instituto Elcano, en Madrid.

Nunca recibí respuesta alguna de Ortega Carcelén. Eso sí, le agradezco a él y a algunos otros haberme ayudado a prepararme para otras tantas invectivas, aún más vitriólicas, que pronto me lloverían. Su diatriba me sirvió para comprender que el momento de publicación de mi libro era un arma de doble filo.

Por un lado, fue magnífico haber empleado tanta energía en trabajar en un tema que en el pasado me había parecido demasiado oscuro como para atraer a los lectores internacionales, pero que de pronto empezaba a ocupar un lugar destacado en la actualidad periodística mundial, incluida la que cubría The New York Times .

Por otro lado, sin embargo, comprendí que cualquier elogio que pudiera recibir por mi libro desde fuera de España corría el riesgo de verse superado con creces por las arremetidas que recibiría desde dentro, entre ellas las de personas empeñadas en presentarme como una suerte de infame agente secreto implicado en una conspiración internacional para promover aún más agitación en Cataluña. Al fin y al cabo, como me dijo un turbio dirigente español, ¿por qué si no un extranjero perdería el tiempo escribiendo un libro entero sobre Cataluña, de no ser que su esfuerzo estuviera también orientado a servir a la propaganda secesionista?

En el conflicto sobre Cataluña, los bandos en liza se han acusado mutuamente de lavar el cerebro de sus simpatizantes. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que, en Cataluña, las pasiones, que siempre tienden a pesar más que la razón, a menudo han ofuscado los cerebros.

La dimensión emocional no siempre se corresponde con lo mucho o lo poco que la gente sabe acerca de un asunto. Algunas de las afirmaciones más arrebatadas sobre Cataluña las han hecho profesionales de gran altura, desde historiadores hasta economistas, que a veces también han soslayado los hechos con el fin de construir un relato acorde con su propia versión de la historia.

En una columna publicada en El País en abril de 2018, el escritor Javier Cercas hablaba del reproche que le hacía «un viejo amigo americano» por escribir demasiado sobre política catalana. «Lo de Cataluña es ahora mismo una cuestión de fe, no de razones», decía Cercas.

Cercas acaba dándole la razón a su amigo, y yo también comprendo muy bien a su amigo americano. En mi libro intenté aclarar muchas de las sombras del debate catalán tras hablar con gente que tenía preocupaciones más importantes que la política o cuyo interés político se limitaba a un tema muy concreto, como la protección de las aguas del río Ebro.

Pero aquello había ocurrido, por supuesto, antes de la agitación de octubre de 2017. Creo que, desde entonces, para cualquiera que esté en Cataluña se ha vuelto muy difícil estar al margen del debate que ha dividido la sociedad en dos. Casi todo el mundo conoce a alguien que en un momento dado ha perdido los papeles en el asunto de Cataluña y se ha dejado dominar por los nervios y las emociones, a veces por pura frustración.

A medida que se recrudecía el conflicto catalán, Josep Borrell volvió a la primera línea de la vida pública en España como uno de los abanderados del movimiento antisecesionista. En cuanto economista respetado, fue el coautor de un libro cuyo objetivo era desacreditar muchos de los argumentos financieros del movimiento independentista. Una semana después del referendo de independencia, fue uno de los principales portavoces en una multitudinaria manifestación en Barcelona para defender la unidad de España. En junio de 2018, Pedro Sánchez lo nombró ministro de Exteriores de su nuevo Gabinete socialista.

Borrell conoce la relación entre Madrid y Barcelona como pocos políticos, de ahí que extrañara verlo marcharse durante una entrevista en la televisión alemana Deutsche Welle en marzo de 2019, cuando se produjo un pequeño incidente que, en mi opinión, puso de manifiesto la facilidad con la que se pueden encender los ánimos cuando se debate sobre Cataluña.

El entrevistador británico Tim Sebastian exasperó a Borrell desde el principio con su agresivo y capcioso estilo de preguntas. Al principio de la entrevista, le pidió a Borrell que explicara por qué Carme Forcadell se hallaba en la cárcel cuando esta no había sido «condenada por nada». «¿Por qué dice usted “condenada por nada”? —replicó Borrell—. Empiezo a pensar que usted no tiene ni idea de esto.» A continuación, Sebastian le dijo a Borrell que no era lo mismo estar acusado que estar condenado, pero Borrell no se desdijo. Más adelante, Borrell acusó a Sebastian de estar mintiendo.

Como es natural, Borrell no es el único político que ha perdido los estribos con el asunto de Cataluña. Varios líderes separatistas se han enardecido o han jugado con las emociones de los demás. La referencia a Judas que hizo Gabriel Rufián en un tuit que decía «155 monedas de plata» puso a Carles Puigdemont contra las cuerdas, justo cuando el dirigente catalán estaba decidiendo si arriesgarse o no a declarar unilateralmente la independencia a finales de octubre de 2017.

También he visto romperse amistades por la cuestión de Cataluña, incluso entre algunas de las mentes más brillantes de España.

En calidad de académicos, Luis Garicano y Carles Boix habían llevado a cabo una investigación conjunta en la Universidad de Chicago en los albores de este siglo. Se hicieron amigos y disfrutaban yendo al cine juntos por las tardes.

Con el tiempo, Garicano fue profesor en la London School of Economics, donde adquirió fama de hacer que temas complejos fueran inteligibles para el gran público, una habilidad que luego usó para saltar a la política con Ciudadanos. En 2008 incluso explicó a la reina Isabel II de Inglaterra los orígenes de la crisis crediticia cuando la soberana visitó su universidad en Londres. Según cuentan, la reina se quedó impresionada con el gráfico que Garicano pintó en la pizarra.

Después de Chicago, Boix fue profesor en la Universidad de Princeton. Ha escrito libros por los que ha sido galardonado y es un investigador de renombre en desigualdad económica.

Los dos académicos acabaron en lugares diferentes, pero fue la política catalana la que los separó del todo.

En septiembre de 2017 la directora de la revista Jot Down me preguntó si querría moderar un coloquio entre Boix y Garicano, que sería el primer encuentro de ambos tras varios años.

Sin embargo, la noche de la víspera, Boix resolvió no acudir. Más adelante me explicó que la razón de su giro había sido una propuesta parlamentaria de Ciudadanos, el partido de Garicano. Boix se deshizo en disculpas por retirarse en el último momento, pero sostuvo que habría sido «absurdo» debatir con su antiguo amigo en semejantes circunstancias.

A quien sí vi al día siguiente fue a Garicano, con quien me tomé un café. Este lamentó la situación, pero lo dijo como si casi hubiera sido inevitable. En palabras de Garicano, «el independentismo nos separó». Así pues, se había sacrificado una larga amistad en aras de la política catalana.

En ocasiones yo mismo he sido el blanco de diversas invectivas a causa de lo que he escrito sobre Cataluña, pero a veces me ha alegrado hacer el papel de abogado del diablo, que creo que es un importante elemento del periodismo, pues forma parte tanto del derecho a cuestionarlo todo como de la obligación de hacerlo. Un corresponsal extranjero observa el terreno no solo desde lo alto, sino que en ocasiones también ha de adentrarse en territorios peligrosos. En un conflicto, el corresponsal ha de aventurarse a asomar la cabeza por el parapeto, salir de las trincheras y cruzar la línea de fuego en busca de opiniones diferentes y hechos que se puedan contrastar con aquello que algunos aceptan como única verdad incontrovertible. En los más de veintisiete años que llevo trabajando de corresponsal, algunas veces he tenido que sobrellevar con paciencia entrevistar a alguien que me daba mala espina. Es preciso este esfuerzo para formarse una concepción que pueda convertirse en un artículo periodístico imparcial.

Por seguir con la analogía militar, el peligro que corre el corresponsal es que puede quedarse desamparado en tierra de nadie, por lo que se convierte en un fácil blanco para ambos bandos. En alguna ocasión he bromeado diciendo que la mejor manera de medir el éxito de mis artículos sobre Cataluña es ver si desatan un descontento y una frustración parejos en ambos bandos.

Para algunos lectores en Madrid, he sido el corresponsal que ha participado en una cruzada para socavar España y que, con ese objetivo, he llegado incluso a escribir un libro sobre Cataluña. Sin embargo, para otros lectores en Cataluña, siempre he vivido en Madrid y he trabado amistad con la clase dirigente española sin ni siquiera dignarme leer la prensa local en catalán.

Una vez recibí un correo electrónico de un lector que me preguntaba por qué había participado en un debate de la televisión catalana a sabiendas de que todos hablarían catalán cuando estaba claro que yo no lo hablaba. Le contesté que, con respecto a los idiomas, siempre hacía lo posible por adaptarme.

Gracias a mi francés y mi español, logro seguir un debate en catalán y respondo en español. Lo del euskera, por desgracia, ya son palabras mayores. También he estado cubriendo la información de Portugal para The New York Times , pero desafortunadamente no he estado allí lo bastante para aprender su lengua. Di algunas clases de portugués nada más llegar a Madrid en 2010, pero enseguida estuve demasiado atareado informando sobre la crisis financiera y tuve que dejarlas.

Por suerte, he sobrevivido en Portugal mezclando sobre todo el inglés con mi propia y patética versión del portuñol . He realizado algunas entrevistas en español en las que me daban las respuestas en portugués, por lo que tenía que pedir al entrevistado que se apiadara de mí y hablara despacio. A continuación, utilizaba la grabación para ayudarme a resolver cualquier duda.

Lo bueno es que la mayoría de los portugueses hablan otros idiomas. Ahora bien, sigo creyendo que mi incapacidad para hablar en portugués con ellos me ha situado en una posición de desventaja a la hora de informar sobre Portugal. Cuando te puedes comunicar con la gente en su lengua materna, la cosa cambia: el intercambio de anécdotas y opiniones no solo se vuelve más humano y vívido, sino también mucho más esclarecedor, por más que la otra persona hable un inglés excelente.

Puesto que soy suizo y me he criado en una familia de políglotas, valoro los idiomas y aplaudo la diversidad lingüística en un país. Pero tampoco me extrañó del todo la queja de aquel lector sobre mi intento de participar en un debate en catalán, pues la cuestión de la lengua ya entonces se había convertido en una de las manzanas de la discordia en la política catalana. Casi todas las semanas he seguido en las redes sociales algún relato de alguien a quien le dicen que no hable castellano en Cataluña o de alguien a quien, por el contrario, la burocracia española le impide hablar en catalán.

Personalmente no he conocido a ningún catalán que se negara a hablarme en español. Por otro lado, he conocido a unos cuantos catalanes que veían con agrado mis esfuerzos por entenderlos cuando me hablaban en catalán, lo mismo que en Madrid o en Sevilla me han dado la enhorabuena por mi español.

España es uno de los países más diversos que conozco, aunque a mucha gente le cuesta reconocer el valor de esta ventaja.

A mi parecer, las lenguas enriquecen una sociedad, aun cuando a veces puedan entorpecer la comunicación. El castellano ha creado un extraordinario legado literario en el que obviamente figura el Quijote , la primera novela de la literatura universal. Debería promoverse y defenderse en cuanto lengua mundial, actualmente también hablada por un mayor número de personas en Estados Unidos que en España.

Pero también soy de la opinión de que los jóvenes españoles saldrían beneficiados con una mejor enseñanza de los idiomas, que debería integrar ver películas en versión original subtitulada (como ocurre en el vecino Portugal). En noviembre de 2019, la princesa Leonor, con catorce años, dio ejemplo a su generación pronunciando en Barcelona su discurso en español, catalán, inglés y árabe.

La política española también saldría ganando si a los parlamentarios se les diera la opción de debatir no solo en español, sino también en sus lenguas catalana, vasca y gallega, y para ello se utilizara la traducción simultánea, como se hace en otros parlamentos nacionales, desde Bélgica y Finlandia, hasta Canadá y Singapur, país este que, como Suiza, cuenta con cuatro idiomas oficiales.

Para informar sobre Cataluña, a veces me he tenido que volver insensible a las críticas. En un momento dado, recibí en Twitter repetidos mensajes de una cuenta inidentificable que, con tono amenazador, me preguntaba si ya había previsto mi salida del país. Por salud mental decidí que lo mejor era darme una ducha por la mañana antes de mirar mi cuenta de Twitter.

De vez en cuando, algunos han cargado contra mí basándose en percepciones erróneas. Una publicación llamada ESdiario escribió en 2018 un artículo en el que se afirmaba que mi propio periódico me había «humillado», porque otro escritor, Daniel Gascón, había publicado un artículo de opinión en la sección en español de The New York Times en el que criticaba a Quim Torra, el presidente de Cataluña. ESdiario insinuaba que Gascón me estaba reemplazando en mi trabajo, a pesar de que yo nunca escribo artículos de opinión. Lo cierto es que, cuantos más artículos decidan publicar sobre España los jefes de la sección de opinión —ya los escriba Gascón o cualquier otra persona, lo mismo si comparto sus ideas como si no—, mejor. Si bien en estos últimos años suelen publicarse más en nuestras páginas en español que en las de inglés, me interesa de todos modos que se hable del país donde vivo y trabajo.

He tenido la suerte de contar siempre con todo el apoyo de mis superiores en The New York Times , que a veces han seguido la actualidad catalana con perplejidad. Alguna que otra vez, los lectores a quienes no les ha gustado mi trabajo han formulado su queja directamente a mis jefes en Nueva York con el fin de que se corrigieran informaciones que ellos sostenían que eran inexactas. Mis jefes quieren corregir de inmediato cualquier error, pero hay ocasiones en las que he tenido que argumentarles que la queja en cuestión estaba motivada por el sesgo político de quien se quejaba. Por desgracia, la lista de quejas sesgadas que exigen tales correcciones en mis artículos ha ido creciendo desde que se exacerbó el conflicto catalán.

A ningún periodista le gusta cometer errores, en especial en un diario como The New York Times , que cuenta con un corrector que hace un seguimiento de los errores y los corrige. Con todo, creo que para la credibilidad de un medio es esencial corregir bien y de manera clara, una práctica que necesita mejorar en España. He leído algunos artículos de la prensa española en los que las modificaciones se hacían en internet sin reconocer la existencia previa de un error, como si los responsables de los medios consideraran su web como una pizarra que pueden borrar del todo. Sin embargo, en internet se deja un rastro, en especial en las redes sociales, que a menudo se extiende muy lejos y a gran velocidad.

Algunas veces, los errores los provocan los protagonistas mismos de la historia y, por lo tanto, no se pueden atribuir al periodista de turno. En noviembre de 2017 The New York Times publicó un artículo de opinión escrito por Oriol Junqueras, que firmaba en calidad de vicepresidente de Cataluña, a pesar de que el Gobierno español lo había destituido de su cargo unas semanas antes. Puesto que el periódico separa intencionadamente los diferentes departamentos, yo no estaba al tanto de que Junqueras publicaría un artículo de opinión, y en Nueva York nadie puso en entredicho el modo en que se había presentado el propio Junqueras. La descripción de su cargo provocó indignación en Madrid, al tiempo que Pedro Morenés, el embajador español en Washington, enviaba una carta de protesta al rotativo. Como es obvio, se hizo la debida rectificación. Puede que este incidente contribuyera a mostrar a los responsables del periódico neoyorquino lo importante que era andarse con pies de plomo en el minado campo del conflicto catalán.

Dada la fecha en que se publicó mi libro, a finales de 2017 me vi en la extraña y difícil tesitura de recibir invitaciones para charlar sobre él a la par que tenía que escribir artículos periodísticos sobre un asunto de vertiginosa evolución. A veces quienes me invitaban no parecían haberse leído el libro y únicamente se nutrían de lo que llegaba a sus oídos.

Dos semanas después del referéndum, hablé en Barcelona en un almuerzo organizado por Sobirania i Justícia, una asociación independentista. Inauguró la charla Antoni Bassas, un veterano periodista catalán que había sido corresponsal de TV3 en Washington. Bassas habló, sin rodeos pero también con vehemencia, sobre la coyuntura en Cataluña y recibió un caluroso aplauso. Me presentó con palabras amables, pero cuando sugerí que los políticos separatistas habían ido demasiado lejos y demasiado rápido, algunas personas se levantaron de la mesa antes de que nos sirvieran el primer plato. Al marcharse, un invitado murmuró que por qué su asociación se había molestado en invitarme. Después, el organizador del acto se disculpó conmigo, pero le dije que me había alegrado mucho hablar para el resto de los comensales.

Y es que, al fin y al cabo, estoy convencido de que ningún conflicto puede resolverse debidamente sin un diálogo. Por desgracia, en el debate sobre Cataluña, los canales de comunicación se han cortado, lo que ha hecho que la gente solo pueda dedicarse a soflamar, pero con predicamento exclusivamente entre sus fieles.

La crisis catalana se ha desarrollado, pues, en universos paralelos a través de unos medios de comunicación que compiten entre sí y que con frecuencia repiten la misma cantinela, pero que únicamente cuentan parte de la historia. Escogen sucesos concretos que se avienen con su retórica más general. Me pareció interesante estudiar la disparidad entre los titulares de la prensa tras el referéndum, pues unos hacían hincapié en la ilegalidad del voto, mientras que los otros recalcaban la violencia policial. Consternado, he seguido asimismo la liza sobre si quienes fueron juzgados por el Tribunal Supremo por sedición deberían ser considerados políticos presos o presos políticos (a mi parecer, lo suyo es políticos presos).

Optar por subrayar algunos aspectos de la historia y desatender en esencia los demás no difiere de cómo los medios de comunicación se han dividido en torno a cuestiones controvertidas, desde las restricciones migratorias del presidente Trump hasta el Brexit.

A finales de 2017, el Gobierno español empleó, en virtud del artículo 155, sus poderes constitucionales de emergencia para tomar el mando de Cataluña. Uno de los aspectos más debatidos de dicha intervención era el de asumir el control de la radiotelevisión pública catalana, a la que Madrid acusaba de sectarismo.

Este debate me brindó la oportunidad de escribir un artículo para The New York Times sobre la fractura mediática en España, entre otras cosas, el desarrollo de canales televisivos autonómicos como TV3, que en tiempos había creado Jordi Pujol con la intención de afianzar la autonomía política catalana y revalorizar el idioma catalán.

Hablé con muchas personas sobre qué era lo que había fallado. Pero quizá la conversación más emotiva fue la que tuve con Susanna Griso, quien había dejado su Barcelona natal para trabajar de presentadora de televisión en Madrid.

Un poco antes de que habláramos, Griso, con los ojos vidriosos, había tenido una bronca conversación con una alcaldesa catalana sobre el despliegue de la Policía Nacional en el municipio de Calella.

«Te ves en una tesitura violenta cuando das tu opinión sobre un tema que afecta a tus familiares y seres queridos —me dijo Griso—. Por la cobertura que da la prensa, con frecuencia parece como si ya estuviéramos viviendo en Estados diferentes, pero la vida real es mucho más compleja que eso.»

La controversia sobre Cataluña no solo ha afectado a los asuntos privados, sino que se ha propagado por otros terrenos, como el del deporte. Probablemente Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, haya hecho más que ningún otro político para aumentar la visibilidad mediática del movimiento independentista en el Reino Unido.

En España, como en todas partes, las redes sociales han complicado aún más las cosas recrudeciendo las tensiones. Han creado silos en los que los bulos y las teorías conspirativas se propagan a toda velocidad. Por su parte, los algoritmos los aceleran y los bots los emponzoñan. Los lectores parecen incapaces de distinguir entre la calidad y la intensidad del debate.

Una vez un político catalán me habló jactándose de bloquear en Twitter a todo aquel que disentía de su apoyo al movimiento independentista. Le contesté que no veía la ventaja de vetar las opiniones contrarias, en la medida en que estas no estuvieran expresadas a modo de descalificaciones. De hecho, todos los políticos tienen el deber de oír todos los puntos de vista en el seno de su comunidad, aun cuando este ejercicio de escucha a veces resulte desagradable.

De igual modo, rara vez he conocido en Madrid a alguien que se oponga a la independencia catalana con intransigencia y que, en realidad, haya visto la manifestación de la Diada. Es más, algunos incluso insinúan que es una vergüenza informar sobre una marcha que constituye un acto de deslealtad hacia España. Pero las congregaciones de la Diada también han estado entre las mayores protestas en Europa durante la pasada década. Y, sin intentar al menos comprender el sentir que manifiestan los cientos de miles de catalanes cada 11 de septiembre, es probable que ningún intento de reconciliación entre los pueblos de España llegue a buen puerto.

UN OCTUBRE CALIENTE:

CAOS Y CONFLICTO EN

EL REFERÉNDUM CATALÁN

Cualquiera que viva en España sabe lo que sucedió el 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno de la Generalitat, desafiando al Tribunal Constitucional y al Ejecutivo en Madrid, convocó un referéndum de independencia.

O, al menos, todo el mundo cree que lo sabe. Pero los recuerdos que guardo de aquel suceso son en su mayoría los de un día en que Cataluña se vio envuelta en una densa bruma de caos y confusión. Al tenso amanecer le siguieron unas horas de violentos enfrentamientos entre los agentes de policía y los votantes. La noche dio paso a cantos de victoria que rivalizaban entre sí proferidos por unos políticos en liza que sabían que sus discursos estaban plagados de medias verdades. Aquel fue un día que osciló entre lo normal y lo surrealista.

Aquel referéndum catalán nunca sería, desde luego, un día electoral corriente, pues lo había precedido un mes sumamente volátil y crispado. Después de la pausa de las vacaciones estivales, los gobernantes separatistas catalanes volvieron a sus puestos de trabajo en septiembre y avivaron las tensiones dentro del Parlamento regional al hacer que este aprobara una serie de leyes que desobedecían y hacían caso omiso de la legislación nacional española.

Cada vez que visitaba Barcelona, normalmente aceptaba la hospitalidad de un amigo, Joan, que vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Gràcia. Pero a medida que aumentó el volumen de artículos que tenía que escribir, me di cuenta de que estaba abusando de su amabilidad de tenerme alojado en su casa cuando yo trabajaba hasta altas horas de la noche y hablaba por teléfono con mis jefes en Nueva York mientras él trataba de dormir al otro lado de un delgado tabique. Me cambié a un hotel cerca de la plaça de Catalunya, donde enseguida, debido a mi constante ir y venir entre Madrid y Barcelona, el personal se aprendió mi nombre de pila. Cuando me registraba, el conserje sistemáticamente me saludaba diciendo: «Qué alegría verlo de nuevo por aquí, pero ¿su regreso a Barcelona significa que algo malo de veras está a punto de suceder?».

No tenía una respuesta para su pregunta. Pero conforme se fue avecinando el prometido referéndum, tuve la sensación de estar viendo un choque de trenes a cámara lenta. El 11 de septiembre, en el discurso de la Diada para conmemorar el día nacional de Cataluña, el president Carles Puigdemont había insistido en que los ciudadanos participarían en un referéndum que se celebraría como cualquier otra votación. Pero, al mismo tiempo, en Madrid el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, repetía su compromiso de que el Gobierno español garantizaría que dicha consulta no tendría lugar. Los políticos habían creado una situación absurda en la que se demostraría que al menos uno de ellos estaba equivocado. Al haber trabajado en Asia antes, sabía lo importante que puede ser para las personas no desprestigiarse en público en una disputa. En este caso, parecía que no todo el mundo podría salvar la cara y salir ileso de semejante callejón sin salida.

Sentí que me hallaba en una posición favorable para observar lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Al fin y al cabo, como he dicho en el capítulo anterior, me había pasado dieciocho meses viajando entre Cataluña, el País Vasco, Galicia y Madrid para hablar con la gente sobre las tensiones regionales y el nacionalismo en España con el fin de escribir mi libro sobre Cataluña. De hecho, algunas de las personas a las que había entrevistado para el libro se habían convertido mientras tanto en protagonistas del conflicto catalán.

Era consciente de que estaba cubriendo una información crucial e impredecible que podría tener repercusiones más amplias en la Unión Europea, y mis jefes en el periódico eran de la misma opinión. Un año después del referéndum del Brexit, parecía que la UE no podría permitirse el lujo de una nueva crisis en España. Sin atisbos de un posible acuerdo, ni tan siquiera para volver al diálogo entre los gobernantes en Madrid y Barcelona, la junta editorial de mi periódico decidió mandar refuerzos a Cataluña.

The New York Times tiene a su disposición unos recursos considerables. Por utilizar otra analogía bélica, en prácticamente cualquier país puede desplegar una legión de expertos reporteros de investigación, que trabajan de forma rápida y eficiente sobre el terreno, como si formaran parte de un comando de élite. Pero, a veces, la cabecera neoyorquina llega al campo de batalla con artillería más pesada asegurándose de que hay suficientes municiones para no errar el blanco.

Durante los dos meses siguientes, The New York Times envió a cinco reporteros para cubrir la información sobre Cataluña con el apoyo de un puñado de brillantes periodistas autónomos españoles que ayudaron a nuestros corresponsales en Barcelona y otras ciudades a organizar entrevistas y que, en ocasiones, hacían las veces de intérpretes. Creo que no es aventurado afirmar que, en el otoño de 2017, The New York Times fue el diario internacional que mayores recursos asignó a Cataluña en términos de personal de redacción. El peligro, me parecía a mí, no era que desaprovecháramos la información, sino que costaría sostener una buena coordinación entre todos nuestros reporteros y jefes de sección mientras cubríamos una coyuntura tan confusa. Muchos cocineros estropean el caldo.

Conscientes de este riesgo, nos repartimos las tareas y cada cual se centró en un aspecto diferente de la información del referéndum, entre ellos los de informar de manera exhaustiva sobre el despliegue de miles de agentes de la Policía Nacional en Cataluña y la tirante relación de estos con la policía catalana, los Mossos d’Esquadra. Uno de nuestros corresponsales viajó asimismo al País Vasco y Madrid para mirar con ojos nuevos el nacionalismo en otras partes del país.

La tarde de la víspera del referéndum la pasé en una de las mesas electorales que se había montado en un colegio del barrio barcelonés del Raval. El edificio estaba lleno de personas que jugaban al Scrabble y otros juegos de mesa o escuchaban música al son de las guitarras mientras discutían si Ada Colau, la alcaldesa, estaba haciéndolo bien en Barcelona. Aquello parecía una reunión festiva en la que los únicos momentos de tensión que se produjeron obedecían a que había demasiadas personas hacinadas en un exiguo espacio.

Mientras regresaba a mi hotel, todavía no tenía claro si la gente iría a votar o cómo lo haría al día siguiente. Hacia la medianoche, recibí un mensaje del alcalde de Arenys de Munt, el municipio que había organizado la primera consulta independentista simbólica en Cataluña, en septiembre de 2009. El alcalde me envió una foto de la urna electoral de plástico que se acababa de colocar en la mesa electoral de Arenys. «Creo que estamos completamente preparados», escribió debajo.

El Gobierno español había dado instrucciones a los Mossos de forzar el cierre de los colegios electorales a las ocho de la mañana, hora a la que, en cambio, el Ejecutivo de Puigdemont había programado que comenzara la votación. Regresé al colegio electoral del Raval hacia las seis de la mañana. Seguía abarrotado. Junto a las columnas que ornaban la entrada del colegio, había un grupo de mossos charlando entre ellos y compartiendo cigarrillos a la espera de más órdenes.

Abordé al agente que parecía estar al mando diciéndole que era periodista y que quería saber cuál era el plan de los Mossos. ¿Cómo podría una docena de agentes policiales obligar a una nutrida multitud a abandonar el colegio electoral? «No hay ningún plan», me respondió. «Entonces ¿no forzaréis su evacuación?», le pregunté. «¿Los obligarías tú a que se marcharan?», repuso.

Le recordé que, en calidad de periodista, era yo quien tenía que hacer las preguntas en lugar de responderlas, y que, desde luego, no era mi deber asumir el cargo de coordinador policial. Saltaba a la vista que al comandante no le gustaban mis preguntas ni tampoco que lo hubieran mandado allí a esas horas de la mañana. Zanjó nuestra conversación diciéndome: «Si los de arriba de veras quieren hacer algo, deberían venir aquí y hacerlo ellos mismos». Le pregunté si podría citar su nombre, pero se dio media vuelta y se unió de nuevo a sus hombres.

Justo antes de la hora en que estaba previsto el comienzo de la votación, el comandante y sus mossos se abrieron camino cuidadosamente entre la gente que bloqueaba la entrada. Una vez dentro, tomaron nota de los DNI de algunas personas y, a continuación, salieron entre vítores y aplausos. Yo intentaba recordar cuándo había sido la última vez que había visto semejante entusiasmo por la policía. Sabía que este no sería el último episodio extraño del día, pero no me imaginé que la situación se descontrolaría tantísimo.

En cuanto vi votar a las primeras personas en el Raval, me fui al estudio de radio de la Cadena SER, al lado de la plaza de Catalunya, para reunirme con Javier del Pino, el presentador de A vivir , el programa matutino de los fines de semana. Teníamos que hacer un breve coloquio radiofónico con otros corresponsales a las nueve de la mañana, pero, justo cuando íbamos a empezar la emisión, vimos en la tele las primeras imágenes de la Policía Nacional irrumpiendo en los colegios electorales catalanes. El sonido del televisor estaba apagado, lo que le confería un aspecto de película de ciencia ficción. ¿Realmente estaba sucediendo aquello en suelo español? Acto seguido me marché del estudio radiofónico y me dirigí a mi hotel mientras Del Pino se las ingeniaba para reorganizar su programa.

Durante la hora siguiente más o menos, un grupo de corresponsales de The New York Times veía en el televisor de un hotel las insólitas imágenes que se retransmitían desde Cataluña al resto de España y el mundo. Llamé a algunos dirigentes locales para intentar comprender el alcance de la intervención policial. Enseguida quedó claro que, mientras los policías estaban forzando el cierre de algunos colegios electorales, en otros lugares la votación seguía adelante tal y como había previsto Puigdemont, con personas haciendo cola mientras aguardaban a depositar sus papeletas en las urnas.

Yo no tenía idea ni de cuándo ni cómo podría acabar aquello. Pero sabía que los números no cuadraban. Cataluña tiene un censo de más de cinco millones de votantes. Sin la ayuda de los Mossos, el Gobierno español podría contar solamente con un despliegue de 10.000 agentes en un vasto territorio con 2.600 colegios electorales.

¿Quién había decidido en Madrid el despliegue de agentes de la Unidad de Intervención Policial (los antidisturbios de la Policía Nacional) y cuál era el plan de actuación? ¿Qué harían los Mossos si la situación empeoraba? ¿A qué políticos y altos cargos policiales se responsabilizaría en el caso de haber heridos graves?

Tres años después, todavía no tengo respuestas definitivas a estas preguntas, pero, por desgracia, tampoco las tiene ningún ciudadano de España. El Congreso de los Diputados español, que posee el poder de ordenar una investigación especial tras sucesos de gran trascendencia, decidió que el referéndum del 1 de octubre de 2017 no merecía que se hiciera tal esfuerzo. La labor de comprender lo que había sucedido se trasladó desde la Cámara Baja a los tribunales, en tanto que han persistido las recriminaciones políticas y se ha dejado que el encono campe a sus anchas. Y, a despecho de la decisión de los jueces, entre quienes creen que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación ha arraigado el relato de un heroico acto de desafío, llevado a cabo por aquellos catalanes de a pie que fueron a votar en contra del poderoso Estado español y los antidisturbios de su Policía Nacional.

A principios de 2019 seguí el juicio del Tribunal Supremo a los doce líderes del movimiento independentista. Durante los cuatro meses del juicio, asistí en persona a tres sesiones, pero también vi en la televisión a algunos de los 422 testigos que declararon ante el alto tribunal, entre ellos Mariano Rajoy y Juan Ignacio Zoido, su anterior ministro del Interior. Me esperaba poco de Rajoy, un hombre que, en el mejor de los casos, era parco en palabras cuando hablaba en público. Pero sí que esperaba más de Zoido, un ardiente político a quien había conocido el día en que había sido elegido alcalde de Sevilla.

Sin embargo, en febrero de 2019, Zoido declaró ante los siete jueces que trataban de determinar si hubo o no actos de rebelión o sedición que no sabía nada de nada. Era como si decenas de millones de españoles se hubieran quedado clavados frente al televisor la mañana del 1 de octubre, pero Zoido hubiera estado fuera del país justo ese día.

Cuando le preguntaron por la intervención policial, Zoido respondió lo siguiente: «He tenido por costumbre no entrar ni a diseñar ni a valorar los dispositivos de seguridad, no conozco que haya habido muchos ministros que, salvo que tengan un conocimiento muy específico en la materia, se atrevan a hacerlo. Ni lo diseñé ni nada».

Al oírlo me pregunté por qué algunos cargos electos no entendían que asumir su responsabilidad entra dentro de su trabajo y por qué se los dejaba que se salieran con la suya. Es una pregunta que se puede hacer en todo el ámbito mundial, pero que en España ciertamente parece relevante.

En los momentos más trágicos y cruciales, entre ellos accidentes como el derramamiento de petróleo del Prestige, el descarrilamiento del vagón de metro en Valencia o el accidente ferroviario en Santiago de Compostela, los políticos y altos cargos se las han arreglado para desaparecer de la escena o nunca se los ha obligado a responder por sus erradas decisiones y explicaciones. Quienes acaban cargando con la responsabilidad total de la catástrofe son o un capitán de barco o un conductor de trenes.

Pero en este caso, al contrario que en una tragedia ferroviaria, los políticos dispusieron de mucho tiempo y se prepararon para la colisión política en Cataluña. El referéndum fue, cuando menos, una bofetada para Rajoy y su Gobierno, pues puso de manifiesto su incapacidad para planificar y gestionar como es debido la ley y el orden, que es uno de los pilares de una democracia eficiente. Desde el fallido golpe de Estado de febrero de 1981, el país no había asistido a una crispación y unos enfrentamientos como los que se estaban dando ahora entre los Mossos y los agentes de la Policía Nacional.

Esto asimismo ofreció una imagen de conflicto y violencia que repelía a los millones de turistas y demás visitantes que han convertido a España en uno de los destinos turísticos más populares, personas que se deleitan con la belleza, el sol y el sosegado ritmo de vida del país. Enseguida comencé a recibir correos electrónicos de lectores de The New York Times preguntándome si deberían o no cancelar su viaje a Barcelona.

Aunque se sigue cuestionando la intervención policial, el referéndum se celebró violando la Constitución española y no otorgó carta blanca a los líderes separatistas catalanes para seguir adelante con una declaración unilateral de independencia.

El resultado del referéndum, en cualquier caso, no se puede verificar sin un debido recuento y sin un censo establecido. La Generalitat invitó a Barcelona a una delegación de políticos, expertos y académicos europeos solidarios, a los que describió como «observadores internacionales» de la consulta, para vigilarla, pero la presencia de estos no culminó en un escrutinio internacional como es debido. La mitad de los votantes siguieron las instrucciones de Madrid y no se acercaron a los colegios electorales, lo cual garantizó que una aplastante mayoría apoyara la independencia en la consulta. Al final, el Gobierno catalán anunció que la participación en el referéndum había sido del 42 % de los ciudadanos con derecho a voto en una comunidad autónoma en la que en la última década las elecciones por lo general han atraído a más del 70 % del electorado.

De hecho, se siguen debatiendo todas y cada una de las cifras de este referéndum. En cuanto corresponsal, intento apoyarme más en los datos oficiales que en lo que oigo por ahí, pues presupongo que dichos datos oficiales se pueden considerar fiables. Ahora bien, en el conflicto sobre Cataluña, en ocasiones parte de los datos han perdido la objetividad necesaria.

La primera vez que saqué esta conclusión fue el 11 de septiembre de 2012, cuando asistí a la gran concentración en Barcelona que transformó la Diada en la marcha independentista más multitudinaria desde la instauración de la democracia en España. Con todo, al final de la manifestación, me vi obligado a incluir tres series de cifras en mi artículo, las cuales oscilaban entre 600.000 y 1.500.000 de participantes.

¿Cómo podía ser que, en la era de los drones y las imágenes por satélite, los cálculos oficiales de participación en Barcelona difirieran tanto? Como es natural, por desgracia, desde entonces en todas partes se han dado esfuerzos similares para distorsionar las cifras. Unos años después, sonreí cuando el presidente Trump sostuvo que la multitud congregada en Washington para su investidura, en enero de 2017, había alcanzado una cifra récord. Cuando después se le pidió a Kellyanne Conway, la asesora de Trump, que defendiera la idea de que la gente reunida para escuchar a Trump era mayor que la que había acudido para la investidura de Barack Obama, esta acuñó la expresión de «hechos alternativos» que ha acabado definiendo este fenómeno.

La última década en Cataluña ha estado plagada de estos hechos alternativos. Desafortunadamente, esto complica mucho más el trabajo de un corresponsal a la hora de contrastar la información en caliente.

Durante la celebración del referéndum mis colegas y yo sencillamente no pudimos ser testigos de primera mano de todo cuanto estaba sucediendo, en especial, fuera de Barcelona. Mientras, nos acribillaron con datos contradictorios (supuestamente oficiales) relativos tanto al número votantes como al de heridos. El artículo principal que escribí ese día lo leyeron más de un millón de personas y se titulaba «El referéndum independentista en Cataluña se desenvuelve entre caos y enfrentamientos» [«Catalonia’s Independence Vote Descends Into Chaos and Clashes»]. Mi intención no era extraer una conclusión definitiva sobre lo que había ocurrido ni lo que podría venir a continuación. «Al caer la noche, ambos bandos cantaban victoria», escribí en el artículo que firmé junto a Ellen Barry, una de las corresponsales de mayor experiencia y talento de The New York Times . «Los sucesos de esta jornada no han dejado nada claro salvo que los enfrentamientos en torno al estatus de la comunidad autónoma han dividido y polarizado más que nunca a los simpatizantes de ambas posturas.»

En los días siguientes, intentamos examinar atentamente esas informaciones que llegaban a nosotros como pecios de un naufragio para comprender mejor lo que había sucedido y en qué lugar dejaba esto a Cataluña, al tiempo que escuchábamos cómo los políticos sacaban sus propias, y discrepantes, conclusiones.

La tensión, lo mismo que la marea, subía y bajaba como si nadie hubiera planeado de veras cómo sería el día después de un referéndum. Los políticos se hallaban en un callejón sin salida que se asemejaba a una partida de póker, en la que cada jugador intenta conocer el juego de su contrincante, pero asimismo se esfuerza por averiguar el valor de las cartas que tiene en su mano. Como corresponsal, a veces me parecía muy difícil simplificar y explicar lo inexplicable.

Al poco, en virtud del recuento de votos del referéndum, Puigdemont anunció que más de dos millones de catalanes le habían encomendado al Parlament «el mandato democrático de declarar la independencia». El 10 de octubre nos acreditamos más de mil periodistas para oírlo dirigirse a la Cámara catalana y cumplir la promesa que había hecho a sus partidarios de que aquel sería un momento histórico para Cataluña. En lugar de eso, nos vimos inmersos en un maremágnum de rumores y tensas disputas, observando el continuo ir y venir de unos nerviosos parlamentarios por los pasillos de su Parlament. Tras una larga espera, oímos a Puigdemont decir nada y todo. Después escribí un relato personal de esta surrealista sesión parlamentaria para The New York Times que concitó todo tipo de sentimientos. Fuera del edificio, mi colega Jason Horowitz me informó de que había visto a simpatizantes independentistas que «frustrados, pateaban latas de cerveza», porque no habían oído la fórmula mágica que habían esperado de Puigdemont. Bien entrada la noche, Horowitz, Patrick Kingsley y yo nos tomamos juntos unas cervezas en un bar cerca de nuestro hotel, exhaustos por otro día más de confusas informaciones. Estábamos tan agotados que casi no podíamos reírnos, salvo cuando Horowitz, con su gran sentido del humor, escribió un tuit de buenas noches con su idea de Puigdemont. Al menos, escribió, habíamos descubierto que el líder catalán también podía ser «Puigenredador». ¹

Fue uno de los escasos momentos divertidos en lo que acabó siendo uno de los meses más duros que he vivido siendo corresponsal. La historia estaba sembrada de vaivenes inesperados y la crispación seguía en alza, no solo en las calles, sino también en los pasillos de las altas esferas del poder y las redacciones periodísticas.

Al final, la agitación política culminó en otro momento surrealista, cuando los parlamentarios secesionistas aprobaron su declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, después de que sus rivales políticos abandonaran el hemiciclo catalán. Desde lo alto de la imponente escalera de la cámara legislativa catalana, observé a los parlamentarios separatistas cantar junto a docenas de alcaldes catalanes que habían venido a Barcelona para la celebración. Aquella, por supuesto, acabó siendo una de las más breves celebraciones de la historia política. A última hora de la tarde, los políticos no se unieron a la fiesta callejera en la plaza de Sant Jaume. De hecho, algunos de ellos, probablemente ya estuvieran atareados haciendo sus maletas para marcharse a Bruselas.

Mi intención en este libro no es relatar punto por punto todo cuanto sucedió en aquel extraordinario mes ni sus consecuencias. Pero sí querría concluir este capítulo señalando que creo que el referéndum marcó además un giro para los corresponsales que trabajamos en España, pues nos hallamos entre dos fuegos. Si bien los políticos en Barcelona ya habían comprendido mucho tiempo atrás la importancia de la opinión pública y del apoyo internacional a su causa, hasta octubre de 2017 Rajoy y, en general, el resto de los políticos en Madrid parecían creer que bastaba hablar sobre Cataluña en términos del Estado de derecho. Esto cambió después del referendo. El Gobierno en Madrid se dio cuenta de que su actuación en Cataluña debía defenderse no solo en el territorio español, sino también en el extranjero, pues el conflicto catalán empezaba a preocupar en Bruselas, y no únicamente allí. Ambas partes libraron entonces una batalla por la opinión pública y parecían hacer un llamamiento a sus respectivos medios de comunicación nacionales para que los apoyaran.

Era como si ya no tuvieran cabida las discrepancias, y menos aún la disidencia. A la semana del referéndum, un político y un periodista español que habitualmente participaban en tertulias en TV3 y Catalunya Ràdio se marcharon y escribieron una columna en El País titulada «Adiós al circo del odio». Más adelante, uno de ellos, Joan López Alegre, quien fuera diputado en el Parlament, me dijo que había tenido que soportar un «acoso increíble, destructivo y agotador» cada vez que había intentado ser la única voz discrepante en el plató de TV3.

Estaba claro, sin embargo, que en Madrid también se estaba librando otra contienda propagandística con la misma virulencia. Dos semanas después de que El País publicara el artículo en el que se denunciaba el trato que TV3 daba a los periodistas representantes de la llamada «cuota unionista», el rotativo despidió a uno de sus más prominentes columnistas, John Carlin, que llevaba dos décadas escribiendo para el diario y que es asimismo un autor de gran éxito comercial internacional. Yo llevaba leyendo la obra de Carlin desde mi llegada a España y habíamos cruzado varios correos electrónicos, pero nunca lo conocí en persona. El País rescindió el contrato de Carlin después de que este escribiera una columna para The Times of London en la que se mostraba especialmente crítico con la intervención del rey Felipe VI en la crisis catalana (algo de lo que hablo en otra parte de este libro). «Severo en su porte, con una autoritaria frialdad en su tono, no tendió puentes: cavó trincheras», escribió Carlin sobre el mensaje del monarca que se retransmitió a toda la nación dos días después del referéndum.

El despido de Carlin generó cierta controversia en las redes sociales españolas sobre la libertad de expresión; pero, en general, fue aplaudido por los defensores de la soberanía española, algo que parecía encajar con la intolerancia que empezaba a palparse en el ambiente en aquel entonces. En una entrevista que Josep Borrell concedió a El Español , el político habló largo y tendido sobre la batalla propagandística que había estado ganando el independentismo y argumentó que «la primera víctima en un combate de esta naturaleza es siempre la verdad». A continuación, de manera espontánea, mencionó el despido de Carlin afirmando que se lo tenía «bien merecido»: «El otro día, un periodista de El País , John Carlin, publicó un artículo en The Times [of London] que era bazofia intelectual. Dice que lo han echado de El País por eso. Si es así, lo tiene bien merecido». Me costó comprender cómo un político (que hoy en día tiene el cargo de Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) podía celebrar la pérdida de un columnista, fuera lo que fuese lo que escribiera en un periódico británico. Cualesquiera que sean los méritos o deficiencias del artículo de Carlin, creo que, al haber nacido en Londres de un padre escocés y una madre española, está en condiciones para comprender España y superar la etiqueta de «guiri» con la que se tilda a la mayoría de los corresponsales.

Para los corresponsales que no tenemos ningún vínculo familiar privilegiado con España, saltaba a la vista que, después del referéndum, el mensaje de Borrell y de otros era que no había que confiar en nosotros. Con la tensión y los sentimientos a flor de piel, las cosas se habían puesto feas, y la llamada «perspectiva anglosajona sobre España» empezó a dejar de estar en boga. El representante más típico de este enfoque era José Ignacio Torreblanca, con quien yo había entablado amistad anteriormente, cuando él dirigía la oficina madrileña del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un instituto de investigación, pero que, en esos momentos, desempeñaba uno de los trabajos más poderosos dentro de la prensa en calidad de director de la sección de opinión de El País .

En una columna de opinión titulada «Anglocondescendencia», Torreblanca habló de «ese insufrible sentimiento de superioridad anglosajón que venimos sufriendo desde el 1-O». Desgranó todos los rasgos y clichés españoles, desde el flamenco hasta la paella, con los que España se había ganado la simpatía y condescendencia de los extranjeros, al menos hasta que se difundieron en el mundo entero las imágenes del referéndum.

Torreblanca tenía una cruzada contra el movimiento independentista que en aquellos tiempos también se había extendido a los corresponsales extranjeros por la desconfianza y la frustración que le suscitábamos. Aun así, algunos de sus argumentos parecían estar justificados. A mí mismo, por ejemplo, hay algo que desde hace mucho tiempo me desasosiega y es el hecho de que mi propio periódico y la mayoría de la prensa anglosajona insista en describir a ETA como «un grupo separatista». En consecuencia, siempre que puedo añado referencias al terrorismo de ETA y señalo asimismo que oficialmente a ETA se la denomina «banda terrorista» tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.

Para mí es obvio que la distancia facilita que se olvide el verdadero daño, el impacto y la violencia que el terrorismo trae a una sociedad, del mismo modo en que la cercanía dificulta ver un panorama más amplio. Vivía en Nueva York al año siguiente de los atentados de las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos estaba inmerso en la guerra con Afganistán y preparando otra contra Irak. Enseguida desistí de intentar convencer a nadie de que quitar a Sadam Huseín probablemente no contribuiría a reducir las posibilidades de otro atentado terrorista en Nueva York.

A mi entender, un corresponsal extranjero, al contrario tal vez de un escritor de artículos de opinión, tiene la misión de explicar todos los aspectos posibles sin cerrar filas con la prensa nacional, que suele posicionarse de un modo más firme. En el asunto de Cataluña, donde las cosas no son ni blancas ni negras, no hay un bando de las fuerzas del bien que luchan combatiendo el mal. El vaivén de tensiones políticas y sociales no solo se dio en 2017, sino que se ha producido a lo largo de toda la historia de España y Cataluña, por lo que es menester rascar la superficie en busca de matices de gris. Este enfoque fue fundamental para la investigación de mi libro y sigue siéndolo en mi trabajo de corresponsal.

Ahora bien, en lo referido a la batalla propagandística, con relativa claridad creo que algunos episodios los ha ganado un bando, y otros, el contrario. Con la manera en que la Policía Nacional manejó el referéndum, las autoridades en Madrid se metieron un gol en su propia meta, pues provocaron que el centro de atención pasara de las urnas a las porras y las pelotas de goma que lanzaron los agentes en una comunidad autónoma donde en el pasado estas se habían prohibido a causa de los excesos de los Mossos. Esto brindó al movimiento independentista la oportunidad perfecta para dejar de hablar de su referéndum y no únicamente eso, sino también para desatar un debate más acalorado sobre si España respetaba la democracia y los derechos humanos. Recuerdo lo mucho que me impresionó una enorme pancarta que ondeaba en uno de los edificios de la plaça de Catalunya y veía todos los días al salir de mi hotel. En ella se leía «independencia». Pero luego, una mañana, poco después del referéndum, se cambió por otra pancarta que decía «democracia».

A los dos años de esto, fue el movimiento independentista catalán el que se metió un gol en su propia meta cuando la violencia callejera eclipsó a los pacíficos manifestantes que a la luz del día protestaban contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los doce antiguos líderes independentistas catalanes.

En octubre de 2019 Barcelona no se convirtió en Alepo ni en Bagdad, a pesar de la afirmación que a la sazón hizo Albert Rivera, entonces líder de Ciudadanos, quien asimismo habló de «un tsunami de violencia». Aun así, lo que yo presencié en las calles de Barcelona era decididamente algo por completo distinto a cuanto había visto hasta ese momento. Vi a la gente cortar las calles prendiendo hogueras, derribar señales de tráfico y otras piezas del mobiliario urbano, lanzar bengalas y piedras contra la policía. No era esta la Barcelona que se había labrado un nombre por ser uno de los principales centros de inversión y turismo de Europa. Y, al igual que había sucedido tras el referéndum, comencé a recibir mensajes de mis lectores norteamericanos, pues querían saber si deberían cancelar o no su visita tras ver en la televisión estadounidense los disturbios en las calles barcelonesas.

Algunos líderes separatistas condenaron de inmediato aquel estallido de violencia, empezando por Oriol Junqueras, el político que acababa de ser sentenciado a la pena de cárcel más severa, de trece años. Otros, como Quim Torra, sonaron mucho más ambivalentes. Por su parte, otros tantos parecían no alcanzar a comprender lo perjudicial que sería para la retórica del movimiento independentista dejar de reivindicar que se trataba de un movimiento completamente pacífico. La presidenta de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, afirmó en la televisión catalana que los violentos disturbios entre los protestantes y la policía «hacen visible el conflicto» catalán, dado que «el mundo es como es». A continuación, matizó su comentario insistiendo en que «al final, el principal responsable de la violencia es el Estado».

Paluzie perdió la oportunidad de al menos callarse. Recordé sus palabras unos días después cuando quedé con el historiador Ian Gibson, que me contó que siempre llevaba consigo una libreta de notas cuando se reunía con alguien para apuntar cualquier cuestión interesante o consejo. En cambio, me dijo Gibson, no recordaba a ningún español que hubiera anotado cualquiera de las recomendaciones que él le había hecho. «La mayoría de los españoles no consideran una conversación como una oportunidad para escuchar y aprender, sino como la posibilidad de competir por el protagonismo», me dijo Gibson. Me mencionó a Domingo García-Sabell, el escritor y político gallego que había analizado por qué en España «se gritan hasta las confidencias». La conclusión de García-Sabell fue que «andamos a la búsqueda del asombro de los demás» y que [en España] se alza la voz mirando al tendido «esperando la tácita ovación del público. Somos espectaculares ».

Hay, desde luego, muchos oradores españoles excelentes y reflexivos, algunos de los cuales son capaces incluso de adaptar sus opiniones al paso de los acontecimientos o en función de quiénes son sus oyentes. Lo que se dice en privado no siempre se corresponde con lo que se escribe o se dice en público.

Unos meses después de que Torreblanca publicara su artículo, me invitó a comer cerca de su oficina. Hacía mucho tiempo que no nos habíamos visto y me desasosegó que me dijera que quería hablar conmigo acerca de mi libro y mis artículos sobre Cataluña. Albergué la esperanza de que sus opiniones sobre Cataluña no arruinaran nuestra comida.

Me tranquilicé en cuanto vi que traía consigo un ejemplar de mi libro lleno de frases subrayadas y anotaciones a lapicero. Al menos recibiría algo más que una mera crítica contundente de alguien que hablaba desde una tribuna privilegiada en el debate público. Al cabo de dos horas, me marché con la impresión de haber tenido una conversación, intensa aunque constructiva, en la que dos personas aguardaban su turno de palabra para escuchar al otro.

Sobre Cataluña, sin embargo, ha habido mucho de ese griterío y espectacularidad que lamentaba García-Sabell y que hoy en día resuena desde la moderna tribuna de las redes sociales. Lograremos mucho más si aprendemos a escuchar, a aceptar que estamos en desacuerdo sobre temas concretos a la vez que buscamos puntos de consenso. Al mismo tiempo, todos, desde los votantes hasta la prensa, tenemos que dejar claro a los políticos de todos colores que ya es hora de que paren de chillar, que han de comportarse con responsabilidad y ser conscientes del enorme daño que ya ha ocasionado todo esto.

PRESTAR OÍDO SIN REGALARLO:

LAS ARISTAS DEL PROCÉS

Al cubrir la información española para un importante rotativo internacional, inevitablemente me he visto en mitad de un fuego cruzado en el asunto catalán. Incluso el lugar donde vivo se convirtió en un problema. Al movimiento independentista le molestaba que la mayor parte del tiempo viviera y escribiera en Madrid, en tanto que al resto de España le daba la sensación de que ya había pasado más tiempo del debido en Barcelona escribiendo un libro sobre Cataluña, como ya he mencionado antes. Personalmente, considero que la impresionante red ferroviaria de España permite cubrir a las mil maravillas el territorio desde cualquiera de estas grandes ciudades. Y a veces he trabajado mejor en el AVE entre Madrid y Barcelona que en mi casa o en una redacción. Quizás lo importante de veras sea moverse para escuchar y conocer a más gente y lugares distintos.

Pero algunos de los reproches fueron más allá, pues no se referían a qué escribía o dónde, sino a con quién hablaba.

Creo que informar requiere saber algo de buena tinta siempre que sea posible. Si una sociedad admite que un sistema judicial sólido debería brindar a un acusado un juicio imparcial, lo más seguro es que este principio pueda aplicarse a la prensa, cuya tarea es informar sobre los diferentes puntos de vista. Esto no implica necesariamente que se publique todo cuanto se dice. Si alguien, de manera descarada, nos da una información falsa o difamatoria, es obvio que no deberíamos servirnos de ella.

En marzo de 2016, unos días antes de que Arnaldo Otegi saliera de la cárcel, escribí un artículo basado en parte en una entrevista que le había hecho por escrito mientras él estaba en su celda. Un político español me llamó para decirme que era una vergüenza que The New York Times hablara con un terrorista de ETA. A pesar de esto, dicho político no tenía queja alguna sobre el contenido del artículo, en el que yo explicaba el contexto de Otegi y aquello por lo que se lo había condenado. Le contesté al político que, le gustara o no, Otegi era una persona de interés público cuya liberación sin duda también cubrirían los medios de comunicación españoles.

Dos años después, a algunos les molestó que los corresponsales habláramos con los políticos catalanes que entonces estaban acusados de diversos delitos, entre ellos los de sedición y rebelión. Yo hablé con ellos, tanto dentro como fuera de la cárcel, lo cual no implica que siempre haya escrito sobre nuestras reuniones.

Una de esas reuniones sobre las que no escribí tuvo lugar en abril de 2018, cuando conocí a Clara Ponsatí mientras estuve de visita en casa de un amigo mío y su familia en Edimburgo. Este me llevó en coche a la ciudad universitaria de St. Andrews, donde Ponsatí es profesora de Economía.

Hallamos el legendario campo de golf Old Course de St. Andrews batido por el viento, pero asimismo reluciente con la brillante luz de su césped, soleado tras un largo período de lluvias. Mientras caminábamos por los históricos patios de la universidad, me admiró que la hierba del centro docente estuviera cortada de un modo tan impecable como el césped del campo de golf. Era aquel un precioso espacio abierto que nada tenía que ver con la lobreguez de una celda carcelaria.

El despacho de Ponsatí también gozaba de unas imponentes vistas al mar del Norte. Lo único que mediaba entre su escritorio y las olas que, más abajo, batían las rocas era un árbol que se alzaba desafiante.

«No hay ninguna necesidad de mencionar lo precioso que es este lugar cuando hace bueno, porque entonces nadie creerá la dura tesitura en la que estoy», me dijo Ponsatí con tono de broma mientras me llevaba escalera arriba hacia una estancia, tras lo cual despareció en una despensa para preparar un café.

Durante mi estancia en Edimburgo ya había estado con personas a las que les interesaba el conflicto catalán. Visité el Parlamento escocés, así como la Universidad de Edimburgo, donde hablé con algunos de los profesores. Mi plan era haber ido a St. Andrews para dar una conferencia, pero esta se había cancelado debido a una huelga de profesores, así que en lugar de eso estuve en contacto con Ponsatí, que, casualmente, acababa de regresar a Escocia desde Bruselas.

Yo había seguido su paradero desde que la Fiscalía General la pusiera en la lista de los políticos separatistas encausados tras su fallido intento de declarar unilateralmente la independencia en octubre de 2017. Pero una vez que fue convocada ante el tribunal, Ponsatí había sido una de las políticas que huyó hacia Bruselas, siguiendo a su president , Carles Puigdemont.

Ponsatí estaba de nuevo en su prestigiosa universidad británica, concretamente en la facultad de Economía y Finanzas, que había dirigido durante dos años antes de meterse en la política catalana al aceptar la oferta que Puigdemont le hizo para unirse a su Administración.

Mientras aguardábamos a que se enfriara el café, Ponsatí parecía extrañamente relajada para ser alguien que tenía una orden internacional de arresto, emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Le pregunté si ello obedecía a que desde mucho tiempo atrás sabía ya que su participación en política la pondría en un brete.

«Sabía que me estaba metiendo en problemas, pero no tan grandes —me dijo—. Meterse en problemas siempre es una cuestión de grados.»

Con todo, Ponsatí estaba resuelta a eludir el escollo de los tribunales españoles. La exconsejera y el juez Llarena estaban enzarzados jugando al gato y al ratón.

Nacida en 1957, Ponsatí me explicó que no es que hubiera esperado a cumplir sesenta años para decidir que estaba preparada para desafiar a la justicia española. «Yo era la persona de mayor edad de nuestro Govern, así que, como es obvio, recuerdo a Franco y tengo amigos y familiares que estuvieron en la cárcel en aquella época, y en eso precisamente no tenía intención de seguirlos», me dijo.

Cuando tras la muerte de Franco se instauró la democracia en España, «no se hizo una limpieza de los jueces» que desempeñaron su cargo durante la dictadura, afirmó Ponsatí. «No digo que todos sean unos fascistas, pero, desde luego, en el poder judicial hay una tendencia a la endogamia.»

Ponsatí no fue la única persona que me expresó tal queja. Manuela Carmena, que había sido juez antes de ser alcaldesa de la izquierda en Madrid, una vez me contó su experiencia en el sistema judicial, incluso cuando la detuvieron dos veces durante el régimen de Franco por su participación en el entonces clandestino Partido Comunista. «Cuando llegué a la judicatura, vi que entre mis nuevos colegas estaban los mismos jueces que me habían detenido en la época franquista —me dijo—. Habíamos hecho una transición hacia la democracia en la que intentamos evitar cualquier confrontación, pero no cerramos el círculo rindiendo homenaje a quienes lo merecían ni tampoco censurando a los responsables de la dictadura.»

En otra parte de este libro trato sobre el legado de Franco y el sistema judicial español. Pero desearía recalcar que yo no creo que la España democrática tenga un sistema judicial inoperante. En ocasiones falla, como en todas partes. Mi hermana ha sido jueza en Suiza, y su lista de quejas sobre la judicatura suiza es larga. Aun cuando algunos jueces españoles sigan, quizá, anclados en el pasado, no tengo ninguna prueba para apoyar la queja de Ponsatí de que los jueces son en su mayoría «hijos de jueces». Me parece evidente que en España ha surgido una nueva generación de jueces, del mismo modo en que se ha hecho una profunda revisión en el liderazgo político del país.

Con todo, Ponsatí me dijo que estaba afrontando una persecución política en España y fue especialmente incisiva con el papel del rey Felipe VI en el conflicto catalán. «La presunción de inocencia se desechó desde el principio, incluso antes de que comenzara ningún juicio —me dijo—. Al fin y al cabo, el monarca ya nos había condenado», añadió refiriéndose al discurso que el monarca había dado dos días después del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, en el que reprendía a los políticos soberanistas catalanes por celebrar una consulta sobre la independencia que era inconstitucional.

La intervención del rey entusiasmó a los detractores del secesionismo tanto como exasperó al movimiento independentista. A mí, personalmente, me había sorprendido que el monarca tomara la osada decisión de saltar al campo minado de la política en lugar de dejar que el prudentísimo Rajoy encauzara las cosas. Pero una vez que se resolvió a actuar, el rey Felipe prácticamente dijo lo que, en calidad de máximo defensor de la soberanía española, se esperaba de él.

Lo que me costaba más comprender era por qué el monarca no había aprovechado su discurso no solo para hacer una enérgica condena del independentismo, sino también para lanzar un claro mensaje conciliatorio. A fin de cuentas, las imágenes de la intervención de los policías antidisturbios durante el referéndum habían conmocionado a muchas personas que tenían una idea positiva de la España moderna, independientemente de sus inclinaciones políticas. Muchos de esos espectadores escandalizados no estaban en Barcelona, sino que habían visto en las imágenes televisadas en Madrid, Valencia, Bilbao u otras ciudades del mundo.

El rey Felipe VI habló esa noche de una huelga general en Cataluña en mitad del enconamiento de las recriminaciones mutuas de ambos bandos. Mientras que Puigdemont acusaba a Rajoy de trasladar a España a la oscura época de la dictadura franquista, Rafael Hernando, entonces portavoz parlamentario del PP de Rajoy, afirmó que la huelga general no era «laboral, sino política, de corte nazi», pues adoctrinaba a los catalanes para inculcarles la ideología separatista. Hernando afirmó en Radio Nacional de España que los políticos separatistas estaban «deseando que [hubiera] muertes» en Cataluña. Al observar desde fuera, parecía que la situación se descontrolaba peligrosamente y que los políticos que estaban al mando andaban jugando con fuego.

Después de que hablara el rey, recuerdo que tuve una conversación sobre el discurso con uno los redactores jefes de mi periódico en Londres. «¿El monarca tampoco ha dicho que lamentaba sinceramente ver el caos que cundía en Barcelona?», me preguntó.

La destreza para las negociaciones es algo que Ponsatí ha estudiado en profundidad, pues este fue el tema de su tesis doctoral, y es una reconocida experta en teoría del juego, en la que se emplean modelos matemáticos para analizar el conflicto y la cooperación en la toma de decisiones de seres racionales.

Le pregunté dónde y cómo habían perdido las ganas por negociar los políticos de Madrid y Barcelona. «No creo que los actuales políticos españoles piensen que se deba negociar el estatus de Cataluña —me respondió—. Si una de las partes no quiere negociar, la situación es inviable.»

Ya sea fuera en España o en cualquier país del mundo, dijo, «la política siempre implica negociar y siempre puedes emplear la fuerza como elemento de tus negociaciones, pero, desde luego, tu capacidad para hacer uso de la fuerza condiciona después tu posición negociadora». En España, sostuvo, «no estamos en condiciones de hacer una negociación civilizada».

Pero, exactamente, ¿qué espacio para negociar ofreció Puigdemont al Gobierno de Rajoy con su declaración de independencia? «Si quieres negociar, también tienes que ponerte en tu sitio, has de respetarte a ti mismo si quieres que los demás te respeten», respondió Ponsatí.

En Escocia, Ponsatí gozaba de un apoyo bastante mayor del que podían imaginarse algunos de sus detractores en Madrid. Su defensa legal estaba dirigida por Aamer Anwar, que se había labrado un nombre por casos importantes relacionados con el racismo y los solicitantes de asilo. Aunque no me entrevisté con Anwar durante mi visita, admiré su foto de familia enmarcada, que pende de una de las paredes de la Scottish National Portrait Gallery, lo cual en sí es todo un honor.

Ponsatí había logrado, además, reunir 200.000 libras esterlinas en una campaña de financiación colectiva para ayudarla a sufragar su defensa legal. «Escocia es un buen lugar desde el punto de vista político y del apoyo popular, ya que aquí la sociedad comprende que encarcelar a alguien por organizar un referéndum suena exagerado, independientemente de que esas mismas personas escocesas estén a favor o en contra de la idea de la independencia», me dijo la exconsejera.

A pesar del revés de octubre de 2017, Ponsatí aseguraba que «Cataluña estaba acercándose cada vez más a la independencia. La cuestión es si la estrategia de Puigdemont la dificulta o la facilita; pero, cuando cuentas con el mandato del pueblo, lo que tienes que hacer es obedecer dicho mandato».

Como economista, también le pregunté a Ponsatí por su valoración del impacto financiero del conflicto secesionista en Cataluña. Mientras se desataba la crisis catalana, durante el otoño de 2017 más de 3.000 empresas habían trasladado su sede social a otros lugares de España. Dichos traslados, según Ponsatí, eran en su mayoría gestos simbólicos que no alteraban la economía catalana de un modo significativo. «Ya hemos visto que todas esas aseveraciones de que sería catastrófico para la economía son una pura mentira y responden a motivaciones políticas», me dijo.

Ponsatí se tomaba su tiempo para elegir sus palabras. Pero lo que a mí me intrigaba era que, a pesar de ser experta en la teoría del juego y las negociaciones, pareciera del todo convencida de que ella y sus compañeros separatistas saldrían ganando en su empeño por la independencia.

Aunque apenas reconoció que se habían cometido errores en 2017, sí que admitió que «la política catalana es siempre muy complicada y quizá nos haría bien ser un poco más francos».

Me interesaba escuchar a Ponsatí porque precisamente había pasado del mundo académico a la política, mas no intenté convertir mi entrevista en un artículo. Tras varios meses cubriendo la actualidad catalana sin respiro, me figuré que los lectores internacionales de The New York Times probablemente ya estarían hartos.

Cuando regresaba en coche desde St. Andrews, pensé de nuevo en cómo la política está marcada por decisiones personales, como aquellas que dividían al antiguo Ejecutivo catalán entre un grupo que se enfrentaba a la justicia española y otro que, liderado por Puigdemont, eludía su procesamiento.

Seis meses después de aquello, tuve la oportunidad de volver a este tema durante mi visita a la cárcel de Lledoners, un apartado lugar en mitad de la campiña catalana cuya carretera de acceso estaba plagada de pintadas independentistas y que parecía estar a años luz de los verdes prados escoceses.

Había ido allí para hablar con Oriol Junqueras, el exvicepresidente del Govern, y Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat. Ya llevaban un año en la cárcel, antes del juicio del Tribunal Supremo.

Aquel día no fui el único visitante. En cuanto puse mi móvil y demás pertenencias en una taquilla antes de que me permitieran entrar al recinto principal, apareció un hombre con los ojos entrecerrados cuya cara me era familiar. Era Juan José Ibarretxe, el exlendakari del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo plan de aflojar los lazos con Madrid había sido rechazado por una abrumadora mayoría en el Congreso de los Diputados en 2005. Recuerdo que me preguntaba cómo se sentiría Ibarretxe acerca de su salida de las turbulentas aguas de la política nacionalista.

Antes de mi visita había oído quejas sobre el trato privilegiado que se les daba a Junqueras y al resto de los presos del procés desde que el Gobierno socialista ordenara el traslado desde Madrid a centros penitenciarios en Cataluña. Algunos diarios españoles incluso compararon a Junqueras con Pablo Escobar, el capo colombiano de la droga a quien se le había permitido convertir la cárcel en casi un hotel desde el que podía seguir dirigiendo su negocio de la cocaína. Junqueras me dijo que el único privilegio que se le había concedido al trasladarlo a Cataluña era recuperar sus raíces académicas de docente universitario: enseñaba a los demás reclusos astronomía, historia, matemáticas y otras asignaturas. «Me importa la política —me dijo—, pero también quiero que la gente sepa que se ha descubierto UY Scuti, la estrella más grande del universo.»

No pude corroborar las quejas que en Madrid se hacían sobre el trato preferente a Junqueras. Pero, al hablar con él y con Romeva por un teléfono de los antiguos a través del cristal de la cabina de visitas, vi claramente que una cárcel es una cárcel, dondequiera que esté, en Madrid o en Cataluña.

Cuando le pregunté a Junqueras su opinión sobre Puigdemont, Ponsatí y otros que, en lugar de estar encarcelados, disfrutaban de su libertad, vaciló antes de contestarme: «No tengo ningún interés en juzgar las acciones de otros líderes. Mi objetivo siempre ha sido estar cerca de mi pueblo, mostrarle que estoy dispuesto a hacer cualquier esfuerzo y sacrificio para defender aquello en lo que creo». Era esta una respuesta diplomática, que, no obstante, seguía revelando las tensiones latentes entre aquellos políticos que en el pasado habían acordado compartir el control del Govern.

A finales de 2019 el juez Llarena reactivó las euroórdenes de detención contra Puigdemont, Ponsatí y demás políticos que habían eludido la condena en Madrid después de que el Tribunal Supremo dictara penas de cárcel por sedición para otros nueve separatistas. A Junqueras le cayeron trece años, la pena más severa.

En el momento en que escribo, el desenlace de esta larga batalla judicial y política aún no está del todo claro. La intensidad de la crispación ha persistido y, en ocasiones, ha bastado un mero comentario para que un político ocupe los titulares de la prensa, en general no precisamente por una buena razón. Al principio de la crisis del coronavirus, por ejemplo, Ponsatí hubo de pedir perdón por el revuelo que levantó en España con un sarcástico tuit sobre cómo la gestión política de Madrid durante la epidemia estaba mandando a la gente «de Madrid al cielo». Ese es justo el tipo de comentario incendiario que puede garantizar que el conflicto catalán siga latente.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, también criticó abiertamente la actuación del Gobierno central durante el estado de alarma de la COVID-19, pero luego Torra no supo gestionar con eficacia desde Barcelona los rebrotes que empezaron en Cataluña justo después del levantamiento del estado de alarma, a finales de junio de 2020. El movimiento independentista parece marcado por fuertes tensiones personales. Con Puigdemont preparando otra campaña electoral con su nuevo partido, es importante recordar que la fragmentación suele conllevar una pérdida de escaños en el sistema representativo español, basado en la Ley D’Hondt, que castiga a los partidos pequeños.

En el entretanto, otros corresponsales extranjeros y yo mismo sin duda andaremos pendientes de Cataluña, eso sí, lo haremos teniendo presente que escribimos para lectores internacionales que no están interesados en saber todos y cada uno de los pormenores de la historia.

UN AMOR EUROPEO: LA RELACIÓN

ENTRE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Cada vez que llega a mis oídos algo sobre el referéndum del Brexit, me vienen a la memoria las banderas europeas de mi juventud en Inglaterra o, si he de ser preciso, su ausencia. Pasé los años ochenta estudiando en Inglaterra y siempre me llamaba la atención que apenas hubiera enseñas de la Unión Europea ondeando en los edificios públicos junto a la bandera británica. Era como si el Reino Unido se avergonzara de formar parte de una familia europea más amplia. Así las cosas, apenas me ha extrañado ver la facilidad con la que algunos políticos británicos se las han ingeniado para convertir a Bruselas en chivo expiatorio y presentar las instituciones de la UE como una burocracia irresponsable y extralimitada.

Por el contrario, tengo la impresión de que el amor de España por Europa va a más. La sociedad española ha adoptado la idea de una integración europea más fuerte y enarbola con orgullo la enseña de la Unión Europea a la menor oportunidad.

En ¡Bienvenido, Mister Marshall! (1953), la clásica comedia de Luis García Berlanga, los esperados benefactores estadounidenses nunca llegan al pueblo castellano de Villar del Río. En cambio, España recibió miles de millones de ayudas tras su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 y continúa mostrando su gratitud por la ayuda que le prestaron sus socios europeos para modernizar una economía que había padecido el aislamiento político y financiero durante gran parte de la dictadura de Franco. Al viajar a lo largo y ancho de España en busca de los logos de la Unión Europea que jalonan sus carreteras, ferrocarriles y puentes, a veces da la sensación de que casi ninguna de las infraestructuras modernas de España se haya construido sin dinero europeo.

Las ayudas de la UE transformaron muchos otros países. Pero no todos han mostrado tanta lealtad a Bruselas. De hecho, algunos empezaron a albergar un elocuente sentimiento antieuropeísta a raíz de la crisis financiera de 2008, lo que ha permitido a algunos políticos progresar desafiando a Bruselas en países que van desde Hungría y Polonia hasta Italia y Grecia. Sin embargo, en España, incluso en pleno apogeo de la crisis de 2012, la máxima expresión del sentir antieuropeísta no iba más allá de acusar a «los hombres de negro», el peyorativo y oscuro término acuñado para referirse a los mandatarios de Bruselas, Fráncfort y Washington, que obligaron a algunos Gobiernos europeos a hacer recortes presupuestarios a cambio del dinero para el rescate económico.

En España la crisis se presentó si acaso como una trama de Alemania para hacer uso de todo su poder financiero y hacerse con el mando de la UE. Durante la crisis, algunos banqueros y responsables políticos en privado me hablaron mal de Angela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, a los que acusaban de someter a España a una excesiva presión. Ahora bien, tales opiniones rara vez se expresaban en público. Y nunca he oído a los españoles culpar a otros socios europeos, liderados por Francia, a despecho de que el entonces presidente francés hiciera todo lo posible por salvaguardar los bancos franceses que, en gran medida, también habían participado en el imprudente préstamo a Grecia y el resto del sur de Europa.

¿Dónde estaban esos españoles que en su día habían sido escépticos sobre la integración europea o que se habían opuesto abiertamente al intervencionismo estadounidense en Europa? A lo sumo a veces me parecía como si en el marco de su transición España hubiera creado una nueva generación de conversos, con unos políticos que habían comprendido que su futuro progreso exigía un cambio de ideología. La primera vez que trabajé de corresponsal en Bruselas, el español más eminente era Javier Solana, que había sido nombrado secretario general de la OTAN a finales de 1995. Me extrañó averiguar que, en tiempos, Solana se había opuesto fervientemente al militarismo estadounidense y había escrito un manifiesto en el que detallaba al menos cincuenta razones —literalmente— por las que España no debía adherirse a la OTAN.

El radicalismo político regresó a España hacia la época de la crisis financiera, cuando una nueva generación de políticos sacó partido del creciente descontento de los votantes a causa de la corrupción y la desigualdad económica. Ahora bien, ninguno de estos neófitos lanzó un decidido mensaje antieuropeísta, con la notable excepción de la CUP en Cataluña. Pablo Iglesias y su partido Podemos comenzaron su andadura posicionándose en contra de la Unión Europea, en parte inspirados por los éxitos de Syriza, el partido de Alexis Tsipras. Pero, cuando en 2015 Podemos ganó sus primeros escaños en el Congreso de los Diputados, Iglesias y otros dirigentes de su partido habían eliminado de su programa electoral cualquier insinuación de que España debería salir de la UE o incluso del euro. En el caso de Vox, que entró en la Cámara Baja a principios de 2019, el mensaje de campaña del partido era que Madrid debería centralizar de nuevo el poder y que la Unión Europea debería ser más eficiente y menos despilfarradora, pero tampoco planteaba la salida española de la Unión. Así pues, la aparición de Vox no supuso tanto una preocupación por la salvaguarda de la UE, sino por un auge visible en otros países europeos de partidos de extrema derecha con una estrategia más agresiva frente a Bruselas, entre ellos el partido de Marine Le Pen en Francia, que había presentado su candidatura a las elecciones presidenciales —aunque sin éxito frente a Emmanuel Macron— con una campaña en la que argumentaba que Francia debería salir del euro.

Después de cada una de las elecciones españolas, la prensa insta al Gobierno entrante a trabajar más duro para aumentar la presencia de España en Bruselas. El mensaje siempre es que España debería aspirar a tener más sillas en la mesa de la Unión Europea. Al contrario de otros países europeos, aquí no hay publicaciones que afirmen que ya es hora de que España muerda la mano bruselense que un día le dio de comer y que se libere de la presión de la legislación de la Unión Europea. Toda vez que hay una disputa entre Madrid y Bruselas relativa a los presupuestos españoles, la prensa local afirma que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir con el déficit. A todas luces, España no es Italia, cuyo Gobierno desafió abiertamente a Bruselas en 2018 cuando esta le dijo que revisara su presupuesto y redujera el gasto. El entonces vicepresidente del Ejecutivo italiano, Luigi Di Maio, replicó enviando una misiva a la Comisión Europea diciendo que Italia no alteraría su presupuesto y que, por añadidura, la Comisión debería mostrar más «respeto» por los italianos.

¿Acaso algunos políticos italianos creen que se le debe un respeto especial a su país por haber sido uno de los signatarios originales del Tratado de Roma, que favoreció la creación de la actual Unión Europea? ¿Acaso los políticos españoles creen que son relativamente nuevos en la mesa de la UE? ¿O acaso la clase política española se halla sometida a la presión de sus votantes para que muestren respeto a Bruselas porque el electorado español confía menos en sus políticos que en los burócratas de Bruselas a la hora de conservar una base financiera sólida?

Ha habido veces en las que, sin duda, muchos españoles se han sentido heridos o incomprendidos debido a una decisión tomada por una institución europea. Asistí a una cena en Madrid aquel día de noviembre de 2018 en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que España no había garantizado un juicio justo a Arnaldo Otegi, que había pasado seis años en la cárcel por crímenes relacionados con ETA. Cuando les pregunté a los demás comensales qué pensaban sobre que el más alto tribunal europeo condenara a España por la falta de imparcialidad en el juicio de Otegi, se hizo un silencio ensordecedor en torno a la mesa, como si alguien hubiera mencionado al diablo. Aunque finalmente alguien me recordó que Otegi era un infame terrorista, nadie puso en entredicho el fallo del Tribunal de Estrasburgo. Aquel mismo día Pablo Casado, como jefe de filas de la oposición al frente del PP, también apuntó a Otegi en lugar de debatir la propia sentencia o sobre por qué los jueces europeos deberían tener la última palabra. «Todos sabemos lo que ha hecho Otegi, debería pedir perdón él», declaró Casado ese día.

Puede que fuera inevitable que el fallo europeo a favor de Otegi y contrario a España suscitara el aplauso en el movimiento independentista catalán. Quim Torra, el president de Cataluña, dijo que la sentencia era «una buena noticia y nos recuerda que hay tribunales superiores a los que podemos apelar ante la arbitrariedad y la injusticia» en España.

Acaso nada haya resaltado más la importancia política de la Unión Europea para España que el conflicto catalán, en el que ambas partes del conflicto mantuvieron la firme convicción de que Europa las respaldaría, a pesar de que en ocasiones pareciera que la propia Bruselas estuviese haciendo todo lo posible por estar al margen del atolladero catalán.

De hecho, aunque se suele acusar al Gobierno de Rajoy de quedarse de brazos cruzados para dirimir el conflicto catalán, yo he observado un cambio gradual con la intención de utilizar a la Unión Europea a modo de amortiguador contra el empuje nacionalista. Inicialmente, Rajoy consideró toda injerencia como un desafío a la soberanía española, pues Cataluña no era sino un asunto interno. Pero a medida que se fue enconando el conflicto catalán, Rajoy comenzó a ver con buenos ojos cualquier comentario de un mandatario europeo que pudiera interpretarse como una advertencia contra el secesionismo.

Cuando David Cameron, el entonces primer ministro británico, visitó Madrid en septiembre de 2015, Rajoy lució una amplia sonrisa cuando, en una rueda de prensa conjunta, declaró que «si una parte de un Estado se separa de este, esa parte saldrá de la Unión Europea y tendrá que ponerse a la cola detrás de otros candidatos que están solicitando ser miembros de la Unión Europea». Angela Merkel, la canciller alemana, también le regaló el oído a Rajoy cuando, en otra comparecencia conjunta, declaró que había que respetar «los tratados que garantizan la soberanía y la integridad territorial de cada Estado».

En octubre de 2017, una semana antes de que los parlamentarios separatistas declararan unilateralmente la independencia de Cataluña, Rajoy se reunió con los reyes en Oviedo para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que brindaron a España la oportunidad de invitar y homenajear a tres de los principales mandatarios de las instituciones europeas y así oír las loas de España de los labios de Jean-Claude Juncker, Donald Tusk y Antonio Tajani. Después de que durante años Rajoy hubiera limitado sus obligaciones a tener un trato superficial con los dignatarios de la Unión Europea, de pronto se convertía en el primer presidente de un Ejecutivo español en asistir a la ceremonia asturiana desde que, en 1981, lo hiciera Leopoldo Calvo-Sotelo.

Al mismo tiempo, el Gobierno español no dudaba en expresar sus preocupaciones sobre Cataluña en enérgicas intervenciones para evitar que la ruptura de cualquier Estado europeo pudiera sentar un precedente para la secesión catalana. Después de que, en junio de 2016, los británicos votaran a favor de la salida de la Unión Europea, Rajoy procuró matar cualquier esperanza que pudieran abrigar los escoceses de permanecer en cierto modo en el seno de la UE. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se apresuró a viajar a Bruselas para reclamar el derecho a celebrar sus propias negociaciones en nombre de Escocia. Pero cuando el propio Rajoy visitó la capital belga, dejó claro que «las competencias de Escocia para negociar con la UE son ninguna». A modo de advertencia, en la misma rueda de prensa señaló: «El Gobierno español se opone a que estas negociaciones [para la salida del Reino Unido] se hagan con alguien distinto al Gobierno del Reino Unido».

Esta postura fue, desde luego, anterior a la tormenta catalana de 2017. Después de la guerra de Yugoslavia en los años noventa, la reivindicación de la soberanía por parte de Kosovo sentaba un preocupante precedente para muchos políticos españoles. España había participado en los bombardeos aéreos de la OTAN en Serbia y después se había unido a la fuerza militar internacional desplegada en Kosovo. Pero en febrero de 2008, cuando la República de Kosovo declaró la independencia de Serbia, España no estuvo en el bando de Estados Unidos y otros Estados que la reconocieron, ni siquiera después de que George W. Bush, el entonces presidente estadounidense, dijera que un Kosovo independiente «traería la paz a una región asolada por la guerra».

La negativa española a reconocer Kosovo inicialmente no solo estuvo motivada por el separatismo catalán. Pero, como me dijo una vez Francisco de Borja Lasheras, experto español en los Balcanes: «Cataluña hace que cueste imaginar que España alguna vez reconozca Kosovo». En general, afirmó, «España tiene un interés directo en frenar cualquier internacionalización del problema catalán».

La inquietud en Madrid por hacer que la Unión Europea mostrara su inquebrantable lealtad a España creció una vez que los separatistas del Govern comenzaran a lanzar su propia campaña diplomática con el fin de recabar un mayor apoyo internacional.

Al principio, el Gabinete de Rajoy parecía contentarse con subestimar los esfuerzos diplomáticos del movimiento independentista catalán. No obstante, al correr del tiempo, el Gobierno español emprendió acciones legales con el objetivo de impedir que Cataluña estableciera un Ministerio de Exteriores y otras instituciones perfectamente desarrollados. «Si la diplomacia de Cataluña carece de poder efectivo —me dijo una vez Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat—, entonces ¿por qué Madrid se molesta siquiera en asestar la considerable artillería diplomática española para contrarrestarla?»

Puesto que en el pasado había estado de corresponsal en Bruselas, me pareció que conocía bien el funcionamiento de la UE como para tener la certeza de que Bruselas siempre respaldaría a España. Al fin y al cabo, lo que se había creado era una Unión Europea de Estados miembros, y no de regiones miembros, Unión en la que a ningún Estado le interesaba ver cómo otro Estado socio se escindía, por no hablar del efecto dominó que eso podría provocar ni de la oleada de reivindicaciones soberanistas que podría desatar en otras regiones del continente.

De hecho, cualquiera que haya visitado el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas comprenderá lo inefectivo que es. A lo que si acaso me recuerda es a las diputaciones españolas, una capa de burocracia que todo el mundo sabe que cuesta dinero, pero cuya función exacta nadie parece conocer, de no ser la de apoyar de boquilla la idea de una redistribución del poder territorial y la designación a dedo de los cargos.

¿Por qué, entonces, algunos políticos independentistas han conservado una fe ciega en su habilidad para convencer a la Unión Europea? Tal vez ello se deba a que creen que la UE es como uno de esos colosales cruceros que solo cambian su rumbo una vez que reparan en que se han chocado con un iceberg, lo cual podría verse como una versión moderna de la tragedia del Titanic . El día que conocí a Oriol Junqueras este evocó el referéndum de independencia que se había celebrado en Lituania y otros países bálticos en 1991. A Junqueras le había chocado en especial que Helmut Kohl, entonces canciller alemán, desaconsejara semejante referéndum, advirtiendo de que Alemania no pondría en peligro su relación con Moscú injiriendo en una cuestión de soberanía. Pero después de que los lituanos votaran con una mayoría aplastante a favor de la independencia, Kohl estuvo entre los primeros mandatarios en dar su parabién y beneplácito a Lituania por el paso histórico que había dado hacia una democracia plena. «Kohl era lo bastante pragmático como para comprender que había llegado el momento del cambio», me dijo Junqueras.

Otra perspectiva interesante sobre la Unión Europea me la ofreció Jordi Pujol, a quien entrevisté en 2016, al poco tiempo de que cayera en desgracia tras admitir su evasión fiscal. Durante cuatro de los veintitrés años que gobernó en Cataluña, Pujol también desempeñó el cargo de presidente de otra oscura iniciativa institucional europea llamada Asamblea de las Regiones de Europa (ARE). Aquel día hablamos sobre cómo la formulación de políticas de la Unión Europea podría influir en la política catalana, y Pujol reconoció que el pensamiento del movimiento independentista rayaba en lo quimérico al creer sus líderes que la UE estaría dispuesta algún día a ponerse del lado de una de sus regiones y enfrentarse así a un Estado miembro. En 1991 «Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron la independencia porque la deseaban, pero, ante todo, porque el imperio soviético estaba saltando por los aires —me dijo Pujol—. Cataluña es como Lituania, pero España no es la Unión Soviética».

En este sentido, puede que la postura catalana más coherente con respecto a la Unión Europea haya sido la de la CUP, que nunca ha contado con el apoyo de Bruselas para alcanzar la independencia, antes al contrario: los políticos de la CUP creen que el divorcio de España ha de entrañar la salida de la UE. No comparto con la CUP sus objetivos y me preocupa su idealismo revolucionario, pero creo que es un partido al que se debería reconocer el mérito de haberse mantenido fiel a las promesas que les ha hecho a sus votantes.

Al llegar a Bruselas tras su fallida declaración de independencia en octubre de 2017, Carles Puigdemont le dijo a la prensa que había escapado a la acción de la Justicia española para «evidenciar el problema catalán en el corazón institucional de Europa». Ahora bien, Puigdemont enseguida se encontró con que tenía casi todas las puertas cerradas, excepto las de los separatistas flamencos y algunos políticos europeos marginales. Frustrado por no poder acceder, Puigdemont fugazmente propuso que Cataluña debería seguir el ejemplo del Reino Unido y celebrar un referéndum sobre la membresía en la UE. En una entrevista con una cadena de televisión israelí, también insinuó que no mucha gente querría formar parte de una Unión Europea que pisoteaba los derechos humanos y que se asemejaba a un «club de países decadentes y obsolescentes». No obstante, su ataque frontal a la Unión Europea fue efímero y, en efecto, fracasó, lo que sembró tensiones en el movimiento independentista catalán. Es más: enseguida Puigdemont decidió presentar su candidatura para un cargo dentro de una institución europea. En 2019 fue elegido eurodiputado. Pero de nuevo vio que la puerta de la Asamblea de Estrasburgo seguía cerrada para él.

Aunque Puigdemont no logró sacudir ni reformar la Unión Europea, contribuyó, eso sí, a despertar el nacionalismo español. Lo mismo que en tiempos había visto la multiplicación de esteladas ondeando en los ayuntamientos y demás edificios en Cataluña, observé la proliferación de banderas rojigualdas flameando en Madrid y otras ciudades a finales de 2017 mientras estallaba la crisis catalana. El edificio donde vivo está justo enfrente de otro que a veces me hace sentir un poco como el fotógrafo de La ventana indiscreta , de Hitchcock, pues estoy muy cerca y veo lo que la gente al otro lado de mi calle ve en las pantallas de sus televisores. Pero, en vez de mirar sus pantallas, empecé a contar cuántos de mis vecinos habían colgado la bandera española de sus balcones. En el metro me puse a observar las muñecas de los pasajeros para ver si las tenían ceñidas por pulseras rojas y amarillas.

Era fascinante ser testigo de cómo la sociedad cambiaba a tantísima velocidad, pero era también un poco desconcertante. Podía entender que muchas personas casi tuvieran una sensación de alivio al poder llevar a gala ser españolas. Era como si el conflicto catalán, en unas pocas semanas del otoño de 2017, hubiera borrado de golpe décadas de un estigma heredado del nacionalismo católico de Franco. Uno de mis amigos con quien juego al tenis, José Manuel Villacañas, siempre ha votado a partidos de izquierda, incluso a Podemos hace poco. Pero una vez me dijo que le parecía ofensivo el modo en que algunos líderes de la izquierda le hacían sentirse mal por mostrar su orgullo de lo español. «No creo que tengas que votar a la derecha para poder decir que amas de veras España», insistió.

Aun así, pienso igualmente que los cimientos de ese amor por España deberían ser unos sentimientos positivos, en lugar de ser una reacción en contra del nacionalismo catalán. Nadie debería insultar una bandera ni mostrar falta de respeto por aquellos símbolos que para otros son importantes. Los alcaldes catalanes no tenían derecho a arriar una bandera de España, máxime porque todos ellos tienen el deber de trabajar por la cohesión y la tolerancia, y porque representan a todos los ciudadanos de sus municipios, no solamente a aquellos que comparten sus ideas. Sin embargo, tampoco pude comprender por qué Albert Rivera e Inés Arrimadas, los líderes de Ciudadanos, decidieron arrancar los lazos amarillos y meterlos en unas bolsas de basura durante un paseo por el pueblo catalán de Alella en agosto de 2018. Su operación de «limpieza» levantó aplausos entre sus simpatizantes y recibió una amplia cobertura en la prensa. Pero tirar a la basura un símbolo importante para alguien creo que es, en el mejor de los casos, una provocación innecesaria.

LA GENERACIÓN DE 2015:

EL FIN DEL BIPARTIDISMO

En octubre de 2013 viajé desde Ronda a Madrid con un desconocido diputado socialista del Congreso: Pedro Sánchez.

Regresábamos de Ronda tras un fin de semana en el que habíamos asistido a un seminario organizado por la filial española del Instituto Aspen. El seminario, que había sido tan enriquecedor como intenso, transcurrió entre la lectura y el debate de textos de grandes autores del pensamiento político a lo largo la historia que abarcaban desde la antigua Grecia de Platón a la Europa poscomunista de Václav Havel. Solo dos ilustres pensadores españoles figuraban en la lista de lecturas: Ortega y Gasset y Unamuno.

La mayoría de los participantes en el seminario tenían opiniones conservadoras, en parte quizá debido a que muchos de ellos eran ejecutivos de empresas del Ibex. Así las cosas, fue agradable tener un contrapeso izquierdista en la persona de Sánchez, que defendía sus ideas hablando un fluido inglés.

Una de las noches en Ronda, nuestro grupo se dirigió hacia un bar después de la cena. Terminamos en la pista de baile arrastrando los pies al son de viejos éxitos. Sánchez se colocó en el centro de la pista, casi tocando con la cabeza la bola de espejos debido a su estatura.

Durante nuestro regreso de la localidad malagueña, bromeé con Sánchez sobre sus ambiciones políticas. Tenemos la misma edad y le reté a que diera un paso adelante en su carrera. Al fin y al cabo, le dije, Alfredo Pérez Rubalcaba era un líder socialista sagaz, pero no era la cara nueva que podría rejuvenecer el partido después de la aplastante derrota electoral de 2011. Le sugerí a Sánchez que él podría liderar el cambio generacional.

Sin embargo, Sánchez se echó a reír al oír mi propuesta. Me dijo que ya se sentía afortunado con haber llegado al Congreso de los Diputados por los pelos como candidato sustituto. Sencillamente, no estaba escrito, me dijo, que él liderara el partido.

Y, cómo no, si antes lo dice, antes sucede. Al cabo de unos meses, después de que los socialistas sufrieran otra humillante derrota en las elecciones, Sánchez, contra todo pronóstico, ganó las elecciones primarias del partido.

Cuando en julio de 2014 se convirtió en secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le envié mis parabienes en un mensaje al que respondió afectuosamente. Pero esto marcó en gran medida el final de nuestra comunicación personal. Sánchez era ahora el líder de la oposición, con un gabinete de comunicación entre cuyas tareas estaba la de filtrar u obstruir cualquier atención periodística indeseada.

Así pues, a partir de entonces empecé a seguir desde la tribuna de la prensa la vertiginosa carrera de altibajos de Sánchez.

Sánchez forma parte de lo que yo llamo la generación de 2015, el año del fin del sistema bipartidista en España. Sánchez no fue quien acabó con el bipartidismo: los artífices del cambio fueron Pablo Iglesias, al frente de su partido Podemos, y Albert Rivera, a la cabeza de Ciudadanos. Pero mientras que ni Iglesias ni Rivera lograron el prometido sorpasso a los dos partidos que dominaban el panorama político español, Sánchez, de manera inesperada, se convirtió en el primer representante de esta generación en ocupar la Moncloa, en junio de 2018.

Cuando le pregunto a la gente acerca de Sánchez, algunas personas me hablan con pasión de su partido, ya sea a favor o en contra, lo cual es un reflejo de la polarización de la sociedad española. Pero muchas otras también me dan respuestas que no guardan ninguna relación con las políticas de Sánchez. Algunos hablan de su buen porte o de si, por el contrario, lo ha perdido desde que entró en el campo de batalla de la política. La mayoría de las personas, sin embargo, mencionan su extraordinaria resiliencia o hacen algún comentario más malicioso sobre cómo es capaz de hablar sin decir en realidad nada con claridad. Una respuesta esta que, irónicamente, coincide con la que durante años escuchaba cuando hablaba de Rajoy con la gente.

Al igual que Rajoy antes que él, Sánchez aprendió a aprovecharse de las debilidades y errores de los demás, y arrinconó a los barones y a otros rivales que durante un breve tiempo lo habían apartado de la secretaría general del PSOE en 2016. Por lo que se ve, tanto Rajoy como Sánchez dominan el arte de volver las tornas contra aquellos que los subestimaban.

Rara vez he visto a un político hundirse tan rápido como lo hizo Sánchez en 2016, año en que pasó de reunirse con el rey Felipe VI para que este le encargara la formación de un Gobierno a verse en la coyuntura de que su propio partido provocara su cese. Si alguien pensaba que el socialismo implicaba una idea de solidaridad, ese año quedó claro que tal idea se perdió. En algunos momentos, la campaña para apartar a Sánchez, atizada por la prensa, fue malévola. Felipe González empleó su posición de padre espiritual del socialismo moderno para vapulear a Sánchez en la Cadena SER. En un hiriente editorial, El País tachó a Sánchez de «insensato sin escrúpulos».

La campaña surtió efecto —Sánchez se vio obligado a dimitir de su cargo en octubre de 2016 ante la rebelión en las filas de su partido—, pero esta humillante derrota pareció otorgar a Sánchez una determinación que no había exhibido cuando hablé con él por primera vez durante nuestro fin de semana en Ronda. Su regreso fue de todo punto extraordinario: al cabo de siete meses de abandonar el Congreso de los Diputados y de empezar a recorrer el país en su Peugeot para volver a conectar con sus votantes, Sánchez fue reelegido líder de los socialistas.

La rebelión contra Sánchez fue uno de los pocos sucesos que en 2016 llamó la atención de mis jefes. En su mayor parte, sin embargo, aquel año de limbo político apenas tuvo repercusión en el extranjero, por más que en España todo el mundo pareciera estar pendiente de él.

Como no podía ser de otro modo, un año de completa incertidumbre política marcado por dos elecciones generales sin resultados concluyentes trajo una considerable dosis de dramatismo y de enfrentamientos personales. Aun así, en general, sobre todo desde la perspectiva de los lectores internacionales, España no fue una noticia atractiva. El año 2016 fue un año perdido de la política española. Las segundas elecciones reprodujeron prácticamente el mismo resultado que las primeras y, en consecuencia, prolongaron la parálisis.

Lamentablemente, Sánchez, por lo que se veía, había aprendido poco de su amarga experiencia. En 2019 favoreció que se produjera la misma situación, con otro año de repetición de elecciones, pendencias entre los líderes de los partidos y un vacío casi total en lo referido a la agenda social y económica española. Los parlamentarios se pasaron meses fuera del Congreso mientras sus capitanes cruzaban todo tipo de lindezas.

Esa nueva generación de políticos que habían prometido a los votantes propiciar el cambio decisivo demostraban, a lo sumo, ser mejores en mantener el bloqueo. Sus continuadas riñas constituían lo que en palabras de Luis María Anson en una columna publicada en El Mundo en 2016 tachaba de «un espectáculo deprimente». La política española parecía, afirmaba Anson, «la pista de circo en la que los líderes saltimbanquis hacen todos los días ridículas piruetas para estupefacción de los ciudadanos».

Mis jefes estadounidenses tenían, desde luego, poco tiempo para el circo español, a pesar de mis denodados esfuerzos por dejar clara la importancia de lo que estaba en juego. Cada vez que cogía el teléfono para hablar con ellos de los últimos giros en las conversaciones para formar una coalición, uno de mis jefes me cortaba para preguntarme: «¿Eso significa que ya sabemos cuándo y quién formará el próximo Gobierno?». La única contestación que podía ofrecer era, si acaso, una suposición bien fundada al tiempo que subrayaba que España se estaba adentrando en territorios desconocidos. Así las cosas, el jefe en cuestión suspiraba y me aconsejaba que volviera a llamarle, pero que no lo hiciera, eso sí, hasta que no pudiera ofrecerle noticias más concretas.

En ocasiones era frustrante ver cómo los periodistas españoles llenaban las páginas de la prensa y las pantallas de la televisión con la última confrontación política, mientras que lo único que yo podía hacer era escuchar y leer en lugar de escribir. En los diez meses de limbo político de 2016, únicamente pude escribir un artículo que apareció en un lugar destacado en The New York Times . Este incluía la advertencia de que España se estaba acercando al sonado ejemplo de Bélgica, que se había pasado 589 días sin Ejecutivo.

Ese año de esclerosis política pronto hizo que la nueva generación de 2015 fuera, a lo sumo, un calco de la vieja o, posiblemente, aún más inepta, ya que sus líderes se superaban día a día en su escalada de recriminaciones y hasta de improperios. Tanto Rivera como Iglesias bajaron al fango a pelear y se ensuciaron, algo que fue especialmente perjudicial para Iglesias, que había prometido ofrecer a sus votantes una nueva forma de hacer política en la que rompería con las malas prácticas de lo que su partido denominaba la casta.

En el entretanto, lo mismo que pasaría un año después en el Parlamento catalán, los políticos se olvidaron de que sus votantes se preocupaban por cosas más importantes que sus grescas políticas, a saber: la mejora de sus carreteras, universidades, hospitales y, sobre todo, empleos.

Recuerdo que seguí un debate en el Congreso de los Diputados especialmente lamentable en abril de 2016 y que se suponía que debía centrarse en la crisis de refugiados en Europa. Los parlamentarios de la oposición habían prometido poner en tela de juicio a Rajoy por haber apoyado su Gobierno un controvertido acuerdo de la Unión Europea con Turquía para que esta readmitiera a los refugiados que llegaran a Grecia y a otros países de Europa occidental. Pero, lejos de hablar de una crisis humanitaria, Iglesias y Rivera se pasaron la mayor parte del tiempo acusándose el uno al otro de cuñadismo . Los refugiados se convirtieron en un asunto secundario para ellos, a pesar de que el destino de la atribulada población siria y de otros países importara a muchas personas en España, un tema del que hablo en otro capítulo de este libro.

Aun así, a despecho de todos sus puntos flacos, era importante señalar que España había alcanzado un relevo generacional en su política. Las figuras de Iglesias y Rivera suponían para el Congreso de los Diputados dos nuevos líderes políticos treintañeros que parecían estar bien acreditados para reorientar el debate. Y yo, como es natural, estaba impaciente por conocerlos.

En marzo de 2015 entrevisté a Iglesias en la sede provisional de su partido en Madrid, cerca de la plaza de España. Nos sentamos en un incómodo sofá que formaba parte del ecléctico mobiliario allí reunido. Los pasillos estaban plagados de carteles y pancartas que unos activistas habían estado preparando para el próximo acto público. Me pareció que estaba visitando una organización política en ciernes.

La entrevista salió en la portada de la edición impresa internacional de The New York Times con una foto de gran tamaño de Iglesias y el titular «New Left Shakes Up the Politics of Spain» [La nueva izquierda sacude la política española]. El artículo se centraba en Iglesias y en su aparente ambición infinita de remodelar España, así como en su admiración por el modelo del partido Syriza en Grecia. «Nunca he pensado en serio que podría ser presidente del Gobierno, pero creo que ahora estamos en un punto en el que eso podría suceder», me dijo.

Al mismo tiempo, durante nuestra entrevista Iglesias hizo todo cuanto pudo para dejar claro que los políticos de izquierdas de Europa no tenían nada que ver con los partidos antisistema de derechas que estaban sacando rédito político del miedo a la inmigración y la Unión Europea: «Puede que todos nosotros formemos parte de una situación generalizada de desencanto con la política de Europa, pero la gran diferencia es que nosotros somos demócratas, proeuropeos y, obviamente, no somos racistas —me dijo Iglesias—. Las fuerzas políticas como Podemos y Syriza constituyen las últimas oportunidades para convencer a los ciudadanos de que todavía se puede lograr algo positivo en el seno del proyecto de la Unión Europea».

Terminé mi artículo señalando que, «para ser un hombre que se había presentado a sí mismo como un profano en política, curiosamente Iglesias parecía pragmático a la hora de hablar de la formación de posibles coaliciones en el caso de que ningún partido saliera claramente vencedor en las elecciones de este año». Habíamos pasado parte de la entrevista hablando de lo que sucedería en las siguientes elecciones. Contra todo pronóstico, en sus respuestas me pareció que Iglesias estaba abierto a negociar con aquellos a quienes había ridiculizado por ser miembros de la casta. «No somos sectarios, y tendemos la mano a todos aquellos que quieran cambiar —me dijo—. Siempre tenderemos la mano a cualquier partido que esté dispuesto a reconocer que lo que ha estado haciendo hasta ahora sencillamente no ha funcionado.»

Al volver la vista atrás, me da la sensación de que Iglesias ha demostrado ser un buen orador y un candidato carismático a la vez que un líder de partido flojo y un negociador deficiente, menos abierto a otros de lo que me sugirió a mí y asimismo cada vez más alejado de las clases populares a las que quiso representar.

El ejemplo más emblemático de esta desconexión fue la compra que Iglesias y su compañera Irene Montero hicieron de una casa en Galapagar, un opulento municipio de la Comunidad de Madrid. Para poner fin a la controversia, Iglesias celebró una consulta entre sus bases en mayo de 2018. Aunque ganó el referendo, no estoy seguro de que Iglesias escarmentara. Después de que la mayoría de los votantes respaldaran su continuidad, Iglesias, en lugar de ofrecer un mea culpa , apuntó en una entrevista concedida a Radiocable que lo habían tratado injustamente: «No tengo nada de lo que avergonzarme, pero he aprendido que, cuando juegas un partido con el árbitro en contra, tienes que tenerlo en cuenta». «He aprendido que las reglas habituales de la política tienen una excepción que se llama Podemos, con quien se incumplen normas éticas y deontológicas.»

Ni Iglesias ni Rivera asumieron la responsabilidad personal de no lograr cumplir con las expectativas que habían generado en 2015, cuando sus partidos ganaron sus primeros escaños en la Cámara Baja. Ninguno de los dos ha conseguido culminar el durante tanto tiempo prometido sorpasso de los socialistas y el Partido Popular. Antes bien, han visto que, frustrados, algunos de sus colaboradores más cercanos y amigos los han abandonado a medio camino.

Una de las imágenes que la mayoría de los españoles recuerdan de Albert Rivera data de sus inicios en política, en el año 2006, cuando, provocador, posó desnudo para un cartel de la campaña electoral. La primera vez que lo entrevisté me llamó la atención otra fotografía suya, solo que en esta ocasión era una que le confería un estatus más elevado. Mientras estábamos en una sala de reuniones subterránea en la sede de su partido en Barcelona, vi que en la pared había un retrato de Rivera flanqueado por sendos retratos de Victor Hugo y John F. Kennedy.

Ciudadanos había nacido en 2008, antes de que la crisis financiera asolara realmente a España, a modo de bastión de oposición al independentismo catalán. Pero en cuanto partido de oposición nacional, también se había servido de la crisis y se había unido a Podemos en su llamamiento para efectuar la renovación de un sistema político minado por la corrupción y los enchufes. En vista de los problemas que acuciaban a España, Rivera encontró grandes argumentos para convertirse en algo más que la flor de un día centrada en detener el avance de los secesionistas catalanes.

Rivera llevó a su partido al escenario de la política nacional en parte debido a que el auge del separatismo catalán había creado un «bloqueo político» que le dificultó vender su mensaje en la prensa regional, según Iñaki Ellakuria Bastida, periodista que escribió el libro Alternativa naranja sobre Ciudadanos. Al mismo tiempo, la crisis española, tanto financiera como institucional, había creado «una nueva oportunidad para atraer a todos aquellos votantes que se habían sentido abandonados a causa de las deficiencias de los dos grandes partidos», me dijo Ellakuria.

El día que lo conocí, Rivera intentó convencerme de que, aunque su partido era más antiguo que Podemos, tenía un proyecto que daría un nuevo rumbo a España, en lugar de lamentar los fallos del pasado y del presente, como hacía Podemos. «Podemos ha estado focalizado en el tema de qué ha fallado, pero nosotros estamos aquí para responder a la pregunta: ¿qué tenemos que hacer ahora?», me dijo Rivera.

Pero asimismo me habló de su trayectoria política y de cómo, cuando era joven, votaba a un partido o a otro, desde el PSOE y Convergència i Unió (CiU) hasta el PP, sin tener nunca la sensación de que alguno de ellos realmente casara con sus opiniones sobre lo que el constitucionalismo debería significar en España. Pero cuando un grupo de intelectuales escribió en 2005 un manifiesto que sentó las bases para la creación de Ciudadanos, «encontré por fin el espacio que buscaba», dijo Rivera. Y para orgullo suyo, una década después, también encontraron ese espacio alrededor de tres millones y medio de electores que votaron a Ciudadanos y a su joven líder en aquellas decisivas elecciones generales de 2015.

El fin del sistema bipartidista en España en general se acogió con beneplácito tras aquellas históricas elecciones. Los profesores universitarios y los columnistas de la prensa alabaron el aire fresco que soplaba en el Congreso y otras instituciones españolas. José Ignacio Torreblanca, profesor de Políticas y columnista, me dijo en aquella época que había habido «un gran problema de controles y equilibrios en España provocado por una larga historia de mayorías absolutas que ha conllevado que todo lo decidan quienes están en el poder, desde las políticas hasta quiénes ocupan los puestos de trabajo clave, incluidos los de la televisión pública. Puede que ahora por fin podamos crear ese sistema de contrapoderes institucionales que tanto ha faltado en España».

Pero en noviembre de 2019, tras otra repetición electoral igualmente frustrante y polarizadora, muchos de quienes habían aplaudido la fragmentación política parecieron lamentar sus consecuencias.

Más complicado: el estancamiento fue un terreno fértil para la aparición de un nuevo partido, Vox, que también trajo a la política nacional un nivel de xenofobia, misoginia y ultranacionalismo que jamás había visto desde mi llegada a España.

A finales de 2019, mientras la crisis catalana se volvía violenta en las calles de Barcelona tras la condena de cárcel dictada por el Tribunal Supremo para los antiguos líderes catalanes, Santiago Abascal, al frente de su partido Vox, hizo sombra a Rivera al mando de Ciudadanos en cuanto fuerza más estridente frente al secesionismo. En la repetición electoral de noviembre de 2019, Vox duplicó sus escaños, mientras que Ciudadanos sufrió un hundimiento catastrófico. Rivera dimitió. Del mismo modo que Rajoy un año antes, abandonó la política. La diferencia era que Rivera aún no había cumplido los cuarenta años, mientras que Rajoy ya casi tenía edad de estar jubilado y había sido ministro desde los años noventa.

Mientras escribo estas líneas, la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, está de nuevo orientando su partido hacia el centro, especialmente al otorgar sus determinantes votos en el Congreso de los Diputados en mayo de 2020 y así permitir que el Ejecutivo de Sánchez prolongara el estado de alarma durante la crisis del coronavirus. Todavía es muy pronto para predecir cómo afectará esto a los votantes. Pero el pragmatismo de Arrimadas al menos contrasta con la inflexible cerrazón de Rivera, que dio la espalda a la idea de formar una alianza con Sánchez en 2019 y se enzarzó en un juego de culpas en el que acusó a Sánchez en la Cámara Baja de construir una «España sectaria», como parte de su plan «para perpetuarse en el poder y beneficiar a sus amigos».

El surgimiento de Vox asimismo propició el encrespamiento del ya entonces bronco debate político en España. La moderación y la compostura brillaban por su ausencia en el discurso Vox. Como dijo Abascal, el cabecilla de Vox, a sus partidarios una noche de noviembre de 2019, cuando su partido se convirtió en la tercera fuerza política en España, «hemos protagonizado un cambio cultural abriendo los debates prohibidos».

Para mi consternación, ninguno de sus adversarios puso en entredicho a Abascal en el primer debate televisado en el que participó y que tuvo lugar pocos días antes de las elecciones de noviembre de 2019. Mientras Abascal profería advertencias xenófobas sobre la amenaza de la migración musulmana, nadie le recordó que España era un Estado que garantizaba la libertad religiosa. En lugar de eso, Sánchez presentó monótonas estadísticas para defender la trayectoria de su Gobierno contra la inmigración ilegal.

A mi parecer, la gente que mantiene viva la democracia en España no son los políticos, sino los votantes, que continúan participando en la política y votan, por más que a menudo lo hagan tapándose la nariz. Antes de cada una de las elecciones de los últimos años la gente me ha contado que se sentía demasiado frustrada y desalentada para votar. Pese a todo, al final parece que la mayoría dejó de lado sus esparcimientos dominicales para presentarse en sus colegios electorales y votar.

En abril de 2019 la participación en las urnas fue de casi el 76 %, la más alta desde que saliera elegido Felipe González en 1980, y casi también un 20 % más alta que el porcentaje de estadounidenses que votaron en las elecciones que convirtieron a Donald Trump en el presidente de Estados Unidos. En Suiza, el país donde nací y que muchos consideran el buque insignia de la democracia directa, es raro que incluso la mitad de los votantes participen en referendos u otras votaciones.

La generación de 2015 rejuveneció la política española, pero fracasó de un modo rotundo a la hora de transformar España o de siquiera mejorar su discurso político. Hasta el momento en que escribo estas líneas, ha producido más espectacularidad que sustancia, por no hablar de la ausencia de una legislación pionera. Sánchez e Iglesias se abrazaron ante las cámaras en noviembre de 2019, dos días después de las elecciones, como si la foto de tan afectuosa alianza pudiera borrar cinco meses de estériles y enconadas negociaciones. Y su reconciliación decididamente tampoco sirvió para otros líderes políticos, que, lejos de eso, libraron otra batalla campal de descalificaciones.

El debate parlamentario que, en enero de 2020, preparó el camino para la reelección de Sánchez con una victoria de escaso margen en el Congreso fue un momento de bajo nivel en el debate político, plagado de un alarmismo que rayaba en la difamación. Pablo Casado, líder del principal partido de la oposición, añadió «sociópata» a su largo rosario de descalificaciones dirigidas contra Sánchez. El hemiciclo parecía un cuadrilátero en el que los púgiles asestaban sus golpes bajos y solo aguardaban a que sonara la campana final para que el juez presentara su puntuación.

Lo peor fue que la virulenta e hiperbólica retórica empleada en el Congreso emponzoñó las mentes más allá de sus cuatro paredes. El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, tuvo que buscar la protección de la policía tras recibir miles de mensajes amenazadores en los que se lo acusaba de «traidor» por decidir dar su crucial voto a favor de Sánchez en la investidura. ¿En qué democracia contemporánea y sana teme un parlamentario por su seguridad personal debido a su voto?

La fragmentación y polarización en la política habían dado lugar a cuatro elecciones generales en cuatro años, ninguna de las cuales será recordada por favorecer la gobernabilidad en España. Pero en el momento en que escribo estas líneas, España al menos ha conseguido por fin un Gobierno después de un largo limbo en 2019. Entre 2015 y 2020 a menudo he oído a los comentaristas sostener que España estaba atascada en el terreno político porque no existía «una cultura de la coalición». Ahora bien, se podría aducir lo contrario, es decir, que a España nunca le ha faltado semejante cultura, ya que desde mucho tiempo atrás han existido coaliciones en otros ámbitos de gobierno, desde los municipios a las comunidades autónomas. El problema residía en el ámbito nacional, donde por desgracia los líderes de los partidos tardaron cinco años en comprender que, en una competición en la que participan cuatro o cinco partidos, es probable que nadie vuelva a entrar en la Moncloa sin tener a un socio de coalición en su Ejecutivo.

La preocupación es, sin duda, cuánto pueden durar unidas dichas coaliciones, en especial cuando los políticos parecen preferir insultar en vez de hablar. Sigue habiendo, desde luego, tiempo para que esta nueva generación de líderes de partidos demuestre un sentido más elevado del arte de gobernar con visión de Estado, pero veo pocas posibilidades de que los políticos españoles secunden el llamamiento que Sánchez hizo en el Congreso antes de tomar posesión de su cargo, en enero de 2020, a saber: acabar con «el clima tóxico» en la política española, al que el propio Sánchez se comprometió a no contribuir.

ECONOMÍA

LOS DIOSES DEL DINERO:

LOS RESCATES DE LAS CAJAS

«En el nombre de Jesucristo, amén.» Cuando le conté al redactor jefe de la sección de Negocios de mi periódico que el presidente de un banco que había colapsado había pronunciado una bendición religiosa para inaugurar una reunión de su junta, durante unos instantes se quedó sin palabras.

Aquel redactor jefe me envió a Córdoba en mayo de 2010, al cabo de un mes desde mi llegada a Madrid y poco después de que el Banco de España anunciara que rescataría y tomaría el control de Cajasur, la emblemática institución bancaria cordobesa.

Cajasur fue una de las primeras víctimas de la crisis financiera española. Aunque no era más que un banco regional, su derrumbe indicaba que la escala de los problemas financieros en España era mayor de lo que sus políticos, reguladores y banqueros habían supuesto. Esto también coincidió con los primeros recortes presupuestarios del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El prolongado boom inmobiliario español había llegado a su fin de manera abrupta. Por lo demás, el Gobierno y el Banco de España ya no podían sostener que los bancos españoles, impulsados por medidas económicas anticíclicas, estuvieran convencidos de poder capear el temporal de la crisis financiera mundial que se había desatado dos años atrás en Estados Unidos, con la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers.

En realidad, el súbito y sobrecogedor descalabro de Lehman Brothers no solo había provocado un terremoto en Wall Street y en todo el sistema financiero mundial, sino que también había propiciado una nueva configuración del pensamiento en las redacciones periodísticas, incluida la de The New York Times . Para muchos redactores jefes de Negocios la moraleja tras el fiasco del banco estadounidense fue que cualquier declaración tranquilizadora procedente de cualquier banquero o, de hecho, de cualquier funcionario del Ministerio de Economía o del banco central debería ser tomada con una fuerte dosis de escepticismo y debería someterse de inmediato a un escrutinio más minucioso.

En efecto, para aquel jefe de sección de mi rotativo, la historia de Cajasur tenía los turbios ingredientes de una novela de Dan Brown, el exitoso autor de El código Da Vinci . La afiliación del banco con la Iglesia ciertamente no se veía en Nueva York como una garantía de santidad. Al fin y al cabo, varios colegas en Roma ya llevaban años escribiendo sobre las turbias finanzas del Vaticano, un asunto que estalló en 2019 cuando se relevó al regulador financiero del Vaticano y el papa Francisco reconoció un escándalo de corrupción en el modo en que la Santa Sede había empleado las donaciones benéficas.

Siguiendo las instrucciones de mi jefe, llegué a Córdoba con la expectativa de hablar de algo más que de finanzas y hojas de balance. Enseguida me vi envuelto en una enrevesada historia sobre la convergencia de actividades políticas, religiosas y bancarias, además de los conflictos de intereses que se suelen generar cuando unas relaciones históricas se entrelazan tan estrechamente.

Había un banco que los sacerdotes locales habían controlado desde 1864, inicialmente a modo de monte de piedad, pero que al final se había convertido en el principal prestamista de los agricultores y emprendedores lugareños. Andando el tiempo, la caja había permitido que la Iglesia afianzara ampliamente su influencia en Córdoba y sus 325.000 habitantes. Los sacerdotes también habían peleado con denuedo para conservar sus competencias en las actividades bancarias, incluso después de que la fusión con un competidor laico diera lugar a la creación de Cajasur a mediados de los años noventa.

En el entretanto, los banqueros y los sacerdotes no solo habían aprendido a recompensarse y a ayudarse mutuamente, sino que también habían comprendido cómo cohabitar con los políticos. Lo sorprendente era que Córdoba no había sido un bastión del conservadurismo político, antes al contrario, desde la instauración de la democracia en España, la ciudad había estado en esencia gobernada por políticos que expresaban su desconfianza, cuando no su aversión, hacia la Iglesia católica. Algunos de ellos eran comunistas que luego representaron a Izquierda Unida (IU).

Pero en la Córdoba roja que emergió a raíz de la transición, la Iglesia de algún modo había logrado conservar su banco. Parecía que el dinero —y la capacidad para repartirlo— había favorecido la unión de ideologías divergentes en lugar de dividirlas.

Todo esto encajaba con lo que a veces llamo el «triángulo de las Bermudas del auge de la construcción en España», formado por políticos, banqueros y promotores inmobiliarios y en el que desaparecieron o se despilfarraron sumas ingentes de dinero en casi todas las provincias españolas.

Las autoridades de la ciudad se habían complacido en subvencionar la economía cordobesa con dinero público, mediante préstamos concedidos por un banco local que había otorgado a la Iglesia el estatus especial de benefactor financiero. Al igual que otras cajas, en vez de pagar dividendos, el banco repartía alrededor de un tercio de sus beneficios en diversas obras sociales. A través de dichas donaciones, Cajasur financiaba escuelas y residencias para ancianos y discapacitados, investigación hospitalaria y universitaria, además de museos y actos culturales como el festival anual de la guitarra. Cajasur fue igualmente la principal patrocinadora del equipo de fútbol cordobés, además de accionista en imprentas y en el periódico de la ciudad.

En 2010 los partidos políticos locales en Córdoba habían acumulado unos préstamos del banco que sumaban 87 millones de euros en cinco años. Con una elevada dosis de sarcasmo, Luis Martín Luna, político conservador que en el pasado también había sido director de Cajasur, me resumió la situación: «Hemos sido la única ciudad comunista en España, un lugar donde todo el mundo, incluso la Iglesia, parece creer que hay que depender de las subvenciones». Con Cajasur, que seguía prodigándose con los prestatarios incluso después de que la actividad constructora se estancara, «probablemente era difícil decirle al banco que dejara de conceder préstamos cuando tu propio partido dependía de esos préstamos», añadió Martín Luna. A cambio, como es natural, «Cajasur por supuesto financió la restauración de iglesias».

Cajasur tenía competidores en Córdoba. Pero ninguno en su red social de influencia. Cuando visité la ciudad, Cajasur necesitaba una inyección de capital de 550 millones de euros para sobrevivir. Este dinero extra pondría fin al control que la Iglesia ejercía sobre la entidad bancaria, pero ni siquiera era seguro que bastase para detener la hemorragia financiera del banco, ya que asimismo este estaba vinculado con diversas operaciones financieras desastrosas, entre ellas la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real. Un juez declaró insolvente este aeropuerto justo cuando estaba yo en Córdoba. Cajasur era uno de los principales acreedores, con un capital pendiente de 18,8 millones de euros.

Algunas de las inversiones inmobiliarias de Cajasur, que se concentraban en la Costa del Sol, se vieron enturbiadas por los conflictos de interés y el fraude. Por ejemplo, se había abierto un caso de corrupción aparte contra los directivos de Arenal Sur 21, promotor inmobiliario en el que Cajasur había actuado en calidad tanto de acreedor como de accionista. Por alguna razón, ningún regulador financiero cuestionó cómo un banco podía, en efecto, concederse préstamos a sí mismo en un proyecto de construcción. Era como si, en los años del auge inmobiliario, el Banco de España y otros reguladores se hubieran tomado unas vacaciones, o bien directamente hubieran desatendido las advertencias de sus propios inspectores, hasta que ya fue demasiado tarde. De hecho, la escala del fracaso regulador no salió a la luz hasta 2017, cuando la Audiencia Nacional imputó al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por hacer caso omiso de las apremiantes advertencias de sus propios inspectores antes de la salida a Bolsa de Bankia.

Para comprender cómo los sacerdotes habían controlado un banco como Cajasur, que contaba 3.100 empleados y quinientas sucursales, me dediqué a buscar por Córdoba a Fernando Cruz-Conde, el exvicepresidente segundo de Cajasur hasta que el Banco de España intervino la entidad de ahorros. Sin embargo, este había conservado su cargo de vicario general de la Diócesis de Córdoba, lo que lo convertía en auxiliar directo del obispo de la ciudad.

Finalmente lo encontré en la sacristía de una iglesia. Parecía un lugar inapropiado para realizar una entrevista sobre la banca, en vista de que en ese cabal instante él se afanaba reuniendo velas y llevando a cabo los últimos preparativos para su próximo oficio religioso. Pese a todo, amablemente convino en verme esa tarde en un café cerca de la imponente mezquita catedral de Córdoba.

Al cabo de un rato, se me antojó que Cruz-Conde tenía un gran sentido del humor y una inteligencia aguda. No quiso hablar sobre los pormenores de las actividades empresariales de Cajasur, precisamente por cuanto acababan de cesarlo de su cargo en el banco. Parecía receloso a la hora de hacer cualquier comentario que pudiera convertirse en una prueba procesal en las actuaciones legales contra los exdirectivos, a cuyo mando estaba el expresidente del consejo de administración de Cajasur, Santiago Gómez Sierra.

Pero Cruz-Conde me prestó mucho tiempo para ayudarme a comprender cómo la interconexión entre la política, los negocios y la religión en Córdoba había permitido que una caja de ahorros continuara operando impunemente, incluso una vez que en 2008 ya empezara a registrar pérdidas.

Asimismo, me dio su propia explicación sobre la amistosa relación de Cajasur con los políticos cordobeses, a pesar del largo conflicto entre la Iglesia católica romana y el comunismo.

«Ha sido fácil cooperar con IU y otros partidos —me dijo— porque todo el mundo sabía que, si Cajasur dejaba de estar sometida a la Diócesis de Córdoba, se correría el riesgo de que los poderes decisorios se trasladaran a otra parte, tal vez a Sevilla o a Málaga.»

En efecto, Cajasur fue rescatada al día siguiente de que se interrumpieran las conversaciones de fusión con Unicaja, una entidad de ahorros más grande con sede en Málaga. Sus infructuosas negociaciones de fusión habían durado diez meses, pero estaban viciadas por la política. En Córdoba nadie lamentó que Cajasur no acabara controlada por unos banqueros de Málaga. Y casi nadie quería culpar a los sacerdotes por su mala gestión, mucho menos poner en tela de juicio su paso de la sacristía a una sala de juntas.

«Estar capacitado para un cargo directivo no tiene nada que ver con ser sacerdote o no —dijo Francisco Tejada, uno de los representantes de IU en el Ayuntamiento cordobés—. Por mucho que alguien haya estudiado todas las carreras de Económicas del mundo, puede ser un desastroso gerente bancario.»

Podía entender el argumento de Tejada. Yo había estudiado en Inglaterra, donde a veces los estudiantes se pasan años aprendiendo religión o lenguas clásicas como el latín y el griego antes de entrar en el parqué de uno de los bancos de la City de Londres. Pero lo que más me asombró fue que los clientes de la caja de ahorros no estuvieran desconcertados con su crisis. Mi jefe me había pedido que comprobara si se estaba produciendo un pánico bancario. Por el contrario, lo que encontré fue a clientes con cuentas de ahorros haciendo la cola pacientemente en el interior de una sucursal y apenas interesados en hablar sobre los problemas de Cajasur.

«Tengo fe en el sistema, y no porque sea un ferviente católico», me dijo Juan Antonio Expósito Pelado, de ochenta y un años, un trabajador de la metalurgia jubilado que estaba cobrando su pensión mensual de 550 euros en su sucursal de Cajasur. «Sé que la caja tiene problemas, pero no me imagino que le vayan a fallar a un viejo desgraciado como yo.»

Cajasur fue un aviso de los problemas que se avecinaban, pero, puesto que solo representaba un diminuto porcentaje de los activos bancarios de España, su bancarrota no era suficiente para hundir el sistema entero. Los problemas de las cajas pasaron en gran medida inadvertidos en las primeras fases de la crisis financiera porque los bancos comerciales, como el Santander y el BBVA, que estaban sujetos a una regulación más estricta, no necesitaron que el Gobierno rescatara su dinero, al igual que muchas otras entidades bancarias en Europa y Estados Unidos.

Pero el hundimiento de Cajasur convenció al Gobierno socialista para fomentar un saneamiento de las cajas utilizando un enfoque que había sido acordado con el partido de la oposición, el PP. Los políticos decidieron que la mejor solución sería forzar una rápida consolidación de las cajas de ahorros. Se dio un ultimátum a las 45 entidades de ahorro de España para llevar a cabo negociaciones de fusión con el objetivo de reducir su número total a la mitad.

Los banqueros se pusieron manos a la obra y en poco tiempo respondieron con una oleada de transacciones, entre las cuales la más espectacular fue la integración de sietes entidades de ahorros que dio lugar a la creación de Bankia. Sin embargo, la presión seguía aumentando en España, así como el coste de financiar su deuda pública, cuando Irlanda y, a continuación, Portugal se unieron a Grecia en la lista de países que se vieron forzados a un rescate.

El último acto de bravuconería lo interpretó Bankia, que salió a Bolsa el verano de 2011. El día en que se inició su oferta pública de acciones, el presidente del banco, Rodrigo Rato, tocó la campana de la Bolsa, alzó el pulgar en señal de victoria y lo celebró con una copa de champán con sus colegas ejecutivos. Era una fiesta de cumpleaños que, por el contrario, debería haber sido un velatorio.

En abril de 2012 acudí al rascacielos madrileño que alberga la sede de Bankia para entrevistar a Rato. En vista de que me habían dicho que se retrasaría, me di una vuelta por los pasillos de la última planta, decorada con preciosas obras de arte, y disfruté de las impresionantes vistas de las montañas a un lado y del denso tráfico en la Castellana al otro. Recuerdo que pensé cómo sería Madrid si estuviera dividida por un sinuoso río en lugar de por una avenida recta.

Cuando por fin se presentó Rato, no me pareció que fuera un banquero presionado. Nos acomodamos en su espacioso despacho y él se pasó la siguiente hora diciéndome que, aunque corrían malos vientos para su banco, Bankia era lo bastante sólida para capear el temporal. «Te aseguro que no hay razón para poner en entredicho nuestra solvencia —me dijo Rato—. Sé que muchos extranjeros se están preocupando por los bancos españoles, pero parecen no entender lo mucho que hemos hecho para evitar problemas serios de verdad.»

Y, cómo no, si antes lo dice, antes sucede. Al cabo de unas semanas, Rato se vio obligado a dimitir. Una vez que el Gobierno tomó las riendas de Bankia, actualizó los resultados del banco en 2011, y los que habían sido unos beneficios de 309 millones de euros de repente pasaron a ser unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros, las mayores en la historia de la banca española.

Al poco de su dimisión, observé a Rato durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde se lo acusaba de mentir y estafar a los inversores. En esa ocasión, Rato parecía un niño travieso al que pillan comiendo caramelos en clase. Pese a todo, conservó la calma e insistió en que el colapso de Bankia era una responsabilidad compartida entre los banqueros, que habían permitido préstamos incontrolados antes de su llegada en 2010; los reguladores y políticos, que habían animado a la fusión de Bankia y a su cotización en Bolsa; y los auditores de Deloitte, que había autorizado las cuentas.

Si bien los inversores tenían motivos para lamentar el hundimiento del precio de las acciones, afirmó Rato, también deberían haber sido más sensatos. Tampoco se arrepintió de haber brindado con champán en la Bolsa para celebrar el inicio de la cotización bursátil de Bankia. Cuando Bankia salió a cotizar, «nuestros folletos tenían varias páginas sobre los factores de riesgo», declaró Rato ante los diputados.

Aun así, Rato enseguida fue acusado de fraude y desde entonces se ha movido entre el juzgado y su celda en la cárcel, pues son varias las causas que tiene abiertas. Su predecesor, Miguel Blesa, se disparó con un rifle en su finca.

El resto del verano lo pasé intentando saber si habría más trapos sucios en la banca española. Asimismo, indagué más en la corrupción financiera.

En una visita a Vigo, me reuní con una docena de banqueros, políticos y sindicalistas para que me hablaran de Julio Fernández Gayoso, que se había unido a Caixavigo a los dieciséis años y que terminó dirigiéndola durante más de cuatro décadas, lo que lo había convertido en don Julio, un gran benefactor de su ciudad.

Su vida parecía la típica historia de quien sale del arroyo y hace fortuna, en el verdadero espíritu del monte de piedad que Caixavigo —que en el año 2000 pasaría a llamarse Caixanova— había sido al comenzar su andadura en 1880. Fernández Gayoso había empezado a trabajar en el banco en 1947, pero ahora era un banquero desacreditado de ochenta años. Se había visto forzado a dimitir a raíz de ser imputado en una investigación de fraude. Pasó una breve temporada en la cárcel, aunque pronto fue liberado debido a su avanzada edad y mala salud.

En mi paseo por Vigo con un antiguo empleado de su banco, nos detuvimos ante todos los magníficos edificios que Gayoso había adquirido y rehabilitado utilizando el dinero de su banco. Entramos en centros culturales llenos de pinturas propiedad de la fundación del banco. Igualmente, fuimos al campus de la primera universidad de Vigo, financiada, cómo no, por el banco.

«Esta es una ciudad de trabajadores, pero incluso nuestros pintores comunistas recibieron tantos encargos de él que lo retrataron como a un dios», me dijo el exalcalde de Vigo, Carlos González Príncipe. A todas luces, Príncipe tenía su propio interés: afirmó que su carrera política había acabado cuando Fernández Gayoso financió la campaña electoral de su rival.

Fernández Gayoso se negó a verme, pero yo había escuchado sus declaraciones en su comparecencia en el Congreso, en la que se presentó a sí mismo como un presidente al que los miembros de su consejo mantenían a raya. «No tomé ni una sola decisión personal porque no tenía poderes», les dijo a los parlamentarios.

En Vigo, no obstante, llegaba a mis oídos una historia tras otra sobre el alcance tentacular de Fernández Gayoso en casi todos los negocios de la ciudad, así como sobre su contundente control en una sala de juntas llena de sus compinches.

Pidiera lo que pidiese Fernández Gayoso en la junta, «no había sobre ello ni debate ni votación —me dijo José Luis Veiga, un antiguo miembro de la junta—. El liderazgo y la estrategia del banco estaban por completo en sus manos». Para estar en la junta era preciso «tener más una relación estrecha con su presidente que tener experiencia», según Santiago LagoPeñas, profesor de Economía de la Universidad de Vigo.

A la larga, Fernández Gayoso se subió al carro de las fusiones de las cajas —cuyo resultado daría lugar a Caixanovagalicia— y dio el sí a su antiguo rival de A Coruña, José Luis Méndez, que había dirigido su banco, Caixa Galicia, durante veinte años. Ambos hombres no solo competían en longevidad, sino también, quizá, en estilo de vida. Caixa Galicia había comprado un yate de lujo, con tripulación incluida, anclado siempre a disposición de Méndez. Este, de igual modo que Fernández Gayoso, se deleitaba siendo mecenas del arte y había convencido a su junta para construir un centro cultural en un cine histórico en pleno centro de Vigo.

Fernández Gayoso, Méndez y otros altos ejecutivos de la banca recibieron algo más que una mera recompensa por los servicios prestados en sus respectivas ciudades gallegas, a despecho de que estaban sumiendo sus bancos en pérdidas materiales y en una fusión que desembocaría en un costoso rescate para los contribuyentes. Mientras que Fernández Gayoso y un puñado de banqueros fueron condenados a penas de cárcel, Méndez tuvo la suerte de haber quedado marginado justo antes de la fusión, de modo que pudo marcharse con su dinero antes de verse enredado en la debacle final.

Si esta surrealista película de excesos bancarios estaba transcurriendo a plena luz del día, ¿por qué nadie la detuvo antes? Miguel Ángel Quinteiro, un antiguo empleado de Caixanova, me dio una suerte de respuesta. Este había trabajado en el departamento de tecnología de la información de Caixanova en los años ochenta y, con el tiempo, lo ascendieron a representante del personal en la junta directiva de la entidad de ahorros. Tras oír rumores sobre que la caja estaba dando por perdido el valor de los préstamos dudosos a algunas empresas locales, Quinteiro pidió una lista de créditos incobrables, en vano, eso sí. Me dijo que también solicitó, en balde una vez más, detalles acerca de los sobres que algunos empleados recibían cada año con bonificaciones en efectivo.

Al final, Quinteiro dijo que lo habían despedido tras acusarlo de filtrar información confidencial de las juntas directivas a un sindicato. Intentó poner una demanda por despido improcedente, hasta que, según me dijo, el banco le ofreció una suma de 180.000 euros. Puesto que tenía la sensación de haberse convertido en un paria en su propio banco, Quinteiro tiró la toalla. Además, el dinero que le estaban ofreciendo suponía «en aquel entonces uno de los más elevados acuerdos y me daba para hacer lo que yo quería», que era establecer su propia empresa de tecnología de la información. Tal y como señalo en otra parte de este libro, en España es difícil destapar la corrupción.

España puede atribuirse el mérito de sanear sus bancos, empezando por Bankia, que volvió a tener beneficios en 2013, después de haber necesitado cerca de la mitad de los 41.000 millones de euros del dinero del rescate que Europa había concedido a España. El fondo de activos tóxicos establecido por el Gobierno, al que Bankia transfirió 22.000 millones de euros de créditos dudosos, ayudó a sacar activos inmobiliarios por un valor de cerca de 50.000 millones de euros sin socavar el funcionamiento del resto de la banca de titularidad pública. Lo mismo que otros bancos, Bankia redujo considerablemente su plantilla y su red de sucursales. Intentó asimismo pasar página en la cultura del fraude simbolizada en el escándalo de las tarjetas black , que permitían a los ejecutivos hacer que su banco (y sus accionistas) pagara la cuenta de su fastuoso tren de vida, desde restaurantes a cuotas de clubes de golf.

Debería alabarse a la judicatura española por meter en la cárcel a banqueros poderosos como Rato y Fernández Gayoso. A fin de cuentas, antes de supervisar el sistema de las tarjetas black , a Rato se lo había elogiado por ser el arquitecto del milagro económico español, el evidente sucesor de José María Aznar y el más prominente embajador de España en el extranjero en cuanto director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, de los 47 banqueros europeos y estadounidenses que fueron condenados a penas de cárcel por su papel en la crisis financiera once de ellos eran españoles, según un estudio publicado en septiembre de 2018 por The Financial Times . Solamente la pequeña Islandia castigó con mayor severidad a sus banqueros, con veinticinco penas de cárcel.

Pero todavía recuerdo mi entrevista con Rato cada vez que alguien insinúa que la prensa extranjera trató a España de manera injusta en el transcurso de la crisis. Había estado una hora sentado con el entonces presidente de Bankia y, en cierto modo, lo había dejado sostener que los extranjeros deberían dejar de preocuparse por la banca española. Si hubiera sido un poco más duro con él, acaso podría haber escrito un artículo más esclarecedor advirtiendo de que Rato estaba preparando a España para el mayor desastre bancario de su historia reciente.

DUELO AL SOL:

AUGE Y OCASO DE ABENGOA

De lejos, las torres a las afueras de Sanlúcar la Mayor parecen unos faros marinos gigantescos, cada cual irradiando un haz de luz tan potente que puede verse a varios kilómetros de distancia.

Sin embargo, dichas torres se alzan en mitad de la campiña andaluza, descollando por encima de los campos de girasoles y de las granjas ganaderas como si fueran modernos obeliscos en honor a la energía solar. Forman parte de la primera planta termosolar comercial del mundo, construida por Abengoa en 2007.

Cuando, una década después de su construcción, visité esta área industrial, las torres no habían perdido un ápice de su resplandeciente capa de pintura blanca y todavía seguían siendo una extraordinaria proeza tecnológica. Un ingeniero me guio por la planta mientras, con toda la paciencia del mundo, explicaba a este inexperto en ciencia cómo funcionaba realmente una planta termosolar.

Al final de nuestra visita entendí al menos los rudimentos de esta tecnología: la planta utiliza espejos para reflejar los rayos solares hacia lo alto de la torre, de modo que la luz se concentra allí y se generan unas elevadas temperaturas que calientan el fluido de transferencia. A continuación, este calor forma un vapor que alimenta una turbina y genera electricidad. Esta planta termosolar permite almacenar energía, algo que no sucede con la que producen las plantas solares convencionales. Dicho de otro modo, tras la puesta de sol, las turbinas de Sanlúcar continúan funcionando y producen más energía por la noche.

Ahora bien, el motivo por el que visitaba Sanlúcar no era entender esta proeza de la ingeniería. La verdadera razón era que Abengoa estaba en el punto de mira debido a que los inversores querían saber el porqué y el cómo de la mala gestión económica de la compañía, además de si había o no alguna posibilidad de recuperación. Se estaba iniciando una batalla legal para determinar quién debería cargar con la culpa de la mayor pérdida en la historia de una compañía industrial española.

Si bien Abengoa no era un nombre con el que la gente estuviera familiarizada en Estados Unidos, era esta una de las empresas españolas que había invertido notablemente allí construyendo una planta en Arizona y otra en California, las cuales suministraban electricidad a más de 160.000 hogares. Al igual que en España, la firma se había aprovechado de los vientos de bonanza en la política, ya que el presidente Barack Obama había ofrecido el apoyo del Gobierno a aquellas compañías que pudieran hacer que el voraz consumo energético de su país fuera un poco más ecológico.

Para que el redactor jefe de la sección de Negocios de mi periódico aceptara la propuesta de mi artículo, le había mencionado que, en efecto, Obama había encomiado concretamente a Abengoa en 2010, cuando la compañía acordó construir su planta en Arizona. «Es una buena noticia que hayamos atraído a nuestra orilla a una empresa que construirá una planta y generará empleo aquí en Estados Unidos», dijo entonces Obama.

Pero lo que aquel redactor jefe estadounidense quería saber era, ante todo, si Abengoa era la versión española del escándalo estadounidense de Enron, la compañía energética que había quebrado en 2001.

Enron, como es natural, había crecido durante la burbuja de internet y se presentaba como la compañía que prometía revolucionar el sector de la energía, solo que, en lugar de eso, no fue sino una fraudulenta quimera. Su quiebra, que entonces fue la mayor bancarrota empresarial estadounidense, asimismo entrañó la de Arthur Andersen, el despacho de auditoría de Enron, que a la sazón era una de las cinco sociedades de auditoría más grandes del mundo.

La de Abengoa era también la historia de un paladín de la energía que había desembocado en un desastre financiero. Eso sí, al contrario de Enron, que se había creado en la década de los ochenta, Abengoa era una compañía de raigambre más antigua cuya reputación en ingeniería ya estaba afianzada mucho antes de que España se embarcara en su intento de dominar la energía solar. Fundada en 1941 por dos ingenieros sevillanos, Abengoa inicialmente se puso en marcha para manufacturar un tipo de contador eléctrico. A pesar de que aquel proyecto no prosperó, más adelante la empresa comenzó a instalar paneles auxiliares tanto para las centrales eléctricas como para los sistemas eléctricos de los edificios.

En los años sesenta Abengoa emprendía su expansión en el extranjero, en toda Latinoamérica, erigiendo líneas de transmisión en Argentina. En la década de los ochenta, hizo su primera incursión en las energías renovables.

De ahí en adelante, su crecimiento fue exponencial. Cuando Abengoa comenzó a tener dificultades financieras, ya representaba más de una cuarta parte de los gigavatios producidos en el mundo entero por plantas termosolares. Había construido dos plantas en Estados Unidos, pero también había invertido en Latinoamérica y África erigiendo plantas desalinizadoras en países como Argelia y Ghana.

A medida que se iba expandiendo, los inversores recompensaban a Abengoa. En 2007, el mismo año en que abrió la planta de Sanlúcar, la cotización en Bolsa de Abengoa alcanzó el precio de 7,39 euros por cada acción. El crecimiento de la firma contribuyó a atraer a figuras poderosas ajenas a la industria, como el político socialista Josep Borrell, que entró en el consejo de administración de la empresa sevillana en 2009.

Con todo, la caída en desgracia de Abengoa fue mucho más vertiginosa que su ascenso. Cargada de deudas a causa de su esfuerzo de expansión, la compañía vio que la crisis financiera mundial no solo aumentaba el coste del crédito, sino que prácticamente también imposibilitaba obtener nueva financiación. Conforme ascendían las pérdidas y se desvanecía el apoyo financiero, los acreedores y los accionistas comenzaron a salir disparados hacia la puerta de salida, al tiempo que amenazaban con demandar a la empresa si esta se declaraba insolvente.

De ser la niña de los ojos de la industria Abengoa pasó a ser la oveja negra financiera y, en consecuencia, acabó convirtiéndose en el ejemplo más elocuente de los desafíos a los que se enfrentaban los actores industriales de las energías renovables. Cuando Abengoa solicitó protección para su bancarrota, el precio de la acción había caído a cuarenta céntimos de euro, lo que convirtió a Abengoa en lo que en la jerga bursátil anglosajona se denomina penny stock o empresa cuyas acciones se sitúan por debajo del valor de un euro. Borrell dejó el consejo de administración en 2016, pero más adelante fue declarado culpable por servirse de información privilegiada para vender acciones de Abengoa, y en 2018 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo sancionó con una multa de 30.000 euros, una décima parte de lo que ganaba al año en cuanto miembro del consejo de administración de la compañía.

Aun así, encontré a mucha gente dispuesta a minimizar la magnitud de la mella que Abengoa podría causar en la fama de las empresas españolas. Por de pronto, otros ejecutivos del sector de las energías renovables afirmaban que los problemas de Abengoa no deberían mancillar el buen nombre del sector en su conjunto ni poner en tela de juicio su tecnología.

«El problema de Abengoa no es ni mucho menos el fracaso de un sector —me dijo Luis Crespo, presidente de la Asociación Europea de Energía Solar Térmica (ESTELA, por sus siglas en inglés)—. Esperamos de veras que los actores políticos no empiecen a confundir su coste y su valor.»

El reparto de personajes también difería de aquel del caso Enron, en el que los protagonistas malos de la película fueron el fundador de la compañía, Ken Lay, y un presidente ejecutivo llamado Jeff Skilling. Este fue declarado culpable por un delito grave y finalmente condenado a una pena de veinticuatro años de cárcel. Lay falleció tres meses antes de que se dictara sentencia. El Senado estadounidense hizo comparecer a los implicados en el caso Enron ante una comisión especial, lo que finalmente desembocó en la promulgación de la ley Sarbanes-Oxley en 2002, cuyo objetivo era tanto evitar que se dieran deficiencias similares en la gobernanza empresarial como establecer unas normas de auditoría.

Me dio la impresión de que el actor protagonista en la historia de Abengoa, Felipe Benjumea, era un tipo de persona muy distinto a Lay y Skilling. Benjumea era el presidente de la compañía, pero, en lugar de crearla, había heredado la empresa familiar. Su padre, Javier Benjumea Puigcerver, fue uno de los dos ingenieros que habían fundado Abengoa.

La crisis de Abengoa tenía asimismo un componente de tragedia familiar. Aunque Felipe Benjumea tiene un hermano, Javier, que es cinco años mayor que él, su padre había decidido hacer caso omiso de la jerarquía. Tras sobrevivir a un infarto cerebral, pasó las riendas del negocio a su hijo menor, Felipe, que por entonces contaba treinta y tres años. Esta decisión desató graves tensiones en las distintas ramas familiares de Abengoa. Marginado, Javier en efecto retiró la palabra a su hermano, aunque otros familiares compartían también su frustración.

Sin embargo, Felipe todavía conservaba un apoyo mayoritario entre los alrededor de trescientos familiares que eran asimismo accionistas de la sociedad matriz Abengoa. De ahí en adelante, me dijo, aprendió a dirigir una empresa en la que contaba con el apoyo de cerca del 70 % de sus familiares, mientras que el resto de sus parientes estaban en su contra.

Con todo, Benjumea no atribuyó su caída a una traición fratricida, sino al «chantaje» de su banco principal, el Santander, que, según me dijo, se había negado a suscribir una ampliación de capital en 2015 a menos que lo cesaran de su puesto de presidente.

Benjumea fue destituido de su cargo de presidente de Abengoa en septiembre de 2015. Dos meses después, un juez le ordenó pagar una fianza de 11,5 millones de euros —equivalente a su indemnización— en la causa judicial contra la mala gestión de Abengoa. Al exconsejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega, le ordenaron depositar una fianza de 4,5 millones de euros.

En tan solo unos meses, el hombre que había sido el niño bonito de la alta sociedad andaluza se vio convertido en todo lo contrario: en un paria.

«Al principio me costaba levantarme por las mañanas —me dijo en una entrevista que le hice en junio de 2018—. Tuve la sensación de que me trataban como si fuera un mafioso. Me echaban de todas partes. Nadie me daba trabajo en ninguna otra parte.» La magistrada ordenó, entre otras cosas, que Benjumea entregara su pasaporte y compareciera cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio. Se congelaron sus cuentas bancarias, así que «tuve que vivir de mi mujer», me dijo.

Enron había tenido su sede en Houston, un núcleo para empresas energéticas en Texas, el estado estadounidense del petróleo. Abengoa, en cambio, estaba emplazada en una región conocida por su agricultura, y no por la innovación tecnológica. Antes del derrumbe financiero de la compañía andaluza, cada vez que en España me reunía con dirigentes que querían hablar sobre el futuro de Andalucía, inevitablemente mencionaban Abengoa a modo de prueba de que la comunidad autónoma más grande de España podía hacer mucho más que producir aceite de oliva.

Si bien el gigante energético se había fundado poco después de la Guerra Civil, el gran acelerón en su crecimiento llegó unas décadas más tarde, con la apuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por las energías renovables, en una época en la que el PSOE tenía un gran peso político en Andalucía.

Al poco de mi llegada a España en 2010, asistí a una conferencia en Madrid en la que Miguel Sebastián, el entonces ministro de Industria, cantaba las virtudes de la inversión española en energía solar y el apoyo gubernamental que la acompañó. Ante el auditorio, el ministro se preció de que España por fin había encontrado un sector en el que podía atribuirse un liderazgo mundial. Durante la ronda de preguntas, le hice una que lo desconcertó: «¿Cuál es la verdadera ventaja de ser el número uno en energía solar?». El ministro me miró con incredulidad, como si no hubiera comprendido mi pregunta o como si yo hubiera preguntado una obviedad semejante a si el sol era una importante fuente de energía.

Esto así, en lugar de esperar a que me respondiera, le dije que quería saber si el Ejecutivo español estaba seguro de que España saldría beneficiada de ser pionera en la energía solar.

Sebastián se mostró displicente ante lo que me interesaba saber. Nos aseguró a mí y al resto del auditorio que España saldría favorecida de ser pionera en la tecnología solar y que abriría mercados en el mundo entero.

Sin embargo, su respuesta no me convenció. En otras tecnologías, tenía ejemplos en los que el liderazgo había cambiado de manos y en los que algunos de los primeros competidores habían tirado la toalla por completo al ser incapaces de asumir los costes para modernizar su tecnología, o sencillamente al verse obligados a aceptar que habían invertido sumas considerables en unos productos que no merecían la pena. Cualquiera que se hubiera comprado un walkman Sony, que hubiera hablado con un teléfono Nokia o que hubiera empleado el navegador Altavista podría darse cuenta de que, en tecnología, no hay manera de saber a ciencia cierta quién acabará ganando la carrera para dominar el sector.

Unos años antes, mientras vivía en Hong Kong, había tenido también la oportunidad de escribir sobre cómo China estaba cambiando las reglas del juego de las energías renovables. En la provincia de Shandong, al este de China, visité unas enormes plantas de montaje que parecían estar produciendo en masa paneles solares y aspas para turbinas eólicas como si estuvieran fabricando galletas.

¿Podría España mantener tal competitividad? Resultó que Sebastián y su Gobierno socialista, en su afán por liderar el sector de la energía solar, hicieron oídos sordos a las advertencias financieras. Animaron a las compañías a invertir en energía solar prometiéndoles aranceles garantizados y, en consecuencia, reduciendo en gran medida sus riesgos financieros.

Cuando le pregunté a Benjumea si los socialistas se habían equivocado, afirmó que había sido el PP el que, por el contrario, había hundido la reputación de España de ser un lugar favorable donde invertir en energías renovables al cambiar las normas arancelarias que el Gobierno de Zapatero había garantizado. El resultado no solo había sido una lluvia de demandas de grandes empresas contra España, sino asimismo un giro copernicano en las políticas que «mató a una industria», me dijo Benjumea.

En cuanto presidente de la compañía de energía renovable más grande de España, Benjumea me comentó que era muy extraño que nunca hubiera logrado reunirse con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que había declinado varias solicitudes para verse. «Creo que el PP trabajaba para las compañías eléctricas, y no para las renovables, y creo que eso fue un error», dijo.

Mientras escuchaba a Benjumea pensé que la conclusión más prudente que podía sacar era que el Ejecutivo de turno en España, ya fuera de derechas, ya de izquierdas, siempre se ponía del lado de los intereses corporativos sin tener debidamente en cuenta algunos de los riesgos a largo plazo. Y, por supuesto, sin pensar nunca en las consecuencias de cambiar de políticas cada vez que entraba un nuevo Gobierno. Esto ha creado un serio problema en España en muchas áreas, pero pasó a un primer plano en el caso del sector energético cuando el Estado español fue llevado a juicio por reducir su apoyo a las energías renovables en 2011, cuando los incentivos que se pagaron a los productores de energía solar se recortaron un 30 % con el fin de reducir el altísimo déficit energético del país.

Creo en la promoción de las energías renovables para salvaguardar nuestro planeta contra el devastador cambio climático, pero ningún Ejecutivo debería emplear el dinero de los contribuyentes a modo de garantía con el fin de ofrecer un cheque en blanco para proyectos industriales peligrosos y de gran calibre. Peor aún, el Gobierno de Zapatero aplicó el mismo enfoque a otros proyectos energéticos que no presentaban un evidente beneficio salvo para sus promotores, en especial, el proyecto Castor, el almacén submarino de gas respaldado por ACS, la compañía de Florentino Pérez. En octubre de 2019, otro Gobierno socialista ordenó el desmantelamiento de la plataforma de Castor con un coste de decenas de millones de euros y reconoció que el proyecto se había aprobado a pesar de que no se lo consideró viable. ACS dirigió la construcción de una plataforma que después dejaría temblando a la costa este de España sin que, por supuesto, su propia hoja de balance sufriera la menor sacudida, y ello merced al Gabinete de Zapatero.

Abengoa no necesitaba el apoyo del Ejecutivo en el mismo sentido, a pesar de que Benjumea hablara largo y tendido de lo mucho que había sufrido a manos de su banco, del Gobierno y de algunos de sus mayores accionistas, entre ellos algunos familiares. Ahora bien, lo que nunca mencionó fue el sufrimiento que su compañía había ocasionado a los pequeños inversores, muchos de los cuales eran ciudadanos corrientes que habían confiado en Abengoa sin ni siquiera haber intentado comprender cómo funcionaba una de sus centrales térmicas.

Conocí a un puñado de accionistas de la compañía descontentos, la mayoría de ellos pensionistas, en una reunión celebrada en 2015 en la sede de Cremades & Calvo-Sotelo, un bufete de abogados que representaba a un grupo de accionistas minoritarios cuyo dinero se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos cuando Abengoa se acercaba a su bancarrota.

Cándido Sánchez, un pensionista que había sido empleado de Renfe, contó que había puesto sus ahorros en las acciones de Abengoa unos meses antes, tras oír en televisión que la firma atribuía la repentina caída del precio de sus acciones a «un error informático». Claramente enfadado, Sánchez concluyó: «Esta gente nos ha engañado de mala manera».

Muchas de las quejas de los accionistas de Abengoa se parecían extraordinariamente a las que habían llegado a mis oídos por parte de los pensionistas que habían invertido sus ahorros en las arriesgadas, y finalmente inútiles, acciones preferentes de Bankia. A menudo las preferentes las vendía un banquero que trabajaba en su sucursal local. Después de que el hundimiento de Bankia agravara la crisis española, algunas de estas personas se pasaron meses congregándose con regularidad en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades exigiendo justicia y la devolución de su dinero.

Elena Gaillard, una viuda, me contó que, durante una visita a su banco local en junio de 2015, el agente de su sucursal le sugirió que invirtiera parte de su dinero líquido en Abengoa. Siguiendo su consejo, compró acciones de Abengoa por valor de 100.000 euros. «Lo único que sabía sobre Abengoa era que tenía algo de energía solar en Estados Unidos y que tenía su sede en Sevilla —me dijo—. Por lo demás, suelo confiar en lo que me dicen.»

En España, al igual que en todas partes, los ciudadanos de a pie han estado pagando un alto precio por mostrar una fe ciega en aquellos de quienes se esperaba que hubieran actuado con mayor prudencia y responsabilidad.

LA MARCA ESPAÑA: LA PREOCUPACIÓN

POR LA IMAGEN DEL PAÍS

Todo el mundo se piensa que tiene derecho a hablar mal de sus padres o incluso a insultar a su progenie. Pero si alguien ajeno a la familia la critica, se arma la de san Quintín. Este es un rasgo que he observado en todas las sociedades que conozco. Y España no es una excepción.

Comprender esta diferencia forma parte del trabajo de un corresponsal extranjero. Lo que en España complica un poco más las cosas es que esto va parejo al vivo interés que suscita en todo el país cualquier elogio o crítica que España se granjea, como si el observador extranjero estuviera también diciendo y revelando cosas que la mayoría de los españoles desconocían hasta el momento.

Me fascina ver la cantidad de veces que la gente me pregunta cómo veo yo las cosas «desde fuera». Siempre les digo que, a pesar de que jamás afirmo conocer del todo una cultura y de que mantengo cierta distancia emocional, en realidad, estoy «dentro», vivo en la misma ciudad y me siento a comer a la misma mesa, aunque solo sea en calidad de invitado y observador en vez de como un familiar.

¿Puede ser que a algunos les importe menos la opinión de los extranjeros que a otros? ¿Obedece esto a que aquellos tienen una democracia más consolidada o se sienten más seguros de su riqueza? No he estudiado Sociología, así que no sé la respuesta. Pero puedo decir, eso sí, que mis vivencias en países como Francia han sido un tanto diferentes de las que he tenido en España. Cuando trabajaba en París de corresponsal para The Financial Times , representaba a un periódico de la «pérfida Albión», el proverbial enemigo inglés de Napoleón. Pero los franceses en su mayoría hacían caso omiso de aquellos artículos míos que no les gustaban o los atribuían más a la ignorancia que a la malicia. Únicamente prestaban una atención considerable a los pocos artículos en que publicaba alguna primicia sobre Francia.

Charlé de esto con Ian Gibson, el historiador nacido en Irlanda, a quien en 1984 el Gobierno español le había concedido la ciudadanía en reconocimiento a su investigación sobre el poeta Federico García Lorca. Al mismo tiempo, Gibson es de toda la vida un admirador de Francia y de su lengua.

«Creo que es inconcebible para alguien como yo tener una verdadera presencia en la televisión pública francesa —me dijo Gibson—. Los franceses no necesitan a una autoridad extranjera en Marcel Proust, porque creen que ya tienen a muchos estudiosos franceses de prestigio.»

Tal vez la percepción de la opinión pública extranjera cambie cuando la coyuntura de un país se vuelve más frágil. Llegué a España en 2010, justo cuando el país se sumía en la mayor crisis económica de toda su democracia. La crisis azotó a la gente corriente, pero asimismo fue una bofetada para una generación entera de políticos, responsables del Banco de España y empresarios que habían disfrutado de una década de auge inmobiliario que creyeron que nunca terminaría o, al menos, no de un modo tan doloroso. En julio de 2009, orgulloso, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero incluso empleó su primera participación en la cumbre del G8 para afirmar lo siguiente: «Ha llegado la hora de España».

Pero resultó que no era este el tipo de hora que Zapatero tenía en mente. Cierto es que enseguida el país se convirtió en el centro de atención de la prensa internacional, pero lo fue por luchar para salir a flote y contener una tasa de desempleo que alcanzaba el 27 %.

Mientras se agravaba la crisis del euro, España se vio, al igual que otros países antes, atrapada en una terrible espiral. Cuando los inversores se preocupan por su dinero, lo sacan de una vez y aceleran el riesgo de insolvencia al tiempo que elevan el coste de la deuda del país. Los problemas de la deuda que se habían iniciado en Grecia comenzaron a propagarse por Irlanda y Portugal, y los inversores extranjeros ya se estaban retirando de otros países que parecían los más vulnerables, comenzando por España.

A principios de 2012 el sector bancario español estaba al borde de la quiebra. Era preciso librar una batalla para retener la poca confianza que los mercados financieros mundiales habían depositado en España. Parte de ese reto era reforzar la marca de España.

En cierto modo, España también estaba afrontando de repente un indeseado aumento en la cobertura de la actualidad por parte de los medios de comunicación extranjeros. Durante gran parte de la década de los noventa y de la siguiente, España había ocupado un segundo plano en la actualidad internacional, pues era un país estable en el plano político, estaba controlado por dos grandes partidos y tenía un crecimiento constante. Por todas partes todo el mundo construía casas a mansalva, incluso en mayor número que Estados Unidos en la época de la burbuja inmobiliaria. Solo que la crónica periodística de la construcción de más casas y autopistas no es que fuera muy emocionante y, al mismo tiempo, España tampoco era un país pionero por cuanto no contaba ni con un empresariado ni con una innovación tecnológica revolucionarios (salvo, quizá, en el sector de la energía solar, del que hablo en otra parte del libro).

Hubo, desde luego, otros sucesos importantes, y en ocasiones trágicos, que también dejaron al mundo entero estupefacto, en especial los atentados en los trenes de Madrid en 2004. Pero, en general, antes de mi llegada, España había vivido una década casi apartada de la primera plana de la prensa internacional. Este fue precisamente un punto que me dejaron muy claro cuando firmé en París mi contrato con The International Herald Tribune , que a la sazón era la rama internacional de The New York Times . Tom Redburn, uno de los directores adjuntos, me había dicho el día que nos conocimos que el rotativo tenía dos corresponsalías vacantes, Fráncfort y Madrid. Yo hablaba alemán y español, así que quizá podría presentar mi candidatura para ambos puestos. En vista de que Fráncfort albergaba la sede del Banco Central Europeo y era el corazón de la eurozona, su corresponsalía era más importante, me dijo Redburn. Madrid rara vez era noticia. Pero era, sin duda, la capital de un país fascinante, lo que implicaba que un buen periodista con ambiciones podría encontrar unos temas extraordinarios para sus reportajes. Redburn también señaló que probablemente eso me permitiría escribir a menudo para otras secciones del diario, sobre todo acerca de la cultura española, además de sobre fútbol y otros deportes.

Después de escucharlo, no me lo pensé dos veces y presenté mi candidatura para el puesto de Madrid. Me pareció que la capital española sería una corresponsalía magnífica, por mucho que fuera menos importante que la de Fráncfort desde la perspectiva del periódico. Sin embargo, al igual que Redburn, tampoco yo pude predecir que enseguida me vería en el ojo del huracán de las noticias, centrado de un modo frenético en las inestables finanzas españolas, sin apenas tiempo para escribir artículos sobre fútbol ni cualquier otro tema que no estuviera relacionado con el desplome financiero.

The New York Times y el resto de la prensa internacional enseguida presentaron a España como una noticia económica que tenía implicaciones para toda Europa. En consecuencia, todos los artículos de opinión sobre la crisis de la deuda eran objeto de un minucioso escrutinio en Madrid, donde por primera vez los taxistas me hablaban más de la prima de riesgo de los bonos del Estado que de los últimos partidos de fútbol. Y los inversores no solo seguían el mercado de bonos, sino que también leían con mayor atención la prensa extranjera. Recuerdo que en julio de 2012 me reuní con dos banqueros españoles que parecían preocupados. En la mesa tenían un número de The Economist en cuya portada aparecía España. Solo que, en lugar de Spain , el titular decía «pain» [dolor] con la s cayendo en picado, como una banderilla en la cabeza de un toro herido.

Sin duda alguna, a partir de junio de 2012 España advirtió que se le presentaba un panorama desolador cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a negociar un rescate bancario europeo. Pero yo sostengo que los periodistas deberían haber dado la voz de alarma sobre España en una etapa anterior de la crisis.

A España no la ayudaron aquellos políticos y responsables de los bancos centrales que siguieron la táctica del avestruz con la esperanza de que la crisis afectara a España de pasada sin perjudicarla. En noviembre de 2011 los votantes habían expulsado del Gobierno a los socialistas, no solo por haber hundido a España en la crisis, sino también por haber negado durante mucho tiempo que España era vulnerable a una convulsión económica.

Con todo, Rajoy, a su manera, también hizo todo lo posible por minimizar después la seriedad de la debacle bancaria. Como explico en otro capítulo, Rajoy se vio en la embarazosa tesitura de tener que manejar la casi bancarrota de Bankia, un banco que estaba íntimamente ligado a su PP, es más: estaba dirigido por un antiguo colega de su Gobierno, Rodrigo Rato.

Una vez que Rato se vio obligado a dimitir, Rajoy negó en reiteradas ocasiones que el colapso de Bankia forzaría a España a pedir ayuda de fuera. Evitó utilizar el término rescate , como si fuera tabú. El día que finalmente anunció que España había negociado un rescate bancario, Rajoy compareció en una rueda de prensa sin utilizar una sola vez la temida palabra. En un giro final extraordinario durante su encuentro con la prensa, acortó el tiempo de las preguntas, aduciendo que no quería perder su vuelo a Polonia para ver el partido de España que inauguraba la Eurocopa. Era como si la crisis bancaria ya hubiera pasado y se hiciera borrón y cuenta nueva, y como si, desde luego, la cosa no fuera tan grave como para impedirle ver un partido de fútbol. «Creo —dijo Rajoy— que la selección española lo merece. Estas cosas siempre son opinables, pero creo sinceramente que tengo que ir.» Me dejó pasmado su valoración de la prioridad para España: una victoria de fútbol antes que la supervivencia financiera.

No todo el mundo, eso sí, compartía las prioridades de Rajoy. Tampoco los inversores extranjeros, como es natural. Así las cosas, el Gabinete de Rajoy creó una nueva secretaría, de largo título: Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Tal labor se confió a Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, un aristócrata que tenía una impresionante trayectoria profesional tan dilatada como su nombre. En 1982 el Gobierno socialista lo había nombrado presidente de Iberia y después trabajó en el sector automovilístico, además de para Inditex, el gigante minorista de ropa.

Aunque a Espinosa de los Monteros se le encomendaba la ardua tarea de mejorar el maltrecho prestigio de España en mitad de una gran crisis económica, nunca se le proporcionaron los recursos económicos necesarios para responder plenamente a semejante reto. Durante los siguientes seis años, Espinosa de los Monteros estuvo quejándose de la falta de presupuesto, que, según decía, se destinaba en cambio a aquellos que querían dañar a España. Como dijo al diario ABC en 2018, poco después de que el Gobierno entrante en La Moncloa, el del socialista de Pedro Sánchez, lo relevara: «Sin fondos, dejamos el terreno libre a quienes emiten mensajes anti-España». El propio Espinosa de los Monteros había aceptado su trabajo sin percibir sueldo alguno.

Justamente lo había conocido en las oficinas del ABC , durante una mesa redonda organizada por el diario en 2013. Entre nosotros hubo algunas discrepancias, pero estuve plenamente de acuerdo con una de sus afirmaciones durante el encuentro: «La imagen que tenemos fuera es mejor que la que tenemos aquí».

Tiempo después de que Espinosa de los Monteros dejara su cargo, quedé con él un día en su oficina. Me dijo que merecía la pena comparar la considerable suma de dinero que otros países destinaban a promocionar su marca, por no hablar de compañías como Iberia o Mercedes Benz, en las que en su día él había trabajado. En Mercedes «había trescientas personas dedicadas a cuidar exclusivamente la marca —recordaba—. La marca es esencial, tal vez más importante que el coche».

En junio de 2018 el Gobierno socialista cambió el nombre de Marca España por el de España Global. Espinosa de los Monteros no se mordió la lengua y tildó de «estupidez» el cambio de nombre, que, según él, estaba impulsado por la política. A esto añadió: «Cambiar de marca va contra cualquier manual de marketing, porque, si tienes una marca que tiene un nivel de notoriedad creciente, no te la cargas para coger otra marca. Esto es el abecé del marketing».

Aun así, Espinosa de los Monteros me reconoció que no todo el mundo en España había creído en su mensaje de recuperación en el momento culminante de la crisis bancaria. Muchos ejecutivos se esforzaron para distanciarse de la marca del país en lugar de abrazarla. «Hubo de todo —me dijo—. Hubo mensajes para no identificarse con España, pero también empresas que, al revés, se sumaron y presumían de sus orígenes españoles.»

Recuerdo en especial una campaña publicitaria del Banco Santander que empleaba un mapa del mundo en el que la entidad hacía gala de cómo sus actividades bancarias se extendían por varios continentes, además de dar el porcentaje exacto de los beneficios procedentes de España y de los demás lugares. Y, a medida que la proporción española fue descendiendo, el Santander siguió lanzando su campaña de publicidad para poner énfasis en su decreciente dependencia del turbulento mercado nacional.

Al igual que a mucha otra gente, la repentina quiebra de Bankia en 2012 me pilló por sorpresa. También me dejó con la amarga sensación de haber dejado escapar a Rato tras haber tenido la oportunidad de entrevistarlo un mes antes de que lo obligaran a dejar su banco, como cuento en otro capítulo. Después de que España negociara su rescate bancario, lo que me pidieron mis jefes cambió ligeramente: la cuestión era ahora saber si, además de en Bankia, habría más trapos sucios en la banca española.

Lo que también daba pábulo a las sospechas era el hecho de que, en el vecino Portugal, el final de su programa de rescate coincidió con un súbito escándalo bancario cuyo ojo del huracán fueron las fraudulentas actividades de la única institución financiera de fuste que no había solicitado un rescate económico durante la crisis, el Banco Espírito Santo. En 2014 el Gobierno portugués había empleado otros 4.900 millones del dinero público para salvar dicha entidad bancaria.

En el caso de España, su siguiente fiasco bancario tardó otros dos años en salir a la luz, cuando en 2016 el Banco Popular estuvo al borde de la bancarrota. En aquel entonces, por suerte para España, su economía volvía a estar firmemente encauzada por la senda del crecimiento, y otros bancos podían permitirse absorber a un rival renqueante. Con una rápida jugada, el Banco Santander compró el Banco Popular por un euro. El Santander luego le dijo a la CNMV que su compra era un acto de salvación pública, pues evitaba que el Estado empleara 36.000 millones de euros de los contribuyentes para realizar otro rescate.

Cualquiera que fuere el balance que hacía el Santander, el derrumbe del Banco Popular sirvió de recordatorio de que no todo iba bien en España, ni siquiera después de haber evitado una hecatombe bancaria en 2012.

Ahora bien, como es lógico, a ninguno de los miembros del Gobierno durante esos años le sentó bien ni los informes que describían la frágil economía española ni los artículos en los que se hacía hincapié hasta qué punto la crisis estaba aumentando la brecha de riqueza entre la élite y la población empobrecida y sin empleo.

En septiembre de 2012 recibí una llamada telefónica de la Moncloa. Por el glacial tono de voz al otro lado de la línea, supe de inmediato que me esperaba una furiosa arremetida. Después del rescate bancario, las tensiones estaban a flor de piel.

The New York Times acababa de publicar un fotorreportaje de Samuel Aranda, a quien se le había dado carta blanca para viajar por España durante unas semanas y así capturar con su cámara cómo encaraba la población la crisis financiera. El diario publicó sus imágenes en blanco y negro, las cuales mostraban los problemas económicos en diferentes partes del país. Entre ellas, las había de protestas en las calles andaluzas, de gente comiendo en un comedor social en Cataluña y del estallido de la burbuja inmobiliaria en la Comunidad Valenciana, con el extraordinario contraste en el contorno urbano de la ciudad costera de Benidorm entre sus imponentes rascacielos y sus edificios abandonados a medio construir. Con el crudo título de «In Spain, Austerity and Hunger» [En España, austeridad y hambre], la edición internacional del rotativo publicó en primera plana una de las fotografías de Aranda en la que aparecía un hombre con la cabeza metida en un contenedor de basura revolviendo entre los despojos.

El funcionario de la Moncloa me dijo que las más altas esferas del Gobierno habían examinado las imágenes y que la conclusión a la que habían llegado era que estas representaban un ultrajante asalto contra la dignidad y la reputación de España. Nadie en la Moncloa ponía en duda los hechos que se mencionaban en los pies de foto del reportaje gráfico, pero me dijeron que todo el mundo estaba de acuerdo en que mi periódico presentaba a España como si el país hubiera vuelto a 1939 y estuviera luchando por salir de la Guerra Civil. «Mire la cara de uno de los manifestantes que han fotografiado —me dijo—. Nadie en España tiene ahora una dentadura tan mala ni le faltan dientes.»

Le reconocí que España había creado uno de los sistemas sanitarios mejores y más accesibles del mundo, y que ahora era raro encontrarse con personas a las que les faltaban varios dientes. Asimismo, acepté que las fotos retrataban un país que estaba sufriendo mucho y que la decisión de tomarlas en blanco y negro no solo hacía que fuesen más impactantes, sino que también les confería un sentimiento de lobreguez y decadencia. En la soleada España, todo tiende a parecer menos oscuro.

Ahora bien, Aranda no había pedido a nadie que posara para sus imágenes ni tampoco había utilizado Photoshop para conseguir un mayor efecto, como algunas personas me aseguraron después. Aranda no era un extranjero que no comprendiera nada de la coyuntura en España, sino que era alguien con una honda sensibilidad para el malestar social y las tragedias humanas, algo que ha fotografiado en el mundo entero. En razón de ese trabajo, Aranda es el único fotógrafo español que hasta la fecha ha ganado el primer premio del prestigioso World Press Photo. El texto, que escribió la corresponsal para Europa del periódico, Suzanne Daley, estaba asimismo basado en estudios oficiales y estadísticas, entre ellos un informe de Cáritas, en el que la organización benéfica católica afirmaba haber alimentado a casi un millón de españoles en 2010, más del doble que en 2007, y una cifra que en 2011 había aumentado de nuevo en 65.000 personas.

A mi parecer, el reportaje fotográfico podría haber mostrado también otras de las paradojas de una crisis que afectaba a todo el país, aunque, naturalmente, no a toda la población de igual manera. A lo largo y ancho de España la gente todavía pagaba considerables sumas de dinero para ir a un estadio y ver a su equipo de fútbol, y no se limitaba a celebrar en manifestaciones en las calles. Como apunto en otro capítulo de este libro, el crimen no había aumentado, a pesar de que las cifras de desempleo mostraban que alrededor de la mitad de la juventud española no podía encontrar trabajo. Y, mientras que la población empobrecida dependía cada vez más de Cáritas y otras entidades benéficas, muchos obtenían ayuda de sus padres o abuelos. La crisis también había desatado una formidable avalancha de solidaridad, que actuaba de colchón para amortiguar el golpe y que creo que sería imposible en un país como Estados Unidos, donde los lazos familiares se han debilitado sustancialmente.

Para mí, esta situación era uno de los ejemplos de cómo los corresponsales podían verse en una situación delicada debido a presiones procedentes de todas partes. Durante los meses siguientes a la publicación de las imágenes de Aranda, estas siguieron siendo la comidilla de muchos mientras yo continuaba escribiendo e informando en un momento difícil para el país.

La publicación del fotorreportaje de Aranda también coincidió con la visita del entonces rey Juan Carlos a la sede de The New York Times , al tiempo que Rajoy se encontraba asimismo en Nueva York para asistir a una asamblea general de las Naciones Unidas. Algunas malas lenguas en España me dijeron que esa coincidencia en el tiempo era una prueba de que el país estaba siendo víctima de una conspiración de la prensa estadounidense. Igualmente señalaron que las imágenes se habían publicado dos semanas después de una manifestación de la Diada que había sido una de las mayores protestas independentistas en las calles Barcelona desde la reinstauración de la democracia en España. Aranda es catalán, por lo que enseguida la gente empezó a decirme que sus fotos formaban parte de su cruzada para romper España.

No era la primera vez que me enfrentaba a teorías conspirativas españolas con respecto a mi rotativo. Durante la crisis financiera, en las redes sociales circularon habladurías sobre que The New York Times trabajaba para ayudar a los inversores de Wall Street a ganar dinero a costa del endeudamiento en España, lo mismo que se acusó al The Financial Times de apoyar los intereses de la City de Londres. Justo a los pocos días de la aparición de las fotos de Aranda, la publicación digital El Confidencial sacaba a la luz un artículo en el que, «según fuentes gubernamentales», se decía que Rajoy estaba intentando averiguar quién estaba filtrando información a la prensa internacional para deslustrar gravemente el prestigio de España. Según El Confidencial , Rajoy había pedido a los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que llevaran a cabo dicha investigación. Entre los presuntos objetos de tal indagación, El Confidencial nombraba a The New York Times , The Financial Times y Reuters. En su momento, no me tomé muy en serio el aviso, pero a raíz de los distintos escándalos relacionados con las escuchas ilegales que los políticos habían ordenado a los mandos policiales, de los que hemos tenido noticia de un tiempo a esta parte, a lo mejor convendría revisar este pensamiento.

Tras la publicación del reportaje fotográfico de Aranda, recibí algunas llamadas desagradables, así como peticiones para que concediera entrevistas a los medios de comunicación españoles, cosa que decliné remitiéndolos al departamento de comunicación editorial de mi periódico. No quería echar más leña al fuego ni discutir sobre un proyecto que, desde luego, no era el mío. De hecho, precisamente el objetivo del periódico había sido en parte examinar la crisis desde una perspectiva distinta y con una mirada nueva.

Aun así, al cabo de dos meses, me vi en la tesitura de conceder una entrevista junto a Miles Johnson, entonces corresponsal en Madrid de The Financial Times , en el programa Comando actualidad , producido por RTVE. Pablo Fons Álvaro, un periodista de la radiotelevisión pública, me había pedido que colaborara en un reportaje sobre la Marca España para ayudarle a explicar cómo presentaban a España los medios de comunicación extranjeros. Me convenció, pero le puse la condición de que no hablaría sobre las fotos de Aranda.

Por desgracia, en cuanto comenzó nuestra entrevista, el periodista sostuvo frente a la cámara una copia de la portada en la que aparecía la imagen que había tomado Aranda del contenedor de basura. Respondí lo mejor que pude a sus preguntas. Pero una vez terminada la entrevista, le dije que había incumplido nuestro acuerdo y que no incorporara ese fragmento de la entrevista en el montaje final del programa. Al final, RTVE montó un buen programa, pero lamentablemente no suprimió el fragmento en el que yo hablaba sobre la foto de Aranda. Después de verlo, escribí a Fons Álvaro para decirle: «Hay unas reglas básicas que tenemos que seguir si de verdad queremos que la profesión periodística siga teniendo futuro». Me pidió disculpas recalcando que él no había participado en el proceso de posproducción.

Al volver la vista atrás, aquel incidente me ayudó a comprender cómo se sienten las personas cuando creen que la prensa les da un trato parcial.

En abril de 2020 otra fotografía nos volvió a poner a mí y a otros dos compañeros míos de The New York Times contra las cuerdas en mitad de otra crisis, provocada esta vez por el coronavirus. Desde mi piso madrileño hablé por teléfono con varios especialistas en salud sobre cómo estaba afectando a los niños el confinamiento, mientras mi colega Elian Peltier y Aranda visitaban a varias familias en Barcelona. Nuestro artículo conjunto había recibido aplausos durante las primeras veinticuatro horas desde su publicación en The New York Times un sábado por la mañana, pero a partir del domingo se convirtió en una de las grandes controversias en las redes sociales españolas, sobre si la imagen que encabezaba el artículo «no representaba a España» ni tampoco a «una familia típica española». Según los datos que recopiló The New York Times , la polémica suscitada por la imagen añadió unas 500.000 visitas al artículo publicado en el portal de internet del rotativo, la mayoría de ellas desde España.

La foto principal mostraba a un matrimonio que, tras haber emigrado desde Bangladés, llevaba diecisiete años instalado en Barcelona y vivía en un reducido apartamento con sus dos hijas gemelas de cinco años y un primo. La familia regentaba un bar y sus hijas habían nacido en España. Aun así, la bandeja de entrada de mi correo electrónico enseguida se inundó con reprimendas en las que se decía que ese retrato familiar era un insulto a España. Muchos de los mensajes que recibí eran abiertamente racistas con respecto a la familia. Otros me atacaban a mí personalmente con violencia, haciendo un llamamiento a mi deportación de España o cosas peores. Otros tantos parecían intentos fuera de lugar para asimismo atizar la crispación sobre Cataluña. Al igual que millones de personas, la familia de la imagen seguía al club de fútbol más grande de su ciudad y había colgado una bandera del Fútbol Club Barcelona en la pared. Sin embargo, algunos lectores españoles consideraron que su pasión por el fútbol evidenciaba también su amor por el separatismo.

El artículo aterrizó en un momento difícil para todos, entre los que me incluyo. En mi labor de periodista llevaba gran parte de las últimas semanas entrevistando a médicos, familiares de víctimas de la COVID-19, directores de funerarias y otras personas que habían tenido que lidiar con la tragedia en primera línea. Si he de ser sincero, no me sentía con fuerzas para que se ensañaran conmigo de una forma tan virulenta. Aranda amablemente colgó un descargo en Twitter para decir que yo no había participado en la selección de las fotos del artículo, pero también me deprimió que, a partir de aquel domingo, nadie hablara conmigo sobre el contenido real del artículo y el importantísimo asunto sobre el que trataba, a saber: los niños en España. De hecho, estaba claro que muchas personas nunca habían leído el artículo ni tampoco siquiera se habían fijado en el pie fotográfico para ver que la familia no era «mora».

Pero también hablé de manera más reflexiva con algunos amigos y lectores sobre por qué estaban molestos al considerar que el periódico no había ilustrado «la realidad española». Con firmeza les argumenté que en una sociedad estratificada existen diversas realidades y no solo una. Les dije que podía entender que no les gustara la foto o que pusieran reparos a que se hubiera elegido para ser la ilustración principal, pero también les recordé que el objetivo del reportaje nunca había sido «representar a la típica familia española», cualquiera que fuese el significado de esto.

¿Qué es, en cualquier caso, una familia típica en la España contemporánea?, les pregunté. ¿Habrían preferido que la imagen principal fuera la de la madre soltera o la de la madre del niño autista que también aparecían en el artículo? De ser así, ¿por qué?

Como es natural, mi respuesta probablemente estuviera influida por mi propia ascendencia, pues, aunque soy suizo de nacimiento, mis orígenes están en Europa del Este y por mis venas no corre una sola gota de sangre suiza. Y si bien en España he visto menos muestras de xenofobia que en otros países, estoy convencido de que mucha gente aquí debería celebrar la existencia de una mayor diversidad, además de estar más dispuesta a afrontar algunas de las desigualdades económicas de su patria. El trabajo de un periodista no siempre se centra en la media nacional de un país, sino asimismo en poner de manifiesto las disparidades.

La reacción a la foto también reflejó que algunos españoles siguen cargando a sus espaldas con el peso del pasado. Un productor de cine que había vivido en Los Ángeles durante los últimos treinta y cinco años me escribió lo siguiente: «Llueve sobre mojado». Desde finales del siglo XVIII y los enciclopedistas, añadió, España fue excluida de Europa: «Para ellos somos más africanos que europeos. En su opinión somos un pueblo retrógrado, vago y cavernícola».

En una conversación con Aranda en un programa matutino, la presentadora Susanna Griso también afirmó que mucha gente en España se sentía acomplejada porque los estadounidenses miraban a los españoles por encima del hombro. Recordó que en su época de estudiante en Colorado le preguntaban si su familia tenía nevera.

Ignorancia la hay en todas partes, pero creo que muchos de los estadounidenses que están entre los más de ochenta millones de personas que eligen visitar España cada año saben mucho acerca de todos los maravillosos servicios que ofrece el país. Y no cabe duda de que no se marchan decepcionados.

Pero, para mi asombro, algunos lectores me escribieron insistiendo en que no ponían objeción alguna a la etnia de la familia originaria de Bangladés, sino al modo en que vivían, con una pared de la casa garabateada por unos niños, porque «ninguna familia española vive así». Animo a estos detractores a que un día se den una vuelta por la enorme barriada de chabolas de Cañada Real, a las afueras de Madrid, o que incluso vayan a ver uno de los muchos edificios de viviendas decrépitas que hay en los arrabales de Barcelona. A algunos se les desorbitarían los ojos al comprender la cantidad de familias que sacan fuerzas de flaqueza para sobrevivir en el extrarradio barcelonés cuando tienen una renta que es unas seis veces menor que la de los residentes de Pedralbes, el barrio más acaudalado de Barcelona.

EL NEGOCIO DE LA TIERRA:

EL POTENCIAL DE LA MERMELADA,

EL VINO Y LA TRUFA

Mi primera visita a Sevilla fue como un asalto a los cinco sentidos. Me deslumbraron la belleza de sus palacios y el tamaño de su catedral; el calor, que parecía quedarse atrapado en sus callejuelas; la mezcla de las conversaciones a grito herido, las risas, las guitarras en sus cafés y el aroma de sus naranjos.

Las naranjas de Sevilla me encandilaron. Nunca había visto una gran ciudad con semejante abundancia de árboles frutales en sus calles. Quise comerme una de aquellas maravillosas naranjas que colgaban de los árboles, pero un amigo me avisó de que eran muy ácidas y desagradables al gusto. Entonces ¿qué hacéis con ellas? Me contestó que, bien las tiraban, bien se las vendían a los ingleses para hacer mermeladas.

Por fin descubría el origen del tarro de mermelada que siempre había estado en el centro de la mesa a la hora del desayuno en los años en que estudiaba en la Universidad de Oxford. Pero su respuesta también me sorprendió. Si el único valor comercial de aquellas incomibles naranjas residía en convertirlas en mermelada, ¿por qué los empresarios de Sevilla dejaban que los dueños de las manufacturas de ciudades inglesas como Sheffield fabricaran la mermelada en lugar de elaborarla ellos mismos? ¿No costaba aproximadamente lo mismo enviar un contenedor de naranjas que mandar uno con tarros de mermelada?

Aquel día no obtuve ninguna respuesta clara, pero se me antojó que España estaba perdiendo una oportunidad. Me pareció que esto se asemejaba remotamente a la historia de cómo el cacao africano ha contribuido a la riqueza chocolatera de mi país, Suiza. En cierto modo, la industria del chocolate se había estructurado de manera que Costa de Marfil y otras naciones productoras de cacao vendían su grano de cacao a Suiza y a un puñado de países más, donde las empresas de alimentación ganaban la mayor parte del dinero transformando el cacao en un chocolate que venden con envoltorios relucientes.

En 2015 conté esta anécdota en un encuentro en Madrid organizado por los directivos de varias marcas de lujo pertenecientes a la asociación Círculo Fortuny. La reunión estuvo presidida por Carlos Falcó, marqués de Griñón, dueño de una empresa familiar que llevaba su nombre y que producía vino y aceite. Mi relato de la naranja se recibió con una suerte de embarazoso silencio. Al final, un directivo me dijo que, en realidad, sí que se producía algo de mermelada en Andalucía.

Mucho ha llovido en España desde aquella reunión, y la gastronomía ha sido uno de los campos donde más progresos ha habido. Debido al auge turístico que ha convertido a España en uno de los países más visitados del mundo, muchos estadounidenses y otros extranjeros viajan expresamente para degustar la comida y el vino español. Entre estos visitantes está uno de mis jefes, que en su día se había organizado unas vacaciones en el País Vasco programadas en torno a las reservas que había hecho entre los restaurantes con más premios de la región. En 2019 entre todos los chefs que trabajaban en el País Vasco sumaban veintitrés estrellas Michelin, lo que supone la mayor concentración per cápita en todo el mundo.

Los neoyorquinos ya ni siquiera tienen que viajar a España para saborear sus manjares. En 2019 se abrió el Mercado Little Spain en Hudson Yards, el nuevo barrio de la Gran Manzana. El proyecto fue obra del chef José Andrés, pero entre sus colaboradores estaban también los hermanos Ferran y Albert Adrià. Tal es el renombre que Andrés ha adquirido en Estados Unidos que, en su reseña sobre el mercado, The New York Times lo definió como «embajada unipersonal extraoficial de España».

A despecho de estos clamorosos éxitos, sigo pensando que España no sabe venderse bien, y no solo me refiero a las naranjas. El país está salvando la distancia con países como Italia, si bien en repetidas ocasiones todavía llegan a mis oídos quejas de que el vino y el aceite de oliva españoles no obtienen el reconocimiento que merecen y que injustamente van a la zaga de algunos de sus competidores en términos de valor de mercado.

No soy escritor de viajes, pero muchos de ellos han recorrido España de un extremo a otro para The New York Times con el fin de escribir sobre sus espléndidos hoteles y restaurantes. El crítico de vinos del diario también ha señalado algunos vinos extraordinarios, a veces de uvas menos conocidas, como la variedad bobal.

Con todo, he podido escribir sobre la riqueza y diversidad de los productos españoles, en esencia centrándome en aquellas tradiciones y prácticas agrícolas que me parecían lo bastante peculiares como para llamar la atención de los lectores internacionales. Incluso dentro de España he visto que la gente no es del todo consciente de lo diversos que son su tierra y sus productos, y a veces he querido comprobar con mis amigos españoles si las ideas que se me ocurrían para escribir mis artículos les entusiasmaban tanto como a mí. ¿Sabíais que España produce caviar?, les pregunté. ¿Os dais cuenta de que casi todos los polvorones navideños se elaboran en Estepa, un pequeño municipio andaluz?

Al igual que en muchos otros rincones, en Estepa encontré una historia que abría una fascinante ventana al legado cultural español, ya que los polvorones se remontan a las recetas árabes de la época en que los musulmanes conquistaron la península ibérica. La historia de este dulce también refleja las penurias de un tiempo más reciente, pues los campesinos acuciados por las dificultades económicas elaboraban los polvorones para reciclar la grasa del cerdo tras la tradicional matanza.

Casi nadie en Estados Unidos conoce los polvorones, cuyo consumo sorprendentemente se limita a España. De hecho, las veintitrés manufacturas de Estepa exportan menos del 10 % de su producción, en su mayoría, a Latinoamérica.

Aun así, me pareció que un artículo sobre este tema concreto de la gastronomía española despertaría un vivo interés en el jefe de la sección de Negocios de mi periódico, debido a que el monopolio económico local de los polvorones estaba asimismo ligado a las peculiaridades del mercado laboral español, que depende en gran medida de los trabajos estacionales y temporales. Puesto que las manufacturas de polvorones solo operan durante una parte del año, la tasa de desempleo de Estepa se reduce a la mitad en los meses anteriores a las Navidades en comparación con el verano. «Como pueblo, ganamos la lotería todas las Navidades», me dijo Miguel Fernández Baena, el alcalde de Estepa, cuando lo visité.

Escribir ese artículo me animó a pedirle a Falcó que nos reuniéramos de nuevo a fin de que me explicara por qué en aquel entonces estaba presionando a los políticos para transformar la industria vitícola en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Mientras tomábamos un café en un hotel de cinco estrellas en Madrid, Falcó me expresó lo mucho que deseaba que se dejara de relacionar a su región con la imagen del vino a granel y mejorar la comunicación de marca. «Cuando un cliente extranjero viene a mi bodega y le quiero vender una botella por 20, 30 o 40 euros, el hecho de que quizá sepa que en los alrededores las botellas se venden a unos pocos céntimos no ayuda de veras. Por desgracia, a muchos en España les cuesta entender que una estrategia cortoplacista y la búsqueda de beneficios rápidos pueden también producir daños colaterales en nuestro desarrollo económico y nuestra imagen, especialmente en un sector como el del vino, que se tiene que cuidar a largo plazo», me dijo Falcó.

Viajé a Castilla-La Mancha para ver con mis propios ojos lo que le molestaba a Falcó a pesar de que su región se estuviera promocionando a sí misma como el corazón vitícola de España y produjera la mitad del vino del país. Enseguida comprendí que algunos viñedos se ubicaban también en el interior de polígonos industriales, lejos de aquellas barricas de roble que se almacenan en las añejas bodegas que figuran en las guías de viaje.

Isidro Rodríguez, el director técnico de Virgen de las Viñas, me guio por las instalaciones de su cooperativa, que era la mayor productora de vino de la región. Había inmensos depósitos de acero, mangueras unidas a camiones cisterna y trabajadores que trabajaban en tres turnos para asegurar que la producción seguía en marcha las veinticuatro horas del día en lo que el propio Isidro llamaba «nuestra fábrica». Me sorprendió oír a un empresario vitícola hablar de su trabajo en términos tan industriales, pero Rodríguez incluso me corrigió cuando, en un alarde de sofisticación, hice un burdo intento de emplear el rico y florido vocabulario del vino. «Aquí no elaboramos vino, producimos vino», me dijo.

Rodríguez y el resto de las personas a las que entrevisté parecían preciarse de que la seca y calurosa tierra de Castilla-La Mancha se hubiera transformado merced a la irrigación moderna, la mecanización de las cosechas y los sistemas de almacenaje, mientras que el sector agrícola había empleado en la mayor medida posible las ayudas de la Unión Europea para financiar su reforma. El resultado era una industria sumamente eficaz, insistían, en la que la gente estaba deseando trabajar duro y por sueldos que, en comparación con el resto, eran bajos. Los productores me contaron que el precio del vino a granel en España era la mitad que en Francia.

Pero esta tarificación ventajosa tenía un inconveniente debido al coste de imagen para el vino español, en especial para el producido en la misma región que gran parte del vino a granel, mucho más barato. Por muy difícil que fuera medirlo, este problema se trocó para Falcó en una batalla personal que luchó hasta marzo de 2020, cuando por desgracia se convirtió en uno de los fallecidos a causa del coronavirus.

Como es natural, Falcó no estuvo solo en su empeño por reparar la imagen del vino español. Cuando conocí a Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), este respaldó sus argumentos presentándome una carpeta llena de gráficos y cuadros comparativos que mostraban la evolución del vino español. Lo mismo que con las naranjas sevillanas, me dio la impresión de que España no se daba cuenta de que había estado perdiendo una oportunidad. Los productores vinícolas se habían centrado más en los beneficios a corto plazo que en desarrollar su industria a la larga.

Sus datos eran reveladores, sobre todo los que comparaban España e Italia. En el año 2000 ambos países habían exportado sus respectivos vinos al mismo precio medio de 1,41 euros el litro. Sin embargo, en 2014 Italia vendió su vino a un precio medio de 2,5 euros el litro, mientras que el español era de 1,17 euros. España superaba a Italia en volumen de exportaciones, pero el valor de las exportaciones españolas había caído a la mitad del de las italianas.

«Hemos incrementado nuestras exportaciones considerablemente, aunque tal vez demasiado rápido, de suerte que, ahora, tenemos una pirámide de precios que no es la deseada, con grandes cantidades de vino que se venden baratísimas», me explicó Del Rey.

En la comparación entre Francia y España, esta también salía mal parada. España vendía unos quinientos millones de litros de vino a Francia, de los cuales el 90 % eran de vino a granel. Francia exportaba la mitad del volumen del vino a granel español, solo que a un precio que lo triplicaba.

Basándose en esta montaña de estadísticas, Del Rey sacaba una conclusión nada halagüeña, a saber: que las exportaciones masivas de vino español contribuían a que la industria vinícola fuera más rentable en otros países. Era esta una queja análoga a las que habían llegado a mis oídos sobre el aceite de oliva español que se embotellaba en Italia. «No digo que exactamente el mismo litro que salió de España se vuelva a exportar de nuevo desde Francia, pero es innegable que parte del vino español pasa a engrosar las exportaciones francesas con mucho valor añadido», dijo Del Rey.

Los productores de Castilla-La Mancha también se pasaron a la elaboración de vino a granel cuando, en 2009, la Unión Europea decidió poner fin a las ayudas para el alcohol destilado. Sin embargo, los escasos márgenes de beneficio del vino a granel tornaron vulnerables a sus productores ante cualquier cambio en el tamaño de las cosechas. Cuando visité Virgen de las Viñas, esta cooperativa albergaba la esperanza de cubrir los gastos ese año tras haber sufrido pérdidas el año anterior. Enrique Cepeda, el director general, presentó su precaria situación como inevitable: «Al que fabrica un Seat le encantaría vender un Porsche, pero no es fácil pasar de uno a otro», me dijo.

No obstante, en España hay varios ejemplos de productores vinícolas que han tenido un enfoque diferente, así como una región entera cuyo renombre internacional está basada en su vino: La Rioja. El éxito de La Rioja estuvo ligado a la audaz decisión tomada en la década de los noventa de imponer a sus productores embotellar todo su vino en origen, en lugar de vender algunas cantidades a granel. Más adelante, La Rioja defendió con éxito aquella decisión ante los jueces y logró incluso que el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo dictara una sentencia a su favor.

¿Podría Castilla-La Mancha seguir el ejemplo de La Rioja? «Eso suena bien, pero no es factible» debido al tamaño de sus viñedos y a la dependencia del vino a granel, argumentó José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Cuando La Rioja implantó su prohibición del vino a granel, este solo era el 5 % de su producción, me dijo, mientras que en Castilla-La Mancha, «muchos grandes productores vinícolas dependen por completo de este y de economías de escala». Aun así, no pude evitar tener la impresión de que el vino a granel, por mucho éxito que tuviera, nunca permitiría que España cosechara todos los frutos de ser una tierra tan perfecta para plantar viñas.

Como menciono en otra parte de este libro, en España hay gente que me critica porque se piensa que innecesariamente me fijo en el lado negativo de lo que podría ser una noticia positiva. ¿Por qué tengo que hablar del vino a granel en lugar de los magníficos premios que se conceden a los vinos españoles?

No poseo el fino paladar del crítico culinario o de vinos que escribe para The New York Times , así que hay otros periodistas en mejores condiciones que yo para cubrir el potencial gastronómico de España. Estos han escrito sobre muchos de los tesoros más escondidos de España, entre ellos el vino de uva de garnacha, que se ha vuelto a cultivar en los añejos viñedos de la Sierra de Gredos, o la uva bobal, que sobre todo se cultiva en la región vinícola de la Manchuela, en Albacete. Cada año The New York Times recomienda 52 destinos para viajar. Como no podía ser de otro modo, en dicha lista figuran entre uno y tres lugares españoles. A pesar de haber hecho recomendaciones a los responsables de la sección de viajes del periódico que elaboran la lista, yo no tengo nada que ver en la selección final, y es un feliz periodista de viajes el que visita el lugar recomendado y escribe sobre él. Algunas veces recibo, inmerecidamente, eso sí, el agradecimiento de algunas autoridades locales de los destinos reseñados, que me dicen lo mucho que se ha impulsado el turismo en sus localidades gracias a la inclusión en dicha lista, en especial entre los viajeros estadounidenses.

Pero también es cierto que, al igual que en otros países, me parece que la imagen de España del cartel turístico a veces esconde una realidad contradictoria, algo que también se aplica a sus productos. Lo más intrigante de una historia en ocasiones se halla oculto al fondo de una barrica.

En 2015 visité una feria de trufas en la provincia de Teruel después de leer que España se había convertido en uno de los principales productores de un manjar que suele asociarse con la vecina Francia y con Italia. La yerma tierra turolense brindaba un fértil terreno para las trufas.

No obstante, lo mismo que sucede con el vino, los españoles comen pocas trufas si comparamos su consumo nacional con la exportación: el 95 % de la producción de Teruel se exporta, gran parte a Francia, donde la trufa negra ha sido desde antaño uno de los ingredientes esenciales de la mesa francesa, pero cuya producción ha descendido.

«España produce ahora lo que no produce Francia», me dijo Eric Bienvenu, un comerciante francés de trufas.

La feria turolense fue divertida y sustanciosa, con truficultores locales que con orgullo exhibían sus géneros a visitantes como Bienvenu, que hundió su nariz en las trufas para apreciar su intenso aroma y decidir cuáles deberían llegar a las cocinas de los restaurantes franceses a los que él provee.

Pero, a pesar de su entusiasmo, Bienvenu pronunció una clara advertencia sobre el negocio de las trufas, que tildó de «completamente opaco» y desde luego no limitado al bien organizado perímetro de la feria de Teruel. Me contó que tres cuartas partes de las transacciones de la feria se hacían en dinero en efectivo, máxime porque los agricultores no querían ningún papeleo de facturas que pudiera ser objeto de examen por parte de los inspectores de Hacienda.

En efecto, las autoridades de Aragón no publicaron su lista oficial de precios del hongo negro hasta diciembre de 2015, cuando por fin echaron un poco de luz sobre un oscuro mercadeo en el que las trufas se pasaban de unas manos a otras por 500 euros el kilo. Aparte de la cuestión de los precios, los comerciantes también me contaron que era prácticamente imposible saber el origen exacto de las trufas españolas, lo cual abría la puerta al fraude en la denominación de origen. Puede que algunos de estos hongos negros se vendieran en Francia con la famosa etiqueta de Périgord.

Entonces ¿dónde se veían los agricultores turolenses con sus clientes? Mucho después de que la feria cerrara sus puertas, fui en coche a una estación de tren medio abandonada que se hallaba a varios kilómetros de distancia. Me costaba imaginar un escenario más lúgubre, sentado como estaba en aquella inhóspita cafetería iluminada con neones de la estación a la espera de que sucediera algo relacionado con las trufas. Al final, vislumbré los faros de unos cuantos coches y camionetas que conducían lentamente colina abajo. Aparcaron fuera de la estación, pero la mayoría de sus ocupantes permanecieron en el interior de sus vehículos, contentos de preservar su privacidad en la oscuridad del aparcamiento. Cuando me acerqué a uno de ellos, este apuntó su linterna a mi cara y se negó a hablar con un periodista. De lejos lo vi hablar con varias personas del aparcamiento mientras utilizaba su linterna para inspeccionar las trufas que los agricultores locales habían apilado en los maleteros de sus coches. Primero se regateaba el precio, pero al cabo de un rato las preciadas trufas acababan saliendo de allí en bolsas de plástico de supermercado.

Paradójicamente, las autoridades aragonesas acababan de conceder millones de euros en forma de ayudas públicas para construir un nuevo sistema de riego que ayudara a los agricultores de Teruel. No obstante, algunos de esos mismos truficultores vendían a continuación sus géneros en el mercado negro.

En España florece la producción de trufa, pero en parte lo hace en la oscuridad de un aparcamiento, en transacciones que poco contribuyen al valor de los productos españoles.

UN MUNDO MÁS O MENOS GLOBAL:

VENDER SEXO Y COLONIALISMO

En 2013 un reportaje sobre sexo me llevó a ir en busca de una fábrica de propiedad estadounidense situada en un polígono industrial llamado Carretera de la Isla, a las afueras de Dos Hermanas.

Si aquel lugar tenía algo de isla, era de isla desierta. Sabía que en aquel entonces la zona padecía una alta tasa de desempleo, pero el lugar parecía completamente abandonado. Pese a ser una tarde de entre semana, muchas de las naves tenían aspecto de estar cerradas. Cuando ya por fin encontré la calle en la que se suponía que debía estar la fábrica que buscaba, resultó que la fábrica no estaba allí. Me pregunté si me habrían dado mal la dirección o si, por algún motivo, la fábrica de repente habría pasado a engrosar la lista de bajas empresariales de la crisis económica española.

Al cabo de un rato, decidí hacer un último intento de encontrar la manufactura antes de llamar a su dueño para pedirle disculpas por mi retraso y ayuda. Me bajé del coche y caminé por la calle mirando atentamente cada edificio. En uno de los buzones al fin encontré el nombre que buscaba escrito en letra pequeña: FLESHLIGHT . La fábrica no tenía ningún logo en las paredes exteriores, y las camionetas de reparto aparcadas fuera tampoco llevaban ningún distintivo.

Si algo saltaba a la vista era que aquella empresa estadounidense cuidaba la discreción y quería parecer del montón. Pero una vez que hube entrado, vi que el lugar bullía de actividad, con una docena de personas trabajando en la fábrica y separadas de la zona de la recepción por una mampara de cristal. Juan Ziena, un ingeniero informático que se había convertido en el director de la fábrica Fleshlight, me dijo que la falta de publicidad fuera del recinto obedecía a la política corporativa de la empresa, que era la de anunciarse en internet, pero pasar desapercibida a nivel local. «No queremos enseñar lo que se hace aquí», me dijo Ziena.

Con todo, Ziena tenía muchos motivos para llevar a gala ser el jefe de una fábrica rentable en una época en la que muchas otras manufacturas en España se estaban dejando las uñas para sobrevivir a la devastadora recesión.

Ese año la fábrica iba camino de aumentar en un 300 % sus beneficios y de doblar sus ventas, me dijo. Este impresionante rendimiento financiero se atribuía a la creciente demanda de un juguete sexual masculino que, tal y como el nombre inglés de la compañía sugería en un juego de palabras, tenía forma de linterna [flashlight ]. Había diferentes modelos de este juguete sexual, pero el más popular se vendía a 69,95 euros en Europa.

Había convencido al redactor jefe de Negocios para escribir sobre Fleshlight porque parecía un insólito contraejemplo de la serie de artículos sobre el cierre de fábricas españolas, pero asimismo porque era uno de esos éxitos de la manufactura mundial de los que rara vez se habla.

La historia también tenía gancho porque trataba sobre una iniciativa empresarial estadounidense en Europa. Y, por último, aunque no por ello menos importante, el fundador y dueño de Fleshlight, Steve Shubin, no encajaba exactamente con el típico perfil de un licenciado en Empresariales convertido en emprendedor.

Casi dos décadas antes de fundar Fleshlight, Shubin había formado parte de la Unidad Especial de Operaciones Tácticas (SWAT, por sus siglas en inglés) de la policía de Los Ángeles. Pero el giro en su carrera había llegado cuando su esposa, Kathleen, se quedó embarazada de gemelos y su médico le advirtió del peligro de tener relaciones sexuales durante lo que se preveía un embarazo complicado. Shubin me contó que a continuación le pidió permiso a su mujer para establecer un «laboratorio casero», como él lo llamaba, en su garaje, donde así podría desarrollar algo que le ayudara a masturbarse. «Estaba claro que los productos para hombres que había en el mercado eran una porquería», me dijo.

Shubin se presentaba a sí mismo como un altruista. Veía su potencial comercial en convertir su invento personal en algo que pudiera ayudar a otra persona, así que comenzó a trabajar en una herramienta que pudiera ser «portátil y ocultable». Como me explicó, había que ahorrar a los hombres la molestia y el embarazo de que cuando viajaran se los viera con algo tan grande y llamativo como una muñeca hinchable.

El juguete sexual de Shubin, construido con una carcasa cilíndrica de plástico, podía confundirse fácilmente con una enorme y pesada linterna que pesaba algo más de un kilo. En el interior de la carcasa hay un material suave de color carne que Shubin patentó con el nombre de Superskin. Me explicó que lo había desarrollado a fuerza de ir probando en su garaje, mezclando polímeros y calentándolos con aceites minerales, con la ayuda de su hijo y, luego, de un ingeniero químico. El resultado fue una fórmula secreta que Shubin creía que era para la industria del sexo lo mismo que la Coca-Cola para el sector de los refrescos.

Me pareció que algunos de los razonamientos de Shubin eran cuestionables. Pero no podía argumentar nada que rebatiera su agudeza empresarial. Cuando Shubin me contó su historia, él era un millonario de sesenta y un años que, junto a su mujer, dirigía una empresa que había vendido siete millones de juguetes sexuales y tenía grandes planes de expansión. En términos de mercado potencial, Shubin creía que Fleshlight «apenas había rascado la superficie, sobre todo si piensas que en el mundo hay 3.000 millones de hombres».

Fleshlight tenía su sede en Austin, Texas. Cuando decidió fabricar también en Europa, Shubin consideró varios países. Junto a su mujer, Kathleen, tomó la decisión final, que estuvo más motivada por preferencias personales que por consideraciones financieras, me dijo, tras visitar distintos países, entre ellos algunos donde las condiciones tributarias eran más favorables para los emprendedores. Al descubrir Andalucía se sintieron «cómodos de inmediato», pues les recordaba «al sur de California de hacía cincuenta años», me contó Shubin. Kathleen, que había sido tenista profesional, también tenía delirio por los caballos, de modo que Andalucía podría satisfacer su pasión equina. La pareja adquirió tres caballos que guardaban en una propiedad en Marbella.

«Si esta fuera una empresa pública con accionistas que tomaran las decisiones, probablemente no habríamos venido a España —dijo Shubin—, no solo a causa de los problemas económicos del país, sino porque hay otros países, como Hungría y Rumanía, que ofrecen muchas ventajas fiscales.»

Fleshlight invirtió en Andalucía justo cuando muchos inversores extranjeros estaban, por el contrario, tratando de salir de España, cuya economía estaba hundiéndose. Aun así, Andalucía ofrecía un impuesto de sociedades que era casi la mitad de lo que Fleshlight tributaba en Texas. En aquel tiempo, Andalucía también tenía una tasa de desempleo por encima del 30 % de la población, lo que facilitó que Fleshlight pudiera contratar a una plantilla de veintiocho empleados locales. «Teníamos a un sinfín de personas entre las que elegir, la mayoría de ellas con un nivel educativo por encima de lo que se requería para la mayoría de los puestos de trabajo que ofrecíamos», me contó Shubin.

Aunque la fábrica estadounidense en Austin tenía que suministrar gran parte de la maquinaria a su nueva y más pequeña rama española, a Shubin le pareció que dirigir un negocio relacionado con el sexo era más sencillo en Andalucía que en Estados Unidos, donde «existe una concentración religiosa mucho mayor, además de muchos más complejos respecto al sexo que en Europa».

En Estados Unidos algunos bancos habían rechazado las solicitudes de préstamo de su empresa, dijo Shubin, y algunos bufetes de abogados se habían negado a representar a Fleshlight por consideraciones de índole ética. «No quieren que nada manche su currículum», dijo el empresario. En cambio, Fleshlight no tuvo problemas a la hora de encontrar compañías en España que se encargaran de sus operaciones bancarias y legales (sus bancos eran el Banco Santander y el Banco Pastor).

Mientras me guiaba por la fábrica, Ziena me enseñó que su empresa estaba desarrollando productos de alta gama que se fabricaban usando un molde de la vagina de una estrella del cine porno. A cambio, la actriz obtenía una comisión —normalmente el 12 %— de cada juguete vendido. «Trabajamos con un reparto estelar del cine porno», me dijo orgulloso Ziena. Para clientes con fantasías más extravagantes y novelescas, había incluso una línea de juguetes sexuales decorada con imágenes de vampiros o Frankenstein. Aunque la mayoría de los clientes eran hombres heterosexuales, la compañía también fabricaba algunos productos para homosexuales, lo mismo que vibradores para las mujeres. «Si un hombre compra uno de nuestros productos, puede que quiera que su novia o su mujer tenga también un juguete», me explicó Ziena.

Mientras tanto, los empleados acababan de recibir un aumento salarial del 10 % con respecto al año anterior. De media, el personal de producción ganaba 1.346 euros al mes, casi el doble del salario mínimo interprofesional español de aquella época. «Creo que la coyuntura de desempleo en España ha hecho que la gente valore su trabajo mucho más, pues la mayoría es consciente de que tener un trabajo aquí es como si te tocara el gordo de la lotería», me dijo Ziena.

Entre el personal permanente había cuatro mujeres. Una de ellas, Julia Velloso, de veintinueve años, llevaba la contabilidad de la empresa desde hacía casi tres años. Trabajar en una fábrica de juguetes sexuales le «parecía extraño al principio, pero te acostumbras —me dijo—. En un primer momento mis amigos se pensaban que estaba de broma, pero les enseñé algunos de nuestros productos para que los vieran, y algunos incluso los han comprado».

En la pared de su despacho Ziena tenía una serie de monitores con actualizaciones al minuto de los pedidos hechos a través de internet. Los productos en su mayoría se transportaban desde la fábrica al madrileño aeropuerto de Barajas para luego volar con destino a Alemania y otros rincones de toda Europa.

Era un centro de producción insólito, pero lo que me pareció más interesante fue hablar con Ziena y otros empleados sobre la sociedad española en relación con su empresa dedicada al sexo. Ziena me contó que, cuando estaba con desconocidos, solía decir que trabajaba en «la industria del plástico». España, me dijo, «tiene un problema de doble moral», pero nada comparado a lo que había visto cuando visitó la sede de la empresa en Texas: «Aquí no recibimos por correo electrónico las amenazas de “púdrete en el infierno” que reciben en Fleshlight en Estados Unidos», me dijo.

Cuando regresé a Madrid, pensé en lo que Shubin y Ziena me habían contado sobre que la sociedad católica española se estaba volviendo menos conservadora que la estadounidense. En efecto, en las autopistas andaluzas y de otras partes de España, los letreros con luces de neón invitan a los conductores a hacer un alto en el camino en lo que a todas luces son burdeles, lo cual pone de manifiesto el auge de una industria en un país en el que la prostitución se despenalizó en 1995. Este es precisamente el lado oscuro de la historia, ese que ha convertido a España en uno de los centros de prostíbulos de Europa, con una preocupante alta tasa de trata de blancas.

El redactor jefe de Negocios editó el artículo de Fleshlight con cuidado para que nada pudiera interpretarse de un modo lascivo. La versión final decía que Fleshlight fabricaba un producto «destinado a —¿cómo decirlo?— autoerotismo masculino». El artículo se publicó con una serie de imágenes de Laura León, la fotógrafa que vive en Sevilla con la que solía trabajar. Ella había sacado fotografías de todo cuanto podía en la fábrica, pero luego también se esmeró en seleccionarlas para el periódico, con el fin de evitar que pudieran ofender a nadie. En ellas no había nada que se pareciera remotamente a una vagina ni tampoco ninguna imagen de las réplicas de silicona de un pene que estaban colocadas en las estanterías de la fábrica. A cualquiera que observara atentamente sus fotografías le costaría adivinar lo que estaban fabricando los trabajadores en la línea de montaje. ¿Estaban envolviendo una lata de galletas cilíndrica? ¿O quizá montando una linterna?

Dado el ciclo de veinticuatro horas de las noticias, el artículo primero se publicó en la edición asiática del diario, donde ocupó la primera página de la sección de Negocios. Pero ese mismo día, más tarde, después de que en Nueva York se expresaran ciertas preocupaciones acerca de cómo recibirían los lectores estadounidenses el artículo, acabó descartándose su publicación.

Al cabo de unos meses, El Mundo , periódico que supuestamente tiene unos lectores conservadores, también visitó la fábrica de Fleshlight. Publicó después un artículo titulado «Las 338.000 vaginas al año de Dos Hermanas». El artículo tenía una foto principal que mostraba en primer plano las vaginas artificiales de color rosa. Al fondo, en la imagen se veía un póster de las estrellas del porno que promocionan Fleshlight.

El dueño de Fleshlight, Shubin, me dijo que «en Estados Unidos ni siquiera se habla de sexo en las escuelas». Al final resultó que este también era un tema espinoso para discutirlo en la redacción de un rotativo liberal estadounidense.

Desde 2018 el movimiento feminista #MeToo ha cobrado una considerable fuerza, pero no en todo el mundo al mismo paso ni de la misma manera. La acusación de violación del productor cinematográfico Harvey Weinstein en 2018 vino seguida de una sarta de acusaciones similares en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento en que escribo este libro, en España casi ningún hombre famoso ha estado en primera plana por mala conducta sexual. La respuesta a las acusaciones también ha sido diferente.

En agosto de 2019 el tenor Plácido Domingo se encontró con que varias mujeres lo denunciaban por acoso sexual, y enseguida se lo apartó de la escena musical estadounidense. Las principales óperas cancelaron las actuaciones de Domingo, que dimitió de su cargo de director general de la Ópera de Los Ángeles a los dos meses de las acusaciones. No obstante, durante el verano siguió actuando y recibiendo desenfrenadas ovaciones en el Festival de Salzburgo y otros tantos prestigiosos conciertos por toda Europa. Cuando regresó al Palau de les Arts de Valencia, lo recibieron como a un héroe.

Aun así, las mujeres españolas han participado en algunas de las más multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De hecho, el 8-M de 2020 fue la última manifestación multitudinaria en Madrid que aprobaron las autoridades antes de decretar el estado de alarma por la COVID-19. La decisión de reunir a decenas de miles de personas ese día en el centro de la capital fue luego muy criticada en el plano sanitario, pero subraya en sí la importancia política que ha adquirido la lucha por los derechos de las mujeres en España. Asimismo, muchas fueron las que tomaron las calles para protestar contra sentencias judiciales concretas y expresar su frustración contra lo que consideraban un sistema legal parcial que ofrece a las mujeres una protección insuficiente contra las agresiones sexuales. Puede que tales protestas contribuyeran a que, en junio de 2019, se ganara el recurso ante el Tribunal Supremo contra los cinco miembros de La Manada en Pamplona. El alto tribunal, cuya nueva sentencia revocaba la más indulgente por abuso sexual dictada por los tribunales navarros, consideró que los hombres eran culpables de la violación múltiple de una mujer durante los sanfermines.

La cruzada emprendida por las mujeres contra el poder judicial patriarcal español se ha observado muy de cerca en Estados Unidos. Algunos de mis reportajes sobre el ataque de La Manada en Pamplona están entre los más leídos. Un artículo que publiqué en octubre de 2019 sobre una agresión sexual en grupo similar —a una adolescente inconsciente en un botellón en Manresa— lo leyeron más de 150.000 personas, el 80 % de las cuales eran suscriptores The New York Times en Estados Unidos, según los datos que recoge el periódico.

El sexo, desde luego, no es sino uno de los diversos temas sobre los cuales la mentalidad varía en las diferentes partes del mundo. Lo que se puede considerar una afrenta política o racial en Canadá puede tolerarse quizá en el Oriente Medio. La lucha contra el cambio climático no ha prosperado igual en todos los países ni Gobiernos, tal y como pone de manifiesto el enfrentamiento sobre los incendios forestales en el Amazonas en 2019 entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el francés Emmanuel Macron. Algunas cuestiones como las medioambientales suelen verse afectadas por los cambios electorales en las administraciones, como el de la presidencia de Barack Obama cuando pasó a Donald Trump o, por fijarnos en uno más cercano, como el cambio en el Ayuntamiento madrileño en 2019, cuando un alcalde de derechas relevó a Manuela Carmena tras hacer campaña en contra de las medidas de tráfico restringido en Madrid Central que esta había puesto en marcha.

El tratamiento de la historia también se torna más complejo en un mundo en el que cada vez más personas se sienten ofendidas porque su pasado sea visto desde una perspectiva estadounidense o europea. Una vez me llegó la queja de un lector en Brasil en relación con un artículo mío en el que hablaba de la relación entre Portugal y Brasil, y en el que mencionaba que Brasil era una antigua colonia portuguesa. El lector señaló que Brasil había declarado su independencia del país luso en 1822, apenas unas décadas después de Estados Unidos y, sin embargo, ¿acaso algún rotativo estadounidense publicaría un artículo en el que se describiera a Estados Unidos como antigua colonia de Inglaterra?

El héroe de un pueblo puede ser el malo de la película en otro. En mi libro sobre Cataluña escribí acerca de que en Barcelona había gente que quería suprimir los festejos de Cristóbal Colón e incluso tal vez retirar su estatua, que domina el paseo marítimo barcelonés. Escuché las quejas que expresaban algunos catalanes separatistas sobre rendir homenaje a Colón, pero asimismo la de un artista peruano y otros latinoamericanos que estaban disgustados con la celebración del imperialismo español.

En marzo de 2019 seguí el debate que desató el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que escribió al rey Felipe VI y al papa Francisco pidiendo que reconocieran la brutalidad de la conquista española. Pablo Casado, el líder del conservador PP, tildó de afrenta al pueblo español la petición mexicana. Es más, España, dijo, debería celebrar «con orgullo» su papel histórico en México, «como hacen las grandes naciones, las que han contribuido al descubrimiento de otros pueblos». Cabe preguntarse si ahora, en 2020, este debate entre México y España habría tenido lugar en los mismos términos tras el impulso antirracista desde Estados Unidos con su movimiento Black Lives Matter. De hecho, mientras la estatua de Colón sigue dominando el puerto de Barcelona, diversas estatuas del gran explorador sufrieron ataques en el caliente verano norteamericano en 2020, en ciudades como Baltimore y Pittsburgh.

En 2019 aprendí mucho sobre otro gran marinero. Para conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo, España homenajeaba a Juan Sebastián Elcano, el marino que había culminado el viaje y regresado a España con su nave.

Visité Getaria, el pueblo natal de Elcano, y escribí un artículo sobre el hecho de que España también quisiera situar la celebración del navegante vasco a la misma altura que la de Fernando de Magallanes, quien capitaneara la expedición y fuera asesinado en mitad del viaje. Pero había asimismo una dimensión local que añadía otra capa de complejidad a esta historia, ya que el Ayuntamiento de Getaria estaba dirigido por un alcalde de EH Bildu que había boicoteado la conmemoración de la vuelta al mundo centrada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano , el buque insignia de cuatro mástiles de la Armada española. En el País Vasco abundaban los políticos nacionalistas e historiadores que estaban descontentos porque se hacía alarde del marino Elcano en calidad de español en lugar de vasco.

Cuando entregué mi artículo, una editora de contenido en Nueva York me llamó para preguntarme si en España no se hablaba sobre cómo se veía la circunnavegación desde la perspectiva de los pueblos indígenas que habían padecido las ambiciones imperiales de España y Portugal. Le dije que, aunque España y Portugal estaban preparando docenas de actos conmemorativos de este histórico viaje, ninguna de las autoridades con las que había hablado me había mencionado la dimensión colonial del extraordinario viaje.

Estaba agradecido por el enfoque de la correctora y añadí algunos párrafos en los que mencionaba expresamente esta perspectiva más amplia de la historia, algo que creo que no se reconoce en España. Por ejemplo, la ciudad de Lapulapu lleva el nombre del jefe cuyos soldados mataron a Magallanes y es celebrado en Filipinas por ser el héroe de la resistencia al imperialismo europeo. The New York Times es un periódico global y se lee en un mundo en el que las sensibilidades difieren.

SOCIEDAD

DROGAS SIN VIOLENCIA:

LA VÍA DE ESCAPE DE BARBATE

EN PLENA CRISIS

En 2011 visité Barbate, la ciudad costera andaluza, para escribir un artículo sobre el tráfico de drogas. Pero el primer problema con el que me topé allí tenía más que ver con la aplicación de la ley que con la delincuencia. La principal comisaría de la localidad gaditana estaba llena de agentes de policía quejándose de que, si alguien quería que frenaran la droga, primero tendrían que pagarles a ellos.

Ni siquiera hablé con esos policías para saber por qué estaban tan contrariados. Su frustración colgaba de las paredes de la comisaría a la vista de cualquier visitante. En el área de recepción, los agentes habían prendido con chinchetas un cartel que decía: «Nos deben abril», para quejarse del retraso en el pago de sus sueldos.

«Aquí la situación es desastrosa y caótica», me dijo Rafael Romero, uno de los agentes, en cuanto le pregunté cómo iban las cosas en Barbate. Romero estaba indignado por el hecho de que se esperara un buen trabajo por parte de los agentes a pesar de que se les pagara tarde o puede que ni siquiera eso. Tenía una larga lista con otras exigencias: «Necesitamos más barcos, vehículos, pero ni siquiera hay dinero para reparar las dos cámaras de vigilancia que tenemos», me dijo.

En aquella época, Barbate parecía estar atrapada en una tormenta perfecta. La crisis financiera había minado las finanzas del Consistorio, una tambaleante industria pesquera estaba exacerbando una de las peores situaciones de desempleo en España y el único negocio rentable en la ciudad parecía ser el tráfico de drogas gracias a la cercanía del municipio con el norte de África.

Un viaje en barco de tan solo cuarenta minutos separa Barbate de las playas marroquíes, desde donde se envían cantidades ingentes de droga para abastecer a los consumidores europeos. El grueso de esa droga es hachís que se cultiva en Marruecos y que normalmente se transporta en lanchas neumáticas, ligeras pero potentes, que pueden viajar por mares embravecidos. En la cercana localidad de Conil de la Frontera visité un depósito de la grúa operado por la Guardia Civil donde la policía almacenaba vehículos bajo investigación judicial. En un cobertizo, había lanchas neumáticas con enormes motores fueraborda que se apilaban hasta cuatro alturas. Desde el inicio de la crisis financiera, según me contó un agente de la Guardia Civil, el de la droga había sido un negocio boyante. «Quienes hoy controlan las drogas solían dedicarse a otros negocios legales, pero la crisis se ha llevado por delante esos negocios, así que se han concentrado en la droga», me dijo.

En Barbate algunos de los frustrados agentes de policía proferían duras palabras contra los políticos locales. Los culpaban de no reconocer el alcance del problema de la droga y de, para colmo, casi reducir a la mitad el personal de la policía de Barbate en comparación con la década anterior debido a los recortes presupuestarios. «Invito a todo político que afirme que el problema de la droga está controlado a que venga y me lo diga a la cara», me dijo José Manuel Jiménez, un hombre de cuarenta y cuatro años que se había enrolado en la policía local quince años atrás.

Algunos agentes asimismo se preguntaban por qué España no podía poner fin al tráfico de drogas, a pesar de que en la costa sur se había instalado un sistema de cámaras de infrarrojos para la vigilancia con el fin de controlar las embarcaciones que viajaban desde el norte de África hasta Andalucía. «Sencillamente no me entra en la cabeza cómo sigue entrando tanto chocolate», dijo el policía Jiménez empleando el término corriente chocolate para referirse al hachís. «Debe de haber intereses mayores en el tráfico de drogas y más dinero por hacer» que en la migración ilegal, insinuó.

En ocasiones, el contrabando de drogas duras en los alrededores de Barbate era más serio que el del hachís. Unos meses antes de mi visita, la Guardia Civil había arrestado a cinco personas en Barbate a raíz de una investigación a escala nacional sobre las redes de la cocaína y la heroína.

No me había esperado que los agentes de policía hablaran tan abiertamente conmigo sobre sus problemas. A continuación, quise oír la versión de los políticos. El alcalde de Barbate, Rafael Quirós, me dijo que 300 de los 22.000 habitantes estaban encarcelados por tráfico de drogas. Mientras tanto, su Ayuntamiento tenía una deuda acumulada de 50 millones de euros debido al gasto descontrolado durante el auge económico español. El Gobierno central de Madrid, me dijo, «quiere que devolvamos 30 millones de euros en los próximos diez años, pero ese es un plan imposible si queremos preservar los servicios básicos».

Quirós reconoció que la actividad relacionada con los estupefacientes se había reactivado desde el comienzo de la crisis económica, aunque seguía por debajo del nivel alcanzado a principios de este siglo, cuando «lo que aquí había era una absoluta impunidad», y añadió: «Ahora te pueden condenar a cinco años de cárcel, así que, por muy desesperada que sea tu situación económica, te lo piensas».

Hablamos largo y tendido sobre cómo la sociedad española estaba sufriendo por la acusada sensación de impunidad, algo que hacía que algunas personas fueran más allá de los límites de lo que consideraban delictivo y admisible.

Pero también le dije que, según había observado, una mano dura efectiva podría rápidamente propiciar un cambio de actitud en la sociedad. La primera vez que estuve en España fue cuando vine de vacaciones en mi adolescencia y vi que algunas personas volvían a casa conduciendo su coche después de la discoteca y tan borrachas que apenas podían meter la llave en el contacto. Ahora había regresado a una España en la que la conducción bajo los efectos del alcohol se reducía a los temerarios a quienes no les importaba perder su carné de conducir ni que les impusieran una multa considerable.

De manera análoga, unos meses antes de visitar Barbate, había escrito un artículo sobre el debate público que había suscitado la aprobación parlamentaria para prohibir fumar en bares y restaurantes. Antes de que se implementara la Ley Antitabaco, en enero de 2011, algunos eminentes intelectuales la criticaron con vehemencia en nombre del «principio de libertad» y del derecho personal a fumar. Enseguida algunos establecimientos se autoproclamaron «bares piratas», izando su bandera para desafiar la prohibición de fumar. Después, o se les impuso cuantiosas multas, o les retiraron las licencias, y pronto dejé de oír hablar sobre si la ley era un ataque a los «derechos fundamentales de la sociedad española». Mis amigos españoles fumadores ahora salen de los locales para dar unas caladas, como se hace en la mayoría del resto de países occidentales.

Pero, desde Barbate, Quirós había dado pábulo a un debate nacional ligeramente diferente sobre los límites de la criminalidad después de que la prensa se hiciera eco de sus controvertidas declaraciones sobre la droga. Durante una campaña electoral, el alcalde insinuó que a un joven camello que no pudiera encontrar un empleo legal no habría que tildarlo de delincuente de manera automática.

Cuando me reuní con él en su despacho del Ayuntamiento, Quirós me contó que el verdadero problema de España no era el tráfico de estupefacientes, sino el hecho de que los jóvenes no encontraran trabajo. «Ahora mismo un joven tiene cero posibilidades de lograr un trabajo fijo aquí», me dijo.

Quirós cuestionó asimismo el modo en que España estaba definiendo su economía sumergida y se preguntaba por qué las autoridades estaban prácticamente de brazos cruzados a la hora de aplicar algunas leyes básicas, cuando dicha economía sumergida se consideraba de veras un grave problema. Anteriormente ese mismo año, Valeriano Gómez, el ministro español de Trabajo e Inmigración, había calculado que la economía clandestina española equivalía a cerca del 20 % de su producto interior bruto (PIB). Pero, en Barbate, Quirós calculaba que tal economía representaba alrededor del 40 % del PIB local y que, en su mayor parte, no estaba relacionada con la droga.

Algunos habitantes, me explicó Quirós, se habían convertido en «unos profesionales de vivir a costa de la Seguridad Social» y otras prestaciones, al tiempo que hacían trabajos temporales. Otros estaban apuntados en los programas de formación laboral para conseguir las ayudas mientras adquirían unos conocimientos que sabían que nunca les proporcionarían un trabajo fijo.

El panorama laboral era ciertamente desalentador. Andalucía padecía entonces el mayor desempleo de las diecisiete comunidades autónomas españolas, con una tasa oficial de paro del 32 %. Eso suponía casi el triple de la media en la Unión Europea. La misma Barbate era la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo de la España peninsular, según la estadística nacional, solo por detrás de Ubrique, otra localidad andaluza cuya tradicional industria del cuero había ido menguando.

Quirós creía que no le correspondía a él hacer frente a la economía sumergida. Pero me aseguró que estaba poniendo todo su empeño en generar empleo en Barbate y reducir su dependencia de la pesca, una industria en continuo declive que todavía representaba el 60 % de la economía local. La crisis financiera había acelerado esa caída, afirmó, porque los consumidores españoles empezaron a comprar comida más barata que el pescado.

En los dos días siguientes conocí a muchísima gente en esa situación «ociosa pero llevadera» que el alcalde había descrito. Me tomé un café con Joaquín Gil Narváez, un joven de veintitrés años que quería trabajar en la industria pesquera pero que, en cambio, llevaba en paro dos años. «El problema en Barbate es que hay muchos tipos que, como yo, tienen experiencia laboral, pero nunca han conseguido un contrato en condiciones», me dijo. Hacía poco que se había matriculado en un curso para ser patrón de barco al tiempo que vivía de su prestación de desempleo en casa de su madre. El curso debía durar 605 horas. «No hay futuro en la pesca por aquí, pero el curso es gratuito y al menos así estoy ocupado», dijo encogiéndose de hombros.

¿Acaso Barbate no podía desarrollar otro tipo de industria? Quirós citó unos cuantos proyectos, entre ellos una fábrica de bombillas que podría dar empleo a unas doscientas personas. Pero, en general, «este no es el mejor momento para encontrar inversores», concluyó el alcalde.

Quirós suponía que, mientras la situación del empleo siguiera siendo tan sombría, la juventud de su localidad continuaría recurriendo al tráfico de drogas, ya que este era la única alternativa viable.

«Los políticos en Madrid, que consideran que mis comentarios sobre los jóvenes que se dedican a la droga son los de un cavernícola, o no han entendido, o les trae sin cuidado lo mucho que la gente está luchando aquí», me dijo Quirós.

La empatía de Quirós debió de calar hondo entre los votantes. Poco después de mi visita, fue uno de los pocos alcaldes socialistas andaluces que ganó y fue reelegido.

Pero no todo el mundo en Barbate estaba de acuerdo sobre la envergadura del problema de la droga. Miguel Molina, el líder del Partido Andalucista en Barbate, insinuó que el alcalde se estaba sirviendo del problema de la droga para escapar por la tangente y no hablar de sus otros fracasos. «Algunos parecen empeñados en darle mala fama a Barbate, pero en toda mi vida aquí nunca me han ofrecido droga», me dijo.

Con todo, a cinco minutos de la sede del partido de Molina, caminé por un barrio con pinta de ser un hervidero de traficantes de drogas. En un cruce vi que por encima de mi cabeza colgaba un par de zapatos de un cable eléctrico. Un agente de policía me había contado que los camellos utilizaban los zapatos para señalar los puntos de venta.

En la calle Vejer, dos jóvenes aparcaron justo delante de mí un reluciente BMW negro equipado con unos potentes altavoces que, desde el maletero, emitían una música atronadora. Tras vacilar un momento, entablé conversación con el conductor y le felicité por tener un coche tan espléndido. Se rio disimuladamente y dijo que se había comprado el BMW haciendo buenos negocios. Después de una pausa, añadió: «Vendiendo droga, claro».

Había otros coches impresionantes aparcados en la calle, rodeados de jóvenes que charlaban y fumaban. Al igual que el conductor del BMW, algunos admitieron abiertamente que traficaban con droga. Uno incluso me ofreció una muestra de hachís.

Aunque me costó un poco que hablaran, unos cuantos camellos acabaron sincerándose. Paco, un hombre de treinta años con una camiseta de un rosa brillante y una rana tatuada en el cuello, me contó que había pasado de echar una mano a algunos de sus amigos camellos a vender drogas él mismo. A principios de 2006, junto a otros diez hombres, Paco había sido arrestado mientras intentaba pasar de contrabando una barcada de seiscientos kilos de hachís. Lo condenaron a una pena de tres años y nueve meses de cárcel. Desde su liberación no había vuelto a encontrar trabajo y había hecho «todo tipo chapuzas» para seguir adelante, además de mantener a sus dos hijas pequeñas. A despecho de haber pasado un tiempo entre rejas por el tráfico de drogas, no se arrepentía. Si acaso, dijo, había salido de la cárcel sabiendo cómo «llevar mejor todo este negocio».

También me explicó la potente economía de la droga. El precio al consumidor había subido desde los 800 euros el kilo de cuando él había entrado en prisión hasta unos 2.000 euros el kilo. «Dime qué otra cosa podría ahora vender tan fácilmente para ganar esa cantidad de pasta», me dijo desafiante.

Cuando finalmente me fui de Barbate, no pude evitar pensar que el aspecto más extraño de su tráfico de drogas era lo apacible y relajada que parecía la localidad. Los dueños de las empresas locales y la policía asimismo me habían contado que no había pruebas de que hubiera habido un repunte de la delincuencia. Aparte de algún que otro coche llamativo y de sus tatuados ocupantes, la calle Vejer se antojaba una calle cualquiera de la provincia de Cádiz.

«La droga aquí se ve como una manera de hacer dinero y sobrevivir en esta desastrosa economía, pero eso no significa que la gente en Barbate se haya vuelto peligrosa o violenta», me dijo Narciso Corrales, el dueño de una cafetería local.

Había abordado al propietario del BMW con cierta aprensión. Pero era él quien parecía estar perplejo por mi llegada, como la mayoría del resto de los camellos con los que hablé aquella tarde, a pesar incluso de haberme identificado como periodista en lugar de como potencial cliente. Estaba trabajando con una fotógrafa, Laura León, y su presencia tampoco causó malestar. Algunos de los traficantes le pidieron que no les hiciera fotografías, pero ella fue bastante hábil y convenció a otros cuantos para que hicieran alarde ante su cámara de sus tatuajes y sus zapatillas deportivas de diseño. Aquello no parecía un encuentro con delincuentes curtidos, a pesar de que algunos a los que había entrevistado habían pasado unos años entre rejas.

Sorprendentemente, he comprobado que me he encontrado con escasas dificultades para escribir sobre otras ciudades y barrios españoles problemáticos. En abril de 2015 viajé a Algeciras con Laura León en busca de personas que conociesen a Ayoub El Khazzani, un hombre que la semana anterior se había montado en un tren de alta velocidad que unía Ámsterdam y París, armado con un rifle de asalto. Solamente la fortuita presencia de unos militares estadounidenses y otros valientes pasajeros evitaron una matanza en el tren.

Caminaba por un barrio de Algeciras en el que todo el mundo conocía el atentado en el tren y el indeseado protagonismo que los medios estaban dando a su comunidad.

Aun así, me las ingenié para encontrarme con el padre de El Khazzani, que, angustiado, me habló desde el umbral de su destartalado piso y a quien casi se le saltaban las lágrimas mientras me explicaba que no podía creerse que su hijo hubiera planeado una carnicería. También hablé con otras personas que habían rezado con él en la mezquita local o que habían jugado al fútbol con él por las tardes. Algunas de mis preguntas sobre cómo habían llegado a Algeciras las ideas islamistas hicieron que las conversaciones se volvieran tirantes. Laura León, la fotógrafa, también obtuvo una respuesta airada de algunos hombres que no querían que fotografiase su barrio. Sin embargo, nos las ingeniamos como pudimos para sacar un reportaje con magníficas fotografías, incluso en una época en que la comunidad musulmana local se mostraba muy recelosa frente a la cobertura mediática.

Los lugares pueden cambiar con gran celeridad, por supuesto. Al cabo de unos años de mi artículo sobre la droga en Barbate, la situación allí y en otras localidades de la provincia de Cádiz se volvió más tensa después de que unos agentes policiales resultaran heridos durante el enfrentamiento con unas bandas de narcotraficantes. Laura León me contó que las bandas de narcotráfico casi le habían imposibilitado del todo hacer el mismo tipo de fotografías que había hecho de los camellos de Barbate en 2011.

Mientras escribo este libro, los reportajes sobre los traficantes batallando por controlar la llegada de drogas a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar siguen llenando las páginas de la prensa española, a pesar del Plan Especial de Seguridad para esa zona que el Gobierno socialista implantó en agosto de 2018, poco después de entrar en funciones. En los siguientes dieciocho meses, la Policía interceptó más de doscientas toneladas de droga y detuvo a más de 7.000 personas, lo cual constituye una preocupante prueba de que el Campo es un foco de criminalidad.

Ahora bien, mi visita a Barbate me confirmó una de las más asombrosas observaciones que hice mientras España se hundía en la crisis económica. Mucha gente participaba en actividades delictivas, desde el contrabando de droga a la prostitución, pero, en líneas generales, las cifras estadísticas de delincuencia violenta no habían empeorado, ni siquiera en un momento en el que la tasa de desempleo en España había alcanzado el récord del 27 %.

Algunos extranjeros que visitaban Madrid me preguntaban si, en vista de la escalada del desempleo, tendrían que preocuparse por la violencia callejera. ¿Era España un país seguro en tiempos de penuria económica?

Siempre hice cuanto pude para tranquilizarlos. Las noticias sobre la recesión económica en España eran verdaderas, pero no por ello Madrid ni otras ciudades se habían convertido en lugares donde la gente tenía que estar atemorizada todo el tiempo por sus pertenencias, y mucho menos por su integridad física.

Recuerdo lo mucho que me llamaba la atención ver la cantidad de gente que volvía sola a casa a pie bien entrada la noche en Madrid después de haber estado de copas y de marcha. A veces había visto mujeres caminar descalzas con los zapatos en la mano después de una larga noche de fiesta. Recuerdo que pensé que temería por su seguridad si esa escena tuviera lugar en otras grandes ciudades de Europa y Estados Unidos.

En los estudios comparativos sobre la delincuencia, España suele salir bien parada. Durante la crisis financiera, en algunos de ellos incluso se apuntaba que los delitos con violencia se estaban reduciendo. Sin ni siquiera mirar las cifras, en cuanto periodista, utilizo una prueba decisiva: mirar aquello de lo que se informa en la prensa local. Por desgracia, en muchas ciudades del mundo, los sucesos tales como atracos a supermercados o robos de vehículos ya no son noticia en los medios de comunicación. En Madrid y otras partes de España, afortunadamente, siguen siéndolo.

LA LIMOSNA DEL RICO:

LA ENDEBLE CULTURA DE

LA FILANTROPÍA ESPAÑOLA

En mayo de 2019 la fundación de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, ofreció una donación de unos 310 millones de euros a los hospitales para comprar equipamiento médico y contribuir así a la lucha contra el cáncer en España.

No todo el mundo, eso sí, vio con buenos ojos la donación. Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, escribió en un tuit: «Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores».

Me chocó el debate que siguió. Al fin y al cabo, algunos países no tienen un sistema sanitario tan sólido como España y, pese a ello, se consideran a sí mismos democracias consolidadas. Y, en muchos lugares, la filantropía no solo es bienvenida, sino claramente fomentada.

Cualquiera que haya estado en Estados Unidos sabe que cuesta encontrar un estadio de deportes, un museo, un edificio universitario o un teatro que no lleve el nombre de uno o varios generosos donantes. En 2010 dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, Warren Buffett y Bill Gates, lanzaron su iniciativa The Giving Pledge [El compromiso de dar], para animar a los ricos a donar al menos la mitad de sus fortunas a causas filantrópicas, ya fuera en vida o después de su muerte. En 2019 habían convencido a alrededor de otros doscientos acaudalados individuos o matrimonios para unírseles, un compromiso conjunto que ascendía a más de 500.000 millones de dólares.

Esa filantropía estadounidense es un llamamiento al corazón y a la generosidad de los más pudientes. Pero, asimismo, les sirve para inflar su ego y su vanidad. La lista de la campaña The Giving Pledge es una información que se hace pública, y los nombres de los donantes a menudo aparecen con letras grabadas en oro en los edificios que patrocinan. No menos importante es el hecho de que la filantropía de Estados Unidos se inspira en el sentido común financiero. Los adinerados saben que un dólar donado es un dólar que se deducirán en su próxima declaración de la renta.

Este es un modelo que los demás países pueden reproducir, y algunos lo han estado haciendo. Pero en España la filantropía sigue estando en ciernes. Durante esta última década he seguido un debate político que se ha producido de manera intermitente sobre la ley de mecenazgo, la cual debería establecer un nuevo marco fiscal para impulsar a la gente a hacer donaciones para la cultura a cambio de una bonificación fiscal.

En el momento en que escribo este libro, dicha ley ha quedado arrinconada a pesar de los esfuerzos de algunos políticos y la presión de los directores de museos y teatros, que han estado exigiendo bonificaciones fiscales para ayudar a sus instituciones a mantenerse a flote, asimismo a modo de sustitución por la reducción de las subvenciones estatales. Pero durante los años del Gobierno conservador de Mariano Rajoy esta idea se tropezó con la firme oposición de Cristóbal Montoro, su ministro de Hacienda.

En consecuencia, algunas instituciones como el Museo del Prado o el Teatro Real han empleado vehículos financieros que les permiten sacar provecho de las donaciones extranjeras, especialmente las procedentes de Estados Unidos. El Teatro Real, por ejemplo, hace uso de una fundación estadounidense, creada en el estado de Delaware por un abogado que vive en Miami, que permite a los ciudadanos estadounidenses obtener desgravaciones fiscales por las donaciones que hagan a la fundación. A continuación, esta transfiere el dinero a la ópera madrileña.

Gracias al Prado y otros museos, Madrid expone algunas de las mejores obras de arte del mundo, las cuales reciben millones de visitas cada año. Por otro lado, la capital española posee magníficas obras de arte de titularidad privada y casi imposibles de ver para el público, aun cuando estas se albergan en estructuras que se asemejan a un museo.

Una vez acompañé a un grupo de británicos amantes del arte en una visita a la colección de Juan Miguel Villar Mir, reunida en un hermoso espacio en lo alto del rascacielos en el que también está ubicada la empresa constructora de la familia, OHL. No podía creer que aquella colección se mostrara solo en ocasiones especiales a las personas ajenas, además de, por supuesto, a los socios de OHL.

En noviembre de 2012 fui al Palacio de Liria, en Madrid, que pertenece a la casa de Alba, posiblemente la familia aristocrática más célebre en España. Mi guía fue Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, que entonces era el heredero familiar y duque de Huéscar. Este me invitó a ver la colección de arte familiar un poco antes de que 150 de sus obras se exhibieran en una exposición temporal celebrada en el CentroCentro, el espacio cultural situado en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. A todas luces, el duque se preciaba de que por primera vez algunas obras de la colección de la familia se expusieran en público. Cuando le pregunté que por qué antes no se había tomado una iniciativa semejante, me dijo: «Mi madre tenía mucho miedo de dejar que las cosas salieran de casa. Pero —añadió— la gente evoluciona, las circunstancias cambian y la hemos convencido».

Al echar un vistazo al suntuoso palacio, me pareció evidente que la exposición en Cibeles sería un éxito. La casa de Alba posee algunas de las piezas más valiosas del legado cultural e histórico español, algunas de ellas íntimamente ligadas a la propia familia, como el Retrato de la duquesa de Alba de blanco pintado por Goya. Además de todas sus pinturas y esculturas, la casa de Alba es también la propietaria del mayor número de manuscritos de Cristóbal Colón, entre ellos su dibujo de la isla de La Española, la primera isla de las Américas a la que este llegó. Los Alba lo heredaron después de que un descendiente del explorador entrara en la familia por una alianza matrimonial.

La exposición de la familia de Alba tuvo lugar en el peor año de la crisis bancaria española, una época en la que los museos afrontaban restricciones presupuestarias.

Tras el fallecimiento de su madre, el duque cumplió su palabra y poco a poco fue abriendo al público las propiedades familiares, entre ellas el Palacio de Liria, que empezó a organizar visitas guiadas en septiembre de 2019.

Pero el cambio de postura de la casa de Alba sigue siendo más una excepción que la norma, a pesar de que el Palacio de Cibeles enmarcara su exposición, El legado de la casa Alba , dentro de un programa de exposiciones y actividades llamado «Mecenazgo al servicio del arte» y concebido como una cooperación entre lo público y lo privado. Dos años después, regresé al Palacio de Cibeles para admirar 160 magníficas obras prestadas por la colección de Juan Abelló y su esposa. Esta era también la primera gran presentación pública de gran parte de su colección.

Semejantes gestos familiares son dignos de mención en España, al contrario que en Estados Unidos, donde los museos heredan o los coleccionistas privados les prestan obras con regularidad.

Asimismo, me parece llamativa la diferencia que se ve al comparar las aristocracias española y británica. En el Reino Unido, las familias aristocráticas que andan escasas de liquidez llevan mucho tiempo alquilando sus inmuebles para actividades privadas, convirtiéndolos en hoteles o abriéndolos para los visitantes los fines de semana. En España, una vez más, poder visitar un palacio privado sigue siendo una anomalía.

Empecé a preguntar a algunos expertos en cultura por qué la filantropía era tan endeble en España. Uno de ellos fue José Guirao Cabrera, a quien conocí cuando era director de La Casa Encendida, en Madrid, pero que en 2018 ocupó el cargo de ministro de Cultura.

Guirao me habló del desfase existente entre los conceptos de dar y recibir en España. Aunque era difícil encontrar filántropos, la sociedad seguía esperando que el Gobierno y otras autoridades expusieran la cultura del país de forma gratuita, ya que esta se sostiene merced al dinero de los contribuyentes. Parte del problema en España, me explicó, residía en que, cuando las arcas del Estado comenzaron a vaciarse durante la crisis financiera, todas las instituciones se vieron obligadas a pugnar para encontrar una alternativa en la financiación privada. «Sacar la cultura española de su dependencia del Estado está resultando una ardua transición», me dijo.

Debido a los cambios que entrañó la crisis bancaria en España, el centro cultural que dirigía Guirao, La Casa Encendida, empezó a cobrar 2 euros por entrada, en lugar de ofrecer sus actos culturales gratuitamente. Con todo, había un aspecto esperanzador en este cambio, ya que permitió al equipamiento cultural prever con exactitud el número de visitantes. Mientras la entrada había sido gratuita, mucha de la gente que reservaba sus entradas luego hacía otros planes y nunca acudía. La Casa Encendida terminaba con butacas vacías.

«España ha vivido en la cultura del gratis, en la que la gente se comporta sin pensar en el impacto que eso tiene en los demás —me dijo Guirao—. Dos euros es lo que cuesta una cerveza, pero casi nadie que haya pagado la entrada dejará de asistir.»

En cuanto a la voluntad de los ricos de compartir sus obras de arte con un público más amplio, «sé de algunas familias españolas que poseen grandes colecciones que nunca han prestado», me dijo Guirao en la época de la exposición del legado de la casa de Alba. Elena Ochoa Foster, que dirige Ivorypress, una galería de arte madrileña y editorial, me contó que España estaba perdiendo parte de sus obras de arte a consecuencia de que cada vez más familias subastaban sus pinturas en el extranjero para lograr tasaciones más elevadas.

Por otro lado, los coleccionistas españoles prefieren comprar sus obras artísticas en países como el Reino Unido, que no aplican el impuesto sobre el valor añadido en las compras de arte, antes que adquirirlas en España con un valor añadido del 21 %, de ahí que algunas obras de arte de fuste no se expongan nunca, pues sus propietarios nunca las declaran a Hacienda. Una comisaria de arte me pasó una lista de españoles multimillonarios sobre los que sabía que poseían obras maestras sin declarar al Tesoro Público.

A veces algunos imprevistos arrojan luz sobre el modo insospechado en que los ricos conservan sus colecciones. En 2001 Esther Koplowitz fue víctima en su domicilio del robo de varias pinturas cifradas en varios millones de euros. Los investigadores se asombraron al descubrir que muchas de esas pinturas robadas no estaban aseguradas.

En España, cuando Hacienda interviene puede asestar un duro golpe. En 2015 la Guardia Civil llevó a cabo la inspección de un barco en aguas jurisdiccionales italianas e incautó un lienzo de Picasso propiedad del banquero Jaime Botín. En aquel entonces fue condenado por contrabando al intentar sacar la obra maestra fuera de España. En el momento de escribir este libro, Botín recurría la sentencia de dieciocho meses de cárcel y la multa de 52 millones de euros, al tiempo que el Picasso incautado languidecía en el depósito de un museo madrileño.

Una vez más, por los comentarios que he oído sobre la pintura de Botín, tengo la impresión de que España es un país con una idea muy avanzada de la solidaridad social y la igualdad, mientras que mantiene una complicada relación con la riqueza. Hay una cantidad ingente de dinero familiar heredado en España, pero esto no suscita la percepción de que sus propietarios estén intentando hacer algo para ayudar a la sociedad, a despecho de que muchos de ellos hayan creado fundaciones benéficas.

La conexión entre el Estado y la cultura se reforzó durante el auge inmobiliario, en parte debido a que el dinero fluía a mares, pero asimismo a causa del llamado «factor Guggenheim». Después de que Bilbao inaugurara con éxito su museo en 1997, prácticamente todas las ciudades españolas llegaron a la conclusión de que un proyecto cultural emblemático garantizaría su condición de centro turístico, amén de una revitalización urbana. Algunos proyectos se llevaron a cabo con eficacia en la misma medida en que otros fueron desastrosos, lo que dejó a España plagada de edificios que no terminaron de construirse y que nunca fueron visitados. En un país en el que los sobrecostes no se castigan severamente, todo aquello acabó costando más que lo presupuestado, hubiera o no fraude. Por supuesto, los políticos nunca pagaron la factura.

Con todo, por onerosas que hayan sido las consecuencias, rara vez he oído a los habitantes locales manifestar vergüenza o pena ante el hecho de que el dinero público se utilizara para añadir un caro e infrautilizado museo en su ciudad. La opinión parece ser que, una vez que algo se construye, se puede también apreciar. A lo hecho, pecho.

Semejantes muestras de tolerancia han llegado a mis oídos a lo largo y ancho del territorio español, desde Santiago de Compostela y su Cidade da Cultura —inaugurada en 2011 con solo dos de los seis edificios previstos—, hasta Valencia, donde los vendavales causaron desprendimientos en el tejado del Palau de les Arts, lo que forzó el cierre temporal en 2013 (tan solo ocho años después de su inauguración) de un edificio de la faraónica Ciutat de les Arts i les Ciències diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava.

¿Por qué los españoles son más indulgentes frente al despilfarro o el fracaso colectivos que frente a los varapalos individuales? En general, al igual que a muchos otros europeos, me parece que los españoles no valoran de veras el éxito personal (salvo en algunos ámbitos, como el deporte). Y, desde luego, tampoco es que veneren el fracaso, al contrario de los estadounidenses, que a menudo lo consideran una insignia de honor en el camino hacia la gloria profesional. Cuando los prósperos empresarios estadounidenses dan discursos sobre su trayectoria, les encanta mencionar todo lo que se fue al traste antes de que las cosas fueran viento en popa o les gusta citar ejemplos famosos, como el de Sam Walton, cuyo primer establecimiento se declaró en bancarrota y lo dejó sin blanca. Walton, por descontado, se recuperó y no solo eso: desarrolló, además, la mayor cadena de comercios de Norteamérica, Walmart.

En Estados Unidos el dinero filantrópico también puede suscitar controversias, y la violenta reacción contra donantes caídos en desgracia puede ser clamorosa. La crisis estadounidense de los opioides hizo que los miembros de la familia Sackler se convirtieran en personas no gratas en el mundo de los museos, a pesar de que llevaran décadas financiando instituciones de gran envergadura. El divorcio vino provocado por la rabia de la población ante el hecho de que la compañía farmacéutica de la familia hubiera comercializado el OxyContin, un analgésico opiáceo. En 2019 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York anunció que ya no aceptaría donaciones de los Sackler, por lo que ponía fin a su relación con una de las familias filantrópicas más importantes del país. El apellido Sackler había dado nombre a una de las alas del Metropolitan, la cual alberga uno de sus mayores tesoros, el antiguo templo egipcio de Dendur.

Pero fabricar medicamentos que matan a los estadounidenses no es equiparable a que Inditex aproveche algunas lagunas fiscales y, para el caso, que utilice mano de obra barata para confeccionar parte de su ropa (al tiempo que también paga a miles de empleados en fábricas en España, Portugal y Marruecos).

Cuando llegué a España, Amancio Ortega era el único propietario perteneciente a la primera generación de una empresa que cotizaba en el Ibex 35, algo que, si bien daba una buena imagen de Ortega, no hablaba bien de la iniciativa empresarial del país, ya que, por el contrario, el Estado había sido directamente el propietario de muchas de las demás empresas del Ibex 35.

Sin embargo, su donación para el cáncer suscitó un debate especialmente acalorado en las redes sociales, en las que a menudo se presentaba a Ortega como un empresario malhechor al que se acusaba de robar al Estado al eludir parte de sus impuestos. ¿Cómo podría esta reacción animar a cualquier otro rico a seguir su ejemplo?

Una vez una amiga me prestó un libro para que pudiera comprender lo que ella llamaba «el cainismo español». Escrito por Miguel de Unamuno en 1917, Abel Sánchez es más que una mera reinterpretación del relato bíblico de Caín y Abel. Unamuno también se sintió obligado a añadir un llamativo prólogo en su segunda edición, en el que escribía sobre su regreso a España, tras años en el extranjero, para descubrir que la envidia se había convertido en «la lepra nacional».

En estos años que separan las dos ediciones de esta mi historia de una pasión trágica —la más trágica acaso—, he sentido enconarse la lepra nacional, y en estos cerca de cinco años que he tenido que vivir fuera de mi España he sentido cómo la vieja envidia tradicional —y tradicionalista— española, la castiza, la que agrió las gracias de Quevedo y las de Larra, ha llegado a constituir una especie de partidillo político, aunque, como todo lo vergonzante e hipócrita, desmedrado; he visto a la envidia construir juntas defensivas, la he visto revolverse contra toda natural superioridad.

Dos décadas después de haber escrito Abel Sánchez , Unamuno murió aislado y desacreditado por Franco en su querida Salamanca, en mitad de una Guerra Civil que sacó a la luz lo peor de España, incluida mucha de la envidia que había detectado Unamuno.

España tiene asimismo una vena igualitaria que contribuyó especialmente a la reforma agraria de 1932 que la efímera Segunda República intentó poner en marcha. En verano de 2012 hice un reportaje que parecía un viaje al pasado, cuando me uní a un grupo de manifestantes en el soleado corazón agrario de Andalucía. En Madrid las autoridades acababan de acordar los términos de un rescate bancario europeo. En Andalucía cientos de trabajadores agrícolas querían que fuera el Gobierno, y no los bancos, el que los salvara a ellos y a sus trabajos. Creían que España necesitaba cambiar urgentemente su modelo económico y centrarse en quienes daban de comer al país.

Durante semanas había estado en contacto con representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al tiempo que seguía en la prensa nacional los arrebatos de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de izquierdas de la localidad agraria de Marinaleda. Sánchez Gordillo de algún modo había logrado convertirse en el Robin Hood de España, a pesar de ser un representante político que había empleado subvenciones públicas (los fondos del Plan de Empleo Rural) para construir viviendas, por lo que estaba, de hecho, infringiendo la ley. Incluso había ayudado a coordinar asaltos a los supermercados, tras los cuales la policía detuvo a otros participantes y los acusaron de robo con violencia.

Yo quería conocerlo a él y a los otros líderes de esa batalla que se antojaba un regreso a la lucha de clases de hacía un siglo. Hablé con mi jefe, quien pareció tan fascinado como incrédulo. «¿Cómo es que ese alcalde no está en la cárcel?», me preguntó.

Mi jefe me pidió que hiciera un reportaje lo antes posible. El SAT me dijo que debería esperar a que estuvieran preparados para llevar a cabo otra de sus especiales protestas. A la semana siguiente, alguien del sindicato me llamó para que viajara de inmediato a Andalucía. Cogí el AVE a Sevilla, donde la fotógrafa Laura León me esperaba en el aparcamiento de la estación. Caía la noche cuando llegamos a una granja en mitad de la nada y tomada por los manifestantes. Estaban recolectando fruta y otros productos de su huerto y empezaron a preparar la cena. Comimos unos exquisitos alimentos frescos, aunque pasamos, eso sí, una noche incómoda sin pegar ojo.

El cambio de paisaje era extraordinario. Había dejado la moderna capital española y viajado en una de las redes ferroviarias más eficientes del mundo para, al cabo de unas horas, encontrarme envuelto en unas conversaciones en las que se hablaba de la revolución y que se asemejaban a aquellas que había leído en libros sobre la vida en España antes de la Guerra Civil.

Hacia las cinco de la mañana, fuimos en coche hasta una localidad cercana donde se habían congregado cientos de personas. Algunas de ellas se afanaban preparando sus pancartas de protesta y remendando los bordes de una imponente y raída bandera republicana. Partimos desde la carretera, formando una larga columna. Yo iba de un lado a otro moviendo cielo y tierra para entrevistar a los manifestantes al tiempo que intentaba seguir el paso de la marcha. En el entretanto, hablé largo y tendido con Diego Cañamero, el líder del SAT, y después con Sánchez Gordillo, cuya barba y kufiyya , el pañuelo palestino, lo habían convertido en uno de los rostros más reconocibles de España.

Caminamos durante horas, el calor apretaba cada vez más y era la hora de comer. Nadie decía adónde nos dirigíamos. Al final la fila de gente se detuvo y los organizadores mandaron a todo el mundo arriar las banderas y las pancartas de protesta. Yo no veía nada singular a nuestro alrededor, salvo una larga cerca que bordeaba la carretera.

Al cabo de unos minutos, algunos comenzaron a correr en dirección a un agujero de la cerca, y los demás los siguieron y atravesaron el cercado. Habíamos entrado ilegalmente en una enorme propiedad privada llamada Palacio de Moratalla. Eso sí, su dueño, el duque de Segorbe, no estaba allí para darnos la bienvenida, pues vivía a una hora de allí, en Sevilla.

Las siguientes horas presentaron un panorama surrealista, para regocijo de Laura León, que hizo unas fotos que no se podrían haber tomado en el plató de una película. A mí aquello se me antojó una versión moderna de la Revolución francesa, quizá con reminiscencias de algunas escenas de la finca que aparece en Viridiana , una de las obras maestras de Luis Buñuel.

Los agricultores de la marcha se tiraron en bomba en la piscina del duque y salpicaron a todos para que se refrescaran. Prepararon una paella y jugaron a las cartas a la sombra de la terraza del palacio rosa. Bebieron cervezas mientras escuchaban a Cañamero dando un discurso en el que arremetió contra la aristocracia española «que desaprovechaba lugares semejantes», mientras los trabajadores agrarios de toda Andalucía no encontraban un trabajo digno con el que ganarse el pan.

Me esperaba que de un momento a otro apareciera la Guardia Suiza para combatirlos, al igual que había intentado hacer en el palacio de las Tullerías de Luis XVI en 1792. En lugar de eso, un pequeño contingente de la Guardia Civil llegó al palacio, pero aguardó con paciencia a sus puertas. Cuando Laura León y yo finalmente nos marchamos de la finca, los agentes tomaron nota de nuestros carnés de identidad y nos advirtieron de que nos podrían acusar de allanamiento de morada.

Por suerte nunca nos acusaron. La Guardia Civil esperó a que el último grupo de agricultores saliera de allí al día siguiente, después de pasar la noche en sus preciosos jardines. Nuestro reportaje, con una magnífica serie de imágenes tomadas por de León, se publicó en la portada de la edición internacional de The New York Times .

El movimiento de protesta de los agricultores acabó apagándose, sin ni siquiera tener que afrontar medidas drásticas por parte de las autoridades, que asimismo dudaban sobre si actuar contra los ocupantes ilegales de unas alquerías abandonadas.

España fue testigo de multitudinarias protestas durante la crisis financiera, pero la situación nunca se acercó a la perversa espiral que había provocado la Guerra Civil. En 2011 pasé varias semanas cubriendo la aparición del movimiento 15M y su inesperada ocupación de la Puerta del Sol, que inspiró protestas similares en otros lugares, entre ellas el movimiento Occupy Wall Street, que comenzó ese año unos meses después. Con toda aquella multitud acampada, se observaba que a veces reinaba un caos organizado en la emblemática plaza madrileña. Aquello era una cacofonía en la que la gente daba rienda suelta a su ira contra las élites corruptas y la creciente desigualdad, y en la que no siempre se escuchaba la opinión de los demás. Pero no cabía duda de que, en aquellos días, de la Puerta del Sol emanaba una extraordinaria energía, al tiempo que nunca dio la sensación de que la manifestación pudiera tornarse agresiva o violenta. Tres años después de aquello, se fundó Podemos con un gran crecimiento inicial, ya que sus líderes supieron reactivar el espíritu protestatario del 15M.

En Andalucía la prioridad de los trabajadores agrarios que se manifestaron era algo distinta. Se preocupaban por su futuro, pero asimismo tenían presente su historia y trazaban paralelismos muy claros con la situación que hacía casi un siglo habían vivido sus abuelos.

«No somos anarquistas en busca de conflicto, pero nuestras reivindicaciones son similares a las de los años treinta —me dijo Cañamero—, pues, desgraciadamente, la tierra está en manos de un menor número de personas que entonces.»

Creo que la relación entre la gente y la riqueza varía de un país a otro, pero también lo hace ligeramente dentro de España, lo cual refleja su amplia diversidad económica. El anarquismo creció en Barcelona cuando la ciudad se convirtió en la punta de lanza de la revolución industrial española. La creación de los primeros sindicatos vino de la mano de la violencia en las calles, que culminó en aterradores episodios como los de la Semana Trágica en 1909. En cambio, el anarquismo andaluz históricamente ha girado en torno a la propiedad de la tierra, pues se trata de la comunidad autónoma más grande de España y durante mucho tiempo ha sido el granero del país.

Asimismo, he observado algunas diferencias en el modo en que la gente exhibe su riqueza. El nivel de boato varía. Por ejemplo, cuando he estado con catalanes acaudalados, me ha parecido que muchos casi comparten el espíritu calvinista de la riqueza que se observa en Ginebra, mi ciudad natal. Intentan evitar los relojes de oro, a menudo conducen un coche normal o restauran barcas tradicionales de pesca en lugar de comprarse ostentosos yates. Cuando muestran su riqueza es casi siempre en los confines de seguridad y privacidad de sus hogares.

En Andalucía, por el contrario, algunos nuevos ricos habían intentado imitar el estilo de vida de los magnates del petróleo de la serie Dallas durante los años de bonanza económica en España. Encontré un trágico ejemplo de esto mientras escribía un artículo sobre la matanza ilegal de caballos. Los hacendados que querían adquirir rápida y visiblemente el estatus social de los terratenientes tradicionales habían comprado muchos caballos, pero luego, una vez que estalló la burbuja inmobiliaria, no pudieron permitirse el lujo de cuidar de sus hermosos animales. Trabajé en este artículo en 2013, poco después de que la Policía desenterrara un cementerio ilegal que acogía los restos inidentificables de alrededor de veinte caballos en las colinas de los alrededores de Algeciras.

Parece haber un acuerdo tácito, en especial en el electorado de la izquierda española, de que la gente puede hacer dinero, pero nunca, eso sí, a costa de los demás. La enorme montaña de casos de corrupción política que salió a relucir después del estallido de la burbuja inmobiliaria indignó a la sociedad, creo, porque estaba relacionada con astronómicas sumas de dinero de los contribuyentes.

Recuerdo una larga conversación con un fotógrafo autónomo que me contó los malabarismos económicos que se veía obligado a hacer. Algunas publicaciones no le pagaban puntualmente por sus fotos, mientras que él sí que tenía que pagar su cuota de trabajador autónomo un día concreto cada mes. Estaba en una difícil tesitura, me dijo, pero había querido apretarse el cinturón hasta que empezó a leer casi a diario sobre los profusos sobornos que se pagaban a los políticos en recompensa por las licitaciones de obras públicas. «¿Por qué tengo que seguir pagando mis impuestos cuando unos no me pagan como es debido y otros están robando el dinero que tributo?», preguntó.

Siempre me ha fascinado la publicación anual de hacienda con la lista de morosos de España en un ejercicio de denuncia pública con el que se espera contribuir a llenar las arcas del Estado, pero que asimismo promueve el debate público sobre los fallos del sistema tributario. Cuando la Agencia Tributaria publica la lista, toda la prensa difunde fotos de famosos que deben dinero al fisco junto con un texto en el que se observa un deleite explícito en ridiculizarlos. En 2019 el diario ABC comenzó su repaso anual a los morosos célebres diciendo lo siguiente: «Algunos le han cogido el gusto y repiten, otros debutan y otros, por el contrario, le han dicho adiós a esta lista». ABC dio a entender que la evasión fiscal era el deporte nacional, pero a menudo también me he preguntado si a continuación, avergonzadas, esas celebridades deciden cancelar sus comidas y otras salidas, y se quedan en casa un mes.

Después de que Amancio Ortega anunciara su donación, le pregunté a una amiga votante de Podemos que qué le parecía. Si bien esperaba que me diera una respuesta breve, en lugar de eso escuché la misma diatriba que había escuchado al fotógrafo autónomo. De hecho, mi amiga parecía conocer unos pormenores sobre la situación tributaria de Ortega que nunca había oído hasta entonces. Me extrañó que pareciera más disgustada con Ortega que a causa de los problemas laborales que en esos momentos tenía ella y que la obligarían a cambiar de trabajo unos meses después.

Amancio Ortega y su familia volvieron a hacer gala de su generosidad durante la crisis del coronavirus, en concreto poniendo a disposición de las autoridades españolas algunos de los vuelos regulares de carga que su compañía textil reserva habitualmente para sus pedidos a China. Uno de los primeros envíos de equipo médico de emergencia aterrizó en Zaragoza el 23 de marzo de 2020, diez días después de que se decretara en España el estado de alarma. El avión de Inditex transportó las muy necesitadas mascarillas, así como trajes de protección para los sanitarios, dispuesto todo ello en palés en los que, tanto en mandarín como en castellano, se leía la siguiente frase: «Aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna». A cambio de su contribución, Ortega recibió algunos de los aplausos diarios que normalmente los ciudadanos brindaban en señal de agradecimiento al personal sanitario. Puede que el más conmovedor de esos homenajes fuera el que le rindió una comitiva de ambulancias que llegó hasta la casa del empresario en A Coruña y cuyos conductores le dieron una serenata con sus sirenas.

En muchos aspectos, la crisis de la COVID-19 puso de relieve la solidaridad y generosidad de la gente corriente que he visto en España, a menudo a una escala mucho mayor que en la mayoría de los países que conozco. Precisamente sobre esto trataré en el capítulo siguiente.

SALTO DE VALLAS: LAS PUERTAS

DE LA INMIGRACIÓN QUEDAN AL SUR

En enero de 2018 conduje alrededor de una hora por el interior de Málaga en dirección a una nueva cárcel en las afueras de la localidad de Archidona. El centro penitenciario todavía no se había inaugurado oficialmente y ya se le estaba dando un uso para el que no había sido concebido.

Dos meses antes, la Policía española había interceptado a unos quinientos inmigrantes argelinos que habían cruzado el Mediterráneo en patera hasta las costas del sureste español. La llegada ocasionó problemas logísticos a las autoridades en un momento en el que llegaban más inmigrantes a España que a Italia, a raíz de que Matteo Salvini y su Gobierno cerraran el acceso a las aguas territoriales italianas. En vista de que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) estaban atestados, las autoridades convirtieron la cárcel de Archidona en un hogar temporal para los argelinos.

Aquel día hacía frío, pero no había esperado toparme con una nevada cuando cruzaba los montes de los alrededores de Málaga. Aun así, desafiando el viento y la densa niebla, encontré a un pequeño grupo de activistas con pancartas de protesta a la entrada de la prisión. También había pintadas en la carretera para denunciar el maltrato que se estaba infligiendo a los inmigrantes. Los congregados me dijeron que habían estado velando noche y día allí para impedir que la policía deportara a los inmigrantes. Cada vez que un autobús salía de la cárcel, los activistas intentaban bloquearle el paso y comprobar si en su interior había argelinos a los que se llevaría a coger un barco con rumbo a su país de origen.

En todo el mundo hay activistas valientes y resueltos que batallan por causas que van desde el cambio climático a los abusos sexuales. Pero lo que de verdad me admiró en Archidona fue la enorme solidaridad que los habitantes del pueblo estaban mostrando hacia los argelinos encarcelados. Al fin y al cabo, estos habían llegado a España ilegalmente.

La cárcel estaba a punto de abrir y estaba diseñada para alojar a unos 2.000 presos, con una plantilla de casi seiscientos funcionarios. Para la localidad vecina entrañaba una oportunidad económica. De hecho, algunos lugareños estaban preocupados por que los inmigrantes pudieran causar daños en la infraestructura del centro penitenciario antes incluso de su inauguración oficial.

Para protestar contra su detención, los inmigrantes habían roto ventanas y mobiliario recientemente. Se envió a Archidona un contingente de policías antidisturbios, pero la tensión estalló después de que se encontrara el cadáver de un inmigrante estrangulado con una sábana en su celda, unos días después de las Navidades. La Policía dijo que la autopsia había confirmado el suicidio, pero los activistas y algunos políticos locales exigían una investigación exhaustiva.

La mayoría de los 8.300 habitantes de Archidona parecían estar mucho más preocupados por el bienestar de los inmigrantes que por los disturbios carcelarios. La población ayudó a la recogida de alimentos y ropa para los argelinos. La alcaldesa, Mercedes Montero, me dijo que su gente necesitaba los empleos de la cárcel, pero que eso no significaba que quisieran que España desobedeciera sus obligaciones con respecto a los derechos humanos manteniendo a los inmigrantes en una cárcel que todavía no estaba equipada con un centro médico ni acceso a agua potable. «Aquí nadie quiere que Archidona sea un lugar donde se maltrata a los inmigrantes», dijo.

Añadí sus comentarios a la larga lista de entrevistas en las que me impresionó la disposición del pueblo español a conmoverse por las desgracias ajenas, incluso por personas de una cultura diferente y de una tierra africana lejana.

Mi visita a Archidona coincidió con el inquietante aumento de un sentir xenófobo contrario a la inmigración en toda Europa. Al correr del tiempo, ese sentimiento pasó a un primer plano en España también. De hecho, Vox irrumpió con fuerza en el panorama electoral once meses después, en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Al cabo de otros once meses, se convertiría en el tercer partido español tras lograr 52 escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales.

Ahora bien, ni el repentino auge de Vox ni los aislados incidentes de racismo han cambiado mi percepción de que España es extraordinariamente abierta y tolerante.

Cuando estudiaba en Inglaterra, solía venir a España de vacaciones. En los años ochenta mis padres tenían un piso en copropiedad en Ibiza. Yo era, por supuesto, uno más de entre los miles de turistas extranjeros que venían a la isla, pero me llamaba la atención la homogeneidad española en cuanto sociedad blanca y católica.

Cuando regresé a España en 2010, la llegada de unos cinco millones de inmigrantes durante el apogeo inmobiliario había transformado el país. Una vez que se desinfló la burbuja de la vivienda y campó el desempleo, muchos de ellos se marcharon de España. Pero ningún político español les decía que se marcharan ni tampoco lo hacían sus vecinos, ni siquiera en las ciudades con mayor desempleo.

En cambio, en muchos otros países europeos, algunos de los cuales ya contaban con amplias comunidades de inmigrantes establecidas en sus territorios, la crisis había provocado cambios sociales, entre ellos, por desgracia, un aumento de la xenofobia. En 2015 la isla griega de Lesbos se convirtió en el epicentro de la crisis de refugiados sirios, lo que hizo que la inmigración adquiriera mucha más relevancia en la agenda de la Unión Europea. Por desgracia, aquella crisis de refugiados debilitó la cohesión de la UE, incluso a la hora de debatir sobre los valores de los derechos humanos que todos los Estados miembros de la UE debían defender.

En esta última década he leído artículos escritos por corresponsales sobre el racismo y el antisemitismo que, en casi toda Europa, se ha puesto de manifiesto, ya en forma de ataques violentos, ya de acciones infames como la profanación de tumbas judías. Tales sucesos han sido un lugar común, desde la Francia de Marine Le Pen y la Italia de Matteo Salvini, hasta Hungría, Polonia y el resto de los antiguos países comunistas.

Por el contrario, en España y Portugal la gente tomaba las calles después de la crisis financiera para protestar sobre cualquier asunto salvo por la presencia de extranjeros. Durante la pasada década, las encuestas de opinión en España han mostrado en repetidas ocasiones que solo un pequeño porcentaje de los españoles sentían animadversión por los inmigrantes. En febrero de 2017 se celebró en Barcelona la manifestación más multitudinaria en Europa a favor de los refugiados sirios, en la que los asistentes exigían al Gobierno español que acogiera a un mayor número de inmigrantes.

Como es natural, eso sí, alguna que otra vez España se ha visto en apuros a la hora de dar respuesta a la inmigración ilegal, como en Archidona.

En los últimos años también he presenciado algunas perturbadoras escenas relativas a la inmigración, entre ellas en la pequeña ciudad portuaria de Tarifa. Durante un viaje para un reportaje, la fotógrafa Laura León y yo observamos el juego del gato y el ratón de unos agentes de policía españoles y dos marroquíes que viajaban de polizones y saltaron del ferry cuando este entraba en el puerto. A continuación, los polizones nadaron hacia el pontón flotante, pero los responsables portuarios los divisaron y avisaron a la policía. Cuando los agentes policiales les ordenaron que salieran, los marroquíes, lejos de obedecer, se escondieron dos horas en el agua debajo de la plataforma del pontón, hasta que la pleamar casi los ahogó.

En otro viaje visitamos un atestado complejo deportivo en Tarifa que se había transformado en un improvisado centro de refugiados. En su cancha de baloncesto, los exhaustos inmigrantes se recuperaban poco a poco de su aterrador viaje en patera, envueltos en mantas que les había proporcionado la Cruz Roja. Cuando terminamos nuestra angustiosa visita, vimos a un grupo de turistas fuera del complejo deportivo que estaban mirando la puesta de sol mientras reían y bebían caipiriñas, ajenos por completo al sufrimiento humano que se agazapaba en el interior del edificio que tenían justo al lado. Me pareció un elocuente ejemplo de nuestro mundo digital, en el que algunas veces nos enteramos antes de una tragedia que está teniendo lugar en el otro extremo del mundo que de lo que está sucediendo a la puerta de nuestra casa.

Puede resultar difícil escribir sobre un tema como la inmigración sin caer en estereotipos, hacer burdas generalizaciones o repetir por activa y por pasiva la misma cantinela.

Al observar el mundo, la prensa con frecuencia también intenta sacar, a grandes rasgos, conclusiones que puedan presentarse a los lectores de un modo claro e impactante.

Mientras trabajaba en Europa en los años noventa, recuerdo seguir muchas noticias sobre el desarrollo de Asia en las que se hablaba del continente asiático como si fuera un monolito. Los diarios occidentales advirtieron del auge de las exportaciones asiáticas, de las leyes laborales asiáticas o de las falsificaciones asiáticas. Cuando después me mudé a Hong Kong para ser el corresponsal en Asia para el Financial Times , enseguida comprendí que era muy difícil escribir cualquier artículo que se correspondiera con lo que era mi puesto de trabajo. Asia tenía una integración regional limitada. Las exportaciones estaban en alza, pero no al mismo ritmo ni en los mismos sectores en todos los países, lo cual dificultaba escribir algo que no sonara simplista ni confuso. Las leyes laborales variaban, lo mismo que los costes de producción. La falsificación tampoco era la tendencia principal en todas partes y era más sofisticada en lugares como China que en Indonesia. Mucho de lo que yo escribía para mi periódico acababa reduciéndose a las diferencias existentes en Asia, en lugar de resaltar la homogeneidad asiática.

En la Unión Europea, los políticos gustan de hablar de sus objetivos y principios comunes, lo que naturalmente contribuye a alimentar la idea de que los líderes norteamericanos deberían recibir noticias «sobre Europa». Este enfoque unas veces funciona, pero no siempre.

Una broma famosa en el mundo del periodismo es que nadie debería permitir que los hechos interfieran en un buen artículo. A la hora de tratar la inmigración, España no encajaba perfectamente con asuntos más amplios sobre los que The New York Times estaba informando, y en ocasiones ni siquiera podía explicar a mis jefes por qué esto era así. A todas luces, la proximidad entre África y España la convertían en una de las principales escalas para los inmigrantes. Pero, aparte de incidentes esporádicos, como los altercados entre policías españoles y vendedores ambulantes africanos, España no se estaba convirtiendo en un foco de tensiones raciales. Afortunadamente, ninguno de mis jefes me animó jamás a exagerar los sucesos para adaptarlos al guion, antes al contrario.

En calidad de corresponsal, también corres el riesgo de repetir las mismas explicaciones, sin estar del todo seguro de que sigan siendo válidas. En España hay algo de verdad en la idea de que los políticos no arremetían contra los inmigrantes debido precisamente a que la derecha había quedado estigmatizada por culpa de las décadas de dictadura franquista.

Pero, entonces, llegó Vox, cuya aparición probablemente sea demasiado reciente como para que lo diseccionemos de una manera fiable y completa. En febrero de 2019 visité El Ejido para escribir un análisis sobre por qué Vox había logrado una posición tan destacada en ese municipio, al sumar el 30 % de los votos en las elecciones andaluzas.

Varios habitantes de El Ejido me hablaron sobre la penuria económica, sobre la necesidad de defender la soberanía española frente al secesionismo catalán y sobre que ya era hora de que un líder como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil pusiera fin a la fragilidad política española. Algunos empresarios locales parecían haber desarrollado una relación de amor y odio con sus empleados inmigrantes: contentos de que estos recolectaran tomates en sus invernaderos; pero, al mismo tiempo, indignados con algunas de sus exigencias y el modo en que las cafeterías regentadas por musulmanes y que servían té de menta progresivamente invadieran sus barrios, en lugar de los bares españoles de toda la vida que sirven whisky y ron en vasos de tubo con hielo y un chorrito de Coca-Cola.

En una mezquita local que se había construido en las instalaciones de un taller de automóviles en desuso, cené un cuscús con el fotógrafo Samuel Aranda y un grupo de fieles. Sentados en una alfombra, escuché sus problemas económicos; pero, asimismo, los oí satisfechos de que su contribución fuera entonces parte del tejido económico de El Ejido. «Digan lo que digan Vox u otros partidos, la gente necesita que vengamos aquí a trabajar», dijo Issam Mehdaj, un trabajador de origen marroquí.

Pero tal vez mi encuentro más esclarecedor en El Ejido fuera el que tuve una mañana en el instituto de secundaria Fuente Nueva con Javier Adolfo Iglesias, profesor y periodista apasionado de John Lennon y otras celebridades extranjeras que habían pasado temporadas en Almería. Con orgullo, me presentó a sus alumnos y abrió su clase afirmando que «la xenofobia no podía ser el motivo del auge de Vox, porque nunca la he visto ni en mi aula ni en el bar que frecuento».

Con todo, cuando me dejó que yo preguntara a los alumnos sobre política y si votarían a Vox, cinco de ellos levantaron la mano. Aquel resultado era ligeramente mayor que el que había obtenido Vox en las elecciones andaluzas y al punto suscitó un debate en la clase sobre la falta de integración de los adolescentes de distintos orígenes. Uno de los muchachos de Vox habló de los problemas laborales de su padre con la inmigración, mientras que otros citaban ejemplos de comportamientos inaceptables por parte de algunos árabes. Me quedó claro que la escuela tendría que pasar más tiempo debatiendo sobre la xenofobia con sus alumnos.

Mientras escribo estas líneas, no puedo prever si la próxima generación de votantes españoles apoyará más a Vox o si, por el contrario, el partido irá perdiendo predicamento a medida que el factor de la novedad se disipe y se someta a sus legisladores, en calidad de representantes electos en el Congreso, a un examen más minucioso.

Creo que esto en gran parte dependerá de si otros políticos conservadores adoptan la retórica contra la inmigración de Vox en lugar de oponerse a ella. Dos semanas después de que Vox lograra 52 escaños en el Congreso de los Diputados, el expresidente del Gobierno José María Aznar compartió estrado con Nicolas Sarkozy, su homólogo francés en tiempos, en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en la que Aznar había fundado su propio centro educativo, el Instituto Atlántico de Gobierno. Aquel día, la advertencia de Aznar sobre la inmigración y los peligros de permitir un mayor «multiculturalismo» en las sociedades occidentales me sonaron a un copipega de los discursos de campaña de Santiago Abascal, el líder de Vox. «Las sociedades multiculturales rompen la escala de valores que tenemos en los países occidentales porque generan más radicalismos y más confrontación, y de eso hay que ser consciente», le dijo Aznar a su auditorio.

Entre el extremismo y la opinión mayoritaria, suele haber una sutil línea que se traspasa una vez que un buen número de personas, al repetir las proclamas extremistas, las convierten en el discurso dominante. El peligro no es ahora lo que Abascal haya estado diciendo, sino el hecho de que algunos de sus rivales hayan incorporado sus palabras a su discurso o, cuando menos, no se opongan a ellas.

Es difícil anticipar si la sociedad española seguirá siendo igual de tolerante, lo mismo que me parece difícil explicar cómo ha evolucionado esta en los últimos años. Algunas de las explicaciones más comunes tampoco me convencen del todo, por ejemplo, a la hora de comprender por qué las tensiones sociales y raciales apenas se han traducido en violencia callejera en España.

Cierto es que el pueblo español hace más vida en el exterior que en casa, lo que propicia un trato menos ceremonioso y la creación de un vecindario más abierto. Pero ¿acaso esto lo explica todo, o bien lo que nos dice es que España es menos proclive a exteriorizar el racismo de manera más patente? Italia también tiene un clima cálido en el que las personas se reúnen para tomarse su café de la mañana y disfrutan de su piazza al igual que los españoles se deleitan con su plaza, pero últimamente el racismo en Italia está alcanzando un nivel deplorable en comparación con el que hay en España. Sus estadios de fútbol se han convertido en un hervidero de odio hacia los jugadores negros, incluso hacia aquellos que han jugado para Italia al más alto nivel, como Mario Balotelli. En 2019, por vez primera en una década, la mayoría de los italianos encuestados no pusieron en entredicho el racismo de un modo tajante, según el sondeo anual realizado por la empresa de encuestas SWG.

He tenido la misma sensación de no haber comprendido del todo por qué el crimen se ha mantenido relativamente bajo, incluso en el apogeo de la crisis de desempleo, algo de lo que trato en otro capítulo. Puede que más adelante regrese a la universidad para estudiar Sociología.

En ocasiones, la dificultad a la hora de escribir sobre temas semejantes ha sido encontrar una perspectiva nueva para una situación conocida de sobra. En noviembre de 2014, fui a Melilla para conocer a los africanos subsaharianos que estaban intentando saltar las cercas fronterizas. Cuando el año tocaba a su fin, unos 14.000 inmigrantes ya habían intentado saltar la valla de Melilla y 2.000 de ellos lo habían logrado. Estos datos eran en sí un salto importante en comparación con los de años anteriores.

La situación en Melilla despertó el interés del mundo entero debido a la labor de los activistas lugareños. Una ONG llamada Prodein había grabado un vídeo que mostraba a unos agentes de policía españoles apaleando a un inmigrante africano después de que saltara la última verja de la frontera para llegar a Melilla. Este, probablemente inconsciente, fue trasladado por los policías al lado marroquí de la frontera.

José Palazón, director de Prodein, había fotografiado asimismo a unos sin papeles africanos sentados en lo alto de una cerca fronteriza, justo al lado de unos golfistas vestidos de blanco que aquella mañana se solazaban haciendo deporte en el green , ajenos a los desamparados africanos. El llamativo contraste de su foto causó sensación en España y en el extranjero, y uno de mis jefes había reparado en ella.

Sin embargo, yo afrontaba un desafío muy común entre los corresponsales. El redactor jefe de una sección se interesa por una noticia en un lugar remoto. A menos que el contenido sea una noticia de última hora trascendental, como un atentado terrorista, puede transcurrir mucho tiempo hasta que la redacción me dé luz verde, y en ocasiones se tarda aún más en preparar el viaje y llegar allí. Aun así, se envía al corresponsal para que relate esa noticia como si estuviera sucediendo en ese cabal instante. A lo largo de los años he leído algunas crónicas de corresponsales en las que saltaba a la vista que estos habían llegado allí demasiado tarde, como quien llega a una fiesta cuando ya están limpiando la pista de baile y fregando las últimas copas de champán. Unas veces salen airosos merced a sus dotes para informar y escribir, aunque también, todo sea dicho, otras lo hacen gracias a su imaginación.

Llegué tarde a Melilla, pero muchos inmigrantes estaban todavía acampados en un bosque marroquí al otro lado de la frontera melillense, preparándose para otro intento de saltar la valla.

Vi con claridad que, en lo que atañía al aspecto visual de aquel encargo, Arnau Bach, el fotógrafo residente en Barcelona que me acompañó en Melilla, podría hacer un buen trabajo. Pero yo, en cuanto escritor, no estaba seguro de poder añadir nada más a las docenas de excelentes reportajes que ya se habían publicado sobre el cruce de fronteras.

Desde el principio casi todo fue un despropósito. Cruzamos la frontera de Marruecos con la ayuda de un cicerone local contratado por The New York Times para que nos ayudara sobre el terreno. Este nos llevó al bosque, pero parecía muy nervioso y nos explicó que algunos subsaharianos le habían robado en su anterior visita. Cuando llegamos al lugar donde se encontraba el grupo de subsaharianos, sentados en torno a una lumbre junto a su improvisada tienda de campaña de plástico, uno de ellos empezó a dar voces a nuestro lazarillo. Puesto que el hombre era del África occidental y hablaba francés, le pregunté cuál era el problema. Me dijo que nuestro guía, que me lo había recomendado un amigo periodista español, era en realidad un informador de los servicios de inteligencia españoles. Nos alejamos de la hoguera y comenzamos a hablar con otros subsaharianos desperdigados por el bosque. Me sentí muy incómodo. A la vuelta, el cicerone me confesó que una vez había ido a Madrid en un viaje que le habían pagado las autoridades españolas, para ayudar a corroborar las pruebas policiales que estaban recogiendo sobre los inmigrantes. Le dije que aquello presentaba un serio conflicto de intereses, lo que probablemente implicaba que ya no pudiéramos trabajar juntos mucho más tiempo.

El guía me dijo que aun así quería ayudarnos y que nos llamaría por la noche si se enteraba de que los subsaharianos planeaban otro cruce de frontera. Yo estaba exhausto y me fui a dormir pronto. No obstante, Bach decidió no depender de nuestro lazarillo y se puso el despertador a las cuatro de la madrugada para ir a la valla fronteriza. Cuando, tras pasar cinco horas en la frontera, Bach regresó al hotel, había sacado unas magníficas imágenes de los inmigrantes tratando de trepar la valla. Solo que, de casualidad, también se había topado con nuestro cicerone, que en ese momento asistía a un equipo de televisión francés. El periodismo me ha permitido conocer, valorar y colaborar con personas estupendas, a pesar de que a veces trabajaran para un medio que mi junta editorial considera un gran rival. Desafortunadamente, también he tenido algún que otro encontronazo más que preocupante en cuanto a la ética y la profesionalidad.

Antes de viajar a Melilla, le había pedido a la Guardia Civil hacer una visita a la frontera y entrevistar a uno de sus comandantes. Cuando llegamos al cuartel de la Guardia Civil, un portavoz me dijo que habían programado la visita, pero que no habría entrevista. Un juez de Melilla había imputado al jefe del instituto armado en la ciudad autónoma, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, a consecuencia de la querella presentada por Prodein y otras ONG, que lo acusaban de permitir devoluciones sumarias. Aunque hice cuanto pude por camelar al portavoz, este insistió en que él era el único agente con quien podría hablar.

Justo cuando nos disponíamos a marcharnos del complejo, nos encontramos con un agente cuyo uniforme indicaba que era de alto rango. Lo paré, me presenté y le dije que era una gran lástima que ningún jefe de la Guardia Civil quisiera explicar debidamente su labor. «¿Cómo que no? Claro que te puedo contar por qué nos necesitan aquí», me respondió a medio camino entre la indignación y la sorpresa. El agente, de hecho, no era sino el coronel Martín Villaseñor. Nos guio hasta su despacho, para consternación del portavoz, que nos había mostrado la puerta de salida.

Después, Bach me enseñó una foto del coronel que captaba a la perfección su estado de ánimo durante un momento tirante de la entrevista. El coronel aparece alzando el índice con gesto amenazador mientras habla conmigo. Detrás de él hay una imagen aérea de Melilla, un crucifijo y un retrato del monarca Juan Carlos.

Habíamos comenzado hablando sobre la gran labor que estaban realizando sus agentes en unas circunstancias difíciles, pero la conversación se volvió más tensa cuando cambié de tema y le hablé de sus problemas con la justicia. Afirmó que su proceso judicial no llegaría a buen puerto, ya que nadie había sido expulsado del suelo español.

«¿Sabes siquiera lo que es una frontera?», me preguntó el coronel, claramente exasperado. A continuación, dando por sentado que yo era el típico estadounidense pesado, empleó un símil para preguntarme si podía afirmar que una vez que me bajaba del avión en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York ya me encontraba en Estados Unidos. «Sí», le contesté. «¡Pues te equivocas! —me gritó mientras daba un puñetazo en su escritorio—. Nadie está legalmente en Estados Unidos hasta que no cruza el control de inmigración de la policía.»

El coronel no solo me había presentado un argumento válido y me había hecho sentir como un ignorante: me proporcionó también un nuevo enfoque para lo que iba a escribir. Resolví que en mi artículo no contaría otra historia más sobre la tragedia africana, algo que otros ya habían contado mejor de lo que yo podría hacerlo. En lugar de centrarme en eso, principalmente lo haría en aquello que definía una frontera y en por qué esto era relevante en Melilla. Mi artículo desde Melilla se tituló así: «At Spanish Enclave, a Debate Over What Makes a Border» [En un enclave español, debate sobre qué conforma una frontera]. Hablaba sobre una tercera valla que Marruecos planeaba construir, algo que hacía necesario replantearse cuántas cercas tenía que salvar un africano antes de entrar en territorio español. También hablé con expertos sobre la historia de Melilla, que fue conquistada por la corona española en 1497, controlada desde una fortaleza y donde el dominio español se confirmó con el Tratado de Wad-Ras, firmado en 1860 por Marruecos después de varias derrotas militares. Marruecos firmó este y otros tratados fronterizos referidos a Melilla, mas nunca reconoció la soberanía española sobre el territorio. En 1998 hubo otro giro inesperado: España erigió su primera valla sin permitir que ninguna excavadora española operara en suelo marroquí. La valla, por lo tanto, no podría alzarse exactamente a lo largo de la línea que los cartógrafos habían trazado en su mapa. En resumen, escribí, «este caso plantea la cuestión de qué es exactamente una frontera: ¿una barrera física o algo más conceptual?».

Pensé que los lectores podrían comprender esta pregunta, estuvieran donde estuvieran e independientemente de que les interesara o no Melilla. En los últimos tiempos Estados Unidos se había visto inmerso en un debate fronterizo similar desatado por la promesa del presidente Donald Trump de erigir un muro en la frontera con México.

En Melilla también llegaron a mis oídos relatos de estrecheces económicas y de cómo la llegada de los subsaharianos estaba estragando la ciudad autónoma, pero sin que ello desencadenara protestas en la calle. De hecho, muchos de sus habitantes procuraban ayudar a los inmigrantes, en consonancia con los gestos de solidaridad que he visto en otros lugares, como Archidona. Los activistas también estaban removiendo cielo y tierra. Palazón, el director de Prodein, parecía encantado de pasar un rato conmigo, bien entrada la noche, hablándome sobre el maltrato a manos de los agentes de policía de los africanos que habían arriesgado sus vidas para llegar hasta Melilla.

Unos cuantos lugareños parecían molestos por la afluencia de inmigrantes, aunque no llegaban a estar furiosos. En efecto, la mayoría de ellos se quejaba de que la cobertura mediática estaba socavando la reputación de Melilla. Me dijeron que los periodistas deberían olvidarse de la valla y pasar a otro tema: hacer como aquella gente que había disfrutado de su mañana de golf.

SALIR DEL COMA: LA LUCHA

POR LA JUSTICIA TRAS UNA

NEGLIGENCIA MÉDICA

Un sábado otoñal de 2010 caminaba atravesando el casco histórico de Madrid para ver a unos amigos cuando me fijé en una tienda de campaña azul plantada en la plaza de Jacinto Benavente, frente al imponente edificio del Ministerio de Justicia.

Me detuve y observé aquella inesperada tienda, montada en mitad de una plaza desierta, y comencé a leer algunas de las pancartas que colgaban fuera de esta, las cuales eran en su mayoría quejas sobre el sistema judicial. Había una que decía: «¿Dónde está la justicia? ¿En coma?».

Mientras trataba de descifrar otros mensajes manuscritos utilizando la linterna de mi móvil, una mujer salió de la tienda de campaña. Me dijo que ella y su marido llevaban viviendo allí más de quinientos días cuidando de su hijo, que estaba encamado en el interior de la tienda. Este llevaba veintiún años en coma desde que se lo privara de oxígeno cuando se sometía a una operación de cirugía estética de nariz.

Mientras la mujer continuaba hablando de su trágica situación familiar, caí en la cuenta de que llegaría muy tarde a la cita con mis amigos, de modo que mascullé una disculpa por tener que irme. Le dije que era periodista y que esperaba volver otro día. Me sonrió con benevolencia, como si la mía fuera la enésima excusa de medio pelo que oyera. Con todo, antes de irme, se ofreció a presentarme a su hijo, Antonio. Al estar la caseta iluminada con una tenue bombilla, la oscuridad era tal que apenas podía distinguir nada, pero alcancé a ver el rostro macilento de un joven que llevaba una máscara de oxígeno y sudaba profusamente.

Al final salí de la tienda avergonzado por mis prisas por ver a mis amigos para salir de marcha un sábado por la noche. Los vi en uno de los bares del barrio de La Latina, pero de pronto descubrí que se me habían quitado las ganas de comer y beber. Mientras charlábamos, no dejaba de volverme al pensamiento aquel hijo en coma que se llamaba Antonio Meño Ortega. No estaba seguro de si realmente habría sido consciente de mi presencia mientras estuve junto a su cama.

Asimismo, en mi mente guardaba la imagen de una cara aún más joven que había visto en una fotografía fotocopiada dispuesta en una mesa a la entrada de la caseta. La imagen había sido tomada cuando Antonio era estudiante, poco antes de someterse a su rinoplastia. La foto realzaba sus penetrantes ojos negros, así como una nariz que le confería un aspecto duro, pero ni muchos menos feo.

Durante nuestra breve conversación, le había contado a la madre de Antonio, Juana Ortega, que yo era suizo, y ella me dijo lo mucho que a su hijo le gustaba el alpinismo. Antonio también tenía más o menos mi edad. ¿Por qué nuestras vidas habían seguido caminos que diferían de un modo tan abismal?

Tras despedirme pronto de mis amigos, apresuré el paso de regreso a mi casa para leer más sobre el caso de Antonio. Este había recibido una amplia cobertura en la prensa española porque el Tribunal Supremo acababa de reabrir su causa judicial contra la clínica privada Nuestra Señora de América, donde en 1989 le habían hecho aquella escabechina al operarle la nariz.

Al lunes siguiente, escribí a mi jefe para decirle que quería escribir un artículo sobre Antonio y su familia, casi a modo de proyecto personal. Cuando hablamos, lo convencí de que no solo era una tragedia humana, sino que esta también atañía a cuestiones sociales más amplias relacionadas con la lucha del individuo contra el sistema.

Al día siguiente, volví a visitar a Antonio y hablé con sus padres sobre la perversa espiral de pobreza e indignación a la que se habían visto arrastrados. Observé atentamente a Antonio mientras su madre le hablaba con dulzura, le colocaba la sábana y le ponía derechos sus brazos crispados. Él se retorcía, hacía muecas y en ocasiones parpadeaba frenéticamente cuando ella le hablaba. Pero la madre me contó que no estaba claro que su hijo comprendiera sus palabras ni que siquiera la sintiera cuando caminaba alrededor de su cama.

Lo que sí era seguro es que su familia había dado todos los pasos imaginables para que les impartieran justicia, algo que en el entretanto había conllevado enormes sacrificios. Habían librado una larga batalla legal para demostrar que una negligencia médica había conducido a su hijo al estado de coma, lo cual había comportado la pérdida de la frutería familiar, además de su hogar. Cuando los conocí, todavía debían 400.000 euros de costas de los casos judiciales que habían presentado anteriormente.

Juana me relató la historia de la rinoplastia de Antonio como si hubiera tenido lugar el día anterior, y no el 3 de julio de 1989: «Lo acompañé y la última vez que lo vi normal fue a las 10.45 de la mañana, cuando me dijeron que me marchara», me contó con los ojos arrasados en lágrimas.

Me explicó que el hospital se negaba a reconocer la negligencia de uno de sus médicos y que, para colmo, atribuía el accidente a que Antonio se había ahogado en su propio vómito. Repetidamente intenté conocer la versión del hospital, pero nunca obtuve respuesta.

Tras la chapucera rinoplastia, Antonio fue trasladado a un hospital público, donde pasó varios meses en una planta asignada a pacientes de sida y otras graves enfermedades contagiosas. Puesto que el hospital no le procuraba tratamiento alguno y se negaba a sacarlo de lo que su madre llamaba «un área inapropiada y muy peligrosa» del hospital, al final decidió llevárselo a casa.

En las dos décadas siguientes, la madre de Antonio apenas si se alejó de la cama de su hijo, salvo para presentarse en los tribunales, cuyo papeleo ella archivaba cuidadosamente en un rincón de la caseta. «Estoy cuidando de un niño de cuatro meses que en realidad tiene cuarenta y dos años, y eso es mucho trabajo», me dijo. Sus otros tres hijos también visitaban a su hermano con regularidad y ayudaban a correr con los gastos de su cuidado.

Junto al lecho de Antonio su madre tenía un paquete de pañales y tres bidones de agua que usaba para asearlo dos veces al día. Amontonaba las papillas de bebé al lado de un hornillo de gas portátil. El quiosco que había cerca había consentido en llevar un cable eléctrico hasta la tienda de campaña, con una bombilla luciendo justo encima de la cama de Antonio, la cual iluminaba asimismo varias estampas de santos y otras imágenes religiosas que estaban colocadas por todo el interior de la caseta. Estas, sin embargo, eran regalos de amigos y visitantes, insistió Juana. «Esta tragedia no me ha ayudado a tener fe», dijo con semblante adusto.

Mujer de arrestos y fornida, estaba claro que Juana estaba al cargo de Antonio. Su marido, Antonio Meño, repartía su tiempo entre sentarse en una de las sillas plegables del refugio, ver la tele en un pequeño televisor y hacer recados. El marido me dijo que prefería dejar que ella se ocupara de los visitantes y parecía reacio a hablar sobre sus sentimientos conmigo. Pero reaccionó contundentemente cuando le pregunté si alguna vez había deseado que su mujer abandonara la batalla legal. «Haré todo lo que esté de mi mano por nuestro hijo —me dijo—. Si ser padre significa algo, es conservar la entereza y estar presente en la adversidad.»

La familia había sacado a Antonio a la plaza después de recibir el permiso del Ayuntamiento para protestar a la puerta del Ministerio de Justicia. Cuando en aquel entonces su marido comenzó a construir el refugio, las autoridades de la ciudad hicieron la vista gorda. «Nadie hace algo así en Madrid, de modo que probablemente no supieron cómo reaccionar —me dijo Juana Ortega—. Pero creo que, en su fuero interno, todo el mundo sabe que merecemos justicia.»

Cada mañana Juana Ortega reescribía la pancarta del exterior de la caseta para mostrar exactamente cuántos días llevaban allí. Adaptarse a un espacio tan angosto y precario era «un verdadero desafío», me dijo. Por las noches se oía el ruido de la calle, así como a los borrachos que, en ocasiones, se aliviaban detrás de la caseta, «como si estuvieran intentando mearse en mi hijo», añadió.

Con todo, la madre no lamentaba haberse mudado a la caseta. Vivir en una plaza madrileña, me dijo, le había permitido dar a conocer a «personas maravillosas» el sufrimiento de Antonio. «Aquí hemos recibido el respeto y la atención que, desgraciadamente, la justicia nos ha negado —señaló—. La gente de a pie se identifica con nosotros, al contrario de esos poderosos jueces que nos ven solamente como simples números.»

Empecé a sentir un apego cada vez mayor por Antonio. Pero, tal y como le había dicho a mi jefe, también deseaba que mi artículo se leyera desde otra perspectiva. En cierto sentido, la historia de Antonio hablaba de la lucha de una familia de clase trabajadora que intentaba obtener un juicio justo en los tribunales y de lo lento y costoso que podía ser el poder judicial.

Al mismo tiempo, tampoco quería que mi artículo se leyera a modo de crítica de la sanidad española, ejemplar en otros aspectos. Antonio había recibido un mal trato, pero había sido especialmente desafortunado. Yo conocía a muchas otras personas a las que la sanidad había proporcionado tratamientos rápidos y con éxito, ya fuera en hospitales públicos o privados. Muchas de ellas se habían sometido a intervenciones quirúrgicas mucho más complejas que una rinoplastia a manos de algunos de los médicos mejor formados del mundo.

Por suerte, mi experiencia personal con la sanidad pública española ha sido limitada, pero casi siempre positiva. La mayoría de los médicos y las enfermeras se toman su tiempo en explicarte claramente lo que están haciendo.

Para escribir un reportaje, una vez me recorrí varios centros médicos del País Vasco y conversé con las autoridades locales sobre lo rápido que se hacían las pruebas a sus habitantes en un giro hacia una asistencia médica preventiva. En 2018 los responsables vascos lanzaron un programa gratuito de detección de cáncer de útero, además de otros para detectar el de pecho y colon.

Las estadísticas ponen de manifiesto que España gasta en salud menos que Francia, Alemania y el resto de los países europeos más grandes, pero está produciendo algunos de los mejores resultados, tal y como apuntan los índices de mortalidad y otros tantos.

Hace cinco siglos, el explorador español Juan Ponce de León llegó a Florida en busca de la fuente de la juventud. En cambio, hoy en día, lo que España está explorando son los confines de la vejez. En 2040 España debería superar a Japón en ser el país con mayor esperanza de vida, según un estudio estadounidense que en 2018 publicó el Institute for Health Metrics and Evaluation, con sede en Seattle. El estilo de vida, la dieta y otros factores contribuyen a ello, pero eso no habría sido posible sin un sólido sistema sanitario accesible a todos.

Después de que la crisis financiera asolara España, muchos miembros del personal sanitario se manifestaron contra los recortes presupuestarios, por sus salarios y las condiciones laborales. Sin embargo, nunca han amenazado con paralizar un sistema sanitario que suscita una mezcla de admiración y envidia entre los numerosos turistas y demás visitantes extranjeros. Los problemas de los tratamientos sanitarios españoles palidecen frente a los de otros grandes países europeos, como el Reino Unido y su sobrecargado sistema sanitario nacional. Para muchos estadounidenses angustiados por el encendido y largo debate sobre el Obamacare, la prioridad no es siquiera garantizar una buena atención sanitaria, sino, al menos, un acceso básico a los tratamientos en un país donde la gente se las ve y se las desea para entrar en un hospital sin antes tener que demostrar que su tarjeta de crédito funciona.

Puede que los médicos cometan errores. Ahora bien, creo que, en realidad, debería alabarse más a los médicos por salvar vidas, en lugar de culparlos cuando hay una negligencia. El reconocimiento público no lo es todo, pero puede contribuir considerablemente a aliviar el descontento. En marzo de 2020 este reconocimiento se convirtió en una enorme muestra de solidaridad en todo el país, cuando España se vio gravemente afectada por la COVID-19. El coronavirus sacó a la luz serias e inesperadas grietas en el sistema sanitario español, al que la virulencia de la epidemia, en especial en Madrid y un puñado de regiones más, tomó por sorpresa.

Lamentablemente, la epidemia asimismo obligó a los profesionales de la sanidad a demostrar su compromiso y su profesionalidad, en ocasiones mucho más allá de su deber.

Durante la primavera de 2020, los ciudadanos salieron a sus balcones y ventanas cada día a las ocho de la tarde para aplaudir a sus sanitarios. Pero, aparte del reconocimiento, espero que, a raíz de la dolorosa experiencia de la COVID-19 que ha diezmado la población española, el personal sanitario exija cambios y mejoras mayores en el sistema español de respuesta ante las emergencias.

Todos los países han luchado contra el coronavirus, desde luego. Pero en el momento en que escribo este libro, todavía quedan preguntas por responder relativas a cómo se ha gestionado desde La Moncloa primero y las autonomías después esta crisis sanitaria. Uno de los capítulos más oscuros fue el hecho de que las autoridades españolas no lograran suministrar equipos de protección básica y pruebas a los profesionales sanitarios, a riesgo de convertirlos también en los principales vectores de transmisión del virus. Está por ver si se exigirán responsabilidades a algún político o alto cargo de Sanidad por esta importante falla.

En el caso de Antonio, el verdadero problema no solo fue que no se asumieran responsabilidades, sino que repetidamente se negara la existencia de cualquier negligencia. En noviembre de 2010 su familia por fin logró que el Tribunal Supremo reabriera el caso gracias a un nuevo testigo que también había plantado su tienda de campaña y después prestó testimonio contra el hospital. El testigo era un médico que, en calidad de aprendiz, había presenciado la operación que tuvo lugar en la clínica Nuestra Señora de América. Este afirmó ante el juez que al anestesista de Antonio lo llamaron a otro quirófano y que, al regresar, descubrió que el tubo de oxígeno a través del que respiraba Antonio se había desconectado, lo que lo dejó en una desastrosa situación.

Tras oír la declaración del médico, el magistrado anuló las sentencias anteriores contra la familia y la eximió del pago de 400.000 euros en concepto de costas judiciales. El Supremo asimismo canceló el embargo de su vivienda, lo que permitió que Antonio y su familia regresaran a casa para las Navidades. En la sentencia final de 2011, el alto tribunal obligaba a indemnizar a la familia con un millón de euros por la crasa negligencia que había padecido su hijo.

Antonio falleció el 28 de octubre de 2012, después de veintitrés años en coma. La larga batalla que libraron sus padres no le había ayudado a recobrar la salud, pero al menos había servido para que a la familia se le restituyeran su dignidad y su hogar.

No pude escribir sobre su muerte y tampoco es que lo que había escrito al inicio contuviera ninguna revelación novedosa. Pero mi artículo sobre la lucha que había librado la familia de Antonio generó muchos comentarios por parte de los lectores de The New York Times precisamente porque el asunto les llegó al alma, y no porque tuvieran un especial interés en lo que sucedía en España. La cuestión no era la singularidad o la importancia del país que cubría en cuanto corresponsal, sino más bien cómo los deseos y los miedos motivan a las personas, y cómo estas en ocasiones calculan mal o tienen una mala suerte atroz. Cualquier lector que alguna vez se hubiera preocupado por su aspecto físico podría imaginarse verse inmerso en una tragedia médica como la de Antonio.

UN OLVIDO A LA AMERICANA:

DÉCADAS DE RESIDUOS NUCLEARES

EN PALOMARES

Uno de los momentos más oscuros en la relación entre Estados Unidos y España sucedió un claro día de invierno, en el cielo de la pedanía costera almeriense de Palomares.

El 17 de enero de 1966, el Ejército del Aire estadounidense estuvo a punto de provocar una tragedia nuclear cuando de uno de sus bombarderos cayeron cuatro bombas de hidrógeno tras chocar con un avión cisterna que sobrevolaba Palomares. Dos de las bombas contaminaron la atmósfera con plutonio, aunque milagrosamente las ojivas no estallaron.

Tras el choque hubo un chapucero intento de limpiar la zona afectada, así como una operación de encubrimiento político. Si bien el ejercicio de limpieza no culminó, el maquillaje diplomático fue, eso sí, más concienzudo.

El accidente había sucedido, por supuesto, en mitad de una guerra fría en la que Estados Unidos forcejeaba con la Unión Soviética mientras un régimen dictatorial que censuraba la información dirigía España. El régimen de Franco no quería perturbar la importante alianza con Estados Unidos que se había cimentado durante la visita a Madrid del presidente Dwight Eisenhower en 1959.

Andando el tiempo, la Guerra Fría concluyó, pero no así las tiranteces diplomáticas en torno a Palomares, motivo por el que en varias ocasiones he viajado al pueblo almeriense para escribir reportajes.

The New York Times cubrió la información de Palomares desde el momento mismo en que se filtraron las noticias sobre aquel extraño y preocupante accidente. Uno de los corresponsales extranjeros, Tad Szulc, había visitado Palomares dos semanas después del accidente aéreo y, con el tiempo, convirtió sus artículos en un libro llamado Las bombas de Palomares , que el cineasta Luis Buñuel incluso consideró adaptar para hacer una película.

Cuando Szulc viajó a Palomares, escribió lo siguiente para el rotativo: «Sobre esta diminuta comunidad agraria española planea una descarnada conciencia de la era nuclear». Szulc describió la misión de búsqueda y rescate que se estaba llevando a cabo, que comprendía la decisión de abandonar los tomates que se cultivaban en los campos de los contornos debido al miedo a la radiactividad. Ahora bien, en dicho artículo no se criticaba con mucha contundencia la gestión de la limpieza.

En mi primer viaje a Palomares, en marzo de 2011, descubrí que los tomates seguían siendo allí un problema, ya que los responsables de la limpieza, en lugar de eliminar los tomates o de al menos enterrarlos, habían decidido quemar la cosecha, lo que contribuyó a extender la contaminación. Los agricultores de Palomares me contaron que desde mucho tiempo atrás se había estigmatizado su producción de tomates, lechugas y sandías, y que esta no había llevado la etiqueta de Palomares hasta los años ochenta por el miedo que había a la contaminación.

Salvo por unos pocos agricultores que laboraban los campos, Palomares parecía un pueblo aletargado, especialmente en invierno. Las rachas de viento llegan a ser tan fuertes que cuesta caminar por la playa. Recuerdo que pensé que en semejante clima no se debería permitir que flotaran en el aire unas partículas radiactivas.

Lo que había motivado mi visita en 2011 era que los Gobiernos de Washington y Madrid al fin parecían cercanos a firmar un acuerdo para limpiar Palomares y cualquier residuo contaminante que hubiera quedado en aquellas tierras. Un mes antes de mi viaje, Trinidad Jiménez, la entonces ministra de Exteriores, había declarado en el Senado que la limpieza de Palomares era «una prioridad». Al cabo de unos días, Washington mandaba a un equipo de expertos a Palomares con el fin de ayudar a estudiar cómo limpiar aquel emplazamiento que se había convertido en el más radiactivo de Europa occidental.

Todos coincidían en señalar que Palomares seguía contaminado a causa de que la depuración inicial había sido insuficiente y había estado mal gestionada. Después del accidente, se habían enviado unos 5.000 bidones de tierra tóxica desde la localidad almeriense hasta el sur de California, pero a pesar de eso todavía persistía en Palomares parte de aquel plutonio que España también quería que se llevasen a casa los estadounidenses, pues el país no contaba con instalaciones para almacenar tanta tierra tóxica.

De hecho, la investigación que se había llevado a cabo en España había suscitado preocupaciones mayores acerca de los niveles de radiactividad en los alrededores de Palomares. El principal desasosiego de los científicos era que se estaba dejando que el plutonio degenerara y diera lugar a otros componentes radiactivos, como el americio, que emite una radiación gamma que, al viajar más lejos, es más difícil frenar.

La sofisticación de este trabajo analítico contrastaba con las precarias medidas de seguridad que descubrí una vez allí. Después de que aquel estudio se concluyera en 2008, las autoridades españolas habían dividido la tierra contaminada en tres secciones principales que cubrían un total de cerca de cuarenta hectáreas, algunas de las cuales casi lindaban con casas particulares, además de con cultivos e invernaderos. El tramo más escarpado de matorrales se cercó con una mera cinta de plástico en lugar de con vallas, lo que provocó que un pastor y sus ovejas, por completo ajenos a los problemas para la salud, hubieran cruzado alegremente aquella área un mes antes de mi visita. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), heredero de la Junta de Energía Nuclear ( JEN), presentó una denuncia a la Policía contra el pastor. Recuerdo que pensé que, de haber juicio, probablemente el pastor también interpondría una demanda contra Ciemat por no instalar una cerca maciza con el fin de impedir que los animales cruzaran aquel terreno. Me pareció muy extraño que, en un país moderno como España, alguien pensara que rodear un lugar con una cinta de plástico pudiera considerarse una protección suficiente.

Unos meses después de mi viaje a Palomares, Hillary Clinton visitó España en calidad de secretaria de Estado por vez primera. En febrero de 2012 se volvió a reunir con José Manuel García-Margallo, el entonces ministro de Exteriores español, que luego contó a la prensa española que Clinton le había prometido que pronto habría algunas «buenas noticias» sobre el compromiso estadounidense para limpiar Palomares. Pero Clinton no hizo que aquellas buenas noticias se materializaran.

Así las cosas, en 2016 yo mismo participé en una amplia investigación sobre las consecuencias de Palomares, cuando se cumplían cincuenta años desde que el bombardero estadounidense estuviera a punto de provocar un apocalipsis nuclear. La investigación la dirigía mi colega en Washington, Dave Philipps, que entrevistó a docenas de antiguos aviadores y fue el primero en acceder a unos documentos que recientemente se habían desclasificado acerca del accidente aéreo de Palomares. Sus pesquisas contradecían con claridad la antigua afirmación del Ejército del Aire estadounidense de que no había habido ninguna radiación dañina en el accidente, y de que se habían tomado las medidas de seguridad adecuadas para proteger a todos los miembros de las 1.600 tropas que habían trabajado en las inmediaciones de Palomares después del suceso.

Philipps presentó algunas informaciones rompedoras sobre cómo el Ejército del Aire estadounidense había ocultado intencionadamente los resultados de las pruebas de radiación de los informes médicos de parte del personal militar que había limpiado Palomares en 1966, y sobre cómo muchas de esas personas padecían intoxicación por el plutonio. De los cuarenta veteranos que Philipps identificó que habían trabajado en Palomares, veintiuno tenían cáncer.

Mi labor periodística fue mucho más sencilla que la de mi colega. Me volvieron a mandar a Palomares para hablar de nuevo con los habitantes que habían sido testigos del accidente o de sus secuelas. Algunos aldeanos me dijeron que sabían que había habido un grave accidente, pero que nunca les habían informado de los peligros de la contaminación. Algunos incluso habían considerado el accidente una oportunidad para rescatar material provechoso de la aeronave, como José Manuel González Navarro, un mecánico que me contó que, tras comprobar que su casa no había sufrido daños, había conducido su motocicleta hasta el lugar del accidente en busca de los restos. Encontró una bomba sin detonar unida a un paracaídas, el que se llevó a casa, junto con algunas herramientas y pernos que halló desperdigados por el suelo.

«Solo pensaba en qué objetos serían más útiles —me dijo—. Me gustaba la pesca, y estaba claro que las correas del paracaídas, finas pero macizas, eran perfectas para convertirlas en un cinturón de lastre para bucear.»

Me pasé mucho tiempo hablando con personas que habían arriesgado su salud, cuando no su vida, sin ser conscientes de ello. Entre estas estaba Martín Moreno, quien, a pesar de contar ochenta y un años cuando hablamos, recordaba vívidamente la premura con la que había ido al cementerio local acompañado de un amigo después de ver el accidente aéreo y observar la caída de algo desde el cielo. Mientras llegaban al camposanto, vislumbraron a un piloto estadounidense que parecía estar sentado en el suelo. Ahora bien, cuando estuvieron cerca, el piloto resultó estar muerto, «con la cabeza completamente hundida entre los omoplatos, como si no tuviera cuello», dijo Moreno imitando la postura del piloto.

A continuación, Moreno se encaramó a la bomba que había junto al cuerpo porque no alcanzaba a comprender qué era aquello. «Parecía un extraño ataúd amarillento con una raja a un lado», dijo. Con la ayuda de un destornillador, intentó abrirlo, en vano, eso sí, ya que la carcasa era demasiado dura.

La idea de que Moreno hubiera intentado abrirse camino pasando por encima de la bomba me dejó estupefacto, pero asimismo me hizo ser muy consciente del poder de la información, ya se halle en manos de políticos, militares, científicos o periodistas. Los habitantes de un remoto pueblo dedicado a la agricultura, en una época en la que España estaba aislada políticamente y eran pocos los campesinos que siquiera tenían un televisor en casa, no tenían la oportunidad de estar al corriente de la información que los mandatarios estadounidenses y españoles mantenían en la sombra sobre la dimensión de un accidente del que Palomares se había salvado de milagro, pero que se había llevado las vidas de siete de los once tripulantes de los aviones estadounidenses.

Y, mientras el Ejército del Aire estadounidense se afanaba en eliminar cualquier rastro de su error militar, los aldeanos celebraban que Palomares no hubiera sufrido un impacto directo y que, además, los soldados estadounidenses llegaran allí cargados de cigarrillos y cerveza que compartían con ellos. «Había un ambiente casi festivo», dijo González Navarro.

Los estadounidenses decidieron no evacuar Palomares y, por si fuera poco, les dijeron a los vecinos del pueblo que no se preocuparan por su salud. También les prometieron una indemnización económica por la pérdida de sus cosechas. En cualquier caso, los aldeanos eran sencillamente demasiado pobres para pensar en su salud en vez de en sus ingresos.

«Nos dijeron que quizá deberíamos deshacernos de la ropa que habíamos llevado puesta ese día o, al menos, lavarla a conciencia; pero, por supuesto, aquí nadie podía permitirse tirar su ropa a la basura —me dijo González Navarro—. Veíamos a algunos soldados estadounidenses rondando por ahí con detectores, pero nadie fue consciente de que hubiera peligro.»

«Creo que se actuó conforme tanto al conocimiento tecnológico del que se disponía en aquel entonces como a la coyuntura política en España en aquel momento —me dijo Yolanda Benito, directora del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat—. España era una dictadura, y ese no es, que digamos, el Gobierno más transparente del mundo.»

Sin embargo, en los últimos años España ha intentado presionar a Estados Unidos para que actúe, tal y como se constató en la noticia que publicó el diario El País sobre uno de los cables confidenciales contenidos en los documentos de WikiLeaks, cable que en 2009 el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos había enviado a la secretaria de Estado Hillary Clinton avisando de que la opinión pública española podría volverse contra Estados Unidos si España divulgara el contenido de un reciente estudio sobre la contaminación en Palomares.

Los científicos de Ciemat encontraron unos 50.000 metros cúbicos de suelo radiactivo —que superaban con creces la tierra contaminada que se había trasladado a Estados Unidos en 1966—, lo que llevó a las autoridades a expropiar parte de los terrenos y a vallarlos. No obstante, los lugareños me dijeron que el estudio se había impulsado por intereses no tanto científicos como económicos y que se había emprendido después de que algunos promotores inmobiliarios anunciaran que querían invertir en aquella zona.

No se ha aclarado, sin embargo, por qué Estados Unidos ha estado dando largas sobre el asunto de Palomares. En octubre de 2015, John Kerry, el entonces secretario de Estado norteamericano, se comprometió a que su país eliminaría toda contaminación de aquellas tierras. Durante una visita a Madrid, Kerry firmó una declaración de intenciones para restituir en Palomares la normalidad previa a 1966. La firma tuvo lugar después de que España permitiera la expansión de la presencia estadounidense en las bases militares españolas.

Al igual que con la anterior promesa que hiciera Clinton, la de Kerry, en virtud de la cual «Estados Unidos asumiría su responsabilidad y cumpliría con su deber», todavía ha de traducirse en acciones concretas.

En Palomares llegaron a mis oídos opiniones diferentes sobre por qué el emplazamiento continúa contaminado y por qué Estados Unidos permitió que la localidad almeriense siguiera desdorando su reputación en España. Antonio Fernández Liria, el alcalde de Cuevas de Almanzora, el municipio al que pertenece Palomares, creía que los estadounidenses eran reacios a la idea de llevarse más tierra contaminada porque «simple y llanamente no quieren sentar un precedente, pues si asumen todas sus responsabilidades, habrá muchos otros países que les pedirán que reparen otros errores». Su conclusión era clara: «Esto es una vergüenza para todos los implicados».

Al contrario de mi colega en Washington, no obtuve una respuesta inequívoca sobre la salud de los habitantes de Palomares ni sobre si había habido allí un alto índice de casos de cáncer como el existente entre los aviadores estadounidenses que habían limpiado la zona del accidente en 1966. Ciemat aseguró que sus informes médicos mostraban que la frecuencia de cáncer en Palomares estaba en consonancia con la de otras localidades de aquella área.

En cualquier caso, algunos habitantes adoptaron una perspectiva más cínica sobre el motivo por el que las autoridades estadounidenses y españolas nunca habían evacuado Palomares. «Nos están utilizando a modo de cobayas, para ver qué le ocurre a la gente que vive en una zona contaminada —me dijo Francisco Sabiote, un fontanero de la localidad—. Nos dicen que no hay ningún problema, pero también que hay que llevarse más tierra de aquí. Si eso es lo que de veras hay que hacer, ¿a santo de qué viene esta espera?»

En 1966 a los vecinos de Palomares no se les dijo lo que realmente había sucedido en aquel accidente aéreo sobre su localidad. Hoy en día, muchos de sus habitantes ya no quieren que se les diga. Algunos incluso han dejado de viajar a Madrid para hacerse su prueba periódica de radiactividad bajo la supervisión de Ciemat. Sabiote, que cuando nos conocimos tenía veintisiete años, me dijo que la última vez que se había hecho un reconocimiento médico en Madrid contaba doce años y que no tenía intención de volver. «Todos morimos algún día de una cosa u otra», me dijo encogiéndose de hombros.

LA LARGA SOMBRA DE FRANCO:

LA MEMORIA HISTÓRICA COMO

ASIGNATURA PENDIENTE

Poco después de mi llegada a Madrid, visité el Museo de Historia de la ciudad, que está repleto de impresionantes salas dedicadas a la ocupación napoleónica y otros sucesos bélicos. Con todo, para mi sorpresa, no hallé ninguna mención a la Guerra Civil.

Hay fotos de la construcción de los mataderos de Madrid en 1928. Pero cuando le pregunté a un responsable del museo por qué no había nada sobre la destrucción que tuvo lugar una década más tarde, me sugirió que escribiera mi pregunta en el libro de visitas. Seguí su consejo y dejé mis datos para que me contactaran, aunque nunca nadie lo hizo.

A todos los países les cuesta lidiar con ciertos momentos de su historia. En la vecina Francia, por ejemplo, hay relatos tergiversados sobre la colaboración francesa con los nazis, que durante mucho tiempo se trató como un tabú. En 1995 Jacques Chirac, el entonces presidente, por fin pidió perdón por el papel de las autoridades francesas en la redada masiva de judíos en París en 1942, un infame suceso que en francés se conoce como Rafle du Vel’ d’Hiv [redada del Velódromo de Invierno]. París tardó seis décadas —lo hizo en 2004— en descubrir una placa conmemorativa en homenaje a sus primeros «libertadores extranjeros», la mayoría de ellos soldados españoles de «La Nueve», que lograron alcanzar el Ayuntamiento parisino el 24 de agosto de 1944, a pesar de que las tropas alemanas todavía controlaban la capital francesa.

Aun así, la cuestión es cuánto tarda un país no solo en afrontar su pasado, sino también cuándo lo da a conocer y hace que la mayoría de la población lo entienda.

En España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que ese momento había llegado en 2007, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica, que fomentaba la búsqueda de fosas comunes al tiempo que exigía la retirada de los símbolos franquistas en los espacios públicos. La ley entró en vigor treinta años después de la Ley de Amnistía, cuyo objetivo, por el contrario, había sido perdonar y olvidar. A finales de los años setenta, todos los políticos habían aunado esfuerzos para encarar la difícil tarea de consolidar el retorno de la democracia a España. Juntos decidieron que esa transición no renovara las disputas sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

En cambio, la ley de 2007 no la redactaron políticos de ambos bandos. Fue una iniciativa socialista que se centraba en las víctimas silenciadas de Franco, entre ellas, los miles de personas que habían sido arrojadas a las fosas comunes. En consecuencia, dicha ley de inmediato estuvo al arbitrio de la política bipartidista de España. Quizá no extrañe que, cuando el PP ganó las elecciones con una mayoría aplastante en 2011, la ley quedara aparcada en la práctica. El Gobierno de Mariano Rajoy no solo cortó la financiación, sino que asimismo cerró la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. En junio de 2018, de manera abrupta, volvió al poder un Gabinete socialista. Una de las primeras iniciativas que anunció Pedro Sánchez fue la «inminente» exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

La exhumación, eso sí, fue de todo menos inminente. Durante un año la familia de Franco libró una batalla legal, al mismo tiempo que un partido ultranacionalista en pleno auge, Vox, lideraba las críticas contra Sánchez, tildándolo incluso de «carroñero» y acusándolo de profanar tumbas.

Participé en un debate radiofónico en la Cadena SER el fin de semana que el Tribunal Supremo suspendía el intento de exhumar los restos de Franco. Más que en el propio auto, nuestro debate se centró en las palabras empleadas por el alto tribunal para describir a Franco, a quien se había referido como «jefe del Estado del 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975». Dicho de otro modo: los jueces reconocían la autoproclamada legitimidad de Franco más de dos años antes de ganar la guerra. Uno de los invitados al programa de radio era Ángel Viñas, historiador y antiguo diplomático de pajarita. Dijo que el Supremo no había sido imparcial y que, además, «había decidido añadir una espeluznante interpretación franquista de nuestra historia».

No era la primera vez que me asombraba la manera en que la España institucional definía a Franco. En 2011 escribí un artículo sobre el modo en que el régimen franquista se describía como «autoritario, no totalitario» en un diccionario biográfico que era proyecto de la Real Academia de la Historia. El diccionario, que también elogiaba el liderazgo de Franco y su valentía en la Guerra Civil sin ninguna referencia a los asesinatos de civiles y la purga de sus oponentes, había tardado doce años en redactarse y había costado 6,5 millones de euros a las arcas públicas. Su finalidad era servir de obra de referencia para las bibliotecas de todo el país. Sin embargo, por alguna razón, la entrada sobre Franco se había encomendado a Luis Suárez, más un especialista en Historia medieval que en la del siglo XX y que, además, era un conocido apologista de Franco.

Algunos historiadores criticaron la composición conservadora de los miembros de la Academia y exigieron la dimisión de su presidente, Gonzalo Anes. Pese a ello, Anes continuó en su cargo, alegando que no había tenido tiempo para leer la sección dedicada a Franco, que al final se reescribió.

En aquel entonces traté el asunto de la descripción de Franco con José Álvarez Junco, catedrático de Historia y uno de los más distinguidos especialistas en el pasado reciente de España.

«Mi opinión es que los españoles quizá estén hoy más incómodos con el legado de la Guerra Civil que hace veinte o treinta años —me dijo Álvarez Junco—. Aproximadamente desde el año 2000 tenemos, de hecho, una nueva generación en la izquierda que ha dado un mayor impulso al debate, pues quieren saber lo que realmente sucedió a sus abuelos.»

He visto que algunos de esos abuelos también querían que se contara su historia antes de que su generación desapareciera por completo. En la década pasada supe de gente que había sufrido la guerra en sus carnes y todavía se sentía herida por el escaso reconocimiento que se daba a los sacrificios que había hecho su generación o a sus propios esfuerzos para encontrar a familiares desaparecidos.

A finales de 2018 escribí una semblanza en The New York Times de José Moreno, un vasco que acababa de celebrar sus cien años y a quien le gustaba que en Bilbao lo conocieran como «el último gudari». Durante la guerra habían detenido a Moreno y lo habían condenado a muerte, pero por algún motivo aquella sentencia se sustituyó por una pena de cárcel y trabajos forzados en un campo. Cuando lo visité, se pasaba la mayor parte de sus mañanas pegado al televisor, siguiendo la política española y, especialmente, el esfuerzo de Sánchez por exhumar a Franco. Moreno no solo quería que se sacara a Franco del Valle de los Caídos, sino que, además, se ofreciera una nueva interpretación en los libros de Historia española de modo que el dictador tuviera «el mismo tratamiento que Hitler y Mussolini, los otros dos criminales fascistas», me dijo. A su parecer, España necesitaba afrontar su pasado lo antes posible y pasar la página de su Ley de Amnistía de 1977. «Franco no perdonó; de modo que ahora no nos vengan pidiendo no solo que perdonemos, sino que encima olvidemos también», dijo. Por desgracia, Moreno no llegó a ver en la televisión la exhumación de Franco en octubre de 2019: había fallecido unos meses después de mi visita.

En 2015 viajé a Valencia, donde un nuevo alcalde izquierdista, Joan Ribó, intentaba retirar los símbolos franquistas de su ciudad. Entrevisté a Alejandra Soler, que por entonces tenía ciento dos años y a quien el Ayuntamiento de Ribó le acababa de conceder la distinción de hija predilecta de la ciudad.

Soler era comunista y había sido una de las primeras mujeres en obtener un título universitario en España, justo antes de la Guerra Civil, amén de convertirse en líder del movimiento estudiantil. Cuando Franco ganó la guerra, Soler huyó a Francia y después se escapó con su marido de uno de los campos de internamiento del Gobierno de Vichy hasta que, al final, logró llegar a la Unión Soviética. Se hizo maestra y estaba en Stalingrado cuando el Ejército alemán lanzó su devastadora ofensiva. Se las arregló como pudo para escapar de Stalingrado y puso a salvo a catorce niños llevándolos a la otra orilla del Volga.

Soler estaba muy frágil de salud cuando la visité, pero tenía esa portentosa memoria selectiva que con frecuencia he hallado en las personas mayores, que pueden recordar con más detalle lo ocurrido en un pasado remoto que lo que hicieron la semana anterior. Tras su apasionante relato de la Guerra Civil, Soler me dijo: «Como antigua maestra que soy, lamento de veras comprobar que los niños españoles de hoy en día saben tan poco sobre nuestra historia».

Por supuesto, la historia de España es más que la Guerra Civil y Franco. Pero ¿debería alguien omitir intencionadamente todo lo concerniente a los años más dolorosos de la historia contemporánea del país? ¿Acaso España no debería poner todo su empeño en valorar los extraordinarios relatos de los últimos supervivientes de la generación de la Guerra Civil? Por suerte, al menos el archivo de Soler y su marido, el periodista Arnaldo Azzati, encontró un nuevo hogar en la Universidad de Valencia, después de que ella muriera en 2017.

Transcurridas ya más de cuatro décadas desde la muerte de Franco, ningún político ha conseguido construir un museo de la Guerra Civil en una ciudad como Madrid, que, por otro lado, reúne algunos de los mejores museos del mundo. Cualquiera que visite la capital española necesita ser poco menos que un detective para encontrar los escasos vestigios que quedan del papel fundamental de Madrid en la guerra.

Algunos edificios madrileños muestran las marcas de las balas y otras cicatrices de guerra, mientras que las pendientes del Parque del Oeste albergan búnkeres y nidos de ametralladoras que fueron construidos durante la intensa lucha por controlar la capital. Eso sí, no hay ninguna cartela que explique esta infraestructura militar en ruinas. En cambio, abunda la información sobre cómo utilizar las instalaciones de gimnasia al aire libre que se hallan a unos metros de un antiguo fortín.

En los alrededores se alza el antiguo templo de Debod, un regalo que Egipto hizo a España en 1968 en señal de agradecimiento por la contribución española a la preservación de algunos de los monumentos de Abu Simbel. Pero en 1936 este estratégico emplazamiento desde el que se divisa la ciudad estaba ocupado por el Cuartel de la Montaña. Al recuperar el control del Cuartel de la Montaña, cuya toma había estado dirigida por el general Fanjul, los republicanos frenaron el golpe de Estado de julio de 1936 en Madrid, lo que, en consecuencia, llevó a España a una guerra de tres años. Por lo que he visto, son muchos los madrileños que disfrutan de pasear o correr cerca del templo, pero relativamente pocos los que saben que en tiempos aquello fue un cuartel.

David Mathieson, un historiador aficionado británico a quien le apasiona la Guerra Civil, me llevó una vez a un improbable museo privado montado por un habitante de Morata de Tajuña, un municipio a las afueras de Madrid que estuvo bajo el dominio republicano durante la guerra, a pesar de los bombardeos aéreos. Morata está cerca del valle del Jarama, donde las tropas franquistas libraron una larga batalla para cortar el acceso por carretera entre Madrid y Valencia. El bigotudo dueño del museo, Gregorio Salcedo, de niño había batido el campo de batalla del Jarama en busca de chatarra porque, según recordaba, «tenía hambre y sabía que se podía ganar dinero con el metal». Sin embargo, al correr del tiempo, Salcedo empezó a guardar todo lo que encontraba, además de visitar mercadillos para comprar recuerdos del campo de batalla.

En cuanto conservador museístico aficionado, Salcedo se las compuso para reunir una de las más importantes colecciones de objetos de la guerra en la región de Madrid, los cuales ahora se exponen en la parte trasera de un restaurante familiar. «Ha tenido que aparecer gente como Salcedo para que se lleve a cabo una labor de conservación que normalmente haría un Estado», me dijo Mathieson.

La animosidad política en torno al Valle de los Caídos sugiere que España podría no llegar a construir nunca un museo nacional de su Guerra Civil. Santos Juliá, quien fuera uno de los historiadores más respetados de España, me dijo una vez que España debería al menos tener un museo que cubriera la historia del siglo XX . «Creo que destacar la Guerra Civil es demasiado polémico y, en verdad, no ayuda a explicar la historia, ya que esa guerra—me aclaró— no puede entenderse sin saber lo que sucedió antes, de igual modo que lo que ocurrió después no se puede comprender si no hay un conocimiento sobre la guerra.»

¿Acaso a los extranjeros como Mathieson les interesa la Guerra Civil más que a la mayoría de los españoles? Puede que no sea así, pero lo cierto es que yo he recibido un sinfín de correos electrónicos de estadounidenses interesados en ella (¡y no solo por Hemingway!). Algunos tienen algún lazo familiar con sucesos como la batalla del Jarama, donde las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios de izquierdas de Europa y Estados Unidos, fueron al frente para impedir que el fascismo se extendiera por Europa.

En 2019 la exhumación de Franco finalmente tuvo lugar entre dos elecciones generales, algo que les brindó a los políticos muchas oportunidades para aludir al pasado. En la noche de las elecciones de abril, Sánchez hizo una referencia velada a la España de Franco en su discurso de victoria electoral al decirle a los simpatizantes congregados a la puerta de la sede del PSOE que «ha ganado el futuro y ha perdido el pasado».

La alargada sombra de Franco no solo continúa alcanzando a la política española. También me ha llamado la atención el exiguo consenso que existe sobre el impacto de Franco en el desarrollo económico. Algún que otro economista de derechas defiende, como es natural, el historial de Franco en cuanto gran modernizador de España, por ejemplo, Roberto Centeno, que ha escrito sobre «el auténtico milagro» que constituye el legado que Franco había dejado en 1975.

España salió de su aislamiento y su atraso cuando un grupo de economistas ayudaron al régimen de Franco a introducir en 1959 el Plan de Estabilización. Lo que sucede es que no todo el mundo está de acuerdo en cuánto se progresó ni tampoco, por supuesto, en si eso debería contribuir a presentar a Franco como un dictador mucho más benigno de lo que su trayectoria anterior podría sugerir.

Como ya he mencionado en la introducción del libro, cada vez que abordo cualquier asunto relacionado con la Guerra Civil o con Franco tengo la corazonada de que algo sucederá, pues sé que me estoy metiendo en un campo informativo lleno de minas, motivo por el cual a veces también me extraña el poco cuidado que ponen los círculos oficiales cuando debaten sobre sucesos relacionados con este conflicto bélico.

En agosto de 2019 Dolores Delgado, la ministra de Justicia, se sumó a la celebración del 75º aniversario de la liberación de París en 1944. Para conmemorar la ocasión, la ministra escribió un tuit en el que afirmaba que «España interpretó un papel crucial» en la liberación de la capital francesa al arrancarla de las manos de los nazis, en referencia a los soldados republicanos de «La Nueve». Acto seguido, Quim Torra, president de la Generalitat, replicó a la ministra que no había sido España, sino los soldados republicanos quienes habían ayudado a liberar París. Torra añadió que el único papel español en la Segunda Guerra Mundial había sido apoyar a Hitler y movilizar a los soldados de la División Azul para contribuir al esfuerzo bélico de Alemania.

En tiempos, Torra había sido editor, pero con frecuencia emplea un lenguaje incendiario. La primera vez que lo entrevisté, en julio de 2016, me chocó que al referirse a la censura y a la prohibición del catalán en el régimen de Franco hablara de «genocidio cultural» en Cataluña. El término genocidio es tremebundo y debería emplearse con mucha más cautela.

Afortunadamente, también he conocido a otros catalanes que reconocen las contradicciones en la relación de Franco con Cataluña, algo que pervive hasta el presente.

Los habitantes de la ciudad de Tortosa votaron en 2016 conservar el mayor monumento franquista en Cataluña, levantado en mitad del lecho del Ebro para conmemorar la última batalla importante de la Guerra Civil. Hasta ese mismo año Tortosa también tuvo a Franco en calidad de alcalde honorario. Visité al entonces alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que era asimismo miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Pero, a pesar de sus credenciales separatistas, me dijo que algunas personas lo acusaban de ser un fascista por defender el monumento de Franco. Los vecinos de Tortosa, me explicó, no querían que los autoritarios políticos de Barcelona les dictaran lo que tenían que hacer con su monumento franquista. «A la gente no le gusta que la sermoneen, menos aún después de que en cuarenta años nadie haya mostrado interés alguno» en las pequeñas ciudades del sur de Cataluña, me dijo Bel. El monumento, añadió, «forma parte de nuestro paisaje urbano».

Lo mismo que otros corresponsales extranjeros, en España he sido pasto de las críticas por escribir demasiado sobre Franco. Pero la muerte de Franco fue para España un punto de inflexión que continúa permeando la política y que incluso sirve para atizar el conflicto sobre Cataluña en el plano ideológico.

En 2016 escribí un artículo sobre las ceremonias que se celebraban en Cataluña para devolver los documentos familiares que las tropas de Franco habían confiscado y almacenado en Salamanca, la ciudad universitaria que se convirtiera en su cuartel. Los papeles de Salamanca eran en sí mismos un inquietante legado de la guerra, pero lo que me dejó estupefacto de esta historia fue que, tras varias décadas, su restitución diera pábulo a más controversia que reconciliación. Incluso después de que el Congreso de los Diputados aprobara en 2005 el retorno de dichos documentos a Cataluña, el proceso se ralentizó a lo largo de una década de demandas presentadas por personas resueltas a mantener en Salamanca los papeles.

Joan B. Culla, renombrado historiador catalán, estuvo entre los primeros académicos que pudo acceder a los documentos el mismo mes de noviembre de 1975 en que murió Franco. Realizando una comparación de su propia cosecha, sugirió que el retorno de los documentos robados a las familias republicanas era igual que la restitución de las pinturas que los nazis habían confiscado a los judíos. «El hecho de que todavía estemos enzarzados en ese debate pone de manifiesto que, incluso muchos años después, no existe ningún sentimiento de vergüenza a la hora de defender la época de Franco —arguyó Culla—. ¿Acaso ahora una ciudad alemana diría que no se puede sacar algo de allí porque precisamente allí lo había puesto Hitler?»

Me parece peligroso comparar dictadores, ya sea en vida o tras su muerte. Hitler se suicidó; a Mussolini lo colgaron, pero Franco murió en un hospital madrileño a los ochenta y dos años. Recibió un funeral de Estado con largas colas de personas que aguardaban para dar el último adiós a Franco en su ataúd abierto. «Franco no habría durado cuarenta años de no haber contado con una amplia aceptación social», me dijo una vez el político catalán y abogado Francesc Homs. El duelo público que se vio cuando murió Franco, añadió Homs, no era «como suelen acabar los dictadores».

En Cataluña he conocido a una generación de políticos separatistas resueltos a hablar de Franco como en ninguna otra parte de España. Cataluña también ha construido más museos de la Guerra Civil que cualquier otra región. He visitado algunos de ellos en localidades pequeñas, como Gandesa, cuyo museo está dedicado a la batalla del Ebro. El museo en La Jonquera, abierto en 2008, rememora el exilio de medio millón de españoles después de la victoria de Franco.

En julio de 2016 Barcelona conmemoró el ochenta aniversario del inicio de la Guerra Civil. Las autoridades de la ciudad celebraron un suntuoso concierto en el Palau de la Música y colgaron pancartas conmemorativas de los edificios públicos barceloneses. «La memoria no es un deber, sino un derecho civil que hay que proteger», dijo Ricard Vinyes, historiador y comisionado de la Memoria del Ayuntamiento de Barcelona que organizó los festejos. Vinyes contrastó los esfuerzos de Barcelona con el arraigado silencio de Madrid desde el intento del Gobierno socialista en 1986 de hacer caso omiso del aniversario del levantamiento de Franco. En aquel entonces, el Gobierno socialista declaró que la Guerra Civil «no tenía ya —ni debe tener— presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se basa en los principios de la libertad y la tolerancia».

Me cuesta comprender esta forma de pensar. Al presente, la mayoría de los españoles han nacido después del fin de la dictadura de franquista. Pero si nadie se propone educar a sus hijos sobre cómo una guerra civil dividió en dos mitades el país, esto hará que la sociedad esté menos preparada para afrontar futuras conmociones. La historia debería enseñarse no para culpar a nadie, sino para aprender del pasado.

En noviembre de 2016 escribí un artículo sobre una exposición en Barcelona en torno a Franco en la que figuraba una estatua de este al aire libre. Se habían arrojado huevos a la estatua ecuestre, estaba salpicada de pintura y sucesivamente se la decoró con banderas separatistas, una muñeca hinchable y la cabeza de un cerdo. Unos vándalos acabaron derribándola a los cuatro días de que se exhibiera. «Extraña pensar que nos hemos pasado cuatro décadas sin protestar ni alterar nada que tuviera que ver con Franco y que, en cambio, eso ahora nos incite a destruir su estatua cuarenta años después de su muerte», me dijo el filósofo y columnista Josep Ramoneda.

Tengo algunos amigos en Madrid que me dicen que nunca visitarían el Valle de los Caídos. Yo he ido unas cuantas veces, y cada una de ellas me he sentido incómodo contemplando sus estatuas de ángeles de la muerte, que parecen comunicar «la esencia del franquismo», como una vez me describió el Valle de los Caídos el historiador Álvarez Junco. Al poco de que Sánchez anunciara que exhumaría a Franco, asistí a una misa dominical en la basílica de Franco y oí la homilía del sacerdote en honor a aquellos que habían dado su vida por Dios en la Guerra Civil. Después, un puñado de personas se encaminaron a la parte trasera del altar para levantar su brazo derecho ante la tumba de Franco. El guarda impedía que las personas allí congregadas sacaran fotografías, pero no tenía reparo alguno en que hicieran el saludo fascista.

En Sevilla visité otra basílica, la de la Macarena, de la que algunos políticos locales querían exhumar a Queipo de Llano. José Antonio Fernández Cabrero, el hermano mayor de la Macarena, me dijo que Queipo de Llano había sido «un protector del movimiento de la Iglesia católica» que tras la guerra había reconstruido esa basílica cuya hermandad cuenta ahora con 14.000 miembros, lo que la convierte en la más grande de Sevilla. En opinión de Fernández Cabrero, ningún político debería reavivar las disputas sobre la Guerra Civil, y mucho menos ordenar una exhumación. Refiriéndose a la Ley de Amnistía de 1977, argumentó que «mientras que los políticos que participaron personalmente en la Guerra Civil lograron negociar y cerrar este capítulo, me sorprende que los políticos de ahora nos digan que tenemos que reabrir todo esto».

Pero no todo el mundo en Sevilla veneraba a Queipo de Llano ni entendía cómo su familia había seguido prosperando dentro de la clase dirigente andaluza. Fernández Cabrero, el hermano mayor de la hermandad, dijo que ni él sabía cómo Queipo de Llano había adquirido la tierra en la que se inauguró su basílica en 1949. Un periodista sevillano, Juan Miguel Baquero, también me habló de su abultado fracaso para acceder a las cuentas de la fundación de la familia y ver exactamente qué propiedades y tierras de labranza había heredado esta de Queipo de Llano.

Uno de los más eminentes historiadores de Sevilla, Francisco Espinosa, había tenido que sudar tinta para escribir un libro sobre Queipo de Llano porque ningún editor local deseaba publicarle el texto. «Mi libro estaba sembrado de referencias a esos sevillanos que claramente no querían ver los apellidos de sus familias en un libro —me contó Espinosa—. Hay un elemento muy conservador en la sociedad sevillana que ha estado alimentando el mito, basado en datos erróneos, de cómo el valiente Queipo de Llano conquistó la ciudad con la ayuda de unas pocas personas.»

El impulso para exhumar a Queipo de Llano era asimismo un reflejo del cambio en la política española, en especial después de que algunos políticos de izquierdas tomaran las riendas de Madrid, Barcelona y Valencia, las tres ciudades más grandes de España, y empezaran a imponer nuevos nombres a las plazas y calles asociadas al régimen de Franco. En Pamplona, Joseba Asiron, el primer alcalde representante del partido separatista EH Bildu, orquestó en 2016 la exhumación de dos de los mayores participantes en el golpe militar de julio de 1936, Emilio Mola y José Sanjurjo, que habían sido enterrados en otro imponente complejo de la capital navarra conocido con el nombre de Monumento a los Caídos.

En Barcelona el blanco de Ada Colau lo constituyeron algunos catalanes eminentes que habían tenido cargos en la Administración de Franco, en concreto Juan Antonio Samaranch, que había sido presidente de la diputación provincial de Barcelona en el momento en que murió Franco. Colau retiró la placa en honor de Samaranch de una escultura en el vestíbulo del Ayuntamiento barcelonés, a pesar de las protestas de los partidos de la oposición, que insistían en que había que rendir homenaje a Samaranch en calidad de presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) por haber traído a su ciudad natal los Juegos Olímpicos en 1992.

Como me dijo a la sazón Gonzalo Rodés, abogado y presidente de Barcelona Global, una asociación empresarial, Colau podría retirar todos los símbolos franquistas que quisiera, pero no debería atacar a Samaranch, un hombre que había trabajado en la Administración de Franco porque «ese era el oportunismo típico de aquella época».

Desde que el independentismo cobró fuerza en Cataluña, han llegado a mis oídos muchas quejas acerca de que sus políticos intentan maquillar la enrevesada relación de la región con Franco.

La escritora Laura Freixas me contó la historia de sus abuelos, industriales ateos y ardientes patriotas catalanes que habían votado a la Lliga Regionalista, el movimiento nacionalista liderado por Francesc Cambó después de 1917. Ahora bien, en 1939, su abuelo se había unido a la multitud que aplaudía la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. La victoria de Franco le permitía recuperar la fábrica que los militantes de izquierdas le habían confiscado en los albores de la guerra. Durante el régimen de Franco, a su familia y a muchos miembros de la burguesía catalana «les fue bien social y económicamente —me dijo Freixas—. No fueron esos revolucionarios y mártires que ahora parte de la nueva élite catalana pretende hacer creer que fueron».

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, antigua ministra de Educación socialista, en una ocasión me contó que abrigaba pocas esperanzas de que la sociedad española se reconciliara con su pasado debido a lo que ella describía como un inoportuno orden de los acontecimientos en la historia española del siglo XX . «Los españoles habrían asimilado el pasado mucho más fácilmente si la dictadura hubiera venido primero y a continuación hubiera seguido la guerra, como sucedió en muchos otros países; pero un mero deseo no puede cambiar la historia», me dijo.

Por el contrario, en Lisboa me han contado que la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 ayudó a la sociedad portuguesa a trazar una línea divisoria entre la dictadura y la democracia. Si bien la revolución portuguesa empezó siendo un golpe de Estado, la imagen que perdura es la de un alzamiento popular en el que los ciudadanos de a pie tomaron las calles para poner fin a décadas de gobierno autoritario. La transición española fue diferente. Tras la muerte de Franco, hubo que esperar un tiempo hasta que los políticos configuraran ese cambio y hasta que finalmente los ciudadanos lo aprobaran, primero acudiendo a votar en unas elecciones generales y, después, ratificando, con una amplísima mayoría, la Constitución en un referéndum celebrado en 1978.

Cuando en mis artículos he mencionado cómo nacieron el orden y las estructuras constitucionales en España, mis editores de contenido algunas veces han sustituido en mi texto la referencia a «la transición de finales de los setenta» con una mención más específica a la muerte de Franco en 1975. En su opinión, para un público internacional, la referencia más clara es la de hablar de la España posterior a Franco, ya que en el extranjero la gente no está familiarizada con el concepto de transición . Pero incluso mencionar de pasada a Franco en un artículo que no está relacionado con la dictadura ha enfurecido a algunos españoles, que nos han colgado el sambenito a The New York Times y a mí de estar obsesionados con Franco. Hasta cierto punto, puedo entenderlos, pero también creo que deberían reconocer que mencionar la transición, en cualesquiera que sean los términos, es importante cuando se trata un tipo de asunto concreto, como en buena parte, desde luego, el debate actual sobre el federalismo y una posible reforma de la Constitución española. Sin duda llegará el día en que muchos españoles dejarán también de referirse a su país como «una joven democracia», pero no me corresponde a mí decidir cuándo sucederá eso.

Mientras tanto, utilizar el nombre de Franco como punto de referencia no es lo mismo que hablar sobre Franco, y mucho menos estar obsesionado con él. Los alemanes no tienen presente el nazismo en su día a día, pero este sigue siendo un marco de referencia para hablar de por qué hoy Alemania es como es. La caída del Muro de Berlín tampoco fue el único hecho histórico que permitió la reunificación alemana y la posterior entrada en la Unión Europea de los países excomunistas y, sin embargo, se suele emplear a modo de atajo para hablar de otro cambio de época.

Más preocupantes son, a mi parecer, las lagunas de conocimiento y la falta de comprensión de muchos españoles acerca de algunos sucesos que modelaron su país en el siglo pasado. Animo a todo el mundo a que pregunte a los niños españoles en edad escolar lo que saben de la Guerra Civil. Al igual que Soler, la antigua colegiala valenciana que se convirtió en maestra en la Unión Soviética, he visto que esta pregunta a menudo da paso a una respuesta confusa o a una mera ausencia de respuesta. En Madrid, Lucía Martín-Retortillo, una amiga que enseña Historia en una escuela pública de educación secundaria, me contó que ella elaboraba su propio material para las clases sobre la Guerra Civil y de ese modo completar lo que el temario de su escuela no incluía. «Con la distancia del tiempo, creo que cada uno es capaz de entender que en todos lados se perdieron vidas —me dijo—. Y me salgo del discurso revanchista entre izquierdas y derechas.»

En Barcelona una vez hablé con un grupo de niños que me aseguraban que su ciudad había liderado la resistencia contra Franco durante la Guerra Civil. Cuando les dije que las tropas de Franco entraron en Barcelona en 1939 dos meses antes que en Madrid, no me creyeron.

Nadie puede cambiar el curso de la historia, pero tampoco nadie debería reescribirla para adecuarla a una ideología política. Ni, por supuesto, desentenderse de ella por completo. Ya lo decía el escritor Juan Eduardo Zúñiga en uno de sus cuentos del libro La tierra será un paraíso , de su trilogía de la guerra civil: «La memoria es lo que modela nuestra vida».

PEQUEÑO PERO MATÓN: CÓMO EL

PEQUEÑO NICOLÁS BURLÓ AL PODER

Me crucé con Francisco Nicolás Gómez Iglesias sin saberlo y sin ni siquiera verlo. En junio de 2014 ambos nos hallábamos entre los 3.000 invitados al Palacio Real para asistir a la coronación de Felipe VI. Felicitamos y estrechamos las manos del nuevo monarca y de su esposa, la reina Letizia.

Para mí aquella invitación había sido una ingrata sorpresa, más que nada porque había tenido una fría relación con la Casa Real durante el último período del reinado de Juan Carlos I, mientras escribía sobre algunos de los escándalos que le estaban haciendo la vida imposible.

En cambio, para Francisco Nicolás, que acababa de cumplir veinte años, estrechar la mano del rey Felipe era todo un acontecimiento que no solamente lo enorgullecía, sino que consolidaba su convicción de que en la clase dirigente española no había nada fuera de su alcance.

«Desde luego, éramos 3.000 invitados al Palacio Real, pero está claro que yo era el más joven», me dijo al cabo de unos años mientras presumía de una copia de la invitación original que había recibido para asistir a la ceremonia.

Sin embargo, cuatro meses después de la coronación, la policía detuvo a Francisco Nicolás y lo acusó de una serie de delitos que iban desde el fraude a la falsificación de documentos. Los españoles conocieron de súbito las inverosímiles peripecias de un joven que no solo había conocido al monarca, sino que además se codeaba con otras acaudaladas y poderosas personalidades de la élite conservadora dominante. Pronto empezó a conocérselo como «el Pequeño Nicolás», lo que yo interpreté como una alusión a la famosa serie de novelas francesas sobre un niño travieso, que, por lo demás, a mí me encantaba leer en mi niñez.

Cuando le hablé a mi jefe sobre esta extraña historia, me dijo que era como si España hubiera encontrado su propia versión de Frank Abagnale, el escurridizo farsante y estafador a quien Leonardo DiCaprio encarnó en Atrápame si puedes , el taquillazo de Steven Spielberg. Estados Unidos posee, en efecto, una nutrida historia de célebres impostores, como Christian Karl Gerhartsreiter, de origen alemán, que había emigrado a Estados Unidos cuando era adolescente y que con el tiempo cambió su nombre por el de Clark Rockefeller, uno de los vástagos de una de las familias más ricas de Norteamérica. Su caída en desgracia fue tan espectacular como falsa su identidad: en el momento de escribir estas líneas, Gerhartsreiter está en la cárcel tras una condena por homicidio en 2013.

Al poco tiempo de que la policía arrestara a Francisco Nicolás, escribí un artículo sobre cómo este encantador de serpientes de rostro aniñado se las había ingeniado para burlar a la Policía a la vez que se hacía pasar por funcionario del Gobierno y de diversos organismos públicos. Por encima de todo, la historia de Francisco Nicolás parecía poner de relieve la importancia en España de tener contactos, que podrían ser tan fructuosos como para salvar cualquier obstáculo por evidente que este fuera. El Pequeño Nicolás en repetidas ocasiones había burlado los controles de seguridad —con la ayuda o no de policías reales— en un país con una larga trayectoria en la lucha antiterrorista contra ETA, además de la más reciente contra el fundamentalismo islámico.

Con el fin de abrirse camino en la vida, Abagnale había fingido tener diferentes profesiones, desde piloto hasta médico pasando por abogado y funcionario de prisiones. Para apoyar su afirmación de que era un rico Rockefeller, Gerhartsreiter había reunido una impresionante —falsa, eso sí— colección de arte.

Pero Francisco Nicolás nunca tuvo que falsificar nada tan importante y solo alguna que otra vez tuvo que emplear una identidad falsa para que se le abrieran las puertas del poder. En el auto inicial, la jueza Mercedes Pérez Barrios escribió lo siguiente: «Vaya por delante que esta instructora no acierta a comprender cómo un joven de veinte años, con su mera palabrería, pudo acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio».

Lo insólito es que nadie parecía explicarse cómo el Pequeño Nicolás había tenido tanto éxito. Ni siquiera la Casa Real dio explicación alguna sobre cómo este había asistido a la proclamación del rey Felipe. La prensa española enseguida se fijó en Catalina Hoffmann, una mujer de negocios que estaba a su lado cuando conoció al rey. Pero ella negó que lo hubiera incluido en la lista de convidados.

En 2015 me volví a topar con Francisco Nicolás. En aquella ocasión estuve a punto de tragármelo en un paso de cebra de la calle Serrano. Ahí estaba ese joven cuyas rosadas mejillas, ondulado cabello oscuro y ojos azules habían movido a Esperanza Aguirre, en su día una de las personalidades políticas más influyentes en Madrid, a extrañarse de que lo detuvieran «con esa carita de bueno» que según ella tenía.

A pesar de haber perdido su estatus de querubín, Francisco Nicolás seguía fascinando. En los medios de comunicación españoles desató reacciones ambivalentes de admiración por su chulería y de conmoción y consternación por todo cuanto sus aventuras habían revelado sobre el amiguismo en las altas esferas del poder en España y los puntos flacos de sus fuerzas de seguridad.

Durante nuestro encuentro casual en la calle, Francisco Nicolás me contó que tenía ingente información que contarme, pero que prefería aguardar a que pudiera poner fin a las distintas acusaciones que la Fiscalía había presentado contra él. Me dijo que entonces podríamos escribir un libro juntos sobre sus aventuras. Le respondí que al menos deberíamos mantenernos en contacto. Francisco Nicolás me mandaba algún que otro mensaje de WhatsApp para decirme cómo iba. También me felicitó las Navidades con una serie de emoticonos navideños y de fuegos artificiales.

En noviembre de 2018 le dije que nos viéramos otra vez. Mucho era lo que había cambiado en su vida y, según me dijo, en su mayor parte a mejor. Me contó que había ganado varios pleitos contra el Estado español, entre ellos uno del que se vanagloriaba especialmente, después de que un juez cerrara el procedimiento por la querella que había presentado el CNI. «¿Te imaginas que un chaval pueda tumbar al CNI en los tribunales? —me dijo—. Creo que el CNI hace una gran labor en la lucha antiterrorista y fuera de España, pero en lo que se refiere a los asuntos nacionales, es un desastre. Está dirigido por unos viejos y está muy politizado.» Le dije que no compartía esa opinión del CNI, pero que me alegraba por él por habérselas compuesto para salir ileso de esa confrontación.

Nuestra reunión tuvo lugar en una heladería que estaba enfrente del edificio donde en aquellos tiempos vivía Francisco Nicolás, en la calle Santa Engracia. Su abuelo, me explicó, había obtenido esa casa a modo de recompensa por alcanzar el rango de coronel del Ejército. De hecho, en la mayoría de las viviendas del edificio vivían oficiales de alto rango que habían recibido un hogar por servir a España. «En mi edificio vivieron cuatro generales —me contó Francisco Nicolás—. Franco era bueno con quienes le servían bien.»

La historia de Francisco Nicolás sugería que este sistema de recompensas se extendía mucho más allá de las fuerzas armadas y que había mudado en un nuevo tipo de favoritismo una vez terminada la dictadura. Los dos estábamos de acuerdo en que, como mínimo, la concesión de viviendas por parte de Franco tenía algo que ver con la meritocracia y que dichas viviendas se daban a quienes llegaban a lo más alto de la graduación militar. «No creo que ninguno de los que están ahora en las altas esferas de la política española pueda afirmar que haya hecho tanto por el país», me dijo con una sonrisa burlona.

Cuando Francisco Nicolás comenzó su ascenso social ni siquiera tenía edad para afeitarse. A lo largo de varias horas, me enseñó una extraordinaria colección de fotografías y documentos que ayudaban a explicar, más que a justificar, cómo había superado el obstáculo de la juventud.

Francisco Nicolás había estudiado en un colegio de El Viso, una zona residencial madrileña que ha venido a simbolizar la gentrificación de la ciudad. El origen de la colonia El Viso se halla en la Cooperativa de Casas Económicas al amparo de la ley de casas baratas de 1925, que Primo de Rivera quería utilizar para recompensar a funcionarios del Estado por prestar sus leales servicios al régimen. Hoy en día, sus residentes son, con mucho, más ricos, entre ellos algunos de los mayores magnates de los negocios, quienes han contratado los servicios de caros diseñadores de interiores para remodelar sus chalecitos y convertirlos en lujosas moradas.

Aunque a Francisco Nicolás le costaba sacar adelante sus estudios en el colegio, descollaba, eso sí, por su don de gentes fuera de las aulas. Pronto comprendió que a sus acaudalados compañeros de clase les encantaría disfrutar de algo de entretenimiento después de las clases. Así las cosas, convenció a los dueños de algunos bares y discotecas madrileños, como Macumba y Liberata, con el fin de organizar fiestas para adolescentes en sus locales a cambio de una comisión.

«Podía llevar entre unos quinientos y mil estudiantes de varios colegios para que se divirtieran los sábados por la tarde —recordó Nicolás—. Y muchos eran hijos de ministros, políticos locales y grandes empresarios, quienes mandaban a sus chóferes para que los recogieran en la puerta de Liberata y los llevaran de vuelta a casa.»

Al final, Francisco Nicolás hizo amistades no solo con los retoños, sino que también se congració con sus poderosos padres y familiares. Su don de gentes y su éxito no pasaron desapercibidos entre la élite conservadora, que lo invitaba a la sede del PP para hablar sobre la creación de clubes de jóvenes para el partido.

Al mismo tiempo, se introdujo en FAES, la fundación política creada por José María Aznar, donde empezó a moderar debates. Se sentó al lado del expresidente español con Pablo Casado también a la mesa, representantes ambos de la nueva generación conservadora.

Aparte de Casado, «casi todo el mundo pasaba de los sesenta años y vestía traje de chaqueta gris —me dijo Francisco Nicolás—. Puede que hubiera políticos que no me tomaran en serio, pero creo que comprendían que el partido necesitaba atraer a gente al menos más joven que ellos».

Mientras me contaba sus andanzas, el Pequeño Nicolás me iba enseñando las fotos que llevaba en su teléfono para que viera que no estaba exagerando. Tenía imágenes suyas en las que aparecía al lado de los poderosos en los lugares más exclusivos de Madrid. Tenía guardada una en la que estaba sentado detrás de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu. De hecho, hablaba del Bernabéu como su segunda casa, adonde con regularidad lo invitaban sus amigos, entre los que estaban Jaime García-Legaz, que entonces era secretario de Estado. Asimismo, el Pequeño Nicolás ocupó un asiento en la primera fila durante la visita del papa Benedicto XVI a Madrid en 2011.

Durante un congreso empresarial llamado Spain Investment Forum, Francisco Nicolás compartió mesa con Ramiro Mato, el presidente de BNP Paribas España; con Miguel Antoñanzas, presidente de Eon España, así como con dos destacados políticos conservadores, Álvaro Nadal y Celia Villalobos.

«En realidad elegí a quienes se sentarían a mi mesa —me dijo—. E incluso elegí el nombre que se daría a nuestra a nuestra mesa: Goya, pues su nombre de pila era Francisco.»

Lo pasmoso es que el ascenso de Francisco Nicolás también se volvió lucrativo. Su red de amistades conservadoras le permitieron utilizar una casa en El Viso, me dijo, para organizar negociaciones empresariales. Francisco Nicolás me contó que el acuerdo incluía una escolta proporcionada por los servicios de seguridad españoles (¿quién no tiene guardaespaldas en España?). Un matrimonio filipino cuidaba de la casa, le cocinaba y se aseguraba de que siempre tuviera alcohol a mano. Me enseñó otra foto de su cocina atestada de botellas de ginebra, ron y whisky Johnny Walker.

«Lo mejor de esa casa era que podía hacer allí fiestas con mis amigos —me contó—. Bebíamos y veíamos partidos de fútbol antes de salir de marcha.»

Todos y cada uno de los detalles de su vida insinuaban que había que arreglar algo en España, incluido el sistema educativo. Unos años antes de que algunos líderes políticos, como Cristina Cifuentes, obtuvieran sus titulaciones universitarias de manera injustificada, Francisco Nicolás convirtió a sus poderosos padrinos en sus mecenas con el fin de estudiar en una buena universidad a pesar de sus mediocres resultados en los exámenes.

García-Legaz le escribió cartas de recomendación. Una de ellas se envió a Diego del Alcázar, el fundador del IE Business School, y otra a CUNEF. Francisco Nicolás me contó que le dieron plaza en ambas universidades, pero que se decidió por CUNEF porque «ahí era donde García-Legaz y muchos otros ministros habían estudiado». En su carta de recomendación, García-Legaz puso de relieve «la acreditada trayectoria académica y las notables dotes de liderazgo» de Francisco Nicolás.

Mientras yo leía aquella carta, Francisco Nicolás me ofreció su propia valoración: «Lo del liderazgo es verdad, creo, pero ni por asomo lo relativo a mi trayectoria académica, pues nunca iba a clase y simplemente me las arreglé para aprobar justito. Nunca habría estudiado en un lugar como CUNEF sin ayuda y si los criterios de admisión se hubieran limitado a mi rendimiento escolar».

A pesar de su limitadísima experiencia, Francisco Nicolás enseguida entró en un círculo donde la política y los negocios iban de la mano. Entre los momentos de los que se vanagloriaba estaba, según afirmaba, haber servido de intermediario en las negociaciones entre políticos de Madrid y Sheldon Adelson, el magnate estadounidense del juego que quería construir un macrocomplejo de casinos en las afueras de Madrid llamado EuroVegas. Francisco Nicolás también se explayó conmigo sobre su encuentro con el director general de Las Vegas Sands, Michael Levin. Pero Adelson abandonó en 2013 el proyecto de EuroVegas, después de una disputa sobre las exenciones fiscales que podría obtener en Madrid.

Mientras lo oía hablar sobre el trabajo que había realizado, en todo momento tuve presente que el propio Francisco Nicolás había alegado en su defensa legal que sufría trastornos psiquiátricos. Algunos de sus abogados también lo abandonaron a mitad de camino. Pero si solo era un impostor y un fabulador, ¿cómo se las había ingeniado para salir de rositas de un proceso judicial contra un organismo tan poderoso como el CNI?

Lo que está claro es que Francisco Nicolás bebía en la fuente de la picaresca española. Entre sus más descabelladas (y verdaderas) correrías estaba la del falso viaje real a la ciudad portuaria de Ribadeo, en el nordeste de Galicia, cuyos responsables políticos habían albergado la esperanza de recibir al monarca Felipe VI. El rey nunca acudió, pero Francisco Nicolás se las arregló como pudo, eso sí, para presentarse como emisario de la Casa Real. El alcalde de la ciudad lo invitó a comer después de que Francisco Nicolás llegara en un convoy de cuatro limusinas. Unos policías que estaban fuera de servicio lo escoltaron. En el momento en que escribo estas líneas, Francisco Nicolás todavía tiene que comparecer en el juzgado por hacerse pasar por un representante de la Casa Real y la Fiscalía pide una condena de siete años de cárcel por su escapada a Ribadeo.

Pero cuando charlamos, su opinión era que su declive no obedecía tanto a consideraciones legales como políticas. Francisco Nicolás culpó de su debacle a Soraya Sáenz de Santamaría, a la sazón vicepresidenta del Gobierno. Me dijo que a esta le había molestado que un adolescente se codeara con algunos de los dirigentes más poderosos de su partido.

Francisco Nicolás también terminó enfrentado al CNI después de trabajar para ellos, me dijo, en el caso de fraude de Nóos que había llevado a Iñaki Urdangarin a la cárcel. Su supuesta labor había sido hacer que los abogados de la asociación Manos Limpias retiraran la acusación de la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina. «Querían que convenciera a la Fiscalía de retirarse y dejarla libre, y estuve a nada de conseguirlo», afirmó Francisco Nicolás.

Lo mismo que con el resto de sus aventuras, Francisco Nicolás no me proporcionó ninguna prueba concluyente de su trabajo para el CNI. Puede que sea un joven megalómano que todavía podría dar con sus huesos en la cárcel y permanecer allí muchos años, pues las cuatro causas abiertas contra él continúan en marcha mientras escribo. Pero cualquiera que fuere su destino, su caída fue asimismo el preludio de uno de los mayores escándalos en España, el del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.

De hecho, al igual que la mayoría de los españoles, la primera vez que oí hablar de Villarejo fue mientras seguía el rastro del Pequeño Nicolás. En julio de 2016 Villarejo compareció en el juzgado tras ser imputado en la investigación del caso del Pequeño Nicolás, debido a unas cintas en las que se oía a policías y miembros del CNI hablando con él. Un año después, el propio Villarejo entró en prisión a raíz de que se lo acusara de varios delitos, desde el blanqueo de dinero hasta los sobornos. De ahí en adelante, aquellas grabaciones ilegales abrieron una ventana a un espeluznante mundo de espionaje político y empresarial y turbios tejemanejes. Mientras escribo estas líneas, Villarejo tiene abiertas diez investigaciones por fraude que han hecho mella en la clase dirigente española, incluido dentro de la Casa Real por haber puesto el foco en varias cuentas bancarias en Suiza vinculadas a la fortuna oculta del rey Juan Carlos.

Francisco Nicolás me contó que nunca había conocido personalmente a Villarejo. Pero en cierto modo participó en la caída de un poderosísimo inspector de policía cuyos manejos clandestinos afectaban a casi todas las grandes instituciones, desde el BBVA e Iberdrola hasta los partidos políticos, e incluso las finanzas y la monarquía.

¿Qué era lo que motivaba a Francisco Nicolás, el poder o el dinero? «Deseaba el poder mucho más que el dinero —me contestó—. Si solamente hubiera andado detrás del dinero, no habría tenido ninguno de los problemas legales que he tenido. Mi autocrítica no es que hiciera nada específicamente malo o especial por España, sino que, al contrario de mucha otra gente, hice todo aquello cuando en verdad no era maduro ni tenía la suficiente experiencia para hacerlo.»

Tras haber sobrevivido a la confrontación con el CNI, Francisco Nicolás decidió que este no era el momento de esconderse. Antes al contrario, ha seguido intentando usar sus escándalos pasados a modo de trampolín para alcanzar una mayor fama mediante su aparición regular en programas televisivos, entre ellos Gran Hermano VIP, en el que fue el primer candidato al que echaron de la casa. En 2019 también lanzó su propio partido político, Influencia Joven, con la esperanza de ganar un escaño en el Parlamento Europeo. Nunca llegó a meter la cabeza a Estrasburgo, pero con aquel escarceo político Francisco Nicolás estuvo un tiempo más en el candelero, que es donde siempre había querido estar.

Quizá inevitablemente a causa de su alto grado de autoestima, Francisco Nicolás anunció a finales de 2019 que protagonizaría una serie televisiva sobre su vida. Al fin y al cabo, Spielberg había hecho un taquillazo sobre Abagnale. Más que una miniserie sobre las peripecias vitales de un veinteañero, yo recomendaría una serie española dividida en dos partes: la primera se podría centrar en las casi cómicas y pueriles aventuras del Pequeño Nicolás; la segunda, más lúgubre, trataría sobre cómo este ayudó a echar luz sobre un oscuro Estado encarnado por un protagonista mucho más aterrador: el inspector Villarejo.

EL CUARTO PODER:

LUCES Y SOMBRAS DE

LA PRENSA ESPAÑOLA

El periodismo ha estado sufriendo una trascendental y, con frecuencia, dolorosa transformación, en especial los diarios, que se han afanado en adaptarse a la tecnología digital y a unos ingresos publicitarios cada vez más exiguos.

Prácticamente cada mes sucede algo que me recuerda el trepidante ritmo al que están cambiando los medios de comunicación. Muchas son las publicaciones que han arrancado, pero asimismo son muchas las empresas periodísticas consolidadas que se han visto obligadas a abandonar este negocio.

Al poco tiempo de mi llegada a Madrid, conocí a Al Goodman, corresponsal de la CNN en España, que se había visto en la desagradable tesitura de recibir la noticia de la decisión del canal de televisión estadounidense de prescindir de su presencia en España. Amablemente, Goodman me dio un regalo de bienvenida: la placa de bronce que en su día había adornado la sede de The New York Times en Madrid y que, por alguna razón, él había heredado. La brillante placa con el nombre del rotativo inscrito me hizo pensar en lo que era la vida de un corresponsal en un pasado no muy lejano, antes de la era de internet, cuando incluso hacer una llamada a un redactor jefe en la lejana Nueva York podía suponer una lucha. Tengo la placa clavada en una viga de mi casa, a la que ahora también llamo mi oficina.

La buena noticia es, por supuesto, que The New York Times destaca por ser una de las publicaciones que, más que perder, ha ganado terreno en el mercado durante la transformación digital. El periódico ha abrazado el cambio tecnológico para sumar más suscriptores de pago en internet. Ha construido un conjunto de lectores internacionales y se ha diversificado en diferentes lenguas a la par que ha conservado los criterios más exigentes del periodismo.

Sin embargo, a medida que fui conociendo a más periodistas españoles, me daba la impresión de que muchos tenían la moral por los suelos. Lo que era aún más preocupante era que muchas de sus quejas no solo estaban relacionadas con la incertidumbre laboral, los sueldos bajos o la excesiva carga de trabajo. Aparte de esto, los periodistas con frecuencia me contaban lo difícil que era investigar y escribir sobre lo que ellos querían, pues sus redacciones habían ido perdiendo la independencia editorial en mitad de las estrecheces económicas.

A finales de 2015 ya habían llegado a mis oídos tantas cosas que creí que era el momento de alertar a los lectores internacionales del considerable malestar que estaba calando en el periodismo español, sobre todo porque esto parecía tener consecuencias políticas y económicas que subrayaban las circunstancias en que se producían algunos despidos y sonadas salidas de las redacciones.

En los dos años anteriores, los directores de tres de los diarios más importantes habían sido cesados. Sus destituciones vinieron en medio de pérdidas financieras, pero asimismo habían tenido lugar a raíz de la publicación de artículos que habían removido humores en la clase política española.

Pedro J. Ramírez, el más conocido y con menos pelos en la lengua de estos directores, había culpado públicamente de su destitución en su periódico, El Mundo , a su decisión de publicar los embarazosos mensajes de teléfono que el presidente Mariano Rajoy había enviado al extesorero de su partido, Luis Bárcenas, poco después de que este fuera encarcelado.

El Mundo era uno de los rotativos que habían investigado si los millones que Bárcenas acumulaba en cuentas suizas estaban relacionadas con la caja negra del PP de Rajoy. Otros diarios también escribieron sobre este tema, pero Ramírez insistía en que el Ejecutivo lo había elegido a él para sus recriminaciones.

Tras salir de El Mundo , Ramírez decidió crear una nueva publicación en internet, El Español , financiada en parte con la indemnización de su despido de El Mundo . Enseguida fui a verlo para saber su opinión sobre cómo estaba cambiando la prensa en España. Hablé asimismo con otros eminentes periodistas y columnistas, muchos de los cuales habían aceptado verse conmigo con la condición de permanecer anónimos, a menudo porque temían que los despidieran por censurar a sus jefes o a sus colegas. Me parecía triste e irónico pensar que el periodismo, una profesión que defiende la libertad de expresión, estuviera afrontando una situación en la que los periodistas podrían correr el riesgo de ser despedidos por alzar la voz. Algunas de mis reuniones fueron, de hecho, con personas a las que ya habían echado, pero que me proporcionaron una valiosa información e incluso acceso a importantes documentos que habían conservado a modo de prueba para demostrar que sus despidos habían sido improcedentes. En cualquier caso, en consonancia con la política de The New York Times , decidí asegurarme de que solo citaría las opiniones de aquellas personas que habían aceptado hablar a micrófono abierto.

En mi reportaje, publicado en noviembre de 2015, trataba en líneas generales la situación de los medios de comunicación españoles, desde RTVE, el organismo nacional de radiodifusión, hasta diversos rotativos, en el contexto de una industria en la que unos 11.000 periodistas habían perdido sus puestos de trabajo desde 2008, que fue el principio de la crisis financiera. En el artículo figuraban asimismo las críticas que llegaban de fuera de España, entre ellas las de un informe sobre la libertad en la prensa española escrito conjuntamente entre el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), con sede en Viena, y otros tres organismos de vigilancia de la prensa. El informe hacía un llamamiento a España para restaurar la independencia de la radiotelevisión pública nacional y la transparencia en la adjudicación de la publicidad. Asimismo, se señalaba que uno de los obstáculos para la libertad de prensa en España era la Ley de Seguridad Ciudadana que se acababa de aprobar y que entre sus detractores enseguida se ganó el sobrenombre de ley mordaza, pues permitía a las autoridades imponer a los ciudadanos multas de elevadas sumas de dinero por faltas como celebrar protestas no autorizadas.

Escribí diferentes artículos relacionados con la ley mordaza, entre ellos uno que apareció en la primera plana de The New York Times en febrero de 2016, después de que se detuviera a dos titiriteros en los carnavales madrileños por representar una obra que se consideró que enaltecía el terrorismo e incitaba al odio.

Pero en lo que se refería a la prensa, también contacté con empresarios y políticos para ver si creían que los periodistas podrían trabajar sin restricciones injustificadas. Pablo Casado, que a la sazón era portavoz del PP, me dijo: «No veo que haya un problema con la prensa en España» en términos de injerencia política.

Una de mis prioridades era RTVE debido a las crecientes denuncias por su sesgo político en la cobertura informativa, lo cual parecía especialmente inexcusable, ya que un organismo de radiodifusión debía emitir noticias que veían —y pagaban— todos los ciudadanos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas.

Ni RTVE ni ningún otro rotativo reaccionaron enfadados a mi artículo, con la notable excepción de El País . En aquel entonces, al frente de la redacción del diario estaba Antonio Caño en calidad de director del periódico, mientras que Juan Luis Cebrián, cofundador de El País , era el presidente de Prisa, la empresa matriz del periódico.

En mi artículo mencioné algunas de las tensiones internas sobre la independencia editorial en El País , algo que extrañaba en un periódico que se había consolidado en España como el principal diario a finales de los setenta con sus crónicas sobre la transición española. Hablé sobre cómo Caño había sofocado una tentativa de varios miembros de su comité de redacción para organizar una votación sobre su gestión. Asimismo, indiqué varios ejemplos de artículos que, bien se habían alterado, bien se habían suprimido, de la página web de El País con las consiguientes quejas por parte de miembros de su comité editorial.

Dos de esos artículos controvertidos atañían a Catar en una época en la que Prisa negociaba la inversión de una empresa catarí. Otros dos artículos estaban relacionados con Telefónica, empresa que era accionista de Prisa y que el año anterior había comprado parte del capital social de su Distribuidora de Televisión Digital (DTS), lo que ayudaba a Prisa a reducir considerablemente su deuda. Después de los cambios que se hicieron a un artículo que abordaba los vínculos de Telefónica con el Gobierno, me enteré de que dos periodistas se habían marchado disgustados de El País .

Después de tener conocimiento de la salida de ambos reporteros, contacté con Caño y Cebrián para preguntarles qué opinión les merecía el asunto. Sin embargo, ambos declinaron reunirse conmigo, a pesar de que anteriormente yo no había tenido la menor dificultad para entrevistar a Cebrián acerca de otros temas, más positivos, eso sí, entre los que estaban la muy necesaria ampliación de capital que Prisa recibió de un fondo de inversión estadounidense llamado Liberty.

En vista de la negativa, como último recurso decidí asistir a una presentación pública de Caño, lo que me permitía hacerle preguntas desde el público sobre la independencia de su rotativo con respecto a los intereses empresariales y políticos. En su respuesta, Caño dijo que la carga de la deuda de Prisa «en absoluto» afectaba el contenido editorial del diario, pero reconoció que los periodistas españoles trabajaban en un país donde «los poderes políticos distaban mucho de los británicos a la hora de reconocer el papel fundamental que desempeñaba la prensa». Cebrián, que también estaba en la presentación, respaldó a Caño y recalcó la independencia de su redacción: «Lo que se publica es lo que el director de El País quiere que se publique», dijo.

En cuanto salió a la luz mi artículo, El País intentó desacreditar mi trabajo. Al mismo tiempo, la extinta Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) emitió un comunicado de prensa en el que se afirmaba que mi reportaje era una «caricatura». El entonces presidente de la asociación resultó ser, cómo no, el director ejecutivo de Prisa.

Caño envió a la dirección de The New York Times una lista detallada de lo que tachaba de «falacias» en mi artículo, además de afirmar que desde hacía mucho yo había mostrado una hostilidad personal contra El País . Por otro lado, David Alandete, el entonces director adjunto de El País , me llamó para protestar porque, según él, mi reportaje ponía de manifiesto que yo no estaba cualificado para trabajar de corresponsal. No le vi mucho sentido a intentar rebatirle tal afirmación, pues aquella me pareció una llamada telefónica de lo más desabrida.

Acto seguido, El País encargó a sus corresponsales en Nueva York que escribieran un artículo atacando los conflictos de intereses de The New York Times . El artículo, publicado a los pocos días del mío, hablaba de la expansión de The New York Times en México en un momento en el que Carlos Slim, el magnate mexicano, estaba entre sus mayores accionistas. «Esta vinculación ha suscitado dudas sobre la dificultad para The New York Times de mantener su línea editorial independiente con un accionista de tanta influencia», se afirmaba en el artículo, sin explicar exactamente quién tenía esas dudas. De hecho, el artículo no citaba un solo nombre de alguien que hablara así sobre The New York Times ni tampoco ofreció a nadie de la redacción estadounidense el derecho de réplica antes de su publicación, con lo que se estaba violando lo que generalmente se considera una de las normas fundamentales del periodismo ético.

La historia podría haber acabado ahí, pero no fue así. Al cabo de unos días, El País despidió a uno de sus más veteranos columnistas, Miguel Ángel Aguilar. Yo había citado a Aguilar en mi artículo, que advertía del declive del periodismo español y afirmaba que algunos se estaban marchando de El País «a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura». Aguilar sabía mucho sobre El País , pero también sobre la historia del periodismo en España. Y entendía claramente los peligros de la censura. Durante la dictadura de Franco, fue procesado por alentar los disturbios estudiantiles con un editorial en el desaparecido diario Madrid , periódico que a los pocos años de aquello fue cerrado por el régimen franquista.

Justo antes de que lo despidieran de El País , Aguilar había fundado su propio semanario, Ahora (de efímera existencia). Pero, aunque ya trabajaba en el proyecto de Ahora , su abrupto despido de El País seguía dando lugar a informaciones en diversos medios de comunicación centradas en que El País había entablado lo que un periodista designaba «guerra abierta» contra The New York Times . Personalmente no me sentí estar en guerra contra nadie, pero me molestó darme cuenta de que había subestimado las reacciones a mi artículo. Me habría esperado, si acaso, que tal vez se enfadara El Mundo en lugar de El País , pues en mi artículo daba más importancia a los problemas del primero que a los del segundo.

Caño, con quien anteriormente solo había coincidido de pasada, tenía, por supuesto, todo el derecho a defender su gestión. Pero me sorprendió que su periódico se enzarzara en una disputa que acabó dando lugar a un divorcio comercial con The New York Times . El País puso fin a un acuerdo para compartir parte de la infraestructura de impresión en Europa con The New York Times . Asimismo, el rotativo español dejó de publicar un suplemento semanal de artículos de The New York Times , que llevaba traduciendo más de una década.

El propósito de mi artículo había sido poner énfasis en las inquietudes de los periodistas sobre si la agenda editorial estaba a merced de los directivos y los accionistas, así como de los políticos y los empresarios. En cualquier caso, en mi artículo no figuraba todo lo que había averiguado sobre El País , en parte por falta de espacio, pero también porque algunas de mis informaciones procedían de reuniones a micrófono cerrado y de informes internos del comité editorial del rotativo.

Teniendo en cuenta a los lectores internacionales, mi objetivo había sido escribir sobre la situación general de la prensa española, en lugar de concentrarme solamente en los problemas de un diario en concreto. La respuesta de la dirección de El País a mi artículo parecía indicarme, si acaso, que el problema en España era cuando menos tan serio como yo había pensado.

En este libro he decidido repasar este incidente con cierto detalle no con ánimo de resucitar esta controversia, sino porque creo que las cuestiones subyacentes siguen siendo relevantes. España, como cualquier otra democracia, necesita poner todo su empeño en salvaguardar la independencia de la prensa.

Desde que se publicó mi artículo, ha habido otros movimientos en las redacciones españolas. Una nueva generación de publicaciones digitales ha cobrado importancia al aportar diversas exclusivas que se han sumado a la presión de rotativos más consolidados. Mientras, los cambios en las cúpulas de las jerarquías de las redacciones han continuado, entre ellos en El Mundo y El País . En 2018, S oledad Gallego-Díaz relevó a Caño y se convirtió así en la primera mujer en dirigir la redacción de El País , pero su mandato ya se acabó en 2020, con la vuelta de Javier Moreno al puesto de director.

El debate dentro del periodismo español se ha abierto un poco más. A finales de 2016 quedé para tomar un café con David Jiménez, a quien acababan de destituir de su cargo de director en El Mundo . Me dijo que había demandado a la dirección del diario por despido improcedente. Su causa, dijo, obligaría a que algunos de los más importantes actores de la industria de la comunicación comparecieran ante el tribunal en calidad de testigos y que estos podrían ayudar a exponer prácticas poco éticas o ilegales. Parecía que Jiménez se disponía a iniciar el juicio del siglo de la prensa española.

En lugar de eso, Jiménez alcanzó un acuerdo económico con El Mundo y retiró su demanda en enero de 2017, justo unos días antes de celebrarse el pleito. Dos años después, publicó un libro en el que presentó el año en que dirigió El Mundo como el equivalente de un viaje en una frágil balsa navegando a contracorriente y rodeada de tiburones a veces disfrazados de amables peces. El libro asimismo hacía hincapié en el «mercadeo de favores» dentro del periodismo español, que había comenzado mucho antes de la crisis financiera y que nada tenía que ver con la falta de dinero, y señalaba asimismo el plagio sistemático, la información difamatoria o los artículos en los que no se citaba una sola fuente. Jiménez escribió que él puso fin a la larga colaboración de El Mundo con José Manuel Villarejo, el excomisario de la Policía Nacional. Según cuenta Jiménez en su libro, desde hacía al menos dos décadas Villarejo había proporcionado a su periódico «la mayor parte de las exclusivas». Me deprimió pensar que El Mundo , uno de los diarios más importantes del país, hubiera sido desde mucho tiempo atrás el vocero de Villarejo y sus turbias intrigas. Villarejo fue enviado a prisión a finales de 2017 acusado de cohecho y blanqueo de capitales.

Una mayor competencia en la prensa puede resultar muy beneficiosa tanto en España como en cualquier sociedad democrática. Pero este aspecto positivo solo se da si la competencia no se muda en una desesperada carrera hacia el abismo en la que todos los participantes se saltan varios semáforos o acaban muriendo de asfixia financiera.

En Norteamérica y en todas partes, la competencia es también intensa, lo que obliga a las empresas a ajustar su estrategia una y otra vez. Yo empecé a trabajar en Bloomberg News en 1993, cuando la agencia de noticias estaba abriendo una oficina en Zúrich con el objetivo de consolidar su expansión en Europa. Como diríamos en el lenguaje contemporáneo, Bloomberg era entonces una start-up o empresa emergente en el negocio periodístico, a la que algunos de mis competidores de la prensa dominante de entonces consideraban poco más que una hermana pequeña molesta y demasiado ambiciosa. Aunque Bloomberg enseguida se granjeó el respeto de una importante clientela de banqueros en Zúrich, que comerciaban gracias a la valiosísima información que les proporcionaba la inmensa terminal de Bloomberg, el nombre de la agencia no era conocido entre la población en general en Suiza, ni siquiera en las altas esferas del Gobierno. Recuerdo una vez que llamé por teléfono a un responsable político suizo y tuve que armarme de paciencia para convencerlo de que mi empresa, Bloomberg, no tenía nada que ver con Bloomingsdale’s, la cadena de tiendas de lujo estadounidense que él conocía muy bien.

Cuando en el año 2000 me marché de Bloomberg para trabajar en The Financial Times , el rotativo todavía estaba poniendo a punto su oferta en línea. Mi jefe de entonces en la oficina parisina del periódico me dejó claro que no le interesaba escribir para el portal de internet <www.ft.com > y que prefería que el plazo de entrega de sus artículos siguiera venciendo por las tardes para la edición impresa del diario. Probablemente perteneciera a aquella última generación de corresponsales que disfrutaban del lujo de tener tiempo y que consideraban que lo que se publicaba en internet era poco más que un borrador de lo que luego iría a imprenta.

En los últimos diez años también he visto a The New York Times cambiar de táctica. Durante varias décadas The Times había poseído otras cabeceras, entre ellas The International Herald Tribune , que se publicó primero en Francia en 1887 con el nombre Paris Herald . El Herald fue uno de los primeros periódicos que se distribuyeron en Europa por avión, para deleite de varias generaciones de lectores en mi familia. De niño solía levantarme para ir corriendo al buzón de mis abuelos y, acto seguido, orgulloso, les dejaba el periódico en la mesa del comedor mientras ellos disfrutaban del desayuno.

Pero, aunque el Herald conservó la inquebrantable lealtad de mi familia y de muchos otros lectores en el mundo entero, este nunca desarrolló su propio portal de internet, de manera que a quienes buscaban en línea sus artículos se los redirigía a la página web de The New York Times . En la era de internet, la dependencia de la imprenta decidió, lenta pero inexorablemente, el destino de la cabecera. En 2016 The New York Times anunció el cierre de su sede europea en París, para centrarse en el desarrollo de una única cabecera para el mundo entero orientada a los lectores digitales. Se perdieron docenas de trabajos y algunos de mis jefes en París fueron trasladados a Londres, donde se les unieron otros que habían cruzado el Atlántico desde Nueva York. Londres tomó el relevo de París como oficina europea de una empresa periodística que funciona veinticuatro horas al día y en la que las decisiones más importantes se siguen tomando en Nueva York, pero en la que con regularidad la batuta pasa de unas manos a otras entre los responsables de Nueva York, Londres y Hong Kong.

Uno de los principales rivales de The New York Times es The Washington Post , que en 2013 compró Jeff Bezos, el fundador de Amazon, por 250 millones de dólares en efectivo. En aquel entonces la compra se presentó como un gesto filantrópico hacia la prensa, pero lo de Bezos no fue una mera donación caritativa. Lejos de haberse limitado a invertir el dinero suficiente para sostener el periódico, convirtió su inversión en beneficios a los tres años de su compra. Como ya he dicho en otro capítulo de este libro, España tiene un déficit en lo que a filantropía se refiere. En cuanto a ayudar a la industria de los medios de comunicación, no parece que en España haya ningún Bezos que combine la posesión de astronómicas sumas de dinero para invertir, perspicacia empresarial y una verdadera fe en el potencial cambio de rumbo de una cabecera de prensa consolidada.

El jurado todavía tiene que determinar quién ganará y perderá en la prensa española, pero parece claro que la industria periodística seguirá siendo vulnerable en términos financieros mientras la mayoría de los diarios continúen ofreciendo gratis su contenido digital. Esconder los artículos periodísticos tras un «muro de pago» o acceso a sus contenidos mediante suscripción puede provocar un doloroso impacto a corto plazo, pues los lectores buscan noticias gratis en otros rotativos. Pero a la larga, a mí me parece que es la mejor, y quizá la única, manera de conservar la viabilidad financiera.

En 2011 The New York Times implantó el muro de pago. En aquel entonces charlé con algunos directivos de la prensa española, quienes trataron de convencerme de que los malos hábitos de los lectores estaban muy arraigados y de que prácticamente era imposible combatir la cultura del gratis en España.

A modo de respuesta, les solía hacer una comparación con el problema del pirateo de películas en internet, que era muy grave cuando llegué a España en abril de 2010. Al poco de establecerme en Madrid, uno de mis nuevos amigos me habló de un personaje llamado Danko, que se había hecho famoso entre los apasionados del cine en internet. Pero nadie sabía realmente quién era Danko, pues solo se trataba del pseudónimo de un prolífico y enigmático proveedor de películas y series televisivas para descargar que la gente veía en portales de internet como Vagos y Series Yonkis. En aquella época mi amigo veía una popular serie estadounidense, Perdidos (Lost ), en una web que administraba Danko.

El problema era tan serio que España, por tercer año consecutivo, figuraba en una lista de vigilancia elaborada por el Gobierno estadounidense de países que violaban los derechos de propiedad intelectual. España aparecía en ella como un país con «una piratería digital especialmente considerable».

El responsable del área de Negocios de mi periódico estaba interesado en este asunto, pues tenía implicaciones obvias para Hollywood. A principios de 2010, Sony Pictures Entertainment, uno de los estudios cinematográficos más importantes, advirtió de que estaba considerando cesar por completo la venta de sus DVD en España a causa de la piratería galopante en el país.

Por entonces, unos expertos españoles me dijeron que sería muy difícil detener la piratería, máxime porque la mayoría de la población no lo veía como un delito. De hecho, los jueces españoles han estado dictando sentencias ambivalentes. En 2016 el fiscal general del Estado advirtió de que el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor entre particulares mediante descarga es lícito siempre que pueda demostrarse que no tiene ánimo de lucro.

Una década después, la piratería no ha desaparecido, pero a todas luces la situación ha mejorado. Series Yonkis se cerró y se llevó a juicio a sus fundadores, a pesar de que estos fueron absueltos del delito contra la propiedad intelectual en 2019. La mayoría de mis amigos ahora afirman ver películas y series en plataformas como Netflix, HBO o Movistar. Disfrutan de una mayor calidad y están dispuestos a pagar por ella. En 2018 Netflix incluso eligió a España para ser su principal centro de producción en Europa.

Puede que algunos directivos de la prensa tengan razón al sostener que no hay motivo para pensar que los lectores españoles vayan a pagar por sus noticias por el mero hecho de que paguen por ver sus series favoritas. Puede que esté yo mezclando churras y merinas. Ahora bien, parece que los rotativos españoles por fin se están animando a seguir el ejemplo de Netflix y otras plataformas en España. En mayo de 2020 El País fue la última gran cabecera hasta el momento en lanzar un modelo de suscripción digital. Si a la gente le ofrecen avances tecnológicos y unos contenidos mejores, esta puede mudar sus hábitos.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:

LAS ACUSACIONES DE PEDERASTIA

CONTRA UN CURA GRANADINO

Rara vez llueve en Granada, pero, cuando lo hace, lo hace a cántaros. Durante una miserable semana de lluvias en enero de 2015, visité la ciudad para escribir la crónica de lo que parecía una historia no menos miserable.

Junto a Laura León, la fotógrafa con la que he hecho varios viajes para hacer reportajes, conduje por Granada hasta que encontramos la iglesia del padre Román Martínez. Este sacerdote se hallaba en el centro de uno de los escándalos de abusos sexuales más serios que surgirían en España desde que el papa Francisco se convirtiera en la cabeza de la Iglesia católica romana.

De hecho, el Papa había intervenido directamente en el escándalo en el marco de una cruzada del Vaticano contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

En 2014 un antiguo monaguillo, David Ramírez Castillo, escribió al papa Francisco una misiva en la que describía los abusos sexuales que él y otros supuestamente habían padecido durante su adolescencia a manos de un grupo, mayoritariamente formado por sacerdotes, cuyo cabecilla era el padre Román. El Papa lo telefoneó y lo instó a que denunciara los hechos al Arzobispado de Granada. Igualmente, el papa Francisco ordenó que la Iglesia investigara el caso solicitando una completa transparencia. El escándalo acabó en un tribunal.

Cuando visité Granada, el padre Román había sido condenado al ostracismo. Después de la intervención del Papa, la Diócesis de Granada había suspendido al padre Román y al resto de los sospechosos principales de sus funciones clericales. Al cabo de unos meses, a raíz de la investigación judicial se detuvo brevemente a cuatro personas, entre ellas el padre Román, que fue liberado tras pagar una fianza de 10.000 euros. En total, doce hombres, diez de ellos sacerdotes, fueron imputados por delito de abusos sexuales a un menor o de encubrir al padre Román, que fue descrito como el cabecilla del grupo, conocido como clan Romanones.

Aunque no conseguí hablar con ninguno de los sacerdotes, tampoco tenía que entrar en la parroquia de San Juan María Vianney para comprender lo traicionados que debían de sentirse algunos lugareños. Hacía poco que habían encalado el exterior de las paredes de la iglesia para borrar las pintadas ofensivas. Sin embargo, bajo la nueva capa de pintura, todavía se podían descifrar algunos comentarios insultantes escritos con espray rojo contra el padre Román y sus colegas sacerdotes.

La iglesia se alzaba al lado de una escuela gestionada por monjas, así que decidí aguardar fuera para hablar con los padres sobre el escándalo sexual. Quería saber qué sentían las familias del pueblo por sus sacerdotes. Me imaginaba que algunas estarían preparando a sus hijos para hacer la primera comunión.

«No entiendo cómo un religioso puede hacer daño a nadie, y todavía menos a un niño», me dijo una madre llamada Úrsula Muñoz, mientras tenía a su hija cogida de la mano. Me contó que todavía quería que su hija hiciera la primera comunión, pero que tenía previsto organizar la ceremonia en el colegio en lugar de en la iglesia.

Ese mismo día más tarde, con el coche nos adentramos en la sierra granadina por una carretera batida por el viento en dirección a un pueblo llamado Pinos Genil. En una de las calles encontramos Los Pinillos, el chalé conocido por sus asiduos como «La Cumbre» y donde el padre Román y otros sacerdotes solían pasar temporadas durante los meses de verano.

La mayor parte de la información de la que yo disponía sobre el escándalo procedía de un sumario de las acusaciones cuyo secreto había alzado el magistrado que investigaba la causa, Antonio Moreno. Dicho sumario comprendía diferentes testimonios, amén del relato de Ramírez sobre cómo el padre Román y los demás sacerdotes habían convertido su chalé en la cima de una montaña en un lugar ideal, apartado de todo, para celebrar sus fiestas y abandonarse a sus fantasías sexuales. Según el sumario del juez, los sacerdotes se refrescaban en la piscina y luego se duchaban desnudos delante de sus invitados menores de edad. A veces el grupo también veía vídeos pornográficos mientras se tocaban unos a otros. Ramírez describió el frasco de aceite de romero que, según él, utilizaba el padre Román mientras otros sacerdotes o invitados le masajeaban el cuerpo entero. Su relato incluso detallaba una marca de nacimiento en el pene del padre Román.

El chalé estaba cerrado a cal y canto cuando lo visité. Dadas las inclemencias del tiempo, no había un alma en las calles y lo único que se oía era un perro que ladraba sin cesar en uno de los jardines vecinos. Me costaba imaginar aquel lugar en un caluroso día estival, con unos sacerdotes compartiendo la piscina de su jardín con sus monaguillos y otros amigos.

Ramírez tenía veintipocos años cuando escribió al Papa. Pero conocía al padre Román desde los siete, cuando estudiaba la catequesis. Con el tiempo se convirtió en uno de sus monaguillos. Paso a paso, declaró Ramírez, el párroco lo convenció de que, para aumentar su fe, debería pasar más tiempo con él y otros curas.

Aquella noche, quedé en un bar con el abogado del padre Román, Javier Muriel. Agradecí que Muriel eligiera un local situado en una de las calles porticadas de Granada y de ese modo no me empapé en mi paseo hasta allí, pues no había atisbos de que la lluvia dejara de arreciar.

Como cabía esperar, Muriel me dio una versión distinta. Me dijo que el párroco era víctima de un embuste y que ahora el escándalo había arruinado su vida, si bien esperaba limpiar su nombre en el tribunal. «¿Te puedes imaginar lo que significa para un párroco lidiar con esto? —me dijo Muriel—. Espero que un día se sepa por qué alguien se ha inventado semejantes acusaciones.»

Había leído tanto sobre la pedofilia y los abusos sexuales de toda índole dentro la Iglesia católica que tampoco es que sintiera demasiada compasión. Y, a pesar de que gran parte de la causa contra el padre Román y sus amigos curas se basaba en las declaraciones de Ramírez, un querellante más sumó su nombre al caso, otro antiguo monaguillo llamado Josué Heredia. Había también algunos testigos, a uno de los cuales conseguí localizar, aunque este convino en hablar conmigo con la condición de que no mencionara su nombre. Durante nuestra entrevista, me explicó cómo había evolucionado su relación con el padre Román desde que había empezado a asistir a misa hasta que comenzó a ir de manera regular a su casa «para jugar a las cartas, al ajedrez o ver la tele». Dejó de ver al cura, me dijo, después de que un día fuera a casa del párroco para darse una ducha tras hacer deporte: al salir de la ducha el sacerdote intentó tocarle los genitales, me dijo.

Ramírez, el principal demandante contra el padre Román, no cortó sus lazos con la Iglesia al alcanzar la edad adulta y marcharse de Granada; es más, con el tiempo entró en el Opus Dei, el movimiento católico tan arraigado en España, país donde se había fundado en 1928.

Su abogado, Jorge Aguilera, me insinuó que su cliente se había sentido incapaz de denunciar los abusos mientras estaba en Granada, pero que le había parecido «más fácil a mil kilómetros de distancia», cuando se mudó a Pamplona para terminar un doctorado en Psicología en la Universidad de Navarra, que tiene un estrecho vínculo con el Opus Dei. Aguilera dijo que su principal preocupación era que algunos de los delitos perpetrados por los curas ya habían prescrito, debido al largo tiempo transcurrido entre los abusos y el inicio del proceso judicial.

Aunque podía entender por qué Ramírez, traumatizado por los abusos, no había hablado antes, no acertaba a comprender por qué la Diócesis de Granada no había conseguido impedir que una docena de sus curas violaran sus propias normas. Al fin y al cabo, si bien Granada es una ciudad de tamaño considerable, con alrededor de 230.000 habitantes, parecía probable que más gente estuviera enterada del chalé y de las invitaciones de los sacerdotes.

De hecho, «esta historia jamás habría salido a la luz si el Papa no hubiera intervenido», me dijo Amina Nasser, una periodista local. Esta me habló prolijamente de las investigaciones que estaba realizando para su publicación, Andaluces Diario , acerca de la Diócesis de Granada, cuya reputación ya se había visto mancillada por otras denuncias, que no guardaban relación con estas, por malversación financiera después de un gran dispendio del arzobispado.

Tras la intervención del Papa, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, se postró, junto a otros sacerdotes, ante el altar mayor de la catedral granadina. «Rezaremos en silencio unos minutos pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados de la Iglesia, por todos los escándalos que puedan o hayan podido producirse entre nosotros y en cualquier lugar del mundo», dijo el arzobispo durante la eucaristía que celebró ese día.

Cuando el arzobispo de Granada viajó a Roma para visitar al papa Francisco, se especuló sobre si se le pediría que dimitiese. En cambio, el Papa instó al arzobispo a «bajar de la cruz» y afrontar los problemas de su diócesis, según lo que me contó sobre aquel encuentro Paqui Pallarés, portavoz de la Diócesis de Granada.

Cuando terminé de recabar información, tenía suficiente material para escribir un artículo que apareció en primera plana de la edición estadounidense de The New York Times con el título «Un Vaticano más abierto se enfrenta a escándalo de abuso sexual en España» («In Spanish Abuse Scandal, a More Open Vatican»). Lo que más interesaba a los responsables del rotativo no eran los morbosos detalles del abuso sexual, sino el contexto más amplio en que se estaba desarrollando el escándalo, con un nuevo Papa que parecía deseoso de diferenciar su postura ante los agresores sexuales de la de su predecesor, el papa Benedicto. A fin de cuentas, Estados Unidos se había visto envuelto en uno de los peores escándalos de abusos sexuales, en la Diócesis de Boston, que acabó convirtiéndose en una película ganadora de dos premios Óscar, Spotlight .

Un fragmento de mi reportaje lo había escrito uno de nuestros corresponsales en Roma y hablaba sobre cómo el papa Francisco estaba confiriendo «un nuevo sentido del contacto personal y la indignación pública al asunto» del abuso sexual que contrastaba con la imagen de burocracia indiferente que el Vaticano había dado hasta entonces. El papa Francisco habló con franqueza sobre el escándalo sexual de Granada durante un viaje de avión. «Recibí esta noticia con gran dolor, un dolor inmenso —le dijo el Papa a un periodista español durante el vuelo—, pero la verdad es la verdad, y no deberíamos ocultarla.»

Aun así, mi colega en Roma también hacía una advertencia en el artículo sobre la lucha del Papa contra los abusos sexuales en el seno de su Iglesia al señalar que diversas víctimas todavía seguían esperando ayuda después de presentar sus demandas. En aquel entonces, el Vaticano estaba demorando un juicio por abusos sexuales prometido desde mucho tiempo atrás a su antiguo embajador vaticano en la República Dominicana, el arzobispo Józef Wesołowski.

Este reportaje sobre Granada conectó con los lectores. Después de que se publicara, recibí algunos correos electrónicos de gente que me quería contar sus quejas por los agravios que les había infligido la Iglesia católica.

Pero el correo más importante que recibí fue el de Ramírez, el principal demandante. Lejos de ver con buenos ojos el hecho que estuviera hablando sobre los abusos del clero granadino, me dijo que me llevaría a juicio por nombrarlo en mi artículo, al contrario de la prensa española, que había hablado del escándalo, pero nunca había expuesto su identidad. Ramírez me dijo que estaba presentando una demanda penal contra mí por violar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999, que protege a las víctimas de abusos sexuales. «No todo vale, señor Minder, para poder vender más.»

Mi respuesta comenzaba con unas disculpas por causarle más dolor. Pero también le expliqué que antes de escribir lo había consultado con su abogado y le había prevenido de que lo nombraría a él por el hecho de que el magistrado de Granada había decidido levantar el secreto de sumario de la investigación. Cualquiera que fuera al juzgado podría encontrar su nombre y utilizar la información contenida en dicho sumario.

También le expliqué por qué era importante ofrecer un relato equilibrado que respetara la presunción de inocencia de los sacerdotes encausados, por más que su reputación ya hubiera quedado seriamente empañada. Quería ceñirme a la deontología de la información basada, en la medida de lo posible, en hechos y en información, no en rumores ni acusaciones.

«Mi periódico suele utilizar nombres incluidos explícitamente en casos jurídicos. Forma parte de la deontología de un periodismo basado en hechos, y no en rumores ni acusaciones. No lo hago con ánimo de perjudicar a nadie, sino con el deseo de llegar a un equilibrio (se han publicado por todas partes los nombres de los imputados) y con el deseo de presentar los hechos con todos los detalles posibles. También me parece importante que el lector que pudiera dudar de unas acusaciones tan serias contra unos sacerdotes sepa que no se trata de una denuncia anónima, sino de la de una víctima muy concreta que todavía sufre.»

Ramírez no aceptó mis disculpas y me aseguró que yo perdería la causa que estaba presentando en mi contra. En otro correo electrónico me preguntó si de veras creía que la prensa debería haber publicado su nombre.

Por suerte ningún juez me ordenó comparecer en los tribunales granadinos. Sin embargo, al cabo de dos años, me volví a ver en la tesitura de escribir sobre este caso a raíz de que la Audiencia de Granada absolviera al padre Román, al considerar que no había pruebas de que hubiera abusado del antiguo monaguillo.

En una sentencia de 81 páginas, la magistrada listó algunos de los sucesos y detalles proporcionados por Ramírez que no podían corroborarse ni comprobarse. Por ejemplo, el pene del padre Román no tenía ninguna marca de nacimiento, al contrario de lo que había sostenido Ramírez. El tribunal tampoco encontró prueba alguna de que el sacerdote viviera en una «atmósfera de perversa pedofilia», como se había alegado. En su conclusión, la Audiencia afirmaba lo siguiente: «Reconocemos que la motivación que ha llevado a David Ramírez al mantenimiento de una acusación contra el procesado se nos escapa, no existiendo prueba sobre dicha circunstancia. El tribunal no puede realizar elucubraciones, especulaciones o hipótesis al respecto, solo puede afirmar, y lo hacemos con contundencia y determinación, que no existe prueba alguna en el procedimiento que apoye la versión del denunciante, y que el dato de sostener este haber sido abusado sexualmente cuando era menor de edad no encuentra más apoyo que su contradictorio, vacilante y no corroborado testimonio».

El abogado del párroco, Javier Muriel, me dijo por teléfono que el veredicto demostraba que la causa era una fábula. «Es muy fácil denunciar la pedofilia, un delito que tiene lugar en la intimidad y en el que el testimonio de la víctima es en verdad la única prueba», me dijo Muriel.

La Archidiócesis de Granada aplaudió el fallo de la Audiencia diciendo que ponía fin al «sufrimiento que esta causa había provocado no solo en la Diócesis, sino, en realidad, en el seno de toda la Iglesia». Por su parte, Ramírez no respondió a mi solicitud de que me aportara sus observaciones sobre los últimos desarrollos del caso.

El padre Román regresó al seno de la Iglesia después de que la Santa Sede levantara la suspensión de su ministerio sacerdotal. El párroco decidió no buscar compensación en los tribunales por el desprestigio sufrido, y el papa Francisco lo recibió en audiencia privada en el Vaticano en julio de 2018. Este le pidió perdón por el calvario personal que había soportado, según Muriel, el abogado. No obstante, los periodistas apenas informaron sobre esta parte de la historia. «Este resultado no llamó la atención de la prensa, salvo en un ámbito muy local», señaló Muriel.

Cuando el Papa se reunió con el padre Román, el punto de mira de la actualidad hacía mucho que se había trasladado fuera de Granada. Aparte de las cuestiones que había suscitado el escándalo, para mí aquello fue la cristalización de muchos de los problemas que pueden surgir cuando la prensa se abalanza a cubrir una noticia antes de que llegue el veredicto de los tribunales. En 2015 el Gobierno aprobó una ley que cambió la terminología empleada para describir a una persona en las primeras etapas de un caso judicial: se pasó de imputado a investigado . El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que se requería este cambio porque el término imputado tenía «un nivel de contaminación semántico muy alto» y que era importante encontrar una palabra que «no marcase» indebidamente a la persona.

Existen muchos motivos para continuar investigando a la Iglesia en España, en especial, el hecho de que haya consolidado su riqueza registrando sus iglesias como propiedad privada. Pero hay razones también para que la prensa sea más prudente al tratar posibles escándalos, máxime porque el ritmo de la justicia en España implica que pueden transcurrir años desde que se abre una investigación hasta que se concluye.

¿Cuántas veces he seguido en los medios de comunicación españoles escándalos de corrupción en los que se arrastraba por el fango el nombre de los encausados antes incluso de que comparecieran ante el juez? ¿Y qué pensar de esos periódicos que han basado sus crónicas en filtraciones anónimas, algunas de las cuales luego se demostró que eran bulos? Como ya he señalado en otra parte de este libro, el escándalo de José Manuel Villarejo, el inspector de policía, salpica también a la prensa española que participó en su labor difamatoria. Sin la connivencia de algunos periodistas, Villarejo no habría podido divulgar sus dañinas informaciones en nombre de sus poderosos clientes.

En Granada había puesto todo mi empeño en hablar con todas las personas relevantes para escribir un artículo sobre una información importante que había disgustado al papa Francisco y que se publicó en la primera plana de mi periódico, pero que después un tribunal consideró errónea en lo fundamental. A veces las mejores intenciones no conducen al mejor resultado.

RECUPERAR UNA HERENCIA:

EL PASADO SEFARDÍ DE LA PENÍNSULA

En mayo de 2011 España invitó al gran rabino sefardí de Israel, Shlomó Moshé Amar, el máximo representante de los judíos que huyeron de la península ibérica. Era la primera autoridad religiosa judía que visitaba de manera oficial el país en cinco siglos.

El gran rabino aterrizó en Madrid. Pero la parte más importante y emotiva de su viaje fue su visita a Granada y a la Alhambra, en concreto el salón del trono, donde en 1492 los reyes católicos habían firmado uno de los edictos de la expulsión de los judíos.

Me habían encargado que cubriera un acontecimiento que se antojaba relevante no solo para los judíos de España, sino para los del mundo entero. The New York Times cubre muy de cerca todo cuanto acontece en relación con los judíos y su historia, de modo que hice un trabajo preparatorio y me reuní con algunos miembros de la delegación israelí antes de la excursión a Granada.

La reunión madrileña se celebró en Casa Sefarad (el nombre hebreo de España), una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores fundada para promover las relaciones con Israel y fomentar «un mayor conocimiento de la cultura judía en el seno de la sociedad española». La velada fue asimismo la oportunidad para que las autoridades españolas e israelíes hicieran una revisión final de la logística del viaje granadino, y yo escuché sus conversaciones.

Uno de los responsables españoles explicaba que el gran rabino visitaría el Ayuntamiento de Granada y después la Alhambra, donde también sería el invitado de honor en un almuerzo especial que tendría lugar en el magnífico Parador que se alza junto a la Alhambra.

Un miembro de la delegación israelí preguntó si podía mirar el menú. Su homólogo español le dijo que desconocía los pormenores, pero que, a buen seguro, la comida sería variada y estaría deliciosa. «Y, por supuesto, será kosher , ¿verdad?», preguntó el israelí. Se hizo un embarazoso silencio tras la pregunta. El delegado español insinuó que se podría evitar cualquier plato problemático del menú, pero amablemente el israelí le explicó que no solo era una cuestión de lo que estaba en la mesa, sino de cómo y dónde se había preparado la comida.

La búsqueda de otro establecimiento kosher en Granada acabó siendo infructuosa. A pesar de que Granada tenía alrededor de 230.000 habitantes, no poseía un local donde un rabí pudiera comer. Al final, los israelíes movieron Roma con Santiago con el fin de pedir su comida a Israel y asegurarse de que esta se les entregara por avión a tiempo para el almuerzo del rabí.

Al día siguiente, el almuerzo oficial en el Parador siguió adelante, aunque, como es natural, sin el gran rabino. Y yo, en lugar de asistir a la comida, me uní al rabino y juntos hicimos un pícnic en los preciosos jardines de la Alhambra. El tiempo era perfecto, los árboles procuraban una tupida sombra y el gran rabino parecía estar más ancho que largo a pesar de la extraña situación de ser el invitado de honor y estar sentado en el banco de un jardín, muy lejos de la mesa principal en el local oficial del almuerzo.

Mientras el rabino trataba de decidir si comía humus de una tarrina de plástico o galletas de un plato, le pregunté qué pensaba de aquel improvisado pícnic. «Los pájaros no comen kosher —me dijo—. Cuando estás en un lugar donde ya no hay judíos, tampoco te puedes esperar que tenga las estructuras apropiadas para satisfacer las necesidades y los hábitos alimentarios de los judíos.»

En general, la visita fue un éxito. El gran rabí oyó de los labios de diferentes autoridades la importancia de los judíos en España, si bien nadie se disculpó con él de manera directa por la expulsión de los judíos en 1492. En cambio, el gran rabí elogió los progresos de España por la reanudación de la relación con los judíos.

Durante la visita al Consistorio de Granada, Shlomó Moshé Amar le dijo al alcalde, José Torres Hurtado: «Ahora vemos que esta ciudad irradia la luz de la sabiduría, la libertad y el esplendor». Sentado en un salón decorado con pinturas religiosas con escenas del nacimiento y la muerte de Jesucristo, el gran rabino añadió: «Considero que esta visita es muy especial, ya que, después de varios siglos, estamos disipando la oscuridad que ha envuelto esta relación». En respuesta, el regidor granadino remarcó «la perfecta armonía entre culturas» que predomina en la Granada contemporánea. Asimismo, compartió con el gran rabino una broma: «Esperemos que no transcurra tanto tiempo hasta la próxima visita».

Sin embargo, la vivencia del pícnic en el jardín se quedó grabada en mi mente por ser un llamativo ejemplo de cómo una sociedad puede fácilmente olvidar su pasado y de lo duro que es resucitar su memoria. Como había dicho el gran rabino, quizá estuviera fuera de lugar esperar que un país cualquiera considerara las adversidades que ha afrontado una comunidad que carece ya de un peso fundamental en su sociedad.

A despecho de los escasos datos oficiales, se calcula que la comunidad judía en España cuenta con entre 25.000 y 45.000 miembros en un país de 47 millones de habitantes. Esta cifra es solo una porción del número de judíos que vivían en España antes de 1492, cuando la península ibérica era el epicentro de la comunidad hebrea. Antes incluso de su expulsión, la población judía en España había comenzado a menguar a consecuencia de los pogromos, las conversiones y a una devastadora peste.

En los últimos años, España ha venido haciendo significativos esfuerzos para reconstruir su comunidad judía. La medida de mayor envergadura ha sido una ley de 2015 para conceder la nacionalidad española a las personas que pudieran demostrar su descendencia de los judíos sefarditas a los que se obligó a huir tras la orden de expulsión de 1492.

En los cuatros primeros años desde que entrara en vigor la ley, unas diez mil personas de ascendencia judía lograron reclamar la nacionalidad española. En ese período España ha descollado por ser uno de los países que prácticamente ha evitado la violencia antisemita y los abusos que han sufrido los judíos en otras partes de Europa, entre ellas, Francia, donde se han profanado varios cementerios judíos y otros edificios.

Esto tampoco significa que el antisemitismo nunca haya sido un problema en España. En mayo de 2014 la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League, en inglés), con sede en Nueva York, divulgó su primera encuesta global sobre el antisemitismo, en el que se consideró que el 29 % de los encuestados en España abrigaban estereotipos perjudiciales sobre los judíos. Una semana después, escribí un reportaje, aún más alarmante, sobre un brote de antisemitismo español provocado por un decepcionante resultado en un partido de baloncesto. Después de que el Real Madrid perdiera frente al Maccabi Tel Aviv en la final de la Copa de Europa de baloncesto, casi 18.000 personas escribieron mensajes en Twitter con una etiqueta soez y antisemita. Las asociaciones judías enseguida presentaron una denuncia citando la legislación española contra la incitación al odio. Danny Federman, el director del Maccabi, dijo que era «una gran decepción asistir a semejante avalancha de antisemitismo tras una victoria muy merecida».

Pero, en líneas generales, de acuerdo con mi experiencia personal, el sentir antijudío en España deriva principalmente de la preocupación por la política en Oriente Medio, en especial la honda solidaridad española con la causa palestina. Aparte de esto, he conocido a gente muy culta en España que se esfuerza de veras por diferenciar entre su descontento con la política de Israel, en especial durante el largo mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu, y otros asuntos relacionados con la religión judía.

Cuando el presidente Barack Obama nombró embajador de Estados Unidos en España a Alan Solomont, este sintió pesar al ver que varios rotativos españoles lo presentaban como «un judío millonario».

«Yo venía en calidad de representante de Estados Unidos, así que esa no es la manera en que quería que me describieran», me dijo Solomont al cabo de unos años.

Aun así, en cuanto llegó a Madrid, la impresión de Solomont fue mucho más positiva. En enero de 2010, el día que presentó sus credenciales de embajador al rey Juan Carlos I, Solomont recorrió la ciudad a toda velocidad en su limusina blindada Cadillac para asistir a la ceremonia en conmemoración del Holocausto organizada por el Gobierno de la Comunidad. «Descubrí que los españoles, incluidos los políticos, estaban muy poco familiarizados con los judíos, pero que consideraban importante salvar la distancia con su pasado», declaró Solomont. Parte de su labor en España, dijo, consistía en «ofrecer una imagen más equilibrada de la mala percepción que se tiene de España en ciertos círculos de la comunidad judía estadounidense».

Durante unos años he acompañado, en calidad de conferenciante, a un grupo de lectores de The New York Times en viajes de turismo de una semana a Andalucía. El viaje se promociona como una visita al «centro del judaísmo, el cristianismo y el islam», donde coexisten lugares históricos de estas tres grandes religiones. Cada año, el viaje ha atraído a algunos judíos estadounidenses, algunos de los cuales ya están muy familiarizados con la historia de los judíos en la península ibérica. Puesto que no soy judío, considero que pasar tiempo con estos turistas recorriendo las carreteras andaluzas es una experiencia de lo más enriquecedora.

Para satisfacer a este público, una considerable parte del viaje está consagrada a mostrar los vestigios del pasado judío en España. En resumen, diré que no es mucho lo que ha quedado. En Sevilla, por ejemplo, nuestro grupo pasea por la antigua judería, donde el guía local la mayoría de las veces nos pide que imaginemos cómo habrían sido siglos atrás una antigua sinagoga y unos edificios que en su día pertenecieron a judíos acaudalados e influyentes, antes de que fueran destruidos, remodelados o convertidos en iglesias.

De cuando en cuando, nuestro grupo también se reúne con responsables que participan en los asuntos judíos en España, incluidos los de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a los judíos españoles. Durante una cena en Toledo, asistí a la embarazosa conversación de una autoridad española y una de las turistas estadounidenses, una mujer neoyorquina cuya tesis doctoral trataba sobre la historia judía y que leía textos antiguos en arameo. A todas luces, la responsable española, que no era judía, no se había esperado verse sometida a sus precisas y exhaustivas preguntas, y se las vio y se las deseó para contestarlas.

En el camino desde Sevilla a Granada, visitamos la pequeña ciudad jienense de Úbeda, uno de los tesoros de Andalucía. Una de nuestras paradas era la Sinagoga del Agua, que se había descubierto hacia 2007 y que desde entonces es uno de los lugares más visitados en Úbeda, ya que cada año atrae a alrededor de 40.000 turistas. Unos escalones de piedra conducen a la sala de baño ritual de purificación o mikveh , lleno de agua cristalina.

Esta sinagoga, que data del siglo XVIII , ha sido admirada por diversos escritores de viajes y en la guía Fodor’s de España aparece descrita como uno de los «increíbles descubrimientos» de Úbeda, una ciudad que está en la lista de lugares declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.

Es tan increíble, en efecto, que puede que no sea verdad del todo. Aun cuando los promotores de la sinagoga anuncian las extraordinarias circunstancias en que se descubrió la construcción, una vez recibí un correo electrónico de un español especialista en Historia judía que había leído acerca de nuestro itinerario. Quería advertirme de que nuestros invitados estaban visitando un lugar que falazmente reivindicaba ser parte del legado judío.

Estudié su queja y descubrí que algunos arqueólogos también ponían en entredicho la autenticidad de la sinagoga y señalaban que la excavación del yacimiento la había realizado un promotor inmobiliario que se basaba de manera exclusiva en lo que decían sus constructores, en lugar de en lo que decían los expertos en Historia antigua.

La gestión del museo de la Sinagoga del Agua de Úbeda está en manos de Andrea Pezzini, un simpatiquísimo y cálido italiano que ha contribuido de un modo significativo al turismo de Úbeda después de que decidiera instalarse allí hace veinticinco años. Pezzini tiene su propia empresa de turismo y no solo administra la Sinagoga del Agua, sino también el monumento ubetense más célebre, que es un gigantesco mausoleo construido por uno de los más insignes arquitectos españoles del Renacimiento y que señorea la plaza principal de la ciudad.

Cuando le pedí que me probara que la sinagoga había sido un templo judío, Pezzini reconoció que no existía documentación científica que confirmara el mikveh y el resto de los elementos de la sinagoga. Ahora bien, me dijo que cualquiera de las críticas que le habían dirigido los arqueólogos y otras personas estaban probablemente motivadas por la «envidia o la contrariedad por no controlar ellos el lugar». Añadió: «¿Acaso los arqueólogos o los historiadores son los únicos que están en posesión de la verdad? En mi opinión, lo que de verdad importa es que hemos tenido a judíos que han venido aquí a rezar, cantar e incluso a casarse».

Francisca Hornos Mata, la directora del museo de Jaén, me dijo que no quería dar pábulo a la controversia sobre la sinagoga, a pesar de que sus promotores no habían respetado las reglas. «Tal vez el problema fundamental sea la ausencia de una investigación anterior a las decisiones de restaurar y recrear» el lugar como si fuera una sinagoga, dijo.

La sinagoga se había descubierto justo antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Fernando Crespo, un empresario del mercado inmobiliario, decidió convertir un edificio en ruinas en un nuevo bloque de apartamentos y tiendas. En 2007, cuando sus constructores comenzaron las obras de lo que iba a ser el aparcamiento subterráneo del inmueble, se toparon con una serie de arcos y columnas. Crespo, que también es coleccionista de antigüedades, detuvo su proyecto y resolvió que sus trabajadores cambiaran de rumbo y excavaran lo que ahora se ha convertido en una sinagoga museo que consta de seis salas que asimismo están llenas de antiguas reliquias judías, la mayoría de las cuales se descubrieron en otros lugares y se transportaron después al museo.

Pezzini me contó que había algunos documentos históricos que demostraban que Úbeda había sido una importante ciudad judía hasta al menos 1391, cuando los judíos padecieron un pogromo. El mikveh es una sala subterránea que quizá se hubiera utilizado miles de años antes para realizar rituales, dijo, sobre todo, porque cada año en el solsticio de verano incide en él un extraordinario haz de luz.

Para mí el debate sobre los orígenes de la sinagoga planteaba una cuestión más general: la de si España ahora estaba esforzándose de más para dar realce a un legado judío prácticamente destrozado y obtener ingresos a su costa.

En efecto, el turismo judío se ha convertido últimamente en un gran negocio en España, en especial desde que el Gobierno reconoció los males infligidos en el pasado y aprobó la ley de concesión de nacionalidad a los sefardíes originarios de España.

Uno de los más curiosos ejemplos del renacimiento judío en España en tiempos recientes tuvo lugar en una diminuta aldea de Castilla y León que visité en mayo de 2014. En aquel entonces, sus habitantes registrados en el censo electoral —56 del total de la población— preparaban un referendo sobre si cambiar o no el nombre de la aldea, que a la sazón era Castrillo Matajudíos.

Recientemente en España ha habido una avalancha de cambios en los nombres, la mayoría de ellos dirigidos a borrar la huella de la dictadura de Franco, algo de lo que hablo en otra parte de este libro.

Pero en lo que a los judíos se refiere, me pareció que el alcalde del pueblo, Lorenzo Rodríguez Pérez, estaba haciendo una enérgica campaña para superar la reticencia conservadora a adoptar un cambio en semejante entorno rural. Algunos habitantes dudaban de si sería bueno para su pueblo poner fin a su vinculación con la masacre medieval de los judíos. «Por desgracia, la verdad es que nuestra gente no tenía ni idea ni sobre nuestra historia ni sobre de dónde venimos», me explicó el corregidor.

Mientras caminaba por el soñoliento pueblo en busca de gente a la que entrevistar, pronto comprendí por qué al alcalde le estaba costando tanto cambiar las cosas. En la jerarquía de preocupaciones, la gente antepone otras a la de su pasado judío.

«Hemos vivido perfectamente bien con ese nombre durante cuatrocientos años, entonces ¿a santo de qué esa repentina necesidad de cambiarlo?», me dijo Anastasio Alonso, un agricultor del pueblo.

Aun así, el referéndum se aprobó poco después de mi visita en una votación relativamente reñida, con veintinueve habitantes que votaron a favor de un nuevo nombre y diecinueve en contra. El pueblo adoptó uno mucho menos controvertido: Castrillo Mota de Judíos.

En el marco de su campaña para el referendo, Rodríguez Pérez también recurrió a varios especialistas en Historia y arqueólogos para que, en primer lugar, lo ayudaran a explicar cómo su pueblo había recibido ese desafortunado nombre. Nadie obtuvo una respuesta definitiva, pero una de las posibles explicaciones es que quienes se habían convertido al cristianismo decidieron imponer un nuevo nombre a su aldea de suerte que sugiriera que ellos habían matado a judíos y de ese modo protegerse a sí mismos durante la Inquisición (el primer documento en que la aldea consta con el nombre de Castrillo Matajudíos data de 1623).

Desde la consulta, el alcalde ha continuado promocionando las raíces judías del pueblo y ha trabajado con el fin de poner de relieve el legado de lo que en el pasado había sido una próspera comunidad judía, fundada en el siglo XI , después de que se expulsara a los judíos de una aldea vecina. Puso en marcha la búsqueda de los vestigios de la sinagoga y otros indicios ocultos que demostraban el asentamiento original en la cima de una colina. El corregidor asimismo decidió construir un centro de visitantes dedicado a la memoria y la historia de los judíos sefarditas. Ese proyecto, me dijo, habría sido «inimaginable» antes de la consulta sobre el nombre del pueblo en 2014. Desde entonces, el número de visitantes ha crecido de manera constante y «para muchos nos hemos convertido en un ejemplo de lucha contra el antisemitismo», me dijo cinco años después de que nos viéramos por primera vez.

A lo largo y ancho de España los operadores de viajes cada vez están organizando más itinerarios para mostrar la historia judía, incluso en ciudades en las que solo hay alguna que otra huella de sus antiguos edificios judíos. Algunos guías de viajes sostienen que, si se hiciera con cuidado, se podría trazar un itinerario que explicara a los visitantes la diferencia entre la historia que pueden aprender y los lugares que realmente pueden ver.

«Convertir las zonas judías de España en una Disneylandia no ayuda en absoluto a explicar la compleja historia de España y su relación con los judíos —me dijo Moises Hassan-Amselem, que organiza excursiones judías en Sevilla—. Tenemos lo que tenemos, ya que han pasado más de quinientos años desde que se expulsara de España a los judíos y dado que ha sido muy poco el patrimonio que se ha preservado.»

Me parece un buen planteamiento. Más vale aprender sobre un pasado fascinante, complejo y enriquecedor que intentar reescribirlo o, directamente, inventarlo.

VALORAR LA FIESTA: UN MOSAICO

DE CELEBRACIONES ÚNICAS

Probablemente ningún escritor estadounidense haya hecho más por dar a conocer España que Ernest Hemingway. Cubrió la tragedia y el horror mientras fue corresponsal durante la Guerra Civil, pero asimismo fue el cronista del lado alegre de España y del singular apego de su pueblo a la Fiesta , que fue el título con el que se tradujo al español su libro The Sun Also Rises .

Pero cuando un corresponsal menciona a Hemingway, a algunos españoles les entran los siete males. Por mucho que por estos pagos se aprecie su amor por España, parece estar arraigada la sensación de que el escritor contribuyó a alimentar algunos de los mayores estereotipos sobre el país. De hecho, hay gente que me ha dicho que Hemingway creó una imagen tan poderosa de España que ha ocasionado que muchos de quienes la visitan hoy esperen encontrar un país anclado en los años treinta y que, a veces, casi se sorprendan al descubrir lo mucho que, por el contrario, se ha modernizado el país.

Irene Lozano, que durante dieciocho meses fue secretaria de Estado de España Global con el Gobierno de Pedro Sánchez, me dijo una vez: «La España de Hemingway no existe». Parte de su labor, me explicó, consistía en poner los puntos sobre las íes. En uno de sus discursos, señaló ante su auditorio que «España ahora es un país moderno, a la vanguardia en asuntos sociales y políticamente comprometido» que Hemingway probablemente sería incapaz de reconocer.

Puede que Lozano tuviera motivos para sentirse frustrada por la prolongada repercusión de la descripción que hizo Hemingway de España. Nadie que visite España debería esperarse encontrar uno de esos pocos países europeos que han estado ajenos a las fuerzas convergentes de la globalización y el progreso social.

Pero, al igual que a muchos otros corresponsales, a mí también me ha inspirado Hemingway y su búsqueda de la singularidad de un país tan firmemente definido por su acervo y sus festejos. De hecho, aunque muchas de sus fiestas hunden sus raíces en tradiciones ancestrales, me parece fascinante que continúen ocupando un lugar relevante en el calendario español, a pesar de que la sociedad haya cambiado y de que la población haya encontrado otras formas de esparcimiento.

En pequeñas ciudades de toda España los niños dejan su Playstation en casa para tañer el tambor o para transportar una reliquia religiosa. A veces, incluso se les encomienda una tarea descomunal, como a Artur Panasiouk, un niño de diez años a quien conocí cuando estaba admirando una enorme cabeza de demonio antes de ponérsela y participar en la calle en un desfile de gigantes o gegants durante las fiestas estivales del barrio barcelonés de Gràcia. En su casa Panasiouk colecciona miniaturas de las estatuas gigantes, según me explicó su madre: «Algunos niños juegan a los videojuegos, pero Artur prefiere con creces nuestros gigantes».

Muchos adultos, desde luego, también reservan parte de su tiempo libre para preservar las tradiciones españolas. En Sevilla una vez escribí un artículo sobre los costaleros, pilares humanos de las procesiones de Semana Santa que ensayan durante semanas para llevar a cuestas un altar de inmenso tamaño por unas callejuelas llenas de recodos, caminando todos al mismo paso y con la misma precisión que normalmente se ve en un desfile militar. Uno de los aspectos que más me sorprendieron de estos costaleros fue saber que muchos de ellos nunca iban a misa. Otro fue que no cobraban por sudar la hiel, al contrario de lo que sucedía antaño, cuando el trabajo de costalero lo desempeñaban estibadores que recibían un sueldo extra por llevar a cuestas los altares durante la Semana Santa. «Es una oportunidad única para hacer algo excepcional y también para hacer amistades de las de verdad —me dijo Juan José Gómez Sánchez, el entonces capataz de la Hermandad de la Carretería—. Empiezas haciendo de costalero y acabas yendo a los cumpleaños y bodas de todo el mundo.»

El hecho de preservar sus fiestas es en parte lo que confiere a España su arraigado y excepcional sentido de la comunidad. Al mismo tiempo, puede proporcionar un respiro muy necesario y desenfadado en las preocupaciones y problemas del día a día.

Veamos el ejemplo de la fiesta que se celebra en la villa de Ibi cada año el día de los Santos Inocentes, cuando un grupo de ciudadanos representan un golpe militar, toman el mando del Ayuntamiento y después se pasan el día reinventando sus leyes y luchando contra sus adversarios en las calles con huevos podridos y harina. Al parecer el origen de esta fiesta se remonta a la inversión de roles sociales de las saturnales de la antigua Roma, cuando los amos servían en la mesa a sus esclavos, según José Vicente Verdú, un abogado que ha investigado la historia de Ibi.

Pero cuando llegué a Ibi en diciembre de 2014, tuve que hacer un alto en el camino en Alicante, capital de la provincia y estación de llegada de mi tren AVE. Justo cuatro días antes en Alicante se había producido un verdadero golpe político cuando su alcaldesa, Sonia Castedo, se vio obligada a dimitir tras ser imputada en dos investigaciones relacionadas con el en tiempos floreciente sector de la construcción. Y, puesto que la realidad puede a veces superar la ficción, luego me enteré de que la alcaldesa del pueblo de Ibi también había presentado su renuncia a la alcaldía en 2013 a consecuencia de que algunos miembros de su Administración la acusaran de fraude en los contratos de obras públicas.

La víspera de la fiesta, los conspiradores, conocidos como els Enfarinats [los Enharinados], recorrieron el pueblo en un camión lanzando diatribas dirigidas principalmente a los políticos y empresarios locales. El 28 de diciembre al amanecer, me reuní con ellos en su sede provisional y los observé mientras se maquillaban, se ataviaban con sus uniformes y reunían sus municiones: bolsas de harina, cajas de huevos, extintores de fuego y petardos. Hacia las nueve de la mañana, asaltaron el Consistorio y arrebataron la vara de mando del pueblo al alcalde en medio de un gran griterío.

Enseguida los insurgentes se vieron inmersos en una batalla campal contra el grupo de habitantes que había profesado lealtad a su alcalde electo. El enfrentamiento cesó con la declaración de un «acuerdo temporal de no agresión» en virtud del cual se permitía a todo el mundo disfrutar de una merecida cerveza en los bares del pueblo. Sin embargo, con las nuevas leyes impuestas, a mí me negaron la entrada a un bar alegando que era demasiado alto. Pese a que argumenté mi caso, me hicieron pagar una multa de 10 euros. A otros desafortunados infractores les dijeron que los encarcelarían en cuanto se bebieran su primera caña.

Las multas de broma, que se anotan de manera expresa con una letra ilegible en un libro mayor, suscitan muchas risas, pero asimismo poseen una función social, ya que el dinero recaudado se destina a la donación para una residencia de ancianos de Ibi. «Prefiero pagar esta multa antes que mis impuestos normales, que son altísimos», me dijo Elena Otych, la dueña del bar Maseros, después de que los insurgentes la multaran porque la barra de su bar también les pareció excesivamente alta.

Durante la tarde fluyeron a raudales casi tantas bromas como litros de cerveza. Pero hubo asimismo momentos amargos y comentarios sarcásticos cuando los habitantes del pueblo recordaban un período de gran frustración y estrechez económica para algunos de ellos. Nadie parecía tener una palabra amable para los políticos reales que gobernaban España.

«Esta gente debería estar en el poder no solamente un día, sino un año entero, porque hemos llegado a un punto en que cualquier cosa es mejor que lo que hay en la política real —me dijo Isabel Romero, empleada de una fábrica—. Esta gente está recaudando dinero para los ancianos en lugar de robar el dinero público, que es lo que nuestros políticos han estado haciendo».

Ibi no fue el único rincón donde observé que las tensiones políticas del presente ensombrecían unos festejos ancestrales. La Patum se celebra cada año en Berga, una localidad que se ha convertido en feudo del movimiento independentista catalán.

Al igual que a Ibi, llegué a Berga por la mañana temprano, mucho antes de que comenzara oficialmente el gran día de la Patum, el domingo en que se clausuran los festejos inaugurados cinco días antes, en la víspera del Corpus Christi. Pero mientras que los insurgentes de Ibi se preparaban muy de buena mañana, cuando llegué a Berga la encontré sumida en un profundo sueño. Al final alguien me abrió la puerta del Ayuntamiento, pero solo para informarme de que a la alcaldesa le sería imposible llegar a tiempo a nuestra cita y que, en consecuencia, sería mejor que me tomara un café en los alrededores.

Cuando por fin llegó la regidora, Montserrat Venturós, parecía cansada, pues, según me explicó, llevaba participando en los festejos desde su inauguración, cuatro días antes. «Tienes que entender que en estas fechas del año todo el mundo está deseando celebrar esta festividad, así que lo hacemos lo mejor que podemos, hasta quedarnos sin una gota de energía», me dijo. Pero, a pesar del cansancio, Venturós parecía resuelta a utilizar el día principal de la Patum para presentar Berga como símbolo del movimiento independentista catalán, además de como un raro baluarte de la política de extrema izquierda de su pequeño pero influyente partido, la CUP.

Durante las siguientes doce horas o así, reparé en las muchas maneras —sutiles algunas y otras menos— en que la política contemporánea se colaba en una fiesta que se remonta a la Edad Media y que la Unesco había declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Lo que chocaba en concreto era ver cómo la alcaldesa había apartado la atención de la dimensión católica de aquellos festejos, que comienzan la víspera del Corpus Christi, para trasladarla a los marcados elementos paganos de la Patum.

De hecho, Venturós contemplaba la Patum desde el balcón del Consistorio junto a otros concejales, pero no estaba acompañada de ningún representante de la Iglesia ni del Ejército. Por primera vez en la ancestral historia de la Patum, no se había invitado a ninguna de ambas instituciones. Aquella mañana Venturós se convertía en el primer alcalde que no asistía a la misa dominical de la festividad.

«Que las cosas siempre se hayan hecho de cierta manera no significa que no te tengas que adaptar a nuestro modo de vida y nuestro sentir en un país laico —me dijo Venturós—. En el siglo XXI no veo por qué la Iglesia tiene que seguir conservando su papel en esta fiesta.»

Después de que se marchara la congregación, caminé por la nave de la iglesia para hablar con el párroco sobre cómo veía el impacto de la política reciente de Berga en su iglesia. El sacerdote, Marc Majà, parecía descorazonado ante el hecho de que el catolicismo de la Patum quedara ensombrecido, pero no mostró interés por entrar en el debate sobre la independencia. «El caso es que las raíces de la Patum son religiosas, así que tiene todo el sentido del mundo que nos invitemos los unos a los otros —me dijo—. Pero no seré yo quien promueva un nuevo conflicto entre la Iglesia y el Estado cuando tenemos otros muchos y graves problemas que afrontar.»

La Patum se celebra en una plaza asimétrica en la que señorea el balcón del Ayuntamiento y que está rodeada de edificios de viviendas. La estelada pendía de docenas de balcones, pero, por primera vez, también estaba enrollada alrededor del cuello del águila y los dragones que están entre los protagonistas de la tradicional representación de la batalla del bien contra el mal que tiene lugar durante la Patum.

Mientras que algunos de los actores lucían hermosos y coloridos trajes, parecía como si los políticos quisieran hacer una declaración a través de la indumentaria elegida. Venturós lucía una camiseta sin tirantes y sandalias. Algunos de sus concejales izquierdistas vestían asimismo ropa informal. Uno de ellos, Francesc Ribera, más conocido por su nombre de músico, Titot, parecía como si se acabara de bajar del escenario tras dar un concierto. En cambio, el concejal que representaba a Convergència, Ramon Minoves Pujols, iba trajeado, con chaqueta y corbata oscuras. Cualesquiera que fuesen sus opiniones sobre la religión o la sociedad, dijo este, la alcaldesa debería haberse ajustado al formato habitual de la Patum y haber ido a misa. «Es una falta total de respeto», añadió rezongando.

En mitad del conflicto secesionista vi en Cataluña muchos otros ejemplos de cómo la política influía en las tradiciones. Los castells , que también están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, se han alzado en manifestaciones independentistas, no solo en Cataluña, sino en ciudades como Bruselas, Roma o París, frente a la torre Eiffel.

En Valls, la villa que se considera la cuna de los castells , contemplé una de estas competiciones entre los dos equipos más antiguos desde el balcón del Ayuntamiento, justo al lado del alcalde, Albert Batet, que disfrutaba hablando del lema oficial de los castells : força, equilibri, valor i seny [fuerza, equilibrio, valor y sentido común]. Batet me hizo un símil entre los valores que se necesitaban para crear un Estado y alzar una torre humana: «Ambos son la prueba de que unidos podemos construir grandes cosas».

Lo mismo que en muchos otros países, en España he hallado a muchas personas que aman una tradición, pero desconocen ampliamente sus orígenes. Mientras investigaba para escribir mi libro sobre Cataluña, llegó a mis oídos la enrevesada historia de la sardana antes de que se la reconociera por ser el baile folclórico preferido en Cataluña. Cuando, en una ola de romanticismo catalán a finales del siglo XIX , la sardana finalmente saltó a las ciudades procedente del campo, no generó un entusiasmo unánime. El diario La Vanguardia dijo que era «una danza extraña», realizada por algunas personas durante los festejos en conmemoración del descubrimiento de América celebrados en Barcelona en 1892.

Narcís Serra, exalcalde de Barcelona y en cuya trayectoria se cuenta el haber sido ministro de Defensa durante casi una década, una vez me ofreció un buen resumen sobre «la danza política» en torno a la sardana: «Me encanta la sardana y todo lo que representa. Pero, aunque todos los catalanes se crean que tiene una antigüedad milenaria, deberíamos reconocer que surgió en el marco de una campaña nacionalista».

No se ha de permitir que los hechos interfieran en gran tradición, me explicó una vez Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat: «Todos los países crean su mitología y sus símbolos, lo único que cabe preguntar es si funcionan y si su finalidad es buena o mala», me dijo.

Como es natural, no todas las fiestas de España se han renovado para adaptarse a los tiempos actuales. Los festejos en los que se representa la histórica contienda entre moros pintados de negro y caballeros cristianos blancos, que se celebran principalmente en la Comunidad Valenciana, no son precisamente símbolos de la corrección política.

En España, el mismo acontecimiento se puede festejar de maneras muy diversas en las diferentes ciudades, en especial la fiesta de la Epifanía, con su tradicional cabalgata de los Reyes Magos.

Mientras fue alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón siguió el ejemplo de sus predecesores conservadores y participó en la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente encarnando al rey Baltasar con la cara pintada de negro. Estaba claro que España no era Canadá, donde Justin Trudeau estuvo a punto de perder las elecciones en 2019 a raíz de la publicación de unas fotos suyas de varias décadas atrás en las que aparecía disfrazado y con la cara pintada de negro. Trudeau se deshizo en disculpas en repetidas ocasiones.

Sin embargo, la cabalgata madrileña cambió cuando Manuela Carmena ocupó la alcaldía en 2015. La alcaldesa de izquierdas desató la indignación del poder establecido al permitir que desfilaran drag queens y al vestir a los Reyes Magos con atuendos poco tradicionales. Desaparecieron tanto los camellos como los asientos vip, que desde hacía mucho tiempo se habían reservado para cargos y familiares del PP, así como para personalidades afines al partido.

¿España está cambiando? Sí, pero no en todas partes. En la ciudad de Alcoy, la Municipalidad ha opuesto resistencia a las quejas de grupos antirracistas y, es más, lleva desde 2011 ejerciendo presión para que su especial cabalgata de reyes, que en España ya está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional, sea declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero la cabalgata de Alcoy incluye alrededor de doscientos pajes, conocidos localmente como els negrets , que se visten de negro y se pintan los labios de un rojo brillante para que resalten en sus caras pintadas de negro. Los negrets trepan escaleras para repartir regalos a los niños que los observan desde los balcones.

Las fiestas enriquecen España y su diversidad, además de presentar las raíces históricas del país. La cabalgata de Alcoy está considerada la más antigua de España. Ahora bien, me sorprendería que pudiera resistir la prueba durante mucho más tiempo. Por su magnitud, dicha celebración debería respetar los principios contemporáneos de tolerancia e inclusividad con el fin de que todas las personas, con independencia de la raza y el género, pudieran disfrutar de ella.

PROTEGER AL DENUNCIANTE:

LOS PELIGROS DE DESTAPAR

LA CORRUPCIÓN

T rabajar de corresponsal implica avanzar a tientas y cometer errores a partes iguales. Lo importante es reconocer un error pronto, antes de haber malgastado mucho tiempo recabando información y, por supuesto, antes de que se convierta en una desinformación al publicarse.

Todo periodista se enfrenta a este reto. A ello se suma otra dificultad para el corresponsal, pues, en cuanto extranjero, puede tardar más tiempo en verificar la fiabilidad de una fuente o la relevancia de una cuestión.

Mi trabajo sigue un modelo que puede parecer palmario, pero periódicamente tengo que explicarlo porque, al parecer, algunos olvidan que un corresponsal no decide lo que se publica.

Primero, alguien me cuenta algo interesante o leo algo intrigante que me convence de que merece la pena investigar más a fondo. Una vez que sé lo suficiente y creo que el artículo podría interesar también a los lectores internacionales, se lo propongo al redactor jefe de la sección correspondiente (política, economía, cultura, etcétera). Si bien a veces el jefe de sección rechaza mi propuesta categóricamente, con frecuencia me da luz verde para empezar a recabar información y escribir en serio. Una vez que entrego el artículo, este pasa por dos rondas de edición que hacen dos personas distintas, las cuales pueden estar en Londres o en Nueva York. En el primer filtro, ese redactor jefe se centra en el contenido, intenta mejorar el texto y a menudo me hace preguntas para las cuales he de recabar más información para escribir más, cuando no reescribir el texto por completo. El segundo filtro se centra en la corrección del texto y en la verificación de la información, aunque a menudo el editor de contenido aparece con una serie de nuevas preguntas y sugerencias, que pueden obligarme de nuevo a recabar más información. Algunos artículos importantes están sujetos a un debate más amplio entre los miembros de la junta editorial del periódico durante su reunión diaria, que se dirige desde Nueva York. Y en cualquiera de las etapas de este proceso de edición del texto, el responsable de la sección de Internacional en Nueva York u otro redactor jefe puede intervenir y obligar a un nuevo cambio o revisión. En consecuencia, he visto cambiar varias veces algunos artículos que creía que estaban ya terminados. Las modificaciones pueden parecer exageradas, sobre todo si el texto trata sobre sucesos que cambian a diario, y es entonces cuando mi natural impaciencia de reportero se apodera de mí. Pero, al igual que un camaleón que puede hacer diversos ajustes hasta conseguir el color deseado, ese tiempo de más que se emplea en corregir el texto acaba dando lugar a mejoras significativas.

Por desgracia, durante las últimas décadas, muchos periódicos han hecho recortes en los costes de sus redacciones, lo que ha reducido el proceso de corrección de textos a su mínima expresión. El resultado ha sido un aluvión de errores en lo que se publica, desde las faltas ortográficas en nombres a las más serias imprecisiones en los datos, lo cual puede hacer que el rotativo se vea expuesto a gravísimas acusaciones, como la difamación. Pero hay asimismo otro problema latente en ese tipo de reducciones de plantilla: al ofrecer prejubilaciones y otros incentivos a los correctores de toda la vida, los rotativos también se han arriesgado a perder parte de su control de calidad e identidad. Los correctores pueden ser personas peculiares que trabajan hasta altas horas de la noche mientras otros están saliendo a cenar o están arrebujados en las sábanas de su cama, pero, de acuerdo con mi experiencia personal, son de las personas más meticulosas y entregadas a su trabajo de toda la redacción, y se precian de ser maestros de la palabra. A veces me recuerdan al bibliotecario de la facultad de mi universidad, que siempre sabía dónde encontrar un texto sin tener que comprobarlo en el fichero (¡sí, fui a la universidad en una época en que los estudiantes sacábamos libros de la biblioteca y no teníamos móviles!). Los tiempos han cambiado, desde luego, y los periódicos ahora han incorporado a editores de vídeo, diseñadores gráficos y especialistas en datos que han enriquecido considerablemente su oferta en internet. Ahora bien, creo que la decisión de despedir a los veteranos correctores es abandonar parte de la memoria colectiva de un periódico. Por suerte, The New York Times ha mantenido esta doble barrera de relecturas necesarias, lo cual en gran medida evita errores, a veces garrafales, debidos al puro descuido de un periodista. De hecho, yo mismo soy de esos lectores que no lee un artículo hasta el final si ya se encuentra con que en el primer párrafo se dice «Pablo» donde debería decir «Pedro».

De vez en cuando me encuentro con alguna traba mayor nada más empezar a recabar información para un artículo, una traba que, por supuesto, intento superar. Pero en ocasiones parece preferible abandonar el proyecto de escribir ese artículo, tragarte el chasco y el bochorno de contarle a tu jefe tu fracaso y pasar al siguiente artículo.

Lo mismo que otros países donde he sido corresponsal, España me ha brindado ejemplos de que me equivocaba al cubrir una noticia o no acertaba a seguir la pista buena.

Los reportajes me han ido saliendo al camino con relativa facilidad y rapidez en parte porque, como he mencionado al inicio de este libro, llegué a España en la época de la crisis financiera. Sin embargo, también enseguida comprendí que tendría que sudar tinta para verificar la avalancha de informaciones que entrañaban la pérdida o falta de dinero, en especial en lo referido a empresas de los sectores inmobiliario y bancario.

Tuve la suerte de llegar a España con varios años de experiencia como periodista financiero, durante los que cubrí algunos destacados escándalos empresariales, como la bancarrota de Parmalat en Italia en 2003 o aquella sobrevaloración de Shell de sus reservas de crudo que le acarreó una multa histórica en 2004. Asimismo, estudié un semestre de contabilidad en la Columbia Business School de Nueva York. Pero eso no me proporciona ni la habilidad ni la confianza en mí mismo para auditar los libros de contabilidad de una compañía española con problemas.

Mientras España naufragaba en un mar de problemas financieros, comencé a recibir cada vez más llamadas y correos electrónicos de personas que querían que siguiera determinadas noticias sobre escándalos económicos que solían comportar fraudes de los que, según afirmaban ellas, los directivos hacían caso omiso o trataban de encubrir. (Con el tiempo, la crisis llegó a su fin, pero las llamadas continuaron incluso después de que España emergiera de la recesión en 2013.)

Por lo general, he intentado declinar educadamente semejantes propuestas para escribir un artículo, animando a mis informantes a que, en lugar de a mí, se las hicieran a la prensa española. Les explicaba que lo que podría parecer una gran noticia en Madrid o en Valencia no tenía por qué atraer la atención de un lector en Nueva York, y mucho menos la de cualquiera de mis jefes, que deciden si el periódico publicará dicho artículo o no. Al fin y al cabo, si yo mismo no estoy del todo convencido de un artículo, ¿cómo puedo esperar convencer a un jefe de sección que ya tiene una montaña de propuestas llegadas de todos los rincones de Europa? (Siempre me he admirado de quienes trabajan en los departamentos de ventas de empresas y se las ingenian para vender productos que ellos nunca querrían poseer.)

Pero, al mismo tiempo, con frecuencia han llegado a mis oídos afirmaciones de lo difícil que es tirar de la manta en asuntos de corruptelas y malas prácticas en España. Varias personas me han explicado que querían contarme un problema después de que en sus oficinas hicieran oídos sordos a su caso.

No todo el mundo sabe expresar bien sus preocupaciones. He recibido correos electrónicos que, no sé si bien o mal, he descartado sin pensármelo dos veces porque el tono con el que estaban escritos se me antojaba tan vehemente, vengativo o personal que no veía justificación en prestarles demasiada atención. Recelo especialmente de aquellos correos que contienen palabras escritas en rojo, negrita o mayúsculas, que están llenos de signos de exclamación o que evocan tal grado de desesperación que parecen exagerados: «Tienes que escribir sobre esto URGENTEMENTE». También me dan la alarma correos que contienen errores palmarios en los datos o graves faltas de ortografía. Si el denunciante no se ha tomado la molestia de explicar bien un problema o si ni siquiera está al corriente de que ya no trabajo para The Financial Times , ¿cómo puede esa persona esperar que un corresponsal le dedique tiempo y energía a lo que suele ser un asunto meramente local?

Pese a todo, hay un buen motivo para no desoír todas esas quejas, aunque estén mal redactadas, y es que con el tiempo me he dado cuenta de lo dura y solitaria que puede ser la vida del denunciante.

En efecto, a pesar de las buenas palabras de los políticos sobre la lucha contra la corrupción, a algunas personas que, de manera activa, han sacado a la luz las corruptelas en España, se les ha hecho el vacío, se las ha enjuiciado y se las ha dejado en el paro.

Miremos el caso de Ana Garrido, que se convirtió en una de las informantes más célebres durante la crisis financiera. A lo largo de dos décadas, Garrido tuvo uno de los puestos de trabajo más seguros de España, ya que era funcionaria con un contrato fijo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid.

Pero en 2008, después de poner en entredicho las adjudicaciones públicas del Consistorio de Boadilla, la vida de Garrido se convirtió en lo que tiempo después ella me describió como un calvario. En su descenso a los infiernos, pasó por el acoso en el trabajo, la baja laboral por depresión, la pérdida de su puesto en el Cabildo, los costosos pleitos e incluso las amenazas de muerte, todo ello al tiempo que luchaba por subsistir.

Cuando la visité en 2016, Garrido tenía cincuenta años y para salir a flote vendía las pulseras que hacía a mano. Asimismo, se apoyaba en la microfinanciación para cubrir las costas, que por entonces habían alcanzado los 20.000 euros. Obligada a alquilar su casa para continuar pagando la hipoteca, vendió la mayor parte de su ropa y mobiliario, y se mudó a un pequeño apartamento con paredes de gotelé del que se habían marchado unos amigos porque tampoco podían pagar la hipoteca. Garrido se había convertido, como ella misma decía, en una okupa.

Aun así, Garrrido comenzaba a obtener muestras de reconocimiento, en especial por parte de los partidos emergentes españoles. Un mes antes de que yo fuera a su casa, los parlamentarios de Ciudadanos la invitaron al Congreso. Luis Garicano, el principal asesor económico de dicho partido, le dijo a la prensa que, si España no podía proteger a los denunciantes como Garrido «no tenemos un país que valga la pena» y añadió: «No quiero vivir en un país así».

España salió de la crisis financiera junto a un puñado de naciones europeas que carecían de legislación para proteger a los denunciantes, según un estudio realizado en 2013 por la ONG Transparencia Internacional. En su informe se reprendía a España por ni siquiera ofrecer protección a los funcionarios «de las represalias cuando informan de delitos sospechosos».

«Hay muchos casos de corrupción que no salen a la luz porque el sistema entero está diseñado para dañar, en lugar de proteger, a aquellos que denuncian la corrupción», me dijo en aquella misma época Pedro Arancón, presidente de una asociación llamada Plataforma por la Honestidad.

Denunciar las corruptelas podía entrañar incluso ser encarcelado, según supe por el caso de Roberto Macías, que fue a juicio en Sevilla acusado de revelación de secretos al copiar unos archivos que contenían posibles pagos ilícitos por parte de su sindicato UGT en Andalucía. La Fiscalía pedía tres años de cárcel, además del pago de una multa de 60.000 euros por daños morales a su antiguo sindicato. El juicio comenzó justo cuando la Junta de Andalucía abría un expediente de reintegro al sindicato por el desvío de al menos 1,8 millones de euros de subvenciones públicas destinadas a un programa de formación para desempleados y que, en cambio, se utilizaron para pagar fiestas y regalos para los sindicalistas.

Macías había perdido su trabajo en UGT en 2012. Aun así, me dijo que continuaba sufriendo el acoso por poner en jaque a la cúpula sindical de UGT. «He tenido que afrontar la caza de brujas de una organización más interesada en castigar a quienes filtran documentos que en tratar de recuperar los millones de euros de fondos públicos malgastados y perseguir a quienes hicieron un uso indebido del dinero», me dijo Macías.

Aproveché una entrevista con Carmen Castilla, secretaria general de la rama andaluza de UGT, para sacar el tema de Macías, pero no mostró mucho interés en hablar del asunto. Señaló que, si acaso, tanto los responsables del supuesto copiado de documentos como los del fraude de dinero público deberían ser procesados. «Si ha tenido lugar cualquier presunto delito, es el sistema judicial el que debe tratarlo, y el presunto robo es un delito», me dijo Castilla.

En el momento de escribir estas líneas, en el verano de 2020, Macías preparaba un recurso contra la sentencia de dos años de cárcel que le había impuesto una jueza andaluza por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, casi ocho años después de que lo despidieran de su sindicato y empezara a llevar una vida precaria que oscilaba entre los trabajos temporales y la prestación por desempleo.

Durante una parada en la estación sevillana de Santa Justa, almorcé con Macías un mes después de su sentencia. Lo encontré muy amargado con la justicia española y la falta de protección que este mexicano había sufrido en su país de adopción. Según él, España se podría considerar tercermundista a la hora de defender a ciudadanos que destapan la corrupción, guardando algunas distancias con su tierra natal: «En México, probablemente habría acabado disuelto en un barril de ácido», me dijo con un sentido muy negro del humor.

En el entretanto, los políticos han seguido investigando varios millones de euros desviados por UGT, al tiempo que en junio de 2019 la Fiscalía solicitaba que se archivara la causa contra Manuel Pastrana, el histórico líder sindical de Andalucía, por considerar que su grave enfermedad le impedía prestar declaración ante el tribunal.

Mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla, Garrido también cayó enferma, pero utilizó su baja laboral para compilar un dosier de trescientas páginas sobre el fraude en las adjudicaciones públicas de Boadilla. Sus hallazgos fueron el punto de partida de una investigación que con el tiempo se extendió a otros municipios y políticos hasta convertirse en el célebre caso de la trama Gürtel, el escándalo por fraude más grave que encaró el PP de Mariano Rajoy.

Garrido dijo que al destapar la trama fraudulenta no solo se arriesgaba a perder su trabajo. Cuando durante un breve período de tiempo regresó a su puesto en 2011, me contó que el nuevo alcalde de Boadilla y sus concejales «estaban sencillamente decididos a hacerme pagar haber dado el chivatazo». El acoso llegó hasta «las amenazas de muerte y a intentar quitarme de en medio», afirmó. También se explayó contándome que al llegar a su casa había encontrado a un hombre de negro esperándola en la puerta delantera de su edificio. Ya había visto a ese hombre siguiéndola por la calle.

Al final, Garrido dejó el Ayuntamiento y lo llevó a juicio por acoso laboral ante un tribunal madrileño que dio la razón a la exfuncionaria. Sin embargo, el nuevo equipo municipal me dijo que Garrido se había inventado un caso de «acoso inexistente» y que había dejado el trabajo voluntariamente.

Garrido sostuvo que el hecho de que el nuevo alcalde negara cualquier irregularidad solo confirmaba que ella nunca debería haber esperado apoyo institucional ninguno. «En el pasado tuve un trabajo y una vida normal, pero, en cuanto denuncias, te tienes que preparar para una pesadilla —me dijo Garrido—. Es una situación que jamás habría podido soportar en el caso de tener hijos.»

Puede que Garrido y Macías no sean modelos perfectos de conducta. Algunas de sus aseveraciones son casi imposibles de verificar, como la de Garrido al decir que la amenazaron físicamente. Pero cuando me he reunido con ellos o con cualquier otro denunciante, en general me ha dado la impresión de que quien combate la corrupción en España puede acabar pagando un precio personal injustificado.

A veces, sin embargo, he malgastado mi tiempo y mi energía persiguiendo una noticia que me llevaba a un callejón sin salida. Y alguna que otra vez he terminado por lamentar haber hecho caso omiso de lo que después se convertiría en una noticia fundamental para España. He aquí algunos ejemplos de ello.

En 2013 una amiga mía francesa se mudó a Madrid con su marido, un ingeniero israelí, y la hija de ambos, ya que él había conseguido un puesto en una empresa tecnológica española. Tras unos meses, quedamos para cenar y le pregunté a él cómo le iba el nuevo trabajo. A las claras me dijo que era un desastre, pues no comprendía la gestión de la empresa y también cuestionaba su tecnología, que proporcionaba wifi al transporte público. «Empieza a probarla tú mismo —me aconsejó—. Cógete un autobús en Madrid e intenta conectarte a la red wifi, a ver si funciona.» Me monté en varios autobuses, pero nunca comprobé el wifi. Mientras tanto, mi amigo ingeniero, frustrado con su trabajo, dimitió en mayo de 2014.

Su empresa, Gowex, se declaró en bancarrota al cabo de dos meses, a raíz de que se descubriera que llevaba cuatro años falseando sus cuentas. En aquel entonces, Gowex operaba en otras grandes ciudades, como Nueva York, gracias a la financiación que había obtenido del Banco Santander y otras entidades bancarias con el fin de acelerar la expansión de la firma. Este gran escándalo por estafa mancilló la fama del sector tecnológico español, ya que Gowex había sido uno de sus más sonados éxitos internacionales.

Puede que yo nunca llegara a descubrir que Gowex era una estafa. Pero lamenté no haber escuchado mejor a un amigo de confianza que estaba seriamente preocupado por la actuación de su empresa.

España tiene una sociedad abierta que hace que el trabajo sea más fácil que en otros países, incluso algunos con una trayectoria democrática más larga. Creo que el amplio acceso a los medios de comunicación refleja un aspecto muy positivo de la sociedad española, que se ha vuelto desconfiada con respecto a la calidad de su periodismo (al igual que sucede en el resto de Occidente), pero ha conservado un entorno en el que la comunicación fluye libremente y en el que existen pocas barreras sociales.

He hecho miles de preguntas al azar a gente en la calle, incluso en situaciones complicadas, por ejemplo, en medio de protestas. Casi nunca he despertado recelo, y menos aún me han pedido que les enseñe mi carné de prensa. La gente también me ha dado sus datos personales, incluidas su edad e ideología política, de manera mucho más abierta que en países como el mío, Suiza. A veces la gente saca su DNI de forma espontánea para ayudar a un corresponsal extranjero como yo a escribir sus nombres correctamente.

En la última década, también me he servido de la tarjeta de visita de The New York Times para conseguir una entrevista con casi todas las personas con las que quería hablar. Escribir para The New York Times es un recurso de inestimable valor. Suscita entusiasmo e interés, aunque a veces, también, la preocupación de aquellos de quienes quiero obtener información.

Alguna que otra vez, sin embargo, no he podido reunirme con alguien con quien esperaba hacerlo. En repetidas ocasiones en vano intenté conseguir una entrevista con Mariano Rajoy durante los muchos años en que gobernó España. Cada vez que cruzaba con él unas palabras, en alguna conferencia o recepción, me parecía mucho más jovial y encantador de lo que había esperado. Con todo, nunca logré salvar la barrera que su equipo en la Moncloa había alzado entre nosotros.

Existen también unas sólidas barreras que protegen a los grandes directivos de las empresas españolas. A medida que la crisis económica se agravaba, empezó a intrigarme que algunos presidentes bancarios dirigieran esas empresas como si fueran sus dueños. Un llamativo ejemplo era el del Banco Santander, del que mucha gente en España se piensa que la familia Botín, aparte de controlar la entidad, es la dueña, cuando en verdad el accionariado familiar es una diminuta fracción de lo que lo fuera hace un siglo, cuando el banco todavía limitaba su actividad a la capital cántabra. En el momento de escribir este libro, la familia Botín es dueña del 0,5 % de su banco.

En 2011, junto a un colega especializado en el sector bancario, pasé varios días viajando entre Madrid y Santander para tratar de comprender cómo los Botín habían conseguido el control de ese agente de rango medio dentro de la banca española y cómo habían contribuido a transformarlo en un gigante financiero de ámbito global. Emprendimos nuestra investigación movidos por una mala noticia para la familia Botín, cuyo nombre había aparecido en la larga lista de evasores fiscales que filtró a las autoridades Hervé Falciani, un antiguo empleado de HSBC en Ginebra. En consecuencia, los Botín regularizaron su situación pagando al fisco español unos 200 millones de euros para evitar la responsabilidad penal de un delito de evasión fiscal relativo al dinero que la familia había empezado a ocultar en Suiza desde los tiempos de la Guerra Civil.

La investigación tributaria dio lugar a una breve avalancha de artículos en la prensa española, pero nada consiguió poner en tela de juicio la integridad de los miembros actuales de la familia ni mermar el control de Emilio Botín sobre el banco. Como nos contó en aquel entonces Salvador Arancibia, periodista económico que había cubierto la información sobre el Santander desde 1980 y que había asimismo trabajado en dicho banco: «El Santander gasta un dinero ingente en publicidad, y esto influye en el tratamiento que le da la prensa».

Emilio Botín falleció inesperadamente en septiembre de 2014, unas semanas antes de cumplir ochenta años. En su cargo de presidente del banco le sucedió Ana Botín, su hija, que llevaba años preparándose para ello. El consejo de administración de la entidad acordó por unanimidad nombrarla presidenta del Banco Santander a las pocas horas del fallecimiento de Botín padre, lo que entroncaba con la más perfecta tradición de los relevos en un cargo dentro de una familia.

Hubo otros interesantes ejemplos de todopoderosos presidentes bancarios en España, desde el BBVA a La Caixa. Pero, en otoño de 2015, en lugar de fijarme en ellos, decidí hacerlo en la estructura administrativa de las empresas fuera del sector financiero, con el objetivo de ver cuántos de sus dueños se las habían ingeniado para sobrevivir a la crisis y conservar sus cargos, incluso pese a superar la edad oficial de jubilación en España.

A modo de ejemplo práctico para mi artículo, tomé el caso de Telefónica, pues su presidente, César Alierta acababa de cumplir setenta años y llevaba ocupando su cargo, designado por el Gobierno, desde el año 2000. Cuando hablé sobre este artículo con el redactor jefe de Negocios, este me preguntó si Alierta tenía un sólido historial relacionado con la tecnología y si Telefónica lo había hecho especialmente bien con sus accionistas. La respuesta a ambas preguntas fue negativa. Alierta procedía del mundo de las finanzas, y en 1996 el Gobierno lo había designado para dirigir la empresa estatal Tabacalera hasta que el presidente José María Aznar lo nombró presidente de Telefónica en sustitución de Juan Villalonga. Si bien Alierta había demostrado ser un financiero espabilado y un ejecutivo astuto, tampoco es que fuera el Steve Jobs de España.

Alierta había traído consigo un estilo de gestión más conservador que el de su predecesor en Telefónica, pero en 2015 el precio de las acciones era significativamente más bajo en comparación con el año 2000, momento en que Alierta tomó el mando de la compañía. La pregunta final de mi jefe era más difícil de responder: en vista de que Telefónica ya no estaba controlada por el Gobierno, ¿no había nadie que pidiera un cambio en su gestión?

Empecé a hablar con inversores y gestores de fondos institucionales. Encontré a un amigo cuya cartera de inversiones incluía acciones de Telefónica y que aceptó ayudarme con la condición de que no mencionara su nombre en mi artículo. Quedamos para tomar un café y minuciosamente me mostró la lista de los directivos de Telefónica que había tenido a bien en imprimir para mí. El común denominador que extrajo de aquello fue la incondicional lealtad que el consejo de administración profesaba a Alierta. Algunos de los miembros del consejo que aparecían en la lista como directivos independientes no solo tenían antecedentes políticos, sino asimismo una relación personal con Alierta que ya databa de varias décadas atrás, de la época en que este trabajaba en el Banco Urquijo y luego creaba Beta Capital, una sociedad financiera que acabó vendiendo en los años noventa. ¿Cómo era posible afirmar que todos aquellos ejecutivos eran independientes de Alierta?

Solicité una entrevista con Alierta. En respuesta a mi petición, dos miembros del equipo de prensa de Telefónica me ofrecieron concertar una primera reunión para hablar sobre lo que yo quería saber. En un almuerzo les dije que me fascinaba la excepcional capacidad del directivo para sobrevivir en unos tiempos tan turbulentos, máxime en una industria sujeta a veloces cambios como era la de las telecomunicaciones. Cortésmente me dijeron que, en cuanto fuera posible fijar la entrevista, Alierta estaría a buen seguro complacido de hablar conmigo sobre su resiliencia y su trayectoria profesional.

Al cabo de un mes les escribí para ver si por fin podíamos fijar una fecha para la entrevista. Me dijeron que Alierta tenía un mes por delante muy ocupado, pero que me llamarían en cuanto dispusiera de más tiempo. A los dos meses tuve noticias de Telefónica, solo que, eso sí, fue en un comunicado de prensa en el que se anunciaba que Alierta dejaba el cargo de presidente (aunque continuaba siendo miembro del consejo de administración, así como presidente de la Fundación Telefónica). La salida de Alierta hizo que mi trabajo preliminar quedara trasnochado y fuese vano. Me quedé con la sensación de que su gabinete de prensa había hecho bien su trabajo al darme largas y hacerme creer durante mucho tiempo que Alierta me concedería una entrevista. Mi jefe tampoco estaba interesado en un artículo alternativo sobre cómo lo relevaba un heredero que desde mucho tiempo atrás había sido su mano derecha.

En ocasiones he desistido de escribir algunos reportajes porque me he sentido incómodo mientras recababa información. En 2013 leí un artículo sobre el grafeno, un material revolucionario que empezaba a utilizarse en España.

Yo no sabía nada sobre el grafeno, lo cual tampoco era de extrañar habida cuenta de que dicho material estaba aún en ciernes. En 2010 dos físicos británicos habían recibido el premio Nobel por sus trabajos sobre el grafeno, que es sumamente fino y fuerte.

Pero en un momento en el que a las empresas españolas pequeñas aún les costaba obtener financiación, me sorprendió leer que el grafeno estuviera ganando terreno en España. Llamé a un responsable de la Comisión Europea en Bruselas que me dijo que unas compañías españolas habían logrado una parte considerable de unos fondos por valor de 1.000 millones de euros que la Unión Europea había creado para desarrollar el grafeno.

Convencí al jefe de la sección de Negocios de mi periódico de que podríamos estar ante una historia intrigante sobre un posible progreso industrial no solamente para España, sino también para la Unión Europea, que trataba de retar a Estados Unidos en el terreno tecnológico. Este redactor jefe me dio su beneplácito para visitar empresas que trabajaban con grafeno, algunas de las cuales estaban situadas en la provincia de Alicante.

En Alicante volví a trabajar en equipo con Samuel Aranda, fotógrafo de cuya obra hablo en otra parte en este libro. Nos pasamos un día entero conduciendo por la provincia, visitando empresas que se servían del grafeno para fabricar productos que iban desde los cascos para montar en bicicleta hasta los colchones. A las afueras de Elda, la ciudad zapatera por excelencia, visitamos un laboratorio de investigación en el que se añadía grafeno a las suelas del calzado deportivo. Era uno de los laboratorios más básicos que jamás había visitado y no casaba en absoluto con lo que yo imaginaba que era la investigación industrial avanzada. Terminé la visita sin una clara comprensión de cómo funcionaba el proceso y cómo el grafeno podía ser rentable económicamente, dadas las dificultades a la hora de aumentar la producción.

Cogí el tren de vuelta desde Alicante a Madrid con el estómago revuelto, no porque hubiera comido algo que me sentara mal, sino porque de pronto toda aquella historia me parecía un puzle incompleto. Los directivos que nos habían enseñado varias de las empresas habían sido sumamente cálidos y amables, pero no siempre podía entender claramente sus respuestas.

Un par de días después llamé por teléfono a mi jefe y le dije que desistía de aquel artículo porque, precisamente, no había llegado a comprender cómo el grafeno podría convertirse en ese milagro industrial español que muchos de sus desarrolladores aseguraban que sería.

En 2012 viajé a la localidad costera catalana de Lloret de Mar debido a un escándalo de corrupción. La suma de dinero en juego era pequeña en comparación con otros casos de fraude en España, pero el asunto interesaba a The New York Times , ya que, al haber dinero ruso implicado, el caso había adquirido una inesperada dimensión internacional.

Hace un siglo Lloret había sido una localidad balnearia a la que acudía la burguesía catalana. Pero, durante el auge de la construcción, se convirtió en uno de los tramos más edificados de la costa catalana, muy célebre entre los turistas extranjeros, entre ellos los rusos.

En 2013 el alcalde de Lloret, Xavier Crespo, fue acusado de utilizar dinero ruso para estimular las finanzas de su Ayuntamiento, a la vez que permitía a los rusos blanquear su dinero invirtiendo en bienes inmuebles en Lloret.

El viaje para escribir mi artículo fue bien. Aunque el regidor negó cualquier irregularidad, contestó a la mayoría de mis preguntas, entre ellas una sobre un viaje a Rusia cuyos gastos habían corrido a cargo de ese país. Luego visitamos varias propiedades inmobiliarias entre las que estaba un estadio deportivo financiado con dinero ruso. En aquel entonces, Andrei Petrov, uno de los patrocinadores rusos de Lloret, estaba en la cárcel en España.

Daba la casualidad de que Aranda vivía en un pueblo en las proximidades de Lloret. Como estaba cerca de su casa, me dijo que volvería a Lloret otro día para aprovechar mejor la luz natural y hacer más fotografías de la localidad.

Aranda me llamó unos días más tarde para contarme algo que era preocupante. Había vuelto a Lloret y había localizado a uno de los activistas que había dado el soplo de los negocios inmobiliarios del alcalde. El activista conducía un Porsche novísimo que desentonaba por completo con la imagen que nos había dado a nosotros de humilde ciudadano que luchaba contra la burocracia corrupta de Lloret. En vista de que no pude comprender esta contradicción evidente, dejé el artículo.

En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo condenó al exalcalde Crespo a nueve años y medio de inhabilitación y al pago de una multa, además de obligarlo a devolver el dinero del viaje a Rusia y el reloj de lujo que había recibido de dicho país. Posteriormente, el alto tribunal rebajó la inhabilitación a dos años en una sentencia de 2016.

Al volver la vista atrás, creo que la sentencia contra Crespo demostraba que podría haber seguido adelante con mi artículo. Aun así, continuaba teniendo la sensación de que, a despecho de que habían salido a la luz las irregularidades del alcalde, lo que principalmente estas ponían de manifiesto era que muchas personas en Lloret habían ganado mucho dinero muy rápido. Y puede que entre ellas se hallara el propio denunciante de las corruptelas.

EPÍLOGO

El 24 de marzo de 2020, la Policía halló a Isabel Muñoz, una médica, muerta en el suelo de su cocina en Salamanca. La puerta del frigorífico estaba abierta y había agua derramada a su alrededor, lo que mostraba que había forcejeado para beber. Fue una de las primeras víctimas a causa de la COVID-19 entre el personal sanitario.

Diez días atrás, la doctora Muñoz había empezado a tener fiebre y a toser, por lo que decidió aislarse de inmediato. Le dijo a su marido que podría cuidar de sí misma y le pidió que se marchara del piso en el que vivían juntos porque «estaba obsesionada con no querer contagiar a nadie más», me dijo unas semanas después por teléfono Jesús Muñoz, su hermano.

Al igual que muchos otros, la doctora Muñoz, de cincuenta y nueve años, murió tras intentar salvar la vida de los demás. Se contagió mientras trabajaba atendiendo a sus pacientes en el centro de salud del pueblo La Fuente de San Esteban, al que acudía en coche desde Salamanca.

En sus últimos días de trabajo, solía quejarse a su familia de que las autoridades no estaban proporcionando equipos de protección individual y de que no se estaban haciendo pruebas de la COVID-19. «Por desgracia, creo que libró esta batalla como un soldado al que mandan a la primera línea sin casco y sin escudo —me dijo su hermano—. Era una luchadora nata que nos decía sin cesar que superaría la enfermedad lo antes posible para volver a ese trabajo que amaba.»

España tiene una enorme deuda con aquellos que lucharon y siguen luchando contra la COVID-19, a menudo en unas condiciones pésimas que han escandalizado a una nación que durante mucho tiempo consideró su sistema sanitario uno de los más sólidos de Europa. Muchos de estos sanitarios han mostrado esa clase de coraje que solo nace cuando se desempeña un trabajo vocacional.

Cuando la doctora Muñoz tenía solamente seis años, su padre se había sometido a dos operaciones porque padecía de tuberculosis ósea. Fue durante aquella larga hospitalización de su padre cuando decidió ser médica: mostraba tanto interés en cómo funcionaba el hospital que una de las monjas que cuidaba de su padre le dijo que a todas luces a aquella hijita suya «le corría por las venas la pasión de la medicina», recordó su hermano, Jesús Muñoz.

Mientras escribo el epílogo de este libro, es todavía demasiado pronto para extraer conclusiones sobre el impacto de la COVID-19 en España. En concreto, porque la justicia aún ha de decidir (literalmente, pues se han presentado varias demandas) si las autoridades españolas podrían haber hecho más por evitar la muerte de la doctora Muñoz y la de muchos otros. España ha estado entre los países más afectados por la COVID-19, pero evidentemente no ha sido el único. La pandemia ha dejado tras de sí un reguero de dolor y muerte en todo el mundo, además de haber provocado una recesión económica cuya magnitud y duración aún se desconocen.

El 1 de abril de 2020 cumplí una década en Madrid escribiendo para The New York Times . No había nada que celebrar en mitad de un estricto confinamiento y mientras la epidemia alcanzaba su pico en la capital española matando a más de trescientas personas al día y llevando a los hospitales al borde del colapso, con algunos pacientes obligados a dormir en los pasillos.

Aquella tarde, al igual que otras muchas, me uní a los aplausos de las ocho en honor a los sanitarios. Algunos de los rostros en la acera de enfrente de mi calle de sentido único habían empezado a serme familiares. Me parecía extraño no saber sus nombres; aun así, me tentó la idea de inventarme algo sobre su vida y milagros, pues durante semanas había podido observar a mis vecinos como nunca lo había hecho. El confinamiento había imposibilitado todo contacto físico, pero esto nos hizo ser más conscientes de la presencia de los demás, o de su ausencia.

Me maravilló especialmente una familia que vivía en el edificio de enfrente y que siempre había vestido a sus hijos de punta en blanco, como si se dispusieran a ir a la iglesia. En cambio, ahora jugaban al minigolf en el salón. Lo mismo que otras familias, esta había colgado de su balcón una bandera española que primero había ondeado en 2017 para mostrar la unidad de España frente al secesionismo catalán. Sin embargo, en esta ocasión la bandera lucía un crespón.

Con todo, la mayoría de los balcones de mi calle habían estado vacíos desde mediados de marzo. Estaba claro que algunos de mis acaudalados vecinos habían aprovechado el estado de alarma decretado por el Gobierno a modo de señal para huir de Madrid rumbo al refugio seguro de una segunda residencia más aislada en el campo o el mar.

En 2010 había llegado a Madrid al inicio de la crisis financiera, tan solo un mes antes de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero efectuara sus primeros recortes presupuestarios, entre ellos la supresión de una de sus leyes más características, la que regulaba el cheque bebé, que se había impulsado en respuesta a la decreciente tasa de natalidad en España.

Ahora, en 2020, me hallaba en el epicentro de otra crisis, pero en esta ocasión relacionada con la mortandad. Esta se desarrollaba ante la mirada de otro presidente socialista, que de nuevo encaraba feroces acusaciones por haber subestimado el peligro y después haber gestionado mal el comienzo de la crisis.

Creo que, para bien o mal, las crisis suelen sacar a la superficie los comportamientos más extremos de la población. La COVID-19 dio lugar a extraordinarios gestos de solidaridad en España, desde los de los famosos chefs que elaboraban menús para bancos de alimentos hasta los de los sanitarios que regresaban a sus puestos de trabajo en cuanto salían de su cuarentena, como había esperado hacer la doctora Muñoz.

Durante la epidemia en España mucho se ha escrito y se ha hablado sobre el número de víctimas mortales de la COVID-19, además de sobre el embrollo del recuento de muertes del Gobierno. Desafortunadamente, no se ha escrito demasiado sobre la alta tasa de recuperados de la enfermedad, algo que demuestra el denodado esfuerzo de los médicos y enfermeros por mantener operativo el sistema sanitario.

Por lo general los ciudadanos españoles han encarado extraordinariamente el desafío de la crisis. Por desgracia, una vez que la inmediata amenaza sanitaria ha comenzado a remitir, han salido de nuevo a la superficie los conflictos económicos y sociales. Ha habido quejas sobre caseros codiciosos, así como sobre empresas más interesadas en proteger a sus accionistas que los puestos de trabajo en sus fábricas. Y mientras decenas de millones de personas cumplieron con diligencia las normas del confinamiento, algunos siguen mostrando ese desdén e imprudencia que pueden poner en peligro las vidas de los demás. Por desgracia, España tuvo que enfrentarse a una nueva ola de la COVID-19 justo cuando los niños se preparaban para volver por fin a las aulas.

Lo que es peor aún es que los políticos españoles, lejos de unirse para hacer frente a la adversidad, han empezado a sembrar la discordia, que se recrudece conforme ha ido aumentando el número de víctimas, algo llamativo si lo comparamos con la armonía política del vecino Portugal, que asimismo ha afrontado la COVID-19 con un Gobierno de izquierdas minoritario.

En España no se ha desaprovechado una sola oportunidad para cruzar acusaciones. En una comisión parlamentaria celebrada en junio, Luis Garicano, diputado del Parlamento Europeo, ofreció un buen resumen del debate político en España en plena pandemia: «Yo lo llamo política de la cuña, que es aquella que consiste en buscar, en todas las cosas en discusión, la que va a hacer que se irrite todo el mundo más, porque así voy a conseguir que sea noticia».

La crisis del coronavirus ha proporcionado a los políticos de la derecha un sinfín de nuevos argumentos contra la frágil coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, al que principalmente han acusado de negligencia criminal y de mentir sobre los datos. El Gobierno ha respondido con críticas que incluso se han convertido en una inquietante disputa con la Guardia Civil, lo que se ha sumado a las tensiones en las instituciones en un momento en que a los ciudadanos se les está pidiendo respetar la ley y el orden. El fin del estado de alarma devolvió el protagonismo a las comunidades, la mayoría de cuyos líderes dieron mensajes confusos y a contratiempo, a la hora de lidiar con un recrudecimiento de los casos. Si esta es «la nueva normalidad» que se esperaba que España alcanzara tras superar la COVID-19, por desgracia se parece extraordinariamente a la antigua, al menos en el plano político.

Esto encaja con la conclusión personal que extraigo de esta última década en España. Por más que el país haya atravesado diversas fases de turbulencias sin precedentes, no ha encontrado un liderazgo con el suficiente valor, unidad y visión para transformar una crisis en una oportunidad con el fin de llevar a cabo un cambio profundo y una mejora.

España, desde luego, ha seguido modernizándose. De hecho, rara vez he visitado un país que me haya dado una sensación tan honda de veloz y exitosa transformación económica. Me viene a la mente Corea del Sur, nada más.

Mientras escribo este epílogo también estoy disfrutando del conmovedor libro de viajes de Laurie Lee, un poeta inglés que desembarcó en Vigo en 1935 y holló los caminos de gran parte del país hasta el pueblo andaluz de Almuñécar. En su libro Lee retrató una España rural en la que era más habitual compartir el hogar con el ganado que con un huésped extranjero, y donde había más recuas de mulas que automóviles viajando por las polvorientas carreteras. «Me estaba acostumbrando a este patrón de la vida española, que podría haber sido el de la Inglaterra de dos siglos atrás», escribió Lee una noche después de cenar unos huevos fritos regados con vino e instalarse en un saco de paja en la posada de una aldea a las afueras de Zamora.

Me pregunto en qué siglo pensaría estar viviendo Lee si pudiera descubrir la España de 2020, donde tantas posadas se han transformado en hoteles boutique que sirven deliciosos manjares, al tiempo que las concurridas autopistas y los trenes de alta velocidad atraviesan de punta a punta su territorio.

Pero, si bien es poco lo que a España le queda por construir, todavía parece que esta labor de construcción continúa en lo que se refiere al fortalecimiento de su tejido social y político. Lo mismo que otros países con una larga y orgullosa historia llena de tradiciones, es un lugar donde las viejas costumbres no mueren de la noche a la mañana y donde quienes tienen intereses creados se aferran a sus privilegios.

Como ya he escrito en otra parte del libro, aun cuando España ha seguido batallando con el legado de algunos de los más oscuros capítulos de su historia, se ha convertido, sin duda, en una democracia muy dinámica y abierta. Me sigue asombrando la alta participación en cada una de las elecciones, a pesar del considerable cansancio y frustración que la actual generación de políticos parece suscitar en sus votantes.

Con todo, celebrar unas elecciones tras otras no es una fórmula para progresar ni tampoco lo es enzarzarse en un debate público en el que los políticos, los comentaristas de la prensa e incluso los jueces parecen afanarse más en echar por tierra lo que otros han dicho o hecho que en proponer nuevas soluciones.

Un ejemplo elocuente de este planteamiento de dar «un paso adelante y otro atrás» a la hora de gobernar el país puede verse en su sistema educativo, que debería ser el motor del progreso de cualquier sociedad.

En 2013 me recibió en su despacho el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien se deshizo en elogios al hablar de la reforma que había planeado y que prometía proporcionar a los estudiantes españoles unas herramientas óptimas para completar sus estudios, gracias a las cuales entrarían en el mundo laboral mejor preparados que los que acababan de hacerlo en mitad de la crisis financiera. Para respaldar su afirmación de que España necesitaba con urgencia una reforma educativa, Wert repartió un grueso folleto con datos que subrayan los defectos en el sistema escolar, entre ellos, de manera especial, la alta tasa de abandono escolar.

Al cabo de unos meses, el Congreso aprobó la ley Wert, pero solo para sumir al sector educativo en un enconado debate sobre su utilidad. El Tribunal Constitucional derogó después parte de la ley Wert —en concreto, la relativa a la enseñanza lingüística—, antes de que, en 2018, el recién creado Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez enterrara definitivamente el proyecto por completo.

Dos años después, mientras escribo estas líneas, el Gobierno de Sánchez todavía no ha establecido de manera exacta qué sistema educativo alternativo seguirán los estudiantes españoles. Ciertamente, el coronavirus ha asestado un enorme y repentino golpe a las escuelas y universidades, pero el errático, partidista y estéril debate sobre la educación es en sí mismo una enfermedad que puede dañar de forma más duradera a las generaciones venideras en España.

Por todo el dolor que ha causado, la pandemia debería servir de punto de partida para meditar a conciencia sobre el modo en que vivimos, ya sea en España, ya en cualquier otro lugar. Es una oportunidad para examinar el funcionamiento de nuestros hospitales, escuelas, lugares de trabajo, transporte público y casi todos los aspectos de la vida, bien en grandes ciudades, bien en destinos turísticos de menor tamaño, o bien en zonas rurales cuyo aislamiento a menudo se ha convertido en una inesperada ventaja para luchar contra la expansión del coronavirus.

Solo el tiempo dirá si España puede extraer algo positivo del dolor que ha traído consigo la pandemia en 2020. Mis vivencias de la última década me sugieren que la sociedad española indudablemente tiene la capacidad de convertir lo negativo en positivo, máxime si es capaz de seguir abrigando en igual medida la solidaridad que ha mostrado en los meses más arduos del estado de alarma de la COVID-19.

También he tenido el privilegio de informar desde un país capaz de producir a personas de un talento extraordinario en casi todos los ámbitos, desde el equipo nacional de fútbol que ganó su primera Copa Mundial en 2010, hasta los chefs que ocupan los puestos más altos del escalafón gastronómico.

Pero su mayor reto está en superar la cortedad de miras de sus políticos. Al igual que muchos de sus homólogos en todo el mundo, los líderes de los partidos parecen estar mucho más interesados en vilipendiar a sus adversarios que en construir un consenso en torno a un nuevo proyecto político. Deberían recordar que no obtienen ningún beneficio poniendo su nombre a una ley si tal ley no tiene la oportunidad de sobrevivir más allá de las siguientes elecciones y del próximo cambio de Ejecutivo.

Gran parte de mi trabajo de corresponsal ha transcurrido vigilando a estos políticos, así como a los directivos y financieros que llevan la batuta de la economía española. Pero la parte más placentera y fascinante de mi labor periodística a menudo ha surgido al encontrar y escuchar a personas corrientes, que me han hablado de sus esperanzas y tribulaciones de una manera que, por lo general, ha sido sincera y me ha hecho comprender mejor eso que hace que la sociedad española sea especial.

España es un país cálido en el sentido amplio del término. La mayoría de las personas te hablan con el corazón en la mano y muchas se comunican no solamente mediante enérgicas palabras y expresiones subidas de tono, sino asimismo a través de un pronunciado lenguaje corporal, cuya ausencia forzada probablemente aumentara el sufrimiento causado por la COVID-19.

En mi Suiza natal, una de las bromas de humor negro a las que ha dado lugar el virus ha sido que los suizos estaban deseando que se acabara la obligación sanitaria de mantener una distancia social de dos metros para así volver a la tradicional separación suiza de cinco metros. En cambio, en España he observado a la gente echarse atrás torpemente a la hora de dar un beso o un abrazo, lo mismo que el rey Felipe VI retiró la mano que había extendido para saludar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando ambos asistieron a la reapertura de la frontera española con Portugal. Incluso a un monarca español le cuesta guardar las distancias con sus súbditos. ¹

Por otro lado, me parece un misterio que la élite española no haya desarrollado un mayor sentido de la responsabilidad, que debería ser obligatorio para cualquiera que ostente un cargo público. ¿Cuántos políticos han ofrecido una disculpa inmediata, y mucho menos han presentado su dimisión, después de que los pillaran falsificando un título universitario o de estafar dinero público? ¿Cuántos al menos han pedido perdón por el despilfarro durante los años del auge de la construcción?

En algunas desoladoras ocasiones he visto a los políticos montar numeritos en público que solamente puedo tildar de sinvergonzonerías. En marzo de 2011, Carlos Fabra, el político que llevaba dos décadas gobernando la provincia de Castellón, inauguró su proyecto estrella: un aeropuerto fantasma que costó 150 millones de euros. Las autoridades proporcionaron transporte en autobús a unos dos mil ciudadanos de todos los rincones de la provincia para escuchar a Fabra decirles con petulancia que serían los primeros visitantes a los que se les permitiría caminar por una pista de aterrizaje y visitar un aeropuerto como si fuera una atracción turística. «Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones, pero no han entendido nada», dijo para tranquilizar a su público. Mientras cortaban la cinta, de pie a su lado, Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, lo piropeó: «Carlos, ¡eres un visionario!».

Tras una investigación judicial de diez años, en 2013 Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel acusado de fraude. Dos años después, el aeropuerto por fin logró abrir su primera ruta comercial, cuyo destino era Londres y estaba operada por Ryanair. Desde entonces se han sumado una media docena de rutas más, pero con ellas ni por asomo se cumple la promesa de Fabra de que dicho aeropuerto sería un importante núcleo de transporte.

Desde la crisis financiera, probablemente la mayoría de los españoles se hayan vuelto menos tolerantes con políticos de semejante pelaje. Podemos y Ciudadanos compartieron un mensaje anticorrupción que caló en los votantes y permitió que ambos partidos entraran en el panorama político en 2015. El rey emérito Juan Carlos, cuya vida privada se consideró durante mucho tiempo un tabú en España, ha descubierto que su abdicación en 2014 no bastó para desviar la atención de sus operaciones financieras y amoríos. Mientras escribo estas líneas, el real cazador de elefantes se ha convertido en presa de los medios de comunicación y los fiscales, a pesar de que sea muy improbable que lo hagan sentarse en el banquillo de los acusados.

En mitad de las investigaciones judiciales relacionadas con su fortuna personal, el rey Juan Carlos anunció en agosto de 2020 su salida de España con paradero desconocido. En una carta a su hijo afirmó que quería distanciarse de la monarquía «ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada». Por entonces, el diario El País informó de la opinión que, supuestamente, el propio rey emérito expresó a un allegado sobre su penosa situación: «Los menores de cuarenta años me recordarán por ser solo el de Corinna, el elefante y el maletín». Creo que el rey está en lo cierto. Lo que representó para aquellos que vivieron la transición española poco tiene que ver con la imagen que ha dado a los jóvenes de hoy, que han observado su bochornosa caída desde la crisis económica, cuando salió a relucir su fastuoso tren de vida. Tal y como se preguntó en una columna de El País el historiador José Álvarez Junco tras la partida del rey: «¿Qué necesidad tenía Juan Carlos I de cometer la serie de errores que le han llevado a este lamentable final?». En la última década también me he pasado mucho tiempo siguiendo las lamentables tribulaciones judiciales de otros dos miembros de la familia real, Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. En 2017 Urdangarin fue condenado a seis años de cárcel por fraude. La infanta Cristina no fue declarada culpable de ese delito, pero le impusieron una multa de 265.000 euros (que posteriormente fue reducida a la mitad) por su papel en los tejemanejes de la familia. Cuando su hermano Felipe le revocó el uso del título de duquesa de Palma, también ella se mudó con sus hijos a ese orgulloso bastión de los valores republicanos que es mi ciudad natal, Ginebra. La abdicación de Juan Carlos I en 2014 no supuso un borrón y cuenta nueva, como su hijo habría deseado. Al contrario, el monarca Felipe VI ha estado rodeado de algunos familiares que han contribuido de manera considerable a la degradación del prestigio público de la Casa del Rey.

Pero, en general, el hecho de que a la mayoría de los españoles les sigan importando más los placeres primordiales de la vida que los a menudo turbios tejemanejes de la política y los negocios dice mucho en su favor.

Durante la última década asiduamente he jugado al tenis con José Manuel Villacañas, a quien conocí por casualidad en las pistas de tenis de la Universidad Complutense al poco de descubrir que su campus contaba con unas magníficas instalaciones deportivas cuyo uso y disfrute no están limitados a sus estudiantes.

A Villacañas le encanta el tenis, pero asimismo siente delirio por su moto clásica, el Real Madrid y, especialmente, por el jazz, pues nació en el seno de una familia de pianistas. Puede pasarse horas hablando de los deleites de pasar unas vacaciones a orillas del mar en su ciudad natal, Vigo. Admira a sus médicos, pero desconfía de los políticos, los curas, los abogados y las aseguradoras, además de abrigar sentimientos encontrados por los periodistas. «Me importa la gente que puede examinar un asunto sin prejuicios», le gusta decir.

Aun así, no fue hasta hace apenas unos pocos meses cuando, durante una de nuestras charlas sentados en un banco de las pistas de tenis, descubrí que Villacañas también había sido un insurgente. Cuando de pasada mencioné una de las últimas tensiones en el escenario político español, Villacañas, como si nada, me contestó que él lo sabía todo sobre conflictos, pues su superior le había ordenado que ocupara el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, solo un mes después de que comenzara a prestar servicio en la policía militar de la División Acorazada Brunete. Hasta ese momento yo jamás había oído en primera persona el relato de cómo se desarrolló aquel día y me pareció fascinante visto a través de la mirada de un joven recluta que, aquella mañana, se había despertado en su cuartel de El Pardo sin imaginar ni de lejos que participaría en un fallido golpe de Estado.

Pero ¿por qué Villacañas no me había hablado antes sobre su participación en aquel dramático suceso, cuando él sabía que a mí me parecería interesante? «Ese día no es más que una anécdota en mi vida que en verdad me es indiferente si lo comparo con otros muchos momentos especiales, como el día en que, de niño, descubrí la música —me dijo—. Para mí, la mili fue horrible y lo único positivo es que me saqué entonces el carné de conducir de camiones.»

Eso mismo constaté al ver Spain in a Day , un documental dirigido por Isabel Coixet y basado en 22.600 videoclips que la gente le había enviado, todos ellos filmados por españoles durante una sola jornada: el 24 de octubre de 2015.

Por casualidad, aquel fue el día en que Amancio Ortega, el fundador de Inditex, se convirtió en el primer español en encabezar la lista de las mayores fortunas del mundo. Asimismo, fue el día en que Mariano Rajoy se disponía a convocar unas elecciones generales en mitad de una creciente fragmentación política y con una tasa de desempleo que, entre los países de la Unión Europea, tan solo iba por detrás de Grecia.

A despecho de todo ello, la película de Coixet muestra a la gente hablando de casi todo menos de política y desigualdad de ingresos. Hablan sobre su vida amorosa, sobre comprar o no regalos de cumpleaños, sobre planear una reunión familiar o sobre el sencillo placer de tomar una caña tras un paseo. También charlan mucho sobre comida. Mi escena favorita es una en la que aparecen dos hermanas que no se ponen de acuerdo sobre si el arroz de la paella debería o no moverse mientras se cocina. Parece que en España todo el mundo sabe hacer una paella, pero nadie coincide en la mejor manera de prepararla.

Cuando le pregunté a Coixet si había descartado a propósito vídeos en los que las personas expresaran sus opiniones políticas o su descontento económico, me dijo que ella misma estaba sorprendida de no haber recibido ese tipo de vídeos. «Nadie me mandó ningún vídeo en el que alguien se pusiera enfrente de la cámara y despotricara contra los políticos —me dijo—. Es como si el nivel de resignación con respecto a los políticos y a otros aspectos negativos que cubren los medios de comunicación fuera tal que no formara parte de nuestro día a día.»

Puede que en eso precisamente consista la gran y saludable capacidad de la España contemporánea para desconectar de todo. Al igual que mi amigo Villacañas, son muchos los que desconfían de los líderes de la sociedad española, pero son conscientes de que viven en un país tan hermoso como único y, a menudo, dentro de una comunidad muy unida que ayuda a multiplicar los placeres de la vida.

En los pueblos costeros de Andalucía, el desempleo juvenil alimenta el tráfico de hachís.

© Laura León

A sus cien años, José Moreno, un antiguo soldado vasco, apoyaba con fervor los preparativos para exhumar a Franco.

© Samuel Aranda

Los costaleros son los pilares humanos de las procesiones de Semana Santa, a veces más amantes de la tradición que de la religión.

© Laura León

La Macarena, la mayor hermandad de Sevilla, trasladó su sede a una basílica construida después de la Guerra Civil.

© Samuel Aranda

En el verano de 2012, viajé con un movimiento de protesta de los agricultores por el campo de Andalucía.

© Laura León

Esta foto, publicada en nuestra portada, provocó una controversia sobre la cobertura internacional de la crisis financiera.

© Samuel Aranda

En 2012, un tribunal de Granada tuvo que juzgar uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la Iglesia católica.

© Laura León

En 2017, el movimiento independentista invadió las calles de Barcelona en su intento de declarar una república catalana.

© Samuel Aranda

La Policía Nacional hizo más que únicamente desplegarse durante el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017.

© Samuel Aranda

Reconocida como patrimonio cultural por la Unesco, la Patum de Berga es una de las muchas fiestas inolvidables de España.

© Samuel Aranda

Los seguidores del fútbol lo viven siempre con pasión, y no solo por lo que ocurre en el partido.

© Raphael Minder

En un bosque de Marruecos, conocí a africanos dispuestos a arriesgar todo para llegar a Melilla, su puerta de entrada a Europa.

© Arnau Bach

Durante nuestra entrevista, este coronel de la Guardia Civil en Melilla contestó a algunas de mis preguntas con una contundencia descomunal.

© Arnau Bach

Después de denunciar el fraude en su ayuntamiento, Ana Garrido se convirtió en una testigo clave en el caso Gürtel, la trama de financiación ilegal del Partido Popular.

© Samuel Aranda

En pocos años, la provincia de Teruel ha logrado convertirse en uno de los principales productores de trufas de Europa.

© Arnau Bach

Notas

1 . La primera acepción de struggle que aparece en los diccionarios monolingües de inglés es la de «lucha» en el sentido figurado de empeño, ahínco, afán o denodado esfuerzo para conseguir algún fin que presenta dificultades. Por su parte, el término fight , aunque una de sus acepciones secundarias es asimismo la de «lucha» en el sentido de esfuerzo, significa en primer lugar «batalla», «contienda», «lid», «disputa» en el sentido de enfrentamiento armado, por lo que tiene, como señala el autor, un matiz de beligerancia. Curiosamente, en el caso de haberse traducido al castellano el libro, en ambos casos es posible que se hubiera traducido igual: La lucha por Cataluña , lo que sin duda habría dado lugar a la interpretación de lucha en el sentido de hostilidad del término. (N. de la t .)

1 . Traducción aproximada del original, Fudgemont , juego de palabras con el apellido del político y verbo to fudge , que en el habla coloquial significa «evitar dar una información precisa», «afirmar, definir o presentar algo de manera poco clara», es decir, enmarañar o contestar con evasivas para no meterse en jardines. (N. de la t .)

1 . En el original, juego de palabras con la expresión to keep at arm’s length , que además de la traducción dada arriba, en economía designa lo que en castellano se denomina «principio de plena competencia» con el que se trata de evitar que compañías pertenecientes a un mismo grupo o familia de empresas pacten precios de transferencia entre ellas de manera que ambas salgan beneficiadas y, por consiguiente, en competencia desleal con empresas ajenas a la familia empresarial. (N. de la t .)

¿Esto es España? Una década de corresponsalía

Raphael Minder

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© del diseño de la cubierta, Planeta Arte & Diseño

© de la ilustración de la cubierta, Mikel Jaso

© Raphael Minder, 2020

© de la traducción del inglés, Vanesa García Cazorla, 2020

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