ESPAÑA SIN LUZ

¿UN DELITO DE ESTADO?

ADRIÁN SÁNCHEZ MOLINA

Dedicado a la memoria de mi gran amigo;

José Luis Villares Matamala.

RECOMENDACIÓN DEL AUTOR

Que nadie se preocupe que este no es un libro técnico donde te explica qué es la electricidad ni como se produce, ni de vatios ni voltios. Tampoco te voy a molestar demasiado con legislaciones, normas jurídicas, órdenes ministeriales y un indeterminado número de documentos oficiales donde dice muchas cosas pero nadie entiende nada.

Este libro está preparado para abrirle los ojos a cualquier persona que en este país compre electricidad. No olvidemos que cuando te llega la factura de la luz, estas pagando algo que en su momento tuviste que adquirir y consumir, por lo tanto al pagar el recibo, estás liberado de cualquier futuro pago.

Entonces, si tienes pagado el recibo de la electricidad, ¿por qué tienes que pagar ahora una deuda que tú no has contraído?

¿Qué es eso llamado ‘Déficit de Tarifa‘ ? , ¿Por qué recibimos constantes amenazas e insinuaciones de los políticos con sus demagógicas manifestaciones de que España va a tener un gravísimo problema con la electricidad? Todo es falso. Es mentira. Aquí no va a quebrar nada, todo seguirá igual.

Todo es un montaje político que en este libro se desgrana con tal minuciosidad, que dejarás de tener la más mínima duda.

Por concluir, tan solo advertir al querido/a lector/a que este libro, da calambre.

El denominado ‘Déficit de Tarifa’ es un mecanismo artificial, perverso, creado por los herederos del “Pacto de la Moncloa” para seguir autoabasteciendo a su grupúsculo acaudillado que todavía permanece latente, muy levemente pero persiste, en la sociedad empresarial española.

Este libro es resultado de una minuciosa investigación que he realizado durante más de 5 años. Mi actual cargo de Presidente de la Asociación ASECE me ha permitido acceder a material inédito y a tertuliar con personajes clave de los años 80 y 90 inmersos en el sistema energético de la España que acababa de despegar.

Los costes reconocidos por los gobiernos, siempre han sido superiores a los reales.

“Solamente hay una manera de entender lo que hoy está sucediendo; consiste en esperar un lustro”

La entonación del título es importante, es una pregunta, no una afirmación, con independencia de la opinión personal del autor. Mis manifestaciones son absolutamente peyorativas, tan solo pretendo trasladar al lector mi percepción desfavorable sobre la materia en cuestión que trato. También quiero pedir disculpas desde este mismo momento por el tratamiento de género que pudiera expresar al referirme al lector; quiero rogar que por favor se deba de entender al referirme al “lector” como “lectora/lector”, me dirijo a toda la sociedad, mujer y hombre, tan solo es cuestión semántica la forma de referirme a ellas/ellos.

SUMARIO

Con solo esta parte, comprenderás la otra.

Nacen nuevas grandes empresas energéticas.

La Electricidad después de la Guerra civil.

UNESA. El fin del principio.

La conquista de Madrid. Electrificar la gran urbe.

La primera central nuclear de España la inauguró Franco.

La Democratización de la Electricidad.

El Marco Legal Estable (1988-1997).

Y Aznar llegó a La Moncloa.

Se liberaliza el mercado eléctrico; todos a jugar.......

Josep Piqué nos quiere convencer de nuevo.

El Déficit de Tarifa Eléctrica no es un Déficit Público.

Comisión Nacional de Energía (CNE); el mamporrero del sector eléctrico.

Informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ¿un montaje?.

La Génesis del ‘Déficit de Tarifa’ reside en los costes regulados.

La banca quiere un trozo del pastel; Los Fondos de Titulización.

¿Y la culpa del Déficit de Tarifa la tiene la industria Fotovoltaica?

La Industria Fotovoltaica; antes de Zapatero llegó Aznar, claro está.

Los Costes de Distribución; el grifo para jugar con el ‘Déficit de Tarifa’

Y después de Aznar, llegó Zapatero. Más de lo mismo.

La Herencia Fotovoltaica recibida de Aznar. Zapatero lo hace peor.

Culpa, Quebrantamiento de la Ley.

Miguel Sebastián Gascón, otro que ni se entera pero termina con todo.

Los Gobiernos ‘anestesian’ al Estado con sus dosis de verbo barato.

El Ministro Soria no sabe lo que es el llamado ‘Déficit de Tarifa’.

Trescientos diputados paralizan la Auditoría Energética.

Con esta parte, comprenderás la otra.

En 1875 la Escuela de Ingenieros importó una máquina Gramme y una luz de arco que utilizó para el alumbrado en su gabinete de física. Desde entonces se divulgó lentamente la electrificación, gracias a ingenieros como Narcís Xifra Masmitjà o Francisco de Paula Rojas Caballero-Infante .

Si utilizamos una referencia moderna en el tiempo, yo la situaría en la instalación del primer ascensor Eléctrico en España. Fue realizada por el Ingeniero Otis en un emblemático edificio de la calle Alcalá de Madrid. Estamos en 1877, veinte años después de que ese mismo ingeniero instalara el primer ascensor del mundo en Nueva York.

Diseño del Ingeniero Otis del ascensor en Madrid

España es un país adolescente desde esa perspectiva, quizás por ello nos empeñamos en demostrar al resto del mundo que somos únicos en tecnología energética.

Para unos salió bien la gestión, para otros fue un desastre.

Con independencia del lugar en el que nos encontremos, todos sin excepción de nadie, somos consumidores de electricidad. Ya sea un particular, una empresa, una comunidad de vecinos, un ayuntamiento, un municipio, nadie está exento de asumir una carga económica de coste de electricidad.

Los orígenes de la gestión de la electricidad en España se remonta a la intervención por parte de los municipios que disponían de la maquinaria adecuada para dar fundamentalmente iluminación pública, pero nunca desde la perspectiva de sociedad privada, más bien era un beneficio social, público y que asumían el coste entre todos los habitantes de ese municipio.

En 1894 nace la Compañía Sevillana de Electricidad y la Compañía Barcelonesa de Electricidad, ambas ofreciendo energía eléctrica a las provincias de referencia.

El crecimiento de potencia instalada fue tan espectacular en esa década, que se pasó de 6 Megavatios (MW) a 92 a comienzos del siglo XX. La Revolución Industrial germinada en la próspera Inglaterra contribuyó a la emigración de toda la tecnología energética de origen térmico, pero sin embargo la fuente principal era el carbón y España precisamente tenía el peor de toda Europa.

Por ello, la energía Hidráulica obtenida gracias a la concentración del agua de los ríos en pantanos y embalses, como fue el caso del Duero, contribuyo a la creación de un conjunto de empresas que, promovidas por la desgastada política errática del Rey Alfonso XII y su agonizante estrategia al perder Cuba y Filipinas, hizo que el 17 de marzo de 1902 fuera proclamado Rey de España Alfonso XIII.

En ese mismo año fue nombrado Antonio Maura Ministro de Gobernación, quien intentó eliminar las irregularidades en las elecciones con la prohibición de intervenir en el proceso a los agentes del gobierno. Sin embargo no consiguió erradicar el caciquismo que predominaba en España.

Fue el político conservador Eduardo Aznar Tutor (a muchos les sonará el apellido) quien contrató al Ingeniero de Minas Juan Urrutia Zulueta, el cual llevaba años intentando combatir en el mercado vasco en beneficio de la energía Hidroeléctrica. Consiguió la ejecución de un salto de agua en el rio Oria gracias a la intervención del empresario José de Orueta, empresario vasco con profundas relaciones con el Rey Alfonso XIII. Esta amistad es la que permite la constitución de la Empresa Hidroeléctrica Ibérica, la cual fue dirigida por Juan Urrutia.

La base sobre la que nace Hidroeléctrica Ibérica fueron unas concesiones en el alto Ebro, los saltos de Quintana, Besantes y Camajón. Inmediatamente a su creación, adquirió nuevas concesiones en los ríos Leizarán, Urdón, Mijares, Júcar y Segre y, posteriormente en el Tajo, con el objeto de suministrar energía a Madrid.

El objetivo faraónico del Ingeniero Urrutia pasaba por construir en España el mayor número de saltos de agua para ofrecer energía Hidroeléctrica a la mayor población posible, sin la necesidad de instalar una amplia red de distribución interprovincial, aunque su mayor preocupación eran los mercados vasco, madrileño y las zonas industriales de Cataluña y Levante. No obstante la ambición del joven ingeniero estaba equilibrada con el sorprendente Capital Social de la empresa para aquella época: 20 Millones de pesetas ‘de aquella época’, no quiero ni imaginarme cuantos euros pueden ser al día de hoy con un siglo de diferencia.

Todo ello implicaba incrementar casi un 70 % la potencia total instalada en España desde 1875. El proyecto contó con el importante apoyo financiero del Banco de Vizcaya. En 1904, Urrutia puso en funcionamiento su primera instalación generadora, el salto de Quintana en el río Ebro, cuya electricidad fue transportada hasta Vizcaya a una tensión de 30 KV, siendo la primera vez que se usaba esta tensión en toda Europa. Para ello, Urrutia importó tecnología extranjera (turbinas suizas Escher-Wyss y maquinaria eléctrica alemana Siemens). Los primeros clientes fueron empresas e instituciones vizcaínas (papeleras, siderurgias, tranvías, ayuntamientos).

El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral lanzaba una bomba a la comitiva nupcial del Rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia. Ese mismo año, Urrutia promovió en Cantabria la compañía Electra de Viesgo (salto de Bárcena en el río Besaya). En 1907, esta vez en compañía del banquero Lucas Urquijo, Urrutia creó la Sociedad Hidroeléctrica Española (SHE), de la que también fue su director general, con el fin de construir y explotar el salto de El Molinar (río Júcar), para suministrar energía a Madrid y Valencia. Se trataba de hacer llegar la electricidad a grandes centros sin hacerla accesible a todo el mundo y vendiéndola a través de contratos seguros y de larga duración.

Un año después, fundaba la Unión Eléctrica Vizcaína, compañía de distribución de la energía a pequeños consumidores. Otras sociedades distribuidoras promovidas por Urrutia fueron: Eléctrica de Madrid y Electra Valenciana (1910), Unión Eléctrica de Cartagena (1913), Unión Eléctrica Portuguesa (1919), habiendo adquirido asimismo en el país vecino la Compañía Eléctrica de Lima (1917).

En 1919 asesoró al gobierno de García Prieto en la Comisión Permanente Española de Electricidad,  lo cual le ayudó en 1920 a ser nombrado primer presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad. En 1922, Hidroeléctrica Ibérica había multiplicado por diez su capital inicial (de 20 a 200 millones de pesetas). Para entonces, Urrutia era dueño de un formidable imperio empresarial que prácticamente monopolizaba el mercado eléctrico peninsular. También fue directivo y promotor de empresas de electrotecnia como la Sociedad de Electrificación Industrial (1919) o la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (1921) y de otros sectores:  Banco de Crédito Industrial y Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox (ambas en 1918), Cementos Cosmos (1919) o Sociedad Madrileña de Tranvías (1920). Entre 1918 y 1923, Urrutia desarrolló una intensa actividad política como diputado y senador del Partido Liberal Independiente por la circunscripción de Huesca.

Entre los años 1900 y 1920 se crean un total de 14 empresas generadoras de energía Hidroeléctrica, la mayoría dirigidas por Urrutia, y cada una de ellas gestionadas por relevantes terratenientes incluso políticos locales. En 1930 el total de Potencia instalada en España es de 1.400 MW. Un crecimiento espectacular para tan solo 30 años de diferencia.

Falleció en Vizcaya a los 58 años de edad. Meses después, Primo de Rivera anuló la Constitución de 1876, avalado por el monarca Alfonso XIII.

Nacen nuevas grandes empresas energéticas

El 23 de agosto de 1926, el gobierno español aprobó la concesión definitiva para el aprovechamiento global del Duero y sus afluentes el Esla, Tormes y  Huebra. Y, el 12 de agosto de 1927, Portugal firmó el tratado internacional sobre el aprovechamiento del río Duero, que otorgaba las concesiones a Saltos del Duero.

El planteamiento creaba con el Salto de Ricobayo una fuente de energía que era cinco veces superior al consumo nacional de entonces. Este incluía el aprovechamiento integral del Duero y sus afluentes, con una previsión de producción anual de 10.000 millones de kilovatios hora.

Las obras de construcción del Salto de Ricobayo, sobre el Esla, comenzaron en mayo de 1929. La magnitud de las obras propició la visita del rey Alfonso XIII el 20 de octubre de 1930, siendo sus palabras: “Seguirán estas obras por encima de todas las inquietudes del momento, porque uniendo a todos, monárquicos y republicanos, está la idea de la patria”.

Saltos del Duero, para conseguir mercado llevó a cabo una política de entrada en el capital de empresas ya existentes, productoras y distribuidoras, en lugar de competir con ellas.

El 4 de enero de 1935 comenzó el suministro de energía eléctrica desde el Salto de Ricobayo al norte de España por la línea “Esla - Alonsótegui” a 138.000 voltios, teniendo como primer destinatario al mercado de Bilbao y como primer cliente a “Hidroeléctrica Ibérica”.

El nuevo siglo daba sus primeros destellos Internacionales, viendo nacer el 17 de octubre de 1919 el famoso Metro de Madrid. Comenzaba una era llena de pasión y ‘energía’.

Históricamente, uno de los elementos que ha limitado el desarrollo económico de España ha sido la pobreza de recursos energéticos, en concreto la carencia de hidrocarburos líquidos y gaseosos y la mala calidad del carbón existente.

España es un país pobre, excesivamente rural para un intento estatal de electrificación nacional, por lo que el uso rudimentario de sistemas alternativos a la electricidad, ha perdurado hasta hace pocas décadas. Todavía encontramos poblaciones donde la electricidad está restringida en determinadas horas del día.

Mientras que el resto de Europa ya había transitado la primera revolución industrial originada en Inglaterra, nuestros talleres artesanos continuaban con el tradicional sistema de rodillo impulsado por los pies. España era un país profundamente agrícola y esta situación se prologó hasta entrado el siglo XX. La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético nacional a una situación de dependencia exterior.

La electrificación en España fue ejemplarizante, hasta la llegada de la Guerra Civil Española (1936-1939)

La Electricidad después de la Guerra civil.

Llegada la primera guerra civil, España se encuentra en la dificultad de continuar importando carbón inglés, debido a los graves daños ocasionados sobre el sistema creado de saltos de agua en los principales ríos del país, por lo que se produce la primera crisis energética en España. Una de las estrategias del General Francisco Franco es la destrucción paulatina de todos los sistemas que generan energía eléctrica. Hay que desterrar de la cultura española que Franco construyo muchos pantanos y embalses, más bien todo lo contrario, los destruyó para luego volverlos a reconstruir. Poco mérito se le puede dar a semejante atrocidad. Además la II Guerra Mundial trae el bloqueo de los aliados como consecuencia de la Guerra Civil Española, pues la figura del Régimen de Franco no es bien recibida por el sector energético internacional.

Las actuales características del sector eléctrico español y su estructura empresarial hoy vigente, tuvo su origen en los años de la posguerra, donde la empresa pública irrumpe y colisiona con la privada, manteniendo una conflictiva convivencia. La Dictadura de Franco diseñó todo un mecanismo regulatorio del sector que todavía se deja sentir en la actualidad.

La Guerra Civil y la instauración  de  un  régimen  dictatorial, modificaría las condiciones de desarrollo que habían estado vigentes en la industria eléctrica. Por un lado, el  inicio del  conflicto agravó la paralización de los años 1930 en lo referido a la ampliación de la capacidad productiva. Por otro, y una vez terminada la guerra, la demanda eléctrica s disparó como consecuencia de las dificultades que experimentaba el suministro de combustibles fósiles (carbón y petróleo), deteriorado por la reducción de las importaciones.

Ante estas circunstancias, el excedente potencial que existía al iniciar la Guerra Civil comenzó a ser absorbido por el aumento de la demanda, mientras la ejecución de nuevas centrales se veía afectada por las dificultades propias de una posguerra. Era del todo necesario construir una red de interconexión que permitiera usar los excedentes de unas regiones para abastecer otras, gracias a la instauración de todo un sistema de  explotación conjunta.

Hasta 1951 no existía un mecanismo concreto de regulación de tarifas eléctricas, fundamentalmente porque venías de un modelo “comunero”; es decir, se repartía el coste de la generación y distribución entre todos los habitantes del municipio al cual abastecía la compañía. Por ello el Régimen estableció un sistema tarifario único para todo el país. Además este sistema implicaba una serie de compensaciones así como un mecanismo de actualización, el cual no tuvo ningún efecto, pues el propio Régimen del Caudillo no lo respetó.

Al no existir ninguna empresa pública de generación de electricidad con anterioridad a 1944, se creó la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) mediante el Instituto Nacional de Industria. Con posterioridad se creó ENHER así como la construcción de varias centrales por parte de la empresa nacional “Calvo Sotelo” (ENCASO).

Los motivos que ocasionaron la creación de ENDESA,  fue la ejecución de una gran central térmica en las proximidades de la localidad leonesa de Ponferrada, con el objetivo de alimentar una fábrica de aluminio que el INI pretendía ubicar en Valladolid. Se trataba de un proyecto que el INI obtuvo desplazando al Banco de Bilbao. También pretendía beneficiar los almacenes de antracita de la zona. Desde el principio el  INI proyectó la central con una sobredimensión  que  excedía las necesidades previstas en la producción de aluminio. ENDESA trató de introducirse en el mercado comercial de la electricidad como proveedora de electricidad mayorista. Como en otras ocasiones, los cálculos de costes que efectuó el INI para justificar la aprobación de su proyecto por el Estado fueron demasiado optimistas, al igual que lo fueron las expectativas respecto a los requerimientos de suministro que recibiría la empresa.

Con anterioridad a 1975, el Régimen se había hecho con más del 25% de todo el sector eléctrico del país, permitiendo un papel dominante en el sistema del desarrollo energético de España. Además el Caudillo tenía una cierta preocupación en relación a la electricidad; necesitaba ganarse la confianza del pueblo y no podía permitirse que ningún español careciera de esta fuente de energía. Los saltos de agua del Duero continuaban siendo un objetivo estratégico para el Franquismo, por lo que en 1944 se constituyó la empresa IBERDUERO, resultante de la fusión obligada por el franquismo de las sociedades Saltos del Duero y de Hidroeléctrica Ibérica.

Bueno, tan obligada no lo fue, pues gracias a los encantos que ejercía sobre el Dictador Franco su gran amigo José María Oriol y Urquijo, a quien se le dio rango de Ejecutivo de la Jefatura, se le encomendó el desarrollo para un intento de nacionalización de todas las empresas eléctricas que operaban en España. Esta reunión secreta tuvo lugar en Agosto de 1944, en el Club marítimo del Abre en el municipio de Las Arenas (Bilbao) a la cual asistieron los propietarios de todo el sistema energético del país.

J. Cabrera

A. Lucio P. Vaquero

C. Mendoza A. Vinuesa

P. Garnica M. Cortines

J. Mª Urquijo F. Bustelo

Conde Gaitanes

Marques. de Peñarroya

J. Mª Oriol E. Usaola

J. Arteche R. Rubio

M. Lozoya F. Montagut

F. Navarrete J. Oría

J. Puig L. Pomerol

L. Mª Ibarra E. Uriarte

M. Fdez. Campos

Jose Mª Oriol de Urquijo era el gran patriarca de la Industria Eléctrica Española. En definitiva, el actual IBEX 35 al 2013 tiene un 90% de Franquismo.

UNESA. El fin del principio.

Antes de avanzar, me gustaría hacer una reflexión para que mi querido lector/lectora tenga presente que Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA) desarrolló dos funciones tan relevantes como ilegales; una como instrumento de presión política de las empresas eléctricas hacia el Estado y otra como administradora oficial del mecanismo de regulación tarifaria. Hoy lo más parecido sería algo así como “... Un pirómano en el parque de bomberos... “

Estas funciones dirigidas personalmente por José Mª Oriol de Oriol y Urquijo, le garantizó cargos relevantes como Presidente de Hidroeléctrica Española , S.A. (Hoy Iberdrola) , Presidente de UNESA, Presidente del Fórum Atómico Español, Presidente de TALGO, Consejero de Banesto, de Unión Eléctrica FENOSA. Fue Alcalde de Bilbao entre 1939 y 1941, Jefe provincial de Falange en 1939 y procurador en las Cortes durante 6 legislaturas.

Sin embargo como antes he relatado, el INI desarrolló la constitución de la empresa eléctrica ENDESA, sobre la cual el Caudillo no ejercía la misma presión respecto a la reciente nombrada UNESA.

Mientras que el Ministerio de Industria del Caudillo y UNESA discutían sobre el tipo de tarifas aplicables ante el nuevo panorama energético del país, el recién nombrado ministro de industria Juan Suanzes, consiguió demorar el diseño de tarifa pues no estaba conforme con una industria privada donde pudieran diseñar sus propias estrategias sin contar con el Estado. El Ministro Suanzes consiguió que se establecieran las ‘Tarifas Tope Unificadas’, las cuales estuvieron vigentes hasta el año 1973. El nuevo sistema tarifario y las medidas asociadas crearon un sistema de regulación eléctrica que intentó aunar el respeto por la iniciativa privada, con la fijación por parte del Estado de los precios del suministro.

Para hacernos una idea de que nunca jamás se había diseñado una tarifa real sobre el coste de la energía, a continuación detallo el procedimiento básico que se estableció en el sistema tarifario en España en los años 50, por el cual se promulgo el Real Decreto energético para España:

Se fijaron precios medios de venta al público de electricidad, con arreglo a una fórmula paramétrica en la que se incluían dos elementos: el precio medio base y los incentivos y subvenciones asignadas a la empresa. El precio medio base se deducía a su vez de un cálculo ponderado que valoraba los incrementos de los costes habidos desde 1935 hasta el año de referencia por diversos conceptos (personal, gastos financieros, gastos generales). Los incentivos y subvenciones se entendían como un recargo sobre el precio medio base con objeto de compensar los incrementos de los costes en las centrales de nuevo establecimiento, el mayor gasto de la producción térmica y los decrementos de ingresos derivados de la concesión de precios especiales a determinados consumidores.

Los precios de venta al público se organizaron en seis tarifas diferenciadas en función del tipo de consumidor. Estas tarifas estaban estructuradas en tres bloques, según las horas de utilización de la potencia contratada, con precios de venta progresivamente inferiores. Aunque el decreto parecía establecer un automatismo para la actualización de las tarifas en función de las diversas fórmulas, en realidad éstas sólo se modificaron cuando lo decidía el Gobierno y en las cuantías establecidas por las autoridades. Los encuentros entre el INI, ENDESA y la empresa UNESA eran fruto de grandes diversiones por parte del Franquismo, ofreciendo cómodamente la incorporación a sus consejos de administración de aquellos diputados que entraban y salían del gobierno, con el fin de pasar a la vida privada y lucrarse de tan altos beneficios.

La conquista de Madrid. Electrificar la gran urbe.

El principal flujo financiero del país se encontraba en Madrid, precisamente en las gestiones de inversión en el sector energético. Un país que comenzaba a remontar después de una compleja guerra civil y su posguerra, hizo que importantes inversores se centraran en España como estrategia inversora. No hay nada mejor para el crecimiento del capital que invertir en un país arruinado por una Guerra Civil.

Cabe destacar que en Madrid había 50.000 contratos de suministro eléctrico domestico, cuando la población superaba los 2 millones de habitantes. El principal objetivo consistía en incitar el consumo eléctrico, llegando a instalarse en 2 años más de 100.000 instalaciones en el centro de la capital. El régimen hizo la vista gorda con tan exagerado monopolio, a la par que recibía singulares ingresos por impuestos, además de servir como refugio en sus consejos de administración a los cuales se habían otorgado inmunidad gracias a la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas, el 17 de julio de 1942. Lamentablemente este modelo es conocido hoy en día, pues los principales protagonistas de la política democrática por la que atravesamos, mantiene el mismo patrón. Sillón vitalicio con remuneraciones inimaginables. Desde Felipe Gonzalez, Jose Mª Aznar, Pedro Solbes, Elena Salgado, y un elevado y destacado regimiento de Directores Generales, Secretarios de Estado, etc.

Hidroeléctrica Española, S.A. fue la adjudicataria de la obra por la cual se conectaba Madrid con la cuenca del Júcar, lugar en el que se encontraban las principales plantas generadoras de electricidad. La instalación fue considerada como una de las más grandes del mundo a esa fecha. La electricidad en estos años actuaba como un instrumento de jerarquización territorial, desde lo local y comarcal de las mini-centrales y fábricas de luz, a lo regional, nacional o peninsular de las grandes hidroeléctricas con sus grandes presas. En los años que tratamos, se van configurando así regiones hidroeléctricas de las que dependía el abastecimiento de una o más ciudades consumidoras, con las que se establecían nexos de unión de notable incidencia territorial.

El paso del tiempo determinó la armonía empresarial energética de las zonas más deprimidas, la fusión de compañías y la constitución, en la segunda mitad del siglo pasado, de una sola red eléctrica nacional, preludio de la globalización empresarial de nuestros días. La electrificación de la ciudad de Madrid conoce su máximo esplendor con la nueva red de iluminación de la Gran vía, Callao y el Palacio de Oriente. Rápidamente le siguió Plaza de España y Moncloa. Hasta la fecha la combinación de instalaciones de Queroseno y alumbrado eléctrico era lo más habitual, aunque en pocos años terminaron desapareciendo. Todavía queda alguna farola de queroseno como reliquia en la zona de Mayor (Madrid).

La recuperación del tranvía exterminado con la Guerra Civil supuso el botón de reset a esta etapa en la que España necesitaba demostrar que podía superarse a sí misma, aunque sea a costa de la sociedad diezmada que no sabía cómo sostenerse en el transito a la nueva etapa que le esperaba a nuestro país.

Estación Transformadora propiedad de la Cooperativa Electra de Madrid ( CEM)

La Cooperativa Electra Madrid fue fundada por el Alcalde de Madrid Joaquín Sánchez Toca, por lo que la mencionada Cooperativa disfrutaba de los mejores apoyos municipales ante las concesiones de distribución energética. Todo ello favoreció el aumento del consumo doméstico y urbano, que llegó a ser muy superior, en cifras per cápita, al de otras ciudades europeas de la época, a pesar de la debilidad de al industria madrileña. Precisamente esa debilidad obligó a las empresas hidroeléctricas a competir por la captación de los usuarios privados, fomentando su consumo mediante una guerra de tarifas eléctricas que favoreció a los ciudadanos, convirtiendo a Madrid en una de las ciudades con una mayor proporción de habitantes que disfrutaba de las ventajas del alumbrado eléctrico.

El Régimen durante los años 1945-1949 tuvo una actitud fuertemente grave. Sin embargo, hasta mediados de la década de los cincuenta la situación de insuficiencia de suministro eléctrico marcó profundamente la vida de los españoles. Algunas zonas industriales, como el País Vasco y Cataluña, sufrieron cortes permanentes durante semanas o meses, que dejaron prácticamente paralizada toda la actividad industrial. Las restricciones se solían aplicar durante una parte del año, por lo que un porcentaje anual del 10 por ciento se transforma en una restricción del 40 por ciento al aplicarla durante una temporada de tres meses.

La necesidad de mantener el suministro a los servicios indispensables implicaba que, por ejemplo, «para conseguir en un sector una reducción del 15%  del consumo es preciso dejar sin servicio tres días a la semana todos los sectores industriales de una red determinada, con el consiguiente paro obrero, aumento de costes en la producción, el desorden que implica la puesta en marcha de gran número de instalaciones productoras individuales de desastroso rendimiento, etc.

La doctrina económica que vertebraba las actuaciones de los primeros gobiernos de Franco preconizaba la autosuficiencia y el control del conjunto de las actividades económicas por el Estado. La economía debía supeditarse totalmente a la política, la cual marcaba como meta principal la independencia nacional de cualquier condicionante exterior. En consonancia con estos principios, se iniciaron políticas tendentes a la sustitución de importaciones, que en el campo de la energía supusieron el recorte de las compras de carbón al exterior con objeto de incentivar la producción propia, gracias a la reserva del mercado interno. Por otro lado, el alineamiento político de Franco con el Eje provocó las represalias de los Aliados, que se concretaron en el corte periódico de los suministros de petróleo. Se aproximaba una crisis energética para España de magnitudes inimaginables. Muy parecido a la situación que estamos viviendo en estos años 2012-2014.

Fue en estos momentos de dificultades cuando algunas empresas eléctricas aceptaron los beneficios que otorgaba la Ley de 24 de octubre de 1939 a las sociedades que fueran declaradas de interés nacional. En concreto, las empresas se interesaron por los beneficios de la expropiación forzosa y la rebaja de los derechos arancelarios. No obstante, tales ventajas no debieron de ser excesivas porque sólo tres empresas privadas solicitaron este régimen: Iberduero y FENOSA, para la construcción de sendas líneas de alta tensión, y Electra de Viesgo, para ampliar la central de Ujo. El Régimen necesitaba dar, muy de vez en cuando, alguna muestra de solidaridad, por lo que el precio final de la electricidad se vio alterado por una serie de impuestos. Aparte de un nuevo gravamen sobre el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio, a raíz de las restricciones apareció un recargo sobre las tarifas eléctricas con objeto de financiar una Caja de Compensación del paro obrero causado por los cortes en el suministro. Las empresas afectadas por las restricciones recibirían a cargo de la Caja una subvención con la que abonar los jornales correspondientes a los períodos en que se hubieran visto obligadas a suspender la actividad normal.

Pronto fueron apareciendo los elementos definitorios del futuro régimen tarifario: la regulación de la producción y los intercambios por el Ministerio de Industria; la colaboración con UNESA que, a cambio, se encargaría de regular buena parte de las cuestiones que en otros países competían a la Administración; las ayudas públicas a la construcción de centrales y a la generación de termoelectricidad y su financiación a cargo de una tasa para-fiscal –un recargo sobre las tarifas–, en vez de recaer sobre los presupuestos del Estado.

Precisamente esa iniciativa del Estado de permitir a la empresa privada UNESA la elaboración de todo el sistema regulatorio de la producción de electricidad, ha terminando causando uno de los Delitos de Estado más grandes de la historia de la Democracia. Le llaman ‘Déficit de Tarifa’. UNESA comenzó con disimulo y sin llamar la atención a desviarse de ese núcleo principal del franquismo que era la ‘subsidiaridad’ económica del coste de la energía eléctrica. Como se puede deducir, se trataría de otra versión de un conflicto más general que se observaba en otros organismos del Régimen y que ya ha sido comentado anteriormente: un enfrentamiento soterrado entre el intervencionismo militar y el corporativo.

La primera línea estaba inspirada directamente por Suanzes y sus más inmediatos colaboradores, que no hacían más que remedar la política que habían defendido desde el Ministerio de Industria. La segunda línea aparece plasmada en los documentos redactados por los técnicos del Instituto, que eran conscientes del control que las empresas privadas ejercían sobre la industria, tanto sobre los activos como, muy especialmente, sobre la información acerca de las circunstancias en que se desarrollaba la actividad del sector. La clave residía en demostrar que no existían parámetros que pudieran constatar un conciso y preciso detalle de cuál es el coste de la energía. Era imposible matemáticamente concretarla. Hoy en día seguimos igual.

En octubre de 1947, UNESA se dirigió al INI proponiendo una colaboración que consistiría en la adquisición de toda la energía producida por las centrales públicas. Se inauguró así uno de los problemas recurrentes del Régimen,  el encaje de las térmicas del INI en un sistema eléctrico formado por empresas privadas. En noviembre de 1948, UNESA aceptó la propuesta del INI de formar una comisión mixta «para establecer contacto con las empresas eléctricas y estudiar los problemas comunes».

La Administración no hizo ningún intento de interferir en las cuestiones internas de la compañía eléctrica UNESA, de tal manera que se formó el más eficaz ejemplo de autorregulación de todo un sector económico por las propias empresas, bajo una supervisión lejana de la Administración. Se ha visto que uno de los argumentos utilizados para justificar, desde un punto de vista técnico, las nacionalizaciones fue la incapacidad de las empresas privadas para coordinar sus actividades y alcanzar las economías asociadas a la gestión conjunta de la red eléctrica. Aparece en España el primer Oligopolio permitido por la Administración del Estado.

España empezó a recuperarse económicamente a partir de 1960. El desarrollo del turismo y la apertura de nuestra economía impulsaron la recuperación Industrial perdida. Una consecuencia directa fue un gran incremento de la demanda. La nueva situación energética mostraba claramente la ventaja de tener una gran red interconectada, permitiendo un suministro seguro a los clientes y una maximización de la potencia total de salida.

Con un contexto de bajos precios del petróleo, se construyeron plantas de Petróleo, cambiando la estructura de generación. Pasamos en 1960 del 84% de origen hidroeléctrico a 1973 en el que descendió hasta el 39 %. La energía de origen fósil comenzaba a penetrar lentamente en España y nos convertíamos en un país contaminante. Así las cosas, querido lector, no pretendo hacer más larga esta inicial exposición para que nos podamos hacer una idea; nadie en el poder se ha escapado al canto de sirenas de la Energía Eléctrica.

El año 1973 fue un año muy importante para el sector energético de todos los países industrializados. Una dramática subida en los precios del petróleo comenzó y no se detuvo hasta 1983, forzando a todos estos países a adoptar medidas para reducir ese consumo de energía en forma de crudo. Los reportes del Club de Roma, avisaban de una posible finalización de los recursos físicos de varias materias primas si el consumo continuaba creciendo de esa forma. España navegaba contra corriente.

La primera central nuclear de España la inauguró Franco.

Joaquín Planell, Ministro de Industria de Franco en 1957, indicó en unas jornadas nucleares celebradas en España que el Gobierno español acometerá sin vacilaciones, y en un porvenir muy próximo, el establecimiento de centrales nucleares.

España pretendía con este gesto dejar claro que no tenía que estar sometida a las inclemencias económicas del petróleo y el gas. Se trataba de una posición dominante en la estrategia mundial de la energía nuclear.

En un intento por contrarrestar los esfuerzos del INI por recuperar la iniciativa, un informe de UNESA otorgó preferencia a la energía nuclear. En un primer momento, algunos de sus socios apostaron abiertamente por la creación de sociedades para el montaje de reactores.

Con el fin de evitar el trasfondo militar, Franco creó en  1951 la Junta de Energía Nuclear (JEN) la cual se encargaría de investigar y asesorar al Gobierno en todo lo relacionado con la energía nuclear, además de ser responsable de la seguridad, la protección radiológica y la formación del personal que trabajaría en este nuevo terreno.

Mientras que IBERDUERO y Viesgo constituyeron la sociedad Centrales Nucleares del Norte (NUCLENOR), Unión Eléctrica Madrileña se planteó crear otra sociedad en la zona centro. En un segundo momento, sin embargo, las empresas privadas aplazaron la entrada en servicio de la energía nuclear ante las buenas perspectivas que deparó un estudio de Enrique Uriarte, Director de Eléctrica Guipuzcoana, acerca de la disponibilidad hidroeléctrica aún por explotar.

En vista de ello, retomaron su primera política orientada a formar especialistas. En esa línea, la JEN ofertó 4 becas de formación, dos de las cuales llevaron el nombre de UNESA, ofreció cursos y viajes de estudios a Estados Unidos. Así mismo resolvió el montaje de un reactor experimental de 20 MW en La Moncloa, un proyecto al que UNESA prometió su asistencia. A cambio de una aportación de 100.000 pesetas, cada empresa asociada se benefició de libre acceso a la información que recopiló la JEN. La idea surgió del científico Jose Mª Otero de Navascués,  quien presentó un informe al CSIC en el cual aconsejaba el inicio de las investigaciones preliminares sobre la energía nuclear.

Como consecuencia de ello, se creó en España una Comisión de Estudios. Franco y su Gobierno, más allá de su uso militar, tuvieron la previsión de comprender el enorme potencial del empleo pacífico de la energía nuclear y lo que esto podía representar en la resolución de los problemas energéticos de nuestro país. La central nuclear de Zorita comenzó su construcción en 1965 y se inauguró en 1968. A esta le siguieron un total de nueve.

Sin embargo la energía nuclear ha estado siempre asociada al terreno militar, y precisamente el Gobierno de España se caracterizaba por una dictadura militar a consecuencia del Golpe de Estado del General Franco en 1936.

En 1958, se conseguía desintegrar por primera vez un átomo. Y todo a pocos metros de la Puerta del Sol: en el reactor atómico experimental de la Moncloa, calificándose este fenómeno como «la culminación de la estrecha colaboración existente entre la Junta de Energía Nuclear y la General Electric Company y el programa de EE.UU “Átomos para la paz”». Durante la inauguración presidida por el Caudillo Franco, el Ministro de Industria Gregorio López Bravo, informaba del avanzado estado en el que se encontraba la nueva Central de Santa Mª de Garoña (Burgos).

En 1940, casi el ochenta por ciento corresponde a la energía de origen hidráulico, mientras que en 1973-75, se sitúa por debajo del cincuenta por ciento, con tendencia a seguir reduciéndose. Las tecnologías sustitutivas fueron la térmica convencional y la nuclear. Esta última apenas hizo acto de presencia durante los años que estamos tratando, así que la gran protagonista fue la termoelectricidad, a base de carbón o fuel.

España en 1975 era la séptima potencia mundial en Energía Nuclear.

La Democratización de la Electricidad.

Primeros meses de 1976. Franco ya estaba enterrado cuando se inicio un descenso significativo de la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, con el consiguiente aumento de la militancia. En el primer trimestre de 1976 los precios de la electricidad subieron un 15 por 100, los del petróleo un 70 por 100, los del gas butano un 60 por 100 y los transportes un 33 por 100. El futuro está carente de ironía, pues 25 años después nos sucedió exactamente lo mismo; llego el Euro.

Tras la dimisión del Presidente del Gobierno Arias Navarro tan solo 9 meses después del fallecimiento del Dictador Francisco Franco, tomó las riendas del país Adolfo Suarez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen democrático en España. El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre. A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el Rey y a las presiones internas de su partido.

Durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo  se produjo el golpe de Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido como 23-F, fracasó.

En los años setenta la industria energética tenia la consideración de actividad estratégica a la que se debía asegurar aprovisionamientos. Estos eran en gran parte petróleo que España no poseía y que debía importar en unas cantidades que representaban dos tercios del consumo español de energía primaria. Además de este alto grado de dependencia externa, la economía española en los años 1975  alcanzaba el máximo histórico de intensidad energética. En estas condiciones, cuando se produjo el shock mundial de precios petrolíferos en 1973, las autoridades españolas decidieron diseñar una estrategia planificadora con la que hacer frente a la crisis. La Administración Pública decidió emprender acciones que modificaran la situación de los mercados energéticos en su conjunto, tanto desde la oferta como desde la demanda, de manera que se alcanzaran ciertos objetivos sectoriales y generales.

En enero de 1975 el Consejo de Ministros aprobaba el Primer Plan Energético Nacional, inserto en el IV Plan de Desarrollo.  Un Plan que tenía una duración prevista de diez años y que aproximaba la planificación energética en España a una política energética global y completa.

La justificación del Plan Energético tenía dos ideas básicas declaradas, se perseguía, en primer lugar, alinearse con los países occidentales en su respuesta al shock petrolífero; y en segundo lugar, reafirmar la necesidad de una planificación integral para hacer frente a la crisis. Se trataba de un Plan Energético orientado hacia la oferta energética, en el que todo el peso recaía sobre el urgente cambio en los suministros energéticos. El petróleo debía rebajar su participación en el consumo de energía, siendo reemplazado por otras fuentes. Para instrumentar la política planificadora se crea el Centro de Estudios de la Energía y se planifican modelos: un modelo de demanda y un modelo de oferta, asumiendo que el primero es la parte descriptiva y el segundo es la parte prescriptiva.

En resumen, los resultados previstos por el Plan Estatal suponían, por una parte, una reducción considerable del suministro de petróleo, que pasaba de tener una cuota en el consumo de energía primaria del 67% en 1973 a un 49% en 1985. Por otra parte, al sub-optimizar el sistema eléctrico y definir las tasas de crecimiento futuro, la gran sustitución no se produce en el conjunto del sistema energético, sino en el interior del sector eléctrico. Es decir, de acuerdo a las previsiones del Plan, la participación de combustibles líquidos en la producción de energía eléctrica se reduce de un 35% en 1975 a un 8% en 1985. Hay que destacar un dato importante, al menos para esta época que nos toca sufrir; el Plan Nacional de la Energía de 1975 prohibía de forma expresa la interrupción del suministro eléctrico a cualquier usuario, bajo la pena de sanciones hacia la empresa distribuidora y/o comercializadora. El espíritu de la subsidiariedad y/o solidaridad perduraba en aquella época. Algo que hoy en día se echa en falta con nuestros incompetentes políticos.

Bajo los denominados “Pactos de la Moncloa”, formalizados el 25 de octubre de 1977, implicaron cambios en materia energética, aprobándose un nuevo Plan Energético Nacional 1978-1987, el cual perduró hasta el comienzo del llamado Marco Legal Estable (MLE) del cual reservamos un capítulo aparte.

La base principal de esta nueva política energética en la historia de la Democracia de España consistía en contemplar como parte de un todo la oferta con la demanda. Con este espíritu se revisa el Plan Nacional de Energía, publicándolo en el BOE el 14 de mayo de 1984 (pag. 415). En otras palabras, el precio de la electricidad continuaría siendo un gran misterio para el ciudadano. Llegado al Gobierno Felipe González Márquez del PSOE, se considera necesaria una revisión del Plan Energético Nacional, en cuyo programa electoral se contemplaban mejoras suficientes ante la nueva política económica general. Uno de los cambios que se pretendía incorporar era fruto del resultado del informe Saint-Euros de la Comisión Europea, en el cual ya se manifestaba la necesidad de controlar el ‘ahorro energético’ por lo que debería fundamentarse las políticas energéticas mas allá de los precios relativos.

La hipótesis más probable y que está sostenida por la mayoría de los organismos económicos internacionales, es el mantenimiento de los precios en términos reales a corto y a medio plazo y una posible subida de los mismos, según vaya produciéndose una aceleración en los ritmos de crecimiento de las distintas economías. La estabilidad de los precios a corto plazo y su tendencia al alza ante una reactivación, está obligando a todos los países a mantener estrategias dirigidas a incentivar el uso racional de la energía. Por ello, en este nuevo Plan Energético Nacional predomina el control de los precios de la Electricidad, absteniéndose de realizar incrementos sobre esta, sobre todo cuando no se conoce el coste real de su producción.

De igual modo, las previsiones energéticas elaboradas en 1982 se han alejado notablemente de la realidad. El consumo de energía primaria ha sido en 1983 del orden de un 8 por ciento inferior al previsto, la penetración del gas natural ha sido poco más de la mitad de la programada en el último PEN, y el consumo de electricidad inferior en un 7.7 por ciento. Estas diferencias se agudizarían aún más en años sucesivos, lo que obliga, aunque sólo fuera por este hecho, a revisar la planificación energética. La conclusión final del Plan Energético Nacional para el año 1983 era que nuestro país tiene un sector energético con una desfavorable posición relativa en comparación con los países industriales de la OCDE, que se concreta en tres problemas fundamentales:

Un crecimiento excesivo a lo largo de la década anterior del consumo de petróleo y del total de energía primaria en relación al PIB. España es uno de los pocos países industrializados que actualmente consume más energía por unidad de PIB que en 1973. La deficiencia política de precios energéticos y la ausencia de medidas efectivas de ahorro contribuyen a explicar este hecho.

Unos niveles escasos de producción energética nacional y, por tanto, una fuerte dependencia de las importaciones, con la consiguiente vulnerabilidad en el abastecimiento energético. Estas importaciones estaban constituidas casi exclusivamente por petróleo, siendo el principal elemento de desequilibrio de la balanza comercial.

Una sobrecapacidad de producción significativa en los subsectores de refino de petróleo, generación de electricidad y regasificación, encontrándose además varios proyectos en fase de construcción adelantada. Como se verá más adelante, en caso de no programar cuidadosamente las inversiones en curso y pendientes, replanteando la viabilidad de proyectos que ya disponían de autorización, se incurriría en un desequilibrio grave entre oferta y demanda.

Todo este conjunto de circunstancias, unido a una estructura financiera  de las empresas energéticas hacían que este nuevo Plan Energético se llevara a cabo bajo una serie de acciones, donde cabe destacar las siguientes:

- Adaptación de las inversiones al desarrollo previsible de la demanda energética, tal como ya se ha mencionado.

- Utilización de políticas de precios que tiendan a la autofinanciación sectorial. El logro de estos objetivos es posible a medio plazo, mediante una evolución de los precios energéticos medios, consistente en un crecimiento a ritmos semejantes a la tasa de inflación de la economía, suponiendo constantes los precios internacionales de materias primas energéticas.

- Reforma de los mecanismos institucionales que determinan la transferencia interna de ingresos entre las distintas empresas de cada subsector energético, de forma que todas ellas puedan alcanzar dicha autofinanciación si su estructura productiva es la adecuada.

Este conjunto de acciones permitirá que en los sucesivos años, las empresas energéticas tengan unos costes que reflejen el servicio que prestan a la sociedad, habiéndose suprimido los sobrecostes derivados de problemas financieros y de exceso de capacidad del sector. De esta forma, el consumidor abonaría exactamente el precio de la electricidad consumida.

Este Plan Energético Nacional 1983 estuvo en funcionamiento, con pequeñas variaciones insignificantes, hasta la entrada en vigor del Marco Legal Estable, el cual tuvo recorrido entre 1988 y 1997. Sin embargo, las condiciones económicas de mercado para el diseño de una tarifa eléctrica continuaban en el aire. Existía imprecisión en sus cálculos debido a que interferían factores como el precio del petróleo, el gas y sus derivados, por lo que los precios por la electricidad que hemos conocido al comienzo del libro, brillan por su ausencia.

El Marco Legal Estable (1988-1997)

El Plan Energético Nacional 1983 tuvo un recorrido superior a sus predecesores, debido fundamentalmente a la consistencia de sus criterios vanguardistas en relación a las políticas erráticas del Franquismo. Durante esta nueva etapa se consolida en el mercado eléctrico la aplicación de un modelo regulatorio, resultando todo un hito revolucionario en cuanto a la regulación del sector, practicando la supervisión y el control por parte del Estado, debido a tener la consideración de un servicio público.

Para ello, el gobierno de aquella época consideró necesario (por no decir imprescindible) un marco normativo que funcionara como un ‘punto de partida’ en cuanto al precio de la electricidad se refiere, por lo que se publica el 11 de diciembre el Real Decreto 1538/1987, por el que se determina la tarifa eléctrica de las empresas gestoras del servicio. Este Real Decreto era vital para que el MLE pudiera tener la efectividad para el cual fue diseñado, por lo que vamos a realizar un leve recorrido por el mismo. En primer lugar, cabe destacar el ‘objeto’ establecido en el artículo 1º: “Determinación de la Tarifa Eléctrica” se expone:

La tarifa eléctrica, como retribución global y conjunta del sistema eléctrico nacional, se fijará por aplicación del sistema de ingresos y costes estándares establecidos en el presente Real Decreto, sin perjuicio de las demás normas de aplicación.

A continuación, en el artículo 4º, se establece:

El coste total del servicio eléctrico se integrará por la adición de los siguientes:

a) Costes derivados de la generación de energía eléctrica por las inversiones realizadas en instalaciones complejas especializadas.

b) Costes de operación y mantenimiento derivados de la generación de energía eléctrica.

c) Costes de combustible e intercambios de energía.

d) Costes de transporte y explotación unificada del sistema eléctrico.

e) Costes de distribución de energía eléctrica.

f) Costes de estructura y de capital circulante.

g) Costes calificados como contingentes y externos del sistema.

Y para concluir la sorpresa, establece el Capítulo III el sistema de ‘Corrección de Desviaciones’ para en el caso de producirse desajustes económicos, cuyo procedimiento será objeto de regulación por orden del Ministerio de Industria y Energía, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; es decir el Ministro Soria y los Gemelos Nadal Belda a fecha Mayo 2014.

Este Real Decreto continúa en vigor, pero nadie se atreve con él, pues terminaríamos de un plumazo con el llamado ‘Déficit de Tarifa’.

El MLE fue considerado la brújula de la liberalización del sector eléctrico. Aquí es donde comienza el ‘sufrimiento’ que en la actualidad padecemos en España con la actual política energética de los diversos gobiernos en los últimos quince años.

Entrando en detalles concretos, el MLE llegó con el objetivo de ordenar aquellos presuntos problemas estructurales y financieros debidos a un inadecuado dimensionamiento del parque generador de electricidad, una demanda reprimida debido a la ausencia de estímulos de contratación, un elevado inmovilizado en curso, a raíz de las diversas centrales nucleares que se encontraban en ese momento en construcción, etc. En definitiva, se diseña el MLE pensando más en el empresario que en el ciudadano. Esto ya lo conocemos en la actualidad. El gobierno Socialista firma un convenio en 1983 con las empresas eléctricas, llegando a alcanzar unos acuerdos que garantizasen una política tarifaria que permitiera una rentabilidad a las empresas eléctricas. Otro de los ‘puntos negros’ de este acuerdo del gobierno Socialista fue la Moratoria Nuclear, pues supuso la paralización de la construcción de los grupos nucleares Valdecaballeros I y II, Lemoniz I y Trillo II. El procedimiento de financiación de esta ‘moratoria’ fue establecido en la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1983. También se acuerda la nacionalización de la red de alta tensión mediante la participación mayoritaria del sector público.

El gobierno Socialista no se podía permitir enfrentarse a todo un sistema franquista incrustado en uno de los principales input económicos del país; el energético. Por ello, el gobierno de Felipe Gonzalez cede a las presiones empresariales de este oligopolio y se publica el Real Decreto 774/1984 por el que se establecen nuevas tarifas eléctricas. Los ciudadanos vuelven a ser saqueados sin ningún criterio técnico, pues el objetivo del mencionado RD es el de equilibrar el saneamiento financiero de la industria energética al crear un fondo al que se asignaba un porcentaje de la tarifa y cuyo reparto entre las empresas dependía de la situación financiera de estas, de sus necesidades de inversión y de sus posibilidades de autofinanciación. Este fondo estuvo en funcionamiento entre los años 1984-1986. Continuaron generándose nuevos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que completaban el conglomerado del MLE hasta un total de 15 normas, por lo que el entramado se iba haciendo cada vez más complejo. Quizás ese ha sido siempre el objetivo, complicar la transparencia que requiere una normativa para un sector tan estratégico como el energético. Ahora empezamos a pagar las consecuencias.

Uno de los errores que tuvo el MLE fue el considerar como una estimación optimista la previsión de un alto crecimiento de la demanda, por lo que ello implicaría la necesidad de una incorporación de nuevos equipos de generación al sistema eléctrico. Otro grave error que generó la política Energética de Felipe González con el MLE fue determinar en el Plan Energético Nacional 1991-2000 la necesidad de cubrir una ‘hipotética’ nueva demanda peninsular, por lo que se requería de 8.000 MW mas al sistema. Reflexión necesaria llegado este punto de nuestra historia energética es, si con toda la energía natural, no contaminante y controlada desde hace más de un siglo como es la Hidroeléctrica, ¿qué motivos llevaron a nuestros políticos de la historia de la Democracia a entrar en un terreno energético tan complejo?

Ya son muchos años los que llevo pendiente de este importante factor económico-social como es el de la energía y su consumo, fundamentalmente por la estrecha relación que mantiene con la Edificación, sector en el cual estoy inmerso profesionalmente. Esto me permite mantener una relación con grandes profesionales del sector de la Construcción, grandes ingenieros civiles, de minas, caminos, y un largo etcétera, con los cuales tertulio y converso en relación a este apasionante sector industrial. Todos terminan coincidiendo (unos más que otros, claro) en que el origen del actual problema energético por el que atraviesa España en estos momentos comenzó en este punto en el que nos encontramos.

Una irregular política energética que empezó a generar algunos disgustos entre el resto de los miembros del famoso “Pactos de la Moncloa” fue el detonante para que se publicara el Real Decreto 2366/1994, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Irónica es la situación pues el mencionado Real Decreto nace como desarrollo reglamentario de la Ley 82/1980 la cual se relaciona con la producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables. Efectivamente, ya desde 1980 nos venimos preocupando por las Energías Renovables como se puede comprobar, pues la mencionada Ley se complementó con el desarrollo del RD 907/1982 el cual fomentaba la autogeneración de electricidad, el RD 1217/1981 y el RD 1544/1982 que fomenta la construcción de centrales hidroeléctricas. Pero lo que verdaderamente se oculta detrás de todo este montaje, es un formato mediante el cual la energía eólica pasaría a ser el referente principal de lo que venimos denominando ‘energías renovables’, pasando la mayoría de la partida económica del régimen especial a las manos de los principales productores de energía eólica ; IBERDROLA.

Podemos observar en el gráfico anterior que la potencia instalada en todo el sistema peninsular es de 1.623 MW, mientras que la potencia del Régimen Especial es el doble 3.167 MW. Observe el lector que la potencia Hidráulica tiene su propio apartado. La generación peninsular de electricidad entre 1980 y 1987 se vio aumentada en 13.737 MW, de los cuales 12.000 correspondían a centrales térmicas. No obstante no existió una desviación respecto a la capacidad de generación, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Iberdrola nació en 1992 como resultado de la fusión de Hidroeléctrica del Cantábrico e Abarquero, las cuales ya hemos mencionado a lo largo de este libro en diversas ocasiones. Sin embargo esta fusión tuvo sus altibajos económicos, por ese motivo fue diseñado el anterior Real Decreto mencionado. Se podría decir que la influencia del sector energético sobre los componentes de los “Pactos de la Moncloa” es de tan alto nivel, que las empresas pertenecientes a UNESA podían permitirse el lujo de continuar contribuyendo al desarrollo de normas y leyes, como hemos indicado al principio del libro.

Así, y una vez recapitalizada la compañía energética, el mapa empresarial tuvo una transformación casi próxima a una metamorfosis; en 1988 existían 11 grupos empresariales energéticos, pasando a solo 4 en 1997.

En el siguiente gráfico se puede apreciar con mejor detalle lo que pretendo exponer:

Podemos comprobar que tan solo 2 empresas tienen más del 80% de la capacidad energética del país; a esto se le llama Oligopolio. Ahora el lector se preguntará a donde ha ido a parar todo el dinero aportado por el Estado al Régimen Especial, cuya potencia instalada en tan solo 6 años fue de 3.167 MW. Pues a IBERDROLA.

El humilde ciudadano no tiene que olvidar que los propietarios de estas grandes empresas, seguían siendo Duques, Marqueses u otros títulos nobles. Uno de los principales elementos del MLE se basaba en el procedimiento de determinación de la tarifa eléctrica. La transformación del sector energético ha quedado evidenciada con los artículos anteriores, por lo que el objetivo de todo el componente legislativo que conformaba el MLE se vio cumplido.

Desde 1953 venimos pagando por la electricidad la misma tarifa única, sin embargo el compendio de normas legales del MLE incorporó cambios importantes en el procedimiento de cálculo de los costes de suministro eléctrico.

Como he expuesto anteriormente, la tarifa eléctrica se fijaba en base a las negociaciones entre el Gobierno y las empresas eléctricas, utilizando como base los costes reales que aportaban las compañías al Estado, añadiendo unas tasas correctoras en previsión a la evolución de ciertas variables económicas como la inflación, tipos de intereses oficiales, etc. … todo esto cambió con el conglomerado del MLE, al introducirse un sistema de retribución para las compañías eléctricas, el cual incorporaba a la tarifa un nuevo concepto que denominaron ‘costes estándar’, lo cual supuso la incorporación de un mecanismo transparente de fijación de la tarifa eléctrica, proporcionando certidumbre así como la garantía de recuperación de las inversiones realizadas con las ayudas facilitadas por el Estado. De esta forma, cada año el gobierno aprobaba una modificación de tarifa eléctrica que era de aplicación para todo ese año. Aquí no existían subastas trimestrales, ni nada parecido a lo que estamos viendo en estos últimos años de este siglo XXI. Personalmente y llegados a este punto, creo que esto empieza a parecerse a una tomadura de pelo, lo digo por lo poco que se preocupaba el Gobierno de turno por el ciudadano de aquellos tiempos. Pero mejor sigamos avanzando, pues muy probablemente empecemos a cambiar de opinión y la cosa se complique.

Entrando en algún breve detalle sobre los anteriormente denominados ‘costes estándar’, estos significaban la base principal de todo el sistema regulatorio que venían recogidos en el MLE. Estos costes eran establecidos por el Estado, tanto para instalación como por concepto de coste, y siempre para un año fiscal el cual se iba incrementando en función de diversos parámetros que empezaron a ser cada vez más complejos, aunque aportaban cierta transparencia después de un calvario de elucubraciones matemáticas.

He participado durante muchos años en actividades del sector asegurador, conociendo con suma precisión el formato actuarial de composición de una tarifa. Con independencia de tratarse de una prima para un seguro, o para un componente energético. Puedo decir y confirmo que ha sido difícil interpretar o llegar a conclusiones en determinados formulados que me he encontrado. También es curioso, o al menos me llama la atención, el analizar documentación donde se puede comprobar que en los años 1996 y 1997 los empleados de las compañías eléctricas tenían en sus recibos una bonificación relacionada con el alquiler de los contadores y verificadores de consumo, lo cual contribuía a una minoración del coste del servicio eléctrico.

Sin embargo también existían en aquellos años determinadas ‘desviaciones’ que se relacionaban con la previsión de ingresos que servían para el cálculo de la tarifa eléctrica. Los empresarios energéticos siempre han conseguido proteger bien su negocio. Uno de los “Pactos de la Moncloa” estaba directamente relacionado con el bloque hermético del sector debido a la fuerza que mantenían los Duques y Marqueses de aquellas épocas. El objetivo era garantizar la recuperación de los costes que el propio Estado había acordado con el sector como ‘reconocidos’, con el fin de no ocasionar molestias a un sector tan delicado. Es importante destacar que durante el periodo de aplicación del MLE, el crecimiento medio de los precios de la electricidad rondaba el 2,8% anual, por lo que durante todo el periodo se encontraron por debajo del IPC. Los precios de la electricidad eran competitivos, equilibrados y justos. En aquella época claro, ahora más bien parece una carnicería. Sigamos.

A principios de 1997 se firmo un acuerdo llamado “protocolo eléctrico” mediante el cual se establecieron las líneas principales del proceso que terminaría con la totalidad de la liberación del sector eléctrico. Se aprovechó con cierto disimulo la Directiva Europea 96/92/CE de 19 diciembre de 1996 para finalmente terminar aprobándose la Ley 54/1997 la cual terminó con el modelo regulatorio definido en el MLE durante casi una década. Este modelo tuvo un resultado satisfactorio para toda la sociedad, pues no existían desequilibrios en cuanto a los precios, la tarifa era anual y siempre se conocía con anterioridad a su compra. En definitiva, un modelo del cual no tuvimos nunca que salir. Sin embargo hay una función dentro del cerebelo de los multimillonarios, que es la ambición. La sed de tener más a cambio de que el resto se vean perjudicados, si fuera el caso.

Y Aznar llegó a La Moncloa.

El 5 de mayo de 1996 un nuevo inquilino ocupó La Moncloa; José María Aznar, convirtiéndose en el cuarto presidente del Gobierno de la Democracia de España. Apenas un año de mandato ya tenía presentado en el Congreso de los Diputados su Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, el 23 de mayo. Algo muy similar a lo que hemos vivido recientemente con el actual Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, aunque este solo ha tardado 3 meses.

La criatura fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 12 de junio de 1997, registrado con la referencia 121/00062, siendo Presidente del Congreso Federico Trillo. Este proyecto tuvo 7 intervenciones en su correspondiente Comisión de Industria, Energía y Turismo, siendo aprobado por el Pleno el 2 de octubre y trasladado al Senado para su deliberación. Finalmente fue publicado en el BOE el 28 de noviembre de 1997.

Analicemos detenidamente el proceso.

En primer lugar resulta curioso que, una vez presentada a la mesa del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley, 11 días después se publica un acuerdo en el Boletín de las Cortes Generales por el que se procede a tramitar el Proyecto por el procedimiento de urgencia, argumentando el Presidente del Congreso Federico Trillo que tal declaración debe tenerse en cuenta a efectos de posibles restricciones respecto de las solicitudes de ampliación del plazo de presentación de enmiendas. El objetivo era evidente, se pretendía aprobar a la mayor brevedad posible con el fin de evitar entrar en el año 1998, pues el sistema tarifario del MLE se mantendría en vigor otro año más. El plazo de enmiendas permaneció abierto hasta el 25 de septiembre, publicándose en el Boletín de las Cortes con un total de 370. No pretendo entrar en el detalle de cada una de ellas, quizás eso debería de corresponder a una publicación distinta para los más interesados. Pero si considero necesario realizar determinadas reflexiones para identificar de qué forma y modo este Proyecto de Ley se terminó convirtiendo en Ley gracias, una vez más, a los principios de los “Pactos de la Moncloa”.

En la siguiente imagen se aprecia el desarrollo cronológico del índice de publicaciones:

Concluido el plazo de enmiendas, el 18 de septiembre en Pleno se debate la totalidad del Proyecto de Ley, cuya presentación y defensa fue llevada a cabo por el Ministro de Industria Josep Piqué i Camps. En su exposición deja patente que el nuevo Gobierno tiene como primer objetivo la mejora de la competitividad de la industria española a través de la reducción de los costes energéticos. En su primera comparecencia ante la Cámara expuso que esa reducción de costes debía producirse en el marco de una política de liberalización, dando más protagonismo a las fuerzas del mercado. En un principio puede sonar bien, el problema es que el sector eléctrico español se ha convertido en un Oligopolio, y nadie ha hecho nada para detenerlo. La exposición que realizó el Ministro Piqué puede estar de lo más razonable, siempre y cuando se hubiera llevado a cabo. Al tratarse de una exposición corta, reproduzco algunas partes que considero interesantes para que el lector/lectora disponga de más piezas de este inquietante puzzle.

El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía. El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores de la industria.

Por otra parte, el transporte y la distribución de electricidad constituyen un monopolio natural: se trata de una actividad intensiva en capital, que requiere conexiones directas con los consumidores, cuya demanda de un producto no almacenable —como la energía eléctrica— varía en períodos relativamente cortos de tiempo. Además, la imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una coordinación de la producción de energía eléctrica, así como la coordinación entre las decisiones de inversión en generación y en transporte de energía eléctrica. Todas estas características técnicas y económicas hacen del sector eléctrico un sector necesariamente regulado.

La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico.

Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico.

Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional. La explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado mediante una sociedad de mayoría pública y sus funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente de la gestión económica y técnica del sistema.

La gestión económica del sistema, por su parte, abandona las posibilidades de una optimización teórica para basarse en las decisiones de los agentes económicos en el marco de un mercado mayorista organizado de energía eléctrica.

La planificación estatal, por último, queda restringida a las instalaciones de transporte, buscando así su imbricación en la planificación urbanística y en la ordenación del territorio. Se abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión de las empresas eléctricas, que es sustituida por una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.

La comercialización de energía eléctrica adquiere carta de naturaleza en la presente Ley. No se trata de una posibilidad sometida a la consideración del Gobierno, sino de una realidad cierta, materializada en los principios de libertad de contratación y de elección de suministrador que se consagra en el texto. Se establece un período transitorio para que el proceso de liberalización de la comercialización de la energía eléctrica se desarrolle progresivamente, de forma que la libertad de elección llegue a ser una realidad para todos los consumidores en un plazo de 10 años.

Resulta anecdótico ver al Ministro Piqué dando explicaciones sobre la nueva legislación que va a regular todo el sistema eléctrico, sabiendo de antemano que esta, o la mayoría de esta, ha sido diseñada y creada por UNESA. Para despejar cualquier tipo de duda, tan solo tenemos que recurrir al “Protocolo Eléctrico” firmado en 1996 entre el Gobierno y UNESA. Este viene a reflejar todo un espectro de cesiones a favor de las empresas eléctricas, con anterioridad a la Ley 54/1997. ¿Delito de Estado?

Fue el 11 de Diciembre de 1996, tan solo 6 meses después de haber llegado al Gobierno el Partido Popular cuando su Ministro de Industria, Josep Piqué firma el Protocolo Eléctrico con UNESA. Esta maniobra venía a dar tranquilidad a todo el grupúsculo que componía la gran familia eléctrica de este país.

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PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA REGULACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL.

En Madrid, a 11 de Diciembre de 1996

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Josep Piqué i Camps, Ministerio de Industria y Energía.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Iñigo de Oriol Ybarra, Presidente de IBERDROLA y de UNESA.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Feliciano Fuster Jaume, Presidente de ENDESA.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. José Mª Amusátegui de la Cierva, Presidente de UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Echevarría Puig, Presidente de FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Fernando de Ybarra y López Dóriga, Presidente de COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD.

              Se reconocen recíprocamente capacidad legal para otorgar el presente Protocolo, y en su virtud:

EXPONEN

El Ministerio de Industria y Energía tiene la decidida voluntad de modificar el actual marco normativo del sistema eléctrico, propiciando una mayor liberalización, asegurando la competencia entre las empresas integrantes del mismo y tomando las medidas oportunas para garantizar un menor coste de la energía eléctrica para el conjunto de la economía española. Dada la complejidad del sistema eléctrico, el Ministerio de Industria y Energía considera que antes de proponer al Gobierno para su remisión a las Cortes las modificaciones legales correspondientes, es conveniente alcanzar un acuerdo básico con los principales integrantes del sistema eléctrico español. Como es obvio, el contenido del presente Protocolo no puede prejuzgar las conclusiones del debate parlamentario, cuyos resultados se trasladarán a las empresas firmantes, a los agentes sociales y a cualquier otra institución o entidad concernida.

Por consiguiente, el objetivo del presente protocolo es establecer las bases operativas que han de regir en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Español, definir los plazos, medidas y salvaguardias que deberán ser puestos en práctica durante el período transitorio hasta alcanzar los objetivos de liberalización del mercado eléctrico, establecer aquellos criterios que deberán regir la estructura del Sector Eléctrico Español, garantizando la competencia entre las empresas que lo integran y la competitividad de las mismas, así como sentar las bases de retribución adecuada para cada una de las actividades que se realizan en régimen de monopolio natural, y cuya regulación debe contemplar los intereses de los consumidores, de los trabajadores y los de los accionistas que conjuntamente sustentan el negocio de la empresa.

El presente Protocolo refleja adicionalmente el compromiso que las empresas eléctricas firmantes y sus filiales o participadas eléctricas están dispuestas a asumir como participación en el esfuerzo colectivo de los diferentes agentes económicos para la consecución de los objetivos fijados en relación con la Unión Monetaria Europea. En este sentido, se establece de manera puntual la aportación que el Sector Eléctrico integrado en UNESA deberá realizar en 1997 como contribución a la competitividad de la economía española, vía reducción en términos nominales de la tarifa eléctrica para 1997.

Por último, los firmantes constatan que la Ley 40/94, de 30 de Diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y la posición común del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre el proyecto de Directiva sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad, de 25 de julio de 1996, constituyen los puntos de partida en los que se basan los acuerdos que a continuación se adoptan, siendo por tanto también estas normas, la referencia obligada en relación con las materias no contempladas en el presente protocolo, referentes al Sistema Eléctrico Nacional.

MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL.

El Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas firmantes del presente Protocolo acuerdan que las bases para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Español, teniendo en cuenta las diversas actividades que lo componen, serán las siguientes:

A partir del 1 de enero de 1998, el orden de funcionamiento de los diferentes grupos de generación se establecerá en función de la oferta que las empresas titulares de dichos grupos efectúen para cada uno de ellos individualmente.

Todos los grupos de generación disponibles efectuarán sus ofertas de la manera que se establezca en el desarrollo del presente Protocolo, desarrollo que deberá contemplar la antelación mínima con la que deben realizarse las ofertas, el horizonte de las mismas y el período de programación y régimen de operación.

La programación de los grupos se realizará partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda, sin perjuicio de las posibles restricciones técnicas que pudieran existir en la red o de otras alteraciones excepcionales en el orden establecido en el funcionamiento, cuyo tratamiento se determinará como desarrollo de este Protocolo. Asimismo, se estudiarán, como desarrollo de este Protocolo y a la vista de las experiencias internacionales disponibles al respecto, los procedimientos más adecuados para incorporar a la demanda en el mecanismo de ofertas y para que la respuesta de la misma a las señales de precio sea tenida en cuenta en la determinación del coste marginal del sistema eléctrico.

La energía generada en cada período de programación será retribuida al coste marginal del sistema eléctrico basado en la oferta realizada por el último grupo de generación cuya puesta en marcha haya sido necesaria para atender la demanda. Adicionalmente, los generadores serán retribuidos con el factor de garantía de potencia establecido en el apartado 3, así como, en su caso, por los servicios complementarios establecidos en el apartado 2. Para ello, todos los generadores deberán estar dotados de los equipos de medida que, con criterios homogéneos de ubicación y con la precisión requerida, permitan determinar, para cada uno de dichos períodos de programación la energía realmente vertida en las redes de transporte o distribución.

El Gobierno se reserva el derecho de establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de suministro de energía eléctrica.

El sistema descrito será de aplicación a toda instalación de potencia instalada igual o superior a 50 MW, a las de menor potencia existentes que estén actualmente sujetas al Marco Legal Estable, y aquellas otras de menor potencia que, así lo deseen con las particularidades descritas en el apartado 6.

El resto de instalaciones no estarán sujetas, en su funcionamiento, al régimen de programación por ofertas, y serán retribuidas al precio resultante indicado anteriormente en cada período de programación que funcionen, incluido el factor de garantía de potencia, con las particularidades descritas en el apartado 6.

Las instalaciones de generación y el consumo deberán asumir los costes derivados de su posición con respecto a la red de transporte y al consumo, mediante un procedimiento de determinación de coeficientes de pérdidas o por medio de mecanismos equivalentes. Dicho procedimiento deberá incluir el adecuado tratamiento para las instalaciones de régimen especial. La parte del consumo sometido a tarifa regulada y las ofertas recibidas de cada grupo de generación que se encuentren en operación antes del 31 de diciembre de 1997 no se verán afectadas por dicho procedimiento hasta el 31 de diciembre del año 2001.

En casos de emergencia en los que exista grave riesgo de desabastecimiento por indisponibilidad de las centrales o fallos graves en las redes, el sistema de ofertas podrá ser modificado para hacer frente a dichas situaciones. Se establecerá un procedimiento de asignación, reparto y retribución de los costes provocados por las situaciones de emergencia.

La energía generada podrá ser objeto de un régimen de contratación que adoptará la forma de:

      Contratos vinculados al precio derivado del sistema de ofertas.

      Contratos a precio pactado que se liquidarán por diferencias con respecto al precio resultante del sistema de ofertas.

Además se estudiará la utilización de otros tipos de contratos, tanto físicos como financieros, a la vista de las experiencias internacionales disponibles al respecto y atendiendo a conseguir la máxima flexibilidad en la participación de los agentes involucrados, manteniendo la máxima eficiencia posible en la seguridad y en la operación del sistema eléctrico. Su aplicación estará supeditada a su compatibilidad con el sistema de ofertas.

La liquidación es la operación consistente en asignar a los grupos de generación que hayan funcionado o hayan estado disponibles en cada período de programación, el precio de la energía y capacidad correspondiente, determinando los pagos y cobros concretos que deben realizar los diferentes agentes.

A estos efectos, los contratos a precio pactado por diferencias, que se comunicarán en las condiciones que se determinen al operador de mercado, se liquidarán al precio resultante del sistema de ofertas, estableciéndose por las partes el saldo por diferencias entre el precio pactado y el citado precio resultante del sistema de ofertas.

Todos los generadores se adherirán a las condiciones establecidas por el Operador del Sistema y por el Operador del Mercado para el funcionamiento del despacho y para la liquidación y pago de la energía. Dichas condiciones se establecerán como desarrollo de este Protocolo.

Se creará un Registro de Generadores y de otras Entidades que puedan realizar ofertas en el sistema descrito, en el que deberán quedar reflejadas las características de las instalaciones de generación. Sin perjuicio de otros que puedan ser creados en las Comunidades Autónomas, dicho Registro estará ubicado en la Dirección General de la Energía.

Estas características de las instalaciones deberán ser puestas de manifiesto al Operador de Mercado para que pueda ejercer sus funciones con la 1 máxima efectividad.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Son los servicios que complementan la producción de energía eléctrica necesarios para que la electricidad llegue al consumidor, y se entregue en las debidas condiciones de calidad y seguridad de servicio. Entre otros se incluyen los siguientes:

                    Regulación primaria de grupos generadores.

                    Regulación secundaria de las zonas o seguimiento de carga.

                    Reserva terciaria de generación.

                    Energía reactiva/control de la tensión.

                    Arranque autónomo.

                    Otros que en el futuro puedan considerarse.

Los servicios complementarios, que no sean obligatorios para las empresas de generación, serán objeto de contratación u oferta de las empresas eléctricas al operador del sistema, siendo retribuidos adicionalmente por los distribuidores-comercializadores, comercializadores o clientes con capacidad de elección del suministro y formarán por tanto parte del precio de la generación del sistema.

Se reconoce a todos los grupos de generación existente y de nueva construcción integrados en el sistema de ofertas definido anteriormente, el derecho a ser retribuidos por la garantía de potencia que presten efectivamente al sistema.

La garantía de potencia se percibirá por todos los grupos según la potencia efectivamente disponible y su valor podrá variar en función de las necesidades de capacidad a largo plazo del sistema, de manera que el valor integrado de la energía origine señales correctas en el mercado propiciando, si fuera necesario, nuevas inversiones. Su determinación y procedimiento de reparto, cuestiones de especial importancia, se realizará mediante un procedimiento que se acordará como desarrollo de este Protocolo.

La repercusión de este coste de garantía de potencia a los diferentes adquirentes se determinará en ptas. /KWh, será objeto de análisis y, en todo caso, se efectuará atendiendo a criterios objetivos indicativos de la incidencia de los consumos en la capacidad total del sistema.

El valor inicial de la garantía de potencia y el procedimiento a seguir para su eventual actualización serán fijados en el desarrollo de este Protocolo, atendiendo a criterios de estabilidad de la señal y de fomento de nuevas inversiones eficientes para el sistema eléctrico en su conjunto.

Con carácter indicativo y a la espera de los resultados de los trabajos de desarrollo del presente Protocolo, se estima que la repercusión de la retribución por garantía de potencia efectivamente disponible podría situarse en torno a 1,30 Ptas. /KWh

La instalación de nuevos grupos de generación eléctrica se considerará liberalizada a todos los efectos, sin perjuicio de la obtención de las. Autorizaciones previstas en la normativa vigente para la ejecución de la instalación y sujeta a la regulación medioambiental y de ordenación del territorio establecida por la autoridad competente en cada materia.

El Ministerio de Industria y Energía podrá establecer medidas adicionales a la retribución por garantía de potencia para garantizar la seguridad del suministro a largo plazo.

Las partes firmantes del Protocolo acuerdan que, para una efectiva liberalización y competencia en el sector eléctrico, es necesario propiciar un acceso sin restricciones a las

Diversas fuentes de energía primaria utilizadas para la generación de electricidad.

A partir del 1 de enero 1998, con las excepciones que se recogen en los párrafos siguientes, los abastecimientos de materias primas para la generación de energía eléctrica se efectuarán sin restricciones, sin que quepan limitaciones en materia de política energética o de fijación de precios o de acceso a las infraestructuras, según lo previsto en el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de Junio y el Real Decreto 2033/96, de 6 de Septiembre. El Ministerio elaborará la normativa correspondiente para hacer efectivo este compromiso.

En el caso del carbón autóctono, se estará a lo dispuesto en el Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras. El uso de este carbón se atendrá a criterios de racionalidad económica y social. El Ministerio elaborará la normativa correspondiente para hacer efectivo este compromiso negociándola con los agentes sociales.

En el marco del Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras, cuyo contenido no se prejuzga en el presente Protocolo, las compañías eléctricas formalizarán contratos a medio y largo plazo de adquisición de carbón nacional, retribuyéndose el coste a un determinado volumen de existencias por encima del stock de seguridad. El proceso de suscripción de contratos se efectuará con la supervisión del Ministerio de Industria y Energía y de los agentes sociales.

El Ministerio se compromete a que este compromiso de las empresas eléctricas se lleve a cabo de forma efectiva, de acuerdo con las cantidades garantizadas que en su caso se fijen en el Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras. Adicionalmente, el Ministerio hará uso a partir de la transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad de las facultades que le confiere el artículo 8 del citado proyecto de Directiva, con objeto de dar estabilidad al sector minero del carbón. El Ministerio se compromete a tratar de mejorar todos los aspectos que se refieren al carbón en el citado proyecto de Directiva.

En todo caso, el Ministerio de Industria y Energía entiende que la gradualidad es un principio básico que debe regir la evolución del sector minero. Asimismo, el Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras supondrá un marco estable en el que la Minería del Carbón se desenvolverá en el futuro. Para ello, el Ministerio elevará al Gobierno la solicitud de que se promueva un debate parlamentario que contribuya a dotar de estabilidad la política que se establezca con respecto a la minería del carbón.

En casos de emergencia como los definidos por la Agencia Internacional de la Energía para el caso del petróleo o en situaciones similares que pudieran afectar a los mercados del gas natural, uranio o del carbón, o si se produjeran graves distorsiones en los mercados internacionales de materias primas que pudieran afectar a España en sus relaciones exteriores, el Ministerio de Industria y Energía podrá determinar salvedades a lo dispuesto durante el período de tiempo que durara la situación.

La titularidad de las responsabilidades en relación con la segunda parte del ciclo de combustible nuclear seguirá siendo asumida por el Estado a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA).

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN EN RÉGIMEN ESPECIAL.

El Ministerio de industria y Energía y las empresas eléctricas son conscientes de la importancia de este tipo de producción y de la aportación que la misma, en especial la procedente de fuentes renovables, realiza bajo el punto de vista medioambiental, y de ahorro de energías primarias y de eficiencia energética.

Por ello, para su adaptación a un modelo competitivo, ambas partes acuerdan que el funcionamiento de estas instalaciones debe adecuarse a la nueva regulación e introducción de competencia.

A las instalaciones de este tipo, de potencia instalada superior o igual a 50 MW, les será de aplicación el modelo de ofertas competitivas definido en el apartado 1.

Para el resto de instalaciones, sus excedentes de energía eléctrica serán adquiridos al precio que resulte de las ofertas definidas en el apartado 1, incluida la garantía de potencia a que se refiere el apartado 3.

No obstante, se establecerán primas que se aplicarán sobre los precios resultantes del sistema de ofertas o instrumentos económicos equivalentes para incentivar a las instalaciones de energías renovables (mini hidráulica, eólica y otras), biomasa, residuos y a las instalaciones de cogeneración de hasta 25 MW de potencia instalada, que contribuyan a la mejora del medio ambiente o al ahorro de energía primaria y eficiencia energética.

Las primas que se establezcan para las energías renovables (mini hidráulica, eólica y otras), biomasa y residuos, tendrán en consideración el nivel de tensión de entrega de la energía, la contribución a la mejora del medio ambiente, y los costes, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales. El precio de adquisición resultante se fijará dentro de una banda porcentual referida a la media de las tarifas para los consumidores finales que no tengan la categoría de clientes con capacidad de elección, incluyendo los correspondientes factores de discriminación horaria.

En el caso de las instalaciones que utilicen residuos, estos incentivos, se establecerán previo informe de la autoridad competente en materia de medio ambiente sobre el des-impacto ambiental que produzcan dichas instalaciones y teniendo en cuenta asimismo el porcentaje de combustible principal y de residuos utilizado en la instalación.

Las primas que se establezcan para las instalaciones de cogeneración de hasta 25 MW, tendrán en consideración el nivel de tensión de entrega de la energía y los costes de inversión, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales. La percepción de esta prima se mantendrá como máximo hasta la supresión de la retribución fija incluida en los costes de transición a la competencia definidos en el apartado 7 del presente Acuerdo.

A las instalaciones acogidas en la actualidad al régimen previsto en el Real Decreto 2366/94, continuará siendo de aplicación dicho Real Decreto hasta los cinco años de su entrada en explotación, o bien podrán optar por acogerse al régimen económico que en aplicación del presente Protocolo se establezca.

Con la excepción de lo establecido en los párrafos anteriores y del compromiso regulatorio establecido en el Acuerdo Segundo, apartado 1, el funcionamiento del régimen especial de producción eléctrica no podrá ser objeto de discriminación, en relación al funcionamiento del resto del sistema.

FORMACIÓN DE PRECIOS.

La formación de precios de la electricidad para los consumidores finales se realizará de conformidad con los criterios que figuran en el presente protocolo. Se relacionan a continuación los distintos componentes del coste de suministro, agrupados por conceptos para facilitar una elaboración correcta y gradual de las tarifas:

a)              Costes de generación, que constan de:

               La retribución de la energía producida por cada generador, según el coste marginal del sistema y, en su caso, de los ajustes que se establezcan por las pérdidas incurridas en la red de transporte y de los costes derivados de las alteraciones del régimen normal de funcionamiento del sistema de ofertas.

               La retribución por capacidad y disponibilidad de las instalaciones de generación.

               Los costes por servicios complementarios que se establezca que hayan de ser remunerados.

b)              Costes permanentes de funcionamiento del sistema eléctrico, que incluyen:

               Los incentivos o efectos económicos adicionales derivados del Real Decreto 2366/1994 a la producción en régimen especial.

               Los costes de la entidad a cargo de la explotación del sistema, y los del operador del mercado.

               Los costes de la CSEN.

c)              Costes de transporte, que constan de los reconocidos a las entidades transportistas por el ejercicio de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones.

d)              Costes de distribución, que constan de los reconocidos a las entidades de distribución por el ejercicio de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones, así como de los costes de las pérdidas en estas redes.

e)              Costes de gestión comercial y gestión de la demanda, en su caso, derivados de las actividades necesarias para suministrar energía a los consumidores considerados no elegibles.

f)              Costes de transición a la competencia, que constan de:

*                      La retribución fija establecida durante el período transitorio en el Acuerdo segundo.

*                      Los costes asociados al stock estratégico de combustible nuclear y el tratamiento posterior de los residuos.

*                      Los costes asociados a la moratoria nuclear.

g)              Costes de seguridad de abastecimiento, que constan de:

               Los costes asociados a la minería del carbón, al exceso de stock de carbón nacional en su caso y los costes indirectos relacionados con el Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras.

Todos estos conceptos se repercutirán como costes de energía o de potencia en el proceso de formación de precios.

El valor Integrado de la Energía (VIE), en cada tramo de programación que se establezca, comprenderá los conceptos incluidos en (a) y la imputación que fije el Ministerio de Industria y Energía de los conceptos establecidos en (b).

Los costes de transición a la competencia y los costes de seguridad de abastecimiento, se imputarán a todos los consumidores de acuerdo con las directrices que se establezcan por el Ministerio de Industria y Energía, teniendo en cuenta las características de su consumo y sus niveles de tensión de suministro.

DESPACHO, TRANSPORTE Y OPERADOR DE MERCADO.

Las partes firmantes consideran que el desarrollo de la función de Operación del Mercado que se desprende del presente Protocolo exige la creación de una entidad, jurídicamente separada de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., que tenga a su cargo todos los mecanismos de recepción de ofertas, casación y comunicación necesarias para establecer el mercado de generación y demanda. La entidad Operador del Mercado realizará las

Liquidaciones que correspondan a las transacciones mercantiles efectuadas bajo su operación.

Esta entidad, Operador del Mercado se constituirá como Sociedad Anónima antes del 31.12.1997. En el marco del desarrollo del presente Protocolo se establecerá la composición accionarial de esta sociedad.

La actuación de la entidad Operador del Mercado estará sometida, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Ministerio de Industria y Energía y a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, al seguimiento y control de un Comité de Agentes del Mercado (CAM) cuya composición y funcionamiento se establecerán como desarrollo del presente Protocolo.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. continuará ejerciendo las actividades contempladas en la LOSEN como empresa de Transporte y Operador del Sistema siendo exigible, en cualquier caso y de acuerdo con la ley, la separación contable de ambas actividades.

En el marco del desarrollo del presente Protocolo se establecerá el adecuado esquema de funcionamiento de la sociedad. Para ello se tomarán en cuenta, por un lado, las sinergias derivadas de la utilización compartida de activos comunes y, por otro lado, los conflictos de intereses que pudieran afectar a su funcionamiento. Asimismo, se estudiará el marco regulador de las actuaciones de Red Eléctrica de España, S.A. en el desarrollo de sus actividades y funciones.

No se impone restricción alguna de titularidad pública a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A... Su accionariado se reestructurará pudiendo participar en su capital cualquier agente que intervenga en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Ningún accionista podrá tener una posición de dominio directa o indirectamente y el conjunto de accionistas garantizará la neutralidad de sus actuaciones. Esta reestructuración deberá culminarse antes del 31.12.1997.

LIBERALIZACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO.

El Ministerio de Industria y Energía y las Empresas Eléctricas acuerdan que, a partir del 1 de enero de 1998, las empresas distribuidoras-comercializadoras, los comercializadores y clientes con capacidad de elección a los que se refieren los párrafos siguientes podrán contratar el suministro de energía eléctrica, ya sea al valor integrado de la energía o mediante contratos que se liquidarán por diferencias con respecto a dicho valor integrado de la energía. Los contratos deberán ser comunicados en las condiciones que se establezcan al operador del mercado y constituirán un compromiso firme de suministro a los precios pactados entre el comprador y el vendedor.

En una primera etapa la capacidad de elección de suministro será otorgada a aquellos consumidores cuyo consumo anual sea superior a 20 GWh/año y a aquellos distribuidores-comercializadores, cuyo mercado alcance dicho nivel y a los comercializadores en la parte de su mercado que corresponda a sus clientes con capacidad de elección.

En el año 2000, la capacidad de elección será posible para aquellos consumidores cuyo consumo sea superior a 9 GWh/año y en el año 2001 para aquellos consumidores con un consumo mayor o igual a 5 GWh/año. Dicha capacidad de elección será igualmente posible para aquellos distribuidores-comercializadores cuyo mercado alcance dichos niveles.

Hasta el año 2002, los clientes con capacidad de elección que no deseen ejercitarla tendrán la posibilidad de contratar su suministro de electricidad a tarifa regulada.

A partir de esta fecha para consumos superiores a 5 GWh/año no habrá tarifas de suministro de electricidad. No obstante, el Ministerio de Industria y Energía podrá mantener determinadas tarifas más allá del año 2002, para ciertos tipos de consumos superiores a 5 GWh/año, dadas sus especiales características.

Las menciones anteriores a consumos anuales se refieren a consumos por punto de suministro o por instalación para consumo propio en el caso de los consumidores y por el mercado servido por sus propias redes para los distribuidores-comercializadores.

A partir del 2002, se irá ampliando la capacidad de elección de los consumidores adaptándola a la evolución del mercado pudiendo llegar hasta la total liberalización del suministro de energía eléctrica. En el proceso de revisión del presente Protocolo a que se hace referencia en el apartado 3º del Acuerdo 2º, a realizar en el año 2001, se precisará el ritmo de liberalización del mercado.

Hasta el año 2002 o mientras el Ministerio de Industria y Energía haga uso de la facultad de mantener tarifas a partir de dicha fecha, existirá un sistema de liquidación entre los distribuidores-comercializadores y comercializadores que tenga en cuenta las diferencias que se puedan producir entre el valor integrado de la energía y el coste de la energía incorporado en determinadas tarifas reguladas que serán establecidas por el Ministerio de Industria y Energía.

A estos efectos se creará un Registro de Distribuidores-Comercializadores, comercializadores y clientes con capacidad de elección que, sin perjuicio de otros que puedan ser creados en las Comunidades Autónomas, estará ubicado en la Dirección General de la Energía.

Se deberán establecer los requisitos a exigir a los distribuidores y comercializadores para el desempeño de su actividad en relación a la capacidad legal, técnica y económica. Todas aquellas sociedades que en la fecha de firma de este Protocolo tengan la propiedad de redes de distribución para el suministro y venta de energía eléctrica a terceros, tienen derecho automáticamente a quedar incluidos en el Registro citado, sin más requisito que el de solicitar su inscripción en el mismo en el plazo de seis meses desde la fecha de entrada en vigor de la normativa correspondiente que desarrolle este punto.

Todos los distribuidores-comercializadores, comercializadores y consumidores, a los que se vaya confiriendo progresivamente el derecho a elegir suministrador de energía eléctrica tendrán, asimismo, derecho de acceso a las redes de transporte y distribución, debiendo abonar por ello las cantidades fijadas como peaje por el acceso a estas redes.

Todos los distribuidores-comercializadores, comercializadores y clientes con capacidad de elección que ejerzan esta opción, se adherirán a las condiciones establecidas por los operadores del sistema y del mercado para el funcionamiento del despacho de operación, para la liquidación y pago de energía, incluidos los costes de transición a la competencia.

ESTRUCTURA DE TARIFAS.

Los firmantes del Protocolo manifestaron la necesidad de establecer una estructura de tarifas que permita mantener el régimen de tarifas máximas y únicas en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la LOSEN.

Antes del 31 de Julio de 1997 el Ministerio de Industria y Energía presentará al Gobierno un proyecto de Real Decreto que desarrolle un modelo de estructura tarifaria basado en lo posible en un acuerdo con los principales agentes interesados, cuyos objetivos sean los siguientes:

               Diseño de una estructura tarifaria que progresivamente pueda tomar en consideración la estructura de precios resultantes del valor integrado de la energía y los costes de transporte, distribución y gestión comercial.

               Diseño de un esquema de transición adaptado en el tiempo al proceso de liberalización del mercado que deberá finalizar en el 2002 para los consumidores con capacidad de elección y que podrá ser revisado por el Gobierno con carácter trienal en atención al desarrollo de las relaciones contractuales que se produzcan en el contexto de la liberalización y de los umbrales de elegibilidad para los consumidores que reglamentariamente se establezcan.

               Diseño de conceptos tarifarios que permitan que el término variable de la tarifa corresponda al coste marginal de suministrar una unidad, permitiendo prácticas comerciales a las compañías eléctricas.

El Ministerio de Industria y Energía se reserva la capacidad de establecer un marco tarifario o de mantener determinadas tarifas más allá del año 2002, para cualquier tipo de cliente.

CONSIDERACIÓN DE ESPECIALIDADES EXTRAPENINSULARES.

Las actividades que se desarrollen en los territorios insulares y extra peninsulares serán reguladas de forma específica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y su retribución se establecerá con criterios, objetivos y congruentes con respecto a los aplicados en el sistema peninsular.

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO.

La nueva regulación del sistema eléctrico, al introducir competencia, conducirá a una reducción en los precios de la energía eléctrica lo cual supondrá una reducción de los ingresos de las empresas que debería ir acompañada de la correspondiente reducción de costes. En caso de que la aproximación entre precios y costes se produjera de manera no gradual, se alteraría el equilibrio financiero de las empresas.

PERIODO TRANSITORIO

Al efecto de permitir un proceso gradual y garantizar la viabilidad financiera de las empresas durante la transición a un mercado en competencia, se considera necesario un período transitorio, en el que se establezcan unos precios que permitan un paso razonable a los que prevalecerían en una situación de competencia efectiva. Dado que el inicio de este período transitorio sería en el  año 1998, las tarifas para el 1997 deben fijarse con el mismo criterio de acercarlas a los precios en competencia. Las bases para este período transitorio son las siguientes:

1.              Este período tendrá una duración de 10 años, del año 1998 al 2007, ambos inclusive.

2.              La evolución de las tarifas será la siguiente:

      1997 - Reducción nominal del 3%.

      1998 - Reducción nominal del 2%.

      1999 al 2001 ambos inclusive - Reducción nominal del 1 %.

      2002 al 2007 ambos inclusive - Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 5.

Estas reducciones de tarifas se considerarán mínimas, pudiendo incrementarse de acuerdo con las condiciones que más adelante se establecen.

3.              Las empresas firmantes del presente Protocolo percibirán durante el período transitorio una retribución fija, expresada en ptas. /KWh, que se calculará como la diferencia entre los ingresos medios de tarifa y el conjunto de costes recogidos en el apartado 7 del Acuerdo 1º, excepción hecha de esta retribución fija, a la que se hace referencia en el apartado 7 f).

Esta retribución fija incorpora en todo caso el abono de 1 pta. /KWh, para aquellos grupos de generación que hayan efectivamente consumido carbón nacional y por la cuantía equivalente de este consumo.

En todo caso, el valor actual neto de los importes a recuperar con cargo a este concepto, a 31.12.97, por las empresas eléctricas firmantes y sus filiales o participadas eléctricas peninsulares ascenderá, como máximo, a 1.988.561 Millones de ptas. No obstante, si el coste de generación a que hace referencia el apartado 7. a) del Acuerdo lº excediera el valor medio anual de 6 pta. /KWh, este exceso se deducirá del valor actual neto antes citado.

La percepción de esta retribución fija en ningún caso se prolongará más allá del año 2007.

4.              Las reducciones de tarifas expresadas en el punto 2 podrán ser superiores si se diera alguna de las siguientes condiciones:

a)              Si la retribución fija expresada en pta. /KWh a la que se refiere el punto 3 anterior resultara un año superior a la de: precedente.

b)              Si se produjesen eventuales reducciones en las externalidades existentes en las tarifas.

c)              Si se produjera un crecimiento de la demanda superior al 3,5%

d)              Si se produjera un descenso de la media anual del Mibor a tres meses por debajo del 6,5%.

5.              En el año 2001, y coincidiendo con la revisión general del modelo prevista en el apartado 3º, se evaluarán los resultados de la primera etapa en términos de: funcionamiento de dicho modelo, importe global recuperado con cargo a la retribución fija, evolución del precio del mercado en relación con el precio de referencia estimado de 6 pta./KWh, evolución económico-financiera de las empresas, resultado para los consumidores y evolución conjunta de las variables  macroeconómicas a que se refiere el punto 4º anterior. Esta evaluación tendrá por objeto establecer, en la forma que proceda, los criterios que regirán la evolución de tarifas y de la retribución fija durante el período 2002-2007.

6.              De acuerdo con lo establecido en los párrafos 2º y 3º del punto 3, el importe de 1.988.561 Mpta. incluye 295.276 Mpta. destinados a aquellos grupos de generación que hayan efectivamente consumido carbón nacional. El importe restante, 1.693.285 Mpta., se repartirá de acuerdo con el siguiente esquema:

Hasta el 75,4% del importe del valor recuperado cada año se repartirá de acuerdo con los siguientes porcentajes:

ENDESA

28,6%

HIBERDROLA, S.A.

21,7%

UNIÓN FENOSA

10,3%

SEVILLANA

4,3%

FECSA

8,0%

ELCOGÁS

2,5%

El 24,6% será asignado a las distintas empresas firmantes del presente Protocolo, a sus filiales y participadas eléctricas peninsulares, y eventualmente, a otras empresas eléctricas peninsulares pertenecientes a UNESA, mediante un procedimiento general de reparto.

Estas normas de reparto deberán tener en consideración los variables relevantes del balance de las compañías, la evolución del equilibrio económico-financiero de las empresas a lo largo del período transitorio, el impacto de contingencias en el funcionamiento de determinados grupos de generación, y en su caso, otros criterios que puedan considerarse. En este marco, si durante el período transitorio se observaran especiales dificultades financieras en alguna empresa, el Ministerio, previo informe de la CSEN, podrá autorizar un plan de financiación extraordinaria a partir de la asignación específica de parte de esta retribución básica. En sentido contrario, si se observara una evolución muy favorable de las cuentas financieras de alguna empresa, el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la CSEN, podrá ajustar un plan especial para esa empresa que reduzca su participación en esta parte de la retribución fija. En todo caso, para aprobarse un plan de este tipo, se debe justificar razonablemente que el margen observado en las cuentas financieras se debe a un exceso de valoración del importe a recuperar con cargo a la retribución fija a esa empresa y no a la gestión eficiente de la misma.

En el caso de que en el desarrollo de los trabajos del presente apartado no se alcanzase un consenso sobre las posiciones y puntos de vista entre las diferentes empresas antes del 31 de marzo de 1997, sobre el procedimiento de asignación del citado 24,6% restante, UNESA elaborará un informe que contendrá la posición de las diferentes empresas eléctricas, y el Ministerio de Industria y Energía establecerá, previo informe de la CSEN y si se considera oportuno, previo informe de un tercero designado por las partes que realice los estudios adicionales que fueran necesarios, los criterios de asignación.

TARIFA PARA 1997

Por la especial importancia del proceso de convergencia europea y la necesidad de mantener la competitividad de la industria española, el Ministerio de Industria y Energía y las Empresas Eléctricas acuerdan que éstas últimas renuncien a parte de lo que les correspondería en aplicación del Real Decreto 1538/1987 y normas de desarrollo, aceptando, por consiguiente, una reducción en la tarifa para 1997 en términos monetarios del 3%, instrumentada atendiendo a los conceptos que se citan.

COMPROBACIÓN DEL NUEVO MODELO

Durante el ejercicio de 1998, en el que se inicia el nuevo sistema descrito se realizarán las comprobaciones necesarias de funcionamiento del mismo, comprometiéndose el Ministerio de Industria y Energía a introducir las modificaciones del modelo que resulten convenientes o necesarias para lograr los objetivos propuestos. Durante el ejercicio 2001 se producirá una evaluación de los resultados de funcionamiento del nuevo modelo y se propondrán las modificaciones que a la vista de la experiencia sobre el mismo resulten convenientes, convocando a los firmantes del Protocolo y a los agentes sociales si las modificaciones tuvieran relación con la minería del carbón.

SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES, ESTRUCTURA DE MERCADO Y RÉGIMEN ACCIONARIAL

La Ley 40/1994, de 30 de diciembre de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, en su disposición transitoria tercera dispone, como fecha límite para que las empresas realicen la exigencia de separación jurídica de las actividades de generación y distribución, el 31 de diciembre del 2000.

Considerando la complejidad y los efectos que se puedan producir en las sociedades afectadas, así como en el tratamiento retributivo de las sociedades y la necesidad de que la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional emita su informe preceptivo, el Ministerio de Industria y Energía se compromete a no exigir la separación jurídica de actividades antes de la citada fecha.

En tanto no se haga efectiva dicha separación jurídica, las Empresas Eléctricas procederán a la separación contable de sus actividades de generación, transporte, distribución, comercialización, distinguiendo entre comercialización a clientes a tarifa y comercialización a clientes con capacidad de elección, y otras, debiendo presentar al Ministerio de Industria y Energía auditorías separadas.

El Ministerio de Industria y Energía y las Empresas Eléctricas firmantes del presente Protocolo, UNESA, el ICAC y la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, analizarán las peculiaridades contables de esta separación de cuentas a los efectos del establecimiento de la correspondiente normativa contable.

Las empresas eléctricas firmantes del presente Protocolo se comprometen a no ser propietarias, ni directa ni indirectamente, de ninguna acción del capital del resto de las empresas firmantes, con la excepción de la participación de ENDESA en Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. y FECSA, y la de estas compañías en ENDESA.

Los firmantes del presente Protocolo coinciden en la necesidad de evitar la presencia en los diferentes Consejos de Administración de los mismos representantes de un mismo accionista, aún cuando dicho accionista pudiera participar simultáneamente en el capital de las distintas compañías. Por ello, se comprometen a promover de forma simultánea, con la excepción ya citada del grupo ENDESA-FECSA-SEVILLANA, las modificaciones necesarias en la composición de sus órganos de Gobierno.

DESARROLLO DEL PROTOCOLO.

Para el análisis de la normativa necesaria en el desarrollo del presente protocolo, el Ministerio de Industria y Energía y las Empresas firmantes acuerdan la creación de los grupos de trabajo que se definen en el párrafo siguiente. Estos grupos serán convocados por el Ministerio de Industria y Energía y estarán formados por representantes del propio Ministerio, de las empresas firmantes del presente Protocolo, de UNESA y de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, así como en los grupos que se considere necesario Red Eléctrica de España, S.A., debiendo presentar sus conclusiones antes del 31 de marzo de 1997.

Se creará un grupo de trabajo para cada una de las siguientes materias:

                    Formación de precios en generación y diseño del mercado.

                    Servicios complementarios.

                    Transporte.

                    Distribución y comercialización.

                    Estructura de Tarifas.

                    Extra peninsulares.

                    Normativa contable.

                    Autoproducción.

              Asignación de la retribución fija integrada en los costes de transición a la competencia.

Los Sindicatos participarán en los grupos de trabajo:

                    Formación de precios en generación y diseño del mercado.

                    Estructura de tarifas.

Podrán participar, asimismo, en las tareas de estos grupos de trabajo las Comunidades Autónomas y otros agentes o colectivos interesados en las citadas materias.

El Ministerio de Industria y Energía se compromete a proponer al Gobierno las modificaciones necesarias de la normativa existente sobre el Sector Eléctrico que se deriven del contenido del presente protocolo y de las conclusiones de los grupos. En las modificaciones necesarias en el proceso de desarrollo del presente Protocolo, se informará previamente a los firmantes y a los agentes sociales.

El desarrollo del presente Protocolo se realizará en lo posible en el marco de la Ley 40/1994, de 30 de Diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional a través de los desarrollos reglamentarios que sean necesarios para ello.

Y en prueba de conformidad, las partes otorgantes firman el presente documento en septuplicado ejemplar, en la ciudad y fecha al principio mencionadas.

Por IBERDROLA Y UNESA

Por EMPRESA NACIONAL DE

ELECTRICIDAD, S.A.

Fdo.: D. Iñigo de Oriol Ybarra

Fdo.: D. Feliciano Fuster Jaume

Por UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA

Por COMPAÑÍA SEVILLANA DE

ELECTRICIDAD, S.A.

Fdo.: D. José Mª Amusátegui de la Cierva

Fdo.: D. Fernando de Ybarra y López Dóriga

Por FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA, S.A.

Fdo.: D. Juan Echevarría Puig

Por el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Fdo.: D. Josep Piqué i Camps

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En otras palabras y para que lo entendamos todas y todos, el Gobierno de España y el Sector Eléctrico se sientan para establecer las bases de la futura Ley, lo cual pudiera entenderse algo ‘lógico’, sin embargo después de repasar las 370 enmiendas que tuvo esta Ley en el Congreso de los Diputados, parecía que no todo el mundo estaba de acuerdo. Para muchos será sorprendente comprobar cómo es posible que antes de diseñar un borrador de Proyecto de Ley se materialice un Protocolo con el sector al cual afecta esa Ley. Esto en otros países se denomina “Lobby”, en unos es legal, en otros es ilegal.

Así y con todo esto encima de la mesa, el Ministro Piqué detalló que el citado Protocolo, carente de la eficacia normativa de toda norma general, supuso la concreción de un diseño complejo y global de transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema más libre de funcionamiento del sector. Supuso asimismo, el acuerdo con los principales agentes económicos de la industria sobre una profunda modificación del sistema retributivo hasta ahora vigente y sobre el escalonamiento progresivo de las distintas etapas conducentes a la liberalización del mercado. El Protocolo se configuró, en definitiva, para que, considerado en toda su extensión, fuese elemento inspirador de un profundo proceso de cambio. Es decir, el sector eléctrico se transformó según las directrices de UNESA.

Llegados a este lugar, nos encontramos con un Congreso de los Diputados sediento de ver bailar al Sr. Piqué y su equipo ante las 370 enmiendas que algunas de ellas son meritorias subrayar. Tan solo voy a destacar el conjunto de 20 enmiendas sobre el articulo 6º y las 22 enmiendas sobre el artículo 8º; ambos son los artículos que mas enmiendas recibieron del resto de grupos parlamentarios.

Llama la atención comprobar que a sus señorías lo que más les preocupaba de este Proyecto de Ley era la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico así como su composición y funcionamiento. El poder está en el control, en la toma de decisiones estratégicas sobre el sector, eso es lo que más les preocupaba a sus señorías a finales de 1997. Los problemas de los ciudadanos era lo de menos. Sí es cierto que existen algunas enmiendas que desarrollan detalles en beneficio del consumidor, pero son las menores. Todo el material original que se expone en el presente libro está recogido en la documentación oficial de la página web congreso.es , por lo que no se trata solamente de unas meras hipótesis, es más bien el fruto de un estudio de más de 5 años de mi carrera profesional que ahora pongo en conocimiento de la sociedad. El déficit de tarifa que ahora, año 2014, dicen que debemos al sector eléctrico es un engaño. Es falso. No es cierto. Se equivocan…. como lo queramos ver, pero manejar unas cifras de 30.000 millones de euros es algo muy serio como para ir diciendo por ahí que tenemos que devolverlo.

Pero ahora bien, debido a las circunstancias económicas por las que está atravesando España en estos momentos, con unos niveles de credibilidad nulos sobre el Gobierno, y la aparición inmediata casi emergente, de nuevos partidos políticos en las Elecciones Europeas 2014, hace pensar a la mayoría de la sociedad que estamos ante un asunto de extrema gravedad. Recordemos que el rescate a BANKIA fue de 23.000 millones de euros, mucho menor que la cifra que exigen las eléctricas, y ahora podemos comprobar que todo lo relacionado con BANKIA fue todo un fracaso conocido con anterioridad a los sucesos que ahora toda la sociedad conoce y padece. Son más de 700.000 familias que invirtieron en un producto de esa entidad con matices fraudulentos.

La tan mencionada Ley del Sector Eléctrico 54/1997 tuvo su recorrido natural como cualquier otra ley. Hasta que apareció el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre con el cual el Ministro Rodrigo Rato instauró un perverso sistema al que han terminado llamando “Déficit de Tarifa”. Antes de nada, considero conveniente exponer que este RD 1432/2002 tiene como Objeto en su artículo 1 el establecimiento de una metodología de cálculo objetiva y transparente para fijar la tarifa eléctrica media o de referencia de cada año, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 bis de la Ley 53/2002, de medidas fiscales y administrativas.

El artículo 77-bis de la Ley 53/2002 no existe.

Llama la atención comprobar cronológicamente los acontecimientos en torno a este polémico Real Decreto. En primer lugar yo me hago una pregunta que, al día de hoy, nadie ha sabido o podido contestar.

¿ Cómo es posible que el RD 1432/2002 se apruebe el 27 de diciembre, se publique en el BOE el 31 de diciembre y haga referencia a la Ley 53/2002 que es de fecha 30 de diciembre y se publique el mismo día que el R.D., es decir el 31 diciembre ?

Ante semejante sospecha, investigamos un poco en el Dictamen del Consejo de Estado Nº 3616/2002, de fecha 19 de diciembre en base al material entregado por el Gobierno en fecha 5 diciembre sobre el mencionado Real Decreto. Observamos amonestaciones del Consejo de Estado sobre la premura en la emisión del preceptivo dictamen, máxime cuando también amonesta el alto Órgano Consultivo el no haber atendido adecuadamente las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Continuando la investigación para intentar dar con el paradero del origen del llamado “Déficit de Tarifa” y poder entender este conglomerado de fechas cruzadas, damos con el informe Nº 16/2002 de la CNE que tiene fecha de 4 de diciembre.

¿Cómo es posible semejante situación? da la sensación que todo está bien cosido, hilvanado y pulido, listo para ser presentado en sociedad sin el menor de los escrúpulos.

A mí personalmente me gusta mucho el voto particular del Consejero Jaime González González sobre el informe emitido por la CNE. Quizás terminemos admitiendo que en él se puede observar la insinuación del montaje que se estaba produciendo entre el Gobierno, la CNE y UNESA.

En palabras de Jaime González, se manifiesta que el expediente de aprobación de las tarifas eléctricas es el acto regulatorio más importante del año. Se establece en la Ley 54/1997, artículo 15, que las actividades destinadas al suministro de Energía Eléctrica serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la Ley con cargo a las tarifas, los peajes y los precios satisfechos. Se puede decir que la tarifa para cada año equivale a los presupuestos generales del Sector Eléctrico en su parte regulada y para ese ejercicio. Hay que destacar que el componente regulado alcanzaba en julio 2002 el 70%.

Por ello, indica Jaime Gonzalez, la metodología propuesta por el gobierno de Jose Mª Aznar en el Proyecto de Real Decreto analizado presenta un recorrido excesivamente largo, entre los años 2003 y 2010. Precisamente este R.D. 1432/2002 es el que permite al gobierno manipular a su libre albedrio las futuras tasas eléctricas, consecuentemente ser conscientes de que estas podrían ser superiores a la recaudación obtenida de los clientes. En otras palabras, el llamado "déficit de tarifa" del sector eléctrico nace con este Real Decreto de forma artificial, voluntaria y con intereses económicos que tan solo beneficia a las empresas eléctricas. El R.D. está firmado por Rodrigo Rato.

Esta metodología establecida en el Borrador del Proyecto no tuvo tiempo de ser revisada y analizada por la CNE, pero debido a la petición del gobierno de Aznar de tramitarlo por el procedimiento de urgencia, la CNE fue incapaz de realizar el análisis preceptivo para llegar a las conclusiones objetivas que requiere una transformación tan profunda como es el diseño de la tarifa eléctrica para los próximos 7 años. Todo estaba montado y bien preparado. No debemos de olvidar que la propuesta de este Real Decreto ha sido producto de un pacto entre el Gobierno de Jose Mª Aznar y las empresas del Sector Eléctrico de UNESA.

Pero no pensemos que es fruto de unos acuerdos ocultos y secretos, todo lo contrario. La prensa informaba de ello permanentemente, como por ejemplo

Diario El Mundo

21 marzo de 2002

"Las eléctricas negocian con el gobierno una subida de la factura de la luz"

ABC

21 octubre 2002

"El nuevo marco de tarifas eléctricas prevé una subida fija anual del 1,4% más un 0,6% variable"

La Gaceta de los Negocios

25 octubre de 2002

"Las Eléctricas resuelven el reparto de la nueva tarifa"

Expansión

20 octubre de 2002

"Las Eléctricas se aseguran aumentos de tarifa hasta el 2010. Recibirán 3.684 millones de euros más con la nueva regulación"

Hay muchos más titulares que evidencian la intromisión del sector eléctrico en la futura publicación en el BOE, pero con estas referencias tenemos más que suficiente. La conclusión; UNESA diseñaba desde los años 50 la tarifa eléctrica, ahora no iba a ser menos. Sin embargo resulta curioso comprobar que el Gobierno le deja a la CNE tan solo 15 días para emitir su informe, sobre un tema tan complejo e importante a la vista de toda esta exposición, mientras que en los medios de comunicación han venido manifestando noticias del siguiente tipo:

Agencia EFE

30 septiembre 2002

"El Ministerio de Economía remitirá la próxima semana a la CNE la nueva metodología de tarifas eléctricas"

Agencia EFE

11 noviembre de 2002

"Economía prevé remitir en breve a la CNE su nueva metodología de tarifas eléctricas"

ABC

14 noviembre de 2002

"Economía remite a la CNE el nuevo marco que regula las tarifas eléctricas"

Efectivamente, al día siguiente 15 de noviembre de 2002 tiene entrada en la CNE de todo un expediente compuesto por más de 2.000 folios, que no hubo tiempo material para analizarlo, y que se terminó emitiendo informe el día 4 de diciembre 2002 y que este fue entregado al Consejo de Estado al día siguiente. ¿Tuvo tiempo suficiente el Gobierno de Jose Mª Aznar para analizar el informe de la CNE en menos de 6 horas y evaluarlo? se pregunta el Consejo de Estado en su Dictamen anteriormente mencionado.

Es evidente que todo es un montaje bien preparado para que el BOE se ponga a imprimir y con el efecto 'mordaza' todo el país a cumplir. Los servicios técnicos de la CNE realizaron su informe sin tener en consideración la opinión del Consejo Consultivo, quien se reunió el 2 de diciembre 2002, y el Consejo de la CNE emitió el informe 16/2002 entre los días 3 y 4. En definitiva, 8 meses para negociaciones entre el sector eléctrico, UNESA y el Gobierno, y solamente unas pocas horas para que los consumidores afectados por semejante barbarie pudieran opinar sobre algo que les incumbe en primer grado de necesidad.

Estamos ante una verdadera manipulación política en aquellos años, dando la impresión que tan solo es un burdo montaje para cumplir con la legalidad en cuanto a procedimiento previo a la presentación del Real Decreto en el Consejo de Ministros. El propio informe de la CNE indica que la propuesta presentada por el gobierno no puede considerarse una 'metodología' de elaboración de tarifas que tuviera como objetivos en primer lugar la determinación de costes esperados del sistema eléctrico, y después su reparto entre los consumidores, atendiendo a una asignación eficiente de los costes en que cada suministro hace incurrir al sistema. De igual modo, se indica que el reconocimiento de un eventual 'desajuste de ingresos' ya fue referenciado en la Orden de 21 de noviembre de 2000, por la que se establece para los años 2000 y siguientes la precedencia en la repercusión del déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas.

Resulta sorprendente comprobar en la mencionada Orden de 21 de noviembre de 2000, lo siguiente:

Apartado 1º:

“En el caso de la existencia de déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas del año 2000 y siguientes, éste se imputará a los perceptores de derechos de compensación según la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997 en su redacción modificada por el artículo 107 de la Ley 50/1980.

Por otro lado, en el apartado 3º se establece lo siguiente:

“A los efectos de lo señalado en el apartado 1º, la participación en la cobertura del déficit de ingresos no podrá afectar al porcentaje de facturación por venta de energía eléctrica a los consumidores"

Es decir, en el hipotético caso de la existencia de un desequilibrio económico entre los ingresos y los gastos (ahora llamado 'Déficit de Tarifa') este deberá ser soportado por las empresas eléctricas, y no por los ciudadanos.

MENUDA SORPRESA ¡¡!!

Esta Orden Ministerial fue fulminantemente derogada por Rodrigo Rato debido a las presiones del sector eléctrico y su patronal UNESA, pues no podían permitirse que fueran ellos los que tuvieran que asumir estos desajustes. El jueves 27 de junio de 2002 se publica en el BOE una ORDEN ECO 1588/2002, que curiosamente tiene el mismo título que la derogada y antes mencionada. ¿Un error? pues no. Precisamente este 'montaje' normativo está relacionado con el anteriormente citado apartado 3º, pues al derogarse la Orden de 21 noviembre 2000 con esta nueva Orden Ministerial ECO 1588/2002 se elimina de la normativa vigente el blindaje que tenían los consumidores, al no estar obligados a participar en la cobertura del déficit de tarifa. ¿Delito de Estado?

En la memoria justificativa entregada a la CNE e incluida en el expediente 16/2002 se afirma lo siguiente:

" ... si de acuerdo con lo que se afirma también en la memoria justificativa la causa del déficit de tarifa es por precios de mercado elevados artificialmente, parece evidente que la parte del déficit de tarifa que se hubiese originado por este motivo, no debe trasladarse al consumidor en ningún caso, al margen de otras actuaciones que debieran realizarse"

Queda claro y evidente que hasta los organismos del Estado que aportan sus informes complementarios tienen bien claro que, de existir desequilibrio entre ingresos y gastos, estos nunca jamás deberán de ser trasladados al consumidor. Llegados a este punto, todavía parcial pues quedan algunas sorpresas, nos debemos de preguntar porque el Gobierno de Mariano Rajoy no para de insistir que los españoles tenemos una deuda de tarifa eléctrica con la industria energética, hasta el extremo de que se da por verídica su existencia. Incluso los medios de comunicación en la actualidad no paran de hablar del tema, como si fuera cierto. Esperemos que esta exposición les haga cambiar de opinión a muchos. Sigamos.

No debemos de olvidar que en el mencionado Real Decreto Ley 6/2000, establece en su Disposición Transitoria Tercera lo siguiente:

Reducción de tarifas eléctricas para consumidores domésticos.

Las tarifas de baja tensión 2.0 y 2.0.N (con discriminación horaria nocturna) que aplican las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se disminuirán, como máximo, en un 9 por 100 durante el período 2001-2003. Durante este período, la revisión de esas tarifas deberá tomar en consideración la evolución de los tipos de interés, la demanda eléctrica y el reparto de eficiencia debida a la competencia. Se determinará reglamentariamente el método de aplicación de los citados criterios. En otras palabras, que el precio de la luz tiene que bajar durante 3 años, cuando lo que hizo fue subir. Este nulo funcionamiento del mercado eléctrico es el que llevará en los próximos años a cambiar rutinariamente de criterios y proponer nuevas metodologías de tarifas eléctricas con las cuales reasegurar la rentabilidad de las empresas, obviando completamente al consumidor.

Con esta normativa tan compleja, realizada "ad hoc" para el colectivo UNESA, con unas voluntades políticas claramente perjudiciales para los consumidores y el conjunto de la sociedad, se puede llegar a una primera conclusión; el Gobierno de Jose Mª Aznar no diseñó una nueva legislación eléctrica para cumplir el espíritu de su exposición de motivos, que se basaba en la libertad de mercado, la liberalización de la competencia, la transparencia y objetividad en los precios.... más bien todo lo contrario, como podremos comprobar a continuación.

Rodrigo Rato pasa a ser nombrado Director del FMI el 7 de junio de 2004, y con él se lleva de consorte al actual Secretario de Estado de Energía; D. Alberto Nadal Belda, quien se está encargando en la actualidad de termina de descuartizar el sector eléctrico con la Ley 24/2013, causando unos terribles perjuicios tanto en la economía del país como en los consumidores. De esto hablaremos más adelante.

Se liberaliza el mercado eléctrico; todos a jugar.......

Con posterioridad a toda esta tergiversación de normativas expuesta al momento, se estableció un mercado de compra-venta eléctrico gestionado por OMEL -Operador del Mercado de Electricidad- operadora española dentro del Mercado Ibérico de la electricidad (MIBEL). Según OMEL, el mercado eléctrico se define como “el conjunto de transacciones derivadas de la participación de los agentes del mercado en las sesiones de los mercados diario e intradiario y de la aplicación de los Procedimientos de Operación Técnica del sistema”. Una explicación sencilla sería que las empresas que producen electricidad conocen con precisión lo que van a producir al día siguiente, y las empresas y consumidores compran esa electricidad. De esta forma se iguala la generación a la demanda, pues sólo producirán electricidad los generadores que hayan conseguido un comprador para su electricidad.

OMEL, está supervisado por una comisión de representantes de los productores, distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados. El operador del sistema es Red Eléctrica Española (REE). Este mercado es denominado”pool”, que es donde los generadores y consumidores lanzan sus ofertas. En el “pool” intervienen una serie de participantes, los llamados “agentes de mercado”, y son los siguientes: productores de electricidad, distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados. También existen los llamados “agentes externos”, que son las empresas o consumidores extranjeros que pueden comprar o vender electricidad a través de las conexiones internacionales. Cada día, OMEL opera la subasta para las 24 horas del día siguiente, entrando en primer lugar aquellas energías más baratas, seguidas de los distintos sistemas de producción hasta que se cubre la demanda proyectada. Por otra parte, los consumidores lanzan ofertas al mismo mercado, ofreciendo un precio por la energía que van a producir. Los productores y consumidores pueden hacer estas ofertas divididas en 25 tramos en cada hora y el resto de producción en tramos crecientes.

Nada que ver con todo el sistema que hemos tenido desde el principio de la historia de la electricidad en España. Ahora se ha convertido en un producto más, como la alimentación, el textil, etc... pero sin saber con antelación el origen del precio. Los gobiernos que desde el año 2000 han aprobado estas tarifas eléctricas, han tenido en cuenta los costes esperados, pero también los “costes deseados” de suministrar electricidad para ese periodo. La divergencia entre los costes reales esperados y los costes “deseados” por el regulador se debe, fundamentalmente, al coste político del supuesto impacto inflacionista de las tarifas eléctricas y a su efecto sobre la competitividad de algunos sectores de producción con consumo intensivo de energía.

El miedo de las sucesivas administraciones a estos efectos derivados de un aumento de las tarifas eléctricas ha hecho que los distintos Gobiernos hayan preferido incluir en el proceso de cálculo de las tarifas el “coste deseado” de suministro en vez del “coste esperado”. Por supuesto sin olvidar que el sector eléctrico a través de su patronal UNESA, han sido quienes han ido marcando la pauta normativa que posteriormente han ido publicando en el BOE los respectivos gobiernos. La figura del comercializador de electricidad fue creada a través de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Los comercializadores de electricidad compran electricidad a los productores, a través del mercado mayorista o bien directamente a través de contratos bilaterales físicos, y la venden a los consumidores a un precio libremente pactado. Ejercen su actividad en competencia, ofreciendo precios y condiciones sin ninguna restricción. Es, por tanto, con estas empresas con las que se negociará el suministro de electricidad en el mercado liberalizado.

Aparte de suministrar electricidad, los comercializadores pueden gestionar el contrato de acceso a redes con la empresa distribuidora, siempre en nombre del consumidor, que es, en definitiva, el titular de dicho contrato. A partir del 1 de enero de 2003, la legislación española reconoce al consumidor de energía el derecho de elegir la forma en la que contrata el suministro eléctrico. En este sentido, el consumidor peninsular podrá optar por permanecer a tarifa integral y seguir contratando la electricidad con las empresas distribuidoras de las zonas, o pasar al mercado liberalizado. Para Consumidores conectados en baja tensión no hay fecha establecida para la desaparición del mercado a tarifa, por lo que pasar a libre mercado es una opción. Sin embargo, para consumidores conectados en alta tensión, está previsto que en 2007 desaparezca el mercado a tarifa. Antes de tomar una decisión en cuanto a permanecer en el mercado a tarifa o cambiar a mercado liberalizado, el consumidor debería comparar, fundamentalmente, el precio al que paga su consumo eléctrico y los servicios que le ofrece el mercado a tarifa frente a los precios y servicios que le ofrecen los comercializadores. Otras cuestiones, como la calidad en el suministro, no dependen de la opción elegida, ya que está ligada a las redes del distribuidor de la zona. En definitiva, todo un galimatías que prácticamente nadie puede llegar a conocer.

Tanto el consumidor a tarifa como el acogido al mercado liberalizado, reciben el suministro eléctrico a través de las mismas redes de la empresa Distribuidora de la zona, por lo que la calidad del suministro y del producto será idéntica. Las diferencias entre ambos tipos de mercado se centrarán en el precio, los servicios ofrecidos y la calidad de la atención al consumidor. En la medida en que las empresas productoras y comercializadoras compitan entre sí, ofrecerán condiciones que permitan aumentar el bienestar del consumidor. El efecto final sobre el bienestar del consumidor vendrá condicionado por el precio que finalmente pagará, que, en el caso de los mercados en competencia, es determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda, y en la generación de externalidades.

El precio afecta al bienestar del consumidor por su repercusión sobre su renta disponible, y las externalidades derivadas de la producción de electricidad influyen sobre su calidad de vida. Lamentablemente hoy en día esto no está sucediendo, habiendo llegado este país a tener bajo la denominada 'pobreza energética' a mas de 2 millones de personas. ¿Delito de Estado?

Las únicas centrales eléctricas de dimensión significativa que se podían instalar en España eran las que estaban contempladas en el Plan Energético Nacional. En el PEN se concretaban los objetivos de la política energética española y las medidas necesarias para conseguirlos. En el caso del sector eléctrico era muy  preciso en cuanto a las centrales que se podía construir, su potencia, su ubicación, el tipo de materia prima que tenían que utilizar, el año de entrada en servicio, etc. Después de la regulación del sector eléctrico español, cualquier empresa puede instalar nuevas centrales eléctricas del tipo, potencia y localización que considere más convenientes, sin otras exigencias que la legislación española establece de manera general, para la puesta en marcha de cualquier otra instalación industrial. En el anterior sistema eléctrico el funcionamiento diario de las centrales eléctricas era determinado por Red Eléctrica de España (REE) de acuerdo con los criterios de política energética elaborados por el Ministerio de Industria y Energía. Ninguna central podía enviar electricidad a la red si no estaba incluida en la programación de REE. Ahora cada empresa productora debe comunicar de manera diaria las condiciones de cantidad y precio a las que estará dispuesta a vender la electricidad de sus instalaciones en cada una de las veinticuatro horas del día siguiente.

Se pretende con esto dar prioridad a las empresas que ofrecen la electricidad más barata hasta cubrir la totalidad de la demanda. Las centrales que ofrecen su electricidad a un precio superior al de la última instalación necesaria para atender la demanda de cada hora, no son seleccionadas para funcionar. Con el sistema de ofertas competitivas se da un significativo incentivo para reducir el precio de la electricidad, ya que los generadores tratarán de ofrecer su energía al precio más bajo que les sea posible, a fin de asegurarse que sus centrales sean seleccionadas para funcionar. Uno de los principios básicos de este sistema eléctrico, es el reconocimiento del derecho de los consumidores a elegir el suministrador que les parezca más conveniente y acordar con él libremente el precio y demás condiciones.

Sin embargo en la realidad esto no es así. Si verdaderamente el objetivo ha sido siempre el de la reducción de los costes eléctricos, como es posible que las empresas eléctricas de UNESA tengan desproporcionados beneficios y aun así exijan el denominado 'déficit de tarifa’. ¿Delito de Estado?

Josep Piqué nos quiere convencer de nuevo

A escasos meses de abandonar el Ministerio de Industria, Josep Piqué publica un extravagante artículo en El País cuyo título es:

Hacia una mayor liberalización del sector eléctrico

El autor defiende la compensación a las eléctricas por la apertura del mercado y subraya los efectos de la liberalización

                               "Se ha observado una cierta falta de dinamismo en los mecanismos de determinación de precios""La liberalización permite la reducción de la tarifa eléctrica y de los costes energéticos de las empresas"

El cual reproduzco a continuación, pues no tiene desperdicio:

A lo largo de las últimas semanas venimos asistiendo a un intenso debate público sobre la bondad o perversidad, en especial esto último, de una eventual totalización de los Costes de Transición a la Competencia (CTC"s) del sector eléctrico y de su pago por la afectación de un 4,5% de la tarifa eléctrica. Sin embargo, en este debate se han aislado estas circunstancias, desconociendo, no sabemos si intencionadamente, cuál es el origen de estos costes, el encaje de la medida en la liberalización del sector eléctrico y, sobre todo, su verdadero alcance y significado.

Respecto al origen de los Costes de Transición a la Competencia (CTC"s), aunque no creo que sea el momento de reproducir exhaustivamente lo que tantas veces se ha explicado tanto en medios de comunicación como a lo largo de los debates parlamentarios, sí que conviene hacer una breve referencia. Y es que los CTC"s no surgen de la nada, sino que nacen del cálculo de la retribución que, de acuerdo con la legislación anterior, hubiera correspondido percibir a las empresas eléctricas por las inversiones realizadas en activos de generación que les vinieron impuestas por la planificación llevada a cabo por el Gobierno.

En consecuencia, el reconocimiento de unos CTC"s se fundamenta en el principio que los juristas denominan de "confianza legítima", haciendo obligado que el profundo cambio regulatorio que suponía el paso de un sistema de intervención administrativa a un sistema de competencia fuese realizado tomando en consideración los compromisos económicos adquiridos con el sector eléctrico por Gobiernos anteriores.

Creo que, en tal contexto, es fácil entender la necesidad de llegar a un acuerdo con el sector sobre cómo llevar a cabo la transición de un sistema a otro y con qué coste, acuerdo que se plasmó en el Protocolo suscrito en diciembre de 1996 en el cual figura por vez primera la cifra de 1,9 billones de pesetas, resultado de una negociación en la que se decide rebajar en un 32,5% la cantidad total que, de acuerdo con rigurosos cálculos realizados, hubieran cobrado estas empresas con la legislación anterior, configurándola como compensación, estableciendo un determinado mecanismo de recuperación.

Finalmente, esta cifra se recogió en la disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico y se atribuyó al Gobierno la determinación de la cantidad que de estos costes se debían recuperar cada año durante los diez siguientes desde la puesta en marcha de la competencia.

Por tanto, el debate actual no es la existencia de los CTC"s, ni su justificación y cuantificación, pues todo ello se estableció en la ley hoy vigente, sino si debemos incrementar la liberalización de este sector. La segunda cuestión que considero necesario abordar es el cómo se ubica en la liberalización del sector eléctrico el cambio de mecanismo de recuperación de los CTC"s que se recoge en la tan traída y llevada enmienda de modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico. Para ello, es necesario tener en cuenta el contexto y los motivos que conducen a la propuesta de modificación que ahora se debate.

La aprobación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico representó un cambio profundo en la concepción del suministro eléctrico. Este cambio suponía, esencialmente, pasar de un mecanismo de determinación administrativa del coste de generación de electricidad a un procedimiento de mercado en que el precio de la electricidad se fija en base a las ofertas de los productores de energía, pero también en base a la demanda de dicha energía.

Puesto en marcha el mercado desde hace prácticamente un año, se ha observado una cierta falta de dinamismo en los mecanismos de determinación de precios como consecuencia de la rigidez en el número de demandantes de electricidad que vienen a identificarse esencialmente con las distribuidoras, actividad ejercida esencialmente por las mismas cuatro empresas eléctricas generadoras de electricidad ante la falta de atractivo que el mercado ha presentado para los actuales consumidores cualificados.

En consecuencia, en la convicción de que la competencia en el sector eléctrico vendrá esencialmente condicionada por una numerosa presencia de demandantes en el mercado mayorista, se han planteado una serie de medidas tendentes a conseguir este objetivo.

En primer lugar, se baja el umbral del consumo anual exigido para ser considerado consumidor cualificado, acelerándolo sobre los plazos inicialmente previstos en la ley (año 2004) y, por supuesto, muy por delante de las exigencias comunitarias. Se propone que en octubre de 1999 sea consumidor cualificado aquél cuyo consumo súper 1 GWh anual, lo que representa aproximadamente el 50% del consumo total y más de 8.000 consumidores, masa crítica que se considera suficiente tanto para dinamizar el mercado como para fomentar el despegue de la actividad de comercialización y de los contratos bilaterales físicos.

Sin embargo, para facilitar el resultado perseguido con la medida anterior, ésta se completa con otras tendentes a abaratar el coste del suministro eléctrico para los consumidores cualificados.

La primera consiste en rebajar el coste asociado a la adquisición de energía eléctrica a través del concepto de garantía de potencia, que pasa a ser para comercializadores y consumidores cualificados de 0,3 pesetas kilovatio, frente a la media de 1,3 pesetas kilovatio que hasta ahora venía repercutiéndose.

La segunda medida no incide sobre el ámbito de la producción de electricidad, sino sobre el coste de transmisión por las redes de esta energía. En este sentido, se propone rebajar en una media de un 25% las "tarifas de peaje" (tarifas por utilización de las redes de transporte y distribución) para los consumidores cualificados que deben pagar separadamente este concepto. La rebaja se formula frente a las tarifas de acceso a la red recogidas en el último Real Decreto por el que se aprobó la tarifa eléctrica para el año 1998.

En definitiva, como se señalaba más arriba, se trata de tres medidas que persiguen liberalizar el mercado y conseguir que la demanda se convierta en el motor de la competencia en el sector.

Por otra parte, es deseable continuar con una política que ha mantenido este Gobierno en los últimos ejercicios, rebajando la tarifa eléctrica de aquellos consumidores que no alcanzan por consumo la condición de cualificados y así se ha planteado bajar la tarifa para estos consumidores en un 2,5% para 1999.

Como se puede constatar fácilmente, se trata de un paquete de medidas que pretenden asegurar que el modelo de mercado competitivo de electricidad puesto en marcha por la Ley del Sector Eléctrico se consolide, sin perder la baza de apoyo a los consumidores a tarifa.

Sin embargo, todas estas medidas suponen reducir los ingresos del sistema eléctrico a futuro y, por ello, se entró a valorar su importe y buscar un procedimiento que, sin menoscabo de los consumidores, aliviara las previsibles tensiones económicas derivadas de que los mejores clientes eléctricos abandonasen el sistema de tarifas de que se redujeran los ingresos del sistema y de la nueva rebaja de la tarifa eléctrica.

Para ello se propuso al grupo parlamentario popular la introducción en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de una enmienda que, modificando la disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico, cambia el procedimiento de recuperación de una parte de los CTC"s una vez negociado, que en contrapartida las empresas eléctricas renunciaban a 250.000 millones de la cifra original de 1,9 billones de pesetas consagrada en la ley.

En qué consiste y con qué alcance se modifica la citada disposición transitoria sexta.

La modificación supone diferenciar dentro de la cuantía total a compensar por CTC"s dos bloques distintos. El primer bloque, de unos 600.000 millones de pesetas, de los cuales la mitad corresponden al carbón, continúa liquidándose por el sistema establecido en la vigente ley y el billón restante pasa a ser recuperado mediante la afectación de un 4,5% de la tarifa a su recuperación. Durante el año 1998, en aplicación de la legislación vigente, se liquidaron con cargo a lo pagado en la factura eléctrica por todos los consumidores nacionales, CTC"s por aproximadamente un 11%, es decir, algo más de 200.000 millones de pesetas. ¿Es relevante este dato?

Lo es desde el momento en que se vierten públicamente afirmaciones que sin más justificación dicen que afectar un 4,5% de la tarifa eléctrica al pago de los CTC"s es una carga que arbitrariamente impone el Gobierno a los consumidores, llegándose incluso a decir que es un impuesto. Y es que el pago de los CTC"s es una carga que todos los consumidores venían asumiendo en su factura eléctrica aún sin la certeza del porcentaje que correspondía a su recuperación, al igual que la factura eléctrica atiende muchos otros gastos del sistema, tales como la moratoria nuclear ya titulizada, pero también la retribución especial para las energías renovables y la cogeneración o la retribución a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, conceptos todos ellos que, en definitiva, se detraen de lo pagado por los consumidores aún cuando no se hace explícito en la factura que se recibe.

En todo caso, una vez demostrada, como creo que queda, la vocación del Gobierno de que el mercado eléctrico funcione y lo haga en las mejores condiciones de competencia, el nuevo mecanismo de recuperación de CTC"s se completa con un sistema de control de lo recibido por el sector eléctrico, de manera que éste tendrá que devolver todo aquello que esté por encima de la cantidad máxima que les corresponde percibir, sea cual sea su mecanismo de recuperación, en el caso de que el precio de mercado del kilovatio suba por encima de las 6 pesetas.

Con ello se pretende garantizar que no habrá una escalada de precios como consecuencia de la recuperación de ese billón de pesetas, equilibrando así la posición y los intereses tanto de consumidores y empresas eléctricas como del Gobierno en su apoyo a la competitividad de la economía española.

En definitiva, con todas las medidas expuestas anteriormente, se incrementa la liberalización del sector eléctrico, liberalización que se efectúa en beneficio del consumidor, aumentando el número de clientes cualificados que pueden elegir libremente su suministrador de energía eléctrica, adelantando cinco años el periodo de apertura, reduciendo los peajes en un 25%, reduciendo la garantía de potencia de 1,3 a 0,3 pesetas por kilovatio (2,5% en 1999), reduciendo los CTC"s fijados en 1997 en 250.000 millones de pesetas y permitiendo que se pueda titulizar un billón (de los casi dos billones reconocidos en la Ley del Sector Eléctrico) mediante la afectación del 4,5% frente al casi 11% actual.

En conclusión, seguimos incrementando la liberalización del sector eléctrico que permite la reducción de la tarifa eléctrica y de los costes energéticos de las empresas como factor de competitividad, situándose nuestro país como uno de los más abiertos en el ámbito comunitario.

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Ya le había dicho, querido lector, que no tiene desperdicio el artículo del señor Piqué; objetivo del incremento de la liberalización, la reducción de la tarifa eléctrica. ¿Otro Delito de Estado?

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El Déficit de Tarifa Eléctrica no es un Déficit Público

En otras palabras, no es algo que tenga que pagar el Estado ni los consumidores, como ya hemos visto, pues los consumidores financian al Estado vía impuestos. La falta de previsión del regulador, - o no - , respecto a los ingresos que ha de tener el sistema eléctrico para cubrir todos los costes de las actividades reguladas, no es el origen del llamado 'Déficit de tarifa’. Si existen desequilibrios entre 'gastos e ingresos', como si de una contabilidad tradicional se tratara, debemos de centrarnos en cada uno de los componentes que tiene la estructura de costes, es decir de los 'gastos'. Fue en el protocolo eléctrico firmado en 1996 entre el Ministro Pique y UNESA donde está la clave principal de esta exposición, me explico.

En este protocolo, ambas partes acuerdan cuales son las partidas que integran el concepto 'costes', es decir lo que a las empresas eléctricas de UNESA les cuesta el poner la electricidad en la casa de los consumidores. Ya en el marco normativo del MLE se identificaron unas partidas que se reconocieron en la dispersa normativa entre 1988-1997 y que exponíamos en capítulos anteriores de este libro. Fue la incorporación al sistema del concepto "costes estándar”, los cuales suponían un cajón de sastre para las compañías eléctricas, al tener la libertad de incorporar partidas a su libre albedrío.

Estos costes eran:

Coste de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica.

Coste de operación y mantenimiento de las instalaciones de generación de energía eléctrica.

Coste de combustible e intercambios de energía eléctrica.

Coste de distribución de energía eléctrica.

Coste de estructura.

Coste de capital circulante.

Visto desde otra perspectiva, eran las propias compañías las que tenían el poder de determinar el precio de la luz, pues este siempre debía corresponder a la suma de los costes anteriormente indicados. Aquí está la  trampa.

Sin embargo esto no queda aquí, al resultado de la suma de estos 'costes' se le aplicaban unos recargos que eran:

Programa de investigación y desarrollo electrotécnico.

Financiación del stock básico de Uranio.

Segunda parte del ciclo del combustible nuclear.

Costes contingentes de la Moratoria Nuclear.

Con la entrada en vigor de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, se incorporó como un nuevo recargo que afectaba al conjunto de costes anteriormente expuestos, las ayudas al carbón. Dicho esto, y volviendo al 'Protocolo Eléctrico' firmado por el Ministro Piqué el 11 de diciembre de 1996 con UNESA, se procedía a incorporar unos nuevos componentes de 'costes' o bien se ampliaban los ya existentes. De esta forma siempre la configuración de las tarifas eléctricas estaba en poder y dominio de las compañías eléctricas, pues ellas facilitaban la información económico-contable de cada partida, sin que el Gobierno realizara las oportunas comprobaciones. ¿Delito de Estado?

Es curioso comprobar en el informe de la CNE 12/2000 (del cual ya hemos tratado anteriormente) que sugiere al gobierno una remodelación del procedimiento del marco regulatorio, con el fin de identificar aquellas partidas que pueden las compañías eléctricas 'manipular' para provocar un desequilibrio económico de forma artificial. Estas partidas recomendadas eran:

La nueva reestructuración empresarial, fruto de la separación jurídica de actividades exigida por la Ley.

La modificación en el tratamiento de los costes de transición a la competencia introducida por la Ley 50/1998.

Los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 6/2000.

La aparición de déficits para la retribución de las actividades reguladas en las liquidaciones a cuenta de 2000.

El hecho de que algunas empresas no hayan procedido al pago de las liquidaciones realizadas por la CNE.

Sin embargo el Gobierno consideró las recomendaciones de la CNE un tanto banales y no las tuvo en consideración. Sin embargo fue la propia CNE en un informe de fecha 6 marzo 2001 en la que alertaba al Ministerio de Industria sobre el procedimiento de liquidaciones provisionales que se realizan a las empresas eléctricas, en concreto la CNE expone:

“La carencia de medidas impide conocer los desvíos de cada uno de los agentes intervinientes, con respecto a los programas de producción (ventas) y consumo (compras) negociados en el mercado, y por tanto, no es posible la asignación del coste ocasionado por estos desvíos de acuerdo con lo establecido en las reglas de liquidación. "

En otras palabras, los desvíos o 'Déficit de tarifa' venían provocándose por la falta de transparencia en la información facilitada por las compañías eléctricas.

Observemos este singular gráfico. Los datos corresponden a los indicados en diversos informes de la CNE.

Vemos que en el año 2002 se indica un 'Déficit de tarifa' por importe de 1.149 millones de euros, mientras que en los años 2003 y 2004 no existe cifra alguna en este concepto, para sorprendernos a continuación en el 2005 con la friolera cifra de 3.830 millones de euros. Analicemos con detalle esta singular situación y los mecanismos que la producen. Para ello es necesario que hagamos un trivial análisis de algunos documentos de la CNE.

En primer lugar debemos de analizar que es la Comisión Nacional de Energía (CNE) y qué papel representa en todo este complejo montaje.

Comisión Nacional de Energía (CNE); el mamporrero del sector eléctrico

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, está directamente relacionada con el sector de Hidrocarburos. No obstante se utilizó por Jose Mª Aznar para darle forma jurídica a un elemento imprescindible para poder manipular desde el Estado a todo el sistema eléctrico. Con ello, se incorpora en la mencionada Ley la Disposición adicional undécima, mediante la cual se configura la naturaleza jurídica y composición de la CNE. La vinculación e interdependencia de los sectores energéticos, la similar problemática de algunos de ellos, especialmente, del gas natural y de la electricidad, y la progresiva interrelación empresarial en este ámbito económico recomiendan atribuir a un único órgano la regulación y vigilancia del mercado energético, para garantizar su transparencia y coordinar adecuadamente los criterios de resolución de los asuntos que conozca. Por ello, desaparece la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico como ente regulador del sistema eléctrico, cuyo Presidente fue Miguel Angel Fernandez Ordoñez (MAFO) a quien se le ubica en el ala más liberal del socialismo. Fue Secretario de Estado de Economía en la época de Felipe Gonzalez y también secretario de estado de comercio. En 1992 fue nombrado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Entre 1995 y 1999 ocupó el puesto de Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional donde actuó en contra de los privilegios de las compañías eléctricas, oponiéndose a la percepción por parte de estas de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), los cuales, aunque fueron finalmente cobrados por las eléctricas, fueron recortados casi a la mitad. Posteriormente fue asesor del Grupo PRISA y director del programa económico Hora 25 de los Negocios en la Cadena SER. En el año 2006 fue nombrado Gobernador del Banco de España. Fue sustituido por Pedro Meroño Vélez. Le instaló en la CNE su amigo Josep Piqué a quien le rendía cuentas a diario. Abogado del Estado, representó altos cargos en la época de UCD de la mano de Joaquín Garrigues Walker quien fue Ministro de Obras Públicas en la época de Adolfo Suarez. Posteriormente fue miembro del Consejo de Administración de ENDESA. Todos los miembros de la CNE en las épocas mencionadas han sido miembros de partidos políticos como IU, CIU, PP. Todo bien manipulado.

Aunque la legislación dice que el presidente y los consejeros de estos organismos deben ser personas de reconocido prestigio, lo cierto es que ambos consejos se han confeccionado mirando la representación parlamentaria de cada partido. Que el PSOE tenga tan pocos representantes responde a distintas guerras políticas que ha mantenido con el PP. Pero siempre han llegado a un acuerdo en cuanto a la redacción de los informes que emite este Organismo supuestamente 'independiente'. El 24 de agosto de 1999 se publica en el BOE el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo el Real Decreto 1339/2009.

No considero necesario entrar en detalles de esta normativa que condiciona el funcionamiento de esta Comisión, pues con tan solo saber que está dirigida por miembros de partidos políticos, o que han militado y defendido una postura política, es evidente que el grado de implicación ante la manipulación es elevado. Como órgano consultivo en materia energética a la Comisión Nacional de Energía le corresponde emitir los informes que le sean solicitados por el Ministerio de Industria y Energía y por las Comunidades Autónomas. Por ello, vamos a realizar una cronología de cada uno de estos informes que se han ido emitiendo por esta Comisión, con el fin de que el lector tenga una apreciación de como se ha ido creando artificialmente el llamado 'Déficit de Tarifa'. Existen muchas formas de interpretar este concepto, pero yo tengo personalmente el mío. Y además es muy sencillo, fácil de explicar y mucho más de entender. Comenzamos.

Desde que se constituyó la CNE, esta ha ido emitiendo una serie de informes económicos con los cuales ha ido acreditando cada una de las partidas económicas que componen la estructura de los resultados anuales del sector eléctrico, con sus ingresos y sus gastos. La clave está precisamente en analizar cada una de esas partidas. Precisamente ese es el motivo que me ha llevado a solicitar al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) solicitando una Ley para la Auditoria del Déficit de Tarifa del sector eléctrico, la cual se encuentra en estos momentos en proceso de recogida de firmas. Espero y deseo que la conciencia de la sociedad española despierte y consigamos alcanzar el objetivo para obligar al Congreso de los Diputados a que se apruebe una Ley que permita alcanzar este objetivo. En caso de conseguirlo, demostraremos que el llamado 'Déficit de Tarifa' es un montaje político.

Informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ¿un montaje?

El primer informe de la CNE correspondiente al periodo de facturación del ejercicio 1998, el cual vemos en el siguiente cuadro:

Podemos observar como al cierre del ejercicio 1998 que se ha facturado el 100% del total de los ingresos de las compañías eléctricas por venta de energía en el año 1998, y se ha superado lo previsto en tarifas en 32.155 millones de pesetas. Esta cifra es consecuencia de que se ha facturado más de 3.000 GWh de lo previsto, lo que produce un efecto positivo en la cantidad de 39.500 millones de pesetas. El coste de la energía facturada fue superior al previsto en tarifas en más de 22.000 millones de pesetas, prácticamente repercutibles sobre el Régimen Especial. Dado que el incremento de ingresos ha sido superior al incremento de los costes de generación, la cantidad prevista a los CTC ha sido superior a la prevista en más de 19.000 millones de pesetas. El precio medio de la energía eléctrica durante el año 1998 fue de 5,88 pesetas el KWh, inferior al previsto en tarifa que era de 6 pesetas /KWh En otras palabras, las compañías eléctricas se quedan con la diferencia.

Avancemos y sigamos con el año 1999.

El ejercicio 1999 tiene una singularidad, y es que se registraron unos ingresos inferiores por venta de electricidad respecto a 1998. Sin embargo los costes de adquisición de energía también fueron inferiores respecto del año anterior, por lo que no existió desajuste entre ingresos y gastos.

Sin embargo llega el año 2002 y la CNE declara un déficit de tarifa eléctrico por importe de 1.149 millones de euros, y en su liquidación del ejercicio 2002 indica que este 'desajuste' económico se debe a la prima por consumo de carbón autóctono, lo cual ha producido el déficit indicando anteriormente.

La cuantía del déficit de se ha distribuido entre las empresas con derecho a la percepción de los CTC, según la aplicación de la Orden ECO 1588/2002 (la cual hemos tratado con anterioridad) la cual establece en su apartado primero que en el caso de la existencia de un déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas, éste se imputará a los perceptores de derechos de compensación según la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997. Entonces, ¿por qué insiste tanto UNESA en que el déficit de tarifa es una deuda de la sociedad con las empresas eléctricas?

El coste de adquisición de la energía en el mercado organizado para los suministros a tarifa se elevó a tal nivel, que fueron las compañías generadoras de electricidad las que provocaron este gran diferencial. Sin embargo el Gobierno lo permitió. ¿Delito de Estado?

El siguiente cuadrante de la CNE refleja el resumen del informe correspondiente al ejercicio 2002.

Como es de imaginar por el estimado lector, las compañías eléctricas arden en cólera al comprobar que el recién denominado 'Déficit de tarifa' es volcado sobre sus ingresos por CTC, se ejerce una presión sobre el Gobierno de Jose Mª Aznar el cual termina publicando el 31 de diciembre de 2002 el ya mencionado RD 1432/2002 , con la cual Rodrigo Rato, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, desactiva toda vinculación con los desequilibrios o 'déficit tarifarios' de los CTC que perciben las compañías eléctricas, pasando la 'deuda ficticia' a los consumidores. Recordemos que este Real Decreto hace referencia al artículo 77-bis de la Ley 53/2002, el cual no existe.

Para hacerlo más literal, se indica en el apartado 9 del artículo 4 lo siguiente:

9. Coste correspondiente al desajuste de ingresos de las actividades reguladas anterior a 2003:

1. Hasta el año 2010 inclusive, se incluirá como coste en la tarifa la cuantía correspondiente a la anualidad que resulte para recuperar linealmente el valor actual neto del desajuste de ingresos al que hace referencia la Orden de 21 de noviembre de 2000, por la que se establece para los años 2000 y siguientes la precedencia en la repercusión del déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas.

2. La asignación del desajuste establecido en el apartado anterior se distribuirá entre las empresas que hayan contribuido al desajuste de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas, de acuerdo con los porcentajes que figuran en el anexo del presente Real Decreto.

3. A los efectos de su cobro, esta cuantía se asimilará a un ingreso de las actividades reguladas.

¿Empresas que hayan contribuido al desajuste de ingresos en las liquidaciones de actividades reguladas? Esto parece insinuar que las compañías eléctricas han colaborado activa y voluntariamente a generar el desajuste o 'déficit de tarifa’. ¿Delito de Estado?

Analicemos el resultado económico de la CNE del ejercicio 2003:

Aquí ha sucedido algo que hay que intentar aclarar; no existe 'déficit de Tarifa' en el ejercicio 2003. ¿A que es debido? Tiene toda la impresión de que se han cuadrado las cifras, no?

En el informe de la CNE de fecha 15 abril 2004, se expone que a diferencia del año anterior, los ingresos netos declarados por el conjunto de los distribuidores resultan suficientes para cubrir la retribución de las actividades reguladas, es decir el transporte y la distribución, así como otras partidas de menor índole. Ahora tan solo debemos de preguntarnos, porque nadie va a responder, ¿cómo es posible que en la liquidación de la CNE correspondiente al ejercicio 2002, comparándola con la del 2003, con unos costes mayores, con unos ingresos iguales, exista un 'déficit de tarifa' de cero euros? Es incomprensible. Salvo que algún político salga a darnos un sermón donde nos pretenda abducir y lavar el cerebro. A mí al menos no.

A esto hay que añadir que la energía facturada por tarifa de acceso ha superado los 70.000 GWh, habiendo aumentado un 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo admite la CNE que el coste total de la energía adquirida para consumidores a tarifa ha disminuido un 9% respecto al ejercicio anterior, disminuyendo un 14% el coste de las adquisiciones en el mercado para consumidores a tarifa. En definitiva, da toda la sensación de que los números se diseñan a medida. Continuemos.

El 20 de junio de 2002 D. Juan Ignacio Unda, uno de los Consejeros de la CNE, emitió un informe personal en el cual manifestaba que la existencia del denominado 'Déficit de tarifa' suponía un problema de gran trascendencia para el sector eléctrico y la sociedad en su conjunto. La incógnita la presentaba como la incertidumbre de si los ingresos por pagos de los ciudadanos en el recibo de la luz podrían cubrir la totalidad de los pagos a realizar a las compañías eléctricas. Explica el señor Unda los problemas de si los ingresos no son suficientes para cubrir los costes de transporte, distribución y gestión comercial. La pregunta que me hago es porque no se exponen informe justamente al revés, es decir; porque el poder ejecutivo no tiene la suficiente independencia y autonomía para adaptar los gastos a los ingresos, y no justamente al revés. Expone el Consejero Unda que la existencia de los Déficits tarifarios no se han solucionado sino que se ha agravado con el paso del tiempo. Es evidente que esto es debido a la falta de interés por parte de la clase política, pues ellos son los primeros beneficiarios, como mas adelante podremos comprobar.

Lo que en un principio vendieron a la sociedad como un problema coyuntural, es decir algo que dura poco tiempo, se ha terminado convirtiendo en un problema estructural. Obviamente con la ayuda del BOE.

El regulador debería de haber intervenido en esas fechas, diseñando un modelo similar al MLE donde los gastos dependían de los ingresos, y no al revés. Si la clase política tuviera un firme propósito de solucionar el grave problema del sector eléctrico, se deberían de identificar todas aquellas variables que influyen en la gestación del Déficit y comenzar a buscar posibles soluciones que concluyan con la distorsión que se genera en el sector eléctrico. Ese es el principal objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que he presentado en el Congreso de los Diputados y en breve podremos ponerlo en marcha.

A estas alturas cuesta creer que los costes hundidos que no van a poder ser recuperados como consecuencia de un cambio regulatorio desde un sistema que garantizaba la recuperación de los costes, hayan pasado a otro sistema normativo en el que el establecimiento del sistema no garantiza al consumidor su reversión. ¿Delito de Estado?

D. Juan Ignacio Unda formó parte de la CNE nombrado por el partido político PNV, y tuvo una notoria presencia pública a raíz de su destitución del grupo energético Zabalgarbi de Bilbao, por el cual percibió más de 3 millones de euros como indemnización.

A continuación presentamos la liquidación de la CNE del ejercicio 2004, donde también llama la atención que no existe el denominado 'Déficit de tarifa'.

Al tener ya 4 ejercicios desarrollados de informes de la CNE, podemos empezar a realizar determinadas interpretaciones, las cuales son parte del objeto de la ILP presentada en el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, llama poderosamente la atención que la partida contable del concepto "distribución" incorpore ahora la "gestión comercial" con tan solo un incremento del 2,46%. Quiere decir esto que en las liquidaciones de la CNE de ejercicios anteriores, las remuneraciones de 'gestión comercial' si estaban incluidas en el capitulo 'distribución' y sin embargo no eran reflejadas?

No obstante, la cifra de 3.090.894.000 de euros es una cifra desorbitante como para ser un parámetro reconocido por el gobierno en concepto de 'actividad regulada'.

Sin embargo como ya hemos mencionado a lo largo de este libro, fue con la orden de 22 diciembre de 1988 en la que se determinaron los costes estándares de distribución de energía eléctrica y el procedimiento para su actualización. Esta orden continúa hoy vigente. Es por ello que, teniendo en cuenta cálculos propios resultantes de datos obtenidos en el proceso de investigación para la elaboración de este libro, la cifra indicada por la CNE en las liquidaciones efectuadas desde 2001 no llegan a alcanzar los más de 3.000 millones de euros que indican. Por ello, si verdaderamente se realizara un cálculo preciso y concreto de esta partida, jamás hubiéramos tenido el denominado 'Déficit de tarifa'.

Este cuadrante corresponde a la liquidación de la CNE del ejercicio 2005, con la diferencia respecto a los anteriores mostrados de que en la cabecera aparece la expresión 'Total Nacional' mientras que en la liquidación del año 2004 se indica 'suministros peninsulares'.

Sin embargo llama poderosamente la atención comprobar que, con tan solo un incremento del 7,69% en la potencia adquirida (132.142 GWh en 2004, y 142.303 GWh en 2005) el coste de la energía en el mercado a tarifa ha supuesto un incremento del 84,08%). Algo completamente sorprendente si lo comparamos con las evoluciones de los anteriores gráficos.

Y lógicamente nos preguntamos a que corresponde este aumento de un 84% en el coste de la energía. La respuesta ya la hemos analizado con anterioridad; el regulador ha ido incluyendo partidas y partidas en este 'cajón de sastre' donde las compañías eléctricas han campado a sus anchas, sobre todo porque según el 'protocolo eléctrico' firmado por el ministro Pique en diciembre 1996, UNESA tenía libertad en la participación de las decisiones relacionadas con la normativa, durante el periodo 1998 al 2007.

No era consciente el Ministro Piqué de las elecciones generales donde pudieran ser retirados del Gobierno. Y así fue pues el 17 de abril de 2004, José Mª Aznar dejaba de ser Presidente del Gobierno de España y pasaba a ser José l. Rodríguez Zapatero. Y esto al Sector Empresarial Eléctrico no era algo que le gustara mucho, pues ya tenían buenas alianzas con el gobierno del Partido Popular, como para empezar una nueva aventura con el PSOE, después de lo vivido por sus predecesores en la época de Felipe González.

Sin desviarnos del camino inicial, regresamos al punto hasta el extremo que el informe Nº 14 del ejercicio 2005 de la CNE (de fecha 6 abril 2006) justifica la desproporcionada cifra desequilibrada (o el llamado Déficit de Tarifa) a una insuficiencia de ingresos, cuando podemos comprobar en la tabla (también realizada por la CNE) que los ingresos por facturación han descendido tan solo un -0,63%.

Entonces, ¿por qué se ha disparado el precio de la luz en el 2005?

Indica la CNE en el informe mencionado que el precio medio de compra se ha situado en 6,58 cents. €/KWh, incluso en el mes de diciembre 2005 fue de 7,99 cents. €/KWh, el mayor de toda la historia desde la liberación del sector. Conclusión, son las compañías eléctricas de UNESA quien indican al gobierno los costes de energía, por lo tanto tienen controlado tanto la venta como la compra. El 31 diciembre 2004 se publicaba en el BOE el RD 2392/2004, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2005.

Este RD viene firmado por el nuevo Ministro de Industria José Montilla, tan solo 8 meses del cambio de gobierno de José Mª Aznar por el de José l. Rodríguez Zapatero. En el Programa Electora de Zapatero figura:

Perfeccionar la organización del mercado mayorista de electricidad

Y nada más.

Sin embargo, en el primer RD del gobierno de Zapatero en relación con el sector eléctrico, lo que mejor se le ocurre es subir los costes regulados, que ya venían inflados de gobiernos anteriores, en un 12,84%. La mayor subida de la historia eléctrica española es realizada por el Ministro Montilla, tan solo para contentar al grupúsculo del sector eléctrico de UNESA.

La subida media de los costes de distribución nunca ha superado el 3%.

Otro motivo más para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que he presentado en el Congreso de los diputados prospere y por fin podamos averiguar toda la verdad en relación a este desastroso asunto.

El sistema eléctrico tiene varias ‘trampas’ y vamos a ir descubriéndolas poco a poco. Es un proceso minucioso, sin embargo espero que el lector termine haciéndose un panorama de este puzzle tan complejo.

La Génesis del ‘Déficit de Tarifa’ reside en los costes regulados

En los costes regulados y reconocidos por los diversos gobiernos de España, de acuerdo a los pactos que periódicamente se establecían con el sector eléctrico.

Y para ello se utiliza la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitiendo informes periódicamente sobre los cuales podemos constatar el montaje que han diseñado nuestra clase política, en colaboración con UNESA.

Resulta curioso comprobar cómo hay ejercicios (por ejemplo 1998) donde la liquidación final del ejercicio esta cuadrada ‘a capón’, como dicen en mi tierra. También inquieta comprobar cómo en la liquidación 14 del año 2000, aparece una nueva celda; ‘Déficit de ingresos para transporte, distribución y primas carbón según OM’. Esta partida tiene un importe cero (0) otra vez ‘cuadrado a capón’.

Perdone el lector si utilizo alguna ‘palabreja’ fuera de vocabulario habitual, pero somos españoles y cuando ves que te están engañando descaradamente, saltas con el verbo fácil. Creo que usted me entiende. Resulta que al sector eléctrico no le hace gracia que, de existir alguna diferencia en el proceso de la liquidación final anual, tengan que asumirlo y además financiarlo. Debido a la metodología establecida en la Orden Ministerial del 22 diciembre de 1988, mediante la cual se determinan los costes estándares de distribución de energía eléctrica, los costes que reconocía el gobierno para la partida económica del concepto ‘Distribución’ eran algo ‘raquíticos’, lo cual impedía al sector eléctrico aumentar sus ingresos por este concepto. La prueba la tenemos en las liquidaciones de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001 (ya presentados en capítulos anteriores) sobre la cual hemos realizado el siguiente resumen:

Año 1998

Año 1999

Año 2000

Año 2001

2.787.590.000 €

2.813.355.000 €

2.823.765.000 €

2.898.669.523 €

Veamos los años posteriores:

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

2.956.640.781 €

3.016.669.238 €

3.090.894.451 €

3.488.144.752 €

Pero, ¿quién decide y bajo que parámetros estas cantidades? a esta importante pregunta le daremos un apartado mas adelante. Será muy interesante. Debido al carácter participativo de UNESA en la elaboración de normativas y legislación, conforme al protocolo firmado con el Ministro Piqué, se aprueba el Real Decreto 1955/2000 el cual es responsable de semejante barbaridad. La actividad de distribución es aquélla que tiene por objeto principal la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo en las adecuadas condiciones de calidad, así como la venta de energía eléctrica a los consumidores a tarifa o distribuidores que también la adquieran a tarifa.

La distribución será llevada a cabo por los distribuidores que son aquellas sociedades mercantiles que tienen por objeto distribuir energía eléctrica, así como construir, operar y mantener las instalaciones de distribución y vender energía eléctrica a tarifa, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Las sociedades que realicen la actividad de distribución deberán acreditar la capacidad técnica, contando con 25 MVA de transformación o 50 Km de líneas o 1000 clientes en instalaciones sin solución de continuidad eléctrica.

Al mes de Marzo 2014 en España hay un total de 341 empresas distribuidoras de electricidad, debidamente registradas en el ministerio de industria. Conforme a lo establecido en el RD 1955/2000 que estamos ahora analizando, estas empresas encargadas de la Distribución de electricidad, tienen los siguientes derechos:

El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución por el ejercicio de su actividad.

Adquirir la energía eléctrica necesaria para atender el suministro de sus clientes a tarifa.

Percibir la retribución que le corresponda por el ejercicio de la actividad de distribución.

Este RD fue publicado en el BOE el 27 diciembre de 2000, y provocó en todo el sistema eléctrico una catarsis de magnitudes desproporcionadas, debido a que generó el incremento anteriormente mencionado de un 1042% (mil cuarenta y dos por ciento). El Vicepresidente segundo del gobierno y también Ministro de Economía, Rodrigo Rato fue el artífice de semejante barbaridad. Hasta el extremo que el propio Consejo de Estado, en su dictamen 2703/2000 de fecha 21 septiembre 2000, realiza múltiples amonestaciones al Ministerio de Economía en relación al formato que se pretende implementar, pues vulnera diversos preceptos vigentes.

En la siguiente tabla se exponen los importes declarados por la CNE en el apartado ‘Déficit de Tarifa’ y los comparamos con los costes de Distribución que hemos tratado en este apartado.

AÑO

IMPORTE DÉFICIT

DECLARADO

ACUMULADO DÉFICIT

DECLARADO

COSTES DISTRIBUCION

1998

0,00 €

0,00 €

2.787.590.000 €

1999

0,00 €

0,00 €

2.813.355.000 €

2000

289.531 €

289.531 €

2.823.765.000 €

2001

100.234.648 €

100.524.179 €

2.898.669.523 €

2002

1.149.273.315 €

1.249.797.494 €

2.956.640.781 €

2003

0,00 €

1.249.797.494 €

3.016.669.853 €

2004

0,00 €

1.249.797.494 €

3.351.776.840 €

2005

3.830.447.651 €

5.080.245.145 €

3.488.144.659 €

2006

3.046.660.241 €

8.126.905.386 €

3.575.893.121 €

2007

1.223.589.760 €

9.350.495.146 €

4.160.494.659 €

2008

5.819.307.642 €

15.169.802.788 €

4.364.285.936 €

2009

4.855.856.529 €

20.025.659.317 €

4.527.530.123 €

2010

5.553.994.327 €

25.579.653.644 €

5.137.577.649 €

TOTALES

25.579.653.644 €

45.902.393.144 €

                                                                                                                           Fuente: CNE

Es decir, los costes reconocidos por los gobiernos de España para el apartado ‘Distribución’ de electricidad superan, al cierre del año 2010, en 20.322.739.500 de euros, a la cifra resultante del ‘Déficit de Tarifa’ acumulado. A este punto podemos llegar a una primera conclusión, el ‘Déficit de Tarifa’ es provocado intencionadamente, de forma artificial, pues depende en exclusiva del gobierno establecer los costes regulados, en este caso de la Distribución. Obviamente esta desproporcionada regulación, es bien agradecida por las empresas eléctricas, obviamente. Dicho esto, el principio de suficiencia del Marco Legal Estable (MLE) que estuvo funcionando durante una década, se lo han cargado. La presunta liberalización del mercado eléctrico propuesta con la Ley 54/1997 no fue más que una pantomima diseñada minuciosamente con la única intención de beneficiar a un sector industrial, donde los políticos siempre han tenido un sillón esperándolos.

Todos los gobiernos de la democracia han conocido perfectamente donde se encuentra el botón de ‘reset’ para nivelar el sistema, sin embargo han ido acumulando Leyes, Reales Decretos, y demás instrumentos normativos que, con la ayuda de la biblia normativa llamada BOE, han ido tergiversando la realidad.

La banca quiere un trozo del pastel; Los Fondos de Titulización.

Al hijo bastardo de todo este montaje le pusieron un traje de Armani, le llevaron a unas cuantas galas y lo convirtieron en todo un galán. Resulta que las compañías eléctricas reclamaban un dinero que decían ser suyo, lo cual es falso como se ha podido comprobar, y es por ello que Rodríguez Zapatero diseñó un montaje llamado ‘Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico’ (FADE) . Conquistó con sus cantos de sirena al sistema financiero y creó, mediante el Real Decreto Ley 6/2010, una gestora que se encargaría de pasear al galán llamado FADE por todo el mundo financiero.

Lo sorprendente de esta gestora, es que estaba compuesta en su mayoría por todos los estafadores banqueros que en estos últimos años han ido saliendo de las Cajas de Ahorros y otros bancos que han terminado siendo controlados por el Estado. Con ello, el FADE llegó a implicar para obtener unos resultados satisfactorios de rating a las principales agencias de calificación internacionales, como Standard and Poor’s, FITCH, MOODYS, las cuales emitieron unos informes dando calificación a esta patraña de Fondo de Titulización con categorías de AA+ y superiores.

En definitiva, todo un montaje bien preparado para que nuestro galán pudiera seguir haciendo de las suyas. Y para empezar se presentó el 14 de enero de 2011 una Garantía del Estado Español mediante el cual otorgaba un respaldo de 22.000.000.000 de euros con el cual se ponía en marcha un mecanismo de emisión de bonos con cargo a los derechos de cobro. ¿Delito de estado?

Veámoslo desde otra perspectiva más ciudadana; el sector eléctrico junto con los gobiernos de España durante mas de una década, han montado un chiringuito mediante el cual nos han hecho ver que se les debe un dinero porque lo que pagamos por la electricidad todos los meses, no les da para sus pingues beneficios. Por ello, alimentan la estafa implicando al Estado, es decir a toda la sociedad española, la cual garantiza con renuncia al beneficio de excusión establecido en el artículo 1830 del código civil. Con este aval del Estado, la perspectiva de riesgo se reduce en relación a nuestra visión internacional de país-riesgo. Gracias a esta maniobra la gestora montada por Rodríguez Zapatero comienza a colocar estos bonos. Se reproduce un ejemplo de nuestro galán:

Un montaje perfecto, verdad?

Nuestro falso galán se convierte en un brillante codiciado por el mercado financiero internacional, garantizando unos tipos de interés bien jugosos sobre algo que no existe; el déficit de tarifa. ¿Delito de estado?

En esta imagen podemos comprobar la internacionalización de nuestro joven producto. ¿Hemos engañamos al sistema financiero internacional?

Considerando que es más que suficiente la muestra de la estafa montada con la ayuda de los gobiernos de España, dejo al lector unas direcciones web donde puede profundizar en este interesante montaje:

https://www.tda-sgft.com

https://www.fade-fund.com

¿Y la culpa del Déficit de Tarifa la tiene la industria Fotovoltaica?

Permítame querido lector, que me ría a carcajadas. Es completamente falso. La burda manipulación de los distintos gobiernos de España sobre las inversiones realizadas en la industria fotovoltaica no ha sido más que un elemento político para hablar bien o mal, según convenga y en el momento en que mejor interese, con fines puramente electoralistas. Además han contribuido en la ayuda a medios de comunicación con cantidades ingentes de dinero mediante anuncios publicitarios gubernamentales. Si España ha desarrollado una inversión en instalaciones fotovoltaicas, no es ni más ni menos porque Europa nos empujaba a ello. No podíamos ir contra corriente porque entonces se nos veía el plumero. Así de sencillo. Quien no lo quiera entender, por favor que continúe leyendo.

Permítame querido lector una anécdota con la cual comience este apartado. Recuerdo en mi juventud que entró en mi casa uno de los primeros reproductores de videos llamado Betamax; 100.000 pesetas ¡¡ (600 euros) menuda locura para situarnos a los finales de los años 70. Años después el aparato ya no servía para nada porque la tecnología lo desplazo con la aparición del VHS a mediados de los años 80. También recuerdo aventuras como la de Philips con su modelo patentado Video 2000, el cual tuvo un corto recorrido pues finalmente llegó el DVD para quedarse durante dos décadas. El último reproductor DVD que he visto en un establecimiento tenía un precio de 60 euros (10.000 pesetas).

A donde quiero llegar con este relato doméstico, Que si no fuera por la curva de aprendizaje, hoy no tendríamos reproductores para ver películas, escuchar música, etc. La curva de aprendizaje data de 1885 y fue desarrollada por Hermann Ebbinghaus quien pretendía demostrar que la acumulación de lo aprendido en relación con la línea-tiempo genera una curva que es la razón del tiempo en el avance. Este resultado y desde una definición académica resulta ser el éxito obtenido en relación al esfuerzo invertido.

Ahora pretendo hacer un breve inciso, para irme a 1979. Es importante lo que voy a contarle pues se relaciona directamente con la ‘curva de aprendizaje’ y por supuesto con el denominado ‘Déficit de Tarifa’. Como ya he expuesto al principio de este libro, fue en los ‘Pactos de la Moncloa’ donde se diseñó el futuro energético de España, y este fue su desarrollo. El 6 de Julio de 1979 el gobierno de Adolfo Suarez presentó en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley que denominaron “Conservación de la Energía en la Industria” , resultando aceptado por la mesa del Congreso de los Diputados el 3 de diciembre de ese mismo año, al cual se le asignó el archivo Nº 121/000139 y el 11 de diciembre la mesa de la Cámara, a petición del Gobierno, acordó que este Proyecto de Ley fuese tramitado por el procedimiento de urgencia, pues en él se expone que la crisis energética mundial iniciada hace años, ha provocado serias dificultades a los países con escasez de recursos energéticos propios, hasta el punto de ocasionarles graves desequilibrios en sus sistemas económicos.

Para hacer frente a esta situación, y ante la imposibilidad de incrementar a corto plazo la utilización de las fuentes de energía propias, las políticas energéticas propuestas por el gobierno en 1979, que además estaban seguidas por la mayoría de los países, se habían orientado hacia medidas encaminadas a la conservación y a la utilización más racional de la energía. España, que también se encontraba afectada por los mismos problemas, se propone iniciar una política de conservación energética, propiciando un conjunto de medidas destinadas a la reducción del consumo de energía, tanto a través de medidas persuasivas, como por medidas coercitivas que obliguen a determinados ahorros.

¿Cuál era el objetivo del gobierno en ese momento? pues el inicio de una política de conservación y uso eficiente de la energía que, a medio y largo plazo, se esperaría un efecto importante en la economía del país. Básicamente, se perseguía  estimular las inversiones, tanto para usar productivamente la energía disponible, como para desarrollar nuevas fuentes de energía no convencionales, evitando grandes inversiones en adquirir productos energéticos del exterior, como el gas o el petróleo.

El artículo 1º del Proyecto de Ley expone:

Es objeto del presente proyecto de ley el establecimiento de las normas y principios básicos que regulen la concesión de beneficios para la mejora de la eficiencia energética de las empresas y la autogeneración de energía eléctrica, así como las relaciones entre los autogeneradores y las compañías eléctricas suministradoras.

En el Capítulo II del Proyecto de Ley se regulan las características del Fomento de la autogeneración de energía eléctrica, otorgando a los propietarios de estas nuevas instalaciones una serie de beneficios y derechos, como por ejemplo:

a) Conectar en paralelo, su grupo o grupos generadores a la red de la compañía eléctrica suministradora.

b) Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones la energía eléctrica autogenerada y la suministrada por la compañía eléctrica.

c) Alimentar parte de sus instalaciones con energía procedente de sus generadores, con independencia del suministro de la red.

d) Transferir a la compañía suministradora de electricidad sus excedentes de energía, siempre que técnicamente sea posible su absorción por la red, y a percibir por ello el precio que reglamentariamente se determine. La citada posibilidad técnica será determinada, en caso de discrepancia, por los órganos competentes del Ministerio de Industria y Energía.

e) Recibir en todo momento de la compañía eléctrica suministradora la energía previamente concedida, en las condiciones y forma que reglamentariamente se establezcan y que sea necesaria para el desenvolvimiento de su actividad.

Algo casi impensable hoy en día con la soberbia política del actual gobierno, cuyo objetivo es terminar, extinguir todo tipo de promoción a las energías renovables. El proyecto de Ley establecía unas bonificaciones para la Autogeneración de hasta un 95%. Inimaginable hoy en día.

En definitiva, toda una joya promocional de las energías renovables que data de 1979, hace 35 años. Zapatero estaba cambiando cromos en el parque con sus vecinos. Aznar probablemente también. Lo que no puede permitir la sociedad Española es que nos engañen, y espero que con este libro se aclaren muchos aspectos sobre la energía en nuestro país que son completamente falsas, cierto que otras son verdades como puños. Sigamos.

El mencionado Proyecto de Ley tuvo un recorrido angustioso para la época, pues se vertebraba en un núcleo fundamental de toda sociedad como es la energía y su consumo. El Congreso de los Diputados designó a la Comisión de Industria emitir el informe de la ponencia, siendo el Presidente del mismo D. Rodolfo Martín Villa, quien posteriormente fue recompensado con la Presidencia de la compañía eléctrica ENDESA en 1997. Comenzaban las ‘puertas giratorias’.

Finalmente el Proyecto de Ley pasó por todos los trámites parlamentarios regulados, y terminó publicándose en el BOE el 27 de enero de 1981 con múltiples variaciones respecto a su Proyecto inicial, los cuales paso a detallar pues son de vital importancia para el objeto de este libro:

En su artículo 2º se establece que podrán acogerse a los beneficios de la Ley aquellas personas físicas que acometan actividades comprendidas en el perfeccionamiento de las condiciones de aislamiento térmico de viviendas, edificios e instalaciones. También incluyen los beneficios a la instalación de equipos de uso doméstico que utilicen Energías Renovables y especialmente la Solar.

Es decir, que mucho antes de que la Unión Europea diera luz a la Directiva Europea 2002/31/CE sobre la eficiencia energética de los edificios, España ya tenía una legislación específica sobre los principios de la Certificación Energética. Curioso verdad?

En su artículo 13º

a)      Conectar en paralelo, su grupo o grupos generadores a la red de la compañía eléctrica suministradora.

b)      Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones la energía eléctrica autogenerada y la suministrada por la compañía eléctrica.

c) Alimentar parte de sus instalaciones con energía procedente de sus generadores, con independencia del suministro de la red.

d) Transferir a la compañía suministradora de electricidad sus excedentes de energía, siempre que técnicamente sea posible su absorción por la red, y a percibir por ello el precio que reglamentariamente se determine. La citada posibilidad técnica será determinada, en caso de discrepancia, por los órganos competentes del Ministerio de Industria y Energía.

e) Recibir en todo momento de la compañía eléctrica suministradora la energía previamente concedida, en las condiciones y forma que reglamentariamente se establezcan y que sea necesaria para el desenvolvimiento de su actividad.

Y para mas singularidad del caso que nos ocupa, se incluye una Disposición Transitoria la cual establece que las instalaciones solares que tengan su puesta en servicio dentro del año 1980, se le asignará una subvención complementaria de 5.000 pesetas por metro cuadrado de panel fotovoltaico. Con esta nueva legislación aprobada por el Congreso de los Diputados, IBERDROLA instala en San Agustín de Guadalix en 1984 la primera instalación fotovoltaica no doméstica de 100 KWp. Le siguieron viviendas particulares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, la Biblioteca de Mataró, culminando con una macro instalación (para esa época, claro) de 1MW de potencia en Toledo.

En resumen, la voluntad política del uso de energía fotovoltaica tiene más de 35 años. Armonizar la tecnología con la sociedad del momento es una cuestión ajena a los ciudadanos. Son los mecanismos del Estado quienes deben de regular con precisión la legislación en esta materia, por lo que no cabe lugar el culpar a esta tecnología del denominado ‘déficit de tarifa’.

Es importante que el lector sepa que esta ley que ahora estamos tratando, todavía continúa vigente.

Creo que con todo lo expuesto anteriormente, ha quedado demostrado el principio de la ‘curva de aprendizaje’ que al inicio exponía. Primero hay que invertir, investigar, desarrollar y esto implica un gasto; el que tenga que ser si el propósito es el de ser pioneros en una tecnología como en este caso es la Fotovoltaica, donde España ha sido pionera a nivel mundial durante muchos años.

Conclusión, esta sería nuestra curva de aprendizaje, si los políticos no hubieran intervenido de la forma que lo han hecho.

La Industria Fotovoltaica; antes de Zapatero llegó Aznar, claro está.

Poco hay que discutir al respecto, pienso yo. El gobierno de José Mª Aznar ocupó la Moncloa entre el 5 de mayo de 1996 y culminó el 17 abril de 2004 y fue en 1998 cuando el gobierno da luz al Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre ‘producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. Con este Real Decreto el gobierno reconocía la necesidad de un tratamiento específico para esta alternativa energética, estableciendo unas ayudas (las comenzaron a llamar ‘primas’ como en los seguros) de 60 y 30 pesetas por cada KWh vertido a la red, para sistemas con potencial nominal inferior y superior a 5 KWp respectivamente.

La normativa técnica y administrativa hasta ese momento en vigor era la general para el auto productor de electricidad, y las exigencias que establecía eran excesivamente exageradas para los sistemas fotovoltaicos. Finalmente el propio Ministro Josep Piqué tuvo que dejar en manos del carnicero de la economía Rodrigo Rato el asunto energético, quién publicó en el BOE el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, mientras que el R.D. publicado por el Ministro Piqué, continuaba en vigor. Luchas internas entre los Barones del partido del PP.

Rodrigo Rato tenía más fuerza y presión que Josep Piqué en la posición jerárquica del gobierno de Aznar, por lo que su Real Decreto tuvo más influencia en el sector energético. La prueba la tenemos en que hasta el 28 de marzo 2004 estuvieron vigentes los 2 Reales Decretos. Lucha de titanes. El Real Decreto 1663/2000 venía a complementar tanto la Ley 54/1997, así como el aún vigente en aquella fecha RD 2818/1998 del ministro Piqué, en el cual se regulaba el procedimiento de inclusión de una instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial, su régimen económico o la condiciones de entrega de la energía eléctrica producida en esas instalaciones. También se establece que las instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía solar, tendrán normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas especificas respecto de las restantes instalaciones de régimen especial, respetando los criterios generales regulados en la disposición.

Este Real Decreto entró en funcionamiento y fue de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión. Este Real Decreto fue derogado el 18 de noviembre de 2011, dos días antes de las elecciones generales en las cuales resultó con mayoría absoluta ganador Mariano Rajoy. Quizás ahora entendamos las declaraciones efectuadas a primeros de mayo 2014 del ex ministro Miguel Sebastián sobre la Industria Fotovoltaica.

Retomando el objetivo de interpretación normativa que nos ocupa en este apartado, comprobamos que coexistencia de ambos Reales Decretos, lo cual generó múltiples confusiones antes los interesados en instalaciones eléctricas de origen fotovoltaico. Sin embargo la apuesta empresarial española por contribuir a esta tecnología fue decidida y firme, pues tanto el RD 2818/1998 como el RD 1663/2000 abrieron las puertas de la regulación administrativa del mercado fotovoltaico español, permitiendo acceder a primas especificas. Esto no impidió que existiera un alto grado de confusión en torno a lo que realmente sucediera desde entonces. Por un lado eran bastantes los sistemas que permanecían sin regularizar, mientras que por otro lado existía un amplio distanciamiento entre la producción energética que anunciaban las empresas fotovoltaicas y la que refleja la contabilidad oficial del sistema eléctrico español, siendo responsable en aquellas fechas la Comisión Nacional de la Electricidad.

Esta situación generó en el seno del sector la necesidad de crear un Observatorio Fotovoltaico a nivel nacional, como instrumento de clarificación de la realidad de la misma, y de apoyo al proceso de integración de la tecnología fotovoltaica a la Red y contribuir a la aceleración de la curva de aprendizaje. El inicio de la actividad fotovoltaica supuso una serie de intromisiones por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). En relación a los informes que comenzaba a emitir la recién constituida Comisión Nacional de Energía (CNE), lo cual constituía la única información disponible sobre el estado global de la conexión fotovoltaica a la Red en España. De hecho las cifras del IDAE en consonancia con el criterio de subvención, atienden a la potencia nominal de los generadores pero no contemplaban la energía que se inyectaba a la Red, mientras que los datos suministrados por la CNE si contabilizaban esa energía en consonancia con los criterios de conexión.

Esta acumulación de incertidumbre generó por parte del grupo de Energía Solar de la Universidad de Jaén (GES-UJ) junto con el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) la decisión de emprender actividades conducentes al establecimiento formal del anteriormente mencionado Observatorio Fotovoltaico. Todos estos factores forman parte de la denominada ‘curva de aprendizaje’ pues el proceso de industrialización de la energía fotovoltaica ya no tiene punto de retorno, tan solo es cuestión de avanzar, y cuanto más rápido mejor para todos, el país, la sociedad y su industria. Analizado lo anteriormente expuesto, y desde la perspectiva política, hay un ir y venir en la toma de decisiones sobre la energía fotovoltaica, pues no es necesario que mencione aquí ahora la gran incomodidad que le suponía a las empresas eléctricas tradicionales que se pudiera comenzar a desarrollar una nueva tecnología que pudiera, en un futuro próximo, reemplazar a sus tradicionales sistemas de generación eléctrica.

Todo este conjunto de normativas e iniciativas relatados al momento, da origen al “Plan de Fomento de las Energías Renovables en España”, por lo que el 30 de diciembre de 1999 el Consejo de Ministros, presidido por José Mª Aznar, toma el acuerdo por el que se aprueba el plan de Fomento de las Energías Renovables para el periodo 2000-2010. El citado Plan recoge los principales elementos y orientaciones que pueden considerarse relevantes en la articulación de una estrategia para que el crecimiento de cada una de las áreas de energías renovables pueda cubrir, en su conjunto, cuando menos el 12% del consumo de energía primaria en el año 2010.

El Plan de Fomento se elabora como respuesta al compromiso que emana de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se define el objetivo de crecimiento a alcanzar por las energías renovables. El documento se ha desarrollado bajo los auspicios de la Secretaría de Estado de Industria y Energía y elaborado a través del organismo técnico Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. El documento se estructura en nueve capítulos, a lo largo de los cuales se presenta, no solo la situación actual y las previsiones para los próximos años en cuanto a consumo de energías renovables y a mecanismos y fuentes de financiación que sustentan los objetivos de crecimiento, sino también el estado de las tecnologías de aprovechamiento de los recursos renovables y las barreras que limitan la penetración de estas fuentes en un mercado cada vez más liberalizado.

El Plan abre la discusión en torno a los Imperativos para el Desarrollo de las Energías Renovables, tratando de exponer las razones que motivan la elaboración del mismo y la puesta en marcha de los mecanismos que posibilitan el cumplimiento de los objetivos en él enunciados. En él se determina cómo las medidas dirigidas a fomentar el uso de las energías renovables en España, además de apoyar objetivos básicos de la política energética y de facilitar el cumplimiento de normativas de carácter medioambiental, crean oportunidades para la inversión en nuevas actividades económicas, contribuyendo paralelamente a la cohesión económica y social y a un desarrollo económico sostenible.

Vistas las razones de carácter general, y bajo el título Contexto Energético y Perspectivas en el Horizonte del Plan, se describen los principales elementos que caracterizan el marco energético general, con referencia a los factores de tipo social, político, técnico y económico que están modificando las pautas de consumo de energía, así como sus formas de producción y abastecimiento. El citado Plan recoge los principales elementos y orientaciones que pueden considerarse relevantes en la articulación de una estrategia para que el crecimiento de cada una de las áreas de energías renovables pueda cubrir, en su conjunto, cuando menos el 20% del consumo de energía primaria en el año 2010. El Plan de Fomento se elabora como respuesta al compromiso que emana de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, diseñada por el gobierno de José Mª Aznar, en la que se define el objetivo de crecimiento a alcanzar por las energías renovables. El documento se ha desarrollado bajo la tutela de la Secretaría de Estado de Industria y Energía y elaborado a través del organismo técnico Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El documento se estructura en nueve capítulos, a lo largo de los cuales se presenta, no solo la situación actual y las previsiones para los próximos años en cuanto a consumo de energías renovables y a mecanismos y fuentes de financiación que sustentan los objetivos de crecimiento, sino también el estado de las tecnologías de aprovechamiento de los recursos renovables y las barreras que limitan la penetración de estas fuentes en un mercado cada vez más liberalizado. El Plan abre la discusión en torno a los Imperativos para el Desarrollo de las Energías Renovables, tratando de exponer las razones que motivan la elaboración del mismo y la puesta en marcha de los mecanismos que posibilitan el cumplimiento de los objetivos en él enunciados. En él se determina cómo las medidas dirigidas a fomentar el uso de las energías renovables en España, además de apoyar objetivos básicos de la política energética y de facilitar el cumplimiento de normativas de carácter medioambiental, crean oportunidades para la inversión en nuevas actividades económicas, contribuyendo paralelamente a la cohesión económica y social y a un desarrollo económico sostenible.

Fue en el Consejo de Ministros del 30 diciembre 1999 cuando se tomó el Acuerdo para la aprobación del mencionado Plan de Energías Renovables.

Las líneas generales de este Plan fueron las siguientes:

Se trata de una planificación de carácter indicativo que recoge los principales elementos y orientaciones para la articulación de una estrategia que logre que el crecimiento de cada una de las áreas de energías renovables pueda cubrir, en su conjunto, al menos el 12 por 100 del consumo de energía primaria en España en el año 2010, que es el objetivo que recoge la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

Así, las energías renovables en el año 2010 deberán aportar al abastecimiento nacional 16,6 millones de tep, frente a los 7,1 millones de tep actuales. Este objetivo implica duplicar la participación de estas energías en el consumo de energía primaria.

La planificación propuesta tiene un marcado carácter indicativo al definirse en un contexto, en el marco de la UE, de liberación creciente hacia un Mercado Único de la energía.

Sin embargo, por su carácter estratégico y beneficios intrínsecos, presentes en diversos ámbitos, a las energías renovables se les otorga un tratamiento específico diferenciado.

De las ventajas de las renovables destacan:

Su carácter autóctono.

La disminución sustancial de impactos medioambientales que su uso produce.

Su contribución al equilibrio estratégico del suministro de energía.

La infraestructura que para un desarrollo futuro sostenible representan.

Con la ejecución de este Plan, además de cubrirse el 12,3 por 100 de la demanda total de energía en España en el año 2010 con energías renovables, se consiguen los principales objetivos trazados para la política energética nacional: la diversificación de las fuentes primarias para garantizar la seguridad en el suministro energético, la eficiencia en su utilización y el respeto al medio ambiente.

Por otro lado, el Plan de Fomento se revela como un instrumento indispensable para alcanzar los compromisos adquiridos por España en el campo medioambiental, en concreto en materia de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Efectos esperados

Como principales efectos derivados de la ejecución del Plan cabe citar:

El Plan pretende movilizar una inversión de 1.689.150 millones de pesetas en el período 1999-2006, de los que el 70 por 100 será aportado por financiación privada ajena a través de entidades y fórmulas ya utilizadas en el sector energético; el 17 por 100 por los propios promotores, y el 13 por 100 restante por ayudas públicas de procedencia nacional y comunitaria.

Fortalecimiento y conformación de un moderno tejido industrial para el sector a través del desarrollo y la puesta en el mercado de tecnologías propias que producirán unos efectos de importancia creciente sobre la exportación. Se podría establecer en más de 1.000 el número de empresas que hasta el año 2006 pueden surgir para el aprovechamiento directo de las energías renovables, lo que contribuirá de forma efectiva a la creación de empleo.

El ahorro de emisiones de CO2 derivado de la ejecución del Plan se ha estimado entre 19,5 y 41,5 millones de toneladas en el año 2010, según las fuentes de energías renovables sustituyan, respectivamente, al gas natural o al carbón para la generación de energía eléctrica.

Las energías y áreas técnicas que considera el Plan son: biomasa, de la cual se aprovecha su contenido energético en una primera transformación (residuos agrícolas, forestales, cultivos energéticos, etcétera) o en una segunda etapa (residuos animales transformados a biogás, biocarburantes, etcétera); eólica; aprovechamiento de la energía cinética del viento; hidráulica, aprovechamiento de la energía potencial del agua; solar: energía solar térmica en sus diversas transformaciones (pasiva, directa y termoeléctrica) y fotovoltaica; y valorización energética de residuos urbanos (biogás, sólidos, etcétera).

Oportunidad del Plan

El Plan representa para España una oportunidad de futuro, ya que se elabora en un momento estratégico en el que coincide la maduración de diversas tecnologías que han competido en encontrar un espacio propio y de confianza del mercado.

Además, aparece en el momento de definición de un nuevo período de programación de la estrategia de fondos estructurales de la UE (el más largo de su historia, con siete años) y que en períodos anteriores han contribuido de forma decidida al desarrollo de las energías renovables.

Asimismo, si se orienta y concentra la política común de las renovables siguiendo las líneas señaladas en el Plan, podrá ponerse en el mercado tecnologías emergentes y otras que, aun estando maduras, se resisten a lograr un mercado importante.

El Plan se diseña, por tanto, con voluntad de alcanzar una participación creciente y sostenible de las energías renovables en el suministro energético futuro.

El Consejo de Ministros fue presidido por José Mª Aznar.

Sin embargo, es relevante la posterior Rueda de Prensa habitual a todo Consejo de Ministros, en este caso representando al Gobierno interviene Josep Piqué Ministro de Industria. En ella, se expone que el Consejo de Ministros ha acordado promover la instalación de sistemas de captación solar para agua caliente sanitaria en todos los edificios de la Administración General del Estado de nueva construcción, de tal forma que permita cubrir, al menos, el 60 por 100 de las necesidades del edificio. En los que estén ya construidos, esta iniciativa se aplicará siempre que, lógicamente, resulte viable técnicamente y especialmente cuando esté en proceso de rehabilitación. Los edificios públicos de mayor potencial son los hospitales, los centros penitenciarios y los centros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta decisión finalmente no llegó ni al 10% de las edificaciones públicas. Todo un montaje del Sr. Piqué.

Continúa la rueda de prensa y se indica que en los próximos cinco años se instalarán más de 120.000 metros cuadrados de paneles, que representan un 8 por 100 del objetivo del Plan de Fomento de las Energías Renovables que se ha aprobado hoy, y que después también será objeto de comentario y de exposición. La inversión estimada es de 1.200 millones de pesetas anuales y el ahorro económico puede alcanzar los 750 millones de pesetas anuales, con un ahorro de energía de 9.400 toneladas equivalentes de petróleo y una disminución de emisiones de CO2 estimada en 25.788 toneladas/año. Sin comentarios. Otro de los habituales montajes que los políticos usan en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros.

Con suma precisión expone el Ministro Piqué en la rueda de prensa que este Plan responde a las disposiciones legales, en concreto, a una disposición transitoria de la Ley del Sector Eléctrico, que lleva al Gobierno a aprobar, de aquí al año 2010, un Plan de Fomento de las Energías Renovables. Lo que se persigue es algo tan importante y tan ambicioso como duplicar el porcentaje de energía eléctrica que se produce en España a partir de las fuentes de energía renovables. ¡¡ Qué gran sorpresa ¡¡ el Gobierno de Aznar apostando por las energías renovables a unos niveles faraónicos, casi imposible de creer hoy en día.

Continúa exponiendo el Ministro que en estos momentos estamos aproximadamente en el 6'2 por 100, que corresponde a energías renovables de todo tipo. Eso significa la biomasa, significa la energía eólica, significa la energía solar, significa la energía hidráulica, etcétera, y significa también la valorización, por ejemplo, de los residuos urbanos para producir electricidad y que es objeto de tratamiento específico en el Plan de Tratamiento de Residuos Urbanos, que muy próximamente será aprobado también por el Gobierno y presentado por la Ministra de Medio Ambiente, y que, en términos relativos, dado que va a haber un incremento de demanda de aquí a entonces, supone multiplicar por 2'3 veces la actual capacidad de producción de energía eléctrica en España a partir de las energías renovables. Es acorde, por lo tanto, con el objetivo que se fijó en el Libro Blanco de las Energías Renovables.

Los motivos para apoyar el desarrollo de este tipo de energías son de varios tipos: en primer lugar, lógicamente, de política energética: diversificar y reducir, por lo tanto, la dependencia energética del exterior. Manifiesta en la rueda de prensa que España importa la mayor parte de materia prima necesaria para producir electricidad y, por tanto, es bueno diversificar y tener fuentes autóctonas, y mejorar la eficiencia energética. Hay también motivos medioambientales, porque eso supone reducir de manera muy significa las emisiones de CO2 y también contribuye a reducir otros tipos de impactos, por ejemplo, la normativa sobre acidificación. Hay también un impacto socioeconómico evidente, porque estimula la innovación tecnológica, la industria de bienes de equipo. Están previstas inversiones muy importantes. Se crean nuevas empresas, se genera empleo y supone también un desarrollo potencial endógeno y de cohesión regional muy importante.

Los objetivos energéticos consisten, en palabras del Ministro Piqué, pasar del 6'2 al 12'3 por 100 del total de producción de energía primaria. Hay también unos objetivos socioeconómicos y se estima que antes del 2010 esto puede suponer la creación de 50.000 puestos de trabajo netos, y una reducción también muy importante de las emisiones de CO2 .

Desde el punto de vista de la utilización en 1998, se ve que hay una parte importante de biomasa, de centrales mini hidráulicas, de utilización de residuos sólidos urbanos, de la energía geotérmica, de la hidráulica, de la eólica, solar, y otro esquema recoge como se pretende que eso esté distribuido en el año 2010 de una manera mucho más equilibrada que la actual y que permita conseguir ese objetivo de más que duplicar la utilización de energías renovables. Eso supone unas cantidades de inversión realmente notabilísimas, y eso tiene una razón, y es que buena parte de este programa va a ser financiado con fondos comunitarios. La estimación que hemos podido hacer llega hasta el año 2006, porque es el período que está definido en la Agenda 2000 y, por tanto, del plan de financiación de la Unión Europea que fue aprobado en el semestre anterior durante la Presidencia alemana, nos permite de aquí al 2006 prever unas inversiones que superan o llegan casi a 1'6 billones de pesetas.

Por tanto, estamos hablando de un plan de una importancia extraordinaria y que se va a financiar por la vía de fondos propios aportados por los promotores por 334.000 millones de pesetas. Se han articulado mecanismos de financiación de recursos ajenos a través de acuerdos con entidades financieras, con sus diferentes modalidades, que van desde emisiones de bonos a créditos, fórmulas de capital-inversión, etcétera, por un importe de un billón ciento cincuenta y nueve mil y pico millones de pesetas; y hay una parte que, efectivamente, corresponde al apoyo público que supone una aportación de 411.000 millones de pesetas que, fundamentalmente, van a proceder de la administración comunitaria, de la Unión Europea, a través, sobre todo, de los fondos FEDER y también, en parte, de los Fondos de Cohesión. Este apoyo público se distribuye entre la subvención a la inversión y al combustible. Hay una parte de incentivos fiscales que recogen los costes de deducción fiscal de acuerdo con el régimen actual de apoyo, por ejemplo, a la innovación tecnológica, y después también hay un importe importante de primas al régimen especial de producción de energía renovables, recogidas en la Ley Eléctrica, y que permiten que puedan ser competitivas con las fuentes tradicionales y, desde luego, más contaminantes y más dependientes del exterior de producción de energía eléctrica.

La emoción se notaba en el ambiente, las semanas posteriores a la rueda de prensa los titulares de todos los medios de comunicación se hacían eco de tan importante Plan energético. Finalmente, como iremos comprobando a lo largo de este libro, las cosas fueron completamente distintas, sobre todo porque en esa misma rueda de prensa, se presenta el Real Decreto por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2000, la cual pasa con disimulo al ser eclipsada por la magnífica noticia anteriormente detallada.

La presentación de este R.D. tuvo, en resumen,  la siguiente exposición:

Este R.D. se enmarca de cara al año 2000, en lo que ha sido la aplicación de la liberalización del sector eléctrico en España a partir de la Ley Eléctrica, y antes la aplicación del llamado Protocolo Eléctrico.

Con una muy breve exposición de lo que ha sido el proceso de liberalización del sector eléctrico en España, el ministro Piqué expone los niveles de consumos anuales a partir de los cuales se pueden crear consumidores cualificados, es decir, aquellos consumidores que pueden escoger libremente a quien le compran la electricidad, y que la Directiva europea sitúa en 40 Kw hora/año hasta prácticamente octubre de 1999, y después hay todo un proceso que llega hasta el 2004 y que nunca afecta a los consumidores domésticos.

La Directiva comunitaria no considera la posibilidad de liberar la electricidad para los consumidores domésticos. Eso lo diferencia claramente de la ley española, de la Ley Eléctrica, que empieza con unos niveles de consumo muchísimo más bajos --en lugar de 40, 15-- y que iba disminuyendo con el tiempo, hasta alcanzar a todos los consumidores, incluidos los domésticos, en el año 2007. A raíz de la propia marcha del proceso de liberalización, van a poder ser ya consumidores cualificados y además van a poder escoger libremente a quien le compran la electricidad. Eso, desde el punto de vista de los porcentajes de mercado, supone algo muy importante.

Muchas veces hay una imagen del sector eléctrico en España muy ligado a las grandes compañías, expone el ministro Piqué, pero esconde una realidad. Hay 212 compañías distribuidoras; 120 compañías comercializadoras, que se crean a raíz de la Ley del Sector Eléctrico y, por lo tanto, en muy poco tiempo se ha puesto en marcha una cantidad muy importante. De los ocho mil y pico consumidores cualificados teóricos que en estos momentos que permite la Ley, 6.000 han hecho ya utilización expresa de la capacidad de elegir libremente el suministrador, por lo tanto, un porcentaje muy importante, que está creciendo además muy rápidamente; y, además, como es conocido, hay varios agentes externos que están autorizados y que pueden comerciar la electricidad libremente en España.

Uno de los efectos más importantes de la liberalización es lo que está sucediendo en la inversión en el sector. Para tener una referencia de lo que eso significa, durante el período de vigencia del Marco Legal Estable (MLE) apenas se abrieron nuevas capacidades de generación por una capacidad algo superior a los 1.000 megavatios. En estos momentos hay solicitudes de nueva generación, que se reparten entre centrales de ciclo combinado con base al gas natural y energías renovables, por una capacidad de más de 16.000 megavatios de potencia.

Eso, para que se tenga una idea, significa, más o menos, un tercio de la actual capacidad de generación instalada y eso significa, que la liberalización ha supuesto un cambio cualitativo muy importante en este terreno, que además beneficia, como es lógico, al empleo, a la industria de bienes de equipo y, en general, a la industria de la construcción, y que va a permitir la modernización de un parque eléctrico que, en gran medida, había quedado enormemente obsoleto por un MLE que, como financiaba al 100 por 100 las inversiones existentes y, por lo tanto, significaba disponer de uno de los precios de la energía eléctrica más caros del mundo durante muchísimos años, había hecho también que no hubiera ningún incentivo a las nuevas inversiones. La previsión que se estimaba para el año 2000, supone una rebaja muy cercana al 5 por 100. En cualquier caso, si se comparara con el 1 de enero de 1999, también estaría situado en torno al 5'5 por 100.

Si se ve ya con una cierta perspectiva histórica, porque una cosa son las bajadas que tenemos desde el año 1997 y la otra es la comparación con lo que sucedía con las tarifas anteriormente y, en concreto, hasta 1996, en la que se congelaron las tarifas; venimos de incremento de tarifas que, en toda la década, en algunos momentos han estado en torno al 6 por 100 y, en cualquier caso, siempre, por supuesto, incrementos positivos en términos nominales y a los que, si les añadimos la inflación, evidentemente, en general suponían también incrementos en términos reales. Desde el punto de vista del impacto sobre el mercado, se ve la evolución del consumo de energía eléctrica ya liberalizado a través de las compras de comercializadores y consumidores cualificados y los agentes externos. Se ve que, a partir de un determinado momento, que es cuando se toma la decisión de acelerar la liberalización, hay un gran incremento, que además en estos momentos es todavía más acelerado, en cuanto a paso de consumidores que estaban sometidos a tarifa a consumidores que escogen libremente su suministrador.

Todo eso configura, del año 1997 al año 2000, una evolución de tarifas, en términos nominales, del 3 por 100, del 3'63 por 100, del 5'57 por 100 y del 4'85 por 100, y que, en términos reales, añadiendo el IPC de cada año, sitúa una reducción, en términos reales, del precio del kilovatio/hora en estos cuatro años que aproximadamente es de un 25 por 100.

El precio de la electricidad en promedio en España en estos cuatro años ha bajado en una cuarta parte, que realmente es algo que era completamente inverosímil pensarlo hace apenas esos mismos cuatro años.

Apuntando ya al Real Decreto aprobado, la decisión que se ha tomado es, primero, respetar lo establecido en el Protocolo Eléctrico, que preveía para el año 2000 una disminución global de los consumidores a tarifa del 1 por 100. Pero eso se reparte entre consumidores de baja tensión y los de alta tensión y, por otra parte, hay que tener en cuenta la disminución de precios para los consumidores cualificados que están en el mercado y que pueden negociar directamente con las compañías. Expone el ministro que se ha hecho una distribución que beneficia, fundamentalmente, a las tarifas domésticas. O sea, las tarifas domésticas se rebajan, en términos nominales, un 2'11 por 100, lo que implica, por lo tanto, una rebaja en términos reales del precio del kilovatio/hora para cualquier consumidor doméstico español de más de un 4 por 100 este año, y que se añade a las reducciones que antes hemos visto de años anteriores.

El resto de tarifas de baja tensión, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, se congelan y, por consiguiente, se reducen un 2 por 100 en términos reales y, en términos nominales, quedan exactamente igual que en 1999. Eso hace que la reducción del conjunto de los consumidores en baja tensión sea del 1'45 por 100. En cuanto a la alta tensión, para los distribuidores las tarifas se congelan; también se congela la de los grandes consumidores, porque son grandes consumidores en los que el coste de la electricidad supone un elemento de competitividad imprescindible a nivel internacional. Estamos hablando ahora de sectores como el aluminio, el acero o el cinc producido por vía electrolítica, y se congelan de nuevo las tarifas para no perjudicarles en su competitividad internacional.

Para el resto de consumidores de alta tensión lo que se hace es mantener el precio en términos reales; es decir, se incrementa un 2 por 100, que es exactamente la previsión de inflación. Eso tiene una explicación, porque alguien podría pensar por qué esa aproximación discriminatoria. De lo que se trata, por lo tanto, es, de alguna manera, de incentivar ese pase del sistema de tarifa a la libre competencia para el conjunto de los consumidores de alta tensión. Todo eso en promedio, por lo tanto, lleva a una reducción del conjunto de la tarifa del 1 por 100.

Afirma el ministro que también es una absoluta evidencia que las empresas eléctricas recibieran un tratamiento privilegiado y enormemente beneficioso de los Gobiernos españoles hasta 1996. A partir de 1997 lo que sucede es justo lo contrario: el esfuerzo que se pide de reducción de los ingresos en el sector eléctrico es muy superior a lo que ha representado de reducción de costes financieros la evolución de los tipos de interés. Por lo tanto, ahora sí se les están pidiendo, desde hace cuatro años, esfuerzos realmente importantes a un sector que, por otra parte, tenía que reaccionar, en términos de competencia, de lo que ha sido una larguísima historia de monopolio e intervencionismo que ha caracterizado al sector eléctrico durante tantísimos años. Todo eso en términos de ahorro. Para los consumidores, desde el año 1997, incluida, por lo tanto, la previsión del 2000, ¿qué ha representado? eso es ahorro para los consumidores en el sentido de menos ingresos de las compañías eléctricas durante estos años, teniendo en cuenta que se hubieran mantenido los precios del año 1997. Como no ha sido así y han bajado desde entonces, el ahorro para los consumidores y el menor ingreso para el sector eléctrico, incluidos los famosos CTCs, que normalmente son muy mal entendidos pero que tienen una lógica, explica que se hayan podido ahorrar casi 375.000 millones de pesetas los españoles en estos cuatro años a la hora de comprar la electricidad.

Todo esto explica que, a pesar del enorme crecimiento de los precios energéticos, derivados fundamentalmente del precio del crudo, la contribución de la energía al diferencial de inflación con Europa haya sido prácticamente cero a lo largo de 1997, 1998 y 1999, y que, en cualquier caso, la contribución de la electricidad al diferencial ha sido siempre una contribución negativa; es decir, la evolución de la electricidad en España ha sido mucho mejor, es decir, ha bajado mucho más, que en el conjunto de la Unión Europea, disminuyendo el diferencial de inflación entre media décima y una décima desde enero de 1998 al momento actual. Le puedo garantizar, querido lector, que el núcleo fundamental de la rueda de prensa del Ministro Piqué es puro teatro, como ahora podremos comprobar.

El déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que pagamos por la luz y lo que cuesta producirla: es la "diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico (establecidos por los gobiernos) y lo que el sistema ingresa vía tarifas", algo completamente distinto.

Los costes reconocidos son cuestión política, al igual que la tarifa, y por tanto el déficit de tarifa es también una cuestión política. Así de simple.

Al día siguiente se publica en el BOE el R.D. 2066/1999, de 30 diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2000. Este RD llegó para destrozar todo el sistema eléctrico en España. Hasta el extremo que la propia Comisión Nacional de Energía (CNE), todavía no contaminada por el gobierno de Aznar, indicó en su informe 14-2001 una serie de evidencias que luego expondré. Primero  quiero volver al RD que regula la actividad del Transporte y la Distribución de la Electricidad. Estos costes, dice el RD, seguirán siendo fijados administrativamente, es decir por el gobierno, con el fin de evitar así el posible abuso de  las posiciones de dominio determinadas por la existencia de una única red de distribución eléctrica.

Establece la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 que la retribución de la actividad de distribución se establecerá reglamentariamente y permitirá fijar la retribución que haya de corresponder a cada sujeto atendiendo a los siguientes criterios: costes de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones, energía circulada, modelo que caracterice las zonas de distribución, los incentivos que correspondan por la calidad del suministro y la reducción de las pérdidas, así como otros costes necesarios para desarrollar la actividad.

Ahora llega una de las preguntas más importantes de este libro:

¿Quien, como, cuando, bajo qué criterios económicos, dice el gobierno mediante RD cuál es el importe correspondiente a los “costes reconocidos” para el Transporte y para la Distribución?

¿De dónde se saca el ministro Piqué la cifra de 429.175.000.000 pesetas?

¿Y la retribución por la comercialización por importe 40.660.000.000 ptas.?

Ahora vuelvo al informe mencionado de la CNE 14-2001, el cual nos sorprende con esta ‘joya’ que a continuación reproduzco:

La regulación económica de la actividad de Transporte que se establece en el RD 2819/1998, así como el de Distribución, tendría como resultado un exceso retributivo de dichas actividades, por cuanto se reconocen los costes de las nuevas inversiones de manera sobrevalorada, y no se tiene en cuenta el cierre de instalaciones o la existencia de instalaciones que siguen funcionando en la actualidad y que ya han superado la vida útil. Todas estas consideraciones llevan a proponer una revisión del modelo de retribución tanto al Transporte como a la Distribución de manera urgente, en la cual se deberían considerar otros aspectos relativos a las actividades de diversificación que se realizan utilizando instalaciones eléctricas de transporte, que han sido financiados por los consumidores de energía eléctrica.

Ahora ya vamos comprendiendo porque el gobierno de Rajoy ha cerrado la CNE y ha montado un chiringuito como ‘órgano Súper-regulador’ en cuyo consejo de Administración se sientan miembros del gobierno. Todo controlado.

Vamos a decirlo con otras palabras, y siempre en relación al ‘déficit de tarifa’; si este existe es porque el gobierno de turno lo permite. Tan solo tiene que reducir los costes de Distribución y Transporte (como en otros años si lo hizo, lo hemos comprobado en anteriores capítulos) y jamás tendríamos el denominado ‘déficit de tarifa’. Pero claro, entonces no existirían puertas giratorias, no existiría el Fondo de Titulación del Déficit de Tarifa y la banca no ganaría sus multimillonarios beneficios por algo que es ‘humo’.

Los Costes de Distribución; el grifo de los Gobiernos para jugar con su ‘Déficit de Tarifa’

La metodología de retribución de las empresas distribuidoras en España fue establecida administrativamente por el Gobierno en el RD 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. Por tanto, la cantidad de la “bolsa” global se modificaba cada año en función del IPC y de diversos factores que se aplicaban sobre la estimación del aumento de la demanda, la mejora de la eficiencia y la reducción de pérdidas. En definitiva, el antiguo esquema retributivo de la actividad de distribución en España se basaba en el reparto de una “bolsa única” entre las empresas distribuidoras en función de unos porcentajes fijados administrativamente.

En otras palabras, han sido siempre los gobiernos de España los que indicaban el importe correspondiente a las partidas ‘Transporte’ y “Distribución”. Por lo tanto cabe preguntarse, si el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial está en manos del gobierno de turno, ¿qué defensa tiene el ciudadano ante el abuso cometido por la industria eléctrica en connivencia con el gobierno?

¿Se puede considerar un Delito de Estado que los diversos gobiernos de España no hayan tenido en cuenta todo lo expuesto a este momento?

El gobierno de Aznar no solamente engendró el denominado ‘Déficit de Tarifa’ si no que además hizo una perversa liberalización del sector eléctrico, haciendo ver a la sociedad que esto llevaba a una importante reducción de los precios de la electricidad al permitir incorporarse más compañías eléctricas, lo cual terminó siendo falso. Hasta el extremo que la última compañía eléctrica española propietaria del Estado Español, ENDESA, ha terminado siendo propiedad del Estado Italiano.

Los sectores tecnológicos españoles se rebelaron contra esta falta de visión de futuro que siempre pretendía irradiar el Presidente Aznar, y con un golpe de efecto mediático, ordenó instalar una pérgola fotovoltaica en el palacio de la Moncloa.

Con esta acción, Aznar pasaba a convertirse en el mecenas de la Energía Fotovoltaica en España, anunciando en la inauguración que el Consejo de Ministros había aprobado un Real Decreto por el que empresas y particulares podrán vender parte de la energía que generan con sus paneles solares fotovoltaicos.

“Es un paso muy importante, tal vez decisivo, para la extensión de la energía solar en España” matizó el Presidente del Gobierno. El Real Decreto “es un instrumento clave” confirmaba Aznar ante los medios de comunicación instalados bajo la pérgola de la Moncloa, con el que se permitirá que todos los hogares y empresas puedan poner en marcha proyectos como el  que hoy inauguramos en los Jardines del complejo de la Moncloa, afirmaba el Presidente Aznar. Acompañado por el actual imputado Jaume Matas, la Comisaria de Transportes de la Unión Europea; Loyola del Palacio, Federico Trillo y otros altos cargos. Aznar recordó que el Real Decreto forma parte del Plan Nacional de Fomento de las Energías Renovables, destacando que la energía solar fotovoltaica ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos del Plan de Fomento de Energías Renovables. En palabras de Aznar, este Plan prevé la instalación que en 10 años las energías limpias constituyan un 12% del total del consumo energético.

En el BOE de ese mismo día, 30 septiembre 2000, se publicaba el Real Decreto 1663/2000, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, sobre el cual ya he expuesto comentarios anteriores en este libro. Sin embargo este RD no fue más que un gesto hacia Europa que nos reclamaba una maniobra normativa respecto a los pactos de Kioto. Simplemente. Fueron muchos los sectores que estuvieron recordando al Presidente Aznar que no se estaban realizando los compromisos establecidos en las normativas que hemos repasado a este momento, y la presión mediática comenzaba a surtir efectos. Fue el 21 de junio de 2001, Día del Sol, cuando varias asociaciones se dirigieron al Presidente Aznar, destacando el escrito que reproduzco a continuación, elaborado por el Presidente de ASIF D. Ignacio Rosales de Fontcuberta:

Querido Presidente:

La Asociación de la Industria Fotovoltaica quiere transmitirle la preocupación que tiene este sector por la falta de resultados obtenidos por los dos Reales Decretos que pretenden desarrollar la energía solar eléctrica en España.

El Plan de Fomento para las Energías Renovables, en su sección solar fotovoltaica, es un ejemplo de programa de intenciones bien elaborado y ambicioso en sus objetivos.

Actualmente es muy difícil llevar a la práctica la legislación que regula la producción de esta energía conectada a la red de distribución, debido principalmente a las dificultades burocráticas y administrativas existentes en las tres Administraciones Públicas, General del Estado, Autonómica y Local.

Usted ya conoce lo laborioso y lento que resulta movilizar al sector eléctrico convencional con nuevos conceptos de generación eléctrica renovable tan necesarios para conseguir en España mayores niveles de ahorro y eficiencia energética. Este cambio de actitud, a punto de ser conseguido, sin la legislación que su equipo de gobierno ha propiciado, hubiera sido imposible. La implantación de la energía solar eléctrica, fotovoltaica, en España pasa indefectiblemente por el apoyo institucional y su aceptación por las empresas de distribución.

Nuestra opinión es compartida por la Comisión Nacional de Energía. En su último informe lo indica con claridad: "…si se mantiene este mismo ritmo de crecimiento en los próximos años, el objetivo marcado por el Plan de Fomento de las Energías Renovables (144 MW) difícilmente será alcanzado en el año 2010".

En opinión de ASIF, la posibilidad de alcanzar 50 MW conectados a red y facturando (objetivo determinado por su gobierno con las primas actuales de 66 ptas. kWh y 36 ptas. kWh), al ritmo de los dos últimos años, se conseguiría más allá del año 2.400 ¡! Alemania lo ha conseguido en un año y tres meses.

Quien responsabilizara a estas primas de los incrementos del IPC demostraría desconocer este dato: cuando se alcancen los 50 MW en instalaciones menores de 5 KWp, la incidencia de la producción fotovoltaica en el precio de la energía eléctrica será de 0,00000015 euros/kWh (0,000025 pesetas/kWh).

Con los niveles de insolación existentes en España, sería un despropósito no seguir los pasos de otros países con menos horas de sol, pero con más agilidad administrativa.

Demostrado su apoyo a esta energía limpia, al haber permitido la construcción de la Pérgola de la Moncloa, nos dirigimos a Usted para solicitarle su indispensable y más entusiasta colaboración en la supresión de las actuales barreras administrativas existentes, apoyando la implementación de nuevas medidas eficaces que permitan situar a España en el nivel que le corresponde, por otro lado realmente posible, ya que goza de una industria reconocida mundialmente, en permanente ampliación y creación de empleo cualificado, con exportaciones superiores al 80% de su producción y con capacidad de instalar más megavatios de los que el mercado español le puede demandar.

Aprovechamos esta ocasión para ponernos a su entera disposición en la búsqueda de soluciones que permitan cambiar el ritmo de aplicación real de las políticas energéticas fotovoltaicas vigentes, diseñadas por su equipo de gobierno.

Quedando agradecido de antemano por su interés, le saluda cordialmente.

Ignacio Rosales de Fontcuberta

Asociación ASIF

La presión sobre Aznar fue de tal envergadura que llego a declarar bajo la pérgola fotovoltaica de la Moncloa, el propio presidente, junto al ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el de Medio Ambiente, Jaume Matas, que se ha esbozado una propuesta de modelo que integre el progreso económico, el desarrollo social y la protección de los recursos naturales. Entre esos mecanismos se ha hablado de una apuesta por las energías renovables, que va a necesitar algo más que buenas intenciones. Y así fue, el Presidente Aznar realizó un importante movimiento político al presentar personalmente la Inauguración de la nueva sede del Instituto de Diversificación y ahorro de Energía (IDAE), el día 17 de febrero de 2001.

Considero relevante por su importancia que se reproduzca las propias palabras de Aznar en esta inauguración, pues delata fielmente su falsa implicación por la industria fotovoltaica:

Señor Vicepresidente del Gobierno, señora Ministra de Medio Ambiente, señor Secretario de Estado, señoras y señores.

Para mí es una gran satisfacción abrir hoy este nuevo edificio, sede del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Por cierto, me ha gustado mucho, es muy bonito. Quiero felicitar a los que lo han hecho y, además de eso, produce  una sana envidia al visitarlo y, además de eso, tiene una historia muy interesante, ligada al siglo XVII, de distintas historias de amor, que siempre son muy interesantes.

Este edificio, además, tiene una virtud, que a mí me gusta y que es la coherencia entre lo que se propugna y lo que uno mismo hace; en este caso en relación con el uso eficiente de la energía, cosa que, por ejemplo, yo no he conseguido en mi casa actual, donde vas de un lado a otro y pasas un frío o un calor, depende del sitio al que vayas.

En cambio, aquí se nota que la cosa está mucho mejor conseguida, como corresponde al propio nombre del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, y además se nota que depende del Ministerio de Economía, lo cual también es muy importante.

Este Instituto se ocupa de apoyar y difundir las políticas del Gobierno para hacer de España un país más avanzado en el ahorro y en el uso eficiente de la energía; un país, como el nuestro, que ha hecho una clara apuesta por las energías renovables y más comprometidas con el desarrollo sostenible.

En estos años España, sin duda, ha cambiado en muchas cosas y una de ellas se refiere específicamente a esta cuestión. Ahora ya no sólo hay más interés público por las energías renovables, sino que ese interés se manifiesta en realidades muy concretas, muchas de las cuales forman parte ya del paisaje normal de España.

Por ejemplo, en 1995 la fuerza del viento generaba en España unos 190 gigavatios/hora; hoy todos esos parques eólicos que vemos en toda España generan 10.000 gigavatios/hora; es decir, en estos años la energía eólica en España se ha multiplicado por 52. Quiero destacar con ello que España es hoy la tercera potencia eólica mundial, solamente por detrás de Alemania y de los Estados Unidos.

Siempre hemos sido un país con una buena cantidad de energía hidroeléctrica. A medida que vamos mejorando la tecnología, vamos también extendiendo el uso de la energía solar y en 1995 la generación eléctrica con energía solar fotovoltaica fue sólo de 12 gigavatios/hora; en 2002 esa generación se había multiplicado por 2,5 veces, hasta los 31 gigavatios/hora.

Hoy España es uno de los primeros países del mundo en el sector de las energías renovables. Más de mil empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, operan en este sector con una repercusión económica muy positiva.

También quiero decir que somos una gran potencia mundial en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos y que nuestra industria está a la cabeza de fabricación de biocarburantes para la sustitución de combustibles fósiles en el transporte y conseguirlo hacer de esta manera más ecológico.

Después de todo esto que les he dicho, quiero decir que somos muy conscientes de que tenemos que seguir avanzando y tenemos un largo camino que recorrer, porque estamos lejos aún de dónde aspiramos a estar, que es entre los países más avanzados del mundo en el uso eficiente de la energía.

Los avances que hemos obtenido, sin duda, nos animan a seguir trabajando y estamos viendo los primeros buenos frutos de la apuesta por las energías renovables. Durante todos estos años hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para diversificar abastecimiento y ser más eficientes en el uso de la energía, con unos objetivos muy concretos: garantizar nuestro suministro energético, reducir nuestra dependencia exterior, mejorar nuestra competitividad y proteger nuestro entorno.

Entre estas iniciativas está el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Como ha dicho el señor Vicepresidente, tenemos un marco que garantiza el sistema retributivo de las energías renovables, dotándolas de mayor estabilidad y certidumbre a largo plazo; contamos con fabricación y tecnología eólica propias de vanguardia; somos un país comprometido con el desarrollo sostenible y con la mejora de nuestra calidad de vida; y por ello sabemos que el consumo responsable de energía es un reto ineludible.

Queremos ahorrar energía y queremos ser más eficientes; queremos consumir menos energía por unidad de producción; queremos ganar en competitividad, reducir nuestra dependencia energética exterior y, al mismo tiempo, aumentar nuestra calidad de vida.

Sin duda, hay quien siempre ha considerado incompatible el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Yo siempre he pensado lo contrario y no en vano son los países más desarrollados los que mejor cuidan su entorno.

Por tanto, una de las mejores cosas que podemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente es hacer que nuestra economía crezca, es hacer que nuestro Producto Interior Bruto cada vez sea más importante. Con este objetivo hace unos meses el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética con el objetivo de lograr que haya más desarrollo sin perjuicio para el medio ambiente.

Tenemos, por lo tanto, ante nosotros un gran reto: reducir nuestras emisiones y seguir, al mismo tiempo, avanzando en la convergencia con Europa en términos de competitividad, empleo y bienestar.

Ya están muy avanzados los trabajos de elaboración de la Estrategia Española sobre el Cambio Climático; ya han sido aprobados por el Consejo Nacional del Clima, que le ha dado su apoyo, y estamos convencidos de que eso será una herramienta imprescindible para compatibilizar la competitividad de nuestras empresas con los compromisos del Protocolo de Kioto.

Yo quiero terminar esta intervención felicitando a todos los que trabajan aquí, en primer lugar; animándoles en el Instituto a que continúen desarrollando un trabajo de promoción de estas energías renovables, a que difundan ante los ciudadanos la idea de que, más allá de cualquier consigna --y todas las consignas son bastante estúpidas--, el crecimiento económico y el consumo responsable de energía se necesitan mutuamente. Ojalá cada vez haya más personas, más españoles, que así lo entiendan de un modo sensato y responsable.

Enhorabuena y muchas gracias a todos. Muy buenos días.

Creo querido lector, que poco he de añadir por mi parte a este compromiso del Presidente Aznar hacia las Energías Renovables, y más en concreto con la Fotovoltaica.

Publicado el mencionado R.D. sobre instalaciones fotovoltaicas prometido por Aznar, la realidad no concuerda con la voluntad política; los expedientes de solicitud se acumulan en el Ministerio de Industria y el cuello de botella se hace más que evidente. De cada 10 solicitudes, solamente prosperan 3. Durante los años 2002/2003 el Presidente Aznar recibe diversas amonestaciones de la Comisión Europea de Energía, pues no es comprensible que se manifieste públicamente una voluntad de apostar por la energía solar fotovoltaica, para luego no cumplirla administrativamente. Es importante destacar la falta de transposición de directivas europeas, concretamente la 2002/91/CE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, mediante la cual se pretendía obtener información sobre el consumo energético de los edificios, debido a que estos representan el 40% del gasto energético de toda la unión europea. El gobierno de Aznar hizo caso omiso a esta directiva. Era evidente, si le facilitaba el gobierno de Aznar el verdadero consumo energético de nuestros lamentables edificios a la Unión Europea, seríamos perseguidos por sanciones y restricciones por parte de esta. La voluntad política una vez más, pasa al lado oscuro.

Y después de Aznar, llegó Zapatero. Más de lo mismo.

La Energía para Aznar pasó a un segundo plano, debido a la proximidad de las elecciones de marzo-2004. Sin embargo en su programa electoral se podía comprobar mensajes del tipo:

Apoyo a las nuevas tecnologías energéticas como el hidrógeno, la energía solar, los biocarburantes y las tecnologías limpias del carbón, que reduzcan la dependencia energética exterior de nuestra economía.

Elaboraremos un programa de ejemplaridad de las administraciones públicas en el uso de la energía que contemple un ahorro del 20% del consumo de los edificios de la adrninistración en el año 2008, y la solarización a los edificios públicos y centros sanitarios antes del 31 de diciembre de 2007.

Aprobaremos el Código Técnico de la Edificación incorporando requisitos de eficiencia energética y de energías renovables, como la energía solar para todos los edificios nuevos y  los sometidos a rehabilitación.

Promoveremos que tres millones de hogares tengan acceso a agua caliente sanitaria en el 2010, generada por energía solar.

Elaboraremos un programa de ejemplaridad energética de las administraciones públicas en el uso de la energía que contemple un ahorro del 20% del consumo de los edificios de la administración en el año 2008, y la solarización a los edificios públicos y centros sanitarios antes del 31 de diciembre de 2007.

En definitiva, más de lo mismo ya conocido durante su periodo de mandato, en el cual hizo caso omiso a lo que ahora viene a promulgar en el programa electoral del PP 2004. Y en el intento de dar una muestra de sus pretensiones, se aprueba el Real Decreto 436/2004, de 12 marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Este RD tiene como pretensión hacer un guiño al sector fotovoltaico que durante 18 meses le han estado presionando para que normalice la situación de las instalaciones asignadas al denominado ‘Régimen Especial’, la actualización, sistematización y refundición de las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas sobre régimen jurídico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial recogidas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

La fotovoltaica recibe con este decreto un impulso al elevarse hasta 100 KW el límite actual de 5KW para las instalaciones que pueden beneficiarse de la máxima retribución prevista para esta tecnología. Además, Aznar pretendía con este RD vender que el gobierno se comprometía al establecimiento de un régimen económico duradero para las instalaciones acogidas al régimen especial, basado en una metodología de cálculo de la retribución, objetiva y transparente, compatible con la metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia. Cualquier gesto para conseguir votos a falta de 1 semana de las Elecciones Generales. Incluso el Consejo de Estado, en su Dictamen Nº 386/2004 tildó el proyecto de electoralista, inoportuno y fuera de tiempo.

Sin embargo llegó el desastre; el 11 de marzo de 2004 se produce el mayor atentado de la historia de España, en varias estaciones de Madrid y en Atocha. La confusión es de magnitudes impredecibles, que espero del estimable lector entienda no entrar en ello, pues no es objeto de este material que expongo. El objetivo de este RD era establecer el 575% de la tarifa eléctrica vigente para la energía solar Fotovoltaica para los siguientes 25 años actualizable y 460% los años siguientes sin límite. La idea era limitar el alcance a 380 MW fotovoltaicos conectados a red hacia 2010. La idea de dimensionar la inversión y sus ayudas económicas mediante primas a la energía fotovoltaica fue idea del gobierno de José Mª Aznar.

La decepción legislativa y reguladora de las renovables son obra de Aznar, y no de Zapatero como los medios de comunicación estuvieron durante años vendiendo a la sociedad. Zapatero cometió otros errores, unos más graves que otros, los cuales analizaremos a continuación.

Quiero manifestar en este punto, que este libro no tiene como objetivo defender a ningún partido político en concreto. Me es indiferente tanto el PSOE como el PP, no creo en ninguno de los dos. Estoy convencido que tarde o temprano, comprobaremos que son dos secciones distintas de una misma corriente política, incubado como en reiteradas ocasiones he mencionado en los Pactos de la Moncloa, en 1977. Sigamos.

Con frecuencia se afirma que las energías renovables son muy caras para descalificarlas como opción energética. Es una afirmación basada en la ignorancia de toda una serie de factores fundamentales que pueden resumirse en el siguiente principio: las energías renovables incorporan en su retribución todos los costes en que incurren mientras que las energías convencionales han externalizado la mayor parte de sus costes.

¿Qué quiere decir esto?

Que cuando el sistema eléctrico español paga un kwh renovable a una determinada cantidad, en la misma están recogidos todos los costes que ha originado su producción. Sin embargo cuando el sistema paga un kwh convencional a una cantidad inferior –que lleva a la conclusión de que estos son más baratos– en realidad la producción de los mismos ha incurrido en otros muchos gastos que la sociedad pagará no como usuario de la electricidad sino con impuestos como contribuyente.

La Herencia Fotovoltaica Recibida de Aznar. Zapatero lo hace peor.

Partiendo del programa electoral del PSOE 2004, este deja claro la apuesta firme por las energías renovables, indicando el incentivo a la generación eléctrica con energías renovables, sin olvidare del cumplimiento de Kioto mediante la eficiencia energética establecida por la Unión Europea, incrementando significativamente todas las energías limpias, en particular la energía solar. El 25 de mayo de 2004, el Ministro de Industria José Montilla expuso en la Comisión de Industria las líneas generales del nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia energética. Reproduzco parte de su ponencia, pues tiene una importancia relevante para los acontecimientos venideros en el resto de la legislatura:

Revisaremos a fondo el Plan de fomento de las energías renovables, basándonos en un análisis crítico y riguroso de los resultados que hasta ahora ha ofrecido e introduciremos todas aquellas modificaciones que sean necesarias para superar las barreras de tipo normativo, financiero y tecnológico, y las relacionadas con la información a los usuarios.

Cumpliremos con las directivas europeas, en concreto con la relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que establece que antes del 27 de octubre de 2003 los Estados miembros harán lo necesario para que el origen de la electricidad generada a partir de energías renovables pueda garantizarse como tal, y comprobaremos si el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, proporciona los medios necesarios para avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de fomento de las energías renovables.

El Ministerio de Industria dirigido por José Montilla no hizo nada de lo relatado en su ponencia, pues en septiembre de 2006 tuvo que dimitir por el escándalo en el cual fue implicado, entre otros, en la OPA de la empresa energética alemana E.ON sobre ENDESA.

Esta situación dejó en un mal aprieto al Presidente José L. Rodríguez Zapatero, quien nombro nuevo Ministro de Industria a Joan Clos, de profesión médico, quien ante el desconocimiento del sector energético, encomendó a Ignasi Nieto Magaldi, ingeniero industrial y Director Comercial de ENDESA, el cargo de Secretario de Estado de Energía. El 26 de mayo de 2007 se publica en el BOE el RD 661/2007 el cual deroga el anteriormente mencionado RD 436/2004 impulsado por José Mª Aznar. Esto es debido a que el gobierno de Zapatero considera que la sociedad española demanda cada vez más la utilización de energías renovables y la eficiencia en la generación de electricidad, como principios básicos para conseguir un desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental.

El objeto principal de este RD es regular la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. También se regula la inscripción previa en registros especiales, lo cual no contemplaba la normativa anterior. En algún punto de este camino, se elimina lo del 460% de la tarifa vigente durante el resto de la vida de la planta, reduciendo el cobro de prima a los 25 años y se traslada en 575% de la tarifa eléctrica vigente a un equivalente fijo que se actualizaría con el IPC más 0,5 puntos los primeros años y más 0,25 puntos después.

Con esta sibilina modificación y cambio de la valoración de prima (del 575% de la tarifa vigente en cada momento a una tarifa fija con IPC actualizado) los promotores se hubiesen lanzado a reclamar en tribunales esta legislación ya retroactiva, a juzgar por muchos, seguramente los gobiernos sucesivos se hubiesen pensado hacer más modificaciones ad hoc, en función de la crisis. No fue así, porque los promotores entendieron que “todavía quedaban márgenes amplios para la recuperación de la inversión” y nadie imaginó la cascada posterior de Reales Decretos y disposiciones que iban a volver a dañar sus intereses. Aquí se empezaba a intuir que tenía que haber subidas dramáticas de la tarifa eléctrica a los ciudadanos, para enjugar el famoso ‘déficit de tarifa’, que nada tenía que ver con las ayudas económicas (o primas) a la industria fotovoltaica. Se intenta también limitar la avalancha de instalaciones, intuyendo que desbordarán ampliamente los 380 MW asignados inicialmente para conexión a red.

A esto se le debe añadir que la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe desfavorable (Nº 3/2007) en el cual se expone la peligrosa retroactividad que produce este RD, así como 21 propuestas de modificaciones al texto inicialmente presentado por el Ministerio de Joan Clos. Además se incluyen diversos votos particulares de los miembros del consejo de la CNE de fecha 8 de marzo 2007. Se trata de un informe complementario de 133 páginas que no voy a reproducir para no aburrir al querido lector, pero sintetizo de forma rápida; nadie está conforme con la totalidad del Real Decreto.

La principal amonestación del Consejo de Estado reside en la ausencia de estabilidad regulatoria, incurriendo en infracción constitucional (artículo 9.3 de la constitución) al lesionar el principio de seguridad jurídica. En definitiva, un proyecto de RD que no gusta a nadie, excepto al gobierno quien, en fecha 26 mayo 2007, publica en el BOE. Sin embargo el gobierno de Zapatero no ve, o no quiere ver, que el verdadero problema del sistema económico del sector eléctrico, reside en las asignaciones a la Distribución. En un intento de modificar este concepto, se publica el RD 222/2008, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica, donde viene a perjudicar aún más el panorama del ‘Déficit de Tarifa’, pues los incrementos anuales de la retribución de la actividad de distribución eléctrica se establecen a nivel global para todo el conjunto de empresas, sin considerar las especificidades propias de cada zona geográfica (en especial, las variaciones zonales de la demanda), lo que no retribuye adecuadamente la inversión en aquellas zonas en las que la demanda crece por encima de la media. Sin embargo dejaron de lado lo relacionado con el coste de la energía. La prueba la tenemos en los resultados de los informes emitidos por la Comisión Nacional de Energía, los cuales pasamos a analizar a continuación.

Observemos el cuadro 2004/2005 marcado con una flecha. Se puede comprobar que, con solamente una diferencia de 10.161 Gwh entre los 2 años, el precio de la luz se encarece un 84,08%, impresionante verdad. De esta forma, es lógico que resulte una diferencia de -3.741.315.000 de euros que observamos líneas más abajo, y que le llaman ‘Déficit de Tarifa’

Y ahora observemos el cuadro 2003/2004 en el mismo concepto.

¿Curioso verdad?

¿Qué ha sucedido para que el precio de la luz en el periodo 2003/2004 sea de un -4,46% y además el resultado del ‘Déficit de Tarifa’ sea un cero absoluto? Se han cuadrado los números intencionadamente?

Antes de entrar en detalles ‘oficiales’ me voy a permitir dar mi propia versión de esta singular situación; el cambio de gobierno.

A continuación reproduzco literalmente parte del informe de la CNE de fecha 6 abril 2006, en relación al excesivo aumento del precio de la energía.

“Si se considera el coste de la energía adquirida en el mercado para los consumidores a tarifa, se aprecia que se ha producido un gran aumento, el 94 %. Este aumento se debe a que el precio del mercado organizado de producción se ha situado en un valor máximo histórico desde 1998 de 8,47 cent. €/KWh., es decir, un 55 % superior al del mismo período del ejercicio anterior, el doble del precio considerado a la hora de establecer la tarifa de 4,235 cent €/kWh.”

¿Quien pone el precio de la electricidad? No me refiero al importe que viene en el recibo a casa que todos sabemos que, además del precio de la electricidad, tiene otras partidas distintas al coste de la energía.

Veamos este grafico obtenido de un informe de la CNE:

En este gráfico se muestra la evolución del precio de la electricidad desde 1999 hasta diciembre 2005. Puede observarse la fuerte subida del precio del mercado mayorista, primero en el 2002, para luego dispararse en el 2005. El precio de la electricidad se decide en un mercado que denominan ‘pool’, por lo tanto se desconoce su verdadero precio-valor, como podría ser el de cualquier otro producto. Sirva compararlo con el ejemplo del pan; harina, levadura, agua, horno, gastos del panadero, etc. Finalmente nos sale un precio, y ese será constante siempre y cuando no se altere el precio de algunas de las materias primas indicadas.

Con la electricidad no ocurre lo mismo. El precio lo deciden unos señores especuladores que ‘juegan’ como si de la bolsa se tratara. Es como si estuvieran transaccionando con acciones, o bonos. Las compañías eléctricas son incapaces de conocer cuál es el verdadero precio del coste de su producto; la electricidad. Por eso se implementa el sistema CESUR. Problema; que en este proceso de determinar el precio de la electricidad, no solo participan los comercializadores, sino que también participa la productora (compañía eléctrica) y las empresas distribuidoras (también las compañías eléctricas).

Quizás de una forma gráfica lo explique mejor:

Este gráfico corresponde al ejercicio 2004, donde podemos observar que el precio inicial en enero está por debajo de 70 euros el MWh, en abril tuvo un descenso a 45 euros MWh, y en diciembre cierra con 64,12 euros el MWh.

En el siguiente gráfico del ejercicio 2005, observamos la evolución del precio en la subasta de la electricidad.

Llama la atención el comprobar que enero-2005 el precio inicial está en línea con el de diciembre-2004 (72,50 euros MWh), disparándose en marzo a 115 euros/MWh para terminar en diciembre 2005 en 125 euros MWh.

¿A que se debe este incremento de un 75% en tan solo 6 meses?

El RD 2392-2004, ya analizado anteriormente, viene a reducir determinados parámetros que afecta directamente a las compañías eléctricas. José Montilla, Ministro de Industria firmante del mencionado RD pretendía poner a las compañías eléctricas en una situación más social, pero ese no era el objetivo de estas. Solamente pensaban en facturar y facturar. Esta situación fue la que ocasionó en el mercado bursátil de la electricidad (disculpe querido lector que use este término, pero es la pura realidad) que se dispararan todas las alertas por las cuales el precio creció un 75%. Los términos de potencia y de energía establecidos en el anexo I del mencionado RD para la  baja tensión (la  que utilizamos más de 15 millones de ciudadanos de este país) en relación a su predecesor RD motivado por Rodrigo Rato, supuso es fuerte revés para la industria eléctrica.

Ante la incertidumbre de causar un gran perjuicio en los resultados económicos de las compañías eléctricas, junto con la imprecisión de un gobierno dirigido por Zapatero que pretendía continuar con la línea marcada por Aznar, ocasionó en el pool eléctrico un desbarajuste sin precedentes, lo cual terminó representando la subida del precio de la luz que venimos exponiendo. No quiero dejar pasar un hito importante para el sector eléctrico; el Libro Blanco redactado por José Ignacio Pérez Arriaga el 30 junio 2005, junto a un importante equipo de Ingenieros y expertos en energía. Este material venía a exponer las posibilidades de reformar el marco  regulatorio de la generación eléctrica en España. Un documento de más de 500 páginas del cual tan solo me voy a permitir incorporar a este libro la Sinopsis inicial:

La reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España es una tarea necesaria y urgente. Y no porque el sector eléctrico, y la actividad de producción en particular, estén actualmente en una mala situación. La reforma es necesaria porque el marco regulatorio de la generación eléctrica ha llegado a un grave atasco: la normativa que permitió poner en marcha un mercado de electricidad orientado a la competencia en enero de 1998 no ha conseguido todavía su principal objetivo: un mercado que funcione correctamente en régimen de competencia. Y la reforma es urgente, porque la evidencia de la necesidad de un cambio regulatorio es el origen de una incertidumbre que es perjudicial para las empresas, para los consumidores y también para las instituciones reguladoras.

Las empresas eléctricas han tenido (y tienen) un gran poder a la hora de decidir el futuro del sector energético, por lo que no hay que dudar que el denominado ‘Déficit de Tarifa’ viene programado, preparado con antelación, y conocido por parte de todos los intervinientes en el proceso. ¿Delito de Estado?

Tras el cese de José Montilla como ministro de Industria, se hace cargo de la cartera Joan Clos a quien ya nos hemos referido anteriormente. Este  comienza su andadura en el mundo de la energía con la publicación de un Orden Ministerial de fecha 6 de febrero 2007 en la cual se establecen normas complementarias para la conexión en las redes de distribución y para la tramitación de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas. El objetivo de esta Orden era el intentar discernir las plantas y agrupaciones solares y campos eólicos, ya que grandes empresas comienzan a hacer parques cada vez más grandes pero acogiéndose al límite máximo de 100 kW por planta, para la obtención de la tarifa más alta. Construyen parque multimegavatio, pero con sociedades de 100 kW. Legalmente tienen que darles la razón.

Sin embargo esta orden tuvo una enorme confusión en el sector, por lo que de forma inmediata se publica en el BOE el RD 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Antes de entrar en los detalles de este RD, que son de gran calado en el sistema eléctrico, me gustaría volver a presentar al lector el resultado de las liquidaciones de la CNE de los ejercicios 2006 y 2007, pues merece la pena tenerlos nuevamente presente para la exposición que voy a realizar a continuación:

En la anterior tabla podemos comprobar que el GWh del año 2006 es de 61,64 euros, mientras que para el año 2007 se reduce a 47,75 euros. Esto es debido a la publicación del RD 661/2007 mencionado anteriormente, y que pasamos a analizar.

Dentro del plan de Energías Renovables 2005-2010 se plantearon una serie de objetivos tendentes a fomentar la potencia instalada en España de producción eléctrica mediante Energías renovables, así como la reducción de emisiones de Co2 a la atmósfera en cumplimiento de los compromisos adoptados en el Protocolo de Kyoto firmado por España. En el marco de este plan de fomento de las energías renovables encontramos la actual regulación del conocido como “Régimen Especial de Producción Eléctrica” RD 661/2007 es decir, las normas que definen cuáles son las tecnologías que se consideran como “energías renovables o limpias”, su régimen de de autorización y la retribución que reciben.

Una de las tecnologías consideradas como de régimen especial y que más se fomentaron dentro del Real Decreto 661/2007 fue la solar fotovoltaica, la cual recibió una importante “tarifa regulada”. Sin embargo no debemos de olvidar que este tipo de “remuneración especial” viene marcada por la Directiva Europea 2001/77/CE del Parlamento Europeo, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. En otras palabras, no fue un antojo del gobierno de Zapatero, más bien fue la exigencia de Europa quien obligaba a cumplir con estas premisas. Esta generosa retribución concedida por el Real Decreto de 2007, la cual sustituyó a la antigua normativa de 2004 sobre la materia (RD 436/2004 de 12 de marzo) provocó un auge espectacular en construcción de instalaciones fotovoltaicas, llegando en pocos meses desde su promulgación a los 371 Mw. de potencia instalada que preveía como cupo para esta tecnología el RD 661/2007 en su artículo 37. Este rápido y, en ocasiones, descontrolado crecimiento ha sido el principal motivo para la promulgación de un nuevo Real Decreto exclusivamente destinado a regular un nuevo régimen retributivo para la tecnología solar fotovoltaica, sobre todo mediante la reducción del precio fijado para la venta de electricidad al sistema y estableciendo un nuevo sistema de objetivos de potencia instalada en el territorio nacional más flexible que el existente en el RD 661/2007 para este tipo de energía.

En este artículo se analizarán cuál era la retribución correspondiente a la energía solar fotovoltaica en la regulación de mayo de 2007, los problemas que esta conllevó y la reacción por parte del Ministerio de Industria Turismo y Comercio estableciendo una nueva retribución bastante más reducida para esta tecnología en septiembre de 2008, así como los aspectos relativos a la inseguridad jurídica y riesgo regulatorio que ha supuesto para aquellos sujetos con sus instalaciones inscritas en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (RIPRE, en adelante) antes de octubre de 2008.

El RD 661/2007 de 25 mayo, por el cual se regula la actividad de energía en el régimen especial, establece en su artículo 2, cuáles son las energías a las que se aplica este Decreto. Dentro de las mismas, en el apartado 2.1.b) subgrupo b) 1.1 se contempla a la energía solar fotovoltaica. En este sentido, hay que destacar que, aunque España sea un país con un gran potencial para la energía solar, todavía tiene bastante camino por recorrer para el aprovechamiento óptimo de la misma. Así, por ejemplo, un país como Alemania con muchas menos horas de sol que España anualmente, tenía en el momento de la promulgación de este Real Decreto, mucha más potencia instalada en Mw. En cuanto a las energías renovables, el sistema que se ha demostrado más eficaz para el fomento de las mismas es el de las primas, es decir, la retribución de la energía eléctrica producida mediante energías consideradas como renovables o limpias recibe o bien una “prima” que se añade al precio que recibe la electricidad en el mercado eléctrico, o una tarifa regulada que supone una retribución bastante más abultada que la del precio medio de la electricidad en el mercado. El objetivo de este sistema es hacer atractiva la inversión privada en estas energías que, de otra forma, no podrían competir en igualdad de condiciones con las maneras más tradicionales de generar electricidad (gas, carbón o energía nuclear, por ejemplo).

En definitiva, la finalidad de la promoción de este tipo de energías es triple: por un lado la reducción de las emisiones de Co2 a la atmósfera, requerido por la Unión Europea reiteradamente, la reducción de la dependencia de fuentes de energía que hay que importar (hidrocarburos, sobre todo) y, por último, la promoción del desarrollo tecnológico y la eficiencia de las mismas para que en un futuro puedan competir en el mercado en igualdad de condiciones con las fuentes clásicas, sin necesidad de ayuda o prima alguna del Estado o a cuenta de la facturación que se hace a los consumidores.

De esta manera, la retribución de la energía solar fotovoltaica quedaba así dentro del RD 661/2007 en su artículo 36:

P< 100 Kw=44´0381cent € Kw/h los primeros 25 años. A partir de entonces, 35,2305 cent € Kw/h

100 Kw<P<10 Mw.= 41´75 cent € Kw/h los primeros 25 años. A partir de entonces, 33´40 cent € Kw/h.

10<P≤50 Mw= 22´9764 cent € Kw/h los primeros 25 años. A partir de entonces, 18´3811 cent € Kw/h.

De este sistema de retribución fijado en este Real Decreto  llama la atención el hecho de que a menor potencia instalada mayor retribución para el titular, destacando sobre todo aquellas instalaciones de potencia instalada inferior a los 100 Kw, las cuales reciben una “superprima” de casi 45 céntimos de Euro por Kw/h durante los primeros 25 años, casi tres céntimos menos que el siguiente apartado de instalaciones, las de potencia superior a 100 Kw. Este primer matiz en la regulación relativa a la retribución introdujo una primera trampa o fraude de ley destinada a cobrar el máximo de la tarifa regulada ofrecida por la normativa. De esta manera, se ha producido de forma generalizada el hecho de que instalaciones que en teoría tienen una potencia superior a 100 Kw, están formadas por varias instalaciones individuales de 100 Kw pertenecientes a un mismo sujeto o a sociedades de un mismo grupo. Evidentemente, más que ante un fraude de ley, nos encontramos ante una contravención directa al texto y al espíritu del RD 661/2007 ya que finalmente las instalaciones que en su conjunto tienen una potencia superior a los 100 Kw y que fueron diseñadas de esa forma, están recibiendo una retribución mayor que la que se merecen.

Sin embargo, esta argucia no tuvo mayores obstáculos para salir adelante debido principalmente a la falta de una definición legal del término huerto solar o sobre qué se entiende como una instalación en su conjunto a los efectos de recibir alguno de los tipos de retribución que aparece en el artículo 36 RD 661/2007.

Tampoco ayudaron mucho las CC.AA que tienen capacidad para desarrollar la regulación estatal, la cual es de carácter básico, además de tener la potestad para autorizar finalmente las instalaciones fotovoltaicas que no excedan de su ámbito territorial, aunque finalmente sea el Estado quien se encargue de pagar a los que viertan electricidad al sistema mediante esta tecnología.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el volumen de potencia instalada de instalaciones solares fotovoltaicas en España experimentó un incremento, incontrolado y superior al previsto por el propio Ministerio de Industria. Así aparece en la propia Exposición de Motivos del nuevo RD 1578/2008 de 26 de septiembre, el cual dice:

“El crecimiento de la potencia instalada experimentado por la tecnología solar fotovoltaica está siendo muy superior al esperado. Según la información publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en relación al cumplimiento de los objetivos de las instalaciones del régimen especial, determinado de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, en agosto de 2007 se superó el 85 por ciento del objetivo de potencia instalada fotovoltaica para 2010 y en el mes de mayo de 2008, se han alcanzado ya los 1.000 MW de potencia instalada.”

En fin, que la previsión de 371 Mw de potencia instalada a nivel nacional contenida en el artículo 37 RD 661/2007 se quedó corta en apenas un par de meses teniendo en cuenta que este Real Decreto fue publicado el 26 de mayo del mismo año. Así, alcanzado el 85% del cupo establecido de acuerdo con la información prestada por la CNE y de acuerdo con los artículos 17, 21, 22 y 37 RD 661/2007, se dictó Resolución de la Secretaría General de Energía de 27 de septiembre de 2007 por la cual fijaba un plazo de 12 meses, a contar a partir de la fecha de publicación la citada resolución en el BOE, para que las instalaciones pudiesen obtener su inscripción definitiva en el RIPRE dependiente del Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITYC) y así recibir la tarifa regulada prevista para la energía solar fotovoltaica en el artículo 36 del citado Real Decreto. Finalmente este cupo máximo no fue cierto.

Aquellos que llevasen a cabo la inscripción con posterioridad a la fecha establecida en la Resolución de la Secretaría General de Energía dependiente del MITYC (29 de septiembre de 2008), recibirían, de acuerdo con el artículo 22, o bien un precio sin incentivo alguno, o el que fijase el Ministerio en un nuevo Real Decreto sobre la retribución a la tecnología solar fotovoltaica que debería promulgarse antes de la fecha límite para que las instalaciones que se inscribiese recibiesen la tarifa existente en la regulación de 2007. En definitiva, todo un montaje del gobierno. Ninguna de estas opciones era bien recibida para los sujetos con proyectos fotovoltaicos en tramitación ya que podrían quedarse sin incentivo alguno haciendo inviables económicamente sus futuras instalaciones, o recibir una retribución sensiblemente inferior dando al traste con las inversiones y expectativas económicas que se habían hecho teniendo en cuenta la recentísima regulación del RD 661/2007.

Ante esta situación y con bastante retraso, el Ministerio de Industria envió finalmente una propuesta de Real Decreto sobre la retribución de la tecnología fotovoltaica para que fuera sometido al informe preceptivo, aunque no vinculante, de la CNE. Este organismo regulador emitió Informe 30/2008 de fecha 29 de julio en el que se valoraba positivamente la propuesta del Ministerio de reducir considerablemente la retribución de esta energía renovable, aunque hace una serie de recomendaciones para mejorar ciertos aspectos técnicos en cuanto a su aplicación.

El Informe 30/2008 hace una serie de consideraciones respecto al sistema de incentivación que se ha seguido en España para fomentar la implantación de energías renovables. En segundo lugar, la generosidad de las tarifas contenidas en el RD 661/2007 suponía, según argumentaba la CNE, una carga excesiva para los consumidores, quienes vemos incluidos en la tarifa eléctrica el pago de las primas a las energías renovables, de acuerdo con lo que establece el artículo 16.6 y 30.4 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Todo un montaje político.

En resumidas cuentas, de acuerdo con datos contenidos en el propio informe 30/2008 de la CNE, la excesiva retribución fijada en el RD 661/2007 de 25 de mayo, produjo un incremento descontrolado del número de instalaciones fotovoltaicas que dejaron corta la previsión de 371 Mw. prevista en la propia normativa de referencia. De este modo, en el año de promulgación del citado Real Decreto, se produjo un incremento del 350% en relación con el 2006 y en el 2008 de un 180% respecto del 2007.

Sin embargo no debemos descuidar que el hipotético problema de este RD 661/2007 era la corta previsión de MW requeridos en el mismo, pues tengo que manifestar que en ningún momento la Unión Europea nos puso límites de instalación, fue el gobierno de Zapatero quien los estableció. Ahí reside el problema de este RD. ¿De dónde sale el límite de 371 Mw? Sí, ya sé que del artículo 37 (que casualidad la similitud) me refiero a por qué 371 en lugar de 2.500 MW (por ejemplo)

Sin embargo este RD tiene un innumerable conjunto de críticas por parte del Consejo de Estado en su Dictamen 683/2007, las cuales no voy a reproducir en este apartado pues nos desviaríamos del objeto de este libro. Es evidente que a este Órgano Consultivo le resulta compleja e inusual la reiterada normativa relacionada con las energías renovables, atribuidas al concepto de “régimen especial”. Como ya he explicado anteriormente, José Montilla tiene una serie de dificultades políticas que le obligan a dejar la cartera del Ministerio de Industria, entrando en su lugar otro neófito en la materia; Miguel Sebastián Gascón siendo nombrado el 12 de abril de 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero. Este Señor llegó para destrozarlo todo. Como ahora lo está haciendo Alberto Nadal, pero como Secretario de Estado, pues José Manuel Soria como Ministro de Industria, le da calambre meter los dedos en esta sección.

Cinco meses después de su incorporación a Industria, y ante su animadversión hacia la industria fotovoltaica, viene a publicar el RD 1578/2008, del cual expongo detalles del mismo:

El sistema de retribución a la tecnología fotovoltaica fijado en la nueva normativa de 2008 es muy diferente a la que teníamos hasta el momento desde mayo de 2007. En la primitiva regulación se establecía una tarifa regulada para un tipo de tecnología distinguiéndose instalaciones en cuanto a potencia instalada. Por otra parte, la implantación de estas y el hecho de recibir la retribución fijada en el artículo 36 estaba condicionada a la superación o no del límite de los 371 Mw. y el plazo a partir de ese momento que concediesen las autoridades para que las instalaciones inscritas antes de la fecha límite pudiesen seguir recibiendo dicha tarifa regulada.

El sistema fijado por el RD 1578/2008 rompe con lo anterior y establece un sistema mucho más flexible, controlable y coherente, destacando por los siguientes aspectos:

Distinción de dos tipos de instalaciones fotovoltaicas, estando el primero de estos tipos dividido en dos subgrupos:

Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana. Esta a su vez se subdividen en:

Tipo 1.1. Potencia menor a 20 Kw. Su retribución es de 34 cent € Kw/h

Tipo 1.2. Potencia superior a 20Kw. Su retribución es de 32 cent € Kw/h

El segundo tipo de instalaciones fotovoltaicas (el 2) es, simplemente, aquel que no esté comprendido en ninguno de los descritos anteriormente. Su retribución será de 32 cent € Kw/h.

Por lo tanto, a priori, encontramos una notable reducción de casi 15 cent € respecto a la retribución del RD 661/2007, pero esto es relativo y dependerá de la evolución de la potencia instalada en este tipo de tecnología tras la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto.

Así, el sistema retributivo hay que matizarlo teniendo en cuenta los siguientes elementos que aparecen en el nuevo Real Decreto, concretamente en su artículo 11.3:

“Si durante dos convocatorias consecutivas no se alcanzara el 50 por ciento del cupo de potencia para un tipo o subtipo, se podrá incrementar, mediante Resolución de la Secretaría General de Energía, la tarifa para la convocatoria siguiente en el mismo porcentaje que se reduciría si se cubriera el cupo, siendo necesario, que durante dos convocatorias adicionales no se volviera a alcanzar el 50 por ciento del cupo para realizar un nuevo incremento”

Esta regla contenida de la nueva normativa en cuestión está de acuerdo con lo que apuntaba el informe de la CNE sobre la propuesta de Real Decreto, cuando se mostraba conforme con la existencia de unas tarifas primadas que incentivasen el desarrollo de esta tecnología, pero sin caer en el estancamiento tecnológico que se produciría con un sistema excesivamente beneficioso y desincentivador.

En definitiva, aunque la regulación actual sobre la retribución de la tecnología fotovoltaica ha recibido numerosas críticas por la notable reducción que ha supuesto en cuanto al precio de la electricidad generada, tenemos que concluir diciendo que el cambio ha sido positivo. Esto es así ya que nos introduce en un sistema con una retribución más ajustada y que evitará el crecimiento descontrolado de las instalaciones fotovoltaicas por todo el territorio nacional. Por otro lado, también hay que contemplar positivamente que se hayan incluido las instalaciones sobre construcciones de tipo agropecuario, cosa que estaba omitida en la regulación del RD 661/2007. Por último, también se evita la posibilidad de cometer fraudes en las instalaciones fotovoltaicas, como ocurría cuando se consideraba de facto, por ejemplo una instalación de 1 Mw., como dividida en pequeñas instalaciones de potencia menor a 20 Kw.

En el lado negativo, indicar que no se ha acabado completamente con la inseguridad jurídica, sobre todo por el hecho de que la revisión de las tarifas queda como una potestad del Ministerio de Industria a través de la Secretaría General de Energía.

Sin embargo hay una sombra oscura, demasiado oscura en la coordinación de este RD y futuros; el Ministro Sebastián ya tenía preparados los 3 siguientes Reales Decretos que irían destrozando todo el sistema energético fotovoltaico. Todo bien preparado, meticulosamente predispuesto para ir lentamente aniquilando un sector que ha sido toda una imagen mundial en tecnología y vanguardia. Sigamos.

El tan mencionado RD 661/2007 se publica en el BOE el 26 de mayo 2007, con tan solo 16 meses de vida, a continuación se publica el RD 1578/2008 el 27 septiembre 2008, para posteriormente publicarse en tan solo 8 meses el Real Decreto Ley 6/2009, para posteriormente pasar al RD 1565/2010 en tan solo 3 meses; el 23 noviembre de 2010. Nadie puede dudar de que todo estuviera debidamente planificado. Y así fue, todo una programación meticulosamente preparada para estrangular al sector fotovoltaico.

Ahora viene la segunda más importante de este libro:

Si el Estado reconoció 11.951 millones de euros de asignación a los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y que fueron bien cobrados por las compañías eléctricas, en previsión del hipotético perjuicio que estas sufrirían con la liberalización del sector, ¿cómo es que ahora la industria fotovoltaica no tiene sus propios CTC después de haberse realizado unas inversiones en base a lo establecido en normativas publicadas en el BOE?

Menuda pregunta, verdad.

El estado garantizó unos ingresos con la liberalización del sector eléctrico con posterioridad al MLE, a raíz de la publicación de la Ley 54/1997. Cabe ahora preguntarse por qué el estado no ha realizado un símil con una industria que tiene muchas más ventajas que aquellas que si percibieron tan descomunal cifra, y que además no han justificando en ningún momento ¿?

Quizás son muchas las preguntas que nos podemos hacer al respecto, pero debemos seguir persiguiendo el porqué se ha mantenido ‘artificialmente’ el llamado ‘déficit de tarifa’. Sigamos.

Como he manifestado anteriormente, el precio de la electricidad se decide en un mercado financiero, el precio oscila en función de múltiples parámetros, incluidos los políticos. Este mercado ‘bursátil’ está  gestionado por el OMIE donde los agentes compradores y vendedores contratan las cantidades que necesitan (MWh) a precios públicos y transparentes. La participación en el mercado se realiza a través de una plataforma electrónica de fácil acceso a través de internet, lo que posibilita la participación simultánea de un gran número de agentes y la gestión de una elevada cantidad de ofertas de compra y venta de electricidad en un lapso reducido de tiempo. OMIE también realiza la facturación y la liquidación de la energía comprada y vendida en los citados mercados, así como la elaboración de las liquidaciones económicas correspondientes.

Las funciones que se encomiendan al operador del mercado, se pueden clasificar como sigue:

Sobre el funcionamiento de los mercados. 

La recepción de las ofertas de venta emitidas para cada período de programación por los distintos sujetos que participan en el mercado diario de energía eléctrica.

La recepción de las ofertas de adquisición de energía.

Recibir de los sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica la información necesaria, a fin de que su energía contratada sea tomada en consideración para la casación y para la práctica de las liquidaciones que sean competencia del operador del mercado.

La recepción de las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá realizarla directamente o a través de la terceros autorizados.

Realizar la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda en cada período de programación.

La determinación de los distintos precios de la energía resultantes de las casaciones en el mercado diario de energía eléctrica para cada período de programación y la comunicación a todos los agentes implicados.

La liquidación y comunicación de los pagos y cobros que deberán realizarse en virtud de los precios de la energía resultantes de las casaciones y de aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen.

Comunicar al operador del sistema las ofertas de venta y de adquisición de energía eléctrica, realizadas por los distintos sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica de su competencia, para cada uno de los períodos de programación.

Comunicar al operador del sistema todas las altas, bajas y modificaciones de agentes y, en su caso, unidades de oferta, con la antelación suficiente para la adecuada actualización de los sistemas de información.

La definición, desarrollo y operación de los sistemas informáticos necesarios para garantizar la transparencia de las transacciones que se realicen en el mercado diario e intradiario de producción.

Sobre las Reglas del Mercado y el Contrato de Adhesión.

Proponer al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para su aprobación las reglas de funcionamiento del mercado de producción que considere adecuadas.

La presentación para su aprobación de las modificaciones de las Reglas y del Contrato de Adhesión a las mismas.

La exigencia a los agentes del mercado de acreditar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias para su actuación.

Sobre la información a los agentes del mercado.

En relación con los resultados de la casación, la comunicación a los agentes de los datos correspondientes a sus unidades de producción y adquisición.

La comunicación a los agentes del mercado del precio marginal de la energía eléctrica, en el mercado diario y en las sesiones del mercado intradiario, así como de los precios finales de la energía eléctrica.

La comunicación a los agentes de los pagos y cobros que deben realizarse en virtud de los resultados de la casación de ofertas en los mercados diario e intradiario.

Garantizar el secreto de la información de carácter confidencial que le haya sido puesta a su disposición por los agentes del mercado, de acuerdo con las normas aplicables.

Sobre la información a terceros.

La publicación de las curvas agregadas de oferta y demanda de los mercados diario e intradiario.

La publicación de los resultados de los programas de energía agregados por agente y mes natural del mercado de producción de energía eléctrica una vez transcurrido un mes desde el último día de aquél al que se refieran.

La publicación mensual de las ofertas presentadas por los agentes en cada uno de los mercados diario e intradiario una vez transcurridos tres meses desde el final del mes al que se refieran.

Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la periodicidad que se determine.

Publicar los índices de precios medios con carácter horario del Mercado Diario e Intradiario. Asimismo publicará por vía telemática la información relevante en los términos previstos en el artículo 28 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio , de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Calcular y publicar el precio final medio del mercado de producción de energía eléctrica así como las componentes del precio final.

Sobre los principios de independencia, transparencia y objetividad.

Adoptar las medidas y acuerdos que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de las limitaciones de participación directa o indirecta en el capital social de la Compañía, incluso mediante la compraventa, obligada para el partícipe interesado, de la participación determinante del incumplimiento de dicha disposición legal.

Elaborar y hacer público el código de conducta del operador del mercado.

Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes del mercado que pueda suponer una alteración del correcto funcionamiento del mismo.

Ahora quiero recordarle, querido lector, como funcionaba el mercado con el MLE;

Para la fijación de la tarifa eléctrica de cada año el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la Junta Superior de Precios, elevaba al gobierno para su aprobación la propuesta de modificación de tarifas, de aplicación al ejercicio económico que comenzaba el 1 de enero, la cual incluía:

El cálculo de los diferentes costes estándar.

Los desvíos de costes correspondientes a ejercicios anteriores.

Los recargos que giraban sobre la facturación y otros ingresos.

La estimación de la demanda de energía eléctrica para el ejercicio.

Los parámetros macroeconómicos utilizados para el cálculo.

El primer apartado es el más importante; los costes estándar. Ya sé que hemos hablado de ello en capítulos anteriores, pero ahora vamos a profundizar con algún detalle concreto, pues ahora si merece conocer la diferencia de cómo se generaba la tarifa eléctrica, respecto a la década que estuvo el MLE vigente.

Los costes estándar constituían la base fundamental del sistema regulatorio definido en el MLE para calcular la tarifa eléctrica. Estos costes eran establecidos por la Administración, por instalación o concepto de coste, para un año inicial y luego se actualizaban en años sucesivos, en base a una amplia regulación que contemplaba aspectos tales como:

Fórmulas que modelizaban los diferente costes que caracterizaban cada actividad. Parámetros que participaban en la formación de cada uno de los conceptos de coste. Actualización de los parámetros de naturaleza económica. En resumen, y para no entrar en muchos más detalles, el precio de la electricidad mientras se encontraba en vigor el MLE lo establecía el gobierno para ‘todo un año’, mientras que ahora el precio de la electricidad varia cada hora. Es completamente un sinsentido, carece de lógica tanto económica como socialmente.

A continuación reproduzco los precios de la electricidad en el mercado diario del OMIE para que el lector se dé cuenta de una apreciación importante.

Este gráfico muestra el precio de la electricidad el día de Navidad del 2013.

Se puede comprobar cómo hay horas del día que la electricidad ‘no tiene precio’, curioso verdad?

En el siguiente gráfico observamos el día de final de año, 31 diciembre. Toda la familia reunida celebrando el final de año, es el momento de poner el precio de la electricidad lo más caro posible; hay que facturar.

Podemos observa que el precio de la electricidad de fin de año a las 20 horas se sitúa en 40 euros/MWh, mientras que en la gráfica del 24-12-2013 era de 24 euros/MW.

Qué bien saben los que manejan nuestros hábitos, a qué hora del día hay que cobrar de mas, verdad?

Navidades del 2012, toda la familia reunida y la electricidad es el mayor consumo; calefacción, horno, luces, placas vitrocerámicas, etc.….

Entre las 20:00 horas y las 22:00 horas el precio de la luz es de 38,50 euros/KWh

Final de año, las uvas y campanadas. El precio de la luz se dispara hasta los 39,69 euros/KWh. Tremenda barbaridad solo con el fin de recaudar y facturar. Porque tiene que costar la electricidad a esa hora más que a las 16:00 horas. ¿Será la siesta?

¿A dónde quiero llegar?, a que es el mercado diario de la electricidad quien decide cuanto tenemos que pagar por esta. Es lo mismo que si sabemos que en la estación de metro de la ciudad universitaria entre las 19:00 horas y las 21:00 horas se triplica el volumen de viajeros, y decidimos que el billete cueste un 30% mas, con el fin de recaudar más, siendo el servicio el mismo. ¿Delito de Estado?

Durante el resto de la legislatura de Zapatero, se han sucedido una serie de normativas que, para bien o para mal, han estado repercutiendo siempre en el mismo tipo de origen de energía; la Fotovoltaica. Como ya he dicho al principio de este libro, considero que este tipo de obtención de energía debería de haberse potenciado con mayor criterio y rigor. No somos conscientes desde la perspectiva tecnológica de la importancia que representa este mecanismo energético. El Sol es la principal fuente energética del planeta; no es necesario que nos lo manifiesten las plantas y los arboles, ni tampoco la mismísima naturaleza, simplemente nos negamos a que sea así porque el resultado económico no da para mantener una industria energética del tipo IBERDROLA, ENDESA o GAS NATURAL-FENOSA.

Sin embargo la Unión Europea no piensa lo mismo. Y que yo recuerde, España es Miembro de la UE. ¿Verdad? La mayoría de las Directivas Europeas Energéticas giran sobre la rentabilidad universal mediante fuentes renovables, entre las que se incluye la Fotovoltaica. Sin embargo España ha incumplido sistemáticamente con todas las Directivas Europeas. Sirva como referencia la más reciente; la 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, la cual modifica 4 directivas europeas por la que se establece que todos los miembros de la Unión Europea han de aumentar hasta un 20% la eficiencia energética para el año 2020, España tan solo ha realizado una transposición parcial de 7 de los 66 considerandos establecidos en la mencionada Directiva Europea. La voluntad política llega a su máximo extremo. No hay interés alguno en contribuir a una eficiencia ejemplarizante. ¿Por qué?

La respuesta se contesta con otra pregunta ¿quién consume principalmente la electricidad?

La edificación. Efectivamente, el 40% del consumo energético de nuestro país se lo lleva la edificación. Según se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación, 38/1999, artículo 2º se considera edificación:

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

Como ya se ha indicado a lo largo de este libro, España ha recibido diversas notificaciones de denuncias por no transponer íntegramente directivas relacionadas con el control y seguimiento del consumo energético. Mencionábamos la Directiva Europea 2002/91/CE pues resulta de especial interés el conocer que en ella, Europa exige un control exhaustivo del consumo energético de los edificios. Esta directiva tenía como plazo de transposición el 4 enero 2006. El Estado de España no hizo nada.

Después de recibir innumerables amonestaciones por parte de la Comisión de Energía, economía y medio ambiente durante 5 años, los diversos gobiernos de España, haciendo caso omiso a los requerimientos, aguardó a la refundición de la directiva mencionada con la 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, sobre la cual también tuvimos denuncias en el tribunal superior de Estrasburgo.

Conclusión; Si el gobierno de España facilitaba el consumo verdadero de nuestros edificios, nos situaríamos en un lugar de difícil salida. Y así ha sido demostrado, pues el 21 de abril de 2012 fuimos sancionados por la UE al no transponer la directiva europea mencionada. El Gobierno, acorralado por Europa no tuvo más remedio que publicar en el BOE el RD 235/2013 por el cual se creaba la metodología para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios.

Después de un año de vida, se llega a la conclusión, en base al medio millón de certificados energéticos ya emitidos, que la edificación en España es de las mas consumidoras de energía en todos los Estados miembros de Europa. El 80% de las viviendas revisadas energéticamente se sitúan en los niveles más altos de consumo. En otras palabras, España es un país cuyos edificios son verdaderos devoradores de electricidad. Y eso los gobiernos lo sabían perfectamente. ¿Delito de Estado?

España es uno de los principales países de la Unión Europea que más energía adquiere del exterior. Entorno al 70% de energía primaria (petróleo, gas, hidrocarburos……) prácticamente nuestra propia producción no es suficiente para autoabastecernos, de ahí que las principales políticas de la Unión Europeas se centren en ir paulatinamente abandonando la dependencia exterior y comencemos a generar nuestra propia energía, lo cual beneficia a la Deuda externa, corrige nuestro PIB y sobre todo genera puestos de trabajo, que falta nos hace.

Sin embargo las estrategias de los 2 partidos políticos que llevan gobernando España desde hace más de 30 años (PSOE y PP) parecen coincidir en cuanto a su ideología. Es como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Será por los Pactos de la Moncloa? El problema que tenemos en este País es que pensamos, o nos imaginamos, que las personas que ocupan los cargos de Ministros son seleccionados por sus altos conocimientos en la materia. Completamente falso. No se equivoque el querido lector, pues yo no sé que hace una cirujana al frente del Ministerio de Fomento, salvo meter el bisturí donde no debe. Los políticos que ocupan cargos de Ministro son personas que tienen unas cualidades casi equiparables a un delincuente. Me explico; según la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario edición 23º, la definición ‘delincuente’ tiene su origen en ‘delito’ (delicto) el cual en su primera afección indica lo siguiente:

Culpa, Quebrantamiento de la Ley.

Las personas que ocupan el cargo de Ministros se dedican a promulgar Leyes las cuales luego no se cumplen, parcial o totalmente, por lo que estamos indudablemente ante un quebrantamiento. Sigamos.

Me parece increíble que después de 11 años de una desidia común por parte de ambos gobiernos en obstruir las Directivas Europeas en materia energética, se tenga el atrevimiento de aprobar un Código Técnico de la Edificación, mediante RD 314/2006, en cuya sección DB-HE “Ahorro de Energía” no se incluyan las edificaciones residenciales. Todo un despropósito. Pero aún es peor saber que, por carácter obligatorio a los 5 años, el pasado mes de septiembre 2013 se haya renovado el mencionado DB-HE, por supuesto gracias a las reiteradas denuncias de la Comisión de Energía Europea, se omitan nuevamente la inclusión de estos, pero lo más penoso todavía es que se ha eliminado la obligatoriedad de realizar instalaciones fotovoltaicas en edificios que son verdaderos consumidores de energía, como son los Hoteles y los Edificios Administrativos. Menuda locura por parte del gobierno. No existe ningún interés en que los edificios españoles tengan su propio autoconsumo. Quiero volver a recordar que los edificios consumen el 40% del total de la energía que necesita España. En datos macroeconómicos estaríamos hablando entorno a los 90.000 millones de euros anuales. Toda una locura. La evidencia es tal que poco hay que discutir al respecto. No existe interés en defender los intereses de los ciudadanos consumidores. Aquí a pagar energía y todo el mundo callado. Sigamos.

Toda la sociedad sabe que un importante número de políticos se encuentran activos laboralmente entorno a las grandes compañías eléctricas; eso no es fruto de la casualidad. Simplemente es una ‘gratificación’ por los servicios cumplidos mientras representaban un cargo público y, con la ayuda del BOE, pudieron actuar estas empresas con total libertad. En ningún momento pretendo hacerle ver al lector que no existe un desequilibro económico entre los ingresos y los gastos económicos del sector eléctrico. Ni mucho menos. Simplemente pretendo hacer ver que esos supuestos ‘desequilibrios’ han sido generados de forma natural; o artificial. Para mí personalmente no cabe la menor duda que son generados de forma artificial, provocados con un fin y un objetivo. Ahora es cuestión de conocer el detalle.

Sin embargo los 2 partidos políticos que han dirigido el gobierno del Estado Español desde los inicios de la Democracia no han tenido ninguna voluntad de resolver esta incómoda situación, la cual ahora estamos padeciendo no solamente al comprobar el encarecimiento del recibo de la luz en más de un 60% en los últimos 5 años. Lo más preocupante de esto es que se tenga el desagradable valor de exponer en una normativa que el causante directo y único de ese ‘ficticio’ déficit de tarifa le corresponde a las Energías Renovables. Recientemente el prestigioso Club Español de la Energía publicaba su 41º Cuaderno de Energía, con motivo de su X aniversario. En esta edición especial participan en diversos artículos algunos de los principales políticos del escenario energético de España en la última década, y sorprende cuando menos, algunas de sus declaraciones las cuales paso a continuación a exponer resumidamente, pues son de vital importancia para aproximarnos a la conclusión final objeto de este libro.

Comienza este interesante Cuaderno de Energía con unas declaraciones del actual Ministro de Industria José Manuel Soria, intentando superarse en su demagogia en una clara finalidad de apelar a prejuicios, emociones y miedos sobre el sector energético al intentar exponer que sin las medidas correctivas que ha aplicado su gabinete, ahora seríamos un desastre de país. Como buen político opositor alude la responsabilidad a las legislaturas anteriores (se remite a los gobiernos de Zapatero) intentando manifestar que los cambios producidos eran las únicas que podrían evitar que el sistema quebrase y que no siguiera aumentando el precio de la luz de manera exponencial.

Manifiesta el Ministro en su artículo que de no haberse tomado medidas en 2012 y 2013, el Déficit del sistema habría alcanzado los 10.500 millones de euros en el año 2013. ¿De dónde sale esa cifra? Sería interesante preguntarle al Gobierno que haga una explicación del detalle de la misma. También sorprende la indicación de que los ingresos no han sido suficientes para cubrir el crecimiento de los costes. Entonces la pregunta sería, si los costes son regulados por el gobierno de turno, ¿por qué no los han igualado estos, como hicieron en los años 2002 y 2003?

Nos vende el Ministro que al eliminar el gobierno la subasta CESUR trimestral y vincular el precio de la electricidad directamente al mercado diario de esta, los consumidores obtendremos unos ahorros importantes en el recibo de la luz. En el mes de Mayo el precio de la luz ha subido ya un 2,35%, por lo que a este ritmo es muy probable que terminemos el año 2014 con una subida media generalizada superior a un 15%. ¿Que le sucede al Ministro Soria? que no tiene ni idea de lo que dice, que se limita a relatar lo que le escriben sin comprender absolutamente nada del mecanismo energético del país. Liberalización, Competencia y Medio Ambiente. Así titula su artículo Rodrigo Rato quien fue Ministro de Economía y Hacienda entre 1996 y 2004. Cirujano experto en someter a los sistemas económicos mediante la premisa prueba-error, manifiesta en su artículo que a partir del año 2000 le fueron otorgadas las competencias como máximo responsable de la cartera de Energía.

En su artículo se enorgullece de liderar la liberalización del sector eléctrico hacia la máxima competencia libre (lo cual no terminó produciéndose) y si tenemos en cuenta que el señor Rato viene de familia empresarial-industrial, es obvio que se le repercuta al empresario el menor de los costes posibles. Que pague el pueblo, que son muchos y con poco que pongan, se soluciona el problema. Haciendo referencia en su artículo al ‘protocolo energético’ firmado el 11 de diciembre 2006 (al cual ya me he referido en un artículo anterior) este culminó en la Ley 54/1997 del sector eléctrico.

Continúa Rodrigo Rato aludiendo a la fundación del Ministerio de Medio Ambiente, la creación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y la elaboración del primer plan de Fomento de las Energías Renovables, cuya finalidad era alcanzar un mínimo del 12% de aportación de energía renovable a la demanda energética en España. Se olvida el señor Rato que el primer plan de Energías Renovables fue promulgado por Adolfo Suarez con la Ley 82/1980.

Al asumir las competencias energéticas del país el Ministerio de Economía (dirigido por Rodrigo Rato) se sucedieron una serie de acontecimientos, según expone en su artículo, basados fundamentalmente en el crecimiento empresarial debido a la bajada del desempleo y la reducción de tipos de interés. En otras palabras, España comenzaba a crecer, porque Europa apostó por este país, no porque el gobierno de turno lo estuviera haciendo bien o mejor que su predecesor. La economía despuntaba por encima de la media Europea, Olimpiadas en Barcelona, la Expo en Sevilla, una imagen exterior que atraía cada vez más a un turismo internacional, fueron los ingredientes principales del menú.

A esta situación, apunta Rodrigo Rato, el consumo eléctrico se agotaba debido a la alta demanda lo cual llegó incluso en algunas fechas a generar cortes de suministro en algunas áreas, pues la demanda punta llegaba a ser de hasta 35.000 MW, indica. Por ello, el Ministro Rato forzó el sistema para instalar nuevas potencias de generación y aumentar la capacidad de transporte y distribución, por lo que era fundamental acometer un proceso de inversión importante. Así fue como se inició la gestación de nuevos mecanismos de obtención de energía, entre ellos la Fotovoltaica.

Expone el Sr. Rato en su artículo que el Gobierno abrió un procedimiento de consulta con todos los agentes implicados del sector que se concretó en la firma, el 11 de diciembre de 2006, del Protocolo Eléctrico. Completamente falso. El Gobierno no mantuvo ningún tipo de contacto con las partes interesadas en el cambio del sistema eléctrico. Como ya he expuesto en capítulos anteriores fue Josep Piqué el promotor del mencionado Protocolo, siendo los firmantes el Gobierno y las empresas eléctricas de UNESA. Al año siguiente, en el año 98, entró en vigor la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, ofreciendo la posibilidad de que un mayor número de consumidores pudieran elegir libremente a su suministrador energético. Al día de hoy hemos podido comprobar que es totalmente incierto.

También nos cuela el Sr. Rato un disparate al manifestar que desde su Gobierno, se continuaba apostando fuertemente por la eficiencia energética como se demostró con la aprobación el 28 de noviembre de 2003 de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), para el período 2004-2012, marcando la senda estratégica que la política energética debería recorrer para alcanzar los objetivos planteados. Otra falsedad. Si verdaderamente el Gobierno “apostara fuertemente” por la eficiencia energética, ¿por qué no se traspuso la Directiva Europea 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios? , que por cierto España fue denunciada ante el Tribunal Superior Europeo de Estrasburgo en reiteradas ocasiones, incluso llegando a la amonestación de sanción económica. El Sr. Rato sabía perfectamente que si activaba la mencionada Directiva Europea se dispararían todas las alarmas al conocer el lamentable nivel de eficiencia energética de la edificación, la cual, doce años después hemos podido constatar gracias al RD 235/2013. Sigamos.

En un intento de vacile dialectico, el Sr. Rato manifiesta, y se enorgullece, de la aprobación del Plan de Fomento de Energías Renovables, culminando con la aprobación del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establecía la metodología para la actuación y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, lo que favoreció el impulso del proceso inversor, sobre todo, de la energía eólica y solar fotovoltaica.

En la elaboración de este RD, añade el Sr. Rato, ‘siempre tuvimos presente la importancia del desarrollo de ciertas tecnologías renovables, y de la necesidad de hacerlo a través de una retribución razonable y atractiva, pero también controlado’, en consonancia con las pautas marcadas por las Directivas Europeas, vuelve a recalcar. Entonces, ¿Por qué el Informe 4/2004 de la CNE advierte al Gobierno de la falta de trasposición de la Directiva Europea 2001/77/CE?

Sencillo, al Gobierno del Sr. Rato le importa un bledo la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes renovables, pues si verdaderamente fuera así, en el mencionado RD se habría incluido la Directiva indicada.  Como dijo el genial Groucho Marx “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Ahora le toca el turno al señor José Montilla, Ministro de Industria en la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El señor Montilla también hay que darle de comer aparte. Comenzó estudios de Derecho y Economía en la Universidad de Barcelona, abandonando ambas carreras al comienzo del segundo curso. El único motivo por el cual este señor podría ser Ministro de Industria es por la cadena de mayorías absolutas que fue consiguiendo en diversos ayuntamientos de Cataluña, para finalmente convertirse en el hombre fuerte del PSC. No puede existir otra explicación, pues este señor sabe de Energía lo que yo de cirugía cardiovascular.

Una de las primeras declaraciones del señor Montilla siendo ya Ministro de Industria generó una alarma mediática impresionante,  al asegurar que abandonar la Energía Nuclear sería una ‘insensatez’. Toma ya. Las reacciones no tardaron en llegar. Las primeras de la organización Greenpeace, quien reactivó la campaña ‘Queremos Saber’ mediante la cual se le exigía al Gobierno que diera instrucciones a las compañías eléctricas para que el ciudadano conozca el origen de la energía que consume, considerando que el secretismo y el engaño que utilizan las eléctricas no contribuye a la transparencia que establece la legislación. En la época del Sr. Montilla, dos tercios de la energía procedían de fuentes contaminantes, mientras que tan solo el 7% tenía su origen en renovables. La organización Greenpeace elaboró un exhaustivo informe de título “¿de dónde viene la Electricidad que consumimos?”, en el cual se presentaban incluso alternativas de tipo de etiquetado para aportar información a los ciudadanos; el Ministro Montilla descartó la propuesta.

Relata el Sr. Montilla en su artículo, y sorprende cuando menos a los que entendemos de energía (al menos algo más que él), que la ‘insuficiencia crónica de los ingresos regulados’ constituye cuestiones propias del modelo energético español que le otorgan una especificidad propia que condicionará las propuestas finales. El arte del Sr. Montilla de decir muchas cosas pero vacías de contenido fue una de sus principales características al frente de la cartera de Industria. Por otro lado se enorgullece el Sr. Montilla de los avances significativos hacia un modelo energético sostenible. Pues bien, debo de recordar que durante su etapa como Ministro expiró el plazo de trasposición de varias Directivas Europeas, algunas traspuestas parcialmente, y otras más relevantes se quedaron en el olvido. Toda ellas relacionadas con los modelos energéticos sostenibles. ¿A quien pretende engañar ahora, después de una década? Pero más tremendo es todavía su participación en las negociaciones con Argelia para el impulso de la construcción del gasoducto Almería-Oran, cuyo proyecto será gestionado por el consorcio Medgaz el cual está constituido por CEPSA, IBERDROLA y ENDESA. Quienes si no. La inversión inicial prevista es de 1.300 millones de dólares que el consorcio presiona al Gobierno para que asuma, mediante la creación de una normativa que haga que sea finalmente el Estado quien asuma ese gasto. El Sr. Montilla llegó a manifestar que los impulsores del proyecto tendrán los instrumentos como para poderlo sacar adelante". ¿A qué instrumentos se  refiere el Sr. Montilla? Pues fácil y sencillo. Una normativa que se estaba diseñando exclusivamente para ‘clavarnos’ a los ciudadanos esta inversión.

Sin embargo, los avatares de la vida llevó al Sr. Montilla a presentar su dimisión al verse inmerso en un turbio proceso relacionado con una OPA hostil lanzada por Gas Natural contra Endesa. Nos podemos imaginar ya cuales fueron los motivos. A esto se le añadió su presunta participación en una condonación de más de 6 millones de euros al PSC por parte de La Caixa. Finalmente abandonó la cartera de Industria el 8 de septiembre de 2006. Inmediatamente asumió la cartera de Industria otro político catalán, Joan Clos i Matheu, Licenciado en Medicina y especialista en Epidemiología (en fin). Es de pensar que las preferencias del Presidente Zapatero por los políticos de Cataluña están directamente relacionada con la capacidad de estos en conseguir votos, nada más. Ya me van a contar ustedes, queridos lectores y lectoras, que hace un Médico encargándose de la Energía del país. Duró menos de 18 meses. Otro grave error político de Zapatero. Sigamos.

Las actividades del Ministro Clos durante su etapa en el Ministerio de Industria fueron también rimbombantes. Este señor hacia de todo un chiste, llegando a destacar en graduación ‘cum laude’ el día de que juraba el cargo, pues en lugar de indicar ‘industria’ mencionó ‘justicia’ , todo esto delante de los máximos representantes del Gobierno y el Rey, que no salían del asombro. Esto en mi tierra se llama ‘gazapo’. Quizás como Alcalde de Barcelona (durante 9 años) fue de lo más competente, pero si nos atenemos al ‘Principio de Peter’ (recomendable lectura) el Sr. Clos pasó a ser uno de los Ministros más incompetentes de la etapa de Zapatero. Si hay que destacar dos hitos relevantes del Sr. Clos estando al frente de la cartera de industria son el R.D. 661/2007 aprobado y publicado en el BOE durante su escasa etapa ministerial. Sobre este Real Decreto ya he tratado sobradamente a lo largo de este libro y la grave locura de su firme apuesta por el Proyecto Castor en Vinarós (Castellón). Este depósito artificial de Gas Natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, y pretende ser uno de los almacenamientos de Gas para suplir ‘eventuales demandas energéticas’ según explicó el Ministro Clos. Con una capacidad para almacenar 1.900 millones de metros cúbicos de gas, tan solo representa el equivalente al suministro de 40 días a toda España. Aprovechando un antiguo yacimiento petrolífero agotado, el Sr. Clos finalmente da su visto bueno para iniciar la ejecución de semejante barbaridad.

En abril de 2012 comenzaron a sufrir movimientos sísmicos de niveles 3,1º en las inmediaciones de la plataforma. Desde mediados de septiembre 2013 entraron en cadena varios cientos de terremotos, la mayoría imperceptibles para el ser humano. Hasta que el día 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2º causando una tremenda alarma en los municipios en un radio de 70 kilómetros. Los trabajos de inyección se paralizaron el 16 de septiembre, para finalmente terminar en la Fiscalía de Castellón un informe de la Guardia Civil que junto con el Instituto Geográfico concluye que existe relación directa entre los seísmos y la planta gasista Castor. ¿Delito de Estado?

Ya desde febrero 2010 se venía denunciando por parte de diversas organizaciones territoriales la grave amenaza que suponía Castor para la zona, incluso se llegó a presentar una denuncia ante la Comisión Europea por la vulneración de la legislación comunitaria. Ahora viene otra de las preguntas importantes de este libro, ¿Que conexión tiene la apuesta del Sr. Clos y el Gobierno de Zapatero por las energías renovables mediante el mencionado Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, con el Gas?

Pues el Grupo a.1 del mencionado RD, el cual establece lo siguiente:

Grupo a.1. Instalaciones que incluyan una central de cogeneración siempre que supongan un alto rendimiento energético y satisfagan los requisitos que se determinan en el anexo I. Dicho grupo se divide en cuatro subgrupos:

Subgrupo a.1.1. Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural, siempre que este suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, o al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada cuando el resto provenga de biomasa y/o biogás en los términos previstos en el anexo II; siendo los porcentajes de la energía primaria utilizada citados medidos por el poder calorífico inferior.

¿ de qué estamos hablando ? de otra de las mayores aberraciones que se haya podido crear en la historia reciente de la energía en España; la construcción de Centrales de Ciclo Combinado de forma desproporcionada, sin criterio ni estrategia política, con el único afán de dar de comer a la industria eléctrica a sus pretensiones de expansión.

En esta imagen podemos comprobar la enorme expansión de las instalaciones de ciclo combinado. Y en la siguiente su crecimiento en cuanto a potencia generada.

Y con la siguiente imagen, ya podemos apreciar donde se localiza el grave problema de estrategia política de nuestro país en materia energética:

Pasamos de 10.000 MW en el año 2004, a 27.000 en el 2012. Casi se triplica el volumen de potencia en menos de una década. Creo que poco hay que decir sobre la apuesta por las energías renovables fotovoltaicas. Aquí los únicos beneficiados siguen siendo los mismos; los terratenientes herederos del Franquismo que, gracias a los Pactos de la Moncloa han conseguido mantenerse detrás de los políticos, a la sombra de los intereses generales del Estado, de la sociedad y sus ciudadanos. Es normal que la mayoría de estos políticos se paseen cómodamente por los Consejos de Administración de estas empresas.

¿Y a que se debe semejante animalada? Pues aquí tenemos la respuesta:

Dice el refrán que ‘El tiempo deja a cada uno en su sitio’. Han de pasar años, quizás alguna década para averiguar cuáles eran las pretensiones políticas de los gobiernos que han dirigido el rumbo del Estado Español. Tirar de hemeroteca siempre es de lo más acertado. El 47% del gas que consume España proviene de Argelia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se ha apostado tanto por el gas en el marco de una normativa de energías renovables, donde el objetivo primario era incentivar el sol y el viento? Las Directivas Europeas lo establecían bien claro, tan solo tenemos que remitirnos a ellas. Se estima que la inversión total en Ciclo Combinado en España supera los 15.000 millones de euros. En la actualidad no llega al 10% de las instalaciones en funcionamiento. Toda una ruina.

El nivel de incompetencia del Sr. Clos era de tal magnitud en el mundo energético, que el presidente Zapatero le envía a Turquía como Embajador.

Miguel Sebastián Gascón, otro que ni se entera pero termina con todo

El Sr. Sebastián es nombrado Ministro de Industria por recomendación de Felipe González a Zapatero. Discípulo de Carlos Solchaga cuando este era Ministro de Hacienda entre 1985-1993 en el gobierno de Felipe González, terminó pasando al sector privado al incorporarse al BBVA. Zapatero le tenía reservado para ocupar el puesto de director de la asesoría económica del gabinete de Gobierno, finalmente terminó como candidato para la Alcaldía de Madrid, siendo su rival Alberto Ruiz Gallardón. Tenía que entrar en política, fuera como fuera.

Fue autor del programa económico que presentó el PSOE a las Elecciones Generales del 2004, entre las cuales se encontraban medidas ‘ocultas’ para el sector energético las cuales terminaron siendo rechazadas por Pedro Solbes. Es más que probable que desde una perspectiva profesional como economista, tenga una habilidad importante en estudios macroeconómicos, pero al igual que sus predecesores, de energía nada de nada. Se sigue observando al principal input económico industrial, compitiendo con el turismo por supuesto, desde la perspectiva de los números, de los resultados económicos, como si de una empresa se tratase un Estado como el Español.

Este nuevo Ministro de Industria, tuvo algunos sonados desencuentros con Rodrigo Rato, el cual llegó a decir de Sebastián que era "la primera vez en la Historia de la España democrática que un partido le encarga su diseño de política tributaria a un gran banco". El ex-ministro se refería a la coincidencia de criterios entre las propuestas fiscales del PSOE y las que se recogían en los informes del BBVA. Razón si llevaba, pues el señor Rato también hizo lo mismo en su época como Ministro de Economía. El Sr. Sebastián llegó a tener el valor de exponer en una conferencia que en el año 2000 que los pensionistas deberían de soportar el efecto inflacionista del Petróleo en las pensiones. Casi nada. Lo que no me puedo explicar todavía, y supongo que me costará bastante tiempo más comprenderlo, es como el Rey le termina condecorando con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, que no tengo ni idea de a cuento de que viene, salvo que también disponen de ella otros políticos como por ejemplo Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Francisco Álvarez-Cascos, Eduardo Zaplana, Mariano Rajoy, Josep Piqué, Esperanza Aguirre, Pedro Solbes, Alfredo Pérez Rubalcaba …… y algo así como unos 50 políticos más. Y qué significado tiene esta ‘noble’ condecoración; pues fue establecida por el Rey Carlos III con la finalidad de condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. Regulado por RD 1051/2002 donde se fija como objetivo «recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación».

Yo no quiero decir nada al respecto. Que el estimado lector saque sus propias conclusiones. Tan solo voy a indicar una; las personas mencionadas anteriormente para mí personalmente no han realizado ningún servicio ni eminente ni extraordinario, más bien todo lo contrario. Volviendo al Ministro Sebastián, juró su cargo el 14 de abril de 2008, fecha en la cual comenzaron sus fechorías. Me llama la atención que cada vez que se ha producido un cambio de equipo de Gobierno, a los pocos meses lo primero que se aprueba en Consejo de Ministros es la reforma de la legislación energética. Parece como que la tienen ya preparada, mecanografiada y tan solo es cuestión de pulsar el botón ‘imprimir’. Con El Sr. Sebastián no iba a ser menos. Su primera intervención en las Cortes Generales fue el 4 de junio de 2008, en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio siendo su primer bloque de intervención para hablar de economía. Sorprendente, pero cierto. Que si la liquidez en los mercados financieros, las hipotecas subprime americanas, las tasas de inflación de los consumidores, el crecimiento económico mundial,…. Parecía que estábamos escuchando al Ministro de Economía y/o Hacienda, a quien más propiamente le correspondería ese tipo de dialogo. Después de invertir diez minutos en todo tipo de referencias macroeconómicas, nos encontramos con una serie de observaciones que cuando menos dejan perplejo.

……nuestro grupo parlamentario constata una cuestión que en los últimos años el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y concretamente los dos ministros de Industria que han abanderado el liderazgo de este ministerio, han sido totalmente incapaces de abordar, encontrándonos finalmente con el resultado que todos los presentes en esta Cámara conocemos perfectamente: que el déficit exterior de la economía española tiene unos índices que alcanzan prácticamente el 10 por ciento de nuestro PIB.

Lo primero que deja bien claro el Sr. Sebastián es que si el Ministerio de Industria está hecho una pena, que busquen los culpables en los cargos anteriores. Esto sí que es de buen político. Para minutos después entrar sutilmente en el terreno energético, con ambiguas reflexiones relacionadas con las Directivas Europeas en materia energética. Sin embargo comienza a animarse el Ministro Sebastián y expone que su Ministerio se ha propuesto reforzar la interconexión eléctrica, para lo cual el desarrollo de las Energías Renovables exige una mayor conexión de España con Europa. Para el Ministro el fomento de este tipo de energías constituye la principal medida por varias razones; por su aportación a los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, por su carácter autóctono, ya que aumenta el grado de autoabastecimiento  de España, y por ser un vector de innovación, empleo y riqueza. Concluye el Ministro exponiendo que para crear un marco legal estable y favorable para el desarrollo de las energías renovables y para el fomento del ahorro y la eficiencia energética, se está trabajando en un anteproyecto de Ley de eficiencia energética y energías renovables, el cual indica será presentado antes de final de año. Este nuevo programa energético, indica el Sr. Sebastián, irá acompañado de un plan de energías renovables de tal forma que estas se conviertan en la principal fuente de energía primaria en la generación eléctrica de nuestro país, hasta alcanzar el 40% en el 2020. Ni una sola mención al denominado ‘Déficit de Tarifa’. Pero sin embargo no se le olvida recalcar bien que la política energética de su Ministerio incluirá una firme apuesta por el gas, mencionando que el Gobierno seguirá incentivando la diversificación en los aprovisionamientos de gas natural, desde el punto de vista de los países de origen. No podía ser de otra manera, pues ya tiene conocimiento de todo el tinglado que ha heredado de sus predecesores, a los cuales en ese mismo discurso ha calificado de ‘incompetentes’.

Con que arte nos exponen los políticos en sede parlamentaria sus pretensiones, para luego poder comprobar que ‘del dicho al hecho, hay un buen trecho’. Pues en este caso ni existe. El programa energético del Ministro Sebastián es completamente al revés. Lo cual comprobaremos más adelante.

La primera joya del Ministro Sebastián es el RD 1578/2008, de 27 de septiembre. Solamente pasados los años, cuando miras atrás en el tiempo es el momento de darte cuenta el porqué y el cómo de las cosas. Ahora podemos constatar que le Sr. Sebastián fue otro notable carnicero para el sector energético. El cataclismo para el sector Fotovoltaico ya estaba precocinado por el Sr. Sebastián, de igual modo que en la actualidad el Ministro Soria y su mercenario Secretario de Estado de Energía Alberto Nadal Belda, de los cuales tratare más adelante.

Como si de un ataque nuclear se tratara, este RD no fue más que un disimulo para contentar a un sector que comenzaba a crecer, como en los años 80 hemos podido comprobar que crecieron otros segmentos dentro del sector energético y, que sin la ayuda del Estado, no hubieran llegado hasta donde están hoy en día. Sin embargo, no sé que le ven estos seres humanos que se meten a política a la energía solar. No voy ahora a dar una conferencia sobre los beneficios energéticos que tiene la luz solar, pues no es cuestión de este libro. En el interior del mencionado RD encontramos las claves del atentado que preparaba el ministro Sebastián, tratándose de una norma esencialmente de procedimiento administrativo, debido a que regula los trámites y plazos del sistema retributivo de la energía fotovoltaica. Es inadmisible que el mismo Órgano administrativo que promulga una Ley la incumpla deliberadamente con el único objetivo de quebrantar una normativa con el objetivo de causar un perjuicio sobre aquellos que han realizado inversiones y gastos, bajo la confianza del cumplimiento administrativo que establece el mencionado RD.

Entusiasmó en su primera intervención parlamentaria, dando grandilocuencias a favor de la energía solar hasta el punto de llegar a convencer al gabinete de Obama, generó un impulso industrial que llevó a instalarse en España 2.500 MW al 2008, antes del recorte del 30% a las ayudas económicas de incentivo (que siguen llamando ‘primas’) establecidas en el RD 1578/2008. El objetivo estaba marcado, así como su estrategia que no era otra más que terminar culpando a las energías renovables, y es que las estas jamás han sido las causantes de los desequilibrios económicos en el sector energético. Bien lo saben todos los altos cargos que han pasado por Industria, los cuales el tiempo les terminará dejando en su sitio. El sistema energético español comienza a percibir las vibraciones del terremoto que se aproxima, pues en tan solo un año al frente del Ministerio de Industria del Sr. Sebastián las pérdidas de valor de mercado ya superaban el 70%. Otra de las sorpresas que tenía preparada el Sr. Sebastián vienen recogidas en el Real Decreto Ley 6/2009, en el cual se da por adivinado el futuro ‘Déficit de Tarifa’ al promulgar en el mismo que este no será superior a 3.500 millones de euros para el ejercicio 2009, 3.000 millones para el 2010, 2.000 millones para el 2011 y 1.000 millones para el 2012. ¿Cómo es posible que con antelación se prevean los futuros ‘Déficits de Tarifa’? Se supone que este se genera en función de los ingresos y los gastos de cada ejercicio, los cuales conocerlos antes de que se produzcan no es más que cuestión de ser adivino. ¿Es un adivino el Ministro Sebastián? o simplemente tiene bien calculada su estrategia normativa…….

Como buen financiero, el Sr. Sebastián es el encargado de instaurar un sistema que permita financiar a las empresas eléctricas el ‘déficit de Tarifa’ mediante el cual la banca podrá optar por gestionar el mismo, lo cual permitirá unos ingresos por financiación impresionantes por algo que no existe. Todo un guiño a las entidades financieras, de la cual el proviene y no quiere cerrar puertas. ¿Cómo es posible financiar algo que no existe? Esta es otra de las preguntas que no encontraremos, al menos al día de hoy, una respuesta coherente. Dos Reales Decretos, un Real Decreto Ley y un año de lucha con las patronales después, el ministro alardea de grandes remedios para los grandes males de un déficit de tarifa al que el Régimen Especial contribuyó con 6.505 millones de euros hasta noviembre: recortes a instalaciones ya operativas que hace dos meses no eran posibles, para luego aliviar en 700 millones de euros anuales hasta 2013 su retribución. Al Sr. Sebastián se le viene encima una guerra judicial de 45.000 instalaciones, la mayoría de ellas de pequeños inversores particulares con créditos garantizados con las primas garantizadas mediante el BOE.

¿Delito de Estado?

El Sr. Sebastián cierra puertas a las reclamaciones nacionales con este Real Decreto Ley, dejando como única vía la intervención de la Comisión Europea, la apelación a la Carta Europea de la Energía, la solicitud de arbitraje internacional y las amenazas de reciprocidad estadounidense. El Sr. Sebastián buscaba con este efecto sorpresa hacer encajar sin ningún tipo de miramientos el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas. La guerra solar no ha hecho más que empezar, sobre todo en las trincheras exteriores. No sólo porque, a falta de opciones directas a domicilio para exigir la nulidad del Real Decreto Ley en el Supremo o la Audiencia Nacional (sólo podrán hacerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y ejecutivos autonómicos) las asociaciones y las empresas llevarán sus peticiones judiciales ante Bruselas y reclamarán ante la Comisión Europea las decisiones del Gobierno por incumplimiento del derecho comunitario.

Pero esto no acaba más que empezar, pues el Ministro Sebastián ya tenía preparado con antelación otra medida que es considerada como la espuela, el garrote vil al sector renovable. Sólo un mes después del mencionado RD 1565/2010 que daba por zanjada la regulación fotovoltaica, con recortes a 25 los años con prima y un 45% las primas a instalaciones desde 2012, el Sr. Sebastián decidía incluir recortes del 30% a la retribución de las instalaciones que ya se encontraban en funcionamiento, arriesgándose con ello a una tormenta de demandas dentro y fuera de España. Además, el Sr. Sebastián utiliza el Real Decreto Ley para recortar el número de horas sujetas a prima, pero no las primas, para no ir más allá de la retroactividad. España incumple la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE y no la ha transpuesto, como debía, antes del 5 de diciembre de 2010. Dos sombras que no caen bien en la mesa del Comisario Günter Oettinger y que suman y siguen con las manchas que España ha terminado por echarle a lo que iban a ser sus ‘alardes renovables’ aspiraba a definir en 2010 una Ley de Renovables y de Ahorro Energético -o al menos un nuevo PER hasta 2020- y se atrevió a estrenar el semestre de su presidencia europea fijando el objetivo del 22,7% de renovables. Además, los inversores internacionales con mas 15.000 millones destinados al sector energético español, ya han hecho saber a Zapatero que estudian un arbitraje internacional para obligar a que el Ejecutivo respete sus inversiones. Con la inestimable colaboración del Sr. Sebastián, el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, una factura mayor de la que Industria pretende ahorrar. Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, el resultado será la quiebra inevitable de la mayoría del sector. Ante las previsiones de impago, bancos y cajas de ahorros se verán obligados a provisionar 20.000 millones de euros. El nuevo Real Decreto Ley haría que los ingresos del sector se contrajeran más de un 25%, después de un año en el que ya han desaparecido más de 20.000 empleos, en lo que las patronales consideran una moratoria de facto en su actividad que mantenían durante 2010 más de 10.000 millones de inversión congelados en la mayor de las incertidumbres.

Para mayor descaro del Sr. Sebastián, durante su intervención en un Pleno del Senado sostuvo que el sistema energético fotovoltaico es el único sector de las energías renovables que no ha hecho ningún esfuerzo para ayudar a una reducción gradual, sostenible, del déficit de tarifa, a pesar de su importante papel en el sistema. Según detalló, este sector absorbe el 40% de las primas del régimen especial, mientras que representa sólo el 6% de la producción de renovable y el 2% de la producción eléctrica. Aquí debo de hacer una importante observación; quién no ha hecho absolutamente nada de nada para ayudar, no a la reducción, sino a la eliminación del ‘Déficit de Tarifa’ es el mismísimo Ministro Sebastián. Si tan gran economista se cree ser, bien sabe que este no es más que fruto de un engaño pertrechado entre todos los Gobiernos de la Democracia de España y el sector eléctrico agrupado en la Asociación UNESA, como he ido desarrollando en este libro.

Y ahora nos viene este señor con cara de lamento y preocupación a decirle al pueblo español, al Estado en definitiva, que se encontró solo dentro del gobierno de Zapatero ante las medidas que se vio obligado a tomar. Más cinismo imposible. Ese halo de respeto que nos impone el sistema respecto a las personas que ocupan cargos en la política, se revienta por si sola al comprobar cómo, uno detrás de otros, solo ven más de dos palmos de sus propias narices. Demasiados ministros para desatender algo tan importante, imprescindible y necesario como la Energía y su consumo, como para dejarla en manos de un grupúsculo de empresas que son las que finalmente dirigen el rumbo energético del país.

Los Gobiernos ‘anestesian’ al Estado con sus dosis de verbo barato

Los ciudadanos en su conjunto, la sociedad en general, siempre han sido los principales perjudicados de todas las reformas energéticas llevadas a cabo desde la instauración de la Democracia en el Estado Español. Le ruego me permita dar mi personal opinión; siempre ha existido detrás un afán lucrativo a favor de las empresas, no del ciudadano. Bajo la confusión de que el Estado Español necesita hacer ‘ajustes’ para evitar dificultades económicas en el futuro, se ha estado manipulando con arte político las teclas necesarias para que en definitiva las leyes y normativas terminen beneficiando a unos pocos, y perjudicando al resto. Ya lo dijo Vilfredo Pareto hace más de un siglo; la regla del 80/20 basado en el conocimiento empírico donde la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los «pocos de mucho» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20 % de población, ostentaba el 80 % de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80 % de población, el 20 % de ese mismo algo. En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia y lo que descubrió fue que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, mientras que el restante 20% de los terrenos pertenecía al 80% de la población restante. En España sucede lo mismo con la Energía. No debemos de equivocarnos.

Qué fácil es jugar con la capacidad que premia el pueblo a los gobiernos al concederles la gracia de su confianza dando su voto cada cuatro años, cuando estos una vez en el poder desdicen con arte sus palabras gracias a las cuales obtuvieron ese beneficio. Quizás esto se puede llevar a muchos terrenos en el Estado Español, pero el objeto de este libro es demostrar la presunción de un Delito de Estado relacionado con la manipulación del sistema energético del país. Para ello, entramos en una muestra más de la voluntad política de cumplir con la ‘regla de Pareto’ expuesta anteriormente. Los Gobiernos del Estado Español perdonan a las compañías eléctricas una deuda de 3.400 millones de euros. Sorprendente, verdad? Pues así es, querido lector. Ha tenido que ser la sociedad mediante plataformas cívicas las que han presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción una denuncia contra los Gobiernos de España por la presunción de hechos constituidos de un Delito de Prevaricación por desviación de poder y Tráfico de influencias contra el Estado Español, quienes con sus actuaciones arbitrarias, tendenciosas e injustas han perjudicando a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector energético.

La base de semejante atrocidad se basa en que el discurso de los Gobiernos del Estado Español se ha basado en que el denominado ‘Déficit de Tarifa’ es el principal problema del sector eléctrico. Como ya he expuesto a lo largo de este libro este desequilibrio económico virtual se ha producido porque los costes reconocidos a ciertas actividades del sistema eléctrico han sido superiores a los ingresos que han sido aportados por los consumidores. No debemos de olvidar que cuando un consumidor de energía eléctrica abona su recibo por el consumo de esta, queda liberado de cualquier deuda futura. Bajo la excusa de querer controlar el déficit de tarifa, los Gobiernos del Estado Español han generado una serie de medidas convertidas en normativas y leyes que no solo han conseguido el objetivo planteado, sino que han servido más bien para alcanzar todo lo contrario de lo firmado y publicado en el BOE, teniendo siempre como objetivo el sector energético renovable, es decir las tecnologías que obtienen energías mediante sistemas limpios, libres de CO2 y no contaminantes, premisa fundamental de la Carta Magna del Tratado de la Unión Europea a la cual el Estado Español, con la colaboración de los diversos gobiernos han contribuido a dinamitar.

Estos responsables políticos han afirmado reiteradamente la necesidad de exigir esfuerzos a las partes involucradas en el sistema, cuando en realidad se ha podido demostrar que la carga de ese esfuerzo ha recaído siempre en el consumidor, por lo que se le considera víctima de las estrategias de los gobiernos incapaces de resolver un problema que han generado ellos mismos.  Cabe destacar que la Unión Europea fijó de forma imperativa unos objetivos de generación a través de energía renovable para todos los Estados Miembros de la misma. España es uno de esos Estados. En agosto de 2005 se aprueba en Consejo de Ministros el Plan de Energías Renovables con el objetivo de pasar del 7% de aportación en renovables a un 12% para el 2010. La disminución de los costes directos en tecnología relacionada con la energía renovable llegó a superar el 50%, gracias a la I+D+I propulsada por las empresas españolas especializadas en energías renovables. Gracias al apoyo económico del Estado a este tipo de obtención de energía (al igual que con otras en décadas anteriores) las energías renovables alcanzaron niveles ejemplarizantes, dignos de admiración por otros países de nuestro entorno. Incluso la obligada implementación del Código Técnico de la Edificación mediante RD 314/2006, contribuye al desarrollo de instalaciones de obtención de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos (DB-HE sección 5).

Mediante esta atractiva normativa, que no deja de ser obligación por parte del Estado Español para cumplir con lo establecido en las Directivas Europeas, nace un tejido empresarial privado de operadores compuesto por más de 50.000 representaciones. Mientras en paralelo la crisis de comienzos del siglo XXI genera una disminución del consumo energético, provocado fundamentalmente por el exterminio de más de 200.000 empresas que no dejaban de ser consumidoras de energía. Sin embargo esta incorporación de energía al sistema Español se hace incómodo para la gran industria tradicional energética, por lo que comienzan a percibirse mediáticamente manifestaciones en contra de las energías renovables, al amparo de los gobiernos debido a su falta de acción (o quizás omisión) de protección sobre aquello que han promovido y defendido. Se llegó al extremo de diseñar una normativa (RD 1003/2010) mediante la cual se permitía la inspección de instalaciones de energía renovable para detectar posibles usos ‘fraudulentos’ de las mismas. Algo verdaderamente insólito para un Estado de Derecho. Finalmente la normativa mencionada terminó siendo derogada al comprobar que eran falsas las insinuaciones del gobierno. Toda una falta de respeto hacia un sector empresarial que comenzaba a desarrollarse, lo cual generaba empleo y futuro, algo esencial en el desarrollo económico de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. Poco hay que discutir al respecto pues la evidencia es plausible; las energías renovables ya eran incomodas para el grupúsculo de empresas energéticas acaudilladas en los orígenes de la Democracia de España.

Debido al fracaso de intento por parte del Gobierno del Estado Español de dar descredito a las Energías Renovables, se pasa a la estrategia de utilizar como referencia semántica que las ayudas (o primas) al régimen especial energético (es decir, las renovables) son las causantes del déficit de tarifa, algo que ya he demostrado que es erróneo en este libro. Lo más preocupante es que esto es conocido por parte de toda la clase política, quien abducida por los cantos de sirena de los Consejos de Administración de las grandes corporaciones energéticas, mantenían a los dirigentes políticos alimentados con semejantes atrocidades verbales. Incluso la Comisión europea en fecha 30 mayo 2012 indica que las Energías Renovables en el Estado Español no son culpables del Déficit de Tarifa, mientras que a la par denunciaba costes ocultos y exceso de compensaciones a las empresas tradicionales generadoras de energía convencional. Sin embargo el hacer caso omiso a las referencias de la política europea en materia energética ha sido tradicional entre los gobiernos del Estado Español, quienes han continuado su camino prediseñado desde hace ya décadas, tal y como he desarrollado al inicio de este libro.

En paralelo a esta falsa argumentación de que las energías renovables son las causantes del ‘Déficit de Tarifa’ , los diversos Gobiernos fueron iniciando medidas que contribuían a la agonía del sector renovable, a la par que comenzaban a incorporarse a los Consejos de Administración de las tradicionales empresas energéticas distinguidas figuras políticas de primera línea. Aquí expongo algunos ejemplos:

Felipe González Márquez, Presidente del Gobierno desde 1982 a 1996.

Consejero Asesor de GAS NATURAL FENOSA.

Narcis Serra Serra, Ex Ministro y Ex Vicepresidente de Gobierno.

Consejero de ENDESA.

Luis de Guindos, actual Ministro de Economía.

Fue consejero de ENDESA desde 2009 hasta ocupar su cargo público.

José L. Olivas Martínez, ex vicepresidente Comunidad Valenciana.

Consejero de IBERDROLA.

Manuel Amigo Mateos. Ex consejero de Industria Junta de Extremadura.

Consejero Independiente de IBERDROLA RENOVABLES.

Elena Salgado Méndez. Ex ministra de Economía y Ex Vicepresidenta del Gobierno.

Consejera del Grupo ENDESA.

Fabrizio Hernández. Secretario Estado Energía.

Consultor externo de ENDESA e IBERDROLA.

José María Aznar. Ex presidente del Gobierno.

Consejero Asesor de ENDESA.

Pedro Solbes. Ex Ministro de Economía. Vicepresidente de Gobierno.

Consejero de ENEL-ENDESA

Joan Majó. Ex Ministro de Industria.

Consejero de ENDESA.

Ángel Acebes. Ex Ministro Administraciones Públicas.

Consejero externo de IBERDROLA.

Ana Palacio Valle. Ex Ministra Asuntos Exteriores.

Consejera de Hidroeléctrica del Cantábrico.

Manuel Marín González. Ex Presidente del Congreso de los Diputados.

Presidente de la Fundación IBERDROLA.

Ignacio López del Hierro. Esposo de la Presidenta de Castilla-La Mancha

Consejero Independiente IBERDROLA.

Ramón Pérez Simarro. Ex Secretario Estado Energía.

Consejero de ENAGAS.

Rosa Rodríguez Díaz. ExViceconsejera Hacienda y Ex Vicepresidenta Canarias.

Consejera de ENAGAS.

Braulio Medel Cámara. ExViceconsejero Economía Junta Andalucía.

Consejero de IBERDROLA.

Fernando Becker Zuazua. Ex Consejero Economía Junta Castilla y León.

Vicepresidente Fundación IBERDROLA.

Santiago Cobo Cobo. Esposo Alcaldesa de Cádiz.

Consejero de GAS NATURAL FENOSA.

José Folgado Blanco. Ex Secretario Estado Energía.

Presidente Red Eléctrica Española.

Mª Ángeles Amador Millán. Ex Ministra Sanidad.

Consejera Independiente RED ELECTRICA ESPAÑOLA

Arantxa Mendizábal. Ex Diputada Socialista y portavoz comisión Energía.

Consejera RED ELECTRICA ESPAÑOLA

Marcelino Oreja Aguirre. Ex Diputado y Ex Comisario Europeo.

Consejero de ENAGAS.

Tampoco pretendo hacer demasiado extenso el listado de seres humanos que han representado al Estado Español en algún momento determinado. Con lo ya expuesto lo considero suficientemente demostrado que la política y el sector energético tiene una conexión directa y correlacionada, hasta el extremo que entre todos estos ciudadanos y ciudadanas llamados políticos han conseguido que el Estado permitiese la prescripción de la reclamación a determinadas empresas eléctricas la simpática cantidad de 3.400 millones de euros. Si, lo que está leyendo es correcto. Y que conste que no sea por haberlo recordado en reiteradas ocasiones, incluso desde la Abogacía del Estado que envió escrito a la CNE en fecha 11 de junio de 2008 donde se reflejaba el exceso de retribución sobre los CTC (Costes Transición a la Competencia) a estas compañías. La CNE emitió su correspondiente informe en el cual ratificaba las cifras, distribuyéndolas de la siguiente manera:

ENDESA:                                          1.562 MILLONES DE EUROS

IBERDROLA:                            1.159 MILLONES DE EUROS

VIESGO:                                          432 MILLONES DE EUROS

UNION-FENOSA:                            276 MILLONES DE EUROS

CANTABRICO:                            155 MILLONES DE EUROS

¿Quién era Ministro de Industria en fecha del informe de la Abogacía del Estado remitido al a CNE? El Sr. Sebastián. ¿Delito de Estado?

Si tanta preocupación ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria el Sr. Sebastián, ¿a que se debe este olvido?

Igual de terrible considero las manifestaciones recientes del Sr. Sebastián al indicar que fue un error, tanto por los gobiernos de Aznar como de Zapatero, el no haber incluido las primas a las renovables, que explican buena parte del endiablado problema del déficit tarifario, en el presupuesto del Estado, en vez de en la tarifa eléctrica (a cargo de los consumidores). Si hubiera sido así, los decretos y sus posibles incentivos perversos hubieran sido mirados con lupa por el ejército de economistas del Ministerio de Economía y Hacienda y alertado de sus riesgos. ¿Y este señor dice que es economista? Como es posible que manifieste semejante burrada, cuando todos sabemos que los presupuestos del Estado también son costes hacia los ciudadanos, puestos TODOS somos consumidores de electricidad. Pero llama la atención una parte de la frase; las primas a las renovables explican buena parte del ‘endiablado’ problema del déficit tarifario. Sobran las palabras.

Como he dicho en mi introducción, tan solo hay que esperar un lustro para conocer los motivos por los cuales se desarrollan determinadas normativas y Leyes, a quien pretende beneficiar y a la vez perjudicar. Este ser humano metido en política continuó su barbarie promoviendo nuevas legislaciones como el RD-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, y cuya tramitación parlamentaria fue todo un escándalo por parte de la Cámara Baja. En su intervención en el Congreso de los Diputados el Sr. Sebastián lanza una serie de perlas al hemiciclo dignas de mención:

Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. Con este propósito, y durante el curso de mi intervención, me propongo trasladarles las razones que justifican el carácter extraordinario y urgente de convalidar una norma cuya aprobación encuentra su razón de ser en la necesidad de poner fin al denominado déficit tarifario.

Nuevamente otro salva patrias que tiene la fórmula mágica para terminar con el invento creado por la clase política denominado ‘Déficit de Tarifa’.

Hay que tener en cuenta que las dificultades para financiar el déficit de tarifa acumulado, así como el continuo crecimiento del mismo sin visos de su eliminación, habían elevado notablemente los costes de financiación de las empresas eléctricas españolas en relación con sus competidoras europeas y habían aumentado las probabilidades de que se produjera una inmediata rebaja del rating de nuestras empresas.

¿Sin visos de su eliminación? Dice el Sr. Sebastián en sede parlamentaria. Esto es un reconocimiento de su loable incompetencia para solucionar, que digo yo, desenmascarar la verdadera razón de la existencia de ese desequilibrio virtual llamado ‘Déficit de Tarifa’. Otra oportunidad perdida en la historia de la Democracia del Estado Español.

El presente real decreto ley determina, la cesión de los derechos de cobro a un fondo de Titulización de nueva creación. Este fondo, cuyo gestor será designado por una comisión interministerial siguiendo los principios de objetividad, transparencia, publicidad y mínimo coste, permitirá una gestión eficiente de la deuda que actualmente tiene el sistema eléctrico, acotando a su vez el déficit que se genere hasta el año 2013 y garantizando que a partir de ese año 2013 no se producirán más déficits. En concreto, el Estado avalará, hasta un máximo de 10.000 millones de euros, los valores que emita dicho fondo relativo a los déficits reconocidos y pendientes de cesión a terceros. Asimismo, el Estado garantizará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, que es la fecha última para que desaparezca el déficit y se cedan al fondo.

Como se nota que el Sr. Sebastián viene de la Gran Banca y esto no es tan solo mas que un guiño a sus camaradas banqueros para que recauden intereses sobre una cantidad económica que no existe, que es humo, y como se ha explicado anteriormente hemos sabido venderlo gracias al sastre de nuestro galán, que no es ni más ni menos que el Sr. Sebastián.

La magnitud del problema del déficit de tarifa y sus consecuencias obligan a una actuación urgente. Se trata de un problema de Estado al que es preciso poner solución si no queremos poner en peligro la estabilidad y la seguridad del sistema eléctrico. No podemos mirar a otro lado y seguir dejando que crezca el problema. Hasta hace un tiempo el déficit tarifario era discutible, su carácter racional o su carácter justo, a día de hoy no solamente lo podemos calificar de irracional sino que es completamente insostenible.

¿Que no podemos mirar a otro lado y seguir dejando que crezca el problema? Si aquí quienes miran constantemente para otro lado son precisamente las personas que se sientan en los Ministerios bajo el rango de Ministros, entre ellos él, obviamente. Es indiscutible que se ha abordado el fondo de la cuestión, de igual modo que es indiscutible que este ha sido pertrechado entre el Gobierno y las Compañías Eléctricas. El problema endémico que ha sufrido el sector eléctrico con los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista no ha sido el Déficit de Tarifa, sino mas bien la falta de rigor político pues el Partido Socialista ha ocupado el Gobierno del Estado Español más tiempo que el Partido Popular, por lo que el reproche es más que justificable. Ahora hoy, escuchamos a miembros del PSOE hablar de nuevas ‘formulas magistrales’ que ante una inminente campaña electoral van a sonar a gloria, para luego pasar a convertirse en papel mojado. Ya lo hemos comprobado en estas dos últimas décadas y deberíamos de impedirlo. Los programas electorales, que pasen antes por notaría.

Ahora le toca el turno al gemelo Álvaro Nadal Belda, quien en aquel debate era miembro en la Cámara en representación del Partido Popular, hoy mano izquierda del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Este ser humano también suelta algunas perlas que, cuatro años más tarde son dignas de admiración si las comparamos con sus recientes actividades junto a su hermano Alberto Nadal, actual Secretario de Estado de Energía.

El déficit tarifario es un problema antiguo, es verdad, pero tiene un volumen total, más o menos, de unos 14.000 millones de euros -por lo menos es lo que dice la Comisión Nacional de la Energía-, 1.500 de ellos creados bajo gobiernos del Partido Popular y el resto bajo gobiernos del Partido Socialista. El 85 por ciento del problema del déficit tarifario se ha creado en estas dos últimas legislaturas. Y ahora hay que arreglarlo. Usted ha dicho que era irracional que siguiese subiendo, es verdad, también probablemente hay muchas maneras de solucionar el problema del déficit tarifario -y usted ha optado por la que es más perjudicial para esos cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que hay en nuestro país y para esos millones de hogares que hay en este país- que sencillamente solucionarlo a base de subir los precios. Se podría haber optado por otras alternativas. Se podría haber pensado en modificar la regulación del sistema eléctrico, tiempo han tenido de sobra para hacerlo; por ejemplo, las tecnologías infra marginales se podrían haber mandado al mercado a plazo y solucionaríamos lo que pasa con las puntas de crecimiento del precio del petróleo. Se podría haber aumentado la competencia en el sector. Ustedes mismos en el decreto-ley de 2006 reconocerían que había algún problema en la formación de precios del pool y por eso obligaron a que las casaciones se hiciesen a precio fijo cuando eran dentro del mismo grupo. Se podría haber mejorado la eficiencia a través de inversiones del sistema eléctrico, porque al final la diferencia entre el precio y el coste -que ahora mismo es en lo que consiste por definición el déficit tarifario, los costes están por encima de los precios- se puede hacer de dos maneras: o aproximar los precios a los costes, que es lo que ustedes están haciendo, o tratar de aproximar los costes a los precios, es decir, tratar de reducir el coste energético de este país. De esto segundo no hay nada en este decreto-ley, no hay nada, sencillamente no hay nada. Aquí ni se aumenta la competencia ni se mejoran las normas de asignación de los precios en el sector eléctrico, la manera de hacerlo más eficiente y más competitivo, ni se mejoran las inversiones ni nada parecido, directamente lo paga el consumidor.

Si ahora le dicen a este señor que vuelva a pronunciar estas palabras, se las pensaría varias veces, pues precisamente él personalmente está haciendo todo lo contrario. Sigamos.

Tienen un problema evidente que se llama déficit tarifario, y lo curioso del primer artículo de este decreto-ley es que se dice que queda prohibido el déficit tarifario. Se soluciona un problema prohibiéndolo, una manera bastante curiosa en política de solucionar los problemas. Para eso se hacen limitaciones respecto a lo que va a ser el déficit tarifario de aquí a 2012, a partir de 2013 no existe, y al quedar prohibido lo que no entra dentro de las limitaciones que ustedes dicen va a la tarifa de último recurso y a los accesos. ¿Cuánto va a subir el recibo de la luz el 1 de julio de este año, señor ministro de Industria? Porque, claro, nosotros no vamos a aceptar que todo el ajuste del problema del déficit tarifario se haga única y exclusivamente sobre el bolsillo del consumidor y en especial del consumidor industrial pequeño y mediano, que es el que ahora mismo está siendo arrasado en esta crisis, y por eso empecé mi intervención como la empecé. 

Dice el Señor Nadal Belda que el Partido Popular no va a aceptar que todo el ajuste del problema del ‘Déficit de Tarifa’ se haga exclusivamente sobre el bolsillo del consumidor, entonces, ¿Porqué ahora que está en el Gobierno, sentado en La Moncloa despacho junto a despacho de Mariano Rajoy, si lo hace? Sigamos.

Otro de los elementos muy polémicos, muy complicados de este decreto-ley, es qué pasa con el sector de renovables. Ustedes han hecho una apuesta en su modelo energético por el sector de renovables. Aquí hay una confesión implícita de que algo va mal. ¿Se les ha ido la mano, no lo han regulado bien? Porque aquí, lisa y llanamente, se establece un sistema de cupo basado en una entrada en un registro, un sistema bastante poco eficiente desde el punto de vista económico -y usted se precia de ser un buen economista-, en el que por orden riguroso de entrada en el registro, con unas condiciones draconianas para entrar en el mismo, se van a ir asignando las posibilidades de enganche. Entiendo que en un sistema de mercado, cuando estamos hablando de la asignación de un recurso escaso y en este caso de la cuota del número de empresas o de la potencia instalada que se puede aplicar a un determinado tipo de tecnología, algún tipo de subasta por precio sería un método de asignación mucho más eficiente y además mucho más beneficioso para el consumidor, pero ustedes no han querido hacerlo así. Por ejemplo, se pide que se tenga la licencia de obras, pero para tenerla es necesario tener comprado el terreno, y nadie compra el terreno si no sabe si al final le van a aprobar el proyecto; es una pescadilla que se muerde la cola. Muy poca gente va a ser capaz de acceder a requisitos de este tipo. También se pide tener contratados el 50 por ciento de los equipos cuando todas las empresas que se dedican al suministro de equipos eléctricos piden un depósito. Luego ¿quién va a poner un depósito a fondo perdido si al final no le dan el proyecto? Son depósitos amplios, que pueden ser el 15 ó el 20 por ciento del coste de los equipos, y no hay garantía de que al final le vayan a dar el proyecto porque depende de cómo esté su situación en el registro.

Esto, lisa y llanamente, es un atentado contra el sector de las renovables y crea una inseguridad jurídica enorme, porque, además, en la disposición adicional quinta del real decreto ustedes se arrogan incluso la facultad de quitarle a alguien, por conveniencia y con una única decisión del Consejo de Ministros, la capacidad de instalarse y empezar a producir incluso cuando ya se le ha concedido dicha capacidad. Por acuerdo de Consejo de Ministros, a alguien que se le ha permitido producir, a alguien que ya tiene la instalación puesta, a alguien que ya está enganchado se puede decidir quitársela y que deje de producir.

¿Pero que estamos escuchando del Sr. Nadal Belda? Defendiendo a las instalaciones Fotovoltaicas ¡! Preocupándose por la Seguridad Jurídica y el exterminio de las energías renovables…. Entonces, ¿por qué ahora que está en el Gobierno, con rango de Secretario de Estado por cierto, está precisamente haciendo lo que en aquel momento criticaba? Es posible que tomara nota para cuando desembarcara en Moncloa.

Yo le digo, señor ministro, que hay otra manera de hacer política energética. Durante los gobiernos del Partido Popular apenas hubo déficit tarifario, solo 1.500 de los 14.000 millones que ahora mismo hay, y se redujeron las tarifas eléctricas un 19,4 por ciento durante todo ese periodo. En el momento presente, desde 2004 a 2009, la subida de las tarifas eléctricas acumuladas es de un 26,5 por ciento. Se puede hacer más competitiva la economía, se puede hacer mejor política energética, y ustedes han optado por lo contrario.

Menudo personaje este señor, que barbaridad con tanta palabrería. Ahora es buen momento de recordarlo, para luego contrastarlo con otras de sus intervenciones, que tampoco tiene desperdicio.

Finalmente este patético RD-Ley terminó siendo aprobado por 181 votos a favor, en contra 6, y lo más curioso…. 147 abstenciones. El Partido Popular se abstuvo en lugar de votar NO. Para mí personalmente, esta maniobra la clasificaría como correspondencia subliminal con el PSOE. Qué bien saben ‘Sus Señorías’ del PP que no hay que destapar demasiado la caja de Pandora.

Aprobado y publicado en el BOE, esta locomotora endiablada comenzó a generar estragos por lo que empezaron a publicarse todo tipo de manifestaciones en repulsa contra semejante medida. Diversas asociaciones emitieron en conjunto un comunicado en el que pedían a la administración “elimine las referencias negativas a las renovables que hay en la introducción del RD, en la que se califica la evolución de las tecnologías del régimen especial de ‘riesgo, a corto plazo, de la sostenibilidad del sistema’”. Las seis asociaciones consideran que estas afirmaciones, “a todas luces falsas, dañan el futuro desarrollo del sector de las energías renovables de forma irremediable y deben ser retiradas del articulado final del Real Decreto-Ley”. Además, los firmantes piden al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Mityc) que la ordenación y el desarrollo del sector se haga “a través de la prometida Ley de Energías Renovables” y denuncian la contradicción entre el discurso del presidente del Gobierno, que muestra en público un claro apoyo a las renovables, y las decisiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio La publicación del mencionado RDL, señalan los firmantes, “pone de manifiesto la clara contradicción entre las manifestaciones políticas y programáticas de apoyo claro y rotundo al sector de la energías renovables expresadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las decisiones que toma el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. Por todo ello, y entre otras cosas, las asociaciones proponen al Gobierno y al Parlamento españoles “retirar el Artículo 4 del RDL 6/2009 con el objetivo de que sus contenidos sean incluidos y desarrollados en un Proyecto de Ley sobre Energías Renovables”.

No debemos de olvidar que en esa fecha estaba pendiente la trasposición de la Directiva Europea 2009/28/CE  relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que tenía como plazo máximo el 25 diciembre de 2009. ¿Por qué el gobierno de Zapatero y su Ministro Sebastián no incluyen esta importante Directiva en este RD-Ley? Tan solo tiene una explicación; la nueva Directiva no prevé ningún tipo de sanción para los países que no cumplan con su trasposición, por lo que alcanzar los objetivos globales y nacionales dependerá mucho de los diferentes gobiernos y de la voluntad de la Comisión para abrir procedimientos de infracción contra los estados miembros que no cumplan”. Lamentable, pero cierto.

Tan solo 18 meses después del mencionado RD-Ley 6/2009, el Ministro Sebastián ratifica su inigualable incompetencia como Ministro de Industria (al igual que sus predecesores) presentado en el Congreso de los Diputados un nuevo Real Decreto-Ley, con el único objetivo de terminar de descuartizar definitivamente al sector de las energías renovables. Bajo el pretexto de la profunda crisis económica que está atravesando el Estado Español, el Sr. Sebastián expone en el Congreso de los Diputados una patética diserción que debería de ser objeto de análisis en las facultades de psiquiatría. Aquí se reproducen algunas de estas:

Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 14/2010, del 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Esta necesidad tiene su origen en la profunda crisis económica y financiera global que estamos padeciendo, una crisis que está exigiendo a todos los gobiernos, especialmente en Europa, reformas estructurales que aseguren un futuro de crecimiento y de progreso sin pérdida de bienestar.

¿Esta insinuando el Sr. Sebastián que la necesidad de este RD-Ley tiene su origen en la profunda crisis económica que está padeciendo el País? , ¿Pero se puede saber que tiene que ver la crisis económica con el ‘Déficit de Tarifa’ inventado por los políticos?

El Real Decreto-ley 14/2010, que se somete a convalidación, mantiene el objetivo de eliminación de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. Para ello prevé la puesta en marcha de un conjunto de medidas que, con carácter inmediato, permiten solventar la actual situación y fortalecer la posición del sistema eléctrico en los mercados financieros y de deuda, un aspecto especialmente relevante en estos difíciles momentos, como estoy absolutamente seguro convendrán sus señorías conmigo. Para ello, se creará una nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas a futuro, que reduce las primas en un 5 por ciento para las instalaciones de techo pequeño, en un 25 por ciento para las de techo mediano y en un 45 por ciento para las de suelo.

¿Dónde ha quedado el gran defensor de las energías renovables, limpias y comprometidas con el Medio Ambiente? Patética exposición del Sr. Sebastián donde claramente se le percibe que asocia el desequilibrio económico del sector eléctrico con la energía fotovoltaica, imparable su persecución hasta el extremo de estigmatizar a un sector energético que llegó a vender en los EE.UU como el ‘futuro del planeta’

¿Y por qué no son responsables para el Sr. Sebastián los costes regulados como la Distribución o el Transporte? Interesante pregunta.

Señorías, el sector de la energía solar fotovoltaica era el único de los grandes sectores de las energías renovables que aún no había hecho un esfuerzo para ayudar a una reducción gradual y ordenada del déficit de tarifa, y no lo había hecho a pesar de su importante papel en los costes del sistema. Cabe recordar que el sector fotovoltaico absorbe el 40 por ciento del sobrecoste del régimen especial, representando tan solo el 6 por ciento de la producción renovable y el 2 por ciento de la producción total del sistema eléctrico. En estas circunstancias y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector fotovoltaico, pero siguiendo lo pactado con el resto de los sectores, eólico y termosolar, se propone limitar las horas de funcionamiento con derecho a tarifa de las plantas fotovoltaicas a partir de 2014, año en el que se pondrá en marcha un límite de horas equivalente al funcionamiento actual, límite que es aceptado por el sector. 

A esta observación del Sr. Sebastián prefiero no hacer ningún comentario. El silencio es el mejor aliado para fustigar con el látigo de la indiferencia. Menudo personaje. Esta chapuza legislativa es una muestra más de la incapacidad política del Sr. Sebastián. Sorprende escuchar al Ministro de Industria en Sede Parlamentaria decir que ‘debido a las favorables condiciones meteorológicas que han llevado a una mayor producción eléctrica desde fuentes renovables’ ha sido complejo el contener el ‘Déficit de Tarifa’. Como he dicho antes, de facultad de psiquiatría. Si el Sr. Sebastián fuera un Ministro de Industria de verdad, lo que debería de haber propuesto en este absurdo RD-Ley es  modificar la ley eléctrica de 1997, en virtud de la cual el precio de la energía no refleja el coste real de producción a partir de cada tecnología, sino que el kilovatio más caro es el que marca el precio de todos. Así, la energía producida por centrales totalmente amortizadas como las hidroeléctricas o nucleares se pagan al precio de las más caras, y esto es lo que explica que, pese al ‘presunto’ Déficit de Tarifa, los beneficios de las compañías eléctricas sean mayores y es también lo que explica que el precio de la electricidad en el Estado español sea más caro que en Estados de nuestro entorno mucho más desarrollados. No hay que darle más vueltas, esa es la verdadera estrategia de un Ministro de Industria en lugar de la confusa y tergiversada normativa que desarrolló. No quiero descuidarme y dejar bien claro que en este RD-Ley se incorpora un ‘Peaje de Respaldo’ de 0,50 € por MWh vertido a la red. Este concepto fue tomado bien en cuenta por el ser humano que viene a continuación.

Y como no, volvemos a tener delante al Sr. Nadal Belda, el gran charlatán con su verborrea trastornada de pura demagogia. Veamos;

Quiero hacer una reflexión. Menos mal que este Gobierno era el Gobierno más verde del planeta, igual que era el Gobierno más social del planeta y el que más se preocupaba por todas estas cuestiones del planeta tierra, porque el palo que le han dado ustedes a las políticas sociales y el que le están dando ahora a las energías renovables es épico. Los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social, la realidad medioambiental y todas las demás, porque lo que toca, lo destruye.

¿En serio que esto lo dice la mano derecha del actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? Pues sí. Y también esto;

En concreto, ¿qué es lo que hoy estamos debatiendo? Debemos convenir que la generación fotovoltaica está lejos todavía de ser competitiva como lo es la eólica, pero nuestro grupo quiere continuar manteniéndola de forma clara porque es un componente importantísimo del futuro de generación de energía limpia y sostenible. Ya se redujeron en su día unas primas que quizá fueron, como se ha dicho también, ciertamente abultadas siguiendo la tendencia a nivel mundial y atendiendo además a la disminución de costes. Pero lo que hoy se nos plantea con este recorte drástico para el periodo 2011-2013 es, para nosotros, a todas luces excesivo, además de que supone cambiar las reglas del juego a media partida y experimentar unos cambios de forma respectiva que generan no solo incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que aseguran al Gobierno una altísima litigiosidad porque el propio sector fotovoltaico ya amenaza con interponer hasta más de 600.000 pleitos por este motivo y, sobre todo, porque, tal y como se plantea en este decreto-ley, va a plantear un problema grave, casi diría que la ruina y la quiebra, sobre todo para miles de familias y de pequeñas empresas que confiaron en la expectativa cierta que en su día dio el Gobierno en su política energética. 

Increíble, ¿verdad? Precisamente es lo mismo que ahora está haciendo su propio Gobierno, gracias a la abducción que ejerce sobre su jefe, Mariano Rajoy. Este ser humano y su hermano gemelo están haciendo exactamente lo contrario a lo que defendían en Sede Parlamentaria. Es demasiado.

Y con estas que tenemos, pues que finalmente la votación resulta ser la siguiente:

A favor, 175; en contra, 12; Abstenciones, 157. Toma ya ¡! Otra vez el PP omitiendo el NO y manteniéndose entre dos aguas. Bien saben por qué lo hacen, y usted querido lector supongo que a estas alturas también lo sabe. Finalmente se publica en el BOE y como es de esperar, las críticas y denuncias sociales tardaron minutos en aparecer. Obvio y normal, el Gobierno de Zapatero destroza un sector en desarrollo y crecimiento de forma vil e inhumana al introducir medidas retroactivas, abusivas y perjudiciales para los productores fotovoltaicos en España.

Es verdaderamente lamentable comprobar cómo un gobierno que es el garante de la seguridad del Estado Español, desarrolle una norma que incentive y fomente la generación de energía renovable alternativa, especialmente la inversión en plantas fotovoltaicas de energía eléctrica (RD 661/2007; Joan Clos) y que además aseguraban la inversión realizada estipulando un precio fijo por el que las compañías eléctricas compraban la totalidad de esta energía generada. He de advertir que es el Estado quien facilita esa ‘garantía’ y no el Gobierno de turno. La seguridad de las normas promulgadas por los Gobiernos es de su Responsabilidad, por lo que causar un perjuicio de esta magnitud, no solamente al productor sino también al consumidor, es objeto de un presunto dolo, bien por acción o por omisión de las normas establecidas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De ser así, ¿Estamos ante un Delito de Estado?

De ser así, que imagen pretendemos dar al exterior con nuestro sistema del ‘Tesoro Público’, mediante el cual se coloca Deuda Pública la cual pretendemos que adquieran otros Estados. Si damos una imagen lamentable de falta de respeto por nuestra garante institucional, poco podemos esperar de quienes nos observan. Personalmente no me extraña absolutamente nada que del Estado Español haya existido durante los últimos 24 meses un nivel de máxima desconfianza que ha llevado a nuestra prima de riesgo a niveles de la quiebra nacional. ¿O también ha sido un montaje? Ni que decir frente al adversario político que se lo pone en bandeja. Un gobierno haciendo política energética para luego deshacerla tan solo porque hay números que no cuadran, es algo verdaderamente inimaginable para una sociedad del siglo XXI.

Y así fue lógicamente, el 22 de diciembre 2011 entra en el gobierno del Estado Español el Partido Popular del cual millones de españoles esperaban cambios importantes, tal y como enunciaban en su programa electoral. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, gracias al tiempo transcurrido se puede comprobar que nada tiene que ver con la realidad.

El Ministro Soria no sabe lo que es el llamado ‘Déficit de Tarifa’

Viernes 27 de enero de 2012. 13:45 horas y en La Moncloa termina el Consejo de Ministros del recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy. El mismo estreno que tiene el Ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. En sus más de 9 minutos de intervención, dejando perpleja a toda España. El Ministro Soria expone que hay un objetivo inequívoco de todo el gobierno, el cual consiste en disminuir el Déficit Público del Estado, afirmando que la política energética no es ninguna excepción.

Considero personalmente lamentable que un Ministro confunda el Déficit Publico de un País, con un montaje político hecho ‘ad hoc’ para la industria eléctrica del país, como ya bien ha quedado claro en este libro. El Ministro indica en su primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la potencia instalada en España asciende a 106.295 megavatios, recordando que la demanda punta no llega ni tan siquiera a la mitad. Habría que preguntarse entonces para que necesitamos instalaciones nucleares, por ejemplo.

Nos recuerda el Ministro Soria en su intervención que España tiene acumulado un ‘déficit de tarifa’  que oscila los 24.000 millones de euros y que para ponerle freno a esta situación que se le escapa de las manos y no sabe cómo resolver, ha decidido promulgar un Real Decreto Ley por el cual se interrumpe todo tipo de autorización de instalaciones de energías renovables. Vamos, completamente 180º de las políticas energéticas que el señor Nadal Belda defendía en el Congreso de los Diputados meses antes de llegar a La Moncloa. Pero el Ministro Soria ni se inmuta. Indica que las primas previstas para  el año 2012 ascienden a 7.200 millones de euros, un 27% para las instalaciones eólicas (que irán destinadas a IBERDROLA) y un 44% para la fotovoltaica y termosolares, sin diferenciarlas entre ellas, por lo que cabe la duda de si el ministro conoce con detalle el sector energético.

Se puede confirmar la falta de experiencia de este señor, al comprobar esta breve intervención que reproducimos a continuación:

Quiero resaltar también que en el precio de la electricidad, ese que nos encontramos al final de mes, tiene dos componentes: el coste de la generación propiamente dicho y, luego, otro capítulo que es el que se conoce como los "peajes". Pues bien, dentro del capítulo de los peajes, la mitad, un 50 por 100, viene directamente de lo que suponen las primas y lo que supone la amortización del déficit tarifario que ya se ha acumulado a lo largo de los años. La otra mitad de los peajes, aparte de lo que es el déficit y de lo que son las primas, son el transporte, la distribución y la gestión comercial.

Por todo ello se articula el presente Real Decreto Ley, que quiero decir que es un Real Decreto Ley que tiene como finalidad el que en la actual situación económica y financiera aminore el gasto público, puesto que es una cuestión esencial y obligada. Esta medida obedece a tal exigencia. El déficit tarifario, en los términos en que lo conocemos hoy y su previsible evolución, es una amenaza para el sistema.

El Ministro Soria confirma que la energía eólica en España supone un 104% del objetivo del plan energético Nacional. ¿Será este el motivo por el cual tiene al presidente de Iberdrola disgustado?

Llama la atención la falsedad del señor Soria, al afirmar lo siguiente:

Última cuestión, no afecta, en modo alguno, este Real Decreto Ley a ningún derecho adquirido, ya no sólo por parte de quienes tengan plantas en funcionamiento de energías renovables, si no tampoco de aquellas empresas que hayan obtenido una preasignación, sin perjuicio de que hayan o no hayan iniciado ya el funcionamiento de la planta. Por tanto, quiero decir que no es ninguna norma que incorpore ningún tipo de retroactividad; sólo estamos planteándolo desde ahora hasta el futuro.

Supongo que el Ministro Soria desde esta intervención, a fechas más recientes, ha cambiado de opinión sin saber probablemente los motivos por los cuales ha instalado un conjunto de normas legales con efecto retroactivo hasta el punto que tenemos países que comienzan a preparar demandas contra el Gobierno de España. Mucho cuidado con esto; el Ministro Soria no tiene ningún conocimiento de energía, hasta el punto de confundir un Kw con un kWh, incluso va mas allá al confundir algo tan sencillo, pues se trata en Educación Secundaria, la potencia nominal instalada con potencia firme.

Esta cadena de confusiones le lleva a exponer que la potencia instalada duplica la potencia que necesita el sistema energético y con esa base en el folio que le han escrito para que lea, valora también la conveniencia del parón renovable que su Gobierno ha decretado. Señor ministro de lo que sea, la relación entre potencia instalada y potencia firme difiere de una tecnología a otra y que la suma de potencias instaladas no es relevante en relación con la potencia firme que necesita el sistema eléctrico.

Pero hay una preocupación todavía mayor, la cual personalmente me deja perplejo. Ante este cúmulo de disparidades, el Ministro de Hacienda Sr. Montoro ni se inmuta, ni tan siquiera una leve aclaración a tan descomunal aberración por parte de un Ministro que se supone, tiene al menos una titulación universitaria o similar, aunque sea un grado de FP.

El Déficit Público es un saldo negativo entre los ingresos de las Administraciones Públicas y sus gastos. Déficit Público y Déficit Tarifario, nada tienen que ver, sin embargo el Sr. Montoro parece estar en las nubes en la rueda de prensa. No hay más que ver el video de la misma.

El Ministro Soria confunde, por desconocimiento obviamente, la naturaleza económica de las ayudas que reciben las energías renovables con la naturaleza de las subvenciones. Subvenciones son pagos de las Administraciones Públicas a actividades privadas con cargo a los presupuestos públicos. Las primas de las renovables son pagos de los consumidores de electricidad a la generación renovable. Mire usted señor Ministro, ya se le ve el plumero y todo está bien grabado a disposición del ciudadano y la sociedad. Usted está exponiendo un engaño, ha incubado una malformación que ahora pretende colar al país, pero no se lo vamos a permitir. Sin lugar a dudas.

Y no olvidemos que las energías renovables no son las únicas que reciben ayudas (o primas, le ponen otro nombre para quedar más bonito). También las reciben las grandes concesiones hidroeléctricas, las centrales de Gas Natural, las de Ciclos Combinados, las centrales de carbón….

Queda demostrado pues que la inteligencia económica de este gobierno es nula, pues la suspensión de las ayudas/primas a las energías renovables reduce la inversión, consecuentemente el Estado deja de percibir impuestos, generará un aumento del desempleo con su consecuente gasto en subsidios del Estado, y para remate aumentará el Déficit Público (no el Déficit de Tarifa Eléctrica).

Y no olvidemos que el Gobierno busca nuevas fórmulas para localizar el ansiado tesoro del cambio de modelo productivo, la edificación ha muerto, eso es indiscutible a la vista de los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística; mas de un millón de viviendas construidas y sin ocupar; vacías.

El 9 de febrero 2012 asistimos al debate en el Congreso de los Diputados de la presentación del Real Decreto Ley 1/2012 por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Lo primero que tiene preparado el Gobierno en el cajón es la reforma del sector eléctrico. No estaba recién sacada del horno, ni mucho menos. Ya venía más que incubada desde hace bastante tiempo. Se puede comprobar en la forma en cómo esta es presentada en el pleno. Aquí algunas perlas de la ponencia, al igual que he realizado con su predecesor Sr. Sebastián.

Quiero resaltar, que los costes del régimen especial estimados para el año 2012 -por tanto, los que tienen que ver con el régimen especial de renovables, cogeneración y residuos- supondrían 7.220 millones de euros, de los cuales un 44 por ciento sería destinado a energía solar, termoeléctrica y fotovoltaica. 

Sr. Soria, la energía solar y fotovoltaica no son dos cosas distintas.

Como los ingresos no son, de acuerdo con las previsiones de que disponemos, suficientes para cubrir esa estructura de costes estimada, también se producirá un déficit de tarifa en el año 2012, con lo cual en este año en el que estamos el ritmo de incremento del déficit de tarifa seguirá siendo una realidad. Por tanto, en primer lugar, hay que frenar el ritmo de crecimiento de acumulación -de generación, en definitiva- de ese déficit y, en segundo lugar, también hay que dar solución al déficit que ya se ha acumulado a lo largo de los últimos años. 

¿De acuerdo con las previsiones de que disponemos? A ver si lo podemos entender, resulta que este destrozo se basa en ‘previsiones’. No existe objetividad, ni criterio ni rigor.

Señorías, hoy el déficit tarifario es el problema más importante que enfrenta el sector energético en general, y particularmente el sector eléctrico, para su sostenibilidad en un futuro, y es un obstáculo insalvable, si no se remedia, para poder continuar con la política de fomento a las energías renovables. A lo largo de los últimos años, señorías, se han tomado por parte del Gobierno distintas medidas para intentar paliar el problema que hoy nos trae aquí. En efecto, en el año 2009, por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y en 2010 por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, el Gobierno de entonces adoptó distintas medidas que en aquel momento se declararon como medidas urgentes para disminuir el déficit tarifario. Respecto a aquellas medidas mi grupo parlamentario, entonces en la oposición, no las apoyó por considerarlas inadecuadas al propósito que se establecía. 

¿Dice que no las apoyó? Totalmente falso. Lo que hicieron, y lo he indicando anteriormente es ABSTENERSE.

Quiero informar en esta Cámara, señorías, que en paralelo a la aprobación de este real decreto por parte del Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo envió a la Comisión Nacional de la Energía un oficio solicitando a este órgano regulador un pronunciamiento sobre los aspectos que considera relevantes con el fin de definir un nuevo marco regulatorio

El debate parlamentario como ya he indicado anteriormente se celebró el jueves 9 de febrero 2012. El informe que menciona el Sr. Soria se realizó el día 7 de marzo 2012. Lo curioso es que no solamente engaña el Sr. Soria en sede parlamentaria. Lo que llama la atención es que la CNE abre un periodo de consulta pública para poder atender a esa petición. Se recibieron un total de 477 respuestas al cuestionario accesible en la web de la CNE en relación al sector eléctrico, de los cuales 200 fueron de particulares. 68 sobre el sector  gasista y 42 sobre hidrocarburos. ¿Qué pretende el Ministro Soria con esta confusión? En base a qué criterios se ha basado el gobierno de Mariano Rajoy para determinar la necesidad de un Real Decreto Ley, que quisiera recordar se regula en la Constitución en su artículo 86, estableciendo lo siguiente:

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y  que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al  régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

“En caso de extraordinaria y urgente necesidad”. ¿Cuál es aquí la urgente necesidad, si el informe consultivo es posterior a la toma de medidas? Sin embargo hay que señalar que el propio Presidente de la CNE emite un informe particular mediante el cual justifica su abstención sobre el informe aprobado por el Consejo de la CNE. En este informe de 23 folios, el Presidente de la CNE D. Alberto Lafuente, expone un amplio argumento en el cual concluye que las medidas propuestas en el mismo no son las adecuadas para resolver el problema del ‘Déficit de Tarifa’, fundamentalmente porque el informe de la CNE, según expone el Sr. Lafuente, no propone un reparto equitativo de las cargas asociadas a ese Déficit de Tarifa, lo cual dificulta la adopción de medidas propuestas. ¿Es sobre este informe en el que se basa el Ministro de Industria, el Sr. Soria? Sin comentarios.

Señor Soria, ha tenido usted la oportunidad de dar en el clavo y la ha perdido. Esto para un político de verdad conllevaría una voluntaria dimisión de forma inmediata, y en su defecto por parte del Presidente del Gobierno, que a todo esto hay que añadir que tampoco sabe de energía. Para eso tiene a los gemelos Nadal Belda que le dicen cómo tiene que continuar descuartizando España.

Y por concluir este apartado, y basándonos en la exposición de motivos de su alienada reforma eléctrica publicada en el BOE, se menciona que el procedimiento para permitir el denominado balance neto de electricidad cuya regulación dice el Ministro Soria está en curso, el cual tras dos años desde la publicación del mencionado RD-Ley le seguimos esperando, constituye una alternativa real para el desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño a través del fomento del autoconsumo de energía eléctrica. Nuevo engaño del Sr. Soria y consecuentemente del Gobierno. Mucho más surrealista es la Ley 15/2013, por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Esta Ley tuvo un trámite parlamentario de infarto, pues financiar ‘determinados costes’ del sistema eléctrico sin concretar cuales, dando por hecho que estos ‘se han ocasionado’ por las primas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, cuando menos es delirante. En primer lugar, se expone en el preámbulo que ‘habiendo avanzado en la estimación’ de los costes del sistema eléctrico…. en otras palabras, y desde el mismo comienzo se está trabajando sobre estimaciones, no sobre realidades, para luego pasar a exponer que dado que la solución mediante un nuevo incremento de los peajes de acceso penalizaría a las economías domésticas y los costes de las empresas, efecto agravado por la actual coyuntura económica, el Gobierno ha optado por la alternativa de una medida temporal consistente en la cobertura de parte de los costes del sistema destinados al fomento de las energías renovables mediante transferencias específicas de los Presupuestos Generales del Estado financiados mediante un crédito extraordinario.

En otras palabras, el Gobierno toma la decisión de colarle al Estado una carga financiera de solamente 2.200.000.000 de euros, para que las empresas eléctricas no sufran tanto y puedan continuar dando sus multimillonarios beneficios. También llama la atención que el Gobierno exponga lo siguiente; “Sin este importe no podría alcanzarse la suficiencia de ingresos del sistema, necesaria para garantizar la sostenibilidad económica del mismo.” Es decir, que nos insinúa el Gobierno que, o se dan esos 2.200 millones de euros, o el sistema eléctrico pierde la sostenibilidad. Gran falacia desde una perspectiva macroeconómica, teniendo en cuenta que en ese ejercicio las principales compañías eléctricas habían declarado en su conjunto, más de 15.000 millones de beneficios. Todo un espectáculo, pues el objetivo es seguir cargando de nuevo contra las energías renovables, y atribuyéndoles en exclusiva el déficit de la tarifa eléctrica. De hecho, la Comisión Nacional de la Energía en su informe 3/2013 sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas primas de las instalaciones del Régimen Especial afirma que las causas que provocan que la insuficiencia económica del sistema eléctrico en 2013 sea similar a la de 2012 son debidas fundamentalmente al incremento de determinadas partidas de costes, tales como el servicio de interrumpibilidad ;265 Millones de euros, derivado de la aplicación de la Orden IET/2804/2012; a la incorporación de partidas de costes no consideradas en la propuesta de Orden de diciembre 992 Millones de euros, tales como la anualidad de 2012, la devolución de la financiación del bono social, el impacto de la revisión del tipo de interés provisional al definitivo de los desajustes, el impacto de la actualización del coste de los combustibles en los SEIE, el incentivo a la disponibilidad en el transporte y el de calidad y reducción de pérdidas en la distribución; y a la reducción de ingresos regulados como consecuencia de la eliminación en la propuesta de Orden de febrero de 2013, de los términos de progresividad en los peajes de acceso de consumidores conectados en baja tensión con menos de 10 kW de potencia contratada y la no consideración de ingresos por los suplementos territoriales. La suma de ambos ingresos considerados en la propuesta de Orden diciembre de 2012, asciende a 480 Millones de euros.

Como se puede observar por las conclusiones de la CNE, no serían exclusivamente las energías renovables, tal como se expone en el mismo título del Proyecto de Ley, la causa de la necesidad de los 2.200 millones de Euros de crédito que se están pidiendo sino también otros costes del sistema eléctrico. En ningún sitio se hace referencia al aumento de ciertos costes de diversificación que no tienen ningún sentido en el momento actual, como los costes de interrumpibilidad en un escenario de sobrecapacidad del sistema. Tampoco aparece en el diagnóstico la partida de los sobrecostes de los sistemas extra peninsulares. La CNE evaluó este sobrecoste para 2013 en 1.755 Millones de euros en su informe 35/2012. La legislación establece que se deberá pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado, y por eso no se menciona en la memoria económica de la orden de peajes, pero en los PGE aprobados para el 2013 se determina que "con efectos uno de enero de 2013 y por vigencia indefinida, queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". De hecho, en el 2012 ya ocurrió algo similar, y las discrepancias entre los Ministros de Industria y de Hacienda se saldaron incorporando los 1.217 Millones al déficit tarifario. Toda una aberración desde la perspectiva de que los políticos están para diseñar y aplicar beneficios a toda la sociedad, y no a un sector industrial concreto, que además está compuesto por 5 empresas. No es aceptable una ley que en su exposición de motivos insiste en negar un diagnóstico global de la situación y se empeña exclusivamente en demonizar las energías renovables, y acusarlas en exclusiva del déficit tarifario. El desajuste existente se debe a un problema estructural de la regulación del sector eléctrico cuya solución pasa por un cambio profundo y no por múltiples parches aprobados por el Gobierno que sólo crean incertidumbre, inseguridad jurídica y no solucionan los desajustes. Demagógicamente se intenta justificar que será la Administración quien asuma el coste en lugar de aumentar la tarifa al consumidor, obviando así que si paga la Administración somos todos los que pagamos, a la vez que se descartan otras posibles soluciones que indefectiblemente pasan por la necesaria y urgente reforma del sector eléctrico.

Finalmente esta Ley tuvo como resultado la siguiente votación:

Votos a favor, 166; votos en contra, 12; Abstenciones, 127.

Una vez más nos encontramos con la complicidad de la gran oposición al Abstenerse en lugar de votar en contra; me refiero al PSOE. Este bipartidismo es una lacra que debería de replantearse de forma inmediata. No podemos permitir la sociedad seguir en manos de un equipo político que maneja a su antojo el porvenir y el futuro del Estado Español de esta forma y manera. Finalmente esta Ley terminó siendo derogada, pues la intervención del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hizo que se paralizara al no permitir que las arcas públicas sufrieran mas incremento del Déficit, pero no del Tarifario, sino del Déficit público, que no es lo mismo.

Trescientos diputados paralizan la Auditoría Energética

Mucho más lamentable resulta comprobar que la mayoría de sus ‘señorías’ en el Congreso de los Diputados consiguen que la propuesta de la Izquierda Plural sobre una Auditoría Energética termine en la basura. Trescientos responsables políticos no tienen ningún interés en conocer la verdad sobre los verdaderos problemas del sistema eléctrico español. Fruto de un oscurantismo regulatorio que se ha ido heredando entre el PSOE y el PP ha propiciado el desprecio de la sociedad hacia sus representantes políticos. Ellos siguen en sus sillones sin ningún tipo de preocupación, mientras que el Estado se ve amenazado con las insinuaciones de que todo el sistema eléctrico se puede venir abajo, pero sin querer demostrar el porqué.

Estamos ante una desfachatez institucionalizada, ante un despotismo sin precedentes por lo que solamente la sociedad, a través de sus mecanismos constitucionales, pueden forzar que esta auditoría se provoque. Así, el 20 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación, a la cual tengo el orgullo y honor de representar en calidad de Presidente. Tan solo tenemos que presentar 500.000 firmas para iniciar el procedimiento que establece la Ley Orgánica para las ILP. Se ha habilitado una página web donde puede el querido lector informarse al respecto y contribuir con su participación.

Pero todo esto aquí relatado tiene una fácil solución, consiste en nacionalizar todo el sector eléctrico. Así de sencillo. Poner en manos de un Órgano independiente ajeno tanto del Gobierno, pues se volvería corrupto, como de la banca. De esa forma España volvería a brillar con su propia Luz.

Con todo lo expuesto hasta aquí, queda suficientemente demostrado que el Gobierno de Mariano Rajoy Brey tenía como objetivo en su reforma eléctrica mantener el chiringuito que sus predecesores Presidentes de Gobierno le han trasladado, al cual el señor Rajoy llama “herencia recibida”.

Queda ahora a disposición del estimado lector y estimada lectora sacar sus propias conclusiones. Yo creo que he expuesto claramente las mías a lo largo de este libro.

Me tiene a su disposición en la siguiente dirección de correo electrónico.

adriansanchez@quieroauditoriaenergetica.org

Bibliografia:

Los Valores Estándar como Base de Retribución en el Sector Eléctrico Español. 8 de octubre de 1992.

Normativa Reguladora del Sector Eléctrico Nacional – Antecedentes. Junio de 1993.

El Marco Legal y Estable en el Área de Explotación. Jose Antonio García Merino. 28 de mayo de 1991.

El Tratamiento de Endesa en el Marco Legal Estable del Sector Eléctrico Español. Marzo de 1992.

Centrales Térmicas: Seguimiento de los Combustibles Año 1996. Red Eléctrica de España.

Retribución de las centrales de bombeo en el Marco Legal Estable. Red Eléctrica de España. 30 de marzo de 1997.

Marco Estable 1995. Volumen I y II. Dirección de Explotación e Ingeniería - FECSA.

El Marco Legal Estable 1996. Volumen I y II. Dirección de Explotación e Ingeniería – FECSA.

Las Centrales Termoeléctricas. Curvas de Consumo Específico Neto – Grupos de Carbón, Grupos de Fuel-Gas, Turbinas de Gas. Delegación del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las Centrales Termoeléctricas. Consumos Marginales, Consumos Medios y Costes de Arranque – Grupos de Fuel-Oil y Gas Natural. Delegación del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las Centrales Termoeléctricas. Consumos Marginales, Consumos Medios y Costes de Arranque – Grupos de Carbón. Delegación del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las Centrales Termoeléctricas. Consumos Marginales, Consumos Medios y Costes de Arranque – Grupos Diesel y Turbinas de Gas. Delegación del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El Marco Legal Estable – Economía del Sector Eléctrico Español 1988 – 1997. Red Eléctrica de España (2006).

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se determinan los costes estándares de operación y mantenimiento, de estructura y de capital circulante necesarios para el suministro de energía eléctrica, y sus procedimientos de actualización.

Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las empresas gestoras del servicio.

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se fijan los valores estándares brutos y netos y vida útil de las instalaciones de generación eléctrica que hayan entrado en explotación antes de 31 de diciembre de 1987 y el procedimiento para su actualización, así como el régimen aplicable a la “Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima”, como empresa productora no integrada en ningún subsistema.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se establece la metodología que regula la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema eléctrico peninsular y el sistema de incentivos. 5 de abril de 1998.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se actualiza la metodología que regula la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema eléctrico peninsular y el sistema de incentivos. 24 de febrero de 1989.

Resolución de 26 de abril de 1989, de la Dirección General de la Energía, por la que se establecen los costes de extensión de vida útil para las instalaciones de generación nuclear.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se actualiza la metodología que regula la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema eléctrico peninsular y el sistema de incentivos. 6 de febrero de 1990.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se actualiza la metodología que regula la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema eléctrico peninsular y el sistema de incentivos. 6 de febrero de 1990.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1992. 17 de diciembre de 1991.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1993. 15 de diciembre de 1992.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1994. 17 de diciembre de 1993.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1995. 27 de diciembre de 1994.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1996. 15 de diciembre de 1995.

Real Decreto 2203/1995 de 28 de diciembre, sobre los costes específicos derivados de las ayudas a la minería del carbón.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se establecen los costes unitarios provisionales de combustible de las centrales térmicas convencionales para 1996. 3 de abril de 1996.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se complementa y corrigen errores materiales en los Anexos I y II de la Resolución de 3 de abril de 1996, por la que se establecen los costes unitarios provisionales de combustible de las centrales térmicas convencionales para 1996. 29 de abril de 1996.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se establecen los costes unitarios definitivos de combustible de las centrales térmicas convencionales para 1995. 8 de julio de 1996.

Propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el año 1997. 17 de diciembre de 1996.

Resolución del Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales de fecha 6.02.97, por la que se aprueban las ayudas a la cobertura de los costes de explotación para 1996.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se determinan los parámetros A(c) y B(c) relativos al consumo térmico de combustible de las instalaciones de generación para 1997. 19 de marzo de 1997.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se determina el complemento para la incentivación de las inversiones en distribución menores a 36 kV, para 1994. 2 de abril de 1997.

Resolución de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales de fecha 20.11.97 por la que se aprueban, con carácter provisional, las ayudas a la cobertura de los costes de explotación para 1997 y los parámetros Ao y Bo regularizando los aprobados el 05.02.1997.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se determinan los coeficientes K© de servicios auxiliares para 1997. 19 de marzo de 1997.

Compensaciones Definitivas 1997 – Generación. Red Eléctrica de España.

Real Decreto 2016/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 1998.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se comunican los parámetros utilizados para el cálculo de la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema eléctrico peninsular para los años 1996 y 1997. 10 de febrero de 1998.

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se determinan la relación y características de las instalaciones generadoras a efectos de la

aplicación del sistema de compensaciones para el año 1997. 15 de julio de 1998.

Legislación Eléctrica: Sistemas de Compensaciones. Unión Fenosa. Marzo de 2005.

Cálculo de los compromisos regulatorios por el tránsito a la competencia. Unesa. Noviembre 1996.

Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional. 11 de diciembre de 1996.

Memoria Económica de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 de 27 de noviembre. 21 de mayo de 1997.

Aspectos a considerar en la revisión del Protocolo de 11/12/1996. 21 de septiembre de 1998.

Informe precipitado sobre la enmienda relativa a la disposición adicional a incluir en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1999. Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, 24 de noviembre de 1998.

Real Decreto 2821/1998, de 23 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 1999.

Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.

Documentación intercambiada entre los Servicios de la Comisión Europea y la Dirección General de la Energía, y de esta última con los consultores OXERA sobre la solicitud de aprobación de los Costes de Transición a la Competencia a las empresas eléctricas españolas. Expediente NN 49/99.

Real Decreto 2066/1999, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2000.

Comparación de los CTCs comunicados por la DGE a Bruselas con la Memoria Económica de la Ley 54/97. 10 de marzo de 2000.

La Tarifa Eléctrica para el año 2000. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001.

La Tarifa Eléctrica para el año 2001. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 1483/2001, de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2002.

La Tarifa Eléctrica para el año 2002. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 1436/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2003.

La Tarifa Eléctrica para el año 2003. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Informe sobre el balance y la valoración de los Costes de Transición a la Competencia cobrados y pendientes de cobro a fecha de noviembre de 2003. Comisión Nacional de la Energía. 4 de diciembre de 2003.

La Tarifa Eléctrica para el año 2004. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Informe solicitado por la DGPEM sobre los ingresos y costes de las instalaciones de generación que estuvieron incluidas en el Real Decreto 1.538/1987, durante el periodo 1998 – 2003. Comisión Nacional de la Energía. 2 de diciembre de 2004.

Propuesta de Cuadro 0 de liquidaciones. Tarifa Eléctrica 2005: Efecto del “Sobrecoste de generación de régimen ordinario extrapeninsular e insular” sobre los CTC´s tecnológicos. Comisión Nacional de la Energía. 18 de febrero de 2005.

Adenda al Informe de la CNE de 2 de diciembre de 2004 sobre los ingresos y costes de las instalaciones de generación que estuvieron incluidas en el Real Decreto 1.538/1987, para incorporar los resultados del ejercicio 2004. 5 de mayo de 2005.

La Tarifa Eléctrica para el año 2005. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La Tarifa Eléctrica para el año 2006. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La Tarifa Eléctrica a partir de 1 de enero de 2007. Powerpoint del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Resto de legislación obtenida del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado.