A Antonio Franco, Rafa Nadal y Enric Hernández, los tres directores de El Periódico que me han abierto las páginas del diario y con los que he trabajado muy a gusto.

A toda la redacción de El Periódico de Catalunya, con la que he seguido, semana a semana, la crisis política y económica desde 2007.

NOTA EXPLICATIVA

Fue un viernes de julio cuando, al salir del mar en Port de la Selva, me encontré una llamada perdida de Ramon Perelló. Le devolví la llamada, y al hacerlo me propuso escribir un dietario personal de lo que iba a pasar en Cataluña entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre. La idea me atrajo —no sabía entonces lo engorroso y arriesgado que es tomar notas y hacer juicios cada día— y le propuse tomarme un tiempo para pensarlo. Dijo que me llamaría al cabo de una hora. Lo hizo y acepté. Faltaban quince días para la famosa confesión de Jordi Pujol, que, aunque no se vea en el día a día, creo que está teniendo efectos de fondo sobre la política catalana.

Llevaba tiempo pensando en escribir un libro sobre lo que pasaba en Cataluña desde la llegada al poder del tripartito a finales de 2003, que confirmó aquello —inédito todavía entonces en Cataluña— de que democracia es alternancia. Pero el trabajo diario y el ritmo frenético de la política catalana impedían escribir una historia porque nunca había desenlace claro. El cambio era tan acelerado que hacía saltar por los aires cualquier esquema. En cambio, un dietario podía permitir reflexionar sobre lo sucedido en un día concreto y relacionarlo con la historia reciente, punto. Era una forma de poner en perspectiva los acontecimientos inmediatos.

Decidí dos cosas. Primera, escribir por la noche o al día siguiente siempre que fuera posible y no tocar lo escrito a posteriori. Tenía sus riesgos, pero los errores —que los hay— pueden ayudan a entender el proceso. Segunda, no ceñirme a Cataluña sino seguir también algo los asuntos que me interesan más, como la política española, la europea y la economía. La política española porque es evidente que tiene gran influencia sobre lo que pasa en Cataluña. El choque entre Artur Mas y Mariano Rajoy y la quiebra de la relación de Pasqual Maragall (y luego de José Montilla) con José Luis Rodríguez Zapatero son tanto política catalana como política española. No se pueden separar. Además, el último trimestre de la política española ha sido sorprendente. Rajoy, que logró superar el escándalo de Luis Bárcenas (SMS incluidos) cuando la economía caía y se destruían muchos puestos de trabajo en el verano de 2013, se ha visto acorralado en el otoño de 2014 no sólo por la crisis con Cataluña sino también por una serie de escándalos —las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia entre ellos— y por un exceso de falta de resolución, pese a que la economía está creciendo ya a un ritmo anual del 1,6%, se crea empleo y la prima de riesgo, que superó los seiscientos puntos básicos en 2012, está ahora algo por encima de los cien.

La irrupción de Podemos en las elecciones europeas —y en las encuestas posteriores— indica que la política española se remueve. Y que arrastra a la catalana, porque los de Podemos, sin líderes conocidos aquí y sólo con el rostro visible de Pablo Iglesias, tienen una estimación de voto en las encuestas que a veces les sitúan como la tercera fuerza del Parlament. Curioso en una Cataluña en la que algunos —con mucho prestigio en muchos medios— predican que la independencia es inmediata y que sólo falta un poco de valentía.

Pero lo que está pasando en Cataluña tiene también bastante que ver con la economía y con el voto de protesta —se vio en las elecciones europeas de mayo—, que ha generado una evolución económica recesiva o de muy bajo crecimiento. Y este cambio de expectativas y la eclosión subsecuente de la protesta pueden tener mayores efectos en España y Cataluña, acostumbradas a un crecimiento económico casi continuo desde el plan de estabilización de 1959 y a cierto Estado de bienestar desde la llegada de la democracia, y especialmente desde la victoria de Felipe González en 1982.

Lo cierto es que ni Zapatero en 2010 ni Rajoy en 2012 han explicado a fondo las razones de fondo (perdón por la redundancia) de una política económica que —salvo entrar en el territorio desconocido de la salida del euro— tenía pocas alternativas. Las políticas keynesianas pueden ser adecuadas, pero cuando el mercado no quiere financiar tu deuda —es decir, no te presta para afrontar todos los fines de mes— y sólo consigues mantenerte a flote por la ayuda moral y material de las instituciones europeas (que necesitan la garantía alemana), el margen que tienes es muy reducido.

No es el momento de profundizar en estos asuntos, sino de explicar por qué en un dietario sobre Cataluña hay referencias a la evolución política europea —España ha cedido ya a Europa mucha soberanía— y a la marcha de la economía.

Es un dietario sobre la crisis de la relación entre Cataluña y España e intento explicar mis posiciones sobre el tema, pero es también un dietario sobre la lucha por la hegemonía dentro del independentismo entre Artur Mas y Oriol Junqueras que tiene un punto de inflexión en la reunión del 7 de agosto en la que Junqueras sacó la conclusión —acertada o equivocada es otra cosa— de que Artur Mas, temiendo que la consulta era inviable, quería forzar la lista única con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Hay también notas sobre el intento de Pedro Sánchez, un desconocido recién llegado, y de Miquel Iceta, un veterano del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), por reconstruir el espacio socialista. No lo tienen fácil, porque tanto cuando el fracaso del Estatuto con la sentencia de julio de 2010 como con el giro de la política económica de mayo de 2010 tenían el poder y no supieron hacerle frente —ni explicar lo que pasaba— con la contundencia y la transparencia necesarias para tener credibilidad. Y trato también de las dificultades de una derecha española que recupera el poder tras ocho años de martirio (ellos en la oposición y Zapatero gobernando), se tiene que enfrentar a un panorama mucho más duro que el de mediados de los noventa, y quiere hacer política como entonces. Rajoy tiene más mayoría absoluta que Aznar, pero los tiempos han cambiado mucho.

En el libro hay citas y comentarios sobre lo que creo que piensan algunos políticos catalanes y españoles. Estaré satisfecho si he acertado al interpretar algunas de sus actuaciones y, en caso contrario, pido disculpas. La responsabilidad es mía.

Espero que este dietario les pueda ser de alguna utilidad para entender un poco el difícil momento que estamos viviendo.

Barcelona, enero de 2015

JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

¿UNA MANIFESTACIÓN DE FAMILIAS?

Anoche —no era consciente de qué fecha era— quedé en Santa Maria del Mar para dar un paseo antes de cenar. Pero al lado de Santa Maria del Mar está el Fossar de les Moreres, lugar emblemático de las celebraciones independentistas cada Once de Septiembre. La concentración de gente era impresionante. Hui hacia el Pla de Palau y vi que en la Llotja (el viejo edificio de la Cambra, la Cámara de Comercio e Industria) había bastantes coches oficiales. Era el acto institucional de la celebración del tricentenario de 1714 y un grupo, no muy numeroso, de ciudadanos, lo veían desde una gran pantalla de televisión frente al edificio de Correos.

Cantaba Maria del Mar Bonet, luego sonaba una pieza para violoncelo y más tarde distintos actores (Clara Segura, Pere Arquillué, Silvia Bel) recitaron fragmentos de poemas catalanes. En primera fila vi a Artur Mas, a su esposa, Helena Rakosnik, y al alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Justo detrás de Mas, el cabezón de Oriol Junqueras y más tarde pude distinguir —en borrosos segundos planos— al nuevo líder del PSC, Miquel Iceta, y a Pere Navarro, su antecesor. No vi (no había) ningún representante del Partit Popular de Catalunya (PPC) ni de Ciutadans. Era un acto emotivo, patriótico — dentro de la Llotja los aplausos eran cerrados y en la calle más comedidos—, de un nacionalismo inflado, bastante exagerado. Cataluña conmemoraba la pérdida de su estatus anterior con exceso de impostación. Se pretendía transmitir que Cataluña era un país que, tras muchos años de oscuridad, estaba celebrando haber recuperado su libertad. Me pareció la escenificación de una Cataluña sublimada que seguramente es como la ven hoy muchos catalanes. Pero la exageración era tan evidente que restaba emoción.

Artur Mas ya debía de haber ido antes al Fossar de les Moreres. Es el primer presidente de la Generalitat recuperada que va a un acto de la liturgia independentista extrema. En la reunión del comité editorial de El Periódico del martes alguien dijo que un año Josep Lluís Carod-Rovira, líder de la ERC de los primeros 2000 y bestia negra del nacionalismo español en la época de Zapatero, fue abroncado y acusado de españolista. Hoy no he leído que Mas tuviera ningún problema.

CONCIERTO DE VIOLONCELOS

Esta mañana, a las ocho, trescientos violoncelos han tocado en la plaza Comercial, frente al Born (el antiguo mercado central reconvertido en centro cultural), una obra compuesta para la ocasión del compositor y pianista Albert Guinovart. No he ido, pero la crónica de Joan Barril en El Periódico asegura que flotó la imagen de Pau Casals y su famosa frase en la ONU, «I’m a Catalan». Es una seña de identidad del catalanismo —ahora del independentismo—: acentuar los rasgos culturales y artísticos. Carmen Casas, la crítica gastronómica, me dijo luego por teléfono, impresionada, que la música era viva, electrizante. Los violoncelos rompiendo el silencio de una mañana festiva en una plaza adaptada de la Barcelona antigua.

A las diez de la mañana he ido a buscar los periódicos. En la Rambla de Catalunya ya había gente, mayoritariamente jóvenes, con las camisetas rojas y amarillas que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recomendado llevar (se tenían que comprar) para formar una gran senyera en la gran V de 11 kilómetros que iba a cubrir la Diagonal y la Gran Via y que tenía que confluir en la antigua plaza de las Glorias Catalanas. Se palpaba que el ambiente iría creciendo y que la manifestación volvería a ser un gran éxito.

Poco antes de la cinco de la tarde —el gran momento tenía que ser a las 17.14— me acerqué a la Diagonal desde Consell de Cent por la Rambla de Catalunya (seis manzanas de l’Eixample, seiscientos metros). Casi no había nadie, sólo algunos turistas en las terrazas. En todas las calles laterales estaban aparcados grupos de autobuses que indicaban que sin lugar a dudas la afluencia de gente de los pueblos de la Cataluña interior (algunos dicen la Cataluña catalana porque la incidencia de la inmigración española de los cincuenta y los sesenta fue menor que en el área metropolitana de Barcelona) era muy abundante.

Todo cambió al llegar a la Diagonal. La calzada central (en obras) estaba llena a rebosar de gente con las camisetas amarillas y rojas. Por megafonía una voz decía que se estaba consiguiendo formar la gran senyera con algunos minutos de anticipación, pero que había que corregir algunas ubicaciones porque se corría el riesgo de formar no la senyera sino la bandera española, «i no és el cas» («no es eso de lo que se trata»). Fui subiendo unos doscientos metros hasta Enric Granados. En algún momento caminar por el lateral era muy lento por la afluencia de gente. Me encontré a Josep Ramoneda que preparaba su crónica para El País. Coincidimos en que había mucha gente... y por tercer año consecutivo. Luego vi a Rafael Nadal, más entusiasta pero preocupado por la poca disposición de ERC a hacer una lista conjunta para unas plebiscitarias adelantadas si no se podía celebrar la consulta. Los políticos no podían decepcionar a toda aquella multitud que por tercer año se manifestaba, exigía votar y quería la independencia (si se ganaba la consulta o las elecciones plebiscitarias, claro). El ambiente era festivo, reivindicativo, sí, pero nada agresivo. Mientras hablaba con Rafa Nadal, en la esquina de Enric Granados, un niño en brazos, de unos tres años, me estiraba la barba y buscaba complicidad hasta que su madre le llamó al orden.

Dos o tres manifestantes se acercaron a Rafa a felicitarle por sus intervenciones en el programa de Josep Cuní. Sorprendente el éxito de Cuní en una tele privada con poca audiencia tras haber sido el gran comunicador de Catalunya Ràdio y luego de Els matins de TV3 (dominio convergente), tras un largo paréntesis en COM Ràdio (impulsada por la Diputación de Barcelona, entonces bastión socialista) y en Ona Catalana, del grupo Zeta. Quizás es que Cuní —lo conozco desde hace muchos años y nunca he sabido su inclinación política— siempre busca la discusión. Hay gente que lo critica y descalifica a sus muy diversos contertulios, pero es evidente que miran el programa. Y en estos primeros días de septiembre —quizás porque TV3 está mal y parece una máquina de propaganda— tiene audiencias que superan el 10%.

Sobre las seis de la tarde la gente empieza a retirarse y vuelvo hacia casa por Enric Granados y luego Rambla de Catalunya. Comento con Rafa la poca agresividad de la manifestación, el aire festivo. Me dice que es debido a la gran presencia de familias y niños. Una manifestación de hombres, o de hombres y algunas mujeres muy militantes, tiende a la agresividad, como pasa en los campos de fútbol ingleses. Por el contrario, estas tres manifestaciones catalanas se han caracterizado por ser casi concentraciones familiares, y la presencia de niños y familias cambia las cosas. Llego a casa a las siete de la tarde, tengo dos horas para escribir el billete de El Periódico antes de ir a una cena convocada por Carmen Casas para hacer balance de la jornada. Somos menos de los previstos y el ambiente es relajado y de esperanza por la manifestación. Descubro que soy el más escéptico.

¿CUÁNDO EMPEZÓ EL PROCESO?

La gran manifestación independentista de 2012 (superior en número de asistentes pero menos agresiva que la de 2010 de protesta contra la sentencia del Estatuto) pudo ser juzgada como un movimiento de protesta muy plural e incluso algo confuso. Una amiga que fue me dijo que en las elecciones siguientes había votado a Ciutadans. Pero la Via Catalana de 2013 y la V de este año han estado organizadas y preparadas por la ANC, un movimiento independentista, más prepolítico que transversal, y con la ayuda de la Generalitat convergente y de TV3. Hay apoyo oficialista, por descontado, pero también hay un movimiento de fondo que no se puede ignorar. Los que en 2010, antes de la sentencia del Estatuto, decían en las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) que eran partidarios de un Estado independiente estaban en el entorno del 20%. Ahora superan el 40%. Y más de dos terceras partes de los catalanes son partidarios de la consulta. Claro que, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba —un gran político más táctico que estratégico—, la consulta, «como fórmula de marketing, es imbatible». ¿Quién se atreve a verbalizar que no quiere que se le consulte algo que parece decisivo para el futuro del país?

¿Qué ha reunido al millón de manifestantes? El Ayuntamiento de Barcelona convergente dice 1.800.000 personas, el Estado habla de algo más de 500.000. A ambos hay que aplicarles el factor 2. Para dividir o para multiplicar pero siempre el factor 2. O sea, en el entorno del millón. Es irrelevante que sean unas decenas de miles más o menos que en 2012 y 2013, lo decisivo es que es el tercer año consecutivo. En primer lugar creo que les reúne la protesta contra la sentencia del Estatuto. Pero no sólo contra la sentencia, sino también —y quizás todavía más— contra el tono agresivo y enemigo manifestado por el Partido Popular (PP) y la prensa española de derechas y la displicencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (aquel estúpido «lo hemos cepillado bien» de Alfonso Guerra sobre el Estatuto). Y la gran manipulación del Tribunal Constitucional (cuatro años para dictar una sentencia) anulando artículos similares a los que ni fueron recurridos de los Estatutos de Andalucía (PSOE) y Valencia (PP). Además de la recusación de Pérez Tremps, los manejos de Federico Trillo (un amigo abogado me dijo que el gran fallo del PSOE había sido no contratar a Trillo como abogado mercenario)... Y, claro, el lavarse las manos de Zapatero.

Todo ello desembocó —fracasado el sueño maragalliano y hasta cierto punto pujoliano de una España próspera y cada vez más plural en la que Cataluña fuera cada día más libre— en el «derecho a decidir», la hábil fórmula (preindependentista) de Artur Mas en las elecciones de 2010 en las que derrota al tripartito. La fórmula con la que Convergència i Unió (CiU) salva —y vuelve contra el PSC— la sentencia del Estatuto que Artur Mas pactó con Zapatero y uno de cuyos objetivos (tanto de Artur Mas como de Zapatero) era echar a ERC de la Generalitat, para lo cual convenía que ERC (a la que no se dio nada tras el pacto Zapatero-Mas) se declarara contraria al Estatuto. Y del derecho a decidir vino la exigencia de la consulta.

Pero consulta para qué. Para quedarse igual nadie pide una consulta. ¿Para modificar la relación entre Cataluña y España? ¿Para lograr la independencia? La consulta lo permite todo, pero es evidente que si los políticos que defienden la consulta no proponen una nueva relación con España y dejan esa oferta a Madrid lo que están buscando realmente —con más o menos subterfugios— es la independencia. Y este mensaje es por el que de alguna forma —con determinación pero también con confusión— apuestan los manifestantes. Cómo se consigue la independencia es otra cosa. El mensaje es que la independencia será sin dolor. Gratis. Y cuando hace unos meses Junqueras tuvo la honradez de decir que la independencia tendría un coste y que quizás habría que paralizar unos días la economía catalana, todo el mundo independentista biempensante se le volvió en contra y tuvo que rectificar con rapidez. ¿Cómo se atrevía Junqueras a poner en duda la ilusión de muchos catalanes de que la independencia sería fácil y gratis y de que «fueron felices y comieron perdices»?

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

¡PRESIDENTE, PONGA LAS URNAS!

El gran éxito de la manifestación —participación, orden y estética— es resaltado hoy por toda la prensa. Por tercer año consecutivo, en torno del millón de personas han salido a la calle a protestar por la situación actual y a pedir la independencia o como mínimo algo así como la plenitud nacional de Cataluña. La ANC y Òmnium Cultural dicen que es la manifestación más masiva que ha tenido lugar en Europa y seguramente —si no nos retrotraemos a la caída del comunismo o a mayo del 68— tienen razón.

Todos los diarios —en especial los de Cataluña— son un festival de fotos con la gran V vista desde diferentes perspectivas pero también la prensa de Madrid dedica gran atención al asunto y le brinda las portadas. El País abre a cinco columnas con un título que indica reserva: «El soberanismo cumple su objetivo en la calle para prolongar el desafío». Y añade dos subtítulos: «La V por la consulta ocupa el centro de Barcelona con gran respaldo institucional» y «El líder separatista de Escocia rechaza la similitud con Cataluña: “Nuestro proceso es consensuado”». El Mundo, con menos complejos, opta por una presentación descriptiva. A cinco columnas una gran foto de esteladas y un gran título a doble línea que dice: «El independentismo toma la calle: “Señor Mas, pónganos las urnas”».

Y es que se observa con mucha atención la actitud de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, y de la de Òmnium Cultural, Muriel Casals, que son las entidades convocantes. Carme Forcadell puso palabras a la voluntad de los convocantes y de muchos manifestantes: «Somos un pueblo y juntos hoy y aquí convocamos la consulta. Gobierno, Parlamento, presidente: pongan las urnas». Luego añadió: «El 11 de septiembre del 1714 es el día que perdimos nuestras libertades y el de 2014 pasará a la historia como la fecha clave para recuperarlas». Hay que anotar el tono trascendente y la frase de que es el pueblo —reunido en una manifestación-asamblea constituyente— el que convoca la consulta. Los políticos y el presidente no tienen que hacer más que seguir la voluntad popular. Es una exageración mitinera, pero es algo más. Ya el nombre de Assemblea Nacional Catalana para una entidad privada en un país en el que hay elecciones periódicas indica alguna cosa. La mítica Assemblea de Catalunya de los setenta, que reunía a partidos, grupos y organizaciones que luchaban contra la dictadura, fue fruto de una situación obviamente diferente porque entonces no había elecciones y no había Gobierno de Cataluña (excepto los gobernadores civiles de las cuatro provincias).

Muriel Casals insistió en la misma línea: «¡El Parlament aprobó una declaración de soberanía, hagámosla! La libertad, como dijo Pau Casals, no es negociable» y remachó: «La voz del pueblo está por encima de lo que piensen unos jueces del Tribunal Constitucional».

La demanda a Artur Mas es clara. Hay que celebrar la consulta el 9-N con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional. La gran pregunta es qué hará Artur Mas una vez convoque la consulta —es seguro que lo hará— y el Tribunal Constitucional la suspenda. Parece que el presidente interpreta que ya ha cumplido la palabra si la convoca en un acto de desafío, aunque tiene claro —se lo dijo en julio en el Palau de la Generalitat al capítulo español de la Trilateral— que no se podrá saltar la legalidad.

¿Qué pasará entonces entre Artur Mas y el independentismo de ERC y la ANC? En agosto ya vivimos unas jornadas de mucha tensión cuando la vicepresidenta Joana Ortega, de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido de Duran i Lleida, y el consejero Santi Vila, de la corriente pragmática de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), dijeron que habría que acatar el orden jurídico y Junqueras contestó con agresividad algo similar a lo dicho hoy por Forcadell y Casals: llegado el momento, la voluntad catalana debe plantar cara a la legalidad española.

MIRANDO A ESCOCIA

Pero Escocia es ahora el gran tema, porque el próximo jueves se celebra el referéndum pactado entre Cameron y Salmond y algunas encuestas han dado una pequeña ventaja al Sí. Las luces de alarma se han encendido en Londres. Y los tres líderes de los tres partidos británicos —el Conservador, el Liberal y el Laborista— han desembarcado en Escocia para hacer campaña por el No. Cameron dio el miércoles un giro a su discurso apelando a los sentimientos: «Me rompería el corazón que esta familia de naciones que con tanto cariño hemos construido a lo largo de los siglos se rompiera... Esto no es como unas elecciones generales cuyo resultado es reversible al cabo de cuatro años. Lo que se decida aquí es irrevocable».

Pero los conservadores apenas obtienen diputados en Escocia porque están muy desprestigiados desde los gobiernos de Thatcher, y Alex Salmond, el primer ministro escocés y el líder nacionalista del SNP, ha contestado al desembarco de los tres líderes británicos: «Estamos encantados porque se trata posiblemente de los tres líderes más impopulares de la historia del país, al menos a este lado de la frontera [...]. El jueves no se trata de votar sólo por la soberanía, sino contra el capitalismo financiero impuesto por la City de Londres».

Ayer Salmond tomó distancias con el movimiento catalán al subrayar que la consulta escocesa es pactada y legal y que por lo tanto no cree que España vete el ingreso de Edimburgo en la Unión Europea (UE). Salmond sabe que el veto de España no sería ninguna tontería. Además, ayer la gran banca advirtió seriamente de las negativas consecuencias económicas que tendría la independencia. El Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds, dos de los grandes bancos británicos, anunciaron que tendrían que trasladar su sede social a Londres, y a lo largo del día otros tres bancos se sumaron al aviso.

Todo el mundo —independentistas catalanes y no independentistas y políticos de Madrid— están mirando a Escocia. Lo que suceda allí tendrá aquí consecuencias.

ANA BOTELLA SE VA

La esposa de Aznar renuncia a continuar en la alcaldía de Madrid, a la que ascendió cuando Ruiz-Gallardón fue nombrado ministro de Justicia tras ganar el PP las elecciones. Ana Botella se incorporó hace años a la lista municipal del PP, cuando en la guerra de Irak parecía que el PSOE (Trinidad Jiménez, del equipo de Zapatero, en la oposición) podía ganar la alcaldía y Aznar —en una hábil maniobra— decidió poner a Gallardón, que ya había ganado elecciones con mayoría absoluta para la Comunidad de Madrid, como primero de lista para la alcaldía. Entonces el pacto fue que Gallardón abría la lista, sustituyendo a José María Álvarez del Manzano, Esperanza Aguirre iba para la Comunidad y que Ana Botella se incorporaba como número 2 a la lista de Gallardón. Un pacto algo extraño, pero que funcionó, entre Aznar, el PP de la derecha dura y Ruiz-Gallardón, un político con imagen más «progre».

Conocí algo a Ana Botella en mi etapa de director de La Vanguardia. Recuerdo haber coincidido en un almuerzo en ABC —Aznar estaba todavía en la oposición— y luego en el palacio de la Moncloa en una cena reducida, con Mario Vargas Llosa, Guillermo Luca de Tena, Luis María Anson y Javier Godó —con ocasión de la entrega de los premios anuales de ABC—, en la que Anson monopolizó el uso de la palabra recitando encíclicas papales con más desparpajo que un cardenal culto. Las dos veces me pareció una mujer agradable, más simpática que su marido. Pero la alcaldía de Madrid ha sido demasiado para ella, que no era una política profesional (sólo la mujer de uno), y sus ideas paternalistas y algún error grave la han llevado a una situación insostenible.

Dicen que Rajoy ha respirado porque el PP temía que el desgaste de dos años de poder y la crisis le pasen factura en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y Botella no era una buena candidata. Dicen incluso que Aznar responsabilizaba al PP de Rajoy de no apoyar lo suficiente a su esposa.

Sea como sea Ana Botella se retira pero la asignatura de Madrid sigue ahí. Hace unos meses alguien me dijo que Esperanza Aguirre había comentado que Ana Botella no podía seguir y que si Rajoy no quería perder Madrid sólo había dos posibles candidatas: Soraya Sáenz de Santamaría o ella misma. No creo que Rajoy quiera prescindir de Soraya y dudo que desee que Aguirre sea la alcaldesa y refuerce así su poder en el PP, pero tampoco veo muchas alternativas. ¿Tiene suficiente peso e imagen pública la joven —e inteligente— delegada del Gobierno en la capital, Cristina Cifuentes, que intenta representar una nueva generación conservadora?

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

¿ENROCADOS?

La reacción del Gobierno a la gran V del día 11 —en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros— domina hoy las portadas. La Vanguardia y El Periódico titulan de una forma similar, destacando que el Gobierno afirma no subestimar la Diada y respetar a los manifestantes pero que al mismo tiempo se reafirma en que la ley es la ley. O sea, que no se pueden hacer consultas sobre la soberanía nacional.

Más interpretativos son El Mundo y el Ara, cuyos titulares respectivos son «El Gobierno y Mas se enrocan tras la Diada» y «Rajoy se enroca, el mundo escucha». Curioso, dos diarios muy alejados hablan de enroque. Por su parte El País da más relevancia a las declaraciones de Artur Mas, en las que destaca que el 9-N debe llevarse a cabo con «todas las garantías democráticas», o sea ser legal, y que «deben votar los del Sí y los del No». El País elige una frase algo críptica de Artur Mas para titular: «Mas da por seguro que se votará, pero ignora en qué condiciones».

También el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha sintonizado con Mas y ha insistido en la necesaria legalidad, aunque añadiendo el concepto de legalidad catalana en referencia a la Ley de Consultas que se aprobará próximamente y a cuyo amparo se piensa hacer la votación. La frase de Rull, que parece un distanciamiento de las posiciones de Junqueras, que apeló a la desobediencia civil, e incluso de Forcadell y Muriel Casals, ha sido: «Los que somos parlamentarios no podemos apelar a la desobediencia civil. CiU no está por desobedecer, defiende la legalidad emanada del Parlamento catalán, que es otra cosa».

La ANC y Òmnium han reaccionado con desconfianza a esta exigencia de «todas las garantías democráticas», que algunos interpretan como una posible renuncia a celebrar el referéndum si el Constitucional lo prohíbe. En el pequeño pueblo de Arenys de Munt, donde hoy se celebraba el quinto aniversario del primer referéndum alegal montado por organizaciones nacionalistas en los pueblos catalanes, Carme Forcadell ha sido explícita: «Pedimos a nuestros representantes que sean dignos del pueblo que los ha votado y que no se arruguen el 9 de noviembre. Que pongan las urnas y nos dejen votar». E insistió en su discurso del día 11: «El pueblo salió a la calle en la Diada y todos juntos convocamos la consulta. Sólo esperamos la convocatoria de nuestro presidente y que el 9 de noviembre hagamos lo que queremos, que es nuestro derecho, votar y decidir nuestro futuro». Forcadell recriminó que se especule sobre posibles escenarios ante la probable prohibición de la consulta y quiso dejar claro que, dicte lo que dicte el Constitucional, es imprescindible que las urnas estén el 9-N.

Parece surgir, pues, un posible cisma entre el Gobierno de la Generalitat, que no esconde que ve muy difícil celebrar una consulta con «todas las garantías democráticas» si al final es suspendida por el Constitucional, y el frente ERC-ANC que, en ese caso, querrían seguir adelante.

Pero —aparte del Gobierno— hay otros agentes políticos de fuera de Cataluña que se han manifestado. Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, ha dicho que la fiscalía aplicará el Código Penal si se desobedece al Constitucional.

Por su parte, Pedro Sánchez, en el primer comité federal del PSOE que se celebra tras su elección, juzgó «sencillamente decepcionante» la actitud de Rajoy tras la gran movilización, le acusó de dejar correr el tiempo creyendo que eso va a arreglar las cosas cuando las va a empeorar, y le ofreció un pacto para la reforma constitucional: «La mejor forma de defender la Constitución no es petrificarla sino renovarla».

Me llama la atención un artículo de Javier Pérez Royo, quizás el constitucionalista no catalán que con más convicción defendió el Estatuto. Tres ideas base. Primera, España está de alguna manera en anormalidad constitucional desde 2010 porque entonces la sentencia rompió el pacto entre el Parlamento catalán y las Cortes españolas, que además hacía cuatro años que había sido aprobado en referéndum. Segunda, el referéndum es un instrumento, insuperable tanto política como jurídicamente, para ratificar un acuerdo, pero no lo es para arbitrar un desacuerdo. Tercera, un conflicto territorial sólo puede ser resuelto a través de la negociación.

LA NOTA DE CARLES CASAJUANA SOBRE ESCOCIA

El diplomático y escritor Carles Casajuana, asesor de política internacional en la Moncloa y luego embajador en Londres con Zapatero, publica un interesante artículo en La Vanguardia en el que dice que lo que pase en Escocia será relevante respecto al principio de intangibilidad de las fronteras que forma parte del orden europeo desde 1945. Hasta ahora todas las excepciones a este principio tenían su origen en la caída del comunismo. Primero fue la explosión de la Unión Soviética, luego la partición pactada de Checoslovaquia y la desintegración de Yugoslavia. El cuarto caso fue el de Kosovo, que sólo se produjo por la brutal represión serbia que obligó a la comunidad internacional a intervenir para defender a los kosovares. El caso de Escocia, sigue Casajuana, es muy diferente porque desharía una unión de más de trescientos años, y «la justificación obvia de que Escocia es una nación y si se separa habrá sido porque los escoceses han querido» no sirve porque aceptarla implicaría admitir el derecho de todas las naciones que lo deseen a tener un Estado propio, que es justo lo que el principio de intangibilidad de las fronteras niega».

Luego analiza las consecuencias si gana el Sí: «¿Continuaría Escocia dentro de la Unión Europea como un nuevo Estado miembro? En principio cabe imaginar que no, como han dicho y repetido todas las autoridades consultadas, porque al consumarse la secesión Escocia se convertiría en un nuevo Estado y debería pedir el ingreso. ¿Pero ese ingreso sería un ingreso-chárter, saltándose la cola, teniendo en cuenta que Escocia es hoy parte de la Unión y por tanto cumple todos los requisitos para continuarlo siendo? ¿O no? Y, en caso negativo, en qué situación quedaría? ¿Fuera del mercado único, también? ¿O pasaría a ser una especie de miembro pasivo de la Unión, integrado de facto pero sin representación en Bruselas ni en ninguno de los órganos de decisión?».

Realmente es todo un mundo nuevo —con consecuencias evidentes para España y Cataluña— el que se abre si en Escocia gana el Sí el próximo jueves. Y Casajuana apunta las preguntas clave. Con la salvedad de que el caso de Cataluña sería todavía más complicado porque hoy dos de los cinco grandes bancos españoles (CaixaBank y Banco de Sabadell) tienen su sede social en Cataluña pero también tienen una gran parte de su negocio en España.

En Escocia la campaña se hace cada día más intensa y los famosos se significan. Sean Connery, escocés y el actor que mejor ha encarnado a James Bond, dice que la oportunidad de la independencia es demasiado buena para perderla, mientras que la actriz Emma Thompson, de madre escocesa, afirma que no quiere que se levante una nueva frontera entre seres humanos. La creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, que vive en Escocia, también se ha expresado en contra.

Pero el resultado no está nada claro porque la última encuesta de YouGov, la acreditada casa de encuestas que puso la campaña al rojo vivo el pasado domingo al dar por primera vez una corta victoria al Sí (51 a 49%), vuelve a dar ahora ganador al No por 52 a 48%. Todo va a estar en el aire hasta el último minuto.

¿RETIRA EL GOBIERNO LA LEY DEL ABORTO?

El Mundo es hoy uno de los pocos diarios que no abre con las consecuencias de la Diada sino con una exclusiva de su corresponsal política, Lucía Méndez, quien asegura que el Gobierno retirará la polémica Ley del Aborto que aprobó el pasado diciembre y que luego fue aparcada. La ley Gallardón no sólo hacía marcha atrás en la ley de plazos de Zapatero, sino que retrocedía incluso respecto a la ley de supuestos de Felipe González de 1985 —que Aznar no atacó ni en sus cuatro años de mayoría relativa ni en los otros cuatro de mayoría absoluta—, ya que eliminaba de forma casi total el aborto por malformaciones del feto.

El proyecto levantó una fuerte oposición en la sociedad española e incluso en el seno del PP, donde muchos presidentes autonómicos y alcaldes temían que les hiciera perder votos en las elecciones de mayo de 2015. Ante estas disidencias y la inminencia de las elecciones europeas, Rajoy decidió «aparcar» el proyecto mientras Gallardón estudiaba su mejoramiento. Elena Valenciano, candidata socialista en las elecciones europeas, hizo de la oposición a la ley Gallardón uno de sus temas de batalla, y podría haberle dado la victoria si no hubiera surgido el inesperado fenómeno Podemos.

El ministro de Justicia afirmó en julio que la ley sería aprobada finalmente antes de que acabara el verano. Sólo queda la sesión del próximo viernes 19, pero Lucía Méndez asegura que Rajoy ya ha decidido olvidarse de la ley —que según Arriola disgusta a sectores importantes del electorado del PP— aunque todavía no se lo ha comunicado al ministro. Estamos, pues, ante una marcha atrás del Gobierno en toda regla que le creará problemas con su clientela más conservadora y está por ver la reacción del propio Gallardón.

DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PEDRO SÁNCHEZ ANTE CATALUÑA

Pedro Sánchez va encontrando su lugar. Elegido por los militantes con una nutrida votación y ratificado por el congreso del PSOE el pasado 27 de julio no ha cometido grandes errores, excepto el voto contra Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión, que ha enervado a Martin Schulz, el socialista alemán que preside el Parlamento Europeo. Ya le ha llegado el mensaje a través de Joaquín Almunia, todavía, aunque por pocos días, comisario de Competencia en Bruselas. Pero es un error disculpable hasta cierto punto porque cogió a Sánchez en pleno proceso de elección, y ya se sabe que los congresos socialistas no se ganan por la derecha.

Respecto a Cataluña parecía muy verde (por ser suaves), pero sus últimas intervenciones indican que ha ido aprendiendo con relativa rapidez. El martes presentó a Miquel Iceta en Madrid y mostró plena sintonía —dijo que Iceta era un político imprescindible— pese a que el nuevo líder del socialismo catalán afirmó con claridad que el problema no se solucionaría si finalmente los catalanes no expresaban su opinión a través del voto. Y el viernes, el día siguiente a la Diada, dijo a Radio Nacional que las imágenes de la manifestación le resultaron impactantes y que «no podemos seguir así porque estamos a las puertas de una crisis de Estado». Para Sánchez la solución pasa «por que Rajoy y Mas se sienten y afronten un proceso de renovación constitucional». Se situó «lejos del silencio de Rajoy, que no se sabe dónde está en esta crisis de Estado que tenemos y también lejos de las soflamas independentistas del presidente de la Generalitat» y concluyó que «entre la ruptura y el inmovilismo hay un término intermedio que es el de una nueva convivencia a través de una reforma constitucional». Está bien.

Hoy domingo los periódico informan de la reunión del comité federal del PSOE, en el que Miquel Iceta recibió muchos aplausos en su intervención y en la que Sánchez dijo que «la respuesta de Rajoy ante la Diada ha sido decepcionante» y volvió a ofrecer a Rajoy un pacto de Estado para reformar la Constitución. El Periódico dice en su crónica que el PSOE y el PSC sincronizan ideas para forzar a Rajoy a salir de su enroque. El clima ha cambiado no sólo entre las relaciones PSOE-PSC (ya se habían acercado entre Rubalcaba y Pere Navarro), sino también en cómo los medios siguen la relación entre ambos partidos. El deporte ya no es señalar con insistencia los choques y disonancias. Parece como si Sánchez e Iceta recibieran un trato algo mejor.

Pero el desencuentro del PSOE con Cataluña no se va a poder superar con rapidez. Sánchez e Iceta van a tener que trabajar mucho para recuperar la gran confianza que el electorado catalán tuvo en Felipe González (ganó siempre todas las elecciones legislativas en Cataluña) y en Zapatero hasta la sentencia del Estatuto. En las elecciones de 2008 el PSOE sacó en Cataluña nada menos que 25 diputados que, en 2011 —tras la crisis y la sentencia—, quedaron reducidos a 14. Y las encuestas dicen que en unas hipotéticas elecciones españolas el PSC sería superado no sólo por CiU (que ganó estas elecciones por primera vez en 2011 con 16 diputados), sino también por ERC.

La prueba de esta dificultad es que en el PSOE todavía hay muchos políticos —algunos brillantes— que parecen no haber entendido el problema catalán ni haberse dado cuenta, como le ocurre a Sánchez, de lo que indica la manifestación por tercer año consecutivo del Once de Septiembre.

EL EXABRUPTO DE JOSÉ BONO

José Bono, exmininistro de Defensa y expresidente de las Cortes, publica hoy un artículo en El País, presentado en portada como una información, con el título «Bono alertó de que el “engaño” de Maragall traería la secesión». Una amiga neoindependentista me alerta a primera hora con un irritado mensaje de WhatsApp: «¿Has visto el artículo de Bono? Estoy furiosa de que El País lo publique y Bono es un falangista imbécil (valga la rebuznancia)».

Voy al artículo de Bono y no es para tanto, pero... En el texto habla de una cena en la embajada de Portugal en honor de Jorge Sampaio el domingo 30 de octubre de 2005, en el que estaban varios políticos españoles así como Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, y Jordi Pujol. Es un artículo a la mayor gloria de Bono en el que presume de haber dimitido de ministro de Defensa por incompatibilidad con el Estatuto. En tono pretencioso dice que, en la cena, cuando se acercó Maragall le espetó: «¡Buena la has liado con el Estatuto: es la base de la secesión!». En aquel momento, tras la aprobación del texto estatutario en el Parlament —muy diferente al que luego aprobaron las Cortes españolas—, había mucha irritación entre muchos dirigentes del PSOE. «Tras veintitrés años de poder de CiU, formas un Gobierno presidido por un perdedor que eres tú —porque has perdido las elecciones aunque gobiernes— e inicias la secesión de Cataluña, porque eso es lo que se está haciendo [...]. Tendrías que ganar a los nacionalistas en votos pero sólo les has ganado en nacionalismo. Lo sensato es superar las fronteras y vosotros queréis levantar otra [...]. No sólo has perdido sino que yo, al menos, me siento engañado.»

Luego interviene Pujol diciendo que Cataluña es una nación y Bono le dice que ha sido como una especie de copríncipe, y sigue: «Yo no hablo de sentimientos, que por supuesto respeto [...], pero políticamente tengo seguro que, siendo yo ministro, ese Estatuto no se publicará en el BOE. Aceptar que las Comunidades Autónomas se autotitulen naciones al modo que lo decís vosotros es reconocerles un derecho diferido en el tiempo a reivindicarse como Estados».

Maragall le pregunta si amenaza con el ejército y Bono replica: «No, Pasqual, yo no amenazo con los militares pero creo tener la suficiente fuerza para dimitir como ministro de Defensa antes de que entre en vigor un texto que puede perjudicar la igualdad de España [...]. Un ministro de Defensa al que no le importe la unidad de España es como un ministro de Economía que no sabe sumar, pero los militares españoles, en su conjunto, no deben preocuparos como amenaza porque son bastante más fiables que vosotros [...]».

Maragall se defiende diciendo que Cataluña está discriminada económicamente, y entonces interviene Ibarra: «¡En lugar de tanta televisión autonómica con sueldos astronómicos procedentes de los impuestos, de tanta embajadita en el exterior y de tanto 3% como dices que cobran los de CiU en todas las obras públicas podríais comprar más de un ordenador a cada niño! ¡Menos corrupción y más solidaridad, eso es lo que necesita Cataluña!».

Concluye Bono diciendo que la cena termina sobre las 12 de la noche y que llama a Zapatero para contarlo lo ocurrido, «y le digo que Maragall no debería estar en el partido».

¿Por qué contar hoy esta conversación? ¿Ayuda a descrispar las relaciones entre Cataluña y España? Conozco un poco a Bono, con el que he tenido algunas conversaciones largas, y no acabo de entender por qué explica ahora este incidente que además parece que exagera. No tiene razón. Aquel Estatuto se «cepilló» a su paso por las Cortes (la negociación final fue entre Zapatero y Mas) y los catalanes votaron por una gran mayoría el texto estatutario de 2006 que consagraba que Cataluña formaba parte de España. Votaron en contra —extrañamente juntos— el PP y ERC— y a favor tanto CiU como el PSC e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Lo de la secesión ha venido después —en 2012— tras la sentencia del Constitucional de 2010 y la falta de entendimiento entre Mariano Rajoy y Artur Mas tras la victoria del PP con mayoría absoluta en 2011.

El electorado catalán —se ha visto siempre— tiene una confianza limitada en el PSOE. Si la actitud de Bono fuera suscrita por la dirección actual del partido sólo se conseguiría que la confianza en los socialistas disminuyera todavía más. Habría que preguntar al exministro de Defensa si eso sería positivo para España. La conllevancia entre España y Cataluña —para recurrir a la frase de Ortega que cada vez parece más realista— no se mejora con discursos nacionalistas españoles en Madrid, sino ganando elecciones en Cataluña. El PSOE de Felipe González lo logró pactando a fondo con el PSC desde 1977 y 1978, y el de Zapatero con su promesa de España plural tras el intento de Aznar de retornar al uniformismo.

El artículo de Bono —y sobre todo su inoportunidad pocas horas después de una gran manifestación en la que una parte significativa de Cataluña ha pedido la independencia— es ilustrativo de un proceso de desencuentro que será difícil de superar. La derecha española (la UCD fue otra cosa) nunca pactó con Cataluña por convencimiento. Aznar sólo lo hizo por la dictadura de la aritmética parlamentaria en 1996, cuando ganó sin mayoría absoluta, pero cambió su estrategia en 2000 al tener mayoría absoluta. Ahora parece que algunos dirigentes socialistas relevantes —como Bono— tampoco están convencidos de que el pacto con Cataluña (con los partidos que hoy representan a 107 diputados del Parlamento catalán sobre 135) sea lo más inteligente.

Sánchez, lo tienes difícil.

LUNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTUR MAS: O CONSULTA O ELECCIONES

Esta tarde ha tenido lugar la primera sesión del anual debate de política general del Parlamento catalán, algo similar al famoso debate sobre el estado de la nación pero en el marco catalán. Y como es norma en estos debates, en la primera jornada sólo interviene el presidente.

Pero el ambientes previo estaba ya caldeado por la polémica de las últimas horas entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el líder democristiano Duran i Lleida. En su entrevista con Salvador Sostres, en El Mundo, Junqueras insistía en la desobediencia civil si el Constitucional prohíbe la consulta, porque «ha llegado la hora de que nos saltemos la legalidad española para crear la nuestra propia» y «votar es un derecho fundamental e inalienable que prevalece por encima de cualquier ley». Duran contestó con varios tuits, en los que decía que la consulta tenía que ser legal de acuerdo con el pacto CiU-ERC; que cuando Junqueras propone la desobediencia civil está rompiendo la unidad y además disparando al pie del proceso; y que nunca había leído tantos disparates en una entrevista.

Mas, como casi siempre, ha hecho un discurso bien construido con una primera fase de balance del año en tono de autosatisfacción y muy triunfalista —tras las manifestaciones de agosto contra los pisos turísticos en la Barceloneta no ha tenido empacho en decir que el modelo turístico catalán es ejemplar—, y ha surfeado en la segunda parte la polémica planteando su visión del proceso en este momento.

Mas insiste en que la consulta que firmará será legal porque estará amparada por la ley de consultas no refrendarias que el Parlament aprobará en los próximos días y que su celebración sería una muestra de civilización y democracia, aunque no oculta que tiene pocas esperanzas de que no sea suspendida por el Tribunal Constitucional. Y en un discurso en el que quiso dejar bien patente su distanciamiento con España —no hay choque de trenes sino alejamiento creciente de trenes que ya circulan por vías diferentes, cada vez hay más catalanes que ya han desconectado del Estado— lanzó varios mensajes. El primero, una advertencia a ERC: la consulta tiene que celebrarse con todas las garantías democráticas (no habrá consulta ilegal). El segundo, una advertencia al Estado y a los partidos aliados: si no hay consulta es posible que la legislatura no se pueda terminar y haya que ir a unas elecciones anticipadas. El tercero, dirigido a los aliados soberanistas y en especial a ERC: en este momento de fuerte movilización ciudadana el consenso entre las fuerzas políticas es esencial pero nada sencillo. Hay que tratarlo con delicadeza porque es una porcelana frágil.

Mas ha sentenciado que en España ha muerto el espíritu de la Transición y que negar a Cataluña la consulta abriría una crisis constitucional. ¿Aspira a convencer a Rajoy de que permita la consulta o quiere cargarse de razón insistiendo en que el pacto de la Transición ya hace años que murió? Está claro que Mas está en la segunda idea y que apuesta por una independencia pactada como solución. O como mínimo por llegar a un punto en el que el Gobierno de España tenga que aceptar que Cataluña es algo similar a un Estado Libre Asociado. E intuye que esa es una batalla larga y difícil. Está claro también que Mas ha esbozado la opción de unas elecciones plebiscitarias para las que sería necesaria la unidad del soberanismo que no ve garantizada.

Hoy por hoy la agenda de Mas necesita la continuación del pacto con ERC y está lejos de tenerlo garantizado. Veremos qué dice mañana Junqueras.

ISIDORO ÁLVAREZ Y EMILIO BOTÍN

El domingo murió Isidoro Álvarez, el patrón de El Corte Inglés, una de las primeras empresas españolas. Toda la prensa dedica gran atención y muchas páginas a su figura. Algo parecido a lo que ocurrió con la inesperada muerte el pasado miércoles de Emilio Botín, el presidente y el primer accionista del Banco de Santander, que ha pasado, tras una exitosa carrera de fusiones, de ser el séptimo banco español al primero de todos y a uno de los grandes bancos europeos y mundiales, con una sólida presencia en mercados tan importante como el inglés y el brasileño. Ana Patricia Botín, la hija de Emilio, que dirigía las actividades del banco en Londres, tomará ahora las riendas de la entidad.

No puedo dejar de acordarme del telegrama que Emilio Botín, el padre del que ahora acaba de fallecer, envió a Miguel Boyer felicitándole por la expropiación de Rumasa en febrero de 1983. Mientras la derecha política gritaba contra la primera expropiación del primer Gobierno socialista en muchos años, el viejo Botín sabía que Rumasa era una anomalía que perturbaba el sistema financiero. Y lo más curioso era que el mismo Botín, poco después de las elecciones —no recuerdo si de 1977 o de 1979—, dijo que el banco había financiado en su operativa normal a todos los partidos, excepto a los marxistas. Preguntado, aclaró sin ningún reparo que el PSOE entraba en la categoría de marxista.

Los Botín son toda una dinastía financiera exitosa y que ahora opera en el mercado mundial. Algo poco común en España.

ALTERNATIVA POR ALEMANIA

En las elecciones de septiembre de 2013 —las que dieron lugar a la gran coalición CDU-SPD— el nuevo partido Alternative für Deutschland (Alternativa por Alemania), básicamente reticente al euro porque no quiere que los impuestos de los alemanes puedan acabar pagando los desequilibrios de las cuentas públicas de los países europeos del sur, se quedó a pocas décimas del requerido 5% y no pudo entrar en el Parlamento alemán. Pero en las elecciones europeas de mayo sí lograron sacar eurodiputados. Y el domingo han sacado un porcentaje del orden del 10% en los estados del este de Turingia y Brandeburgo. Alternativa por Alemania ha llegado, pues, para quedarse en la política germánica y será una fuerza contraria a que Merkel pueda dar apoyo a una política más activa del Banco Central Europeo (BCE).

En Alemania, donde hay menos parados ahora que al principio de la crisis económica, la extrema derecha no tiene ni el éxito cuantitativo que tiene en Francia Marine Le Pen o Gran Bretaña el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés) ni una tonalidad ideológica tan marcada, pero los alemanes son reticentes a tener que pagar con sus impuestos los posibles excesos de los países deudores. Y las reticencias de Merkel a una política fiscal más expansiva y a un mayor activismo del BCE tienen también una de sus razones —aunque quizás no la principal— en el temor al crecimiento electoral de Alternativa por Alemania.

El proceso de la Unión Europea no está estancado, pero la crisis debería hacer caminar hacia adelante con más impulso. A veces se consigue. Mario Draghi, aunque criticado, ha dado pasos muy importantes en el afianzamiento del BCE. Pero la crisis reaviva también los egoísmos nacionales que frenan los avances. Y decisiones importantes de Draghi han sido recurridas por organizaciones alemanas ante su Tribunal Constitucional.

Querer hacer política económica en España (o en Cataluña) sin considerar lo que sucede en Alemania es bastante inútil. Y Alemania es reticente a que el BCE, del que es el primer accionista, financie la deuda de los países del sur si estos países siguen una política económica que para la ortodoxia alemana es poco responsable.

MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CHOQUE MAS-JUNQUERAS EN EL PARLAMENT

Hoy, en el segundo día del debate de política general hemos vivido una de las sesiones más interesantes, intensas y tensas de la legislatura. El lunes por la tarde Artur Mas había dejado claro que la consulta que piensa convocar (con la doble pregunta pactada por el frente consultista en diciembre de 2013) tenía que celebrarse con todas las garantías democráticas, una forma oblicua de decir que tenía que ser legal. O sea, que sólo se celebraría si el Gobierno no la recurría o si el Tribunal Constitucional creía que la Ley de Consultas catalana —que el Parlament aprobará el viernes— es válida y faculta a la Generalitat para celebrar la consulta.

Pero como cualquiera de estas dos posibilidades parece muy remota, lo que todo el mundo interpretó es que Artur Mas convocará la consulta —cree que así cumpliría con su palabra— pero que luego, si la consulta era suspendida, no se celebrará. E incluso fue más lejos al decir que entonces la legislatura no podría continuar y habría que ir a unas elecciones anticipadas. Claro, para protestar por la suspensión de la consulta, o sea, de tipo plebiscitario. Es decir, con una lista conjunta de CiU y ERC.

Y este planteamiento, como ya se evidenció en la polémica de mediados de agosto entre el líder de ERC y Joana Ortega y Santi Vila, no podía sino disgustar profundamente a Oriol Junqueras, que ha alabado la desobediencia civil de Martin Luther King, que no desea unas autonómicas adelantadas —prefiere antes ganar las municipales— y que desde luego no contempla en absoluto una lista conjunta con CiU (o incluso con CDC, sin Duran). Es hasta cierto punto lógico. ¿Cómo va ERC a renunciar a ir a unas elecciones con sus siglas en el momento que las encuestas le son más favorables? Pero para CDC, y los que creen que CDC encarna a Cataluña, entre los que hay muchos analistas nacionalistas —o propagandistas de CDC—, ERC debe ir a una lista única por patriotismo. Porque la marcha hacia la independencia está por delante de las siglas, aunque curiosamente estos analistas comprenden perfectamente que ICV o la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) mantengan su lista propia.

Junqueras ha sido duro, durísimo, con la idea de suspender la consulta. Mirando a la bancada convergente ha soltado: «Sabíais que el Gobierno central no os aplaudiría cuando se convocara la votación. Lo sabíais perfectamente. Sabíais que el Tribunal Constitucional no os lo regalaría. Sí, lo sabíais. Tenéis que ser consecuentes con aquello que votasteis y firmasteis. Y si no lo sabíais no os merecéis la confianza de los ciudadanos».

El líder de ERC tiene aquí bastante razón porque Artur Mas ha estado prometiendo durante muchos meses una consulta legal sabiendo que había muchas posibilidades —muchísimas— de que no fuera posible. Las señales del Gobierno han sido inequívocas, y Rubalcaba le dejó claro que en eso el PP y el PSOE estaban unidos. Mas ha jugado con la consulta frívolamente —o interesadamente— para luego forzar a Junqueras, si le interesaba, a una lista única en unas plebiscitarias. Pero Junqueras no está siendo racional cuando exige que la consulta se celebre fuera de la legalidad. Primero, porque la ruptura de la legalidad no es democrática. Segundo, porque en esas condiciones sería muy dudoso que la consulta se pudiera celebrar. Y si, pese a todo, se lleva a cabo no sería con «plenas garantías democráticas». ¿Se podría ir a votar libremente? ¿Acudirían a las urnas los partidarios del No o del Sí-No?

Por otra parte, la oferta de blindar la consulta con la entrada en el Gobierno de consejeros de ERC para los puestos más comprometidos es efectista, pero poco relevante en el fondo. Una consulta hecha al margen de la legalidad es inviable salvo que se quiera forzar al Estado a tomar medidas extremas que podrían llegar a la suspensión de las competencias de orden público de la Generalitat o incluso a la suspensión de la autonomía. Y entonces...

Junqueras no dice que ese sea el objetivo. Pero, por otra parte, Artur Mas, tras haber pedido con cierta insistencia la entrada de ERC en el Gobierno, queda bastante en falso cuando desprecia la oferta de Junqueras de forma algo similar al «avui no toca» («hoy no toca») al que nos tenía acostumbrados Jordi Pujol cuando con suficiencia rechazaba una pregunta a la que no le convenía contestar.

LA MANO TENDIDA DE ICETA

Junqueras ha pronunciado un discurso duro, y bastaba ver las caras de los consejeros de CiU para comprobar que su intervención era una patada en el estómago a la estrategia presidencial. En la réplica, Mas, aunque sin estridencias, tampoco ha ocultado su contrariedad. En cambio, las caras de algunos consejeros se han ido relajando (e incluso iluminando) cuando Miquel Iceta, en su primera intervención en la tribuna como líder socialista, ha desgranado los puntos de un discurso muy medido y preparado.

Iceta ha insistido en que una consulta no pactada con Madrid —como la que los partidos soberanistas acordaron el pasado diciembre— no se iba a poder celebrar. Y ha seguido preguntándose las razones para dar por acabada la legislatura por algo —la consulta— que no depende de los partidos catalanes, siendo que la situación económica y social es de una urgencia tal que exige seguir gobernando y tomar medidas, y no celebrar elecciones cada dos años. Lo que a Cataluña le conviene ahora es afrontar las consecuencias de la crisis y negociar con Madrid todo lo que haya que negociar para ello. Y ha hecho una clara oferta a Mas: para gobernar de forma razonable los dos próximos años puede contar con el PSC, que podría incluso apoyar —en caso de que haya medidas sociales— los presupuestos de 2015; algo que no harán si siguen con una política aventurista de desafíos imposibles al Estado.

Claro, en la intervención de Iceta ha quedado patente que si Cataluña aprovecha los dos años de legislatura que quedan, luego, lo más probable es que pueda negociar con Madrid con un Gobierno español de distinto signo o, como mínimo, sin mayoría absoluta. La legislatura española acaba en el otoño de 2015 y la catalana debería acabar un año después.

La oferta de Iceta es interesante porque, al ofrecer apoyo a Mas y al insistir en que el PSC votará la Ley de Consultas —pese a que no cree que sea válida para las dos preguntas del 9-N—, vuelve a situar al PSC en la centralidad catalana y abre una posible vía de rectificación a la política de Artur Mas si la consulta no se puede celebrar y pierde el apoyo parlamentario de Junqueras.

Por la tarde, un destacado consejero de Artur Mas me dice que Iceta ha hecho un buen discurso y que su planteamiento es inteligente, pero que las bases de CDC y las organizaciones independentistas no comprenderían ahora que Mas cambiara el rumbo tomado en 2012. Claro que si lo de la consulta acabara mal, ERC rompiera el pacto parlamentario y el Gobierno de Madrid diera aire para respirar financieramente...

MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MAS Y JUNQUERAS SE REÚNEN PARA RESTAÑAR HERIDAS

La presentación ayer noche de una moción conjunta de apoyo a la consulta por parte de los partidos soberanistas buscaba impedir que se desorbitara la grieta surgida en el debate de la mañana entre Mas y Junqueras. Hoy se ha votado la moción, que ha sido ampliamente aprobada por 89 votos contra 44. A favor ha votado todo el frente soberanista, CiU, ERC, la CUP e ICV, a los que se han sumado tres disidentes del PSC. Y a última hora, para oficializar la distensión, se ha celebrado una reunión Mas-Junqueras.

Hablo después con una persona muy próxima a Junqueras que me dice que sólo tiene un corto input telefónico de la reunión. Parece que el encuentro ha ido bastante bien, mejor que el del 7 de agosto, que fue muy mal, y que es cuando Mas le dijo que no se podría desobedecer al Constitucional. Algo habrán acordado, me dice, y añade que Iceta tendrá que seguir esperando... Sobre la posición de Junqueras es tajante: todo el proceso catalán empezó a partir de la protesta contra la sentencia del Constitucional de 2010 y no sería lógico que ahora frenáramos o enterráramos el proceso precisamente obedeciendo una orden del Constitucional. Eso es imposible y el presidente lo tiene que admitir.

Me pregunto si doce horas después del divorcio público puede haber habido un acuerdo discreto. Sospecho que el acuerdo consiste sólo en no magnificar el desacuerdo. A ninguno de los dos les interesa ahora —fijadas ya las posiciones en el debate de la mañana de ayer— que la desunión perjudique el clima de movilización, pero la herida está abierta y es difícil de cerrar. Obedecer o desobedecer al Constitucional, esa es la cuestión. Y no parece que se pueda desobedecer a medias.

TORPEDOS A LA UNIÓN EUROPEA

Mañana es el día del referéndum escocés, y en el Congreso el diputado del PNV, Aitor Esteban, preguntó a Rajoy sobre la posición de España en el caso de que ganara el Sí. Y Rajoy ha aprovechado para despacharse a fondo diciendo que estos procesos (el de Escocia y el de Cataluña) son «un torpedo a la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar y no para fragmentar». Rajoy ha asegurado que en las conversaciones con otros líderes europeos ha constatado que no hay ninguna simpatía por procesos que pueden generar inestabilidad política y económica. Para Rajoy una secesión implicaría que el nuevo Estado se quedaría fuera de la UE y, aunque podría pedir su ingreso, el trámite podría llevar años y debería superar el posible veto de cada uno de los 28 estados miembros.

Intuyo que Rajoy debe tener bastante razón sobre la actitud de los gobiernos europeos y de las instituciones de Bruselas ante unos fenómenos que en las capitales europeas se ven como un peligro de subdivisión de Estados. Suficientes problemas tienen los jefes de Gobierno de los 28 Estados para tirar adelante la agenda europea en época de crisis como para recibir con los brazos abiertos un nuevo problema —la independencia de Escocia o de Cataluña— que podría querer ser imitada por otra regiones europeas como el Véneto o la Lombardía en Italia e incluso en los antiguos países comunistas, donde hay serios problemas identitarios.

Sin embargo, Alex Salmond ha contestado con rapidez y contundencia a Rajoy diciendo que España no tiene nada que decir de Escocia, ya que el suyo es un referéndum legal y pactado: «¿Alguien cree que un país con sólo el 1% de la población de la UE pero el 60% de su petróleo y el 20% de las reservas de pescado no iba a ser bienvenido?». Contundente.

No obstante, Rajoy ha apuntado bien a uno de los grandes problemas del proceso catalán. Se ha visto en los continuos fracasos de los viajes del presidente Mas a Bruselas.

PUJOL FERRUSOLA, SIN MEDIDAS CAUTELARES

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente, conocido como Júnior, ha prestado declaración ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional durante bastantes horas y al final se ha marchado sin que ni el juez ni la fiscalía pidieran ninguna medida cautelar. Por el momento Pujol Ferrusola —contra el que su antigua novia María Victoria Álvarez ha lanzado múltiples acusaciones— no ha empezado mal su paso por los juzgados. Y me fijo en una declaración de Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, que defiende la actitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional: «Al hilo de la situación procesal, muy embrionaria todavía, de la documentación de la que disponemos, de la actividad o inactividad que se ha producido por el sujeto imputado de ayer, no había elementos bastantes para entender que cabía adoptar medidas cautelares de tipo personal».

Entendido. La fiscalía tiene una actitud prudente en el caso de Jordi Pujol Ferrusola.

La Vanguardia dice que una de las cosas curiosas y llamativas es que Pujol Ferrusola declaró que hizo negocios con Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, que ha salido salpicado en varias informaciones sobre corrupción.

LA CONDENA A SPANAIR

En 2009 se materializó la idea de la compra de la compañía aérea Spanair por parte de un grupo de empresarios privados catalanes —Joan Gaspart, presidente de Turismo de Barcelona, era uno de los más destacados— con el apoyo de la Generalitat.

Los escandinavos de SAS querían deshacerse de una compañía tocada y desde Cataluña se vio la oportunidad de, a partir de Spanair, montar algo así como una compañía público-privada de bandera que potenciara Barcelona como destino y Cataluña como país.

Seguramente el presidente Montilla y el consejero Antoni Castells actuaron también movidos por las críticas que desde CiU y algunos medios privados se hacía contra el Gobierno de Zapatero —y de rebote contra el tripartito— por la no cesión del aeropuerto de El Prat a la administración catalana. Además, el proyecto de una compañía aérea que ayudara a potenciar Barcelona podía ser sugestivo. Lo que no estaba tan claro era si la averiada Spanair era un instrumento adecuado, y si se disponía de medios suficientes y de la expertise necesaria. Desde el primer momento se vio que el sector privado con fondos —realista o timorato— apostaba poco pero no quería criticar el proyecto, y los empresarios que participaron (por ejemplo los de FemCat) lo hicieron muchas veces con créditos del Institut Català de Finances.

Cuando cambió el Gobierno, a principios de 2011, el presidente Mas y el consejero Andreu Mas-Colell continuaron apoyando —moral y materialmente— a la compañía, que estaba dirigida por Ferran Soriano, un empresario vinculado —y después distanciado— al equipo de Joan Laporta en el Barça.

Pero la compañía perdía dinero continuamente, las ayudas a la Generalitat provocaron denuncias de compañías privadas en Bruselas, y la búsqueda (posterior a la compra) de lo que se denominó un «socio industrial» en Qatar Airways fracasó. A finales de 2011 la Generalitat decidió —ni podía ni debía hacer otra cosa— dejar de inyectar dinero. Así, el 27 de enero de 2012 Spanair se declaró en quiebra con un pasivo de casi quinientos millones frente a un activo de algo más de cincuenta. La aventura había terminado.

Ahora, el juzgado de lo mercantil de Barcelona ha condenado —por retrasar la declaración de quiebra— a una multa de diez millones de euros e inhabilitación de dos años a los componentes (privados e institucionales) del último consejo de la compañía.

La aventura acabó mal y ahora surgen las desgracias. ¿Hubo ensoñación de la Generalitat, como insinúan en algunos diarios? ¿Fue un exceso de confianza en las fuerzas del sector privado catalán —que invirtió poco— y de la Generalitat? ¿La decisión, que los hechos han demostrado equivocada, se debió a la fuerte competencia en el mercado político por hacerse con la bandera del catalanismo y dejó en segundo lugar el análisis empresarial de la iniciativa? ¿Fue Vueling, de la que Iberia es accionista y que tiene una buena trayectoria, la culpable del fracaso por sus denuncias en Bruselas de competencia desleal por las ayudas públicas?

Son preguntas que deberían animar un debate público que sospecho que no tendrá lugar. Mi reflexión es que dos consejeros de Economía de la máxima competencia, el socialista Antoni Castells y el convergente Andreu Mas-Colell —espoleados por empresarios con buenas ideas pero con poco dinero, o poco dispuestos a invertirlo porque no veían posibilidades de negocio—, sobrevaloraron un proyecto para el que no había auténticos inversores privados. ¿Exceso de confianza en el papel de la Generalitat como dinamizador del sector privado? ¿Pecado de grandeur catalana? ¿Consecuencias de la competitividad catalanista entre el tripartito y CiU? Seguramente un poco de las tres cosas.

Bueno, Caja Madrid apostó fuerte en la privatización de Iberia, que quizás era una mejor oportunidad. Las cajas catalanas no invirtieron en Iberia—ni entraron en la aventura de Spanair—, pero ya vemos cómo ha acabado Caja Madrid por unas decisiones de inversión demasiado dirigidas políticamente desde el Gobierno de la Comunidad. Al menos, la Generalitat de Pujol y la socialista han sido menos dirigistas en las inversiones de las cajas.

LA DIATRIBA DE IGNASI GUARDANS

El abogado Ignasi Guardans, nieto de Francesc Cambó, fue uno de los fichajes de Miquel Roca para la CDC realista y de centro-derecha que quería. Diputado en Madrid, fue un aguafiestas (básicamente por la guerra de Irak) de la colaboración de CiU con el Gobierno Aznar en su segunda legislatura. Y como además no era incondicional de la nueva cúpula convergente fue «despedido» a Bruselas. Guardans en Bruselas trabajó bien. Quizás en un sentido diferente a Carles Gasòliba, que había logrado hacer de CDC uno de los pilares del grupo liberal, pero tomando iniciativas como la protesta por las medidas de seguridad —en algunos extremos bastante absurdas— en los aeropuertos. Guardans fue uno de los escasos eurodiputados españoles que supo conectar con las inquietudes de muchos ciudadanos.

En suma, hizo de eurodiputado. Pero como no es un hombre sumiso (dicen que tiene un carácter difícil), y además no se sumó a las tesis crecientemente independentistas de CDC, fue expulsado de la lista y enviado a los infiernos. El fiel soberanista Ramón Tremosa sería su «magnífico» sucesor, aunque pocas cosas (excepto la pelea con su compañero de lista democristiano) hemos sabido de su labor en Bruselas.

Guardans (que a continuación entró y salió con rapidez del Gobierno Zapatero, donde fue director general de cine) ha vuelto hoy a dar señales de vida política. Y, como siempre, se puede o no estar de acuerdo con él, pero dice cosas. Manifiesta respeto por los independentistas de CDC de toda la vida (reprimidos y pocos durante muchos años) y también por los conversos, a los que lanza algunas pullas, pero —y ese es el punto interesante— dice sentir desprecio creciente por los que callan, «por los que saben que todo es una enorme ficción teatral llena de emociones casi futboleras y vacía de sustancia y racionalidad [...], por los que en privado siguen diciendo que la independencia es una barbaridad, intuyen el daño atroz que puede hacer en términos tanto sociales como económicos, pero saben que quedarán sin empleo con sólo plantearlo como interrogante. Por quienes hace meses que saben que este es un tren que incrementa su velocidad hacia el descarrilamiento, pero tienen temor a usar un freno de emergencia que puede dejar muchas fracturas...».

Acaba: «Si esto sale mal, como creo que ocurrirá, los que hoy callan tendrán una grandísima responsabilidad sobre sus espaldas cuando el país despierte roto, frustrado y en crisis».

¿Es posible ser más duro? ¿Es CDC un partido algo «leninista» en el que la cúpula manda absolutamente y castiga a los que se separan de la línea oficialista o es Guardans lo que se llama un «culo de mal asiento»? No descarto lo segundo pero hay mucho de lo primero. Aunque en esto del mando absoluto de las cúpulas, CDC no es una excepción.

En los partidos españoles mandan las cúpulas más que en ningún partido europeo. Habrá que insistir en ello. Pero que los Guardans no tengan sitio en los partidos no hace a estos más fuertes en el largo plazo (sí más cómodos en el presente) y baja la calidad del país. De Cataluña y de España.

JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MIRANDO A ESCOCIA Y A CUNÍ

Hoy es el día del referéndum escocés pero los resultados no se sabrán hasta las primeras horas de la mañana del viernes. Hoy no sólo Cataluña sino toda España, e incluso Europa, han estado pendientes de Edimburgo. Si allí gana el Sí se puede abrir un proceso —el segundo capítulo sería Cataluña— de fragmentación de los países de Europa occidental, el más importante tras la Segunda Guerra Mundial. Como me dijo en una tertulia Ricardo Bofill, que tiene grandes conexiones en Francia, «en Europa los nuevos Estados están prohibidos desde el fin de la guerra mundial». Y lo cierto es que todas las independencias que se han producido desde entonces son consecuencia de la caída y desintegración del imperio soviético con posterioridad a 1989.

La independencia de Escocia abriría un nuevo capítulo con posibles repercusiones inmediatas en Cataluña y por eso Madrid mira a Escocia tanto como Barcelona. Así, El Mundo abre su portada con este título: «Europa pendiente de Escocia» mientras que El País, en sintonía casi total con su competidor, lo hace diciendo: «Escocia vota en un referéndum que marca el futuro modelo de Europa». El título del editorial de El Mundo es un fiel reflejo de como se ven en muchos medios (no sólo de Madrid) la jornada: «Encauzar los nacionalismos para evitar la fragmentación de Europa».

No obstante, en Cataluña el interés por Escocia comparte espacio con la aprobación mañana en el Parlament de la Ley de Consultas no referendarias que el Consejo de Garantías Estatutarias consideró constitucional por los pelos, pero que tendrá una amplia mayoría parlamentaria ya que será votada por todos los partidos pro consulta o consultistas más el PSC. Iceta considera que la ley es constitucional —otras Comunidades Autónomas preparan textos parecidos—, pero que no es una base legal adecuada para la consulta del 9-N. En Barcelona hay expectación por la aprobación de la Ley de Consultas porque se espera que una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el presidente Mas convoque inmediatamente la consulta del 9-N. En Madrid la expectación se convierte en alarma ante la incertidumbre del resultado escocés y el desafío catalán. Así, el segundo titular de El Mundo, justo debajo del dedicado a Escocia, dice así: «Los ministros en alerta para frenar el desafío soberanista». Y el subtítulo aclara: «Moncloa les instruye sobre un posible Consejo de Ministros extraordinario el sábado para aprobar un recurso contra la consulta de Mas».

El presidente ha concedido una entrevista a Josep Cuní en 8tv en la que —pese a la insistencia de Cuní— no ha querido revelar cuándo convocará la consulta: «No voy a desvelar esa carta, tengo quince días de plazo, pero la convocatoria también puede ser inmediata». Está claro que busca crear expectación. Luego se ha dedicado a hacer propaganda de la consulta, a recordar los agravios recibidos de España y a llamar a la unidad de los partidos catalanes (por supuesto, bajo su batuta). Destaco: «Hemos recibidos muchos menosprecios, amenazas, humillaciones [...]. La sociedad catalana no se ha quedado contemplando el espectáculo, ha plantado cara [...]. Ni me imagino una oferta de pacto fiscal ni la aceptaría». El presidente-guía ha declarado que el pacto fiscal que reclamaba con urgencia en 2012 ya no le interesa pese a que en estos dos años la situación financiera de la Generalitat ha empeorado mucho y actualmente nadie le presta nada y paga sus deudas gracias al Fondo de Liquidez Autonómica de Montoro. Parece un menosprecio inútil y algo prepotente. Podía decir que quiere ir más lejos que el pacto fiscal, pero no. Simplemente, ni espera la oferta ni la aceptaría.

Otra frase, esta más justificada: «El Gobierno español nos adelanta lo que hará el árbitro [el Tribunal Constitucional] antes de que se apruebe la ley. Es escandaloso desde el punto de vista democrático». Finalmente insiste en su papel de guía: «Nos tenemos que mentalizar que tendremos urnas, y si la política catalana está a la altura de las circunstancias, doy garantías de que este proceso se acabará votando». Ello exige, en su opinión, que «la movilización social en favor del proceso soberanista en marcha se mantenga y, si es posible, crezca incluso». O sea, que la ACN y Òmnium hagan bien su trabajo. Y otra: «que los partidos soberanistas sean capaces de traducirlo en un consenso político sólido, más allá de las siglas de los partidos».

¿Qué quiere decir con la frase «consenso político sólido más allá de los partidos»? Pues simplemente que, como sabe —lo confiesa en la misma entrevista a Cuní— que el Constitucional prohibirá la consulta (aunque luego se contradice y dice que la nota que da a que se pueda votar el 9-N es de notable), está apostando por unas elecciones plebiscitarias con lista única. «Consenso político sólido más allá de los partidos», dice. Y sabe que ese consenso (la lista única con ERC porque ICV y la CUP no le interesan) es frágil y se puede romper como una porcelana fina.

Me surgen dos preguntas evidentes. Primera: ¿convenció a Junqueras en la reunión del miércoles por la noche? Lo dudo, aunque ahora todos hablen de que la reunión fue bien. Mas quiere convocar la consulta en olor de santidad y unidad y Junqueras necesita que Mas convoque la consulta para exigirle después que siga adelante. Segunda: ¿tendría Mas el mismo interés en la lista única si las encuestas situaran a CiU como la lista más votada en unas próximas elecciones y no vaticinaran la victoria, por primera vez desde 1936, de ERC? Sospecho que no. ¿Qué armas tiene, pues, Mas para convencer a Junqueras de que ERC, con el viento de popa, renuncie a la lista propia para unirse a Artur Mas, que tiene detrás un partido y una marca averiada por el caso Pujol? Esa es la cuestión.

EL FISCAL DUDA DE LA HERENCIA DE FLORENCI PUJOL

El fiscal del caso Pujol ha presentado en el juzgado numero 32 de Barcelona, donde se instruye una denuncia de Manos Limpias, un escrito en el que asegura que no está nada claro que el origen de los fondos existentes en las cuentas de su mujer y de tres de sus hijos —Marta, Pere y Mireia— sea la herencia no declarada del padre del expresidente, Florenci Pujol i Brugat. Y, por lo tanto, se opone al archivo de la denuncia tal como propone el abogado de la familia, Cristóbal Martell.

El fiscal también insiste en que los Pujol no han presentado documentación legal de la herencia, aunque en su comunicado del 25 de julio Jordi Pujol ya se anticipaba a esta exigencia: «Mi padre, Florenci Pujol i Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero —diferente al comprometido en su testamento— y que no estaba regularizado en el momento de su muerte en 1980 fuera destinado a mis siete hijos y a mi esposa». La explicación de Pujol está bien trabada. Si los fondos tienen un origen más irregular, como comisiones cobradas por la obra pública ejecutada durante el mandato de Pujol, será necesario demostrarlo. Y Pujol se ha dotado de un buen abogado profesional.

Pero que la familia Pujol pueda salir indemne de los juzgados no impide —de hecho ya ha ocurrido— que el nombre Pujol sea hoy un lastre para la política de CDC. El propio alcalde de Barcelona, Xavier Trias, un hombre que ha hecho toda su carrera política a la sombra de Pujol, fue el lunes —el primer día hábil tras su confesión— a Catalunya Ràdio y le dijo a Mònica Terribas que lo que Jordi Pujol tenía que hacer era desaparecer. ¡Fuerte, fuerte! Ya sabía que la lealtad política era una figura casi inexistente, pero aun así...

Dejo anotado que Jordi Pujol quizás fue un corrupto y bastante padrino, pero también un gran político. Siempre pensé que cuando hablabas con él no sabías si lo hacías con un Helmut Schmidt, el gran y clarividente político socialdemócrata alemán, o con un político del estilo cacique italiano. Probablemente Pujol era una mezcla de las dos cosas.

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESCOCIA: 55% CONTRA LA INDEPENDENCIA

A primera hora de la mañana se conocen los resultados del referéndum. Finalmente Escocia ha dicho No a la independencia con un margen menos ajustado de lo que el empate final de las encuestas auguraba: 55,3% contra 44,7%. Casi once puntos de diferencia. El Sí sólo ha ganado en cuatro circunscripciones, entre ellas Glasgow (53,4%). En Edimburgo, la capital, ha ganado el No con claridad (61%).

Dicho esto, el Sí ha tenido un resultado bastante superior al que se esperaba hace unos pocos meses y la campaña del Scottish National Party (SNP) de Alex Salmond ha obligado a los tres partidos británicos a mover ficha y a ofrecer más autonomía a Escocia. Además, en el apoyo al Sí ha tenido un papel importante la defensa del sistema público de salud y el descontento social frente a las políticas conservadoras de Londres. Por eso en la victoria final del No ha sido muy relevante la campaña del Partido Laborista, tanto de su líder actual, Ed Miliband, como del antiguo primer ministro laborista, Gordon Brown, que ha irrumpido con mucha fuerza y al que El País dedica una página titulada nada menos que «El patriota que regresó de las catacumbas».

EUROPA CONTRA LA AUTODETERMINACIÓN

La derrota del Sí ha acarreado el inmediato anuncio de dimisión de Alex Salmond, primer ministro escocés y líder del SNP, y ha sido acogida con gran satisfacción por el presidente americano, Barack Obama, temeroso de que la independencia de Escocia hubiera debilitado al aliado británico y de rebote a la Unión Europea. En Bruselas y las capitales europeas también se ha respirado con satisfacción. El todavía presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha declarado: «Doy la bienvenida a la decisión del pueblo escocés de mantener la unidad del Reino Unido. Este resultado es bueno para la Europa unida, abierta y fuerte que la Comisión Europea defiende [...]. Los desafíos que afrontamos ofrecen muchas razones para contar con Estados miembros fuertes en una Unión Europea fuerte». Y el comisario de Comercio, el belga Karel de Gucht, ha sido mucho más contundente: «La victoria del Sí habría provocado un terremoto político similar al desmembramiento de la Unión Soviética, porque una Europa guiada por el derecho a la autodeterminación de los pueblos sería ingobernable». El primer ministro checo, Bohuslav Sbotka, ha dicho: «El mundo no se ha vuelto loco del todo [...]. La victoria del Sí habría llevado a una ola de nacionalismo que habría desestabilizado varios países europeos».

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MAS HABLA DE ASTUCIA

El fin de semana ha estado marcado por la tensión por la aprobación el viernes de la Ley de Consultas y por saber cuándo firmará Artur Mas dicha ley (tiene quince días), y el decreto de convocatoria. Se había dicho que la firma podía ser inmediata, pero ahora flota la idea de que se puede retrasar. Y la tensión es fuerte porque se prepara una reunión urgente del Consejo de Ministros para recurrir la ley y la consulta tan pronto como Mas firme. Hoy la tesis dominante es que Mas esperará a que Rajoy viaje a la China (debe hacerlo el martes) para retrasar el recurso del Gobierno.

Mientras tanto el fuego verbal ha continuado todo el fin de semana. Sáenz de Santamaría le ha recordado a Mas que debe respetar la Constitución y que es presidente de Cataluña precisamente gracias a ella, y el presidente le ha contestado desde la fortaleza de Cardona, donde se clausuraban los actos del tricentenario (Cardona se rindió el 18 de septiembre, unos días más tarde que Barcelona), que él es el 129.º presidente de Cataluña y el heredero de una institución del siglo XIV. Mas le está diciendo a España que no es presidente por la Constitución de 1978 sino por la historia, porque encarna una institución histórica.

Quizás todo iría mejor si ambos admitieran de verdad las consecuencias que se derivan del hecho de que los dos tienen su razón. La vicepresidenta debe admitir que Mas preside una institución del siglo XIV y Mas que es presidente de la Generalitat gracias a la Constitución de 1978 y al Estatuto de 1980. Incluso no iría mal que recordara que la Generalitat fue recuperada por un pacto entre la ERC de Francesc Macià y Lluís Companys, que había ganado las elecciones municipales de 1931, y el Gobierno provisional de la Segunda República que presidía Niceto Alcalá Zamora. Y que la restauró en 1977 el Gobierno de Adolfo Suárez al reconocer la institución exilada que presidía Josep Tarradellas, otro político de ERC.

Desgraciadamente no veo a la abogada del Estado Soraya Sáenz de Santamaría dispuesta a admitir que el autogobierno catalán no se basa sólo en la Constitución de 1978 ni a Artur Mas a reconocer que sus poderes emanan de la Constitución. Salvo para proclamar que son escasos y pedir su ampliación como estación de tránsito hacia la independencia.

Pero, polémicas históricas aparte, lo más interesante es que en el discurso de Cardona Mas ha hablado de que para poder votar el 9-N harán falta firmeza y determinación pero también habilidad y astucia. ¿Qué quiere decir? Pues seguramente que, como sabe que el decreto será recurrido de inmediato, quiere retrasar la firma para que la tensión y los titulares de incógnita hagan subir la temperatura y publiciten el evento, y que intentará —quizás piense en lo del viaje a la China de Rajoy— que pase el máximo tiempo posible entre la firma y la suspensión para poder desplegar una parte de la campaña publicitaria preparada.

De momento lo está consiguiendo, porque la atención de todos los medios de comunicación españoles está centrada en la firma de la convocatoria, el recurso del Gobierno y la posterior pelea en los tribunales. La redactora de El Mundo María Peral, que conoce muy bien el poder judicial, ha dedicado hoy en este una destacada doble página a la gran batalla jurídica que se avecina.

¿MAS INSENSATO, RAJOY COBARDE?

La tradicional Fiesta de la Rosa que el PSC celebra cada año en Gavà tenía este año un especial interés. Primero, por la tensión previa a la firma de la consulta, que el PSC —no sin un relevante desgarro interno— ha decidido no apoyar. Segundo, porque era la primera vez que intervenían tanto Miquel Iceta, en calidad de nuevo primer secretario del PSC, como Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE.

Y el acto ha mostrado que la relación entre Iceta y Sánchez es buena. Iceta no ha renunciado a repetir ante el líder del PSOE (partido que no comparte ese criterio) que el problema no tendrá una solución satisfactoria si no es avalada por los catalanes en una consulta legal y pactada. Y Sánchez, como ya hizo el viernes en el congreso del PSE en Bilbao, ha repetido que los españoles sienten amor por Cataluña y que hay que ir hacia una reforma federal de la Constitución que haga sentirse cómoda a Cataluña dentro de España.

Iceta, que se ha prestado a tender puentes con Mas a la hora de votar la Ley de Consultas —aunque advirtiendo que la ley no da cobertura al 9-N—, fue muy crítico, tanto con el Gobierno de Madrid como con el de Barcelona: «Mas es un insensato y Rajoy un cobarde, no les seguiremos hacia el precipicio».

El problema del PSC es que la consulta de Mas es difícil que se pueda celebrar y no tendría efectos jurídicos y la independencia todavía parece menos al alcance de la mano, pero la reforma de la Constitución exige un pacto previo del PP y el PSOE y ahora el PP tiene mayoría absoluta y no quiere ni oír hablar del asunto. Hoy por hoy, las dos soluciones son poco más que píos deseos y la independencia es, como mínimo, una película con más intriga. Otra cosa es lo que puede suceder a finales de 2015 si Pedro Sánchez gana las elecciones y el PP entra en crisis. Pero ese escenario no es el de hoy.

Con todo, lo más positivo de la visita de Sánchez a Gavà es que se ha palpado que la entente entre el PSC de Iceta y el nuevo PSOE es más intensa incluso que la de hace unos meses entre Pere Navarro y Rubalcaba. Y que hay muchísima más complicidad que en la calculada y gélida coexistencia de Zapatero con Montilla.

LUNES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SI NO FUERA PORQUE EN EUSKADI MATABAN...

«Si no fuera porque en Euskadi nos mataban, lo de Cataluña es peor», ha declarado la líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que en el asunto catalán hace competencia al PP en exhibir nacionalismo español. Lo peligroso de la frase no es su injusticia ni su gran estupidez, lo peligroso es que Rosa Díez es la líder de un partido centrista español (a la derecha del PSOE pero a la izquierda del PP) que busca ampliar su espacio electoral y que cree que acentuando el discurso de incomprensión hacia Cataluña puede lograr su objetivo.

Afortunadamente no todo Madrid reacciona como Rosa Díez al encrespamiento del conflicto. Ayer, en la Fiesta de la Rosa de Gavà y hoy en un artículo en El País, Pedro Sánchez ha defendido una reforma federal de la Constitución como posible fórmula para solucionar el conflicto catalán. Pues bien, en una muestra de ceguera política, de no saber el terreno que pisa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha atacado hoy al PSOE diciendo que lo que se está proponiendo es un cambio de modelo de Estado, como si eso fuera un tabú, y ha acusado también a los socialistas de apoyar la Ley de Consultas, en una demostración de que no distingue entre el PSC y el PSOE.

Está claro que el objetivo de Cospedal es deslegitimar al PSOE como partido español por abrirse a la reforma federal de la Constitución, y no imponerse al PSC y prohibirle el apoyo a la Ley de Consultas. Indica que el PP no entiende que la reforma federal de la Constitución es posiblemente una fórmula que permitiría hacer confluir el mayor autogobierno que quiere Cataluña con la reforma del Estado. Debería ser algo como mínimo por considerar, a no ser que el PP tenga una solución más satisfactoria que decir que no a todo lo que piden las autoridades electas de Cataluña.

Más grave es la equiparación que hace del PSC con el PSOE. Quiere decir que Cospedal no concibe que el PPC pudiera tener en algún momento una actitud diferente a la del PP sobre algún asunto principal. Y esa es precisamente la razón por la que el PSC ha podido ser durante muchos años el primer partido de Cataluña (excepto en las autonómicas) y en cambio el PP nunca ha tenido un papel relevante. La clave es que el PSC puede sostener posiciones que no coinciden exactamente con las del PSOE, mientras que el PP quiere que el PPC actúe en Cataluña con una disciplina militar. Así acabó Ángel Acebes con el «sospechoso» Josep Piqué y así Alicia Sánchez Camacho tuvo que volverse desconsolada a Barcelona hace unos meses cuando propuso un sistema de financiación singular para Cataluña a los barones del PP.

Lo grave es que ahora, en estos momentos, Cospedal considere que una línea de actuación inteligente es criticar al PSOE por las actitudes del PSC.

MIQUEL ICETA EN EL PAÍS

Pero la sintonía, no la total coincidencia, entre el PSC y el PSOE va adelante porque hoy Miquel Iceta ha publicado un largo artículo en El País en el que detalla los puntos que el PSC defiende para alcanzar un acuerdo razonable entre Cataluña y España. Son unos puntos llenos de sentido común que está bien que Iceta explique en el diario español de más circulación, que tiene además una presencia notable en Cataluña. Anoto los puntos porque me parece que cualquier acuerdo que pueda ser operativo, aceptable para ambas partes y por lo tanto positivo para superar la crisis debe tenerlos muy en cuenta:

1. Definición de España como Estado federal.

2. Reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones.

3. Definición precisa de las competencias del Estado.

4. Reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

5. Consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia.

6. Constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías.

7. Descentralización efectiva del Poder Judicial.

8. Transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los gobiernos autónomos siguiendo el modelo alemán.

Creo que es difícil que se pueda llegar a un punto de encuentro entre los partidos españoles y la mayoría de partidos catalanes si no es en base a unos principios similares a los señalados. E Iceta puede apuntar en la buena dirección porque es el líder de un partido catalán, que se autodetermina en Cataluña pero que tiene un acuerdo permanente con uno de los dos grandes partidos españoles. El PSOE parece que le escucha cada vez más. El problema es que estos puntos le saben a poco al nacionalismo catalán y demasiado a gran parte del PP, que también es —al menos parcialmente— un partido nacionalista español.

TRIAS LIDERA EL APOYO AL 9-N

Mientras Cospedal dispara contra el PSOE, en Cataluña ya se ha puesto en marcha la campaña de apoyo de los ayuntamientos a la consulta del 9-N. Así, hoy se han aprobado diferentes mociones a favor de la consulta en 378 municipios y se prevé que en los próximos días el número se elevará hasta 665, un 70% del total.

De esta forma la consulta va ocupando cada día mayor espacio en los medios de comunicación y un diario de Madrid como El Mundo llega a hablar en su portada de una idea ingeniosa pero que me parece algo peregrina: la de que, sabiendo que el Tribunal Constitucional suspenderá la consulta, Artur Mas convoque también para el mismo día 9 elecciones anticipadas, a las que se dotaría de un carácter plebiscitario. Un amigo constitucionalista me dice que es imposible, porque ya se ha incumplido el plazo mínimo con el que se tienen que convocar las elecciones. Supongo que debe ser así, pero eso sólo demuestra que la polémica sobre la consulta reina ya en los medios de comunicación. Incluso en los de Madrid.

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

¿SE IRÍAN CAIXABANK Y BANCO DE SABADELL?

Hace meses y semanas se debatía sobre las consecuencias económicas de la independencia y sobre los problemas que plantearía la permanencia en la UE. Ahora noto que de este asunto —decisivo— se habla menos y que es orillado completamente por los soberanistas. No quieren hablar de problemas, sino sólo de la consulta, que se presenta como algo normal cuando en el mundo occidental al que pertenecemos sólo se ha hecho la de Escocia y las dos de Quebec (con el resultado conocido), y de la cerrazón del Estado español.

Quizás se habla menos porque en Cataluña cuesta expresarse en este sentido después de la desmedida propaganda del Gobierno de Madrid y de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, haya dicho que una Cataluña independiente vagaría eternamente por el espacio. Pero las advertencias de la Comisión de Bruselas tampoco son demasiado tenidas en cuenta; de hecho, parece que todo lo que no sea la consulta es irrelevante.

Sin embargo, es evidente que la independencia implicaría, en el mejor de los casos, una difícil negociación con la UE y que podría alargarse, y en este periodo las entidades financieras catalanas que están entre los cinco grandes bancos españoles —CaixaBank y Banco de Sabadell— podrían verse afectadas por el nerviosismo de los mercados.

En realidad, estas dos entidades podrían tener serios problemas. El primero es que una parte de su actividad (depósitos, créditos, cobro de nóminas y pensiones...) la desarrollan fuera de Cataluña. Y los grandes bancos de un país acostumbran a ser «nacionales». Recuerdo una conversación con Ricardo Fornesa, que fue presidente de La Caixa entre Josep Vilarasau e Isidre Fainé, en la que me dijo: «La Caixa es ya el primer banco español en el mercado interno porque Santander y BBVA tienen mucha actividad fuera, y ese estatus podría ser difícil de mantener si Cataluña se independizara porque el primer banco francés es francés; el primer banco alemán, alemán; el primero inglés, inglés; el italiano, italiano. Sería difícil que eso no pasara en España y por lo tanto tendríamos dificultades para crecer, e incluso para mantenernos, en nuestro primer mercado». El Sabadell ha crecido mucho fuera de Cataluña, en gran parte absorbiendo —con ayuda del Estado— cajas de ahorros quebradas como la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de la que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dijo que era «lo peor de lo peor».

El otro problema es que ninguna entidad bancaria española o catalana que quiera operar con normalidad y no generar desconfianza puede quedar fuera del paraguas del BCE, menos incluso tras el inicio de la unión bancaria, y eso no se podría garantizar durante el periodo de negociación, que podría ser muy corto como dicen algunos economistas independentistas, pero que también podría ser muy largo. En todo caso, la incertidumbre es una zona muy peligrosa para las entidades financieras y ya se vio en Escocia que el Royal Bank of Scotland y otros bancos dijeron, la semana anterior al referéndum, que si ganaba el Sí tendrían que trasladar su sede a Londres.

Hoy El Mundo se hace eco de un informe de la Unión de Bancos Suizos (UBS), en el que se dice que tanto CaixaBank como el Sabadell han tomado ya medidas para trasladar su sede a Madrid o a otra Comunidad Autónoma para poder seguir teniendo acceso a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, que son claves para la actividad bancaria, y para que sus clientes continúen bajo la protección del Fondo de Garantías español y europeo.

Es una noticia importante, y llamo a un alto cargo de una de las dos entidades con el que mantengo una relación fluida. Me dice que sí, que el informe de la UBS existe y que lo tiene en un cajón de su mesa. Pero desdramatiza. Claro que hay que tener previstos todos los escenarios para proteger la confianza en la entidad, pero no se ha llegado a ese momento. Los bancos escoceses tomaron esa decisión cuatro o cinco días antes de un referéndum en el que algunas encuestas daban la victoria al Sí y aquí no estamos ni de lejos en esa situación. Le pregunto si lo van a desmentir y me dice que no. Ellos no tienen ningún interés en polemizar con un informe de la UBS, pese a que el planteamiento que hace no se corresponde con lo que pasa hoy en Cataluña.

Está claro. Si hubiera peligro de quedar fuera del paraguas del BCE los bancos catalanes, para no perder la confianza de los mercados y garantizar que seguirían en el marco del euro, trasladarían sus sedes sociales fuera de Cataluña, lo que no dejaría de tener algunas consecuencias. Entre otras, que el impuesto de sociedades no lo pagarían en Cataluña. Hace unos meses le pregunté a otro directivo de la otra entidad catalana si cabía la posibilidad de que trasladaran su sede a Madrid. Su respuesta fue clara: «Hombre, quizás no sea necesario ir a Madrid, se podría escoger una capital más neutra que generara menos polémica. Luxemburgo, por ejemplo».

Pero el informe de la UBS no ha sido demasiado comentado en las radios y en los informativos de televisión. Es positivo que no se juegue con las cosas de comer, pero aun así...

GALLARDÓN SE VA POR LA DERECHA

Esta mañana Rajoy ha roto su costumbre de hablar poco y de decir obviedades y ha dicho, por sorpresa, que el Gobierno había decidido retirar la muy restrictiva Ley del Aborto que aprobó en diciembre, porque no había generado suficiente consenso.

La decisión se sabía porque Lucía Méndez la adelantó en El Mundo la semana pasada, pero su anuncio se ha precipitado. Se apuntan dos razones. La primera es que Rajoy ha querido evitar que Gallardón hiciera pública su dimisión en el Congreso, como al parecer era su intención. No es una explicación demasiado coherente, porque la posterior comparecencia de Gallardón ha sido suave. Ha dicho que no había conseguido generar el suficiente consenso y que dejaba también el escaño y la política, y no ha hecho ninguna crítica a Rajoy, al que ha agradecido su nombramiento como ministro.

Parece que la razón es que Rajoy ha querido liquidar el asunto para que la dimisión no se produjera justo antes o durante su viaje a la China de la semana próxima. Necesitaba tener un ministro de Justicia nombrado y en el despacho para cuando el Gobierno tenga que recurrir ante el Constitucional el decreto de convocatoria de la consulta.

No conozco a Rafael Catalá, el nuevo ministro. Anoto que era secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas, el de Ana Pastor, y leo con interés unas declaraciones suyas de hace pocas semanas, a una revista técnica de la administración, en las que decía que la reforma constitucional podía ser una manera adecuada de resolver la crisis con Cataluña. ¿Será Catalá un ministro más abierto respecto a Cataluña que Gallardón, que sobre este asunto decepcionó a la junta del Círculo de Economía en un almuerzo de hace unos meses?

Veremos; pero lo curioso es que Gallardón, que durante mucho tiempo ha sido considerado como el exponente más brillante de la corriente ilustrada, liberal y centrista del PP, se va ahora porque quería hacer una reforma del aborto que nos retrotraía a la etapa anterior a la ley González de 1985. Curioso, el mundo del PP. Ahora resulta que el más progre del partido, el más mimado por la prensa liberal de Madrid, se va porque en el asunto del aborto se sitúa a la derecha de Aznar y de Rajoy. Después de las elecciones europeas y de los estudios de Pedro Arriola, el gurú electoral del partido conservador, Rajoy ha decidido que no le interesa perder votos en las clases medias urbanas, que se inclinan por fórmulas de centro y que no quieren votar a la izquierda pero tampoco a una derecha con tics de derechona tradicional.

MIÉRCOLES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

VAN ROMPUY: CATALUÑA NO ES ESCOCIA

Hoy es el día de la Mercè, la patrona de Barcelona, y la actividad política ha bajado de nivel. Y además, cosa nada habitual, los diarios no abren con el conflicto catalán sino con la dimisión de Ruiz-Gallardón.

Pero ha habido noticia sobre Cataluña y ha venido de América, de la Universidad de Princeton, donde en un coloquio el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que representa a los 28 Estados de la UE y que en muchas cosas tiene más poder que el presidente de la Comisión, ha declarado que el caso de Escocia y el de Cataluña no se pueden comparar porque en España hay restricciones constitucionales que no existen en Gran Bretaña.

Anoto lo que Van Rompuy ha declarado exactamente: «Cataluña tiene un problema específico porque la Constitución no permite la organización de referéndums, así que el Gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional cuando Cataluña convoque el referéndum. Hay restricciones constitucionales». Van Rompuy ha abogado por profundizar en la vía federal, que dice que es hacia donde se encamina ahora Gran Bretaña como forma de resolver los problemas de algunas identidades nacionales, y ha puesto como referencia a su país, Bélgica, donde el principal partido salido de las últimas elecciones es el de los nacionalistas flamencos (independentistas), que están ahora negociando la formación de un Gobierno de coalición para toda Bélgica.

Van Rompuy es un hombre al que los políticos catalanes harían bien en escuchar porque une a su cargo su profundo conocimiento de la política belga. Y ya en su reciente visita a Madrid insistió en la posición de Bruselas: «Si una parte del territorio de un Estado se convierte en un nuevo país independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. Dicho de otro modo, un nuevo Estado independiente pasa a ser un tercer Estado respecto a la UE. Más adelante podría solicitar su ingreso, pero dicho ingreso estaría supeditado a la ratificación de todos los Estados miembros».

No hay duda de que el conflicto catalán se ha internacionalizado, pero las reacciones que genera no siempre gustan a los que creen que la internacionalización es el gran objetivo y significa el triunfo.

ENCUENTRO PEDRO SÁNCHEZ-DURAN I LLEIDA

En el Congreso de los Diputados la Mercè no se celebra, y ayer continuó la vida parlamentaria. De entrada, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, declaró en el hemiciclo que los socialistas apoyarían el recurso del Estado contra la consulta porque se trata de una iniciativa ilegal. La vicepresidenta agradeció y valoró el apoyo socialista en un «asunto de Estado», pero luego cuando Hernando defendió la reforma de la Constitución en sentido federal, se revolvió: «¿Qué es un Estado federal? ¿Qué implica respecto al Estado de las autonomías? ¿Quieren un federalismo simétrico o asimétrico? ¿Quieren reordenar las competencias? ¿Quieren un pacto fiscal?».

Volvió a quedar claro que el PP y el PSOE están juntos contra el bloque soberanista respecto a la consulta del 9-N (ya lo estuvieron cuando el Congreso negó la cesión de competencias para convocar el referéndum a la Generalitat), pero están en profundo desacuerdo respecto a la forma de solucionar el asunto.

Esta diferencia entre el PP y el PSOE se vio tras el encuentro en el Congreso de los Diputados entre Duran i Lleida y Pedro Sánchez. Ambos coincidieron en que el PP no quiere cambiar de postura por motivos electorales. Duran i Lleida ha sido especialmente duro cuando ha dicho que igual que el PP había estado contra el Estatuto porque creía que eso le iba a beneficiar electoralmente en el resto de España, ahora estaba contra la consulta y cualquier negociación con Cataluña porque creía que era rentable de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. Pedro Sánchez ha destacado que el inmovilismo de Rajoy no garantiza la unidad de España y que cada vez ve más enconamiento del Gobierno en esta cuestión.

Claro, si Pedro Sánchez estuviera en la Moncloa y Duran i Lleida en el Palau de la Generalitat las cosas serían bastante diferentes, pero no están. Y las posibilidades de que a corto plazo Rajoy se mueva en la dirección de Sánchez o Artur Mas en la de Duran i Lleida parecen remotas.

MAS-COLELL Y EL PRESUPUESTO DEL 2015

Andreu Mas-Colell es un consejero brillante, del cual dicen que si se hubiera quedado en Estados Unidos podría haber sido Premio Nobel de Economía. Pero volvió a Cataluña y el que en su juventud había militado en el PSUC fichó por la CDC de Pujol y ahora trabaja con una gran sintonía política con Artur Mas. No oculta su simpatía por el independentismo, y dicen que ha apoyado la formación del Colectivo Wilson, un grupo de economistas y sociólogos catalanes que tienen posiciones notables en universidades americanas y británicas y que se expresan a favor de la independencia. Aunque evidentemente el tono pausado y responsable de Mas-Colell es muy distinto al más «laportista» Xavier Sala i Martín, tan agudo como sectario.

Mas-Colell sabe que, hoy por hoy, el pacto con Hacienda es obligatorio para que la Generalitat pueda seguir funcionando. ¿Por qué no lo dice, y no hace que Artur Mas matice un poco su línea política? Quizás porque el trato con Montoro ha sido muy difícil y Mas-Colell ha llegado a la convicción de que Hacienda no quiere un pacto racional con Cataluña, sino sólo usar las dificultades financieras catalanas para controlarla políticamente.

Bueno, Antoni Castells, el consejero del PSC de Maragall y Montilla, ya quedó bastante exasperado por el trato con Pedro Solbes y Elena Salgado, aunque con Solbes se llegó al acuerdo de financiación y Elena Salgado me ha dicho más de una vez que la crisis fiscal de 2010 —cuando España estuvo a punto de tener que pedir el rescate— obligó al Gobierno español a romper todos los compromisos. Con los pensionistas, a los que se congeló la pensión (excepto las mínimas), con los funcionarios, a los que se bajó el sueldo, y con Cataluña.

No vayamos tan lejos. Todo esto viene porque Mas-Colell, hablando de los presupuestos de 2015, ha reconocido que, sin un pacto con Hacienda, Cataluña se encamina hacia un «colapso fiscal». Atención, colapso fiscal. Y ha añadido que la Generalitat necesita 3.500 millones más, aparte del déficit permitido, para cuadrar los presupuestos del próximo año. Si yo fuera Mas-Colell correría a decirle al presidente que el choque con el Estado sólo conseguirá agravar la situación. ¿Lo ha hecho y Artur Mas no le hace caso? ¿No lo ha hecho porque cree que un pacto razonable con Montoro es imposible? ¿Creen Mas-Colell y Mas que sólo enseñando los dientes y amenazando con un choque conseguirán que el Estado español recapacite sobre la financiación y sobre otras materias?

EL GRITO DE JOAN ROSELL

Por cierto, me han sorprendido unas declaraciones de Joan Rosell a Onda Cero que pueden ser una censura a la Generalitat, la del tripartito o la actual, o ser sólo un grito de angustia ante la situación. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no es un hombre con tendencia a las declaraciones altisonantes, ha dicho que la situación financiera de Cataluña no es mala sino desastrosa.

Desde 2002 al segundo trimestre de 2014 la deuda de la Generalitat se ha multiplicado por seis, de 10.900 a 61.800 millones, el Estado es ya el tenedor de la mitad de la deuda catalana, y CaixaBank y Banco de Sabadell no pueden salir ni un minuto del territorio del BCE.

¿Hablan Artur Mas y Mas-Colell a fondo con Joan Rosell? ¿Podría influir Joan Rosell de alguna forma en las posiciones del Gobierno de Rajoy? Me temo que la respuesta a los dos interrogantes es negativa, pero lo que es inexplicable es que no se intente.

JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DAVID CONTRA GOLIAT

El hábil suspense que Mas ha provocado sobre la firma de la convocatoria de la consulta ha quedado despejado hoy. Manteniendo la incógnita, el presidente ha conseguido ganar muchos titulares, ha desbaratado la estrategia inicial del Gobierno, que quería recurrir antes de que Rajoy se fuera a la China, ha sorteado el pleno del Constitucional del miércoles y jueves, que podía ser utilizado para que suspendiera la consulta, y ahora incluso puede ayudar a tapar los efectos de la comparecencia mañana de Pujol en el Parlament. Mientras tanto, los ayuntamientos han ido votando mociones de adhesión a la consulta.

Así, esta semana larga, de viernes 19 a sábado 27, que Mas se ha dado para firmar la convocatoria, ha sido rentable, ya que ha servido para darla a conocer, para popularizarla, para que Madrid reaccionara en contra y para que muchos ciudadanos catalanes sintieran que la consulta era campo propio (más del 60% de los catalanes aprueban una consulta sobre el futuro de la relación con España).

Quizás por eso Artur Mas se muestra optimista. Hoy, junto al consejero Pelegrí, se ha paseado por la Fira de Sant Miquel en Lleida, y en Golmés se ha dado un baño de masas con los vecinos, que le animaron a seguir hasta el final. Mas les prometió liderar el proceso independentista «con coraje, sin miedo, con valentía y sin dar un paso atrás» y volvió a recurrir a la Biblia diciendo que «David venció a Goliat no por ser más fuerte sino por ser más hábil y astuto».

La vicepresidenta y presidenta en funciones —Rajoy está en la China y no regresa hasta el sábado— volvió a pedir a Mas que no firme la consulta, y dijo que el Ejecutivo responderá con agilidad y celeridad: «En cuanto publique el decreto, la maquinaria del Estado se pone en marcha en defensa de la democracia, de los españoles y de las reglas del juego».

¿David es Artur Mas y Goliat la maquinaria del Estado? En todo caso, cuando la maquinaria del Estado suspenda (Tribunal Constitucional mediante) la consulta, ¿qué hará David? Siempre ha dicho que la consulta sólo podría ser legal y últimamente lo repite con la fórmula de «con todas las garantías democráticas» y los consejeros de Unió (la vicepresidenta y titular de Gobernación, Joana Ortega, y el titular de Interior y secretario general de la federación CiU, Ramón Espadaler, tienen un papel destacado en la ejecución de la consulta) sin duda presionarán para que acate la suspensión. Al mismo tiempo, ERC y la ANC le instarán a seguir adelante. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?

Me acuerdo de la frase del estrecho colaborador de Junqueras: «Todo el proceso empezó para protestar contra la sentencia del Constitucional contra el Estatuto y lo que sería inadmisible es que ahora todo se viniera abajo por una simple suspensión —ni siquiera sentencia— del mismo tribunal».

ECHENIQUE DIMITE DE TVE

Leopoldo González-Echenique, abogado del Estado, amigo de Soraya Sáenz de Santamaría y presidente de TVE nombrado por el PP, ha presentado la dimisión de su cargo. La razón fundamental es el desfase de las cuentas, que incumplían todos los requisitos y que forzaban un nuevo rescate de Hacienda, al que Montoro se ha negado. Pero parece también que en el partido —¿pugna Cospedal-Soraya?— había críticas. No entiendo las críticas del PP, porque TVE ha perdido audiencia —en especial en los informativos— por una actitud excesivamente oficialista, pero doctores tiene la Iglesia... Lo que es indiscutible es que se ha perdido del todo el tono de neutralidad, al menos aparente, de la época del PSOE, cuando Fran Llorente colocó a los informativos de TVE en un liderazgo incuestionable.

No obstante, el problema de TVE es la falta de ingresos, que se agravó cuando María Teresa Fernández de la Vega, todavía vicepresidenta, prohibió la publicidad en TVE. ¿Cómo se podía financiar TVE sin publicidad y con unas aportaciones del Estado que la crisis obligaba continuamente a recortar? Los informativos de TVE fueron bastante más libres en la época socialista, pero la gestión del ente fue un desastre total. El Gobierno de Zapatero pareció más interesado en ayudar a las televisiones privadas, en especial a algunas nuevas y amigas que ya han sido absorbidas por las dos grandes, que en garantizar una televisión pública de calidad.

¿Por qué el Gobierno socialista se empeñó en tener una mala relación con Prisa —El País, la Ser...— y en no asegurar una televisión pública de calidad? Un misterio que sólo se explica por razones de simpatías personales y por la presencia de algunos «aprendices de brujo». ¿Era normal que el presidente del Gobierno tuviera una relación más fluida con Pedro J. Ramírez que con Javier Moreno, el director de El País? Y la gestión de TVE ha tenido consecuencias en Cataluña, porque el centro de Sant Cugat ha perdido importancia y es hoy muy poco relevante en el sistema de medios catalán.

Francia no necesita una televisión pública de calidad porque en el hexágono la democracia está muy asentada y nadie discute que Francia es Francia. Quizás por eso TF1 fue privatizada. En la España del primer decenio del siglo XXI no fue lo más inteligente reducir la importancia de TVE, liquidar prácticamente TV2 y ningunear —con la excusa de los reajustes económicos— el papel del centro de Sant Cugat, que tenía influencia sobre la manera de ver las cosas de España en Cataluña y las de Cataluña en España.

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PUJOL RECHAZA EXPLICARSE

Había gran expectación por la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament. El expresidente ha pasado un amargo verano tras la confesión el pasado julio de que su familia —su mujer y sus hijos— tenían cuentas en el extranjero como consecuencia de una herencia que su padre —Florenci Pujol— les había dejado. Y de que él era el culpable de que ese dinero no se hubiera regularizado.

Cuando Pujol regresó a Barcelona en septiembre —tras pasar el agosto en los Pirineos—, su casa de General Mitre se convirtió en el centro de protestas y pitadas, y las informaciones de prensa sobre las hazañas y fortunas de sus hijos —en especial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola— han seguido ocupando muchas páginas en los medios de comunicación.

Pero Pujol ha hecho lo que más o menos imaginaba. No ha ido más allá de las pocas explicaciones que dio en su confesión del pasado 25 de julio y luego, al contestar a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, ha tirado balones fuera y no sólo no ha aclarado nada sino que ha estado brusco y, como dice el titular de El Periódico, ha dado la bronca por respuesta y ha reñido a los diputados sin aclarar los puntos oscuros de la fortuna familiar. Ha añadido, además, que se intentaba hacer una causa general contra él y contra Convergència. Y eso pese a que el tono de las intervenciones de Gemma Calvet (ERC), Miquel Iceta (PSC) y Joan Herrera (ICV) había sido especialmente mesurado.

¿Por qué esta actitud? Creo que en julio Pujol elige una estrategia basada en su defensa jurídica y la de su familia sabiendo que eso va a significar un alto coste para su figura histórico-política, que tanto le preocupaba, y el sacrificio de la carrera de su hijo Oriol, el único que se dedicaba a la política y que hasta hace poco era el número dos de CDC y el más posible aspirante a la sucesión de Mas.

Cuando a mediados de julio el diario El Mundo publica unas cuentas en Andorra de su esposa, Marta Ferrusola, y de algunos de sus hijos, Pujol sabe que la investigación penal será inevitable y monta una estrategia de defensa jurídica. Regularizadas las cuentas para que no haya delito fiscal, la estrategia se centra en que la Banca Privada de Andorra no facilite más información y en dar cobertura al posible incremento patrimonial de sus hijos. La fortuna que puedan tener no se basa en el cobro de comisiones o de transacciones oscuras (en las que su poder político durante veintitrés años haya podido ser decisivo), sino en que son espabilados y han sabido hacer negocios a partir de un capital inicial que habían heredado de su abuelo en 1980 cuando eran niños. Y —este es su único pecado— él no regularizó porque, absorbido por el día a día de la política, ni se ocupó de administrar dichos fondos (no dice quién fue el encargado de ello) ni vio el momento oportuno para poner fin a la anómala situación (pese a que en España ha habido varias regularizaciones fiscales).

Es una defensa jurídica bastante impecable para la que la familia Pujol ha escogido un excelente abogado, Cristóbal Martell, al que conozco bien de los tiempos en que era el segundo del bufete de Francesc Jufresa. Entonces, en los noventa, eran ya el mejor despacho penalista, excepción hecha del peculiar y legendario Juan Piqué Vidal —implicado luego en el caso Estevill—, que había sido el abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Jufresa y Martell fueron en aquellos años los abogados de Javier Godó en un caso sonado.

El asunto de Andorra es muy probable que no vaya a más porque el dinero ya está regularizado y porque Andorra no facilitará más información sobre un posible delito fiscal que no está acogido en su legislación. Y las posibles otras causas contra su esposa o sus hijos se tendrán que demostrar, y en todo caso se podrá argumentar que el capital inicial no es fruto de comisiones o negocios irregulares pues proviene de la herencia del «avi Florenci».

MARTA Y SUS HIJOS

Claro, la explicación puede ser poco convincente y la reacción inmediata de su hermana Maria Pujol y de su cuñado, el historiador y antiguo secretario de Banca Catalana Francesc Cabana, lo demuestra, pero jurídicamente es un buen parapeto que comporta obligaciones y tiene un precio. Exige que Pujol hable lo menos posible —a no ser que sea citado judicialmente, cosa tampoco fácil porque las cuentas eran de su mujer y de sus hijos—, pero tiene un alto coste político.

Hace muchos años un confidente de Pujol me dijo que el asunto de los hijos tensionaba el matrimonio Pujol y que en una discusión Marta Ferrusola le había dicho al presidente algo así como: «Tú eras un hombre rico y te arruinaste por la política; lo elegiste, pero ahora tus hijos tienen derecho a rehacer el patrimonio que tú perdiste». Me quedé muy sorprendido, pero tomé buena nota, porque la persona que me explicó este incidente era fiable y tenía muy buena información sobre lo que Pujol pensaba. Y se me quedó grabada en la memoria. No puedo garantizar que la anécdota sea cierta, pero explicaría (o explica) muchas cosas. Los políticos inteligentes y duros pueden ser maridos débiles o culpabilizados. Un gran científico puede ser un estúpido total relacionándose con los vecinos.

BAVIERA Y CATALUÑA

Una crónica de María Paz López en La Vanguardia me llama la atención. Afirma que el presidente de Baviera, que es uno de los estados más poblados y más ricos de Alemania (3,5% de paro), basado en la combinación de riqueza agrícola, industrias punteras y buenas universidades, piensa exigir a la canciller Merkel más autonomía y más poderes fiscales para el «estado libre de Baviera», el Länder estrella de Alemania.

Baviera se queja desde hace años de que aporta demasiado a la financiación de Alemania. Está gobernada con mayoría absoluta por la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU, por sus siglas en alemán), que es completamente independiente del partido hermano, la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) de Merkel, con el que sí comparten un único grupo parlamentario en Berlín (antes en Bonn). El reparto del dinero entre las regiones más ricas y más pobres de un Estado es siempre un problema, incluso en la Alemania federal. Pero allí los conflictos son menores y están más regulados a través de un Senado auténticamente federal. Claro que, además, en Alemania todos hablan alemán.

PRESUPUESTOS DE 2015

El Gobierno ha presentado unos presupuestos optimistas para 2015 en los que el crecimiento de la economía del 2% permitirá cumplir el objetivo de déficit pese a la rebaja de impuestos de la reforma fiscal. En 2015, año electoral, la economía tiene que ir mejor y los bolsillos de los ciudadanos lo tienen que notar desde el 1 de enero gracias a unas menores retenciones del IRPF.

En esos presupuestos, sin embargo, hay sombras. La economía europea ha ido peor de lo esperado en el segundo trimestre, la española no crecerá en el tercero lo mismo que en el segundo (0,6%) y el aumento del PIB previsto para este año se ha quedado finalmente en el 1,3%.

La reactivación de la economía es indudable, pero se trata de una recuperación débil, y quizás provisional, que difícilmente va a poder ser una rampa de lanzamiento sólida de las campañas electorales de Rajoy en 2015. En los cuadros macroeconómicos del presupuesto está la clave. Suponiendo, que es mucho suponer, que la economía vaya tan bien como el Gobierno vende y se creen 620.000 empleos en 2014 y 2015, al final de la legislatura la población empleada española será de 17,7 millones, cuatrocientos mil menos de los que había al final de los tiempos «horrorosos» (así era como el PP los definía) de los últimos años del «ocurrente» Zapatero. Y ello pese a la reforma laboral y a la devaluación interna, que eran inevitables.

No es que Rajoy lo haya hecho mal (que en muchas cosas también), sino que las crisis económicas acostumbran a no distinguir entre gobiernos liberales (más o menos) y socialdemócratas (más o menos). Y a los que se apartan del canon (por voluntad o por falta de decisión) los liquida inmisericordemente. No es el capitalismo ni el socialismo, es la crisis. Los estrategas del PP en Génova (es el nombre de la calle en la que está la sede en Madrid) todavía no lo han aprendido. Se creen que a la derecha le cae el maná del cielo por ser derecha.

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014

UN DÍA HISTÓRICO

Ayer, tras la sesión de Pujol en el Parlament, fui al cine y luego asistí a una animada cena en el nuevo Cheese Bar del hotel Sarrià. Me he levantado más tarde de lo habitual y he ido al mercado de la Boquería a hacer alguna compra. Tengo dos llamadas perdidas de Ernesto Ekaizer y le llamo al llegar a casa. Me responde al cabo de un rato y me dice que está en un programa de La Sexta que sigue en directo el acto de firma de la convocatoria de consulta de Artur Mas en el Palau de la Generalitat. En La Sexta —parece que en el Madrid político también— todo el mundo está muy excitado. «¡Les ha montado un gran acto, un auto sacramental [al Gobierno]; están atónitos y no saben cómo reaccionar, ahora dicen que improvisan una respuesta de la vicepresidenta!»

Pongo la televisión y veo el gran auto sacramental que Artur Mas ha montado en el Palau mientras hojeo la prensa. El acto se celebra en el salón Verge de Montserrat, donde en la Edad Media se reunía el Gobierno, y están presentes todos los consejeros, los líderes políticos consultistas, el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), Joan Rigol; el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer... Sólo faltan dos personas: el líder de ICV, Joan Herrera, que dice que es un acto de Gobierno y no de partidos, y Duran i Lleida.

La locutora me informa de que Artur Mas, excepcionalmente, ha dormido esa noche en el Palau, pero no explica las causas (si las hay), y de que el presidente firmará con una estilográfica Inoxcrom que tiene el escudo catalán grabado y que luego será cedida al Arxiu Nacional de Catalunya. También me entero de que Artur Mas viste igual que el día de la boda de su hija Patrícia, traje azul y corbata a rayas. La silla en la que se sentará para firmar ha sido diseñada por el arquitecto catalán Òscar Tusquets (sí, el que organizó algunas cenas de intelectuales para Aznar) y la senyera que preside el acto fue elaborada en Mallorca y diseñada por Josep Maria Subirachs.

Sí, es un gran auto sacramental destinado a tener el máximo de repercusión mediática a través de las televisiones. Mas tiene sentido del espectáculo. Luego, contento y satisfecho porque es un gran día, baja a saludar a la plaza Sant Jaume. Y por la noche tiene una entrevista en TV3. Mas juega a fondo sus cartas. Exhibe convicción, sentido del deber, acendrado nacionalismo y una cierta voluntad de diálogo con la España democrática... Bien jugado. Pero... ¿qué pasará cuando se encuentre con la suspensión del Tribunal Constitucional?

De momento sigue adelante: «No descarto llevar el veto del Estado a Europa. En el momento en que votemos los países europeos se habrán de posicionar». ¿Y si no se vota? Vuelve a los símiles marineros: «Nuestro barco es un velero. Los veleros llevan motor, pero si el motor se para despliegan las velas y por poco viento que haya no pierden el rumbo». ¿Hay aquí alguna pista? «Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar... hemos estado abiertos a pactar la pregunta, la fecha y el marco legal, hemos estado y estamos abiertos a pactar las condiciones para hacer posible la consulta hasta el último momento pero no podemos caer en la trampa del inmovilismo vestido de una presunta legalidad». Hábil, aunque lo de «presunta»...

Luego, por la noche, responde como puede a las preguntas de Mònica Terribas sobre la corrupción. Creo que con sinceridad, porque sabe que los servicios del Estado escrudiñan todos sus actos, dice: «Sí, creo que estoy limpio [de corrupción]. ¿Puedo haber cometido algún error como todo el mundo? Quizás sí, no lo sé».

Mas, por la tangente, se escabulle del caso Pujol, cuyo auto sacramental de hoy ha contribuido a convertir en algo del pasado, anterior al día histórico: «Muchas cosas de las que salen ahora son de años anteriores. Estoy de acuerdo en que Pujol también podría haber contestado a alguna pregunta, pero no cometió ningún delito». Hombre, ¿eso es todo lo que tiene que decir de quien lo eligió como sucesor y cuyo hijo ha sido su segundo en CDC hasta hace muy poco?

Sí, Mas está convencido de su estrategia. Y si no lo está cree que su deber y la condición imprescindible para triunfar es actuar como si lo estuviera, y por lo tanto lo está. ¿Es un visionario? Si fracasa lo será, si lleva la operación (la independencia o el Estado Libre Asociado de Cataluña) a buen puerto será otra cosa. Corre muchos riesgos y no es nada seguro que en este momento de crisis económica y moral en toda Europa sea lo más conveniente que el Gobierno de Cataluña (con una mayoría precaria) lance un órdago de esta magnitud.

Iceta es realista y seguramente acierta cuando dice que «Mas sigue generando falsas expectativas y alimentando una gran frustración». Pero ¿puede el realismo movilizar voluntades cuando desde el Gobierno de España no se hace ningún movimiento, ningún gesto?

La esperada reacción de la vicepresidenta Soraya es insípida: «Lamentamos profundamente y consideramos un error la iniciativa del presidente Mas». Y Rajoy, todavía desde la China, dice que Mas se ha metido «en un lío». ¿No se da cuenta que en el lío estamos todos, él en primer lugar porque es el presidente del Gobierno? Y muchos catalanes creen que el «lío» (el presidente Montilla lo bautizó de «desafección») empezó cuando el PP hizo campaña contra el Estatuto de Cataluña, lo llevó al Constitucional y logró una sentencia que parcialmente le dio la razón, pero que el catalanismo —tras cuatro años de juego sucio en el Constitucional y de campañas anticatalanas en la prensa de Madrid— interpretó como una injusta y cruel bofetada.

Eso es así, aunque las fuerzas catalanas también cometieron errores al tramitar el Estatuto (la triple competencia entre el PSC, ERC y CDC el primero) y el Gobierno de Zapatero tampoco estuvo a la altura.

Sea como sea, «en el lío» estamos todos. Hoy hemos dado un paso más.

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PRESIDENCIALISMO A TOPE

Pese a que es domingo, la agitación provocada por la firma de la consulta por Artur Mas sigue viva y domina la vida política española. La unanimidad es total, pero con matices. El País y El Mundo, los dos grandes diarios de la capital, titulan respectivamente «La Generalitat confirma su desafío a la legalidad constitucional» y «Mas firma la ruptura de la legalidad», mientras que la prensa catalana le da un enfoque más abierto y menos legalista. El Periódico habla de «pulso al Estado», mientras que La Vanguardia dice «Mas da el paso» y en una página califica la firma de la convocatoria de «ceremonia mediática y presidencialista». El más original es el Ara que, con el único título de «Convocats» (Convocados), reproduce la firma del presidente de la Generalitat. Sí, presidencialismo a tope. El País publica un editorial titulado «Llamada a la ruptura» y fija su posición en el subtítulo: «El desafío de Mas exige al mismo tiempo una condena contundente y una respuesta creativa». ¿Creativa? ¿La solución está en la creatividad?

Pero la omnipotencia mediática de Mas ha tenido más consecuencias aparte de las portadas de los diarios. Por la tarde se ha reunido la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que ha informado (el informe es preceptivo para el Gobierno pero no vinculante) de que cree que tanto la ley de consultas catalana como el decreto de convocatoria son inconstitucionales. Sobre el decreto de convocatoria dice específicamente que aunque no tenga carácter jurídicamente vinculante se trata de un referéndum y que los referéndums sólo pueden ser convocados, según el artículo 92 de la Constitución, por el Gobierno de la nación. Es algo bastante obvio que el Parlament ya vino a reconocer cuando pidió al Congreso de los Diputados que se transfiriera la competencia para celebrar la consulta de la doble pregunta el 9-N.

Es relevante que en el Consejo de Estado —en el que hay respetados juristas como Landelino Lavilla, Fernando Ledesma Ramos y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón— haya habido unanimidad. Especialmente relevante es el caso de Miguel Herrero, tradicional defensor de los derechos de las nacionalidades históricas, que obtuvo el Premio Blanquerna de la Generalitat de Cataluña y que este año, en el Foro de Foros de Manuel Rodríguez Casanueva en enero y en el Cercle d’Economia en primavera, no dudó en afirmar que era partidario de una «mutación constitucional» a través de una disposición adicional a la Constitución para dar satisfacción a las demandas catalanas.

La lectura tópica del independentismo es que todos los juristas españoles son españolistas —es bastante lógico si se admite que los buenos juristas catalanes deben ser catalanistas— y que no hay nada que se parezca más a un español de derechas que un español de izquierdas. O que el PP y el PSOE son lo mismo. Sólo una pequeña parte de verdad puede haber en el argumento (desgraciadamente la guerra civil existió y Gil-Robles e Indalecio Prieto no estuvieron en el mismo bando, y la votación del Estatuto de 2006 mostró la diferencia), pero sobre todo me parece que es una forma bastante estúpida de renunciar a tener aliados en Madrid. Es seguro que la hoja de ruta de Mas tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos es que deja al catalanismo absolutamente solo en Madrid. ¿No importa? Claro, que si se parte de que España es el país opresor y enemigo...

Por la noche, Artur Mas —incansable en su trabajo de propaganda y de ocupación del espacio mediático— ha estado en La Sexta con Ana Pastor. No acostumbro a ver el programa porque me enerva el tono de «suficiencia de izquierda guapa», pero veo tuits y resúmenes. Dice pocas cosas nuevas e insiste en que España se equivoca al no prestar atención a las demandas catalanas. Por lo leído, fue Julia Otero, entrevistada en el programa, la que acertó al afirmar que votaría No a la independencia en una consulta, pero que querría poder hacerlo en una consulta democrática. Y el presidente, que sabe agarrarse a lo que le conviene, se colgó —una vez al año no hace daño— esta vez a Julia Otero.

Las organizaciones independentistas, fundamentalmente Òmnium Cultural y la ANC, han afirmado que buscan cien mil voluntarios para el puerta a puerta de la campaña a través de una macroencuesta. Dicen que ya tienen treinta mil y Muriel Casals, la presidenta de Òmnium, ha declarado a El País que Artur Mas no puede echarse atrás.

LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE LA CONSULTA

Tal como se podía esperar, el Consejo de Ministros se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria para recurrir la consulta del 9-N y por la tarde el Tribunal Constitucional, en sesión ordinaria pero adelantada (suena bastante raro), ha suspendido cautelarmente la Ley de Consultas y la consulta mientras estudia el recurso del Gobierno. Todo exprés. Recurso exprés y sentencia exprés. Como me dicen que Rajoy ha dicho alguna vez, «al enemigo, ni agua».

La reunión del Gobierno era esperada y al final el presidente ha hecho una breve comparecencia ante los medios en la que ha criticado la consulta y ha dicho que su prioridad es defender la Constitución, pero ha ofrecido diálogo: «Todavía hay tiempo para enderezar el rumbo y dialogar de manera fructífera». Me ha dado la sensación de que ahora a Rajoy le interesaría negociar con Mas, dentro del marco clásico español (respetando la Constitución), pero que Mas ya considera una camisa de fuerza dicho marco. Está dispuesto a negociar pero a partir de sus propuestas, encajen o no en el marco constitucional.

Por la tarde, Mas ha criticado la velocidad supersónica del Constitucional y ha dicho que la suspensión es un error mayúsculo. No obstante, no da la batalla por perdida y anuncia que planteará recurso contra la decisión. En lo de la velocidad supersónica tiene algo de razón porque la reunión del Consejo de Ministros ha sido extraordinaria (en lo que es casi una confesión de que el desafío al Estado se considera grave) y el TC se ha reunido en sesión ordinaria pero fuera de sus sesiones habituales. Sin embargo, sobre el fondo, no tiene razón porque una vez admitido el recurso —y era difícil no hacerlo— la suspensión de una norma autonómica es automática si así lo pide el Gobierno central. Y también hay que considerar que en este conflicto las decisiones del TC se están tomando por unanimidad —lo que en principio es una cierta garantía— y que dos magistrados, Encarna Roca y Juan Antonio Xiol, son catalanes, de gran prestigio jurídico y que se mueven en la esfera progresista. No se les puede acusar en ningún caso de simpatizantes del PP o de la derecha españolista. Encarna Roca, por ejemplo, fue elegida a propuesta conjunta de CiU y del PSC.

Es ya evidente que hemos llegado al tan temido, aunque amortiguado si la Generalitat renuncia a la consulta, choque de trenes.

Mañana me toca columna en El Periódico y recojo en el diario la conclusión final: «El PP perdió el norte al hacer una cruzada contra el Estatuto de 2006, Mas le ha seguido al querer seguir la onda independentista y Rajoy no ha aprovechado sus tres años de Gobierno para tender ningún puente. ¿Se ha perdido completamente el seny? Espero que no y que aquí el santo temor al choque de trenes (David frente a Goliat es cosa de la Biblia) y allí la conciencia de que la democracia no permite gobernar contra la mayoría hagan usar el freno. No es el momento de grandes soluciones como la separación (si lo es) o la reforma constitucional. Lo conveniente ahora es pactar un arreglo pragmático que solucione problemas y haga retroceder la desafección. En Escocia, al final se opta por la tercera vía y las subdivisiones de los estados en la UE son muy peliagudas. Lo urgente es evitar el choque de trenes».

Me temo que será muy difícil recomponer la situación, máxime cuando —pertrechados en sus apoyos y argumentos que no son pequeños— ninguno de los dos gobiernos querrá ser el primero en dar un paso atrás por temor a quedar desautorizado o perder legitimidad ante los suyos.

La verdad es que en este ambiente de choque de identidades el titular a cinco columnas de El Mundo de hoy, que hace unas semanas hubiera dominado las tertulias de radio y televisión, ha tenido poco relieve. Dice, lisa y llanamente: «Liechtenstein informa de que Mas estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol». En cambio, toman cuerpo las manifestaciones de protesta contra la suspensión y la ANC y Òmnium han convocado de cara a mañana concentraciones ante los ayuntamientos.

HERRERA E ICV

El Consell Nacional de ICV ha avalado la propuesta de Joan Herrera de que el partido no se posicione sobre la independencia y va a someter ahora esa propuesta a referéndum de sus militantes el próximo día 12. Herrera es consciente de que en ICV conviven federalistas e independentistas y que cualquier postura drástica podría dividir el partido. Por eso considera que cierta indefinición, que él prefiere calificar de amplitud mental —no dogmatizar sobre si es preferible la independencia a un nuevo pacto federal con el Estado—, es la postura más inteligente y que más sintoniza con la actitud media de los catalanes.

CATALUÑA, ¿BONO BASURA?

La agencia de calificación Fitch —la tercera del mundo tras Standard & Poor’s y Moody’s— ha colocado hoy la deuda de Cataluña en situación de vigilancia negativa. Ahora la deuda catalana tiene una nota BBB, que es la inmediatamente superior al bono basura. Fitch dice que la puede bajar uno o dos escalones —sería ya bono basura— porque la alta deuda de la Generalitat hace que no pueda salir a pedir dinero a los mercados. Sólo se puede financiar y refinanciar mediante el Fondo de Liquidez Autonómica del Estado (el célebre FLA), y Fitch teme que la degradación de las relaciones entre los dos gobiernos tras la convocatoria de la consulta pueda originar complicaciones.

Fitch no dice ninguna tontería. La Generalitat no minusvalora el informe, pero cree que el FLA le continuará refinanciando porque un impago bancario de Cataluña tendría serias consecuencias sobre el rating de España. Es cierto, pero las necesidades de la Generalitat no son sólo de refinanciación de la deuda bancaria. Ahí están los atrasos a los proveedores, a las farmacias... ¿Tensar la cuerda ayuda?

MUERE MIGUEL BOYER

La noticia me sorprende y me golpea. No se preveía este fulminante desenlace. Ya me han pedido artículos sobre Boyer, pero aquí quisiera hacer dos apuntes. El primero es que los dos años largos que trabajé con él —desde el 23 de febrero de 1983, día de la expropiación de Rumasa, hasta su dimisión el 3 de julio de 1985— fueron intensos y apasionantes. En parte, mi visión de la política española y de la política económica de los países europeos es muy tributaria de aquellos años en los que, como miembro de su gabinete, que dirigía Petra Mateos, pude vivir —en muy segunda posición— la experiencia del primer Gobierno socialista español de la democracia. La segunda es que desde la década de 1950, en la universidad, Boyer tuvo un claro compromiso con el socialismo clandestino. Por esa militancia fue apartado de un centro que dio después origen al Consejo de Seguridad Nuclear, donde era físico, y estudió Económicas. Pero su enfoque de la economía tenía el rigor de las ciencias físicas y le molestaba la palabrería. Quizás le gustaba la poesía pero creía que debía ser desterrada de la economía. Y por su carrera profesional durante la dictadura (servicio de estudios del Banco de España, del INI, donde colaboró con Claudio Boada y José María Amusátegui, de Explosivos Río Tinto, cuando Leopoldo Calvo-Sotelo era consejero delegado) estaba al tanto de lo que sucedía en Europa y sabía que el socialismo debía ser no sólo socialdemócrata sino también liberal, es decir, respetuoso del mercado. O aspirar sólo a estar en la oposición y a fracasar si, por casualidad, llegaba al Gobierno.

Lo que estaba pasando entonces en Francia tras la victoria de Mitterrand en 1981, las nacionalizaciones y el cambio de política económica de Jacques Delors en 1983 para no aislar a Francia de Europa, eran una prueba más. Seguro que Felipe González, que conocía bien la socialdemocracia alemana de Willy Brandt y Helmut Schmidt, lo sabía, pero posiblemente sin Miguel Boyer aquel Gobierno socialista hubiera sido diferente. La rectificación en Francia fue costosa pero no traumática, porque es un país de democracia muy asentada. ¿Qué hubiera pasado en España si hubiera habido que rectificar una política económica demasiado alegre y expansiva que es lo que muchos socialistas —ministros incluidos— deseaban?

Luego, su enemistad con Alfonso Guerra le alejó primero del Gobierno y después del PSOE. Y en 1996 apostó por Aznar y fue patrono de la FAES. Debo confesar que me sorprendió. Años después, cuando la guerra de Irak, rompió con Aznar y se acercó a Zapatero en su segunda legislatura, cuando la economía española estuvo a punto de naufragar.

Boyer era riguroso, pero nada dogmático. Recuerdo que cuando el papanatismo del euro era dogma de fe, Boyer dudaba y ponía de relieve los inconvenientes. Quizás era inevitable, pero renunciar a la moneda propia, a la posibilidad de devaluar en un país de inflación más alta que los competidores, que había sido la medicina tradicional de la economía española... En una conferencia en 2010, en la que explicitó su apoyo a Zapatero en la crisis del euro, contó lo que le había dicho Paul Samuelson, el keynesiano Premio Nobel de Economía, cuando España entró en el euro: «Quizás sea lo que ustedes deban hacer, pero sepan que se van a meter en la cama con un orangután». Esa fue la calificación de Samuelson para Alemania. Exagerada, pero que ayuda a entender lo que ha sucedido después.

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MANIFESTACIONES BAJO LA LLUVIA

El Gobierno catalán se ha reunido esta mañana en estado de agitación y aguda preocupación por la rápida suspensión de la consulta. Parece que el presidente la esperaba, pero que no creía que fuera a semejante velocidad. ¿Pensaban que se retrasaría hasta la próxima semana porque en la actual no estaban previstos plenos del Constitucional? ¿Era esa la astucia de Mas? Quizás lo creyeron en algún momento pero no en las últimas horas, especialmente desde que el domingo por la tarde se reunió —hecho sin precedentes que demuestra el estado de alarma de España— el Consejo de Estado.

Me dicen que en la reunión ha habido una discusión viva, al menos mucho más animada que lo habitual. La vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega, que es de Unió, ha subrayado que no se podía hacer incurrir en un delito de desobediencia a los funcionarios, y que eso obligaba a suspender muchas actuaciones. En el polo contrario, Irene Rigau, consejera de Educación y presidenta del Consell Nacional de CDC, ha sido partidaria de combinar la protección a los funcionarios con gestos de otro tipo. Y el consejero de Economía, Mas-Colell, ha insistido en que el Gobierno debía adoptar una decisión y no dejar que sea la calle la que marque la pauta.

Al final se ha decidido suspender con carácter provisional la campaña de publicidad de la consulta —pero no la web— y presentar un rápido recurso al Constitucional para que se levante la suspensión y decida con rapidez sobre el fondo de la cuestión. El Gobierno catalán muestra confianza en el recurso para justificar que no entierra los preparativos de la consulta, por si el TC les diera finalmente la razón. Falsa ilusión, buena excusa. En resumidas cuentas, la decisión es acatar en lo imprescindible, no acatar del todo mientras eso sea posible amparándose en el recurso al Constitucional y procurar que los ánimos no decaigan llamando a la movilización ciudadana. El portavoz, Francesc Homs, siempre eficaz, lo ha expresado con claridad: «El proceso, y lo veremos cada día más, necesita una gran movilización ciudadana y unidad política, no debe fallar ninguna de estas dos cosas».

Y la movilización ciudadana ha llegado con gran rapidez, ya que, pese a las fuertes lluvias que han caído sobre toda Cataluña, miles de manifestantes —siguiendo las indicaciones de la ANC, Òmnium y los partidos soberanistas— se han concentrado ante los ayuntamientos de muchas ciudades para protestar por la suspensión de la consulta. En Barcelona, más de seis mil personas con paraguas han aguantado la lluvia durante largo rato. Entre los concentrados en Barcelona estaban Josep Rull (coordinador general de CDC), Oriol Junqueras, Joan Herrera, Quim Arrufat (CUP) y Antoni Castellà (sector crítico de Unió).

Habrá que ver las consecuencias de esta suspensión parcial de los preparativos de la consulta, incluida la campaña de publicidad. Aunque la propaganda no falta, porque esta tarde tanto el canal informativo 3/24 como la propia TV3 interrumpieron sus emisiones normales para informar de lo que estaba sucediendo. Las manifestaciones eran importantes, pero no tenían la envergadura de la del pasado Once de Septiembre. Que el canal informativo las siguiera es bastante justificable, pero interrumpir las emisiones de TV3 es otra cosa. En todo caso lo que hay que ver es cómo la aceptación parcial de la suspensión por parte de la Generalitat afecta a las relaciones de CiU con los otros partidos soberanistas. Y en especial, qué efecto tiene sobre la relación —de gran desconfianza desde este agosto— entre el presidente y el líder de ERC.

MIÉRCOLES, 1 DE OCTUBRE DE 2014

ARTUR MAS DICE QUE SIGUE ADELANTE

Pese a que ayer el Gobierno catalán decidió suspender temporalmente la campaña publicitaria de la consulta, Artur Mas dejó claro que su voluntad es seguir adelante. O al menos de decir que intentará seguir adelante. Así se ve en el recurso que presentó al Constitucional en el que se le insta a levantar la suspensión tanto de la Ley de Consultas como de la convocatoria del 9-N por los perjuicios de carácter irreversible y no reparable que, sólo por el paso del tiempo, ocasiona la decisión judicial. El recurso indica también que si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal como piden muchos ciudadanos de Cataluña, es imposible prever las consecuencias, y cita una resolución del Consejo de Europa de 2003 que señala que «cuando se plantean importantes retos para la gobernabilidad, los Parlamentos no los resuelven y la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, estas diferencias tienden a alimentar el desprecio público de la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia».

Hábil alegato, pero de casi imposible acogida por el Constitucional. Se trata de mantener viva la ficción para poder seguir adelante en algunos aspectos de la consulta o, como mínimo, de no tirar la toalla. En este sentido el acto más importante tuvo lugar en el Parlament, cuando los 86 diputados del bloque soberanista (CiU, ERC, CUP e ICV) votaron a los siete miembros de la comisión de control de la consulta, pese a la suspensión del Constitucional. Los dirigentes parlamentarios del PP pidieron que la votación fuera nominal para que quedara constancia de los diputados que desobedecían al Constitucional (por los posibles efectos penales), con lo que la tensión parlamentaria se incrementó. Previamente, un informe jurídico de la Cámara catalana afirmó que la votación de la comisión de control no tenía efectos jurídicos hasta que fuera publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), por lo que los diputados de hecho no estaban desobedeciendo la sentencia del Constitucional. Ocurrente.

No obstante, fue la declaración de Mas la que dejó las cosas claras (dentro de la confusión e indefinición). Así, Mas, en su primera declaración pública tras la suspensión, afirmó que no rectificaría en su voluntad de que el pueblo de Cataluña pueda votar y decidir su futuro «mientras en Cataluña se den las condiciones de consenso político, movilización social y pulcritud democrática» y añadió que «esto se acabará con el pueblo de Cataluña votando y ustedes [los diputados del PP] no lo podrán evitar». Mas también se opuso al diputado de las CUP Quim Arrufat, que le instó a seguir adelante y no hacer caso de la sentencia, «porque la desobediencia no lleva a la victoria».

A continuación Mas recibió uno por uno a los líderes de los diferentes grupos parlamentarios soberanistas para intentar consensuar el camino a seguir y convocó una reunión para mañana miércoles que puede ser importante, porque parece que la reunión entre Mas y Junqueras no fue bien. Así, la edición de El Periódico se abre con el título «Unidad en suspenso» y se explica que ERC se siente acorralada porque Artur Mas ha dejado claro que no va a poder seguir con la consulta y ha propuesto a Junqueras una lista única en unas elecciones plebiscitarias adelantadas que podrían ser la sustitución de la consulta, de forma que quedara clara la voluntad del pueblo catalán. Al parecer ha vuelto el divorcio Mas-Junqueras que se planteó en la reunión entre ambos del 7 de agosto, aunque entonces ambos decidieron mantener la apariencia de unidad, objetivo que no se consiguió tras las declaraciones de Joan Rigol, Joana Ortega y Santi Vila pocos días después.

Es evidente lo que pasa. Mas acata al Constitucional para no quebrantar la ley, pero intenta demostrar que sigue adelante con el proceso para convencer a Oriol Junqueras de que el único camino son las elecciones plebiscitarias. Junqueras entretanto se resiste y está cada vez más irritado. Las explosivas declaraciones que hizo a Salvador Sostres en El Mundo a mediados de agosto ya lo dejaban entrever. Pero Mas es tenaz como una termita. Va a seguir jugando al ratón y al gato con la decisión del Constitucional y apretando a Junqueras.

EL AVISO DE LINDE

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ha utilizado su comparecencia en el Congreso sobre los presupuestos de 2015 para avisar de las consecuencias que tendría para los bancos catalanes —y, como consecuencia, sobre la viabilidad económica de Cataluña— la independencia. Linde ha dicho textualmente: «Si una parte de un país que es miembro de la UE se separa de ese país, eso conlleva que el nuevo país deja de formar parte de la unión monetaria y los bancos domiciliados en el mismo dejan de tener acceso al Banco Central Europeo. Esas son consecuencias automáticas e inevitables».

Linde ha añadido que el Banco de España cumple con su función al hacer la advertencia: «Cuando un banco sólo tiene acceso al mercado interbancario no es lo mismo que cuando puede recurrir al BCE». También ha rebatido las tesis de los que dicen que una Cataluña independiente no tendría que abandonar el euro: «Hay quienes dicen que eso [la salida del euro] se puede negociar y que puede evitarse. Son palabras que no son reales y que no responden a lo que sucedería». Y ha finalizado: «La garantía de los depósitos de un banco que no tiene acceso al BCE es muy distinta».

El aviso del gobernador es muy fuerte, pero no ha tenido demasiado eco. El Gobierno español no quiere ir más lejos porque sería perjudicial para la prima de riesgo y la financiación de España, a los soberanistas catalanes no les interesa la polémica porque traslada al campo de la viabilidad financiera y europea una polémica que prefieren centrar en el derecho a decidir y en el déficit fiscal, y finalmente las entidades afectadas tampoco quieren fragilizar su situación y prefieren no actuar hasta que tengan que hacerlo. Como me recordaba hace pocos días un directivo de una de ellas, la situación catalana es todavía muy diferente a la de Escocia pocos días antes del referéndum cuando el Royal Bank of Scotland dijo que trasladaría su sede a Londres para no quedar al margen de los mercados financieros internacionales. Y eso que Gran Bretaña no forma parte del euro y sus bancos no están protegidos por el BCE.

RENZI Y LA REFORMA LABORAL

Tanto Zapatero, que lo hizo con algodones para no enfadar demasiado a UGT y CC.OO., como ahora Rajoy han tenido que soportar grandes descalificaciones de parte de las centrales sindicales, de mucha izquierda y de papanatismo ambiente (incluido falangismo latente) cuando han intentado flexibilizar el mercado del trabajo, es decir, hacer más fácil la salida y la entrada en dicho mercado para priorizar la sobrevivencia de las empresas a la intangibilidad de los puestos de trabajo. Son críticas comprensibles por parte de los sindicatos, pero insostenibles a medio plazo, porque si las empresas no pueden adaptarse a la coyuntura al final acaban cerrando, y ahí sí que se pierden puestos de trabajo.

Así sucedió en España en los años duros de la crisis y, quizás por la rigidez de nuestro mercado de trabajo, somos el país con más paro de toda Europa, el doble que la media comunitaria. Ahora, con la economía creciendo un poco y la mayor flexibilidad, se está empezando a crear empleo. Sí, la flexibilización del mercado del trabajo es una ruptura con lo conseguido por los sindicatos durante muchos años en un contexto muy diferente, sin globalización —ni fábricas en la China— y en una etapa de largo crecimiento. Pero con la globalización, y más todavía tras la crisis de 2008, la situación es totalmente diferente. Hay que adaptarse al nuevo mundo en el que los trabajadores de la China y la India también existen. Y los países que han sabido hacerlo bien, como Alemania bajo un canciller socialdemócrata, van mejor y el desempleo es ahora inferior al de antes de la crisis.

El primer ministro italiano, el progresista Matteo Renzi, del Partido Democrático (adscrito al socialismo europeo pero que proviene en buena parte de los antiguos comunistas del PCI), se encuentra en una situación similar a la de Zapatero o Rajoy. Renzi dice que Italia necesita un cambio radical de la legislación laboral y quiere eliminar el controvertido artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que dificulta enormemente despedir a un trabajador de una empresa de más de quince trabajadores porque la ley le protege de tal forma que los jueces suelen obligar a la empresa a readmitirlo. Renzi no lo tiene fácil, ya que están en su contra los sindicatos y un importante sector de su propio partido. El lunes Renzi venció con el 80% de los votos el debate en la dirección del partido pero la discusión fue muy áspera porque muchos dirigentes, como Massimo D’Alema, el primer jefe de Gobierno italiano que provenía del antiguo Partido Comunista Italiano y su antecesor en la dirección del partido, Pier Luigi Bersani, le atacaron con dureza. La portada del Corriere della Sera considera que «la supresión del famoso artículo 18 es la gran cuestión de la política italiana que puede cambiar la vida social, la mentalidad y la cultura económica del país».

Es curioso que en España se hable tan poco de la reforma Renzi. Como si no tuviera relación con lo que sucede aquí.

JORDI PUJOL E HIJOS, S. L.

Vuelvo a leer el artículo de Antonio Franco del lunes, titulado «La opacidad de Pujol e hijos, S. L.». Como director de El Periódico, Franco vivió muy de cerca la presidencia de Jordi Pujol durante muchos años. Es un testigo de primera y muchas de las cosas que dice me parecen exactas e interesantes.

Subrayo algunos párrafos:

La falta de transparencia diseñada para Catalunya por Pujol merece estudios especializados en facultades de Ciencias Políticas y Periodismo, y tuvo nítido reflejo en el insolvente formato de las comisiones parlamentarias que quieren aclarar algo, tal como vimos todos. Control férreo de los medios públicos e intervención personal suya en la designación de los responsables. Distribución con criterios partidistas de palos y zanahorias a los medios privados. Seducción en la corta distancia en los contactos con editores, directores y profesionales influyentes (incluso logró la nominación de Español del Año del poco catalanista diario ABC). En la política de trato a los grupos mediáticos se le podía igualar pero no superar en las filigranas al distribuir frecuencias de radio y televisión, subvenciones, publicidad institucional y compras masivas de ejemplares para proporcionar negocio e influir en las estadísticas de difusión. Pujol intervenía en todo.

Y sigue un poco más abajo:

Hipocresías al margen, la confesión sólo sorprendió por lo que tuvo de inesperado reconocimiento de su papel personal en un hecho delictivo. Lo que ahora le rodea ya era de conocimiento público y había sido divulgado por los medios. ¿Quién no sabía nada sobre su laxitud ante la conducta de sus hijos y de su entorno personal, el Sector Negocis de CDC? O sobre las comisiones corruptas del 3% en las obras públicas y otros servicios.

¿Recuerdan la que montó Artur Mas cuando el presidente Maragall hizo una simple mención a que CDC tenía un problema que era el 3%? Maragall no aportó pruebas pero hizo una simple mención, y desde CDC se le acusó de haber liquidado los posibles consensos —entre ellos el Estatuto— de una legislatura.

No sigo demasiado las incidencias de los hijos de Jordi Pujol en los juzgados, pero hoy me han llamado la atención dos informaciones. En una que he leído en El Periódico y El País se dice que el juez Pedraz investiga a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente, por la compra de un hotel en Canarias con ocho millones procedentes del paraíso fiscal de las islas Vírgenes. También que el juez Ruz sugiere a la juez de Barcelona que remita a la Audiencia Nacional la causa que ha abierto contra el expresidente y su familia. Y en La Vanguardia, Santiago Tarín, uno de los periodistas que mejor huele lo que pasa en el mundo judicial catalán, afirma que la juez de Barcelona Silvia Mejías ha dictado un auto por el que Oriol Pujol, el hijo del presidente que era el número dos de CDC hasta hace poco, además de por el caso de las ITV podría ser encausado también por cohecho y falsedad por haber intermediado en las deslocalizaciones de Sony, Sharp y Yamaha.

La sombra de la familia Pujol enturbia así el proyecto de refundación de CDC que alienta su nuevo coordinador general, Josep Rull, que ha sustituido a Oriol Pujol como número dos de CDC. Y es algo que debe tener en cuenta Artur Mas, porque la épica independentista que esgrime entra en contradicción con el comportamiento no tan remoto de la familia fundadora del partido. ¿Hasta dónde se puede separar a CDC de la familia Pujol?

JUEVES, 2 DE OCTUBRE DE 2014

MAS DA UN PASO MÁS PARA SALVAR LA UNIDAD CON ERC

Desde que el pasado martes el Gobierno catalán decidió suspender provisionalmente —en espera de la respuesta a su recurso ante el Constitucional— la campaña publicitaria y otros preparativos del 9-N se ha abierto una grieta entre CiU y los otros partidos consultistas, especialmente con ERC. El principal reproche de Junqueras es que la aceptación del auto del Constitucional ha sido demasiado rápida y no se ha consultado previamente a los demás partidos.

Para suavizar esta tensión, ayer el Parlament votó la constitución de la comisión de control que, integrada por siete miembros, tiene que supervisar la consulta, a modo de junta electoral. Esta comisión es necesaria —curiosamente— porque el Parlament, que hace declaraciones de soberanía, ha sido incapaz desde 1980 de elaborar una ley electoral propia. Es la única Comunidad Autónoma que no la tiene.

Pues bien, hoy Mas ha dado un paso más al firmar el nombramiento de los siete miembros de la comisión y al anunciar el portavoz Homs que el DOGC publicará el texto mañana. El texto, no obstante, toma precauciones ya que no indica la fecha de su entrada en vigor y añade la coletilla de que lo hace «a los efectos de la vigencia correspondiente», una expresión inédita y confusa. Pese a las prevenciones, parece que el Gobierno central está preparando ya el recurso contra este decreto.

La interpretación más general es que Artur Mas ha dado este nuevo paso que le adentra en la peligrosa zona que separa la legalidad de la ilegalidad para poder abordar la reunión que ha convocado mañana con los otros partidos soberanistas. En el orden del día, intentar pactar la unidad de acción tras la suspensión del 9-N. Los recursos al Constitucional —y la recusación a su presidente Pérez de los Cobos decidida hoy por el Parlament— son actos de protesta y de acompañamiento para ganar tiempo. ¿Qué deben hacer ahora los partidos soberanistas? Este es el punto central de la reunión de mañana y la cuestión en la que las estrategias del Gobierno catalán y sobre todo de ERC parecen más alejadas.

Mientras tanto, se ha producido un encontronazo curioso entre el alcalde Trias y el consejero de Interior Ramón Espadaler. Trias ha dicho que toleraría una acampada en la plaza de Catalunya para protestar por la suspensión de la consulta siempre que fuera por un corto espacio de tiempo, y el consejero de Interior Ramón Espadaler le ha llamado inmediatamente al orden. ¿Pugna entre un alcalde al que no le gusta enfrentarse y prohibir y la autoridad gubernativa o un nuevo episodio de las diferencias entre CDC y Unió Democràtica? Quizás un poco de las dos cosas.

FELIPE GONZÁLEZ INTERVIENE

Al expresidente González el contencioso catalán le preocupa cada vez más. En una reciente visita a Barcelona confesó — muy en petit comité— que temía que la falta de diálogo auténtico entre Artur Mas y Mariano Rajoy pudiera seguir encrespando las cosas hasta el punto de que el Gobierno de Madrid decidiera suspender la autonomía catalana, cosa que para Felipe González equivaldría casi al fracaso de la Transición. Felipe tiene toda la razón, porque la recuperación de la autonomía (más bien de la Generalitat republicana en la figura de Josep Tarradellas, el presidente exilado) es incluso previa a la Constitución de 1978.

Ahora Felipe ha hecho unas declaraciones en Madrid que vuelven a evidenciar su preocupación. Ha venido a decir que desde el punto de vista legal la actuación del Gobierno de Rajoy es correcta, pero ha añadido que «hay que moverse mucho más porque la cuestión catalana sólo tiene una solución: diálogo y reforma». Ha insistido en que hay que evitar el choque de trenes porque lo que podría ocurrir «no es una tragedia para Cataluña, sino para toda España, incluida Cataluña». El expresidente considera que «debe imperar la política» porque «la crisis no puede resolverse sólo desde la legalidad, aunque esta haya que respetarla».

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO PUJOL

El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pujol. Era obligado tras la comparecencia del expresidente del pasado viernes en la que se cerró en banda y no dio ninguna explicación. Ni siquiera dijo quién se ocupó de gestionar los fondos opacos al fisco que su mujer y sus hijos heredaron en 1980 de su padre, Florenci Pujol.

El único pero es que el enunciado de las tareas de la comisión es tan generalista y tan poco concreto que nos podemos encontrar con grandes ambiciones y desfiles interminables pero con pocas conclusiones. Ya dice el refrán castellano que «quien mucho abarca poco aprieta». Pero para CDC quizás ese no sea el peor escenario posible.

VIERNES, 3 DE OCTUBRE DE 2014

SIETE HORAS DE REUNIÓN

Los partidos consultistas se han reunido en el Palau de la Generalitat en sesiones de mañana y tarde y al final han salido a la galería del Palau los representantes de los seis partidos (UDC, CDC, ERC, ICV, EUA y la CUP) para dar una imagen de unidad y decir que se mantiene la intención de que los catalanes puedan votar el próximo 9-N. ¿Cómo? No se sabe, aunque a la salida algunos rostros como los de Espadaler o Joana Ortega (Unió) mostraban preocupación, mientras que David Fernández (CUP) estaba exultante.

No tengo suficiente información pero han sido necesarias dos sesiones para una foto de unidad. Parece que por la mañana ha habido una seria confrontación entre CiU y ERC y que por la tarde se ha trabajado sólo en lograr una imagen de unidad pero sin avanzar en la estrategia a seguir. El teléfono me dice que Mas sigue insistiendo en las elecciones plebiscitarias adelantadas, ya que cree que al final la consulta no se podrá celebrar, y que ERC se niega en redondo. Dice que hay que ir adelante con la consulta e intentar celebrarla. ¿Cómo?

Esta noche lo único seguro es que Mas se encuentra atrapado entre la promesa de celebrar la consulta y la imposibilidad legal de llevarla a cabo. Y los otros partidos consultistas no se quieren hacer solidarios de esa dificultad. El problema es de Mas, que prometió la consulta, y si no se lleva a cabo es culpa suya. Porque prometió lo que no podía prometer y no puede seguir adelante.

El más crítico es Junqueras, porque la salida que Mas planea, las elecciones plebiscitarias con lista única, no le convienen. CiU está en un momento muy complicado, como se demostró en las elecciones europeas, que ya perdió, y ahora el caso Pujol le complica más la vida; mientras que ERC, a la que Junqueras ha llevado a un terreno muy distinto a la colaboración con el PSC y el PSOE de la época del tripartito, tiene el viento en popa. ¿Por qué sacrificar sus siglas cuando puede ganar, por primera vez desde 1936, las elecciones?

ERC GANARÍA LAS ELECCIONES CATALANAS

La resistencia de ERC a una lista conjunta con CiU (o con CDC, porque nadie sabe lo que haría Duran i Lleida en ese caso) no se ha podido sino incrementar al leer la encuesta del Centre d’Estudis D’Opinió (CEO) sobre el debate de política general de hace dos semanas.

En efecto, en intención directa de voto (el CEO no hace esta vez la estimación de voto que se obtiene tras «la cocina») ERC llega primero con el 19,8% de los votos decididos, seguida de CiU (13,1%) y el PSC (5,8%). Los buenos resultados de ERC se deben básicamente a que tiene una alta fidelidad de voto (votantes de ERC de las últimas elecciones que dicen que volverán a votarla), que llega al 75,6%, frente a sólo el 44,2% del PSC y el 42,4% de CiU, que acusa el escándalo Pujol.

Por otra parte hay que destacar la entrada con fuerza de Podemos impulsado por el fenómeno Pablo Iglesias. Pese a la escasa relevancia del movimiento en Cataluña, obtiene una intención de voto del 3,9%, prácticamente empatada con la de ICV (4%) y no muy lejos del PSC (5,8%).

Dos datos importantes: el 70% de los encuestados apoya la celebración de la consulta —la consulta se ha convertido en algo que casi todo el mundo aprueba—, que tiene el respaldo también del 56% de los electores socialistas (contra el 41% que no la apoya). Punto para los consultistas. Por lo que se refiere a la identidad, el grupo más nutrido es el que se considera tan español como catalán (41%) frente al 27,4% que se reivindica como sólo catalanes. Punto sólido para Iceta y también para Albert Rivera y Alicia Sánchez Camacho. ¿Puede ser independiente Cataluña si el 41% se declara tan español como catalán, el 27,4% sólo catalanes, el 21,6% más catalanes que españoles y el resto, o sea un 10%, más españoles que catalanes o sólo españoles?

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE DE 2014

LOS ALCALDES, CON LA CONSULTA

Ocho días después del auto sacramental en el Palau de la Generalitat, en el que Artur Mas convocó oficialmente la consulta, la suspensión el lunes por el Tribunal Constitucional, la aceptación a medias de la decisión judicial por el Gobierno catalán del martes y la foto de la unidad salvada del viernes, en la que los partidos consultistas aseguran que siguen adelante, hoy se ha producido otra escena unitaria en la que la consulta ha recibido el fuerte apoyo del mundo municipal.

Ha sido un gran acto en el que los representantes de 920 municipios catalanes (muchos de ellos alcaldes y otros concejales de fuerzas soberanistas) han entregado al presidente de la Generalitat las mociones de apoyo —no todas iguales ni mucho menos— que los diferentes plenos municipales han celebrado a lo largo de la semana.

El acto del Palau con los alcaldes, más la reactivación de parte de la campaña del 9-N que se pactó en la reunión del viernes (básicamente informar que el Constitucional ha suspendido la consulta), ha permitido recuperar moral al frente soberanista. Y la emoción en el Palau de la Generalitat y en la plaza de Sant Jaume debió ser grande cuando Artur Mas, junto a Xavier Trias y los alcaldes, exclamó: «Por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no lo conseguirán. El país necesita hacer piña». Y entonces las más de mil personas agolpadas en el Palau gritaron: «¡Independencia!».

Curioso, el grito, porque pone de relieve el equívoco (para ser correctos) o el engaño que rodea el 9-N. Si los alcaldes estaban reunidos para que democráticamente el pueblo de Cataluña pueda votar y decidir entre tres opciones (situación actual, Estado o independencia), ¿por qué el grito unánime de los que exigen la consulta es independencia?

RAJOY PROPONE LEY Y DIÁLOGO

En la clausura de las jornadas interparlamentarias del PP que se han celebrado en Guadalajara, Mariano Rajoy ha hablado sobre todo de economía. El conocido discurso que se resume en la idea de que «España empieza a ir bien», ya que aquel «España va bien» de Aznar en la época del boom carecería hoy de toda credibilidad. Pero ha hablado también extensamente de Cataluña.

Sin citar a Mas, Rajoy ha dicho que «un gobernante no puede hacer lo que quiera, los gobernantes están sometidos a la ley; y si esas normas no gustan lo que no se puede hacer es saltárselas porque las leyes se cambian pero no se violan». Ha seguido diciendo que en ese caso la única reacción posible era ir al Constitucional para que suspendiera la convocatoria de referéndum: «Y él sabía que íbamos a hacer eso, sabía que iba a pasar esto porque se lo dijimos varias veces, porque nadie está por encima de la ley».

La solución que propone Rajoy es que Mas vuelva a la ley y luego, dentro de la ley, se inicie un diálogo y una negociación para llegar a un punto de encuentro. Vale, pero Mas no tiene ninguna garantía de que el punto de encuentro pueda ser mínimamente satisfactorio visto el profundo nacionalismo español que denotan algunas manifestaciones de ministros como Wert, García-Margallo, el propio Montoro... Es más, me atrevo a aventurar que Mas ya no quiere (o no puede) llegar a ningún punto de encuentro que no pase antes por la celebración de la consulta.

Un callejón sin salida. Mas ha ido demasiado lejos y Rajoy se ha quedado demasiado corto. Y Rajoy tampoco inspira mucha confianza, porque en esta coyuntura resulta bastante inútil atacar al PSOE por intentar buscar una salida. La actitud de Rubalcaba y Pedro Sánchez, que notan la presión del PSC, no se merece que Rajoy diga, refiriéndose a la reforma de la Constitución, que «en momentos de dificultad no es bueno sacarse conejos de la chistera». Si a su debido tiempo Rajoy hubiera sacado ese conejo (o algún otro) buena parte de Convergència (empezando por Duran) hubieran hecho presión sobre Mas para que no siguiera un camino que no tiene fácil salida. Ahora, con la consulta convocada, ofrecer diálogo está bien pero suena a poco. Habría que crear una dinámica y a Rajoy sólo se le ocurre, encima, decir que la reforma de la Constitución es una «ocurrencia» o «sacarse un conejo de la chistera».

Por cierto, que la redactora de La Vanguardia Carmen del Riego, que sigue al PP desde tiempo inmemorial, recuerda que «sacarse un conejo de la chistera» es la misma frase que utilizó Rajoy cuando era vicepresidente de Aznar y Zapatero propuso, como líder de la oposición, un gran pacto antiterrorista. Carmen del Riesgo remacha que luego ese pacto se firmó y fue «el principio del fin de ETA».

POCA INVERSIÓN DEL ESTADO EN CATALUÑA

Mucha gente dice que Mas, con su exigencia de un referéndum de autodeterminación (esa es la realidad si levantamos el velo de la hipocresía y la voluntad de no asustar al electorado timorato), le pone muy difícil a Rajoy, líder de un partido que en gran parte es el partido nacionalista español —que para un nacionalista catalán no puede ser pecado—, abrir un diálogo constructivo. Su primer reflejo es decir que no, y eso es lo que hacen la mayoría de las constituciones de los países democráticos salvo los casos excepcionales —existentes pero escasos— de Gran Bretaña y Canadá, países anglosajones con un concepto más utilitario de la ley.

Y es cierto. Pero el Estado español —y en particular el PP— hace todo lo posible por exasperar al catalanismo, que suma siempre más de cien diputados sobre los 135 del Parlament. Desde hace muchos años el catalanismo se ha quejado de que el porcentaje de la inversión del Estado en Cataluña está siempre bastante por debajo de la aportación de Cataluña al PIB. Se objeta que eso es discriminatorio porque castiga a Cataluña, seguramente para beneficiar a comunidades autónomas donde el PSOE o el PP tienen más votos, como Andalucía, Galicia o Castilla-León. Y se objeta también que invertir en la zona más desarrollada de un país puede ser más rentable que hacerlo en otras.

Todo es discutible, pero en el Estatuto se llegó al acuerdo de que, durante cinco años, la inversión del Estado en Cataluña sería equivalente a su aportación al PIB, que es del orden del 18-19%. No se ha cumplido. Primero porque el Gobierno socialista en 2009 y 2010 tuvo que hacer un recorte brutal de la inversión pública para compensar el crecimiento del déficit público provocado por la caída de los ingresos. Y luego el Constitucional dijo que una ley no podía estar por encima de la soberanía presupuestaria de las Cortes españolas.

Todo es discutible, de acuerdo. Pero lo que cualquier Gobierno español sensato no puede hacer es ignorar totalmente las demandas catalanas en este momento político tan complejo. En los presupuestos para 2015 la inversión pública en Cataluña no es que quede lejos del 18% —lo que quizás podría estar justificado— sino que baja del 9,6 al 9,5%. Parece una burla o, peor, un escarnio. Miro las estadísticas y resulta que de 2007 a 2011 (años Zapatero) y pese al recorte de la inversión pública estatal, el porcentaje de la inversión en Cataluña osciló entre el 14% y el 15%. Incluso en la segunda legislatura Aznar (aventuro que por el AVE) la inversión alcanzó el 15%. ¿Por qué este año de 2014, el del tricentenario, bajamos de un 9,6 a un 9,5%?

Esa bajada solamente se le puede ocurrir a un loco o a un insensato. O a alguien que reúna ambas características. Parece una provocación.

No experimento ninguna deriva nacionalista, pero los números son tercos. La inversión pública española ha caído en todas partes por la crisis. Recortar la inversión es menos impopular —al menos a corto plazo, que es lo que preocupa a muchos gobiernos— e incluso más justo (al menos a corto plazo de nuevo) que reexaminar el gasto social. Vale. Sin embargo, entre 2008 y 2015 la inversión ha sufrido una caída media del 54,48%. Ahí es nada, pero en Cataluña el descenso ha llegado hasta el 71,24%. Sí, para frotarse los ojos.

Recuerdo que en una corta conversación con el consejero Santi Vila, que es realista y que se lleva bien con Ana Pastor, estuvimos de acuerdo en que los porcentajes de Castilla-León y Galicia (plazas fuertes del PP) se debían al AVE, pero es que el corredor del Mediterráneo es básico para el Levante español —no sólo para Cataluña— y es siempre preterido. Recuerdo que Miquel Valls, el presidente de la Cambra de Comerç (que se ha adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir), me dijo (y lo publiqué en El Periódico) que en materia de inversiones públicas no era contrario al centralismo a la francesa porque allí las inversiones se deciden racionalmente en un análisis costes-beneficios, mientras que el centralismo madrileño obedece prioritariamente a criterios políticos o clientelares.

Seguramente por estas razones hoy los alcaldes catalanes han gritado «independencia» cuando piden, al menos formalmente, una consulta democrática. Sí, la irracionalidad no se acaba en Madrid.

DOMINGO, 5 DE OCTUBRE DE 2014

UNIÓ NO SIGUE A CDC PERO DEJA VOTAR POR LA INDEPENDENCIA

Unió Democràtica de Catalunya no es ya el partido en el que manda Duran i Lleida incondicionalmente. Duran ha seguido demasiado a Mas y ahora tiene dentro del partido un sector que prioriza la unión con CDC y que está decidido a votar por el Sí-Sí en vez de querer erigirse como una alternativa centrista y partidaria de la tercera vía —la idea de Duran— en el caso de que CDC abrace un programa netamente independentista o haga una lista con ERC.

Este domingo había Consell Nacional y Unió podía dividirse. El sector Duran, muy potente y encabezado por los tres consejeros del Gobierno catalán —Ramon Espadaler, Josep Maria Pelegrí y Joana Ortega—, se hubiera inclinado por el Sí a la primera pregunta (Cataluña debe ser un Estado) y el No a la segunda (ese Estado no debe ser independiente). Pero esta posición hubiera encontrado mucha resistencia en algunas federaciones de las comarcas de la Cataluña interior y en los sectores independentistas que encabeza Antoni Castellà, el secretario de Universidades en la Consejería de Mas-Colell así como en barones tradicionales como Joan Rigol, el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y la presidente del Parlament, Núria de Gispert, que están muy conectados con Mas y que dicen que la confederación —la posición tradicional de Unió— exige la soberanía plena primero para después confederarse. Y nadie tenía interés en escenificar la división. Ramón Espadaler negoció a fondo con Castellà, bajo el papel arbitral de Joan Rigol, en el que el antiguo consejero de Trabajo se siente cómodo, y al final llegaron a un pacto. Unió recomendaría un sí rotundo a la primera pregunta y daría libertad de voto en la segunda.

Así, los independentistas han quedado satisfechos porque podrán votar independencia y los amigos de Duran también porque no se discutía la posibilidad de votar no a la segunda pregunta y seguir apostando por la tercera vía. Y la primera conclusión es que Unió no hará campaña conjunta con CDC por el Sí-Sí y que, contrariamente al partido hermano, no se unirá tampoco a las campañas de la ANC.

Unió ha evitado escenificar la división —a Artur Mas tampoco le interesaba porque una crisis de Unió podía acabar con la salida de los actuales consejeros del Gobierno—, pero ya está claro que si se rompe CiU se romperá también Unió porque un sector del partido prioriza la unidad independentista. Claro que el principal capital político de Unió es Duran i Lleida y su proyección internacional, en especial su íntima relación con la CDU de Merkel y con la Fundación Konrad Adenauer. Una Unió sin Duran se convertiría en un pequeño satélite de CDC.

LOS CATALANES PREFIEREN LA TERCERA VÍA

Cada primer domingo de mes El País ofrece un sondeo de Metroscopia sobre la situación política. En la de este mes han hecho unas preguntas sobre Cataluña y las conclusiones son interesantes. En cuanto al voto (Metroscopia suma la intención directa con la simpatía o cercanía), la encuesta da unos resultados muy similares a los del CEO. ERC supera a CiU con comodidad (casi cinco puntos de diferencia) y el PSC queda en tercera posición. Los socialistas se quedan casi igual que en las elecciones de 2012, mientras que CiU retrocede más de seis puntos. Y Podemos entra con fuerza, con un 6,2%, empatando prácticamente con ICV y Ciutadans.

No obstante, el mayor interés de la encuesta es que dice que sólo el 23% cree que Mas debe ignorar la sentencia del Constitucional y realizar la consulta de todas todas, contra el 45% que cree que debe aceptar la sentencia y negociar una nueva consulta que se ajuste a la legalidad constitucional y un 25% que dice que hay que buscar otra salida que no requiera una consulta. Esta pregunta deja a Junqueras arrinconado en un extremo pero tampoco puede satisfacer demasiado al presidente Mas, que ha hecho de la consulta cuestión de vida o muerte.

Y menos todavía le satisfarán las respuestas a las otras dos preguntas. Si Mas convoca elecciones anticipadas, un 58% cree que deben ser elecciones normales y sólo un 32% apuesta por las plebiscitarias. La más interesante es la última pregunta referente a la tercera vía. En una consulta que incluyera esta opción el 29% votaría a favor de que Cataluña fuera independiente, el 16% porque siga formando parte de España con las competencias actuales y el 47% votaría a favor de que Cataluña siga formando parte de España pero con nuevas y blindadas competencias en exclusiva. Eso sí, el 62% de los electores de ERC votarían por la independencia contra sólo el 33% por la tercera vía. En el electorado de CiU hay más división ya que la independencia seduce al 49% y la tercera vía al 40%. En el electorado de ICV, del PSC y de Podemos arrasa la tercera vía con algo más del 70% y en el del PP el statu quo (60%), aunque un 29% prefiere también la tercera vía.

¿GANA EL PSOE?

Pero la encuesta de El País también aporta novedades en el capítulo español. Curiosamente la vuelta del verano no le ha sentado bien al PP, pese a que los indicadores de una tímida reactivación económica se confirman y se está creando algo de empleo. Así, el PP bajaría del 31,6% de los votos (sobre censo) de 2011 al 15,9%, la mitad, y se colocaría por detrás del PSOE, que con un 20,7% supera en décimas el resultado de las últimas elecciones. Por su parte, Podemos se confirma como una potente tercera opción, con un 14,3% de los votos.

Puede que el mejor resultado del PSOE se deba a la imagen del nuevo líder, Pedro Sánchez, que está desplegando una gran actividad. Su grado de aprobación es negativo, -24, pero muy superior al -53 de Rajoy. El 73% de los electores socialistas dice que está siendo capaz de renovar el PSOE y un 42% de los españoles cree que es capaz de atraer a antiguos votantes socialistas frente al 39% que opina lo contrario. En esta pregunta entre el electorado conservador el saldo es positivo (42% contra 37%) al igual que en el socialista (69% contra 16%). Por el contrario, el saldo es negativo en el electorado de IU (16% contra 71%) y algo menos en el de Podemos (29% contra 66%).

CRISIS EN LA COMISIÓN DE CONTROL

La comisión de control, formada por siete juristas, se ha reunido este domingo de una forma «discreta», es decir, que sólo se ha conocido por la filtración de un digital.

Sin embargo, la noticia no ha sido tanto esta reunión casi clandestina como la dimisión de uno de sus miembros, el catedrático de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué, nombrado a propuesta de ICV, que no sólo no acudió a la reunión sino que anunció que renunciará al cargo porque no se dan «las garantías democráticas necesarias» para celebrar la consulta del 9-N. En su cuenta de Twitter, Brugué explica: «La renuncia es personal. Acepto todas las críticas pero no puedo avalar una consulta que, en mi opinión, no ofrece garantías democráticas».

Brugué ha sido zarandeado rápidamente en las redes sociales porque su renuncia es un torpedo más a la viabilidad de la consulta. Aunque no se entiende muy bien que en menos de una semana haya pasado de aceptar el nombramiento a dimitir.

LUNES, 6 DE OCTUBRE DE 2014

HOMS PROVOCA UNA NUEVA CRISIS EN EL BLOQUE SOBERANISTA

El presidente Mas insistió el domingo en Tarragona en la posición acordada por el bloque consultista en la larga y espinosa reunión del viernes, es decir, que se sigue adelante con el 9-N. En la fiesta castellera de Tarragona y junto al alcalde del PSC Josep Fèlix Ballesteros (que no estuvo el sábado en la concentración de alcaldes del Palau), Mas aseguró que los catalanes votarán el 9-N, «a nuestra manera, con consenso político», y añadió: «Esperemos que una vez hayamos votado el 9 de noviembre, el Gobierno entienda de una vez cuál es el clamor en Cataluña y de una manera u otra entienda que esto se ha de resolver por la vía del diálogo». La unidad, más o menos ficticia, basada en las declaraciones de mantener la consulta del 9-N se mantenía.

Sin embargo, inexplicablemente, esta mañana el portavoz Homs, un político experimentado que nunca se equivoca en los mensajes que quiere lanzar, le ha dicho a Jordi Basté, en el programa líder de la radio matinal catalana, que en ocho días se tendría que saber si la consulta se podía celebrar. Y es que los diferentes plazos fijados van cayendo y la suspensión impide cumplirlos. Es incomprensible que el presidente asegure el domingo en Tarragona que el 9-N se votará y que su portavoz, y uno de sus principales colaboradores, diga en menos de 24 horas después que dentro de ocho días se decidirá si la consulta se puede celebrar.

Algo falla. O el presidente dice una frase en la que no cree para mantener la ficticia unidad (tesis probable), o el consejero Homs se ha equivocado al decir lo que ha dicho (improbable), o el presidente y el portavoz están en desacuerdo (imposible), o el lío es tan descomunal que las contradicciones son imposibles de evitar (lo más probable).

Como era de esperar, los otros partidos consultistas se han enervado cuando el consejero ha contradicho en el programa de más audiencia de la radio catalana el acuerdo unánime que todos habían suscrito el pasado viernes. Así, la portavoz de ERC, Anna Simó, ha acusado a Homs de haber puesto una «fecha de defunción» a la consulta con unas declaraciones que «nos han descolocado mucho».

CATALUÑA SERÁ LO QUE QUIERA SER

El presidente de Societat Civil Catalana, entidad fundada hace poco y que es claramente contraria a la independencia, ha dicho en Madrid a los corresponsales extranjeros que «nada podrá impedir a Cataluña independizarse si la mayoría de sus ciudadanos realmente lo quieren». Josep Ramon Bosch ha hecho así una declaración realista que contrasta con la actitud del Gobierno del PP y de muchos políticos madrileños. Ha descartado cualquier tipo de violencia, ha dicho que no va a haber votación el 9-N y que no va a pasar nada, pero ha añadido: «Esto va a terminar mal o muy mal».

Bosch teme los momentos posteriores a las elecciones de mayo, en las que no descarta que ERC pueda hacerse con unos seiscientos ayuntamientos (de un total de 947). Para «salir del agujero» Bosch apunta a una reforma constitucional que votarían todos los españoles y establecería los parámetros para que los catalanes, si mayoritariamente lo quieren, opten por la secesión.

Me temo que las palabras del «unionista» Bosch no van a gustar nada ni al Gobierno ni en la calle Génova. ¿Es Bosch otro nacionalista emboscado?

ALERTA POR EL ÉBOLA

Ayer cundió la alarma en Madrid y en toda España cuando Sanidad puso bajo vigilancia preventiva a una treintena de personas que se habían relacionado con la auxiliar de enfermería Teresa Romero, quien al parecer contrajo el virus mientras atendía en el hospital Carlos III de Madrid a uno de los religiosos repatriados con la enfermedad.

La ministra Ana Mato no ha dado ninguna explicación convincente, y el caso del primer enfermo de ébola en Europa va a dar mucho que hablar. Va a favorecer las tesis de que en España muchas cosas no funcionan y va a excitar el pesimismo. Tras las tarjetas opacas de Caja Madrid, la crisis del ébola. Al Gobierno del PP este otoño se le está indigestando.

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014

GOBERNAR EN LA INCERTIDUMBRE

Siguen las contradicciones en el Gobierno catalán sobre el 9-N. Ayer, el consejero Homs —acuciado porque los plazos de la consulta van venciendo—le dijo a Jordi Basté que sobre el 13,14 o 15 de este mes se tenía que decidir que la consulta era viable y automáticamente fue anatemizado por ERC. Esta mañana, Homs ha rectificado al asegurar que «la consulta es viable y será viable, se hará el 9-N y la gente votará. No hay fecha límite».

¡Un portavoz desmintiendo un día después con total normalidad su declaración del día anterior! Pero eso no es nada, porque pocas horas después, en una conferencia en el Ateneu Barcelonés, era el presidente Mas el que desmentía la segunda declaración de Homs y las suyas del domingo en Tarragona al asegurar que se está «en territorio desconocido» y que es difícil «dar seguridades al cien por cien, hay que acostumbrarse a gobernar en la incertidumbre».

Es reveladora también la frase de Joan Herrera, el líder de ICV, que ha afirmado que «quien asegura que votaremos no está diciendo la verdad». Y el propio Homs, acorralado por preguntas sobre el registro de votantes o los locales de votación que deben ser puestos a disposición por los ayuntamientos, se sinceró: «Lo veremos cuando estemos. No sé qué pasará de aquí a entonces. No lo sabe nadie. Lo iremos viendo. No anticiparé cosas que desconozco ni haré pronósticos porque todos los que hacen pronósticos no terminan de acertar».

FOMENT TOMA DISTANCIAS DE RAJOY

Foment, la patronal catalana, acostumbra a ser directa en las críticas a las medidas económicas de los gobiernos, pero suele ser más prudente a la hora de hacer juicios políticos. Sin embargo, hoy el presidente de la comisión de economía del Foment, Ramon Adell, no se ha ido por las ramas al criticar la baja inversión pública del Estado en Cataluña prevista en los presupuestos que se acaban de presentar. Ha dicho que, en términos absolutos —o sea, sin considerar que la inflación encarece todo—, era la inversión más baja desde nada menos que 1999, con la exclusión del año actual. Ha insistido en que eso representa un «agravio comparativo» y ha lamentado que haya sido una «oportunidad perdida» para el diálogo entre el Gobierno de Madrid y el de Cataluña.

La patronal no ha tenido reparos, pues, en marcar diferencias sustanciales con la política del Gobierno de Rajoy respecto a Cataluña, aunque es cierto que quien lo ha hecho es Ramon Adell, presidente de la comisión de economía y no el presidente de la entidad.

EL AVISO DE BRUGUERA

Conocí a Juan José Bruguera hace años, cuando era director en Cataluña de un banco de la familia Fierro. Era un ejecutivo de banca lleno de sentido común y con el que era interesante conversar. Luego pasó al Banco de Sabadell y más tarde ha dirigido Inmobiliaria Colonial en diferentes fases y con responsabilidades diferentes. Es un hombre que acostumbra a estar bien informado, dispuesto a hablar con discreción, pero remiso a hacer advertencias públicas. Por eso anoto lo que ayer dijo en el IESE de que el debate soberanista «empieza a preocupar a los inversores». Bruguera dice que antes los analistas extranjeros no preguntaban sobre este asunto y que ahora empiezan a hacerlo. Y añadió: «Las preguntas vienen primero y los problemas después». Su conclusión fue pedir diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, algo de lo que se podría decir que «ni está ni se le espera».

EL SINDICALISTA MINERO REGULARIZÓ 1,4 MILLONES

José Ángel Fernández Villa ha sido durante muchos años el hombre fuerte del sindicato minero asturiano SOMA-UGT y un poder fáctico en el socialismo asturiano. También un referente del ala izquierda del PSOE. Alfonso Guerra y Rodríguez Zapatero fueron asiduos a las jornadas de Rodiezmo del SOMA-UGT de cada final de verano, y el peor Guerra lanzó desde allí muchas pullas subidas de tono a la derecha. Recuerdo ahora aquello del «mariposón» contra Rajoy.

Pues bien, hoy se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año a Fernández Villa porque se acogió a la tan criticada por la izquierda amnistía fiscal de Montoro y regularizó 1,4 millones de euros. Fernández Villa tiene setenta y un años y se retiró hace poco de la dirección del sindicato. Es difícil saber cómo un dirigente sindical minero —sin ninguna actividad económica conocida— ha podido ahorrar 1,4 millones. La noticia es un serio contratiempo para el sindicalismo y la UGT, ya muy zarandeada por la juez Alaya en Andalucía, y para el propio PSOE.

Fernández Villa no era un dirigente sindical más. Era el que encarnaba la mítica minería asturiana y un referente del ala más obrerista y tradicional del entramado PSOE-UGT.

MIÉRCOLES, 8 DE OCTUBRE DE 2014

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

Mañana habrá una cumbre decisiva para ver si los partidos consultistas pueden recomponer su ficticia y maltrecha unidad o asistimos a la voladura incontrolada de todo el proceso. Sería un ridículo monumental, pero tampoco se puede descartar. Hoy se han ido conociendo más datos de la fuerte tensión que hubo entre Mas y Junqueras en la cumbre del pasado viernes. Quim Arrufat, de la CUP, explica al Ara que a Junqueras «se le abrieron los ojos como naranjas» tras oír una explicación de Mas, y que tanto a la CUP como a ICV les extrañó que no hubiera ningún armazón común, ningún entendimiento previo, entre CiU y ERC.

La cumbre no pinta bien porque parece que Artur Mas, que ha tomado nota de que ERC no está dispuesta a aceptar la sustitución de la consulta por unas elecciones anticipadas plebiscitarias con lista única, está poniendo sobre la mesa algo así como un sucedáneo de consulta. Ese es el título de la crónica política de Fidel Masreal y Xavier Barrena en El Periódico. David González, en La Vanguardia, concreta la alternativa del Gobierno catalán al callejón sin salida de la consulta. Se trataría de una variante que mantendría la votación del 9-N pero que rebajaría las garantías legales de la convocatoria y el compromiso de la Generalitat, y se situaría a medio camino entre la consulta convocada y suspendida y los referéndums celebrados en muchos municipios catalanes y que empezaron en Arenys de Munt en septiembre de 2009. Esta consulta alternativa estaría amparada por el Gobierno catalán y se necesitaría la cooperación de los ayuntamientos y la ANC.

No acabo de entender lo que se pretende: ¿inventar un nuevo animal mitad consulta, mitad no se qué? Aunque algún conejo se tienen que sacar de la chistera (por usar la terminología de Rajoy), porque es evidente que la consulta no se va a poder celebrar (menos de 200 de los 947 municipios catalanes han comunicado los espacios de votación), que ERC no «traga» las elecciones plebiscitarias, y que Mas no puede decir que ha fracasado y que «a otra cosa mariposa».

Pero esta consulta alternativa que Lluís Salvadó, el vicesecretario de ERC, califica de «descafeinada» no gusta a los otros partidos. Por el contrario, Salvadó insiste en la disposición de ERC a entrar en el Gobierno para asegurar, blindar y darle más potencia a la organización de la consulta. Y Josep Vendrell, secretario general de ICV, afirma que rechaza referéndums «devaluados» o «sucedáneos».

ANTÓN COSTAS

Es muy interesante el artículo que publica hoy Antón Costas, el presidente del Círculo de Economía, en La Vanguardia. Analiza las causas del auge del independentismo y cita la fundación de la ANC en marzo de 2012 y la competencia entre CiU y ERC por encarnar el catalanismo, además de considerar que la causa principal es «la desaparición del Gobierno de España del debate político en Cataluña. Lo que sorprende no es su falta de respuesta al reto independentista sino la falta de respuesta a las demandas de cambio de la mayoría de la población. Probablemente esta inhibición ha sido el factor que más ha influido en la expansión del sentimiento independentista [...]. Y muchas personas, probablemente la mayoría de la población, que no desean la independencia pero que sí son favorables a una consulta legal, se han sentido también huérfanas de propuestas por parte del Gobierno central. Para muchos catalanes, ha actuado como si Cataluña no fuese una parte de España y no tuviese responsabilidad en su vida política».

Costas se pregunta las razones de esta inhibición y cita varias —todas válidas pero que ni juntas explican lo sucedido—, y agradece a Rajoy que «no haya excitado los ánimos». Tiene razón sólo en parte, porque el silencio de Rajoy ha ido acompañado de un ruido mediático de la derecha —incluidos varios ministros y líderes del PP— que parece orientado a aquello tan tópico pero tan real de fabricar independentistas. Y es que los nacionalismos se retroalimentan mutuamente y la actitud del PP (dirigido por Rajoy) en el episodio del Estatuto (errores catalanes aparte, que los hubo y muchos) está en la base del problema. Costas confía en que la nueva oferta de ley y diálogo del presidente español pueda ser operativa tras el 9-N.

¡Ojalá acierte! Pero el desafío inmediato que Rajoy tiene el año que viene es evitar un desastre del PP en las elecciones autonómicas y municipales de mayo (tiene problemas serios en Madrid y Valencia y los resultados de 2011 fueron muy altos) y volver a ganar las elecciones generales en noviembre. No es una coyuntura demasiado propicia para que un partido nacionalista español haga rectificaciones en Cataluña, aunque el problema de fondo —y ese es el mensaje principal de Costas— es que difícilmente España será un país estable sin encauzar una vía de solución para la crisis catalana.

ANTONI CASTELLS

Aunque se ha alejado mucho de la política diaria porque tiene cierta alergia al PSOE y no encuentra coherentes a los partidos soberanistas, el consejero de Economía del tripartito es el primer referente intelectual de un amplio sector socialista que se resiste a asumir —al menos en su totalidad— la línea de Pere Navarro y Miquel Iceta de apartar al partido del movimiento soberanista.

Castells cree que el crecimiento de la ANC es algo profundo que no se puede ignorar y que el acuerdo con España sólo puede lograrse desde una posición de fuerza. Aunque no me lo ha explicitado, creo que piensa que sólo con cierto maximalismo y la exigencia de la consulta se podrá arrancar un acuerdo con España que sea válido para Cataluña. Y que ese pacto debe tener la garantía de una reforma constitucional que admita el derecho a decidir —o sea la independencia— si la relación con Madrid vuelve a fracasar. Es la conclusión a la que ha llegado desde el catalanismo tras su trato con el Gobierno de Zapatero de 2004 a 2011, tras la dura negociación de un nuevo pacto de financiación con Pedro Solbes y Elena Salgado y tras la no aplicación (parcial) de dicho pacto. Creo que Castells no valora suficientemente las condiciones de una España al borde del rescate en 2010, pero es lo que piensa. Y vivió la realidad desde una atalaya mucho mejor que la mía.

Hoy he leído una breve reseña periodística de una conferencia suya en la fundación Gresol, que animan los empresarios de Reus (con Antoni Pont de Borges en primer lugar), en la que ha afirmado respecto a la situación actual: «Cualquier salida tiene que ser pactada, incluso la independencia, y no puede haber ninguna salida que consista en que Cataluña quede fuera de la UE, lo que tendría consecuencias económicas muy negativas». Luego ha abogado por un pacto bilateral — supongo que al estilo vasco o navarro porque cree que la reforma federal del PSOE no arreglaría nada— y ha dicho que el tejido empresarial catalán ha padecido una triple crisis superpuesta, la europea, la española y la de la relación con España.

Castells se ha referido también a una unión monetaria incompleta por la falta de unidad fiscal, bancaria y política —habló de ello en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras hace unos meses— y concluyó afirmando que «sin Estado una moneda tiene muy difícil la supervivencia».

Pienso que, como consecuencia, sin moneda propia el Estado que queda ya no tiene muchas de las competencias tradicionales. Es un Estado algo residual. Este fenómeno podría favorecer un cierto reparto de las competencias que quedan —Alemania va por ahí— pero aquí pasa lo contrario. Como tengo menos poder, quiero conservar todo el que tengo y recuperar algo del cedido a las autonomías (Rajoy). O, como ya no existen del todo los estados nacionales clásicos, quiero tener uno que se le parezca lo más posible (Mas).

Con independencia de esta reflexión personal que me ha sugerido la idea de Castells, es una lástima que la política catalana haya marginalizado a personas como él. Demasiado nacionalista para el PSC, demasiado socialista para CiU, demasiado racionalista para ERC, demasiado socialdemócrata para ICV.

Castells cree que el segundo tripartito fue un error. Aprobado un Estatuto que tenía media España en contra, su implementación exigía una gran coalición en Cataluña. Tenían que defenderlo juntos en Madrid los dos grandes partidos catalanes, el PSC y CiU. Y un Gobierno de un PSC debilitado con aliados como ICV (con poco peso en España) o como ERC (que no había votado el Estatuto y que soñaba con la independencia) no era la mejor fórmula para que España digiriera un Estatuto que se le había atragantado.

Es una reflexión sólida. Quizás una causa —no la única— de los problemas actuales del PSC y de CiU tiene su origen en que por varias razones —muy legítimas— en 2006 no hicieron lo más inteligente. ¿Hubiera habido la misma sentencia del Constitucional con un Gobierno de gran coalición en Cataluña? ¿La derecha española habría mantenido la misma inflexibilidad? ¿Artur Mas se habría convertido al independentismo? ¿El Gobierno de Zapatero habría reaccionado con igual displicencia ante un Gobierno de gran coalición catalana que ante el segundo tripartito?

Hoy es preguntarse qué habría pasado si hubiera tenido lugar algo que no pasó. No tiene mucho sentido pero quizás sea un buen ejercicio para los que creen que la polarización actual no conduce a ningún buen puerto.

JUEVES, 9 DE OCTUBRE DE 2014

¿DESCARRILAMIENTO?

El frente consultista está a punto de descarrilar. Ayer celebró dos reuniones. Por la mañana se reunieron los segundos niveles de los partidos y constataron que había muchas dificultades. Por la tarde se acordó una reunión secreta al máximo nivel en el Palau Robert, pero a su llegada a las cinco de la tarde los líderes se vieron sorprendidos por una nube de fotógrafos y periodistas. Empezó mal. Y acabó peor porque, a la salida, el presidente —sin perder su tono siempre correcto— riñó a la prensa. Era una reunión para trabajar y la presencia de los periodistas había complicado las cosas.

No sé lo que ha pasado pero es evidente que los periodistas sólo tienen la culpa de ser periodistas y de correr tras la pelota que se pasan los políticos. La realidad es que la consulta no se puede celebrar. Y en eso el Gobierno catalán tiene razón, pero es culpable de haber alentado todas las expectativas sobre su posibilidad. Ahora los otros partidos no quieren ser culpables de que no se celebre. El Gobierno catalán es ciertamente el responsable por haber convocado algo que sabía que no se celebraría y además la propuesta de las elecciones plebiscitarias no convence a nadie, y menos a ERC, y la de la consulta alternativa genera todo tipo de recelos.

Al parecer el único acuerdo fue no confesar el fracaso sino decir que se sigue trabajando y comprometerse a una nueva reunión la semana próxima. La unidad de los partidos soberanistas no puede romperse, al menos del todo, porque sería un fracaso para todos. Pese a ello, la amenaza de la ruptura es cada vez más seria. Como diría Rajoy, están en un lío. Las declaraciones patrióticas y altisonantes no pueden acabar en una trifulca.

SOMBRAS SOBRE MADRID

En la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde ha confirmado los temores a una nueva recesión de la zona euro tras los decepcionantes resultados del crecimiento de las tres primeras economías —Alemania, Francia e Italia— en el segundo trimestre. Y la baja inflación hace temer que Europa pueda entrar en una larga etapa de deflación similar a la de Japón. Según Lagarde, las reformas españolas —el rescate bancario y la reforma laboral— hacen que ahora la economía española tenga una tasa de crecimiento superior a la europea. Rajoy puede ponerse, pues, una medalla que en parte —sólo en parte— se merece.

En cualquier caso, si la economía europea cae en recesión o roza el estancamiento la recuperación española no irá muy lejos y el año 2015 —año electoral— no deparará los beneficios electorales que el PP esperaba. Por otra parte el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la crisis del ébola están haciendo subir la indignación en toda España. Hoy El País publica una gran fotografía de Blesa con escopeta y a sus pies un gran ciervo abatido en Namibia en noviembre de 2007, con un título asesino: «Blesa se gastó 9.000 euros en un safari en África y 10.000 en vino». José Ignacio Goirigolzarri, el presidente de Bankia, y el FROB no podían imaginar el daño político que ocasionarían al PP al pasar a la fiscalía la investigación sobre las tarjetas opacas.

El Mundo, que no es un diario antigubernamental, abre portada con un gran titular: «Crece la indignación por la gestión de la crisis del ébola». El titular de la sección de economía es: «El juez del caso Bankia imputa a Rato y a Blesa por el uso de las tarjetas B».

A Mariano Rajoy le crecen los enanos. Y no sólo los catalanes.

SOMBRAS SOBRE LONDRES

En todos los países las elecciones europeas han puesto de relieve un ascenso de los partidos de protesta. Descontentos por la situación, los electores priorizan la protesta a otras consideraciones. En Francia el primer partido fue el Frente Nacional de Marine Le Pen y en Gran Bretaña, el UKIP, partido por la independencia de Gran Bretaña. Este último se sitúa a la derecha de los conservadores de Cameron, recurre al populismo y al rechazo a la inmigración, y exige la retirada inmediata de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ahora, en unas elecciones parciales, el antiguo diputado conservador Douglas Carswell, fugado al UKIP, ha logrado ser reelegido en su circunscripción. Así, el partido populista ha logrado entrar en el Parlamento de Westminster por primera vez y su líder, Nigel Farage, asegura que el UKIP será clave tras las elecciones de mediados de 2015.

No sólo es España la que está revuelta. Y eso que Gran Bretaña es el país europeo con mayor crecimiento en estos momentos. Pero al tener circunscripciones —diputados de distrito que tienen una relación directa con sus electores— el sistema británico envía avisos más realistas y corpóreos que las encuestas españolas. En Gran Bretaña y las grandes democracias europeas los partidos son muy importantes pero no dominan totalmente la vida política, porque un diputado elegido directamente tiene autoridad moral y cierta fuerza para discutir con la cúpula. Aquí, la cúpula le puede despedir casi sin costes eliminándolo de la próxima lista electoral. Y ni las cúpulas de los partidos catalanes ni de los españoles quieren renunciar a este privilegio. En esto son iguales.

VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2014

IMPASSE

Cada día va quedando más claro que la consulta del 9-N, convocada con gran pompa por el presidente Mas y suspendida inmediatamente por el Constitucional, no se va a poder celebrar. No ya sólo porque hacerla con la suspensión vigente sería una ilegalidad flagrante, sino porque la Generalitat no cumple, o no puede cumplir, los propios plazos que el decreto de convocatoria fija. Hoy, por ejemplo, no se ha publicado, tal como estaba estipulado, el censo electoral en el DOGC. El Gobierno catalán dice que no es decisivo porque como la convocatoria está suspendida se pueden alargar los plazos, pero no convence a nadie.

En este ambiente Miquel Iceta ha pedido a Artur Mas que reconozca públicamente que la consulta del 9-N no se va a poder celebrar. Es lo que Iceta siempre ha dicho: que la consulta tenía que ser legal y pactada con Madrid porque, en caso contrario, no se celebraría. Los acontecimientos le van dando la razón. Duran i Lleida, que tiene tres consejeros en el Gobierno catalán (dos de ellos en puestos clave para la consulta como Vicepresidencia, Gobernación e Interior), dijo ayer que no le cabía en la cabeza otra consulta que no sea la que debe estar amparada en la ley. ¿Qué quiso decir? Seguramente que la consulta no se va a celebrar.

Pero también sigue circulando la especie de que el Gobierno catalán estudia sustituir la consulta convocada por una paralela, amparándose en el título tercero de la Ley de Consultas sobre participación ciudadana, que no ha sido suspendido por el Constitucional. Sería un animal extraño, e ICV ya ha dejado clara su oposición diciendo que no se puede matar la reivindicación de una consulta con todas las garantías democráticas con un sucedáneo. Si el Gobierno catalán renuncia a la consulta —lo que se ve cada día más inevitable—, ICV sería partidaria de un gran acto de protesta, como una recogida masiva de firmas, pero no de nada que pudiera quemar la exigencia futura de una consulta con todas las garantías.

Me cuesta creer que la retirada de la consulta pueda ser sustituida por una especie de consulta paralela sin censo y sin garantías, pero algo debe de haber porque los otros partidos consultistas van dejando conocer su oposición y la propia vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha dicho que una consulta paralela convocada al amparo de los artículos sobre participación ciudadana que no han sido suspendidos también sería impugnada si su objeto era algo como la soberanía nacional, que no es competencia de la Generalitat.

Tomo nota también de que Artur Mas ha recibido a Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y a Muriel Casals, de Òmnium Cultural. Supongo que ha querido informarles de la crisis entre el Gobierno catalán y los otros partidos consultistas debido a la imposibilidad de continuar con la consulta. La posición de las organizaciones independentistas transversales que han demostrado gran capacidad de movilización en los últimos años puede ser clave. Tras la entrevista, las dos presidentas han hecho declaraciones tranquilizadoras, pero han anunciado que preparan un gran acto a favor de la consulta para el próximo domingo 19 de octubre.

Por otra parte seis catalanes con cierta proyección internacional (unos más que otros) han publicado un artículo en el diario londinense The Independent defendiendo el derecho de los catalanes al referéndum del 9-N. Se trata de Pep Guardiola, Josep Carreras, Xavier Sala i Martín, Pol Antràs (catedrático en Harvard), Jordi Savall y el investigador sobre el cáncer Joan Massagué.

Se quejan de que el Gobierno español no permite votar, pero no es exactamente eso lo que pasa. Los catalanes votamos libremente cada cuatro años desde 1980 y nunca ha ganado las elecciones un partido independentista. No es lo que pasó en Escocia, donde el SNP ganó unas elecciones con mayoría absoluta con un programa claramente independentista que exigía además un referéndum.

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 2014

ESPAÑA SE DESPLOMA, CATALUÑA HUYE

Hoy es uno de los raros días de este caluroso principio de otoño en los que «el proceso» no es ni la gran noticia ni el tema de discusión. Incluso las portadas de los diarios catalanes no se ocupan de la crisis entre los partidos consultistas que salió a la luz tras la segunda reunión de urgencia —el pasado jueves— y en la que no se llegó a ningún acuerdo.

Hoy la opinión pública está conmocionada por dos grandes asuntos que son una gran bofetada al prestigio de la «marca España», tan manoseado por este Gobierno. Por una parte, la indignación que ha generado el caso de contagio de ébola de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que cuidó a los dos religiosos infectados a los que se repatrió de África el pasado agosto. Por otra, la brutal sacudida a la clase dirigente que representa la publicación en la prensa de los escabrosos detalles de los gastos de lujo (la mayoría de diarios hablan de despilfarro) que los principales dirigentes de Caja Madrid-Bankia dieron a las tarjetas negras (opacas al fisco) que la entidad ponía a su disposición.

La Vanguardia abre su portada, como El País o El Mundo, subrayando que la Moncloa aparta a la ministra de Sanidad, Ana Mato y toma las riendas de la crisis del ébola. El País subraya el «giro radical» en la gestión de la crisis que se inició el pasado lunes, cuando se supo del contagio de ébola. Desde entonces, la casi nula credibilidad de la ministra Mato, que debía haber sido cesada hace tiempo, el conocimiento de los fallos y la falta de respeto a los protocolos médicos en el caso de Teresa Romero, y las zafias palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, descargando toda las culpas y responsabilidad en el posible descuido de la auxiliar de enfermería han generado una ola de indignación ciudadana que recuerda la que se inició con el naufragio del Prestige en las costas gallegas o el ocasionado por el accidente del Yak-42 cuando Federico Trillo era ministro de Defensa.

La decisión del Gobierno ha sido apartar a Ana Mato de la primera línea de fuego (sin cesarla) y crear una comisión de crisis que presidirá Soraya Sáenz de Santamaría, que cada día que pasa hace más honor a su cargo de vicepresidenta única o vicepresidenta para todo. Además, inmediatamente después del Consejo de Ministros, Mariano Rajoy se trasladó en compañía del presidente de la Comunidad al hospital Carlos III para mostrar su solidaridad con Teresa Romero. Un gesto que llega con mucho retraso.

Pero si la indignación sobre el estado de la sanidad y la falta de responsabilidad de los responsables es fuerte, no lo es menos la que generan los gastos de lujo —algunos pintorescos— que los dirigentes de Caja Madrid sufragaron con las tarjetas negras. El Periódico, con el título de «Gratis total», abre con este asunto y pone tres fotos en portada: Miguel Blesa, el inspector de Hacienda amigo de Aznar que presidió Caja Madrid durante más de un decenio y que montó el sistema de tarjetas; su sucesor Rodrigo Rato, que antes fue vicepresidente económico de Aznar y director general del FMI, y Estanislao Rodríguez Ponga, que fue secretario de Estado de Hacienda. También Expansión, el primer diario económico, dedica media portada a este asunto bajo el título: «Lujo y despilfarro con tarjetas de Caja Madrid» y las fotos de Miguel Blesa; Rodrigo Rato; Ildefonso S. Barcoj, director general financiero de Caja Madrid; José Antonio Moral Santín, consejero designado por Izquierda Unida; Juan Iranzo, antiguo director del Instituto de Estudios Económicos de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, vicepresidente de la CEOE y cuñado de Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE que está en la cárcel por estafa.

En el interior de El Periódico me ha sorprendido una foto de Blesa triunfante tras una cebra abatida en un safari y un título que dice que sacó de los cajeros 85.950 euros de los 436.700 que gastó con la tarjeta. En El País se habla de lujo y despilfarro sin control con cargo a una caja en quiebra. El Mundo habla del podio del derroche en Caja Madrid y selecciona los personajes ya citados: Miguel Blesa (22.342 euros en vino), Rodrigo Rato (16.000 euros en metálico en la recta final), Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos (spa, muebles y 53.110 euros en efectivo). Expansión es más sensacionalista todavía (supongo, pues, que la indignación en el mundo de los negocios no es inferior a la ciudadana) y dice: «Blesa y Rato gastaron 60.000 euros en joyas, vino, ropa y viajes de ocio». Otro titular dice: «El despilfarro de los políticos durante su paso por Caja Madrid», pero en las fotos encontramos a Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, los dos dirigentes de la CEOE. No todos eran políticos.

En el asunto de Caja Madrid el PSOE sale también tocado: Virgilio Zapatero, exministro de Felipe González, gastó 36.000 euros (3.500 en libros), aunque menos que IU, ya que Moral Santín, exdiputado regional de IU, cobró 456.522. Y fue un extraño pacto del PP con IU y CC.OO. el que permitió que Miguel Blesa ascendiera a la presidencia.

Pero el gran mazazo al PSOE-UGT ha venido de Asturias, ya que esta semana también se ha sabido que Fernández Villa, el mítico dirigente minero y patrón durante muchos años del SOMA-UGT, el de la fiesta de Rodiezmo de finales de agosto en la que Alfonso Guerra primero y Rodríguez Zapatero después le reían las gracias, se acogió a la criticada amnistía fiscal de Montoro y afloró 1,4 millones de euros, según se supo el pasado martes. Ha sido inmediatamente expulsado del PSOE asturiano.

El subdirector de El Confidencial Carlos Sánchez escribió hace unos días que las tarjetas negras de Caja Madrid podían dar a Podemos medio millón de votos suplementarios. Puede ser, porque Caja Madrid es un caso en el que la teoría de «la casta» de Pablo Iglesias se comprueba cierta (no creo, no obstante, que sea un caso generalizable). Y desde luego la teoría más moderada de César Molinas sobre las «élites extractivas» sale muy reforzada. Otro serio golpe moral a la clase dirigente (no sólo política) que no puede sino engordar el voto de protesta. Y hay motivo para protestar, aunque muchas veces los que encabezan la protesta no tienen mejores soluciones, no está garantizado que sepan gobernar y tampoco se puede poner la mano en el fuego por lo que harían si tuvieran poder.

La bolsa española ha caído un 3,95% en los últimos días, una de los mayores descensos semanales de los últimos meses. Seguramente se debe al enfriamiento de las perspectivas de crecimiento que se han puesto de manifiesto en la reunión del FMI de Washington (Christine Lagarde ha hablado de una larga época de bajo crecimiento) y a la posibilidad de una tercera recesión en la zona euro.

Pero ese 4% de caída de la bolsa también indica algo. José Antonio Zarzalejos habla en El Confidencial de «una nación humillada» y leo una interesante entrevista al escritor José Manuel Caballero Bonald que el diario El Mundo publica hoy mismo: «Yo pertenezco a la generación de los hijos de la decepción. Todos aquellos esfuerzos por los que algunos apostamos: el fervor en la lucha por las libertades públicas y privadas ha desaparecido. Me siento decepcionado y atacado por un escepticismo que crece por momentos, de una manera acelerada. Sobre todo en los últimos tres o cuatro años. Creo cada vez menos en más cosas [...]. Estas corrupciones son insostenibles. Cada día despertamos con una nueva escena de rapiña. Ahora con las tarjetas opacas de los directivos de Caja Madrid y Bankia. Esta situación en la que la pobreza de España aumenta de forma alarmante es insostenible [...]. Este desajuste social es peligrosísimo. España es un país desajustado repentinamente cuando parecía que todo se había, más o menos, estabilizado a los veinte años de la Transición».

Claro, Caballero Bonald es un literato y quizás carga las tintas. Pero no demasiado. Y no es un iluso. Poco después dice: «Los chicos de Podemos son muy buenos divulgadores de sus teorías, pero tengo más dudas sobre su capacidad práctica. No tienen todavía ningún tipo de experiencia administrativa, lo que fragiliza su propuesta. A mí me gusta su irrupción, porque responde a la indignación generalizada ante los políticos de izquierda y de derecha».

La España del ébola y de las tarjetas negras de Caja Madrid es una España que no gusta. En España duele pero en Cataluña ayuda al sentimiento de desafección. Joan Herrera, el dirigente de ICV, me comentaba hace algunos días que en los barrios de las ciudades adyacentes a Barcelona (L’Hospitalet, Badalona...) nota escepticismo e incluso fuertes reticencias a la independencia, pero que, en cambio, la idea de separarse de la España del PP tiene una excelente acogida. Aunque el PP no es el único culpable.

Sí, en Cataluña el caso ébola y las tarjetas negras alimentan la desafección y el independentismo. Incluso un cierto sentimiento de superioridad catalán. Aunque tampoco está muy justificado. El presidente de Cataluña y padre de la patria para buena parte de los catalanes se ha demostrado —por confesión propia— que ha sido un defraudador fiscal durante muchos años. Como mínimo. Y los rumores de que algunos de sus hijos han amasado una fortuna considerable a la sombra del poder político son cada vez fuertes.

Sin embargo, tengo la sensación de que muchos piensan que lo de Jordi Pujol es muy grave pero es un pecado individual. Y que los pecados del ébola y de Caja Madrid son colectivos y mucho peores. Tampoco piensan que en Cataluña han desaparecido —por la crisis, una gestión deficiente y algunos grados de corrupción (ciertamente menores que los de Caja Madrid)— todas las cajas catalanas salvo una. Y eso que la influencia de los políticos en las cajas —bajo Pujol y bajo el tripartito— ha sido muy inferior.

La marca España sale tocada con estos dos graves escándalos que se suman a la gran decepción provocada por la crisis y el cambio brutal de expectativas. España tiene ahora menos prestigio ante los españoles y ante los catalanes. Y esto explica algunas cosas de «el proceso». Como no quiero ser acusado de antiespañol (porque no lo soy) recurro a una cita autorizada, la de José Antonio Zarzalejos, un vasco que ha sido director de ABC en dos etapas, quien en su columna de El Confidencial de hoy dice: «[El pensador francés Ernest] Renan dejó dicho que una nación “es un alma, un principio espiritual”. Pues bien: golpear una y otra vez sobre ese patrimonio intangible nos lleva a la advertencia del autor francés “las naciones no son algo eterno” porque su existencia exige “un plebiscito cotidiano” [...]. Mañana, doce de octubre, será la fiesta en el calendario de una nación humillada, sin plebiscito cotidiano de seguir siéndolo si quienes deben dirigirla son los que ahora lo hacen».

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE DE 2014

RAJOY NO SABE QUIÉN MANDA EN CATALUÑA

Hoy es el día de la Hispanidad y Mariano Rajoy ha publicado un artículo en la nueva web en catalán del diario El País en el que aboga por el diálogo con Cataluña: «¿Estamos dispuestos [a tender puentes de diálogo]? El Gobierno, desde luego, sí lo está: queremos dar vigencia a estos puentes de diálogo que se sustentan sobre los pilares de la ley [...]. Y lo hacemos desde el convencimiento de que todo avance es posible y todo cambio a mejor es susceptible de debate dentro del marco seguro que nos ofrece la legalidad. Ahí nos encontrará siempre. Porque del mismo modo que no hay democracia sin un sustento de concordia, nuestra historia nos demuestra que la concordia sólo se hace efectiva con la garantía de la ley. La ley no es un capricho de la democracia, es parte consustancial de ella [...]. El camino de la concordia es el diálogo y la ley».

Sí, es un artículo correcto y es un gesto que se publique en la web en catalán de El País, pero es totalmente insuficiente para abordar el momento actual. Si lo que quiere es hacer cambiar de actitud a Mas, ya debería saber que las invocaciones a las leyes tienen poco efecto y que en medio del fragor de la batalla Mas no va a echarse atrás. Otra cosa es que le sorprendiera —a él y a la sociedad catalana— con una respuesta a las 23 demandas que Mas le planteó en el extraño encuentro del 30 de julio (que al parecer no sirvió para nada). Sobre esta respuesta la Generalitat tendría que posicionarse, la sociedad catalana se movería... y se podía abrir una brecha de diálogo, dejando la consulta en suspenso, pendiente del Constitucional y de una negociación. Quizás no funcionara, pero lo seguro es que la pura invocación del diálogo a través de la ley es, en este momento, estéril.

Y si de lo que se trata es de mejorar la imagen del Gobierno popular ante la sociedad catalana, tampoco sirve de mucho. Rajoy debería ser consciente —y si no lo es, es que no quiere serlo o tiene un desconocimiento preocupante— de que para muchos catalanes que van mucho más allá del campo independentista la genérica invocación de la concordia por parte del presidente del partido que montó mesas en las capitales españolas pidiendo firmas contra el Estatuto catalán y que se hiciera una consulta en toda España (demanda ilegal) sobre ese Estatuto tiene una credibilidad limitada. La ley española, que es ley, quedó moralmente averiada tras los cuatro años de vía crucis de ese Estatuto (todo lo discutible que se quiera) en el Constitucional, con episodios tan indignos como la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber hecho —antes de su nombramiento— un informe para la Generalitat, cuando otros son nombrados después presidente de ese Tribunal pese a estar al día de la cuota de militancia en el PP.

El problema es que lo que pudo ser rentable políticamente un día para erosionar al Gobierno de Zapatero ha dejado huella. Sí, claro que los políticos catalanes cometieron muchos errores, pero una sentencia con cuatro años de retraso sobre una ley de autogobierno de una parte de España que se considera una nación, tras su aprobación por las Cortes españolas y tras un referéndum en Cataluña era algo que tenía un riesgo... el de llegar al punto en el que estamos. O sea, a un lío monumental.

Luego, en la recepción en el Palacio Real que sigue siempre al desfile del día de la Hispanidad, Rajoy ha insistido a los periodistas en su voluntad de diálogo, ha repetido la queja de que se enteró por la prensa de la fecha y la doble pregunta de la consulta convocada (en esto tiene bastante razón), y ha lanzado un dardo envenenado a Mas, regodeándose en el conflicto interno del frente soberanista de esta semana, porque, ha dicho, no sabe muy bien quién manda en Cataluña.

Tiene algo de cierto, porque, desde que no sólo no logró la mayoría absoluta que perseguía sino que perdió doce diputados en las elecciones de 2012, Mas gobierna gracias al apoyo de Junqueras. Es verdad... ¿Pero ayuda a mejorar el clima recordarle a Mas que no tiene mayoría parlamentaria sólida y que si pierde el apoyo de las organizaciones de masas independentistas y transversales puede verse abocado al desastre?

En el frente soberanista no hay nada nuevo excepto que se acentúa la sensación de crisis tras dos reuniones fracasadas (dos semanas seguidas) para intentar rehacer la unidad. Esta semana es decisiva pero de momento las cosas no van bien. Ayer en Manresa Mas avisó a ERC de que la ruptura de la unidad favorecería al Estado. Junqueras le contestó diciendo que la consulta es un compromiso que debe cumplirse, y constatando que tiene gran preocupación porque el Ejecutivo ha paralizado todos los preparativos tras la suspensión del Constitucional. Insistió en que, pese a todo, el 9-N se debe votar «y lo tenemos que intentar».

LUNES, 13 DE OCTUBRE DE 2014

MAS ENTIERRA LA CONSULTA, JUNQUERAS SE SUBLEVA

Hoy ha pasado lo que estaba cantado que pasaría. Tras una larga reunión en el palacio de Pedralbes, los partidos consultistas no han logrado ponerse de acuerdo. Artur Mas ha levantado acta de que, en las circunstancias actuales, es imposible hacer la consulta y, sabiendo que Junqueras no está dispuesto a unas elecciones anticipadas plebiscitarias, ha propuesto la fórmula que ya se empezó a barajar la semana pasada: sustituir la consulta por un proceso participativo acogiéndose a la parte de la Ley de Consultas que no ha sido suspendida. Poco más se sabe en estos momentos de este conejo que Artur Mas se ha sacado de la chistera.

Lo que está claro es que el conejo ha provocado una reacción muy contraria de los otros partidos consultistas. ICV parece inclinarse por no apoyar el «proceso participativo» o la «consulta descafeinada», pero ERC va mucho más lejos porque Oriol Junqueras se ha indignado. Como me dijo una persona muy próxima hace poco (y ya he apuntado en este diario), no concibe que un proceso que empezó por la irritación que la sentencia del Constitucional produjo en la sociedad catalana pueda llevar ahora a no realizar la consulta pactada y aprobada por el Parlament por una providencia de suspensión dictada por ese mismo tribunal.

Visto así, Junqueras no deja de tener razón, pero la huida hacia adelante que propone y que consiste en una declaración unilateral de independencia (la famosa DUI) y el inicio de un proceso constituyente parece impracticable. Casi un desvarío.

Hago varias llamadas telefónicas pero sólo constato nervios. El «proceso» puede estar a punto de naufragar y la ruptura del frente consultista es, esta noche, un hecho. Mañana por la mañana conoceremos el detalle de lo que proponer Artur Mas y las reacciones —quizás menos agitadas— de los otros partidos consultistas.

Hoy se demuestra que Miquel Iceta tenía razón. Desde que en julio cogió las riendas del PSC, dijo que la consulta era necesaria para refrendar la solución que se alcanzara pero que esa consulta sólo se podría celebrar si era pactada y legal. Lo que pasa es que su solución —la reforma federal de la Constitución— es hoy por hoy, mientras Rajoy tenga mayoría absoluta y no cambie de opinión, tan inalcanzable como la consulta. La única ventaja del método Iceta es que en España hay elecciones generales dentro de un año y que la repetición de la actual mayoría absoluta parece cada día que pasa más imposible.

Mañana habrá que escuchar a Mas.

LA TORMENTA SOBRE EL PP

El fracaso —al menos por una noche— de la estrategia de Artur Mas no podrá alegrar mucho la vida a Mariano Rajoy porque la tormenta que está cayendo sobre el PP es cada día más intensa y más dañina.

Por una parte cada vez está más claro, porque se filtra desde Génova, que el PP ha renunciado a la reforma de la Ley Electoral Municipal que quería hacer con urgencia para asegurar que el alcalde fuera siempre el líder de la fuerza más votada. Renuncia porque en este momento no tiene el apoyo de nadie y no se atreve a hacerlo sólo usando su mayoría absoluta. Es un dato positivo. Pero esa renuncia le coloca en una situación muy difícil en las batallas de Madrid y Valencia que puede perder muy fácilmente. Y la pérdida de Madrid el próximo mayo sería un muy mal inicio de la campaña de las legislativas del próximo otoño.

Mientras tanto, el desprestigio de los conservadores se acentúa. Juan Cotino, el presidente de las Cortes valencianas —y el mentor real del expresidente Francisco Camps— no ha podido resistir más y ha presentado su dimisión por la trama Gürtel. Además, ayer se supo que el PP ha llegado a la conclusión de que no tiene más opción que expulsar al mítico vicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, y a todos los altos cargos que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid.

MARTES, 14 DE OCTUBRE DE 2014

MAS PLANTA CARA

Esta mañana Mas tenía todos los números para estar muerto, o en estado comatoso, como muchos políticos contrarios, o aliados, proclaman desde hace tiempo. Tenía que admitir que la consulta que prometió no se va a celebrar y que había generado ilusiones vanas (siendo caritativos) o simplemente engañado. Además, debía levantar acta de que el frente soberanista había saltado por los aires y de que «el proceso» está amenazado de extinción.

Pues no. Nada de nada. Esta mañana ha aparecido un Mas brillante que ha dicho que todo sigue. Como el Gobierno español, que no se comporta como el de un país democrático del siglo XXI, ha impedido la consulta, ahora hay que ser astutos y convocar un «proceso participativo», al amparo de la parte no recurrida de la Ley de Consultas pero sin ningún acto jurídico que permita un recurso del Gobierno ante los tribunales. Ahora hay que ir al proceso participativo sin firmar nada —o lo menos posible— y en la alegalidad. Los inconvenientes del sucedáneo de consulta es que no habrá censo electoral previo, sino que se irá elaborando sobre la marcha, a medida que los electores vayan acudiendo a los colegios y se inscriban. Y las mesas electorales no estarán formadas por ciudadanos neutrales elegidos por sorteo, sino por voluntarios. Y no habrá interventores. De garantías democráticas, pocas o nada de nada. Mas lo ha venido a reconocer, al admitir que el proceso participativo no servirá para fijar con credibilidad ante el mundo la voluntad de los catalanes. Entonces ¿para que servirá?

Según Mas, si todo sale bien, para lo que se necesitará la cooperación indispensable de los voluntarios y los militantes de la ANC, habrá locales de votación que pondrá la Generalitat, aunque bastantes menos que en la consulta prevista, habrá también urnas (las de cartón que la Generalitat ya había comprado) y habrá papeletas con la misma doble pregunta (bastante defectuosa) que el 9-N. Credibilidad internacional del proceso participativo como consulta democrática, ninguna. O cero patatero, que diría aquel.

Pero se dará la oportunidad a los independentistas de manifestarse no en la calle, sino poniendo una papeleta en una urna. Tendrá la gran credibilidad de una gran manifestación más ingeniosa que la Via Catalana de 2013 o la gran V de 2014. O incluso superior. Y será todo un desafío al Estado español, porque ahora será más difícil argumentar que los ciudadanos catalanes no tienen derecho a manifestarse haciendo un simulacro de votación. El derecho de manifestación es sagrado, y, además, nadie podrá exhibir los resultados como voluntad del pueblo catalán porque no habrá ninguna garantía democrática...

Y aquí Mas ha avanzado más en el terreno pantanoso en el que se mueve. La consulta convocada tampoco hubiera sido la definitiva porque no tenía consecuencias jurídicas. Ahora la pseudoconsulta tendrá menos fuerza moral pero, si sale bien, se habrá ganado la primera vuelta. La segunda, la definitiva, serán unas elecciones plebiscitarias con una lista única independentista (en realidad sólo piensa en una lista CiU-ERC a la que Junqueras se resiste y por eso no ha convocado ya las plebiscitarias) que demuestre ante España, Europa y el mundo la voluntad de Cataluña de ser un nuevo Estado de la Unión Europea.

Mas ha inventado el extraño animal, o se ha sacado el conejo de la chistera, que puede permitirle disimular que el 9-N ha fracasado. Y que puede acabar siendo incluso un éxito relativo. Pero para ello debe conseguir varias cosas.

Primera, que las organizaciones independentistas de masas como la ANC colaboren agitando la campaña y aportando voluntarios para la jornada electoral. Supongo que ya tiene alguna aquiescencia de Carme Forcadell y Muriel Casals porque, caso contrario, es un jugador de póquer suicida.

Segunda, que Junqueras y ERC, no se pongan en contra y que incluso colaboren activamente. Tampoco pueden hacer otra cosa. Porque si el 9-N no sale, ERC también fracasa y además pueden culparla del mal final. Y a Junqueras tampoco le interesa distanciarse ahora de la ANC y Òmnium que —entusiastas de la movilización independentista— es difícil que pongan pegas a una nueva performance. Otra cosa es lo que hagan la CUP e ICV, que tiene la inclinación de lavarse las manos porque piensa que con esta operación no se salva el proceso, sino la imagen de Mas.

Tercera, que la gente vaya a votar. Si va menos de la tercera parte del cuerpo electoral (mayor que el censo, porque votan los de dieciséis años y los extranjeros con tarjeta de residencia), el fracaso será sonado. Si vota más del 40% será un éxito porque indicará que el independentismo crece (es de suponer que muy pocos partidarios del No o del Sí-No acudirán a la cita) y puede ganar con comodidad unas elecciones plebiscitarias e incluso un referéndum. Claro que la contabilización de los votantes tampoco tendrá garantías.

La última condición es que la pseudoconsulta se pueda celebrar y el Estado español no la impida. Sería más complicado porque es lícito sostener que ahora no estamos ya ante un referéndum, sino ante un simulacro amparado por el derecho de manifestación y de expresión, pero aun así...

De momento, el Gobierno de Madrid no oculta su satisfacción por la renuncia a la consulta, pero ha puesto de relieve que la pseudoconsulta también puede ser recurrida si lo que hace es enmascarar la anterior. Y en este sentido ya ha señalado que la pregunta del proceso participativo es la misma que la de la consulta. Por lo pronto, en unas jornadas del Financial Times, Mariano Rajoy ha sido muy optimista y ha parecido deseoso de pasar página: «Que no se celebre el referéndum, si efectivamente es así, es una excelente noticia; en este escenario podemos hablar de todo, porque lo más importante es crear un proyecto juntos».

Es raro que Rajoy, siempre tan cauteloso y desconfiado, sea ahora tan positivo. Me llegan rumores de que hay una o dos vías de contacto abiertas Gobierno-Generalitat. ¿Es posible que haya llegado a un pacto del tipo «retiras la consulta y te permito el show de la pseudoconsulta»?

Por ahora, Mas tiene que aguantar una tormenta. El líder de ERC, que quizás recela de los rumores sobre los contactos, ha dicho que se ha roto el pacto de estabilidad parlamentaria y que si Mas no recupera la consulta pactada habrá que ir a unas elecciones inmediatas. Por su parte, ICV acusa al presidente de proponer un plan de rescate de su persona y plantea concentraciones ante los puntos de votación para denunciar el veto del Estado español. Afirma que la pseudoconsulta desprestigia la exigencia de consulta con todas las garantías democráticas.

Sin embargo, Junqueras, que ha estado muy duro con Mas —cuesta llegar a acuerdos con quien sabes que no los cumple y es evidente que la confianza en Mas no es la que era—, no ha cerrado las puertas a la colaboración, ya que de entrada ha afirmado que ERC ayudará con todas sus fuerzas a que el 9-N sea un éxito. Aquí hay una diferencia entre Junqueras y Herrera: los dos creen que Mas ha roto la unidad del frente soberanista pero, mientras Herrera se inclina a quedarse al margen de la pseudoconsulta, Junqueras ya ha dicho de entrada que colaborará para que todo salga lo mejor posible.

MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE DE 2014

CONFUSIÓN

Tras el reconocimiento de Artur Mas de que era imposible celebrar la consulta del 9-N, la ruptura del frente soberanista y la propuesta de consulta alternativa del lunes, hoy ha sido una jornada de gran confusión.

En primer lugar, la tensión entre CiU y ERC sigue subiendo y hace temer que las elecciones anticipadas sean necesarias si Artur Mas se queda definitivamente sin mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos de 2015. Y ayer, este temor subió porque Junqueras insistió en que recuperar la unidad era muy sencillo, sólo se trataba de volver a la propuesta unitaria que el Gobierno catalán había roto. La contestación de Artur Mas fue seca y contundente: «Su propuesta era desobedecer (al Constitucional) y no votar. La nuestra lleva a votar y obedecer al pueblo de Cataluña». Duro, duro.

La perspectiva de la ruptura con ERC y la necesidad de aprobar los presupuestos ha llevado a Duran i Lleida a sugerir un cambio de alianzas y recoger la oferta que Miquel Iceta le hizo a Artur Mas en el debate de política general de mediados de septiembre y que el presidente prefirió obviar (sólo la recogió para advertir a Junqueras que tenía otras posibilidades de mayoría parlamentaria). Duran i Lleida ha insistido en que a Cataluña no le convienen unas segundas elecciones anticipadas (ya las hubo en 2012) y que se necesita una mayoría que sustente al Ejecutivo: «Si es con ERC de aquí al final de la legislatura, perfecto; si es con ERC y el PSC, mejor, y si no es ERC pues habrá que buscar otro socio». Pero la posibilidad de un pacto CiU-PSC para acabar la legislatura es difícil porque tendría que conllevar algún cambio de sentido de Artur Mas en su marcha hacia la independencia (o al menos una congelación temporal) y todos los discursos del presidente (el martes, al presentar la pseudoconsulta, fue muy duro con el Gobierno español) indican que no va por ahí.

El propio Iceta ha dicho hoy que la posibilidad existe, pero que está muy verde porque «depende de Mas». Y es evidente que Mas va por otra vía.

La confusión ha llegado a tal punto que ha cobrado fuerza el rumor —que parece una exageración de alguna mente calenturienta— de una candidatura de una lista de independientes al margen de los partidos pero apoyada por la ANC y Òmnium Cultural. Luego he oído en una radio a Vicent Sanchis, que fue un resiliente director del Avui y ahora es vicepresidente de Òmnium, decir que la idea no tenía ningún fundamento. Lo que la ANC y Òmnium están haciendo es reflexionar sobra la nueva situación para proponer una línea de actuación pero no promover una lista al margen de los partidos.

Sobre este asunto Lluís Foix deja caer en su artículo, como quien no quiere la cosa, una idea que puede ayudar a entender lo que pasa: «Se perfila una alianza interesante entre Artur Mas, la ANC y Òmnium Cultural. El presidente ha perdido el apoyo de los partidos de la consulta y acude a la calle para seguir adelante en un camino incierto. No soy partidario de la desobediencia civil, dijo Mas, sino de la obediencia al pueblo de Cataluña. Se votará el 9-N y ya está». Sí, aquí puede haber al menos una coincidencia objetiva entre el presidente y las organizaciones de masas independentistas.

JUEVES, 16 DE OCTUBRE DE 2014

OJO CON CARME FORCADELL Y MURIEL CASALS

Ayer fue el aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys, un presidente muy polémico del que alguien me dijo hace años «un bell morir tota una vida honora» («una muerte hermosa toda una vida honra»), y a las ocho de la mañana, escuchando la entradilla de Jordi Basté en su programa de RAC 1, me entero de que Miguel Ángel Rodríguez, el portavoz de Aznar durante parte de su primera legislatura, dijo en el programa de Susanna Griso en Antena-3 TV que «lo que Artur Mas necesita es un fusilamiento».

Incalificable que el portavoz del presidente del Gobierno más emblemático de la derecha española desde la recuperación de la democracia (Aznar tuvo dos mandatos y Rajoy está en el primero) tenga la desfachatez de frivolizar sobre el fusilamiento de Artur Mas en el aniversario del real de Lluís Companys, que fue entregado a Franco por la Gestapo tras ser detenido en Francia. Es una prueba más de la total falta de sensibilidad (quizás también de la gran ignorancia) respecto a Cataluña de buena parte de la derecha española. Rodríguez no es un tertuliano irresponsable, fue el portavoz de Aznar cuando presidía la Junta de Castilla-León, en la oposición a Felipe González, y cuando llegó al Gobierno —con el apoyo de los diputados de CiU— en 1996. Su papel político no fue nunca de primer nivel pero tampoco secundario.

Tras la renuncia de Mas a convocar la consulta del 9-N y su sustitución por un extraño «proceso de participación» se han abierto multitud de incógnitas. La primera es qué sucederá el 9-N pero la más relevante es si se puede reconstruir la unidad perdida, si se puede pegar la porcelana, y pactar una lista única que satisfaga el deseo de Mas de convocar unas elecciones plebiscitarias.

Por la noche, en el programa de Josep Cuní en 8tv, Joan Herrera está convincente al acusar a Mas de romper la unidad de los partidos consultistas al haber convertido el anuncio de su alternativa a la suspensión de la consulta en el inicio de su campaña electoral. Así ve Herrera —y no le falta razón— el llamamiento a una lista única independentista que nadie duda que querría encabezar. Está claro que Mas nunca ha pensado en una lista única de los partidos consultistas. Sabe que ni la CUP ni ICV se integrarían en ella (tampoco a Mas le conviene que lo hagan), y el propio Herrera me dijo que le había dejado claro al presidente que no perdería ni cinco minutos en discutir esa posibilidad porque las diferencias entre ICV y CiU (o CDC) son abismales. Cuando habla, algo grandilocuentemente, de lista única, Mas sólo está pensado, pues, en una lista conjunta con ERC a la que se podrían incorporar personalidades independentistas.

Mas repite que la lista única independentista es esencial porque es lo que permitiría transformar unas elecciones ordinarias en plebiscitarias, y por lo tanto en un referéndum sobre la independencia. Y cuyo resultado así sería leído tanto en Cataluña como en Madrid y en todas las capitales europeas. Puede ser. Pero también es verdad que la lista única evitaría que ERC ganara las elecciones (cosa que predicen todos los sondeos), que CDC pasara a tener un papel secundario y que (a no ser por concesión graciosa de Junqueras) Mas volviera a repetir como presidente de la Generalitat.

En esta tesitura ha empezado, pues, un forcejeo (en algunos medios, una campaña) para convencer (por las buenas o por las malas) a un muy reticente Junqueras de que la lista conjunta es un imperativo patriótico para después poder negociar con el Gobierno español desde una posición de fuerza material y moral: la de una mayoría parlamentaria clara favorable a la independencia. Y las organizaciones que han acompañado al proceso —la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Asociación de Municipios Independentistas (AMI)— pueden ser aliados objetivos de esa lista única si aceptan el planteamiento de Mas de que tras la primera vuelta, la pseudoconuslta del 9, hay que ir a la segunda vuelta: unas elecciones plebiscitarias con lista única convertidas en referéndum de independencia.

El papel de la ACN se complicaría mucho si en esas elecciones hubiera dos listas, la de CDC por una parte y la de ERC por la otra. ¿A quién apoyar? Porque no es fácil que la ACN se ponga a favor de Artur Mas contra Oriol Junqueras. O a la inversa.

Curiosamente ha empezado a emerger la idea de «una lista de país», en la que los partidos no tuvieran el papel principal. No es algo demasiado creíble, pero sí es una forma oblicua de presionar a ERC para que acceda a una lista conjunta de CDC (es de suponer que Unió no querrá estar), los republicanos, dirigentes de la ANC, Òmnium y distintas personalidades, entre las que inevitablemente siempre sale el nombre de Guardiola.

Junqueras puede negarse a una lista conjunta con CDC, pero le será más incómodo oponerse a «una lista de país». Suena bien, un poco boy scout. Recuerda incluso aquellos tiempos preconvergentes, cuando Pujol, en el cambio de década de los sesenta a los setenta hablaba de «fer país» («hacer país») y de «construir Catalunya».

¿Poner en un discreto segundo plano a CDC, ahora que la marca ha perdido fuerza por la confesión de Pujol, y reclamar la unidad de todo el catalanismo que quiera «fer país», que ahora aspira a la independencia? Para CDC puede ser una buena operación. ¿Pero es conveniente para ERC?

En todo caso el baile ya ha empezado. Hoy El Periódico abre su edición diciendo que «CDC abona la lista de la ANC y Òmnium» mientras que La Vanguardia encabeza su sección política con el titular «CDC presiona a ERC para que acepte una lista única encabezada por Mas». Es posible que juntando los dos titulares sepamos exactamente lo que está pasando. Por otra parte, la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, y la de Òmnium Cultural, Muriel Casals, se vieron ayer con Artur Mas en el Palau y salieron sonrientes.

Tampoco hay que olvidar la entrevista de Mònica Terribas a Francesc Homs en Catalunya Ràdio, en la que el portavoz de la Generalitat ha pedido perdón por la división soberanista y se ha mostrado favorable a «una lista de país en la que los partidos estén más para ayudar que para ser protagonistas». Revelador.

La conclusión parece clara. CDC sabe que no tiene todas las cartas y que no puede imponer a ERC una lista conjunta. Pero quizás ERC también lo tenga difícil para oponerse a la demanda de una lista unitaria surgida de las entidades que han organizado las grandes manifestaciones del Once de Septiembre de los últimos tres años.

¿ANA PASTOR, MINISTRA PARA CATALUÑA?

Hoy también se ha hecho público en un acto en la Biblioteca de Cataluña un manifiesto firmado por 350 escritores catalanes a favor de la consulta y la independencia. Hay nombres indiscutibles de las letras catalanas como los de Quim Monzó, Jaume Cabré, Albert Sánchez Piñol, Josep Maria Espinàs, Josep Maria Benet i Jornet, Joan Margarit, Feliu Formosa... «Estamos convencidos de que con un Estado propio tendríamos la oportunidad de hacerlo mejor. Queremos vivir fuera del bucle aburrido de la autonomía resignada y llorica.»

Ya se sabe que los intelectuales —y más los escritores y poetas— son representativos de una sensibilidad que no siempre coincide con la centralidad del país, pero es evidente que —no sólo por nacionalismo— el independentismo domina la centralidad cultural del catalanismo. Pero vuelvo a leer la frase que he citado. ¿Es justo e inteligente calificar de «bucle aburrido de la autonomía resignada y llorica» el periodo de mayor autogobierno de Cataluña desde 1714?

Por la noche asisto a la entrega del Premio Planeta. Saludo un momento a Artur Mas, que, acompañado de su esposa Helena Rakosnik, atraviesa el hall del Palacio de Congresos y pasa junto a mí cuando estoy en medio de una divertida conversación con Miquel Iceta y Arturo San Agustín. Me pregunta cómo estoy.

—Sorprendido.

—Ah, sorprendido, bien.

Sonríe y se aleja. Nadie me comenta el manifiesto de los escritores catalanes. Está claro que hay Cataluñas diferentes.

Como cada año el acto está presidido por José Manuel Lara, el primer editor en lengua castellana, que repite siempre que si Cataluña se independiza tendrá que trasladar la sede social de sus editoriales en español a Madrid, y por Artur Mas. La novedad es que el Gobierno central está representado por Ana Pastor, la ministra de Infraestructuras. Es quizás la ministra más próxima a Rajoy, ha venido a Cataluña con frecuencia y pese a la penuria de la obra pública se ha sabido llevar bien con el consejero Santi Vila. Desde luego es más inteligente enviar a Ana Pastor que a José Ignacio Wert.

A la salida, ya en la Diagonal (noche casi de verano), coincido con Ana Pastor e intercambio unas palabras (rápidas):

—¿Qué tal, ministra? ¿Todo un poco más relajado?

—Creo que sí, la retirada de la consulta es importante. Quizás pueda ser el inicio de otra etapa.

El optimismo de la ministra más próxima a Rajoy confirma la reacción del presidente español, que respondió positivamente a la retirada de la consulta y no valoró que se mantuviera el 9-N como «proceso participativo».

Me reafirmo en que debe haber una línea abierta entre alguien próximo al presidente del Gobierno y alguien próximo al presidente de la Generalitat. ¿Ha hecho Mas un signo al retirar la consulta? ¿Lo ha leído así Rajoy? No lo sé. Asunto a vigilar.

AZNAR CONTRA EL DIÁLOGO

Al llegar a casa leo unas declaraciones de Aznar en la entrega de los quintos premios Libertad de FAES al historiador mexicano Enrique Krauze (un marco especialmente impropio que me inclina todavía más a creer que algo hay, que no todos los canales deben estar rotos): «Cataluña es hoy un paisaje de ruptura, de división y de frustración. Esta es la gran obra del nacionalismo, su extraordinario éxito [...]. Si acogiéramos la política del órdago como base de diálogo no abriríamos ninguna operación de reforma, sino que estaríamos deshaciendo nuestro acuerdo democrático [...]. El diálogo con el nacionalismo identitario ha de comenzar por decirle con claridad cristalina que sus actos y sus propósitos no sólo vulneran el modelo de organización territorial del Estado, sino que lesionan de manera inaceptable los derechos de los ciudadanos».

Sí, el expresidente que fue investido gracias a Pujol en 1996 está contestando a Mariano Rajoy.

VIERNES, 17 DE OCTUBRE DE 2014

LAS LÁGRIMAS DE JUNQUERAS

Lo que ya es evidente es que cuando el martes Artur Mas dijo que el referéndum definitivo para la independencia de Cataluña sólo podría venir de unas elecciones catalanas convocadas como ordinarias pero que los partidos soberanistas convertirían en plebiscitarias a través de una lista y de un programa conjunto, estaba lanzando un órdago en toda regla a Oriol Junqueras y ERC. Además, añadió el órdago de que sin lista única no habría adelanto electoral.

Desde entonces la presión sobre Junqueras —contrario a la lista común con CDC, que tendría a Mas de cabeza de lista— debe haber sido muy fuerte. Y parece que al líder de ERC le ha molestado tanto la presión directa de CDC como la amenaza de que la ANC y Òmnium —que todavía están discutiendo su apoyo a la pseudoconsulta de Mas— podrían forzarle a la lista conjunta. Todavía le han alarmado más las afirmaciones de algunos comentaristas «oficialistas» (que hasta ahora le trataban bien) de que si Junqueras no acepta la lista única es porque antepone los intereses de partido al objetivo de la independencia.

Y Junqueras ha plantado cara hoy a estas presiones en una larga entrevista a El Periódico en la que afirma varias cosas que habrán escocido en Palau. Primero, que la ruptura respecto a la consulta abre un escenario totalmente nuevo. Ahora el único escenario es el de unas elecciones adelantadas que permitan alcanzar inmediatamente la independencia, no ya la famosa DUI (Declaración Unilateral de Independencia) sino la independencia real. Y que no entrará a discutir sobre listas hasta que haya acuerdo en el aspecto fundamental, «el compromiso de proclamar la independencia en la primera sesión parlamentaria». Añade dos cosas que indican su determinación. Primero, que no habría unos nuevos presupuestos autonómicos (los de 2015 que se tendrían que haber presentado ya) con el voto de ERC. Segundo, en una alusión clara a CDC, que los comprometidos con la proclamación de la independencia deben «lucir la máxima pulcritud, sin una sola sombra de corrupción o malas prácticas, porque lastran el proceso». Y preguntado por si CDC sería tan insistente en la lista conjunta si tuviera las encuestas a favor contesta lacónicamente: «Es una pregunta que se responde en base a la experiencia».

Pero la presión de CDC sigue. A primera hora de la mañana —y en Radio Nacional de España— Francesc Homs decía que era «relativamente fácil» lograr la lista conjunta con ERC, y el coordinador general de CDC, Josep Rull, recordaba en Efe lo dicho por el presidente el martes, que no habría adelanto electoral sin acuerdo previo sobre la lista conjunta. El mensaje, con algo de chantaje a Junqueras, es claro como el agua: si quieres elecciones tienes que suscribir la lista conjunta. Una persona próxima a Presidencia me decía a primera hora de la mañana —en un encuentro casual en la Rambla de Catalunya— que ERC lo podía pasar mal si se oponía a la lista conjunta porque la presión unitaria sería muy fuerte —más después del 9-N— y que tampoco se podía excluir que —dejando a Junqueras como culpable de la falta de unidad— Mas se decidiera a encabezar una «lista de país» en la que la presencia de CDC quedaría compensada, o disminuida, por el gran protagonismo de la ACN, de Òmnium Cultural y de personalidades independientes, incluso algunas provenientes de las corrientes más catalanistas del PSC. Se me vuelve a aparecer el fantasma —tan ansiado estos días por algunos comentaristas próximos a Artur Mas— de «el Partit del President», con Mas de líder y múltiples apoyos plurales, encabezados por los movimientos sociales de la ACN y Òmnium e incluyendo al sector de Unió crítico con Duran i Lleida.

Quizás son todas estas especulaciones y presiones, «que no conocemos pero que deben ser extremadamente duras» (dice Sebastià Alzamora en Ara), las que hacen que a Junqueras se le haya quebrado la voz y haya dejado escapar una lágrima en el programa de Mònica Terribas al decir: «Hagámoslo de una vez, por favor [la declaración de independencia inmediata tras unas elecciones]. Lo pido [a Mas] con la esperanza y al mismo tiempo con la angustia de quien sabe que perder el tiempo no es bueno. Necesitamos hechos, ¡por el amor de Dios! Quiero hechos de una vez y creo que es lo que quiere la gente de este país. No discutamos mas... Cada vez que alargamos el límite, cada vez que aplazamos algo, estamos alargando las carencias de este país».

El desencuentro por la retirada de la consulta ha tenido que ser duro —al parecer Junqueras le espetó a Mas un «no nos fiamos de vosotros»— para que el líder de ERC, que antes del Once de Septiembre no veía mal seguir apoyando a Mas y adelantar las municipales (que pueden ser un gran triunfo para ERC), exija ahora con tanta perentoriedad elecciones anticipadas. Aunque algún malévolo dice que las pide precisamente porque sabe que sin lista única Mas no las convocará. O sea, que si se mantiene firme no habrá elecciones y Mas irá perdiendo fuerza en una legislatura agónica.

Resumo. Mas tenía razón y era imposible mantener una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Tampoco creo que una proclamación inmediata de la independencia (incluso después de unas elecciones) sea lo más inteligente. Pero me alarma la lista única o la sombra del «Partit del President» con el apoyo de los movimientos sociales. La voz de Junqueras —aunque equivocada— es una muestra de pluralidad, e intentar sepultar toda la pluralidad (la de ERC, la del PSC, la de Duran i Lleida), toda la pluralidad del catalanismo bajo el señuelo de la «lista de país», el «programa único» y «el Partit del President» me huele mal. Restaría pluralidad y seguramente libertad. ¿Una especie de Movimiento Nacional? No. Huele mal. Hay ejemplos de casos en los que se empieza afirmando que la causa exige provisionalmente una unidad férrea y una autoridad central firme y luego...

EL MALESTAR DE DURAN

Pero el día ha sido largo. Duran i Lleida se despacha en su carta semanal a la militancia contra la idea de Artur Mas de lista única y elecciones anticipadas. Y Ramon Espadaler, secretario general de Unió y de CiU, dice lo mismo. Pero los tres consejeros de Unió y amigos de Duran —la vicepresidenta Ortega, el consejero de Interior Ramón Espadaler y el de Agricultura, Pelegrí— siguen en el Gobierno. Incómodos, pero siguen. ¿Están avalando con su presencia el camino de CDC hacia la lista única independentista, por cobardía? ¿Quedarán al final arrastrados por la corriente «masista»? ¿O calculan —fríamente— que no habrá elecciones anticipadas y que Mas deberá modificar su política y sus pactos para seguir gobernando? ¿Puede todo el proceso acabar en sociovergencia? Parece imposible pero ya hemos visto que Mas es un prestidigitador. Un trilero, le llama Salvador Sostres en El Mundo.

EL CAMBIO DE TONO DE RAJOY

Y vuelve a sorprender la actitud de Rajoy. Desde la suspensión de la consulta por parte de Artur Mas el pasado martes se ha mostrado optimista y conciliador y hoy, desde Milán —está en la cumbre Europa-Asia—, dice que Cataluña debe volver a la senda de la normalidad que abandonó cuando empezó el proceso soberanista y que ahora Mas debe gobernar y aprobar los presupuestos de 2015. ¿Con qué apoyos puede gobernar? ¿Descarta elecciones anticipadas en Cataluña? Rajoy contesta que no le corresponde a él decidirlo sino a Mas. Y la vicepresidenta, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, vuelve a insitir en su posición de ley y diálogo: «Por eso —dice— tenemos abierto un diálogo con distintos líderes políticos en Cataluña, porque nos gustaría que se volviera a entrar en la senda de la legalidad y la serenidad democráticas».

No hay duda de que el Gobierno de Madrid —o al menos el tándem Rajoy-Soraya— ha cambiado su discurso respecto a Cataluña desde la renuncia de Mas a la consulta. ¿Y a qué «lideres políticos» se refiere la vicepresidenta? Sabemos de sus contactos con Duran pero no parece que Duran y Mas tengan estos días una comunicación fluida. ¿Hay alguna línea de comunicación entre el Gobierno (o el PP) y personas próximas a Mas? Alguien me habla de Germà Gordó, Santi Vila e incluso Josep Rull.

SÁBADO, 18 DE OCTUBRE DE 2014

EL CIELO NO SE TOMA POR CONSENSO, SINO POR ASALTO

Las elecciones europeas del 25 de mayo fueron un terremoto político porque el PP, que ganó, perdió 2,5 millones de votos respecto a las europeas de 2009 y el PSOE, que fue derrotado, perdió también 2,5 millones de votos. Rubalcaba dimitió de inmediato. No podía seguir liderando un PSOE que no conseguía remontar. Y pocos días después llegó la abdicación de Juan Carlos I. Era algo que se mascaba en el ambiente, pero el resultado de las europeas pudo contribuir a que finalmente ocurriera.

El fenómeno nuevo fue que un grupo casi totalmente desconocido hasta entonces, Podemos, liderado por Pablo Iglesias, un profesor de Ciencia Política que participaba en programas de debate en televisión, quedó en cuarta posición con 1.250.000 votos y cinco diputados, a sólo 250.000 votos de Izquierda Plural y por delante de UPyD. El voto de protesta huido del PP y PSOE fue principalmente a Izquierda Plural (10%, con aumento de 6,3 puntos respecto a 2009), Podemos (8% de golpe) y UPyD (6,5%, frente a 3,7% en 2009). El impacto mediático del éxito de Podemos y de Pablo Iglesias fue muy fuerte, aunque Pedro Arriola (el gurú electoral de Rajoy) lo intentó rebajar diciendo que en unas elecciones europeas José María Ruiz-Mateos también sacó tres diputados.

¿Será el fenómeno Podemos tan efímero como lo fue Ruiz-Mateos entonces? No lo parece y ese es el gran interrogante, porque si Podemos se consolida todo el mapa político español (catalán también, aunque quizás en menor medida) puede quedar muy alterado.

De entrada Podemos se inscribe en una atracción del electorado europeo —debido a la crisis económica y al poco éxito de los gobiernos al afrontarla— por los partidos de protesta, que pueden tener componentes políticos e ideológicos muy diferentes. En Gran Bretaña las elecciones europeas las ganó (no quedó en cuarta posición) el UKIP, que quiere salir de Europa. En Grecia se dio un gran avance de la izquierda de Syriza. En Francia el voto de protesta fue al Frente Nacional de Marine Le Pen. Y en España se polarizó principalmente en Podemos. En Cataluña la victoria de ERC presenta también algunos signos similares porque ERC es un partido independentista y de izquierda no convencional, es decir, de protesta frente al Estado español y el modelo socioeconómico.

Que Podemos puede haber llegado para quedarse lo confirma también la última encuesta electoral del CIS (del pasado julio) que le coloca en tercera posición con el 15,3% de los votos (8,2% para IU-ICV), detrás del PP (30%) y del PSOE (21,2%). No obstante, lo más relevante es que en intención directa de voto (la que declaran espontáneamente los encuestados antes de «la cocina») PP, Podemos y PSOE (12,8%, 11,9% y 10,6%) están prácticamente empatados.

Claro, Podemos puede venirse abajo por muchas causas y en especial por las disensiones internas. Por eso es relevante la primera asamblea presencial que se ha abierto hoy en el estadio de Vista Alegre de Madrid con la presencia directa de más de siete mil personas. El próximo lunes 27 se conocerán los resultados de la votación a través de la red, y que básicamente enfrentan al grupo de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón (provenientes de IU), que quieren un sistema de dirección clásico, con el poder concentrado en un líder (Iglesias) y una cúpula, y el que se presenta como más democrático y abierto, impulsado por el científico y hoy eurodiputado Pedro Echenique y dos eurodiputadas más. En parte, este sector está relacionado con Izquierda Anticapitalista y pretende que en vez de un secretario general haya tres portavoces. El grupo de Iglesias, además, apuesta por concentrarse en las elecciones generales de 2015 y no concurrir con marca propia en las municipales (lo que no quita para que apoyen a grupos afines como Guanyem en Barcelona).

En la primera sesión Pablo Iglesias ha impactado con un discurso en el que ha dicho que Podemos quiere ocupar la centralidad política y ganar las próximas elecciones generales. No se trata de superar al PSOE, sino también al PP. Otra cosa es que luego no pudiera formar Gobierno porque —como insinúa Errejón en una entrevista en El Periódico— el PP y el PSOE acordaran algo para impedir que gobernara el partido más votado. De momento, el impacto de Iglesias, con su recuperación de la frase de Karl Marx, «El cielo no se toma por consenso sino por asalto», ha sido fuerte. Y es que la frase es ambigua ya que connota tanto voluntad resolutiva como la posibilidad de asalto, o sea, de forzar las cosas. Y Errejón, en la entrevista de El Periódico, subraya que según una reciente encuesta (que desconozco) el 24% de su intención de voto viene del PSOE pero el 17% procede del PP. ¿Es Podemos un populismo que aspira a robar votos de la derecha y de la izquierda del paisaje político tradicional? Bueno, Beppe Grillo en Italia y Marine Le Pen en Francia están creciendo bajo esas premisas.

De todas maneras lo que hoy parece claro es que nadie discute el liderazgo de Iglesias, ya que el mismo Echenique —el dirigente de la corriente crítica— ha dicho que «Pablo es el compañero más calificado para dirigir la organización».

PODEMOS Y CATALUÑA: ¿CAPACIDAD DE ARBITRAJE?

Pero Podemos puede tener también influencia sobre la política catalana. En Barcelona, Víctor García apoya la candidatura de Guanyem, e Íñigo Errejón afirma respecto de la independencia de Cataluña en El Periódico: «De momento no es una prioridad. Lo que sí es una decisión política es el derecho a decidir y que la posibilidad de construir un país juntos tiene que estar basada en la seducción y no en la imposición. Podemos está de acuerdo con garantizar que los catalanes puedan decidir su futuro. Estamos en un país de países y la integración se tiene que hacer con la capacidad de seducir y de atraer al otro [...]. Tenemos la impresión de que con un proyecto plurinacional la voluntad de irse de España sería menor. [...] Nos encontramos con mucha gente que dice: “yo, con una España gobernada por Podemos no tendría tantas ganas de irme”».

Sí, son afirmaciones vagas pero, pese a su escasa presencia orgánica las encuestas, indican que Podemos podría tener un apreciable resultado electoral en Cataluña. Sin ir más lejos, la última encuesta de La Razón le da un 9,2% de los votos —cuando todavía no tienen ni candidato ni presencia relevante en el territorio— y doce diputados. Lo más curioso es que, según esta encuesta, Podemos tendría capacidad de arbitraje en Cataluña, ya que CiU y ERC se quedarían en 62 diputados, a seis de la mayoría absoluta y once menos que en la actualidad.

Claro que es sólo una encuesta de La Razón. Habrá que cotejarla con otras. La reciente del CEO, tras el debate de política general (en el que como es obvio no intervino ningún representante de Podemos), le daba una intención directa de voto del 3,9%, por encima de la CUP (2,9%) y pegada a ICV (4%). En esa encuesta del CEO, ERC era el primer partido en intención directa de voto (19,8%) seguida de CiU (13,1%).

DOMINGO, 19 DE OCTUBRE DE 2014

¿QUIERE LA ANC MANDAR A ARTUR MAS?

En el frente soberanista-independentista se van abriendo grietas. Y hoy domingo —día que la ANC y Òmnium Cultural habían elegido para el acto central de la campaña «Ara és l’hora» en apoyo a la consulta— se ha comprobado.

El lunes por la noche la unidad de los partidos soberanistas (los que firmaron la doble pregunta el pasado diciembre) quedó malparada, porque ni ERC ni ICV ni la CUP aceptaron la retirada de la consulta firmada por Artur Mas el pasado 27 de septiembre y su sustitución por un llamado «proceso participativo», una pseudoconsulta en la que la Generalitat quiere poner locales, urnas y papeletas pero sin ninguna garantía democrática. Sin censo electoral, sin mesas ciudadanas... y todo controlado por voluntarios.

Mas creyó que no podía reconocer su fracaso, que la consulta legal y con todas las garantías democráticas que había prometido reiteradamente se había estrellado en el Constitucional. Por eso necesitaba la pseudoconsulta. Y ERC e ICV-EUIA no quisieron avalar la prestidigitación por distintos motivos, porque tanto ERC como ICV creen que Mas prepara así el camino para unas elecciones plebiscitarias con lista única y él como candidato.

La esperanza de Mas y de CDC era que el acto convocado para hoy por la ANC en la plaza de Catalunya incitara a recuperar la unidad y ejerciera presión sobre ERC para que aflojara en su oposición a la lista única. La separación de ICV le preocupa menos, porque ya sabe desde hace tiempo que no podía contar con los ecosocialistas, que son consultistas pero no independentistas. Sin embargo, ha sido así. Aunque la concentración ha sido un éxito, y ya más de una hora antes de la convocatoria la profusión de camisetas amarillas en la Rambla de Catalunya era notable —bastante más que el domingo anterior la visibilidad de los manifestantes del día de la Hispanidad—. En cualquier caso, la cifra de 110.000 personas de la policía municipal me parece exagerada. Y tampoco demasiado concluyente, al tratarse de la primera concentración a nivel catalán tras la suspensión de la consulta.

El primer dato es que antes de la concentración de la ANC ha habido una reunión extraordinaria del Consell Nacional de ERC en la que Marta Rovira ha hecho un resumen —muy crítico con CDC— del fracaso de las negociaciones en el bloque soberanista. Me dicen que luego nadie ha defendido la lista conjunta y que, antes bien, ha habido intervenciones contrarias. Dicen que Junqueras dejó caer, en los corrillos previos, que mucha gente se creía falsamente que era un soldat de CiU pero que se sentía engañado y «traicionado». Tras la reunión en la sede de la calle de Calàbria, Oriol Junqueras y Marta Rovira se han ido a la plaza de Catalunya a aplaudir las llamadas a la unidad de «les tietes», como algunos jóvenes militantes de ERC se refieren a Muriel Casals y Carme Forcadell. Allí estaba también Helena Rakosnik, la esposa del presidente, y los consejeros Ferran Mascarell e Irene Rigau, así como Antoni Castellà, el dirigente del ala independentista del partido de Duran i Lleida.

Y el mensaje de «les tietes», fruto de muchas reuniones con opiniones diferentes y contrapuestas en Òmnium Cultural y la ACN —entidades a las que une el cemento nacionalista pero en las que cohabitan muchas tendencias ideológicas distintas— fue matizado. Hubo, sí, un claro llamamiento a la recuperación de la unidad que en algunos momentos se convirtió incluso en crítica y despego hacia los partidos y los políticos. Pero no se concretó cómo debía instrumentarse esa unidad en el momento electoral, si lista única o varias listas con un punto común independentista. Quedó claro que la ACN y Òmnium habían decidido no decidir, al menos por el momento. Se quería subrayar que los movimientos sociales de las clases medias (la presencia sólo formal del movimiento sindical en el proceso es algo que se debe tener en cuenta) son plurales y no quieren ser correa de transmisión de nadie. Ni de ERC, ni de CDC... ni del presidente.

Los teóricos del «partit del President» que querrían sumergir a CDC —marca tocada por el caso Pujol— por un conglomerado-movimiento más extenso y con una definición casi exclusivamente nacionalista no han debido quedar muy satisfechos.

Y luego vino lo más trascendente. Disgusto ante el entierro de la consulta prometida (no demasiado explícito), insatisfacción ante el nuevo proceso participativo que Artur Mas se ha sacado de la manga, pero firme promesa de apoyo a lo que la ACN ve como un nuevo acto de movilización independentista. No podía ser de otra manera, porque, si la ANC no lo apoyaba, era todo el proceso el que inmediatamente descarrilaba. Aun así, Carme Forcadell ha declamado una serie de severas condiciones para el apoyo a la nueva consulta. Todas poco importantes, salvo una: que el presidente se comprometa a convocar elecciones plebiscitarias en menos de tres meses y que en la primavera de 2015 Cataluña ya tenga un nuevo Parlamento (independentista, por supuesto).

Esta condición es clave y puede ser un torpedo para Mas. En efecto, la ACN pretende así dejar al presidente (o peor si no se da cuenta de lo que hace) sin uno de los atributos que tienen muchos jefes de Gobierno de los países democráticos: su facultad para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Algo sobre lo que el propio Mas insistió tanto en su discurso del pasado martes en la galería gótica del Palau como en la larga entrevista que ha concedido hoy a Xevi Xirgo, el director de El Punt: no convocará elecciones si no tiene la garantía de los partidos de que concurrirás a las elecciones en una lista única que transforme los comicios catalanes ordinarios en unas plebiscitarias que serían leídas en el mundo como un sí o un no a la independencia.

En El Punt es especialmente claro, ya que el titular de la entrevista es inequívoco: «La fecha de las elecciones es lo más irrelevante». Subtítulo: «No estoy dilatando nada, pero tan importante como la fecha es saber cómo, con quién, qué y por qué. No las convocaré sin saber esto». ¿No ha leído Carme Forcadell El Punt esta mañana? ¿O lo ha leído y pasa del presidente?

Bueno, no exageremos, porque la ANC va a apoyar el nuevo 9-N. ¿Ha leído disciplinadamente el otro subtítulo de la entrevista: «Si el 9-N sale bien, David habrá empezado a vencer a Goliat»?

LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2014

EL GOBIERNO CATALÁN, NOQUEADO POR CARME FORCADELL

La petición de Carme Forcadell —que, recordemos, hace unos años quedó fuera del Ayuntamiento de Sabadell cuando ERC sacó sólo un concejal (era la número dos)— de que Artur Mas convoque elecciones antes del 9-N y en un plazo máximo de tres meses ha descolocado al Gobierno catalán. El País, el diario menos hostil de todos los madrileños, titula hoy a cuatro columnas «El ultimátum independentista pone a Mas contra la cuerdas» mientras El Periódico, más sutil, se limitaba a tres palabras «Jaque a Mas». Por la mañana oigo a Carme Forcadell en RAC 1, e insiste en que las elecciones se tienen que convocar en tres meses. Se desentiende de si debe haber sólo una lista independentista o varias (lo deja en manos de los partidos) y remacha que si Mas no convoca antes del 9-N se implicarán con menos entusiasmo en el «proceso participativo».

La irritación de CDC con la ANC es fuerte, según explica Fidel Masreal en El Periódico. Señala en especial una frase de Carme Forcadell que revela que la ANC (o al menos su presidenta) tiene complejo de superioridad respecto a los partidos políticos y al propio presidente: «Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad, ahora os toca a vosotros demostrar que sois dignos representantes del pueblo que os ha votado». Sí, es una frase excesiva, pero cómo criticar a la ACN cuando se le han jaleado y aplaudido todas las acciones que ha emprendido desde la manifestación de 2012. Los medios públicos de la Generalitat le han dado un tratamiento casi épico. Y gente del mundo económico próxima a Mas ha justificado su actuación política diciendo que era un movimiento que venía del pueblo, que venía de abajo, y que el presidente no podía desoír. Ahora, cuando el movimiento de abajo no dice lo que los de arriba quieren oír resulta más difícil contradecirlos.

Conozco poco la ACN pero estoy seguro de que se nutre de gente nacionalista —con la que se puede estar o no de acuerdo— de buena voluntad. El nombre, eso sí, es sorprendente. En un país que desde 1980 elige su Parlamento cada cuatro años con total libertad desentona bastante que una entidad privada elija el nombre de Assemblea Nacional Catalana. Y extraña más que nadie les haya hecho reflexionar sobre esa anomalía. ¿Es que una entidad privada puede rivalizar con el Parlamento elegido a la hora de expresar los deseos del pueblo de Catalunya? ¿Y quién se erige en el juez capaz de elegir los sentimientos auténticos? ¿Los nacionalistas mas enragés de cada pueblo o ciudad?

Cierto que en los setenta varios partidos políticos y movimientos ciudadanos crearon la Assemblea de Catalunya, muy influida por el PSUC y cuyo dirigente en aquel momento, Antoni Gutiérrez Díaz, llegó a utilizar el término pre-Parlamento. Pero entonces España era una dictadura y en Cataluña no había elecciones ni nada que se le pareciera. CDC ha alentado este tipo de movimientos sociales de la clase media nacionalista y ahora se sorprende de que le quieran dictar lo que debe hacer.

Pero el Gobierno catalán tiene un portavoz voluntarioso, Francesc Homs, que tiene respuesta para todo. Homs es hoy uno de los políticos de CDC más próximos a Artur Mas y fue uno de los integrantes del pinyol que rodeó a Artur Mas en la travesía del desierto, junto a David Madí (ahora en el sector privado), Oriol Pujol (secretario general y portavoz parlamentario que dimitió meses después de que le imputaran en el caso ITV, y pocos días antes de la confesión de su padre, Jordi Pujol), Joaquim Forn (el teniente de alcalde silencioso que sostiene a Trias) y Germà Gordó (ahora consejero de Justicia y al parecer bastante enfrentado a Homs). Homs es muy criticado por la prensa no nacionalista pero es un aplicado propagandista de la política decidida por Artur Mas. Yo no lo critico, aunque a menudo no esté de acuerdo con él, porque si los presidentes Pasqual Maragall y José Montilla hubieran tenido un Homs, un portavoz aplicado capaz de «cubrir» en cada momento, con mayor o menor fortuna, las acciones o las desgracias del Gobierno, seguramente las cosas les hubieran ido mejor.

Carme Forcadell ha debido poner muy nerviosa a la cúpula convergente porque hoy Francesc Homs ha patinado. Mucho. A primera hora se ha anunciado una comparecencia no prevista del portavoz para las once de la mañana en la que Homs ha revelado entonces que existe un «acuerdo técnico» casi concluido con la CUP para impulsar la consulta del 9-N que espera que después pueda ser aprobado por los otros partidos. El problema es que poco después la CUP afirma que no hay ningún acuerdo técnico, sino sólo unas conversaciones en fase inicial.

La patinada de Homs indica desbarajuste y que el Gobierno no se siente fuerte. Los otros dos partidos consultistas se lanzan sobre la ocasión para marcar posiciones. Primero, quien rompió la unidad fue el Gobierno, como demuestra el hecho de que ERC e ICV siguen trabajando juntos. Segundo, ambos partidos creen que el «proceso participativo» no es una consulta con garantías y debe ser entendido como una movilización contra la prohibición de la consulta. El Gobierno catalán tiene que reconocerlo y corregirlo. Tercero, ambos partidos se suman con fervor a la petición de la ACN de elecciones en el tiempo más corto posible.

Han pasado ocho días y, pese a la capacidad de prestidigitación de Artur Mas —que transformó una consulta con garantía en un «proceso participativo» a partir de voluntarios diciendo que eran casi lo mismo porque había locales, urnas y papeletas en una rueda de prensa tan brillante como manipuladora—, la posición del Gobierno es mucho más débil. Quizás no quiera convocar elecciones anticipadas si ERC no se aviene a la lista única. Pero ¿realmente puede seguir gobernando con sólo 50 diputados sobre 135 después de que Junqueras haya proclamado más de una vez que ERC no volverá a votar unos presupuestos autonómicos?

EL CASO DEL CONSEJERO MAS-COLELL

El consejero Mas-Colell quizás habría sido Premio Nobel de Economía de haberse quedado en Estados Unidos, pero la tarea de cuadrar las cuentas de la Generalitat le supera. Por la crisis, por el sistema de financiación, por la dificultad de entenderse con Montoro y por la Biblia en verso. De todas formas, una cosa es no cuadrar el déficit real de 2014 porque es casi imposible cumplir tanto el déficit previsto como los ingresos apuntados (cumplirlo sobre el papel) y otra no poder aprobar por falta de apoyo parlamentario los presupuestos de 2015.

Y Mas-Colell ha optado por no querer enterarse de las dificultades para poder continuar funcionando. Ha dicho que no presentará los presupuestos antes del 9-N porque faltan muy pocos días (ya debían estar presentados) y que no contempla tener que prorrogar los de 2014 pese a que no existe mayoría parlamentaria para aprobar los de 2015. Pero luego ha añadido: «Si llegara el escenario de prórroga habría que ver todas las opciones y todas las complejidades que ello comportaría, que son muchas». Quizás una de las más importantes políticamente sería la imposibilidad de recuperar la paga extra de los funcionarios que Mas ha prometido y que parece imprescindible si tiene que haber elecciones.

No es culpa de Mas-Colell, es que la política monotemática de la consulta y el conflicto con el Gobierno de Madrid han llevado a Cataluña a una pendiente de inestabilidad que se agudiza cada día. Lo mismo que la no insistencia en negociar el nuevo sistema de financiación. Como la Generalitat no lo ha reclamado a gritos, que es lo que siempre pasaba —primero porque, o pacto fiscal o nada, y después porque la prioridad es la consulta— el Gobierno de Madrid lo ha tenido muy fácil para no hacer nada, excepto ordenar callar a las otras autonomías, la mayoría de las cuales controla, con la única excepción relevante del País Vasco, que tiene concierto y cupo favorable, y está tranquilo en este campo.

Claro que negociar un nuevo sistema de financiación autonómica con un Gobierno del PP con mayoría absoluta —y con Montoro, un hombre peculiar, como ministro de Hacienda— hubiera sido una tarea ingrata, y hubiera costado mejorar el existente. Pero las finanzas de la Generalitat no permitían renunciar a la batalla que tocaba ahora —el nuevo sistema de financiación— con la esperanza de que mañana Cataluña tendrá no ya el pacto fiscal (que ya no interesa) sino la independencia. Los presupuestos ni se cuadran ni se ejecutan con deseos políticos.

No es un error de Mas-Colell sino de la política de Artur Mas, que en algunos casos recuerda aquello del «o todo o nada», pero en cualquier caso pagamos las consecuencias. ¿Ha estado el consejero de Economía demasiado supeditado a la hoja política de Artur Mas? Quizás tenía que haber marcado —basándose en las necesidades del cargo— más perfil propio. Y haber regateado más con Madrid. Santi Vila lo ha hecho con Ana Pastor.

El ministro de Hacienda no puede tener una política diferente a la del presidente. Pero puede matizar y lanzar mensajes propios. Y al presidente le puede convenir. Boyer no coincidía en todo con lo que decía Felipe González, pero seguramente a Felipe ya le venía bien que Boyer marcara perfil propio y dejara patente su desapego respecto a declaraciones más «socialistas» de otros ministros.

Mas-Colell insinúa que poco se habría obtenido. Quizás tenga razón, pero aun así...

PP, PSOE Y PEDRO SANZ

Me han llamado la atención unas declaraciones a Expansión de Pedro Sanz, el presidente del PP de La Rioja, un conservador biológico como Rajoy, que creo que expresa el pensamiento de fondo de muchos barones autonómicos del PP e incluso del PSOE: «Si damos una salida a Cataluña para evitar la independencia, ¿qué no pedirá mañana?». Preguntado sobre si no hay que dar una salida a Cataluña, la respuesta es:

—¿Por qué no me la dan a mí?

—Usted no ha convocado un referéndum secesionista.

—Podemos convocarlo mañana. ¿Por qué hay que darle una salida a una parte de Cataluña que se quiere independizar? Y mañana, ¿qué nos pedirán? ¿Otra cosa? Pues yo también pido lo mismo. Esta no es manera de construir un país. Aquí hay una norma que se llama Constitución y debemos pasar todos por el aro.

—Su estrategia entones...

—Aplicar la ley. Mariano Rajoy lo está haciendo perfectamente...

—El Gobierno ha cancelado sine die la reforma de la financiación...

—No está mal. Sentarnos a repartir nada no satisface absolutamente a nadie... Defiendo la posición del presidente: señores, cuando tengamos más recursos los pondremos encima de la mesa a ver si repartimos algo, que no provoque enfrentamientos y confrontación como lo que hizo Zapatero. Si es para tener un modelo que va a ser peor que este, déjeme como estoy.

Vuelvo a releer la entrevista porque expresa perfectamente el punto de vista del conservadurismo de orden e instintivo. Con este planteamiento —que creo que sintoniza con el de muchos conservadores no excitados españoles— no se podrá avanzar. En su fuero interno todavía no han admitido aquello que dice el artículo 2 de la Constitución de las nacionalidades y regiones.

MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014

VUELVEN LOS PUJOL

El asunto de la familia Pujol parecía que había pasado a segundo plano, pero ahora ha vuelto espectacularmente a las portadas de los periódicos. El martes irrumpió la noticia de que una juez de Liechtenstein investiga al expresidente por un posible delito de blanqueo de capitales. Varios diarios lo llevaron inmediatamente a la portada de sus ediciones digitales. Conmoción, pese a que las noticias sobre Liechtenstein siempre tienen algo de surrealista.

Al mismo tiempo se ha sabido que Suiza, como ya antes había pasado con Andorra, se niega a colaborar con el juzgado de Barcelona que indaga el patrimonio familiar de los Pujol. Era previsible porque ni en Suiza ni en Andorra existe el delito fiscal.

Por otra parte se ha llegado al acuerdo de que el líder de la CUP, David Fernández, sea el presidente de la Comisión de Investigación del caso Pujol. La presidencia de Fernández puede ser una bomba contra los Pujol porque actuará sin miramientos. Aunque si la Comisión Pujol quiere investigar todo lo que haya podido pasar en Cataluña con la corrupción el caso Pujol se puede diluir en unas sesiones interminables que no llevarán a ninguna parte, porque ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta. Y seguro que la existencia de la Comisión Pujol es un factor que pesa sobre Artur Mas a la hora de convocar elecciones. Eliminar o aplazar esa comisión le haría la vida más fácil.

Hoy miércoles todas las cabeceras de los diarios se ocupan de Liechtenstein, pero la noticia viene de la Audiencia Nacional porque el juez Ruz ha imputado a once personas relacionadas con el primogénito de Jordi Pujol. Entre ellos siete empresarios conocidos, como Xavier Tauler, consejero-delegado de Copcisa, y Carles Sumarroca (padre e hijo). Al mismo tiempo se ha sabido que Jordi Pujol Ferrusola sacó 2,4 millones de Andorra tras ser imputado y el juez Ruz ha ordenado bloquear sus cuentas en el Principado.

SANTI VILA NO QUIERE ELECCIONES

Mucha gente pide un anticipo electoral en Cataluña y el propio presidente Mas ha dicho que si el 9-N sale bien será la primera vuelta de unas elecciones anticipadas plebiscitarias que serán el auténtico referéndum sobre la independencia.

Pero no todo el mundo está convencido. Las entidades empresariales subrayan que la inestabilidad política continua (Cataluña habría votado tres veces en poco más de cuatro años) daña la economía. Duran i Lleida ha mostrado su preferencia por agotar la legislatura y ayer Santi Vila, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, dijo solemnemente en Tribuna Barcelona, el foro de La Vanguardia que preside Miquel Roca, que «hay que aprovechar la legislatura al máximo para afianzar la recuperación». ¿Discrepa Vila de Artur Mas? Pues algo sí, porque inmediatamente añadió que le chocaba ver «tanta ilusión volcada en la independencia, que es una idea instrumental». ¡Hombre, el «masismo» se debió revolver inquieto en sus sillones! Y seguro que muchos militantes de ERC piensan que Junqueras tiene razón en desconfiar de un presidente que tiene de consejero a Santi Vila.

¿PUEDE ICETA AGUANTAR A MAS?

El discurso de Vila coincide con una interesante entrevista de El País a Miquel Iceta. El diario la titula «El PSC está dispuesto a asumir el coste político de apoyar a Mas» y el secretario del PSC se explica: «Nosotros no venimos a salvar a Mas, sino a darle lógica a la política catalana. Cualquier ciudadano coincidirá en que ha de ser una prioridad estimular la economía y crear empleo, proteger la sanidad y la educación y regenerar la política. Se puede discrepar en cómo buscar un encaje de Cataluña [...]. Es difícil [sostener la situación actual] si no cambian las prioridades de Mas. Si cambiasen, nosotros podemos ayudar a la estabilidad; pero si su perspectiva es la ruptura y una negociación sobre la independencia, no tiene ningún sentido [...]. Pero es verdad que cada día que pasa se hace más difícil ver una perspectiva de continuidad de esta legislatura».

Y sobre las elecciones plebiscitarias es rotundo: «¿Se va a engañar a la gente diciendo que si votas de una determinada manera a la semana siguiente seremos independientes? No es verdad. Se puede intentar una declaración unilateral, pero al día siguiente sería suspendida y ningún país reconocería a Cataluña. Las eleciones plebiscitarias son un intento de tapar un fracaso».

Hablo con Miquel Iceta por teléfono y me queda claro que ve muy pocas posibilidades de un pacto con Mas para acabar la legislatura. Me dice que la ofrece porque cree que sería lo mejor para Cataluña, que después de las elecciones generales de 2015 en Madrid habrá un Gobierno más receptivo, o como mínimo sin mayoría absoluta, con el que se podría negociar mejor, y sobre todo para que Mas no pueda decir que disuelve porque no tiene otra opción. El PSC está dispuesto, pero no a votar los presupuestos sino a un acuerdo de legislatura por dos años.

TREGUA MAS-JUNQUERAS

La tensión entre Mas y Junqueras ha bajado de intensidad. Esta tarde se han reunido los dos en el Palau de la Generalitat y han acordado una tregua consistente en aparcar sus diferencias y trabajar conjuntamente para que el nuevo 9-N sea un éxito.

Ninguno de los dos podía seguir alimentando la sensación de desunión porque a los dos les interesa que el 9-N vaya bien, pero la diferencia de fondo sobre el adelanto electoral y especialmente sobre la lista única —patente desde mediados de agosto— sigue viva.

OPTIMISMO DE MOODY’S

Moody’s, una de las tres grandes agencias de calificación de riesgos, ha hecho un informe positivo sobre la perspectiva catalana a medio plazo. La síntesis es que todo acabará en una tercera vía y en una mayor autonomía fiscal, y el análisis —que debe haber sido contrastado con altos cargos económicos en Madrid y Barcelona— es interesante. Afirma que la independencia no cuenta con una mayoría ni con los apoyos suficientes para hacerla viable a corto plazo, pero cree que los próximos acontecimientos (elecciones autonómicas, configuración de una mayoría en torno a Artur Mas) colocarán al Ejecutivo catalán en posición de negociar con el Gobierno español que salga de las elecciones de finales de 2015 y que el debate sobre la independencia virará hacia la obtención de mayores ventajas fiscales pero dentro de la Constitución. En el periodo que deberá transcurrir para llegar a este pacto —que nunca será antes de 2016 por el apretado calendario electoral español— no pasará nada grave porque España seguirá suministrando liquidez a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la parte de la deuda catalana en manos de este fondo se irá incrementando (a finales de 2014 será del orden del 50%).

Al final del proceso la deuda catalana tendrá una mejor calificación porque Cataluña tendrá más ingresos. Supongo que Mas-Colell debe de estar contento. Tendrá más ingresos, aunque deberá continuar negociando con el sucesor de Montoro.

EL PUJOL DE BASSETS

El martes asistí en la Casa del Llibre de Rambla de Catalunya a la presentación del libro que Lluís Bassets ha escrito, con gran rapidez y renunciando a las vacaciones de agosto, sobre Jordi Pujol. Durante la presentación, tanto Bassets como Màrius Carol, director de La Vanguardia, intentaron situar al personaje en su contexto. Fue veintitrés años presidente y es alguien relevante en la historia de Cataluña y de la España de la segunda mitad del siglo XX. Lo he hojeado a fondo esta tarde y me ha parecido muy interesante. Es un libro sin concesiones, crítico, pero que queda lejos de ser sólo un acta de acusación. Algo anglosajón. Hay un serio esfuerzo de objetividad.

Luego un amigo no independentista pero nada radical, que me llama por otro tema y que estaba ayer en la presentación, me dice que le ha parecido bien documentado pero demasiado amable. Argumenta que no se subraya que el pujolismo es el gran culpable del desastre actual, la gran fábrica del independentismo. Le pongo alguna objeción, pero noto que es tiempo perdido. El Pujol que hablaba ex cátedra sobre Cataluña ha tenido muchos fieles pero también ha generado mucho antagonismo.

SIGUE LA TORMENTA SOBRE EL PP

La tormenta que está cayendo este octubre sobre el PP sigue fuerte. Me fijo en tres titulares. Uno de La Vanguardia de hoy dice que el juez imputa a Acebes por usar dinero de la caja B del PP. Acebes fue un ministro emblemático de la segunda legislatura de Aznar, el que informó sobre los atentados del 11-M, y luego secretario general del PP los primeros cuatro años de la oposición de Rajoy. Ahora está en el sector privado pero el juez sospecha que participó en la financiación de Libertad Digital, el grupo mediático de Federico Jiménez Losantos, usando la caja B del PP.

El segundo, de El Periódico, entrecomilla la declaración de Rodrigo Rato ante el juez por las tarjetas opacas de Caja Madrid: «No lo sabía, no fui informado, me ha sorprendido». Rodrigo Rato fue uno de los ministros más dialogantes de los gobiernos de Aznar, pero ¡cómo puede decir que no conocía un instrumento que utilizó! El tercero, de El País, dice: «El PP vive en estado de shock por el goteo de imputaciones». Al lado un recuadrito sentencia: «Semana horribilis».

¡Quién le iba a decir a Rajoy que el trimestre en el que se afianza la lenta recuperación económica y se empieza a crear empleo le iba a ser tan negativo políticamente! La economía puede sumar y puede restar, pero no puede sustituir a la política.

JUEVES, 23 DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO EN CASA DE OLEGUER PUJOL

Hoy la noticia ha sido el registro con gran despliegue mediático de la casa de Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín del expresidente de la Generalitat, de quien dicen que es un cerebro económico. El juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, cree que ha lavado el dinero negro de la familia. También han sido registradas varias empresas, en algunas de las cuales su socio es Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana.

Esta investigación la lleva a cabo el juez Pedraz, al margen de la que tiene en marcha el juez Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola, y se basa en un informe policial y en una denuncia de Podemos-Guanyem en la que se acusa a Oleguer Pujol de haber blanqueado capitales a través de tres operaciones inmobiliarias: la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander, la adquisición también de oficinas de Bankia y la compra y edificación de un hotel en las islas Canarias.

Anoto que, al contrario que en otras ocasiones recientes, en esta tanto algunos dirigentes de CDC como Josep Rull y de Òmnium Cultural han criticado la «alta gestualidad» del registro y la posterior detención provisional. Según dijo Muriel Casals en Catalunya Ràdio, «la Justicia española se pone a perseguir a alguien en la medida que este alguien, que ha sido un referente del país, abraza la causa independentista».

Es probable que las investigaciones sobre la familia Pujol, incluido el descubrimiento de las cuentas de Andorra, hayan sido aceleradas para combatir el independentismo. Pero los interrogantes pueden ir más allá de los que se plantea Muriel Casals. ¿Habría la policía catalana de una Cataluña independiente investigado algo sobre la familia Pujol o sobre las finanzas de CDC, caso Millet incluido?

Hace meses un empresario retirado me dijo que se oponía a la independencia de Cataluña para evitar que un grupo muy reducido de personas con intereses comunes pudiera controlar todo el país. Me añadió que el caciquismo y la corrupción son más fáciles en un país pequeño que en un país más grande. Bueno, a juzgar por lo que está saliendo estos días está claro que Cataluña y España se parecen bastante.

LA ECONOMÍA MEJORA

Hoy se han conocido los datos detallados de la contabilidad nacional y los de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre. La economía ha crecido a un ritmo del 0,5% trimestral (un poco menos que el 0,6% del segundo trimestre) pero el ritmo anual mejora y está ya en el 1,6%. Además, no sólo el paro continúa descendiendo (en parte porque baja la población activa, la que dice que quiere trabajar), sino también porque se empieza a generar empleo. En el tercer trimestre se han creado 151.000 puestos de trabajo y la tasa anual de aumento del empleo ha pasado a ser positiva por segundo trimestre consecutivo (1,6%) por primera vez desde el inicio de la crisis.

Es cierto que en gran parte es empleo temporal, a tiempo parcial y con salarios bajos, pero el cambio de tendencia en el mercado del trabajo indica que, aunque con muchos costes, la devaluación interna que la economía española empezó a realizar desde el ajuste de Zapatero de mayo de 2010 y que Rajoy ha acentuado con la reforma laboral de 2012, empieza a dar resultados.

VIERNES, 24 DE OCTUBRE DE 2014

DIBUJAR SOBRE EL AGUA

Joan B. Culla, historiador nacionalista y siempre muy próximo a CDC pero que —al contrario que otros— tiene criterio propio, escribe en El País que la política catalana tiene hoy tal grado de fluidez que sólo es posible especular «y que hacer pronósticos o previsiones con pretensión analítica es como querer dibujar sobre la superficie del agua».

¡Cuánta razón tiene Culla! Tal vez fue temerario aceptar hacer este dietario porque todo cambia rápidamente. He almorzado hoy con un político sensato y su brillante análisis ha cambiado —a media comida— tras leer en el móvil un despacho de agencia. Si los líderes cambian de opinión en un minuto, este autor tiene todos los números para quedar en ridículo muchos días. Al menos que al final reescriba todo, lo que le imprimiría un carácter tan artificioso que perdería toda credibilidad. Estoy atrapado. Y me inclino a creer que las semanas después del 9-N tampoco sabremos hacia donde se encamina la política catalana. ¿Habrá entrado en un estado de fluidez permanente?

Eso no sería una mala noticia para Rajoy y el nacionalismo español. Bueno, algún día tendrá que haber elecciones. ¿Y si el resultado es un Parlamento ingobernable por, entre otras cosas, la irrupción de Podemos? Tampoco sería una mala noticia para Rajoy. ¿Y si la mayoría independentista es tan ajustada que sirve justo para formar Gobierno pero para nada más? Me da cada día más la sensación de que Artur Mas ha hecho entrar a Cataluña en una aventura de desenlace lleno de incertidumbres, senda en la que los riesgos evidentes son muy superiores a las hipotéticas ventajas.

Pero hoy el horizonte está un poco más claro para Artur Mas que hace unos días. Amadeu Cuito —a quien conocí a mediados de los sesenta cuando ambos colaborábamos intensamente con Josep Pallach en el clandestino Moviment Socialista de Catalunya— me dice que creía que Artur Mas había muerto (políticamente) cuando perdió doce diputados en las elecciones de 2012, pero que sigue vivo, agitándose y teniendo partidarios. Lo que dice es casi un acta notarial. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que engloba a los partidos y a un centenar de organizaciones cívicas, incluyendo la Cambra (de Comercio e Industria) se ha reunido hoy y todo el mundo ha apostado porque el 9-N sea un éxito.

A pocos les gusta el sucedáneo de consulta de Mas pero nadie quiere seguir oponiéndose. Los independentistas porque si no cubren su plan B —que intenta hacer pasar por votación lo que será una movilización de los partidarios del Sí-Sí— se disparan sobre ellos mismos. Los más moderados porque no quieren oponerse frontalmente al deseo de consulta, que sigue siendo dominante en la opinión pública catalana. Joan Herrera, que el domingo pasado declaró a El País que no estaba entusiasmado por ir a poner la papeleta en lo que considera una pseudoconsulta, me dice en una breve conversación telefónica que sigue pensando lo mismo pero que en muchas partes de Cataluña la pulsión por votar-manifestarse es muy fuerte: «Paso el verano en Riudecanyes y allí dejar de ir a votar será imposible».

Por la tarde he estado una hora con Oriol Junqueras en su casa de Sant Vicenç dels Horts, un caserón unifamiliar grande que su padre debió comprar en 1971 y que me recuerda el de una familia americana media de los cincuenta en la que el tiempo se hubiera paralizado. Habíamos quedado a las 12 en el ayuntamiento pero la reunión del PNDD ha forzado el retraso. Le encuentro también dispuesto a pelear a fondo porque el 9-N sea un éxito. No esconde su concepción de lo que cree que hay que hacer para que Cataluña sea independiente (ejercer la independencia desde el primer momento después de unas elecciones plebiscitarias exitosas), es muy diferente de lo que piensa Artur Mas, pero noto que no quiere insistir en las diferencias con CDC o CiU.

Ahora ERC apuesta por el nuevo 9-N por el que se peleó con Mas. Bueno, el balance para Mas no es malo. A regañadientes el independentismo (el domingo pasado la ANC y Òmnium) sigue su día a día.

¿VOLVEMOS A LA EDAD MEDIA?

Volvamos al hilo principal. Joan Herrera me ha dicho que en Riudecanyes la pulsión por ir a votar todavía crecerá más si al Gobierno español se le ocurre prohibirla. Considera difícil que la prepotencia del PP pueda tolerar colas para votar el 9-N. Lo que no sabe —añade— es cómo lo pueden prohibir.

Y esa es la noticia importante de hoy. Bueno, ayer el nuevo ministro de Justicia ya hizo un quiebro en esa dirección. Dejó de considerar —al contrario de lo que hizo Rajoy hace unos días— una buena noticia la suspensión de la consulta y de quitarle importancia a la pseudoconsulta. Hoy la posición del Gobierno ha cambiado y el propio Rajoy ha dicho —en la rueda de prensa de la cumbre de Bruselas— que lo que ahora plantea Mas es «todavía más antidemocrático que la consulta» y que quiere hacer que Cataluña vuelva a la Edad Media. Sí, a la Edad Media. Le he visto un momento en el telediario de la noche de TVE y me ha parecido algo más inseguro que otras veces. No titubeante, inseguro. Como si de repente la manifestación-votación de Artur Mas, el nuevo 9-N, le hubiera cogido con el pie cambiado. No era así la pasada semana, en la que incluso parecía que la retirada de la consulta pudiera tener algo que ver con un acuerdo tácito.

Bueno, la imprevisibilidad de la que se queja Culla no vale sólo para la política catalana sino que se aplica también a la española. Y no es sólo Rajoy: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha manifestado de forma similar tras el Consejo de Ministros.

Tras la retirada de la consulta escribí que el Gobierno no podía prohibir la pseudoconsulta porque matar moscas a cañonazos hacía mucho ruido e iba contra la ecología. Y el notario Juan José López Burniol escribió en La Vanguardia que en derecho hay negocios jurídicos que no llegan ni a ser nulos porque son inexistentes. Eso cree que jurídicamente es la pseudoconsulta. Pero Rajoy, pese a ser registrador de la propiedad no debe estar de acuerdo con López Burniol y no acepta que el nuevo 9-N sea un negocio jurídico inexistente. Políticamente es otro error porque una expresión de un deseo —sin ninguna consecuencia jurídica y sin el viento a favor de la actuación contraria del Gobierno del PP— sería un indicador solvente de la temperatura de Cataluña.

Es cierto que el Gobierno sólo ha dicho que estudia el asunto por si hay ilegalidades pero por el humo se sabe dónde está el fuego. Si al final no recurre, lo de hoy es un movimiento estéril y contraproducente. Y si recurre será un error más.

¿Por qué? Pues porque el PP es un partido en el que el nacionalismo español es un componente fuerte. Junqueras me ha dicho esta tarde que él no es nacionalista, sino independentista. El independentismo es circunstancial (hasta que Cataluña sea independiente), pero como definición permanente él sólo se considera republicano, demócrata de izquierdas y socialdemócrata. Quizás Junqueras diga lo que cree, aunque dudo que no sea nacionalista. Rajoy también diría que no es nacionalista español sino un político de centro-derecha europea. Quizás lo crea sinceramente (como Junqueras), pero sus actuaciones indican un poso conservador y nacionalista. Es bastante más templado que Aznar, pero reacciona con más reflejos nacionalistas que racionales cuando una parte significativa de Cataluña plantea la separación de España.

Es una actitud diferente al orgullo nacional de muchos dirigentes europeos. Claro que en Alemania o Francia no hay movimientos independentistas subestatales y que en Italia —Liga Norte, Véneto— no tienen la misma intensidad que en Cataluña. Pero la actitud del PP (heredero de AP) tampoco es la misma que el orgullo nacional que mostraron Adolfo Suárez o Felipe González. Por eso el PP siempre ha tenido una actitud hacia Cataluña diferente a la de la UCD, que restableció la Generalitat republicana de Tarradellas pese al origen «azul» de Suárez y Martín Villa. Diferente también a la del PSOE, que pactó con el socialismo catalán, el PSC, y que votó el Estatuto de 2006 que luego el PP recurrió.

Hay que cerrar el dietario de hoy. El rey, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias —la primera vez que lo hace como rey—, ha dicho que «los españoles ya no somos rivales los unos de los otros» y ha alertado contra la repetición de «los errores del pasado».

Quizás es lo que Felipe VI debe decir y lo está haciendo notablemente bien desde que ascendió a la jefatura del Estado el pasado julio. La monarquía ya no es un problema como lo era el pasado mayo. Pero la frase suena algo irreal. ¿Con la que está cayendo se ajusta a la realidad decir que los españoles ya no somos rivales los unos de los otros? Y, no lo escondo, lo de «los errores del pasado» no me suena bien.

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE OCTUBRE DE 2014

«RAJOY, NO NOS FALLES»

Toni Soler escribe hoy en su aguda crónica independentista de Ara que el domingo Carme Forcadell hizo una llamada a la movilización independentista apelando irónicamente a «la colaboración del Estado español, que en estos casos no nos falla nunca». Soler remacha que si Rajoy «no nos falla» e impugna el nuevo 9-N los partidarios de la secesión de Cataluña acumularán más capital político, más argumentos y más base popular, y que las amenazas no harán más que dar consistencia política a la apuesta alternativa de Mas que es muy débil.

En un tono políticamente más correcto lo mismo dice Duran i Lleida, a quien La Vanguardia cede el protagonismo de su portada hoy, desde donde advierte a Rajoy que impugnar el nuevo 9-N sería un error y que sólo conseguiría sacar más gente a la calle.

Y es que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el viernes tras el Consejo de Ministros que el Gobierno había encargado un informe jurídico sobre la pseudoconsulta, y añadió: «Todo parece apuntar a que pretende sustituirse un proceso que a nuestro juicio era ilegal, y por eso lo recurrimos, por otro todavía más antidemocrático». Error; el Gobierno ha pasado de celebrar la retirada de la consulta y ningunear la pseudoconsulta porque no puede tener ningún efecto ni jurídico ni político (por la falta total de garantías) a atacarla y quererla recurrir. Malo, porque sólo conseguirá volver a soldar el frente consultista, hacer propaganda de la pseudoconsulta y movilizar a más ciudadanos catalanistas que quieren protestar contra la política de Rajoy (y no sólo contra su política respecto a Cataluña).

Ya antes de recurrir está consiguiendo incrementar la notoriedad de la pseudoconsulta, porque los diarios catalanes dedicaban la portada de ayer a informar de que Rajoy estudiaba cómo impedir el nuevo 9-N.

No obstante, la bomba informativa de hoy ha sido el relato pormenorizado que hace El Periódico de las tres cumbres del frente soberanista que acabaron sin acuerdo. En ellas, para convencer a los otros partidos, Mas adujo que el truco para que el Gobierno no pueda impugnar el sucedáneo de consulta es firmar el decreto sólo un día antes del 9-N. La frase textual, que tendrá consecuencias, es «tenemos que engañar al Estado». Mientras, Artur Mas, que está rehaciendo de alguna forma el frente soberanista, se ha lanzado a una gran campaña. El Ara del sábado abría a toda portada con una entrevista con el presidente. El texto, firmado por Antoni Bassas y el director del periódico, Carles Capdevila, llevaba por título: «Tenemos una opción real de ser independientes», y añadía: «El 9-N es un día D de la democracia, un gran paso hacia la victoria». Respecto a una posible impugnación del Gobierno central decía: «No tienen nada que impugnar ni pienso convocar nada por escrito».

Tengo la impresión de que en 72 horas la reacción del Gobierno de Madrid está volviendo a soldar el frente de los partidos consultistas y está haciendo una gran campaña publicitaria del 9-N. Mas, que a principios de la semana, cuando Homs tenía que inventar aquello de la «unidad técnica», parecía hundido, está empezando a resucitar. Y es incansable.

ADIÓS, ROUCO, ADIÓS

El arzobispo de Madrid durante veinte años y hombre fuerte de la Iglesia española durante mucho tiempo, Antonio María Rouco Varela, se va finalmente. Ha sido un factor de crispación que ha envenenado continuamente la vida política y mediática. Su apuesta por la COPE de Jiménez Losantos fue la opción por una política de división y enfrentamiento, totalmente contrapuesta a la del cardenal Tarancón.

Recuerdo ahora que hace unos años el historiador y monje de Montserrat Hilari Raguer me dijo que el tándem Wojtyla-Rouco había dado la vuelta como un calcetín a la Iglesia española, adaptada a los tiempos que construyeron Pablo VI y el cardenal Tarancón. Ahora, el sustituto de Rouco, nombrado por el Papa Francisco, Carlos Osoro, ha dicho en su toma de posesión que quiere hacer de la Iglesia una casa de armonía. A ver si es verdad y el tándem Bergoglio-Osoro vuelve a dar la vuelta como un calcetín a la Iglesia española, tan crispada, del cardenal Rouco y la COPE.

LUNES 27 Y MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014

LAS GUERRAS PÚNICAS

El PP parece haber comprado grandes desgracias a un acreditado mayorista. Hoy, a primera hora de la mañana, España ha vuelto a quedar conmocionada por otro gran escándalo de corrupción. Siguiendo órdenes del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, la policía ha detenido a 51 personas sospechosas de haber montado una red de cobro de comisiones de la obra pública y de otros servicios de las administraciones por un importe superior a los 250 millones en menos de dos años. La Operación Púnica ha comportado la detención de cinco alcaldes del PP y uno del PSOE de la provincia de Madrid, y del presidente de la Diputación Provincial de León (PP).

Pero lo más espectacular es que al frente de la red estaba nada menos que Francisco Granados, el antiguo número dos del PP madrileño durante muchos años y hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

En una España convulsionada por los escándalos de corrupción el nuevo episodio ha tenido el efecto de un terremoto, porque además afecta de lleno al PP en Madrid, que es una de sus zonas de mayor arraigo. Esta vez tanto el PP como el PSOE han suspendido de militancia a todos los afectados de forma inmediata, y Esperanza Aguirre ha sido rápida y en una comparecencia a última hora ha pedido perdón: «No quiero eludir mi responsabilidad en el error cometido al depositar mi confianza en este señor».

La lideresa es rápida y está claro que quiere mantener abiertas sus opciones políticas, pero su agilidad ha vuelto a dejar en evidencia al presidente del Gobierno, que este fin de semana, en la interparlamentaria de su partido en Murcia, había quitado importancia a la corrupción —pese a la ola de indignación que han levantado el detalle de los extractos de las tarjetas de Caja Madrid— diciendo: «Se han producido en los últimos tiempos algunas cosas que no nos gustarían que se produjeran pero estamos tomando decisiones y la justicia está actuando». ¿No sabía Rajoy el domingo lo que iba a pasar el lunes por la mañana?

MÁS BOMBAS ATÓMICAS

Pero la Operación Púnica no es la única bomba atómica que se ha lanzado estos días. Ayer El Mundo publicó a cinco columnas y en portada una información según la cual se investigaba una cuenta en Suiza de 13,9 millones del alcalde de Barcelona, Xavier Trias. De ser cierta la información era una bomba atómica de efectos devastadores, pero la bomba todavía no ha llegado a explotar porque Trias ha salido inmediatamente y con gran contundencia a desmentir la información. Y así como de los Pujol todo el mundo había oído rumores no es este el caso del alcalde de Barcelona, que, además, es un hombre afable y próximo. La crítica más frecuente que se le hace es que ejerce la política como el médico pediatra (lo fue hace muchos años) que visita las casas y dice a todas las madres que tiene los niños muy guapos. Pero de ahí a tener trece millones en Suiza...

No obstante, asunto a seguir.

La otra bomba es más grave y puede generar indignación en Cataluña, porque ahora el Gobierno Rajoy no tiene bastante con haber impedido la consulta (casi el 70% de los catalanes la apoya para decidir la relación con España), sino que quiere prohibir también la pseudoconsulta que hasta hace muy pocos días ninguneaba y decía que no tenía ningún valor. Y, de hecho, la pseudoconsulta es realmente más una manifestación independentista con urnas en vez de pancartas que algo homologable a una votación con mínimas garantías.

Hablo con una persona muy vinculada a Unió Democràtica y con influencia en los medios de comunicación y lo encuentro especialmente preocupado. Me dice que España no estaría ya negando a Cataluña el derecho a la consulta —lo que en derecho constitucional comparado puede tener argumentos—, sino poniendo trabas y llegando a prohibir el derecho de manifestación y de expresión si adquiere unos niveles y unas características que pueden molestar al Estado o a los electores del PP. Sería degradar la democracia sin ninguna o poca justificación. Convenimos en que la doble pregunta es la misma y que desde el punto de vista jurídico puede haber discusión, pero políticamente el efecto en Cataluña será lamentable.

Me pregunto de qué han servido —si han existido realmente y no han sido sólo tomas de temperatura del campo contrario— los canales de comunicación, más de uno, que me consta que ha habido entre gente próxima a Artur Mas y gente próxima a Rajoy.

LA ALARMA DE ROCA JUNYENT

Leo el artículo semanal de Miquel Roca Junyent, y lo encuentro un punto más molesto y preocupado con el Gobierno de Madrid de lo que es normal en un antiguo político que las ha visto de todos los colores, y que como abogado está íntimamente conectado con los núcleos de poder. Roca repite —debe estar cansado de decirlo y que no se le escuche— un dato elemental que en Madrid quieren ignorar: «¡El proceso que vive Cataluña no tiene nada que ver con la crisis económica iniciada en Estados Unidos con las hipotecas suprime! El problema viene de lejos [...]. Es de fondo, que no puede ser resuelto desde el desconocimiento. Cataluña, más que cualquier otro territorio del Estado, confió en la Constitución de 1978 para abrir un camino hacia una aceptación serena y sincera de su ambición. Aquella vía se cerró por la voluntad política puesta al servicio de la interpelación posterior del proceso constitucional [...]. El problema es político, no económico. Es de identidad guste o no, se entienda o no. Y sólo aceptándolo puede hallarse salida. Queda poco tiempo».

Traduzco del lenguaje jurídico a la lengua de los mortales lo que está diciendo Roca y mi preocupación aumenta de grado. Estamos en la fecha que estamos, a punto de una nueva prohibición que no será entendida, y el ponente catalán de la Constitución, el hombre de todos los pactos con Adolfo Suárez y después con Felipe González, el político convergente que se retiró por cansancio del pujolismo algo pueblerino, el abogado actual de grandes empresas seguro que ha hablado con el poder político español al máximo nivel y ha llegado a la conclusión de que ni le han escuchado ni le han entendido. El abogado de la infanta Cristina está diciendo educadamente —sin corrección no se puede dirigir uno de los grandes bufetes de España— que el Gobierno del Estado es autista o está autista respecto a Cataluña, el problema territorial más grave del Estado español desde hace muchos años y que representa casi el 20% del PIB.

¡Qué horror! El Gobierno del PP es autista respecto a Cataluña y el Gobierno de la Generalitat es autista respecto a España y la realidad de la Europa actual. En el Gobierno español hay gente sensata pero no quieren aceptar la realidad. El primer argumento es la Constitución, que curiosamente el partido del que vienen (AP) sólo votó, cuando lo hizo —un sector de AP en el que estaba el joven Aznar se expresó en contra—, a regañadientes. El otro es que sus electores no lo entenderían. Y en el Gobierno de la Generalitat hay gente de seny pero el autismo es similar. La consulta es irrenunciable —parece el dogma de la Inmaculada Concepción en la España de los cincuenta— y es la gente la que lo exige, es decir, el movimiento viene de abajo. Ahora resulta que los prejuicios de un sector importante del electorado español o la indignación de partes sustanciales del electorado catalán no pueden ser embridados por los líderes. Entonces ¿para qué sirven?

Creo que todo parte de querer equiparar nación y Estado. Una gran parte del catalanismo (no todo), un sentimiento legítimo de mucha gente de Cataluña, cuando se ha convertido en nacionalismo humillado (por la sentencia del Estatuto) ha concluido que la nación exige un Estado independiente. Y el españolismo —tan legítimo como el catalanismo aunque eso en Cataluña no se entiende demasiado— cuando se convierte en nacionalismo español, y confunde nación y Estado, se revuelve contra las manifestaciones de la cultura nacional catalana y contra todo intento de incrementar el autogobierno catalán.

Políticos sensatos españoles, que a veces incluso dicen admirar el modelo federal, se excitan y recurren al Constitucional cuando Cataluña decide —porque tienen las finanzas por los suelos— cobrar un euro por receta. Dicen que España es el país más descentralizado del mundo, pero no permiten el euro por receta cuando en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros no. Al revés, en Cataluña hay políticos inteligentes que se pusieron nerviosos cuando Esperanza Aguirre eliminó el impuesto de sucesiones porque podía favorecer la deslocalización de fortunas.

El federalismo o las autonomías generan tensiones pero la política las debe resolver. El problema de España es más complejo porque en un mismo Estado deben convivir comunidades que se sienten nacionales. A España le cuesta admitir que Cataluña se siente mayoritariamente nación y quiere más autogobierno, entre otras cosas porque teme que eso conduzca a reclamar un Estado propio. Y la respuesta catalana a las negativas españolas es concluir que una nación necesita un Estado. Y el problema no es fácil de resolver si se rompen puentes, se considera que la asimetría es inaceptable (aunque está funcionando razonablemente en Euskadi y Navarra) y se acaba absolutizando el concepto de soberanía cuando —como se vio en mayo de 2010— las soberanías existen pero son cada día menos absolutas.

RENZI Y EL EMPLEO FIJO

Leo y releo la crónica de Eusebi Val, el corresponsal de La Vanguardia en Roma, sobre el conflicto de Matteo Renzi, el jefe de Gobierno italiano y líder del Partido Democrático, el partido de la izquierda, con los sindicatos y una corriente de su partido. No soy un incondicional de Renzi pero reconozco que ha tenido un gran éxito político y electoral y sigo con atención su reforma laboral, que quiere agilizar la posibilidad de despidos en las empresas de menos de quince trabajadores y eliminar el artículo 18 del código laboral que —según Renzi y los empresarios— obliga a readmitir al trabajador o pactar una indemnización muy fuerte.

No conozco los detalles, pero en Italia, con una tasa de paro superior a la europea e inferior a la española (13% frente a 24%), la economía está estancada desde hace años (ahora, de hecho, está en recesión) y la receta recomendada es flexibilizar la contratación. En España pasó algo similar bajo el mandato de Zapatero y ahora bajo el de Rajoy. Y como las reacciones contrarias de los sindicatos son comprensibles, no es malo ver lo que sucede en Italia.

Val cuenta que el domingo, en un acto político en Florencia, Renzi afirmó que en el mundo de hoy es ilusorio creer en el empleo fijo como dogma de la misma manera que no se puede vivir con la nostalgia de las viejas máquinas de fotos con carretes o de las cabinas telefónicas que engullían monedas. Y remató: «Podéis discutir lo que queráis pero el puesto fijo ya no existe, ha desaparecido para quien llega al mundo».

Sorprende ver al líder de la izquierda italiana, que viene no de la socialdemocracia sino del Partido Comunista Italiano de Togliatti, defendiendo la liberalización del mercado de trabajo con mucha más fuerza que Zapatero o incluso Rajoy. Pero hay que reflexionar sobre lo que dice Renzi porque está dispuesto a convocar elecciones generales para defender su programa si los sindicatos y el ala izquierda del partido le ponen palos en las ruedas.

Hay dos reflexiones que las sociedades mediterráneas deberían hacerse. La primera es que el Estado de bienestar es una gran conquista, pero que en los países latinos a veces tiende a relajar el esfuerzo por el trabajo y a no estimular las iniciativas. La segunda, que una legislación demasiado protectora del empleo fijo puede llegar a ser una gran hipocresía porque hace que el empleo que se cree (y caso contario la economía caería más) sea temporal. La realidad es que los sindicatos defienden el inmovilismo diciendo que es para salvar el Estado de bienestar y la justicia social, pero tenemos una tasa de paro del 24% (ni en los años del boom cayó por debajo del 8%) cuando en Alemania o Estados Unidos es del orden del 5 o 6%.

Hay que reflexionar sin prejuicios y actuar porque en Alemania —tras las reformas que hizo Schröder, un canciller socialdemócrata— la tasa de paro es hoy inferior a la de antes de la crisis. Claro, Alemania tiene grandes empresas que cuidan y educan su fuerza de trabajo y las empresas españolas comparables son pocas. La empresa alemana es mejor y más moderna y los sindicatos pueden decir —no sin razón— que suscribirían las leyes alemanas si tuvieran empresas alemanas.

¿Qué es primero, el huevo o la gallina? En Martorell, Volkswagen es una empresa alemana y los sindicatos se comportan como los alemanes. Pregunta final: ¿es progresista exigir muchas condiciones para crear un empleo cuando tenemos una tasa de paro juvenil del orden del cincuenta por ciento?

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2014

LA CORRUPCIÓN ENFRENTA A PEDRO SÁNCHEZ CON RAJOY

No deja de ser paradójico: a principios del verano de 2013 el escándalo Bárcenas, que culminó con la publicación en El Mundo de los mensajitos de móvil del presidente al extesorero del PP (recuerden aquello de «Luis, sé fuerte»), parecía que iba a llevarse por delante a Rajoy, pero el presidente sobrevivió al pleno sobre la corrupción. Luego, tras el verano y a lo largo de 2014, el paso del tiempo y los mejores indicadores económicos hicieron que la moral del PP remontara algo. Lo que Enric Juliana califica de «avenida de la recuperación» iba a sanar al PP de todos los males.

Las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 fueron un duro despertar. Sin la sorpresa del fenómeno Podemos, Elena Valenciano con su campaña contra la Ley del Aborto de Gallardón hubiera ganado las elecciones y Rubalcaba habría salido fortalecido. Pero irrumpió Pablo Iglesias y, pese a que perdió tantos votos como el PSOE, el PP ganó las elecciones. La bofetada se la llevaron los socialistas y Rubalcaba no tuvo otra opción que dimitir. Para la cúpula del PP, Podemos era preocupante pero tampoco tanto. Arriola decía que las candidaturas de Podemos podían dividir en tres al electorado de izquierdas (siempre partido entre el PSOE e IU), y por lo tanto incluso favorecer al PP. Y la EPA del tercer trimestre ha indicado una fuerte creación de empleo —sí, de baja calidad, pero creación de empleo— lo que de alguna forma avala la reforma laboral y el discurso de que el PP iba a volver a sacar la economía de la crisis. Para no dejar ningún cabo suelto se decidió retirar la Ley del Aborto y, de paso, librarse de Gallardón.

Y de repente la buena evolución de la economía y del paro se ha visto truncada de nuevo por la corrupción. Las últimas semanas han sido terribles para el PP y en especial para el de Madrid, el de la capital de España. Tras la crisis del ébola —que volvió a zarandear a la ministra Mato, ya muy tocada por la Gürtel—, estalló el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid, un sistema de retribución fiscalmente opaco por el que casi un centenar de directivos de la entidad (la mayoría del PP) se repartieron un monto de quince millones de euros en unos cuantos años. La cifra no es relevante frente a los 23.000 millones de dinero público que hubo que inyectar, pero el mecanismo —tarjetas de crédito generosas, arbitrarias y sin control—, la relevancia de los personajes que las utilizaron y las características de las compras —vinos, restaurantes, viajes, trajes, cacerías— han producido una gran indignación. Los mismos gestores que llevaron a la entidad a la ruina eran, al fin al cabo, los que se permitían compras de lujo con ingresos no controlados por el fisco pese a disfrutar de unas ya muy altas —escandalosas— retribuciones.

En el asunto de las tarjetas opacas también ha habido dirigentes de otros partidos como IU y el PSOE implicados, pero la mayoría eran del PP de Madrid y entre ellos estaba Rodrigo Rato, el vicepresidente económico del PP, el hombre del «milagro económico» de Aznar y al que muchos simpatizantes del PP querían de sucesor. Desde que dejó el Gobierno, la trayectoria de Rato parece que ha sido algo errática y, vista desde hoy, un gran desastre: designación como director general del FMI y dimisión dos años después ni explicada ni explicable; regreso a Madrid y forcejeo para ser presidente de Caja Madrid en medio de una batalla interna entre Esperanza Aguirre y Gallardón que arbitró Rajoy; nacimiento de Bankia al fusionar Caja Madrid con la valenciana Bancaja; salida a bolsa de Bankia; nacionalización de Bankia por parte de De Guindos en la primavera de 2012, en pleno descalabro financiero del Reino de España...

Lo cierto es que Rato, al que conocí y traté (cuando era el portavoz económico del PP en la oposición y luego vicepresidente de Aznar), era uno de los políticos más inteligentes, ágiles y con capacidad de comunicación del PP. Recuerdo que la mañana siguiente a aquella en la que el presidente Chirac convocó elecciones anticipadas en 1996 —le visité en el Ministerio de Hacienda de Alcalá— me vaticinó que la derecha francesa perdería las elecciones.

¿Por qué optó por el FMI para dimitir dos años después? ¿Por qué quiso la presidencia de Caja Madrid, que ya era una entidad con muchos problemas? Me acuerdo que entonces un inteligente financiero catalán me dijo que no comprendía las razones por las que Rato se había empeñado en presidir Caja Madrid. No lo creía razonable.

El otro gran protagonista del escándalo ha sido Miguel Blesa, el inspector de Hacienda compañero de pupitre de Aznar, que fue colocado por este en la presidencia de Caja Madrid (pacto con IU y CC.OO. mediante) al poco de llegar al poder en 1996.

Tras las tarjetas opacas vino el auto del juez Ruz de la Audiencia Nacional certificando que había caja B en el PP y que parte de las obras de Génova (la sede social del partido en el centro de Madrid) se habían pagado con cargo a dicha cuenta. Luego la citación a Acebes por la financiación a través de la misma cuenta de las acciones de Libertad Digital, el diario en la red del periodista Jiménez Losantos, uno de los grandes agitadores de la teoría de la conspiración respecto al gran atentado de Madrid a pocos días de las elecciones de 2004. Finalmente, este lunes la policía ha detenido a Francisco Granados, que fue durante muchos años uno de los dos hombres fuertes de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, a varios alcaldes del PP (también al de Parla del PSOE) y al presidente popular de la Diputación de León. Al parecer, tenían montada una red que cobraba comisiones a cambio de facilitar obra pública y contratos con las administraciones. Por no hablar de la llamada Operación Púnica, que afecta de lleno a la estructura de poder del PP de Madrid montada por Esperanza Aguirre.

¿A la tercera va la vencida? Quizás, pero la explosión de los tres aparatosos casos de corrupción en menos de un mes ha tenido muy serias consecuencias en la opinión pública y ha producido una indignación que me dicen que en Madrid recuerda la que hubo en anteriores momentos de crisis del Gobierno del PP (Prestige, guerra de Irak). Además, el ébola y estos casos son vistos por muchos ciudadanos como una confirmación de las tesis de Podemos sobre «la casta».

En esta coyuntura el pacto anticorrupción que el PP planteaba al PSOE no podía ir adelante. El PSOE necesita criticar al PP para que no digan que es cómplice o actor principal en el dominio de «la casta». Tiene que tomar distancias y además en todos estos casos su implicación es mucho menor. La posición de Pedro Sánchez, que no quiere que el bipartidismo imperfecto dominante implique que los socialistas sean vistos como lo mismo que el PP, es bastante comprensible. Le dice al PP que primero limpie su casa —lo que exige cortar algunas cabezas— y que después se podrá hablar de pacto contra la corrupción. Pero como el PSOE tampoco está limpio de toda culpa, Rajoy para defenderse ataca a los socialistas en sus flancos menos claros. Y eso es lo que ha pasado hoy en el Congreso. Cuando —aprovechando el debate sobre la cumbre europea— Pedro Sánchez le ha espetado a Rajoy, «usted está asediado por la corrupción» y ha pedido un pleno extraordinario la próxima semana, Rajoy le ha contestado citando el caso de los ERE de Andalucía (125 imputados) y recordándole que dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tienen suplicatorios en el Supremo. ¿Les expulsará si resultan imputados, o es que Susana Díaz no le deja tomar decisiones? Rajoy sabe ser duro cuando quiere (o cuando lo necesita) y hoy lo debía ser.

¿SERÁ PODEMOS EL GRAN BENEFICIADO?

Rajoy no tiene la autoridad moral necesaria para condenar la corrupción, porque las prácticas poco ortodoxas están instaladas en la cúpula central del PP (y en varias autonómicas) desde hace años. Y él tiene alguna responsabilidad, aunque sólo sea por no vigilar con diligencia a su tesorero nacional. El PSOE, menos cargado y con un liderazgo nuevo, no puede ser muy radical porque tampoco está limpio. Y el caso andaluz, que hasta el momento no le ha condenado electoralmente (en las elecciones de primeros de 2012 sólo perdió la mayoría absoluta), está abierto y pendiente de la juez Alaya. Así, Sánchez no puede pactar con Rajoy medidas creíbles contra la corrupción, está forzado a criticar al PP y este se revuelve diciendo: «Y tú más».

Por ahí va el título de la portada de mañana de El Periódico con las caras de Rajoy y Sánchez enfrentadas. Y El Mundo y El País también toman esa ruta. El Mundo titula: «Rajoy y Sánchez se echan en cara sus casos de corrupción».

Mientras, Pablo Iglesias debe frotarse las manos. Cuando se comprueba que una parte de lo que denuncia es cierto, la tendencia a creer que lo es todo lo que critica aumenta exponencialmente. Y el avance de Podemos está quitando el sueño a la cúpula del PP porque la trimestral encuesta del CIS sobre intención de voto se tiene que publicar la próxima semana y los primeros resultados parece que arrojan una gran subida de Podemos. El Confidencial de hoy publica una noticia, que luego ha tenido gran circulación en las redes sociales, según la cual en intención directa de voto (antes de la «cocina») Podemos llega en primera posición. No sería extraño, porque en la última encuesta electoral del CIS, antes del verano, en intención directa de voto de hecho ya había un empate a tres entre PP, Podemos y PSOE, por este orden. Aunque luego, en estimación de voto el PP, ganaba con comodidad y el PSOE pasaba por delante de Podemos.

COBARDE, GALLINA...

La Vanguardia opta por privilegiar en portada el conflicto catalán, avivado por la decisión del Gobierno de impugnar la pseudoconsulta o «proceso participativo».

Parece que uno de los argumentos del Gobierno va a ser el mantenimiento de la doble pregunta. Pero la temperatura va subiendo —no podía ser de otra manera— y en el pleno del Parlamento catalán (donde ha habido que expulsar a un invitado del PP que ha saludado brazo en alto), Artur Mas ha acusado de cobarde al PP por recurrir al Constitucional para impedir su segundo desafío. Cobarde, gallina..., el lenguaje de una pelea de patio de colegiales es ahora el que domina el conflicto entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España...

No creo que sea positivo para ninguno de los dos. La apuesta por subir el choque con el contrario para cimentar las posiciones propias y mantener el apoyo electoral tiene peajes.

Los escándalos de Madrid deben servir para que CDC aguante un poco mejor el drama de Pujol, pero en Cataluña la crisis y las sospechas de corrupción siguen. El líder socialista Joaquim Nadal, que pertenecía a la corriente nacionalista y había tomado muchas distancias con Pere Navarro y con la dirección actual, ha sido imputado por una recalificación de terrenos en Santa Cristina d’Aro. No es un asunto demasiado relevante y las explicaciones de Nadal parecen correctas, pero no ayudará nada al buen nombre del PSC y del mundo de la sociovergencia.

SI ESTADOS UNIDOS TIRA

En Europa se mira con envidia la recuperación de la economía americana, que crece más que la europea y que tiene una tasa de paro del orden del 5,9%, casi la mitad de la media europea.

Y la recuperación debe ser cierta porque el banco central americano, la Reserva Federal, dirigida hasta hace muy poco por Ben Bernanke (un economista republicano mantenido por Obama), que ha actuado con gran decisión y puede haber salvado al mundo de una depresión como la de 1929, ha decidido acabar con los estímulos extraordinarios que puso en práctica en plena crisis de 2008.

Aparte de bajar los tipos de interés a cero, la Reserva Federal puso en marcha tres programas sucesivos (2008, 2010 y 2012) de compra de activos y créditos hipotecarios para inyectar dinero a la economía y ayudar a la recuperación. Una actitud más decidida que la del BCE, que seguramente ha podido adoptar, porque la Reserva Federal tiene detrás un Estado y un presidente electo mientras que el BCE —pese a la gran habilidad de Draghi demostrada en 2012 cuando hizo recuperar a los mercados la fe en la pervivencia del euro— sólo tiene el presidente de un Consejo Europeo de 28 Estados sin autoridad política indiscutible detrás.

Lo decisivo es que ahora Janet Yellen, la sucesora de Bernanke, ha decidido poner fin a la compra mensual de activos. El anuncio del fin de este proceso fue lanzado por Bernanke a mediados de 2013 y provocó grandes temores en los mercados. Ahora, cuando la economía está creciendo más sólidamente, Yellen ha acabado este programa, y aun así ha anunciado que va a mantener los tipos de interés a cero durante al menos varios meses porque no ve tensiones inflacionistas peligrosas a corto plazo.

Una buena noticia económica del otro lado del Atlántico, que es de suponer que pueda ayudar a la mucho menos consolidada reactivación económica de Europa. Si Estados Unidos tira...

JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014

CONSEJO DE ESTADO

Era de esperar: la decisión de impugnar también la pseudoconsulta sin ninguna consecuencia jurídica y con efectos políticos limitados —se parecía más a una manifestación de los partidarios del Sí-Sí que a otra cosa— se ha convertido en el eje central del debate político catalán.

Y el Consejo de Estado, que no es como dice la propaganda nacionalista un organismo cerrado ya que en su comisión permanente están juristas del prestigio de Fernando Ledesma, ministro de Justicia en el primer Gobierno Felipe González, o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Premio Blanquerna de la Generalitat por su trayectoria, ha dictaminado que hay razones jurídicas para impugnar. No he leído las 33 páginas del informe, pero el resumen de Josep Maria Brunet (lleva muchos años siguiendo los tribunales y la política madrileña) es suficiente.

La doble pregunta es la misma que se hacía en la primera consulta convocada por Artur Mas el pasado 27 de septiembre que fue suspendida. La ausencia de censo electoral previo y la falta de neutralidad de los organizadores voluntarios le privan de las garantías democráticas más elementales. Finalmente, los avisos de la web de la Generalitat son actos jurídicos evidentes. Es por ello por lo que el Consejo de Estado recomienda recurrir al artículo 161.2 que faculta al Gobierno para pedir la suspensión de las «disposiciones y resoluciones» de las comunidades autónomas que considere opuestas a la Carta Magna.

Una vez que el Gobierno toma la decisión política equivocada de impugnar, el Consejo de Estado sólo podía asentir, porque la base jurídica de la pseudoconsulta es muy frágil.

Pero el error, el martes lo dije en El Periódico, que respecto a Cataluña podía ser el más grave de Rajoy desde que está en el Gobierno, es abordar el asunto sólo desde el punto de vista jurídico. El Gobierno tenía que recurrir la consulta de Mas porque no había sido pactada, era un torpedo a la unidad del Estado y tenía muchas deficiencias desde el punto de vista democrático (por ejemplo, la barbaridad de la doble pregunta encadenada). Pero al mismo tiempo debía ser consciente de que por una multitud de razones —entre ellas, la sentencia del Constitucional que hizo caso omiso del referéndum catalán de 2006 en el que se aprobó el Estatuto— en Cataluña la consulta tiene un apoyo muy alto de la población, que las encuestas sitúan cerca del 70%. Ha sido absurdo, pues —retirada por Mas la consulta con relevancia política clara—, empeñarse en prohibir la pseudoconsulta, que era poco más que una manifestación, una costellada, se decía, para restarle relevancia.

Claro que la pseudoconsulta tendría relevancia porque mucha gente habría ido a votar y los partidarios de la independencia superan el 40% de la población, pero también era una manera de dejar que el vapor escapara de la olla. De rebajar la tensión. Y sobre todo de que el Gobierno español no fuera percibido de nuevo como el Gobierno que lo prohíbe todo porque no entiende a Cataluña. Ningún Gobierno democrático puede oponerse de forma frontal, repetida y con nula habilidad política a una reclamación del 70% de la población de un territorio. Como mínimo tiene que encauzarla y «torearla». E intentar cerrar la plaza de toros no es el mejor camino.

Me temo que el intento de prohibir la pseudoconsulta le está haciendo —de momento— mucha propaganda gratuita, que enciende todavía más a los catalanes más indignados y que aumenta la incomprensión hacia Madrid de muchos ciudadanos moderados.

EL GLOBO SONDA DE DE GUINDOS

En junio, el ministro De Guindos le dijo a Joan Hortalà, gran economista, presidente de la Bolsa de Barcelona, antiguo consejero de Pujol y secretario general de ERC, que el Gobierno estaría dispuesto a aprobar un referéndum en el que se preguntara, por ejemplo, si se aprobaba que la Generalitat iniciara conversaciones para que Cataluña fuera un Estado (pregunta confusa ya que tan Estado es California como Dinamarca). Fue un globo sonda que no prosperó. Unos días más tarde un importante consejero me dijo que Artur Mas no podía aceptar ninguna consulta en la que, de un modo u otro, no se preguntara por la independencia. No ya sólo porque rompería el pacto con ERC, sino porque también rompería al partido.

La solución para el consejero era que Rajoy tolerara la consulta de acuerdo con la Ley de Consultas que aprobaría el Parlament. Que dijera que no tenía ningún valor jurídico, que era una mascarada que hacía la Generalitat en uso de sus competencias y que no recurría para no crear más tensión, pero que los ciudadanos que no fueran independentistas no debían ir a votar. Luego, como los votos a favor serían superdominantes (lo que le restaba valor) y en ningún caso podían superar el 51% del censo, los partidos soberanistas podían decir que habían ganado (de hecho así habría sido) pero los no soberanistas podían contraatacar aludiendo a la escasa participación y a que el Sí a la independencia no llegaba al 51% del censo. Al final tablas..., y se podía empezar a negociar en positivo sin que nadie hubiera perdido la cara.

Creo que eso es lo que ha estado a punto de pasar ahora —en condiciones mucho peores para Mas porque la pseudoconsulta no tiene ninguna garantía democrática—y que Rajoy no ha aceptado.

¿Por qué? ¿Tiene miedo a las colas de catalanes esperando a votar en los colegios electorales (relativamente pocos)? ¿Cree que eso le puede perjudicar electoralmente en el resto de España? ¿Considera que el Estado perdería autoridad? Claro, esta última razón es la que le inclina a impugnar.

Esta mañana he ido al Parlament (voy poco porque el canal 3/24 te permite seguir todas las sesiones) para preparar la página de El Periódico del domingo sobre Albert Rivera, el líder de Ciutadans. Al salir, en la escalera principal me he encontrado a Alicia Sánchez Camacho, que iba con Eladio Jareño, con el que trabajé cuando fui delegado de TVE en Cataluña de 2004 a 2007 y que es una persona muy sensata. Alicia me ha parecido un poco más acelerada de lo habitual (ya acelerado), y ante mis objeciones me ha dicho que el Gobierno no quiere prohibir una manifestación o incluso una votación de la ANC o de Òmnium. ¡Que la hagan, son muy libres... y que disfruten! Lo que el Gobierno impugna es una votación que es una reedición de la suspendida por el Constitucional pero organizada y sufragada por la Generalitat, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes. El Estado no se puede dejar engañar por Artur Mas.

Pero la reacción catalana ya está en marcha y los partidos consultistas están redactando una carta a la ONU y a la Unión Europea que dice: «Denunciamos que el Estado español está vulnerando el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro». ¿Tendrá al final razón Joan Herrera, que desde que se decidió no seguir adelante con la consulta propuso concentraciones el 9-N y firmas de protesta ante los organismos internacionales? En todo caso: más madera y más titulares de prensa.

GRANDES CHAPUZAS: AENA Y ATLL

Lo cierto es que los gobiernos no gobiernan bien, lo que no favorece ni la confianza de los ciudadanos en los políticos ni el prestigio internacional de España y de Cataluña.

Vamos a dos asuntos con los que «el proceso» tiene poco que ver pero a cuyo alrededor gravitan. Al final, la privatización del 49% de AENA (el 28% en una Oferta Pública de Ventas) por la que el Estado iba a recibir entre cuatro mil y seis mil millones de euros, se vuelve a suspender. Es algo que ya había previsto el Gobierno de Zapatero en sus últimos meses y que el Gobierno del PP decidió paralizar sin justificar demasiado. ¡Si lo habían previsto los socialistas, algo debía de estar mal!

Ahora la iban a tirar adelante, pero una disputa absurda sobre si AENA tenía que haber hecho un concurso público para el auditor de la salida a bolsa entre Ana Pastor, la ministra titular de Fomento, con De Guindos y Montoro (Economía y Hacienda) ha forzado a paralizarla en el último minuto y cuando ya se habían gastado siete millones en publicidad. El ridículo es espantoso porque era la privatización más importante en dieciséis años y además había enfrentado al Estado con la Generalitat. Es evidente que uno de los fallos de Rajoy ha sido el de no nombrar un vicepresidente económico. Sin vicepresidente, los Ministerios Económicos chocan continuamente y el presidente no puede arbitrar en todo porque tiene otros problemas.

Lo más grave es que el retraso de la privatización de AENA demuestra que en el Gobierno todo el mundo va a la suya y que la vicepresidenta (no económica) no da abasto a apagar los fuegos, mientras el presidente piensa que a veces la mejor decisión es... no decidir.

Pero Cataluña es España, al menos en lo de la ausencia de coordinación ministerial. Y aquí viene el otro asunto. En 2012 se decidió privatizar Aguas del Ter Llobregat (ATLL), la red de alta del agua. Se trataba de la mayor privatización de la Generalitat y era necesario que se llevara a cabo ese año para poder cerrar el déficit de la Generalitat con cierta honorabilidad. Había dos pretendientes, Agbar, el holding de Aguas de Barcelona —que parecía el predestinado a conseguirlo— y Acciona, aliada a un grupo de inversores catalanes y a un banco brasileño.

Economía y Obras Públicas se inclinaban por Acciona porque creían que era la mejor opción, pero Presidencia era partidaria de Agbar.

En los últimos días del año, Mas-Colell y Lluís Recoder (ahora sustituido por Santi Vila) decidieron —de acuerdo con los procedimientos establecidos y es de suponer que informando al presidente— adjudicar ATLL a Acciona y poder cobrar inmediatamente una parte sustantiva del precio. Pero pocos días después —en plenas vacaciones de Navidad— un órgano unipersonal de la Generalitat que dirige Federico Gallo (el hijo del famoso locutor) y creado por prescripción europea, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), decidió anular dicha adjudicación. Y lo más grave es que las decisiones de ese organismo —que estaba en Presidencia, en el área de Germà Gordó, hoy consejero de Justicia— son inmediatamente ejecutivas.

Sin embargo, la Generalitat no se conformó y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la decisión de un órgano suyo. El TSJC falló a favor del OARCC y la Generalitat volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo, que ha vuelto a dar la razón a la OARCC e indirectamente a Agbar. No obstante, Generalitat no piensa dar su brazo a torcer. Parece que la indemnización que Acciona tendría que cobrar sería muy alta.

Y todo, al parecer, porque Artur Mas no supo —o no quiso— arbitrar entre Mas-Colell, Recoder y Gordó. Chapuzas e incompetencia tanto en Madrid como en Barcelona. Pero del conflicto de ATLL la prensa no habla demasiado. Y la oposición tampoco. ¿Hay demasiados intereses en juego?

TÍMIDA RECUPERACIÓN

Se confirma que la economía española ha dejado atrás la recesión. Tras los buenos datos de empleo de la EPA de la semana pasada (se crea empleo a un ritmo del 1,9% anual), hoy se ha sabido que el crecimiento intertrimestral del tercer trimestre ha sido del 0,5%. Es el quinto trimestre de crecimiento positivo (el primero fue el tercero de 2013) y el ritmo anual es ya de un 1,6%. En este momento somos —por desfases de ciclo— una de las economías europeas que más crece, pero el Gobierno, pese a que vende optimismo —paradójicamente en estos momentos el frente económico es el que le da más satisfacciones—, no las tiene todas consigo.

En efecto, si la tercera recesión de la crisis iniciada en 2008 se confirma, la economía española notará rápidamente las consecuencias. Y de hecho el 0,5% del tercer trimestre ya indica una desaceleración respecto al 0,6% del segundo.

La inflación (-0,1% en octubre) sigue en territorio negativa por cuarto mes consecutivo. Mi impresión, contra lo que dicen muchos economistas, es que no es un mal dato. Dado que los salarios están cayendo, o están estabilizados, una inflación muy controlada ayuda a mantener el poder adquisitivo y el consumo y forma parte de la devaluación interna a la que está sometida la economía española. Nos devuelve competitividad.

Otra cosa diferente —y esta sí preocupante— es que la inflación europea también sea muy baja. Eso hace que ganemos menos competitividad e indica el peligro de que Europa se pueda adentrar en el peligroso territorio de la deflación en el que Japón ya lleva veinte años.

VIERNES, 31 DE OCTUBRE DE 2014

EL INDEPENDENTISMO SE QUEDA EN EL 49,5%

Lo que tenía que pasar pasó: el Consejo de Ministros ha decidido esta mañana impugnar el proceso participativo en el que Artur Mas y los partidos consultistas han convertido la jornada del 9-N.

Puede que haya (las hay) razones jurídicas para impugnar un proceso de participación en el que las preguntas son las mismas que en la consulta suspendida y las garantías democráticas (ausencia de censo electoral y organización encargada a voluntarios) son incluso mucho menores. Puede haber también razones de prestigio, ya que Artur Mas dijo en las reuniones con los otros partidos que se trataba de engañar al Estado.

No obstante, es un error político por una razón principal: casi un 70% de los catalanes dicen que quieren una consulta y el Gobierno creyó necesario recurrir la consulta del 27 de septiembre que el Constitucional suspendió con gran rapidez. Recurrir ahora la pseudoconsulta, que ha sido calificada de «costellada» por su poca seriedad, que no puede tener ninguna repercusión jurídica y cuyo impacto político es muy discutible, no sólo es matar moscas a cañonazos sino también no dejar ninguna válvula de salida a los sentimientos independentistas que han crecido mucho en Cataluña en los últimos años. Es ensanchar la fosa entre el Gobierno de España (la imagen de España) y la mayoría de catalanes. Es contribuir al sentimiento de desafección hacia España sobre el que el presidente Montilla ya advertía antes de la sentencia del Constitucional, o sea en 2009 y en primera mitad de 2010.

La encuesta del CEO, el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (el CIS catalán), conocida hoy, ilustra perfectamente que la imagen del Gobierno de España en Cataluña está por los suelos. Y prohibir la pseudoconsulta lo va a hundir todavía más.

Según el CEO, el 49,5% de los catalanes, frente al 48,5%, se siente independentista. Los independentistas ganan, pero el propio CEO reconoce que no llegan todavía a la mayoría absoluta. Proclamar la independencia de un país con sólo el 49% a favor y el Estado en contra sería una operación muy aventurada.

Pero lo importante es que el 28% se dicen independientes de siempre (porcentaje que va creciendo porque la respuesta es subjetiva) mientras que el 20% se califica de independentista de los últimos años. Y entre estos la razón por la que han abrazado el independentismo es, en un 42%, los actos y comentarios del Gobierno de España respecto a Cataluña y, en un 13%, la creencia de que los impuestos están mal repartidos (el famoso déficit fiscal). Una reciente encuesta de El País decía que en un referéndum sobre la independencia el 44% de los catalanes votarían sí y el 42% no. Pero que si en la pregunta se introducía una tercera vía, con nuevas y blindadas competencias en exclusiva, entonces los partidarios de la independencia bajaban al 29% y eran superados de largo por los de la tercera vía, que llegaban al 46%. Al 17% ya les está bien la situación actual.

Pues bien, ahora el CEO pregunta si se ve alguna posibilidad de que el Gobierno español proponga un acuerdo de este tipo que pueda ser aceptado por el Parlamento catalán y el 67% dice que no, frente a sólo el 19,2% que tienen alguna confianza en una solución de este tipo. Y el 72,1% (frente al 12%) cree que el Gobierno del PP practica una política recentralizadora que perjudica a Catalunya.

El abismo entre la opinión pública catalana y el Gobierno de España ha llegado a tal punto que, en una escala de 0 a 10 en la que 10 implica un trato justo, los catalanes califican el comportamiento del Gobierno español con un 2,86. Sólo los que se sienten «sólo españoles» aprueban el trato del Gobierno español a Cataluña, mientras que lo suspenden los que se consideran «más españoles que catalanes», «tan catalanes como españoles», «más catalanes que españoles» y «sólo catalanes».

Es un grado de desafección muy alto. Y las consecuencias son malas tanto para el PP como para CiU, ya que el empeoramiento de la imagen del Gobierno español no beneficia a CiU sino a ERC. El maltrato del PP y la conversión al independentismo de Mas sólo han conseguido favorecer a la más radical ERC. En este sentido, el estudio del CEO presenta un cuadro estremecedor para la dirección de CDC. Mientras en las elecciones del 2012, cuando ya perdió 12 diputados, CiU sacó un 20,6% del voto sobre censo, este porcentaje no ha dejado de caer a lo largo de 2013 y 2014 y está ahora en el 13,8%. Siete puntos menos. Por el contrario, ERC sacó en 2012 un 9,2% del voto y su cuota no ha dejado de crecer hasta el 21,4%. 12 puntos más. En resumen, la degradación de las relaciones entre Cataluña y España ha sido el negocio de las cabras tanto para Rajoy como para Artur Mas. Y no veo el motivo por el que el enfrentamiento sobre la seudoconsulta no vaya a empeorar las cosas.

EL TRIUNFO DE JUNQUERAS

Otra conclusión de la encuesta del CEO es que el mapa electoral catalán está muy inestable y tiende a la fragmentación, lo que puede hacer muy complicado un anticipo electoral (las famosas elecciones plebiscitarias) si no hay un acuerdo (difícil) para una lista conjunta entre CiU (o como mínimo CDC) y ERC. Según el CEO, CiU bajaría de los 50 diputados actuales (62 en 2012) a sólo 32 o 33, mientras que ERC subiría de los 21 actuales a 38 o 39. ERC sería, por tanto, con claridad el partido ganador.

Pero las complicaciones no se acaban aquí porque la suma de ERC y CiU daría un máximo de 72 diputados y un mínimo de 70 (ahora tienen 71) cuando la mayoría absoluta es de 68. Esta atribución de escaños es muy discutible —seguramente han echado muchas especies en la cocina— porque Podemos saca 10 o 11 diputados y no puede ser que todos se los robe a los otros partidos. Máxime cuando por una serie de preguntas sobre el partido que mejor podría resolver los problemas actuales, o el partido por el que se tiene más simpatía, se ve que muchos electores de Podemos provienen de abstencionistas de 2012. Parece, pues, imposible que la fuerte irrupción de Podemos (un 8,5% de estimación de voto y 11 diputados) no vaya a perjudicar en nada a los dos grandes partidos nacionalistas.

La conclusión de la encuesta del CEO es, pues, doble. Artur Mas se lo tiene que pensar dos veces antes de disolver el Parlamento porque el partido ganador de unos comicios anticipados sería, hoy por hoy, ERC. Segundo, el fenómeno Podemos puede hacer que el pacto CiU-ERC pierda la mayoría absoluta que ha tenido en esta legislatura y que el Parlamento sea mucho mas fragmentado.

EL ALCALDE TRIAS Y LA CUENTA SUIZA

Hace unos días el diario El Mundo publicó que el alcalde de Barelona, Xavier Trias, había tenido una cuenta de 12,9 millones de euros en la Unión de Bancos Suizos que posteriormente fue trasladada a Andorra. Y El Mundo basaba su información en un supuesto informe policial.

Ayer,Trias, en el pleno municipal, pudo exhibir un comunicado de unas pocas líneas de la Unión de Bancos Suizos en el que decía que el alcalde no figuraba entre sus clientes y que la numeración de la cuenta que se le atribuía no se corresponde con la de la entidad.

Que un informe policial «solvente» sea desmentido con tanta rapidez indica que algo no funciona bien. Y Trias ha llegado a acusar a Interior de haber instigado la publicación en El Mundo del pretendido informe.

SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2014

JUNQUERAS MARCA DISTANCIAS CON MAS EN EL PAÍS

Ha sido un día festivo y, pese a la proximidad del 9 de noviembre, la actividad política ha bajado. Lo más interesante ha sido la entrevista de Oriol Junqueras en El País, con la que el diario abre su portada. Su subtítulo reza: «El líder de ERC dice que en 2012 pactaron con Mas porque creían que habría “una consulta con consecuencias”».

Junqueras expone su posición con total claridad, tal como me la expuso el viernes 24 en su casa de Sant Vicenç dels Horts y tal como quedó reflejado en El Periódico. Pero ahora se trata de una entrevista en el primer diario español y las respuestas indican contundencia. Ante el Estado español y ante CiU.

El líder de ERC insiste en que Artur Mas ha retirado la consulta pactada sin razones suficientes. Y viene a admitir la teoría del Tribunal Constitucional de que se trataba de un referéndum y que el voto de los ciudadanos lo hubiera convertido en vinculante. El «proceso participativo» no será lo mismo y será necesario ir a unas elecciones plebiscitarias, no con lista única pero sí con un programa común basado en ejercer (ojo, porque habla de «ejercer» y no de «declarar») la independencia. Entonces, como Cataluña recaudará sus impuestos, no aceptará contribuir a asumir la parte de la deuda española que le corresponda si España no acepta negociar el reparto de los activos y pasivos y la independencia.

Como consecuencia, si España no negocia tendrá que hacer default y la comunidad internacional —por su propio interés— la obligará a negociar.

Sí, es una actitud maximalista y difícil de llevar a la práctica con la que CiU no puede estar de acuerdo (e incluso dudo que lo esté CDC sin Unió Democràtica). Si las elecciones las ganara Junqueras con mayoría absoluta o cerca de dicha mayoría —cosa que hoy por hoy parece imposible—, el choque de trenes sería muy fuerte. Y me temo que el Gobierno catalán que apoyara esa actitud saldría perdiendo (incluso ante la opinión pública catalana). Pero es su posición, es el aliado que Artur Mas eligió en 2012 y que no engaña a nadie sobre sus intenciones.

Leyendo bien la entrevista queda clara la decepción de Junqueras con Artur Mas. Primero Maiol Roger, periodista de la edición catalana de El País, le pregunta si se arrepiente del pacto con CiU y Junqueras responde con contundencia pero a su manera: «No es relevante. Firmamos ese pacto porque estábamos convencidos de que habría una consulta con consecuencias». Lean: nos fiamos de la promesa de Artur Mas y luego —en la conversación que tuvimos el 7 de agosto los dos y que inició el divorcio— comprendí que CiU retiraría la consulta cuando el Constitucional la suspendiera. Sólo le interesaba convocar la consulta (y luego aceptar su suspensión) porque creía que era la fórmula para forzarnos a ir a unas elecciones plebiscitarias con una lista única encabezada por él.

Al final de la entrevista, Maiol Roger insiste en si se han sentido cómodos yendo de la mano con CiU y la respuesta es ahora brutal y no necesita ninguna aclaración: «El futuro de Cataluña lo tenemos que construir con aquellos que estén limpios de corrupción; si no, es imposible. CiU tiene muchos casos y tiene que hacer un esfuerzo muy importante».

Me parece que Junqueras deja muy claro que no querrá subsumir la presencia de ERC en unas próximas elecciones plebiscitarias en una lista conjunta con CiU, o con CDC, ni incluso en una «lista de país» controlada por Mas. Junqueras quiere ir con lista propia. Tiene todo el derecho. Otra cosa es que el programa común que propone Junqueras sea además casi de imposible aceptación por Artur Mas porque es de un maximalismo total, y lo más probable es que condujera al fracaso.

La realidad es que la incomprensión de Madrid, con el Constitucional cargándose parcialmente el Estatuto de 2006 y por lo tanto ninguneando el referéndum en el que Cataluña dijo que era una nación y formaba parte de España, añadido al mensaje de Artur Mas de que no hay buena solución para Cataluña dentro de España, han llevado a que hoy Junqueras sea el político más valorado de Cataluña y ERC el partido con más intención de voto. Rajoy y Mas, Mas y Rajoy se lo tienen que hacer mirar.

ESPAÑA VUELVE A ENDEUDARSE

El Gobierno presumió de que la economía española había cambiado porque la balanza corriente —que había llegado a tener en los años del boom de Zapatero un déficit equivalente al 10% del PIB— estaba pasando a ser positiva en 2013. En vez de pedir dinero al resto del mundo para poder funcionar —como pasaba secularmente— estábamos prestando al resto del mundo. Y era verdad.

En los años de la crisis —con Zapatero y con Rajoy— las empresas españolas hicieron un gran esfuerzo exportador (en gran parte porque el mercado interior estaba hundido) y hay sectores, como el del automóvil, que son muy competitivos. Así, el aumento de las exportaciones y la caída de las importaciones (por la escasa demanda interna) hizo que la balanza comercial (energía aparte) fuera positiva y que la balanza corriente (se añade a la comercial básicamente el turismo) tuviera un saldo positivo de cierta entidad. Era algo sustantivo porque el endeudamiento español (público y privado) con el resto del mundo es muy alto y hay que bajarlo. Consideremos que cuando empezó la crisis en 2007 el endeudamiento público era el 38% del PIB y ahora bordeamos el cien por cien. Y si los mercados se volvieran a poner nerviosos —toquemos madera— lo pasaríamos muy mal. Pero que muy mal.

Por eso el triunfalismo del equipo económico del Gobierno era excesivo. La caída de las importaciones se debía a la crisis y se corregiría cuando la economía creciera algo (lo que está pasando), y el boom de las exportaciones también obedecía (aunque no sólo) a la necesidad, porque aquí no se vendía nada, y exigía que las economías del resto del mundo —fundamentalmente las europeas— no volvieran a entrar en recesión. Y ahora el crecimiento de la UE en el segundo trimestre (los datos del tercero todavía no se conocen pero no serán muy diferentes) ha sido mínimo y las exportaciones lo están notando.

Así, en los ocho primeros meses hemos tenido un déficit de la balanza corriente de 4.600 millones, cuando en 2013 tuvimos un superávit de 8.700 millones. Y hemos vuelto a tener que pedir dinero al resto del mundo. Mal dato económico.

JAPÓN SE LANZA

Desde hace casi veinte años la economía japonesa sufre la enfermedad de la deflación: los precios apenas suben sino que más bien bajan, y como consecuencia el crecimiento se estanca. El que era hace cincuenta años el milagro económico japonés se ha convertido en un modelo de estancamiento que hay que evitar. Hasta ahora las medidas de política monetaria y fiscal expansionistas han dado poco resultado, pero pese a ello Japón sobrevive: no hay crecimiento pero el paro no se ha disparado y la deuda pública acumulada no ha generado problemas (el bono japonés a diez años rinde menos que el alemán) porque el ahorro interno (los japoneses gastan poco porque creen que los precios bajarán y podrán comprar más barato) acude a financiarla. Japón es una isla estancada pero que tampoco naufraga.

Sin embargo, hace dos años, el nuevo primer ministro conservador, Shinzo Abe, lanzó un programa —las llamadas Abenomics— consistente en fomentar sin reparos la inflación —inyectando dinero a través del banco central— para lograr la vuelta al crecimiento. A ello ha debido contribuir el orgullo japonés (Abe es también nacionalista) ante la imparable emergencia de la China como la gran potencia del siglo XXI.

La medicina no acaba de funcionar (el crecimiento intertrimestral del segundo trimestre es de –1,8% y el anual es cero) y el viernes, por sorpresa, el Gobierno y el nuevo gobernador del Banco del Japón, Kuroda (colocado por Abe) dispararon dos paquetes de medidas que impresionaron a los mercados por su rotundidad. Por una parte, el fondo público de pensiones japonés anunció que incrementaría sustancialmente el porcentaje de acciones de compañías japonesas de su cartera, lo que hizo subir inmediatamente el índice Nikkei. Por la otra, el Banco del Japón anunció un fuerte incremento de la inyección mensual de dinero a la economía, lo que se interpreta no sólo como una medida expansiva sino también como un intento de devaluación competitiva para hacer bajar el valor del yen.

Los mercados han acogido bien el gran bombazo japonés porque puede compensar el fin de los estímulos extraordinarios americanos anunciado hace muy poco, aunque es evidente que la China y otros países asiáticos van a reaccionar de una manera mucho menos positiva.

Hay que observar lo que pasa en Japón ahora que bastantes economistas creen que la temida tercera recesión europea (dentro de la crisis desatada en 2008) puede implicar la entrada de las economías del continente en una larga etapa de deflación similar a la japonesa. Con el agravante de que Japón es un Estado-nación cohesionado y con un poder ejecutivo fuerte mientras que Europa es un proceso en construcción inestable.

DOMINGO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2014

SÁNCHEZ SE APROXIMA A CATALUÑA

Interesante la entrevista de hoy de La Vanguardia al nuevo líder del PSOE. Pedro Sánchez se presenta como integrante de una nueva generación, con una ejecutiva de hombres y mujeres de entre treinta y cinco a cuarenta y cinco años, que ha llegado a la cúspide socialista desde abajo, elegido por los militantes en primarias. «Nuestros planteamientos son diferentes, por ejemplo en la transparencia o en las asambleas abiertas que hago en toda España», asegura.

Su juventud y el haber sido elegido por las bases del partido es un activo que le diferencia de Mariano Rajoy o Artur Mas, seleccionados por el dedo de sus antecesores Aznar o Pujol. Pero una de las cosas más positivas es que —sin mencionarlo— sigue la hoja de ruta de Pérez Rubalcaba respecto a Cataluña: intentar comprender las causas de la desafección hacia el Estado y buscar soluciones. A la pragmática primera pregunta, «¿Lo de Cataluña tiene arreglo?», contesta con la evidencia: «Sólo con voluntad política. Ahora lo que hay es un cruce de monólogos entre la Generalitat y la Moncloa, un debate más administrativo que político». Y preguntado sobre el 9-N articula la siguiente respuesta: «Siempre hemos dicho que hay que respetar la legalidad y si el Gobierno cree que se incurre en alguna ilegalidad con motivo del 9-N se tiene que impugnar, pero esa impugnación es la prueba de la impotencia de Rajoy a la hora de resolver un problema político [...]. La ley no basta para resolver un conflicto político. Rajoy debe pensar en el 10-N. Ese día la fractura social dentro de Cataluña va a seguir existiendo y entre Cataluña y el resto de España también».

Asimismo está bien su tono, diferente al de otros dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, respecto al PSC. Sánchez sabe que el PSC es el que está sobre el terreno y que el PSOE sólo tiene posibilidades de gobernar en España si al PSC le va bien en Cataluña. Por eso es rotundo: Miquel Iceta «está intentando reivindicar un espacio central [...]. Es un patriota catalán que apuesta por la convivencia».

Aun con todo, falta realismo. Decir que la única solución es la reforma de la Constitución en un sentido federal está bien. Pero dicha reforma es un proceso largo, complicado e imposible si el PP no está de acuerdo. Y no todo se puede fiar a un proceso largo porque la impaciencia catalana es alta. Quizás por eso se ve impelido a alguna afirmación que suena a fanfarronada: «El conflicto empezará a resolverse en noviembre de 2015 porque yo seré el presidente del Gobierno. Lo digo con humildad». Pues menos mal que es humilde. No lo es pedirle al electorado catalán —después de que Zapatero se lavase las manos cuando el trámite del Estatuto en el Constitucional— que espere como solución la victoria socialista —nada segura— en 2015.

Sánchez no va tan desencaminado. Primero, dice: «Comparto con la mayoría del pueblo catalán que el sistema de financiación actual —y eso que soy el líder del partido que lo aprobó— no garantiza la financiación per cápita de los servicios esenciales en Cataluña, de la educación y la sanidad pública». Y sigue: «No es una cuestión económica. Ha habido una falta de afecto, de decir alto y claro que España quiere a Cataluña. Pero aunque hay un problema de afectos, la solución no es romper».

Respecto a Podemos la aproximación es correcta: «A ganas de cambiar la política no me gana Podemos. Hace tres años yo estaba fuera de la política, era profesor universitario, y volví porque quiero cambiarla. Se puede cambiar la política desde el sistema, sin echar la casa abajo. Con Podemos comparto el diagnóstico, no las soluciones. Podemos está con la calculadora electoral: no se moja sobre el aborto o Cataluña porque no quiere perder votos». Y luego sobre posibles pactos con Podemos: «Primero tendré que saber cuál es su programa. [...] Podemos dice: “Hay que cambiar el tratado de Lisboa”. La política económica en Europa tiene que cambiar, pero no se puede dejar sin amparo legal al euro y a toda la construcción de Europa. Más que derogar hay que reformar. Es complicado pactar con alguien que plantea cosas así. Pero insisto en que la política es pacto».

PRIMERA ENCUESTA QUE DICE QUE PODEMOS GANA

Esperábamos la encuesta del CIS pero se ha retrasado. Dice que al Gobierno no le gusta el resultado y ha pedido que se revisen las cosas. Sea como fuere, El País se ha adelantado este domingo con su encuesta mensual, que arroja una gran novedad.

El diario titula su portada de hoy: «Podemos supera a PP y PSOE impulsado por la ira ciudadana». El subtítulo explica: «Los escándalos pasan factura al partido del Gobierno».

Eso es. En un mes —ojo al dato, en un mes— el PP ha perdido nada menos que diez puntos en estimación de voto (ya son veinticuatro respecto a las elecciones de 2011), mientras que en ese mismo mes Podemos ha subido catorce puntos. Como el PSOE ha perdido cuatro puntos respecto a octubre (pero sólo dos respecto a las elecciones), el resultado es que —hoy por hoy— Podemos sacaría un 27,7% de los votos mientras que el PSOE le pisaría los talones con un 26,2% y el PP quedaría en tercera posición con sólo un 20,7%. Claro, hay que ser muy cautelosos porque las elecciones no están convocadas y parecen lejanas y muchos encuestados pueden estar expresando más un sentimiento de protesta e indignación que una intención de voto firme. Pero estos datos explican el gran nerviosismo que se ha apoderado de la cúpula del PP.

Es curioso que Mariano Rajoy, que en una situación económica bastante peor que la actual en el verano de 2013 (el PIB caía y el paro seguía creciendo) pudo superar el escándalo Bárcenas (y los mensajitos de móvil publicados por Pedro J. en El Mundo) sin demasiado desgaste, ahora, cuando el PIB crece y se empieza a crear empleo, esté naufragando por las tarjetas opacas de Caja Madrid. Y ojo, porque sin estabilidad política garantizada —España la tenía cuando Zapatero gobernaba y Rajoy iba a ganar las elecciones y más mientras Rajoy tenía mayoría absoluta y buenas perspectivas— el horizonte económico también se puede complicar. Una de las ventajas que, para los mercados, España tenía sobre Italia —un bipartidismo estable— se puede tambalear.

Pero estamos seguramente más ante un fenómeno de indignación (que puede durar) que ante una mutación electoral segura. El 64% de los encuestados contra el 28% (que coincide con su estimación de voto) no cree que Podemos sea el único partido en el que se puede confiar.

LUNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2014

CRECIENTE NERVIOSISMO

Es un lunes de nervios. Mañana el Constitucional decidirá suspender la pseudoconsulta. Y la Generalitat se agita y gesticula. Que se prohíba lo que se calificaba de costellada legítima no puede sino unir a las fuerzas soberanistas y partidarias de la consulta. Esta mañana el Gobierno catalán ha presentado un escrito ante el mismo TC instándole a que rechace el recurso del Gobierno porque ven «uso abusivo» de poder.

Los protagonistas se mueven. El inevitable consejero Homs ya ha salido diciendo que el proceso participativo responde al derecho fundamental de la libertad de expresión por lo que se puede hacer y se hará, y ha añadido que «el nuevo recurso implica una ruptura de las reglas de la buena fe de todo proceso jurídico». Madrid parece haber bajado algo el tono porque el siempre bien informado Josep Maria Brunet dice en La Vanguardia que la fiscalía sólo actuará si hay desobediencia grave al Constitucional. ¿Qué es desobediencia grave? Parece que el Gobierno cree que si la Generalitat cede protagonismo a la sociedad civil —por ejemplo en la comunicación de los resultados— miraría hacia otro lado. Pero ERC y la ANC ya han dicho que la Generalitat tiene que continuar hasta el final y esta es también la posición de Homs.

No obstante, la vicepresidenta Ortega dijo el domingo que el Gobierno catalán no podía garantizar al cien por cien que hubiera urnas y el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se ha mostrado dispuesto a que la sociedad civil tenga más protagonismo en la pseudoconsulta. Y la nueva portavoz de CDC, la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, no ha negado esa posibilidad, la de dejar el 9-N en manos de los voluntarios. Pero ¿quién entrega a los voluntarios las llaves de los colegios electorales que muchas veces son centros educativos de la Generalitat? Mañana será un día clave.

JOAN HERRERA, POR EL SÍ-NO

Ya hace unos días que el líder de ICV, Joan Herrera, me dijo que creía que Madrid recurriría la pseudoconsulta y que si el PP la prohibía él no tendría más remedio que apoyarla a fondo. En los barrios de las ciudades industriales catalanas —argumenta— hay tibieza respecto a una Cataluña independiente, aunque tampoco ve una oposición frontal. Cree que el voto contra el PP, por una Cataluña no mangoneada desde Madrid por el PP, sí puede movilizar mucho.

Por eso Joan Herrera ha ido matizando su posición. Ahora ha dicho claramente que irá a votar y que contestará Sí a la primera pregunta (que Cataluña debe ser un Estado) y No a la segunda (No a que ese Estado deba ser independiente). Bien, es una posición coherente, aunque creo que la protesta —que es lo que se verá el domingo si hay urnas— inclinará a la gente a votar Sí-Sí. Porque el voto Sí-Sí es una consigna más directa y más lineal. No creo que el 9-N se preste mucho a la reflexión.

AL PP SE LE INDIGESTA LA ENCUESTA DE EL PAÍS

El PP está mostrando un nerviosismo creciente ante los casos de corrupción que le están afectando últimamente, y la sensación se ha acrecentado hoy tras la publicación ayer de la encuesta de El País que coloca en estimación de voto a los populares en tercera posición, detrás de Podemos y del PSOE. Así, esta mañana, en la rueda de prensa habitual de los lunes, María Dolores de Cospedal —su rigidez se va acentuando a medida que transcurre la legislatura— ha calificado de voces «anónimas» y «cobardes» a las que desde dentro del partido sugieren en voz baja que la situación es delicada y que convendría algún lifting. ¿Crispación ante una incipiente contestación interna? Mala señal.

Luego ha añadido que el PP está haciendo todo lo que puede en la lucha contra la corrupción, pero que «nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel». La declaración no tenía de entrada mucha credibilidad y la ha perdido totalmente cuando poco después se ha sabido que Interior había concedido a Jaume Matas, el expresidente balear que cumple condena por la primera causa en la que ha sido condenado, el tercer grado penitenciario, es decir, una especie de semilibertad (salir de la cárcel por la mañana y volver sólo a dormir), contra el criterio de la junta de la prisión.

Es dramático, porque todas las declaraciones firmes y genéricas que hacen contra la corrupción van seguidas de actos que indican casi lo contrario. Parecen atrapados en sus contradicciones.

EL 1,08 DEL INSTITUTO DE EMPRESA FAMILIAR

Es también interesante lo que ha pasado en la asamblea de Alicante del Instituto de Empresa Familiar, asociación que reúne a los principales propietarios de empresas españolas (Mercadona, Ferrovial, Planeta, Banco de Santander, Pikolín...) que representan el 27% del PIB. Cada año el Instituto hace una encuesta entre los asistentes para conocer su opinión sobre la situación económica y la política. Y el resultado ha sido elocuente. Si bien la nota de la situación económica mejora bastante, la calificación de la situación política cae (en una escala de 1 a 9) hasta un mísero 1,08, cuando la del año pasado fue del 2,25. Es la nota más baja a la situación política desde que empezó la crisis.

Sorprendente. Cuando la situación económica mejora y hay un Gobierno de derechas con mayoría absoluta, que los empresarios juzguen tan negativa la situación política es que ven riesgos de inestabilidad. Por la aparición de fuerzas que ponen en duda todo el sistema (está el fenómeno Podemos), pero seguramente también porque no creen que el equipo actual de Rajoy sea el más adecuado para hacer frente a una coyuntura en la que la protesta contra la duración de la crisis económica (el empleo que se crea es de baja calidad, los salarios bajan y la capacidad de compra de la población no mejora) se une una indignación creciente por los casos de corrupción en la clase política y principalmente en el PP.

¿Es también este 1,08 una especie de censura encubierta —quizás incluso inconsciente— al propio presidente?

MARTES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2014

VUELVEN LAS CACEROLAS

He salido a cenar (tarde) justo a las diez de la noche y ya en el ascensor he oído el repiqueteo de las cacerolas. Luego, en el taxi que me ha llevado a Xemei (sencillo pero magnífico restaurante italiano en las faldas de Montjuïc), el sonido ha sido bastante permanente. Hay muchos ciudadanos indignados. Lo que el Constitucional prohíbe no es la consulta que convocó Artur Mas el pasado 27 de septiembre (entonces la protesta estuvo centrada en la ANC y no fue extraordinaria), sino una pseudoconsulta sin ningún valor jurídico y con no más impacto político que una gran manifestación. Se podría decir que el Gobierno obstaculiza la libertad de expresión, aunque la presencia de la Generalitat impulsando una cosa que se parece a la consulta suspendida es jurídicamente discutible.

El PP se ha vuelto a equivocar al prohibir algo que se habría convertido en una protesta independentista. Se ve que Rajoy (y la cúpula del PP catalán) no se han interesado nunca por el mayo del 68, uno de cuyos mensajes más trascendentes fue aquel de «prohibido prohibir». Desde mayo del 68 la prohibición es menos respetada, en especial cuando la gente está irritada. Y gran parte de Cataluña, no sólo los independentistas, están irritados con el trato que el PP (y el Estado español tras la sentencia del Constitucional) ha dado a Cataluña. Así pues, vuelven las caceroladas. Como cuando la guerra de Irak contra Aznar. Nunca creí que Rajoy pudiera generar una irritación similar a la de Aznar en aquel momento.

Rajoy ha cometido un error grave, de los peores desde que llegó a la Presidencia en 2011. Primero, porque la nueva sentencia del Constitucional (y la agitación que provocará) va a generar muchas portadas que serán una gran publicidad suplementaria (y gratuita) para el 9-N. Segundo, porque lo prohibido por alguien al que en Cataluña no se le reconoce autoridad moral (vale tanto para Rajoy como para el Constitucional), genera todavía más contestación. Hoy el 9-N —se celebre o no— ha ganado poder de convocatoria.

El Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno español, ha consagrado a la pseudoconsulta como algo importante.

Los hechos son simples. Poco antes de comer se ha sabido que el Tribunal había aceptado el recurso del Gobierno contra la pseudoconsulta y a los pocos minutos ha salido el consejero Homs a dar la respuesta. Esta vez la Generalitat va a seguir adelante y desafía al Estado. Le era difícil hacer otra cosa porque aceptar la nueva prohibición hubiera sido un jarro de agua fría para las bases independentistas (principalmente la ACN) y habría agraviado aún más a sus aliados, en primer lugar a ERC, que ya mostró mucho enfado por la cesión de Artur Mas ante la primera sentencia del Constitucional. Ahora se abre un escenario muy incierto. ¿Qué hará el Gobierno de Madrid si prohíbe una cosa y el Gobierno catalán sigue adelante?

Hoy hemos dado un paso más hacia la desafección mutua entre Cataluña y España. El Gobierno catalán lo hace voluntariamente porque apuesta por la independencia (o como mínimo por plantar cara al Estado). El Gobierno español porque es víctima de su nacionalismo (él que tanto critica el nacionalismo catalán), no se entera de lo que sucede en Cataluña (parece imposible) y se encuentra atrapado en sus múltiples problemas y contradicciones.

Como dice un inteligente columnista liberal-conservador, Martí Saballs, director adjunto de Expansión, el diario económico madrileño de tendencias más bien centralistas: «En el enfrentamiento entre la legalidad constitucional —impedir realizar una pseudoconsulta sin garantías democráticas— y el pragmatismo político —dejen hacerla porque el resultado carecerá de autoridad moral y su ejecución será el hazmerreir de Europa— ha prevalecido el argumento legal. Precisamente lo que en su intimidad más deseaban los secesionistas. Así pueden seguir apelando a la maldad del Estado, amparado en el Tribunal Constitucional, mientras la fábrica creará más independentistas. Sólo por eso, Europa mirará más atentamente».

A Mas las cosas le van saliendo bien y ayer en una cena de la Cecot, la patronal con sede central en Terrassa que preside Antoni Abad —que fue a unas elecciones en las listas de CiU—, recibió salvas de aplausos. En sectores de la pequeña y mediana empresa el independentismo ha avanzado por sentimientos, pero también porque se ve como un movimiento que disminuirá la punción fiscal. O, como mínimo, que hará que las administraciones públicas sean más eficientes y gasten más en Cataluña. Se puede discutir si esta creencia es fundamentada, o la proporción en que lo es, pero el sentimiento de agravio fiscal ha existido siempre y ahora se ha agudizado.

JOAN MANUEL SERRAT SE EXPLICA

¿Quién de mi generación —o de otras no demasiado posteriores— no ha tatareado algunas de las canciones de Joan Manuel Serrat? Han pasado muchos años desde aquel «Ara que tinc vint anys» que escuché directamente por primera vez en la Facultad de Derecho de la Diagonal (aquella de la que medio en broma se decía que era el único bar que tenía facultad y en la que las chicas iban siempre con faldas impecables), pero las canciones de Serrat han sido siempre un referente lúdico y cultural tanto en España como en Cataluña. Ha triunfado en España siendo una expresión indudable de la Cataluña plural y de inquietud democrática.

Le he tratado poco —recuerdo una larga cena en casa de Leopoldo Rodés la noche que se supo que Pasqual Maragall sería relevado como candidato del PSC a la presidencia por José Montilla— y siempre me ha admirado su equilibrio. Los artistas son muchas veces pasionales. Es lógico. Serrat es un gran artista pero cuando expresa sus opiniones lo hace siempre con racionalidad. Ahora saca a la luz una recopilación de cincuenta de sus canciones, y los diarios publican entrevistas en las que, no podía ser de otra manera, habla también de «el procés». Preguntado por Ruiz Mantilla en El País por lo que hará el 9-N, afirma: «Pues todavía no sé lo que haré, depende de cómo se desarrollen los acontecimientos esta semana. Pase lo que pase, quiero dejar claro que la gente tiene todo el derecho a decidir sobre su futuro, aunque a mí se me hace muy difícil pensar en Cataluña fuera de España». Lo dice alguien que fue clave en el movimiento de «la nova cançó». Y Raimon —al que he tratado más y transmitía más sentimiento de protesta— dejó claro lo que pensaba la pasada primavera y guarda ahora un silencio total.

Parece que algunos exponentes de la rebelión catalanista de los sesenta —de cuando el catalán era una lengua castigada y no había ni un diario en esa lengua— tienen reservas hacia el actual independentismo.

De la entrevista de Serrat en El Mundo, que firma Pedro García Cuartango, no puedo dejar de citar algunas frases: «El argumento esencial de la nova cançó era que se pudiera cantar en catalán»; «Mal que bien en España se produjo un cambio tremendo en la época de Adolfo Suarez»; «Había una esperanza compartida (en la Transición y entre España y Cataluña) pero ese proyecto se ha desmoronando desde dentro»; «Podemos es una crítica a los partidos tradicionales. Todavía está por desarrollarse»; «Yo creo que tiene que haber una consulta y que ambas partes tienen que negociar.»

Sí, siempre inteligente y equilibrado Serrat.

RAJOY ESCONDE LA CABEZA BAJO EL ALA

Hoy se han publicado dos datos que no pueden sino enfriar el triunfalismo gubernamental. El primero —muy coyuntural— es que en octubre ha habido 87.000 parados más. Era esperado y bastante lógico por la estacionalidad del turismo, pero rompe una tendencia de varios meses de descenso del número de parados. El segundo —más relevante— es la publicación de las perspectivas económicas de la Comisión de Bruselas, que no son buenas. Para la zona euro, el crecimiento previsto en 2015 se reduce del 1,7 al 1,1%. Casi estancamiento. Para España, las cifras son algo mejores, ya que se baja del 2,1% al 1,7%.

El cuadro macroeconómico oficial fija el crecimiento en el 2% y una desviación de tres décimas tiene repercusiones inmediatas en los ingresos del Estado, y como consecuencia en el déficit público. ¿Habrá que hacer otro ajuste fiscal en año electoral? ¿Cómo le afectará a España el estancamiento europeo?

Pese a todo, Rajoy ha ido a Alicante y no ha hablado ni de los signos de desaceleración europea que pueden complicar la coyuntura española, ni de la corrupción que sacude a la opinión pública, ni ha dicho nada nuevo sobre Cataluña. Sólo que la reforma constitucional no contentaría a los nacionalistas. Vale, puede ser, ¿pero qué demonios propone usted para que el conflicto no se pudra?

Creo que el laissez faire, laissez passer de Rajoy puede ser inteligente para algunas cosas en algunos momentos pero que hoy es un factor de agravamiento de los problemas. No se puede ir a Alicante a una reunión de los principales empresarios españoles (los más ricos porque son también propietarios), que han dado un 1,08 de nota a la situación política y decirles frases de este estilo: «España es un gran país, una de las economías más importantes del mundo, uno de los países con mayor renta per cápita y con un sistema de bienestar social como no tiene nadie».

Por favor, señor Rajoy, baje de la nube. Suponiendo que lo que dice fuera cierto —que no lo es—, ese discurso no es el que puede hacer recuperar la confianza a los españoles y a los empresarios.

Claro que Rajoy es Rajoy, y también ha dicho algo sensato que relativiza el triunfalismo: «De vez en cuando no estaría de más hablar bien de nuestro país». Vale, pero hablar bien no es hacer como el avestruz que esconde la cabeza bajo el ala. Rajoy lo hace con Cataluña

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

EL 9-N Y LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES

Se confirma que la suspensión por parte del Constitucional de la pseudoconsulta va a aumentar su popularidad. Ayer se repitieron caceroladas y esta mañana el presidente Mas, en un almuerzo en Nueva Economía Fórum, ha estado hábil y ha mostrado una doble cara.

Por una parte el desafío al Estado: «Que nadie tenga miedo, estamos decididos. Llamo a todos a participar en el 9-N en legítima defensa de un país entero». Mas ha presentado la suspensión del Constitucional no sólo como un no al proceso participativo sino también como un ataque a la participación política, a la libertad de expresión y a la dignidad de Cataluña. En esta misma línea doscientos cargos electos han firmado una carta a la ONU y a la Unión Europea en la que protestan por la actitud autoritaria del Estado. El mensaje es que en el 9-N Cataluña ejerce su derecho a la legítima defensa. A protestar contra la actuación arbitraria del Estado. Por esta vía se puede incrementar el número de participantes. No se trata ya de votar la independencia, sino de afirmar que el Estado no puede prohibir lo que se ha decidido en Cataluña.

Pero Mas también ha mostrado una imagen serena, dialogante, ya que ha dicho que lo primero que hará el 10-N es enviar una carta a Rajoy pidiéndole una negociación, tanto para que se pueda celebrar un referéndum definitivo, igual que en Gran Bretaña o Canadá, como sobre las 23 cuestiones que él planteó en la reunión de julio. Y ha subrayado que de ellas sólo se ha aceptado una, la conexión ferroviaria entre Barcelona y el aeropuerto, que no tendrá ningún coste para el Estado ya que la hará una empresa privada en régimen de concesión.

Pocas horas después, Miquel Iceta ha hablado en Tribuna Barcelona y ha pedido sensatez y diálogo a los dos gobiernos tras el 9-N. Incluso ha ofrecido un pacto de estabilidad que garantice a Mas que pueda acabar la legislatura si sirve para reabrir el diálogo y la negociación. Iceta confiesa en privado que lo ve muy poco probable, pero que el horizonte que divisa si el diálogo no se reemprende es tan negativo que debe hacer todo para intentar romper la espiral del desencuentro.

Sobre la realidad del 9-N planean muchas dudas. Hay cierto temor a que el Estado la intente evitar a través de la fiscalía y que los Mossos tengan que acatar la orden judicial. El consejero Espadaler ya dejó claro que eso sería inevitable si se producía dicha orden. No obstante, la impresión bastante generalizada es que Rajoy no actuará si el proceso no es dirigido directamente por la Generalitat y el protagonismo lo adquieren organizaciones de la sociedad civil como quizás el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

EL CIS, PODEMOS Y EL TRIPARTIDISMO

Al fin, este mediodía se ha hecho pública la encuesta del CIS que se debía haber conocido la semana pasada y que generó gran nerviosismo en el Gobierno cuando El Confidencial dijo que Podemos podía ser la fuerza política con más intención de voto.

La encuesta confirma que el fenómeno Podemos ha irrumpido fuerte en el panorama político. Si ahora hubiera unas elecciones, el bipartidismo imperfecto (dos grandes partidos que se disputan el poder y algunos otros partidos con papel secundario) sería sustituido por el tripartidismo.

En efecto, en estimación de voto —la que se produciría realmente si «la cocina» estuviera bien hecha y acertara— el PP tendría un gran retroceso respecto a las elecciones de 2011 (44,6%), ya que se quedaría en el 27,5% (diecisiete puntos menos), aunque volvería a ser la primera fuerza. En relación a la encuesta de julio habría caído 2,5 puntos. El PSOE seguiría en segunda posición con un 23,9% (28,7% en 2011) pero habría remontado casi tres puntos desde su nivel más bajo de julio, tras las elecciones europeas. Pero lo revolucionario es que Podemos se situaría como tercera fuerza con un 22,5% (siete puntos más que en julio, la primera vez que salió en la encuesta del CIS) y a muy poca distancia de las dos primeras.

Con todo, lo más importante es que en intención directa de voto —la que expresan los encuestados antes de los cálculos posteriores, difíciles ahora por la alta volatilidad de los electores— Podemos llega primero con un 17,6%, seguido por el PSOE (14,3%), mientras que el PP queda en tercera posición con un 11,7%.

Para una fuerza que era totalmente desconocida antes de las elecciones europeas es un éxito descomunal que debe relacionarse con la indignación de los electores contra el sistema político de los últimos años. En toda Europa —excepto Alemania, donde el paro está por debajo del 6%— la crisis ha hecho subir a los partidos de protesta. En Grecia, a la izquierda de Syriza. En Italia, a Beppe Grillo. En Gran Bretaña, al UKIP, que quiere sacar a Gran Bretaña de la UE y que ganó las elecciones europeas. En Francia, a Marine Le Pen, que quedó primera en dichos comicios... y en España, a Podemos.

La alarma del PP ante estos datos es comprensible. El PSOE tampoco puede estar muy contento pero el cambio en el liderazgo le ha ayudado a rebrotar un poco y Pedro Sánchez se estrena en la calificación de líderes con un 3,85. No es para lanzar cohetes, pero es el líder parlamentario con mejor valoración, frente al 3,52 de Rosa Díez y al 2,31 de Rajoy.

No obstante, quizás para el PP lo peor sea la valoración del Gobierno, ya que ningún ministro alcanza el 3. La mejor valorada es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con un 2,92. ¡Y hace tres años ganaron las elecciones con mayoría absoluta!

Claro que en Francia, François Hollande, que ganó sólo unos meses antes, también ha logrado ser el presidente más impopular de la V República y la protesta aúpa ahora a Marine Le Pen. Quizás lo que pasa en España no sea un fenómeno sólo español.

Y quizás la protesta catalana —el aumento del independentismo y especialmente de la ERC de Junqueras— forme parte también de alguna forma de este fenómeno de desencanto y de protesta contra el sistema político. Aunque respecto a Cataluña la encuesta del CIS arroja una importante novedad y es que en unas elecciones legislativas CiU volvería a batir a ERC. En la encuesta de julio ERC quedaba delante con una estimación de voto del 3,3% (sobre el total español) frente al 2,9% de CiU. Ahora es CiU la que llega primero con un 3,8% frente al 2,3% de ERC.

Curiosamente es algo que contradice por completo la reciente encuesta del CEO en la que ERC ganaba a CiU tanto en unas elecciones catalanas como en las españolas.

ALFONSO GUERRA SE VA

Alfonso Guerra anunció ayer en el Congreso que se retirará en diciembre, cuando acabe el actual periodo de sesiones, y que no volverá a encabezar la lista socialista por Sevilla. «No está mal, ya me puedo ir. Llevo cincuenta años cotizando a la Seguridad Social, algo que ustedes no conseguirán, lamentablemente, tal como están las cosas», dijo ayer con su habitual lengua acerada.

Es el único diputado sobreviviente de las Cortes constituyentes de 1977 y su papel fue muy importante en la Transición, en la elaboración de la Constitución y en el Gobierno socialista, hasta su retirada en 1991 por el affaire Juan Guerra, algo que hoy parece casi insignificante pero que tuvo gran trascendencia en el PSOE y en la relación con Felipe González. De hecho, los mejores tiempos del PSOE fueron los del tándem González-Guerra.

Siempre pensé que de alguna manera aquel tándem representaba un vicio-virtud inevitable en la política española. A partir de cierto momento, desde el plan de estabilización de 1959, el régimen de Franco se encamina a integrar la economía española en Europa para asegurar su pervivencia política. Pero también tenía que mantener sus bases ideológicas y Girón de Velasco y Solís Ruiz, de camisa azul, hablaban a menudo de la revolución pendiente, al tiempo que, como ministro de Trabajo y secretario general del Movimiento, respectivamente, presidían manifestaciones sindicales.

Felipe González, desde el primer momento, se apuntó a unir la suerte del PSOE al proyecto europeo. Muy ayudado en la clandestinidad por los socialdemócratas del SPD, se tuvo después una larga colaboración política con el democristiano Helmut Kohl y no dudó en poner a Miguel Boyer (luego a Carlos Solchaga) al frente de la economía.

Pero alguien tenía que mantener vivo el maximalismo socialista (la nostalgia del caballerismo), y ese era Alfonso Guerra. ¿Era un reparto de papeles o cada uno se creía el personaje? Quizás las dos cosas. El País reproduce algunas frases de Guerra que desvelan este curioso político, seguramente positivo para la estabilización de la democracia pero negativo para su evolución y adaptación. Ahí van: «Nosotros somos los descamisados» (1989, el año siguiente a la huelga general de 1988); «Con cuatro años más de Gobierno socialista a España no la va a reconocer ni la madre que la parió» (1986, cuando el PSOE ganó las elecciones con mayoría absoluta por segunda vez).

Luego está su actitud fluctuante hacia Cataluña. Fue clave para el pacto de 1978 entre el PSC y el PSOE por el que el PSC se mantuvo como partido propio. También en el pacto con Miquel Roca en 1982, que eliminó el grupo parlamentario socialista para que CiU quedara como el único grupo catalán en el Congreso. Y su incomprensión respecto al maragallismo y el Estatuto de 2006 está más reciente. Él fue el que dijo que se habían «cepillado» (era el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso) el Estatuto que salió del Parlamento catalán. El País recuerda una frase de 2005: «Ustedes me dirán si la fuente de legitimidad puede ser la Constitución de 1978 o un incunable de la Edad Media».

Paradójico Guerra. Me acuerdo de una frase del profesor de Derecho Constitucional José Antonio González Casanova (antiguo miembro del Frente Obrero de Cataluña en la clandestinidad) cuando le presenté un libro suyo, que era una recopilación de artículos, diciendo que era la visión de la política de un socialista de izquierdas: «No soy un socialista de izquierdas sino un socialista. Es verdad que siempre he votado al PSOE, pero no creo que el PSOE sea socialista sino un partido de centro. Entre la derecha reaccionaria, casi fascista, y el centro, yo voto al centro... Felipe González no es un socialista sino un democristiano ateo. Y Alfonso Guerra tampoco es un socialista, sino un peronista que ha leído a Antonio Machado». Más allá de la hipérbole, quizás González Casanova tenga razón.

OBAMA Y HILLARY

La imagen del presidente Obama, que despertó grandes esperanzas al inicio de su primer mandato —en parte como contraposición al Bush de la guerra de Irak, el peor presidente de Estados Unidos—, ha sufrido el desgaste del poder. Mucho. Hace tiempos que Obama ya no es lo que era.

Ahora en Estados Unidos se han celebrado las elecciones de medio mandato y el desastre demócrata ha sido muy grande. Los republicanos aumentan su mayoría en el Congreso (14 nuevos representantes) y conquistan la mayoría en el Senado al ganar tres escaños, mientras que los demócratas pierden cuatro.

El centro-izquierda americano (los demócratas) no logran imponerse. Kennedy asesinado, Lyndon Johnson desprestigiado por la guerra de Vietnam, Carter que sólo tuvo un mandato, Clinton que logró acabar como acabó, ahora Obama. ¿Será Hillary Clinton, que parecía el pasado frente a Obama en 2008, la esperanza en 2016?

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

EL GOBIERNO DE RAJOY, DESCOLOCADO

Las portadas de los diarios catalanes —y no catalanes— siguen copadas por el conflicto creciente (aunque algunos diarios intentan ver signos de distensión) entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid sobre la pseudoconsulta tras la nueva suspensión del Constitucional. Y esta trifulca va adquiriendo así mayor relevancia política cada día. En Barcelona siguen las caceroladas y hoy el Gobierno Rajoy, que parece descolocado, ha lanzado el mensaje, medio disfrazado, de que no hará nada para impedir la consulta siempre y cuando se convierta en una cosa de la sociedad civil y la Generalitat diluya su protagonismo, muy destacado estos días a través de la campaña publicitaria.

Así, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que parece un hombre dialogante y que en declaraciones anteriores a su acceso al cargo había dicho que quizás una reforma constitucional permitiría resolver el conflicto, ha manifestado: «Si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Constitucional ordenando suspender la votación, no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Constitucional ni a jueces y tribunales para actuar». Y agregó que «nadie va a impedir la libertad de expresión de los ciudadanos», en lo que pareció una respuesta a la intervención de ayer de Artur Mas sobre la legítima defensa de la libertad de expresión.

Parece, pues, que Madrid, que está claro que se equivocó al instar al Constitucional la suspensión de la pseudoconsulta, estaría dispuesto ahora a tolerarla y mirar hacia otro lado si no la promueve directamente la Generalitat. Y en muchos medios de Cataluña se cree que la solución sería que mañana, en la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la Generalitat delegara en su presidente Joan Rigol, la gestión de la jornada del domingo, el peso principal de cuya realización recae en los cuarenta mil voluntarios. Así, la pseudoconsulta podría tener lugar y todo el mundo salvaría la cara. ¿Puede haber un pacto tácito entre Madrid y la Generalitat para que Rajoy tolere la jornada del domingo si la Generalitat da un pequeño paso atrás? Puede ser, porque hay canales de comunicación abiertos, pero es todo menos seguro.

ENCARNA ROCA Y LA INTOLERANCIA

En unas declaraciones a Antoni Bassas en el Ara, Joan Herrera dice que hay expresiones de intolerancia en el movimiento independentista. Es así, y un ejemplo claro es lo que ha sucedido en la Universitat de Girona, donde 77 claustrales propusieron la semana pasada la retirada del título de doctor honoris causa a Encarna Roca, una importante civilista catalana que ha estado en el Tribunal Supremo varios años y que ahora es magistrada del Constitucional a propuesta tanto de CiU como del PSC.

El motivo para quererle retirar el honoris causa es haber votado en el Constitucional a favor de suspender la consulta catalana, algo que por otra parte era casi obligado, ya que se trataba sólo de aprobar la suspensión de la consulta y no su inconstitucionalidad.

Privar del honoris causa a Roca porque su comportamiento en el Constitucional no sea del agrado de sectores del independentismo es una clara muestra de intolerancia, de querer censurar la libertad de las personas por mucha que sea su valía intelectual y del deseo, más o menos consciente, de un pensamiento único. De dividir la sociedad en buenos y malos catalanes. Este es uno de los peligros del actual momento catalán que no puede dejar de inquietar.

Afortunadamente esta iniciativa ha fracasado, ya que, de los 163 claustrales que han estado presentes, 100 votaron en contra y sólo 42 a favor, mientras que inicialmente 77 firmas habían propuesto la retirada del título. Al final se ha impuesto el seny, pero que 42 claustrales hayan votado a favor de la censura moral a Encarna Roca indica un clima enrarecido y se ha dado un espectáculo lamentable. Algunos actúan de hecho como si sólo consideraran buenos catalanes a los independentistas o soberanistas. ¿Qué son, pues, esta minoría mayoritaria de catalanes que en todas las encuestas dicen que se sienten tan catalanes como españoles? ¿Traidores? ¿Se les tiene que expulsar de algún sitio o se les debe tolerar magnánimamente? Es un camino peligroso.

LUIS GARICANO: ¡VÁYASE, SEÑOR RAJOY!

La inquieta diputada del PSC Rocío Martínez-Sempere me comentó en 2010 su disgusto porque a un coloquio de economía organizado por el PSOE no se hubiera invitado ni a Luis Garicano ni a Jesús Fernández-Villaverde. Son dos profesores que enseñan economía, respectivamente, en Londres y Filadelfia, y que por aquel entonces criticaban la política económica de Zapatero y pedían reformas más liberales del mercado laboral.

Martínez-Sempere me dijo que sí eran muy liberales, pero también muy competentes y que había que escucharlos. El PP lo hacía y quizás llamara al Gobierno a alguno de los dos si ganaba las próximas elecciones. El PSOE no debía rehuir el encuentro con economistas liberales acreditados, sino escucharlos con atención.

Bien, creo que el PSOE no los invitó, que ambos siguieron escribiendo artículos interesantes y que cuando el PP ganó no los llamó al Gobierno. El macroeconomista Luis de Guindos, secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato y asesor de Rajoy en la oposición mientras trabajaba en Lehman Brothers, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en la segunda legislatura de Aznar, que conocía por experiencia los presupuestos y que hacía vida de partido, era todo lo que el prudente Rajoy quería. Los experimentos, con gaseosa, debió pensar el registrador de la propiedad de Pontevedra cuando formó Gobierno. Y para controlarlo todo no nombró —algo casi inédito en la España democrática— vicepresidente económico.

Recuerdo que a mediados de 2012 Garicano y Fernández- Villaverde escribieron un sonado artículo en el que criticaron las incoherencias de la política económica de Rajoy, y el año pasado Garicano publicó un libro de éxito —El dilema de España— en el que criticaba el sistema institucional español. Esta mañana Garicano ha reaparecido con un artículo en el Financial Times en el que pide que Rajoy abandone el poder por su incapacidad para resolver la crisis española. Y entre las razones, presta mucha atención al empeoramiento del conflicto con Cataluña y a la pseudoconsulta del domingo.

Para Garicano, el bipartidismo español ha garantizado la estabilidad política, lo que ha tenido positivas consecuencias para la economía; pero, ahora, la irrupción de Podemos como partido antisistema y la crisis catalana amenazan esta imagen de estabilidad y pueden dificultar la marcha de la economía. Creo que hay que dejar constancia en este dietario de la opinión de Garicano cuando faltan pocas horas para el 9-N. Entre otras cosas porque comparto bastante lo que dice:

La primera [crisis], en Cataluña, quiere fragmentar el Estado actual. La segunda [la de Podemos] persigue desviar al país del giro dado después de 1975 en aras de la modernidad hacia un sistema «nacional-populista» similar al de Venezuela y otros países latinoamericanos.

El conflicto sobre la autodeterminación de Cataluña se ve alimentado por la creencia de muchos catalanes de que la región paga una cuota desproporcionada de las facturas del país, que se suma a una percepción de que el Gobierno central intenta restringir la autonomía catalana en materia de idioma y educación.

Además, el actual clima de abatimiento facilita que los nacionalistas catalanes cultiven la percepción de que –aunque la corrupción, la alta deuda pública y privada y el desempleo son tan endémicos como en el resto de España– Cataluña puede marchar mejor sola. En lugar de agitar en favor de la independencia (algo que, históricamente, nunca ha deseado una mayoría), los nacionalistas han reunido, con inteligencia, a una gran mayoría de la población en torno a un «derecho a decidir» que es incompatible con la Constitución actual. Incluso los catalanes que preferirían que Cataluña siga formando parte de España exigen el derecho a votar sobre su propio destino.

El conflicto alcanzará un momento decisivo este domingo en un pseudoreferéndum de independencia que un fallo del Tribunal Constitucional de Madrid clasificó de ilegal el martes. La confrontación se vuelve cada vez más peligrosa [...].

Dejando a un lado el resultado del enfrentamiento por el referéndum, la guerra de desgaste continuará después del 9 de noviembre.

Como en la guerra global de desgaste que comenzó hace cien años, la primera guerra mundial, cada parte piensa con optimismo que el único resultado posible es la victoria de su causa. Y, como en la Gran Guerra, el único resultado que desde fuera se puede concebir es aquel en el que ambos contrincantes acaben derrotados. Las guerras de desgaste son largas y costosas, no sólo por razones psicológicas (ambos odian perder su dignidad) sino también porque en cada paso los costes en los que se incurre son irrecuperables y el coste incremental de resistir un poco más es relativamente pequeño.

Dado que el presidente Mariano Rajoy era directamente responsable de cada nombramiento en el tan centralizado Partido Popular, enfrentarse al doble reto político de España es imposible mientras él permanezca en el cargo. [Su deber] es abandonar el timón para permitir que las aguas vuelvan a su cauce en una España con semejantes desafíos existenciales.

Creo que es suficiente. Las cosas desde la London School of Economics and Political Science se ven con mucha más claridad que desde la Moncloa o el Palau de la Generalitat. Aunque no creo que en la conclusión Garicano tenga razón, porque hoy no veo a nadie en el PP con la personalidad política suficiente y los apoyos necesarios para el cambio que sería indispensable. Paradójicamente, quizás el único que podría hacerlo es el propio Rajoy. Pero, para ello, debería jugar a largo plazo y a reconocer que en países tan azotados por la crisis es imposible gobernar sin buscar un cierto consenso con los adversarios políticos (aquí, el PSOE y el nacionalismo catalán).

En Alemania, país donde hay ahora menos parados que en 2007, el consenso ha llegado, por una serie de circunstancias, hasta un Gobierno de gran coalición entre los dos grandes partidos, los democristianos y los socialdemócratas. En España las cosas son diferentes, pero el PP no puede gobernar bien —ni teniendo mayoría absoluta— enfrentado totalmente al PSOE y a CiU. Estos días lo estamos comprobando. No consigue ni mandar.

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

MAS DECIDE JUGÁRSELA

La reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir ha debido ser una misa en la que se ha apoyado unánimemente la jornada del proceso participativo del domingo o la pseudoconsulta. Al final, Joan Rigol ha dado una conferencia de prensa que ha resultado algo confusa y que ha hecho que las ediciones digitales de varios diarios dieran versiones distintas de lo sucedido sobre la organización de la jornada del domingo.

Pero tras los mensajes algo confusos de coorganización entre la Generalitat y el PNDD y los voluntarios, lo que ha quedado claro es que la Generalitat no va a quedarse al margen. Mas intuye que Madrid no se atreverá a interrumpir la jornada a través de órdenes judiciales difíciles de ejecutar en el último momento y que en todo caso siempre serían algo traumáticas, y ha decidido seguir adelante. Un poco de confusión con la sociedad civil (el amplio movimiento independentista) en la organización del 9-N sí, de acuerdo, conviene y responde además a la realidad, pero de dar un paso atrás y retirar los anuncios de la Generalitat o de ceder el protagonismo en el escrutinio de los resultados nada de nada.

Mas ha decidido jugársela. Intuye que en el 9-N habrá mucha participación y quiere que se visualice que ha sido posible por su decisión y por el apoyo del movimiento independentista transversal (la ACN y Òmnium) pese a la oposición inicial de los otros partidos que apoyaron la consulta y a la prohibición de Madrid. Mas sabe que ha ganado. Al final todo el movimiento independentista y los partidos consultistas han acabado siguiendo su hoja de ruta y el Gobierno de Madrid ha lanzado el mensaje de que no impedirá que la jornada se celebre si la Generalitat da un pequeño paso atrás.

Sin embargo, hoy ha quedado claro —pese a la confusión y el verbo siempre amplio de Rigol— que Artur Mas no va a dar ningún paso atrás (o que lo va a dar en dosis mínimas). No cree que el Estado vaya a impedir la jornada por la brava y en el último minuto (hipótesis que a medida que pasan las horas parece cada vez menos probable). Y, si al final lo hiciera, cree que la imagen del Gobierno de España quedaría todavía más perjudicada en Cataluña. Ahora la clave va a ser la participación y esta va a aumentar porque la suspensión del proceso participativo y la protesta ciudadana subsiguiente (las caceroladas) han alentado la movilización.

MONAGO Y LOS ENANOS CONTRA RAJOY

Rajoy no puede centrarse en el conflicto catalán porque tiene un gran incendio interno en el PP provocado por los casos de corrupción y por el ascenso meteórico de Podemos en las encuestas. Hace dos fines de semana viajó a Murcia y se refirió a los casos de corrupción como «algunas cosas que han pasado», pero el lunes siguiente la Operación Púnica llevó a la detención de Francisco Granados y de cinco alcaldes populares. Rajoy tuvo que salir a pedir perdón por la corrupción. Y este martes viajó a Alicante a la asamblea del Instituto de Empresa Familiar y tuvo que hacer de todo para evitar la foto con Sonia Castedo, la alcaldesa de la ciudad, que también está imputada por corrupción y que se niega a dimitir.

Mañana sábado se inauguran en Cáceres unas jornadas sobre estabilidad y buen gobierno organizadas por José Antonio Monago, el presidente popular de Extremadura que gobierna con el apoyo de IU, y precisamente ahora ha salido a la luz que Monago viajó 32 veces a Canarias, cuando era senador y con el billete pagado por el Senado, para ver a una bella colombiana (algún diario publica las fotos) militante del PP y que residía en Tenerife. Monago se defiende diciendo que pagó de su bolsillo sus viajes privados y que cuando los pagó el Senado es porque eran profesionales, pero el escándalo está ahí y es llamativo.

Y el lío es mayúsculo. El presidente de un Gobierno sacudido por varios escándalos de corrupción hablará mañana en unas jornadas sobre estabilidad y buen Gobierno junto a un peculiar presidente extremeño que viajó con cargo al erario público para ver a una novia en Canarias mientras afronta un grave problema en Cataluña, donde la Generalitat va a desobedecer la suspensión de la pseudoconsulta decidida por el Tribunal Constitucional. Tres años después de ganar las elecciones, el lío económico ha bajado de intensidad pero Rajoy sigue sumergido en otros líos.

LA RENUNCIA DE COLITA

Hace unos días Jordi Savall renunció al Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura. Desvinculó su renuncia del llamado proceso catalán y la atribuyó a una protesta contra la política cultural del Gobierno del PP, pero ayer también Colita, la fotógrafa catalana, renunció al Premio Nacional de Fotografía. Y la fotógrafa de la gauche divine, más suelta de verbo, dijo que no le apetecía fotografiarse con el ministro Wert. Dos catalanes renunciando a un Premio Nacional del Ministerio de Cultura para protestar contra la política cultural de Wert. Vale, protestan contra Wert pero expresan también el desprestigio del Estado en Cataluña.

Hay, seguramente, un desprestigio muy generalizado de la política cultural del Estado que alimenta todos los movimientos de desapego, incluido el catalán. El escritor Javier Marías, que renunció al Premio Nacional de Narrativa en 2012, declaró ayer: «El mundo de la cultura debería retirarle el saludo a este Gobierno [...]. Ahora se hace una política que se aproxima a la hecha durante el franquismo, de desdén y hostilidad hacia la cultura y los intelectuales [...]. Es incongruente un premio que permite a este Gobierno disimular y darse aires». Como se ve, la protesta es general pero seguramente en Cataluña es más fuerte y contribuye también al crecimiento de la desafección hacia España. Quizás me repita, pero José Montilla estuvo lúcido cuando se refirió a este fenómeno algo antes de la sentencia del Constitucional.

El rechazo de dos catalanes a los premios nacionales de Música y de Fotografía de este año es una muestra palpable de esta desafección. Muchos catalanes irán el domingo a las urnas para votar contra esta España. Y tanto Savall como Colita —seguramente sin ser conscientes— les están empujado. La incapacidad del PP de tener complicidades en la Cataluña de 2014 es patética.

SÁBADO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

«LO DE MAÑANA NO ES...»

Hemos llegado a la víspera. Hoy, la confirmación de la imputación de la infanta Cristina —que patentiza la pérdida de prestigio de las instituciones— roba los grandes titulares de portada al «proceso participativo».

Pero la pseudoconsulta sigue siendo el gran tema. Los diarios despejan la relativa ambigüedad de la rueda de prensa de Joan Rigol de ayer. Queda claro que la Generalitat no ha escuchado los consejos de Madrid (el ministro de Justicia sugirió que renunciara al protagonismo) y sigue al frente del operativo de mañana. Los diarios así lo reconocen. El País dice que «Mas se mantiene al frente de un 9-N que ejecutarán los voluntarios» y el Ara: «El Gobierno catalán retiene la organización del dispositivo. Mas garantiza al Pacto por el Derecho a Decidir que el Ejecutivo mantiene el liderazgo del 9-N y comunicará los resultados».

Mas ha levantado acta de que planta cara y ha repetido que la fiscalía pierde el tiempo buscando a los organizadores porque él es el responsable. Y en el Gobierno de Madrid crece la alarma.

La imagen de Rajoy ayer en Cáceres, en la reunión del PP sobre estabilidad y buen gobierno, flanqueado por María Dolores de Cospedal y por José Antonio Monago, el pintoresco presidente extremeño apoyado por Izquierda Unida y que está en el ojo del huracán por sus 32 viajes a Tenerife con cargo al Senado para ver a una novia que era militante del PP, ha sido patética. Y sus palabras no lo son menos: «Lo de mañana no sé cómo se le puede llamar, pero no es ni un referéndum ni una consulta ni nada que se le parezca. Y no lo es porque no produce efectos [...]. Estad tranquilos, porque mientras yo sea presidente la Constitución se cumplirá, la soberanía nacional está a salvo y nadie romperá la unidad de España». Luego, para intentar desdramatizar añadió: «Espero que a partir del lunes se recupere la cordura y hablemos dentro de la Constitución y las leyes». Una forma de reconocer que el domingo ha perdido la batalla.

Pero el PP no puede asistir pasivo a un 9-N que en Cataluña se puede parecer mucho, dependiendo de la participación, a una consulta. Por la tarde he ido al Teatre Nacional de Catalunya a ver El president, nada que ver con la situación catalana, y a la salida, mientras saludaba a Marçal Sintes y escuchaba la cacerolada, he visto en el móvil un aviso de la Agència Catalana de Notícies que decía que la fiscalía ordenaba a los Mossos averiguar quiénes eran los responsables de la apertura de los colegios electorales.

¿Trata el Gobierno de salvar la cara y desanimar la participación o está dispuesto a hacer algo mañana a la apertura de los colegios electorales? No lo sé, pero tengo la sensación de que los movimientos inconexos de Madrid desde que —en contra de lo anunciado al principio— decidió recurrir también el proceso participativo sólo han conseguido hacer publicidad y legitimar la pseudoconsulta como una forma de expresar la repulsa y la protesta (no sólo nacional). Por la mañana me he encontrado en la calle a una productora de TVE que siempre habla castellano y que creo que no tiene nada de catalanista. Me ha dicho espontáneamente que iría a votar. No quiere que Cataluña se vaya de España, pero, «como mínimo, que nos dejen votar». Me ha dicho que —si había urnas— mañana iría a votar. No sabía si Sí-No o Sí-Sí. No quería irse de España pero había que alzar la voz.

Conclusión. Mas ya sabe que ha ganado y Rajoy ya intuye que ha perdido. Lo más lógico es que mañana haya normalidad y que la incógnita esté en la afluencia a los colegios y en los resultado, pero quién sabe. Todo puede pasar. Hay mucha expectación.

HOLLANDE SE HUNDE

Un breve apunte. La pérdida de confianza en muchos gobernantes europeos es muy alta. No es sólo Rajoy el afectado. Miro una nota de Le Monde sobre Hollande. Su índice de aprobación ha pasado del 55% en julio de 2012, al poco de ser elegido, al 35% en enero de 2013, al 27% en julio de 2013, al año de ser elegido, al 21% en enero de 2014, el 18% en julio de este año y al 12% ahora. El desplome es más intenso que el de Rajoy, porque el presidente español nunca tuvo una gran aprobación ni incluso cuando logró la mayoría absoluta en noviembre de 2011. Aquí no ganó tanto Rajoy como se desplomó el PSOE, que no puedo ni repetir candidato (Rubalcaba relevó a Zapatero).

En Francia Hollande levantó una gran ola de optimismo en la izquierda y el centro-izquierda (no sólo francés) como alternativa a la política de Merkel.

El desplome ha sido brutal. Prometer demasiado, prometer cosas que no se pueden cumplir es un serio error. Rajoy también paga aquellas promesas de bajar impuestos inmediatamente para que la economía rebotara tan pronto los mercados vieran que los ministros del PP habían tomado posesión de los ministerios.

LA «BOMBA» CONTRA JUNCKER

El nuevo presidente de la Comisión Europea ha tropezado en los primeros días. Fue elegido por el Parlamento Europeo por haber liderado la candidatura de la minoría mayoritaria (el PPE europeo) y en principio eso refuerza a la Comisión (y a su presidente) frente a los gobiernos nacionales que tienen su fuerza en el Consejo Europeo, que limitó mucho la actividad de Durão Barroso. Pero ahora se ha sabido que Luxemburgo, país del que Juncker fue primer ministro y ministro de Economía durante muchos años, llegó a acuerdos concretos con bastantes multinacionales para que instalaran su sede social en el Gran Ducado a cambio de un impuesto pequeño sobre sociedades, ahorrándose así importantes sumas de dinero que no ingresaban en los países en los que tenían una actividad real.

La competencia fiscal es una realidad de la Unión Europea y muchos países atacan el 10% de impuesto de sociedades fijado por Irlanda. Pero ahora se sabe algo que ya flotaba en el ambiente: que Luxemburgo era lo más parecido a un paraíso fiscal dentro de la UE. Y que el impuesto de sociedades se pactaba a la carta con las multinacionales.

Es imposible que este descubrimiento no erosione la figura de Juncker y la capacidad de la Comisión. Quizás Juncker logre mantenerse porque ningún grupo político relevante ni ningún Gobierno (salvo quizás Cameron) tiene interés en cobrarse la cabeza del luxemburgués. Pero ha perdido fuerza y autoridad moral, que van cada día más juntas.

DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

EL GRAN DÍA DE ARTUR MAS

Los domingos hago vacaciones de radio. Pero es el 9-N y mientras desayuno quiero tener los primeros inputs. Hay afluencia y normalidad en los colegios electorales. La gente está votando bastante e incluso en algunos centros se ven colas. La normalidad es buena noticia, indica civilidad. Y que el Gobierno de Madrid ha preferido un mal día a un gran jaleo. Hasta aquí bien.

Salgo de casa un poco después de las 10 y enseguida noto que en la calle hay más gente de la habitual. Y es gente que va hacia algún sitio, seguramente a votar, no son los paseantes habituales de un domingo a aquella hora de la mañana. Tomo un segundo café y me acerco hasta el Instituto Balmes (Pau Claris esquina Consell de Cent). En la puerta no hay cola, pero sí dos grupos que conversan animadamente, y dentro hay bastante gente y veo que los voluntarios cumplen su función. La gente que entra a votar es muy diversa y de todas las edades.

Sigo en busca de otro colegio electoral y oigo que hay colas en uno de L’Hospitalet. Llamo a la alcaldesa, Núria Marín, y me dice que hay afluencia y la normalidad es total. Sólo no ha abierto un colegio electoral que ha sido sustituido por otro centro (luego me entero que la directora del colegio no ha querido ceder las llaves del centro). En Santa Eulàlia ha habido colas en un colegio electoral en el que se han concentrado muchas mesas electorales que en los comicios convencionales se reparten entre distintos centros de votación.

En toda Cataluña hay menos mesas electorales que en una votación normal, y la reducción de los colegios electorales es incluso superior. Además, el censo electoral presencial (no existe el previo) puede alargar algo el tiempo de votación.

A la una he quedado con Carmela Ríos, una periodista madrileña que trabajó para Antena 3 TV y que va a hacer varias entrevistas cortas en tiempo real para colgar en El Confidencial. Quiere que le haga un primer balance. Me llama y me dice que se retrasa porque está siguiendo a Artur Mas. Luego me explica que Artur Mas ha votado en la Escola Pia de Balmes-Travessera y que al salir a la calle la gente le ha aplaudido. Ha asistido a la conferencia de prensa, había muchos medios internacionales y Mas estaba contento y satisfecho. Y preguntado por la posible intervención de la fiscalía ha asumido toda la responsabilidad. Me explica su sensación y lo que ha comentado con los corresponsales extranjeros, uno de los cuales le ha dicho que parecía una elección presidencial de un país normal en la que Artur Mas era el candidato favorito. Noto que está algo impresionada.

Un mensaje de móvil me dice que cuando Joana Ortega comparezca el número de votantes que anunciará llegará a las siete cifras. Algo más de un millón de votantes. No está mal. Al final del día pueden estar algo por encima de los dos millones. Claro, las cifras son las de los voluntarios. No hay que desconfiar, pero no hay interventores ni las garantías acostumbradas.

El primer balance que grabo para El Confidencial es, pues, favorable. Pese a todas las dificultades, Mas ha logrado hacer una cosa tan rara como una pseudoconsulta a base de voluntarios que son, en la mayoría de los casos, independentistas, y la votación se está celebrando con orden total. Con astucia —sí, la palabra que usó tenía sentido— ha conseguido superar la oposición del Estado. Y haber sabido colaborar con organizaciones como la ACN y Òmnium, que han proporcionado los voluntarios, va a aumentar su influencia en el campo independentista. Sin los cuarenta mil voluntarios, el 9-N no habría existido.

Mas ha ganado la partida a Rajoy, que al final ha dejado hacer, y también a Junqueras, porque ha demostrado que plantaba cara y no se arrugaba.

Es difícil a esta hora ir más allá. La participación es la clave y una votación por debajo del 30% sería un desastre para Mas y la apuesta independentista. Pero los datos disponibles y el ambiente en los colegios ya permiten concluir que no hay descalabro. Como mínimo se han cumplido los objetivos porque la pseudoconsulta se está celebrando con total normalidad y hay bastante participación.

Si la votación alcanza el 40% del electorado potencial, que es superior al censo electoral porque votan los de dieciséis años y los extranjeros con permiso de residencia, será un éxito y el independentismo podría ganar las elecciones con comodidad. E incluso un referéndum. Claro que la victoria sería mayor cuanto más alto fuera el segundo número después del 4.

Entre el 30 y el 40% indicará que el independentismo es fuerte y que está muy movilizado pero que no reúne las mayorías suficientes para dividir un estado de la Unión Europea. Me atrevo a vaticinar que el resultado estará en esta franja y habrá que busca una solución intermedia. El Gobierno de Madrid y los grandes partidos españoles tendrán que ponerse las pilas.

Luego almuerzo en Miguelitos, en la Diagonal-Rambla de Catalunya, y me dan la última mesa que queda. Nunca lo había visto tan lleno un domingo y Miguel (el padre), que tiene muchos años de oficio y ha nacido fuera de Cataluña, sonríe y me dice maliciosamente que le encantaría tener un referéndum independentista cada semana. Hay mucha gente nueva que no es cliente habitual.

Por la noche voy al centro de prensa que la Generalitat ha instalado en el pabellón de Italia de la Fira, donde se hacen muchos desfiles de moda, en la explanada de las fuentes. El programa El Dilema de la televisión vasca, que dirige Juan Carlos Etxeberria, me contactó hace unos días para que participara en una emisión en directo sobre el 9-N que se haría allí y en el que también estarán Vicent Partal, el director de Vilaweb, y la politóloga Astrid Barrio. Voy en taxi y oigo la reacción, alarmada y alarmante, del ministro de Justicia. ¿Por qué el Gobierno que ha dejado hacer la votación muestra ahora irritación?

En el centro de prensa el ambiente es optimista y de satisfacción. La pseudoconsulta se ha celebrado con normalidad y alta participación. Me dicen que, aparte de que la vicepresidenta va a dar los resultados, va a venir el presidente Mas a hacer una declaración y que aceptará unas cuantas preguntas. En aceptar preguntas Mas, al contrario que otros, no es nunca remiso. Que apareciera Mas esta noche es algo que estaba contemplado pero que sólo iba a tener lugar si el balance era muy satisfactorio. Al cabo de pocos minutos entra el presidente rodeado de una nube de fotógrafos y cámaras de televisión.

El pabellón es muy grande y a Mas lo tengo muy lejos porque nos hemos trasladado a un lateral, a una altura algo superior a la sala e incluso a la tribuna, donde la ETB iniciará el programa inmediatamente después de que el presidente acabe la declaración. Mas lleva un traje gris con camisa pero sin corbata. Se le nota satisfecho, casi radiante, pero mide las palabras y no se deja llevar por el entusiasmo. Sabe que ha conseguido superar una dura etapa de montaña pero que la meta de la carrera —no sé exactamente cuál es, pero intuyo que pasa por una cita electoral en la que encabeza una lista independentista ganadora— está todavía lejos. No le oigo bien pero entiendo que dice que ha sido un gran día, que Cataluña ha votado de forma muy civilizada y que esta vez se ha gustado a sí misma (Pujol dijo en su día, cuando el proceso del Estatuto, que no se había gustado), que se había ganado el derecho a un referéndum de verdad.

Al salir del pabellón repaso los números. 2,3 millones de votantes son muchos. Pero son sólo doscientos mil más que la suma que obtuvieron todos los partidos soberanistas en las elecciones catalanas de 2012, mientras que el electorado convocado hoy era superior al censo electoral normal. Es una participación del 35-36%. Buena pero no rotunda. Ha ido a votar mucha Cataluña y con entusiasmo, pero hay otra mucha Cataluña —más numerosa— que por los motivos que sean no se ha sentido llamada a las urnas. Unos dirán que sienten que la pseudoconsulta ha sido un éxito —y tendrán su razón—, y otros que las dos terceras partes no han acudido a las urnas, y también estarán en lo cierto.

Más preocupante —para Mas, Junqueras y la ACN— me parece que la cifra de independentistas —algo más de 1,8 millones— está muy poco por encima de los votos de CiU, ERC, la CUP y Solidaritat (que no sacó diputados) en 2012. Claro, entonces no toda CiU era independentista y sus electores han debido seguir (o han acudido otros independentistas que no votaron) en 2012. En todo caso, los 1,8 millones son un techo claro porque hay razones fundadas para pensar que ni un solo independentista ha dejado hoy de acudir a votar. Los 1,8 millones son más o menos un 30% del electorado potencial y la mitad justa de los electores —3,66 millones— que acudieron a las urnas en las elecciones de 2012. A primera vista parecen porcentajes no suficientes para proclamar la independencia y dividir un Estado europeo. Pero al mismo tiempo son porcentajes muy altos, imposibles de no tener en cuenta. El independentismo no ha barrido ni mucho menos pero ha demostrado su fuerza, su capacidad de movilización y ha proclamado que va a seguir siendo un factor relevante de la política catalana... y española.

Y luego está el hecho de que sólo algo menos del 81% ha votado por la independencia. Creía que el porcentaje sería mayor pero un 19%, casi uno de cada cinco, de los que han acudido a los colegios han preferido otra opción. Un 10% —más de doscientas mil personas— han votado sí a que Cataluña sea un Estado pero no a que sea independiente. Y casi un 5%, cien mil personas, han dicho que no al Estado y no a la independencia. Quizás la actitud de Madrid ha movilizado ciudadanos que querían protestar porque se prohibía la pseudoconsulta (en las encuestas los partidarios de la consulta se acercan al 70%) pero no eran independentistas. Más de cuatrocientas mil personas han ido a votar y no lo han hecho por la independencia.

Primera conclusión: encontrar la salida no es fácil. Artur Mas puede cantar victoria hoy. Ha sido su gran día porque lo ha logrado hacer y la jornada ha transcurrido con gran normalidad. Pero un primer análisis de los números indica que no hay ganador. Cataluña es muy plural y habrá que saber respetar su pluralidad tanto para gobernarla como para su relación con España. Una España que tiene que cambiar. Debe admitir más autogobierno de Cataluña, más asimetría, más federalismo, más fórmulas nuevas y atrevidas.

En caso contrario, el conflicto no sólo no se resolverá sino que se envenenará. Lo que ha pasado hoy demuestra que la normalidad y la civilidad son muy fuertes, pero que la pulsión de la protesta y hacia más autogobierno también es muy fuerte. Y que es imposible de negar y de contener.

Pero Artur Mas después de su gran día también deberá reflexionar. Cataluña es mucho más plural y diversa, más compleja, de lo que el independentismo proclama y desearía.

Epílogo

PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA

Al cerrar noviembre se puede hacer un balance provisional de lo que ha pasado en Cataluña en los sesenta días transcurridos entre la tercera gran manifestación del Once de Septiembre y el 9-N. Y de intentar explorar las líneas del futuro posible:

1) Artur Mas no ha podido hacer la consulta sin efectos jurídicos pero con consecuencias políticas que quería. Pero ha hecho una pseudoconsulta contra la voluntad del Estado que ha transcurrido de forma ordenada, con normalidad y notable participación. Ha tenido, pues, un éxito parcial que ha afianzado su posición.

2) En especial ha salido reforzado como líder del catalanismo independentista, ya que la pseudoconsulta no se hubiera podido celebrar sin la colaboración de organizaciones independentistas transversales como Òmnium y la ANC. Sin los cuarenta mil voluntarios independentistas —un potente movimiento de masas— el 9-N no habría existido. Así pues, sale reforzado frente a otros líderes políticos, pero también condicionado por la alianza con la ANC y Òmnium.

3) En su primera conferencia de prensa tras el 9-N, Artur Mas ofreció negociar tanto las 23 demandas que presentó a Rajoy en su última reunión el pasado 30 de julio como la celebración de un referéndum. La respuesta de Rajoy fue que si era para discutir la soberanía nacional no hacía falta hablar, y punto. Habría sido más inteligente —y generado más complicidad en Cataluña— abrirse a negociar las 23 demandas y a dialogar, punto. Pero quizás Rajoy no quería tanto la simpatía catalana como parecer fuerte y firme al nacionalismo español y a su partido.

4) Por otra parte, la querella de la fiscalía (rodeada de todo tipo de incidentes) puede reforzar la figura de Artur Mas como víctima de los poderes del Estado. Electoralmente le favorece y da la imagen de que el Estado español no comprende que 2,3 millones de catalanes hayan querido votar. ¿Son «colaboradores necesarios» del delito de Mas?

5) En su rápida visita a Barcelona, el sábado 29 de noviembre, Mariano Rajoy ha reafirmado su deseo de diálogo pero siempre dentro de la normativa constitucional vigente. Al parecer, Rajoy —con serios problemas políticos aparte del catalán— prioriza ahora los resultados del PP en las elecciones municipales y autonómicas de mayo que serán la antesala de las legislativas de final de año. Una negociación seria de las demandas catalanas, con la flexibilidad precisa por ambas partes, parece, pues, difícil antes de principios de 2016.

6) Mas tiene, por tanto, el horizonte de negociación con Madrid bloqueado —y al Gobierno español de uñas porque cree que el 9-N fue engañado— y debe tomar decisiones difíciles en los próximos días o semanas: convocar unas nuevas elecciones —serían las terceras en poco más de cuatro años— o intentar agotar la legislatura, en condiciones complicadas, para esperar a negociar con el nuevo Gobierno español —que quizás sea de otro color— a principios de 2016, cuando todavía le quedaría casi un año de legislatura.

7) La elección no es fácil porque los datos del 9-N indican que el independentismo es fuerte y está muy movilizado pero no tiene las mayorías suficientes para exigir la independencia. El 9-N contabilizó un techo independentista de 1,8 millones de catalanes. Es justo la mitad de los electores que acudieron a las urnas en las últimas elecciones catalanas de 2012. El independentismo es, pues, potente pero no puede imponer sus tesis al otro hemisferio catalán —el no independentista— que es muy diverso. Las recientes encuestas —todas— dicen que la suma de la actual CiU y ERC no tienen garantizada la repetición de la mayoría absoluta. Y los resultados podrían ser peores si CiU y ERC concurrieran en una lista conjunta, que es la idea de Mas. El presidente ha ganado la batalla del 9-N pero el paisaje posterior tiene las mismas dificultades —o incluso más— que el anterior.

8) El catalanismo —mayoritario o no— ha sido la corriente política decisiva de la política catalana desde principios del siglo pasado. Sin su presencia y sus propuestas en clave positiva (a su manera, Cambó, Macià-Companys, Tarradellas, Pujol y Maragall-Montilla lo demuestran) no hay política catalana. Y la española —en el marco de un sistema democrático— se ve abocada a un serio problema. El conflicto es hoy más grave que nunca porque, por razones diversas, una parte muy significativa del catalanismo ha abrazado la apuesta independentista.

9) Toda la acción política de Artur Mas desde que en 2003 CiU no logra formar Gobierno —pese a haber sido la primera fuerza— va dirigida a recuperar el poder y el liderazgo del catalanismo que Jordi Pujol consiguió en las primeras elecciones catalanas de 1980. Por eso pone pólvora en la preparación del nuevo Estatuto intentando romper el pacto PSC-ERC, por eso luego negocia y pacta con Zapatero el Estatuto que aprobará Madrid, por eso acentúa su nacionalismo contra el tripartito y especialmente tras la sentencia del Estatuto, por eso abraza el derecho a decidir en 2012 y el independentismo tras el pacto de legislatura con Junqueras. Pero pese a ello —y pese a haber ganado la batalla del 9-N—, Artur Mas no ha logrado ni ser el líder indiscutible del catalanismo (la ERC de Junqueras le cuestiona tanto la ideología como el liderazgo) ni recuperar la fuerza electoral del pujolismo. Pujol conseguía mayorías absolutas (más de 68 diputados), mientras que Mas tiene ahora sólo 50 y las encuestas le dan un máximo de 40 en las próximas elecciones. Y la CiU de Pujol no era independentista, sino que encarnaba un catalanismo amplio y posibilista que quería pescar en todos los electorados (Pujol lo definió alguna vez como un partido atrapa-todo).

10) Sin la «conversión» de Artur Mas una parte significativa del catalanismo amplio y centrista no se habría hecho independentista, pero Artur Mas no es —ni de lejos— la única causa de este fenómeno, que bebe también del intento de la derecha española de revisar, por la vía de los hechos, perspectivas que la Constitución de 1978 abría a las esperanzas catalanas de un mayor autogobierno.

11) Cataluña es diversa, plural, compleja. El independentismo es fuerte y está muy movilizado, pero en Cataluña hay otros hemisferios quizás no tan fuertes y desde luego menos cohesionados. Uno de ellos —importante porque tradicionalmente era el dominante y por su potencialidad— es el del catalanismo no independentista que pervive en Unió Democràtica, el PSC e ICV y en personas y grupos que guardan silencio de CDC. Otro hemisferio activo es el de la Cataluña menos catalanista, o no catalanista, o que incluso reacciona contra lo que cree excesos del nacionalismo. Está básicamente en el PPC y Ciutadans. Y finalmente hay otro hemisferio para el que la prioridad no es el catalanismo o el no catalanismo, sino la pulsión por la protesta y el cambio social que está emergiendo en las encuestas en la fuerte intención de voto a Podemos (que conecta con un fenómeno similar español), y cuyos líderes no son catalanes. Todo ello sin olvidar el importante hemisferio de ciudadanos que priorizan su vida particular u otras cuestiones y que tienen un interés limitado por la política o incluso se declaran apolíticos. Y Mas y el independentismo se equivocan gravemente si creen que pueden ningunear estos otros hemisferios catalanes.

12) En estos momentos parece que el independentismo no tiene ni la fuerza ni las complicidades internacionales suficientes para imponer su solución. Pero lo más probable es que siga siendo el eje central de los gobiernos catalanes. Por otra parte, los gobiernos españoles recientes —el de Zapatero y el de Rajoy— no han logrado ni la unidad suficiente, ni la inteligencia política precisa, ni el apoyo electoral catalán necesario para que Cataluña acepte un marco basado en la Constitución de 1978 con los límites fijados por la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatuto.

13) Parece, pues, que cualquier negociación seria —no digamos solución— a la cuestión catalana no podrá plantearse hasta que se defina el nuevo mapa político español tras las elecciones de 2015. Y no hay ninguna garantía de que entonces la solución sea fácil. Porque el sistema político español puede ser más complicado o porque la política catalana puede haberse radicalizado y/o fragmentado.

14) Seguramente la solución exige un acuerdo previo entre los dos grandes partidos españoles (suponiendo que el bipartidismo imperfecto siga vigente) para una negociación con las fuerzas catalanas en busca de un punto de encuentro razonable que tenga apoyo mayoritario en Cataluña. Hasta ahora no ha sido así porque el PP (Aznar) utilizó la cuestión catalana contra Felipe González, luego Aznar pactó con CiU para tener mayoría contra el PSOE, más tarde Zapatero negoció un nuevo Estatuto con Cataluña sin contar con el PP, cosa que por otra parte era casi difícil porque el objetivo del PP entonces era echar a Zapatero, el usurpador... Y el PP hizo del Estatuto un eje de su batalla contra Zapatero. Es evidente que el cainismo político español ha contribuido mucho a lo que José Montilla definió como la creciente desafección de Cataluña.

15) El diagnóstico pesimista, pensar que el conflicto es crecientemente insoluble y que la orteguiana conllevancia se está agotando y vamos hacia la ruptura o el enquistamiento, no es inevitable. Pero las soluciones simplistas de Barcelona o de Madrid, pensar que Cataluña está a un paso de la independencia, o de que los catalanes se olvidarán del problema porque Pujol es un corrupto y Mas está a punto de perder, todavía se ajustan menos a la realidad.

16) Sería necesario un nuevo pacto constitucional —que aborde con nuevos criterios la relación del Estado y Cataluña— porque el pacto de 1978 se ha ido degradando. Pero no será un pacto fácil ni será suficiente la buena voluntad (positiva) que predica Pedro Sánchez. Hay que considerar que el pacto constitucional de 1978 seguramente se vio favorecido porque el imperativo europeo exigía un sistema democrático en España, porque la derecha española que salía de la dictadura (la UCD y Fraga) estaba acomplejada y conocía ese imperativo, porque la izquierda (PSOE y PCE) había padecido un largo periodo de ostracismo y porque el catalanismo creía que podía ser una fuerza motriz en la modernización y democratización de España. Hoy tenemos otros activos, pero carecemos de las esperanzas y los miedos de entonces.

¿España sin Cataluña?

Joan Tapia

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