ESPAÑA,

MÁS ALLÁ DE LO CONSEGUIDO

UNA GUÍA

PARA ESPAÑOLES ESPERANZADOS

Jesús Banegas

© Jesús Banegas

© ESPAÑA, MÁS ALLÁ DE LO CONSEGUIDO

Una guía para españoles esperanzados

Diseño: TAU DESIGN

Maquetación y corrección: Juanjo Zorrilla

ISBN papel: 978-84-686-8327-0

ISBN digital: 978-84-686-8655-4

Impreso en España

Editado por Bubok Publishing S.L.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Dedicatoria

Para mis padres Jesús (†) y Milagros, que me educaron en lo que luego he sido; mi esposa y compañera de viaje de casi toda mi vida, Mila; mis epígonos hijos, Alejandro y Carolina, y mi nieta Alejandra, a la que deseo y auguro un mundo aun mejor que el de sus abuelos y padres.

Agradecimientos

La ocurrencia de escribir este libro tuvo lugar a mediados del pasado otoño durante un cosmopolita seminario universitario sobre la privacidad en Internet: una discusión internacional de gran altura intelectual sobre un asunto crucial para el futuro de la economía y la sociedad en el que España tiene su reloj tecnológico en hora.

Estando —luego se verá porqué—, por primera vez en nuestra historia, a la altura tecnológica de nuestro tiempo, me pregunté: ¿Qué porvenir nos puede esperar? Para responder la pregunta enseguida pensé en escribir el libro y desarrollé su índice de contenidos, que apenas ha variado desde su formulación.

En la obra de teatro de Moliére El burgués gentilhombre, un personaje dice: “¡Por vida de Dios! ¡Más de cuarenta años que hablo en prosa sin saberlo!” Viene al caso esta cita porque ahora que está de moda la “inteligencia colaborativa”, en este libro ha estado muy presente sin que hasta hace poco supiéramos que existía tal concepto.

Acostumbrado a trabajar siempre en equipo por razones profesionales, sentido práctico y, sobre todo, confort humano, después de dejar reposar la idea de escribir un libro sobre el porvenir de España, muy poco tiempo después comencé a compartirlo con los amigos que mejor podían colaborar en términos crítico-constructivos en el proyecto.

Debo comenzar por citar a Antonio Cordón, entrañable amigo y compañero de viaje por alamedas, avenidas, calles y caminos sin asfaltar de la sociedad de la información, de la que llevamos mucho tiempo compartiendo una visión ilusionante, pero no despreocupada, de lo que puede dar de sí.

La primera y coincidente aproximación al libro fue su espíritu constructivo, frente a la más consabida y reiterada actitud derrotista que suele circular por la España de nuestros días. Luego, gastó sus horas entrometiéndose en mis textos con gran aceptación por mi parte. El moderno control de cambios del programa “Word” facilita el ejercicio de la inteligencia colaborativa, que considero cada vez más imprescindible en cualquier proyecto intelectual.

Enrique Baca, al que tengo por sabio, se leyó el original de cabo a rabo y me aconsejó sabiamente, ampliando y profundizando mi visión previa, sobre cuestiones de salud y incluso muy perspicazmente de deporte.

Pablo García Mexía, siempre estuvo diligentemente disponible para orientarme y aconsejarme en materias institucionales, además de hacer aportaciones de alta precisión jurídica que respaldaron mis análisis y propuestas. También me ilustró con su rica experiencia en cuanto a la difusión electrónica del libro.

Jesús Sánchez Quiñones fue un excelente soporte en todo lo relativo a los mercados financieros, los problemas de endeudamiento y el funcionamiento de nuestra economía; su diligencia y rigor merecen todo mi agradecimiento.

Con la solvencia y rigor que le caracterizan, Juan Mulet revisó a fondo y exhaustivamente el capítulo sobre ciencia e innovación para dejarlo “redondo”. Juan Lazcano me auxilió proporcionándome amplia información sobre infraestructuras. En el ámbito tecnológico, Javier García y Antonio Cimorra hicieron lo propio con los datos del capítulo del “reloj tecnológico en hora”.

Francisco Navarro y Antonio Fontanini, desde sus acreditadas experiencias en business schools, colaboraron a centrar y precisar el análisis de las fortalezas y debilidades de “la empresa España”.

Enrique Sánchez de León, del que siempre he admirado su sexto sentido para analizar las cosas y, por tanto, su amplitud de miras, me dio pistas que han enriquecido y completado el libro.

Con Florentino Portero he compartido y disfrutado una gran compenetración en el análisis de la seguridad y la defensa; él desde una alta perspectiva doctrinal y yo desde una óptica más práctica y próxima a las realidades que conforman el mundo actual.

José Luis Feito, cuya solvencia en materia macroeconómica —que suele mezclar con una brillante ironía churchilliana— siempre me ha parecido categórica, me prestó una larga mañana —de vuelta de Nueva York— para precisar y aclarar cuestiones críticas, para mi tranquilidad intelectual.

Luis Lada, siempre perspicaz, profundo y descreído, me ofreció un original y luminoso análisis de la energía aquí y ahora en España, amén de una constructiva visión del capítulo relativo a los logros españoles para hacerlos más creíbles.

José María Mohedano me brindó ideas muy precisas y útiles para mejorar la justicia.

En la edición del libro me he beneficiado de la brillante y muy contemporánea sabiduría editorial de Roger Domingo, del exquisito diseño de mi querido amigo y maestro del género, Emilio Gil, amén del siempre meticuloso y muy profesional trabajo de edición de Juanjo Zorrilla.

En cuanto a la edición para Internet, además de la labor en “la red” de Gonzalo Castillero, he contado con la imprescindible compañía de DONTKNOW, una ambiciosa y ya exitosa empresa 4.0 dedicada a una original y muy fundamentada gestión inteligente del conocimiento y, en particular, de su Red chairman, Jesús de la Fuente.

Tratándose de un libro de naturaleza programática, para evitar confundirlo con “la política” al uso en la España de nuestros días, he tratado de documentar, además de argumentar todos sus capítulos, con mis otros compañeros intelectuales de viaje: los autores que, citados a lo largo del texto, componen la bibliografía y que considero representan una selección muy a tener en cuenta por quienes deseen profundizar en los temas tratados.

Prólogo

Jesús Banegas ha escrito por fin el libro que quería escribir. Un libro en el que afronta la situación de España con valentía e incluso con audacia. En las páginas 87 a 89 hace un resumen telegráfico de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que merece la pena revisar con especial cuidado, incluso antes de empezar el libro. Es una buena guía, una buena síntesis, para entender nuestra realidad y también para conocer, en el sentido orteguiano, nuestras “circunstancias” y luego profundizar en ellas.

Todo el libro está escrito —dato importante— en clave positiva. Expone con rigor los problemas pero ni los dramatiza ni los sacraliza. Explica su porqué y también el cómo intentar solucionarlos. Esta actitud contrasta con la de aquellas gentes que creen que es mejor anunciar caos y calamidades insoslayables, para dar apariencia de seriedad intelectual. Tenemos en nuestro país demasiados ejemplos de estos pesimistas institucionales inconscientes del daño gratuito e injustificado que generan.

Jesús Banegas goza de dos cualidades para escribir este ambicioso ensayo: la primera es que tiene una mente global. Conoce bien el mundo entero, “se lo ha pateado”; y ello le permite evitar y superar la visión local y comparar y contrastar las nuevas situaciones y realidades. Y, la segunda, es que ha vivido desde su comienzo la revolución digital y conoce a fondo sus implicaciones, en todos los órdenes. Son dos cualidades que en esta época se convierten en indispensables para intentar aproximarse a un juicio culto y responsable.

Los españoles tenemos que asumir que vivimos una época especialmente difícil que afecta a todos los países, tanto a los desarrollados como a los emergentes. Los índices de volatilidad, de complejidad y de incertidumbre se han disparado, mientras la crisis económica sigue su curso sin dar la más mínima señal de relajación o mejora. Se habla incluso de una nueva recesión. España, en todo caso, no es el peor país del mundo, ni está en una situación más inquietante que la de los demás. Es más bien lo contrario, es todo un ejemplo de resiliencia de esfuerzo, de sacrificio y de confianza en el futuro. Pocos países lo han hecho mejor que nosotros.

Otra asignatura pendiente en España es la de aceptar sin reservas que la revolución tecnológica y científica van a generar cambios decisivos en todos los órdenes, incluido el sociológico, y que es ahí donde hay que “dar la talla”. Jesús Banegas explica con toda claridad la transformación digital que necesitamos y afirma que no basta con tener una infraestructura de equipos aceptable. Hay que adaptar la mente y la voluntad a esta nueva época con flexibilidad, con cuidado, pero sin miedo alguno, y dando por seguro que existen muchas oportunidades que explorar y explotar.

He aprendido buenas cosas leyendo este libro y el lector puede dar por seguro que le sucederá lo mismo. Encontrará ideas importantes y originales y también sugerencias muy útiles. Es posible que en algunos temas se deje llevar por sentimientos utópicos; pero tengo para mí que lo hace conscientemente, como queriendo elevar el nivel de exigencia, que es la clave de una sociedad que lucha por su progreso.

Dedica incluso un capítulo especial a la sociedad civil española, tema sobre el que hemos hablado en varias ocasiones. Coincidimos, como liberales, en que necesitamos una ciudadanía mucho más organizada y vertebrada, capaz de hablar alto y claro sobre todos los temas que afectan a la convivencia civilizada. Solo así se podrá enriquecer la calidad democrática y cultural y asimismo la eficacia económica.

En resumen: un libro útil, valiente y comprometido en unos momentos difíciles en los que hay que saber mantener la esperanza viva y fuerte. No tenemos el más mínimo derecho a autodestruirnos ni a desconsolarnos. Merece la pena pensar, como hace Jesús Banegas en el epílogo de su libro, que es “perfectamente posible, proteger nuestras instituciones y desarrollar nuestras fortalezas”, para así eliminar todo riesgo de volver, como advertía Ortega, a una “España invertebrada”, a una España débil, a una España sin ánimo.

Antonio Garrigues Walker

Introducción

El reinado de S. M. don Juan Carlos I ha quedado registrado en nuestra historia como el más fecundo que hayamos conocido en los ámbitos fundamentales —política, sociedad, economía y proyección y reconocimiento exterior— que conforman la realidad de un país.

Nunca ha disfrutado España de más libertad y bienestar social ni de un mejor Estado Democrático de Derecho que, además de soportar institucionalmente los logros de estos últimos cuarenta años, servirá —está sirviendo ya— necesariamente de base para corregir libre y democráticamente los fallos cometidos.

Sostenía no hace mucho tiempo Emilio Lamo Espinosa que los últimos treinta años han sido, muy posiblemente, los mejores de la historia de España; algo, en todo caso, compartido por más del 70% de la opinión pública de nuestro país.

Este tiempo se ha caracterizado por un feliz suceso de alcance transversal: la libertad política y económica disfrutada durante el mismo ha sido, seguramente, la mayor de toda nuestra historia. Por tanto, si nos remitimos a los hechos acontecidos, podríamos decir que la libertad —“uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos”, al decir de Cervantes en boca de Don Quijote— sienta muy bien a España y a los españoles.

El final del reinado se vio confundido con una crisis económica e institucional inaudita. En el plano económico, la caída de la renta per cápita y el aumento del desempleo, junto con la amenaza de la intervención exterior de nuestra economía, situaron a nuestro país al borde de un desastre. En el plano institucional, la corrupción de la clase política y los desmanes nacionalistas han creado una situación de desafecto social que es imperativo revertir.

En las graves circunstancias descritas, la abdicación de S. M. el rey Juan Carlos I en S. A. R. el príncipe Felipe fue un acto de grandeza y una obra maestra institucional. El nuevo monarca con el título de Felipe VI tiene por delante un reinado con grandes desafíos históricos, cuyo análisis es el objeto central de las próximas páginas.

Hasta ahora goza merecidamente del mayor reconocimiento y prestigio político y social, tanto por la titularidad de la institución que encarna, como por su extraordinaria —única en la historia— preparación intelectual, enorme capacidad de trabajo, sensibilidad social y lucido ejercicio de su alta función.

En las páginas que siguen se analiza sintéticamente de dónde venimos, dónde estamos, qué hemos aprendido por el camino y qué esperanzas de futuro nos esperan, desde una óptica crítico-constructiva y una gran confianza en nosotros mismos.

El reciente deterioro del bipartidismo, resultado del desgaste de los partidos dominantes, y las consecuencias sociales de la crisis han modificado de forma sustancial el panorama político español, en el que han comenzado a tener un peso muy preocupante las opciones extremistas, tanto por la vertiente del populismo de izquierdas como del nacionalismo independentista.

La consecuente necesidad de formar gobiernos de coalición acentúa la deriva hacia la heterodoxia económica y al descontrol del gasto público, así como a la invertebración del Estado.

Y todo esto ocurre en medio de las grandes transformaciones que afectan a todo el mundo y especialmente a la Unión Europea.

Perder ahora el hilo de nuestra integración en la “normalidad” europea sería una tragedia, que conllevaría admitir el fracaso de una nueva y tal vez última oportunidad de regeneración ilustrada, para deslizarnos hacia situaciones políticas a la venezolana, o a la griega si queremos un ejemplo más cercano.

Por el contrario, si persistimos en el esfuerzo de hacer las cosas bien, que es lo que nos ha traído hasta aquí, entonces podremos aspirar a ser un país, no solo en la media, sino entre los que lideren el cambio de la UE hacia un modelo sostenible en el nuevo mundo global y digital. Una especie de gran Dinamarca del Sur. Cuando tantas veces se habla de la falta de un proyecto para España, nuestro principal desafío no puede ser otro que completar nuestra transformación en un gran país europeo, liberar nuestra economía de todos los lastres del pasado, desencadenar todo nuestro potencial creativo y construir un Estado moderno, participativo y eficiente.

Rememoro al maestro Julián Marías, que hace medio siglo nos dejó dicho: “Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan ¿qué va a pasar? Casi nadie se pregunta ¿qué vamos a hacer?”. En este libro se rinden cuentas a su segunda interrogación, como ya hiciera él mismo al comienzo de la Transición con su España en nuestras manos, obra a la que brindo aquí un justo homenaje intelectual.

De dónde venimos

“España ha sido la primera nación que ha existido, en el sentido moderno de la palabra: ha sido creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, hace un poco más de quinientos años —si se quiere dar una fecha representativa, sería 1474—”: escribía Julián Marías, allá en los albores de nuestra actual democracia, en su España en nuestras manos.

España viene de ser una nación, más bien una gran nación, que como otras ha tenido a lo largo de su historia grandezas y miserias, épocas mejores y peores, penas y alegrías; pero bajo ningún supuesto hemos sido un caso raro ni excepcional para lo malo o lo peor, como se ha intentado sostener sin fundamentos no sólo por algunos enemigos exteriores, sino por nosotros mismos. Valga el ejemplo de la Generación del 98 y su visión apocalíptica de España, luego amplia y felizmente desmentida por los hechos históricos acontecidos.

Lo que Occidente debe a España

La mala fama histórica española, aun carente de rigor y verdad, que en los últimos tiempos han desmontado —esperemos que definitivamente— diversos especialistas, muchos de ellos extranjeros, como el prestigioso historiador francés Joseph Pérez con su libro La leyenda negra, ha ocultado hasta ahora la mayor parte de las contribuciones españolas a nuestra cultura y civilización, que no son precisamente menores, sino más bien consustanciales con el acervo occidental.

Juan Venet en su Lo que Europa debe al Islam de España remite al prestigioso historiador de la ciencia —su fundador— George A. L. Sarton, quien escribió: “España fue en la Edad Media el mayor centro cultural del mundo gracias a los musulmanes y judíos”, para añadir después que el sabio Averroes introdujo a Aristóteles en Europa, que Los elementos de Euclides fue traducido al latín en España y divulgado en Europa, así como la trigonometría, el astrolabio —proyección de la esfera de la tierra sobre un plano— , el cuadrante, el reloj de sol, el papel, la seda, el molino, la noria, las bebidas frías, la pólvora y muchas otras innovaciones de origen oriental, incluidas la lírica, la épica y la narrativa en la literatura. El tratado de medicina de Avicena fue el canon de la medicina de aquel tiempo y las tablas astronómicas de Alfonso X fueron las que más en boga y durante más siglos se utilizaron en Occidente. Los antecedentes de la revolución copernicana y de la teoría corpuscular de la luz también proceden de la España medieval.

La primera forma de Estado, la monarquía, es un invento institucional europeo al que España contribuyó sobremanera con el añadido de un principio fundamental —frecuentemente utilizado argumentalmente por nuestro gran teatro barroco— referido a la limitación del poder del rey, tan sometido a los fueros heredados como a sus súbditos.

El Derecho de gentes, que otorga al ser humano capacidad racional así como derecho a la vida y a la libertad, es también otra institución típicamente española, junto con la separación de los tribunales civiles y eclesiásticos.

Además de descubrir América y ensanchar para siempre los confines de la cultura y la civilización occidental, España después de mucho intentarlo encontró la manera de navegar regularmente en ida y vuelta por el océano Pacífico, uniendo por mar los continentes americano y asiático.

Recordemos, por otra parte, “La controversia de Valladolid”, una formidable discusión filosófica —celebrada en 1550 a petición de Carlos I que escenificó en su grandeza moral e histórica la discusión jurídica y religiosa —católica— que resolvió, al poco de descubrir América, que los indígenas, puesto que tenían alma, eran sujetos con derechos. Fue en la España de comienzos del siglo XVI donde nacieron los derechos humanos, aquellos consustanciales al hombre y, por tanto, previos a cualquier ley positiva, gracias al sometimiento del poder político a la filosofía moral.

En tiempos de la Inquisición —una institución francesa, que en España quemó menos brujas que en el resto de Europa—, las universidades españolas enseñaban a Maimónides, Averroes, Copérnico y Giordano Bruno, prohibidos en otros lares europeos. Los libros de Nicolás Copérnico eran obligatorios en la universidad de Salamanca, mientras que Lutero y Calvino no ahorraban descalificaciones a su nueva teoría, según Manuel Fernández Álvarez en su Felipe II y su tiempo. En 1616 había en España treinta y dos universidades, con Salamanca como la más importante de Europa, lo que hacía de Castilla “la sociedad más educada de Europa occidental” según Richard L. Kagan.

Todavía se utiliza en nuestro país “el Concilio de Trento” en términos peyorativos asociados a un retroceso de nuestro orden ético y moral, cuando justamente representó lo contrario: la defensa del libre albedrío que, junto con la capacidad racional especulativa, es el fundamento del ser humano.

Sostenía Julián Marías que “España es el único país europeo por voluntad propia”; es decir, el único que, habiendo sido dominado por los musulmanes, fue voluntaria, heroica y unánimemente reconquistado por el cristianismo. Y si Europa sigue siendo cristiana y la cultura y la civilización occidental pudieron desarrollarse plenamente, quizás es debido a la defensa de Viena del acoso otomano-musulmán por parte de Carlos I y a la destrucción del poder naval otomano en el Mediterráneo lograda por su hijo Felipe II, un rey cuyas decisiones las tomaba por escrito para garantía de su legalidad, todo un antecedente del Estado de Derecho contemporáneo.

Los padres escolásticos —principalmente de la universidad de Salamanca— fueron los precursores de la ciencia económica contemporánea, anticipándose casi dos siglos a Adam Smith, e incluso superándolo doctrinalmente. J. A. Schumpeter calificó de fundadores de la economía científica a los teólogos escolásticos miembros de la Escuela de Salamanca, entre los que cabe destacar a Luis de Molina, Juan de Lugo y Tomás de Mercado, entre otros. Para F. A. Hayek, “los escolásticos españoles del siglo XVI fueron unos notables anticipadores de la economía moderna” y, además, “elaboraron las primeras teorías modernas de la sociedad, luego sepultadas por la marea racionalista del siglo siguiente”.

Analizado, con perspectiva histórica, el pensamiento escolástico resulta ser mucho más avanzado y vigente hoy que el luterano y calvinista que le sucedió. Si en materia económica su superioridad es manifiesta, en el ámbito político aún más: frente a la filosofía política limitadora del poder del Estado que esgrimían los “contrarreformistas” escolásticos, los “progresistas” protestantes fueron defensores del absolutismo estatal.

Así, frente a la monarquía absoluta concebida por las “sectas religiosas” —al decir del historiador del pensamiento Murray N. Rothbard— de Lutero y Calvino, que prescindieron del derecho natural que permitía criticar las actuaciones despóticas del Estado, el pensamiento escolástico español defendía la limitación del poder real y la división de poderes.

La expansión colonial española cuyo despliegue estuvo basado en dos instituciones, la Casa de Contratación fundada en 1503 y el Consejo de Indias en 1524, originó la cultura del conocimiento empírico en Europa, según sostiene el investigador de historia de la universidad de Munich, Arndt Brendecke en su Imperio e información.

Felipe III fue el primer monarca de Europa —según el historiador Luis Suárez— que reservó para la Corona el arbitraje o cuidado de las leyes mientras confiaba la misión de gobernar a un alto magistrado, inicialmente llamado valido y más tarde ministro. La fórmula tardaría unos treinta años en extenderse a Inglaterra, Francia, Austria o Suecia.

Si España descubrió América y contribuyó a integrar aquel gran continente en nuestra cultura occidental, fue gracias a las Armas, gérmenes y acero —título del libro del prestigioso antropólogo Jared Diamond—, que han guiado a la sociedad humana y sus destinos; siendo la tecnología —armas y acero, junto con la navegación— el fundamento principal de aquella, sin par, hazaña.

En torno al imperio español que sucedió a la conquista de América, no solo se forjaron las bases —en toda su riqueza teórica y doctrinal— de la economía de mercado; también se lograron desarrollos científicos y tecnológicos muy notables que desmienten nuestra mala fama. José Javier Esparza y Anthony Esolen sostienen que las innovaciones españolas en ciencia náutica y geográfica hasta el siglo XVIII fueron incesantes: la declinación magnética, las cartas esféricas y el cronómetro son buenos ejemplos al respecto.

Las aportaciones españolas a la medicina fueron extraordinarias: la circulación pulmonar menor de Miguel Servet —quemado vivo por los calvinistas—, la distinción de la sangre arterial de la venosa descubierta por Bernardino Montaña, el primer tratado moderno de Anatomía de Valver de Amusco, el primer estudio sistemático de la naturaleza —que precedió en dos siglos a los de Linneo— realizado por el médico de Felipe II Francisco Hernández, la Geografía Descriptiva del jesuita Acosta, la Farmacología moderna concebida y desarrollada por Nicolás Monardes, la Cartografía española cuya perfección se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX, la Química aplicada a la minería y la metalurgia, la primera patente de una máquina de vapor del militar navarro Jerónimo de Ayanz —que también inventó el aire acondicionado, bombas para desaguar barcos, un traje de buceo y balanzas de altísima precisión—, son buenos ejemplos de la España científica, tecnológica e innovadora. Cabe añadir, además, que la Corona española convocó en 1598 el primer concurso científico internacional.

El tratado Sobre la composición del continuo, de nuestro escolástico Juan de Lugo, es uno de los eslabones que condujo al descubrimiento del cálculo infinitesimal y al pensamiento de Newton sobre el espacio y el tiempo, según ha investigado el jesuita Gómez Camacho.

Entre 1789 y 1794, Alejandro Malaspina protagonizó una gran expedición oceánica de carácter científico que describió, por primera vez, 357 especies de aves, 124 de peces, 36 cuadrúpedos y 21 anfibios. En 1803, los españoles —en plena crisis política— aún fueron capaces de acometer —capitaneada por el médico alicantino Balmis— la primera expedición sanitaria internacional que registra la historia para combatir la viruela en América, siendo incontables los millones de vidas que dicha expedición salvó.

No por tópicos deben desdeñarse otros singulares logros españoles: la “guerrilla” que venció a Napoleón y la palabra “liberal” que consagró la Constitución de 1812, uno de los mejores y más maduros ejemplos constitucionales que Europa llegaría a conocer; a lo que habría que añadir, por sus enormes consecuencias, la decisiva contribución española —en la batalla de Pensacola, Florida, 1781— a la independencia de los EE UU.

La poesía, la novela, el teatro, la pintura y la música creadas en España forman parte de las entrañas culturales de Occidente. Poco apreciado hasta el siglo XIX, El Greco es ampliamente reconocido como el referente de la pintura moderna desde Cézanne a Pollock.

Siendo cierto que España apenas si tuvo protagonismo alguno en la gran erupción científica de los siglos XVII y XVIII que sentó las bases del despegue económico y social del mundo, ni participó activamente en la creación de la Filosofía Política que iluminó la gobernación de Occidente, sus previas contribuciones —que se acaban de citar— alimentaron argumentalmente ambos movimientos.

Después de todo lo dicho, no parece que nuestra gran civilización, la occidental, haya sido ajena, sino más bien todo lo contrario, a España, contribuyente esencial e imprescindible de la misma. Es más, se puede asegurar sin temor a equivocarse, que la Historia Universal sería muy distinta —pero no mejor— si América hubiese sido conquistada por los turcos otomanos o por los chinos del Imperio Celeste lo que habría sido perfectamente posible.

Lo que resulta evidente es que España perdió una batalla decisiva en la construcción del discurso europeo, relato que fue escrito por sus enemigos en los campos de batalla y terminó calando tristemente en nosotros.

El éxito de los últimos tiempos

La España moderna se desarrolla entre dos grandes tragedias. La primera, la Guerra de la Independencia, que deshace nuestra Ilustración y conduce a un alineamiento entre patriotismo y absolutismo en un bando y afrancesamiento y liberalismo en otro. La segunda, la Guerra Civil de 1936, culminación de una serie de enfrentamientos sociales mal resueltos durante casi siglo y medio.

El siglo XX español comienza, pues, como la continuación de un largo drama. En la primera mitad, recién perdidas las últimas colonias del otrora imperio, la Restauración democrática de la monarquía reinante, acompañada de considerables logros económicos y sociales, creó un sistema político de partidos cuya crisis a partir de los años veinte desembocó en una dictadura, a la que siguió un enorme fracaso institucional con el cambio del régimen monárquico al republicano y terminó con una dramática guerra civil de desastrosas consecuencias.

Dejemos a Julián Marías en su espléndida España inteligible la explicación concienzuda, rigurosa y honesta de las “razones históricas de las Españas” para pasar a valorar, también de su mano, los comienzos y el devenir de los aciagos tiempos de la II República y la Guerra Civil. “La República —nos dice el maestro— suscitó una inmensa ilusión, una gran esperanza de la que se contagiaron hasta muchos que no la hubieran querido”, para añadir a continuación que “antes de un mes, el 11 de mayo, los absurdos incendios de conventos en Madrid y otras ciudades, tolerados con inaceptable pasividad por las autoridades, acabaron con esa posibilidad de concordia”.

“Es difícil de entender el larguísimo régimen dictatorial que padece España desde 1939 hasta fines de 1975, y que terminó con la muerte de su titular, sin que la oposición política lo hubiera abreviado un solo día”, finaliza.

La dictadura que siguió a la guerra civil, además de secuestrar los derechos civiles de los españoles, desarrolló una política económica autárquica que mantuvo empobrecido al país hasta entrada la segunda mitad de siglo.

No ha sido suficientemente glosado y sobre todo valorado el cambio copernicano que se operó en la economía española como consecuencia del llamado Plan de Estabilización de 1959, que dio lugar a la era de mayor prosperidad económica de la historia, no solo de España, sino incluso de Occidente, según se pone de manifiesto en el próximo capítulo.

Decenas de miles de calles españolas tiene nombres insustanciales cuando no contrarios a los mejores logros de nuestra historia y, sin embargo, los héroes protagonistas del Plan de Estabilización, que hicieron lo necesario para cambiar para siempre la faz económica y social de España, han quedado ocultos en algunos libros y en la memoria de los estudiosos de tan ejemplar proceso liberalizador de nuestra economía.

En 1957 con la incorporación al Gobierno de: Alberto Ullastres (Comercio), Mariano Navarro Rubio (Hacienda) y Laureano López Rodó (Oficina del Plan de Desarrollo) comenzaron a cambiar las cosas en España.

Tuvo un mérito enorme que una férrea y cerrada dictadura cuya política económica estaba basada en unos principios —más bien prejuicios— económicos autárquicos, tan anacrónicos como ridículos, fuese convencida de la necesidad de un cambio de paradigma que cuestionaba —ridiculizándolo— todo lo hecho para sustituirlo por lo contrario.

El arte persuasorio que demostraron quienes —los citados nuevos miembros del Gobierno— convencieron al general Franco para que renunciara a sus primitivas ideas económicas, en un gesto realmente patriótico del dictador, les realza históricamente. Una España cerrada al exterior, políticamente enemiga tanto del comunismo como del liberalismo, tuvo que renunciar a una inconsistente valoración de la peseta que pasó de 42 a 60 unidades por dólar, y aceptar que instituciones multilaterales extranjeras —acusadas desde el integrismo patrio de estar al servicio del liberalismo y el sionismo— revisaran a fondo nuestros datos macroeconómicos antes de prestarnos dinero —una vergonzosa situación para aquél régimen—para hacer frente a la financiación de los desequilibrios comerciales que iban a producir inicialmente las rebajas arancelarias.

El citado Plan propugnó y consiguió disminuir el gasto público y aumentar los ingresos, congelar los salarios y reducir la inflación, amén de facilitar la inversión extranjera y liberalizar selectivamente el comercio exterior.

Para la dictadura, la aceptación del Plan de Estabilización significó una verdadera humillación: la renuncia, tras dos décadas de fracaso económico, a sus principios. Para España representó el comienzo de una era de apertura, primero económica y luego social, que sentó las bases del pacífico fin de un anacrónico sistema político que dio lugar al nuevo Estado Democrático de Derecho, el cual con todos sus defectos nos ha normalizado institucionalmente.

“A la muerte del dictador en 1975, se inicia la transición política y con ella España, con retraso pero de manera genial, lleva a cabo la revolución social tanto tiempo postergada” nos recuerda Javier Gomá en su artículo El fin de la excepcionalidad española en la revista MATADOR P.

Merced a una afortunada “consciencia histórica y el constitucionalismo liberal fue posible llegar en 1978 a una democracia duradera y una alternativa política pacífica en el poder” gracias a “los aciertos y las virtudes de generosidad, responsabilidad, prudencia y realismo de quienes acordaron las bases de la democracia”, según sostiene Manuel Álvarez Tardío en su El camino a la democracia en España. 1931 y 1978. Mientras que la Constitución de la II República fue una apresurada imposición de media España política contra la otra media, la de 1978 fue fruto de una concienzuda labor de consenso político y luego muy ampliamente votada y legitimada por la inmensa mayoría de los españoles

Poco después del proceso de Transición política que, como el Plan de Estabilización, ha terminado por ser universalmente modélica, España se integró en la Unión Europea, la OTAN y el sistema monetario del euro. De este modo se consuma un tiempo caracterizado por haber dejado atrás todos nuestros atavismos históricos y, de la mano de la libertad política y económica, haber alcanzado una normalización institucional que, a pesar de las críticas que merezca —y que aquí se hacen—, ha posicionado a España en el núcleo de países más avanzados del mundo.

La generación que vio la luz a mediados del siglo pasado es la más afortunada de nuestra historia: es la primera en no sufrir guerras y prosperar económica y socialmente con una generalización y continuidad nunca experimentadas.

“España se ha ocupado y preocupado mucho por su pasado y por su futuro, y ahora, sin renunciar a ambos, le ha llegado el momento de cuidar delicadamente de su presente, ese tesoro de convivencia conseguido entre todos, tan valioso como vulnerable a la luz de nuestra experiencia histórica”, nos recuerda —en su citado escrito— Javier Gomá.

La España actual, políticamente normalizada y plenamente integrada en todas las instituciones occidentales al gusto de la inmensa mayoría ciudadana, hasta el punto de que incluso casi todos los separatistas en sus ensoñaciones se sienten felices y contentos con tales logros, puede y debe mirar su futuro con razonable optimismo.

Dónde estamos & qué hemos conseguido

España en el núcleo de los países ricos

Si dejamos la política —después volveremos con ella— para adentrarnos en la economía, el hecho más relevante de la historia contemporánea de España —que incluso acrecienta su importancia en tiempos de crisis— lo constituye la respuesta a la pregunta: ¿dónde estamos?

España forma parte del pequeño —algo más de un 10%— grupo de países del mundo, poco más de una veintena si se excluyen los países de menos de un millón de habitantes y los árabes petroleros, que conforma la élite mundial por renta per cápita, ocupando la posición 22º, siendo además el 14º por PIB.

Es de suponer que para una inmensa mayoría de ciudadanos españoles nuestras mejores aspiraciones se ciñen a seguir formando parte de ese “núcleo” econmico, después de un largo tiempo viviendo —hasta hace medio siglo— en la “periferia”, es decir, entre los aspirantes a vivir como aquellos.

Si España dejó de ser un país periférico para integrarse en el núcleo del sistema económico mundial, no fue por casualidad, sino como consecuencia de cambios institucionales que impulsaron nuestra economía en la buena dirección: la del crecimiento sostenido. Los hitos más singulares, ya citados, que propiciaron los mejores episodios de convergencia fueron el Plan de Estabilización de 1959 y nuestra integración en las instituciones europeas.

Comparados con EE UU —el sempiterno líder mundial de la riqueza— España ha tenido una evolución muy reveladora: nuestra renta per cápita representaba en 1929 un 47,4% de la norteamericana para descender al 25% en 1950 y recuperarse desde entonces hasta alcanzar el 55,5% en 1994, elevarse aún más hasta el 68,5% en 2009 y volver a descender hasta el 54,8% en 2014.

Si analizamos nuestro último y aún vigente periodo de retroceso, observamos que en el periodo 2009-2014, de los 23 países más ricos del cuadro, cuatro quintas partes disfrutan de una renta superior y solo cinco inferior entre los años considerados. España e Italia lideran la crisis con una caída acumulada del 10% y 9% respectivamente, Holanda les sigue con un 3%, Francia con un 2% e Irlanda con un 1%. Por tanto, solo en 2017 —al cabo de ocho años— España podrá recuperar su renta del 2009.

Si España no hubiese sufrido dicho retroceso y de haber crecido como la media de los 20 países de referencia que sí lo han hecho, en vez de ocupar la posición 22ª del ranking, habría ascendido al puesto 19º y seríamos un 20% más ricos que hoy. Las consecuencias en materia de empleo, ingresos fiscales, equilibrios macroeconómicos, estado de bienestar y sostenibilidad del crecimiento son fáciles de imaginar.

Desde una perspectiva más amplia, el prodigioso periodo de crecimiento español entre 1958 y 1974 —con una tasa media anual del 5,86%, que resultó ser la más alta que registró Occidente entre 1850 y 1998— permitió más que recuperar el tiempo perdido entre 1929 y 1955; pero ¿qué habría sucedido si no hubiéramos dejado de crecer tanto tiempo? Si tomamos como referencia el crecimiento medio en el periodo 1929-1952 —un 0,9% en Europa y el 1,3% de EE U— y lo aplicáramos a España, por este solo motivo —crecer aunque poco en vez de decrecer— seríamos un 40% más ricos.

La renta per cápita de España como % de EE UU

Fuente: Madisson (1995) y Banco Mundial.

Ranking de países ricos

Nº

País

Población

Renta per cápita en $

Cambio posición

2009

2014

∆/%

1

Noruega

5

87.840

103.630

+18

0

2

Suiza

8

70.230

88.120*

+25

0

3

Australia

24

44.010

64.540

+47

+8

4

Suecia

10

51.900

61.610

+19

+1

5

Dinamarca

6

59.840

61.310

+2

-2

6

EE UU

321

48.050

55.200

+15

+2

7

Singapur

5

37.080

55.150

+49

+11

8

Holanda

17

53.520

51.890

-3

-4

9

Canadá

36

43.060

51.630

+20

+6

10

Austria

9

48.710

49.650

+2

-4

11

Finlandia

5

48.590

48.420

0

-4

12

Alemania

81

43.810

47.640

+9

0

13

Bélgica

11

46.250

47.240

+2

-3

14

Irlanda

5

47.160

46.550

-1

-5

15

Reino Unido

65

42.820

43.430

+1

0

16

Francia

64

43.760

42.960

-2

-3

17

Japón

127

37.470

42.000

+12

0

18

N. Zelanda

5

29.410

41.070

+40

+3

19

Hong Kong

7

32.350

40,320

+25

+1

20

Israel

8

27.180

35.320

+30

+2

21

Italia

61

37.690

34.270

-9

-5

22

España

46

32.770

29.440

-10

-3

23

Corea

51

21.090

27.090

+28

0

Fuente: Banco Mundial: INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales). Población en millones habitantes. * Dato 2013.

Sin perjuicio de cálculos más precisos por especialistas en la materia, si España hubiera evitado los citados treinta y tres años de decadencia económica y los hubiera sustituido por un crecimiento medio como los demás países de referencia, manteniendo sus mismas tasas positivas de crecimiento, nuestra renta per cápita sería hoy equivalente a la de EE UU. Como es casi imposible librarse de crisis que erosionan la renta per cápita, cuanto menos duraderas sean y antes se produzca la recuperación mejor resulta para la prosperidad de las naciones.

En la última crisis, España junto a Italia han liderado no solo la caída de renta per cápita, sino también los años perdidos, al menos 8, que los demás países han aprovechado para distanciarse de nosotros.

Llegados a este punto y puesto que “el agua pasada no mueve molinos”, la más común de las preocupaciones de los españoles debería ser evitar para siempre decrecimientos —o al menos reducirlos en el tiempo— de nuestra renta per cápita y, por lo contrario, conseguir el máximo crecimiento económico a largo plazo.

Los deberes hechos en infraestructuras

Es un hecho evidente amparado por todas las doctrinas económicas y el sentido común que las infraestructuras físicas —además de las tecnológicas que se analizan a continuación— son esenciales para apalancar el crecimiento económico a largo plazo. En éste ámbito, a pesar de algunos excesos —autopistas, AVE, puertos y aeropuertos carentes de sentido— provocados por la euforia monetaria de origen internacional, España cuenta posiblemente con uno de los mejores despliegues de infraestructuras del mundo. Nuestras carreteras, autovías, autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles —incluido el AVE—, redes de energía eléctrica e incluso edificios de índole cultural, conforman un excelente patrimonio al servicio de nuestro mejor futuro.

El stock español, en términos económicos agregados, de infraestructuras se encuentra situado en la media de la UE y en particular — según ATKearney— contamos con:

• La red de vías de alta capacidad (+15.000 km) más extensa de Europa.

• La segunda mayor red (tras China con +2.500 km) de ferrocarril de alta velocidad del mundo.

• La mayor red de aeropuertos en intensidad de tráfico (pasajeros por habitante) del mundo.

• La red líder con los dos mayores puertos de contenedores del Mediterráneo y con tres puertos entre los diez primeros.

La industria española de infraestructuras, siendo quizás la más avanzada tecnológicamente y competitiva del mundo, es también líder mundial en facturación seguida de la de China, EE UU, Francia y Alemania.

El liderazgo español en infraestructuras no solo se refiere a nuestra capacidad técnica, profesional y empresarial, también se ha proyectado al ámbito institucional. En los últimos tiempos ha comenzado a extenderse una nueva modalidad de desarrollo de infraestructuras mediante la alianza contractual y financiera de entidades públicas y privadas denominada internacionalmente como “PPP” (Public - Private - Partnership) que posibilita emprender inversiones públicas a largo plazo sin necesidad de disponer de todos los recursos necesarios al principio. Un ejemplo típico podría ser la construcción de una carretera, un puerto, una red eléctrica, etc., en la que intervendrían la empresa constructora, una entidad financiera y un ente público que contratarían la ejecución y financiación de la obra mediante un pago periódico recurrente a largo plazo, al cabo del cual la infraestructura quedaría de propiedad pública. De este modo se puede anticipar el disfrute de infraestructuras que impulsen el crecimiento económico sin necesidad de disponer inicialmente de todo el capital para ello.

Esta modalidad contractual que cada vez se utiliza más en el mundo, y en la que España es un consumado líder, tiene una gran complejidad jurídica para garantizar su eficacia a lo largo del tiempo, ámbito este en el que los despachos de abogados españoles atesoran la más amplia experiencia internacional.

Como quiera que las infraestructuras se deterioran con el uso, para seguir disponiendo de ellas a lo largo del tiempo habría que introducir cuanto antes el pago por uso de las mismas. De este modo se aligerarían los presupuestos públicos y el mantenimiento quedaría garantizado a cargo de quienes se benefician de su uso utilización.

Un importante punto negro de las infraestructuras españolas es la frustrada interconexión de la cuenca —más bien el delta— del Ebro con el Júcar y el Segura, que, habiendo estado planificada e incluso contando con financiación de la UE, fue suspendida por el Gobierno Zapatero sin motivación racional alguna. Siendo evidente que al Ebro le sobra agua que puede ser utilizada sin menoscabo para los regantes aragoneses, ¿por qué en vez de tirarla al mar no se utiliza en la agricultura más competitiva de Europa para crear el mayor vivero del mundo de alimentos de alta calidad?

En materia energética, la capacidad de producción y transporte están suficientemente dimensionadas y la diversidad de fuentes, incluidas las renovables, se sitúa por encima de las exigencias de la UE. Sin embargo, después de haber financiado inconsecuentemente “el coste de aprendizaje” de las tecnologías solares, el modelo resultante no es eficiente. Los precios restan competitividad a la economía al estar cargados con impuestos y pretéritas subvenciones. Una buena regulación, alejada de los intereses corporativos en juego, basada en las experiencias más convincentes podría optimizar nuestro sistema energético y mejorar la competitividad de nuestra economía.

Con el reloj tecnológico en hora

Además de los logros económicos que se acaban de glosar, es importante constatar que, por primera vez en su historia, España tiene su reloj tecnológico en hora. Si en las pretéritas cuatro oleadas tecnológicas —“la 1ª revolución industrial”, “los ferrocarriles”, “el acero y la electricidad”, “el petróleo, los automóviles y la producción masiva”— nuestro país se incorporó con retraso a las novedades tecnológicas, en la quinta revolución —la actual de las tecnologías de la información y la comunicación— España figura como un país de vanguardia.

Nuestras redes de telecomunicaciones —móviles y fibra óptica— son las más avanzadas de Europa y de las mejores del mundo. El parque de terminales móviles también es líder en penetración social y uso de los smart-phones tecnológicamente más avanzados. Los grandes sectores industriales y las principales empresas —la banca, por ejemplo— son pioneros mundiales en el uso del último estado del arte tecnológico e incluso las administraciones públicas españolas están en la vanguardia tecnológica: en sanidad, por ejemplo, somos un buen ejemplo a imitar. Las PYME españolas se sitúan muy bien en todos los rankings europeos en cuanto al uso productivo de las TIC.

Veamos algunos ejemplos, con datos de la Comisión Europea (19-6-2015):

Implantación social de las TIC

• En cobertura de redes fijas de telecomunicaciones de banda ancha, España se sitúa muy cerca de la media de la UE.

• En líneas de fibra óptica, estamos por encima de la UE y más que duplicamos a Italia y Francia.

• En cobertura y penetración de banda ancha móvil, España supera también la media de la UE y somos el 4º país más rápido en el ranking mundial de velocidad en 4G.

• España lidera la UE en: dispositivos móviles avanzados, portabilidad, acceso a Internet por 4G y fibra óptica.

Equipamientos TIC de las empresas españolas

• Superan a la media de la UE en: conexión a Internet tanto móvil como en banda ancha, compartición de información electrónica, uso de software avanzado, firma electrónica y acceso a banda ancha.

Uso de las TIC en las administraciones públicas

• Liderazgo mundial en DNI electrónico.

• Factura electrónica obligatoria a proveedores con las AA PP.

• Más servicios públicos por Internet que en la UE.

• Líderes europeos en eGovernment y Open Data según la Comisión de la UE.

• Aplicaciones de referencia europeas para el uso de las TIC en la Educación.

El principal operador español de telecomunicaciones es un líder mundial con la mayor diversificación tecnológica y de mercados internacionales de todo el sector.

Este buen posicionamiento como usuarios de las TIC contrasta con la muy débil situación contrasta con la muy débil situación en que se encuentra España como productor de estas nuevas tecnologías, lo que conlleva a un recurrente y muy grande déficit comercial; problema éste, que compartimos en buena parte con la UE, que está cediendo protagonismo tecnológico a EE UU —líder indiscutible en innovación tecnológica— Corea y China. En los capítulos sobre “Ciencia e Innovación” y “Transformación Digital” volveremos a ocuparnos de esta cuestión.

En vanguardia de la salud

Uno de los logros más importantes de las sociedades de nuestro tiempo ha venido siendo el aumento de la longevidad, así como la mejora de las condiciones de vida y del cuidado de la salud de la gente.

Se trata de un fenómeno de alcance universal, aunque desigualmente manifestado en la geografía mundial. Parafraseando a Karl Popper, podríamos decir que, al menos desde la perspectiva de la salud, vivimos el mejor mundo posible.

En tan crucial ámbito, España destaca como un país líder en cuestiones tan relevantes como:

• Esperanza de vida.

• Extensión del cuidado de la salud.

• Nivel de prestaciones médicas y farmacéuticas.

• Eficiencia económica.

• Aplicaciones TIC al sistema de salud.

• Trasplantes de órganos.

La esperanza de vida de los españoles, con 83,2 años, es la más elevada del mundo junto con Japón. Nuestro sistema público de salud es uno de los más abiertos; su universalidad y gratuidad no tienen parangón. Mientras tanto, España se encuentra situada entre los cinco primeros países de la OCDE en: mortalidad por cardiopatía isquémica, enfermedades cerebro-vasculares, cáncer de mama y de próstata, así como en indicadores complejos como los años de vida perdidos por errores médicos.

El nivel y calidad de las prestaciones médicas se corresponde con los mejores y gozamos de un sistema logístico de distribución de medicamentos que garantiza su entrega en todo tiempo y lugar con una eficacia ejemplar, el cual se está exportando con éxito a otros países.

El coste de las prestaciones sanitarias, incluidos los precios de los medicamentos, son particularmente bajos.

Incluso contando aún con innumerables ineficiencias de gestión de los recursos, los costes de la medicina en España son más reducidos —en términos comparativos— que en la mayoría de países avanzados del mundo. ¿Qué razones anidan tras uno de los más eficientes sistemas sanitarios del mundo?

Dos sobresalen sobre las demás: una de tipo sociológico y otra de carácter tecnológico. La sociológica se refiere a un singular hecho vocacional: siendo extraordinariamente difícil acceder y terminar con éxito la carrera de Medicina en España, sin embargo la remuneración media de los médicos es muy baja. La vocación, así como el prestigio y reconocimiento social, y no la remuneración, es la guía principal de la carrera. La segunda tiene relación con un eficaz uso productivo de las nuevas tecnologías, que han introducido mejoras sin igual en la gestión de los recursos sanitarios. Como ejemplo, en España están generalizadas estas importantes prácticas: la cita médica previa mediante Internet, la receta médica electrónica y el historial clínico digital. La cita previa posibilita una óptima gestión de los recursos, al tiempo que representa una gran comodidad para los usuarios. La receta electrónica permite una eficiente administración del gasto farmacéutico y, el historial clínico digitalizado, la extensión de los diagnósticos médicos más avanzados a toda la población.

Pocos países del mundo, y puede que ninguno de la dimensión de España, han alcanzado los logros descritos, lo que resulta cada vez más reconocido por los organismos internacionales especializados. Y si añadimos las experiencias españolas en materia de trasplantes, nos posicionamos en la vanguardia del cuidado de la salud a nivel mundial.

El liderazgo español en trasplantes reúne atributos que, si por separado son admirables, en su conjunto representan una hazaña sin par:

• Salvamos y alargamos la vida, justo lo más valioso que tiene todo ser humano.

• El acceso al trasplante no es un privilegio asociado al nivel de renta o a la notoriedad social; está regulado por exquisitas normas éticas y médicas y se lleva a cabo con criterios estrictamente rigurosos y profesionales.

• Siendo gratuitos los trasplantes, la donación de órganos es voluntaria, duplicando España la tasa media de la UE.

• La relativa abundancia de donaciones pone de manifiesto virtudes de extraordinario valor social: la generosidad y la solidaridad de los españoles.

Recientemente España —unánimemente reconocida como gold standard— batió su propio récord de trasplantes con 94 intervenciones en tres días a través de 42 hospitales: todo un prodigio de coordinación logística, gestión sanitaria y cirugía altamente especializada. Habiendo comenzado en 1989, tres años después ya era líder mundial y desde siempre el mejor ejemplo de coordinación y eficiencia. De la escasez de recursos, la correcta dimensión organizativa y la descentralización, España ha hecho virtud. Las buenas prácticas españolas también han contribuido a atajar el tráfico de órganos. La única crítica al sistema de trasplantes se refiere a su alto coste, seguramente más que compensado por sus resultados, economías externas y, sobre todo, su grandeza moral.

En tiempos de serias restricciones presupuestarias, el próximo desafío es gastar menos en salud sin menoscabo de la calidad. Siendo un difícil empeño, el camino recorrido invita al optimismo.

Una economía crecientemente abierta al exterior

Ningún país a lo largo de la historia ha conseguido colocar en la órbita internacional más y mejores empresas en menos tiempo que España. En sectores tan estratégicos y competitivos como: telecomunicaciones, banca, energía, ingeniería civil, consultoría, infraestructuras, moda, alimentación, etc., las empresas españolas —en un tiempo record— han conseguido posicionarse entre la élite mundial. Este singular hecho histórico estuvo acompañado de una politica fiscal favorable a la inversión exterior, mientras que las empresas se endeudaron —quizás excesivamente— para financiar su expansión.

“España se ha hecho más global: un tejido productivo español vivo, diversificado y potente, que se asemeja poco a la imagen que de él posee el español medio, así como no pocos analistas económicos”, escribe Rafael Myro en su España en la economía global. El mismo autor en su artículo Competitividad, productividad y nuevo modelo productivo señala que en el presente siglo “España ha defendido sus posiciones en el comercio mundial mejor que los demás países desarrollados, junto con Alemania”, y que “en los últimos dos años la participación española en las exportaciones mundiales, con un 1,9%, supera la que tenemos en el PIB mundial”.

La exportación española de bienes y servicios, encabezada por el automóvil, los bienes de equipo, la industria alimentaria y la consultoría —sectores en los que la competencia mundial es extraordinaria— no ha dejado de crecer en los últimos años, hasta el punto de ser junto con Alemania la más dinámica e importante —en términos relativos— de Europa. Su contribución a la formación de nuestro PIB es cada vez mayor y ya se sitúa por encima de la de Francia, Italia y el Reino Unido.

% Exportación / PIB

Fuente: Banco Mundial

Si nos comparamos con los grandes países europeos, la exportación española es la que mejor comportamiento ha tenido en la última década y todo indica que aún puede ir a más. En el periodo 2006-2014, la contribución de las exportaciones a la formación del PIB creció un 29% en España, lo que más que triplicó la de los demás países, siendo España desde 2012 el país europeo más exportador —entre los grandes— en relación con su PIB después de Alemania, país líder histórico en la materia.

“España posee un tejido productivo más sólido y competitivo de lo que habitualmente se cree, perfectamente capaz de sostener un crecimiento del PIB a tasas altas y con significativa creación de empleo”, sostiene Rafael Myro en su artículo antes citado.

La mayor debilidad de la proyección exterior de España es la exportación de las empresas de menos de 50 trabajadores. A diferencia de los países de referencia, la contribución de las PYME españolas a la exportación es insignificante, lo que representa una anomalía que es crucial afrontar.

Para exportar es necesario un tamaño mínimo que en España es difícil de alcanzar porque las políticas económicas, fiscales y laborales —que es imperativo cambiar— desincentivan el crecimiento de la dimensión empresarial. Si se removieran tales obstáculos, el recorrido al alza de las exportaciones españolas se vería muy reforzado.

Líderes en turismo vacacional

El turismo es un sector de importancia estratégica para el presente y futuro económico de España. Menospreciado por la política y la sociedad tiene un valor económico y una capacidad de generar empleo a largo plazo mayor que cualquier otro sector económico, desde el petróleo a las nuevas tecnologías. A diferencia de estos sectores, cuya vigencia relativa tenderá a decaer para ser sustituidos por otros, el turismo en un escenario mundial caracterizado por el crecimiento económico y de la población seguirá expandiéndose lo que no hará sino beneficiar a nuestro país.

Siendo España el primer país del mundo por turismo vacacional, el segundo más visitado y que más ingresos percibe, además de disponer de más plazas hoteleras vacacionales que cualquier otro, con la excepción de EE UU, nuestras perspectivas no pueden ser más halagüeñas.

Las fortalezas de la oferta turística española son muy sólidas:

• El clima, el paisaje, las playas, los monumentos históricos, la gastronomía, etc., que pueden interesar a los turistas conforman un catálogo de posibilidades inigualable y de interés sin límites.

• Las redes de transportes y telecomunicaciones españolas son las más extensas y avanzadas del mundo.

• La oferta de establecimientos turísticos tiene una dimensión sin igual y sus precios son internacionalmente competitivos.

• La competencia —sobre todo en precios— del norte de África se encuentra muy debilitada por la inseguridad de la región.

• La principal demanda de turismo procede de Europa y está “a la vuelta de la esquina”: justamente el factor que más solidez otorga a nuestro liderazgo.

En las circunstancias descritas, España puede conformarse manteniéndose como está o ser más ambiciosa y apostar por un mayor crecimiento y, sobre todo, lograr mucho mayor valor añadido en sus actividades turísticas. Los tres frentes de actuación que habría que abordar simultáneamente y cuanto antes mejor son:

• Mejorar el nivel de calidad de las instalaciones hoteleras y apostar por la náutica y el golf para aumentar el gasto per cápita de los turistas, que ahora es bajo.

• Atraer turismo asiático de alto poder adquisitivo y fomentar el turismo de compras.

• Desarrollar ofertas que integren el ocio y la salud, sobre todo para turistas de edad avanzada, ofreciendo servicios sofisticados de muy alto valor añadido.

En España se dan todas las condiciones para convertirnos en el destino preferido —a nivel mundial— para la salud, el bienestar, la cultura, el turismo y el ocio.

Una potencia deportiva

Si existiera un índice sintético ponderado del deporte a escala mundial, España sería probablemente el campeón, no solo hoy, sino desde hace algunos años y posiblemente por algunos años más, algo —seguramente— nunca conseguido por nación alguna a lo largo de la historia. El último partido de fútbol entre el Real Madrid y el F. C. Barcelona debió ser el evento deportivo más visto y valioso —mediáticamente — del mundo: 600 millones de espectadores por TV en 170 países del mundo.

En fútbol, baloncesto, tenis, motorismo, ciclismo, fórmula 1, golf, es decir, los deportes de mayor éxito social y repercusión mediática, con la excepción de algunos otros de amplia popularidad en EE UU y el atletismo, de disperso protagonismo, el liderazgo español es incuestionable. ¿Ha existido algún país de nuestro tamaño que a lo largo de la historia de manera más persistente haya habitado esta especie de meseta del éxito?

Solo países como Alemania y EE UU si se incluyen ciertas disciplinas atléticas y la natación, amén de sus deportes favoritos como el béisbol, el rugby americano y el hockey sobre hielo —todos ellos deportes esencialmente nacionales— podrían discutir el liderazgo español en términos absolutos —por su enorme dimensión demográfica—, pero en ningún caso en términos relativos.

Viajando por el mundo y leyendo los medios de comunicación internacionales, es recurrente encontrar múltiples referencias que asimilan el éxito deportivo con España, hasta el punto de que quizás cabría pensar en la marca España como sinónimo de excelencia deportiva.

¿Qué razones respaldan nuestros éxitos deportivos? Porque, dada su consistencia, es, a todas luces, evidente que no pueden ser fruto de la casualidad. La Olimpiada de Barcelona de 1992, además de un gran logro organizativo, fue un éxito deportivo. Por primera vez en su historia España ocupó una buena posición en el medallero olímpico, lo que no fue fruto de la casualidad, sino de una planificación bien pensada y mejor ejecutada. Desde entonces los resultados cosechados en el deporte se han generalizado hasta consolidar nuestra excelente posición actual.

La teoría económica puede explicar también nuestros éxitos: se trata de deportes de alta competición, es decir, sin fronteras, disputados contra los mejores que resultan de una selección previa. Las reglas de juego están claras, para todos, participantes y espectadores, y solo se cambian de uvas a peras. Los premios, cuyo alcance y posibilidades son conocidos a priori, responden a los méritos contraídos objetivamente materializados en los triunfos, y son tan desiguales como los resultados cosechados.

La interpretación de las reglas de juego se lleva a cabo a través de árbitros, cuya carrera profesional depende de la calidad de su desempeño, bien remunerados y obligados a señalar las faltas en tiempo real, incluso al precio de equivocarse; eso sí, los jugadores no tienen que esperar perdiendo su tiempo —tampoco los espectadores— sentencias perfectas —¿es que existen?— que interrumpirían el ritmo del juego. Todo lo dicho se puede resumir en algo muy simple: funciona el mercado.

Los mejores clubes de fútbol del mundo, los nuestros entre los primeros, al disponer de enormes ingresos disponen de instalaciones y medios del máximo nivel que benefician directa e indirectamente a todos los profesionales —técnicos y jugadores nativos—, su formación y desarrollo profesional. Todo un círculo virtuoso cuya mejor expresión son los triunfos internacionales de los jóvenes futbolistas españoles y la extraordinaria y merecida reputación de nuestros entrenadores.

Pero esto no es solo una característica del fútbol. En tenis o en motociclismo, España dispone de unas infraestructuras que están en la cima de Europa y unos preparadores también entre los mejores. Nuestro clima e instalaciones deportivas son muy apropiados para practicar deporte durante todo el año, lo que vale no solo para nuestros deportistas sino para acoger, como ya está sucediendo, a su élite mundial.

Que en un mundo tan abierto, profesional y competitivo como es el del deporte, España ocupe una posición de privilegio, pone de manifiesto que, frente al victimismo del pasado que ahogaba muchas de nuestras posibles ambiciones, los españoles cuando se trata de competir podemos ser tan buenos o mejores que los demás. Toda una lección de autoestima para el futuro. Dicho de otra forma, por factores de fatalismo histórico habíamos llegado a considerar que lo nuestro era perder, y ahora nos estamos acostumbrando a ganar.

Es posible que la actual generación de los Nadal, Gasol, Márquez, Alonso, Contador, Iniesta, etc., no se repita, pero el efecto catártico de sus victorias ya ha tenido lugar. Ya no pensamos que estamos destinados a perder o que el mundo se ha vuelto contra nosotros para que no ganemos, y eso significa que nos va pareciendo normal que un español sea campeón mundial o que una empresa española construya un ferrocarril de alta velocidad en Arabia.

Puede parecernos una cosa normal haber llegado hasta aquí; pero, si nos situamos en 1898 y leemos lo que pensaban los españoles de entonces, veremos la magnitud del salto que hemos dado. Y ello, en una gran medida, se ha debido a nuestros deportistas.

Una lengua & una cultura de futuro

Para Julián Marías (ABC, 17-10-1996): “Hay un factor que dilata la magnitud de España, y es precisamente su lengua. Y como la lengua lleva consigo la primera interpretación de la realidad, afecta al sentido de ‘nosotros’. Con lo cual caemos en la cuenta de que la ‘magnitud de España’ es variable, mayor o menor según las diversas dimensiones de la vida”

El español es la lengua propia de cerca de 500 millones de personas y su ritmo de crecimiento es de los más altos. Según la investigación de J. L. Gª Delgado & J. A. Alonso & J. C. Jiménez titulada Valor económico del español, la importancia de nuestra lengua puede sintetizarse en el siguiente decálogo:

• Segunda lengua más hablada del mundo por número de personas que la tiene materna: hablan español como primera o segunda lengua 450 millones, y se superan los 500 millones de personas añadiendo quienes lo han aprendido como lengua extranjera.

• Segunda lengua de comunicación internacional en la Red, tanto en número de usuarios como por páginas web.

• La capacidad de compra del los hispanohablantes representa el 9% del PIB mundial.

• El español genera el 16% de valor económico del PIB y del empleo de España.

• El “factor ñ” —contenido en español— de las industrias culturales representa el 2,9% del PIB de la economía española.

• El español ha triplicado la atracción de inmigrantes de la América hispana hacia España.

• El español tiene un “premio salarial” que alcanza hasta un 30% en España y una proporción también muy considerable —hasta un 10%— en EE UU.

• El español cuadriplica los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes.

• El español es un gran instrumento de internacionalización empresarial: compartir lengua —en una muestra con amplia presencia de países hispanohablantes— multiplica por siete los flujos bilaterales de inversión directa.

• El español es factor determinante para la recepción en España 35.000 alumnos universitarios Erasmus cada curso académico; España es el primer país de destino, entre los 32 países que participan en tal programa europeo, acogiendo al 17% del total de alumnos.

El español disputa al chino y al inglés el liderazgo en Internet en cuanto a las lenguas más habladas y utilizadas en la red.

Según la edición 2016 del Anuario del Instituto Cervantes, El español en el mundo, nuestra lengua es la segunda en Facebook y Twiter mientras que en la edición española de Wikipedia, aunque somos los décimos por número de artículos, es la segunda más visitada.

Qué hemos podido aprender por el camino

La ética favorece el progreso económico y social

El crecimiento económico a lo largo de la historia es el resultado de las acciones humanas de carácter empresarial en sentido amplio; es decir, asumiendo que toda acción económica —producir, vender, comprar—, tanto de carácter individual como societario, tiene consecuencias para el progreso de la economía.

Los seres humanos, tanto si actúan a título personal como societario, a la hora de decidir en el ámbito económico lo hacen condicionados por sus prejuicios éticos y morales.

Desde los filósofos griegos a los teólogos cristianos, la civilización occidental —en la que el crecimiento económico ha tenido históricamente lugar— siempre se ha caracterizado por “filosofar” acerca de la licitud moral de las decisiones económicas.

Los padres escolásticos españoles de principios del siglo XVI —Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Martín de Azpilicueta, Domingo Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, etc.— además de sentar las bases doctrinales de la ciencia económica —siglo y medio antes que Adam Smith— resolvieron magistralmente problemas de índole moral que afectaban a la economía: el precio justo, el interés del dinero, el salario mínimo, la propiedad privada, los beneficios, los impuestos, etc.

Adam Smith, autor del más emblemático libro de economía que se ha escrito, La riqueza de las naciones, era catedrático de Filosofía Moral y su primer libro lo tituló La teoría de los sentimientos morales.

De más tarde —hace un siglo— proviene otra obra emblemática de gran prestigio e influencia intelectual sobre la materia: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Para el autor, el capitalismo y su indudable éxito económico —sin parangón posible en otros ámbitos culturales— están soportados por los principios derivados de la religión protestante: el trabajo, la austeridad, la racionalidad, etc.

La tesis weberiana ha sido refutada empíricamente desde diversos frentes. Rodney Stark, por ejemplo, en su obra The victory of Reason, recuerda que fue en las católicas Venecia, Génova, Florencia, Milán, etc., donde emergió y floreció el sistema capitalista, alcanzando su máximo esplendor mucho tiempo antes de la existencia del protestantismo. Fue el cristianismo, según Stark, el que engendró la libertad, el capitalismo y, en consecuencia, el éxito de la economía occidental.

En los últimos años han proliferado estudios históricos orientados a explicar los motivos del éxito económico de Occidente frente al resto del mundo con una gran coincidencia argumental: el marco institucional y los valores éticos y morales de la sociedad. El premio Nobel, Douglass North con su The Rise of the Western World, y el historiador de la tecnología Nathan Rosenberg con su How West Grew Rich son dos buenos —entre muchos otros— ejemplos de esta visión de la historia.

Francis Fukuyama, en su obra Trust, investiga la extraordinaria importancia de la confianza, que describe como la virtud social que determina la prosperidad económica. En su vasto análisis histórico, el autor llega a una determinante conclusión: la confianza es una virtud esencialmente occidental cuyo variable ejercicio social se encuentra correlacionado con la prosperidad económica.

El título de este capítulo reproduce intencionadamente el de un libro del premio Nobel, James M. Buchanan, en el que sostiene que las restricciones éticas o morales del comportamiento humano ejercen importantes efectos económicos. Puede que la ética del trabajo y la ética del ahorro no estén de moda, pero Buchanan afirma que muchas actitudes y hábitos modernos pueden ser una causa de la caída de las tasas de crecimiento de la productividad.

Además de estas y muchas otras investigaciones académicas, una mera observación del mundo pone de manifiesto que los países más ricos parecen —y son— más virtuosos que los pobres. Y cuando en las últimas décadas se observan incorporaciones de países no occidentales —Japón, Singapur y Corea— al mundo rico, es porque en ellos han venido adoptándose valores e instituciones sociales y políticas occidentales.

Y frente a la ética como fundamento moral de la creación de riqueza, emerge la corrupción política como camino más seguro hacia el empobrecimiento y la desigualdad; con el añadido de que en España llega a considerarse inevitable. La literatura picaresca, el Romanticismo y la Generación del 98 van dando vida a un relato que han continuado escritores contemporáneos como el recientemente fallecido Rafael Chirbes con su obra Crematorio.

Después de lo visto en los últimos años es imperativo garantizar, mediante la transparencia y el castigo, la integridad moral de la clase política.

Secuelas morales de una crisis económica

La última crisis económica, indiscutiblemente originada por una excesiva expansión del crédito de nueva creación —no ahorrado previamente— ha terminado siendo, como no podía ser de otra manera “pan para hoy y hambre para mañana” como estamos comprobando, aunque nos pese y muchos no quieran aceptar, desde hace tiempo en España.

El endeudamiento de familias, empresas y Estado alcanzaron en nuestro país una dimensión insostenible —triplica el PIB— a la que se le añadió en nuestro caso, como consecuencia de ser un país poco ahorrador, una dependencia financiera exterior que nos llevó literalmente al borde del precipicio, es decir, del llamado “rescate”.

Desde entonces nuestra economía no ha tenido otra opción —como no la tienen ahora los griegos— que someterse a la disciplina de nuestros prestamistas, que, como es natural, quieren garantizarse la devolución de sus préstamos.

Ante esta situación límite, tanto las familias —incluso de los que dicen que hay que seguir endeudándose— como las empresas se han apretado sus cinturones y reducido sustancialmente sus deudas, no así el Estado, que las ha seguido aumentando, así como el gasto público que las origina.

Y, sin embargo, sin prejuicio moral alguno, se dice repetida y machaconamente por ciertos sectores políticos y medios de comunicación afines, como si de una verdad revelada e incontestable se tratara, que “hay que acabar con la política de austeridad”. Dicho enunciado plantea un doble problema ético: su veracidad y la adulteración del significado moral de la palabra “austeridad”.

En el ámbito de la veracidad, es a todas luces evidente que los que están en contra de su llamada “austeridad” deben cambiar de palabra o aceptar que están adulterando su uso etimológico, porque es simplemente falso que exista. Según Francisco Cabrillo —EXPANSIÓN, 9-2-2015—, en 2014 el gasto público español fue de 450 millardos de euros y los ingresos públicos de 390. ¿Es austeridad gastar 60.000 millones de euros más que lo ingresado? En términos reales —para que la comparación sea rigurosa— el gasto público efectivamente ha descendido un 2,6% en el periodo de siete años que va desde 2007 —antes de la crisis— hasta 2014; pero su peso relativo en relación con el PIB ha aumentado desde el 38% de entonces al 42% de hoy. La deuda pública generada como consecuencia de tales excesos ha pasado a significar en 2014 casi lo mismo que el PIB, cuando en 2007 era inferior al 40%.

Además de querer sostener mediante la propaganda política algo que es empíricamente falso, lo que descalifica ética y moralmente a sus evangelistas, el significado moral de la palabra “austeridad” quedaría subvertido, lo que es aún más grave. Estar en contra de la austeridad implica un doble desorden ético: por una parte, se descalifica un valor que en todo tiempo y civilizaciones se ha considerado positivo y, por otra parte, se auspicia una práctica política que ni siquiera sus inductores practican ni defienden en su vida privada. Pocas veces el clásico concepto de mentira —“decir algo falso con intención de engañar”— ha resultado más evidente que en este caso.

A lo dicho hay que añadir otro importante problema moral: el de la incoherencia personal de los inductores de la subversión del uso de la palabra austeridad. La inmensa mayoría de seres humanos, desde toda la vida, suele gastar a título privado menos de lo que tiene y raramente poco más, con independencia de sus creencias religiosas y políticas. En los tiempos recientes, debido a la alocada expansión monetaria y del crédito que generaron los gobiernos —no los mercados, meros transmisores—, el endeudamiento de las familias creció más que nunca, hasta que la consecuente crisis —disminución de ingresos y crédito— las obligó a renunciar a algo imposible de sostener: gastar más que lo que nuestros ingresos permiten. Así, en un corto plazo de tiempo las familias —también las empresas— redujeron su endeudamiento hasta límites sostenibles, regresando de este modo a un orden moral clásico: no gastar lo que no se tiene y ahorrar.

¿Por qué quienes sin duda practican privadamente tal orden moral exigen que el Estado no lo cumpla? ¿Acaso creen que la economía pública es distinta de la privada? Todo el mundo sabe de sobra que no. Se estaría por tanto defendiendo una extraña doble moral: virtudes privadas frente a vicios públicos, lo que, paradójicamente, enmendaría la clásica tesis de Bernard Mandeville: “Vicios privados hacen la prosperidad pública”, formulada en su obra La fábula de las abejas.

Una de las más perversas transgresiones del orden moral que se han producido en la opinión pública occidental es la sustitución en el modo de pensar de “lo que nos podemos permitir” por “lo que nos merecemos”. Así, no se analiza el gasto público desde una perspectiva realista y sensata, sino desde un desiderátum sin límites que conduce a pedir siempre más, incluso si no es necesario.

Son un lugar común las declaraciones de políticos locales a favor de cualquier inversión pública —¡como si no tuviera costes!—: ambulatorios, aeropuertos, AVE, etc., sin que medie otra justificación que “a ver quién da más”, esa competencia irresponsable entre todos los partidos que se ha adueñado de la escena política.

Puesto que el gasto público de hoy se paga en buena parte con préstamos que tenemos que devolver mañana, lo que disfrutamos ahora tendrá que ser pagado por las nuevas generaciones a costa de su propio consumo, lo que es sencillamente inmoral. ¿Algún defensor de esta política pública practica o piensa practicar en el seno de su familia semejante disparate? No, porque sería moralmente imposible de plantear y además irrealizable, ya que exigiría la aceptación de los “pagadores” y ello sería imposible de conseguir: ya se sabe que el sempiterno Código Civil no obliga a heredar deudas.

Dada la enorme —incluso con las limitaciones que imponen la UE y el euro— capacidad de endeudarse que tienen los estados, en los últimos tiempos el despilfarro —no la austeridad— se ha generalizado hasta contraer deudas que serán difíciles de devolver y que, mientras tanto, pesan como una losa sobre las posibilidades de crecimiento económico, lo único que nos puede permitir mirar el futuro con optimismo.

La crisis económica originada por hacer en la economía pública lo contrario que hacemos todos en nuestra vida privada, puede estar degenerando en una crisis de valores que, si no se ataja a tiempo, va a poner en entredicho nuestro porvenir no solo económico, sino también moral.

El deslizamiento de la política hacia el populismo es una de las mayores amenazas del presente, lo que conlleva a programas electorales con formato de catálogos de ofertas de mejoras de la calidad de vida y “Madrid” como coartada perfecta para su financiación.

La transparencia legitima el ejercicio del poder político

Para Robert Klitgaard, experto en corrupción citado por Fukuyama en su Political Order and Political Decay, su fórmula es tan simple como: Corruption= Discretion – Accountability. Es decir, arbitrariedad sin responsabilidad. Un exceso de reglas y falta de transparencia en su aplicación son determinantes de la corrupción.

La palabra transparencia se ha puesto felizmente de moda —y más que debería estar— en España por la coincidencia temporal de dos hechos singulares: la enorme proliferación de casos de corrupción de cargos públicos y de designación política y la popularización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación —las TIC— que hacen muy fácil el ejercicio de la transparencia en la esfera pública.

Internet ha posibilitado la llamada sociedad de la información; pero ni la hiperinformación ni la hipercomunicación que procura inyectan necesariamente luz en la oscuridad, porque la masa de información no engendra necesariamente ninguna verdad, según argumenta Byung-Chul Han en su obra La sociedad de la transparencia. De hecho, una transparencia total haría innecesaria e inservible una virtud social tan decisiva para el progreso de la humanidad como la confianza, y valores como la honradez y la lealtad perderían su significado.

Lo que sí ha producido el uso masivo de Internet es una condición de “transparencia sobrevenida” en la gestión de las administraciones públicas que hace que los secretos antes inviolables sean expuestos a la luz pública con consecuencias muy poco favorables al prestigio de los gestores públicos.

Los casos expuestos por Wikileaks o en un ámbito más doméstico las filtraciones de informaciones sumariales referentes a casos que están en la mente de todos, han desnudado al poder y a quienes lo ejercen produciendo una oleada de desafección e indignación difícilmente compatible con un ejercicio sereno de la democracia.

Esta nueva situación debería ser aprovechada para avanzar en lo que de verdad importa, y mucho, aquí y ahora: la transparencia de las actuaciones públicas, es decir, de los servidores del Estado y los designados por este en sus más diversas manifestaciones. En la era de Internet, donde todo se termina sabiendo, la transparencia es una necesidad imperativa y no solo una obligación moral.

En la sociedad interconectada e hipercomunicada, la conducta de todo servidor público debe ser, como mínimo, decente porque es mucho más pública que en ninguna otra etapa histórica y la indecencia pública produce una desmoralización ciudadana indeseable. Eso quiere decir que debe estar al menos a la altura de lo que es exigible a cualquier ciudadano. Y en la medida de lo posible debería ser ejemplar para este.

Puesto que las obligaciones de los ciudadanos con el Estado están amplia, variada, prolífica y minuciosamente establecidas, y en muchos casos —hacienda, circulación, etc.— rigurosamente perseguidas, una primera exigencia ciudadana es que las conductas públicas sean perseguidas y juzgadas, al menos, con el rigor de las privadas.

La reciprocidad de trato es, por tanto, una condición necesaria de la transparencia de las administraciones públicas, que no deberían exigir a los ciudadanos lo que ellas no cumplen. Es desde un buen y transparente quehacer público que cabe exigir un comportamiento equivalente a la sociedad: un predicar con el ejemplo que ha terminado operando al revés. La transparencia, o es simétrica, o no merece tal nombre.

Se dice, con toda razón, que la educación de los niños no consiste en decirles lo que deben hacer, sino en dar ejemplo por parte de los padres y educadores, porque se fijan en lo que ven y no en lo que escuchan. A los cargos políticos lo mínimo que se les debe exigir es integridad, es decir, coherencia entre lo que dicen y hacen.

La transparencia que necesita nuestro país debería conllevar a que todas las entidades públicas estén sometidas, vía Internet, a:

• Una exhaustiva y actualizada relación de todas ellas con información de sus objetivos, presupuestos y plantilla.

• Listado actualizado de personal contratado —al margen del sistema de oposiciones a los empleos públicos— con su remuneración y currículum profesional.

• Detallada descripción de las facilidades extrasalariales y retribuciones en especie de todo el personal.

• Información instantánea y pormenorizada de cualquier proceso de contratación de obras o servicios y de todos sus gastos.

Adicionalmente, los altos cargos del Gobierno y demás instituciones del Estado, antes de su designación deberían pasar un examen de su currículum y situación patrimonial por parte de los organismos de seguridad —CNI, por ejemplo— para garantizar la veracidad de aquel y poder discernir en el futuro sobre cualquier enriquecimiento ilícito.

Los ciudadanos deben poder acceder a toda la información sobre el funcionamiento real de las instituciones públicas, salvo las restricciones que se puedan establecer por ley.

En el eBook sobre La transparencia editado por www.dontknow.nwt, se la considera necesaria por la escasa credibilidad que tiene lo que no se puede comprobar y para aprovechar la inteligencia colectiva en la administración pública. Con la transparencia se consigue mejorar:

• el desarrollo económico, al introducir mayor eficiencia en costes y competencia,

• la calidad de la democracia, aumentando la eficacia de la gestión pública y la participación ciudadana, y

• la madurez ciudadana, mediante una mayor información y la corresponsabilidad.

Para Enrique Baca, “una sociedad mejor informada es menos manipulable y más madura, ya que un mayor conocimiento genera pensamiento crítico y, por tanto, libertad, congruencia y responsabilidad”; y para Rafael Mira, “la complejidad y la incertidumbre aumentan las dificultades para tomar decisiones que la inteligencia colaborativa, es decir, la mayor implicación de todos, viene a facilitar”. Según The Quality of Government Institute:

• Existe una probada correlación entre la falta de acceso a la información y la corrupción. Australia, Canadá, Chile e Irlanda lideran el mapa mundial de la transparencia y, por tanto, de la ausencia de corrupción.

• Los países que tienen más meritocracia (Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, etc.) son los que tienen menos corrupción y, los que manipulan los ascensos —huyendo de la transparencia que está necesariamente asociada al mérito—, los que más.

• Los países con menos regulación —de nuevo los escandinavos— son los más transparentes y menos corruptos.

Las nuevas tecnologías posibilitan hoy “gobiernos abiertos” que acaben con la opacidad mediante la participación, cooperación y colaboración ciudadanas en un régimen de transparencia.

El Ayuntamiento de Jun, un pueblo granadino de 3.000 habitantes, tiene un comportamiento ejemplar en materia de transparencia gracias a su alcalde José Antonio Rodríguez, que abre los plenos a los ciudadanos retransmitiéndolos en directo vía streaming y posibilitando que estos participen vía Twitter en tiempo real; y para hacer el presupuesto cuenta con toda la población que desee participar y su gestión siempre está abierta al público.

Las subastas electrónicas acabarían con la corrupción de las administraciones públicas, además de conseguir importantes ahorros de costes.

No es todo lo que se puede decir sobre la necesaria transparencia del quehacer público; pero con lo dicho, si se llevara a cabo, ganaría mucho España, y no solo en el orden ético y moral, también en nuestro progreso económico y social.

La heterodoxia económica se paga muy cara

El crecimiento medio anual de la renta per cápita española en el periodo 1913-1950 fue de un paupérrimo 0,19% y en el periodo 1929-1952 del —0,26%. En aquel tiempo, y más específicamente en el segundo periodo de decrecimiento, la economía española se mantuvo cerrada al exterior y gestionada con criterios económicos heterodoxos, es decir, alejados de las buenas prácticas. Las dramáticas consecuencias de la Guerra Civil, una política económica intervencionista y generalizadas restricciones a la libertad económica conllevaron al peor periodo de crecimiento económico de nuestra historia, según tiene constatado Leandro Prados de la Escosura.

Tras la dramática crisis económica del periodo 1929-1952, el siguiente y más grave periodo de decadencia económica se corresponde con nuestro tiempo. Si en 2008 el PIB español ocupaba la 12ª posición del mundo, ahora estamos en la 16ª. La renta per cápita española de 2009, como se ha señalado en un capítulo anterior, no se recuperará antes de 2017. ¿Qué nos condujo a este considerable bache económico? Con la entrada en el sistema monetario del euro, España pudo beneficiarse de una financiación de su economía con dinero exterior abundante y tipos de interés insólitamente bajos, lo que produjo un crecimiento económico sumamente desequilibrado, como pone de manifiesto un índice muy significativo: el déficit exterior por cuenta corriente.

Durante largos años —primera década del siglo XXI— España fue el segundo país del mundo por déficit de balanza comercial, tras Grecia en términos relativos y tras EE UU en términos absolutos. Un déficit de esta naturaleza termina acumulando una dependencia exterior que pone en cuestión la autonomía de la política económica nacional, situación en la que España se encuentra desde hace años.

La burbuja financiera produjo un crecimiento económico que arrastró un aumento equivalente o incluso superior de los ingresos públicos y aún más del gasto público que no se quiso frenar a tiempo cuando comenzó a decrecer la economía y por tanto los ingresos públicos hasta originar un déficit fiscal insostenible que situó a España al borde del rescate financiero por parte de nuestros acreedores.

Junto con la crisis de crecimiento y financiación exterior de la economía española, se produjo otra grave crisis histórica: la del sistema financiero, que, siendo directo y necesario responsable de la irresponsable expansión de la deuda privada —empresas y familias—, se encontró en una situación de insolvencia como consecuencia de sus créditos fallidos. Para resolver tamaña crisis fue necesario acudir a la ayuda exterior, que permitió aunque lentamente la salvación del sistema y la recuperación del crédito.

La crisis del sistema financiero tuvo dos componentes: las cajas de ahorro y la banca privada. El coste del rescate de las cajas corrió a cuenta del erario público y el de la banca privada del Fondo de Garantía de Depósitos, mientras que su capitalización fue sufragada por sus accionistas. Todavía hoy circula una popular valoración de la crisis del sistema financiero que viene a cuestionar que su salvación haya sido a cargo de recursos públicos. En realidad, el dinero público ha servido para que los depositantes de las antiguas cajas —no los accionistas de la banca privada— no perdieran sus depósitos y, además, para evitar que la quiebra del sistema de cajas de ahorros conllevara una gravísima crisis económica como consecuencia de la desaparición de los bancos en un sistema económico que no puede prescindir de ellos para seguir operando.

La crisis española, a diferencia de otros países, presentó dos características singulares: fue engendrada, en una gran parte, por instituciones financieras —las cajas de ahorros— gobernadas por políticos, en numerosas ocasiones sin escrúpulos ni competencia profesional, y comenzó a resolverse más tarde —por la “política del avestruz” del Gobierno— que en los países más avispados.

Si se analiza comparativamente la crisis —periodo 2009-2014—, se observa una estrecha correlación entre el incremento de la deuda pública y la profundidad y duración de la misma. Así, los países que menos acrecentaron su deuda fueron los que antes recuperaron su renta per cápita y la volvieron a aumentar (Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania,…), mientras que los que más se endeudaron todavía no han recuperado su nivel de renta de antes de la crisis (España, Italia, Irlanda, Francia,…)

La última crisis ha puesto de manifiesto que:

• Gastar lo que no se ingresa y vivir de los demás tiene un recorrido muy limitado: termina con dependencia exterior y las consecuencias que ello implica en cuanto a pérdida de autonomía de gobierno.

• La gestión politizada, ajena a las buenas prácticas profesionales, de las cajas de ahorros ha acabado con ellas con un coste elevadísimo.

• Cuanto más se tarda en reaccionar, peor es la salida de la crisis.

• Un marco laboral inflexible procedente de épocas políticas corporativas ya periclitadas acentuó socialmente la crisis y dificultó la recuperación.

• Las economías más flexibles y adaptativas —caso de EE UU— tardan menos en recuperarse que las rígidas; como la española, que, junto a la italiana, son las que más años van a perder —casi una década— en recuperar el tiempo perdido.

La calidad institucional importa

La pregunta de por qué unos países crecen y son ricos y otros se estancan y son pobres, ha recibido diversas respuestas a lo largo de la historia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las teorías de crecimiento económico, carentes de bases empíricas, asociaban el desarrollo económico a los recursos naturales, la inversión y la población. A partir de los años cincuenta del pasado siglo, como consecuencia de la medición de la riqueza —gracias a las contabilidades nacionales basadas en las tablas input-output que comenzaron a funcionar primero en los EE UU y después en Europa y el resto del mundo—, fue posible plantear nuevas hipótesis acerca del crecimiento económico sobre bases empíricas. Así fue cómo Robert M. Solow —luego premio Nobel— descubrió que la mayor parte del crecimiento económico provenía de la innovación en los tejidos productivos, teoría cuyo crédito no ha hecho sino crecer a lo largo del tiempo.

Una nueva rama de investigación económica ha venido a completar la “fórmula solowiana” al añadir un argumento nuevo que la mejora y redondea: la calidad institucional. Otro premio Nobel, Douglass North, ha estudiado el marco institucional poniendo de manifiesto su decisiva contribución en el proceso de crecimiento económico.

Así que podemos afirmar, sobre la base de un amplio consenso doctrinal, que el crecimiento económico necesita de dos factores: la innovación tecnológica y las instituciones —sociales y de gobierno— que la posibilitan y empujan hacia adelante.

Desde la estrecha correlación —de base empírica— que existe entre el éxito económico y el buen gobierno —de las empresas y los países—, una nueva moda se está imponiendo en estos tiempos de globalización económica: los rankings de calidad institucional. Cabe citar como más significativos: Investment Climate Survey y Doing Business Indicators del Banco Mundial, Global Competitiveness Index del World Economic Forum, Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation, Economic Freedom of the World del Fraser Institute, Country Risk Index del Political Risk Service Group, etc. Tales rankings tratan, con desigual fortuna, de clasificar a los países por sus buenas prácticas institucionales, que abarcan desde la seguridad jurídica a la educación, pasando por las infraestructuras y un largo etcétera.

La pujanza de tales rankings es tal que cada vez más países —sobre todo los más pequeños— viven preocupados —algunos como Hong Kong, Singapur, Chile…, literalmente obsesionados por su clasificación—, lo que no resulta vano. Muchas decisiones de crédito financiero e inversión directa dependen lisa y llanamente de la posición alcanzada en dichos rankings.

Por otra parte, la crisis financiera y económica que actualmente nos envuelve está sirviendo para poner de manifiesto la importancia de las instituciones de gobierno de los países a la hora de generar confianza en los inversores internacionales. Siendo crucial en una economía de mercado gozar de la confianza y el aprecio de los mercados financieros, aún lo es más en España al ser un país sobreendeudado que no puede vivir sin ellos.

Llegados a este punto, llama la atención la despreocupación española por algo tan importante, que no solo afecta al “qué dicen y dirán” de nosotros, sino al “qué hacen y harán” con nuestro país los inversores y las instituciones internacionales y sus efectos sobre nuestro devenir económico.

Un gobierno responsable haría bien si pusiera en marcha mecanismos, nada costosos y con retorno asegurado, para:

• Seguir de cerca los rankings de calidad institucional, valorando su influencia.

• Gestionar los desajustes existentes para adecuarlos a la realidad, que muchas veces es mejor que lo que reflejan.

• Analizar las malas calificaciones y formular medidas para tratar de mejorarlas.

• Observar las mejores prácticas de los países de referencia para, eventualmente, adoptarlas.

El mercado mundial de las escuelas de negocios responde —con mucho éxito en el caso español— exactamente a este modelo de comportamiento.

Esta modesta propuesta, de llevarse a cabo, aportaría —sin apenas coste— dos grandes ventajas: de una parte mejoraría, necesariamente, nuestra clasificación internacional —con todas las consecuencias positivas que ello implicaría— y, además, pondría en la agenda política nacional “la calidad institucional” como un factor de progreso que tanto falta nos hace.

Además, la calidad institucional es la mejor vacuna democrática frente a las derivas populistas que operan en la dirección opuesta.

Los nuevos desafíos que nos acechan

La amenazante deuda exterior

Estamos viviendo una insólita época de la economía mundial caracterizada por un sobreendeudamiento de familias, empresas y estados originado por políticas monetarias expansivas que, con la excusa de favorecer el crecimiento, pusieron en circulación ingentes cantidades de dinero sin que estuviera soportado por ahorro voluntario previo.

Esta inflación fiduciaria se transformó en créditos bancarios a bajos o incluso negativos tipos de interés, que se emplearon en un sinfín de proyectos privados y públicos, muchos de los cuales sin rentabilidad suficiente como para poder amortizar los préstamos.

Esta situación de sobreendeudamiento, especialmente grave en EE UU, Japón y muchos otros países de la UE —entre ellos España—, plantea una dramática pregunta: ¿cómo saldremos de esta? Porque solo con tasas muy altas y recurrentes de crecimiento económico es posible ir devolviendo las deudas, algo difícil de conseguir en países muy desarrollados cuyas tasas de crecimiento tienden a ser bajas y decrecientes. El caso japonés atestigua lo dicho: es un país muy endeudado, cuya economía permanece estancada hace muchos años como consecuencia del círculo vicioso del peso de la deuda sobre una economía insuficientemente flexible y competitiva para seguir creciendo.

El caso español es, posiblemente, uno de los más preocupantes; porque, siendo descomunal nuestra deuda —pública, empresarial y familiar—, la mayor parte de ella está contraída con el exterior por carencia de ahorro nacional. Otros países como Japón e Italia, por ejemplo, tienen tanta deuda como España pero no es exterior, sino nacional.

Junto con Irlanda, Grecia y Portugal —los países “rescatados”—, España ha sido el país europeo que más aumentó su deuda respecto al PIB en el periodo 2007-2014 y el que va a necesitar un ajuste fiscal mayor para reducirla, según McKinsey Global Institute. Solo Japón, Grecia, Portugal, Italia y Bélgica tienen hoy más porcentaje de deuda pública sobre PIB que España, cuando hace muy pocos años estábamos muy alejados de dichos países.

En el periodo 2007-2014, España fue el país que más incrementó su deuda pública en el mundo —un 92%—, junto con Irlanda —93%—, seguidos de Portugal —83%—, Grecia —70%—, Japón —60%— y Reino Unido —50%—.

Mientras tanto, países como Alemania, Australia, Canadá, Singapur y Dinamarca apenas superaron el 20% y Suecia sólo subió un 1%.

Según McKinsey, España es el país que necesita una mayor tasa recurrente de crecimiento —un 5,5%, frente al 4,7 de UK, el 4% de Francia, etc.— para normalizar el peso de la deuda pública sobre el PIB.

Mientras que el endeudamiento de empresas y familias se ha reducido a niveles de la UE, el público ha continuado su expansión.

El endeudamiento exterior español es una losa que pesará muchos años sobre nuestro porvenir económico, por cuatro poderosas razones:

• Nos hace dependientes de los acreedores y, por tanto, de su cambiante humor: renovación de créditos y precio de los mismos.El coste de la deuda, que dado su bajísimo nivel actual solo podrá subir en el futuro, implica un condicionamiento presupuestario mayor que cualquier otra variable del Estado de Bienestar.

• La devolución de la deuda externa y, en consecuencia, la minoración de su volumen y coste solo es técnicamente posible mediante saldos positivos de nuestra balanza de pagos, algo muy difícil de conseguir y sostener en una economía globalizada y cada vez más competitiva.

• Los historiadores de la economía no han encontrado casos de devolución de deudas del tamaño —absoluto y relativo— de la española y otros países avanzados, incluidos EE UU y Japón, sin algún tipo de “quita”, que, eso sí, no afectaría solo a nuestro país.

En las circunstancias descritas, la política económica española no tiene margen de maniobra posible: solo reformas estructurales que flexibilicen la economía y la hagan más competitiva para conseguir crecimientos elevados y sostenidos que puedan seguir generando esperanzas ciertas de un futuro mejor.

Una economía digital, global & colaborativa

Vivimos un tiempo dominado por una nueva economía digital caracterizada por la globalización de los mercados, la diseminación de las tecnologías de la información y la comunicación, el desmantelamiento de las jerarquías nacidas a mediados del siglo pasado. Los rasgos esenciales de esta nueva era económica son el conocimiento y la comunicación, frente a las tradicionales: recursos naturales y trabajo físico. En ella, la innovación es cada vez más trascendente y el trabajo intelectual desplaza al físico en el marco de un mundo esencialmente inestable y en proceso de cambio continuo.

Globalización y tecnología se refuerzan mutuamente. Un mercado global y, por tanto, más competitivo acelera el proceso de innovación tecnológica afirmando y consolidando con ello el nuevo marco global. En tanto la geografía se ha tornado irrelevante, las modernas redes de telecomunicaciones se han convertido en una necesidad vital para la competitividad de las naciones. Ningún país puede esperar, sin sólidas y avanzadas infraestructuras de telecomunicaciones y un marco institucional apropiado a las nuevas circunstancias, ser partícipe de las posibilidades de desarrollo que contiene la nueva economía digital.

La lógica de las revoluciones tecnológicas

De acuerdo con la visión epistemológica de Thomas Khun —La estructura de las revoluciones científicas— aplicada al progreso científico, por la que distingue entre épocas de ciencia normal y revoluciones científicas, en el ámbito tecnológico puede utilizarse, por analogía, el concepto “revolución” cuando un conjunto de nuevas y dinámicas tecnologías aplicadas a la producción y la distribución económicas son capaces de transformar las estructuras de los tejidos productivos, haciendo resurgir el crecimiento económico a largo plazo. El concepto de paradigma khuniano cabe utilizarlo aquí como vehículo difusor de cada revolución tecnológica.

Para entender por qué los cambios tecnológicos toman forma de revoluciones, hay que apelar a Joseph Schumpeter y su concepto de “destrucción creativa”. Todo proceso innovador conlleva la semilla de la destrucción de lo previo, que resulta superado y luego sustituido por lo nuevo después de un periodo más o menos largo de convivencia.

Siguiendo el modelo de Carlota Pérez en Technological Revolutions abd Financial Capital, cada revolución tecnológica origina un nuevo paradigma tecno-económico: cada nuevo paradigma tecno-económico guía la acción de los innovadores, los empresarios, las tecno-estructuras, los inversores y los consumidores, interactuando durante el proceso de propagación de la nueva ola tecnológica.

Las características dominantes de cada paradigma tecno-económico, siguiendo a dicha autora, se pueden sintetizar así:

Revolución Industrial

• Fabricación industrial.

• Mecanización.

• Medida de la productividad.

• Redes logísticas locales.

Era del Vapor y los Ferrocarriles

Economías de aglomeración, ciudades industriales, mercados nacionales.

Centros de poder con redes nacionales.

Economías de escala.

Estandarización de las máquinas.

Energía donde hace falta.

Interdependencia de movimientos de máquinas y medios de transporte.

Era del Acero y la Electricidad

• Estructuras gigantes (acero).

• Integración vertical.

• Energía distribuida (electricidad).

• La ciencia como fuerza productiva.

• Redes e imperios internacionales.

• Estandarización universal.

• Medición de la eficiencia (control de costes).

• Mercado mundial dominado por la producción a gran escala.

Era del Petróleo, el Automóvil y la Producción Masiva

• Producción y mercados masivos.

• Economías de escala e integración horizontal.

• Estandarización de productos.

• Intensidad energética (petróleo).

• Materiales sintéticos.

• Especialización funcional y organización.

• Poderes nacionales en un mundo de acuerdos y confrontaciones.

Era de la Información y las Telecomunicaciones

• Intensidad de la información (TIC).

• Integración descentralizada, basada en estructuras en red.

• El conocimiento como capital (valor añadido intangible).

• Heterogeneidad, diversidad, adaptabilidad.

• Segmentación de mercados y proliferación de nichos.

• Economías de alcance (especialización combinada con volumen de producción).

• Globalización (interacción entre lo global y lo local).

• Cooperación interna y externa (clusters).

• Comunicación global (instantaneidad del contacto y la acción).

El ciclo de vida de cada revolución tecnológica, cuya duración media según Kondratieff ha venido siendo del orden de cincuenta años, puede dividirse en cuatro fases según Carlota Pérez:

• Nuevas tecnologías y productos que generan un crecimiento explosivo de innovaciones.

• Completa constelación de nuevas tecnologías, sistemas, industrias e infraestructuras.

• Expansión de las innovaciones y del mercado potencial.

• Madurez industrial y saturación de los mercados.

Después de un periodo de gestación, el nuevo paradigma se configura durante la primera fase para extenderse en forma de nuevos productos, sistemas tecnológicos e industriales, que modernizan toda la economía y, finalmente, ven limitado su potencial de crecimiento, mientras que una nueva revolución en ciernes espera su turno. Durante un tiempo, que se corresponde con el despliegue del nuevo paradigma y que los historiadores de la economía estiman de veinte a treinta años, una tensa coexistencia entre la “vieja” y la “nueva” economía tiene lugar en perjuicio de aquella. Mientras tanto, los países más permeables a lo nuevo y que antes resuelven el conflicto obtienen ventajas competitivas decisivas para su futuro.

Cada nueva irrupción tecnológica plantea diversos frentes de tensión schumpeteriana entre el nuevo paradigma emergente y el sistema socioeconómico preexistente; así sucede entre las nuevas y las viejas industrias, los nuevos y los antiguos modelos empresariales, las regiones económicas que amparaban los modelos pretéritos y las nuevas que cobijan los emergentes tejidos productivos, los antiguos oficios y habilidades profesionales y las nuevas pericias requeridas por el nuevo quehacer tecnológico. En última instancia, el pleno desarrollo del nuevo paradigma también plantea problemas de regulación de mercados y políticas económicas congruentes con las características de la nueva economía.

La última gran revolución

En el último cuarto de siglo, a una velocidad históricamente inusitada, la nueva economía de nuestro tiempo —la 5ª en términos históricos—, sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación —las populares TIC—, junto con las buenas prácticas institucionales —liberalización de los mercados y, por tanto, la globalización de la economía—, han transformado, y aún lo harán más, la producción y la distribución de la riqueza.

En este periodo se han alcanzado logros económicos y sociales sin posible parangón histórico: la riqueza de las naciones se duplicó, la renta per cápita aumentó un 50%, la población más pobre se redujo a la mitad —700 millones de personas abandonaron la exclusión social—, la esperanza de vida —sobre todo de los pobres— creció considerablemente, la mortalidad infantil se redujo entre dos y tres veces, mientras que la mejora de las condiciones de vida en materia de salud, educación y de igualdad de oportunidades ha sido extraordinaria.

Atrás han quedado derrotados los totalitarismos políticos enemigos de los cambios tecnológicos y el libre mercado, así como las ridículas teorías del crecimiento cero que les sucedieron.

La innovación tecnológica y los marcos institucionales, como se ha señalado antes, son los factores determinantes de los tan formidables como positivos cambios que ha experimentado el mundo. El hecho de que este último periodo histórico haya sido el más fecundo de la historia está necesariamente relacionado con la velocidad y extensión de los cambios tecnológicos: los más rápidos y generalizados que han acontecido nunca.

En este periodo no todos los países se han comportado por igual: aunque prácticamente todos han ganado, unos —los que mejor se adaptaron a los cambios— se beneficiaron más que otros, que, en vez de favorecer la innovación tecnológica, la frenaron con barreras institucionales.

La nueva revolución en ciernes

Todas las revoluciones habidas hasta ahora, en su diversidad tecnológica, coincidieron en sentar las bases y desarrollar una economía industrial, que generó unas estructuras empresariales y unos comportamientos sociales que están comenzando a perder su vigencia.

Ronald Coase con su Naturaleza de la firma descubrió y aclaró el significado de los costes de transacción y los derechos de propiedad que justificaban el papel de la empresa en una economía desarrollada, y John Galbraith, en El nuevo estado industrial, teorizó acerca de las tecno-estructuras organizativas de las grandes corporaciones.

Las TIC, después de impulsar el crecimiento de la productividad y de la economía de las últimas décadas sobre las bases organizativas de la clásica economía industrial, están dando lugar a una nueva era económica en la que los viejos paradigmas irán perdiendo vigencia a favor de otros nuevos que ya están comenzando a ver la luz.

El análisis histórico de Carlota Pérez puede no tener vigencia para proyectarse sobre el futuro, porque lo que está en juego es un formidable cambio de estructuras organizativas en los mercados libres, que ya están dando lugar a una especie de “nueva economía colaborativa” —todas los son— que cambia las reglas comunes de juego de las pretéritas revoluciones tecnológicas.

Se atribuye a Ray Alag (2007), en su artículo La economía colaborativa, la primera aproximación a este nuevo sistema económico en el que se comparten, prestan, alquilan, regalan, venden y compran bienes y servicios mediante plataformas digitales a través de Internet. El ciudadano se convierte, fácilmente, en productor y las nuevas empresas pueden alcanzar enormes dimensiones económicas sin disponer de activos.

La economía colaborativa que ya cuenta con tres emblemáticos éxitos: UNIX, WIKIPEDIA Y YOUTUBE, se extiende no sólo al consumo y la producción, también a las finanzas, el aprendizaje y la gobernanza.

La plataforma UBER, fundada en San Francisco en 2009, convertida ya en toda una industria que opera en más de 80 grandes ciudades y es la compañía —no cotizada— más valorada del mundo —62,5 millardos de dólares—, representa el modelo —de momento— más sofisticado y perfecto del nuevo quehacer colaborativo. Es la quintaesencia de la nueva economía colaborativa que, nacida para satisfacer en cualquier tiempo y lugar las demandas individualizadas de los usuarios de transporte, ya se está extendiendo a la provisión de servicios profesionales de todo tipo. Los freelances on-line, o autónomos tecnológicos en el argot español, ya se están extendiendo a la consultoría, a la salud, a la abogacía, la publicidad, etc., y la nueva riqueza cada vez deberá más a estas nuevas prácticas profesionales que a las grandes empresas y al Estado.

Basta conocer el modelo de funcionamiento de UBER, muy bien explicado por el profesor Juan Ramón Rallo en vozpópuli.com, para entender su éxito, no solo en el caso de los taxis, sino en una creciente variedad de ámbitos relacionados —por ahora— con labores profesionales en los más diversos campos.

La “destrucción creativa” schumpeteriana asociada al cambio tecnológico va a verse extendida ahora a una creciente variedad de estructuras organizativas de carácter económico, en las que ni los costes de transacción —que justificaron la necesidad de “las firmas coasianas”— son relevantes, ni las sofisticadas y formales “tecno-estructuras galbraithianas” asociadas a la gran empresa industrial necesarias. La destrucción creativa está pasando del qué al cómo hacer, lo que multiplica necesariamente sus efectos.

Un buen ejemplo de las transformaciones que ya están manifestándose en los países más avanzados y abiertos a los cambios es el mercado de trabajo: un oficio inmutable, asociado a un lugar fijo y de por vida es ya una reliquia del pasado. El nuevo panorama que ya se ha abierto permitirá estar siempre ocupado a quienes dispongan de una formación adaptada a los tiempos, actualizada permanentemente, predisposición a cambiar de lugar de trabajo, adaptación al mercado y sus propias necesidades mediante jornadas y horarios flexibles y, sobre todo, emprendiendo nuevos proyectos profesionales y empresariales. En EE UU, que sigue aumentando el empleo, el PIB y la renta per cápita, los trabajadores sindicados —de la vieja economía— han pasado del 12% al 6% del empleo en el periodo 1990-2014, mientras que los trabajadores a tiempo parcial han duplicado su proporción.

Como en todos los procesos históricos de cambio, este no se produce de forma instantánea ni ubicua; sucede progresivamente, mientras lo nuevo convive largo tiempo con lo viejo ocupando paulatinamente su lugar.

En una economía abierta y globalizada, los nuevos paradigmas resultan imparables en competencia con los viejos, a los que vencen por su mayor eficiencia y como consecuencia de ser libremente compartidos por crecientes capas de población productora y consumidora, es decir, por todos nosotros.

Como muy bien explicara Thomas Kuhn en su obra antes descrita, cada vez que emerge un nuevo paradigma surgen de inmediato defensores a ultranza del viejo, en defensa de sus intereses creados: “La sociedad se divide en campos o partidos enfrentados, uno de los cuales trata de defender el cuadro de instituciones antiguas, mientras que los otros se esfuerzan en establecer otras nuevas”. Pero las sociedades progresan porque lo nuevo se va abriendo paso y venciendo a lo viejo, no porque nadie lo imponga, sino porque las sociedades abiertas terminan adoptando libre y espontáneamente los nuevos paradigmas.

¿Qué hacer en España?

Las nuevas maneras de relacionarse y llevar a cabo intercambios económicos, no sólo sacan más partido a los viejos usos y costumbres —coger un taxi, por ejemplo— sino que crean otros nuevos gracias al enorme poder de la inteligencia compartida en red, como demuestra la miríada de aplicaciones en uso de los smart-phones.

Los smart-phones son la quintaesencia tecnológica de la economía colaborativa: el hecho de que en apenas un cuarto de siglo la mitad de la población adulta del mundo posea uno —para el 2020 se prevé el 80%— ha creado un mercado de una dimensión y dinamismo incomparables que viene a garantizar el éxito de múltiples aplicaciones —millones— de uso universal.

La nueva economía colaborativa presenta ventajas, pero también inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Así, cuando nuevos modelos de negocio vienen a invadir —caso de los taxis y los apartamentos turísticos— mercados antiguos y muy regulados, es evidentemente necesario plantearse qué hacer: ¿desregular lo antiguo y lo nuevo, regular solo lo nuevo, etc.? Lo único seguro en este ámbito es que la economía colaborativa viene a poner en cuestión los excesos —en España una verdadera enfermedad— regulatorios y la intervención pública en la economía, que ahora se vuelve más democrática que nunca y, por tanto, a salvo de los “padres de la patria”, que tanto les gusta velar —es un decir— por nosotros.

Pero además de los problemas de naturaleza regulatoria, la economía colaborativa presenta otros que será preciso afrontar para que pueda progresar con solidez:

• La inseguridad jurídica y sus posibles costes retrospectivos.

• La formación, la gestión y la motivación de los trabajadores.

• Su desarrollo viable a largo plazo en un mundo esencialmente inestable.

Bajo cualquier supuesto, lo único que no cabe hacer es ignorar la nueva realidad y tratar de retrasar su beneficiosa presencia a favor de la gran mayoría social sólo para proteger intereses muy minoritarios refractarios a los cambios.

Los populismos políticos, que pretenden, vanamente en el mejor de los casos, detener los cambios económicos y sociales para regresar a un pasado imposible y, en el peor, arruinar por completo el futuro de los países, en ningún caso van a conseguir detener el progreso del mundo, del que se beneficiarán más aquellos países que mejor sepan adaptarse institucionalmente a los nuevos cambios tecnológicos.

Si en las pasadas décadas China, como gran país, Corea y Finlandia como mediano y pequeño, representaron a los países que más se beneficiaron de los cambios tecnológicos, Estados Unidos, en tanto que patria de la innovación tecnológica y sede de las mejores instituciones para amparar la creación de riqueza, siguió dominando el panorama del crecimiento de la economía y del empleo. Los países europeos, sin embargo, cada vez parecen menos predispuestos para adaptarse con éxito a los cambios, lo que plantea un gran enigma histórico: si la riqueza de las naciones ha estado históricamente vinculada hasta ahora a Occidente —con Europa en medio—, ¿seremos capaces los europeos de adaptarnos a los cambios para mantener vigente tal designio histórico, o comenzaremos a vivir, ahora de verdad, el declive de Occidente que anunciara hace un siglo Oswald Spengler?

La imparable emergencia de una nueva economía colaborativa, que cobra vida al margen de las grandes estructuras industriales, que describiera Galbraith, y de los costes de transacción, que ilustrara Coase, y que se articula en torno a la satisfacción en tiempo real de las demandas individuales de los consumidores con apenas un clic, está poniendo en cuestión la gestión empresarial, el trabajo tradicional y las políticas económicas del pasado.

La sociedad civil, que perdió protagonismo en presencia de un Estado cada vez omnipresente, tiene ahora su gran oportunidad: la de reivindicar todo tipo de facilidades institucionales para que la nueva economía extienda libremente su quehacer frente a quienes, representando intereses anacrónicos minoritarios, miran más al pasado que al futuro.

Competencia en calidad institucional

El ranking más prestigioso de calidad institucional es el Doing Business del Banco Mundial, que en 2015 situó a España en el lugar 33º. Ni un solo país peor situado en el citado ranking puede ser una referencia para nosotros, mientras que muchos otros que nos preceden, como Georgia, Estonia, Malasia, Emiratos Árabes, Lituania, Portugal, Tailandia, Macedonia y Polonia, deberían estar por debajo a poco que mejorásemos aquellos aspectos de la valoración en los que salimos mal parados. España puede y debe perseguir ascender en este ranking hasta situarnos, al menos, entre los veinte primeros.

Entre los muchos rankings sobre calidad institucional que existen y que en una gran parte se citaron en el capítulo anterior, cabe señalar el barómetro de la confianza de Edelman, que refleja la opinión de 33.000 participantes en 27 mercados. En este ranking se clasifican a los países en tres bloques: los que generan confianza, los neutrales y los que generan desconfianza.

Para un máximo de confianza valorado en 100 puntos —el país mejor posicionado alcanzó 84 puntos en 2015— España se situó en los últimos tres años como “país que genera desconfianza”, con puntuaciones de 42, 39 y 45 puntos respectivamente.

En el Global Entrepreneurship Index Rank of the Countries, quizás la más vasta investigación mundial sobre innovación, estrategia, organización y tecnología articulada en torno a tres factores —actitudes, actividad y aspiraciones— presentada en la London Business School en junio de 2010, España ocupaba la posición 28; es decir, también por debajo de nuestro nivel potencial.

La voluntarista iniciativa denominada “Marca España”, que trata de airear nuestros mejores logros como país, por mucho éxito que pueda tener nunca formará parte de los rankings de calidad institucional en los que competimos con los demás países del mundo. Los países mejor posicionados no presumen ni defienden su marca, sino la ventajosa posición institucional que ocupan en comparación con los demás, que es lo que realmente tiene valor para generar confianza y atraer inversiones, algo que en un país tan endeudado con el exterior como España tiene una gran importancia.

John Micklethwait y Adrian Wooldridge en La cuarta revolución plantean que la próxima ola de competitividad asiática no provendrá de los costes de producción, sino de su calidad institucional, ya que “hay evidentemente mucha más producción de ideas sobre cómo mejorar el gobierno en Singapur y Pekín que en Roma o Washington”.

“Cuando los países compiten para producir un mejor gobierno tienden a elevar los estándares”, recuerdan dichos autores, que añaden: “Si uno desea ver el futuro de la educación superior, ¿puede aprender más de los EE UU y Francia, donde el 40 y el 25 por ciento de los estudiantes abandonan, o en Corea del Sur, que tiene la mayor proporción de universitarios del mundo?

La calidad institucional, además de influir directamente en el desempeño económico de los países, en una economía global determina, lo que no es el caso de “la marca”, la valoración de los agentes económicos internacionales mediante una especie de “liga de competencia reputacional” en la que estar mal clasificado se paga caro.

Nuestra pirámide poblacional

El envejecimiento de la población española, cuya evolución prevista se puede observar en el siguiente cuadro, pone de manifiesto un serio problema económico para el próximo futuro de nuestro país. En un par de décadas más de una cuarta parte de la población tendrá más de 65 años y, por tanto, de no cambiar las cosas, dejará de contribuir con su trabajo a la creación de riqueza y dicha situación se irá agravando cada vez más, salvo que se produjera un cambio radical de nuevos nacimientos, algo improbable. El problema del envejecimiento de la población española resulta agravado por una singularidad de nuestro mercado laboral muy preocupante: el porcentaje de población activa —porcentaje de población que realmente trabaja— es el más bajo, junto con Italia, entre los países ricos. Simplificando las cosa se podría decir que, mientras que en Singapur y Suiza casi dos personas trabajan para sostener a algo más de una, en España sucede lo contrario: algo más de un trabajador debe sostener a casi dos personas inactivas.

Evolución de la población mayor

Años

% + 65 años

% 65-70 años

% + 80 años

2011

17,3

12,1

5,2

2021

20,6

14,0

6,5

2031

26,2

17,7

8,5

2041

33,1

21,3

11,8

2051

37,8

21,4

16,4

2061

38,7

17,6

21,1

Fuente: INE.

Con datos del Ministerio de Hacienda, en España hay más personas que viven del Presupuesto que contribuyentes. Si se excluyen los desempleados, un 40% de la población paga al 60% restante.

De esta preocupante situación sólo se puede salir haciendo tres cosas a la vez:

• Tratando de rejuvenecer la población con incentivos para que las familias tengan más hijos.

• Reformando el funcionamiento del mercado de trabajo para que la población trabajadora aumente su proporción respecto a la total.

• Retrasando la edad de jubilación en proporción a la esperanza de vida.

Lo primero será difícil de revertir en poco tiempo, mientras que el retraso en la edad de jubilación se terminará imponiendo necesariamente. Queda por normalizar el alcance de la población activa, que hay que abordar cuanto antes mediante dos medidas simultáneas: la reducción de la fiscalidad empresarial —el muy elevado coste de la seguridad social—que desincentiva la creación de empleo, y, a partir de ello, la reducción de la economía sumergida.

Población activa real 2013

País

% Población activa

% Desempleo

% Actividad real*

Singapur

68

2,8

66,1

Suiza

68

4,4

65,0

N. Zelanda

68

6,2

63,8

Noruega

65

3,5

62,7

Australia

65

5,7

61,3

Canadá

66

7,1

61,3

Holanda

64

6,7

59,7

Corea

61

3,1

59,1

EE UU

63

7,4

59,0

Israel

63

6,3

59,0

Suecia

64

8,1

58,8

Dinamarca

63

7,0

58,6

Austria

61

4,9

58,0

Reino Unido

62

7,5

57,3

Hong Kong

59

3,3

57,1

Alemania

60

5,3

56,8

Japón

59

4,0

56,6

Finlandia

60

8,2

55,1

Irlanda

61

13,1

53,0

Francia

56

10,4

50,2

Bélgica

53

8,4

48,5

España

59

26,6

43,3

Italia

49

12,2

43,0

Fuente: Banco Mundial.

(* Actividad real = población activa - desempleo)

El desorden territorial

España, que junto con Francia e Inglaterra, fue uno de los primeros estados de Occidente, no comenzó a gestarse como Estado moderno sino a principios del siglo XIX con la Constitución de Cádiz, a partir de la centralización política y administrativa de sus funciones, siguiendo la ruta de Francia, Gran Bretaña, Prusia y en su lógica federal Estados Unidos y Alemania, según nos recuerda Ramón Parada en el prólogo del libro Historia del estado español, de Enrique Orduña Rebollo.

Veníamos de una Edad Media convulsa, generadora de entidades políticas diferenciadas a partir de la Hispania romana y visigoda y de la transición entre Austrias y Borbones, aquellos más proclives a los reinos multinacionales y estos más centralistas según el modelo francés.

En el siglo XIX, las guerras carlistas, que no eran en principio regionalistas sino ideológicas, crearon situaciones de hecho con dinámicas territoriales propias al desarrollarse los principales escenarios bélicos en Vascongadas, Navarra, Cataluña y Valencia. Estas guerras pusieron en cuestión el centralismo, dando lugar a una entidad enemiga de los autogobiernos regionales que es “Madrid”.

Para Parada, el centralismo comenzó a cuestionarse con la Restauración como consecuencia de los proyectos descentralizadores que pretendieron frenar los procesos emancipadores de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Más tarde, allá por 1913, un real decreto auspiciado por Eduardo Dato, que admitía la mancomunidad de diputaciones provinciales, propició la primera corrección al centralismo —de raíces borbónicas— del Estado liberal.

La descentralización vivida en la España de nuestro tiempo ni fue demandada socialmente —hubo estatutos, como el de Galicia, que fue aprobado con una abstención del 72%—, ni estuvo originalmente contemplada en la Constitución de 1978, sino que “se impuso sin contemplaciones a golpe de reales decretos-ley”.

Podría decirse que el modelo autonómico actual responde, más que a la presión ciudadana, al deseo de crear un modelo de Estado en el que cualquier demanda de autogobierno pudiese tener cabida, especialmente en Cataluña y el País Vasco. A ese fin se sacrificaba la racionalidad administrativa de la reforma borbónica.

La generalización —el famoso “café para todos”— de la cesión de competencias del Estado terminó desvirtuando el texto constitucional y, no sirviendo para contentar a los nacionalistas vascos ni catalanes, ha generado entidades nacionales que nunca habían existido, barreras entre poblaciones que siempre se habían considerado iguales y atentados permanentes contra la unidad de mercado y, por tanto, al desenvolvimiento de nuestra economía, que se encuentra lastrada por diecisiete legislaciones distintas, algo inaudito y que no sucede ni siquiera en los países federales.

Aún es más grave la progresiva desaparición de la imagen de España, sus tradiciones, sus mitos y todo lo que nos había unido, a fin de no ofender a los nacionalistas respectivos. El ejemplo más sonado es el de la selección española de fútbol que ahora es “la roja”.

El hueco dejado se ha rellenado rápidamente con una serie de artificiosas mitologías regionales, que no han dudado en acudir a tergiversaciones de la Historia o a leyendas sin el menor fundamento. Mientras se ha denostado el nacionalismo español como antidemocrático, se han ensalzado los nacionalismos regionales como democráticos.

La educación ha hecho el resto, consagrando geografías particulares, historias sesgadas y sociologías “diferentes”.

El hecho de que nuestra Constitución no defina qué es una competencia exclusiva y la ausencia de una regla clara de prevalencia indiscutida de la norma estatal sobre las leyes autonómicas —típica de los estados federales—, han creado en España un auténtico desorden autonómico que es imperativo reconducir, porque seguir cargando con él —como con “la enfermedad nacionalista catalana”, al decir de Ortega y Gasset— tiene un coste cada vez más insuperable.

En otros países como EE UU tampoco se definen las competencias exclusivas, pero las sentencias interpretativas de su Tribunal Supremo las han terminado construyendo, algo que no sucede en España, ya que, según el hasta hace poco Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, es “el único país del mundo en el que la jurisprudencia del Constitucional o el Supremo se ignora olímpicamente por muchos órganos judiciales”.

La descentralización administrativa de España ha ocasionado dos graves daños a nuestra economía: una inusitada proliferación normativa y la fragmentación del mercado nacional. España, gracias a sus autonomías, se ha convertido en líder mundial en producción normativa a la que también contribuye el Estado, justo lo contrario que necesita la economía para crecer y crear empleo. Además han contribuido con sus limitaciones burocráticas a empeorar nuestra calidad institucional y, por tanto, nuestra credibilidad internacional.

Sostienen Stephen L. Parente y Edward C. Prescott —este último, reciente premio Nobel— en Barriers to Riches que “la riqueza de las naciones no depende de los recursos naturales, sino de las barreras para la adopción y uso eficiente de las tecnologías más productivas”. Para estos autores, junto con la inmensa mayoría de académicos, los gobiernos pueden oponer barreras o facilitar la función empresarial; las autonomías, seguramente sin pretenderlo, han optado por lo primero.

El hecho de que recientemente se haya tenido que legislar en España —Ley 20/2013 de 9 de diciembre— para garantizar la unidad de mercado constituye un hecho legislativo seguramente único en el mundo que remite a la “España es diferente”. La exposición de motivos de la ley, impecablemente lógica, es sonrojante: que haya que justificar hoy en España, cuando en la UE se persigue unánimemente un mercado único, que dividir nuestro mercado nacional en 17 “reinos de taifas” no es bueno para nadie, es simplemente vergonzoso. Para Ramón Parada, la unidad legislativa es la única garantía eficaz de unidad de mercado.

Una de las manifestaciones más desoladoras del desorden territorial es la corrupción que ha invadido nuestro país. Si se analizan los múltiples hechos conocidos hasta ahora, casi todos ellos afectan a administraciones territoriales: gobiernos autonómicos y ayuntamientos. No es de extrañar, ya que la mayor parte del gasto del Estado se realiza a través de estas entidades, que gastan lo que no recaudan.

Es muy importante constatar que a lo largo de la historia reciente apenas encontramos casos de corrupción a nivel estatal, ni hay noticias de comportamientos delictivos de los funcionarios —por oposición— del Estado. Ello nos lleva a afirmar que el problema de la corrupción política en España no es generalizable, ya que el Gobierno del Estado está libre de ella. O, por lo menos, podemos constatar que los mecanismos de control del Estado central han funcionado mucho mejor que los autonómicos y municipales.

La primera veta de corrupción en España se corresponde con la normativa urbanística, descentralizada en los ayuntamientos, que operan sin control tomando decisiones cuyo valor económico puede ser exorbitante. ¿Qué sucedería, si como se hace en otros países de referencia, las decisiones urbanísticas que tienen grandes consecuencias económicas se tomaran en el Ministerio de Obras Públicas en vez de en una simple concejalía municipal? Terminar con la corrupción urbanística en España es tan fácil como centralizar tales competencias administrativas.

Por otra parte, la descentralización autonómica ha llegado tan lejos y se ha generalizado tanto que ha terminado engendrando en las distintas regiones, no solo radicalismos nacionalistas, sino verdaderos “virreinatos” —en los que la corrupción anida frecuentemente— de los partidos nacionales, cada vez más excluyentes.

Siendo muy apreciables los logros alcanzados por la descentralización, su exageración a costa de la unidad de mercado e incluso de la nación obliga a repensar el modelo vigente.

Un serio replanteamiento de las funciones del Senado podría ser la vía, no solo de reconsiderar o su existencia o su utilidad real, sino de crear un foro abierto a la discusión seria y honesta de los fallos del sistema autonómico, que, a fuer de original, ha terminado descarrilando hacia ningún sitio conocido.

En cualquier caso urge recuperar la idea de España, un país con una historia convulsa y muchas veces amarga; pero que también tiene en su haber logros que han contribuido de manera decisiva a la creación de la identidad europea.

Cataluña & España

Desde su fundación, hace algo más de dos siglos, el Estado moderno constitucional se ha basado en tres pilares: la libertad individual, el imperio de la ley y el sistema democrático.

Siendo perfectamente compatible la coexistencia de la libertad, la ley y la democracia, en determinadas circunstancias en España, quizás por nuestra menor experiencia democrática, tendemos a desordenar el rango de dichos pilares en contra de los principios del constitucionalismo moderno.

Los padres del Estado constitucional, con John Locke a la cabeza, dejaron claro que la libertad individual —que incluye el derecho a la vida, a la propiedad y a decidir lo que nos conviene hacer— implica estar exento de coerción y violencia por parte de terceros bajo la protección de la ley y que la finalidad de esta no es suprimir ni restringir la libertad, sino preservarla y expandirla.

La democracia liberal, por su parte, es una manera de elegir a los gobernantes para que promulguen y hagan cumplir las leyes. El contrato social rousseauniano, sostiene Hayek, sumergió los ideales de la libertad bajo la ley con la excusa democrática. Esta visión política —hoy extendida a ciertos y nada afortunados países iberoamericanos— implica que todo, incluso la libertad y la ley natural, pueden ser cercenadas por una votación democrática regulada ad hoc. Es sabido que estos excesos rousseaunianos terminaron derivando en la tiranía asamblearia de Robespierre.

En los países serios y de largo recorrido democrático, la democracia siempre ha estado sometida a la ley y la función principal de esta no es otra que preservar la libertad. O, lo que es lo mismo, la democracia no puede convertirse en una excusa para restringir la libertad o para incumplir la ley.

Sirva esta recensión para enmarcar la crisis catalana dominada por una particular filosofía rousseauniana, según la cual ni la libertad individual ni la ley pueden preceder el “derecho democrático a elegir” según el gusto de quienes lo formulan.

Antes de llegar a la situación actual en Cataluña, la libertad ha venido siendo preterida por las “pretensiones totalitarias en el campo de la lengua del nacionalismo”, nos dice Jesús Mosterín en su La naturaleza humana, que recuerda como en la China de Mao era un crimen burgués conocer lenguas extranjeras.

Una política cultural y de formación del espíritu nacional irrespetuosa con la libertad de elección han puesto en práctica en Cataluña lo que tanto criticaron los catalanes durante el franquismo: el monolingüismo y la exclusión. Hasta el punto de llevar a la paradoja de que, mientras que con Franco los niños catalanes hablaban a escondidas el catalán, ahora sucede muchas veces lo mismo con el castellano.

Puesto que “los contenidos culturales están en los cerebros de los individuos y ni las naciones ni los territorios tienen cerebros, la única normalidad cultural compatible con la libertad es aquella situación en la que cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos culturales que prefiere”. La conclusión de este razonamiento es obvia: “Si la población no se ajusta al ideal lingüístico del gobierno, es este el que debe cambiar, y no la población”. No ha sido así en la Cataluña contemporánea.

En el ámbito de la ley, nuestra Constitución, al igual que todas las que configuran los estados modernos, comienza por establecer que la soberanía reside en el pueblo —español, naturalmente— integrado en la nación, patria común indivisible de todos los españoles. Cualquier cambio de estos principios es obvio que debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, de todos, no de una supuesta parte.

Tratar de desmontar estos sempiternos principios y valores del moderno y vigente Estado de Derecho, al margen de la ley y en contra de la libertad y la igualdad ante aquella de los ciudadanos, es simplemente inaceptable.

Dicho todo esto, resulta innegable que Cataluña ha mantenido una fuerte personalidad cultural y una lengua viva y en uso común a lo largo de los siglos, y que encontrar la forma de hacer posible que Cataluña y los catalanes puedan vivir como una entidad con personalidad diferenciada en el marco de una España igualmente reconocible, es y ha sido siempre una prioridad para el quehacer político de nuestro país.

Nuestra Constitución establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, instrumento que se consideró clave durante la Transición para resolver durante mucho tiempo esta cuestión.

Y este sería el ámbito en el que cabría desarrollar un nuevo encaje —la llamada “tercera vía”— para Cataluña. Asunto asaz problemático, por las siguientes razones:

• Habría que definir qué nuevos ámbitos de autogobierno requiere Cataluña, más allá de la muy amplia autonomía que disfruta.

• Para negociar dichos ámbitos tendrían que existir sólidos interlocutores representativos, que con un Parlamento catalán tan fragmentado y uno español parecido no es fácil de configurar.

• El posible interlocutor catalán debería garantizar su lealtad a cualquier nuevo acuerdo que pudiera alcanzarse, algo que hasta ahora nunca se ha dado.

En el supuesto de que se pudiera avanzar en esta “tercera vía”, ¿cuánto tiempo tardarían las demás autonomías en reclamar para ellas los nuevos logros catalanes? Su respuesta, obviamente, sería instantánea.

Llegados a este punto, el problema catalán habrá que seguir conllevándolo dentro de nuestro orden constitucional y tratar de contemplarlo junto con “los conciertos vasco y navarro” en un nuevo y necesario análisis de la descentralización administrativa de España. Su racionalización debería ser la principal tarea de un nuevo Senado, como ya se apuntó antes, que de este modo podría demostrar que sirve para algo.

Otra potencial tarea del Senado sería analizar serena y seriamente —al estilo de lo que ya se hiciera en Quebec— la posibilidad de encontrar un camino constitucional a la segregacizde todos no de una supuesta parional a la segregacicera vera alcanzarseo de acuerdo con la Ley, de todos no de una supuesta parón parcial de nuestro territorio.

Siendo evidente que el actual Senado, por la representación que ostenta y los poderes que tiene, no podría avanzar seriamente en la dirección propuesta, un enmienda constitucional que contara con suficiente apoyo para llevarla a cabo podría habilitarlo —mediante una nueva representación y funciones— para poder encomendarle con mayor fuste y concreción un asunto —la administración territorial de España— que habrá que afrontar necesariamente algún día.

No es necesario reinventar la historia ni imaginar un nuevo paraíso para ser secesionista. Sostiene Enmanuel Carrère en su último libro, El reino —en el que investiga el origen del cristianismo— que: “Es un fenómeno conocido, observado a menudo por los historiadores de las religiones: los desmentidos de la realidad, en lugar de arruinar la creencia, tienden por lo contrario a reforzarla”.

Desde un punto de vista lógico-moral, para ser nacionalista no hace falta ninguna razón histórica, legal ni económica; puede ser —y de hecho es— un mero sentimiento irracional, que es obviamente irrebatible con argumentos racionales. Parece ser que la izquierda independentista catalana (ERC) sostiene —lo que les honra— que quieren ser una nación independiente aunque se mueran de hambre.

Tienen derecho los catalanes que así piensan a plantear su posible segregación de España, pero no de cualquier manera, sino, como es natural, respetando nuestro orden y legitimidad constitucional. Por fortuna, la Constitución de 1978, elaborada por una ponencia en la que participó un miembro de CDC y catalán, Miquel Roca i Junyent, que tuvo la limitación de intentar contentar a muchos y que, por tanto, admitiría reformas muy parciales para mejorarla, tuvo también la grandeza de ser votada —en todas las mesas electorales sin excepción— por una inmensa mayoría —también catalana—, cuya voluntad política no cabe tergiversar.

No obstante, parece enormemente anacrónico plantear un mayor fraccionamiento de Europa cuando todos sabemos lo difícil que es la gobernanza de la UE en un mundo crecientemente amenazador. Es obvio que tal precedente animaría a otros territorios “irredentos” de otros estados miembros, abriendo así una dinámica disgregadora tan insostenible como indeseable.

Parecería razonable volver a los acuerdos pero eso sí, siempre que se realicen desde la lealtad mutua y siempre que la existencia de Cataluña dentro de España no suponga la desaparición de España en un entramado de “naciones” ibéricas. Los españoles también tenemos derecho a tener una patria.

Los riesgos de la frontera sur

España es el país occidental más próximo a los mayores riesgos de nuestro tiempo en materia de seguridad y defensa. Vivimos muy cerca de un mundo conflictivo, ambiguo, complejo, incierto y volátil, según la doctrina militar en vigor.

La frontera sur de España separa a Occidente del Islam norteafricano, en buena parte gobernado —es un decir— por extremistas políticos de origen religioso que amenazan nuestra paz. Además, dicha frontera refleja la mayor diferencia de renta —del orden de diez veces— entre regiones del mundo, lo que necesariamente invita a que los desfavorecidos del sur —incluida casi toda áfrica— traten de formar parte del mundo rico del norte.

Los graves acontecimientos políticos que sucedieron a la llamada “primavera árabe” han desestabilizado la región, hasta originar una avalancha de refugiados hacia Europa que complica aún más nuestra situación.

Comenzando por lo más natural y obvio, cual es la migración poblacional del sur al norte, con o sin refugiados políticos, ni España ni los demás países europeos tienen una política adecuada al caso. Siendo evidente el envejecimiento de la población europea, la única esperanza de rejuvenecimiento proviene de la inmigración, que, más allá de su valoración moral, es imprescindible para nuestro porvenir económico.

El país más rico del mundo, EE UU, ha demostrado históricamente que lo es gracias a la inmigración, porque desde tiempos inmemoriales ha venido siendo la meca de la riqueza, es decir, de la posibilidad de realizarse personalmente mediante el trabajo duro para ganarse bien la vida e incluso prosperar, tanto como el esfuerzo e incluso la suerte posibilitan. En EE UU, a diferencia de Europa, el “Estado de Bienestar” nunca ha estado tan extendido como para desincentivar el trabajo ni ha podido beneficiar a quienes no contribuyeron a crearlo. Se emigra allí para trabajar, no para beneficiarse a priori de todos los derechos económicos de los nacionales, con lo que aumentan la prosperidad general al aportar más de lo que reciben. En una economía bien organizada, la demografía siempre es un factor de enriquecimiento para el inmigrante y para el país que los ampara.

En Europa, sin embargo, se ha extendido una creencia política incoherente, según la cual todos los ciudadanos físicamente presentes en ella tienen los mismos derechos a disfrutar de los bienes del Estado de Bienestar, con independencia de su origen y contribución al mismo.

Recientemente hemos asistido en España a un curioso debate acerca de los derechos de los inmigrantes, con o sin “papeles” o trabajo, a disfrutar plenamente de nuestro sistema de salud. Todos los partidos han estado de acuerdo en igualar los derechos de los inmigrantes con los nacionales, lo que revela una enorme grandeza moral, eso sí, imposible de financiar a largo plazo y manejable durante algún tiempo mediante la pérdida paulatina de derechos de los contribuyentes históricos al sistema.

La manía europea, muy extendida en España, de inventar derechos sociales de naturaleza económica mediante la técnica de poner “la carreta delante de los bueyes”, que pudo funcionar malamente en el reciente pasado, ya no da más de sí, porque:

• Una gran parte de las prestaciones se han venido financiando con dinero prestado, es decir, no ingresado previamente, que hay que devolver.

• El crecimiento futuro de una economía integrada por una población cada vez más envejecida es imposible que soporte la financiación a largo plazo del Estado de Bienestar que propugnan, irresponsablemente, los políticos.

En las circunstancias descritas, la emigración sur-norte no es una amenaza, sino una oportunidad de regeneración de la economía europea si “los nuevos europeos” vienen a trabajar duro, antes de beneficiarse de un Estado de Bienestar que —en todo caso— habrá que recortar para todo el mundo, como de hecho ya ha sucedido en los países —escandinavos— que más lejos habían llegado en su desarrollo. El éxito histórico de los EE UU siempre ha estado basado en la atracción de inmigrantes para trabajar sin las redes de protección social que propugna Europa.

Si la inmigración y los refugiados procedentes del sur no solo tienen solución, sino que incluso pueden y deben ser un acicate para una nueva y revitalizada Europa, el problema de la seguridad de nuestra frontera con el emergente islamismo radical, que está desestabilizando el norte de África, no es tan fácil de tratar.

España se beneficia de tener por vecino sur más próximo al país, Marruecos, cuyo orden político e institucional da más garantías a Occidente, hasta el punto de constituir un aliado estratégico en la región. Pero, en materia de seguridad y defensa, con los armamentos modernos la proximidad o lejanía no son factores decisivos para definir los riesgos potenciales, que pueden venir de muy lejos.

Además de anticiparnos a los retos del futuro, España necesita estar preparada para responder a las amenazas del presente, lo que exige medios adecuados, que irresponsablemente se han reducido cuando más los podemos necesitar.

Por razones obvias, España ha desarrollado los sistemas tecnológicos —haciendo de la necesidad virtud— de control de fronteras más avanzados del mundo y sus fuerzas de seguridad son extremadamente profesionales; pero es necesario insistir en tales esfuerzos y evitar discontinuidades difíciles de recuperar.

Puesto que el nivel competencial y reconocimiento profesional de nuestras fuerzas de seguridad y defensa es excelente, el manejo de los riesgos que se han analizado no pueden estar en mejores manos.

Nuestras fortalezas & debilidades

Siguiendo una extendida metodología para la evaluación de la situación de empresas y proyectos, en este caso aplicada a nuestro país, cabe señalar el estado actual de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que enmarcan nuestro presente:

Debilidades:

• Endeudamiento público y privado.

• Calidad institucional mediocre (según rankings).

• Ineficiente organización del Estado.

• Proliferación normativa.

• Fragmentación del mercado interior.

• Bajo nivel de población ocupada/total.

• Juventud desmoralizada.

• Demasiada economía sumergida.

• Envejecimiento de la población.

• Corrupción (localizada y en retroceso).

• Inestabilidad política.

• Nivel educativo, mejorable.

• Universidad desconectada del mercado.

• Sistema judicial serio pero lento.

• Valores sociales “desacoplados” con una economía global.

• Escasa innovación en sectores protegidos.

• Tamaño empresarial muy pequeño.

• Sistema de pensiones a reformar.

• Mercado de trabajo poco flexible.

• Fiscalidad mal orientada: bajos impuestos indirectos.

Fortalezas:

• Estado Democrático de Derecho consolidado.

• Imagen exterior y reputación de país solvente.

• Integración en la UE, la OTAN y el euro.

• En el Top´25 de países más ricos del mundo.

• Buena regulación de mercados.

• Infraestructuras, transportes y equipamientos TIC world class.

• Energía: capacidad, diversificación y líderes en renovables.

• Mercado interior muy considerable y sofisticado.

• Turismo: oferta incomparable & demanda a la vuelta de la esquina.

• Sanidad: óptimos resultados/costes.

• Muy alta calidad de vida, más allá de parámetros económicos.

• Nivel educativo: mejorable, pero alto.

• Seguridad jurídica preventiva (hipotecas, sociedades) óptima.

• Tecno-estructuras públicas y privadas: competentes y eficientes.

• Competitividad exterior: notable y creciente con liderazgos multinacionales.

• Alta educación: líderes mundiales en business school.

• Liderazgo deportivo: caso único, con estructuras y técnicos excelentes.

• Lengua y cultura: coliderazgo occidental.

Amenazas:

• Voluminosa deuda exterior.

• Desempleo: desmoralización social y coste presupuestario.

• Populismos políticos.

• Frontera sur: inmigración y yihadismo.

• Inestabilidad en Cataluña.

• Competencia exterior: comercial & institucional.

• Nueva economía colaborativa: destrucción creativa.

• Dependencia energética.

• Envejecimiento.

• Crisis del Estado de Bienestar.

Oportunidades:

• Iberoamérica, UE y África.

• Liderazgo en el sector servicios de la Tercera Edad (ocio & salud).

• Liderazgo en asistencia sanitaria.

• Hub energético conectado a Europa.

• Atracción de talento innovador (capital riesgo & fiscalidad).

• Conversión de la ciencia en tecnología.

• Centro de excelencia de sectores de alto valor añadido.

• Plataforma logística mundial.

• Regeneración del sistema educativo.

• Liderar los rankings de calidad institucional.

• Inmigración selectiva.

• Protagonismo en la industria de contenidos digitales.

Vivero mundial de alimentos de alta calidad.

La transformación digital que necesitamos

Tal y como se ha puesto de manifiesto al principio, España tiene su reloj tecnológico en hora, es decir, el nivel de equipamientos y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación se encuentra ampliamente extendido, tanto en el ámbito empresarial como social, incluidas las administraciones públicas, y hasta incluso las máquinas se hallan cada vez mas interconectadas entre sí.

Pero disponer de suficientes infraestructuras y dispositivos del último estado del arte tecnológico, siendo una condición necesaria, no es suficiente para garantizar la llamada transformación digital que necesita España.

La transformación digital es equivalente a sumergirse en un nuevo medio ambiente de naturaleza tecnológica en el que desde la educación al quehacer económico, pasando por las actividades del Estado y hasta las relaciones sociales, se encuentran asociadas a una nueva cultura de naturaleza digital y alcance universal.

En una economía globalizada, la competitividad y el consecuente bienestar de las naciones está necesariamente relacionado con el uso inteligente de las nuevas tecnologías, que en el caso de las TIC, no solo están sirviendo para mejorar la productividad del quehacer económico y el confort de la gente, sino para transformar profundamente el qué y el cómo —una auténtica metamorfosis— de la economía, la sociedad, las administraciones públicas y prácticamente todos los órdenes de la vida.

Ante este nuevo paradigma, los gobiernos deben actuar eliminando todas las barreras administrativas —según reza el título de la obra de Parente & Prescott: Barriers to Riches— a los cambios tecnológicos, mientras cesan de proteger los intereses creados de los minoritarios grupos de interés del pasado, para abrir la economía a todo lo nuevo en beneficio de la inmensa mayoría. Pero, además, el Gobierno debe transformar su quehacer para —imitando las buenas prácticas empresariales— mejorar su eficiencia, pues solo de esta nueva manera será posible salvar el Estado de Bienestar. La transformación digital del Estado, tal y como se argumenta más adelante al tratar del Estado de Bienestar, que los ya citados Micklethwait & Wooldrige han denominado “la cuarta revolución”, es una condición necesaria para sostener y eventualmente acrecentar los logros sociales del pasado.

En el ámbito educativo, siguiendo las más avanzadas corrientes docentes —la última, la norteamericana que se glosa más adelante— las nuevas tecnologías, la ingeniería, las ciencias y las matemáticas deben formar parte de la enseñanza desde la escuela primaria. La transformación digital debe integrarse en la educación, lo que exige, no solo dotar a los estudiantes de herramientas tecnológicas, sino también eliminar los atavismos educativos en contra del emprendimiento y la empresa y aún más de la dependencia del Estado.

La nueva economía colaborativa, que se ha descrito anteriormente, ofrece enormes posibilidades de ganarse muy bien la vida y disfrutar con su profesión a quienes, bien educados, con ganas de trabajar duro y con iniciativa opten por actividades creativas y por tanto innovadoras.

Las empresas, por su parte, no pueden conformarse con disponer del último estado del arte tecnológico y mejorar su eficiencia y productividad, algo que, siendo obvio, pertenece al pasado. Su necesaria transformación digital debe estar orientada a nuevos conceptos tales como: Internet de las cosas; computación cognitiva; business intelligence; big data; conocimiento, captación y fidelización del clientes; plataformas de negocio que relacionen APPS, productores, desarrolladores, clientes, consumidores; mecanismos de absorción de datos; ecosistemas competitivos que relacionen productores y consumidores; etc. En última instancia, el gran desafío de la empresa de hoy es ser una cutting edge, es decir, estar al borde de las últimas tendencias productivas de base tecnológica, la única manera de sobrevivir con éxito en la nueva economía digital global.

La regulación de los mercados y, en particular, el marco de relaciones laborales deben transmutarse para favorecer que la transformación digital de nuestra economía no encuentre obstáculos infundados en su camino. En una economía abierta y global, la competitividad de las naciones está relacionada con la velocidad de los cambios que transforman, para mejor, el quehacer económico que posibilita una mayor creación de riqueza y empleo. Países como Finlandia, Corea y Singapur basaron sus recientes y formidables éxitos en su capacidad, primero de adaptación y a continuación de liderazgo de los nuevos paradigmas tecnológicos.

España puede, porque está en nuestras manos, convertirse en un líder de esta nueva era digital porque dispone de medios tecnológicos y tecno-estructuras profesionales perfectamente capacitadas; falta solo un Gobierno que lidere la nueva gran ambición mirando con confianza al futuro y, eso sí, haciendo todo lo necesario —lo que en este libro se explicita— para dar otro salto adelante, emulando así los éxitos de nuestro reciente pasado.

Nuestra transformación digital tiene también una dimensión europea que es perentorio afrontar y en la que España debe jugar un papel protagonista. En la disputa mundial de los mercados digitales, Europa solo se mantiene fuerte y competitiva en el sector de las telecomunicaciones. En dicho mercado su protagonismo tecnológico, representado fundamentalmente por Ericsson y Nokia, se encuentra cada vez más disputado por China, mientras que los operadores de telecomunicaciones compiten en sus muy regulados mercados con las grandes corporaciones norteamericanas —Apple, Google…— en condiciones de desigualdad.

La Unión Europea debe abordar, con urgencia, la desregulación actual de sus mercados para beneficiar su competitividad tecnológica a largo plazo. Es decir, debe concretar una política tecnológica de largo alcance para aprovechar nuestras fortalezas y construir desde la base un horizonte de oportunidades.

En el mundo digital no existen fronteras; pero sí que existen políticas regionales o nacionales que permiten maximizar el uso de los siempre escasos recursos hacia objetivos complejos que no siempre están al alcance de iniciativas particulares.

En esta cuestión se trata de elegir bien qué batallas pelear, y la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo especial para establecer sus objetivos, porque tanto China como Estados Unidos tienen marcos muy claros de estrategias digitales.

La aeronáutica y la telefonía móvil son dos ejemplos europeos de éxito de estas políticas y el futuro está lleno de oportunidades de desarrollo que requieren marcos de acuerdo en los que la iniciativa privada pueda desenvolverse a largo plazo.

Europa y España se juegan mucho en este envite.

El ancla de la Unión Europea

Europeos por antonomasia

La civilización europea es indivisible de España, uno de sus principales bastiones, como prueban nuestras contribuciones históricas a su identidad cultural. El hecho de que por nuestros avatares históricos se retrasara nuestra integración política en las instituciones que dieron lugar a la Unión Europea no desmiente una vocación tan histórica como actual: somos, por tanto, europeos por antonomasia

Además de ser el único país europeo por voluntad propia, según Julián Marías, España es el país económicamente más dependiente de Europa: si sumamos las exportaciones a la UE y los ingresos de los turistas europeos, su cuantía y peso relativo en la formación de nuestro PIB son más altos que los equivalentes para cualquier otro país europeo.

En las circunstancias descritas es natural que la UE forme parte de cualquier análisis del devenir de España. Desde el punto de vista español, la integración europea aporta además otro factor aún más positivo: como consecuencia de nuestro aislamiento político que imposibilitó inicialmente nuestra incorporación a las nuevas instituciones comunitarias, la democratización de nuestro país unificó a toda la opinión pública —con independencia de sus credos políticos— y, en consecuencia, a todas las fuerzas políticas a favor de la integración en todas las instancias europeas. De hecho es difícil encontrar en el panorama político español del último medio siglo algo que unifique más a la opinión pública española que la integración europea.

El éxito de la integración europea

La integración económica, política y monetaria de Europa tiene un alcance histórico de extraordinaria importancia, tanto para nuestro continente como para España.

Después de las dos guerras que asolaron Europa en la primera mitad del pasado siglo, con las terribles consecuencias de pérdidas de vidas humanas y los destrozos materiales acontecidos, el solo hecho de que tales recurrentes desgracias no puedan volver a suceder es por sí mismo suficiente para que nos felicitemos por todo lo conseguido. La paz europea occidental, a diferencia de la oriental, se basó en la libertad individual como razón de ser europeo.

No obstante el evidente éxito de los procesos de integración europea, lo conseguido no deja de ser imperfecto y claramente mejorable.

Además de la paz en libertad, la principal finalidad de la Unión Europea fue y sigue siendo la mejora de la prosperidad económica y social, lo que resultó posible lograr hasta que la reciente crisis económica y financiera enmarcada en una economía global pusiera de manifiesto una seria, es decir, estructural, crisis de competitividad que ha venido a cuestionar la posibilidad de crecimientos sostenibles de la economía y el empleo a largo plazo.

Fortalezas & flaquezas de la Unión Europea

La UE, con solo el 7% de la población mundial detenta el 25% del PIB, mientras realiza el 50% del gasto social. Es materialmente imposible, envueltos como estamos en una economía abierta y global que ha posibilitado el mayor crecimiento de la riqueza mundial de la historia, que tal “estado del bienestar” pueda mantenerse y menos aún aumentarlo si la economía europea no se dinamiza, es decir, mejora sus competitividad respecto al resto del mundo, que no cesa de competir cada vez mejor. No olvidemos que una gran parte del estado de bienestar que disfrutamos lo financiamos con deuda que habrán de pagar las siguientes generaciones, no con nuestros propios recursos.

De cara al desafío de la competitividad de la economía europea, el factor más determinante es el logro de un verdadero mercado único; de ahí que la tarea de completarlo, sobre todo en servicios, energía y tecnologías digitales, sea necesariamente inexorable.

Los países europeos no debemos ni podemos competir por costes de producción con las economías emergentes; nuestro desafío es emular con éxito a EE UU, un gran país capaz de seguir creciendo —en PIB, población y renta per cápita— mientras domina persistentemente los cambios tecnológicos y goza de un envidiable calidad institucional que garantiza el círculo virtuoso de la creación de riqueza a través de la innovación tecnológica.

En un reciente y muy perspicaz discurso —previo a su propuesta de referéndum del Brexit— del primer ministro británico, Cameron, reclamaba una UE más sencilla, menos burocrática y centrada en ayudar a competir a las empresas, sobre todo PYME.

Se preguntaba por la posibilidad de excluir a todas las PYME del cumplimiento de las directivas europeas y afirmaba que sobran instituciones periféricas y dimensión a la Comisión. La UE gestiona costosos programas sin control ni resultados positivos. Existen “consejos” de medio ambiente, transporte y educación, pero no un verdadero mercado único.

Defiende Cameron una cooperación europea voluntaria y flexible, y por tanto la diversidad institucional que ha dado lugar a: el euro, el sistema de seguridad Schengen, la defensa, etc., integrados por diferentes países. Reclama además una menor centralización, devolución de poderes —sobre horarios, medio ambiente, asuntos sociales, delincuencia...—, rendición de cuentas y eliminación de normas y directivas invasivas de la vida doméstica. Para el líder inglés, la UE es una magnífica realidad, perfeccionable —más mercado único y menos burocracia— con el enorme desafío de mantener y mejorar los logros alcanzados en competencia con EE UU y Asia, para lo que hacen falta, innovación, flexibilidad y libertad.

Es evidente que la UE se ha extendido más deprisa que profundizado en su verdadera unión, mientras ha ido perdiendo competitividad y cuestionado por tanto su Estado del Bienestar, a la vez que ha abandonado por el camino sus responsabilidades en materia de defensa. Ambos desafíos representan, si son bien abordados, oportunidades de regeneración del liderazgo europeo en un mundo necesitado de él, en tanto cuna de la civilización —la occidental— que ha impulsado —a pesar de todo— el mejor mundo posible, como sostenía el Karl Popper.

La competitividad de la Unión Europea se encuentra cada vez más constreñida respecto a EE UU y Asia por las siguientes razones:

• Demasiados europeos reciben demasiados beneficios, mientras que los contribuyentes fiscales disminuyen en relación con aquellos. Como los ingresos fiscales no dan para tanto los gastos sociales cada vez se financian más con deuda… ¿hasta cuándo?

• El crecimiento económico europeo lleva mucho tiempo por detrás del de EE UU. Los impuestos, los marcos laborales, la carencia de un verdadero mercado interior y las dificultades que sufre el emprendimiento explican muy bien la atonía europea.

• La banca europea, que proporciona el 70% del crédito de las empresas, frente al 30% de EE UU, sigue apalancada en exceso por fondos públicos.

• El sistema monetario del euro no está acompañado de una política fiscal ni de un mercado laboral únicos, que son las mejores respuestas a las crisis.

• La gobernanza europea, tanto de las instituciones comunitarias como nacionales, está en crisis de confianza de los ciudadanos.

• Sin un mercado europeo homogéneo la innovación —palanca del crecimiento sostenible a largo plazo— no podrá desplegar todo su potencial ni podremos retener, atraer y desarrollar talento —consustancial con la nueva economía digital— si los marcos institucionales no son favorables.

Una activa plataforma británica, denominada Business Task Force, viene planteando la imperiosa necesidad a escala europea de retirar dos normas legales cada vez que se quiera introducir una nueva.

La UE necesita profundizar rauda y seriamente en su mercado interior, eliminar normativas que limitan la competitividad de sus empresas, prescindir de costosos programas de gasto —presupuesto agrícola, por ejemplo—, que benefician a minorías en perjuicio de las mayorías, y facilitar la vida de sus empresas con las menores restricciones posibles —el marco laboral es decisivo— para que puedan competir con éxito en una economía global.

Algún día, antes de que sea tarde y nos tengamos que arrepentir, deberán los gobiernos europeos discutir y resolver un grave dilema: el precio a largo plazo que en materia de defensa y seguridad estamos asumiendo para financiar un cierto estado de bienestar a corto plazo.

Europa está mucho más cerca, geográfica, política y económicamente, de los más graves riesgos en materia de seguridad y defensa que hoy amenazan el mundo que EE UU y, sin embargo, hemos relegado tácita e irresponsablemente nuestra responsabilidad como si no fuera con nosotros.

Siendo discutibles tanto la legitimidad democrática de muchas decisiones europeas que afectan a los países integrados en sus instituciones, como el intervencionismo de sus “ordenanzas”, para un país como España que, nos guste o no, es muy propicio a las desmesuras políticas, la pertenencia a la UE nos ancla en un espacio institucional que garantiza un desempeño libre de garreamientos.

El papel de la sociedad civil

Su razón de ser

Uno de los más acreditados signos distintivos de nuestra cultura y civilización, la occidental, y una de las razones de sus logros y avances económicos y sociales a lo largo de la historia es la existencia de la llamada “sociedad civil”, que, al generar pluralismo ideológico e institucional, previene el establecimiento de monopolios de poder y de verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política. Podríamos definir la sociedad civil como el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear al Estado y, sin menoscabar sus funciones de mantenimiento de la paz y arbitraje de los grandes intereses, prevenir su dominio sobre una sociedad atomizada.

John Locke, el primer y gran filósofo político moderno, sostiene en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, de 1690, que “los hombres poseen derechos que son anteriores a los gobiernos, siendo estos instaurados para proteger aquellos”.

Según una cierta leyenda, Luis XV preguntó a un grupo de mercaderes: “¿Cómo puedo ayudaros?”. Y ellos respondieron: “Laisez-nous faire, laissez-nous passer, le monde va de lui-même”.

El ilustrado escocés Adam Ferguson, autor de Ensayo sobre la historia de la sociedad civil, fue creador de la expresión: “Es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano”, que inspiró el concepto de orden espontáneo. Los idiomas, el derecho, el dinero, los mercados —las instituciones más importantes de la sociedad humana— surgieron espontáneamente.

A mediados del siglo XIX, Herbert Spencer formuló su “ley de igual libertad”, que cabe expresar así: todo hombre posee derecho a reclamar el mayor grado de libertad para ejercer sus facultades, siempre que esto no impida disfrutar de la misma libertad a todos los demás hombres.

Para David Hume y Edmund Burke: “Las normas de la moral no son conclusiones de nuestra razón, sino producto de la evolución cultural”.

Los nacionalismos y estatismos junto con la Primera Guerra Mundial aumentaron la esfera de poder de los gobiernos, a costa de disminuir el espacio de la sociedad civil.

La excusa de la expansión del Estado

Desde muy antiguo conocemos valoraciones sociales acerca de la posesión de riquezas, asunto que los escolásticos españoles —verdaderos fundadores de la ciencia económica— trataron y resolvieron magistralmente. Manejaron para ello dos categorías de justicia económica: conmutativa y distributiva.

La primera se resume en los intercambios del libre mercado: en él, los intercambios se llevan a cabo por un “precio justo”, entendiendo por tal el que está dispuesto a aceptar un vendedor y pagar un comprador en ausencia de coacción o fraude. Nada más justo que esta conmutación, ya que el vendedor cede libremente su bien porque estima que vale menos de lo que cobra por él, y, al mismo tiempo, el comprador asume que el bien recibido vale más que lo que paga por él. Siendo libres las transacciones —conmutación de bienes y/o dinero— la justicia económica siempre está implícita en ellas.

Producida la natural distribución de riqueza que resulta de los libres intercambios, surge otro concepto de justicia, en este caso distributiva, que viene a cuestionar los resultados a posteriori de la justicia conmutativa.

Para F. Hayek, “la libre elección de la ocupación de cada uno es irreconciliable con la justicia distributiva”. La justicia distributiva, que no consiste en otra cosa que “quitar a unos para darlo a otros”, plantea muchos problemas de asunción y ejecución, ya que toda redistribución requiere una previa confiscación. Solo el Estado y siempre desde una óptica estrictamente legítima y legal dentro de un marco de Estado de Derecho, puede expropiar a unos para beneficiar a otros. En una sociedad avanzada y mínimamente próspera, es razonable que el Estado vele por las condiciones de vida de quienes no puedan valerse por sí mismos, amén de prestar determinados servicios públicos. La financiación de sus costes toma la forma de impuestos, que típicamente afectan más a quienes más ingresos tienen.

Mientras que la sociedad civil es la sede de la justicia conmutativa, el Estado ha ido adueñándose de la justicia distributiva como excusa moral para su incontrolada expansión, que se analizará más adelante.

Derecho & proliferación legislativa

Es bien sabido que el Derecho Civil romano, ese gran pilar de la civilización occidental, no fue creado por ningún jurista en particular, sino que fue el resultado de la recopilación ordenada de instituciones ampliamente experimentadas y aceptadas por la sociedad a lo largo del tiempo. Se atribuye, por ello, a Catón la siguiente valoración del orden jurídico romano: “No se basa en el genio de un hombre, sino de muchos: no se fundó en una generación, sino en un periodo de varios siglos y muchas épocas”.

La ley, en sentido clásico, es algo que se tiene que descubrir —a través de jueces y jurisconsultos— más bien que promulgar. Sus características son: generalidad, igualdad, certeza y discrecionalidad sometida a una justicia independiente.

Frente a este concepto del Derecho, cobra cada vez más protagonismo la legislación ordinaria, que, frente al concepto secular de la ley, establece lo que debería ser en vez de lo que es mediante ordenanzas oportunistas y particulares. La legislación, además de pretender imponer la voluntad de otras personas en relación con nuestra conducta de todos los días, está cada vez más en manos de un poder ejecutivo —el legislativo está subordinado a él— que no cesa de producir nuevos ordenamientos.

La proliferación legislativa, y la inseguridad jurídica que conlleva, se ha convertido en una amenaza para la libertad individual e incluso para el quehacer empresarial y, por tanto, para el crecimiento económico.

Este grave problema, más agudo en España que en otros países, merecería ser tratado aquí al estilo de la iniciativa británica antes mencionada, que postula la reducción de las cargas burocráticas que sufren las empresas y propone el principio “One-in, Two-out”, es decir, eliminar dos normas por cada una nueva que se introduzca.

El principio de subsidiariedad

“Los americanos de toda edad, condición y tendencia se asocian continuamente. No solo poseen asociaciones comerciales e industriales, de las que todos forman parte, sino que tienen también otras muchas de otro tipo: religiosas, morales, grandes y fútiles, generales y específicas, muy amplias y restringidas.

Los americanos se asocian para celebrar fiestas, fundar seminarios, construir albergues, erigir iglesias, difundir libros, enviar misioneros a los antípodas; crean hospitales, cárceles, escuelas. Por doquier, donde a la cabeza de una institución veréis en Francia al Gobierno, tened la seguridad de que en Estados Unidos veréis una asociación”. Así describe Alexis de Tocqueville en su Democracia en América su descubrimiento de la sociedad civil norteamericana.

El principio de subsidiariedad, auténtico baluarte para la defensa de la sociedad civil, tuvo una formulación —devenida clásica— en la encíclica Quadragesimo anno de Pío XI (1931), en la que se sostiene que: “Así como no es lícito quitar a los individuos lo que estos pueden realizar con las fuerzas y el ingenio propio para confiarlo a la comunidad, así también es injusto remitir a una sociedad mayor y más alta lo que pueden hacer las comunidades menores e inferiores”.

El principio de subsidiariedad puede formularse así: que el Estado haga lo que los ciudadanos no pueden hacer.

Para John Stuart Mill, en On liberty: “Los males comienzan cuando, en lugar de apelar a las energías y las iniciativas de los individuos y asociaciones, el gobierno los sustituye”.

“Una de las grandes debilidades de nuestra época, sostenía Hayek, es la falta de fe y paciencia para crear organizaciones voluntarias para alcanzar los objetivos que se consideran importantes”.

Responsabilidades privadas & públicas

Desde cualquier óptica ética, tanto en la educación de los niños como en el ejercicio de cualquier tipo de responsabilidad personal, “predicar con el ejemplo” siempre ha sido una obligada referencia moral que, sin embargo, no opera en la política.

No solamente la corrupción es el más popular contra-ejemplo de las conductas ejemplares que cabría exigir a los políticos, sino que en el día a día del ejercicio del poder sobresalen todo tipo de comportamientos políticos alejados de lo que cabría considerar como conducta ejemplar.

La ejemplaridad debería ser una condición necesaria para gobernar y su ausencia una condición suficiente para dimitir de un responsabilidad política.

“El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas”, sostiene el filósofo Michael Huemer en The Problem of Political Authority… y, ¿quién puede estar en desacuerdo con él?

Para el autor, la “autoridad política es una propiedad moral en virtud de la cual el Gobierno puede obligar —coactivamente— en ámbitos no permitidos a cualquier otra persona y los ciudadanos deben obedecer en casos a los que no estarían obligados con otras personas”. La “legitimidad política” —derecho a legislar— corresponde al Gobierno, mientras que la “obligación política” —de obediencia— afecta al ciudadano.

En un Estado de Derecho ninguna autoridad política debería imponer obligaciones que no esté obligada a cumplir también. Sin embargo, a nivel normativo los políticos y las administraciones públicas en general se cuidan mucho de aplicarse las reglas con las que obligan a la sociedad.

En los últimos años estamos asistiendo a una verdadera avalancha legislativa de crecientes obligaciones legales a los administradores de las empresas que presenta dos problemas muy criticables: el primero nos coloca como país en una ridícula posición de liderazgo en un ámbito opuesto a las facilidades para el desempeño de la función empresarial y, por tanto, a la creación de riqueza donde estamos a la cola; y, el segundo, aún más grave, las responsabilidades patrimoniales y penales de los administradores privados no son de aplicación a los públicos, es decir, a los funcionarios ni a los cargos políticos.

“¿Por qué no empieza el regulador dando ejemplo, en vez de lanzar sermones a las empresas?”, escribía Rafael Matéu de Ros —EXPANSIÓN, 10-4-2015— con motivo de las últimas recomendaciones de la CMNV a las empresas cotizadas.

La asimetría entre las responsabilidades de los ciudadanos y las administraciones públicas, siendo muy grande, no hace sino crecer; lo que cuestiona la legitimidad del poder político.

El principio “la ley es igual para todos incluso para quien la promulga”, acuñado pioneramente en España hace más de cinco siglos y ahora de moda como consecuencia de los escándalos políticos que han venido aconteciendo recientemente, debiera extenderse en el sentido de la frase anterior de Huemer; de lo contrario estaríamos —en realidad estamos— ante una burla de la Filosofía del Derecho.

El enorme déficit público acumulado en España en los últimos años como consecuencia de numerosas actuaciones de gasto de los gobernantes. sin que por ello hayan sido enjuiciados o puestos en cuestión, hace necesario abrir una reflexión profunda que conduzca a la reforma del régimen de responsabilidad ante terceros de los administradores públicos, para equipararlo con el de los administradores privados. Si los consejeros de las empresas tienen responsabilidades patrimoniales y penales en la quiebra de las mismas ¿cómo es que los responsables políticos de haber llevado España a ser una “democracia fallida” —según el riguroso análisis de Manuel Conthe en EL MUNDO, 6-8-2015— no tienen responsabilidad alguna sobre tamaño desmán?

Es incomprensible que a las empresas se les exija un código de buen gobierno que impone, por ejemplo, la presencia en los consejos de administración de un mínimo de un tercio de miembros independientes y, en cambio, las instituciones públicas —incluidos los órganos reguladores de los mercados— estén regidas por “la cuota partitocrática” —sostenía recientemente Rafael Mateu—, que excluye necesariamente a los consejeros independientes.

En España no existe ninguna vía para demandar a un funcionario público, salvo la penal. Es más fácil actuar contra un consejero de una empresa privada que contra un funcionario público, lo que exige la reforma del régimen de responsabilidades de los políticos ante terceros para poder usar la vía administrativa.

Existe una generalizada percepción en la sociedad de que hay una gran irresponsabilidad política en el manejo del dinero público y, sin embargo, ningún administrador público se responsabiliza nunca de nada. Mientras la responsabilidad condenatoria se aplica con frecuencia a médicos, arquitectos o ingenieros por errores o problemas derivados de su ejercicio profesional, apenas se aplica a jueces y políticos.

Hay un claro desequilibrio entre lo que se exige a las compañías privadas y a la Administración Pública. La opacidad con la que actúan los poderes públicos contrasta con las exigencias a las que están sometidas las empresas privadas. ¿Por qué las empresas están obligadas a presentar cuentas anuales de público conocimiento y las instituciones públicas no? ¿Para qué sirve el Tribunal de Cuentas?

Las empresas privadas y, en especial, las sociedades cotizadas en Bolsa, están sometidas a cada vez más normas para garantizar su buen gobierno. Las decisiones de sus administradores están sometidas a estrictos criterios de transparencia y de responsabilidad civil y penal. Sin embargo, eso mismo no ocurre con nuestros políticos, ni con las personas que ocupan cargos en las instituciones públicas. ¿Por qué no son aplicables los criterios del buen gobierno corporativo a las administraciones públicas? ¿No debiera modificarse el régimen de responsabilidad de autoridades y funcionarios para que pudieran estar sujetos a responsabilidad directa, igual que ocurre con los gestores de las empresas privadas?

La asimetría entre las responsabilidades de la “sociedad civil” y la “política” se extiende también a cuestiones tales como:

• Las administraciones públicas siguen retrasando pagos a los proveedores, sin que medie responsabilidad alguna de los políticos que los ocasionan.

• Los plazos administrativos son ejecutivos contra los ciudadanos, pero no para las administraciones públicas, incluida Hacienda.

• Las administraciones públicas pueden embargar las cuentas bancarias de los ciudadanos, incluso injustificadamente, sin que los responsables sean penalizados por ello.

• En procedimientos penales se están produciendo continuamente filtraciones a los medios de comunicación sin que nunca haya habido investigación de culpabilidad con consecuencias.

Es hora de que la sociedad civil exija ejemplaridad a los responsables políticos para que el ejercicio de su “legal” poder democrático esté “legitimado” por una recta conducta moral.

Proteger a las instituciones de los políticos

Prácticamente todas las instituciones públicas españolas que debieran estar gobernadas profesionalmente y ser, por tanto, independientes del Gobierno de turno están copadas por políticos que en algunos casos excepcionales también son profesionalmente competentes aunque no independientes.

En los países de referencia también se dan estas situaciones, pero en ningún caso se llega a los extremos que aquí: lo más valioso de ganar las elecciones no es formar el Gobierno, sino nombrar a infinidad de amigos —en muchos casos sin otra cualidad que la cercanía al político que los nombra— para puestos bien remunerados y muy representativos.

Además de adelgazar el Estado, como se defiende en otro capítulo, las instituciones públicas que resulten imprescindibles deben quedar a salvo de la política de turno, para así mejorar nuestra calidad institucional y, por tanto, el funcionamiento económico y social de nuestro país.

Una sociedad civil viva y bien vertebrada podría ayudar mucho a los gobiernos a elegir a los mejores para cubrir los puestos de máxima responsabilidad en las instituciones públicas mediante la instauración de comités de expertos de muy reconocida competencia, prestigio profesional y edad avanzada que podrían seleccionar y proponer buenos candidatos para cada ocasión.

Un reciente y asombroso ejemplo de las desgracias derivadas de la invasión política de las instituciones es el caso de las cajas de ahorros. Tras siglos de existencia desde su fundación y antes de ser acaparadas por la política, de las sesenta cajas fundadas solo diez perecieron, lo que demuestra una insólita y admirable capacidad de supervivencia, muy superior a la de los bancos privados. El milagro del éxito de las cajas, una de las más brillantes expresiones de la sociedad civil española que, sin una formulación clara de los derechos de propiedad tuvieron una ejemplar trayectoria, acabó en menos de un cuarto de siglo, el tiempo que media entre la Ley 31/1985 que las dejó en manos de los partidos políticos y sus allegados —sindicatos, patronales, etc.— y su práctica desaparición como tales, saldándose con una enorme deuda que tardaremos mucho en pagar entre todos.

El caso de Caja Madrid y sus black cards es todo un perfecto y calamitoso ejemplo de las desgracias que se ciernen sobre las instituciones cuando son apropiadas por los políticos y sus amigos. Al cabo de su crisis se supo que su consejo tenía ¡más de ochenta miembros! ¿Habrá habido en EE UU, la patria de las grandes empresas, alguna que haya alcanzado semejante número? ¿Cuántos de ellos tenían cualificación y experiencia para el cargo? ¿Qué principios éticos y morales gobernaban la existencia de las black cards? ¿Con qué rigor profesional se hacían las auditorías internas y externas?

¿Cuántas entidades públicas en España siguen proliferando, muchas de ellas incluso inútiles, que responden al funcionamiento desastroso que se acaba de describir?

Instituciones no electivas

Por diversas circunstancias históricas, que en buena parte ya han sido glosadas en páginas anteriores, la escasa experiencia democrática española, quizás por ser reciente, ha sido asumida en buena parte como una especie de panacea universal que casi todo resuelve, amén de mecanismo de validación —con razón o sin ella— de cualquier aspiración social que pueda imaginarse.

Esta concepción taumatúrgica de la democracia conlleva a que en los procesos electorales los candidatos traten de agradar a sus posibles votantes con ofertas muchas veces sin sentido o incluso disparatadas, de suerte que la mayor parte de las veces no reparan ni en su verdadera utilidad y casi nunca en su factibilidad financiera.

Ciertos políticos llegan aún más lejos al querer incorporar a la Constitución nuevos derechos sociales que implican elevados —y muchas veces imposibles de financiar— costes económicos como verdaderas “cartas a los Reyes Magos”.

En una economía globalizada e integrados como estamos en la UE y el sistema monetario del euro, las cartas a los Reyes Magos se terminan enfrentando muy pronto a la realidad de los hechos económicos, con las consabidas consecuencias: véase, si no, el caso actual de Grecia.

En países democráticamente más maduros y menos aficionados a “escribir cartas a los Reyes Magos”, el sistema democrático permite conducir la economía por la senda del crecimiento sin descarrilar por la vía de los excesos y los desequilibrios macroeconómicos para beneficio de la sociedad toda. De este modo, la riqueza y los beneficios sociales derivados de ella —no antepuestos— evolucionan progresivamente sin caer en recesiones ni vueltas atrás, como en la España contemporánea.

Ya se ha descrito antes que España no recuperará ni su renta per cápita ni el PIB de 2008 hasta 2017.

Un exceso de voluntaristas y muy democráticas políticas sociales ha terminado por conseguir lo contrario que pretendía: detener el progreso económico y social de los españoles y, en especial, de los menos favorecidos.

Para Manuel Conthe —EXPANSIÓN, 29-12-2015—, “una sociedad incapaz de eliminar, tras un plazo razonable, un déficit presupuestario estructural y de casar el nivel estructural de gastos con el de ingresos, es una democracia fallida que, incapaz de conciliar los deseos de los beneficiarios del gasto público con los de los contribuyentes, se asemeja a un drogodependiente que precisa con urgencia nuevas dosis de deuda. No confundamos un legítimo keynesiano anticíclico con la deudodependencia”.

Visto que en nuestra democracia los políticos no son capaces de afrontar la realidad ni hablar claro a los electores, ni estos reparan mayormente en la seriedad y solvencia de las propuestas y decisiones de aquellos, Manuel Conthe sostiene —desde hace tiempo— la necesidad de que “existan instituciones y cargos públicos no electivos que tengan encomendadas funciones parecidas a las que Miguel Sebastián atribuye a sus agencias”.

Efectivamente, Miguel Sebastián en su libro La falsa bonanza plantea la necesidad de mejorar la calidad institucional mediante agencias independientes de dimensión nacional —adscritas al Parlamento—, que eviten los excesos de nuestra democracia:

• Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, para realzar auditorías de calidad de políticas y de servicios públicos e informes vinculantes sobre proyectos de inversión en infraestructuras.

• Autoridad Fiscal Independiente, para garantizar el cumplimiento de los programas de estabilidad a nivel nacional y autonómico y evaluar las reformas fiscales con dictámenes vinculantes.

• Agencia Estatal de Innovación, que integre los dispersos organismos y recursos públicos destinados a la I+D+i.

• Unidad de Vigilancia de la Estabilidad Macroeconómica, que prevea los desequilibrios tan pronto se produzcan.

Ni que decir tiene que los miembros de tales agencias deberían ser seleccionados con criterios estrictamente profesionales y estar adecuadamente remunerados, además de tener garantizada la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Vista la experiencia reciente, en la que los excesos voluntaristas —muy democráticos, por cierto— de la política conllevaron a una grave crisis que no se quiso ver y que luego comenzó a resolverse tarde y más lentamente que en los demás países desarrollados, las instituciones no electivas que se acaban de describir mejorarían nuestra calidad institucional, que tanta falta nos hace.

Debilidades de la sociedad civil española

La pujante sociedad civil que descubriera Tocqueville hace casi dos siglos en América y la que siempre ha existido en muchos países de Europa apenas se ha dado nunca en España.

La política coercitiva del Estado cuando no disfrutábamos de democracia y la invasiva en los periodos democráticos como el actual son las principales razones de la débil sociedad civil española. En España la pertenencia y participación en clubes, asociaciones, sindicatos, foros, grupos, círculos, casinos, pandillas, tertulias, ateneos, cenáculos, etc., con algunas excepciones, siempre ha sido muy reducida. Quizás se salvan parcialmente, además del fútbol, Cataluña y el País Vasco, que, habiendo desarrollado en tiempos pasados una economía industrial, engendraron de aquella muchas instituciones civiles que tardaron en darse en el resto de España.

Uno de los ejemplos más evidentes de la debilidad de la sociedad civil española se encuentra en el asociacionismo empresarial que, junto con el sindical, es de los más débiles del mundo. En España, el número de afiliados voluntarios a los sindicatos que pagan regularmente cuotas significativas son escasísimos y las empresas que están libremente asociadas y pagan cuotas regulares por ello también son muy pocas.

Si examinamos el caso de las asociaciones empresariales, nos encontramos con tres tipos de organizaciones: las sectoriales, las territoriales y la cúpula nacional. Las asociaciones sectoriales, que vertebran la economía, tienen dificultades de funcionamiento por el escaso número de empresas asociadas en la mayoría de los casos, salvo en los sectores oligopolísticos y, como consecuencia, los modestos presupuestos y medios que manejan para cumplir sus legítimas funciones de representación de intereses. Un ejemplo puede ilustrar la debilidad de este tipo de asociaciones: casi ninguna en España —salvo en Cataluña— dispone de sede en propiedad, justamente lo contrario que en los países más avanzados.

Como la financiación por cuotas voluntarias —con la salvedad de las asociaciones oligopolísticas— es muy baja, la mayoría de asociaciones prestan servicios que tratan de cobrar —¡muchas veces en competencia con el Estado!— con dificultades, por lo que terminan buscando y a veces logrando subvenciones públicas para formación, internacionalización, I+D, etc.

El caso de las asociaciones empresariales territoriales es un tanto especial, al tratarse de organismos creados aquí artificiosamente en torno a los gobiernos autonómicos, con la salvedad de Cataluña. Su financiación ha venido siendo esencialmente pública y su funcionamiento, como es natural, ha estado alineado con la política regional.

La cúpula asociativa empresarial, CEOE, está integrada por las asociaciones sectoriales y territoriales y se financia a través de las cuotas que libremente quieren aportar sus miembros, además de aportaciones voluntarias de las grandes —también algunas medianas— empresas y subvenciones públicas. Por patrimonio y recursos debe ser la patronal más pobre entre los principales países de la UE y la única que carece de sede propia, ya que la que tiene es una cesión del Estado.

Tratamiento aparte merecen las cámaras de comercio que, habiendo nacido en los albores de la economía moderna como genuinas representantes de la sociedad civil empresarial, terminaron derivando en España como meros apéndices del Estado. Con el establecimiento de cuotas obligatorias por parte del Estado —que el Ministerio de Hacienda garantizaba fuesen efectivas—, sus ingresos, además de cuantiosos por estar absolutamente generalizados, al no estar relacionados con la libre voluntad de las empresas que les daban la espalda —por su inútil funcionalidad—, servían para financiar actividades mayormente alejadas de los intereses de las empresas. Puesto que la financiación provenía del Estado, la política terminó ocupando, al margen de los intereses de las empresas, los órganos de gobierno de las cámaras.

Tal absurdo estado de cosas fue desmontado por el gobierno de Zapatero al convertir las cuotas obligatorias en voluntarias, con lo que los ingresos de las cámaras se derrumbaron: de pagar obligatoriamente todas las empresas se pasó a que casi ninguna pagara voluntariamente. Poco tiempo después, el Gobierno de Rajoy decidió reinventarse las cámaras que, sin financiación pública, estaban desapareciendo, para volverlas a pilotar públicamente, es decir, invadirlas políticamente, con el apelativo de Cámara de España.

En otros ámbitos de la sociedad civil, con la notable excepción de los colegios profesionales, muchos de ellos de obligada colegiación, buena parte de las asociaciones existentes, aun teniendo carácter civil, no siempre son independientes de los grandes grupos de interés económico, ni por tanto del Gobierno.

Los gobiernos democráticos que se han sucedido después de la Transición política de 1978, lejos de facilitar la vida de la sociedad civil, la han invadido, como se acaba de describir, o la han preterido. Las asociaciones voluntarias y libres raramente son bien vistas ni atendidas como merecerían por su representatividad, mientras que los grupos de interés y poder económico suelen gozar de las simpatías gubernamentales.

Después de todo lo dicho, es perentorio que los gobiernos dejen de financiar las organizaciones de la sociedad civil —sindicatos, asociaciones, cámaras, colegios, círculos, etc.— y, lejos de invadirlas políticamente, pasen a respetarlas en función de su legitimidad representativa. Adicionalmente, y con objeto de revitalizar la sociedad civil, habría que generalizar como gasto deducible en el impuesto de la renta cualquier aportación que los ciudadanos hagan a sus asociaciones.

Por todo lo dicho, la mejor manera de revitalizar la sociedad civil es mediante una doble actuación del poder político:

• Eliminando todo tipo de subvenciones —siempre sujetas a intereses partidistas— y, por tanto, las consecuentes invasiones políticas de las instituciones subvencionadas.

• Estableciendo facilidades fiscales, mediante una moderna ley de mecenazgo, para que la sociedad civil aporte libremente sus recursos a los fines sociales que mejor le parezcan.

Es el modelo que con tanto éxito histórico funciona en EE UU desde tiempos de Tocqueville hasta hoy, donde el mecenazgo privado supera ampliamente el público.

Desde el punto de vista recaudatorio las finanzas públicas saldrían beneficiadas, porque el coste de las deducciones fiscales de la sociedad civil sería inferior al del actual despilfarro de subvenciones. Y, desde el punto de vista de la libertad, se produciría un cambio copernicano: sería la sociedad la que elegiría los fines y los medios de las organizaciones de la sociedad civil, en vez del Gobierno de turno, siempre ofuscado en sus propios intereses clientelares.

La función empresarial: palanca

del progreso

Introducción

Uno de los atavismos de la sociedad española, aunque pudiera estar declinando, ha venido siendo la consideración de la función empresarial, que nunca ha estado manifiesta y ampliamente valorada como merece. Una mentalidad demasiado apegada al protagonismo del Estado, recelosa del riesgo, intolerante con el fracaso y mal educada en la escuela de los últimos tiempos, ha generado una opinión pública reticente y distante de la función social más relevante para la prosperidad económica y social de todo el mundo.

La visión de la economía de los intelectuales españoles, analizada por Amando de Miguel en Las ideas económicas de los intelectuales españoles, describe bien los recelos —escasamente fundamentados— de estos por la economía de mercado, el consumo y la figura del empresario.

Llama la atención que la patria del pensamiento económico sobre la economía de mercado y de una Ilustración, políticamente fallida pero intelectualmente a la altura de su tiempo, siga siendo reticente al libre mercado y la empresa.

Es un lugar común en la historia del pensamiento económico, con Schumpeter, Hayeck y Rothbard a la cabeza, que la Universidad de Salamanca fue la cuna de la teoría económica gracias a la brillante labor intelectual de los padres escolásticos, que, anticipándose casi dos siglos a Adam Smith, defendieron con gran e intemporal rigor intelectual:

• La propiedad privada que hace posible un orden social justo.

• Un gasto público limitado.

• La no emisión de dinero fiduciario inflacionista.

• El libre comercio.

• La distinción de valor y coste.

• Los perjuicios de la justicia distributiva.

• La inconveniencia del salario mínimo.

• Los beneficios de un libre mercado (sin coacción ni fraude).

• La existencia de la banca y el interés.

Llama la atención que la aplicación generalizada de los principios económicos escolásticos, no solo en los libros de texto de la economía sino a la propia realidad mundial, haya sido un éxito y que, sin embargo, en su patria de origen recelemos de ellos.

Hace una década, por encargo del Círculo de Empresarios, el profesor Manuel Jesús González —lamentablemente fallecido— llevó a cabo un arduo recorrido por los textos de Historia, Geografía y Economía utilizados en las centros de enseñanza media publicado como libro, El empresario y la economía de mercado, con conclusiones muy preocupantes:

• El empresario resulta frecuentemente vituperado, se le concibe como privilegiado y el capitalismo se considera un error.

• En los textos de Geografía se manifiestan posiciones hostiles al mundo occidental industrializado, a las empresas multinacionales, al capital extranjero, al mercado y al crecimiento económico.

• En los manuales de Economía se defiende el intervencionismo frente a la libertad económica, se critica la inmigración —porque está en manos de empresarios— y la sociedad de consumo.

Señala el autor que los textos de enseñanza están poblados de “una gran carga emocional contraría al ethos del empresario, a la economía de libre empresa o capitalismo, y a la honesta verdad de la ciencia”. Se podría ironizar, si el asunto no tuviera la gravedad que encierra, que la mala calidad de la enseñanza española conlleva que los alumnos ni siquiera aprendan “las tonterías económicas” —acuñadas por el profesor Carlos Rodríguez Braun— que se enseñan.

Naturaleza de la función empresarial

Para Kirzner, uno de los principales estudiosos de la creatividad en el ámbito económico, la función empresarial “consiste en la capacidad innata de todo ser humano para apreciar o descubrir las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas”.

En un mercado libre, la producción de bienes y servicios se dirige necesariamente a satisfacer los deseos que se supone tendrán los consumidores mañana, muchos de ellos desconocidos por ellos mismos, hasta que un empresario los revele. La decisión empresarial de producir constituye un descubrimiento, una creación ex nihilo, es decir, de la nada.

La función empresarial va más allá de romper moldes e innovar, incluye sobre todo el descubrimiento de oportunidades que otros no han vislumbrado siquiera. El emprendedor puro no es otra cosa que un agente decisor siempre alerta para descubrir nuevos negocios.

El empresario, merced al ahorro previo, paga a sus proveedores y trabajadores conforme recibe de ellos sus medios productivos, mientras que debe aguardar a que los bienes y servicios sean comprados para recuperar su inversión y lograr beneficio.

Ni los fines ni los medios están dados; son continuamente ideados y concebidos ex novo. La riqueza —“la tarta” o el PIB en términos modernos— de las naciones, no es sino la suma de todo lo descubierto por quienes constituyen el mercado. Tanto “la tarta” como sus ingredientes deben ser siempre descubiertos, imaginados, creados; en ningún supuesto están dados.

El descubrimiento empresarial no es una cuestión de mera suerte, ya que siempre subyace la posibilidad de error. Solo la deliberada y calculada decisión de buscar y apostar por algo posibilita acertar y ganar, pero también equivocarse y perder.

La riqueza la crea el empresario descubriendo oportunidades de negocio, tomando decisiones de inversión —en tecnología en la mayoría de los casos— y coordinando sus acciones con los demás agentes del mercado. La innovación —no necesariamente tecnológica— asociada a las decisiones empresariales es una condición cuasi necesaria para tener éxito en el mercado, pues repetir lo que hacen los demás difícilmente alcanza para sobrevivir. Las reglas de juego —es decir, las instituciones— fundamentalmente las derivadas de las acciones de los gobiernos que facilitan o perjudican las actividades empresariales, son la condición necesaria que hace posible la creación de riqueza.

El empresario contemporáneo

Austria es la patria del descubrimiento de la verdadera función empresarial y, más en concreto, su “escuela de economía”. Carl Menger, su fundador, desarrolló su teoría de la producción sobre la base del papel del empresario. Aunque no llegó a elaborar suficientemente el concepto empresarial, le atribuye la responsabilidad de encarar la incertidumbre, por lo que se refiere a la cantidad y calidad de bienes que ha de producir, sin saber a ciencia cierta la respuesta del mercado. La actividad empresarial abarca necesariamente para Menger:

• la información sobre la situación económica,

• los cálculos económicos del proceso de producción,

• el acto de voluntad mediante el cual ciertos bienes superiores se destinan a una determinada producción y

• la vigilancia para la ejecución más económica posible de los planes de producción.

En sus Elementos de economía política pura, Léon Walras considera al empresario una figura muy importante en el quehacer económico. Alfred Marshall, por su parte, divide al empresario en dos categorías: los “activos”, que abren sus negocios a nuevos y mejores métodos de hacer las cosas, y los “pasivos”, que se conforman con seguir los prácticas de otros.

Frente a una visión equilibrada y casi estanca de la economía que atribuía al empresario justamente el papel de equilibrador, Joseph Schumpeter descubrió la figura del empresario desequilibrador que había desvelado un siglo antes el Manifiesto comunista de Carlos Marx.

Para Schumpeter, la competencia perfecta no solo es imposible, sino indeseable para conseguir la eficiencia ideal. La realidad capitalista se caracteriza por la competencia de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de suministros y nuevos tipos de organización, que comandan los costes o el control de las ventajas y que golpean, no solo los márgenes de beneficios y la producción de las empresas existentes, sino los fundamentos de su propia existencia.

Schumpeter pone el énfasis no tanto en la invención de novedades como en la puesta en práctica de estas; el empresario es un líder que introduce, gracias a sus capacidades de iniciativa y visión, las innovaciones responsables del continuo cambio. Los beneficios no son ganancias fortuitas, sino deliberadamente creadas. El empresario es un líder que rompe los modos de actuación establecidos o al uso; un innovador, no un descubridor.

El empresario shumpeteriano es, por tanto, un desestabilizador de equilibrios gracias a la palanca de la innovación que favorece la “destrucción creativa”, la cual impulsa y hace posible el crecimiento a largo plazo de la economía y genera progreso y bienestar. En un mercado libre y, por tanto, abierto a la competencia y a la rivalidad, la imaginación y atrevimiento del empresario son las fuerzas tractoras que le empujan a crear riqueza.

La función empresarial, como ponen de manifiesto recientes investigaciones empíricas, así como la propia experiencia, es el componente esencial del proceso de creación de riqueza y de la mejora de la productividad que hace posible que aquella se acreciente a lo largo del tiempo.

Tanto si el empresario opera por cuenta propia como por ajena, su función implica el descubrimiento y la apreciación de nuevas oportunidades de beneficio que otros no han advertido antes. El ejercicio de la función empresarial —espontáneamente— coordina y ajusta los planes individuales haciendo posible la vida en sociedad; es decir, sin pretenderlo —porque su objetivo es otro— el empresario genera con su actuación procesos sociales de coordinación que terminan dando cohesión a la sociedad, haciendo posible su desarrollo armonioso.

La función empresarial, según William Baumol

William J. Baumol publicó en 1991 un novedoso trabajo titulado Mercados perfectos y virtud natural: la ética de los negocios y la mano invisible, que es de utilidad rescatar para analizar la lógica de la función empresarial.

Un exhaustivo y riguroso estudio antropológico de alcance histórico y planetario llevó al autor a sostener las siguientes dos tesis. La primera plantea que, dentro de cada contexto cultural (incluida la religión), el número de emprendedores, u oferta total de empresarios, es una constante histórica. La segunda pone de manifiesto que para una cantidad dada de empresarios, estos se dividen en tres categorías: productivos, improductivos y destructivos, cuya distribución varía en todas las culturas con el tiempo y las reglas que rodean a la empresa.

Si definimos a los empresarios como “aquellas personas con ingenio y creatividad para encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza”, el empresario productivo baumoliano es aquel que inicia nuevas actividades, crea empleo y, por tanto, riqueza dentro de un estricto marco legal y moral; en última instancia, el prototipo ideal sería el empresario innovador schumpeteriano arquetípico del capitalismo moderno.

La figura del empresario improductivo, o también especulativo, es aquella que, merced a las llamadas ingenierías contables, financieras y fiscales, las segregaciones y las fusiones, las absorciones y las compras de empresas, opera con el trabajo creativo de los más genuinos emprendedores para propiciar aumentos de los beneficios y del valor de las empresas en las bolsas, no basados en la realidad.

Por último, los empresarios destructivos operan al margen de las leyes e incluyen desde los traficantes de armas y de drogas hasta los depredadores de la naturaleza.

La especulación a través de pleitos, evasión de impuestos y las fortunas amasadas por los arbitrajistas son las más típicas funciones empresariales improductivas y destructivas, según Baumol.

En los últimos años, en todos los países y sus respectivas culturas, se ha producido un notable crecimiento de las dos últimas categorías de empresarios, en lógico perjuicio, según la tesis de Baumol, de la primera categoría.

El éxito de la fórmula de la economía especulativa es el resultado de la conjunción de tres factores: la creciente complejidad de la legislación mercantil y fiscal, un exceso de liquidez financiera en los mercados y el trabajo creativo de sofisticados consultores que han inventado las fórmulas de creación de valor —que no de verdadera riqueza— tan en boga.

Determinantes de la función empresarial

Desde una óptica contemporánea y al cabo de los análisis de experiencias habidas a lo largo de los últimos tiempos, Simon C. Parker en The Economics of Enterpreneurship pone de manifiesto múltiples y muy variadas evidencias que determinan las vocaciones empresariales. Entre los determinantes más significativos, señala el autor:

• Incentivos pecuniarios asociados a los beneficios, y no pecuniarios relacionados con la independencia y la satisfacción por el trabajo.

• Capital humano: edad, experiencia y educación académica.

• Capital social: habilidad para extraer beneficios de las estructuras sociales, redes y relaciones.

• Aptitudes ante el riesgo: desde el optimismo al exceso de confianza.

• Características sectoriales y razones familiares: autoempleo en hostelería, estatus familiar, etc.

• Factores macroeconómicos: tecnología, spillovers del conocimiento, ciclo económico, desempleo, factores regionales, etc.

• Natalidad empresarial: relacionada con la edad, experiencia laboral y familiar, etc.

Las estadísticas internacionales del autoempleo ponen de manifiesto que:

• EE UU y el Reino Unido son los países con tasas más bajas: decrecientes en el primero y crecientes en el segundo.

• España se sitúa entre los países con mayores tasas de autoempleo, aunque con tendencia decreciente.

• México, Italia y España lideran el ranking del autoempleo, con tasas que más que duplican a los demás países.

A nivel más amplio, se observa que en los países menos desarrollados, las tasas de autoempleo son mayores que en los más ricos.

Los principales determinantes de la supervivencia empresarial son:

• La dimensión del capital inicial.

• La duración del negocio.

• La educación del empresario.

• La edad del empresario.

• El crecimiento previo de la economía regional.

Fukuyama en su ensayo Trust estudió cómo la libre disposición de la herencia selecciona mejor que la obligada —como en el caso español— la sucesión empresarial. Con la aparición, hace solo poco más de medio siglo y principalmente en EE UU del venture capital —mal traducido por capital-riesgo—, las aventuras empresariales se vieron potenciadas, sobre todo en ámbitos relacionados con la innovación tecnológica.

Las buenas ideas necesitadas de capital para ser desarrolladas pudieron matrimoniarse, merced al venture capital, para dar a luz empresas hoy emblemáticas que difícilmente habrían nacido de otra manera.

El capital creativo

El modo más ordinario de financiar un proyecto empresarial es contar con capital propio para desarrollarlo, junto con crédito bancario. Sin embargo, esta típica modalidad de financiación empresarial difícilmente se aventura en empresas de alto riesgo. En primer lugar porque muy raramente quienes tienen ideas novedosas son además ricos y, además, porque carece de sentido que el crédito comercial bancario se aplique a inversiones que tienen más posibilidades de fracasar que de triunfar.

No es casual sino causal la relación del capital-riesgo con las aventuras empresariales sustentadas en la innovación tecnológica. Invertir en una nueva tecnología implica un considerable compromiso, ya que lo más probable es que no tenga éxito; aunque, en el caso de tenerlo, el rendimiento de la inversión suele ser muy alto.

Para afrontar este tipo de aventuras empresariales nació el capital-riesgo, caracterizado por invertir en diversos proyectos de dispar suerte y obtener un retorno muy positivo de la inversión agregada: en la mayoría de proyectos se pierde, pero los pocos en los que se gana compensan sobradamente aquellos. De hecho, la tasa acumulada media de retorno de la “industria de capital-riesgo” norteamericana suele situarse entre el 15% y el 20% anual.

La característica más destacada del capital-riesgo quizás sea que crea empresarios y empresas que de otro modo no existirían. Baste recordar, al efecto, uno de los más antiguos y claros ejemplos de capital-riesgo: la financiación del primer viaje de Colón, que sirvió para descubrir América, pero que pudo no haber servido para nada.

Tuvieron que pasar más de cuatro siglos y medio para que el capital-riesgo se convirtiera en una industria profesionalizada a gran escala, según Spencer E. Ante en su Creative capital. Su inventor, en 1946, fue un visionario general francés —Georges Doriot— afincado como profesor —Harvard— en EE UU. Acabada la II Guerra Mundial, Doriot presidió la primera firma de capital-riesgo, ubicada en Boston: ARD, American Research and Development Corporation. En 1957 comenzó la leyenda de ARD y Doriot, con la financiación —70.000 $— de una nueva compañía —Digital—, fundada por dos jóvenes ingenieros del MIT —Kenneth P. Olsen y Harlan Anderson— a cambio del 70% de sus acciones. Cuando ARD liquidó su inversión, obtuvo por ella 400 millones de dólares, es decir, todo un fabuloso retorno.

Sin la genial creación institucional del europeo Doriot en EE UU, el mundo de hoy sería muy distinto ya que difícilmente habrían podido llevarse a cabo empresas líderes mundiales, sin cuyas tecnologías radicalmente innovadoras una buena parte del progreso económico y social que hoy disfrutamos no habría sido posible.

Según el Deutsche Bank, la inversión anual en capital riesgo de EE UU equivale —con datos de 2012— a un 0,17% de su PIB, mientras que en Europa se sitúa en una cuarta parte (Alemania, un 0,02%) y en España aun menos.

Dada la estrechísima relación del capital-riesgo con la innovación, y entre la innovación y el crecimiento económico, cabe concluir que buena parte de la riqueza —directa e inducida— creada en el último medio siglo está sustentada por dicha gran novedad institucional. Habiendo sido muy positivos en términos históricos los resultados obtenidos por el llamado “capital creativo”, su futuro se presenta aún más esperanzador.

Para Gompers & Lerner, en su The money of invention, el capital-riesgo tiene una estrecha relación con la innovación, hasta el punto de que un dólar procedente de capital-riesgo estimula las patentes entre tres y cuatro veces más que la inversión tradicional empresarial en I+D.

La valoración social del empresario

Es axiomático que “todo ser humano tiene derecho natural a los frutos de su propia creatividad empresarial”, sostiene Kirzner en Competition & enterpreneursihp. Si alguien crea algo de la nada, tiene derecho a apropiarse de ello, pues no perjudica a nadie. Ningún resultado de la creatividad humana existía antes de ser descubierto o creado empresarialmente. El “principio de Locke” —quien lo descubre se lo queda— es de aplicación aquí.

Colón no creó América, ya que existía antes de su descubrimiento. El título basado en el descubrimiento del productor debe depender de la legitimidad del título sobre los ingredientes necesarios para su producción.

Desde una óptica social, una positiva reputación de la función empresarial, favorece su ejercicio y expansión. Es de sentido común que las sociedades más proclives a la empresa —caso de EE UU— son más prósperas. Una proclividad que no solo debe ser social, también institucional; es decir, las reglas de juego que encauzan el desempeño empresarial: leyes, cumplimiento de los contratos, seguridad jurídica, fiscalidad, competencia en los mercados, marco de relaciones laborales, etc.

Resulta aparentemente paradójico que un país que abordó con éxito la monumental empresa del descubrimiento de América y fue patria de la formidable “empresa jesuita” resulte ser poco amigo —como se señaló al principio del capítulo— de la empresa, para acabar siendo sede de las primeras escuelas de negocios de Europa y entre las mejores del mundo.

La paradoja se resuelve si observamos la dualidad social que existe en España. Mientras que tenemos magníficas y admiradas empresas y el fenómeno social del emprendimiento está incluso de moda, otra parte de la sociedad sigue recelando del ejercicio de la responsabilidad individual fiando cada vez más ámbitos personales al Estado; que curiosamente carecería de medios para afrontarlos si no fuera por los impuestos generados directa e indirectamente por la función empresarial.

Cómo seguir avanzando

Prueba & error, sin prisa ni pausa

En España, acostumbrados como estamos a hablar peor que nadie de nosotros mismos, a la hora de aportar soluciones a nuestros problemas adoptamos casi siempre soluciones holísticas muy ambiciosas que, como es natural, no acaban teniendo éxito, por lo que nunca abandonamos la melancolía de pensar que no tenemos remedio.

Karl Popper, uno de los grandes filósofos del pasado siglo, en su obra La miseria del historicismo demolió argumentalmente el marxismo y con él su vana pretensión de encontrar soluciones holísticas para todos los problemas sociales. Frente a la absurda arrogancia marxista, Popper propuso una alternativa metodológica más modesta que llamó “ingeniería social fragmentaria”, un método de composturas parciales y sucesivas que, frente a la ingeniería social utópica, es el que ha guiado los mejores éxitos sociales, políticos y económicos de nuestra historia.

Popper llegaba más lejos a la hora de evaluar la metodología marxista, al afirmar que “el holismo, lejos de representar un alto nivel o estado avanzado en el desarrollo del pensamiento, es característico de sociedades de una edad pre-científica”.

El autor de este libro se declara incapaz, como Popper, de abarcar y resolver todos los problemas y menos aun a la vez. Los seres creativos, desde el ámbito biológico más elemental al humano, pasando del científico y el artista al artesano, los maestros de taller y, sobre todos ellos, el empresario, solo sobreviven con éxito mediante la prueba y el error que no cesan, sin prisa ni pausa, de llevar a cabo.

En la España de nuestro tiempo, la escena política está llena de proyectos holísticos como “la reforma de la Constitución” que son imposibles, así enunciados, de llevarse a cabo de ninguna manera. La Constitución española, como cualquier obra humana puede y debe ser revisada, pero no de cualquier manera, si de verdad se quiere modificar.

Es evidente, a todas luces, que el único modo de avanzar en dicha tarea es utilizar la ingeniería fragmentaria popperiana. Siendo nuestra ley de leyes una institución aprobada por una grandísima mayoría social, es evidente que su modificación requiere una legitimidad equivalente y tal apoyo social es imposible que se produzca en muchos frentes de cambio a la vez. La única manera de operar es la utilizada —con gran éxito histórico— por los EE UU mediante enmiendas parciales y sucesivas. Operar así obliga a fragmentar la constitución en tantas partes como cambios puedan plantearse y seleccionar aquellas que parezcan más críticas y susceptibles de conseguir acuerdos políticos muy amplios para luego refrendarlos socialmente. Desde luego que en la fragmentación de los posibles cambios hay que abandonar los quiméricos, es decir, aquellos que carecerían a un apoyo social suficiente.

Esta manera de hacer política es aplicable a cualquier otro ámbito: la educación, la justicia, la fiscalidad, etc., donde una metodología fragmentaria permitiría ir cambiando poco a poco las cosas con el criterio de seguir adelante con las soluciones de éxito y dar marcha atrás con las que no funcionen. Este modo de actuar, tan típico de los seres creativos, no se aplica curiosamente a la política, ya que los políticos profesionales —que suelen carecer de otras enriquecedoras experiencias vitales— deben sentir pánico por los errores, que difícilmente aceptan puedan cometer.

La metodología fragmentaria permite aproximaciones a la realidad que la hacen más comprensiva. Por ejemplo, si bien España resulta globalmente mal clasificada en el informe PISA sobre educación —como se verá en el capítulo dedicado a dicho tema—, ciertas comunidades autónomas presentan resultados muy buenos. Igual cabría decir de las universidades españolas, que no están en los rankings internacionales de excelencia, y, sin embargo, una buena parte de nuestras escuelas de ingeniería alcanzan un gran nivel y disfrutan de la máxima reputación. Este análisis puede repetirse en un buen número de escenarios, lo que permitiría evitar gratuitas descalificaciones genéricas y señalar la parte de la realidad, no necesariamente toda, que sí debe ser afrontada y mejorada.

Los historiadores modernos de la primera revolución industrial que inauguró la era de prosperidad que vivimos tras miles de años de miseria económica y social, están de acuerdo con que un sinfín de cambios operados en la Inglaterra de finales del siglo XVII no estuvieron inspirados por grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, sino por las modificaciones que la perspicacia profesional de los maestros de taller incorporaban día a día a su quehacer industrial; un modo de operar que mucho más tarde los académicos denominarían “learnig by doing”.

Cuando en las visitas guiadas al Museo del Prado y gracias a las nuevas tecnologías se analizan muchos de los mejores cuadros colgados en sus salas, siempre se observa que el cuadro que ahora vemos es diferente al pintó originalmente el autor, que cambió sobre la marcha pintando sobre la pintura anterior el resultado final. ¿Qué músico o poeta escribió finalmente la obra que pensó inicialmente? ¿Qué empresario ha podido tener éxito sin adaptar sus ideas originales a una realidad distinta, gracias al ejercicio de la prueba y el error?

Después del “fin de la historia” que proclamara Francis Fukuyama, sabemos que la democracia liberal en el ámbito político y el libre mercado en la economía son, con todas las matizaciones que se quiera, los carriles que han llevado a la civilización occidental y sus imitadores al éxito en la historia. Vivimos, sostenía Karl Popper, en el mejor de los mundos posibles —no de los imaginables—, incluso después de la última crisis económica, y ello constituye un bien social que haremos bien en conservar, amén de extender.

Con cuidado de no descarrilar este tren de la historia, caben multitud de pruebas para mejorar lo hecho, eso sí, con la condición de abandonar lo que no funciona. Este método científico obliga a los políticos reformistas a formular propuestas con contenidos reales que puedan ser empíricamente contrastados, la única manera de poder medir si funcionan o no.

Cualquier nuevo plan político debiera, como sucede sistemáticamente en el ámbito empresarial, plantear claramente los fines que persigue, los medios que necesita para llevarlos a cabo y el modo de financiarlos. Solo lo proyectos cuya financiación sea plausible y si los resultados obtenidos logran los fines perseguidos, deberían seguir adelante; los demás deberían ser abandonados sin más.

Este modo de actuar permite experimentar sin prisa, pero sin pausa, soluciones fragmentarias a los problemas, con la garantía de que solo lo que funciona sigue adelante.

Recorriendo las mejores prácticas

Es famoso el hecho histórico acontecido en el Japón de la llamada Restauración Meiji (1862-1912) que cambió para siempre y para bien la economía japonesa. Decidió el Emperador embarcar a sus mejores funcionarios —la élite del país— con destino a los diversos y más avanzados países de la época para que aprendieran las mejores prácticas en todos los órdenes de la administración pública. Al cabo de un largo y suficiente tiempo regresaron a Japón e implantaron, con las debidas adaptaciones a su propio medio, lo que habían aprendido de los países líderes. Los resultados no pudieron ser mejores, como demostró el posterior desarrollo económico de Japón y su liderazgo mundial, luego interrumpido —paradójicamente— por su alejamiento de las buenas prácticas.

Entre las buenas prácticas importadas, hubo dos de carácter institucional que resultaron decisivas para cambiar e impulsar el milagro económico japonés, según relata Francsis Fukuyama en su Political Order and Political Decay: una nueva Constitución de origen alemán y la adopción del Código Civil europeo. Jared Diamond en Sociedades comparadas añade la Armada británica, el Código Penal francés y el Mercantil alemán.

En el mundo hipercomunicado que vivimos hoy ya no es ni siquiera necesario viajar para conocer las mejores prácticas en el gobierno de lo público y desde luego su imitación, con las diferencias medioambientales que se quiera, es más fácil y asequible que nunca. Permanecer ajenos a esta corriente de buen hacer que se ha puesto de moda en el mundo es de una arrogancia ridícula; si antes esta manera de actuar parecía reservada a las empresas y al Japón decimonónico, hoy es una realidad que justifica muchos de los éxitos de los países de moda: Singapur, Finlandia y Corea son tres buenos ejemplos de ello.

No siempre la copia de las buenas prácticas iguala el original, aunque en otros casos lo supera. Es el caso de los hoy famosos parques tecnológicos, que a imitación de los de EE UU fueron replicados en medio mundo. Según investigaron Manuel Castells y Peter Hall en su obra Las tecnópolis del mundo, las réplicas de Sillicon Valey y la carretera 128 de Boston no alcanzaron en ningún caso los éxitos norteamericanos porque es imposible reproducir un medio ambiente tan virtuoso como aquel, pero las experiencias en general fueron positivas, incluido en España.

A la hora de perseguir las mejores prácticas, no solo interesa saber qué hacen bien otros países, también importa —y cada vez más— cómo lo hacen. En este ámbito las tecno-estructuras juegan un papel central, como cabe observar en los países escandinavos y en los asiáticos más ambiciosos.

Es absurdo pensar y aun más actuar como si solo los que se dedican profesionalmente a la política fueran capaces de aportar soluciones a los problemas de la sociedad. Más bien sucede lo contrario: es en la sociedad civil, cuya inteligencia es obviamente superior —por mera cuestión de tamaño— al de la clase política, donde residen más y mejores respuestas para gobernar. Los políticos deberían acostumbrarse a aceptar con normalidad que su función tiene más que ver con “hacer cosas útiles para la sociedad” que “pensar lo que hay que hacer”.

En los países escandinavos es muy frecuente recurrir a profesionales expertos de la sociedad civil para que con toda libertad, rigor e independencia intelectual, aconsejen al Gobierno sobre los más diversos asuntos de interés general; y, además, les hacen caso.

En Australia, Singapur e incluso en China, la gestión de los asuntos públicos suele estar en manos de profesionales muy cualificados, reconocidos y muy bien remunerados.

Hacer las cosas bien es posible

A principios del pasado mes de agosto en un tan oportuno como riguroso artículo titulado La nulidad de las promesas electorales —publicado en EL MUNDO, puede leerse en www.forosociedadcivil.org— su autor, Manuel Conthe, sostenía que España ha devenido en una “democracia fallida”. Tal vez sea una afirmación que va demasiado lejos, pero que se inscribe en la creciente percepción de que España es un país difícilmente gobernable.

Todos los partidos políticos y a todos los niveles de administración política, en mayor o menor grado, siguen insistiendo en algo literalmente imposible: gastar lo que no tenemos ni nos van a prestar, lo que implica desatender, como sería razonable, los intereses generales de la nación.

El ya citado ensayo, La cuarta revolución, escrito por dos prestigiosos analistas —Micklethwait (director) y Wooldridge (editor) de la revista THE ECONOMIST— no puede ser más oportuno para España, aunque su alcance es obviamente global. Su tesis central es que los obesos estados occidentales, convertidos en niñeras omnipresentes, gobernados por políticos trocados en avestruces, tienen que cambiar para llegar a ser más pequeños, menos intervencionistas y más eficientes. Algo que en contra de los progresistas e incluso de prestigiosos académicos como William Baumol —la baja productividad de los servicios públicos no favorece la disminución de la dimensión del Estado—, es posible.

El argumento central que justifica la imposibilidad de sostener estados desmesurados está basado en la deuda y la demografía. Para justificar dicho argumento se refieren los autores a la tabla estadística 13 del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional titulada: “Economías desarrolladas: ilustración de las necesidades de ajuste basadas en los objetivos de deuda a largo plazo”. El objetivo de esta estadística es medir la reducción de gasto público o aumento impositivo de los gobiernos para poder reducir su deuda a niveles razonables —60% del PIB— en 2030, y las conclusiones son muy severas.

En el caso español, la situación es especialmente clara: habiendo gastado de más con deuda externa el equivalente a nuestro PIB y siendo imposible que nos presten más —porque somos una democracia fallida— en los próximos y durante muchos años el gasto público deberá ser menor que los ingresos —fundamentalmente impuestos—, para destinar siquiera sea una pequeña parte a amortizar la enorme deuda contraída.

Cabe recordar respecto a la situación económica de España que, como consecuencia de la crisis financiera que seguimos padeciendo, nuestra renta per cápita de 2009 quizás la podamos recuperar en 2017, y que, por tanto, nuestro principal desafío es el crecimiento sin desequilibrios de las cuentas públicas.

Una situación parecida —decrecimiento económico e insostenibilidad del gasto público— se dio en Suecia hace más de una década y la reacción no ha podido ser más ejemplar. La metamorfosis del Estado de Bienestar sueco estuvo basada en la aplicación a la gestión de lo público de los principios de gestión de las mejores empresas.

Según los autores de La cuarta revolución —la que ya ha hecho Suecia— el Estado occidental es ajeno a la era Google, porque:

• No externaliza sus funciones.

• No descentraliza sus decisiones.

• Cultiva la igualdad y se asciende por edad.

• Nunca hace nada por primera vez.

Las tres fuerzas que han reconvertido por completo el mundo empresarial —las nuevas tecnologías (TIC), la globalización y la capacidad de elección del consumidor— siguen siendo ignoradas por la política.

En las circunstancias descritas, o el Estado abandona sus anacrónicas prácticas y asume, como el mundo empresarial, los nuevos factores que determinan la optimización de la gestión de los recursos, o se convertirá en un artefacto cada vez más inútil para la sociedad a la que debe servir.

En una entrevista en THE ECONOMIST con el primer autor del citado libro el líder laborista inglés Blair sostenía — en 2011— que “a medida que los consumidores, y no los políticos, sean quienes toman más y más decisiones, reduciremos el tamaño del Estado”.

Como nos enseñó el prestigioso premio Nobel de economía Ronald Coase “la dimensión de los gobiernos cuando es muy grande genera productividades negativas, lo que conlleva a que cualquier función adicional que asuma hace más daño que bien”. Algo que ignoran continuamente nuestros políticos.

La “cuarta revolución” —una imperiosa necesidad para que Occidente sobreviva con éxito— implicará que el Estado:

• Deje de hacer lo que pueden hacer otros mejor (privatizaciones).

• Recorte los subsidios que pagan muchos en beneficio de pocos.

• Reforme los derechos a prestaciones: sostenibles a largo plazo y dirigidas a las personas que realmente las necesitan.

Cabe preguntarse por qué los partidos políticos españoles no comienzan a operar en la dirección descrita, en vez de seguir avanzando hacia el precipicio con ofertas de gastos públicos que desafían el sentido común de los electores y que carecen de fundamento lógico. Es perfectamente posible hacer más por menos, como se ha demostrado en el mundo empresarial, pero para eso hay que hacer las cosas bien. Y eso, a pesar del escepticismo generalizado de quienes creen que solo podemos ir a peor, es posible.

Como sucede en el mundo biológico y en el mercado, los pioneros en buscar nuevos nichos ecológicos y descubrir nuevas y mejores maneras de hacer las cosas consiguen adelantar a los demás, en este caso consiguiendo mejores beneficios sociales compartidos.

Principales frentes de actuación

El marco institucional

Financiación & funcionamiento de los partidos políticos

Puede ser que haya en España más sedes de partidos políticos que ayuntamientos: si se suman las de todos los partidos, seguramente serán muchas más. Si ya es desmesurada la cantidad —con más de 8.000 debemos ser líderes— y el consecuente coste de los ayuntamientos, la proliferación de las sedes de los partidos —también debemos ser líderes en esto— excede con creces lo que sería razonable.

Si la financiación de los partidos fuese privada, no habría ninguna objeción que hacer a sus sedes y los consecuentes costes de personal y mantenimiento, pero siendo pública es necesario replantearse la situación por dos razones de peso:

• El necesario adelgazamiento del Estado debe afectar a este injustificado despilfarro.

• Los partidos deben legitimar su función mediante la financiación privada y voluntaria de sus actividades.

La reinstauración de la democracia en España seguramente justificó una generosa financiación pública de los partidos políticos, demasiado tiempo proscritos, como agentes vertebradores de la nueva realidad política. Pero hace tiempo que somos una democracia consolidada y es hora de normalizar su funcionamiento.

Una de las consecuencias más perversas de la proliferación de sedes y el gigantismo de las estructuras de los partidos político es su asociación con la corrupción, ya que pocos casos se han visto libres de ellos. Parece razonable pensar que, cuantas menos sedes y empleados tengan los partidos, menos ocasiones habrá de caer en la tentación: menos bocas que alimentar y menos “mostradores” para hacer favores remunerados.

En EE UU, la cuna de la democracia contemporánea, los partidos políticos se movilizan y mucho en las campañas electorales mediante la colaboración voluntaria y no onerosa de militantes y simpatizantes que se disuelven y vuelven a casa cuando acaban. Las sedes de los partidos políticos entre campañas electorales son escasas, los costes de mantenimiento, muy limitados, y la corrupción casi inexistente.

Aunque no se conocen con rigor las cuentas de los partidos, todo indica que han venido dependiendo de cuatro fuentes de financiación:

• Minúsculas contribuciones de los militantes y simpatizantes.

• Muy importante y creciente financiación pública.

• Condonación habitual de sus considerables deudas bancarias.

• Ingresos procedentes de la corrupción.

Con la nueva Ley de Transparencia, según Jesús Lizcano, responsable del capítulo español de “Transparencia Internacional”, los partidos políticos han mejorado mucho en cuanto a la información pública de sus cuentas, lo que, estando bien, no es suficiente.

Una de las razones que más pesan en el descrédito de la política en España está asociada al funcionamiento de los partidos, cuya financiación debe ser profundamente reconsiderada.

Una propuesta muy bien elaborada al respecto es la que plantea Gaspar Ariño en su libro Regenerar la democracia, reconstruir el Estado, del que extraemos sus principales conclusiones:

• Si queremos que la democracia sea limpia, real y auténtica, debe considerarse alguna financiación pública, junto a la privada.

• Tanto la financiación privada como la pública deben estar reguladas.

La financiación privada tiene que ser transparente, vigilada y controlada. Las donaciones y las condonaciones de préstamos deben estar limitadas, mientras que las donaciones vinculadas a decisiones políticas se deben prohibir.

• Debe existir una financiación pública mínima y homogénea que garantice cierta igualdad básica a todos los partidos:

• Suelo común mínimo igual para todos.

• Mínimo básico de financiación para los nuevos partidos.

• Limitación a un porcentaje máximo —¿50%?— de sus ingresos.

• Exigencia de informes previos y públicos del Tribunal de Cuentas.

• La financiación pública debe estar orientada a subvencionar las campañas electorales y la privada al mantenimiento de sus actividades ordinarias.

• Hay que limitar los gastos de campañas y personal. Lo primero se logra con menos propaganda y desplazamientos y más debates en TV y radio.

• Hay que poner límites al endeudamiento mediante:

• La publicidad de todas las operaciones bancarias.

• Límite legal del endeudamiento hasta un porcentaje pequeño

• de los ingresos.

• Prohibición por ley de la condonación de deudas bancarias.

• Obligación legal de publicitar y ofrecer total transparencia de todos los gastos e ingresos que sea necesario.

• Descentralizar los ingresos y los gastos, si como es deseable los partidos se abren a la sociedad mediantes elecciones por distritos unipersonales.

• Tratamiento fiscal adecuado a las donaciones, que deben ser con un límite un gasto deducible en la base imponible del impuesto de la renta.

A las buenas razones de Gaspar Ariño, habría que añadir las siguientes consideraciones:

• La fiscalidad de las donaciones de la sociedad civil a sus asociaciones, sindicatos y partidos políticos deben tener, al menos durante un cierto tiempo, un tratamiento generoso, pues la fortaleza y vitalidad de las organizaciones que vertebran las relaciones entre los individuos y de cara al Estado son vitales para el mejor desenvolvimiento de un país.

• La transparencia de las cuentas de los partidos y la responsabilidad patrimonial y penal de sus dirigentes no puede ser menor, en ningún supuesto, que las exigidas a las empresas.

Pero, además del serio problema de la financiación de los partidos, su legitimidad representativa también está en crisis debido a su funcionamiento muy poco democrático ya que, recurriendo de nuevo a Gaspar Ariño:

• El amiguismo en la composición, tanto de los gobiernos como de los cuadros directivos del partido, está al orden del día, frente al talento y peso político de los elegidos.

• El líder disfruta de un poder omnímodo, al que se someten todos los cargos y militantes.

• No existe debate político abierto en su interior; si se quiere influir el único camino es tener acceso a “la oreja del César”.

Para “recuperar la ilusión política frente a la oligarquía invasiva de los partidos (…) es necesario que los partidos se abran a sus militantes, simpatizantes y ciudadanos en general”, aconseja Gaspar Ariño.

La regeneración democrática de los partidos políticos está muy relacionada con el sistema electoral, que también es necesario cambiar si queremos mejorar la calidad de nuestro sistema democrático.

El sistema electoral

Todos los seres vivos de la creación sobreviven y progresan con éxito en la medida en que mediante el consabido sistema de prueba y error rectifican sus modos de hacer: en la vida misma, la ciencia, el arte y, sobre todo, en la función empresarial, solo pueden sobrevivir quienes compiten en el mercado de las mejores prácticas y se adaptan a ellas en su ámbito de actuación.

¿Por qué cuesta tanto, en la política, aplicar corrientemente aquello tan obvio de “rectificar es de sabios”? Las últimas elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento nacional han puesto en crisis la gobernabilidad de las instituciones, llevando al gobierno de muchas e importantes instituciones a coaliciones de perdedores de las elecciones, o lo que es peor, a no formar gobierno; algo que es imposible que suceda en las democracias más maduras y sólidas, en las que, como es natural, gobiernan los ganadores.

Debido a la crisis de confianza de la sociedad en la política, muchos creen que puede ser bueno para España las coaliciones de gobierno pactadas entre una diversidad de fuerzas políticas y que así se enriquece la democracia. Quienes defienden esta tesis lo hacen porque creen que pactar es en sí mismo positivo, incluso si sirve para cometer disparates como gastar más de lo que se puede, algo que la realidad histórica y hasta el sentido común ponen en cuestión.

El sistema democrático occidental, gestado originalmente a finales del siglo XVII en Inglaterra, formidablemente recreado en EE UU y luego replicado en formas diversas en el resto de Occidente y más tarde en otros lugares del mundo, ha demostrado a lo largo de la historia funcionamientos y resultados dispares.

Es este también el caso de los sistemas electorales, pieza angular de la democracia. Así, hay países donde han generado un comportamiento ejemplar en cuanto a estabilidad política, crecimiento económico y prosperidad social, y otros donde han causado serias crisis políticas, inestabilidad económica, escaso crecimiento y empobrecimiento relativo.

¿Qué caracteriza a los países de mayor éxito? Normalmente tienen sistemas electorales mayoritarios, es decir, gobierna el que gana las elecciones, no siendo posible que lo haga una coalición de perdedores.

Tales sistemas suelen estar asociados a circunscripciones unipersonales que acercan los políticos a la sociedad y los alejan del mandamás del partido, lo que conlleva que lleguen a la política gentes prestigiosas por sus realizaciones personales y profesionales, lo que hace inviable la figura de los políticos profesionales de nacimiento. La persona “hace” al cargo, y no al revés.

Los sistemas mayoritarios suelen determinar escenarios políticos con dos y hasta cuatro partidos, que, recogiendo en su seno todas las grandes inquietudes políticas de la sociedad, son perfectamente representativos de ella y no necesitan extremar sus posiciones para llegar al poder y gobernar: la alternancia política —esencia misma de la democracia— se produce sencilla y naturalmente.

Siendo claramente evidente la estrecha correlación de los marcos institucionales y los resultados cosechados en materia económica, política y social, ¿por qué hemos de renunciar a discutir, al menos, lo que más convendría “políticamente” a nuestra sociedad para favorecer la máxima prosperidad económica y social del presente y del futuro? ¿Por qué España ha de seguir siendo diferente a los países de referencia en el mundo? ¿Por qué no debatir aquí también acerca de la conveniencia o no de cambiar nuestro sistema electoral?

Si echamos la vista atrás, es fácil observar los inconvenientes de nuestro sistema electoral proporcional, incluso si para muchos sus resultados han sido buenos. Los Pactos de la Moncloa, como consecuencia de la debilidad representativa del gobierno de turno —que no habría tenido lugar con un sistema electoral mayoritario— lograron, ciertamente, una paz social, pero a cambio de un rígido marco laboral —que sigue limitando nuestro crecimiento—, inflación, pérdida de competitividad, desequilibrio presupuestario, desempleo creciente y débil crecimiento económico; es decir, todo lo contrario que convenía a España.

El primer gobierno de José María Aznar solo fue posible gracias a las concesiones hechas al nacionalismo catalán con las graves consecuencias por todos conocidas, lo que no habría acontecido con un sistema mayoritario. Quizá sabedor de ello, el elector inglés dotó en las últimas elecciones a David Cameron de una mayoría suficiente para escapar de la tenaza que ya le tenía preparada el nacionalismo escocés, mayoría justamente facilitada por ese mismo sistema electoral.

La llegada del socialismo catalán al gobierno de la Generalitat fue consecuencia de pactos con partidos minoritarios extremistas y nacionalistas que sentaron las bases de un nuevo estatuto tan pactado como ajeno al Estado de Derecho. Tal situación, con diversos actores, ha continuado empeorando políticamente las cosas hasta hoy. Un sistema electoral mayoritario no habría facilitado que las muy minoritarias y extremistas posiciones políticas se hubieran impuesto a la voluntad mayoritaria.

En las penúltimas elecciones andaluzas, el partido claramente ganador no pudo gobernar, algo incomprensible en los países políticamente más civilizados. Paradójicamente, al partido ganador en las últimas andaluzas, artífice del anterior pacto, le costó mucho investir a su candidata a presidenta. ¿En cuántos países el candidato ganador de unas elecciones no gobierna? Los gobiernos municipales actuales de las principales ciudades españolas habrían sido imposibles en las democracias de más prestigio histórico.

Una relevante personalidad política española ha llegado a sostener que el sistema electoral español conlleva el Gobierno de los perdedores. El sistema electoral vigente posibilita que un partido muy minoritario —incluso antisistema— pueda imponer sus políticas para apoyar la formación de gobiernos.

Habrá que ver qué solución final —todas parecen malas— adopta la formación de Gobierno, después de las últimas elecciones el 20 de diciembre, que, con un sistema mayoritario o segunda vuelta habrían permitido una sólida continuidad institucional.

España no puede seguir siendo diferente de los países de referencia en materia de representación política. EE UU, Reino Unido, Francia y Alemania son los ejemplos a imitar —quizás una mezcla de ellos—, y la pretérita Italia —ahora está cambiando para bien— y nosotros mismos, los ejemplos a evitar.

En la perpleja España de nuestros días, que necesita toda una amplia y profunda regeneración política, las circunscripciones unipersonales de un sistema mayoritario puro obligarían a los partidos a seleccionar sus candidatos con criterios opuestos a los de ahora, que posibilitan la inclusión en las listas cerradas de individuos a quienes solo se les exige una condición sine qua non: la fidelidad al líder aun a costa del mismo interés general. ¿Cuántos diputados de las Cortes actuales valdrían para presentarse como candidatos en solitario en una circunscripción? ¿Cuántos estarían a la altura para ganarse el escaño a pulso, a pie de calle, a pecho descubierto, sin el cómodo abrigo de la lista cerrada y bloqueada respaldada por un partido de hierro? ¿Un 10%, un 20%?

Llegados a este punto, la inaplazable regeneración democrática de España pasa necesariamente por un sistema electoral caracterizado, básicamente por los siguientes principios:

• Pautas mayoritarias, que pongan más énfasis en la necesidad de facilitar gobiernos estables que en sobrerepresentar a fuerzas de escaso respaldo.

• Circunscripciones uninominales de reducido tamaño, que propicien la elección de un solo candidato sobre los demás, es decir, que agrupen a números relativamente bajos de electores, a fin de favorecer una relación muy próxima entre representante y representado: se trata de “ponerle la cara al diputado”, a diferencia de optar, como hacemos hoy, por “lentejas”. Esto hace posible exigir personalmente cuentas al elegido, sea o no el del partido al que el elector haya votado (y más aún en este segundo caso).

• Algún criterio de corrección del modelo mayoritario puro británico, que, al fin y al cabo, resulta excesivamente injusto con terceras y cuartas opciones: uno de ellos podría ser la doble vuelta (o ballotage) a la francesa, entre las dos candidaturas más votadas en cada circunscripción, que permite un realineamiento de fuerzas en distritos con varias opciones igualadas. Otro, alternativo al anterior, la reserva de un determinado número de escaños para distribución a escala nacional con arreglo a listas de partidos y criterios proporcionales: es el modelo alemán, que equilibra así las pautas mayoritarias aplicadas a escala de circunscripción local, que se adapta dinámicamente a los cambios poblacionales.

• Otro tanto, mutatis mutandis, debiera hacerse en el plano autonómico. E incluso en el local, al menos en lo que a las grandes y medianas ciudades se refiere (mínimo 25.000 habitantes), quedando residualmente un sistema de listas para localidades de tamaño inferior.

Qué duda cabe que un sistema como el aquí propuesto conseguiría —además de evitar los pactos entre perdedores para dejar sin Gobierno al ganador— estrechar la relación entre los representantes y los electores, y, de paso, reforzar la democracia, que el elector podría ejercer de forma continuada valorando a sus candidatos a lo largo del tiempo y no solo una vez cada cuatro años.

Las administraciones públicas: adelgazamiento & redistribución de competencias

La evolución del Estado ha pasado hasta ahora por tres fases según sostienen John Micklethwait y Adrian Wooldridge en su citada La cuarta revolución.

Para los autores, la primera revolución aconteció cuando los príncipes de Europa construyeron estados centralizados. Hobbes decidió llamar al Estado, al que consideraba como la única respuesta a la maldad, la brutalidad y la brevedad de la vida humana, con el nombre de un monstruo bíblico: Leviatán. Estos estados-nación se convirtieron en democracias liberales que consiguieron que Occidente dejara atrás las otras regiones del planeta.

La segunda revolución, asociada a las revoluciones americana y francesa, dio lugar al Estado moderno cuyo nacimiento se glosó al tratar del actual desorden territorial español. El modelo de Estado que propusieron filósofos políticos como John Stuart Mill debía reducir su presencia y garantizar simplemente la seguridad de sus ciudadanos y otras funciones básicas, haciendo hincapié en la eficiencia y la libertad.

En la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo comenzó a cuestionarse sus principios sobre la pequeñez del Estado. ¿De qué sirve la libertad de un trabajador que no tiene acceso a la educación ni derecho al cuidado de su salud? La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos entró a formar parte del contrato con Leviatán, dando lugar a la tercera gran revolución: la invención del moderno Estado de Bienestar.

Pero el Estado de Bienestar, al cabo de los años, ha entrado en crisis tanto en Occidente como en el mundo emergente. Los países emergentes necesitan reformas para seguir avanzando y Occidente tiene que cambiar porque se encamina a la quiebra. La deuda y la demografía obligan a los estados occidentales a cambiar, unos más que otros en función de sus deudas y pirámide poblacional.

Siendo imposible pagar las deudas pendientes y sostener el actual Estado de Bienestar, no hay más remedio que empequeñecerlo y hacerlo más eficiente. Aunque haya académicos muy solventes como William Baumol que sostiene que es imposible reducir el tamaño del Estado ya que se concentra en las zonas de trabajo intensivo, como la atención sanitaria y la educación, donde es difícil aumentar la productividad, las tecnologías de la información y la comunicación —TIC— pueden y deben cambiar el curso de la historia.

La cuarta revolución, la del adelgazamiento fiscal del Estado y la mejora de su eficiencia, no es un quimera porque ya ha sucedido en Suecia: de ser el cuarto país más rico del mundo en los años setenta del pasado siglo, cayó al 14º lugar en 1990 y hoy, gracias a sus reformas —ampliamente glosadas en un próximo capítulo — “El Estado de Bienestar: la crisis del modelo” — ha podido regresar al quinto lugar.

Una de las razones que dificultan el adelgazamiento del Estado tiene que ver con la recaudación centralizada de impuestos y el gasto municipal y regional de los mismos. Además, hay que tomar muy en serio La lógica de la acción colectiva, título de un libro de Mancur Olson —que, escrito en 1965, está ahora de moda—, en el que descubrió el enorme poder de grupos pequeños de interés muy bien organizados en forma de lobbies para apropiarse de recursos del Estado a costa del resto de los ciudadanos. La lógica de esta acción colectiva consiste en que los pocos se benefician muchísimo a costa de los muchos, que costean un poco cada uno a aquellos. Los primeros tienen grandes incentivos en conseguir sus objetivos, mientras que los demás perjudicados tienen muchas dificultades y limitados incentivos económicos individuales para evitar las acciones “extractivas”.

¿Tiene sentido que España siga teniendo más de 8.000 ayuntamientos con sus respectivos aparatos burocráticos y más de 50 diputaciones provinciales?

Los países escandinavos están demostrando que es posible contener el Estado al tiempo que se mejora su rendimiento invirtiendo el antiguo modelo: en lugar de extender el Estado sobre el mercado, están ampliando el mercado dentro del Estado. Estos países fueron los primeros que, al exagerar sus “estados de bienestar”, antes se quedaron sin dinero y, por tanto, los primeros que escaparon de la “enfermedad de Baumol”, domesticando su Leviatán, reconsiderando el papel del Estado y utilizando las nuevas tecnologías para mejorar su eficiencia.

La salud democrática de Occidente, según los autores de La cuarta revolución, presenta tres frentes críticos:

• El crecimiento del Estado reduce gradualmente la libertad.

• Los grupos de presión se ven favorecidos por un Estado en expansión.

• El Estado hace promesas que no puede cumplir.

En España, al peso de la deuda y el envejecimiento de la población que ya se han glosado, se le añade un desorden territorial que es preciso reconducir: el adelgazamiento del Estado y la redistribución de sus funciones, “la cuarta revolución” española, es incuestionablemente imperativa. Si nuestro país ha sido capaz de desenvolverse con éxito en el actual Estado Democrático de Derecho, que constituye la tercera revolución que se acaba de glosar, no hay razón que pueda impedir la salvación de nuestros mejores logros sociales si somos capaces de evolucionar hacia el siguiente estadio histórico del Estado.

Para comenzar sería muy útil conocer a fondo y reproducir aquí las mejores prácticas que los países nórdicos y algunos asiáticos como Singapur y Corea del Sur están poniendo en práctica con buenos resultados.´

La Justicia

La Justicia española padece un descrédito —a veces exagerado— mediático, no obstante el abnegado y profesional trabajo de muchos jueces, magistrados y fiscales, que es necesario reponer cuanto antes, ya que es un pilar esencial de la calidad institucional de nuestro país. A esta visión político-social, hay que añadir una reflexión adicional acerca de cómo la justicia afecta al crecimiento económico y, por tanto, a la prosperidad social de nuestro país, algo incuestionable para las élites del mundo desarrollado. Gaspar Ariño suele repetir: “Países ricos, grandes jueces”.

El buen funcionamiento de la justicia no es, por tanto, un asunto meramente político, sino que tiene una estrecha relación con nuestra economía del presente y del futuro. En los rankings internacionales al efecto, la posición española suele ser mala, lo que afecta y mucho a nuestra reputación como país receptor de inversiones extranjeras y, por supuesto, al quehacer de las empresas españolas.

Las críticas más típicas y certeras que se hacen de la justicia española tienen que ver con:

• la politización de los jueces,

• la lentitud con la que opera,

• la superjudicialización de los litigios,

• la filtración mediática de los procesos y

• las “puertas giratorias”

La primera e imperativa reforma de la justicia debe consistir en devolverle la independencia que le otorgó la Constitución de 1978 y que fue suspendida por la ley orgánica 6/1985, que, además de acabar con ella, otorgó a los jueces “tal punto de lenidad que cualquier comportamiento judicial está admitido”, por lo que “no es falta leve, ni grave, ni muy grave que un magistrado reclame públicamente la independencia de una comunidad autónoma y redacte una Constitución para el nuevo Estado”, ha escrito Ramón Parada.

Para garantizar la independencia judicial, lo primero que habría que hacer es reglar la carrera judicial para dejarla al margen de la discrecionalidad —política o no— e inspirarla en principios tan sólidos y de probado buen funcionamiento como:

• Ingreso en la carrera exclusivamente por oposición.

• Potenciación de la Escuela Judicial como centro de formación.

• Carrera basada en la antigüedad y la evaluación del desempeño profesional.

• Rígido sistema de incompatibilidades.

• Potestad administrativa —unidad de mando— de los jueces sobre las oficinas judiciales.

• Estricta prohibición de las “puertas giratorias” que permiten pasar de la judicatura a la política y viceversa, a gusto del interesado.

Estos principios básicos llevan muchísimo tiempo aplicándose con éxito —particularmente en España— en el ámbito militar, ¿por qué no aplicarlos a la Justicia? Con la salvedad de la “obediencia debida” asociada a la jerarquía militar, muchos de los principios de la carrera militar podrían valer para la judicial: una carrera que hasta su cumbre se guía por criterios estrictamente profesionales, donde las puertas giratorias no existen, las misiones se ejecutan sin excusas y con pulcritud y goza del máximo reconocimiento y prestigio social. En tales circunstancias los “jueces estrella” dejarían de existir.

Ningún juez podría, por tanto, “ser seducido en su carrera con ascensos o destino a cargos que no le correspondan por su puesto en el escalafón” sostiene Ramón Parada; algo que ya se daba en nuestra legislación decimonónica según “la regla de que los jueces solo lo serán por oposición” en una carrera con “categorías profesionales y ascensos reglados, básicamente por antigüedad”.

En cuanto al problema de la lentitud de los procesos judiciales, se suele justificar por la necesidad de aplicar el rigor y las mayores garantías a los procesos, lo que conlleva necesariamente tiempo y se piensa en arreglarlo con más medios materiales y humanos. Siendo muy importante evitar que una justicia acelerada carezca de rigor y seriedad, no deja de ser una excusa de la judicatura si comparamos esta cuestión con otros escenarios profesionales.

Quién esto escribe comenzó su carrera profesional como ingeniero en Standard Eléctrica —llamada la “Ford de la Telecomunicaciones” y líder mundial por sus buenas prácticas profesionales—, con la responsabilidad de diseñar complejas centrales de conmutación —verdaderos ordenadores del tráfico telefónico—, dentro de un equipo de trabajo y unas prácticas profesionales exquisitas.

Diseñar una nueva central no era una tarea menos compleja que la inmensa mayoría de procesos judiciales y, sin embargo, era —y sigue siendo así en cualquier industria— impensable que el tiempo utilizado para acabar el diseño fuera ilimitado, ni incierto, ni que yo —ni nadie, claro— pudiera fijarlo a su antojo. Según la complejidad de cada tarea, mi jefe —un excelente y reputado profesional ascendido por méritos— me establecía el tiempo para culminar el encargo y en el transcurso del trabajo teníamos tantas reuniones como hacían falta para que me ayudara a sortear los problemas que encontraba en el camino. En algunos casos —algo poco frecuente—, ante la aparición de problemas imprevistos se aplazaba el encargo —no demasiado tiempo— y me prestaban ayuda otros ingenieros.

En el ámbito industrial, desde el automóvil a la aeronáutica, pasando por el petróleo, las nuevas tecnologías, etc., las tareas desarrolladas son tan complejas o más que en la judicatura y todas se planifican y desarrollan para que tengan fin en un tiempo razonable y asumible. Y no digamos en medicina, arquitectura, ingeniería y otras muchas carreras profesionales en las que causaría asombro terminar sin plazo los compromisos profesionales. Ni que decir tiene que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación —las populares TIC—, además de estar integradas por completo en todos los procesos industriales, los mejoran en cuanto a su eficiencia temporal.

Si en la carrera judicial, la militar puede ser el ejemplo a seguir, en la gestión de los procesos judiciales imitar —con la pertinente adaptación— las buenas prácticas industriales sería una realista y muy alcanzable solución.

Una justicia independiente y razonablemente rápida mejorarían extraordinariamente nuestra calidad institucional y, con ello, las bases de nuestro progreso económico y social, amén de hacernos sentir orgullosos de una institución crucial para la organización y funcionamiento de nuestro orden social.

Según el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la Justicia española está saturada de asuntos que no debieran ocuparla, hasta el punto de tener más litigios por juez que en los demás países de la UE. 800.000 juicios de faltas —un 25% del total— podrían salir de nuestro sistema procesal penal para ser resueltos en otras instancias mediante sentencias de conformidad. Adicionalmente, sostenía en su artículo La inevitable reforma de la Administración de Justicia, que la mejora de la justicia no depende de disponer de más medios —sobre todo informáticos—, sino de utilizarlos mejor, incluida una gestión más centralizada y, por tanto, eficiente de los recursos hoy dispersos innecesariamente en las autonomías.

Entre las singularidades de nuestra justicia cabe señalar dos que deberían desaparecer. Por una parte, la reiterada ignorancia de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo por las demás instancias judiciales, algo realmente insólito en el mundo occidental según el ex Fiscal General del Estado y, por otra, la judicialización de las relaciones laborales, una institución anacrónica carente de vigencia en casi todos los países del mundo, que perjudica seriamente el desempeño de la función empresarial y, por tanto, la creación de riqueza.

Llama la atención, finalmente, que la frecuente y vergonzosa filtración de expedientes judiciales, con el consiguiente e irreversible daño moral a la fama y honor de personas pendientes de juicio, pueda continuar sin que se conozca investigación alguna —si es que existen— que haya concluido con el correspondiente castigo de los culpables. Es perentorio investigarlas y sancionar debidamente a los responsables directos de mantener el secreto de los sumarios.

Cualquier reforma de nuestro sistema judicial debiera incluir, si no la eliminación, sí una severa restricción de la política de indultos que a posteriori enmiendan con criterios políticos las sentencias judiciales, todo un cuestionamiento de la justicia que no puede seguir como está. Según la página web www.elindultometro.es, en el periodo 1996-2014 hubo más de 10.000 indultos en España, muchos de ellos a políticos corruptos.

También deben ser reconsiderados por completo los aforamientos de los cargos públicos, de acuerdo con el incuestionable argumento de Michael Huemer, que se citó anteriormente: “El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas”.

Siendo la Justicia un pilar fundamental del Estado de Derecho y una institución tan crítica para el buen funcionamiento de la economía y el orden social, la resolución de sus graves problemas por lo que acabamos de ver no sería demasiado difícil de afrontar y resolver ni presenta dificultades de naturaleza política insuperables: ¿a qué esperar para ponerse manos en la obra?

La política económica

Política, economía & sociedad civil

Desde una perspectiva histórica, los principales logros materiales de la humanidad después de que esta se emancipara de las fuerzas de la naturaleza y los individuos alcanzaran su identidad civil independiente de los primigenios estados, dando lugar a las sociedades modernas, podrían sintetizarse así:

• crecimiento de la población,

• aumento de la esperanza de vida,

• disminución de la mortandad infantil,

• mejora constante de la salud,

• acceso casi universal a la educación,

• aumento de la riqueza personal y

• disminución de la pobreza.

Tales logros no se desarrollaron de manera lineal a lo largo de la historia; comenzaron a ser posibles y extenderse a capas de población cada vez más amplias gracias a las revoluciones tecnológicas acontecidas —cinco, hasta ahora— y los marcos institucionales que las posibilitaron, desde principios del siglo XIX hasta hoy.

¿Qué ha aportado la política a la consecución de tan nobles empeños? Mucho, como pone de manifiesto lo sucedido el último cuarto de siglo. Más allá de la gran crisis financiera y económica que una buena parte —no todos— de países han padecido en los últimos años, los avances experimentados en las variables consideradas anteriormente han batido todos los records históricos.

¿Qué causas han podido facilitar tan extraordinarios efectos sobre la economía y el bienestar de la sociedad? Sin duda el final de la “guerra fría”, simbolizado por la caída del muro de Berlín y la consecuente generalización de marcos institucionales favorables a la libertad económica, que arrinconaron a la marginalidad a aquellas sociedades que siguieron practicando el llamado “socialismo real” o los nuevos experimentos populistas y nacionalistas al uso.

La generalizada desaparición de fronteras económicas ha posibilitado que una ingente cantidad de personas hayan abandonado la pobreza extrema para integrarse en un círculo virtuoso de prosperidad que puede y debe seguir ampliándose.

El triunfo de la economía de mercado ha resultado especialmente evidente en países como China y Vietnam —con sus peculiaridades culturales—, mientras que la aplicación de los principios del llamado “Consenso de Washington” en Iberoamérica y muchos otros países explican los enormes avances conseguidos allá donde mejor se cumplieron:

• Disciplina fiscal.

• Redirección del gasto público: no subsidios indiscriminados, sí en educación, salud e infraestructuras.

• Reforma fiscal: tipos bajos y aplicación general.

• Tipos de interés moderados pero positivos.

• Tasa de cambio competitiva.

• Liberalización del comercio.

• Liberalización de la inversión directa extranjera.

• Desregulación: libre mercado y competencia.

• Privatización de las empresas públicas.

• Derechos de propiedad protegidos.

Por todo ello, resulta particularmente chocante y hasta alarmante que en Europa estén surgiendo movimientos políticos populistas —caso de Grecia y España— que plantean programas opuestos a las políticas que han posibilitado la evolución de nuestras sociedades hasta los elevados niveles de desarrollo que hemos alcanzado, y que en algunos países iberoamericanos duden de seguir aplicando tan acreditadas recetas, ya que no existe paradigma alternativo posible a la libertad de mercado para poder seguir avanzando por el fecundo camino recorrido.

Llegados a este punto es necesario preguntarse —para no confundirnos— por la finalidad económica de la política, que no puede ser otra que maximizar el crecimiento económico, porque solo a partir de él es posible extender el bienestar social. Tal crecimiento debe ser necesariamente sano y, por tanto, sostenible en el tiempo, para poder seguir disfrutando un confortable Estado del Bienestar.

Sostiene a tales efectos Michael Spence, premio Nobel de Economía en 2001, en su The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World, que el éxito económico de un país depende de que:

• El Gobierno se tome en serio el crecimiento.

• El Gobierno actúe a favor de la mayoría (no a favor de sí mismo ni de los lobbies y minorías extractivas).

• El Gobierno sea competente y eficiente para sostener el crecimiento a largo plazo.

• La libertad económica esté legalmente soportada.

Vencido históricamente el comunismo que frenó, si no imposibilitó, el crecimiento económico allá donde estuvo implantado, y comprobados los efectos contraproducentes de los excesos de la intervención estatal en los procesos económicos, el próximo y muy presente desafío político no puede ser otro que la reducción del tamaño del Estado, tanto económico como regulatorio, con la finalidad de impulsar el máximo crecimiento económico posible.

Recordaba recientemente el profesor Pedro Fraile una perspicaz frase de Alfred Marshall: “Mediante la coacción, el Estado es capaz de prohibir o forzar la publicación, si así lo desea, de las obras completas de Shakespeare, pero es incapaz de escribir ni uno solo de sus versos”.

Si la creación de riqueza debe ser el eje de la política, es tan lógico como empíricamente evidente que la función del Estado —“incapaz de escribir versos”— no puede ser otra que facilitar que los “poetas de la economía”, es decir, los empresarios, puedan ejercer su función de la mejor manera posible, que no es otra que la que se lleva a cabo con el menor número de coacciones legales.

La excesiva dimensión del Estado exige una ingente aplicación de recursos que serían mucho más útiles y eficientes socialmente en manos privadas. La proliferación normativa, por otra parte, restringe la creatividad empresarial limitando, en consecuencia, el crecimiento económico. Adicionalmente, tanto el gasto público como las regulaciones de las administraciones públicas son evidentes fuentes de corrupción —como bien demostrado está hoy en España— y, por tanto, de degeneración del orden moral de la política y la sociedad.

Por todo lo dicho, que es empíricamente contrastable, es cada vez más evidente la necesidad de que la sociedad civil empresarial pueda desarrollar todo su talento y creatividad en pos del mayor crecimiento económico posible, que hoy se ve constreñido, entre otras coacciones legales, por:

• Una fiscalidad —costes de la Seguridad Social e Impuesto de Sociedades— excesiva y claramente superior a la de los países de nuestro entorno.

• Una proliferación normativa —la más alta, con diferencia, de la UE— y una fragmentación del mercado que limitan severamente la función empresarial.

• Una protección de minoritarios, aunque muy poderosos, intereses particulares que restringen nuestra competitividad.

Estos y otros enemigos de la sociedad civil abierta, creativa, innovadora, eficiente y competitiva son los responsables de que nuestro país no explote todas sus enormes posibilidades de crecimiento y consecuente bienestar social que podemos y debemos merecer.

Como en los últimos tiempos las llamadas políticas industriales y las subvenciones públicas a determinados sectores de la economía han venido estando de moda, bien está recordar que las últimas las pagamos todos para beneficiar a unos pocos y que las políticas sectoriales cada vez están más desacreditadas.

El profesor de Harvard Dani Rodrik, en One Economics Many Recipes, señala que en una economía globalizada la única política industrial posible debe estar basada en los siguientes principios:

• Los incentivos deben ser dirigidos sólo a nuevas actividades, para diversificar la economía y generar nuevas áreas de ventajas competitivas.

• Deben establecerse criterios claros de evaluación —de alcance internacional— de los éxitos y los fallos.

• Deben existir cláusulas automáticas de caducidad de los incentivos al cabo del tiempo.

• El soporte público debe orientarse a actividades, no sectores.

• Las actividades subvencionadas deben tener un claro potencial de suministrar economías externas y efectos demostración.

• Las instituciones públicas responsables de estas políticas deben tener suficiente capacitación profesional.

• Debe existir una supervisión que evite la captura de las instituciones por los intereses privados.

• La comunicación de las instituciones, no obstante su autonomía y aislamiento, con el sector privado debe ser franca y frecuente.

• Deben vigilarse los errores, no para evitarlos, sino para minimizar su coste.

• Las actividades necesitan renovarse por sí mismas, para que el nuevo ciclo de descubrimientos entre en juego.

Es evidente que la política industrial española está muy alejada de estos mandamientos, en cuya dirección debería orientarse cuanto antes mejor.

Perspectivas de la economía española

El recorrido histórico de la economía española durante el último medio siglo ha sido globalmente ejemplar, hasta que resultó interrumpido por la crisis que todavía asola nuestro país.

Nuestra crisis, aun formando parte de otra de alcance más general derivada de un desorbitado crecimiento del crédito —auspiciado por las autoridades monetarias de la UE y EE UU—, que conllevó a tipos de interés negativos y, en consecuencia, a inversiones sin sentido económico, tiene características propias derivadas de la estructura de nuestra economía y una pésima gestión macroeconómica.

La singularidad de la crisis española estriba en el crecimiento descomunal del gasto público y, al mismo tiempo, de la deuda exterior como consecuencia de la falta de ahorro nacional y un enorme déficit comercial. Otros países tienen un gasto público mayor que el nuestro; pero, al ser más ahorradores y no presentar déficit exterior, son mucho menos dependientes de los mercados financieros internacionales.

Nuestra dependencia financiera exterior obliga necesariamente a cumplir con los requerimientos de nuestros acreedores, que para renovar sus créditos exigen, naturalmente, un comportamiento ejemplar basado en dos premisas: reducción del déficit público y crecimiento económico.

La reducción del déficit, vía mayores impuestos y menores gastos, hace más creíble la posibilidad de devolver nuestras deudas. El crecimiento económico, por su parte, es el único mecanismo fiable a largo plazo para disponer de suficientes recursos con los que saldar los créditos recibidos.

La condicionalidad que imponen los mercados, pese a que a muchos no les guste, además de ser requisito necesario para poder seguir respirando financieramente, es estrictamente conveniente para la buena marcha de la economía española.

Llegados a este punto, es obligado preguntarse acerca del cumplimiento de nuestros deberes y las perspectivas de recuperación de la maltrecha economía.

El Gobierno de Rajoy, a diferencia del anterior, sentó las bases de la recuperación con medidas, que aun siendo menos profundas y adecuadas a las circunstancias de lo que debieran, estuvieron bien orientadas y lograron muy buenos resultados en materia de crecimiento y empleo.

La disminución del déficit público está resultando un éxito, incluso si no cumpliéramos literalmente con el objetivo que nos marcó la UE, algo muy difícil de conseguir en presencia de una profunda recesión económica y que está siendo muy reconocido por “los mercados”. Sin embargo, tal reducción se está basando en una excepcional subida de los impuestos que lastra el crecimiento económico, en vez de en una cada vez más necesaria reducción del gasto público.

La reforma laboral acometida, aun siendo muy parcial, ha estado muy bien orientada y ya está ofreciendo resultados de largo alcance relacionados con la flexibilidad adaptativa de las empresas a las circunstancias de los mercados. De hecho se ha producido una devaluación de nuestros costes laborales y, por tanto, una creciente mejora de nuestra competitividad relativa.

Uno de los rasgos positivos más elocuente de la reciente evolución de nuestra economía es la desaparición del déficit exterior por cuenta corriente, lo que implica una menor dependencia financiera y mejores perspectivas de crecimiento.

Aun tardíamente, el saneamiento del sistema financiero se ha llevado a cabo, lo que ha abierto la puerta al regreso del crédito a la actividad empresarial, algo imprescindible para reactivar la economía.

Hasta aquí el análisis de la realidad actual. ¿Qué cabe esperar en un futuro próximo? La respuesta es bien sencilla: España puede disfrutar de un excelente futuro si hace sus deberes, o entrar en un largo y languideciente periodo si contemporiza con ellos.

Los deberes principales cabe dividirlos en dos categorías: ajustes del gasto público, para reducirlo a niveles que faciliten el crecimiento a largo plazo de la economía, y reformas estructurales, es decir institucionales, que faciliten la actividad empresarial y, por tanto, la creación de riqueza y empleo.

En cuanto al gasto público, es imprescindible afrontar: las pensiones, la sanidad y el desempleo. Sin resolver los tres frentes, será muy difícil normalizar la financiación de la economía.

Las reformas estructurales deben estar orientadas en dos direcciones básicas: liberalización de mercados y cambios institucionales que permitan que la economía funcione mejor y el prestigio institucional de España alcance el máximo nivel.

Para afrontar la reforma del gasto público basta seguir el ejemplo sueco, que, como ya hemos visto, habiendo padecido una grave crisis financiera y de viabilidad de su Estado de Bienestar, la ha resuelto ejemplarmente: un exceso de Estado colapsó su economía, que ha vuelto a funcionar muy bien en la medida en que su deuda pública ha regresado a un nivel prudente (menos de la mitad del español).

La viabilidad de las pensiones, como se verá más delante, solo es posible si los derechos son equivalentes a las contribuciones previas, lo que viene a resolver el sistema de capitalización y no el de reparto hoy en vigor. Por supuesto que hay que revisar el absurdo dogma de la jubilación a los 65 años o incluso a los 67, que cuando se implantó era una edad superior a la esperanza media de vida y ahora se sitúa muy por debajo.

España, como ya se ha expuesto, dispone de uno de los mejores sistemas de salud del mundo en términos de coste-eficacia; pero, para preservarlo, son necesarias reformas que permitan financiarlo en el futuro, lo que exige tanto el copago —para reducir la demanda de servicios—, como la privatización de la gestión para hacerla menos costosa y por tanto más eficiente.

El sistema de protección del desempleo en España es uno de los más generosos del mundo y apenas propiciador de nuevos empleos; su reforma es urgente, tanto para ahorrar gasto público, como para incentivar la búsqueda de empleo.

Las reformas estructurales que necesita España deben servir para liberar todas las energías necesarias con el fin de propiciar el máximo crecimiento económico, que es absurdo pensar pueda ser impulsado por el Estado y su gasto público, sino justamente lo contrario: por la empresa privada, que tiene más posibilidades de expansión conforme menor sea el tamaño de aquel.

En España tanto las empresas como las familias se han “apretado el cinturón”, mientras que el mastodóntico Estado sigue creciendo sin parar. Los ayuntamientos, CC AA y el Estado deben reducir su dimensión y, por tanto, sus funciones, así como redistribuir sus competencias, amén de acotar sustancialmente sus gastos y muy particularmente sus despilfarros que abundan por doquier.

Los mercados deben ser liberalizados y en particular radicalmente suprimidas las regulaciones autonómicas —la reciente Ley 20/2013 sobre la unidad de mercado parece querer resolver, al menos parcialmente, el problema— que atenten la libre actividad empresarial y fraccionen el mercado.

Las condiciones de pago deben normalizarse, tanto en el ámbito público como privado: la morosidad debe ser severamente perseguida —la pública con atribución de responsabilidad personal-penal a los políticos que la ocasionen— y los plazos de pago acortados al nivel de los países serios —no más de sesenta días en ningún caso—. Es asombroso que las PYME españolas estén financiando a las grandes empresas con plazos de pago típicamente superiores a los seis meses, algo desconocido en el mundo civilizado.

En materia fiscal los cambios deben ser profundos para competir con los países de la UE. Es incongruente pretender que la economía se recupere mientras soporta una de las mayores presiones fiscales empresariales del mundo, mientras castiga el ahorro —que tanto necesitamos—, en vez de aumentar los impuestos al consumo y por supuesto reducir el gasto.

El cumplimiento de los contratos, cuya garantía es obligación del Estado, resulta en España un albur en manos de una justicia ineficaz. Cuando no es lentísima, adopta decisiones tercermundistas, como la reciente absolución de un robo con violencia de un supermercado en Andalucía. Afortunadamente, la seguridad jurídica preventiva gestionada por notarías y registros en los ámbitos de la propiedad inmobiliaria, societario e hipotecario es excelente además de barata, lo que hace innecesaria —como en otros países— la intervención judicial.

Como ya se ha dicho anteriormente, está unánimemente asumida hoy en el mundo académico la tesis que relaciona el crecimiento económico con la calidad institucional; es decir, con las reglas que regulan el funcionamiento de la economía y su cumplimiento. España, que llegó a ocupar posiciones muy distinguidas en todos los rankings del mundo, anda en los últimos tiempos cada vez mas desacreditada, sin que parezca preocupar seriamente a una clase política que cada vez contribuye más a nuestro deterioro institucional.

La necesidad de crecer hacia fuera

Frente a la globalización de la economía mundial y la imposibilidad —al menos a corto y medio plazo— de que la inversión y el consumo interiores empujen suficientemente el crecimiento económico, es preceptivo impulsar el crecimiento exterior. Si durante nuestra última expansión, desde 1996 a 2007, España creció “hacia dentro” generando una enorme deuda externa, ahora toca crecer “hacia fuera”, mejorando nuestra competitividad y exportando más, sobre todo productos y servicios innovadores de alto valor añadido.

Las administraciones públicas, las empresas y las familias españolas están sobreendeudadas con el exterior, lo que implica una gran dependencia de los mercados financieros internacionales, que tienden a fiarse de nuestro país en función de la capacidad potencial de devolución de nuestras deudas, lo que está directamente relacionado con nuestras perspectivas de crecimiento económico y consolidación de una balanza comercial positiva por cuenta corriente con el exterior.

De los tres factores principales que soportan el crecimiento —inversión, consumo y exportación—, solo el tercero presenta perspectivas —y realidades— francamente positivas. A corto y medio plazo, la inversión difícilmente —por razones financieras— podrá recuperar un nivel impulsor del PIB; mientras que el consumo, en tanto mantengamos el nivel actual de desempleo, tampoco podrá ayudar demasiado al crecimiento económico. Solo nos queda, por tanto, la exportación y la sustitución de las importaciones como mecanismos de propulsión del crecimiento de nuestra economía y del empleo.

Nuestro sector exterior cobra en este tiempo un protagonismo excepcional: no solo debe contribuir al crecimiento de nuestra economía, sino generar además un saldo comercial positivo de carácter estructural, es decir, sostenible en el tiempo, para poder reducir nuestro endeudamiento exterior.

La pertenencia al euro —convertido en una especie de neopatrón oro— implica que la política monetaria depende de otros —especialmente de Alemania—, lo que excluye las llamadas “devaluaciones competitivas” como impulso artificial de la exportación. Esta rigidez monetaria, lejos de implicar una restricción, representa una gran oportunidad de transformación de nuestro tejido empresarial, que debe mejorar su competitividad con la ayuda de reformas estructurales, algo que, afortunadamente, ya está sucediendo.

Los datos de los últimos años ponen de manifiesto que España está muy bien encaminada hacia el exterior. Las ganancias de productividad operadas en la economía española, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo por la política del Gobierno, han consolidado el milagro de eliminar un déficit comercial por cuenta corriente insostenible —financieramente— próximo al 10% del PIB en un plazo muy corto.

El superávit comercial —sin contar el petróleo— que estamos comenzando a disfrutar está soportado por un extraordinario crecimiento de las exportaciones; pero, también, por la reducción de las importaciones, debido no solo a la debilidad de la demanda interna, sino a su sustitución por la producción nacional.

Siendo manifiestamente positivo este cambio de ciclo del sector exterior de la economía española, el principal desafío que ahora debemos abordar es su sostenimiento e incluso mejora hacia el futuro.

Los datos históricos de la economía española ponen de relieve una fatal circunstancia: cuando la economía crece también lo hace el déficit comercial. Si el futuro fuera ergódico —es decir, dependiera del pasado—, estaríamos enfrentados a un problema muy serio: un nuevo déficit comercial cada vez más difícil de financiar, que a su vez estrangularía el crecimiento venidero.

Llegados a este punto, resulta evidente la necesidad de hacer sostenible a largo plazo nuestro superávit comercial: único modo de poder devolver nuestro endeudamiento exterior y garantizar el crecimiento económico. Estamos, por tanto, necesariamente abocados a una metamorfosis de nuestra economía que debe transmutar su quehacer cada vez más hacia el exterior para resolver un desafío histórico de carácter estructural: conciliar el crecimiento económico con el superávit comercial en presencia de un rígido marco monetario que excluye las devaluaciones.

La historia de los hechos económicos no puede ser más contundente al respecto: los países que han recurrido a las devaluaciones para mejorar su competitividad exterior han terminado siendo cada vez menos competitivos y, por tanto, debilitaron su crecimiento, mientras que los que basaron su competitividad en la eficiencia y la innovación mejoraron su balanza comercial y nivel de renta, mientras revaluaban sus monedas.

La pertenencia al euro, lejos de significar una limitación a nuestro crecimiento futuro, es una oportunidad de transformación de nuestra economía que no podemos desaprovechar. De hecho, como ya se apuntó en el capítulo “Una economía crecientemente abierta al exterior”, la exportación española se ha comportado desde entonces muy bien.

Las empresas españolas han respondido siempre muy bien a las reformas estructurales cuando han estado adecuadamente orientadas y los resultados, tanto ahora como en el pasado, siempre han sido muy positivos.

Por otra parte, como muy bien señala Rafael Myro en su España en la economía global: “Un crecimiento más basado en exportaciones ofrece muchas ventajas, no solo la de su sostenibilidad a ritmos elevados, sino también la de incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas. Es pues uno de los centros del cambio en el modelo productivo que la sociedad española reclama”

No hay excusa posible para llevar a cabo los cambios institucionales —que la doctrina económica, incontestablemente, asume consustanciales con el crecimiento económico— que determinen el sostenimiento a largo plazo de nuestra competitividad exterior.

Es imperativo, para poder seguir avanzando por la senda de la recuperación y sostenibilidad de nuestro crecimiento económico, abordar cuanto antes las nuevas reformas estructurales que se han descrito anteriormente.

Búscate la vida ¡emprende!

La crisis económica —desempleo y escaso crecimiento— y financiera —deuda pública y exterior desorbitadas—, aunque está comenzando a ser superada incluso con creación de empleo con bajas tasas de crecimiento, no acabará de estar resuelta sin que el desempleo decaiga hasta niveles europeos y la balanza de pagos sea consistentemente positiva.

En el ámbito económico, España necesita liberar todas sus energías potenciales para maximizar a largo plazo su crecimiento económico y, sobre todo, ofrecer un horizonte de esperanza a las generaciones más jóvenes.

Las recetas para conseguir tales propósitos son tan evidentes como ampliamente compartidas por los profesionales de la economía: restablecimiento de la unidad de nuestro mercado, eliminación de normativas que dificulten injustificadamente las actividades empresariales, liberalización de las relaciones laborales y sectores protegidos, reducción del gasto público, restructuración de los mercados financieros para favorecer la financiación permanente de las empresas y el crecimiento de su tamaño, incentivación de la inversión tecnológica y la innovación, reconsideración a fondo de la formación ocupacional para adoptar las mejores prácticas internacionales, aligeramiento impositivo con mayor protagonismo de los impuestos indirectos sobre los directos y respeto fiscal al ahorro, reforma a fondo del vigente e inoperante sistema de promoción exterior, etc.

Pero además de estas clásicas y necesarias recetas, en tiempos de una economía globalizada que está alterando la división de trabajo internacional, España necesita adaptarse a las nuevas circunstancias potenciando y conjugando dos factores clave: la innovación y el emprendimiento, que son precisamente consustanciales con la juventud.

Dado que es impensable que la creación de actividad económica y de empleo del futuro provengan mayormente de las grandes y medianas empresas, y menos aún del Estado, o la gente “se busca la vida” innovando y autoempleándose, o nuestra prosperidad futura estará muy constreñida.

Innovación y autoempleo no deben ser entendidos únicamente como soluciones de supervivencia, sino como oportunidades de creación de riqueza a cualquier escala en el mundo abierto del presente.

En nuestras circunstancias como sociedad, el mayor peligro de los movimientos políticos populistas no es otro que el de proponer falsas soluciones a problemas reales alejando a la población, sobre todo la más joven, del único camino posible y que no es otro que el de asumir una mayor responsabilidad individual y renegar de las soluciones colectivistas cuyos desastrosos resultados todos conocemos.

Frente a la irresponsabilidad personal que predican los populistas españoles, nunca ha sido más necesario que ahora apelar a la autorresponsabilidad de buscarse la vida por uno mismo.

En España, disponemos de capacidades potenciales más que suficientes para que el emprendimiento empresarial pueda propagarse y tener creciente éxito, si el marco institucional es el adecuado y las peregrinas ideas populistas quedan arrinconadas en el lugar que merecen: los libros de historia, que deben servir para evitar los calamitosos errores del pasado y del presente.

Es más, en el mundo abierto que habitamos, en el que la imaginación y la creatividad son más importantes que el capital y donde la tecnología ha roto las barreras de las distancia y el tiempo, no hay ninguna razón para que nuestros jóvenes no se pongan las metas más ambiciosas, con el fin de que sus aventuras personales pudieran convertirse un día en grandes proyectos que sirvan para renovar y potenciar nuestra economía.

Emprender e innovar deben perder su valoración elitista para convertirse en lo que son y deben ser: conductas al alcance de todas las personas, como muy bien demostrado tienen los tratados más significativos sobre la creatividad.

La nueva economía colaborativa puede mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes y auspiciar la creatividad empresarial si el marco de relaciones laborales lo posibilita, como en EE UU, Holanda y Alemania, países con ínfimos niveles de desempleo. Mientras que los trabajos menos especializados y remunerados seguirán emigrando hacia los países menos desarrollados, los más creativos y consecuentemente mejor pagados serán creados y retenidos en los países más capaces para facilitarlos e incluso fomentarlos.

Para no quedarnos en el mero enunciado de estos buenos deseos, es necesario trabajar en los siguientes frentes:

• La defensa de la responsabilidad individual, frente a la visión colectivista de la sociedad.

• La desmitificación de la innovación y el emprendimiento, en tanto que factores al alcance de todo el mundo para su mejor realización profesional y personal.

• Orientar profesionalmente la materialización de los sueños de la gente.

• Ofrecer escaparates de las mejores prácticas para animar a los nuevos emprendedores.

• Crear una red de colaboración multidisciplinar con herramientas tecnológicas de nueva generación.

• Compartir experiencias de todo tipo, con alcance internacional y especial proyección a Iberoamérica.

Contra el miedo al futuro que está siendo reforzado por los nuevos movimientos populistas, el emprendimiento representa una esperanza realista para todos los que creen en el talento y la capacidad individual de todas las personas para realizarse, con su esfuerzo y tesón, en una sociedad abierta y civilizada.

De cara al futuro, por todo lo dicho, las nuevas generaciones ya no podrán esperar como en el pasado que el Estado o las grandes empresas les resuelvan sus vidas; el trabajo y la financiación del “estado del bienestar” dependerán de cada uno y el emprendimiento individual —buscarse la vida— se extenderá cada vez más hasta ocupar un espacio mayoritario en la vida de todos los países.

El mercado de trabajo

En el reciente libro de Javier Marías Así empieza lo malo, se puede leer —págs: 54/55— lo siguiente: “Casi recién terminada mi carrera (…) había tenido suerte de que a través de mis padres me llegara un empleo peculiar y transitorio (…) no gran cosa y sobre el que la mayoría de los jóvenes de entonces —años 70 del pasado siglo— suscribíamos lo que mi padre — ¿Julián Marías?— solía decir: No hay trabajo malo, mientras no haya otro mejor”.

La cita no puede venir más a cuento aquí y ahora: España está creando empleo en términos muy halagüeños, después de la gravísima destrucción acontecida previamente, ya que su tasa de crecimiento —algo insólito en el pasado— supera la de la economía y lidera ampliamente la de la Unión Europea. Sin embargo, tan buena noticia suele aparecer casi siempre asociada a la “precariedad” de las nuevas ocupaciones.

El concepto precariedad se supone acuñado porque las condiciones y remuneración de los trabajos no responden a las aspiraciones subjetivas de quienes los valoran, lo que plantea el desafío de formular cuales serían las condiciones —mágicas— de estabilidad y remuneración que debieran tener, se supone que al margen de la realidad que impone el mercado del que todos, incluidos sobre todo los trabajadores y sus decisiones como consumidores, formamos parte.

Una de las fórmulas de trabajo más precaria es el contrato a tiempo parcial, en España muy restringido en su regulación y sin embargo ampliamente utilizado en países como Holanda, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, Austria, Dinamarca, etc.; es decir, los países más ricos, en los que el desempleo es extraordinariamente bajo y tales contratos los más extendidos. En Holanda representan la mitad del mercado de trabajo y en los demás países citados superan el 25%, mientras que en España están por debajo del 16%. Sólo Grecia, Chipre y Portugal tienen menos trabajo a tiempo parcial que España.

El vergonzoso alto nivel de desempleo español está relacionado estructuralmente con el marco legal y el nivel educativo de la población. Nuestro marco legal procede de un tiempo perecido para siempre y el nivel educativo de los trabajadores se encuentra lastrado por los lamentables resultados de nuestro sistema educativo y una irresponsable gestión de la formación ocupacional.

Nuestro marco legal no se ajusta a las realidades del mundo de la sociedad de la información y la globalidad, en los que la empleabilidad es una protección mucho mayor que cualquier cortapisa legal a los despidos.

El sistema educativo español produce más licenciados e ingenieros de los que nuestra economía puede absorber, con lo que estamos financiando la formación de personas que terminan contribuyendo a la creación de riqueza de otros países, mientras que no conseguimos personal cualificado para empleos que sí demanda nuestra economía, ni somos capaces de reciclar a los trabajadores que pierden su empleo en sectores en recesión o cambio.

Estamos disfrutando un inusitado crecimiento del empleo gracias a una tímida pero bien orientada reforma del marco laboral, lo que debiera animar a seguir cambiando las cosas adoptando las mejores prácticas —de nuevo Holanda y Alemania— para proseguir el camino emprendido, para lo que la liberalización —al estilo holandés— del mercado de trabajo sería una fórmula de seguro éxito.

Frente a dicha reforma, se formulan nuevas propuestas de subvención a los desempleados para hacerlos aun más dependientes de un Estado cada vez más exhausto financieramente, en vez de ayudarles con formación y flexibilidad laboral. El cultivo de la dependencia del Estado desanima a nuestros trabajadores a ocuparse en cualquier trabajo… hasta que encuentre otro mejor.

Estamos construyendo una economía dual que nos aleja del núcleo de países que debieran ser nuestra permanente referencia, para orientarnos a la periferia donde reinan los populismos políticos. Mientras que muchos jóvenes españoles estudian, se esfuerzan y se autofinancian sus estudios universitarios y de postgrado para encontrar buenos trabajos —también precarios en términos de una seguridad en el empleo que ha dejado de existir, pero bien remunerados—, muchos otros más esperan sin esforzarse, ni estudiar, e incluso en muchos casos sin buscar trabajo con ahínco, que la subvención del Estado les vaya resolviendo modesta y dependientemente su vida.

Los conocidos como minijobs en Alemania y los trabajos a tiempo parcial en Holanda —sometidos al Código Civil y liberados del paternalismo de la legislación laboral— han generado un verdadero pleno empleo que jamás hemos alcanzado ni soñado en España. ¿Por qué no adoptar aquí las buenas prácticas de los países más ricos y solidarios del mundo —la Europa del norte— en vez de seguir anclados en anacronismos compartidos con Grecia, Chipre y Portugal?

La última reforma laboral del Gobierno ha suavizado el sometimiento de las empresa a los convenios colectivos de carácter sectorial y provincial; pero que sigan existiendo es una antigualla —una institución corporativa de la Italia fascista que adoptó Franco y ha terminado perpetuándose aquí— que, mientras exista, seguirá dañando a las empresas nuevas y más dinámicas, que tanto empujan el crecimiento de la economía y el empleo.

Otra anacrónica institución laboral española —inexistente en las democracias más antiguas y sólidas como EE UU— es el voto asambleario en las empresas. Que el voto no sea secreto —un derecho civil obvio— en el ámbito laboral ha ocasionado en el pasado reciente una enorme cantidad de desempleo que se podría haber evitado, con el voto libre y secreto de los trabajadores, a cambio de menos salarios.

Para nuestra vergüenza, la tasa media anual de desempleo en el periodo 1987-2014 —según Mariana Lanzas y Salvador García-Atance, en AE de noviembre 2015— fue del 16,5% frente a una media europea del 8,4% y el 6,1% de EE UU. En el mismo periodo, España fue el país que disfrutó de una mayor tasa media anual de crecimiento económico —un 2,4%—, después de EE UU con un 2,6%: un 40% superior a la media de la UE.

Dos razones pueden servir para justificar la alta y persistente tasa de desempleo española: un mayor porcentaje de economía sumergida y una fiscalidad —seguridad social a cargo de las empresas— desmesurada, quizás la más alta del mundo.

Es evidente a todas luces que tenemos un problema estructural en la regulación del mercado de trabajo que es imperativo reformar en la dirección de los países —Holanda, Alemania, Dinamarca, por ejemplo— que mejor funcionan. Unos sindicatos subvencionados y muy escasamente representativos no pueden seguir anclándonos a un pasado corporativista, en defensa de intereses minoritarios contra los de la inmensa mayoría. No es solo una cuestión económica —baja tasa de actividad económica y altos costes de desempleo—; es más importante y grave aun el fracaso ético y moral que implica permanecer sin cambiar.

La política fiscal

Los impuestos sirven a dos finalidades: una inmediata cual es la recaudación de ingresos para afrontar el gasto público y otra mediata relacionada con su influencia en el crecimiento económico. Los gastos públicos deben acomodarse a los ingresos y solo en circunstancias críticas superar coyunturalmente a estos. Y en cuanto al crecimiento sostenible, una baja fiscalidad empresarial y del ahorro es crucial para impulsarlo.

Una buena política fiscal sería aquella que facilitara el máximo crecimiento económico y, como consecuencia, pudiera generar importantes ingresos públicos con tipos impositivos moderados sobre amplias bases imponibles. Y ello dentro de una estricta disciplina de los gastos públicos que evite la existencia de déficits fiscales.

Es de sentido común, tanto desde una óptica moral como económica, que el mejor escenario fiscal posible es aquel que está más generalizado, lo que implica que muchos paguen poco y haya muy poco fraude. También es lógico pensar que, cuanto mayores son los impuestos, más incentivos hay para no pagarlos, ya sea defraudando a Hacienda o simplemente dejando de generar actividades sujetas a impuestos.

La existencia de déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que se ingresa, es simplemente inmoral, aunque esté muy generalizado. Supone que las próximas generaciones que no han tenido oportunidad de decidir —votar— los gastos —quizás despilfarros— de las pasadas, tienen que pagar sin remedio los excesos de estas. La “buena vida” de hoy se paga “a costa de la mala de mañana”. Esta extendida práctica fiscal estuvo soportada doctrinalmente en su origen por un gran economista, Keynes, que planteó con mucho éxito la oportunidad de hacer crecer el gasto público más allá de los ingresos para animar el crecimiento económico en tiempos de crisis económica y de empleo. Una vez recuperada la economía y el empleo, Keynes sostenía la necesidad de contraer el gasto público y por tanto eliminar el déficit fiscal. El déficit keynesiano era una herramienta anticíclica que debía desaparecer con la crisis. Los políticos de muchos países solo han venido aplicando la primera parte de la receta, olvidando la segunda, lo que ha dado lugar a acumulaciones de deuda pública para financiar los déficits convertidos en recurrentes, excepcional y peligrosamente elevadas.

Por razones morales, financieras y económicas, las deudas públicas actuales son insostenibles y hay que reducirlas, por las buenas para mantener el crédito financiero o por las malas porque los acreedores no renueven los préstamos: sea como fuere, una buena parte de los ingresos fiscales futuros no servirán ni al crecimiento ni al bienestar de las nuevas generaciones.

En las circunstancias descritas hay poco margen de maniobra para la política fiscal, que solo puede operar en una doble dirección: reducción del gasto público al nivel de los ingresos y facilitar el crecimiento económico que crea puestos de trabajo y arrastra una mayor recaudación fiscal y un menor gasto público en desempleo.

Veamos cuál es la situación española en materia impositiva.

Según el Banco de España (Documento nº 1.406), los ingresos impositivos sobre el PIB en el periodo 1965-2012 han experimentado la siguiente evolución:

• En España representaban en 1965 menos del 15% para alcanzar en 2007 más de un 37%. Esta más que duplicación de la presión fiscal debe ser un caso único en el seno de la OCDE (los 34 países más ricos)

• Con motivo de la crisis, la presión fiscal de España ha regresado a un 32,5%, que se sitúa algo más de tres puntos por debajo de la media de la UE pero un 7% por encima de la de EE UU.

Si en vez de utilizar la presión fiscal, empleamos el índice de esfuerzo fiscal, que debido a Frank Rampsey se calcula dividiendo aquella entre la renta per cápita, España se coloca a la cabeza de Europa, junto con Francia y por encima de Suecia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, etc.

Veamos cómo se comparan nuestras figuras impositivas con la UE, con datos de Miguel Sebastián y Manuel Díaz en su estudio Ahorro privado y fiscalidad de 19 de febrero de 2015.

En cuanto al origen de los impuestos, la diferencia más importante con la UE se produce en la recaudación indirecta: España está a la cola en IVA, impuestos especiales y cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores, mientras que somos líderes en cotizaciones sociales a cargo de las empresas. Esta política fiscal perjudica seriamente la actividad económica y la creación de empleo.

España que está a la cola de la UE por impuestos al consumo y a la cabeza por impuestos al trabajo y al capital, en impuestos medioambientales ocupa el último lugar mientras que en impuestos sobre la riqueza somos los sextos.

Los grandes aumentos de los impuestos sobre el ahorro recientemente implantados se han enfrentado a la gran sensibilidad fiscal de este, que disminuye mucho cuando aumentan los tipos, hasta el punto de que la recaudación fiscal sobre el ahorro ha descendido un 36% con la subida del tipo al 27% actual. En el periodo de subidas 2008-2012 del impuesto sobre plusvalías, la recaudación descendió un 18%.

Con el IRPF sucede algo parecido: se ha probado cumplidamente que un descenso de los tipos aumenta la recaudación y una subida la baja.

Con el IVA ocupamos el último lugar por recaudación en la UE después de las subidas hasta el 21%, mientras contamos con los tipos reducidos más bajos y extendidos.

El impuesto del Patrimonio, cuya recaudación es mínima, solo existe en Francia y España. Se trata de un impuesto manifiestamente confiscatorio que perjudica el ahorro y viola la equidad horizontal, ya que si dos personas ganan lo mismo la que ahorra paga más impuestos.

Siguiendo el análisis Por qué en España se recauda menos que Europa, publicado el 14-8-2014 por Juan Ramón Rallo en su página web, cuyos argumentos numéricos coinciden con lo expuesto anteriormente, para equipararnos con la UE los tipos implícitos deberían aumentar así:

• Sobre el consumo un 75%.

• Sobre las rentas del trabajo un 7,7%.

• Sobre las rentas del capital un 16%.

Dentro de los impuestos al capital los que más tendrían que subir son los que afectan a familias y autónomos (un 29,3%), mientras que los de las empresas lo tendrían que hacer sólo un 7,8%.

Concluye el autor que “quienes pagan relativamente menos impuestos en España frente a Europa no son las rentas más altas, sino los estratos más humildes”, ya que los gravámenes sobre el consumo son menores aquí y el IRPF de la población con rentas más bajas es mucho más bajo.

En el ámbito del gasto público, las partidas más importantes son: las pensiones, la sanidad, la educación, el desempleo y los intereses de la deuda pública. Representan tres cuartas partes de los presupuestos públicos. La rigidez de todas las partidas es muy grande ya que el envejecimiento de la población, el enorme desempleo que sufrimos y la creciente deuda pública están siendo muy difíciles de frenar. El resto del gasto público se puede dividir en dos grandes partidas: el coste de las administraciones públicas y otros asociados a subvenciones y transferencias a entes públicos, muchos de ellos de injustificada existencia.

¿Cuál es el mejor sistema fiscal para resolver la financiación de un Estado de Bienestar que en cualquier supuesto deberá adelgazar? Una reciente experiencia británica puede aportar luz al respecto.

El Instituto de Estudios Fiscales británico encargó en 2006 al premio Nobel de Economía James Mirrlees el diseño de un sistema tributario óptimo. Este centro privado e independiente fundado en 1969, dedicado a la investigación económica, que goza de gran prestigio académico, le encomendó “identificar las características de un buen sistema de impuestos para una economía abierta del siglo XXI y sugerir cómo el sistema impositivo británico, en particular, podría reformarse para aproximarse a ese ideal”.

Al cabo de cuatro años de trabajos salió a la luz el Informe Mirrless, cuyas principales conclusiones acerca del mejor sistema impositivo son las siguientes:

• Visión global de la economía y la sociedad.

• Eficiencia económica: minimizar distorsión de la economía.

• Transparente: entendido por la población.

• Neutral: tratamiento igual del consumo, ahorro y renta.

• Sencillo y bajos costes de gestión.

• Estable: cambios poco frecuentes para facilitar decisiones a largo plazo.

• Equitativo: horizontal y vertical.

• No solo interesado por la redistribución.

• No hace falta progresividad en todo.

Atendiendo a la realidad antes descrita de la imposición fiscal en España, que presenta muchos ámbitos de reforma, y las recomendaciones del Informe Mirrless, no debería ser muy difícil avanzar en las direcciones que se señalan a continuación:

• España debería abandonar para siempre el liderazgo en los cambios de legislación fiscal, para convertirse en un país estable y fiscalmente atractivo que invite a tomar decisiones a largo plazo.

• La principal reforma de nuestro sistema fiscal debiera estar orientada a un cambio estructural: aumentar el protagonismo de los impuestos indirectos a costa de los directos. Hay que disminuir drásticamente las cotizaciones sociales a costa de las empresas —que limita la creación de empleo— y aumentar el IVA, los impuestos especiales y las cotizaciones sociales de los trabajadores.

• Los impuestos al trabajo y al ahorro deben reducirse para favorecer la actividad económica y la creación de empleo, lo que es compatible con mantener o aumentar la recaudación.

• Las deducciones fiscales deben desaparecer o reducirse al mínimo.

Ciencia & innovación tecnológica

Algunos interrogantes previos

¿Por qué importa la ciencia y la tecnología?

Porque son la base de la innovación en los procesos productivos que mejoran la productividad y, por tanto, la competitividad de la economía, lo que favorece el crecimiento económico y del empleo, especialmente el más cualificado y por tanto mejor remunerado.

¿Para qué compararse con los demás?

En una economía globalizada el crecimiento económico y del empleo está estrechamente relacionado con la competitividad exterior de los países, que, al depender de su nivel relativo de productividad, obliga a interesarse por los factores que la determinan.

¿Da lo mismo consumir que producir ciencia & tecnología?

No. No es lo mismo producir ciencia y tecnología que consumirlas. Copiar los avances científicos y tecnológicos y aplicarlos al quehacer económico favorece el crecimiento y el empleo, pero quienes los crean ganan más —no solo las usan, sino que además las venden— y por tanto no encuentran límites a su progreso.

¿La ciencia y la tecnología necesitan un marco institucional adecuado?

La ciencia y la tecnología dependen y mucho del marco institucional —las reglas de juego y su cumplimiento— en que se desenvuelven. La libertad de mercado, los derechos de propiedad, la política fiscal, etc., influyen extraordinariamente en el consumo y la producción de ciencia y tecnología. El fracaso de la URSS y el sempiterno retraso económico de los países ajenos a las instituciones occidentales lo atestiguan.

La geografía de la ciencia y la tecnología: ¿permanece o cambia?

EE UU, UE y Japón siguen dominando la I+D mundial, con Corea y China incorporándose con creciente protagonismo a los procesos de innovación.

Innovación & crecimiento económico

Desde que en 1957 el luego premio Nobel de economía Robert Solow estableciera que solo un 13% del crecimiento económico de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX provenía de la acumulación de capital y que el 87% procedía de la innovación tecnológica, prácticamente toda la literatura académica está de acuerdo en el enorme peso del cambio tecnológico en la mejora de la productividad y del estándar de vida de la gente.

De hecho, los más modernos y vigentes tratados sobre el crecimiento económico a largo plazo categorizan en tres niveles a los países: los innovadores, los adoptadores de tecnología y los excluidos de ambos procesos. La tesis compartida por la ciencia económica de hoy es que solo los primeros tienen garantizado el crecimiento a largo plazo; los segundos tienden al estancamiento, y los terceros están condenados a la decadencia.

En España hemos avanzado mucho en la adopción de nuevas tecnologías, como se expuso al principio, pero mucho menos, en realidad casi nada, en la creación de las mismas.

Para Nathan Rosenberg, uno de los más reputados estudiosos de la innovación tecnológica y, por tanto, suscriptor de la tesis que relaciona el crecimiento a largo plazo con el cambio tecnológico, dicho proceso se caracteriza por un elevado grado de incertidumbre. No se trata, por tanto, de un simple supuesto de causalidad, sino de algo más complejo que tiene que ver con el cómo se conciben, difunden y extienden las nuevas tecnologías en los procesos económicos. El progreso tecnológico está basado en la lógica de la prueba y el error, por lo que su trayectoria, aun siendo ascendente, no es lineal.

Por otra parte, aun siendo muy importantes las instituciones para interpretar, desde una óptica contemporánea, la evolución de las economías, ello no significa que todos los modelos políticos y sociales tengan que ser idénticos. Manuel Castells ha investigado cómo la prosperidad económica, necesariamente basada en la tecnología, puede ampararse y desarrollarse con igual éxito en países tan diferentes por historia, dimensión y organización político-social como Estados Unidos y Finlandia.

En nuestro tiempo, el de una nueva economía caracterizada por la globalización de los mercados y un ecuménico e instantáneo acceso a todo tipo de información, conocimiento y tecnologías, el único camino posible para competir con éxito es el de la innovación; los costes, la logística, la capacidad de adaptación son fáciles de emular y accesibles para todos, mientras que un nuevo y mejor modo de hacer las cosas es exclusivo de su creador.

Llegados a este punto es obligado referirse a una figura clave que sintetiza y da sentido histórico al progreso económico y social de base tecnológica: el empresario shumpeteriano. Joseph A. Schumpeter fue autor a principios del siglo pasado de una luminosa tesis histórica que alumbra con creciente luz nuestros días: el empresario innovador en organización y productos es el verdadero artífice del crecimiento económico, según un proceso basado en la destrucción creativa, una maravillosa genialidad que el tiempo no hace sino reivindicar.

El nivel de población, riqueza económica y estándar de vida que hoy disfruta el mundo son el resultado del progreso tecnológico, y el agente principal del proceso, el empresario innovador.

Si lo dicho hasta aquí es cierto, la inmediata consecuencia del razonamiento es que cuantos más y más exitosos empresarios innovadores tenga un país, más próspero será. Así, cuanto más favorezca la política económica su despliegue y desarrollo, mejor será para todos.

Vivimos una era económica sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación, que posibilitan una igualdad de oportunidades nunca acontecida, por lo que ya no es excusa el secular desapego español con la creatividad tecnológica.

Puesto que entre los adoptadores de tecnologías y los creadores de estas siempre habrá una distancia insuperable, si España quiere dar un salto adelante en la historia necesita innovar tecnológicamente por doquier, no solo adoptar lo que otros hacen.

Fundamentos institucionales de la innovación

Tal y como ha enfatizado Douglass North y la historia de los hechos económicos pone de relieve, las instituciones sociales han servido para trasladar las actividades empresariales desde las meras búsquedas de rentas y el uso de la violencia militar a la innovación y la producción.

Entre las instituciones que más han contribuido a un óptimo desenvolvimiento de la función empresarial se encuentran: el sistema de patentes, la legislación favorable a la competencia en los mercados, la administración concursal y el sistema financiero.

El sistema de patentes es una institución que promueve el emprendimiento innovador, no sólo por proteger temporalmente el monopolio legal de la propiedad intelectual, sino por hacer posible el acceso generalizado a la misma en términos de seguridad jurídica.

Las leyes antitrust y a favor de la competencia han jugado un papel esencial a favor de la innovación empresarial. En particular, aquellas que garantizan la libre salida y entrada en todos los mercados, más que las que se interesan por cuestionar las posiciones —siempre temporales— de liderazgo oligopolístico basado en la innovación.

Puesto que la innovación es un proceso necesariamente asociado al riesgo, la protección de la empresa ante el fracaso y la separación del patrimonio empresarial del personal han permitido acotar las consecuencias negativas de los fallos y poder seguir adelante después de ellos. Las buenas legislaciones concursales o de “bancarrota” explican la continuidad de muchos negocios que no se habrían salvado sin tales instituciones.

Sin el sistema financiero, las transacciones económicas estarían confinadas a espacios minúsculos. Con la aparición de la banca, en Italia y Holanda, el comercio mundial comenzó a ser posible. La contabilidad por partida doble, la letra de cambio y otras instituciones hicieron posible transacciones entre personas que ni siquiera se conocían, generando y generalizando mecanismos de confianza entre los agentes económicos que posibilitaron la expansión de la economía mundial.

La libertad económica y su manifestación más típica, la concurrencia de las más diversas empresas en los mercados, engendra innovación. Así, los sectores más abiertos a la libre competencia son los que más invierten en tecnología y, por tanto, innovan, mientras que los más protegidos innovan menos. Esto no solo sucede en España; una miríada de estudios empíricos pone de manifiesto la estrecha relación existente entre innovación y libre competencia.

Además de la libertad económica, la unidad de mercado —una consecuencia de aquella— es también una pieza esencial para que la innovación pueda alcanzar su máximo esplendor. Estados Unidos es el país que más innova en términos absolutos y relativos porque —además de otras razones que veremos después— se beneficia del mayor mercado homogéneo del mundo, lo que incentiva —y mucho— la innovación. Cualquier innovación puede tener premio, incluso si su porcentaje de éxito es pequeño: una pequeña cuota del mercado hace rico a cualquier empresario y una grande líder mundial.

Una de las más importantes razones por las que la Unión Europea es menos innovadora que los EE UU, radica en la ausencia de un verdadero mercado único interior que pueda competir por dimensión agregada homogénea con aquel.

Quien inventa en un gran mercado, además de beneficiarse de sus economías de escala, puede competir después en cualquier otro de dimensión reducida; lo contrario es imposible. Además, estas obvias ventajas se trasladan a la captación de talento innovador, que tiene más incentivos para operar en mercados homogéneos de gran dimensión; y no solo por el mayor potencial de éxito comercial, sino porque los factores de producción —incluida la financiación de los nuevos proyectos innovadores— son más abundantes y competitivos. Quizás este razonamiento pueda explicar que EE UU siga siendo —sin competencia posible— el país que presenta el mejor saldo de captación de talento del mundo, toda una garantía para su futuro.

Que un país como España, de modesta dimensión por población y renta, fragmente su mercado con reglamentaciones “autonómicas” incluidas las barreras idiomáticas, es una mala noticia para la innovación, todo un ridículo contraejemplo de EE UU.

Factores desencadenantes de la innovación tecnológica

El proceso innovador requiere una secuencia lógica de factores desencadenantes:

El papel de la ciencia

Si analizamos el proceso de la innovación tecnológica, en el origen del mismo se sitúa la producción de ciencia básica. Aquí el papel de las universidades es crucial, pero aún más su relación con la empresa. Si EE UU encabeza la innovación en el mundo, no solo es porque sus universidades son las principales productoras de ciencia, sino porque la “porosidad” entre estas y la empresa no puede ser más franca y positiva. En España se ha avanzado mucho en producción de “papeles científicos”, pero muy poco en su conversión en innovación empresarial; una de nuestras grandes asignaturas pendientes.

La concentración de recursos I+D

Históricamente se ha comprobado que la innovación tecnológica es más productiva si se especializa y concentra, un modo de alcanzar una cierta masa crítica que se beneficie de rendimientos de escala. Dada la modesta dimensión de España, es necesario analizar a qué deberíamos dedicarnos más y mejor y favorecer concentraciones de esfuerzos universitarios, empresariales e incluso geográficos en vez de primar, como sucede, la disgregación. Silicon Valley, la ruta 128 en Boston y otras concentraciones de esfuerzo innovador glosadas por Manuel Castells y Peter Hall en su libro Tecnópolis, son ejemplos de cómo la creación de un sistema eficiente de innovación requiere la creación de escala.

La dimensión y competencia en los mercados

Puesto que el coste de un nuevo desarrollo tecnológico es fijo pero el retorno económico del mismo es variable y está asociado a la dimensión del mercado, pocos esfuerzos innovadores pueden ni deben acometerse hoy que no estén orientados al mercado mundial. Sin menospreciar esfuerzos investigadores orientados exclusivamente al mercado doméstico, las políticas públicas debieran orientarse al soporte e incentivación de proyectos de innovación tecnológica de vocación ecuménica.

Los derechos de propiedad

La innovación es un bien privado pero también público. El conocimiento es un bien económico aparentemente paradójico: por mucho que se consuma, no escasea. Los nuevos economistas han puesto un apellido al conocimiento: se trata de un “bien no rival”, porque cuando alguien descubre una idea y la comparte con otros, el inventor no la pierde. Sin embargo, si alguien pesca un pez, cultiva un producto agrícola, hace pan o fabrica cualquier artefacto y lo comparte con otros, lo pierde parcial o incluso totalmente.

El registro y protección de la propiedad intelectual cumple por tanto un papel crucial en una nueva economía cada vez más basada en valores intangibles. España está muy atrasada en este campo y las empresas españolas poco habituadas a la creación y registro de patentes, que en muchísimos casos no exigen, ni son fruto, de procesos complejos, ni costosos, ni deliberados de innovación. Además, en España la “piratería” de contenidos digitales, incluido el software innovador, es una detestable moda contra la que apenas se lucha.

El capital riesgo, motor de la innovación

Llegados a este punto, cabe señalar que el aspecto más decisivo e importante para el despegue y progreso sinfín de la innovación tecnológica empresarial en España no es otro que su financiación.

Es público y notorio que en EE UU, la allí llamada “industria de capital riesgo”, la más importante con gran diferencia del mundo, es la gran propulsora del enorme florecimiento de empresas innovadoras de base tecnológica.

En España es perentorio disponer de instituciones de capital riesgo que puedan financiar nuevos proyectos empresariales de innovación tecnológica, ahora que disponemos de crecientes vocaciones emprendedoras y jóvenes de muy elevada formación profesional, lo que nunca antes había sucedido.

Quizás uno de los mayores desafíos de España en el nuevo siglo es el apalancamiento financiero de las nuevas aventuras empresariales de alto contenido tecnológico, previa financiación público-privada de las primeras etapas de la innovación.

La destrucción creativa & sus consecuencias

Recurriendo de nuevo a Schumpeter, la innovación tecnológica es un proceso de destrucción creativa por el que lo nuevo, además de crear su propio espacio, ocupa, sustituye y por tanto destruye —simbólica y a veces incluso materialmente— otro previamente ocupado. Un nuevo proceso productivo, al sustituir al anterior, destruye hábitos, modos de actuación, habilidades e incluso puestos de trabajo. Un nuevo producto — el DVD, las pantallas planas de TV— necesitan para vivir ocupar el espacio —incluso físico— de los productos a los que viene a sustituir.

Este dialéctico proceso de destrucción creativa, que tan bien ha hecho y lo sigue haciendo para la economía y la humanidad, puede ser cultural e institucionalmente facilitado o dificultado; en la medida en que suceda más lo primero que lo segundo, la innovación tecnológica de la mano del espíritu empresarial schumpeteriano es el motor del crecimiento de la economía y, sobre todo, de la mejora continua del estándar de vida de la gente.

“El progreso tecnológico es un juego de suma positiva, con ganadores y perdedores. Aunque por definición las ganancias totales excedan a las pérdidas, es posible que los costes de ajuste y la probabilidad de inestabilidad política hayan sido un precio que algunas sociedades no han estado dispuestas a pagar”, razona Joel Mokyr en su libro The Lever of Riches.

En España es mucho más fácil crear una empresa que cerrarla, porque nuestras instituciones jurídicas parecen ignorar que el fracaso empresarial es naturalmente más frecuente que el éxito.

Las redes & la concentración del conocimiento

La innovación no solo no es un proceso socialmente aislado, sino que necesita —especialmente en tiempos de la nueva economía— estar integrado en redes de conocimiento para desarrollar, probar y en muchos casos compartir las ideas. En el ámbito de la ciencia básica, las redes de conocimiento posibilitan desarrollar y probar ideas con una eficacia muy superior a la lograda aisladamente. Para que las redes de conocimiento sean realmente operativas, las empresas, además de estar abiertas al exterior, deben esforzarse en la formación de su capital humano.

Innovación para el mercado doméstico

Los antecedentes históricos y la dimensión del mercado doméstico han venido siendo argumentos de peso para evaluar hasta qué punto un país podía aspirar, o no, a ser un líder tecnológico. Siendo evidente que toda innovación tecnológica tiene una patria, es decir, un ambiente e incluso un territorio físico en el que sembrar, cultivar y cosechar nuevas ideas y tecnologías, hasta la llegada de la nueva economía, la fertilidad innovadora solo estuvo relacionada con ambientes “aristocráticos”, es decir, con antecedentes históricos y mercados de gran dimensión.

Esta visión convencional de la historia del progreso tecnológico no se compadece, sin embargo, por completo, con la realidad actual, y en todo caso cada vez tiene menos futuro. Desde siempre, los mercados locales han tenido necesidades propias que exigen innovación local, por lo que ningún país de una cierta dimensión debe ni puede excluirse de desarrollar nuevas tecnologías propias. La compra pública de tecnología innovadora, que en EE UU llevan practicando muchos años, no acaba de encontrar eco ni en España ni en la UE por razones culturales: ordenamientos jurídicos de raíz napoleónica y funcionarios indispuestos a tomar riesgos.

La nueva geografía de la innovación

La crisis económica está coincidiendo con un creciente protagonismo innovador de los países emergentes. Desde 2011 China ocupa la segunda posición mundial por número de científicos, detrás de EE UU y por delante de Japón, Alemania y Corea.

En el periodo 2007-2011 el gasto total en I+D:

• Creció en EE UU, UE-28 y mucho más en China.

• Descendió en Japón y aumentó mucho en Corea.

EE UU sigue dominando la I+D mundial y,. puesto que está creciendo mucho la movilidad de los investigadores, su incomparable marco institucional para amparar la innovación y el cambio tecnológico tiende a favorecer su dominio a largo plazo.

El desplazamiento de la producción industrial hacia los países emergentes convierte a estos en potenciales desarrolladores de innovaciones; quizás la principal fuente de progreso tecnológico a lo largo de la historia.

Sostenía Nathan Rosenberg, en su clásico Exploring the Black Box, que “puesto que el proceso de innovación tecnológica envuelve una extremadamente compleja relación de variables clave como: invención, innovación, difusión, inversión (…) el tipo de conocimiento que proviene del contacto diario con la maquinaria tecnológica, suministra innumerables oportunidades de pequeñas mejoras (…) cuyos efectos acumulativos han sido históricamente verdaderamente muy grandes”. Para Rosenberg, el progreso tecnológico alcanzado por Japón se basó en estas downstream development activities.

Todavía es pronto para evaluar las consecuencias negativas de la descapitalización innovadora de los países que transfieren su producción industrial al exterior, y asimismo para conocer las economías externas positivas que estarían beneficiando a los nuevos países industriales. Lo primero está siendo objeto de serias reflexiones, sobre todo en EE UU, y lo segundo presenta algunas dudas de que pueda emular el caso japonés al que se refiere Rosenberg.

Las dudas respecto al aprovechamiento de los procesos industriales para innovar se refieren a las carencias institucionales de los países emergentes. El éxito de Japón se fundamentó en las reformas institucionales operadas como consecuencia del embebimiento de las mejores prácticas de los países occidentales más avanzados, después de que el régimen Meiji, como se ha dicho antes, enviara a decenas de funcionarios públicos a copiarlas. Los países emergentes que se están industrializándose ahora todavía mantiene regímenes políticos muy rígidos, mientras que la libertad de mercado y las reglas de juego que hacen posible la función empresarial schumpeteriana siguen ausentes de dichos mercados.

¿Dónde está España?

A principios de la década de los ochenta, después de la transición política que normalizó nuestro país, comenzó a haber una cierta preocupación pública por la innovación en España. Merced a esta preocupación, diversas instituciones cumplieron un papel alentador, apalancando la innovación en nuestro país y empujando hacia arriba, como no había sucedido hasta entonces, el esfuerzo nacional en I+D. En la década de los noventa se abandonó, sin explicación, el voluntarismo político de los años anteriores, decayendo el esfuerzo innovador, para ser recuperado de nuevo a finales del siglo XX. En el periodo 2005-2008 las políticas apalancaron más que nunca la I+D+i —sobre todo la pública—, para volver a decaer de nuevo desde entonces hasta hoy.

En la medida en que la sociedad española se ha integrado en el mundo global que habitamos, el hecho innovador cada vez es más positivamente asumido, de manera que quizá estemos cada vez más próximos a una mentalidad colectiva —antaño tradicional y conservadora— que nos sitúe al nivel de las sociedades más avanzadas.

Es necesario, sin embargo, además de contar con una sociedad cada vez más abierta al cambio, seguir esforzándonos en la educación y la formación profesional continuas, dotarnos de instituciones económicas favorables a la innovación —registro de patentes, capital riesgo, tratamiento fiscal— y, sobre todo, articular un sistema coherente de medios y objetivos, para que todo quehacer innovador encuentre por doquier facilidades, no solo económicas, también políticas y sociales.

La situación actual de la innovación en España puede sintetizarse en los siguientes cuadros comparativos contenidos en el último informe COTEC. De estos cuadros se desprende lo siguiente:

• El índice sintético de la innovación (ISI) en la UE-27 sitúa a España muy por debajo de la media y solo por delante de los países del Este.

Índice sintético innovación 2013, Comisión Europea 2014

0,81/0,68

Finlandia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza

0,65/0,54

UE-27, Francia, Irlanda, Holanda, Austria, UK, Bélgica

0,51/0,39

Chequia, Italia, Portugal, Noruega, Estonia, Eslovenia, España

< 0,37

Grecia, Hungría, Polonia, Turquía, etc.

• El gasto empresarial en I+D también se sitúa por debajo de la mitad de la media de los países OCDE, aunque hayamos mejorado respecto al año 2000.

Gasto empresarial I+D/PIB %

2000

2008

2013

Corea

1,70

2,53

3,26

Japón

2,13

2,72

2,65

EE UU

1,94

1,97

1,96

Alemania

1,74

1,86

1,99

OCDE

1,51

1,61

1,64

Francia

1,34

1,33

1,44

UE-28

1,22

1,14

1,21

Reino Unido

1,17

1,09

1,05

Italia

0,52

0,65

0,67

España

0,49

0,74

0,66

• El gasto total en I+D por habitante ha mejorado en el pasado reciente: si en 1995 representaba sólo el 40% de la media de los cinco grandes países de la UE, en 2009 llegó a alcanzar un 75% para decaer al 70% en 2013. La crisis económica ha penalizado la I+D, la palanca de nuestro futuro bienestar, a cambio de otros gastos menos justificables.

Gasto total I+D en € por habitante

2000

2009

2013

5 grandes UE

398

593

673

España

194

446

470

España / ∑5

49%

75%

70%

• La producción científica española, medida en número de documentos, ha experimentado un gran crecimiento en el periodo 2003-2013, al multiplicarse por 2,33 frente al 2,00 del mundo y el 1,71 de Europa.

Producción científica 2003-2013

Países

Nº Documentos

∆

España

37.742 ÷ 87.947

2,33

Europa

444.343 ÷ 760.975

1,71

Mundo

1.233.446 ÷ 2.469.955

2,00

La productividad del trabajo, que refleja el impacto de la innovación, además de ser baja, ha crecido menos que la de nuestros competidores: tres veces menos en el periodo 1995-2000 y una vez y medio menos en el periodo 2001-2011.

Productividad del trabajo

% ∆ Anual medio

1995-2000

2001-2011

G-7

2,1

1,5

OCDE

2,3

1,5

UE

2,1

1,0

España

0,6

1,0

Según el último informe de COTEC, de 2014:

• El gasto en I+D de España en 2012 fue de 13.012 mill. €; retrocedió un 2,8% respecto a 2012, hasta situarse por debajo del nivel alcanzado en 2008 pese a la contracción del PIB.

• El gasto total —público y privado— en I+D de España convergió con los países líderes en el periodo 1994-2008, para decaer desde entonces. El gasto total español ha decrecido todos los años, mientras que el de los países de referencia ha continuado creciendo.

• En 2013, el gasto español medido en $PPC, era el 6% menor que en 2008, mientras que en el conjunto de los cinco países más grandes de la UE era un 19,0% mayor y en la OCDE lo era en un 17,4%.

• El número de empresas con actividades I+D en 2013 fue de 10.627, de las que sólo 964 tienen más de 250 empleados.

• El gasto empresarial en I+D de las PYME representa el 47% del total frente a menos del 20% de los países líderes y el de las grandes el 53%, inferior al 80% de aquellos.

• El índice sintético COTEC de la innovación ha venido descendiendo desde 2007 hasta 2012, pero todavía no ha alcanzado el valor 1, que supondría que la innovación española no empeoraría. En 2014 fue de 0,914.

Las conclusiones que se obtienen de los datos anteriores son las siguientes:

• En las últimas décadas España avanzó bastante en innovación tecnológica, pero desde 2008 hemos vuelto a divergir.

• La ciencia académica, en forma de “artículos”, habiendo crecido mucho apenas se transforma en innovación tecnológica.

• La productividad de nuestra economía sigue siendo muy baja, lo que pone de manifiesto un bajo nivel de innovación en el quehacer económico.

• Un creciente número de empresas españolas exportan tecnología, y en ciertos ámbitos con liderazgo mundial; pero todavía son muy pocas.

• El escaso número de empresas medianas de España, limita seriamente la expansión de la innovación.

• La sociedad y por tanto la política se interesan cada vez más por la tecnología y la innovación; eso sí, ciclotímica e insuficientemente.

La crisis económica que hemos venido padeciendo ha perjudicado más que proporcionalmente el progreso de la I+D, lo que obliga a replantearse seriamente la recuperación cuanto antes del tiempo perdido.

Todo lo dicho pone de manifiesto que los seres humanos —y por tanto los españoles— solo dejan de conseguir lo que no persiguen. De ahí que cuando las circunstancias institucionales —políticas favorables a la innovación y apertura al exterior— lo han permitido, la respuesta española ha sido muy positiva, aunque aún resulte insuficiente para estar satisfechos.

Propuestas de actuación

En una nueva economía global —en la que Internet permite pensar a lo grande siendo pequeño—, disponiendo de una abundante oferta de profesionales universitarios de muy alta preparación y una proliferación de vocaciones empresariales de carácter innovador —nunca acontecida— como la que disfruta hoy España, llama la atención que no se consiga brindar verdadero y suficiente cobijo y apoyo a tantas buenas ideas y prometedores proyectos de alto contenido tecnológico como pueden nacer hoy.

Ante las insuficiencias y circunstancias descritas, no sería difícil reorientar la política pública de innovación hacia horizontes más ambiciosos. Con carácter más enumerativo que exhaustivo he aquí un conjunto de propuestas de actuación:

Aprovechamiento económico de las investigaciones académicas con potencialidad comercial

Deben establecerse mecanismos que incentiven la explotación empresarial de las innovaciones científicas; por ejemplo, vinculando el progreso en la carrera académica y la remuneración de los investigadores con el éxito económico de sus hallazgos. Por supuesto que la compatibilidad de la carrera académica con la función empresarial debe ser total.

Financiación de la innovación

El mejor modo de afrontar esta carencia no es otro que el capital-riesgo privado, ya que el público —CDTI, Innova, etc.— funciona razonablemente bien prestando dinero, pero es insuficientemente seguido por aquel. El remedio aquí es muy fácil: bastaría con que las inversiones en “nuevos proyectos tecnológicos innovadores” —certificados por una agencia pública, por ejemplo el CDTI— fuesen un gasto deducible en los impuestos de la renta —de personas físicas y sociedades— y las plusvalías estuviesen libres de impuestos.

Flexibilidad de las relaciones laborales

Las empresas innovadoras —y por supuesto todas las demás— debieran estar liberadas por completo de dependencia alguna de convenios sectoriales ni territoriales y los contratos de trabajo deberían ser, naturalmente, fijos con indemnización por despido alineada con los países europeos con menor tasa de desempleo.

Promoción exterior de los productos & servicios de alto valor añadido “Made in Spain”

Esta y no otra debería ser la verdadera “Marca España” a la que debería orientarse el ICEX y que debiera implicar a todos los ministerios del Gobierno, allá donde actúen; lo que la OCDE llama “estrategia de innovación” frente a políticas de innovación.

Un marco fiscal óptimo

¿Por qué no el mejor de la UE?, para atraer inversiones tecnológicas extranjeras de alta intensidad innovadora asociadas a las nuevas olas tecnológicas.

Verdaderas comisiones reguladoras de la competencia

Dedicadas a ser agencias vigilantes de la libre entrada y salida de los mercados, así como abolicionistas de cualquier legislación o práctica política que ponga en cuestión el mercado único español.

Facilidades para la puesta en marcha & sobre todo cierre de empresas

Puesto que es más frecuente que una empresa innovadora fracase que triunfe, su liquidación debiera ser tan fácil como su creación, algo que hoy resulta difícil cuando no imposible.

Para operar el necesario salto histórico adelante en la capitalización tecnológica y la innovación en España, es necesaria una simbiótica tensión entre la sociedad, las instituciones públicas, la universidad, la empresa y las finanzas, en orden a poner en pie un sistema —obviamente adaptativo— de inversión en tecnología e investigación y desarrollo, basado en la notable capacidad potencial disponible y la confianza en poder alcanzar en dicho ámbito los logros conseguidos en tantos otros campos —política, economía, deporte, etc.— de la vida española, muchos de los cuales, no hace tanto años, nos parecían quiméricos.

El sistema educativo

La importancia de la educación

Vivimos el mejor mundo que hemos conocido, no el ideal ni el imaginado, gracias a dos factores determinantes: la creatividad humana aplicada a la innovación tecnológica y las instituciones sociales que la amparan, entre las que cabe destacar la propiedad privada, el imperio de la ley y la educación.

La ignorancia generalizada, de la que se salvaban —y solo muy parcialmente— las elites, ha dominado el mundo hasta hace relativamente poco tiempo, algo más de un siglo en los países más avanzados y apenas unas décadas en los demás.

Los franceses en la época de Napoleón comían, vestían y vivían como los romanos de tiempos de los césares; los casi veinte siglos que les separaban apenas sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la gente. Durante el esplendoroso Renacimiento italiano, la esperanza de vida de los hombres era de 27 años y de las mujeres 24; y la mayor parte de las personas—que no se alejaba más de 10 kilómetros de su lugar de nacimiento a lo largo de toda su vida— no sabía la hora, el día, el mes y el año en que vivían, ni por supuesto leer ni escribir.

El sabio maestro de historiadores don Antonio Domínguez Ortiz, en su erudita y deliciosa obra España, tres milenios de historia, sostiene que apenas sí hubo progreso material en España desde la época de los romanos hasta tiempos de la Ilustración.

La población, la riqueza y la renta personal aumentaron escasa y lentísimamente hasta el comienzo de la primera Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Desde entonces para acá, el progreso económico y social, aún de manera desigual e irregular, no ha hecho sino aumentar de manera extraordinaria. La renta per cápita, la esperanza de vida, el acceso a la educación y a la salud, la integración de la mujer en el mundo del trabajo, las elecciones políticas democráticas, y otros tantos aspectos positivos de la vida humana, no han dejado de crecer y muy especialmente las últimas dos décadas.

Las principales fuerzas motoras de los logros descritos han sido la innovación tecnológica y el nivel de educación de la población. Por supuesto que la inversión en infraestructuras y en tecnología, las políticas económicas ortodoxas, la libertad económica, el comercio internacional y otros muchos aspectos relacionados con el quehacer económico, han contribuido también al progreso alcanzado; pero, sin un nivel suficientemente elevado y generalizado de educación, la explosión del stock de conocimiento científico que dio lugar a la primera Revolución Industrial no habría podido difundirse ni propagarse como ha venido sucediendo desde entonces.

Hoy, cuando como consecuencia de la globalización económica y la difusión de las nuevas tecnologías, la pobreza extrema está, felizmente, desapareciendo del mundo, un solo continente —el africano— alberga la inmensa mayoría de los pobres de nuestro planeta. Y frente a tal drama, las opiniones más solventes sostienen que más allá de las ayudas médicas y económicas, lo único que realmente puede salvar a África es la educación de su población. Y para evitar el mayor problema —el absentismo de las aulas— se están desarrollando con éxito programas de escolarización mediante el pago de un “salario” por asistencia a clase y premios económicos adicionales en función de los resultados académicos.

Según estiman Peter Schwartz, Peter Leyden y Joel Hyatt, en su libro The Long Boom. A Vision for the Coming Age of Prosperity, hoy viven y trabajan del orden del 70% de todos los científicos que han existido a lo largo de la historia. A las decenas de millones de cerebros científicos que habitan nuestro planeta, hay que añadir la más vasta y educada población de adultos y jóvenes que nunca haya existido, todos ellos conectados a Internet.

La característica esencial de la nueva economía de nuestro tiempo es la emergencia de un nuevo factor de la producción, el conocimiento, que tiende a desplazar a los clásicos: tierra, capital y trabajo.

El conocimiento no es barato. Se estima que los países desarrollados gastan un quinto de su PIB en la producción y diseminación del conocimiento. En estos, la escolarización viene a consumir cerca de un 10% del PIB; las empresas gastan puede que más de otro 5% en formación continua y entre un 3% y un 5% del PIB es gastado en I+D para producir nuevo conocimiento. La formación de conocimiento es, por tanto, ya, la más grande inversión de los países desarrollados.

Los rasgos esenciales de la nueva economía que hoy impera en el mundo podríamos resumirlos así:

• Emergencia y proliferación de los bienes intangibles (ideas, información, relaciones, etc.).

• Creciente interconexión a través de las redes de telecomunicaciones e Internet de los sujetos y bienes económicos.

• Globalización —facilitada por las nuevas tecnologías y la liberalización de los mercados— de la economía.

La libertad —según nos cuenta Cervantes en su Don Quijote—, “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, y la igualdad ante la ley, se han convertido en rasgos esenciales de nuestra civilización, gracias a los cuales todos podemos desplegar nuestro potencial humano. Ningún factor favorece más las posibilidades del ser humano, ni engendra más igualdad de oportunidades, que la educación.

Tanto a nivel individual como colectivo, son abundantísimas las evidencias que ponen de manifiesto el progreso económico y social, tanto del individuo como de la sociedad, debido a la educación.

Las doctrinas económicas en vigor sostienen que la riqueza económica no depende de los recursos naturales, sino de la creatividad humana aplicada a la innovación tecnológica y las instituciones sociales que la amparan. Entre las instituciones sociales, las más sobresalientes son la propiedad privada —que permite al creador de riqueza ser dueño de ella— y la educación, que posibilita el mejor uso posible de las tecnologías existentes y, sobre todo, la creación de otras nuevas.

En España ha sido posible el enorme progreso que hemos disfrutado los últimos cincuenta años por la innovación tecnológica, la libertad económica y el nivel educativo de la población. Uno de los logros históricos más importantes del pasado siglo fue la desaparición del analfabetismo y la extensión de la educación a todos los niveles, dos compañeros de viaje de nuestro bienestar económico y social.

La educación, además de dotar al hombre de recursos intelectuales que potencian el uso de su libertad y favorecen su creatividad en todos los órdenes, es el mejor legado para el porvenir; si, ya en el pasado, el nivel educativo importaba más que otros recursos materiales, en el presente y aún más en el futuro, es imprescindible para sobrevivir con un mínimo nivel de dignidad personal y la única vía segura de ejercitar plenamente las diversas posibilidades que ofrece la libertad, tanto en el orden moral como en el económico y social.

La educación, en mayor o menor grado, ha liberado al hombre de la ignorancia y sus consecuentes limitaciones para elegir un oficio, una pareja, un trabajo, un lugar para vivir, la alimentación, el ocio y cualquier aspecto, por nimio que sea, de nuestra vida. No siendo un remedio infalible para casi nada, la educación mejora nuestra condición humana, nos hace más libres y permite tomar decisiones mejor informadas en todos los órdenes de la vida. Lo que no significa que acertemos siempre, pero sí que tengamos más posibilidades de salvar o superar los errores.

Si nos despojaran de todas las posibilidades y ventajas materiales que disfrutamos, pero pudiésemos mantener el conocimiento adquirido, no tardaríamos mucho tiempo en reconstruir el mundo material que nos rodea. Si, por lo contrario, pudiésemos conservar todas nuestras posesiones materiales, pero se nos privara del conocimiento, su reconstrucción solo sería posible a muy largo plazo.

Una curiosa y también dramática paradoja de nuestro tiempo es la emigración de personas altamente educadas de países en vías de desarrollo a países ricos. Es evidente que dicho fenómeno, en tanto que opera siempre en la misma dirección, contribuye —junto con otros— al mantenimiento de la distancia que sigue separando a los pobres de los ricos.

La educación, per se, no posibilita crecimiento económico. Es el caso de los países comunistas, en los que el nivel educativo fue relativamente alto y, sin embargo, el crecimiento económico resultó escaso y la renta personal apenas si creció.

En todos los países, sin excepción, en los que ha predominado el sistema de libre empresa, los gobiernos han actuado con rigor económico y la innovación tecnológica se ha desplegado suficientemente, el papel de la educación ha resultado decisivo para el definitivo impulso y crecimiento de su prosperidad económica y social.

Si obvia es la relación positiva entre el nivel educativo de la población y el nivel general de riqueza y bienestar social de un país, aún más lo es a título individual. La fortuna familiar, la suerte, el talento natural y la asistencia social pública pueden procurar una vida más o menos próspera o simplemente llevadera; la educación, en cambio, cual sea el origen familiar, sin necesidad de que la suerte entre en juego e incluso sin ostentar demasiado talento natural, ofrece medios suficientes para integrarse productivamente en la vida económica y poder elegir y decidir en los más diversos ámbitos personales con mejor conocimiento de causa.

Entre los valores más arraigados de nuestra cultura occidental, la libertad y la igualdad de oportunidades ocupan, posiblemente, los lugares más destacados y puede que ninguna otra institución contribuya más y mejor al disfrute de ambos, que la educación.

Hasta el siglo XIX no comenzaron a desarrollarse los sistemas nacionales de educación. Ya a principios del siglo XVIII, en 1717, el estado prusiano ordenó a todos los niños la asistencia a la escuela, a lo que siguieron edictos —en 1736— para el establecimiento de escuelas en ciertas provincias. Sin embargo, hasta después de las guerras napoleónicas, en 1807, no existió un sistema educativo propiamente dicho en aquella primigenia Alemania.

En Francia, a pesar del desarrollo de las ciencias en los siglos XVII y XVIII, hasta la Revolución Francesa —1789— el derecho universal a la educación no fue proclamado. A partir de 1833, la moderna instrucción primaria se convirtió en una realidad gracias a la obligación de todos los municipios de mantener escuelas y pagar a los profesores.

En Inglaterra, la educación pública tardó en ser responsabilidad del Estado y quedó bajo la tutela de instituciones privadas y filantrópicas, hasta que en 1833, de muy modesta manera, el Gobierno comenzó a construir edificios educativos.

En EE UU aunque Thomas Jefferson intentó instituir en Virginia un modelo de escuela pública en 1779 y las leyes confederales de 1787 establecieron la obligación de reservar solares en cada municipio destinados a la educación, hasta bien entrado el siglo XIX no se extendió la enseñanza pública.

En España, la primera vez que se habló en serio de instrucción pública fue en el título IX de la Constitución de Cádiz de 1812 y los primeros y más significativos valedores de esta moderna institución fueron el duque de Rivas y José Echegaray. El primero, siendo ministro de la Gobernación, elaboró en 1836 un Plan de Instrucción Pública que, aunque apenas estuvo vigente, sentó las bases de los planes de estudios posteriores. José Echegaray, premio Nobel de literatura en 1904 y un apasionado por las Matemáticas, llegó a ser ministro de Fomento con competencias sobre educación —cuyo ministerio no se creó hasta 1900— e intervino de manera significativa en la difusión de la enseñanza desde una óptica liberal.

Una vez consagrada la necesidad de extender la educación, las diversas concepciones de la política han tratado de imponer sus ideologías a la enseñanza. Desde el totalitarismo educativo concebido por Rousseau —una especie de manipulación cariñosa e irrefutable, derivada de un contrato por el que la sociedad se somete a la voluntad general encarnada en la coacción política— hasta los libros de Matemáticas llenos de proclamas ideológicas que se utilizaban en la Rusia soviética, pasando por el igualitarismo intelectual que hoy invade nuestras aulas, la educación, además de extendida, se ha visto políticamente manipulada y en consecuencia perjudicada y minusvalorada en muchas ocasiones y países.

La educación española en crisis

En España, al tiempo que hemos alcanzado la educación universal, una visión política desventurada ha impuesto un sistema educativo en el que la disciplina, el rigor, la jerarquía del saber, el esfuerzo y el mérito, han dejado paso a valores igualitarios que solo pueden realizarse mediante el abandono de tales valores y la asunción de un nivel educativo cada vez más bajo.

Frente a una legítima igualdad de oportunidades de partida, se ha optado por la igualdad final como imperativo. Por medio, la autoridad de los profesores, basada en la experiencia y el conocimiento, y la consecuente posibilidad de transmitirlo, que es también tradición, se ha desvanecido. Además, la calidad del profesorado no ha hecho sino decaer como consecuencia de su selección y evaluación.

En España la mayor parte de los profesores tuvieron notas medias más bajas que la media de sus compañeros, mientras que en Finlandia, Corea, Singapur, etc., proceden todos de las notas más altas. Además, un gran porcentaje de ellos nunca son evaluados, algo que apenas sucede en el mundo desarrollado.

Una absurda segregación de funciones, la educativa y la pedagógica, según la cual unos saben “qué” enseñar y otros “cómo”, ha generado un grave declive del nivel de conocimientos y una dilución de valores éticos y morales en el sistema educativo. Tenemos muchos profesores que dicen saber cómo enseñar no se sabe qué, porque su nivel de formación es muy bajo.

Uno de los cambios más indispensables de la educación en España tiene que ver con la selección, evaluación, autoridad, remuneración y reconocimiento social de los profesores.

Las consecuencias hace tiempo que están a la vista; en todos los estudios comparativos salimos muy mal parados. En los informes PISA, entre una treintena países España ocupa posiciones muy bajas en cultura científica, comprensión de la escritura y cultura matemática.

El fracaso escolar en España, medido por el porcentaje de abandonos tempranos de los estudios entre 18 y 24 años, no puede ser más desolador: en 2014, un 21,9%, frente a una media del 11,1% en la UE. El efecto acumulativo del abandono escolar lleva a que en Alemania el 59% de su población entre 25 y 64 años tiene educación secundaria completa, en Italia el 41% y en España apenas un 22%, cifra que nos acerca a México y Portugal y está por debajo de Brasil.

Y, sin embargo, no siempre sucedió así, como muy bien nos recuerda Antonio Muñoz Molina —cuando era director del Instituto Cervantes de Nueva York— en una carta dirigida a Ricardo Moreno autor de un libro titulado Panfleto antipedagógico — un éxito en Internet —, que reza así:

“Estimado amigo:

No sabe hasta qué punto estoy de acuerdo con su panfleto y con su manifiesto. Desde que escribo en los periódicos y hago intervenciones públicas he dedicado no sé cuántos artículos denunciando los males que usted apunta. En primer lugar, yo mismo soy el resultado de una buena educación pública, de una escuela primaria y de un bachillerato que fueron excelentes a pesar de la dictadura. En segundo lugar, he estado casado con una maestra, tengo amigos profesores y tengo cuatro hijos a los que he intentado inculcar nociones tan simples como la buena educación, el respeto por el saber y la conciencia del valor de las cosas. A diferencia de mis hijos, yo no tuve en casa libros y periódicos, ni adultos que me guiaran, porque los pobres apenas sabían leer y escribir, aunque enseñaron la decencia en el comportamiento y la honradez en el trabajo. Sin la escuela, sin el instituto, yo no habría podido desarrollar ninguna de las capacidades que ahora me permiten tener una vida digna y pasearme por el mundo. Por eso me duele y avergüenza el desastre que toda la clase política española ha hecho con la educación. Cada vez que escribía un artículo a lo largo de más de quince años sobre estos asuntos, recibía cartas de profesores agradecidos y otras de sindicalistas y de presuntos progresistas llamándome reaccionario por defender la autoridad del profesor, la disciplina en el estudio y el respeto en el aula. Llegó un momento en que me cansé de servir de motivo para que otros se sintieran avanzados por comparación conmigo. Ahora sigo al tanto del desastre en el que vive la enseñanza, y comparto punto por punto todo lo que usted dice.

Reciba un saludo cordial,

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Director del Instituto Cervantes de Nueva York”.

En un libro de conversaciones sobre Biología entre los sabios austriacos Karl Popper y Konrad Lorenz, sostenía el primero que “los seres sin iniciativa, sin curiosidad, sin fantasía, se ven obligados a luchar por unos nichos ecológicos ya ocupados; por el contrario, aquellos que están dotados de iniciativa tienen a su disposición unos nichos ecológicos recién inventados”. El segundo, por su parte, plantea: “Quien se arriesga a salir del nivel de la adaptación, alcanza un nivel superior en caso de tener éxito”.

Tiene sentido traer a colación estas ideas sobre el mundo biológico porque son notables sus semejanzas con el nuestro.

La nueva economía del conocimiento que hoy rige en el mundo plantea unas necesidades de formación también nuevas y orientadas al mejor desenvolvimiento posible del individuo en su tiempo económico.

En este nuevo marco, ya no tiene cabida la “mala pedagogía” que, parafraseando de nuevo a Karl Popper “consiste en atiborrar a los estudiantes de respuestas, sin que ellos hayan planteado ninguna interrogante y en no escuchar siquiera sus preguntas”. Internet, puede hoy, felizmente, proporcionar respuestas para casi todo, pero las preguntas solo puede formularlas el ser humano. Y avanzamos, cuanto más nos preguntamos.

Para Popper: “La enseñanza tradicional perpetúa la falacia de la compartimentación, ofreciendo hechos y figuras de Historia, Geografía, Matemáticas e Ingeniería como si cada una fuese distinta y no relacionada con las otras. Este puede ser un sistema eficiente para conllevar datos, pero no para inculcar sabiduría”.

En el mundo real, las cosas raramente emergen predefinidas y perfectamente separadas.

Los mejores centros de enseñanza del mundo, incluidos algunos españoles, cada vez dan más énfasis a:

• La habilidad para comunicar con efectividad las ideas.

• Al conocimiento profundo de las Ciencias Sociales y la Literatura, con especial énfasis en la Historia y la Geografía.

• La comprensión de los principios de las Matemáticas superiores, incluyendo la habilidad de aplicarlos a la vida diaria.

• La formación en Ciencias Físicas, incluyendo disciplinas relacionadas con el medio ambiente.

• La familiaridad con los ordenadores y otras tecnologías para la captación y fácil uso de la información.

• La apreciación de las Bellas Artes.

• Un serio conocimiento de las instituciones políticas, económicas y de gobierno de cada país.

• La preocupación de la salud.

• Y, finalmente, a la habilidad para identificar problemas y trabajar creativamente en la búsqueda de soluciones.

Como quiera que el aprendizaje sea al mismo tiempo un medio y un fin, si tuviésemos que hacer una síntesis de las herramientas más significativas para aprender; las Matemáticas, las Ciencias de la Computación y los idiomas se llevarían “la palma” porque permiten el autoaprendizaje.

Abrazar las nuevas tecnologías del aprendizaje y enseñarlas es un requisito del éxito nacional y cultural e igualmente para la competitividad económica.

Una población más y mejor educada puede aspirar a tareas, en el quehacer económico, más ricas de contenido, más atractivas y en consecuencia mejor remuneradas. Por lo contrario, un bajo e inapropiado nivel educativo dificulta el empleo y hace casi imposible desempeños profesionales valiosos y bien remunerados.

La globalización de la economía y la difusión de las nuevas tecnologías obligan a competir bajo reglas de juego de alcance ecuménico y, si la educación no se orienta en la misma dirección, está dejando de cumplir su principal función: habilitar al ser humano para desenvolverse con éxito en la economía y la sociedad de su tiempo.

La educación no debe concebida solo como aprendizaje en la escuela, el instituto, la universidad, sino como “pasión por el conocimiento”, es decir, ese impulso natural por aprender algo nuevo todos los días para ser mejores en nuestro oficio y también como personas.

Si la escuela y la universidad —como ya sucede en los países líderes— vuelven a cultivar el esfuerzo, la disciplina, el mérito y la jerarquía del saber bajo la autoridad de profesores muy cualificados y la sociedad devuelve a este el reconocimiento social debido, en poco tiempo, en la medida en que somos un país con medios económicos suficientes para financiar debidamente la igualdad de oportunidades educativas, nos situaríamos en una posición por cantidad y calidad de educación, menos desairada que la actual, y puede que incluso de liderazgo.

La nueva educación

El nuevo siglo que estamos viviendo está caracterizado por una alteración paradigmática de la economía y la sociedad que, impulsada por las nuevas tecnologías y la liberalización de los mercados está dando lugar a una nueva paraestructura social que Manuel Castells denominó con éxito “Sociedad Red”.

La nueva era económica, también conocida como “Sociedad de la Información y el Conocimiento”, está alterando muchos patrones de comportamiento de los agentes económicos y sociales, hasta el punto de plantear nuevas exigencias y respuestas que es preciso afrontar para sobrevivir con éxito.

El sistema educativo, como tantas otras instituciones, no puede permanecer ajeno a los cambios tecnológicos y sociales acontecidos en su entorno; se plantea, por tanto, la necesidad de reorientar sus funciones hacia las nuevas demandas, que cada vez se alejan más de aquellas pretéritas que fundamentaron su existencia y posterior desarrollo.

La educación, como institución, verá realzada su función social en la nueva era si es capaz de adaptarse convenientemente a las nuevas circunstancias.

Muy recientemente —diciembre, 2015— la Casa Blanca de EE UU ha sacado a la luz un informe titulado Every Student Succeeds Act, que afronta el desafío de la educación de aquel gran país formulado en términos de “altos estándares de rendimiento escolar” sobre la base de reforzar el profesorado y asumir que las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas —que han dado lugar a un nuevo acrónimo: STEM— cobren protagonismo en la educación desde la escuela primaria.

La nueva sociedad está crecientemente invadida por cambios tecnológicos de contenido — mayormente— intangible que, difundidos por las redes de telecomunicaciones y, en especial, por Internet, están generando un nuevo mundo cada vez más inestable, indeterminado e incierto. La formación STEM es la mejor vía posible para adentrarse con éxito en la nueva economía digital.

En tiempos en los se discute el marco de relaciones laborales más apropiado para aumentar el empleo en nuestro país, quizás habría que plantearse un nuevo cuadro de derechos de los trabajadores adaptado a una nueva economía caracterizada por:

• La globalización de los mercados que obliga a competir sin fronteras, incluso en el ámbito de los servicios, hasta hace poco libres de la competencia internacional.

• La diseminación de las nuevas tecnologías en todas las actividades económicas, que requiere habilidades profesionales adecuadas a ellas.

• La incesante innovación de productos, servicios y procesos, que exige un reciclaje continuo de casi todos los oficios.

Sin entrar a considerar otros aspectos curriculares, es perentorio y debiera ser imperativo integrar en los distintos ciclos educativos, la formación en habilidades tecnológicas de nuestro tiempo, ya que:

• Existe una correlación muy robusta entre formación tecnológica, empleabilidad y empleo.

• La posibilidad de encontrar empleo crece exponencialmente con la formación, y más específicamente la tecnológica.

• La remuneración, la estabilidad en el empleo y la formación ocupacional son mayores entre trabajadores con formación técnica.

• El despliegue de actividades empresariales es más fácil y tiene más futuro cuando se desempeña con elevada formación académica.

• Sería impensable que hubiera tanto desempleo en España si los trabajadores sin trabajo tuvieran habilidades profesionales asociadas a las nuevas tecnologías.

Solo con una adecuada preparación profesional, siempre al día, con sólida base tecnológica es y será posible tener trabajo siempre.

Por todo lo dicho, el más importante y decisivo derecho del trabajador del siglo XXI no va a ser —porque no podrá serlo— tener un mismo trabajo fijo de por vida sin cambiar de lugar, sino disponer de la formación apropiada para poder encontrar trabajo en todo tiempo y lugar, lo que equivale a decir que las “habilidades tecnológicas” se conviertan en el nuevo “oxígeno” que dará vida a los trabajadores de mañana, también de hoy.

El proceso de ajuste del empleo al cambio tecnológico no es en modo alguno ni instantáneo ni automático. La causa del desempleo estructural es el desfase educativo y profesional entre la mano de obra desempleada y las nuevas oportunidades de empleo.

Hoy en España, solo el 12% de los desempleados siguen cursos de formación, todo un pésimo ejemplo de lo que habría que hacer.

Mientras tanto, el dilema es claro: o se estancan los salarios o se aumenta la formación. Lo deseable sería limitar lo menos posible el crecimiento de los salarios mientras aumentamos exponencialmente la formación.

La anhelada metamorfosis de nuestros tejidos productivos —del “ladrillo” a la tecnología, en lenguaje coloquial— solo será posible llevarla a cabo a partir de la educación y la formación en habilidades profesionales de alto valor añadido, que solo pueden proporcionar la tecnología y la innovación.

La educación de calidad es la mejor palanca de promoción social que existe y un soporte decisivo del crecimiento económico. El abandono escolar y la calidad de la enseñanza son los principales desafíos a abordar. El nivel formativo, retribución, autoridad y reconocimiento social de los profesores son claves en la metamorfosis de nuestro sistema educativo. La competencia de sistemas educativos entre las autonomías puede ser positiva sobre la base de la separación de la función de enseñar de la de examinar y calificar y una reválida nacional. El bono escolar para elegir el centro educativo, al estilo escandinavo, las becas a los buenos estudiantes y los préstamos al honor para las carreras universitarias articularían el acceso universal a la educación.

Por otra parte, la promoción económica derivada de la buena educación se encuentra fiscalmente perseguida en España por la progresividad fiscal de la que se libran las grandes fortunas.

El estado de bienestar

La crisis del modelo

El largo ciclo de crecimiento económico y estabilidad política que se generalizaron en los países occidentales tras la II Guerra Mundial dio lugar a una creciente —con diversas graduaciones— presencia del Estado en la economía, que se manifestó en gasto público aplicado a lo que con el tiempo ha terminado acuñándose como Estado de Bienestar.

Con independencia de la ideología, socialista o liberal, que ilustre el análisis de la cuestión del Estado de Bienestar, este ha entrado en crisis por una simple y prosaica razón: su financiación. Mientras duró la alegre expansión monetaria del reciente pasado —que difícilmente volverá— cualquier sueño de Estado de Bienestar parecía —absurdamente— posible, solo por ello se explica la explosión del gasto público en España de los años recientes.

En España los límites del Estado de Bienestar están definidos por nuestra capacidad recaudatoria fiscal, pues un mayor endeudamiento no será posible. De hecho el tamaño del Estado de Bienestar futuro será necesariamente menor que el del presente, ya que una buena parte de los ingresos públicos —que difícilmente crecerán — deberán asignarse a la devolución de la deuda pública y lo que vaya quedando a financiar el gasto público.

Lo dicho hasta aquí pone de manifiesto que no pueden existir derechos reales a ningún “estado de bienestar” que no puedan financiarse con impuestos; el tiempo de recibir préstamos del exterior para pagar lo que no podemos con la recaudación fiscal, simplemente ha pasado. “La economía española está utilizando recursos financieros del futuro para financiar el gasto del presente” sostenía el programa electoral del PSOE de 2004, elaborado por el luego ministro Miguel Sebastián (¡paradojas de la vida!).

Dados los nuevos límites —por pertenecer al euro— del gasto público, equivalentes a los ingresos fiscales, y que un gobierno responsable debería conciliar con la optimización del crecimiento económico, solo cabe discutir su aplicación: a qué y cómo.

Un país, Suecia, como ya se ha escrito, puede servir de referencia al respecto. La crisis de su Estado de Bienestar comenzó antes y también su afortunada revisión. De hecho, el debate político en España sobre el gasto público, debiera versar sobre dos cuestiones principales:

• ¿Cuánto gasto público está realmente asociado con el bienestar social y cuánto son gastos consuntivos tales como: subvenciones, TV públicas y entes y actividades de la más variada especie perfectamente innecesarios?

• ¿A qué ámbitos del bienestar social —sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc.— debe aplicarse el gasto, así como la participación privada en su financiación?

No se plantea aquí la operativa de la administración del gasto público, pues es evidente que debe llevarse a cabo desde un exclusivo criterio: la optimización del uso del dinero público, que como la experiencia bien demuestra es más eficaz desde la gestión privada.

Un principio rector de la aplicación del gasto público a fines sociales debiera ser su subsidiariedad: el Estado no debe sufragar aquello que una persona pueda conseguir por sus propios medios, incluidos el esfuerzo, el tesón y las ganas de lograr sus propios objetivos.

Puesto que la vida natural no genera iguales oportunidades de partida, ni libra a cierto tipo de personas del infortunio, es razonable que el Estado se ocupe de ellos.

La educación cumple una función principal en la gestación de una cierta —la total es naturalmente imposible— igualdad de oportunidades, pero además resulta relevante para la propia prosperidad de la nación: aquellas que disfrutan de una población más y mejor educada —en número y en calidad—, tienen mejores posibilidades de crecimiento económico, mayores ingresos fiscales y más gasto público al servicio de la sociedad.

Alcanzado un cierto nivel de prosperidad económica, que en España hace mucho hemos sobrepasado, es moral y económicamente posible y necesario que la gente infortunada disponga de ayudas públicas para conllevar sus limitaciones y enfermedades con dignidad. La sanidad cumple aquí un papel fundamental y también ciertas ayudas a personas discapacitadas o dependientes.

La gente que pierde su trabajo, mientras busca —de verdad— otro, debe recibir ayudas familiares públicas, amén de todo tipo de facilidades para formarse en nuevas profesiones y cambiar de domicilio.

Se suele creer en nuestro país que el nivel de prestaciones sociales está solo relacionado con el gasto, lo que excluye la aplicación de criterios de eficiencia y excelencia en la gestión de los recursos. La realidad pone de manifiesto lo contrario, ya que los países que gozan de mejor salud —caso de España— no son los que más gastan, como EE UU. Tampoco son los países que más gastan en educación —caso español— los que mejores resultados obtienen, como Corea y Finlandia.

Volviendo al caso de Suecia —según La reinvención del Estado de Bienestar, de Mauricio Rojas— he aquí lo que ha sucedido allí y es de extremada utilidad aquí:

• En el periodo 1870-1950 Suecia lideró con Suiza el crecimiento económico mundial, gracias a una reducida carga tributaria y una economía de libre mercado.

• En el periodo 1965-1995, el PIB per cápita sueco que llegó a representar más del 80% del de EE UU decayó a poco más del 70%, pasando de la cabeza a la cola de el ranking de países ricos. La carga tributaria como porcentaje del PIB ascendió del 25 a más del 55.

• Un creciente desempleo junto con una extraordinaria expansión del empleo público fueron compañeros del viaje a la crisis del Estado benefactor.

• La salida de la crisis sueca ha venido de la mano del equilibrio presupuestario —lo que conlleva menos gasto público— y la mejora de la competitividad de su economía.

• Suecia se ha convertido ahora en un Estado posibilitador del bienestar social, en vez de un exclusivo financiador y productor de servicios públicos como venía siendo.

• Un pujante capitalismo del bienestar presta servicios públicamente financiados.

• Los seguros privados de paro y de enfermedad están cada vez más generalizados.

• El cheque escolar es una exitosa realidad, junto con la mejora de la calidad de la enseñanza en competencia pública y privada.

• La privatización de la prestación de servicios sanitarios ha posibilitado una nueva “industria de exportación”: grupos empresariales que reproducen en otros países sus buenas prácticas en Suecia.

• En materia de pensiones, una inteligente combinación de criterios de reparto y capitalización, junto con incentivos al retraso de la jubilación, han dejado de hipotecar —como en España— las rentas de las generaciones venideras para pagar las pensiones de hoy.

Como consecuencia de la metamorfosis de su estado del bienestar, Suecia ha vuelto a crecer y crear empleo mientras disfruta de una realidad macroeconómica sólida y equilibrada.

El futuro de la Sanidad

Es público y notorio, como ya se ha dicho, que la sanidad española obtiene resultados muy satisfactorios si se tiene en cuenta la esperanza y calidad de vida de la gente, así como la extensión —prácticamente indiscriminada— de sus servicios a toda la población. Y si se comparan tales resultados con su coste, la evaluación aun mejora: España es uno de los países que menos proporción de gasto en sanidad tiene sobre el PIB, por debajo del 9%, frente a una mayoría de países ricos que se sitúan por encima del 11% y EE UU que supera el 17%, según datos actuales del Banco Mundial.

Una evaluación sobre los costes sanitarios realizada por la revista THE ECONOMIST en 2013, aplicada a la hospitalización de los pacientes, situaba a EE UU en cabeza con 4.300 dólares por paciente/día frente a 500 dólares en España, con los demás países ricos por encima de nosotros.

El gasto farmacéutico de España se sitúa en la media de la UE, con un 1,53% del PIB, si bien el consumo de medicamentos es superior debido a que los precios españoles son más baratos.

El origen del nacimiento y posterior consolidación de las citadas ventajas competitivas de la sanidad española fue la creación por ley en 1986 del Sistema Nacional de Salud, tomando como referencia el NHS británico, que estableció un sistema sanitario en red tanto desde el punto de vista asistencial —con la atención primaria resolviendo a menor coste el 75% de las situaciones de salud y la atención hospitalaria para urgencias y episodios agudos— como territorial, mediante la descentralización a través las comunidades autónomas, coordinadas desde el Ministerio de Sanidad.

Este modelo ha funcionado razonablemente bien durante treinta años como antes se ha expuesto; sin embargo, existen ineficiencias y déficits en la gestión de algunos aspectos como evaluación de tecnologías sanitarias, la homogeneización de prestaciones, etc., que, junto con los nuevos retos para la salud y la permanente exigencia de mejoras de eficiencia, deben ser abordadas para seguir en vanguardia.

Entre los nuevos retos que deben ser afrontados hay que considerar:

• Poblaciones cada vez más envejecidas en las que cobran importancia creciente las enfermedades crónicas, cuyos tratamientos implican altos costes y la necesidad de nuevos mecanismos de seguimiento y control de los pacientes mediante asistencia a domicilio. Se trata de un nuevo y gran desafío que la propia UE ha afrontado: The 2015 Ageing Report European Economy (2013-2060).

• Nuevas perspectivas de los tratamientos médicos que, gracias a los avances científicos, posibilitan hacerlos cada vez más personalizados y tempranos. La medicina preventiva y la individualización de los pacientes están asociados con un nuevo paradigma: la medicina centrada en el paciente, en vez de en la enfermedad. La evaluación del sistema de salud estará cada vez más basada en la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. La medicina moderna, según Weston, A. D. & Hood, L. en su Systems Biology, Proteomics, and the Future of Health Care, es ya la de “las cuatro pes”: prevención, predicción, personalización y participación.

Nos hallamos, por tanto, ante el desafío de mantener, actualizar y mejorar nuestro sistema de salud. Pero no nos podemos conformar solo con ello, debemos plantearnos, además, muy seriamente la internacionalización de las tecnologías e innovaciones producidas, así como desarrollar un mercado de atención médica de pago de pacientes extranjeros, lo que exige actuar en varios frentes:

• Privatizando la producción de los servicios públicos de salud para mejorar su productividad y eficiencia. En Suecia ya lo están haciendo con mucho éxito. Se trata de externalizar aquellos servicios que, sin menoscabo de su calidad, puedan ser prestados de modo más rápido y barato por empresas privadas, lo que ya se está haciendo pero insuficientemente.

• Estableciendo mecanismos de copago, como ya existen en casi todos los países europeos, para evitar una demanda injustificada de atención sanitaria, como pone de relieve el Libro blanco de la sanidad española, coordinado por F. J. Rubia Vila, en el que se señala que los españoles acuden al médico un 40% de veces más que el promedio de la UE-15.

• Limitando el acceso pleno al sistema público de salud a los ciudadanos españoles y a los de otros países con convenios de reciprocidad, porque no es económicamente viable extender indiscriminadamente a todo el mundo tales servicios sin que se resienta su calidad.

• Incentivando fiscalmente los gastos privados sanitarios para descargar de pacientes la sanidad pública, bajo el supuesto de que el gasto fiscal sea inferior al ahorro de consumo de servicios públicos conseguidos.

• Promoviendo el tratamiento en España de patologías de larga duración asociado con el turismo. La actividad empresarial que puede generar sería intensiva en empleo de calidad y por tanto bien remunerado.

Según el JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE de septiembre de 2012, el gasto español en sanidad creció a una media del 4,5% en el periodo 1980-2008, mientras que la tasa de crecimiento de la renta per cápita fue del 2,5%. Por otra parte, el citado Libro blanco de la sanidad española señala que el gasto sanitario casi se duplicó en el periodo 1995-2004, lo que equivale a un incremento medio anual del 8%.

Es evidente que tales ritmos de crecimiento no son sostenibles y menos aun en presencia de aumentos de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población que, junto con los costes crecientes de los nuevos tratamientos, demandarán más necesidades de financiación, que ya no podrá realizarse con deuda pública, mientras que el crecimiento de los ingresos fiscales será necesariamente limitado.

En el actual escenario político español, todos los partidos están en desacuerdo con la necesidad de reducir en los términos expuestos los costes de la sanidad, lo que pone de manifiesto la irresponsabilidad de los mismos, que queda de manifiesto al ignorar un hecho incuestionable: hasta ahora el crecimiento del gasto sanitario ha venido siendo superior al del crecimiento económico y ello no se puede sostener en el tiempo.

El caso del copago es paradigmático de hasta qué punto los políticos españoles están fuera de la realidad, incluidos los nuevos que pretenden traer aires distintos: todos están en contra de los tickets moderadores de la asistencia sanitaria y esquemas de pago farmacéutico que ya están vigentes en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido. ¿Hasta cuándo durará este autoengaño?

El problema de las pensiones

El sistema público de pensiones es uno de los principales logros de los países avanzados y al cabo del tiempo está entrando en crisis debido principalmente al aumento de la esperanza de vida, la reducción de la relación entre cotizantes y pensionistas y el aumento automático de las pensiones.

Desde 2008 el PIB español permanece estancado, mientras que los gastos en pensiones no han hecho sino subir y el número de afiliados con respecto al de pensionistas bajar hasta 2,6 veces. El superávit —“la hucha de las pensiones”— que alcanzó en 2011 65.830 millones de euros, se ha ido reduciendo desde entonces hasta los 32.481 millones de euros a finales de 2015.

Con el sistema actual de reparto, a pesar de las modificaciones bienintencionadas pero insuficientes introducidas recientemente, el sistema es insostenible, ya que los derechos de los pensionistas son superiores a las obligaciones de los cotizantes. No hace falta ser actuario ni experto en la materia para saber que un sistema como el actual es inviable a medio plazo: si ahora es el principal gasto público —135 millardos de euros, que equivalen al 42% del presupuesto del Estado de 2016— cuando hacia 2040 la población mayor de 65 años supere el 33% de la total, será materialmente imposible la existencia del actual sistema.

Tal y como se ha señalado antes al tratar el problema de la pirámide poblacional de España, el porcentaje de trabajadores empleados y, por tanto, cotizantes del sistema de pensiones ha sido históricamente muy bajo: poco más de un 40% sobre la población, frente a cifras superiores al 60% en los países más avanzados. Ello agrava el problema de las pensiones en nuestro país, más allá de lo que sucede en otros países también en crisis.

Hace más de dos décadas, otros países ya avanzaron una serie de medidas tendentes a alterar los esquemas de gestión de sus sistemas de pensiones, bien incidiendo sobre la elevación de la edad para la jubilación; el establecimiento de incentivos a la prolongación de la vida activa; los métodos de cálculo de su base reguladora o la racionalización de los ajustes periódicos en su cuantía, sin olvidar, en muchos de ellos, la posibilidad de compensar a aquellos grupos que se considerasen perjudicados por las nuevas normativas.

En España no se tomó ninguna decisión significativa hasta agosto de 2011, introduciendo una serie de ajustes administrativos, como la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años; la protección a las viudas que tuvieren la pensión como única fuente de renta y, el más importante de todos, el denominado “factor de sostenibilidad” de las pensiones, cuya aplicación generaría una variación a la baja del importe de la pensión. Previamente, el Gobierno había decretado la congelación de las pensiones para el año 2012, sin previo aviso y el último día del plazo reglamentario para ello.

En 2013, el nuevo Gobierno autorizó una subida de las prestaciones, discriminando las inferiores y superiores, pero sin entrar en el fondo del problema.

Las medidas adoptadas se han encaminado a paliar los efectos negativos sobre las cuentas del sistema, pero sin tomar decisiones o sugerir estímulos —como se ha hecho en otros países — que neutralizasen las causas del deterioro. El fortalecimiento de la estructura demográfica de la población, a través de medidas tales como el fomento de la natalidad, una inteligente política migratoria o la elevación de la edad de jubilación, tomadas antes del inicio de la actual crisis, hubieran paliado algunos de los efectos negativos con los que ahora nos encontramos.

En las circunstancias descritas es una verdadera irresponsabilidad no afrontar una respuesta a la crisis que se avecina mediante una discusión profesional de la cuestión —que es más técnica que política—, que luego debería someterse a un serio debate en el Parlamento antes de ser aprobada.

El sentido común y las experiencias de éxito en la materia conllevan necesariamente a un nuevo modelo que, con las matizaciones y arreglos que se quiera, debe estar basado en una triple protección:

• Una pensión universal a la población más desvalida financiada con los impuestos generales.

• Una pensión de carácter contributivo, con estructura de capitalización, basada en la actual Seguridad Social y financiada por las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

• Una pensión complementaria, gestionada con criterios de capitalización, con aportaciones voluntarias (como los vigentes planes de pensiones).

La reforma del sistema de pensiones ya se ha hecho con éxito en países como Chile, Reino Unido, Perú, Colombia, Suecia, Polonia, Australia, etc., y en todos ellos el modelo de capitalización —se cobra lo que se ha cotizado más su revalorización financiera— ha tomado protagonismo —absoluto o parcial— frente al modelo de reparto cuya inviabilidad es manifiesta.

La necesidad del cambio se ve agudizada por dos razones externas muy importantes:

• Vivimos un tiempo insólito, que puede durar bastante, en los mercados financieros: la competencia desleal contra el ahorro voluntario de los bancos centrales nos ha inundado de dinero a tipos de interés bajísimos o incluso negativos, lo que conlleva a muy bajos rendimientos de las inversiones financieras

• El ahorro es un factor clave para el crecimiento de la economía y del empleo, que en España es muy bajo y está maltratado fiscalmente. Un sistema de pensiones que lo incentive, además de garantizarlas, ayudaría mucho a nuestra prosperidad económica.

Para una mejor comprensión de la reforma de las pensiones que necesita España, quizás sea útil conocer de cerca el proceso seguido por Suecia en este ámbito, recurriendo de nuevo a Mauricio Rojas en su ensayo Reinventar el Estado de Bienestar.

En diciembre de 1991, el Gobierno sueco creó una comisión que en 1994 presentó su informe con las líneas de reforma, que fueron discutidas y aprobadas por los dos grandes partidos —centro-derecha y socialdemocracia— en junio del mismo año. El motivo de la reforma era la insostenibilidad del viejo sistema, por las mismas razones del español.

El actual sistema sueco de pensiones tiene tres componentes:

• Acceso subsidiado a servicios: transportes, servicios domiciliarios, atención médica, adaptación de la vivienda, medicinas, etc.

• Asignación mínima de vejez y pensión de garantía sobre la base de las contribuciones realizadas durante la vida laboral.

• Sistema complementario soportado por dos modalidades, una colectiva mixta de reparto y capitalización y otra individual y voluntaria de capitalización.

En su aplicación, el sistema de pensiones sueco contempla las siguientes condiciones:

• Las generaciones futuras tienen garantizado que no asumirán la carga de un sistema deficitario. Si los pagos llegan a superar los ingresos, existe un “freno” que reduce el monto de las pensiones pagadas.

• La pensión recibida está determinada por las cotizaciones efectivas de toda la vida laboral.

• La edad de jubilación es libre y la pensión crece con los años cotizados. A partir de los 67 años el despido es libre.

¿Quién puede estar en desacuerdo con el sistema sueco? ¿A qué se espera para implementarlo en España con las debidas adaptaciones? Por supuesto que el tránsito de un sistema de reparto a otro de capitalización no puede hacerse de golpe, pero sí desarrollarlo cuanto antes.

La política de seguridad & defensa

De dónde partimos

La cultura de la seguridad y la defensa no forman parte de la España de nuestros días: ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni los ciudadanos están mínimamente interesados en ello.

Con datos muy fiables —WVS 1981-2010 elaborados por ASEP— España se sitúa en la cola de los países cuyos ciudadanos estarían dispuestos a luchar para defender su patria. Solo Japón, Alemania, Italia y Bélgica se encuentran por debajo. Sin embargo, los españoles, en la misma encuesta, se sienten orgullosos de serlo y solo somos superados por Polonia, Irlanda, Australia, Canadá y, por supuesto, EE UU líderes en este ámbito.

Por otra parte, está muy consolidada la positiva valoración que los españoles tienes de sus Fuerzas Armadas, hasta el punto de ser la institución que más apreciamos.

El acrítico “no a la guerra” que sacan a relucir con cualquier motivo, fundado o no, ciertos partidos y movimientos populistas suele tener un éxito aquí que no se da en ningún otro país de Occidente.

Los “intereses nacionales” de carácter estratégico que forman parte del núcleo de la misión de los países desarrollados y que fundamentaron la existencia misma del Estado moderno, no forman parte del vocabulario de los políticos, ni de los medios de comunicación ni, en consecuencia, de la sociedad.

Algo habría que hacer para comenzar a enmendar este evidente fallo en nuestra responsabilidad colectiva y así madurar como país. A tales efectos quizás sería interesante, en la línea aquí propiciada de aprender de las buenas prácticas de otros países, implantar en España —previo análisis crítico— un modo de hacer francés, que funciona muy bien y sería fácil de implantar en nuestro país.

Desde que dejó de existir el servicio militar, todos los ciudadanos franceses están invitados a pasar un día de su vida en un cuartel militar donde conocen y aprenden cuáles son los intereses nacionales, cómo funcionan las Fuerzas Armadas y qué riesgos y desafíos existen en cada momento. Al cabo de la jornada, denominada “Journé Defénse et Citoyenneté”, el ciudadano recibe un carnet honorífico, “Parcours Citoyenneté”, que le será amablemente exigido después para obtener el carnet de conducir, matricularse en una universidad y un sinfín de instancias administrativas.

Un país cohesionado en torno a valores cívicos y principios sólidos, orgulloso de su historia y confiado en su porvenir, resuelto a defenderse cuando su seguridad se vea amenazada, está en condiciones de afrontar el futuro, incluso en el ámbito económico, con muchas posibilidades de éxito.

Qué debemos conseguir

Durante el último cuarto de siglo, tras la caída del Muro de Berlín, la política de seguridad y defensa de los países de la UE ha ido perdiendo protagonismo político y presupuestario mientras que los gastos sociales han crecido desmesuradamente. Mientras que los europeos damos más importancia al Estado de Bienestar que a la seguridad nacional y la defensa, en EE UU sucede lo contrario. Como consecuencia, en las últimas décadas cada vez que ha existido un conflicto —Balcanes, terrorismo internacional, Ucrania, etc.—, los europeos hemos sido dependientes de los EE UU ya que, ni hemos sido capaces de articular una política militar común, ni disponemos de medios para llevar a cabo misiones realmente importantes.

Según Cameron, “los europeos hemos externalizado nuestra defensa”, cuando resulta que la fundación del Estado estuvo originalmente basada en las necesidades sociales de seguridad y defensa, funciones a las que luego se añadieron otras.

Todo ello ha venido sucediendo mientras que las amenazas se han concentrado mucho más cerca de nuestras fronteras que de las de EE UU. Los nuevos acontecimientos derivados de lo que comenzó llamándose ingenuamente la Primavera Árabe y ha terminado configurándose como una región caracterizada por la máxima inestabilidad política y una fuente de terrorismo indiscriminado nunca acontecida hasta ahora, obligan a reconsiderar la política exterior, de defensa y seguridad de la UE.

Según THE ECONOMIST (november 21st, 2015), durante los últimos quince años Europa Occidental ha sufrido 23 ataques terroristas, de los cuales a España le corresponden 7, al Reino Unido 5, a Francia 4 y uno a Suiza, Holanda, Alemania, Noruega, Grecia, Bélgica y Dinamarca. Mientras que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE UU dieron lugar de inmediato a la constitución de una task force —Gobierno y sociedad civil universitaria y empresarial— que, poco tiempo después, tenía listo un informe que dio lugar a The National Strategy for Homeland Security, en la UE seguimos actuando como si nada importante hubiera sucedido.

A estos indiscriminados ataques terroristas hay que sumar los riesgos para nuestra seguridad provenientes del Este de Europa y la nueva política militar exterior de Rusia.

Para Florentino Portero: “A menudo hablamos de EE UU y de Europa, comparando sus reacciones ante problemas de seguridad internacional, cuando en realidad Europa no existe. Solo existen los estados europeos, que son muy distintos entre sí. Reino Unido y Francia son potencias clásicas que, con sus muy limitadas capacidades, reaccionan de forma semejante a EE UU. Otros países, entre los que nos encontramos, apostamos por una visión postmoderna y voluntarista que cree que podemos evitar la violencia sin poner en peligro la seguridad. Como consecuencia de lo anterior la Unión Europea se encuentra profundamente dividida. No es que no quiera, es que está rota. No hay acuerdo sobre cómo actuar y esa división le lleva a la inacción crónica”.

Puesto que por bien conocidas razones históricas, la Alemania que tan bien lidera la Europa económica no tiene un interés equivalente en la política de seguridad y defensa europea, Francia y el Reino Unido —los países occidentales “menos desarmados”— deberían liderar la necesidad de una estrategia para “la seguridad de la patria europea”.

España, sin dejar de ocuparse de sus propios —no compartidos— intereses nacionales, debiera jugar un papel activo en la reconsideración de la política exterior y de seguridad de la UE, desde el prestigio y reconocimiento profesional que atesora. La lucha contra el terrorismo interior, el control de las fronteras del sur y la activa presencia en misiones exteriores han enriquecido el know how de nuestras Fuerzas de Seguridad y Defensa en unos ámbitos de gran utilidad para afrontar los desafíos que nos acechan.

La experiencia operativa de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad ha estado en muchos casos acompañada de innovadores desarrollos tecnológicos, que han convertido a España en un país líder en algunos muy significativos ámbitos de actuación en materia de seguridad de fronteras y despliegues tácticos en el exterior.

Las nuevas doctrinas sobre “Seguridad Colectiva” y “Defensa Adelantada” plantean la necesidad de prevenir antes que curarnos de desgracias potenciales, lo que exige estar al día en el análisis estratégico, contar con los medios necesarios para actuar y operar integrados en las instituciones occidentales.

El adelgazamiento del Estado que se ha postulado anteriormente no está reñido con una dotación presupuestaria adecuada a los altos intereses de España en materia de seguridad interior y exterior. Buena parte de dicha dotación, además de servir a una finalidad esencial de todo Estado cual es la seguridad, genera además economías externas muy positivas en materia tecnológica, industrial y actividad económica creadora de empleos muy cualificados.

Epílogo

Como quiera que la crisis económica e institucional que afectan a España no son hechos aislados del contexto internacional, sino compartidos en diversos grados con otros países occidentales, es obligado pensar y actuar acerca de nuestro futuro de la mano y experiencias próximas que nos puedan resultar útiles.

No deja de resultar curioso a la vez que muy lógico que dos recientes ensayos internacionales sobre el tema en cuestión contengan una aproximación convergente con nuestra visión: puestos a vislumbrar salidas exitosas a la crisis acaso debamos adoptar las mejores prácticas de otros países que han avanzado con éxito para superar circunstancias críticas parecidas.

Así, Francis Fukuyama, después de acuñar hace un par de décadas con extraordinario éxito su perspicaz “Fin de la historia”, enuncia ahora en su último ensayo Political Order and Political Decay otro brillante lema: “Ser como Dinamarca”, como remedio para resolver la crisis institucional en la que viven muchos países occidentales. Pero ¿en qué consiste ser como Dinamarca?

Para Fukuyama, no se trata tanto de imitar a la Dinamarca actual como su trayectoria hacia una sociedad próspera, democrática, segura, bien gobernada y con baja corrupción, lo que se consigue con una burocracia subordinada al interés general —no politizada, por tanto— compuesta por técnicos competentes, operando con una clara división del trabajo, reclutados exclusivamente por méritos profesionales.

Dinamarca, según nuestra tabla de la página 27, es el quinto país más rico del mundo con una renta per cápita que más que duplica la española. Allí no existe el salario mínimo, las empresas apenas pagan cuotas de Seguridad Social, la negociación colectiva en las empresas está descentralizada y el despido tiene un coste mínimo. La fiscalidad global es alta, siendo muy elevada la del consumo —el IVA— y menor en términos relativos la de la renta, mientras que las empresas disfrutan de bajos impuestos.

Los daneses son ricos porque facilitan fiscal y laboralmente la vida de las empresas, que de este modo crean más riqueza y empleo:

• Los elevados impuestos indirectos operan como aranceles que favorecen la industria nacional frente a las importaciones.

• No tienen cuotas a priori de Seguridad Social que penalicen los costes empresariales, lo que mejora su competitividad.

• La descentralización de la negociación laboral colectiva facilita la adaptación de todas las empresas a sus mercados, mientras que las nuevas empresas no se ven obligadas por acuerdos de las viejas y grandes que limitan su competitividad.

• Los costes de despido son muy bajos, lo que facilita la vida empresarial.

• La fiscalidad empresarial es un 35% inferior a la media de la OCDE, lo que favorece la creación y atracción de empresas.

• Los impuestos de la renta de los trabajadores son más bajos que en España

• Los impuestos sobre la riqueza son también más bajos que en España

• La presión fiscal —porcentaje impuestos/PIB— es más alta que en España, pero el esfuerzo fiscal —porcentajes impuestos/renta per cápita— es más bajo.

• El copago sanitario y el cheque escolar están implantados.

Por lo que hemos visto antes sobre el mercado de trabajo y la fiscalidad en España, estamos justo en las antípodas de Dinamarca. Por tanto, si queremos, como propone Fukuyama y parece incuestionable, ser como Dinamarca, nuestro país necesita hacer las cosas al revés de cómo las ha venido haciendo.

Por otra parte, John Micklethwait y Adrian Wooldridge en su ya citada La cuarta revolución también sostienen la perentoria necesidad de cambiar hacia “el modelo de los países escandinavos”. En el ámbito del Estado de Bienestar, el mejor ejemplo a seguir es Suecia, por las razones ya expuestas anteriormente al tratar —unas páginas antes— de la crisis de su modelo.

En el ámbito empresarial hace mucho tiempo que está muy extendida la práctica de copiar “las mejores prácticas” de las empresas de éxito y ello por una simple razón: quien no lo hace, perece. En un sistema competitivo solo sobreviven aquellos agentes que hacen mejor las cosas.

En una economía abierta y globalizada, los países que más éxito tienen son aquellos que disfrutan de mejores instituciones de gobierno, hasta el punto de que —como hemos visto— están de moda los rankings de calidad institucional que clasifican a los países por sus mejores prácticas. Y no hay escape posible de esta competencia institucional que, siendo de naturaleza dinámica, pone a cada uno en su sitio.

Tal y como se ha escrito al principio al tratar acerca de dónde estamos, España pertenece hoy al selecto núcleo de países ricos del mundo en el que están todos aquellos cuyas prácticas institucionales y económicas son generalmente más apreciables. De hecho, fuera de dicho ámbito, pocos españoles elegirían países a imitar.

Estando mayoritariamente de acuerdo, es de suponer, en lo que deberíamos conseguir: disfrutar de la máxima renta per cápita dentro de un Estado Democrático de Derecho con igualdad de oportunidades —es decir, ante la ley— para desarrollar libremente nuestro potencial personal y habiendo dado muestras a lo largo de la historia de nuestra capacidad de obtener logros operando en la buena dirección, es cuestión de ponerse a trabajar —todos— sin prisa ni pausa por los caminos ya descubiertos y transitados con éxito por otros países.

Empecinarse en el error, cuando este es manifiesto, es una pérdida de tiempo y una irresponsabilidad histórica de la que debemos huir para evitar volver a caer en los peores episodios del pasado que tanto nos costó superar.

Hemos visto que España es una gran nación protagonista de una de las más fascinantes historias acontecidas, que tras los muchos avatares vividos se encuentra sólidamente establecida en el núcleo duro de la política y la economía mundiales, mientras disfrutamos de muy importantes logros políticos, económicos, sociales y culturales que nos significan y distinguen mundialmente.

También sabemos, a ciencia cierta, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, así como las amenazas y las oportunidades que nos envuelven y los desafíos que tenemos que afrontar.

Nuestra capacidad intelectual para analizar críticamente la realidad actual y las esperanzas de futuro no desmerecen las de ningún otro país. La potencialidad del sociedad civil española es muy grande y particularmente la de su expresión empresarial.

Los acontecimientos históricos de la España de nuestro tiempo han demostrado que España sabe y puede hacer las cosas bien, que no estamos condenados a la mediocridad y que podemos liderar aun más ámbitos que los logrados con éxito.

Si la corrupción y la extrema politización de las instituciones se ha extendido hasta hacer enfermar “la política” y desvanecer su valoración ciudadana, nuestro sistema democrático que, junto a la libertad de prensa, ha permitido desvelar los mayores desmanes, tiene capacidad autocorrectora que ya está comenzando a expresarse judicial y políticamente y puede culminar con un gran ascenso en los rankings de calidad institucional con medidas tan obvias como las que se han venido exponiendo en los capítulos anteriores.

Nuestro anclaje a las instituciones europeas, además de poner límites a posibles nuevos disparates políticos —como es el caso de Cataluña, el déficit público, etc.— es una sólida base de apoyo para competir y mejorar los logros de nuestros mejores vecinos.

Pero España, además de adoptar buenas prácticas exteriores, tiene un buen repertorio de éxitos recientes que pueden y deben mejorar nuestra autoestima para afrontar los nuevos desafíos:

• Si la entrada en el Mercado Común europeo, siendo políticamente deseada, fue comercialmente temida ante la posible invasión de los nuevos competidores, al final se resolvió a nuestro favor: al cabo del tiempo la apertura de nuestras fronteras, en vez de generar déficit comercial con la UE, dio lugar a superávit.

• La integración en el sistema monetario del euro implicó el cumplimiento de los llamados “criterios de Maastricht” —déficit público, inflación, tipo de interés y tipo de cambio— que parecían muy alejados de nuestras posibilidades, y, sin embargo, los cumplimos rigurosamente todos, dando un gran ejemplo a Europa.

• Más recientemente, después de haber estado al borde la de intervención de nuestra economía por parte de instituciones multilaterales extranjeras, España ha sido capaz de tomar con mano firme el timón de su economía para reconducirla al crecimiento y a la creación de empleo. Se podría discutir el método utilizado: subida drástica de impuestos en vez de reducción del gasto púbico y reformas estructurales poco ambiciosas para mejorar nuestra competitividad, pero los resultados están a la vista: España ha terminado liderando el crecimiento económico y del empleo de la UE.

Como siempre ha sucedido en nuestro país, cuando las políticas económicas han estado bien orientadas —ortodoxia frente a heterodoxia—, los resultados siempre han sido muy positivos.

Si las tesis catastrofistas finiseculares de la Generación del 98 fracasaron estrepitosamente, mientras España fue capaz —después de un largo y atroz sufrimiento— de abandonar la pobreza y los españoles ser dueños politicos de su destino histórico hasta situarnos dónde estamos ahora, no hay razón para el pesimismo porque los próximos desafíos en ningún caso son menos abordables que los que vencimos en el pasado.

Para ello tenemos que confiar en nosotros mismos, volver a sentir que formamos parte de una nación con un significativo lugar en la Historia, proteger nuestras instituciones y desarrollar nuestras fortalezas, lo que es perfectamente posible.

Bibliografía

ÁLVAREZ TARDÍO, MANUEL (2005): El camino a la democracia en España. 1931 y 1978. Gota a Gota.

ANTE, SPENCER E. (2008): Creative Capital. Georges Doriot and the Birth of Venture Capital. Harvard Business Press.

ARIÑO, GASPAR (2012): Regenerar la democracia, reconstruir el Estado. Un programa de reformas políticas. Unión Editorial.

ATKEARNEY (2015): Áreas prioritrias para una inversión sostenida en infraestructuras en España. Septiembre, 2015.

BAUMOL, WILLIAM J. & BATEY BLACKMAN, SUE ANNE (1991): Mercados perfectos y virtud natural. Celeste Ediciones. 1ª Edición en español, 1993.

BRENDECKE, ARNDT (2012): Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español. Iberoamericana-Vevuert.

BUCHANAN, JAMES M. (1996): Ética y progreso económico. Ariel Sociedad Económica.

BURKE, EDMUND (1790): Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Alianza, 2003.

BYUNG-HUL HAN (2012): La sociedad de la transparencia. Herder Editorial, 2013.

CARRÈRE, EMMANUEL(2014): El reino. Anagrama, 1ª edición 2015.

castells, Manuel y TYSON, Laura (1988): High Technology Choices Ahead: Restructuring Interdependence. John W. Sewell y Stuart Tucker (eds). Growth, Export ans Jobs in a Changing World Economy-New Bronswick. NJ. Transaction Books.

Castells, Manuel & Hall, Peter (1994): Las tecnópolis del mundo. la formación de los complejos industriales del siglo XXI. Editorial Alianza.

CERVANTES, MIGUEL (2015): Don Quijote. Versión de Andrés Trapiello. Ed. Destino.

CHIRBES, RAFAEL ( 2007): Crematorio. Anagrama 2012.

COASE, R. H. (1988): The Firm, the Market and the Law. The University of Chicago Press. Paperback Editions.

COMISIÓN EUROPEA (2014): Por un renacimiento industrial europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas 22-1-2014.

CsikszentmiHalyi, Mihaly (1997): Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial Collection. Harper Collins Editorial. 1st Edition.

DIAMOND, JARED (1997): Armas, gérmenes y acero. La sociedad humana y sus destinos. Colección Debate Pensamiento. Editorial Debate. 1ª edición en español..

DIAMOND, JARED (2016): Sociedades comparadas. Colección Debate Pensamiento. Editorial Debate. 1ª edición en español.

DOMINGUEZ ORTÍZ, ANTONIO (2000): España. Tres milenios de historia. Marcial Pons.

ESPARZA, J. J. & ESOLEN, A. (2009): Guía políticamente incorrecta de la Civilización Occidental. Ciudadelalibros.

FERGUSON, ADAM (1767): Ensayos sobre la historia de la sociedad civil. Akal, ed.2010.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL (1988): Felipe II y su tiempo. 2ª edición , Espasa.

FUNDACIÓN COTEC (2014): Informe sobre tecnología e innovación en España.

Fukuyama, Francis (1992): El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta.

Fukuyama, FranciS (1995): Trust. The Social Virtue & the Creation of Prosperity. Free Press Editorial.

Fukuyama, FranciS (2014): Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Profile Books, 2015.

GALBRAITH, JOHN K. (1967): El nuevo estado industrial. Ariel, 6º edición, 1974.

GARCÍA DELGADO J. L. & ALONSO J. A. & JIMÉNEZ J. C. (2012): Valor económico del español. Ariel-Fundación Telefónica

GOMÁ, JAVIER (2012): El fin de la excepcionalidad española. Revista Matador P

GÓMEZ CAMACHO F. (S.J.) (2004): Espacio y tiempo en la Escuela de Salamanca. El Tratado de J. De Lugo S.J. sobre la composición del continuo. Ediciones Universidad de Salamanca.

GOMPERS, PAUL y LERNER, JOSH (2001): The Money of Invention. How Venture Capital Creates New Wealth. Harvard Business School Press.

GOMPERS, PAUL & LERNER, JOSH (2001): The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives — Vol. 15, nº 2, primavera 2001, págs.145-168.

HAYEK, FRIEDRICH A. (1978): Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas. Edición en español, 2007, Unión Editorial.

HAYEK, FRIEDRICH A. (1973—1979): Derecho, legislación y libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política. Edición en español, 2007, Unión Editorial.

HEBERT ROBERT F & LINK ALBERT N. (1988): The Entrepeneur. Mainstream Views & Radical Critiques. Second Edition, Praeger.

HUEMER, MICHAEL (2013): The Problem of Political Authority. An Examination of the Rigth to Coerce and the Duty to Obey. Palogave

HUERTA SOTO, JESÚS (1992): Socialismo, cálculo económico y función empresarial. 4ª edición. Unión Editorial.

HUME, DAVID (1751): Investigación sobre los principios de la moral. Alianza Editorial, 2006.

KAGAN, L. RICHARD (1981): Universidad y sociedad en la España moderna. Tecnos.

KAGAN, L. RICHARD & PARKER, GEOFFREY (2001): España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a H. Elliot. Marcial Pons.

KIRZNER, ISRAEL M. (1973): Competition & Entrepreneurship. The University of Chicago Press, 2011.

KIRZNER, ISRAEL M. (1989): Creatividad, capitalismo y justicia distributiva. Unión Editorial, 1995.

Kuhn, Thomas S. (1962): La estructura de las revoluciones científicas. Colección Breviarios. Editorial Fondo de Cultura Económica. 2ª reimpresión en español. 1977 Madrid.

LOCKE, JOHN (1688): Concerning Civil Government, Second Essay. Encyclopedia Britannica, Second Edition 1990.

LORENZ, CONRAD & POPPER, KARL (1985): El porvenir está abierto. Tusquest, colección Matatemas 28, 1ª edición 1992.

LUCAS, ROBERT E. (2002): Lectures on Economic Growth. Harvard University Press

MADDISON, Angus (1995): Monitoring the World Economy 1820-1992. Reimpresión, 2000. OCDE, París.

MANDEVILLE, BERNARD (1729): La fábula de las abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad pública. 2ª reimpresión rústica 2004. Fondo de Cultura Económica, España.

MARÍAS, JULIÁN (1978): España en nuestras manos. Espasa Calpe

MARÍAS, JULIÁN (1985): España inteligible. Razón histórica de las Españas. Alianza Universidad.

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE (2015): Debt and (not much) Deleveraging. February, 2015

MENGER, CARL (1871): Principios de Economía Política. 2ª edición en español, 1997. Unidad editorial.

MICKLETHWAIT, JOHN & WOOLDRIDGE, ADRIAN (2014): La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado. Galaxia Gutemberg 2015.

Mokyr, Joel. (1990): The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. Oxford University Press. Oxford.

MOKYR, JOEL (2002): The Gifts of Athena. Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton University Press.

MYRO, RAFAEL (2015): Competitividad, productividad y nuevo modelo productivo. ICE ,nº 883, mayo-abril 2015.

MYRO, RAFAEL (2015): España en la economía global. Claves del éxito de las exportaciones españolas. RBA Libros.

NORTH, Douglass C. & Thomas, Robert P. (1973): The Rise of the Western World. Cambridge UK Cambridge University Press, 1999.

NORTH, DOUGLASS C. (2005): Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press.

ORDUÑA, ENRIQUE (2015): Historia del Estado español. Fundación Alfonso Marin Escudero-Marcial Pons Historia.

PARENTE, STEPHEN L. & PRESCOTT, EDWARD C. (2002): Barriers to Riches. MIT Press.

PARKER, SIMON C. (2009): The Economics of Entrepreneurship. Cambridge University Press

PÉREZ, CARLOTA (2002): Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Edward Elgar Publishing.

PÉREZ, JOSEPH (2009): La leyenda negra. Gadir.

POPPER, Karl R. (1961): La miseria del historicismo. Alianza Editorial. 1ª edición en español, 1973.

PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO (2003): El progreso económico de España (1850-2000). Fundación BBVA.

ROJAS, MAURICIO (2010): Reinventar el Estado de Bienestar. La experiencia de Suecia. Gota Gota

ROMER, Paul M. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth. JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. Vol. 94, nº 5. The University of Chicago.

Romer, Paul M. (1993): Implementing a National Technology Strategy with Selforganizing Industry Investment Boards. National Bureau of Economic Research.

Rosenberg, N. & Landan, R. & Mowery D. (1992): Technology and the Wealth of Nations. Stanford University Press. Stanford.

ROSENBERG, Nathan (1994): Exploring the Black-Box: Technology, Economics and History. New York. Cambridge University Press.

ROSENBERG, Nathan & BIRDZELL, L. E. Jr. (1986): How the West Grew Rich? The Economic Transformation of the Industrial World. Basic Books. Harper Collins Publishers.

ROTHBARD, MURRAY N. (1995): Historia del pensamiento económico, volumen I y II. 1ª reimpresión en español, 2006, Unión Editorial.

RUBIA VILA F.J. (Coord.) (2011): Libro blanco sobre el sistema sanitario español. Academia Europea de las Ciencias y las Artes.

SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL (1999): Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX).

SCHUMPETER, JOSEPH A. (1942): Capitalism, Socialism and Democracy. First Harper Perennial Modern Thought Edition Published 2008.

SCHUMPETER, JOSEPH A. (1954): Historia del análisis económico. Ediciones ARIEL. Edición en español, 1971.

Schwartz, Peter & Leyden, Peter & Hyatt, Joel. (1999): The Long Boom. A Vision for the Coming. Age of Prosperity. Perseus Books. Reading, Massachusetts.

SEBASTIÁN, MIGUEL (2015): La falsa bonanza. Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo intentar que no se repita. Península, 2º edición.

SMITH, ADAM (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. The University of Chicago Press, 1976.

SOLOW, ROBERT M. (1957): A Contribution to the Theory of Economic Growth. QUARTELY JOURNAL OF ECONOMICS, 70.

SOLOW, Robert M. (1970): Growth Theory. Second Edition, 2000. Oxford University Press.

SPENCE, MICHAEL (2011): The Next Convergence.The Future of Economic Growth in a Multispeed World. Farrar, Straus and Giroux.

SPENCER, HERBERT (1884): El hombre contra el Estado. Unión Editorial, 2012.

STARK, ROODNEY (2006): The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism and Western Success. Random House Trade Paperback.

STUART MILL, JOHN (1859): Sobre la libertad. Ediciones Orbis, 1985.

SUÁREZ, LUIS (2009): Lo que el mundo le debe a España. Ariel

TOCQUEVILLE, ALEXIS (1835): La democracia en América. Alianza Editorial, 2006.

TORRES-DULCE, EDUARDO (2013): La inevitable reforma de la Administración de Justicia. El Notario del Siglo XXI, julo/agosto 2013.

VERNET, JUAN (1998): Historia de la ciencia española. Editorial Alta Fulla.

VERNET, JUAN (1999): Lo que Europa debe al Islam de España. El Acantilado.

WALRAS, LÉON (1874): Elementos de economía política pura. Edición de Julio Segura, 1987. Alianza Universidad.

WEBER, Max (1905): La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ediciones Orbis. Edición en español, 1985.

WESTON A. D. & HOOD L. (2004): Systems, Biology, Proteomics, and the Future of Health Care. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ACS Publications.

ZARATIEGUI, JESÚS Mª (2002): Alfred Marshall y la teoría económica del empresario. Universidad de Valladolid.

Este libro se terminó de imprimir

el 15 de abril de 2016