SINOPSIS

Escrita con una rara combinación de pasión entusiasta y de fría objetividad, la obra de Raymond Carr, publicada originariamente dentro de la prestigiosa Oxford History of Modern Europe, tiene calidad y méritos suficientes para desempeñar, como ha venido haciendo durante más de tres décadas, tres funciones primordiales: la de informar ampliamente al lector no especializado; la de servir de introducción y guía a los que deseen conocer la Historia Contemporánea de España; y, por último, la de auxiliar al propio especialista como obra de referencia general. La metodología de trabajo de autor queda sintetizada con las siguientes palabras: "El historiador que se propone estudiar un período de tiempo dilatado tiene que permanecer en guardia y no desviarse de una línea de equilibrio ideal evitando imperfecciones y desigualdades de trato." Principio que siguen magistralmente tanto Raymond Carr como Juan Pablo Fusi, en su continuación de la Historia hasta el presente. Establecida sobre una amplísima bibliografía especializada, a la que se suma la puesta al día de la presente edición, sus múltiples reediciones avalan la calidad contrastada de un clásico del género. A la última puesta al día por el propio autor en 1982 con cuatro nuevos capítulos en los que se analizaba con lúcida precisión el régimen franquista y el inicio de la transición, se añade un brillante y esclarecedor epílogo escrito por el principal discípulo de Carr en España, Juan Pablo Fusi.

PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA

Tras la primera edición de esta obra hubo una revolución en la historiografía española. Considerada una vez como un ensayo frustrado de liberalismo, la historia más moderna de España era un terreno descuidado y aun peligroso, inexplorado, salvo por un puñado de valientes, uno de los cuales era mi lamentado amigo Jaime Vicens Vives. Ahora ha concitado por fin la atención que merece.

La contribución de los estudiosos españoles a la historia de la España moderna ha sido sobresaliente y ha enriquecido mi propia comprensión de la historia española. Quisiera expresar mi deuda para con sus éxitos. Puesto que no he modificado el texto en lo fundamental, tal reconocimiento sólo podía tomar la forma de una amplia bibliografía. Una comparación con la bibliografía original subraya el progreso que se ha realizado, particularmente en el campo de la historia económica.

En esta nueva edición, que aparece con el título de España 1808-2008, se añade un lúcido epílogo de Juan Pablo Fusi desde la restauración de la democracia en España hasta nuestros días.

R. C.

PRÓLOGO DEL AUTOR A LA PRIMERA EDICIÓN ESPAÑOLA

La publicación de este libro en castellano me brinda la oportunidad de reiterar mi aprecio y mi deuda hacia los historiadores españoles que se han ocupado del período aquí historiado. Me doy perfecta cuenta de que algunas de sus obras me escaparon cuando se escribió este libro en 1963 y 1964. Desde entonces, se han publicado otros trabajos, muchos de los cuales no me ha sido dado incorporar en el texto de la edición que ahora sale. Es ésta la traducción del original inglés, corregidos —así lo espero— algunos de sus errores de datos y de interpretación más evidentes, y tan sólo ligeramente retocado donde más necesaria era.

No podía introducir en esta edición ciertos cambios de énfasis sin dar al traste con parte de la estructura misma de mi argumento. Así, no doy ya tanta importancia al regeneracionismo que siguió al desastre colonial de 1898. Lo llamaba, en la versión original, «mito» en la acepción soreliana; pero no se destaca lo bastante que era sobre todo un mito de los intelectuales, y no de los políticos. Poco les cabía hacer a los políticos por la senda regeneradora. Lo que acontecía era que la base de la vida política estaba mudando en toda Europa occidental. Los sociólogos describirían este proceso diciendo que se trataba de una creciente participación política; los políticos ya no podían actuar como si «la opinión» hubiese sido una entelequia. El Desastre y sus secuelas aceleraron, no crearon, la formación de esa opinión. El dilema de políticos como Maura —cuyo papel acaso exagero— consistía en que no podían uncir a un partido político esa misma opinión que ellos mismos reconocían como una nueva fuerza actuante en la política. Como reformadores y «regeneracionistas», sus opciones venían recortadas por el sistema a que acudían para sostenerse en el poder. Ya en 1689 observaba el embajador francés que el desorden imperaba en España, «pero, siendo las cosas como son, resulta casi imposible introducir cambios sin exponerse a inconvenientes peores que la enfermedad misma».

No es éste sino uno de los reajustes que hubiese querido insertar. En un campo poco explorado, la tarea de escribir historia exige la constante modificación de las explicaciones.¹

Nada sorprende tanto a un escritor como las críticas formuladas a ciertas partes de su trabajo. La densidad de mi estilo es fruto de la compresión impuesta por la necesidad. Cualquiera puede escribir historia cuando nada le coarta, pero, desgraciadamente, la economía de las editoriales deniega al historiador contemporáneo esa libertad. Este libro, como han dichos mis críticos, es de lectura difícil. Culpa es de mi destino, que no de mi intención.

Otras de las críticas que se me han hecho me parecen menos justificadas. La izquierda me acusa de no comprometerme políticamente. Eso, para ellos un defecto, es, a mi modo de ver, una virtud. Tampoco me arrepiento de no haber sacado siempre a relucir las interconexiones entre las estructuras sociales y económicas y la sobrestructura política. Hay casos en que no puede verse con precisión ese vínculo, y entonces vale más abstenerse por completo de toda alusión a él. Además, las estructuras y los hábitos políticos perduran en las nuevas situaciones sociales. A los historiadores corresponde evidenciar esa disyunción. Mas, repito, ocurre a menudo que no pasa ella de mera hipótesis, sin ser cosa probada. Prejuicios, sin duda, los tengo. Siento antipatía por mucho del radicalismo decimonónico. Acaso la repugnancia estética, o aun el prejuicio de clase, hayan torcido mi interpretación.

Hay dos factores que a lo mejor he juzgado de modo diferente a como debiera, y por razones distintas. Por una parte, en lo que hace al papel de la Iglesia en el siglo XIX, diré sencillamente que me han faltado las fuentes para hacerme cargo exacto de él. Por otra parte, la historiografía española se ocupa prolijamente de la función de los movimientos intelectuales en la época moderna; puede que esté equivocado al valorar en poco la impronta de los intelectuales en la política —sobre todo en España—. Tan sólo aduciré que me ha impresionado una y otra vez su constante fracaso en influir sobre los acontecimientos de modo decisivo, aun en los días de la segunda república.

Este libro es fruto de muchos años de admiración y de interés por España. Su historia moderna ha sido demasiado olvidada en Europa. Tan sólo me cabe esperar que mis críticas, cuando las hay, no causen ofensa. Como el pintor del retrato de Cromwell, he trazado mi cuadro «con verrugas y todo». El historiador no puede hacer otra cosa.

Oxford, abril de 1968

A. R. M. C.

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN INGLESA

El autor, al aventurarse en un terreno que, a la luz de la erudición histórica moderna, llamaríamos casi sin investigar, se da perfecta cuenta de la gran deuda que tiene contraída con los contados eruditos que han descrito algunos rasgos del paisaje, así como de la superficie inmensa que aún permanece por explorar. El balance de la historiografía española de la época moderna refleja un desequilibrio agudo, que sin duda se traduce en esta obra. Si el autor ha exagerado, por ejemplo, el papel de Cataluña, ello se debe en parte al hecho de que los historiadores catalanes han estudiado su pasado con mayor atención que los de otras regiones. Es mucho, y muy fundamental, lo que queda por hacer y en más de una ocasión la ignorancia ha dado alas a un sucedáneo de erudición: las generalizaciones a gran escala sobre la naturaleza de España y del españolismo. Más se conseguiría mediante una investigación paciente de aquellas características del subdesarrollo económico de España que ésta comparte con otras sociedades. Así, por ejemplo, no hay nada de específicamente español en el abismo que media entre los esquemas de reforma y las prácticas de cultivo de finales del siglo XVIII. Lo realmente insólito es el relativo descuido de la tierra en el siglo XIX a excepción de la periferia productiva. E incluso el contraste entre la prosperidad de una región y el estancamiento de otra, clave de la historia moderna de España, es una característica compartida por otros países en vías de desarrollo.

El historiador que se propone estudiar un período de tiempo dilatado tiene que permanecer en guardia y no desviarse de una línea de equilibrio ideal evitando imperfecciones y desigualdades de trato. Muchos juzgarán, sin duda, que las proporciones generales de la obra adolecen de cierta extravagancia o están mal concebidas, pero éstas dependen necesariamente del saber y los intereses del autor, por mucho que se haya esforzado en atribuir a los hechos la importancia que realmente tienen.

Se ha intentado combinar la historia social y la política, a menudo a costa de la coherencia de la narración y con la exclusión casi total de los asuntos exteriores. Lo esencial de la obra se encuentra en su parte central, en tanto que ambos extremos son más débiles y el lector hallará en ellos menores pruebas de lo que suele llamarse investigación original. Al abordar los tiempos modernos se analiza con mayor detalle la política, relegando a segundo término la descripción de la sociedad. Esto, en parte, es fruto de la peculiar naturaleza de las fuentes y, en parte, se debe también a la presunción de que el fracaso principal fue un fracaso político. Algún día espero poder ofrecer una imagen más completa de este último período, tan lleno de problemas.

Se ha añadido una tabla cronológica para facilitar la comprensión. La bibliografía contenida en las notas de pie de página es quizá la más genuina por haber sido extraída de aquellas fuentes que el autor de una historia general podía conceptuar como explotadas por sus predecesores. Siempre que lo he creído conveniente se han incluido en el índice sucintos datos biográficos.

He de expresar mi agradecimiento a los estudiosos españoles que me han servido de guía (en especial el fallecido Jaime Vicens Vives, a cuyas investigaciones se deben buena parte de los apéndices estadísticos) y recordar la ayuda que indistintamente me ha sido prestada por los doctores Alistair Hennessy, Eric Christiansen y J. M. Houston, y por los señores Burnett Bolloten, Juan Martínez Alier, Richard Robinson, Hugh Thomas y Malcolm Deas. Tanto el director del St. Catherine’s College como el rector del St. Antony’s College me han brindado inestimables consejos en el terreno editorial; el profesor Robin Humphreys ha leído algunos pasajes sobre la América Latina. Al reconocimiento de esa ayuda acompaña, como es de rigor, la total exoneración de responsabilidad de las personas que hubieron de prestarla por los errores que el texto pueda contener.

La máxima deuda de gratitud la tengo contraída con St. Antony’s College. Ya mucho antes de honrarme con el nombramiento de Fellow, tanto el rector como sus miembros alentaron y secundaron mi labor. En el curso de tamaña tarea necesité dicha ayuda, que me fue brindada espontáneamente.

R. C.

ABREVIATURAS

A.E.

Anuario Estadístico

A.N.

Archives nationaux: Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Correspondance politique, Espagne

B.A.E.

Biblioteca de autores españoles (colección Rivadeneyra y su continuación a cargo de la Real Academia Española)

D. Ec.

De Economía

D.S.C.

Diario de las sesiones del Congreso de Diputados

E.H.M.

Estudios de Historia Moderna

E.G.

Estudios geográficos

Es. In.

Escritos inéditos del autor a que se hace referencia

F.O.

Public Record Office, Documentos del Foreign Office británico

H.A.H.R.

Hispanic American Historical Review

I.R.S.

Informes y estadísticas publicados por el Instituto de Reformas Sociales

O.C.

Obras completas del autor a que se hace referencia

O.S.

Obras selectas del autor a que se hace referencia

P.P.

Parliamentary Papers (Informes comerciales y consulares)

R. C.

Rapports consulaires (Informes impresos de los cónsules franceses en España)

R.E.P.

Revista de Estudios Políticos

R. Ec. P.

Revista de Economía Política

R. Est. Ec.

Revista de Estudios Económicos

R.H.

Revue hispanique

St. Antony’s MSS

Informes del Seminario sobre la guerra civil española, St. Antony’s College, Oxford

Vaughan MSS

Manuscritos Vaughan, All Souls College, Oxford

Los periódicos y fuentes manuscritas que rara vez aparecen en el texto se citan completos.

En la primera referencia a otras obras se da el nombre del autor, el título completo, la fecha y el lugar de publicación. Cuando vuelven a citarse, se da sólo el nombre del autor y parte del título, excepto en el caso de periódicos. En el Índice bibliográfico se hace referencia a la primera cita.

CAPÍTULO PRIMERO

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL «ANTIGUO RÉGIMEN»

La explicación más verosímil del fracaso de la revolución liberal en España es que el cambio político no fue acompañado por aquellas mutaciones sociales y económicas que dan su contenido a la revolución política. La leyenda negra de una sociedad cerrada, que orgullosamente repudia las ideas modernas, se transfiere de las esferas de la intransigencia intelectual al ámbito inferior de la necesidad económica; son causas del fracaso liberal la carencia de capital, la persistencia de métodos artesanos en la industria y la rutina en la agricultura; sus símbolos son el arado de madera, la hoz, la era y el alto horno de leña. Sería erróneo, sin embargo, adoptar como clave de su historia la imagen de la España inmutable, inmóvil, que difundieran por Europa los literatos viajeros del movimiento romántico. Los cambios sociales y económicos del siglo XIX fueron a menudo dramáticos y muy amplios, pero de repercusiones esporádicas, e iban a engendrar el desequilibrio económico y crear un clima de guerra civil. Así, hacia 1930, cuando un romano se habría encontrado en una finca andaluza como en su casa, Cataluña contaba con algunos de los mayores centros textiles de Europa y la mano de obra inmigrante, que huyendo de la miserable vida rural se volcaba sobre las ciudades catalanas, aportaba al movimiento obrero de una civilización industrial moderna mucho de la visión milenaria de los campesinos y de los jornaleros agrícolas.¹

El agudo contraste entre áreas en desarrollo y áreas estancadas no es privativo de España: en Italia, el Sur, estático, mal unido al Norte progresivo, planteaba problemas tan graves como las tensiones que se producían en España entre el centro inmóvil y la periferia en desarrollo. Incluso dentro de una misma región, la evolución económica y social, lejos de mostrarse uniforme, semejaba una fuga, en la cual las primeras voces seguían oyéndose al entrar las segundas. A la vista de las minas y altos hornos del Norte y de las fábricas textiles de Cataluña trabajaba una clase campesina altamente conservadora. En esa sociedad primitiva subsistían las ferias y las costumbres locales acentuadas por las dimensiones del país y lo inadecuado de las carreteras y vías férreas. Probablemente, en el conjunto de España, no llevó las de perder un mundo trasnochado hasta los años veinte de este siglo. Los utensilios tradicionales desaparecen entonces ante los productos fabriles; los trajes y las danzas locales se convierten en folklore consciente; el médico declara la guerra al curandero; el camión —vehículo del progreso especialmente en las comarcas remotas— reemplaza el asno y el mulo.

Esta coexistencia de cambio y resistencia corresponde en cierto modo a los límites impuestos por la naturaleza. En una sociedad agrícola la pobreza del suelo, a menudo consecuencia de siglos de cultivos abusivos, combinada con la frecuencia y la naturaleza de las precipitaciones atmosféricas, limitan el alcance del progreso. Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX el mito de la decadencia de la prosperidad pasada tiende a ocultar esta limitación, y es preciso aguardar hasta 1890 para que un primer cálculo, muy aproximado, del potencial agrario, acabe radicalmente con el mito de ser un país ampliamente dotado por la naturaleza.² También es cierto que esas apreciaciones adolecían de un pesimismo excesivo. Sin embargo, hacían resaltar el deplorable contraste entre lo limitado de las áreas «privilegiadas» —las profundas tierras negras del Guadalquivir o las huertas y los naranjales valencianos— y los suelos áridos y magros, de calizas y pedregales, de la meseta central.

La división más importante es la que media entre la España seca y la España húmeda.³ Salvo en los lugares en que el riego puede neutralizar la intensa sequía, la escasez de lluvias determina la tendencia al monocultivo y a la inestabilidad social o al tipo más pobre de cultivo de cereales. Donde el régimen de lluvias es bueno la tierra, a menudo, es mala; ejemplo de ello son los campos ácidos, empapados de lluvia, de algunas zonas gallegas. En las áreas de lluvias infrecuentes, éstas suelen ser torrenciales, y escasas en los meses del verano; sus tierras descarnadas, degeneradas, y pobres en humus, son incapaces de retener la humedad y las delgadas capas superficiales son fácilmente arrastradas hasta desaparecer. En las zonas semiáridas, probablemente más de la mitad de las tierras sufren los efectos de una severa erosión. No es fácil recuperar para el cultivo, una vez destruida, la capa vegetal de los esquistos duros. Los robledos y encinares que cubrían, según se dice, la península, han desaparecido. En torno al centro semiárido se extienden el verde cinturón del oeste cántabro y las bien regadas regiones del litoral mediterráneo. El viajero pasa en pocos kilómetros de los desiertos y secarrales africanos al clima del norte de Europa. «Las provincias del Noroeste —observa Richard Ford— son más lluviosas que el Devonshire, en tanto que las llanuras centrales están más calcinadas que los desiertos de Arabia, y las costas del litoral meridional y oriental son, del todo, como las de Argelia.»⁴

Así pues, la principal característica de la agricultura española es su impresionante diversidad, que alcanza desde los trigales de más mísero rendimiento de Europa hasta las huertas más ricas y mejor regadas. Galicia es una región de minifundios; partiendo de Santander, pasando por las Provincias Vascongadas, Navarra y los Pirineos aragoneses, se extiende hasta Cataluña una faja de pequeños propietarios que explotan unas tierras de posesión relativamente segura. Más al sur hallamos las explotaciones cerealícolas de tamaño medio y pequeño de Castilla y León y los restos de la antaño floreciente ganadería lanar. Todavía más al sur, existen latifundios trabajados por jornaleros, que se extienden también a Extremadura y Castilla la Nueva. Y a lo largo de las costas levantinas pequeños propietarios y arrendatarios dedican sus huertas esmeradamente regadas a productos de exportación. A mediados del siglo XIX Fermín Caballero intenta la división de la España agrícola en tres partes: las regiones cantábricas, donde una raza tenaz y laboriosa de pequeños campesinos «godos» ha sobrevivido para crear una economía agrícola estable; las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir y Aragón, con sus latifundios, legado de la conquista árabe; y el centro, donde se fundieron ambas razas, y dejaron una explotación agrícola de tamaño mediano. Tales divisiones prescinden de las excepciones chocantes y ninguna «región» es homogénea; así el agua genera la huerta en una región cerealícola predominantemente seca. Extremadura, de la que a menudo se dice que es una vasta pradera poblada de maleza, ha tenido siempre valiosas zonas de regadío, ahora dedicadas al cultivo hortícola, al algodón y al tabaco.⁵ La «fantástica confusión» de las regiones españolas fue el deleite de los novelistas decimonónicos y la desesperación de los reformadores que trataban de elaborar «leyes aplicables en general a todas las provincias de la monarquía».⁶

1. El suelo

Los viajeros que tomaban el camino principal de París a Madrid penetraban en España a través de los empinados y verdes cerros de las Provincias Vascongadas; a su regreso de las abrasadas altiplanicies castellanas sentíanse «reanimados a la vista de esos cultivos tan esmerados, de esas gentes aseadas y sonrientes, de esos muebles bien hechos, de esas casas limpias, de esos bosques hermosos, de las buenas carreteras y de sus sólidos puentes».⁷ El que esas provincias, en otro tiempo reputadas pobres, fuesen consideradas luego como una especie de afortunada Suiza española, en la que la sencillez homérica sólo quedaba paliada por cierta plétora de la comida y de la bebida,⁸ es un síntoma de la decadencia paulatina de la España central. Todo el mundo está de acuerdo en atribuir tal prosperidad a la granja familiar: no hubo reformador agrario que no elogiase el caserío⁹ o casa solariega, que contrasta con el tipo de poblado más corriente en España, la aldea campesina o la pequeña ciudad en donde el labrador vive alejado de sus campos. En Guipúzcoa, en Vizcaya y en el norte de Navarra, estos caseríos diseminados dan al paisaje la apariencia de una sola y extendida aldea.

Este tipo de poblado diseminado en caseríos y casas aisladas tiene su origen en la posesión de diez acres y conservada por el derecho sucesorio, que atribuía a la casa de campo y al nombre que la distinguía el carácter de un todo dentro de la familia. Con arreglo al derecho vasco cualquier hijo podía heredar la casa —incluso una hija— en tanto que los coherederos quedaban al margen, por la venta de su parte, costumbre que determinaba la emigración de los hijos más jóvenes (figura característica de la vida vascongada era el «indiano» que regresaba enriquecido) y atenuaba algunos de los males de la sobrepoblación rural.¹⁰ Hay que esperar hasta el siglo XX para que el incremento de la población origine una división antieconómica de las propiedades poniendo en peligro la prosperidad rural de los vascos. Los mendigos, lacra de la España sobrepoblada y falta de trabajo, eran raros en esa sociedad igualitaria, en la que el campesino disfrutaba de cierta seguridad en el arriendo y pagaba cánones bajos, en la que se había eliminado desde antiguo el poder de la nobleza anárquica y en la que no cabía el desahucio y la mujer era social y legalmente igual al hombre¹¹ Semejante sociedad podía llevar a la práctica las instituciones tradicionales del gobierno local, esencia de los fueros tan fieramente defendidos.¹² Era una sociedad generadora de escasos conflictos; pues el verdadero conflicto era el que separaba la ciudad del campo. Las instituciones forales, al preservar el estatuto del campesino, degradaban a comerciantes y abogados convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase: vista desde las ciudades, la democracia rural parecía una oligarquía regida por los prohombres rurales.

La agricultura constituía un sistema estable, pero de ningún modo estancado: se basaba en el ganado vacuno, en el maíz y en el trigo, en unas rotaciones de cultivos razonables y en la ausencia de barbechos. El vasco era un agricultor cuidadoso: los bosques, destruidos en otros lugares de España sin la menor contemplación, fueron conservados merced a complicados sistemas de repoblación que compensaban el consumo de forjas y astilleros. Los métodos de cultivo eran en muchos aspectos arcaicos; el apero principal, la laya, parecía un residuo primitivo a los entusiastas del arado.¹³ Al igual que tantos otros métodos tenidos por arcaicos, la laya es el resultado de un largo proceso de adaptación del medio a un fin; el sistema vasco, como muchos otros métodos de la rutina rural, era capaz de adaptarse a las nuevas exigencias. Así, en el transcurso de los siglos XIX y XX se fue afirmando el trigo, mientras el maíz y la patata sustituían al centeno. El caserío pudo convertirse, en el siglo XX, en un centro comercial que vendía productos del campo en la ciudad, sin variar para nada las técnicas de producción. El conservadurismo social y político de una comunidad estable —que se refleja en la severa condena de los hijos ilegítimos y en la vaca que acompaña al entierro, costumbre que pervive hasta los años veinte de nuestro siglo— no implica inadaptabilidad económica.¹⁴ Es, en cambio, en las explotaciones apenas rentables de Castilla, faltas de capital y de mercados, donde la transformación resultó ser tan ardua.

Las virtudes que los entusiastas de la casa solariega estimaban como típicas del agro vasco eran más propias de las comarcas de Guipúzcoa y Vizcaya, en donde predomina el vascuence y la lluvia favorece el cultivo intensivo. En la proximidad de los confines de la zona lluviosa, en Álava y en el sur de Navarra, el pueblo empieza a reemplazar al caserío y en la sociedad adquiere mayor fuerza el elemento aristocrático.¹⁵ Los productos del campo son ya los típicos productos españoles —trigo y vinos—. El idioma castellano, el arado castellano, el barbecho castellano y la actitud castellana hacia las cuestiones económicas van juntos. Así que la región más progresiva resultó ser aquella en la que sobrevive el arcaico idioma vascuence. Los vascos se dedicaron a la pesca, a la navegación y finalmente a la metalurgia del hierro; la Compañía de Caracas que desarrolló a Venezuela en el siglo XVIII fue un negocio vasco, las Sociedades Económicas son una creación vasca, y parece ser que los vascos eran los españoles más cultos de finales del siglo XVIII.¹⁶ Comparada con la sociedad mercantil de San Sebastián y Bilbao, la capital de Navarra —Pamplona— parecía un soñoliento centro eclesiástico-administrativo. De ahí que la tensión que separó a ciudades liberales, como Bilbao y San Sebastián, del feroz conservadurismo católico del carlismo en el campo, fuese menos evidente en Álava y en Navarra.¹⁷ Navarra contaba con una sociedad rural conservadora y estable, en la cual florecían a finales del siglo XIX las Sociedades Católicas de Crédito. Pamplona fue la capital del carlismo militante en 1936 y Navarra, la única provincia que se pronunció enteramente por Franco.

Hacia el oeste, la sociedad rural de la zona húmeda goza de menor estabilidad y prosperidad, y en el extremo noroeste el exceso de población y su consecuencia, el minifundio, han convertido a Galicia en una región deprimida. En Santander, colonos y propietarios rurales no lograban alcanzar la prosperidad y seguridad conseguida por sus vecinos, los vascos. El bienestar de la comunidad —compuesta en su mayoría por productores de leche— estaba vinculado a las extensas tierras de propiedad municipal, cuya existencia no sólo ayudaba a los pobres, sino que además ponía coto al hambre de tierras de los campesinos ricos.¹⁸ Así los procesos evolutivos susceptibles de hacer peligrar esa floreciente sociedad de agricultores, que en su mayoría sabían leer y escribir, eran dos: la división de las propiedades —riesgo que habían evitado las Provincias Vascongadas— y el asalto a los bienes municipales, sostén de la comunidad y de la sociedad igualitaria.¹⁹ Hacia 1830 los propietarios acomodados trataban de forzar la venta de los bienes comunales.

Más al oeste hallamos la nubosa Asturias con las verdes campiñas que rodean Oviedo, que recordaban a un clérigo británico «las más ricas feligresías de Inglaterra».²⁰ Pero, tras la franja costera se extiende una región mísera de tierras altas y pastos de montaña. Se asentaba en ella una sociedad estable, falta como la vasca de espectacularidad y como ella dotada en amplio grado de autonomía local. Los propietarios no abundaban (tal vez un 6 %) pero los arrendatarios gozaban del mejor sistema de arriendo después del catalán y el vasco; los cánones eran elevados pero se excluía el desahucio; se compensaba la introducción de cualquier mejora y las rentas se determinaban mediante arbitraje. De ahí que los conflictos sociales fueran raros hasta la aparición de la industria hullera. Incluso los grandes propietarios, residentes en Madrid, se enorgullecían de interesarse por sus colonos. Los propietarios más modestos, residentes en el lugar, llevaban una vida sencilla y se interesaban, al igual que los nobles vascos, por el movimiento reformador de finales del siglo XVIII, al que aportaron muchos dirigentes. Los nobles representaban una verdadera fuerza, jugaban un papel notable en la administración local y se unieron a la resistencia contra Napoleón. Al igual que las Provincias Vascongadas, Asturias contaba con una fuerza «progresista» que, centrada en Gijón y Oviedo, convivía codo a codo con el campo conservador.

El nivel de vida era, con todo, bajo, singularmente en las comarcas más castigadas del interior. Importadora de cereales, Asturias vivía en estrecha dependencia de los trigales leoneses. Síntoma de la presión a que estaban sometidas las tierras era la gran subdivisión de la propiedad, que alcanzaba su grado máximo en la linde con Galicia.²¹ Por el momento, la industria asturiana era todavía incapaz de absorber el exceso de población; la exportación de avellanas era más importante que la de hulla.

Galicia, en el extremo noroeste, era la Irlanda española, un país de granito y tojos. Caracterizábase su paisaje por la enorme subdivisión de la propiedad, con parcelas «como un pañuelo» a menudo inferiores a una hectárea.²² Estas propiedades diminutas, consecuencia a la par del crecimiento demográfico y de una costumbre jurídica que impone la división de la herencia, constituían el problema de Galicia.²³ El caso es que la vida y la política gallegas vinieron a girar por entero en torno a los foros, figura de dominio cuasienfitéutico correspondiente a esas ínfimas parcelas.²⁴ Los arrendatarios (foreros) pagaban un canon al propietario del dominium eminens, o forista, y análogamente a lo que acontece en los demás lugares del mundo donde prevalece este tipo de arriendo, acababan considerándose como legítimos propietarios. Así, al aumentar la población y los precios en el siglo XVIII, los arrendatarios foreros hicieron grandes beneficios subarrendando sus parcelas, ya que las rentas que pagaban a los foristas habían dejado hacía tiempo de ser económicamente significativas. Este estado de cosas dio lugar a que los legítimos propietarios, la Iglesia y la nobleza, buscaran la manera de reafirmar su casi perdido derecho al desahucio y al incremento de la renta para lograr alguna participación en los beneficios que resultaban del alza en el valor de la tierra.²⁵ El litigio, tan complejo como enconado, fue resuelto por los juristas de la Corona a favor de los foreros (1763), y cuando la legislación liberal del siglo XIX puso en venta los bienes de la nobleza y los predios de la Iglesia, los foreros compraron sus foros convirtiéndose en propietarios legítimos de las tierras que habían arrendado, o, en otras palabras, se convirtieron en foristas. Ambas medidas, la primera debida al celo paternalista de los funcionarios civiles borbónicos y la segunda al laissez-faire de los liberales, engendraron la burguesía rural gallega,²⁶ formada por los comerciantes de Pontevedra, Vigo y La Coruña, los «indianos» y los abogados que habían invertido su dinero en la compra de foros.

Ahora la disputa enfrentó la nueva clase de foristas con sus subarrendatarios que cultivaban la tierra. En esta lucha social se forjó la duradera alianza entre hombres de derecho y pequeños propietarios que controlaría la política local gallega; los abogados llevaron las de ganar en esos complicados litigios y, según afirma Morillo, el más distinguido capitán general de Galicia, «llegaron a dominar plenamente el campo».²⁷ Su manipulación de las elecciones parlamentarias hizo que los distritos electorales de Galicia fueran los de más fácil manejo en la España liberal.

La economía gallega, basada en el centeno, el maíz, la patata, la castaña, el ganado lanar y el de cerda, era una economía pobre. El resto de España menospreciaba esa región en la que la mujer labraba la tierra y se empleaba en los menesteres de mozo de cuerda y peón caminero.²⁸ Consecuencia al parecer de la pobreza era el elevado porcentaje de hijos ilegítimos, el más alto del país. La miseria, como en todas las zonas de viviendas diseminadas y de granjas autárquicas —la indumentaria de lana, los útiles domésticos e incluso los arados eran de confección casera—, se disimulaba por su propia dispersión. La misma estrechez del nivel general de vida confiere a veces un grado limitado de estabilidad a una economía de subsistencia.²⁹

Pero las condiciones empeoraron en el siglo XIX, como no podía menos de ocurrir con el incremento demográfico, favorecido al igual que en Irlanda por el matrimonio precoz y el asentamiento fácil. En 1853-1854 se produjo una «hambre irlandesa». El futuro de la agricultura dependía del desarrollo de la ganadería (la vaca y el cerdo, únicos productos susceptibles de ser convertidos en dinero a disposición del pequeño campesino, eran vendidos para el pago de impuestos en los mercados, que constituían los centros de intercambio social de Galicia), que no logró prosperar hasta que el ferrocarril conectó el centro mercantil de Lugo con los centros de consumo masivo de Madrid y Barcelona. El único elemento de desarrollo interior capaz de aliviar la presión demográfica en el campo era la industria pesquera, promovida por catalanes a finales del siglo XVIII, la cual pudo contar con amplios mercados gracias al ferrocarril, y mucho más tarde, por la invención de las conservas de sardinas en lata.³⁰

El auténtico alivio para la miseria del Norte y del Noroeste no podía ser sino la emigración. La exportación de mano de obra superflua de las míseras haciendas del interior era ya tradicional en el siglo XVIII. Los emigrantes temporeros impresionaron al resto de España con la pobreza gallega; guiados por sus «reyes», unos 30.000 braceros fueron hacia el Sur para las cosechas de la década 1890. Aparte de la migración de temporada existía la emigración semipermanente a otros lugares de España y América. Gallegos, asturianos y montañeses de la provincia de Santander eran camareros, aguadores, amas de cría y maleteros en las ciudades españolas, y la criada gallega se convirtió en una figura típica. En las aldeas más pobres de las montañas asturianas la tradición migratoria se remonta a muy antiguo.³¹ Tan sólo la industria hubiera podido absorber el excedente de población que el campo no podía alimentar, pero ésta brillaba por su ausencia en la primera mitad del siglo XIX.

Comparadas con estas regiones, las montañas y los llanos de la España central eran la desesperación del viajero: «de lo más pelado y melancólico que he visto».³² Exceptuadas las comarcas montañosas, con sus pastos y zonas forestales, las llanuras castellanas presentaban un paisaje desolado, interrumpido de cuando en cuando por pueblos indescriptibles, de color idéntico al del suelo en que se asentaban. Sólo la montaña le daba cierta grandeza. Ni la geografía ni la historia se han mostrado benévolas con el centro del imperio español: pluviometría desigual y escasa, sequías estivales y suelo poco favorecido. En Madrid, donde el calor se hace intolerable en verano, los centinelas se hielan en sus puestos en invierno.³³ Una economía agraria, estable y equilibrada, había degenerado en monocultivos precarios y villas paralizadas. Ya en el siglo XVII toda una escuela de economistas, incapaces en su pesimismo de analizar las causas, describían los síntomas de esta degeneración: despoblación, «lujo», órdenes religiosas, ganado lanar, obsesión por los valores aristocráticos, exceso de escolares estudiando latín, absentismo. Y por supuesto no les faltaba razón cuando decían que la carga financiera del imperio gravitaba sobre las dos Castillas, pues los impuestos desplazaban a gentes e industrias hacia las regiones periféricas acentuando la decadencia de la agricultura. La generación del 98 contrarrestó con literatura el maltrecho equilibrio del desarrollo económico español: el redescubrimiento, no exento de exageración, de los desolados atractivos de Castilla por obra de poetas y ensayistas, muchos de los cuales procedían de regiones periféricas, puede considerarse como un gesto de desagravio hacia el Centro devastado para mayor gloria de España.

La historia de la agricultura castellana es la de una batalla entre ganaderos y agricultores. Los ganaderos eran escasos, pero ricos y bien organizados en una asociación poderosa, la Mesta.³⁴ Gracias a su potencial económico, que la colocaba en condiciones de prestar dinero, logró que la corona apoyara sus peticiones de pastos extensos, derechos de paso y eliminación de cercados. Por otra parte los agricultores, tan pobres como numerosos, sólo eran apoyados por unos cuantos redactores de panfletos. Éstos, sin embargo, se convirtieron en funcionarios del gobierno a finales del siglo XVIII, en un momento en que el alza de los precios del trigo y del aceite ponía en tela de juicio los privilegios del pastoreo y la hasta aquel momento indiscutida primacía de la lana en la economía. En Extremadura, donde las praderas pobladas de maleza (dehesas) cubrían buena parte de la región, el descontento engendró un movimiento favorable a la reforma agraria, que suponía un ataque a la Mesta. Las estrecheces económicas de la corona fueron el ancla de salvación de los ganaderos frente al ataque de los burócratas reformadores de finales del siglo XVIII; pero a la larga aquéllos no podían superar la presión ejercida por los municipios y tribunales locales que, alentados por la opinión pública, se mostraban cada vez más hostiles a los privilegios de la Mesta, considerándolos un obstáculo para el desarrollo económico. Al fin, en 1839, la Mesta, máxima asociación económica de España, sucumbe; en nombre del laissez-faire, los liberales daban cima a la obra de los funcionarios civiles del antiguo régimen.

Esto no quiere decir que desapareciera la ganadería lanar a gran escala, que continuó siendo la base de grandes fortunas en el siglo XIX. Los rebaños de merinos trashumantes siguieron recorriendo las cañadas desde sus pastos veraniegos de las sierras hasta Extremadura y el Sur; pero con la destrucción de la riqueza pecuaria durante la Guerra de la Independencia, con la interrupción de las cañadas de Mesta y la mengua del valor de la lana, los grandes rebaños trashumantes quedaron relegados a aquellas comarcas en las que no cabía otro sistema de alimentación, por ejemplo en las zonas más remotas de la yerma provincia de Soria.³⁵ La batalla entre ganaderos y agricultores ha proseguido hasta una época muy moderna, pero en forma de una guerra de escaramuzas, nada dramática, entre los ayuntamientos rurales, partidarios de los agricultores, y los grandes propietarios, que preferían las rentas del ganado, mucho más seguras. En muchas regiones, sin embargo, la oveja y el trigo eran complementarios: los ayuntamientos subastaban los pastos comunales entre los ganaderos, en tanto que, en el lapso que media entre la siega y el mes de septiembre, los campesinos hacían lo propio con los barbechos.³⁶ Las pequeñas aldeas de las sierras arrastraban en su aislamiento una vida mísera y retrógrada, mitad pastoril y mitad agraria. Una de sus principales fuentes de ingresos era la madera. Fue en esta región de Castilla la Vieja donde el carlismo halló partidarios.

Allende las comarcas pastoriles quedan los cultivos clásicos de la meseta central: cereales, olivos y viñedos. Su historia agraria es una historia de paso del uno al otro de estos cultivos, oscilaciones que respondían a la demanda del mercado y a las posibilidades de su armonización con la necesidad local de alimentos. En los siglos XVIII y XIX, fue el «hambre de nuevas tierras», como en el pasado, la causa por la que se roturaron los eriales y se aprovecharon para el cultivo de trigo. De ahí que alguno de los antiguos despoblados, esto es, las villas abandonadas que por espacio de 200 años fueron la desesperación de los economistas, volvieran al cultivo; así sucedió con la ciudad de Salamanca, centro de una extensa comarca triguera, donde muchas casas vacías por el abandono de los inquilinos volvieron a ser ocupadas.³⁷ Pero estas ventajas encerraban ciertos riesgos ya que los campesinos, que disponían de poco abono y de poco capital, tendían a roturar más tierra de la que podían aprovechar, abandonándola tan pronto como bajaban los precios o se producía una sequía.

En buena parte de Castilla arrendatarios y campesinos, acosados por la brevedad de los plazos de arriendo, que se estipulaban a menudo de palabra, por el elevado nivel de las rentas y por las malas cosechas, acabaron por caer en las garras de los usureros de la ciudad y de los traficantes de cereales.³⁸

A finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX los amos de las tierras, siempre que los precios subían, tendían a incrementar las rentas y hacían cuanto podían para que el disfrute de las tierras se convirtiese en aleatorio, procedimientos en modo alguno privativos del absentismo, pues aunque las casas de abolengo poseían fincas que abarcaban ambas Castillas, buen número de propietarios eran nobles y burgueses residentes en la localidad. La administración del siglo XVIII se esforzó en proteger a los que un gobernador de Burgos llamaba «miserables esclavos» de los propietarios; hubo incluso quien propuso congelar las rentas al nivel de 1770 y la creación de organismos arbitrales integrados por terratenientes y campesinos. Semejantes iniciativas paternalistas se hicieron imposibles durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón (1808-1814) y después quedaron anticuadas. Los apuros del agricultor pobre en provincias como Ávila, donde abundan los pedregales, acabaron siendo el problema de más difícil solución del mundo agrario. Las rentas abusivas, los impuestos y los diezmos —según los abolicionistas de los años treinta sólo los diezmos absorbían una cuarta parte de las ganancias netas del agricultor— echaron a los pocos que tenían espíritu de iniciativa condenando a quienes permanecían en el lugar a una vida rústica de lo más mísera y desesperada que darse pueda.

La pobreza, con ser tan extensa y generalizada, ofrecía alguna excepción sorprendente, como por ejemplo la bien regada campiña de Valladolid —«auténtico vergel»— y las aldeas madereras de los montes de Castilla la Vieja. Tampoco ofrecía un cuadro uniforme la Castilla cerealícola: los propietarios de Salamanca y Valladolid, pequeños hacendados, económicamente independientes, no se parecían en nada a los campesinos abulenses, en lucha perenne por la subsistencia. Al norte del Tajo no existía una clase campesina comparable al proletariado rural de Extremadura y Andalucía, totalmente desprovisto de bienes, lo que acaso explique la relativa estabilidad política de Castilla. En las clásicas tierras de pan llevar no se registra más que una sola rebelión en todo el siglo XIX.

Al sur de Castilla, Andalucía, y al oeste, Extremadura. Allí, en esas regiones áridas, en que vivía el 20 % de la población campesina, es donde los reformadores agrarios, desde el siglo XVIII hasta la Segunda República, veían el problema agrario español par excellence, olvidando en parte los apuros del campesino de la España central.³⁹

Ahora bien, no toda Andalucía, ni tampoco toda Extremadura, era un vasto latifundio hereditario, poblado por mayorales y labradores sin bienes, entregados al cultivo de campos inmensos de trigo y cebada, alternando con barbechos, al monocultivo del olivo (como en Jaén) o a monte bajo y a pastos, como en las dehesas de las grandes ganaderías taurinas. La fama de Andalucía se debe precisamente a todo esto: para Bourgoing era un desierto. «El gran propietario de tierras vive en ellas igual que el león en la selva, el cual ahuyenta con sus rugidos a quienquiera que ose acercársele.»⁴⁰

En la serranía (las comarcas montañosas) abundaban las zonas dedicadas a pastos pobres y las pequeñas propiedades. La bien regada y fértil vega de Granada era una zona de cultivo intensivo. Las tierras arcillosas del ruedo de Córdoba, asimismo muy fértiles, admitían el surco profundo, que tiene la virtud de resistir las sequías que asolaban esas llanuras resecas. Jerez era el centro de una compleja industria vinícola. No faltaban bolsas donde prosperaban comunidades que debían su estabilidad a la costumbre de repartir en proporción razonable las cosechas entre arrendador y arrendatario. En otras comarcas la cría de ganado vacuno y lanar predominaba sobre las restantes actividades económicas.⁴¹

Pero lo que realmente justificaba la fama de Andalucía eran las grandes propiedades cultivadas con descuido. Los latifundios han perdurado desde la época romana; el descendiente del villicus romano, esto es, el capataz del amo ausente, seguía explotando al instrumentum vocale, al jornalero. Los encalados edificios del cortijo, con su portalón y su torre⁴² seguían presidiendo el amarillento paisaje. El cortijo era «una unidad de explotación, no un centro de población»; rodeado de una reducida área bien abonada y cultivada, que generalmente era dedi cada a cebada y a garbanzos, el resto se repartía por lo general entre trigales, barbechos y rastrojos. Vivían en el cortijo un número reducido de empleados permanentes y llegado el tiempo de la recolección, el capataz reclutaba los jornaleros necesarios entre los emigrantes de otras provincias y en las ciudades cercanas.⁴³ Amontonados en los graneros del cortijo y alimentados con una ración de sopa de ajo si conseguían el empleo, semidesfallecidos de hambre en sus moradas durante las estaciones muertas, que son corolario infalible del monocultivo extensivo, los braceros andaluces formaban una primitiva clase revolucionaria, única en Europa, perpetuamente oscilante entre la exaltación y la resignación a la miseria, característica del árabe fatalista. En una sociedad semejante, al igual que en la Italia meridional, los más animosos se dedicaban al bandolerismo o al contrabando, transformándose en héroes de epopeya de una comunidad deprimida.

Hacia finales del siglo XVIII se difunde la opinión de que el latifundio hereditario no es sino un abuso intolerable. El espectacular alza de precios de los cereales es un estímulo para que los propietarios acometan el cultivo directamente, expulsando a los colonos, proceso que originó los despoblados; al propio tiempo, los arrendatarios se resisten a subarrendar mientras se desata una oleada de alzas de las rentas, que según parece se inició en 1760.⁴⁴ Por aquellas fechas logra influencia en la Corte un grupo de reformadores agrarios. En 1766 Carlos III nombra ministro de Agricultura a Aranda, acaso el más radical del grupo. Para los partidarios de la reforma el problema era sencillo: ¿Por qué ha de haber en nuestros pueblos hombres sin tierras y en nuestro campo tierras sin brazos? Aunémoslas, y todo será para bien.⁴⁵ De ello se derivó un movimiento a favor de la redistribución de las tierras entre pequeños agricultores, con el que se pretendía solucionar los problemas de Andalucía y Extremadura.

Cabría objetar que la propiedad rústica individual, preconizada por los reformadores, no entrañaba una solución práctica de los problemas planteados por el secano del sur, pues la influencia de los años de cosechas escasas y el tipo de asentamiento representaban otros tantos obstáculos.⁴⁶ «¿Cómo convertir los cortijos en pueblos?», preguntaba en vano el gobierno reformador de Aranda a sus gobernadores. Fue la fragilidad económica de la propiedad rústica en las zonas de monocultivo y de secano, en las que un par de años malos bastaban para que el campesino pusiera sus tierras en venta, lo que llevó a otros reformadores más perspicaces, a atacar la propiedad del campesino tal cual existía, con delimitación jurídica tradicional, propugnando una colonización controlada y apoyada por el Estado, con la familia como unidad de asentamiento. Técnicamente admirable, porque liberaba al campesino no sólo de sus opresores sino de sí mismo, la colonización exigía con todo un gasto cuantiosísimo si se quería que el campesino quedara redimido de una agricultura de subsistencia, gasto que el Estado liberal del siglo XIX no podía aprobar en teoría ni afrontar en la práctica. Por otra parte, ni la colonización ni el control de la propiedad satisfacían el hondo anhelo popular de alcanzar una propiedad plena con pleno dominio. Tan sólo la propiedad podría liberar al bracero de su situación de dependencia respecto a un mercado del trabajo totalmente en manos de los propietarios y labradores; los pobres de las zonas rurales andaluzas dieron en considerar la prosperidad campesina, menos como una cosa buena de por sí que como garantía contra la amenaza permanente de paro que parecía secuela inevitable del latifundio. La insistente pretensión de las jacqueries endémicas de Andalucía era el reparto de las grandes propiedades entre los agricultores pobres.

No siempre era el propietario quien dirigía el cultivo de las grandes fincas. La costumbre general de arrendar el cortijo como una unidad a un colono había engendrado una clase poderosa, la de los labradores, que en su calidad de primeros arrendatarios, controlaban todas las tierras susceptibles de dar fruto, cediendo las porciones más distantes y pobres a los pequeños campesinos, o peletrines. Las rentas abusivas que se cobraban por esas tierras marginales, tan acerba como vanamente atacadas por los reformadores, eran la principal causa individual de todas las penalidades de aquellos a los que el azar o el nacimiento no había sumido en la amplia categoría de los trabajadores eventuales. Propietarios y labradores controlaban los ayuntamientos y redondeaba su monopolio el hecho de quedar en sus manos las tierras sobrantes —las municipales de común— que según los burócratas partidarios de la reforma convertíanse en «patrimonio privado de los concejales».⁴⁷

Reñíase en Andalucía una auténtica guerra entre la alianza del propietario o sus agentes y el labrador, por una parte, y todos los demás, por la otra. Los primeros formaban la oligarquía local de los poderosos, la cual desde los tiempos de Aranda hasta los debates de 1934, se opuso a cualquier reforma que pretendiera socorrer al menesteroso. Las únicas reformas que este grupo podía admitir eran las que beneficiaban a sus miembros, como la venta de las tierras comunales y la de los bienes de la Iglesia, operación que podían dominar y de la que podían obtener beneficios.

El antiguo reino de Valencia presentaba dentro de sus fronteras los contrastes típicos de España. Los bordes septentrional y occidental consisten «exclusivamente en montañas, desiertos y quebradas». El suelo áspero niega el sustento al agricultor; en los montes, rocas áridas por lo general, escasea el agua y reina un frío intenso.⁴⁸ Esta región, con sus cultivos invadidos por maleza y cizaña, con sus moreras mal podadas, con sus olivares devastados por las heladas, con sus míseros trigales sembrados con penas y fatigas en las angostas franjas de los bancales, no tenía otro recurso que el artesanado de la lana para librarse de la despoblación y de la decadencia. Al igual que en Galicia, tras el bajo nivel de vida de esa región se ocultaba una miseria sin esperanza. El hecho de que aquellos montaraces lograsen sobrevivir a base de pan, aceite y alubias prueba «cuán poca cosa necesita la raza humana para vivir y propagarse».

La costa llana, opulenta y bien regada, era otra cosa. En Vinaroz empezaba la prosperidad, gracias a los manantiales y a la facilidad de acceso a la costa, circunstancia importante porque muchos de sus productos eran exportados al norte de Europa y a América. De aspecto monótono, esta región era un vergel ininterrumpido, que permitía cinco cosechas cada dos años. «En estas huertas la tierra no descansa, las cosechas se suceden sin interrupción... Las labores no acaban con la noche: así que le toca su hora el campo es regado, aunque sea noche cerrada.» Junto a las hortalizas prosperan allí viñedos y algarrobos.⁴⁹ La prosperidad y el alza de los precios se reflejaban en las nuevas edificaciones urbanas y en el rápido crecimiento de la población; única excepción, las comarcas arroceras, donde la prosperidad no iba de la mano con la salud pública.⁵⁰ La huerta valenciana alcanzó el índice de densidad rural más elevado de Europa, mientras condiciones parecidas producían análogos efectos en los regadíos murcianos. Pero tan enorme crecimiento y el consiguiente fraccionamiento de las propiedades —hasta el extremo de ser considerada «grande» una hacienda de dos acres— hace bajar la productividad del trabajo, fenómeno que se traduce en una enorme diferencia de precios entre tierras vacantes y no vacantes. El objeto de la compra no es ya la tierra, sino la perspectiva del trabajo por cuenta propia.⁵¹

Este cultivo intensivo y variado, tan distinto del monocultivo del centro, existía gracias al riego. Los sistemas de riego en pequeña escala de Levante ofrecen un ejemplo de gran complicación técnico-jurídica. Su origen se atribuye a los árabes; pero éstos consideraban las obras de riego como un legado de la primitiva civilización cristiana. Sea como quiera, su origen es antiquísimo y el alto grado de organización y cooperación social que entrañan es en verdad admirable.⁵² El agua pertenecía a la comunidad y era vendida con la tierra. Un organismo comunitario solventaba las disputas acerca de su uso, frecuentes en tiempos de escasez; siendo el más famoso el Tribunal de las Aguas de Valencia, que dictaba sus sentencias verbalmente sin que fueran impugnadas jamás, reunido al aire libre junto a la catedral. Según otro plan de riegos posterior, el agua pertenecía a los personajes acaudalados autores de las obras, los cuales la subastaban entre los campesinos: de ahí el conflicto, inconcebible en el sistema antiguo, entre propietarios de aguas y agricultores, típico del siglo XIX.

En el agro aragonés, como en el valenciano, se daban agudos contrastes que no hacían sino acentuar la antinomia histórica entre el corazón montañoso del antiguo reino y los territorios reconquistados, fuertemente influenciados por los árabes, cuyas huellas son visibles en la arquitectura. El Alto Aragón era una región de cosechas míseras y rebaños trashumantes; algunos de los más grandes rebaños del siglo XIX eran propiedad de magnates y de pueblos aragoneses. A causa del clima extremado y de sus terrenos delgados y pedregosos las mesetas (páramos) de Teruel y Huesca, barridas por los vendavales, eran las zonas de población más diseminada de toda España.⁵³ En la altiplanicie, tanto la economía pastoril, de rancia raigambre, como la industria local que la sostenía, estaban en franca decadencia. De ahí que el carlismo del Maestrazgo —región montañosa del Bajo Aragón— pueda considerarse como una revolución de la desesperación ante el proceso depresivo de una economía abocada al colapso.⁵⁴

Junto a esas comarcas deprimidas hallamos los opulentos secanos del centro y los regadíos del valle del Ebro. Trigales de alto rendimiento, viñedos y huertos confluían en ciudades como Daroca; pero el autor de la verde franja de prosperidad, que atravesaba el más árido país que cabe imaginar, era el Ebro. Gracias al Canal Imperial se extendieron las antiguas zonas de regadío que se remontaban al reinado de Carlos V; la terminación del Canal fue la obra pública de máxima envergadura de todo el siglo XVIII. Merced al complemento de agua y a los fertilizantes químicos, la agricultura adquirió mayor flexibilidad y pudo diversificarse, ajustándose rápidamente al mercado. En el siglo XVIII los antiguos regadíos se dedicaban todavía en su mayor parte al trigo y al barbecho anual. En cambio, a partir de 1890, se introduce la remolacha, más rentable, con sus correspondientes complementos de la alfalfa y la patata.⁵⁵ En los Monegros tenemos una muestra elocuente de lo que debió ser Aragón sin el agua: el desierto más árido en un año seco producía, con un invierno lluvioso, la mejor cosecha de España. A semejantes contrastes climáticos correspondían necesariamente agudos conflictos socioeconómicos. Jaca, por ejemplo, que efectuaba repartos entre los labradores pobres, no tenía clase agraria desvalida; en torno a Zaragoza los campesinos habían logrado implantar la jornada de ocho horas, dedicando el resto de horas libres al cultivo de sus propias parcelas; en tanto que en las grandes fincas aragonesas de secano las condiciones laborales sólo eran equiparables a las de Andalucía.⁵⁶

Cataluña, al igual que Valencia, presentaba contrastes entre progreso y estancamiento y, a semejanza de lo que sucedía en Vasconia, una civilización industrial se afianzaba en medio de un campo conservador, dando lugar a una escisión que se traduciría más tarde en posturas políticas. El interior montañoso era —según Young— «pobre y miserable en su totalidad»; malas cosechas, malos barbechos, ciudades míseras.⁵⁷ De esas comarcas extraería la industria catalana su mano de obra barata. En el mundo cerrado y salvaje de los valles pirenaicos perduraban el bandolerismo y las rencillas familiares tradicionales. El carlismo heredaría allí la violencia y la crueldad de la sociedad local.

La riqueza de Cataluña radicaba en los trigales de las llanuras, en los viñedos de la región central y en los opulentos cultivos de la costa. La agricultura debía su prosperidad a la seguridad derivada del sistema de posesión, gracias al cual los campesinos tenían conciencia de la plenitud de su dominio. Símbolo de esa seguridad era la masia, casa de campo de sólida construcción, que dominaba el paisaje de la Cataluña rural y ostentaba casi siempre el nombre de la familia que vivía en ella a lo largo de generaciones. Dentro del menguado orden jerárquico del campo catalán esas familias constituían, en cierto modo, una pequeña nobleza.

En el siglo XVIII, el complejo viña-olivar-trigo, típicamente mediterráneo, experimenta un inicio de expansión y de mutación que, después de las convulsiones bélicas, prosigue en el siglo XIX y acaba transformando el potencial agrícola de Cataluña. Los viajeros, testigos de este ímpetu de los catalanes, hablan de su capacidad «de convertir la roca en tierra de cultivo». Es una transformación a la vez extensiva e intensiva. En la primera mitad del siglo, seducidos por los beneficios inherentes a la explotación vinícola, los campesinos acaudalados arriendan sus terrenos periféricos, los grandes propietarios y los municipios sus yermos, todavía incultos, que convierten en rabassa morta, esto es, arriendan la tierra durante un período de tiempo equivalente a la vida de la cepa, encaminado a poner en explotación las tierras pobres. De esta suerte recibieron un impulso las zonas vinícolas tradicionales —el camp de Tarragona y el Panadés—, repoblándose las comarcas occidentales.

Las obras de riego en pequeña escala hacen aumentar la producción (el trigo en regadío rinde tres veces más) y la diversifican: la alfalfa, por ejemplo, pasa a ser un producto valioso. Con todo, donde la transformación adquiere sus máximos vuelos es en las explotaciones hortícolas de la costa, estimuladas por la demanda de Barcelona. «Cada palmo de tierra —escribe Young, aludiendo a Mataró— está bien cultivado.» Hacia finales del siglo XVIII la densidad de población alcanzó un índice «moderno».

Esta transformación tuvo consecuencias importantes, pues al dar vida a una economía agraria consistente en alimentar las ciudades —sobre todo, Barcelona— y orientada hacia las más sólidas economías de Europa y América, acrecentó el contraste entre la periferia y el centro de España. Junto con el desarrollo de la industria y el comercio permitió a Cataluña doblar su población en el siglo XVIII. Extensas zonas de Cataluña se especializan en la exportación de un solo producto y envían grandes contingentes de vino y aguardiente a América y al norte de Europa, hasta el extremo de que el precio mundial del aguardiente lo fija el mercado de Reus.⁵⁸

2. Perspectivas de progreso

Hacia finales del siglo XVIII la economía española parece estar en movimiento. Hay síntomas de que la producción agrícola reacciona en el sentido alcista que es corriente en Europa y se acentúa a partir de 1720.⁵⁹ El renacimiento industrial es notable en Cataluña. A lo largo de toda la costa mediterránea el comercio aumenta considerablemente, tanto el de los productos agrarios destinados a la Europa septentrional como el de la exportación a colonias. En 1785 los directores del Banco de San Carlos (cuya fundación en 1782, como primer banco nacional español, es, de suyo, un síntoma de mentalidad renovada) redactan un informe optimista en el que ensalzan «el progreso de nuestra industria, la multiplicación de factorías modernas en Cataluña, el auge de la agricultura y la demanda creciente de sus productos».⁶⁰ Acostumbrados a explotar la torpeza de los monopolios gaditanos y sevillanos de muy antigua raigambre, cuya incapacidad de abastecer de mercancías el imperio español de América era notoria, los comerciantes británicos se sienten alarmados por «el espíritu comercial que empieza a prevalecer en la nación española».⁶¹ ¿Cómo pudieron lograrse tales progresos? ¿Cuál es el saldo que arrojan estancamiento y desarrollo?⁶²

Del mejor rendimiento de su agricultura dependía todo el futuro de España. Para sostener el crecimiento demográfico, para que pudieran formarse un ahorro y un mercado capaz de reemplazar la «perdida» prosperidad industrial, era imprescindible que la tierra produjera más.

Hacia 1800 España producía más trigo y a mejor precio que nunca desde el siglo XVI. Lentamente, a pesar de los años de escasez, las carestías devastadoras iban desapareciendo.⁶³ Puesto que el rendimiento aproximado de la tierra de secano no podía pasar de cinco veces la cantidad sembrada, es evidente que el desarrollo debía ser consecuencia de haber ampliado el área de cultivo roturando tierras marginales. Tanto Jovellanos en el siglo XVIII, como Fermín Caballero hacia 1800 y el informe sobre la crisis agraria de 1887 coinciden en culpar al agricultor por haber roturado más tierras de las que era capaz de cultivar.⁶⁴ «El hambre de nuevas tierras» engendra un proceso ininterrumpido de abandono y reanudación del cultivo hasta que la erosión aparece en alguna zona. El pastor migrador es reemplazado por el campesino sedentario, que malgasta la tierra española. A comienzos del siglo XIX los cereales ocupan tal vez las tres cuartas partes del suelo cultivable, lo que implica desproporción entre las posibilidades de la agricultura y de la ganadería, desproporción tan perniciosa como la que se registrara con el apogeo de la lana.

El principal defecto del secano, que afligía tanto al latifundio como a la finca rústica, era el cultivo extensivo, origen del paisaje característico de la meseta central, esto es, el campo agostado que a causa de la falta de agua debe ceñirse a los monocultivos clásicos del Mediterráneo: vid, trigo y olivo. Los tres adolecen del mismo defecto de orden social cuando se trata de unidades de cultivo mayores —el paro estacional— y están expuestos a iguales riesgos de orden natural —la enorme desigualdad de rendimiento entre un año normal y un año malo—. Existía, esto sí, la posibilidad de pasar de uno a otro monocultivo en respuesta a las condiciones del mercado, y de hecho así se hizo tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX; pero estos cambios aparte de no haber variado un ápice la economía tradicional, se hicieron sin mengua del subempleo rural. Los extensos llanos pelados entre Salamanca y Valladolid se sembraban con trigo y hierba, respondiendo a un criterio económico, mientras que en otras provincias más pobres —Ávila, por ejemplo— las posibilidades de desarrollo estaban limitadas por sus cosechas escuálidas y por la rotación trienal de sus barbechos. El estímulo que recibía el trigo no obedecía solamente a su importancia inmediata como alimento básico, sino al hecho de que requería menos capital y menores cuidados. Del secano cerealícola tan sólo una décima parte era cultivada a base de alternar con regularidad trigo y legumbres, en tanto que una cuarta parte era sembrada una sola vez cada seis a diez años.

Al criticar el cultivo de secano, tanto los contemporáneos como las generaciones posteriores achacaron a la rutina del campesino unos fracasos que, de hecho, sólo son imputables a la pobreza del suelo y a la falta de capital. Los agrónomos-filósofos que rompieron lanzas por la renovación de cultivos y métodos, tuvieron que escuchar la misma respuesta que oyera tantas veces Cavanilles en sus viajes por Aragón: «Hacemos lo que hacían nuestros padres». A menudo esta terquedad no era sino el pretexto invocado por un infeliz, incapaz de concebir un cambio cualquiera, y para quien el estancamiento habíase convertido en un hábito mental, sin el cual le hubiera sido imposible sobrevivir. Pero otras veces representaba la fundada repulsa de técnicas inadecuadas sugeridas por unos aficionados a la «filosofía», que acababan de leerlas en cualquier revista sobre agricultura editada en Francia o en Inglaterra. A menudo la experiencia del campesino aventaja a la del filósofo y, en punto a sagacidad, no le va por cierto en zaga si se trata de convertir sus productos en dinero.⁶⁵ El arado del campesino, al decir de los críticos, «arañaba» el suelo; pero un surco profundo lo hubiera hecho inservible. Los mulos eran «monstruos estériles» y «el peor de los males que aquejan a nuestra agricultura»; pero el mulo es rápido en la tarea y resistente al calor.⁶⁶ Se abusaba del barbecho; mas el barbecho era indispensable para el secano en tierras pobres. Lo peor del cultivo extensivo era la separación radical de agricultura y ganadería. Una vez que el trigo había triunfado en una tierra pobre, la desproporción entre áreas dedicadas a vacuno, a lanar por un lado y, a cultivos encaminados a su venta en el mercado por el otro, se hacía irreversible.

La causa de los bajos rendimientos de los cereales de secano suele atribuirse a tres órdenes de factores de singular relieve; en primer lugar, a las extensas tierras municipales; en segundo lugar, a la defectuosa distribución de los predios rústicos —el problema doble de latifundios y minifundios—, agravada por la inseguridad del arriendo y el elevado nivel de las rentas; en tercer lugar, el peculiar asentamiento de la población rural, que en su mayor parte vivía en pueblos grandes o en ciudades.

En las regiones más afortunadas del Norte las tierras de propios reforzaban socialmente la comunidad y no entrañaban impedimento de ninguna clase para el buen desenvolvimiento de la vida rural. En regiones como Extremadura, en cambio, ocurría lo contrario. «El aspecto desolado y desierto se debe en parte a la gran extensión de las tierras pertenecientes a pueblos y ciudades, cuya administración, por demás ruinosa, hace que las zonas mejores, susceptibles de enriquecer a los propietarios y, a la larga, al país, queden en el mayor abandono y no sirvan sino para apacentar cabras, ovejas y unos cuantos asnos.» Afirmación que no deja de ser exagerada, pues desaparecidas las propiedades municipales, aquellos pastos escuálidos y aquellos rastrojos áridos, subsistieron igual que antes. Sin embargo, los que criticaban la legislación liberal porque acabó con las tierras municipales olvidaban que, si bien es posible que esas tierras hayan fomentado «el carácter orgulloso e individualista del campesino español», el precio de esas mejoras sociales fue una producción agrícola de tan bajo nivel como para cerrar el paso al progreso.⁶⁷

Los abusos inherentes al latifundio habían sido reconocidos ya antes de las críticas sistemáticas de finales del siglo XVIII y la hostilidad contra la gran propiedad seguiría siendo el móvil emocional detrás de toda reforma agraria. Aunque no siempre fueron reconocidas las razones de orden agrícola que abogaban por el cultivo extensivo, una cosa es cierta: demasiada tierra estaba concentrada en pocas manos.⁶⁸ Sin duda, muchos latifundios eran «abusivos»; lo que no es óbice para reconocer que en buen número de ellos las tierras eran pobres y por lo mismo no se prestaban más que al cultivo extensivo y eventual de cereales. Muchos reformadores ignoraban las condiciones del agro andaluz. A finales del siglo XVIII Olavide soñaba en transformar toda la campiña de la Baja Andalucía a semejanza de la inglesa, olvidando, al parecer, las diferencias climatológicas y que la creación de praderas artificiales bajo el sol abrasador del sur de España era pura fantasía.

Tenían razón los reformadores cuando estimaban que la inseguridad del disfrute de la tierra constituía un estorbo eliminable: en buen número de arriendos de Castilla y Andalucía el progreso logrado por el titular equivalía a un suicidio económico, pues favorecía el arriendo corto y la renta abusiva.⁶⁹ Lo que ya no resultaba tan claro a los críticos era que los arriendos en boga respondieran por lo general a un concepto de la propiedad tan confuso que difícilmente podía concebirse una relación propietario-arrendatario clara, factible y rentable; en otras regiones los cánones consuetudinarios dejaban al propietario muy poco margen de inversión, suponiendo que quisiese efectuarla. Por otra parte, la historia de la propiedad de la nobleza demostraba que los cánones consuetudinarios, socialmente seguros, representaban a la larga la pérdida del control económico del propietario. En Galicia, un historiador liberal del derecho de propiedad, aludiendo a la ordenación de 1763 (la cual dio tales garantías a los arrendatarios que los propietarios no podían desahuciarlos ni elevar las rentas) la califica de «auténtica expropiación en perjuicio de la aristocracia». Por último, el hecho de que prevaleciera la aparcería es un síntoma de incapacidad o de repugnancia a invertir capitales en la tierra, de una preferencia por la estabilidad social a costa del progreso económico.⁷⁰

Muchas veces los viajeros que aluden a páramos deshabitados se refieren más bien a los trigales resecos después de la siega, en aquellas comarcas en que ciudades y pueblos están separados por quince y hasta por treinta kilómetros.⁷¹ William Beckford viajó por Extremadura «sin ver un solo ser viviente, ni bípedo ni cuadrúpedo» por espacio de cinco horas. Para Fermín Caballero, que escribía en las postrimerías del siglo XIX, la barrera principal que se opone al progreso es la condición del asentamiento rústico; un sistema más intensivo sería la clave de una mayor producción, pero la relación material del agricultor y del granjero con la tierra, la distancia que separa la casa en que duerme del campo en que trabaja, hacen imposible el cultivo intensivo.⁷² El hecho de que la morada del campesino estuviera en el pueblo, amén de limitar el número de reses y aves que podía mantener (comprar un huevo en una ciudad de 3.000 almas podía llegar a constituir un problema) era un obstáculo más a la correcta proporción entre explotación agrícola y ganadera. Con todo, exceptuando las zonas de asentamiento disperso —Galicia, Vascongadas y algunas partes de Cataluña— el gran pueblo rural o la pequeña ciudad eran una herencia social que no cabía sacrificar en aras de la mayor eficiencia agraria. Para el campesino de un país árido, la tierra, con ser pobre, representaba una fuente de subsistencia, no una mística; su aspiración es vivir apartado de ella. Las satisfacciones sociales que ofrecía el pueblo se reducían a lo que sugiere la palabra animación, porque un auténtico alivio contra el tedio rural no lo ofrecían más que las comunidades urbanas o semiurbanas.

La mezcla de este tipo de asentamiento con aquella fragmentación excesiva de las fincas constituía el rasgo más acusadamente nocivo, aunque poco conocido, del sistema tradicional. No es cierto que el minifundio fuera un fenómeno vernáculo gallego. En buena parte de Castilla los minifundios fueron creados por el derecho sucesorio, que prescribía la división alícuota entre los hijos; en cambio, en Vascongadas y en Cataluña la granja familiar se transmite intacta de generación a generación. De ahí que al crecer la población de determinadas comarcas castellanas el tamaño de la ciudad rústica se fuera reduciendo o fraccionando en campos o parcelas minúsculas. Contiguo al latifundio encontramos a menudo el minifundio; y obviamente las grandes fincas vinculadas favorecen la presión del hombre sobre la tierra. Así, en un radio de 40 kilómetros en torno a Madrid parcelas ínfimas lindan con grandes haciendas señoriales.⁷³ Si a todo ello añadimos la concentración de la población en los pueblos, la intensidad de los cultivos tenía por fuerza que disminuir, pues no se olvide que de 20 a 30 días al año se malgastan en ir y venir entre parcelas alejadas. El cultivo del campo abierto era deficiente, la cría de ganado resultaba en él casi imposible, los árboles eran casi un lujo allí donde no cabía «despilfarrar» la tierra; la enorme complejidad catastral del sistema era uno de los obstáculos principales contra el cual se estrellaba el muy necesario crédito para el minifundista.⁷⁴ La concentración parcelaria fue un «adelanto» notorio aunque poco se ha progresado en este terreno hasta nuestros días. Era lógico que los reformadores arremetiesen contra el latifundio, donde la insuficiente explotación del suelo y la presión de las poblaciones lugareñas resultaban clarísimas, en vez de enfrentarse con las complejidades legales inherentes a la consolidación de un pléyade de fajas dispersas.

Las diversas mutaciones de la estructura clásica de la agricultura española entre 1750 y 1850 se lograron con la reorganización de la economía tradicional, por su expansión superficial, y no por parte de ningún cambio fundamental. Buena parte del país no pasó por el sensacional aumento de producción por hectárea que los demás países europeos fueron alcanzando merced a la intensificación de los cultivos y a los nuevos piensos. La sequía —España es el único gran país de Europa en el cual zonas extensas tienen una pluviometría inferior a 381 mm al año— impedía transformaciones parecidas en el secano. En el siglo XVIII no se disponía ni de nuevos piensos ni de nuevos tubérculos; para mejorar los barbechos sólo existían las leguminosas. La alfalfa, objeto de las esperanzas de Young, no podía prosperar sino en capas de tierra honda o en regadío, y en esas condiciones producía una revolución de menor cuantía.⁷⁵

Así extensas zonas de la España central estaban condenadas al cultivo extensivo de cereales, que exigían gran dispendio de energías para obtener al fin y al cabo rendimientos bajos.⁷⁶

En la segunda mitad del siglo XVIII el renacimiento industrial y un brote de optimismo comercial determinan el crecimiento de la población y de los precios agrícolas, tanto en España como en otros países. Conocedores de lo que significa ese renacimiento industrial, huelga que lo analicemos en sus detalles. La industria, por no hablar de la artesanía, representa tan sólo una pequeña parte de la renta nacional española y del comercio internacional, máxime si lo comparamos con el de productos primarios. Por otra parte, no subsistieron todas las conquistas del siglo XVIII. La industria valenciana de la seda, calificada por más de un viajero como una de las más prometedoras ramas de la economía, permanece relativamente estacionaria en el transcurso del siglo XIX, exceptuando un período próspero entre 1835 y 1852; técnicamente avanzada a finales del siglo XVIII, es incapaz de competir con Lión en el XIX.⁷⁷ Una nueva variante, convertida luego en conquista permanente, es la industria algodonera situada en torno a Barcelona. Destinada a conocer también días difíciles, esta industria constituye la base del primer conjunto industrial propiamente dicho de la España moderna: el de la industria textil catalana.

Los orígenes de este desarrollo en Cataluña, donde existían desde antiguo las tradiciones de una civilización mercantil, son complejos. De la intensificación y de la especialización en la agricultura, especialmente en los viñedos, se derivan intercambios comerciales, fuentes de ganancias y de ahorro. A mediados del siglo, una diferencia entre el aumento de salarios y la elevación de los precios, más rápida, estimula las inversiones. A esto conviene añadir, a partir de 1766, el estímulo de los mercados latinoamericanos, la inversión de las ganancias obtenidas en América y los efectos de la renovada influencia de la plata mexicana.⁷⁸ La importación de tejidos de algodón queda prohibida (1771); la separación fiscal entre Castilla y Cataluña favorece a la segunda; todos los adelantos del extranjero en la manufactura textil son rápidamente importados (singularmente en los primeros años del siglo XIX). Por último —los historiadores catalanes recalcan el hecho muy especialmente— la marcada propensión al ahorro de la laboriosa familia artesana es un factor psicológico y económico del progreso industrial.⁷⁹

El resurgimiento catalán se asienta en el algodón y el aguardiente conjugados con los elementos básicos del comercio colonial (jabón, calzado, papel) y con la expansión de la marina mercante. Una vez más Barcelona se convierte en un gran puerto del Mediterráneo —su comercio, orgullo de la Cataluña medieval, se multiplica por cinco a partir de comienzos del siglo— y emprende su carrera de ciudad industrial.

Cataluña había tenido tan sólo una pequeña porción de la industria textil desparramada por toda España, pero junto a Barcelona es donde hace su aparición la fábrica de tejidos de algodón.⁸⁰ Partiendo de la estampación de los percales importados en los años cuarenta, Cataluña ostenta hacia 1790 la mayor concentración de tejedores y tintores después de la de Lancashire.⁸¹ En la década que sigue al año 1770 las regiones industrializadas son otros tantos centros de salarios elevados que ejercen atracción sobre los sobrantes de fuerzas laborales de la región y generan una oleada de inmigración que se extiende a otras regiones y no se detiene hasta alcanzar, a finales del siglo XIX las zonas pobres de Murcia y el extremo sur. Síntoma de progreso económico, a finales del siglo XVIII, surge en toda su crudeza la escasez de servicio doméstico y de trabajadores del campo. Otro fenómeno que suele acompañar la civilización industrial aparece en Cataluña en las postrimerías del siglo XVIII: el desempleo coyuntural, consecuencia del colapso del mercado y del empeoramiento de las condiciones generales del comercio.

La prosperidad de la industria catalana queda al fin supeditada a contingencias externas. Sufre primero el embate de las guerras de 1779 y 1796, a raíz de las cuales pierde el mercado americano, y con la Guerra de la Independencia (1808-1814) empiezan a entrar tejidos de Francia. Demasiado deprimida para reequiparse después de la guerra como lo hizo en 1804, la industria catalana no puede ya competir con el centro de Lancashire; el proteccionismo a ultranza conviértese a partir de entonces en el credo de todos los industriales catalanes.⁸² Más consistente en el crecimiento se muestra, en cambio, otra industria menor de Cataluña, la del corcho, por monopolizar la materia prima. De origen modesto en el siglo XVIII, esta industria logra auge con la depresión que sigue al año 1814. A pesar de su prosperidad, el corcho es un ejemplo típico de falta de iniciativa de una parte del artesanado catalán. Con un fuerte sentido gremial reacio a las innovaciones mecánicas, representa una clase industrial anticuada, capaz de frenar con su actitud la modernización de la economía, al lado de la clase más dinámica y moderna de los algodoneros. Tal es el reverso de la imagen del artesano catalán emprendedor, base del progreso industria1.⁸³

Como consecuencia de la prosperidad, todavía insegura a pesar de sus frecuentes manifestaciones, Cataluña empieza a presentarse como modelo y ejemplo de civilización mercantil e industrial, papel que le planteará serios conflictos con valores e interés tradicionales. Los emigrantes catalanes adoptan posturas nuevas dentro del país mismo. Tras haber restaurado su propia industria pesquera, los catalanes reconvierten la gallega. Jorge Borrow encontró a catalanes por doquier ejerciendo de fondistas y transportistas. Y aparecen los primeros síntomas del resentimiento despertado por su espíritu de iniciativa, presagios de la acusación de materialismo egoísta de la que no conseguirán librarse los catalanes en los próximos cien arios.⁸⁴ Ya están formadas las poderosas asociaciones de empresarios que luchan por el mantenimiento de las prohibiciones de importación, enemigas del contrabando, de los ingleses, del librecambio, de los gobiernos ansiosos de imponer tributos a los que trabajan para mantener improductivos funcionarios y clases pasivas. Y en Castilla se escuchan los primeros apercibimientos contra los intereses egoístas, contra el peligro de los costos elevados y la falta de modernización que fatalmente acompañaría a un proteccionismo exagerado.

Si se durmiesen a la sombra de la prohibición de bienes extranjeros, sobre perjudicar al tesoro y a la nación, se perjudicarían a sí mismos. Cuando un país es incapaz de producir a costos bajos y tan bien como los países del extranjero, no hay barrera que pueda salvarlo del contrabando, de la moda y del interés del consumidor. Acierta el país que adopta la maquinaria extranjera, gracias a la cual los productos nacionales serán tan buenos y baratos como los extranjeros.⁸⁵

Esto es precisamente lo que hacen en el ambiente de expansión del cambio de siglo los fabricantes catalanes y valencianos: en 1790 llega a Barcelona la primera máquina de vapor.

La flamante prosperidad de la «laboriosa» Cataluña y de la «opulenta» Valencia pone en evidencia la decadencia industrial de la España central, reducida al papel de remanso artesano. Casi todos los grandes centros laneros de Castilla están reducidos a sombras, «esqueletos de ciudades que fueron populosas y atiborradas de fábricas, obradores y tiendas y que están ahora repletas de iglesias, conventos y hospitales..., huérfanas de tráfico comercial, sostenidas por la Iglesia».⁸⁶ Valladolid, Salamanca, Toledo y Segovia, eran capitales administrativas y eclesiásticas, mercados locales que contaban con algunas fábricas de sombreros y de jabón, con un centenar de ingenios textiles, con molinos harineros y hornos de ladrillo. Aparte de la pequeña industria textil doméstica diseminada por todas las ciudades y pueblos, algunas ciudades pequeñas producían especialidades que se vendían en mercados más extensos; así, Guadix producía navajas; Morella, mantas; Puente del Arzobispo, tejidos y cerámica; La Solana, en La Mancha, hoces. Buena parte de estas pequeñas industrias se estancaban o languidecían como consecuencia de los quebrantos de la Guerra de la Independencia. En el siglo XVIII, Aragón, donde la agricultura prosperaba y el número de olivos se había multiplicado por dos en cien años, era una región industrialmente deprimida. Los tejidos estaban en franca decadencia; y los oficios metalúrgicos de rancia tradición habían desaparecido hasta el extremo de ser ya imposible hallar un solo artesano capaz de enseñar las antiguas técnicas. Sólo prosperaba la industria del cuero.⁸⁷ Aborrecidas por los militares liberales, las maltrechas ciudades del Bajo Aragón se convierten en fortalezas del carlismo, y la desolación en que se debaten las ciudades artesanas decadentes desata polémicas acerca de la eficacia de la caridad eclesiástica.

La decadencia es a veces consecuencia inevitable del desarrollo. Así, por ejemplo, al apogeo de la prosperidad de Valencia, corresponde la dramática ruina de la industria sedera de Granada y las pequeñas industrias de los valles aragoneses tuvieron que padecer las consecuencias de la competencia catalana. Pero la principal limitación del desarrollo del corazón de España se debe a la configuración de la Península.

En un país con la forma de un extenso cuadrado, donde los canales entrañan una imposibilidad económica y física, el coste del transporte tiene que ser elevado, por buenas que sean las carreteras. Napoleón tuvo que rendirse a la evidencia de que las mejores carreteras de Europa no bastaban para crear un mercado europeo. En la España del antiguo régimen, lo que da al traste con las perspectivas de una economía nacional propiamente dicha es el espacio; la distancia por vía terrestre es la que condena al fracaso en el siglo XVIII la costosa tentativa gubernamental de establecer en el centro del país una gran industria lanera y dificulta en el siglo XIX la creación de un mercado interior.⁸⁸ El resurgimiento industrial no puede asentarse, a la larga, en los lomos de mulos y asnos. No era la menor de las ventajas que disfrutaban las zonas periféricas la baratura del cabotaje.

La prosperidad de estas regiones se debe al aprovechamiento directo del resurgir del comercio con ultramar: son sus artífices las «compañías» de los puertos catalanes, los comerciantes de los levantinos, los navieros vascos. Ya en la primera mitad del siglo una empresa vasca, la Compañía de Caracas, mantiene un activo comercio de cacao con un país hasta entonces no desarrollado del imperio americano: Venezuela.⁸⁹ El resurgimiento del comercio a finales del siglo XVIII, es, en sus comienzos, independiente del paulatino proceso de destrucción del antiguo monopolio de Cádiz y Sevilla, que Carlos III lleva a cabo en las postrimerías del XVIII. El antiguo sistema colonial se oponía a cualquier intento de convertir un imperio basado en la importación de lingotes de oro en un imperio mercantil al estilo de Colbert, limitado a los productos españoles, concebido para alimentar la prosperidad de la metrópoli; intrusos y contrabandistas habían convertido en pura ficción el armazón del monopolio castellano reduciendo a España «a conservar la vaca, mientras Europa la ordeñaba». Carlos III, al objeto de incrementar la participación española en el mercado colonial, decidió extender a un mayor número de puertos españoles el privilegio de comerciar con América, esforzándose al propio tiempo en limitar la acción comercial extranjera, tanto la legal como la ilegal, en especial la británica y la francesa. No cabe duda de que la liberalización (que consistió en otorgar la posibilidad de intercambios con ultramar a un número de mercaderes españoles superior al del sistema antiguo) estimuló poderosamente el volumen y la proporción de las mercancías españolas en el comercio legal, contribuyendo de forma directa al resurgimiento industrial y mercantil. Las quejas de los comerciantes británicos y franceses prueban que el comercio colonial había dejado de ser «una estratagema» para canalizar bajo el control real el suministro de mercancías procedentes del resto de Europa.⁹⁰ El éxito de esta política fue lo que suscitó entre los comerciantes ingleses el deseo de acabar con el «despotismo» en la América española, al objeto de establecer relaciones comerciales directas con un mercado asequible al dominio de las mercancías inglesas y de las condiciones del crédito inglés.⁹¹

En opinión de Chaptal, ministro de Napoleón, el intento de crear un mercado colonial se hizo demasiado tarde. La prosperidad y la perdurabilidad de ese mercado dependían de tres factores: que España controlara los mares, que su control político de tan vasto imperio fuera perdurable y que fuera capaz de suministrar a sus colonias las mercancías que éstas precisaban. De no conseguirlo España, y coadyuvando la venalidad de las aduanas, lo conseguiría el contrabando.⁹² La guerra con Inglaterra (1796-1802) fue un auténtico desastre, ya que puso de manifiesto la gran debilidad de la posición española en el mercado americano; tan pronto como se vio claro que España no podría seguir abasteciendo sus colonias, los puertos americanos se abrieron a los países neutrales. La guerra de 1808 y el movimiento en favor de la independencia de las colonias dieron la puntilla al empeño español de crear un imperio mercantilista. La oportunidad no se volvió a presentar. España no pudo ser una gran potencia comercial porque no consiguió como potencial naval conservar el control político de su vasto imperio y por no haber logrado abastecerlo de bienes baratos. Hacia 1829 su comercio exterior era la tercera parte de lo que había sido en 1785. Otra consecuencia, aún más grave, fue la incapacidad del comercio español de compensar en el siglo XIX el déficit producido por el cese de la importación de plata americana. Ningún producto logra colmar el vacío provocado por la decadencia de la lana: ni el coñac, ni el trigo, ni las frutas, ni el aceite, ni el vino, ni el plomo que vende a Europa, ni el calzado, ni el papel, ni los tejidos o los sombreros que vende a las colonias. El sustituto de la lana no ha de hallarlo España hasta que el capital extranjero acomete la explotación de los yacimientos de hierro en Vizcaya, abandonando las técnicas arcaicas de los mineros vascos.⁹³

¿Qué circunstancias hay que señalar, por lo tanto, como más significativas para el futuro en la evolución que se registra a finales del siglo XVIII? El hecho económico más notorio es, desde luego, el contraste entre la prosperidad de la periferia y el estancamiento del centro. Industria, comercio, agricultura acusan mutaciones mucho más acusadas en la periferia.

En el siglo XVIII, en especial a partir de 1770, España comparte el incremento demográfico general en Europa, pasando de cuatro millones de habitantes a más de diez.⁹⁴ Digno de atención es el hecho de que ese incremento es mucho más acusado en la periferia, esto es, en Galicia, en Cataluña, en Vascongadas, en Santander y en Levante. La diferencia entre los precios del trigo en Cataluña y el País Vasco por una parte y la España central por otra son una segunda indicación de divergencia.⁹⁵ Castilla acusa fluctuaciones violentas de los precios, consecuencia de su perenne dependencia de las cosechas locales; Barcelona, en cambio, importa buena parte del trigo y de la carne que consume y la importación nivela los precios. Éstos dependen, por consiguiente, de las cosechas del norte de Europa, lo cual, además de probar hasta qué punto la economía más «moderna» de la periferia queda involucrada en un mundo más amplio, permite apreciar los peligros de la especialización: una caída de la demanda europea de vino implica el desastre para los cosecheros marginales de la rabassa morta. Acaso los síntomas más dramáticos de este desarrollo desequilibrado sean el alza de salarios y el incremento demográfico de Barcelona y Valencia, comparados con los de Madrid, el centro de la Vieja España. «El indiscutible progreso alcanzado en el siglo XIII —escribe Vilar— implica entre las diferentes regiones de la península una relación harto distinta a la del siglo de oro. El centro de España pierde su predominio demográfico y económico. Se repite el equilibrio de la antigüedad, cuando la España periférica —en especial la España Mediterránea— atraía población, actividad y producción.»⁹⁶ Esta desigualdad en el ritmo de desarrollo acarreará consecuencias de profundo alcance social y político.

CAPÍTULO II

LA SOCIEDAD TRADICIONAL Y SUS CRÍTICOS

En el Congreso de Viena se desatendieron las pretensiones españolas como procedentes de una corte secundaria; una actitud semejante hubiera sido inconcebible en 1759, al acceder al trono Carlos III. El imperio español, que comprendía el continente americano desde California hasta el estrecho de Magallanes, era la estructura política más imponente del mundo occidental; para Napoleón era todavía el máximo abastecedor de plata y, para los comerciantes británicos, el más extenso y menos explotado de los mercados. El reinado de Carlos III fue testigo de un intento de plasmar en términos de prosperidad y poderío el potencial múltiple de este enorme imperio y de la España metropolitana.

Este ensayo de reforma gubernamental tiene semejantes en los más de los países europeos. En España, torcido primero por la crisis de 1789 e interrumpido luego por la invasión francesa de 1808, por más que le faltó tiempo para transformar la estructura tradicional de la sociedad, llegó a modificar las actitudes tradicionales. Para estudiar esta sociedad debemos analizar ante todo los elementos que se oponen al cambio y los que llamaríamos instrumentos de progreso. Seguidamente tendremos que valorar la reforma gubernamental, tanto según lo que pretendió conseguir como respecto de su legado al liberalismo posterior. Este legado es un programa de revolución desde arriba. A menudo incoherente en sus premisas, su principio informador es la utilidad; instituciones, clases y leyes deben ser juzgadas en función de su eficacia en producir felicidad. Avanzado en su propósito de incrementar los recursos y la eficiencia del Estado, el programa de los funcionarios de Carlos III encerraba en su arsenal armas capaces de destruir el conjunto de valores en que se apoyaba la sociedad estática del antiguo régimen. El desarrollo de las implicaciones revolucionarias del principio de utilidad fue obra de los hombres radicales; lo que vamos a examinar es la interconexión entre reforma gubernamental y reforma radical.

1. El orden tradicional

El estancamiento español ha sido atribuido durante mucho tiempo a las dimensiones excesivas de las «clases improductivas», desde los grandes de España hasta los maestros de escuela vagabundos. El censo de 1797 estima que esas clases, cuya preponderancia en el Estado va lentamente menguando, representan todavía el 30 % de la población activa masculina. Es más, considera que dos de esas clases improductivas, la nobleza y el clero, poseen por mayorazgo o manos muertas, las dos terceras partes de la tierra de España.¹ Buena parte de la crítica a la nobleza y al clero, expresada en los lugares comunes de la Ilustración, se basaba en la convicción de que el mayor obstáculo para el progreso era la «esclavitud» de la vinculación.

El mayorazgo, la inalterable herencia española, era la institución clave de la vieja aristocracia.² Su fin declarado era conservar el nombre familiar vinculándolo a perpetuidad a una propiedad inmueble que se transmitía íntegra a un heredero único. Partiendo de Castilla, su cuna geográfica, los mayorazgos se difunden y pasan a capas sociales inferiores —de ahí la creación de pequeños mayorazgos «abusivos» entre gentes no aristocráticas— y llegan a incluir bienes muebles, como joyas, reliquias y cuadros.³ La formación de grandes posesiones vinculadas entre la aristocracia fue constantemente favorecida por el olvido en que tenían los abogados la «doctrina de la incompatibilidad», concebida para impedir la acumulación de tierras vinculadas. Así, los matrimonios dieron lugar a que enormes concentraciones de títulos y propiedades vinculadas fueran a manos de las pocas grandes casas supervivientes.

Desde el siglo XVI, los mayorazgos habían sido duramente criticados por favorecer la holganza y por ser una injusticia con respecto a los hijos menores. En el siglo XVIII la crítica era menos moralista y más utilitaria y económica. Políticos y reformadores opinaban que tales patrimonios, al impedir que hubiera un mercado libre de la tierra, elevaban artificialmente su valor, de modo que la inversión dejaba de ser lucrativa; eran un obstáculo a la difusión de la propiedad, considerada universalmente como requisito previo para una mayor producción. Se había postulado desde antiguo como principio general —muy incorrectamente como mostraría la experiencia catalana— que la propiedad vinculada genera un régimen de arriendos breves e inseguros; de ahí que encabezase una vez más la lista de los estorbos, de los impedimentos al progreso. Por ello la campaña contra la vinculación de la tierra, más que un ataque a la propiedad aristocrática como tal, fue una cruzada en favor de la inversión de capitales en la tierra y en pro de una agricultura eficiente. Muchos reformadores admitían que la propiedad vinculada era una necesidad social y política si la nobleza había de sobrevivir con decoro. Por ello las reformas se limitaron a la supresión de las herencias vinculadas de menor cuantía y a prohibirlas para el futuro.⁴ En 1793 el gobierno autorizó la conversión de la propiedad amortizada en bonos del Tesoro. Esta combinación extraña de las necesidades fiscales de la Corona y de la campaña contra la propiedad vinculada, de haber sido llevada a cabo, hubiera transformado la propiedad rústica de la aristocracia en papel del Estado.

El prestigio social de la aristocracia y buena parte de sus ingresos se derivaban de los señoríos. Los derechos señoriales eran muy variados y complicados: algunos consistían en rentas disfrazadas, otros en alcabalas feudales residuales, otros procedían de la venta o concesión de cargos municipales. El ataque radical a los señoríos partió de Aragón y Valencia, donde era más aguda la confusión entre los cánones de arriendo y los tributos feudales y donde los señores habían transferido sobre sus súbditos cristianos las obligaciones que antaño correspondían a los moriscos.⁵ Hay algunos síntomas de una enérgica exacción de cánones feudales como la que caracterizó las últimas etapas del antiguo régimen en Francia; en Cataluña, por ejemplo, una sustancial subida de precios de las fincas sometidas a tributación feudal llegó a rebasar el incremento de los precios agrícolas.⁶ Muchos derechos judiciales tenían más inconvenientes que ventajas pero, onerosos o insignificantes, eran, con todo, el pilar sobre que se asentaba la influencia de la aristocracia. En la mitad de los pueblos y ciudades, el señor o su representante se interponía, como alcalde, concejal o juez, entre el súbdito y su rey.

No cabe duda de que el absentismo moral y físico de la nobleza española ha sido objeto de exageraciones y de interpretaciones erróneas. Los nobles vivían en la ciudad, es cierto, pero en todo lo que no eran zonas de asentamiento diseminado, los campesinos y granjeros eran igualmente moradores urbanos. A los diferentes niveles del mundo de la nobleza correspondían diferentes niveles de absentismo. Las grandes casas aristocráticas practicaban el absentismo más puro por vivir en la corte, y la visita de un grande de España a sus tierras constituía un auténtico acontecimiento en la historia local. La aristocracia menor del Sur concentrábase en ciudades «nobles», como Ronda o Baeza, donde la vida social giraba en torno al centro de equitación y remonta, o maestranza. Pero en las pequeñas ciudades castellanas y del norte el hidalgo local no era más absentista que sus campesinos y ocupaba su reclinatorio en la iglesia parroquial y su sitial en el ayuntamiento. En algunas comarcas los nobles menores, con título o sin él, se interesaban por las empresas locales y por el progreso de la agricultura; de ahí el acentuado patriotismo local de los nobles vascos y asturianos, buenos propietarios, y la influencia de que gozaban en sus comarcas; de ahí también que fueran un modelo para quienes deseaban conservar la influencia de la nobleza implicándola en un movimiento a favor de la reforma y del progreso económico. Las Sociedades Económicas, invento de los vascos, exhortaban a la nobleza provinciana a «contribuir a la felicidad del reino».⁷ Pero en general la nobleza no respondió al llamamiento. La mentalidad creada por el mayorazgo no era precisamente la más apropiada para asimilar los ideales del propietario miembro de las Sociedades Económicas, «atento siempre a la felicidad de su pueblo». El terrateniente aristocrático se complacía en la actitud meramente pasiva del rentista, que tiene a gala ser robado por su administrador. Aun en el caso de que la propiedad vinculada no representara una traba de orden técnico a la capitalización, es difícil creer que a los aristócratas españoles, que sobrevivían por obra de las meras dimensiones de sus listas de arrendatarios, se les ocurriese pensar que compensaba hacer inversiones para lograr rentas más altas.⁸

A pesar de ello, las clases más directamente afectadas por la invencible indiferencia de la nobleza por la vida rural —indiferencia que no pudo vencer el ejemplo real, ya que las monterías no eran frecuentes y las cacerías fueron escasas hasta finales del siglo XIX, de modo que la vida rural de los grandes propietarios ingleses del siglo XVIII les había parecido inconcebible— no la hicieron objeto de una ofensiva generalizada.⁹ En Cataluña, pese al escaso o nulo interés de la aristocracia local por la tierra, no abundaron las críticas. Los grandes agricultores catalanes, los masovers, rebosaban seguridad y confianza en una sociedad rural aristocrática, donde una temprana y masiva derrota del poder económico de la nobleza les había convertido en una especie de burguesía rural.¹⁰ En lugar de desafiar a la nobleza encontraban oportunidades de inversión en el arriendo de las alcabalas feudales, y con ello acaso hasta conseguían incluso elevar su rango, al igual que muchos tenderos y mercaderes acaudalados; de ahí que acabaran siendo sostenedores del predominio feudal, del que se aprovechaban hasta cierto punto.¹¹ Diezmos y gabelas feudales son, en cambio, una carga insostenible para los agricultores marginales que cultivaban tierras de rabassa morta; pero éstos no tenían fuerza bastante para enfrentarse con los arrendatarios o con el aristócrata en cuyas tierras vivían. Tan sólo durante la Guerra de la Independencia se les dejó protestar ocasionalmente contra «los ricos».¹²

A consecuencia de su incompetencia y de su indiferencia, la vieja nobleza había perdido buena parte de su influencia al finalizar el siglo XVIII. Pasados los días de los grandes validos y de las camarillas aristocráticas, la alta nobleza se retiró. Los grandes no lograron nunca recuperar la influencia que perdieron en la Guerra de Sucesión, en la que se mostraron políticamente cambiadizos e incompetentes y excesivamente altaneros.¹³ La corona los sustituyó con nobles de rango inferior y con hombres de leyes no contaminados por desmedidas apetencias políticas. El llamado partido aragonés (capitaneado por Aranda, hombre fuerte de la aristocracia militar, que subió al poder en 1766) es acaso un intento tardío de recuperar, en un trance crítico para el rey, el poder detentado por los funcionarios civiles. Postrer triunfo de la nobleza fue el derrocamiento de Godoy, el oscuro hidalgo extremeño que fue, en lo que hace a su origen, ejemplo típico del servidor de una monarquía atenta solamente al celo con que se le servía.¹⁴ Así, mientras la gran aristocracia conservaba sus posiciones en la corte, el poder efectivo pasaba a manos de la «aristocracia de los empleados».¹⁵

Los valores españoles habían sido los valores de la nobleza, pero a finales del siglo XVIII el concepto de nobleza fue objeto de una campaña que alcanzó una violencia verbal sorprendente: a la inutilidad del noble se contrapone la utilidad del burgués, como modelo de virtudes sociales. Ello, sumado al ocaso de la influencia política de la alta aristocracia, dio lugar a la idea de una «crisis de la nobleza». Sin embargo, esta expresión oscurece el hecho de que era entonces una moda literaria europea atacar a la nobleza, y el que la nobleza española estaba experimentando una complicada transformación, gracias a la cual recuperaría posteriormente una parte de su influencia social y politica.¹⁶

En España la ofensiva contra los valores aristocráticos arrecia debido a la extensión de la clase nobiliaria. Habida cuenta de que medio millón de españoles, desde el hidalgo pobre que «se alimenta de pan negro a la sombra de su árbol genealógico» hasta los grandes de España, reivindicaban la nobleza de su cuna, las posturas típicamente aristocráticas —cual el prejuicio contra todo lo relacionado con el comercio «vil»— no podían menos que presentar serios inconvenientes económicos. En el siglo XVIII esta masa indiferenciada de aristócratas tiende a contraerse, y sus estratos inferiores se hacen, en su calidad de funcionarios civiles ennoblecidos, con la influencia perdida por la gran aristocracia áulica. Es ésta una nobleza que trabaja, como la de las provincias del Norte. El debate antiaristocrático, en la medida en que no era una moda literaria, fue, pues, un arma polémica en una lucha interna entre nobles, lucha que enfrentaba a los golillas profesionales (escribanos generalmente de cuna noble aunque modesta) con la aristocracia «militar», que acaso veía el cargo público como beneficio adyacente a su rango. Y la polémica fue expresión, no de las ambiciones de una burguesía económicamente fuerte, sino del intento de una determinada sección de la nobleza de reemplazar a otra como instrumento predilecto de la corona.¹⁷ Los funcionarios del despotismo ilustrado no estaban hechos a emplear sistemáticamente el poder institucional contra la aristocracia; los burócratas se consideraban servidores del gobierno y no combatientes en una lucha de clases. El conflicto entre los golillas y la llamada aristocracia «militar», de tener algún significado, es si acaso un preludio del conflicto decimonónico entre militares y civiles.

La crisis de 1808 y la invasión francesa ponen a prueba la nobleza como a todas las demás clases e instituciones; prueba de la que no parece que la nobleza salió tan malparada como se ha pretendido. Siempre que la nobleza local se pone al frente del levantamiento contra los franceses, es aceptada, como lo demuestra la composición de las Juntas; el papel de esos prohombres locales todavía no ha sido estudiado a fondo, pero es indudable que se trata de uno de los tipos del patriota de 1808. Sin embargo, el clima intelectual de las Cortes de Cádiz fue antiaristocrático.¹⁸ La idea de una Cámara de los Lores española fue rechazada. La segunda Cámara semihereditaria, introducida por el ala conservadora de los liberales en las primeras Constituciones del siglo XIX, representa un resurgir de la influencia aristocrática en el seno del liberalismo, aunque se trata de una influencia incomparablemente inferior a la ejercida por la aristocracia inglesa.

En los tiempos modernos, la nobleza española ha dado pruebas de muy escasa iniciativa cultural; en las postrimerías del siglo XVIII los contados esprits forts que se carteaban con Voltaire y Rousseau fueron arrollados por el formalismo y el tedio que hacían de la sociedad madrileña la pesadilla de los embajadores inteligentes.¹⁹ El derroche ostentoso de la aristocracia española no iba a funciones de mecenazgo artístico ni se concretaba en un estilo de vida refinado, antes bien quedaba en el sostenimiento de catervas de criados y clientelas domésticas. Así creó la aristocracia una casta de gentes que devengaban, trabajasen o no, y que en villas y ciudades formaban la base de su fuerza en el seno de la sociedad.²⁰

Como institución social, la Iglesia gozaba de mayor influencia que la nobleza. «En España —escribe Wellington— el auténtico poder lo ejerce el clero; fue él quien mantuvo firme al pueblo contra Francia.» El antiguo jefe guerrillero y liberal avanzado, Mina, reconocía en 1821 que un canónigo de Pamplona gozaba entre el pueblo de mayor ascendiente que la Diputación Provincial de Navarra.²¹ Este poder se debía en parte al hecho de que la Iglesia era al mismo tiempo terrateniente, institución de beneficencia y patrono con empleados a sueldo en una «economía mendicante». Las grandes ciudades levíticas vivían a costa de iglesias y monasterios —tal vez una vigésima parte de la población de Valladolid dependía de la Iglesia— y las caridades alimenticias repartidas por el palacio episcopal y los conventos representaban un factor esencial en el presupuesto diario de los pobres de las ciudades.²² Afirma un viajero inglés que «León se mantiene en vida gracias a la Iglesia». Al igual que la nobleza, la Iglesia podía contar, pues, con su clientela urbana y a raíz del motín de 1766 las órdenes religiosas fueron acusadas de lanzar sus turbas contra la administración reformadora. Al parecer, Aranda, el ministro anticlerical de más relieve en tiempos de Carlos III, a quien el rey llamó al poder para acabar con los amotinados, planeó una ofensiva en regla contra la pobreza precisamente porque temía la mucha influencia que detentaba la Iglesia mientras se le dejaba el monopolio de la beneficencia pública. Encargó a su más íntimo colaborador, Olavide, que reformara el Hospicio de Madrid para inválidos pobres e intentó expulsar de la capital a todos los mendigos.

A un nivel más profundo, el poder de la Iglesia dependía de su penetración en todos los aspectos de la vida social. El catolicismo era, y sigue siendo, no sólo una fe individual, sino el signo formal de pertenencia a la sociedad española. La herejía se torna solecismo social, aislamiento voluntario, como lo prueba sobradamente la historia de los conversos protestantes: el que George Borrow vendiese la Biblia de puerta en puerta se consideraba amenaza a la sociedad misma o prueba incomprensible de excentricidad. Las solemnidades religiosas organizadas por las cofradías laicas, que tanto encauzan la piedad popular en Castilla, hacían palmaria la realidad de la vida comunitaria de la ciudad. Los católicos extranjeros que veían a los grandes de España ofrecer sus carrozas al Santísimo Sacramento, testigos de cómo el público de los teatros se hincaba de rodillas al paso del viático por las calles estaban asombrados ante la universal reverencia por las formas externas del culto.

La Iglesia española era democrática: caso inconcebible en Francia, un primado era hijo de carbonero.²³ La mayoría de los obispos provenían de la pequeña nobleza provinciana y habían empezado como becarios en los colegios mayores de las grandes universidades. No existían los espléndidos príncipes de la Iglesia: se esperaba de un obispo que dedicara a la caridad todo cuanto le restaba una vez cubiertas sus estrictas necesidades domésticas. En todo el siglo XIX y lo que va del XX, el párroco medio ha sido pobre de origen, permaneciéndolo durante su ministerio: ganaba menos que un obrero bien remunerado, y en algunas parroquias rurales tenía que valerse de la venta de huevos y de otros recursos agrícolas de poca monta, circunstancia que le acercaba a sus feligreses. Procedente en casi todos los casos de un hogar de clase media o trabajadora, el párroco tenía pocas posibilidades de proseguir su instrucción una vez terminados sus estudios en el seminario. De ahí que la deficiencia innegable del clero bajo fuese su escaso nivel cultural, situación que se agravó aún más al estancarse los seminarios acaso como consecuencia de cierta falta de generosidad hacia ellos en la legislación liberal del siglo XIX. En el siglo XVIII, sus conocimientos elementales permitían al párroco distinguirse en un ambiente de crasa ignorancia. La autoridad del párroco se ejercía, pues, sin oposición en la España rural, singularmente en las sociedades campesinas estables del País Vasco y de Cataluña y dondequiera que, como en el campo gallego, se ponía con los de su propia clase en la lucha por la tierra. Peligraría luego en la España urbana —no sólo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos agrícolas meridionales de regulares dimensiones— porque se ofrecían ideologías rivales a los feligreses y porque los curas tendían a ponerse del lado de prohombres locales. El anticlericalismo exacerbado, como en 1835-1836, y de nuevo en 1936, fue, hasta cierto punto, un fenómeno urbano, impuesto por la ciudad al campo.

El punto débil de la Iglesia residía en la prodigalidad desordenada con que distribuía sus recursos, en cumplimiento de sus funciones sociales reconocidas. Mientras el campo adolecía de falta de párrocos, en la ciudad sobraban canónigos, sacerdotes sin beneficio y miembros desocupados de las órdenes menores.²⁴ A finales del siglo XVIII el «útil» y mal pagado párroco es uno de los héroes del reformador, con quien se puede contar para encabezar una sociedad económica o patriótica, o como propagandista de sistemas agrarios mejores. Así, el liberalismo de 1808 pudo contar con que lograría el apoyo del bajo clero inteligente. A las órdenes religiosas, por otra parte, se les consideró «inútiles» como no pudo ser menos en una época que valoraba la utilidad social por encima de todo. «A las monjas habría que ponerlas a hacer calceta», escribió Jovellanos. El solo número de frailes se convertía en una obsesión de la cual participaban tanto los burócratas reformadores como sus herederos, los liberales, cuyo denominador común es la crítica a las clases «estériles» que se remonta por lo menos al siglo XVI. Además, las órdenes religiosas se hallaban, salvo excepciones, en franca decadencia organizativa e intelectual.²⁵ Sus discordias intestinas, síntomas de esta decadencia, las hacía especialmente vulnerables; la disputa entre agustinos y jesuitas dio pie, en los años sesenta, a la acometida regalista contra los privilegios eclesiásticos. La supresión de los conventos, efectuada por los franceses en 1809, es la culminación violenta de una campaña de 20 años.

Los liberales de las Cortes de Cádiz aceptaron esta disolución como «cosa hecha»; de ahí que las órdenes religiosas fueran los principales enemigos del liberalismo en España. Los años de la guerra constituyen un paréntesis del que los conventos no lograrán recuperarse; sus casas habían sido expoliadas; su reclutamiento, dificultado; sus rentas, dilapidadas. Dificultades económicas impidieron a los jesuitas restablecer su sistema docente en 1814.²⁶ Las órdenes nunca perdonaron este revés al liberalismo, contra cuya constitución y filosofía no cesaron de lanzar sus anatemas, calificándolas «de último y supremo grado de perversión».²⁷

No es aventurado suponer que el ocaso de la popularidad de las órdenes religiosas en España, especialmente a partir de 1821, las quemas de conventos y las matanzas, deshonra del liberalismo popular urbano, fueron consecuencia de la ineludible alianza de aquéllas con la reacción. Empero, la intervención de las órdenes en la práctica religiosa de cada día, dada la escasez y la pobreza del clero parroquial, era mucho más intensa de lo que generalmente se imagina.²⁸ Frailes, predicadores y evangelistas gozaban de gran popularidad: Diego de Cádiz, predicador capuchino, enardecía a las masas, que reñían por un fragmento de su hábito. Así, la violenta francofobia de las órdenes religiosas tuvo inmediata aceptación en la guerra de 1793 contra el «hereje» francés. En la Guerra de la Independencia fueron ellos, sobre todo a primera hora, los auténticos adalides de las masas, profetas de un nacionalismo primitivo. A partir de 1814 esta influencia no podía menos que dirigirse, por instinto de conservación, en contra del liberalismo, comprometiéndose, por lo tanto, siempre que fue posible, con el carlismo.28 bis Los monasterios situados en territorio carlista fueron restaurados; no así los de la España liberal, que fueron transformados en granjas, en cuarteles, en escuelas, en ministerios o quedaron abandonados, en ruinas.

2. Las clases útiles

Los reformadores del siglo XVIII, al igual que numerosos críticos de la España tradicional, consideraban a las «clases útiles» de la población como un instrumento de progreso. Atribuir el fracaso de la reforma en sus modalidades dieciochesca y decímonónica, a la falta de una «clase media» española, ha sido un axioma de la interpretación histórica. Los teóricos del marxismo han sostenido que sin el apoyo de una clase media segura de sí misma, el liberalismo no pudo llevar a cabo la revolución burguesa contra el feudalismo; por lo tanto han intentado encontrar en la Rusia zarista modelos tácticos que correspondían a un nivel de desarrollo similar al de la España moderna.²⁹ Este tipo de análisis, que gozó de gran boga durante la Guerra Civil de 1936, desconocía la existencia de un sector social intermedio, que se escindió según la clásica línea de fractura, en alta y pequeña burguesía, que, en los años cincuenta, formaban respectivamente los partidos moderado y progresista.³⁰ Desde el oficial del ejército al tendero, desde los poderosos de la ciudad rural al magnate algodonero de Barcelona, este conglomerado informe de los sectores intermedios de la sociedad había de imprimir su carácter al siglo XIX. Su debilidad como fuerza política estribaba, no en la cortedad numérica, sino en la disparidad y el localismo de sus intereses. «La clase media ha gobernado la nación por espacio de cuarenta años —afirmaba en 1855 un político liberal—; ha perdido el Nuevo Mundo y ha comprometido la estabilidad de la sociedad, pero no ha aprendido todavía cómo se forma un gobierno».³¹

En el siglo XVIII las profesiones liberales, que habían de constituir el núcleo de la clase media del siglo XIX, gozan ya de cierto prestigio social, aunque todavía de escaso poder económico. La característica duradera de la clase profesional española, acentuada en sus capas inferiores, es la necesidad del doble empleo. En el siglo XVIII buen número de profesores universitarios tenían una remuneración inferior a la de los trabajadores manuales; si no eran clérigos se veían obligados a buscar otra colocación para subvenir a sus necesidades, servidumbre de la que el profesorado no logrará librarse en todo el siglo XIX.³² En España el número de maestros per capita era mayor que en cualquier país europeo, pero estaban miserablemente remunerados. Así pues, hallamos maestros que se ganan la vida como carpinteros, o guardabosques, o escribiendo cartas para los vecinos analfabetos. Basándose en programas anticuados, las universidades sacaban teólogos, médicos y abogados y estaban dominadas por los círculos cerrados de los colegios mayores. Eran éstos colegios residenciales cuyos miembros monopolizaban virtualmente los mejores cargos universitarios y que constituían una plataforma privilegiada para cuantos ingresaban en la administración civil o emprendían una carrera eclesiástica. Como centros de cultura, estas universidades decadentes desempeñaban un papel harto limitado en la vida nacional, y las indagaciones realizadas hacia 1770 por el gobierno con miras a su reforma ponen de manifiesto el desinterés más supino por el saber.³³

Para que los médicos adquieran algún peso social hay que esperar hasta 1850 y nadie, por aquel entonces, hubiera sido capaz de vaticinar la futura importancia social de los abogados.³⁴ La nobleza de capa, las corporaciones tan poderosas en Francia, no existían. Salvo en Cataluña, los curiales eran objeto de desprecio: en las provincias vascas se les vedaba a los abogados el acceso a las asambleas locales. La administración civil estaba en manos de abogados de formación universitaria, pero sólo los cargos más altos llevaban aparejado prestigio social.

En el siglo XIX el prestigio social de una minoría de abogados empleados en la administración pública se transfiere a un número más elevado de abogados que actúan en política. Al igual que los altos funcionarios civiles del siglo XVIII, casi todos los políticos liberales que no son militares son abogados y hasta la aparición de los técnicos en el siglo XX —sus primeros rivales son los ingenieros ferroviarios— constituyen la clase profesional por antonomasia. El predominio de los abogados se convertirá en un arma en la cruzada contra la «artificialidad» del parlamentarismo liberal: los diputados —se dirá— no representan a las «fuerzas vivas» de la comunidad, sino los intereses y las ambiciones de un pequeño grupo de abogados políticos. Esto es una exageración polémica, ya que, como ocurre hoy en los Estados Unidos, muchos abogados estaban íntimamente relacionados con la vida local y más adelante con empresas industriales y comerciales, en calidad de asesores jurídicos. La posición de que gozaban los abogados se explica por lo que los españoles calificaban de «falta de preparación» de las otras clases y por el predominio del derecho entre las disciplinas universitarias. Todo esto produjo la intelligentsia de los abogados, para la que la política venía a ser una de esas actividades subsidiarias abiertas a los que pertenecían a las clases profesionales afectadas por un subempleo crónico.

Tan sólo entre los mercaderes y los navieros de los grandes puertos hallamos una burguesía al estilo europeo, con actitudes distintas de las de la oligarquía que domina la política municipal y los gremios. Un azar bélico hizo que el primer parlamento liberal se reuniera en Cádiz (1810), la única ciudad que contaba con una sociedad liberal, con una nutrida colonia francesa, con función diaria de teatro francés y con una vida social libre de prejuicios aristocráticos, donde la medida de la categoría personal era, incluso para los nobles, que invertían su dinero en el comercio, el tamaño de su fortuna.³⁵ La prosperidad de Cádiz, basada en el comercio con América, había de menguar notablemente en el siglo XIX, cediendo el paso a Barcelona como exponente principal de una civilización basada en la clase media, aunque no sería nunca caldo de cultivo de políticos liberales, hasta el punto que lo fueron las ciudades andaluzas.

A comienzos del siglo XVIII la bien arraigada oligarquía mercantil de Barcelona y demás ciudades catalanas era conservadora: el comercio al por mayor era considerado como una ocupación aristocrática y los mercaderes barceloneses ceñían espada. La crisis de principio de siglo asestó un rudo golpe a esta clase que, tras la recuperación, fue relegada a segundo plano por un nuevo grupo, más moderno y emprendedor. Protagonistas de la nueva situación son los miembros de la Junta de Comercio, institución fundada en 1758 y animada por un espíritu innovador, audaz y progresivo, que lucha contra los «prejuicios» de los gremios interviniendo en las empresas más variadas. Gracias al sistema consuetudinario de las «compañías», un tendero cualquiera, con tal de que fuera emprendedor y laborioso, podía adquirir una participación, por menuda que fuera en las empresas más diversas; en la construcción de barcos, en el comercio de pescado y de vinos, en el arriendo de los impuestos reales y señoriales, en el flamante comercio con América, en la fabricación de textiles o la importación de cereales y de carne.³⁶ Este sistema, en el que los vínculos familiares desempeñaban un papel importante, abrió a los hijos menores de los agricultores catalanes ricos, que legaban la propiedad al primogénito (hereu), un camino ascendente bastante rápido. En efecto, en el transcurso de una generación un hombre podía amasar una modesta fortuna, aunque se arriesgaba a perder tanto como podía ganar. Relacionados con los mercados de España, de Europa y, más tarde, de América, donde agentes catalanes vendían los cargamentos de barcos catalanes aquilatando los márgenes de utilidad, los comerciantes y los navieros barceloneses acusaron muy directamente el impacto de la contracción del comercio y de la guerra de 1808-1814.³⁷ Pero aun la guerra y la ocupación francesa generaron el consabido contingente de nuevos ricos, que hicieron su fortuna abasteciendo a las tropas. Una de las fortunas catalanas más espléndidas se hizo a base de tales actividades de dudoso carácter —la de Gaspar de Remisa— que se enriqueció al tiempo que padecían hambre los artesanos y se arruinaban los comerciantes.³⁸

Otras ciudades del litoral contaban asimismo con núcleos de abogados y mercaderes liberales, si bien a escala más reducida. Así Cádiz, con sus 79 casas exportadoras francesas; Bilbao y San Sebastián, donde las aspiraciones de la oligarquía rural tropezaban con una comunidad de comerciantes florecientes y expertos; Santander, futuro centro del comercio harinero con Cuba; Sevilla, con sus manufacturas sederas y mercado de frutas, y Málaga, que disfrutaba de sólidas conexiones con Inglaterra y Alemania.³⁹ Las mejoras urbanas de postrimerías del siglo XVIII —casas consistoriales, calles pavimentadas— reflejaban prosperidad y espíritu ciudadano.⁴⁰ Una ciudad del interior, Zaragoza, ofrece, en la persona de Goicoechea, acaudalado comerciante, promotor entusiasta de reformas de las leyes de beneficencia, de cátedras de economía política y del progreso agrario, uno de los ejemplos más insignes de civismo ilustrado y progresivo de finales del siglo XVIII.

Se trata, empero, de islotes en un mar estancado; de unas 10.000 personas a lo sumo. De la misma manera que la flota catalana, comparada con las marinas mercantes de Francia e Inglaterra, era modesta, las «compañías» catalanas revelan una concentración de los que algunos han llamado capitales «liliputienses». Héroes predestinados de la ética burguesa, favorecidos por el Gobierno en los años sesenta, los comerciantes y los industriales españoles no servían para dirigentes. Muy pronto las Sociedades Económicas, centros difusores del flamante culto a la productividad, habían de caer en manos de terratenientes, eclesiásticos y funcionarios.⁴¹ La prensa «económica» de postrimerías del siglo XVIII, más que expresión de las aspiraciones de una clase mercantil desarrollada, es la prensa «dirigida» de un gobierno optimista.⁴² La depresión de la época de la restauración absolutista, tras 1814, además de convertir a comerciantes e industriales al liberalismo, había de acabar con la confianza nacida en el período de prosperidad truncado por la pérdida del mercado americano y por las convulsiones bélicas de 1808-1814. Tan sólo a consecuencia de la recuperación industrial de los años treinta llegó Barcelona a jugar un papel importante en la política liberal y a ejercer una influencia considerable en las crisis políticas de mediados de siglo.

Era el sistema gremial la expresión institucional de la civilización urbana tradicional, cálida e íntima aunque llena de convencionalismos. Para los reformadores, los gremios representaban un estorbo más, un obstáculo histórico al progreso, una consagración de la rutina, al igual que las tierras vinculadas. Los liberales, que habían de abolir definitivamente el sistema gremial en 1834, dieron un mayor ímpetu a esta postura, dada su fe dogmática en las virtudes de la libre competencia. Aun así, la supresión de los gremios fue más que el punto final de un largo proceso de decadencia. Sus funciones habían quedado reducidas gradualmente a la organización de procesiones religiosas y al reparto de limosnas. Formaban los gremios parte integrante de una sociedad claramente jerarquizada, imbuida de ideas religiosas, y los conservadores salían en su defensa por motivos de índole social antes que por las funciones económicas que desempeñaban.⁴³ Cierto que con la supresión de los gremios esa sociedad ganó en movilidad —en Cataluña favoreció el reclutamiento de hombres de empresa de entre tenderos prudentes v laboriosos artesanos— pero el mundo abrigado de la familia, del cual los gremios había sido una copia fiel, continuó siendo la más duradera de las instituciones sociales características de las clases medias urbanas.

Junto a los comerciantes acaudalados y formando el escalón social inferior inmediato hallamos, diseminada en todas las ciudades y pueblos del país, la múltiple clase artesanal. No cabe duda de que en muchas de las grandes ciudades su suerte es cada vez menos digna de envidia, y su vida cada vez menos segura, a partir de 1770. Esta decadencia y la progresiva proletarización del artesanado habían de notarse singularmente en Cataluña, donde constituyen una etapa inevitable en el auge del capitalismo industrial; de ahí los brotes de ludismo en la quinta década del siglo XIX. Aunque algunos artesanos lograban mantenerse a flote —entre ellos, los herreros y los carpinteros— el sector más relevante de esa barahúnda de industrias locales, el textil, perdía posiciones en tanto que sector artesano; se trata sin embargo de un proceso evolutivo lento, que abarca la totalidad del siglo.⁴⁴ Los que más sufrían de la crisis eran los contados asalariados de los pequeños talleres. Con la transformación económica de finales del siglo XVIII empieza la destrucción de los antiguos y cómodos modos de vida ciudadana; la intensificación de este proceso en el siglo XIX es una de las primeras premisas psicológicas del radicalismo urbano.

Fuera de las fábricas reales y de las flamantes empresas valencianas y barcelonesas, no existía un proletariado física y moralmente aislado de la clase patronal. Hasta mediados de siglo, aproximadamente, la proporción entre patronos y empleados era muy alta por lo que hace a los patronos en la mayoría de las ciudades españolas; pero la proporción anterior se modificó paulatinamente a finales del siglo XIX con el hundimiento del mercado local de bienes de consumo. El hecho de que el radicalismo democrático fuera incapaz de desarrollar una doctrina de la lucha de clases, refleja esta situación: amos y criados aspiraban por igual a quedar exentos del servicio militar y de los gravámenes que pesaban sobre la alimentación. En cualquiera de las revueltas radicales del siglo XIX hallamos a artesanos y obreros unidos en la protesta contra los consumos.⁴⁵ Únicamente en Cataluña, sede de una auténtica civilización industrial, podía existir un proletariado radical, pero la política obrera de Barcelona continuó siendo un mundo aparte hasta finales del siglo XIX.

Lo que llamaba la atención de cualquier observador sensible era la presencia de mendigos en las calles de todas las ciudades españolas.⁴⁶ Mucho después de que Barcelona se hubiera convertido en una ciudad industrial, los miserables invadían sus calles con motivo de las solemnidades religiosas, revelando así que España adolecía de la misma y tremenda miseria urbana que aquejaba los demás países de Europa en el siglo XIX. Esas masas de desamparados sobrevivían gracias a las instituciones benéficas de remota fundación. Los conventos madrileños repartían a diario 30.000 raciones de sopa. Los políticos del siglo XIX, conscientes del peligro que entrañaba la presencia de ese aluvión de inmigrantes cuasi mendicantes para el buen orden de toda economía urbana, optaron por favorecer la implantación del control de precios, intentando al propio tiempo una reforma de las instituciones benéficas «abusivas» de la Iglesia y predicando el despiadado evangelio del correccional. El liberalismo decimonónico heredará la hostilidad a la beneficencia eclesiástica, sin sustituirla por una beneficencia estatal planificada; la legislación liberal —afirmarán más tarde los conservadores católicos— desheredó a los pobres.⁴⁷

En Madrid existía una tradición de violencia callejera entre la masa cuasi mendicante, atraída a la ciudad por la beneficencia eclesiástica y por el notorio derroche de la alta aristocracia; en el siglo XVII la chusma adicta a esos grandes aficionados al gasto llegó a inspirar serios temores a la monarquía.⁴⁸ A finales del siglo XVIII esa simbiosis de nobles y menesterosos desemboca en una moda consistente en imitar las costumbres y la indumentaria de las clases inferiores, lo cual es una versión del retorno a la naturaleza reveladora de la falta de cultura propia que aqueja a la clase más elevada. En 1766 el populacho da una prueba de su poder amotinándose y obligando a Carlos III a sacrificar a su ministro, Esquilache, «por amor hacia el pueblo de Madrid». El rey no se recuperó jamás de su terror a los alborotos callejeros. En los años anteriores a 1808 fue tomando cuerpo la pauta que invariablemente seguiría la violencia callejera, y el pueblo de los barrios bajos, situados al sur de Madrid, después de haber servido de «instrumento ciego» a una fronda aristocrática enemiga de Godoy, sería el que, alzado contra los franceses mostraría el heroísmo del 2 de mayo. La presión de la calle había de tener una importancia capital en la revolución liberal de 1820 al ser organizada por las sociedades secretas. Hacia mediados de siglo esa alianza revolucionaria, capitaneada a la sazón, más que por conspiraciones de club y de logia,⁴⁹ por los agitadores y periodistas que se congregaban en las pensiones baratas, sembró la alarma entre los ciudadanos respetables.

Durante todo el siglo XVIII y buena parte del XIX las tres cuartas partes de la población vivían del campo. La influencia del campo y de los intereses ligados a él se manifestaba por doquier en la vida urbana; en los suburbios agrícolas de las ciudades meridionales vivían los jornaleros que los capataces de las grandes fincas contrataban en la plaza pública. Incluso las grandes ciudades, como Zaragoza, eran capitales agrarias con un artesanado desarrollado que abastecía la campiña colindante. Hemos aludido ya a la gran diversidad estructural de esta sociedad rural, que difiere de provincia a provincia, de valle a cañada. Como es lógico, las economías autosuficientes comprendidas en esa estructura tan diversificada respondían con lentitud a las mutaciones de orden genera1.⁵⁰ En cambio, las mutaciones económicas influían poderosamente sobre el equilibrio social en las provincias «exportadoras», que abastecían mercados más amplios.

Abstracción hecha de los industriales, los comerciantes y los agricultores de la periferia, es probable que la clase más favorecida por el alza de los precios agrícolas fuera la burguesía rural del Sur, del Oeste y del Centro; como en las demás regiones de la Europa meridional, los que mejor habían superado una economía de subsistencia tendían también a ser quienes más se beneficiaban de la coyuntura. Para el modesto campesino un año malo significaba un desastre; en cambio, podía ser ventajoso para el campesino acomodado y el terrateniente o para el comerciante capaz de almacenar trigo durante diez años. De hecho, se atuvieron éstos tan estrictamente a esta norma que «no vacilaron en pignorar sus joyas o en hipotecar sus fincas al máximo en espera de los años de precios elevados». Esta independencia y esta posibilidad de grandes ganancias constituían sin duda la distinción más significativa entre ricos y pobres de solemnidad, contribuyendo más que cualquier otro factor a crear la jerarquía económica de la sociedad rural. A todo lo cual coadyuvaba la usura. El arrendatario modesto y el campesino se endeudaban con facilidad: el huertano levantino, con el mercader del puerto; el castellano con el comerciante en granos; el gallego, con el abogado. Pero de estos hechos apenas si se hace mención en las dramáticas descripciones de la España rural de los siglos XVIII y XIX.⁵¹

Contrariamente a lo que tantas veces se da por descontado, esta burguesía rural no era una «casta feudal» de nuevo cuño, creada por la venta de las tierras eclesiásticas y comunales a partir de 1830.⁵² Ya en el siglo XVIII los poderosos representan una fuerza formidable; son los terratenientes lugareños, los grandes arrendatarios de los cortijos, los almazareros, los comerciantes en granos, los administradores de las grandes fincas, los abogados de pueblo. Lo decisivo para esta clase era hacerse con el mando de la policía municipal, ya que los oligarcas municipales controlaban los salarios, los precios y el arrendamiento de las tierras de comuna en su propio beneficio.⁵³ A consecuencia de las ventas efectuadas en el siglo XIX, éstos se convirtieron, pues, de arrendatarios municipales privilegiados en plenos propietarios del sobrante de tierras de la comunidad.

Estos caciques de pueblo, característicos de Andalucía y Extremadura, formaban una casta social poco recomendable. Incultos, mezcladas en ellos la habilidad del curial y la cazurrería del campesino, eran violentos a la hora de defender su posición, aliándose, si se terciaba, con los bandoleros o los hampones de la ciudad.⁵⁴ Durante el siglo XIX, merced a la combinación de su ya arraigado predominio en la esfera municipal con la influencia electoral del gobierno parlamentario, logran copar los escalones inferiores de la estructura política. Debemos cuidar, sin embargo, de no enfocar a España a través del prisma andaluz y de no generalizar a partir de la estructura, violenta cuanto precaria, de las zonas de latifundios. No faltaban zonas de propiedad campesina estable, arriendos de plazo largo, y aparcerías seguras. Estas zonas pesaban en el equilibrio social tanto como las áreas de tensión social, cual Galicia. Si no se tienen en cuenta estas regiones, el conservadurismo reinante en buena parte del país es inexplicable: lo nutría la intensidad de la vida local.54 bis

Todos los intérpretes de la historia de España han señalado la primacía de los vínculos locales, y la regla de proporcionalidad inversa: cuanto mayor es el área a la que se aplica el patriotismo, menor es la intensidad del mismo. La imperfección del sentimiento de unidad nacional se explica, pues, aunque de manera no totalmente satisfactoria, en función de aquellas estructuras y costumbres que daban a España una cohesión social a un nivel inferior. La unidad nacional llegó tarde y no consiguió imponerse al sentimiento de pertenencia a comunidades prenacionales. La más significativa de estas comunidades (exceptuando las zonas de asentamiento diseminado, donde la parroquia tendía a ser la primera unidad después de la familia, y las de agricultores colindantes, que se ayudaban mutuamente en las faenas de siembra y recolección) era el pueblo. La palabra «pueblo» significa a la par la población pequeña y sus moradores, y por extensión, todo el país, muestra de la naturaleza omnicomprensiva que este concepto primario adquiere en la vida española.

Lealtad hacia su pueblo, lealtad hacia su comarca son factores emocionales consustanciales a la naturaleza del español; éste se identifica con los suyos en contraposición a los de otro pueblo o comarca, seguidamente lo hace en contraposición a otros españoles y finalmente en contraposición a todos los extranjeros en bloque. El lenguaje popular español abunda en alusiones, despectivas e incluso obscenas, a la virilidad, a la moralidad y a la pobreza del pueblo o de la comarca colindantes.⁵⁵ «Antes ramera que gallega.» Esa misma rivalidad, ese mismo antagonismo se daban también entre ciudades. Así, por ejemplo, en el siglo XIX la rivalidad entre Santiago, sede episcopal, y La Coruña, puerto de mar, llegaría a ejercer una influencia decisiva en el desenlace de los movimientos revolucionarios de Galicia del siglo XIX. La tendencia federalista del movimiento de revolución democrática y la tradición centralista no tendrían explicación ni habrían encontrado una plataforma emocional sin ese patriotismo municipal.⁵⁶ Se trata de un factor constante en los brotes revolucionarios que sacuden el país en 1808, en 1820, en 1835, en 1840, en 1869-1873 y, finalmente, en 1936; y es un factor que lo mismo fomenta la revolución que la frena. En la revolución federalista de 1873, el cantón de Castellón vio en el de Valencia su peor rival, aunque ambos participaron en la misma revolución democrática, amenazada por un ataque «reaccionario».

El pueblo era una unidad económica, moral y administrativa. En su calidad de centros administrativos los grandes municipios gobernaban a veces una zona tan extensa como un pequeño condado británico.⁵⁷ En el seno del pueblo todos los habitantes son moralmente iguales y esta igualdad moral está por encima de las diferencias sociales basadas en la riqueza; la riqueza se manifiesta socialmente en la creación de vínculos de obligación (por ejemplo, el padrinazgo) y no tanto por el esnobismo del derroche ostentoso, por demás absurdo en una sociedad donde el chisme evalúa con exactitud la situación económica de cada cual. En el siglo XIX este entretejido de amistades y padrinazgo formaba uno de los instrumentos menos censurables de la corrupción electoral y el medio por el cual el hombre de la calle podía enfrentarse con el Estado y defenderse contra él. El padrino se vuelve cacique y en pago del voto reparte prebendas y logra el perdón de las sanciones impuestas por la administración central;⁵⁸ cuanto más exigente es ésta, singularmente en cuestiones de reclutamiento y tributación, mayor es la necesidad de la recomendación de un padrino. Los funcionarios del Estado admitieron el sistema, ya que la mayoría de ellos debían sus cargos al nepotismo y al padrinazgo; perpetuaban, pues, «un procedimiento con el cual habían contraído una deuda de gratitud por haberlo empleado ellos mismos en sus comienzos».

La fuerza del pueblo y su «españolismo» han sido sobrevalorados un poco a la ligera. En realidad, la cohesión social del pueblo no era mayor que la de una aldea inglesa aislada del siglo XIX y, a la larga, su espíritu de solidaridad frente al mundo exterior no bastaba para resolver la lucha de clases ni para esquivar el centralismo estatal. Así, por ejemplo, la hostilidad hacia el propietario absentista era un sentimiento muy en consonancia con la postura moral del pueblo, que veía en él un intruso procedente de un extraño mundo ciudadano; de ahí el contenido emocional del anarquismo de los pueblos andaluces. La supervivencia del pueblo como unidad social y económica dependía de las malas carreteras y de la deficiente educación política. Es un factor significativo ya que afectaba a una gran porción de la población de España y porque las condiciones que le daban su fuerza persistieron hasta hace relativamente poco. Aislado del mundo exterior, el español precisaba de una vida social que llenase su intimidad, y la necesitaba así, en parte por constituir tema inagotable de conversación. Los españoles no leían; hablaban.⁵⁹ En los siglos XVIII y XIX la manifestación más destacada de la vida social era la tertulia, es decir, el grupo de amigos o conocidos que se reunía habitualmente por la tarde para conversar. Las Sociedades Económicas del siglo XVIII nacieron de una tertulia de vascos acomodados y todavía en el siglo XX la conversación sigue siendo el eje en torno al que gira la vida intelectual.⁶⁰ Cada fracción disidente del liberalismo tenía su epicentro en un velador de café. Los hombres públicos españoles del siglo XIX ponían en la discusión de las crisis políticas la misma minuciosidad sentida que pone una familia en debatir sus asuntos o la aldea en sus chismes.

3. Ilustración y reforma, 1760-1790

Bajo el reinado de Carlos III un grupo de ministros y funcionarios que descollaban por su energía y habilidad acometió la tarea de modernizar la monarquía.⁶¹ En el ámbito de la mecánica administrativa iniciaron el esfuerzo los consejeros franceses llegados a España con Felipe V, el primer rey Borbón, a principios de siglo. Lo alentó más tarde Choiseul, que veía en la movilización efectiva de los recursos de su aliado un arma con que derrotar a Inglaterra, echando así los cimientos de una potencia mundial franco-española.⁶² Napoleón, en su declarado esfuerzo por regenerar España en provecho propio, heredaría una parte de estas ambiciones.

Los funcionarios de Felipe V, al revisar el sistema de gobierno a raíz de la Guerra de Sucesión de España, optaron por eliminar el sistema de los grandes consejos, no tanto porque brindaba un poder excesivo a los grandes del reino, como por su incurable ineficacia y por su incapacidad de organizar la monarquía para la defensa de la dinastía francesa. Quisieron sustituir el antiguo sistema policentrista de los consejos por un sistema de departamentos controlados por ministros. Una estructura ministerial, regida por funcionarios de carrera, fue también el instrumento elegido por Carlos III, que acababa de hacer su aprendizaje de gobernante ilustrado en Nápoles; este rey no quiso suprimir los grandes consejos, pero cuidó de quitarles el despacho de los asuntos de cada día. En las últimas décadas del siglo la administración racional había dejado de ser un fin en sí misma y se esforzaba en liberar las energías sociales frenadas por instituciones anticuadas y por políticas arcaicas con vistas a reforzar el poder de la monarquía. Los funcionarios admitían «las verdades de la economía política»; el gobierno pretendía suprimir los obstáculos que se interponían en el camino hacia la «felicidad».

Los burócratas de Carlos III, más que constructores fueron arquitectos, circunstancia que queda reflejada en el programa que legaron al liberalismo. Sus éxitos concretos fueron limitados, pero de hecho en el siglo XIX no hay reforma ni actitud renovadora que no pueda ser atribuida a alguno de los servidores de Carlos III. El sistema de carreteras que irradian desde Madrid, cuya terminación sería la obra magna del liberalismo isabelino, fue planeado por Floridablanca, el rígido burócrata. El destino del cuerpo de Ingenieros de Caminos, instituido en el siglo XVIII, quedó vinculado al del propio liberalismo; suprimido por Fernando VII, fue restablecido en 1820 por la revolución liberal; disuelto por la reacción en 1823, los liberales volvieron a implantarlo en 1834. Fueron Olavide, esprit fort radical, muy aficionado a los chistes de gusto dudoso sobre la «superstición», y Aranda, noble aragonés que se carteaba con los philosophes, admiradores entusiastas ambos de los últimos adelantos del extranjero, los celosos promotores en los años sesenta del siglo XVIII, de reformas radicales que ni en 1931 se aplicaron.

Al objeto de ilustrar los nexos entre el programa de los burócratas de Carlos III y el de los liberales decimonónicos vamos a tomar como ejemplos la reforma de la estructura administrativa (en España y en América), la reforma agraria, la reforma eclesiástica y la reforma de la enseñanza.

«Un cuerpo integrado por otros cuerpos menores, separados y opuestos entre sí, que se oprimen y desprecian mutuamente y están en perpetua lucha unos con otros. Cada provincia, cada convento, cada profesión están aislados del resto de la nación, replegados sobre sí mismos... La España actual se nos muestra como un cuerpo sin energías..., como una República monstruosa formada por pequeñas repúblicas que se enfrentan unas a otras porque el interés particular de cada una se opone al interés general.»⁶³

Con estas palabras define el Estado al cual sirve un funcionario español ilustrado del siglo XVIII. La centralización uniforme tenía que ser la premisa obligada en lo administrativo para cualquier reforma posterior, de lo cual se dieron cuenta los burócratas de Carlos III ante el boicot declarado por los municipios oligárquicos a su programa agrario. No obstante, reconociendo que la centralización era superior a sus fuerzas, dejaron su realización al cuidado de sus sucesores, los liberales. El programa de los liberales radicales en las Cortes de Cádiz estipulaba la homogeneización de provincias y municipios; pero la reestructuración definitiva de la geografía española en provincias es obra de Javier de Burgos, admirador tanto de las técnicas administrativas de Napoleón como de los servidores ilustrados de Carlos III. A partir de 1830, este liberal moderado suprime finalmente el omnicompetente Consejo de Castilla, al que sustituye un Ministerio de la Gobernación «moderno» y un Tribunal Supremo. Por último, a mediados de siglo, el liberal Mon acaba de perfilar un sistema tributario homogéneo, con el cual habían soñado los reformadores del siglo XVIII para corregir la barahúnda fiscal del ya tradicional barullo de los impuestos indirectos.⁶⁴

La obra centralizadora de la antigua monarquía había tropezado con la barrera de los privilegios provinciales. Tras el fracaso bisecular de los Habsburgo, Felipe V había conseguido desmontar las instituciones políticas gracias a las cuales Cataluña, Valencia y Aragón gozaban de una condición de cuasi independencia; sus sucesores, en cambio, no lograron atenuar siquiera los fueros de las Provincias Vascongadas —Guipúzcoa, Vizcaya y Álava— ni los de Navarra.⁶⁵ Los fueros, base de la autonomía de dichas provincias, se convirtieron en uno de los principales retos políticos al liberalismo del siglo XIX.

Aunque los organismos autónomos diferían en los detalles de una provincia vasca a otra, en todas ellas el cuerpo soberano consistía en una asamblea general de amplia base electiva con una diputación permanente restringida.⁶⁶ Ambos organismos estaban integrados por una capa social envanecida de su poderío local, patriotas a escala provincial, que se dedicaban a mejorar las carreteras y a conservar los monumentos históricos. Los delegados del rey, enemigos naturales de las libertades provinciales, eran sometidos a un control riguroso; al virrey de Navarra —el único virrey fuera del imperio colonial— se le consideraba en la provincia como un a modo de monarca constitucional, y se le recordaba su condición aposentándole en un palacio más humilde que el contiguo, de la Diputación Provincial. Ahora bien, por importante que fuera la sensación que daban de autonomía, no se habría defendido a los fueros con tanta obstinación de no haber sido ellos fuente de ventajas económicas sustanciales, otorgadas en un principio con la intención de favorecer unas provincias fronterizas pobres. Las provincias forales estaban exentas del reclutamiento, de la tributación y de los aranceles aduaneros que gravaban el resto del país; la frontera nacional de aduanas coincidía con el cauce del Ebro.

Para los que disfrutaban de los fueros, su conservación correspondía a «un instinto y un sentimiento poéticos» y su defensa unirá en la lucha el carlismo retrógrado de los años treinta y el nacionalismo cultural de finales del siglo XIX. La adhesión a España era para las provincias forales un contrato, cuya contrapartida consistía en la conservación de sus libertades y ventajas económicas; el despotismo ilustrado y el liberalismo, que no aceptaban el estatuto contractual de las provincias forales, eran por definición antivascos.⁶⁷ Siempre que la monarquía absoluta había intentado elevar los tipos de tributación se le había objetado que por responder esos tipos a un contrato bilateral era imposible alterarlos sin el consentimiento de ambas partes. En el siglo XIX, todo intento liberal de reemplazar las libertades forales por la libertad constitucional uniforme, tropieza con una resistencia pertinaz en nombre de las libertades provinciales. Con todo, el liberalismo consiguió suprimir los fueros y sólo después de este triunfo los conservadores liberales pusieron en tela de juicio el axioma de que «centralización y libertad son una sola y la misma cosa».

Aparte de la tenaz defensa de las libertades locales, los funcionarios de Carlos III, como tantos otros técnicos del antiguo régimen en Europa, comprobarían que el obstáculo principal que cerraba el paso a la modernización administrativa consistía en la desidia del empleado español medio y en la desproporción del aparato administrativo: la superabundancia de cargos que nutría lo que más adelante habría de llamarse empleadismo. Por lo que las reformas quedaron a menudo en un mero remiendo de la máquina administrativa —rasgo constante en la historia de la administración española— que no logró jamás erradicar los vicios congénitos de una burocracia aferrada al papeleo; la marina, por ejemplo, seguía siendo prado de tierra adentro en que podían pastar funcionarios mal pagados, situación que costó muy cara en Trafalgar.⁶⁸ Sin embargo, es cierto que en todo el país, a excepción de las provincias forales, la labor llevada a cabo por el gobierno se hizo más eficiente, definida y directa en la medida en que éste se acercaba más a los gobernados. El capitán general, administrador civil a la vez que militar, era ya amo y señor de su provincia, lo mismo que el corregidor lo era de su distrito, cuando el ministro no lo era todavía de su departamento. Tan sólo las audiencias, agobiadas por procedimientos escritos en los que los abogados cobraban a tanto la página, y abrumadas por la doble función de tribunales de apelación y consejos administrativos provinciales, recordaban el sistema polisinodal de los grandes consejos.⁶⁹ El punto más débil residía en el último eslabón de la cadena del poder, o sea, en la administración municipal. Nada consiguieron los reformadores de Carlos en este terreno ya que la corona no logró recuperar las facultades transferidas a los oligarcas municipales lugareños. El empuje de la reforma y el ímpetu de la modernización se estrellaron en los ayuntamientos, por no haber conseguido el gobierno afianzar en ellos los resortes efectivos de su voluntad.⁷⁰ Al igual que con las provincias forales, acabar con las «pequeñas repúblicas», fue la tarea con la que tuvieron que enfrentarse los prohombres liberales del siglo XIX, que añadieron a la noción de administración racional la de igualdad civil. Para que las ventajas de la uniformidad y la centralización se pusieran en tela de juicio habría que aguardar a la imposición de un sistema de gobierno local calcado sobre el patrón francés.

Paradójicamente, el relativo éxito de las reformas de Carlos III en América —la primera revisión sistemática de la administración colonial desde el siglo XVI— socavó los cimientos del imperio. La reforma se inspiraba en el convencimiento de que una administración ineficaz no podía sino producir unas rentas insuficientes para la defensa del imperio, y en el deseo de robustecer el comercio español con Hispanoamérica para que pudiera enfrentarse con la competencia. Floridablanca, ministro de Carlos III, pensaba que el buen gobierno solucionaría el problema colonial; esto era un grave error, que heredaría el liberalismo, porque lo que los criollos rechazaban no era el mal gobierno, sino el gobierno de los peninsulares como tal. La eficacia del gobierno no podía aumentar sino a expensas de su popularidad; cuanto más corrompido e ineficaz más aceptable para los mercaderes y propietarios criollos.⁷¹ Las reformas de Carlos III mejoraron la calidad de la administración colonial a base de negar la plena intervención en la misma a los criollos; quizá porque, como sostenía Floridablanca, estaban éstos demasiado complicados en la corrupción local para merecer confianza. La reforma fue «un relámpago que, tras iluminarnos un instante, volvió a dejarnos sumidos más profundamente aún en las tinieblas». La implantación del sistema de intendentes debilitó, en vez de fortalecerlo, el dominio de la España metropolitana, porque eliminaba la corrupción que permitía a los criollos controlar sus propios asuntos, y porque dio lugar a enconadas rivalidades entre los nuevos funcionarios y sus subordinados.⁷² El estático marco ideológico del imperialismo español no permitía que los criollos lograsen jamás los cargos superiores, la libertad económica y el libre comercio que anhelaban. Aunque es cierto que las reformas de Carlos III favorecieron la prosperidad local —hecho indiscutible en el recién creado virreinato de Buenos Aires— esto mismo hizo más vivo el sentimiento que tenía la gente hispanoamericana de las desventajas implícitas en el vínculo que la unía a España. Mientras la monarquía absoluta procuraba resolver el problema colonial mejorando la eficiencia de la administración imperial, los liberales esperaban complacer a los colonos, que aspiraban al libre comercio y a la autonomía, concediéndoles una Constitución liberal. Pero los colonos ni deseaban el buen gobierno de funcionarios adictos a un monarca absoluto ni tampoco aceptaban la autoridad de un parlamento metropolitano regido por liberales españoles.

El derroche de los recursos de la nación y, en menor grado, el caudal de sufrimientos humanos de la España rural determinan, en los años 1766-1773, el ensayo de reforma agraria más notable hasta los días de la Segunda República. Al igual que sus sucesores republicanos de los años treinta, los reformadores del reinado de Carlos III estaban obsesionados por la violencia de la situación social y por el desempleo en los latifundios y las dehesas de Andalucía y Extremadura. Todo plan de reforma agraria partía de la simple premisa de que la tierra sobrante debía ser distribuida a la mano de obra sobrante. Aranda y Olavide concibieron ambiciosos proyectos de colonización estatal, de los cuales el más notorio fue el intento de instalar inmigrantes alemanes en una colonia modelo de parcelas simétricas a lo largo del camino que cruza Sierra Morena, y que estaba plagado de bandoleros. Este proyecto, que conoció cierto éxito parcial, deja traslucir todos los «prejuicios» de los reformadores: arquitectura neoclásica, preferencia por el cultivo de cereales antes que por la crianza de ovejas y de cabras, exclusión de las órdenes regulares de las colonias.⁷³

Semejante paternalismo estatal no podía servir de modelo para la reforma agraria liberal, cuyo libro de cabecera fue el Informe de Jovellanos, publicado en 1795, obra maestra estilística que aplicaba los tópicos del individualismo económico al problema agrario español. La propiedad colectiva y la propiedad amortizada eran pecados contra «la tendencia innata hacia la perfección»; el interés individual, o sea, la propiedad privada, era «el instrumento principal para lograr la prosperidad». Seguíase de la combinación de ambos aforismos que el liberalismo del siglo XIX no tendría otra misión que la de crear un mercado libre de la tierra merced a la desamortización y a la venta de las fincas eclesiásticas y de las tierras de común.

La venta de estas tierras en el mercado libre no solucionó los aspectos sociales del problema agrario, entre los cuales sobresalían el desempleo crónico y la gran miseria de los braceros. Por consiguiente, los continuadores de la reforma pretendieron encontrar en la política de Aranda y de Olavide un modelo de solución «colectivista», consistente en considerar la propiedad como institución social. Toda tierra que no fuera explotada sería susceptible de expropiación a favor de los pobres laboriosos; los arriendos serían sometidos a control y los campesinos necesitados recibirían ayuda. Tal era la «escuela» que se opuso a la de Jovellanos, cuyo individualismo de laissez-faire afirmaba que la propiedad era un derecho natural, y que el mercado era el único regulador de las relaciones económicas entre los hombres. Para Jovellanos el control de arriendos era inútil e intrínsecamente malo; según él, la tierra es un bien cuyo precio se fija en el mercado libre y «vana» la pretensión de proteger al campesino de los efectos de las leyes económicas. «El interés —deploraba un clérigo reformista— era el único estimulante de la nueva filosofía»; y fue esta filosofía la que inspiró el liberalismo decimonónico.⁷⁴

Por las polémicas que hubo de provocar descuella en el ideario legado a sus sucesores por los reformadores del siglo XVIII, el principio según el cual la Iglesia debe someterse a la supremacía del Estado en el orden político, pedagógico, económico y benéfico. Como ocurrió en el caso de las reformas administrativas, la ofensiva liberal del siglo XIX tuvo por base un fundamento ideológico distinto, pero sus exigencias prácticas respecto de la Iglesia no fueron sino una mera extensión del regalismo de los funcionarios del siglo XVIII. El regalismo se define mejor como erastianismo y representaba poco más que una versión actualizada y sistematizada de una antigua aspiración de la corona, que no se había resignado jamás a dejar en manos de la Iglesia el control de lo que, a su juicio, correspondía al poder temporal.

Pese a lo irreprochable de sus antecedentes, la ofensiva regalista de los ministros de Carlos III fue el hecho político más polémico del siglo XVIII. Su objetivo inicial —la defensa de unas prerrogativas reales— fue extendiéndose hasta convertirse en reivindicación del control estatal de todas las actividades de la Iglesia, desde su derecho de propiedad como corporación hasta la dirección de la enseñanza universitaria y de las instituciones benéficas. Vinieron a reforzar los argumentos habituales esgrimidos por la corona y sugeridos a Felipe V por Macanaz, la influencia de los regalistas italianos y lo que se denominó en general jansenismo, término que se empleó para expresar la versión española del galicanismo.⁷⁵ Impugnaron la argumentación de la corona los partidarios de la «corrompida y abominable» teoría política ultramontana de los jesuitas y los canonistas de las universidades. Tras expulsar a los jesuitas (1767) de España y de Hispanoamérica —medida que valió a su autor, Aranda, una fama europea de esprit fort— los reformadores intentaron convertir las universidades en instituciones docentes controladas por el Estado sustituyendo la enseñanza del «palabreo» aristotélico por la de conocimientos útiles. Una vez subido al trono Carlos IV, el regalismo ataca de frente la propiedad eclesiástica y bordea el cisma con Urquijo, el más radical de los regalistas. Pero éstos pierden terreno y el «jansenismo» es condenado en 1800. Sin embargo, antes de que la contraofensiva conservadora se convierta en programa político oficial, los regalistas coquetean con los franceses partidarios de dar al clero una constitución civil (acto cabalmente regalista a juicio de sus admiradores españoles), aportando todo un acervo de ideas que, además de brindar a los liberales de las Cortes de Cádiz las directrices a seguir en la cuestión eclesiástica, inspirarían todos los programas liberales hasta 1939. Los ministros de la Segunda República citaban a los de Carlos III.

Hemos de analizar por último el movimiento intelectual coetáneo de la reforma, estimulado por más de un reformador y que había de ser objeto de ulteriores y enconadas controversias. La acusación de traición al sentimiento nacional y de heterodoxia religiosa que lanzaron los conservadores católicos, ha oscurecido las benéficas consecuencias de las luces y las intenciones de sus defensores en las filas gubernamentales. En tanto que movimiento intelectual, era la ilustración española una corriente de segundo orden y ancilar: de ahí su confusión, consecuencia de un conglomerado de ideas derivadas tanto de los primeros diagnosticadores de la decadencia nacional (Ustáriz, Ulloa y Ward), como del colbertismo, de los fisiócratas y de Adam Smith. De ahí también su incapacidad de generar una sola figura famosa a escala europea salvo Goya, que compartió con los partidarios de las luces la repugnancia por toda clase de supersticiones.⁷⁶

El movimiento tuvo importancia como credo de una elite reformista enfrentada con las dificultades de un renacimiento económico de inspiración estatal en una economía subdesarrollada, renacimiento que tenía que vencer las resistencias de la estructura tradicional y la imagen falsa proyectada por un conservadurismo católico de miras sumamente estrechas. El lema de «utilidad», tan apropiado para hombres de Estado, dio pie, sin embargo, a exageraciones que se compadecían mal con tan eminentes humanistas: Jovellanos y los de su escuela sostenían que la poesía debía ser socialmente útil, y Campomanes que una aguja de zurcir era «más provechosa» que Aristóteles.⁷⁷ Engendró asimismo posturas imposibles, de un puritanismo exacerbado, arremetiendo contra las diversiones del artesano y contra las corridas de toros no por su crueldad, sino por el tiempo laborable que hacen desperdiciar; fomentó una campaña contra la beneficencia tratándola de costumbre antisocial, actitud que se emparentaba con la fe despiadada de otros liberales posteriores en las virtudes de la libre competencia.⁷⁸ Hay que perdonarles sus exageraciones y su falta de sutileza. Hay que perdonar a Jovellanos sus arrebatos contra las lenguas clásicas en el curso de su campaña a favor de la enseñanza técnica y en pro de las artes útiles que elevarían el nivel de vida. Es igualmente comprensible que Olavide, el reformador enfrentado con una sociedad ignorante y conservadora, viera en las universidades simplemente potenciales «talleres para la producción de una elite destinada a servir al Estado y a ilustrar a la multitud». El liberalismo pondría la universidad centralizada bajo el control del Estado; de ello se seguiría que, aunque la teología no figurara como asignatura, los profesores podrían ser expulsados por sus opiniones religiosas.

El éxito de la reforma gubernamental dependía de que encontrara colaboración inteligente a nivel local. La formación de una elite ilustrada, entre los prohombres de la provincia, a la cual se encomendaría la reforma, incumbía a las Sociedades Económicas o Patrióticas, patrocinadas por el Estado, y a la prensa «económica», que se encargaría de divulgar una versión oficial del nuevo evangelio del progreso.⁷⁹ Todo ello formaba parte de una campaña general en pro de la instrucción: la ignorancia era el enemigo del progreso.

La primera Sociedad Económica nació espontáneamente de la tertulia de unos hacendados vascos: leían los periódicos extranjeros, discutían acerca de ciencias utilitarias, fundaron una escuela y combatían los prejuicios góticos relativos al ocio aristocrático. Alrededor del año 1800 hallamos ya sociedades económicas en casi todas las capitales de provincia del país, centralizándose el movimiento en la Sociedad Matritense «que es impulsada desde provincias y a éstas devuelve, fortalecidas, los impulsos recibidos». Las Sociedades Económicas fomentaban la industria, instalaban granjas modelo e introducían nuevos cultivos. Muchas de sus actividades eran un tanto ingenuas y perdían vigor en cuanto se apagaba el primer entusiasmo suscitado por la publicación de una relación de nombres y se extinguían las esperanzas depositadas en el favor gubernativo. Es fácil burlarse de ese movimiento —con sus premios a las mejores piezas de punto y a los más bonitos paraguas de tafetán, con sus hiperbólicas alabanzas del arado con ruedas destinado a revolucionar la agricultura, y sus aficiones seudocientíficas— calificándolo todo de ingenua pretensión de una minoría empeñada en una cruzada vanidosa contra las fuerzas de la rutina y del conservadurismo.⁸⁰ Pero lo cierto es que las sociedades dejaron huellas evidentes en el movimiento reformista de 1808-1809, huellas que volveremos a encontrar, aunque en un plano secundario, en las reformas de 1830. El significado de las sociedades sobrevivió a su fracaso; representaron el primer intento de interesar a la opinión pública en la reforma de la estructura tradicional de la sociedad española.⁸¹

La ilustración española nunca dejó de ser un movimiento patrocinado por el Estado, sometido a censura estatal y en términos generales restringido a los funcionarios públicos de espíritu más elevado. De ahí que quedara casi reducido a la impotencia cuando el radicalismo de la Revolución Francesa dio una fuerza mayor a los elementos reacios al cambio en el seno del propio gobierno. La que podríamos llamar «generación de 1760» estaba integrada por modernizadores paternalistas y por patriotas ilustrados en el sentido dieciochesco de la palabra. Sus entusiasmos neoclásicos demuestran su aislamiento del «pueblo vulgar e imbécil» —así lo calificó el propio Jovellanos— que prefería el drama español a las reglas de Boileau. Tampoco supo promover esa generación una cultura independiente, burguesa. Salvo individuos excepcionales; los intelectuales del siglo XVIII y de comienzos del XIX eran clérigos o burócratas; los periodistas del reinado de Carlos III pertenecían a la segunda de dichas categorías. La «clase ilustrada» no estuvo a la altura del credo basado en sus supuestos intereses; y es que, en España, la propaganda de las luces no pudo por sí sola forjar una burguesía a imagen y semejanza de la francesa, como tampoco pudo la propaganda librecambista, medio siglo más tarde, crear una clase media como la inglesa.

4. El desafío radical, 1790-1808

El radicalismo que hace su aparición en España a partir de 1790, bajo la influencia de los sucesos de Francia, dista mucho, en lo que hace a su tono y sus objetivos, del reformismo gubernamental de la generación de 1760. Desde el primer momento el gobierno no regateó esfuerzos para evitar la penetración de cualquier noticia relacionada con la Revolución Francesa, pretendiendo que ni siquiera se discutiera el tema. El cordón sanitario de Floridablanca fue el más severo de Europa; en 1791 mandó suspender la totalidad de la prensa periódica y vigilar de cerca a la numerosa colonia francesa residente en España.⁸² En opinión de los ministros, la ilustración era monopolio del Gobierno, pudiéndose reglamentarla, censurarla y suprimirla en caso de considerarla peligrosa; el regalismo y la campaña contra la Inquisición se hicieron sospechosos; Gobierno e Inquisición cooperaban en el común empeño por descubrir los libros peligrosos. Godoy modificó estos procedimientos en 1793 y de nuevo en 1797, pero la vuelta a una alianza con intelectuales como Jovellanos y Meléndez Valdés fue cosa transitoria.⁸³ En 1798, Caballero, «el enemigo de la ilustración», destituyó de sus cargos a intelectuales y «jansenistas» y volvió a infundir en la corte el miedo a Francia y al progreso. Por ello, un acontecimiento de la magnitud de la Revolución Francesa tuvo escasa resonancia en la opinión pública y los esfuerzos de la propaganda revolucionaria consiguieron resultados muy modestos.⁸⁴ El terror y la ejecución del rey Luis XVI repugnaron y paralizaron a los intelectuales que, partidarios de la ideología de los moderados en 1789 por haberse formado en la lectura de textos franceses, ahora veían el progreso anegado en sangre. «¡Qué atrocidades, qué horror!... ¡Y nosotros sentimos interés por esas gentes! ¡Avergoncémonos de nuestra involuntaria equivocación y que ello nos sirva de lección para el futuro!»⁸⁵

Pese a los esfuerzos del gobierno y a la ruptura de la alianza con los intelectuales, cierto número de periódicos franceses siguió atravesando la frontera; entre 1790 y 1792 la Inquisición recogió libros de contrabando en todo el país.⁸⁶ Así, al estallar la guerra con Francia (1793), había en Madrid un pequeño núcleo de demócratas francófilos. En 1795 el gobierno, alarmado por la conspiración republicana de Picornell en Madrid y por unos rumores según los cuales unos comités republicanos adictos a Francia se estaban organizando en el Norte, se inclinó, según Godoy, por la paz. El propio Godoy buscó las raíces del liberalismo en el partido pacifista francófilo, que acogía el regreso del embajador francés al grito de «Vive la liberté».⁸⁷ Con la paz y con Francia por aliada, dejó de ser posible el levantar barreras contra la influencia francesa.⁸⁸ Con el Consulado, Francia se hizo respetable, pues el Concordato confería a Napoleón la condición aparente de protector del catolicismo. Y, sobre todo, Francia había adquirido poder. Uno de los factores primordiales de la crisis de los intelectuales de 1808 fue la creencia de que la salvación había de venir de Francia. Por mucho que les indignase la brutal invasión napoleónica de su país, los españoles ilustrados abrigaban el sentimiento de que, acaso, Napoleón sería el único capaz de regenerarlo.⁸⁹ No es de extrañar que, al ver los excesos de las turbas antifrancesas en 1808, estos hombres pasasen a ser los defensores de la dominación francesa, con tanto miedo como esperanza.

Tan sólo una minoría ínfima propugnó una ideología resueltamente radical: en 1793 el pueblo no escuchaba a los agentes de los franceses, sino a los frailes, que predicaban una cruzada contra el ateísmo.⁹⁰ Parece evidente, sin embargo, que hubo un ambiente —por ejemplo en los medios intelectuales de Salamanca, Valladolid y Sevilla— donde se criticaba con dureza la sociedad española. Se encuentran ecos de esta crítica en los Caprichos de Goya y en los versos de Meléndez Valdés, cuyo humanismo es un tanto indefinido pero no obstante radical. Uno de los miembros del grupo salmantino, el Padre Marchena, se convirtió en propagandista de Francia y exhortaba a los españoles a acabar con la Inquisición y a imitar la «sublime» Revolución Francesa.⁹¹

Ahora bien, semejante jacobinismo era excepcional. Más significativo era el paulatino avance de la idea de que el poder del monarca, por benéfico que parezca cuando apunta contra las plazas fuertes del privilegio, conviene que sea limitado por una Constitución por si cae en manos de un valido irresponsable como Godoy. La virtud del príncipe «debe ser encadenada, como Ulises, al mástil de la ley para no ceder al seductor envite de la adulación y la vanidad».⁹²

Esta vaga noción de la conveniencia de una Constitución se vio respaldada por un mito poderoso al cristalizar en una versión de la historia de España la teoría contractual contemporánea y las ideas de Montesquieu. Divulgóse este mito más adelante por medio de la Teoría de las Cortes, de Martínez Marina, en la que afirma el autor que la supresión de las Cortes medievales por los Habsburgo, destrucción completada con la represión del levantamiento comunero de Padilla (1520), fue el preludio y la premisa de tres siglos de «esclavitud y despotismo». Restablecer la libertad equivalía a restablecer las Cortes. Los detractores de Marina alegaban que la «perfección gótica» de su argumentación oscurecía lo que ellos consideraban un craso error histórico: la libertad no derivaba de presiones democráticas, sino de concesiones hechas por la Corona.⁹³ Con todo, en la traducción al castellano del Contrato Social, de Rousseau, se invocaba a un «hijo de Padilla»; y gracias al entusiasmo que inspiraban las instituciones parlamentarias de la España medieval, las Cortes de Cádiz pudieron proponer una Constitución inspirada en la de la Francia revolucionaria como culminación del «auténtico» desarrollo constitucional de España.⁹⁴ De esta manera el radicalismo se hizo, históricamente hablando, respetable.

Tanto los radicales como los hombres de Estado criticaban la España tradicional y sus valores; esta crítica inició la polémica sobre la europeización que todavía perdura hoy. Los antiguos valores de una sociedad católica ¿eran necesarios y suficientes para un Estado moderno? ¿Había que interpretar que un ataque cualquiera a esos valores entrañaba una traición al sentimiento nacional? Los defensores de la tradición apenas veían diferencia entre los cautos funcionarios de la generación de 1760 y los intelectuales radicales de los años noventa, ya que ambas categorías compartían la creencia propia de la Ilustración de que las leyes pueden procurar la felicidad, de que los males de la sociedad tienen remedio al no ser secuela del pecado original, y de que la decadencia de los pueblos, más que a causas naturales, obedece a causas políticas.⁹⁵ Todos ellos daban por sentado que España era un país decadente, «rezagado» con respecto a Europa; los radicales eran pesimistas, europeizadores a ultranza, como más tarde lo serían los liberales progresistas, en tanto que los burócratas carolinos, patriotas moderados, deploraban los aires de superioridad de los philosophes franceses respecto a España. Finalmente, en la crisis de 1808, algunos reformistas y muchos de los intelectuales radicales abandonaron la causa nacional para servir al «intruso», o sea, al rey francés, José I. Según los tradicionalistas, esta traición fue inevitable ya que el ideario de todos ellos estaba inspirado por los enemigos de la nación.⁹⁶

La condenación conjunta de la reforma ilustrada impuesta desde arriba y del radicalismo inspirado en la doctrina de la soberanía popular era muy práctica, ya que permitía a los conservadores desacreditar cualquier intento de reforma de la sociedad tradicional; fue posible porque la generación de 1760 abarcaba a burócratas piadosos como Floridablanca, esprits forts como Aranda, y técnicos cosmopolitas como Olavide; fue plausible debido a la ambivalencia del movimiento reformador.⁹⁷ El regalismo fue una postura tradicional de la Corona, y no el intento de fundar un estado laico: Carlos III, el rey regalista, era devoto de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Con todo, el lenguaje privado de los regalistas era tan agresivo como el de cualquier anticlerical del siglo XIX: Azara daba a su lucha con los jesuitas el tono dramático «de una moderna Ilíada». Para él eran enemigos del soberano, ladrones, viciosos y ateos; su perniciosa doctrina sólo podía combatirse iluminando las mentes con la geometría, la física y la astronomía.⁹⁸ Para luchar por la corona contra la Iglesia y al objeto de neutralizar la influencia de los canonistas, los regalistas introdujeron la enseñanza del derecho natural, innovación que fue prontamente suprimida en 1794 al ponerse de manifiesto en Francia los peligros revolucionarios del pensamiento político secular. El concepto de la igualdad ante la ley, a ojos de los reformadores la condición fundamental del ejercicio efectivo del poder real, contenía la semilla de la revolución social, que había de deshacer los grupos privilegiados de la sociedad tradicional. El concepto de libertad empezaba a abrirse paso en la mente de las gentes empeñadas en la lucha contra los prejuicios económicos del antiguo régimen, lucha cuyos paladines eran los servidores de la Corona. La supresión de los gremios era defender las «libertades cívicas».⁹⁹

Los conservadores clericales españoles tenían en cierto modo razón al afirmar que una Ilustración «sin peligro» era imposible. Por respetables que parecieran los partidarios de las luces, había, a la raíz de su credo, un racionalismo que negaba la Divina Providencia y que no podía menos que desembocar en un ataque a la posición de la Iglesia en la sociedad, y esto, por más que ellos mismos profesaban su respeto al dogma. Feijoo, el «padre de la Ilustración», cuyas obras enciclopédicas eran las primeras en divulgar a comienzos del siglo nociones de ciencia experimental, era fraile y un profundo creyente. Pero su crítica de los falsos milagros minaba la fe popular y más tarde el hereje Blanco White había de reconocerse en deuda con él.¹⁰⁰ En la aparente piedad religiosa de los principales protagonistas de la Ilustración española no debemos ver necesariamente una prueba de que estuvieron limpios de auténtica hostilidad para con la Iglesia: la Inquisición, pese a su debilidad, junto con la severa censura real, hizo imposible la exposición pública de ideas heterodoxas. La caída en desgracia de Olavide en 1778 y su proceso ante la Inquisición fueron el castigo del capricho desahogado de un hombre que no sabía contener las reflexiones burlonas contra el clero supersticioso. La importancia del episodio reside en que demuestra que la Inquisición gozaba todavía de poder suficiente para destruir a un político prestigioso.

Pese a todo, la Iglesia carecía de poder para preservar las mentes de los hombres de la herejía moderna; fracasó su campaña contra los textos «peligrosos» y se reveló incapaz de impedir los contactos con los intelectuales franceses, iniciados por Aranda y por otros.¹⁰¹ La misma contraofensiva de la Iglesia divulgó los argumentos más corrientes de los deístas y filósofos naturalistas al pugnar por refutarlos. De ahí la formación de una minoría que, si no declaradamente librepensadora, se mostraba resueltamente crítica hacia la postura de la Iglesia española. En la Salamanca de los años setenta un reducido núcleo de intelectuales había leído obras que refutaban las creencias fundamentales del catolicismo. La Inquisición, además de ineficaz e irritante, era lenta y antojadiza en sus procedimientos; lo único que conseguía era la subida de precio de los libros y que los lectores tuviesen que recurrir a toda clase de subterfugios si querían leer lo que a menudo eran herejías trastornadas. Incluso un hombre tan piadoso como Jovellanos no podía menos que sentir cierto rencor hacia la Inquisición que intentó sabotear su proyecto de crear un instituto técnico moderno en Gijón.¹⁰² Ningún español estaba autorizado a adquirir libremente las obras de Voltaire, Rousseau o Buffon. Asistida por la tambaleante Inquisición, la Iglesia, símbolo del divorcio entre España y la Europa culta, era el obstáculo que invariablemente cerraba los caminos de todo progreso intelectual o material.¹⁰³

CAPÍTULO III

LA CRISIS DEL «ANTIGUO RÉGIMEN», 1808-1814

Carlos III, el rey de los reformadores, cuya vida fue un ritual mecánico de cacerías y duro trabajo, murió en el último mes del último año en que la reforma era todavía algo respetable: 1788. Su hijo Carlos IV fue un hombre débil y bien intencionado, dominado en seguida por su mujer, María Luisa. Durante su reinado las facciones cortesanas destruyeron la estable tradición ministerial que había sido el requisito indispensable de las realizaciones de su padre, sustituyéndola por el gobierno de un favorito, Godoy, del que se decía era el amante de la reina. Este sistema ministerial en decadencia fue el que tuvo que enfrentarse con las tensiones impuestas al sistema europeo de Estados por las ideas y los ejércitos de la Revolución Francesa. La crisis subsiguiente fue una crisis imperial que debilitó el edificio de la monarquía absoluta y puso en tela de juicio los principios en que ésta se basaba, desde las Provincias Vascongadas y Cataluña hasta Nueva Granada y el Río de la Plata. Aceleró el proceso por el que España dejó de ser una gran potencia. Hacia 1824 había perdido todo su imperio americano salvo Cuba y Puerto Rico, mientras que en la España metropolitana la lucha iniciada en los años treinta entre constitucionalistas y tradicionalistas habría de llevar el núcleo central de la monarquía a la quiebra y casi a la anarquía.

Esta larga crisis se inició el 17 de marzo de 1808, cuando una turba de soldados, campesinos y servidores de palacio obligó a Carlos IV a destituir a Godoy, al que se encontró, aterrorizado, escondido en una alfombra enrollada;¹ dos días después otra muchedumbre obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, el Príncipe de Asturias, que se convirtió en Fernando VII. En abril, en Bayona, Napoleón, que ya había introducido en España las tropas francesas, obligó a Fernando a abdicar el trono de España en favor de José, hermano del emperador. A principios de verano, una revolución nacional en nombre del «Deseado» Fernando, a la sazón cautivo en Francia, dividió a España en un conglomerado de ciudades-estado y provincias autónomas gobernadas por juntas de notables locales. Estas juntas provinciales organizaron la resistencia contra las autoridades francesas de ocupación y el 19 de julio el ejército de la Junta de Sevilla derrotó al cuerpo expedicionario de Dupont, aislado en Bailén. Esta inesperada victoria obligó a José a abandonar Madrid y, con la ayuda inglesa del ejército de Moore, la causa patriótica pareció a punto de triunfar. Pero la invasión de España por Napoleón lo impidió. En 1810 el gobierno legal de la España independiente (que se había transformado de Junta Central, compuesta por los delegados de las juntas provinciales, en regencia) fue sitiado en Cádiz, rodeado por un ejército francés; procuró entonces dar con los resortes que permitieran accionar la máquina guerrera, así como regularizar su posición constitucional convocando las Cortes, que se reunieron el 24 de septiembre de 1810. La ulterior liberación de España fue en gran parte obra de los ejércitos de Wellington; tras la batalla de Vitoria (junio de 1813), exaltada en la menos buena de las composiciones de Beethoven, José abandonó España y en la primavera de 1814 el Deseado volvió a su reino.

La monarquía del antiguo régimen nunca podría recuperarse de estos acontecimientos. Cuando el Príncipe de Asturias colgó un candil en su ventana para dar la señal de que comenzara una algarada contra su padre, inició un proceso que habría de conducir, a través de la monarquía constitucional, a la república democrática. Se sostenía que un rey que llegaba al trono por el «poder popular» debía estar sometido a limitaciones.² En 1812 las Cortes de Cádiz elaboraron una constitución que consagraba el dogma de la soberanía de la nación. Esta revolución democrática no fue aceptada por el propio rey ni por la España conservadora-clerical; para ambos, la Guerra de la Independencia se había hecho en defensa de la «antigua constitución», es decir, de la monarquía absoluta y la Iglesia. Cuando las Cortes volvieron al Madrid liberado (5 de enero de 1814) y el Deseado a España, los persas, grupo de diputados conservadores, pidieron al rey que denunciara la constitución de 1812; así lo hizo éste en el manifiesto del 4 de mayo de 1814. De este modo, durante el reinado de Fernando VII, la disputa entre liberalismo y conservadurismo no pudo desarrollarse dentro de un sistema constitucional: tocaba a la existencia misma de una constitución como tal.

1. La invasión francesa y la rebelión patriótica, 1808-1809

La crisis del antiguo régimen se caracteriza por la interrelación entre la política exterior y la facción doméstica, que tipifica la quiebra de los Estados debilitados. Durante veinte años el «sistema» de Floridablanca —la alianza con Francia— había dado a España la apariencia de una potencia naval, militar y colonial de primera categoría. Repentinamente la Revolución Francesa destruyó la premisa del sistema, y la guerra contra Francia (1793-1795) puso de manifiesto la debilidad de la posición española en Europa: su incapacidad para oponerse a una invasión francesa. «¿Cómo puede querer que España se mezcle en acontecimientos tan importantes —le decía Aranda al embajador de Prusia— si carece de medios para pagar la guerra?» Dada esta incapacidad, España no podía confiar en mantener su independencia diplomática frente a Francia o resistirse a los apremios franceses de guerra contra Inglaterra, a pesar de conocerse las desastrosas consecuencias que semejante guerra tendría para el imperio colonial español y su comercio. Napoleón, consiguientemente, consideraba a España como una potencia cuya alianza le pertenecía por derecho natural. De ahí que jamás se molestara en dedicar mucho tiempo a las cuestiones españolas; su ignorancia unida a que tomaba sus deseos por realidades, hicieron que sus ideas acerca del valor de España quedasen sujetas a una serie de desilusiones. España le dejó en la estacada como gran potencia que le abasteciera en plata, y como potencia naval en Trafalgar, y para 1807 su política interior era tan confusa por las intrigas cortesanas que parecía ofrecer pocas garantías como aliado político.

A pesar de los desencantos, ni Napoleón ni sus agentes sometieron a revisión sus entelequias. España era en teoría una gran potencia, en la que no se podía confiar e ineficaz porque sus recursos estaban mal administrados. Hacia finales de 1807 Napoleón decidió convertir España en un estado satélite para controlar su política exterior y administrar sus recursos; sin embargo, no estaba claro cómo conseguir este objetivo. Entre tanto, y como primer paso, al socaire de una acción conjunta contra Portugal, se aseguró la ocupación parcial de España por las tropas francesas (Tratado de Fontainebleau del 17 de octubre de 1807). En este momento Napoleón se vio mezclado en las luchas de las facciones cortesanas; su explotación de estas luchas tras el tumulto de Aranjuez fue el estreno confuso de una revolución nacional.

«La Revolución de España —profetizaba el general Augereau ante el Directorio— se dirigirá, en primer lugar, contra el Príncipe de la Paz.»³ Godoy, Príncipe de la Paz, no era un tirano brutal o reaccionario, sino más bien un progresista tibio que se presentaba siempre como amigo de la Ilustración, atrayéndose el odio de los curas y frailes que contribuyeron a su caída.⁴ Atacó el emparedamiento, la costumbre de enterrar a los muertos dentro de las iglesias, las órdenes mendicantes y las corridas de toros, todo lo cual era característico de la política de los estadistas ilustrados. La ruptura con el sistema heredado no estaba en la política seguida por Godoy, sino en que fueron relegados a la impotencia los burócratas de carrera que habían formado la administración de Carlos III; también se basaba en el origen escandaloso y la extraña naturaleza del poder de Godoy, al que se creía amante de la reina y «el mejor amigo» del complaciente Carlos IV. Su correspondencia con la reina, que acaso permita negar la existencia de una relación carnal, revela en cambio la pobreza de su espíritu cortesano; su principal preocupación, y tema constante, era la salud de la pareja real, y su vinculación a María Luisa parece haber sido de naturaleza más hipocondríaca que sexual.⁵ Su pecado no era la perversidad, sino la vulgaridad, la ostentación y la inexperiencia política de un parvenu. Godoy era un apuesto oficial de la guardia de veinticinco años cuando le fue otorgado un poder absoluto, superior al que habría de poseer cualquier gobernante de España posterior a él hasta llegar al general Franco. Cuando la rígida hostilidad de Floridablanca a la Francia revolucionaria y el neutralismo de Aranda hubieron fracasado, la corte se volvió hacia ese consejero para resolver el problema de las relaciones franco-españolas. Como cortesano, consideraba todas las cuestiones a la luz del revuelto universo del favor cortesano: así, el apoyo de Godoy a la alianza francesa estuvo condicionado por su deseo de emplearlo contra sus enemigos en la corte, o por su esperanza de una retirada segura ante estos enemigos a un principado de Portugal que Francia habría de concederle a él. Napoleón le despreció y explotó porque adivinó sus motivos y no podía tomar en serio su defensa de la independencia española.

Como en todas las dictaduras morigeradas, el control del favor por el dictador creaba una oposición de «excluidos». Así, los amigos del poeta Quintana, cuando el favor regio y el censor apoyaron a la «banda» de admiradores literarios de Godoy, blandieron las teorías dramáticas de Voltaire contra las de Batteux, favorecidas por Moratín, dramaturgo del régimen y amigo de Godoy. Al igual que todas estas oposiciones, era también ésta la de un pequeño grupo, oposición en gran parte verbal, que se expresaba mediante «quejas privadas, silencios expresivos, y sobre todo la omisión de la alabanza o, a lo sumo, tímidas insinuaciones».⁶ Hacia 1808 la impopularidad de Godoy se había extendido más allá de estos círculos para comprender a todas las clases, y la revolución profetizada en 1798 se volvía contra la corte que apoyaba su poder: una monarquía capaz de deshonrarse a sí misma y, por su política exterior, de someter a España a la inflación, la carestía, la crisis comercial y la pérdida del imperio americano, debía ser limitada por una constitución.⁷

El motín de Aranjuez, que derribó a Godoy y a su rey, no fue obra, sin embargo, de la opinión «liberal» informada. Fue maquinada por un grupo de nobles descontentos en alianza con la facción del Príncipe de Asturias, empleando como instrumentos suyos a los oficiales del ejército y a la multitud. El vago reformismo de la época iba emparejado en estos círculos con una tendencia todavía más vaga de constitucionalismo aristocrático que reafirmaba los privilegios de los ricos hombres de Castilla; los grandes podían tolerar ser gobernados por burócratas de carrera, pero la carrera de favorito de la corte era un privilegio aristocrático que no debía ser ejercido por el «choricero» Godoy.⁸ El Príncipe de Asturias estaba en contacto con esta oposición aristocrática, que publicaba caricaturas a distribuir en las tabernas para desacreditar a la corte de su padre y al favorito a cuyo alrededor gravitaba.⁹ Fernando creía que Godoy estaba trabajando en favor de una regencia que le excluyera del trono; Godoy sabía que Fernando estaba intrigando contra él con el embajador francés. En 1807 la política se había convertido en una lucha a muerte entre las dos facciones. Godoy atacó primero esperando, en el juicio de El Escorial, que Fernando sería considerado culpable de parricidio político. El juicio sólo reveló el aislamiento político y moral de Godoy y convenció a Napoleón de que esas «sucias intrigas» hacían de ambas facciones aliados en los que no podía confiar.

Como afirmó Godoy, el motín de Aranjuez fue obra de unos cuantos plebeyos seducidos, una revolución que si se produjo abajo, se indujo arriba. Al día siguiente los prósperos ciudadanos de Madrid cerraron sus puertas mientras la multitud saqueaba las casas de Godoy y sus parciales. El tumulto cortesano se había convertido en «una formidable revolución nacional».¹⁰ Al igual que en 1766, la corona abandonó a su servidor predilecto en manos de las únicas fuerzas que habría de respetar en el siglo XIX: la multitud y los oficiales del ejército. El factor accidental, trasunto del pasado, era la dirección aristocrática. Más adelante, en el siglo XIX, los descamisados de las calles de Madrid no se moverían ya por la tradicional relación simbiótica de patronos aristocráticos y clientela plebeya. Pero Fernando VII formó sus ideas acerca del poder político a partir de la delirante acogida que le dieron sus partidarios en las calles de Madrid; en 1814 habría de emplear la mezcla de fidelidad plebeya y apoyo militar que ya se dio en Aranjuez para derribar la constitución liberal. Pero no comprendió que se podía emplear contra la monarquía la misma combinación de fuerzas. De ahí las revoluciones habidas entre 1820 y 1931.

Es una ironía que Godoy fuera derribado y tratado ignominiosamente como un traidor en el momento en que estaba decidido a oponerse a Napoleón: su plan de trasladar al rey a Sevilla, fuera del camino de los franceses, fue lo que inició el motín de Aranjuez. Años más tarde, Toreno, el historiador liberal, reconoció el acierto de su politica.¹¹ Mientras Godoy contemplaba el recurso patriótico, su enemigo Fernando, que había estado intrigando en favor del apoyo francés durante varios meses, esperaba con toda su alma que Napoleón sancionara la revolución de Aranjuez. Los rumores de que así iba a ser explican la popularidad de los franceses al principio: habían llegado para apoyar al «Deseado». Aranjuez, sin embargo, había aclarado las ideas confusas de Napoleón acerca de la cuestión española y no tenía éste intención alguna de malgastar la oportunidad que así se le presentaba, apoyando a un rey títere de cuyo carácter e intenciones desconfiaba. En cambio, jugó con el resentimiento de la «antigua corte» por las humillaciones sufridas, y con las frenéticas peticiones de Carlos IV de que los franceses salvaran a Godoy de la venganza de sus enemigos contra el anhelo de Fernando de lograr apoyo francés.¹² De este modo el Emperador pudo resolver la cuestión dinástica citando a Fernando en Bayona y obligando allí a éste y a su padre a abdicar en favor de su propio hermano, José (10 de mayo de 1808). En su carrera por obtener el apoyo francés, Fernando VII y su padre se convirtieron en los primeros afrancesados.

En la medida en que Napoleón aparecía como el apoyo de Fernando contra Godoy, España «esperaba su destino de manos del Emperador». Pero al destronar a Fernando, Napoleón volvió la revolución de Aranjuez contra sí mismo: así, el levantamiento contra Napoleón fue, en parte, una revolución de esperanzas defraudadas. Puesto que las instrucciones de Fernando a la Junta de Gobierno (que dejó en Madrid para gobernar mientras estuviera en Bayona) consistían en cultivar a toda costa la amistad francesa, y ya que esta directiva no fue modificada hasta después de estallar el levantamiento popular, la España oficial no podía ponerse a la cabeza del movimiento instintivo contra Francia. La resistencia a las tropas francesas que «ocupaban» España con el pretexto del Tratado de Fontainebleau, y la revolución nacional contra Francia que estalló en toda la España no ocupada, partieron por consiguiente del que los oficiales franceses denominaban le petit peuple, y de los notables locales, ajenos a una administración manipulada por los hombres hechura de Godoy.

En la confusa situación de marzo y abril de 1808 las vacilaciones de las clases oficiales en la España ocupada son comprensibles. No podía esperarse que el Consejo de Castilla o la Junta de Gobierno se pusieran a la cabeza de una revuelta sin esperanzas contra las guarniciones francesas desobedeciendo las órdenes explícitas de Fernando.¹³ Aunque irritado por las exacciones de los intendentes franceses y sospechando de las intenciones francesas, el Consejo, pese a todo, colaboró con Murat, jefe del ejército francés de ocupación. Tras la abdicación de Fernando en Bayona se negó a reconocer el cambio de dinastía, basando su negativa en formalidades legales. Pese a que Murat consideraba esta remilgada oposición como una incitación a la defección —«la levadura de todo este fermento» (25 de julio)— en la euforia de la victoria de los patriotas en Bailén (19 de julio de 1808) los dignos bizantinismos de los magistrados cobraron todas las apariencias de una traición que se amparaba detrás de una debilidad fingida.

La posibilidad de resistencia estaba en un llamamiento a la multitud, encarnación de la nación soberana. En mayo de 1808 las autoridades constituidas de toda España tuvieron que enfrentarse con el mismo dilema que desacreditaría a los gobernadores civiles al estallar la Guerra Civil en julio de 1936. ¿Era la derrota del usurpador mejor que los peligros de una multitud armada fuera de control en las calles? El Consejo de Castilla había negado un reconocimiento público del derecho de José a la corona de España alegando que tal reconocimiento sería ultra vires sin la consulta de la nación. Ahí, en esa expresión de abogados conservadores, se echa mano de la doctrina radical de la soberanía de la nación; solamente ésta podía proporcionar una base teorética para la resistencia a un rey francés cuyo derecho estaba legalmente establecido por la abdicación formal de Fernando VII y de su padre. Hablar de los derechos de la nación era una cosa, pero descender a las calles y hacer un llamamiento a la multitud era algo impensable para unos gobernantes cuya obsesión era el mantenimiento del orden.¹⁴ ¿Cómo podía esperarse que Ezpeleta, militar administrador y ahora, ya a los setenta años, capitán general en Barcelona, hiciera un llamamiento a los obreros portuarios parados, a los artesanos y a los trabajadores del algodón, a los que el comandante francés denominaba l’immense canaille de Barcelone, contra una guarnición francesa abrumadoramente superior? Ezpeleta y la administración local se dejaron llevar de los acontecimientos y no hay razón alguna para suponer que los jueces y funcionarios municipales hubieran cesado en su ambiguo colaboracionismo si Saint-Cyr, el comandante francés, no les hubiera obligado a jurar fidelidad a José; para ello hubiera sido necesario que rechazaran el mismo legalismo que, con la inercia y la paga, les mantenía en sus puestos. Para los funcionarios, las clases poseedoras de la España ocupada, por consiguiente, la colaboración con las autoridades francesas era la única conducta razonable.

La multitud urbana puso fin a las vacilaciones de las clases oficiales en todas partes donde fue posible la resistencia. El primer acto de rebelión, y el que habría de quedar como eje simbólico del nacionalismo revolucionario —el levantamiento de Madrid del 2 de mayo de 1808— fue obra del «bajo pueblo», y alarmó al Consejo de Castilla tanto como a Murat. A la una de la tarde y vestidos de gala, sus miembros dieron vueltas por Madrid junto con sus colegas de otros consejos, para restaurar el orden, y en los días siguientes colaboraron con las autoridades francesas en la recogida de armas.¹⁵ En la España no ocupada la autoridad constituida no tenía la excusa de la superior fuerza militar y su fracaso en la crisis condenó al antiguo régimen. Su deseo de mantener el orden (o sea, de obedecer las instrucciones de un gobierno de Madrid dominado por Murat) y su vacilación ante el grito porque armasen y encabezasen una revolución nacional contra los franceses fueron arrollados por la embestida de los levantamientos populares. Éstos se iniciaron por las noticias de Bayona, o de las ejecuciones por Murat de los patriotas del 2 de mayo en Madrid, o porque las autoridades dejaron de celebrar la festividad de San Fernando. Cuesta, capitán general de Castilla la Vieja, cuya reacción inmediata a las asonadas populares fue de «asco», tomó «muy en serio» la causa patriótica cuando los estudiantes de Valladolid levantaron un patíbulo en su propio patio y después de que su colega de Badajoz fue asesinado.15 bis En Asturias una multitud de un millar de campesinos y estudiantes de la universidad, tras hacerse con los fusiles del arsenal, pusieron fin a las vacilaciones de la Audiencia y de las autoridades constituidas, que estaban aterrorizadas ante la idea de desafiar a Murat. La asamblea general de la provincia, que casualmente celebraba una de sus reuniones trienales, encabezó la insurrección y el 25 de mayo declaró la guerra a Napoleón.¹⁶

En la expresión clásica de Toreno, «el pueblo se alzó» en una revuelta «unánime y enérgica» en los meses que siguieron al 2 de mayo. La auténtica naturaleza de esta revuelta es todavía oscura. ¿Fue un Gran Miedo político al estilo de la Grande Peur que se apoderó de la Francia revolucionaria, un contagio que se extendió de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo? ¿Fue el último acto de un drama popular iniciado en Aranjuez y contrarrestado por el abandono de Fernando por Napoleón y la protección dada por éste a Godoy, una revolución de venganza frustrada, una revolución contra las hechuras de Godoy en la administración de las provincias, que ahora seguía a los franceses? ¿Fue un brote de xenofobia fanática dirigido por curas y frailes?¹⁷

Napoleón y los franceses en España no comprendieron en absoluto el significado de este movimiento popular. Los funcionarios franceses sabían que el patriotismo de las clases oficiales era dudoso y vacilante; creían que si los capitanes generales se sometían, el pueblo les seguiría. En cuanto a la tropa, José aseguró a su hermano que seguiría al mejor postor. El pueblo español estaba compuesto de viles cobardes «como los árabes». Murat y el embajador francés, La Forest, vieron en el 2 de mayo la oportunidad para una de aquellas severas lecciones que tan eficaces habían sido en Nápoles. El 1 de julio La Forest creía que la revolución estaba acabando.¹⁸ El único resultado de la anarquía habría sido el de echar «a los propietarios honorables» en brazos de los franceses.

Nuestras fuentes no permiten duda alguna acerca del gran temor de los propietarios. Alcalá Galiano, anciano ya, recordaba el terror de los ciudadanos de la clase media cuando los «patriotas» andrajosos del ejército valenciano, con sus sombreros llenos de reliquias, marchaban por Madrid; en Cádiz solamente los capuchinos pudieron desarmar a los amotinados que, tras asesinar al gobernador, habían sitiado el Arsenal. En Oviedo sólo la aparición de sacerdotes con el Santísimo pudo impedir que una multitud enfurecida linchara al distinguido poeta Meléndez Valdés. Tal vez no sorprenda mucho que Meléndez Valdés se convirtiera en afrancesado.¹⁹

Pese a todo, esta reacción de pánico no fue ni universal ni permanente; de haber sido así no se hubiera producido la Guerra de la Independencia. «Los nobles, el clero y los militares se unieron al pueblo a tiempo y apaciguaron los desórdenes».²⁰ Una parte importante de los prohombres lugareños se unieron a la revolución popular para dominar la anarquía; éste habría de ser el modelo clásico de la revolución en el siglo XIX.

Así, en Zaragoza, la capital de Aragón, donde una multitud con escarapelas rojas en los gorros exigía armas y resistencia patriótica, Palafox aceptó la jefatura convirtiéndose en capitán general «revolucionario» y regularizando el movimiento mediante la convocatoria de las Cortes de Aragón. Palafox era un gran aristócrata, conocido amigo del depuesto Fernando y cualquier cosa menos un demócrata, pero, como su hermano aclararía más tarde, el futuro héroe del sitio de Zaragoza no podía dominar al pueblo de otro modo. En Oviedo la revuelta popular fue encauzada de modo respetable hasta dar lugar a una junta provincial encabezada por el marqués de Santa Cruz. En todas partes la elección de juntas fue el instrumento principal para esta recuperación del control por los prohombres locales —la gentry, como decía un diplomático inglés—. Cuando se convencía de su disposición a adoptar la causa patriótica, el «pueblo» volvía a sus dirigentes locales, naturales, y desaparecía del primer plano, salvas unas cuantas reapariciones significativas y algunas protestas contra «los ricos».²¹ Pero el pueblo continuó encarnando lo que los agentes ingleses llamaban el «entusiasmo» y el patriotismo antiextranjero de cariz tradicional que nunca dejó de aterrorizar a los propietarios. Moore, en diciembre, escribió: «De la buena voluntad que hay, y creo que es mucha entre los estamentos inferiores, no se saca ningún partido de ella».²²

A medida que los ejércitos franceses avanzaban, en la zona cada vez más reducida controlada por los patriotas el gobierno efectivo y el esfuerzo bélico de los años 1808-1814 estuvo en manos de las juntas. Al igual que los comités de julio de 1936, concedían pasaportes, hacían levas locales, expedían licencias a los boticarios. En la base de la pirámide revolucionaria estaban las juntas ciudadanas elegidas popularmente, que a veces eran dos en la misma ciudad. Por encima de las juntas ciudadanas, y originalmente elegidas por éstas, se hallaban las juntas provinciales. Estos órganos estaban controlados por «los hombres de 1808», propietarios locales, clérigos, oficiales y funcionarios que se habían unido a la causa patriótica. En Asturias la junta tuvo que retirarse repetidas veces de una aldea montañosa a otra, con un establo por sala de consejo, sin plumas ni tinta. Sus miembros se cansaron de la empresa, buscando el descanso en la ausencia, lo que redujo a la junta a un puñado de miembros. Éstos fueron muy débiles políticamente, poco deseosos de gravar con impuestos a las clases adineradas y al clero, estuvieron paralizados por la oposición, pero continuaron siendo el centro del esfuerzo bélico civil, recaudando contribuciones, organizando guerrillas, capturando a los desertores y contrarrestando la propaganda derrotista.

Estos hombres abrumados fueron revolucionarios a pesar suyo. Cuando las juntas se vieron dificultadas en la organización del esfuerzo bélico por el legalismo intransigente de los órganos locales del antiguo régimen que habían sobrevivido en la España no ocupada, sólo pudieron defender su autoridad derivándola de las elecciones de «un pueblo libre que no quiere perecer». Esta afirmación democrática sorprendió a los abogados conservadores del Consejo de Castilla y a los jueces de las Audiencias. Durante los primeros meses las juntas provinciales actuaron como Estados soberanos independientes. Se enviaban embajadas a Londres «de nación a nación», y los ejércitos se consideraban fuerzas provinciales que no debían ser sacrificadas a las necesidades de las provincias vecinas o de la nación. La Junta de Sevilla se condujo con un egoísmo criminal y, de no ser por la moderación de su general, hubiera declarado la guerra a Granada; se negó a enviar el ejército andaluz al crítico frente del Ebro donde los franceses, después de que José hubo sido expulsado de Madrid en el pánico causado por la derrota del cuerpo expedicionario francés por los patriotas en Bailén, se estaban concentrando para una nueva invasión de España.²³ Para los republicanos federales posteriores, la España de la Guerra de la Independencia había sido ya una república federal gobernada por los conservadores. La fibra más sensible de la política revolucionaria española es la tradición centralista, que sostiene que el gobierno central es emanación de la democracia directa que rige en la municipalidad elegida por sufragio popular.

Pese a todo, los conservadores que dominaron las juntas no fueron separatistas provinciales: no estuvieron inspirados simplemente por un vago programa de reformas a nivel nacional, sino por un sentido del orden que les obligaba a reconocer la necesidad de un gobierno central. El Consejo de Castilla, pese a sus repetidos alegatos de ser la única autoridad legalmente constituida, estaba desacreditado por su supuesta sumisión a Murat; las juntas provinciales trataban sus órdenes con desprecio. No podía permitirse que representara al pueblo en armas. Sólo podía aceptarse una autoridad central si representaba a las juntas; apoyado por los agentes ingleses, que sentían las más profundas reservas hacia las consecuencias militares del federalismo, el movimiento en favor de la creación de una junta central triunfó de las rivalidades entre las juntas importantes. La adhesión de Sevilla, la capital virtual de los primeros meses y ahora fuerte por la victoria de Bailén, fue decisiva. En septiembre de 1808 los delegados de las juntas provinciales se reunieron en Aranjuez —los celos de Sevilla impidieron que se reunieran en Madrid— constituyendo la Junta Central.

La Junta Central tenía mala fama. Era un desmañado cuerpo de treinta y cinco personas presidido por el anciano Floridablanca, presidente de la Junta de Murcia, cuyas pretensiones como órgano soberano con el título de «majestad» eran bastante ridículas. Tuvo a su contra la renaciente pretensión de las juntas provinciales de ser representantes directos del pueblo soberano; a los conservadores y nobles descontentos que deseaban poner fin al gobierno de la junta, y el creciente poder de los generales, cuyo incipiente cesarismo se encarnaba en Palafox y Cuesta, que intrigaban por el poder político. Pero sus pretensiones fueron rechazadas por el Consejo de Castilla, principalmente por significar una usurpación del poder soberano que pertenecía al rey y a los funcionarios nombrados por éste. Y sobre todo, celoso de las proclamas revolucionarias de las juntas provinciales, no podía el Consejo reconocer la legalidad de un órgano nacido de aquéllas.²⁴

Tras la tremenda derrota de Ocaña (noviembre de 1809, en el intento de la Junta Central de derrotar definitivamente a los ejércitos de José), se hizo irresistible la exigencia de una «concentración del gobierno». Desacreditada y ofendida, la Junta se retiró ante los franceses, primero a Sevilla y luego a Cádiz; allí sus miembros dimitieron, para ser insultados por los «patriotas» de Cádiz, que buscaron en sus equipajes los fondos desaparecidos del gobierno y finalmente los encarcelaron.²⁵ Su sucesora, la conservadora Regencia de los Cinco (presidida por el obispo de Orense, que más tarde habría de hacerse famoso por su denuncia pública de la doctrina de la soberanía nacional), quedó presa entre la democracia urbana de Cádiz, por una parte, donde una «junta de comerciantes», elegida por un cuerpo electoral de propietarios censitarios, se daba aires de órgano soberano, y el obstruccionismo anticuado de los Consejos por otra. Sin la ayuda de las tropas británicas el gobierno central nominal de España hubiera desaparecido.

2. Las Cortes de Cádiz y la solución en España y América Latina, 1810-1813

Salvo para los conservadores empedernidos, era evidente que cualquiera que fuese el cuerpo de hombres que gobernara la España patriótica, debía buscar fuerza y legitimidad convocando la nación a unas Cortes. El debate sobre la naturaleza y funciones de las Cortes trajo a la superficie la cuestión que, desde mayo, había tenido divididos a funcionarios conservadores y patriotas revolucionarios. Como representantes de la nación soberana, cuyo rey estaba preso en el castillo de Talleyrand, los patriotas pretendían sustituirse a la estructura del antiguo régimen que había fracasado tan señaladamente en la prueba suprema del patriotismo. El debate, cruzado en periódicos y panfletos, fue el primer debate público en España acerca de las condiciones fundamentales de la vida política. Afectaba al carácter mismo de la Guerra de la Independencia.

¿Era la guerra, como mantenían los patriotas liberales, una revolución para regenerar a España con nuevas leyes? ¿Habíase roto el contrato social y volvía la nación, «que lo había hecho todo» para resistir al intruso, a asumir sus poderes constituyentes? O, por el contrario, ¿tenían razón los conservadores, afirmando que las antiguas leyes, que ellos continuaban administrando, y las instituciones antiguas que todavía controlaban, integraban la única constitución válida? Por consiguiente, ¿debían los diputados de las Cortes limitarse a estudiar «los medios y métodos para expulsar al ejército francés», o era su misión sagrada la de dotar a España de una constitución que limitara el despotismo que había desembocado en la invasión francesa? Los partidarios de «nuestra revolución» creían, así como los patriotas prusianos de 1806, que los hombres que habían luchado como soldados debían ser recompensados como ciudadanos; que «la independencia debía ir acompañada de una reforma de los abusos».²⁶ Los conservadores les advertían con sarcasmo que muy bien podrían encontrarse fugitivos en África, sacándose de la manga un magnífico proyecto de Constitución sin tener donde caerse muertos, tras haber abierto las puertas al «espíritu revolucionario que había destruido a Francia».²⁷ Entre esta desabrida concepción administrativa y militar, y la amenaza de constitucionalismo radical, mediaba la burkeana defensa de Jovellanos de la «antigua y venerable Constitución de España».²⁸

El conflicto entre los patriotas radicales y los conservadores se centraba en si los estamentos privilegiados debían conservar la representación por separado de que habían gozado como «brazos» de las Cortes medievales o si debían integrarse en una asamblea general. Jovellanos pensaba en una Cámara de los Lores como única barrera capaz de resistir la marcha hacia la democracia por la que se dejaría arrollar una Cámara única. La Regencia reaccionaria, que sucedió a la Junta Central como poder ejecutivo, abandonó la idea de una segunda cámara ante lo que el liberal Argüelles llamó «la presión irresistible de la opinión pública» encarnada en los diputados de las provincias reunidos en Cádiz. Dada la debilidad política de la Regencia y el impreciso tradicionalismo del programa conservador, el resultado no podía ser otro a partir del momento en que se había suscitado la cuestión constituyente. La Cámara de los Lores española, producto de la correspondencia de Jovellanos con Lord Holland, parecía una artificial pieza de museo en un país que no había gozado de vida constitucional desde el siglo XVI y en el que la aristocracia era sospechosa de ser indiferente en la cuestión patriótica. «¿Ha habido algún grande de España que liberara una aldea?»

Las Cortes de Cádiz, elegidas teóricamente por un complicado sistema de sufragio censitario indirecto, se reunieron en la asediada Isla de León el 24 de septiembre de 1810. Allí habían de elaborar la Constitución de 1812, el «código sagrado» que definía el liberalismo español como un credo político. Este «código» habría de convertirse en la constitución liberal clásica de la Europa Latina a principios del siglo XIX.

La Constitución de Cádiz siempre fue presentada por los conservadores como producto de una minoría radical, ajena a toda opinión representativa de España. En cierto sentido esto era falso, como los historiadores recientes han tratado porfiadamente de probar. Las respuestas a la consulta de 1809 (en la que se preguntó a las principales autoridades sus opiniones acerca de cuáles debían ser las tareas de las Cortes) revelan una amplia pero mal definida preferencia por una constitución basada en la división de poderes, por leyes uniformes y modernas, por la igualdad civil y el cercenamiento de los privilegios corporativos.²⁹ Los liberales de Cádiz, por lo tanto, no representaban tan sólo a un grupo minoritario dentro de la nación política a pesar de la irregularidad de sus credenciales electorales; en la medida en que existía una «nación política», era ella reformista. Lo cierto es que los ilustrados eran los menos en la nación, que no compartía ni comprendía el patriotismo de esos «caballeros medievales, hombres de espíritu noble y generoso». Pero también es cierto que la Constitución de 1812 fue más allá del reformismo ingenuo de los sacerdotes, prohombres locales y abogados liberales, mayoritarios en aquellas Cortes. Cuando se llegó a la elaboración de la constitución los que tenían ideas claras lograron imponerlas: estas ideas, revestidas de argumentos históricos, se derivaban del radicalismo de la última década del siglo XVIII y del único principio subyacente a «nuestra revolución», o sea: la soberanía popular. La oposición conservadora se levantó contra los liberales más bien fuera que dentro de las Cortes, y hacia 1811. la unidad del reformismo patriótico se había roto.

Dentro de las Cortes la fuerza de los liberales derivaba de la elocuencia de sus jefes: el «divino» Argüelles, Torrero, el sacerdote radical, Toreno, aristócrata asturiano e historiador de la revolución, más que de una organización de partido. La única base para tal organización eran los grupos periodísticos y las tertulias, reuniones vespertinas de amigos y afines.³⁰ Esta confianza en el poder compulsivo de la oratoria iniciaría una tradición retórica que a la larga habría de debilitar al liberalismo; la retórica no sirve para «la política de intereses» y fácilmente se convierte en arma privativa de los extremistas. La mayoría liberal efectiva se basaba en los votos de los suplentes (los diputados que representaban los distritos ocupados y América Española, elegidos en Cádiz bajo presión radical). Ello dio al liberalismo un tinte sureño (muchos diputados procedían de Andalucía y Extremadura) y significaba que a medida que llegaban diputados «legítimos» de la España liberada la posición liberal se iba debilitando. El radicalismo organizado de Cádiz favoreció por completo a los liberales: desde las galerías públicas los grandes discursos liberales recibían lo que un observador inglés calificó de «ruidosa aprobación del público».³¹ Y así las características del apoyo liberal podían, lo que tanto convenía a los conservadores, hacer que la obra de los liberales de Cádiz quedase despojada de la posibilidad de toda pretensión de representar al país: el liberalismo aparecía como la forma cobrada por los intereses creados de una minoría política despiadada, «la conspiración criminal de un puñado de facciosos».³²

La teoría política del liberalismo procedía de variadas fuentes: los hechos y las necesidades del levantamiento nacional, los lugares comunes de Montesquieu y de la escuela de derecho natural del siglo XVIII, el constitucionalismo de matiz histórico y el deseo general de reforma característico de la época de Godoy, el grupo más radical de reforma constitucional que halló fuerte apoyo en la prensa en 1808, la influencia y el ejemplo de Francia y las obras de Bentham.³³ De este modo el dogma central de la constitución —que la nación soberana podía promulgar la constitución— podía derivarse igualmente de las premisas de los radicales o de la necesidad de rechazar la alegación de José de que él era rey legal de España como consecuencia de las abdicaciones de Bayona: la enajenación de la corona por parte de Fernando era inválida, «por falta de consentimiento de la nación».³⁴ Jovellanos advertía que tales afirmaciones de soberanía popular «destruían nuestra antigua constitución» al eliminar su carácter monárquico, pero se trataba de necesidades lógicas de la resistencia, consecuencias prácticas de la acción de un rey que, según palabras de Toreno, había dejado huérfana a la nación.

La corriente ideológica más fuerte en las Cortes acaso fuera el constitucionalismo histórico asociado a las obras de Martínez Marina.³⁵ «En el proyecto del comité constitucional no hay nada que no pueda fundarse del modo más auténtico y solemne en los diversos códigos de las leyes españolas.» Los diputados estaban «restableciendo leyes que habían convertido a nuestros antepasados en hombres libres». De ahí que los debates tuvieran un tono anticuado: se dijo muy poca cosa acerca de los derechos del hombre, pero mucho sobre los derechos de la Corona de Aragón, de los Concilios de Toledo y León, de los godos como fundadores de la libertad.³⁶ No obstante, pese a toda su teorización histórica, los liberales se preocuparon del poder: no restauraban una constitución medieval perdida, sino que conjugaban el absolutismo potencial de una monarquía restaurada con leyes fundamentales derivadas de la teoría política contractualista. Sus ficciones históricas se vinieron abajo en el debate. Cuando un diputado solicitó que se citara cada ley medieval puesta nuevamente en vigor, Calatrava respondió que semejante conducta era propia de un tribunal, pero no de una asamblea constituyente. Argüelles se vio obligado a admitir que ninguna ley antigua podía infringir los derechos soberanos de la nación: sólo se aludía a la constitución antigua porque se suponía que contenía los «primeros principios de la felicidad nacional».

El respeto por los precedentes medievales fue un artificio táctico, un tinte protector para hacer que la constitución fuera respetable a ojos de la España conservadora. «El espíritu y las ideas de los liberales fueron republicanos, aunque para no enfrentarse abiertamente a las opiniones de las masas afirmaron no pretender otra cosa que una monarquía limitada, basando sus proyectos en leyes o acontecimientos de la historia de España adecuados para sus propósitos.»³⁷ Su constitución contenía un temor radical al ejecutivo y una división extremada de poderes que en el precedente medieval hubiera resultado inconcebible.³⁸ El rey sólo conservaba las funciones que en la práctica las Cortes no podían ejercitar por sí mismas, junto con un veto suspensivo fuertemente limitado. Su control de la administración quedó sometido, mediante la responsabilidad de sus secretarios de estado, a una asamblea monocameral que se reunía automáticamente. En los intervalos entre las sesiones de ésta el rey era vigilado por una Diputación.³⁹ En el ejercicio de sus restantes prerrogativas el rey era fiscalizado por un Consejo de Estado —segunda cámara en miniatura— elegida por el rey de entre una lista sometida a él por las Cortes. En 1820, cuando la Constitución de 1812 estaba en vigor, el rey advirtió que no podía cambiar por sí mismo al capitán general de Castilla la Nueva. Blanco White, desde su exilio en Londres, señaló el error de los liberales: al considerar al rey como «una bestia salvaje constitucional» condenaban la constitución a la destrucción, al retorno del rey de su estancia forzosa en Francia. Lo mismo que Gustavo III de Suecia, fácilmente derribaría una constitución poco razonable dentro de la cual no podía moverse ningún rey que se respetara.⁴⁰

La trascendencia de esta constitución en la historia posterior del constitucionalismo español oculta que el liberalismo era algo más que mero credo político. Los hombres de 1812 trataban de crear la estructura jurídica de una sociedad burguesa; habían entregado el poder político, mediante una complicada combinación de sufragio universal y elección indirecta, a las clases medias, consideradas como «reguladoras» de las demás clases. Los detalles del programa liberal (ataque a los privilegios regionales, eclesiásticos y aristocráticos, a los gremios y a la Mesta) fueron heredados de los regalistas y economistas políticos, de los funcionarios de Carlos III que habían atacado a los privilegiados en aras de una monarquía modernizada, libre de las trabas de las jurisdicciones privadas. Ahora el programa se justificaba en distintos términos: igualdad civil, libertad personal, derechos de propiedad y libertad contractual. «Libertad, igualdad y propiedad son derechos naturales dados por Dios que los hombres deben proteger cuando entran en sociedad.»⁴¹ En nombre de estos principios las Cortes produjeron sobre el papel (pues ni la Constitución ni sus consecuencias legislativas fueron efectivas jamás) una España que hubiera hecho las delicias de los burócratas monárquicos: un tosco sistema fiscal, con divergencias sin fin entre las provincias, debía ser sustituido por un impuesto uniforme sobre la renta; la maquinaria del antiguo régimen, con su confusión característica de las funciones administrativa y judicial, fue desmantelada. La «asombrosa» estructura cuasi federal del gobierno local desapareció para ser sustituida por un sistema uniforme de municipios y provincias, cada una de las cuales estaba colocada bajo la autoridad de un jefe político, precursor del todopoderoso gobernador civil.

Aunque los liberales posteriores habrían de dividirse en torno a cuestiones como la elección o la selección de los funcionarios del gobierno local (con los radicales en favor de la elección popular y los conservadores en favor de la designación de alcaldes y concejales por el gobierno), todos los liberales, pese a que profesaban adhesión al ideal del municipio medieval, aceptaron dos proposiciones: que las Cortes, como «único representante de la nación soberana», debían promulgar un sistema uniforme y centralizado y que, dentro de este sistema, los ayuntamientos serían «corporaciones subalternas».⁴² Esta concepción de las relaciones entre gobierno local y central, derivada del modelo francés, dejó huella en toda la historia posterior de España. La destrucción de las provincias históricas y su sustitución por entidades «artificiales» —las nuevas provincias— estuvo a la raíz de los movimientos nacionalistas y regionalistas de Cataluña y las Provincias Vascas; éstos esperaban de las instituciones medievales, destruidas finalmente por los legisladores del liberalismo, la salvaguardia de los intereses locales y de la «verdadera» libertad.⁴³ Al control de los asuntos locales confiado por el nuevo sistema al agente del gobierno central se le hizo responsable de la mecánica electoral que distorsionaba el liberalismo parlamentario y de la degeneración del civismo local.⁴⁴ Y así, cuando a principios del siglo XX los estadistas conservadores trataron de satisfacer las demandas regionalistas y de hacer funcionar el sistema parlamentario como vehículo de las exigencias «reales» del electorado, trataron de reformar este sistema de gobierno local, implantado por vez primera en Cádiz. Pero al cabo de un siglo este sistema «artificial» había creado una vida política y unos intereses propios que eran lo bastante fuertes para oponerse a su sustitución.

En su actitud respecto de la reforma agraria aparecieron muy claramente las premisas del liberalismo. Los liberales de Cádiz no se preocuparon primordialmente de una redistribución socialmente aconsejable de la propiedad de la tierra, sino más bien del establecimiento de derechos de propiedad claros y absolutos —la noción del derecho romano del ius utendi et abutendi contra las confusiones medievales de los derechos múltiples al usufructo de una misma propiedad—. El derecho sin trabas del individuo a disponer de su propiedad como quisiera es el fundamento esencial de una economía liberal y de una sociedad burguesa. De ahí la implantación del derecho a acotar la tierra, a venderla o a arrendarla, sin más sujeción que la «voluntad de las partes contratantes»: el derecho a poner cercas era un golpe a los derechos de pasto de la Mesta, que infringían claramente el derecho individual a disponer de la propiedad. El individuo era superior a las corporaciones.

Es indudable que los radicales hubieran querido ir más allá de la venta de tierras monásticas, en una ofensiva más amplia contra la propiedad eclesiástica. Ello hubiera resuelto el problema de la deuda nacional (la influencia del precedente francés queda revelada por su traducción de biens nationaux por «bienes nacionales»).⁴⁵ Por otra parte, los liberales eran herederos de la campaña regalista contra las manos muertas y de los ataques de los economistas a los mayorazgos vinculados. La prudencia política y los peligros de un ataque frontal contra la Iglesia les hicieron limitarse a la venta de las tierras de común y a la abolición de la propiedad vinculada «arrancando de raíz el árbol que produce tan amargos frutos».

Más discutida fue la abolición de los señoríos o jurisdicciones nobiliarias: no se trataba de una medida para liberar a un campesinado oprimido sino que tenía por objeto implantar el derecho de propiedad sobre una base contractual aceptable y abolir los enclaves de jurisdicción privada en la España constitucional. Siguiendo una pauta muy suya, los liberales afirmaban estar restableciendo el fuero juzgo medieval —lo que dio pie a una confusión jurídica interminable— cuando en realidad coronaban la obra de los funcionarios del siglo XVIII con el individualismo económico de la Revolución Francesa.

Se han afirmado que el respeto de los liberales por la propiedad impidió que se diera satisfacción a los campesinos sin tierra (algunos de los cuales habían cercado tierra durante los disturbios, proceso del que no sabemos nada), y que la abolición de los gremios —otra vez el programa de los economistas del siglo XVIII— empeoró la situación de los pequeños artesanos. Es cierto que el liberalismo no quería apoyar a la jacquerie y que prefirió al paternalismo la enseñanza de la economía política en las escuelas. Pero los liberales de 1812 creían en el mito de un pueblo que se había levantado en armas mientras que la aristocracia se mantenía inmóvil y no desconocía las ventajas de la creación de una clase de pequeños campesinos entregados a la revolución liberal —otro indicio de que se interesaban por la Revolución Francesa—. De ahí que la mitad de los bienes comunales hubiera de ir a los veteranos de guerra y a los trabajadores sin tierra. El conflicto entre la necesidad económica de un mercado libre de la tierra, que habría de beneficiar al comprador rico, y la conveniencia de ganarse el apoyo campesino había de sembrar confusión en la tradición liberal hasta los días de la Segunda República.

Las contradicciones del liberalismo —especialmente las que surgían en el conflicto entre las libertades locales y una constitución liberal uniforme— en ninguna parte fueron tan desastrosas y evidentes como en América. En la crisis de 1808-1814 estas contradicciones, junto con los agravios heredados, destruirían irremediablemente la estructura del Imperio Español.

Tras la Guerra de la Independencia norteamericana, Aranda había alegado ya que para conservar siquiera algo de su poder en Hispanoamérica España debía abandonar la vieja teoría del imperio y crear monarquías locales borbónicas independientes, o incluso desprenderse del Perú.⁴⁶ Sin embargo, es difícil apreciar hasta qué punto el movimiento de independencia en América Latina, inspirado en el ejemplo norteamericano y tomando su ideología de la Revolución Francesa, había ido más allá de los tradicionales resentimientos coloniales. Los conspiradores republicanos encontraron escaso apoyo; Picornell, al que encontramos en España como conspirador republicano, no pudo organizar una rebelión, y la expedición de Miranda de 1806 fue un fracaso. No fue la convicción teórica del revolucionario, sino el impacto material y jurídico de las guerras de la Revolución Francesa y de Napoleón lo que empujó por vez primera a los criollos a una acción independiente; la guerra mostró la impotencia de España como potencia colonial y reveló su incapacidad para abastecer de mercancías a sus colonias. Con Gran Bretaña, la mayor potencia marítima y comercial, como enemigo, las desventajas de la relación con España y los alicientes de la independencia se hicieron claros.⁴⁷ Pese a estos inconvenientes, y a su explotación por parte de la política británica, fue más la quiebra de la autoridad española que la revolución criolla lo que desencadenó el proceso por el que se destruyó el imperio. En 1806, cuando las tropas británicas conquistaron Buenos Aires, las autoridades españolas se retiraron. Fueron los propios criollos quienes levantaron un ejército de ciudadanos para defender la soberanía española. Al derrotar por dos veces a los invasores ingleses los criollos descubrieron su propia fuerza. También descubrieron los beneficios del libre comercio; desatendiendo las objeciones de los funcionarios peninsulares y de los comerciantes españoles, comerciaron con los mercaderes británicos que acudieron numerosos al Río de la Plata. «La emancipación económica de Buenos Aires fue una realidad antes de que se iniciara su independencia política.»⁴⁸

Las derrotas de los ejércitos españoles en la Península, la abdicación de Fernando VII y el desprestigio total de la Junta Central dejó a los españoles de América desarraigados y sin saber a qué atenerse. No es que los americanos se levantaran contra España: España se apeó de América. En la crisis del imperio de 1809-1814 los órganos locales que se fueron difundiendo de la misma manera que las Juntas se habían difundido en España, afirmaban preservar la autoridad de Fernando VII contra los agentes de José que trataban de conseguir que los hispanoamericanos reconocieran al rey francés como suyo. Sin embargo, la acción local implicaba a menudo la deposición de las autoridades existentes y su sustitución por prohombres locales. Dentro del marco de una revuelta «realista» apuntó la idea de «la libertad de la nación».⁴⁹ Al llegar la noticia de la ocupación de Andalucía por los ejércitos franceses, Buenos Aires implantó una junta que depuso al virrey para «conservar» el virreinato para Fernando VII. Pero esta acción (25 de mayo de 1810), al crear un gobierno criollo, se celebró justamente como nacimiento de una República Argentina independiente, aunque la independencia formal no se declaró hasta 1816. En lo que finalmente habría de ser Venezuela, las implicaciones revolucionarias del movimiento fueron decisivas; en Caracas una junta barrió a la administración existente y, en nombre de la conservación de América para Fernando VII, se negó a reconocer la autoridad de la Regencia de Cádiz, es decir, del gobierno legal de España. Las implicaciones de esta acción estaban claras: la junta abrió los puertos a todos los países, a lo que la regencia contestó con un bloqueo; en 1811 un congreso se declaró independiente y proclamó una constitución republicana.

Los gobiernos españoles entre 1809 y 1814 no tenían fuerza para acabar con la rebelión y el pensamiento político liberal no alcanzaba a comprender la idea de autonomía colonial. Las premisas liberales daban lugar a teorías sobre el imperio que variaban de un lado del Atlántico al otro. Los latinoamericanos citaban el lema de los patriotas del 1808 en defensa de la patria contra el despotismo extranjero, pero para ellos la patria era «la gran extensión de ambas Américas» y el opresor era España.⁵⁰ La solución de los liberales de Cádiz para el deseo colonial de autogobierno era la concesión de derechos políticos plenos a los ciudadanos americanos dentro de un imperio unificado; las colonias eran parte integrante de la España metropolitana y serían «liberadas» con la misma constitución que le daba a España su libertad. El primer paso, por consiguiente, era dar una representación en las Cortes a las colonias —aunque se evitó emplear esta expresión—. Se trataba simplemente de una refundición de la teoría imperial de los Habsburgo en términos liberales. «A partir de este momento... españoles americanos... debéis consideraros hombres libres... Vuestro destino no depende ya de los ministros, virreyes o gobernadores; está en vuestras propias manos.» América, como la misma España, había sido arruinada por tres siglos de intolerancia teológica y despotismo político; si una constitución liberal unitaria había de ser un remedio en España, también debía ser un remedio en América.

Cuando la generosa metrópoli regaló unas instituciones liberales comunes, la negativa americana a aceptar el gobierno de España se consideró ingratitud «indecente», rebelión separatista.⁵¹ Los liberales hicieron muy poco por ganarse la opinión colonial; restringieron el número de diputados americanos en la nueva constitución por miedo a que la opinión americana «anegara» las Cortes; desatendían las protestas de que los diputados «americanos» ya en Cádiz carecían de título alguno válido para representar a la opinión americana, y negaron toda concesión sustancial al libre comercio. Vieron en la presión británica en favor de un acuerdo negociado una consecuencia de intenciones comerciales egoístas respecto del mercado americano.⁵² Su insistencia en la integridad de la monarquía española y su arraigada hostilidad a cualquier forma de autonomía, permitió, por tanto, a los criollos que deseaban cortar la relación con España, presentar la rebelión como la única salida.

Esta rebelión tuvo dos focos principales: los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada, donde la resistencia habría de estar simbolizada por Bolívar, el más grande de los libertadores de América Latina. La independencia fue conquista de una heroica minoría que se valió de un mito: la «esclavitud» de las gentes sudamericanas bajo el despotismo español.⁵³ La gran mayoría (especialmente los mestizos y las poblaciones india y de color, que eran verdaderamente «esclavas») era indiferente o activamente hostil a las ambiciones políticas de los criollos blancos de las ciudades o de las grandes propiedades, que representaban una represión más inmediata que la de la corona española.⁵⁴ Así, hacia 1814 Bolívar fue expulsado de Venezuela por una salvaje revuelta en el interior, accidentalmente realista, encabezada por Boyes, contrabandista y sargento de la infantería de marina española que sometió a brutal dominio los guardas de ganado montados de la llanura. Los mestizos de Boyes tenían como meta el exterminio de los criollos ricos y la destrucción de sus propiedades.⁵⁵ En Venezuela la guerra de la independencia fue, en sus primeras fases, una guerra civil con poderosos tintes raciales.

Hacia 1814, con el fin de la guerra en la Península y la llegada de 10.000 hombres al mando del general Morillo, las perspectivas de independencia se ensombrecieron; Bolívar había sido expulsado de Venezuela y Nueva Granada estaba a punto de ser reconquistada. Sólo en la homogénea población blanca de las Provincias Unidas de Río de la Plata parecía tener segura la independencia. Fernando VII podía creer que, aquí como en España, los años 1808-1814 podían considerarse como si no hubieran existido, y que era posible restaurar el orden antiguo. Fue el intento de Fernando VII de recobrar por la fuerza su Imperio, así como la enconada guerra civil americana que trajo consigo, lo que al cabo rasgó la máscara de lealtad al rey, adoptada por los patriotas de la primera hora de la lucha por la independencia. Así pudo la minoría que siempre insistiera en que la independencia total era la única salida, imponer su modo de ver.

3. La Guerra de la Independencia y sus secuelas, 1808-1814

Si, vista desde lejos, la pérdida del Imperio Americano fue la principal secuela aislada de la crisis de 1808, el legado de la Guerra de la Independencia moldeó la historia posterior de la propia España. Al liberalismo, le dotó de un programa y de una técnica revolucionaria. Definió el patriotismo español, dotándole de un mito duradero. Unció el liberalismo con el problema de los generales en la política y con la mística de la guerrilla. Pero, el problema más complicado y menos digerible que dejó tras de sí fue el de los afrancesados. Doce mil familias españolas que habían servido al rey francés siguieron a José al cruzar éste los Pirineos tras la batalla de Vitoria. Durante una generación, estos exiliados, entre los que se contaban los hombres más capacitados de España, serían vistos con desconfianza tanto por liberales como por reaccionarios.

Se creó un moderno nacionalismo español, comparable al naciente en otros países europeos, por el hecho de resistir a Napoleón. Dotó la unidad administrativa de la España borbónica, «creación suprema del siglo XVIII», de un contenido emocional. Para una generación de románticos europeos creó la imagen de una nación sui generis, de una fuerza natural no contaminada por Europa, imagen consagrada por el mayor escritor de la España del siglo XIX, el novelista Galdós. La resistencia sin par y digna de España dio vida a un mito de gran fuerza, utilizable tanto por los radicales como por los tradicionalistas. Sin embargo, dada la fuerza de los vínculos locales, el patriotismo que caracterizaría las grandes crisis permanecería como emoción abstracta, sentida muy confusamente en lo más hondo del corazón. El patriotismo evocado en los Episodios Nacionales de Galdós arraiga menos profundamente que el de los Dynasts de Hardy. Por esta razón una derrota era psicológicamente desastrosa. El patriotismo exaltado se identificó con la necesidad de vencer a los Estados Unidos en 1898, con la conquista de Marruecos, o aun el éxito del submarino de Peral. Cuando las campañas finalizaron con un desastre y el submarino se fue a pique se difundieron la desilusión y la autocrítica. De este modo, la Guerra de la Independencia siguió siendo, si se exceptúan las conquistas africanas de O’Donnell (1860), la única exhibición satisfactoria de nacionalismo a gran escala.

¿Hasta qué punto corresponden las realidades del esfuerzo bélico español al mito patriótico de levantamiento nacional y de expulsión de los opresores? La victoria española en Bailén (julio de 1808) fue la consecuencia inevitable de la creencia de Napoleón de que la conquista de España era una operación de policía que podía ser confiada a tropas inferiores. Se le dio a Dupont por misión la conquista de Andalucía con un cuerpo compuesto principalmente de reclutas bisoños; hambrientos por la ruptura de sus líneas de abastecimiento, estas tropas abigarradas fueron totalmente derrotadas por las levas numéricamente superiores de la Junta de Sevilla al mando de Castaños, y por la que Napoleón calificó de «horripilante estrategia» de Dupont. Madrid fue evacuado, los españoles creyeron haber derrotado a «los vencedores de Austerlitz»; la victoria engendró una manía por encuentros en campo abierto. Y no se consiguió otro Bailén, sino derrota tras derrota, justificando la opinión de Napoleón de que el ejército regular español era el peor de Europa.⁵⁶ El juicio de Wellington quedó determinado por las pocas aptitudes del general Cuesta y por la desbandada de las tropas españolas en la batalla de Talavera.⁵⁷ «Nunca he sabido que los españoles hicieran algo, ni menos que lo hicieran bien.» Como comandante en jefe —no quiso colaborar con los generales españoles en otros términos— Wellington se resistía a considerar a las tropas españolas como un instrumento con el que podía contarse en la batalla. Estas opiniones no era privativas de los ingleses, exasperados y llenos de prejuicios: intervenciones como las de Medellín (marzo de 1809) y Ocaña (septiembre de 1809) dejaron asombrados a los franceses.

El patriotismo exaltado fue engendrado por la batalla de Bailén y por los sitios de Zaragoza y Gerona. Si Bailén fue un azar afortunado, el sitio de Zaragoza asombró a una Europa acostumbrada a los asedios convencionales de las campañas italiana y alemana. Durante dos meses y medio resistió Zaragoza, ciudad pobremente fortificada, un buen asedio y, cuando cayeron las murallas, los habitantes lucharon en las calles. Fue una guerra única con una moralidad única. Los oficiales regulares españoles violaron descaradamente los términos de la capitulación de Bailén, dejando morir de hambre a 10.000 hombres en una isla inhóspita, porque no se sentían obligados a obedecer las reglas de la guerra tratándose de un «capitán de bandidos». Los relatos de atrocidades relativos a los fusilamientos de la noche del 2 de mayo, al saqueo de Córdoba por Dupont, al saqueo de los soldados en un país donde el sistema napoleónico de vivir sobre el terreno no daba resultado, echaron aceite al fuego del odio xenófobo contra los franceses, que eran tanto como vándalos y herejes. «Se han comportado peor que una horda de hotentotes. Han profanado nuestros templos, insultado nuestra religión y violado a nuestras mujeres.»⁵⁸ El entusiasmo se nutría de falsedades y exageraciones. «Esta raza desprecia a los extranjeros, desprecio que se explica por la exagerada opinión que tiene de sí misma. El español es el miles gloriosus.» Pero toda exaltación es susceptible de evaporarse en las disputas de la derrota, y Moo re advirtió con amargura que «el entusiasmo de que tanto hemos oído hablar no aparece ahora por ninguna parte». Tras alimentarse con los rumores de la derrota de Napoleón, Andalucía y Valencia ni siquiera intentaron resistir a los franceses. La bienvenida que Andalucía deparó a José en 1810 pareció apoteósica a sus cortesanos: sacerdotes, nobles y campesinos acudían a saludarle en cada ciudad. Si José se sintió alguna vez Rey de España debió de ser durante su avance triunfal por Andalucía.⁵⁹

El torpe desprecio de Wellington por el esfuerzo bélico español es tan injustificable como el alegato español de que los ingleses sólo se dedicaban al saqueo. La contribución de España a su propia liberación consistió en la continuidad de su resistencia. Ningún Austerlitz hubiera podido acabar con el amorfo federalismo político y militar de las juntas; ningún rey in situ podía negociar la enajenación de su reinado; los políticos de Cádiz, pese a todas sus flaquezas, nunca pensaron contemplar la posibilidad de un compromiso con el usurpador francés. Los ejércitos, mal pertrechados y peor dirigidos, se comportaban vergonzosamente en el campo de batalla, pero la resistencia continuaba. «En cualquier otro país —escribió Jourdan después de que Cuesta hubiera destruido su ejército al avanzar en un frente de seis kilómetros con unos cuantos hombres sin reservas— dos éxitos como los de Medellín y Ciudad Real habrían sometido el país.»⁶⁰

Fue esta resistencia continua, por débil que a menudo fuera, la que acabó con la doctrina de Napoleón de la concentración máxima. El Emperador y sus generales no pudieron resolver las exigencias contradictorias de la ocupación y la operación en territorio hostil. «Si concentro 20.000 hombres —escribía Bessières, en 1811, agotadas sus fuerzas en el Norte— se perderán todas mis comunicaciones y los insurgentes harán grandes progresos. Ocupamos demasiado territorio.» Jourdan opinaba que el problema militar era insoluble sin una evacuación parcial, confesión de fracaso que no podían aceptar Napoleón ni los grandes feudatarios militares. España hubiera sido abatida sin la fuerza expedicionaria de Wellington, y Wellington no hubiera podido actuar con un ejército pequeño sin los efectos de diversión de la resistencia española. Fueron los españoles los que demostraron la validez de la frase de Wellington: «Cuanto más terreno tienen los franceses, más débiles son en cualquier punto determinado».

Puesto que eran evidentes los fracasos del ejército regular, la tradición guerrillera se convirtió en un punto central del patriotismo español. Había tal vez 30.000 guerrilleros, repartidos en toda suerte de formaciones desde partidas pequeñas hasta el grupo organizado de Mina, de 8.000 hombres, que difícilmente podía diferenciarse de un ejército regular. La naturaleza misma de la guerra de guerrillas hace imposible la victoria en el campo de batalla: reacias a abandonar su territorio o a recibir órdenes de los militares, las guerrillas se prestaban difícilmente a combinaciones estratégicas. No se podía esperar que las pequeñas partidas actuaran en campañas planificadas.⁶¹ Su función consistía en volver a ocupar las zonas evacuadas por los franceses e imponer un terror patriótico forzando a la población a la resistencia. Sólo atacaban cuando disponían de fuerzas numéricamente muy superiores, y se desbandaban ante el peligro. Cuando El Empecinado presumía de no haberse dejado nunca un muerto en el campo de batalla, estaba voceando un principio básico de la estrategia guerrillera. Los mandos franceses no tenían más remedio que gastarse en operaciones marginales de caza y captura, todo ello con malos mapas y sin ayuda de los campesinos. Los nubarrones guerrilleros contribuyeron a ennegrecer aún más el ya de por sí entenebrecido cielo de la guerra; mensajes importantes fueron a parar a manos del servicio de información de Wellington. Pero, sobre todo, había que ocupar efectivamente el territorio para evitar que cayera en manos de los guerrilleros, y esto mantenía las tropas francesas alejadas del campo de batalla.

La guerra de guerrillas se parecía no poco a los movimientos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Fue un fenómeno rural y, como el carlismo, un aspecto del odio campesino hacia la civilización urbana. Ello era inevitable: la guerra de guerrillas se limitaba a territorios arriscados y los franceses encontraban pocas dificultades en el gobierno de las grandes ciudades. Además tenía matices de guerra social. «C’est, à proprement parler, la guerre des pauvres contre les riches.»⁶² Con frecuencia se aproximaba al bandolerismo cuando se sometían anchas zonas a contribuciones ilícitas. La ética de la lucha guerrillera, el caudillismo, el desprecio patriótico hacia los decretos de los extranjeros y de sus colaboradores, introdujeron un nuevo elemento de inestabilidad en la sociedad. La guerra de guerrillas «acostumbró a los españoles a vivir fuera de la ley, a rechazar las normas de la vida social y a considerar como el mayor triunfo el mantenimiento de su propia personalidad».⁶³ Convirtió en romántica la revolución y dio carta de naturaleza a la insubordinación, santificando esa preferencia por la acción individual violenta que habría de enredar la política de la España del siglo XIX. Cuando se herían sus convicciones políticas los españoles podían «calzarse las alpargatas⁶⁴ y empuñar el fusil». La derecha carlista y la izquierda extremista echarían mano más adelante de estos resabios.

El legado más duradero de la guerra fue la pretensión de los oficiales del ejército de detentar las riendas del poder. En la Guerra de la Independencia, la Junta Central y las juntas provinciales representaban el Estado civil; los generales estuvieron muy pronto en malas relaciones con ellas e intrigaban para sustituirlas. El general Cuesta, un soldado de cuño viejo y administrador militar, detestaba las pretensiones revolucionarias de las juntas provinciales. Hasta llegó a poner bajo arresto a una de ellas. Los militares veían con recelo el remedo que de las asambleas revolucionarias francesas hacía la Junta Central, enviando representantes civiles con facultades para intervenir en las operaciones al frente del Ebro (agosto de 1808), interfiriendo en los ascensos y mostrándose dispuesta, en 1809, a atribuir las derrotas a los generales que, a su vez, se consideraban mal abastecidos por las autoridades civiles.⁶⁵

Esta oposición militar fue encabezada por el general Romana y por el Estado Mayor del Ejército aragonés de Palafox.⁶⁶ Así Palafox y Romana fueron los primeros en una larga sucesión de generales que afirmaban que los oficiales del ejército encarnaban la voluntad general de la nación, trastocada por una camarilla egoísta de políticos impopulares. En 1809 eran éstos los abrumados miembros de las juntas. «La mayor parte de la nación odiaba los procedimientos de la Junta (Central), amaba a su rey, deseando su retorno y el fin de la Junta, hasta tal punto que ya se contemplaba la necesidad de una contrarrevolución.»⁶⁷ Los generales descontentos se consideraban llamados a dirigir esta contrarrevolución que salvaría a la nación y acabaría con la guerra.

Romana sospechaba que la Junta de Asturias tenía simpatías «republicanas» y la acusó de privarle de suministros. Se convirtió en instrumento del traumatizado conservadurismo de la Audiencia y del cabildo de Oviedo; en mayo de 1809 envió cincuenta granaderos a disolver la Junta.⁶⁸ Este brumario en provincias suscitó duras críticas por parte de los civiles de la Junta Central. Jovellanos nunca perdonó ni olvidó la «tiranía» de Romana. La disputa se extendió a Sevilla y Cádiz, donde los amigos de Romana y Palafox eran los adversarios más sañudos de todo lo que pretendía la Junta Central, intringando a favor de una regencia dócil o de un gobierno militar basado en la animosidad popular levantada contra la Junta. «Todos los ojos están fijos en él [Romana] con la esperanza de que acabara con el sistema actual.» A lo largo de la guerra nunca cesaron los rumores de un golpe de mano militar contra los civiles ineptos.⁶⁹

Fue precisamente para contrarrestar esta oleada de cesarismo que Jovellanos abogó por la convocatoria de unas Cortes generales que representaran a la nación frente a los militares. Aunque los generales se avenían a cierta obediencia a las Cortes y a la Regencia, se valían en las provincias del «egoísmo» de las Juntas y de sus disputas interminables con los residuos de la antigua administración para extender su propio poder.⁷⁰ «¿Puede negarse —escribió el provecto marqués de Santa Cruz, patriota conservador asturiano— que España está gobernada por militares? ¿Cómo puede decirse que lucha por sus leyes cuando nadie las respeta? ¿Y cómo puedo dejar de ver que es éste el tipo de gobierno que amenaza a mis nietos?»⁷¹ Lo que no podía prever es que los generales reasumirían su papel político después de 1814, no ya como representantes del orden antiguo, sino como paladines liberales. En Cataluña, ya Campoverde, un general que se había nombrado a sí mismo, había organizado un pronunciamiento popular en defensa de un congreso elegido para luchar contra el «egoísmo de los ricos» encarnado por la Junta Provincial.

Los afrancesados fueron los colaboracionistas de la Guerra de la Independencia; fueron hombres tímidos, desorientados o conformistas por naturaleza que se unieron al bando francés contra los patriotas. Antes de la victoria patriótica en Bailén la colaboración con el intruso fue consecuencia natural de los escrúpulos legalistas de las autoridades constituidas, dejadas sin instrucciones por el rey y presas entre la superioridad abrumadora de las guarniciones francesas por una parte y la anarquía federal y la revolución patriótica por otra. Después de Bailén la «opinión acerca del resultado de la guerra» fue la que dividió a colaboracionistas y resistentes. Antes de la campaña de Rusia, acontecimiento que no cabía prever como cosa probable, los que habrían de convertirse en afrancesados sostenían que era «moralmente imposible» que los franceses pudieran ser derrotados. La resistencia no era cosa de sentimiento patriótico, sino de cálculo, de responsabilidad patriótica. Nadie tenía derecho a sumir al país en una lucha sin esperanzas que, además, se doblaba de un arriesgado llamamiento al pueblo contra el único gobierno legal existente. Azanza, el ministro afrancesado de José, sostenía que el fomento de la resistencia equivalía al fomento de la anarquía tan temida por todos los conservadores en 1808⁷² que llevaría a «la disolución de la sociedad». «Su Majestad —escribió Llorente, historiador de la Inquisición y prominente afrancesado— ha reconocido a José como soberano legal conforme a la abdicación de Bayona... Yo siempre he sido realista. Creía ser útil a mi país y conservar el sistema monárquico contra el republicanismo.»

Quintaesencia de la postura afrancesada era la convicción de que la colaboración y no la resistencia era el mejor modo de proteger la independencia nacional: la subordinación a José sirvió por lo menos para que España se librara del gobierno militar directo de París y del desmembramiento del reino por derecho de conquista. Por lo tanto, la premisa de la política afrancesada, era el cese de la rebelión patriótica que convertía en necesaria la intervención militar francesa; se adhirieron sistemáticamente a la idea de un acuerdo negociado y a la política de atracción de los patriotas liberales hacia la España «reformada» de José para salir de sus dificultades.⁷³ Puesto que las negociaciones fracasaron y que la rebelión, una vez apoyada por Inglaterra, sólo podía ser derrotada por medio de inyecciones crecientes de dinero y tropas de Napoleón, la idea de un gobierno civil independiente que atrajera a todos los corazones, según expresión de José, fue rechazada por el emperador y por sus generales, que no conocían más ley que la de la necesidad militar.⁷⁴ José y sus partidarios españoles trataron de acabar con los feudos de los generales ocupantes enviando delegados civiles, los cuales advirtieron en seguida que si podían hacer algo, sería tan sólo como subordinados de los generales allí mismo. Un gobierno español empobrecido que pedía fondos a Francia no estaba en condiciones de defender la independencia española. Los afrancesados y su rey protestaron violentamente pero en vano contra el decreto de febrero de 1810 que colocó a las provincias del Ebro bajo gobierno militar directo; la razón de ser de la monarquía de José se había desvanecido y la política de los afrancesados estaba en quiebra.

Muchos de los afrancesados importantes fueron burócratas cultos que veían en el sistema napoleónico una posibilidad de regeneración ordenada mediante leyes y prácticas administrativas modernas. Este grupo convirtió a Murat a la idea de una nueva constitución y colaboró con Napoleón en esa obra maestra del despotismo ilustrado, la Constitución de Bayona.⁷⁵

La oposición de los afrancesados acaso resultó ser siempre sospechosa: las acrobacias intelectuales de los afrancesados, empeñados en demostrar que los patriotas liberales abogaban por una guerra inútil cuando hacían frente a la brutal agresión francesa, cobra los visos de un sofisma repugnante, como Jovellanos, a quien esperaban atraerse, les dijera para su desmayo. Esto no lleva aparejado que todos los afrancesados fuesen los meros servidores de conveniencia de un poder contra el que les faltó valor de resistir. La guerra dejó poco tiempo para reformas; la regeneradora Constitución de Bayona nunca fue aplicada en España, y no llevaron a nada concreto los ambiciosos proyectos de un nuevo sistema de educación y de un código moderno basado en el Code Napoléon. A ojos de Napoleón, la reducción del número de monasterios y la abolición de la Inquisición no formaban parte de un plan de reforma y regeneración de España, sino que eran reacciones espontáneas a la necesidad financiera y a la idea fija que tenían los franceses de que la rebelión era obra de los frailes. Pero caben pocas dudas de que el reformismo de José era auténtico y se conjugaba con un intento de echar mano del pasado español; estimuló la construcción de un teatro nacional, creó una comisión para exhumar los restos de Cervantes y patrocinó un jardín botánico. La planificación urbana de su reinado lo simbolizaba; le faltaba dinero para levantar edificios donde los había echado abajo. Los impuestos paralizaban la pequeña zona de su reino efectivo. La población de Madrid languidecía supliendo la falta de pan como podía. Cuando Wellington entró en Madrid fue recibido a los gritos de «Viva el pan de a peseta».

La indolencia, el deseo de conservar sus salarios y de permanecer con sus familias explica en gran parte la colaboración de los afrancesados. Al igual que en la Guerra Civil de 1936, la fidelidad fue con frecuencia una cuestión de geografía: los sorprendidos en zonas francesas se convirtieron en afrancesados.⁷⁶ En Andalucía muy poco podía ganarse mediante la resistencia en una época en que el poder francés parecía inamovible: los intelectuales de Sevilla se pasaron en peso y la resignación ante lo inevitable se convirtió en colaboración activa en los grupos en que el odio a la «tiranía» de Godoy se había unido a una admiración parcial hacia la Revolución Francesa y a un regalismo encendido. Así, el poeta Lista, sacerdote reformista, se hizo masón y periodista a sueldo del mariscal Soult.⁷⁷

En Barcelona, la resistencia activa finalizó con el complot de mayo de 1809: cuando el gobierno francés pareció haberse consolidado, se abrieron los teatros, se reanudó la vida social y algunos de los emigrados regresaron. Cada fase de la ocupación contó con colaboradores de muy especiales condiciones. Cuando el juramento de fidelidad a José (abril de 1809) quebrantó la colaboración llena de reparos que prestaban las autoridades al principio, el corrompido gobierno militar de Duhesme obtuvo los servicios de Casanova;⁷⁸ éste, que se enriqueció con el tráfico de las cédulas de identidad y de los rescates y con la venta de cargos municipales, aventurero con mantenida y palacio particular, se convirtió en uno de los hombres más ricos y más poderosos de la Barcelona ocupada.⁷⁹ Menos ruines eran los que temblaban ante la idea de quedarse cesantes: «Quienes se nieguen a jurar fidelidad perderán sus cargos». Augereau (enero-mayo de 1810), aconsejado por afrancesados convencidos, trató de purgar la administración de estos servidores desganados y de apelar a la opinión ilustrada catalana para convencer a los patriotas locales de las ventajas positivas del dominio francés y de un sistema de gobierno moderno.⁸⁰ Esta «conquista moral» no podía arraigar, aunque sólo fuera porque un gobierno moderno significaba impuestos efectivos. Los nuevos consejos municipales funcionaron tan sólo en presencia del ejército y el sistema se hundió con la derrota militar.

Pero a pesar de los impuestos, de la miseria y del peso abrumador del ejército francés en el reino de José y en los feudos independientes de los generales, logróse que una administración racional y moderna sustituyera las confusiones del antiguo régimen. En Aragón y Valencia el general Suchet revisó las finanzas, reformó los ayuntamientos y disolvió los monasterios. Los funcionarios españoles fueron formados por expertos franceses.⁸¹ Algunas de las creaciones de José —el todopoderoso Ministerio de la Gobernación, que actuaba mediante prefectos— fascinaron a una generación de burócratas: Javier de Burgos, que sirvió a José en calidad de subprefecto, había de tomar la experiencia francesa por base en la reconstrucción administrativa de España.

Los afrancesados ilustrados iban a enredar las cuestiones políticas por su actitud especialísima hacia el liberalismo. Los conservadores sostenían que la semejanza entre las leyes de las Cortes de Cádiz y los decretos de la España de José hacía patente el carácter «extranjero» del liberalismo. El «impulso» de la defensa nacional derivaba de las «masas populares» y del clero, que odiaban por igual a afrancesados y liberales. De este modo el mismo anatema recaía sobre el liberalismo patriótico y sobre la traición de los afrancesados.⁸² Esta equiparación pasa por alto una diferencia esencial. Los liberales fueron demócratas, mientras que los afrancesados creyeron en la reforma desde arriba. El liberalismo implicaba la soberanía de la nación, y no simplemente una España dividida en provincias «racionales», libre de frailes y de la Inquisición.

4. La oposición conservadora y el regreso de Fernando VII, 1813-1814

Los liberales de Cádiz eran muy conscientes de los peligros de un ataque a la posición de la Iglesia en una asamblea en la que el clero constituía el grupo principal; veían que su mayoría menguaba de modo alarmante en cuanto se tocaba a cuestiones eclesiásticas. Cualesquiera que fuesen sus convicciones íntimas, los liberales estaban dispuestos a mantener el catolicismo afianzado como religión única en España, a considerar delito la herejía y a permitir la censura episcopal de las obras religiosas; como observaría Larra, se trataba de una libertad coja que sólo permitía discusiones «políticas», acusando las limitaciones que el temor a la Iglesia impuso al liberalismo.⁸³ Fueron por lo tanto las exigencias extremistas de la derecha clerical las que determinaron el tono del debate; eran aquéllas incompatibles con las exigencias mínimas del Estado liberal, aun cuando se tratara, como en muchas otras cosas, de una continuación de la obra de la monarquía. Los liberales esperaban que la Inquisición, como los monasterios, muriesen de muerte natural por obra de la legislación francesa: la publicación del Diccionario crítico burlesco, burdo espécimen de anticlericalismo volteriano, movió a los clericales a exigir la restauración del Santo Oficio.

El debate sobre esta cuestión (noviembre de 1813) dio lugar a una serie de ejercicios oratorios a lo largo de diecisiete sesiones. Los lugares comunes regalistas de Macanaz fueron complementados por el conocimiento histórico y legal de un puñado de sacerdotes «jansenistas» que consideraban a la Inquisición como una institución ultramontana que usurpaba los poderes de los obispos.⁸⁴ Se declaró inconstitucional la Inquisición, disputándose las antiguas leyes de las Partidas defensa suficiente contra la herejía. «Con esta declaración no se hizo innovación alguna.» Los liberales, una vez más, esperaban ocultar su liberalismo bajo el manto del respeto a la constitución histórica. Pero el color tradicional no podía velar los verdaderos problemas: los derechos de la nación soberana a decidir en todas las cuestiones (regalismo liberal, con las Cortes en el papel del príncipe) y el pleito entre las Españas tradicional y liberal acerca del significado de su pasado histórico. La Inquisición «había suprimido las verdades de la filosofía, la física y la geología», había esclavizado el espíritu español y rechazado el progreso. Ahí radicaba la simiente de todo el debate del siglo XIX. La preponderancia de la Iglesia era responsable de la decadencia de España, lastrándola en su carrera hacia el progreso. La Iglesia afirmaba que las declaraciones que todavía hacían los liberales en aras de la unidad del catolicismo, quedaban en nada sin los instrumentos para hacerlas efectivas, que la vida contemplativa del clero regular era esencial para un país católico, y que el liberalismo y el catolicismo eran incompatibles a pesar de los argumentos liberales en sentido contrario.

El rasgo más extraño de los triunfos iniciales del liberalismo en Cádiz residía en la falta de una consistente oposición conservadora a la aplicación de una filosofía política basada en el poder constituyente del pueblo soberano. Tras las tempranas pero ineficaces protestas del obispo de Orense contra el concepto de la soberanía de la nación, las cláusulas más radicales de la constitución fueron aprobadas sin ser sometidas a una crítica seria. La aparente unidad del patriotismo no se quebrantó hasta 1811; hasta 1813 los estamentos privilegiados no pensaron en la posibilidad de una reacción conservadora que recurriera al «pueblo» en contra de una minoría radical. Wellesley, advirtiendo este cambio en la opinión, se preguntaba si no había llegado el momento de «asestar un golpe a la democracia» mediante la revisión constitucional.⁸⁵

La oposición conservadora se componía de los estamentos privilegiados y de las instituciones cuya posición había sido minada por la legislación liberal. Mientras existió el Consejo de Castilla, su oposición no amainó: la antigua constitución, y con ella los poderes del Consejo, era inalterable sin el consentimiento del rey.⁸⁶ Las audiencias provinciales, limitadas ahora a funciones estrictamente judiciales, adoptaron una actitud parecida.⁸⁷ Los nobles protestaron contra la abolición de los señoríos, los ayuntamientos antiguos contra sus sucesores constitucionales. La nueva legislación creó una hueste de burócratas sin empleo, de funcionarios municipales y señoriales, que practicaban lo que los liberales llamaban oposición «pasiva» a la constitución: negándose las autoridades locales a realizar los cambios administrativos y a aplicar las leyes de las Cortes. Esta oposición se agudizó en 1813 cuando las zonas liberadas, donde la legislación moderna sólo se conocía como una imposición francesa, pasaron a ser regidas por la nueva Constitución.

La oposición del clero proporcionó a esta resistencia de los estamentos privilegiados un liderato a escala nacional y una causa comparable por su fuerza emotiva al mito del pueblo soberano. Si el bajo clero había visto con simpatía la reforma eclesiástica según las líneas «jansenistas», la jerarquía le era hostil, y a medida que crecía la acometida contra la propiedad eclesiástica, todo el clero se unió a los obispos salvo un puñado de sacerdotes liberales. Un grupo de obispos huyó a Mallorca. Su pastoral de diciembre de 1812 condenó la arremetida de las Cortes contra la disciplina, la doctrina, los privilegios y la propiedad de la Iglesia. La cuestión eclesiástica dotó a la oposición de un contenido intelectual que rebasaba la bicentenaria teoría del inquebrantable contrate original con el monarca. El liberalismo era herético: el jansenismo y el jacobinismo iban juntos. Y así los liberales consideraron esta resistencia como parte de «un amplio y atrevido plan», una gran conspiración clerical apoyada por los regentes y el nuncio pontificio.⁸⁸ Hacia 1812 el tono polémico se agrió mucho: las dos concepciones de España eran objeto de una guerra periodística.

Los serviles, como se llamaba a la oposición conservadora, tenían pocas perspectivas en las Cortes Constituyentes: el 23 de mayo de 1813 las Cortes convocaron a sus sucesoras, las Cortes Ordinarias, que habían de reunirse primero en Cádiz y luego en Madrid. Parece que los sacerdotes echaron alma y vida en la campaña electoral, ya que los liberales empezaban a ejercer presión en favor de la limitación del número de diputados que vestían la sotana, paso inconcebible en 1809. Así, los conservadores, apoyados por una prensa violenta y mejor representados en las Cortes Ordinarias, se creyeron capaces de desafiar al «jacobinismo». Los liberales estaban igualmente decididos a emplear su fuerza parlamentaria para impedir la reacción; parece que en los círculos masónicos llegó a hablarse de dictadura republicana.⁸⁹ En este momento cobró fuerza la idea de una milicia ciudadana para defender la constitución contra sus enemigos.

El futuro político de España dependía ahora de Fernando VII. El 24 de marzo de 1814, liberado por los franceses, el Deseado entró en su reino, sin saber qué sistema adoptaría. Los liberales, in extremis, condicionaron su reconocimiento del rey a que jurara solemnemente la Constitución y pusieron gran cuidado en fijar la ruta que debía seguir hasta llegar a Madrid. Dos consideraciones acabaron con las dudas de Fernando acerca de la posibilidad de desafiar al liberalismo: el general Elío le ofreció el apoyo de sus tropas para mantenerle en la plenitud de sus derechos, y al mismo tiempo el Manifiesto de los Persas, firmado por 96 diputados «serviles», que llegó a manos del rey en Valencia. El documento condenaba rotundamente la Constitución de 1812 y sugería un retorno a la constitución «tradicional». Con la seguridad que le daba el apoyo de un cuerpo de ejército y de un partido en Madrid, el rey se negó a reconocer la autoridad de la Regencia; el 4 de mayo publicó su primer decreto declarando nula y sin efecto la obra de las Cortes y adoptando una variante del programa persa. El general Eguía, nombrado secretamente capitán general de Castilla, entró en Madrid y arrestó a los dirigentes liberales (10 de mayo). Al día siguiente «los más bajos plebeyos» aterrorizaron a las «clases respetables» saqueando el edificio de las Cortes y rompiendo la piedra de la constitución. El golpe de estado de mayo fue un retorno a la coalición de Aranjuez: Fernando, el ejército y la muchedumbre callejera.

El paso dado por el rey determinó el carácter de la lucha política en España. Fue el primer repudio global de un régimen anterior que forzó al exilio a los partidarios del mismo, y los exiliados de 1814 fueron los primeros representantes de un fenómeno típico en la política española a lo largo de todo el siglo XIX: «una colonia transpirenaica» sin otra alternativa que la de derribar al gobierno mediante la revolución. Demostró, en el lenguaje de los periódicos realistas, que los adversarios políticos eran «perros sanguinarios» con los cuales había que acabar. Luis XVIII, otro monarca restaurado, aceptó una constitución en 1814 con la condición de que estuviera razonablemente «equilibrada» y de que se presentara como gracioso otorgamiento de la Corona y no como una imposición a ésta. Fernando rechazó sin más toda forma de constitución. La negativa de Fernando a toda componenda, ya lo decía Wellesley, era tan peligrosa como los «principios republicanos» que habían hecho de la Constitución de 1812 una morada política que ningún rey podía habitar con dignidad.

CAPÍTULO IV

REACCIÓN Y REVOLUCIÓN, 1814-1833

1. Restauración del absolutismo, 1814-1820

Fernando VII no fue el déspota empecinado de la historiografía liberal. Martirizado por la gota, sencillo hasta la austeridad y, contrariamente a las afirmaciones liberales, querido por sus servidores, fue un contemporizador por naturaleza, totalmente desprovisto de aquella firmeza que los agentes franceses advertían en su hermano menor, don Carlos. Muy a principios de su reinado se dio cuenta de que el liberalismo era impopular entre las masas y trataba con deliberado desahogo a las clases altas: su poder, como muy bien lo vio Lord Liverpool desde lejos, descansaba en una alianza del proletariado y el clero contra los «terratenientes» y la clase media. Para Fernando el recuerdo de Aranjuez, de la llegada a Madrid y del terror popular de mayo de 1814 representaba las raíces del poder. Al igual que los Borbones de Nápoles, eligió anunciar un estilo de vida que era versión regia del de las clases bajas. Una de las principales funciones de su camarilla de baja extracción era la de estar al tanto de la «opinión», madrileña sobre todo, para poder manipularla mediante sus agentes. Así como en otras partes de la Europa de la Restauración, la policía secreta hacía de sustituto parcial e imperfecto de las instituciones parlamentarias, informando al gobernante del sentir popular.¹ Sin embargo, hacia el final de su reinado, este contemporizador complejo y cuidadoso se dispuso a presentarse como un déspota ilustrado y a cortejar a sus súbditos instruidos. Aunque era un rígido absolutista en sus principios políticos, se observó que en la práctica «cedía a las exigencias del momento». Hubiera sido un modelo excelente para el retrato de Stendhal del déspota —caprichoso pero tímido— de Parma, a quien su ministro le advertía que «haber recibido el poder de la Provindencia no es ya bastante en estos tiempos; para conseguir ser un déspota se necesita inteligencia y una fuerte personalidad».

En mayo de 1814 el programa proclamado de Fernando se basaba en el de los persas. Para cierta escuela de historiadores modernos este programa (al que atribuye una importancia transcedente en el desarrollo del carlismo) representa una vuelta a la monarquía tradicional que gobierna por medio de las Cortes históricas, sujeta a Dios y al derecho, via media entre el liberalismo importado y el igualmente extranjero despotismo ministerial del siglo XVIII, una solución auténticamente española al problema político de la España moderna.² La imprecisión institucional de este programa y su evidente anacronismo le quitaron validez como base para un acuerdo de compromiso; cualquiera que fuera la intención con que se elaboró, habría de ser destino del Manifiesto Persa el de servir como punto de partida para una acometida contra el liberalismo y todas sus obras. El rey sólo tomó de los persas su ataque a la Constitución de 1812; el proyecto de unas Cortes se «perdió» en los debates académicos del Consejo de Castilla.³

En la medida en que Fernando tuvo un sistema, éste consistió en la restauración del mecanismo de gobierno y de la sociedad que había conocido en 1808: en el despotismo ministerial superpuesto a los antiguos Consejos, o sea, el mismo sistema que los persas profesaban aborrecer. Los únicos elementos nuevos eran la incoherencia e inestabilidad del gobierno ministerial y su repudio de las tradiciones reformadoras incompatibles con el ambiente de 1814. Así, se volvió a admitir a los jesuitas en el país; al igual que en toda Europa, la apropiación por parte de los revolucionarios de la tradición regalista-galicana hizo imposible su pervivencia en el seno de las monarquías restauradas. En cuanto a sus ministros, el rey vivía al día, teniendo a veces hasta dos ministros de Asuntos Exteriores. Los ministros eran directamente responsables ante el monarca, podían ser destituidos y caer en desgracia de repente, y eran mantenidos en una ignorancia total acerca de lo que hacían sus colegas. Cuando Cevallos fue ministro de Asuntos Exteriores, estuvo cuatro meses sin saber que España había «entrado» en la Santa Alianza. El ministro de Marina no fue informado de la compra de barcos rusos; cuando insistió en que los buques aludidos fueran examinados hubo de dimitir.⁴ Entre 1814 y 1820 un ministro solía conservar su cartera un promedio de seis meses.

La explicación de esta inestabilidad se debe buscar en la quiebra económica que reflejaba a su vez la depresión que siguió a la guerra, incrementada por una política monetaria restrictiva. El despotismo ministerial no podía funcionar satisfactoriamente en manos de reaccionarios clericales, que desconocían el mundo financiero. El empleo de funcionarios capaces, especialmente en Hacienda, dio lugar a intentos intermitentes de aprovechar lo que era utilizable de la tradición reformista, e incluso de conciliar a los elementos que habían sobrevivido a la purga del liberalismo. En enero de 1816 Cevallos puso fin a la persecución política con la esperanza de que «desaparezcan los apelativos de serviles y liberales». Garay, ministro de Hacienda entre diciembre de 1816 y septiembre de 1818, era amigo de Jovellanos. Su política «reformista» de economía estricta e impuestos a los estamentos privilegiados provocó una fuerte resistencia entre los representantes del antiguo régimen, encabezados por Eguía, quien llevaba peluca dieciochesca. Aunque una oscura conspiración masónica en 1816 había desacreditado la conciliación a ojos del rey, parece ser que en vísperas de la revolución de 1820, éste contemplaba de nuevo la posibilidad de hacer ciertas concesiones. Nos faltan los datos que arrojen luz sobre el auténtico significado de estos bandazos: a principios del reinado no faltaron algunos rasgos de reformismo dieciochesco, como la creación de cátedras de economía política, el interés por una educación elemental «que no presente riesgos» y la construcción del Prado. Probablemente el rey hubiera querido atraerse a los liberales imponiéndoles él sus condiciones, pero todos los intentos de lograr una amnistía a partir de 1816 cayeron en saco roto.⁵

Con esta máquina inestable y los limitados recursos de la España de la posguerra Fernando confiaba en recuperar el imperio americano; su dilema era que solamente la plata americana podía salvarle de la bancarrota mientras que sólo un Estado solvente podía reconquistar América. La cuestión americana era así de vital importancia para el éxito del restaurado despotismo. Pocos estadistas españoles eran capaces de reconocer que América se había perdido irremisiblemente; sólo a partir de 1820 un puñado de liberales empezó a hablar de la «inevitabilidad» de que el fruto caiga del árbol. Y es cierto que la reconquista no parecía imposible. Terminada la guerra en España, Fernando pudo enviar a América 10.000 hombres a las órdenes de Morillo, un general salido de la tropa, de gran valor y capacidad. Le fue relativamente fácil pacificar Venezuela y conquistar Cartagena de Indias, en Nueva Granada. Pero en 1816 Bolívar llegó nuevamente a Venezuela, donde los llaneros montados, antes acaudillados por Boyes al servicio de la causa realista española, se unían con Páez ahora al Libertador y a su pequeño ejército de criollos y voluntarios extranjeros. Como había de mostrar la historia de Cuba, la guerra en áreas subtropicales presentaba a las tropas regulares españolas dificultades casi insuperables. Con el año 1819 el saldo bélico se había convertido en desfavorable a Morillo, primero en Venezuela y luego en Nueva Granada, Con sus ejércitos reducidos a 2.500 hombres, sin paga ni abastecimientos, hostigados por una administración local corrompida, solamente una nueva expedición podía salvar la situación en el norte.⁶ En las Provincias Unidas de Río de la Plata la situación era irreversible: San Martín, en una campaña muy bien planeada, había llevado su ejército a Chile cruzando los Andes y estaba dispuesto a avanzar por mar hacia el Perú, bastión del partido españolista en América del Sur.⁷

Si Fernando no salvó todo lo que se podía haber salvado del derrumbamiento del imperio americano fue porque se negó a ver la realidad y porque siguió insistiendo con terquedad en que América permaneciera sujeta a la tradicional obediencia a la corona. La insurrección habría perdido fuerza en cuanto se hubiese concedido alguna forma de autonomía local y cierto abandono del antiguo sistema comercial; lo más que Fernando estuvo dispuesto a conceder (y fue un experimento breve) fue la entrada de criollos en la antigua administración. España se negaba a reconocer que no podía hacerse nada en América sin Inglaterra, primera potencia naval; sin embargo, Castlereagh consideraba que España era «altanera y vengativa», al tiempo que la diplomacia británica, haciendo poco caso de la susceptibilidad de un imperialismo declinante, aconsejaba a España que imitara la «generosidad» de Jorge III con América y el sistema comercial británico en la India. Gran Bretaña ofreció su mediación, basada en el respeto de la soberanía española, a cambio de la apertura de mercados y de que se hicieran concesiones a los rebeldes; pero ya que no estaba dispuesta a intervenir contra los rebeldes ni quería dejar que otros intervinieran si las concesiones no surtían el efecto apetecido parecía hipócrita hablar de la soberanía española. España, imprudentemente, intrigaba a favor de una coalición antibritánica, de la misma manera que en 1898 intrigó en pro de una coalición antiamericana; según palabras de Wellington, España actuaba «como si Europa estuviera a sus pies».⁸

La negativa a toda componenda que corona la política española con un halo de porfía terca, acabó con la idea misma de un acuerdo negociado. El último cubileteo, que de haber salido bien hubiera hecho innecesarias las concesiones, fue el envío de una nueva fuerza expedicionaria para derrotar a los rebeldes. Pero las arcas vacías de la España fernandina eran incapaces de poner en pie el pequeño ejército que tal vez habría aplazado la derrota. En 1818 el gobierno empezó a reunir un ejército expedicionario en Andalucía para proporcionar refuerzos a Morillo; la fuerza expedicionaria no derrotó a los rebeldes americanos sino a la propia monarquía. En enero de 1820 dos de sus oficiales subalternos se «pronunciaron» en favor de la Constitución de 1812.

El pronunciamiento fue el instrumento de la revolución liberal en el siglo XIX. Consistía en una insurrección de oficiales justificada por una burda teoría política que hacía del cuerpo de oficiales el depositario último de la voluntad general de Rousseau. Cuando esa voluntad venía viciada por los malos consejeros del monarca o, como habrían de mantener más tarde los teóricos de la desobediencia del Ejército, por la corrupción de las instituciones parlamentarias en manos de un grupo de políticos «antinacionales», podía ser rescatada por el gesto heroico de un general o la conspiración de un grupo de oficiales. El origen de la intervención de los militares en la política se halla tal vez en el papel que jugaron los generales en la administración del siglo XVIII («on peut dire qu’ils exercent presque toute l’autorité royale» comentaba un viajero francés del siglo XVIII aludiendo a los capitanes generales) y en los conflictos entre políticos y militares durante la Guerra de la Independencia. Pero tan sólo en el reinado de Fernando se desarrolló la intervención hasta adquirir la forma rígida de un drama clásico. Se iniciaban primero los sondeos preliminares (los trabajos)⁹ y un pequeño grupo de activistas en contacto con conspiradores civiles procuraba lograr la colaboración de oficiales y sargentos; venían luego los compromisos, por los que los cómplices se obligaban a actuar; por último, los dirigentes escogidos iniciaban la última fase mediante el grito. Era aquí, en la arenga tradicional a las tropas formadas, donde más visible era el formalismo revolucionario —había manuales como uno titulado Arte de entusiasmar a las tropas—. Como tipo de conspiración, también tenía su defecto persistente: el temor a ser descubiertos empujaba a iniciar la revuelta antes de que los compromisos fueran lo bastante firmes. Muchos pronunciamientos quedaban en fogata de virutas.¹⁰

A lo largo del siglo la relativa inmunidad que una policía ineficaz daba a los conspiradores y las peculiaridades del sistema carcelario fomentaron las conspiraciones.¹¹ Los generales descontentos podían poner el pretexto de que tenían una salud delicada para ir a reunirse con sus compañeros de conspiración: así, desde Lacy hasta Prim, los balnearios fueron objeto de predilección para los que se dedicaban a estos menesteres. A Quiroga, detenido por sospechoso en 1819, se le concedían libertades extraordinarias: jugaba al billar con oficiales amigos y paseaba por las calles bajo palabra de honor; y hasta se le permitió que Alcalá Galiano, agente de los masones de Cádiz, pasara la noche en su celda.¹² No es de extrañar que Quiroga acabase convirtiéndose en uno de los protagonistas de la Revolución de 1820. Un despotismo vacilante estimula la irresponsabilidad; siempre quedaba una posibilidad de éxito y de hecho fue la menos temible de las conspiraciones —la de 1820— la que derrotó al gobierno.

Los pronunciamientos de 1814-1820 se nutrían de una mezcla de descontento militar, ambición frustrada y principios liberales.¹³ Fernando estaba en bancarrota. Ni siquiera podía pagar el pequeño ejército que necesitaba desesperadamente para reconquistar América, y menos todavía el ejército hipertrofiado, legado de la Guerra de la Independencia. La situación de la economía hizo ineludible una vuelta a un ejército regular reducido y más barato, lo que echó en brazos de la oposición a los hombres más capaces del ejército, a los nuevos oficiales, cuyas simpatías liberales y cuya energía patriótica les valieron un ascenso rápido durante la Guerra de la Independencia. Porlier vio su carrera como general de guerrillas recompensada con un destino en una guarnición de provincias. Lacy, militar profesional sin fortuna que llegó a capitán general a los treinta y siete años, fue postergado. Mina, que consideraba Navarra feudo propio, presenció la disolución de sus guerrillas —inevitable ante la imposibilidad de pagarlas— y vio sus esfuerzos por salvarlas desatendidos por los nuevos cortesanos.¹⁴ Richart, que estuvo complicado en una conjura que tenía por objeto asesinar al rey en una casa de citas, era un contador militar de ideas liberales a quien no se tuvo en cuenta a la hora de integrar los oficiales sobrantes en la administración civil, único refugio para los que se encontraban excluidos del ejército. El desinterés por lo que sería de ellos hizo liberales de muchos que se vieron postergados en las listas de ascensos.¹⁵

Aunque les moviera el interés propio, estos hombres corrían grandes riesgos y estaban inspirados por el ideal del héroe romántico: tras la ejecución de Lacy en 1817 el fracaso significaba la muerte y el ingreso en el martirologio liberal. Sus adversarios les consideraban «oficialillos» cuyo rápido ascenso en tiempo de guerra les incitaba a presentarse como Bonapartes de burda imitación; ellos mismos se sentían «ebrios de gloria». Pero al menos el pronunciamiento no se había convertido todavía en una empresa en la que los generales se dedicaban al agio. Riego corrió serios peligros en 1820 y al final fue ejecutado. Los consabidos rebeldes militares de mediados de siglo rara vez sufrieron esa suerte.

Que los civiles de ideas liberales se opusieran a Fernando era inevitable después de las persecuciones de 1814, cuando los dirigentes que no buscaron amparo en el exilio fueron detenidos y encarcelados. Fue la oposición de todos los que vieron sus carreras truncadas —ya que un régimen de restauración en bancarrota no puede ni recompensar a los vencedores ni conciliarse a los vencidos— y de los que por haber vivido en una sociedad libre encontraron intolerables las frustraciones características de una sociedad que no lo era, donde la crítica a nivel particular no podía traducirse en acción a nivel público. La «insípida monotonía» de una vida social sin prensa (sólo se permitía la publicación de dos periódicos gubernamentales), sin asociaciones, sin «cafés respetables» quedaba aliviada únicamente por festividades religiosas y cortesanas.¹⁶ Sólo la ópera florecía.

De esta manera, los conspiradores militares podían contar con un ensanchamiento progresivo de su base civil. El intento de Mina de sitiar Pamplona en 1814 fue una empresa puramente personal, pero en 1815 la tentativa de Porlier de levantar La Coruña contó con el apoyo de los liberales más destacados de la ciudad y logró la suficiente colaboración popular como para organizar «serenatas y vistosas iluminaciones».¹⁷ Porlier fracasó porque no supo arrastrar a sus sargentos y por los celos de la clerical Santiago contra la mercantil Coruña. Lacy y los conspiradores valencianos pudieron contar con un amplio apoyo popular, desde comerciantes como Beltrán de Lis —en contacto con los militares como abastecedor del ejército— hasta zapateros y campesinos.

La revolución civil se organizaba en logias masónicas, y la indudable contribución de la francmasonería a la Revolución de 1820 fue lo que creó el mito de su fuerza oculta. Según los conservadores clericales, el liberalismo no era sino una conspiración masónica permanente. Aunque la masonería había de continuar siendo un elemento en el seno de las fuerzas liberales —especialmente en lo que hace a ulteriores tendencias republicanas no socialistas— no constituyó nunca más, como de hecho lo hizo en los años 1815 a 1820, su columna vertebral; e incluso entonces no era tanto un sistema de creencias como la única organización clandestina disponible para la conspiración.

Y como tal tenía defectos serios: al igual que los demás partidos españoles, los masones se caracterizaban por sus divisiones intestinas. La masonería española tuvo sus raíces primeras en el humanitarismo deísta de unos cuantos esprits forts del siglo XVIII. Entre 1814 y 1820 fue un movimiento que seguía tres cauces: una francmasonería con resabios conservadores, difundida por los franceses entre las castas vinculadas al régimen en tiempos de la ocupación; un grupo nacionalista-liberal, que tal vez acusaba influencias de la masonería inglesa, y que empezó por hacerse fuerte en Cádiz —se trata de la masonería de Istúriz, Alcalá Galiano y Mendizábal—, y una masonería puramente militar de jóvenes oficiales activistas. Las «logias» civiles, muy difundidas ya en el año 1817, se veían empujadas a la acción por las «trincheras» militares. Estas conspiraciones fueron deshechas por el gobierno, a pesar de su ineficacia, dejando la iniciativa en manos de la masonería militar en 1820.

¿Por qué, tras los fracasos anteriores, tuvo éxito el levantamiento militar de 1820, que fue según uno de los conspiradores, «arriesgado hasta un punto ridículo»? La explicación de Alcalá Galiano es sencilla: «la repugnancia de las clases de tropa y de los números a embarcarse hacia América» hizo que por vez primera soldados rasos y sargentos fueran sensibles a «las ideas sublimes y generosas de sus oficiales».¹⁸ La revolución significaba que no habría campaña americana. Los oficiales conspiradores estuvieron trabajando a sus sargentos con ofertas de tierras y liberación del servicio militar. La reducción del servicio militar habría de ser luego el incentivo por antonomasia con que los generales trataron de llevar sus tropas a la sedición.¹⁹ Como el ejército de América aguardaba un mes tras otro, acuartelado a la vista de Cádiz, fueron regimientos enteros los contagiados por la idea; el ministro de la Guerra auguraba que tal concentración de descontentos podía destruir la monarquía.

Tras el fracaso de una revolución «respetable» en 1819 la conspiración cayó en manos de jóvenes oficiales y de masones que se valieron de los misteriosos procedimientos de la secta para ocultar el hecho de que no contaban con el apoyo financiero del «viejo grupo» para recompensar la deserción general.²⁰ En el ejército nadie que estuviera más arriba del grado de coronel quería comprometerse; de ahí que los conspiradores «fabricaran» su propio general en la persona del coronel Quiroga, que luego sería eclipsado por Riego. Fue éste quien dio un programa a la revolución al manifestarse el 1 de enero de 1820 en favor de la Constitución de 1812. De este modo un solo hombre, actuando impulsivamente y sin consultar a los civiles, vinculó el liberalismo a la Constitución que habría de destruirlo. Sin embargo, no es del todo absurdo que el Himno de Riego se convirtiera en el himno del liberalismo. Aunque vano hasta lo pueril, era valiente, decidido y el único con la suficiente fuerza de voluntad como para persistir en la revolución hasta el colapso del régimen.

En enero y febrero de 1820 se fue desarrollando una situación muy curiosa. Los masones fracasaron al tratar de iniciar una revolución en Cádiz, donde la lluvia y la falta de organización mantuvieron inactivo a Quiroga. Riego dio con sus hombres un paseo por Andalucía donde solamente el pueblo serrano de Grazalema dio la bienvenida al libertador.²¹ La revolución quedó en sedición militar y parecía destinada a morir de muerte natural.²² Resucitó por obra del levantamiento de La Coruña que, en un salto atrás al federalismo revolucionario de 1808, se proclamaba capital de Galicia toda, y por obra de levantamientos en Barcelona, Zaragoza y Pamplona, donde los oficiales habían conspirado con el poeta Quintana (21 de febrero a 5 de marzo). Por consiguiente, el éxito de la revolución lo explica la debilidad del gobierno de Su Majestad. Durante dos meses un ejército enormemente superior se negó a emprender una acción seria contra los rebeldes y finalmente les apoyó.

El triunfo del liberalismo, por lo tanto, fue consecuencia de la actitud que tomó el ejército: una pequeña revuelta de oficiales se había beneficiado de lo que más tarde habría de denominarse el «pronunciamiento negativo», es decir, la negativa del ejército a seguir al gobierno. Fue esta misma actitud pasiva lo que hizo que María Cristina abdicara como regente en 1840 y que Alfonso XIII se decidiera a irse de España en 1931. Según Riego, el liberalismo había sido instaurado exclusivamente por los militares; los civiles habían perdido toda oportunidad de gloria al no lograr la sublevación de Cádiz cuando el ejército ya se había pronunciado. Arrinconó por completo a la junta civil, utilizándola únicamente para cubrir con el manto de su sanción los nuevos ascensos. En Madrid el liberalismo civil había estado a la espera de los acontecimientos. «Nada es más notable —escribía Wellesley— que la apatía del pueblo, que no ha tomado partido en la cuestión, sino que considera la querella como algo que va entre el ejército y el rey.»²³ La muchedumbre que rondaba en torno a Palacio se componía de ciudadanos respetables que vitoreaban a un rey que ya se había echado en brazos del ejército y de las guarniciones de provincias: no fue ella grupo de presión organizado que obligó a la Corona a transformarse en liberal, a aceptar la Constitución de 1812, a nombrar un ayuntamiento liberal y una junta para supervisar la instauración de la Constitución.

2. La Revolución de 1820, la España Constitucional y la Independencia de la América Española, 1820-1823

En el año 1820 quedaron establecidas las pautas que seguiría la revolución liberal: una insurrección militar, apoyada por una sublevación en provincias y finalmente sancionada por un cambio de rumbo en Madrid. Tal era «el método español de hacer la revolución», repetido en 1854 y 1868.²⁴ Semejante proceder dotó las primeras fases de la revolución de un matiz federalista. Así, España estuvo gobernada hasta julio por comités provinciales y locales o por los restaurados ayuntamientos constitucionales de 1814, dondequiera que los había. La Junta de Madrid nombró y controló el primer gobierno de la monarquía constitucional, el de los «presidiarios» (marzo de 1820), pero no tuvo más que Castilla bajo su poder; la Junta de Galicia y las juntas sureñas abolieron los impuestos y se dieron mutuamente un trato de Estados soberanos.²⁵ Ello es que la primera tarea del gobierno revolucionario consistió en dominar la anarquía en provincias y el radicalismo urbano y militar que reivindicaba el mérito de haber «hecho» la revolución y que tenía a Riego por jefe visible. Su segunda tarea era mantener a Fernando VII fiel a la Constitución de 1812 que había jurado defender, y fuera del alcance de la reacción absolutista. Estas dos necesidades dictaron el curso de los acontecimientos durante el «Trienio constitucional». Hasta julio de 1822 los gobiernos liberales maniobraron entre las intrigas del rey y las contramanifestaciones de los radicales; a partir de esa fecha y hasta la aniquilación de la España constitucional por la invasión extranjera, gobernaron los militares radicales pese a la hostilidad abierta del rey constitucional.

Si el liberalismo hubiera mantenido una apariencia de unidad habría podido resistir mejor las acometidas de la facción absolutista contra el gobierno constitucional. Pero cuando se reunieron las Cortes (en julio de 1820), el intento del gobierno de imponer el orden por encima de la libertad ya había quebrantado la «armonía de la familia liberal»: se había iniciado el proceso que habría de dividir el liberalismo en dos corrientes, de liberalismo «moderado» y de radicalismo de los exaltados. Esta división, que era esencialmente una división entre liberales y demócratas, entre hombres de fortuna y posición social por un lado y radicales urbanos por otro, era común al liberalismo europeo, del que ambas escuelas derivaron sus programas. El liberalismo español carece de toda originalidad de pensamiento; contiene poco que no se derive de los doctrinarios franceses y de sus oponentes democráticos o, aunque menos, del radicalismo inglés y señaladamente de Bentham. Lo que dio al liberalismo español su matiz característico fue su utilización de un sistema histórico de referencia que no tiene semejante en otros países, mientras que su importancia reside en haber intentado aplicar, por medio de la sedición militar, la política de intereses y la maquinaria del gobierno parlamentario dentro del marco de una sociedad subdesarrollada.

En el liberalismo de 1820-1823 la corriente moderada estaba representada por los liberales exiliados y por los «presidiarios», llamados así por el rey, quien les había encarcelado en 1814. Eran los hombres de 1812, los doceañistas, apaciguados sus ímpetus por el exilio, para quienes la política no era ya una ciencia abstracta deducible de axiomas inmutables. Creían en su mayoría que la Constitución de 1812 constituía un experimento que no podía funcionar, «sin contacto con el espíritu de la época». Todo el problema del liberalismo moderado de 1820 y posterior consistía en conseguir una Constitución «equilibrada» y manejable que pudiera lograr tanto la libertad como el orden, revisando la Constitución de 1812 sin que pareciera públicamente que se abandonaban sus principios. Confiaban en que una Constitución moderada de este tipo, que introdujera una segunda Cámara y que diera al poder ejecutivo cierto margen de libertad de acción, contaría con la colaboración de Fernando, ya que se respetaban las prerrogativas personales del monarca. Cuando quedó claro que ni el rey quería saber nada de constituciones, ni los demócratas radicales aceptarían que se revisara la Constitución, el liberalismo moderado quedó condenado. En 1820 los doceañistas eran los ministros de una revolución que no fue obra suya; se convirtieron en sus girondinos, odiando los clubs radicales y odiados por ellos, a la vez que su rey les desautorizaba. Pasó su hora, y tras la crisis de las Jornadas de Julio (1822), se retiraron de la política.

Aunque las convicciones políticas de los afrancesados no se alejaban mucho de las propias de los liberales moderados, aquéllos sufrieron durante el período constitucional el más complejo ostracismo político, convirtiéndose en los «judíos y parias» de la revolución. A pesar de los vínculos personales y de afinidades ideo lógicas, los liberales no podían acoger con simpatía el retorno a la vida política de los «traidores» de 1808 a 1814. Cortados de los beneficios que emanaban del triunfo liberal, se convirtieron en detractores profesionales de éste, y como integraban el grupo capacitado en la vida política, la crítica contenida en sus artículos periodísticos era peligrosa. Algunos, como Lista, siguieron siendo auténticos liberales; otros, como Hermosilla y Miñano, llegaron a odiar la revolución como cosa de jacobinos y sus polémicas fueron recompensadas por la monarquía restaurada después de 1823. Al igual que los liberales moderados, sus aliados futuros, se retiraron hastiados de la vida política tras las Jornadas de Julio.²⁶

Los exaltados, que representaban la fase anárquica de los primeros momentos de la revolución, consideraban que era una obligación democrática la de preservar la Constitución de 1812. El triunfo político les estaba necesariamente vedado: una vez que habían llevado a cabo la revolución, se les trató como a «parientes pobres», manteniéndoles a distancia por «una horda de arpías» —los doceañistas— que debían su posición de poder a la revolución que los primeros consideraban suya. La revolución triunfante implicaba un cambio en los cauces por los que se derramaban los favores que la vieja generación de liberales, ahora en el poder, no estaba en situación de afrontar. Este estado de cosas generó una multitud de radicales descontentos al acecho de cargos públicos, los llamados pretendientes, que habían de poner en brete a todo gobierno gestado por la revolución.²⁷

La fuerza de los exaltados estaba en las capitales de provincias y ante todo en el ejército de Riego, cosa de casa o patrimonio privado del radicalismo urbano del Sur. En Madrid, el poder radical residía en los clubs y en la prensa, que surgieron en la estela de la revolución, y en sus contactos con la masonería: estos factores permitían a los dirigentes radicales someter el gobierno a una serie de algaradas callejeras.

Pero ni los clubs ni las calles fueron siempre las fuerzas oscuras del turbio mundo de los tugurios, evocado por Galdós con los adjetivos de: «vulgar, obsceno y, sobre todo, cobarde». Los clubs buscaban la respetabilidad jacobina: estaban bien iluminados; «una guardia de soldados está allí para mantener el orden y una banda de música militar toca himnos patrióticos antes de que empiecen los discursos y en los intermedios».²⁸ Muchas reyertas callejeras tenían aire de jolgorio, de fiesta organizada de antemano y contemplada con interés desde los balcones. Pero a medida que la revolución tropezaba con la oposición doméstica y extranjera, el liberalismo exaltado, con su lema de «constitución o muerte», se endurecía y vulgarizaba adoptando el vocabulario de la reacción defensiva de los patriotas jacobinos de 1793. El hombre de la calle veía la revolución en los términos crudos de los pliegos de cordel y grabados populares, en los que los patriotas mataban a golpes a curas y serviles.²⁹

El atractivo del radicalismo exaltado para los infraprivilegiados era elemental y directo. «Los pobres no pueden pagar impuestos; que lo hagan los ricos.» Una de las características de 1820 había sido la abolición espontánea de los consumos o impuestos indirectos que gravaban los artículos de primera necesidad. Cuando el gobierno trató de volver a introducir estos impuestos odiados, los radicales advirtieron que los impuestos eran «el termómetro por el que juzgaba el pueblo sus instituciones», y que los intentos de volver a los antiguos gravámenes dejarían el entusiasmo constitucional reducido a «unos cuantos ciudadanos instruidos».³⁰ Su hostilidad hacia la revisión constitucional y a los liberales conservadores tenía matices sociales además de políticos: los radicales eran antiaristocráticos y detestaban la idea de una segunda cámara, que figuraba en los proyectos de los moderados.³¹

El gobierno de los presidiarios tuvo que pechar con la tarea de consolidar la gobernación coherente del país; con lo cual quedaron los exaltados con la obligación «de ilustrar al pueblo respecto de sus obligaciones y de censurar los abusos del gobierno». Ello significaba mantener vivo el ejército revolucionario31 bis y coaccionar al gobierno desde la calle para que no sacrificara la libertad y el orden. El intento del ministro de la Guerra de disolver el ejército del Sur y de enviar a otras provincias a los generales liberales hizo irreparable el cisma de las fuerzas constitucionales. Cuando Riego apareció en Madrid (21 de agosto de 1820), presentándose como un héroe radical, los clubs movilizaron la calle en contra del gobierno.

Luchando con el entusiasmo de la izquierda, el gobierno estaba amenazado a su derecha por las conjuras absolutistas apoyadas por un rey al que sus ministros presentaban en público como Fernando el Grande, modelo de virtudes constitucionales. El embajador británico, que dijo al propio Fernando que tenía una idea muy equivocada de su personal situación, escribió: «Si el rey hubiera obrado a las claras con sus ministros, sin alentar todas las conjuras contra el nuevo sistema, mucho se hubiera podido adelantar en materia de reformas».³² Hecho al despotismo, Fernando no podía convertirse en rey constitucional de la noche a la mañana; por otra parte no supo comprender en absoluto que el anhelo de amplios sectores por la revisión constitucional, que hubiese sido aceptable para sus ministros, le brindaba la posibilidad de hacerse de nuevo con el poder anexo a la corona.

Las propuestas del propio rey para la revisión constitucional eran tan alarmantes (habían de ser respaldadas por un ejército extranjero), que Wellesley le aconsejó que las quemara. En 1820 parecía jugar con la idea de una «fuga a Varennes» española, y cuentan de esta época la impopularidad del rey en los círculos radicales y las propuestas de que le sustituyera una regencia. Se pensaba que apoyaba solapadamente a los elementos anticonstitucionalistas de la guardia de Palacio y a los guerrilleros, de cuyos caballos se decía que procedían de las cuadras reales.³³ Para devolver al rey el sentido de la realidad, el gobierno se alió con los exaltados; el rey fue humillado durante tres días por el «desorden pacífico» de las manifestaciones callejeras por delante de Palacio, toleradas por sus ministros. Después de acusarles, y no sin motivo, de no protegerle del insulto público y de reducirle, según se quejaba ante los embajadores compadecidos, a la condición de un esclavo, los destituyó (marzo de 1821).

La designación del gobierno Bardaxí (marzo de 1821), más aceptable para el rey que los odiosos «presidiarios», fue la señal para una revuelta del radicalismo provincial que amenazó con reducir España a la anarquía.³⁴ Inspirada por la «persecución de los patriotas» (aquí, la derrama de los favores oficiales a nivel local en contra de los radicales), la revuelta se alimentó del desempleo y de la miseria, que las autoridades locales trataban de contrarrestar mediante auxilios y obras públicas. En Cádiz los extremistas propusieron volar el puente que unía la ciudad con la tierra firme y se pronunciaron por una República Hanseática de Cádiz. La ciudad se negó durante dos meses a reconocer «a los jefes nombrados por el actual gobierno aun después de que las Cortes hubiesen dado su opinión acerca del caso». Así que los radicales de Cádiz se empeñaron en desatender una decisión, no tan sólo del gobierno legalmente establecido, sino de las mismas Cortes. Al norte del país no se había conseguido nunca someter Galicia al control efectivo del gobierno central. La población de La Coruña manifestó su intención de desobedecer las órdenes de un gobierno aborrecido; Mina, siendo capitán general, se declaró en favor de los rebeldes «para salvar el orden público». Ésta habría de ser la excusa típica para todo general que se comprometiera con el radicalismo.³⁵ En septiembre de 1821 los radicales iniciaron en Madrid una manifestación en favor de Riego; fue dominada fácilmente por la milicia urbana y por el ejército en la batalla de Las Platerías que más bien pareció un remedo de zarzuela. Ello reveló que la fuerza del radicalismo no residía en la capital, que había sido la última gran ciudad en pronunciarse en 1820, sino que estaba en el radicalismo independiente de las provincias.

Esta oleada de radicalismo provincial que derribó el gobierno Bardaxí tuvo por reflejo una mayoría de diputados exaltados en las nuevas Cortes. Puesto que, al igual que en la Constitución francesa de 1791 y con las mismas consecuencias desastrosas para un gobierno eficaz, había incompatibilidad entre la cartera ministerial y el escaño de diputado, el rey nombró un gobierno elegido entre los liberales moderados de las primeras Cortes, con Martínez de la Rosa a su frente (28 de febrero de 1822). Éste era un doceañista para quien la libertad no era ya una bacante desenfrenada, sino una matrona austera; como uno de los jefes del movimiento romántico en España y dramaturgo conocido, era bien acogido en los «bancos de ideas serviles», como llamaban los exaltados a los salones de Madrid. Consideraba misión suya el llegar a dominar los clubs y la prensa radical; entonces el gobierno podría reformar la Constitución introduciendo una segunda cámara «aristocrática», el voto censitario y un ejecutivo reforzado, proyecto que merecía la aprobación del embajador francés como el mejor modo de salvar la monarquía. En mayo de 1822 el gobierno había dominado ya a los exaltados de las Cortes; este triunfo precario logrado para bien del orden y las esperanzas de una revisión constitucional fundamentadas sobre él quedaron anulados por las intrigas del rey en las Jornadas de Julio.

Las Jornadas de Julio fueron la culminación del descontento de la Guardia Real. Los regimientos de la Guardia, tropas veteranas y mandadas por aristócratas, y además cortejadas por el rey, eran las tropas más disciplinadas del Ejército;³⁶ cuando estaban de guarnición en Madrid constituían el factor aislado más importante de la política revolucionaria puesto que podían arrancar el control de las calles a la milicia, cuerpo formado para defender una Constitución que era el símbolo de la «esclavitud» del rey. Las riñas entre la Guardia y la milicia culminaron en el «martirio» del oficial liberal Landaburu (1 de julio), tema predilecto de los pliegos de cordel. El gobierno estaba tratando de obligar al rey a que redujera la Guardia a la disciplina cuando cuatro batallones, sin que nadie les diera órdenes en este sentido, fueron de Madrid a El Pardo, donde otros dos batallones dejaron el palacio incomunicado con la ciudad. El 7 de julio los batallones de El Pardo marcharon sobre Madrid.

El programa de la Guardia era tan confuso como vacilante fue su actuación: algunos dirigentes eran absolutistas; otros deseaban forzar la marcha del gobierno hacia la revisión constitucional.³⁷ Desde el primer momento quedaba claro que la Comisión Permanente de las Cortes, el ayuntamiento y la milicia estaban decididos a oponerles resistencia —proclamando una regencia en caso de necesidad—. El capitán general, Morillo, los ministros, prisioneros todos en Palacio y sin alimentos, estaban menos resueltos y trataron de llegar a un arreglo con los guardias.³⁸ Al propio rey le faltó valor para dar cima a un golpe de estado. El 8 de julio abrazó llorando a sus partidarios en Palacio mientras en las calles los guardias se veían derrotados por las tropas y la milicia, fieles a las autoridades constitucionales.³⁹ Si lo acaecido fue un intento serio de contrarrevolución consentido por el rey, resultó algo muy mal planeado y peor ejecutado. La conducta de Fernando había sido desastrosa a los ojos de sus partidarios y algunos monárquicos convencidos se pasaron a su hermano don Carlos.⁴⁰

Con el lamentable fracaso sufrido por Fernando en lo de la rebelión de la Guardia el absolutismo cortesano quedó seriamente quebrantado; las esperanzas de la causa absolutista estaban puestas en el campo y a finales de 1822 había empezado la que se ha denominado Primera Guerra Civil Española. En grandes zonas de la España rural el ejército y la milicia daban caza a pequeños grupos de guerrilleros absolutistas, al producirse un resurgimiento espontáneo de la tradición guerrillera. Las juntas absolutistas estaban organizando la rebelión en Navarra, Aragón y Galicia, mientras que los sacerdotes agitaban el campo «supersticioso» contra las ciudades «ilustradas».

Sin dinero y sin armas era imposible que los absolutistas derrotaran a un ejército regular todavía fiel a la revolución que había hecho. La única esperanza de éxito estaba, por lo tanto, en la ayuda francesa, por la que desde 1821 habían estado suspirando los exiliados absolutistas. Al igual que todos los exiliados, estaban divididos por rencillas personales. Eguía, un general anticuado e ineficaz, enredado con una pastelera de Bayona, estaba dispuesto a aceptar la ayuda militar francesa pagando por ella el precio exigido por París: la imposición al rey de una Constitución basada en la carta francesa de 1814. Así, paradójicamente, el programa de los realistas de Eguía era idéntico al que los ministros constitucionalistas deseaban imponer al rey al despuntar las Jornadas de Julio: la imitación de una Constitución francesa apoyada por los franceses.

Por mucho que se dieran cuenta de que tenían que hacer concesiones aparentes si pretendían lograr dinero y tropas francesas, los más de los realistas preferían a cualquier Carta afrancesada la reinstauración de la «vieja Constitución». En la práctica esto era tanto como volver al absolutismo. Los realistas «puros» estaban encabezados por el marqués de Mataflorida, uno de los artífices del programa persa y de la reacción de 1814. Se había atraído al barón de Eroles, el único general en activo que luchó en favor de una reacción realista y organizó una regencia realista en la ciudad pirenaica de Seo de Urgel.

En mi opinión los historiadores recientes han exagerado mucho la fuerza del llamado «absolutismo popular» representado por Mataflorida. Sus bastiones eran el Norte y las montañas de Cataluña. En Cataluña las facciones realistas se vieron dominadas por el terrorismo militar de Mina; como ex guerrillero sabía éste que la clave de la victoria estaba en impedir rigurosamente que recibieran ayuda alguna del campo.⁴¹ Los liberales no se equivocaban al afirmar que las facciones eran «lo más bajo de la sociedad»; tanto el liberalismo extremado como el absolutismo extremado fueron populares en el peor sentido de la palabra. Teniendo que contar únicamente con sus propios recursos y sin ayuda francesa, el segundo no hubiera podido imponerse en España.

Las Jornadas de Julio constituyeron una fecha crucial de la revolución tanto para los absolutistas como para los constitucionalistas. La ficción del constitucionalismo de Fernando el Grande se había esfumado por fin y sin ella se encontraba en peligro de muerte la misma Constitución. A partir de agosto de 1822, con el eclipse de los liberales moderados, el gobierno quedó en manos de quienes afirmaban haber «hecho» la revolución de 1820, es decir, los jóvenes masones y oficiales del ejército encabezados por el coronel Evaristo de San Miguel, que había tenido el mando de la milicia durante las Jornadas de Julio. El gobierno de San Miguel, dictadura de la izquierda militar, tuvo en su contra la oposición de los liberales moderados y del radicalismo sans-culotte de los comuneros de Romero Alpuente.⁴² Por muy a la izquierda que se inclinaran los gobiernos liberales habían de topar siempre con la oposición de hombres ávidos de cargos oficiales que, al ver defraudadas sus esperanzas, se presentaban como depositarios de la auténtica revolución y daban del gobierno la imagen de «una nueva aristocracia». Romero Alpuente era uno de tantos inadaptados sociales —un adversario le calificó de feo, sucio y mal vestido— que racionalizaron su descontento imitando el lenguaje de los jacobinos en la Gran Revolución, que seguía vivo en las imaginaciones de los radicales de toda Europa. Ante la amenaza de una contrarrevolución apoyada por las armas extranjeras, Romero Alpuente recordó las matanzas de septiembre en la Francia revolucionaria, «cuando en una noche fueron ejecutadas catorce mil personas». Conforme se iba haciendo cada vez más claro que las potencias reaccionarias estaban a punto de destruir la Constitución española con una invasión militar,⁴³ la situación parecía desde luego justificar una reacción patriótica defensiva, según el modelo jacobino.

La existencia en España de un gobierno liberal y constitucional fue desde el primer momento motivo de interés para toda Europa, al igual que habría de serlo nuevamente hacia 1830 y en 1936-1939. La Revolución Española de 1820 fue significativa en la Europa de la Restauración, no por la originalidad de sus ideas, sino porque era la primera fisura en la estructura conservadora de 1815. La Constitución española de 1812 se convirtió en grito de guerra en Nápoles, y tanto los decembristas rusos como los oficiales liberales de Piamonte se inspiraron en las técnicas del liberalismo militar español.⁴⁴ Una vez derrotada la revolución en Italia, España se convirtió, para los exiliados liberales, «en el último bastión de la libertad». Sólo declarando la guerra a Francia y uniéndose a la «causa general de la libertad» en Europa podía salvarse la España constitucional de la ira de los reaccionarios que superarían sus disensiones con tal de machacar la libertad dondequiera que alentase todavía.⁴⁵

La intervención contra Nápoles —acordada por Prusia, Rusia y Austria en diciembre de 1820— implicaba la intervención contra los progenitores españoles de la Revolución Napolitana. Aunque los ultras franceses veían en los guerrilleros absolutistas unos vendeanos y en las Cortes liberales una Convención, Villèle hubiera preferido salvar los principios monárquicos mediante una revisión de la Constitución española como la que había sido propuesta por el gobierno de Martínez de la Rosa. Al ser esto imposible cedió a la presión de los ultras en pro de una cruzada realista que había de devolver la libertad a Fernando VII.

Cuando la amenaza de una intervención francesa se hizo seria, el liberalismo se refugió en una serie de mitos. España desplegaría de nuevo «la energía y la decisión que habían asombrado al mundo en 1808». «Sí, les venceremos, ya que un hombre libre vale más que mil esclavos. Animados por el espíritu de la libertad trescientos griegos derrotaron a otros tantos millones que venían a oprimirles.» El mito de la superioridad del hombre libre sobre un ejército esclavo adiestrado, derivado del entusiasmo de Rousseau por las virtudes militares de la república independiente, habría de producir un daño incalculable en 1823 como en 1936. Los gobiernos no creían en él, pero lo aprovecharon para encubrir las dificultades políticas, financieras y diplomáticas de los preparativos guerreros. Al igual que en 1936, los liberales españoles no se avinieron a distinguir entre lo que eran manifestaciones populares de solidaridad izquierdista en otros países y la política de sus gobiernos. Parece que San Miguel confió hasta el final en un apoyo activo inglés, ilusión basada en la opinión británica más que en la declarada política de Canning, que era la de anticiparse a la invasión francesa imponiéndole a San Miguel una constitución revisada aceptable para Fernando y para los franceses.⁴⁶ Ya que San Miguel no podía de ninguna manera modificar una Constitución declarada «sagrada» en una emotiva sesión «romana» de las Cortes (9 de enero de 1823), la intervención se hizo inevitable.

Entretanto, con la perspectiva de una liberación por los ejércitos extranjeros, las relaciones del rey con sus ministros empeoraron rápidamente; alegó que estaba enfermo y se negó a trasladarse a Andalucía, fuera del alcance de los ejércitos franceses. Pese a las cortesías formales, los ministros trataban al rey como a un prisionero en su palacio lúgubre y vacío. Cuando destituyó al gobierno de San Miguel se vio obligado por los Motines de la Regencia a nombrarlo de nuevo (19 de febrero de 1823).⁴⁷ Tolerada, si no inspirada por los ministros, se reunió ante Palacio una turba agresiva, exigiendo la deposición del rey y la proclamación de una regencia. Las autoridades no hicieron nada por dominar a la multitud. El rey fue obligado a retirarse, contra su voluntad, con un nuevo gobierno, más radical todavía, a Sevilla, donde las Cortes le depusieron temporalmente e instituyeron una regencia. Éste fue el acto oficial más violento de la revolución; el rey jamás perdonó a sus autores, que figuraron en las listas de proscritos hasta el final de su reinado.⁴⁸

El 7 de abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron la frontera. Como pagaban escrupulosamente los suministros, las fuerzas francesas no encontraron resistencia alguna en las mismas comarcas donde los rezagados franceses de los ejércitos de Napoleón murieron salvajemente asesinados. Si bien la revolución había sido obra del ejército, los generales se apresuraron ahora a abandonar la Constitución, esperando que su propia posición quedaría a salvo si negociaban un acuerdo de compromiso. «Se condujeron de este modo para conservar puestos y honores, y para permanecer arriba, tanto en un sistema como en el otro.»⁴⁹ Morillo, en Galicia, encontró tan poco a su gusto la Regencia Constitucional de Cádiz como la Regencia Absolutista; se esforzó por imponer, mediante negociaciones con los franceses, un acuerdo constitucional moderado que contaría con el apoyo de los «hombres templados y con fortuna» frente a la «alucinada minoría».⁵⁰ La Bisbal, dictador militar de la provincia de Madrid, propuso a última hora un programa de amnistía y revisión constitucional. Sin ejército para defenderle (el antiguo regimiento de Riego apoyó a Morillo y la guarnición de la ciudad estaba a punto de amotinarse), el gobierno civil sitiado en Cádiz procuró ponerse a salvo físicamente a costa del Código Sagrado. El 30 de septiembre, a cambio de una promesa de amnistía, liberaron a Fernando, que había pasado sus últimos días como rey constitucional lanzando flechas de papel desde la azotea a la vista del ejército francés. Los «tres años de Constitución» habían tocado a su fin.

«La Constitución de 1812 —dijo un oficial liberal en el momento de rendirse a los franceses— fue hecha enteramente en beneficio del pueblo, pero éste la odiaba.»⁵¹ Esta impopularidad se debía en parte a factores situados fuera del control de los partidarios de la Constitución: la fiebre amarilla, riadas seguidas de sequías, el desempleo. En parte era también consecuencia de que repentinamente se impusiera la libertad a una sociedad hecha al absolutismo; la violencia de la prensa y de los clubs creó problemas de orden público que los liberales trataron de resolver mediante la legislación, pero que de hecho les obligaron a echar mano de un «despotismo» ad hoc y del gobierno por la milicia. Todas las revoluciones liberales de Europa naufragaron en este dilema. El programa liberal —que era una repetición ampliada de la legislación de las Cortes de Cádiz— carecía en parte de atractivo popular. Sobre todo, el odio a la Constitución era un síntoma de que el sistema liberal había dividido a España al atacar los intereses de la Iglesia.

Dos figuras simbólicas, retratadas frecuentemente en la literatura, representaban este cisma social: el anticlerical lugareño de los clubs y de las casas de huéspedes, que fomentaba el odio popular a sacerdotes y frailes, y el sacerdote político, que se sentía como en su casa en la tertulia de la aristocracia y de la burguesía devota, y que a la vez estaba en contacto con el mundo marginal del populacho que enarbolaba la cruz y la corona en sus algaradas.⁵²

Los liberales moderados eran católicos practicantes y muy conscientes de los peligros de un conflicto con la Iglesia; odiaban a los anticlericales más desorejados de entre los exaltados. Durante los primeros meses de 1820 los patriotas se regocijaban de la armonía que hermanaba Constitución e Iglesia, ya que el artículo XII de aquélla disponía que el catolicismo era la religión única de los españoles; la Constitución, escribió un poeta catalán, era «el nuevo Evangelio, la ley del Creador». Esta armonía se vio alterada por la legislación de 1820, que no fue obra de extremistas sino de liberales moderados. Ni la expulsión de los jesuitas (en julio), ni la abolición del fuero eclesiástico (en septiembre) ni la regulación de las órdenes religiosas fueron medidas impuestas al gobierno por los clubs, sino parte ineludible del programa liberal.⁵³ En un principio la jerarquía había recomendado que se aceptara la Constitución. Su neutralidad se volatilizó con los ataques a sus propiedades y a la jurisdicción eclesiástica y con el fracaso del gobierno en controlar la prensa y castigar a los agitadores anticlericales. Las herejías de Russó y Volter, de Jansenius y el Sínodo de Pisa volvían a aparecer sin sufrir castigo alguno del brazo secular y sostenidas por la gran herejía de la época, el liberalismo. «Los seudofilósofos de nuestra época —declaró el obispo de Barcelona— no han añadido nada nuevo a las herejías de los primeros siglos de la Iglesia.»

Para las órdenes religiosas la caída de la Constitución era la condición misma de su supervivencia. Por lo tanto se convirtieron en sus enemigos más violentos y declarados. Algunos conventos —Mora de Ebro, por ejemplo— ocultaban a los rebeldes absolutistas. Hacia finales de 1822 las autoridades locales aplicaron despiadadamente las leyes de octubre en las regiones desafectas y, así, solamente en cuatro de los treinta y dos conventos de franciscanos en Cataluña quedaban aún algunos monjes en 1823. Ese año la Iglesia tuvo sus primeros mártires políticos: a los frailes de Mora de Ebro se les fusiló por sus actividades contrarrevolucionarias y un obispo con cuarenta sacerdotes cayeron asesinados por una columna de milicianos.⁵⁴ La violencia de los «tiranos de ocasión» —soldados y jacobinos de provincias— que presidían la agonía de la España constitucional en 1823 asustó a las clases respetables.

La Revolución de Riego no fue solamente una crise de conscience para España y Europa, sino un acontecimiento que resultó decisivo allende el Atlántico, en cuanto por ende determinó la creación de las repúblicas independientes de la América Latina.⁵⁵

La política americana de los liberales de 1820 reprodujo los malentendidos y las confusiones de las Cortes de Cádiz: no podían ni prolongar el despotismo ni elaborar una política que reconciliase la España liberal con sus colonias insurgentes. El gobierno seguía con una política de conciliación a base de que se reconociera la soberanía de la España constitucional; no comprendía que posiblemente los americanos verían poca diferencia entre, por un lado, la Constitución de 1812 y la representación en las Cortes Españolas, y, por otra parte, el despotismo. Los americanos no deseaban «principios tan filosóficos que cautivan la mente», incorporados en una Constitución unitaria, por liberal que fuese ella, sino el libre comercio y el control absoluto de sus propios asuntos. Todos los proyectos de autonomía para América bajo monarquías borbónicas descentralizadas —solución que al menos tenía en cuenta la naturaleza de las exigencias americanas— se estrellaron ante la idea rígida que se hacía el rey de su relación constitucional con los territorios imperiales y ante el hecho de no ocuparse nunca las Cortes seria y sistemáticamente de los asuntos americanos.⁵⁶ Los diputados no disponían de información exacta y tendían a pensar que tan sólo «unos cuantos disturbios» habían perturbado la alegría con que la Constitución fue recibida en América. Más se podía aprender sobre América, según cierto diputado, «en una taberna de Londres que en Madrid».⁵⁷

La incapacidad que la España liberal demostró al no desarrollar una política americana liberal, hizo, junto con su impotencia militar, que la independencia de América cobrase virtualidad. El movimiento de pinza realizado por la expedición de San Martín, transportada de Chile al Perú por el almirante Cochrane y el avance de Bolívar desde el Norte, habían logrado por fin la liberación de Nueva Granada (1819) y Venezuela (1821), quedando todas las fuerzas del movimiento de independencia continental concentradas ante las últimas plazas fuertes de la resistencia españolista en el Perú. En julio de 1822 San Martín y Bolívar se reunieron en Guayaquil, en lo que hoy es el Ecuador. Sucre, lugarteniente de Bolívar, derrotó a las tropas del rey en Ayacucho en diciembre de 1824. España estaba exhausta y sus ejércitos habían perdido toda energía. «Esta horrorosa guerra ha terminado por fin —dijo al general Miller el jefe español capturado— y, a decir verdad, estábamos todos bien hartos de ella.»⁵⁸

Al mismo tiempo Nueva España conseguía su independencia convirtiéndose en México. El movimiento de independencia y la expulsión de los gachupines (españoles de la metrópoli que dominaban el comercio y la administración) se inició en México más lentamente porque los gachupines habían actuado con decisión en medio de la confusión creada por el colapso de la autoridad española durante la Guerra de la Independencia y porque el movimiento había adquirido visos de revolución social radical, que favorecía al indio y al pobre contra los criollos ricos, que en el resto de la América Latina eran quienes dirigían la liberación. Fue aquello el resultado inesperado del paso dado por el cura Hidalgo, quien hizo un llamamiento a los indios cuando fracasó en 1810 la conspiración criolla. Su sucesor a la cabeza de la insurrección contra España, Morelos, antiguo trabajador agrícola mestizo, estaba dispuesto a iniciar una revolución agraria.⁵⁹ Ante la perspectiva de ser expropiados o muertos por «un grupo de indios furiosos e ignorantes» los criollos ricos prefirieron apoyar la administración española a despecho de su propio deseo de independencia.⁶⁰ Por estos motivos perduró la autoridad real en México cuando ya había desaparecido en otras partes.

Sin embargo, en 1820, la perspectiva de una constitución liberal y la legislación anticlerical impuesta por una metrópoli liberal puso a los conservadores y a la Iglesia en brazos del movimiento de independencia; ahora, solamente un México independiente, separado de la España liberal, podía conservar el viejo orden.⁶¹ Salió un dirigente en el ambicioso oficial criollo, Agustín de Itúrbide, cuyo plan de Iguala era tanto un instrumento de independencia como una garantía para los intereses conservadores. El plan daba pie a la posibilidad de un monarca español, rey de un Estado independiente y fue aceptado por el jefe local español; sin embargo, las Cortes rechazaron ese acuerdo que hubiera podido conservar México como territorio dependiente de la dinastía. La España liberal no podía ni pensar en rendirse y en mayo de 1822 Itúrbide fue proclamado emperador de un Estado independiente.

La España oficial se negó durante muchos años a reconocer que había perdido América. Acariciaba ilusiones de una reconquista militar del Perú, o del retorno «espontáneo» de un continente agotado por la anarquía de la independencia. De ahí su negativa a reconocer a las nuevas naciones: la presión en favor de la reconciliación procedía de un deseo de volver a abrir el comercio (que había cesado a contar de 1824) y de conservar las únicas posesiones españolas que quedaban del Imperio, Cuba y Puerto Rico.⁶² Lo cual llevó a que se difundiera la idea de que la emancipación había sido inevitable y de que España no debía abismarse en el resentimiento por la «separación prematura». El reconocimiento, pese a todo, tardó sesenta años. Hasta el final la imagen que los españoles se hacían de América sufrió la deformación del prisma de sus ilusiones: en realidad eran muy escasas las perspectivas de restablecer la prosperidad española sobre la base del comercio con una América independiente y agradecida; si se prescinde de los artículos hechos al gusto español de los americanos, los productos procedentes de la Península Ibérica no eran lo bastante baratos para competir, en un régimen de comercio más libre, con los importados desde Inglaterra y los Estados Unidos.⁶³ Tampoco podía España convertirse en gran mercado para las exportaciones de sus antiguas colonias; andando el tiempo tan sólo Europa y los Estados Unidos podrían absorber la carne y el trigo argentinos. Por lo tanto los intereses y esperanzas españoles se centraron en la posibilidad de conservar los mercados cubano y portorriqueño como reservas privilegiadas, cerradas a los comerciantes no españoles. A ojos de Flinter, las Antillas eran «tan valiosas como un imperio». En lo que hace al panhispanismo la amenaza yanqui y la añoranza de un pasado estable y dejado atrás, sentida por los conservadores hispanoamericanos, pudieron, solas, darle algún contenido. Pero no se plasmó en nada palpable.

3. La década ominosa, 1823-1833

En nada han torcido tanto la historia de España los prejuicios de los liberales como en la descripción y en el enjuiciamiento de la que denominan «década ominosa» (1823-1833), presentada como un período de reacción clerical desenfrenada. «No puede lograrse nada bueno aquí; el país se va a desgarrar en los años venideros.» El hecho de que Angulema, jefe del ejército francés de ocupación estuviese desesperado por su impotencia en limitar las represalias e imponer un acuerdo moderado, oculta que la cruel reacción que censuró fue relativamente breve.⁶⁴ Fernando no podía sufrir a los liberales en las proximidades de la corte; tampoco quería oír hablar de Constitución ni de nada que recordase la discusión política. Sin embargo, no fue un tirano clerical en manos de unos ministros apostólicos reaccionarios. Como otros gobernantes de España, advirtió que el autoritarismo era bien recibido después de la anarquía revolucionaria. «El rey dio la paz deseada por el inteligente y buscada por el prudente.»⁶⁵ En la confusión de los años treinta la década ominosa parecía poco menos que deseable, como era de paz social y de expansión optimista. No puede decirse que un rey que viajaba por todo su reino en un solo carruaje y sin escolta gobernara mediante la fuerza bruta.

El sistema de Fernando era el despotismo ministerial, adulterado por la presencia en los ministerios de funcionarios como Ugarte y Calomarde, cuya filosofía política se resumía en la palabra con que se dirigían al rey, «amo». Ninguno de los ministros «respetables» apoyó una política de persecución general; depurar mediante tribunales militares a todos los que habían tenido alguna relación con el gobierno constitucional les parecía una operación demasiado amplia, que suponía la persecución de toda una clase social. El embajador francés y las fuerzas francesas de ocupación se opusieron a ella sin cejar. El ejército fue virtualmente disuelto y se inició un expediente a todos los oficiales. Pero hacia 1827 la depuración se había convertido en algo parecido a una formalidad y Llauder, inspector de Infantería, ascendía a los oficiales antes de haber sido ellos «depurados». El control de la composición del cuerpo de oficiales en el «nuevo» ejército estaba en sus manos y llegó a contar más militares profesionales que absolutistas profesionales.⁶⁶ A partir de 1825 la persecución oficial se reanudaba tan sólo cuando el rey se asustaba hasta el punto de aliarse con los clericales ante las tentativas revolucionarias liberales. Así, el desembarco de Valdés en Tarifa (agosto de 1824), pronunciamiento liberal condenado al fracaso, permitió a los clericales derribar al ministro de la Guerra, De la Cruz, que había tratado de disolver a los voluntarios realistas, el brazo más fuerte de la reacción. Fueron las autoridades locales y no el gobierno central las responsables del Terror Blanco, represalia por el terror radical de 1822-1823.⁶⁷ En Cataluña, por ejemplo, se impuso una política de concordia y de olvido de yerros pasados (1824-1827), obra de los oficiales del ejército francés de ocupación y del capitán general Campo Sagrado, que se ganó el agradecimiento de los catedráticos liberales al permitir que se llevaran los libros prohibidos de la biblioteca de la Universidad antes de su inspección por los depuradores locales.⁶⁸

Al igual que en los primeros años de su reinado, toda la política de Fernando estaba condicionada por la bancarrota de la Hacienda: dedicó una cantidad de tiempo increíble a conseguir pequeños préstamos privados para pagar el personal de Palacio y nimios gastos domésticos. El absolutismo neto no tenía ninguna solución para el problema financiero y el rey no tenía más remedio que seguir las sugerencias de sus ministros algo más moderados; éstos recomendaban ya una modernización del sistema fiscal ya un crédito extranjero. Pero ambas cosas eran incompatibles con el absolutismo neto. Un sistema fiscal moderno atacaría a las privilegiadas provincias forales, mientras que un presupuesto intangible y unificado topaba con la oposición de los reaccionarios que lo consideraban como una forma solapada de constitucionalismo, que coartaba la libertad de acción personal del rey. Fernando había repudiado los empréstitos extranjeros del gobierno constitucional y sus intentos de conseguir dinero en los mercados de París y Londres fueron bloqueados por los banqueros, que venían a constituir «una liga liberal», en el sentido de que habían invertido mucho en la España constitucional.⁶⁹ Se ejercía pues una constante presión financiera sobre Fernando para que evolucionara hacia un sistema más liberal y hacia una amnistía generosa que hiciera volver a los exiliados que estaban «envenenando las fuentes del crédito».

Durante nueve años de la década ominosa el Ministerio de Hacienda estuvo en manos de Ballesteros. Terrateniente gallego de poca monta, era éste un técnico de la Hacienda, partidario entusiasta del renacer industrial de Cataluña y de la contabilidad por partida doble. Aun sin ser él un liberal, sentía fuertes simpatías por la mentalidad moderna de los afrancesados, cuya capacidad reconocía, y estaba dispuesto a prescindir del pasado liberal en los nombramientos del ministerio de su cartera. Con hombres de este calibre los años posteriores a 1826 fueron testigos de un revivir del despotismo ilustrado, recayendo el peso de la tarea sobre técnicos administrativos que eran afrancesados arrepentidos.⁷⁰

Todavía más notable fue el intento de popularizar el despotismo ilustrado empleando a periodistas afrancesados. La penúltima pose de Fernando VII fue la de un augusto patrono de las artes, defensor del dramaturgo Moratín y benefactor del Prado, que podía esperar, no sin ciertos motivos, las odas laudatorias de Quintana, el poeta liberal. Lista, escritor con un pasado afrancesado, trató de dar publicidad a los esfuerzos del rey por «conquistar la inteligencia» mediante el fomento de la industria; cuantos representaban «la ilustración y las fuerzas vivas de la sociedad» no tenían más remedio que apoyar a un gobierno que construía carreteras, dotaba a Madrid de una bolsa de valores rudimentaria, celebraba una exposición industrial en 1828 y creía en la educación progresiva en ciencias naturales y en artes y oficios.⁷¹ Fernando fomentó el progreso material como sustitutivo del liberalismo; ello era posible en un régimen de silencio donde no había periódicos, sino gacetas oficiales, y donde se publicaba muy poca cosa que no fuera literatura anodina y devocionarios. En último término el progreso y el despotismo habrían de mostrarse incompatibles: fue uno de los propagandistas de la nueva orientación de Fernando quien formuló el axioma de que «donde hay industria nace fácilmente la libertad».

La naturaleza del gobierno de Fernando se ve con mayor claridad en la oposición que encontró. Con anterioridad a 1830 las únicas revueltas serias fueron las de los absolutistas más extremados. Su descontento se centraba en el hecho de que Fernando VII se negara a que su gobierno fuese una empresa apostólica; el que no echara a los liberales de cargos que los absolutistas podían ocupar con provecho se consideraba «persecución atroz». Los voluntarios realistas, que tenían su origen en las guerrillas de 1821-1823, tenían la función de un cuerpo de policía militarizado, que dependía directamente del rey y podía utilizarse en contra de cualquier revolución. Ante el desprecio de muchos oficiales del ejército regular y sin el apoyo del gobierno, que dejó su paga a cargo de los ayuntamientos, el cuerpo de los voluntarios se convirtió en una fuerza semiorganizada de unos cien mil descontentos.⁷²

En Cataluña, donde era especialmente evidente que se daba protección y empleos a los ex liberales, los extremistas del absolutismo, resentidos, se pasaron de Fernando VII a su hermano don Carlos. En el clero de Manresa y de Vic encontraron un grupo de propagandistas a cuyos ojos un gobierno que se negaba a restablecer la Inquisición era tanto como un gobierno liberal. La «Revuelta de los Agraviados» en Cataluña (1827) fue de hecho el primer levantamiento carlista, aunque don Carlos se negó a sancionarlo. Las condiciones que los rebeldes querían imponer al rey contienen el primer esbozo del programa carlista: disolución del ejército liberal y sustitución de éste por un ejército realista; exilio de todos los funcionarios liberales; abolición de «novedades» como la instrucción pública, destitución del gobierno y restauración de la Inquisición.⁷³

La ficción que sirvió de excusa para la revuelta fue que el rey había caído en manos de los francmasones. Esta ficción se vino abajo con la estancia del rey en Barcelona y la supresión de la asonada. Fernando se convirtió en el héroe de las clases medias barcelonesas; le concedieron un préstamo y el rey les recompensó con tarifas proteccionistas. Pero era imposible una alianza real y duradera trabada con cualquier clase de liberalismo auténtico y sin una política coherente. El nuevo capitán general de Cataluña que se apellidaba España, era un digno representante del absolutismo necio que seguía siendo una de las constantes en el gobierno de Fernando VII. Más que nada, fue su tiranía la que convirtió a Barcelona al liberalismo. Por temor al contagio liberal procedente de Francia después de 1830, el general España dio nueva vida a los voluntarios realistas, pero en Barcelona se presentaron tan sólo siete oficiales y veinte hombres para prestar servicio.⁷⁴

Los orígenes inmediatos del carlismo como partido político y los comienzos del proceso que habría de sustituir el despotismo ministerial de Fernando por la monarquía constitucional deben buscarse en el choque de las facciones cortesanas entre 1830 y 1832, crisis prolongada que habría de culminar en los «Sucesos de La Granja», como se llama al teatral desenlace de septiembre de 1832. En diciembre de 1830 Fernando se había casado con María Cristina de Nápoles. En cuanto llegó a España, María Cristina cayó en que su poder dependía de que don Carlos perdiese su influencia política en la corte y quedase descartado de la sucesión a la muerte de Fernando —que estaba, desde luego, cerca— en el caso de que ella tuviese una hembra en vez de un varón, ya que el derecho de la mujer al trono no estaba unánimemente reconocido.

No hay razón alguna para atribuir a la reina simpatías liberales. Se aprovechaba más bien de cuantos apoyos podía allegar, entre los que se distinguían por su oposición al absolutismo clerical identificado con don Carlos: liberales barceloneses, ultrajados por el conde de España; nobles, que afeaban la mezquina corte de Fernando y su preferencia por «los lacayos», y oficiales del ejército resentidos hacia el ejército paralelo de los voluntarios realistas. En marzo de 1830 sus partidarios en la corte convencieron al rey para que diese el paso decisivo; publicóse la Pragmática Sanción que excluía a don Carlos de la sucesión incluso si la reina alumbraba una hembra. El nacimiento de Isabel pareció condenar el carlismo a la impotencia política. Con lo cual éste se vio obligado a controvertir la legalidad de la Pragmática Sanción para sostener las pretensiones de don Carlos al trono.⁷⁵

Hasta la muerte del rey, los carlistas, con la aprobación pública de don Carlos, no fueron nunca más allá de los intentos de impugnar la legalidad de la Sanción y de luchar en la corte contra el partido de la reina. Su causa se vio favorecida por un nuevo brote de actividad revolucionaria liberal que, como solía acontecer, empujaría a Fernando VII hacia la derecha. Aunque las miserias del exilio en Euston y Jersey habían acentuado más que remediado las divisiones entre radicales y moderados (que confiaban en un cambio de sistema en España más que en un levantamiento iniciado por una invasión preconizada por los radicales), la Revolución de Julio de 1830 en Francia abrió perspectivas que ni siquiera los moderados supieron desoír: Mina, respaldado por el banquero Lafitte, confiaba en el apoyo francés. Pero Luis Felipe sólo lo prestaba como palanca para forzar el reconocimiento diplomático para sí mismo; cuando el reconocimiento español estuvo próximo abandonó a los liberales, dejándolos entregados a los recursos mucho más débiles de sus admiradores —entre ellos, los Apóstoles de Cambridge de Tennyson—. Las invasiones liberales fueron un fracaso total; Torrijos fue capturado y fusilado en Málaga; Mina, tras increíbles peripecias, escapó a Francia. Semejantes empresas sólo pueden explicarse por la spes phthisis política de los exiliados y por las ideas subyacentes a todo pronunciamiento. Ningún general que se «pronunciaba» contra el régimen esperaba verse implicado en una conquista militar de su propio país: el ejército, minado por las transacciones, apoyaría el gesto simbólico del grito y el gobierno caería como en 1820. Las invasiones de 1831 fueron un ejemplo más de los muchos errores de cálculo acerca del grado de latente deslealtad en el ejército, y de la fuerza vinculante de las vagas promesas.

Las invasiones liberales debilitaron las fuerzas de la moderación en España, como siempre ocurre con tales empresas. El rey se volvió hacia los absolutistas y renació la depuración política. «El rey de España —escribió Custine, que se hallaba en España en esta época— se convierte en un tirano por miedo.»⁷⁶ Las fuerzas de la reacción en la corte podrían aislar a la reina y dejarla sin poder para oponerse al golpe de estado carlista, que debió su nombre al palacio de verano de La Granja.

Allí, en septiembre de 1832, Fernando sufrió lo que todos sus médicos creyeron sería un ataque de gota mortal. Sola en La Granja, con sus partidarios políticos en Madrid, la reina se vio obligada a revocar la Pragmática Sanción cuando don Carlos la amenazó con la guerra civil si mantenía el derecho de su hija a la muerte del rey (17-18 de septiembre). Durante la semana siguiente reaccionaron sus partidarios y el 1 de octubre el gobierno entero fue sustituido por otro encabezado por Cea Bermúdez. Se ha dicho que este cambio fue una revolución liberal, dirigido entre bastidores por cortesanos liberales como Miraflores. Pero eso no es cierto. Se trató de una reacción defensiva de los partidarios de la reina, que buscaban apoyos abriendo las puertas de la monarquía a los enemigos declarados de don Carlos. Fue aquel el contrato original por el que se fundó el partido cristino, llamado así por apoyar a María Cristina y las pretensiones de su hija contra los carlistas: «Ayudadme, que os ayudaré».

Aunque las cláusulas del acuerdo no hablaban de una Constitución, innovación inconcebible para burócratas de carrera como Cea, significaban, sin embargo, un cambio de orientación dentro de la estructura de la monarquía tradicional y se puede alegar que tal cambio llevaría a posiciones de poder e influencia a quienes no se iban a contentar con un absolutismo templado por reformas administrativas. Esta nueva orientación fue obra del ala «liberal» del gobierno de Cea: las universidades abrieron sus puertas después de dos años de tenerlas cerradas; se dio una amplia amnistía a los antiguos liberales, diez mil de los cuales pudieron por lo tanto regresar a España; el ejército fue depurado de carlistas notorios y los voluntarios realistas dejaron de existir como organización militar y financiera independiente.⁷⁷ Y, lo que es más importante, el rey, al recuperarse, condenó la intentona carlista de imponerse al país en La Granja, alabó lo hecho por la reina, y volvió a publicar solemnemente la Pragmática Sanción.

De este modo, cuando el rey murió finalmente en septiembre de 1833, la máquina estatal estaba en manos de los cristinos. El ejército había sido reformado a partir de 1825 excluyéndose de él tanto a los liberales extremados como a los absolutistas netos; los militares recibían su paga con regularidad y los oficiales eran hombres de carrera con quienes podía contarse —todo lo contrario de la política fernandina de «desinterés» por el ejército que siguió al año 1814—; estas medidas salvaron sin duda el trono para su hija. Se podía contar con los capitanes generales y con los jefes importantes para oponerse a un golpe de mano carlista. Don Carlos estaba exiliado en Portugal y sus seguidores mal vistos en la corte. Si querían que su causa triunfara, los carlistas tenían que dejar de basarse en el poder de una facción cortesana y convertirse en un movimiento popular que pudiera derrotar a los cristinos en campo abierto.

Con la muerte de su hermano se esfumaron los escrúpulos que no dejaban al pretendiente alentar la rebelión armada. Creía halagüeñas sus probabilidades de triunfar en una guerra civil. «La nación está conmigo», le dijo a María Cristina; a ojos del pretendiente el liberalismo era una planta exótica, cosa de «aristócratas imbéciles», de oficiales y de literatos, sin raigambre en España. Esto era una grave equivocación. De tal modo había cambiado la sociedad española que el triunfo del carlismo era ya una imposibilidad económica, social e intelectual.⁷⁸

CAPÍTULO V

LIBERALISMO Y CARLISMO, 1833-1840

La muerte de Fernando VII convirtió la discordia de las facciones cortesanas en una guerra civil entre los partidarios de don Carlos y los defensores del trono de la reina Isabel. La Guerra de los Siete Años, que se inició como lucha entre dos versiones de la monarquía absoluta, la una representada por el sistema de Cea y la otra por don Carlos, se transformó, por la obligada alianza de María Cristina con los liberales, en una guerra entre los grandes principios del liberalismo y la reacción. Al igual que en 1936, idealistas, periodistas y soldados de fortuna, acudieron a España porque tenían la sensación de que se ventilaban en sus campos de batalla grandes problemas de la civilización europea. La moralidad de la intervención, el valor militar y las reivindicaciones de soldada de los voluntarios extranjeros, o el contrabando de armas por la frontera francesa se discutían en la prensa europea de 1830 tanto como se discutirían cien años más tarde acerca de la no intervención, las Brigadas Internacionales y las vicisitudes de la Revolución y la Guerra Civil españolas. The Times, por ejemplo, dedicó en los años treinta del siglo pasado dos artículos por semana a la descripción detallada de los acontecimientos políticos y militares de España.¹ En ambos casos, esta proyección sobre España de la consciencia europea vició y simplificó excesivamente los extremos de la controversia.

1. Liberales y radicales y el Estatuto Real de 1834

El eje de la defensa del trono de Isabel contra los carlistas fue su madre, María Cristina, instituida reina regente en el testamento de Fernando. Mientras persistió el temor a la anarquía del 23 y la vida del rey se interpuso entre las «clases ilustradas» y el carlismo, los hombres inteligentes pudieron considerar la monarquía no reformada como «la única ancla de salvación que le queda a España». Con la muerte de Fernando, como había augurado él mismo, el tapón de la botella salió disparado. Ante la revuelta carlista, la monarquía se vio obligada a componer con las que un contemporáneo llamó «ideas de felicidad que abundaban en la imaginación de los ricos e ilustrados»; si el partido de la reina regente quería derrotar al carlismo en el campo de batalla tenía que valerse de los recursos y la capacidad de quienes afirmaban que la falta de una Constitución liberal «mantenía a España por debajo del nivel europeo».²

Cea Bermúdez, heredero de Fernando como primer ministro, esperaba mantener en España el único sistema que conocía, el despotismo ilustrado, del que era un servidor modelo. Trabajaba catorce horas diarias y solamente veía a sus familiares inmediatos, de modo que ignoraba por completo el anhelo, cada vez más generalizado, por alguna forma de gobierno representativo. Para Cea la exigencia de reformas políticas, como cosa distinta de la mejora administrativa, era nada más la plataforma de un grupo de políticos ambiciosos sin apoyo alguno fuera de Madrid; sacrificar la monarquía a las exigencias de este grupo sería impulsar hacia el carlismo a un país conservador y enajenarse las cortes de Prusia, Rusia y Austria; conseguir la amistad de éstas era su obsesión. No estaba dispuesto ni a modificar su apoyo al absolutismo en Portugal (los liberales consideraban la lucha de Isabel contra don Carlos unida a la disputa de la reina María de Portugal con el pretendiente dom Miguel, conservador y clerical), ni tampoco a escuchar los consejos de los embajadores británico y francés de que moderara su intransigencia antiliberal. De ahí su declaración, en octubre, de que mantendría el orden tradicional en la Iglesia y en el Estado, declaración que Guizot consideró un desatino irreparable.³

El grupo de cortesanos, militares y burócratas que, junto con sus aliados en los salones aristocráticos de Madrid, maquinó la caída de Cea era plenamente consciente de los peligros de un resurgir del radicalismo democrático de los años veinte. Deseaban un arreglo constitucional basado en una «libertad prudente» que «indujera a la opinión sensata a abandonar las pretensiones exageradas». En vez de recurrir a lo que Burgos llamó «la falta de medida de los corrillos populares y las maniobras de las sociedades secretas», los enemigos de Cea prefirieron destruir su sistema de inmovilidad política presionando en la Corte y aceptando la intervención de los generales que pensaban como ellos. Quesada y Llauder, capitanes generales de Castilla la Vieja y de Cataluña, sometieron memorias pidiendo reformas políticas, ejemplificando por primera vez las nuevas formas de política militar que serían la norma a partir de 1837. Llauder rechazó toda alegación de que él deseaba figurar como «intérprete de la voluntad nacional». No obstante vio el axioma capital de la acción militar: la protesta de los generales colocó a Cea en una posición «en que le era imposible gobernar».⁴ Un arreglo constitucional de signo conservador, que tal vez iría un poco más allá que las promesas de Fernando en 1814, impuesto a la monarquía por militares respetables, lograría el entusiasmo liberal para la guerra contra el carlismo sin ceder a la revolución; en palabras de Llauder, se pondría a salvo «el trono de Isabel II sin tumultos y sin violencia», o sea, sin los exaltados.⁵ Este arreglo se plasmó en una nueva Constitución, el Estatuto Real de abril de 1834, elaborado por el gobierno de Martínez de la Rosa, que sucedió a Cea en enero.

Para la Corona, este tipo de liberalismo respetable parecía una inversión segura; el Estatuto Real se basaba en la Charte de 1814, compromiso que había resultado aceptable para la monarquía borbónica restaurada en Francia. Los peligros que a largo plazo encerraba la inversión liberal aparecieron cuando la cláusula principal del contrato original —«la exclusión de las pretensiones exageradas del radicalismo»— no pudo mantenerse ante la derrota militar a manos de los carlistas vascos. La Constitución «segura» de 1834 no pudo lograr la adhesión de todos los liberales; era la creación de un grupo de liberales regresados del exilio amparados en una amnistía, que aceptaron el poder en condiciones que dejaban fuera a otros liberales —los que no fueron amnistiados hasta las Navidades de 1834—. Una vez que los exaltados hicieron nueva irrupción en la política, el liberalismo se dividió, como había ocurrido durante el primer período constitucional, en dos corrientes, una radical y otra conservadora. Estas dos corrientes habían de desembocar en los partidos progresista y moderado.

A contar de 1837, estas dos agrupaciones, que en diferentes reencarnaciones habrían de repartirse el poder y la derrama de favores en el seno de la monarquía constitucional hasta su caída en 1931, encarnaron dos tendencias distintas en lo tocante a su doctrina constitucional, a su composición social y a sus opiniones acerca de cómo llevar la guerra y qué alianzas extranjeras favorecer con vistas al triunfo bélico contra los carlistas. Ni en su período de formación, que perduró al menos hasta 1837, ni en su apogeo fueron estos dos grupos partidos disciplinados; tampoco comprendieron las normas que rigen el turno de los partidos en un sistema constitucional maduro. Se comportaban a menudo como lo hicieron los partidos de la Inglaterra del siglo XVIII, utilizando las mercedes gubernamentales como aglutinante político. Fue la fluidez misma de este sistema la que hizo de la Corona, como «poder moderador», el eje central del mecanismo político.

Los moderados eran los oligarcas del liberalismo.⁶ Militaban en sus filas los terratenientes de Vizcaya que temían la intrusión de los abogados y comerciantes de Bilbao y San Sebastián en su monopolio de la administración local. Y también los había aristócratas, como el marqués de Miraflores, cortejado por María Cristina en los días difíciles de 1833, con poca simpatía por los clérigos y los validos poco brillantes de la empobrecida corte carlista. Y funcionarios de carrera —siendo sin duda el representante más distinguido de esta categoría Javier de Burgos— que representaban la «aristocracia de la administración pública» que, según Miraflores, había sustituido a la antigua aristocracia como fuerza política;⁷ burócratas poco aficionados al nuevo estilo de la vida política pero dispuestos a acomodarse a ella aliándose a las fuerzas más respetables de la nueva situación. Los abogados establecidos que llevaban los asuntos de los terratenientes aristocráticos, y los periodistas afrancesados, reacios al exclusivismo patriótico del radicalismo, que sabían bandearse dentro del liberalismo conservador, también tendían a incorporarse a las filas moderadas.

Tras los sucesos de agosto de 1836, cuando una revuelta de sargentos⁸ obligó a la Corona a nombrar un gobierno radical, el liberalismo conservador empezó a temer cada vez más una revolución social primitiva que se valiera de los ayuntamientos elegidos democráticamente y de la Milicia Nacional —elementos consagrados ambos por la Constitución progresista de 1837—.8 bis En 1836 la antigua Milicia Urbana se convirtió en una fuerza abierta a todos los propietarios de fincas urbanas y comerciantes «que se ganaran la vida de un modo satisfactorio para la autoridad municipal», que podía comisionar oficiales y a cuyas órdenes estaban sometidos los jefes de la milicia. En combinación con los ayuntamientos elegidos sobre la base de un sistema censitario amplio, la milicia había de convertirse en el ejército privado de los ayuntamientos radicales, con patente para aterrorizar a los partidarios de una Constitución conservadora. Uno de estos broncos militantes describía a Borrow la forma en que actuaba: «Si tropezamos con alguien que no nos gusta, nos echamos encima de él, y con una faca o una bayoneta le dejamos en el arroyo revolviéndose en su propia sangre; solamente un nacional puede permitirse esto».⁹ Los moderados miraban la milicia con horror; se decía que Istúriz odiaba tanto a los milicianos que se negaba a ir por las calles en que podía vérseles. Junto con la revolución municipal, el sistema de la milicia simbolizaba el fin de la dominación de los prohombres locales; en el ayuntamiento tendrían que obedecer a sus zapateros y a sus sastres, a sus carniceros y barberos en la calle.¹⁰

La composición social de los moderados determinaba el contenido de su doctrina constitucional. Incumbía a su pensamiento político dar con una ideología apta para la defensa de una clase dominante, prescindiendo de las premisas tradicionalistas (es decir, carlistas). El matiz burkeano de su pensamiento se debe a una mezcla del conservadurismo histórico de Jovellanos (los radicales llamaban jovellanistas a los moderados) con principios derivados de los doctrinarios franceses y del estudio de la Constitución inglesa. Martínez de la Rosa, que había estado exiliado en París, representaba las ideas francesas, mientras que Alcalá Galiano, que abjuró gradualmente de su pasado radical, terminó por admirar la estable política inglesa y a los utilitaristas prácticos que había conocido en Londres.¹¹ Entre ambos fundaron el credo moderado y llegaron a ser lo más próximo a pensadores originales que produjera el liberalismo español. Se logró una reconciliación de libertad y orden, de progreso y tradición, rechazando los principios políticos abstractos: en su lugar los moderados presentaban la que se complacían en llamar Constitución histórica de España.

Su teoría política partía de la base de que la sociedad tradicional de modales sencillos y jerarquías reconocidas, alabada por apologistas católicos como el sacerdote catalán Balmes, había muerto; en una sociedad moderna el derecho al poder político debía basarse en la riqueza y en su producto, la inteligencia.¹² Las Constituciones no debían basarse en la soberanía popular, a la vez que inferir un amplio sufragio de una premisa tan irreal sería preferir la ignorancia a la ilustración. El poder político debía seguir al poder social y los principios políticos debían estar supeditados a la «utilidad pública», por la que Martínez de la Rosa entendía los intereses sociales existentes. Al igual que los girondinos, los moderados hablaban de la elegancia ateniense, de los derechos de quienes vestían bien, leían periódicos inteligentes, sabían lo que ocurría en la Europa contemporánea y no se dejaban engañar por los eslóganes jacobinos.¹³ Eran ellos los defensores sin remilgos del gobierno de la clase media, por lo que entendían gobierno que representase los intereses socialmente significativos, salvos los entregados al carlismo; y el Estatuto Real de 1834 se elaboró precisamente para defender estos intereses.¹⁴ Si se la despoja de sus bambalinas históricas, resulta que la Constitución de 1845 —la Constitución clásica del liberalismo conservador— sirvió para el mismo propósito.

Al igual que los liberadores de 1812, los artífices de la Constitución de 1834 afirmaban haber «restablecido con plena fuerza y vigor las leyes fundamentales de la monarquía». Progreso y tradición, libertad y orden podían ser reconciliados al rechazarse los principios abstractos en favor de los procesos históricos que habían creado la «Constitución interna» de España. Esta Constitución, reconocida por las Cortes aunque no creada por ellas, comprendía las soberanías independientes y paralelas del rex y del regnum, de la Corona y de las Cortes. De este modo se esquivaba el reconocimiento del dogma democrático de los poderes constituyentes de la nación y la pretensión realista de que las Constituciones fueran concesiones graciosamente otorgadas por el rey. En términos legales la ficción de un esfuerzo por «salvar antiguas instituciones rejuveneciéndolas» significaba un ejecutivo fuerte como emanado de las prerrogativas de la Corona, unas Cortes convocadas y disueltas por el rey sin iniciativa legislativa; una segunda cámara compuesta de grandes y dignatarios eclesiásticos, civiles y militares nombrados por la Corona; y un sistema censitario estrecho.

Con todo, ni aun el mayor romanticismo histórico podía ocultar el hecho de que los procuradores y prohombres de la nueva Constitución eran cosa muy otra que los estamentos medievales. Los principios «modernos» del debate público y de la prensa libre habrían de neutralizar las cuidadas limitaciones del Estatuto y de establecer la responsabilidad de los ministros, y la Constitución histórica llegaría a ser tan incómoda para los conservadores como las vestimentas medievales que lucían los diputados. Así, los diputados radicales pronto pusieron dificultades al gobierno de Martínez de la Rosa explotando aquellos derechos que la Constitución no podía negarles: se esforzaron por dar mayor amplitud al derecho de petición, al derecho de contestación al mensaje de la Corona, al derecho a recibir informes de los ministros, todo ello en aras de un quebramiento de las cuidadosamente esbozadas limitaciones de la iniciativa política y del poder de la cámara baja, y también con el fin de exigir al cabo una nueva Constitución.¹⁵ Ningún gobierno podía sobrevivir frente a una cámara baja que no deponía su hostilidad. Cuando las Cortes derribaron el gobierno de Istúriz, nombrado por la Corona, la reina regente recurrió a su disolución (22 de mayo de 1836) «para que la nación pueda juzgar acerca de las diferencias que dividen a mis ministros y a los diputados». Al encontrarse ante un conflicto entre las dos soberanías gemelas de la historia —el monarca y las Cortes— la doctrina constitucional moderada se hundió. Sólo podía resolver sus contradicciones recurriendo a la fuerza militar o a la nación soberana.

El poder soberano de la nación, rechazado por los moderados como fundamento del derecho constitucional, era el lema del partido progresista y había proporcionado los fundamentos doctrinales para la Constitución de 1812. Para la mayoría de los progresistas, la Constitución que había dado al liberalismo español su reputación europea se estaba convirtiendo en una herencia molesta; una vez en el poder, la sustituyeron por la Constitución de 1837, que habría de perdurar hasta 1869 como expresión clásica del liberalismo avanzado. Relativamente pobre en sus declaraciones de principios abstractos, fue elaborada por hombres radicales en filosofía que, influidos por el ejemplo inglés, admiraban el progreso y tenían en cuenta su relación con un gobierno estable. Esa Constitución fue un intento de dar con un instrumento de gobierno parlamentario sencillo, moderno y eficiente; a diferencia de los moderados, los progresistas no hicieron concesiones en lo referente a la resurrección de reliquias históricas y estaban dispuestos «a adoptar mejoras extranjeras para mantener la libertad».

La Constitución de 1837, por lo tanto, era muy distinta de la de 1812. Preveía una segunda cámara nombrada por la Corona a partir de listas presentadas por los electores; los ministros eran designados por el rey y tenían un escaño en las Cortes (una desviación radical de los dogmas de Cádiz); la Corona podía convocar y disolver las Cortes, y el único residuo del afán de 1812 de tener presa a la Corona consistía en la reunión automática de las Cortes en cuanto el rey tratase de gobernar sin el parlamento. La ruptura con el pensamiento constitucional moderado reside en la manera en que se daba validez a la Constitución más que en su contenido, por cuanto se la derivaba de la soberanía de la nación y sólo era aceptada por la Corona. Una sola cláusula hacía de la Constitución una constitución de partido: los ayuntamientos habían de ser elegidos por el pueblo y habían de controlar la Milicia Nacional. Fuera de esto los dirigentes moderados vieron en ella lo que realmente era: una Constitución que podía funcionar, de tono más respetable que radical.

¿En qué se distinguían entonces los progresistas de los moderados? Eran europeístas más radicales que los liberales conservadores. Su ataque a la Iglesia era más decidido, su individualismo económico más radical que el de los moderados, aunque calculado de manera que ni lograría la adhesión de los pobres ni se enajenaría las simpatías de los ricos. Como los moderados, los progresistas convenían en que los derechos políticos y los derechos de propiedad eran algo concomitante y justificaban el gobierno de una clase media «ilustrada»; pero su criterio acerca de la propiedad era más amplio y pensaban además que la ilustración se había difundido ya más allá de las capas superiores de la clase media. Eran éstas distinciones de énfasis más que de principio. Por ello se podía seguir definiendo al liberalismo en cierto sentido como meramente anticarlista, y, en consecuencia, podía afirmarse que la «armonía de la familia liberal» exigía un sistema de partido único. El sueño de un partido liberal reunido obsesionaría a los políticos durante largos años.¹⁶

Lo que más claramente diferenciaba a los dos partidos era la teoría de los progresistas de la legitimidad de la revolución; los moderados rechazaban la tradición radical de la revolución en tanto que los progresistas eran partidarios vergonzantes suyos.¹⁷ La herencia de los exaltados en el seno del partido progresista no se manifestaba tanto en la doctrina, como en la táctica política: la nación soberana podía ser llamada a las barricadas cuando no existían medios «legales» que permitiesen el acceso al poder de los progresistas que se veían a sí mismos como encarnación única y legítima del pueblo.

Sirviéndose de sus Cortes Constituyentes, la nación soberana se daba una Constitución, un código fundamental. Si esta Constitución era atacada por la mayoría parlamentaria conservadora de unas Cortes ordinarias, existía «el derecho de rebelión legal». Tal fue el argumento adelantado por los progresistas cuando los moderados trataron de modificar la Constitución de 1837, y el problema central de la Revolución de 1840.¹⁸ Si la Corona se rodeaba de malos consejeros que jugaban con la Constitución, o si se negaban a respetar la supuesta voluntad de la nación manteniendo el poder «ilegítimamente» en manos de los enemigos políticos de los progresistas, entonces la nación recobraba la soberanía. El gobierno constitucional, según Mina, significaba que el pueblo podía pronunciarse contra los ministros sin incurrir en el delito de rebelión contra la Corona. Nada podía ilustrar más claramente la falta de simpatía de los extremistas respecto de la mecánica del parlamentarismo liberal. El gobierno constitucional se distinguía del absolutismo por un derecho «legítimo» a la rebelión.¹⁹ Cuando los moderados, en 1843, pensaron en rebelarse, no pudieron justificar su revolución por sus propias premisas burkeanas y se vieron obligados a recurrir a una teoría de la rebelión constitucional tomada de sus oponentes.

Si los progresistas siguieron fieles a la revolución popular no fue gracias a la coherencia de sus principios, sino debido a pura necesidad política: la hostilidad de la Corona y la fuerza electoral de los moderados, dentro de una franquicia electoral restringida, hacían que el ascenso por medio de la revolución fuera el único medio de llegar al poder. Así, en 1835, en 1836 y en 1840 los liberales radicales fueron llevados al poder por sendas revoluciones urbanas de provincias, ayudados en 1836 por un motín de sargentos y en 1840 por el ejército de Espartero. Los moderados —observaba Arrazaola, uno de sus dirigentes— podían seguir gobernando casi todo el tiempo porque podían valerse de la fuerte y generalizada opinión conservadora, alarmada por los excesos de la democracia; mientras que los progresistas «tenían que suplir su reducido número por la energía», o en otras palabras, superar la resistencia de la corte y del campo por medio de la revolución y creando luego desde el gobierno lo que Mendizábal llamó los nuevos intereses, es decir, una base clasista estable para la política progresista.²⁰

El curso de estas revoluciones, difícil de trazar en las fuentes, parece seguir tres fases distintas. Primero se iniciaba la revolución provincial primitiva, que se difundía «como una enfermedad contagiosa» de ciudad en ciudad. En general empezaba con un incidente local insignificante en sí que desataba el descontento endémico; se reunían muchedumbres y las autoridades locales perdían el control. En la segunda fase los políticos progresistas y prohombres locales se hacían con la revolución popular «restableciendo la paz social» mediante el establecimiento de una junta de ciudadanos respetables, a veces reforzada con un representante del pueblo. Ésta puede denominarse la fase de comités de la revolución, en la que los excesos locales eran dominados pero durante la cual el gobierno central abdicaba el control del país en una red de comités locales o de ayuntamientos nuevamente constituidos. La fase final, por lo tanto, consistía en la restauración del control central, por un gobierno que «representaba» la revolución. En la jerga de la época, la revolución primitiva era obra del populacho, de la «canalla plebeya» cuyos excesos eran lamentados o excusados como una necesidad revolucionaria; en la segunda fase, dominaba el pueblo, o sea los representantes respetables del pueblo soberano; la tercera fase se distinguía por la reconciliación de la libertad con el orden efectuada por un gobierno llevado al poder en Madrid por las revoluciones locales que tenía que procurar dominar.²¹

En la fase preparatoria de la revolución se daban casi siempre las dos características siguientes: cierto empeoramiento de la miseria de las masas urbanas y el temor a las conjuras carlistas y a la traición gubernamental. Los brotes responden con mucha exactitud a la dislocación industrial o al desempleo (especialmente en Barcelona, que se estaba convirtiendo rápidamente en una capital revolucionaria) y a una alza de los precios del trigo. Los disturbios se producían casi siempre en los meses «caros» y representan sin duda la reacción directa al hambre más aguda y a la vie chère, harto corriente en la historia de la Revolución Francesa. El trigo se hizo dos veces más caro entre 1833 y 1835, y la exigencia más repetida de la revolución primitiva era la abolición de los consumos, los impuestos indirectos que aumentaron el precio de los alimentos.

Al igual que durante la Guerra Civil de 1936, la presencia de una quinta columna en todas las ciudades creaba un ambiente de temor y de sospecha. Rodeados de un campo carlista, sin ninguna confianza en el modo de llevar la guerra el gobierno central, los radicales locales fácilmente se sentían los jacobinos salvadores de la revolución a punto de ser traicionada. Esta mentalidad explica algunos fenómenos característicos de las primitivas oleadas de «anarquismo»: quema de conventos, matanzas en las prisiones y la brutalidad de la gente.²² El cadáver del general Bassa fue arrastrado por las calles de Barcelona. La mano cortada del general Quesada circuló por las mesas del Café Nuevo. Se trata de la reacción defensiva de los descamisados del año 11, protagonizada por oscuros meneurs; los camareros, los buhoneros, los carpinteros, los pequeños comerciantes, los «personajes» de los barrios obreros se veían jugando el papel de «parodias sangrientas de Robespierre», arrestando a sacerdotes sospechosos, predicando la guerra revolucionaria contra los carlistas. Incluso su lenguaje recuerda al de los hebertistas: la carestía del pan era culpa de los aristócratas, que engordaban con el sudor del pueblo.²³

La última operación de la revolución era la más delicada y arriesgada. ¿Cómo podían en Madrid los políticos cuyo poder se basaba en la «tremenda ira del pueblo» dominar a las autoridades revolucionarias locales? El gobierno tenía que salir victorioso de la fase de los comités si quería restablecer las jerarquías normales de la administración disolviendo las Juntas y destituyendo a una serie de patriotas oficiales. La alianza con la revolución popular se rompía invariablemente ante las necesidades del gobierno ordenado. Por diplomático que fuera el trato dado a los entusiastas de las provincias, se iba abriendo un abismo entre los dirigentes de Madrid y los cuadros y la base de las provincias, que consideraban la reimposición del control central como una traición a la revolución.²⁴ El gobierno de Espartero fue un largo proceso de enajenación de la revolución que le había convertido en regente en 1840. Hacia 1843 la distancia entre los dirigentes y las masas se había convertido en la debilidad fundamental del partido progresista.

Esta distancia reflejaba la heterogeneidad social del partido progresista. Los moderados representaban un agrupamiento aristocrático y de alta burguesía, militar y profesional, relativamente uniforme. Los progresistas contaban con generales y sargentos, con periodistas indigentes y comerciantes al por mayor, con abogados respetables y matadores de toros. De ahí la obsesión de los dirigentes progresistas por la creación artificial, por medios legislativos, de unos «intereses», de una clase que representara la revolución progresista. Pero el progresismo siguió obstinadamente siendo un sistema de creencias más que una coalición de intereses. Cuanto más vagas eran estas creencias más fácilmente cubrían las fisuras en su base social. «Profesamos un liberalismo de tipo abstracto, no muy claro, no siempre lógico, teñido de un cierto misticismo en virtud del cual aceptamos fórmulas convencionales como axiomas sagrados, más respetables ante nuestros ojos cuanto más abstrusos y misteriosos.» El entusiasmo por una ideología vaga fue utilizado más tarde por los republicanos federales para esquivar los peligros inherentes en la elaboración de un programa susceptible de romper la unidad de intereses forjada mediante fórmulas retóricas.

El núcleo del partido lo integraban los pretendientes, aquellos sectores de las clases medias urbanas subempleadas que precisaban cargos gubernamentales para ganarse la vida, una clase cuyas miserias y humillaciones son un tema repetido en las novelas de Galdós.²⁵ Ser aspirante a un puesto gubernamental era una profesión poco menos que honorable y desde luego reconocida, que suponía el hacer visitas rituales a los ministerios y cultivar el trato con los prohombres del partido. Como en la India moderna o en Italia del sur, se trataba de una clase instruida (aunque a menudo muy rutinariamente), hecha a pretensiones y perspectivas que estaban muy por encima de la capacidad de absorción de una sociedad subdesarrollada. Es imposible comprender la política de la España de mediados de siglo sin tener presente siempre lo numerosa que era esta clase; en 1840 había 3.636 aspirantes para treinta y tres plazas en la administración de Correos.²⁶ La lucha por los favores que brindaba el ayuntamiento era la que a ojos de muchos españoles confería un sentido a la política y la que convirtió al gobierno municipal en problema fundamental entre 1838 y 1840. Cada partido tenía su «aristocracia de mandarines locales» y su hueste de clientes. Y cada uno deseaba controlar la administración local para sostenerlos.²⁷

Esta situación creaba dificultades especiales para los jefes del partido progresista: sin pasto suficiente para alimentar a toda la manada, los que se quedaban postergados a la hora de distribuir los favores entre los pretendientes, pasaban a la oposición. La oposición de los progresistas disidentes de 1840-1843 fue considerada como un partido compuesto de quienes no habían recibido prebendas de los gobiernos de Espartero. Después de cada revolución progresista, las juntas daban cargos a sus partidarios locales encontrándose luego con que el gobierno central se negaba a reconocer los nombramientos hechos por ellas, por mucho que el gobierno mismo derivase su poder de la revolución. Y cada vez esta poda inevitable y necesaria del mundo bohemio de funcionarios autonombrados era considerada como una traición a las masas por parte de los dirigentes.

La miseria y las amenazas del carlismo determinaban la geografía de la revolución: en 1835 el centro fue Andalucía, donde se produjo un intento de volver al plan de 1808 de una Junta Central de las ciudades del sur, impuesta por un «ejército» lanzado sobre Madrid por el conde de Navas tocado con un gorro frigio. En 1837 los puntos neurálgicos fueron Zaragoza, Barcelona y Málaga, desde donde el movimiento se difundió al norte. Madrid, por lo tanto, estaba expuesto a un movimiento de tenaza revolucionario que partía de Aragón-Cataluña y de Andalucía-Extremadura.

Madrid no era una capital revolucionaria; tenía que ser conquistada por la revolución gestada en provincias. Con una guarnición segura de tropas leales, con una población de empleados y comerciantes que vivían de lo que vendían a cortesanos y aristócratas, Madrid estaba poco dispuesto a tomar la iniciativa en la revolución popular. Los radicales maldecían la capital «artificial» y su poca fuerza allí explica su predilección por los golpes de estado callejeros organizados por las sociedades secretas contra los gobiernos débiles.²⁸ En noviembre de 1834 se confió el mando de las calles a un oficial cuyos veinticuatro años de subteniente le habían hecho sensible a las proposiciones que le hacían las sociedades secretas. Sus hombres tomaron la Puerta del Sol, la principal plaza de Madrid, pero el movimiento murió por falta de apoyo popular.

Así que, en 1835 y 1836, los gobiernos moderados se mantenían en Madrid aunque las provincias estuviesen en abierta rebelión. En 1835 la Milicia Urbana fue desarmada con éxito por las tropas regulares y el general Quesada aplastó un golpe planeado por las sociedades secretas cuando los muchachos que gritaban «¡Constitución o muerte!» no hallaron apoyo popular; en 1836, de no haber sido por el terror del gobierno ante la revuelta de los sargentos de La Granja, el «toro bravo» acaso hubiera podido derrotar nuevamente la revolución en Madrid casi sin ayuda.²⁹ Generalmente Madrid era la última gran ciudad que se pronunciaba.³⁰

2. La política del liberalismo, 1835-1840, y el auge de Espartero

En la primavera y el verano de 1835 los repetidos cambios en la jefatura del Ejército habían impedido una victoria decisiva del ejército cristino, que luchaba contra las bandas carlistas en el Norte. Martínez de la Rosa creía que era posible ganar la guerra mediante una Constitución que uniera lo que él denominaba «los grandes intereses de la sociedad», generales expertos y apoyo francés según los acuerdos de la Cuádruple Alianza.³¹ Sin embargo, estaba expuesto, no solamente a la oposición de las Cortes, sino a un resurgir del patriotismo jacobino en las ciudades; los radicales creían que la guerra se ganaría mediante una leva en masa y con la eliminación de los traidores por la justicia popular, o sea, por el renacimiento de la tradición de los exaltados. En respuesta a los generales y políticos que veían en un gobierno ordenado y la ayuda francesa la fórmula de la victoria, los radicales entonaban llamamientos al patriotismo de 1808. «Il faudrait faire un appel au peuple.»³²

Como no llegaba la ayuda francesa para auxiliar al gobierno en su lucha contra la reacción en el Norte y contra la «anarquía» en la España liberal, Martínez de la Rosa dimitió (7 de junio de 1835). Su sucesor, Toreno, a pesar de su ataque a la propiedad eclesiástica y a la primera victoria real contra los carlistas (en la batalla de Mendigorría, 16 de julio de 1835), no tuvo más éxito que él en la tarea de desvanecer las sospechas de los radicales; en julio, una oleada de revoluciones provinciales redujo a su gobierno a la impotencia. Para salvar lo que pudiera ser salvado del acuerdo de 1834 desplazando el centro de gravedad hacia la izquierda, Toreno había traído a Mendizábal, quien llevaba doce años de exiliado en Londres, al Ministerio de Hacienda. El 14 de septiembre de 1835 se hizo primer ministro al mismo Mendizábal con la esperanza de que su reputación revolucionaria pudiera contener la revuelta radical.

Mendizábal fue por lo tanto el primer hombre de estado llamado a dominar desde Madrid la creciente revolución provincial que le había llevado al poder; su solución consistió en un intento de restaurar la «armonía» absorbiendo las juntas revolucionarias en las diputaciones provinciales legalmente constituidas y distribuyendo cargos a los pretendientes locales. Ésta fue también la solución intentada por el gobierno republicano en el otoño de 1936; para los conservadores, este método de encenagar la revolución era tanto como ceder ante la anarquía por más que se la llamara gobernar.

Mendizábal no llegó al poder como dirigente de un partido. Su meta declarada era la «reconciliación de los partidos», «el mantenimiento de la armonía en el seno de la familia liberal» por medio de una revisión del Estatuto Real que eliminaría de éste algunas de las características que lo hacían detestable para los radicales. En los confusos debates acerca del sufragio (que determinarían la composición de las Cortes que habían de revisar el Estatuto) esa armonía liberal ad hoc se desvaneció y aparecieron los esbozos de los dos partidos. Cuando en las Cortes de 1836 los liberales conservadores se aliaron con la Corona para derrocar a Mendizábal, éste se vio obligado a desplazarse hacia la izquierda y a aliarse con Calatrava y con los exaltados. Esta alianza, basada no ya en la reconciliación liberal, sino en la vendetta de partido, fue llevada al poder por la Revolución de 1836 y está a la raíz del partido progresista.

Mendizábal fue algo más que el primer héroe político del partido progresista; para generaciones posteriores de españoles fue también el primer estadista moderno. Era judío y se había ganado cierto renombre financiando el liberalismo portugués; muy corpulento, impresionante aun con su cadena de oro y en zapatillas, alardeaba de no ser ni un aristócrata ni un político, sino simplemente un hombre de negocios.³³ A ojos de los radicales era un dictador revolucionario, el Júpiter de la Reforma cuyo sistema había de salvar al país y cuyo nombre sería venerado en las más humildes aldeas españolas.³⁴ Los liberales conservadores veían en él una mezcla de Law y de Cronwell, de Cagliostro y de Robespierre. En realidad fue el primero de los cirujanos de hierro que, con panaceas extranjeras, habían de salvar un país que había perdido la confianza en su capacidad de salvarse a sí mismo.³⁵ De ahí que su principal cualidad era el misterio que rodeaba al desconocido, al hombre no probado todavía que había vivido largo tiempo en el extranjero. Cuando en enero de 1836 las Cortes con un voto de confianza, dieron plenos poderes a Mendizábal para poner en práctica su sistema, se rendían a un hechicero. Desgraciadamente, el primer estadista moderno de España resultó ser un banquero de segunda fila para el cual la energía —si empleamos un término emotivo del vocabulario político de mediados de siglo— era un sucedáneo del talento político.

¿En qué consistía el famoso sistema de Mendizábal, que había de ganar la guerra contra los carlistas?³⁶ Se puede reducir a lo que él denominaba «el poder asombroso y mágico del crédito» que facilitaría el dinero para poner en pie un nuevo ejército de reclutas forzosos. Mientras que los moderados ponían sus esperanzas en un cuerpo expedicionario francés, Mendizábal confiaba en lo que había conocido del mercado de capitales de Londres en los doce años que estuvo allí. Para obtener un empréstito inglés estaba dispuesto a rescindir la prohibición de importar tejidos ingleses (cubriendo el interés del crédito mediante unos derechos de importación del 25 % sobre los productos textiles admitidos) o a hipotecar los aranceles de Cuba, aunque estas medidas le privasen del apoyo de los progresistas catalanes. Villiers, el embajador inglés, que había aconsejado a la reina «en calidad de caballero inglés» que nombrara a Mendizábal, favorecía estos proyectos; Palmerston estaba en contra porque temía con razón que el crédito no se lograría y que serviría tan sólo para empeorar las relaciones con Francia, que veía en Mendizábal poco más que un agente pagado de los ingleses. El crédito inglés de Mendizábal se desplomó en efecto cuando el interés de los especuladores por los bonos españoles se evaporó en la crisis de 1835. David Ricardo le dijo a Palmerston que los ingleses dispuestos a invertir en España sentían mayor interés por las acciones de ferrocarriles que hacia los créditos al gobierno español.³⁷ Ante la falta del dinero necesario, la famosa leva de 100.000 hombres quedó en un asunto de reclutas forzosos mal equipados y revoltosos.

Si Mendizábal afianzó no obstante su posición entre los fundadores del partido progresista, fue gracias a la segunda parte de su sistema —la acometida contra la propiedad eclesiástica y la desamortización de la tierra—. Este ataque estaba íntimamente relacionado con sus proyectos de lograr créditos; las tierras de la Iglesia, convertidas en bienes nacionales, se emplearían para pagar la deuda nacional y respaldarían los intentos del gobierno de lograr préstamos. Después de 1820 un ataque a la Iglesia no tenía ya nada de original; en realidad la ofensiva fue iniciada por los predecesores más moderados de Mendizábal, y su acometida contra las tierras eclesiásticas fue considerado como la continuación de una política liberal, invertida injustamente por el despotismo de Fernando VII;³⁸ la política de Mendizábal abarcó simplemente un ámbito más vasto. En marzo de 1836 hizo de toda la propiedad monástica bienes nacionales y, en julio de 1837, propuso la venta de la propiedad inmueble de la Iglesia secular junto con la abolición de los diezmos.³⁹ La campaña siguió con un ataque a la jurisdicción eclesiástica; en la guerra civil las simpatías carlistas de muchos sacerdotes locales incitaron al Estado a desenterrar de nuevo el antiguo concepto regalista de la supremacía civil, afirmado ya por Carlos III contra las supuestas actividades subversivas de los jesuitas. En sus esfuerzos por neutralizar a los que eran «desafectos o enemigos del trono legítimo y de la libertad nacional», el gobierno rescindió a los sacerdotes facciosos las autorizaciones para predicar y encarceló a todo el Capítulo de Oviedo por negarse a aceptar un obispo no reconocido por el Papa. Esta preocupación por la lealtad política de la Iglesia habría de llevar más tarde al piadoso Espartero al borde del cisma.⁴⁰

La campaña contra la propiedad inmueble de la Iglesia fue obra de radicales, llevándola a término a partir de 1840. Coadyuvó, pues, a la división entre progresistas y moderados. La alianza de éstos con la Iglesia perseguida se debió a los temores de los moderados por la propiedad en general y a su deseo de distanciarse de los excesos del radicalismo urbano para poder afianzar un tipo de liberalismo socialmente respetable. No obstante, les era imposible a los moderados convertirse en clericales y revocar, una vez llegados al poder, lo que habían denominado «las expoliaciones de una minoría violenta y dominante». Para desesperación de sus partidarios clericales, su más contundente defensa de la Iglesia la hicieron, por consiguiente, desde los bancos de la oposición; en el poder, lo más que podían hacer era suspender las ventas ulteriores de las propiedades del clero secular, buscando la aprobación retrospectiva del papado en lo que hacía a las ventas ya efectuadas. Esta política, aunque reconocía los derechos papales al rechazar la doctrina radical de un dominium eminens en el Estado sobre la propiedad eclesiástica, al mismo tiempo hacía imposible la reconstitución de una Iglesia terrateniente, por mantener en pie los acuerdos revolucionarios respecto a la misma.⁴¹ Se salvó la supremacía papal a expensas de la independencia económica de la Iglesia española, y de las órdenes regulares.

El ataque liberal se había desencadenado cuando la Iglesia declinaba por el número de sus servidores —aunque había más sacerdotes por habitante en España que en ningún otro país católico— y por su autoridad intelectual. Por ello la Iglesia española no pudo valerse del movimiento romántico como hicieron los católicos en Francia.⁴² El clero regular se mostró incapaz de recuperarse de los desgarramientos de la Guerra de la Independencia; los monasterios se vaciaban; los jesuitas pasaban por grandes dificultades económicas.⁴³ A pesar de ello, las secularizaciones del liberalismo fueron un golpe terrible, físicamente desastroso; en el solo Madrid desaparecieron cuarenta y cuatro iglesias y monasterios. Nueve se vendieron como solares edificables, uno fue convertido en ministerio, en otro se alojó la cámara del Senado, y otros se convirtieron respectivamente en escuela de equitación, cárcel, teatro y cuartel. En el campo los monasterios cayeron frecuentemente en manos de especuladores, o degeneraron hasta convertirse en edificaciones agrícolas. Yuste, el noble retiro de Carlos V, se salvó de la ruina total gracias a la devoción de la casa de Mirabel.

El conflicto que enfrentó a la España liberal con el papado no se debía a que el liberalismo favoreciera la herejía o un Estado moderno, laico y tolerante. La Constitución de 1837 conservaba la posición privilegiada de la Iglesia católica en España frente a los demás credos, como George Borrow comprobó a costa suya cuando trató de vender las Biblias de una sociedad misionera protestante. Lo que la Iglesia no podía aceptar ni los liberales abandonar era la versión liberal de las antiguas pretensiones de la monarquía absoluta en cuanto a su ámbito jurisdiccional: la regulación unilateral por el Estado de las cuestiones eclesiásticas temporales. Así, los argumentos de las Cortes reproducían los lugares comunes trasnochados de regalistas y jansenistas: los sacerdotes debían estar sometidos al poder civil como en los tiempos de la monarquía visigótica; «legiones de monjes» apoyaban la supremacía de Roma y la benevolencia para con las órdenes misioneras hubiera significado tolerar «una semilla envenenada».⁴⁴ Nada había en estos argumentos que hubiera chocado a Campomanes; sus contemporáneos sostuvieron al igual que los oradores de 1836, que los monjes «no están en armonía con la época actual».⁴⁵ Lo que diferenciaba la obra de los reformadores del siglo XVIII de la de sus sucesores liberales era el ambiente de violencia popular anticlerical que acompañaba a la legislación liberal —los asesinatos de monjes de julio de 1835, la intimidación de sacerdotes por parte de las autoridades locales, los sacrilegios perpetrados en las iglesias por los milicianos—. Estas actividades, muy comparables con las de sus descendientes cien años más tarde, hubieran sido inconcebibles veinte años antes.⁴⁶

Es muy difícil evaluar las consecuencias de las ofensivas política y económica sobre la vida íntima de la Iglesia. Se ha dado por supuesto con excesiva facilidad que la Iglesia, durante estos años, «perdió su ascendiente sobre las clases medias» y habría de pasar el resto del siglo en un intento de recuperar su control sobre las consciencias de la elite de la nación a costa de la fe de la clase obrera. Ninguna de estas proposiciones resiste un examen detenido. La aristocracia y las clases medias, imitando a los beatos de la corte, eran respetablemente piadosas: a pesar de la moda de Eugène Sue, había menos esprits forts en los salones de la era liberal que en la época de Olavide y Aranda. Cuando hubieron pasado las contusiones carlistas, la alianza entre los moderados y la jerarquía fue un factor permanente a pesar de las recriminaciones clericales acerca de una «deserción» de los moderados respecto de la Iglesia. La devoción popular floreció al lado del anticlericalismo popular —fenómeno paralelo al de otros países católicos— incluso en ciudades radicales como Valencia. Espartero, el héroe radical de humildes pañales, era creyente hasta la superstición; su rival, el bien considerado Narváez, era quien tenía fama de «volteriano». El ateísmo sólo apuntaba tímidamente en los sectores republicanos y obreros de Barcelona en los años cincuenta. No fue ninguna inclinación herética, sino la ausencia de toda forma de catolicismo liberal, lo que impulsó a algunos progresistas a un vago deísmo. La Iglesia significaba la oposición al progreso. Lo simbolizaba el destino de la propiedad monástica: los grandes monasterios de las ciudades con sus jardines rodeados de tapias tenían que ser destruidos antes de que se pudieran realizar mejoras de urbanización; las juntas revolucionarias derribaban las iglesias tanto para dar trabajo en momentos de crisis como para ensanchar las calles. En Barcelona los antiguos edificios monásticos abrigaban las nuevas fábricas.⁴⁷

Liberar la tierra de la «esclavitud» de la amortización y la vinculación fue igualmente un programa dieciochesco con ropaje moderno. La originalidad de Mendizábal consiste en que relacionó una revolución en la propiedad de la tierra con la creación de una economía moderna, «dando a España animación, vida y un futuro», visión que no desconocieron totalmente los economistas del siglo XVIII. La mayor transferencia de propiedad fundiaria desde la época de la Reconquista se basó en leyes y decretos que pusieron en el mercado las tierras eclesiásticas y —lo que cuantitativamente es lo más importante de todo— en la ley de agosto de 1836 que restableció la legislación de 1820 contra la vinculación civil.⁴⁸ Fue la abolición de la vinculación lo que hizo posible una redistribución dramática de la propiedad fundiaria de la nobleza.⁴⁹

Se ha sostenido a menudo que esta legislación se inspiraba en la interesada apetencia de tierras de la clase media. Sin embargo, las leyes fueron obra de un partido radical cuya intención era crear una amplia base para una guerra revolucionaria. Esto se desprende claramente del debate acerca de los señoríos: cuando los conservadores sostenían que la antigua legislación de 1820 no era práctica —y ello era cierto en sentido legal— un diputado radical objetó que el «pueblo» tiene que recibir algo antes de poder crear «nuevos intereses». Lo que deseaban los radicales, con su conocimiento de la gran Revolución, era un campesinado revolucionario, una burguesía rural de izquierda, una «familia numerosa de propietarios campesinos cuya prosperidad y cuya existencia dependan sobre todo del triunfo definitivo de las instituciones actuales».⁵⁰ La política agraria de los progresistas no pretendía favorecer una oligarquía rural de kulaks, reforzar el dominio de los grandes propietarios, o generar un grupo de especuladores de tierras. No era un intento egoísta, sino la dogmática creencia en las virtudes del libre comercio de la tierra, combinada con una ignorancia total de sus consecuencias, lo que viciaba la legislación liberal en lo que hace a la tierra: no entendían lo bastante bien que los pequeños propietarios no podrían competir con los poderosos en transacciones en mercado abierto, ya que ganaban siempre los que tenían más fuerza de antemano. Así, ocurrió que las tierras puestas a la venta a consecuencia de la legislación de Mendizábal fueron adquiridas por especuladores y caciques, y así se vio obligado a reconocerlo el admirador y biógrafo de Mendizábal.⁵¹

En la primavera de 1836 el sistema de Mendizábal estaba ya en quiebra.⁵² Mientras los «hombres enérgicos» de su gobierno todavía parecían capaces de organizar el esfuerzo bélico, los prohombres cristinos moderados como el general Luis Fernández de Córdoba, comandante en el Norte, estaban dispuestos a no prestar oídos a los cortesanos que denunciaban las relaciones de Mendizábal con el radicalismo revolucionario; pero cuando, tras repetidas promesas, el gobierno dejó sin paga y sin provisiones a los Ejércitos, Córdoba ya no pudo estar de acuerdo con Villiers en que Mendizábal era el único que podía salvar al país. El gobierno se veía cada vez más obligado a apoyarse en la izquierda patriótica y en el embajador inglés, tendencias, ambas, que en ningún caso podían lograr que la reina regente viera con buenos ojos a su jefe, ya que ella compartía la opinión de los generales moderados de que la causa de su hija sólo podía triunfar mediante gobiernos «respetables» y la intervención francesa. En mayo de 1936 se sintió lo bastante fuerte para destituir a Mendizábal, formando un nuevo gobierno presidido por Istúriz. Ésta fue la primera demostración decisiva del poder del monarca dentro de un sistema constitucional: Istúriz estaba en minoría en las Cortes, donde la oposición radical abogaba por una vuelta a la Constitución de 1812. Para brindar a Istúriz la posibilidad de «hacer» unas Cortes menos radicales, la reina regente le dio un decreto de disolución. En agosto de 1836 la izquierda había vuelto al poder a hombros de la revolución antes de que Istúriz hubiera tenido tiempo de reunir nuevas Cortes.

La revolución de 1836 fue una repetición de la anarquía radical de 1835, que se iba corriendo como una balsa de aceite, combinada con un pronunciamiento de sargentos que obligó a un gobierno que controlaba Madrid a seguir la pauta impuesta por las provincias. Cánovas, el gran ministro de Alfonso XII, opinaba que esta insurrección fue el último de los pronunciamientos inspirados por principios políticos y que a partir de entonces los generales ambiciosos hicieron de la rebelión militar un negocio lucrativo; su carácter excepcional residía menos en los principios que lo inspiraban —la exigencia de una Constitución democrática— que en el hecho de que fue la única vez que tuvo éxito una rebelión de oficiales subalternos. La política, en 1836, no era ya monopolio de la alta oficialidad; en el frente del Norte, donde los sargentos de la Guardia se habían familiarizado con las «ideas libertarias» por medio de la prensa progresista, las tropas estaban sin paga y descontentas.⁵³ Esta combinación de reivindicación económica y del «espíritu liberal» que reinaba en los casinos de sargentos, dio lugar a un tipo de rebelión militar que desapareció a partir de 1843, si se prescinde de unos cuantos intentos destinados al fracaso. La revuelta de los sargentos no se volvió, como habría de convertirse la insurrección de oficiales, en instrumento reconocido de cambio político y en un paso adelante en la carrera militar: el sargento García, como cualquier oficial rebelde triunfante, solicitó un ascenso, pero le fue negado con desabrimiento.

De regreso a Madrid desde el frente del Norte, los sargentos de la Guardia se encontraron con que el gobierno veía con malos ojos «el espíritu liberal», anunciando su intención de disolver la milicia —considerada por los radicales como la única salvaguardia contra una reacción conservadora, y por Istúriz como la vanguardia de la dictadura plebeya—. El 12 de agosto los sargentos, según se dice embriagados y sobornados por Mendizábal y Calatrava, irrumpieron en La Granja forzando a la reina regente a aceptar un gobierno radical y a restaurar la Constitución de 1812 y la Milicia Nacional.⁵⁴ Sus ideas políticas eran bastante primarias; cuando María Cristina preguntó a uno de los sargentos por qué estaba a favor de la Constitución de 1812, éste respondió: «Era mejor antes. El año 22, en La Coruña, no había impuestos sobre el tabaco y la sal». La revolución llevó al poder a Calatrava, un patriota radical, que nombró a Mendizábal ministro de Hacienda; convocó Cortes Constituyentes para octubre de 1836. Fue esta asamblea la que promulgó la Constitución clásica del liberalismo democrático, la Constitución de los progresistas de 1837.

La Constitución de 1837 fue un intento de los liberales radicales de llegar a un compromiso que pudiera crear desde la izquierda la armonía de la familia liberal. En aras de la armonía estaban dispuestos a abandonar la cámara única y el impotente ejecutivo real de la Constitución «imposible» de 1812.⁵⁵ Rechazado este compromiso por los exaltados, las fuerzas del liberalismo de izquierda se dividieron. Según los exaltados, los progresistas parlamentarios habían traicionado a la democracia al abandonar el Código Sagrado; tras una permanencia cada vez más incómoda en las filas progresistas acabaron encontrando un hogar muy a su gusto en el criptorepublicanismo del partido demócrata de los años cuarenta.

El radicalismo extremado, especialmente en Barcelona, se estaba desplazando no solamente más allá de las fronteras del partido progresista, sino fuera de la estructura de la monarquía constitucional. «Que mueran los tiranos, abajo los tronos..., libertad, justicia, igualdad, virtud y la república universal.»⁵⁶ En estas condiciones los autores de la Constitución de 1837 quedaron como únicos representantes legales de la tradición radical en el seno de la monarquía. En el futuro, cada vez que estos progresistas legales se valieran de la revolución como instrumento con que derribar a sus enemigos políticos, recurrirían de hecho por imperativo táctico a fuerzas de cuyos elementos algunos no aceptaban ya la relación histórica entre el trono de Isabel y la libertad.

El rechazo de la Constitución de 1837 por parte de hombres cuyo pensamiento político se plasmaba en el Estatuto Real de 1834, estuvo en el origen de la creación del partido moderado y demostró a los progresistas cuán estéril era el sacrificio que habían hecho deshaciéndose de su izquierda con la esperanza de crear un Partido Liberal del Centro. Por muy razonable que encontraran los moderados la Constitución, no podían tolerar los métodos mediante los que sus promotores habían conquistado el poder; por consiguiente rechazaron «el testimonio de honradez del partido progresista».⁵⁷ La Revolución de 1836 no solamente había empleado la fuerza para perseguir a los adversarios políticos, sino que había alentado las amenazas revolucionarias al orden social establecido. De este modo, los moderados se beneficiaron de la alarma de las clases conservadoras y del posterior fracaso de Mendizábal en proporcionar suministros a los ejércitos en el campo de batalla. Consecuencia de este fracaso fue un serio brote de motines por parte de tropas que habían recibido escasos alimentos y ninguna paga o ropa durante meses. Este estado de cosas hizo que casi todo el cuerpo de oficiales se pusiera en contra del gobierno radical.⁵⁸ El cambio en la opinión pública tuvo el resultado inesperado de una mayoría moderada en las primeras Cortes elegidas bajo la nueva Constitución.⁵⁹ Para Cánovas, el más grande de los moderados, esta victoria ponía en evidencia el conservadurismo natural del campo español.

Durante los tres años siguientes, la actitud de los generales se convirtió en el factor decisivo en la formación de gobiernos, en vez de ser tan sólo una influencia ejercida ocasionalmente. Esta es la clave de la complicada política de 1837-1840.⁶⁰ La victoria moderada era pues inestable. La reina regente subordinó su simpatía por los moderados a la necesidad de atraerse a Espartero, ahora el más poderoso de los generales;⁶¹ dispuesta a disolver las Cortes conservadoras (junio de 1839) cuando se hizo claro que Espartero prefería un gobierno que no fuera de partido y estuviese dedicado a satisfacer las necesidades de su ejército, la reina regente no se decidió sin grandes dudas a apoyar a los moderados y a disolver las Cortes radicales (noviembre de 1839). La mayoría conservadora de las nuevas Cortes estaba decidida a forzar un gobierno «exclusivista» y a excluir, en nombre del orden y en contra de «la revolución perpetua de la anarquía», a los progresistas de los cargos gubernamentales y a la izquierda radical de la vida pública.

No estando Espartero comprometido con nadie —pese al clamor radical de sus oficiales, el general todavía podía acusar de «subversiva» a la prensa extremista y dar muestras de una efusiva lealtad hacia su reina— el conflicto entre los partidos se centró en la ley municipal propuesta por la mayoría moderada. Los moderados sabían que este paso, al eliminar una característica modestamente «democrática» de la Constitución de 1837, pondría fin a los proyectos de reconciliación liberal en un partido constitucional de centro. Ambas partes consideraban la ley municipal como fundamental para su poder político, puesto que eran las autoridades municipales las que elaboraban los censos y organizaban las elecciones. Los progresistas estaban a favor de unas elecciones populares con un sufragio amplio; la ley propuesta por los moderados, además de elevar las cuotas de contribución municipal que permitían emitir el sufragio, otorgaba a los gobernadores provinciales en las pequeñas ciudades y al gobierno en las grandes el derecho a nombrar y destituir a los alcaldes.

Para los moderados, la centralización al estilo francés era la receta del gobierno fuerte, el fin de la revolución permanente por la que los ayuntamientos constituían «otros tantos pequeños estados, independientes del gobierno central».⁶² En un gobierno absolutista la independencia municipal podía ser un bastión de libertad; con una Constitución regular, «la idea de que los ayuntamientos representan al pueblo» —combinada con la elección popular sobre la base de una franquicia democrática— consagraba la anarquía de las «tiranías plebeyas» locales. Del ejemplo francés inferían los moderados que la «uniformidad y la subordinación» (es decir, la actuación de los alcaldes como agentes del gobierno) eran características esenciales de un estado moderno. Esta destrucción de la independencia municipal fue, para los conservadores del siglo XX, el crimen histórico del liberalismo. Pero en 1840 eran los progresistas radicales quienes defendían los derechos de los municipios contra el gobierno central.

Sus razones estaban claras. Los moderados gozaban del favor de la Corona —siempre que ello fue posible la regente utilizó la prerrogativa de designación de ministros en favor de los gobiernos conservadores—. Los progresistas contaban con una fuerte masa de seguidores en las grandes ciudades, donde los alcaldes elegidos bajo la Constitución de 1837 habían sido progresistas. De este modo, si los moderados, una vez llamados al poder por la Corona, podían obtener una disolución de las Cortes favorable y eliminar la fuerza electoral progresista en las ciudades mediante una aplicación partidista de la ley municipal propuesta, el poder sería un monopolio permanente de los moderados.⁶³ De ahí que fuera una cuestión de vida o muerte política para los progresistas que el proyecto «exclusivo» de 1840 no se convirtiera en ley.

Para justificar la violenta reacción de los progresistas a la ley municipal estaba a mano la doctrina de la revolución legal. Unas Cortes ordinarias no podían modificar una Constitución de la que, al decir de los progresistas, era parte integrante la ley municipal; si lo hacían, la rebelión se convertía en una obligación legal.⁶⁴ Así, si la reina regente refrendaba la ley, los municipios progresistas podían rebelarse; al igual que el Ejército, los ayuntamientos proclamaban su derecho a «pronunciarse» como depositarios de la voluntad nacional contra unas Cortes «corrompidas» dominadas por sus enemigos políticos. El hecho decisivo había de ser la actitud del Ejército y de su comandante en jefe, Espartero. Actuando según lo que sus ministros calificaron de inspiración de Belcebú, la regente, con la excusa de unos baños de mar para su hija, acudió al cuartel general de Espartero en Cataluña. La idea de que el general podía ser llevado a apoyar, en el último momento, un gobierno fuerte, puso a la regente a su merced. Espartero le dijo claramente que el gobierno y las Cortes debían ser disueltos y que debía negarse a sancionar la ley municipal. El lema de Espartero, «El trono de Isabel II, la reina regente y la Constitución», contenía ahora una contradicción interna: si la regente pasaba por alto la Constitución, peligraba el trono de su hija. En la mente de Espartero se estaba gestando un nuevo lema: «Cúmplase la voluntad del pueblo». Las peticiones de los ayuntamientos progresistas que le llegaron en junio le convencieron de que la voluntad popular se identificaba con la línea del partido progresista.

La reacción inmediata de la regente fue rendirse a Espartero: le ofreció el gobierno en las condiciones estipuladas por él siguiendo los consejos de los dirigentes progresistas. El hecho de volver María Cristina sobre estos términos fue lo que suscitó la prolongada Revolución de 1840. La revolución no fue cosa de barricadas —las tiendas permanecieron abiertas todo a lo largo de ella— sino de una serie de manifestaciones callejeras, primero en Barcelona y a continuación en Valencia, organizadas bajo mano por los ayuntamientos progresistas y la Milicia Nacional, dirigidas contra la regente y que aclamaban a Espartero. «Una fiesta nacional con bandas de música e iluminaciones, la revolución no hubiera atemorizado a los moderados hasta el punto de rendirse de no ser por el Ejército.»⁶⁵

Lo que la retórica progresista denominaba Revolución Gloriosa era en realidad un «pronunciamiento negativo». Espartero se negó a apoyar al gobierno contra la «opinión» y a emplear sus tropas en contra de los ayuntamientos progresistas rebeldes. Por consiguiente, los progresistas pudieron limitarse a organizar la «opinión» suficiente para hacer el país ingobernable durante dos meses. El aspecto insólito de la revolución consistía en que la capital, aunque optó tarde por rebelarse, apoyó el más radical de los proyectos revolucionarios: la Junta de Madrid exigió no tan sólo que se anulara la nueva ley municipal, sino que la reina regente renegara públicamente de sus pecados constitucionales e incluso que se instituyera una nueva regencia. Cuando Espartero, presidente del Consejo por fin, adoptó este programa ante la presión de los radicales de Madrid y trató de imponer a María Cristina una versión algo modificada del mismo, la regente decidió renunciar antes que convertirse en títere de los progresistas. Cortina, el dirigente y organizador de la Junta Radical de Madrid, amenazó con revelar su matrimonio secreto. Probablemente la reina regente estaba cansada de las facciones. En 1838 Villiers había comentado: «La reina, desde hace algún tiempo, ha descendido en la estimación pública..., piensa únicamente en la manera de retirarse».⁶⁶ El gobierno del país pasó entonces a manos de Espartero como jefe de una regencia interina (octubre de 1840 a mayo de 1841). El liberalismo radical se había echado en brazos del general. El liberalismo conservador, para sacudirse su hegemonía, habría de echarse en brazos de otro militar rival suyo, Narváez. La militarización de la política, como ahora empezaban a comprender los partidarios más previsores de un régimen civil, había entrado en una fase que dejaba atrás la del predominio de los generales, incontrastable en época de guerra civil.⁶⁷

La nueva era de política militar estaba simbolizada por el enorme prestigio de Espartero, duque de la Victoria y pacificador de España. El ejército del norte se había convertido en feudo exclusivamente suyo. Sus hombres sentían verdadera adoración por él, ya que sabía de su propia experiencia pasada de soldado raso lo que necesitaban ellos y porque, con un grupo de oficiales entregados a la defensa de sus intereses y reclutados en parte entre sus antiguos compañeros de las guerras coloniales, había resultado el mejor jefe de la guerra negándose a lanzar sus tropas a la lucha mientras carecían de abastecimientos adecuados y no tenía la certeza de vencer. Ambos partidos tenían la esperanza de poder aprovecharse de su prestigio y hacían cuanto podían para ganarse su simpatía: la manera en que evitaba comprometerse traía de cabeza a los ministros.⁶⁸ Incluso tras sus protestas por la disolución favorable a los moderados de 1839, la regente confiaba en que, mediante los agasajos de cajas de puros, retratos o un ducado, se le podría persuadir de que se considerase como el protector de una madre viuda, dispuesta a apoyarse en el que repetidamente llamaba su carácter varonil. Los progresistas, por otra parte, esperaban incitarle mediante la adulación a aceptar el papel de protector de la libertad. La iniciativa descansaba, por lo tanto, en los políticos que se valieron de su vanidad infantil de creerse indispensable.

Como ocurre con tantas figuras de este período, tan sólo podemos aventurar conjeturas acerca de las intenciones de Espartero. Era políticamente simplista, vulgar de mentalidad y con voz estentórea, muy aficionado a los naipes; su correspondencia revela una teoría política que se expresaba en consignas difíciles de traducir en la acción política concreta. Probablemente no ambicionaba más que ser un héroe permanente, por encima de la política y del partido, siempre que los políticos no le atacaran a él o a su grupo de oficiales amigos, que no elevaran a sus rivales o disolvieran su Ejército. La lucha de partidos de 1839-1840 no le permitió descansar sobre sus laureles de duque de la Victoria y de héroe nacional. Los progresistas le complicaron en la política para que pusiera fin a un proceso de «reacción» que ellos no podían detener.

3. Brote y ocaso de la causa carlista, 1833-1868

España, que dio nombre al liberalismo, produjo con el carlismo una forma clásica de contrarrevolución. La lucha por la vida que enfrentaba al liberalismo parlamentario y al carlismo duró desde 1833 a 1840. Los descendientes de los carlistas de primera hora han perdurado como una fuerza activa en la política española hasta la actualidad, pero después de su primer fracaso ni siquiera la desintegración total del sistema que lo había derrotado condujo a una restauración carlista. En 1936, nuevamente, los carlistas de Navarra habrían de adiestrarse en sus aldeas para la última batalla contra la revolución; los frutos de la victoria, sin embargo, irían a parar a sectores más poderosos de la coalición antirrevolucionaria.

El carlismo de los años treinta era un credo negativo, una cruzada «en pro de la eliminación de la canalla liberal», la batalla contra «la Revolución», heredera de la herejía del siglo XVI y del ateísmo del siglo XVIII. La Revolución de los masones había sido derrotada por dos veces en 1814 y en 1823. En los últimos años del reinado de Fernando VII, «los que habían sido derrotados en 1823» empezaban de nuevo a ostentar el poder, y a la muerte del rey tenían al gobierno bajo su control. Los carlistas eran quienes en 1823, en el umbral de la victoria, habían creado el cuerpo de Voluntarios realistas para que fuese un instrumento de dominación permanente; estos hombres, apeados al desmantelarse los Voluntarios realistas, optaron por la conspiración carlista, alzándose por último contra «la traidora banda de bribones que ocupa los mejores cargos de la nación por la debilidad de una mujer». Estos hombres se convirtieron en los políticos del carlismo, en los dirigentes locales de la conspiración organizada, que implantaron la administración primitiva de las zonas carlistas, en los cortesanos de Carlos V, como denominaban los legitimistas a don Carlos a la muerte de su hermano.⁶⁹ El carlismo tenía también su propia variedad de empleomanía, sus propios pretendientes que aguardaban la victoria.⁷⁰ Fue una revolución hija de la frustración, una revolución de inadaptados, desde el príncipe derrotado por una facción cortesana a los hombres violentos que se remontaron en Cataluña y Aragón. Estos hombres eran los prisioneros de un ideal intransigente: la legitimidad y la unidad católica de España. En contraste con la corte de Isabel había la corte austera del auténtico rey, Carlos V, de costumbres regulares y puntilloso en sus devociones, con su Ejército encomendado al mando supremo de la Virgen de los Dolores.

Por lo tanto, para la gran masa de los carlistas la devoción a la Iglesia y al rey era el núcleo de su credo. La devoción al principio de la legitimidad dio a Carlos V, poco simpático y desagradecido, un derecho a exigir sacrificios que no podía ser amenguado por sus defectos como dirigente. Su fuerza y su atractivo para la masa de sus seguidores consistía en el obstinado anacronismo con que se enfrentaba al mundo moderno. Una victoria carlista hubiera llevado al trono a un hombre que creía que el poder absoluto dado por Dios debía ejercitarse para la «Gloria de Dios y el esplendor y la prosperidad de su Sagrada Religión». No hay pruebas de que don Carlos simpatizara con el realismo renovador y la Constitución tradicionalista del Manifiesto Persa: no era sino un teócrata del siglo XVI que pasaba por santo entre sus partidarios.⁷¹ Los periodistas y políticos de Francia e Inglaterra apenas si podían dar crédito a la crudeza del credo carlista. Solamente Guizot intuía lo que tenía de religioso aquel conglomerado de fuerzas emocionales imposibles de traducir en un programa que tuviera sentido para los no iniciados: Guillermo IV de Inglaterra y Palmerston quisieron buscar el interés en las raíces de la fe. En efecto, encontraron un indicio de que tenían razón en el tesón con que los vascos defendían sus privilegios —los fueros— contra lo que significaba el constitucionalismo liberal centralizador.⁷²

Los fueros eran más una preocupación conservadora que una preocupación carlista. Los prohombres locales no hubieran vacilado en abandonar el carlismo si hubieran vislumbrado la posibilidad de que los fueros a que debían su ascendiente se conciliasen con la España constitucional. Por ello los moderados, a quienes incomodaban el patriotismo jacobino de la guerra total, vieron que entre las clases conservadoras de las provincias forales, había gente que se encontraba igualmente a disgusto en una guerra sostenida por el fanatismo carlista, y partidaria de la idea de una paz negociada que reconociera los fueros de Vizcaya y Guipúzcoa.⁷³ En 1838 un industrial metalúrgico, Muñagorri, trató de levantar un ejército con el lema de «Paz y fueros»; como aventura militar su neutralismo fracasó, pero aun los escépticos tuvieron que reconocer que «educó» a la opinión orientándola hacia un acuerdo que garantizara las libertades vascas, solución que iba haciéndose cada vez más atractiva a medida que las provincias del Norte se resentían de la carga que entrañaba el mantenimiento del ejército carlista.⁷⁴ Cuando Espartero aceptó garantizar los fueros, la paz se hizo posible. Ni los carlistas puros ni los liberales radicales aceptaron la paz de compromiso de Vergara que puso fin a la guerra civil en el Norte. Ambas partes estaban de acuerdo en considerar que el carlismo era algo más que la mera defensa de la autonomía local. «Hay carlismo donde hay fueros y donde no los hay...; por lo tanto, la rebelión se inició independientemente de los fueros y no finalizará aunque éstos sean ratificados.»⁷⁵ Los navarros, como núcleo del carlismo, nunca parecen haber sentido gran interés por los fueros: su credo era el trono y el altar. Para ellos Vergara fue la gran traición, un contrato que aseguraba que los notables locales conservaban el poder a costa de la fe.

La cuestión de los fueros fue, sin embargo, expresión de lo que tal vez era la corriente más profunda del carlismo: el odio del campo hacia la ciudad, de la montaña al llano. Los seguidores de las tropas carlistas llegaron a Bilbao con sacos a la espalda para saquear la Gomorra liberal.⁷⁶ La base del carlismo radicaba en el campo de las Provincias Vascongadas y de Navarra, donde sus bastiones rurales seguían rodeados de las ciudades liberales: Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria. La conquista de estas ciudades era la obsesión de los estrategas carlistas; de ahí el atractivo fatal del asedio de Bilbao, que dilapidó las reducidas posibilidades de una victoria carlista. Fuera del Norte, el carlismo sólo consiguió arraigar en la sociedad atrasada y primitiva de las montañas de Aragón y Cataluña. Este carácter rural fue lo que hizo al carlismo tan difícil de derrotar; sus plazas fuertes eran inaccesibles: las faldas montañosas de los Pirineos, el terreno accidentado del Maestrazgo, donde incluso los ejércitos modernos de 1937 se desenvolvían con dificultad. Pero el carácter rural también hacía imposible una victoria de los carlistas: el territorio controlado por éstos no comprendía ninguna gran región triguera, ninguna gran ciudad. Estella, un pueblo de mercado bastante importante, fue la mayor plaza detentada por los carlistas. El cuartel general de Cabrera en el Maestrazgo ocupaba una fortaleza de segundo orden en Morella, pueblo de montaña con una industria textil en decadencia. Los ejércitos carlistas no tenían más alternativa que la de extenuar a la región donde estaban afianzados o la de romper el cerco afrontando la derrota archiprobable en un terreno donde su táctica había fracasado y donde sus partidarios eran pocos.

Por su carácter rural, el carlismo no pudo conseguir el apoyo de las «clases ilustradas» que veían en el liberalismo un sistema político más apropiado a sus intereses y a su modo de vida. Esto explica las simpatías isabelinas de la alta aristocracia. No estaban dispuestos a cambiar Madrid por la corte migratoria de don Carlos, con sus «patanes» y sus «payos». El carlismo, por lo tanto, era de sentimientos antiaristocráticos, más popular que patricio.⁷⁷ El odio de la clase media y del proletariado urbanos hacia el carlismo halló su expresión más deplorable en las matanzas de prisioneros, y su expresión más provechosa en la Milicia Urbana, que coadyuvaba a liberar al Ejército regular de sus tareas de guarnición. Más importante fue la fidelidad de los burócratas y oficiales, que constituían las dos clases gobernantes de España. No desertó ningún funcionario destacado, ningún regimiento se pronunció a favor de los carlistas.⁷⁸ La fidelidad del Ejército fue lo decisivo: gracias únicamente a ella se salvó el liberalismo de la derrota, y el Ejército reclamó su recompensa en términos de influencia política.

Política, social y militarmente el carlismo era muy rígido. Su única oportunidad de ampliar su base original se presentó cuando la revolución de los sargentos de La Granja aterrorizó a las clases acomodadas e hizo que la reina madre pensara en una paz cuyo fundamento sería el matrimonio de Isabel con el hijo de don Carlos.⁷⁹ Pero no pudo explotar esta oportunidad política, que se presentó en el momento en que los ejércitos carlistas estaban a la vista de Madrid. El carlismo cortesano no podía improvisar un programa nacional visible; las provincias del Centro y del Sur seguían considerándolo una forma muy desarrollada de bandidaje. Y, como todas las formas de bandolerismo político, el carlismo castellano terminó convirtiéndose en un engorro, más que en una causa: ya en 1834, el cura Merino, caudillo guerrillero de la Guerra de la Independencia, no podía controlar a sus hombres, que hacían de él «una figura odiosa para el pueblo». Al este del país, se podía siempre interpretar el carlismo como una incursión continua de los pobres de las montañas a las feraces llanuras: los hombres de Cabrera quemaban las fábricas y destrozaban las huertas de Levante.

El carlismo, por consiguiente, siguió siendo una epopeya romántica en la que la devoción desinteresada a un ideal se manchaba de traición, deserciones e incapacidad. Confiaba en una ayuda extranjera que no llegó nunca, salvo un puñado de voluntarios —entre ellos Henningsen y el príncipe Lichnowski— y algún dinero ocasional.⁸⁰ Los liberales estaban apoyados por la Cuádruple Alianza, que proporcionó una útil ayuda naval británica (importante en Bilbao), el cuerpo de voluntarios de Evans, la Legión Extranjera francesa y abastecimiento de fusiles, ropa y municiones. El ala extremista del liberalismo era muy hostil a la ayuda extranjera mientras que los moderados creían que Isabel sólo podía ser salvada por un ejército francés; en realidad ni Francia ni Inglaterra deseaban comprometerse excesivamente en España. Con todo, su simpatía fue muy importante: las finanzas liberales estaban en un estado deplorable, pero sin los créditos extranjeros la situación hubiera sido peor aún. Los carlistas no tenían más fondos de lo que podían dar de sí las levas locales: Tejeiro, en quien tenían puestas sus esperanzas como en un Mendizábal carlista que podía conseguir el crédito necesario para la victoria, no consiguió nada.⁸¹ Fue la inversa de esta situación lo que coadyuvaría a la victoria de los aliados del carlismo en 1936-1939, cuando la izquierda buscó en vano otra Cuádruple Alianza.

Si el gobierno hubiera sido capaz de enviar al Norte, en octubre de 1833, un ejército bien pertrechado, el carlismo hubiera sido aplastado antes de haber adquirido una organización militar y civil; en 1835 tenía ya unas pequeñas fábricas de municiones, una academia de oficiales e incluso una universidad, y la maquinaria administrativa que hacía del territorio carlista un Estado dentro del Estado liberal. La demora había proporcionado a Zumalacárregui, un militar de carrera que se había convertido en genio de la guerra de guerrillas, el tiempo suficiente para allegar y adiestrar un ejército de 20.000 a 30.000 hombres, endurecido en la lucha y equipado con el botín de una serie de operaciones menores concebidas con brillantez. Con el ejército cristino clavado en el Norte no había tropas disponibles para la rápida eliminación de las bandas que surgían en Cataluña y Aragón. Cabrera, antiguo seminarista y soldado autodidacta tan violento como ingenioso, implantó la disciplina entre los grupos guerrilleros de Aragón en cuyo empeño todos los demás jefes locales habían fracasado. Más adelante, el «Tigre» habría de convertirse en un político respetable, pero en la primera guerra carlista sometió a su autoridad, tanto a sus propios mandos como las localidades en que operaba, por medio del terror. Ello dio lugar a un contraterrorismo liberal y a la ejecución de rehenes, entre los cuales figuraba la madre de Cabrera. En febrero de 1838 éste capturó Morella, a la que convirtió en capital de su base montañosa y sin caminos en el bajo Aragón, pero nunca consiguió organizar en el escenario oriental una administración carlista comparable a la del Norte. Los carlistas catalanes eran poco menos que bandoleros; los militares de carrera a quienes se encomendaba el mando de estos hombres soportaban mal su rapacidad y crueldad y resultaron incapaces de coordinar sus movimientos.⁸²

En la lucha contra las fuerzas carlistas del Norte cada jefe cristino que sucedía al anterior tenía ideas propias acerca del cómo acabar con lo que uno de ellos llamaba «la guerra lánguida», situación de tablas a que se llega cuando se envía a tropas regulares a luchar contra guerrillas en un terreno difícil. Todas estas ideas descansaban en un ejército numeroso y bien abastecido, que cercaría las provincias vascas mediante un sistema lineal de fortificaciones o que constituiría una fuerza operacional para invadirlas. Quesada, siendo comandante en jefe del Norte, en mayo de 1835, opinaba que sólo se podrían superar las dificultades de las guerrillas mediante una superioridad numérica de cuya necesidad el gobierno no estaba convencido. «Mi sistema se basa en la superioridad numérica... Necesito 14.000 hombres para obligarles a luchar y para hacerme con sus recursos.» Puesto que no se le daba tamaño ejército, la ventaja estaba del lado de los carlistas; los ejércitos cristinos, con una tercera parte de sus fuerzas inmovilizadas guarneciendo un territorio hostil, avanzaban por montes y valles, se agotaban en marchas infructuosas y caían en emboscadas, desesperándose sus jefes ante la imposibilidad de obligar a Zumalacárregui a una acción en campo abierto en condiciones de igualdad.⁸³ El que no abasteciera el gobierno al Ejército fue lo que prolongó el período de guerrillas incluso después de las victorias de Mendigorría (julio de 1835) y la liberación de Bilbao (diciembre de 1836); los hombres no querían pelear vistiendo pantalones de lino y alpargatas y en cuanto faltaban suministros y no se daba la paga, las operaciones se detenían en punto muerto durante meses interminables. Los hombres de Oraa se vieron obligados a abandonar el asedio de Morella, la capital de Cabrera, porque se morían de hambre. Sin embargo, en un momento dado sus métodos se vuelven contra el propio guerrillero cuando no es el ejército enemigo sino la propia base la que se desgasta, cuando los guerrilleros no pueden ya esquivar más la batalla a gran escala si es que quieren hacerse con la victoria. Probablemente el carlismo llegó a este trance en 1836, cuando la administración carlista se encontró en la imposibilidad de conseguir que una población campesina de medio millón de personas proporcionase rancho y paga; el servicio militar obligatorio se hizo impopular y las deserciones menudearon.⁸⁴

El deseo de una victoria total empujó a los carlistas civiles a apoyar el ambicioso plan de la facción «castellana» que consistía en una gran expedición para salir de la base cercada en el Norte. Los militares más expertos estaban en contra de incursiones a gran escala a la España liberal, por las que clamaban los estrategas de la corte: la expedición de Gómez llegó a Andalucía pero no consiguió nada.⁸⁵ El mayor fracaso del carlismo lo constituyó su última aventura, la Expedición Real de 1837; en 150 días, aterrorizando al país, el ejército carlista cruzó toda Cataluña y Valencia llegando a la vista de las murallas de Madrid, para luego tener que retroceder a su base del Norte. La retirada demostró que el carlismo no podía extenderse allende su hogar nativo; puso en evidencia que era falso el mito de una España harta de los excesos liberales y dispuesta a alzarse en pro del rey verdadero.⁸⁶ En 1838 el equilibrio militar se había vuelto en contra de los carlistas. En 1839 el frente Norte del general Espartero tenía 100.000 hombres y 700 cañones contra 32.000 hombres y 52 cañones de los carlistas. Sus predecesores habían sido menos afortunados. Oraa había tratado de conquistar Morella con 7 cañones y 17.000 hombres; Espartero la tomó con 40 cañones y 70.000 soldados.»⁸⁷ Las reservas humanas carlistas, sus fábricas de municiones improvisadas y sus impuestos y contribuciones no bastaban para sostener una guerra contra las nueve décimas partes de España.

El carlismo nunca había sido una causa monolítica y su agonía iba acompañada de enconadas luchas entre las facciones rivales. En 1838 don Carlos dio a Maroto el mando supremo de la región Norte. Éste era un militar de carrera, veterano de las guerras americanas, y su fuerza residía en su capacidad de «electrizar» a las tropas bajo su mando; personificaba la aversión que sentían los combatientes y la gente decente por la corte clerical; pronto se vio envuelto en una lucha de vida o muerte con una corte que habría de transformarle en el gran traidor al que con la mayor tranquilidad podrían atribuir todas las derrotas sufridas por el carlismo. Maroto decidió quitarse de encima a Tejeiro, el jefe de los clericales absolutistas y de los generales navarros, antes de que acabaran éstos con él. En febrero de 1839 la crisis latente se convirtió en una contienda sangrienta: Maroto fusiló a seis de sus enemigos militares, aliados de Tejeiro y de la facción absolutista en la corte. Tejeiro y los apostólicos tuvieron que exiliarse. Don Carlos había abdicado virtualmente. La lucha había sido tan intensa que se dijo que Maroto envejeció diez años en dos días; para eludir la venganza de los apostólicos, apoyados por Cabrera desde Aragón, inició de nuevo las negociaciones de paz con Espartero. Tuvo que elegir Maroto entre ser fusilado por su propio bando o llegar a un acuerdo con sus enemigos.⁸⁸

A medida que Espartero penetraba en territorio carlista (abril-mayo de 1839), devastándolo a su paso, el anhelo de paz, siempre y cuando se respetasen los fueros, iba aumentando entre los vascos.⁸⁹ Una paz de transacción era impensable tanto para los carlistas apostólicos como para los liberales exaltados; pero en el verano de 1839 los «pactistas» moderados de ambos bandos estaban transitoriamente en el poder. Las negociaciones fueron extremadamente lentas y complicadas y habían de ser llevadas a cabo con el mayor sigilo. La posición de Maroto era cada vez más difícil: el Quinto Batallón navarro se rebeló contra la transacción y don Carlos, vistiendo uniforme nuevo —una torpeza característica— hizo un último intento de incitar a las tropas de Maroto, gastadas por la guerra, contra su jefe. El 29 de agosto, Maroto abandonó por fin todos los intentos por salvar los derechos de don Carlos y firmó el Convenio de Vergara, que reconocía a Isabel como reina legítima. El Convenio ponía a salvo tanto la paga y los ascensos de los oficiales carlistas como los fueros de las provincias. Lo mismo que en 1936, Navarra fue el centro auténtico de la resistencia católica en el Norte, pero, cuando los vascos renunciaron, Navarra no pudo seguir luchando sola.

La última esperanza del carlismo se centraba en el teatro de Cataluña, Aragón y Levante. En 1839 la concentración en el Norte había permitido a Cabrera y España ciertos éxitos locales, pero hacia 1840 ninguno de los dos tenía ya la más mínima esperanza de poder resistir a ejércitos superiores y bien pertrechados. España, cuyo mando había sido una lucha agotadora contra la indisciplina y la incompetencia de los dirigentes de guerrillas catalanes, que gozaban del apoyo de la junta «aristocrática», fue brutalmente asesinado por sus propias tropas. Fue tomada Morella, la capital de Cabrera, y éste, enfermo, escapó a Francia.

El carlismo nunca se recuperaría de esta derrota. Seguía conservando alguna fuerza en las provincias vascas y sobre todo en Navarra, pero se había convertido en una tradición transmitida de padres a hijos, en un enclave seguro, piadosamente conservado en el mapa político de la España liberal. En Cataluña el remanente de bandolerismo político mantuvo vivo y activo el movimiento. No podía alcanzar la victoria y sufría el destino reservado a todo movimiento de este tipo cuando el campo, agotado e inseguro, se vuelve contra él.

La única posibilidad real del carlismo residía en la desintegración interna del sistema liberal. Para favorecer este colapso el carlismo podía seguir dos caminos. Por una parte podía tratar de ganar para la causa de la legitimidad a aquellos católicos conservadores que se encontraban a disgusto en un sistema liberal. Esto se podía arreglar mediante una fusión de las dos dinastías que reconociera las pretensiones carlistas, cosa que contaba con la simpatía del propio marido de Isabel II, Francisco de Asís.⁹⁰ La solución «fusionista» tuvo su mejor abogado en Balmes, teólogo y apologista catalán, que estaba convencido de que la alianza dinástica brindaba la única solución capaz de dar a España la paz política. Por otra parte, los activistas que veían en el fusionismo una traición deseaban destruir la monarquía constitucional por medio de la rebelión armada, y en alianza con el republicanismo si fuera necesario. Esta alianza antinatural de los extremos de la democracia radical y del absolutismo clerical contra la vía media del constitucionalismo liberal es una de las características más extrañas de la vida política del siglo XIX. Sin duda se daba más en la propaganda liberal que en la realidad.

En 1846-1849, el bandolerismo carlista catalán se convirtió en una guerra de guerrillas a gran escala en nombre del nuevo pretendiente, Montemolín, hijo de don Carlos. El Gobierno adulteró las informaciones periodísticas para ocultar la incapacidad de las tropas regulares contra las guerrillas que contaban con el apoyo del campo. «Hacen lo imposible para evitar un encuentro con el Ejército, que sólo puede dar con ellas tras esfuerzos incontables, sin resultados decisivos porque se dispersan.» Así se lamentaron los mandos franceses en la Guerra de la Independencia, los oficiales franceses en Nápoles en 1810, los oficiales italianos en la guerra contra los bandoleros de los años 1860. El apoyo del campo catalán estaba garantizado por los agravios locales: los nuevos impuestos de Mon, las quintas y las inclinaciones gubernamentales por el libre cambio. Aunque resultaba difícil acabar con ella, la revuelta montemolinista tampoco podía extenderse. Desde el primer momento Cabrera opinaba que no tenía ninguna posibilidad de éxito en tanto que empresa militar; sus jefes —los Tristany, Borges y Marsal— fueron brillantes caudillos guerrilleros que podían someter una aldea al pago de un rescate o destruir un destacamento aislado, pero nada más. La revuelta no se mantuvo viva por fidelidad a la antigua causa sino por lealtad a los dirigentes locales. De este modo, el «montemolinismo» no logró el apoyo del carlismo vasco y no pocos carlistas de Levante estaban muy en contra de las componendas y operaciones conjuntas de Cabrera con los militantes republicanos. Durante las últimas fases de la guerra, Cabrera se vio obligado a recurrir al terrorismo contra la delación y la deserción.

El fracaso de la monarquía constitucional en defender a las clases conservadoras contra el radicalismo, evidente en la Revolución de 1854, dio al carlismo su segunda gran oportunidad.⁹¹ Nuevamente el movimiento se dividió entre los carlistas moderados, que esperaban poder obligar a la corte aterrorizada a aceptar la fusión, y los militantes, que se movían entre los exiliados de París. Una vez más se mostró el carlismo incapaz de capitalizar el pánico conservador o el resentimiento de los «pobres despojados de su patrimonio» por la legislación desamortizadora; una vez más fracasó en movilizar los antiguos bastiones de la fe. Una vez más el carlismo catalán se derretía en expediciones sin sentido.

El carlismo confiaba ahora en un pronunciamiento, cosa que revela su decaimiento como movimiento de protesta local;⁹² por otra parte, la sedición militar era un mecanismo revolucionario extraño al carlismo porque no podía esperar un apoyo activo por parte de los oficiales. El desembarco de Montemolín y el general Ortega en San Carlos de la Rápita (agosto de 1860) cayó por su propio peso, en cuanto los oficiales y la tropa conocieron el propósito del movimiento por una arenga de Ortega, que resultó aún menos convincente de lo que cabía esperar cuando su caballo escapó desbocado con el general a cuestas. Detrás del movimiento tenemos las intrigas habituales del rey consorte de Isabel, Francisco de Asís (pues nunca perdió del todo la sensación de ser un usurpador), y la conversión del general Ortega al carlismo democrático, motivada por un sentimiento de protesta contra el «nuevo feudalismo» de los oligarcas liberales.

El miserable fiasco de San Carlos de la Rápita inicia para los carlistas la peor etapa de su historia. Su partido deja de ser reconocible como tal. Montemolín era un dirigente débil, dispuesto a sacrificar su jefatura para casarse con Miss Horsey de Horsey.⁹³ Su sucesor, don Juan, poco menos que divorciado de su piadosa esposa, arrojó por la borda el principio de la legitimidad subordinándolo a la voluntad del pueblo y dotándolo de un programa liberal —medida que despojaba de todo sentido a la causa ante sus antiguos partidarios, que creían que don Juan debía estar en un asilo de alienados—.⁹⁴ Su hijo, el duque de Madrid y el Carlos VII de la dinastía carlista, empezaba tan sólo a reconstruir su partido cuando la Revolución de 1868 dio al carlismo la tercera gran oportunidad de su historia.

Durante los años de la derrota el carlismo había sobrevivido menos por su propia fuerza que por el hecho de que los gobiernos conservadores eran reacios a aplastar un movimiento cuya alianza les podía ser necesaria contra la revolución; así, Narváez fusiló a los republicanos y amnistió a los carlistas. Ya en vísperas de la Revolución de 1868 empezaban los neocatólicos a reforzar las filas carlistas, temerosos de que la revolución siguiera ineludiblemente a la caída de la dinastía. Al propio tiempo, el carlismo intrigaba con la izquierda para precipitar la revolución contra la monarquía de Isabel.⁹⁵ Pero incluso en esta era de caos político el credo carlista no consiguió imponerse en España, y en 1875 la monarquía constitucional estaba más afianzada que nunca.⁹⁶

4. Las características de la sociedad liberal, 1830-1850

A principios de los años cuarenta, Alcalá Galiano describía la España que había surgido de la crisis del carlismo como una sociedad literaria y mercantil en la que la fuerza material y una parte no pequeña de la fuerza moral se asentaba en las clases ilustradas.⁹⁷ La presencia de tales clases hizo que el liberalismo de los años treinta y cuarenta fuera algo estable en comparación con el de 1820-1823, y fue lo que permitió que el constitucionalismo liberal derrotara al carlismo. Los liberales presentaban siempre a este último como una rebelión de «frailes y gente baja» contra el espíritu del siglo. No es que España se hubiera convertido, o hubiera de convertirse, en una sociedad capitalista burguesa según las líneas occidentales avanzadas. Los ilustrados no constituyeron una clase, sino, según se solía decir, una serie de clases. En oposición a todo intento de forzar la vuelta de España a sus cursos tradicionales existía una identidad general de intereses entre aristócratas, terratenientes, manufactureros, obreros fabriles, abogados, militares y periodistas. Esta identidad de intereses entre grupos divergentes en contra del carlismo explica tanto la unidad externa como las divergencias internas del liberalismo.

Las características de la que se ha calificado de sociedad liberal son visibles a partir de 1820. Fomentaba su desarrollo el despotismo ilustrado, especialmente a contar de 1826, con la intención de ganarse las simpatías de las clases ilustradas dándoles el progreso material y una administración eficiente a cambio de libertad. Era éste el credo de hombres como Ballesteros y de su círculo de afrancesados, de Cea Bermúdez y de Javier de Burgos. Todos ellos eran hostiles al liberalismo en tanto que sistema político. Para Cea, las reformas administrativas eran «las únicas reformas susceptibles de producir la prosperidad inmediata». Burgos compartía esta fe en las virtudes curativas de una administración moderna: «un decreto del gobierno hará volver la prosperidad al Bajo Ebro». Como ministro en el gobierno de Cea de 1833-1834, Burgos patrocinó una legión de reformas, desde la división racional de España en provincias a la castración del ganado merino, cátedras de aritmética y la exención fiscal del jabón.⁹⁸

Sin embargo, no era el fomento gubernamental, sino los procesos autónomos de desarrollo económico, lo que había reforzado a las clases ilustradas, creado los elementos para una sociedad mercantil y suscitado los comienzos de un renacimiento económico. Tras la Guerra de la Independencia, España estaba hundida; hacia 1827 la recuperación era evidente.

Al lado del cambio económico se produjo una revolución demográfica que se había iniciado en el siglo XVIII, pero que no cobró proporciones europeas hasta el XIX; hacia 1860 la población se había elevado a dieciséis millones de habitantes, frente a diez millones en 1800. Este crecimiento era superior a la media europea.⁹⁹ Se manifestó primero en las regiones de progreso económico, las que podían permitirse el lujo de crear mejores condiciones de higiene, de alimentación y de vestimenta, ofreciendo al mismo tiempo mejores posibilidades de trabajo. Así, Cataluña aumentó su parte de la población total de España pasando de un 8,1 % en 1797 a un 10,5 % en 1857. Más adelante, en el curso del siglo, se recuperaron las regiones centrales, a medida que el progreso económico y la medicina se filtraron hacia el interior desde la periferia.¹⁰⁰

En general, los países de Europa occidental hacían frente a los problemas planteados por un aumento de una población mediante la expansión industrial y la agricultura intensiva. Vedaba estas soluciones en gran parte del país, como hemos visto, la parquedad de sus recursos financieros y la pobreza de su suelo; en cambio se produjo un sorprendente incremento en el cultivo extensivo de cereales. Este primer impulso expansivo del siglo se produjo sobre todo en las tierras del corazón de Castilla, no en la periferia. En opinión de Moreau de Jonnès, a principios de los años treinta, constituía el fenómeno de crecimiento más notable de Europa con millares de hectáreas antes semidesérticas ganadas para el cultivo. Vio en España el futuro granero del continente.¹⁰¹

Son tan insuficientes los fundamentos estadísticos de que disponemos que es muy difícil averiguar si este resurgimiento agrario se produjo antes o después de 1835. Larraz opta por adjudicarlo a los años que precedieron al desarrollo industrial de los años treinta; Vicens Vives lo sitúa en los años cuarenta.¹⁰² Esta expansión era en parte la reanudación de la de principios de siglo, interrumpida por las guerras. Los incrementos del siglo XVIII son explicables en términos de la elevación general de los precios: toda expansión de comienzos de siglo tiene que haberse producido en una situación de precios agrícolas estables o descendentes, lo que es una de las razones más sólidas para fecharla en los años treinta o aún más tarde. Yo mismo me inclino a pensar que este incremento se debió no tanto a la necesidad de compensar la pérdida de la plata americana, con la que se pagaban las importaciones alimenticias españolas (como sugiere Moreau de Jonnès) como al cultivo marginal especulativo, acaso obra de los nuevos terratenientes de los años treinta y cuarenta. Los cereales eran la única cosecha vendible en el mercado que podía lograrse rápidamente en las nuevas tierras sin fuertes inversiones de capital, y además los aranceles de 1825 obligaban a la España periférica a consumir el trigo castellano, a pesar del elevado coste del transporte por tierra, con preferencia sobre el grano extranjero, más barato e importado por vía marítima. Como ocurre con casi toda agricultura especulativa, el suelo se agotó y las cosechas se hicieron menos abundantes.¹⁰³ Las estepas yermas, cuya desolación emocionó tanto a Machado y a los poetas de la generación del noventa, fueron, en parte, el resultado de estos años de manía cerealista.

A consecuencia de ello, durante estos años, gracias a unas cosechas bastante buenas, España fue autosuficiente en materia de cereales. Una mala cosecha y la insuficiencia de los transportes ocasionaban todavía importantes variaciones de precios estacionales y locales. El trigo era dos veces más caro en 1836 que en 1833 —siendo éste el mayor aumento del siglo hasta 1867—. Los precios se elevaban y descendían en diferentes regiones, en diferentes momentos y con distintos índices; así, en los «años caros» podía ocurrir que por levantarse la prohibición contra la importación de grano extranjero y por la compra por parte de los municipios, descendieran los precios del trigo en la periferia por debajo de los de las regiones del centro, productoras de trigo, que normalmente eran zonas de precios bajos.¹⁰⁴ Les precios elevados de los cereales daban lugar a que la población, que en muchas regiones vivía de pan, alubias y verduras, con poca o ninguna carne, padeciese y a que el desasosiego se apoderase de las ciudades. Los campesinos pobres no se beneficiaban de los precios elevados, como lo hacían los grandes agricultores y comerciantes al por mayor, ni podían almacenar reservas en los años de precios bajos. La naturaleza del mercado de cereales, por lo tanto, agudizó la lucha social en el campo y la carestía de las subsistencias proporcionó al radicalismo urbano una de sus armas más poderosas: la abolición de los impuestos sobre los alimentos o consumos.

El éxito económico más notable de la primera mitad del siglo XIX fue la consolidación y el desarrollo del complejo industrial de Cataluña.¹⁰⁵ La industria catalana no era, ni mucho menos, exclusivamente textil ni estaba concentrada en torno a Barcelona como implica la expresión, que se le aplicaba, de «Manchester española». Había importantes empresas textiles y curtidurías en muchas ciudades catalanas.¹⁰⁶ Había muchas fábricas más bien pequeñas dedicadas a la producción de papel y jabón, siendo muchos artículos importantes en el comercio colonial. En los años cuarenta se hicieron diversos intentos de establecer una industria metalúrgica a gran escala. Sin embargo, fue la concentración de una industria algodonera —fenómeno nuevo, ya que la industria lanera había estado muy dispersada— lo que cambió el aspecto de Barcelona: los grabados de los años cincuenta muestran el viejo puerto rodeado de las chimeneas de las fábricas.

El primer cuarto del siglo no hacía presagiar tales progresos. La depresión, la contracción de los mercados, la guerra y la deflación habían arruinado los modernos establecimientos algodoneros construidos entre 1803 y 1808, dejando la industria en manos de artesanos agobiados. Durante la Guerra de la Independencia parte de los beneficios fueron bombeados hacia Francia como consecuencia de la decisión de Napoleón de convertir la economía catalana en una economía satélite.¹⁰⁷ Una recesión europea y el alud de productos textiles franceses de contrabando que asoló a España en la estela de los ejércitos galos en 1823 —como en 1808— acabaron con el resurgir que caracterizó la era de gobierno constitucional (1820-1823). «Muchas de las fábricas han cerrado sus puertas», escribía Aribau, el poeta y propagandista industrial catalán; «los telares están cubiertos de polvo y los artesanos mendigan por las calles».

Hubo una mejora evidente de la situación en 1827 y la expansión subsiguiente dejó afianzada la indiscutible supremacía de la industria algodonera catalana. Los catalanes visitaron Inglaterra y Francia, modernizando su maquinaria anticuada: entre 1830 y 1840 la producción de algodón casi se triplicó y en los cinco años siguientes dobló nuevamente.¹⁰⁸ La industria, cuyas fuentes de energía se limitaban todavía en 1833 al caballo y al agua, inició en la década siguiente la lucha por convertirse en una industria accionada al vapor. La fábrica de Bonaplata, «El Vapor», no era únicamente una fábrica que funcionaba con máquinas de vapor, sino también un taller con fundición de hierro en donde se podía construir y reparar la maquinaria textil. El proceso de transformación se retardó debido a la falta de capital y a las destrucciones de máquinas: la fábrica de Bonaplata fue incendiada por la turba en los disturbios de 1836, y la introducción de las selfactinas, el «invento del diablo», dio lugar a huelgas en los años cuarenta.

Hasta los años cuarenta, con inversiones de capital cada vez más fuertes, no surgieron las fábricas algodoneras más grandes con maquinaria moderna. Entre 1831-1841 y 1842-1851 la tasa de inversiones de capital en el sector algodonero se multiplicó por ocho y hacia 1845 se dio un espectacular paso adelante en la adopción del vapor. Estos años presenciaron el establecimiento de las grandes dinastías industriales: los Güell, campeones del proteccionismo y los primeros industriales que recibieron un título nobiliario; los seis hermanos Muntadas, que fundaron La España Industrial, la mayor fábrica de España; los hermanos Serra. Por lazos matrimoniales se formaron algunos de los imperios textiles privados más grandes del mundo.¹⁰⁹ Los industriales estaban con frecuencia relacionados con las grandes empresas que comerciaban con América —en los años treinta los capitanes catalanes y levantinos abrieron la ruta atlántica triangular llamada «vacuna»— y las empresas industriales se financiaban con los beneficios hechos en el comercio cubano al por mayor y al por menor, casi por completo en manos españolas. Así, Joan Güell invirtió su fortuna cubana en la industria catalana.¹¹⁰ Sin embargo, hay que subrayar que la inmensa mayoría de las «fábricas» catalanas empleaban a diez o veinte hombres y que los más de los navieros catalanes regentaban pequeños negocios.

A ojos de los catalanes que consideraban a Cataluña como una unidad económica autosuficiente, esta revolución industrial parecía una conquista incompleta y como coja. El persistente intento de crear una industria pesada, que se inició en estos años con las empresas de maquinaria de Bonaplata y otras, significaba menos un logro que una aspiración. La misma industria textil siguió sufriendo de costos elevados, sin un mercado doméstico en expansión capaz de subvenir a los gastos de una repetida modernización y sin carbón barato (el intento de explotar los depósitos catalanes fue un fracaso). Los textiles españoles dependieron siempre —salvo los ulteriores mercados de las Antillas— del poder adquisitivo del campesino español. Todavía en el siglo XX una mala cosecha significaba un descenso del 30 % en las ventas de productos textiles. De ahí la pugna de los catalanes por asegurarse este mercado frente a los textiles baratos ingleses. El proteccionismo se convirtió en el credo de Cataluña; el precio del apoyo político catalán a los gobiernos de Madrid era la prohibición de importación de productos textiles. Organizando la Comisión de Fábricas como grupo de presión, los catalanes consideraban la liberalización del comercio un desastre nacional, y el predominio del contrabando, en magnitud suficiente para ocasionar alteraciones en el mercado, era a su modo de ver un reproche permanente a un Estado gobernado por políticos madrileños indiferentes a la prosperidad nacional.¹¹¹

Madrid, al que el liberalismo había de convertir en el eje de una máquina gubernamental centralizada, siguió siendo en gran parte una capital política: lo que antes eran los cortesanos lo eran ahora los pretendientes, los buscavidas profesionales de una administración mal remunerada. Las acusaciones contra la tiranía de Madrid se combinaron con ataques a su «artificialidad» económica. Se trataba de una ciudad de consumidores y de comerciantes de lujo —como era el caso de muchas otras sedes de gobierno— y los proteccionistas regionales no apreciaban el efecto estimulante que tenía sobre la economía en general. Sin que hubiera medios de transportes baratos resultaba imposible establecer industrias en el centro de España. Las industrias menores de Madrid comprendían 27 «fábricas» de paraguas, 62 plateros y 45 imprentas —era la capital intelectual y los descendientes de estos impresores habrían de ser los primeros republicanos federales y socialistas—, 5 fabricantes de cuerdas de guitarra y 6 manufactureros de dentaduras postizas.¹¹²

Los progresos de la primera mitad del siglo anticipaban débilmente los grandes intereses económicos del siglo XIX: el trigo castellano, los textiles catalanes, el hierro y el acero de las provincias vascas, el carbón de Asturias y las distintas exportaciones agrícolas y mineras del Sur.¹¹³ Por el momento las innovaciones no lograban superar las trabas que les ponía un mercado nacional desprovisto de un entretejido de facilidades de crédito y de buenas carreteras. La construcción de carreteras en la época carolina, que alcanzó su apogeo durante el reinado de Carlos IV, se detuvo con la Guerra de la Independencia que, con la guerra carlista, causó destrozos en la red existente. Servicios de diligencias, introducidas a nivel local en Cataluña y Valencia en los primeros años de Fernando VII, unían Madrid con Barcelona y Valencia, pero el viaje duraba ocho días y costaba el equivalente de lo que ganaba un artesano acomodado durante un año entero. España nunca tuvo canales —el canal de Castilla, que habría conectado el granero de España con los puertos del Norte a partir de los cuales el transporte era barato, fue proyectado pero no se construyó jamás— y España no consiguió buenas carreteras interurbanas y hosterías pasables hasta que se inició la era del ferrocarril.¹¹⁴ Así, las recuas de mulas que abundaban por España en tiempos de Borrow significaban un costo de transporte prohibitivo, salvo en las regiones costeras, servidas por gran número de pequeñas embarcaciones —hecho que contribuye a explicar el progreso periférico frente al estancamiento central—. El centro de España era aún un cúmulo de mercados locales, autosuficientes, orientados hacia las ciudades de mayor importancia. Lo que sorprende, sin embargo, al hojear los diccionarios geográficos (Miñano, 1825; F. de P. Mellado, 1845) es la pervivencia de los residuos de una industria ya decaída. Todo pueblo un poco grande tenía sus telares —sobre todo para el lino, y en Castilla y Aragón para la lana— que satisfacían las necesidades de la población y de la comarca circundante, a la vez que unos cuantos artesanos especializados que abastecían un mercado más amplio. La industria doméstica aldeana, que en gran parte era una ocupación estacional o secundaria, sobrevivió hasta el siglo XX.

Por limitados y localizados que puedan haber sido los cambios en la infraestructura de la sociedad, hicieron resurgir la preocupación del siglo XVIII por la modernización de un Estado y de una sociedad atrasados siguiendo ejemplos extranjeros reconocidos. Pero ahora los problemas del desarrollo se veían desde un ángulo distinto. Mientras que el siglo XVIII soñaba con una sociedad remodelada por una elite apoyada en el aparato estatal, ahora se pensaba que la sociedad debía cambir por sí misma y que estos cambios autónomos exigirían modificaciones en la estructura política misma. Lo que la generación anterior había llamado «ilustración» sería obra no de una elite aislada y abnegada, sino de las clases ilustradas. En el antiguo régimen, las mejoras urbanas habían sido obra de reyes y de capitanes generales que vencían la inercia de los ayuntamientos hereditarios. A partir de 1834 estos ayuntamientos fueron a veces representantes de ciudadanos preocupados por la mejora de sus propias ciudades; con la disolución de los monasterios había sitio disponible para calles más anchas y solares edificables susceptibles de ser adquiridos por especuladores privados.¹¹⁵

Estos reformadores municipales representaban una nueva fuerza en el seno de la sociedad y en la política: la alianza de las capas superiores de la burguesía con la aristocracia políticamente activa que había de ser el fundamento de la política conservadora durante los cien años ulteriores.¹¹⁶ Como muestran las carreras de Miraflores, Frías y Rivas, los aristócratas jugaron un papel importante en la vida política, principalmente como dirigentes del liberalismo conservador; la idea de una segunda cámara hereditaria o parcialmente hereditaria se hizo políticamente respetable, convirtiéndose en el marchamo del liberalismo conservador. En Madrid los salones aristocráticos daban el tono de la vida social de las clases respetables; aristócratas y miembros destacados de la clase media trabajaban juntos como miembros de comités organizadores de bailes benéficos, cajas de ahorro, escuelas de enseñanza gratuita y sociedades literarias, «iniciando una nueva era de progreso en beneficio, tanto material como moral, de la sociedad».¹¹⁷

Esta alianza tuvo como requisitos previos ciertos cambios significativos en el mundo aristocrático y en el mundo burgués. La antigua aristocracia de los grandes de España permaneció aislada, altanera y extraordinariamente aferrada a sus funciones honoríficas cortesanas. Por herencia y matrimonio, el último duque de Osuna reunió en su persona más de cincuenta títulos y gozaba de una renta de unas 60.000 libras esterlinas anuales, cifra enorme para lo que en España se estilaba. Su extravagancia crónica y el intento de competir con aristócratas europeos le arruinó totalmente.¹¹⁸ Más abajo en la escala social, el seguro universo del hidalgo se desvaneció con la enorme transferencia de manos de la propiedad agraria producida por la legislación desamortizadora a contar de 1830.¹¹⁹ Fue precisamente la pequeña nobleza cargada de deudas la que vendió. Solamente los aristócratas que adoptaron las virtudes burguesas pudieron sobrevivir.

La creciente prosperidad daba a la burguesía naciente la confianza en sí misma y el valor necesarios para elevarse por encima del negocio familiar. Los hombres más ricos (en términos de liquidez) de España no eran ya los grandes, sino los banqueros y hombres de negocios catalanes. Las dos nuevas grandes fortunas españolas fueron la de Xifré, formada en el comercio cubano, y la de Remisa, que se debió a contratos militares con los franceses. Xifré, que levantó una mansión tan grande como cualquier palacio de un grande de España, siguió siendo banquero y negociante en propiedades inmuebles, mientras que Remisa se aventuró en el terreno marginal entre finanzas públicas y privadas, como director de Rentas, arrendatario de las minas de Río Tinto, de propiedad estatal, director del Canal de Isabel II y como banquero especializado en empréstitos estatales.¹²⁰

Los burgueses comerciantes e industriales de la España periférica eran liberales cristinos. El absolutismo clerical y el comercio raquítico iban juntos,¹²¹ relación que era en parte un reflejo accidental de las fluctuaciones europeas. Istúriz y Mendizábal en Cádiz, los mercaderes de San Sebastián y de Bilbao, así como Beltrán de Lis en Valencia son representantes típicos del liberalismo comercial de los años treinta y de su relación con los empréstitos gubernamentales. La negociación de estos créditos, que los gobiernos liberales necesitaban para luchar contra el carlismo, introdujo a las clases mercantiles en la vida política, ligando al mismo tiempo sus intereses al triunfo liberal. Aunque el liberalismo de la burguesía de Barcelona estaba condicionado por los peligros inherentes al dogma liberal del librecambio, la clase industrial catalana era decididamente liberal, ya que no se les presentaba más alternativa que la de carlistas incendiarios de fábricas o la de los favores inconstantes de la monarquía absoluta. La Comisión de Fábricas de Hilados apoyó a Ballesteros, ministro ilustrado de Fernando VII, y consiguió a cambio protección contra los hilados ingleses; apoyó al rey contra los carlistas catalanes en 1827 y dio la bienvenida a María Cristina como protectora de los intereses industriales.¹²² Los industriales apoyaron al nuevo capitán general, Llauder, al que The Times denominó «el ídolo del partido liberal», en sus luchas contra los Voluntarios realistas y en su hostilidad a los gremios que «se habían opuesto constantemente al progreso industrial».¹²³

Es imposible entender la estructura de la política liberal a menos que comprendamos que la iniciativa política residía en las grandes ciudades y que era en las ciudades donde la naciente alianza conservadora de los prohombres con la alta burguesía se vio desafiada por la alianza radical de la burguesía inferior con el menu peuple.¹²⁴ Por ello, las iniciales simpatías radicales de la Comisión de Fábricas de Barcelona fueron modificadas por los conflictos laborales de los años treinta y cuarenta: al mismo tiempo que pedían protección estatal para sus propios intereses en nombre de una industria recién nacida, se oponían, en nombre de la libertad de contratación, a todas las tentativas del gobierno por proteger a los trabajadores de las prácticas abusivas.¹²⁵ Quitaban importancia al descontento laboral atribuyéndolo a «unos pocos espíritus descontentos», inspirados por los carlistas, que deseaban arruinar la prosperidad catalana empujando al resto de España a boicotear los productos textiles catalanes. Este cambio de orientación hacia la derecha y la alianza con los intereses conservadores que había de apuntalar al partido moderado se manifiesta en el papel jugado por Remisa como enlace entre la industria catalana y la política liberal conservadora y en el tono cada vez más conservador del liberalismo de las ciudades vascas. La «gente decente» sentía terror ante la «anarquía» del radicalismo urbano; de ahí su disposición a aceptar un golpe de mano militar cuando la tradicional toma del poder «revolucionaria» de los prohombres locales no pudo ya garantizar la paz social.

La predisposición revolucionaria de la baja clase media urbana se explica por la precariedad de su existencia. Los artesanos tradicionalmente independientes de las ciudades catalanas, y de Barcelona en particular, estaban iniciando su descenso hacia las capas superiores del trabajo asalarido. Los que conservaban su independencia se mezclaban con la clase de los tenderos, todavía conservadora en 1814 pero que en los años cuarenta y cincuenta habría de proporcionar muchos dirigentes radicales; la política radical de Barcelona se gestaba en reuniones de periodistas y de artesanos como las que tenían lugar en la relojería de Soler.¹²⁶

La política radical podía contar con una masa de seguidores de la clase obrera tan sólo en Barcelona, en las ciudades textiles catalanas y en los grandes puertos y ciudades del Sur. En Cataluña los agravios tenían su raíz en las inestables condiciones de la misma industria: el despido en épocas de crisis comercial, las disputas acerca del trabajo a destajo, en gran parte consecuencia de la mecanización —de ahí las destrucciones de máquinas en 1836 y 1845—. Los operarios textiles se convirtieron en radicales convencidos por negarse los gobiernos conservadores a eliminar las restricciones legales a las asociaciones de trabajadores; alistados en la milicia, eran la fuerza de choque de los radicales. Por debajo de ellos estaban los miserables: los descargadores de los muelles, los vendedores callejeros casi mendigos, la hueste de los menesterosos urbanos, cuya presencia, pese a los esfuerzos de la asistencia pública, hacía de las calles de Barcelona una experiencia inolvidable para un espíritu sensible incluso a finales del siglo XIX.¹²⁷ En todas las grandes ciudades del Sur existía un inframundo de pobreza desesperada y de trabajo eventual, poblado por los personajes curiosos que Borrow encontró en sus viajes.¹²⁸ No se puede comprender el estallido espontáneo de la revolución radical en España sin visitar los barrios bajos de un puerto mediterráneo.128 bis

La sociedad que apareció a partir de 1833 era una sociedad discutidora; aunque es cierto que la religión y la moral ortodoxa estaban fuera de discusión, el ambiente del absolutismo (que había asfixiado al poeta Larra y convertido la publicación del libro más inocente en una complicada operación de tira y afloja y de influencias personales respecto a las autoridades de la censura) era ya cosa del pasado. La discusión era política y literaria (el debate económico serio pertenece a los años cincuenta) y se desarrollaba en la prensa periódica y en los clubs literarios y públicos —extensión de la tertulia íntima, familiar—. Era fácil fundar periódicos y en 1840-1843 una campaña bien organizada mostró por vez primera el poder político de la prensa.¹²⁹ En 1835 se fundó el Ateneo como centro literario: habría de poseer una influencia política y literaria sin parangón y lograr que se reconociera la respetabilidad del intelectual en la vida social y política y la primacía del debate público e informado.¹³⁰

La renovación del debate público corresponde a los comienzos del movimiento romántico, traído a España por los exiliados liberales que volvían de Francia e Inglaterra después de 1833. La polémica romántica, que fue sobre todo un movimiento en el teatro, «sirvió de enlace entre los sectores más variados de la sociedad culta». En cierto sentido fue el credo literario del liberalismo de primera hora. El poeta Escosura escribió: «Esta íntima unión de las ideas políticas y de nuestra literatura explica el ardor con que nuestra juventud escala los montes de Navarra para expulsar de ellos a los representantes de la ignorancia».¹³¹

El romanticismo no podía proporcionar un programa a las clases ilustradas: éste se derivó de los reformadores del siglo XVIII, de la Francia posrevolucionaria y de los intelectuales ingleses que los exiliados habían conocido en los años veinte del siglo XIX. Como el liberalismo, el romanticismo, en palabras de Valera, se importó perfeccionado ya; sin embargo, al igual que en las constituciones liberales, el origen extranjero quedó ocultado por un derroche de ropajes históricos nativos. Las mejores mentes esperaban la regeneración de un retorno al teatro del Siglo de Oro, al igual que los intelectuales de 1898 habrían de relacionar el renacimiento literario con la regeneración nacional. Estas esperanzas se vieron frustradas cuando el romanticismo se convirtió en una imitación de los modelos franceses, decadencia casi inevitable en cuanto se pagaba tanto por las traducciones como por comedias originales. El virulento ataque de Larra a esta fácil imitación de lo extranjero le convirtió en el héroe de la generación del 98. El romanticismo fue poco más que el credo transitorio de una elite liberal: únicamente en Cataluña, donde se relacionó con el intento de resucitar el sentido de la nacionalidad catalana, su influencia fue significativa, duradera y saludable.¹³²

Por ello el romanticismo, tras un breve período, perdió su posición como fuerza aglutinante del liberalismo. El Liceo (el salón público donde más claramente se manifestaba la «mezcla de las clases») pronto se cerró. El Ateneo, después de casi perecer en las disputas políticas, se convirtió en plaza fuerte del liberalismo conservador. El poeta Espronceda se hizo republicano y Martínez de la Rosa se volvió conservador respetable. Hacia 1837 la armonía de la familia liberal se desvanecía tanto en sus manifestaciones literarias como en sus manifestaciones políticas.

En un sentido más amplio, el Romanticismo no dejó de tener una influencia permanente. Es una de las fuentes de esa tradición político-literaria que cavila sobre el problema de España. Los españoles aficionados a la literatura percibían a su propio país a través de aquellos viajeros franceses románticos, que buscaban en España los contrastes de una civilización «incontaminada por Europa».¹³³ Al darles la conciencia de sus idiosincrasias, el romanticismo acentuó la tendencia a atribuir los problemas de España, no al atraso económico y social, que podría remediarse, sino a cierto indefinible «españolismo», que cabe discutir por los siglos de los siglos, y desde luego ineliminable, el cual hacía imposible una modernización según el modelo europeo. Los españoles podían o bien enorgullecerse de su singularidad y de sus diversidades regionales o bien ver en este color local el símbolo del atraso de España respecto de Europa. Se produjo, pues, por una parte, la imitación masiva de la moda extranjera, encaminada a salvar la distancia cultural, y por otra parte una preocupación por estudiar y dejar constancia de las características de la España tradicional antes de que sucumbieran a la europeización. Conservar un inventario de esa España que se extinguía, lenta e imperceptiblemente, salvo en las grandes ciudades, fue tarea de la escuela de escritores costumbristas, fieles cronistas de los «tipos» extraños y de las singularidades regionales. Aun esta manifestación de patriotismo y de piedad literaria se inspiraba en modelos franceses.¹³⁴

CAPÍTULO VI

EL PARLAMENTARISMO PRETORIANO, 1840-1856

1. El Ejército, los Partidos y la Corona

Con el Convenio de Vergara, España dejó de ser el centro de la preocupación europea. En la diplomacia de las grandes potencias volvió a ocupar su nivel natural como una de las cours secondaires. Las guerras carlistas hicieron que el desarrollo político del país quedara determinado por el equilibrio de las tres fuerzas internas que aceptaron la monarquía constitucional isabelina como marco de acción —la Corona, el Ejército y los partidos dinásticos— y por la fuerza y unidad de que dieron éstas prueba contra los enemigos irreconciliables del sistema constitucional isabelino exteriores a él y que lo rechazaban in toto. Normalmente, estas tres fuerzas reaccionaban unánimemente contra las amenazas externas de carlistas y republicanos, mientras que, dentro del marco del sistema, dos fuerzas cualesquiera podían contrarrestar a la tercera, al menos durante un período breve. Así, Espartero y los progresistas podían eliminar a la Corona; ésta y el Ejército pudieron eliminar a los políticos, como ocurrió con Primo de Rivera a partir de 1923, y los políticos y la Corona podían reducir la importancia del Ejército, como lo consiguió Cánovas a partir de 1875. Cuando la Corona perdía a la vez el apoyo del Ejército y de los políticos, no le quedaba otro remedio que allanarse, como sucedió en 1854, 1868 y 1931. En 1856 y en 1873-1874, se salvó al desintegrarse las coaliciones revolucionarias y al impulsar la amenaza de la «anarquía» a una parte de los políticos y a la mayoría del Ejército a salvaguardar el orden representado por la Corona. En 1936 ésta ya no existía y las fuerzas del orden se vieron obligadas a buscarle un sustitutivo en una dictadura militar ad hoc. Debemos, por lo tanto, analizar esta ecuación triple y las relaciones entre sus elementos constitutivos durante sus años de formación.

El factor central era la posición de la Corona como «poder moderador», que poseía las dos prerrogativas personales de designar y destituir a los ministros y de dar a un ministro el decreto de disolución de las Cortes. Fue acusación constante de la izquierda la de que estas prerrogativas se ejercían siempre en beneficio de la derecha.

Es indudable que María Cristina como regente e Isabel II como reina actuaron a menudo como si los progresistas apenas se distinguieran de sus aliados revolucionarios: María Cristina nunca olvidó su humillación a manos de los sargentos de La Granja ni sus entrevistas con Espartero. Isabel, salvo un breve lapso de tiempo después de 1840, fue educada en una corte conservadora que desconfiaba de los dirigentes progresistas. Compartía la devoción sentimental propia de su generación, que veía a los progresistas a lo sumo como indiferentes a la posición de la Iglesia. Los progresistas, a su vez, veían en su amistad con sor Patrocinio, una monja que decía estar estigmatizada y «amar a Su Majestad más que nadie en este mundo miserable», una infracción de la ética política.¹

Tanto la madre como la hija restaron fuerza a su posición política con su conducta privada: María Cristina se casó en secreto con un ex sargento, hijo de un tendero; los radicales siempre podían amenazar con hacer público este matrimonio morganático (le costó mucho trabajo ocultar sus repetidos embarazos) y con privarla de este modo de su derecho legal a la regencia y sus rentas. Isabel fue acusada constantemente de mantener «favoritos» cuando su propio matrimonio resultó ser un fracaso. María Cristina, por otra parte, debilitó todavía más su posición por su codicioso empeño de reunir una fortuna privada segura. Echó mano de todos los fondos disponibles en el extranjero (de ahí su interés por los ingresos procedentes de Cuba) y se la acusaba de haber sustituido las vajillas de plata del Estado por duplicados de estaño. Intervenía como empresario privado en el comercio cubano de esclavos y fueron las especulaciones conjuntas con su marido, Muñoz (al que convirtió en duque de Riánsares), las que la hicieron tan impopular en 1853-1854. A Isabel se la consideraba una mujer frívola «imposible» (según la condesa de Espoz y Mina era una niña voluntariosa y agradable, pero mal educada) cuyos sentimientos de culpabilidad por sus devaneos sexuales podían ponerla a merced del clericalismo de su confesor y de su marido.

Todas estas debilidades, fueran auténticas o nacidas simplemente de rumores escandalosos, fueron explotadas por la prensa y la oposición democráticas. Pero a pesar de los rumores, de su ictiosis, de su obesidad y de lo que Washington Irving, el escritor norteamericano, describió como su «aspecto ordinario y algo meloso», la reina conservó su popularidad hasta los años sesenta. Al igual que su padre, comprendía al populacho y no, en cambio, a los políticos respetables. Fueron éstos quienes la destronaron cuando sólo tenía treinta y ocho años.

El segundo factor de la ecuación eran los políticos dinásticos. Su instrumento normal era una máquina parlamentaria que funcionaba ya según las líneas que muchos identificarían tan sólo con el llamado parlamentarismo bastardeado del último cuarto de siglo. Todas las técnicas de la influencia local y de la manipulación electoral eran ya en los años cincuenta métodos de uso corriente; resultaban tanto más fáciles de poner en práctica por cuanto los engranajes de la máquina hacían menos ruido con un cuerpo electoral reducido. No sabemos con exactitud cómo funcionó esta máquina bajo las diversas Constituciones liberales, cómo se escogían los candidatos y cómo se financiaban sus campañas, en el contexto de la vida provincial.² Está bastante claro que las elecciones en los distritos electorales más pequeños estaban controladas en gran parte por el ministro de la Gobernación, cuyo agente local, el jefe político y posteriormente el gobernador civil, podía conseguir la elección del candidato oficial mediante negociaciones con los políticos locales cuya influencia tenía que respetar.³ La votación secreta significaba el escrutinio a puerta cerrada, mientras que la publicación de un censo electoral mutilado demasiado tarde para que fuera posible protestar y la fuerza bruta proporcionaban recursos de emergencia.⁴ Pero sobre todo se recurría a los votos de los funcionarios del gobierno, que constituían una fracción muy amplia del cuerpo electoral; con esto y la abstención por parte de los partidos de la oposición en contiendas que no podían esperar ganar, el gobierno disponía de una mayoría prefabricada en la casi totalidad de los distritos electorales.⁵ De esta manera, la abstención, mientras no se convirtió en instrumento revolucionario, fue requisito indispensable del buen funcionamiento del sistema parlamentario.

Fueron los progresistas quienes convirtieron la abstención en un arma de protesta total. Ya que la Corona se negó a llamarles a gobernar, único procedimiento por el cual ellos podían llegar a valerse del aparato gubernamental para «fabricar» una mayoría, optaron por boicotear el sistema «falso» que les excluía. Al sistematizarse la abstención en el retraimiento (abstención total de los partidos de oposición en las elecciones), la monarquía constitucional estaría forzosamente en peligro. El retraimiento sólo parece haber funcionado eficazmente en los grandes distritos electorales urbanos donde existía un electorado en cierto grado independiente de la manipulación electoral característica, pongamos por caso, de los distritos rurales gallegos y del Sur.⁶ Aunque el retraimiento acentuaba la fuerza electoral del partido dominante, también ponía de manifiesto hasta qué punto era vana su pretensión de representar al electorado y fomentaba las disensiones en su seno: todas las mayorías parlamentarias, en unas Cortes en las que no existía una oposición seria, tendían con el tiempo a desgastarse por sus extremos y a disolverse en grupos. Un demócrata describía a los moderados como un partido «dividido en media docena de fracciones, cada una con su propio grupo de aspirantes a ministerios y cargos importantes, muchos de ellos comunes a las distintas fracciones pero que siguen al vencedor de turno».⁷ Tanto en aras a la disciplina de partido en el poder como por la dignidad constitucional era aconsejable, por lo tanto, fomentar una oposición. En los años sesenta Miraflores y O’Donnell, frente al retraimiento de los progresistas, quisieron llegar a un acuerdo con ellos para llevarlos a las Cortes. El sistema mismo del gobierno parlamentario exigía, si no gabinetes alternativos, al menos la apariencia de un partido de oposición: si no se conseguía de modo natural un turno político había que crearlo mediante respiración artificial.

La denuncia, por parte de los progresistas, de la utilización parcial del «poder moderador» pone de manifiesto una de las debilidades fundamentales del sistema constitucional. La consecuencia más importante de las elecciones «hechas» era que exponían a la Corona a la acusación de favoritismo partidista: cualquier ministro nombrado por el monarca podía conseguir una mayoría mediante la disolución de las Cortes. Incluso si la Corona hubiera estado decidida a actuar como «poder moderador» neutral, la prerrogativa de la disolución hubiera hecho difícil su tarea sin un sistema de partidos definido ni un electorado independiente que presentara a la Corona una opción clara y que favoreciera el afianzamiento de los hábitos constitucionales en esta decisión. No existía ninguno de esos requisitos indispensables para el funcionamiento normal de una monarquía constitucional madura.⁸ Esto no significa que se excuse la parcialidad y la estrechez de miras políticas tanto de María Cristina como regente cuanto de Isabel II como reina. Simpatizaron ambas con el partido moderado, y constantemente se convencían de que el estado de opinión del país no podía justificar la designación de un gobierno progresista, provisto del decreto de disolución para «hacer» unas Cortes progresistas. Fue precisamente el hecho de que se negaron a recurrir a los progresistas lo que dejó a los dirigentes de este partido sin ninguna posibilidad de victoria electoral y sin más alternativa que la de tratar de llegar al gobierno mediante procedimientos revolucionarios, desde el retraimiento al pronunciamiento. Sus doctrinas constitucionales, como las de los whigs de Fox, estuvieron condicionadas, por lo tanto, por la exclusión regia. Como en el caso de los whigs, estas doctrinas se hubieran atemperado si hubiesen dispuesto de cargos, pero su misma existencia hacía que la Corona considerase la posibilidad de un gobierno progresista como algo a lo que sólo había que recurrir en última instancia. Ello empujó al partido al borde de la revolución, amenaza que se utilizó entonces para justificar el conservadurismo de la Corona.

El tercer factor era el Ejército. Su función en la política se había transformado a consecuencia de las guerras carlistas, de tal modo que en 1840 era la fuerza más importante dentro del Estado.

La política militar en tiempo de guerra es siempre consecuencia de necesidades mutuas; los generales buscan apoyo político para sus propias estrategias, y los políticos buscan la victoria para reforzar su posición de partido. Así, a Mina, valetudinario, sus amigos radicales le instaban a conseguir una victoria aunque tuviera que ser llevado en camilla al campo de batalla, mientras que los moderados siempre confiaron en una aplastante victoria del general Córdoba en el Norte. En España la intervención militar se convirtió en un fenómeno crónico debido a que el deseo de los políticos de contar con el apoyo militar se extendió más allá de su necesidad primaria en tiempo de guerra, conjugándose con la ambición militar de producir una estirpe de militares políticos. No se trataba simplemente de que el Ejército fuera el refugio del liberalismo y la defensa de éste contra el carlismo: era también la única institución sólida del Estado liberal. Las facciones políticas, conscientes de su debilidad y de su aislamiento a partir de 1837, recurrieron a los generales. «Todos los partidos tienen sus ojos puestos en mí», escribía Narváez. Así, en noviembre de 1838, fueron los políticos radicales de Sevilla quienes recurrieron al general Córdoba para encabezar su revolución local contra las autoridades constituidas; en el caso de Córdoba hay tal vez algún indicio de que, en una situación confusa, aceptó este papel político contra su voluntad para contener la revolución y ahorrar un mal trance a las autoridades.⁹

Los generales tardaron algún tiempo en adaptarse a su nuevo papel de dirigentes permanentes de partido y no ya de intérpretes ocasionales de la voluntad nacional por el mecanismo del pronunciamiento. Las vacilaciones iniciales de Narváez y Espartero, amenazadores, solicitados, pero sin compromisos personales que les vinculasen, sembraron la confusión en la política de los partidos.¹⁰ A la vista de sus papeles posteriores resulta sorprendente que Narváez pudiera aparecer en alguna ocasión como el astro ascendente de los progresistas, y que Espartero fuese considerado como un posible instrumento de los amigos de la reina.

Los primeros pasos de este proceso de intromisión en la política se dieron cuando los generales, sin fondos del gobierno central, se convirtieron en sátrapas de sus respectivas regiones militares, amenazando a las autoridades civiles locales para que abastecieran a sus hombres, o sustituyéndose a ellas sin más con la declaración del estado de sitio. O’Donnell, que estaba dispuesto a amotinarse con tal de obtener jabón, impuso sus vales de suministro a las autoridades y empresarios locales; el acaparamiento del gobierno local fue característica señaladísima de la administración militar de Narváez en el Sur, en 1838. «En estas provincias hemos llegado a la desdichada situación de vernos reducidos únicamente a nuestra propia autoridad.»¹¹

El gobierno militar acaso pueda considerarse como una transferencia de este predominio local a la esfera del gobierno central. Cuando a los políticos les fue imposible abastecer con suministros limitados a los diferentes ejércitos operacionales, para los jefes de éstos se convirtió en necesidad el tener amigos en el gobierno para hacerse con los suministros que hubiera. «Un gobierno que me ayude y me proporcione suministros —escribía Narváez— y yo responderé con un acto digno de la nación»;¹² sin embargo, abastecer a Narváez y a su ejército del Centro significaba descuidar a Espartero y a su ejército del Norte. El gobierno apoyaba a Espartero. Puesto que Narváez había demostrado ser un jefe lo bastante competente como para merecer un trato preferente, se consideró enemigo político de Espartero y del gobierno que había apoyado a su rival. Pensaba en Alaix, el ministro de la Guerra que había favorecido a Espartero, como «el enemigo de mi gloria», e intrigaba con Córdoba en favor de un gobierno antiesparterista. Para el duque de la Victoria, el criterio por que se juzgaba un gobierno en los años críticos de 1838-1839 era simplemente su disposición a abastecerle con los medios necesarios para conseguir el triunfo. Un gobierno así fue el que tuvo a Alaix como ministro de la Guerra; al igual que muchos militares, su personal predilección iba a gobiernos que no fueran de partido.

El que los gobiernos de civiles no supieran abastecer a los ejércitos en campaña obligó a los generales a efectuar una dramática irrupción en el escenario político el año 1837. El gobierno declaró oficialmente que los ejércitos se morían de hambre porque los generales se estaban llenando los bolsillos. Los soldados, con la declaración gubernamental en la punta de sus bayonetas, asesinaron a sus oficiales en una oleada de motines que asolaron los ejércitos del Norte durante el verano. Por otra parte, los progresistas extremados estaban tratando de ganarse a los sargentos y a la tropa para enfrentarles a los oficiales, como hicieron en la «revolución» de La Granja. Espartero empezó a hablar con desdén de los políticos; sus admiradores ingleses le consideraban un Cromwell venido para poner fin a las disputas de los parlamentarios. Y lo que es más, cuando pasó la crisis de 1837-1838, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para proporcionar el dinero necesario para la guerra hizo que las victorias de los generales parecieran triunfos de la empresa privada. En 1835 España se había vuelto hacia un mesías civil; en 1837 un mesías civil era inconcebible.

El recurso a los generales no parecía rendición a una casta aparte. El gobierno de los militares es incomprensible si no se recuerda que la división entre sociedad militar y sociedad civil no era nada clara. Había escasas diferencias sociales entre un oficial mal pagado y un funcionario mal pagado: ambos eran miembros de las clases medias subempleadas que dependían, para su promoción social, del favor político. Al igual que los pretendientes, el cuerpo de oficiales, hipertrofiado por los ascensos de guerra y por la incorporación al mismo de oficiales carlistas como consecuencia de las cláusulas del convenio de Vergara, se había hecho demasiado numeroso para las plazas disponibles; se pensaba que el único medio para conseguir nuevos ascensos era organizar una revolución que pudiera proporcionarlos. Al oficial que no ascendía, como al pretendiente, se le veía por los cafés madrileños conversando amistosamente con los políticos; en cambio, los oficiales con mando podían ocupar un escaño como diputados o senadores, beneficiándose de su inmunidad parlamentaria para cubrir sus acciones como conspiradores militares. De este modo el gobierno militar fue un proceso simbiótico en el que los políticos se apoyaban en los militares y éstos aparecían como políticos activos.¹³ Narváez y Espartero fueron derribados cuando se despojaron de su carácter civil para aparecer como dictadores militares.

Paradójicamente, cuando hubieron asumido el poder político, el intento de revestir sus actos del ropaje civil debilitó la influencia de los generales-políticos sobre el Ejército, al tener que atacar los intereses de éste en su afán de conseguir un presupuesto equilibrado. Así, Espartero, con la mejor buena voluntad del mundo, no pudo resolver el problema planteado por un ejército desmesurado, propio del tiempo de guerra, que necesitaba reducir en un momento en que el Estado era demasiado pobre para mantenerlo o para licenciarlo pensionándolo. En agosto de 1841 redujo los Regimientos de la Guardia; en invierno estos regimientos eran ya el centro de una conspiración contra él. El atraso en las pagas fue lo que dio a la sedición de oficiales de 1843 su ascendiente sobre unos soldados que habían venerado a Espartero. De este modo, si para los civiles Espartero aparecía como un dictador militar, para los militares tendía a aparecer como un general que había olvidado cómo debía atender al Ejército. Narváez, su sucesor, no dejó que esta lección cayera en saco roto.

2. La Regencia de Espartero, 1840-1843

La Regencia de Espartero —se convirtió en regente único en mayo de 1841— es el ejemplo más sorprendente de la nueva simbiosis de políticos y militares. Sin embargo, no era un representante perfecto de este sistema porque la revolución popular había convertido septiembre de 1840 en algo más que un mero golpe de mano militar. Esta «revolución gloriosa» fue una combinación del modelo de 1836 (consagración por el Ejército de una revolución civil en las grandes ciudades) y del «pronunciamiento negativo» (negativa de los militares influyentes a apoyar al gobierno contra una oleada de opinión). La combinación resultó afligida de inestabilidad crónica, y el poder que a Espartero diera la Revolución de Septiembre estuvo sometido a un continuo proceso de erosión hasta que acabó apoyándose todo él sobre el precario puntal de un pequeño grupo de militares, igualmente odiosos para los revolucionarios desilusionados y para los conservadores derrotados. Espartero fue derribado por una alianza de los artífices de la Revolución de Septiembre (los radicales de Barcelona y el ala izquierda progresista) con sus más enconados enemigos (los generales y políticos moderados). Esta alianza fue la que confundió durante una década a las fuerzas de la revolución popular. Tras haber coadyuvado a derribar al Tirano, los progresistas no encontraban a ninguna figura de talla e influencia comparables a las suyas para representar sus aspiraciones dentro de la casta militar. Así, se vieron condenados a la impotencia política hasta 1854.

Se suele decir, equivocadamente, que el Ejército sólo se hizo conservador desde 1873. Era firmemente liberal, en el sentido de que se oponía al carlismo, pero el liberalismo cristino de los militares podía abarcar tanto la ampliación de las conquistas liberales hacia la democracia y la alianza con la Revolución, como la defensa de los que se denominaban ya intereses creados del liberalismo. Muchos generales fueron hombres de orden, deseosos de servir los intereses conservadores del Estado liberal. De este modo, aparte de un grupo de amigos, militares cuya carrera dependía del poder de Espartero —Linaje, su secretario, Van Halen, Seoane y Zurbano—, muchos oficiales veían con disgusto la alianza del regente con la revolución en 1840, especialmente porque los radicales civiles amenazaban los intereses del Ejército con sus exigencias de economías en el presupuesto militar. Destino inevitable de la rebelión militar triunfante era sentar precedentes de sedición: cuando Espartero ensalzaba el «valor cívico» del Regimiento de Cazadores por lo que en realidad había sido un motín contra los oficiales superiores en septiembre de 1840, estaba incitando a parecidas manifestaciones de valor cívico dirigidas contra él.¹⁴

Ya en 1841 algunas autoridades militares se mostraban remisas en su defensa del nuevo regente; así, O’Donnell, como Mola en 1936, conspiraba tranquilamente en Pamplona a pesar de las advertencias de los civiles. En el verano de 1843 la deserción de los oficiales resultó decisiva. Su lealtad había sido socavada por la Orden Militar Española, mitad orden de caballería, mitad sociedad secreta, basada en las técnicas masónicas, organizada por Narváez con fondos proporcionados por María Cristina desde su exilio en París. La novedad consistía en tejer la red conspiratoria en «triángulos» de tres iniciados desde los oficiales superiores hacia abajo, artificio masónico que permitía contar con los oficiales comprometidos pero que mantenía a los sargentos y a la tropa en su lugar, en los escalones inferiores de la Orden.

Cuando María Cristina hubo manifestado claramente sus intenciones de conspirar contra Espartero con apoyo francés, la alianza de los enemigos militares de Espartero, a saber, Narváez y O’Donnell, con los políticos moderados se hizo inevitable. En octubre de 1841 los generales creían que podía tener éxito una rebelión conservadora puramente militar, sin compromiso alguno para concitar a los enemigos de Espartero por la izquierda. Este convencimiento se basaba en la nueva fuerza de los moderados en el Norte. Los prohombres rurales temían que los progresistas, bajo Espartero, en cuyo gobierno figuraban representantes de la tendencia antiforalista de los liberales de San Sebastián, destruyeran los fueros, en los que se basaba su predominio local sobre los «forasteros» y que habían sido garantizados por los moderados en noviembre de 1839. Esta destrucción iba implícita en el axioma progresista de que una Constitución liberal para todos los españoles convertiría las libertades forales en vestigio conservador arcaico y superfluo.

El levantamiento de generales y moderados de octubre de 1841 estaba condenado a fracasar en el Norte por negarse los carlistas a una alianza; el carlismo no podía apoyar una contrarrevolución conservadora en beneficio de una dinastía usurpadora. Para los militantes carlistas las libertades forales, que proclamaban los rebeldes, carecían de interés en sí mismas: el carlismo deseaba dar al traste con la monarquía parlamentaria; los oligarcas moderados, por el contrario, deseaban explotarla con exclusión de radicales y demócratas. En sí misma, la revuelta del Norte, tan mal planeada cuanto mal sincronizada —como tan a menudo ocurría—, se disparó a destiempo porque O’Donnell temía que se descubriera. No consiguió hacerse con Pamplona; la Junta foralista de Montes de Oca en Vitoria, la rebelión de Bilbao y una sedición militar en Zaragoza se deshicieron en seguida. En Madrid, Diego de León y Manuel Concha, jóvenes generales ambos ascendidos en la guerra y de alma romántica, se vieron obligados a actuar por la precipitación de O’Donnell. Trataron de hacerse con el Palacio y con la joven reina, pero fueron derrotados por la inesperada resistencia de unos cuantos alabarderos.¹⁵ Y, reflejo curioso de la ética del pronunciamiento, en la batalla de las escaleras de Palacio ninguno de los dos bandos disparó a matar, y la ejecución de los principales conspiradores ordenada por Espartero fue considerada como una transgresión de la convención militar según la cual todos los generales tienen derecho a rebelarse. La noble conducta de Diego de León hacia los soldados que le fusilaron entró en la mitología romántica; los cigarros que distribuyó a los miembros de su escolta reposan ahora, con su uniforme, en el Museo Militar de Madrid. Su ejecución dejó a los ayacuchos, como se llamaba a los amigos de Espartero en el Ejército, en una situación de aislamiento moral; los Concha constituían ya un clan militar poderoso.

Los moderados del Norte habían echado los dados con los generales para salvar su predominio dentro del régimen foral. La derrota, pues, permitió al liberalismo radical tratar de desmantelar la independencia foral. Su mecanismo esencial, la «licencia foral» (el derecho de las autoridades locales a autorizar o no las leyes españolas) fue declarado nulo frente a los decretos del gobierno; los poderes de las juntas fueron transferidos a las diputaciones provinciales constitucionales; las barreras aduaneras se establecieron siguiendo las fronteras nacionales y las provincias quedaron sometidas al reclutamiento militar. Casi parecía ello un triunfo completo de la centralización y del liberalismo urbano de San Sebastián, ansioso de destruir los privilegios de los prohombres rurales y las barreras arancelarias que impedían el tráfico de mercancías con España. Sin embargo, el aplazamiento de la incorporación plena de las provincias a la España constitucional se convirtió en el principal objetivo del partido foralista del Norte, que representaba el conservadurismo derrotado el año 41. Los «derechos» perdidos entre 1839 y 1841 se convirtieron en centro de una tradición histórica romántica, en la que los vascos aparecían como un pueblo libre, dotado de una constitución antiquísima, sujetos al dominio de los reyes españoles tan sólo por su propio consentimiento.¹⁶ Los foralistas pretendían la restitución de esta independencia perdida y se opusieron a todos los intentos del gobierno central de recaudar impuestos y de reclutar soldados.

Debemos seguir ahora el proceso de erosión de la etapa del dominio político-militar de Espartero, y la formación en contra suya de la coalición monstruosa de progresistas parlamentarios y generales moderados que acabaría llevándole al exilio. Sus vicios políticos eran el orgullo desmedido y la candidez explotada por su mujer y por sus compañeros de tresillo de forma que sus enemigos podían aducir que «anteponía la voluntad de un hombre a la de la nación». Al igual que todos los generales, decía representar la voluntad nacional mejor de lo que podían expresarla unas Cortes elegidas. Por ello no consideraba necesario comportarse como poder moderador neutral, apoyando su gobierno en las mayorías parlamentarias, postura nada sorprendente en un general que había coadyuvado a la revolución contra un gobierno parlamentario y que aseguraba considerar el gobierno de la mayoría convención novedosa, sin sanción en el texto de la Constitución.

En sus orígenes, la oposición parlamentaria de izquierda representaba los escrúpulos constitucionales de los progresistas radicales, sin ningún amor por el Ejército, los cuales consideraban la designación de Espartero como regente único como un triunfo maquinado por los ayacuchos «en contra de la nación». La oposición aumentó rápidamente por la animosidad de los jóvenes «pretendientes» sin cargos, dentro de una mayoría progresista amplia. La misma fuerza de los progresistas en las Cortes estimulaba la oposición dentro del propio partido; sin una oposición moderada efectiva para reforzar la disciplina de partido, la mayoría gubernamental parecía creación de un Guizot español.¹⁷ Así, a medida que la oposición acrecentaba sus filas, los dirigentes de la oposición parlamentaria progresista, Olózaga y López, podían hacer que defendían, contra la hegemonía militar y el caudillismo, el principio fundamental del parlamentarismo liberal: la responsabilidad de los ministros ante las Cortes como control eficaz de la prerrogativa de nombrar y destituir a los ministros, facultad ahora secuestrada por Espartero.¹⁸

La oposición progresista, por consiguiente, abrumó a Espartero con todos los cargos de uso inconstitucional de las prerrogativas que se habían formulado ya contra María Cristina. Los grupos encabezados por Cortina, López y Olózaga derrotaron de forma decisiva al gobierno en las Cortes en mayo de 1841. Espartero desafió a los rebeldes nombrando presidente del gobierno al general Rodil, un ayacucho que gozaba de la confianza de Espartero pero carente de apoyo parlamentario, La disolución no logró salvar a Redil y las nuevas Cortes obligaron a Espartero a nombrar a López (9 de mayo de 1843) después de fracasados todos sus intentos de hallar un gobierno de recambio. López exigió la destitución de Linaje como secretario militar de Espartero, y una amnistía que permitiera el regreso a España de los conspiradores moderados. Espartero consideraba acertadamente esto último como una concesión peligrosa a los peores enemigos del Ejército, y lo primero como una interferencia en lo que para él era su corte. «La destitución del general Linaje —confesó López— se convirtió en la principal y casi exclusiva preocupación del gabinete.» Espartero se negó a ella, dimitió a López y disolvió las Cortes. Ello daba a la revolución una bandera susceptible de unir a moderados y progresistas: la restauración de López y de la normalidad constitucional.

A la vista de la historia posterior, el elemento más significativo de la coalición contra Espartero fue la hostilidad de Cataluña, centrada en su capital, Barcelona. En 1820-1823, y a lo largo de las guerras carlistas, la conciencia de que había unos intereses específicos de Cataluña había ido tomando cuerpo frente a las exacciones de los capitanes generales y de otros representantes del gobierno central. Este «egoísmo provincial» estaba profundamente arraigado en el pasado. Sin embargo, era todavía incoherente. Aunque aparecieron la barretina y la bandera catalanas, se estaba todavía muy lejos del catalanismo político consciente o del regionalismo que buscaba ejemplo e inspiración en el pasado. Arraigado en el patriotismo ciudadano de Barcelona, representaba una reacción particularista contra los desaires e injusticias del control ejercido por los políticos madrileños que no se preocupaban en lo más mínimo del llamado «hecho diferencial» catalán. En Cataluña hubo una fuerte oposición a la centralizadora Ley Municipal y la Revolución de 1840 cobró todo el aspecto de un triunfo, tanto para el particularismo municipal como para el programa progresista. En 1840 Barcelona era uno de los centros en que radicaba la fuerza de Espartero.

Sin embargo, la etapa de Espartero no satisfizo a sus partidarios catalanes. El coronel Prim, que, con Serrano, había encabezado la oposición «militar» de izquierda en las Cortes, observó que el gobierno central no se interesaba por poner fin al contrabando, que era la muerte de los industriales catalanes. «Solamente hallo vejaciones, dificultades y una oposición de todo tipo. Todo está podrido, los hombres y las instituciones. Mis paisanos (los catalanes) me conocen lo bastante para no dudar de mis palabras..., mis esfuerzos han sido estériles porque así lo ha querido el gobierno, porque no le preocupa que nuestra industria se hunda, que nuestras fábricas queden abandonadas y Cataluña arruinada. Por esta razón las conmociones se hacen inevitables.» El descontento catalán y la táctica de la amenaza revolucionaria determinaron en Espartero y en sus generales el que habría de convertirse en reflejo condicionado de Castilla. ¿Por qué pretendía Cataluña un trato especial? «La rica Barcelona no puede negarse a pagar lo que paga una aldea miserable: los habitantes de Barcelona no poseen cualidades naturales que los excluyan del reclutamiento.» Cataluña, concluyó el general Seoane, debe ser gobernada con la vara.

La ruptura de Espartero con el radicalismo de Barcelona se remontaba a su decisión de no acceder a las ulteriores exigencias radicales una vez que la revolución de septiembre le hubo llevado al poder. Tenía el apoyo de los progresistas respetables, tanto por su hostilidad al criptorrepublicanismo de los demócratas, como por su supresión de las asociaciones obreras. La abolición de los arrendamientos urbanos protegidos (medida que duplicó el valor de la propiedad urbana) era tan aceptable para los progresistas, por ser muestra de un individualismo económico doctrinario, como impopular entre las clases bajas. Los progresistas no podían con la anarquía de las «cuadrillas» republicanas que aterrorizaban a las familias de la clase media hasta el punto de hacerlas abandonar la ciudad, y todo por pregonar con el lenguaje de la revolución social. «Cuando el pueblo quiere conquistar sus derechos, las masas tienen que empuñar las armas y gritar Viva la República. Tienen que matar a quienes se opongan por la fuerza. Aniquilarán a todos los que utilicen el poder contra ellas —es decir, a todos los que dependen del sistema actual: las Cortes, el trono, los ministros, los tribunales, en una palabra, todos los funcionarios públicos—.»¹⁹

El uso que hizo Espartero de la vara castellana, y sobre todo sus supuestas inclinaciones librecambistas «inglesas» fueron lo que volvió a concitar en contra suya la coalición radical progresista.²⁰ Patronos y obreros se unieron en una defensa desesperada de las prohibiciones de importación. Así, la Junta Popular de noviembre de 1841 añadió la protección de la industria nacional a su programa, y la «disuelta» Asociación de Trabajadores prohibió a sus miembros el uso de prendas extranjeras. A cambio, el Ayuntamiento reconoció la Asociación, autorizándola incluso a crear una cooperativa de productores. La disputa de Espartero con Barcelona comenzó con la Junta de Vigilancia de octubre de 1841. El movimiento, que al inicio era una reacción defensiva de los militantes progresistas barceloneses contra la frustrada contrarrevolución moderada de octubre, fue desarrollándose hasta convertirse en movimiento contra Espartero cuando, la Junta procedió a demoler la Ciudadela, fortaleza levantada por Felipe V para dominar la ciudad rebelde. El afán burgués de expansión urbana y de espacio edificable se unió al patriotismo municipal. El gobierno consideró la demolición como una traición y la castigó según este criterio. El movimiento de noviembre de 1842 muestra el avance rápido e independiente del radicalismo. Una pequeña refriega entre unos trabajadores que regresaban de una excursión dominguera y los guardias de los consumos, que querían cobrar la tasa por el vino que llevaban, fue explotada por los extremistas republicanos; al día siguiente «no había calle sin barricadas» y la ciudad estaba a la merced de las bandas organizadas por «mozos de tahona y camareros». Espartero pudo haber salvado su posición política mediante un acuerdo con los progresistas «respetables» que pugnaban por recuperar el control de la ciudad de manos de los «anarquistas» —que hacían ondear banderas negras— mediante una Junta de Conciliación (28 de noviembre de 1842). En lugar de aceptar las condiciones de los ciudadanos respetables, Espartero asedió y bombardeó la ciudad, y la trató como colectivamente culpable, imponiéndola una crecida multa.²¹ Sólo en el último momento trató de recuperar la popularidad perdonando la multa que la ciudad se negaba obstinadamente a pagar íntegra.²²

Esta hostilidad creciente no se limitó a Barcelona. Las Juntas de Vigilancia de octubre de 1841 habían dado ímpetu a los extremistas contrarios a Espartero en toda España. La supresión destemplada por parte del gobierno de una prensa legalmente libre —una de los conquistas de 1840— había suscitado coaliciones locales de oposición radicales de progresistas y moderados, y hacia 1843 se habían convertido en cosa general las alianzas locales efectivas entre progresistas disidentes y conspiradores moderados. En Valencia el influyente progresista Beltrán de Lis fue encarcelado junto al periodista e historiador radical Boix. Cuando Valencia se pronunció contra Espartero el capitán general cedió a la «expresión de la opinión sincera de todas las clases sin distinción». Los únicos asideros sólidos del último gobierno de Espartero fueron sus seguidores personales entre los generales ayacuchos; los progresistas que temían menos su «tiranía» que una contrarrevolución dominada por los moderados; y la milicia de Madrid. Dado que los ciudadanos más prósperos se habían redimido de servir en ella, la milicia se había convertido en un cuerpo puramente profesional cuya existencia y cuya paga estaba ligada al poder de Espartero.²³

El 23 de mayo los pronunciamientos se difundieron por toda Andalucía culminando en la rebelión de Sevilla (17 de julio); en junio el movimiento cobró fuerza en Cataluña. La Junta Suprema de Barcelona, ejerciendo sus derechos soberanos, depuso a Espartero y designó al general Serrano, que había sido ministro de la Guerra con López, ministro universal (29 de junio). La revolución catalana destacó la figura del coronel Prim, progresista acreditado. De haber triunfado la revolución a través de Barcelona y de Prim los progresistas se hubieran encontrado en una posición fuerte, pero el ejército de Espartero fue derrotado en el campo de batalla por Narváez, moderado que consideraba la revolución como una operación militar desprovista de contenido popular.²⁴ Desembarcó en Valencia, y adoptó el programa de coalición (gobierno de López, Constitución de 1837 y unión liberal); contemporizó con los progresistas y marchó sobre Madrid mientras Espartero estaba dilapidando sus fuerzas en un intento de contener la sedición de Andalucía. A Seoane y Zurbano, tras perder Cataluña, les fue confiada la defensa de Madrid con un ejército consumido por las deserciones, que se sucedían al ritmo de quinientas diarias. Como en toda sedición militar de mediados de siglo, la causa fundamental era la falta de paga: en ciudades como Oviedo, en las que se había pagado a las tropas, éstas permanecieron fieles. En Torrejón de Ardoz (22 de julio de 1843), tras un cuarto de hora de tiroteo libre, las tropas se abrazaron. La victoria le costó a Narváez tres heridos leves. El combate de verdad no era cosa corriente en la política militar.

El pronunciamiento y la confusa rebelión civil se habían dirigido fundamentalmente contra los ayacuchos, la camarilla militar de Espartero. Desde el punto de vista progresista la coalición revolucionaria fue un error; como señalaba un simpatizante inglés, Espartero era la única esperanza para una «libertad racional» y derribarle era hacer el juego a los moderados. El gobierno del regente anunció en vano a los progresistas de provincias los peligros de una alianza con quienes «deseaban empujar a España a la anarquía para abrir paso al despotismo». En algunas ciudades, cuando se supo el papel predominante desempeñado por los moderados en la revuelta, intentaron «despronunciarse», y empezaron por arrestar a los conspiradores moderados conocidos.²⁵ Los progresistas más radicales comprendieron su equivocación demasiado tarde. El 30 de julio Espartero, tras fracasar en su intento de dominar Sevilla y Cádiz, embarcó en un buque de guerra británico; el 13 de agosto los vencedores le despojaban de todos sus títulos, rangos y honores y le presentaban como un malversador merecedor del desprecio del heroico pueblo que había sacudido el yugo de su gobierno. El que a la postre le sucedería como «espadón» del partido progresista, el coronel Prim, fue hecho conde de Reus por su participación en una rebelión que excluiría a su partido del poder efectivo durante una década.

3. Narváez y la hegemonía de los moderados, 1843-1854

La coalición que había derribado a Espartero bajo el lema de «reconciliación de los partidos» no podía perpetuarse en el gobierno frente al empeño de moderados ortodoxos y de puristas progresistas de asegurarse para sí lo que los políticos posteriores habían de llamar una «situación exclusiva». J. M. López, el presidente del Consejo cuyo nombre simbolizaba la campaña conjunta de 1843, no pudo hallar apoyo parlamentario para continuar la coalición una vez que hubo declarado la mayoría de edad de la reina; este paso puso la vida política española en manos de los consejeros de una muchacha cuyas ocupaciones consistían en comer pasteles y hacer muñecos de papel. Olózaga, que sucedió a López, era más hombre de partido que éste, a la vez que mejor conocedor de las ambiciones de los moderados; decidió conseguir el poder para un gobierno puramente progresista. Derrotado en las Cortes, obtuvo de la reina un decreto de disolución de las mismas, en circunstancias que podían dar pábulo a la acusación de haberse valido de la fuerza física contra su soberana. Los dirigentes moderados y Narváez utilizaron sus relaciones en la corte para acusar a Olózaga, que fue destituido, inculpado ante las Cortes y condenado.²⁶

Al margen de si Olózaga apeló a la fuerza o no, condenado queda por un intento de obtener el poder exclusivo para su partido mediante la utilización desaprensiva de la prerrogativa regia. Fue una equivocación personal y política que habría de privar a los dirigentes progresistas de la llave del poder político: la prerrogativa regia de designar a los ministros y de concederles un decreto de disolución de las Cortes. Tras el corto gobierno de González Brabo (jefe de una agrupación conservadora de reciente creación llamada Joven España), Narváez, el adalid militar de los moderados, se convirtió en presidente del Consejo (mayo de 1844). En 1845 afianzó el predominio moderado con una nueva Constitución.²⁷

La subsiguiente debilidad de los progresistas no se puede explicar por completo con una pérdida del favor de la corte o por haberse desprendido de un general que, pese a todas sus faltas, representaba su mayor capital. Al cooperar los progresistas ministeriales con el gobierno de la coalición en derrotar la rebelión centralista de septiembre de 1843, el partido se apartó también de su única otra fuerza, el radicalismo provincial. Los centralistas habían visto en la revolución contra Espartero una oportunidad para asegurar la democracia mediante una junta central que mantuviera viva la revolución hasta que se promulgara una Constitución democrática; cuando la coalición ministerial les robó los frutos de la revolución se rebelaron una vez más. Zaragoza, donde los progresistas esparteristas eran fuertes, se pronunció el 18 de septiembre. En Barcelona la rebelión, que se difundió por toda Cataluña, fue el último brote del descontento de la clase obrera. Fue dominada casi tres meses más tarde por el héroe progresista, Prim, que calificó a los rebeldes de bandidos, canallas y renegados.²⁸ En cada uno de los bastiones radicales españoles los progresistas gubernamentales coadyuvaron a derrotar a sus aliados de la izquierda y a desarmar a la milicia. Tras esto, no cabe sorprenderse de que el radicalismo de las provincias sólo pudiera responder a la destitución de Olózaga con dos débiles pronunciamientos.

Este radicalismo desilusionado fortaleció el creciente partido demócrata, cuyos orígenes se remontaban a la minoría de activistas extremistas, herederos de los exaltados, que aparecían en todos los brotes de actividad revolucionaria de los años treinta y cuarenta. Los demócratas eran grupos dispersos de criptorrepublicanos; tenían muchos seguidores en Barcelona, donde se puso de moda una constitución republicana federal; y el movimiento arraigó profundamente en Gerona y en el Ampurdán.²⁹ En los años treinta, también se publicaron, en Cádiz, hojas republicanas y por allí penetró en España la influencia de Fourier. Otros focos fueron Galicia, Málaga y Teruel. Al igual que los anarquistas de tiempos ulteriores los apóstoles republicanos hacían giras propagandísticas por el Sur, donde las ciudades andaluzas tenían una violenta tradición revolucionaria.³⁰ En 1840, en Madrid, los «republicanos» contaban con dos periódicos; ahí tenía el movimiento sus prohombres y sus intelectuales, entre ellos Espronceda, el más grande de los poetas románticos.

Los demócratas hicieron todo lo que pudieron para explotar la revuelta ingenua de las pobres ciudades, que surgieron como un factor importante en las revoluciones locales de los años treinta, y constituían el único partido con un número crecido de seguidores entre los obreros. En Cataluña, con sociedades literarias y corales, porfiaban por «moralizar el carácter y democratizar las ideas» de las clases trabajadoras. Los catecismos distribuidos a la salida de las fábricas incluían dos de las exigencias más populares de la clase obrera: la abolición de los consumos y de las quintas. Mientras que los progresistas consideraban que la función de la política era reflejar el equilibrio existente entre las fuerzas sociales, únicamente los demócratas decían considerar el poder político como un instrumento para la creación de una sociedad justa.³¹ Sin embargo, su base popular era débil e inestable; las oleadas pasajeras de excitación popular contra una corte inmoral no significaban, como afirmaba Espronceda, que «el pueblo es del todo maduro, capacitado para la libertad más completa, para la igualdad de derechos, para el poder y para el mando».

El partido demócrata, tal como apareció en los años cuarenta, tenía una ideología vaga y estaba dividido acerca de la táctica a emplear. En 1843 se habían dividido los demócratas en torno a la cuestión de la participación en una revolución al lado de progresistas y moderados; posteriormente se dividieron en torno a la conveniencia de una alianza efectiva con los progresistas. Esta división se reflejó en los años cincuenta en el debate acerca de lo que se dio en llamar el «socialismo», que era menos una discusión sobre el socialismo que una divergencia en cuestiones de táctica. Sixto Cámara, Pi y Margall y Garrido propugnaban un partido revolucionario independiente.³² La colaboración con los progresistas uncía a los demócratas a fórmulas políticas anticuadas y hacía a un lado la verdadera fuente de su fuerza: el contacto con el proletariado urbano. En contra de los revolucionarios «socialistas» estaban los demócratas con posición personal, Orense y Rivero; el capital de Rivero, procedente de un afortunado matrimonio burgués, financiaba la prensa demócrata de Madrid, y por consiguiente su influencia sobre el partido demócrata era muy amplia. Estaban decididos a evitar toda desviación del individualismo económico doctrinario que pudiera asustar a los progresistas. De este modo, en 1854, los demócratas llegaron divididos a la revolución: los dirigentes fueron detenidos en una reunión en la que se discutían estas divergencias.

Al igual que otros partidos españoles que no supieron introducirse en la opinión pública, los demócratas y sus aliados entre los progresistas revolucionarios confiaban en el Ejército. Pero a diferencia de los políticos de pro no ponían sus esperanzas en las ambiciones de los generales sino en el ámbito revoltoso de los oficiales jóvenes, los sargentos y la tropa. Entre ellos, había los descontentos de posguerra, como el propio Espartero pudo comprobar: una paga irregular (casi todos los disturbios fueron precedidos por la irregularidad en las pagas), escasas posibilidades de ascenso para los oficiales subalternos y un sistema de reclutamiento que hacía que cada soldado considerara el servicio como una especie de servidumbre de la que tal vez pudiera liberarse mediante un motín triunfante.³³ Media paga y oficiales con pensiones escasas resultaban conspiraciones naturales. Incluso en el servicio activo ningún oficial, ni aun los coroneles, podía vivir de su paga —Galdós describe a un coronel que trabaja en sus horas libres como escribiente de un abogado—. Dados los orígenes sociales de la mayoría de los militares profesionales —como señalaba un inglés el oficial español no era «un caballero de recursos independientes, sino un miembro de las clases asalariadas»—, había mucho descontento entre el llamado pueblo militar. Durante la regencia de Espartero las quejas de los oficiales de inferior graduación eran ya lo bastante serias como para sostener un periódico, El Grito del Ejército, con casi un millar de suscriptores.³⁴ Dado que existían regimientos enteros de fidelidad dudosa, los radicales siempre podían confiar en un pronunciamiento de la tropa, encabezado por un capitán, que padeciera la vie obscure et monotone de una ciudad de guarnición, con escasa paga, y que soñara con un ascenso dramático, a título de recompensa por una rebelión triunfante, como medio de escapar a una vida difícil y aburrida.

Los movimientos revolucionarios de 1844 a 1848 se basaron, por consiguiente, en un intento de fundir el descontento de los pobres con las quejas de soldados y sargentos. En junio de 1846, en Lugo, un republicano, Solís, convenció al Regimiento de Zamora para que se pronunciara; el movimiento, ayudado por los progresistas locales y explotando el resentimiento contra los nuevos impuestos de Mon, se difundió por Galicia.³⁵ En Madrid, en 1848, los republicanos actuaron solos. Fracasaron en los suburbios más pobres en marzo, y con los estudiantes universitarios en abril. En mayo, los sargentos del Regimiento de España, arengados por un oficial retirado, se alzaron y ocuparon la Plaza Mayor. Ninguno de estos levantamientos tenía posibilidades de éxito y amplias medidas de beneficencia enfriaron la revolución en Cataluña, donde sus concomitancias con la revuelta carlista la hacían peligrosa. La alianza carlista es en sí misma una muestra de la desesperada necesidad de allegar aliados contra «lo existente».³⁶

Mientras los dirigentes progresistas se negaron a actuar no hubo esperanza de un levantamiento demócrata independiente. El defecto fundamental de la ecuación revolucionaria, por consiguiente, era la división del partido progresista. Los progresistas «legales» confiaban llegar al poder por caminos respetables, en un gobierno traído por el favorito de la reina, Serrano, el «general bonito», que tenía simpatías progresistas, o por el banquero Salamanca. Solamente el ala izquierda del partido se adhería en la práctica a la doctrina de la revolución «legal» (la teoría de que si se cerraba la puerta legal para el acceso al poder, quedaba la vía revolucionaria como único medio de imponer la soberanía popular). En estas circunstancias la conspiración perpetua de los demócratas y el ala izquierda progresista estaba condenada al fracaso. No hubo un 1848 español. El único resultado de la revolución fracasada fue justificar los excesos de la dictadura militar.³⁷

Estas divisiones del partido progresista lo redujeron casi a la impotencia en 1848 y facilitaron la larga hegemonía de los moderados. Aparte del breve intervalo de la revolución de 1854-1856, España estuvo gobernada por equipos conservadores desde la caída de Olózaga hasta la revolución de 1868. La revolución de 1843 había dado cuerpo al fantasma de la anarquía y reforzó los sentimientos conservadores. Hizo que .los progresistas aparecieran como los heraldos inevitables de lo que se llamaba «La Revolución», temor justificado en parte por la afición nunca desmentida de la izquierda progresista al dogma de la revolución legal. Las descripciones conservadoras de la revolución de Barcelona de 1843 se leen como un anticipo de las descripciones de las «atrocidades» anarquistas en julio de 1936: prostitutas bailando en las iglesias, excrementos en calles inmundas, árboles destrozados por «hombres sin fe y sin instrucción», la adopción de vestimentas obreras y la huida de la ciudad de las clases acomodadas. La revolución convirtió a Barcelona, escribió un periodista clerical, en «una montaña de ruinas y en un lago de sangre».³⁸

El gobierno de los moderados a contar de 1844 explotó y representó este temor a la revolución. Debía haber un retorno al orden, «fundamento sin el cual es inconcebible el progreso material... Los partidos radicales son un anacronismo en el estado actual de la sociedad».³⁹ La burguesía catalana se acomodó a la centralización moderada, a los impuestos uniformes y a la Guardia Civil, a trueque de un mercado español y de la eliminación de los problemas laborales.⁴⁰ La Iglesia, como cancerbero del orden social, encontró por vez primera defensores seglares capaces en un grupo de pensadores moderados —Pacheco, Pastor Díaz, Donoso Cortés— que presentaron la legislación progresista de los años treinta como el gran crimen del liberalismo. Pese a que en 1843 fracasó el intento de crear un partido clerical y pese a que clericales como Quadrado se quejaban amargamente del catolicismo tibio de los moderados, la influencia de la Iglesia se dejó sentir en la política de los partidos por vez primera desde 1834. Empujó firmemente a los moderados hacia la derecha.

Los logros más caracterizados de la etapa conservadora fueron un código penal, una fuerza de policía eficaz, un sistema de impuestos moderno y la solución a la cuestión eclesiástica, obra todo ello de administradores capaces que sobreviviría a la destrucción del partido moderado y, en algunos aspectos, a la propia monarquía.

La Guardia Civil, como tantas cosas en el programa moderado, se basaba en un modelo francés. Su primer jefe introdujo los principios que habrían de crear el arraigado espíritu de cuerpo del Instituto. Era un cuerpo de elite militar compuesto de veteranos con una paga decente que dependía en lo relativo a la disciplina interna y a los ascensos del Ministerio de la Guerra, pero que estaba a las órdenes del Ministerio de la Gobernación.⁴¹ Los oficiales y los números no podían ser naturales de las regiones en que desempeñaban su servicio, disposición que dio al traste con la corrupción y la influencia local y que impidió que una fuerza militarizada degenerara hasta convertirse en una máquina de partido como la milicia. Así, aunque en sus orígenes representó la decisión moderada de eliminar la milicia progresista, la Guardia Civil se convirtió en instrumento de la ley y del orden por encima del partido que la había creado y como tal fue aceptada por los progresistas en 1854. La impopularidad posterior del Instituto fue algo inevitable; sirvió a todos los gobiernos contra todas las formas de sedición política, convirtiéndose de esta suerte en el gran enemigo de los movimientos de la clase obrera y de la «sedición permanente» republicana. Después de convertir el Sur rural en territorio seguro para los viajeros eliminando el bandolerismo, la Guardia Civil lo hizo seguro para los terratenientes, eliminando toda manifestación de revuelta social. Cien años más tarde, los desheredados del campo se tomaron una terrible venganza en Castilblanco, una pobre aldea de Extremadura. El 1 de enero de 1932 cuatro guardias civiles fueron cortados en pedazos y las mujeres del pueblo bailaron en torno a sus cuerpos.⁴² García Lorca interpretó el odio de los trabajadores cuando hizo de la Guardia Civil el símbolo de todo lo malo y estúpido de España; el extraño tricornio, el servicio por parejas, parecían la encarnación visual de la atmósfera moral de la España conservadora.

El acuerdo con la Iglesia se consiguió con el Concordato de 1851. Reconocía, en principio, la injusticia de la erastiana pretensión liberal de un dominium eminens por parte del Estado y de la confiscación unilateral de la propiedad del clero secular. A cambio del claro reconocimiento por parte del Estado de su obligación de pagar al clero secular, el Vaticano se avino a consagrar la validez de las expropiaciones pasadas. La escala de compensación era menguada —en España muy pocos sacerdotes tenían un salario que les permitiera vivir decentemente y en 1931 más de la mitad de ellos percibían estipendios inferiores a 40 libras esterlinas anuales—. Por insatisfactorio y poco generoso que fuera el Concordato como compromiso, proporcionó a la Iglesia una base legal y económica para sus actividades; en realidad, una de sus secuelas fue una Iglesia liberada de la hueste de clérigos sin beneficios y de canónigos subempleados.⁴³ Mientras el liberalismo mantuviese la unidad católica de España y aceptase pagar al clero, la jerarquía aceptaría el Estado liberal aunque lo hiciese a regañadientes. En una Iglesia basada en un Concordato no es fácil que los obispos sean subversivos.

El Concordato no disponía compensación alguna para el clero regular, y sería en torno a la cláusula que regulaba la existencia futura de las órdenes religiosas en España, que se centraría la cuestión eclesiástica hasta el siglo XX. El artículo 29 del Concordato declaraba que, para «obras de caridad y de utilidad pública», el gobierno podría elaborar disposiciones, tras consultar a los obispos, para el establecimiento de conventos de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y una tercera orden entre las reconocidas por la Santa Sede. Los obispos emplearon esta cláusula para establecer «otra» orden en cada diócesis, interpretación ésta de un texto oscuro e insatisfactorio que facilitaría el restablecimiento de las órdenes regulares en España; fue atacada duramente por los liberales anticlericales, para los cuales la existencia de las órdenes religiosas no era solamente un anacronismo intolerable sino también, dado que muchas de ellas eran órdenes dedicadas a la enseñanza, manantial envenenado en un Estado liberal.⁴⁴

Las medidas administrativas y legales de los moderados durante la fase constructiva de su etapa representaban el conservadurismo en el mejor de sus sentidos, dando forma legislativa a reformas que todos deseaban propuestas anteriormente por los radicales. El derecho español era un amasijo histórico, trasunto de la conquista trabajosa y discontinua de la unidad política; los liberales avanzados habían propugnado durante mucho tiempo la codificación, pero en cambio fueron los reformadores conservadores quienes promulgaron un código de comercio uniforme en 1829 y un código penal en 1848.⁴⁵ El mayor representante de la reforma administrativa fue Alejandro Mon, el ministro de Hacienda de Narváez en 1844. Este jurista asturiano fue un Peel español y, al igual que Peel, odiaba el trasiego de funcionarios y quería un cuerpo de funcionarios inamovibles. Antes que revisar el sistema heredado de impuestos múltiples y desigualmente distribuidos, los liberales se habrían apoyado en el déficit, en costosos créditos a corto plazo y en el impago de los sueldos de funcionarios. Mon conso lidó al 3 % la enorme deuda flotante y creó un sistema de impuestos uniforme para toda España basado en una imposición gradual de las tierras, un impuesto sobre las rentas urbanas y sobre los beneficios comerciales e industriales, los derechos de hipoteca y los consumos. El sistema de Mon fue la base del presupuesto español para todo el siglo XIX.⁴⁶

El nuevo sistema fue muy impopular. Suscitó la revuelta gallega y explica en gran parte la naturaleza del descontento de las provincias hasta 1868. Al redistribuir la carga fiscal más equitativamente por toda España Mon acabó con los privilegios relativos de que disfrutaba Cataluña: de ahí la sensación de opresión ejercida por Castilla y la posterior exigencia de un concierto económico catalán —un acuerdo global negociado con la Hacienda—. Los consumos (impuestos por la venta de vino, carne, jabón, etc.), dentro del territorio municipal proporcionaron al radicalismo su más valioso eslogan. Puesto que los consumos parecían una causa obvia de los elevados precios de los productos alimenticios, su abolición figuró en todos los programas democráticos, especialmente a medida que aumentaban con el tiempo los impuestos indirectos en relación con los directos.⁴⁷ Sin los consumos y el sistema de quintas cabe preguntarse si el radicalismo democrático hubiera podido obtener una masa popular de seguidores en los años cincuenta y sesenta.

La convicción de los moderados de que el orden era consecuencia de una centralización uniforme y de un firme control gubernamental en nada se evidenció tan claramente como en el sistema educativo que crearon y que continúa siendo, en sus aspectos esenciales, el de la España actual. Las universidades —cuyos primeros rectores fueron los gobernadores civiles «con las espuelas puestas»— y las escuelas habrían de ser controladas por el Estado; la Universidad Central de Madrid se convirtió en la única fábrica de grados superiores; se implantó una escala uniforme de salarios para los catedráticos y su designación se normalizó por medio de la oposición (competición pública que habría de difundirse a todos los ámbitos de la vida pública española). La legislación universitaria de los moderados fue atacada por los clericales como favorecedora del secularismo —el católico Balmes llamaba a los catedráticos «servidores del Estado»—, y por los intelectuales radicales como limitadora de la libertad de pensamiento. En realidad las ideas de los moderados no eran «ni liberales ni ultramontanas, sino regalistas y civiles».⁴⁸ El pensamiento era un instrumentum regni. Así, en los años cincuenta, los liberales extremados hallaron en la universidad centralizada una máquina excelente para propagar ideas que contradecían la vía media moderada; cuando las implicaciones políticas estuvieron claras, los gobiernos moderados emplearon el control estatal para negar la «libertad de cátedra», el derecho de los profesores, como funcionarios civiles, a predicar la heterodoxia en un Estado católico.

Los liberales aceptaron el sistema universitario creado por los moderados porque la renovada influencia de la universidad a partir de 1850 demostró la eficacia de la reforma y porque no había ninguna alternativa aceptable. El lamentable estado del profesorado, como habría de reconocer Unamuno en el último decenio del siglo, y la indiferencia de la sociedad, hacían la universidad autónoma de Alemania o de Inglaterra una imposibilidad intelectual y administrativa. Sin la supervisión estatal, un sistema privado de universidades «libres» hubiera sido dominado por la fuerza más poderosa en este ámbito de la sociedad: la Iglesia.⁴⁹

Entremezclada con retornos al gobierno militar o al despotismo administrativo apoyado por la corte, la hegemonía de los moderados se basó en la Constitución de 1845. Ésta era la encarnación más fidedigna de la doctrina de la «constitución interna», el instrumento representativo de una nueva aristocracia que tenía por lema que «la pobreza es un síntoma de estupidez».⁵⁰ Dejó a España un Estado parlamentario, pero eliminó características objetables del mismo, importadas por los progresistas en 1837 en nombre de la soberanía popular: a saber, una débil prerrogativa regia, un senado electivo, una milicia nacional y el juicio por jurado para los delitos de prensa.

Sin embargo, a pesar de tener una Constitución que encarnaba sus más profundas convicciones políticas, un sistema administrativo de su propia invención y el favor de la Corona, desde 1844 a 1854 los moderados parecían menos un partido político que una colección de oligarcas unidos solamente por el temor a la revolución. Cuando el aglutinante del miedo perdió su eficacia el partido se escindió en facciones y sobre el exclusivismo de los moderados prevaleció la antigua idea de una unión liberal que pudiera llevar de nuevo al gobierno a progresistas ricos y respetables. Fue entonces cuando el partido pudo rechazar a su hombre fuerte, Narváez. Pero como la amenaza revolucionaria siempre renacía, la política del período conservador estuvo dominada por su personalidad.⁵¹ Era el único político capaz y dispuesto «a combatir, sin tregua, la anarquía moral y material».

Narváez, ahora duque de Valencia, parecía ser lo que era en realidad: un hacendado andaluz, un político militar de estilo español, «muy brutal». Amaba el poder por sí mismo y por los beneficios que le proporcionaba: un palacio (comprado a un grande de España por 20.000 libras esterlinas) en el que oficiaba de anfitrión «literalmente cubierto de oro y diamantes»; información previa sobre los movimientos de la bolsa, bailarinas y carrozas de lujo.⁵² Consideraba que la base de su poder estaba en un ejército obediente y satisfecho. Para asegurarse la lealtad política de éste estaba dispuesto a dedicar «todos los recursos del país sólo al mantenimiento del Ejército». La paga regular, posible ahora merced al superávit que dejaban los presupuestos de Mon, y «la vara» restaurarían la disciplina. Para 1849 el Ejército era dócil instrumento de los generales, ya que no de la Corona.⁵³ Estaba decidido a evitar la interferencia de los ministros civiles en su jurisdicción. «Es mejor —le dijo a su ministro de la Guerra, el general Córdoba— que no molestemos a los abogados con estas cuestiones.»⁵⁴

El duque se consideraba un liberal. La obligación del Ejército consistía en defender la Constitución contra el clericalismo de la corte (al que denominaba «absolutismo»), contra las intrigas de la reina madre y, sobre todo, contra la sedición democrática. Su autoritarismo estaba más arraigado en su carácter que en sus convicciones políticas. Su temperamento violento (que The Times calificó de savage bonhomie) no soportaba que le llevaran la contraria, lo hiciesen la reina madre, los políticos, o sus compañeros generales. En esta violencia es donde se halla la raíz de sus dificultades políticas: sus opositores más morigerados eran «cochinos amotinados». Fue destituido por la reina madre en abril de 1846 por lo que puede calificarse de insolencia política. En justa compensación, él estaba dispuesto a deshacerse de ella.

En su obsesión por la sedición se ha visto la enfermedad profesional del dictador. Pero, mientras no pudiera confiar en el Ejército y en tanto el ala izquierda progresista siguiera tenazmente aferrada a la idea de la revolución legal, ningún gobierno podía sentirse seguro. Las tropas acuarteladas en las ciudades con guarnición, en seguida eran absorbidas por la sociedad civil y compartían su descontento, especialmente en Galicia y Cataluña.⁵⁵ El general Fernando de Córdoba, hombre moderado, creía que la «revolución se nos echa encima por todas partes». El Gran Miedo de los generales moderados era que sus tropas no les obedecieran. Ahora que había sido depuesto Espartero, cuyo retrato aparecía en las vitolas de los cigarros, se estaba convirtiendo nuevamente en el ídolo de los soldados. En cualquier momento un general ayacucho, un oficial postergado en los ascensos o un grupo de sargentos progresistas podía ver en la sedición el desquite por la «traición» de 1843.

Enfrentado a una sedición permanente que ponía en peligro el gobierno constitucional tal como él lo entendía, Narváez abandonó fácilmente las promesas liberales con que había dado comienzo a sus gobiernos en 1844 y 1847.⁵⁶ Para «salvar la Constitución» no vaciló en amordazar la prensa, emplear espías y agentes provocadores y en legislar y señalar impuestos por decreto. «No tengo enemigos —es fama que dijo en su lecho de muerte—; los he matado a todos.»

La crudeza del concepto de orden de Narváez no solamente horrorizaba a los civiles, sino a sus mismos rivales dentro del generalato. El general Manuel Concha, miembro de un poderoso clan militar moderado, le dijo al embajador inglés Bulwer: «gobernar con un ejército es bastante bueno, pero ser gobernado por un ejército es cosa intolerable. Es preferible la autoridad civil en manos de cualquiera».⁵⁷ Había otros moderados que, en momentos de relativa tranquilidad, veían a disgusto el gobierno de los espadones, y creían que no era posible mantener la estabilidad conservadora a punta de bayoneta. Las alternativas al liberalismo militar eran el autoritarismo civil apoyado por la corte, o devolver la preeminencia al elemento civil en el antiguo partido moderado, y ampliarlo como partido dominante dentro de la monarquía constitucional. La primera estaba representada por Bravo Murillo, y la última por Pacheco, abogados ambos, distinguidos y con buen bufete. Los abogados eran el único grupo profesional que podía aspirar a suministrar una elite que oponer a la de los generales.

El grupo de oposición de los conservadores de Pacheco fue denominado «los puritanos». Rechazaban la edición militarista de la hegemonía moderada del duque de Valencia por falta de cerebro y «escéptica» —el general era algo volteriano y no compartía en absoluto la convicción corriente entre los moderados de que la Iglesia era un puntal del orden, y una «buena» prensa el antídoto contra la revolución—.⁵⁸ Los puritanos deseaban crear un partido civil moderno, con un programa y una organización en los distritos electorales, que defendiera los intereses conservadores, pero mediante el gobierno constitucional y la libre discusión. El pensamiento político moderado debía dejar de ser una mera negación del progresismo y debía apartar a los elementos más razonables del partido progresista del dogma yermo de la revolución legal. Borrego, que era la fuerza intelectual y periodística del partido proyectado, consideraba un error político el «exclusivismo» que había rechazado la Constitución de 1837 y empujado a los progresistas hacia Espartero y la revolución, error repetido nuevamente en 1845.⁵⁹ La base del nuevo conservadurismo debía ser la reconciliación de los partidos, la alianza de progresistas y moderados de 1843 vuelta en contra de los generales, nueva versión de aquel «restaurar la armonía de la familia liberal» que, bajo diversas formas, había tenido obsesionados a los políticos, desde 1833.⁶⁰ Esta alianza de moderados razonables y progresistas cautos fracasó como solución civil anhelada. La Unión Liberal de los años sesenta dominó, sí, la vida política —una vez apoyada por un general, O’Donnell—.

La combinación de los cismas y descontento en las filas moderadas y los designios de la corte había de suscitar una aguda inestabilidad ministerial. La reina madre odiaba la brusquedad de Narváez para con ella y le destituyó (enero de 1846); con su caída se inició un lamentable período de barajarse gobiernos, que todavía se hizo más confuso por las influencias contrapuestas de los embajadores francés e inglés, cada uno de los cuales apoyaba gobiernos diferentes, y que actuaban a veces como si los políticos españoles hubieran dejado de contar como gobernantes de una nación independiente.⁶¹ Estos cambios sólo tienen sentido si se interpretan como provocados por la reina madre en sus ansias de hallar un instrumento de gobierno que se plegara a los proyectos matrimoniales que abrigaba al respecto de su hija y que finalmente la condenaron a una unión desatentada con el afeminado Francisco de Asís. Este matrimonio sólo puede justificarse por la creencia de que la dinastía no estaba segura a menos de ser apoyada incondicionalmente por Luis Felipe.⁶² Sus cambios ministeriales enseñaron a su hija a buscar la compensación de un matrimonio en quiebra en la intriga política encaminada a guardar en la corte a Serrano, el «general bonito». Cuando Sotomayor se opuso a la presencia de Serrano fue destituido por la joven reina.

Cuatro años de paz social casi habían destruido el viejo partido moderado; hacia 1847 la idea de un tercer partido que pudiera unir a todos, salvo a clericales y demócratas, en una familia liberal reconstituida estaba ganando terreno a expensas del «exclusivismo» de los moderados. De este modo, los gobiernos Pacheco-Salamanca casi no tenían forma de hechuras moderadas y más bien parecen un ensayo general de la política tolerante y de las altas finanzas del unionismo liberal.

Los progresistas confiaban todavía en volver al poder mediante la influencia de Serrano con la reina; el núcleo firme de los moderados se oponía a un gobierno de Serrano, y ello menos porque temieran por la respetabilidad de la monarquía con la reina entregada a «un pequeño Godoy que no sabe conducirse como un caballero», que por sospechar que las relaciones progresistas de Serrano conducirían a un gobierno presidido por Olózaga, aún en el exilio pero todavía el peor enemigo de los moderados exclusivistas. Al mismo tiempo, la corte se alarmó ante la actitud de los radicales, quienes explotaban los escándalos cortesanos —el rey y la reina vivían separados—. Así las cosas, Narváez fue llamado nuevamente a formar gobierno.

El gobierno largo del duque de Valencia (octubre de 1847 a enero de 1851) le permitió recuperar una firme autoridad sobre su partido. Lejos de empezar a gobernar como un dictador, Narváez confiaba en operar el reingreso de los progresistas en la política; fue la revolución de 1848 en Europa y el revivir de la conspiración en España que le indujeron a procurarse poderes dictatoriales; ello le dio, junto a Nicolás I, una reputación europea de hombre fuerte que había derrotado al espíritu del 48. De hecho, en España las fuerzas de la revolución eran débiles —las asonadas radicales de Madrid en primavera y durante el verano fueron reprimidas fácilmente— y los progresistas confiaban menos en una revolución que en una alianza con los moderados descontentos.⁶³ La amenaza más seria no procedía de la izquierda, sino de la extrema derecha, con otro brote carlista en Cataluña.⁶⁴

La dictadura ad hoc de Narváez fue elevada a la categoría de principio por el extremismo teológico de Donoso Cortés, un pensador de segunda fila cuya fama se basaba en ideas importadas de los conservadores clericales franceses. De la misma manera que la herejía reforzaba la fe, así la revolución, su correlato secular, debía exaltar la autoridad; de la misma manera que Dios suspendía la actuación de las leyes naturales por los milagros, así los gobiernos debían suspender el orden político para acabar con la revolución mediante la dictadura. «La cuestión no es dictadura o libertad sino dictadura de la revolución o dictadura del gobierno.»⁶⁵ Narváez simpatizaba poco con este fervor. Buscó apoyo dirigiendo un llamamiento a los «intereses materiales», y fracasó porque los políticos se obstinaban en seguir identificando la modernidad con el gobierno parlamentario. Antagonizado en el Parlamento, abandonado por su mejor ministro, Mon, que se negó a sacrificar su reforma arancelaria al empeño de Narváez de evitar disturbios en Cataluña —pues, como habrían de ver los políticos de intereses, satisfacer a un interés significaba agraviar a otro—, estaba expuesto a la envidia de los generales rivales del poderoso clan de los Concha, fuertes en el senado, y a la hostilidad nunca desmentida de la corte. El rey consorte, Francisco de Asís, con su camarilla clerical, que se había librado de él por un día en 1849, impuso ahora su dimisión (enero de 1851). A pesar de su descontento, el partido moderado había sacrificado sus principios y las perspectivas de un partido conservador constitucional al único hombre con figura de líder. Ahora ese hombre desaparecía y no quedaba nada salvo un conglomerado de agrupaciones personales que carlistas y republicanos tildaban por igual de «catervas de egoístas».⁶⁶

Al igual que en 1923, el colapso aparente del sistema de partidos fue la premisa de un intento de abandonar del todo las formas del constitucionalismo liberal. El exponente de la revolución absolutista modernizada era Bravo Murillo, el nuevo primer ministro, cuyos proyectos son una prueba más de la influencia directa de los modelos franceses en la vida política española; mientras los moderados pensaban en la monarquía de julio, él quedó impresionado por el golpe de Estado de Napoleón III. Sin apoyo de los generales, de la prensa, ni de los partidos, propuso una Constitución que convertía a las Cortes en un órgano consultivo, elegido por 25.000 electores, con sesiones a puerta cerrada y sin control alguno sobre el presupuesto.

Bravo Murillo era un político honrado y un administrador competente dentro de la tradición de los afrancesados: el último funcionario del despotismo ilustrado.⁶⁷ Consideraba su reforma constitucional como la eliminación de las irritantes trabas que a una administración eficaz imponía un sistema cuasi constitucional que «paralizaba la acción del gobierno». Despreciaba las hipocresías de los políticos, que pasaban por las laboriosas ficciones de elecciones y las disoluciones; era más honesto elaborar una Constitución autoritaria, susceptible de ser aplicada, que pervertir una Constitución liberal en nombre del orden y de la convivencia administrativa.⁶⁸ Las súplicas de los liberales a la deriva no le conmovían. Rompían lanzas por una entelequia. La realidad era el gobierno por los generales, a quienes Bravo Murillo deseaba sustituir por una autocracia civil. «Están locos. Se creen liberales y están hipnotizados por las charreteras y los uniformes. Podría yo llamarles absolutistas con mucha mayor justificación. Son tiranos que tratan de someter su país a los espadones.»

Bravo Murillo fue uno de los muchos estadistas españoles que creyeron que la tarea de poner la civilización material española a la altura de Europa estaba fuera del alcance de la maquinaria del constitucionalismo liberal y de la empresa privada. Inglaterra era un caso excepcional; el verdadero modelo era Francia. Como exponente menor de las técnicas de la «cirugía de hierro», su programa de obras públicas fue más ambicioso que el de ningún gobierno desde el siglo XVIII; bajo su gobierno el Ministerio de Fomento financió ferrocarriles, un teatro nacional, el Canal de Isabel II, que proporcionó a Madrid un abastecimiento de aguas moderno, y el canal de Castilla, que debía abrir los mercados del Norte al trigo castellano. Reorganizó la administración provincial y trató de crear una opinión pública informada mediante periódicos del gobierno. Los moderados habían reiterado sin cesar que estaban arrebatando a sus adversarios la bandera del Progreso; la prosperidad haría irrelevante la política y acreditaría a los moderados, según la expresión de Balmes, como «hombres de provecho». Sin embargo, no estaban dispuestos a que se les impusiera la prosperidad a expensas de su poder. Lo que Bravo Murillo no comprendió fue que en el transcurso de diez años el constitucionalismo adulterado se había convertido en instrumento de una oligarquía poderosa. El instrumento predilecto de esta oligarquía era el Senado. Allí ocupaban su escaño los generales que supieron hacer carrera, para quienes las inmunidades anejas a la condición de senador se habían hecho tan importantes como su posición en el Ejército, en un sistema como aquél, en que la influencia militar estaba escrita en la estructura constitucional.⁶⁹ Capitaneaban la lucha contra las proyectadas reformas de Bravo Murillo como campeones de la Constitución, a la vez que en su calidad de militares conservaban la amenaza de la insurrección. Privadamente, intrigaban en dos comités, y, públicamente, bloqueaban toda legislación en la cámara alta, de modo que el primer ministro tenía que recurrir a la fuerza él mismo o abandonar su política. Aterrada por las protestas de los generales y de los políticos, la corte le destituyó (diciembre de 1852), y, tras dos gobiernos-puente, se volvió hacia el conde de San Luis, Sartorius, periodista moderado ennoblecido recientemente, que se había convertido en un rico «capitalista».

En la oposición constitucional a Bravo Murillo y San Luis, Borrego esperaba lograr su unión de liberales conservadores, alianza que haría de Narváez un héroe liberal, y de la Constitución de 1845 la bandera de los progresistas razonables. Aunque esta coalición nació a la vida para luchar en las elecciones de 1853, la oposición efectiva al gobierno pasó a ser cosa de los moderados, centrándose en la oposición del Senado al esfuerzo de San Luis por encubrir los acuerdos ferroviarios de Salamanca y la reina madre. «Moralidad» fue el lema predilecto de la oposición y el odio a la reina madre su recurso demagógico. Cuando la prensa de oposición fue silenciada, la hoja clandestina El Murciélago denunció los escándalos de una familia cuyos miembros «venden su honor por dinero como prostitutas» —incluso hurtando los cuadros de El Escorial—.⁷⁰ Así, por su concordancia con la campaña de la izquierda radical contra la corte, la oposición oligárquica empezó a adoptar tonos populares. San Luis estaba locamente confiado: una revolución era algo imposible con los moderados divididos y con los progresistas inermes. Olvidó al Ejército. San Luis pagaba regularmente a los soldados, pero cuando se negó a un acuerdo con los generales de la oposición, éstos lograron volver contra él su autoridad sobre los oficiales. Cuando ordenó el arresto y exilio de O’Donnell y sus amigos hizo inevitable el recurso a la fuerza porque la voz constitucional del ejército quedaba silenciada: En el invierno de 1853 los generales descontentos revelaban al embajador británico que estaban dispuestos a derribar la dinastía.

4. La Revolución y el bienio liberal, 1854-1856⁷¹

La Revolución de 1854 fue un pronunciamiento de generales conservadores, apoyado por políticos civiles, y acompañado de una revuelta popular que dio al descontento de los oligarcas la apariencia de una revolución democrática nacional. Esta extraña alianza tenía en parte su origen en el descontento económico tanto del capital como del trabajo. San Luis perdió la confianza de los financieros y los hombres de negocios que habían apoyado a Bravo Murillo.71 bis La rebelión en Barcelona, que determinó la retirada del gobierno de Madrid, tuvo sus orígenes en una huelga de los trabajadores textiles en la que los huelguistas exigían el reconocimiento de las asociaciones obreras para la negociación de los acuerdos salariales y la sustitución de las selfactinas. Estas exigencias reflejaban unos salarios que no siguieron el movimiento de alza de los precios y el desempleo tecnológico consiguiente al reequipamiento industrial de Cataluña en los años anteriores.⁷² Los trabajadores se unieron a la revolución al grito de «¡Asociación o muerte! Trabajo y pan». Tal vez la implantación de una junta revolucionaria en Barcelona pueda considerarse como un intento de los patronos de hacer frente al descontento de la clase obrera mediante una acción eficaz inmediata, en un momento en que el gobierno central evidenciaba la debilidad de la política intransigente sin la apoyatura de un Ejército obediente. La revolución hizo a Madoz, progresista de izquierda y representante político más destacado del capitalismo catalán, gobernador civil de Barcelona.⁷³ Fue aquello una repetición de la táctica tradicional de los progresistas, consistente en hacerse los políticos locales respetables con el timón de la revolución espontánea. El programa que legó este proceso fue la exigencia radical de abolición de los consumos y de las quintas.

Ignoramos cuál fue la relación exacta entre carestía y revuelta: lo que es seguro es que los precios nacionales del trigo se elevaron a consecuencia de fuertes exportaciones a Inglaterra, para compensar la pérdida de las importaciones rusas, durante la guerra de Crimea, y que Galicia padeció un «hambre irlandesa».⁷⁴ Una de las primeras exigencias de la Junta de Barcelona fue la admisión temporal de granos. Este descontento fue explotado por los demócratas y en menor medida por los progresistas. Pero resultaba inconcebible una colaboración política permanente basada en el apoyo a las exigencias de la clase obrera. Los progresistas, llegados al gobierno, se desdijeron de sus promesas de abolir los consumos y las quintas. Figuerola, para quien el intento del gobierno de imponer salarios mínimos era «comunismo», escribió una apasionada defensa del derecho de los propietarios a instalar selfactinas, las «máquinas del demonio» del memorial de los trabajadores.⁷⁵ Así, la alianza de los progresistas y los obreros barceloneses fue precaria: toda manifestación por hambre era tratada por el gobierno como obra de incendiarios o socialistas y como una amenaza a su reputación como guardián del orden social. Le preocupaba más ganarse la confianza de los ricos (como todo gobierno revolucionario necesitado de empréstitos) que la simpatía de los pobres. En junio de 1855 el general Zapatero decidió «acabar con las huelgas y arreglar la cuestión social de una vez para siempre».

Desterrados o caídos en desgracia bajo San Luis, a los generales de la oposición, políticamente implacables, no les llegaba al alma la idea de lealtad a la Corona. Si los Borbones no prescindían de ministros indeseables, ellos estaban dispuestos a prescindir de los Borbones. «Arriesgamos nuestras vidas y si es necesario llegaremos a una república.»⁷⁶ Pese a todo, deseaban una revolución militar, no una revolución civil, y no pensaban recurrir a los que el embajador inglés apellidaba «proletarii enérgicos». O’Donnell, que surgió como dirigente porque fue el único general lo bastante valiente para permanecer escondido durante cinco meses, no hizo un esfuerzo serio para obtener apoyo civil y carecía de programa, fuera de un cambio de gobierno y, tal vez, de dinastía.

El 28 de junio se pronunció con las escasas tropas que pudo reunir a sus órdenes; tras una lucha indecisa y poco entusiasta con las fuerzas leales en Vicálvaro, se retiró hacia el Sur. Fue entonces cuando se decidió a firmar, como último recurso, un programa que era una petición abierta de apoyo progresista. En el Manifiesto de Manzanares (6 de julio) prometió resturar la Milicia Nacional. Era un paso peligroso. Si esto no conseguía «electrizar a las clases inferiores», en palabras del embajador británico, llevaría, como creía Narváez, a Espartero y a los progresistas al poder.⁷⁷ El 17 de julio Barcelona, Valencia, San Sebastián y Valladolid se habían pronunciado en contra del gobierno y estaban controladas por juntas. Esta revolución provincial salvó a O’Donnell de la derrota y obligó a Isabel II a destituir a San Luis.

Una revolución en Madrid echó por tierra el intento de la corte de llegar a un acuerdo con los generales alzados. A San Luis le sucedió el duque de Rivas (17 de julio); su gobierno, reformado bajo Fernando de Córdoba, comprendía a progresistas respetables y a Ríos Rosas, conspirador moderado. El levantamiento de Madrid ganó la mano a este compromiso. Córdoba no pudo derrotar a los rebeldes a trabucazos, por más que el Ejército permaneciese fiel al gobierno y se mantuviese durante cuatro días contra las barricadas y la lucha callejera, la peor que Madrid habría de conocer hasta 1936.⁷⁸ Los protagonistas de las jornadas de julio parecen haber sido un grupo relativamente pequeño de meneurs oscuros que contaron con las simpatías de una masa inspirada por odios domésticos y venganzas privadas, y que debía sus objetivos a la agitación contra la corte.⁷⁹

Dos fuerzas, los activistas democráticos y los progresistas, cada cual a su modo, trataron de encauzar el caos inicial hacia una revolución popular que les fuera propicia.

En una situación revolucionaria confusa, una minoría dotada de juicio y decisión políticos puede hacerse con la iniciativa siempre que le quepa la posibilidad de explotar el descontento de las masas. Los demócratas no constituían una minoría semejante.⁸⁰ Pi y Margall, que más tarde se convertiría en el dirigente intelectual del republicanismo federal, acusó a los dirigentes demócratas de no consolidar la revolución mediante una política social que conquistara el apoyo de la clase obrera para una república federal —que era, lo reconocía, el programa de un pequeño grupo de conversos—. Esto era aplicar las lecciones de 1848 en Francia (donde la muchedumbre revolucionaria había sido educada en una tradición de acción política) a la reacción de las turbas ante el escándalo cortesano y los agravios locales. Semejante fuerza era incapaz de defender seriamente un programa de clase. El entusiasmo de la revuelta sentimental decayó por sí mismo una vez conseguido su objetivo inmediato.

Los revolucionarios experimentados que sabían cómo encauzar la protesta primitiva para sus propios fines eran los militares y políticos progresistas, decididos a vedar toda amenaza a la propiedad, una vez encumbrados por la jornada popular. Bajo la presidencia del general San Miguel, hombre valiente al que no asustaban las barricadas, crearon una junta para obligar a la corte a pactar y para contener una revolución que, según palabras de San Miguel, amenazaba con «ruinas, sangre y anarquía». La junta «respetable» absorbió a la junta popular de los barrios obreros del sur de Madrid, convirtiendo a su figura principal, Pucheta, en «instrumento ciego e impotente de los reaccionarios»; sus rufianes pronto dieron en apalear a los vendedores de panfletos republicanos.⁸¹ En los primeros días de violenta confusión, diplomáticos y revolucionarios creían que Isabel II se vería obligada a abdicar y que los generales serían, a su pesar, padres de una revolución democrática.⁸² En realidad, la revolución era menos peligrosa de lo que parecía, como suele acontecer con las revoluciones en España. A lo largo de todo el siglo XIX, la burguesía española vivió aterrorizada la espera de una revolución social que nunca llegó a materializarse.

La junta de San Miguel dio a la reina una posibilidad de salvar la dinastía destituyendo al gobierno que la había defendido contra la calle. El 27 de julio Isabel II recurrió a Espartero. Si los demócratas habían de acelerar la revolución, debía ser contando con la alianza con Espartero. Tal era la intención del panfleto del demócrata Garrido, Espartero y la Revolución, que contenía una clara petición a Espartero de que destronara a los «verdugos de España» y que hacía hincapié en el discurso del agente de éste, Allende Salazar, a la Unión Patriótica de Madrid el día antes de la llegada del duque. «Puedo aseguraros que está resuelto a consolidar definitivamente la libertad, y a ser el Washington de España», fórmula que podía cubrir cualquier cosa, desde la presidencia de una república a la jefatura del gobierno bajo una Constitución democrática aunque monárquica. La seriedad revolucionaria de Espartero se pondría a prueba con el problema de la suerte de la reina madre. Espartero decidió que abandonaría Madrid sin pasar por el bochorno de un juicio público. Tras de fracasar al querer intimidar a Espartero, los demócratas intentaron una débil protesta callejera; fue dominada rápidamente, pero significó el fin de la alianza entre el duque de la Victoria y los revolucionarios demócratas. Sus centros fueron clausurados y sus periódicos prohibidos. «El 28 de agosto —al decir de Garrido—, la revolución fue derrotada y aplastada.»

La supresión de la izquierda revolucionaria supuso una pérdida del entusiasmo primitivo; los cismas posteriores en la «respetable» coalición gubernamental implicaban que la Revolución de 1854 constituiría un breve paréntesis en la hegemonía conservadora de la España isabelina. Para julio de 1856 O’Donnell y el ala conservadora de la coalición habían conseguido el poder exclusivo como guardianes del orden social. En octubre de 1856 Narváez empuñaba nuevamente el timón. Los progresistas no pudieron conservar la supremacía accidental que había puesto en sus manos el naufragio de la revolución «limitada» original de los oligarcas militares.

Para la izquierda radical Espartero era no solamente el símbolo, sino también la causa activa de este fracaso; era, en palabras de Marx, una carga para la revolución. Vanidoso, aunque fue un político inocente, apenas sorprende y resulta incluso verosímil que se opusiera a la presión de los radicales para convertirse en un dictador revolucionario. Su «eterna cantilena» de que debía cumplirse la voluntad popular era dúctil centro del único credo político que conocía, y se negó a identificar esta voluntad con el radicalismo democrático. El extraordinario aplauso popular que recibió a lo largo del bienio hizo que se considerara a sí mismo como símbolo por encima de los partidos, como un soldado que había de llegar a encarnar las aspiraciones de toda la nación, como un representante de las masas olvidadas, en cuya carrera los hombres sencillos habían de encontrar aquella proyección del propio deseo de escapar a la pobreza que les llevaba a convertir en ídolos a bandidos y toreros. Esta idea de ser indispensable para la nación le hizo rechazar el papel de dirigente del partido progresista por el de Cristo sufriente de la política española.⁸³ Leal a la Corona, leal a O’Donnell, se encontró sin el apoyo del único partido que podía haberle salvado de ambos.

Leopoldo O’Donnell, hecho conde de Lucena por su generalato en las guerras carlistas, era un político militar ambicioso, rígido e inteligente. Por más que el matiz democrático, no buscado, de su propia revolución le abatía, no era un reaccionario. Para él la revolución era la posibilidad de construir un partido liberal de centro que, evitando el «exclusivismo» de progresistas y moderados, uniera a los hombres razonables de ambos partidos que rechazaban a sus aliados extremistas. Solamente cuando se desvanecieron sus esperanzas de una Unión Liberal que le llevara al poder consintió convertirse en el instrumento de un golpe de mano palaciego. Su giro a la derecha fue lento, encubierto por concesiones a la habitual retórica revolucionaria que engañaron a los progresistas hasta principios de 1856. Era un procedimiento seguro, porque dominaba firmemente el Ejército. Espartero le permitió permanecer como ministro de la Guerra a lo largo de todo el bienio. Para los progresistas radicales éste fue el gran error de Espartero; olvidaban que en 1854 Espartero ya no estaba en la escala activa, sin hombres disciplinados para obedecerle. Rechazar a O’Donnell hubiera significado un enfrentamiento con los generales en el que le hubieran correspondido todas las de perder.

La característica inesperada del bienio fue la recuperación por parte de la Corona de una posición que parecía haber perdido en julio. En todas las revoluciones españolas los demócratas y los diplomáticos de la capital olvidaban el latente sentimiento monárquico del campo; por ello sus profecías políticas subestimaban siempre las fuerzas del conservadurismo. Por otra parte en el verano de 1854 los diplomáticos habían quedado impresionados por el aparente odio implacable que los generales manifestaban hacia la Casa Real. Sin embargo, enfrentados con la sedición democrática, los generales defendieron la dinastía contra la que habían conspirado, como garantía de un orden político que les era familiar. Los errores de diagnóstico de demócratas optimistas y de diplomáticos pesimistas quedaron evidenciados en la votación de las Cortes Constituyentes, inevitable consagración constitucional de la revolución triunfante. En una cámara única, elegida por sufragio universal, la monarquía quedó asegurada por una mayoría abrumadora. Espartero podía haber aceptado la presidencia de la república como ofrenda de la «voluntad nacional», pero le faltaban la carencia de escrúpulos —al final mostraba orgullosamente la carta con la que la reina le había llamado para salvarla—, o la energía, necesarias para llegar hasta el final. A Olózaga, enemigo personal de Isabel, no le era posible destronarla. La misma Constitución frustrada de la revolución no contenía ninguna limitación seria a la prerrogativa regia.

Lo sorprendente fue la negativa de Isabel a reconocer que la revolución había alterado el grado en que podía ejercer para sus propios fines sus prerrogativas personales. En noviembre le preguntó, «con petulancia» a Howden si podía prescindir de Espartero, que era todavía el hombre más popular de España.⁸⁴ La táctica, al igual que sus propias inclinaciones, le impulsó a presentarse como defensora del catolicismo contra los ataques «revolucionarios» a los bienes de la Iglesia. Reapareció la camarilla y existía un serio peligro de que el rey pudiera forzar una alianza dinástica con el carlismo para defender a la Iglesia contra la revolución. En el momento álgido de estas asombrosas intrigas la reina se negó a sancionar la legislación progresista contra los bienes eclesiásticos; O’Donnell apoyó al gobierno y la reina tuvo que ceder, falta de poder para desafiar al gabinete (mayo de 1855). Los carlistas no consiguieron organizar un levantamiento afortunado y la opinión era relativamente indiferente a la violenta propaganda en defensa de una Iglesia perseguida con guante blanco. De este modo la reina fracasó, si tal era su intención, como dirigente de una contrarrevolución conservadora y clerical. Un modo más seguro de derrotar a los progresistas y a la revolución consistía en convencer a O’Donnell de que el favor de la corte era preferible a la Unión Liberal y a la colaboración con Espartero para su personal medro político.

Solamente un partido progresista unido hubiera podido impedir el giro a la derecha, con O’Donnell como instrumento del mismo. La «inexplicable conducta» de Espartero y la presión de los demócratas radicales dividió el partido y le hizo perder fuerza. Los puros (según la jerga de los progresistas, puros eran los que se negaban a conchabarse con los grupos políticos a su derecha), unos cincuenta diputados encabezados por Olózaga y por el progresista catalán Madoz, acabaron rechazando la alianza con O’Donnell, a la que se atenía Espartero. Deseaban un poder exclusivo con Espartero de figurón cautivo, pero su constante presión sobre él para desprenderle de sus colegas reaccionarios tan sólo le empujó más cerca de O’Donnell y de aquellos progresistas que, por temer y ver con disgusto a los demócratas, estaban dispuestos a aceptar un partido de centro liberal. Sin el beneplácito de Espartero, los «montagnards» estaban inermes.

Los demócratas también estaban divididos; cuando las Cortes Constituyentes hubieron dado por buena la monarquía, el partido parlamentario solamente podía tratar de ampliar las conquistas demócratas mediante una alianza con los progresistas puros. Esta alianza estuvo sometida a tensiones hasta llegar al punto de ruptura cuando los progresistas aceptaron los consumos (con otro nombre), un dilatado Ejército de reclutas forzosos, y la bona fides política de O’Donnell. El ala «maratista» demócrata rechazó la alianza y la maniobra parlamentaria que llevaba consigo, a cambio de la presión extraparlamentaria. Esta escisión entre «legalistas» y «activistas» habría de dividir a la extrema izquierda durante lo que le quedaba de vida. En 1856, mientras la Discusión de Rivero seguía pescando a beneficio de los puros y calificaba los triunfos pacíficos de la democracia de encarnación viva de «las más bellas armonías del universo moral», Sixto Cámara exigía el socialismo, el terrorismo y mil cabezas aristocráticas.

Los puros solos eran incapaces de impedir el desarme por el gobierno de los elementos populares «dudosos» de la milicia, única fuerza que podía defender la revolución contra los generales. Espartero y sus colegas temían que se les acusara de hacer de celestinas del «socialismo» mediante un gobierno débil. En 1856, la prensa conservadora presentó los disturbios por escasez de víveres y los incendios de Valladolid como «anarquismo» en las hasta entonces incontaminadas tierras del corazón de Castilla; la actitud dudosa de la milicia ante las masas alarmó al gobierno. Espartero y sus colegas fueron de la opinión de que resultaba preferible conseguir la alianza con las clases respetables mediante la defensa del orden a armar a las clases menos respetables para oponerlas a la contrarrevolución.⁸⁵ Este dilema acabó con todos los gobiernos revolucionarios españoles. Demasiado tarde, Escosura, el ministro de la Gobernación de Espartero, comprendió los peligros crecientes de la derecha; su intento de formar el cuadro por la izquierda haciendo a los carlistas, y no ya a los «socialistas», responsables de los disturbios de Valladolid encontró la oposición de O’Donnell, que insistió en la dimisión de Escosura.

El 14 de julio, durante un descanso de las Cortes, la reina y O’Donnell se valieron de la crisis de Escosura para forzar a Espartero a dimitir. El nombramiento de O’Donnell fue un golpe de Estado contra una mayoría parlamentaria; mucho arriesgó el conde de Lucena contando con la ineptitud de Espartero y con la convicción del duque de que su presencia en Madrid sería bastante para salvaguardar la libertad.⁸⁶ La revolución democrática había de ser derrotada, como de hecho lo fue, en las calles de la capital. El éxito dependería de la fuerza relativa del Ejército, que seguiría a O’Donnell, y de la milicia, única fuerza a disposición de los progresistas.

Los batallones de la milicia de Madrid, escasos de artillería pero superiores numéricamente a las tropas regulares, tomaron posiciones tan pronto como conocieron la dimisión de Espartero. Ni Espartero ni los progresistas parlamentarios de Madoz, reunidos en las Cortes y ocupados en hacer figura de mártires de la libertad en vez de organizar la resistencia, supieron ponerse al frente de la Milicia. Ésta fue abandonada sin municiones ni órdenes. Sus oficiales no mostraban ningún entusiasmo, tal vez porque al igual que los jefes progresistas estaban alarmados por el creciente radicalismo de las tropas. La resistencia, limitada a los barrios obreros del Sur (donde Pucheta, el héroe de las barricadas, encontró la muerte), fue derrotada.⁸⁷ La Milicia, en toda España, tras períodos de resistencia variables, abandonó una lucha en la que no encontraba a nadie que la acaudillase. Este fracaso, y especialmente la dispersión de la Milicia por Madoz durante una tregua con el Ejército, se esgrimiría contra los progresistas durante años en los círculos demócratas. Los motivos de los progresistas están claros: temían las barricadas y una revolución que podía destruir el trono. Isabel debió los últimos doce años de su reinado a la indecisión o a la lealtad de Baldomero Espartero. Le recompensó con la muerte política. «Ante el trono, se me presenta como un demagogo; ante el pueblo, como un desertor de su sagrada causa.»

La Revolución de 1854 fue un fracaso evidente. La Constitución democrática de 1856 nunca se puso en práctica. Pero atender únicamente a este fracaso político es interpretar erróneamente el significado del bienio. El llamamiento a los intereses materiales, que los moderados habían visto como una necesidad social o como un artificio político, se convirtió en credo regenerador: el capitalismo, el crédito y el libre comercio podían destruir el antiguo régimen. Por ello las Cortes Constituyentes se ocuparon de todos los aspectos de la vida económica española: repoblación forestal, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, carreteras y bancos. La legislatura de 1854 (leyes de sociedades, de ferrocarriles y de minas) creó en gran parte la estructura jurídica para la prosperidad y la expansión relativa que perduró hasta 1867.⁸⁸

El acto de fe simbólico en los beneficios de la expansión y la expresión característica del brote de confianza económica que acompañaron a la Revolución fue la codificación y ampliación por Madoz de las leyes desamortizadoras.⁸⁹ Se afirmó una vez más que esta legislación fomentaba la aparición de una nueva clase de propietarios campesinos; empero, sin facilidades crediticias, como afirmaban algunos demócratas, la necesidad de pagar en efectivo excluyó a los campesinos pobres de las subastas públicas. La magnitud de las ventas de tierras eclesiásticas y comunales es insegura;⁹⁰ para los progresistas no eran sino un mero expediente para salvar al Estado de la bancarrota. La desamortización eclesiástica debía regenerar a España, entregando a la producción las tierras que los conquistadores visigodos habían donado a la Iglesia. Parte de los beneficios de las ventas había de ser invertida en canales y caminos. Los progresistas confiaban en poder pagar la deuda nacional, no tan sólo realizando el capital agrario de la nación, sino mediante la inversión, que elevaría el nivel de la producción y acrecentaría, por lo tanto, la riqueza imponible. La fe de O’Donnell en la expansión hizo de él, al menos a este respecto, un auténtico representante del bienio.

CAPÍTULO VII

PROGRESO Y REVOLUCIÓN, 1856-1868

Desde 1856 a la Revolución de 1868, la historia política de España estuvo dominada por el fallido intento de engendrar una agrupación liberal, resultante abigarrada de los partidos históricos, que excluyera los extremos de la revolución y de la reacción cortesana. Como hemos visto, a los espíritus moderados les sedujo durante algún tiempo la idea de una forma de gobierno constitucional que defendiera los intereses sociales y fomentara la prosperidad sin sacrificar el aparato y las apariencias de la libertad. El fracaso de esta tentativa dejó a la monarquía constitucional expuesta a la revolución. Fracasados en su tarea histórica de reconciliar la libertad y el orden, los liberales atribuyeron esta derrota a una dinastía que llevó la reacción hasta el extremo de poner en peligro la propiedad y acabar con la prosperidad. Un proceso de contracción política que se impuso a sí misma aisló a la dinastía de todos, salvo un puñado de conservadores y neocatólicos. Al igual que en 1854, ciertos políticos y generales cautos que no simpatizaban con la revolución popular se vieron obligados a arriesgarse a derrocar la dinastía para «salvar a la propiedad de la tremenda revolución social que la amenazaba y que fomentan los gobiernos reaccionarios».¹

1. La Unión Liberal, 1856-1863

El único intento que prosperó entre los ensayos periódicos de reconciliar la libertad y el orden cobró forma con la Unión Liberal de O’Donnell. Sus orígenes se remontan a la oposición de los puritanos contra la versión «exclusivista» del gobierno moderado, así como a la oposición constitucional de progresistas y moderados contra gobiernos cortesanos anterior a la Revolución de 1854, oposición simbolizada en el «abrazo» de Espartero y O’Donnell de ese año. Los viejos políticos calificaron a la Unión Liberal de consorcio inmoral formado para atraer a los progresistas y moderados hambrientos de cargos, sacrificando ambos grupos sus principios políticos y tildándola de artificio gubernamental basado en un uso inteligente y discriminatorio de los amaños electorales, de asamblea de ambiciosos «sin tradiciones, sin principios y sin futuro». No se le reconocía como partido. Era una mescolanza de solos políticos «muy parecida a las tropas irregulares de Turquía».²

Pero el credo político de O’Donnell y de los unionistas civiles como Ríos Rosas era tan coherente como, e infinitamente más realista que, los manidos dogmas de los partidos históricos. Puede ser legítimamente considerado como una contribución positiva hacia una forma estable de vida política. La función de la política, bajo el sistema unionista, consistía en la reconciliación de los diversos intereses más que en la imposición de soluciones dogmáticas a unos adversarios derrotados. O’Donnell consideraba la intransigencia doctrinal y las «situaciones excluyentes» como una traba para el buen gobierno. Había roto con Espartero cuando sus seguidores progresistas trataron de convertir el bienio en monopolio de un solo partido. Aunque menos claramente, por resabios conservadores, también estaba decidido a continuar siendo liberal a su modo y a salvar parte del frente liberal de la acometida de 1856 y de la venganza de los conservadores. De ahí su repugnancia a volver a la constitución conservadora moderada de 1845, que pensaba modificar mediante una Ley Adicional que instituyera un senado electivo y el jurado para los delitos de prensa. Aunque deseaba hacer figura de beato ante su reina, prefirió dimitir antes que sacrificar totalmente a una corte clerical la solución dada por los liberales a la cuestión eclesiástica. Narváez volvió al poder en octubre de 1856; a su ministro neocatólico, Nocedal, hay que atribuir una ley de prensa que hizo imposible toda crítica al gobierno. Sin embargo, el gobierno Narváez —que duró un año y cayó porque el general se negó a ascender a un favorito de la reina— y sus sucesores demostraron que la reacción cortesana no podía sobrevivir siquiera con un sistema parlamentario adulterado. Ya no era posible «un gobierno absolutista que no diera su brazo a torcer».³ Cuando volvió al poder (junio de 1858), O’Donnell estaba dispuesto a ampliar la base del gobierno oligárquico mediante una reforma constitucional y la ampliación del derecho de voto.

La modernidad de la Unión Liberal hizo que aquellos moderados que se encastillaron en sí mismos y se negaron a unirse a O’Donnell reconociendo a los progresistas arrepentidos como aliados respetables en el gobierno, aparecieran como políticos reaccionarios y cortesanos. En los años sesenta los moderados hallaron un apologista en el poeta Campoamor (1817-1901), autor de El tren expreso. Éste presentaba al partido moderado como el punto medio entre la reacción neocatólica y la demagogia.⁴ Pero este punto medio ya estaba anticuado. El partido se escindió en un ala oportunista y un núcleo de doctrinarios, a quienes el recuerdo de 1854 llevó a «exorcizar la revolución».⁵ Para Narváez y los militares, la revolución era un problema de represión policíaca que se podía reconciliar con intentos de atraerse a los liberales; para los moderados civiles de la derecha auténtica, la revolución sólo podía ser contenida mediante un autoritarismo conservador tradicional rígido que excluyera toda componenda con la tradición progresista. De ahí que estos moderados civiles, simpatizantes del renacimiento neocatólico, pusieran toda su fe en el favor de la corona. Narváez estaba dispuesto a salvar a la corte in extremis o a aceptar a los ministros neocatólicos, pero era independiente de ambos. Dispuesto a servir a su reina en las circunstancias menos favorables y más comprometedoras, era un policía demasiado consciente para convertirse en cortesano.

De acuerdo con la intención de sus creadores, la Unión Liberal comprometió y debilitó a los progresistas —de hecho los demócratas proclamaron que el antiguo partido ya había dejado de existir—. Se escindió en resellados, que estaban dispuestos a ponerse a las órdenes de O’Donnell, y en puros, que le rechazaban y que por consiguiente se veían obligados a acercarse a los demócratas. Espartero era el dirigente titular de los puros y para él los dogmas progresistas eran verdades inmutables del universo moral, otorgadas por Dios, «El Gran Progresista». El compromiso no era posible ni provechoso puesto que la marcha del progreso, identificada con la de los progresistas, no se podía impedir permanentemente.⁶ Con Espartero retirado como Cincinato a su «rincón» de Logroño, la dirección real de los progresistas puros recayó en Olózaga.⁷ Para los resellados el liberalismo de O’Donnell quedaría demostrado con la designación de progresistas para altos cargos y por su oposición a la «Liga Blanca» de conservadores cortesanos tradicionales,

El gobierno largo de O’Donnell (de junio de 1858 a marzo de 1863) —el gobierno más estable hasta entonces en la España constitucional— fue un anticipo de la llamada estabilidad artificial de la España de la Restauración a partir de 1875; Cánovas del Castillo, a quien correspondería la paternidad de la solución restauradora, hizo su aprendizaje político como secretario en el Ministerio de la Gobernación bajo un gabinete unionista. A diferencia de los ensayos moderados de gobierno fuerte, el de O’Donnell no irritó la sensibilidad liberal; las Cortes prefabricadas por Posada Herrero, el gran elector del Ministerio de la Gobernación, prudentemente dotadas de una respetable minoría progresista y moderada, estuvieron abiertas a menudo. Los presupuestos se presentaron con regularidad y a la prensa se la molestó relativamente poco. Tan sólo los extraños al sistema, carlistas y republicanos, fueron perseguidos y reducidos al silencio. Dentro de estos límites, la Unión Liberal fue un intento de conseguir gobernar con la anuencia de los gobernados.

La característica más notable del gobierno de O’Donnell fue su serie de aventuras exteriores. Se llevó a cabo una expedición a la Cochinchina, la guerra africana, la vuelta temporal al dominio español de Santo Domingo y la expedición mexicana de 1861.⁸ Lo que tuvo más éxito fue la expedición a Marruecos, que finalizó con la conquista de Tetuán (febrero de 1860). Como todas las expediciones marroquíes posteriores, subyacentes a operaciones limitadas de policía para defender las plazas de Ceuta y Melilla contra las expediciones de las kábilas (a las que el Sultán no podía controlar, pero de cuyos crímenes se le consideraba responsable), había vagas ideas de una misión africana y de una nueva cruzada contra los moros infieles.⁹ La guerra fue una operación arriesgada, desarrollada en el momento culminante de la estación lluviosa, con un ejército mal pertrechado —las dos terceras partes de las 70.000 muertes lo fueron de cólera—, mal planeada en un país sin caminos, pero que complació al público español y renovó la confianza del Ejército.¹⁰

La conquista suscitó una gran apoteosis nacional del Ejército, con la reina como heredera de Isabel la Católica. La guerra no proporcionó adquisiciones territoriales —éstas habían sido prohibidas por Inglaterra— pero justificó la misión española contra el infiel y calmó la sed de regeneración nacional. En palabras de O’Donnell, consiguió «levantar a España de su postración».¹¹ Se trata de un ejemplo clásico de guerra de honor no basada en el interés económico, de acción refleja de una nación que se sentía madura para la responsabilidad colonial en un sentido abstracto y no materialista; de ahí el resentimiento español por la quisquillosa tutela de Inglaterra. En Cataluña la popularidad de los Voluntarios y de Prim, el general catalán, exponente de la «gesta» en la batalla de los Castillejos (enero de 1860), fue extraordinaria; ello prueba que el patriotismo nacional aún podía, en los años sesenta, abarcar los amores regionales.¹² La guerra marroquí fue, como muchas guerras, una emoción política unificadora, eslabón entre el patriotismo que más tarde arriesgaría una guerra con Alemania y se enfrentaría a la guerra con los Estados Unidos y el mito patriótico de 1808. Fue la única satisfacción del orgullo nacional español en la época moderna, acompañada, como es obligado que lo sea el nacionalismo en España, de una suave ola anglofóbica.

A la base de la estabilidad política estaba la expansión económica. Los mejores años de la Unión Liberal coincidieron con el punto culminante del boom de los ferrocarriles. Los moderados tenían relaciones con banqueros e industriales desde los tiempos de Remisa, mientras que los progresistas de 1854-1856 habían soñado una España revitalizada por las inversiones de capital. El provecho económico individual por medio de útiles relaciones en el gobierno se combinaba ahora. con la idea de que era función de éste desarrollar la economía auspiciando los que se llamaban «intereses materiales».¹³ La riqueza, y no los guardias civiles, eran la verdadera garantía contra la revolución social.¹⁴ La prosperidad se convirtió en una mística social y política. En la novela de Galdós O’Donnell, la heroína cortesana abandona la pobreza honorable con un demócrata después de lo que solamente puede calificarse de experiencia cuasi religiosa ante la casa de un banquero.

El eje del plan de la Unión Liberal para una nueva España, respetada y próspera, fue el presupuesto de 1859. En muchos sentidos el gobierno de O’Donnell viene a ser un tímido anticipo de la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923: no había estériles disputas políticas, se contaba con el apoyo de un Ejército satisfecho por la conquista de África y su influencia en el Estado, y había prosperidad económica. Así, el Presupuesto Extraordinario de 1859 es un antecedente lejano de las obras públicas del dictador financiadas con préstamos e ingresos extraordinarios. En 1859 estos fondos habían de proporcionarlos la continuación de las leyes desamortizadoras y su extensión a las fundaciones de caridad. El presupuesto fue duramente atacado por los conservadores por perpetuador de los «malos principios»; su espíritu era progresista.¹⁵ Al otro extremo de la vida política, el demócrata Garrido, como los críticos de Primo de Rivera, atacaba el presupuesto por dedicarse a financiar el prestigio y las fuerzas armadas en vez de inversiones productivas.¹⁶ Se manifestaba así la «vacuidad anímica del Unionismo liberal», su falso liberalismo: en vez de escuelas o pantanos, O’Donnell construía cuarteles y creaba una escuadra.

Este presupuesto puso de manifiesto la endeblez política de la posición de O’Donnell. Reveló una disparidad irreconciliable entre la modernidad, tal como la concebía la Unión Liberal, y la religión, tal como la concebía la corte. O’Donnell veneraba a la reina (sus relaciones con ella recuerdan al lector inglés las de Gladstone y la reina Victoria) y deseaba seguir siendo su primer ministro, pero la Iglesia se interponía entre ambos. Transigió con la desamortización, pero no podía avenirse al reconocimiento de Italia. Para católicos y liberales el reconocimiento del reinado de Víctor Manuel constituía el numen de la prueba política; reconocer a la Italia «atea» era pronunciarse contra el papa.

Bajo la presión, el «partido babélico» empezó a desintegrarse. Los zahirientes ataques de Olózaga incomodaron a los progresistas resellados del gobierno. Prim, odiado por Serrano y por la familia Concha por su influencia sobre el presidente del Consejo, abandonó la búsqueda de cargos y poder bajo O’Donnell a trueque del papel de caudillo progresista.¹⁷ El argumento de los resellados había consistido en afirmar que O’Donnell podía durar, que podía lograr convertirse en el arquitecto indispensable de un nuevo sistema cuasi liberal. Pero ahora la advertencia de Madoz y Olózaga de que semejante convicción desconocía los designios de «cierta casa y ciertas personas» —los grandes conservadores y la corte— triunfó. La mayoría parlamentaria de centro de O’Donnell se desintegró: la larga vida del gobierno convirtió las incompatibilidades personales en sucedáneo de los principios políticos en un grupo de «disidentes» que antes habían apoyado a la Unión Liberal. Ríos Rosas, uno de sus padres fundadores, desertó en 1860, seguido de Alonso Martínez y de Mon. La minoría empezaba a incluir a los más capaces y —lo que era más alarmante— a los ambiciosos. A pesar de la mayoría parlamentaria y del apoyo del Ejército, la posición de O’Donnell se estaba debilitando ante una revuelta de los prohombres políticos. Una reconstitución del gobierno para incluir a los amigos de Ríos Rosas y Mon no podía darle ninguna garantía contra «cierta casa».¹⁸ Isabel se negó a disolver las Cortes forzando así la dimisión de O’Donnell (27 de febrero de 1863); su gobierno había durado cuatro años, siete meses y veintiocho días.

2. La expansión económica, 1856-1867

El optimismo económico de los hombres del bienio y la prosperidad que ayudaron a la Unión Liberal de O’Donnell son inexplicables si no se tiene en cuenta el desarrollo económico de España a mediados de siglo. Su comercio exterior se duplicó entre 1852 y 1862; su agricultura prosperaba, aunque todavía no pudiese proporcionar granos a precios estables; su industria había sido reequipada y en el Norte iniciaba su lento desarrollo un nuevo complejo industrial; sus principales ferrocarriles se construyeron hacia 1860. Como una suave epidemia, desde la Francia de Napoleón III llegaba a España la creencia en una expansión ilimitada por medio de un crédito fácil, una inversión emprendedora y las obras públicas.

Gran parte de la expansión de las décadas de mediados de siglo se basaba en una imagen en exceso optimista del futuro de España como economía moderna. A lo largo de todo el siglo, los economistas estuvieron convencidos de la proposición de que su pueblo «estaba dotado con las fuentes inagotables de la prosperidad» que aguardaban solamente ser explotadas.¹⁹ Pero ningún país de la Europa del siglo XIX podía esperar competir con las economías industriales avanzadas sin carbón barato, sin capital para crear la nueva industria y sin poder de compra para absorber sus productos. De estos requisitos para el desarrollo, España solamente poseía abundantes yacimientos de hierro y de otros metales, pero le faltaba el capital necesario para explotarlos. Los depósitos minerales españoles eran tan ricos que incluso una explotación nativa improvisada y subcapitalizada podía producir una corriente de exportaciones, aunque solamente el capital y los técnicos extranjeros podían darle importancia mundial.

Jules Hauzeur, empresario belga, advirtió por vez primera la importancia de los depósitos españoles de cinc. Éste no logró que sus socios españoles le proporcionaran dinero para su explotación, de modo que la Real Compañía de Asturias (1853) fue financiada por un banco belga, convirtiéndose en sociedad belga con unos cuantos directores españoles para cubrir las apariencias y obtener influencia política —el ministro de Hacienda, Mon, pertenecía al comité español.²⁰ Lo mismo ocurrió luego con el cobre; la explotación de las minas de Río Tinto y Tharsis. Las minas de cobre de Río Tinto, las mayores de Europa, se concedieron a una empresa británica, por 3.700.000 libras esterlinas, no porque el gobierno ignorara su riqueza, sino porque ningún español —ni siquiera un rico capitalista como Remisa, que tenía la concesión de la mina desde 1829— era capaz de reunir el capital y los hombres necesarios para explotarla.²¹

De modo parecido, la construcción de la red ferroviaria española, en la década que sigue a 1855, fue en sus principales líneas obra del capital extranjero.²² Más de la mitad de este capital era francés. Así, el capital de los Rothschild y de los Pereire centró en París el control del sistema ferroviario español, con oficinas de directores ficticios en Madrid. La única excepción fue el capital catalán, que realizó inversiones no solamente en las líneas catalanas, sino también en el norte de España y en Andalucía; con todo, hacia 1866 la Compañía Francesa del Norte compró la línea Zaragoza-Barcelona y la mayor empresa catalana fue absorbida por la M. Z. A. (Madrid-Zaragoza-Alicante) en 1898. Del mismo modo los banqueros vascos que construyeron la línea Bilbao-Tudela no pudieron sostenerse contra los recursos superiores de la Compañía del Norte.²³ Este proceso de concentración dejó a tres grandes líneas —la M. Z. A., el Norte (Madrid-Irún) y la red andaluza— frente a unas ochenta compañías pequeñas.

Los historiadores españoles y los dirigentes ferroviarios ingleses se han conjurado para hacer de los ingenieros franceses y del capital francés los villanos de la historia del ferrocarril en España. El capital inglés exigía un interés garantizado, a que se negaron los políticos españoles, temiendo que sus compatriotas amañasen la contabilidad. Por ello Inglaterra perdió un mercado para locomotoras y raíles y España se vio invadida por jóvenes graduados de la École Polytechnique, y por ingenieros franceses, que implantaron una «copia exagerada» de las normas de actuación francesas en vez de adoptar el sistema inglés, que se consideraba más flexible.²⁴ Los españoles creyeron que las importantes concesiones hechas a los contratistas franceses dieron al traste con las perspectivas de una industria siderúrgica nacional. En realidad no hubiera sido posible construir un sistema ferroviario con los recursos nativos dados los costes de producción del hierro español —doble del de los grandes centros siderúrgicos—. Así, la construcción de los ferrocarriles sólo pudo vigorizar la economía en la medida en que la dotó de un sistema de comunicaciones adecuado y le proporcionó los salarios de los empleados en el trabajo de construcción: el efecto «multiplicador» normal de los ferrocarriles quedó restringido.

A lo largo de toda su historia los ferrocarriles españoles fueron objeto de controversia.²⁵ El informe original del ingeniero del gobierno, además de imponer una anchura de vía superior (admirada por .los ferroviarios pero que aisló a España del tráfico europeo) había insistido en la venta de concesiones a compañías de buena fe, eliminando así la reventa especuladora por parte del concesionario original.²⁶ Esta saludable cláusula fue modificada, de modo que la caza de concesiones invadió la política. Otorgadas al principio por real decreto, la oposición constitucional de los años cincuenta exigió insistentemente que las concesiones quedaran bajo control parlamentario. La victoria de la oposición en 1854 significó, por consiguiente, que se convirtieran en materia de presiones parlamentarias y locales y no ya de influencia cortesana.

Los ferrocarriles, en su conjunto, nunca fueron muy rentables. Ello se debía, en parte, a las subvenciones de línea que estimulaban el trazado de líneas serpenteantes, pero debe atribuirse, también, como en toda Europa, a que la feroz competencia de los años noventa indujo a las grandes compañías a absorber pequeñas líneas cargadas de deudas. La batalla entre los dos gigantes —M. Z. A. y Norte— no finalizó hasta 1924. La característica principal de las finanzas ferroviarias fue por tanto una gran proporción de obligaciones: los directores sacaron tajada, pero los camareros parisienses, de los que se dijo que habían invertido muchos ahorros en las acciones ordinarias, a pesar de sus vigorosas protestas ocasionales, rara vez llegaron a percibir un dividendo.²⁷ Las cargas anejas a las deudas eran tan gravosas que la renovación del equipo y del tendido resultaba imposible: de ahí el lastimoso estado del material móvil a finales de siglo, que, aparte de los principales trenes, se había vuelto primitivo como el de un país balcánico. Las acusaciones usuales de que los elevados costos de explotación ha cían imposible los beneficios no se tienen de pie: a pesar de enormes dificultades técnicas, las vías únicas reducían los costes de construcción, y los gastos de explotación eran sorprendentemente bajos.²⁸ Quienes sufrían las consecuencias de este sistema de bajo costo, con su inflexible decisión de acercar lo más posible la carga muerta a la carga útil efectiva, eran pasajeros y consignatarios: esperas interminables en los empalmes, trenes atestados e incómodos y llegadas con retraso fueron el precio de un sistema ferroviario de construcción barata. Aparte de la carga de la deuda, la economía no podía proporcionar el tráfico ni, por lo tanto, los beneficios necesarios para financiar las mejoras. Se trata de un ejemplo del «círculo vicioso de la pobreza» que azota a los países en vías de desarrollo.²⁹

El sistema ferroviario dejó aisladas, sin embargo, grandes zonas de España: Galicia estaba mal conectada con el resto de España y el puerto de Almería carecía de ferrocarril. Por lo tanto, era de gran importancia que la preocupación del siglo XVIII por la construcción de carreteras reviviera en el período isabelino. La mitad del sistema estatal de carreteras existente en 1868 había sido construido con posterioridad a 1840. Durante las guerras carlistas de los años setenta, las tropas y la artillería gubernamental pudieron penetrar en el Maestrazgo, que las había desafiado en 1830, lo que hizo de la limpieza de las secuelas de semibandolerismo de la guerra civil una tarea militar más fácil.³⁰ Con carreteras y ferrocarriles, al Estado le era más sencillo actuar contra la revolución. Puesto que el Ejército era leal, la rebelión local no podía convertirse en revolución nacional tan fácilmente como en la primera mitad del siglo. Los rebeldes de 1820 no hubieran podido prevalecer en la era del ferrocarril. En cambio, los ferrocarriles facilitaban la organización de los movimientos revolucionarios: los congresos federalistas internacionalistas de los años setenta dependían del transporte barato por ferrocarril para los delegados.

Durante los años del boom de los ferrocarriles, los dos pilares de la economía catalana —la industria textil y el comercio colonial, junto con las industrias que lo abastecían— entraron en un período de expansión. Tras la crisis de los años cuarenta se inició la prosperidad «de Crimea», la inversión y, en las grandes fábricas de algodón, una amplia modernización con la máquina de vapor como principal fuente de energía. Ello vino acompañado de un proceso de concentración de capital que hizo disminuir el número de viejas fábricas con maquinaria ya amortizada, aunque éstas perduraran probablemente en número suficiente como para impedir, cuando menguó el comercio, márgenes de beneficios adecuados a los fabricantes que se habían puesto al día. La nueva conquista fue la lana, que hasta entonces no había sido un producto catalán. Cada vez más a partir de 1850, la industria lanera empezó a concentrarse en torno a Tarrasa y Sabadell, probablemente porque estas ciudades habían carecido de energía hidráulica suficiente para mover la maquinaria algodonera y en cambio ahora podían utilizar los recursos del vapor.³¹ La creación y el rápido desarrollo de esta moderna industria lanera fue un duro golpe para millares de pequeños tejedores de toda España.

Los industriales catalanes eran conscientes de los peligros de una estructura industrial unilateral basada exclusivamente en los productos textiles. Hicieron lo que se ha calificado de esfuerzos heroicos por crear industrias nuevas. Así, en Cataluña la era del ferrocarril se caracterizó por una tentativa de ir más allá de los textiles y pasar a una economía industrial moderna y diversificada. Esta tentativa estaba condenada al fracaso: la inversión en el carbón y el hierro pocos resultados podía producir.³² El intento de crear una industria metalúrgica, iniciado, como hemos visto, en los años treinta, abocó en tres grandes empresas y unas sesenta fábricas menores. Los metalúrgicos atacaban los aranceles impuestos por Madrid imputándoles su relativa falta de éxito: las máquinas importadas pagaban el 2 % de derechos de aduana, carga que tal vez reflejaba un deseo de abastecer las fábricas de algodón con maquinaria inglesa barata más que un intento decidido de destruir la industria de la maquinaria catalana, por parte de políticos librecambistas. La Maquinista Terrestre y Marítima, la más moderna y rica de las empresas metalúrgicas, construyó una fábrica moderna fuera de las murallas de la ciudad, pero no pasó de la maquinaria textil, pequeños navíos y motores marinos. Nunca fabricó una locomotora o un raíl en el gran período de la construcción de ferrocarriles: éstos llegaban, libres de impuestos, de Francia y Gran Bretaña.

Aunque Cataluña continuó siendo el mayor complejo industrial de España, hacia 1868 empezaba a desarrollarse lentamente un segundo centro en las Provincias Vascongadas. A pesar de que, como en el caso de Cataluña, existía allí una larga tradición de pequeña industria y de comercio con América, la industria vasca puede ser considerada directamente como una creación del liberalismo. La abolición liberal de los fueros y la consiguiente eliminación de tasas locales dentro de las fronteras nacionales proporcionó a los fabricantes de hierro un mercado en la propia España.³³ Como los catalanes, los vascos tenían lo que el escritor vasco Maeztu llamó «el sentido del respeto por el dinero». La burguesía vasca era devotamente católica, pero a pesar de todo también era «abierta» y sensible al clima económico europeo.

El fundamento de su riqueza en la última parte del siglo XIX fue el hierro. Al principio parecía que el hierro vasco podía trabajarse con el carbón asturiano, pero, pese a las tarifas favorecedoras y a un transporte mejorado por mar, las difíciles vetas de los yacimientos asturianos no pudieron proporcionar a España carbón barato. La adquisición de carbón inglés traído de vuelta por los cargos que exportaban el mineral de hierro contribuyó a fijar la industria en la proximidad de las minas de hierro del nordeste.33 bis

La industria había sido todo menos dinámica; se opuso a todo cambio en el siglo XVIII y hasta el final de los años sesenta el mayor alto horno —que todavía empleaba carbón de leña— era propiedad de la empresa de Heredia en Marbella, entre Málaga y Gibraltar. En el Norte, las dispersas empresas familiares se concentraban lentamente y eran arcaicas desde el punto de vista técnico. Los orígenes de la industria moderna deben buscarse, pese a todo, en las actividades de un grupo de amigos encabezados por un banquero de Bilbao, Avellano, y en la familia Ybarra, cuya empresa fue antepasado de la gran empresa vasca Altos Hornos.³⁴ Sus compañías, si se comparan con patrones ingleses, estaban subcapitalizadas y atrasadas; tal vez por poseer bosques preferían emplear carbón vegetal. La consecuencia del atraso técnico fue una industria de costes altos que exigía tarifas arancelarias protectoras, situación que convirtió a los industriales vascos en aliados naturales de los catalanes.³⁵ Los vascos aducían que una brecha en la protección sería fatal para una industria que estaba en su infancia y discutían las licencias de importación concedidas a los constructores de los ferrocarriles, sin las cuales éstos no hubieran podido llevarse a cabo. Sin el mercado ferroviario, el consumo nacional per capita era más bajo que el de Rusia y no podía crear una demanda que permitiera economías importantes. De este modo la expansión y la modernización de la industria siderúrgica y su localización en el norte de España fue un proceso financiado desde el exterior, primero por Francia y posteriormente por el capital inglés, que empezó a comprar el mineral de hierro de Vizcaya en los años setenta.

La expansión precisaba de una legislación comercial moderna y de instituciones de crédito. Las leyes de sociedades mercantiles de 1848 y 1856 fueron el fundamento de un nuevo mundo de negocios. Madrid, Barcelona y, en medida inferior, Bilbao, aparecieron como centros bancarios, aunque los enormes edificios neoclásicos que simbolizarían esta nueva actividad se construirían una generación después. El banquero se convirtió en una figura respetable en la sociedad catalana y vasca. Manuel Girona (1818-1905) fundó el Banco de Barcelona en 1844 y, a partir de 1852, la banca privada de Evaristo Arnús se convirtió en el canal por el cual los ahorros catalanes iban a seguras acciones ferroviarias y al desarrollo de la construcción con que Barcelona inició su carrera como ciudad moderna. Ambas instituciones eran anticuadas y paternalistas, pero al ser prudentes evitaron el desastre que derribó a otras en 1866. El Banco de Bilbao, fundado en 1855, era igualmente conservador: hasta 1861 no alcanzó su máximo desembolso permitido.

Resultado sorprendente el contraste entre estos banqueros conservadores de la España periférica y el grupo de financieros políticos madrileños que, encabezados por Remisa, Salamanca e Istúriz, fundaron el Banco de Isabel II en 1844 con un capital de 100 millones de reales, frente a los modestos 8 millones del Banco de Bilbao. Su aventurada expansión fue aplastada por la crisis de 1847 y solamente las relaciones políticas del Banco pudieron salvarlo al fusionarse con el antiguo Banco de San Fernando. Esta crisis restringió agudamente los créditos tras la rápida expansión de 1844-1847. A lo largo de los años cincuenta el desarrollo fue sostenido, convirtiéndose en espectacular en los sesenta: los financieros madrileños se embriagaron con las posibilidades productivas del crédito y el desarrollo de las utilidades públicas revelado por el Crédit Mobilier de Francia. El banco francés tenía una sucursal española y en la atmósfera de expansión pululaban sociedades crediticias de diversa índole; sin embargo, hacia 1865 toda la estructura crediticia peligraba. Como en 1847, el optimismo había ido demasiado lejos.³⁶

El hecho de que una parte tan grande de la energía para la expansión procediera de París significaba que España corría el peligro de depender económicamente de Francia; los hermanos Pereire y los Rothschild actuaban como si fueran a realizar con su capital lo que Napoleón I no había podido conseguir con las armas. Estas dos casas financieras concebían el sistema ferroviario español como un ramal tributario de sus líneas rivales en Francia. Los Pereire extendieron sus actividades de la banca de descuento y los seguros a las minas de carbón, la construcción, las refinerías de azúcar y las fábricas de gas. Y no eran ellos solos. Los súbditos franceses, que constituían el 90 % de la colonia extranjera, se habían aventurado en empresas grandes y pequeñas, desde las fábricas de tintes y curtidos a la metalurgia y las acciones en empresas de servicios públicos. Llegaron trabajadores franceses de Decazeville para supervisar los nuevos hornos de Mieres; guardaagujas y contables franceses llevaban los nuevos ferrocarriles. Este monopolio sólo disminuyó con el flujo de capital inglés a partir de 1870.

Esta amplia vinculación con Francia habría de tener importantes consecuencias políticas que han escapado a los historiadores diplomáticos en su busca de los responsables de la guerra de 1870. Dado que era francés el 35 % del total de la inversión extranjera en España, la candidatura de Hohenzollern era para Napoleón III un desastre económico además de una amenaza política. A la vez, la influencia francesa introdujo los arraigados hábitos financieros y políticos del Imperio francés en la corte madrileña; González Brabo, el último ministro de Isabel II, barrido por la Revolución de 1868, había sido director del Crédito Mobiliario de Pereire.³⁷ Su conjugación de alta firanza y absolutismo resultó vejatoria cuando dejó de ser eficaz; a partir de 1861 el gobierno estuvo en peligro de bancarrota y sin poder obtener empréstitos en París.

El optimismo y la expansión de las décadas de mediados de siglo se reflejaron en las fases finales de la «liberación» de la tierra, el logro característico del liberalismo progresista. No solamente las tierras de la Iglesia, la mayor parte de las cuales se habían vendido con anterioridad a 1850, sino una gran proporción de bienes comunales se convirtieron en propiedad privada por las leyes desamortizadoras de los progresistas. No parece que haya razón para dudar de que la venta de los bienes comunales, a la larga, aumentó la eficiencia agrícola. Lo que no sabemos con certeza es cuáles fueron sus efectos inmediatos sobre la producción y su papel en lo que se llamó, en aquellos años, la cuestión social; por ejemplo, las duras condiciones del pequeño propietario campesino o del aparcero, y del bracero.

Los conservadores católicos y los republicanos «socialistas» sostenían que estas ventas representaban el triunfo, sobre la justicia social y el interés nacional, del especulador burgués y del rentista que adquirieron las «tierras nacionales» a bajo precio únicamente para revenderlas o arrendarlas con grandes márgenes de beneficio. No se hizo nada eficaz para conseguir una estirpe de propietarios campesinos prósperos y seguros, como habían propugnado Flórez Estrada y otros reformadores agrarios. De este modo el Estado contrajo la obligación de mantener a los pobres que había creado al despilfarrar la tierra pública y vender la de las fundaciones caritativas.³⁸ Los apologistas católicos describieron a las nuevas clases desposeídas como víctimas del liberalimo. Entre los republicanos, Pi y Margall, de la misma manera, pero partiendo de distintas premisas, atribuyó la agravación del desamparo rural a la economía del liberalismo. La tendencia histórica a partir de 1789 —pensaba él, dentro de un amplio molde hegeliano— era la «generalización de la propiedad». ¿Por qué había de detenerse este proceso en los propietarios beneficiarios de la «generalización», posibilitada por las leyes desamortizadoras liberales, y que se habían convertido en los «caciques» de un nuevo feudalismo? Basándose en Proudhon y en una larga tradición española, abogaba por unos propietarios campesinos amparados por créditos estatales.

Es bastante curioso, en gran parte por haberse introducido posteriormente en la polémica socialista, que estas opiniones hayan permanecido indiscutidas, atribuyéndose a la gran venta de tierras la exacerbación de la antigua enfermedad del latifundismo y todos los males del campo. ¿Hasta qué punto pueden mantenerse estas críticas?

La venta de los bienes comunales fue un desastre social porque arrebató a la población marginal su medio de vida, y fueron los cultivadores marginales, con su economía doméstica de subsistencia, los que organizaron alborotos contra el «robo» de los bienes comunales.³⁹ Fue también probablemente un desastre natural al extenderse la deforestación y la erosión, de modo que, de mediados de siglo en adelante, la cuestión de los bosques empezó a ser el tema central de la literatura regeneracionista. Las ventas perjudicaron a los pequeños municipios como comunidades naturales. Con el beneficio de las tierras comunales —que a menudo era muy amplio en el Norte— se pagaba al médico y al maestro y, en muchas de las regiones estables, ello permitía al municipio ejercer «esa influencia tutelar que, en otros países, es el atributo más admirable de los propietarios de la tierra».⁴⁰

Estas perturbaciones en los modelos sociales establecidos son indiscutibles, aunque probablemente se ha exagerado algo la medida en que se produjeron.⁴¹ Donde las tierras comunales eran parte integrante del sistema agrícola tendieron a sobrevivir; donde parecían beneficiar a gentes extrañas al pueblo —propietarios de rebaños trashumantes, arrieros de viaje— fueron distribuidas a menudo dentro del pueblo mismo. En algunas zonas hay pocas pruebas de que existieran especuladores; en Navarra, por ejemplo, las juntas locales distribuyeron los bienes comunales entre los habitantes de la localidad. «No hay pueblo navarro —afirmaba un orador en el debate sobre la reforma agraria de 1932— donde todos los vecinos no posean una parte de las antiguas tierras comunales.»⁴² En muchas partes de España los municipios todavía poseen bienes comunales.

En aquella época los economistas liberales insistían en que quien había prosperado y mejorado su posición era el propietario campesino medio y no el gran terrateniente o el especulador;⁴³ Le Play había señalado ya que eran los labradores más ricos los que solicitaban la división de las tierras comunales.⁴⁴ Las ventas beneficiaban inevitablemente al propietario más próspero, que podía resistir los años malos y comprar a sus vecinos menos afortunados. Ejemplos aislados muestran que las ventas, al menos en Castilla, lejos de reforzar el poder de los grandes propietarios latifundistas, aumentaron durante todo el siglo el número de los labradores.⁴⁵ Los efectos de las ventas de tierra del siglo XIX en las proximidades de Toledo pueden resumirse así: «disminución de los latifundios, desaparición de casi toda la tierra comunal y de pastos salvajes, aumento del número de aparceros, creación de un grupo relativamente amplio y próspero de pequeños propietarios, mayor área de cultivo, mayores cosechas y consiguientemente un aumento en la producción que dio a la comarca una economía más saneada, prosperidad y un nivel de vida más elevado».⁴⁶ Pero esto no se parece en nada al cuadro presentado por quienes se oponían a las ventas en mercado libre y por los historiadores posteriores. El efecto de las ventas puede haber sido opuesto en occidente y en el Sur, pero sería absurdo mantener que los latifundios fueron creados por las ventas del siglo XIX; la consecuencia de la venta libre, fue, inevitablemente, reforzar el tipo de explotación agrícola entonces el más productivo y, desde el punto de vista económico, el más poderoso.

Cualesquiera que sean los méritos sociales del pequeño propietario campesino como supuesto remedio para el subempleo rural, fuera de su hogar tradicional no podía aumentar la producción real con mejores técnicas. Los ahorros se invertían en animales y la falta de crédito barato (Pi creía que el 14,5 % era el interés corriente en los años cuarenta) impedía la mejora por parte del propio campesino. Era, pues, queja lógica la de quienes desaprobaron la venta de las tierras públicas alegando que éstas debían haber proporcionado la base de un difundido sistema de crédito rural. El crédito agrícola facilitado a labradores acreditados habría traído el aumento de la producción y mejoras técnicas. En zonas subdesarrolladas en las que ya existe una clase experimentada de pequeños campesinos, es mejor apoyarla que crear una nueva estirpe de campesinos con una economía de subsistencia y llamados a desaparecer. Algunos economistas empezaron a alegar que la agricultura «capitalista» curaría los males de España, pero allá donde el factor más barato de la producción es el trabajo, las grandes propiedades nunca elevan la producción por hectárea ni curan los males de la superpoblación rural.⁴⁷

Hubo indicios de nueva agricultura capitalista en una pequeña clase de terratenientes atraídos por la explotación provechosa de las mejoras científicas. Revistas como La España agricultora divulgaron a escala sorprendente la existencia de las máquinas, los modernos métodos comerciales en la producción de vinos y los abonos artificiales.⁴⁸ Uno de los grandes de la Unión Liberal, el marqués del Duero, se arruinó por tratar de introducir mejoras en sus propiedades de las cercanías de Málaga; de hecho, en esta región, feudo comercial e industrial de las familias Larios y Heredia, los inversores agrícolas eran especialmente activos. Otra revista, El Azucarero, trató de implantar una industria moderna basada en el azúcar de caña.⁴⁹ Fracasó, pero sirvió en cambio de enseñanza para cómo industrializar las cosechas especializadas.

Con la mejora de las comunicaciones y tal vez como consecuencia del interés por la agricultura científica que se manifestó hacia 1850, se hizo posible una economía agrícola más equilibrada, basada en la rotación de cultivos especializados. Los años sesenta constituyen la década crítica en la historia de la agricultura, pues fue entonces cuando se dejaron sentir los efectos de las grandes ventas de tierra, cuando la abolición de los diezmos liberó a la tierra de pesadas cargas y cuando se definieron por sí mismas las grandes regiones agrícolas tal como existen hoy.⁵⁰ El trigo inició su lenta retirada al granero de Castilla; en León, La Mancha y La Rioja la viña, más rentable, progresa; la agricultura se diversifica con nuevas cosechas en Levante y, en el Norte, el maíz y la patata hicieron posible alimentar a una población cada vez mayor.

Los cultivos especializados y comercializados fueron los que más contribuyeron al comercio exterior de España: así, el vino y el aceite de oliva constituían la tercera parte del total de las exportaciones. Los vinos catalanes se enviaban a Francia para mezclarlos con los claretes; el vino andaluz, como jerez, se enviaba a Inglaterra y a América. El comercio del vino andaluz es un primer impulso de especialización económica producida por la combinación del capital extranjero —principalmente británico— con la pericia nativa. Los mejores vinos de jerez eran el resultado final de los minuciosos esmeros de cosecheros y mezcladores; de estos últimos, generalmente asturianos, se decía que hacían grandes fortunas. De valor aproximadamente cinco veces superior al del vino, el jerez carecía de mercado en España; cuando disminuyó la popularidad del jerez fino en Inglaterra, se contuvo la crisis mediante la manufactura de coñacs baratos.⁵¹ En otras partes, los métodos eran descuidados y los costos de transporte —en España, y lejos de la costa, factor siempre importante— prohibitivos. Así, los excelentes vinos de Valdepeñas apenas si llegaban más allá de Madrid. Con más esmero, el aceite de oliva español podía haber conquistado gran parte del mercado europeo, pero era difícil esperar un buen aceite de olivas arrancadas del árbol todavía verdes, apiladas luego en corrales hasta fermentar de modo que, cuando eran prensadas, se parecían más a «montones de estiércol que a cualquier otra sustancia».⁵²

3. La «Sociedad opulenta», 1856-1866

El progreso económico, por precario y cuantitativamente insignificante que fuera, evidenciaba que al menos una parte de la sociedad era capaz de considerar la política en términos económicos y era sensible a las fluctuaciones de la prosperidad; de ahí la aparición, en el aluvión de retórica parlamentaria, de los «intereses materiales» y de los conflictos entre ellos. A partir de los años treinta este debate económico se centró en las ventajas o inconvenientes de la protección arancelaria. Aunque el aparato estadístico variaba, los términos de la cuestión permanecieron inmutables durante medio siglo.

Para los liberales de Madrid, los beneficios del libre cambio eran algo axiomático, y Bastiat un profeta. En 1856 fundaron El Economista, un periódico doctrinario partidario de un laissez-faire extremado. Se oponía a las subvenciones para un teatro nacional (el arte era una industria que, como las demás industrias, debía sobrevivir a base de sus beneficios legítimos) y al servicio militar obligatorio (las tropas debían ser contratadas a precios de mercado). Cualquier intervención estatal era una redistribución «comunista» de las riquezas. La protección era la causante del elevado y fluctuante precio del trigo; las compras públicas de cereales en tiempos de carestía por el Estado o los municipios eran un paliativo que hacía más daño que bien. La impopular liberalización de los alquileres urbanos por Espartero fue ensalzada como «una de las más preciosas conquistas de nuestra regeneración política».⁵³ Los villanos de la historia eran los proteccionistas catalanes: mentían acerca de las consecuencias de la reducción arancelaria de 1849; lejos de hundir la prosperidad catalana, las importaciones de algodón en bruto se duplicaron.⁵⁴ Estaban dispuestos a sacrificar la prosperidad de la nación a su propia incapacidad de producir a bajo costo. Con la violencia de su tono, disfrazaban su falta de originalidad: el proteccionismo era regionalismo bastardo, los industriales, «aves de presa, lobos hambrientos, beduinos, opresores del trabajador». Pese a todo, hacia los años sesenta, la repetición y los «absurdos» de un sistema que prohibía solemnemente la importación de trompetas, máscaras y farolillos de papel, y de las Leyes de Navegación, que impedían a los barcos españoles hacerse con provechosos cargamentos habían ganado conversos para el libre cambio.

En Madrid era donde estos partidarios del libre cambio podían hacerse oír. Los catalanes, por consiguiente, atribuían la propugnación del libre cambio a la sensibilidad de los políticos, que vivían en una comunidad de consumidores y tenderos, hacia los grupos de presión «antinacionales» que colocaban su beneficio por encima del desarrollo de la industria nacional. Entre éstos, eran los principales los comerciantes de Cádiz, las compañías ferroviarias y los propietarios agrarios del Sur, interesados en obtener carriles baratos y exportaciones agrícolas. Eran poderosos políticamente porque muchos políticos liberales —Sagasta y Moret son ejemplos tardíos— eran directores de compañías ferroviarias y porque seguramente Andalucía estaba representada con exceso en el sistema político. Un indicio de menor importancia del conflicto entre los intereses exportadores del Sur y la industria de Cataluña es la lucha de la industria corchera catalana contra la exportación de corcho en bruto. En los años treinta los agentes de los fabricantes habían conseguido estipular precios fijos con los terratenientes andaluces. Cuando éstos —principalmente aristócratas que habían utilizado sus alcornocales solamente para obtener carbón vegetal— recuperaron el sentido de sus propios intereses, se opusieron a la decisión de los fabricantes de restringir la exportación de corcho en bruto. Para los defensores catalanes de la «industria nacional» los terratenientes eran logreros parásitos.

Semejantes disensiones ocultaban a los catalanes que los productos de la tierra, no solamente procuraban el sustento a muchos españoles, sino que también proporcionaban al Estado la mayor parte de sus ingresos, y a la economía en su conjunto su poder adquisitivo en el extranjero. Es fácil comprender por qué muchos ministros de Hacienda fueron librecambistas convencidos y permanecieron sordos a los alegatos de la industria para la perduración de la producción elevada, a expensas de los principales productos de exportación. Figuerola defendió su revolucionario presupuesto librecambista de 1869 apuntando al estado del comercio exterior. «La naturaleza de nuestras exportaciones no ha variado desde hace cincuenta años. Vendemos lo que vendíamos, aunque vendamos más. Los minerales y la agricultura nos proporcionan nuestro poder adquisitivo en el exterior. El conjunto de la industria manufacturera apenas si alcanza el 5 % de nuestras exportaciones.»⁵⁵ Podía alegarse que Madrid era una ciudad librecambista precisamente porque su «artificialidad» la convertía en un espejo más fiel de la economía española en su conjunto que las ciudades fabriles de Cataluña. Las ideas librecambistas de muchos políticos progresistas les crearon grandes dificultades con el ala catalana del partido. Madoz, aunque en muchos otros aspectos un liberal avanzado, era un proteccionista convencido. Cuando los progresistas de Cádiz anunciaron su apoyo al librecambio, él afirmó que «prefería romper todas sus relaciones con su partido que abandonar la defensa de la industria nacional».⁵⁶

Los industriales e intelectuales catalanes defenderían la protección a lo largo de tres generaciones con variaciones sobre el tema único de que se trataba de una necesidad nacional y no de un interés catalán. Uno de los puntos más firmes de la propaganda de los proteccionistas era la «desinteresada» negativa de los industriales catalanes a presionar en favor del libre comercio de cereales para obtener alimento barato y conseguir salarios bajos. Así, en febrero de 1859, los industriales atacaron, «en interés de la nación», una reducción en la protección de los cereales. Abolir la protección industrial significaría condenar a millares de trabajadores a morir de hambre, a la agricultura a cosechas invendibles, y al país en su conjunto a la revolución social. Una Cataluña próspera era el importador indispensable del grano castellano: el librecambio condenaría a España a la «esclavitud» de una economía agraria arcaica. No se trataba simplemente de que los fabricantes ingleses pensaran, en períodos de depresión, en asesinar una industria infantil mediante el dumping, el contrabando u obteniendo concesiones aduaneras a cambio de préstamos: la protección no era un artificio contra los trastornos infantiles de una nueva arrancada, sino una necesidad permanente para una industria condenada a una inferioridad inevitable. La debilidad del argumento de los proteccionistas era precisamente esta aceptación de su incapacidad de producir a costos competitivos. Una gran parte de sus razonamientos, por consiguiente, se desecharon como exageración polémica utilizada en defensa de un grupo de intereses que era menos emprendedor de lo que pretendía. La fuerza del argumento catalán consistía en su refutación con ejemplos prácticos y sencillos de las «verdades fáciles» de la economía política. Aunque las cifras empleadas por los proteccionistas catalanes eran frecuentemente contradictorias (así, trataron de demostrar con la misma estadística que la industria catalana estaba consiguiendo magníficos progresos y que los aranceles de 1849 habían arruinado a Cataluña), como fabricantes sabían que las amenazas constantes de cambios arancelarios hacían difícil la expansión y la planificación a largo plazo.⁵⁷

La campaña catalana fue encabezada por Juan Güell y Ferrer, fabricante que consagró su vida a la causa de la protección; sus aliados fueron Madoz, el intelectual de los progresistas catalanes, el poeta Aribau y Durán y Bas, discípulo de Savigny y defensor del derecho catalán. Establecidos como grupo de presión en el Fomento y sus ramificaciones, hicieron todos los esfuerzos posibles por extender la idea fuera de Cataluña y por rechazar la acusación de «exclusivismo algodonero» y de egoísmo regional, mediante el envío de delegaciones y el ejercicio de presiones en Madrid.⁵⁸

La campaña nacional fue un fracaso. Los aliados económicos naturales de Cataluña —los industriales vascos y los cerealistas castellanos— estaban desorganizados y la alianza no pudo impedir que la cruzada proteccionista apareciera como un asunto catalán, decidida a explotar sus relaciones con políticos como Prim y los Concha para desacreditar «el triunfo de una idea exenta de todo cálculo egoísta». La protesta catalana retrasó, pero no pudo impedir el librecambio. Más éxito tuvo la decisión de reforzar en las Antillas el mercado protegido amenazado en la España metropolitana. Pero hasta 1864-1867 la campaña del Instituto Industrial no garantizó a los textiles y a la harina española la entrada libre en Cuba. Ello conjugó el interés triguero con los intereses textiles y navieros en un grupo de presión cubano, poderoso, dedicado a la defensa de la protección imperial, cuyas actividades en los años sesenta y setenta nunca han sido estudiadas.⁵⁹

Los industriales de Cataluña, con su evangelio del trabajo duro y su sentido común, no son los representantes característicos de la sociedad de los años cincuenta y sesenta. Alguna razón tenían para desconfiar de una sociedad en la que las riendas del poder político eran manejadas por generales, abogados políticos, funcionarios y especuladores, por los consumidores de la riqueza y no por quienes la producían. Si alguna región simbolizaba las condiciones que prevalecían en la vida política, ésta era sin duda Andalucía; los comentaristas coetáneos hablan de una invasión andaluza de antesalas y ministerios. Y si alguna actividad económica retenía la atención en Madrid, se trataba de lo que los catalanes calificaban gustosamente de especulación, del intento de hacer revivir y modernizar a España mediante el crédito. Los años cincuenta fueron un período de escándalos financieros, de los cuales tuvieron especial importancia los relacionados con las especulaciones ferroviarias de la reina madre y la venta de piedra al Ministerio de Fomento para la construcción de un canal.⁶⁰

En el genio especulador de Salamanca, casi propio de un personaje de Balzac, habría de encontrar el novelista Galdós el símbolo idóneo de la época. La carrera de Salamanca como financiero comprende todo el período que va desde los años treinta a la Revolución de 1868, causa de su ruina. Era un abogado andaluz, y creó su fortuna en la especulación en los límites de la finanza pública y privada.⁶¹ Sus relaciones políticas le proporcionaron el monopolio de la sal, amplio campo para la derrama privada de favores, del que obtuvo un beneficio de 300 millones de reales al cabo de cinco años. Hacia 1845, convertido ya en político influyente, utilizaba su conocimiento de la política interna para especular con papel del Estado. En los años cincuenta se pasó a los ferrocarriles y sus últimas grandes especulaciones están relacionadas con los comienzos de la expansión urbana —la construcción del espléndido barrio que todavía lleva su nombre en Madrid y el desarrollo de San Sebastián como estación veraniega—. Lo que arruinó a Salamanca fue la falta de crédito nacional, institucional y de bajo interés, y al final quedó paralizado por las mismas dificultades que le habían permitido a él «ayudar» a una Hacienda dispuesta a pagar intereses del 24 % en préstamos a plazo medio. Todas sus operaciones se orientaban a cubrir préstamos, en gran parte de Francia con elevadas tasas de interés. Por ello nunca superó las dificultades de obtener dinero a bajo interés para sus proyectos a largo plazo: esto originó su bancarrota como contratista de ferrocarriles y le impidió desarrollar sus proyectos en la construcción.⁶²

El lujo de su vida representaba la nueva era de una alta burguesía que había abandonado toda relación con la tradición artesana-mercantil.⁶³ Fue el primer español que tuvo un cuarto de baño privado y un vagón de ferrocarril también privado —guarnecido con placas de oro—, un empresario teatral con su propio cuerpo de baile que se convertiría en expresión de su rivalidad política con Narváez; fue propietario de grandes palacios con magníficas pinturas que adquirió al arruinarse la casa de Altamira, y el primer coleccionista de Grecos y Goyas; representaba por sí solo la importación de la civilización del Segundo Imperio que habría de caracterizar el gusto de los nuevos ricos españoles. En su momento de mayor esplendor consiguió que acudiera a España el cocinero de Napoleón III ofreciéndole mejor salario que el que podía pagar el emperador. Hasta tal punto fue símbolo de la política financiera del liberalismo y de los escándalos ferroviarios de la corte de María Cristina, que la multitud saqueó su casa en 1854 y los carlistas quemaron su vagón privado. En 1867 se había arruinado y subastaba sus cuadros en París.⁶⁴ Su último y desesperado intento, encaminado a obtener el monopolio del tabaco, se vino abajo por el advenimiento de la República de 1873.

Además del especulador, las figuras más esplendorosas de la sociedad de los años cincuenta y sesenta fueron los generales victoriosos. Las recompensas que obtenían los oligarcas militares eran espléndidas y la auténtica falta de sentimiento de clase en muchos regimientos convertía al Ejército en un instrumento de movilidad social sin igual en Europa. El padre de Espartero era carretero; el de Oraa, campesino. La carrera de Prim, hijo de un pasante de abogado, nieto de un farmacéutico, ofrece el ejemplo más sorprendente de carrera militar abierta a los talentos. En 1838 pasó de los Voluntarios al Ejército regular; en 1843 era general y conde, y en 1847 capitán general de Puerto Rico. Nunca pensó ni se condujo como un aristócrata: después de casarse con una elegante heredera mexi cana por su dinero —buena parte del cual perdió en las especulaciones características de la época de Salamanca— mostró su vulgar ostentación haciendo de elegante cosmopolita en Vichy y en París.⁶⁵ Su talento político era de primer orden. Aparte del valor, como general no tenía grandes méritos. Los generales políticos no perdían el tiempo con las obligaciones de un oficial normal; como concluiría el mismo Prim después de una visita a Crimea, el ejército español no era un ejército moderno capaz de luchar en «la gran guerra».

No absorbido ya por su función profesional propia de defensa del Estado contra la agresión exterior, la función secundaria del Ejército (la defensa del Estado contra los enemigos internos) se combinó con su papel tradicional en España de intérprete de la voluntad general. Así, Serrano, en su llamamiento al leal Novaliches antes de la batalla de Alcolea, que acabó con la monarquía en 1868, representaba la teoría política del Ejército: en su forma más pura la fidelidad a la «opinión» pasaba por encima de la lealtad al gobierno legalmente constituido y del juramento del soldado a su reina. El rival del Ejército como vehículo de la opinión, la Milicia Nacional, se eclipsaría tras las revoluciones de 1843, cuando fue sustituida, como fuerza de orden por la Guardia Civil, que era una institución militar.⁶⁶

Así, el Ejército era la fuerza en sí más poderosa del Estado, y además una fuerza dedicada a la defensa de intereses distintos de los propios de casta, por más que no desatendiera estos últimos cuando creía verlos peligrar.

Como los generales nunca representaron el mero interés militar, fueron representantes característicos de la nueva sociedad. Jugaban a la Bolsa —Narváez, durante algún tiempo, colaboró con Salamanca—, o eran agentes electorales, capitalistas agrarios o directores del ferrocarri1.⁶⁷ Así, comparada con la repentina gloria de Riego o con el poder de Espartero como ídolo popular, la influencia política de Narváez y O’Donnell era de diferente orden y se ejerció de modo distinto: había pasado a ser un valor permanente de la vida política, porque los generales eran parte integrante de esa nueva sociedad. Quedaban absorbidos en la aristocracia por un proceso continuo de remozamiento de ésta. Se alcanzó el punto culminante en los años 1845-1850 con diez grandes de España y otros cincuenta y tres títulos de nueva creación, nivel no superado hasta 1870, cuando el manantial de títulos bisoños isabelinos se convirtió en riada.

Los generales daban a la aristocracia una fuerza y una vulgaridad nuevas. Mientras que, como grandes de España, sus malos modales asombraban a los empleados de Palacio, su influencia como senadores y ministros representaba el reforzamiento de la influencia aristocrática que ya hemos señalado.⁶⁸ La nobleza recuperó el prestigio de sus orígenes militares cuando destiñó sobre la aristocracia conjunta algo de la popularidad de los generales liberales. Además, las nuevas aportaciones entrañaban valores más duraderos que la mentalidad de rentista que caracterizaba a las antiguas familias. Cuando los nuevos aristócratas se arruinaban, ello no ocurría por su indiferencia hacia las cuentas de sus mayordomos, sino por proyectos de expansión temerarios, o por el hundimiento de las acciones en Bolsa.

La amalgama de especuladores, industriales, propietarios agrarios, junto con los abogados prósperos y los generales ennoblecidos que eran su voz política por excelencia, constituyó lo que los demócratas empezaban a llamar la oligarquía gobernante —calculada en quinientas familias—. Su modo de vida era —en sus capas superiores— «cosmopolita» por su imitación de la cultura de la alta burguesía francesa. El novelista Valera fechó en estos años la introducción del lujo importado. La literatura que se leía en las veladas madrileñas había perdido todo contacto con las tradiciones populares; éstas se mantenían artificialmente en la novela costumbrista que describía la vida provinciana. La abundante literatura de los años cincuenta y sesenta —a menos que nos tomemos en serio las dudas filosóficas de Campoamor— moralizaba en favor de los intereses de una clase.⁶⁹ Solamente a finales de los años sesenta apareció la novela española como una forma de arte independiente y su florecimiento pertenece a los setenta como crítica de la sociedad estrecha y vulgar que había tomado cuerpo en las dos décadas anteriores.⁷⁰

La característica de esta sociedad fue su ansia de respetabilidad, que halló expresión en un revivir de la devoción católica. La «persecución» de la Iglesia se asociaba a los brotes revolucionarios de 1840 y 1854. La tolerancia religiosa conseguida en el bienio fue considerada por la Iglesia como un desastre. Pero desde 1856 estaba creciendo en influencia social y fue precisamente la explotación política de este progreso por parte del partido neocatólico apoyado por la corte en los años sesenta lo que destruyó la monarquía.

Este partido representaba un intento de convertir la unidad católica de España en una realidad intelectual y política en contra del espíritu tolerante del bienio.⁷¹ Y como tal era semillero de futuros carlistas: Cándido Nocedal, el arquitecto de la peor ley de prensa de la España constitucional y dirigente político del neocatolicismo, había de convertirse en uno de ellos. Su fuerza polémica residía en su crítica del funcionamiento del parlamentarismo liberal y en sus predicciones de revolución social. Aparisi, el más capaz de los tradicionalistas, podía pasar por un demócrata ultrajado con consciencia social. «Sed auténticos parlamentarios o acabad la farsa.» Las leyes desamortizadoras expoliaron no solamente a la Iglesia, sino también al pobre en beneficio de la «casta de los quinientos». «Recordad —advertía Aparisi— que habéis enseñado al pueblo que es soberano, pero que habéis olvidado al pobre en la revolución para enriquecer a unos cuantos.» Y la consecuencia: «Proudhon, hacha en mano, aguarda para caer sobre el edificio social». ¿El remedio? «Religión contra Revolución.»⁷² El liberalismo, inspirado por «el espíritu francés, escéptico, materialista y revolucionario», no solamente había fracasado en crear una sociedad justa, sino que era incapaz de defender la sociedad injusta que había creado.⁷³

La recatolización de la sociedad, en el estricto sentido de la palabra, se veía facilitada por la mejor oposición jurídica de la Iglesia con el concordato de 1851 y por una oleada de evangelización católica.⁷⁴ Este movimiento se inició en Cataluña y está vinculado al padre Claret, «Apóstol de España» y fundador de la orden misionera de los Hijos del Corazón de María. Las giras misioneras de Claret se iniciaron en los tiempos de la persecución de Espartero y tuvieron un éxito dramático: se decía que se habían vendido más de cuatro millones de ejemplares de su catecismo.⁷⁵ En 1857, como confesor de la reina, llegó a Madrid e incitó a la aristocracia a emprender obras piadosas y de caridad con alusiones a la revolución social —estaba profundamente impresionado por la rebelión campesina de Loja— que traería consigo la difusión del ateísmo.⁷⁶

El padre Claret se convirtió en blanco predilecto de los ataques radicales y liberales, como fuente y cabeza del catolicismo político. La reina le tenía por un santo que hacía milagros y bajo su influencia se convirtió en una beata.⁷⁷ Aunque Claret, escrupulosa y sensatamente, se abstenía de toda interferencia directa en las minucias de la vida política, creía que tenía la obligación de emplear su influencia en la corte en cuestiones religiosas; la reina le consultaba acerca de la designación de obispos y abandonó la corte cuando su oposición al reconocimiento de Italia no consiguió hacer que la reina se enfrentara a los liberales. Como reconoce su hagiógrafo, aconsejaba a la reina que eliminara de su gobierno los principios liberales en la medida en que eran incompatibles con la enseñanza y los intereses de la Iglesia.

El revivir del catolicismo, por útil que fuera como elemento de cohesión social, embarazó y dividió el liberalismo del partido de centro de O’Donnell. Había un límite a partir del cual no podía hacer concesiones a la Iglesia sin traicionarse a sí mismo. O’Donnell alcanzó por dos veces este límite de concesiones. Los liberales conservadores nunca complacieron al partido clerical: los liberales eran todos «más o menos regalistas». Cuando restauraron los colegios de los escolapios los sometieron a la «ley general de la instrucción pública y a las órdenes especiales del gobierno». En los debates del bienio, el obispo de Barcelona había intimado que la prosperidad no podía compensar la pérdida del tesoro incalculable de la unidad religiosa. Para O’Donnell, la unidad religiosa no podía compensar ninguna prosperidad.

El lenguaje español establecía una distinción entre la clase media alta floreciente y la nueva aristocracia (las clases acomodadas), y la clase media propiamente dicha. Esta clase media no era ni social ni políticamente coherente. Una gran parte de ella dependía de la miserable paga de los puestos oficiales: los mejores salarios oscilaban entre los 5.000 y los 8.000 reales, pero un maestro de escuela rural o un cartero —que característicamente figuraba en nómina como administrador de correos— tenía suerte si se le pagaba, y no sólo se le prometía, el salario de un jornalero.

Uno de los rasgos característicos de España ha sido la inestabilidad de esta clase en sus capas inferiores: su historia en los siglos XIX y XX ha sido un calvario por cubrir las apariencias por medio del «doble empleo». Los funcionarios trabajaban como escribientes y agentes de comercio; los periodistas escribían para varios periódicos y solamente podían sostener una familia cuando su partido les daba un cargo político, característica del doble empleo que impedía la aparición de una prensa independiente.⁷⁸

Mientras que la alta burguesía renegaba de su origen revolucionario y se hacía firmemente conservadora política y socialmente, la clase media, y media baja, de las ciudades, sometida a las tensiones de la disolución de una sociedad antigua, se hacían cada vez más revolucionarias. La gran mayoría de los periodistas y agitadores radicales procedía de los estratos sociales en los que profesionales. pobremente pagados se mezclaban con los artesanos. Pérez del Álamo, el agitador republicano de Andalucía, era un veterinario municipal. Lerroux, el político de masas más grande de finales del siglo XIX, era hijo de un veterinario militar. Más que los trabajadores industriales de Barcelona, esta clase fue la que hizo fracasar los intentos de los generales de conseguir una estabilización conservadora de la Revolución de 1868 y proporcionó los dirigentes de la República de 1873.

Los historiadores catalanes han efectuado una distinción entre los respetables obreros catalanes y el trabajador inmigrante revolucionario. Los miserables del campo catalán fueron absorbidos con éxito por las clases respetables solamente para ser sustituidos por una riada de trabajadores «forasteros» inasimilables procedentes del empobrecido Sur. Independientemente de que esta distinción sea significativa o no en términos de incentivo revolucionario, las condiciones de los trabajadores catalanes a mediados de siglo eran las de los obreros ingleses del algodón en 1820: una jornada de trece horas por un salario de subsistencia, la amenaza de desempleo por los despidos debidos a las crisis o a la instalación de maquinaria.⁷⁹ Estas condiciones bastan por sí mismas para explicar los disturbios laborales característicos de Barcelona: destrucción de máquinas seguida de la exigencia de reconocimiento de las asociaciones de trabajadores.⁸⁰

La lucha por el derecho de asociación explica la ocasional alianza política de los obreros de Barcelona con los progresistas, su desilusión con esta alianza y el mantenimiento de sociedades clandestinas en períodos de prohibición legal. Pero cuando las condiciones políticas eran favorables las asociaciones obreras renacían; hasta 1854 su principal preocupación fue la de limitar el empleo de máquinas y la anchura de las piezas de tejido. En 1854 la lucha iniciada con la quema de fábricas y la destrucción de las selfactinas finalizó con una huelga general y con inscripciones de «Asociación o Muerte. Trabajo o Pan».⁸¹ Los progresistas en el poder eran generalmente hostiles a las asociaciones pero impotentes para eliminarlas; la contrarrevolución de 1857 las eliminó completamente; el gobierno tolerante de Dulce (1864-1866) en Cataluña les permitió existir solamente para ser disueltas una vez más. En estas circunstancias se comprenden las simpatías demócratas de los dirigentes obreros: incluso los individualistas y antisocialistas demócratas estaban en favor del derecho de asociación. Las organizaciones de trabajadores que se formaron ocultamente en 1866 representaron no solamente una organización y un nivel de dirección que podía organizar un congreso obrero (1865) y mantener dos periódicos, sino los comienzos de una cultura obrera diferenciada e independiente. Los coros obreros de Clavé y el Ateneo de Trabajadores, ambos apoyados por los demócratas y progresistas avanzados, habían «moralizado» a los dirigentes más inteligentes de la clase obrera. Pero aunque progresistas y demócratas favorecieron la alianza con la clase obrera, no podían comprender plenamente a sus dirigentes, cuyo credo era una amalgama del asociacionismo anticuado del 48 y del sindicalismo apolítico que habría de convertirse en el distintivo de los obreros barceloneses.⁸²

Los empresarios catalanes reaccionaron ante este sindicalismo «respetable» de la misma manera que sus compañeros los patronos de toda Europa. Renegando de la economía liberal cuando ésta iba en contra de sus propios intereses, como en la campaña proteccionista, insistían en la absoluta libertad contractual en las relaciones laborales. Afirmaban que los sindicatos coaccionaban tanto al patrono como al trabajador no sindicado; atribuían los costos elevados, que hacían que la industria catalana fuera débil en la competencia con la de otras naciones, a los altos salarios «extorsionados» por las asociaciones obreras. Lo que convirtió en única la situación española fueron las ocasionales intervenciones del Estado en las disputas laborales. En 1840-1843 y 1854-1856 se intentó negociar acuerdos por jurados compuestos de obreros y patronos bajo la presidencia de las autoridades locales. Los patronos rechazaban tales acuerdos cuando eran lo bastante fuertes para ello. Patriarcales en su estilo de vida, los empresarios catalanes oponían la más obstinada resistencia a toda interferencia en sus asuntos.⁸³ La negativa a permitir salidas legales en cuestiones de asociación y negociación dio lugar a los comienzos del terrorismo: cuando el general Zapatero decidió «acabar con la cuestión social» suprimiendo las asociaciones obreras, el presidente del Instituto Industrial fue asesinado en la calle.

En los últimos años del siglo, la emigración y el movimiento anarquista relacionaron —aunque no estrechamente— el descontento del trabajador revolucionario de Cataluña con el del jornalero del Sur. En 1868 estas regiones eran algo distinto y sin relación entre sí. La revuelta campesina andaluza empezó en los años sesenta a introducir dificultades en la política, reflejadas en las precauciones policíacas: una propuesta de aumentar la Guardia Civil a 15.000 hombres y la formación de guardias rurales para proteger las cosechas de la quema y el ganado de las mutilaciones.⁸⁴ La relación entre la rebelión endémica de los braceros de los latifundios y los revolucionarios profesionales de las pequeñas ciudades es oscura. Si la carrera de Pérez del Álamo puede considerarse como típica, al menos algunos revolucionarios trataron de extender la agitación política recurriendo al descontento agrario, pero parece que estaban más preocupados por la creación de células en ciudades con una larga tradición de revolución política.⁸⁵ La revuelta de los campesinos españoles no se materializó nunca porque nadie, a excepción de los anarquistas, estaba dispuesto recurrir a la jacquerie andaluza como instrumento revolucionario.

4. El advenimiento de la Revolución, 1863-1868

Desde la caída de O’Donnell en 1863 hasta la Revolución de 1868, el factor revolucionario fue el boicot de los progresistas a la vida política, el retraimiento. El retraimiento, que en teoría era una protesta contra la corrupción y las «falsificaciones» electorales, fue en realidad una represalia por las negativas de Isabel II a formar un gobierno progresista. Así, el pecado político capital de Isabel II fue que con su negativa a admitir a los progresistas en el poder sometió a dura prueba su fidelidad a la dinastía empujándoles a la revolución. En 1863 y 1864, si les hubiera puesto un cargo ante los ojos y les hubiera llamado a Palacio de vez en cuando, hubiera convertido a hombres como Prim y Madoz en fieles servidores, dispuestos a correr riesgos considerables ante sus partidarios para evitar una ruptura insalvable con el trono. En 1864 Prim y Madoz se opusieron a las demandas de retraimiento de los extremistas catalanes arguyendo que si los progresistas conseguían escaños suficientes se impondrían por sí mismos a la reina. Cuando ésta se negó a modificar la ley electoral —causa técnica del retraimiento— a Prim no le quedó más alternativa que ceder a las masas del partido.⁸⁶ Los dirigentes progresistas estaban más obsesionados por los peligros de acciones extremistas que disminuyeran sus posibilidades de «saltar al Capitolio» que por el sueño de destronar a la dinastía. Afirmaban constantemente que la llamada a Palacio llegaría tarde o temprano, oponiéndose a las agitaciones de los seguidores impacientes contra los «obstáculos tradicionales».

Cuando se les rechazó quedó demostrado que tales obstáculos existían. Prim era cualquier cosa menos un dirigente revolucionario y hubiera podido formar un gobierno progresista muy moderado; Narváez creía que haría cualquier cosa por un puesto; al no llegar tal puesto, inició los trabajos que habrían de conducir a la rebelión.⁸⁷

Aunque su exclusión de los progresistas era poco aconsejable e irresponsable, la decisión de Isabel II de perpetrar un suicidio político puede pese a todo conciliarse con una interpretación estricta de su función como poder moderador.⁸⁸ No se enfrentaba a un sistema bipartidista y a una mayoría progresista, sino que tenía que fabricar ambas cosas ejercitando su prerrogativa personal, es decir, recurriendo a ministros progresistas y dándoles un decreto de disolución que les permitiera «fabricar» su mayoría. Su error consistió en negarse a convertir un parlamentarismo adulterado en un régimen políticamente estable, que respondiera a las presiones que ahora no podía siquiera registrar con la existente maquinaria de elección parlamentaria. A Isabel II la amenaza de los dirigentes progresistas, conforme a la que sólo se podía obviar la «revolución» mediante un gobierno auténticamente liberal, le parecía un intento de encadenar el trono. Además, una vez que los dirigentes progresistas hubieron asumido actitudes revolucionarias para coaccionar a la Corona, el partido no les dejaría abandonar ese camino sin más. Así, su negativa a colaborar con O’Donnell en sus tentativas de última hora por liberalizar el régimen estuvo dictada por los sentimientos de las masas del partido, para las cuales un compromiso con la corte era una imposibilidad moral. La cola del partido fue la que impuso el retraimiento a una cabeza vacilante. Por otra parte, con todas sus vacilaciones, estos dirigentes tenían algo más que sed de cargos. Deseaban un Estado liberal, tolerante y laico, con concesiones limitadas a las demandas democráticas incorporadas a la Constitución de 1837. Isabel II lo sabía y se oponía a ello. Pero no pudo advertir lo que, según el embajador británico, estaba claro «incluso para el observador más superficial»: que los progresistas excluidos representaban cada vez más «la opinión predominante en el país».⁸⁹

Lógicamente, el fracaso del retraimiento en coaccionar a la Corona implicaba la revolución contra la misma, de la misma manera que el fracaso de la campaña anarquista del «no votar» implicaría la revolución tras las elecciones de 1933. Una vez más la mera perspectiva de la acción revolucionaria dividió a los progresistas. Madoz, Figuerola y otros temían que el uso sistemático del retraimiento condujera a una coalición revolucionaria con los demócratas y, a través de éstos, con el radicalismo de la clase obrera. Madoz (reafirmado en su actitud por el consejo de los radicales franceses) calificó de «suicidio» la abstención total porque podía absorber el programa positivo del partido y conduciría a «lo otro» —la revolución—.⁹⁰ Los progresistas estaban además divididos acerca de la dirección misma. Espartero, su cabeza titular, ahora en la decrepitud política, no podía salir del campo de las trivialidades mientras que Olózaga, que había vuelto a crear el partido después de 1846, estaba decidido a dejarle de lado aunque esto supusiera privar a los progresistas de un capital de adhesiones militares dispuestas. En octubre de 1864 el partido superó sus rencillas sólo para volver a encontrar las mismas dificultades con ocasión del retraimiento contra el último intento de O’Donnell de ganarse a los progresistas en 1865. Solamente la negativa declarada de Isabel II a considerar a los progresistas como algo distinto de un partido criptorrevolucionario empujó a la dividida dirección hacia «lo otro», cuyos peligros conocía muy bien.

La existencia del partido demócrata, que también estaba dividido, fomentó esas disensiones entre los progresistas. A la vez que atraían a los progresistas hacia la revolución antidinástica, los demócratas se acercaban al republicanismo y eran alejados de la alianza progresista por una nueva generación de intelectuales que, en los años sesenta, se enfrentó con la antigua dirección. Orense y Rivero, marqués uno, hombre acaudalado el otro, eran progresistas decepcionados, monárquicos demócratas que creían que el futuro de su movimiento estaba en la formación de un partido que pudiera atraer a otros progresistas decepcionados. Hablar de república o de socialismo no solamente podía suscitar una persecución policíaca y periodística, sino alejar a posibles simpatizantes.

El «socialismo» de Pi y Margall fue, por consiguiente, un signo de su repulsa simultánea de la matriz progresista y de la táctica de la dirección; los fracasos de 1854 habían puesto de manifiesto la inutilidad de una alianza con progresistas seudorrevolucionarios.⁹¹ El «socialismo» de Pi no iba mucho más allá del arbitraje en los salarios, un mínimo de acción estatal para mejorar las condiciones de trabajo, crédito agrícola y una «generalización de la propiedad» que habría de extender la revolución agraria liberal más allá del «nuevo feudalismo» de los agricultores pobres. Castelar denunció estas doctrinas como desviaciones heréticas del individualismo: la libertad de asociación era instrumento suficiente para el mejoramiento de las condiciones sociales. Catedrático de historia y el más moderado de la nueva generación, y sin embargo, una verdadera fuerza en la política española, merced a una vanidad ceñuda que le convirtió en el mejor orador de su época, Castelar era «atraccionista» e historicista: la República era una necesidad ineludible, pero resultaba preferible hacerla nacer a la historia con la ayuda de progresistas convertidos. Consiguientemente apoyaba la opinión de Rivero según la cual la democracia era un credo político sin implicaciones sociales. Más allá de Pi y Margall estaban los activistas carbonarios de Andalucía para los cuales la revolución era un fin en sí misma, visión jamás compartida por los demócratas sobrios y austeros como Pi. Todos estos grupos competían por situarse en los comités y oficinas editoriales: cuando Rivero abandonó la dirección de La Discusión, en donde se había desarrollado la polémica entre individualistas y socialistas, se llevó consigo los muebles de oficina para «arruinar» a sus oponentes.

En el último momento, los demócratas habían de ser apartados por los generales de la conspiración revolucionaria que derribó a la monarquía, y su aportación más importante al hecho fue de carácter pasivo —el aislamiento moral de la monarquía por su prensa clandestina—. Pero fueron los demócratas quienes convirtieron la revolución de 1868 en algo más que en un pronunciamiento de generales ofendidos: le proporcionaron su carácter democrático y su cuadro de entusiastas de la clase media baja y de la clase obrera. Así, el debate entre Castelar y Pi fue seguido por las asociaciones obreras de Barcelona, y es significativo que tomaran partido por Castelar y por la autoperfección, mediante la asociación. En Madrid y Barcelona había sociedades de conferencias donde los demócratas podían discutir el «socialismo». En Cataluña, especialmente, un núcleo de republicanos, en su mayoría relacionados con el naciente teatro popular catalán, mantuvieron y reforzaron las tradiciones revolucionarias.⁹²

Las conquistas más sorprendentes se realizaron en las ciudades del Sur rural, donde nunca había muerto del todo la tradición de los exaltados de las sociedades secretas. Una de éstas, organizada según esquemas carbonarios, luchó con éxito contra la tiranía electoral de Narváez centrada en su ciudad natal, Loja, y en 1861 Pérez del Álamo escapó de la cárcel y tomó la ciudad con un grupo de campesinos.⁹³ Aunque para muchos de sus seguidores representaba el resurgimiento de las demandas milenarias del reparto de los aparceros y jornaleros pobres, los dirigentes se inspiraban en los periódicos demócratas. «¿Cuál era mi bandera? La democracia. ¿Cómo eran mis aspiraciones? De carácter republicano. ¿Cuál era mi objetivo? De una monarquía hipostática [sic] a una república humana.» Es justo que la revuelta de Loja haya atraído la atención de los sociólogos que investigan los orígenes del anarquismo rural y del espartaquismo agrario; junto a su entusiasmo temerario (los campesinos de Loja avanzaban precedidos de una charanga), a su ascetismo (el movimiento era abstemio), sus dirigentes mostraban las características del obrero consciente del anarquismo posterior.⁹⁴

En 1868, por consiguiente, existía un núcleo de entusiastas dispuestos a hacer una revolución mucho más radical que la consistente en la mera sustitución de la dinastía. Donde les fue posible, forzaron a las juntas, nacidas de la revolución de 1868, a aceptar plenamente el programa democrático. La negativa de los generales a aceptar este programa, hizo que los entusiastas creyeran que la revolución había sido traicionada, y, por tanto, en el verano de 1869, intentaron de nuevo la revolución.

Debemos seguir ahora el desarrollo de la conspiración que había de engendrar la Revolución Gloriosa de Septiembre de 1868.

La dirección activa de la conspiración revolucionaria del partido progresista estuvo en manos de Juan Prim; los progresistas no podían permitirse el lujo de dejar la dirección a un civil como Olózaga en una revolución que solamente podía tener éxito con apoyo militar. Prim mismo hubiera preferido un pronunciamiento a la antigua, una rebelión militar provincial que forzara un cambio político en Madrid. «Temo que mezclar militares y civiles destroce la disciplina y arroje al trono por la ventana. Con mi método llegaría a la capital, en estado de insurrección moral, con fuerzas superiores a las de la guarnición. La corte se rendiría y cuando el país conociera la rebelión, yo tendría ya un gobierno que, sin derramamiento de sangre ni disturbios, habría cambiado el curso político.»⁹⁵ Semejante revolución, el ideal de revolución de todos los generales, le hubiera convertido en dueño de España.

Las repetidas tentativas de rebelión militar de Prim en los años sesenta habían fracasado. Los conspiradores divididos perdían su vigor intentando revueltas prematuras. Frente a estas derrotas aparece la verdadera grandeza de Prim como dirigente revolucionario. No se arredró por el fracaso y las duras recriminaciones de los círculos de emigrados; muy activo en conseguir fondos y descubrir espías, realizó todos los preparativos de la conspiración. Fue un revolucionario realista, no un conspirador romántico; así, cuando fracasaron sus planes de sedición militar, se dispuso a la única alianza revolucionaria que le quedaba abierta, la del ala izquierda progresista y de sus aliados demócratas. Se ocultaron las diferencias bajo la fórmula de destrucción del régimen existente y remisión de la cuestión de la futura forma de gobierno a unas Cortes Constituyentes. Los progresistas y todo el mundo, salvo los demócratas intransigentes, aceptaron que Prim encabezara el Comité Revolucionario establecido en Ostende (agosto de 1866). Pese a todo, la alianza revolucionaria era precaria. Olózaga estaba muy celoso de Prim y de su «militarismo», mientras que a Prim le molestaban Olózoga y sus ideas de Unión Ibérica bajo un rey portugués y su insistencia en una declaración en contra de la dinastía que hubiera hecho difícil la rebelión para los oficiales. En junio de 1866 los demócratas habían malogrado un levantamiento de sargentos en Madrid.⁹⁶ Otro levantamiento abortado (agosto de 1867) suscitó recriminaciones. Prim se había visto empujado a revoluciones prematuras para acallar las dudas de sus aliados y demostrar su buena fe revolucionaria ante civiles que arriesgaban poco. Una vez que los generales de la Unión Liberal estuvieron dispuestos a conspirar, Prim pensó que debía enfriar sus relaciones con los ineficaces conspiradores de la izquierda y preparar un pronunciamiento tradicional con el sostén de oficiales que no pensaran en la alianza demócrata.

Contra este creciente fermento revolucionario los gobiernos, tras la caída de la Unión Liberal, oscilaron entre la conciliación liberal para sacar a los progresistas del retraimiento y las recaídas en el gobierno militar y el autoritarismo civil. El intento de Miraflores de reconstruir artificialmente un sistema bipartidista se vino abajo cuando los progresistas declinaron su oferta de unas elecciones «sinceras». Con su dimisión (15 de enero de 1864) finalizó el primer intento de conciliación mediante una reforma constitucional de menor importancia. Sus sucesores continuaron evitando las provocaciones. Incluso Narváez, que volvió nuevamente en septiembre de 1864, amenazó con ser «más liberal que Riego», pero, sin el apoyo de O’Donnell para una política de unión de los liberales, se vio obligado a confiar en el conservadurismo extremo de hombres como Cándido Nocedal, reaccionario violento pero inteligente. Narváez cayó, en parte, a consecuencia de la primera agitación estudiantil eficaz de España. Cuando los estudiantes se manifestaron en protesta por la destitución de Castelar, que había publicado un artículo famoso contra Isabel II, se dejó al Ejército plena libertad de acción en las calles.⁹⁷ Cuando los primeros pronunciamientos de Prim demostraron que Narváez ya no podía contener al Ejército y su gobierno fue atacado en las Cortes, la reina le despidió y volvió a O’Donnell (junio de 1865).

O’Donnell confiaba en volver a tender un puente a los progresistas resellados. Su remedio para conseguir la estabilidad consistía todavía en la destrucción de la disciplina progresista ofreciendo cargos a sus dirigentes; dado que «cantaba el himno de Riego» y permitía elecciones libres, podían confiar otra vez los progresistas en llegar al Capitolio. Probó su liberalismo proponiendo la rehabilitación de los catedráticos separados, una ley de prensa liberal, una ley electoral que reducía a la mitad el canon de riqueza exigible para votar, y el reconocimiento de Italia. De este modo O’Donnell ofrecía a los progresistas un gobierno constitucional efectivo a cambio de su reingreso en la política; el decidido temple militante de las masas progresistas hizo imposible que los dirigentes aceptaran el pacto y abandonaran el retraimiento (octubre de 1865). Cuando en enero de 1866 Prim intentó una vez más la rebelión militar, O’Donnell se convirtió en contrarrevolucionario con el lema «revolución o dictadura». El 22 de junio se amotinaron los sargentos de artillería de San Gil y dispararon sobre sus oficiales. El levantamiento fue originado en parte por el resentimiento de los sargentos de artillería contra el exclusivismo aristocrático de su cuerpo de oficiales, que se negaba a permitir los ascensos de los suboficiales procedentes de las clases de tropa, corrientes en infantería, y en parte también como consecuencia de la propaganda demócrata.⁹⁸ Los oficiales habían perdido el control de sus hombres por vez primera desde 1836. El pasmo cundió entre los generales y O’Donnell fusiló a cuarenta sargentos. Para evitar la impopularidad, la reina le destituyó; «nos despidieron como a lacayos». O’Donnell nunca perdonó esta ingratitud. La única fuerza política que hubiera podido salvar al trono era la conservadora Unión Liberal de O’Donnell, pero «algunas personas de la corte» nunca hubieran valorado ni comprendido su preocupación por convertir a progresistas cuasi revolucionarios en ministros liberales.⁹⁹

Con el fracaso de la tentativa de O’Donnell por contener a la izquierda, los gobiernos posteriores consideraron inevitable la revolución, con los progresistas como fuerza revolucionaria. En estas circunstancias la «resistencia» parecía ser el único remedio. Pero la resistencia, como señalaba el carlista Aparisi, era imposible cuando un ala de la oligarquía conservadora, los unionistas liberales, se negaba a luchar.¹⁰⁰ Narváez volvió al gobierno como déspota militar con González Brabo como hombre fuerte. Desde julio de 1866 hasta marzo de 1867 gobernó sin Cortes y después de esta fecha con unas Cortes de tercera y una oposición de cuarta. Parecía cada vez más un anticipo español de Porfirio Díaz, con su «rebaño de caballos domados» en la cámara dispuestos a revestir la negación del gobierno parlamentario con decentes ropajes constitucionales. A la muerte de Narváez, González Brabo, para quien la revolución era «una riada desbocada», decidió «mostrar a España que un civil puede ser un dictador». En julio de 1868 desterró a todos los militares destacados de la Unión Liberal, Serrano, Dulce, Zabala, Córdoba y Echagüe, porque estaba convencido de que conspiraban con el cuñado de la reina, el duque de Montpensier. Y así, en 1868, el gobierno descansaba en la débil base de los moderados puros. Los generales de la Unión Liberal habían sido tratados como vulgares conspiradores; por último González Brabo añadió un elemento que nunca había comparecido en la cofradía revolucionaria: los almirantes, irritados por la reducción del presupuesto naval ordenada por un civil.¹⁰¹

Con la muerte de O’Donnell (noviembre de 1867), cuya amargura no podía trocarse en sedición, y con el exilio de los generales, la conspiración entró en una nueva fase. El Ejército ya no era afecto a González Brabo y los generales de la Unión Liberal estaban ahora dispuestos a pronunciarse. Liberado de la necesidad del apoyo civil demócrata y progresista que había producido tres aplastantes derrotas en tres meses y que le había empujado hacia la izquierda más de lo que le resultaba cómodo, Prim volvió ahora a su idea original de un levantamiento militar, haciendo que la revolución retornara a los caminos tradicionales. Todo lo que separaba a Prim de los generales unionistas era el candidato de éstos para el trono, el duque de Montpensier, al que Prim se negaba a apoyar y del que se negaba asimismo a recibir apoyo, basándose en que, como hijo de Luis Felipe, su candidatura podía granjearles la enemistad de Napoleón III. Al igual que con los demócratas en 1866, se cubrieron las discrepancias con la fórmula de una decisión nacional en una asamblea constituyente. A los dirigentes progresistas no les gustaba el nuevo cariz que tomaban los acontecimientos: Olózaga creía que los unionistas eran necesarios, pero deseaba «un levantamiento popular lo bastante fuerte para mantener a raya a los generales». En Madrid se estableció un comité secreto de progresistas y unionistas para actuar como órgano de enlace entre Prim, en Londres, y los generales unionistas, ahora confinados en Canarias. Se excluyó a los demócratas porque ya no eran útiles: debían ser los asociados mudos en una revolución de generales.

La revolución tenía que empezar con un pronunciamiento naval en Cádiz, al que debía seguir la tradicional declaración de los generales. Prim, prevenido por sus agentes de que los unionistas querían ganarle por la mano, llegó de Gibraltar en un barco proporcionado por Mr. Bland, el agente naviero británico, y consiguió que el almirante Topete se pronunciara (18 de septiembre de 1868). Topete era un montpensierista declarado, pero aceptó la fórmula favorita y unificadora de Prim de unas Cortes Constituyentes «para el restablecimiento de la monarquía constitucional». Dos días después llegaron los generales unionistas, reunieron un ejército y marcharon sobre Córdoba. La revolución sorprendió a la corte veraneando en San Sebastián; una vez los rebeldes hubieron derrotado al ejército leal en Alcolea (28 de septiembre) no fue posible intentar seriamente un compromiso ni resistir a la Revolución. Incluso Cheste, el leal capitán general de Cataluña, decidió que era más importante mantener el orden y conservar intacto el Ejército que salvar a la dinastía —el argumento arquetípico para negarse a combatir una revolución—.¹⁰² En todo el sur y el este de España las autoridades constituidas dejaron vía libre a las juntas de la coalición revolucionaría. Con peculiar delicadeza, San Sebastián aguardó a que la reina tomara el tren que habría de conducirla al exilio en Francia antes de pronunciarse contra ella.

5. La crisis de la Monarquía, 1867-1868

La Revolución de 1868 no fue solamente la crisis de un sistema político falto de la confianza necesaria para suprimir, o de flexibilidad para absorber, la amenaza revolucionaria. Las luchas de 1864-1868 vinieron acompañadas de una pérdida de confianza comercial, de una crisis presupuestaria (que tenía como origen una recesión europea y una crisis en la expansión de los ferrocarriles que había sostenido a O’Donnell) y de una crisis algodonera, consecuencia de la Guerra Civil americana.¹⁰³ Las exportaciones descendieron, la construcción de ferrocarriles se abandonó dramáticamente, las empresas algodoneras catalanas cancelaban sus pedidos de nuevos telares a medida que el comercio decaía, decadencia que los industriales atribuían a la política arancelaria del gobierno más que a la crisis europea. El gobierno de González Brabo, sin tener de qué echar mano, trató, al no poder conseguir préstamos, de cubrir el déficit producido por el descenso de los ingresos aumentando en un 10 % el impuesto sobre la tierra y anulando sus pedidos para una nueva escuadra.¹⁰⁴ Esta rebaja, aparte de sus consecuencias sobre la fidelidad dinástica de los oficiales de la marina, amenazaba directamente a la naciente industria pesada catalana; falta de pedidos, incluso la poderosa Maquinista sólo se salvó de la quiebra vendiendo sus terrenos urbanos y reduciendo los salarios.¹⁰⁵ El hundimiento del Crédit Mobilier produjo una crisis financiera en una economía todavía dependiente en gran parte del mercado de capitales francés. Finalmente, en 1867, una economía en contracción con excesivo desempleo tuvo que enfrentarse con la mayor alza del siglo en el precio del trigo.¹⁰⁶

La expansión cesó en el momento en que la corte trataba de derrotar el gobierno constitucional tal como lo concebía la oligarquía. El absolutismo, por consiguiente, quedó relacionado con la recesión económica. Como señalaba un súbdito inglés, los ferrocarriles fueron los que originaron la Revolución de 1868: una «civilización ferroviaria» no podía soportar una mengua de los beneficios. Así, la crisis de 1867, cuando los elevados precios del grano sumaron los sufrimientos del pobre al descontento del rico, constituye una transición de los antiguos a los nuevos determinantes económicos de la revolución: una depresión cíclica, de origen europeo y reflejada en un descenso catastrófico de los precios de exportación, que combinada con las «épocas caras» tradicionales, produciría una situación explosiva.

Sería exagerado hablar de crisis espiritual añadida a esta pérdida de confianza económica. Sin embargo, hay que fechar en estos años la acometida radical a los valores intelectuales aceptados que la monarquía parecía simbolizar. A los años cincuenta se remontaba Giner en la busca de los cimientos intelectuales y morales de la España moderna y es contra los miembros de la «generación del 68», más que contra los regeneracionistas de 1898, que se dirigen, con toda razón, las censuras de los conservadores católicos. Para los archiconservadores, expertos en el estilo paranoico, fueron estos aliados intelectuales de los demócratas y de los masones progresistas quienes inyectaron en el cuerpo de España aquellos venenos que sólo serían expulsados en 1939.¹⁰⁷

¿Por qué tomó este movimiento intelectual la forma de la propagación en los círculos universitarios de las ideas de un filósofo alemán de segunda fila, Krause, cuya obra principal había sido escrita en 1811? Este extraño fenómeno sólo puede explicarse teniendo en cuenta las condiciones propias de la cultura heredada. Ésta consistía, ora en una forma estéril de tradicionalismo católico, de escasa utilidad para unos hombres que deseaban hallar una base filosófica para la reconstrucción radical de España, ora en una imitación de la cultura francesa repudiada por los regeneracionistas morales por materialista y fácil.¹⁰⁸ La «superioridad» de lo francés, premisa de moderados y progresistas a quienes había proporcionado su capital intelectual para una generación, molestaba a hombres que, a su manera, eran patriotas culturales, por más que deseaban «abrir» España a las ideas «modernas». De este modo se creó un vacío que podía ser llenado por cualquier sinsentido siempre que no fuera de origen francés. El krausismo alemán, que debe ser considerado como un accidente cultural, se convirtió para un universo intelectual aislado en instrumento para unirse a la corriente del pensamiento europeo. Sanz del Río, que había de llegar a ser el catedrático más importante e influyente de los años sesenta, era un discípulo de Krause, cuyas doctrinas había asimilado en una visita a Europa en 1843.

Esta extraña elección reflejaba tanto la preocupación de Sanz del Río por la regeneración moral de su país como sus limitaciones intelectuales. En el krausismo halló una versión intelectualizada de la ética protestante del autoperfeccionamiento, una creencia mística en una armonía natural dispuesta por Dios, que relacionaba un pensamiento recto con una vida ejemplar. Este tono enérgico es lo que daba al krausismo fuerza y lo que permitió que una forma de pensar anticuada y en muchos sentidos descabellada ejerciera una gran influencia sobre toda una generación de intelectuales españoles. Los convirtió en radicales filosóficos, para quienes la finalidad moral privaba sobre el criterio de utilidad como patrón por el que debían juzgarse todas las instituciones existentes. La falta de finalidad moral —supuesta característica del pensamiento francés— fue lo que condujo a Sanz del Río y a muchos de sus discípulos a la francofobia que a veces caracteriza a los intelectuales españoles.¹⁰⁹

El krausismo dejó profundísima impronta en estos hombres como educadores. Sanz del Río, completamente falto de originalidad intelectual, pero maestro de genio, fue el primer catedrático que se ocupó seriamente de sus estudiantes como individuos y que consideró la universidad no ya como una expendeduría controlada por el Estado de certificados de entrada para las profesiones y la Administración, sino como centro de la regeneración moral de la nación. Muy influido por su estancia en Alemania, veía en la autonomía de las universidades la institución central de la cultura germana; su insistencia en la «libertad de cátedra» convirtió en crisis la disputa entre los krausistas y el catolicismo estatal. Una de las conquistas incidentales del liberalismo conservador había sido la rígida centralización del sistema universitario; así, como catedráticos de la Universidad Central, en Madrid, los krausistas podían convertirse en una fuerza poderosa, motivo de alarma para los conservadores. En 1867 les privó de sus cátedras en la Universidad Central un gobierno sometido a la influencia neocatólica. Además de suscitar la primera protesta de los intelectuales europeos contra la intolerancia del reaccionario Estado católico español, esta acción hizo que la causa de la libertad intelectual se convirtiera en parte del movimiento revolucionario.¹¹⁰ Los intelectuales krausistas se inclinaron hacia los políticos demócratas, puesto que los catedráticos habían sido separados por un acto político —su negativa a firmar una declaración de fidelidad a Isabel II—.¹¹¹ Su radicalismo filosófico dio a 1868 su trascendental importancia al convertir los procedimientos bien conocidos de generales y políticos descontentos en lo que parecía ser una revolución de intelectuales.

Los krausistas no deseaban ofender a la Iglesia; en realidad muchos de ellos partían de un intento de revitalizar y liberalizar el catolicismo. El peligro del krausismo consistía precisamente en que era un movimiento cuasi religioso con los catedráticos de sacerdotes.¹¹² Mientras que el positivismo materialista era un enemigo abierto, el krausismo aparecía como una versión moderna de las más antiguas y pérfidas herejías. Su curiosa mezcla de misticismo subjetivo y de vago modernismo fue atacada como panteísmo por los neocatólicos en los años sesenta. Muchos krausistas se hubieran sentido a gusto como católicos liberales. Tras el Syllabus de 1864 y los ataques de los neocatólicos, el movimiento se vio obligado a defenderse, convirtiéndose, en este proceso, en una religión natural o sintética con preferencia por la ética cristiana, pero que ya no podía ser católico. Este credo fue el que profesaron muchos intelectuales republicanos de 1868-1873 y en su nombre se combatirían las pretensiones de la Iglesia de imponer la unidad religiosa mediante las sanciones del Estado.

El ataque neocatólico a la libertad intelectual tuvo un efecto desafortunado sobre la vida intelectual española, pues obligó a los intelectuales a defender un credo de segundo orden, a convertirse en una «secta». Las exageraciones permitieron a los más capaces defensores de la Iglesia obtener algunos éxitos visibles mientras que los protagonistas católicos de menor importancia hicieron perder crédito a la libertad de investigación como tal. Menéndez y Pelayo, el polígrafo que defendió la España tradicional, reconoció tanto la excelencia moral de los krausistas como hombres, como su función al poner en marcha nuevamente la discusión filosófica, pero los fustigó como pedagogos insufribles, condenados a ser discípulos de un hombre y de un libro, como sistematizadores sectarios y dogmáticos que retrasaban el progreso intelectual de España con su rechazo de los restantes modos de pensar.¹¹³ En realidad su legado habría de ser un mundo intelectual abierto: el exclusivismo germánico y los aspectos anticientíficos del krausismo quedaron ahogados bajo el ataque. Quedó la tolerancia intelectual, una elevada preocupación moral por la regeneración cultural y educativa de España como premisa de su regeneración política y económica, y una permanente protesta contra la vulgaridad y la superficialidad de la cultura oficial española.

CAPÍTULO VIII

LA REVOLUCIÓN, 1868-1874

Durante cinco años, los estadistas de la Revolución de Septiembre lucharon por impedir un retorno a la anarquía que hubiera echado en brazos de la monarquía borbónica a los que sólo en ella encontrasen garantía de estabilidad política y de paz social. Los diferentes gobiernos trataron de estabilizar la revolución de acuerdo con sus propios intereses, proceso que el almirante Topete, con metáfora marina, describió como consistente en mantener el rumbo de la revolución. La explicación del fracaso de estos repetidos intentos ha de buscarse en la composición de la conjura revolucionaria y en los encontrados afanes de poder y de favores que agitaban a sus elementos integrantes. ¿Quién había «hecho» la revolución? ¿A quién correspondía disfrutarla?

El gobierno provisional de la revolución, primero bajo Serrano como regente y luego con Prim como presidente del Consejo, luchó por crear una monarquía constitucional capaz de obtener el apoyo de la Coalición de Septiembre: unionistas, progresistas y demócratas. Casi inmediatamente, los demócratas extremistas, que se habían convertido en republicanos, rechazaron todo intento de solución monárquica. Para ellos, los generales y políticos del gobierno provisional eran revolucionarios a posteriori, «caballeros respetables» que reivindicaban el fruto que otros habían hecho caer del árbol.¹ Los republicanos de provincias intentaron proseguir la revolución con la rebelión en el verano de 1868. Los unionistas y los progresistas, unidos para defender la constitución monárquica de 1869 contra «quienes después de la lucha recorrían ciudades y aldeas gritando Viva la República», se dividieron luego por la cuestión de la persona del monarca.

Para cuando se encontró un rey que consagrase la Constitución monárquica de 1869 —Amadeo de Saboya telegrafió su aceptación al trono el 30 de octubre de 1870— la Coalición de Septiembre estaba deshecha, y las querellas de sus elementos constitutivos por el control exclusivo de la monarquía condujeron a Amadeo I a la abdicación (11 de febrero de 1873). Los dirigentes republicanos de 1873 no supieron implantar la República federal; la revuelta de los cantonalistas extremistas demostró que no era cierto que, como ellos pretendían, encarnasen la Revolución. A resultas de ello, la República fue derribada por un general en nombre del orden (2 de enero de 1874). Por último, el general Serrano y sus ministros fracasaron en el empeño de crear una república conservadora; y lo que los monárquicos llamaban despectivamente «macmahonismo español» finalizó con el pronunciamiento a la antigua usanza de una brigada de infantería (29 de diciembre de 1874). Alfonso XII, hijo de la reina destronada por la Revolución de Septiembre, fue recibido con alivio.

1. La Revolución y Cuba

No fue solamente la competencia entre los partidos en la propia España lo que destruyó el optimismo de septiembre. El cáncer de la Revolución de Septiembre, que minaba su vitalidad, era la guerra de Cuba, legado de veinte años de incuria liberal. En 1868 el más rico residuo del imperio colonial estaba todavía sometido al poder absoluto del capitán general y de sus aliados en la comunidad española de la isla.

Los criollos estaban resentidos por la existencia de una administración formada por peninsulares y por sus aliados cubanos, en tanto que desde un punto de vista económico la vinculación a España era un anacronismo. El brote de prosperidad de la Cuba de mediados de siglo se debía al mercado norteamericano; de él obtenía su capital, a él exportaba su azúcar. Los plantadores ricos iban a Saratoga Springs durante «la estación muerta» y eran los hombres de negocios americanos quienes suministraban las máquinas de vapor para la industrialización de las plantaciones, y la sidra para los inmigrantes asturianos.²

¿Por qué, si se exceptúan algunas conjuras aisladas, el movimiento de independencia se fue aplazando hasta los años sesenta? La respuesta reside en parte en la inercia política engendrada por la prosperidad. A mediados de siglo sólo la elite criolla podía encabezar con éxito un movimiento contra España. Pero ¿por qué una alta sociedad perezosa de terratenientes absentistas iba a arriesgarse a ir a la cárcel por oponerse al poder español? Además, este reto podía resquebrajar la base entera de su riqueza; una guerra de independencia podía ser el preludio de un levantamiento de esclavos como el que había aniquilado a los plantadores franceses de Santo Domingo. Por ello, los criollos que deseaban una mayor intervención en sus propios asuntos no confiaban en la independencia, sino en la perspectiva de una anexión por parte de los Estados Unidos;³ unían el deseo de una mayor libertad política bajo una constitución democrática al sueño de un gran imperio esclavista de los estados sureños, Cuba y Puerto Rico, extraña aberración que finalmente se desbarató con la derrota del Sur en la guerra civil americana.⁴

Al considerar las perspectivas de la independencia, en aquella época nadie podía negar el poder de los peninsulares en la compleja sociedad de la isla. Estos inmigrantes eran la clase media de la Cuba urbana, desde los sargentos y funcionarios inferiores, pasando por los tenderos, hasta las grandes casas comerciales como las de los Pastor y los Zulueta. Todos buscaban beneficios explotando la relación con España. Eran «judíos completos» que amasaban una fortuna en una sola generación, inmigrantes dispuestos a trabajar duramente y que por tanto se ganaban la antipatía que siente una sociedad afincada frente al advenedizo laborioso. Puesto que pertenecían a los cuadros de la administración y que su fidelidad a la vinculación con España quedaba fuera de duda, los peninsulares tenían generalmente más ascendiente sobre los capitanes generales que los terratenientes criollos.

En los años sesenta las condiciones básicas de la lucha por la reforma en Cuba cambiaron de tal modo que una parte importante de los terratenientes criollos apoyó el movimiento reformista y, cuando éste fue derrotado, la guerra de independencia, que duró diez años (1868-1878). Menos seguros de las perspectivas de una economía esclavista, los plantadores criollos estaban dispuestos a apoyar al Partido Reformista en su requerimiento de que el gobierno español cumpliera sus promesas de 1837 de unas «leyes especiales» para Cuba, otorgando la autonomía local y una reducción en las barreras aduaneras que ponían dificultades a los productos cubanos. En abril de 1867, el gobierno de Isabel II concluyó sus negociaciones con el comité de los reformistas: el único resultado de los esfuerzos de éstos en Madrid fueron unos aranceles todavía más gravosos. Al parecer, nada podía esperarse de la monarquía y, en vísperas de la Revolución de 1868, los reformistas estaban en contacto con los conspiradores septembristas para unirse en una alianza común contra «lo existente». Serrano y Dulce, exiliados por la reacción isabelina, eran favorables a las concesiones a Cuba. Había esperanzas de que la revolución española produjera finalmente reformas en la isla. Este optimismo resultó defraudado. Mientras seguía todavía el viejo sistema con Lersundi, enemigo declarado del reformismo, como capitán general de Cuba, estalló una revuelta separatista. El liberalismo de la Revolución —como el liberalismo de 1812 y 1820— no podía comprender más solución política que la de otorgar derechos iguales para todos los súbditos del imperio. Dulce, designado capitán general por la Revolución, llegó a la isla prometiendo elecciones, libertad de prensa y libertad de asociación. Semejante programa hubiera conformado al antiguo partido reformista, pero no podía satisfacer a los secesionistas.⁵

Los secesionistas desconfiaban del reformismo; su fuerza había aumentado con los repetidos desaires recibidos por esta última tendencia en Madrid. Estaban capitaneados por Céspedes, que era un propietario culto; cuando se pronunció en favor de una República cubana independiente (10 de octubre de 1868) necesitó el apoyo de los esclavos y de los plantadores pobres de la provincia de Oriente; de este modo, el movimiento se hizo democrático y la guerra misma escapó de las manos de la aristocracia criolla pasando a las de los grandes dirigentes mestizos de la guerrilla en Oriente.⁶ Una vez que hubo estallado la guerra, la política cubana de los españoles quedó presa en manos de los voluntarios, la fuerza de milicia urbana de los peninsulares, financiada por las familias españolas ricas que dominaban la vida política. La autonomía y el libre comercio habrían puesto fin a la privilegiada posición de la comunidad española; ésta, por tanto, reaccionó contra tales amenazas con una violenta reafirmación de la soberanía española en Cuba como parte de la España metropolitana, «fertilizada por la sangre y el sudor de sus hijos». Las multitudes leales de la capital se impusieron a Dulce, el capitán general, que había deseado negociar un acuerdo para acabar la guerra. Dulce tuvo que enfrentarse a dos revueltas: la de los secesionistas criollos en el campo y la de 1os leales a España en la capital. Los unos exigían la pervivencia del antiguo sistema en su totalidad; los otros, que España se retirara de Cuba. Puesto que ningún bando quería llegar a un compromiso, la política de conciliación de Dulce se desmoronó al cabo de cinco meses.

Prim, como jefe del gobierno, anhelaba desesperadamente un acuerdo y el fin de la guerra cubana; estaba dispuesto a plantearse la cuestión de la autonomía o incluso la venta a los Estados Unidos para liberar al gobierno revolucionario del despilfarro de la guerra. Su política no encontraba apoyo alguno en los partidos gubernamentales y era duramente combatida por los cubanos leales. Prim también se hallaba sometido a la presión constante de los intereses catalanes para que mantuviera a toda costa la ventajosa situación comercial de España.⁷ La opinión pública, imbuida de la retórica de los voluntarios, se entregó a una patriótica obstinación: no había que hacer concesión alguna hasta que la rebelión secesionista hubiera sido derrotada. Y puesto que el Ejército era incapaz de acabar la guerra, resultaba imposible llegar a un acuerdo. En los años 1895-1898 la misma lógica iba a tener las mismas consecuencias. Se enviaron más tropas a Cuba (en 1870 había más de 100.000 soldados), en un esfuerzo por terminar una salvaje guerra de guerrillas de razias en las plantaciones y operaciones en la manigua, donde el peor enemigo eran las enfermedades.⁸ Y de este modo el gobierno provisional se vio obligado a desdecirse de las dos promesas más importantes de la Revolución en la metrópoli: la abolición de las quintas y la reducción de los impuestos. Cuba empujó contra la Revolución a los republicanos que organizaban las algaradas de las quintas y a los intereses conservadores que desconfiaban de las intenciones conciliadoras de Prim; la reacción conservadora organizada en contra de la abolición de la esclavitud habría de desempeñar un papel importante en la caída de la monarquía constitucional de Amadeo I.

2. La solución revolucionaria, 1868-1870

El gobierno provisional de Serrano tuvo que emprender la tarea tradicional de todos los gobiernos salidos de la combinación de un pronunciamiento con una revuelta popular: la sustitución de un sistema dualista, en el que los asuntos locales estaban en manos de las juntas «revolucionarias», por el poder de un gobierno central regular. En 1868 la situación sólo se diferenciaba de esto en que en las juntas de las grandes ciudades figuraban demócratas que en realidad eran criptorepublicanos. El 8 de octubre, el gobierno provisional, bajo la presión de la Junta de Madrid, tuvo que admitir el programa demócrata: sufragio universal masculino, libertad religiosa («la más importante de todas las libertades»), institución del jurado, y libertad de prensa y de asociación.⁹ Todo ello habría de ser conocido como las «conquistas liberales» y representaban la máxima concesión que los «grandes» del gobierno provisional estaban dispuestos a hacer a las reivindicaciones democráticas.

A cambio de la aceptación por el gobierno provisional de las reivindicaciones democráticas compatibles con la monarquía constitucional, los demócratas permitieron que los ministerios fueran a parar a manos de sus rivales progresistas y unionistas y aceptaron la monarquía como forma de gobierno, aunque se trataba de una monarquía democrática de la que debían quedar excluidos para siempre «aquella mujer imposible», Isabel II, y sus herederos. Aunque los generales y los políticos progresistas respetables consideraban el exilio de la dinastía como una premisa mínima para el gobierno constitucional, proclamaron públicamente su convicción de que la sociedad española no estaba preparada para una república según los modelos francés o norteamericano, y de que el «principio monárquico» era la única piedra angular del orden social. El gobierno provisional fomentó, por tanto, la votación de la soberana voluntad nacional en favor de una constitución monárquica.

El reconocimiento del «principio monárquico» dividió al antiguo partido demócrata. Los cimbrios estaban dispuestos a aceptar la monarquía como forma temporal de gobierno siempre que se tratara de una auténtica monarquía constitucional y democrática. Rivero, incapaz de obtener de Serrano dos ministerios para los demócratas, aceptó la popularidad y la influencia anejas al cargo de alcalde de Madrid. La hora de los demócratas llegaría cuando los progresistas se cansaran de su alianza con los unionistas liberales. «Con los principios democráticos garantizados, la República queda únicamente aplazada.»¹⁰ Los demócratas que se oponían al compromiso y a la dilación aparecieron como el primer partido republicano de España. La monarquía no se podía aceptar a ningún precio. No la condenaban únicamente por su historia española, ya que los progresistas podían argüir con razón que este hecho había dejado de contar con el cambio de dinastía, sino por su incompatibilidad con las verdades de la filosofía política. La fuerza allegada por el nuevo partido constituyó el hecho inesperado que por vez primera sacaba de su cauce a la Revolución.

La idiosincrasia del partido republicano estribaba en su federalismo extremado. Su principal teórico, Pi y Margall, consideraba el federalismo como la única deducción lógica en política de las premisas de la libertad individual; su traducción del Du principe fédératif, de Proudhon, apareció pocos meses antes de la Revolución. Por ello, el federalismo estaba de moda en los círculos radicales y no se puede dejar de pensar que el partido naciente lo adoptó porque representaba lo que parecía ser uno de los últimos progresos del pensamiento europeo.¹¹ Las consecuencias de esta actitud sobre el destino del republicanismo fueron decisivas. Por una parte dio al partido abundantes seguidores entre los entusiastas de las provincias: la intelligentsia de las clases media baja y trabajadora de las ciudades, para las cuales los comités, las reuniones y las obligaciones de la milicia representaban un estilo de vida. Podía canalizar el provincialismo catalán, el resentimiento de las ciudades del Sur por la pérdida de la iniciativa revolucionaria y buena parte del infantilismo revolucionario y del carbonarismo residual. Pero por otra parte metió a la dirección republicana en una serie de conflictos con las masas provinciales, y al cabo condenó al partido republicano a la impotencia y a un descrédito duradero como partido de gobierno. Con semejante doctrina el partido no podía conseguir ni tolerar una dirección fuerte.¹²

Aparte del federalismo, el programa del nuevo partido derivaba de los agravios populares que habían sido desde antiguo temas corrientes de la propaganda demócrata. Uno de tales agravios —el sistema de las quintas— fue utilizado por los republicanos en el primer intento de un partido español por obtener la adhesión de las mujeres: la madre que llora por sus hijos perdidos fue la réplica demócrata a la imagen de la esposa atenta al confesor. El anticlericalismo dogmático, característico del republicanismo hasta 1936, proporcionó al partido más daños que beneficios, pero resultaba inevitable para un partido radical. Finalmente, los republicanos, resentidos por el modo en que los generales habían dejado de lado la revolución democrática, fueron el primer partido que pudo permitirse destacar la amenaza que el Ejército implicaba para la libertad civil, y que emprendió una campaña en favor de un Ejército reducido. El civilismo era recurso seguro para un partido que solamente tenía en sus filas a un general y, además, sordo. Azaña y los republicanos radicales de 1931 fueron los herederos postreros de este anticlericalismo y de este civilismo.

La primera amenaza para la componenda monárquica de la solución revolucionaria no provino de los dirigentes republicanos de Madrid, sino de los extremistas de las provincias, que pasaron de un estado de euforia revolucionaria a otro de amargura y de desilusión. En Madrid, centro intelectual del republicanismo, nunca acamparon sus huestes guerreras: los Voluntarios de la Libertad de la capital entregaron sus armas a cambio de recompensas, y fueron organizados por Rivero en batallones de trabajo.¹³ Pero en las provincias las juntas se habían erigido en defensoras de las reivindicaciones y de las pasiones de los fanáticos locales; de ahí la abolición local de los odiados consumos, y el anticlericalismo que se tradujo en la demolición de iglesias y en la clausura de seminarios y conventos. Los progresistas, al aceptar cargos y acceder a la disolución de las juntas, se privaron a sí mismos, una vez más, del apoyo popular, como lo manifestó el éxito de los candidatos republicanos en las elecciones municipales de las capitales de provincia.¹⁴ Disueltas las juntas (aunque éstas, no eran exclusivamente demócratas), la energía frustrada de las grandes ciudades del Sur engrosó las filas del republicanismo federal. Se trataba de un credo que representaba exactamente la pretensión largamente mantenida de los radicales de las provincias de someter los títulos e intenciones democráticas del gobierno central a perpetua vigilancia mediante la aprobación de una siempre renaciente revolución. Era una estructura intelectual sistemática e imponente para la única creación original del radicalismo español: la tradición «centralista» racionalizaba un instinto.

Este federalismo autóctono se alimentaba del descontento económico. El momento de desilusión política coincidió con el máximo paro estacional (agudizado por una mala cosecha) en las mismas regiones del Sur que contaban con una violenta tradición revolucionaria, tradición utilizada por los conspiradores de 1868 y ahora rechazada por el gobierno provisional. Málaga fue invadida por trabajadores parados; su puerto había quedado inerte, como el de Cádiz. Los apóstoles republicanos habían alentado, tal vez imprudentemente, el socialismo vernáculo del reparto. El intento del gobierno de reafirmar su poder disolviendo a los Voluntarios de la Libertad (la fuerza del radicalismo urbano, como anteriormente la Milicia) y el cese en la distribución de alimentos a los parados originaron una lucha callejera que duró tres días. Fue una revuelta de la desesperación, no una conspiración republicana.

El segundo brote, que se inició a finales de otoño de 1869, después de votada la constitución monárquica, fue una rebelión política. Con la revolución, la dirección provincial del federalismo expresaba su desconfianza respecto de la dirección «oficial» del partido —convertido ahora en minoría republicana en las Cortes—, y explotaba las ambigüedades de la actitud de los dirigentes respecto al derecho de rebelión. En mayo y junio dos grandes expediciones a Tortosa y a Córdoba, con trenes especiales, habían pretendido actualizar la teoría federal mediante una serie de pactos recíprocos entre las provincias. Los pactos concedían el derecho a la insurrección si el gobierno emprendía «un ataque de carácter general» a los derechos individuales. Para los dirigentes esta expresión no era una definición vaga: subsumía su firme convicción de que las tentativas por forzar la dialéctica de la historia mediante barricadas habían de ser infructuosas y sólo estaban justificadas si se les negaban las posibilidades de existencia legal y de propaganda pacífica. Pero no existía organización alguna que pudiera declarar cuál era el momento oportuno para la rebelión, y los propios dirigentes, burgueses y legalistas respetables, no podían evitar galanteos oratorios con la revolución ni renunciar al aplauso de los activistas. Así, la iniciativa de este partido, débilmente organizado y con una mística revolucionaria, quedaba en manos de los fanáticos de las provincias, aficionados a la revolución, que experimentaban por vez primera con lo que los anarquistas profesionales habrían de llamar el temple revolucionario de las masas.

En septiembre de 1869 a los entusiastas federales de Cataluña, Aragón y Levante les parecía que había llegado el ineludible momento revolucionario. El 21 de septiembre el gobernador accidental de Tarragona fue brutalmente asesinado por una manifestación republicana en honor del general republicano, Pierrad. La reacción gubernamental fue dura. Fueron reorganizados los Voluntarios aún no licenciados de las ciudades catalanas, y la circular de Sagasta del 25 de septiembre dio a los gobernadores de las provincias poderes suficientes para destruir cualquier organización republicana activa.¹⁵ Confiando en la ayuda mutua de la organización de Tortosa, la ciudad catalana de Reus implantó una República Federal, convencida de que la «clara y patente violación de nuestros derechos individuales» por parte de Sagasta iba a dar lugar a una rebelión general. De hecho, el movimiento quedó en agua de borrajas, con una asonada en Barcelona, una revuelta desorganizada y desesperada de tres días en el Ampurdán y tiroteo esporádico en Andalucía. Los peores disturbios se produjeron en Valencia y Zaragoza. Durante nueve días, aguardando una rebelión general que no llegaba nunca, las barricadas federales se mantuvieron firmes contra los indecisos ataques de las tropas llegadas por ferrocarril de todo el sur de España. El movimiento sólo fue «socialista» en Valls;¹⁶ en Valencia hubo más bien cooperación que guerra de clases.

El gobierno dominó fácilmente la revuelta y los dirigentes extremistas de los disturbios huyeron. Suñer, el diputado ateo que había encabezado la revuelta ampurdanesa, se arrepintió en el exilio. «La agitación febril, las barricadas, los disparos y las muertes siempre benefician más al gobierno que a nosotros.»¹⁷ Se eliminó a los republicanos de los puestos en los concejos municipales que habían obtenido en las elecciones de 1868 y finalmente fueron disueltos los Voluntarios de la Libertad. Se repararon los que Víctor Balaguer, el historiador y progresista catalán, llamó «errores de los primeros momentos», y se reprimió la «demagogia». Una vez «reforzado el principio de autoridad», el país estaba preparado para recibir a un monarca.¹⁸

El mantenimiento del principio de autoridad dependía de un solo factor: el Ejército. Solamente cuando el Ejército se distanciaba del gobierno o era inútil como fuerza contra el desorden interno podía triunfar la anarquía. El Ejército era quien había derrotado las dos primeras revoluciones civiles de la España del siglo XIX; el general Caballero de Rodas, que había restablecido el orden en el Sur, en 1869, desobedeció cuando quiso al gobierno mostrando claramente las limitaciones de la lealtad. «Todas las ciudades que se alzan son ciudades desguarnecidas. Si nosotros no las devoramos, ellas nos devorarán. Parece como si el gobierno estuviera dormido. Si no acabamos con los demócratas estamos perdidos.» Mientras Prim fue el que más influencia ejercía en el gobierno, el Ejército estaba dominado por el único general que —salvo O’Donnell con anterioridad a él— tenía dotes de estadista civil. Sin embargo, al igual que O’Donnell, Prim comprobó que su posición como estadista dependía de su poder como general y como ministro de la Guerra. De ahí el conflicto esencial de la política civil de Prim: la cuestión cubana aparte, no podía abolir las quintas ni reducir el Ejército. Aunque pareciera «un empleado de funeraria», seguía siendo un general. Por otra parte, como tal, comprendía la importancia de los generales en la política; los ascensos que otorgó le proporcionaron la fidelidad de muchos oficiales de coroneles para abajo y gozaba de gran popularidad entre los sargentos. Pero en 1870 estaba claro que había perdido el apoyo de los generales unionistas en el preciso momento en que era necesario reforzar el principio de autoridad por la elección de un rey.

Las Cortes Constituyentes, que habían de dar carácter definitivo a la solución monárquica, se reunieron en febrero de 1869. El dispositivo electoral de Sagasta y el ambiente general del país dieron una asamblea dominada por la coalición revolucionaria —progresistas, demócratas cimbrios y liberales unionistas—. Los republicanos y los carlistas eran una minoría que hablaba violentamente sólo para ser derrotada con facilidad en las votaciones. Los debates, que pasaron a la categoría de clásicos de la oratoria parlamentaria española, dieron lugar a discursos de cuatro horas que leídos hoy parecen conferencias malas. «El país está siendo sacrificado a las disputas oratorias... se necesitan menos discursos y más mejoras.»¹⁹ Esta queja por la esterilidad, inspirada por el abuso de tradiciones retóricas, totalmente extrañas a la vida parlamentaria inglesa o francesa, se equivoca al enjuiciar la función de las Cortes Constituyentes en la tradición de las revoluciones españolas: las Cortes Constituyentes se convocaban para una tarea política específica, la elaboración de una Constitución que incorporara los principios de la revolución triunfante. Y esto es lo que hicieron las Cortes con la Constitución de 1869. La tragedia fue que la tardanza en encontrar un rey prolongó su vida mucho después de que hubieran cumplido su misión primaria. Las últimas sesiones de las Cortes fueron poco concurridas, cortas y sin objeto.²⁰

La coalición revolucionaria de progresistas y unionistas liberales se había pronunciado en favor de una forma monárquica de gobierno. Así se determinó en el artículo 33 de la Constitución, término medio entre el deseo de los unionistas de «una monarquía con todos sus atributos», y la democracia «con todas sus consecuencias» de los progresistas y sus aliados los demócratas cimbrios. El resultado fue una monarquía constitucional según el modelo belga. La forma monárquica como tal fue duramente criticada por la oratoria apasionada, pero de cátedra, de la minoría republicana. Se estaba introduciendo una monarquía prefabricada en una revolución que debía su vigor a las ideas democrático-republicanas que la habían inspirado. Las críticas prácticas procedían de los unionistas conservadores que no habían aceptado la coalición revolucionaria. El sufragio universal, aplicado tanto al Senado como al Congreso, podía conducir al socialismo, al que sólo cabía «contener» con la Iglesia, a la que había abandonado la coalición constitucional; con un rey desprovisto de poder y con un senado popular no habría «poder moderador» capaz de oponerse a los excesos de la democracia. Ésta era la filosofía política en la que Cánovas apoyaba su aspiración a convertirse en dirigente de las fuerzas conservadoras de España.²¹

Una de las conquistas de la revolución, incluida en la Constitución, obligaba al gobierno provisional a una teoría política que convertía el mantenimiento del orden en una imposibilidad legal y que permitía a los republicanos argüir que el nuevo orden era una segunda edición del constitucionalismo ficticio anterior. En la teoría de la izquierda, los derechos imprescriptibles de reunión y libre expresión eran «superiores y anteriores a todas las leyes». Enfrentado con la revolución de los entusiastas, Sagasta, como ministro de la Gobernación, consideraba que esos derechos, garantizados por la Constitución, eran «lastres en el cuello del gobierno». En octubre de 1869 utilizó los poderes que le otorgaba el artículo 31 de la Constitución para suspender las garantías constitucionales. Tales suspensiones, como demuestra abundantemente la historia constitucional sudamericana, eran consecuencia inevitable de la imposibilidad de reconciliar las premisas individualistas con las exigencias mínimas del Estado. Cánovas señalaba los peligros de conceder derechos individuales amplios cuando no existía todavía un ejecutivo fuerte; los republicanos alegaban que al suspender estos derechos, incluso frente a la rebelión, el gobierno había sacrificado las conquistas de la revolución a trueque de hacer de España un país a gusto de monarcas eventuales.

Votada la Constitución monárquica y sofocado el levantamiento republicano, la principal tarea del gobierno consistía en encontrar un rey; demorar esta cuestión suponía dejar la Constitución «sin la poderosa sanción de los hechos». La búsqueda de un rey dividió a la coalición de septiembre según las ambiciones excluyentes de sus elementos constitutivos. Tanto los unionistas liberales como el grupo demócrata progresista deseaban hacer rey a su propio candidato para poder dominar su reinado. Pero por debajo de esta obstinación había una auténtica divergencia política. Montpensier como rey significaba una monarquía fuerte, católica, gobernada por los unionistas como representantes de la oligarquía conservadora. Contra el duque de Montpensier, demócratas y progresistas proponían a Fernando, el ex rey de Portugal, y, cuando éste renunció a la candidatura, a uno de los príncipes del nuevo reino «revolucionario» de Italia. Esto suponía un reinado democrático, moderadamente anticlerical, con el poder en manos del ala izquierda de la coalición de septiembre.

La principal dificultad de los progresistas y de Prim consistía en hallar un buen candidato en lugar de Montpensier, que se había excluido a sí mismo al matar en duelo a un primo suyo.²² Un año después de haberse votado la Constitución, el gobierno seguía todavía sin candidato para el trono y Prim consideró la sugerencia de un hijo de la rama Sigmaringen de la familia de los Hohenzollern. Esta candidatura se vino abajo con la guerra franco-prusiana. Consecuencia en parte de la desesperación de Prim —Ollivier le calificó de jugador arruinado—, la causa de la guerra estribaba en la contradicción entre los métodos por los que tenía que encontrarse un candidato evitando un insulto a la dignidad española, y la tesis francesa de que «a una nación no le está permitido ejercer sus derechos soberanos en forma tal que amenace la seguridad de sus vecinos». La única posibilidad de Prim consistía en el hecho consumado de una elección secreta realizada por las Cortes. Por error inexplicable de un funcionario encargado de descifrar mensajes, las Cortes fueron disueltas (23 de junio de 1870) antes de que pudiera realizarse la elección y el secreto de la candidatura Hohenzollern fue difundido por la prensa carlista. De este modo, Francia tuvo ocasión de formular sus objeciones. «Mi obra está perdida, la candidatura está perdida, y quiera Dios que esto sea todo»; la táctica de Prim es comprensible, pero su fracaso la convirtió en un error.²³

Finalmente, Prim halló un candidato en la casa de Saboya. El duque de Aosta aceptó el trono después de que España hubiera encargado al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano que sondeara la opinión europea.²⁴ Prim creía que, con un rey, podría estabilizar la revolución. «Cuando llegue el rey todo se arreglará. No habrá más grito que Viva el rey. Encerraremos a los malvados que sueñan en planes “liberticidas” y que confunden el progreso con el desorden y la libertad con el libertinaje.» Pero, como señaló Castelar, Amadeo no era el rey de la Revolución de Septiembre, sino «el rey de una fracción de partido», el candidato de Prim y de sus aliados progresistas y demócratas, aceptado tan sólo con desconfianza por los unionistas liberales cuando se hubieron echado a perder sus propias esperanzas. Sin siquiera el apoyo de toda la Coalición de Septiembre, Amadeo fue rechazado también por los republicanos, los carlistas y el grupo de aristócratas alfonsinos que iba creciendo lentamente.²⁵ Estos últimos (que ponían sus esperanzas en una restauración de la antigua dinastía en la persona de Alfonso, el hijo de Isabel II) señalaban todavía el tono y las actitudes de la alta sociedad madrileña, en la que la monarquía tenía tradicionalmente su apoyo más palmario. Todas estas fuerzas dispersas estaban dispuestas a colaborar en contra de la nueva dinastía: los carlistas formaron una alianza parlamentaria con los republicanos; las aristocracias carlista y alfonsina, que por vez primera se reunían en la capital, evitaron las penosas referencias a un pasado que las separaba para emprender una campaña conjunta contra «lo de ahora».

3. La monarquía artificial, 1870-1873

El día en que Amadeo llegó a su nuevo reino fue recibido con la noticia de que Prim había sido asesinado en una calle de Madrid; su muerte fue una catástrofe para la monarquía que había creado.²⁶ El más capaz de los conspiradores era un hombre de orden; militar, habiéndose quedado con la cartera de Guerra, sabía pensar como un político civil; progresista, podía recurrir a los radicales, pero creía que debía conservarse la coalición revolucionaría con los unionistas, única esperanza de que el régimen llegase a ser aceptado por los más. Aunque duro —sus adversarios le consideraban un dictador—, era capaz de las sutilezas y los compromisos de la política parlamentaria. Más fuerte que el ambicioso Serrano o que el orgulloso Topete, fue indiscutiblemente el hombre de Estado más grande de la Revolución. Prueba de ello es que su muerte significó el fin de la coalición de 1868.

El nuevo monarca no suscitaba ningún entusiasmo. Se le insultaba en los teatros de Madrid y la aristocracia le recibió fríamente. Su corte era una colección lúgubre y protocolaria de generales y políticos revolucionarios. Con todo, si la monarquía constitucional hubiera podido funcionar en España, hay que decir que Amadeo era el hombre ideal para el papel de rey constitucional. Su comprensión del sistema era tal vez excesivamente simplista: su conducta, dijo una vez, estaría dictada por la mayoría parlamentaria de la mitad más uno. Pero sólo es posible someter el uso de las prerrogativas personales de la corona a semejantes criterios mecánicos en un sistema bipartidista claramente definido. El rey y sus consejeros trabajaron duramente para sacar un partido liberal y un partido conservador de la desintegración del bloque revolucionario; por ello Amadeo es uno de los muchos candidatos al título de inventor del turno pacífico, la alternación en el poder de dos partidos creados artificialmente por el ejercicio de la influencia gubernamental sobre un electorado indiferente. Pero la naturaleza misma de la prerrogativa y las ambiciones exclusivistas de los partidos significaban que el derecho de la Corona a otorgar la disolución de las Cortes daba tal poder al gobierno para «hacer» las elecciones, que el partido derrotado necesariamente acababa dirigiendo sus críticas a la Corona misma. Todas las elecciones generales del corto reinado de Amadeo I arrojaron mayorías favorables al ministro de la Gobernación que había ordenado la disolución. La cuestión central de la política, como reconociera Ruiz Zorrilla, era «a qué partido se le concede, mediante la alta prerrogativa de la Corona, un decreto de disolución». El monarca, en estas condiciones, no era un árbitro imparcial, sino un jugador más.²⁷

Serrano, primer jefe del gobierno de la nueva monarquía, formó un gabinete de conciliación revolucionaria —unionistas, progresistas y demócratas—. En las elecciones de marzo de 1871 una coalición gubernamental de grupos opuestos combatió contra una coalición electoral de facciones incompatibles; carlistas y republicanos, que sólo podían unirse en torno a un programa de «acabar con lo de ahora», se enfrentaron en las elecciones y en las Cortes con la coalición revolucionaria, cuya única fuerza consistía en detentar la influencia oficial.²⁸ Los ministros demócratas estaban decididos a lanzar a sus colegas progresistas a la guerra abierta con los unionistas, y de ahí que se produjeran duras disputas en torno a clientelas y favores. La designación de una serie de ayudantes de campo unionistas para el rey fue considerada por progresistas y demócratas como una amenaza a la libertad. Serrano, más incapaz de unir a su gobierno que derrotado «moralmente» por la oposición, dimitió en julio de 1871. La coalición revolucionaria de 1868 había muerto.

Por vez primera en su larga historia, los progresistas asumían ahora el poder bajo un jefe de gobierno civil, Ruiz Zorrilla, de modo pacífico y sin la ayuda de los conspiradores conservadores simpatizantes ni de juntas de exaltados. Sin embargo, en ese mismo momento, el partido que Prim había mantenido unido se escindió en radicales, capitaneados por Ruiz Zorrilla, y progresistas conservadores, encabezados por Sagasta. Ambos habían formado parte de la milicia en el año 54; ambos habían servido en el gobierno provisional. Pero ahora se apartaban uno de otro por sus divergentes temperamentos políticos. Sagasta era hombre de orden y manipulador de voluntades; su rival consideraba que la política era la expresión de unos principios. Sagasta sostenía que la colaboración con los liberales unionistas podía continuar y que, si fracasaba, los progresistas deberían desprenderse de sus aliados demócratas formando un partido conservador con los fronterizos (los más cercanos a las líneas del partido progresista) de la Unión Liberal, desplazando hacia la derecha el centro de gravedad del partido. Ruiz Zorrilla sostenía que la conciliación había expirado y que los progresistas debían adoptar plenamente el programa democrático. Ambos estaban preocupados por la supervivencia de la dinastía; Sagasta advertía que era peligroso enajenarse a los intereses conservadores; Ruiz Zorrilla creía que sólo si se volvía a obtener la benevolencia de los republicanos sería posible que la monarquía evitara ser destruida violentamente.²⁹ Combatieron sus diferencias políticas con enorme dureza personal en la prensa y en el Club Progresista, que excomulgó a Sagasta como traidor. Pero estas diferencias no podían convertirse en la base de dos partidos alternantes. Tanto Ruiz Zorrilla como Sagasta rendían tributo a la idea de un «saludable» sistema bipartidista, pero cada uno quería eliminar al otro de la vida política.

Con la caída del gobierno de Ruiz Zorrilla, en octubre de 1871, víctima de la habilidad parlamentaria de Sagasta, se perdió toda esperanza de reunificación progresista. Sagasta formó un gobierno en el que predominaron cada vez en mayor número los unionistas conservadores. Y fue Sagasta quien recibió del rey el decreto de disolución. Esto debilitó el monarquismo de radicales y demócratas.³⁰ Demócratas como Martos y Rivero mostraron claramente que su fidelidad a la dinastía dependía de que el rey se condujera como un dirigente del partido radical y abandonara el intento de construir un partido conservador dentro del liberalismo amadeísta.

Los métodos utilizados por Sagasta para obtener su mayoría conservadora hicieron que a los miembros de esta mayoría se les motejara de «lázaros», esto es, hombres políticamente muertos, resucitados por los artificios electorales del Ministerio de la Gobernación. Ante la frialdad con que Sagasta utilizó su mayoría «corrompida», radicales y republicanos renovaron su antigua amenaza de retraimiento, confesión de que los partidos que se abstenían no creían ya en el gobierno parlamentario y declaración formal de que se proponían recurrir a «otros métodos más decisivos». Ante esta amenaza, Sagasta dimitió y Serrano formó un gobierno claramente conservador (mayo de 1872).³¹ Su vida fue corta. Serrano creía que sólo se podía acabar con la perspectiva de una rebelión republicana suspendiendo las garantías constitucionales. El rey se negó a ello aunque Serrano tenía una mayoría segura.

Esta decisión hizo inevitables unas Cortes y un gobierno radicales. Y esto selló el destino de la dinastía. Cuando Ruiz Zorrilla logró finalmente la disolución, los unionistas liberales se apartaron de una monarquía que sólo habían aceptado por el fracaso de su propio candidato. Serrano anunció su intención de no servir nuevamente al rey; el mismo Serrano, muchos de sus amigos entre los generales, y sus aliados políticos, devolvieron sus condecoraciones, se negaron a aceptar las invitaciones para ir a la corte y se retiraron de la política, como habían hecho los radicales durante el ensayo conservador. Cuando los radicales se pronunciaron violentamente en contra de la decisión real de alargar la vida del gobierno Malcampo, se hizo evidente que los unionistas eran más poderosos —disponían del ejército— y menos leales que los radicales. Por consiguiente, había que darles el poder. Amadeo invirtió entonces su ecuación política: sería fatal empujar a la rebelión a republicanos y radicales. Por lo tanto, el poder tenía que ser entregado a Ruiz Zorrilla.

El gobierno de Ruiz Zorrilla y las Cortes elegidas entonces (agosto de 1872) representaban una «situación radical» pura; no fue elegida ninguna de las grandes figuras conservadoras de la Revolución y las leyes preparadas por el gobierno atentaban contra los intereses establecidos. La reducción del presupuesto eclesiástico a las estrictas necesidades del culto público colocó al clero, en lo que hacía al cobro de su sueldo, en una situación de dependencia respecto a los municipios, que muy bien podían estar regidos por republicanos anticlericales. A lo largo de toda la historia de la España moderna, la defensa de una Iglesia perseguida fue el lema de unión del sentimiento conservador. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico suscitó «una liga de los intereses económicos» en contra del gobierno. Un levantamiento republicano en El Ferrol debilitó el único argumento conservador en favor del radicalismo: que podía contener el republicanismo.³² El último —y fatal— ataque del conservadurismo ultrajado llegó con el asunto Hidalgo.

Se creía que Hidalgo era el responsable del fusilamiento de oficiales de artillería por parte de los amotinados en el abortado levantamiento de San Gil de 1866. Esto era falso. Sin embargo, no pudo desmentir la especie. Después de la Revolución fue ascendido rápidamente —por sus pasados servicios a los progresistas— y en noviembre de 1872 fue nombrado capitán general de las Provincias Vascongadas. Para no servir bajo su mando, todos los oficiales de artillería se declararon enfermos. Hidalgo les arrestó. Ruiz Zorrilla estaba decidido a reafirmar el control civil sobre el Ejército y, como a todos los radicales, le disgustaba el «aristocrático» espíritu de cuerpo de los oficiales de artillería. Consecuencia del conflicto fue que el gobierno tuvo que aceptar la dimisión de todo el cuerpo de oficiales de artillería y entregar el mando a sargentos y oficiales de infantería. En esta solución extrema el jefe del gobierno contaba con el apoyo de su mayoría en las Cortes. El rey desaprobaba la acometida a la artillería, pero carecía de poder para oponerse a ella, puesto que recurrir a los conservadores hubiera significado coaligar a radicales y demócratas en contra de la dinastía. Después de cumplir su última obligación como rey constitucional firmando el decreto contra los oficiales de artillería, Amadeo I abdicó (febrero de 1873).

Lo que empujó a Amadeo a la abdicación no fue ni la impopularidad general ni los enemigos de la dinastía (la amenaza de carlistas y republicanos era débil), sino las propias disputas internas de la Coalición de Septiembre. Los partidos constitucionales condicionaban su lealtad a la dinastía al apoyo político del rey. Amadeo comprendió todas las implicaciones de la retirada conservadora. Ésta dejaba a la monarquía en manos de un partido sin sentimiento monárquico natural. Ruiz Zorrilla, personalmente, era fiel a la dinastía, pero sus aliados demócratas —Martos y Rivero— estaban dispuestos a acomodarse a una república si ello podía garantizarles el poder político.

Debemos explicar, ahora, la debilidad de los republicanos en vísperas de la proclamación de la Primera República. El establecimiento de la monarquía había puesto a los republicanos ante cuestiones doctrinales y tácticas que revelaron una vez más las diferencias entre los cautos y responsables dirigentes parlamentarios, y los extremistas de las provincias. Para estos últimos la línea a seguir estaba clara: a una monarquía, un partido republicano únicamente podía enfrentar una oposición absoluta e intransigente —de ahí que se les conociera como «intransigentes»—. La «lucha legal» de la actividad electoral y parlamentaria era inmoral e ineficaz. La obligación sagrada de la rebelión tenía carácter imperativo.

La resistencia de los dirigentes más responsables a estos intransigentes se basaba igualmente en principios y en orientaciones políticas. Rebelarse era un delito, puesto que la monarquía respetaba los derechos individuales (por ejemplo, la existencia de los republicanos como partido legal), e, incluso aunque tales derechos fueran negados, sólo podía intentarse la revolución si el partido podía confiar en el éxito. Creían además que la monarquía fracasaría y que los radicales tendrían que aceptar la República como única alternativa a un desquite conservador. De ahí que declararan su «benevolencia» hacia Ruiz Zorrilla en su batalla parlamentaria contra «la reacción».³³ Se les llamó, por lo tanto, los «benévolos».

Cada vez que la dirección de los benévolos de Madrid trató de imponer su política de lucha legal, se enfrentó con la perspectiva de una secesión de los intransigentes. Esta secesión podía llegar a atraer a la masa del partido. Los periódicos republicanos ponderaban mucho la importancia de las personalidades locales como haría más tarde la prensa anarquista, que imprimía artículos de figuras de renombre nacional al lado de declaraciones ingenuas de los «hombres con ideas» lugareños. Así, con el segundo gobierno de Ruiz Zorrilla, gran parte de la prensa del partido y la masa de sus seguidores se separaron de los dirigentes del Directorio Republicano en protesta contra la «benevolencia» concedida a aquél; en junio de 1871 los intransigentes habían creado su propia organización de comités locales y central. Se negaron a atender la advertencia de Pi de que «la fuerza sólo es legítima cuando fracasa el derecho» y en octubre apoyaron a los soldados rebeldes de El Ferrol y explotaron los difundidos alborotos contra las quintas. Los dirigentes del partido, a despecho de los intransigentes, condenaron la insurrección, y el fracaso total de ésta confirmó la idea que el Directorio se había hecho de la fuerza revolucionaria. El bluff de los extremistas había terminado; sin embargo, el conflicto interno casi había destruido al partido como destruiría a la propia República.

En estas lastimosas condiciones se encontraban los republicanos al sobrevenir la crisis del asunto Hidalgo y a la abdicación de Amadeo. La resolución de la crisis en favor de la República se debió menos a la fuerza del republicanismo que a los planes de Rivero y Figueras, el dirigente de la minoría parlamentaria republicana. Rivero, resentido por su oscurecimiento como figura política, probablemente pretendió emplear su acuerdo con Figueras y el asunto Hidalgo para derribar al rey e implantar una república cuyo primer presidente había de ser él. Pretendía ser la figura clave de una crisis que dominaría según las mejores tradiciones de la política revolucionaria.³⁴ Su propia soberbia parlamentaria acabó con sus planes, pero la intriga Figueras-Rivero fue la que aseguró finalmente la proclamación de la República en una sesión conjunta del Senado y el Congreso.

Así consiguieron su República «legal» incruenta los dirigentes republicanos. Sacrificaron la proclamación inmediata de una República Federal a su prurito de escrupulosidad democrática. Se trataba de una decisión que sólo podían tomar unas Cortes Constituyentes. En realidad era el precio que pagaban por el apoyo radical; los radicales se avenían a una república unitaria, pero no a una república federal. Los discursos acerca de la inevitabilidad histórica de la República, tan caros a Castelar, no podían ocultar la ausencia de sentimientos republicanos en el país, y que lo que había traído la República era el agotamiento de las soluciones alternativas y la explotación de una situación parlamentaria propicia. Por otra parte, en la negociación, los republicanos habían diferido para más adelante la cuestión del federalismo, decisión que les costaría cara. El partido republicano entró en la República con su propia masa de seguidores desilusionada y pasiva, y sin ninguna clase de apoyo fuera de ella.

Los dirigentes republicanos, como anteriormente los progresistas, han sido criticados por no haber desarrollado un programa de clase para un partido de masas. En 1869 ello era innecesario.³⁵ Al partido republicano le bastaba apoyar la libertad de asociación y entregarse a las digresiones de los «socialistas» franceses de 1848 sobre la armonía de capital y trabajo para conseguir que el Congreso de las Sociedades de la Clase Obrera de Barcelona se pronunciara unánimemente por la República Federal (diciembre de 1868). Así, para alarma de los apóstoles bakuninistas de la revolución total, los únicos trabajadores organizados de España se obligaron por sí mismos a una alianza política burguesa.³⁶

En 1873 había síntomas de que esta alianza republicana con el radicalismo de la clase obrera estaba moribunda, si no era ya cadáver. Ello era consecuencia en parte de las actividades de la Internacional, que en su primer Congreso de Barcelona (junio de 1870) había declarado que el programa republicano federal era «insuficiente» y que la acción política era «una farsa» —comienzo de la larga tradición anarquista de apoliticismo en España—.³⁷ La Internacional no era una organización poderosa: en 1871 no podía cubrir sus gastos de correspondencia. Pero su propaganda aterrorizaba a la dirección republicana y todavía más a los extremistas intransigentes, que temían los efectos de ella sobre sus militantes. Al defender a la Internacional en las Cortes y al remozar su programa social, los republicanos esperaban sin duda recuperar algún apoyo obrero, pero su programa continuó siendo obstinadamente «reformista y burgués».³⁸

Los intransigentes confiaban en conseguir el apoyo que los dirigentes parlamentarios habían perdido llamándose temporalmente socialistas y empleando un lenguaje provocador. Los extremistas consiguieron muy pocos militantes entre los respetables operarios catalanes; descorazonados por los fracasos de 1869, no estaban preparados para marchar a la cabeza de la revolución social. Los elementos explosivos estaban en los bajos fondos de un gran puerto y podían ser reclutados por los agitadores de las sociedades secretas para convertirlos en una turba temible. Como más tarde advertiría Lerroux, esta masa era sensible no ya al socialismo científico, sino a la oratoria sin programa de la revolución de la destrucción. Además, incluso en sus orígenes, al anarquismo español fue un fenómeno tanto urbano como rural. La desesperada pobreza de Andalucía era lo que más fácilmente proporcionaba conversos entusiastas a la imagen bakuninista de una sociedad nueva.³⁹ Los Robespierre de provincias de 1873 recurrirían a estos descamisados urbanos y a los «rebeldes primitivos» del campo en nombre de la República Federal que había negado la «hipócrita legalidad» de los dirigentes republicanos.

4. La República de 1873

Los cuatro presidentes de la Primera República —Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar—, eran respetados y respetables abogados o catedráticos universitarios, intelectuales que odiaban la violencia. Su tarea había de ser la de transformar la República inespecífica que les había sido regalada por la situación política en una República Federal; esta transformación debía ser sancionada por la máquina autorizada para la definición constitucional: las Cortes Constituyentes. Semejante república podría ser defendida entonces contra sus enemigos como gobierno legal del pueblo español.

La República, había sostenido firmemente Prim, era «inconcebible» porque el republicanismo era un credo minoritario. Sin embargo, toda la política de la dirección del partido republicano se basaba en la suposición de que podía establecerse pacíficamente una República Federal con unas Cortes Constituyentes libremente elegidas que reflejaran la «fuerza abrumadora» de la opinión republicana federal que advertía Pi en los telegramas recibidos en el Ministerio de la Gobernación. Si hubieran actuado como dictadores revolucionarios de una minoría ilustrada y proclamado la República Federal, habrían hecho frente a la rebelión cantonalista con convicción y vigor, por carecer ésta de legitimidad en su pretensión. En lugar de esto, se presentaron como instrumentos de la voz mayoritaria en España. Este respeto por una República Federal impuesta democráticamente y la firmeza con que Pi y Figueras proclamaban que tratarían la «impaciencia pueril» de sus correligionarios, encerraban una contradicción. No es sólo que los federalistas sinceros no pudiesen ser fusilados por falta de sentido de la oportunidad o por errores acerca de los medios a emplear para la consecución de un fin que los dirigentes reconocían como legítimo. Estos mismos dirigentes podían llegar a precisar de lo que Martos llamaba eufemísticamente «la presión de la opinión» (es decir, la fuerza del federalismo militante) contra quienes, entre febrero y abril, trataron de impedir el nacimiento legal de la República Federal. En última instancia, podían tener que recurrir a los auténticos partidarios en las calles.⁴⁰

Así, Figueras y Pi optaron por considerarse supervisores neutrales de las elecciones para unas Cortes Constituyentes que sólo podían dar un resultado: el triunfo de una mayoría federalista.⁴¹ Se encontraron así con una oposición bicéfala: la de los radicales que deseaban una República no federal, sino unitaria, que esperaban dominar, y la de los federalistas extremistas, que deseaban la república federal inmediatamente, no como una imposición de arriba abajo, sino como expresión del impulso revolucionario de la base, o sea de abajo arriba. A diferencia de sus dirigentes, muchos de los federalistas de las provincias eran en el fondo revolucionarios antiparlamentarios.

La acción de los radicales en los primeros meses de la República la han descrito casi siempre los republicanos en términos de traición y de intriga. Pero nada de políticamente inmoral hay en su intento de impedir una República Federal que se les antojaba un desastre, mediante el uso de la mayoría parlamentaria que había creado la propia República. Martos, el dirigente radical, deseaba una República conservadora, unitaria y laica que pudiera reagrupar la Coalición de Septiembre en torno al partido radical; para asegurarla debía impedir que la convocatoria de las Cortes Constituyentes la realizara un gobierno republicano federal. Ello suponía la ruptura de la coalición republicano-radical. Según las propias palabras de Martos, los radicales, en su empeño de derrotar al federalismo y «restablecer la unidad de la nación», eran «enemigos de la situación que habían creado».

Cuando Martos fracasó en su intento de impedir la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, planeó un golpe conservador-radical. Una vez más los políticos recurrieron a los generales para que apoyasen su interpretación personal del gobierno de la mayoría. Los generales no podían menos que odiar la perspectiva de una República Federal, puesto que muchos federalistas buscaban el apoyo popular por medio de violentos ataques contra la «casta privilegiada» de los militares. Aguardaban la aparición de un político de orden al que pudieran apoyar.⁴²

El 28 de abril los conspiradores planearon convocar las Cortes ordinarias, derribar el gobierno y reunir a las secciones conservadoras de la Milicia en la plaza de toros de Madrid. El golpe fracasó: Pi, en el Ministerio de la Gobernación, actuó con vigor y, después de escuchar un confuso discurso del almirante Topete, símbolo del 68, la milicia fue desarmada y sus hombres enviados a sus casas. Las posibilidades de una República Federal se habían salvado a costa de poner a los radicales y a sus partidarios fuera de la «órbita republicana». La Coalición de Septiembre se retiró de la política cuando emigraron los complicados en la conspiración de la plaza de toros. Los federales y un puñado de republicanos unitarios eran los únicos partidos políticos de España. Así, las peores luchas políticas del verano del 1873 se libraron dentro del partido federalista mismo. El resto de España estaba en armas, como los carlistas, o estupefacto por el súbito giro que había tomado la revolución. (Al igual que en 1835, 1909 y 1931, las clases respetables se encerraron en sus casas y abandonaron las calles a la revolución.)

En la mañana del 24 de abril, Pi y Margall, presidente a la sazón, era el hombre más poderoso de España.⁴³ Si hubiera querido proclamar la República Federal, ni los desacreditados radicales ni los vacilantes generales hubieran podido oponerle resistencia alguna. No quiso proclamarla porque sostenía la opinión de que, dada la seguridad de la imposición legal de la Federación por las Cortes Constituyentes, la revolución federal, además de innecesaria, hubiera sido un delito. Los federalistas, que no podían dudar de las convicciones de Pi, le creían culpable de un inmenso error político. «¿Actué atinadamente? Lo dudo si atiendo a la conveniencia política. Pero lo afirmo cuando consulto mi conciencia.»

Cuando Pi y Margall consultó su conciencia leyó en ella la próxima victoria de la República Federal en las elecciones para las Cortes Constituyentes. «Incluso antes de la retirada de los demás partidos confiaba en el triunfo de los federales en los colegios electorales, y por consiguiente, todavía más cuando, por malevolencia y falta de confianza en sus propias fuerzas, tomaron esa decisión.»⁴⁴ Por lo tanto, Pi concebía la República Federal como expresión genuina de la voluntad nacional más que como imposición de una minoría. Incluso con sus premisas, la proclamación «legal» de una República Federal por las Cortes Constituyentes debidamente elegidas no podía contener la revuelta federalista que estaba fermentando desde hacía meses. El movimiento cantonalista, como fue denominado este brote provincial, llevó a la bancarrota el federalismo legal: su confianza en el temple de las provincias se había venido abajo y sus esperanzas de crear un nuevo orden republicano fueron derrotadas por el colapso de las propias fuerzas del orden.

El colapso de la disciplina militar era inevitable cuando llegó al poder un partido obligado a la abolición del sistema de quintas; los soldados abandonaban sus unidades. La Diputación Provincial de Barcelona tomó la cuestión en sus manos y convirtió el ejército regular en una fuerza de voluntarios (9 de marzo). Por todas partes, la restauración de los Voluntarios de la Libertad, disueltos en 1869, y la aparición de varios cuerpos francos, creó gran número de personal semimilitar que fácilmente podía infectar a las tropas con su propio matiz de democracia militar. Y lo que es peor, un puñado de extremistas veía en la destrucción de la disciplina un deber patriótico. Cuando un regimiento se acantonaba en una gran ciudad y hacía mella en él la propaganda subversiva, se negaba a moverse. A principios de verano, el ejército de Cataluña era inutilizable.⁴⁵

«Ningún oficial es republicano de corazón», declaró el coronel Maza, un extremista de las sociedades secretas. Esta excusa para el motín habría de repetirse en 1936. Los oficiales trataron de restaurar la disciplina, bastón en mano, contra soldados que gritaban «¡Abajo las charreteras!» y «¡Que bailen!». Sin las sanciones del «bárbaro» código de justicia militar la situación de los oficiales era insostenible; muchos entregaron el mando mientras que los que permanecían en sus puestos no recibían ayuda de las autoridades. La Diputación Provincial de Barcelona accedió sin rodeos a una petición de indulto para unos soldados que habían asesinado a su coronel: «Un solo cabello de soldado vale más que diez cabezas de oficiales reaccionarios». A Pi y Margall le disgustaba el militarismo; Salmerón no hizo caso de la única exigencia seria de los oficiales: la restauración de la pena de muerte. Hasta la presidencia de Castelar, por lo tanto, la mayor parte del cuerpo de oficiales fue haciendo su propia revolución: se marchaban a sus casas.

La agitada historia de Barcelona, que al menos formalmente permanecía leal al gobierno central, revela las enormes dificultades con que se enfrentaba el gobierno de la República, sin Ejército, empeñado en esperar hasta el establecimiento legal de la República Federal. Casi en cualquier momento entre febrero y agosto de 1873, los extremistas hubieran podido destruir el complicado equilibrio de fuerzas políticas de la ciudad mediante una journée victoriosa y obligar a la Diputación Provincial a proclamar un Estado federal catalán. Hubo manifestaciones alentadas por los extremistas de la revolución pura, organizados en sociedades por el coronel Maza, y por la Internacional, que a pesar de despreciar la política burguesa veía en el desorden la posibilidad de una segunda Comuna de París. La situación se salvó, no por los telegramas ni por la comparecencia de dirigentes republicanos venidos de Madrid, sino por el comité republicano local, bien organizado por sectores y leal a Madrid, y por la relativa prosperidad de los trabajadores del algodón.⁴⁶ Los trabajadores eran indiferentes a los alegatos internacionalistas en favor de huelgas revolucionarias y, tras los fracasos de 1869, habían perdido todo interés por los proyectos de los intelectuales artesanos del catalanismo.

Lo que la propaganda de la Internacional y las ambiciones revolucionarias de un grupo de extremistas no pudieron conseguir entre los trabajadores de Barcelona lo consiguieron entre los energúmenos federalistas del Levante y del Sur. La desintegración de las fuerzas de orden público daba una oportunidad a una minoría de extremistas locales para implantar repúblicas cantonales independientes. No eran decididos proletarios revolucionarios: en Córdoba figuraban entre los dirigentes un estudiante de derecho de escasas luces y un profesor de derecho canónico, morboso y solitario, que había dejado de una pieza a los amigos de su rica mujer con conferencias sobre el ateísmo. Roque Barcia, que se convirtió en dirigente de los cantonalistas de Cartagena, era un filósofo aficionado que se había vuelto medio loco porque sus obras eran desconocidas fuera de un pequeño círculo de federalistas extremistas que le consideraban un santo laico.⁴⁷ Los conservadores presentaron el levantamiento cantonalista como una revolución social; su fallo consistía en no serlo.

Solamente el levantamiento de Alcoy (9 de julio de 1873) y algunas acciones esporádicas en Andalucía tuvieron aspectos de revolución social. El cantón de Alcoy fue obra de los miembros del Consejo Federal de la Internacional, reunidos fortuitamente en la ciudad. Al condenar la República como mero cambio político, consiguieron convertir una huelga salarial en una revolución municipal; el alcalde republicano federal fue asesinado y los obreros tomaron la ciudad. Pero incluso así el éxito se debió menos a la fuerza de la revolución —muchos de los obreros se contentaban con salarios altos y se oponían a la huelga— que al colapso de las fuerzas del orden. Los «capitalistas» y la tropa no apoyaron la resistencia del alcalde.⁴⁸ En la Andalucía rural la jacquerie endémica se hizo cada vez más siniestra por la creciente influencia de los apóstoles anarquistas. En la comarca de Jerez los trabajadores se impacientaban porque pese a todas sus promesas los federales no les habían ayudado en su lucha tradicional contra el trabajo a destajo: el diputado republicano local se ponía al lado de los patronos. En Montilla la masa se hizo con la ciudad y quemó algunas de las casas de los ricos. Esta revolución primitiva puede caracterizarse por la baladronada de uno de sus héroes: «He matado al hombre más rico de Montilla».⁴⁹

La revolución fue, en todas partes, el golpe de mano de una minoría de activistas políticos. Expresaba las esperanzas traicionadas de los intransigentes federalistas locales que veían alejarse de ellos el poder.⁵⁰ Estos hombres violentos consiguieron desacreditar el republicanismo durante una generación. El intransigente diputado federalista de Castellón fue quien dio un argumento a los conservadores: «El cantón es la consecuencia lógica de la república federal». Mucho después de que el republicanismo hubiera dejado de ser federalista, la revuelta cantonalista se utilizaba para demostrar que el republicanismo conducía a la anarquía.

En muchas de las ciudades de Andalucía y de Levante la revuelta cantonalista fue un asunto de menor importancia, que duró algunos días, favorecida por el colapso del Ejército y el envío de las unidades de confianza a luchar contra los carlistas. De este modo la rebelión carlista fue la que condicionó los triunfos cantonalistas.⁵¹ En Sevilla, Cádiz y Granada las pequeñas guarniciones hubieron de retirarse; las escasas tropas de no mucha confianza mandadas por Ripoll mantuvieron Córdoba en orden pero no pudieron ser empleadas en otros lugares.⁵² Pero lo peor de todo fue la proclamación del cantón murciano de Cartagena, que comprendía las tripulaciones de los cuatro mejores navíos de la armada.⁵³ Cartagena poseía grandes reservas de alimentos, y cualquier gobierno hubiera vacilado antes que acabar con su propia flota. Los cantonalistas pudieron mantenerse durante largo tiempo.

La revuelta cantonalista empujó a la República hacia la derecha. Significó la bancarrota inmediata de la política de persuasión y de legalismo de Pi: si pedía poderes a las Cortes para enfrentarse a la rebelión, la izquierda le acusaría de asesino de las libertades; si empleaba la persuasión, la derecha le acusaba de complicidad con la revolución de las provincias —cargo que le dolía amargamente—. Dimitió el 18 de julio y para sucederle fue designado Salmerón, quien creía que era necesario restablecer el control del gobierno central y que había que aplastar la revolución que estaba aterrorizando a «las clases conservadoras, sin las cuales no puede arraigar ninguna institución».⁵⁴

Para salvar la dignidad de las Cortes y la unidad de España, Salmerón recurrió a los generales. «Si dispone de un solo soldado capaz de disparar su fusil contra los cantonalistas —dijo a Pavía, enviado a pacificar Andalucía— habrá salvado el orden.» Pavía era un militar notable: restauró la disciplina entre las desmoralizadas fuerzas de Ripoll en Córdoba y, con 3.000 soldados indiferentes y sesenta cañones dirigidos por oficiales de caballería, capturó Sevilla después de dos días de lucha.⁵⁵ Con ello se rompió la resistencia del movimiento cantonalista: Cádiz y Granada se entregaron fácilmente y el 7 de agosto López Domínguez entró en Valencia. La revuelta cantonalista había sido aplastada en quince días; fracasó por la falta de esfuerzo concentrado y por el intenso localismo inherente a las actitudes federalistas, porque el gobierno consiguió sostenerse en Cataluña y porque los federalistas extremados encontraron escaso apoyo fuera de sus propios entusiastas.⁵⁶

Sólo resistieron dos ciudades: Málaga y Cartagena. Málaga fue un caso especial: desde febrero ningún funcionario u oficial del gobierno había sido capaz de dar órdenes en la ciudad. Fue un feudo de Solier y de sus voluntarios, un caso de localismo agudo más que un elemento en una revolución general. A pesar de los alegatos y dimisiones de Pavía, el gobierno no se atrevió a actuar hasta que Solier se desacreditó por sí mismo porque le protegía un diputado cuyo apoyo era necesario al gobierno. El cantón de Cartagena, en Murcia, fue auténticamente cantonalista. Salmerón declaró piratas a los navíos rebeldes y procuró concentrar una fuerza de asedio respetable. Hacia diciembre la ciudad sólo tenía harina mala, aunque no le faltasen atún y sardinas en abundancia, y la armada cantonalista, después de algunas expediciones piratas en Levante, se había desvanecido —dos barcos fueron capturados por un capitán alemán, uno se hundió a causa de la impericia de sus tripulantes y otro se incendió—. La única esperanza de los rebeldes era la derrota de las fuerzas del «orden» y el triunfo de sus aliados extremistas en las Cortes; con el fracaso de esto último, el 3 de enero, se perdieron todas sus esperanzas.

Salmerón, al tratar como criminales a los cantonalistas, atrajo sobre su cabeza los ataques de la izquierda en las Cortes: como Pi, dimitió también (6 de septiembre de 1873). Castelar, su sucesor, consiguió moverse hacia la derecha más cómodamente y renunciar con mayor convicción a su pasado federal. Ahora se consideraba a sí mismo como un Lincoln, para el que la contradicción era una virtud política. La Constitución federal se había «quemado en Cartagena». Si los republicanos querían sobrevivir habían de convertirse en un «partido de gobierno» capaz de atraerse a los radicales —Castelar creía que haberlos rechazado era el principal error de los políticos republicanos—. Hablaba de conservar «la unidad nacional, esa obra maravillosa de muchos siglos». Con estas frases y con más decisión que Salmerón, Castelar trataba de volver a obtener el apoyo de las «clases conservadoras». Para llevar adelante su gubernamentalización del republicanismo, Castelar asumió la dictadura. Desde el 20 de septiembre al 2 de enero gobernó por decreto, después de suspender las garantías constitucionales. Su éxito más notable consistió en recuperar la confianza del Ejército: se restauró la pena de muerte; los oficiales de artillería, suspendidos desde el asunto Hidalgo, fueron rehabilitados; se envió a un nuevo grupo de generales —inseguros políticamente pero que tenían la confianza de un cuerpo de oficiales cada vez más conservador— para reforzar la guerra contra los carlistas y los cantonalistas, y se licenció a los voluntarios. Cuando el ayuntamiento de Madrid protestó, fue disuelto a la antigua manera de Sagasta. Los periódicos extremistas fueron eliminados. La República se hacía conservadora y el gobierno llegó a mejores acuerdos con los banqueros que los conseguidos por cualquier otro gobierno desde 1868. Los radicales volvieron del exilio y profesaron fidelidad a la República. El 4 de diciembre el general Pavía, capitán general de Madrid, le dijo a Castelar: «Le seguiré a usted a cualquier parte».⁵⁷

La conducta que había convertido a Castelar en la esperanza del conservadurismo le condenaba ante los ojos de la izquierda republicana. Salmerón acusó a Castelar de «abjurar de los principios».⁵⁸ Lo que Salmerón no podía tolerar era el intento de Castelar de crear una república que podían disfrutar quienes no eran republicanos: esto significaba «salirse de la órbita republicana». Como siempre, las diferencias políticas se emponzoñaban por el resentimiento personal y fracasaron todos los intentos de mejorar las relaciones. Como señaló uno de los mediadores, el destino de la izquierda española era ver sus fuerzas dispersadas por la obstinación doctrinal y las disputas personales de sus dirigentes: Olózaga contra Espartero, Ruiz Zorrilla contra Sagasta, y ahora Castelar contra Salmerón. A lo largo de la corta vida de la Primera República los políticos republicanos se mostraron incapaces de borrar sus diferencias, personales e ideológicas, para formar un gobierno republicano fuerte.

La tendencia izquierdista del partido de centro de Salmerón fue causa de la derrota de Castelar en las Cortes y convirtió en certidumbre la vuelta a un gobierno puramente federalista. El general Pavía, capitán general de Madrid, estaba decidido a impedir un retorno a la anarquía que podía destruir el Ejército y especialmente su propio cuerpo, la artillería. Estaba dispuesto a apoyar fielmente a Castelar, pero cuando éste le hizo saber claramente que no podía participar en un pronunciamiento contra una mayoría parlamentaria, Pavía sondeó a los políticos madrileños acerca de las perspectivas de un «gobierno nacional». Preparó sus planes por sí solo y, al conocer la derrota parlamentaria de Castelar el 3 de enero, decidió que sus oficiales tenían la obligación «como militares y ciudadanos de salvar a la sociedad y al país» de un gobierno federalista. Unos pocos disparos al aire acabaron con las Cortes Constituyentes de la República y el destino de España quedó en manos de un general de artillería. Llamó a todos los partidos (salvo federalistas y carlistas) para formar un gobierno nacional «en nombre de la salvación del Ejército, de la libertad y de la patria». Aunque Pavía no era el típico general reaccionario, su golpe presagiaba un retorno a la clásica teoría del liberalismo militar según el cual, en momentos de disolución social y de gobierno pervertido, el Ejército representa la voluntad nacional. Bajo esta misma bandera, el general Franco aniquilaría otra República española.

5. La guerra carlista y la restauración borbónica, 1873-1874

Cuando alfonsinos y republicanos de orden se negaron a colaborar en el gobierno nacional de Pavía, el poder pasó al único grupo deseoso de gobernar: los radicales y constitucionalistas alejados de la política por la República Federalista. Bajo la presidencia de Serrano, la República unitaria adoptó como lema la conciliación liberal. Cada vez más conservador, este último residuo de la Coalición de Septiembre no peligraba en cuanto a los republicanos, condenados por su «inmensa falta de previsión» el 3 de enero. Los enemigos que había que temer eran el carlismo y el alfonsismo —movimiento para la restauración de la monarquía constitucional en la persona del hijo de Isabel II—.

Las dificultades de estabilizar la revolución dieron al carlismo sus mayores posibilidades desde Vergara, y la mayor prueba de su debilidad interna fue su fracaso al tratar de imponerse cuando España era una república casi indefensa. Para las clases conservadoras y la masa de católicos, el carlismo seguía siendo un levantamiento provincial obligado a una guerra civil sin esperanzas; las clases conservadoras y sobre todo los oficiales del Ejército consideraban que su salvación era el alfonsismo. Por otra parte el carlismo estaba dividido. Contra un sistema ilegítimo que, pese a todo, permitía la actividad política a sus adversarios, los carlistas se dividían, como los republicanos, en activistas y legalistas. Los intransigentes del carlismo aconsejaban el levantamiento en todo momento y a toda costa. Los legalistas profetizaban que el régimen de Septiembre se sumiría por sí mismo en la anarquía y que entonces el trono legítimo atraería «incluso a los tenderos de Madrid». El carlismo llegaría al poder como el último recurso de una sociedad de orden.⁵⁹

La estrategia del legalismo atraía mucho a los nuevos partidarios para los cuales el carlismo era la mejor esperanza del derrotado conservadurismo clerical, pero que carecían de experiencia directa de las tradiciones de militancia del antiguo partido. Apoyaba el plan de Nocedal de un partido que iba derecho a la victoria por la desintegración de la revolución y por su deslizamiento hacia la izquierda, cosas ambas repetidamente profetizadas en la abundante propaganda carlista de la época. Su lema era «No a la guerra civil». Ahora que el gobierno español había abjurado de la fe católica, tenía que apoyarse en sí mismo sin concesiones a los que deseaban liberalizar el credo carlista. En las elecciones de 1869 y 1871 los legalistas pudieron probar la razón que les asistía contra los que preferían una serie de pequeños levantamientos. En las primeras Cortes del reinado de Amadeo I, parecía que una coalición de republicanos y carlistas podía destruir la monarquía en su propio parlamento,⁶⁰ pero en 1872, cuando el gobierno empleó la «fuerza» contra los candidatos carlistas, los argumentos de los militantes se hicieron irresistibles. Al negársele la perspectiva de un gran partido parlamentario, Nocedal se vio obligado a consentir un levantamiento militar.

Eran muchos los militantes, entre los supervivientes de la última guerra carlista en el Norte, que se adiestraban con bastones por carecer de fusiles, y entre los que rodeaban al Pretendiente, el duque de Madrid, joven y dispuesto a la acción.⁶¹ Cabrera, que era todavía la primera figura del carlismo militante, sin cuyo apoyo no era posible obtener dinero, se oponía a la impetuosidad de su monarca; viejo, acostumbrado desde hacía tiempo a un cómodo exilio en Inglaterra, había perdido la fe en el sencillo credo del carlismo. No le entusiasmaba la perspectiva de una campaña de guerrillas contra el Ejército regular, ni se avino a sumir a España en una guerra civil sin esperanzas. Abominando de los cortesanos del Pretendiente, admitió.⁶² En abril de 1872 don Carlos se pronunció en favor de la invasión armada, en contra del consejo del dirigente local más responsable. La invasión fue un fracaso total y el propio don Carlos se libró por poco de caer prisionero en Oroquieta (mayo de 1872). Las polémicas en torno a la derrota pusieron de relieve el «fulanismo» que minaba la fuerza del carlismo; sólo perduraba como credo de lucha merced a las expediciones de las cuadrillas indisciplinadas de Cataluña y Aragón.⁶³

La República de 1873 dio al carlismo sus mejores oportunidades. Unidades enteras del Ejército eran desafectas y en estas condiciones los ejércitos carlistas consiguieron sus grandes éxitos, las batallas de Eraul y Montejurra, las más espléndidas batallas campales ganadas por los carlistas, y la captura de Estella. Una a una las pequeñas ciudades de las Provincias Vascongadas y de Navarra pasaban a los carlistas, pero, como en la Guerra de los Siete Años, las grandes ciudades continuaron siendo islotes liberales dentro de un campo carlista.

En 1874 el carlismo alcanzó su momento de mayor poder en términos de territorio ocupado. En el Norte había un estado carlista organizado, con su propia administración, sistema postal, telégrafo eléctrico y periódicos. La captura de Eibar le había proporcionado una fábrica de armas ligeras y sus agentes en el extranjero compraban armas y tabardos franceses de la guerra del 70, para equipar un ejército de 20.000 hombres, pagados con tributos recaudados en el campo, derechos aduaneros y el peaje de las compañías ferroviarias cuyas líneas atravesaban el territorio carlista.

Pese a todo, en la década de los setenta el carlismo tenía todavía la fuerza y las deficiencias del antiguo carlismo, incapaz de extenderse, de la primera guerra: se trataba de un ejército de la fe, consagrado a la Virgen y cuyos batallones rezaban el rosario al atardecer. Pero a pesar de la aparente sencillez de este credo unificador, el movimiento estaba debilitado por el localismo. Quedó limitado a sus plazas fuertes del Norte y le faltaron la caballería y la artillería necesarias para llevar la guerra más allá de las montañas. E incluso en el Norte, los regimientos provinciales desertaban cuando atravesaban sus propias fronteras.⁶⁴ En Cataluña, Aragón y Valencia los celos de los dirigentes locales impedían la acción concertada: los caudillos se hacían un nombre mediante expediciones individuales y no creían en el «sistema». Los dirigentes de viejo cuño —Savalls, con sus medallas y uniformes caprichosos; Cucala, un campesino analfabeto— obtuvieron algunos éxitos locales sorprendentes, pero el carlismo levantino nunca tuvo forma de movimiento nacional. Vivían sobre el terreno, y ocupaban ciudades de tercera categoría para exigir rescates; cuanto más territorio ocupaban más impopulares se hacían; la erosión del apoyo popular les mantenía al nivel del bandolerismo político.

De este modo, las posibilidades de victoria radicaban en las provincias vascas y allí el Ejército continuó siendo anticarlista; una vez restaurada la disciplina, como lo fue a finales de 1873, la derrota era segura. Fue una guerra de aficionados (las tropas del gobierno hubieran podido ocupar cada noche las líneas carlistas establecidas en torno a Bilbao, pues los carlistas dormían en los pueblos), entre ejércitos mal pertrechados, sin odio; en las fases iniciales las tropas confraternizaban entre una y otra acción. Nuevamente, el centro de atracción era Bilbao, y solamente Bilbao podía conseguir que los carlistas lucharan como una fuerza unificada. En febrero de 1874 fracasó un costoso ataque frontal sobre las líneas carlistas, pero en mayo los sitiadores carlistas se retiraron ante el movimiento de flanco del general Manuel Concha (mayo de 1874). El punto culminante del avance carlista impidió el plan de Concha de conquistar Estella; en la batalla de Abárzuza el propio Concha murió en el intento de salvar el combate. Pero el giro se produjo con el fracaso de la intentona carlista de tomar Irún (noviembre de 1874).⁶⁵ Serrano, cuyos celos respecto de los demás generales ha bían constituido una de las trabas menores de la campaña, podía confiar ahora en una victoria que fortaleciera su posición política, pero la lluvia y la nieve detuvieron las operaciones. Antes de que fuera posible reemprenderlas se había restaurado la monarquía borbónica.

Cánovas del Castillo, el gran estadista de la restauración, ha impuesto a la historia su propia convicción de que la restauración de Alfonso XII fue obra del sentimiento monárquico civil organizado. En la adversidad y en el exilio, Cánovas insistía en que la restauración sólo podía tener éxito si la imponía un gran movimiento de opinión favorable a Alfonso XII, en aquel momento cadete en Sandhurst, que alcanzaría su mayoría de edad (dieciséis años) en noviembre de 1873. Alfonso XII, a diferencia de su madre, podía conseguir un amplio apoyo conservador, desde los moderados leales a los conspiradores arrepentidos de Septiembre, ahora dispuestos a convertirse en políticos monárquicos. Cánovas advirtió este crecimiento del apoyo conservador a la solución alfonsina, especialmente en Cataluña, donde la propaganda monárquica costeada por los ricos, se realizaba abiertamente. El éxito de Cánovas no radicó tanto en organizar esta opinión hasta convertirla en una fuerza irresistible, como en eliminar las soluciones monárquicas alternativas, presumiblemente de aciagos resultados. Fueron necesarios tres años para convencer a Isabel de que sus esperanzas de una restauración por la rebelión militar, favorecida por los cortesanos, por una «fusión» con Montpensier o por las intrigas con Serrano estaban, todas, condenadas al fracaso.⁶⁶ En agosto de 1873, Cánovas era ya el jefe indiscutible del alfonsismo, y confiaba en separar esta causa de los que llamaba «miserables intereses del militarismo».

Sin embargo, fue el «gesto» del joven general de brigada Martínez Campos, en Sagunto (29 de diciembre de 1874), y el «pronunciamiento negativo» del ejército del Norte contra Serrano, lo que llevó al trono a Alfonso XII. El alfonsismo se había difundido rápidamente entre los oficiales jóvenes. Entre ellos, los más activos conspiradores monárquicos (Martínez Campos era uno de ellos) creían que la Restauración era una posibilidad militar inmediata y que podría ser arriesgado aplazarla; rechazando la estrategia canovista de verlas venir, pusieron en guardia al rey contra los intelectuales faltos de fe y de decisión. Otros, como Concha, creían que la victoria en el Norte había de preceder a la Restauración, a la que el gobierno se vería obligado por la presión de un cuerpo de oficiales victorioso más que por la rebelión contra él. La muerte de Concha en Abárzuza, por consiguiente, al dar al traste con los planes de los generales más antiguos, aumentó la presión de los activistas. En diciembre, Martínez Campos expresó su desconfianza en la estrategia de Cánovas pidiendo permiso al rey para actuar independientemente; antes de que pudiera recibir la autorización y alegando que los coroneles comprometidos podían apartarse de la sedición ante la concesión de ascensos se pronunció, con su brigada, en favor de Alfonso XII.⁶⁷ De este modo, el grito que había de iniciar la Restauración fue cosa de un jefe joven e impaciente.

Tuvo éxito porque los demás jefes no podían actuar contra un oficial hermano cuyas convicciones políticas compartían. En el Norte, Serrano era popular entre sus oficiales alfonsistas; desconcertado, trató de prescindir de sus sentimientos, pero estaba claro que no iban a luchar contra el ejército del centro sublevado. Sin refuerzos del Norte, el gobierno carecía de poder en Madrid, donde Primo de Rivera, como capitán general, engañó al gobierno hasta el último momento acerca de la lealtad de la guarnición. A las 5 de la mañana del 30 de diciembre llamó al ministro de la Guerra para informarle de que era imposible oponerse al movimiento. Como todos los generales en situaciones parecidas, argüía que su primera obligación era mantener el orden y que debía apoyar la sedición militar cuando ésta estaba a punto de derribar al gobierno legal. Sagasta rechazó el recurso a la demagogia callejera, y el gobierno pasó a Cánovas.

Fue en este momento cuando la firme sujeción del movimiento alfonsista a las órdenes de Cánovas se convirtió en factor decisivo. Aunque el Ejército había restaurado al rey, el gobierno nacido del pronunciamiento, y que él presidía, tenía todo empeño en aparecer como cosa de civiles. Así pudo decir Cánovas que «la Restauración vino como yo la había pensado: vino cuando un gran cuerpo de opinión pública... se convenció de la absoluta necesidad de la proclamación del rey». En cuarenta y ocho horas, sin disparar un tiro, un par de batallones podían derribar la Revolución de Septiembre sólo porque la «opinión» estaba preparada para ello. Cánovas, de este modo, se ocultó a sí mismo el mecanismo esencial de la revolución: positiva o negativamente, la existencia de cualquier régimen era, en España, función de la fidelidad del Ejército.

6. El legado de la Revolución

La facilidad con que se consiguió la restauración monárquica es sorprendente en más de un extremo. Aunque el alfonsismo encontró su más sólido apoyo y su fuerza financiera y periodística entre la aristocracia madrileña y la alta burguesía de Barcelona, las clases privilegiadas no temían ya por la paz social. En 1874, la anarquía social de 1873 había quedado sometida a un férreo control: Martínez Campos había reprimido a los obreros revolucionarios de Barcelona y la rebelión cantonalista había fracasado haciendo perder a los pobres de la ciudad todo interés por defender a los últimos representantes remotos de la Revolución de Septiembre y dejándoles sin fuerzas para comenzar un nuevo brote. Tal vez más que ningún otro factor fuera la esperanza de que don Alfonso finalizaría la guerra carlista lo que influyó en la aceptación del cambio; si la lluvia y la nieve no hubieran mantenido inmóvil a Serrano, una gran victoria en el Norte hubiera dado confianza y energía al gobierno. Las contrarrevoluciones, como las revoluciones, dependen de la fuerza o la debilidad de los gobiernos legales más que de su propia fuerza.

El fracaso de todos los gobiernos nacidos de la Revolución de 1868 había sido de naturaleza política; ninguno de ellos podía garantizar el orden y la estabilidad. Lo que dificultó la labor de los gobiernos fue el colapso de las fuerzas de orden público y no el hundimiento de la prosperidad económica. Una de las conquistas de la revolución fue el libre comercio, ya que el poderoso núcleo librecambista de Madrid había formado con la oposición contra los gobiernos conservadores de Isabel II. El presupuesto de Figuerola de 1869 abolió las prohibiciones de importación y su base quinta preveía una reducción ulterior de los aranceles que todavía persistían. Poca duda cabe de que la liberalización del comercio contribuyó a estimular la prosperidad obstaculizada por regulaciones «absurdas». Figuerola podía echar mano con orgullo de las cifras que patentizaban el aumento del comercio y de la producción, para refutar las violentas protestas organizadas de los intereses algodoneros catalanes.⁶⁸ La industria corchera catalana protestó igualmente contra la reducción de los aranceles de exportación del corcho en bruto. La industria extranjera, equipada con máquinas modernas y abastecida con corcho español barato, podía dejar sin empleo a 6.000 artesanos. Figuerola mantenía que las máquinas eran una «bendición divina». Las leyes de minas liberales y la reforma monetaria estimularon las inversiones extranjeras.⁶⁹ La primera inyección de capital británico en el hierro y el cobre fue su resultado. Las exportaciones agrícolas aumentaron enormemente, y de ellas, insistía Figuerola, dependía la solvencia de España. Los precios de los alimentos descendieron a partir de 1868. Por lo tanto, es difícil creer que la crisis bancaria y monetaria de 1873 y el declinar de las exportaciones mineras crearan un clima económico favorable para el movimiento cantonalista. Ningún empeoramiento dramático de las condiciones de vida vino a dar fuerza a los extremistas; hubo siempre suficiente miseria urbana para alimentar un levantamiento. En la medida en que hubo causas económicas detrás de la Restauración, debe buscárselas en el odio de la burguesía catalana al librecambio, ayudado, tal vez, por un descenso del comercio que se fue haciendo claro en 1874 y que reflejaba una depresión mundial. Si el Ejército hubiera sido utilizable en 1873 y hubiese permanecido fiel a Serrano en 1874 estas dificultades económicas hubieran contado poco o nada.

El fracaso político inmediato de la Revolución de 1868 oscurece su importancia fundamental en la historia del siglo XIX. Las premisas de partida de una monarquía católica, creadas y sostenidas por el liberalismo conservador, habían sido desafiadas por las premisas de la democracia y del librepensamiento. Posteriormente, el presidente del Consejo liberal, Romanones, pretendería que la Revolución había transfigurado a la sociedad española y que estos cambios «nunca, nunca», serían reversibles. Pero ello no significaba que el equilibrio de clases de la sociedad hubiera cambiado —pretensión que hubiera sido patentemente falsa— sino que, en una parte significativa de la nación política, la naturaleza de las exigencias de los españoles respecto al Estado se había modernizado de algún modo. Como en toda revolución española del siglo XIX, el lugar que ocupaba la Iglesia en la Constitución era fiel reflejo del nivel de modernización alcanzado.

Así que en el ámbito religioso fue donde la Revolución tuvo sus más profundas consecuencias. Aparte del carlismo, toda la propaganda popular monárquica presentaba a la Restauración como el retorno a una religión que había sido sistemáticamente perseguida. Los historiadores monárquicos escribieron sobre la quema de conventos, la campaña en contra de las campanas, la celebración de matrimonios civiles y el encarcelamiento de sacerdotes.⁷⁰ De la misma manera, para republicanos como Garrido, la Revolución de Septiembre fue una revolución religiosa, una liberación del espíritu humano. El debate sobre las cláusulas religiosas de la Constitución de 1869 puso de relieve una vez más aquellas divisiones de la sociedad española que habían de ser desastrosas tanto para las izquierdas como para las derechas.

Por mucho que los gobiernos de la Revolución de 1868 creyeran conducirse en la práctica como herederos de la tradición regalista, estaban obligados, por toda la filosofía política de la Revolución, a la libertad de religión estatuida por la Constitución de 1869. Aunque ninguno de los argumentos de los debates de 1889 era nuevo, pasaron a ser textos clásicos convertidos en antología tanto por los católicos como por los no católicos. Algunos, como Pi y Castelar, negaban la religión dogmática, y un diputado republicano, Suñer, negaba al mismo Dios: «La fe, el cielo, Dios, son ideas muertas; la tierra, el hombre, son la nueva ciencia». No es sorprendente que la Iglesia rechazara estas afirmaciones y opusieran extrañas contrapartidas —por ejemplo que Melchor Cano, tomista relativamente oscuro, había sido el mayor intelectual de todos los tiempos—.

Más significativa fue la negativa de la Iglesia a aceptar en ningún punto la afirmación de un Estado «neutral»: así, la Constitución de 1869, que todavía reconocía al catolicismo como religión estatal pero que toleraba a las demás religiones, «desheredaba al catolicismo».⁷¹ El error de los defensores de la Iglesia fue su persistente ceguera hacia las ventajas de la libertad cuando el Estado ya no estaba dispuesto a emplear su poder para mantener la unidad católica; con la libertad, replicaba un ministro de Gracia y Justicia a las exigencias republicanas de separación de la Iglesia y el Estado, España estaría en manos de los jesuitas al cabo de diez años. En vano los católicos apelaban al Estado para proteger la unidad de las creencias y rechazaban las ventajas de la libertad para sí mismos porque estaban decididos a impedir que los demás gozaran de esa libertad. Los católicos no podían confiar ya en que se castigase la herejía como un delito civil, pero no iban a tolerar que ésta adquiriera carta de ciudadanía. Permitir la libertad de conciencia, argüía un obispo, era dar al error los derechos y privilegios de la verdad. De esta manera la revolución apareció una vez más como perseguidora de la fe. En los primeros días, las juntas demolieron los conventos para hacer unas cuantas calles nuevas y renovaron las tradiciones anticlericales de la izquierda española; los gobiernos suprimieron las organizaciones católicas y los radicales resucitaron el regalismo de la izquierda liberal.⁷² La defensa de la Iglesia aparecía una vez más como el refugio de la derecha. El ultrajado sentimiento católico había debilitado la fidelidad a Amadeo, miembro de una dinastía impía, y era el fundamento más seguro para un movimiento de restauración borbónica.

Para los profesores krausistas, cuya separación había relacionado revolución política y libertad académica, la experiencia de 1868-1875 constituyó una profunda desilusión. Fernando de Castro fue nombrado rector de la Universidad de Madrid e implantó un régimen de completa libertad; pero en 1870 los estudiantes empleaban esta libertad para no asistir a las clases y organizar algaradas contra los catedráticos que apoyaban a Amadeo I. Tal era, en un escenario reducido, la paradoja de la libertad que destruyó en la práctica los principios de 1868. Los derechos individuales inscritos en la Constitución de 1869 no podían ser tolerados cuando se volvían en contra de un gobierno que se consideraba a sí mismo como el auténtico heredero de la Revolución. De ahí la suspensión de garantías constitucionales que decretó Sagasta en 1869 y su amaño electoral en 1872; de ahí la dictadura de Castelar y la censura de la prensa en 1874, cosas todas ellas que ofendían los «principios de septiembre» por la reafirmación de la autoridad del gobierno. Las frustraciones de la Revolución convirtieron a Giner, discípulo de Sanz del Río, en un escéptico en política. Su veredicto sobre la Revolución, escrito en 1870, era condenatorio. Se afirman, decía, los principios en las leyes y se violan en la práctica; se proclama la libertad y se ejerce la tiranía..., se profesa abominar de las iniquidades antiguas y solamente se vive de ellas. Y, como tiene que ocurrir con semejante conducta, todos los partidos que no comparten el botín caminan hacia la insurrección. Se olvida a los proletarios y se aterroriza al rico, se humilla a los racionalistas y se ultraja a la Iglesia; se conquista la antipatía de liberales y conservadores, tanto entre el vulgo como en la elite.

Pero los principios de la Revolución, aunque violados en la práctica, eran los principios de una España liberal. Hasta 1923 las «conquistas liberales» nunca perdieron la condición de derecho público, incluso aunque las leyes que contenían estos principios fueran suspendidas o violadas, o incluso aunque aparecieran como la retórica defensiva de una oligarquía.

CAPÍTULO IX

LA RESTAURACIÓN Y EL DESASTRE, 1874-1898

La monarquía de la Restauración fue la estructura política más estable erigida por el liberalismo español del siglo XIX, aunque tal estabilidad se basaba en un valor en baja: el ansia del vivir, ese deseo de lograr una vida apacible tras la anarquía que, en 1939, habría de convertirse, nuevamente, en una fuerza poderosa en la política española. La Cierva, futuro ministro de la Gobernación, recordaba, en su ancianidad, las tropas camino de Cartagena, los carlistas que asesinaron al jefe de estación local, la huida en carretas y carruajes.¹ Mientras la atmósfera moral estuvo dominada por el temor a una recaída en el caos político y la revolución social, las instituciones de la monarquía constitucional fueron inviolables para todos, salvo republicanos y carlistas. Estas instituciones eran expresión de la filosofía política de un hombre, Cánovas del Castillo, y su objetivo era incluir dentro de la monarquía a aquellas fuerzas que trataban de destruirla desde fuera, «utilizar todo lo aprovechable del movimiento que expulsó a la reina Isabel». La Restauración no debía tener vencedores ni vencidos; debía ser la restauración más clemente y tolerante de la historia. Cánovas, tal vez más consciente de las amenazas del pasado que de las esperanzas del futuro, sobreestimó la importancia política de la supervivencia física de un rey tuberculoso como centro de su sistema: se obligó a la reina a apartarse del lecho de muerte de su marido para acudir al teatro y desvanecer, así, los rumores acerca de su enfermedad. Cánovas creía que la muerte de Alfonso pondría en peligro todo su edificio político, temor que en la crisis de 1885 se vio que era infundado. Su sistema no estaba amenazado ya por los enemigos históricos de la monarquía constitucional —el carlismo y el republicanismo— y sólo tras la derrota cubana en 1898 surgirían, con aspecto temible, sus enemigos modernos: los partidos proletarios y el catalanismo.

1. Cánovas y la estabilización de la política

Al igual que muchos de los oligarcas de la política, Cánovas era un provinciano que se había hecho a sí mismo, un maestro de escuela de Málaga que había llegado a Madrid llevando solamente una carta de recomendación para el banquero Salamanca, paisano suyo. De gran resistencia física y gran apetito, dormía solamente seis horas diarias. Su prestigio provenía de ser un gran trabajador en una sociedad perezosa. Poco impresionante por su figura —con su estrabismo, su tic nervioso y sus horribles trajes parecía «un subalterno de media paga»—, estaba dotado de una capacidad intelectual que era parte esencial de su capital político.² Historiador serio, con valor propio (su obra sobre Felipe IV quedó terminada en 1889); estuvo estrechamente vinculado al Ateneo y a sus actividades como punto de reunión conservador durante la revolución; inauguró sus nuevos locales en 1883 con un discurso de tres horas de duración. Tanto desde su cargo como fuera de él influyó en las elecciones a la Real Academia y utilizó esta influencia y sus amistades con hombres como Marcos y Castelar para hacer monárquicos de los intelectuales. Como orador era sumamente convincente y su prestigio parlamentario no admitía discusión. Sus adversarios, medio admirativamente, le llamaban «el Monstruo».

Aunque creía que «España estaba atravesando el período más miserable de su larga historia», correspondiéndole a él la misión de impedir la quiebra total, su pesimismo político (que extendía a la raza latina en general) quedaba compensado por su sentido de la grandeza del pasado español. En los tumultos de la revolución se retiró a los archivos de Simancas. Sus creencias políticas más profundas eran semejantes a las de Burke: su desconfianza respecto del pensamiento abstracto en la política se revela en su palabra favorita, lo hacedero, con la que se puede traducir la expresión «expedient» de Burke. Su objetivo era una constitución monárquica que pudiera reunir «a todos los españoles sin distinción alguna» y en la que el estéril conflicto dogmático acerca de la naturaleza del régimen fuera sustituido por la coexistencia pacífica de los partidos.³

La monarquía constitucional era algo más que el mecanismo político que menos dividiera a España; el rey y las Cortes eran «la constitución interna de España» de los moderados, producto de la divina providencia y de la historia.⁴ La soberanía de la historia condicionaba la soberanía popular colocando a la monarquía fuera del debate político. Sin embargo, lo que esta teoría política no pudo ni podía incorporar era una solución de los conflictos entre las dos soberanías gemelas. Cánovas creía inmoral considerar siquiera la posibilidad de un conflicto entre el rey y el derecho, y citaba a Blackstone para probar este punto; con todo, este conflicto habría de destruir la constitución.

La Constitución de 1876 fue elaborada por una comisión compuesta por todas las tendencias de la opinión monárquica y habría de gobernar España hasta que Primo de Rivera la derribó en septiembre de 1923. Su alma estaba en el artículo 18: «El poder legislativo reside en las Cortes con el rey». Su fundamento político era la Constitución moderada de 1845, pero sus implicaciones, tal como fueron tomando cuerpo en la práctica —y eran estas prácticas constitucionales las que a Cánovas le parecían importantes—, estaban más de acuerdo con los principios del 69 que con los del 45. El rey designaba a los ministros, pero éstos eran responsables ante las Cortes; tenía un derecho de veto, pero no lo empleaba nunca. Se le hizo leer a Bagehot y a Erskine May, y considerarse a sí mismo como un rey constitucional, obedeciendo a su presidente del Consejo como representante del poder de las Cortes. Cánovas fue más duro con su rey que ningún otro estadista del siglo XIX. Alfonso XII no tuvo más remedio que aceptar a un ministro que había alejado de Madrid a la favorita regia y se dijo que Cánovas había rodeado con tropas el palacio de El Pardo para estar informado de los movimientos del rey. La Constitución de Cánovas fue un producto híbrido de la teoría política de los moderados de mediados del siglo y de las prácticas del parlamentarismo inglés. Creía que con una constitución que garantizara el control parlamentario podría ganar a los liberales de la Revolución de Septiembre para la vida política de la monarquía, y en esta orientación contaba con el decidido apoyo de Alfonso XII, empeñado en evitar los errores del «exclusivismo» que había enviado a su madre al destierro.

Ni estas ideas de inclusión de todos ni la Constitución propuesta gustaron a los conservadores a la antigua. A Mañé, decano del periodismo conservador barcelonés, que aconsejó a Cánovas que el primer acto del rey fuera el restablecimiento de la Constitución conservadora de 1845, contestó éste: «Eso significa una restauración a lo Fernando VII. ¿Es posible que crea usted en eso?».⁵ El rey no podía actuar unilateralmente: la Constitución otorgaba el poder legislativo al rey y a las Cortes, y sólo ambos podían realizar un cambio constitucional válido. De este modo, aunque a Cánovas no le gustase el sufragio universal de 1869 y por más que sus principios políticos negaran validez a la voluntad soberana del pueblo, no creía que la legislación de 1869, que había introducido el sufragio universal, pudiera ser abrogada por real decreto. Resolvió esta contradicción aparente dimitiendo y Jovellar pudo reunir unas Cortes basadas en el sufragio universal para sancionar una Constitución que lo abolía. Para los conservadores reaccionarios, ello daba una validez bastarda a las conquistas revolucionarias de 1869. La flexibilidad y lo factible eran el núcleo del sistema canovista. Una vez aceptada la monarquía parlamentaria se podían modificar sus leyes orgánicas; con todo, como veían los conservadores asustados, la modificación sólo podía enfocarse en sentido liberal.

Cánovas había comprobado ya las desventajas políticas de la intolerancia de los moderados a la antigua. En febrero de 1875 su ministro Orovio había decidido acabar, mediante la supervisión gubernativa de los libros de texto y los programas, con la libertad de cátedra, que a la derecha se le antojaba incitación a la revolución; se fundó para ello en la obligación del Estado de supervisar la moral y la recta doctrina, y en el derecho democrático de los padres católicos a una educación para sus hijos que correspondiera a sus propias convicciones.⁶ Con este asalto a una de las más preciadas conquistas liberales (los ataques en la prensa contra la monarquía ya habían sido prohibidos), el decreto provocó la dimisión de las figuras más destacadas de la Universidad Central, la misma clase que Cánovas deseaba reconciliar con la Constitución. Este resurgir repentino del conflicto entre la ciencia y la fe le trajo problemas, por lo que procuró, sin éxito, llegar a un compromiso entre el gobierno y los catedráticos «mártires».⁷ Su protección al Ateneo como bastión del pensamiento liberal, seguro en sus privilegios consuetudinarios frente a la acción policíaca, reflejaba su decisión de no relacionar la Restauración con la superación de la libertad de pensamiento. Pese a todo, hubo de ventilar otro conflicto con el conservadurismo católico intransigente en torno de la cláusula religiosa de la Constitución (artículo 11).

Cánovas creía que la unidad religiosa, que los conservadores se negaban a sacrificar, resultaría totalmente inaceptable para quienes tenían como ideal la libertad religiosa conquistada en 1869. Cuando el obispo de Ávila le ofreció condenar el carlismo a cambio de la imposición de la unidad religiosa, los reparos de Cánovas fueron tantos que se negó a sentarse a la mesa con el obispo. Cánovas era católico y creía que una sociedad irreligiosa acaba cayendo víctima de un Estado omnipotente, de la misma manera que opinaba que el positivismo en boga significaba el fin no solamente de la filosofía, sino de la libertad.⁸ Pero la unidad católica, aunque deseable, no era ya hacedera, pues sólo era concebible en una sociedad en la que la Inquisición resultara aceptable y eficaz.⁹

El debate de las Cortes sobre las cláusulas religiosas de la Constitución de 1875 se convirtió en un examen del papel de la religión en la historia española. Para los conservadores, la unidad religiosa era sinónimo de la grandeza de España. No había sido una vergüenza, sino un honor, que España hubiera permanecido aislada e inmune frente a las avanzadas pero «disolventes» ideas de Lutero y Voltaire. La tolerancia era exigencia de los revolucionarios que deseaban destruir la Iglesia en nombre del progreso y en beneficio de una secta minúscula, los protestantes, favorecidos por el dinero inglés y americano.¹⁰ Para Castelar, la negación de la libertad del pensamiento era la raíz de la decadencia, que hacía de España «un cadáver inmenso en el laboratorio de la historia, enseñanza para las naciones de los peligros de entregar la Constitución a una Iglesia intolerante». Cánovas, aunque ello le costó perder el apoyo de los moderados intransigentes, impuso el reconocimiento del catolicismo como religión del Estado, junto con la tolerancia de la práctica privada de las demás religiones, pese a la condena explícita de esta tolerancia limitada por parte del papa y del arzobispo de Toledo.¹¹ Este modus vivendi era la máxima concesión que Cánovas podía imponer a su propia mayoría.

Este artículo 11 de la Constitución, aunque representaba el derrumbamiento de los ideales de 1869, produjo la mayor aproximación a una sociedad tolerante jamás conocida por España bajo un gobierno conservador. La interpretación del artículo 11 dependía del gobierno y de las autoridades locales: de ahí que los protestantes tuvieran complicaciones en materia de entierros y de matrimonio civil de los menores, y que fueran detenidos por no descubrirse al paso del Santísimo. Pese a todo, ateos y ultramontanos podían ser profesores y la Institución Libre de Enseñanza, considerada siempre como un nido de herejes, pudo continuar la obra educadora de los krausistas. La Iglesia Reformada, que se había desarrollado en Sevilla después de 1868, continuó con sus escuelas y servicios dominicales y tuvo su primer sínodo en 1880.¹² Tras de 1875 todo lo que ocurrió fue la supresión de sus órganos de difusión y la prohibición de anunciar públicamente las funciones religiosas. Casi el último acto de Cánovas fue oponerse a la presión del Nuncio y de la aristocracia católica contra la construcción de una escuela protestante en Madrid. La comunidad protestante le rindió el tributo concedido a muy pocos estadistas conservadores españoles: «Hizo justicia».¹³

Cánovas y con él el rey, vetó los intentos de convertir su propio partido liberal-conservador en fría empresa autoritaria. Los isabelinos puros y su reina fueron mantenidos fuera de la circulación: el regreso de Isabel «podría ocasionar la irreparable ruina del rey y del país», alejando a los partidarios de última hora, como el antiguo revolucionario septembrino, Romero Robledo. Por la derecha, el enganche de políticos por parte de Cánovas se proponía acaparar fuerzas más importantes que las del viejo conservadurismo: su galanteo con las «honestas masas carlistas» y con sus aliados, en la Iglesia, sometería a su más dura prueba la vertiente liberal del conservadurismo canovista.

El carlismo, como amenaza militar, quedó suprimido con la victoria en el frente del Norte de un ejército disciplinado y bien abastecido que superaba a los carlistas en la proporción de cuatro a uno. La monarquía restaurada, al acabar con la guerra carlista en febrero de 1876 y con la guerra cubana un año más tarde, evitó el drenaje de recursos y prestigio que había debilitado a cada uno de los gobiernos de la Revolución de Septiembre. Pero los carlistas todavía no habían sido asimilados. Afortunadamente para el constitucionalismo liberal, se paralizaban a sí mismos con «personalismos» y disputas intestinas. Al morir su padre, Ramón Nocedal esperaba conseguir la dirección del movimiento, pero Carlos VII, como llamaban al duque de Madrid sus seguidores, se negó a ello. Nocedal fundó entonces su propio partido de «integristas», acusando al Pretendiente de peligrosas desviaciones liberales, y su periódico, El Siglo Futuro, se convirtió en el órgano más conocido de la extrema derecha. Pese a todo, el integrismo era un credo imposible: al prescindir de la tercera persona de la trinidad carlista, «Dios, patria y rey», se apartó de las raíces emocionales del partido, la fidelidad al verdadero rey. Se vio empujado al curioso y posiblemente herético paso de proclamar el reinado de Cristo.13 bis

El carlismo ortodoxo, bajo la dirección del marqués de Cerralbo, aficionado a la prehistoria y uno de los pocos grandes que resistieron la tentación de la corte de Alfonso XII, se organizó en juntas, de las cuales existían alrededor de dos mil en los años noventa.¹⁴ El carlismo encontró un dirigente de talla en un joven orador gallego, Vázquez de Mella; gran conversador, en sus charlas y discursos el movimiento experimentó la revisión doctrinal que tanto necesitaba para disipar la imagen del carlista tradicional que hacía figura de cuervo anidado bajo los alerones de alguna torre feudal¹⁵ y convertirse en doctrina del resurgimiento regional bajo una monarquía patriarcal y católica. La monarquía tradicional era la única institución que podía proporcionar una base a las aspiraciones regionales y convertirlas en una fuerza regeneradora; fuera de ella, el regionalismo degeneraría en unos cuantos nacionalismos separatistas y estériles que acabarían por destruir la conquista histórica de la monarquía: la unidad de España.¹⁶ La obra de Vázquez de Mella constituyó un intento de dar con un marco institucional y social en el que cupieran los viejos sentimientos carlistas, intento distinto del mero afán de resucitar un pasado medieval dejado atrás.

En sus críticas al orden establecido, los carlistas se convirtieron en los primeros regeneracionistas: la regeneración provendría de un «colapso del sistema»,¹⁷ colapso que estaban dispuestos a precipitar pactando con la extrema izquierda. Sin embargo, pese a una organización impresionante sobre el papel, que solamente salía de su modorra para prodigar pésames o felicitaciones, según los acontecimientos familiares de la dinastía verdadera, el carlismo organizado y legalista era ineficaz como partido político. También lo era como fuerza revolucionaria, decadencia la suya simbolizada por los inútiles merodeos de Vázquez de Mella por las calles de Madrid haciendo ver que preparaba los detalles de un golpe de mano carlista. El carlismo militante sobrevivió gracias a la fidelidad de las provincias, las tradiciones familiares y los relatos de aventuras de la guerra de los Siete Años. Tan sólo se recrudeció la tradición violenta en las algaradas de Cataluña y Levante de principios de siglo.

La actividad principal de los integristas fue una cruzada continua contra un sector de la derecha católica que llegó a unir sus fuerzas a las de los conservadores dinásticos. El más importante de estos «mestizos» fue el marqués de Pidal, quien tras vacilar en las lindes del carlismo con el alfonsismo, empujó a su partido, la Unión Católica, hacia Cánovas, entrando en el gobierno de 1883. Pidal era un escolástico que consideraba todo el pensamiento moderno como un «error total», frente a «la única verdad total, el tomismo». Mediante su alianza con los liberales conservadores la Unión Católica esperaba defender el último reducto, el control católico de la educación. Negaba «el derecho a propagar el error» y la convivencia de la institución estatal.

El intelectual de este grupo fue Marcelino Menéndez y Pelayo. Polígrafo prodigioso y ya catedrático a los veintitrés años, combinaba la erudición del estudioso con una concepción polémica de la historia defendida apasionadamente. Don Marcelino rechazaba el bárbaro medievalismo de Pidal, su imitación de los ultramontanos franceses y no podía soportar tampoco el escolasticismo nocivo de la retórica católica, con sus remembranzas de Granada, Lepanto o Pavía. Ni podía, como Pidal, considerar al Renacimiento un desastre, ni, como aquél, tenía a Vives por hereje. Sostenía que había existido una escuela valiosa y distinguida de filósofos católicos españoles, idea que, es preciso decirlo, tuvo por resultado la exaltación de figuras de segunda fila a la altura de genios europeos. Su intento de modernizar las funciones del intelectual católico le da figura de espíritu abierto en comparación con sus aliados políticos, pero ello no debe ocultar el racismo biológico de su pensamiento: el cuerpo de España había sido envenenado por la filosofía del siglo XVIII, y ahora debía encontrar su verdadero ser católico. «España, evangelizadora de medio mundo; España, martillo del hereje, luz de Trento, espada del Pontífice, cuna de San Ignacio. Tal es nuestra grandeza y nuestra gloria: no tenemos otra.» Este nacionalismo violento e intelectual habría de convertir a Menéndez y Pelayo en el santo laico de la Falange.¹⁸

Para Cánovas la gran ventaja de la Unión Católica radicaba en su vinculación con el episcopado y en sus ataques a los sacerdotes que se unían al carlismo y al integrismo en contra de los verdaderos intereses de la Iglesia. Con los obispos, entró en el sistema la parte más recalcitrante de la aristocracia católica. A pesar de leer panfletos franceses derechistas, a pesar de abominar del materialismo y del progreso, aceptaron la corte de Alfonso XII. Estos aliados exigieron su recompensa —la instrucción religiosa en las escuelas del Estado y el control de un Estado católico sobre la educación universitaria— y para satisfacerles Cánovas estaba dispuesto a poner en peligro su propia política de abarcar a cuantos cupieran en su sistema.

2. La vida política, 1875-1890

Las dificultades de Cánovas con el ala clerical de su partido nacían de su empeño en ampliar tanto como fuera posible la zona de aquiescencia a la monarquía constitucional. El instrumento de esta ampliación había de ser un sistema bipartidista: sus propios liberales-conservadores debían extenderse hacia la derecha; un partido liberal debía hacer conquistas por la izquierda.

Además de ampliar la zona de aquiescencia, el turno pacífico permitía la evolución política dentro del régimen mismo. Así, las conquistas liberales de 1869, el sufragio universal y la institución del jurado, fueron introducidas por el partido liberal a partir de 1885, mientras que el partido conservador salvaguardaba sus principios en la oposición. Ni liberales ni conservadores necesitaban recurrir a la fuerza: podían esperar su vez dentro de una Constitución que no había sido impuesta por el dogmatismo de un partido único. El sistema de partidos era por tanto sustitutivo suficiente de los antiguos mecanismos de la rebelión militar. Cánovas era el político civil por antonomasia, y los generales pasaron a ser representantes de un grupo de intereses al que había que dar satisfacción, los prohombres —que no los árbitros— de la vida política. Cánovas presentó constantemente la Restauración como cosa civil, para mortificación de Martínez Campos. Oscurecía la fama de los generales con el brillo del rey-soldado, estrechamente relacionado con la victoria sobre el carlismo. No podía percibir los peligros de esta táctica, que convertía al rey en representante de los intereses del Ejército y en salvaguarda de su prestigio dentro del Estado. Alfonso XII asumió en seguida este papel: se interesó apasionadamente por los detalles de la administración militar y se aprendió de memoria las Ordenanzas Militares. Por ello siempre existía el peligro de que una amenaza directa de los civiles a los intereses militares impulsara a los generales a inmiscuirse en la política empleando a la Corona como instrumento suyo. Sagasta, el jefe de gobierno liberal, observaba amargamente que en el extranjero a un general que no respetara la primacía del gobierno civil no se le llamaba mal general, sino general español.¹⁹

En opinión de Cánovas, el sistema inglés de partidos era el único mecanismo eficaz para una monarquía parlamentaria estable. Su declarada intención de britanizar la política española hizo que sus críticos le acusaran de crear dos partidos artificiales y de llegar después a una serie de pactos hipócritas por los que se turnarían en el poder. Estos pactos, apoyados por la manipulación electoral, constituyeron el turno pacífico, que dominó la vida política y la historia de los gobiernos de la Restauración.²⁰

Cánovas no podía fabricar los dos partidos del turno. La Agrupación Liberal Fusionista, como se bautizó primero al partido de Sagasta, era el heredero legítimo de los antiguos progresistas y se desarrolló libre de toda intervención extraña, mientras que el partido liberal-conservador de Cánovas descendía de los unionistas liberales y de los moderados razonables. Cánovas luchó contra los liberales fusionistas como jefe de partido y, aunque odiaba su programa, estaba dispuesto a recurrir a las prerrogativas de la Corona para facilitar una «situación liberal» —prerrogativas que los conservadores anteriores a 1868 utilizaran para alejar a la izquierda del poder— cuando los conservadores estuvieran políticamente agotados o cuando los intereses vitales de la monarquía, como en 1885, exigieran una orientación más liberal. Esto es todo cuanto encerraba su «sistema». En una monarquía liberal, en la que ningún partido podía esperar que la opinión pública le diera el poder político mediante un triunfo electoral, la prerrogativa regia de nombramiento y destitución de jefes de gobierno debía ser utilizada (en colaboración con la influencia electoral del ministro de la Gobernación) con el fin de «fabricar» unas Cortes para el nuevo gobierno. En estas condiciones Cánovas creía que no se debía permitir que ningún partido monopolizara el favor de la Corona en lo que todavía era una oligarquía. Los oligarcas debían turnarse en los cargos, como los ciudadanos de Aristóteles, para dar a la nación política la ilusión de que se autogobernaba. La artificialidad no residía en la creación de los partidos, sino en la estridente manipulación de las crisis ministeriales por las que se accionaba el mecanismo.²¹

El deseo de cargos y de poder de los antiguos progresistas, demócratas y unionistas liberales de izquierda creó un partido, una vez que estuvo claro que Cánovas pretendía jugar el juego parlamentario según las reglas británicas y que un partido liberal podría esperar alcanzar el poder sin necesidad de una revolución. El dirigente de este partido fue Sagasta, ingeniero ferroviario que, tras haber sido oficial de la milicia en 1854-1856 y de haber servido a Prim como conspirador, se había convertido en el hombre fuerte de los progresistas en el gobierno. Era el inevitable ministro de la Gobernación, un experto en el amaño de elecciones que no tenía escrúpulo alguno en suspender las conquistas de la Revolución de Septiembre en beneficio de un gobierno fuerte. En su vejez sus técnicas fueron menos temibles. Mientras que el arma característica de Cánovas era el discurso irrefutable, Sagasta confiaba en la palmada en la espalda y la técnica de la «conquista personal». Desprovisto de cultura intelectual —jamás leía un libro, rehuía el trato social y Cánovas le consideraba un analfabeto—, el dirigente liberal era un político puro, un experto en la neutralización y absorción de los grupos disidentes. Amenazado constantemente, mantenía unidas a sus mayorías mediante concesiones de la misma manera que mantenía unido a su gobierno por la habilidad con que lo presidía. Le pusieron por mote político el de «Viejo Pastor».

De la adhesión a la Constitución de 1869 Sagasta pasó a aceptar la de 1876. Dentro de ella, el programa de su partido se convirtió en la incorporación de las conquistas liberales: el sufragio universal, el jurado, las leyes de prensa liberales y las leyes de asociación y libertad de cultos. La tarea que le correspondía dentro del sistema de la Restauración era la absorción del radicalismo, la neutralización del republicanismo y el suministro de un refugio político para los que huían de los aliados derechistas de Cánovas. La amenaza más seria para éste hubiera sido un partido afecto a la Constitución de 1869 y que abarcara a la Coalición de Septiembre, desde generales como Serrano a los republicanos respetables. En los últimos años de la década del setenta, semejante coalición demócrata-radical parecía factible, pero cuando Sagasta asumió el poder en 1881 la coalición se desmoronó y la elite radical —en la que figuraban dos futuros dirigentes liberales, Moret y Montero Ríos— se orientó hacia la que se denominaba «benevolencia», es decir, la aceptación del régimen como medio de alcanzar el poder. El primer refugio de estos radicales en el régimen, lo encontraron en un grupo llamado Izquierda Dinástica, encabezado por Serrano (1882), con su programa de realización inmediata de las conquistas liberales. Un breve intervalo de poder (octubre de 1883) acabó con la perspectiva de la Izquierda Dinástica como partido liberal de izquierda en competencia con Sagasta. En su segundo gobierno (1885), éste afianzó su jefatura de un partido que abarcaba desde el duque de Medinaceli y el general Martínez Campos hasta los antiguos demócratas. El liberalismo era ya algo respetable.

El 5 de noviembre el rey murió finalmente de tisis.²² Cánovas creía que su muerte suscitaría una rebelión republicana y carlista y que este peligro podía ser contenido más fácilmente por los liberales que por su propio partido. En curiosa vuelta atrás a su experiencia de las guerras dinásticas, deseaba evitar las complicaciones de declarar heredera a la hija de Alfonso XII, pues la reina, que estaba embarazada, podía dar a luz un varón. Tras consultar privadamente a Sagasta, y con el pretexto jurídico de que sus poderes caducaban con la muerte del rey, aconsejó a la regente (María Cristina de Habsburgo, esposa de Alfonso XII) que designara un gobierno liberal. Así que el Pacto de El Pardo, nombre por el que se conocen las negociaciones para la sucesión de Sagasta, no fue un acuerdo secreto entre los dirigentes de dos partidos «artificiales» para implantar a perpetuidad una alternación tramada entre ellos, pues el turno pacífico estaba ya implícito en la designación de Sagasta por el rey en 1881, cuando los conservadores tenían todavía una mayoría suya. En 1885 la prerrogativa regia fue utilizada para traer un cambio de ministros en contra de una mayoría parlamentaria con el fin de superar la que Cánovas consideraba una crisis desesperada para las instituciones monárquicas. El partido liberal-conservador, «exhausto e impopular», sería incapaz de «defender» la monarquía.²³ Un primer ministro inglés podía haber ofrecido a la Corona semejante consejo; el Pacto de El Pardo no puede presentarse como la partida de nacimiento del constitucionalismo bastardeado.

Luego de llamado al poder, Sagasta se «hizo» fácilmente una mayoría holgada en las Cortes. Con ella y con la confianza de la reina regente, que prefería su deferencia a la lealtad conminatoria de Cánovas, se mantuvo en el gobierno hasta 1890. Aguijoneado por ex demócratas como Martos, que todavía podían ser molestos para los liberales respetables, Sagasta convirtió en ley las conquistas liberales del 69. Una ley de asociación, el juicio por jurado y el sufragio universal convirtieron a España, en teoría, en «la monarquía más democrática de Europa». Fuera de la libertad religiosa, los revolucionarios de Septiembre no podían pedir más. Con lo que aquel liberalismo, que en expresión de Castelar había convertido a España en una democracia vigorosa, se convirtió en el credo político dominante de la regencia, aunque la regente misma estuviese por los conservadores católicos antes que por los liberales y el conservadurismo canovista de lo «hacedero». Cánovas, a diferencia del monarca restaurado por él, nunca gozó de popularidad. Ni él ni su partido recurrieron a los hombres cultos de las provincias que habían empezado a interesarse por la política. El periódico de su partido, La Época, era insulso y caro, mientras que la prensa liberal seguramente llegaba a los dos tercios del público lector de España.

El gobierno largo de Sagasta cumplió admirablemente la misión de reforzar el régimen contra la amenaza de la izquierda. Esta tarea resultó facilitada por las divisiones endémicas que afectaban a los partidos carlista y republicano, los cuales rechazaban por principio un régimen que permitía la existencia legal a sus oponentes. En estas condiciones, ¿eran tácticamente preferibles la benevolencia y la lucha legal a la intransigencia y la violencia? Entre los dirigentes republicanos, Castelar, ensalzado por la sociedad de la Restauración, rechazaba el recurso a la violencia; Salmerón se abstenía; Ruiz Zorrilla, un puritano de aspecto hermético sin ninguna de las pretensiones intelectuales que distinguían a los demás dirigentes republicanos, se negaba en el exilio a abandonar la revolución y estaba dispuesto a adoptar un vago socialismo para conseguir el apoyo de las masas, política que Castelar aborrecía.²⁴ El recurso a la revolución, alejó a demócratas como Martos y Canalejas, que se habían mantenido a «una distancia honesta» de los partidos monárquicos, pero que advertían que con Sagasta en el poder y con las leyes de asociación liberales sería impropio apelar a la violencia cuando el recurso al electorado no encontraba impedimentos. Ruiz Zorrilla argüía que estos «medios legales» no existían, recordando el viejo argumento de las elecciones fraudulentas; para él la República era una mística, el gobierno justo para España, lo quisieran o no los españoles, y debía ser impuesto por una minoría revolucionaria que actuara adelantándose a la opinión pública.

Su instrumento preferido para la revolución era el Ejército. Mirando hacia atrás le parecía que la República había fracasado porque se había enajenado a la opinión militar; para prevalecer era necesario hacer revivir el «amor al Ejército» de los antiguos progresistas azuzando el descontento de los sargentos más que las ambiciones de los oficiales. En su manifiesto Ruiz Zorrilla ofrecía a los rebeldes algo más que los ascensos tradicionales: prometía un Ejército moderno, purgado de burócratas, basado en el servicio militar obligatorio, buenas condiciones, ascenso para las clases de tropa y pensiones de viudedad.²⁵ Un comité central establecido en Madrid organizó un núcleo conspiratorio en cada distrito militar. En agosto de 1883 la guarnición de Badajoz se alzó en favor de la República con precisión cronométrica, pero las otras veintidós guarniciones comprometidas no actuaron. En septiembre de 1886 se produjo el último levantamiento republicano serio anterior a 1930, con el intento del general Villacampa de iniciar un pronunciamiento en Madrid: sólo un regimiento mantuvo su «compromiso» cuando, como solía ocurrir, se inició, inoportunamente, el pronunciamiento. Para unos republicanos que no podían olvidar a Pavía y Martínez Campos el recurso a los generales era una distorsión extraña de su tradición. Y los generales tampoco estaban deseosos de contribuir. Aparte de Villacampa, solamente los oficiales jóvenes estaban dispuestos a jugarse su carrera a un triunfo republicano.

Estas actividades revolucionarias pusieron en dificultades a los republicanos legalistas. Hubieran estado tan dispuestos a aceptar un levantamiento militar triunfante como lo había estado Cánovas con el pronunciamiento de Martínez Campos, pero no deseaban incitarlo. Sagasta embaucó a su gabinete para perdonar a Villacampa sabiendo que ello pondría una cuña entre Ruiz Zorrilla y Salmerón, unidos todavía para fines electorales. Pese a todo su idealismo, Salmerón era un político astuto que intrigaba por conseguir la dirección del partido oscureciendo la distinción entre evolución y revolución. Pero no podía desautorizar a Ruiz Zorrilla porque conocía el atractivo de su obstinada intransigencia para las masas republicanas que aborrecían el pesimismo político de la elite castelarista.²⁶ Castelar desautorizó abiertamente la revolución, reconociendo en público que la monarquía restaurada estaba sólidamente asentada. El pueblo español juzgaba a los gobiernos por los frutos que daban, no por las ideas que representaban. La monarquía le había dado lo que deseaba, la paz social. Debía aceptársela. «Lo lamento, pero lo encuentro lógico.» Como ex presidente de la República no podía «aceptar» la monarquía, por liberal que fuera, pero en 1888 aconsejó a sus seguidores que lo hicieran.

Con Castelar como trofeo exhibido por el régimen, el republicanismo entró en la que Ruiz Zorrilla calificó de larga noche de la defección y de la amargura. Galdós, el gran novelista al que Sagasta había dado un escaño seguro en Puerto Rico, creía asegurada la libertad política y cerrada la era de la política revolucionaria. «Como negocio la revolución está tan hundida que es imposible ganarse la vida con ella.» Una rebelión militar republicana no encontraría apoyo en la opinión. Castelar y Salmerón decían creer todavía que la República, como forma de gobierno perfecta, tenía asiento seguro en la dialéctica de la historia. Su fe quedaría sometida a penosa prueba.

La amenaza a la monarquía no provenía de los enemigos tradicionales de la derecha y de la izquierda; estaba en los peligros políticos implícitos en la desintegración de los dos partidos monárquicos, privados de principios y de objetivos, en un conglomerado de grupos. Cánovas manifestó repetidamente su convencimiento de que sin dos partidos claramente definidos la Constitución no podría funcionar, opinión compartida en absoluto por Sagasta. Nada más sorprendente que la decisión de los dos dirigentes de mantener el partido del otro en pie: el compromiso por el que el ministro de la Gobernación traía una oposición sustancial debía ser respetado, los dirigentes del partido de la oposición debían ser favorecidos y sus disidentes aplastados. «La primera necesidad es que no se interrumpan las amistosas relaciones de colaboración que existen entre ambos partidos» (Sagasta). «Es obligación nuestra mantener lealmente nuestra solidaridad con el partido liberal evitando todos los pretextos que puedan perturbarlo» (Cánovas).²⁷ Los esfuerzos de ambos estadistas por mantener la unidad de los dos partidos fracasaron. A partir de 1890 la simplicidad de los años iniciales parecía un paraíso artificial; a medida que envejecían los dirigentes, una generación más joven reclamaba y repartía la herencia.

En el partido liberal-conservador el liderato de Cánovas fue algo indiscutible hasta 1885. En este año su entrega pacífica del poder a Sagasta pareció a Romero Robledo el sacrificio gratuito de una sólida mayoría conservadora. Romero Robledo, pirata político, era el ministro de la Gobernación ideal que, desde un despacho atestado de toreros, clientes y caciques de provincias, manejaba la maquinaria electoral del partido conservador. Se trataba de un disidente peligroso porque su pasado «revolucionario» permitía a sus «húsares» considerar la perspectiva de una alianza relativamente respetable con los liberales disidentes o incluso con los catalanes descontentos.²⁸

La salida de Romero Robledo dejó como segundo de a bordo de Cánovas a Francisco Silvela, abogado distinguido e inteligente que fue nombrado ministro de la Gobernación en el gobierno de Cánovas de 1890. Pero el propio Silvela se inclinaba hacia un rechazo general de todo el sistema de turno de partidos basado en la manipulación electoral, y con el liderato de «El Monstruo» como parte de ella. La disidencia, consiguientemente, era algo más que una incompatibilidad personal. Cánovas y Silvela eran historiadores, pero mientras que para el primero la decadencia de España en el siglo XVII era consecuencia del fracaso de sus estadistas para actuar dentro de los límites de sus recursos (conclusión de la que derivaba la necesidad de cautela que dominó su política), para Silvela la decadencia era consecuencia de la falta de moralidad personal en los estadistas. Para el presidente del Consejo, Romero Robledo era un organizador electoral indispensable, que trabajaba dentro de los límites del sistema parlamentario, dando a los liberales cuota generosa, y dejando a republicanos y carlistas sus plazas fuertes en Navarra y en las grandes ciudades. Para Silvela semejantes métodos eran abominables por sí mismos; se decía que trataba de ocultar su repugnancia por la conversación de los potentados provinciales del partido haciendo como que se dormía. No podía tolerar la que llamaba «incurable inclinación por los bribones» de su jefe, ni la nostálgica añoranza del partido por los distritos seguros y por la vivarachez de las controversias oratorias de Romero Robledo.

La disidencia de Silvela es de gran importancia porque representa el descontento de un conservador inteligente y de alcurnia hacia el sistema canovista de protección de los intereses conservadores dentro de un régimen de sufragio universal. Cánovas estaba «caducado y era impopular, anticuado»; su papel se había agotado cuando la monarquía había quedado firmemente establecida. El nuevo conservadurismo de Silvela se basaba en dos proposiciones: la primera, que las técnicas electorales de los dirigentes del partido aislaban al gobierno e impedían la participación en él de una sólida opinión «neutral»; la segunda, que la función del partido había de consistir en aplicar la opinión pública, por el conducto del gobierno, a la solución de los problemas de la nación. Así, mientras que Cánovas veía en el simple mecanismo de la rotación de los partidos el secreto de la estabilidad del parlamentarismo inglés, Silvela veía su fuerza en su sensibilidad para la opinión pública, una vez que ésta estuviera organizada.²⁹ Por consiguiente el nuevo conservadurismo debía consistir en un partido basado en la opinión organizada como cosa opuesta a las influencias organizadas. Entre 1894 y 1898 Silvela desarrolló el programa de este partido. Su base era una reforma total del gobierno municipal;³⁰ sobre la plataforma de la moralidad municipal confiaba unir a la opinión honesta, disgustada por la utilización brutal de la influencia municipal para fines electorales característica del decadente sistema canovista. A pesar de su nuevo aire puritano, el partido de Silvela era un auténtico partido conservador: sus lemas eran la religión, la grandeza nacional, el orden, la sociedad orgánica. Representaba la regeneración desde arriba, obra de las «clases superiores». Los admiradores más entusiastas de Silvela eran los aristócratas católicos jóvenes.

En el gabinete, donde Silvela se sentaba en silencio, con malhumorada superioridad moral, Cánovas no podía ocultar su desprecio por él y su apego a Romero Robledo. En noviembre de 1891, Silvela prefirió dimitir antes que tolerar el retorno de este último. Sus amigos hicieron ver claramente su oposición presionando en favor de un examen de las cuentas del ayuntamiento de Madrid, campaña dirigida ante todo contra la amplia clientela de Romero Robledo. Cuando el gobierno se negó a proceder contra el ayuntamiento ante los tribunales, Villaverde, representante en él de Silvela, dimitió (diciembre de 1892). Silvela no pudo hacer de su retirada un gesto puramente personal, ni recomponer sus relaciones con su jefe, cada vez más orgulloso e inflexible a medida que envejecía.³¹ En 1895 su «disidencia» tenía su prensa y sus partidarios en las provincias; en 1897 exigía de la reina regente la destitución de Cánovas para dar una oportunidad al nuevo conservadurismo.

Los liberales tenían sus dificultades, aunque menos dramáticas y personalizadas que las de los liberales-conservadores; siempre habían constituido una laxa federación de grupos, cada uno de los cuales rendía obediencia a su propio jefe antes de nada. En las conversaciones diarias de su tertulia, éste explicaba las implicaciones del debate del día a sus «incondicionales», esto es, a aquellos seguidores cuyas perspectivas de obtener cargos estaban vinculadas a la carrera política del jefe. Los sucesores de Sagasta hicieron que la operación de pedir el apoyo de estos grupos y de reunir una mayoría pareciese lo que era: un comercio político. Sagasta era un artista de gran estilo, que pasaba por los salones del Congreso con aires de jefe, y no de revendedor afable. Pese a todo, en el gobierno de 1885-1890 las ambiciones de los grupos superaron su indiscutible talento político y convirtieron su permanencia en el poder en una sucesión de crisis de gobierno parciales. Para satisfacer a todo el mundo, apuntó con amargura, lo que necesitaba no era tener unos cuantos caramelos en el bolsillo, sino toda una confitería. Por la izquierda, Martos esperaba derribar a Sagasta mediante el sufragio universal; por la derecha, el duque de Tetuán y su grupo se escindieron en desacuerdo con la forma en que se tramó el perdón de Villacampa. Los residuos ambiciosos de la izquierda dinástica esperaban formar un partido reformista uniéndose a los disidentes conservadores de Romero Robledo. Éstos, a su vez, esperaban conquistar a Gamazo, un abogado austero que representaba los grandes intereses trigueros de Valladolid y que era cada vez más hostil al sacrificio sagastino de la política a los políticos. El general Cassola encabezó la disidencia del pequeño grupo que apoyó su fracasado intento de reforma militar.³²

Estas dificultades eran un síntoma del agotamiento del programa liberal clásico. Una vez que las conquistas liberales fueron hechas ley, los antiguos lemas se convirtieron en letra muerta y el futuro pasó a estar en las que se denominaban «cuestiones materiales», es decir, en la modernización de la economía española y en la reforma social. La tragedia de la jefatura de Sagasta consistió en que no pudo ampliar y dar nueva vida al credo liberal. No le importaba que su partido contara con librecambistas y proteccionistas en una época en que la cuestión de los aranceles era un problema candente; que hubiera reformadores militares y generales ortodoxos, partidarios de las obras públicas y los impuestos elevados y abogados de las economías, moralistas y políticos de ocasión. Olvidando su noble alegato de 1876 en favor de la libertad religiosa, creyó que esta cuestión estaba resuelta. La Constitución, fijada, no era para ser discutida. Entre las manos de Sagasta no sólo moría el programa, sino también el capital moral del liberalismo. Sus aliados estaban implicados en los escándalos del ayuntamiento de Madrid y en julio de 1890 Sagasta se vio obligado a dimitir porque sus adversarios habían conseguido unos documentos comprometedores que le relacionaban con un dudoso contrato para la construcción de un ferrocarril en Cuba.³³

3. Funcionamiento del sistema: el caciquismo y sus consecuencias

Hemos examinado la superestructura política del turno pacífico y su desintegración a partir de 1890. Ahora debemos examinar su infraestructura, puesto que fue este aspecto del sistema el denunciado como «falso», culpándosele de haber sacrificado los verdaderos intereses del país a la conveniencia de un aparato político. Para proporcionar una mayoría holgada de un centenar de diputados, la vitalidad política de España había sido minada por el recurso a «aparatos ortopédicos». Pero estos aparatos no fueron inventados por Cánovas. El turno estaba implícito en el parlamentarismo isabelino. El factor nuevo era la actitud de Alfonso XII, que, a diferencia de lo que había hecho su madre, dejaba que el sistema funcionase. El rey podía permitir a sus cortesanos que despreciaran a los ministros liberales (mantearon a uno durante una cacería real) pero reconocía plenamente su obligación constitucional de nombrar un gobierno liberal. Y la manipulación de las elecciones no fue tampoco una característica importada en la política por los «cínicos» políticos de la Restauración: desde los años cuarenta el gobierno designaba a sus gobernadores provinciales y éstos escogían a su vez a sus caciques o agentes locales, cosa que según La Cierva hacían durante el viaje en tren hacia su capital. A cambio de disponer de la influencia gubernamental dentro de sus distritos, conseguían el voto para el candidato del gobierno, que a veces era un político de Madrid, pero comúnmente el «gran cacique» que controlaba la red de influencia del partido en el distrito electoral. El término «cacique» es uno de esos pocos descubrimientos terminológicos que condenan a todo un régimen: concentraba la crítica en uno de los mecanismos inferiores de la política, la falsificación de las elecciones y el sistema de influencias que hacía posible este fraude.³⁴

La acusación principal contra el caciquismo al cambiar el siglo fue que había transformado lo que legal y formalmente era una monarquía democrática en una oligarquía. Había nacido así un nuevo feudalismo, basado en lo que los políticos ingleses del siglo XVIII llamaban amigos complacientes, que se escalonaba jerárquicamente desde la gran oligarquía de Madrid a los pequeños tiranos de los municipios. No se trataba de un régimen parlamentario con abusos: el abuso era el sistema mismo. Pero el caciquismo era una organización muchísimo más compleja de lo que imaginaban sus críticos. Sin embargo, tampoco puede aceptarse literalmente la crítica de los partidos exteriores al régimen. Éstos lo convirtieron en un mito. La supuesta existencia de una gran máquina férrea, que aplastaba toda oposición independiente, ocultaba convenientemente la debilidad numérica del republicanismo fuera de las grandes ciudades. Este mito permitía afirmar a Ruiz Zorrilla que la revolución era la única política realista: ¿qué futuro tenían la «benevolencia» y el «posibilismo» de Castelar cuando las elecciones no podían reflejar las nuevas conversiones al republicanismo, por muchas que fueran?

Estos ataques no comprendieron que el caciquismo solamente en parte era un sistema mantenido por políticos cínicos; también era algo que se había desarrollado de modo natural. En tanto que institución social mediante la cual cobraban forma política las influencias locales, había que distinguirlo de las prácticas ilícitas: los pucherazos, la resurrección de los muertos en las listas de votantes, el soborno y la intimidación. Estos abusos se discutieron en las sesiones abiertas de cada una de las Cortes y fueron duramente combatidos por la ley electoral de Maura de 1907. La ley de Maura fue, en teoría, una ley electoral perfecta y probablemente impidió los abusos más espectaculares a pesar de que los antiguos manipuladores se jactasen de que no habían de apearse por ella. Estos artificios estaban en decadencia en gran parte por el desarrollo de un clima de opinión hostil a ellos.

El poder del cacique grande nacía de sus servicios generales y su interés por su «tierra». Así, Gamazo, abogado liberal que había llegado a «disentir» de Sagasta precisamente porque el librecambio liberal era inaceptable para los cultivadores de trigo de su distrito electoral, nunca rehusó un pleito local ni dejaba jamás de reconocer a los personajes lugareños. En Valladolid consiguió un ascendiente que durante treinta años fue indiscutible, y cuando fue discutido se debió únicamente a que Sagasta estaba decidido a acabar con los disidentes gamacistas con todos los medios de que disponía el gobierno, pero no porque Valladolid se resintiera de su «dictadura».³⁵ El abogado o el terrateniente se convertía, como político nacional, en el representante de su región: así ocurrió con Montero Ríos en Galicia, y los Pidal y sus amigos aristocráticos en Asturias, o La Cierva en Murcia. Y servían muy bien a sus distritos. La Cierva, sin cuyo permiso se decía que no se movía una hoja en Murcia, lo consiguió todo para ésta, desde carreteras secundarias hasta una universidad. Los grandes oligarcas representaban los intereses permanentes del partido, y cuanto más y mejor atrincherados éstos, menos nocivas eran las consecuencias para la justicia y el gobierno local. Así, en Murcia, los liberales, que eran el partido más débil, dependían de la derrama al por mayor de las mercedes gubernamentales para compensar su falta de «arraigo en el campo».³⁶ Como máquina para conseguir mayorías en las Cortes, el sistema dependía de los caciques de los distritos atrasados, de hombres como Natalio Rivas, que mantuvo su influencia local en los municipios de las Alpujarras, al sur de Granada, hasta la República de 1931. De la misma manera que los magnates de la Inglaterra del siglo XVIII acordaron no alterar la tranquilidad del país con elecciones costosas, con lo que los caciques dóciles trabajaban en favor de ambos partidos.³⁷ El caciquismo dependía por lo tanto de la tolerancia mutua.

Éste fue el resultado (y como tal no se limita a España) de la aplicación de unos derechos electorales muy amplios a una sociedad atrasada con poco interés o escasa comprensión de los problemas nacionales. Al igual que las ovejas inglesas, las instituciones inglesas degeneraron en España. Las clientelas, ya se basaran en un control brutal del mercado de trabajo local o en vínculos más sutiles —la institución de la parentela o las relaciones familiares del alcalde— eran la realidad más auténtica de la vida local; el cacique siempre había protegido a la clientela de su localidad de las leyes, los impuestos y las obligaciones militares del mundo externo del Estado. Estos sistemas preexistentes fueron absorbidos y recibieron nueva forma en la política local del gobierno representativo. Maura, su crítico conservador más importante, los definió como el feudalismo bastardo de una estructura decadente, como «una calamidad inevitable a partir del momento en que la sociedad histórica empieza a desaparecer».

Como artificio político en una sociedad atrasada podía ser defendido. El neurólogo Ramón y Cajal lo consideraba como la relación necesaria entre un electorado indiferente y los políticos: era «un órgano indispensable de la vida nacional..., el único vínculo entre el campo y la ciudad, entre el pueblo y el Estado».³⁸ Es indudable que el caciquismo prolongó e intensificó las condiciones que lo hicieron necesario y posible: la ignorancia política y la apatía del electorado español. La política pasaba como un tren expreso por las desoladas villas y aldeas españolas, deteniéndose en ellas solamente en época de elecciones.

Puede argüirse que el caciquismo se convirtió en un mal intolerable cuando los vínculos locales en que se basaba se disolvieron y el sistema mismo sólo pudo mantenerse, si acaso, mediante la violencia. A partir de 1887, en un régimen de sufragio universal, se le reconoció abiertamente como un medio de mantener «los legítimos intereses de la propiedad». Mientras la influencia de estos intereses fue una realidad social incontrovertida, las prácticas electorales impropias se mezclaron con la aceptación acostumbrada del predominio de las familias locales por parte de un mundo agrario estable. Sólo fue «falso» cuando este mundo se disolvió. A medida que Asturias pasaba de la pesca y el laboreo al carbón y al hierro, los «zares de Asturias», los Pidales, vieron su imperio acometido por los catedráticos universitarios y los socialistas de Oviedo y Gijón. En las grandes ciudades el sistema sólo funcionó por la abstención masiva de quienes eran indiferentes políticamente; cuando los electores se organizaron a sí mismos pudieron romper el dominio de los manipuladores electorales. Los regionalistas catalanes explotaron mucho la «exclusión» de los auténticos representantes regionales por un sistema electoral manejado desde Madrid; en 1893 el sistema se debilitaba y en 1901 había sido destruido porque los regionalistas y los republicanos barceloneses habían organizado con éxito a la «opinión» en contra de los partidos tradicionales. En Cataluña se abandonó el campo a los votos organizados de republicanos y regionalistas.³⁹

En última instancia, el éxito de las negociaciones del ministro de la Gobernación y los distritos electorales seguros para los candidatos oficiales se basaba tanto en la apatía y en la indiferencia políticas de muchos españoles como en el interés y el escepticismo de la clase gobernante. Los pueblos tienen el sistema electoral que se merecen. Acaso la mayor acusación que puede hacerse al caciquismo es que retrasó una organización de partidos moderna, fuera de las grandes ciudades, al negar toda posibilidad a un proceso gradual de educación política. Los grupos de adictos que leían en el casino los periódicos de su partido y confiaban en el alcalde no hallarían otro modo de organizar su influencia local cuando sus amigos ya no tenían motivos de agradecimiento; de este modo, cuando los residuos del viejo sistema se hubieron venido abajo durante la Dictadura, los partidos monárquicos quedaron indefensos en las elecciones de 1931.

Todos los diagnósticos del caciquismo hallan las raíces de la enfermedad en el gobierno local. La manipulación del gobierno municipal y provincial con propósitos electorales la hizo posible la imitación del sistema francés, muy centralizado, que convirtió a los ayuntamientos en «esclavos del gobierno». Las leyes de 1877 y 1882 respetaron la centralización liberal y la acusación principal era que el gobierno central empleaba los poderes de supervisión que le otorgaba la legislación para subordinar el gobierno local a los intereses electorales de los partidos. El gobernador, como el prefecto francés del Segundo Imperio, no era simplemente un administrador provincial, sino un hombre de partido que trabajaba para los fines del suyo en un régimen de candidatos oficiales propuestos por el gobierno entonces en activo. Un ayuntamiento no colaborador podía ser destituido por una interpretación abusiva de los poderes de supervisión confiados al gobernador por el artículo 189 de la ley municipal: la falta de alumbrado en las calles podía ser interpretada como un abandono de las obligaciones estatutarias. Y el ministro de la Gobernación, in extremis, podía suspender un municipio por decreto.⁴⁰

En el siglo XVII la aristocracia había conservado sus clientelas urbanas mediante una combinación de caridad y favoritismo. Los concejales de los siglos XIX y XX heredaron estas técnicas: se relevaba a los guardias de consumos para dejar paso franco al cargamento de los amigos; la paga de los basureros iba a los bolsillos de los paniaguados políticos; se despedía sin ton ni son al maestro de escuela local; se suministraba aceite malo para los faroles de las calles; se hacía figurar los caminos particulares como calzadas públicas, etc.⁴¹ Las obras públicas proporcionaban fondos electorales: en las épocas de elecciones se contrataban trabajadores para la construcción de caminos. Es fácil comprender por qué estas prácticas propias de una novela de Dickens fueron condenadas por los reformadores pero toleradas por los pobres locales: en una ciudad pequeña eran muy pocas las familias que no tenían algún pariente dentro del sistema. La política municipal española es incomprensible si no se advierte que las personas de confianza de los políticos, como los secretarios de distrito americanos, repartían mercedes, conocían las necesidades de cada familia y de cada votante y, a los más favorecidos, les protegían de la ley y del recaudador de impuestos.⁴² Estos tiranos chicos eran populares entre su clientela, pero la caridad velada y la malversación de los ingresos municipales para fines privados no eran como para fomentar un gobierno municipal de la índole necesitada en una época de expansión urbana. «¡Qué Diputaciones provinciales y qué Ayuntamientos de ladrones y de brutos debe de haber habido y debe haber en Málaga!», escribía el novelista Valera en 1883. «Da horror de ir por aquellas calles y por aquellos caminos (...) si va uno en coche, a cada paso teme romperse la crisma. Si va uno a pie, se hunde en polvo, en lodo o en basura a cada paso. La ciudad está casi a oscuras, porque el Ayuntamiento no paga a los del gas. El Ayuntamiento, no obstante, ha contraído una deuda de 50 millones.» Todo el progreso se debía al esfuerzo individual: los concejales sólo se preocupaban de su propio provecho.⁴³

Los dos grandes partidos se atuvieron a una tregua implícita en la política municipal. Así, la denuncia de la corrupción municipal y de la red de influencia electoral quedó relegada a los partidos que quedaban fuera del turno pacífico, desde los conservadores de la oposición de Silvela hasta los republicanos y socialistas.⁴⁴ Los amigos de Silvela orquestaron una campaña contra la influencia de Romero Robledo en el Ayuntamiento de Madrid; los concejales regionalistas de Barcelona, al encontrar el Ayuntamiento dividido entre «ladrones y no ladrones», denunciaron los escandalosos contratos de gas y cemento de los ladrones.⁴⁵ Pero cuando conseguían una mayoría en un consejo municipal el celo reformista de los que antes figuraban en el bando de la oposición se debilitaba. El partido republicano radical, en Barcelona, llegó a ser tan venal como el grupo al que había criticado; mientras los regionalistas fueron honrados, estuvieron sometidos constantemente a la acusación de utilizar la influencia municipal para fines partidistas. Y de este modo, dentro de la monarquía, los socialistas fueron los herederos últimos de la campaña en favor de un gobierno municipal honesto: Largo Caballero confesó que sus concienzudas investigaciones como concejal del Ayuntamiento de Madrid sobre los contratos ilícitos, el agio y las cuentas falsas, le exigieron más dedicación que sus tareas como ministro del Trabajo durante la República.⁴⁶

Con lo que el elevado precio que pagó España por su sistema electoral fue una administración municipal ineficaz y una justicia movida por las influencias. Si su crítico más radical, Costa, merece crédito, era imposible ganar una causa contra los jueces de un cacique, como aquel radical aragonés pudo comprobar a costa suya. La influencia siempre había condicionado la justicia; lo que sulfuraba a Costa era que tal cosa ocurriera en un país con instituciones «modernas» y que pervirtiera tanto estas instituciones que lo que en el papel parecía una sociedad civilizada funcionara en la práctica como una cábila del Rif. Si España hubiera poseído el cuerpo judicial independiente de Inglaterra o el sensato código de derecho administrativo de Francia, el caciquismo no habría florecido.⁴⁷ Sus abogados estaban faltos de toda tradición de resistencia a los agentes del gobierno central que, aunque ya no podía destituir a los jueces, sí podía, mediante su traslado, exilarlos a un lugar pobre y obligarles a gastos a los que no podían hacer frente con su escasa paga. En teoría el derecho administrativo español era más liberal que el francés. En realidad era un medio de hacer justicia absolutamente insatisfactorio: el gobernador amparaba al alcalde y a sus agentes, y el ministro de la Gobernación amparaba al gobernador.

Quienes desearon reavivar la vida política se convirtieron necesariamente en reformadores de la administración local. No se trataba simplemente de que la estructura municipal existente fuera el caldo de cultivo del caciquismo, sino también de que era a este nivel donde podía introducirse a las «masas neutras» en el sistema político; a través de un sistema de gobierno local reformado, los españoles honrados y no corrompidos podían aportar sus energías a la vida política. Silvela advirtió que su campaña en favor de la moralidad municipal en los años noventa fue el primer problema político que conquistó el interés popular, y el mayor de los reformadores municipales fue su sucesor al frente del partido conservador, Antonio Maura.

¿Cómo podía convertirse la administración local en instrumento de regeneración política? En primer lugar, la reforma debía debilitar la relación entre el gobierno central y las autoridades locales, aseguradas por las funciones de doble carácter del gobernador y el alcalde, que eran ambos funcionarios del gobierno, y órganos ejecutivos responsables de la Diputación Provincial, electiva, y del Ayuntamiento, respectivamente. Maura, en 1907, deseaba separar las funciones municipales del alcalde (por las que sólo era responsable ante los tribunales y su propio concejo) de sus funciones como delegado del Estado (sólo en este último sentido debería ser controlado por el gobernador). Con bastante optimismo, Maura creía que ello acabaría con el caciquismo al destruir la relación entre el Ministerio de la Gobernación y la vida municipal. En segundo lugar, la reforma debía devolver la vida a la «unidad natural» del municipio liberando las energías locales paralizadas desde el centro. La más pequeña alteración del presupuesto municipal, la venta de unos palmos de tierras comunales, los planes para un nuevo abastecimiento de agua debían de ser remitidos a Madrid a través del gobernador provincial. Sólo la influencia política podía garantizar una resolución rápida del expediente de rigor.⁴⁸ Todos los reformadores deseaban dar al municipio una esfera de acción auténtica e independiente como la que había sobrevivido en las provincias vascas y en Navarra, donde unas carreteras y unos servicios municipales excelentes demostraban la eficacia de la descentralización. Desde la derrota de 1870 los modelos franceses estaban en decadencia y se argüía que el autogobierno de la villa anglosajona era más eficaz y estaba más próximo a la tradición autonomista del municipio castellano.

Al centrarse en los perniciosos efectos de la centralización excesiva y de la corrupción electoral, los reformadores no comprendieron el defecto real de la administración local: su pobreza. «Cuando la hacienda está vacía las libertades locales son un engaño.»⁴⁹ Ni las Diputaciones provinciales ni los Ayuntamientos tenían ingresos adecuados. Las funciones del Ayuntamiento estaban limitadas por su falta de poder para ampliar el presupuesto y atender a las nuevas necesidades. Hasta 1912 la principal fuente de ingresos municipales era una cuota fija de los consumos; los impuestos que los sustituyeron eran poco flexibles, y limitados a una cuota de los impuestos del Estado sobre los bienes raíces. Con estos ingresos un municipio pequeño sólo podía impedir el derrumbamiento del edificio del ayuntamiento y pagar salarios bajísimos al maestro, al médico, al veterinario, al alguacil y al sereno. Las grandes ciudades fueron reconstruidas por la empresa privada a finales del siglo XIX, pero incluso a estas ciudades les faltaban los servicios adecuados a su nuevo aspecto europeo y los intentos de proporcionárselos tuvieron por resultado las deudas municipales características del período. En los años veinte, Madrid sólo podía recoger la tercera parte de las basuras de la ciudad; el resto quedaba a cargo de traperos y barrenderos privados.⁵⁰ En los suburbios extremos el boom de edificación posbélica dio lugar a poblaciones de cien mil habitantes sin alcantarillado y, en consecuencia, a que la «mortalidad africana» de Madrid fuera doble de la de Londres.

Entre 1882 y 1923 hubo veinte proyectos ministeriales de reforma del gobierno local, de los cuales el más serio fue la amplia ley de Maura de 1907.⁵¹ La reforma conservadora fue saboteada por los liberales al advertir que, por debajo del entusiasmo conservador por un sistema de gobierno local que fuera «real» para quienes participaran en él, había no solamente una filosofía antidemocrática, sino una finalidad de partido. Al igual que los moderados en 1840, los conservadores deseaban sustituir los «peores» elementos que habían recibido el poder con el sufragio universal por las apellidadas fuerzas vivas de la comunidad. Tanto Silvela como Maura pensaban en alguna forma aceptable de sufragio municipal corporativo que introdujera en la vida local a los «intereses importantes». Éstos serían votantes conservadores, y se podía confiar en que utilizarían su fuerza electoral para excluir a radicales y republicanos. Los intereses regionalistas de Cataluña y las Provincias Vascongadas (cuyo alegato en favor de las instituciones históricas de administración local afirmaban respetar Silvela y Maura, como llamamiento a la realidad contra el formalismo abstracto de la centralización liberal) fueron en gran parte conservadores al origen. Aunque el caciquismo les disgustaba tanto como a Maura, los liberales temían que su erradicación con la palanca de supervivencias históricas disfrazadas y el voto corporativo, mediante la sustitución del que Maura llamaba despreciativamente «parlamentarismo municipal» por una comisión permanente, condujera a nuevas y solapadas formas de localismo. La destrucción de las libertades locales que ayudaron a los carlistas había sido la tarea histórica del liberalismo. Los liberales revivían ahora el grito de Cánovas contra los fueros de los carlistas para oponerse a un nuevo ataque de sus sucesores conservadores: la centralización no era «ni más ni menos que la civilización, ni más ni menos que la libertad».⁵² Más que cualquier otra cosa, esta división echó a perder las perspectivas de una reforma municipal: lo que el parlamentarismo liberal no pudo conseguir lo realizó la cirugía de hierro de Primo de Rivera.

La campaña contra los males de un sistema de administración local excesivamente centralizado fue solamente una parte de la campaña más general contra el turno. Gran parte de las críticas de los defectos morales y mecánicos del parlamentarismo de la Restauración representan la cólera de los rechazados por el sistema o la justificación de quienes habrían de derribarlo manu militari. Los críticos —especialmente, en los años noventa, los conservadores disidentes y los regionalistas catalanes— afirmaron constantemente que el parlamentarismo, al no representar o responder a las fuerzas vivas de la comunidad, impedía el desarrollo de una sociedad moderna. Sánchez de Toca, un conservador disidente, creía que se estrangulaba una economía capitalista moderna por la persistencia de los intereses anticuados en la vida política —por ejemplo, los intereses fuertemente atrincherados de los ferrocarriles, el mineral extranjero y la banca—.⁵³ En realidad, éstos, y los intereses agrícolas «conservadores», eran los significativos en la sociedad española y estaban reflejados fielmente entre los diputados. Que no fueran intereses «modernos» no es una acusación que pueda hacerse en justicia al sistema político como tal. Análogamente, la acusación constante de los catalanes según la cual el caciquismo «torpedeaba» las aspiraciones catalanas, debe formularse de otro modo: no era que los intereses catalanes fueran «descuidados» —toda la historia del proteccionismo es la negación misma de este mito—, sino que chocaban con otros intereses representados en las Cortes. Ningún sistema parlamentario puede reconciliar intereses excluyentes: ante una negativa al compromiso, el liberalismo debe abdicar. Y también hay que decir que la acusación de que las exigencias de la manipulación de partido hacían imposible una política «nacional», era menos una crítica válida de los males específicos del parlamentarismo español que un ataque a las consecuencias inevitables de la democracia parlamentaria como tal.⁵⁴

La crítica más dura seguía siendo que se garantizaba la estabilidad a costa de la comunicación entre gobernantes y gobernados. Para el público en general el Congreso de los Diputados continuaba siendo un lugar donde unos profesionales pugnaban por el botín de la vida política y en el que los periodistas políticos se ganaban la vida explicando las querellas de ese mundo aparte, en la jerga especializada de la «crisiología».⁵⁵ Las crisis ministeriales precisaban de una explicación porque no eran consecuencia de unas elecciones adversas ni, en general, de una votación contraria en las Cortes: obedecían a convenciones de la Constitución derivadas del hecho de que las elecciones debían ir precedidas de cambios ministeriales si se quería modificar la orientación política. Solamente un nuevo gobierno podía «hacer» una nueva mayoría. En el período que mediaba entre el «agotamiento de la situación» y la elección del nuevo gobierno, la batalla entre los partidos se suspendía «para restablecer el libre juego de las instituciones parlamentarias». Esta frase de Cánovas ocultaba convenientemente el hecho de que había que dar tiempo a Sagasta para la fabricación de una mayoría liberal-conservadora.⁵⁶ De este modo, la libertad que el reglamento del Congreso concedía a las minorías y que les permitía paralizar la legislación gubernamental hacía figura de concesión de una mayoría culpable. Al ser elegida por el ministro de la Gobernación en vez de por los electores, se temía que un retraimiento de la oposición pusiera de manifiesto la falsedad del sistema. Los reglamentos de las Cortes se reformaron; cuando la oposición bloqueaba un aspecto esencial de la legislación, la única solución consistía en cerrar temporalmente las Cortes y gobernar por decreto, camino utilizado cada vez más a partir de 1914. «Las mayorías —escribió Maeztu— están a la merced de las minorías, y como el gobierno de la mayoría es el núcleo del gobierno parlamentario esto significa que no comprendemos al gobierno parlamentario.»

En último término, el descrédito en que había llegado a caer en España el gobierno parlamentario se explica menos por su «irrealidad» y sus defectos como solución política que por la magnitud de la doble tarea que estuvo llamado a financiar en un país pobre: la superación del «atraso» económico y cultural y el mantenimiento de España como potencia imperial. Para presentarse como una potencia imperial, España debía poseer una costosa Armada, en tanto que el incumplido programa de la generación de Carlos III de una España próspera exigía una intervención estatal y una inversión en obras públicas y agricultura de tal magnitud, que el parlamentarismo liberal no podía ni contemplar la posibilidad de llevar a cabo la primera, ni costear las segundas. Los ministros de Hacienda ortodoxos de la Restauración creían que un presupuesto equilibrado era el único remedio al alcance de la mano para una peseta en baja —de ahí el atrincheramiento y la deflación de Gamazo y de Villaverde al no poder ninguno de ellos decidirse por un impuesto severo sobre la renta con miras a liberar el presupuesto de su dependencia de unos impuestos regresivos—. En esto no se diferenciaban de Gladstone o Giolitti. Tanto en el gobierno central como en la administración local, la pobreza constituía una traba tan grave como las deficiencias mismas de la estructura política o los vicios de la manipulación electoral, por más que estos últimos defectos vedaron sin duda la supresión de los abusos.

Esta combinación de pobreza nacional y de incapacidad de reformar los abusos inveterados, fue decisiva en lo que hacía a la defensa del imperio, donde esas lacras quedaron expuestas a la prueba de la guerra. Maura clamó en vano durante treinta años en pro de la construcción de una Marina y de la reforma naval como necesidades vitales nacidas de la condición española de potencia imperial. La Marina española, sin embargo, siguió siendo una arcaica y costosa burocracia de tierra firme y no una fuerza de lucha. Reducida por el presupuesto a una condición anémica, mal podía hacerse a la mar con una cuota de treinta y cuatro toneladas de carbón diarias; sin ningún puerto capaz de reabastecer en carbón en menos de dos semanas, y con sólo un día de prácticas de tiro al año no cabe sorprenderse de que la flota española careciera de experiencia marina al sobrevenir la crisis en 1898.⁵⁷ Dejando aparte la administración central, cada una de las tres regiones navales empleaba más oficiales que todo el almirantazgo británico, y la mayoría de estos oficiales se dedicaban al registro de la marina mercante, al control de la pesca y a otras tareas burocráticas. La instrucción naval le salía al Estado por la mitad de lo que le costaba todo el sistema nacional de enseñanza. E incluso después de la conmoción del desastre total, que dejó a España con más de un centenar de almirantes y sin barcos para ellos, el presupuesto naval continuó siendo, según la expresión de Maura, una asignación para empleados públicos, el despilfarro ostentoso de un hombre que conserva a su cochero pero sin el aditivo del faetón.

4. El desastre cubano, 1895-1898

La debilidad de España como potencia naval habría de exponer la Restauración al «desastre» de 1898: la derrota total a manos de los Estados Unidos y la pérdida de los restos del imperio colonial, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta catástrofe desacreditó cruelmente las realizaciones de Cánovas como ingeniero político. Para sus críticos, quedó demostrado de modo incontrovertible que su afán por lograr la estabilidad interior había privado a España de los medios de defender su condición de gran potencia.

En Cuba —«la colonia más rica del mundo»— se concentraban los vínculos emocionales e intereses económicos más fuertes. «Los españoles —decía el ministro de Asuntos Exteriores en 1848— preferirían que la isla se hundiera en el océano antes que verla en manos de otra potencia.» Cuba había llevado al descrédito la Revolución de Septiembre; ahora iba a evidenciar las deficiencias de la Restauración. Una vez rematadas con éxito la guerra de los Diez Años, y la primera intentona seria de llegar a la independencia cubana, cerrada con la paz de Zanjón (febrero de 1878), los estadistas de la Restauración no consiguieron llegar a un arreglo de la cuestión cubana que hubiera podido salvar la posición de España en las Antillas. En 1895, nuevamente, con otra revuelta separatista, es difícil ver cómo España, incluso con una habilidad consumada, hubiera podido derrotar la alianza del separatismo cubano con el poder de los Estados Unidos.

Los intereses de los Estados Unidos aparte, el problema cubano ofrece un paralelismo con las relaciones de Gran Bretaña con Irlanda en el siglo XIX: Cuba estaba representada por un puñado de diputados en el Parlamento de Madrid y era gobernada por un capitán general cuya responsabilidad quedaba menguada, por la distancia y su condición militar. Tras el fracaso de la «asimilación racional», el Partido Autonomista Cubano había hecho llamamientos premiosos a un estatuto de autonomía moderado para la isla, a lo que se opusieron abrumadoras mayorías en las Cortes: «la libertad de Cuba, adquirida por medios legales, y dentro de la nacionalidad española». Estribaba su argumentación en que la negativa a sus demandas moderadas popularizaría las exigencias separatistas de una república independiente.

Los criollos ricos del partido autonomista habían visto amenazado su liderato durante la larga guerra de 1868-1878. Su deseo de salvarse a sí mismos mediante la autonomía dentro de la soberanía española daba al gobierno español una oportunidad para recuperar la alianza de un sector importante de la opinión cubana. Esta oportunidad la perdieron en parte los gobiernos españoles, pero sobre todo el «partido español» en la misma Cuba, los unionistas constitucionales partidarios de la asimilación. Formado por las clases burocráticas y comerciales españolas, por fabricantes, tenderos y artesanos inmigrantes, afirmaba que, por lógica política, la autonomía debía conducir al separatismo. Subyacente al debate acerca de la naturaleza y extensión de la soberanía española, había en el conflicto entre autonomistas y unionistas un conflicto por el poder local: los unionistas se valían de la «soberanía española», como representantes locales suyos, para monopolizar la maquinaria de la administración local, monopolio con que los autonomistas estaban decididos a acabar. Cuando en 1890 los liberales limitaron el voto a las clases que apoyaban a los unionistas, la posición autonomista resultó insostenible y sus partidarios salieron de las Cortes.

La autonomía no sólo podía destruir el control de la vida local de los unionistas, sino que incluso podía amenazar sus ingresos.⁵⁸ La colonia española, desde los comerciantes al por mayor a los tenderos, temía que un autogobierno efectivo permitiera a los productores criollos abolir la unión arancelaria proteccionista con España, base de sus ganancias, y que ya había sido modificada para atender las peticiones cubanas. La economía cubana, estática con anterioridad a 1884, vivía de la venta de azúcar y tabaco a los Estados Unidos, de forma que los intereses «españoles» eran contrarios al que los cubanos llamaban su mercado natural. Los productores cubanos alegaban que la verdadera solución para Cuba, irremediablemente colocada a merced de una guerra arancelaria americana, era el libre cambio. Los comerciantes y economistas españoles aducían que Cuba debía convertirse en parte integrante de la economía metropolitana y que no tenía derecho «a dejarse seducir por el lirismo del libre cambio..., sin tener presentes los intereses de la metrópoli».⁵⁹ Los políticos españoles afirmaban que, aun con los ingresos proporcionados por los aranceles, Cuba era una carga evidente para el erario nacional. Cánovas sostenía que la exigencia cubana de reducciones arancelarias suponía el abandono de Cuba, que en estas condiciones se convertiría en una carga intolerable. El problema fundamental era económico —como lo fuera la pérdida del imperio tras 1810—. Una economía metropolitana pobre no podía abastecer el mercado colonial, y el control político se hizo inaguantable para los colonos cuando se utilizó para impedir el suministro de productos baratos o para viciar los mercados «naturales». En la década de los noventa, los privilegios arancelarios de que gozaban los productos españoles en Cuba resultaban probablemente insuficientes para el poder competitivo de la industria española. Ello condenaba a muerte toda esperanza puesta en un sistema de preferencia imperial. No poseemos pruebas para dilucidar hasta qué punto los intereses navieros y textiles de Cataluña o los harineros de Santander llegaron a influir en los políticos españoles; probablemente el imperialismo político no necesitaba mucho apoyo de la política de intereses económicos. Romero Robledo hubiera sido unionista sin necesidad de que influyera para ello su matrimonio con una heredera cubana.

Como en el caso de Irlanda, las pocas reformas que se realizaron llegaron a Cuba demasiado tarde para que la autonomía pudiera poner coto al separatismo. Los debates del Congreso sobre Cuba tuvieron lugar en medio de la indiferencia de los partidos dinásticos. Cánovas sentía por la cuestión cubana más interés que sus seguidores. Además, los autonomistas echaron a rodar toda posibilidad de hacerse oír, al aliarse —como no podían menos de hacer— con los republicanos. De aquí que la política cubana de los partidos dinásticos fuese coincidente. Maura, ministro de Ultramar de Sagasta, se convirtió, como Gladstone, a la solución autonomista debido, en parte, a los argumentos de índole general en pro de remedios liberales, y en parte también, a la imposibilidad de gobernar Cuba si los autonomistas continuaban boicoteando las Cortes españolas. En 1893 propuso que se diera a Cuba una asamblea única para sus asuntos interiores. El capitán general la oiría, asesorado de un consejo compuesto por las «fuerzas vivas» de Cuba; se debía eliminar el control del gobierno sobre los ayuntamientos. Esta reforma habría debilitado en Cuba la influencia electoral de los antiguos partidos, y Sagasta no estaba dispuesto a correr semejante riesgo político, amén de las consecuencias que acarrearía a su propio partido.⁶⁰ Una reforma menos drástica patrocinada por el sucesor de Maura, Abarzuza, se estaba discutiendo todavía cuando estalló la revuelta separatista en mayo de 1895. Incluso después de iniciada la Guerra de la Independencia, Maura creía que la continua denegación de reformas lanzaría a autonomistas y neutrales, todavía leales a España, en brazos de los separatistas.

Contra este liberalismo ilustrado, Romero Robledo fue el Chamberlain de España y la fuerza política de su grupo, en la confusa vida política de los últimos años de la década del noventa, fue suficiente para obligar a Cánovas a asumir el papel de un Salisbury vacilante. Para Romero Robledo y los suyos la autonomía era una «ignominia» y un parlamento cubano pasaría de manos de los autonomistas a las de los separatistas. «Autonomismo y separatismo son sinónimos.» Apegados a la soberanía española por convicción y por los intereses de sus aliados políticos en Cuba, los seguidores de Romero Robledo creían que, una vez declarada la revuelta, la soberanía española podía modificarse mediante concesiones administrativas tan sólo después de que el Ejército hubiera impuesto el reconocimiento incondicional de tal soberanía por parte de Cuba. Este razonamiento, que cerraba el paso a toda reforma, vino reforzado al mostrar las masas autonomistas, cosa que no hicieron sus dirigentes, simpatías por el separatismo, y por creer los generales que el honor del Ejército exigía la rendición incondicional de los rebeldes. Cánovas, reflexionando sobre la historia española, concluyó probablemente que España no podía conservar Cuba y que sólo la concesión de la autonomía pondría fin a la guerra. Parece que solamente consideró la cuestión cubana en términos de la ruta a seguir entre los diversos grupos de presión de Madrid para conservar la dirección de su partido. Amenazada a un lado por Romero Robledo y los generales, con su confianza en el «rigor saludable», y, a otro, por los conservadores silvelistas, que llegaron a considerar la autonomía como la única solución, la debilidad de la posición política de «El Monstruo» (en mayo de 1897 sus relaciones con la Reina Regente se hicieron extremadamente difíciles con la crisis del Balcón) le cerró la puerta de una política cubana.⁶¹

El fracaso reiterado de los autonomistas al tratar de conseguir alguna concesión de Madrid apuntaló la posición de aquellos separatistas que se habían negado a aceptar la bancarrota de su ideal de una república cubana independiente; al rechazar la Paz de Zanjón continuaron una «guerra chiquita» de resistencia guerrillera. Su programa declarado era oponerse a la autonomía hasta el final, por ser ella política «de radical y demostrada nulidad». El alma del movimiento por una república cubana fue Martí, cuyo odio al dominio español se remontaba a sus tiempos de estudiante —a los diecisiete años había sido encarcelado por haberse burlado de los militares españoles—. Martí fue el más notable de los libertadores latinoamericanos desde la gran generación de principios del siglo XIX; procedía de una familia pobre —su padre era sargento—; movido por la fe en la capacidad democrática de «los humildes», no compartía el temor de los autonomistas ricos a una Cuba negra. Hábil periodista, incansable orador y organizador, perseguido por la enfermedad y la pobreza, superando las envidias y las tendencias autoritarias de los jefes guerrilleros exiliados, fundó en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano y lo financió mediante los fondos conseguidos en giras oratorias entre los exiliados.⁶² Al cabo, su ideal de una república libre y democrática se deshizo. La liberación de Cuba se produjo por la intervención de los Estados Unidos y la revolución de Martí se frustró.⁶³ Cuba, libre de España, quedó sometida al gobierno de una oligarquía y al dominio de los intereses norteamericanos en una economía de monocultivo. Martí siempre había mantenido que un país que funda su economía en un solo cultivo se vende a sí mismo como esclavo, esclavitud resaltada por la Enmienda Platt a la nueva Constitución cubana, por la que se concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos internos de la nueva república. Por saludable y necesaria que fuera la intervención, negaba a Cuba la condición jurídica de nación soberana; de este modo la terminación de la «revolución frustrada» de Martí por la redención de la soberanía económica v política de Cuba se convirtió en el concepto clave del pensamiento inicial de Fidel Castro.

En febrero de 1895 Martí dio la orden de iniciar la rebelión en Cuba. Al propio Martí, que llegó a Cuba con una edición de bolsillo de Cicerón y una pistola, le mataron poco después; pero los separatistas continuaron la guerra hasta que la intervención americana aseguró la independencia. Pudieron conseguirla gracias a la naturaleza de la guerra, una guerra de guerrillas de la Cuba rural contra la Cuba urbana. «Los pocos españoles que hay en la isla —declaró Martínez Campos— sólo se atreven a decir que lo son en las ciudades; el resto de los habitantes odian a España.» Encabezadas por dirigentes experimentados, como Gómez y Maceo, las guerrillas, en cuyas filas formaban negros v blancos pobres para los que remontarse constituía un remedio contra las consecuencias de una miseria ancestral agudizada por la depresión económica, eran armadas por expediciones piratas salidas de Norteamérica, y que la marina española no supo interceptar. El propósito del alto mando español era hacer retroceder a las fuerzas rebeldes desde el Oeste a las montañas de Oriente, y allí destruirlas. La estrategia de Gómez iba a hacer imposible esa victoria final; como todos los auténticos jefes guerrilleros, estaba convencido de que al evitar la batalla en un terreno idóneo para la guerra de partidas podía ganar la guerra. Aparte de la hostilidad de los habitantes que informaban de todos los movimientos de las tropas, el Ejército español luchaba con la falta de ferrocarriles y caminos, con la manigua, las lluvias y la enfermedad más que con el enemigo. Se han denigrado mucho las deficiencias administrativas del Ejército español y de sus hospitales, pero incluso el Ejército norteamericano, cuando desembarcó en Cuba, advirtió que cualquier operación militar acarreaba un 50 % de bajas por enfermedad. Tras un mes de campaña el Ejército estadounidense estaba hecho una ruina.⁶⁴

Cánovas, que había sucedido a Sagasta un mes después de estallar la rebelión cubana, designó como comandante en jefe contra los rebeldes a Martínez Campos, cuyas ideas liberales sobre Cuba eran bien conocidas. Martínez Campos creía que las concesiones eran inevitables y que debía hacerse un intento en este sentido desde el principio; Cánovas y los unionistas de Cuba, sin embargo, bloquearon todo intento de acuerdo negociado que, en cualquier caso, los separatistas rechazaban de antemano. Incapaz de llevar adelante su propia política de concesiones, Martínez Campos era reacio a adoptar las drásticas medidas que hubieran podido terminar con la guerra en el momento de mayor debilidad de los rebeldes, y, al dividir sus fuerzas para defender plantaciones aisladas, anuló a su propio ejército como fuerza de choque. A finales de 1895 Gómez cruzó la isla y entró en contacto con Maceo en el Oeste; para Navidad los rebeldes hacían difícil la vida incluso en La Habana. Ante su fracaso militar, Martínez Campos reconoció que otros métodos, que no sería él quien los pusiese en práctica, podían tener más éxito. Su sucesor fue Weyler, la encarnación militar de la política de resistencia empecinada (enero de 1896). Weyler, que no fumaba y era un anticlerical tibio, era un técnico militar y no el bruto presentado por la propaganda norteamericana. La guerra le pareció una operación militar que podía terminar en dos años haciendo frente a la absoluta falta de contemplaciones de los rebeldes con campos de concentración, política condenada como bárbara pero que Gran Bretaña se vio obligada a adoptar pocos años después en Sudáfrica como único medio eficaz para acabar con una guerra de guerrillas apoyada por la población local. «¿Cómo quieren que guerree? ¿Con pastorales de obispos y dádivas de dulces y dinero?»⁶⁵ Weyler estaba decidido a aislar y destruir a Maceo, al que consideraba como el más peligroso de los dirigentes cubanos por su influencia sobre los negros. En diciembre de 1896 Maceo fue muerto y los españoles consideraron acabada la guerra; con trenes que funcionaban y la cosecha de tabaco recogida y segura, Weyler se preparaba para una campaña decisiva en Oriente. Sostenía que Cánovas, en estas condiciones de pacificación próxima, podía arriesgarse a hacer concesiones políticas para desarmar la creciente beligerancia de los Estados Unidos y de los críticos hostiles en la propia España.⁶⁶

Cánovas se daba perfecta cuenta de los peligros de la intervención por parte de los Estados Unidos. Su gobierno había desaprovechado una posibilidad inicial de impedirla al rechazar las propuestas de mediación de Olney, pero en abril de 1896 ni el Ejército ni la opinión querían saber nada que no fuera la política de la guerra, intento de acabar con la revuelta mediante la fuerza militar antes de que la opinión norteamericana pudiera pasar de una simpatía por Cuba, que sin embargo respetaba la soberanía española, a la intervención armada contra España para detener la ulterior destrucción de vidas y propiedades.⁶⁷ Los presidentes Cleveland y McKinley esperaban evitar semejante intervención mediante concesiones que aplacaran a los rebeldes y que al mismo tiempo satisficieran la dignidad española, política imposible condenada al fracaso desde el principio. Las reformas limitadas de Cánovas de marzo de 1897 al reconocer la «personalidad administrativa» de Cuba, no modificaron la situación en la isla ni facilitaron las relaciones con los Estados Unidos; su política perdía apoyo incluso dentro de España. Cuando en julio de 1897 los liberales rompieron la tregua de partidos y Moret anunció su conversión a la autonomía, la opinión se volcó hacia este talismán, cuando anteriormente no había visto salida honorable más que en la política de la guerra. Cuando Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano durante su cura de verano anual, su política cubana estaba en quiebra (8 de agosto de 1897). Simbólicamente, su último acto fue telegrafiar al ministro de la Gobernación a propósito de unas elecciones para senador en Cádiz.

Tras unos gobiernos puente, Sagasta llegó al poder (octubre de 1897). Destituyó a Weyler y dio a Cuba un gobierno autónomo —inversión completa y apresurada de la política de Cánovas sobre la que no se molestó siquiera en consultar a las Cortes—. Los unionistas se opusieron fuertemente a la autonomía y a sus algaradas se debió que los Estados Unidos enviaran el acorazado Maine para proteger las vidas y propiedades americanas. El Maine fue volado por una explosión que los técnicos americanos atribuyeron a una mina española. Aunque el hecho encolerizó a la opinión americana, ello no modificó la política de McKinley. No quería la guerra, como tampoco la querían sus amigos de los negocios, y no podía creer en la libertad cubana; pero no supo oponerse a la opinión pública, ahora a la merced de jingoístas e idealistas. En 1898 sólo la concesión de independencia total podía haber pacificado Cuba; la autonomía de Sagasta, aunque satisfacía cada una de las demandas formales norteamericanas, no lo consiguió. Sin la pacificación de Cuba, McKinley no tenía más alternativa que declarar una guerra que no deseaba. La guerra cubana, que fue la primera manifestación abierta de patriotismo y de unidad nacional con posterioridad a la guerra civil, era «una guerra popular, no una guerra de la administración».⁶⁸

El primer desastre se produjo en Filipinas, donde el Ejército había vencido una revuelta separatista. La escuadra española del Pacífico sólo en teoría era una fuerza de combate; en mayo de 1898 el almirante Dewey, en una batalla que duró una hora, barrió del mar los navíos españoles desde la segura distancia de dos kilómetros, como si hubiera estado tirando al blanco.⁶⁹ En el Atlántico, el almirante Cervera sabía que su escuadra sería derrotada si se le ordenaba ir a las Antillas. Su advertencia fue rechazada por el gobierno con un comité de almirantes incapaces de afrontar una confesión de impotencia y una paz inmediata; los jefes de Cervera afirmaron más tarde «por su honor y en conciencia su convencimiento de que el gobierno de Madrid estaba decidido a que la flota fuera destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar rápidamente a la paz», acusación que no puede descartarse totalmente. En las Antillas, Cervera, sin carbón para operar, se encerró en la bahía de Santiago, sólo para que se le ordenara salir de ella e ir a una destrucción segura a manos de la flota americana que bloqueaba la isla. El 3 de julio de 1898 toda la escuadra española fue destruida a la salida de Santiago, con una sola baja por parte de los americanos. Cervera tuvo que salir nadando de la nave capitana y el único barco moderno con velocidad suficiente para escapar se quedó sin carbón. Los dos desastres navales más completos de los tiempos modernos hicieron que España tuviera que renunciar, con el Tratado de París, a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

La pérdida de la mayor parte del imperio americano en los años veinte no había dejado huella psicológica, pues se perdió durante una guerra civil de los españoles metropolitanos contra los españoles coloniales. Cuba fue arrancada a España por la derrota a manos de una potencia extranjera a la que la prensa había enseñado a despreciar como una nación de vulgares tocineros o a temer como un coloso. La destrucción pública de la imagen de España como gran potencia convirtió la derrota en un desastre moral. La derrota acabó con la confianza ya minada por la depresión económica y por la confusión política, y fue atribuida al sistema político que había presidido el desastre. Tal imputación era injusta porque ningún sistema político podía salvar los últimos residuos del imperio colonial de una potencia de segunda categoría.

CAPÍTULO X

LAS BASES DE UNA ECONOMÍA MODERNA

Desde 1854 el sueño de una economía «moderna», que se desarrollara hacia la prosperidad, había rondado la imaginación de los españoles progresivos. La brecha entre España y Europa no se veía ya como un problema intelectual, como un retraso en la cultura, sino como un hecho económico. En los últimos años del siglo XIX la recuperación de este retraso se concebía como una necesidad nacional que supondría la destrucción o la modificación de las actividades tradicionales. Hacia 1900 los apologistas de la europeización atacaban las «rémoras» del espíritu de sus predecesores del siglo XVIII y predicaban la ética protestante del trabajo duro, y la búsqueda de la riqueza.

En este capítulo se intentará analizar los logros y fracasos de esta búsqueda a finales del siglo XIX y principios del XX.¹ Los ciclos principales están muy claros. Entre 1877 y 1886 hubo un período de crecimiento optimista durante una era de depresión en Europa. Cuando Europa se recuperó, España cayó en la crisis de los años noventa. La recuperación, contrapunteada por malas cosechas y crisis industriales del ciclo corto, se sostuvo prácticamente sin interrupción entre 1900 y 1914, mientras que la guerra de 1914-1918 convirtió a la neutral España en país favorecido. Primo de Rivera tuvo la fortuna de gobernar durante un período de prosperidad que finalizó repentinamente en 1929. Aislada en cierta medida de las consecuencias de la crisis mundial, la economía quedó estancada o en decadencia bajo la República de 1931. La Guerra Civil fue un golpe terrible del que no se recuperaría fácilmente con posterioridad a 1939. Por ello, 1929 puede verse como el apogeo del crecimiento iniciado en el siglo XIX; la producción agrícola no volvería a alcanzar los niveles del último año de la Dictadura hasta los años cincuenta.

Durante esos años difíciles se revelaron los desequilibrios y las discontinuidades del crecimiento anterior. España mostró tener una economía subdesarrollada en la que el crecimiento de la población era superior al aumento de la producción. El problema, amenazador desde el cambio de siglo, se agudizó a partir de 1930. La mortalidad infantil sólo se redujo a la mitad en un país en que las mejoras agrícolas resultaban difíciles y el crecimiento industrial lento.²

1. Prosperidad y crisis: 1870-1898

«Sin ser lo que puede llamarse un país rico, España se ha convertido en un país bastante próspero»: así resumía un economista el progreso económico de los últimos años de la década del setenta y primeros de la del ochenta, los años de expansión de la «fiebre del oro» en que la prosperidad no se veía dificultada por las exigencias de los obreros organizados. En estos primeros años, especialmente a partir de 1877, la Restauración fue afortunada: el convertidor de Bessemer y la filoxera crearon una demanda sin precedentes de mineral de hierro y de vinos; a partir de 1882 el mercado cubano absorbió buena parte de los excedentes catalanes; la construcción ferroviaria aumentó en forma dramática después de haber cesado prácticamente durante la Revolución. Parece que en España una expansión posbélica eliminó las consecuencias de la depresión europea;³ sin embargo, a finales de los años ochenta, la expansión fue contenida por una crisis agrícola común al continente. La «fiebre del oro» de la Restauración dio paso al pesimismo y a la literatura de la angustia económica de los años noventa, fenómeno de depresión agudizado y agravado por la pérdida de Cuba hasta dar en esa mentalidad conocida por regeneracionismo.

El estímulo de la prosperidad provino inicialmente de la inyección de capital extranjero en las minas, facilitada por las leyes mineras liberales de la revolución de septiembre de 1868, de la misma manera que la gran influencia de capital francés en los años cuarenta se había iniciado con la revolución de 1854. A partir de los años setenta las empresas siderúrgicas de Francia, Alemania e Inglaterra, como consecuencia del procedimiento de Bessemer, competían por obtener el «mineral rojo» de Vizcaya, bajo en fósforo. En 1899, el año culminante, se exportaron ocho millones de toneladas, invirtiendo solamente Inglaterra siete millones de libras esterlinas para el desarrollo de la minería de hierro vasca.⁴ Las raíces del nacionalismo económico español se hallan en este apogeo del control extranjero de los recursos minerales. España estaba imitando a Esaú en detrimento de la industria siderúrgica nativa; las grandes empresas extranjeras se comportaban como estados casi soberanos que gobernaban en un idioma extranjero y explotaban a España como a una economía colonial, corrompiendo a sus políticos. Pero el capital español no había explotado, ni podía explotar, esos recursos sin ayuda: diez años de capital inglés y de ingenieros británicos cuadruplicaron la producción de las minas de Río Tinto, convirtiendo a España en el mayor productor de cobre de Europa. El capital extranjero inyectado por la exportación de mineral financió la modernización de la industria siderúrgica vasca, técnicamente atrasada. Pero incluso así continuó siendo una industria de costes elevados, privada de un suministro barato de buen carbón de coque, y atrasada técnicamente; en 1890 de los trece altos hornos existentes solamente cinco empleaban carbón de coque y había un solo convertidor de Bessemer en la industria. En los años ochenta ésta únicamente podía absorber la décima parte de la producción minera.

En todas partes, en la agricultura y en la industria, los primeros años de la Restauración fueron de relativa prosperidad y expansión. Tras el hundimiento de 1866 el algodón se recuperó y expandió cuando hubo pasado la penuria de materia prima; sobrevivió a la aguda crisis de 1878, y la apertura del mercado cubano a partir de 1882 originó lo que un historiador ha denominado «la euforia del algodón».⁵ Todavía más notable fue el desarrollo de una nueva industria lanera a gran escala, entonces la tercera de Europa. Es difícil, por ello, aceptar la argumentación incesantemente reiterada por los fanáticos del proteccionismo según la cual el libre cambio había «acabado» con la industria catalana. Si algo destruyó fue, para ventaja relativa de los talleres catalanes, la antigua industria lanera semidoméstica diseminada por las ciudades y pueblos de España; una vez más la España periférica triunfaba sobre el centro. Pero este triunfo les parecía inseguro a los catalanes; al igual que a mediados de siglo, esperaban equilibrar la industria textil con una industria pesada. Aunque los ferrocarriles y la expansión textil proporcionaban buenos beneficios para las industrias metalúrgica y de maquinaria, éstas tuvieron que luchar contra la falta de carbón catalán: de este modo Cataluña no contaba en 1900 con ningún alto horno moderno.

Enfrentados con este «fracaso», los catalanes continuaron creyendo que la economía catalana estaba «coja»: la inversión algodonera era excesiva cuando absorbía la mitad de la inversión industrial de Cataluña. Este argumento sólo tiene sentido dentro de la estructura de un nacionalismo económico catalán que, pongamos por caso, podía llamar «extranjero» al carbón asturiano; para España en su conjunto, considerada como una unidad económica, era razonable que la industria pesada estuviera localizada donde los costes eran más bajos.

La inseguridad catalana —que estaba en la raíz del movimiento en favor de la protección— no provenía simplemente de un deseo de levantar una industria siderúrgica y naval que se estaba dejando a los vascos; también provenía de sensación de que, a pesar del aumento de la producción, los industriales textiles catalanes no habían conseguido crear una industria verdaderamente competitiva. En la literatura proteccionista catalana nada es más notable que su insistencia en estadísticas que mostraban la «inferioridad» catalana: fábricas equipadas con la mitad de la media de husos del resto de Europa, rendimiento por hombre inferior a la mitad del existente en Estados Unidos. Para modernizar «nuestra pobre y débil» industria y para hacerla competitiva, habría que despedir a la mitad de los obreros del algodón. Independientemente de lo justificable que sea este argumento desde el punto de vista humanitario y social, difícilmente se tendría por el de una clase empresarial decidida.⁶

La prosperidad industrial, como condición permanente, se basaba en el poder adquisitivo de la gran mayoría de los españoles, esto es, en la prosperidad agrícola. En las décadas de los setenta y ochenta, ésta aumentó debido a una calamidad natural: la filoxera de los viñedos franceses. A partir de 1868 Francia empezó a importar grandes cantidades de vino español; entre 1882 y 1892, con treinta vapores al mes transportando vino desde Tarragona a los puertos franceses, España dominó el mercado mundial de vinos, dominio que se explotó con anárquica euforia y escasa previsión del futuro.⁷ El vino triunfó nuevamente sobre los cereales, difundiéndose desde la periferia hacia el centro, y estableciendo su primacía en La Mancha y La Rioja. En 1885-1886 el auge cesó; entre 1885 y 1887 los precios descendieron a la mitad en algunas zonas.⁸ La crisis fue total cuando la filoxera invadió España: a menudo se dejaron abandonados, sin más, los nuevos viñedos.⁹

Durante los mismos años la otra gran cosecha tradicional —el trigo— tuvo que enfrentarse con un descenso de los precios que se difundió a otros cereales, como el arroz. España no pudo mantener el mercado colonial de harina y arroz en el momento en que los productores nativos fueron barridos por el trigo y el arroz importados en el mercado interior, competencia que convirtió la extensión de los campos arroceros valencianos de los últimos años en una empresa no rentable.¹⁰ La crisis triguera fue consecuencia de la baratura del transporte marítimo combinada con el costoso transporte interno: resultaba más caro enviar trigo por tierra desde las regiones del centro a Barcelona que importarlo por mar de Odesa o de América. De este modo, aquellas regiones perdieron el mercado periférico ante el trigo importado que abastecía a gran escala la industria harinera de Barcelona.¹¹ Una lluvia de libros y dos comisiones gubernamentales investigaron la crisis agrícola.

Así, hacia 1887, la «fiebre del oro», que había asegurado la estabilidad política de la Restauración, se convirtió en depresión. Ya en 1886 las empresas metalúrgicas y de maquinaria de Barcelona dejaron de pagar dividendos; en 1887 empezaron a despedir trabajadores. Industriales y agricultores pensaban solamente en un remedio: el retorno al proteccionismo.¹²

Los catalanes nunca pudieron aceptar el triunfo parcial del librecambio en las progresivas reducciones arancelarias de Figuerola de 1869. Sus organizadores llevaron adelante una fuerte campaña en favor de un retorno al proteccionismo y contra todos los tratados comerciales que, mediante cláusulas de nación más favorecida, podían dificultar el abandono de las bajas tarifas de Figuerola.¹³ Sus argumentos, aunque formulados enérgicamente, no podían prosperar mucho en un período de expansión que contradecía su pesimismo económico; algunos intereses poderosos —especialmente las compañías ferroviarias— dentro del partido liberal todavía consideraban el librecambio como una de las conquistas de la revolución de septiembre, y consiguieron imponer el tratado comercial con Francia (1882) a pesar de la fuerte oposición proteccionista.

Con la crisis de los años ochenta la causa proteccionista ganó fuerza y aliados. Como reveló la Comisión Agrícola de 1887, los intereses trigueros eran entonces fuertemente proteccionistas: los textiles, la marina mercante y la metalurgia llevaban tiempo clamando por la protección. El proteccionismo empezó a hacer conversos incluso entre los liberales: Gamazo, el diputado más conocido de los intereses cerealícolas, se apartó del partido en esta cuestión. Romero Robledo anunció su conversión y la perspectiva de una coalición proteccionista de conservadores y liberales disidentes empujó a Cánovas (que no había sido un librecambista entusiasta desde 1875, fecha en que restauró los aranceles protectores con finalidades fiscales) a hacer pública su propia conversión al proteccionismo. El arancel conservador de 1891 significó el triunfo del proteccionismo. En 1892 Moret trató de volver al librecambio mediante un acuerdo arancelario con Alemania, ampliable, mediante cláusulas de nación más favorecida, a otros países con los que España tenía tratados comerciales. Los proteccionistas, que habían fracasado con el tratado francés de 1882, tuvieron éxito en 1892 cuando el tratado con Alemania fue rechazado por el Senado. Con la Liga Nacional de Productores, Cataluña había conseguido crear finalmente, tras cuarenta años de propaganda, una organización «nacional» en favor de la protección que incluía a los intereses del acero vasco y a los intereses trigueros castellanos. A partir de 1891 el eje Bilbao-Barcelona-Valladolid determinó las decisiones económicas de España; los aranceles aumentaron rápidamente, hasta el punto que en 1906 España poseía las más elevadas barreras aduaneras de Europa.

Los dos grandes partidos habían aceptado la protección, los conservadores con entusiasmo y los liberales como una necesidad electoral y por temor a las consecuencias sociales del desempleo. Más que la aplicación de un dogma económico, como había sido el triunfo del librecambio, la protección plena llegó como sistematización de las concesiones hechas a un grupo de intereses tras otro.¹⁴ No hay nada de específicamente español en el triunfo del proteccionismo: triunfaba en toda Europa. Lo peculiar es la intensidad con que se perseguía el ideal de la autosuficiencia nacional y la relativa facilidad con que el «intervencionismo» encajaba en las tradiciones del Estado español. La economía liberal de España, por incompleta que fuera, tenía ya una apariencia extranjera y extraña. Sin embargo, las tarifas ya no eran bastante: debía llevarse a cabo un esfuerzo por desarrollar la autosuficiencia, por salvaguardar la producción nacional forzando el consumo nacional. «La economía política debe aceptar el concepto de Patria y someterse a él. La Patria es una asociación de consumidores y productores para su ayuda mutua con el fin de crear una vida propia de la misma manera que se crea una familia individual.» Cánovas formuló la metafísica de la autarquía en los años noventa; otro conservador, Maura, le dio ulterior amplitud mediante la legislación de 1907 que hizo obligatorios los productos nacionales en todas las industrias relacionadas con el Estado, en particular los ferrocarriles y las obras públicas. Así, España prefirió una costosa marina de fabricación nacional a los barcos extranjeros, más baratos.

La elevada protección obligó finalmente a la regulación de la producción por el Estado, al «intervencionismo», que se convirtió en una característica muy criticada de la dictadura de Primo de Rivera. Ello fue en parte una consecuencia de la protección como artificio para implantar industrias «que faltaban», o, como en el caso de la industria azucarera, para regular la sobreproducción de una cosecha protegida. El paternalismo tradicional del Estado castellano nunca había desaparecido del todo. Así, la ley de sociedades de mediados de siglo dio al Estado una representación en la industria que hubiera sido inconcebible en Inglaterra. Todas estas tradiciones eran muy anteriores a 1923: todo lo que hizo Primo de Rivera se contenía ya en los ideales económicos de Cánovas del Castillo y, como veremos, la Segunda República abandonó muy poco de su «intervencionismo».

Esta tendencia a la protección y al «intervencionismo» tropezó con la oposición de un puñado de economistas liberales y de los representantes de los intereses del comercio de exportación y de los ferrocarriles. Se afirmaba que las consecuencias del sistema se reflejaban claramente en los elevados costes industriales que impedían las exportaciones, en los altos precios internos que mantenían el bajo consumo, y en el sostenimiento de determinados cultivos —por ejemplo, cereales y azúcar— en condiciones antieconómicas.¹⁵ Los economistas disidentes explicaban la lentitud del progreso económico por esta autarquía exagerada: la agricultura protegida de Castilla nunca elevaría el poder de compra suficientemente como para expandir la demanda industrial; alegaban que una vez saturado el rígido mercado interno un aumento de la producción industrial sólo podría ser absorbido por la periferia, donde la exportación del mineral vasco y de los frutos de Levante producía beneficios. Una reducción de la demanda de estas exportaciones tendría como importante consecuencia un descenso de las cosechas en las grandes zonas cerealícolas.

Cualesquiera que hayan sido los argumentos económicos contra la protección, es difícil concebir cómo hubieran podido actuar de otro modo los políticos españoles. Si unos aranceles mal elaborados eran peores que la ausencia de aranceles, el libre comercio fue, pese a todo, un riesgo calculado como receta para el despegue industrial: al fin y al cabo lo hacía depender todo del poder adquisitivo conseguido por el incremento de la exportación, por ejemplo. Pero, desde la lana hasta el vino, todos los productos agrícolas de exportación dejaron de ser tales por acontecimientos ajenos a España, y en 1930 le llegó el turno al Levante: los Acuerdos de Ottawa privaron del mercado de Londres a los exportadores de arroz y naranjas. Era inconcebible que los políticos se arriesgaran a las consecuencias políticas y sociales de sacrificar la agricultura castellana y la industria catalana. Tanto los proteccionistas agrícolas como sus críticos basaban sus argumentos en la pobreza de la agricultura española, salvo la de la periferia: los librecambistas arriesgaban la reversión del centro a las malezas, y los proteccionistas exigían que la economía en su conjunto se sacrificara para mantener un enorme cultivo marginal.¹⁶

La exigencia de proteccionismo era sólo un aspecto del pesimismo económico que siguió al fin del auge de la Restauración. Se produjo un diluvio de literatura, dedicado en gran parte a problemas presupuestarios, que destacaba la pobreza de España pidiendo una reducción de los gastos estatales y la correspondiente reducción de los impuestos sobre las «clases productivas». Además de la protección, las medidas sugeridas para la regeneración económica (la expresión hacer país era ya corriente) apenas se distinguían del arbitrismo frívolo de los economistas políticos del siglo XVII. Los remedios propuestos resultaban peores que la enfermedad que debían curar —por ejemplo, la reducción de los gastos del Estado en repoblación forestal—, o eran políticamente imposibles. Exigir en nombre de las economías, la consigna de los años ochenta, una reducción en el Ejército y en la burocracia, equivalía a proponer la modificación de toda la estructura de la sociedad española. Suponía empobrecer a un sector medio típico de una economía subdesarrollada. A esta medida drástica se opusieron «consideraciones políticas de la mayor importancia».¹⁷

2. La agricultura y la industria

La pérdida de Cuba parecía presagiar un desastre económico, especialmente en Cataluña, donde en 1894 el 60 % del comercio de exportación, que había empezado a basarse en productos manufacturados, se realizaba con Cuba.¹⁸ Este comercio se había convertido en un interés de importancia, con su centro financiero en el Banco Hispano Colonial (1876), combinación de intereses navieros, textiles y exportadores. Hacia 1900 el comercio colonial casi había dejado de existir.

Pero tras el desastre de 1898 los observadores extranjeros, sobreestimando la importancia del comercio cubano para España en su conjunto e inconscientes de los efectos de las variaciones en la relación real de intercambio, quedaron tan impresionados por la «recuperación» que con frecuencia adoptaron la teoría psicológica —corriente entre los regeneracionistas posteriores al desastre— de un retorno a la vitalidad interna tras una dependencia «artificial» de los residuos de la grandeza colonial. El cónsul francés en Barcelona señaló une grande poussée industrielle en los años posteriores al desastre; los cónsules ingleses peroraron líricamente sobre el «crecimiento verdaderamente maravilloso» o dieron noticia de «un movimiento general hacia adelante».¹⁹ Otros observaron la decadencia de los modos de vida tradicionales en una economía ferroviaria de dimensión nacional, y una aceleración en el ritmo del cambio fiscal. Los españoles, en general, eran menos optimistas. El progreso económico era un adorno superficial; Ortega y Gasset señalaba que los automóviles no eran medios de transporte, sino símbolos para ser mantenidos, relucientes, por chóferes mal pagados. España continuaba siendo económica y socialmente invertebrada; continuaba siendo una economía colonial explotada por el capital extranjero.²⁰ Más que confiar en el proceso de desarrollo los españoles anhelaban un Mesías: un economista prestigioso pudo presentar la prosperidad británica como realización de Adam Smith exclusivamente. Apelaban constantemente al Estado, y cuando éste no podía hacer nada para fomentar la prosperidad hablaban de «ausencia del Estado». En este tipo de mentalidad radica la decepción española hacia el liberalismo parlamentario.

¿Cuáles fueron las características de la economía posterior a 1900 que podían justificar el pesimismo o suscitar el optimismo? Había una balanza comercial desfavorable; de ahí el intento de crear mediante la protección una economía autosuficiente que pudiera remediar la depreciación de la moneda, depreciación que reflejaba la carga de los excedentes de importación. Despuntaban nuevos comienzos prometedores: el crecimiento de la industria pesada en el Norte (en Vizcaya y, en medida inferior, también en Guipúzcoa), donde las leyes de concentración industrial y la disponibilidad de materias primas actuaban en contra del predominio industrial de Cataluña; posteriormente, el surgir de una industria ligera basada en la energía hidroeléctrica restableció el equilibrio en favor del complejo industrial más antiguo. Pero estos progresos, limitados por un sistema de comunicaciones ferroviarias imperfecto que se vendría abajo con las tensiones a que lo sometió la Gran Guerra, no llegó a estimular el centro estancado. En la medida en que España experimentó una revolución industrial y agrícola menor, ésta quedó limitada, en su mayor parte, a la periferia.

A lo largo de los siglos XIX y XX —salvo durante los años de la Primera Guerra Mundial— la balanza comercial adversa fue sostenida mediante créditos extranjeros renovados y gracias a los ahorros de los emigrados. Se ocultó así la debilidad fundamental de la economía: la incapacidad de un país productor de productos primarios para pagar los bienes y el equipo industrial que necesitaba. Esta situación se hizo todavía más precaria cuando, en el siglo XX, empezaron a predominar en las exportaciones los productos agrícolas en mercados inseguros.²¹ La inflexible pugna por crear una economía autosuficiente no pudo remediar la situación. Los gobernantes de España, como todos los estadistas del siglo XIX, estaban obsesionados por el mantenimiento del valor de cambio de la moneda nacional, y la «defensa de la peseta» empareja a ministros de Hacienda tan alejados entre sí como Villaverde y Calvo Sotelo. Puesto que la balanza comercial adversa se reflejaba inevitablemente en la depreciación de la peseta y puesto que devaluarla hubiera sido una «ignominia nacional», sólo parecía haber dos remedios: o bien evitar los gastos gubernamentales como causa de la inflación interna y de la depreciación —y esto significaba eludir las obras públicas que España necesitaba tan desesperadamente—, o intentar acabar con las importaciones mediante la protección arancelaria.

El éxito fue limitado porque no era posible evitar algunas importaciones como, pongamos por caso, la de algodón en bruto (hasta después de la guerra civil), y la de petróleo. Estos esfuerzos y, lo que es más importante, la insignificancia de su comercio exterior —era predominantemente agrícola y constituía un cuarto del comercio exterior por habitante de Francia— pueden haber aislado a España, en cierta medida, de las violentas fluctuaciones de la economía europea. Se ha aducido que este aislamiento la salvó de las consecuencias extremas del colapso de los años treinta, cuando los precios permanecieron estables por más que las exportaciones principales fueron estranguladas por la depresión mundial.²² Puede decirse que el precio pagado por la estabilidad fueron unos costes elevados y unos niveles de vida bajos. Antes de la guerra civil las bicicletas eran raras en la España rural, y no se veían motocicletas por ninguna parte; el español comía más frugalmente que los demás europeos, salvo en los Balcanes y el sur de Italia. Fue la necesidad lo que elevó la sobriedad al rango de virtud nacional.

Los proteccionistas sostenían que, dado que el comercio exterior desempeñaba un papel tan nimio en la economía nacional, el déficit comercial era de poca importancia comparado con la creación de un mercado interno. Aquí reside el meollo del asunto. ¿Cómo es posible elevar el poder adquisitivo de un país agrícola sobrepoblado y en el que es difícil el progreso de la agricultura? Es relativamente fácil estimular el crecimiento en una economía agraria atrasada donde los rendimientos más altos constituyen una posibilidad inmediata; no ocurre lo mismo en una economía tradicional estancada desde hace tiempo, en la que la producción a menudo se halla razonablemente próxima al máximo permitido por las condiciones naturales, o está limitada por la estructura de la propiedad privada, o donde una fuerte sobrepoblación hace que no sea posible un uso más provechoso de la tierra sin una disminución de los hombres. Puesto que las condiciones del cultivo de secano, que prevalecía en gran parte de la España central, eran poco susceptibles de mejora inmediata, y puesto que no había esperanza de una reforma agraria que liberara la productividad «aprisionada» por el sistema de latifundios —en cualquier caso era un proceso que exigía tiempo—, las «provincias exportadoras» de la periferia, en especial las de Valencia y Barcelona, que suministraban el 30 % de las exportaciones españolas, siguieron siendo el factor dinámico de la economía.

El progreso espectacular se limitó a las zonas tradicionalmente irrigadas de Levante y Cataluña, y a aquellas zonas de Andalucía y Aragón en que la inversión a pequeña escala era muy productiva. La mayor aportación al saneamiento de la balanza comercial adversa, que tanto alarmaba a los proteccionistas, fue realizada por los cultivadores de naranjas y productos hortícolas de Levante y Cataluña. Las plantaciones de naranjos crecían al borde de las antiguas huertas que habían sido intensamente cultivadas durante siglos; no se regaban por costosos sistemas de riego sino mediante bombas y pequeños pozos.²³ El crecimiento de la actividad naranjera fue asombroso (12,5 % anual) y no tiene paralelo en otros sectores de la producción agrícola; los cereales, por ejemplo, siguieron el ritmo del crecimiento de la población. La naranja, como la más importante exportación aislada, fue un factor significativo en la determinación de la renta nacional, mientras que a través de su influencia en la balanza de pagos afectaba al propio proceso de desarrollo industrial. Hasta la depresión de los años treinta, y aparte de los años de guerra, en que la exportación de naranjas experimentó un descenso, la demanda creció a medida que Gran Bretaña fue desplazando a Francia como mercado principal. El nivel más alto de la producción de naranjas fue alcanzado en 1930, pero ni siquiera la ulterior contracción de los mercados afectó a la ampliación de la superficie de cultivo. Se hizo frente a la crisis reduciendo los costes pero sin abandonar las nuevas plantaciones.²⁴

Al caracterizarse por sus cosechas especializadas, la agricultura intensiva a pequeña escala de la costa mediterránea era flexible, capaz de cambiar de cultivos en respuesta a las demandas del mercado o a los estragos de las plagas, como la que había acabado con el gusano de seda en los años cincuenta. Típico resulta el desarrollo de la Maresma catalana: con las bombas eléctricas la zona irrigada aumentó de un 10 % (1920) a un 90 % (1940). Cuando la filoxera redujo los viñedos a la séptima parte de su extensión anterior y cuando las naranjas valencianas, de más calidad, acabaron con la prosperidad de las plantaciones que habían sustituido a los viñedos, la Maresma se dedicó a la patata temprana y a las flores.²⁵ El precio pagado por esta flexibilidad y esta especialización fue la dependencia de los mercados extranjeros, sobre todo el de Londres, los cuales podían prescindir de las importaciones españolas.

Producto típico de las nuevas formas de prosperidad agrícola fue la remolacha azucarera, cultivo que tampoco podía introducirse fácilmente en el secano. La remolacha azucarera entró en un período de expansión al desaparecer el azúcar de caña de las Antillas. Tras el arancel protector de 1899 España pronto produjo más azúcar del que podía absorber el mercado interior, mientras que su elevado precio hacía imposible la exportación. Por consiguiente, fue el primer campo en que la protección exigió al mismo tiempo una regulación estatal de la producción y de los precios, y también el primer campo en que ello resultó viable, debido a la concentración de la industria en pocas factorías. El algodón, que podía cultivarse en las ricas tierras de Andalucía y Extremadura, fue otro de los cultivos que sostenían la esperanza de una autarquía más completa. El fomento del cultivo del algodón encontró la oposición de un interés muy poderoso: los fabricantes catalanes, que no tenían miramiento alguno por una economía nacional cuando ésta era financiada mediante subsidios e impuestos a la importación de algodón en crudo, es decir, mediante una reducción de sus propios beneficios. De modo significativo, adujeron que los comités algodoneros darían lugar a un nuevo caciquismo manipulado por los terratenientes andaluces, lo cual sería una nueva prueba de la orientación antieconómica de un Estado dominado por las «clases tradicionales».

Las grandes cosechas de secano siguieron siendo el trigo, el viñedo y la aceituna. Apoyados por un «aparato ortopédico» (las tarifas protectoras del 110 %), los cereales mantuvieron su dominio y la producción se expandió suficientemente como para alimentar a una población creciente en los años de buena cosecha. Esta expansión representaba un aumento de rendimiento en una zona de siembra más pequeña, y se debía al empleo de fertilizantes químicos, muy aconsejados por agrónomos y corredores.²⁶ Dada la falta de forrajes —los campesinos empleaban cuanto estiércol había con gran destreza—, los fertilizantes artificiales produjeron en la España seca lo más parecido a una revolución agrícola.

La concepción tradicional de la historia económica española como una «lucha» entre pastores «estériles» y agricultores «productivos» dio un incentivo psicológico al cultivo de cereales a expensas de los pastos, que sólo se contrarrestó en el siglo XX; sin embargo, el predominio de los cereales era consecuencia del sol y del suelo. Donde no crece hierba no pastan las vacas, y por deseable que pudiera ser la sustitución del ganado lanar y cabrío por el vacuno, la hacían imposible las dehesas eriales y las gavillas trigueras.²⁷ El trigo y los largos barbechos eran todo lo que permitía la tierra y representaban una buena práctica de cultivo de secano a falta de cultivos alternantes que hicieran posibles rotaciones más eficaces. Hubo algunos progresos —el tratamiento químico de las lentejas en almacenaje permitió barbechos más provechosos— pero en las regiones más pobres lo más que podía esperarse era un rendimiento de tres a uno de las semillas; los rendimientos medios mejoraron en un 10 %, pero todavía estaban por debajo de la mitad de los rendimientos franceses. No era cosa de extrañarse mucho, cuando tal vez la mitad de la producción total, aun en la década de los cincuenta del siglo XX, procedía de explotaciones de extensión inferior a las dos hectáreas. De ahí el primitivo ciclo triguero típicamente manifiesto en los años 1929-1934. Un año malo significaba precios elevados, lo cual hacía que se iniciaran nuevos cultivos; la sobreproducción hacía descender los precios y la tierra dejaba de cultivarse.

Fueron muchos los que lamentaron este monocultivo cerealista primitivo. Sin la protección, gran parte de la producción cerealícola se hubiera convertido en algo desesperadamente antieconómico, y grandes zonas hubieran vuelto a la condición de dehesas. Pero la protección no consiguió proporcionar un nivel de vida razonable a los pequeños agricultores y campesinos que luchaban en pequeños campos contra la sequía y un suelo pobre, aunque proporcionó beneficios a los grandes cultivadores cerealistas y dejó subsistir al campesino medio. De estos dos grupos salieron los partidarios del liberalismo de tendencia proteccionista de Gamazo. El campesino pobre, que de modo intermitente producía con déficit, era víctima en todas partes de los usureros lugareños y de los comerciantes de granos, y cabía alegar que el proteccionismo hacía muy poco por ayudar a los dos millones de personas que vivían del trigo. Parece que muchos campesinos castellanos se vieron reducidos a la condición de agricultores arrendatarios por ejercer sus acreedores hipotecarios contra ellos el derecho de tanteo; hasta la formación de la U. G. T. en el campo estas clases más débiles carecieron de voz.²⁸ Pero, incluso entonces, los campesinos de las zonas trigueras continuaron siendo una fuerza conservadora, o por lo menos una fuerza susceptible de ser dominada por los conservadores.

La cosecha productiva más valiosa de los campesinos, la vid, se recuperó lentamente de los terribles golpes de la pérdida de los mercados francés y colonial y de la invasión de los viñedos españoles por la filoxera; únicamente los vinos de Jerez, con sus soberbias marcas, resultado de complejísimos métodos de cultivo y de mezcla, conquistaron los mercados extranjeros con ayuda de los nuevos coñacs «vulgares». Para el vino corriente se pensó que la compensación de la pérdida de las exportaciones debía buscarse en un mercado interior, del cual, sin embargo, no podía esperarse que absorbiera la continua sobreproducción. Los ferrocarriles desempeñaron un papel importante en la creación de este mercado. Los pequeños productores tardaron mucho tiempo en comprender que, en las nuevas condiciones, solamente la producción y comercialización cooperativas podrían salvarles del creciente poder de los comerciantes de vinos.²⁹ El otro producto clásico, el aceite de oliva, mantuvo e incluso mejoró su calidad, aunque también en este terreno la preocupación por mantener los niveles interiores de precios y la negativa a adoptar métodos modernos debilitaron las exportaciones españolas; así, Italia conquistó el mercado argentino.³⁰

En otras muchas zonas del país, en 1900 el ferrocarril había modificado o estaba modificando las estructuras agrarias del antiguo régimen. Los rebaños trashumantes habían ido declinando a lo largo de todo el siglo a medida que los rebaños estables los sustituían en los pastos del Sur; en el siglo XX el merino había dejado de hacer su recorrido a través de España y era llevado a los pastos de invierno en carretas de tiro triple.³¹ Todavía se podía ver a los campesinos gallegos, con sus hoces, en las salas de espera de las estaciones aguardando los trenes para el Sur. Mientras que para muchas zonas el ferrocarril supuso mercados más amplios —así, Galicia abastecía de pescado y carne los mercados de Madrid—, para otras fue un desastre. Los vinos del valle del Duero perdieron su monopolio de las regiones adyacentes consumidoras de vino de la costa cantábrica, porque los ferrocarriles podían transportar vino barato de La Mancha y de Cataluña.³² Algunas ciudades dejaron de ser aldeas agrícolas engrandecidas (Venta de Baños, una tranquila ciudad castellana, se convirtió en un feo empalme con hoteles y restaurantes baratos). Otras murieron por la falta de estación.³³ El camión modificaría todavía más radicalmente las estructuras tradicionales.

La industria dependía del poder adquisitivo creado por el sistema agrícola español. Los productos textiles, salvo durante la guerra de 1914, se limitaron al mercado interior. No hubo una crisis aguda sino un continuo malestar de sobreproducción, pequeños márgenes de beneficio y períodos de paro. Algunos veían en la ruidosa competencia de las fábricas pequeñas el «individualismo atávico» del artesano catalán que tanto incomodaba a los profetas de los grandes negocios y las economías de escala. A las grandes empresas algodoneras les resultaba difícil racionalizarse y modernizarse como habían hecho en los años noventa. Hicieron frente a la disminución de los beneficios con despidos y una firme resistencia a las reivindicaciones de los trabajadores. Los fabricantes catalanes figuraron entre los más firmes creyentes en la ley de bronce de los salarios. Eusebio Bertrand Serra, la figura máxima de la industria algodonera, fue un empresario ilustrado que proporcionó viviendas y hospitales a sus obreros y lamentó la dureza bisoña, artesana de los patronos más pequeños. Pero sostenía que la caridad sólo conseguía desmoralizar a la clase obrera.³⁴

En 1870 los textiles eran todavía el único sector moderno de la economía; en 1923 España contaba ya con los comienzos de una industria pesada y con una notable expansión en el campo de la industria ligera. La dependencia de la industria pesada respecto del hierro y el carbón barato (el flete de regreso del mineral de hierro enviado al sur de Gales) dio la delantera a las provincias vascas.

Una industria de construcción naval y metalúrgica se fue desarrollando en la proximidad de las factorías siderúrgicas de la costa del Norte. La metalurgia catalana se enfrentó con períodos de disminución de los pedidos (1902-1907), y fue salvada por el Programa Naval de 1908, sólo para tambalearse nuevamente en 1912. La «aportación vizcaína» a la economía española y el poder financiero de los bancos de Vizcaya llegaron a ser decisivos. En las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya las nuevas industrias del cemento y del papel se desarrollaron muy rápidamente a medida que los ríos se ensuciaban con la escoria de los residuos industriales.³⁵ Con pocas excepciones, los hombres realmente ricos de España a partir de 1900, salvo los catalanes, eran vascos; con el crecimiento de Bilbao como puerto de 1899 a 1901 los hombres de negocios vascos se embarcaron confiadamente en la construcción naval a una escala que resultó excesiva cuando los fletes descendieron en 1904.³⁶ El programa naval de 1888 y 1908 proporcionó a la industria del acero y a la naviera su mayor empuje. Iniciado por los conservadores y continuado, aunque con menos entusiasmo, por los liberales, el programa naval representó un esfuerzo consciente por crear una industria nacional como consecuencia de la ley de Maura de 1907.

El desarrollo de la industria siderúrgica tuvo particular importancia puesto que la aparición en otros lugares de nuevos yacimientos de hierro, el agotamiento de las minas más ricas y las nuevas técnicas de fundición hicieron que disminuyera la importancia de los minerales no fosfóricos, lo cual significaba que la edad de oro del mineral de hierro vasco estaba acabando. En 1929 la producción era solamente la mitad de la de 1913. A principios de siglo los inversores extranjeros trasladaron su atención al Sur. Esta inversión parece haber tomado la forma de una compra de pequeñas empresas españolas en quiebra para desarrollarlas, proceso que dio una prosperidad nueva a puertos meridionales como Almería y Cartagena.³⁷ Pero la actividad minera experimentó una contracción a partir de 1920. Con la decadencia gradual de sus exportaciones de cobre y plomo, España dejó de ser uno de los grandes países mineros del mundo, salvo en lo que respecta al wolframio, que tan importante habría de llegar a ser para la producción bélica europea.³⁸ La industria nativa pudo absorber entonces parte del mineral que dejaba de exportarse. La siderurgia española se hizo cada vez más importante y se concentró de modo creciente en la provincia de Vizcaya, que en los años treinta producía casi las tres cuartas partes del acero, y la mitad del hierro, de España, y ello en unas pocas empresas poderosas fundadas en los años ochenta.³⁹ La guerra trajo grandes beneficios y salarios elevados, así como uno de los intentos más ambiciosos de expansión industrial, la Siderúrgica mediterránea, del capitalista vasco Soto y Llano, que creó un nuevo centro siderúrgico en Sagunto. La crisis posbélica fue especialmente severa y la fábrica de Sagunto atravesó un período de dificultades en los años veinte. Las fuertes organizaciones obreras mantuvieron los salarios en un período de caída de los precios internacionales. Sin embargo, en 1929 la producción de hierro y acero duplicó la de 1917.

Dada la falta de carbón barato, el futuro industrial de España quedó ligado a la energía hidroeléctrica una vez que el transformador (1890) permitió el empleo de fuentes energéticas lejanas. La energía hidroeléctrica liberó a Cataluña de su dependencia del carbón galés, dio al cultivador de naranjas valenciano energía barata para sus bombas, y liberó a las ciudades de la dependencia del costoso gas de las compañías extranjeras. En 1910 Madrid estaba abastecido de electricidad por la línea de alta tensión más larga de Europa, y en 1914 había energía eléctrica suficiente para salvar a la industria catalana de la bancarrota total como consecuencia de la escasez de carbón.

Como había ocurrido en el caso de los ferrocarriles, las pequeñas sociedades nativas fueron adquiridas por el capital extranjero.⁴⁰ Tal fue el origen de la mayor empresa de energía eléctrica de Cataluña, la Canadiense (Barcelona Traction). Esta compañía fue fundada por Pearson, un antiguo catedrático de Massachusetts, que fue el primero que comprendió la importancia venidera de la electricidad para la industria catalana, y logró conseguir un capital que su rival catalán, Riu, no podía controlar. De esta manera la Barcelona Traction (compañía holding de Riegos y Fuerzas del Ebro) se convirtió en parte de un inmenso imperio financiero extranjero y en ejemplo señalado del desplazamiento de las inversiones extranjeras desde la minería y los ferrocarriles a las empresas de servicios públicos que se produjo a partir de 1900.⁴¹

El dominio del capital extranjero, que se había iniciado con el esfuerzo francés por adueñarse del sistema ferroviario español y siguió siendo característico de primeros del siglo XX, se invirtió posteriormente. Los bancos españoles realizaron fuertes inversiones en empresas hidroeléctricas, proceso que alcanzó su punto culminante en las décadas de 1940 y 1950, cuando fueron adquiridos gran número de intereses extranjeros. El Banco de Vizcaya se mostró especialmente activo en este terreno y sus actividades, junto con las de otros bancos, dieron fuerza a un proceso de concentración y absorción de pequeñas empresas, de modo que la industria eléctrica se convirtió en un oligopolio.⁴² Los técnicos de Primo de Rivera —el ministro de Obras Públicas, Guadalhorce, era un ingeniero notable— coordinaron las obras de riego y la energía hidroeléctrica en unos comités regionales en los que estaban representados todos los intereses —regadío, energía y abastecimiento de aguas—. El más ambicioso de estos proyectos, la Confederación Hidrográfica del Duero, fue apoyado por el capital vasco y por el genio imaginativo y el tesón de Orbegozo, el más destacado de los muchos ingenieros que procedían de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Después de muchos retrasos empezó a funcionar en 1934. Las consecuencias sociales de la electrificación, especialmente en las zonas rurales atrasadas, no han sido estudiadas pero son muy importantes: así, la electrificación de Madrid y los comienzos de una industria ligera transformaron las funciones sociales de un suburbio como Getafe.⁴³ En Cataluña la abundancia de energía empezó a hacer retroceder a las montañas a la población que había huido a los llanos. Junto con el camión, la energía eléctrica habría de alterar la faz de España.

Al entrar tarde en la competición y con escasos recursos en carbón, España había tropezado con dificultades para desarrollar una industria pesada clásica. Los progresos más notables se hicieron en la industria ligera; el cemento y los productos químicos fueron los artículos característicos del siglo XX. España ha dado el mayor artista del cemento armado Gaudí, algunos ingenieros notables, una naveta de hormigón y la chimenea de cemento más alta de Europa. El cemento fue un índice de su progreso no sólo en la industria sino también en la agricultura. La dictadura de Primo de Rivera fue la edad del cemento: sus exposiciones, canales, presas y mejoras municipales hicieron aumentar la producción nacional. El abandono de sus proyectos por parte de la República fue un desastre para las fábricas que habían sido ampliadas para satisfacer la nueva demanda.⁴⁴ Al igual que el cemento, los productos químicos fueron financiados por el capital español —catalán y vasco—, y satisfacían una demanda muy amplia de la agricultura y de la industria textil, de modo que hacia 1930 España se estaba liberando de su dependencia de los abonos y productos químicos extranjeros.⁴⁵ Y una vez más la relativamente costosa producción interna abrió el debate entre los partidarios de la autarquía y los que veían la prosperidad desde el ángulo de la ley de costes comparativos.⁴⁶

Al mismo tiempo que las creaciones del siglo XX —la industria hidroeléctrica y las industrias ligeras— se desarrollaban y daban fe de sus posibilidades, la realización económica del siglo XIX —un sistema ferroviario nacional— entró en un período de dificultades. Se habían creado nuevas líneas en los años de alza de 1878-1880, 1882-1884, 1893, 1896 y 1899. Pero hacia 1914 el sistema ya construido se estaba deteriorando y no podía encontrarse capital para la modernización. El pesado tráfico de la guerra (especialmente el transporte de carbón a través de España), y los consiguientes retrasos e itinerarios contratados que no se cumplían hicieron más dramáticas las deficiencias de un sistema construido a bajo coste.⁴⁷

Las dificultades que tenía que afrontar una explotación rentable quedaron reveladas por el destino de las líneas de vía estrecha construidas a partir de 1904 con apoyo del Estado; estas líneas baratas estaban encaminadas a colmar los vacíos entre las grandes líneas que salían radialmente de Madrid y para servir a aquellas zonas, especialmente en el norte de España, que quedaban fuera del sistema ferroviario y cuya economía continuaba basándose, en medida sorprendente, en la navegación costera. Gran parte del capital procedía de pequeños inversionistas que perdieron su dinero cuando los ferrocarriles de vía estrecha, que cubrían los vacíos del sistema nacional, no pudieron hallar fletes suficientes.

El único período de optimismo se produjo con la expansión de los años veinte: con el Consejo ferroviario de Primo de Rivera las compañías consiguieron modernizar su plantilla de locomotoras y material rodante.⁴⁸ Con la recesión y la crisis, el gobierno de Berenguer y la República se encontraron, a partir de 1930, con un sistema ferroviario insolvente: su solución consistió en el cese de la construcción de nuevas líneas y la cancelación de todos los pedidos de locomotoras nuevas, decisión que afectó negativamente a toda la industria metalúrgica. Desde mucho antes, Cambó había advertido que el único remedio era la nacionalización; la República, preocupada principalmente por recortar los créditos estatales a las compañías, aumentó el control del Estado pero remoloneó en la cuestión de la nacionalización⁴⁹ Ésta quedó para el general Franco.

España compartía muchas de estas dificultades con otros países: precios fijados por el gobierno que impedían un funcionamiento rentable, líneas y vías muertas que se mantenían en servicio después que un largo período de concentración las hubiera hecho superfluas, y, por último, la competencia del transporte por carretera. Otras eran trasunto de sus dificultades específicas: grandes pendientes, falta de tráfico para mantener en funcionamiento las líneas del sur y del oeste de Madrid. Todo reflejaba la pobreza de España: el sistema ferroviario, por su amplitud y longitud, era adecuado para sus necesidades; no era necesario crear nuevas líneas ni construir doble vía. Pero los raíles y vagones viejos y el equipo anticuado debilitaban el impulso que un transporte rápido da a una economía en su conjunto.⁵⁰ Los ferrocarriles no estaban en situación de competir con el camión en baratura y rapidez del transporte: artículos que en otros países se transportaban por ferrocarril, en España eran transportados en camiones que viajaban de noche. Así, el ferrocarril, que había modificado el menú de la clase obrera madrileña hacia 1860 al transportar pescado de la costa Norte, cedió el paso al camión en 1935.⁵¹

Las instituciones bancarias españolas tal vez pudieron jugar todo su papel en el reforzamiento del desarrollo mediante el crédito, como había ocurrido en Italia, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Los beneficios de los años de guerra se despilfarraron en la construcción de imponentes edificios o se hicieron peligrar con una ruinosa competencia por conseguir negocios.⁵² A pesar de sus tradiciones bancarias, el crédito catalán estaba imperfectamente desarrollado y los fabricantes tenían que asumir con frecuencia el doble papel de banquero y productor.⁵³ Los banqueros catalanes eran conservadores —la banca, como otras muchas actividades, era en gran parte un negocio familiar—, y buena parte del capital se aferraba a los textiles, estables, y a los ferrocarriles, en decadencia. Los bancos barceloneses solamente adoptaron los métodos modernos de sus rivales franceses a partir de 1915. El sistema bancario catalán quizá no se recuperó nunca de las crisis de 1866 y 1898. El ambicioso Banco Hispano Colonial, con sus altos intereses en el comercio con las colonias, perdió las tres cuartas partes de su capital en 1898.⁵⁴ La concentración industrial, que había favorecido a las zonas carboníferas y siderúrgicas de las costas del Norte, se afianzó mediante una concentración correspondiente del poder financiero, y Cataluña no consiguió crear bancos mixtos poderosos dedicados a la financiación de la nueva empresa.

Esta tarea correspondió a los bancos mixtos vizcaínos, de los cuales el Banco de Vizcaya, el que tuvo más éxito entre las nuevas creaciones, fue un símbolo; los financieros vascos, como los industriales, demostraron ser capaces de ir más allá de la empresa familiar y pasar a la gran sociedad moderna. Dadas las costumbres conservadoras de los ricos españoles y su preferencia por las formas tradicionales de inversión (especialmente la propiedad urbana), la oferta de capital con riesgos era muy limitada; los bancos mixtos solamente podían bombear ahorros hacia el crecimiento industrial. Y así, al financiar los proyectos hidroeléctricos, las empresas de servicios públicos y la industria privada, los grandes bancos empezaron el proceso de «nacionalización», en el sentido de implantar el control financiero español y no el extranjero, lo cual habría de convertirse en una característica de la economía a partir de 1940. Tras la Primera Guerra Mundial, estos bancos empezaron a desempeñar en la economía española un papel parecido al de los bancos alemanes; de ahí que sus dificultades en la crisis de los años treinta se debieran a sus fuertes reservas de obligaciones industriales en crisis, pasivo que arruinó en 1920 al Banco de Barcelona, la institución crediticia más respetada de Cataluña. Las finanzas bancarias fomentaron un proceso de concentración industrial y financiera que, como podía esperarse, resultó especialmente acusado en las empresas que producían las materias primas de la industria: carbón, hierro y electricidad.

Este proceso suscitó las duras críticas tanto de los economistas como de los socialistas. Consideraban éstos que toda la economía española estaba en manos de unos pocos industriales y banqueros poderosos, fuertemente vinculados entre sí y con la Hacienda Pública, la cual gastaba pródigamente el dinero público en empresas de las que se aprovechaban indirectamente como directivos.⁵⁵ Los economistas argüían que los oligopolios y la competencia monopolística hacían morir de hambre a las industrias subsidiarias de materiales baratos: el carbón y su sucesor, la electricidad, estaban en manos de unas cuantas empresas poderosas que habían adquirido el control de las compañías más pequeñas. Hacia 1930 fueron los representantes del capitalismo «moderno» a gran escala quienes afirmaron que la industria española se hallaba insuficientemente concentrada —uno de ellos era Cambó, el político catalán que había hecho una fortuna financiando la concentración—, y ponían como ejemplo las industrias textiles y corcheras. Otros afirmaron que el proceso de concentración había ido ya demasiado lejos, y señalaban los casos del cemento, el papel, la energía hidroeléctrica y, en menor medida, el del acero.

La mayoría de estos argumentos eran o bien un aspecto de la lucha política o un comentario al hecho de que los hábitos conservadores del inversionista español dejaban únicamente a los bancos mixtos como proveedores de capital para la industria. Después de la guerra civil, el proceso de fusión y concentración de los recursos habría de extenderse al propio sistema bancario.

3. La población y la tierra

El final del siglo XIX contempló una intensificación de dos procesos interrelacionados que habían ido alternando gradualmente la estructura social e incluso la apariencia física de España desde la segunda mitad del siglo XVII: un crecimiento de la población y un movimiento de la población rural excedente hacia las ciudades.

El año 1900 es importante en la demografía española: el peso de una tasa de mortalidad excesiva —casi el doble de la media europea— empezó a disminuir significativamente. Entre el comienzo del siglo y el año 1930 la población aumentó de 18 a casi 24 millones de personas, proceso que se aceleró después de esta última fecha, debido a una baja impresionante de la mortalidad infantil. Un campo ya sobrepoblado no podía soportar este incremento; el exceso de población rural emprendió viaje a América o a las ciudades. Iniciada en los años setenta, la corriente a través del Atlántico alcanzó su punto culminante en 1912 (134.000 personas), y durante esos años la merma de población ascendió a un tercio del incremento nacional.⁵⁶ Las desgracias de los emigrantes se convirtieron en tema de los pintores realistas sentimentales y, de hecho, los abusos del negocio de la emigración fueron aterradores: el Heliópolis transportó a cuatro mil campesinos andaluces a Hawai.⁵⁷ La mayoría de los emigrantes iba a Argentina y al Brasil,57 bis y su decisión estaba claramente relacionada con la presión sobre la tierra en su lugar de origen. Galicia, con su emprendedora población y sus «parcelas-pañuelo», se convirtió en la primera región exportadora de hombres; desde las regiones áridas del Levante los hombres buscaban nuevas oportunidades en Francia y en el norte de África.

Las puertas sudamericanas se cerraron con la guerra de 1914-1918, y nunca volvieron a abrirse del todo. Por ello el continuo aumento de población, tras una salida temporal a Francia, se vio obligado a buscar algún tipo de equilibrio dentro de las fronteras de España. Este equilibrio tomó la forma de una avalancha sobre las ciudades, habiéndose calculado que el 40 % del incremento rural de la población encontró ahí, especialmente en las grandes ciudades, su camino.⁵⁸ A grandes rasgos, los avances locales hacia las ciudades periféricas (Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y sobre todo Barcelona) se conjugaron con el atractivo de Madrid y de las capitales de provincia para las zonas circundantes. Así, la provincia de Granada, como gran parte del campo andaluz, tenía un elevado índice de incremento natural junto con zonas, como las Alpujarras, donde la tierra era limitada y la vida pobre; se hizo frente a estas condiciones mediante migraciones estacionales de familias enteras para la cosecha de la aceituna, el azúcar, y el trigo, junto con una emigración permanente a la capital local, Granada, y a la más alejada, Sevilla.⁵⁹

En Cataluña, las regiones montañosas más pobres enviaron emigrantes a las ciudades laneras en expansión de Tarrasa y Sabadell.⁶⁰ La propia Barcelona, que absorbía el exceso de fuerza de trabajo del campo circundante, creció mucho más debido a la inmigración de gentes procedentes de las angustiadas zonas agrícolas de Murcia y Aragón. Estos emigrantes acudían primero como trabajadores ocasionales para atender a alguna demanda repentina, como la Exposición de Barcelona de 1888, las obras del puerto de Bilbao o, posteriormente, las necesidades de la construcción.

Estos movimientos de población reflejan los antiguos contrastes entre la periferia y el centro, entre el Norte y el Sur. Castilla la Vieja, con un elevado índice de incremento natural y escasa capacidad de absorción, se convirtió en una reserva de fuerza de trabajo para la periferia. En Andalucía la población crecía, pero el incremento continuaba aumentando el paro y llenando las ciudades agrícolas; hacía 1936 en algunas ciudades andaluzas sobraba más de la mitad de la población activa. Hasta después de la guerra civil no se generalizó la busca de oportunidades en otros lugares por parte de la población meridional. Al mismo tiempo, el crecimiento natural de la población de la periferia se había hecho más lento; sus habitantes procedían cada vez más de otros lugares.⁶¹

En el siglo XX las ciudades empezaron a reflejar el flujo rural en forma de nuevos suburbios y calles más amplias. Así, aunque Madrid y Barcelona habían planeado su desarrollo con anterioridad a 1868, solamente en la última década del siglo XIX dejaron de parecer desiertos urbanos las nuevas calles proyectadas de los ensanches, que se llenaron de bloques de casas en islas cuadradas uniformes, divididos por calles iguales de anchura doble y adornadas con impresionantes bancos y edificios públicos. En las grandes ciudades, el casco congestionado de la ciudad antigua tuvo que romperse con travesías anchas —la Gran Vía de Madrid, la Vía Layetana de Barcelona (1910); la primera dio al centro de Madrid la apariencia de una capital moderna.

Posteriormente esta oleada de «urbanismo» llegó a las ciudades de provincias, algunas de las cuales habían permanecido aprisionadas dentro de sus murallas sin calles apropiadas para el tráfico motorizado.⁶² La demolición de las murallas señaló el fin de una época de la historia urbana, y Cartagena celebró su «liberación» con un mes de festejos. La llegada del ferrocarril y la destrucción de sus murallas señaló el fin de la historia de San Sebastián como plaza fuerte y el comienzo de su desarrollo como gran centro veraniego; en la última década del siglo XIX la reina regente la eligió como residencia de verano, convirtiéndola en la capital diplomática y política de España durante dos meses al año. Fue allí donde se informó a Isabel II de la Revolución de 1868 y donde su nieto recibió la noticia del golpe de estado de 1923.⁶³ San Sebastián fue un caso de precocidad; incluso ciudades mayores, como Zaragoza, empezaron a extenderse tardíamente, en 1908. El desarrollo de Albacete hasta convertirse en una fea ciudad moderna muestra las consecuencias del transporte por ferrocarril y la expansión bélica en la capital de provincia de una zona agrícola; la decadencia de Igualada, en cambio, revela las consecuencias de un invento mecánico (las selfactinas) y de la ausencia de un enlace ferroviario adecuado en un antiguo centro industrial catalán.⁶⁴

Gran parte de la modernización fue superficial y la preferencia de los pequeños inversionistas españoles por la propiedad urbana acarreó un desarrollo de la edificación con el que no podían competir los servicios municipales; así, aunque León tenía luz eléctrica ya en 1889, no ha llegado a tener un abastecimiento de aguas adecuado hasta 1950.⁶⁵ Las ciudades, con la excepción de las mayores, conservaron sus funciones tradicionales como mercados locales, aunque algunas adquirieron nuevas actividades con las industrias químicas y ligeras. La plaza del mercado era el centro de la ciudad antigua, rodeada de pequeñas tiendas; en torno a ella, se había desarrollado una sociedad nueva. El turista que visita alguna de las ciudades históricas españolas se siente descorazonado por el cemento y los cascotes de las elevadas edificaciones medio construidas que se interponen entre él y su objetivo.

La riada de la emigración a América y a las ciudades revela la dureza de una vida rural de la que los hombres sólo pensaban en escapar. Mientras que en los años ochenta y noventa el interés se centró en las regiones trigueras y en las pruebas que tenía que soportar el campesino castellano, en el siglo XX la atención fue absorbida por la violenta situación social en los latifundios del Oeste, el Centro y el Sur. En los años noventa los políticos se intimidaban ante los intereses trigueros, poderosamente organizados; en el siglo XX se alarmaron por la amenaza de revolución agraria en las grandes fincas.

Una encuesta tras otra demostraba que los salarios no podían cubrir el gasto diario mínimo en alimentos de un jornalero; de ahí que se dijera de que debía gastar su capital —su salud— para equilibrar su presupuesto doméstico. La maldición de estas zonas semihambrientas era el paro estacional. Los monocultivos tradicionales —las aceitunas, la vid y el trigo— daban empleo permanente sólo para una parte de la fuerza de trabajo y durante una parte del año: los trabajadores iban de monocultivo en monocultivo y se morían de hambre en los meses de falta de trabajo.⁶⁶ Los reformadores, como en el siglo XVIII, atribuían estas condiciones menos a la naturaleza de los cultivos que a la estructura de la propiedad agraria. Las dimensiones de las grandes haciendas se consideraban explicación suficiente por sí mismas de la miseria agraria; como habían afirmado los técnicos de Carlos III, se creaba «demasía de brazos y escasez de tierras». Por consiguiente el reparto de los latifundios se contemplaba como la solución del problema del campo en el Sur y en el Oeste.

Para una minoría de reformadores, Andalucía y Extremadura no eran únicamente regiones vergonzosas donde las condiciones de vida sólo eran comparables a las de las peores zonas de Sicilia y de Europa oriental: eran, también, regiones de esperanza económica. Mientras poco podía hacerse para mejorar las condiciones de las secas y pedregosas haciendas de Ávila o Soria, el riego y la colonización familiar podían iniciar una prosperidad espectacular en aquellas zonas del Sur y de Poniente con buenas condiciones de suelo. Los reformadores estaban en lo cierto al creer que era en la mejor tierra donde cabía el reasentamiento, y que es en la tierra de regadío donde la pequeña finca familiar ha dado los mejores resultados; solamente unas cosechas variadas podían proporcionar trabajo todo el año: las vegas eran menos estables que las huertas intensivas, porque las primeras tendían al monocultivo, especialmente al de la remolacha azucarera.

La «colonización interior» fue el remedio de los reformadores católicos que deseaban evitar la amenaza a la estabilidad social inherente al éxodo a las ciudades, y el de los agrónomos que se daban cuenta de los riesgos de la mera redistribución de tierras. Los católicos no estaban dispuestos a permitir que fuera el Estado el que emprendiese esa colonización, ni que ésta se realizara a costa de una expropiación drástica; había que hacer comprender a los propietarios, mediante un estímulo hábil, la naturaleza social del derecho de propiedad, e imponerles las cargas fiscales correspondientes a algunas de las mejoras producidas por la irrigación, en las que ellos no habían tenido arte ni parte.⁶⁷ Para tener éxito, la política de reasentamiento precisaba de un órgano con amplios poderes de expropiación y con grandes recursos de capital para invertirlos en obras de regadío. Los organismos privados no podían proporcionar ninguna de las dos cosas, y los radicales se volvieron cada vez más hacia el Estado. Su única respuesta fue una serie de leyes salpicadas desde 1907 en adelante, que no dio poderes adecuados contra los terratenientes ni capital suficiente para el reasentamiento. Sin embargo, la única solución económicamente válida para los problemas sociales del Sur era algún tipo de cooperación agrícola a gran escala. La objeción de que semejantes soluciones, al introducir restricciones en el derecho del propietario a disponer de la tierra a su antojo, no satisfacían el deseo milenario de una parcela propia para cada hombre, no debe ser tomada demasiado en serio. El reparto era una exigencia revolucionaria; si al campesino sin tierra se le hubiera ofrecido una explotación familiar en una posesión «colonial» habría dejado de ser revolucionario.

El impulso emocional en favor de la reforma agraria radical de los años veinte y treinta del siglo XX se basaba en las estadísticas acerca de la propiedad de la tierra más que en las condiciones de la producción: las grandes fincas en manos de unos cuantos propietarios fueron comparadas con las diminutas parcelas de los campesinos; la solución natural parecía ser la redistribución.⁶⁸ Por convincentes que fueran estas estadísticas como recursos propagandísticos de la U. G. T. y la C. N. T., tendían a una interpretación errónea de las condiciones de producción en el Sur.⁶⁹ Muchos de los grandes latifundios consistían en pastos pobres que nunca podrían florecer como granjas campesinas; otros eran terrenos de secano aptos solamente para grandes monocultivos. Limitarse a distribuir esas fincas de un modo que hubiera satisfecho el hambre de tierra de los campesinos habría sido una incitación al desastre. En las mejores tierras el reparto habría suscitado formas de cultivo más intensivas, por ejemplo, un empleo más rentable de los barbechos. Pero no existían razones económicas sanas para una reforma agraria que habría de inmovilizar el paro rural en zonas donde un incremento relativamente pequeño en las inversiones daría bajos rendimientos —por ejemplo, en las tierras más pobres de las grandes fincas de secano—. La avalancha hacia la ciudad era económicamente sana. La reforma agraria de la Segunda República heredó esta tendencia tradicional a forzar el número de puestos de trabajo donde no se podía conseguir ninguna ganancia importante sin una transformación dramática del sistema agrícola mediante una fuerte inversión en proyectos de regadío. La famosa Ley de Términos Municipales, independientemente de su fundamentación en la justicia social, fue algo indefendible desde el punto de vista económico, salvo como medida de urgencia.⁷⁰

El hecho de que los defensores de la gran propiedad abusaran de estos argumentos no los hace menos válidos: las estadísticas tampoco revelaron siempre que la naturaleza de los cultivos estaba en contradicción con las estructuras de la propiedad; por ejemplo, las estadísticas subestimaban el cultivo directo por parte de los propietarios. En el siglo XX los grandes cortijos fueron arrendados por un arrendatario único, y su explotación de los braceros o de los agricultores arrendatarios más pobres se encuentra subyacente a gran parte de la inquietud social que se difundió por Andalucía.⁷¹

La nueva prosperidad que con la primera guerra mundial llegó a Andalucía como a todas partes (el crecimiento de Sevilla es un síntoma de ello; en 1906 La Cierva no logró encontrar una máquina de escribir en toda la ciudad) no alcanzó al proletariado agrícola. Fue esa pobreza la que absorbió los reajustes posteriores a la guerra, cuando los propietarios procuraron mantener las elevadas rentas del tiempo de la guerra frente al descenso de los precios agrícolas, y la que pechó con el despilfarro de una aristocracia terrateniente que no conocía otra obligación que la de recaudar sus rentas. Los campesinos, analfabetos, hacinados, sin trabajo en las ciudades, alimentándose con las leyendas de bandidos que fascinaron al poeta andaluz García Lorca, fueron conquistados fácilmente por los apóstoles del anarquismo, que compartían con ellos su triste vida y que les hicieron partícipes de un sueño de justicia social.⁷²

Fuera del hogar clásico de la violencia agraria había regiones donde el rápido crecimiento de la población impedía un aumento en el bienestar o donde algún cambio inesperado reforzaba el descontento y la angustia. Así, en el campo catalán, la repentina pérdida del mercado francés y la invasión de la filoxera (1890-1892) introdujeron la tensión social en lo que hasta entonces había sido una economía estable, sacando a luz un conflicto latente de intereses entre los rabassaires y los propietarios. La República de 1873 reconoció los derechos del arrendatario; la Restauración favoreció al propietario. Cuando la filoxera hizo impracticables los arrendamientos basados en la vida de las cepas, los propietarios calcularon la duración de los arrendamientos según la duración de las cepas americanas, de vida corta, resistentes a esta plaga. Los rabassaires protestaron violentamente; a principios de la década del noventa organizaron huelgas y boicots. Tal era su condición cuando se hundieron los elevados precios de los años 1914-1918, hecho que intensificó la lucha en la Cataluña rural entre la Unión de Rabassaires y la organización de los terratenientes, el Instituto de San Isidro.⁷³ Hacia 1924 el conflicto se había apaciguado, pero en los años treinta, con otra pérdida de mercados, resurgió proporcionando a Companys y a la izquierda catalana su base campesina.⁷⁴

El problema gallego era más difícil de resolver: la fuerte agitación exigía un remedio legal que, cuando llegó, no pudo eliminar la miseria rural.⁷⁵ Al igual que en el siglo XVIII, en el centro del conflicto por la tierra en el Noroeste había una idea confusa de la propiedad: nada podía eliminar de la mente del campesino la creencia de que la tierra era suya; después de todo, como en Irlanda, podía cultivarla o subdividirla a su antojo. Los valores de la tierra, y con ellos las rentas, se elevaron hasta que un cuarto de hectárea de tierra mediocre próxima a Pontevedra llegó a ser más cara que una parcela en la huerta de Valencia. Los foristas —la burguesía rural gallega que había sustituido a la antigua aristocracia y a la Iglesia como propietaria— trataron de acabar con las huelgas en el pago de las rentas llevando a los arrendatarios a los tribunales; éstos respondieron con una guerra «irlandesa» de boicot, mutilaciones de ganado e incendios. En Pontevedra y Orense la influencia anarquista endureció la lucha. A finales del siglo XIX la abolición o redención de los foros era una necesidad absoluta para la paz social, y la redención obligatoria se puso al fin totalmente en práctica en los veinte. Pero el fin de los foros no significaba el fin de los problemas gallegos, dado que toda la disputa había tendido a ocultar las verdaderas raíces de la miseria gallega. Los minifundios surgieron no debido a una forma peculiar de arrendamiento, sino debido a la presión de una población creciente. Al no existir tierra suficiente aumentaba la subdivisión de las parcelas. Cuando terminó la migración estacional y se cerraron las puertas de América la situación empeoró: la reforma de los arrendamientos sólo podía hacer más llevadera una situación trágica. Galicia no tenía un proletariado sin tierra, sino un proletariado de propietarios diminutos.⁷⁶ Tal vez sólo gracias a la patata pudo la tierra alimentar a sus habitantes.

A falta de una reforma agraria —es decir, a falta de un cambio radical en las relaciones de propiedad en el campo—, ¿qué podía hacerse para mitigar el descontento y la pobreza rurales?

«El campo está sediento de dinero.»⁷⁷ Desde Costa al padre Vicent los reformadores sociales lucharon por proporcionar crédito barato al campesino. Se habían propugnado bancos de crédito agrícola desde 1830, especialmente como destino apropiado para el producto de las ventas de los bienes «nacionales». Era difícil que los grandes bancos concedieran préstamos a los campesinos: los bancos no querían tener preocupaciones por una multitud de pequeños préstamos a largo plazo, especialmente cuando no existía la garantía de unos títulos firmes de propiedad de la tierra. De este modo el aparcero o el campesino con un arrendamiento verbal se veían obligados a acudir al prestamista del pueblo. Esta situación empujó a los propugnadores del registro de la propiedad a destacar la relación existente entre la situación jurídica insegura y la usura rural.

Las organizaciones católicas veían en el apuro del campesino endeudado una oportunidad para compensar las pérdidas urbanas mediante incrementos rurales, y los conservadores observaban los peligros de un partido campesino radical. Los primeros años del siglo XX presenciaron un auténtico esfuerzo de unos cuantos aristócratas, prelados, propietarios e ingenieros agrónomos con conciencia social, por crear sindicatos agrarios. Estos sindicatos, basados en modelos belgas y alemanes, fueron un instrumento para la concesión de crédito barato, abonos, seguros para las cosechas, facilidades de mercado y productos químicos contra la filoxera y el mildiu.⁷⁸ Los préstamos se concedían sobre una base personal, según la opinión que tuviera el sindicato acerca del valor del campesino, y no sobre su activo hipotecable. Para los católicos, los sindicatos y el crédito barato eran un arma contra los atractivos del socialismo y del «georgismo» (pues los proyectos de Henry George habían llamado la atención de los regeneracionistas) y, al mismo tiempo, una acusación contra los oligarcas del mundo bancario. Fuera de Navarra y de ciertas zonas de Castilla y Aragón —regiones de propietarios campesinos establecidos, ya católicos y que no necesitaban ser redimidos de la izquierda—, el movimiento tuvo poco éxito: el espíritu religioso estaba en contradicción con la finalidad económica, y los beneficios del sindicato quedaban reservados para familias católicas conocidas.⁷⁹ Aparte del crédito barato para el pequeño campesino, el remedio más sencillo para sus apuros era la modificación de los arrendamientos abusivos a corto plazo; los arrendamientos estables, junto con facilidades crediticias, suscitarían las mejoras. El Código Civil seguía siendo un derecho de terratenientes y el crédito agrícola un experimento local.

Al no cumplirse esperanzas tan modestas, los reformadores de los años noventa soñaron con una redención más radical: la eliminación de las estepas semiáridas mediante el regadío y la repoblación forestal de las tierras yermas. Al final se hizo muy poco, en gran parte porque quienes propugnaron el regadío y la repoblación forestal las veían más como soluciones de recambio que como soluciones complementarias.

«El agua lo es todo», había escrito Young. El interés por el agua se refleja en la lírica y en los valores del campo: el regadío valía cincuenta veces más que la tierra de secano, y solamente los poetas de finales del siglo XIX rechazaron las imágenes tradicionales de las corrientes fertilizadoras y hallaron inspiración en la desolación y la aridez.⁸⁰ Pero llevar agua a las tierras secas exige una enorme inversión de capital. Hubo ingeniosos sistemas de irrigación donde los costes de capital eran bajos, pero los grandes embalses y canales que habrían de convertir el secano en tierra fértil continuaron siendo, con la excepción del Canal Imperial de Aragón, esbozos de proyectos.

En el siglo XIX, los especuladores privados emprendieron obras de regadío obsesionados por las estadísticas que revelaban las altas diferencias entre el valor y la productividad de la tierra irrigada y el secano; así, Remisa y otros capitalistas catalanes se interesaron por el Canal de Urgel. Los regeneracionistas «hidráulicos», con el cambio de siglo, obsesionados por la idea de hacer florecer los desiertos, creyeron que la tarea estaba por encima de las posibilidades del capital privado; al apelar al Estado encontraron un defensor en Gasset, propietario de El Imparcial, el más respetado diario de Madrid. Sus planes, sin embargo, fueron excesivamente ambiciosos y estuvieron faltos de coordinación; solamente se realizó una parte del programa de 1902 financiado por el Estado, que comprendía más de medio millón de hactáreas; correspondió a Primo de Rivera planear para el futuro.⁸¹ Además, como reveló el primer estudio serio del problema, una gran cantidad de obras de albañilería no es necesariamente la mejor receta para una elevación de la producción y hay un límite a la creación rentable de oasis: cuando los recursos son limitados es mejor concentrarse en tipos ya probados de regadío a pequeña escala. Con anterioridad a 1923 la bomba de motor y la rueda hidráulica habían sometido más tierra a cultivo intensivo que la presa.

Con esto no se quiere negar que solamente la construcción de grandes pantanos podía modificar las condiciones de la estepa; los primeros entusiastas, sin embargo, no comprendieron suficientemente que, para conseguir una inversión rentable, el valor de los productos adicionales procedentes del proyecto de regadío debía dar un rendimiento razonable respecto al capital invertido. Si no es así, resulta que el capital está mejor invertido en cualquier otra cosa. El regadío a gran escala parece ser menos una panacea universal hoy que lo que se afirmaba hace medio siglo; en los suelos áridos la mera inundación de la tierra con agua sin un drenaje adecuado puede dar lugar a condiciones de salinidad del suelo perniciosas en un plazo relativamente corto, y de hecho este peligro amenaza a algunas regiones españolas. Se trata más de un recurso de última instancia que de un tratamiento preliminar.⁸² Los primeros planificadores no se dieron cuenta de la complejidad social de los proyectos de regadío. No es suficiente que el Estado construya los canales principales: sin obras complementarias adecuadas, sin viviendas ni carreteras, se produce «una especie de depresión» y transcurre mucho tiempo antes de que el proyecto sea plenamente aprovechable. Con la legislación antigua el Estado levantó lo que parecían ser las grandes obras más costosas, pero generalmente se necesitaron gastos aún mayores, dejados a la iniciativa privada local, para su pleno desarrollo.⁸³ Solamente en los años veinte los técnicos españoles empezaron a comprender lo esenciales y caras que eran estas obras secundarias, que podían agotar el capital de una región.

La destrucción de los bosques es el crimen histórico de la España agrícola. En el pasado, el ganado lanar y los privilegios de la Mesta podían haber sido condenables, pero las destrucciones continuaron en la época moderna, mucho después de la gran época del ganado. Las ovejas destruyen los árboles menos que las cabras e incluso que los asnos, y el principal delincuente es el hombre.⁸⁴ Aparte de las necesidades de la marina, la industria de la construcción y la cocina, lo que destruyó la capa forestal fue la constante ampliación del terreno arado.⁸⁵ El odio del campesino hacia los árboles es una de las características más curiosas y fidedignamente señaladas de la vida del campo, con excepción del norte de España: los árboles albergaban a los gorriones, hacían disminuir el trigo y «agotaban» la tierra. El optimismo liberal del siglo XVIII no es en ninguna parte tan evidente como en el dogma de Jovellanos, según el cual los bosques estarían mejor defendidos por el interés privado que por la legislación pública. En realidad solamente un estricto control legislativo, un servicio forestal estatal y la inversión pública a gran escala podían iniciar la inmensa tarea de restaurar los bosques de España.

Sin una legislación eficaz, la destrucción de los bosques españoles continuó a finales del siglo XIX; entre 1866 y 1932 —y en gran parte para satisfacer la creciente demanda de la industria de la construcción— se talaron casi la mitad de los bosques dejada en pie por los especuladores de mediados de siglo, generalmente sin repoblarlos.⁸⁶ Los críticos denunciaron el crimen, solicitando créditos para los servicios forestales, sin comprender la inmensidad de las dificultades implicadas en la repoblación forestal de tierras eriales parcialmente erosionadas. En Murcia se plantaron 5.000 árboles, protegidos por defensas individuales y regados a mano cinco años después aún vivían veinticinco.⁸⁷ Sin plantas protectoras adecuadas, el suelo de España fue desgastado por el viento o deshecho por los torrentes de verano, siendo destruidos su equilibrio y su composición. En condiciones parecidas a las del norte de África, el cultivo de una pendiente suave suponía la ruina total al cabo de diez años.⁸⁸ Solamente la repoblación forestal científica, combinada con una tala racional, podía restablecer aforos estables al absorber el agua en los niveles superiores del sistema fluvial y reducir las enormes y devastadoras fluctuaciones de las vertientes sin árboles: los desastres periódicos de las inundaciones eran consecuencia de las fuertes lluvias en un suelo duro, de solana. Unos ríos útiles, que pudieran servir de base a proyectos rentables de regadío y energía hidroeléctrica, eran, pues, un corolario de bosques útiles.⁸⁹

Pero, por encima de las deficiencias de los hombres y la inadecuación de las instituciones tradicionales como base para el crecimiento económico, estaba la pobreza de los recursos naturales, factor que los optimistas de mediados de siglo sobrevaloraron y que los pesimistas de fin de siglo habrían de destacar. Con regiones de lluvias inadecuadas y un suelo pobre, sin carbón barato, el crecimiento económico de España fue limitado. Las revoluciones agrícolas del siglo XIX quedaron confinadas a las regiones en que llovía todo el año. ¿Qué podía hacerse en un país del cual dos quintas partes de la tierra útil sólo podían mantener una cabeza de ganado por media hectárea, y donde además una cuarta parte se dedicaba a cereales mal cultivados? En algunas regiones se consiguieron grandes progresos, tan notables como los de cualquier parte de Europa. El resultado era la pervivencia del contraste del siglo XVIII entre regiones progresivas y regiones estancadas, entre una periferia progresiva y un centro paralizado; que semejante desequilibrio regional sea una de las características del desarrollo no puede hacer olvidar o minimizar sus consecuencias sociales. Más allá del explosivo crecimiento de Bilbao, Barcelona y Valencia y de la agricultura del rico suelo negro del Guadalquivir, debe verse la «verdadera España, esa cadena de desiertos sin un pájaro, sin un árbol, sin una fuente de agua o una flor, un montón de pueblos sin caminos, ni telégrafo, ni alcantarillado, sin hospitales ni mataderos, sin iluminación ni policía ni bomberos, sin moral ni higiene».⁹⁰ Además la prosperidad de la periferia no se podía llevar fácilmente al resto de España: no existía aún una auténtica economía nacional.⁹¹ Esta diferencia de ritmo posibilitó dos tipos de tensión social en contraste: el choque entre los obreros y el capital en los sectores avanzados y los antiguos conflictos de terratenientes, campesinos y jornaleros en los sectores tradicionales. Una de las características de los años treinta fue la combinación de estos descontentos: para 1936 la U. G. T. se estaba convirtiendo en un sindicato agrícola e industrial, a un tiempo.

La desigualdad de su crecimiento económico dejó a la España del siglo XX con los contrastes que hicieron las delicias de los viajeros románticos. La España de las pequeñas ciudades y de la fiesta local persistía por encima de la España de la ciudad y de los modernos espectáculos deportivos de masas. Las mismas corridas de toros, la fiesta por excelencia, con la construcción de las grandes plazas (empezando por la de Murcia en 1886) se convirtieron en una empresa comercial en las capitales de provincias cuando el ferrocarril permitió el transporte regular de espectadores y toros de lidia. Pese a las tentativas de los reformadores por introducir la bicicleta y las excursiones como parte del modo de vida occidental, sus partidarios se limitaron a una clase relativamente reducida; Lerroux, por ejemplo, fue un apasionado de la bicicleta, pero el obrero español medio no podía esperar comprársela. El único deporte occidental que se convirtió en una pasión nacional fue el fútbol. Introducido a finales de siglo, con los grandes estadios de los años veinte, los clubs de las ciudades desarrollaron las consecuencias económicas del profesionalismo hacia 1927.⁹² Los grandes delanteros-centro sustituyeron a los matadores de toros en la mitología popular, especialmente en las regiones en que, como el País Vasco y Galicia, las corridas de toros nunca habían llegado a constituir una mística popular. Aguirre, el político vasco y presidente del gobierno autónomo vasco en 1936, se hizo famoso como medio centro. No hay duda de que la España del bailador de flamenco todavía dominaba la imagen que Europa se hacía de España. Ello era en parte accidental —la España de pandereta atraía el comentario fácil— y en parte una imagen favorecida por los gobiernos a partir de 1920, cuando el turismo se convirtió en una importante fuente de ingresos.⁹³ Pero los turistas empezaron a observar que la «España típica» era distinta de la que presentaban las agencias de viajes, y ello no porque hubiera desaparecido, sino porque quedaba aislada en las zonas en que las rutas turísticas y el dinero de los turistas no podían penetrar.

La dimensión de estas zonas estancadas hizo que España en su conjunto tuviera una economía semidesarrollada en 1936. Comparada con Francia, que, para entonces, comparada con el norte de Europa, era un país relativamente poco industrializado, era mayor la proporción de españoles que dependía todavía de la agricultura, y menor la de los que se dedicaban a alguna ocupación productiva.⁹⁴ Se produjeron progresos espectaculares; como país neutral en la primera guerra mundial sus productos fueron buscados por todos los beligerantes europeos. Pero a pesar de estas posibilidades y de sus realizaciones, España continuó siendo un país pobre: sigue siendo un postulante al desarrollo sostenido que caracteriza la implantación de una economía moderna.

El círculo vicioso de la pobreza había dejado a España sin el mercado, ni el capital ni las técnicas financieras institucionalizadas necesarios para sostener la gran industria. No fue la derogación de las leyes de navegación por parte de los librecambistas en 1869 lo que arruinó a la marina mercante catalana, sino la falta de capital para financiar el cambio de la vela al vapor. Que España no encontrara capital para construir su propio sistema ferroviario no es sorprendente; su problema ferroviario era la falta de capital nacional para reparar los ferrocarriles, mantenerlos en servicio, y convertirlos en una empresa rentable. Cualquiera que sea el patrón que se adopte, la industria española estaba subcapitalizada y, así, su crecimiento relativo era demasiado lento para eliminar el retraso respecto a la Europa occidental que tanto angustió a los propagandistas de la regeneración.⁹⁵ En estas condiciones la protección no era suficiente, y el libre juego de la inversión sólo podía orientar el dinero hacia el aumento de los beneficios existentes en vez de desarrollar los factores descuidados de la producción en las regiones deprimidas.⁹⁶

La inversión estatal masiva en proyectos de reasentamiento agrario, agricultura, repoblación forestal y regadío, como hizo ver claramente la polémica de los años noventa, implicaba una reducción drástica de los gastos militares y de la administración, es decir, la expropiación de la clase media tradicional. Los únicos remedios que quedaban consistían en redistribuir la renta nacional a fin de incrementar el poder adquisitivo medio, o en iniciar una revolución agraria, que en sí misma era un remedio dudoso para la enfermedad. Semejantes medidas heroicas estaban más allá de las posibilidades del Estado liberal: el Ejército siguió siendo muy numeroso y la diferencia entre la riqueza y la pobreza, inmensa e inquietante. Ningún gobierno español se ha propuesto reducirla.

CAPÍTULO XI

LA SOCIEDAD, 1870-1930

Durante la Primera Guerra Mundial se dijo con frecuencia que España, por ser un conglomerado de sociedades distintas, adolecía de la falta de una «conciencia nacional» capaz de reaccionar uniformemente.¹ Debemos ser prudentes al atribuir esta incoherencia estructural —que Maura llamaba la deformidad de la sociedad española— a una de las supuestas peculiaridades contradictorias de España, su tradicionalismo o su individualismo revolucionario, su extremismo o su conformismo estático. Se trata más bien de que los procesos de modernización económica que hemos descrito con anterioridad no habían podido crear fácilmente una sociedad de afanes comunes, con un centro de gravedad común. Lo que hoy consideramos característico de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo —unas sociedades dislocadas que evolucionan en el interior de un país con índices de transformación muy distintos— fue experiencia vivida por todos en Europa bajo el impulso de la industrialización: el desarrollo, desigual en todas partes fue una conjunción de cambios y de resistencias al cambio. España se distinguió por su lentitud, por la esporádica penetración del desarrollo. Los ferrocarriles, grandes promotores de una economía progresiva y unificada, llegaron tarde. Sólo el camión pudo dar al traste con el mercado local de la misma forma que el autobús lo hacía con la sociedad local.² En mayor escala, la persistencia del regionalismo y su evolución hacia nacionalismos separatistas era función de una prosperidad insuficiente: Salmerón fue quien señaló que si España hubiera vencido en 1898, si se hubiera convertido en una comunidad próspera y progresiva, no se habría suscitado el nacionalismo catalán. Todo el mundo habría «utilizado» el Estado español y encontrado sus propios intereses en la prosperidad general de la nación.

1. Las clases sociales, 1870-1930

La incoherencia de la sociedad española era manifiesta en la pervivencia de estructuras y actitudes tradicionales en una época en que Maeztu predicaba el evangelio del dinero y el «ayúdate a ti mismo» anglosajón como clave para una España regenerada. En muchas de las pequeñas localidades españolas, los poderosos a la antigua usanza eran todavía el grupo dominante. Al igual que el campesinado, que se negaba a reconocer que los grandes tiempos del trigo habían pasado ya, la casta de los caciques se oponía al cambio, aferrándose a los usos y costumbres de la comunidad autosuficiente y a las satisfacciones de una preeminencia admitida por todos.

Era incapaz de comprender la organización de las grandes explotaciones capitalistas en los terrenos agrícola, industrial y comercial. Era muy estúpida, absolutamente inculta y con una especie de egoísmo aldeano... Esos hombres vivían bien. No muchos tenían coche y eran pocos los que disponían de baño. Sus abuelos guardaban las monedas de oro que poseían en un calcetín o bajo una baldosa. Acumulaban en cajas fuertes sus billetes y se resistían a depositarlos en el banco, temerosos de ser despojados por una quiebra o una suspensión de pagos.³

El hecho de que estos prohombres rurales fueran tan reacios a echar mano de sus ingresos por encima de los niveles mínimos de consumo retrasó el progreso económico y el cambio social.

La conducta económica de la aristocracia era a menudo, aunque a mayor escala, la del cacique de aldea; pero gozaba de influencia social y en cierta medida política. A pesar de que sus diversiones se fueron modelando cada vez más según las de la más sólida nobleza deportista inglesa, apoyaba decididamente los valores católicos tradicionales.⁴ Dado que toda su historia a lo largo del siglo XIX es un continuo incremento de sus filas, por la incorporación de militares encumbrados, grandes burgueses y políticos, tendió a imponer estos valores a las capas superiores de la sociedad de la misma manera que imponía su estilo de vida.⁵ De este modo, la costumbre aristocrática y cortesana del veraneo, consecuencia de la precaria salud de Isabel II, se difundió en sentido descendente en la escala social en cuanto los ferrocarriles hicieron económicamente posible los viajes largos aún para las personas que no fueran muy ricas. Hacia los años treinta del siglo actual muchos españoles de la clase media consideraban que pasar el verano en la ciudad era un estigma social.

Sin embargo, la influencia aristocrática estaba ya en franca decadencia. La corte y la antigua aristocracia no se percataban de que su situación se veía seriamente amenazada por la impopularidad de un rey cuya posición mal podían defender, pero cuya existencia era la razón de ser de la aristocracia. En la República de 1931, la aristocracia era una casta, aislada, ociosa y solitaria.⁶ Este alejamiento ya se hizo patente en 1920 y se acentuó cuando la dictadura de Primo de Rivera; así, como señaló un aristócrata, la reacción al llamamiento de voluntarios para la guerra de Marruecos, «no fue muy grande, al menos en las clases altas».⁷ Alfonso XIII hizo intentos ocasionales de romper la barrera aristocrática de la corte, que le apartaba de su pueblo y especialmente de los intelectuales: se hizo invitar a una cena para conocer al famoso neurólogo Ramón y Cajal y llevó a cabo una visita a la atrasada región de Las Hurdes con el doctor Marañón. Los cortesanos del rey no quisieron seguir su ejemplo: su hogar espiritual ya no era Castilla, sino Biarritz.

La fuerza social más potente aparecida en la Restauración y en las décadas posteriores fue la de los financieros y empresarios industriales a gran escala. Llegaron a dominar la vida social y económica de las ciudades industriales de Cataluña y la costa del Norte, con ramificaciones en Valencia y, finalmente, con la concentración de la banca y el desarrollo de una industria ligera posterior a la electrificación, la del propio Madrid.⁸ Se trataba de una clase mucho más sólida y respetable que la de los nuevos ricos de mediados del siglo XIX. La carrera de Juan March, que se convirtió en el hombre más rico de la España moderna, representa la persistencia de un tipo de capitalismo anterior; al igual que Salamanca, consiguió su fortuna con un monopolio del gobierno (el del tabaco) o —según sus enemigos— con el contrabando; como Salamanca, invirtió sus beneficios en los transportes. Mallorca se convirtió en su feudo privado y la Barcelona Traction en el centro de su imperio financiero. Mientras que la mayoría de los industriales y banqueros respetables se hicieron conservadores, Juan March, simpatizaba con políticos como Santiago Alba y Lerroux; los conspiradores de 1930-1931 confiaron siempre en que financiaría un levantamiento republicano. El renversement des alliances producido por la República, que consideró una obligación política condenarle por fraude, queda demostrado por el hecho de que March, al igual que sus amigos capitalistas, apoyó a Franco.

En Cataluña se desarrolló de modo natural una clase de grandes industriales a partir de las empresas familiares patriarcales; al igual que en la antigua aristocracia, las alianzas matrimoniales concentraron su riqueza, ampliando extraordinariamente la extensión de sus intereses. Así, el segundo marqués de Comillas controlaba la mayor empresa naviera española (la Transatlántica), negocios mineros, una banca y grandes haciendas agrícolas. Con Comillas, chambelán de la corte, los magnates catalanes de los negocios entraron en la sociedad española, en el sentido estrecho de la palabra, y compartieron el interés de ésta por el renacimiento católico; Comillas financió peregrinaciones a Roma y estableció detallados reglamentos para impedir la inmoralidad en sus barcos.⁹ En el Norte las grandes dinastías financieras e industriales, de orígenes humildes como los Urquijo, siguieron algo más tarde un proceso parecido: así, los industriales vascos más ricos huyeron del nacionalismo vasco y prefirieron cortejar a la exiliada emperatriz Zita, en Lequerica.¹⁰

En Andalucía los bajos salarios incitaban a los magnates locales a implantar empresas industriales. El papel de estos capitalistas del Sur no ha sido estudiado todavía. Después de vascos y catalanes fueron, con los cosecheros de trigo castellanos, la agrupación económica más poderosa de España. Comprendían las grandes empresas de elaboración de vinos de Jerez, el corcho y, posteriormente, negocios algodoneros. Sevilla y, en menor grado, Córdoba fueron los centros de grandes complejos agrarios semiindustrializados, a la vez que escenario de las diversiones de ese producto típico del rico andaluz, el «señorito». Estas familias, aristocráticas por propia inclinación, y no pocas veces por nacimiento o matrimonio, eran altamente conservadoras y de sentimientos monárquicos, pero les faltaba tal vez lo que Maeztu llamaba «el sentido del respeto por el dinero».¹¹ La familia Larios, que controlaba la vida de Algeciras, fundó una fábrica textil; dos generaciones más tarde adquirió por matrimonio el ducado de Lerma y vendió sus instalaciones textiles a los catalanes.

Incluso en Cataluña la empresa de mediados de siglo parece haberse debilitado por la crisis de 1866; solamente a finales del XIX se produjo un nuevo impulso de las pequeñas empresas familiares hacia la concentración capitalista, la economía en gran escala y la modernización, proceso especialmente agudo en industrias nuevas como los productos químicos y el cemento. Pero aun así, Cambó siguió creyendo que los catalanes eran una nación de tenderos cuyo horror a las sociedades de responsabilidad limitada y cuyo temor a la unión para conquistar grandes mercados procedía del deseo artesanal de ser dueños de su propia empresa.¹² En 1929, Carlos Pi Sunyer decía que el evangelio laboral de los artesanos, que había convertido a Cataluña en un centro industrial, hacía ahora su economía menguada y sin ambiciones.

Los nuevos industriales tenían una mentalidad menos conservadora. Cambó, que procedía de una familia de campesinos medios y que había sido aprendiz de farmacéutico, fue el elemento más importante de la «nueva promoción» catalana; como banquero y financiero industrial su gran creación fue la CHADE y su «golpe» final, el intento de monopolizar la exportación de corcho.¹³ Con su colección de obras de arte —que incluía los Botticelli, hoy en El Prado—, su yate y sus intereses políticos muy desarrollados fue el hombre de negocios, surgido de la nada, que alcanzó más prominencia y fortuna en la España alfonsina. En el país vasco las dinastías capitalistas más poderosas se fundieron a principios del siglo XX.¹⁴ Por último, las sociedades anónimas sustituyeron a las empresas familiares porque podían obtener créditos más fácilmente; los capitalistas vascos, merced a sus intereses bancarios (el 30 % de la inversión española posterior a 1908 era vasca), se convirtieron en el complejo financiero aislado más importante de España.

En las filas de esta clase de capitalistas se producían ascensos y caídas dramáticos: los nuevos ricos que produjo el auge de los vinos de Tarragona se eclipsaron hacia 1895; la clase relativamente amplia de los armadores, elemento importante en la sociedad barcelonesa y a todo lo largo del litoral catalán en los años cincuenta y sesenta, se había esfumado hacia 1898. Como de costumbre, los proteccionistas catalanes atribuyeron su desaparición a la negativa del gobierno de Madrid a proteger los buques «nacionales»: en realidad, muchos navieros catalanes carecían del capital necesario para sustituir la vela por el vapor.

Solamente Cataluña produjo una cultura autónoma de la clase media, viva y abierta a las influencias exteriores. Mientras que 1898 suscitó un clima de pesimismo en Castilla, en Cataluña la generación de 1901 fue optimista. La asombrosa arquitectura de los barrios ricos de Barcelona era buen ejemplo de la confianza de los millonarios catalanes, mientras que en Madrid los nuevos ricos construían palacios convencionales. En Barcelona se representaban los dramas de Ibsen y las óperas de Wagner a la vez que en cualquier otra gran ciudad de Europa; produjo arquitectos de talento como Luis Doménech y Montaner (1850-1923) y el genio auténticamente grande de Gaudí, estrechamente vinculados a la expansión urbana del cambio de siglo y a la construcción de nuevas iglesias.¹⁵ Mientras Sert suministraba frescos enormes a los nuevos ricos, el mundo bohemio de Barcelona, abierto a la influencia extranjera, daba inspiración al primer Picasso.¹⁶ En el País Vasco no pudo desarrollarse una auténtica cultura de la clase media, tal vez por no existir universidad o porque el nacionalismo vasco fue un auténtico nacionalismo campesino, cosa que no ocurrió jamás en Cataluña. Las provincias vascas miraban hacia dentro, hacia Euzkadi, o hacia el extranjero, hacia América o Inglaterra.

Gradualmente, los técnicos, en especial los ingenieros, surgen cabe a los abogados como los aristócratas intelectuales de la sociedad burguesa. Los primeros técnicos (por ejemplo, Echegaray, el ingeniero y dramaturgo, que había sido ministro de Asuntos Exteriores en 1868, y Sagasta) se convirtieron generalmente en políticos abiertos y directos. Más tarde llegaron los asesores. Se abrieron camino fácilmente en los consejos de administración de las grandes compañías —la Papelera Española y el Metro de Madrid, por ejemplo— y su edad de oro fue la dictadura de Primo de Rivera, cuando aparecieron en el consejo de ministros con Guadalhorce, el ingeniero que había planeado la presa que lleva este nombre, y en los diversos organismos gubernamentales que se difundieron a partir de 1923. Sus ambiciosos planes no pudieron ser financiados por la España republicana y su fidelidad política era sospechosa: de ahí que se volvieran en contra de la República. Entre las clases profesionales, la República fue apoyada por los médicos, los periodistas y los profesores universitarios, más que por los técnicos.

En 1936 las clases medias tenían una composición todavía más compleja que en las primeras décadas del siglo. La diversidad y la relativa debilidad de las nuevas clases medias en los años de posguerra queda demostrada por la variedad y efímera vida de las revistas que sostenían sus intereses.¹⁷ El papel revolucionario que correspondía a las capas medias urbanas en la política se fue extinguiendo a medida que aparecieron los partidos proletarios, que desconfiaban del radicalismo de la clase media y de sus dirigentes; por la izquierda solamente el nacionalismo catalán era cosa de la clase media, y la revolución a que aspiraba estaba falta de contenido social. La clase media carecía de organización y de partido; en 1936 había quedado orillada.¹⁸

Así, al estallar la Guerra Civil, las clases medias estaban divididas en cuanto a sus convicciones políticas. Lo mejor de la cultura de la clase media, los intelectuales, estaban divididos en cuanto a su filiación política: entre los de la generación de más edad, solamente el gran poeta Antonio Machado era republicano convencido. La mayoría de los intelectuales consideraban inhóspito el suelo de la España nacionalista, habitado como estaba por las hechuras académicas de Primo de Rivera, que habían sido postergados por los nombramientos «masónicos» de los republicanos.¹⁹ En julio de 1936, la República fue derrocada por el Ejército, preparado para su misión por su propio descontento. Pese a todo, el Ejército no habría conseguido vencer de no haber reflejado las fisuras de la sociedad de clase media que hicieron que los caciques rurales, los notables de las ciudades provincianas y los ingenieros prósperos, encomendaran su salvación a los nacionalistas, contra los sectores de la clase media dispuestos a concluir una alianza con las clases trabajadoras. Esta alianza fue a menudo, para los españoles de clase media que habían quedado en la zona republicana, una incómoda necesidad geográfica más que una auténtica unión. A medida que proseguía la Guerra Civil este alejamiento se hacía más evidente; no se trataba tan sólo de la experiencia traumática de las patrullas anarquistas, sino del rechazo de las costumbres arraigadas de la clase media, de una auténtica proletarización de las formas políticas que no pudo abandonarse siquiera cuando, en 1937, los políticos de clase media recuperaron en cierta medida el poder político. Mucho después de que los anarquistas hubieran sido dominados, y desmantelada su revolución social, la República continuaba siendo en sus formas una República de Trabajadores; dentro de ella, las clases medias se sentían alejadas de los hábitos consuetudinarios de su cultura.²⁰

Al faltar, como ocurre en este caso, estadísticas fiables sobre los salarios reales, es difícil examinar las condiciones de vida de las clases inferiores. Dadas las acusadas variaciones regionales en salarios y niveles de vida las generalizaciones sobre los salarios y los precios son muy poco significativas. Cabe aventurar que la mano de obra cualificada continuó estando relativamente bien pagada pero que las condiciones del trabajo semiespecializado y no cualificado empeoraron a finales del siglo XIX y principios del XX, salvo, quizá, en regiones de acusado desarrollo económico o de acentuado estancamiento. Marvaud, en 1905, calculó que el obrero de París vivía considerablemente mejor que el de Madrid, puesto que el precio inferior de los alquileres era contrarrestado por los precios superiores de los alimentos. Fuera de la industria, los salarios parecen haber permanecido estables (tal vez porque eran muy convencionales) mientras que los precios se elevaron: en las ciudades, una serie de oficios (zapatería, sastrería) exigían una larga jornada de trabajo retribuida con un salario muy bajo, mientras que, en el campo, los salarios de los labradores parecen haberse elevado muy poco desde los años cincuenta.²¹ El déficit del presupuesto de la familia rural se capeaba con la subalimentación o la emigración; así, la provincia de Salamanca proporcionaba mano de obra barata a los campesinos franceses, y la Serranía cordobesa, a las minas del Sur.²² En las ciudades, el déficit se enjugaba mediante el multiempleo familiar —la hija trabajaba largas horas por un jornal de hambre en las fábricas, el hijo hacía de mandadero, la mujer de lavandera—. Así también, los trabajadores más pobres de la industria corchera catalana conseguían sobresueldos como camareros en sus horas libres.

Característico del mundo obrero europeo del siglo XIX fue el cúmulo de penalidades soportado por los humildes de la vida urbana: los nuevos inmigrantes de la ciudad antes de su absorción, los mendigos y los quincalleros, fueron su expresión española y constituían un sector marginal por definición. La venta callejera se convirtió paulatinamente en una empresa marginal en el centro de Madrid, con el desarrollo de las grandes tiendas justamente antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero continuó siendo un servicio necesario para los pobres de la ciudad, que solamente podían comprar en pequeñas cantidades, y también para los holgazanes.²³ Los nuevos pobres vivían en las chozas que habían ido extendiéndose a la entrada de las grandes ciudades. A diferencia de los antiguos pobres urbanos, a estos habitantes de los arrabales casi no les llegaba la caridad eclesiástica. Carecían también de atención por parte de los servicios sanitarios municipales y entre ellos se daba un elevado índice de mortalidad por tifus.

El verdadero proletariado siguió siendo relativamente reducido: los 250.000 obreros eran todavía superados por los 750.000 artesanos (muchos de éstos en declive hacia el trabajo asalariado) y por la masa de los trabajadores agrícolas. Existía una larga tradición asociativa en los oficios convencionales —los toneleros, por ejemplo— y entre los trabajadores del algodón de Barcelona. A partir de 1900 se produjo un tremendo aumento de asociaciones obreras; aunque estos sindicatos no eran ni mucho menos todos ellos obra de socialistas o anarquistas, los partidos proletarios estaban transformando las anteriores tradiciones asociacionistas en las que se denominaban «sociedades de resistencia».²⁴ El nuevo sindicalismo de las «sociedades de resistencia», primero socialista y posteriormente anarquista, no solamente cambió la naturaleza de los conflictos laborales, sino que difundió estos conflictos a nuevas zonas y a nuevas industrias.

2. Movimientos obreros (1868-1923): anarquismo y socialismo

El atractivo de la historia inicial de los movimientos obreros españoles ha desmesurado su significación. Hasta los años noventa los políticos españoles podían considerar los disturbios laborales —la jacquerie intermitente de Andalucía y el terrorismo barcelonés— como cuestiones de orden público, como ecos de la época de disturbios de 1873, más que como presagios del futuro. En 1907 España era todavía el único gran país europeo sin un diputado obrero en el parlamento.

La extraña implantación de los ideales de la Alianza de la Democracia Socialista de Bakunin por el italiano Fanelli en los años setenta condujo a una dura lucha entre los discípulos de Bakunin y los marxistas «autoritarios» a principios de esa década. En los primeros congresos un pequeño grupo de discípulos de Fanelli forzó la aceptación de un programa revolucionario de comunismo libertario, barriendo igualmente a marxistas y gradualistas, con una desaprensión táctica y una manipulación de los congresos que sorprendieron a Anselmo Lorenzo, hombre sencillo y entregado en alma y vida al ideal, típico ejemplo de lo mejor del anarquismo.²⁵ Aunque por el momento los libertarios habían triunfado, este conflicto habría de tener resultados trágicos: dejó al movimiento obrero español dividido por la competencia que se suscitó entre socialistas ortodoxos y anarquistas por ganarse a la clase obrera, cisma complicado por la división de los propios anarquistas en sindicalistas, revolucionarios profesionales y terroristas, y por las divergencias personales y tácticas en el seno del socialismo. La división entre socialistas y anarquistas era geográfica (con bastiones anarquistas en Cataluña y Andalucía, que se extendían hacia Levante y Aragón, y con avanzadillas en Asturias y Galicia) a la vez que temperamental. Había un tipo de energúmeno revolucionario español, nacido en el fermento de los años setenta, cuyo entusiasmo no podían despertar la doctrina marxista y la táctica gradualista. Unirse a los socialistas era «ir a marcar el paso de la oca en un regimiento prusiano».²⁶ Esta imagen de un partido «militar» limitaba el proselitismo socialista en los círculos revolucionarios violentamente individualistas.

La historia del movimiento anarquista no manifiesta un desarrollo rápido y continuo. Las diversas federaciones, que se envanecían de tener su origen en los congresos españoles de la Primera Internacional, proliferaban y se extinguían. A los brotes de organización, cuando crecía el número de afiliados, seguían períodos de persecución y de actividad clandestina cuando el movimiento se veía reducido a un núcleo cerrado de militantes. Un congreso no podía prolongarse hasta otro congreso: el movimiento experimentaba avances repentinos y sufría derrotas desastrosas. Este ritmo cíclico se debía al entusiasmo contagioso suscitado por el movimiento anarquista europeo y a los períodos alternativos de tolerancia legal y de represión brutal característicos de un gobierno débil. En sus primeros años el movimiento pasó de la propaganda verbal a la de los hechos. A partir de 1910 el sindicalismo puso al movimiento bajo el dominio de dirigentes relativamente moderados; cuando estos dirigentes sometieron a prueba su organización mediante una huelga masiva, la organización quedó deshecha por encarcelamientos en masa, que dejaron al movimiento en manos de militantes activistas que emplearon el temperamento revolucionario y el resentimiento de las masas para empresas que los moderados consideraban suicidas.

La tolerancia de Sagasta permitió que los residuos de la Primera Internacional reaparecieran en el Congreso de Barcelona (junio de 1881) como la Federación Regional de Trabajadores Españoles, de predominio anarquista. Deshecha por la represión que siguió a 1884, los terroristas de la propaganda por el hecho iniciaron una oleada de atentados con bombas y asesinatos que alcanzó su punto culminante en los años noventa, y de la que son parte la bomba arrojada en el Liceo, que causó la muerte a veintiún espectadores, la de la procesión de Corpus, que mató a diez fieles, y el asesinato de Cánovas. Estos atentados, obra de extremistas aislados, horrorizaron a la opinión pública y evidenciaron el carácter del terrorismo anarquista: el Liceo y la procesión de Corpus eran símbolos de la corrompida vida burguesa. El horror a las bombas suscitado en la sociedad burguesa provocó una drástica política de represión y ésta, a su vez, puso en marcha los mecanismos de la represalia anarquista, a la que hay que atribuir el asesinato de tres presidentes del Consejo. La barbarie policíaca, a su vez, provocó una reacción en la izquierda europea: así, la protesta de la izquierda contra las torturas perpetradas en Montjuich (la fortaleza-prisión de Barcelona) es un temprano ejemplo de la sensibilidad de la opinión liberal europea por las cuestiones españolas; creó una versión moderna de la Leyenda Negra, de la España de la Inquisición.²⁷

El terrorismo nunca pasó de ser una doctrina minoritaria; paralelamente a él funcionaba otra tradición anarquista, la del autoperfeccionamiento y la educación racionalista. El terrorismo sin efecto palpable produce la sensación de estar sumido en un profundo letargo, y en esta sima de desesperación los anarquistas empezaron a organizar debates sobre temas como la propiedad, el amor libre o la ciudad del futuro, o a enseñar en las Escuelas Modernas ideadas por Ferrer.²⁸ Ferrer era librepensador y anarquista, y la jerarquía eclesiástica condenó la asistencia a sus escuelas, por considerarlas casas-cuna del ateísmo. Sus ideas sobre la propiedad y la familia no se diferenciaban de las creencias de los anarquistas. Desarrolló sus actividades durante el período en que la oleada terrorista se había debilitado, cuando los clásicos anarquistas constituían patrimonio común de los espíritus más audaces del proletariado barcelonés.

Al llegar a este punto debemos examinar la distribución geográfica de los focos de actividad anarquista. El arraigo que el anarquismo llegó a tener en el corazón y la mente de los braceros de los cortijos andaluces es comprensible. Más sorprendente es que Cataluña, una región industrial avanzada, pudiera convertirse en la casa solariega del anarquismo europeo.

Hasta los años noventa la fuerza del anarquismo radicó en Andalucía. Se difundió rápidamente por los cortijos y aldeas andaluces en parte porque el evangelio de Bakunin coincidía con las tradiciones mesiánicas de esa sociedad primitiva, pero también, y esto es más importante, porque los apóstoles anarquistas estaban dispuestos a hacer suyas las reivindicaciones de los trabajadores andaluces, incluso aunque éstas estuvieran teóricamente en conflicto con los principios del movimiento. Estas reivindicaciones abogaban desde hacía mucho tiempo por la abolición del trabajo a destajo, salarios más altos y, principalmente por el «socialismo natural» del reparto, «palabra mágica que ha electrizado a las masas», con el lema de una división de las grandes fincas. La fuerza del anarquismo, como movimiento opuesto al socialismo, radicaba en que sus doctrinas podían albergar y ampliar esta revolución primitiva y al mismo tiempo absorber el sedimento del fermento republicano federal. Aunque las relaciones entre el anarquismo y el republicanismo federal son a menudo difíciles de seguir, el anarquismo arraigó en las regiones que tenían una larga tradición de exaltados y en las que el republicanismo federal había sido potente. Fue una edición proletaria del extremismo exaltado de la década de los años treinta; el federalista Pi y Margall se convirtió en una de las escasas deidades burguesas del mausoleo anarquista.

A veces este anarquismo rural se autoorganizaba o caía, más bien, bajo la influencia de pequeños grupos organizados, derivando entonces a movimientos de revolución social o a acciones huelguísticas. Más tarde se difundieron por el Sur las grandes ráfagas cíclicas de violencia campesina, quema de cosechas, matanza de perros guardianes y asesinato de guardas rurales. La Federación Regional de España, creada en 1881, convenció en seguida a los terratenientes de que tenían a su frente una amplia organización revolucionaria. Puede ser que los hombres más violentos de la Federación crearan una sociedad secreta revolucionaria, como sostuvo la acusación en los Procesos de la Mano Negra (1883-1884). Estos procesos, que fueron divulgados por toda la izquierda europea, pusieron de manifiesto las torturas policíacas y la decisión de los jueces de encarcelar a los anarquistas destacados, fueran o no culpables de los delitos que se les imputaban. La represión dio al traste con el movimiento aunque «la idea» perduró. En 1892, acuciado por el hambre y el paro, un ejército campesino armado con hoces y escopetas de caza invadió Jerez, abatiendo a «quienes iban bien vestidos». La última de las jacqueries andaluzas fue más bien un estallido del odio acumulado durante generaciones que una revolución anarquista, aunque los militantes de este credo participaran en el movimiento. Gradualmente, las giras de propaganda de estos militantes y los vagos rumores de un nuevo evangelio —la huelga general— modificaron el carácter de la revuelta campesina, especialmente en las provincias de Córdoba y Cádiz. La revuelta espasmódica fue sustituida por huelgas débilmente organizadas. Estas huelgas culminaron en una huelga general en Córdoba en 1903. El movimiento fue vencido por el hambre —1904 fue casi un año de escasez absoluta— y durante la década siguiente el anarquismo perduró como una esperanza en los corazones de unos cuantos fanáticos; en el Sur rural casi dejó de existir como movimiento organizado.²⁹

En Andalucía el anarquismo continuó siendo más un estado de ánimo que una organización. Cuando se derrumbaron las federaciones el movimiento dejó a sus apóstoles —los fanáticos de los pueblos, «los hombres con ideas»— varados en la marea baja de la revolución. La devoción inspirada por los predicadores y propagandistas itinerantes se debía al simple hecho de que estos apóstoles eran los primeros hombres cultos que hablaban como a un ser humano al jornalero andaluz.³⁰ Recorrían los cortijos y compartían la sopa de los jornaleros leyendo fragmentos de la prensa anarquista sudamericana y recitando los catecismos anarquistas que los fanáticos locales se sabían de memoria. Como puritanos austeros, trataron de imponer el vegetarianismo, la abstinencia sexual y el ateísmo a uno de los campesinados más atrasados de Europa. La manía del autoperfeccionamiento, que se alimentaba de clásicos anarquistas como La Conquista del Pan, de Kropotkin, las Ruinas de Palmira y la ciencia popular, es la característica más patética del movimiento. Esta repentina inyección de revelaciones podía conquistar toda una aldea con el convencimiento de que se acercaba el advenimiento de la época profetizada por los apóstoles. Así, las huelgas eran movimientos de exaltación, además de exigir la mejora de las condiciones de vida; estas huelgas, espontáneas y desconectadas, no solamente debían traer la abolición del destajo, sino también «el día», considerado tan cercano que los entusiastas decidieron la huelga de vientres y dejar el alcohol hasta que amaneciera.

Como todos los movimientos religiosos —y el anarquismo poseía muchas de las características de un fervor religioso— tenía también una visión última del reino de la justicia, en el que los hombres recuperarían una dignidad perdida y donde las relaciones humanas se desarrollarían en perfecta libertad y armonía. Mientras que en una sociedad industrial compleja esta utopía era un anacronismo impensable, en la aldea, cuando hubieran sido eliminados los ricos y los perversos, el sueño anarquista podría realizarse de inmediato. Como los ciudadanos de Rousseau, en 1918-1919 y en 1936, los campesinos se gobernaron a sí mismos con un claro desprecio por las sociedades corrompidas exteriores a la aldea. «Córtese la cabeza a los nobles y caballeros», tómese la tierra y el jornalero andaluz se encontrará a sí mismo en la sociedad a que le conducen sus instintos económicos, sus odios atávicos y sus sueños de justicia y dignidad.30 bis Dado que el bracero andaluz no consideraba la guerra social como una lucha larga, sino como un triunfo repentino de esas verdades predicadas por los apóstoles itinerantes y por una prensa en pañales, dejó de organizarse; esta omisión vino acentuada por el hecho de que los movimientos que buscaban su apoyo —el anarquismo y posteriormente el anarcosindicalismo— solían escarnecer la organización calificándola de vicio socialista.³¹ Cuando se desvanecía la perspectiva de conquistar la tierra, el milenarianismo y el fervor religioso alentaban únicamente en los corazones de los fanáticos: se explica así la naturaleza cíclica del anarquismo rural, tan bien descrita por Díaz del Moral, y la repentina caída en el fatalismo «árabe», la apatía y la indiferencia animal. «Rápido en comprender y entusiasmarse —escribió el militante Mella—; rápido en rendirse y desesperarse.»³²

La conversión de los obreros catalanes fue un proceso largo y discontinuo; por otra parte no se trató de una conversión al anarquismo, aunque perduraron los puristas de la acción individual, sino al anarcosindicalismo: el fuerte sindicato revolucionario con el instrumento de la huelga general. Esta conversión, por consiguiente, puede considerarse como una parte del proceso general de «europeización» característico de los años posteriores a 1898, con la organización sindicalista francesa por norte.

La tradición asociativa de Barcelona —todavía en 1890 el antiguo Las Tres Clases del Vapor era el sindicato más fuerte de España— parecía más acomodable a la alianza socialista que a la anarquista. ¿Por qué, entonces, arrolló el anarcosindicalismo esta tradición? La inmigración en los estratos inferiores de las clases trabajadoras, procedente de las zonas violentas y atrasadas del Sur, el contacto de un gran puerto, la persistencia de una industria pequeña que, como en el Jura, favorecía el anarquismo, y junto con todo ello, la existencia de apretados barrios obreros en el interior de una ciudad rica, constituía un abono fértil para la violencia revolucionaria. Para los nacionalistas catalanes, creyentes en el seny (buen sentido) y en «el espíritu analítico y positivo de la raza catalana», la desviación anarquista se explica por la inmigración de elementos «extranjeros» de provincias con una tradición de revolución primitiva, explicación que viene a ser una excusa. El puerto permitía los contactos con los anarquistas extranjeros, especialmente italianos, y cualquier conocedor de los barrios obreros del centro de Barcelona puede comprender el incentivo que entrañaban las calles estrechas y las casas atestadas para la violencia revolucionaria. Más importantes todavía eran la intransigencia de los patronos de Barcelona y la brutalidad de la represión policíaca. En estas circunstancias las antiguas tradiciones asociativas eran inadecuadas e inútiles. Los patronos tienen la clase obrera que se merecen.

La historia de los sindicatos catalanes de estos años —y eran numerosos, y ya bien afianzados— todavía tiene que escribirse; cuando esto ocurra, tal vez se altere la visión que tenemos de los orígenes y la eficacia del gran sindicato anarcosindicalista de la C. N. T. (Confederación Nacional del Trabajo). Fundada en 1911 como una organización nacional de los anarquistas que se habían convertido a la táctica del sindicalismo, creció rápidamente durante la guerra.³³ El anarcosindicalismo de la C. N. T. consiguió dos cosas: sus doctrinas tendieron un puente al sindicalismo más antiguo, del que había estado falto el anarquismo, y, simultáneamente, los militantes anarquistas pudieron hallar, de este modo, un lugar en el sindicalismo. Con todo, carecía de sentido esperar que los anarquistas rechazaran su utopismo revolucionario en favor de la «tarea reivindicativa diaria» del sindicalismo, o que los antiguos sindicatos olvidaran sus tradiciones reformistas.³⁴ La precaria unidad que exigía la lucha de la C. N. T. venía impuesta desde fuera, por la intransigencia de los patronos y la imprevisible represión gubernamental. Sin embargo, una vez forjada, la unidad desapareció en debates póstumos acerca de tácticas huelguísticas, en los que afloraron los profundos conflictos entre la tradición revolucionaria y la tradición sindicalista más moderada. La Federación de la Región Española, fundada de nuevo, se encontró con que la nueva doctrina de la huelga general debilitaba el movimiento en vez de reforzarlo. Por otra parte, la oleada de huelgas de Barcelona de 1903 a 1904 fue desastrosa. El número de trabajadores de los sindicatos militantes descendió rápidamente mientras que los tradicionales, más poderosos, permanecían al margen de todo movimiento organizado unitario. El anarcosindicalismo era todavía un movimiento minoritario, quebrantado por disputas doctrinales y con una rémora de hombres violentos. «La huelga se convirtió en un azote para los propios proletarios y terminaron odiándola.»³⁵

Comparado con los dramáticos altibajos del anarquismo, el desarrollo del partido socialista y de su sindicato (la Unión General de Trabajadores, U. G. T., fundada en 1882), fue lento y penoso. Los militantes expulsados de la Federación bakuninista crearon en 1879 el partido socialista, que era un pequeño partido arraigado en la aristocracia del proletariado de Madrid, los tipógrafos, que siempre habían desempeñado un papel importante en el radicalismo de la clase obrera. Pablo Iglesias, hijo de una lavandera pobre, convirtió su anticuado gremio artesano, formado para negociar con los patronos, en un órgano militante capaz de resistirles: en 1882 la Unión desencadenó la primera huelga eficaz de la España de la Restauración.

Desde sus comienzos, el movimiento socialista estuvo profundamente influido por los marxistas franceses por el conducto de Pablo Iglesias, primer secretario del partido, y de su amigo Mesa, periodista en París. De Guesde, el dirigente francés, tomó Iglesias su rígido pero eficaz credo político y estilo periodístico, su hostilidad doctrinaria a los políticos burgueses —especialmente los republicanos— y su desprecio por las maneras de pensar y de actuar anarquistas.³⁶ El rompimiento con los republicanos se remontaba a 1873, y fue motivado por la república excesivamente burguesa de Salmerón y Castelar. Aunque los socialistas preferían la república a la monarquía, hasta 1917 no se apartaron de su declarada «indiferencia» respecto de las formas de gobierno: así, el levantamiento de Villacampa fue estigmatizado como asunto puramente burgués.³⁷ La falta de flexibilidad doctrinal de Pablo Iglesias se emparejaba, sin embargo, con cualidades soberbias como organizador. Él solo, a menudo enfermo, dirigía el partido desde su vivienda en el edificio de su periódico, El Socialista; su enorme red de correspondencia, que le hizo conocido de todo militante español, le dio la influencia necesaria para dirigir los congresos del partido. Este inválido austero y ascético imprimió al partido su preocupación por la moralidad política, su rigidez y su especial calvinismo proletario cerrado.

A pesar de que fue fundada en Barcelona, la U. G. T. no consiguió hacerse con los que parecían reclutas prometedores: los obreros familiarizados con las antiguas tradiciones asociativas y que no simpatizaban con el anarquismo revolucionario. Así, en Cataluña, la U. G. T. no logró expansionarse y en 1899 su cuartel general hubo de ser trasladado a Madrid. Madrid, que no era una ciudad industrial, perduró como capital de un socialismo centralizado al que se ha considerado como movimiento típico de la «autoritaria» Castilla: su disciplina, sin embargo, era común a la de los socialistas marxistas de toda Europa, aunque bien puede ser que esa disciplina poseyera un especial atractivo que la hiciera idónea en la cuna del antiguo Estado español. En Madrid fue donde el partido levantó su más grandiosa Casa del Pueblo, y allí se imprimía su periódico nacional. La masa de militantes del partido procedía de las regiones industriales del Norte, donde las huelgas de Bilbao en 1890 proporcionaron al movimiento su primer asidero.

Las huelgas que se desataron en la industria minera vizcaína después de 1890 y que fueron las primeras huelgas importantes de España, mostraron cómo la influencia socialista transformaba el vago descontento del pasado en «sociedades de resistencia». Ello permitió a los patronos repudiar las huelgas por considerarlas obra de agitadores que representaban solamente el 10 % de los trabajadores, y rechazar los arreglos salariales negociados por el capitán general —curioso ejemplo de los poderes que asumían los militares con la declaración del estado de sitio—. En vez de «entregarse al socialismo», lo que se necesitaba eran más guardias civiles. Las exigencias de los trabajadores —abolición de las tiendas y dormitorios de las compañías— revelan no solamente las arcaicas condiciones de la industria minera, aislada en el campo vasco, sino también los agravios especiales que dividían a los huelguistas y debilitaban el movimiento. Los intereses de los jornaleros ocasionales medio temporeros, característicos de las fases primitivas de la industria, eran muy distintos de los que defendían los mineros residentes o fijos.³⁸ A contar de 1900 disminuyó el aislamiento de las minas (y por consiguiente la necesidad de almacenes y alojamientos) junto con el número de trabajadores eventuales. Ello abrió camino a un sindicalismo más fuerte.

En los mismos años se formaron «sociedades de resistencia» en las regiones agrarias atrasadas de Castilla y del Sur. En Castilla, el movimiento reflejó los efectos en cadena de la elevación de las rentas sobre una estructura agraria característica: los grandes terratenientes de Ávila daban a sus jornaleros una paga miserable (1,75 pesetas por trabajar «de sol a sol»), un parco condumio y una parcela de tierra. Este sistema creó una clase semicampesina que figuraba entre las más pobres de España. Como consecuencia de la crisis agrícola de los años ochenta incluso estas pagas miserables se redujeron todavía más. Repentinamente, las aldeas castellanas, tras siglos de letargo, vieron reunirse a los labradores en un «centro» aldeano para redactar sus demandas, a menudo bajo la influencia de un converso socialista que había trabajado en las minas. Cuando el alcalde procedía con tacto se evitaban los disturbios, pero con frecuencia los alcaldes compartían el punto de vista de los lugareños más ricos: esa asociación era un «insulto a las clases patronales» que mal podía distinguirse de una revuelta de siervos.

Desde Bilbao, los misioneros socialistas difundieron su doctrina por Asturias, donde más del 80 % de los trabajadores sabían leer y donde el movimiento podía contar con la simpatía de los reformistas sociales de la universidad de Oviedo. El conflicto con los sindicatos católicos en Bilbao y el conflicto con los anarquistas en Asturias convirtió a los socialistas del Norte en la elite de la U. G. T. Ésta, sin un auténtico programa campesino (que habría de ser impuesto por los intelectuales del partido en el siglo XX) hizo escasos progresos en la España agraria fuera de los distritos latifundistas: la C. N. T. y los socialistas concentraron sus esfuerzos en los trabajadores agrícolas subempleados; en esta batalla, tras los éxitos temporales de 1900-1912, la U. G. T. hubo de ceder el paso a la C. N. T.³⁹

Como todos los partidos de la oposición, los socialistas habían aumentado sus efectivos con la reacción a la derrota de 1898.⁴⁰ Habían llevado a cabo una campaña contra las injusticias del sistema de reclutamiento, que, como demostraba el radicalismo del siglo XIX, era uno de los caminos más cortos para conseguir un temporal aumento de fuerza. De este modo, es probable que la U. G. T. triplicara en 1898-1902 el número de sus afiliados, duplicándose por otra parte el número de votos del partido. Sin embargo, en 1906 éste se reducía y la U. G. T. entraba en crisis. Gran número de sus huelgas estaban mal organizadas y planeadas a destiempo, de modo que conducían al fracaso.⁴¹ La contraofensiva de los patrones parecía haber triunfado: en Asturias los socialistas habían anunciado que un fracaso huelguístico en 1905 daría a los patronos una excusa para aplastar el movimiento. Estaban en lo cierto: los despidos redujeron el sindicato a un centenar de militantes, la circulación de El Socialista descendió de 300 a 60 ejemplares y los profesores de la Extensión Universitaria de Oviedo advirtieron que los trabajadores temían asistir a los cursos.⁴² En los pueblos castellanos se detuvo el rápido crecimiento de los Centros de Trabajadores.

El partido atribuyó este estancamiento no a su propia rigidez sino al caciquismo. Incapaz de abrirse paso a través de la corrupción del sistema electoral, debía encarnar la protesta de una minoría contra las inmoralidades que, se decía, destruían la fuerza electoral del socialismo. A partir de 1905 los socialistas lograron sus primeras victorias como moralizadores en la política municipal. Iglesias fue elegido para el ayuntamiento de Madrid mediante un ingenioso artificio que derrotó al núcleo de siempre, y una vez en sus cargos municipales, los socialistas convirtieron en monopolio suyo la divulgación del menor fraude electoral y de la corrupción municipal. Esta cuestión se convirtió en la principal tarea de Largo Caballero, para quien la política municipal de Madrid fue siempre un campo muy importante en las actividades del partido.⁴³

El aumento real del empuje socialista en todo el país, se inició con la crisis política de 1909 y con la alianza republicana. Iglesias sentía tal aversión por el reformismo burgués que se había negado a traducir a Jaurès, pero en 1909 los socialistas aceptaron una «conjunción» con los republicanos para combatir a Maura.⁴⁴ Ello proporcionó inmediatamente al partido un escaño en las Cortes y cuando en 1919 finalizó la «conjunción» sus votos se redujeron a la mitad.⁴⁵ Aunque ésta no fue nunca una auténtica alianza (los socialistas se negaron a publicar una declaración de principios republicanos hasta 1917), pese a todo alteró profundamente el carácter del partido. Entró en contacto con el nuevo mundo de los intelectuales: Galdós, cuya Electra había sido repudiada como burguesa, se convirtió en amigo de Iglesias, admirando la seriedad del partido.⁴⁶ Estos intelectuales influyeron en él mismo orientándolo hacia una participación en los intentos de reformar toda la estructura política y en 1914 fueron en gran parte responsables de su actitud en contra de las Potencias Centrales.⁴⁷ Al mismo tiempo, su oposición al gasto de hombres y dinero en las guerras de Marruecos le proporcionó esa popularidad entre el elemento obrero que no podía granjearle la doctrina socialista por sí sola: como en 1898, capitalizó el profundo odio al servicio militar arraigado en el trabajador español.

El partido se vio envuelto de este modo en el movimiento de regeneración y reforma de 1917, encabezado por políticos «burgueses» como Cambó y Alba; su huelga fracasó y sus relaciones con el movimiento reformista burgués se enfriaron pronto, pero el número de militantes aumentaba.⁴⁸ Este partido ampliado no era ya la sencilla estructura del «abuelo» Iglesias. Catedráticos como Besteiro tenían más de reformistas sociales que de revolucionarios marxistas; Prieto, un nuevo miembro reclutado en el Bilbao liberal, estuvo siempre fascinado por la alianza liberal. El legado de Iglesias pasó a Largo Caballero, estuquista de profesión, quien consideraba cada vez con mayor firmeza que la auténtica fuerza del partido radicaba en la U. G. T., exclusivamente proletaria. Como en cualquier otro partido socialista europeo, había divisiones entre políticos y sindicales, entre revolucionarios y reformistas, divisiones que hacían confusa toda alianza entre el reformismo radical burgués y el socialismo y amenazaban con romperla. En 1921 el partido casi se escindió en torno a la cuestión de la adhesión a la Tercera Internacional; el último eco de la gran influencia de Iglesias en su partido (ejercida, típicamente, desde su lecho y por correspondencia) fue su imposición de que se rechazaran las propuestas de la Tercera Internacional. Los disidentes fundaron el partido comunista de España, al que se unieron dos de los anarquistas más inteligentes, Andrés Nin y Joaquín Maurín. Los primeros años del nuevo partido transcurrieron en disputas doctrinales y, tras de 1923, no fue una amenaza seria para la U. G. T. ni para el partido socialista.

Como hemos visto, la gran debilidad de la protesta proletaria era su división en dos campos en competencia, a menudo enconadamente hostiles: el anarcosindicalismo y el socialismo. Esta profunda división, sólo ocasional e imperfectamente salvada en interés de la acción común, habría de contribuir a poner a España primero en manos del general Primo de Rivera y más tarde del general Franco.

Anarquistas y socialistas estaban divididos por el objetivo establecido en el artículo primero de los estatutos del partido socialista español: «la conquista del poder político por la clase obrera». Para los anarquistas, un Estado obrero no era menos malo que un Estado burgués. El apoliticismo era la doctrina fundamental del anarquismo, matiz que se vio reforzado por las decepciones de 1873, cuando los caciques republicanos mostraron ser malos patronos y revolucionarios tibios.⁴⁹ Las urnas eran un artificio para mantener a los trabajadores en la esclavitud. Como es lógico, el alejamiento del tradicional apoliticismo del partido en el otoño de 1936 por parte de los dirigentes de la C. N. T., lo dividió.⁵⁰

Las escisiones más importantes en el seno del movimiento anarquista mismo, y sobre todo entre anarquistas y socialistas, se originaban en los conceptos de función y naturaleza de la revolución. Aunque la sociedad burguesa estaba condenada, la C. N. T. no creía en una revolución ineluctable cuyo momento oportuno pudieran determinarlo los técnicos del «estudio de las condiciones objetivas». La revolución es un acto espontáneo de las masas; no puede ser dirigida desde arriba, sino solamente percibida y utilizada por un dirigente dotado, concepción que llevó a los anarquistas a fomentar protestas populares como la Semana Trágica de Barcelona. Tales opiniones conducían fácilmente a una mística de la violencia y a un culto del superhombre revolucionario (muchos anarquistas leían a Nietzsche). «Nunca se ha conseguido nada grande sin la violencia. La violencia es fuente natural de que mana toda acción y reacción. La posesión de pistolas y fusiles distingue al hombre libre del esclavo... Los pecados del sistema antiguo y corrompido solamente pueden lavarse en sangre. Jamás ha conseguido un cambio social resultados estables sin que fueran aniquilados gran número de representantes del antiguo orden.»⁵¹ De ahí la canonización anarquista de hombres como Durruti, inicialmente atracador de bancos, y de ahí la simpatía que el anarquismo inspira a los hombres más violentos de la Falange. El anarquismo era un movimiento complejo: se componía de santos laicos como Salvochea, y de intelectuales altruistas como el federalista Pi y Margall, pero también de bandidos. La atracción de la violencia se contradecía con la creencia en el poder redentor del amor; de ahí la preocupación dostoievskiana por la redención del criminal, al mismo tiempo revolucionario útil y hombre despreciado por una sociedad indiferente a sus sufrimientos.

Los fríos organizadores del partido socialista y de la U. G. T. despreciaban esta combinación de sentimentalismo y revolucionarismo infantil. Los pistoletazos anarquistas en las reuniones «secretas» con la U. G. T. suscitaban el desprecio de Largo Caballero.⁵² Lo que Pablo Iglesias denominaba «temor a la organización» y las oportunidades que estos desbordantes entusiasmos revolucionarios brindaban a los espías de la policía convertían a los anarquistas en aliados imposibles para una conspiración.⁵³ Los anarquistas, a su vez, acusaban a los socialistas de timidez burocrática: la alianza de Largo Caballero con Primo de Rivera le mostraba como un revolucionario que prefería salvar la organización a hacer la revolución.

No es que los anarquistas fueron contrarios a la organización; en realidad, en muchos congresos apenas si hablaban de otra cosa. Al igual que los federalistas extremados de los años setenta, afirmaban que la revolución debía hacerse de abajo arriba; mediante una estructura organizativa extraordinariamente complicada trataron de reconciliar —y fracasaron— las exigencias contradictorias de una acción conjunta eficaz y de la libertad de elección individual. Mientras Largo Caballero dotaba al principal centro socialista de secretarios y mecanógrafas remunerados, la complicada organización anarquista era mantenida por funcionarios temporales sin sueldo. Los congresos anarquistas seguían siendo órganos soberanos, sin orden del día fija ni comités de dirección; los de la U. G. T. eran firmemente controlados por los comités y las cuestiones que podían poner en dificultad a la dirección se eliminaban de la orden del día. Todo sindicato integrado en la C. N. T. conservaba el sagrado derecho a la acción directa individual. Esto es lo que hacía tan difícil una acción conjunta con la U. G. T. y lo que, como ocurrió en 1930-1939, dificultó la política de la propia dirección de la C. N. T.

Lo que más dividía a la C. N. T. y a la U. G. T. era la función del sindicato. Para la C. N. T. el sindicato era a la vez la matriz de una sociedad nueva, en la que el Estado sería sustituido por el sindicato autónomo, y el medio revolucionario por el cual debería nacer esta nueva sociedad. Su insistencia en la federación de grupos autónomos, junto con su revolucionarismo emocional, era lo que atraía al anarquismo a tantos ex federalistas y lo que convirtió a Pi y Margall en pensador anarquista honorario. Emplear un sindicato para obtener salarios y condiciones de trabajo mejores era echar a perder sus verdaderos fines, debilitando la base de la solidaridad revolucionaria; las huelgas más duras y eficaces organizadas por la C. N. T. fueron las que suscitó para protestar del encarcelamiento de sus militantes. La doctrina de la «acción directa» imponía que el sindicato estuviera siempre, como los Estados soberanos de Hobbes, en estado de guerra contra los patronos; no podía aceptar siquiera un arreglo favorable negociado por un tercero. Mientras que los socialistas estaban dispuestos a aceptar las decisiones de los Tribunales de Primo de Rivera y el arbitraje salarial de la República, la C. N. T. los rechazaba por principio. Hasta 1934 el sindicalismo socialista fue en general de tono reformista y la única unión eficaz entre la U. G. T. y la C. N. T. se basó en el odio común a la policía.⁵⁴

Ambos partidos desempeñaron un papel importante en la educación del proletariado español: a principios del siglo XX las Casas del Pueblo socialistas, con sus bibliotecas y salas de lectura rudimentarias, sustituyeron al casino republicano como centro de difusión cultural. Los socialistas estaban decididos a proporcionar a los trabajadores beneficios inmediatos: Largo Caballero dedicó gran parte de su obra inicial a establecer sociedades de entierros, seguros de enfermedad y cooperativas. Los anarquistas suscitaron en los trabajadores la esperanza en una ciudad celestial basada en la armonía y la justicia. En 1898 un congreso anarquista esbozó la sociedad que nacería de la gran destrucción revolucionaria del pasado: grandes edificios de viviendas dotadas de electricidad, con ascensores automáticos y servicios de limpieza, alojarían a unos trabajadores que se limitarían a ser supervisores libres de las máquinas; una sociedad en la que la madera sería sustituida por el acero y las prisiones por «Casas de Corrección Médica», el dinero por vales y el Estado por una oficina de estadística que coordinaría «el trabajo armonioso».⁵⁵ Algunos autores han considerado al anarquismo como una especie de carlismo de izquierda, con la mirada vuelta hacia un pasado perdido. El anarquismo, en realidad, estaba más próximo al universo de la ciencia-ficción y, de hecho, muchas obras de este carácter tuvieron éxito entre los círculos anarquistas.

Es verdaderamente sorprendente que en vísperas de la Guerra Civil, después de veinte años de experiencia práctica en los conflictos de la clase trabajadora, la organización obrera más poderosa de España pudiera permanecer todavía llena de fe en el principio de que la comunidad autosuficiente era la única organización posible de la sociedad humana, porque correspondía al «principio biológico de que el hombre que menos necesita de los demás es más libre».⁵⁶ La simpatía que los hombres liberales puedan sentir por la pureza de aquel su ideal de libertad no debe ocultar las desastrosas consecuencias del rechazo in toto, por parte de los anarquistas del Estado democrático. «La República no vale una sola gota de la sangre de los trabajadores.»

3. La reforma social a partir de 1890

La creciente violencia de la lucha social a partir de 1890 hizo ver a la sociedad la conveniencia de apartar a las clases trabajadoras de las orientaciones revolucionarias. En este esfuerzo llegarían a estar implicadas fuerzas tan diversas como el republicanismo reformista, la democracia cristiana y el movimiento cooperativo.

Desde mediados de siglo los beati possidentes se percataron de la posibilidad de emplear la religión como salvaguarda contra «la Revolución»; con el crecimiento de la C. N. T. y la U. G. T. se convirtió en lugar común argüir que las clases trabajadoras habrían de ser socialistas o católicas. Tras la Rerum Novarum (1891), un pequeño grupo de católicos españoles se interesó seriamente por un programa social positivo. Pese a todo, el conservadurismo español en su conjunto tardó en apreciar las posibilidades de un esfuerzo por conquistar para la Iglesia a las clases trabajadoras mediante un movimiento obrero católico efectivo; se prefería la caridad anticuada a una organización de la clase obrera. Esta racionalización de la inercia explica que se pusiera de moda en los círculos católicos aristocráticos una inofensiva versión de las ideas de Concepción Arenal, la gallega que se hizo famosa como reformadora del régimen penitenciario. Explica también el entusiasmo inicial —y el fracaso final— del movimiento obrero católico iniciado por el padre Vicent. Ambos consideraban la solución de la cuestión social en términos de una generalización de las virtudes católicas tradicionales. «Restaurar la caridad y la abnegación en el patrono y la paciencia y la resignación en el obrero.»⁵⁷

El padre Vicent era un jesuita valenciano que había estudiado biología en Francia y Alemania, y su obra representa otro ejemplo de aquella infiltración de las ideas europeas característica de los últimos años del siglo XIX.⁵⁸ Su Socialismo y anarquismo no contenía ni una sola idea original y estaba fundido en un rígido molde medieval: la pobreza era consecuencia del pecado original; la teología, la ciencia social básica. Pensadores como Balmes habían esbozado ya su crítica al liberalismo:⁵⁹ el capitalismo del laissez-faire había creado un proletariado que no podía alimentar, y su solución final para la cuestión social debía ser, por lo tanto, la fuerza, la supresión del descontento por medio del dominio del Ejército. Para los trabajadores el liberalismo era una puerta con el rótulo de «abandona toda esperanza»; los pobres alienados debían convertirse en socialistas si no conseguían ser auténticos católicos. Al mismo tiempo el liberalismo era el responsable de la decadencia de la fe, que hacía menos fácil para las clases trabajadoras soportar su suerte. «El pobre puede sufrir mientras cree en Cristo.» Ergo, si se recatoliza a las clases trabajadoras, la cuestión social queda resuelta. Los enemigos últimos no eran Proudhon y Marx, sino Voltaire y Lutero.

La obra del padre Vicent tomó la forma de los Círculos Obreros, financiados principalmente por los patronos, y de los Congresos Sociales para elevar y cultivar la conciencia social de la Iglesia y del católico seglar. Los Círculos no se convirtieron en sindicatos católicos ni tampoco, como parece ser esperaba su fundador, en una versión moderna del gremio medieval que pudiera servir de base a un Estado corporativo católico. Degeneración en sociedades amistosas, en clubs que mantenían a los trabajadores alejados de la influencia perniciosa de la taberna y de los socialistas, en organizaciones caritativas para la clase obrera, más preocupadas por la eliminación de la blasfemia que de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ello fue consecuencia de la excesiva participación de los sacerdotes y del peso de los patronos en la organización: para Pablo Iglesias, el padre Vicent era «un celoso servidor de la burguesía». Pero a pesar de su conservadurismo, solamente unos cuantos patronos —el principal de los cuales fue el marqués de Comillas— hicieron un intento serio de apoyar los Círculos, mientras que el obispo de Salamanca consideraba la obra del padre Vicent como una perturbación innecesaria en su rebaño.⁶⁰ En estas condiciones el modesto éxito que pudo conseguirse (los Círculos tuvieron, cuando más, unos 80.000 miembros) ha de atribuirse solamente a la energía infatigable del padre Vicent.

En 1900 las imperfecciones de los Círculos Católicos eran evidentes. Los cristiano-demócratas, entre quienes descuellan Severino Aznar y un jesuita, el padre Palau, advertían la necesidad de unos sindicatos católicos, independientes de los patronos y capaces de ser empleados contra ellos; debían sustituir al sindicato «mixto» de patronos y obreros del padre Vicent que insistían en la paz social. El intento de crear una Federación Nacional de Sindicatos Obreros Católicos a partir de los antiguos Círculos se inició en 1912 y se cerró en 1919.⁶¹ Obtuvo el apoyo de los cardenales Aguirre y Guisaola y, aunque se llegó a aceptar la idea de sindicatos obreros independientes, la organización en su conjunto continuó siendo estrictamente confesional —una de sus reivindicaciones era que hombres y mujeres trabajaran en talleres distintos— y permaneció sometida a la influencia de la jerarquía eclesiástica. Los patronos no dieron muestras de estar dispuestos a favorecer un sindicalismo católico verdaderamente independiente, al que consideraban poco mejor que la C. N. T. o la U. G. T. Se negaron a reconocer la existencia de sindicatos obreros como algo distinto de los sindicatos «mixtos», pero sólo los primeros podían proporcionar al trabajador algo más que mera caridad.⁶² Muchos fueron los obispos que no simpatizaron con el nuevo intento. La única región en que los sindicatos católicos obtuvieron preponderancia fue el País Vasco: allí Solidaridad Vasca (fundado en 1911) era relativamente independiente de las autoridades eclesiásticas y su acentuado nacionalismo le permitió atraerse a algunos obreros de los sindicatos socialistas, que eran hostiles al nacionalismo vasco. Así, en 1920-1923, los sindicatos católicos fueron un elemento importante en las luchas proletarias vascas.⁶³

Pese a todo, la naturaleza estrictamente confesional de los sindicatos católicos limitaba su efectividad y su expansión en un terreno en el que ya estaban afianzadas la C. N. T. y la U. G. T.⁶⁴ En su momento de mayor auge, la Federación Católica contó con unos 60.000 afiliados, muchos de los cuales pertenecían a sindicatos confesionales muy conservadores. Así, en 1909 dos padres dominicos, Gafo y Gerard, pidieron la abolición del requisito de confesionalidad para militar en los sindicatos católicos: siempre que respetara a la Iglesia todo trabajador debía ser bienvenido. Este «sindicalismo católico libre», que representaba un intento no ya de imponer una concepción católica de la sociedad a las clases trabajadoras, sino de apartar a los trabajadores del materialismo marxista en favor de un sindicalismo «profesional» y no revolucionario, no llevó a ninguna parte. La campaña de la U. G. T. contra el sindicalismo «amarillo» —dirigido, se afirmaba, por los jesuitas, cuyas universidades eran financiadas por el capitalista Comillas— impidió que los trabajadores confiaran en el sindicalismo «profesional», aunque no simpatizaran con el sindicalismo «político» militante de la U. G. T. o con el revolucionario estéril de la C. N. T. Vistos con malos ojos por la jerarquía, estos sindicatos fueron disueltos en 1922 y quienes deseaban un sindicalismo puramente «profesional» pasaron a los Sindicatos Libres de Ramón Sales. A partir de 1923 la historia del sindicalismo católico es la de su decadencia: la dictadura de Primo de Rivera y la República favorecieron el sindicalismo socialista de la U. G. T. La España de Franco adoptó un tipo falangista de estado corporativo en el que los sindicatos católicos no pueden desempeñar papel alguno.

Hacia 1900 el padre Vicent y el movimiento socialcatólico en general empezaron a orientarse hacia el campo más que hacia la ciudad: existía ahí un amplio terreno no conquistado todavía por socialistas ni anarquistas y del que la Iglesia podía enseñorearse. Los Congresos Sociales Católicos subrayaron siempre que, numéricamente, los trabajadores urbanos eran relativamente poco importantes. La ley de 1906, que en gran parte era obra de un pequeño grupo de presión católico, facilitaba la implantación de cooperativas rurales; los sindicatos se dedicaron a las cuestiones prácticas: compra y venta conjunta de simientes, seguros para las cosechas y suministro de fertilizantes. En 1916 los sindicatos de base cooperativa fueron encuadrados en una Confederación Nacional y en 1922 el movimiento abarcaba aproximadamente medio millón de familias. Este éxito, por sorprendente que pueda parecer, se limitaba a las regiones de Castilla y de Navarra donde existía un auténtico campesinado ya católico, y donde los terratenientes más inteligentes comprendieron que había que fomentar el movimiento. En el Sur, el catolicismo social debía implicar una revolución agraria: el movimiento, por lo tanto, nunca penetró en esas regiones relegadas donde, como reconocieron los Congresos Católicos, el labrador se muere de hambre la mitad del año.⁶⁵

Dentro del partido conservador existió siempre una tradición de acción social por parte del Estado. Cánovas había asimilado, en sus primeros años, las ideas de Pastor Díaz, quien pensaba debía contenerse la amenaza del socialismo mediante una legislación creadora de mejores condiciones de vida, dado que no podía acabarse con él mediante la resistencia.⁶⁶ El liberalismo se basaba en un individualismo materialista importado de Francia; no podía esperar resistir a la consecuencia lógica de ese individualismo: el socialismo.⁶⁷ Cánovas estaba tan absorbido por el problema de la estabilidad política que disponía de muy poco tiempo para dedicarlo a la legislación social. Con Dato, cuya influencia dentro del partido aumentó a partir de 1900, un grupo de políticos conservadores elaboró un programa mínimo de legislación laboral; sin embargo, hacia 1910 el problema social ya no podía enfocarse como si se tratara de la alternativa tajante de los años cincuenta —dilema arraigado en el «fantasma» de 1848— ni según la tesis neocatólica de que solamente una sociedad católica podía resistir a la revolución. Dato era un reformador social modesto pero moderno, no un contrarrevolucionario.

Este cambio de clima se evidencia en el abandono por el partido liberal del laissez-faire doctrinario que impedía la acción estatal para el mejoramiento de las condiciones sociales. Moret, convertido en dirigente del partido liberal en 1906, se había hecho famoso como librecambista y sus escritos sobre las relaciones industriales se dirigen esencialmente a refutar el temor de que las máquinas fuesen a provocar desempleo. Su creencia de que el gran capitalismo es mejor si se le deja actuar libremente queda mejor ilustrada por sus actividades como director y abogado de compañías industriales. Por otra parte, estaba influido por Krause y por la idea del Estado ético. De ahí su interés hacia la miseria agrícola que por un momento le convirtió en la esperanza de Costa, y que explica sus investigaciones sobre los salarios en Andalucía y Extremadura. De ahí también su trabajo en los años iniciales de la Comisión de Reformas Sociales. Su sucesor como presidente del Consejo en 1910, Canalejas, estaba influido desde 1906 por el programa del liberalismo radical inglés y para sus adversarios era un radical social peligroso. Incluso posteriormente los liberales mantuvieron alianzas electorales con los republicanos reformistas, algunos de los cuales eran indiscernibles de los socialistas fabianos.

Existía, por tanto, un cuerpo de opinión no coincidente con las lindes de los partidos, que favorecía una reforma social moderada porque compartía la creencia en la función ética del Estado que tanto podía derivarse del conservadurismo católico como de la tradición krausista, que durante mucho tiempo había inspirado las mentes más preclaras del partido liberal. Pese a todo, sus resultados, en términos de legislación laboral moderna (que empezó con la Ley de Compensación de los Trabajadores de Dato en 1900 y culminó con la jornada de ocho horas de Romanones en 1918), fueron escasos. Los más del que se llamara «rebaño» sagastino, y de los diputados conservadores, no tenían fe ni interés alguno en la promoción social como rama de la ciencia política. Además, la pobreza del Instituto, la indiferencia de los patronos y la persistencia de grandes bolsas de industria doméstica y artesana, hacían casi imposible la aplicación de la legislación laboral por parte de un puñado de inspectores ayudados por comités locales. Como en todos los países, el trabajo de las fábricas fue el primero que gozó de protección; los oficios de Madrid, como los de Londres escaparon al control.⁶⁸

La contribución más sorprendente de los reformadores sociales fue menos la legislación misma que el órgano creado para proyectarla y ponerla en práctica. El Instituto de Reforma Social, que se desarrolló a partir de una comisión creada por Moret en 1883, fue un organismo único en Europa. De sus doce miembros electos seis eran elegidos por los representantes de los trabajadores, y por consiguiente fueron socialistas hasta 1908, fecha en que los católicos trataron de acabar con este monopolio. El Instituto funcionaba como consejero del gobierno sobre legislación laboral. Publicó una serie impresionante de informes sobre huelgas y condiciones de trabajo, basados en gran parte en la labor de los inspectores.⁶⁹ Al amparo de la ley de 1908, que implantaba un mecanismo de arbitraje, consiguió algunos éxitos al negociar acuerdos en las huelgas, incluso a pesar de que la ley nunca satisfizo a la U. G. T. mientras que la C. N. T. la rechazó sin más. Puede pensarse que, sin la C. N. T., las relaciones laborales habrían adquirido algo del plácido tono que habría de caracterizar el apogeo de la etapa de Primo de Rivera en la década de los veinte. El Instituto no estaba destinado a contemplar esta era de salarios negociados; en 1924 Primo de Rivera lo incluyó en el Ministerio del Trabajo. Con esto finalizó su carrera como institución independiente, libre de las imperfecciones y retrasos de la burocracia.

Muchos reformadores sociales temían la mano mortal de la administración, que amenazaba con convertir la reforma social, como había convertido la educación, en un juego de los partidos. Así, la que habría de ser una de las conquistas más impresionantes en el campo de la legislación social española, el Instituto Nacional de Previsión, fue considerado por sus fundadores como un cuerpo autónomo e independiente, según el modelo del Instituto de Reformas Sociales. Su tarea había de consistir en preparar, administrar y desarrollar un sistema moderno de seguridad social.

En España, la idea de un welfare state basado en los seguros de los trabajadores fue cosa de un hombre obseso, José Maluquer, hijo de un abogado catalán. Maluquer era un católico que por su trabajo en una compañía de seguros había llegado a ser un converso de la seguridad social como «fórmula matemática de la solidaridad humana».⁷⁰ Orador confuso pero infatigable, Maluquer reunió en torno suyo a un pequeño grupo de ayudantes capaces que comprendía a demócratacristianos como Severino Aznar y a técnicos en seguros como Shaw.⁷¹ A partir de estos modestos comienzos y contra resistencias de toda clase (el 70 % de los patronos se negaron a inscribirse para aportar sus cuotas a las pensiones de retiros iniciadas en 1921), había de levantar una estructura de seguros sociales que en muchos aspectos estaba por delante de las de la Europa contemporánea. Pero la esperanza católica fundamental de Maluquer —que la sociedad, sin más que el estímulo por parte del Estado, podía resolver la cuestión social—, no la abonaron los hechos. Al final, el Estado se hizo con la seguridad social de la misma manera que se había hecho con las relaciones laborales.⁷²

Desde 1850 el movimiento cooperativo había sido propugnado como una solución para la cuestión social, especialmente en Cataluña. Con el cambio de siglo la cooperación, en diversas formas —desde los proyectos de Raffeisen al sistema de Rochdale— revivió.⁷³ Tropezó con muchos obstáculos. Los gobiernos heredaron la suspicacia aneja a la palabra «asociación» en los años cincuenta, cuando las cooperativas ocultaban a menudo «sociedades de resistencia» y estaban relacionadas con el movimiento republicano-federal. Tampoco simpatizaban con ellas los partidos proletarios. La C. N. T. consideraba las cooperativas como una insignificancia peligrosa y los socialistas como una distracción «aristocrática», salvo que se engranara con la lucha de clases mediante su incorporación al movimiento socialista. La cooperativa católica, que halló algunos simpatizantes entre los conservadores, parecía a los liberales clericalismo encubierto. De ahí que las cooperativas no obtuvieran el reconocimiento legal hasta 1906 como consecuencia de una ley propuesta por los católicos para facilitar sus proyectos crediticios y sus cooperativas agrícolas. El movimiento sólo cobró fuerza en Cataluña, donde podía arrancar de las tradiciones asociativas de los sindicatos más antiguos, en Valencia, donde halló apóstoles convencidos, y en Valladolid y Navarra, donde las cooperativas agrarias eran apoyadas por los católicos. Fuera de ahí la mayoría de los intentos sólo cosecharon fracasos.⁷⁴ Se sostuvo a menudo —y se mantiene— que había una tradición nativa de cooperación —y una aptitud nacional para ella— ejemplificada con casos aislados de prácticas cooperativas en la pesca y en la agricultura, añadiéndose que este rasgo natural podía formar la base de algún sistema cooperativo moderno. No fue ésa la experiencia de quienes, como el profesor Piernas Hurtado, abogaron por las cooperativas de consumo: «No se trata tan sólo de que carezcamos de espíritu de asociación; es que hay un espíritu hostil a la asociación».⁷⁵

Así, en 1923, no podía decirse que ninguno de estos esfuerzos diversos por resolver la cuestión social hubiera tenido éxito. No habían alejado a las clases trabajadoras de los partidos proletarios ni conjurado la amenaza de revolución violenta; tampoco, tras la revolución proletaria de 1936, pudieron proporcionar los modelos para una nueva sociedad.

4. El renacimiento católico, el anticlericalismo y la instrucción

No puede esbozarse una descripción convincente de la sociedad española al cambiar el siglo exclusivamente en términos de los conflictos sociales comunes a la Europa occidental. La pervivencia, tras cien años de liberalismo, de un Estado oficialmente católico y de una sociedad católica significaba que la religión era el prisma a través del cual se refractaban todos los demás conflictos; es más: significaba que las pretensiones de la Iglesia sobre la sociedad eran en sí mismas una fuente primaria de división.⁷⁶ La indiferencia o la hostilidad al catolicismo separaba a la Casa del Pueblo socialista o al club republicano de la pequeña ciudad, del mundo cultural de la burguesía. La hostilidad al clericalismo acentuó la escisión de las clases medias en un ala radical y un ala conservadora. La solución eclesiástica proporcionó la piedra de toque de la división política en la Segunda República de 1931, y un ministro de esa República pudo considerar el Convenio de Vergara como el mayor desastre de la historia moderna. «El abrazo [de Vergara entre los liberales y los carlistas ultracatólicos] fue un pacto con los enemigos irreconciliables de las instituciones modernas, el reconocimiento de las fuerzas del pasado como elemento directivo de la sociedad española.»⁷⁷

Estos espíritus repudiaban la Restauración tachándola de despilfarro espiritual de religiosidad convencional y de arte malo, y calificaban el renacimiento religioso de estos años como la reacción de una burguesía pagada de sí misma, que buscaba amparo frente a la amenaza lejana del socialismo o de «la revolución» que había sumido a la sociedad en la anarquía en 1873. En parte así era, pero el espíritu evangelizador provenía de dentro de la Iglesia misma, alarmada por el nuevo sesgo que tomaba la batalla contra la infidelidad. Aquí, al menos, como revelaba toda la política de Cánovas, el liberalismo había conseguido ciertos resultados. En una sociedad en la que el esprit fort no era ya, como en el siglo XVIII, un hombre marginal, no podía confiarse en el Estado para el mantenimiento de la unidad católica. El espíritu evangélico revivido por el padre Claret en el último cuarto del siglo se dedicó a la organización eficaz de la piedad existente, en un intento de conservar, mediante la presión y el poder sociales y, sobre todo, mediante una educación católica, la fe cuya protección no podía ya ponerse en manos del Estado. La religión formal no resultaba suficiente cuando podía perderse la batalla.

Para esta lucha, la Iglesia no presentaba un frente unido. Carlistas e integristas seguían siendo una espina clavada en el costado de la Iglesia oficial, pero en su «exclusivismo» radicaba gran parte de la fuerza de choque del catolicismo; el ultramontanismo de la Unión Católica de Pidal ponía en dificultades a los católicos moderados, convencidos de que los planteamientos extremados de las exigencias católicas harían renacer batallas que era mejor olvidar, y para las cuales el clero español estaba falto de las armas intelectuales adecuadas. La mayoría de los católicos leían todavía a Balmes y a Donoso Cortés, cuyas obras se dirigían a los ataques contra la Iglesia de principios del siglo XIX. El neotomismo, que en sus comienzos, era una influencia «liberal», se convirtió en una excusa para rechazar el pensamiento de los tres últimos siglos como «todo o casi todo falso». Los católicos a ultranza se decían escandalizados de que Cánovas leyera a Kant; por lo tanto, difícilmente podían ser capaces de hacer frente a los ataques de positivistas y darwinistas.⁷⁸ Abolida como disciplina universitaria, la teología de los seminarios era un instrumento anticuado para la controversia moderna.

La característica más acentuada del renacimiento religioso fue una recatolización de la clase alta, en la que la aristocracia marcó la pauta. Como proceso evangélico, más que intelectual, su instrumento característico consistía en la organización devota o caritativa. Estas organizaciones fueron apoyadas por la piedad femenina del «enjambre elegante, santurrón» de las beatas que pueblan las novelas de Galdós, por las damas aristocráticas «ostentosas e inútiles» que regentaban comités contra la trata de blancas o que organizaban boicots sociales, protestas o asedios de sociedad contra los ministros anticlericales.⁷⁹ El intento de convertir estas organizaciones en instrumentos de una campaña encaminada a conquistar las masas para el catolicismo enfureció a republicanos y socialistas. Lo que las hacía temibles era el verdadero poder social y económico representado por las organizaciones católicas; así, el marqués de Comillas, multimillonario catalán, financió y organizó la Peregrinación de los Trabajadores a Roma (1894), y fue acusado de emplear su influencia como director de compañía ferroviaria en apoyo de los intentos de la Asociación de Padres Católicos, censurando los libros a la venta en los quioscos de las estaciones. También fue Comillas quien apoyó el único intento en gran escala de conquistar a las masas para la Iglesia, los Círculos Católicos del padre Vicent.

Característica del intento de conseguir penetrar profundamente en las masas fue la obra de Enrique de Ossó, un sacerdote catalán que se erigió en organizador del culto a santa Teresa de Ávila.⁸⁰ Tras la destrucción de su propio seminario en Tortosa por la revolución de 1868 se convirtió en enemigo declarado del Estado liberal. Al igual que muchos católicos consideraba su obra como una cruzada para ganarse la juventud de España, especialmente a las jóvenes; su instrumento fue una orden dedicada a la enseñanza, consagrada a santa Teresa como «falange» contra el «laicismo y la indiferencia». Como salva inaugural de la campaña para hacer desaparecer el laicismo corrosivo, los «buenos días» fueron sustituidos en las escuelas teresianas por «Viva Jesús y su Teresa». Hacia 1881 la orden daba enseñanza a 1.000 muchachas; en 1925, a 16.000; su colegio para la formación de maestros, en Barcelona, fue construido por Gaudí, el mayor genio creador de la España moderna, cuyo misticismo no es comprensible fuera del renacimiento religioso catalán.⁸¹ Otros sacerdotes, Poveda en Guadix, y Manjón, el fundador de las escuelas del Ave María para los pobres de Granada, compartieron su preocupación por la redención de la juventud mediante una educación católica que alejara al niño de las escuelas estatales —jacobinas, ateas y copiadas de Francia— y reconquistara para la Iglesia a los olvidados, que de otro modo no tendrían educación alguna.

Los liberales ortodoxos y los anticlericales reaccionaron violentamente contra un movimiento cuya perspectiva era conquistar a toda una generación para el clericalismo. Esta reacción se justificó a veces por el bajo nivel de la propaganda católica, y siempre por su intención inherente.⁸² Manjón y De Ossó compartían una hostilidad profunda hacia el liberalismo como tal y a la tolerancia y el supuesto laicismo del Estado de la Restauración. Cuando el gobierno propuso organizar un homenaje a Santa Teresa, De Ossó boicoteó la propuesta por considerarla impía; el Estado no podía permitirse tratar a «su» santa «como a Safo o a George Sand». Para muchos católicos devotos. el Estado de la Restauración se cimentaba en principios erróneos, «intrínsecamente malos y perversos, que conducen al pueblo a la degradación y a la ruina».⁸³ Los catecismos populares que afirmaban que el liberalismo es pecado fueron una fuente constante de escándalo liberal hasta 1936. Todos ellos planteaban la cuestión: «¿Puede un católico ser liberal?». La respuesta era no. El liberalismo, dice Manjón, es una «suma de negativas». El liberalismo procedía de Voltaire y de los masones; los católicos liberales eran tan «racionalistas» como los librepensadores; el liberalismo era pecado.⁸⁴ Semejantes mentalidades sólo podían encontrar satisfacción en el restablecimiento de la unidad católica, es decir, en la prohibición de cualquier otra fe religiosa en el suelo español: las teresianas de De Ossó oraban diariamente para su restauración «en nuestra época».

La recatolización de la clase alta española, especialmente evidente en el control de la enseñanza secundaria por las órdenes religiosas y en el intento de reconquistar a los trabajadores para la Iglesia, no dejó de ser disputada. El republicanismo siempre había contenido una tradición anticatólica, desde las síntesis místicas de los castelaristas hasta el crudo materialismo; esta tradición se vio reforzada por el positivismo francés (que influyó no sólo en España, sino también en América Latina) y por la propaganda antirreligiosa de los anarquistas.⁸⁵ El anticlericalismo, anticuado está representado en producciones como El Imperio de los Jesuitas (escrito en los años noventa) que «revelaba» el elevado precio y la mala comida de la nueva universidad católica de Deusto, el ascendiente de los confesores jesuitas sobre la juventud de la clase alta, y los esfuerzos del marqués de Comillas y de la Asociación de Padres Católicos por depurar la venta de libros y el teatro de variedades así como la Universidad.⁸⁶ Electra, de Galdós, hizo cristalizar y popularizó las corrientes anticlericales: en dos días se vendieron 10.000 ejemplares de la obra; aparecieron relojes, bombones y caramelos marca «Electra» y, lo que es más significativo, la obra fue considerada —especialmente por el propio Galdós— como un llamamiento a la juventud española para que se uniera a la batalla contra el clericalismo.⁸⁷

La intensidad del sentimiento antirreligioso popular en la capital y en ciudades como Valencia y Barcelona contrastaba fuertemente con la devoción popular de Navarra, parte de las dos Castillas y el País Vasco, donde el profundo sentimiento católico hallaba expresión en las diversas cofradías laicas —sociedades responsables de las ceremonias religiosas en la fiesta del santo patrón durante las grandes festividades y de las romerías a los santuarios locales—. Sólo en Cataluña logró la Liga de Librepensadores fundar desde 1900 Escuelas Modernas, caracterizadas por un anticlericalismo agresivo.⁸⁸ El programa de estos educadores laicos atraía a los anarquistas; ambos estaban influidos por los anticlericales franceses, por Comte y Spencer, y ambos compartían una confianza en la educación «espontánea» como remedio contra el dogmatismo. En 1909 el proceso de Ferrer, el propugnador más activo de las Escuelas Modernas, reveló el progreso de la educación declaradamente antirreligiosa y el horror de la Iglesia hacia una institución a la que consideraba más peligrosa que el lupanar.⁸⁹ Con posterioridad a 1909 el movimiento parece haber disminuido, y tal vez su legado más importante fue la impresión de ediciones populares baratas de obras dirigidas contra la fe religiosa, desde Voltaire hasta Nietzsche, Spencer y Darwin.⁹⁰

El anticlericalismo de los intelectuales y seudointelectuales proporcionó una tosca estructura ideológica a las convicciones populares firmes acerca de las actividades de la Iglesia, que tan importante papel jugaron en las actitudes de la clase obrera: abuso del confesonario por parte de los patronos para obtener los secretos de los empleados; riqueza de los jesuitas, a los que se atribuía la propiedad de compañías de navegación y de minas en Marruecos —en realidad eran propiedad de magnates devotos como Comillas—, y competencia industrial ilícita empleando la mano de obra de los huérfanos. Y como la devoción popular se centraba en las órdenes religiosas más que en el clero secular, lo propio ocurrió con los odios populares: de ahí la creencia de que las órdenes podían ayudar o derribar a un comerciante según que asistiera o no a misa.⁹¹ Todo esto tuvo como consecuencia la indiferencia hacia la religión oficial (indiferencia que frecuentemente alcanzaba al matrimonio, pero rara vez al bautismo) y un convencimiento confuso de que las órdenes y especialmente los jesuitas eran los responsables de todas las desgracias. De ahí la quema de conventos de 1909 en Barcelona.

Los ataques de los anarquistas, de las Escuelas Modernas y de los fanáticos republicanos eran tan toscos como el dogmatismo religioso al que trataban de sustituir. Por ello la derecha clerical española siempre ha considerado como su más poderoso enemigo a las fuerzas intelectuales y sociales que hallaron su expresión en la Institución Libre de la Enseñanza.

El universo intelectual del que brotó la Institución fueron el krausismo de los años sesenta y las creencias radical-liberales de la Revolución de 1868. Fue fundada en Madrid por los catedráticos que perdieron sus cátedras en 1875, y por sus partidarios en los círculos burgueses liberales. Había de ser una Universidad libre, consagrada al ideal de una educación no oficial y no dogmática que formaría la elite necesaria para modernizar España. Solamente tras su fracaso como universidad pudo dedicarse la Institución a la enseñanza primaria, y secundaria, terrenos donde las convicciones filosóficas, viejas y pasadas de moda a ojos extranjeros, pesaban menos que su sedimento: la sensación de que las ideas establecidas que apuntalaban la sociedad tradicional no eran verdades últimas, de que la libertad intelectual y el autoperfeccionamiento moral eran las condiciones necesarias del progreso en una sociedad atrasada, y de que esa misma sociedad era, en la jerga krausista, «autónoma». Hasta que su reformismo burgués y optimista fue superado por el socialismo, la Institución representó el intento más serio y coherente de crear las condiciones intelectuales previas de una democracia liberal.⁹²

Desde su comienzo, su presidente fue Francisco Giner. El más devoto discípulo de Sanz del Río, poseía las dotes fundamentales del reformador social: la capacidad de organización, la de conseguir dinero (la Institución siempre fue pobre), la de elaborar peticiones y programas permaneciendo entre bastidores. Su sucesor como director de la Institución fue Manuel Bartolomé Cossío, el historiador del arte que redescubrió al Greco. El hecho de que Giner no abandonara jamás su dogmatismo krausista no le impidió crear un sistema educativo dirigido contra la enseñanza de asignaturas tradicionales a fuerza de memorización, y con profesores indiferentes a la moral y a la personalidad intelectual de sus alumnos. Su escuela trató de establecer contactos personales entre docente y alumno, de adoptar todo progreso realizado en los métodos educativos y europeos y de ampliar el programa mediante cursos de arte, folklore y asignaturas técnicas; a los alumnos se les incitaba a practicar deportes y a hacer excursiones al campo. Fue un primer intento (en general fracasado porque la influencia francesa estaba más a mano y era tradicionalmente mejor conocida en España) de desviar a los intelectuales europeizantes de los modelos franceses y conducirlos hacia los métodos anglosajones. En 1882, se introdujo el fútbol.⁹³

La Institución deseaba claramente evitar conflictos con la Iglesia o con el Estado.⁹⁴ Giner fue político hasta el fanatismo, y estaba completamente decepcionado por la actuación de los políticos de la Revolución de 1868, de la misma manera que Sanz del Río lo había estado por la de los de 1854. Creía en un cambio gradual del espíritu que evitara la batalla polémica. Insistía sobre todo en que debía dejarse que el niño fuese formando su espíritu poco a poco él mismo: la religión era «una función espiritual permanente que la escuela debe formar», pero «no confesionalmente, es decir, no presentando una confesión como la única merecedora de fe». La derecha católica se remontó precisamente a este neutralismo para explicar la bifurcación de la vida espiritual española que llegó a la guerra abierta en 1936. La neutralidad, el respeto a la conciencia, ocultaba la intención de destruir la influencia de la Iglesia; por prudentes que fueran en sus declaraciones públicas, Sanz del Río, Giner, Fernando de Castro y Gumersindo de Azcárate rechazaban el catolicismo como credo personal y eran de temperamento protestante o humanista.

No fue solamente el contraataque de la Iglesia y la indiferencia de una sociedad conformista (a la Institución le fue cada vez más difícil conseguir fondos del ala liberal de una burguesía próspera que había aceptado la Restauración), lo que limitó la influencia de la Institución. Giner era un sabio que se deleitaba en la discusión socrática con un pequeño grupo de alumnos, entre los cuales creó un aire familiar, semejante al que puede rodear a un importante profesor de una public school inglesa. Su mensaje de tolerancia, su credo puritano de integridad (que extendía a la puntualidad, y recomendando el ahorro a los escolares) eran, como sus métodos de enseñanza, de imposible reproducción masiva. Por ello la influencia de la Institución sobre el sistema educativo en su conjunto fue inferior a la que habían esperado sus fundadores.⁹⁵ Sus congresos y publicaciones inspiraban a una minoría de maestros de las provincias.⁹⁶

Tuvo escaso efecto sobre la enseñanza universitaria, donde tanta influencia había esperado ejercer. La educación universitaria, para el estudiante, continuaba siendo cosa remota, de cursos y libros de texto, útil solamente para la consecución de los títulos necesarios tendentes a obtener empleo en la administración. Maestros y discípulos se aburrían.⁹⁷ La influencia de la Institución ha de buscarse en sus fundaciones posteriores: en la Junta de Ampliación de Estudios, fundada para enviar a los estudiantes españoles al extranjero y cuya alma fue Castillejo; en la Residencia de Estudiantes, que bajo la dirección de Alberto Jiménez continuó las tradiciones de contacto entre el profesorado y los alumnos tan importantes en el mensaje de Giner; y en la idea de instituciones independientes y autónomas derivada de la tradición krausista.⁹⁸ Pese a todas sus virtudes como centro residencial según las líneas inglesas, la Residencia no podía convertirse en un modelo para su sistema de educación superior. Las edificaciones residenciales de la posterior Ciudad Universitaria de Madrid, a cuya construcción Alfonso XIII dedicó tanta atención con tan escasos resultados, representaban un concepto «americano» del bienestar estudiantil que parecía vulgar a los puristas de la tradición de Giner, los cuales preferían la calidad a la cantidad. Sin embargo, eran necesarias para albergar a una gran población estudiantil.

Como confesó Francisco Giner, en España no podía confiarse que la sociedad complementara y en último término sustituyera a la acción estatal; en toda Europa la educación era cada vez más cosa del Estado. En España el problema consistía en que el Estado, además de confesional, era pobre. Los escasos reformadores de la educación en el Ministerio poco podían hacer. La enseñanza primaria era obligatoria desde 1857 y se habían conseguido algunos progresos en la batalla contra el analfabetismo.⁹⁹ La instrucción, salvo las escuelas católicas en las grandes ciudades, era sostenida en grado mínimo por los ayuntamientos, y cayó en las redes de la manipulación electorera local. La enseñanza secundaria estatal estaba equipada miserablemente; de ahí que la educación de la elite cayera en manos de quienes disponían de fondos para mantenerla: dos terceras partes de la enseñanza secundaria estaban en manos de las órdenes religiosas de enseñanza.¹⁰⁰ Muchos de los hombres que se sentaron en las Cortes Constituyentes de la Segunda República habían sido educados en escuelas de la Iglesia —Azaña, su mayor talento político, había sido educado por los frailes del Escorial—. Esto puede explicar la violencia de su ataque a los privilegios educativos de la Iglesia, violencia que poco tenía que ver con el espíritu de don Francisco Giner. Una minoría heroica no puede esperar cambiar una sociedad intolerante mediante la persuasión pacífica.

CAPÍTULO XII

REGENERACIÓN Y DESINTEGRACIÓN, 1898-1923

Al igual que la guerra de Crimea en Rusia, la humillación de la derrota en 1898 obligó a los españoles a un examen de conciencia. ¿Podía explicarse la catástrofe en términos de un pecado original patrio que corrompía las instituciones importadas de afuera o, acaso, según sostuvieron los defensores de la Leyenda Negra, había sido España excluida de aquellas corrientes de progreso que condujeron a otras naciones hacia la prosperidad y el poder? Ello originó un debate acerca del problema de ser español, que ha llegado hasta nuestros días y que cambió el lenguaje de la vida política. La crítica del sistema de la Restauración no sorprendió, ahora que se le consideraba responsable del desastre; pero aquellos que estaban cansados de él o que buscaron reformarlo se atribuyeron entonces el título grandilocuente de regeneradores.¹

Al principiar el siglo, la regeneración era un tema acerca del que todos escribían ensayos, desde el cardenal-arzobispo de Valladolid hasta Blasco Ibáñez, el novelista republicano, desde profesores hasta poetas, desde los herederos de la tradición serena de Jovellanos hasta los charlatanes políticos, desde los nacionalistas catalanes hasta los patriotas castellanos. Mientras los republicanos celebraban reuniones de regenadores, el Congreso Católico debatió «la participación del clero en el trabajo de la regeneración patriótica». Todos fueron regeneradores a su modo. «La Regeneradora Pomada fortificante para países debilitados. Se da razón de los médicos, apóstoles y saludadores más acreditados.» Salvo Sagasta, hombre enfermo que vivía de potingues medicinales y de balones de oxígeno, todos fueron regeneradores a su modo: se lo aconsejaban, a unos la convicción, a otros el interés y la oportunidad, a otros, en fin, la necesidad.

1. Alfonso XIII y los partidos

La historia política del período 1898-1923 puede considerarse como un intento prolongado de redimir el sistema parlamentario legado por Cánovas, haciendo de él hilo conductor para la regeneración de España, salvándolo así de sus propios fracasos y de los ataques de sus enemigos. Dramáticamente subrayados por las dos crisis de 1909 y 1917, estos ensayos repetidos murieron por la inercia del sistema mismo y debido a la dificultad de las crisis externas con que hubo de enfrentarse —la guerra de 1914-1918 y la guerra marroquí después de 1920—. Desde el punto de vista de la vida política, este fracaso puede atribuirse a la desintegración del sistema histórico de partidos; de ahí los intentos repetidos de reconstituir un partido liberal y uno conservador a partir de un sistema de grupo, y de arrastrar la opinión pública detrás de ellos. Los dos destacados talentos políticos de principios del siglo XX, Maura y Canalejas —uno conservador y otro radical demócrata— fueron acusados ambos de anteponer la personalidad al partido. Sin embargo, ambos porfiaron no solamente por disciplinar sus propios partidos y por darles un programa que «captase» a la opinión, sino también por fomentar la formación de partidos fuertes de oposición.²

Era éste el sistema de partidos en decadencia con que se encontró Alfonso XIII cuando llegó a su mayoría de edad en mayo de 1902. A pesar de la educación ñoña y estrecha recibida de su madre, fue en muchos aspectos un rey de mente abierta y moderno, cuyo entusiasmo por los automóviles alarmó a sus ministros. Aburrido por la rutina encorsetada del ceremonial de una corte que a los extranjeros les parecía la más rígida de Europa, llegó a solazarse con la relativa libertad de sus funciones políticas, a la vez que adquiría gusto y cierto talento para la intriga política. En la medida en que ello era trasunto de una concepción política coherente, y no una manifestación de vanidad personal, nacía de cierta noción de la historia de la casa de Borbón española: los políticos, los oligarcas políticos de la Restauración, se habían valido de la regencia de su madre para hacerse ellos con las prerrogativas otorgadas a la Corona por la Constitución, y habían reducido a una ficción el poder «destituir y nombrar libremente a los ministros». El paralelismo con Jorge III es sorprendente: Alfonso quiso ser un rey y además un rey patriota.

Creyó que sólo una monarquía que actuase podía evitar la amenaza del republicanismo, que siempre afecta antes al rey que a sus ministros. Como todos los demás, don Alfonso fue un regenerador a su modo; su postura fue la de un rey emprendedor rodeado de una caterva de políticos chochos. «En este año me encargué de las riendas del Estado, acto de mucha trascendencia tal y como están las cosas; porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la República... Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la Patria... pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera.»³

Su primer acto fue leer una interpretación personal de la Constitución al gabinete. Los ministros iban a encontrar en el nuevo tono adoptado en las entrevistas un elemento desquiciante y a la vez una lastimosa pérdida de tiempo. Los decretos quedaban detenidos en Palacio, y los cortesanos se enteraban de su contenido. Pero, aislado de la vida cotidiana y a menudo desilusionado con sus ministros, sus contactos más estrechos fueron con sus ayudantes militares: como su padre, sus sentimientos e intereses más hondos se centraron en el Ejército y ya en 1906 mostró una sensibilidad alarmante hacia la opinión del Ejército. Fue esta sensibilidad la que le llevaría a compartir la preocupación del Ejército por la guerra de Marruecos y la que le proporcionaría en 1923 la alegría de perder de vista a todos los «políticos». La combinación de su inclinación a la intriga y de su tolerancia hacia la dictadura militar después de 1923, hubo de originar una casta de políticos monárquicos sin mucho sentido de lealtad personal hacia la Corona, como patentizaron sobradamente su aislamiento moral en 1931.

Los defensores de Alfonso XIII no están del todo equivocados cuando alegan que el sistema tenía tanta culpa como las faltas personales del rey: él no cayó totalmente víctima de su propia manía de grandeza política cuando pensó que la voluntad real era el único factor estable dentro de un sistema fluido de grupos parlamentarios en pugna. Los diplomáticos y generales antes buscaban en el rey la continuidad de la orientación política, que en las movedizas combinaciones de un conglomerado confuso de jefes de partido independientes. Cualidades que podrían haber constituido irritaciones leves o susceptibilidades que acaso se hubieran podido ahogar en germen en una monarquía parlamentaria que funcionase realmente como tal, fueron agigantadas por el mecanismo de las elecciones españolas y por la fragmentación de los partidos.

Al igual que durante el reinado de su abuela vinieron a manifestar lo que decimos las dificultades que surgieron en torno de la prerrogativa de disolución, o las exigencias de renovada confianza que están al origen de toda «crisis oriental».⁴ Dada la extensión de la influencia electoral gubernamental, el ministro al que se otorgaba un decreto de disolución debía obtener una mayoría asegurada. Así, si un ministro solicitaba el decreto de disolución, el rey era quien tenía que juzgar si esta mayoría ministerial concreta representaba a la opinión. No podía, como en Inglaterra, aceptar el consejo de su ministro sobre la disolución de las Cortes y dejar que el país decidiera, ni tampoco existía ninguna organización constitucional que le ayudara en su decisión. Su único recurso era consultar a los políticos y a los palaciegos para enterarse de si una «situación» estaba realmente «agotada». La decisión del rey siempre originaba descontento, ya de los que gobernaban, convencidos de la viabilidad de la situación, ya de los postergados, que creían que el «país» exigía un cambio.⁵ Además, el decreto de disolución otorgado al jefe de un grupo parlamentario dentro de un partido dividido, daba a aquél la posibilidad de afianzar sus pretensiones a la jefatura de su partido. Una vez divididos en clanes los liberales y los conservadores, el más constitucional de los reyes no podía dejar de convertirse en juguete de ambos bandos.

El destino político de Alfonso XIII queda notablemente ilustrado en sus relaciones con Moret, uno de los políticos liberales que esperaba consagrarse como candidato a jefe de partido después de la muerte de Sagasta. En 1906 pidió al rey el decreto de disolución para consolidar su posición como jefe de partido a base de un programa radical. El rey consultó a los jefes liberales que aconsejaron en contra de una disolución. En 1910 Moret repitió su exigencia y de nuevo le fue denegada después de haber consultado el rey con los otros jefes liberales.⁶ Moret se consideró «despedido» y desacreditado por intriga real, mas no fue el rey quien le venciera, sino las envidias de sus rivales en su propio partido, ninguno de los cuales hubiera aceptado ni por un momento la convención inglesa de que el rey debe seguir el consejo de su primer ministro y de nadie más que de él.

2. Los regeneradores conservadores, Silvela y Maura, 1899-1909

El programa conservador para la regeneración de España está asociado a los gabinetes de Silvela y Maura.⁷ Ambos eran católicos devotos —Silvela llevaba su gabinete a misa; Maura dejaba de fumar si su examen de conciencia diario revelaba una falta—. Creían que la moral particular y pública eran coincidentes; ambos poseyeron aquella combinación de talento para el debate y de austeridad moral que caracterizó a los grandes estadistas del siglo XIX. Ambos deploraban el caciquismo y sus consecuencias —las elecciones «insinceras» y la indiferencia de un cuerpo electoral manejado—. Ambos creyeron en una «revolución desde arriba» que, llevando a cabo el «descuaje del caciquismo», podría restaurar el contacto entre los políticos y el pueblo. Ambos eran partidarios de elecciones «sinceras» y de la destrucción de un sistema electoral que, según el decir de Maura, había sostenido unos «partidos parasitarios». Por lo tanto, para ambos, la médula de la revolución desde arriba era una reforma de la administración local como mejor solución a «la abstención suicida» del cuerpo electoral. Ambos creyeron que una solución para el problema catalán podía ser la de un sistema vigoroso de administración local que, por la destrucción de la centralización «jacobina», podría contener la «energía de las regiones». Ambos fracasaron en este empeño.⁸ Indicio de la fuerza del mito regenerador es que estos católicos conservadores hayan pasado a la historia como hombres que a su hora presentaron soluciones radicales. Su programa social era modesto: la propuesta más radical de Silvela era el seguro de accidentes de trabajo. Ellos concebían la regeneración ante todo como la «dignificación de la política», no como la modernización de la sociedad.

Aunque los puntos de vista políticos de Maura y Silvela llegaron a coincidir, sus personalidades políticas fueron, sin embargo, distintas. Cánovas había atisbado, detrás de la expresión distinguida y exquisita de Silvela, una hipocondría política, una aversión a las faenas insalubres de la política, un pesimismo que le llevó a desahuciar a una España «sin pulso». La confianza de Maura en su misión era tanta como su desprecio por aquellos que la amenazaban; incapaz de perdonar u olvidar, su orgullo herido destruyó su propio partido y echó a perder las perspectivas de un gobierno parlamentario en España. «Gobernar es tener fe en sí mismo»;⁹ la fe de Maura no tenía límite. Cuando fracasó en su misión no quiso reconocer que sus propias recetas fueran anticuadas; era que sus enemigos estaban cegados por el espíritu de partido.

El primer ensayo de regeneración desde la derecha tomó la forma del «polaviejismo». La repentina popularidad del general Polavieja, afortunado en las Filipinas y que se sabía era opuesto a la política cubana del gobierno, manifiesta la persistencia en la vieja fe en la salvación depositada en el Ejército. Como ya no podía ser en forma de pronunciamiento, trató —esa convicción latente— de imponer a generales como Polavieja y su rival Weyler la aceptación del papel de salvadores políticos, convirtiéndose en jefes de partido. Popular en la Corte y estrechamente relacionado con la facción clerical que ahí gravitaba en torno del cardenal Cascajares, el «general cristiano» era el candidato regenerador ideal para la burguesía conservadora. Sus ataques a los políticos civiles, que sustituían «la reforma práctica por la política de la abstracción», y así se enajenaban a la «masa neutra», constituían uno de los lugares comunes del regeneracionismo, a la vez que encarnaban el afán de trasladar la responsabilidad por el desastre del Ejército a los civiles. Su promesa de una amplia descentralización era un paso en busca de apoyo en Cataluña donde la exigencia autonomista iba cobrando fuerza.¹⁰

El polaviejismo no podía permanecer como movimiento al margen de los partidos; entró en política mediante una alianza con Silvela que llegó a presidente del Consejo en marzo de 1899, con el general como ministro de la Guerra. El fracaso del gabinete de Silvela, 19 meses después, significaba que la primera ola de la política regeneradora se había estrellado contra las rocas todavía imponentes del viejo sistema. El regeneracionismo resultaría al cabo, no la plasmación de un estado de ánimo, sino una opción entre las recetas contrapuestas para la resurrección. Fuera de Polavieja, la persona más fuerte en el gabinete fue el ministro de Hacienda, Villaverde. Su fórmula para la regeneración —como todos los demás fue un regenerador a su modo— consistía en una economía sana y conservadora que salvaría al país del bochorno de una moneda depreciada o del no reconocimiento de la deuda nacional. Las contribuciones y una economía rígida «liquidarían el desastre», y financiarían una deuda que, después de la guerra, consumía el 60 % del presupuesto. Para Polavieja, un Ejército eficiente era característica esencial de una España renacida; cuando Villaverde insistió en reducir el presupuesto militar, Polavieja dimitió.

Por lo tanto, el legado principal de la reforma conservadora fue un sistema financiero que, al poner al día los principios de Mon, hizo que el sistema de impuestos español hasta la fecha haya seguido fundándose en las ideas de los conservadores de mediados del siglo XIX. La innovación de Villaverde, introducida para corregir la creciente tendencia a apoyarse en la contribución indirecta, que había falseado el sistema de Mon, fue el impuesto sobre utilidades, que no gravaba los ingresos globales, sino en ciertas fuentes específicas (salarios, acciones, beneficios netos de compañías) tasados por separado.¹¹ Indudablemente, Villaverde tuvo éxito en lo que hacía a sus metas inmediatas: la reducción de la deuda y la lucha contra la inflación de la posguerra. Hacia 1899 había superávit en el presupuesto. Una deflación muy estricta salvó la peseta y mantuvo los precios nivelados, política basada en la suposición de que España era próspera y de que era su sistema de contribución el que impedía importantes ingresos en el Tesoro.¹² Ni él ni sus sucesores vieron que por más que podía defenderse la deflación como remedio inmediato, ésta no favorecía el desarrollo. Su sistema presupuestario llegó a ser sacrosanto y quienes, como Primo de Rivera, quisieron acabar con él para estimular y modernizar una economía atrasada con la inversión estatal, se vieron obligados a recurrir al expediente del presupuesto extraordinario.

La novedad del fracaso de Silvela estribaba en gran parte en el papel que Cataluña representó en él. Es casi inconcebible que los catalanistas pudieran creer que su programa mínimo quedaría satisfecho dentro de la descentralización ofrecida por Silvela, y que éste pensase que podría llevar a sus partidarios «castellanos» a acompañarle en su intento de satisfacer el regionalismo catalán con alguna forma de autonomía, por limitada que fuese.¹³

Los impuestos de Villaverde, al romper con el «regeneracionismo burgués» que veía el resurgir como consecuencia de la liberación de la empresa productiva de toda contribución gravosa, cerraron el proceso de desilusión en Cataluña y en Madrid. Barcelona organizó una huelga de contribuyentes. El ambiente de esperanza se desvaneció. Durán y Bas, el representante de Cataluña en el Consejo de Ministros, dimitió y los extremistas catalanes desconcertaron a oficiales de la marina francesa con gritos de Catalogne française —reacción que parecía justificar la hostilidad de aquellos que opinaban que cualquier concesión al regionalismo, aun la más recatada, daría fuerza al separatismo—.¹⁴

Durán y Bas escribió el epílogo de este primer esfuerzo de conciliación que, como tantos en el futuro, dio en recriminaciones mutuas: «Nunca nos entenderemos».

En octubre de 1903, después del fracaso de su segundo gabinete, Silvela se apartó de la política. «Ante ustedes tienen a un hombre que ha perdido la fe y la esperanza.» Una vez más habían dado al traste con él las contradicciones de la regeneración: las economías de Villaverde imposibilitaban una marina de guerra respetable, en tanto que para el presidente del Consejo una nación que anteponía el «materialismo» a la dignidad no podía salvarse; más importante aún, el sistema político no podía sobrevivir a la «dignificación de la política» tal y como Silvela y Maura la tenían pensada. La mayoría de los políticos profesaron creer en las elecciones «sinceras». Maura, ministro de la Gobernación del último gobierno de Silvela, obró en consecuencia. El resultado fue un incremento de los votos republicanos en las ciudades —efecto secundario del regeneracionismo conservador que no era como para congraciarles con el monarca, que prefería al más ortodoxo y flexible «cortesano» Villaverde—.¹⁵

El heredero de Silvela como defensor de la revolución desde arriba, y su sucesor como jefe del partido conservador, fue Antonio Maura; hijo de una humilde familia mallorquina, curtido en la lucha por la vida, objeto de burlas en sus años de estudiante, por su acento mallorquín, no hubiera podido hacer la carrera de derecho sin la legislación universitaria de la Revolución de Septiembre, que le permitió obviar el inconveniente de su falta de medios. Entró en la política como liberal bajo el manto protector de Gamazo, en cuyo bufete empezó a trabajar como pasante. Gamazo estaba cada vez menos a gusto en el partido de Sagasta, y Maura lo dejó del todo para irse con Silvela. La semejanza de sus ideales políticos, cada vez más evidente en sus discursos, pudo más que el desconcierto que su alianza originó en los conspicuos de sus respectivos partidos.

El fracaso de Maura aún tuvo más resonancia que el de su predecesor y sus consecuencias habrían de ser más serias por cuanto destruyó la «ficción» de los partidos turnantes sin sustituirla por un método de gobierno que se dirigiera sinceramente al cuerpo electoral. Los liberales no podían aceptar la revolución desde arriba de Maura y estaban dispuestos a aliarse con la revolución desde abajo con tal de derrotarle. Después que esto sucedió, Maura rehusó reconocer en los liberales un partido político que fuera «apto» para turnar con sus propios conservadores. Por lo tanto, el turno convencional ya no podía funcionar. Los defensores de Maura atribuyeron esto a la incomprensión, por parte de los liberales, del patriótico intento de aquél. Los liberales, a su vez, vieron la revolución desde arriba, no como una tentativa honesta de originar un sistema sensible a la opinión, sino como un afán clerical, autoritario. Su reforma de la administración local, que se basaba en el sufragio corporativo, parecía remedo moderno de la antigua intención moderada de incorporar el predominio de la oligarquía en la letra de la Constitución. La alianza con el catalanismo «reaccionario» era sospechosa. Maura declaraba que la opinión pública era su norte político, y, sin embargo, lo que los liberales llamaban opinión, él lo rechazaba como obra de demagogos callejeros y de una prensa venal —«el sonajero»—. Nunca se enfrentó con el problema de lo que podía ocurrir si la masa neutral votaba sinceramente por el republicanismo o el socialismo «disolventes», «antipatrióticos», si los votantes a los que pensaba liberar del caciquismo se volvían hacia ellos. Su desprecio hacia la opinión «falsa» arraigaba en su desdén por aquellos que intentaban acabar con él por la calumnia. Así que no intentó nunca seriamente mantener la «opinión» de su lado cuando el «trust» de la prensa liberal se organizó para el «¡Maura, no!».¹⁶

Para derrotar a este dictador parlamentario que confiaba en «un sistema de silencio» cuando se ponían en tela de juicio sus decisiones, los liberales estaban dispuestos a unirse a los partidarios hostiles a la monarquía (los republicanos) al grito de «¡Maura, no!». Una violenta campaña de prensa contra su nombramiento de un monje para la sede episcopal de Valencia (ciudad republicana), fue el preludio del Bloque de las Izquierdas, formado en noviembre de 1908, durante el segundo gobierno Maura, para obligarle a desistir de su cargo, mediante una campaña contra su modificación de las «conquistas liberales» en aras del orden público.¹⁷ Si las conquistas liberales hacían imposible el gobierno, él proponía su modificación «honesta» por ley. Los liberales alegaban que las libertades eran sagradas. y que debían «salvarse» por la supresión de las garantías constitucionales en períodos de peligro, tal como lo hicieron en Cataluña (1905-1906). Pues, según ellos, la «honradez» de Maura encubría la tentativa de coartar la libertad, y según él la «hipocresía» de los liberales encubría paños calientes para con una revolución que daría al traste con toda libertad. Los proyectos legislativos de Maura fueron presentados como una violación, un «ataque a la civilización... un intento de africanizar a España», que pondría en peligro a una monarquía que sólo podía sobrevivir «atrayéndose» a sus enemigos de la izquierda.

Los argumentos de los liberales en pro de la atracción no se fundaban del todo en la creación —a toda costa— de un frente que acabaría con Maura. Moret intentó seriamente la asimilación de las izquierdas antidinásticas. Muchos republicanos (como Lerroux y Costa) rechazaron el Bloque de las Izquierdas so pretexto de que reforzaría la monarquía: los irreductibles preferían demostrar que nada bueno podía resultar de la rebelión de Martínez Campos en Sagunto. Eran los republicanos moderados quienes deseaban restablecer la coalición de septiembre y obligar a los liberales a adoptar un programa sincero de reforma que pondría a prueba las intenciones constitucionales de Alfonso XIII y abriría la puerta a la posibilidad de una verdadera democracia parlamentaria.¹⁸

Maura consideraba la alianza de los liberales dinásticos con la «cloaca» de la política callejera como algo rayano en la traición. Si los liberales se salían de «la órbita monárquica», se les debía negar el uso del sistema monárquico: enfrentados con la «revolución desde abajo» (a la que, como los carlistas, parece haber imaginado cosa única y que todo lo abarcaba) los liberales se asociaban con ella; tenían que desprenderse de la herejía francesa de «no hay enemigo a la izquierda» antes de que cupiera confiar en ellos como ministros de la Corona. El rey se negó a adoptar los dilemas dramáticos de su presidente: revolución o contrarrevolución; resistencia a las fuerzas de desorden o la disolución de la disciplina política —la única fuerza centrípeta en una nación que carecía de médulas sociales—. Según los defensores de Maura, esta negativa significaba el final de la monarquía: los «sucesos de 1909», que llevaron a la Corona a rechazar los consejos de resistencia de Maura, a trueque del argumento atraccionista apoyado por los liberales, fueron el primer paso de un proceso de concesión a la revolución desde abajo que terminaría en abril de 1931 con el destronamiento de la monarquía. Por lo tanto, para Maura y sus defensores, la crisis de 1909 llegó a ser la divisoria de la vida política.

Durante todo el verano de aquel año los republicanos y socialistas promovieron una agitación contra el llamamiento de reservistas por parte de Maura, para una campaña secundaria en Marruecos. Se denunciaba a la monarquía como un monstruo purulento que enviaba a los pobres de España a defender las concesiones mineras de Marruecos; manifestaciones de las madres en estaciones ferroviarias y contramanifestaciones de señoras católicas que distribuían cruces a las tropas, encendieron los ánimos. El gobierno estaba singularmente preocupado por Barcelona.¹⁹ Sin embargo, en una ciudad prácticamente desprovista de tropas y donde la policía tenía desde antiguo probada su ineficacia, Ossorio, el gobernador civil, admirador de Maura, no se hablaba con el capitán general. La oposición acusó al gobierno, no sin razón, de «abandonar a Barcelona».²⁰

El lunes, 26 de julio, la organización cuasi anarquista de Solidaridad Obrera llamó a una huelga general. Decisión atropellada, resultó un desastre, porque los obreros catalanes quedaron separados de un movimiento huelguístico planeado para agosto por toda España, en señal de protesta contra la guerra marroquí; con el vuelco de tranvías (los conductores de tranvías, dependientes de un político conservador, se negaron a ir a la huelga) degeneró en violencia sin freno y en barricadas. El 27 y 28 de julio, aislada del resto de España excepto por el cable telegráfico a Baleares, Barcelona fue víctima de un rebrote de la primitiva violencia anticlerical de los años 1830, alimentada por la propaganda radical y anarquista. Cuarenta y dos conventos e iglesias fueron quemados o destruidos: las monjas fueron «liberadas» (tradición popular recogida hacía poco en la Electra de Galdós); exhumaron cuerpos buscando indicios de tortura, y, lo mismo que en 1936, los exaltados se disfrazaron con vestimentas robadas. Fuera de Barcelona se quemaron casetas de consumos y se convocaron juntas, actos, éstos, clásicos de la revolución popular.²¹

La importancia del movimiento, que sólo ocasionó unas cuantas muertes en las fuerzas gubernamentales, tal vez se haya exagerado. Si las autoridades hubieran estado unidas frente a la huelga, quizá el movimiento nunca hubiera llegado a la violencia. Ossorio, que andaba a la greña con las autoridades militares, se opuso a la declaración de estado de sitio y se retiró a la parte residencial para ver la humareda salida de las torpezas militares. Desde el principio al fin sostuvo Ossorio que la revolución fue una protesta confusa, ni originada ni dirigida por revolucionarios profesionales: nació de condiciones sociales mórbidas... «en Barcelona la revolución no necesita ser preparada: está preparada siempre».²² Según Maura la revolución, fácilmente reprimida en las calles, triunfó en las Cortes por la campaña contra la ejecución de Ferrer. Este punto de vista lo mantuvo desde su caída hasta su muerte y guió su conducta política en lo que le quedó de vida. Ferrer, revolucionario bajo Ruiz Zorrilla y Lerroux, desde 1900 se dedicaba a la publicación de literatura racionalista y anarquista y a la propagación de su mezcla de anticlericalismo crudo y de idealismo cándido, en las Escuelas Modernas que fundó en Barcelona con fondos proporcionados por una admiradora. Estas escuelas «sin Dios» defendían las ideas anarquistas, por más que Ferrer negara, por razones evidentes, toda relación con la conspiración anarquista. Fue juzgado públicamente por un tribunal militar como organizador de los sucesos de julio. Eso, desde luego, no lo fue, aunque no fuese tan absolutamente inocente como sus defensores sostuvieron.²³ Uno de los pocos españoles medio conocidos en el extranjero, su ejecución motivó (especialmente en Europa Latina, donde el anticlericalismo necesitaba mártires) una campaña de mítines populares desde Budapest hasta Lisboa. Las muchedumbres asaltaron la embajada en París y protestaron en Trafalgar Square. Maura seguía impertérrito: lo que los otros llamaban la conciencia de una Europa civilizada se le antojaba nuevo brote de la leyenda negra, maquinado por la izquierda europea.

El jefe liberal Moret, que había defraudado sistemáticamente a sus seguidores más radicales, decidió echar mano de la impopularidad del gobierno para derrocar a Maura tan pronto como fuese evidente que sólo una «guerra sin cuartel» en las Cortes mantendría vivo el Bloque de las Izquierdas. La esencia del argumento de Moret estribaba en que el estado de opinión hacía imposible la permanencia de Maura en el poder, mientras que su negativa a deslindar la «atracción» liberal de un ataque a la monarquía era tanto como una declaración de guerra contra el gobierno parlamentario, ya que negaba a la oposición el derecho de gobernar.²⁴ Según Maura fueron los liberales los que imposibilitaron la continuación de las actividades parlamentarias al aliarse con la «revolución desde abajo» para desacreditar todo gobierno en cuanto tal. Enfrentado con la obstrucción liberal en las Cortes, el gabinete decidió solicitar del rey la renovación de su confianza. Con sorpresa de Maura, Alfonso XIII trató el requerimiento como una patriótica oferta de dimisión.

Aunque cubrió el paso dado por el rey tan bien que sólo sus íntimos supieron de esta entrevista que hizo saltar las lágrimas a este hombre orgulloso, nunca pudo perdonar u olvidar esta «deserción» ante sus enemigos. Por lo que hace a los liberales, se habían aliado con revolucionarios y calumniadores de la masonería europea. El rey había decidido escuchar y dar el poder a estos parias políticos.²⁵ Lo mismo que su padre, Alfonso XIII vio que el partido liberal tenía su utilidad: era una válvula de seguridad «para salvar el trono de la revolución», que la intransigencia de Maura amenazaba con producir antes que evitar. Maura fue odiado como ningún otro jefe de gobierno de la Restauración: «los pobres no pueden vivir bajo Maura».²⁶ «Yo me uní al “¡Maura, no!” entonces y luego», escribía el rey en el exilio, «porque me convencí de que no podía prevalecer contra media España y toda Europa».

Además, Maura, aunque leal, no era cortesano; su austeridad, el convencimiento de su propia indispensabilidad no eran para conciliarle con un monarca que se sacudía las críticas ofreciendo un cigarrillo. La campechanería era una de las armas políticas de don Alfonso; con Maura no rezaba.

Desde hacía tiempo, los liberales formaban una serie de grupos, un conglomerado de caudillajes tribales. Les tocaba ahora desintegrarse a los conservadores, desganados por la soberbia política de Maura y su obsesión por los acontecimientos de 1909. Cuando en 1912 el rey llamó una vez más a Romanones y a los liberales, el resentimiento de Maura no tuvo límite: la monarquía había desertado de los defensores del orden público por los defensores de Ferrer.²⁷

Hasta que los liberales hubieran purgado sus pecados y abandonado la «colaboración sórdida» con los enemigos de la dinastía, él se negaba a alternar con ellos en política.²⁸ En contra de la creencia de Alfonso XIII de que la monarquía sólo podía sobrevivir siguiendo a la «opinión» y utilizando el partido liberal para neutralizar el peligro republicano, Maura declaró una huelga conservadora.

A los conservadores se les hacía cada vez más difícil aceptar la abnegación política de Maura. Querían el poder. El «negativismo» de Maura «... dejó a la monarquía indefensa», sin ninguna alternativa a los liberales. Por noble e imponente que fuese, Maura constituía ahora una rémora política y su declaración de «hostilidad implacable» contra los liberales era indefendible. Sánchez de Toca, uno de sus críticos conservadores, escribió: «Yo estaba horrorizado al pensar en los resultados incalculables que debían resultar de aquellas voces furiosas concitando a todo el mundo cristiano a una guerra santa contra un gabinete que gobernaba bajo la Corona..., pregonando con anatemas que no era un verdadero conservador aquel que mantuviera relaciones distintas que las de hostilidad implacable con los hombres llamados a gobernar por el rey».²⁹ Dato intentó ablandar la orgullosa intransigencia de Maura: fracasó y en octubre de 1913 el rey le llamó para que formara gobierno él mismo.

El partido conservador se dividió entonces entre los seguidores de Dato y los de Maura. Con esta deserción final de la Corona, Maura dejó de ser jefe de partido y pasó a jefe renuente de un movimiento, el maurismo, fundado en octubre de 1913. Este movimiento atrajo a la juventud conservadora, especialmente a los estudiantes, y se dedicó a denigrar al «traidor» Dato y a sus cómplices, tildados de «oligarcas» que sacrificaban sus principios conservadores por el poder. Indirectamente, se habían sumado al «¡Maura, no!» —la juventud maurista pintó «¡Maura, sí!» en la casa de Dato—. Como declaraba —al igual que su jefe— ser ajeno a la política tradicional (sin organización de partido tuvo escaso efecto sobre el cuerpo electoral en su campaña contra el caciquismo), degeneró en «maurismo callejero».³⁰ Tenía lo que más tarde los falangistas llamaron «estilo», y con sus desfiles y mítines monstruos centró en un estadista parlamentario el descontento de hombres y jóvenes violentos; aplaudido por tales entusiastas, Maura por fin sintió que se le «despertaba el sentimiento ciudadano». Empezó a apelar a la verdadera España católica que trascendía a la política, la «España esencial», que tenía que ser reconocida por todos cuantos querían participar en la vida pública —llamamiento que más tarde reiterarían la Unión Patriótica de Primo de Rivera y la Falange—. Descartaba por «burgueses» tanto a los republicanos como a los partidos dinásticos.

De ahí su atractivo para los carlistas como carlista manqué, que veía a la sociedad amenazada por una revolución con la que sólo cabía luchar; si no el gobierno daría en un proceso de «entrega» a la izquierda que sólo podía acabar en una república socialista.³¹ Maura había de desengañar a sus seguidores: a pesar de su fracaso en realizar su revolución desde arriba dentro de la monarquía constitucional, nunca se avino a ser un dictador antiparlamentario ni dejaría que tal hiciese otro. Hasta el final buscó el poder de una manera que fuera compatible con su «fe en el parlamentarismo». Así que no llegó a ser «un Mussolini antes de Mussolini», como lo esperaba el carlista Vázquez de Mella. Su destino fue el de ser presidente del Consejo en gobiernos «nacionales» en momentos de crisis cuando los partidos ortodoxos a cuya destrucción había coadyuvado se mostraban impotentes.

Junto al maurismo, el conservadurismo ortodoxo capitaneado por Dato («el hombre de la vaselina» según los mauristas) parecía incoloro. No obstante, Dato era un político capaz que reincorporó el partido a las realidades de la vida después de los impetuosos torbellinos del maurismo. De la política pura, pasó a reformas sociales moderadas. Hacía mucho tiempo que Dato se interesaba por la obra del Instituto de Reformas Sociales, y a él debía España su primera legislación laboral y los albores de la seguridad social.³² Fue Dato quien finalmente dio a Cataluña la Mancomunidad (18 de diciembre de 1913). Pero todas las tentativas de soldar la ruptura entre los seguidores de Maura y los conservadores ortodoxos de Dato fracasaron, haciendo casi imposible para el rey la formación de un gobierno conservador homogéneo y fuerte. Este boicot mutuo, del que Maura es más responsable que Dato, perjudicó tanto a la monarquía como la colaboración liberal con republicanos de la derecha, calificada por Maura de «mediatización del poder público en beneficio de los que necesitan permanecer sujetos al imperio de la ley». Lerroux escribió que «durante años los monárquicos han torpedeado al rey. A los republicanos nos hubiera bastado con derrocar la monarquía. Los monárquicos la deshonran cuando no les sirve». Fue otro republicano el que vio que Maura había acabado con el «compromiso» de Cánovas, que por lo menos había asegurado la supervivencia de la monarquía.³³ Según Maura el mero aletear no era bastante; valiéndose como instrumento de un partido conservador rejuvenecido, quería regenerar y popularizar un sistema que se le antojaba artificial y estéril. Ni el rey ni los liberales estaban dispuestos a reconocerle estas intenciones. Puede comprenderse su amargura ante el éxito de «¡Maura, no!»; contestó al boicot con el boicot. Pero, aun cuando su amargura había perdido su furia y cuando estuvo más dispuesto a colaborar con sus colegas políticos, su personalidad era tan arrolladora que aquellos políticos hacían figura de comparsas faltas de visión. Perduró la impresión de que un sistema que no podía compadecerse con su modelo de patriotismo era un instrumento inadecuado para el gobierno de España.

APÉNDICE A LA SECCIÓN 2

por J. ROMERO MAURA

Del regeneracionismo conservador, concepción profundamente arraigada en Silvela y Maura, hay que destacar que no fue incidencia casual, ni mero accidente de la psicología particular de estos políticos. El regeneracionismo, que, como queda dicho,³⁴ no era cosa nueva en España ni entre los mismos conservadores, fue, tras el Desastre colonial, una necesidad para los gobernantes. Y cuando no una necesidad, sí por lo menos algo muy útil y oportuno para ellos. Como afán de encuadramiento político y de movilización de las fuerzas nacionales, el anhelo regenerador refleja —en Silvela y en Maura— el natural intento de uncir al carro conservador los intereses y clases que, de pronto, despiertan a la vida pública. Este despertar no debe exagerarse: no fue unánime, ni permaneció constante. Y sin embargo es indudable que el interés por la política suscitado por la guerra —reflejado de modo inequívoco por el enorme aumento, durante ella, de la circulación periodística—³⁵ y luego la gravedad de los problemas financieros y económicos inmediatos a la terminación de la contienda, abrieron los ojos a muchos españoles acerca de las repercusiones graves que podían seguirse de la inhibición política. Dentro de la dinastía, Silvela primero y luego Maura, habían de intentar la asimilación y el encarrilamiento de las fuerzas que nacían a la política. Se lo dictaba, no sólo la conveniencia para la monarquía de evitar que se creara un núcleo poderoso de opinión al margen de ella, sino también la necesidad misma de encontrar en esa movilización el coadyuvante necesario para llevar a término una política en la que el solo apoyo de los partidos dinásticos de estructura caciquista ni estaba garantizado, ni era seguro que bastaría.

Del significado de Maura en la política española de estos años, no cabe duda de que —en lo relativo al régimen— redundó en el quebrantamiento del turno pacífico. La destrucción de Maura y el perjuicio para la monarquía no vinieron del fracaso de la política conservadora, sino de su mismo éxito, que puso al partido liberal en trance de muerte, obligándole al veto parlamentario contra aquél.

Maura se propuso —y en esto no hizo sino seguir lo que iniciara Silvela en 1899— atraerse la colaboración de la opinión de tendencias conservadoras y la simpatía de los intereses económicos.³⁶ La opinión conservadora española era esencialmente opinión católica. Maura se puso de su parte, a la vez que trataba de mudar el aplauso de los católicos en participación política activa. Lo primero le valió el calificativo de clerical; en lo segundo, no se salió con la suya: la opinión católica no se convirtió en conservadurismo político aconfesional —o siquiera subsidiariamente confesional—.³⁷ Las razones de que así sucediera fueron muchas y distintas. Entre ellas, el hecho de que el anticlericalismo de los liberales, respuesta sincera o fingida, según los casos, a las inclinaciones clericales supuestas o reales del primer gobierno Silvela, contribuyó a hacer del clericalismo uno de los ejes del conservadurismo; el de que, garantizadas para los gobiernos dinásticos mayorías seguras por el caciquismo, siguió imperando en España, con pocas salvedades, el abstencionismo de las derechas en las urnas, frustrándose así la formación de hábitos políticos y electorales que cristalizasen la distinción entre conservadurismo político y religiosidad católica.³⁸ A ello contribuyó también el que las campañas clericales y anticlericales se desarrollasen en forma de polémicas de prensa y mítines públicos, que antes consolidaron que otra cosa la nota religiosa del conservadurismo. Añádase a esto la superioridad palmaria de la Iglesia como organización activa, capaz de llegar a los pueblos más remotos y de aprontar una acción centralizada y eficaz, con la que mal podían competir —de haber querido hacerlo— los escasos casinos conservadores, poco aficionados a estridencias y a campañas.

En su porfía por atraerse las simpatías de los intereses industriales bancarios, tampoco parece que Maura se salió del todo con la suya. Fracasó en Cataluña; pero, para 1909 había llegado en esto, como en la captación de los católicos, muy lejos. Para entonces, a todos parecía que, de completar Maura —como todo indicaba que completaría— los cinco años de etapa legal de gobierno, toda la España confesional, y buena parte de los grandes intereses económicos acabarían formando de su parte. Por añadidura, el sufragio corporativo del proyecto de Administración local llevaba camino de trocar el núcleo conservador en baluarte inexpugnable al nivel municipal y provincial.³⁹

¿Qué dejaba Maura para el partido liberal? Maura se mostró siempre, en este período, preocupado de la debilidad del partido liberal, y partidario acérrimo de la atracción de las izquierdas por éste.⁴⁰ Había que acabar a toda costa con la equiparación, en las mentes populares, de los dos partidos dinásticos; era ésa «la única manera de reintegrar a la vida pública las grandes masas populares».⁴¹ La atracción de las izquierdas acampadas fuera de la monarquía, la asimilación de las masas urbanas en el partido liberal remediaría, además de la debilidad de este partido, la inhibición práctica de aquellas masas que, por estar dentro del partido republicano, vivían al margen de la política positiva.⁴² La pequeña burguesía urbana y los trabajadores de las ciudades, sin embargo, siguieron republicanos, anarquistas, afiliados al partido socialista, o indiferentes. Los liberales fracasaron en el papel que Maura les asignara, y que a ellos mismos tanto les tentara. Pero, ¿estuvo en manos de los liberales salir de la empresa? ¿O era, si no necesario, por lo menos muy probable que se malograsen sus propósitos?

Atraer a los partidos antidinásticos, era debilitarlos. La atracción consistía en dos recetas simultáneas: lograr la cooperación en la tarea de gobierno de los partidos extremistas como tales partidos, interesándoles así en el funcionamiento del régimen; y allegar, trayéndolas a la monarquía, las masas que daban a esos partidos su fuerza. Ninguna de ambas cosas podía conseguirse fuera del único camino posible: los partidos dinásticos necesitaban sendos programas, que dejasen claramente deslindadas las coincidencias mínimas que con ellos tenían los partidos extremos.⁴³ De esos programas se despejaría el interés, para carlistas o republicanos, de cooperar con conservadores o liberales. Subyacente al intento de atracción, estaba la idea de que no existía, al nivel de los intereses materiales y morales de los distintos partidos de la derecha o de la izquierda, la incompatibilidad básica que se manifestaba en el escalón ideológico. Si la monarquía podía ofrecer a los carlistas mucho de lo esencial prometido por don Carlos, y a los republicanos lo que de la República les ilusionaba, ¿por qué razón habían de empeñarse en su ostracismo de la política presente, y afanar violencias que no les iban a reportar más de cuanto Maura o Moret podían ofrecerles?

Aquí aflora la diferencia fundamental entre las situaciones respectivas de ambos partidos dinásticos. El fracaso relativo de Silvela en ganarse la confianza de sectores importantes de las derechas prueba que la tarea no era fácil. Maura, que tuvo más éxito, necesitó para cumplir su cometido todo el acervo de dotes personales que hacían de él un gran orador de masas, a la vez que jefe natural de un partido parlamentario con poco amor a la disciplina. Pero si la personalidad de Maura explica sus triunfos, es porque éstos, en el fondo, dependían tan sólo de un liderazgo inteligente y adecuado. El partido conservador con que Maura se encontró cuando el gobernalle pasó a sus manos, era un partido de estructura esencialmente caciquista. Maura formuló su programa, hizo público su designio, probó desde el Gobierno que tenía intención de cumplir lo prometido, y a él fueron las derechas. El secreto de ello está en parte en la inherente debilidad del carlismo, escuchimizado por la industrialización del país vasco; en los vientos relativamente moderados que soplaban en el Vaticano; en la mengua creciente de las filas integristas. Pero lo más importante es que el programa de Maura no entrañaba sino muy lejanamente una amenaza para el caciquismo que se proponía «descuajar» con la nueva política. Dejaba incólume la base rural del partido, al que incorporaba, y no sustituía, las nuevas accesiones.

El partido liberal no podía hacer lo mismo. La psicología y las convicciones de sus líderes les vedaban competir con el partido conservador por la clientela de éste. Tampoco querían —ni tenían por qué querer— la senda revolucionaria. No les quedaban pues, en el escaparate nacional, más que dos prendas: la una, que ya era suya, los caciques rurales liberales; la otra, las masas urbanas. Prescindir de aquéllos a trueque de ganarse a éstas con un programa avanzado hubiese sido un negocio descabellado. Ahí estaba el ejemplo vivo del partido republicano, sin más fuerza que la de las ciudades, para recordarles a los liberales que dentro del sistema parlamentario —y en un sistema donde, además, las circunscripciones electorales urbanas estaban fuertemente ruralizadas— el solo control de las poblaciones no se traducía en las Cortes más que en un puñado de diputados: treinta, cincuenta a lo sumo, de cuatrocientos cuatro. La que Grandmontagne llamó «ruralización» de la política española era una realidad que no podían desconocer los liberales. Del caciquismo rural nacían las mayorías seguras para los gobiernos. Falta un estudio detallado sobre ese caciquismo, mas son suficientes los datos que se tienen para decir que los críticos que han visto en el encasillado de Gobernación el origen de todos los males han pecado de ligeros. Desde las primeras elecciones de la Restauración, en que Romero Robledo,⁴⁴ entonces ministro de la Gobernación, intentó forzar a los candidatos ministeriales a aceptar actas de distritos distintos de aquellos en que tenían poderosos intereses propios, hasta el fracaso de Sagasta cuando intentó acabar con los gamacistas en 1901, la historia electoral de la Restauración prueba que el cacique era generalmente el amo de su diputado, y no lo contrario. En muchos distritos los caciques obraban de acuerdo, sacando siempre diputados por la mayoría. Ésta es consecuencia natural del sistema de clientelas. Pero no debe inferirse de ello que estaban a merced del hombre de la Puerta del Sol. Los liberales, enajenándose a sus caciques con programas radicales, les hubieran empujado al partido conservador. El peligro de la hostilidad de los caciques para cualquiera que quisiera gobernar dentro de la monarquía quedó patente en 1918: Maura, que entonces se había ganado la enemiga de aquéllos, perdió, a pesar de las fortísimas presiones ejercidas desde el gobierno, las elecciones.⁴⁵ Fueron las únicas elecciones jamás perdidas por un gobierno entre 1876 y 1923.

Los liberales debían, pues, buscar un programa que conciliase a sus caciques y a las masas urbanas a la vez. No supieron —y con toda probabilidad no pudieron— echar mano más que de un programa moderado de reformas sociales y de una política cuya característica esencial era su anticlericalismo. El primero, aunque tímido, era positivo. Pero en esto, cronológicamente por lo menos, la legislación liberal iba a remolque de la conservadora, iniciada por Dato en 1899. No era ése el camino por que podía lograrse la atracción liberal. Habría de llevarse a cabo con el solo anticlericalismo. Éste, mientras no fuera desorejado, no tenía por qué ahuyentar a los caciques rurales. Pero el experimento fracasó. Acaso deba culparse de ello a las costumbres inveteradas de apatía política: al no salir los liberales de sus casas, no supieron encauzar las evidentes simpatías que la campaña despertó a veces en la pequeña burguesía y en las masas trabajadoras, para convertirlas en hábitos electorales y fidelidad al partido. Acaso los liberales, como les reprocharon los republicanos, no fueron lo bastante lejos —pudiendo ir más allá—. Acaso también no fuera verdad que el anticlericalismo era la llave para penetrar en el recinto republicano.

Imposible la atracción de la izquierda con un programa que no diese al traste con la base rural de su partido, los liberales suplieron aquél con una política de contenido moderado, pero de tolerancia amplia hacia republicanos y revolucionarios de las ciudades. «Cuando gobiernan los liberales, diría Lerroux, corre menos sangre.» Incapaz de atraerse a la izquierda, el partido liberal buscó su benevolencia. La encontró, hasta cierto punto. Maura acusó a los liberales de faltos de programa, caciquistas y pasteleros; la libertad, les dijo, no era lo mismo que la impunidad, ni la democracia lo que la «baratería subversiva».⁴⁶ Todo lo cual era muy cierto. Pero no había opción para los liberales. El divorcio que Maura les exigía, y que debía separarles del todo de los revolucionarios, hubiera dejado a la izquierda dinástica reducida a una pléyade de caciques salpicados por la superficie del país, más un núcleo de jefes sin tropas ni aliados en Madrid. Los caciques eran quienes hacían posible la constitución de Cortes liberales, pero luego, mudos, no servían para gobernar. Con la enemiga decidida de republicanos y revolucionarios, los liberales se hubieran quedado sin nada, hasta sin el famoso trust de la prensa, cuyo apoyo distaba mucho de ser incondicional o disciplinado. Avanzaba el carro triunfal de Maura, fervorosamente coreado por las clases conservadoras, con la bendición de la Iglesia y el vistobueno de los militares, y camino, según se creía, de lograr que Cambó se le uniese: los liberales, acorralados, fueron, en 1908, al Bloque de las Izquierdas. La lógica del Bloque no era la misma que la de la atracción; ésta, si bien tendía a radicalizar un tanto los programas, dejaba a los partidos dinásticos en su sitio; el Bloque, en cambio, implicaba un desplazamiento del partido liberal hacia los linderos mismos de la monarquía con la república. Maura, que siempre evitó la tentación de un Bloque de las Derechas, acometió contra Moret, y le advirtió de lo peligrosos que eran esos equilibrios. Tenía razón. Pero, sin masas, puesto entre dos moles crecientes, el partido liberal no podía correr el riesgo de que las izquierdas le desahuciaran. Éstas, al menos, eran aliados potenciales. Sin ellas, los liberales quedaban inermes ante Maura. Pero, hecho el Bloque, Maura les negaba a los liberales el derecho a turnarse con él en el poder.

Los liberales, sin embargo, tenían una salida: incapaces de amoldarse a la situación en que la política de Maura les colocaba, cabía dar al traste con él y tratar de obtener la vuelta a un conservadurismo más llevadero. Por eso, cuando, con la represión de la Semana Trágica y la campaña ferrerista, se les presentó la oportunidad de derribar a Maura, los liberales lo hicieron sin contemplaciones, negándole Moret toda colaboración legislativa. Acaso obraran por convencimiento moral, pero desde luego también por imperativa necesidad partidista. Encontraron un aliado natural en la persona de Alfonso XIII: preocupado ante todo por salvar la corona, el rey aceptó el veto de las izquierdas a Maura. Eso era capear el temporal y eludir un choque violento —más bien a la corta que a la larga— con la revolución. Era también salvar a Moret del temible abrazo con las izquierdas. Desembarrancado, el carro liberal pudo volver a circular. Con Maura neutralizado, y el partido liberal en el poder, se deshizo el Bloque. La benevolencia con las izquierdas siguió, sin embargo, como en 1901-1902, como en 1905-1906, porque Canalejas, que en seguida sustituyó a Moret, tampoco logró la atracción mediante el anticlericalismo, y siguió necesitando de aquélla. Las censuras de Maura no disminuyeron, y permaneció el veto liberal contra él. Prosiguió el turno pacífico, pero maltrecho, sin convicción, más artificial que nunca, con las izquierdas fuera de la monarquía y el partido conservador deshecho, sin Maura. Con éste fuéronse casi todos los militantes del conservadurismo.⁴⁷ Al sancionar el veto liberal, el rey compró la paz civil deteniendo la modernización política del sistema: resultaba demasiado peligroso hacer del partido conservador un partido democrático.

3. El partido liberal y la desintegración de los conservadores, 1909-1917

Los historiadores españoles contemporáneos han tratado con simpatía la revolución desde arriba de Maura en tanto que descartan al partido liberal, en el período antes de 1923, como un fenómeno característico de parlamentarismo decadente, conglomerado de facciones sin programa. Fue uno de los jefes de grupo liberal, el conde de Romanones, quien definió la vida política como «una sucesión ininterrumpida de acontecimientos triviales», motivada por un ansia de poder que sólo cabe equiparar con las pasiones sexuales. Sagasta había disciplinado este ansia en los demás, aunque no sin dificultad; después de su muerte (enero de 1903) la carrera entre los jefes de los clanes liberales por la jefatura del partido contribuyó mucho a menguar su eficacia política.

Pasado 1903, los competidores principales para la jefatura del partido fueron Montero Ríos y Moret; después del asesinato de Canalejas (noviembre de 1912) se disputaban la jefatura el conde de Romanones y García Prieto. Aparte de Canalejas, ninguno fue caudillo parlamentario como Maura. Moret y Montero Ríos eran prohombres, ya entrados en años, del partido; abogados distinguidos, formados en la escuela de la revolución de 1868. En la medida en que sus desacuerdos versaban sobre la política a seguir, reflejaban discrepancias acerca de la legitimidad de una política de «atracción». ¿Hasta qué punto debía abandonar el partido el mundo confortable del liberalismo de Sagasta para atraerse a la opinión democrática avanzada? Podrá decirse que la atracción fue tanto una necesidad electoral como la razón de ser del partido en la monarquía constitucional. Sin embargo, la atracción resultó una aventura política arriesgada: así, por más que Moret optara por pujar por la opinión liberal avanzada con un programa radical en 1906, no pudo mantener la alianza republicana salvo con el grito de «¡Maura, no!», Después de la caída de Maura, en 1909 los republicanos de derecha desertaron del Bloque de las Izquierdas para irse a la Conjunción Republicano-Socialista. El partido liberal había fracasado como «caballo de Troya» con el cual los demócratas hubieran podido penetrar en el recinto doméstico. La que Maura calificó de «colaboración sórdida» con la revolución no había servido para nada; los llamados republicanos «gubernamentales» permanecían «orgullosos en sus tiendas».⁴⁸ Canalejas vio que la táctica de Moret tan sólo desacreditaba al liberalismo; el partido debía buscar adeptos con un programa, no mediante una «alianza accidental».

Fueron las dificultades de la alianza radical las que condujeron a los liberales a apoyarse de nuevo en el programa clásico del liberalismo del siglo XIX —resistencia al clericalismo—. Las derechas lo vieron como otra prueba más de la pobreza intelectual del liberalismo indígena y de su dependencia respecto de ejemplos franceses, como una inyección artificial para revitalizar una fe moribunda que, según reconociera Moret, ya no atraía «a una porción tan crecida de las fuerzas vivas del país». Era verdad que el anticlericalismo fuera un recurso demagógico de eficacia reconocida; también era verdad que el problema clerical ya no podía seguir orillándose como bajo Sagasta.

El liberalismo se vio obligado a adoptar la postura anticlerical por los continuos avances del catolicismo de la sociedad española desde 1876, y por el catolicismo militante de los conservadores. Las órdenes regulares habían crecido de modo tan alarmante al socaire de interpretaciones indulgentes del Concordato, que España parecía amenazada con «un proletariado de sotanas» reclutado entre los monjes que huían de la persecución iniciada por los radicales franceses. El objetivo de la legislación liberal fue, pues, el de sujetar las actividades de la Iglesia al control del Estado: las «órdenes no reconocidas» deberían regularse por la aplicación de la Ley de Asociaciones de 1887. Una vez más, los liberales no deben verse como aliados de los librepensadores, sino como herederos de los regalistas del siglo XVIII que habían expulsado a los jesuitas.

Lo mismo que en Francia, la verdadera batalla se libraba en torno a la educación secundaria y universitaria.⁴⁹ Los católicos extremados deseaban la instrucción religiosa obligatoria en los institutos estatales de enseñanza media y la completa exención de control estatal en sus propias escuelas. Los liberales querían el «respeto de la libertad de conciencia» y al mismo tiempo el control estatal del sector privado de la enseñanza media, insistiendo en la necesidad para todos los maestros de tener título estatal y en tribunales examinadores que no favoreciesen a las escuelas católicas. Los católicos sostenían que no había derecho a proteger el error y que la «neutralidad» de las escuelas públicas ocultaba la tentativa de introducir la moral laica positiva de la tercera república francesa; subyacente a todos sus argumentos, estaba el afán, nunca desmentido, de sujetar todo el sistema de educación al interés de la Iglesia. Detrás del liberalismo anidaba el temor de que la elite rectora del futuro fuera educada en «seminarios de una juventud fanática»: como no podían proporcionar un sistema alternativo, su único remedio estribaba en intentar hacerse con el control de la instrucción católica alegando la necesidad de una educación más moderna. Así pues, la Iglesia defendía el latín y a Cervantes; los liberales abogaban por las lenguas modernas y la ciencia.

Ciertamente, la contienda creó la apariencia de una fuerte división entre el liberalismo y el conservadurismo, pero ni salvó al partido liberal de divisiones intestinas ni le dio fuerza popular. Desde el principio, Sagasta sentía aversión por el anticlericalismo, ya que temía que trajese más perjuicios que beneficios, pareciéndole una imposición innecesaria de los radicales jóvenes que llegaría a dividir el partido.⁵⁰ Como Romanones reconociera, el partido liberal se había equivocado en cuanto al momento;⁵¹ no se había percatado de que el regalismo estaba muerto, de que el anticlericalismo ganaría apoyo radical sólo a costa de debilitar el apoyo que las clases respetables brindaban al liberalismo; fue por esta cuestión que la influyente aristocracia de los salones madrileños y muchos oficiales del Ejército abandonaron el partido. Finalmente, la campaña fracasó: los liberales ni tan siquiera lograron llevar a cabo su, en el fondo, no muy sentida versión española de la revolución disparada en Francia por el caso Dreyfus, y que llevó allí a los radicales al poder.

Bajo el punto de vista liberal, la tragedia del problema clerical estuvo en que este problema alejaba cualquier otra clase de reforma radical del centro de la atención del partido. Aunque Moret se interesaba por las cuestiones sociales —Costa llegó a ver en él un reformador agrario de verdad—, el principal preconizador de la radicalización y democratización del partido fue Canalejas. El que no llegara a ser el Lloyd George del liberalismo español es, pues, muy significativo.

Canalejas era un universitario que se enriqueció al entrar en las empresas de ferrocarriles de su padre y se hizo famoso por su oratoria de mitin y en el periodismo. Influido por el desastre cubano, fue un patriota regenerador, patrocinador de un Ejército fuerte y de una política extranjera valiente frente a los avances franceses en Marruecos después de 1911. En sus días estudiantiles se había embebido en la noción krausista del Estado, concebido como «forma» ética, con el derecho como instrumento suyo. Esto llevaba aparejada la «intervención» —el empleo del poder estatal en interés de la justicia social—. Canalejas deseaba ganar la confianza de las clases obreras mediante un partido liberal segregado de los extremos del laissez-faire burgués.⁵² Así, favorecía el arbitraje salarial controlado por el Estado, la regulación de condiciones y horario de trabajo, el seguro laboral y la compensación por accidentes. Al igual que el ala reformista del partido conservador bajo Dato, apoyaba al Instituto de Reformas Sociales y su utilización por el gobierno en la solución de disputas salariales y de condiciones laborales.⁵³ Era uno de los pocos políticos preocupados por la suerte del campesinado pobre, y deseaba extender la noción legal de la expropiación por utilidad pública a una expropiación por utilidad social, para así hacer factible el inicio de la reforma agraria en los latifundios poco cultivados. Había popularizado este programa con las giras de propaganda más amplias nunca emprendidas por un político español.

Para este programa, Canalejas no tenía partido alguno cuando llegó a jefe de gobierno en marzo de 1910. La hostilidad de Moret le dejó con un gobierno aquejado de crisis frecuentes a que hizo frente en una serie de dramáticas apariciones como caudillo parlamentario.⁵⁴ De ahí sus esporádicas peticiones de apoyo a Maura, al que se dirigía como alma hermana por encima de las miserias de la política de partido. Maura no pudo perdonarle su apoyo a la campaña ferrerista; su supuesta inspiración anticlerical en Waldeck-Rousseau le hacía aparecer ante Maura como un masón, un radical francófilo, un actor delirante al que se le trastocaban las estrofas de su repertorio. El rey, menos cegado por el prejuicio personal y partidista, vio en el radicalismo monárquico de Canalejas un instrumento útil para domesticar a la izquierda.

Canalejas cobró su aspecto más radical, y el que más inaceptable le hacía para el rey y los conservadores, cuando se propuso hacer buenas sus promesas radicales de resolver la cuestión religiosa. Anunció inmediatamente que el derecho de todos de practicar en público era parte de la civilización moderna, y su ulterior suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano (julio de 1910) desencadenó un torrente de indignación católica; los católicos vascos amenazaron con una guerra civil, y le sometieron a campañas alternas de vilipendio y de halago en los círculos aristocráticos.

Esta oleada emocional, que culminó en las procesiones del Congreso Eucarístico, permitía a Canalejas conservar su fama de anticlerical, a la vez que laboraba por una solución moderada entre bastidores. El nuncio apostólico y conservadores como Dato y Cambó se daban cuenta de que si Canalejas no podía resolver la cuestión mientras estuviera en funciones, en la oposición le obligarían a exigir una solución radical: vieron que aceptaría las condiciones negociadas por los conservadores y que el objeto formal del litigio —si las negociaciones de bían preceder o seguir a la ley promulgada— no tenía importancia. La famosa Ley del Candado de Canalejas era, pues, una solución de compromiso que satisfizo poco a la izquierda; consciente de la fuerza del sentimiento católico, decidió pasar por alto su pasado radical y oír los consejos del marqués de Comillas.⁵⁵

Canalejas tuvo la desventura de habérselas con una serie de huelgas violentas, parte de la ola de violencia obrera que desacreditaría al liberalismo en Inglaterra. Separaba rigurosamente las huelgas lícitas para mejoras económicas y las huelgas «generales» revolucionarias, encaminadas a paralizar la economía con propósitos políticos. Así, en 1910 negoció acuerdos salariales favorables a los huelguistas de Bilbao. Sin embargo, en 1911, cuando creyó que, en colaboración con republicanos y anarquistas, Pablo Iglesias se disponía a utilizar una huelga general para «derrocar las instituciones vigentes», suspendió las garantías constitucionales, censuró levemente la prensa, y cerró las Casas del Pueblo. En 1912 adujo que las huelgas de ferroviarios constituían una amenaza ilegítima de los funcionarios a todo el país; al igual que Briand, de quien sus enemigos sostenía que imitaba su política, llamó a los reservistas, e incorporó 12.000 huelguistas a la disciplina militar.

Los conservadores decidieron que su defensa del orden establecido era mera ficción: criticaron acerbamente en la prensa conservadora sus contemplaciones con los marinos republicanos desaconsejados que se habían sublevado, así como su conmutación de la pena impuesta a un anarquista.⁵⁶

Según los socialistas y los republicanos, era un «asesino» y según Pablo Iglesias «el último cartucho del liberalismo». Cuanto más «gubernamental» aparecía Canalejas más prestigio perdía en la izquierda. El partido reformista republicano, todavía aliado con los socialistas, proclamaba representar fuera de la órbita de los partidos monárquicos la democracia práctica, de la que Canalejas fuera antes el apóstol.⁵⁷

Cuando un anarquista le asesinó (12 de noviembre de 1912) ante el escaparate de una librería madrileña, el radical arrepentido había echado a perder su razón de ser a ojos de los políticos monárquicos: no podía domar la revolución.

Tarea propia de los historiadores posteriores de derechas ha sido la de discutir si, como ellos han dicho, Canalejas, de haber vivido, hubiese echado por la borda hasta el último remanente de la tradición parlamentaria liberal, para salvar a España como caudillo radical. El caso es que en la polémica de lo que pudiera haber sucedido, a los historiadores se les pasó por alto lo que logró. Fue el único liberal que supo mandar y hacer. Sustituyó los consumos (que creía responsables del encarecimiento de las subsistencias) por impuestos que gravaban a los ricos, entre ellos un impuesto progresivo sobre rentas urbanas (la forma favorita de inversión de la alta burguesía en España y América Latina); de esta manera realizó lo que cincuenta años de agitación radical no habían logrado. Dio al problema clerical una solución provisional. Cambió profundamente las finanzas municipales. Suprimió la odiosa costumbre de que los ricos pudieran redimirse del servicio militar contra su prestación en metálico. De no haber sido asesinado, acaso hubiera resuelto temporalmente la cuestión catalana por la concesión de una Mancomunidad, ahora respaldada por la Lliga como la mejor solución posible.⁵⁸ Su actitud hacia Cataluña fue notablemente imparcial y, como suya, realista, El problema debía resolverse ya que «se había discutido hasta agotarlo».

Aparte de su resentimiento por el tono amenazador de Maura, Alfonso XIII prefería tomar a la opinión pública por base de su gobierno, antes que fiarse de las interpretaciones de Maura acerca de la supuesta «verdadera voluntad» de la muchedumbre pasiva. Pensaba que esta opinión era liberal al menos en su forma pública: los periódicos liberales tenían la mayor circulación; los catedráticos más destacados y los escritores intelectuales eran liberales. Así pues, eligió a Romanones para suceder a Canalejas, cosa que Maura interpretó como un feo premeditado. A pesar de que Romanones caricaturizaba muchas veces las peores características del liberalismo parlamentario, dejó la puerta del partido abierta a los que, procedentes de la izquierda, quisieran entrar por ella. Fue tarea de otros liberales trazar el programa moderno que atrajera a la izquierda, en un esfuerzo regenerador conjunto: Santiago Alba, que en 1915 fue designado ministro de la Gobernación de Romanones, era un regenerador práctico de la escuela de Costa. Sus primeras armas en la política, las hizo con la Liga Agraria de 1887, en la que vio un movimiento de los productores contra los zánganos de la vida política. Era el «proletariado de abogados», la obsesión por una carrera («tener carrera», concepto clave para comprender la psicología de la inseguridad que paralizaba las energías de la clase media) que había generado una España sin instrucción técnica, con una burocracia monstruosa, costosa y medio cesante, y con un parlamento en que los abogados pesaban más que todos los demás intereses. España podía llegar a ser una nación moderna con una inversión productiva en la agricultura y en la instrucción.⁵⁹ Podía ello financiarse con una drástica reducción de gastos en la administración pública y en el Ejército y reduciendo el interés sobre la deuda pública —ninguna de ellas soluciones muy atractivas para amplios sectores de la clase media a la que esperaba uncir a su carro—.

Lo mismo que Canalejas, Santiago Alba esperaba trocar el partido liberal en un partido de «realizaciones»: esto abrió la perspectiva de separar a los recién constituidos republicanos reformistas de la realmente peligrosa conjunción republicano-socialista.⁶⁰ El estímulo de los intelectuales que dirigían el partido reformista —Romanones organizó entrevistas en Palacio y el rey envió un telegrama de pésame a Azcárate por la pérdida de su escaño— dividió la conjunción republicano-socialista. Los reformistas se tornaron «republicanos gubernamentales»: si los liberales situaban a la monarquía en el camino de la reforma práctica, beneficiarían de su benevolencia y cooperarían en su vida parlamentaria. Si la monarquía desafiaba a la «opinión», se enfrentaría con la revolución permanente del republicanismo. El preludio de 1917 fue la sensación de que el viejo sistema político estaba condenado a menos que diera lugar a un nuevo «ideal colectivo» de renovación antes de que la revolución lo arrollase. Nuestra sociedad política está dando a luz a un movimiento de salvación... Puede realizarse de dos maneras: o por la evolución, es decir, por la revolución desde arriba... o por una revolución radical tal como las experimentadas por Rusia o Portugal.⁶¹ El año 1917 contestaría a este dilema.

4. El desgaste de la guerra y la crisis de 1917: la reaparición del Ejército en la política

En la crisis de 1917, el catalanismo, el Ejército y los partidos republicanos proletarios se unieron en una tentativa de imponer la renovación y la reforma a los que gobernaban el país. El movimiento de la Asamblea, como se llama a esta conglomeración de fuerzas dispares, quedó en nada; el sistema prevaleció, no por su propia fuerza, sino explotando los conflictos entre los postulantes a regeneradores. Este fracaso fue crucial, ya que la monarquía parlamentaria no podía renovarse por los procedimientos de un gobierno democrático eficaz; fue destruida en 1923 por un soldado que había perdido la fe en la política y en los políticos. Fueron la guerra europea y sus consecuencias las que socavaron la monarquía constitucional en España; fue la guerra de Marruecos la que la destruyó.

Mientras que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo privaciones que ocultaron los defectos de la estructura social bajo la común miseria, la guerra de 1914-1918 originó una prosperidad que los exhibió. España, como potencia neutral, experimentó de 1915 a 1918 unos años de beneficios astronómicos y un alza espectacular en los precios. Las fábricas catalanas suministraban a los soldados franceses, la desaparición de carbón barato galés estimuló una actividad febril en los yacimientos de carbón de Asturias. Las condiciones europeas estimularon un paso adelante, allende la economía «colonial», en que España era proveedora de productos primarios y tierra propicia para la inversión extranjera.⁶²

Gran parte de esta actividad representaba ciertamente más bien beneficios rápidos que una expansión sólida. Cambó sostuvo que el «hambre» de dividendos más elevados cegó a los industriales a la oportunidad de recuperar el atraso de la economía española mediante la reinversión de los beneficios industriales y agrícolas en vistas al crecimiento. Tomaron sus beneficios sin parar mientes en el futuro. Fue la agricultura y no la industria, la que mantuvo la producción nacional por encima del nivel de 1913; la producción industrial en contraste con los beneficios industriales disminuyó afectada por las dificultades de transporte y la carencia de carbón barato. Así que el verdadero secreto de la prosperidad española durante la guerra fue la inversión de las condiciones anteriores del comercio de productos primarios, y los precios elevados que podían exigir para sus textiles, los cuales, juntos, trajeron la eliminación dramática y repentina del histórico déficit comercial; se reflejó, pues, en el precio de la peseta, y no en una expansión industrial.62 bis Estas condiciones hicieron factible la repatriación de los títulos de la deuda nacional y ferroviaria y fomentó el aumento del poder de los grandes bancos.⁶³

La prosperidad del tiempo de la guerra y la dramática alza de precios trastornaron todas las relaciones obreras. Los salarios aumentaron rápidamente en las minas asturianas y entre los obreros no cualificados en Cataluña y en el Norte industrial. En los sectores y regiones favorecidos se mantuvieron a la par con los precios; y en algunos casos los aventajaron; pero algunos obreros no experimentaron ningún aumento en los salarios reales (en algunos ramos y áreas hubo un notable descenso) y ello en un momento en que se daba por seguro que los patronos obtenían pingües beneficios de la especulación.⁶⁴ Estas condiciones favorecían un rápido crecimiento de las organizaciones obreras, en un tiempo en que la guerra hacía a España ingobernable por métodos parlamentarios.

Los gobiernos de Dato (de octubre de 1913 a diciembre de 1915) y de Romanones (de diciembre de 1915 a abril de 1916), luchando contra la inflación, con las dificultades obreras y con la quiebra del sistema ferroviario, se encontraron enzarzados en la encarnizada polémica entre germanófilos y aliadófilos. Este debate fue, en gran parte, artificial ya que el gobierno estaba al cabo de la calle de que la intervención activa era imposible militarmente; como vascos y catalanes apuntaran, la España del turno había dejado de contar en Europa y estaba predestinada a ser neutral, una base para espías y especuladores.⁶⁵ Los defensores apasionados de la intervención se movían fuera de los partidos gubernamentales. Eran los carlistas quienes consideraban a Guillermo II como un héroe, mientras Lerroux deseaba que Alfonso XIII condujera sus ejércitos contra Alemania. En manos de los que no tenían fe alguna en la monarquía constitucional, la petición de intervención llegó a ser un señuelo útil para desacreditar la España de los partidos políticos. «Una conflagración mundial en la que luchan por la vida principios tan opuestos como el cesarismo y la democracia, no ha tenido efecto alguno en nuestra conciencia colectiva.»

La mayoría de los españoles reconocían las limitaciones de la impotencia. Por ejemplo, el historiador Altamira era aliadófilo, como la mayoría de los liberales, en tanto que la mayoría de los españoles eran seguramente germanófilos; así que trató de demostrar que los liberales repudiaban la intervención, no porque rechazaran la tesis de que los aliados representaron «el progreso y la humanidad», sino porque «no podíamos, y por lo tanto no debíamos, intervenir».⁶⁶ El problema era el de cuál de los bandos debería beneficiarse de una interpretación benévola de neutralidad. Maura consideraba la benevolencia hacia los aliados como antiespañola porque Gran Bretaña era el verdadero enemigo de España; Romanones y la izquierda consideraban la violación de la neutralidad española por los submarinos alemanes como un crimen contra el progreso. Mientras tanto, como señalaran los jefes reformistas y los de la oposición republicano-socialista, se había prescindido del gobierno parlamentario: Dato decidió la neutralidad sin consultar a las Cortes, mientras que su sucesor, Romanones, gobernó por decreto y eludió todo control financiero real por parte de las Cortes. Romanones dimitió (abril de 1917) en torno a la cuestión de los submarinos, después de haber sido desollado por la prensa germanófila.⁶⁷ Sabía que el Ejército se apercibía a forzar de nuevo la puerta de la política.

La crisis de 1917 fue iniciada por las juntas de defensa, la intervención más curiosa y peor interpretada de todas las del Ejército en la política.⁶⁸ El movimiento de las juntas era un pronunciamiento pacífico «dentro del concepto de la disciplina militar», una protesta de los oficiales por debajo del grado de coronel, contra los generales y los políticos, contra los sueldos bajos, disminuidos aún más por la inflación, y contra la promoción «política» y, con menos razón, contra los ascensos por méritos de guerra en Marruecos. Las juntas de oficiales no eran, como se suele suponer, imitaciones de los sindicatos, sino de las corporaciones profesionales que protegían los intereses de los cuerpos especiales —la artillería y los ingenieros—.⁶⁹ Gracias a estas organizaciones, los cuerpos privilegiados habían podido obviar los ascensos «políticos», y hacer efectiva la promoción por estricta antigüedad de la «escala cerrada», envidiada por la infantería. Así, cuando Romanones intentó imponer un examen a los oficiales, la artillería se opuso con éxito: cuando el gobierno impuso a la fuerza estas pruebas en Cataluña, las juntas de infantería, formadas en 1916, organizaron una huelga de oficiales. Cuando los junteros fueron arrestados hicieron pública una declaración de sus propósitos dirigida al país: sueldo y condiciones racionales, reconocimiento de su agrupación como organismo competente para negociar tales asuntos con el Estado, «moderación en las recompensas, justicia en los ascensos y respeto de la antigüedad». Éstas eran las aspiraciones de una burocracia sedentaria, pero se formularon como parte de un afán general de un Ejército moderno, eficaz, «respetado».⁷⁰

Las juntas habían incluido en sus proclamas frases vagas acerca de la conveniencia de evitar el conflicto entre el Ejército y el pueblo, junto a promesas más vagas todavía referentes a la necesidad de reforma. Los políticos habían culpado al Ejército de su propia incapacidad de hacer una patria fuerte; ahora le había llegado la vez al Ejército de emprender la tarea de la defensa propia. El resultado verdaderamente extraordinario fue que la opinión pública (es decir, los excluidos de la vida política y de la oposición) aceptara a estos militares quisquillosos y egoístas como instrumentos ideales para exigir la regeneración y la renovación nacionales del gobierno y de los políticos.⁷¹ El juntero más destacado, el coronel Márquez, sordo, políticamente un memo, fue tratado como un mesías y pronto entraba en relación con Cambó, Maura y Lerroux; los republicanos, los radicales y los conservadores catalanes prodigaron elogios inconcebibles a los patriotas del Ejército: «las cenizas de Daoíz y Velarde deben moverse en sus sepulcros y la cruz de Constantino, el signo de una nueva fe, brilla en el firmamento de la patria».⁷² Una vez más, España sufría uno de sus espasmos periódicos de espejismo militar, la convicción de que el Ejército pudiera realizar un cambio saludable frente a la impotencia y a la indiferencia de los políticos de siempre. Los oficiales actuaban como caballeros, no como generales: descartaban toda ambición de poder para sí. Cuando este nuevo pronunciamiento patriótico trajo el nombramiento del conservador ortodoxo Dato (11 de junio de 1917), la oposición y los renovadores quedaron desencantados: el Ejército no era suficiente —por más que se hubiese «ungido y santificado con la opinión pública»—.

La atmósfera de Cataluña ofrecía un ambiente de simpatía a las juntas; cualquier protesta era vehículo potencial para el descontento catalán. Las consecuencia económicas de la guerra para un país neutral hicieron renacer entre la industria catalana y la agricultura castellana las tensiones político-económicas de la lucha librecambista. Los comerciantes catalanes deseaban un puerto franco y se oponían a cualquier tentativa de gravar los beneficios de la guerra. La burguesía catalana, pues, estaba de humor agresivo, haciéndose la agraviada, y ahora, su instrumento, la Lliga, que desde 1914 mandaba en Cataluña, apoyaba una campaña en favor de la autonomía, con un parlamento catalán. En las Cortes, su jefe, Cambó, repudió toda tacha de separatismo; pero si rechazaba la secesión respecto a España, estaba dispuesto a la secesión que implicaba cortar las amarras con la monarquía. «Cataluña salvará a España o acabará con ella.» Si los políticos se negaban a responder al evangelio de salvación por el conducto de Cataluña, entonces la lógica debía conducir a Cambó a contemplar el derrocamiento de un sistema al que siempre consideró estéril y artificial.

Desde 1916 era evidente que los jefes de la clase obrera estaban al borde de una protesta violenta debido al coste creciente de la vida. En verano de 1916, la U. G. T. amenazó con una huelga general pidiendo salarios más elevados, a la cual en caso de ineficacia seguiría una huelga revolucionaria. Este nuevo tono posibilitó un acercamiento con los anarquistas, aunque los jefes socialistas estaban incómodos a la vez que desdeñosos con el infantilismo revolucionario de la C. N. T.⁷³ Más sorprendente fue la alianza (junio de 1917) de los socialistas y de los republicanos reformistas para imponer, por la huelga revolucionaria si era preciso, un gobierno bajo Melquíades Álvarez.⁷⁴ Este gobierno convocaría unas Cortes constituyentes, vuelta, ello, a la doctrina del radicalismo revolucionario decimonónico. Para habérselas con esta amenaza revolucionaria, Dato cerró las Cortes y suspendió las garantías constitucionales.

Fue la acción de Dato la que unió estas protestas divergentes en el movimiento asambleísta. El movimiento ofrecía la posibilidad de unir a los catalanes, a los obreros y a los radicales en un movimiento de reforma nacional respaldado por la fronda de los oficiales: el 10 de julio, Cambó escribía al coronel Márquez en nombre del «esfuerzo conjunto por la regeneración nacional».⁷⁵ Frente a la obstinación de Dato, la Lliga convocó a Barcelona a los diputados catalanes para exigir la apertura inmediata de las Cortes «como Cortes Costituyentes» con el objeto de conceder «amplia autonomía» a las regiones. En caso de que esta petición fuera rechazada, se convocaría a una Asamblea Nacional y las Cortes se encontrarían ante una Convención revolucionaria en la capital. Dato desafió al movimiento y lo declaró sedicioso.

Boicoteada por los partidos ortodoxos, la Asamblea se reunió en Barcelona el 19 de julio, pudiendo eludir a la policía en taxi. Después de una manifestación de dignidad romana, la Asamblea fue disuelta por la policía como una reunión sediciosa. Maura rehusó colaborar como ya había rechazado las proposiciones de los junteros; su hijo Miguel, su amigo Ossorio, y la masa de sus seguidores, lo vieron como una decisión desastrosa. Después de haber predicado una revolución conservadora, Maura se negaba a respaldar la «revolución casi legal», cuyo dirigente era un político moderado que siempre trató, como él, de regenerar el conservadurismo.⁷⁶

La «defección» de Maura hizo del movimiento un asunto demasiado estrechamente catalán, aislado de España y expuesto a las viejas acusaciones del egoísmo catalán; también dejó a Cambó peligrosamente pendiente de sus aliados de la izquierda, que estaban dispuestos a imponer con la huelga revolucionaria un cambio de rumbo mucho más radical de lo que él mismo deseaba.⁷⁷ Por otra parte, la huelga podía resultar de una presión de abajo y no de un cálculo de arriba, y de este modo echar a rodar el deseo de los jefes reformistas y socialistas de evitar cualquier acción de huelga hasta que el movimiento asambleísta hubiese tenido su oportunidad de alterar la faz de la política.

Cambó, político conservador «constructivo» por naturaleza, había arriesgado cosas muy serias con alianzas dudosas. Márquez, era, desde luego, capaz de acaudillar un pronunciamiento republicano; Marcelino Domingo, impresionado por los acontecimientos de Rusia, llamaba a soviets de soldados contra el rey, al que cuidó de recordar el destino de Luis XVI; Lerroux era un republicano sincero, aunque su fervor revolucionario disminuyera rápidamente. Cambó se vio pagado con el éxito dudoso de la Asamblea de Barcelona y el peligro de revolución social. Claro que esperaba domar la tempestad, y hasta aseguró que estaba orillando la revolución social al llamar a un profundo cambio político. «La cosa más conservadora es ser revolucionario; si no actuamos, la revolución vendrá de abajo» —frase por la que la C. N. T. le denunció como el «asesino de la revolución»—.⁷⁸ Los conservadores le veían, ya como político inocente ya como «girondino», dispuesto a apelar a unas fuerzas que destruirían a sus enemigos y a sí mismo.⁷⁹

Con la huelga general que él denunció como una «estupidez», se le escapaba de las manos la revolución que había pensado domeñar y moldear; la huelga ferroviaria de agosto era tan favorable para el gobierno que lo acusaron de fomentar la intransigencia de las compañías ferroviarias con el fin de producir la explosión que los jefes de la izquierda ponían todo su empeño en evitar.⁸⁰ Pablo Iglesias, enfermo en cama, aceptó la huelga revolucionaria «por disciplina y con objeto de no dejar a la clase obrera sin dirección». La huelga fue un fracaso, tal como previeron los jefes que conocían la debilidad de la U. G. T.; a pesar de estar restringida a ciertas regiones, su violencia relativa evidencia la gravedad de la crisis revolucionaria de 1917 en comparación con la seudorrevolucionaria de 1909.⁸¹ Además tuvo un efecto profundo sobre el movimiento socialista: Fue la primera tentativa de revolución política por el partido. Las revoluciones fracasadas pueden crear tradiciones lo mismo que las revoluciones triunfantes.⁸²

El 30 de octubre la Asamblea se reunió finalmente en Madrid y se adjudicó la tarea de crear, con unas Cortes Constituyentes, un sistema parlamentario inglés que haría del elector el árbitro inapelable de la vida política. El movimiento asambleísta siempre había mantenido que tal cambio no podía traerlo un gobierno de partido ortodoxo, sino un ministerio que encarnase «el espíritu de la Asamblea». Después de una crisis angustiosa, García Prieto, jefe del ala izquierda del partido liberal, formó un gobierno de coalición que incluía a La Cierva, conservador y uno de los políticos que tenían la confianza del Ejército y a dos representantes del regionalismo conservador catalán. Por este ministerio de remiendos, Cambó y la derecha de la Asamblea abandonaron la política revolucionaria. Cuando García Prieto desechó la proposición de unas Cortes Constituyentes, lo único que podía garantizar reformas internas serias, Melquíades Álvarez y sus reformistas pasaron a la oposición: no podían aceptar una versión aguada del «espíritu de la Asamblea», patrocinada por un ministerio en el cual La Cierva, directamente responsable de la represión de 1909, era la figura clave. Los nacionalistas de izquierda tampoco podían aceptar a Cambó como representante de las exigencias catalanas. La renovación era un grito que había ocultado las grietas en el movimiento asambleísta. Éste se disolvió ahora en sus elementos constitutivos, dejando en las Cortes recientemente elegidas la legislatura más confusa que España haya conocido.

Se vio entonces que la sublevación de los oficiales había paralizado al gobierno civil: incapaz de desafiar al Ejército sin La Cierva, o de tolerar la condescendencia de éste con los militares, García Prieto dimitió (22 de marzo de 1918).⁸³ No podía formarse gobierno alguno y por segunda vez el rey amenazó con abdicar si los políticos le abandonaban. La monarquía parlamentaria se salvó con un gobierno nacional bajo Maura. Este visionario conservador quisquilloso era el único político del que cabía esperar que podría hacerse respetar por el Ejército.

La fuerza del Gobierno Nacional no estaba en su modesto programa, sino en la capacidad de las personas de sus ministros; su debilidad estaba en sus ambiciones encontradas para el país y para sí mismos. Maura no tenía gran fe en su propio gobierno; Dato compartía las sospechas de sus seguidores hacia su gran rival; Alba pugnaba por hacerse con la jefatura de una nueva izquierda liberal. Sólo Cambó sentía entusiasmo y mostraba energía: «tengo una fe ciega en España»; con tiento, Cataluña podía obtener su autonomía e inyectar una nueva vitalidad a España que le llevaría a él, su mayor talento político, al poder efectivo. Lo que hubiera hecho con el poder, lo manifestó con el programa que elaboró en sus ocho meses de ministro de Fomento: Cambó vio las posibilidades de un ministerio que era único en España, en cuanto daba la oportunidad de someter toda la economía a un plan racional.

Cambó era un gran capitalista, pero el capitalismo catalán, en su lucha por la protección, había abandonado hacía tiempo las doctrinas de laissez-faire. Era la tradición «intervencionista» en la economía política española que le instrumentaba en su meta: «armonizar la empresa pública y la privada». Por consiguiente, su gran plan era una sistematización y racionalización de viejos remedios por nuevas leyes; crédito agrícola, control y repoblación forestal, proyectos de riego e hidroeléctricos; una nueva ley de obras públicas y una creciente inversión pública en ellas; una ley minera que invirtiera el liberalismo económico de la revolución de septiembre y desmantelase el control extranjero. Sus propósitos más radicales concernían a los ferrocarriles, donde el capitalismo privado no había sabido mantener la eficacia y la rentabilidad. Las compañías no podían reunir capital nuevo para llevar a cabo mejoras esenciales. Cambó abogaba por la nacionalización mediante la compra de todas las participaciones. En ninguna parte se mostraba preocupado por los problemas sociales: éstos se resolverían mediante un alto nivel de empleo, la secuela natural de negocios florecientes.⁸⁴

Cambó se distinguía de sus predecesores por su energía, su empeño de hacer leyes de sus proyectos, completar los proyectos existentes en vez de meterse en dibujos. Tuvo a sus funcionarios trabajando durante todas las vacaciones veraniegas de 1918; en un año puso en funcionamiento una línea férrea cuya construcción se había calculado para 6 años. Fue esta energía la que dio al Gobierno Nacional un aspecto desconocido pero su base política se desharía antes de que muchos de los planes de Cambó salieran de la fase de proyectos. Se negó al capitalismo catalán la oportunidad de crear una España a su propia imagen a través del liberalismo parlamentario. Fue Primo de Rivera quien llevó a cabo el plan de Cambó.

El Gobierno Nacional se diferenciaba del gobierno de García Prieto en que era fundamentalmente cosa de los conservadores: no satisfacía a la izquierda, y ello condujo a Santiago Alba a jugar contra Maura y Cambó el papel que Melquíades Álvarez había representado contra García Prieto. A ambos se les ha criticado duramente como judas políticos que echaron a tierra las perspectivas de la regeneración; sin embargo, la fe de Alba en la reforma procedente de la izquierda era tan sincera y lícita como la de Cambó en la reforma obra de la derecha. «Soy partidario de un gobierno resueltamente orientado hacia la izquierda al cual cooperen todas, absolutamente todas las representaciones de Izquierda», partidario, en fin, según sus propias palabras, de «una república coronada».⁸⁵ Lo que le favorece menos, sus prejuicios centralistas le condujeron a calificar de insincera la tesis de Cambó de la «España grande» —una España en la cual, guiadas por Cataluña, las regiones tuvieran su lugar—. Optó por considerar el programa de Cambó como de separatismo encubierto. Su dimisión (2 de octubre de 1918) en torno al presupuesto de instrucción pública, dio al traste con las esperanzas del Gobierno Nacional. Debilitado por la dimisión inapelable de Dato, Maura dimitió un mes más tarde. Era el final de una gran ilusión, la ilusión postrera de la monarquía constitucional.⁸⁶

Entre 1919 y 1923 los remanentes de los partidos tradicionales no podían, como hubieran dicho los políticos del siglo anterior, ofrecer a la Corona los instrumentos para gobernar. Los liberales, que no podían aceptar ni el Ejército ni el catalanismo estaban divididos entre Romanones y sus liberales gubernamentales, los demócratas de García Prieto, y los albistas. En los años de la posguerra, este hecho abrió la puerta a una serie de gobiernos conservadores que nada más sirvieron para probar que los conservadores acabaran exhaustos: intentaron gobiernos homogéneos (gobiernos compuestos de un solo grupo), gobiernos nacionales con matices conservadores y «gobiernos de concentración» (gabinetes de todos los grupos conservadores). Ninguno de estos gobiernos fue estable ni duradero.

La división entre Maura y Dato resultó mortal: sus recelos mutuos impedían gobernar a ambos y dieron al traste con el partido conservador como instrumento de gobierno. Los datistas querían un partido reorganizado y un programa moderno.⁸⁷ Maura sentía poco interés por la organización moderna de los partidos, y aún menos por dar al partido un programa que no consistiera en la reivindicación de su pasado político. Para él su personalidad era «el Jordán que lavaría todos los pecados políticos». Por lo tanto, la entrega de la disolución de las Cortes a Maura en julio de 1919 fue un «desastre» cuya aceptación Dato pudo imponer a su grupo con gran dificultad. Después de la caída de Maura, su lugarteniente La Cierva trató a su sucesor conservador en la presidencia, Sánchez de Toca, como a un hereje; enfrentado el gobierno con la cuestión social en Barcelona, La Cierva hacía figura de «anarquista de derechas», que sacrificaba al gobierno mismo a la satisfacción de sus rencores políticos.⁸⁸ Fracasaron todos los intentos de unir el partido: incluso las relaciones lejanas entra Maura y Dato provocaron una rebelión de los mauristas, en tanto que el consentimiento de Dato a una colaboración con Maura fue rechazado por su propio partido al día siguiente de su asesinato (marzo de 1921). Acusaron al rey de fomentar estas divisiones según la máxima de divide et impera: estaba seguramente desgarrado entre la enfadosa tarea de llevar a sus políticos a cumplir puntualmente con su deber de gobernantes de la monarquía, y cierta desdibujada tentación de buscarles un sustitutivo.

5. La crisis de la posguerra, 1919-1923

Entre 1919 y 1923 la estructura tambaleante de un gobierno constitucional, que operaba sin una base firme de partido, sufrió dos acometidas complementarias: las dificultades obreras de posguerra y la vuelta de los generales a la política. El sistema sobrevivió a la rebelión de las masas. La importancia de la violenta lucha social está en que lo dispuso todo para que un general decidido pudiera hacer figura de salvador de la sociedad.

La contracción de la posguerra en el mercado europeo provocó una crisis en España. Las minas marginales de Asturias cerraron. El final de una guerra que había fomentado un aumento ingente en la construcción naviera, trajo las consiguientes pérdidas enormes cuando bajaron los fletes. Muchas compañías quedaron paralizadas por el coste de los buques construidos durante el boom; los barcos fueron abandonados y los astilleros de Bilbao dejaron de trabajar; las nuevas plantas de acero no recibían pedidos para sus productos. Los terratenientes que habían roturado tierras marginales para su cultivo, dejaron que volvieran a dehesas. Así, el subempleo agrícola agravó el paro en las ciudades.

Así, la caída de precios y el paro están debajo de las huelgas revolucionarias de 1919-1923. La disminución de beneficios indujo a los patronos a luchar contra los sindicatos, que habían tolerado durante la escasez de mano de obra de la guerra; al mismo tiempo las asociaciones obreras echaron mano de sus nuevas fuerzas para mantener el empleo y los salarios a los niveles de cuando la guerra. Los patronos aducían que si no destruían los sindicatos, éstos les aniquilarían mediante exigencias que, en caso de satisfacerlas, les dejarían en medio de la calle.⁸⁹ En la que Largo Caballero llamó su «ofensiva general», los patronos estaban dispuestos a valerse de cualquier arma: el lock-out, la negativa a emplear militantes de los sindicatos, y el intento de patrocinar los Sindicatos Libres contra la C. N. T. En esta guerra a ultranza, se negaron a reconocer la legitimidad de los esfuerzos del gobierno por imponer acuerdos. Cuando los patronos catalanes no pudieron intimidar a los ministerios llevándoles a abstenerse de la política de concesiones, la Federación Patronal se mostró favorable al mando de un gobierno militar paralelo en Barcelona, contra los deseos de Madrid. Así, en 1919, el capitán general de Cataluña, Milans de Bosch, actuó más como aliado de la Federación, afanosa de acabar con las huelgas, que como agente de un gobierno central que deseaba negociar mejoras salariales.⁹⁰

Toda la responsabilidad de la guerra social de 1919-1923 en Cataluña no puede atribuirse a patronos obstinados y a gobiernos débiles. Por grandes que fueran las injusticias, no explican la preponderancia repentina de las que las estadísticas oficiales españolas llamaban huelgas «políticas» (es decir, revolucionarias), ajenas a los problemas salariales. El dogma táctico de la «acción directa» de la C. N. T. excluía toda intervención por parte del gobierno en la lucha entre patronos y obreros. Aun los líderes más moderados no podían ocultar, ni lo hicieron, su fin revolucionario último: la destrucción total y violenta de la sociedad burguesa mediante una huelga general revolucionaria que se declararía tan pronto como los obreros estuvieran lo bastante fuertes como para librar la batalla. Seguí y Pestaña, los dos jefes destacados de la C. N. T., eran hombres de organización, personalmente opuestos al terrorismo indiscriminado como táctica, pero no se les debe considerar como próximos al socialismo reformista; en lo estratégico, ambos eran revolucionarios. Autodidacta formado en los cafés anarquistas, Seguí, era un devoto de Nietzsche: pero también era «un instintivo de las calles» que conocía el hastío originado por la derrota, y la necesidad de conquistas concretas; predicaba procedimientos moderados, lo mismo que Pestaña, aunque éste no le siguiera hasta el final en ello. Es un tributo a la fuerza oratoria de Seguí el que a veces pudiera convencer a los congresos obreros de que los procedimientos revolucionarios eran erróneos. El talón de Aquiles teórico de esta oposición, frente al extremismo, estaba en que el anarquismo no compartía con el socialismo la consoladora visión historicista del inevitable colapso de la sociedad capitalista, visión que podía utilizarse para paliar el aplazamiento de la acción revolucionaría inmediata. De hecho, la «moderación», que hubiera podido transformar a la C. N. T. en un sindicato respetable, tenía pocas posibilidades de prevalecer cuando los patronos podían aducir que el control de los moderados era precario, y que lo único que cabía hacer con la C. N. T. era destruirla —actitud que debía hundir la posición de Seguí y de Pestaña dentro de la Confederación—.

En las huelgas de 1919 la lucha se produjo entre los patronos catalanes, respaldados por las autoridades militares, y la C. N. T. En febrero, una cuestión secundaria de sueldos con los oficinistas de la Canadiense (el complejo hidroeléctrico que abastecía a Barcelona de luz y energía) disparó la que pasaría a ser una huelga histórica: se apoderó de las imaginaciones, sumiendo la ciudad en la oscuridad, cerrando sus cafés y teatros y, tan pronto como se generalizó, haciendo peligrar el abastecimiento de alimentos.⁹¹ La compañía se negó a reconocer el sindicato y a asegurar el reempleo, mientras que el comité de la C. N. T. dijo que no trataría con la compañía por temor de que sus miembros fueran reconocidos y arrestados. Los esfuerzos de mediación del gobierno que habían logrado un acuerdo en torno a la cuestión salarial, fracasaron cuando el capitán general se negó a poner en libertad a los sindicalistas presos; los extremistas de la C. N. T. pudieron entonces pregonar que cualquier acuerdo negociado resultaría fútil —argumento en que corroboraba la negativa de la compañía a readmitir a todos los obreros—.⁹²

Por lo tanto, una huelga en la cual los huelguistas habían conseguido sus reivindicaciones económicas, llegó a ser una huelga general de solidaridad revolucionaria, y según Seguí, «contra nuestro deseo». Acabaron con ella la declaración del estado de guerra y detenciones en masa. Entrado el año, más tarde, los patronos declararon el lock-out. Desde el punto de vista de los patronos intransigentes, el lock-out fue un gran éxito: dividió y debilitó a la C. N. T. Dos gobernadores civiles, Amado y Bas, admiradores ambos de Seguí en su lucha oratoria con el extremismo, y enemigos convencidos de los pistoleros esperaban resolver el conflicto con la mediación de una comisión mixta: Bas pensaba que era mejor «un respeto sincero por el derecho de asociación» que el encarcelamiento de los líderes y dejar a los terroristas al frente. Para los patronos la única solución estaba en un gobernador civil fuerte. Lo obtuvieron en la persona del general Martínez Anido (noviembre de 1920), que durante dos años gobernó a Barcelona a su antojo. El «dualismo» entre Madrid y Barcelona era completo. «Que acaben (el gobierno madrileño) conmigo, si pueden», solía contestar el general a los periodistas.⁹³ Martínez Anido apoyó a los Sindicatos Libres «amarillos», organizaciones destinadas a quebrantar el monopolio de la C. N. T. y, como su historia posterior demuestra, no sólo sindicatos patronales de esquiroles. Los reformadores sociales católicos habían alentado la idea de sindicatos libres. En 1916 fundaron una Federación de Sindicatos Libres Católicos y algunos de sus miembros se asociaron a los Sindicatos Libres. En 1920, se fundaron éstos como sindicatos «profesionales», y llegaron a tener alguna influencia en los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera. Cualesquiera que fuesen las esperanzas que sus jefes pudieran tener de atraer al viejo asociacionismo conservador alejándole de la C. N. T., fueron defraudadas por los pistoleros que se infiltraron en los Sindicatos Libres. Alquilados por los patronos como fuerza policíaca privada para salvaguarda de los actos y del reclutamiento de los Sindicatos Libres, los pistoleros eran el brazo de un «racket» de protección obrera que cobró la forma de una guerra intersindical, que se ventilaba con asesinatos.⁹⁴ Contra los pistoleros de los Sindicatos Libres renació la tradición anarquista del terrorismo, y sumió el mundo obrero en oscuras venganzas de sangre. Ninguno de los jefes de la C. N. T. deseaba esta guerra —Seguí mismo fue una de sus víctimas— pero no tenían modo de detenerla, una vez que sus técnicas de organización no habían conseguido nada y que sus cuadros habían sido destrozados por la contraofensiva de los patronos. El terrorismo aumentaba a la vez que el sindicalismo disminuía: en 1923, cuando el número de huelgas organizadas era más bajo que nunca desde 1919, el número de intentos de asesinato se multiplicó por diez.

En 1918-1919 la organización de la jacquerie meridional probó la conexión revolucionaria entre Cataluña y el Sur. Vagos rumores de una revolución en Rusia —un organizador anarquista cambió su nombre de Cordón a Cordoniev— provocaron nuevas olas de huelgas en Andalucía donde desde 1910 se venían realizando intensos esfuerzos propagandísticos; los militantes habían organizado sindicatos agrícolas locales, con un periódico, La voz del campesino, y un congreso central. Por lo tanto, estas huelgas estaban semiorganizadas, lo que no habían sido las anteriores protestas agrarias: huelgas encaminadas a obtener las exigencias concretas aprobadas en el Congreso de Trabajadores Agrícolas celebrado en Castro (octubre de 1918). Estas exigencias consistían en la abolición del destajo, salarios negociados y reconocimiento de los sindicatos o centros obreros. A primera vista las huelgas iban viento en popa para los obreros, y los patronos —aterrorizados por una solidaridad revolucionaria que incluía a cocineras, criadas y a amas de cría— negociaron convenios salariales.⁹⁵ Los comités huelguistas se hicieron cargo del gobierno municipal; los terratenientes perdieron la calma y se retiraron al amparo que les brindaban las capitales provinciales. En la primavera de 1919 el gobierno envió tropas para acabar con la huelga y una vez más dejaron el anarquismo rural del Sur al cuidado de los «hombres con ideas». Y eso que fue éste el período más activo de la propaganda anarquista, cuando más de cincuenta pueblos tenían sus periódicos y los anarquistas del Sur estaban formalmente unidos con los obreros de Cataluña en la C. N. T. Sobre todo, los anarquistas habían penetrado en las regiones «difíciles» de Valencia y Levante.

Hacia mediados de 1923 el sindicalismo revolucionario empezaba a tener aspecto de una fuerza gastada. Sus energías fueron minadas por las disputas entre los sindicalistas de la C. N. T. y los viejos militantes anarquistas de Jerez y Cádiz. Sánchez Rosa, el más grande apóstol del anarquismo desde Salvochea y fundador de la Biblioteca Obrera, fue físicamente expulsado del movimiento.⁹⁶ Las huelgas revolucionarias prolongadas habían dejado a los sindicatos «cansados», en un momento en que se salía de la depresión de la posguerra con una modesta expansión económica. Esto se veía particularmente en Madrid que, por un tiempo, en 1921, había sustituido a Barcelona como principal campo de batalla de la lucha social.⁹⁷ Las huelgas de la construcción, de carpinteros y de empleados bancarios fueron relativos fracasos.⁹⁸ Y sobre todo las dos grandes asociaciones sindicales obreras empezaron a luchar entre sí.

En el Congreso de Madrid de diciembre de 1919 la C. N. T. parecía una fuerza imponente: embargada por la sensación de su propia importancia, declaró «amarilla» a la U. G. T. y desde luego pensó que absorbería los sindicatos socialistas. En 1920 los efectos del lock-out y las medidas drásticas de Martínez Anido hicieron pensar a los dirigentes que el movimiento estaba en peligro; ocho meses después de la declaración contra la U. G. T. buscaron su alianza, que fue descartada en un mitin en Barcelona, por constituir el abandono ilícito por parte de los dirigentes, de la decisión de un congreso soberano. Una vez más la debilidad y la traición de la U. G. T. fueron los tópicos predilectos. El año 1921 fue catastrófico; a pesar de que el Congreso de Zaragoza (abril de 1922) parecía apuntar a un resurgimiento, el fracaso dejó su legado de acerbas disputas acerca de definiciones y tácticas —intensificadas ahora las disensiones por el problema de si convenía unirse al comunismo de la Tercera Internacional, o rechazarlo—. Por toda España los anarquistas expulsaban a los sindicalistas y viceversa, mientras los «comunistas» (es decir, los militantes de la C. N. T. que seguían a Nin y Maurín en su apoyo a la Tercera Internacional) se infiltraban para acrecentar la discordia.

Fuera de Cataluña, en zonas donde la U. G. T. era fuerte, la característica principal de la historia local de estos años es una lucha encarnizada de la C. N. T. contra los socialistas: las campañas de propaganda degeneraron en escaramuzas callejeras y en acusaciones de traición a los acuerdos de huelga conjunta de 1916 y 1917, y aun de soplo de los planes huelguistas a las autoridades. Fue en estos años que la C. N. T. se afincó en ciudades como Gijón y La Felguera; esto originó conflictos con los mineros socialistas de Asturias. La huelga de Río Tinto, una de las más duras de los años de posguerra, se caracterizó por la negativa de la C. N. T. a reconocer la pretensión de la U. G. T. de que se la tratara como a un sindicato obrero.⁹⁹

Con estas luchas se estableció la división territorial del mundo obrero. En Galicia existían fuertes grupos anarquistas, reforzados por los contactos con los exiliados en América del Sur.¹⁰⁰ Aragón era un bastión anarquista, y su capital Zaragoza, el segundo gran centro revolucionario en España. Las huelgas aragonesas se caracterizaron por su desprecio hacia las reivindicaciones económicas y por la solidez de su solidaridad revolucionaria: las huelgas en pro de los compañeros encarcelados eran más populares que las encaminadas a obtener mejoras materiales. Aunque la C. N. T. se introdujo en 1922 en Levante, estaba profundamente dividida: el Sindicato Obrero Metalúrgico proscribió el uso de la palabra «anarquista» e insistió en la alianza con los socialistas, posición ésta que en Zaragoza constituía una herejía. La impresión general es la misma que en Cataluña: la revolución rusa, la escandalosa desproporción entre grandes beneficios de guerra y salarios bajos, la inestabilidad general de 1919, se concitaron para producir un gran brote de entusiasmo, que se deshizo con la disensión y la opresión. El tiroteo de 1922-1923 ocultaba el hecho que la C. N. T. se estaba debilitando; ni Martínez Anido ni Primo de Rivera salvaron a España de una revolución anarcosindicalista. Hacia 1923 el movimiento casi se había destruido a sí mismo.

Por lo tanto, la consecuencia de la lucha obrera de 1919-1923 fue dejar a la U. G. T. menos desacreditada y menos afectada por disensiones internas que la C. N. T.; sobrevivió a la crisis del comunismo, que a la postre dio en la fundación de un pequeño partido comunista; en sus bastiones —las regiones mineras e industriales del Norte, y Madrid— estaba bien organizado. Los socialistas admitieron que despreciaban un movimiento cuyos dirigentes se dejaban arrastrar por los pistoleros; como respuesta instintiva a la represión policíaca, el revolucionarismo infantil de la C. N. T. revelaba el desconocimiento de los «procesos de la evolución histórica». La dictadura de Primo de Rivera aumentaría el poder de los sindicatos «respetables»; por consiguiente, en 1931 la U. G. T. representaba, junto con el partido socialista, el cuerpo de opinión más sólidamente organizado en España.¹⁰¹

La segunda consecuencia de la lucha obrera, así coreada por asesinatos y violencia —los pistoleros de la C. N. T. mataron en represalia al presidente del Consejo, Dato, y a un arzobispo— fue que atemorizó a las clases pudientes, especialmente a la burguesía de Barcelona y a los terratenientes del Sur. En la Federación barcelonesa y en los casinos de capitales andaluzas los patronos pensaban que no solamente su estilo de vida, sino sus vidas, peligraban. Los gobiernos sucesivos no adoptaron esta visión dramática: los conservadores como Dato y Sánchez de Toca, y los liberales como Romanones se dispusieron a utilizar el Instituto de Reformas Sociales como instrumento para la conciliación en las huelgas. Las clases conservadoras repudiaban la conciliación gubernamental como una debilidad, y atacaron encarnizadamente a los ministros que no «colgaban a los anarquistas de las farolas» y que no atendían todas las exigencias de protección armada de los patronos.¹⁰² Esta carencia de fe en el gobierno civil explica en parte la aceptación entusiasta de la dictadura militar en 1923. Los patronos barceloneses ya habían apelado al gobierno militar cuando el gobierno civil se negó a proteger sus intereses. Lo mismo que en las guerras carlistas, el mando militar empezó a nivel local. La dictadura de Primo de Rivera puede considerarse como la transposición de un condominio local a la categoría de régimen nacional.

6. Los desastres de Marruecos: la busca de responsabilidades, 1919-1923

En julio de 1921, cuando los miembros del gobierno habían seguido al rey a San Sebastián, las terribles noticias de la derrota más deshonrosa en los anales militares de España, cayeron sobre el gabinete «como una bomba».¹⁰³ El ejército español de la zona oriental de Marruecos, con 20.000 hombres, había retrocedido, presa del pánico, abandonando las posiciones avanzadas alrededor de Annual, y metiéndose en Melilla. El fruto de diez años de guerra costosa e impopular se había desvanecido ante unos pocos miles de cabileños. Lo mismo que la Marina en 1898, se pudo probar el Ejército, y ver que no era tal, de una forma inaplicable a otros ramos de la máquina estatal. El Ejército costaba a España más que cualquier otro tanque o carro blindado, en 1921, el de Melilla no tenía ni un solo tanque o carro blindado. «Grandes dosis de morfina» —la solución del gobierno para todas las dificultades— ocultaron los prolegómenos del desastre del país. Los españoles sólo podían colegir de sus periódicos censurados que los cabileños habían dado muerte a miles de sus compatriotas.¹⁰⁴

Esta derrota fue en parte la némesis a una política confusa en Marruecos. Hasta 1904 el interés de España en Marruecos quedó satisfecho con lo que los políticos llamaron el statu quo: es decir, la ocupación de las ciudades de guarnición, Ceuta y Melilla, y la contención de los ataques a la zona inmediata por parte de los cabileños que el sultán, como soberano de Marruecos, no podía sujetar a sus mandatos. Aun esta acción limitada comprometió a España en expediciones que revelaron la debilidad del Ejército español y la hostilidad de la opinión pública frente a la pérdida de dinero y hombres en Marruecos. Hacia 1909 los compromisos españoles se habían dilatado. El jefe local, El Roghí, al frente de su cábila, protegía las operaciones mineras de una empresa hispano-alemana que planeaba exportar el mineral por el puerto de Melilla, pero no pudo evitar ataques al ferrocarril de la compañía.¹⁰⁵ Maura intervino para castigar a las cábilas. Fue la llamada de reservistas para estas operaciones lo que desató la crisis de 1909.

Enfrentada con la tradicional política limitada de vigilancia y con la mera protección de los súbditos españoles, aleteaba la vaga noción del destino histórico de España en el norte de África. La expedición de 1859-1860 había dado pie a un extraordinario estallido de patriotismo, y en los años ochenta Costa predicó la misión africana de España.¹⁰⁶ Este sentido de misión, por sí solo, no podía haber producido la intervención militar. Se fundó ésta en la creencia de la mayoría de políticos españoles de que España sería vulnerable estratégicamente, y dejaría de contar como gran potencia, si cualquier otra nación se asentaba en el norte de Marruecos: Cánovas, que no era ningún expansionista temerario, dijo que las fronteras españolas eran los montes Atlas. Después de 1904, con el colapso del poder efectivo del sultán y terminada la rivalidad anglo-francesa que había mantenido el statu quo en beneficio de España, la intervención francesa en Marruecos se hizo inevitable. Ahora los políticos españoles luchaban por un protectorado en el norte de Marruecos que pusiera la línea costera situada frente a la Península fuera de manos francesas. El dilema estaba claro: si España no aparecía como potencia en el norte de África, dejaría de contar en los consejos europeos.¹⁰⁷ Fue la presencia francesa y la sombra de Alemania, que no una supuesta misión africana, lo que llevó a España a las campañas de Marruecos.

La zona española de Marruecos era un menguado premio de consolación, a trueque de silenciar la oposición española a un Marruecos francés: detentado por cesión de Francia, su estatuto internacional derivaba del Tratado franco-marroquí de 1912. Excluido Tánger, su puerto más rico, el protectorado era una zona artificial, dividida en regiones con vida independiente, zona que, a pesar de todas las construcciones de carreteras por parte del Ejército español, no llegó a transformarse en una economía viable e independiente. Hacia el final del protectorado, sus importaciones de víveres esenciales sólo pudieron financiarse importando allí capital desde España.¹⁰⁸ Militarmente la zona presentaba todas las dificultades concebibles: era indefendible, y un verdadero drenaje para el ejército metropolitano.¹⁰⁹ Separada en zonas militares en relación de mutua independencia y ligadas directamente con Madrid, sin más comunicación entre sí que el mar, el interior era una región montañosa, sin carreteras, totalmente inexplorada, de la que no se tenían mapas, habitada por tribus fieramente independientes que nunca estuvieron sujetas al gobierno del sultán. Dominadas por enemistades de sangre, estas cábilas llegaron, sin embargo, a unirse temporalmente contra los españoles por obra de jefes como El Raisuli y Abd el Krim.

Enfrentados con la tarea de pacificación, los gobiernos siguieron políticas encontradas: por un lado la penetración pacífica mediante la negociación, el soborno de los jefes cabileños, «médicos, escuelas y medicinas», y por otro lado, la política opuesta de subyugación militar y de gobierno efectivo. Eran los políticos los que hablaban de penetración pacífica y de la reacción, a través del califato independiente de Tetuán, de «un poder musulmán más accesible y mejor visto que el sultanato». No comprendían que la penetración era imposible sin la subyugación de las cábilas y que el deslinde entre respaldar el poder del califa contra la rebelión cabileña, y la conquista militar, era completamente artificial. La única política lógica era la retirada total, pero pocos políticos —entre ellos Cambó— podían sostener que España tenía una «opción», y podía abandonar Marruecos. Optar por ello significaba reconocer que España era una potencia menor.

Los militares, por otro lado, creían en la conquista, en la construcción de blocaos, de líneas, de carreteras militares y en la creación de un ejército nativo y de la Legión Extranjera. Marruecos llegó a ser su reserva particular, donde la vida monótona de guarnición se dejaba por «tiros y ascensos». Para los generales, el destino de alto comisario era lo mejor del servicio, un proconsulado militar del que a nadie debían rendir cuentas. Los políticos pusieron un precio a su entrega a los afanes militares: el Ejército debía satisfacer su vanidad baratamente; no debía «ofender a la opinión» —según palabras del ministro de la Guerra en 1921— con numerosas bajas entre los reclutas españoles. Por consiguiente, la parsimonia de los políticos impuso una serie de avances sin importancia, de cuyos peligros y esterilidad se resentían los militares.¹¹⁰ Algunos, como el general Primo de Rivera, esperando sacar provecho de la impopularidad de la guerra, llegaron a abogar por el abandono de una aventura costosa. Los más soñaban con una operación decisiva que uniría las dos zonas de las comandancias de Ceuta y Melilla con la conquista de la bahía de Alhucemas.

Durante la guerra de 1914 la conquista española prosiguió sin dificultad ya que los agentes alemanes mandaban a las cábilas contra los franceses. En la Jibala, un aristocrático cuatrero de una crueldad inconcebible, y con vagas concepciones de un país independiente bajo su férula, El Raisuli, dominaba estas cábilas. Durante la guerra el alto comisario español Jordana, había lisonjeado al Raisuli llevándole a un acuerdo negociado, por más que estuviese convencido de que la tiranía brutal de éste hacía una farsa del protectorado. En 1920 un nuevo comisario, el enérgico Berenguer, cambió de política. Determinó acabar con El Raisuli, pacificar la zona occidental, y luego unirla con la zona oriental con operaciones metódicas contra Abd el Krim. Éste, que había sido agente español y cliente de la Compañía de Minas, se había vuelto el enemigo más encarnizado y capaz de España; demostró suma sagacidad para concitar los entusiastas fanáticos de las cábilas del Rif alrededor de su propia persona. Berenguer triunfó en el oeste, capturando en 1920 Xauen, la hermosa capital montañesa.¹¹¹ En el oeste mandaba Silvestre. Berenguer le había enviado a Melilla porque encontraba sus pretensiones intolerables en el este. Hombre difícil y ambicioso, del que se decía que estaba en contacto confidencial con el rey, partícipe del orgullo del Ejército y de su interés en Marruecos, Silvestre se propuso finalizar la guerra mediante una marcha sobre Alhucemas donde fundaría la ciudad de Alfonso.¹¹² Para él, la conquista era la única política posible.

Al avanzar Silvestre hacia el interior se hizo evidente que se había equivocado gravemente en lo tocante a la actitud de las cábilas; desesperado, pensó que el avance podría remediar la situación, insinuando solamente en sus partes la desmoralización de sus tropas. Cuando vio que Abd el Krim atacaba su campamento en Annual en formación regular, después de una penosa vacilación ordenó la retirada que se trocó en desbandada solamente detenida por el agotamiento. Murió Silvestre y desapareció toda disciplina. El ministro de la Guerra creyó que la responsabilidad recaía sobre la baja moral de las tropas españolas. La «opinión» no hubiera tolerado numerosas bajas entre los reclutas, y por lo tanto se solían utilizar tropas nativas. La primera vez que las tropas españolas fueron expuestas a un fuego intenso, abandonaron sus puestos.¹¹³ En pocos días se habían perdido 5.000 kilómetros cuadrados. Lo que quedaba del Ejército desmoralizado se encerró en Melilla junto con civiles derrotistas o caería en breve en las matanzas de los puestos circundantes como Monte Arruit; habían perdido sus fusiles y los pertrechos y sólo la llegada de tropas mandadas por Sanjurjo de la zona oriental y el accidente afortunado de que Abd el Krim no pudiera utilizar los cañones capturados, salvó Melilla.

La consecuencia política inmediata fue el apoyo general para un nuevo Gobierno Nacional bajo Maura. Las tropas recibieron nuevos pertrechos con equipo sobrante de la guerra 1914-1918, y Berenguer lenta y metódicamente comenzó a conquistar de nuevo la parte oriental, mientras que en el oeste reducía al Raisuli a su último reducto. Al mismo tiempo, a finales del verano de 1922, la creciente exigencia de «responsabilidades», y un recelo cada vez mayor por parte de los políticos y periodistas hacia el Ejército, socavó la posición de Berenguer. Por razones políticas y contra su consejo, se embarcaron tropas hacia España; enfermo del espíritu y del cuerpo, se entregó.¹¹⁴ Enviaron a su rival, Burguete, hombre ordenancista, para acabar con la guerra mediante una política de soborno de las cábilas, lo que entrañaba la confesión de fracaso que culminó en la propuesta de un tratado de rescate negociado entre Abd el Krim y un millonario vasco que había comprado los intereses alemanes en las minas del Rif. A esta humillación se opuso rotundamente un nuevo grupo de intereses, el partido guerrero del ejército de Marruecos, los militares profesionales sacrificados que habían hecho de la legión extranjera la mejor fuerza de choque del Ejército español. En estos días oscuros, Sanjurjo, Millán Astray y un joven comandante valiente y afortunado, Franco, crearon una leyenda.

Los rumores de la corrupción del Ejército se filtraron por la censura y en octubre de 1921 los debates de las Cortes aventaron públicamente estas sospechas; los oficiales gastaban más del doble de sus ingresos pero nunca aparecían en el frente; los capitanes se enriquecían mientras los hombres de cuya alimentación se encargaban pasaban hambre; la roña invadía los hospitales. De 1921 a 1923 el afán de responsabilidades fue en aumento. El gobierno conservador de Sánchez de Toca de 1922 no oyó las peticiones del Ejército —despidió a Martínez Anido, resistió al revanchismo marroquí y terminó con las juntas— y no pudo resistir a la exigencia de responsables. El general Picasso fue enviado a Marruecos para hacer un informe. Sin embargo, una verdadera investigación de las «responsabilidades» hubiera resultado contraria a los intereses del gobierno: el Ejército era el único instrumento para reconquistar los territorios perdidos, y debilitar a sus jefes pondría en peligro la reconquista rebajando aún más el espíritu de las tropas. Así que Berenguer fue exceptuado del informe Picasso mientras fue comandante en jefe. Además, la izquierda estaba empeñada en que la responsabilidad se buscase en casa, entre los políticos conservadores que presidieron el desastre, y contra el rey, del que estaban convencidos había animado a Silvestre. El clamor por las responsabilidades parecía el mejor instrumento para destruir «la reacción» que había imperado desde 1917. Podría presentarse como última tentativa de reformar la monarquía mediante democracia y civilización, como inauguración de un «nuevo período constitucional» de «gobierno serio». Si fracasaba la tentativa, esto significaría el final de la monarquía. «O el remedio, o el desastre.»¹¹⁵ Los socialistas decían que ya era tarde para remedios. El Ejército ya pesaba como un plomo sobre el país, «imponiendo su mandato como una dictadura entre bastidores». Sólo «el derrocamiento de las instituciones» y el final de la monarquía podían salvar a España.¹¹⁶

La busca de responsabilidades llevó a García Prieto al poder como jefe de una concentración liberal que representaba algo más que las meras ambiciones de un partido excluido. Melquíades Álvarez había introducido el programa reformador en el partido liberal: reforma del artículo 11 de la constitución (que hacía del catolicismo la religión del Estado), reforma social radical, y la democratización de la monarquía. El primer paso debía ser la contabilización de las responsabilidades de los políticos y del Ejército, y el claro afincamiento del control civil. El alto mando en Marruecos fue entregado a un civil y el 11 de julio de 1923 las Cortes nombraron una comisión para examinar y juzgar el informe Picasso. El 24 de julio los diputados dejaron Madrid para las vacaciones veraniegas.

Con la reapertura de las Cortes, el Ejército y el rey se encontrarían con un tribunal público. Después del desastre marroquí el rey había sufrido achaques de antiparlamentarismo. No era de extrañar, ya que en tres ocasiones, sólo la amenaza de su abdicación logró que los políticos entraran en razón e hizo posible la formación de un ministerio. Se quejó encarnizadamente de «deserción» que exponía la monarquía a la difamación de la izquierda. Despuntó como jefe político con ideas políticas propias. Algunas eran inofensivas —el fomento del turismo y la edificación de la Ciudad Universitaria—. Otras eran menos inocuas. La Cierva se alarmó al oír en un discurso improvisado del rey, una calurosa invocación de la reforma «con o sin Constitución». En el fondo siempre anidó en él la idea de una dictadura real, respaldada por la opinión hastiada de la ineptitud de los políticos.¹¹⁷ Estuvo a la vez sujeto a las presiones de los africanistas amigos contra la utilización de la derrota como pretexto para salir de Marruecos, que era lo que exigiría la opinión en las Cortes.

El 13 de septiembre el general Primo de Rivera se pronunció en Barcelona. El gobierno sabía que el Ejército, que no coparticipó todo él en el golpe, era no obstante inutilizable aun contra tan sólo dos generales y que la opinión pública era indiferente al derrocamiento del sistema parlamentario. Culpó de su impotencia al rey, que, influido por su corte militar, aceptó el recurso trasnochado del pronunciamiento como medio legítimo de cambio político. Los políticos nunca le perdonaron el haber nombrado a Primo de Rivera presidente del Consejo mientras el éxito del golpe era todavía dudoso. Primo de Rivera, a su vez, les afeó el carecer de la «hombría» suficiente para salvar a España. Triunfó porque asestó el golpe al sistema parlamentario en el momento en que se operaba la transición de la oligarquía a la democracia: la vieja máquina política estaba quebrada, pero la transición a la nueva democracia política que se proponían los liberales avanzados no había prevalecido aún sobre la indiferencia del cuerpo electoral. No era la primera, ni la última vez, que un general aseguraba rematar un cuerpo enfermo cuando, de hecho, estaba estrangulando a un recién nacido.

CAPÍTULO XIII

LA PROTESTA DE AGRAVIADOS Y DISCONFORMES, 1898-1923

«Todo está echado a perder en este desdichado país: no hay gobierno, ni electores, ni partidos, ni marina, ni ejército. Todo es ruina y decadencia.»¹ Este brote de pesimismo expresado por un oscuro maestro de Valladolid es característico del torrente de protesta radical que liberó el desastre de 1898. Esta protesta, no la creó el desastre. El descontento por la política cerrada y por la complaciente vida social de la Restauración era algo inveterado. No se produjo un nuevo nacimiento, no vino una nueva generación: simplemente, se aceleró e intensificó el caudal de críticas. Ramón y Cajal era ya un neurólogo de renombre mundial cuando, en los años noventa, instó la apertura de España a las influencias extranjeras: la visión de Costa de una España vagando, sin haber quien la entierre, entre las tumbas de las nacionalidades fenecidas, se remontaba a 1867; la crítica al estancamiento económico había sido durante mucho tiempo el tema principal de la propaganda proteccionista en tanto que la crisis agrícola de los años ochenta había dado origen a toda una literatura, trasunto de la ansiedad económica.

Ello es que la importancia de 1898 reside menos en la formulación de una protesta específica que en la urgencia y la justificación que dio a las protestas tradicionales. Estas protestas provenían de aquellos para los cuales el sistema de la Restauración era un mal en sí mismo —los republicanos y los partidos proletarios—, de quienes se consideraban, cuando se descuidaban sus intereses especiales, la encarnación más alta de la voluntad nacional —el Ejército—, y finalmente de quienes creían a la sociedad y la literatura oficiales carentes de gusto y degradantes: el mal definido grupo de intelectuales y artistas conocido con el nombre de la «generación del 98».

Los objetivos de los disconformes eran a menudo incompatibles, y cada protesta se desdibujaba por diferencias de temperamento y divergencias tácticas internas. Así, el Ejército era normalmente anticatalán y antirrepublicano, y los conservadores catalanes eran comúnmente antirrepublicanos y siempre antisocialistas. El republicanismo podía abarcar una tradición antimilitarista de tinte procatalán, junto con hombres como Lerroux, el demagogo republicano radical, que consideraba al Ejército amparo contra el catalanismo «reaccionario» y salvaguardia última de la «unidad de la patria». Los anarquistas repudiaban por principio todas las alianzas políticas, mientras que los socialistas oscilaban entre una alianza republicana y el repudio de los políticos burgueses. La «generación del 98» se componía de intelectuales sin preferencias políticas determinadas: se unían a todos los que protestaban, desde el carlismo al republicanismo extremo. Como hemos visto, sin embargo, en la crisis de 1917 muchos de los agraviados pudieron fundir sus disparidades de criterio en una acción común contra «lo imperante». Fracasaron porque les faltó uno de los factores tradicionales de la ecuación revolucionaria: un general. Cuando en 1923 un general, que creía en su estrella, se dispuso a representar una versión modernizada del pronunciamiento, la Constitución pudo ser derribada sin la alianza de sus críticos. Ante ellos se alzó un régimen autoritario que, para los más de ellos, era todavía más odioso que «la vieja política». Los generales seguían siendo el instrumento más seguro de cambio político; como habría de verse en 1936, en último término eran los militares quienes determinaban los destinos políticos de España.

Cada una de estas protestas tenía una larga tradición en 1898 y todas ellas han entrado ya en nuestro relato de la historia general de España. Para comprender su acción es preciso analizarlas separadamente.²

1. La protesta radical: Joaquín Costa y la «generación del 98»

Podemos tomar como símbolo del regeneracionismo radical de los intelectuales a su figura más destacada, Joaquín Costa, hijo de un campesino aragonés. Amargado por un físico contrahecho y por años de dura lucha, Costa era un historiador social y del derecho de gran valor y todavía mayor laboriosidad. Trabajaba diecisiete horas diarias y su obra abarca más de cuarenta volúmenes. Intensamente patriota, estaba obsesionado por la búsqueda de las raíces históricas del atraso español, y el desastre de 1898 fue lo que dio a su crítica, severa y largamente meditada, su carácter de urgencia y también un público.

El programa de Costa era noble pero ingenuo. El sistema vigente era malo; bastaba destruirlo e invertir todas sus premisas. España debía dejar de ser gobernada por «quienes deberían estar entre rejas en Ceuta, en un manicomio o sentados en los bancos de una escuela». ¿Quiénes, entonces, debían gobernar? Las masas neutras, cuya calificación residía en el hecho de que nunca habían ejercido el poder político. El gobierno parlamentario en manos de los oligarcas —el término fue popularizado por Costa— no había hecho nada: ciento setenta discursos sobre la educación en 1885 y ninguna reforma. Costa no quería ir tan lejos como Picavea y abandonar el gobierno parlamentario por ver en él el «mal mismo»; se proponía su sustitución temporal por un régimen presidencialista, sin trabas por parte del poder legislativo, y con un presidente que debería reunir las virtudes de Gregorio VII, del dictador mexicano Porfirio Díaz y de Hammurabi. Un cirujano de hierro operaría a España y la haría idónea para la democracia parlamentaria, tarea en la que el liberalismo había fracasado lamentablemente. De hecho, su realización histórica capital, la venta de las tierras de común —el despilfarro de la mitad de la propiedad «nacional» de España por menos de la décima parte de su precio—, debía anularse, restituyendo las cosas a su original situación; los ayuntamientos deberían recibir poderes para crear una clase de propietarios campesinos volviendo a comprar las antiguas tierras comunales y estableciendo parcelas.³ Esto significaría un retorno a las tradiciones municipales del pasado español y a la obra del despotismo ilustrado de Carlos III. Los burócratas carolinos eran los héroes de Costa: patriotas de amplias miras que se habían tenido que allanar ante los pequeños intereses locales, de la misma manera que sus propias campañas en favor del regadío en Aragón se habían quebrado ante la negativa de los caciques locales, a quienes acusaba de perpetuar la pobreza agraria para conservar su influencia política sobre los pobres.

Costa no creía que pudiera crearse un Estado moderno y respetable por la mera imitación de técnicas y de ideologías extranjeras; creía más bien que el patriotismo del trabajo duro debía sustituir al patriotismo retórico de los políticos leguleyos. En febrero de 1899, bajo la presidencia de Costa, se formó la Liga Nacional de Productores, en Zaragoza, donde ya en noviembre de 1898 se habían reunido las Cámaras de Comercio bajo la presidencia de Basilio Paraíso, otro reformador que representaba a la burguesía mercantil.⁴ Había que movilizar a las «clases productoras» contra los oligarcas en una cruzada por la modernización de España. Creía que el dinero ahorrado reduciendo los presupuestos de la Marina, del Ejército y de la administración pública debía invertirse en el fomento de la agricultura y de la industria; las abstracciones de los políticos debían ser sustituidas por un «programa de realizaciones»: por una educación moderna y técnica, y por la reforma agraria.

Costa estaba condenado al fracaso porque no existía una clase nueva que pudiera responder a su llamamiento. Las clases neutras no eran más que un poderoso mito político: no había más reservas que las que empezaban a movilizar socialistas y anarquistas con objetivos muy diferentes. Por otra parte, el movimiento regeneracionista de Aragón se dividió en grupos de intereses, cada uno de los cuales tenía su propia solución: así, los agricultores de Costa y las Cámaras de Comercio de Paraíso solamente podían unirse contra la alta finanza, el Banco de España y los gastos militares. La Unión Nacional terminó su carrera de nueva organización de la clase media en una campaña contra los nuevos impuestos del presupuesto de Villaverde. La que decía ser una organización independiente y reformista quedó desacreditada como grupo de presión de tenderos movidos por el egoísmo.

Costa siguió siendo una figura sombría y pensativa, un Goya del mundo económico y político, que recordaba a España su «falta de aptitudes para la vida moderna». Cuando se derrumbó su plan de un tercer partido independiente, no pudo trabajar útilmente con partido político alguno a pesar de su paso por el republicanismo; era «el gran fracasado», el hombre para el cual la política, en España, había dejado de ser un instrumento para la mejora de la sociedad. Aparte de su insistencia en la educación, su legado lleva consigo una inhibición tanto como un estímulo, crítica que puede aplicarse a muchos de los hombres de la «generación del 98». En 1912 la «incapacidad» de los españoles era ya un tópico en las conversaciones de la juventud y, al igual que otros tópicos —el extremismo español, el individualismo, etc.—, hizo que la crítica constructiva se viera sustituida por un pesimismo generalizado.⁵

A diferencia de las protestas republicana o catalana, la de la «generación del 98» careció de importancia política directa y no encarnó tampoco las injusticias inferidas a una clase o a una institución como el Ejército. Fue ante todo la protesta de una minoría literaria contra el conformismo, la vaciedad, la retórica y la ignorancia de pedagogos y literatos entonces encumbrados, que, a su vez, reflejaban la «corrupción organizada» de la estructura creada por los estadistas de la Restauración.⁶ Es fácil equivocarse al enjuiciar las repercusiones sociales y políticas de la «generación del 98»: constituyen un grupo de individuos cuyas críticas no pueden subsumirse en un movimiento dotado de un programa; en el peor de los casos fueron «un grupo de bohemios cerriles, holgazanes, rebeldes y malhumorados», resentidos contra el sistema que les excluía.⁷ Sin influencia política directa, su importancia reside en el matiz que dieron a la mentalidad de la generación que empuñó el timón hacia 1930 y en su reformulación literaria de los problemas de la regeneración.

La dificultad que entraña el concepto ampliamente utilizado de «generación del 98» es el aislarlo y definirlo. ¿Puede incluirse al historiador nacionalista católico Menéndez y Pelayo, cuyas objeciones al estrecho dogmatismo de sus predecesores le cualifican para ello? ¿Comprende a Ramón y Cajal, cuyas minuciosas observaciones (era artista de formación) le permitieron describir el sistema nervioso?⁸ ¿Debe retroceder hasta Costa, mayor en edad que los demás, y extenderse hacia delante hasta Ortega y Gasset, dado que en ambos aparecen ideas que se mencionan para caracterizar el universo espiritual del 98? Tal vez sea más útil limitarse al grupo de novelistas y poetas nacidos en los años setenta, cuyas obras más importantes quedan comprendidas en las dos décadas que siguen a 1898.

Pese a las dificultades que suscita una definición exacta de la «generación del 98», lo cierto es que la idea de tal generación ha influido en el pensamiento posterior acerca de la naturaleza del problema español, ese apasionado examen de conciencia que empezó como un pasatiempo intelectual con el ensayo de Ángel Ganivet sobre la naturaleza de lo español.⁹ La «generación» agrupa a una serie notable de personalidades fuertes y divergentes unas de otras: Unamuno, violento y tornadizo, catedrático de griego que sostenía que en España la verdadera función de un universitario es el periodismo y no la enseñanza; criticaba el oscurantismo español y, a la vez, el progreso europeo, y no pudo resolver los conflictos entre ambos; Valle-Inclán, poeta, escritor gallego, barbudo fantástico y excéntrico, conversador que flirteaba con el carlismo; el novelista Pío Baroja, el escritor de más talento del grupo, era un intelectual «anarquista» nato que rechazaba todas las jerarquías; Maeztu, ensayista que tras predicar la imitación de la ética sin contemplaciones del dinero de vascos y anglosajones se convirtió en el apologista de Primo de Rivera y en un fascista católico; Machado, el gran poeta de la desolación castellana, y Zuloaga, el pintor del «pueblo» incorrupto, en contraposición a la corrompida clase gobernante. Las influencias, con frecuencia mal digeridas, a que estuvo sometido este grupo iban desde santa Teresa a Nietzsche y Shaw.¹⁰ Cualquier vara, desde la idea de Europa hasta el ejemplo del Japón, era buena para golpear el provincianismo decadente y mal ventilado que tanto disgustaba al joven Pío Baroja en la ciudad catedralicia de Pamplona o en las salas de conferencias madrileñas.

Que la protesta del 98 no era un movimiento puramente literario, lo demuestran sus relaciones con el modernismo, que sí lo era. Ambos rechazaban la literatura «satisfecha» de la Restauración (en realidad olvidaron las encontradas corrientes de duda que había en ella), pero mientras que la protesta de los modernistas era estética (inspirada por el poeta nicaragüense Rubén Darío, y estrechamente vinculada a los movimientos literarios europeos), la protesta de los hombres del 98 era ética y social y se derivaba de una consideración del pasado español y del presente europeo.¹¹ Los modernistas crearon un lenguaje barroco y minoritario; la «generación del 98» inventó un estilo claro y polémico, desprovisto de adornos, que alcanzó su culminación en los ensayos de Ortega y Gasset.

¿Cuál fue, por tanto, la contribución de la «generación del 98» y de sus discípulos inmediatos? Al igual que los hombres de la Ilustración, fueron patriotas angustiados por el atraso de España: la desolada poesía de Machado y las amargas críticas de Unamuno, Baroja y el primer Maeztu atestiguan su preocupación por su país. A diferencia de los hombres de la Ilustración, no compartían un credo común, una solución racional para la sociedad. De ahí su confusión cuando se enfrentaron con «el inventario de todo lo que nos falta». Algunos, como Baroja, creyeron que en una sociedad corrompida un hombre honesto debe ser un ermitaño. En general, los intelectuales —en 1914 los hombres del 98 tenían ya un valor reconocido en España— formularon dos soluciones contradictorias. Maeztu, al principio de su carrera, y Ortega y Gasset creían que solamente las influencias europeas podían romper la costra inhibidora; Unamuno pensaba que sacrificar los valores españoles a la «japonización» daría al traste con toda posibilidad de auténtico resurgimiento. Pocos de ellos pueden considerarse liberales en el sentido corriente de la palabra; su desprecio por la sociedad en que vivían era demasiado violento.¹²

En realidad, su actitud respecto de la tradición liberal de España era ambivalente. La mentalidad obsesionada con el problema español originó un tipo de análisis poco exigente a la vez que inhibidor.¹³ Era la suya la pose de los héroes que enarbolan la solución total, difícil, para sanar una sociedad enferma. Por esta razón fue una de las causas psicológicas del descrédito de un liberalismo parlamentario que sólo podía ofrecer reformas de remiendo, y de la popularidad del «cirujano de hierro» y de una operación radical sobre el cuerpo político como la única salvación de España.

Como en el caso de sus prototipos del siglo XVIII, el intento patriótico de los intelectuales (que dio lugar, por ejemplo, al redescubrimiento literario del paisaje español) fue totalmente ignorado por aquéllos para quienes la única España era la España católica del siglo XVI.¹⁴ Así, se hizo aparecer a los hombres del 98 como internacionalistas «morbosamente antiespañoles», y como afrancesados.¹⁵ Para la derecha, su progenie inevitable fue Azaña, el presidente del Consejo que, tras rebelarse contra el formalismo huero de una educación católica, afirmó que España había dejado de ser católica.

Unamuno odiaba el catolicismo «estepario» tanto como el materialismo vulgar y la cursilería de las clases altas.¹⁶ Incluso los europeizantes más entusiastas criticaron siempre la mera imitación de las costumbres extranjeras que había caracterizado a los progresistas en el siglo XIX. Les repugnaba el positivismo importado, satisfecho, que era la más poderosa corriente del pensamiento de la Restauración.¹⁷ Había que fundir las técnicas extranjeras con los valores españoles. Por amarga que fuera su crítica a España, todos ellos sostenían que existía un peculiar genio español capaz todavía de grandes conquistas, un genio encarnado en la «intrahistoria» de España y no en la historia «superficial» de la política restauradora. Ortega, a pesar de oponerse al «africanismo» de Unamuno, creía que España debía crear y no solamente absorber.

En parte a causa de esta escisión interna y en parte por la indiferencia de España hacia las cuestiones intelectuales, el grupo tuvo escasa influencia en la vida española hasta la dictadura de Primo de Rivera.¹⁸ Cuando el dictador hubo repudiado a los políticos, pasó a atacar a los intelectuales; pese a todos sus defectos, el liberalismo que habían denigrado por decadente, al menos les había dejado actuar. Así, la oposición de los intelectuales —la de Unamuno y Ortega, en especial— hizo de ellos, inesperadamente, los dirigentes de una tendencia política. La República de 1931 pareció nacida de su protesta. Pero la propia República reveló la incapacidad de los intelectuales para actuar en política. En el siglo XVIII, podían éstos convertirse en funcionarios; formados en el molde individualista del 98 no podían convertirse en hombres de partido en el siglo XX. Por instinto y por lo selecto de su espíritu rechazaron la política de democracia popular y temieron la rebelión de las masas. A los socialistas, les parecieron unos individualistas cuyo esteticismo intelectual les apartaba de la política práctica.

2. Los republicanos

La tendencia principal del republicanismo siempre había sostenido que de la monarquía constitucional de la Restauración no saldría nada que no redundase en un desastre: todo era malo en ella, fundada como lo fue por la fuerza, con la rebelión militar de Sagunto. El año 1898 vino a comprobar la verdad de la profecía. Para los que repudiaban in toto al régimen que trajera la vergüenza sobre la nación, no habría más refugio que el de la República. El carlismo era impensable, y los partidos obreros demasiado escuálidos.

Por más que el ingreso en él de regeneracionistas independientes como Costa, y luego Galdós, dio al partido nueva categoría, las rencillas inherentes a la política partidista republicana vedó la explotación de esta oportunidad. Las divisiones intraespecíficas debilitaron a la especie; el instinto de conservación tan sólo pudo determinar una serie de coaliciones electorales que se desmoronaban una vez ganada la victoria. La divergencia doctrinal y el fulanismo resultaron ser las leyes que regían la vida de los partidos burgueses en España. Cuanto más a la izquierda, más parecía que se reproducían según los principios de la fisiparidad. Como partido comprometido a acabar con el régimen imperante, el republicano buscó la alianza con otros enemigos del turno pacífico, alguno de los cuales, empero, aceptaba la monarquía como tal, mas no su «parlamentarismo abeltranejado». Cada una de estas alianzas, con todo y aportar al partido cierta fuerza electoral, reforzaba la tendencia a la división: así, las dos grandes coaliciones políticas en que entrara el republicanismo, Solidaridad Catalana, en 1906, y la Conjunción Republicano-Socialista, en 1909, escindieron a los republicanos. A los puristas de la izquierda, la primera pareció una coalición de los templados con quienes eran francamente reaccionarios; a los cautos se les antojó la segunda consorcio táctico imprudente y oportunista con los partidarios de la revolución social. Periódicos, casinos y centros republicanos cambiaban de manos pasando de uno a otro de los grupos enfrentados. La labor de comité subyacente a estos cambios de filiación constituyó la verdadera enfermedad profesional de los prohombres republicanos locales.

La división tripartita de las fuerzas republicanas en los años noventa era una cristalización de la lealtad personal hacia los personajes supérstites de la Primera República y se había sobrepuesto a la división clásica entre evolucionistas y revolucionarios.¹⁹ En 1893, merced a acuerdos muy generales, los tres grupos constituyeron un frente republicano con miras electorales, pero esta tenue coalición de partidos independientes se había deshecho para 1895, año en que Ruiz Zorrilla regresó para morir en una España todavía regida por un rey. Ruiz Zorrilla era un victoriano eminente, austero y aferrado a sus principios; por más que nunca cayera en el romanticismo demagógico de los revolucionarios ibéricos, tampoco consiguió jamás sustituirlo por un programa capaz de dar vida a un partido de masas. Ofrecía a los trabajadores la legislación de «los países capitalistas adelantados», y a los campesinos la «revolución» del crédito barato, de la viticultura francesa, de la repoblación forestal alemana, y de la ganadería inglesa.²⁰

La muerte de Pi y Margall en 1901 dejó a Salmerón de único superviviente de la gran generación: experto manipulador de comisiones, congresos, conocedor de los manejos electorales, ambicioso también, pero en el fondo pacífico catedrático, estaba dispuesto a prestar atención a la palabrería revolucionaria con tal de ganarse el apoyo de los violentos. Ello es que, en 1903, apoyado por el periodista revolucionario José Nakens, surgió como líder de un partido republicano unitario que sólo dejaba fuera a las fracciones disconformes del federalismo y del progresismo. La Unión Republicana quedó casi muerta después de los éxitos electorales de 1903. Con su liderazgo apoyado en los votos de oscuros provincianos, Salmerón pensó que fortalecería su posición personal al dar el paso sorprendente por el que se sumó a Solidaridad Catalana en 1906.²¹ Esto dio al traste con el partido unitario. Lerroux, Sol y Ortega, los futuros reformistas Azcárate y Melquíades Álvarez no estaban dispuestos a seguir a Salmerón en una alianza «sin principios» con el regionalismo conservador y con el carlismo catalán; tampoco el Bloque de las Izquierdas de 1908, ni la Conjunción Republicano-Socialista de 1909, constituidas ambas sobre una plataforma negativa de resistencia al conservadurismo autoritario de Maura, fueron obra de un partido republicano unido. Los bastiones republicanos de Barcelona, Madrid y Asturias eran feudos de sus jefes locales, que no unidades componentes de un partido nacional. De ahí que la fuerza del partido se evidenciase en la política municipal y no en la nacional.²²

El triunfo electoral de 1903 alarmó a la Corte ocasionando luego la caída de Maura, y llevó a Lerroux, uno de los vencedores, a prometer a sus seguidores que para la Nochebuena España sería republicana. Sin embargo, el éxito en las urnas había venido en un momento en que el republicanismo tradicional, nutrido de las glorias y los desastres de 1873, no constituía realmente un programa atrayente para quienes estaban situados fuera de las consabidas fortalezas republicanas urbanas. La fácil superioridad ética de Salmerón, propia de los catedráticos del 68, por más que inspirase el orgullo de sus partidarios, era todavía menos indicada que el incorruptible empeño revolucionario de Ruiz Zorrilla para lograr conversiones numerosas. El futuro del republicanismo estaba en dos direcciones divergentes entre sí: por una parte, un extremismo revolucionario, con la imprecisa revolución social de raigambre exaltada por meta, y por otra parte, la creación de un partido evolucionista con un programa moderno de reforma social y política, programa práctico que se sobrepondría cada vez más al problema formal del régimen, médula éste del republicanismo histórico. La tradición de la revolución romántica la explotaron hombres como Alejandro Lerroux, hijo de un veterinario militar, que se había ganado un nombre como periodista republicano. La tradición evolucionista vino representada por un grupo de intelectuales universitarios salidos de las tradiciones krausistas, y cuyo faro fue Azcárate.

A pesar del resurgir republicano de los año 90, Lerroux se percató de que las doctrinas y los jefes de antes no daban más de sí, y de que el partido era un conjunto de «hojas secas a merced de las circunstancias».²³ Sin organización, sin jefatura, no tenía el partido nada que ofrecer a las masas, salvo las incomprensibles polémicas de una serie de divos de la política. «Los directores republicanos [...] han transigido en todas las infamias v tiranías sociales; por eso el pueblo —llamo así a los que viven asalariados y sin pan suficiente ni bastante instrucción— les ha abandonado.»²⁴ Demagogo, Lerroux ofrecía a las masas desencantadas un odio de clase y un anticlericalismo bastos, y un desbordante caudal de violencia verbal:

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres [...], penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles, para que el fuego purifique la infame organización social, entrad en los lugares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos.

Esta revolución no necesitaba de programas, sino tan sólo del «arrojo de la juventud irreflexiva, de la virginidad de la adolescencia, y de la crueldad del niño». En 1936, este lenguaje retumbaría de nuevo en las calles de España. Como la Falange, Lerroux fracasaría en su empeño revolucionario; pero creó un ambiente revolucionario. La Semana Trágica de 1909 es inexplicable si olvidamos que los moradores de los barrios bajos de Barcelona llevaban cerca de diez años escuchando a aquel su mesías.

El fracaso en la política española de un hombre que, cuando se le sorprendía bebiendo champán, se envanecía de estar bebiendo hoy lo que los trabajadores iban a beber mañana, quizá fuera cosa inevitable. En cuanto sus republicanos radicales se hicieron con la mayoría en el Ayuntamiento barcelonés, se metieron en un escándalo financiero de materiales de construcción. Como los republicanos llevaban una generación protestando contra la corrupción municipal, esto les perjudicó muy mucho. Y llevó a Galdós, cabeza visible de la Conjunción Republicano-Socialista, a preferir la «sinceridad» de los socialistas a las grandes dosis de agitación seudorrevolucionaria. Y lo que es más importante, Lerroux y los jefes anarquistas luchaban por hacerse con el mismo público, el proletariado barcelonés. En esta contienda, los anarquistas, en su calidad de partido obrero auténticamente revolucionario, presentaron a Lerroux como a un demagogo, que en 1909 hacía figura de revolucionario pero que, llegada la hora, se las compuso para estar fuera del país, dejando a sus seguidores, que en vano esperaron órdenes suyas, de pasto para las cárceles y el exilio. «Nunca he creído —escribió Baroja—, que el partido republicano fuese a hacer la revolución. Nunca lo he considerado como un organismo de progreso y cultura, ni he podido convencerme de que sus hombres tengan alguna superioridad ética sobre los caciques monárquicos que van devorando a España.»²⁵

Aquel tipo de republicanismo entregado a la violencia verbal tuvo su líder condigno en Valencia en la persona del novelista Blasco Ibáñez, quien declaró en cierta ocasión que la pistola Browning era la verdadera garantía de los derechos individuales.²⁶ Esta agitación gozó de especiales simpatías en Andalucía, donde los recuerdos de la República Federal llevaban injertos anarquistas y socialistas. Lo inconcreto de su programa le dio la posibilidad de fundirse con la violencia agraria de 1902-1904 y de 1919-1920, comúnmente atribuidas tan sólo a la impronta anarquista. En 1919 los republicanos lograron considerables avances en las ciudades andaluzas donde los militantes, que estaban dispuestos a hacer el viaje con la secta esotérica de los separatistas andaluces, habían planeado una República del Sur.²⁷ Las lecturas del militante republicano revelan la misma sopa de letras que se daba en el obrero consciente del anarquismo: Kropotkin, Marx, Henry George, la divulgación científica, Tolstoy, George Sand; la necesidad de la revolución quedaba demostrada por ejemplos sacados de «La Historia, la Geología, la Astronomía y otras ciencias».

Lo mejor del republicanismo histórico desechaba esta retórica revolucionaria primitiva y siguió a Azcárate y a Melquíades Álvarez cuando crearon en 1912 el partido Republicano Reformista como entidad independiente. La fuerza del reformismo radicaba en la calidad de sus jefes; el partido nunca logró hacerse con más de veinte escaños. Pero sí se atrajo la nueva promoción de intelectuales: Ortega y Gasset —como era de esperar, tan sólo por muy poco tiempo— se sumó a sus filas, y el joven Azaña fue candidato reformista. El parecido más cercano al de estos reformadores, tanto por lo que hace al programa como en lo tocante a su manera de ser, lo da el ala radical del Partido Liberal que subió al poder en Inglaterra en 1906. Su ideal, desde el primer momento y hasta el final, fue el gobierno parlamentario democrático a la inglesa con monarquía o sin ella.²⁸

La visión reformista consistía en una España modernizada, tolerante, gobernada de manera democrática, con una legislación social y de instrucción pública puesta al día. El programa de 1912, y luego el de 1918, incluían una reforma agraria y la instauración de granjas individuales en las fincas expropiadas; en cuanto a su política pedagógica, los reformistas se interesaban tanto por la enseñanza técnica moderna como por el anticlericalismo.²⁹ Por más que Azcárate y Melquíades Álvarez negasen que la lucha de clases fuese la base de un partido político, gozaban de la confianza de los líderes socialistas, y conocían profundamente los problemas de la clase trabajadora. Azcárate había sido el presidente entregado a su labor del Instituto de Reformas Sociales, y el grupo estaba influido por el revisionismo de Bernstein —otro indicio más de la preferencia que los herederos del krausismo sentían por la práctica anglosajona frente a la teoría francesa. Su pensamiento al cabo derivaba todo él de la convicción de Krause de que la ética y la política convergían en el derecho.

Los reformistas eran hombres prácticos de la estirpe de Costa, y desde el primer día «aspiraban a ser un partido de gobierno»; su programa fabiano tenía poco en común con la fraseología lapidaria tradicional del revolucionarismo republicano. Melquíades Álvarez creía que las formas de gobierno tenían menos importancia que lo que se hacía con el poder, aunque Azcárate permaneció hasta su muerte un republicano en la acepción antigua. Para Melquíades Álvarez el republicanismo fue más una fuerza para obligar a la monarquía a seguir las sendas de la democracia y de la modernización que una meta en sí misma. Si el rey reconocía ser «el esclavo de la opinión», si reinaba por y mediante un parlamento elegido sinceramente, no había por qué oponérsele. De lo contrario, daría en su camino con «el espectro de la República». Al igual que los burócratas reformadores del siglo precisaban de un Carlos III, y acaso esperaron que podrían forzar a Alfonso XIII a convertirse en «el nervio de la reforma». Fue el gobierno a espaldas de las Cortes de los años de la guerra lo que les llevó a ingresar en la coalición revolucionaria de 1917. En los años veinte estaban dispuestos a una alianza con los liberales dinásticos para hacer frente a la reacción conservadora y al militarismo, exigiendo «responsabilidades» por los desastres sufridos en Marruecos y la conservación de las Cortes mismas como instrumento de reforma y de regeneración.³⁰ En el último gobierno de la España parlamentaria, tuvieron un representante en el Gabinete, y Melquíades Álvarez fue presidente del Congreso. Acaso tuviera aquel paso escasas posibilidades de éxito, pero parecía la única alternativa a la dictadura militar o, más remotamente, la del proletariado.

A lo largo de su historia, el republicanismo constituyó una amenaza para la monarquía, pero no por su fuerza como partido organizado, ni por el peligro a él inherente como amenaza revolucionaria, sino por sus constantes acometidas cada vez que el régimen tenía un fracaso o sufría una derrota, desde los desastres militares de Marruecos hasta las inmoralidades administrativas de un alcalde de pueblo andaluz. Su razón de ser política estribaba en la protesta contra «las barbaridades del sistema». En las ciudades sobre todo, según probarían las elecciones municipales de 1931, la propaganda sostenida del republicanismo erosionó los fundamentos morales de la monarquía. El pesimismo de Azcárate parecía justificado:

Creo que una especie de fatalidad veda a esta dinastía la posibilidad de resolver los problemas sociales y políticos que surgen en el momento presente; y como es una fantasía pensar que cabe en España cualquier monarquía que no sea la borbónica, se me ocurre que la única forma de gobierno susceptible de traer una solución es la República.³¹

3. Los orígenes de la protesta catalana

El desastre de 1898 tuvo sus consecuencias más profundas en Cataluña, donde hizo que el catalanismo dejara de ser un credo minoritario para convertirse en vehículo de una protesta generalizada. El catalanismo —en el sentido de convicción explícita de que Cataluña constituía una entidad distinta, por la raza o por la cultura y por la tradición, entidad que precisaba de un trato especial— se asentaba sobre bases más profundas que el resurgimiento lingüístico; pero, con anterioridad a 1898, Madrid pudo ignorarlo, como hizo, entendiendo que no pasaba de ficción de los intelectuales de Barcelona o de sobreestructura ideológica de un grupo de presión industrial. En 1885 un Memorial de agravios presentado por las clases industriales y profesionales de Cataluña no suscitó interés alguno en Madrid; en 1901 Cataluña eligió a cuatro candidatos catalanistas frente a los representantes de los partidos dinásticos. Ya no cabía no darse por enterado de su existencia: el catalanismo habría de dominar y refractar la política española durante el medio siglo siguiente.

Considerar el desarrollo del catalanismo como un proceso de conversión a una doctrina elaborada por una minoría de filólogos, poetas e historiadores es tanto como empezar la casa por el tejado. Por más que no hubiese una fuerza que reaccionara unánimemente —sólo gradualmente llegó el carlismo de las montañas a un acuerdo con el liberalismo de las ciudades del llano— había, eso sí, un complejo de intereses y emociones identificable, que aflora en todas las grandes crisis políticas desde 1820, complejo que una generación anterior describía con la expresión anodina de «hecho diferencial de Cataluña». Su manifestación más clara fue la campaña ininterrumpida en favor de la protección a la industria local.

Los industriales catalanes habían sido proteccionistas desde antiguo, pero el paso revolucionario a un librecambismo doctrinario en el presupuesto de 1869 —obra de un catalán, Figuerola— les sumió en una prolongada y exacerbada agitación. La exigencia del restablecimiento de la protección se convirtió, en los años setenta y ochenta, en reivindicación de todas las clases catalanas. Con el apoyo del grupo de presión más poderoso de la España moderna, el Fomento del Trabajo Nacional, se predicó una cruzada con todas las resonancias morales características de los primeros librecambistas; a Mañé y Flaquer, conservador, el librecambismo se le antojaba como una de las ramas del árbol del mal del racionalismo liberal, y la economía política como una «ciencia dejada de la mano de Dios», en tanto que el obispo de Barcelona advertía al Senado español de las consecuencias desmoralizadoras que el paro anejo al libre comercio traería entre los obreros.³² Se enviaron delegaciones para discutir con los economistas de Madrid. La exigencia era tan fuerte que no se la podía orillar con el procedimiento del carpetazo. En 1891 Cánovas abandonó el librecambio. A partir de entonces la tarea de los proteccionistas catalanes y sus aliados consistió en mantener la tarifa de Cánovas contra las intenciones ocultas de los liberales y en presionar por una reforma arancelaria. En 1906 triunfaron con un arancel que incluso a los militantes pareció «poco menos que perfecto».³³

Esta larga lucha había creado en el resto de España la imagen de una Cataluña egoísta e interesada, decidida a salirse con la suya aun a expensas de cualquier interés español. Para los catalanes, el «menosprecio» convirtió la defensa de un interés en la conciencia de una comunidad catalana, vinculada por los procesos fortuitos de la historia, a «algo muerto», y condenada a la calculada indiferencia del Estado «castellano», como gustaban de llamar los catalanes al gobierno nacional de España. Esta creencia en la hegemonía forastera y egoísta de «Castilla», ejercida a costa de la vitalidad catalana, era y es una de las raíces psicológicas del catalanismo; para los catalanes, había en las actitudes castellanas un elemento de desprecio puro que producía en Cataluña un sentimiento de virtud ultrajada.³⁴

Hasta la postre, el cultivo de la lengua catalana siguió siendo la médula viva del catalanismo. Sus héroes fueron poetas, filólogos e historiadores.

El renacimiento literario basado en la lengua catalana fue posible porque el catalán, a diferencia del vascuence, era flexible y podía ser utilizado como vehículo para la vida y la cultura modernas. Son muchos los que lo hablaban y lo hablan comúnmente en Cataluña. Su renacimiento como idioma literario, su elevación desde la condición de lenguaje popular a la categoría de idioma europeo se fecha, simbólicamente en 1833, año en que Aribau escribió, en catalán, su Oda a la Pàtria.³⁵ Sin embargo, el renacimiento literario sólo se encarriló en los años cuarenta y su consagración formal llegó con los Juegos Florales, las justas poéticas anuales en catalán, inauguradas en 1859. Hacia 1870 contaba con un poeta importante, el sacerdote Verdaguer, «el Dante de Cataluña». Con Verdaguer se desvaneció la división entre el lenguaje altisonante y el arcaico del gai saber de los artífices del renacer lingüístico y la lengua popular catalana; fue, al decir del poeta Maragall, «el maestro de todos nosotros... el poeta que creó nuestra lengua» —confesión notable, pues era a esta lengua a la que el catalanismo debía su fuerza—.³⁶ Paralelo a este renacimiento literario, se produjo un renacimiento histórico dedicado a la reconstrucción de las glorias del pasado catalán; al igual que el renacimiento literario, fue uña y carne con el romanticismo europeo, pero se inspiró en Walter Scott y los románticos alemanes, mientras que el romanticismo castellano partió del remedo de los modelos franceses. El estudio científico de los archivos de la Corona de Aragón expuso el funcionamiento de ciertas instituciones de cuando la independencia medieval, destruidas luego por Castilla. La erudición académica presentaba una versión de la historia española en la que Cataluña y Castilla representaban espíritus nacionales distintos y en pugna.

La Renaixença fue un movimiento minoritario de un grupo de investigadores y poetas: la primera generación no tenía mucha fe en la viabilidad del catalán como instrumento cultural y escribió generalmente en castellano. Estos «arqueólogos» de los Juegos Florales fueron duramente atacados en los años setenta por quienes pugnaban por crear un teatro popular catalán. Fueron este modesto movimiento teatral y los coros obreros de Clavé los que dieron al catalanismo su primera popularidad real entre los círculos demócratas.³⁷ Pese a todo, la burguesía, al igual que la aristocracia y las clases trabajadoras, era, en su mayoría, indiferente al renacimiento de la cultura catalana; ningún diario catalán trató siquiera de sostenerse hasta 1879. Tal vez fuese trasunto de esta indiferencia el hecho de que Cataluña dejase en la pobreza al más grande de sus poetas, hasta que la tisis que se le llevaba hizo de su suerte motivo de escándalo. Más adelante un poeta tan importante hubiera tenido abrigo seguro bajo la protección de las prósperas organizaciones catalanistas.³⁸

El renacimiento literario, en sus primeros momentos, no formuló reivindicaciones que no pudieran conciliarse con el regionalismo moderado y la descentralización. En los años setenta y ochenta lo apoyaban conservadores como Mañé y Flaquer y progresistas como Víctor Balaguer. Enamorados de Cataluña y de su pasado, como políticos influyentes trabajaban pese a todo dentro de la estructura de los partidos españoles en favor de los intereses especiales de Cataluña. Pero el catalanismo no podía continuar siendo un apéndice decorativo del regionalismo moderado; se convirtió en instrumento del nacionalismo radical. De ahí que el regionalismo moderado se convirtiera en una traición a Cataluña; quienes volvían a los antiguos programas fueron vilipendiados por malos catalanes, por aliados de Madrid.³⁹ Por ello la defensa obstinada y consecuente de los intereses e instituciones catalanes por hombres como Mañé y Flaquer, el periodista más influyente de España y persona entregada al servicio de su patria chica, ha sido descuidada como factor en el desarrollo del catalanismo.

Los orígenes del catalanismo político se han hecho remontar por su historiador, Rovira y Virgili, a los polos extremos del republicanismo federal y del carlismo.⁴⁰ Mas no es ello cierto. Las zonas polares no son apropiadas para conquistar el apoyo de grandes sectores de la población. Si el catalanismo no se hubiera difundido a zonas más templadas habría continuado siendo un credo minoritario enfrentado con la tarea de despertar a un pueblo que había perdido el sentido de su propia identidad, a un pueblo que debía ser «recatalanizado». Lo que sí es cierto es que el catalanismo tuvo siempre una derecha y una izquierda. Para la izquierda, el espíritu de Cataluña era el progreso y el positivismo de un pueblo práctico que mira hacia adelante; para la derecha, la devoción y la estabilidad social de Cataluña eran el último refugio contra el liberalismo nacionalista y liberal. Los políticos catalanes deseaban unir estas dos tradiciones, y nunca lo consiguieron.

Por la derecha, dejando aparte el carlismo residual, existió siempre un sentido en el cual el catalanismo, como otras formas de regionalismo, era antiliberal. Los liberales, como herederos de los centralizadores borbónicos que habían sumido a Cataluña en su «largo invierno», asolando sus instituciones políticas peculiares, habían dividido la Cataluña histórica en cuatro provincias «artificiales»; la maquinaria del parlamentarismo «liberal», manipulada por los partidos nacionales, era lo que quitaba su fuerza a las reivindicaciones catalanas; la aversión al liberalismo y el amor a Cataluña hicieron que la Iglesia apoyase algunas de las reivindicaciones catalanas. La sede de Vic se convirtió en un centro de difusión de la cultura catalana; Morgades, restaurador de los monasterios catalanes y partidario del uso del catalán en el púlpito, fue sucedido en su sede episcopal por Torras y Bages, uno de los teóricos del regionalismo más ampliamente leídos.⁴¹ Como tomista definió a Cataluña como una «entidad verdadera, capaz de vida propia... indivisum in se e divisum ab aliis»; propuso una escuela nacional de pensamiento, un estilo nacional evidente en todas las actividades, desde la filosofía y la poesía hasta la arquitectura. Como muchos otros catalanistas de primera hora, convenía en que había que despertar ese espíritu configurador, pero que, una vez reavivado, no se le podía negar el derecho a la vida. Este espíritu era conservador. Así, la región serviría para preservar las estructuras sociales y un espíritu religioso amenazados por la civilización urbana del hombre sensual. Cristo era el Orfeo de la nación catalana, y sólo Cristo podía devolverle la vida.

Por la izquierda, el republicanismo federal dio, indudablemente, al catalanismo una posible estructura. Pero en manos de teóricos como Pi y Margall, no se compadecía con el contenido emocional de un regionalismo con matices tradicionales. Aunque el propio Pi, como catalán, viese la pujanza de los intereses locales, Cataluña como tal no ocupaba un lugar especial en la teoría federalista: no era más que una región en una España toda ella federalista, deducción lógica de las premisas del individualismo, no de las de la cultura, el lenguaje o la raza.

La gran figura del catalanismo fue un discípulo de Pi, Almirall, personalidad tan emotiva y apasionada como austera y reticente era la de Pi. En 1881 rompió finalmente sus difíciles relaciones con el maestro. El federalismo no podía acomodarse al «hecho» del particularismo catalán: un cuerpo definido y autosuficiente exigía un tratamiento específico más que un lugar en un esquema general. Además, el federalismo se había «prostituido» por su asociación con la violencia y los fracasos del 73: cerraría al catalanismo todo horizonte de apoyo burgués y campesino.⁴² «Debemos tener como única bandera nuestro amor a Cataluña», y en torno a esta bandera deberían unirse todos los catalanes, sin estorbo de sus creencias políticas. En 1879 Almirall fundó el Diari Català en un intento de popularizar el catalanismo contra los exclusivismos literarios de la «Santa Hermandad de los Juegos Florales». En 1880 organizó los Congresos Catalanes y en 1882 el Centro Catalán para separar a todos los partidos catalanes de sus relaciones con los partidos de Madrid. En 1885 colaboró con las diversas tendencias de la opinión catalana en el Memorial al rey. El gran partido catalán de Almirall fue un fracaso; fue el primer político catalán que experimentó las dificultades de uncir a derecha y a izquierda al mismo carro. Pese a todo, levantó la estructura del catalanismo, dotándole de una doctrina y de una táctica y de su característico sabor anticastellano: la estirpe enérgica y positiva vasco-catalano-ibérica era mantenida en la esclavitud por los soñadores árabes, por el sistema magnificente y despiadado de los forjadores de Castilla; marca de su esclavitud era que se les gobernaba en un idioma extranjero.

Aunque de tono conservador, el Memorial a Alfonso XII (1885) contenía las doctrinas de Almirall todavía recatadamente revestidas de fraseología regionalista. Por consiguiente, constituyó un importante paso hacia adelante en la historia del catalanismo. Las fuerzas vivas de Cataluña —industriales, agricultores y académicos— hablaban a coro en defensa de las reivindicaciones catalanas en nombre de una personalidad catalana con intereses morales y materiales. El intenso patriotismo local del regionalismo, aunque no lo comprendieran muchos de sus partidarios, se movía hacia una forma todavía diluida pero identificable de nacionalismo.

En primer lugar figuraba la premisa de que España es un Estado decadente, gobernado, bajo la apariencia del constitucionalismo parlamentario, por los políticos profesionales de Madrid según sus propios intereses.⁴³ En segundo lugar, Cataluña es un «pueblo», «grupo», «región» o «raza» (se evita la radical palabra «nación»), con su lengua, cultura e instituciones propias, y con su propia «personalidad», creación de una existencia histórica independiente, con anterioridad a la unión con Castilla. Esta personalidad es «positiva y analítica, arraigada en la libertad», en contraste con el genio abstracto de Castilla, con su «manía de predominio». En tercer lugar, la absorción de los diversos pueblos de España por una monarquía centralizadora y por liberales obsesionados por el precedente francés es la causa de la decadencia del vigor español. De donde se sigue que la senda de la regeneración de España debe buscarse reavivando y protegiendo los residuos de la vitalidad regionalista.⁴⁴ Castilla era la víctima de sus propias inclinaciones violentas que la embotaron junto con las regiones por ella oprimidas: la defensa del proteccionismo se fundaba en la debilidad misma de España en su conjunto, que había que atribuir a la manía castellana de uniformidad. El derecho civil catalán, por otra parte, era defendido por el solo hecho de ser catalán, «hijo de la autonomía en las épocas en que no dependíamos de Castilla». Su base ética era la libertad: la libertad testamentaria permitida por el derecho catalán había originado una clase de campesinos independientes, la estable familia catalana, en la que la tierra era detentada por una única cabeza responsable, el hereu.⁴⁵ ¿Con qué títulos querían los juristas liberales tratar de subordinar ese derecho a las normas del derecho castellano que, al igual que el catalán, era el derecho nativo de uno solo de los pueblos peninsulares? El vigor no procedería de una «unidad muerta», sino de la competencia de una variedad armoniosa. Para justificar los argumentos catalanes los regionalistas habían inventado la ficción de un «nacionalismo castellano», o de una raza principal dominante. Pero lo único que existía era un Estado español unitario. ¿Quiénes eran castellanos, sino los que lo servían?

El regionalismo mal definido del Memorial no encerraba petición alguna de autonomía política.⁴⁶ Se trataba del mínimo común denominador del catalanismo político. El desarrollo de los que el Memorial denominaba cautelosamente «objetivos trascendentales que ya no caben dentro de límites literarios y artísticos», constituyó el siguiente paso hacia adelante. En 1888 los nacionalistas literarios de la Lliga de Catalunya reclamaban un parlamento catalán.⁴⁷

El peligro de este nacionalismo más radical estaba en que haría del catalanismo un movimiento minoritario de intelectuales. Para evitar este peligro un joven de poco más de veinte años, Prat de la Riba, remozó la idea de Almirall de un partido de todos los catalanes; esta reconstrucción, sin embargo, debía proceder de la derecha conservadora, el único grupo que podía esperar obtener un trato limpio para Cataluña por parte de los políticos de la España de la Restauración; en las Cortes no podía esperarse simpatía alguna para un nacionalismo izquierdista, casi republicano.

Por más que Prat, como conservador social y político, estaba convencido de que la consecución de los objetivos catalanes debía realizarse con el consentimiento de la España monárquica, y no por imposición de una revolución separatista contra ella, convirtió el lenguaje del regionalismo en otro nacionalista. Fueron «las estridencias», según expresión de Cambó, de este nuevo nacionalismo concretado en su Catecismo (1894), las que hicieron cada vez más difícil para los españoles creer que las reivindicaciones catalanas podían conciliarse con la perpetuación de España como Estado nacional unitario. Para Prat, Cataluña era la unidad natural, la patria que exigía la más profunda fidelidad de todos los catalanes; por encima de esta patria el Estado español era una estructura artificial —«una de las grandes unidades mecánicas formadas mediante la violencia»— que mantenía a Cataluña en una esclavitud que Prat y sus seguidores estaban dispuestos a equiparar con el dominio de los turcos sobre los griegos. Pregunta: «¿Cuál es el elemento enemigo de Cataluña y que desnaturaliza su carácter?». Respuesta: «El Estado español».⁴⁸ Prat de la Riba rechazó repetidamente las acusaciones de separatismo: «La vida en común desde antiguo ha creado vínculos con la unidad más amplia de España que no pueden quebrarse». Pero estos vínculos debían ser lo bastante elásticos para permitir un Estado catalán unido federativamente con las demás naciones de España. La misión imperial de Cataluña (el imperialismo era la actividad insoslayable y legítima de una cultura superior) era llevar a las demás naciones de España a su autorrealización como tales dentro de una federación ibérica.

Este su programa, expurgado de sus exageraciones más obvias, quedó plasmado en las Bases de Manresa, las cuales, con modificaciones y retoques, continuaron siendo el programa esencial del catalanismo hasta su triunfo en tiempos de la Segunda República.⁴⁹ Las Bases pedían la autonomía de Cataluña como región autónoma dentro del Estado español, que sus asuntos internos fueran controlados por unas Cortes catalanas elegidas con voto corporativo, con el catalán como idioma oficial y con todos los cargos reservados a catalanes, lo fueran por nacimiento o por naturalización. Las cortes catalanas controlarían la política y serían la suprema autoridad legislativa en materia civil y penal. Cataluña debería tener su propio tribunal supremo y enviaría al Ejército español un contingente fijo de soldados que se reclutarían sobre la base del voluntariado. El objetivo de Prat era unir a todas las organizaciones de Cataluña en torno al programa de Manresa y, arrancando el movimiento de las manos de los intelectuales de Barcelona, hacerse con los conservadores. Tal es la razón por la que los congresos de la organización de Prat, la Unión Catalanista, se celebraron en ciudades de provincia. En el congreso de 1898 se decidió entrar en el mundo corrompido de la política española para finalizar la era de protestas y memoriales, e iniciar la organización de un partido político que luchara por los derechos catalanes.

4. La protesta catalana (1898-1919) y el nacionalismo vasco

El catalanismo contaba ya con una organización y con una doctrina. El desastre de 1898 le dio su primera oportunidad real de conquistar una audiencia masiva entre las clases medias. La imagen de un Estado castellano moribundo que, tras obligar a su juventud a hacer el servicio militar, había perdido para Cataluña su mejor mercado permitió que el catalanismo se convirtiera en una de las fuerzas generales de la regeneración y en una fuerza electoral eficaz. Con ello, podía aplicar la doctrina táctica de Manresa; podía entrar en la política española y, dadas las simpatías regionalistas de los regeneracionistas conservadores, podía efectuar esta entrada por el conducto del partido conservador. En 1899 el gobierno Silvela-Polavieja tuvo un ministro catalán: el regionalista Durán y Bas, defensor del derecho catalán, y nombró al doctor Robert, un médico distinguido, alcalde de Barcelona.

Esta alianza se rompió pronto.⁵⁰ Como siempre, el intento de resolver el problema catalán «dentro de España», pidiendo el apoyo conservador en Madrid, enajenó a los grupos izquierdistas en Cataluña. Éstos boicotearon toda relación con Polavieja, en quien veían a un reaccionario clerical. En 1901 los desencantados polaviejistas de derechas se unieron y, para sorpresa suya, obtuvieron una gran victoria electoral: cuatro candidatos catalanistas consiguieron las mayorías, contra los republicanos de Lerroux y los partidos dinásticos. Esta combinación electoral victoriosa se convirtió en la Lliga Regionalista, la fuerza política más eficaz que el catalanismo habría de crear con anterioridad a 1930-1931. Excluidos de la batalla los partidos tradicionales, la política electoral de Barcelona había de limitarse a una pugna entre la Lliga y los republicanos de Lerroux, lucha que volvía a abrir reiteradamente la fisura entre la derecha y la izquierda catalanistas. Cuando la Lliga figuraba en una alianza dominada por la derecha, las diatribas de Lerroux atraían a él a la izquierda; cuando adoptaba un tono cuasi republicano, se enajenaba a los regionalistas conservadores.

La Lliga fue una organización autocrática, gobernada en Cataluña por Prat de la Riba y sus amigos, y con Cambó como representante suyo en la política nacional. Cambó, al que su energía y capacidad harían millonario, era un estadista nato, afectado por el hecho de que su carrera como «hombre de gobierno» se viera frustrada por la indiferencia de los políticos madrileños hacia la cuestión catalana.⁵¹ Prat y Cambó eran pragmáticos que deseaban sustituir los extremismos de la nostalgia nacionalista —Cambó decía que los poetas exageraban las exageraciones de los historiadores— por un programa concreto y claramente definido de autonomía regional, que esperaban llevar a la práctica mediante la tarea diaria de propaganda y la actividad política. En sus manos, la Lliga se convirtió en un grupo de presión con dinero y muy bien organizado, con sus propagandistas electorales y sus ficheros. Organizaba giras de propaganda en las que sus personalidades más destacadas trataban de establecer relaciones con el nacionalismo vasco, y conquistar simpatías para la causa regionalista en toda España. Se convirtió en una fuerza organizadora de la vida cultural de Cataluña. Más que cualquier otra cosa, fueron los espléndidos esfuerzos de la Lliga y de otras organizaciones particulares, mecenas de la vida intelectual de Cataluña, fundadoras de institutos, cátedras y bibliotecas dedicadas a la lengua catalana, que dieron a los catalanes la sensación de que Cataluña se remozaba en medio del Estado yermo que se encogía de hombros ante su cultura.

Para la izquierda catalana la Lliga era doblemente sospechosa: era una organización conservadora dirigida por millonarios, inadecuada para competir eficazmente con Lerroux, quien podía calificarla de partido clerical «irlandés»; era una organización de hombres prácticos, preocupados por conseguir resultados. Sus dirigentes estaban dispuestos a sacrificar la pureza nacionalista a la realpolitik de conseguir la autonomía negociando en Madrid.

La perspectiva de un acuerdo negociado se abrió en 1903 con la subida al poder de Maura, conservador cuyo interés por la reforma del gobierno local acaso llegaría hasta satisfacer las exigencias mínimas de Cataluña. Frente a la hostilidad cerrada de un ayuntamiento republicano, que se negó a adornar las calles, y pese a la indiferencia glacial de la Lliga, Maura convenció al rey para que visitara Barcelona (abril de 1904). La visita fue un éxito popular, en parte gracias a los esfuerzos del marqués de Comillas, que llenó las calles de una claque monárquica. Ante este entusiasmo, la Lliga cambió de actitud y solicitó del rey una autonomía regionalista. Sin embargo, este paso que inauguraba la perspectiva de un acuerdo entre Barcelona y Madrid, entre Maura y Cambó, escindió a la Lliga; el reconocimiento implícito de la monarquía incitó a la izquierda de la Lliga a organizar un partido separado, republicano y hostil a todo acuerdo de compromiso maquinado entre Cambó y Maura.⁵² El catalanismo se escindió en una derecha práctica y una izquierda doctrinaria y nacionalista. Así debilitado, fue nuevamente derrotado de mala manera por Lerroux en las elecciones de septiembre. Pese a todo, en 1906 las diferencias entre derecha e izquierda se limaron una vez más en el seno de Solidaridad Catalana, la concentración de fuerzas más amplia y poderosa nunca vista en Cataluña.

La experiencia de Solidaridad Catalana había de demostrar una vez más que el catalanismo sólo podía llegar a ser políticamente eficaz como parte de una protesta generalizada. En 1905 la debilidad de los gobiernos liberales proporcionó esa oportunidad: en noviembre de dicho año los oficiales de la guarnición de Barcelona, considerándose insultados por una caricatura aparecida en un periódico catalán, asaltaron su imprenta. El gobierno liberal no solamente se abstuvo de castigar a los oficiales, sino que accedió a la petición del Ejército de que los ataques publicados en la prensa contra el honor de éste fueran juzgados por tribunales militares. La Ley de Jurisdicciones pareció apaciguar la airada dignidad del Ejército a expensas de la libertad en general y de la libertad catalana en particular. La respuesta fue una coalición electoral catalana en defensa de las libertades constitucionales, que comprendía desde los hasta entonces republicanos ortodoxos anticatalanes de Salmerón hasta los carlistas.⁵³ El centro organizador de Solidaridad fue la Lliga, y se adoptó como programa una versión suavizada de las resoluciones autonomistas de Manresa. Solidaridad Catalana, con los radicales de Lerroux como única fuerza local de importancia fuera de ella, y con unos partidos dinásticos que eran, como confesaba el gobernador civil, «una nulidad», consiguió 41 de los 44 escaños catalanes en las elecciones de abril de 1907. Las «fuerzas vivas» del catalanismo habían triunfado sobre el caciquismo en una contienda que parecía señalar «un paso hacia la europeización política de España».⁵⁴ Con un bloque de diputados catalanes en las Cortes y con Maura en el poder, Cambó tenía muchas esperanzas de llegar a un arreglo que satisficiera las reivindicaciones catalanas mínimas. Como organizador del catalanismo podía esperar mantenerlo «esencialmente conservador».⁵⁵

Estas esperanzas ocultaban un error, tanto en lo tocante a Maura como por lo que hacía al ala izquierda de Solidaridad Catalana. Maura creía que alguna descentralización administrativa podía purificar y reavivar la vida política; por ello consideraba la cuestión catalana como un problema de gobierno local. Cambó, pese a todo su «realismo» y a su insistencia en una solución «dentro de España», pensaba que alguna autonomía era requisito insoslayable del reconocimiento legítimo de una «personalidad», de un pueblo con identidad propia cuyos derechos estaban fuera y por encima de las conveniencias de la discrecionalidad administrativa. Por consiguiente, Cataluña encontró en Maura, no a un Gladstone que simpatizase con un caso especial, sino a un Chamberlain y una autonomía reducida. Con tan poca cosa Cambó no podía esperar impedir que la izquierda catalana y sus aliados republicanos arremetieran contra los aspectos conservadores de la ley de régimen local de Maura —especialmente su voto corporativo y «antidemocrático»—. El catalanismo se dividió nuevamente en una derecha y una izquierda, en «realistas» y en nacionalistas del «todo o nada».⁵⁶ Para deleite de los anticatalanes, Solidaridad resultó ser un pacto electoral fortuito y quebradizo, en vez del «movimiento de un pueblo en sagrada unidad», de modo que, con el fracaso de la colaboración entre Maura y Cambó en 1907, la segunda intervención del catalanismo en la política española se saldó con un desastre. En 1908 Solidaridad fue derrotada en las urnas por los republicanos radicales de Lerroux y toda la política de Cambó y Maura sufrió con ello un golpe fatal.⁵⁷

Fue entonces, se ha dicho, cuando el catalanismo de izquierda perdió su oportunidad, al no levantar, como se proponía, un partido nacionalista pequeñoburgués, fuerte frente a Lerroux y a los magnates de la Lliga. Su mesías, Pere Corominas, cuya violencia sin asidero firme y cuyos mal digeridos conocimientos parecieron entonces arma apropiada contra los demagogos republicano-radicales, cometió lo que para los catalanistas entusiastas fue un error táctico imperdonable, aliándose con Lerroux, el inveterado archienemigo de Cataluña.⁵⁸ Ello es que en 1911 la Lliga aparecía nuevamente como el único instrumento eficaz del catalanismo.

Bajo la Lliga, pues, Cataluña logró su única victoria palpable: la concesión de la Mancomunidad. Fue la culminación de la modesta porfía de la Lliga de conseguir el poder en la esfera local como primer paso en el camino de la autonomía. Prat de la Riba había ocupado la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona en 1907, y él y sus aliados en el ayuntamiento pusieron su influencia en la administración local al servicio de la cultura catalana y de los intereses de los catalanistas, hasta el punto que Lerroux dio la voz de alarma contra el nuevo cariz que tomaba el caciquismo catalanista. La Lliga propuso concentrar esta fuerza mediante la creación de una Mancomunidad que uniera a las cuatro Diputaciones Provinciales catalanas para algunas de sus funciones. Esta reivindicación prevaleció porque, al crear un débil reflejo de la antigua región histórica, no quitaba al Estado ningún poder que no hubiera sido concedido ya a las Diputaciones Provinciales; por consiguiente, se evitaron los debates retóricos sobre el principio de la soberanía y las amenazas a la unidad nacional. Podía ser apoyada por catalanes como Alfonso Sala, que nunca se hubiesen avenido a la transformación del regionalismo en nacionalismo, y por políticos como Canalejas y Dato, que anhelaban cualquier solución que quitase de en medio la cuestión catalana.⁵⁹

La Mancomunidad dedicó gran parte de sus energías a la «modernización» de Cataluña mediante la instrucción técnica y una ambiciosa red de carreteras y teléfonos. Prat de la Riba, como primer presidente, empleó sus poderes al máximo. Murió en 1917 y su sucesor fue Puig y Cadafalch, arquitecto, arqueólogo e historiador del arte, persona menos enérgica, que, como tantos políticos catalanistas, había llegado a la política desde la tarea de recrear la Cataluña histórica. Esta tarea de «renacionalización» cultural —por emplear la expresión de Rovira y Virgili— era todavía crucial para el catalanismo, y la Mancomunidad fue su principal instrumento.⁶⁰

La Mancomunidad distaba mucho de la autonomía; cuando la Lliga trató de extender sus funciones en el sentido de la autonomía solicitando la delegación de poderes hasta entonces pertenecientes al Estado, las viejas discusiones estériles sobre la soberanía impidieron todo progreso. Los denodados esfuerzos de Cambó por presentar su campaña en favor de la autonomía como parte de la visión de una Gran España basada en gobiernos regionales fuertes, no lograron acallar las suspicacias. Plebiscitos y reuniones masivas reforzaron la reivindicación en Cataluña, pero en Madrid no pudo llegarse a compromiso alguno entre la descentralización, que preservaba el Estado nacional, y la autonomía, que «haría pedazos la nación». Hacia 1919 la Lliga, que había prometido la autonomía por medios pacíficos, estaba perdiendo terreno: al no lograr nada los moderados, siempre salían favorecidos los nacionalistas radicales de la izquierda que aceptaban el separatismo como consecuencia lógica de la derrota a manos de la raza dominante.⁶¹

El no haber dado la Lliga con una solución a su gusto «dentro de España» ilustra el destino de los movimientos autonomistas constitucionales empujados a alianzas revolucionarias para ejercer presión, en favor de sus reivindicaciones, sobre un gobierno central indiferente. Al igual que Parnell, Cambó fue un político que miraba a la vez en ambas direcciones: era un conservador social que jugaba con la amenaza revolucionaria pero que odiaba la revolución. En 1906 y 1917 se sumó a un ambiente revolucionario con la esperanza de imponer concesiones en favor de Cataluña; más tarde comprendió que esta alianza sólo conseguía hacerle más sospechoso, tanto en Madrid como en Barcelona. En cuanto pasaba de las amenazas a la colaboración se le acusaba de traición en Barcelona, mientras que en las Cortes hasta los políticos que simpatizaban con él estaban resentidos ante la actitud chantajista catalana. El lenguaje que los políticos catalanes toleraban en Barcelona suscitaba, comparado con su estudiada moderación en Madrid, la acusación clásica de emplear un lenguaje doble, uno para cada orilla del Ebro.⁶² Los políticos españoles tampoco podían comprender la extrema indiferencia táctica de los políticos catalanes en sus tratos con el sistema de partidos y en su alianza con las amenazas revolucionarias a la monarquía. Los catalanistas no daban importancia al partido o combinación de partidos que pudiera conceder la autonomía catalana, y si la monarquía parlamentaria se negaba a satisfacer sus peticiones, no eran reacios a buscar aliados al margen y en contra de ella.⁶³

De ahí el deleite que experimentaban los defensores de la unidad nacional al denunciar como un engaño político la campaña de Prat de la Riba y de Cambó por armonizar las reivindicaciones catalanas y los intereses españoles dentro de una Gran España revitalizada por el regionalismo. Incluso los políticos catalanes se percataban de que, salvo los vascos y en mucho menor medida los gallegos, ninguna región aparte de Cataluña poseía lo que ellos denominaban «personalidad». Los políticos españoles descartaban la Gran España, en el mejor de los casos como una obstinada defensa de los intereses y beneficios catalanes, y en el peor como un separatismo encubierto. Sin duda los catalanes creían que los ineptos políticos «castellanos» estaban echando a rodar su propia contribución a una economía nacional próspera y moderna, al exigir impuestos sobre utilidades de las industrias de guerra, petición a la que se opuso Cambó. Pero, lo mismo que en la lucha proteccionista, la apelación al interés nacional parecía ocultar el requerimiento de que España pagara la factura de la prosperidad sostenida de Cataluña. El argumento de Cambó según el cual la necesidad del mercado español para los productos catalanes impedía el separatismo fue convertido por los anticatalanes en afirmación según la que solamente el interés económico acreditaba la lealtad de Cataluña a España, o en la creencia de que la autonomía podría suplirse con buena voluntad económica. Unamuno pudo vituperar a una nación que, decía él, estaba dispuesta a vender su alma por un arancel.

Nada puede ocultar el hecho de que el catalanismo moderado fracasó porque nunca representó a las masas en Cataluña: el énfasis puesto en la lengua y la cultura catalanas hizo que su programa fuera literalmente incomprensible para amplios sectores de las clases trabajadoras, de habla no catalana. Si hubieran triunfado las Bases de Manresa, gran parte de la población no habría sido capaz de hablar la lengua oficial. Esta enajenación de las clases trabajadoras empujó al catalanismo moderado a una alianza con las fuerzas «revolucionarias» representadas por el sosegado republicanismo de Salmerón, pero, como demostró el fracaso de Solidaridad Catalana, tal alianza sólo podía ser un recurso temporal para los conservadores. Cuando se desintegró la coalición «revolucionaria» de 1906, la fuerza electoral de los republicanos radicales mató el programa de la Lliga, de una solución relativamente moderada, negociada con Madrid y que se moviese dentro de la monarquía constitucional.

Al no lograr resultado alguno con su solución «dentro de España» y sin atacar a la monarquías los catalanistas alegaron que el aliado natural del catalanismo era el republicanismo, y que el conservadurismo de la Lliga constituía una rémora no compensada por su riqueza y fuerza organizativa. En 1917, con el Movimiento Asambleísta se sumó por última vez a una alianza «revolucionaria» a fin de garantizar la autonomía catalana.⁶⁴ Cambó se comportó entonces como un político burgués, abandonó la coalición y permitió que algunos miembros de la Lliga entraran en el gobierno. Más tarde, la violenta lucha social de Barcelona convenció a los prohombres de la Lliga de que el Ejército y la policía del odiado Estado central también podían ser útiles contra el sindicalismo revolucionario.

Para los nacionalistas catalanes la Lliga se convirtió, por tanto, en «un apéndice del conservadurismo monárquico»; su insistencia en una solución «dentro de España» parecía una negación permanente de los derechos de Cataluña, mientras que su conservadurismo propio de hombres de negocios tenía escaso atractivo para las capas medias barcelonesas o para los aparceros del campo. El catalanismo, pues, se orientó hacia la izquierda. El acercamiento de catalanismo y republicanismo fue obra de Acció Catalana (1922), que sentó las bases de un acuerdo con el republicanismo, lo que habría de dar la victoria a Cataluña en 1931.⁶⁵ Cambó era todavía el hombre más poderoso de Cataluña, pero el dirigente espiritual del nacionalismo catalán era Macià, el cual llegó a creer que la política de Cambó de arrancar concesiones «prácticas» era estéril y que Cataluña debía luchar por su reconocimiento como República independiente dentro de una República federal española.⁶⁶ Rechazó el monarquismo de la Lliga, su moderación y su nacionalismo ambivalente. Para Macià la autonomía no era suficiente. Pidió para Cataluña representación propia en la Conferencia de la Paz de 1919.

Macià, oficial del Ejército que había sacrificado su carrera al catalanismo, renunciando a su escaño en las Cortes como protesta contra la «frívola ligereza» con que España se ocupaba de Cataluña, poseía la austeridad y la sencillez personal de un héroe nacionalista —papel éste que Cambó habría despreciado porque creía que el poder efectivo reside en los gobiernos, no en los ideales—. En política, sencillez significa violencia, y fue la violencia lo que este hombre tranquilo predicó a la juventud y a los intelectuales catalanes cansados del realismo de la Lliga. La alarma inspirada por la violencia separatista de los nacionalistas catalanes más jóvenes fue lo que convirtió a los políticos más viejos de la Lliga en partidarios reacios de un golpe de Estado militar en 1923. Pagaron esta locura con la derrota electoral de la Lliga en 1931. El catalanismo se había apartado finalmente de sus orígenes conservadores y fluía por los crecientes torrentes de la izquierda.

Esta orientación hacia la izquierda era imposible para el nacionalismo vasco, el segundo de los movimientos de autogobierno local de finales del siglo XIX. Comparado con el nacionalismo catalán, parecía algo arcaico, «salvaje» y primitivo, mientras que éste podía atraer a lo mejor de la vida catalana.⁶⁷ En fecha tan tardía como 1923 no había producido una literatura siquiera remotamente comparable a la de la Renaixença catalana; sus cristalizaciones culturales estaban al nivel de las baladas y el folklore. El idioma vascuence fue rechazado como instrumento literario por los más grandes escritores vascos: Maeztu, Baroja y Unamuno. Además, perdía más y más terreno ante el castellano, especialmente entre las capas medias; esta sensación de un activo decreciente fue lo que empujó al nacionalismo vasco a los extremos de lo que Unamuno llamaba la «absurda virginidad racial».⁶⁸

Paradójicamente, fue la firmeza de sus fundamentos institucionales lo que limitó el alcance del nacionalismo vasco. Los vascos no habían perdido las que llamaban sus libertades políticas «medievales» hasta 1839, en tanto que las libertades catalanas eran manifiestamente creación de la erudición histórica. Así, mientras que el regionalismo catalán podía convertirse en un nacionalismo expansivo y de carácter moderno, los vascos se veían obligados a reivindicar «las libertades más antiguas del mundo occidental», las antiguas instituciones forales.

Al ponerse del lado de la reacción política en la guerra carlista de 1833-1839, los vascos habían perjudicado sus exigencias forales: la centralización no fue mero dogma del liberalismo victorioso, sino además castigo impuesto a las provincias rebeldes. Durante los treinta años siguientes los fueristas lucharon, con cierto éxito, por salvar lo que cabía librar de la política centralizadora de los liberales madrileños. La tercera rebelión carlista de 1875 hizo seguro el desquite liberal y permitió a Cánovas llevar a la práctica los objetivos de los liberales progresistas de 1839: las libertades forales fueron cercenadas finalmente de modo y manera que ya no perjudicasen a la «unión constitucional» de España.⁶⁹ Pero, aun así, las provincias conservaron su concierto económico (un acuerdo separado sobre los impuestos negociado con el gobierno), y un amplio grado de autonomía administrativa.

El fuerismo representaba una especie de prenacionalismo basado en los intereses de la población rural; no llegó a convertirse en un sentimiento hasta las baladas de Iparraguirre, que se hicieron populares en los años sesenta, y se transformó en nacionalismo bajo la influencia directa del catalanismo. El profeta de este nacionalismo en los años noventa fue Sabino de Arana: al igual que los catalanes, destacaba la distinción entre la patria (su propia provincia de Vizcaya y, por extensión, Euzkadi, que comprendía las Provincias Vascongadas, Navarra y el País Vasco francés) y el Estado español;⁷⁰ insistía en la necesidad de crear una cultura vasca basada en el idioma vascuence; pero, sobre todo, con el Partido Nacionalista Vasco (P. N. V., fundado en 1894), separó resueltamente el nacionalismo vasco del carlismo. El carlismo, que nunca se había preocupado realmente por las libertades vascas, había terminado destruyéndolas con su propia derrota.

El nacionalismo vasco tomó del fuerismo su programa básico: la restauración de la libertad perdida en 1839. Interpretaba esta libertad como la completa independencia (que llegaba a la facultad de concertar alianzas con el extranjero) para un Estado basado «si no exclusivamente, sí principalmente en las familias de raza vasca». Por tanto, era más explícitamente racial que el nacionalismo catalán: el P. N. V., en su propaganda inicial, desaconsejaba el matrimonio con los no vascos. «Que Euzkadi restaure su idioma hasta el punto de exiliar de sus dominios al francés y al español, que purifique su raza, que se aísle del mundo exterior en su carácter y en sus costumbres, que recupere su antiguo fervor religioso, que persista en su modo de vida anterior a 1839.» Era también violentamente católico y lo apoyaban sacerdotes que consideraban que la lengua y la cultura vascas obrarían de cordón sanitario contra el liberalismo. «No enseñéis a los vuestros el castellano, el idioma del liberalismo.»⁷¹

Este vehemente programa difícilmente podía esperar encontrar apoyo en una región en la que el idioma nacional estaba en decadencia y donde el P. N. V. tenía que enfrentarse con partidos enemigos poderosos y arraigados. Los carlistas, fuertes en Navarra, odiaban su separatismo radical; los socialistas, potentes en Bilbao, denunciaban su catolicismo reaccionario. Pese a todo, el P. N. V. pudo enviar siete diputados a las Cortes de 1918. En los debates de los años siguientes su tinte de nostalgia melancólica dio más fuerza a la protesta de Cataluña. A pesar de las diferencias de temperamento —Cambó reconocía que los vascos eran más «violentos» que su propio pueblo—, catalanes y vascos podían aliarse contra el egoísmo político falto de imaginación de un Estado gobernado por castellanos. Las raíces emocionales del separatismo se debían menos a las construcciones conscientes de los nacionalistas que a una sensación de abandono y a la indiferencia que el centro exhibía para los asuntos de la periferia. En realidad el Estado español todo lo desatendía, y la teoría de las «naciones menos favorecidas», propugnada por los vascos y los catalanes, y en menor medida por los gallegos, fue uno de esos mitos sobre los cuales florecen los nacionalismos.

5. El reingreso del Ejército en la política

Hasta la Restauración de la monarquía en 1874, el instrumento efectivo de protesta y de cambio políticos fue el Ejército, que parecía haber perdido este papel como consecuencia de la «desmilitarización» de la política realizada por Cánovas. Hasta 1923, salvo el levantamiento republicano de Villacampa, ningún general inició un pronunciamiento.⁷²

Esta apariencia civil de la vida política de la Restauración es engañosa: los generales dejaban la política a los civiles solamente a condición de que éstos no tocaran el Ejército y de que ellos mismos siguieran siendo figuras influyentes en la vida política. El teniente general Martínez Campos, el consejero de mayor confianza y lealtad de la monarquía, era consultado en todas las crisis políticas importantes, y la España conservadora se había dirigido al general Polavieja para que la salvara en 1898-1899. Los generales, que tenían un escaño como senadores, podían defender los intereses del Ejército. El ministro de la Guerra fue siempre un general, y el presupuesto militar una «reserva sacrosanta» ante la cual los políticos civiles experimentaban «inhibición total».⁷³ Pero, por encima de todo, el Ejército tenía un celoso defensor de su causa en el propio rey. Se decía que Alfonso XII se sabía de memoria el escalafón militar, y su hijo afirmaba que de no haber nacido rey habría sido comandante de infantería. Ni el rey ni sus cortesanos militares aceptaban plenamente la relación constitucional entre la monarquía y las fuerzas armadas, y ningún político tuvo el valor de desengañarles.73 bis

El extraño papel del Ejército a finales del siglo XIX no puede comprenderse sin un examen de las particularidades de su estructura social y administrativa. El Ejército español continuaba siendo un aparato burocrático, encuadrado por un cuerpo de oficiales mal pagado, reclutado entre las capas medias, con algunos aristócratas en la caballería y la artillería. Los generales de 1936 —Varela, Moscardó e incluso el propio Franco— procedían de hogares modestos. Así, para muchos oficiales españoles la paga y las perspectivas de ascenso constituían intereses vitales; y ambas sufrían debido a las amplias dimensiones del cuerpo de oficiales. Para el oficial condenado a buscarse un empleo en sus horas libres como amanuense o agente de negocios a fin de subsistir, el atractivo del pronunciamiento residía en las perspectivas de ascenso; la némesis de las constantes rebeliones militares dio lugar a un Ejército sin vacantes en la cumbre. En esta profesión congestionada los ascensos superiores se debían aún a la influencia política.⁷⁴

Todos los intentos de reformar un sistema que todo el mundo consideraba defectuoso fracasaron. Este fracaso se debió tanto a la complejidad de los intereses militares implicados como a la cobardía de los políticos. Así, el adversario más poderoso de las reformas del general Cassola fue el arma de artillería. Los «cuerpos facultativos» del Ejército (ingenieros y artillería) constituían una aristocracia militar: se enorgullecían de sus aptitudes profesionales en un Ejército donde la influencia política pesaba más que la competencia profesional, y a lo largo del siglo XIX todos los oficiales de artillería sin excepción se habían negado a ascender dentro de su regimiento salvo por estricta antigüedad.⁷⁵ Este poder corporativo era envidiado por otras armas, que apoyaron la reforma de Cassola; la artillería desplegó su poderosa influencia para oponerse a la reforma y derrotarla.⁷⁶ En 1906 el general Luque, de antecedentes republicanos, propuso un Ejército moderno, organizado en divisiones, con un cuerpo reducido de oficiales. En el Senado los generales objetaron que el modo de remediar el desequilibrio entre oficiales y soldados no consistía en reducir el número de oficiales, sino en llamar a filas a más hombres.

Los mejores profesionales del Ejército comprendieron los defectos de un cuerpo de oficiales hipertrofiado, de dimensiones dobles que las del Ejército francés. De 1880 en adelante creció el interés por la mejora de la preparación profesional, reflejado en la fundación de clubs de oficiales, de revistas militares y en campañas en favor de la reforma del sistema de reclutamiento y de la instrucción militar.⁷⁷ Pero la enorme proporción del presupuesto militar dedicado a las pagas de los oficiales echó a rodar el profesionalismo y la reforma. Todos los ataques a la henchida burocracia española que incluían a las fuerzas armadas, se estrellaron contra el mismo dilema insoluble: sólo la reducción de sus dimensiones podía financiar la eficacia, y la reducción amenazaba las pagas de quienes no podrían encontrar plaza en una plantilla menos abultada. Mientras el cuerpo de oficiales conservara su fuerza, solamente la mitad de los hombres llamados a filas podrían ser alimentados y adiestrados. Así, al estallar en 1909 la guerra de Marruecos, la repentina llamada de reservistas originó una pequeña revolución. En 1920 el Ejército fue a Marruecos sin tanques, sin fusiles modernos y sin hospitales decentes. Cuando el Ejército quedó deshecho en el campo de batalla, los civiles abrumaron a los oficiales «corrompidos» con ejemplos de los defectos de una casta militar que nunca había tenido la oportunidad de entrenarse para la guerra:⁷⁸ un Ejército que no podía pagar las maniobras estaba condenado al papeleo y a la vida de cuartel. Mientras la artillería y los ingenieros conservaban el interés y la cualificación profesionales, el entusiasmo del cadete de infantería se tornaba amargura por obra de las trivialidades rutinarias de la vida en las guarniciones de provincias; terminada su auténtica tarea militar, el oficial se convertía en poco más que un policía, en corista de las funciones públicas o, según la acerba expresión del general Mola, no en defensor de la nación, sino en funcionario, en adorno doméstico, en un «pijama».

Como señaló Galdós en los años ochenta, «los militares se consideraban como una clase aparte, como un Estado dentro del Estado», dedicados a la defensa de los intereses morales y materiales del Ejército.⁷⁹ El principal interés moral del Ejército era la defensa de su «dignidad» frente a los ataques de la prensa; deseaban someter estos ataques a la jurisdicción de los tribunales militares. En 1895 dos periódicos «insultaron» al Ejército acusando a los oficiales de comprar su exclusión del servicio activo en Cuba, y algunos jóvenes oficiales de uniforme destruyeron sus imprentas. Martínez Campos apaciguó a los descontentos uniformados a costa de la dimisión del ministro de la Guerra. Cuando un senador conservador acometió al Ejército por su conducta en la guerra cubana, el general Weyler pidió que fuese juzgado por un tribunal militar. En noviembre de 1905 una caricatura de un periódico catalanista suscitó un ataque similar por parte de la guarnición de Barcelona. La crisis subsiguiente mostró la debilidad del control civil. El general Weyler, como ministro de la Guerra, se negó a obedecer al gobierno, y los oficiales sólo quedaron tranquilizados por la garantía personal del rey de que defendería sus intereses.⁸⁰ El jefe del gobierno, Montero Ríos, dimitió antes que dar la batalla. Moret, su sucesor, dio al Ejército un tribunal privilegiado con la Ley de Jurisdicciones. El Ejército, que había abandonado sus antiguas técnicas de intervención abierta como partido político, había conseguido una victoria importante en su nuevo papel de grupo de presión.

Los años comprendidos entre 1917 y 1923 son testigos del retorno del Ejército a su función tradicional como vehículo y expresión de una voluntad nacional subvertida por las imperfectas instituciones políticas de un parlamentarismo «decadente». Esta intervención revistió dos formas: el movimiento de las Juntas de Defensa de 1917 y el golpe de mano militar de septiembre de 1923.

La revolución de las Juntas de 1917 fue, según se ha visto, el finisterre de los burócratas militares mal pagados y, al mismo tiempo, un intento de defender el estatus «moral» del Ejército. El movimiento, que esencialmente fue una huelga de oficiales en favor de mejoras económicas, fue aceptado por la opinión pública como un medio legítimo para imponer una renovación de la vida pública. Al coronel Márquez, su figura principal, se le diría más tarde: «Teníais a España en vuestras manos... Hicisteis mucho. Redimisteis a las clases medias y les enseñasteis a llevar la cabeza alta».⁸¹ El movimiento fracasó como intento de regenerar a España: el rey, tras intentar valerse de los junteros, o aplacarlos, acabó repudiándolos. Los generales no quisieron tener nada que ver con ese movimiento, que el político conservador La Cierva dividió accediendo a sus reivindicaciones «técnicas». De este modo, en vez de imponer condiciones a los partidos, se convirtió en un movimiento de «sórdidos» intereses militares —paga y ascensos— manejado por los políticos para sus propios objetivos partidistas.

En los años que siguieron a 1919 la guerra de Marruecos modificó una vez más el papel del Ejército. Los oficiales de Marruecos, endurecidos en una guerra difícil, no simpatizaban con el programa juntero de un Ejército de tiempo de paz, en el que hubiesen desaparecido los ascensos por méritos de guerra que hicieron la carrera de los africanistas, mientras que los junteros calificaban a los oficiales de Marruecos de «borrachos» faltos de conciencia civil. Los desastres militares de 1921 en Marruecos hicieron que el Ejército se sintiera al mismo tiempo inseguro e indignado. Esto, porque veía que los políticos le habían privado de las bases materiales del triunfo, y aquello, porque temía que estos mismos políticos atribuyeran la «responsabilidad» a un Ejército al que su parsimonia había negado el instrumento de la victoria. Como en 1923 podía decirse que el sistema político estaba «decadente», el Ejército podía salvarse a sí mismo revirtiendo a su papel tradicional como encarnación de la voluntad nacional. El Ejército no se pronunció en peso; pero tampoco se opuso a los acontecimientos. Primo de Rivera, al derogar la Constitución e implantar una dictadura militar en septiembre de 1923, apuntó a la profunda diferencia que mediaba entre la sedición militar v salvación nacional: «en un estado de descomposición, [la acción militar] fue aclamada por el pueblo y sancionada por el rey, movido por el imperio de un prudente patriotismo». El país, que en 1917 estaba dispuesto a aceptar a comandantes y coroneles como nuevos intérpretes de la voluntad general, experimentó una sensación de alivio cuando un general asumió el papel tradicional de su profesión, abandonado desde 1875.

CAPÍTULO XIV

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA, 1923-1931

Cuando Primo de Rivera se hizo con el poder no traía programa, aparte de realizar una purga entre los políticos, restablecer la «paz social» y resolver la cuestión marroquí. «Nuestro propósito [es] constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España, para restablecerla tan pronto como, ofreciéndonos el país hombres no contagiados de los vicios que a las organizaciones políticas imputamos, podamos nosotros ofrecerlos a Vuestra Majestad para que restablezca pronto la normalidad.» Todo el dilema de la dictadura se contenía en esta afirmación: en aquella época apenas se advirtió que Primo de Rivera pensaba designar a sus sucesores en el momento que le pareciera mejor. Como un brujo torpe, nunca pudo encontrar ese momento mágico.

1. La dictadura, Cataluña, el movimiento obrero y Marruecos, 1923-1926

El pensamiento político de Primo de Rivera era primitivo, personal e ingenuo. La médula de su personalidad política estaba hecha de un odio obsesivo a la política y a los políticos. Sus apariciones públicas estuvieron siempre salpicadas, desde el principio hasta el fin, de ataques a los hombres que en su opinión habían arruinado y desmoralizado el país. Su ideal era una España sin políticos ni partidos al estilo antiguo, y la clave para comprender sus actos está en su afán consciente por hacer lo contrario de lo que se había hecho hasta entonces.¹

Los políticos profesionales antipatriotas habían destruido España; un patriota aficionado iba a restaurarla. Una casta política, a través de la farsa de las elecciones, había aislado al gobierno del pueblo; él, en cambio, podía entrar en un contacto más directo y personal con el pueblo, devolviendo al gobierno su espíritu democrático. Como gobernante de España «charlaba» con el pueblo, explicaba sus decretos y confesaba sus errores. Lo hacía con una franqueza asombrosa, creándose una imagen de déspota benévolo que trataba de hacer las cosas lo mejor posible, aunque no siempre con éxito, y que escribía cartas a mano a sus súbditos en las primeras horas de la madrugada después de un día de duro trabajo en su despacho.² Sus seguidores elevaron este estilo a la categoría de filosofía del «intuicionismo», que representaba el triunfo del hombre de sentimientos y creencias sobre el intelectual, la superioridad del doctor en Ciencia de la Vida sobre el doctor en Filosofía. Las falsas intuiciones quedaban sujetas a «rectificación», con lo que las reacciones del hombre de la calle se incorporaban a la política seguida. De este modo se salvaguardaba el espíritu democrático. «La rectificación es nuestra pleitesía a la soberanía del pueblo cuando éste se guía por la razón.»

Su preocupación paternalista por la nación bordeaba los límites de la excentricidad. Los españoles comían demasiado; aconsejó que se tomara una sola comida fuerte al día, entre las cinco y las siete, sin almuerzo; se ocupó personalmente de restituir sus derechos a un carnicero que había sido desahuciado; el primer superávit del presupuesto se dedicó a redimir las sábanas empeñadas por los pobres de Madrid. Esta diversidad de intereses, que incluía aún el entusiasmo por los derechos de la mujer, le proporcionó al principio el cariño del público, ante el cual el «turismo político» de discursos y giras le hizo más conocido que ningún otro gobernante español; al final, le exasperaba y humillaba. La campechanería unida al regeneracionismo de francotirador de Primo de Rivera despertó, si no en las masas, al menos en los dirigentes de ayer, un sentimiento de desprecio.

En los primeros momentos su ingenuidad fue una virtud salvadora. Primo de Rivera era un patriota emotivo, e incluso ahora es imposible no conmoverse ante la intensidad con que sentía a España y ante la embarazosa franqueza con que se manifestaba. «He besado a un soldado, ennegrecido y sucio... Muchas veces he besado con el alma en los labios, el crucifijo, la bandera, a mi madre, a mis hijos y a mi amada esposa. El beso de hoy también es inolvidable.»³ Sobre sus solos hombros pesaba la responsabilidad de la regeneración de España. «Sé lo poco que valgo y no dudo que hay una Divina Providencia, que hace que uno que no sabe gobernarse a sí mismo pueda gobernar a veinte millones de españoles.» De este modo el libertino andaluz, dedicado a las mujeres y al vino, alzaba ante sí mismo la imagen del salvador austero y sacrificado que la Providencia enviaba. Llegó a hablar de una misión divina, revelada por el hecho de lucir el sol un día en que debía pronunciar un discurso. Y, así llevado de la mano, el patriotismo convertía en superflua la habilidad política: «No tengo experiencia de gobierno. Nuestros métodos son tan sencillos como ingenuos. Son los métodos que dicta el bien de la patria y tomamos nuestras resoluciones mientras nos arrodillamos ante el santuario del espíritu nacional».⁴

A pesar de todo, las intuiciones y la inspiración divina empezaron a integrarse en una ideología más coherente, elaborada a posteriori de discurso en discurso por el propio dictador y, de manera más consistente, por los periodistas teóricos de su partido, la Unión Patriótica (U. P.). El odio hacia el antiguo grupo de políticos se racionalizó convirtiéndose en una teoría política antiparlamentaria que decía ser más auténticamente democrática que el liberalismo parlamentario.⁵ Atacaba el individualismo y los derechos individuales: los hombres nacen en la sociedad y deben respetar lo que es «real» en ella. Las doctrinas de los derechos individuales no solamente son un suicidio moral para una nación, sino también invenciones artificiales —«arabescos de intelectuales desocupados»—. La dictadura sería pragmática: respetaría las grandes creaciones sociales existentes.

Estas grandes realidades eran la tríada del programa de la U. P.: Nación, Iglesia y Rey, por este orden. La monarquía, a la que Primo de Rivera consideraba de un modo no del todo satisfactorio para los monárquicos convencidos, le parecía menos una institución necesaria que un hecho, algo dado en el orden político y social. El dictador y su partido la aceptaban porque así lo hacía la gran mayoría de los españoles. Respecto de la Iglesia, el dictador, como ocurre a menudo con los arrepentidos, era un ferviente católico que pensaba que todos los españoles también lo eran o debían serlo. El materialismo era apropiado para los bueyes, que no tenían historia. La religión, como la monarquía, era un hecho social, formaba parte de un orden natural que consideraba «un placer la subordinación, porque el orden es belleza».⁶ Todo ello implicaba que la dictadura era una institución mucho menos tolerante que el parlamentarismo «decadente».⁷ Aunque no hubo persecución, las sectas protestantes vieron multiplicarse en derredor suyo los obstáculos administrativos. Aun así, las relaciones del régimen con la Iglesia se hicieron difíciles: la supresión del catalán en las ceremonias eclesiásticas despertó el fantasma del regalismo dieciochesco, mientras que el apoyo a los sindicatos socialistas disgustó a El Debate y a los sindicatos católicos. La Iglesia procuró independizar su destino del futuro de la dictadura a medida que ésta perdía prestigio y popularidad.

La dictadura de Primo de Rivera no era fascista. Su teoría de la soberanía como amalgama de las entidades sociales autónomas, anteriores a la sociedad política, se emparentaba más con la escolástica aristotélica que con el totalitarismo. Mussolini era objeto de admiración común y se importaron los uniformes y las fórmulas idiomáticas fascistas, pero los autores citados por los apologistas de Primo de Rivera dan a su prosa un sabor extraño y anticuado: Chesterton, Balmes, Maritain, Sturzo, Menéndez y Pelayo, Maura, Costa, Vázquez de Mella, etc. Hay que subrayar dos tendencias en conflicto en la ideología del régimen: por una parte, la crítica de las instituciones parlamentarias, derivada de los carlistas, y por otra, la de los regeneradores radicales, desde Costa a Ortega y Gasset. Costa fue el Bautista que precedió al dictador, profetizando la venida de un «cirujano de hierro». En Ortega tenía un intelectual que había argumentado en favor de un minoría selecta y que rechazaba «el falso supuesto de una igualdad real entre los hombres»; Ortega era un liberal desencantado y, en España, sus famosos ataques a la vieja política se convirtieron en textos sagrados, siempre en boca de los partidarios de Primo de Rivera y de su hijo José Antonio. Y por encima de todos ellos, el gran Maura, otro liberal herético. El dictador proclamaba que estaba poniendo en práctica la «revolución desde arriba» de Maura que el liberalismo parlamentario había impedido realizar. Ahora Maura podía reconocer en el dictador a su auténtico heredero.⁸

La dictadura, inevitablemente, consideraba que sus peores enemigos eran aquellas fuerzas que amenazaban la unidad de la nación. Más destructores que los políticos de partido, que colocaban a éste por encima del país, eran los regionalistas, cuyas aspiraciones habían engendrado el separatismo. Se ha afirmado que la rectificación dramática por parte de Primo de Rivera en sus supuestas simpatías por el regionalismo catalán fue consecuencia de la presión del ejército; en realidad tal rectificación concuerda con toda su concepción política.

Su ataque al catalanismo impulsó a los apologistas del régimen a una notable serie de contorsiones en la maroma de la historia. Los regionalistas habían dicho que la región era la unidad histórica real por excelencia: como la teoría política del dictador se basaba en el respeto de las realidades, sus teorizadores tuvieron que argüir que la región, como unidad política, no era «real», ni social ni históricamente, sino invención de una minoría de intelectuales separatistas que habían explotado los agravios legítimos contra el mal gobierno y que habían jugado con el más grave de los pecados del español, el individualismo excesivo. Las peticiones de autonomía no podían basarse en la existencia de lenguajes distintos, pues todos estos lenguajes (a excepción del vasco, cuya importancia se minimizaba calificándolo de fenómeno residual) expresaban un espíritu «nacional» subyacente, a saber, el espíritu «español-castellano».⁹ Así, los catalanistas se equivocaban al tratar de sustituir las palabras castellanas por «arcaísmos, galicismos y latinismos fabricados artificialmente». No eran los castellanos quienes atacaban el idioma y el patrimonio literario catalanes, sino que eran los catalanes los que trataban de eliminar el castellano, el lenguaje de la España Grande. «Los separatistas ciegos y perversos» sólo podrían segregar de España al espíritu catalán falsificando la historia. Para el dictador, regionalismo significaba folklore, danzas y literatura regionales y artesanía local, es decir, cosas que fueran políticamente seguras, atractivas para los turistas y que constituyeran una prueba de la diversidad dentro de la unidad.

La política catalana de Primo de Rivera no tenía aspecto positivo alguno. Sus moderadas simpatías regionalistas, útiles para crear un ambiente favorable a su golpe de estado, fueron abandonadas en marzo de 1925 y, al retirarse, parece que creía haber llegado al poder para acabar con el catalanismo.¹⁰ Se eliminó el catalanismo político, y el uso oficial de la lengua catalana fue prohibido incluso en la iglesia; la Mancomunidad fue barrida por constituir, en su sentir, un desastre político y financiero. Esto era demasiado, incluso para los catalanes conservadores que se habían opuesto a las pretensiones políticas del catalanismo extremado y que habían apoyado a Primo de Rivera como salvador de la sociedad.¹¹

En Cataluña el régimen fracasó y, en 1927, Cambó escribía su epitafio.¹² El dictador podía creer que el catalanismo había muerto porque, en un régimen de silencio, tomaba sus deseos por realidades. Cambó dijo que la represión reforzaba el catalanismo; la ingente expansión de la literatura catalana en los años veinte había demostrado que el idioma catalán podía ahora «satisfacer todas las necesidades del espíritu».¹³ Tras la depresión producida por el fracaso de la campaña en favor de la autonomía, la supresión dictatorial daba pie a una conversión en profundidad. El catalanismo, decía Cambó, no se podía eliminar mediante la represión, y la única posibilidad para el futuro residía en un «desarme emocional» recíproco de Castilla y Cataluña: Cataluña tendría que reconocer la necesidad de España, y Castilla la existencia de un territorio y de un lenguaje catalanes. Cambó confiaba todavía en una solución moderada según estas líneas, elaborada mediante una alianza de intelectuales catalanes y españoles dentro del marco de la monarquía. Esta solución era imposible ya. La represión había hecho más radicales las exigencias catalanas y las había echado hacia el separatismo republicano de Maciá.¹⁴ La gran burguesía había perdido el control: el catalanismo se había convertido en cosa propia de las clases medias radicales que desesperaban de hallar una solución dentro de la monarquía.

A diferencia de su política catalana, la política laboral de Primo de Rivera fue un éxito relativo; al igual que Napoleón III, su prestigio político se basaba en la eliminación del fantasma rojo combinado con su simpatía por el trabajo honesto. El estado de sitio, la abolición del jurado, la censura de la prensa y la revitalización del somatén, una suerte de policía armada especial de reserva, acabó con los ya debilitados cuadros de la C. N. T. Martínez Anido, como ministro de la Gobernación, fue el experto del gobierno para la eliminación del anarquismo y renovó su anterior alianza con los sindicatos libres. La represión, como siempre, dividió al movimiento obrero. Pestaña argüía que la C. N. T. debía aceptar la maquinaria de arbitraje laboral del gobierno, salvando la organización a expensas de los principios del sindicalismo revolucionario; en el extremo opuesto, los puros del anarquismo hicieron revivir «el genio moral y revolucionario de Bakunin» al fundar, en 1927, la F. A. I. (Federación Anarquista Ibérica), organización puramente revolucionaria de pequeños grupos de activistas.¹⁵ Aunque existió una organización clandestina de la C. N. T. y se celebró alguna que otra conferencia, «el movimiento dejó de existir durante siete años»,¹⁶ disgregados sus militantes por la prisión o por el exilio.

Pero en la política laboral del dictador hubo algo más que mera represión: Primo de Rivera decía preocuparse por el bienestar material de los obreros y por las pretensiones laborales. Aun cuando les embuchó el evangelio del trabajo, también les proporcionó casas baratas, un servicio médico y, sobre todo, una maquinaria de arbitraje laboral que los dirigentes socialistas aceptaron y dominaron. No se oponía a las organizaciones obreras siempre que no emplearan su fuerza para fines políticos, y a los dirigentes de la U. G. T. no les importaba que revistiese su aceptación de los sindicatos con la extraña fraseología del estado corporativo o de los gremios medievales. La relación del régimen con los sindicatos se formalizó en el código del trabajo corporativo de Aunós (1926): su principal característica la constituían los comités paritarios, con representación igual de patronos y obreros y el voto de calidad para el gobierno, comités a los que se asignó la solución de las disputas salariales.¹⁷ Este aparato no fue una importación fascista, pues en España tenía una larga historia y lo ensalzaban conjuntamente Pi y Margall, los sindicalistas católicos y el antiguo Instituto de Reformas Sociales. En su calidad de miembros del comité, los delegados de la U. G. T. se convirtieron en burócratas pagados por el Estado.

La mayor parte de los dirigentes socialistas eran reformistas y no deseaban hacer peligrar con la resistencia lo que habían conquistado ya —una organización moderna con mecanógrafas, secretarias, seguros de enterramiento, la cooperativa de Madrid, etc.—. Pese a ser los únicos con bastante fuerza para oponer una resistencia eficaz, se negaron a ir a la huelga al conocerse la noticia del golpe de estado. Primo de Rivera se puso en contacto inmediatamente con Llaneza, el dirigente minero, asegurándole que la dictadura respetaría a la U. G. T. «No hay nada que temer», anunció Llaneza en público.¹⁸ Era todavía muy reciente el impacto de la escisión en torno a la conveniencia de unirse a la Internacional Comunista, de modo que los dirigentes de la U. G. T., que asistían encantados al desguace de la C. N. T., consideraban que la cooperación con la dictadura les daría la posibilidad de aumentar su poder convirtiéndose en la única organización obrera efectiva. Parece que incluso en 1924 Largo Caballero examinó la posibilidad de unificar la U. G. T. y el partido socialista en un partido laborista reformista dentro del régimen. El propio Largo Caballero se convirtió en consejero de Estado, y salvó su conciencia proletaria prestando el juramento en traje de calle, tipo de excentricidad que no disgustaba al dictador. Los dirigentes de la U. G. T. no podían compartir el horror de los políticos ante el repudio del sistema parlamentario caro a los políticos burgueses, y se cerraron a todas las tentativas de embarcarles en conspiraciones. «¿Por qué luchar contra él? ¿Para tener nuevamente a Romanones?» El ala izquierda del partido socialista se oponía a este quietismo; con los intelectuales de «lacayos de la burguesía» y los partidos burgueses moralmente hundidos, los socialistas debían asegurar su afán de ser el partido del futuro abandonando al dictador. Ello era imposible si el partido continuaba siendo «discreto», si sus congresos seguían dominados por burócratas y santones provinciales faltos de imaginación cuyo «horror a cierta minoría» impedía toda discusión real. La escisión comunista de 1922 no sólo privó al partido de sus más hábiles polemistas, sino que lo había dejado entre manos conformistas.¹⁹ Como anunciaban republicanos e intelectuales, si los socialistas permanecían al margen de la lucha contra la dictadura, sus éxitos resultarían «estériles», dando paso a «horribles derrotas».

La U. G. T. se hizo afear su cooperación por la C. N. T. y por el reducido partido comunista de reciente creación: la actitud de los jefes socialistas en 1923 demostró una vez más que «la historia de la socialdemocracia en España es una historia de traición sistemática».²⁰ Los dirigentes alegaron luego en su defensa que la táctica de la U. G. T. no podía ser la del partido socialista; que la U. G. T. tenía que seguir siendo una fuerza eficaz en la lucha contra el capitalismo, a la que éste no debía destruir so pena de aniquilación de los trabajadores; que en 1929 Largo Caballero había rechazado, aunque tarde, no sólo la dictadura sino también la monarquía, preparando así al partido para su «misión histórica»; y que la fuerza de la U. G. T. en 1931 hacía patente la corrección del criterio de la colaboración limitada. Todo lo que podían objetar sus detractores era que la perduración y el crecimiento de la organización no compensaban el estigma moral consiguiente, y que en las regiones industriales de Vizcaya, Asturias y Cataluña el partido no ganó adeptos, dejando al nuevo socialismo hecho un «partido campesino» de Andalucía, Extremadura, Levante y Castilla la Nueva, dominado por los dirigentes de Madrid.²¹

Así pues, el socialismo fue el niño mimado del régimen, que a veces cobró la apariencia de un sistema bipartidista de U. P. y socialistas. De ahí la oposición que encontró entre algunos patronos y algunos católicos. Los sindicalistas católicos miraban con disgusto el «injusto monopolio socialista» de los comités mixtos y esperaban acabar con él mediante un sistema de representación proporcional. Las escasas regiones donde tenían fuerza los sindicalistas católicos fueron testigo de luchas entre éstos y la U. G. T.²² La U. G. T. y la Confederación Nacional de Trabajadores Católicos pugnaban por obtener la adhesión de los campesinos y de la inmensa masa de obreros y artesanos no sindicados. En esta lucha el gobierno favorecía a los sin Dios: «Gobiernan las ideas católicas, pero no los trabajadores católicos».²³

En la cuestión de Marruecos, en la que los políticos habían fracasado y para la que Primo de Rivera había prometido una solución «digna», fue donde se obtuvo el éxito que consolidó el régimen. En 1924 el despiadado caudillaje de Abd el Krim, y su vago nacionalismo bereber, habían dado a las tribus rifeñas la apariencia de un Estado independiente que empezaba a conquistar las simpatías de la izquierda europea frente a la «España colonial». Contra lo que cabía esperar, la primera solución del dictador fue la de apoyar el deseo de retirada de los políticos, frente al anhelo de desquite de los militares; Primo de Rivera sostenía que la red militar de puestos aislados y sin agua en el interior era algo indefendible, y que mantenerse en la ciudad montañosa de Xauen, la única conquista importante de 1920, era correr el albur de otro Annual.²⁴ A riesgo de una rebelión de oficiales africanistas que habían puesto en pie la organización de Regulares y el Tercio como fuerzas eficaces de combate, Primo de Rivera24 bis hizo evacuar Xauen y concentrar las tropas tras la «línea Primo de Rivera». Ello significaba abandonar al Raisuli —entonces tan gordo que no podía sentarse ni estar de pie— a merced de Abd el Krim como jefe indiscutible de cábilas de Yebala.

En 1925 la posibilidad de una acción militar conjunta hispano-francesa contra Abd el Krim alteró las perspectivas de éxito en Marruecos. Francia y España nunca habían cooperado en ese país y la frontera entre ambos protectorados era una tierra de nadie desde donde las cábilas amigas abastecían de cereales a la república de Abd el Krim. En la primavera de 1925 la penetración francesa en esta tierra de nadie obligó a Abd el Krim a atacar las líneas francesas. Los franceses sufrieron aplastante derrota y sus puestos avanzados se libraron del desastre por muy poco. Antes de condenar al ejército español por sus derrotas en Marruecos en 1921 hay que recordar los desastres franceses de 1925, que conmovieron todo el edificio del protectorado y que llevaron las partidas merodeadoras a menos de treinta kilómetros de Fez.

Adb el Krim no deseó nunca la guerra con Francia; todo su odio, y el del «nacionalismo» rifeño, se concentraba contra España. Ahora se encontraba ante una guerra en dos frentes. Ésta fue la base de la segunda rectificación marroquí de Primo de Rivera: de la actitud defensiva pasó a la idea de derrotar decisivamente a Abd el Krim, siendo ello la condición esencial para un ejercicio sin trabas de la influencia española desde la costa. El desembarco español en la bahía de Alhucemas y la subsiguiente captura de la capital de Abd el Krim fueron las victorias que coronaron la campaña de Marruecos: el desembarco, cuidadosamente planeado, consiguió el efecto de sorpresa en condiciones nada fáciles. A la vez que España penetraba por el Norte, los franceses cerraban el frente del Sur. Las derrotas de Abd el Krim en el verano de 1926 volvieron las cábilas contra él: se entregó a los franceses y la resistencia de las cábilas rifeñas y de Yebala murió con el eclipse de aquel su notabilísimo y muy capaz adalid.

Con la derrota de Abd el Krim se produjo la última rectificación de la estrategia de Primo de Rivera: de la política de control y la penetración pacífica pasó a la ocupación militar. Con el triunfo de la política maximalista del ejército se cerraba el ciclo. Y ello, no porque Primo de Rivera fuese débil o se sometiera a la presión militar, sino porque los acontecimientos, y sobre todo la posibilidad de cooperación militar entre Francia y España, habían hecho posible una política que en 1923 consideró con razón peligrosa y por encima de la capacidad de España. En 1923 fue lo bastante valiente como para imponer sus ideas al ejército de África. En 1925 asumió sin miedo la responsabilidad directa de una operación combinada arriesgada. En 1927 volvió a ocuparse Xauen y se pacificó el protectorado. Primo de Rivera se había ganado en buena lid el premio al coraje.

2. El cirujano de hierro y la regeneración de España, 1925-1928

Repetidamente, por medio de una variedad de metáforas que iban de la cirugía a la pirotecnia, Primo de Rivera afirmó su intención de dejar paso franco a la «normalidad». No hay motivos para dudar de su sinceridad, especialmente cuando su salud empezó a decaer. Las dificultades surgieron de la profunda diversidad de sus juicios acerca del momento en que sería prudente retirarse, y sobre la naturaleza del régimen que debía considerarse como normal. De ahí las «rectificaciones» perpetuas de sus intentos de trasponer el Rubicón en sentido inverso. Primo de Rivera pasó del Directorio militar al Directorio civil (1925), de pensar en la Constitución de 1876, vitalizada por hombres nuevos, a soñar en una nueva Constitución obra de una Asamblea Nacional, que acaso atraería a algunos de los antiguos políticos. Pero en 1928 era ya demasiado tarde para instaurar un régimen cualquiera vinculado al dictador. Según Calvo Sotelo, Primo de Rivera tenía un desprecio inveterado por la noción del tiempo. Había dejado demasiado tiempo sin resolver el problema del régimen. La oposición se había endurecido y la normalidad sólo podía concebirse con la eliminación del dictador por base.

Al principio Primo de Rivera creyó que un corto y enérgico período de gobierno militar y de decretos ad hoc amputaría los vicios de la Constitución de 1876, que consideraba «suspendida pero no cancelada». El gobierno central se confió a un Directorio de generales designados por su antigüedad, excluyendo así las consideraciones «políticas»; las provincias eran gobernadas por generales de brigada, en tanto que se nombraba a capitanes para delegados cerca de los ayuntamientos. Considerado en sí mismo esto constituía un gran ahorro en pagas. El diagnóstico favorito de Primo de Rivera acerca del mal causante de la decadencia de España apuntaba a una administración relajada y con exceso de personal. El dictador la podó y le dio un sueldo suficiente para vivir a cambio de una jornada completa de trabajo. Por el Decreto sobre Incompatibilidades nadie que hubiera sido ministro o alto funcionario podía figurar en el consejo de administración de las compañías que contrataban con el Estado. Este decreto constituía una retadora amenaza a las antiguas castas políticas.

A finales de 1924 la llamarada de optimismo que recibiera a la dictadura naciente había menguado a la vista de todos. El problema marroquí no había quedado resuelto conforme a lo prometido, la prensa estaba descontenta y la administración militar permanente era inaceptable incluso para el Ejército. En estas condiciones parecía difícil un retorno a la Constitución de 1876. Los antiguos políticos habían sido eliminados, pero no había asomado ninguna promoción nueva que pudiese empuñar con «las manos limpias» el timón de la vieja Constitución. Primo de Rivera trató de propiciar esta aparición de nuevos políticos mediante la protección gubernamental. Así, la creación de la Unión Patriótica (U. P.) en 1924 y el Estatuto Municipal en 1925 señalaron las primeras fases de la desmilitarización.

La dictadura negó reiteradamente que la U. P. fuera un partido político. Concebida como núcleo aglutinante apolítico de patriotas, abierto a todos, desde los republicanos a los carlistas, pretendía constituir un sistema de conducta organizada, una forma de regeneración moral, una asociación de ciudadanos verdad; representaba la permanencia de aquel «plebiscito diario de la opinión pública manifestado en las calles y en las estaciones de ferrocarril», que percibía personalmente la aprobación, nuevo sucedáneo del voto. Podía presentarse como una materialización de la nueva política de regeneración social de Ortega, en contraposición a la vieja política de la jerarquía y del poder, como su minoría dinámica en acción.

El lenguaje del dictador reflejaba una profunda ignorancia política. Se negaba a ver que la U. P. era un partido en el sentido antiguo, es decir, un grupo de hombres que compartían la convicción a ellos común de que una determinada solución política, la dictadura, les convenía. Y a este partido que se le antojaba comunión de manos limpias, liga de anticaciques, pretendía Primo de Rivera pasar las riendas del gobierno de España. Pero a pesar de estas perspectivas el partido se negaba a crecer: las grandes concentraciones, los inspirados discursos y el control casi total del patrimonio de favores y mercedes oficiales desde el nivel de gobierno civil hacia abajo, nada de ello fue bastante para mover a los hombres de buena voluntad a colaborar. Sus miembros más sinceros fueron ex carlistas y mauristas, por más que el propio Maura y sus hijos creyesen insuperable el origen gubernamental del partido. Al decir de sus adversarios, le salieron al partido amigos entre caciques locales de partido del antiguo régimen, así como entre industriales que trataban de hacerse con contratos gubernamentales. «Abundaban en su filas —escribió Calvo Sotelo— caballeros de elevados ideales y caballeros de la industria, hombres de moral, y hombres de cuchillo y tenedor.» Lejos de empujar a Primo de Rivera a la democratización del régimen, los dirigentes del mismo, conscientes de su aislamiento, se opusieron siempre a que tal hiciese, con el consiguiente desastroso resultado. El dictador había sido víctima del mito regeneracionista de una España «real», popular, enterrada bajo una clase política artificial. Semejante reserva no existía. Por más que se hiciera, el único grupo de hombres lo bastante capacitado como para dirigir la nueva España era la vieja casta política. Cuando el dictador columbró su error era demasiado tarde para desandar lo andado y ganarse a los políticos ultrajados y repudiados.

La única reforma estructural del Directorio Militar fue el Estatuto Municipal: éste era necesario porque las disposiciones ad hoc de 1923 se habían deshecho en un caos de autoridades independientes, como bien pudo haberse previsto cuando 500 oficiales de carrera se convirtieron de la noche a la mañana en funcionarios municipales. Los delegados militares fueron tirando hasta 1926, vestigio residual de la purificación por el mando de los militares. El Estatuto Municipal de marzo de 1924 pretendía ser, con palabras de su creador Calvo Sotelo, la Carta Magna de las libertades municipales, y aspiraba a proporcionar una estructura permanente de gobierno. Daba a los municipios, basados en un sufragio mixto corporativo y universal, autonomía y amplios poderes para lanzar empréstitos para mejoras locales. Estos empréstitos, bajo la dirección del Banco de Crédito Local, fueron la característica del régimen que más seriamente se ha criticado. Se dijo que habían fomentado una orgía de ostentosos despilfarros: algunos municipios se metieron en dislocadas edificaciones, pero los más dedicaron los 500 millones a la modernización de la traída de aguas y del alcantarillado. El Estatuto Municipal, a excepción de las cláusulas de empréstitos, se basó por completo en proyectos a los que las Cortes no habían llegado a dar estado de ley: una vez más, la obra inacabada de Maura fue la inspiración del régimen. Pese a ser una excelente obra legislativa, el proyecto nació muerto: el dictador no se atrevió a correr el albur de las elecciones que le hubieran dado vida. La vida local siguió gobernada hasta el fin por hechuras del gobierno.

La gran victoria de Alhucemas dio al dictador la oportunidad y el prestigio necesarios para cambiar el Directorio Militar de urgencia por un gobierno civil, sin tener con ello que enfrentarse con los riesgos de un retorno a la normalidad. El Directorio Civil constituyó un paso de las soluciones improvisadas a una economía planificada dirigida, en Madrid por jóvenes tecnócratas «apolíticos» y en provincias por la U. P. Los principales éxitos de Primo de Rivera fueron el fruto de «cincuenta meses de cordialidad emotiva», con un gabinete cuyo lema era «No somos políticos».

En el haber del Directorio Civil se inscribieron la reforma financiera y la planificación económica, y aquí fue donde los tecnócratas tropezaron con la oposición de banqueros y capitalistas ortodoxos que no sentían simpatía alguna por ese radicalismo social benigno ni por una economía «dirigida». Las ideas financieras de Primo de Rivera eran las de un simple soldado: quería que se gravase el capital. En 1926 su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, propuso basar el presupuesto en un impuesto efectivo sobre la renta (el llamado impuesto «global», que se impondría sobre la renta total, en lugar de gravar por separado determinadas fuentes de ingresos). Lo defendía como sistema moderno, eficiente y socialmente justo. «La auténtica democracia se reconoce hoy por la distribución de la imposición pública, no por una constitución política formal.» El gobierno, pese a todo, no se atrevió a unir a las masas contra las clases posesoras; cedió ante una enconada campaña de prensa dirigida por la aristocracia bancaria. Por grande que fuera la utilidad del dictador como restaurador de la paz social, los conservadores no estaban para las gracias de un financiero aficionado: la campaña contra el impuesto sobre la renta se convirtió en batalla dada al gobierno mismo.²⁵

España se vio privada de este modo de una radical transformación de su sistema de impuestos de la que andaba muy necesitada, y las reformas financieras de Calvo Sotelo quedaron en la más amplia consolidación de la deuda flotante de la historia española, y en mejoras administrativas y técnicas.²⁶ Más allá de esta tarea de saneamiento, estaba la tarea, de muy otra envergadura, de reconstruir, modernizar y expandir la economía española de acuerdo con un «plan decenal». Los instrumentos de esta política figuraban entre las creaciones más criticadas de la dictadura: el presupuesto extraordinario, los monopolios estatales y las comisiones reguladoras especiales.

El problema consistía en obtener dinero para la inversión y las obras públicas sin aumentos «bolcheviques» en los impuestos. El presupuesto extraordinario (considerado por los enemigos de la dictadura como un juego inmoral de prestidigitación financiera, concebido para ocultar un déficit real bajo el aparente superávit del presupuesto ordinario) era un instrumento para financiar las obras públicas mediante empréstitos, cuyos intereses pasaban al capítulo de deudas del presupuesto ordinario. Para justificar este paso, se partía de la suposición de que los ingresos ordinarios aumentarían con una economía en expansión.

El presupuesto extraordinario iba acompañado por la creación de nuevos bancos paraestatales. El Banco Exterior de España (fundado en 1928) debía liberar el comercio exterior de España de la dependencia del crédito extranjero, y tenía por misión abrir el mercado sudamericano, intento éste de convertir en realidad económica el panhispanismo, que era uno de los elementos de propaganda de la ideología de la dictadura. Se fundó un Banco Hipotecario para financiar la construcción de viviendas para trabajadores, y un Banco de Crédito Industrial para financiar la nueva industria.²⁷ Buena parte de esta nueva actividad fue mal recibida en los círculos bancarios ortodoxos.

La creación de monopolios obedecía tanto a la desesperada necesidad de ingresos públicos como a un nacionalismo económico dogmático. Aunque el propósito de la CAMPSA (el monopolio del petróleo otorgado a un consorcio de bancos españoles) era obtener para el Estado los beneficios conseguidos en España por la Standard Oil y la Shell, se la presentó como una defensa de los intereses nacionales contra un monopolio privado y extranjero que amenazaba con «cubanizar» España, y como una tentativa de convertir el refinado del petróleo en una industria nacional.²⁸ El 27 de junio de 1927, un decreto «inesperado» que nacionalizaba la distribución del petróleo, poniéndola en manos de la compañía controlada por el gobierno, suscitó una violenta campaña de oposición por parte de las compañías petrolíferas, que vieron cómo sus instalaciones les eran confiscadas ilegalmente. Deterding amenazó a Primo de Rivera con un boicot que hubiera dado al traste con la CAMPSA, a no ser por los suministros rusos. De este modo una de las consecuencias más curiosas de la nacionalización fue poner el abastecimiento de petróleo de un país considerado hasta entonces como sujeto a una dictadura clerical, a merced de la Unión Soviética; y una de sus consecuencias más peligrosas fue que los intereses financieros españoles, lesionados con el nuevo sistema, se unieron a la oposición descontenta (entre ello se contaba el multimillonario mallorquín Juan March).²⁹ El gobierno exageró las maquinaciones de los capitalistas extranjeros, a los que acusó de financiar una campaña de calumnias, para ocultar el hecho de que la repentina confiscación había debilitado las perspectivas de inversión extranjera en España.³⁰ Los tecnócratas económicos del régimen, con su plan decenal para la regeneración económica, se encontraron casi inermes ante la situación que esto les creaba.

Para estos planificadores, la economía española era pobre porque la empresa privada no había sido capaz de superar el desfase que había heredado, y el «atraso» que tenía obsesos a los españoles desde 1898. El Estado debía ayudar a la recuperación y orientarla, facilitando la existencia de una industria débil en condiciones de monopolio, e invirtiendo fuertemente en obras públicas básicas.

Las obras públicas de Primo de Rivera, sus carreteras y embalses, se consideran a veces como un caso de keynesianismo prematuro o como un ejemplo de exhibicionismo económico por parte de regímenes advenedizos e inseguros.³¹ Pero en realidad fueron más bien un retorno a las ideas de Costa y, antes que él, a los ideales de los reformadores del siglo XVIII; al igual que ellos, el dictador, en su simplicidad, estaba fascinado por la racionalidad de un impuesto único. Y, análogamente, su intervencionismo era una exageración de la fe de los proteccionistas del siglo XIX en las virtudes de un mercado nacional. Obsesionado por sueños de autarquía, le dolían los vinos franceses y los automóviles americanos de las clases altas, así como la preferencia que los médicos españoles manifestaban por los bisturíes de importación. Todo artículo susceptible de ser producido o elaborado en España debía ser producido en ella, independientemente de su coste de producción; de ahí la «intervención» para salvar la producción doméstica de carbón, plomo y resina; de ahí su intento de crear una industria automovilística nacional, de financiar la producción de algodón nacional mediante un arancel sobre el algodón importado, y de intensificar la política «cerealista». La economía española cayó por tanto en manos de comités que lo regulaban todo, desde la energía hidroeléctrica hasta la industria de las pieles de conejo.³² La intervención y el control eran criticados por los grupos que los padecían o por los que no se beneficiaban de ellos; para éstos, lo que el régimen calificaba de política «nacional» ocultaba la defensa de los «intereses» que sus hombres optaban por amparar mediante un presupuesto hinchado, y a los enemigos de la política económica del dictador, la nueva burocracia «técnica» se les antojaba mero intento de crear un sindicato para la explotación de la influencia oficial.

A pesar de los defectos de su política, los tecnócratas del dictador llevaron a cabo un notabilísimo intento de modernización que suele estimarse en menos de lo que vale; el incremento en la construcción de carreteras y en la electrificación rural fue algo espectacular si se tienen en cuenta los índices españoles; el hierro y el acero se desarrollaron a un ritmo parecido al de la época de guerra; el comercio exterior aumentó en un 300 %, y los ferrocarriles fueron modernizados. Creaciones de las que más se envaneciera la dictadura fueron las Confederaciones Hidrográficas, que agrupaban los intereses diversos en un intento de racionalizar la explotación de los grandes sistemas fluviales del Duero y el Ebro.³³ La dictadura tenía un aire de expansión y de prosperidad que mirado retrospectivamente ha cobrado todo el aspecto de una edad de oro. La modernización y la prosperidad no fueron del todo «falsas», como afirmaba la oposición, ni fueron tampoco simple reflejo de una expansión internacional por la que el régimen carecería de todo mérito. Ese régimen puede ser criticado por no haber sabido cómo llevar a la práctica la reforma agraria, aunque los proyectos agrarios de Primo de Rivera eran más ambiciosos que todas las realizaciones previas. La prosperidad fue en parte consecuencia del orden, cualquiera que fuese el modo como se consiguió, y de un esfuerzo consciente. Mientras perduró la expansión, la dictadura se benefició políticamente de ella. Sin embargo, no fue el colapso de la prosperidad lo que en 1929 produjo la caída del régimen: el fracaso fundamental fue un fracaso político. El régimen no podía hacerse aceptable para las fuerzas que pesaban en la sociedad española.

3. Decadencia y caída, 1928-1929

Es comprensible la oposición de los políticos: fueron insultados e injuriados. Al principio muchos aceptaron la actitud de abstención digna de Romanones, pero como la perspectiva de un retorno a la legalidad de 1876 se desvanecía, su oposición se endureció; el «plebiscito constante de la opinión pública» —mecanismo por el que, según el dictador, se legitimaba su poder— no era sucedáneo apropiado de una Constitución. La oposición venía encabezada por conservadores que no podían perdonar al rey el hecho de que la designación real fuera lo que diese a la dictadura su única apariencia de legalidad. En junio de 1926 Sánchez Guerra, que se convirtió en dirigente de la oposición conservadora, expresó claramente sus opiniones al rey Alfonso XIII: debía destituir a Primo de Rivera porque su propuesta de una Asamblea Nacional que elaborara una nueva Constitución era «un acto ilegítimo y faccioso, la sentencia de muerte oficial del gobierno parlamentario y constitucional». El rey se negó, y en ello le asistían razones de peso: pocos eran los que hubieran tolerado el retorno al «viejo equipo», traído mediante el ejercicio de la prerrogativa regia de destituir a los ministros. Era imposible defender una Constitución «desacreditada»; la Asamblea Nacional propuesta, por irregular que fuera su composición, permitía conservar alguna esperanza de un retorno a la normalidad aceptable para los demás.³⁴

Lo más sorprendente de la oposición de los políticos fue que obtuvo el apoyo de los intelectuales; éstos, desde Costa, habían criticado lo que Ortega llamara, en una conferencia famosa, la «vieja política». Bajo el dictador, tanto los intelectuales como los políticos por ellos vilipendiados tuvieron que soportar una censura veleidosa. El dictador respondía personalmente a la crítica morigerada cuya manifestación se permitía, y lo hacía como si se tratara de la sección de cartas al director de una revista conservadora de criterio amplio. «Soy periodista por naturaleza. Me gradué en El Guadalete de Jerez, en 1898... He escrito miles de líneas para La Nación. No soy, por tanto, enemigo de la prensa ni dudo de su eficacia.» Su Estatuto de la Prensa no fue un instrumento para perseguirla, sino «para sanearla». Esto es típico de la ingenuidad de Primo de Rivera; su sentido de la rectitud era tan absoluto que ni veía la complejidad de los problemas, descartada en la noción de lo «sano» o lo «patriótico», ni podía comprender que cupieran otras definiciones de estos términos fuera de las suyas propias.³⁵ Políticos e intelectuales, abogados muchos de ellos, se salían de sus cabales ante la que llamaban «falta de sentido jurídico» del dictador. Mueve a simpatía la tendencia de éste hacia un tipo de justicia más bien propia del Oeste americano. Tendencia a la que iba unido el desprecio del militar hacia el jurista: de ahí su intervención en el curso de la justicia y sus purgas en el poder judicial. La independencia judicial y el Estado de derecho se convirtieron en lemas de la oposición: no se trataba simplemente de que Primo de Rivera no respetara las leyes anteriores, sino de que no lo hacía ni siquiera con sus propios decretos. Puesto que podía dictar la ley que le pareciese conveniente y puesto que consideraba el imperio de la ley como un proceso «de suspensión y modificación de la misma para adaptarla a los casos concretos», la irresponsabilidad jurídica del régimen era su característica más palmaria.³⁶ Fue la suspensión del derecho vigente, singularmente escandalosa en un caso concreto, la que puso a los intelectuales en oposición abierta y permanente: Unamuno fue privado de su cátedra y, tras un breve período de confinamiento, salió para el exilio. Más tarde, de acuerdo con Ortega y los exiliados de París atacó encarnizadamente al dictador.³⁷ Aparte de Maeztu ningún intelectual destacado apoyaba al régimen y el Ateneo de Madrid, símbolo de lo mejor y de lo peor de la vida intelectual española, fue clausurado.

La oposición de los intelectuales se fundió con la oposición de los estudiantes universitarios. Unamuno se convirtió en figura paternal para los estudiantes rebeldes, a quienes dirigía cartas en las que calificaba al dictador de criminal, ladrón miserable y cobarde. La oposición estudiantil nació con la defensa de los intereses de los estudiantes por parte del sindicato universitario acatólico, la F. U. E. (Federación Universitaria Española) que se interpuso contra la tentativa de autorizar a las universidades privadas católicas a dar títulos oficiales, que eran esenciales para la obtención de puestos en la administración pública. El 8 de abril de 1929 la prolongada disputa universitaria se extendió a todas las universidades, excepto Zaragoza. Frente a esta primera oposición abierta, Primo de Rivera reaccionó reprimiéndola con desdén, encarcelando a los estudiantes, suspendiendo los cursos académicos y colocando a la Universidad de Madrid bajo delegados de la Corona. Nadie podía lamentar la clausura de las universidades, observó, porque los profesores eran perezosos y los estudiantes, demasiados y frívolos. Como en todas las salidas del dictador, algo de verdad había en su ataque contra las deficiencias de la Universidad. Primo de Rivera carecía de lo que los españoles llaman «formación universitaria» y creía que los profesores explotaban a sus alumnos y que los estudiantes perdían el tiempo en política.

De este modo, a todo lo largo de su decadencia, la dictadura estuvo sometida a una serie de acometidas de menor cuantía que desacreditaban al gobierno y que repercutieron incluso en América del Sur, donde los estudiantes iniciaron movimientos de solidaridad. Se emplearon grupos especiales de policía en bicicleta para borrar las inscripciones sediciosas; el comité de los estudiantes hacía circular octavillas clandestinas; en la prensa aparecían poemas laudatorios (escritos por «una muchacha de quince años») acrósticos cuyas letras iniciales componían las palabras «Primo es borracho».³⁸ Primo de Rivera llegó a aborrecer a los estudiantes, y para el rey el movimiento era particularmente desalentador. Había desplegado gran energía en pro de la nueva Ciudad Universitaria para ganarse a la juventud española; a trueque, vino la destrucción de un busto suyo por obra de los estudiantes, indicación clara de los peligros que entrañaba el apoyo continuado a la dictadura. Cuando Primo de Rivera cayó, fue como si hubiera sido derrotado por una partida de estudiantes a los gritos de «¡Efe! ¡U! ¡E! ¡Efe! ¡U! ¡E! ¡Allá va! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!».

Sin embargo, hubiera podido hacer frente a las quejas de los viejos políticos y a la sedición de los intelectuales; de lo que no podía prescindir era de la fidelidad del Ejército y del apoyo del rey. El golpe de septiembre de 1923 no había sido combatido por el Ejército, aunque tan sólo un capitán general se sumase enérgicamente al golpe, y recibió la bendición constitucional del rey. Aquí reside la lección de 1923-1930: cuando estuvo claro para el dictador que no podía contar con la fidelidad del Ejército, dimitió. Fue derrotado por los mismos que se habían allanado a su ascenso: sus compañeros, los generales y el rey, su señor.

El descontento del Ejército nació en su «falta de respeto» por las convenciones que habían protegido la carrera militar de la interferencia de los civiles. En el Ejército, el ascenso clave era el de coronel a general, y lo había regulado una Junta de Clasificación presidida por Weyler. Primo de Rivera hizo que este organismo obedeciera a sus indicaciones, para poder castigar a los oficiales cuya fidelidad política le era dudosa. Queipo de Llano pasó a la reserva por una broma de mal gusto —había dicho que U. P. lo mismo significaba urinarios públicos que Unión Patriótica—.³⁹ Semejantes actos amenazaban la autonomía del Ejército e hicieron revivir el antiguo espíritu juntero. «Si los militares pueden hacer esto, ¿se puede saber cómo nos defenderemos de los civiles?» Las cosas empeoraron cuando un policía arrestó a un general cumpliendo órdenes de un gobernador civil entusiasta. Los generales más antiguos, y entre ellos Weyler y Berenguer, creían que el gobierno militar en sí mismo comprometía al Ejército al convertirlo en un partido político.

Estas contrariedades sin importancia no eran graves: el ataque de Primo de Rivera contra el cuerpo de artillería fue lo que, en palabras de Berenguer, «rompió la armonía de la familia militar» e hizo inevitable su caída. Demasiado débil para emprender la drástica reducción de oficiales que podía haber creado un Ejército moderno, el celo reformista del dictador se concentró en una notoria anomalía, la cerrada escala del sistema de ascensos de artillería, según el cual los oficiales de esa arma renunciaban a los ascensos que rompían el estricto escalafón de antigüedad. Primo de Rivera había heredado los celos del oficial de caballería y de infantería contra los cuerpos privilegiados; en junio de 1926 eliminó las recompensas que compensaban la renuncia voluntaria de los oficiales de artillería y, rasgo muy suyo, hizo la decisión retroactiva hasta 1920. Esta última injusticia dio a los oficiales un motivo concreto de protesta; en el mes de agosto una asamblea de artillería acordó negarse a toda componenda y encerrarse en los cuarteles, lo cual equivalía a una huelga.⁴⁰ La respuesta del gobierno fue suspender a todo el cuerpo de oficiales de artillería y liberar a sargentos y soldados de la obligación de obedecer a sus oficiales. Puesto que nadie apoyaba su rebelión, la artillería tuvo que darse por vencida (diciembre de 1926). Pero la lucha debilitó seriamente a Primo de Rivera: los oficiales de artillería sentían encono contra el dictador y perdieron la fe en un rey que no había querido defender sus intereses;⁴¹ mientras algunos oficiales de infantería y caballería se dejaron llevar por la alegría del mal ajeno, los más responsables se sentían disgustados porque se trataba a los oficiales hermanos como a delincuentes comunes. El propio rey estaba descontento del modo en que el dictador había disuelto el más orgulloso de los cuerpos militares sin consultar a su comandante en jefe. Unos oficiales de artillería, en la carretera de San Sebastián a Madrid, detuvieron el automóvil del rey y obtuvieron de éste la promesa de que revocaría las órdenes de Primo de Rivera. Como no lo hizo, «se abrió un abismo entre el rey y el cuerpo de artillería», y éste empezó a sentir inclinaciones republicanas.

Teniendo presente este descontento debemos considerar el serio intento de Primo de Rivera por crear una «normalidad» en la que pudiera depositar el encargo de continuar su misión: la Constitución, que debía ser elaborada por una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional era un cuerpo consultivo, y no electivo. La Constitución elaborada por ella expresaba la hostilidad dominante de las derechas hacia las prácticas del gobierno parlamentario responsable y liberal. En nombre de la eficacia —«que las cosas se hagan» era el lema favorito de Primo de Rivera— las interpelaciones quedaron limitadas a treinta minutos; el texto instituía una extremada separación de poderes en detrimento de una legislativa en que los representantes de las corporaciones se sentaban junto a los diputados electos. Sus principales diferencias respecto del parlamentarismo clásico eran la irresponsabilidad legal de los ministros y la supresión de la prerrogativa regia de designarlos y dimitirlos, poder compartido ahora con un cuerpo que era una imitación del Gran Consejo fascista. La Constitución no gustó al rey y fue boicoteada desde el principio por los antiguos políticos. Gabriel Maura y otros creían, sin embargo, que si se sometía a una asamblea electiva la nueva Constitución podía ser una solución aceptable para el retorno a la normalidad. El decreto de julio de 1928 dio al traste con esta última esperanza: la Constitución debía ser ratificada por un plebiscito. Ello la convirtió en carta otorgada, originando una caricatura «estéril y aburrida» de la vida parlamentaria.

Primo de Rivera, en cuanto a él, consideró su constitución como un retorno aceptable a la normalidad: levantó la censura e invitó a nuevos miembros a la asamblea. Este ramo de olivo es una muestra de su ingenuidad política; el resultado fue una explosión de críticas a la dictadura, como gobierno de urgencia cuya tarea estaba ya cumplida.⁴² «Los esclavos no pueden colaborar con sus señores.» Esta renuncia final a la cooperación por parte de todos los matices de opinión del mundo político anterior endureció a Primo de Rivera. Sus alusiones a la dimisión se hicieron cada vez más vagas; agotado físicamente, no veía salida posible y caía cada vez más en manos de los que todavía decían creer en su misión, los dirigentes de la U. P. Primo de Rivera infravaloró hasta el fin las fuerzas que estaban en contra suya y puso su fe en la masa neutra. «El mayor, tal vez el único sostén de mi gobierno lo constituyen mujeres y trabajadores.»⁴³ Pero para el otoño de 1929 los problemas del retorno a la normalidad habían dividido al mismo gobierno.⁴⁴ Incapaz de resolver el problema político de la sucesión, el régimen había pasado a apoyarse en la «satisfacción de intereses», el apoyo del Ejército, la Corona y la «masa neutra». Pero en 1929 los «intereses», el Ejército y la Corona miraban hacia otra parte.

Fue esta desaparición del apoyo a su derecha, y no tanto los ataques de la izquierda, lo que condenó el régimen a la destrucción. Las clases conservadoras optaron por considerarse amenazadas por un Estado corporativo gobernado en interés de los trabajadores. La Iglesia desconfiaba del regalismo benigno de Primo de Rivera; los banqueros, de su interferencia desconsiderada en la autonomía de los grandes bancos, y los industriales no favorecidos de su intervencionismo. Teniendo en cuenta cosas entonces por venir, asombra lo mucho que de estas críticas llegaba al público. Cambó, que era todavía el principal representante de la gran burguesía, publicó en 1929 un ataque sin contemplaciones contra la dictadura, tildándola de «sindicato de egoísmos», sin ideas y sin futuro, que amenazaba con originar una revolución social como la que había estallado en México tras la represión del régimen de Porfirio Díaz.⁴⁵ Aunós, reflexionando sobre el fracaso de las buenas intenciones de Primo de Rivera, las consideraba derrotadas por una «coalición de derechistas egoístas», por «la Internacional del oro».⁴⁶

Para julio de 1929 el descontento múltiple había llegado al punto de la conspiración. La rebelión valenciana fue un pronunciamiento anticuado cuyo protagonista visible fue Sánchez Guerra, austero político conservador de setenta años, que había acaudillado el ala datista del partido desde 1922. Representaba una alianza de políticos y oficiales del Ejército para salvar a la monarquía de sí misma obligándola a deshacerse del dictador. Pero en 1929 no todos los conservadores estaban ya decididos a defender a la monarquía a toda costa: los futuros constitucionalistas (Burgos y Mazo y Villanueva, ambos ex conservadores datistas) sostenían que, puesto que el rey había roto el pacto en 1923, la soberanía había vuelto al pueblo, que debería decidir sobre la «cuestión del régimen» en unas Cortes Constituyentes. Ello ampliaba la conspiración a los republicanos declarados. Por más que Sánchez Guerra deseara conservar la monarquía, estaba dispuesto a ir a la conspiración con aliados cuya intención era destruirla.

Como siempre, el problema consistía en encontrar un general que quisiera «pronunciarse». En Valencia el general Castro Girona, cuya esposa no pudo resistir la tentación de las perspectivas «sociales» de un destino en Marruecos que el gobierno ofrecía a su marido, se desdijo de sus vagas promesas y arrestó a Sánchez Guerra; en Sevilla, Burgos y Mazo se encontró con que los civiles lo esperaban todo de los militares y los militares de los civiles. El pronunciamiento quedó limitado a una revuelta de oficiales de artillería en Ciudad Real. La conspiración tenía una base demasiado estrecha; eran pocos los que estaban dispuestos a arriesgar su vida en un asunto dirigido por los políticos de ayer.

El año 1929 fue el de la agonía de la dictadura de Primo de Rivera, en palabras del hijo de éste. A cambio de la política tenía ofrecida la prosperidad, y en 1929 todo el temerario frente se desmoronó con la caída de la peseta. La cotización de la peseta era considerada como una prueba de la solidez del régimen tanto por sus partidarios como por sus enemigos; su desvalorización, que empezó en 1928, era una consecuencia del incurable déficit comercial de España, agravado por exportaciones de capital, una mala cosecha, la disminución de las remesas de los inmigrantes de América del Sur y los tímidos inicios de la crisis mundial. Los adversarios del régimen la atribuyeron solamente a la inflación interna originada por las obras públicas, cuyos efectos se ocultaban al país con el fraudulento artificio del presupuesto extraordinario.⁴⁷

El ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, esperaba contener ulteriores descensos en la cotización mediante compras estatales de pesetas en el mercado de Londres. Esto fracasó, y Primo de Rivera (que persistía en su espejismo «patriótico» de que era posible estabilizar la moneda al cambio de 32 pesetas por libra esterlina, cuando se cotizaba a 40) se alarmó ante las violentas críticas hechas por Cambó a la política de Calvo Sotelo y ante el ataque a toda la política financiera de la dictadura, contenida en el Informe sobre el patrón oro, de Flores de Lemus, el más respetado economista español. Cambó censuraba al gobierno por su intento de ocultar los defectos de una inflación que había provocado él mismo; su política monetaria —con palabras de Calvo Sotelo, el mantenimiento, «con el alma rebosando fe», de la peseta como «índice de la capacidad moral de la raza española»— estaba en contradicción con su política económica inflacionista; una vez que los niveles de precios interior y exterior se habían descoyuntado solamente restaba la devaluación.⁴⁸

Calvo Sotelo replicaba a todas las críticas diciendo que la economía era sana y que la caída de la peseta había sido maquinada por especuladores, y exagerada, hasta convertirla en un desastre, por los «derrotistas» y por el «obstruccionismo» de los círculos financieros conservadores y del Banco de España;⁴⁹ sus más encendidos partidarios acusaban a los judíos. Su dimisión no pudo salvar al gobierno, pues sus dos sucesores siguieron políticas contradictorias. El debate monetario estaba debilitando la confianza en un régimen que parecía vacilar ante problemas que estaban por encima de su capacidad; el propio dictador confesó en una de sus notas que estaba «demasiado cansado» para recordar los argumentos de su ministro de Hacienda. El capital, argüía Cambó, no volvería nunca a España «mientras el régimen actual no haya preparado su sustitución normal», o sea, hasta que el dictador no prometiera dimitir.⁵⁰

Las dificultades económicas hicieron que la conspiración de los políticos y los militares pareciera más peligrosa, pues encontraba apoyo en la «opinión»; el único resultado del juicio de los conspiradores de Valencia fue convertir a Sánchez Guerra en una figura nacional. En 1929 la conspiración se centró en las guarniciones andaluzas, y en octubre los conspiradores hallaron en Goded al «general iniciador»: al igual que en 1868, las diferencias entre republicanos y monárquicos quedaron cubiertas con la fórmula de unas Cortes Constituyentes.⁵¹ Cuando un artículo de prensa indicó que se preparaba la conjura, el capitán general de Andalucía advirtió a su tío, el rey, que la difusión del descontento militar en el Sur hacía aconsejable prescindir del dictador.

Alfonso XIII era muy consciente de que la creciente impopularidad de Primo de Rivera implicaba a la monarquía: había aparecido un panfleto sobre «Alfonso XIII como comparsa». Decidido a eludir sus consecuencias, creía que al despedir al dictador podía aparecer como un libertador y purificarse de sus culpas de 1923. Al rey no le gustaba la independencia de un hombre que técnicamente había sido nombrado por él. Ponía reparos a su frase, de «A mí no me borbonea nadie» y a su tendencia a apoyar a su partido, la U. P., a expensas de los grupos monárquicos. La nueva constitución de Primo de Rivera eliminaba la más valiosa prerrogativa del rey, la separación de los ministros.⁵² De hecho las prerrogativas personales de la Corona habían sido secuestradas en 1923 y el rey estaba decidido a recuperarlas en cuanto se presentara una oportunidad que no moviese a escándalo. En esta decisión se veía alentado por la corte, que detestaba al dictador, y por la aristocracia madrileña, que nunca le había aceptado en la misma medida que las clases medias y la aristocracia provinciana.⁵³

La oportunidad que aguardaban el rey y la corte, la brindó la última de las intuiciones excéntricas del dictador. El 26 de enero, tras una noche de insomnio y sin consultar al rey, envió una circular a los capitanes generales. El Ejército le había encumbrado; ¿le apoyaba todavía? Si no era así, dimitiría «en cinco minutos». No fueron simplemente las respuestas faltas de entusiasmo de sus compañeros los generales, sino la comprensión de que el rey deseaba su partida, lo que obligó a Primo de Rivera a dimitir (29 de enero). Se retiró a París y murió deshecho, al cabo de pocos meses. Con toda suavidad, al cabo, fue borboneado.

4. El hundimiento de la monarquía, 1930

El retorno a la normalidad y la salvación de la monarquía fueron confiados entonces al general Berenguer, que gozaba de cierta popularidad por su conocida desaprobación de los métodos del dictador. Se trataba de un militar íntegro, anticuado y enfermizo, que era también un músico de talento; en abril de 1931 estaba tan enfermo que se le tenía que llevar en una silla de ruedas que había pertenecido a la emperatriz Eugenia, y no permitía que se tomaran fotografías de él. Como primer ministro, su tarea consistía en arbitrar un retorno al gobierno constitucional sin hacer peligrar al rey. Su fórmula era la Constitución de 1876, que debía ser restablecida mediante elecciones libres presididas por un gobierno neutral, el suyo. Ello evitaría la discusión en torno a las responsabilidades de Alfonso XIII respecto de la dictadura y eliminaría el recurso revolucionario a unas Cortes Constituyentes, que acaso rechazarían sin más la monarquía. La debilidad de Berenguer consistía en que su gobierno, lejos de ser una oficina electoral neutra, era, como él mismo confesaba, «francamente conservador»; sus únicos partidarios eran aquellos conservadores que no fueron arrastrados contra la dictadura por Sánchez Guerra.⁵⁴ Santiago Alba, a quien el rey debía aproximarse, según consejos de Cambó, exigía la revisión de la Constitución, mientras que los monárquicos liberales como Romanones estaban decididos a apoyar al rey, si es que le apoyaban, poniendo ellos las condiciones, que consistían en el control de las elecciones siguientes. Totalmente desconocedores de la creciente oposición al rey, empleaban el anticuado lenguaje de las «situaciones conservadora y liberal» para designar lo que un político experimentado de 1850 hubiera calificado de «situación prerrevolucionaria». La solución de Berenguer, aplicada inmediatamente, acaso podía haber tenido éxito, pero dejó pasar un año antes de convocar a las Cortes para marzo de 1931; para entonces muchos políticos habían perdido confianza en el futuro de la monarquía, y la popularidad personal del rey había quedado deshecha por una constante campaña contra él.

El golpe inicial contra el prestigio de la monarquía lo había dado Sánchez Guerra, a quien la conjura y el juicio habían hecho un héroe popular: en un discurso crítico pero ambiguo se negó a llamar a sus conservadores a la defensa de la monarquía. «No soy republicano, pero reconozco que España tiene derecho a ser una República.» El hombre del momento dejó que el suyo pasara con semejante recomendación: puesto que Sánchez Guerra era la cabeza del partido constitucionalista, esto significaba el eclipse del partido. Esta agrupación de políticos cesantes tenía un significado político superior a su fuerza numérica. Representaba la desilusión de «los monárquicos sin rey», la desaparición de la confianza puesta en el rey y la simpatía de los políticos monárquicos por quienes deseaban acabar con la monarquía.⁵⁵

¿Cómo derrocar la monarquía? La táctica revolucionaria de 1930 no puede comprenderse si no se presume que la coalición antimonárquica no las tenía todas consigo de que la impopularidad personal del rey era tanta como para arrollar el conservadurismo monárquico residual en unas elecciones generales. Aunque a la monarquía le faltaba un apoyo entusiasta y activo (los restos de la U. P. eran el único partido monárquico organizado y estaban sumidos en una vendetta privada contra el rey por el cese del dictador), acaso podía sobrevivir por la inercia y el sentimiento monárquico en el campo. Para disimular su propia falta de fe en la voluntad general, los republicanos podían apuntar a las desastrosas vacilaciones de Berenguer ante las elecciones y renovar la acusación histórica de que las elecciones dirigidas por políticos monárquicos serían «insinceras». De ahí que pudiera imponerse legítimamente una república mediante un golpe. Pero para que un levantamiento republicano tuviera éxito debía ser apoyado por el Ejército en un pronunciamiento, por los trabajadores en una huelga general y por la rebelión en Cataluña.

En Cataluña la dictadura había perjudicado a la monarquía de modo irreparable. Los grupos catalanistas republicanos habían crecido a costa de la conservadora Lliga, que por obra de Cambó había erigido en principio suyo el de que la autonomía catalana podía alcanzarse dentro de la monarquía y sin revolución. Los republicanos catalanistas estaban divididos entre los grupos burgueses e intelectuales más cautos y el Estat Català de Maciá, que era declaradamente revolucionario y confiaba en la colaboración con la C. N. T. En julio de 1930 los republicanos catalanistas de todas las tendencias acordaron cooperar con los republicanos españoles si éstos, a su vez, presentaban un frente unido; el precio que ponían a su colaboración era una autonomía completa de Cataluña como primer derecho reconocido por una república victoriosa. En octubre de 1930 se formó un comité revolucionario. Pero sin dinero era imposible llevar a cabo una rebelión militar (los oficiales necesitaban garantías en caso de fracasar), y sin el Ejército había que recurrir a la C. N. T., cosa que asustaba a los más de los conspiradores. De este modo la iniciativa revolucionaria salió de Cataluña; aunque en Barcelona eran escasas las simpatías monárquicas, tampoco había rebelión organizada.⁵⁶

Respecto a los trabajadores, Berenguer no podía confiar durante mucho tiempo en su pasividad. Esperaba que la continuación de los favores antes disfrutados conservaría a los socialistas y a la U. G. T. entre las «fuerzas gubernamentales», pero quienes siempre se habían opuesto a la colaboración con una dictadura se inclinaban ahora por una alianza con el republicanismo revolucionario. Socialistas como Prieto y Álvarez del Vayo figuraban entre los más activos en la compra de armas para un levantamiento. Y lo que es más importante, en Barcelona la C. N. T. volvió a salir a la superficie. Mola, como director general de seguridad, estaba convencido de que ahí radicaba la más grave amenaza revolucionaria para el régimen.⁵⁷ Lo que salvó al gobierno fue el dogma del anarquismo que prohibía la colaboración con los revolucionarios burgueses. Pese a todo, dado el ambiente revolucionario de Cataluña, al comité regional de la C. N. T. le fue difícil apegarse a las tácticas puristas. A lo largo de la dictadura los dirigentes de la C. N. T. habían hecho la corte a los conspiradores de Maciá y compartido con ellos los calabozos; dulcificando sus principios mediante una distinción entre pactos ilícitos e inteligencia ilícita, los dirigentes de la C. N. T. firmaron la Inteligencia Republicana (mayo de 1930), paso por el que posteriormente habían de ser duramente criticados. La C. N. T. no contribuyó en absoluto a la rebelión de 1930 porque los conspiradores republicanos se arredraron ante las condiciones que imponía: armas para los trabajadores y la revolución en la calle. Los revolucionarios burgueses demostraron una vez más que no eran formales; lo más que pudieron obtener del proletariado revolucionario de Cataluña fue una vaga benevolencia.⁵⁸

Sin embargo, los conspiradores podían contar con la simpatía del Ejército, donde los frutos de treinta años de halagos regios habían fenecido en los últimos años de la dictadura. La artillería, a pesar del uso que Berenguer hizo de su prestigio para restaurar «la armonía de la familia militar», nunca recuperó plenamente su fidelidad al rey. Los oficiales superiores, personalmente adictos a Alfonso XIII, no querían denunciar a sus camaradas más jóvenes complicados en conspiraciones.⁵⁹ En este ambiente se movían espíritus inquietos. Ramón Franco, el popular aviador transatlántico en quien Berenguer no podía ver peligro alguno, era un exhibicionista revolucionario que tenía contactos con la izquierda catalana. Queipo de Llano, a quien Berenguer atinadamente se negaba a restituir en su puesto, seguía empeñado en su venganza personal contra un gobierno que no quería desautorizar los actos del dictador. El capitán Galán, postergado en los ascensos, se consideraba el Robespierre de la futura república social.

Estaban en conflicto, una vez más, dos teorías acerca de la obediencia militar. Mola mantenía que los militares tenían la obligación de obedecer al gobierno legal; para Queipo de Llano los militares tenían la obligación de examinar la legalidad del gobierno antes de obedecerle. La disciplina mecánica estaba supeditada a la disciplina superior de la fidelidad a la patria. Un rey perjuro, que había faltado a su pacto con la nación en 1923, no podía seguir exigiendo obediencia.⁶⁰ Un comité revolucionario aparte controlaba el aspecto militar del levantamiento. Este levantamiento militar nunca se probó seriamente y es dudoso que el Ejército hubiera querido levantarse contra el rey. Lo que importaba era que en la crisis final de abril de 1931 ni Berenguer ni Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, creyeron que se podía emplear el Ejército contra un tumulto republicano en las calles. En 1931, los mandos militares no quisieron arriesgarse a una guerra civil como lo hicieron tan fácilmente en 1936; de ahí que fueran responsables de lo que se ha llamado un «pronunciamiento negativo», puesto que su abstención dejó a la monarquía sin defensas. Su auténtica fidelidad se debía a una concepción del orden nacional, que consideraron amenazado en 1936, antes que a las instituciones monárquicas como tales. Entonces correspondió a Mola utilizar los conocidos argumentos que en 1930 rechazara por traidores.

En agosto de aquel año todos los conspiradores se reunieron en un hotel de San Sebastián y firmaron un pacto que comprometía a los grupos republicanos españoles coaligados y a la izquierda catalana a una acción conjunta. El bloque republicano aceptó las condiciones de la izquierda catalana, y Lerroux, para conseguir la alianza de los catalanes, tuvo que volver la espalda a su pasado político. Ello reflejaba el desasosiego de los republicanos radicales; se les trataba como a una fuerza anticuada que corría hacia su ocaso, porque su heredada aversión por los socialistas, la Iglesia y los catalanes ponía en peligro el amplio frente republicano «moderno» —error de cálculo que ocultó la fuerza electoral del republicanismo radical como único grupo antimonárquico con residuos de organización—.⁶¹ Así, Azaña, un «literato» sin partido, era más útil, porque su republicanismo de cara al futuro tranquilizaba a catalanes y a socialistas y podía atraer a nuevos partidarios entre los intelectuales, cosa imposible con la doctrina de Lerroux. Por otra parte, había una figura del pasado, Alcalá Zamora, un republicano converso desde hacía un año, que pasó a ser la figura central de la conspiración, porque su promesa de una república católica conservadora podía tranquilizar a la burguesía por la derecha: no en vano fue detenido por conspirar, saliendo de misa. De esta manera un cacique liberal de Andalucía, recordado por su anticatalanismo temperamental, se convirtió en presidente del Comité Revolucionario establecido en San Sebastián; este comité había de ser el Gobierno Provisional de la Segunda República.

La debilidad de la alianza revolucionaria establecida por el pacto de San Sebastián estribaba en la incertidumbre y la tenuidad de sus relaciones con los partidos obreros. Prieto asistió a la reunión a título personal, y la única garantía de acción revolucionaria por parte de la C. N. T. era la serie de acuerdos vagos que sus dirigentes, de su propia iniciativa, habían concluido con los elementos de extrema izquierda en Cataluña. Los socialistas acordaron apoyar una república no socialista, compromiso que, aunque el marxismo lo justificara, sólo podía funcionar si la República burguesa adoptaba el programa socialista mínimo. Respecto de la C. N. T., los socialistas muy pronto la acusaron de traición y de «vulgar delación», consecuencia inevitable, ello, de la incapacidad en que estaban sus dirigentes de controlar a sus propios militantes.⁶²

La rebelión estaba planeada para el 15 de diciembre, pero unos cambios de plan en el último momento confundieron a los conspiradores; antes del amanecer el día 12, uno de ellos, el capitán Galán, se levantó en Jaca, ciudad aragonesa con guarnición militar. Iba a convertirse en el mártir del republicanismo; su acción fue la de un original que soñaba con obtener para sí la gloria de una revolución triunfante. Su levantamiento estuvo dirigido sin habilidad y los rebeldes, sin alimentos ni transportes, desalentados por la lluvia, fueron derrotados fácilmente por las tropas leales.⁶³ Los conspiradores de Madrid, cogidos por sorpresa, se vieron obligados a seguirle publicando un manifiesto mimeografiado, firmado por los miembros del Comité Revolucionario, que fueron rápidamente arrestados por el gobierno; la U. G. T. y los dirigentes socialistas no pudieron convocar a la huelga general en la capital.⁶⁴ A Ramón Franco le correspondió la última jugada desesperada. Con Queipo de Llano, que creía que la rebelión no tenía ninguna esperanza por haber visto que los tranvías rodaban temprano por la mañana, fue en taxi al aeródromo de Cuatro Vientos y desde allí sobrevoló Madrid, tan sólo para observar que en las calles la vida seguía su curso normal.⁶⁵ Algunos pianos de los bares que tocaban «La Marsellesa» y unos pocos grupos de obreros indecisos fueron los únicos indicios externos de la rebelión. Ni el Ejército ni los trabajadores se habían movido y el único apoyo serio provino de una serie de huelgas generales pacíficas en las capitales de provincia.⁶⁶

Para los observadores extranjeros, el gobierno había dominado una rebelión aislada, y los republicanos se dejaron embargar por el pesimismo. Pero el fracaso de la conjura de diciembre fue la mejor de las bendiciones para la futura república; si hubiera tenido éxito, observaba un republicano, la República hubiera sido consecuencia de otra militarada más. Su fracaso y el martirio de Galán y de su compañero de conspiración, García Hernández, cuya ejecución se explotó como ejemplo de la crueldad personal de Alfonso XIII, hizo posible un viraje de la opinión hacia una solución civil republicana, que se manifestó con el voto contra la monarquía de abril de 1931. A lo largo de la República los retratos de Galán y de García Hernández se encontrarían colgados en las paredes de las casas obreras.

En este viraje tuvieron un papel muy activo los intelectuales a los que la dictadura había impulsado hacia la vida política. En febrero el novelista Pérez de Ayala, Ortega y Gasset y el doctor Marañón, todos ellos de considerable influencia entre la clase media alta, y sin ser ninguno de ellos republicano declarado, condenaron públicamente la monarquía al formar una agrupación, que no era de partido, llamada «Al servicio de la República». La opinión adoptó una actitud crítica con respecto a Alfonso XIII tan pronto como pudo manifestarse. A partir de este momento la principal debilidad de la causa monárquica fue su carencia de una prensa influyente: aparte de ABC y del católico El Debate, estaba inerme contra campañas hostiles.⁶⁷ Por más que la prensa estuviese sometida a una censura errática, los libros circulaban libremente.⁶⁸ Para los monárquicos, todo el universo social y moral que había apoyado a la monarquía estaba en disolución a partir del momento en que podía hablarse abiertamente del comunismo ruso y de las relaciones sexuales. La monarquía jamás se había tomado en serio a los intelectuales, y el mundo cerrado y ciego de la corte no sospechó nunca el creciente alcance de su influencia. El rey, después de su famosa aproximación a Azcárate, les descuidó; como los políticos, le aburrían; se sentía «más interesado por una turbina o un puente que por un debate político». Ahora, los intelectuales y los políticos que iban con ellos se desquitaban.⁶⁹

Al mismo tiempo que la «dictablanda» de Berenguer negaba las libertades constitucionales, era presa de una creciente parálisis ante los desórdenes, enfermedad maligna descrita por Mola en sus memorias.⁷⁰ Los servicios de Correos y Telégrafos estaban a la disposición de los conspiradores republicanos, que se habían hecho con las claves del gobierno. Mola, el director general de Seguridad, tenía su despacho invadido por periodistas, y sus fuerzas enemistadas por los celos, ineficaces, corrompidas y mal equipadas; la policía de Madrid tenía que recurrir a los taxis, que escaseaban en momentos de crisis. Tanto los números como los jefes y oficiales advertían que se avecinaba una república y actuaban en consecuencia absteniéndose de arrestar a sus futuros señores. Agotada por las huelgas y los alborotos estudiantiles, se dijo que la policía votó republicano con tal de poder dormir una noche seguida.

Fue la por mucho tiempo aplazada convocatoria de Berenguer a una apertura de las Cortes en marzo de 1931 lo que puso de manifiesto el desgaste que hacía estragos en las fuerzas monárquicas. En febrero, para sorpresa suya, su oferta de unas elecciones encontró como respuesta una oleada de abstencionismo; los dirigentes de los partidos se negaban a dar por buenas sus elecciones en tanto siguiesen en pie los anteriores ayuntamientos, designados por el gobierno. En febrero de 1931 se había disuelto la base en que se apoyaba el planeado retorno a la normalidad de Berenguer; así las cosas, éste dimitió.

El rey trató entonces de hacer lo que acaso podía haber intentado con éxito un año antes: recurrió a Sánchez Guerra para formar gobierno, aceptando sus condiciones de unas Cortes Constituyentes y de una suspensión temporal de sus prerrogativas. Sánchez Guerra visitó al comité revolucionario encarcelado, que rechazó sus ofertas. El rey se volvió entonces hacia Melquíades Álvarez, que insistió en la designación del general Goded y de Burgos y Mazo, dos conspiradores. El rey no quería pasar por ello. «Con este hombre —comentó Melquíades Álvarez— no hay nada que hacer.» Las consultas no consiguieron otra cosa que revelar que la monarquía estaba «ya en la antesala de la revolución» y que el comité revolucionario encarcelado era más poderoso que el propio rey. Esta crisis de procedimientos curiosamente anticuados se resolvió con la designación del almirante Aznar (figura no política, famoso por leer novelas en los momentos de crisis aguda) como presidente del Consejo, con un gabinete de políticos monárquicos a la vieja usanza: La Cierva y Romanones formaban parte de él. La concesión de elecciones municipales era la baza con que el gobierno trató de ganarse la popularidad y la aceptación por parte de la opinión pública.

El gobierno Aznar perdió rápidamente el poco prestigio que le acompañó en sus primeros pasos: estuvo dividido desde el principio entre los que, como La Cierva, creían que la monarquía podía y debía resistir hasta el punto de una guerra civil y los que, como Romanones, ponían su confianza en las concesiones.⁷¹ Desde las celdas de la Cárcel Modelo el comité revolucionario veía crecer su influencia: cuando el gobierno se negó a satisfacer las exigencias de los ferroviarios, el comité prometió hacerlo en la república. El juicio del comité se convirtió, por la debilidad del gobierno, en una manifestación republicana: se permitió que los acusados acudieran desde la cárcel en automóviles particulares y el público los trató como a los futuros gobernantes de España. Por añadidura se produjeron las peores algaradas estudiantiles. Los estudiantes se encerraron en la facultad de Medicina y dispararon contra la Guardia Civil; el ministro de la Gobernación llegó a un acuerdo con el decano y retiró sus fuerzas. Temeroso de hacer mártires con medidas de fuerza, el gobierno confiaba en una victoria en las próximas elecciones, su única esperanza.

Al atardecer del 12 de abril empezaron a llegar los resultados de las elecciones municipales en las capitales de provincia: el bloque republicano-socialista había triunfado en todas partes. Este resultado sorprendió a la oposición casi tanto como al gobierno. Ahora los republicanos podían convertir en un plebiscito contra la monarquía lo que en caso de ser derrotados se hubieran contentado con considerar como elecciones administrativas; aunque las ciudades pequeñas votaban monárquico y había una mayoría de concejales monárquicos en España en su conjunto, estaban en lo cierto cuando argüían que la «masa» (las grandes circunscripciones) y la «inteligencia» (los votantes urbanos «ilustrados») habían rechazado a un rey todavía aceptable para la opinión rural. El gobierno estaba estupefacto; casi no había discutido las elecciones y ahora dejó de actuar como un cuerpo único. Por la mañana Berenguer, como ministro de la Guerra, sin consultar al rey ni a sus colegas, envió una circular telegráfica al Ejército reconociendo la derrota y aconsejando orden y sumisión a la voluntad nacional. Romanones, que había planeado un cocktail para celebrar la victoria, «durmió el sueño del que sabe que todo está perdido».

El día 13, Cambó, enfermo y angustiado por el triunfo de la izquierda catalana sobre la Lliga, citó a Romanones en el Ritz de Madrid: Romanones tenía que aconsejar al rey que llegara a un acuerdo con el comité revolucionario de Alcalá Zamora. El rey estuvo conforme con esto, decisión que significaba el fin de la monarquía. Por la tarde, sin revelar al gabinete sus gestiones de la mañana, Romanones, en contra de la acerba oposición de La Cierva, persuadió al gobierno de que debía dimitir: cada ministro tenía que exponer al rey su opinión acerca del significado de las elecciones y los más estuvieron de acuerdo en que la monarquía era ya ilegítima. Aún más decisivo fue que Sanjurjo, como director general de la Guardia Civil, señalara con claridad que no podía sacar sus fuerzas en contra de la revolución.

En la mañana del 14 de abril, Romanones envió una nota al rey aconsejándole que abandonara España, en tanto que Bugallal y La Cierva escribieron recomendándole que resistiera con su ayuda. La Cierva, en traje de gala, se encontró a Romanones que salía de las habitaciones del rey en traje de calle: el rey había quedado completamente convencido por los argumentos de Romanones.⁷² Entre tanto, al mediodía, en casa de Marañón, Romanones había negociado con Alcalá Zamora que el rey saliera inmediatamente de España y que el comité revolucionario asumiera el poder como gobierno provisional.⁷³ Ahora el comité tenía apoyo en las calles y a las tres en punto se izó la bandera republicana en el edificio de la Telefónica, pues habían llegado noticias de que en Barcelona se había proclamado la República. En la audiencia de la tarde, La Cierva comprobó que el rey y Romanones habían franqueado al enemigo la entrada en la ciudadela. Con la multitud manifestándose ya fuera de Palacio el equipaje del rey empaquetado rápidamente y Alfonso XIII salió para Cartagena en automóvil, camino de Marsella. Todo fue muy rápido. «La caída de la monarquía —escribió el marqués de Villavieja, compañero de polo del rey— me produjo más sorpresa que cualquier caída de caballo en el polo.»

Para los militantes monárquicos, los ministros que apoyaban a Romanones habían convencido al rey de la necesidad de una rendición vergonzosa para salvarle del populacho controlado por el comité revolucionario.⁷⁴ Cualquiera que fuera la debilidad del gobierno antes de los resultados de las elecciones, su ala liberal tenía razón al creer que tal rendición era inevitable una vez que empezaron a llegar los resultados, y que lo mejor para el país y para la dignidad de la monarquía era pasar la mano de una manera formal, y no por obra de una revolución callejera. Era cierto, como decían los monárquicos, y como reiteraron luego, que el campo había votado monárquico. Cegados por visiones de traidores que entregaban Madrid, no pudieron comprender que independientemente de lo que hubiera ocurrido en la capital se habrían declarado sendas repúblicas en la mayoría de las ciudades de provincias. En Sevilla, sin saber lo que estaba ocurriendo en Madrid, republicanos y socialistas se subrogaron a un gobernador civil que no pensó siquiera en resistir.⁷⁵ Barcelona tenía una república catalana antes de que los ministros celebraran su última audiencia con el rey. Únicamente la guerra civil hubiera podido imponer la monarquía en las grandes ciudades, y Alfonso XIII se negó a contemplar esa alternativa, cosa que obra en su favor.

Así que, no fue el derrotismo de última hora del gabinete lo que derribó a la monarquía, sino la impopularidad personal del propio rey, reflejada en las elecciones municipales. «No estamos de moda», lamentó Alfonso XIII. No era posible olvidar que había sido él quien había dado paso a la dictadura en 1923. La única posibilidad de la monarquía acaso estuviera en una vuelta inmediata al gobierno parlamentario y civil en 1930; en lugar de ello, el rey nombró el gobierno de Berenguer, que durante un año siguió gobernando por decreto y con censura, y sin la fuerza moral necesaria para hacer efectivo el gobierno autoritario. En vez de ser el agente de la estabilidad política, Berenguer, según sus propias palabras, se encontró haciendo el papel del tapón de una botella de champaña a medio descorchar. Las clases conservadoras, durante 1930, perdieron la confianza en la monarquía como baluarte contra la revolución social. Tranquilizadas por el conservadurismo de Alcalá Zamora, aterradas por los estudiantes y los huelguistas, no hicieron esfuerzo alguno por organizar la defensa de la monarquía, desoyendo a sus defensores de la extrema derecha. Desde el propio Berenguer para abajo, los conservadores negaron resueltamente toda relación con los antiguos partidarios del dictador; esto suponía que la Unión Monárquica (la U. P. con otro nombre) defendía la fama del dictador y no a la monarquía que le había apartado. Las clases conservadoras de España todavía no estaban preparadas para una alianza con la extrema derecha. Antes que pechar con la resistencia a una revolución, dejaron que el rey se fuera. La aristocracia, que nunca había perdonado a Alfonso XIII su cooperación con el dictador y con sus técnicos y peritos de la clase media, presenció la caída de la monarquía como si se tratara de una mala película.⁷⁶

CAPÍTULO XV

LA SEGUNDA REPÚBLICA, 1931-1936

Fue en las calles y plazas de Madrid donde la monarquía constitucional, creada y mantenida por el liberalismo español del siglo XIX, se allanó finalmente ante su enemigo histórico: el republicanismo. Este capítulo y el epílogo considerarán brevemente el fracaso político y militar de la Segunda República, que no supo sostenerse frente a las fuerzas que habían manejado la monarquía constitucional —el Ejército y las clases «respetables»— ni frente a las presiones de quienes rechazaban la República burguesa de la misma manera que habían rechazado antes la monarquía constitucional: la extrema derecha y la izquierda revolucionaria.

Para la izquierda, en general, la misión del republicanismo consistía en la liquidación de los obstáculos institucionales que hacían difícil la existencia de una sociedad progresiva y democrática, es decir, especialmente, una Iglesia estatal influyente, un Ejército poderoso y el latifundismo. La República debía resolver también los problemas del nacionalismo catalán y vasco. Este programa convertiría el nuevo régimen en algo más que un cambio en la terminología política: su realización parcial fue obra de la coalición presidida por Azaña que dominó la fase constructiva de la Segunda República, después que las elecciones a las Cortes Constituyentes (junio de 1931) convirtieron el gobierno provisional en una imposibilidad parlamentaria. El gobierno provisional estaba formado por una mezcla de conversos del antiguo régimen y por una nueva generación de socialistas y republicanos. Lo presidía Alcalá Zamora e incluía a Miguel Maura, católicos conservadores ambos y ambos también conversos de última hora al republicanismo. Alcalá Zamora había sido secretario de Romanones y Maura era hijo del gran político conservador de la monarquía. Dimitieron en octubre de 1931 como protesta contra unas disposiciones referentes a la Iglesia que eran consecuencia de las presiones de la mayoría socialista y de la izquierda republicana. Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República dando a la política y al protocolo del nuevo régimen en Madrid un aspecto algo anticuado, resabio del pasado que, al igual que las antiguas influencias en el campo, angustiaban a los optimistas, convencidos de que las costumbres políticas podían cambiar de la noche a la mañana.¹

La coalición de Azaña tenía un New Deal que ofrecer a las fuerzas representadas por la minoría socialista en las Cortes. El propio Azaña era conscientemente moderno. Era un intelectual de izquierda y un estudioso de la política francesa; no era socialista, pero sólo podía sobrevivir en la Cámara como jefe del Gobierno con la ayuda de los votos socialistas. El compromiso resultante convirtió a los radical-socialistas —modelados en gran parte según el partido francés, sin un sólido apoyo proletario y de política doctrinaria y artificial— en un partido característico de la coalición, y a lo que se denominaba «socialismo humanista» en la ideología de éste.² El «socialismo humanista» no se deducía de las premisas de la lucha de clases, sino de la necesidad de una sociedad moderna; su tono era más jacobino que marxista, más de clase media que proletario. En 1933 los socialistas empezaron a preguntarse si el «socialismo humanista» merecía los votos socialistas que mantenían viva la coalición. La desintegración de la base electoral de la coalición de Azaña por la izquierda corría parejas con la desilusión sufrida por quienes podían haber aceptado una república conservadora y con la hostilidad de quienes no podían aceptar república alguna. La derrota electoral de noviembre de 1933 fue consecuencia de este doble proceso. Para la izquierda socialista el gobierno de Azaña era anticuado, reliquia ya de una vía muerta del proceso histórico. Para la derecha conservadora, en cambio, era algo «degradado» y sus miembros, por convicción o por incapacidad absoluta preparaban el terreno que conduciría a España por los derroteros de la revolución social.

1. El New Deal republicano

La Constitución promulgada por las Cortes Constituyentes representaba los ideales del socialismo humanista antes de que se hubieran echado a perder. Su elaboración fue confiada primero a una comisión jurídica dominada por un abogado conservador.³ Ésta fue sustituida por una comisión parlamentaria encabezada por Jiménez Asúa, un intelectual socialista, sorprendido por la facilidad con que los borradores elaborados por su partido se aceptaban sin modificaciones. Como compendio que era de las Constituciones modernas (empezando por la mexicana de 1917) que no se limitaban a la defensa de las libertades personales, sino que disponían un mínimo de bienestar social, su obra había de ser para sus adversarios «una constitución de charanga, sin ritmo y sin armonía».

A sus creadores les parecía una «constitución audaz», de izquierda pero no socialista. Hacía de toda clase de propiedad «objeto de expropiación para la utilidad social», lo cual era un compromiso entre la aversión de los radicales hacia cualquier violación de la propiedad privada, y el proyecto socialista que se pronunciaba en favor de una socialización gradual. Por ello, tanto podía ampliarse hasta cubrir la institucionalización de un amplio socialismo de Estado, como limitarse a un control morigerado de los abusos de la propiedad privada.⁴

El instrumento constitucional de reforma radical se concretaba en el poder ilimitado de una cámara única; el bicameralismo fue rechazado como reminiscencia del viejo Senado de la Restauración y del constitucionalismo bastardo de Primo de Rivera.⁵ La naturaleza revolucionaria del New Deal republicano dependía del uso que hiciera el gobierno de los poderes que le otorgaba la Constitución, y en 1931 había escasos indicios de que pudiera ir más allá de leyes laborales humanitarias y de un mecanismo eficiente para la solución de los conflictos laborales.

No fueron el radicalismo democrático ni el idealismo social de la Constitución, sino sus cláusulas religiosas, englobadas; en el artículo 26, las que enfurecieron a la oposición, dividieron al gobierno y crearon la posibilidad de una unión de la derecha para defender a una Iglesia perseguida. Ni la derecha intransigente ni la izquierda anticlerical podían aceptar una separación negociada y pacífica de la Iglesia y el Estado, tal como había sido recomendada por la comisión jurídica. Para la derecha católica, «un Estado neutral es un Estado estúpido», y si el Estado era religioso tenía que ser católico. «La Iglesia católica es la madre de España..., la fuente de todas sus glorias.» Para los republicanos de izquierda el error clásico del liberalismo español del siglo XIX, que había acabado por destruir su vitalidad, había sido su deseo de pactar con un pasado clerical para evitar una guerra civil.⁶ Pero no podía haber compromiso alguno entre quienes ensalzaban a los monjes y quienes ridiculizaban a los mártires. La actitud acomodaticia del Vaticano, basada en las encíclicas de León XIII, y la paciencia del nuncio nada pudieron conseguir.⁷

El artículo 26 de la Constitución separaba la Iglesia del Estado, convirtiendo a la primera en una asociación sometida, al igual que las demás asociaciones religiosas, a las leyes del país. Acabó con el pago de haberes al clero por parte del Estado, dispuso la disolución de los jesuitas y la confiscación de sus propiedades, e hizo que la existencia permanente de las demás órdenes dependiera de su buena conducta. Vedó la enseñanza a las órdenes religiosas y eliminó el crucifijo de las escuelas públicas.⁸ La Iglesia se defendía como hiciera en la Revolución de 1868, sobre la base de que solamente a los católicos se les negaban derechos (especialmente el de asociación, que afectaba a las órdenes religiosas) que la propia Constitución garantizaba a todos los ciudadanos. Así Alcalá Zamora citaba la defensa de Castelar de la libertad de asociación como fundamento de la democracia. La izquierda mantenía que la Iglesia era una institución incompatible con la cultura moderna, políticamente reaccionaria y tan rica que podía sostenerse a sí misma redistribuyendo sus enormes rentas. Los dirigentes republicanos unían a la convicción de que la Iglesia era una institución anticuada —Azaña podía sostener que España había dejado de ser católica— el temor de que, si se la reconocía oficialmente como religión nacional, sería lo bastante fuerte como para subordinar al Estado a sí misma. La República no estaba «persiguiendo a la Iglesia» sino retirándole los privilegios que la habían convertido en bastión y cuna de la reacción política.⁹

Una vez más se debatían públicamente los grandes temas del siglo XIX con gran abundancia de retórica anticuada. Azaña se dio cuenta de la verdadera situación: políticamente era imposible una Constitución que no pudieran aceptar los socialistas. Consiguientemente, sus enardecidos discursos le señalaron como próximo presidente del Consejo cuando Alcalá Zamora tuvo que dimitir debido a sus objeciones a las disposiciones referentes a la Iglesia. Azaña reveló por vez primera los dos axiomas de su credo político: la República perecería si no promulgaba leyes que sancionaran los cambios radicales de la sociedad contemporánea, y, en segundo lugar, la salvaguarda de la República era antes que los principios liberales y los derechos de las minorías. Un Estado antiguo y estable podía correr riesgos por la libertad; para un Estado nuevo, sin embargo, la obligación principal consistía en lograr su propia supervivencia. «Que no me digan que es contrario a la libertad; se trata de un problema de seguridad pública.»¹⁰

Las clases medias «respetables», de sentimientos católicos e incómodas con el matiz socialista del gobierno, opinaban que con las disposiciones referentes a la Iglesia el gobierno había rechazado su apoyo para inclinarse a favor de una alianza entre jacobinos doctrinarios y un proletariado descristianizado que «quemaba los santos de los ricos». En mayo de 1931 se difundió desde Madrid a Andalucía una explosión de quemas de iglesias y conventos. Estos incendios no fueron obra «del pueblo», sino de pequeños grupos. La debilidad de las autoridades ante lo que Ortega calificó de un retorno al fetichismo tradicional de la democracia mediterránea, demostró menos que la República estaba en manos de ateos y masones —como la derecha mantendría posteriormente— que el hecho de que estaba controlada por hombres débiles e inexpertos.¹¹

En los meses anteriores a la «persecución» de la Iglesia, la derecha estaba vacilante y confusa; sin el artículo 26 y la legislación consiguiente que culminó en la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas (10 de mayo de 1933), es muy dudoso que hubiera podido reunir fuerza suficiente para derrotar a la coalición de Azaña en las elecciones de noviembre de 1933. Desde la voz autorizada de El Debate hasta los defensores sentimentales de un clero desposeído —«condenado, junto con sus correspondientes secciones femeninas, a morir de hambre»—, desde los mítines monstruos hasta las manifestaciones en los teatros, desde la preservación milagrosa de imágenes en los conventos quemados hasta los alumnos mártires que llevaban colgado del cuello una réplica del crucifijo retirado de la pared de sus aulas, toda esta oleada masiva de propaganda emocional estaba proporcionando fuerzas a la derecha.¹² Iba a ser necesario «barrer toda la podredumbre en derredor nuestro».¹³ Se revitalizaron las antiguas acusaciones paranoicas de una revolución manipulada por una conspiración internacional masónica. Los republicanos de izquierda tildaron la reacción católica de alevosa e «insincera»: no podían entender ni su patetismo ni su violencia. Su anticlericalismo era un reflejo, condicionado por la historia. «Religión e Iglesia —afirmaba el ministro de Instrucción Pública— son términos antiestéticos.»¹⁴ Se trataba de un eco del krausismo residual y del anticlericalismo francés que era todavía parte importante del bagaje intelectual del «socialismo humanista».

La liquidación republicana más importante de los problemas del pasado fue su solución al problema catalán. El Estatuto Catalán, satisfizo, por fin, a Cataluña y la convirtió en plaza fuerte de la República. Al principio, sin embargo, el autogobierno catalán estuvo a punto de naufragar. En el Pacto de San Sebastián se había acordado la autonomía, que debía ser votada y concedida por las Cortes Constituyentes; Macià, el dirigente carismático del nacionalismo catalán, trató de hacerse con el triunfo de una vez para siempre pronunciándose en favor de un Estado catalán; semejante solución separatista nunca podía ser aceptada por los republicanos españoles y una delegación de Madrid obligó a Macià a retractarse.¹⁵ El gobierno de Cataluña se entregaría en manos de una Generalidad (nombre que, en la hora del triunfo reflejó la deuda contraída por el catalanismo con los reanimadores de la cultura medieval), que debía preparar un Estatuto de Autonomía. Éste sería presentado a las Cortes Constituyentes después de que el pueblo lo hubiera aprobado en un plebiscito. Macià podía confiar en que la República le daría la autonomía que él se había otorgado por sí mismo, puesto que negarla sería desafiar al partido dominante en Cataluña, la Esquerra o izquierda catalana. Este partido era en gran parte creación de Companys, un abogado cuyas relaciones se extendían desde los piadosos rabassaires hasta los dirigentes de la C. N. T. En el breve plazo de veintidós días Companys destruyó la fuerza electoral del catalanismo conservador de la Lliga, desacreditada por los llamamientos al monarca hechos a última hora por Cambó. Ahora el catalanismo parecía un movimiento decididamente de izquierda. Las multitudes que cantaban «Viva Macià» gritaban «Muera Cambó».

El proyecto del Estatuto Catalán fue sometido a referéndum y abrumadoramente aprobado por la opinión catalana.¹⁶ La tarde del 2 de agosto de 1931 presenció la apoteosis de Macià y de todo cuanto él representaba. Ante una multitud inmensa, «l’Avi» pronunció el «Ja som lliures»... «Ningún poder humano logrará doblegar la voluntad del pueblo catalán... No dejéis que os mueva la amargura ni el odio... Cataluña será grande entre las naciones civilizadas.» Incluso después de su modificación por las Cortes, el Estatuto satisfizo las exigencias razonables de Cataluña. Sus adversarios (y entre ellos se contaban aquellos socialistas que deseaban mantener la legislación laboral y la planificación económica general fuera del alcance de una Generalidad «anacrónica y paternalista») afirmaron que estas exigencias eran excesivas, que las esferas correspondientes al gobierno central y al gobierno catalán, especialmente en los terrenos de las finanzas, la legislación social y el orden público, no habían quedado suficientemente deslindadas.¹⁷ La tarea de Azaña consistió en eliminar las características objetables sin «mutilar» la voluntad expresa de Cataluña; su firmeza le granjeó el respeto y el apoyo de la izquierda catalana.

La República se proclamó régimen de justicia social. Pero con esta expresión ni siquiera los socialistas querían significar el socialismo, sino un Estado de bienestar (welfare state), con relaciones laborales controladas por el Estado, con participación limitada de los trabajadores en la gestión de las empresas y con salario mínimo. Los socialistas reformistas insistían en que ni España ni el partido socialista estaban preparados para la revolución social. «Las revoluciones tienen éxito cuando guardan una verdadera relación con la capacidad nacional... Sabemos que una revolución maximalista pondría en peligro la revolución misma.»¹⁸ En vez de la lejana perspectiva de un gobierno socialista, la mayoría del partido prefería las concesiones obtenidas presionando desde dentro de la coalición azañista, en tanto que los dirigentes se sentían atraídos por la posibilidad de conseguir un partido de masas mediante una legislación laboral claramente favorable a los trabajadores y administrada por socialistas en el gobierno. Sólo en momentos de descuido se abandonó el lenguaje del legalismo por el de la amenaza de la revolución proletaria. En noviembre de 1931 Largo Caballero amenazó con que si las Cortes eran disueltas «antes de que hubieran completado su mandato», la U. G. T. y los socialistas interpretarían este hecho como una provocación «que nos obligaría a proceder a una guerra civil». Posteriormente explicó que había «hablado en sentido figurado», pero este recoger velas no dejaba tranquilo al espíritu burgués.¹⁹

La legislación laboral fue obra de Largo Caballero, como dirigente sindical enormemente experimentado. En su calidad de ministro del Trabajo promulgó una alud de decretos: seguros de enfermedad, vacaciones pagadas, jornada de ocho horas, salarios mínimos, etc. Mediante tres leyes clave se creó un mecanismo para el arreglo de los conflictos laborales, derivado en parte de la legislación de la dictadura, mecanismo que la U. G. T. había utilizado en su beneficio.²⁰ Los arreglos se confiaron a comisiones mixtas (en las que se había aumentado la representación obrera) bajo la supervisión de delegados del Trabajo designados por el ministerio. Los socialistas y la U. G. T. quedaron satisfechos con esta solución por dos razones. La nueva burocracia estaba formada por socialistas, que de esta manera pasaban a ser funcionarios pagados, además de dirigentes obreros; pero, sobre todo, la imposición de un rígido sistema de supervisión era un golpe directo a la C. N. T., puesto que sus principios sindicalistas le impedían utilizar el nuevo mecanismo para obtener ventajas para sus afiliados. Los dirigentes socialistas con mentalidad de hombres de gobierno en 1931 padecían como verdadera obsesión la desconfianza hacia la C. N. T.: «Hay una gran confusión en la mente de muchos camaradas. Creen que el sindicalismo anarquista es un ideal paralelo al nuestro, cuando en realidad es su antítesis absoluta, y creen también que anarquistas y sindicalistas son camaradas nuestros cuando en realidad son nuestros mayores enemigos». Teniendo en sus manos el único medio eficaz de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, los socialistas estaban en una posición de fuerza frente a la C. N. T., debido a la falta de «sensibilidad socialista» de ésta.²¹

Los socialistas que participaban en el gobierno sabían perfectamente que la lucha decisiva debía librarse en el campo. El rápido crecimiento de la U. G. T. en las zonas rurales debía ser consolidado para desbaratar el anarquismo rural; era necesario hacer algo para remediar el creciente paro agrícola en el Sur y cumplir la promesa de reforma agraria hecha por el partido. La ley de Términos Municipales, que prohibió el empleo de trabajadores inmigrados, recurso habitual de los propietarios para terminar con las huelgas salariales, y el nuevo mecanismo de legislación laboral, que dio a los socialistas locales de la Casa del Pueblo el control del mercado de trabajo local, fueron meros paliativos, el primero de ellos de utilidad dudosa.²² Para remediar el problema inmediato del desempleo rural, la República debía emprender de nuevo el interrumpido programa de los funcionarios del siglo XVIII: casar la tierra baldía con el exceso de fuerza de trabajo. La reforma agraria era inevitable.²³

Mientras que algunos marxistas revolucionarios como Maurín creían que la República se condenaba a sí misma negándose a iniciar una revolución social en la tierra, los republicanos de izquierda y los socialistas, por diferentes razones, tenían idéntico convencimiento de que una solución auténticamente socialista al problema agrario acabaría con la República inmediatamente. Así, mientras que la extrema izquierda denigraba el proyecto de ley del gobierno como indigno del nombre de reforma agraria, los sacrificios de los socialistas en aras de la unidad republicana se evidenciaban, no sin dolor, en el discurso del ponente socialista: «Esto no es socialista, lo sé» (Interrupción: «Pero lo dice un socialista») «Respetamos la situación presente y, dentro de ella, tratamos de resolver un problema que nos impone la realidad: dar trabajo a los que carecen de él... La Reforma Agraria no se dirige contra el régimen de la propiedad privada» (Interrupción: «No habrá tierra para los campesinos»).²⁴

La Ley Agraria de septiembre de 1932, junto con la legislación de 1933, fue un ejemplo del compromiso característico del «socialismo humanista» propugnado por los radical-socialistas: la propiedad privada no era un mal en sí misma, sino que debía someterse al control legislativo en interés de la sociedad. Se enfrentaba con el problema clásico de los latifundios en tanto hubiera perjuicios evidentes —especialmente el desempleo— y se dispusiera de estadísticas.²⁵ Las tierras expropiadas debían ser redistribuidas, en forma colectiva o en parcelas individuales, por el Instituto de Reforma Agraria. Por razones políticas, tras la revuelta de Sanjurjo (agosto de 1932), las tierras de la nobleza debían ser confiscadas sin compensación.²⁶ Las tierras restantes podían ser confiscadas con compensación, si excedían de ciertos límites o habían sido mal cultivadas. La clave de la reforma, por consiguiente, estaba en los fondos disponibles para las compensaciones, y éstos, inicialmente, fueron cincuenta millones de pesetas. Aproximadamente unos 10.000 campesinos pobres obtuvieron parcelas. La reforma agraria, limitada por la timidez natural de un gobierno de coalición, fue cercenada por las críticas «técnicas» de la oposición conservadora: la reforma descuidaba todos los principios fundamentales sobre la utilización de la tierra; las reformas copiadas de la Europa Central no tenían sentido en las «malas tierras» españolas; las soluciones «generales» olvidaban la idiosincrasia regional; la «parcelación» no hacía más que aumentar el paro rural, etc.²⁷ Como profetizó Eduardo Ortega y Gasset, una reforma limitada no iba a ganarse la lealtad de los campesinos pobres de Andalucía: «se trata de poco más que de un proyecto anticuado de colonización interior, algo más generoso, y adornado con frases socialistas». Lo conseguido fue poco y el entusiasmo se evaporó; en agosto de 1933 la legislación sobre el arriendo de tierras, que afectaba a la vida de millares de familias campesinas, sólo era defendida en las Cortes por un puñado de diputados. En conjunto, la reforma agraria fue un embrollo descorazonador.

La Reforma Agraria puso a la vista de todos el nervio más débil de la República: «el mayor obstáculo es que el Estado es pobre: no posee un céntimo». La República tenía la desgracia de haber nacido en medio de una depresión mundial, aunque debe señalarse que España no sufrió la profunda crisis que paralizó la economía de la mayoría de los países europeos y de los Estados Unidos. La característica más notable de la economía española fue la relativa estabilidad de los precios, debida principalmente al aislamiento de España respecto a la economía del resto de Europa. Las abundantes cosechas de 1932 y 1934 proporcionaron el suficiente poder adquisitivo para sostener un moderado auge textil, e hicieron algo para compensar las fuertes pérdidas de los cultivadores valencianos de naranjas y de otros exportadores.27 bis Los salarios, protegidos por la nueva legislación laboral, permanecieron estables. Descendió el índice de la producción industrial, pero menos dramáticamente que en otros países. Las dificultades españolas, sin embargo, eran bastantes, especialmente en los años 1932 y 1933, en que experimentó un fuerte descenso la producción de hierro y acero; fueron malos tiempos para los productores de naranjas y aceite de oliva y se asistió a un paro creciente. No existía un sistema nacional de asistencia para el medio millón de parados; se dejó que cada municipio hiciera lo que pudiese con sus limitados recursos. De este modo el gran núcleo de desempleo agrario en el Sur paralizado parecía amenazar con engullir a la propia República.

Prieto, el ministro socialista de Hacienda, reaccionó frente a la depresión de manera similar a la de sus ortodoxos colegas conservadores de otros países: luchó en favor de un presupuesto equilibrado y de la estabilidad de la moneda. Se trataba de una decisión tanto económica como política. Prieto había sido el primero en denunciar los gastos abusivos de la monarquía y el presupuesto extraordinario de la dictadura. Difícilmente podía embarcarse en una ligera inflación o en un presupuesto deficitario en interés de la planificación socialista; él y su sucesor, Carner, siguieron el consejo conservador del Gold Standard Inquiry, que había insistido en las consecuencias inflacionistas de los fuertes gastos gubernamentales. Las finanzas republicanas se salvaron de la tensión de las políticas deflacionistas por su empeño en la educación —la edificación de escuelas impidió que se interrumpiera el auge de la construcción en Madrid— y por el hecho de que, como modernizador de una España atrasada, el gobierno no podía menos que continuar los proyectos de regadío, hidráulicos y de construcción de carreteras de Primo de Rivera.²⁸ Muchos de los organismos autónomos de «desarrollo», desmantelados con el primer entusiasmo de abril, resurgieron con nuevos miembros. El presupuesto no fue reducido, sino reorganizado.

La debilidad de la legislación republicana, tanto en la esfera de las finanzas como en la del trabajo, consistía en que amenazaba con un cambio fundamental que el gobierno o no podía o no quería llevar a efecto. Al igual que la legislación de Blum en Francia, ninguno de sus proyectos era incompatible con el capitalismo ortodoxo, pero en conjunto suscitaba la desconfianza de los capitalistas. La legislación ferroviaria disolvió los antiguos consejos de administración, pero no llegó a la nacionalización; la ley bancaria, a la vez que daba al gobierno el control sobre el tipo de descuento, perseguido en vano por Calvo Sotelo, dejaba a los bancos casi tan poderosos como antes. Se dijo que el control total de las operaciones de cambio con el extranjero amenazaba el comercio. Se elevó el impuesto sobre la renta —el impuesto mayor sobre las fortunas superiores al millón de pesetas era del 7,7 %—, pero sin una reforma radical de un sistema fiscal que ya Primo de Rivera había estigmatizado como «antidemocrático» e injusto. Los capitalistas estaban alarmados, pero su poder permanecía intacto. Ventosa, seguidor de Cambó, apareció como intérprete del ofendido conservadurismo de los ricos. No fue la República misma la que creó esta crisis de confianza, sino los excesos demagógicos de su gobierno de inspiración socialista. El socialismo de Estado podía convertir a España en «un inmenso latifundio, el Estado».²⁹ Si el régimen pensaba en la colectivización soviética, debía dar a conocer su intención y abandonar su «concepción pueblerina de la economía política».

2. La derrota de la coalición presidida por Azaña

La legislación constructiva, que para los partidarios de la coalición de Azaña era una prueba de que la República era «seria», explica la reacción defensiva de las clases conservadoras. Así, cuando el Estatuto Catalán se debatía en las Cortes, el nacionalismo «español» se convirtió en un arma en manos de quienes eran hostiles a una República radical. La derecha denunció a los sedicentes revolucionarios que habían enajenado en San Sebastián la unidad nacional. Mientras España buscaba la libertad, Cataluña pensaba en sus intereses egoístas y ahora exigía un «pago». El Estatuto, impuesto a España como si hubiera sido derrotada, representaba «no las exigencias máximas de los autonomistas, sino las reivindicaciones mínimas de los separatistas». Y, como siempre, tales ataques hallaron fundamento en las incautas manifestaciones de los catalanes. Azaña, que había esperado una gran labor conjunta del republicanismo catalán y español, tuvo que hacer frente a la incomprensión engendrada por cincuenta años de malentendidos recíprocos.

La hostilidad creciente del cuerpo de oficiales reflejaba en parte la reacción conservadora de la clase a la que representaba. Pero en parte era también trasunto del resentimiento de aquellos oficiales de pasado monárquico y católico que veían acrecentarse la influencia de la nueva clase de oficiales republicanos, los beneficiarios de las reformas militares de Azaña, de los que se decía que dominaban su «gabinete militar» y monopolizaban los ascensos. En sí mismas las reformas podían defenderse como medidas necesarias para la creación de un Ejército moderno —Azaña no deseaba destruir el Ejército como tal— e implicaban cambios propugnados desde hacía tiempo por militares profesionales, entre ellos la mejora de la situación de los oficiales sin destino y la abolición de los privilegios de los cuerpos «snobs». El general Mola criticó duramente las reformas de Azaña, no tanto por su contenido como por su «espíritu de venganza».³⁰ Entre 1932 y 1936 una guerra civil oculta dividió al Ejército entre quienes aceptaban lealmente la República y quienes creían que ésta estaba decidida a deshacer al Ejército «moralmente», ya que no físicamente. En julio de 1936 los descontentos se habían ganado a la mayoría de los oficiales de los ejércitos marroquí y metropolitano. El Ejército formuló su teoría política tradicional: la disciplina (obediencia al Estado civil) no debía ser confundida con la carencia de dignidad. «La indisciplina —escribió Mola en 1933— está justificada cuando los abusos del poder constituyen un insulto y una afrenta, o cuando conducen a la nación a la ruina.» En 1933 todavía no había llegado el momento crítico; en 1936 los oficiales estaban dispuestos a anteponer la dignidad a la disciplina.

En general, sin embargo, las fuerzas del resentimiento conservador fueron débiles inicialmente, y estaban divididas entre quienes esperaban canalizar el descontento hacia una derrota electoral de la coalición de Azaña y quienes frente a la «revolución» no veían más camino que la sublevación. La frontera entre conspiradores y legalistas estaba desdibujada; con frecuencia resultaba difícil distinguir entre quienes podrían aceptar una República clerical o conservadora y quienes no aceptarían República alguna. Pese a todo, muchos partidos de la extrema derecha tenían relaciones con aquellos oficiales del Ejército cuyo descontento maduraba hacia la sedición.³¹ En 1931 el general alfonsino, Orgaz, participó en vagos planes de levantamiento militar. Entre 1931 y 1936 los monárquicos adoptaron la postura que había desempeñado la mayoría de los republicanos entre 1874 y 1931. La actividad «legal» era un medio de propaganda y debía conservarse a toda costa, pero por sí misma no podía destruir un sistema ilegítimo.

Los monárquicos convencidos poco podían esperar de la lucha legal. El rey exiliado se negó a apoyar la violencia, pero difícilmente podía confiar en convencer a sus partidarios.³² Acción Española, fundada en diciembre de 1931, era un residuo de la antigua U. P., y estaba organizada como un centro de propaganda más que como un aparato de partido; su dirigente intelectual, Maeztu, veía en la Ilustración del siglo XVIII y en sus compañeros, los intelectuales de fin de siglo, los orígenes de una monstruosa revolución ingeniada por los masones y a sueldo de los judíos que había que combatir hasta el final en nombre de las tradiciones históricas de España. «Combatamos a nuestros padres con nuestros antepasados.»

Como siempre, la fuerza de choque de la extrema derecha procedía del carlismo militante. Durante tres generaciones el carlismo había estado denunciando la revolución que Maeztu acababa de descubrir. Ya en 1931 los carlistas se adiestraban en el manejo de las armas y constituían una organización paramilitar en remotos rincones de Navarra. Desde el cisma, la elite del carlismo había estado con los integristas y las masas con la antigua causa dinástica dividida desde entonces entre los seguidores del pretendiente Don Jaime y los de Mella. En enero de 1932, ambos grupos se fundieron en la Comunión Tradicionalista, que rechazó la República in toto a pesar de estar en las Cortes como partido legal.³³ La fusión de tradicionalistas y monárquicos alfonsinos era más difícil —personalmente y porque la posición tradicionalista implicaba que los monárquicos alfonsinos ortodoxos se hallaban en estado de pecado político desde 1874—. Sin embargo, los alfonsinos se veían empujados cada vez más hacia la tradición activista del carlismo. Para crear una agrupación monárquica que pudiera atraer a los carlistas, Goicoechea fundó en febrero de 1933 Renovación Española, unión del monarquismo militante.

Al principio parecía que la derecha católica iba a hallar su punto de apoyo más sólido en la alianza de nacionalismo vasco y tradicionalismo, indignados ambos ante la interferencia en el gobierno local por parte del gobierno, injerencia llevada por decreto. En las elecciones de 1931 se habían presentado ambos grupos bajo el nombre de Bloque Vasco-Navarro. Esta alianza se rompió cuando el Partido Nacionalista Vasco (P. N. V.) aceptó reconocer a la República a cambio de la concesión de la autonomía, que era su reivindicación principal, mediante un estatuto similar al propuesto para Cataluña. A los tradicionalistas sólo les interesaba la autonomía en la medida en que les proporcionaba un medio para anular las disposiciones republicanas referentes a la Iglesia mediante la inclusión de una cláusula que permitiera a un gobierno autónomo firmar un Concordato separado. Sin ella, el Estatuto de Autonomía fue presentado como «ateo» por los navarros y la prensa tradicionalista ofreció un premio de 5.000 pesetas a quien hallara el nombre de Dios en el Estatuto.³⁴ Al rechazar el Estatuto de Autonomía vasco como «ilegítimo, contrario a la Historia y contrario a la Tradición» revelaron el verdadero significado del carlismo navarro; su preocupación por las libertades locales era menos intensa que su preocupación por la unidad religiosa de España. Al iniciarse la Guerra Civil, su principal dirigente dijo a Franco: «Debe usted imponer la unidad sobre ellos. La unidad por encima de todo». Los vascos que aceptaron la línea «realista» y las perspectivas de la autonomía dentro de una república secular fueron denunciados como aliados de los «judíos, masones y comunistas».

El primer intento de inclinar a la República hacia la derecha por medio de la violencia tomó la forma tradicional del pronunciamiento, y su fracaso proporcionó una prueba completa de la debilidad de la derecha activista. Su cabeza visible fue el general Sanjurjo, el León del Rif, el general más popular de España. La incapacidad de Sanjurjo en verse a sí mismo como un vulgar rebelde refleja el vigor persistente de la teoría que había presidido las intervenciones políticas del Ejército a lo largo del siglo XIX: su rebelión no se dirigía contra el Estado civil, sino contra un gobierno que ya no reflejaba la voluntad general. Esta voluntad, tal como se revelaba al general y a sus aliados, rechazaba la orientación hacia la izquierda, la destrucción de la unidad nacional con el Estatuto catalán y la trituración del Ejército. A sus propios ojos, su falta, no sólo moral sino incluso legal, no consistía tanto en la rebelión misma como en haberse arriesgado a ella sin una preparación adecuada y un apoyo seguro. Muy ingenuo políticamente, no podía comprender los peligros de una conspiración hecha de remiendos, que iba desde los monárquicos a los antiguos constitucionalistas. Los compromisos se rompieron en las confesiones de última hora. El pronunciamiento de Sanjurjo padeció las mismas debilidades de composición que en el pasado habían dado al traste con tantas actuaciones políticas del Ejército.³⁵

En Madrid, donde los conspiradores trataron de hacerse con el Ministerio de la Guerra en la noche del 10 de agosto de 1932, el golpe, confiado a los monárquicos y a oficiales retirados por las reformas de Azaña, fue un fracaso. En Sevilla, Sanjurjo se pronunció en favor de una República moderada, solución que había tratado en vano de imponer a Lerroux. Se presentó con su uniforme en una cartera y dio el grito de «Viva la España indivisible». Los obreros declararon una huelga general y los oficiales vacilaron. Sanjurjo, en un estado de total agotamiento, «reconoció la derrota» y fue detenido mientras huía a Portugal. El Ejército no estaba todavía dispuesto a apoyar a «la nación» contra el Estado. Como lamentaba su ayudante de campo, los oficiales del nuevo Ejército de Azaña carecían de la talla moral suficiente para hacer honor a sus compromisos.³⁶ En 1936 el Ejército de África se utilizó como garantía contra el fracaso interno y ya no se habló de reconocer la derrota.

El fracaso de Sanjurjo reforzó la posición del gobierno y el entusiasmo republicano. Tras él, Azaña dedujo la moraleja: el hablar demasiado de una República de derechas había conducido a un intento de dictadura militar. No eran sólo los monárquicos, sino también políticos respetables como Melquíades Álvarez quienes hacían «que esos generales estúpidos creyeran que el país estaba dispuesto a apoyarles». Los rebeldes fueron encarcelados o deportados. La prensa de derechas fue suspendida durante algún tiempo y los restantes puntos de la Constitución, el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria (complementada ahora con la tierra confiscada a los rebeldes y a los aristócratas), fueron aprobadas rápidamente por las Cortes. Fue un resurgimiento temporal. Todos los indicios apuntaban a un desplazamiento a la derecha a lo largo de 1933: incluso en Cataluña la Esquerra, aliada del gobierno de coalición, resultó derrotada en las elecciones municipales. Dos partidos se beneficiaron de esta reacción conservadora: los radicales de Lerroux y el nuevo partido católico de Gil-Robles, Acción Popular.³⁷

En San Sebastián, Lerroux había sido postergado y en el gobierno él y su seguidor Martínez Barrio aparecían como supervivientes de una era política dejada atrás. Pero en Madrid había salido por las mayorías y era el dirigente del partido que, después del socialista, contaba con la minoría más fuerte en la Cámara; de no ser por su hostilidad a los socialistas hubiera sido presidente del Consejo en lugar de Azaña. El acceso al poder de este último había significado un desplazamiento del centro de gravedad hacia la izquierda y una creciente dependencia respecto de los socialistas. Lerroux dimitió y, fuera del poder, no es muy sorprendente que viera un nuevo futuro político en la unión del republicanismo de la clase media contra los gobiernos republicanos de predominio socialista. Atenuando su anticlericalismo, se presentó como salvador de la civilización y propuso una «República para todos los españoles». En 1933 es obvio que quienes desconfiaban, a la vez, de socialistas y clericales votaron radical.

El movimiento de masas de la derecha que más directamente podía movilizar la reacción de los católicos frente a las disposiciones referentes a la Iglesia era Acción Popular, partido ideado por Ángel Herrera Oria, director de El Debate. Su líder era José María Gil-Robles, hijo de un profesor de Salamanca interesado por la reforma social católica. Joven a su vez, Gil-Robles pensaba ante todo en atraer a la juventud a su partido; la mayoría de sus candidatos en las elecciones tenían alrededor de treinta años y el partido contaba con un potente movimiento de juventudes. Acción Popular se distinguía de la antigua derecha por su énfasis en una política social católica que pudiera ganarse a las masas frente al socialismo implantando el programa de las encíclicas de León XIII.³⁸ Proponía «una revolución socioideológica que en muchos puntos coincidirá con las soluciones socialistas». Su ideal era un Estado corporativo basado en sindicatos profesionales «libres»; estos sindicatos proporcionarían al trabajador un control mayor sobre su propio destino que los sindicatos socialistas, dirigidos por caciques del mundo del trabajo en su interés propio. Los propagandistas del partido alardeaban de su único diputado obrero, pero Gil-Robles reconocía que la conversión del proletariado al catolicismo social sería una tarea larga y difícil. El programa más inmediato del movimiento, requisito previo de la reforma social, era la recuperación de la posición privilegiada de la Iglesia española. Este objetivo tendría que realizarse derrotando a la coalición azañista en las urnas, con la plataforma de una revisión del artículo 26 de la Constitución.

La intención de Gil-Robles consistía probablemente en que su grupo se convirtiera en un partido parlamentario que funcionase dentro de la República y estuviese modelado a semejanza de los partidos socialcristianos europeos.³⁹ Así, rechazaba la rebelión militar e intentaba que los diputados agrarios y vascos se abstuvieran de un retraimiento cuasi revolucionario. Su dificultad más seria era la necesidad que tenía su partido de contar con el apoyo electoral y los fondos de grupos conservadores ortodoxos que no compartían su preferencia por los métodos legales ni su programa de catolicismo social. Gil-Robles trató de ocultar esta debilidad estructural mediante la doctrina del «accidentalismo». La aserción de que para los católicos eran indiferentes las formas de gobierno se derivaba, al igual que la política social del movimiento, de las encíclicas de León XIII y de los católicos franceses liberales de finales del siglo XIX. Lo importante para los católicos era la posición de la Iglesia, y no la forma republicana del régimen. Pero los conservadores, a los que Gil-Robles deseaba atraer a las amplias coaliciones electorales «antirrevolucionarias», no podían tolerar una fidelidad explícita a la República; así las cosas, su preferencia por el revisionismo legal disgustó a los monárquicos.39 bis El «accidentalismo» le perjudicó más de lo que pudo beneficiarle porque hizo que sus propias intenciones como dirigente de un partido independiente se confundieran con las de los aliados entre los conspiradores monárquicos. Aunque argumentara en favor de las soluciones legales el confusionismo persistía. Contrario a la violencia en política por parte de su propio grupo, Gil-Robles era menos claro acerca de las condiciones que podían justificar su empleo por parte de otros, mientras que su visión última del Estado, como la de sus enemigos socialistas, no era la de los liberales demócratas ortodoxos, sino que contenía las ideas entonces en boga acerca de un órgano legislativo corporativo.

Los socialistas y los republicanos de izquierda se empeñaban en presentar a Gil-Robles como a un contrarrevolucionario. Consideraban su campaña en favor de la revisión del artículo 26, que adquirió mayor fuerza a raíz de la legislación anticlerical de 1932-1933, como un ataque burdo e ilegal contra la República misma. Aunque Gil-Robles afirmaba que su héroe era Windthorst y su modelo el ralliement, los socialistas le denunciaron como fascista, doctrina que el propio Gil-Robles despreciaba como una rama de la herejía, posterior a la Reforma, de la «estadolatría». Un mitin monstruo que debía celebrarse en Valladolid fue prohibido por el gobierno debido a las amenazas de huelga de los socialistas, lo cual sin duda era más ilegal que el mitin mismo. «Si el Estado se cruza de brazos ante el mitin provocador de Valladolid, los obreros sabrán ocupar el lugar del Estado.» Este lenguaje iba a Gil-Robles como anillo al dedo: el Estado no era un Estado liberal, con libertad de expresión y de asociación. Era solamente una empresa socialista. En junio de 1932 el gobierno había suspendido sesenta y una reuniones, así como El Debate, el periódico del movimiento, durante dos meses. Al negar a Acción Popular la libertad de actuar como partido constitucional, los socialistas lo repudiaron como si se tratara de un grupo de conspiradores. «Los clericales, capitaneados por un grupo de mujeres desocupadas, desean derribar a la República creada con la sangre del pueblo... Aniquilad al enemigo sin vacilaciones y sin piedad.»⁴⁰ Proyectada a 1934, cuando Gil-Robles se había desprendido de sus aliados extremistas, esa actitud fue un desastre.

Para el gobierno republicano los peligros de la izquierda eran tan serios como los de la derecha. Desde los primeros días de la República hasta las elecciones de 1933, tuvo que afrontar, con gobernadores civiles inexpertos y una fuerza de policía inadecuada, una serie de huelgas y estallidos revolucionarios comparables sólo, en violencia y frecuencia, con los de 1920-1923. Los orígenes de estas huelgas, aparte de la inquietud agraria específica de los subempleados de Andalucía, sólo en parte deben buscarse en el empeoramiento de las condiciones económicas.⁴¹ Sus causas han de indagarse en la hostilidad implacable desplegada por la C. N. T. frente a la República burguesa, y no pocas veces en la política del propio movimiento obrero. Las huelgas se complicaban y fomentaban por las rencillas entre la C. N. T. y la U. G. T. y por una lucha por el poder en el interior de la misma C. N. T. entre los dirigentes sindicalistas «moderados» y los ácratas puristas de la F. A. I. En 1932 los militantes de la F. A. I., cuya tarea como grupo de presión semisecreto era infiltrar activistas revolucionarios en la C. N. T., no solamente habían desacreditado a la República, sino que habían producido una crisis seria en la propia C. N. T.

Todo abonaba a los dirigentes socialistas en su porfía por refrenar a sus militantes. El aumento de miembros de la U. G. T., particularmente en su Federación de Trabajadores Agrícolas, hacía que los dirigentes sindicalistas advirtieran que la mera organización de las masas forzaba los recursos de la U. G. T. al máximo; había que llevar un registro de los nuevos miembros y construir una Casa del Pueblo en cada población ganada. Como resultado de la destitución de los concejales monárquicos se encontraron dueños del control de municipios extendidos por toda España. Había que dotar a la nueva burocracia de la negociación laboral con personal socialista. Estas nuevas tareas absorbían por completo a los dirigentes exponiéndoles a la acusación de enchufismo, de buscar cargos para sí mismos en vez de trabajar en favor del socialismo.

La C. N. T. era perfectamente consciente de que la legislación laboral de Largo Caballero amenazaba toda su organización. Como ministro del Trabajo apoyó a la U. G. T. en su intento de arrancar a la C. N. T. el control de los trabajadores portuarios de Barcelona. En Madrid, Prieto aplastó una huelga de empleados de teléfonos organizada por la C. N. T. y El Socialista calificó a los dirigentes de los huelguistas de «brutalmente ignorantes» y a su sindicato de «organización laboral basada en las pistolas».⁴² Por ello los extremistas de la C. N. T. podían presentar a Largo Caballero como traidor y perro colaboracionista, como un nuevo Martínez Anido venido a destruir el proletariado revolucionario.

En Cataluña se desvaneció toda esperanza de que la C. N. T. aceptara la República. En los primeros días de entusiasmo republicano Companys había trabajado en favor de un entendimiento con sus dirigentes. «Amigos —les dijo—, si os sentís lo bastante fuertes para iniciar la revolución social, adelante. Pero si comprendéis que la única solución posible es una política radical y evolucionista que os proporcione amplia libertad para vuestra propaganda, ayudadme.» Ni siquiera los sindicalistas «moderados» pudieron colaborar; por tanto, era mucho más improbable que pudieran controlar a los extremistas. Los nacionalistas catalanes fueron lo suficientemente ciegos para creer que los poderes terapéuticos de la autonomía bastaban para acabar con las huelgas y domesticar el anarquismo. «Cuando tengamos el Estatuto no habrá conflictos como éstos», decía Macià a los huelguistas. Aparte de hacer más fáciles los primeros días, los esfuerzos de Companys en favor de un armisticio social le valieron una reputación de hombre débil capaz de traicionar a la burguesía en beneficio de su propia carrera política.⁴³

A los sindicalistas «moderados» como Pestaña les era difícil resistir el impulso hacia la acción revolucionaria. Aunque era impensable una colaboración directa con un régimen burgués, creían que una fuerte acción callejera contra él acabaría dando vigor a las fuerzas contrarrevolucionarias. Lo que separaba a los sindicalistas «moderados» de los activistas no era su amor a la República, sino la convicción de que la «segunda revolución» sería una acción de masas y no la obra de una elite revolucionaria. Para la F. A. I. la revolución era menos un fenómeno social que el producto de una decidida voluntad revolucionaria, producto no de la organización sino de la audacia que aprovechaba «la fuerza irresistible que existe en los corazones de las masas».⁴⁴ Para los moderados este modo de hablar y esta táctica eran «infantiles». «Cuando les preguntáis [a los de la F. A. I.] adónde iremos después de habernos arrojado a la calle, responden que cuando estemos en la calle sabremos adónde ir.»⁴⁵ Basándose en la autonomía de cada sindicato, los activistas de la F. A. I. podían proponer huelgas revolucionarias en contra de la voluntad de la dirección de la C. N. T. Cuando los dirigentes se negaban a sancionar semejante actividad, eran denunciados como traidores. Mediante estas tácticas la F. A. I. conquistó el núcleo del anarquismo catalán, y su periódico, Solidaridad Obrera; como protesta los moderados firmaron la «Declaración de los Treinta», que denunciaba la infiltración de la F. A. I. y sus desastrosas consecuencias. Expulsados de la C. N. T., trataron de construir su propia fuerza organizando sindicatos de oposición. Hablar claro y la resistencia al revolucionarismo insensato había costado a Pestaña y sus amigos la dirección del movimiento, que se había dividido contra sí mismo.

El activismo de la C. N. T. supuso la abstención de los votantes anarquistas en las elecciones de noviembre, oleadas de huelgas y dos levantamientos revolucionarios. No es que toda España estuviera sumida en la anarquía —muchas huelgas no se distinguían de las aglomeraciones festivas y había zonas de importancia libres de huelgas— sino que algunos puntos agitados mancillaron toda la hoja de servicios republicana.⁴⁶ Se produjeron huelgas generales serias en Bilbao, donde los socialistas luchaban contra los sindicatos católicos vascos, y huelgas de la C. N. T. en Zaragoza, Sevilla y Barcelona. Eran pocas las organizadas por la C. N. T. por motivos económicos, aunque éstas también se dieron; se trataba de «huelgas gimnásticas» para mantener en tensión los músculos revolucionarios de los trabajadores, y con frecuencia las organizaban los comités formados para la liberación de militantes encarcelados, comités que estaban dominados por la F. A. I.

Aparte de Barcelona, la ciudad más agitada era Sevilla.⁴⁷ Su policía, débil y tensa. La C. N. T. era fuerte, pero había perdido a los trabajadores portuarios, que se habían pasado a los comunistas, y estaba luchando con la U. G. T. por atraerse a los tranviarios; como ocurría siempre allá donde eran fuertes los elementos de la C. N. T., los socialistas se vieron obligados a presentarse como revolucionarios pese a que actuaban para impedir una insurrección revolucionaria. En julio de 1931 una pequeña revuelta apoyada por los campesinos de las zonas circundantes e inspirada por la C. N. T. fue contenida por el Ejército, que hizo su primera aparición significativa como salvador de la sociedad de la revolución roja. En Cataluña la F. A. I. llevó a cabo un intento más serio de revolución social. En enero de 1932 un levantamiento no planeado implantó el comunismo libertario durante cinco días en el valle del Llobregat. En enero de 1933 la C. N. T. dividida trató de iniciar otro levantamiento en Barcelona.

En el olvidado campo, donde la C. N. T. y la U. G. T. estaban penetrando de manera efectiva, tuvieron lugar los dos episodios más salvajes.⁴⁸ La aldea de Castilblanco asesinó y mutiló a los guardias civiles de la localidad; en enero de 1933, en Casas Viejas, un entusiasta local inició una de aquellas declaraciones de independencia características de la tradición milenaria del anarquismo rural. Las fuerzas gubernamentales aplastaron este levantamiento desesperado fusilando a veinticinco de los habitantes de Casas Viejas.

El mal estaba hecho. Las consecuencias a largo plazo de los sucesos de Casas Viejas derribaron el gobierno de Azaña en septiembre de 1933. El ciclo de desorden y represión no solamente le enajenaba a las fuerzas proletarias, sino que además era un arma en manos de los descontentos de la derecha: la República fue presentada como uno más de los gobiernos del pasado, corrompida, incapaz de mantener el orden público, e incluso violenta en sus métodos de represión.48 bis Se inició una campaña de calumnias. Joaquín del Moral, un abogado que había tomado parte en la campaña contra la «falta de sentido jurídico» de Primo de Rivera, atacó al gobierno por sus interferencias desde arriba en el poder judicial. Su libro es deleznable por su forma y por su contenido, con acusaciones de acumulación de cargos y de abusos de coches oficiales. Sus exageraciones fueron recogidas por Albiñana, el líder de los Legionarios Nacionalistas, a nivel todavía más bajo. «Cuando en las alturas [del gobierno republicano] se condensa el estiércol, sólo puede llover bosta.» Encarcelados por estos ataques, se presentaron como mártires de una inquisición republicana, más violenta que la represión de la dictadura y ejercida por «homúnculos» que no daban la cara y que estaban protegidos por judíos y masones.⁴⁹ Estos ataques, en sí mismos, eran ridículos, pero representaban los estratos inferiores de la «deserción de las clases profesionales» y el deslizamiento a la derecha que habría de culminar con la derrota electoral de la coalición de Azaña.⁵⁰

La crisis ministerial del verano de 1933 mostró que la unidad republicana forjada en San Sebastián había degenerado hasta convertirse en una riña de partidos entre sus partes componentes. Quien dirigió los ataques más duros contra el gobierno por los sucesos de Casas Viejas fue el partido radical de Lerroux. Cuando Azaña dimitió (junio de 1933), Alcalá Zamora trató de formar un gobierno que excluyera al presidente del Consejo pero que comprendiese a radicales y a socialistas. Prieto estaba dispuesto a formar un gobierno de este tipo, pero fue mal visto por Largo Caballero, indicio de su diferente actitud respecto a la participación en un gobierno burgués, que habría de tener consecuencias graves en 1936.⁵¹ Con la segunda dimisión de Azaña (septiembre de 1933) el presidente de la República llamó a Lerroux. Los radicales no podían gobernar sin unas nuevas Cortes y el presidente se negó a entregar a Lerroux el decreto de disolución; lo dio, en cambio, a Martínez Barrio, que convocó las elecciones para noviembre de 1933. Con su modo de utilizar el poder moderador, Alcalá Zamora se encontró con que sus prerrogativas eran el camino más corto para granjearse la impopularidad, al igual que le había sucedido a Alfonso XIII. Azaña creía haber sido engañado; Lerroux sostenía que se le había dado el poder solamente para destruirle como dirigente de su partido.⁵²

Más importante que la disolución de los partidos republicanos —los radicalsocialistas, por ejemplo, estaban en una confusión completa y totalmente desacreditados— era la deserción de los socialistas. Se negaron a unirse al gobierno de Martínez Barrio y en las elecciones lucharon como un partido separado. Ello implicaba una reducción de la fuerza socialista y la aniquilación de la Izquierda Republicana (el grupo del que Azaña era la figura principal), que perdió los votos socialistas y a los electores fluctuantes de la clase media, que ahora votaron conservador, es decir, radical. Los de Izquierda Republicana no podían eludir la acusación de haber ejercido la represión contra los trabajadores: Marcelino Domingo, radical-socialista, no podía hablar en los mítines electorales ante los gritos de «¡Asesino!», «¡Casas Viejas!».⁵³ Esta situación fue especialmente desastrosa en Aragón, y en Cataluña donde las relaciones de la C. N. T. con la Esquerra habían degenerado hasta convertirse en una fuerte enemistad como consecuencia de la persecución policíaca. La C. N. T., dominada por los puristas de la F. A. I., llevó a cabo una campaña de No votad. Los dirigentes de la C. N. T. comprendían que esto produciría una victoria de las derechas en Cataluña; luego, con un gobierno claramente reaccionario en el poder, llegaría el momento de pronunciarse por la revolución social. Como siempre, la obsesión de la C. N. T.F. A. I. por la táctica revolucionaria fue desastrosa para una República de izquierda y progresiva.

Frente a los fragmentados elementos de la coalición azañista apareció una derecha electoralmente más unida. Dada la ley electoral, todo grupo que se pusiera de acuerdo sobre una lista de candidatos para las circunscripciones electorales de candidatura múltiple tenía que triunfar sobre dos grupos que no estuvieran de acuerdo. A la derecha se le hizo muy difícil organizar la colaboración de la C. E. D. A. de Gil-Robles (que era una confederación electoral de partidos católicos, de los cuales el más importante era Acción Popular) con los monárquicos contrarrevolucionarios, especialmente por cuanto en algunos distritos electorales la C. E. D. A. colaboraba con los radicales para derrotar a los socialistas.⁵⁴ Mientras que para Gil-Robles las elecciones debían ser bienvenidas como una prueba de que en España era posible un partido de masas católico, los activistas monárquicos participaron en las elecciones «sin fe, sin ilusión y sin entusiasmo». Gil-Robles estaba convencido de que su costosa propaganda podría conquistar votos, mientras que los carlistas y Acción Española sabían que habían conseguido muy pocos militantes nuevos. Sin embargo, pese a todas las dificultades, la derecha luchó en las elecciones con el mismo color: como consecuencia de ello consiguió 212 escaños contra los 98 de la izquierda (o sea: la coalición azañista) y los 102 conseguidos por los radicales, debidos muchos a pactos electorales locales.⁵⁵ Esta victoria del republicanismo antisocialista, más que la derrota total de la coalición de Azaña, fue la característica más sorprendente de las elecciones; significaba que el siguiente jefe del gobierno sería Alejandro Lerroux, figura provecta, venida del pasado.

3. El bienio negro y la revolución de octubre de 193455 bis

El período comprendido entre las elecciones de noviembre y la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 es conocido por la izquierda española como el bienio negro. Más que un período de reacción decidida representó una vuelta al negativismo de la «política pura» durante el cual la construcción de coaliciones y los frecuentes reajustes ministeriales hicieron revivir la jerga del antiguo parlamentarismo. Debía existir alguna forma de gobierno de coalición, explícitamente o en la forma de la «benevolencia» concedida por un grupo a otro, puesto que las elecciones de 1933 no habían dado una mayoría clara a ningún partido. Lerroux, llamado a formar gobierno, necesitaba el apoyo de la C. E. D. A. dado que su decidida plataforma antisocialista hacía inconcebible cualquier aproximación con los restos de la coalición presidida por Azaña. La clave de la política del bienio debe buscarse, consiguientemente, en las relaciones de Lerroux y Gil-Robles.

En el apoyo de la C. E. D. A., concedido por Gil-Robles, Lerroux no veía solamente la condición necesaria para disponer de una mayoría parlamentaria, sino un triunfo para la República. Gil-Robles podía haber sido un Parnell español y reducir al gobierno a la impotencia, acudiendo a una obstrucción sistemática; su apoyo «desde fuera» al gobierno de Lerroux demostró su «bona fides» republicana. El jefe del gobierno consideraba misión suya convertir la benevolencia del apoyo parlamentario en participación en un gobierno de coalición que ligara a Gil-Robles a la República y le apartara de la extrema derecha.⁵⁶ De este modo la incorporación en el gobierno de ministros de la C. E. D. A., acontecimiento que habría de desencadenar la revolución de octubre de 1934, representó el punto culminante de su política de atracción. «¿Quién ha evolucionado? —podía jactarse Lerroux— ¿Nosotros o ellos?» Tras la inclinación a la izquierda, debía producirse una inclinación a la derecha antes de que el péndulo político se equilibrara en el centro, la zona que Lerroux esperaba dominar. Los cálculos de Gil-Robles eran diferentes: después de que los radicales hubieran fracasado, nadie podría negar a la C. E. D. A. el derecho a gobernar, una vez hubiese declarado su «plena lealtad al régimen que el pueblo ha querido». Gil-Robles admitía que la República podía salvar a España y era muy consciente de que su futuro político como caudillo demócrata-cristiano estaba amenazado por quienes el propio don Alfonso XIII motejaba de «monárquicos de salón».56 bis

La esperanza de Lerroux de domesticar a la derecha católica en una República para todos los españoles le enajenó el ala izquierda de su propio partido cuando su lugarteniente, Martínez Barrio, rechazó la inclinación a la derecha y entró en «disidencia» con su líder; Lerroux tropezó también con la obstinación política de Alcalá Zamora. A su manera legalista y enormemente personal, el presidente era un defensor de la dignidad republicana. Detestaba a Lerroux y a su clientela; desconfiaba de Gil-Robles, cuyo partido católico de masas, con sus peligrosos aliados monárquicos, amenazaba el sueño favorito del presidente de un partido de centro católico respetablemente republicano. Por ello «intrigó» contra Lerroux (que dimitió en abril de 1934 cuando el presidente hizo público su desacuerdo con la amnistía gubernamental a los rebeldes de agosto de 1932), y se negó obstinadamente a llamar a Gil-Robles para formar gobierno. Esta exclusión de la C. E. D. A., cuyos partidarios la atribuyeron a la influencia de los socialistas en el palacio presidencial, no solamente reforzó a Gil-Robles, permitiéndole «ejercer una especie de chantaje político sobre todos los gobiernos», sino que se combinó con su desconfianza hacia Lerroux para tergiversar toda la historia del bienio.⁵⁷

La revolución de octubre de 1934 fue consecuencia directa de la exigencia de los socialistas y de los republicanos antirradicales de que se negara toda participación en el gobierno al mayor partido representado en las Cortes. Sobre todo, la subida de Gil-Robles al poder hubiese sido tanto como un «golpe de estado» al que debía hacerse frente, en su caso, con la revolución, lo que no dejó de decirse en las Cortes mismas.57 bis Estuvo condicionada por el primer conflicto agudo entre el gobierno autónomo catalán y el Estado español, conflicto que coincidió con una crisis en el País Vasco.

El conflicto constitucional con Cataluña permaneció latente mientras Madrid y Barcelona fueron gobernadas por aliados políticos obligados a hacer funcionar el Estatuto catalán; sin embargo, el conflicto se suscitó inevitablemente cuando los gobiernos de derechas de Madrid, o los dependientes de mayorías derechistas, se enfrentaron con un gobierno de izquierdas en Cataluña.⁵⁸ La misma polarización produjo una dramática inversión de las alianzas en el País Vasco, donde el conflicto tradicional sobre el derecho del gobierno central a decretar impuestos en las «provincias exentas» había alcanzado una fase aguda.⁵⁹ El temor al clericalismo había hecho que en las Cortes Constituyentes la izquierda fuera tan mezquina en la cuestión de la autonomía vasca, como generosa había sido con Cataluña; de ahí que los nacionalistas vascos fueran un partido de oposición. Ahora la derecha, hostil a la autonomía local, amenazaba igualmente a los nacionalistas vascos y a los socialistas: Prieto apareció en la misma tribuna que José Antonio Aguirre cantando «El árbol de Guernica», y las ásperas querellas locales entre la U. G. T. y los sindicatos católicos vascos dejaron de alborotar las salas de reuniones y las calles de Bilbao. Así comenzó la extraña alianza entre la izquierda anticlerical y los católicos vascos que habría de consumarse en la defensa común de la República en la guerra civil.⁶⁰ Los nacionalistas vascos encontraron un aliado todavía más sorprendente en los comunistas, que presentaban al nacionalismo como parte de la revolución social y que publicaban un periódico en vascuence.

El choque entre la autonomía y el centralismo, entre el Estatuto catalán y la Constitución de España, se reavivó con la promulgación de la Ley de Cultivos. Esta reforma agraria fue la recompensa concedida por Companys a sus partidarios en el campo, los rabassaires y los pequeños arrendatarios campesinos; les permitía la redención de los arriendos y la regulación de las rentas. La derecha catalana mantenía que la agitación en favor de la reforma era «artificial», atizada por Companys para finalidades políticas, dado que el mal no estaba relacionado con las iniquidades del sistema de arrendamientos, sino con la reducción de la demanda exterior que perjudicaba igualmente al propietario y al cultivador. Los propietarios se unieron para oponerse a «un alud vandálico e inmoral que trata de destruir los derechos de la propiedad».⁶¹ Impotente para impedir la aprobación de la ley contra la mayoría de la Esquerra en el parlamento catalán, la derecha consiguió su objetivo al ser declarada anticonstitucional la Ley por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El gobierno radical de Samper (dirigente de una agrupación autonomista valenciana, similar al, más fuerte, partido republicano gallego), que había sustituido a Lerroux en abril de 1934, sostuvo al Tribunal en la que probablemente era una decisión legal correcta.

Por más que la cuestión de la Ley de Cultivos se perdió de vista, había producido, junto con los disturbios vascos, lo que los españoles llaman una situación prerrevolucionaria. Companys creía que la revocación de la ley equivalía a la destrucción deliberada de la autonomía catalana por parte de la derecha en interés de los propietarios agrícolas catalanes. Si el gobierno se conducía como los Borbones, Cataluña «procedería a crear una nacionalidad catalana».⁶² Esta violencia verbal alcanzó incluso a la izquierda española no socialista, que ahora empezaba a elaborar la teoría de una República «mutilada» hasta hacerla irreconocible por los radicales y sus partidarios clerical-conservadores. Con la entrada de la C. E. D. A. en el gobierno, la República ya no podía pretender que se la obedeciera. Y cuando Gil-Robles anunció que ya no apoyaría por más tiempo a un gobierno radical, Samper, que había tratado desesperadamente de llegar a un acuerdo con los vascos y los catalanes, dimitió (1 de octubre de 1934). Alcalá Zamora tenía dos alternativas: disolver las Cortes, como le incitaba a que hiciera la izquierda, o llamar a la C. E. D. A. a gobernar. Eligió esto último. La respuesta de la extrema izquierda fue la revolución de octubre, la gran línea divisoria en la historia de la República y el preludio de la guerra civil.

La entrada cedista en el gobierno presidido por Lerroux fue la señal para la revolución de octubre, no su causa.⁶³ Presentada como «una enérgica protesta contra la hipocresía de los reaccionarios», la revolución de octubre fue un intento, tal vez no muy sentido, de crear en España una República de los trabajadores como única alternativa a la destrucción del partido socialista. Fue concebida por dirigentes socialistas obsesionados por los paralelismos europeos, y empujada hasta adquirir tintes violentos por el temple revolucionario de las masas, especialmente visible en las organizaciones juveniles del partido. Como confesó Araquistain, «la revolución fue obra de los proletarios jóvenes»; si los dirigentes se hubieran mantenido al margen «el proletariado socialista habría roto con su estructura sindical y se habría unido a los sindicalistas y a los anarquistas». Enfrentados a una amenaza «fascista» en España, los socialistas como Araquistain, que habían estado en Alemania, podían aducir que el no enfrentarse con un Hitler o un Dollfuss español habría sido «el certificado de defunción del partido».

Los militantes de la nueva izquierda lograron atraerse a Largo Caballero, que entre todos los dirigentes obreros era el que se había desilusionado más profundamente por la experiencia de la colaboración con la democracia burguesa entre 1931 y 1933. Se convirtió en la fuerza impulsora de Alianza Obrera, concebida como una alianza revolucionaria de todos los partidos obreros; combatió las tácticas obstruccionistas de los dirigentes reformistas y las vacilaciones de Prieto.⁶⁴ Se creó un comité para organizar los detalles del golpe de mano revolucionario, redactándose telegramas cifrados que debían enviarse cuando llegara el momento. Si las cosas salían mal, como ocurrió, este movimiento organizado debía camuflarse como una «protesta espontánea». El riesgo era grande. No habría eco en el campo, agotado por una larga huelga en la primavera y el verano de 1934. La Alianza Obrera era algo nuevo y todavía no probado, con gran parte de la C. N. T. todavía fuera de ella.64 bis

Todo lo que faltaba era calcular las «condiciones objetivas» de una revolución triunfante, y éstas se crearon cuando la designación de los ministros de la C. E. D. A. dividió a la burguesía. Con el anuncio del nuevo gobierno, los dirigentes republicanos, desde Martínez Barrio hasta Miguel Maura, proclamaron su incompatibilidad con una República desfigurada. Como observó Araquistain, los sentimientos revolucionarios de los republicanos de izquierda seguían siendo «platónicos» y se contenían en una nueva versión del manido artificio del retraimiento, la declaración de boicot político. Como siempre, el retraimiento, aunque no aceptaba la acción revolucionaria, implícitamente la sancionaba. Podían caber pocas dudas de que Azaña rechazaba el procedimiento revolucionario, pero durante el verano su lenguaje había sido vago y amenazador. No participó en absoluto en la revolución de octubre; en realidad, cuando fue detenido estaba tratando de contener el levantamiento en Barcelona. Sin embargo, cabe preguntarse cuál hubiera sido su actitud en el caso de que la revolución hubiera tenido éxito.

Como movimiento nacional la revolución fue un fracaso. En Madrid, donde un gobierno socialista aguardaba en un estudio de artista el golpe de mano revolucionario, los dirigentes vacilaron. Ni los tiroteos disuasorios ni la tímida huelga revolucionaria sorprendieron al gobierno. En Barcelona la revolución quedó condenada desde el principio. Fue obra de los dirigentes de la Esquerra, llenos de temor y sin el necesario apoyo obrero.

Una de las consecuencias del anticatalanismo de los radicales y de la C. E. D. A. había sido la creciente presión de los nacionalistas extremados. Sus dirigentes, Dencás y los hermanos Badía, controlaban la fuerza armada del nacionalismo catalán, y estaban dispuestos a emplear esa fuerza «contra España» para instaurar un Estado catalán cuando la revolución en el resto de España hiciera posible un golpe separatista.⁶⁵ Companys, atrapado por su propia violencia retórica, creyó que o bien debía emplear la fuerza contra estos extremistas o bien tenía que «dirigir» el movimiento él mismo, proclamando una República catalana. Sabía que algunos dirigentes republicanos, como Azaña, consideraban desastrosa esta última solución, pero no disponía de la fuerza necesaria para oponerse a ella. «Hecho... Ahora nadie podrá decir que no soy catalanista.»⁶⁶ Tras apelar a la moderación, y en la errónea creencia de que toda España estaba en rebelión, se pronunció por una República catalana dentro de la República federal de España (6 de octubre), reviviendo así la antigua doctrina federal de Pi y Margall para salvar la vinculación a España.⁶⁷ A pesar de haber confiado en el catalanismo de su jefe, el Ejército apoyó al gobierno español. Sitiado por la artillería, Companys se rindió la mañana del 7 de octubre.

No quedaba fuerza alguna capaz de salvar una revolución en favor del separatismo catalán. Los rabassaires no llegaron a tiempo desde el campo circundante. La C. N. T., indiferente desde el principio a una revolución de nacionalistas burgueses, era tiroteada por la policía de Dencás. Rechazó la Alianza Obrera por artificio socialista, y despreció una revolución basada en las condiciones objetivas de la política burguesa antes que en el temple revolucionario de las masas.⁶⁸ En Barcelona puso en escena un ensayo de guerra civil: requisó automóviles, implantó comités y organizó una milicia, todo ello sin éxito. Dencás insistía en que «aquí sólo debe haber un poder», y se negó a entregar las armas a los trabajadores. El fracaso de la revolución de octubre dio un golpe a la mística del nacionalismo catalán del que jamás se recuperaría. Como habría de señalar Maurín, ilustró una vez más las limitaciones del espíritu revolucionario de la pequeña burguesía catalana.

Estos fracasos dejaron a la rebelión en Asturias en un espléndido aislamiento para aterrorizar a las clases medias y crear el mito de una revolución proletaria. Aquí no se suscitaron complicaciones en torno a la colaboración burguesa. Fue una revolución obrera, encabezada por un militante respetado, González Peña, en la que los proletarios españoles más educados y maduros se unieron en un esfuerzo único. En contraste con Barcelona, en Asturias la Alianza Obrera incluía a la C. N. T. Los dirigentes locales de esta organización adoptaron la tesis de Pestaña sobre la necesidad de un frente común contra el «fascismo» y, al igual que los socialistas, se alarmaron por la irrupción de los comunistas. Y, lo que es todavía más sorprendente, los propios comunistas, después de años de denigrar a las demás organizaciones obreras, se unieron a la Alianza siguiendo instrucciones de Moscú. Hasta tal punto, que habrían de proclamar que «los trabajadores de Asturias luchaban por el poder soviético bajo la dirección de los comunistas»,⁶⁹ exageración del papel desempeñado por ellos que habría de proporcionar a los propagandistas nacionalistas de 1936 la ficción de una «conjura roja» dirigida por la Comintern. Por vez primera en la historia española todas las organizaciones obreras estaban unidas en un esfuerzo común. Aunque la unión no se produjo sin roces, el grito de guerra de los mineros asturianos, «U. H. P.» (Uníos, hermanos proletarios) era una realidad emocional.

Durante quince días la zona minera de Asturias fue controlada por los comités locales de trabajadores de la República socialista y por la milicia del «Ejército Rojo», con sus famosos dinamiteros. Con la brutal represión del ejército de Marruecos el levantamiento de Asturias alcanzó las dimensiones de una guerra civil, con sus cuatro mil muertos y la gran cuantía de destrucción física originada por el intento de los mineros de tomar Oviedo. Cuando finalizó, el país estaba moralmente dividido entre quienes habían favorecido la represión y los que no. La rendición de los vencidos no tranquilizó a los vencedores ni desanimó a los derrotados. «Hemos sido batidos, por ahora tan sólo... Nuestra rendición es solamente un alto en el camino, en el que corregiremos nuestros errores y nos prepararemos para la batalla siguiente, que terminará con la victoria final de los explotados.»⁷⁰ Asturias dividió a Europa tanto como a España: las acusaciones de atrocidades cometidas por ambas partes excitaron las conciencias de la derecha y de la izquierda y fueron expuestas en la prensa europea. Al igual que la propia revolución, aquello fue un preludio de los clamores y las divisiones amplificadas de julio de 1936. Para quienes habían advertido el poder de la fraternidad proletaria, sin embargo, el mito heroico estaba empañado por una nube: los socialistas y la U. G. T. entraron en una discusión retroactiva que habría de acrecentar las divisiones entre Prieto y Largo Caballero y de desacreditar a los socialistas reformistas que, como Besteiro, habían condenado la revuelta.

Desde la revolución de octubre hasta las elecciones de febrero de 1936 la República fue gobernada por una amplia variedad de gobiernos de coalición de la C. E. D. A. y de los radicales. Fue un período de gobierno débil más que de reacción decidida, y Gil-Robles fue duramente denunciado por la derecha activista como un político cobarde que no se había atrevido a pronunciarse en favor de una dictadura de orden, antimarxista, apoyada por el Ejército, al día siguiente de ser aplastada una revolución.⁷¹

Las dificultades de la unidad gubernamental, junto a un deseo de satisfacer el conservadurismo ultrajado, determinaron el abandono de lo que Marcelino Domingo llamó «revolución pacífica», es decir, las realizaciones constructivas de 1931-1933. En la medida en que representó un deseo de destruir lo que la C. E. D. A. consideraba un agresivo estado laico, este abandono fue deliberado. Sin embargo, independientemente de su conservadurismo, los gobiernos de 1934-1936 se deslizaron por las mismas corrientes de finanzas ortodoxas que habían minado lentamente algunos de los logros de la planificación socialista de 1931-1933. Los ministros estaban obsesionados por la necesidad de hacer economías, por un presupuesto equilibrado y por la estabilidad de la moneda, y se embarcaron en la reducción de gastos característica de los gobiernos europeos de su época. Los maestros vieron reducidos sus miserables estipendios —en tanto que una de las glorias del régimen de Azaña era que había aumentado los salarios de los maestros cuando en otros países se reducían—, y los organismos de reforma vieron drásticamente menguados sus presupuestos. La República, tal como había salido de las manos de Azaña, estaba siendo «mutilada»: sin embargo, no se conseguía ningún ahorro real reduciendo la asignación correspondiente al Museo del Prado o los salarios de los profesores auxiliares de la Universidad debido a los gastos «antirrepublicanos» de las fuerzas armadas.⁷² El deseo de la C. E. D. A. de apartar a la clase obrera del caciquismo de la U. G. T. o de la violencia de la C. N. T. para atraerla al Estado corporativo católico tenía escasas posibilidades de éxito. Dado el ambiente reinante entre las fuerzas de la derecha después de octubre, ni siquiera podía ser intentado; la política social se invirtió con el abandono de la regulación de los salarios por parte del Estado —los salarios se redujeron a la mitad en el Sur agrícola y se abandonó la protección garantizada por la ley de Términos Municipales—. A la ocupación ilegal de tierra por parte de los campesinos extremeños se puso coto por las malas. Los propietarios estaban otra vez en condiciones de tratar a sus obreros a su antojo, y para los reformadores sociales de la C. E. D. A. este antojo era egoísta hasta el punto de poner en peligro a la sociedad.72 bis Incluso el intento de crear una clase campesina estable mediante la reforma agraria (un viejo sueño del catolicismo social apoyado por Giménez Fernández, ministro de Agricultura de Gil-Robles) fue abandonado ante la oposición del ala derecha de la coalición gubernamental.⁷³ Este ministro cayó en mayo de 1935, y acto seguido empezaron los desahucios en masa, amparándose los propietarios tras una cláusula mal concebida de la ley agraria.

Hacia finales de 1935 Lerroux se vio envuelto en una serie de escándalos financieros.⁷⁴ Las consecuencias, debidas menos a su corrupción personal que a su incompetencia administrativa de bohemio, destruyeron el gobierno de coalición de la C. E. D. A. y los radicales, desacreditaron a Lerroux ante la opinión pública —Azaña pudo abrir su campaña contra un gobierno de «juglares y validos»—, y destruyeron el dominio que tenía sobre su partido. Gil-Robles tuvo que allanarse a las exigencias de su derecha y lanzar un ataque contra Lerroux. Puesto que era imposible formar un compuesto radical estable para sustituir a Lerroux, y dado que el presidente Alcalá Zamora no estaba dispuesto a permitir que la C. E. D. A. sustituyera a los radicales como partido principal en el gobierno, resultó imposible formar un gobierno viable y se convocaron elecciones generales para febrero de 1936. Para los monárquicos, el fracaso de la C. E. D. A. era ya completo. Cerrada su marcha hacia el poder por la presencia de aquel vestigio del antiguo régimen, el presidente, estaba claro que tan sólo merced a una resonante victoria en las urnas podría Gil-Robles conservar el liderazgo de la derecha.

Sobre este telón de fondo debe verse el nacimiento del Frente Popular, la coalición electoral de republicanos y socialistas que habría de triunfar en las elecciones de febrero. Pese a todas sus acusaciones de que las elecciones de noviembre de 1933 fuesen una añagaza, la izquierda sabía que había sido derrotada por su propia falta de unidad. Ahora había que crear nuevamente esa unidad sobre la base de un programa de amnistía para los rebeldes de octubre, un acuerdo mínimo sobre un programa de reforma social y educativa, y la libertad para las organizaciones de la clase obrera, todo lo cual debía ser realizado por un gobierno de la izquierda republicana apoyado por los votos socialistas. La despiadada persecución a los rebeldes asturianos y el intento de procesar a Azaña crearon una solidaridad emocional con los dirigentes socialistas,⁷⁵ mientras que las masas socialistas sentían la opresión de la nueva orientación del gobierno.

Azaña, con la ayuda de Prieto, trató de convertir este descontento y la solidaridad de octubre en colaboración. A lo largo de 1935, en una serie de discursos enérgicos y duros, propuso un Frente Popular y dio el primer paso hacia él con la creación de un bloque de izquierda republicana. La segunda etapa, la alianza socialista, tropezó con dificultades dentro de su propia agrupación —a Martínez Barrio no le gustaba la idea—, y con dificultades todavía mayores entre los socialistas y la U. G. T., donde Largo Caballero encontraba difícil tragarse nuevamente la reconstrucción de la alianza de 1931. Marcelino Domingo trató de utilizar la obsesión general por el ejemplo extranjero en beneficio de la unión. En Alemania y Austria los trabajadores no habían fracasado por rebelarse tarde o sin mucha fuerza, sino porque había faltado una alianza con el liberalismo burgués; ergo, si ambos habían sido derrotados en desacuerdo, debían triunfar unidos.

Sólo en Cataluña le cabía al Frente Popular confiar en que tendría el apoyo necesario. Con su procesamiento, Companys se había convertido en una figura popular, y la suspensión y ulterior revisión del Estatuto de autonomía significaba una vez más que la República de la izquierda aparecía como la única garantía de las libertades catalanas. En las provincias vascas se había suscitado una situación parecida. En Cataluña los votos anarquistas eran el factor decisivo. La C. N. T. no podía llegar por sí misma a aconsejar que se votara a los demócratas burgueses, pero ahora respondió a la llamada de Largo Caballero en favor de la unidad de toda la clase obrera. En enero decidieron no votar y explorar en cambio una alianza con la U. G. T. «desde un punto de vista exclusivamente revolucionario».⁷⁶ Era imposible formar esta alianza dado que los socialistas no eran «exclusivamente» revolucionarios. Sin embargo, difícilmente podían dejar de apoyar una campaña en favor de la amnistía a los rebeldes de 1934, que era el fundamento emocional del Frente Popular, y está claro que la consigna del No votad fue desobedecida en el último momento y que muchos de los miembros de la C. N. T. votaron a favor de los candidatos del Frente Popular.

A medida que la izquierda se unía, el centro-derecha se desintegraba como fuerza electoral. La extrema derecha, calificando a Gil-Robles de colaboracionista fracasado en su intento de convertirse en caudillo, optó por el «gesto digno». La violencia de su denuncia contra los hombres de 1931-1933 y su modo de hablar autoritario de la toma del poder, por más que diera pie a que la izquierda le acusara de contrarrevolucionario, no consiguió devolverle la confianza de la derecha. Para la derecha pura su «accidentalismo» era «espiritualmente poco elegante», y estéril su alianza del catolicismo con el «positivismo ateo».

En mayo de 1934 Calvo Sotelo regresó del exilio para encabezar una derecha antigilroblista sobre la base de una «España auténtica, llena de fe en su historia... una e indivisible. La autoridad debe imponerse por cualquier medio. El poder debe ser conquistado por cualquier medio». Los tradicionalistas hablaban ya de una Tercera Reconquista, para la que adiestraban a sus movimientos juveniles. «Si la revolución quiere la guerra, tendrá la guerra.» Reconciliar este tipo de lenguaje, aun con la peor de las amenazas de Gil-Robles era imposible. Así, con las mayores dificultades, la derecha mantuvo la acción conjunta electoral de 1933. No podía esperar mucho de un pacto electoral con los radicales: el partido de Lerroux estaba dividido y desacreditado.⁷⁷

La victoria del Frente Popular en las urnas fue, pues, consecuencia de una inversión de los términos de la lucha, si se la compara con las elecciones de noviembre de 1933. Y nuevamente la ley electoral ocultó la fuerza del partido derrotado y el hecho de que, políticamente, España estaba dividida más equitativamente de lo que el «triunfo» del Frente Popular podía hacer creer. Hubo 4.838.449 votos favorables a la izquierda y 3.996.931 favorables a la derecha. La derecha había aumentado su fuerza desde 1933, y se mantenía firme en León, Castilla y Navarra. Estas regiones, en las que predominaban los terratenientes y los campesinos medios, habrían de ser el núcleo de la España nacionalista a partir de 1936. Los bastiones de la izquierda estaban en las grandes ciudades, a las que en 1936 se añadieron las provincias latifundistas y Galicia. Las regiones en las que la defensa explícita de la unidad nacional podía ultrajar a los nacionalistas —Cataluña y las provincias vascas— no podían apoyar a la derecha.⁷⁸ Una vez más, marchaban a distinto paso la España central y la España periférica. En este proceso de polarización desaparecieron los partidos de centro: Lerroux y sus radicales fueron aniquilados; Cambó y Melquíades Álvarez no salieron elegidos diputados. La fuerza real del Frente Popular residía en los votos socialistas. Sin embargo, según las cláusulas del acuerdo del Frente Popular, el partido socialista no debía entrar en el gobierno. El eje de la República a partir de 1936 debía ser, por consiguiente, la Izquierda Republicana de Azaña y la Unión Republicana de Martínez Barrio, partidos cuya representación en las Cortes reflejaba menos su fuerza electoral que la distribución de escaños acordada por los dirigentes del Frente Popular antes de las elecciones.

En esta España dividida eran ya visibles las actitudes que habrían de sumirla en la guerra civil. La derecha y la izquierda habían basado su propaganda electoral en sus diferentes actitudes respecto a la revolución de octubre. En el lenguaje de la extrema derecha siempre había estado claro el llamamiento a la violencia, el cual se contenía también en la lógica de la extrema izquierda desde octubre de 1934. Republicanos de Izquierda y radical-socialistas habían temido el recurso a la fuerza. Pese a todo, como muestran los matices de sus discursos, no podían admitir la legitimidad democrática de una España «sin libros, sin horizontes, sin batallas del espíritu». La República de 1931 era «un hacer», un contenido democrático, no un mero mecanismo democrático. La derecha no estaba dispuesta a respetar este hacer, de modo que la izquierda le negaba el derecho a gobernar cuando utilizaba los mecanismos de la democracia en su propio beneficio.⁷⁹ Influidos por las tensiones europeas, los socialistas iban más lejos. Con su lenguaje negaban a sus adversarios el derecho a considerarse como un partido legal. «Un Frente antimarxista es un Frente fascista.» Al resucitar la acusación de caciquismo y al añadir a ella los efectos de la bien financiada propaganda electoral de derechas, se cegaron a sí mismos para la verdad política: la derecha era tan fuerte como la izquierda.⁸⁰

4. Por la pendiente de la violencia, febrero-julio de 1936

Desde las elecciones de febrero hasta el alzamiento de los generales en julio de 1936, España fue regida por un gobierno puramente republicano sin participación socialista. Hasta que sustituyó a Alcalá Zamora, cuya posición se había debilitado por el uso hecho de su poder moderador, que le enajenó a todos los partidos, el presidente del Consejo fue Azaña. Su sucesor, en mayo de 1936, fue Casares Quiroga, un hombre enfermo que se había hecho famoso como cacique republicano en Galicia. Durante estos meses, la lucha por el poder se deslizó desde las Cortes a la calle, al club y a los cuartos de banderas. Las voces de los hombres de acción de la derecha y las de los partidarios de una revolución proletaria por la izquierda, estaban aislando a legalistas y gradualistas. Este rodar por la pendiente de la violencia no fue universal, ni siempre perceptible a simple vista;⁸¹ regiones enteras quedaron al margen de los disturbios; así, Cataluña, el centro normal de la tormenta, estaba relativamente tranquila. Característicos de este período fueron los choques callejeros entre las milicias de partido de las grandes ciudades, los mítines monstruos, una oleada de huelgas incontrolada y relampagueante, y la aparición del campesinado revolucionario con la toma de tierras en Extremadura. El gobierno podía hacer poco más que regularizar la usurpación y tratar de ocultar la peligrosidad del ambiente «prerrevolucionario» del mundo obrero, mediante una desmañada censura de prensa.⁸²

El gobierno ya no podía contar con el amplio apoyo del movimiento socialista. Durante todo el período anterior al estallido de la guerra civil, éste estuvo dividido en su actitud respecto de la República. Esta actitud, aunque cobró estado público en una dura pugna personal entre Prieto y Largo Caballero, representaba en España el dilema que habían afrontado todos los socialistas desde que Millerand y Briand se habían unido en Francia a gobiernos radicales. Para un movimiento socialista, ¿era política lícita la participación en un gobierno burgués?

Prieto creía en el Frente Popular y en su consecuencia lógica, la colaboración con los subsiguientes gobiernos republicanos. La confusión de los partidos burgueses permitiría a los socialistas imponer una legislación «que hiciera indestructible el poder de la clase obrera». Deseaba una economía planificada, no una euforia revolucionaria. Un cambio social rápido empujaría a las clases medias en brazos del fascismo; unas huelgas que fueran más allá de la capacidad del capitalismo significarían la socialización de la miseria. Consiguientemente, estaba dispuesto a entrar en un gobierno de coalición reavivado, de republicanos de izquierda y socialistas.

Largo Caballero, a quien Prieto excluyó de las negociaciones «políticas», creía que esto sería un suicidio: el 8 de mayo la U. G. T. anunció que la participación socialista en el gobierno significaría el fin del Frente Popular. «Aguardar hasta que los republicanos hayan demostrado su incapacidad para gobernar España y entonces tomar el poder.» Al igual que Gil-Robles, arropaba esta intención en el lenguaje de la conquista del poder y este lenguaje aterrorizaba a la burguesía española. «Deseo una República sin guerra de clases, pero para esto es necesario que una de las clases desaparezca.» Álvarez del Vayo y Araquistain, los teóricos de la nueva izquierda, habían visto evaporarse el entusiasmo de las masas socialistas europeas y esperaban mantener lo que los anarquistas denominaban el temple revolucionario. La influencia creciente de los comunistas, aunque se encaminaban al mantenimiento de la colaboración con los republicanos de acuerdo con la política de la III Internacional, suscitaba a pesar de todo un creciente aumento del interés por el modelo ruso, con un Azaña imaginado como el Kerenski de la revolución. Debería ser apartado o amenazado por la violencia revolucionaria dado que nunca designaría presidente del Consejo a Largo Caballero.

La influencia de la nueva izquierda y las lecturas marxistas de sus tiempos de encarcelamiento no eran los únicos factores que tentaban a Largo Caballero a asumir el papel de dirigente revolucionario. Todos los socialistas recelaban del poder de la C. N. T. El ala derecha socialista pensaba en destruirlo, pero ahora Largo Caballero empezaba a pensar en atraerlos a la alianza de los trabajadores. Esta alianza podía dejar de lado a Prieto y a los dirigentes del partido socialista dado que la C. N. T. nunca pensaría en una alianza con un partido político. Los caballeristas empezaron a acentuar el anarquismo residual del marxismo y destacaron la extinción gradual del Estado; se podía dejar la planificación a los socialistas burgueses y a Prieto; una vez liberadas, las masas revolucionarias dispondrían de su propio destino. Pero no solamente Largo Caballero se preocupaba por los atractivos del revolucionarismo de la C. N. T. A partir de 1933 las Juventudes Socialistas se habían convertido en una fuerza dentro del partido. Esta preocupación por los movimientos juveniles era común a todos los partidos salvo a los republicanos, y las disputas callejeras entre las diversas organizaciones semiuniformadas y paramilitares figuraban entre los síntomas más claros de la creciente violencia. Largo Caballero creía que las cada vez más militantes Juventudes Socialistas se pasarían en masa a los comunistas.

La lucha entre Prieto y Largo Caballero ocupó la primavera y los principios del verano de 1936. Prieto fue calificado de colaboracionista y de traidor por la prensa caballerista, que reproducía los elogios que le tributaban los republicanos como a un Briand español. A cambio de ello, Largo Caballero fue acusado de ambición personal y de revolucionarismo infantil. Ambas facciones llegaron a las manos y cada uno promovía incidentes en los mítines de la otra. Por lo que se consideraban sus prácticas jesuíticas, Prieto conservaba su vieja fuerza en el ejecutivo del Partido Socialista, mientras crecía la de Largo Caballero en las filas de la U. G. T. El problema entre ambos y entre sus políticas no se había resuelto todavía cuando estalló la Guerra Civil.

Así, más que un firme propósito revolucionario, en julio de 1936, el mundo obrero desplegaba una incoherencia caótica. La C. N. T. y la U. G. T. no habían llegado a cimentar una alianza revolucionaria: las condiciones de la C. N. T. en la conferencia de Zaragoza habían sido la revolución total, que la U. G. T. no podía llegar a aceptar por sí misma. Además, independientemente de los deseos de los dirigentes, los cuadros y la base de los dos sindicatos eran marcadamente hostiles al nivel local. En Málaga sus militantes se tiroteaban entre sí; en Madrid la U. G. T. puso fin a una huelga que la C. N. T. deseaba continuar; en Barcelona y Madrid los camareros de la C. N. T., que luchaban en favor de la mejora de salarios y la abolición de las «indignas» propinas, llegaron a las manos con sus compañeros sindicados en la U. G. T. El prestigio de Largo Caballero era inmenso y se le trataba como a un monarca del mundo laboral, pero es dudoso que hubiera llevado a la U. G. T. a la revolución o incluso que tuviera una intención clara e inmediata de hacerlo. Para los revolucionarios cenetistas más serios era todavía «el socialista comodón de otros tiempos».⁸³ Una larga experiencia había enseñado a la C. N. T. que los socialistas no eran revolucionarios dignos de confianza.

No hay pruebas de que se preparara un levantamiento específico; la «conjura roja» es un producto de la propaganda de los generales. Existía, sin embargo, un ambiente revolucionario general. Largo Caballero llevaba ocho meses remachando en sus discursos el tema de la revolución que se avecinaba. «Todos los militantes —escribía en mayo un observador simpatizante—, tanto los socialistas como los anarquistas, creen que solamente una insurrección armada puede dar a los trabajadores la victoria decisiva.»⁸⁴ Sin embargo, no fue el objetivo revolucionario, sino la resistencia a la contrarrevolución lo que habría de desatar una revolución social en la España republicana. No hay duda de que los creyentes en un golpe de mano proletario pensaban que una contrarrevolución podía aclarar la atmósfera. Como señaló Federica Montseny, la revuelta de los generales «aceleró la revolución que todos deseamos pero que nadie esperaba tan pronto».⁸⁵

En el lenguaje de la extrema derecha no había ambigüedad alguna acerca de la naturaleza violenta de la próxima lucha por el poder. Entre las voces nuevas los tonos más estridentes eran los de la Falange; los más porfiados, los del Bloque Nacionalista de Calvo Sotelo; a estas voces se añadía la centenaria protesta de los tradicionalistas. Para todos ellos, las elecciones de febrero demostraban la fatuidad de la política legalista de Gil-Robles y la necesidad de actuar contra un gobierno que «gobierna contra España». Esta idea de una España histórica y objetivizada —desfigurada y traicionada por los masones y la República— fue lo que unió las divergentes teorías políticas de generales, monárquicos, falangistas y tradicionalistas. Sin embargo, nadie podía ponerse de acuerdo acerca de las bases de la nueva España que debía ser restaurada mediante la violencia. Como señalaba uno de los conspiradores, la ideología de la contrarrevolución «se definía con negativas».

Los activistas monárquicos, desde la rebelión de Sanjurjo, sin saber cómo hacer frente a los desvíos de Gil-Robles y a las vacilaciones del Ejército, reavivaron su organización conspiratoria. En marzo de 1934, una delegación que representaba a los activistas alfonsinos de Renovación Española, a los descontentos del Ejército y a la Comunión Tradicionalista había visitado a Mussolini; la entrevista no fue un éxito —los dos grupos monárquicos seguían a la greña en cuanto a sus pretendientes— pero prefiguró (con la excepción de la Falange y la C. E. D. A.) el alineamiento de las fuerzas que habrían de unirse al movimiento nacionalista en la rebelión de julio. Renovación Española y la derecha militante en general hallaron en Calvo Sotelo un dirigente enérgico y sólido. Como exiliado en Francia y bajo la influencia de Maurras, había desarrollado una tendencia monárquica semifascista que se dirigía a la instauración de un orden nuevo, y no a una mera restauración de las formas monárquicas. Su intención declarada era «intelectualizar y activar, desde los montañeros a los críticos de arte». Su Bloque Nacionalista, por más que derivase su apoyo de los monárquicos, desautorizaba el conservadurismo anticuado (se oponía al capitalismo de los especuladores y proponía seguir las pautas de F. D. Roosevelt como solución contra la depresión económica).85 bis Odiaba a Gil-Robles por haber debilitado el empuje de la derecha; declaró ser un movimiento radical y contrarrevolucionario. El propio Gil-Robles estaba informado de los planes de estos monárquicos adinerados; no podía oponerse a ellos ni aprobarlos, aunque trató de apartar a su movimiento del conservadurismo «estéril» de la resistencia.

A lo largo de todo el período republicano los conspiradores más serios y organizados fueron los tradicionalistas. En Navarra, su organización, ayudada por una junta de sacerdotes locales, consiguió hacerse con un apéndice militar en los requetés, organizados por el general Varela, el «padre Pepe», y armados con fusiles y ametralladoras pasados clandestinamente por la frontera. En 1934, mucho antes de la Revolución de Octubre de la izquierda, la extrema derecha había reunido 6.000 requetés en las aldeas de Navarra, mientras que al otro extremo de España, en las provincias de Cáceres y Huelva, pequeños grupos carlistas planeaban un golpe de mano en colaboración con Sanjurjo, exiliado en Portugal.⁸⁶

La importancia de la aportación tradicionalista significaba que el monarquismo se estaba apartando del constitucionalismo, tal como lo entendía el alfonsismo anticuado. Víctor Pradera, un seguidor de Vázquez de Mella, había trabajado en Acción Española y representaba la inclinación orientada a dar al carlismo un nuevo aspecto mediante la modernización de su bagaje intelectual. Pese a todo, sus negociaciones continuaron siendo las negociaciones antiguas: rechazo de la monarquía parlamentaria como sumisión de la nación al «despotismo» de unos ministros responsables ante una votación de «la mitad más uno», y rechazo del sufragio universal como una herejía derivada del individualismo antisocial de Rousseau. No cambió tampoco ninguna de sus afirmaciones: un rey auténticamente soberano, limitado solamente por su conciencia y las «normas objetivas» de la tradición tal como se hallaban encarnadas, por ejemplo, en la institución del justicia de Aragón; sufragio orgánico, y el «matrimonio canónico» que ligaba indisolublemente las regiones a la nación. «Hemos descubierto —escribió Pradera— que el nuevo Estado no es nada más que el viejo Estado de Fernando e Isabel.»

El falangismo, por otra parte, era un credo conscientemente moderno y sus fundadores fueron una serie de intelectuales extraños. La síntesis del fascismo europeo y del nacionalismo español fue propuesta por vez primera por Giménez Caballero, profeta del imperialismo cultural mazziniano. Pensaba en Mussolini como en el salvador de la «catolicidad», en Cervantes como en el cronista de la desesperación española, por encima de los verdaderos valores representados por Don Juan y las corridas de toros.⁸⁷ Ramiro Ledesma Ramos, que era un empleado de correos, había elaborado en la soledad, aunque bajo la influencia del pensamiento alemán, lo que habría de ser el objetivo fundamental de la Falange: la captación de las clases trabajadoras para un nacionalismo autoritario, socialmente radical, En octubre de 1931, junto con Onésimo Redondo, fundó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J. O. N. S.), un movimiento sindicalista estudiantil revolucionario. Onésimo Redondo estaba organizando una fuerza contrarrevolucionaria católica en Valladolid. Para él, el campesino castellano debía ser el eje de una revolución nacionalista, que uniera a las tierras del corazón de Castilla en favor de un Estado nacional, revolucionario y corporativo, en contra del Estado clasista del marxismo judaico, contra el separatismo de la España periférica y contra el materialismo del liberalismo masónico. Su llamamiento se dirigía a la «juventud austera y disciplinada», a las fuerzas de choque de una guerra civil que había empezado ya.⁸⁸ Ningún político importante de la derecha conservadora se sentía interesado por estos extraños movimientos.

En octubre de 1933, la Falange, que habría de absorber con alguna dificultad las fuerzas unidas de Ledesma y Redondo, fue fundada por el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. Empujado a la política por la defensa apasionada de la memoria de su padre, José Antonio tenía un carácter complejo y gran encanto personal, con cerebro y autoridad suficientes para crear un movimiento nacional. Sus ideas principales eran sencillas, poéticas y no originales.⁸⁹ Su tema central era la definición de la nación como «una unidad de destino», postura que le condujo a una oposición violenta al nacionalismo catalán, que creía basado en criterios tan «falsos» como la raza y el lenguaje. Su ataque a la democracia parlamentaria fue enérgico pero carente de originalidad. Creía que tanto el liberalismo parlamentario como el socialismo descendían de Rousseau y del individualismo del siglo XVIII, con lo que hacía revivir una de las tesis favoritas de Menéndez y Pelayo. El individualismo, tal como se practicaba en los parlamentos liberales, conducía a la opresión de los trabajadores; éstos, a su vez, se organizaban siguiendo líneas clasistas. Estos conflictos, que colocaban el interés de clase por encima del destino nacional, podían ser resueltos en la síntesis superior de la patria: el liberalismo destruía esta unidad por un sistema de partidos; el socialismo, por la guerra de clases.

Al principio, los escasos seguidores del nuevo partido de José Antonio eran los más furiosos y a veces los menos escrupulosos espíritus de la derecha, especialmente los antiguos partidarios de su padre. Dada su debilidad, por consiguiente, Ledesma Ramos y José Antonio se unieron en la «Falange de las J. O. N. S.».⁹⁰ Para José Antonio, y sobre todo para Ledesma, el objetivo de la Falange era conquistar a los trabajadores para un Estado corporativo nacionalista y separar su derecha moderna, autoritaria y revolucionaria, de los anticuados partidos «materialistas». Mientras respetaba a los tradicionalistas, «nobles pero absurdos», José Antonio fustigaba a la C. E. D. A. como a un partido de capitalistas aterrorizados que ocultaban su pobreza espiritual con grandes gastos en carteles de propaganda. Esta «leche esterilizada» no podía confiar en resistir al socialismo. José Antonio trabajaba en favor de la separación del falangismo de la imagen del señorito en traje de etiqueta: su sindicalismo, por vago que fuera su pensamiento económico, pretendía presentar una alternativa seria a los trabajadores.⁹¹ Los anarquistas, como revolucionarios eficaces, ejercían una especial fascinación sobre los intelectuales falangistas; para Giménez Caballero eran «el refugio más auténtico para el catolicismo popular en España» y «los depositarios de la heroica tradición de los conquistadores».

Dado que los monárquicos ricos volvían la espalda al movimiento cuando éste se negaba a servir sus propósitos, y puesto que los trabajadores mostraban escasa inclinación por unirse a un intento de conquistar la fuerza moral del anarquismo y el descontento del proletario para la España Grande de la historia, el núcleo del movimiento continuó siendo la juventud universitaria y los focos provinciales aislados de entusiasmo. De ahí su violencia romántica y retórica, el suave matiz poético de sus formulaciones; «estilo» y «austero» eran las palabras clave de su vocabulario político. Sus miembros se consideraban una elite, que trabajaban con presupuestos escasos y con una prensa mal impresa y en quiebra en favor de la regeneración nacional, como misioneros heroicos en camisa azul que predicaban su visión de una España sin pueblos dejados de la mano de Dios, con casas pobres, calles sucias y barrios sórdidos. «Os llamo al ascético trabajo de descubrir, bajo los escombros de una España odiosa, la llave enterrada de una España exigente y difícil.» Los discursos de José Antonio resuenan con el lirismo patriótico de la generación del 98.⁹²

La política estudiantil favoreció a la Falange, que creció enormemente en las ciudades que tenían Universidad: Sevilla, con su violento mundo laboral, Valladolid y el propio Madrid, donde los estudiantes de derecho, en particular, estaban resentidos contra los oligarcas estudiantiles republicanos. En Barcelona allegó alguna fuerza en el resentimiento de los estudiantes de habla castellana por la catalanización de la Universidad Autónoma. Tanto los estudiantes como los elementos duros de la derecha empujaron al movimiento a la lucha callejera implícita en su mística de la violencia. «Dedicarse, fríamente, a estudiar era una actitud imposible y reprobable. [En las carteras de los estudiantes.] Al lado del libro, la porra de alambre retorcido con una cabeza de plomo o la pistola, eran fieles y a menudo insustituibles compañeros.»⁹³

José Antonio veía tan a disgusto la guerra de represalias con los militantes de las Juventudes Socialistas como la alianza con la derecha conservadora, pero como dirigente de un movimiento ilegal y pobre no tenía más alternativa que aceptarlas. Hasta las elecciones de febrero de 1936 la derecha tuvo todavía que aceptar la puja de Gil-Robles por obtener el poder; con el fracaso total de este acercamiento «legal», sus seguidores se inclinaron por directrices más violentas y el movimiento juvenil de su partido derivó hacia la Falange. Los militares, que habían despreciado los desfiles y extravagancias de los estudiantes, empezaron a contemplar seriamente el movimiento. José Antonio, aunque acogía bien este interés de los jóvenes oficiales de la U. M. E., cuidaba de preservar la pureza de su revolución frente a generales conservadores que no comprendían la necesidad de conquistar al proletariado para la nueva España y que no tenían ningún deseo de dar el poder a la Falange después del golpe. Pese a todo, en mayo de 1936, estuvo en contacto directo con Mola, más porque deseaba explotar la rebelión de los generales que porque sintiera simpatía por sus intenciones. El 29 de junio dio órdenes de unirse a los generales. La principal contribución de la Falange a la guerra civil tal vez haya sido el mantenimiento de la lucha armada de grupos rivales; en el verano de 1936 las calles patentizaban la afirmación de los generales de que la autoridad estaba en medio del arroyo. De no ser por la miseria ideológica de la dirección militar, acaso la Falange hubiera quedado en poco más que un ejemplo interesante de la transposición del pensamiento irracionalista de derechas a las condiciones específicas de la vida política española.

La contrarrevolución de la extrema derecha y las quejas de las clases conservadoras no hubieran concluido en nada sin los generales, y los generales estaban divididos acerca de la naturaleza del régimen que debían implantar como ejecutantes de la voluntad general. Varela era carlista. El fracaso de 1932 y la prisión le habían enseñado la necesidad de apoyo político. Goded, Franco y Mola —figuras clave porque, a diferencia de Sanjurjo, cabeza nominal de la conspiración, tenían mando— deseaban un régimen de orden, republicano o lo que fuera, que respetara al Ejército y dejara de interferir en los ascensos. Franco, al igual que Gil-Robles, era «accidentalista»; le preocupaban poco las formas políticas siempre que mantuvieran el «orden», que en su opinión estaba amenazado por la violencia socialista. Otros militares eran monárquicos anticuados, y un pequeño grupo empezaba a inclinarse por la Falange.⁹⁴

Sin la debida intimación jerárquica de un general, los oficiales no se movían. Por ello las vacilaciones de Franco, cuya autoridad ya era notable, enfurecían a los activistas. En febrero y marzo los generales decidieron actuar. El intento de Franco de conservar una República de orden había sido rechazado por los políticos tras las elecciones de febrero a pesar de lo cual vacilaba en dar el paso hacia un alzamiento que sumiría a España en una contienda civil. El gobierno, consciente de la declarada hostilidad de los generales, trasladó a Goded a las Baleares, a Franco a Canarias, y a Mola, que estaba en Marruecos «trabajando» al ejército de África, a Pamplona. Esta acción tiene un paralelo exacto en los destinos de los generales unionistas en 1868 y su resultado fue el mismo: el descontento se contrae hasta convertirse en un plan de revuelta por la acción defensiva del gobierno contra los militares insatisfechos. Antes del traslado, Franco —todavía curiosamente no comprometido—, Varela y Mola se reunieron en Madrid y elaboraron la estrategia general de la rebelión. En cada una de las capitales de provincia, el comandante militar debía declarar el estado de sitio y este golpe de mano debería ser apoyado, en caso de necesidad, por el ejército de África, con el que se podía contar que obedeciera a sus oficiales. En España, el Ejército mismo era de menos confianza —se advirtió que los nuevos reclutas estaban «contaminados»—.⁹⁵ Los detalles quedaron en manos de Mola y de un comité de generales. En esta fase los conspiradores militares no habían conseguido todavía compromisos formales con la Falange o los carlistas: el Ejército debía tomar la cabeza y los demás le seguirían; la cuestión del régimen, como en 1868, quedaría para después de la rebelión.

La consecuencia de esta redistribución del triunvirato de generales con mando fue desplazar el centro de la conspiración en España a Pamplona, capital de Navarra, ciudad con guarnición. Transferir a Mola a Navarra fue un error grave pues, a pesar de sus tradiciones familiares liberales, era un hombre ambicioso y un adversario declarado y empecinado de la reforma militar. Capaz y discreto, se convirtió en el más activo de los conspiradores militares, alterando la estrategia de la sublevación por una marcha convergente sobre Madrid desde Pamplona y Zaragoza. Como en los tiempos de las conspiraciones radicales de 1830, los conspiradores tenían que contar con que la capital, la plaza fuerte gubernamental, sería ahogada por el levantamiento de las provincias. Los oficiales más jóvenes confiaban en Mola y habían «trabajado» ya a las guarniciones locales a través de la U. M. E., la contrapartida derechista de la organización que había minado la fidelidad a la monarquía en 1930.

Mola encontraba su dificultad principal en los tradicionalistas, que trataban de imponer condiciones políticas a su colaboración exigiendo una restauración monárquica. Mola, que representaba la tradición militar del orden y las teorías políticas de Primo de Rivera, no deseaba ver al Ejército desbancando por los animosos tercios tradicionalistas y solamente la falta de confianza en sus propias tropas, a muchas de las cuales consideraba compuestas por «socialistas asturianos», le condujo a aceptar a los tercios como espolón político. Sabía que el Ejército estaba corriendo un peligro: Barcelona y Madrid podían resistir y escapar al movimiento. En este caso el dirigente de la nueva España no sería Mola, con sus voluntarios, sino Franco, con el bien adiestrado ejército de África, que pasaría de su papel como fuerza de reserva a la de cabeza de la revuelta. El 9 de julio los conspiradores alquilaron un avión británico que debía trasladar a Franco a Marruecos, donde se daría el «grito» y se iniciaría la revuelta.⁹⁶

Ninguno de estos preparativos pasó inadvertido, pero el ministro de la Guerra estaba deslumbrado por la actitud respetuosa de sus sobordinados; ni él, ni el presidente del Consejo ni Azaña creían posible el triunfo de una rebelión militar;⁹⁷ hasta casi el último momento, Largo Caballero consideró que las advertencias de Prieto eran una jugada de sus partidarios para obligarle a entrar en el gobierno. Obsesionado por la revolución proletaria, Largo Caballero no podía comprender «otra violencia que la de la clase obrera». Así, cuando el ejército de Marruecos se pronunció, el gobierno estaba desprevenido. La señal para el levantamiento fue el asesinato, como represalia de las fuerzas de seguridad, de Calvo Sotelo, el único civil de la extrema derecha que podía haber dominado la contrarrevolución y controlado a los militares. Su asesinato fue la prueba final de que no había gobierno, la justificación última que ponía la dignidad por encima de la disciplina. Para desesperación de los legalistas, desde Gil-Robles hasta Prieto y Azaña, los hombres de la violencia se habían embarcado en una carrera cuyo fin nadie, y menos ellos mismos, podía predecir.

CAPÍTULO XVI

LA GUERRA CIVIL

El alzamiento militar transformó las confusas tensiones de principios de verano en alternativas elementales y en entusiasmos rudimentarios. El entusiasmo fue lo más característico de la vida de ambos bandos en los primeros días de la Guerra Civil. «Por la tarde del 18 de julio empezaron a llegar de las aldeas próximas y lejanas camiones alquilados por los alcaldes, atestados de navarros viejos y jóvenes que respondieron al llamamiento con un entusiasmo indescriptible. A medida que los camiones circulaban por la plaza Mayor de Pamplona recibían una ovación de la multitud que, al sonido de las cornetas, aparecía en los balcones engalanados con banderas... Música y aplausos.»¹ En el Madrid republicano «había un ambiente de intoxicación en el pueblo, un ansia contagiosa de sacrificio, una sinrazón sobreexcitada y una confianza fanática en la libertad, que jamás hubieran podido conducir a la constitución de un Estado ordenado de acuerdo con cualquier modelo anterior».² La historia de la Guerra Civil consiste en la conversión de ese entusiasmo en eficacia militar, y tal proceso fue seguido de grados variables de desilusión a medida que los conflictos subyacentes, disimulados por la euforia inicial, se iban abriendo paso hasta la superficie política.

Para la derecha, los problemas que se ventilaban en la Guerra Civil eran cuestiones españolas ataviadas, a efectos de propaganda, con el lenguaje de la política europea. Si los militares se presentaban como defensores de España y de la católica Europa contra una conjura roja del comunismo internacional, lo que de hecho inspiraba su alzamiento era la teoría política del ejército decimonónico conforme a la cual correspondía al ejército hacerse cargo del poder cuando éste estaba en medio del arroyo y cuando los gobernantes traicionaban a la nación a la que el ejército debía su lealtad. Para los tradicionalistas, la «conjura comunista» era «uno de los diversos nombres cambiantes con que se presentaba un enemigo muy viejo».³ La izquierda, más claramente, consideró desde el principio la Guerra Civil como parte de una lucha más amplia, y conforme la guerra iba a través de la política de intervención, convirtiéndose en parte de los conflictos que enfrentaban a las potencias europeas, estas implicaciones dieron a las cuestiones españolas un significado universal. Al igual que en 1830, en los campos de batalla de España contendían las ideologías que dividían a Europa —esta vez, chocaban la democracia y el fascismo—. Para Hans Beimler, un comunista alemán, que murió luchando con las Brigadas Internacionales en el frente de Madrid, «el único camino para recuperar Alemania pasa por Madrid». El proceso de identificación con uno u otro de los contendientes hizo de la guerra un eje para el deslinde de campos en la política interior y en la discusión intelectual. En Inglaterra la cuestión española no sólo separó a los conservadores de laboristas y liberales, sino que incluso dividió a los propios partidos. En los primeros meses de guerra, Dalton y Bevin desconfiaron de los ardientes partidarios laboristas de la España republicana, por creerles entusiastas capaces de sumergir a Europa en la guerra, hombres en los que no había muerto la tradición revolucionaria del socialismo europeo.⁴ En la América latina los partidos izquierdistas del presidente Cárdenas contemplaron la lucha de la República contra la «vieja España» como parte de su propia lucha contra el viejo México. «El general Cárdenas —decían los carteles— ha sido derrotado en Teruel.»⁵

Este epílogo no examina todo el contexto de la guerra. Intenta dar, tan sólo, una breve explicación de la victoria del general Franco.

1. La distribución de fuerzas, julio de 1936

Cuando en Marruecos estalló el alzamiento militar en la tarde del 17 de julio y al extenderse en la tarde siguiente a las ciudades peninsulares con guarnición, la reacción del gobierno fue dimitir. Sus consejeros militares habían sido tan confiados y tanta fue su obsesión con la amenaza que le venía de la izquierda que el presidente del Consejo, Casares Quiroga, quedó abrumado cuando, finalmente, se produjo la catástrofe profetizada desde hacía tanto tiempo. Su sucesor, Martínez Barrio, al oponerse a las exigencias socialistas de armar a los obreros, pensó en negociar un acuerdo con el general Mola, jefe del levantamiento en el Norte y en aquel momento al mando de la conspiración militar. Mola se negó a negociar, y la caída del gobierno republicano de Martínez Barrio, provocada por la presión popular, fue el primer acto de una nueva revolución que iba a condicionar la vida política y social de la España republicana. Hoy es fácil criticar a los republicanos ortodoxos porque no lograron «estar a la altura de su tarea histórica». Casares Quiroga, Martínez Barrio y, por encima de ellos, el presidente Azaña no se decidieron a armar a una revolución para derrotar a una contrarrevolución: dar armas al pueblo hubiera significado la entrega del gobierno a los partidos obreros y una resurrección del poder callejero del radicalismo de principios del siglo XIX. Así las cosas, prefirieron tratar de llegar a un compromiso de última hora para ahorrarse los horrores de la Guerra Civil. Mientras los trabajadores (que se habían apoderado de cinco mil fusiles) patrullaban por la capital y lo que de autoridad quedaba estaba en la Casa del Pueblo, se formó un nuevo gobierno presidido por Giral, el cual, forzada la mano, armó al pueblo.

Durante estos días críticos ningún bando actuó con decisión: si el ejército hubiera conseguido alzarse en toda España el 18 de julio, la vieja receta del pronunciamiento hubiera sido una vez más efectiva como instrumento de cambio político y se habría evitado la Guerra Civil. Si el gobierno hubiera ordenado armar a los trabajadores el 17 de julio, en lugar de hacerlo días después o de no hacerlo en absoluto como en Galicia, acaso se habría aplastado la rebelión más eficazmente.5 bis Pero, tal como fue, las vacilaciones del gobierno de Madrid se repitieron en toda España; cada ciudad actuó independientemente de acuerdo con el equilibrio local de fuerzas. Incluso en Madrid, ciudad rodeada de cuarteles, el general Fanjul vaciló, aguardando, encerrado en el cuartel de la Montaña, hasta que fue atacado por las masas revolucionarias en busca de venganza y munición de fusil.⁶ En Barcelona las posibilidades del general Goded se vieron disminuidas por cambios de programa de última hora y por pequeños contratiempos. Las tropas acuarteladas en el perímetro urbano tenían que marchar de madrugada por largas avenidas rectas hasta el centro de la ciudad, ofreciendo un blanco fácil desde las calles perpendiculares. El hidroavión de Goded falló; llegó tarde de Mallorca y encontró una situación confusa debido a la lealtad a la República de la guarnición general y de la Guardia Civil. El indudable heroísmo de los militantes de la C. N. T. influyó menos en el resultado final (Goded fue capturado y fusilado) que la cantidad de tropas disponibles: los rebeldes eran los menos.⁷

En toda España aquellos días graves fueron decididos no solamente por el entusiasmo de las masas, sino también por la determinación de algunos hombres situados en puestos clave y por la lealtad de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto republicana, que actuaron de manera distinta en distintas situaciones. Dondequiera que las autoridades del gobierno y los partidos proletarios demostraron ser fuertes resultó difícil para los oficiales del ejército actuar audazmente. Así, los alzados echaron a perder sus posibilidades en Levante. En Burgos y en la Navarra carlista el golpe no encontró una oposición efectiva, mientras que una combinación de astucia y de atrevida improvisación permitió a Queipo de Llano y a Aranda ocupar Sevilla y Oviedo, donde ambos se enfrentaban con fuertes organizaciones obreras que perdieron la serenidad. Varela triunfó en Cádiz con 600 soldados, y un coronel de la Guardia Civil, con cincuenta hombres, ganó Ávila para los sublevados.

Las confusas luchas del 19 al 24 de julio fijaron la frontera militar de la Guerra Civil y pusieron fin al plan del alzamiento concebido como un rápido golpe de mano militar. El territorio republicano habría de conquistarse mediante la lucha, mediante una guerra de reconquista que convertiría un pronunciamiento en una cruzada. Los primeros días dividieron, también, a España en zonas políticas que no siempre guardaban esa relación exacta con las simpatías políticas previas y con la estructura social, que se les atribuyó después. Algunas regiones se comprometieron: Navarra con el alzamiento y Cataluña con la República. Otras fueron arrolladas por los azares de la guerra: así, Extremadura y buena parte de Andalucía habían votado por el Frente Popular, pero pronto se vieron integradas al territorio nacionalista. Clases hay que sienten la necesidad de entregar su fe a la victoria de uno de los bandos: así fracaso el intento de Falange de crear un proletariado nacionalista. Pero para gran parte de la población, la adhesión política era consecuencia de hallarse «atrapado» en una u otra región, y la lealtad, por usar una expresión de la época, resultaba una cuestión geográfica. De ahí el problema de la quinta columna en las zonas republicanas y de la resistencia en la retaguardia tras las conquistas nacionales. Gradualmente, la propaganda y el instinto de conservación robustecieron la lealtad geográfica de los indiferentes hasta convertirla en una especie de convicción política.

2. La política de la España republicana

La debilidad e indecisión del gobierno republicano y de sus funcionarios locales reprodujeron el modelo clásico de la revolución radical de la España del siglo XIX: la revolución local del comité ciudadano. En julio de 1936 el rasgo característico de la revolución consistió en el hecho de que las Juntas, que surgieron en todo el territorio republicano, se vieron dominadas por la fuerza organizada de los dos grandes partidos proletarios. Los milicianos eran ante todo leales a esos partidos.⁸ El poder de los comités y de los milicianos constituyó lo que se ha llamado la etapa bohemia de la revolución, con sus patrullas armadas, sus automóviles requisados, sus enormes carteles y sus camiones llenos de entusiastas con los puños en alto. Al mundo exterior, esta repetición de un centenar de años de tradición revolucionaria se le presentó, y con éxito, como un gran resurgimiento del espíritu humano; para quienes llevaban a cabo una guerra con recursos limitados, se convirtió rápidamente en una pesadilla.

En 1936 el proceso revolucionario era mucho más profundo que nunca porque el Estado, que tenía que regular la revolución local de los militantes de las provincias y dominar la reacción defensiva de las masas, había perdido muchos de sus antiguos funcionarios, mientras que otros eran sospechosos de ser tan sólo «geográficamente leales». «Todo el aparato estatal había sido destruido y el poder del Estado residía en las calles.»⁹

Por esta razón no fue reprimido el terror revolucionario de los primeros días, que, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes responsables de la C. N. T., degeneró en matanzas indiscriminadas, obra de los «incontrolables».¹⁰ La destrucción de iglesias en Levante y Cataluña, por otra parte, no era tanto consecuencia del odio de las masas como de actos «administrativos» de los fanáticos locales. Los incendiarios de iglesias redescubrieron todas las técnicas de las revoluciones de mediados del siglo XIX: se vestían con los ornamentos sacerdotales y remedaban la misa.¹¹ Este terror inicial hizo que se confirmara la hostilidad de las clases medias altas. La exaltación revolucionaria convirtió a Barcelona en una ciudad donde era imprudente llevar sombrero y un traje decoroso. En Madrid los ricos se apiñaban en las embajadas, en espera de una oportunidad para pasar al territorio nacionalista. Llegados allí encontraban una civilización con camareros y conserjes de hotel. «Ya somos otra vez señores.»¹²

Subyacente a las agudas dificultades del proceso de concentración gubernamental y a la implantación de un fuerte gobierno de guerra, anidaba un debate acerca de la naturaleza misma del conflicto en que se veía metida la República. ¿Formaba parte la Guerra Civil de una revolución social prendida prematuramente por el alzamiento militar, el cual, ex hypothesi, no podía ser derrotado mediante el sacrificio de esa revolución y de sus creaciones espontáneas —el mando de los comités, las columnas de milicianos y las colectivizaciones—? ¿O se trataba de una guerra para defender una forma avanzada de democracia, una guerra cuya prosecución feliz era incompatible con la revolución social radical, que le enajenaría el apoyo exterior y apartaría de la República a aquellas mismas clases cuya preparación y lealtad mejor podían organizar la victoria? En este último supuesto no podía conseguirse la victoria mientras los milicianos no fueran sustituidos por un ejército regular y los comités por un gobierno normal, es decir, mediante un repudio consciente de las creaciones espontáneas de las jornadas revolucionarias, mediante la sustitución del entusiasmo por la organización, del mando de los comités por un gobierno municipal regular.

Los principales partidarios de la primacía de la revolución y los que más tenían que perder con la implantación de la «normalidad social» y el control gubernamental eran los militantes de la C. N. T.F. A. I. Pero no solamente el interés —sabían que su fuerza y su influencia política descansaban en las columnas de milicianos— sino también sus principios filosóficos les vedaban aniquilar la improvisación revolucionaria. El sistema de comités era el sucesor legítimo del Estado policíaco, ahora en ruinas; la disciplina militar, «un atentado contra la dignidad de la persona humana». La única disciplina que los militantes comprendían era la sumisión voluntaria al héroe nietzscheano; saludar militarmente era impropio de «los protagonistas de una gran epopeya».¹³

Para los anarcosindicalistas la revolución social desencadenada por la guerra se contenía en la palabra «colectivización». La colectivización (apoyada en muchas ciudades por la U. G. T., pero obra principalmente de la C. N. T.) representaba un serio intento de crear una vaga federación de municipios libres y de colectividades obreras; en esta sociedad revolucionaria lo que de organización central hubiese —y los verdaderos anarquistas evitaban la palabra «Estado»— debían limitarse a coordinar la producción organizada por los sindicatos.

En la industria catalana, donde la mayoría de los trabajadores eran miembros de la C. N. T., esta revolución era factible. Los sindicatos obreros se hicieron con las fábricas textiles, organizaron los tranvías y autobuses de Barcelona, implantaron empresas colectivas en la pesca, en la industria del calzado e incluso en los espectáculos públicos. En el centro y en Valencia la colectivización fue menos amplia, y en el Norte, salvo en Asturias, muy escasa. La colectivización se extendió incluso a los pequeños comercios al por menor; éstos, a veces, se cerraban y sus propietarios pasaban a ser asalariados de empresas colectivas mayores.¹⁴ Los peligros de la colectivización residían menos en la resistencia de los propietarios que en la interrupción de la producción; una economía parcialmente colectivizada no podía funcionar «por impulso espontáneo de abajo arriba».

La industria textil catalana, sin contacto con sus mercados y sin materia prima por falta de comercio exterior, podía, en cualquier caso, funcionar a bajo rendimiento. Pero, de vital importancia para el esfuerzo bélico, era la improvisación de una industria de guerra en Cataluña, puesto que los centros industriales del Norte estaban separados de los principales territorios de la República y, a partir de 1937, pasaron a manos enemigas. La industria textil y ligera no podía reconvertise para la producción bélica sin una planificación drástica y cuidadosa que impedían los sindicatos y la susceptibilidad del gobierno autónomo catalán. Cataluña pagaba ahora su incompleta revolución industrial con la falta de máquinas-herramienta; los estuches de lápiz de labios podían convertirse en vainas de cartucho, pero estas improvisaciones tenían un límite. Todo el proceso de la colectivización y sus efectos en la producción fueron el centro de una larga y todavía no resuelta discusión, tanto en el seno de la C. N. T. como entre la C. N. T. y sus enemigos. Puesto que no se dispone de estadísticas fiables no es posible llegar a ninguna conclusión. Finalmente Prieto, como ministro de la Guerra, alegando que el sistema de contratos directos con las fábricas catalanas había sido saboteado por la Generalidad y que la productividad se había subordinado al control de los trabajadores, sometió la industria de guerra a la jurisdicción de su propio ministerio.¹⁵ Esta solución suscitó gran hostilidad entre los nacionalistas catalanes y fue considerada por la C. N. T. como un ataque de origen comunista a su organización sindical.

La revolución en el campo fue en parte una legalización de la ocupación de tierras que se había producido en Extremadura y Andalucía tras las elecciones de febrero. Después de julio vino a representar un intento de realizar los ideales del comunismo libertario en las zonas rurales que estaban bajo el control de la C. N. T. Ésta, en principio, mientras apoyaba la colectivización obligatoria y el control en común de las fincas expropiadas, respetaba el derecho del pequeño propietario individual a cultivar su propia tierra siempre que no lesionara los intereses de las colectividades. De este modo, las propiedades de los campesinos solamente fueron colectivizadas mediante la persuasión.¹⁶ En Cataluña no podía imponerse la colectivización porque los rabassaires contaban con el apoyo político de la Esquerra y más tarde del ministro comunista de Agricultura, Uribe. El comunismo libertario sólo encerraba peligros para los colonos catalanes (los cuales se convirtieron en verdaderos propietarios en febrero de 1937), y la colectivización tampoco podía hacer grandes progresos en una región tan desarrollada como la huerta de Valencia. De este modo, las colectividades agrarias aragonesas, implantadas en grandes fincas, se convirtieron en la muestra por excelencia de la C. N. T., y algunas de las colectividades del Sur constituyeron la plasmación más aproximada del principio anarquista. En ellas se «abolió» el dinero, se eliminó el comercio al por menor, y se miraban con malos ojos el café, el alcohol y la prostitución; al fin, pues, la ciudad celeste del anarquismo se convertía en realidad.¹⁷

El idealismo más elevado se combinaba a veces con cierto grado de coacción: en algunas comarcas el pequeño campesino no tenía más alternativa que unirse a la explotación colectiva; sin ayuda del comité no podía obtener abonos artificiales, ni los servicios del médico y del herrero. Y para él no era mucho consuelo que se acortaran las horas de trabajo para que pudiese leer.¹⁸ La colectivización, como sistema económico, producía un conglomerado de mercados de trueque que se autoabastecían y que iban lentamente paralizándose a medida que decaía la economía en su conjunto, por más que hay indicios de que, cuando las colectividades abarcaban una zona próspera, la producción se mantenía y en algunos casos aumentaba. La colectivización de las grandes fincas por la U. G. T. parece haberse limitado a sustituir a los propietarios por el comité local y más tarde por el ayuntamiento; no mejoraron los salarios ni el horario de trabajo. La revolución agraria sólo ofrecía un incierto futuro al campesino propietario, mientras que las grandes zonas de braceros sin tierra que podían ganar algo con ella estaban, en general, fuera del territorio de la República. De este modo, los temperamentos entusiastas de la C. N. T.F. A. I., que con frecuencia eran revolucionarios de origen urbano, se colocaron en el trance de imponer, en zonas donde predominaban la pequeña propiedad agrícola, la imagen de una nueva sociedad que habría sido bien acogida por los braceros de los grandes latifundios.

En contraposición directa con la revolución social espontánea de los militantes de la C. N. T., tenemos la política cautelosa de los socialistas moderados como Besteiro o Prieto, de los partidos republicanos y de los comunistas. Todos ellos o bien eran en principio hostiles a un tipo avanzado de revolución social, o creían que ésta debía relegarse a segundo plano, detrás de la organización eficiente de un esfuerzo bélico convencional. Así, la colectivización de los barberos, de los panaderos y de los farmacéuticos, redujo a la condición de asalariados a la pequeña burguesía radical de las ciudades, de la que el republicanismo había extraído su fuerza. Pero los partidos republicanos eran demasiado débiles para brindarles protección contra esta nueva calamidad: la retirada de Azaña al monasterio de Montserrat fue el símbolo de la derrota de su partido por las circunstancias. La defensa de los intereses lesionados —desde los de los naranjeros valencianos, que trataban de recuperar a costa de las colectividades de distribución los beneficios perdidos, a los intereses de los dentistas y oficinistas—, correspondió al partido comunista. La paradoja jacobina —a saber, el hecho de que un partido cuyos títulos y cuyos últimos propósitos revolucionarios están fuera de toda duda se halla mejor preparado para correr el riesgo de una política provisional de conservadurismo social— llevó al partido comunista un aluvión de afiliados. Pasó de tener unos 40.000 miembros en julio de 1936, a 250.000 en marzo de 1937, y en este proceso casi dejó de ser un partido obrero. Uno de los ingresos más notables fue el de Constancia de la Mora, nieta de Maura. Este incremento de fuerza, junto con su control del suministro de armas y su habilidad política, explica el predominio comunista en los gobiernos del Frente Popular.

Los comunistas aparecían como partidarios leales de un frente democrático de amplia base que apoyara un gobierno nacional fuerte, y como propugnadores de un programa social estudiadamente moderado, que defendiera a los pequeños propietarios y a los comerciantes contra la colectivización forzosa. Así, en octubre de 1936, el ministro comunista de Agricultura, Uribe, detuvo la revolución agraria de la C. N. T. y, dondequiera que la hubo, de la U. G. T. El conservadurismo social formaba parte de un programa «realista» que daba a la guerra primacía sobre la revolución. Para los comunistas «la acción más revolucionaria consiste en ganar la guerra»; de ahí su apoyo al gobierno como tal, su hostilidad a los comités y a la policía improvisada, sus críticas crecientes al sistema de milicias, y su campaña en favor de la disciplina militar, de un mando único y de la creación de un ejército popular. El intento de crear y controlar un ejército disciplinado caracterizó la política comunista a lo largo de toda la Guerra Civil. Con anterioridad habían probado las ventajas de la disciplina política y militar en su propio Quinto Regimiento, que se había destacado en la batalla de Madrid; ahora trataban de imponer este modelo en todos los ejércitos republicanos.

Aunque esta política era, para utilizar la jerga comunista, «objetivamente correcta» a la luz de las necesidades de la guerra, su prosecución no era desinteresada. Las necesidades internas de la República española coincidían con las necesidades exteriores de la Unión Soviética —la consecución de una alianza occidental, que acarreaba la renuncia de toda intención revolucionaria inmediata en Europa, y el apoyo a los frentes populares democráticos contra el fascismo—. Además los comunistas se oponían a la revolución en España porque sus etapas iniciales pertenecían a las viejas instituciones del mundo proletario: la C. N. T. y la U. G. T. Podían confiar en un mayor control de los órganos normales del gobierno y de un nuevo ejército modelo. De ahí que para la mayoría de sus adversarios políticos, cuyo poder se basaba en la revolución «bohemia» del comité de milicianos, su política de sentido común fuera considerada como un humillante sacrificio de la política nacional a la presión soviética o como el intento de un pequeño partido de infiltrarse en la maquinaria estatal. Todo ello condujo a los adversarios de los comunistas a oponerse a su política, algunos aspectos de la cual eran sin duda acertados, y ello, porque sospechaban de sus intenciones ocultas. Por ello resulta inútil hablar de una conjura comunista: los éxitos que alcanzaron los comunistas —y fueron más limitados de lo que suele creerse— no los consiguieron simplemente por una política de terror más despiadada o por técnicas conspirativas superiores, sino porque defendían políticas realistas que fueron apoyadas por los no comunistas en aras de un esfuerzo bélico efectivo. Esto se demostró con la caída de Largo Caballero y de Prieto .

Supervisada por consejeros formados en la Unión Soviética y en contacto radiofónico diario con «la casa» (el Kremlin), se hizo evidente que la política del partido comunista español no estaba sometida simplemente a las exigencias de la política exterior soviética sino también a las riñas domésticas del stalinismo. En septiembre de 1936, Orlov fue enviado para implantar en España una rama de la O. G. P. U. La principal víctima del terror comunista —que, a diferencia del terror anarquista, no era un terror de masas encaminado a la liquidación de una clase nociva, sino un terror policíaco contra los disidentes políticos— fue el P. O. U. M. El P. O. U. M. era un grupo marxista no comunista desautorizado por Trotski; sin embargo, los comunistas ortodoxos consideraban a sus miembros como herejes trotskistas a los que había que eliminar. Su mera existencia —su fuerza residía principalmente en Cataluña— resultaba intolerable para los comunistas, aunque sólo fuera porque su periódico, La Batalla, exponía implacablemente las brutalidades de la Rusia stalinista.¹⁹ El P. O. U. M. se diferenciaba de la C. N. T. en que era partidario del Estado obrero y creía en la necesidad del poder político;²⁰ y de los partidos socialistas y republicanos por su negativa a aceptar la ficción de un «Frente Antifascista» de partidos obreros y burgueses. El Frente Popular no era un gobierno proletario: era una traición a la revolución de los trabajadores. Los comunistas, pues, podían presentar al P. O. U. M. como un elemento discordante que debía ser destruido para preservar el esfuerzo bélico unitario dirigido por un gobierno democrático.

La reaparición de viejos métodos policíacos, ejercidos por los comunistas contra un partido obrero disidente, alarmó a los militantes de la C. N. T. y se fue creando en Barcelona, donde el P. S. U. C. dominado por los comunistas luchaba contra sus adversarios,²¹ un ambiente electrizado de arrestos y de pistolerismo. En la primavera de 1937, Berzin, el principal consejero militar soviético, se alarmó: «nuestros hombres se comportan con los españoles como si fueran sus colonizadores». La propaganda y los métodos policíacos rusos eran muy toscos y ofendían las susceptibilidades patrióticas; José Díaz, secretario general del partido español, veía cómo consejeros, cual Togliatti o Stepanov, y sus aliados españoles en el Buró Político del partido desdeñaban su parecer. Díaz empezó a sentir una curiosa simpatía por aquellos elementos de la C. N. T. que deseaban una «revolución de matiz eminentemente nacionalista», cuyos héroes eran los guerrilleros de la Guerra de la Independencia y el Cid antes que los marineros del Potemkin.²²

Los comunistas fueron derrotados finalmente por su propia peculiar obstinación. Sabiendo arriesgarse valientemente al predicar moderación en medio de la euforia revolucionaria, también eran capaces de perseguir sus objetivos con una brutalidad que había de derrotarles. Estaban decididos a controlar el nuevo ejército popular; de ahí su dominio del cuerpo de comisarios —que coadyuvaban a sostener la moral y la disciplina, y que eran, llegado el caso, salvaguardia contra oficiales dudosos—, que convirtieron en instrumento de proselitismo y de control del partido; de ahí su injerencia en los ascensos y su utilización de la prensa para hundir o popularizar a un jefe militar.²³ De este modo se creó una oposición militar al control comunista que había de tener fatales consecuencias.

A la luz de estos conflictos debemos examinar las dificultades que rodeaban la «concentración del gobierno» —la creación de un ministerio capaz de dirigir el esfuerzo bélico—. Al gobierno de Giral, amaño puramente republicano, le faltó autoridad para semejante tarea; el gobierno de Largo Caballero (septiembre de 1936) fue una repetición de la táctica de Mendizábal de absorber la revolución para contenerla. Además de la C. N. T., también los comités obreros se hallaban representados en el gobierno central; éste podía, por consiguiente, restablecer los órganos normales de poder —especialmente la policía— e iniciar las tareas de militarización de los milicianos, creando un ejército regular y frenando el ritmo de la mutación social espontánea. Largo Caballero, claro está, no era la persona más apropiada para esta tarea: áspero y reservado, era consciente de las contradicciones de su posición como dirigente de la clase obrera, que había predicado la revolución que ahora había que frenar. El gobierno constaba de numerosas carteras y sus largas reuniones dejaban exhausto al jefe del gobierno. Pero pese a todos sus defectos era el único que tenía suficiente prestigio ante los obreros para intentar con éxito una política moderada.

El principal obstáculo que quedaba en la senda del restablecimiento de un gobierno fuerte era la C. N. T., dominante en las ciudades catalanas, influyente en Valencia e irritante en Madrid. En Cataluña, Companys, en su calidad de presidente de la Generalidad, había comprobado que era imposible gobernar Barcelona contra la C. N. T.; se vio obligado a arriesgarse a utilizar una vez más lo que llamaba el «sentido común» de la dirección de la C. N. T. contra los instintos revolucionarios de las masas. El resultado fue el dominio del Comité de milicianos antifascistas (en el que la C. N. T. estaba fuertemente representada), paralelamente a los órganos del gobierno regular. Esto dio a Barcelona, en los primeros meses de la Guerra Civil, un verdadero aspecto proletario; el sindicalismo de la C. N. T. no pretendía salarios más altos, sino una vida más dilatada, la institucionalización de su religiosidad proletaria. El 27 de septiembre finalizó el sistema dualista con la entrada en el gobierno catalán de la C. N. T., que el 4 de noviembre se unió también al gobierno de Largo Caballero. Se trata de pasos importantes en el proceso de creación de un gobierno al margen de las fuerzas centrífugas del entusiasmo revolucionario. En noviembre de 1936 todos los partidos de la España republicana, salvo el P. O. U. M. y los puristas de la C. N. T.F. A. I., estaban representados en el gobierno central. La coalición perduró hasta mayo de 1937.

La entrada de la C. N. T. en los gobiernos de Cataluña y de la España republicana constituye la decisión más notable de la historia del anarquismo español. Suponía el rechazo de los principios originales que habían deslindado el comunismo libertario del marxismo ortodoxo: en la teoría anarquista el Estado de los trabajadores es tan nocivo como cualquier otro. El pensamiento anarquista, por tanto, no autorizaba teóricamente la participación en un gobierno democrático que luchaba por su existencia contra la rebelión militar. Pese a todo, la dirección de la C. N. T.F. A. I. comprendió que había que defender a la República, pues el triunfo de los nacionalistas significaría el fin de todos los partidos proletarios, y no se debía permitir que la improvisación anarquista impidiera el esfuerzo bélico. «La guerra anarquista es una entelequia; existe solamente una guerra y debemos ganarla. La ganaremos pero para ello tenemos que abandonar muchos de nuestros principios.»²⁴ Los dirigentes estaban aterrados ante las derrotas de los milicianos y las hazañas de los incontrolables. Por otra parte, puesto que el sistema de comités de milicianos iba a ser sustituido por un gobierno regular, la C. N. T. sólo podía conservar su poder y sus conquistas revolucionarias en Aragón y otros lugares desde dentro del gobierno. Los principios debían ser sacrificados a la conservación de la fuerza organizada de la C. N. T.

La entrada de los representantes de la C. N. T. en el gobierno de Largo Caballero originó una crisis de conciencia en la dirección misma y nunca fue popular entre las masas de militantes. Con palabras de Federica Montseny, una vez en el gobierno, la C. N. T. no podía estar en la calle; a los militantes les parecía que la dirección, en su afán de cooperar con la regularización de la revolución, se había vuelto en contra de la calle. El nuevo lenguaje de moderación de los ministros de la C. N. T. ocultaba la destrucción de la organización que decía estar salvando. Bajo el lema de «un gobierno que gobierne», los enemigos políticos de la C. N. T. en Cataluña (especialmente el P. S. U. C., donde predominaban los comunistas) estaban destruyendo la base de la fuerza proletaria —los milicianos— al desarmarlos en beneficio de un ejército regular y de una fuerza policíaca ortodoxa; los «gubernamentalistas» de la C. N. T. parecían ciegos ante este peligro. Así, embargada la mente de sospechas, asistió la «oposición revolucionaria» de entre las masas cenetistas a la ofensiva comunista contra el P. O. U. M. Tanto el P. O. U. M. como la «oposición revolucionaria» se consideraban víctimas del nuevo Estado policíaco.²⁵ Al socaire del Frente Antifascista, la revolución estaba siendo destruida por una contrarrevolución gubernamental.

En enero el periódico del P. O. U. M., La Batalla, empezó a publicar ataques calificando a los comunistas y a los burócratas catalanes de mencheviques de la revolución. El P. S. U. C. fue calificado de instrumento de la contrarrevolción burguesa: el P. O. U. M. le declaró una «guerra sin cuartel». Cuando el P. O. U. M. anunciaba que sus militantes formarían piquetes para acabar con los «reaccionarios» no estaba claro si éstos eran los miembros del P. S. U. C. o los franquistas.²⁶ Tras un mes de tensión la crisis se inició el 3 de mayo, cuando Rodríguez Salas, del P. S. U. C., jefe de la policía del gobierno catalán, invadió el edificio de la Telefónica, detentado por la C. N. T.²⁷ Su acción precipitó cuatro días de oscura y compleja lucha por calles y tejados. Había pocos indicios de premeditación: ambos bandos acribillaban a tiros sin ningún plan los edificios de sus adversarios, sin más lógica que la de que el que a uno dispara es su enemigo. El P. O. U. M. luchó, y los militantes de la C. N. T.F. A. I. le apoyaron, porque creían que no se podía evitar una contrarrevolución dentro de la República sin una resistencia violenta a la intromisión del Estado policíaco. Los dirigentes de la C. N. T. trabajaron desesperadamente en favor de una tregua mediante negociaciones con la Generalidad para dar con una solución de compromiso en torno al problema de la policía. El que no se le auxiliase lo consideró el P. O. U. M. una prueba más de la desastrosa ceguera de la dirección anarquista que no se percataba de la necesidad de obtener el poder político para los trabajadores, sustituyendo la «hipocresía del Frente Antifascista» por un auténtico gobierno proletario (es decir, de la C. N. T. y del P. O. U. M.). La lucha cesó tan pronto como faltaron los alimentos y la llegada de guardias de Asalto del gobierno, mandados por un miembro de la C. N. T., restauró totalmente el orden. Fue aplastada la «oposición revolucionaria» y su profeta, Berneri, anarquista italiano conocido por su antistalinismo, fue asesinado el 6 de mayo de 1937.

Los disturbios de mayo acabaron de quebrantar la concentración de fuerzas dentro de la República que encarnaba el gobierno de Largo Caballero. Éste había visto ya que era imposible mediar entre quienes se negaban a abandonar las primeras conquistas de la revolución y los que consideraban que su existencia continuada era la premisa de una derrota cierta.²⁸ Los disturbios de mayo obligaron a tomar una decisión. Constituyeron, por consiguiente, el cambio de vertiente en la vida política de la República.

El arquitecto de la caída de Largo Caballero fue el partido comunista. El empeoramiento de las relaciones del jefe del gobierno con los comunistas era visible. La unión de los movimientos juveniles socialista y comunista, promovida por Largo, se le aparecía ahora como una jugada contra él; sus consejeros más próximos, como Álvarez del Vayo, se acercaban a la línea comunista; el embajador soviético interfería en la cuestión de los ascensos y los oficiales comunistas apartaban al ejército de su control como ministro de la Guerra. La cuestión del control del ejército era el punto clave: los comunistas no hacían objeciones a Largo Caballero como presidente del Consejo, sino como ministro de la Guerra. Por ello decidió desbaratar el creciente poder de los comunistas en el ejército antes de que éstos rompieran con él.

La crisis empezó el 13 de mayo, cuando Largo Caballero se negó a la solicitud comunista de disolución del P. O. U. M., so pretexto de que sus militantes habían provocado los disturbios de mayo como agentes provocadores fascistas.²⁹ Largo Caballero no podía admitir la represión despiadada de un partido de la clase obrera, ni aceptar la tesis de que «la justicia del pueblo soviético es nuestra justicia»; en las maniobras políticas ulteriores llevadas a cabo en el seno del gobierno, Largo se encontró sin más apoyo que el de la C. N. T.

Si bien la caída de Largo Caballero fue obra de los comunistas, la «conjura» de éstos tuvo éxito, no tanto porque su influencia fuera irresistible, cuanto porque muchos otros deseaban derrocarle, aunque carecían de la resolución política necesaria para provocar una crisis ministerial. Largo Caballero, próximo ya a los setenta años, tenía muchos defectos como ministro de la Guerra —«quemado... buen dirigente sindical... falto de ímpetu... no tiene la menor idea de problemas militares»—³⁰ y le sobraban críticos en un gabinete que ya no podía dominar. Los más peligrosos eran Prieto y sus seguidores. Las opiniones socialistas moderadas de Prieto, que estaba en malas relaciones con el jefe del gobierno, le acercaban mucho a la política de los comunistas, con quienes compartía el parecer de que Largo Caballero era un incompetente. El hecho de que Prieto «desertara» de Largo Caballero fue decisivo; Prieto actuó así no para favorecer a los comunistas, sino porque sus propios objetivos coincidían con los de este partido.³¹

Bajo la cuestión de un gobierno de guerra eficaz estaba uno de los problemas centrales del socialismo: el papel relativo de los sindicatos y de los partidos políticos. Comunistas, socialistas moderados y republicanos querían que la República se basara en los partidos políticos. Negaban que los sindicatos tuvieran un «carácter político real». La concepción sindicalista restringiría la República a las clases trabajadoras y persistiría presionando en favor de una revolución social que debía ser aplazada hasta ganar la guerra mediante la alianza con las «clases medias antifascistas».³² Largo Caballero fue, por encima de todo, un dirigente sindical. De este modo los aliados de los comunistas, sin los cuales no hubieran tenido ningún poder, fueron los miembros del partido socialista traídos al gobierno por voto del Comité Ejecutivo del partido, en septiembre; entre ellos figuraba el profesor Juan Negrín, del que Largo Caballero había desconfiado siempre considerándole un intelectual socialista rico sin arraigo en el movimiento ni comprensión de los trabajadores. La caída de Largo Caballero fue el último acto de una larga lucha entre la propia inclinación de éste en favor de algún tipo de sindicalismo revolucionario y la preferencia de Prieto por el socialismo «burgués».

La consecuencia más importante de la crisis de mayo fue que expuso la debilidad de la principal premisa del Frente Popular tal cual lo concebían los republicanos y los comunistas: argüían que puesto que la clase obrera tenía que ser antifascista la política «correcta» era la «moderación» para mantener a toda costa a la clase media dentro de la «nueva democracia». La C. N. T. asistió a la destrucción de su propia revolución social: en agosto de 1937 fue abolido el Consejo de Aragón independiente de la C. N. T.F. A. I., y las colectividades fueron liquidadas por Líster, el jefe militar comunista más destacado, por orden de Prieto;³³ en la industria, la colectivización y el control obrero fueron sustituidos por la nacionalización y la planificación central. De este modo, el precio que había que pagar por un gobierno unitario y «eficaz» y que pudiera recurrir a lo que en el siglo XIX se hubieran llamado las «clases respetables», era una pérdida del entusiasmo y de la solidaridad en la clase obrera. Largo Caballero, contra el cual los comunistas lanzaron un terrible ataque en la prensa y en la tribuna pública, unió a su alrededor en la oposición a un sector de la U. G. T. y del partido socialista. La C. N. T. tuvo que expiar su apoyo a Largo Caballero y su interés por la suerte del P. O. U. M. Los sindicatos caballeristas y la C. N. T. estuvieron tentados por la idea de una fusión para conservar su propia fuerza y la integridad de lo que la C. N. T. denominaba la Revolución ibérica. Por más que advirtieron su debilidad, una vez más la unión resultó imposible.

El sucesor de Largo Caballero fue el doctor Negrín, que quedó de presidente del Consejo hasta el final de la Guerra Civil. Inicialmente su gobierno no incluía ni al sector caballerista de la U. G. T. ni a la C. N. T. Sin embargo, no estuvo «dominado» por los comunistas. Este partido reflejaba la convicción de la Unión Soviética de que «la instalación de un régimen comunista no es una solución para el problema de la guerra». Si la dependencia de los libramientos soviéticos de armamento impedía una resistencia seria a lo que los comunistas consideraban política «correcta», también había límites para lo que los socialistas en el gobierno llamaban «nuestro sentido del sacrificio». De este modo, el gobierno no quiso apoyar la vendetta privada de los comunistas contra el P. O. U. M. como «bujarinistas demagógicos» y agentes provocadores fascistas. Por lo tanto, tuvieron que «eliminar» a los dirigentes del P. O. U. M. mediante sus propias actividades policíacas; el gobierno era demasiado débil para oponerse a ello.³⁴

Los comunistas se dedicaron menos a la caza de carteras ministeriales que al control del ejército y de la policía secreta. «Quien domina el ejército dicta la orientación del país»; para conseguirlo el partido creó un organismo especial —el «agitprop»— destinado a allegar afiliados y a formar oficiales comunistas. Prieto, como ministro de la Guerra, se opuso encarnizadamente a esa infiltración. Prieto se había enfrentado muchas veces con los técnicos soviéticos y con los dirigentes comunistas, y éstos montaron contra él su última ofensiva política, una amplia campaña de telegramas, manifestaciones y artículos periodísticos exigiendo su dimisión (abril de 1938). La eliminación de Prieto fue una jugada arriesgada, pues tenía mucha fuerza en el partido socialista y en los sindicatos anticaballeristas. Pero una vez más la condición del éxito fue que, además de los comunistas, también otros deseaban su dimisión en aras de la política general: su «derrotismo» y su simpatía por la idea de una paz negociada parecían peligrosos a sus compañeros de gobierno.³⁵

Estas disensiones y enemistades eran poco edificantes en un momento en que el gobierno subrayaba la necesidad de la unidad. «La responsabilidad de la derrota no recaerá en la política de no intervención del gobierno británico, que equivale a una intervención contra nosotros. Los principales culpables serán los españoles mismos. Padecemos una enfermedad que se podría calificar de miseria moral de España y que acabará con la misma España. Esta enfermedad es la lucha intestina.»³⁶ Los comunistas hicieron todo lo que pudieron por reparar, sin ceder, el daño que había causado su propia brutalidad. Siempre habían deseado, más que los republicanos y los socialistas moderados, una alianza con una C. N. T. arrepentida, que aceptara la disciplina y controlara a los incontrolables.³⁷ Una vez que Largo Caballero fue excluido del mando de la U. G. T., propusieron, de nuevo, una alianza de la C. N. T. y la U. G. T. y presionaron a la C. N. T. para que se reincorporase al gobierno. Así lo hizo en marzo de 1938. Pero la moral de la C. N. T. se había venido abajo al darse por buena la tesis comunista de que los sindicatos eran un instrumento para aumentar la producción. La unidad gubernamental que finalmente consiguió la República parecía, después del entusiasmo de julio de 1936, una paz de agotamiento.

Este agotamiento era particularmente evidente en Cataluña, donde la lealtad a la República había sido una respuesta inmediata frente al levantamiento militar que afirmaba su intención de rehacer la unidad de la nación, es decir, la destrucción de la autonomía de Cataluña. La crisis de mayo no solamente disgustó a muchos militantes de la C. N. T., sino que también rompió el equilibrio de fuerzas entre la Cataluña autónoma y el gobierno central, equilibrio simbolizado por Companys. El presidente de la Generalidad era leal a la España republicana. Pero había sido acusado (tanto por Azaña como por Prieto) de poner la autonomía por delante del esfuerzo bélico, mientras que la burguesía catalana le consideraba poco menos que como un compañero de viaje anarquista. Advirtiendo que la Generalidad no podía arriesgarse a un enfrentamiento con la C. N. T., procuró cooperar con los dirigentes «moderados» de ésta. Los disturbios de mayo pusieron de manifiesto las contradicciones de esa política: los «moderados» no podían contener a sus extremistas y Companys se vio obligado a recurrir al Estado central para reprimir una revuelta de trabajadores. Había una extraña relación entre la autonomía catalana y el poder de la C. N. T.;³⁸ ambos decayeron a la vez conforme el gobierno central aumentaba su control sobre Cataluña; así que la burguesía catalana y, en menor medida, el proletariado catalán se inhibieron de la guerra. Companys, en su desesperación, se rodeó de intelectuales catalanistas. Era como si el nacionalismo catalán, en la derrota, volviese a las fuentes de donde manara su fuerza.

En el País Vasco había un conflicto más complejo entre la autonomía y la dirección central del esfuerzo bélico. El nacionalismo vasco —satisfecho tardíamente (en octubre de 1936) por la República con la promulgación del Estatuto de Autonomía— no podía esperar nada de la rígida insistencia de Franco sobre la unidad nacional. Los franquistas reprocharon la posición de los católicos nacionalistas vascos, especialmente del clero, leal a la República que les había otorgado el autogobierno. Pero la actitud católica y conservadora de los nacionalistas vascos y su deseo de ampliar la autonomía hacían que su lealtad pareciera sospechosa a los partidos proletarios.

Ya desde los primeros momentos la milicia nacionalista vasca y las fuerzas de policía tuvieron conflictos violentos con la C. N. T. Los vascos, gente conservadora y de orden, se aterrorizaron ante los incendios y asesinatos de prisioneros de la C. N. T.; por ello la milicia vasca luchó contra la C. N. T. en su tentativa de sembrar el terror revolucionario tras la caída de San Sebastián.³⁹ Los dirigentes vascos lucharon noblemente por salvar vidas tanto en su propio territorio como por mediación de los ministros vascos en el gobierno central. Irujo, el ministro vasco de Justicia, propugnó «violencia en el frente y humanidad en la retaguardia», oponiéndose a la arremetida de los comunistas contra el P. O. U. M. Sin embargo, los vascos parecían a los sectores de izquierda aliados renuentes, poco interesados en el triunfo de los principios del Frente Popular; «campesinos reaccionarios» para los cuales «la España roja y la España blanca son lo mismo», salvo que la España roja defendía el autogobierno vasco. Estas sospechas recíprocas habrían de desempeñar un papel importante en la caída de todo el frente del Norte, cuando la desconfianza de la C. N. T. hacia los nacionalistas vascos fue tan grande que retiraron del frente las unidades de milicianos en momentos críticos y «por razones políticas». Luego llegarían a hacerse sentir en el propio gobierno centra.⁴⁰

3. La España nacionalista y el encumbramiento de Franco

Los republicanos estuvieron a punto de destruirse a sí mismos al tratar de conseguir una dirección unificada de la guerra. Sus enemigos salvaron este obstáculo no por falta de grupos e ideologías opuestas, sino por el predominio de los militares. Los nacionalistas superaron la prueba de la definición política y de la concentración del gobierno aplazando la solución de lo primero y resolviendo lo último manu militari. Hasta octubre de 1936 (cuando se proclamó a Franco generalísimo y jefe del Estado) la dirección y la naturaleza política de la rebelión estaban por definir, mientras que el aparato administrativo seguía siendo una improvisación primitiva. Los generales no tenían en los centros locales ninguna estructura de gobierno fuera del aparato del estado de sitio, y carecían de teoría política aparte de la puramente negativa de resistencia al «comunismo», a la «anti-España» y a la anarquía. Puesto que sus planes eran de guerra corta, no necesitaban dar forma de Estado al conglomerado de partidos rivales del bando nacionalista: los generales, o bien utilizaban los partidos que tenían poder en las regiones que gobernaban, o se desinteresaban por completo de ellos. Con la resistencia de Madrid y las perspectivas de una guerra larga no era posible aplazar más la organización de un Estado nuevo. Si se omitía este punto existía el peligro de que la España nacionalista se desintegrara en feudos militares: Franco en el Centro, Mola en el Norte y Queipo de Llano en el Sur.

El poder supremo de Franco como caudillo y adalid carismático no era previsible en julio de 1936, ni siquiera después de que la muerte de Sanjurjo en un accidente de aviación y la ejecución de Goded hubieran eliminado a dos rivales. Su rápido encumbramiento fue en parte debido a una contingencia militar: el ejército marroquí de Franco era el núcleo de la fuerza nacionalista. Mola, su único rival superviviente, sin victorias detrás de sí no podía protestar eficazmente contra la jefatura de Franco.⁴¹ Aparte de su competencia técnica (había ascendido a general a los treinta y dos años), su valor y sus nervios de acero, su prestigio entre los demás generales, la mayor fuerza de Franco residía en lo que Cromwell habría llamado «verlas venir sin presura» y que sus críticos llamaron cautela excesiva. En la lucha política interna de la España nacionalista esto significaba falta de definición política en términos de los partidos existentes; su neutralismo le permitió utilizar las opiniones contrapuestas de los demás para afianzar su jefatura por encima de los partidos, jefatura que pronto empezó a considerarse providencial. Sus convicciones políticas consistían en la sencilla trilogía del militar del siglo XIX: la unidad del Estado (consideraba la guerra como una guerra contra los secesionistas vascos, catalanes y marxistas), el orden y la jerarquía. A ello unía un intenso catolicismo e incluso, inicialmente, un vago radicalismo social heredado tal vez de Gil-Robles.⁴²

Aunque se reconocía la jefatura de Franco, no fue institucionalizada y hasta abril de 1937 la naturaleza jurídica y política del Estado nacionalista continuó mal definida.⁴³ Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco, había señalado a éste la necesidad de un «nuevo Estado» y de un partido unificado. Serrano Súñer, como jurista, estaba preocupado por la falta de un derecho público que «transformara una insurrección en una empresa política» dándole «forma jurídica». Como antiguo amigo de José Antonio compartía su convicción de que el liberalismo democrático era inadecuado para España y de que era algo antitético con los valores españoles, conclusión que derivaba de su entusiasmo por la historia del siglo XVI. El «nuevo Estado» tenía que ser la expresión legal de un partido único y el instrumento de un solo hombre: Franco. El consejo de Serrano Súñer, por lo tanto, encajaba con la aprensión que sentían Franco y su plana mayor militar ante la azarosa evolución de falangistas y carlistas.

Al igual que los falangistas, los carlistas representaban la etapa bohemia de la revolución en la España nacionalista; sus milicias (los requetés navarros) extraían su fuerza de la devoción religiosa y de la tradición familiar, mostrando con frecuencia una independencia que irritaba a los generales. Además, los dirigentes tradicionalistas, en su calidad de monárquicos, no veían sin aprensión la exaltación de Franco a la jefatura del Estado. Franco vio que una restauración monárquica, además de confinarle al papel de un Monk, daría al «movimiento» un aire anticuado y aristocrático. La independencia, tal como la concebía el dirigente carlista Fal Conde, lindaba con la traición.⁴⁴ Por lo tanto, cuando circularon rumores sobre una fusión de los grupos de Falange con los tradicionalistas, Franco se alarmó seriamente.

Falange crecía con rapidez. Al igual que el partido comunista, era un refugio para quienes deseaban tener un carnet de partido en los peligrosos días iniciales; pero, a diferencia del partido comunista, no contaba con un apoyo firme por parte de las potencias extranjeras, con un monopolio de los esenciales abastecimientos de armas. Faupel, el embajador alemán, estaba obsesionado por el temor de que el movimiento franquista se convirtiera en una empresa del clericalismo reaccionario, pero Alemania no estaba nada dispuesta a empujar a la Falange contra Franco para crear un régimen nacionalsocialista. Un crecimiento excesivo, por tanto, en vez de reforzar al partido lo debilitaba; los «camisas nuevas» sentían escasa simpatía por el radicalismo social de la Nueva España de José Antonio, mientras que a la mayoría de los generales les molestaba su violencia anárquica y su afán de poder.⁴⁵ Con José Antonio en la cárcel (fue ejecutado el 20 de noviembre de 1936), el partido, tras desintegrarse en agrupaciones regionales autónomas —las «taifas»— se sumió en violentas pugnas por la jefatura, que estuvieron a punto de destruirlo por completo. Manuel Hedilla, que llegó a ser su jefe provisional, era un hombre honesto, de vida austera; había estudiado mecánica naval en la Escuela de Náutica. Más tarde organizó una empresa de transportes que se vio obligado a cerrar debido a la crisis económica de los años treinta. En el año 1936 era jefe de producción de la Vidriera Mecánica del Norte, importante factoría de Saint-Gobain. Simbolizaba la aspiración del partido a convertirse en un movimiento nacionalista, cuyo problema capital había de ser el de allegar masas obreras, cuyas simpatías tenían ya aseguradas los partidos proletarios, sin relación alguna con los grupos derechistas. Pero su jefatura fue combatida por los nuevos afiliados. El «personalismo» de las enemistades en el interior de la Falange pueden compararse en violencia, entre bastidores, a las pugnas internas de los partidos en la España republicana,⁴⁶ con la diferencia de que en el caso de la Falange apenas trascendió a la calle. Por ello, la Falange no tuvo un poder político en consonancia con sus dilatadas dimensiones y fue un fácil instrumento de la voluntad de Franco y de su empeño en crear un Estado de partido único en la España nacionalista.

El nuevo partido unificado, al que quedaron afiliados automáticamente los militares y funcionarios públicos, pretendía ser la unión de dos partidos «de masas»: la Falange y los tradicionalistas. Doctrinalmente se nutría más de los principios falangistas que de los tradicionalistas.⁴⁷ Franco creía que el principal problema del movimiento nacionalista consistía en recuperar la simpatía de la «gran masa neutra no afiliada que nunca ha deseado alistarse en un partido», y que a los tradicionalistas les faltaba «una cierta modernidad» necesaria para esta tarea.

Sin embargo, el grupo falangista de Hedilla no podía aceptar el nuevo partido. Hedilla, en cuanto a él, no había sido consultado acerca de la oportunidad de la unificación, enterándose de ésta por la prensa; comprendió que la unión significaría el fin de la Falange como partido independiente, basado en las ideas sociales de José Antonio, y se negó a aceptar su designación como miembro del secretariado o Junta Política del movimiento unificado. Esta negativa fue presentada por Franco como una acción contra su jefatura: Hedilla fue encarcelado y toda la dirección falangista que le seguía sujeta a medidas disciplinarias.⁴⁸ Ésta fue la mayor crisis política de la España nacionalista, y la facilidad con que fue dominada por los militares muestra un contraste significativo con las crisis coetáneas entre los republicanos. Los grupos falangistas de oposición siguieron resentidos de las nuevas tendencias supuestamente «vaticanistas» del progenitor del nuevo partido, Serrano Súñer, y de la creciente influencia de la derecha conservadora «capitalista», pero la mayoría de sus miembros subordinaron su disgusto a las necesidades de la guerra o, menos noblemente, a las mercedes derivadas del poder en el seno del nuevo partido.

A la derecha, los tradicionalistas aceptaron la fusión sin entusiasmo. Como monárquicos detestaban a Serrano Súñer y el sesgo falangista que había dado al nuevo Estado, pero se sentían recompensados por la restauración de la unidad católica. La oposición más importante provenía de los generales: a excepción de Yagüe, ninguno sentía mucha simpatía por los falangistas, y en cambio muchos eran monárquicos alfonsinos a la vieja usanza.⁴⁹ Unido a diferencias de opinión en el terreno militar, ello produjo una oposición en el ejército que nunca fue más allá de una crítica gruñona a pesar de las diferencias del mando central con Aranda, acaso el militar más capaz del bando nacionalista, y a pesar de la independencia de Queipo de Llano. Esta independencia era posible porque su feudo andaluz era económica y militarmente independiente de la España nacionalista; Queipo, ampuloso y excéntrico —incluso en presencia de Franco exteriorizaba su pretensión de ser su rival como héroe nacionalista— no pensó en tomar por los caminos de la sedición. En contraste con los civiles, los militares permanecieron unidos.

Tal vez el fenómeno más notable en la España nacionalista fue el eclipse político de la C. E. D. A. y de Gil-Robles. Tenían ambos demasiadas aficiones a algún tipo de vida parlamentaria como para encajar en un Estado antiparlamentario. Algunos miembros de la C. E. D. A. se hicieron falangistas mientras que otros sirvieron lealmente como burócratas, ya que no podían servir como políticos a un régimen sin política tal como la entendía la C. E. D. A.

El nuevo partido reflejaba un equilibrio de fuerzas incompatibles, dirigidas por el talento político de Serrano Súñer y dominadas por Franco como representante del poder verdadero dentro del Estado: el ejército. Los gobiernos constaban de alfonsinos chapados a la antigua, de carlistas, de falangistas viejos y nuevos y, con Peña Boeuf como ministro de Obras Públicas, de un representante de los técnicos de la clase media que llegarían a ser la elite del nuevo Estado. Aunque Franco aseguraba creer que la España nacionalista debía pugnar por atraerse a las clases trabajadoras, el equilibrio de fuerzas dentro de ella impedía tal intento. Tras una larga lucha entre el radicalismo social de algunos falangistas y lo que éstos llamaban la «Tercera España» —la España conservadora de los intereses agrarios y financieros—, el Fuero del Trabajo impuso una modalidad del «sindicalismo vertical» falangista: pretendía «una revisión enérgica, auténticamente revolucionaria, de toda la estructura social sin subvertir las situaciones respectivas de las diferentes clases». Ello dio origen al mundo laboral paternalista y disciplinado de la España de Franco.

Las instituciones fundamentales de los nacionalistas no eran los sindicatos, sino el Ejército y la Iglesia. Los generales, que elevaron a Franco al poder supremo en octubre de 1936, tuvieron una influencia predominante en el nuevo gobierno. Las milicias nunca fueron una amenaza para el ejército regular: la milicia falangista no logró convertirse en una fuerza independiente y los requetés carlistas, tras haber aceptado la jerarquía militar a lo largo de toda la guerra, al final volvieron a los montes de donde habían salido. Parece que la acción militar más que la promovida por los civiles, fue la que desbarató los cuadros dirigentes de las organizaciones obreras e intimidó a la oposición de la clase media. Si el informe del embajador Stohrer es correcto al señalar que el 40 % de los habitantes de la zona nacionalista eran «políticamente inseguros», hay que reconocer que la represión fue muy eficaz.⁵⁰

A pesar de algunas dificultades iniciales de doctrina acerca de la legitimidad del alzamiento, la Iglesia española —cuyos sacerdotes fueron muertos y cuyas iglesias fueron cerradas, salvo en las provincias vascas— respaldó el alzamiento. Sujetos a una persecución masiva y brutal, sus teólogos elaboraron una defensa del alzamiento como guerra justa, y sus obispos lo consagraron como una cruzada.⁵¹ Los sacerdotes vascos que se pusieron del lado de la «anti-España» fueron perseguidos y desautorizados. De este modo los nacionalistas siempre podían recurrir al monolítico sentimiento católico como un correctivo frente a las tendencias de división. La Iglesia recuperó su influencia (los jesuitas fueron readmitidos en 1938), y, sobre todo, su control de la educación y del pensamiento. Se ha prestado gran atención a la educación republicana en tiempo de guerra, y menos a la intensa recatolización de España que empezó en la zona nacionalista durante la Guerra Civil. La Iglesia volvió a ocupar una posición que había disfrutado por última vez en el siglo XVII, con una censura dedicada a combatir «la pornografía, el marxismo y el liberalismo disolvente».

Gran parte de las clases medias españolas se habían alejado de la Iglesia en tiempos de Primo de Rivera. Su retorno a ella, iniciado bajo la República, se aceleró con la revolución social de julio de 1936 y con la subsiguiente matanza de sacerdotes. Esas clases hallaron el jefe apropiado para su evolución hacia la derecha en un general rígidamente católico de la clase media.

4. El curso de la guerra

La unidad del gobierno era una condición necesaria, pero no suficiente, para la victoria. En la Guerra Civil española el éxito militar dependía de dos factores: el primero, la cuantía y la eficacia del apoyo exterior en armamento y luego, aunque en menor medida, el personal preparado disponible; en segundo lugar, la rapidez relativa con que ambos bandos formaran una fuerza de combate eficiente. En ambos aspectos los nacionalistas habían tomado la delantera en 1937.

Las democracias occidentales abandonaron a la España republicana. El temor a una guerra general, el deseo de Chamberlain de conservar la amistad italiana y la poca simpatía del gobierno conservador por la España «roja» impusieron la no intervención de Inglaterra y obligaron a Blum, que simpatizaba con la España republicana, a adoptar una línea similar. En los primeros meses los dirigentes laboristas, basándose en el supuesto de que debían apoyar a Blum, se opusieron a las peticiones de suministros de armas para España. Al igual que los conservadores, estaban obsesionados por el temor de una guerra general suscitada por el abastecimiento de armas a un gobierno legal no reconocido como tal por Alemania e Italia. Si la no intervención funcionaba, había que apoyarla. Por más que a contar de octubre de 1937 la política de no intervención fuese blanco reiterado de las críticas laboristas, el partido no supo deducir la conclusión lógica que dimanaba de su fracaso. La razón de ello está contenida en una confesión de Bevin: «¿Desea la guerra la gente de este país? No».⁵² Blum se veía torturado por su impotencia en ayudar a la España republicana, una vez que resultó evidente que la política de no intervención actuaba en contra de la República. Las entregas francesas de armas sólo tuvieron lugar en los primeros momentos de la guerra y la frontera francesa se cerró cuando el bloqueo nacionalista hizo de la ruta pirenaica el único paso seguro para las armas soviéticas.⁵³

Tras un período de vacilación que finalizó en septiembre de 1936, la sola ayuda efectiva provino de la Unión Soviética, cosa que modificó el equilibrio interno de poder. Los políticos republicanos, que temían ser engañados por los soviéticos, habrían agradecido la independencia política que les hubieran dado las entregas de armas occidentales; pero éstas no llegaron, y fracasaron los esfuerzos republicanos por acabar con la no intervención, pese a subrayar la afinidad ideológica y los derechos legales del gobierno republicano, así como el peligro de un triunfo de la España apoyada por Mussolini y Hitler para los intereses estratégicos franceses y británicos en el Mediterráneo. Por último, Munich y el acuerdo anglo-italiano «destruyeron sin remedio», en palabras de Negrín, las esperanzas diplomáticas de la República; los desertores decían a los nacionalistas que Munich significaba el fin de la guerra.

La política española de las potencias del Eje, pese a que fue confusa en su ejecución debido al funcionamiento de organismos semiprivados, no tuvo nada de la indecisión de la francesa y la inglesa, ni acabó en una inhibición como la soviética. Sus intenciones eran claras aun cuando tropezaban en la ejecución de las mismas. Ni Italia ni Alemania estaban obligadas oficialmente a ayudar a los nacionalistas, pero los dirigentes de ambos países comprendían que ello era útil para sus propios fines.⁵⁴ Ciano prometió aviones que llegaron a Marruecos a finales de julio de 1936.⁵⁵ Hitler y Goering, contra los deseos del ministerio de Asuntos Exteriores y del mando supremo del ejército, acordaron apoyar a los generales por medio de organismos especiales. Las primeras entregas de aviones italianos y alemanes desempeñaron, por lo tanto, un papel vital en el traslado a España del ejército de Franco.⁵⁶ Tanto Hitler como Mussolini, encontrados en esto sus pareceres con los de sus consejeros oficiales, hicieron sus cálculos sobre la base de un fácil triunfo nacionalista que, ayudado, les proporcionaría un aliado adquirido a bajo precio. Este cálculo demostró ser erróneo debido a la defensa de Madrid y a la prolongación de la guerra. Así, el reconocimiento de Franco, al poner públicamente el prestigio de las potencias del Eje al lado de la victoria nacionalista, les obligó a apoyar esta causa hasta su triunfo.

Alemania e Italia emplearon el engorroso aparato del Comité de No Intervención como un medio para facilitar una ayuda efectiva a sus amigos y para bloquear la de sus enemigos sin correr el riesgo de una guerra general; velaban por el cumplimiento de la no intervención cuando Franco estaba bien abastecido y, cuando no, la consideraban como algo «puramente platónico», jugando con el deseo francés y británico de evitar la guerra a toda costa.⁵⁷ Hacia noviembre de 1936 Alemania e Italia empezaron a pensar que Franco sería derrotado a menos que se le proporcionaran masivamente hombres y equipo. La iniciativa principal y el abastecimiento de tropas de combate se dejó a Italia, y el 17 de diciembre 3.000 camisas negras voluntarios, que se elevaron posteriormente a 40.000 hombres, salieron para España. Después de una victoria fácil en Málaga fueron derrotados de mala manera en Guadalajara (marzo de 1937); posteriormente se unieron con dificultad al ejército de Franco y las críticas y exigencias de control estratégico de los generales italianos suscitaron «ciertas animosidades subálveas hacia los extranjeros». El contingente italiano nunca fue el cuerpo de elite que había de llevar a la victoria de una sola acometida. En 1938 Franco estaba dispuesto a prescindir de la ayuda de las fuerzas terrestres italianas, aunque la contribución italiana a su fuerza aérea continuaba siendo indispensable puesto que la aviación nacionalista luchaba con aviones italianos. Mussolini, disgustado, declaró: «En España no hay hombres de verdad». La jugada de Ciano para ganar un aliado fácil resultó ser simplemente un despilfarro improductivo de los recursos italianos en armas y dinero, que había de dejarse sentir al entrar Italia en la guerra mundial.⁵⁸

Los alemanes no consideraron a España como terreno para conquistar laureles, y así evitaron los disparates psicológicos de los italianos. La intervención directa fue para ellos fundamentalmente un asunto italiano, e incluso la prolongación de la Guerra Civil tenía la ventaja de distraer la atención de Mussolini de los propósitos alemanes con respecto a Austria y de las ambiciones de Hitler frente a las potencias europeas. Al igual que Bismarck, Hitler se dio cuenta de las ventajas estratégicas y económicas de una alianza con España y para obtenerla procuró enviar equipo (material de comunicaciones de primera clase y cañones antiaéreos), tanques, instructores para infantería y carros de combate y, sobre todo, la mejor unidad aérea de España: la Legión Cóndor.⁵⁹ A cambio, Alemania esperaba obtener una gran parte de las materias primas españolas. Todo ello fue organizado por la firma Rowak-Hisma y controlado por la organización Auslands-Deutsch. Al principio, Bernhardt, un hombre de negocios germano-marroquí que conocía a los generales y que fue el primer agente de las operaciones comerciales, aparecía como una especie de rey mago para la España nacionalista. Sin embargo, Alemania, debido a la escasez de divisas, no podía permitirse el lujo de la filantropía, y en 1938 las relaciones eran bastante frías porque estaba claro que España iba a ser una economía colonial subsidiaria al servicio de los intereses del plan cuatrienal de Goering. La administración franquista se opuso a los planes de Goering de monopolizar el mineral de hierro y éste habló de tener a Franco encañonado, en tanto que las dilaciones españolas en entrar en el pacto anti-Comintern dejaron «mal sabor». Las relaciones sólo se hicieron fáciles con la victoria en Cataluña. Notable fue la continua y elástica defensa de la independencia española por parte de España, continuada para ira de Hitler tras de 1939. Finalmente Alemania obtuvo bien poco de sus esfuerzos: los pilotos con experiencia en la guerra se pagaron con graves pérdidas. Seguramente la principal ventaja fue indirecta: la firme unión en el Eje de las dos potencias interventoras.⁶⁰ Es cierto que la España de Franco fue una gran desilusión para Hitler, el cual profetizó que falangistas y rojos harían causa común «para liberarse a sí mismos de la basura monárquico-clerical que les cubría hasta el cuello».⁶¹

Si la Unión Soviética no hubiera ayudado a la República en otoño de 1936 los nacionalistas podrían haber ganado la guerra en pocos meses. Los suministros soviéticos, de aviones y tanques especialmente, fueron vitales. Los agentes rusos organizaban la compra de armas ligeras. Los consejeros soviéticos y las Brigadas Internacionales de la Comintern contribuyeron a salvar Madrid; pusieron un nuevo ejército en pie y desempeñaron un papel importante en las batallas del Jarama y de Guadalajara en la primavera de 1937.⁶² Así, fue desastroso que los suministros soviéticos empezaran a fallar en 1938. Con la cautela de Stalin, el bloqueo del Mediterráneo y finalmente el cierre por Bonnet de la frontera francesa, los ejércitos republicanos estaban mal abastecidos sobre todo en la ofensiva final en Cataluña. Es erróneo hablar en términos de la cantidad de suministros: hubo épocas (por ejemplo, en noviembre y diciembre de 1936) en que la ayuda soviética fue cuantitativamente más importante que la del Eje a Franco. A la larga un factor muy importante para el desenlace de la guerra fue la continuidad de la ayuda alemana e italiana y la regularidad con que los suministros del Eje ponían fin a toda crisis de los ejércitos de Franco.

El territorio republicano tenía una ventaja inicial para el esfuerzo bélico: la industria del Norte (hasta 1937) y la de Cataluña. Este potencial estaba mal organizado; la defensa de la autonomía local en las provincias vascas y en Cataluña y las colectivizaciones de la C. N. T.F. A. I. dificultaron la creación de una economía planificada y frenaron la industria de guerra. La economía de guerra nacionalista heredó los defectos de las improvisaciones locales de los primeros meses: así, Queipo de Llano, como Soult en la Guerra de la Independencia, creó un feudo semiindependiente basado en los productos agrícolas andaluces. Pero en conjunto la economía de guerra nacionalista debe considerarse un éxito; a finales de 1936 había resuelto sus problemas monetarios y conseguía financiar la guerra sin excesivos impuestos. Los nacionalistas evitaron el racionamiento y, por medio de un rígido control de los precios, la inflación de la zona republicana.⁶³ El territorio nacionalista comprendía zonas productoras de alimentos importantes y relativamente poco pobladas, y el racionamiento no urgió hasta que fueron ocupadas las regiones casi muertas de hambre de la República. El conocimiento de que las condiciones de vida eran más fáciles en la España nacionalista sometió a prueba la lealtad republicana, sometida a un régimen de colas en tiendas y mercados y de racionamiento estricto. Bilbao estaba hambrienta y el cansancio bélico de Madrid en 1938 fue en parte consecuencia de una dieta prolongada de lentejas —«las píldoras del doctor Negrín»—. Al final los suministros de todo género fueron el factor decisivo: los nacionalistas recibieron desde el primer momento petróleo a crédito, sin lo cual sus ejércitos no hubieran podido moverse, y en los meses siguientes llegó ayuda militar de Alemania e Italia de la que se podía disponer sin tener que efectuar el pago inmediatamente.

Ambos bandos fueron ayudados por sus aliados extranjeros para el adiestramiento de sus ejércitos, pero en último término los problemas de organización tenían que ser resueltos en España, y en esta tarea los nacionalistas gozaron desde el principio de una ventaja relativa que aumentaron con el curso de la guerra.

En el lado republicano el problema consistía en sustituir el embarazoso legado del entusiasmo popular, la organización miliciana, por un ejército adiestrado y disciplinado. Inicialmente, las fuerzas improvisadas de las organizaciones obreras, capitaneadas por quienes podían hacerse con armas y camiones e imponer la disciplina por la fuerza de su personalidad y por su lealtad al partido, las columnas de micilianos, eran de calidad diversa: en el combate las columnas mal armadas se estrellaban ante tropas adiestradas y eran presa, al ser bombardeadas o sometidas a tiro de mortero, de pánicos colectivos incontrolables. Con semejantes fuerzas los primeros desastres fueron inevitables: en el camino hacia Madrid fueron abandonadas posiciones bien preparadas, y las columnas destruidas en campo abierto. «Los milicianos —escribió un observador en 1937— ignoran que una posición no debe abandonarse nunca sin órdenes expresas del mando... Si esto no cambio, no hay duda de que los rebeldes ganarán la guerra.» Los milicianos resultaron aún menos capaces de realizar operaciones ofensivas: en Aragón una serie de ineficaces ofensivas, dignas de aficionados, llevadas a cabo por los milicianos de la C. N. T. y del P. O. U. M., no consiguieron romper un frente muy débil, en tanto que, a pesar de la publicidad que rodeó al combate, los milicianos de Toledo no lograron tomar una fortaleza que casi había sido derruida.⁶⁴

Estas catástrofes iniciales, escondidas al público por las informaciones de prensa acerca de la inminente captura de Oviedo o Zaragoza, eran la desesperación de los militares de profesión leales a la República. La naturaleza política y la consiguiente rivalidad destructiva de las columnas de milicianos hacían imposible distribuir las escasas disponibilidades de transporte y armas donde eran más necesarias, o enviar a las propias columnas de milicianos a donde pudieran ser más efectivas en base a consideraciones puramente militares. Un oficial como Mangada, que tenía a su favor más cierta popularidad que una competencia profesional reconocida, respaldado por la U.G.T. y el Comité de la Estación del Norte, podía conseguir por la fuerza, y retener, las armas que deseaba. Los militares profesionales eran vistos con desconfianza como «leales geográficamente» sin ninguna fe en la mística revolucionaria del pueblo en armas. De ahí la resistencia a la disciplina más elemental y a la adopción de principios «válidos en todos los tiempos y en todos los ejércitos», tales como el uso de uniformes distintivos por parte de los oficiales.⁶⁵ En estas condiciones la importancia que concedieron los comunistas a la disciplina, el ejemplo de las Brigadas Internacionales y los consejos de los técnicos soviéticos fueron de gran importancia.⁶⁶

Hasta septiembre no fue posible convencer a Largo Caballero de que debía abandonarse el sistema de milicias y sólo a partir de los meses siguientes se emprendió la organización de un ejército popular de brigadas mixtas. La caída de Málaga (febrero de 1937) demostró, por una parte, que los milicianos no podían ser dirigidos por oficiales sin fe en un ejército popular, y por otra, que las conexiones políticas de las columnas de milicianos hacían imposible la primacía de las consideraciones militares. En la fases finales de la campaña vasca los oficiales de carrera no hicieron ningún intento por comprender la psicología de los milicianos, y por lo tanto no lograron imponer la disciplina. En cambio, y hasta un punto sorprendente, cuando el nuevo ejército fue organizado por militares profesionales dotados de imaginación y simpatía, supo aliar la disciplina militar con el entusiasmo político. Sin embargo, y hasta el final de la guerra, los republicanos nunca pudieron acabar con la independencia de los diversos frentes que se ha bían formado en los primeros meses, especialmente cuando se basaban, como ocurría en el País Vasco y en Cataluña, en gobiernos regionales independientes. El general Rojo diría luego que «el mando único» de los comunistas se consiguió más sobre el papel que sobre el terreno.

Las dificultades de Franco y sus generales, si bien nunca fueron tan terribles como las del estado mayor republicano, quedan oscurecidas a menudo por la suposición de que «el ejército» era una unidad organizada que comprendía a todos los nacionalistas: «Aparte de las tropas de Marruecos —escribía el embajador alemán— Franco no dispone de una sola unidad militar utilizable, sino sólo de los restos de un ejército».⁶⁷ El ejército de Mola en el Norte era un conjunto heterogéneo de tropas regulares y milicias carlistas; mal abastecido, fue relativamente fácil contenerlo en las sierras del norte de Madrid. De este modo, el factor decisivo fue el ejército marroquí. Bien disciplinado y equipado, sus oficiales, formados en el norte de África, se sentían como en su casa en el difícil terreno montañoso en que se desarrollaron muchas acciones. Sin él los nacionalistas hubieran perdido la Guerra Civil. El problema de los nacionalistas consistía en constituir y adiestrar un ejército tras la pantalla de este cuerpo de elite. Ayudados por técnicos alemanes, lograron integrar las milicias falangistas y carlistas en el ejército regular y crear un nuevo cuerpo de oficiales. En 1938 las academias militares nacionalistas proporcionaban oficiales al ritmo de mil al mes para un ejército de unos 500.000 hombres. El general Kindelán, con abundantes suministros italianos, creó una fuerza aérea eficaz que, junto con la Legión Cóndor, barrió del cielo a los republicanos en 1938. El resultado final de la batalla del Ebro lo decidió la aplastante superioridad aérea nacionalista.

Sobre este fondo podemos seguir brevemente el curso de la guerra. Hasta el final, y según patrones europeos, fue una guerra de menor cuantía con indicios significativos, aunque en pequeña escala, de lo que iba a ocurrir: empleo de carros de combate en el ataque, bombardeos en picado y bombardeos aéreos incluso de la población civil. Ninguno de los dos bandos consiguió movilizar totalmente sus recursos: en la zona republicana hubo desempleo, y en la España nacionalista no existió una fuerte presión fiscal. En términos materiales la guerra siguió siendo «una guerra de pobres» hasta el final.⁶⁸

El objetivo inicial de Franco era finalizar la guerra mediante la conquista de Madrid: su instrumento era el ejército de Marruecos, trasladado a España en aviones alemanes e italianos,⁶⁹ dado que la marina había permanecido leal a la República y estaba mandada entonces por comités de marinos, después de que los oficiales hubieran sido ejecutados por «sospechosos». El ejército marroquí penetró a través de las columnas de milicianos sin lucha seria, aunque su avance sobre Madrid se frenó al desviarse para socorrer al Alcázar de Toledo, decisión que daba primacía a un gesto simbólico por encima de las consideraciones militares. La capital se salvó por un día: si Varela hubiera atacado el 6 de noviembre, no habría sido posible contenerle. El retraso permitió a Miaja y a su jefe de estado mayor, Rojo, improvisar una brillante defensa, la epopeya central de la guerra.⁷⁰ Una vez fijado el frente republicano y reforzada esa línea por las Brigadas Internacionales, Varela se vio obligado a combatir en los suburbios y en las aulas y laboratorios de la Ciudad Universitaria sin tropas suficientes para intentar una operación por el flanco. En el Norte, la ofensiva de Mola tuvo que hacer un alto tras la caída de Irún (4 de septiembre) y de San Sebastián (13 de septiembre). En diciembre los nacionalistas no tenían en su haber ninguna victoria importante; los consejeros alemanes e italianos creían que solamente podía salvarse la situación mediante grandes suministros de armas.

Los nacionalistas trataron por dos veces de poner fin a la resistencia de Madrid mediante ataques por el flanco. La ofensiva del Jarama fue una batalla confusa, costosa para ambas partes, en la que lo mejor de las Brigadas Internacionales fue destruido en contraataques locales que nada justificaba.⁷¹ Su gran éxito fue la contención del avance italiano sobre Madrid en la batalla de Guadalajara: el 10 de marzo de 1931 las Brigadas estabilizaron el frente y dos días después contraatacaron, sembrando el caos en las divisiones motorizadas italianas inmovilizadas por el barro en una única carretera y sin protección aérea contra los bombardeos. Los ejércitos republicanos se comportaron por vez primera como una máquina militar, capaz de maniobrar.⁷² Este éxito puso de relieve el fracaso anterior del sistema de milicias en Málaga (8 de febrero de 1937): las más elementales defensas antitanque habrían contenido el ataque antes de que los milicianos se desbandaran.

Aunque Franco no llegó a desechar la idea de acabar la guerra mediante un combate decisivo por Madrid hasta la batalla de Teruel, las luchas del invierno y la primavera de 1936-1937 le obligaron a adoptar la estrategia del desgaste: la conquista gradual del territorio republicano y el quebrantamiento de la capacidad de resistencia de un ejército mal abastecido por parte de un ejército mejor abastecido. En esta guerra de desgaste en opinión de los expertos alemanes e italianos Franco aparecía como un jefe lento y anticuado, sin noción alguna acerca del empleo de tanques y aviones.⁷³ Esta lentitud, aunque a veces era resultado de un error estratégico, partía de la creencia de que se debían destruir los ejércitos republicanos sin destruir los futuros recursos de la España nacionalista. Convencido de la victoria final, Franco se negó a hablar de una paz negociada y de una «España rosada» que sus consejeros extranjeros menos optimistas consideraban como la solución posible de un «equilibrio de fuerzas» producido, según ellos, por una jefatura militar falta de imaginación.⁷⁴ Así, la victoria final en Cataluña sorprendió a los expertos militares alemanes e italianos.

El estado mayor republicano procuró conjurar una lenta derrota mediante una serie de ofensivas por sorpresa encaminadas a aliviar la presión del desgaste en otros lugares. Las ofensivas de Brunete y Belchite (verano de 1937) tenían como finalidad evitar el colapso del frente del Norte; la de Teruel (invierno de 1937-1938), aliviar la presión sobre Madrid; y la ofensiva del Ebro, alejar a Franco de Valencia. Esa estrategia era posible por la existencia de un frente disperso de 2.000 kilómetros. Si se conseguía la sorpresa siempre era posible romper un frente muy débil. Y dada la precariedad de su ejército, el mando republicano consiguió éxitos verdaderamente asombrosos: rompió tres grandes movimientos contra Madrid y tomó por dos veces la iniciativa estratégica. Sin embargo, algunas dificultades resultaron insuperables: los mandos divisionarios se improvisaron, pero era difícil improvisar mandos de compañía con hombres a los que había que enseñar a leer y a comprender una orden.⁷⁵ Así, en cada ofensiva republicana las tropas de vanguardia perdían el contacto con el mando y su empuje se perdía. Todas las grandes ofensivas republicanas estuvieron bien planeadas y todas tenían planes ambiciosos para su explotación; todas lograron la sorpresa, pero fueron contenidas al cabo de pocos días, y las grandes batallas republicanas tomaron la forma de una defensa empecinada de los avances iniciales. Las ofensivas de Teruel y del Ebro fueron seguidas por períodos de debilidad que resultaron desastrosos, y abrieron posibilidades para un ejército capaz de explotar y sostener la ofensiva tras una ruptura del frente. El mando republicano nunca consiguió esto y al final de la guerra el general Matallana dijo a Negrín que, aunque el ejército «había aprendido algo acerca de las tácticas defensivas, era incapaz de retirarse o de contraatacar».⁷⁶

La campaña decisiva fue la conquista del Norte por los nacionalistas en 1937. La superioridad aérea total, mostrada a Europa por los bombardeos de Durango y Guernica, estaba del lado nacionalista.⁷⁷ Los ejércitos republicanos del Norte evidenciaron muchas de sus peores características tensiones entre oficiales profesionales y milicianos —posiciones fuertes abandonadas a la ligera, hundimiento repentino de unidades débiles que hacían inútil la resistencia de unidades heroicas—.⁷⁸ El «cinturón de hierro» de fortificaciones en torno a Bilbao resultó fácilmente vulnerable, en parte por la traición y en parte porque estaba mal construido. El gobierno poco podía hacer por ayudar al Norte mientras que, tras la caída de Bilbao, sin protección aérea ni alimentos, los vascos tenían escaso interés en continuar la lucha. Tres divisiones vascas desaparecieron del frente de Santander alegando que «con Euzkadi perdido no lucharían por quienes carecían de aviones». Las defensas de Santander «se disolvieron como un azucarillo en el agua». En octubre toda la costa Norte, con su potencial industrial intacto, estaba en manos de Franco. La corriente de la guerra fluía a su favor; podía disponer de 150 batallones para una batalla decisiva, y esa batalla pensaba librarla por Madrid.

La ofensiva de Teruel, en invierno de 1937, interrumpió la concentración sobre Madrid y modificó todo el eje de la guerra. Franco abandonó Madrid y se vio obligado a buscar la victoria en el Este. Que pudiera planearse una operación tan arriesgada como la de Teruel mostró que se habían conseguido notables progresos en la formación militar profesional desde los días en que las columnas de milicianos habían sido descalabradas en Talavera, en la carretera de Madrid. El general Rojo planeó dividir el saliente de Teruel (débilmente guarnecido y con la ciudad dominada por la artillería desde las alturas circundantes) mediante un ataque convergente de 40.000 hombres. Con los mejores tanques y cañones de la República la operación resultó un éxito total. La reacción de Franco fue lenta, y su estado mayor temía un ataque por el Norte del saliente —prueba evidente de que creía habérselas con un ejército capaz de maniobrar—, mientras que las pérdidas nacionalistas en los contraataques, realizados en condiciones meteorológicas espantosas, demostraron que un ataque frontal, sin mediar sorpresa, costaría demasiado caro.⁷⁹ El ataque se dirigió, entonces, contra el Norte del saliente, cuyo derrumbamiento fue uno de aquellos reveses repentinos que destruían el cuidadoso trabajo del estado mayor republicano.⁸⁰ Sometido a fuertes bombardeos en picado, el frente se rompió en tres días y Teruel se perdió.

Con todas sus fuerzas concentradas en torno a Teruel, Franco tomó una decisión estratégica que fue muy criticada. En vez de dirigirse contra Cataluña, donde hubiera encontrado muy poca resistencia seria y donde la guerra hubiera finalizado rápidamente, metió a sus ejércitos en un penoso avance por un territorio montañoso, mal conocido, en dirección hacia el mar y sobre Valencia.⁸¹ La campaña de Aragón fue una operación amplia, muy distinta de la guerra «africana» relativamente limitada del Norte, y que encontró a los ejércitos republicanos mal preparados y agotados después de Teruel. Una y otra vez los hundimientos repentinos e inexplicables dificultaban el trabajo del Estado Mayor y convertían la resistencia tenaz en derroche de vidas.⁸² También fue una campaña difícil para los nacionalistas, y las fricciones entre los mandos locales, y entre éstos y Franco no la facilitaron en absoluto. Aranda tuvo que detenerse ante un frente estrecho y bien preparado, y García Valiño llegó exhausto a la Sierra de Espadán.⁸³ Los alemanes siempre inclinados al pesimismo tratándose de operaciones de los españoles profetizaron una vez más una paz negociada.

En realidad, con la creciente escasez de los suministros soviéticos y el constante abastecimiento a los nacionalistas la balanza se inclinaba en contra de la República. En las últimas fases de la campaña de Aragón el as de la aviación nacionalista, García Morato, decía que no encontraba ningún avión «rojo» que derribar. Los últimos ataques de diversión, por sorpresa, intentados por la República, deben verse teniendo en cuenta esta creciente escasez. La batalla del Ebro fue un intento de contener el avance nacionalista sobre Valencia. Se desarrolló según el modelo conocido: la degeneración de un ataque brillantemente planeado, que consiguió una sorpresa total,⁸⁴ en una tenaz defensa de lo conquistado en cuatro días. Con una penetración máxima de 20 a 25 kilómetros quedaron abandonados los ambiciosos objetivos secundarios del general Rojo.⁸⁵ Los refuerzos nacionalistas, que llegaron lentamente, se dilapidaron al principio en ataques frontales que encontraron una resistencia furiosa e inesperada;⁸⁶ hasta octubre de 1938, con el mayor bombardeo aéreo y artillero de la guerra, no logró Franco dominar las alturas que le permitieron hacer retroceder a los republicanos hasta el Ebro. Franco se convirtió en el Haig de la Guerra Civil: sus repetidos ataques en un frente reducido sangraron al enemigo hasta matarle y destruyeron un material que no podía ser sustituido. El ejército republicano, desprovisto de artillería y de tanques, tenía en el aire su inferioridad más decisiva. Esta inferioridad permitió a Franco invertir la proporción de bajas entre atacantes y defensores. De este modo el resultado de la terrible batalla del Ebro fue el hundimiento del ejército de Cataluña. «Podríais hundir nuestro frente con bicicletas», decía Negrín.

Nunca fue tan desesperada como en estos últimos meses la necesidad de una dirección política y militar unificada. La unificación, que se había conseguido en el gobierno central —donde hubo amargas quejas de la dictadura de Negrín—, no se logró a nivel local. No solamente el equilibrio material, sino también el moral, se había vuelto en contra del gobierno. El gobierno del doctor Negrín parecía más sólido de lo que era. Los militares profesionales estaban irritados por el afán comunista de monopolizar los mandos, y el gobierno, obsesionado por el temor de un golpe militar. Las envidias políticas arruinaban la moral del ejército cuando la censura comunista no permitía que la prensa publicara las felicitaciones del jefe del estado mayor a los mandos de unidades no comunistas. Así, con palabras del general Rojo, con «un aparato estatal viciado en sus mismas raíces, con una moral baja en la retaguardia, con una falta de cooperación de las autoridades subordinadas tan manifiesta que los superiores la ocultaban para no incitar a la deserción, y con un ejército gastado y con escasos recursos materiales y pocas reservas», el estado mayor republicano trató de resistir el mayor ataque de la guerra, la ofensiva final contra Cataluña. El XII Cuerpo de Ejército fue presa del pánico tras un leve bombardeo, y todo el frente catalán se hundió, pues no había reservas para remediar la situación. Ningún despliegue de último recurso podía salvar a un ejército en que un batallón huía al cabo de diez disparos. El 26 de enero de 1939 los nacionalistas entraron en Barcelona y todos los intentos de organizar una resistencia ulterior en el este fracasaron en un ambiente de descalabro colectivo.⁸⁷

El desenlace final de la Guerra Civil constituyó una trágica ironía. Terminó, como había empezado, con el pronunciamiento de un militar. En sus propios resentimientos y ambiciones, el coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, el único todavía en pie de guerra, soportaba a disgusto el monopolio comunista de cinco de los ocho mandos operacionales, y estaba despechado por la interferencia soviética en su plana mayor. Cuando estuvo claro que los comunistas proyectaban destituirle, implantó en Madrid un comité de defensa compuesto por grupos anticomunistas de los socialistas reformistas de Besteiro y de la C. N. T. El comité rechazó la autoridad de Negrín, y con ella su intención declarada de resistir hasta el fin, que le parecía la forma más segura de obtener condiciones favorables. Madrid quería la paz y sobre este sentir común se levantaba la popularidad de Casado, que esperaba pactar él mismo con Franco y aparecer como el soldado de la paz, ambición que no se cumplió, como ninguno de los intentos de una paz negociada, debido a la insistencia de Franco en la rendición incondicional. El lenguaje de Casado revela la continuidad de la teoría política del ejército. Se rebeló para «restablecer la autoridad que el gobierno del doctor Negrín había perdido»; el gobierno era ilegal y «el poder legítimo de la República» residía en su ejército, su única defensa contra la bufonería de los políticos; «el cadáver putrefacto del gobierno» no había respetado el deseo de paz del pueblo. Como tantas veces en la historia de España, el ejército, por boca de su jefe, afirmaba encarnar «el movimiento del pueblo por liberarse de un gobierno odioso». Para coronar su semejanza con Franco, Casado pretendía salvar a España del comunismo. El resultado de su rebelión fueron seis días de Guerra Civil en la capital republicana entre los comunistas y las fuerzas leales al Comité de defensa. Cuando finalizó esa lucha, había desaparecido el último ejército republicano. La Guerra Civil había terminado.

CAPÍTULO XVII

FRANCO Y EL FRANQUISMO

1. El Caudillo

Hasta su muerte, en noviembre de 1975, el general Franco siguió siendo, como lo proclamaban sus monedas, «Caudillo de España por la Gracia de Dios» y responsable, según sus apologistas, sólo ante Dios y ante la Historia. Con los años, se fue apartando gradualmente de la intervención directa en la actividad política diaria, aunque en definitiva no se pudiera tomar ninguna decisión política importante sin la «luz verde de El Pardo» —el palacio de Franco, en las afueras de Madrid—. Hasta su deceso conservó, merced a lo que se dio en llamar la Constitución Franquista, el poder de designar y despedir ministros.

La iconografía cambió con el tiempo; el soldado austero se convirtió en el abuelo entre sus nietos; la realidad esencial del poder no se alteró. «Tiene todas las cartas en la mano», escribió un crítico en 1967; «no hace política, es la política».¹ A pesar de la edad y de la institucionalización de lo que en 1939 era una dictadura personal, la personalidad de Franco no dejó de ser un elemento decisivo.

¿Qué fue esta personalidad política? La imagen de la sociedad que tenía Franco siguió siendo la de un soldado profesional y patriota. Las tropas, cuando se las manda bien, obedecen; si no lo hacen, se las debe castigar por amotinamiento. Los súbditos, bien gobernados, obedecen; si no lo hacen, deben sufrir las consecuencias de su sedición. Sobre este sencillo modelo se injertó una visión de la historia española que rechazaba la herencia liberal del siglo XIX, por considerarla responsable del eclipse final de la grandeza de España. Era el egoísmo partidista de los políticos del liberalismo lo que había decidido la caída por hambre de un bravo ejército en Cuba y puesto a España de rodillas en 1898; eran los políticos facciosos quienes, en 1936, habían llevado a España a la anarquía y al borde de la toma del poder por los comunistas, lo cual sólo fue impedido por el Levantamiento de julio de 1936. El liberalismo debe, en las condiciones modernas, abrir las puertas al comunismo. Los partidos políticos de la «democracia inorgánica» habían destruido la unidad de España. Hasta el final de su vida no se permitió la entrada en el vocabulario político español de la palabra «partido».

Si bien Franco pretendía poseer los poderes del líder carismático weberiano que había «salvado» del caos a la sociedad con su victoria en la Guerra Civil, no tenía la personalidad de un Hitler ni de un Mussolini. La pomposa retórica se transmitía por medio de una voz chillona. Tampoco era, como Stalin, jefe de un partido monolítico. Era un manipulador de hombres desde una posición de poder. Aun cuando la legitimidad de la victoria se convirtiera en la legitimidad de la hazaña, Franco nunca permitió que las divisiones de la Guerra Civil se apartaran de la memoria de sus súbditos. Su visión siguió siendo maniquea: España y anti-España, vencedores y vencidos. Sólo los vencedores podían heredar el botín. Cuando se sugirió que los oficiales republicanos recibieran pensiones, Franco se opuso a un proyecto que pudiera poner en pie de igualdad al «glorioso ejército Nacional» con «la escoria del pueblo español».² Fue la persistencia de esta concepción maniquea, cuando la memoria de la Guerra Civil se había desvanecido de la mente de sus súbditos, lo que impidió toda política de reconciliación y toda evolución hacia la democracia. Ésta, como observó Laín Entralgo, sólo podía tener lugar a la muerte del dictador.³

Sus apologistas inventaron la doctrina del caudillismo para describir lo que se parecía menos a una moderna dictadura —mecanismos represivos aparte— que a la monarquía de Felipe II.⁴ Su corte, sombría y formal, revivió las galas de la realeza y la austeridad del Escorial; no fumaba, y la comida y la bebida le eran indiferentes. Encontraba en las cada vez más artificiales y organizadas ovaciones de la multitud, la misma convicción de legitimidad popular que había apoyado a Primo de Rivera. Hasta el fin, su intimidad se vio acechada por la paranoia de la Guerra Civil: la «España Mártir» estaba rodeada por «una conspiración secreta» de comunistas y masones. Todas las protestas interiores procedían de su colaboración con «traidores» de puertas adentro. Todas las protestas internacionales eran una resurrección de la Leyenda Negra, debida a los eternos enemigos de España. «Todo —dijo a los españoles en su última aparición en público, tras una oleada de protestas, incluida la del Vaticano, contra la ejecución de cinco terroristas— forma parte de una conspiración masónica izquierdista.»⁵ Tal vez fuese esta adhesión a la teoría de la conspiración lo que le hacía presa fácil de charlatanes seudocientíficos con historias acerca de enormes depósitos de oro o recetas para elaborar petróleo a partir del agua: sueños de riqueza dirigidos a consolar a una población hambrienta.⁶

Su impasibilidad política era inquebrantable. Salvo para sus íntimos, era una figura remota y fría. Podía despedir a un ministro de improviso, sin una palabra de agradecimiento; Serrano Suñer, su cuñado y ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido con las siguientes palabras: «En vista de las circunstancias voy a relevarte». «España —aseveró en una ocasión— es fácil de gobernar»; como para demostrarlo, se marchaba de Madrid para concurrir a largas cacerías, su único contacto regular con empresarios y políticos de fuera de su propio círculo.⁷

2. El sistema político

Si bien el sistema político franquista, visto desde el exterior, parecía ser monolítico, era, como muchos regímenes autoritarios, una estructura bizantina de clanes políticos —Amando de Miguel los llama «familias»— en competencia por el poder ministerial. Dentro del régimen, entre aquellos que aceptaban los títulos de Franco para gobernar —la legitimidad del 18 de julio de 1936—, había un pluralismo domesticado, limitado.⁸ La selección de ministros por Franco permitía a cada familia paladear el poder; no se permitía que ninguna creara una base independiente desde la cual desafiar el poder del manipulador-en-jefe. Esta química política dotó al sistema de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del clima internacional o a las exigencias de la política económica, con alteraciones mínimas en el personal gobernante.

Para entender el sistema debemos, por lo tanto, estudiar las familias que competían:⁹ el ejército; los grupos políticos que representaban a la Iglesia; el Movimiento de la Falange, los monárquicos franquistas; los tecnócratas y los funcionarios del Estado.

La lealtad de los oficiales de las fuerzas armadas era esencial para la supervivencia del régimen como «defensa del orden institucional». Aquellos que habían luchado en la Guerra Civil siguieron siendo los más consistentes portadores de la mística de la Cruzada. Hasta 1969 solía haber seis ministros militares en servicio, en gabinetes de aproximadamente dieciocho; los gobiernos subsiguientes fueron gradualmente puestos en manos de civiles. Además, las fuerzas armadas fueron reduciendo su participación en el presupuesto, hasta el punto en que, en 1970, llegó a ser la más baja de entre las grandes potencias occidentales. Franco dejó un ejército en el cual un soldado español costaba la décima parte de lo que costaba su par inglés. La paga y las perspectivas de promoción eran pobres en un cuerpo de oficiales abarrotado; con un 80 % del presupuesto militar destinado a las pagas, había poco espacio para modernos equipos y satisfacción de los profesionales de la guerra.¹⁰ Las fuerzas armadas constituían una opción profesional prestigiosa antes que regalada: sólo los más altos oficiales se veían favorecidos, al retirarse a posiciones desahogadas en puestos bien pagados en las empresas y los organismos gubernamentales.

En el siglo XIX, la insatisfacción por la escasez de la paga y las pocas perspectivas de promoción había generado el clásico «pronunciamiento». En los años setenta, un pequeño grupo de jóvenes oficiales organizó la Unión Militar Democrática (UMD): aspiraban a romper la alianza del ejército con el franquismo apoyándose en cuestiones como los bajos ingresos, la lentitud de la promoción y la «pérdida de respeto» en la sociedad civil.¹¹ Su influencia fue mínima. Franco había tenido dificultades en los primeros años con agitadores militares monárquicos, y no siempre sus viejos camaradas de armas le merecían confianza; eran sumariamente licenciados o conquistados mediante recursos sentimentales.¹² En su mayoría, ni los generales ni los altos oficiales necesitaban castigo ni halagos. Compartían la visión simplista de Franco respecto de la sociedad española. Las fuerzas armadas —incluyendo la Guardia Civil y la policía militarizada— seguían siendo esencialmente mantenedoras del orden público; su jurisdicción sobre los delitos políticos era reducida, pero aún bastaba para juzgar a los terroristas en la década de 1970.¹³ La pureza ideológica era cuidadosamente controlada por organismos de seguridad: ser suscriptor de un periódico de izquierdas significaba una corte marcial. Un cuerpo de oficiales en gran parte autorreclutado estaba herméticamente sellado en lo tocante a contactos con la oposición.¹⁴

En tales condiciones, pocos oficiales compartían la convicción de la UMD de que el único modo de salvar al ejército a los ojos del «pueblo» era el organizar el derrocamiento del franquismo. En los años setenta, cuando no había la más remota posibilidad de un «pronunciamiento» antifranquista, ni de una resurrección de las conspiraciones de salón de los años cuarenta, había, sin embargo, una clara división: los generales «inmovilistas» que consideraban su deber constitucional preservar el sistema franquista in toto, y aquellos que estaban dispuestos a aceptar el cambio político. Sin el apoyo de esos profesionales de mentalidad liberal, leales a la política de su nuevo comandante en jefe, el rey Juan Carlos, es difícil imaginar para España un camino pacífico hacia la democracia.

Para los observadores del régimen, además del ejército, la Falange apareció durante mucho tiempo como pilar fundamental del régimen. Con la derrota del Eje, el Estado español unipartidista, totalitario e imperial de los sueños falangistas, se desvaneció. Su radicalismo populista se marchitó en la atmósfera conservadora de la España de posguerra. El poeta Dionisio Ridruejo, el «Goebbels del partido» cuando Delegado de Propaganda (1939-1941), se retiró al desierto político en 1942.¹⁵ Arrese fue el arquitecto de la Falange franquista «domesticada»; pero como «camisa vieja», en 1956 hizo una tardía tentativa de revigorizar el movimiento.¹⁶ Sus planes fueron desbaratados por los clanes monárquicos. Ningún falangista logró hacerse con el ministerio clave, el de Finanzas, del cual dependía la puesta en marcha de su programa social, con el que confiaban en ganar la lealtad de las clases trabajadoras.¹⁷ Girón, el «viejo león» del falangismo, deploró la traición de la revolución falangista por las «fuerzas ocultas de una oligarquía antipatriótica, egoísta».

Con Solís, un andaluz exaltado pero pragmático, Delegado Nacional de Sindicatos desde 1951 y ministro entre 1957 y 1959, la Falange se redujo a una «organización» separada dentro del más amplio Movimiento; el Movimiento fue definido como una «comunión» de todos los españoles que aceptaban la legitimidad del 18 de julio, un movimiento cuyas estructuras iban pasando a manos de burócratas ambiciosos interesados fundamentalmente en el control de los Sindicatos Oficiales, que seguían siendo la base del poder del Movimiento. La pertenencia al Movimiento se convirtió en un pase oficial antes que en un signo de adhesión a una ideología (Fraga —comentaba Emilio Romero— era tan falangista como obispo de Constantinopla). Su función llegó a ser negativa. Una resurrección del falangismo era un arma útil contra las ambiciones de monárquicos o tecnócratas. Siempre se podía llamar a los entusiastas del Movimiento u organizar movilizaciones para demostrar el «apoyo de masas» con que cabía oponerse a toda desviación monárquica o liberal.¹⁸ Su Consejo Nacional era el perro guardián ideológico del régimen; pero aceptó la instauración de la monarquía. Sólo los jóvenes rabiosos del Movimiento protestaron contra lo que consideraron una traición a todo aquello por lo que el fundador, José Antonio, había luchado.

Los verdaderos vencedores de la Guerra Civil no fueron los entusiastas de la Falange que suspiraban por lo que se dio en llamar «la revolución pendiente», cuyos restos eran las políticas laboral y de vivienda de Girón y Arrese, sino los elementos conservadores representados por los monárquicos que apoyaban a Franco y los grupos representativos de la Iglesia católica. Ambos sectores estaban decididos a resistir al avance de la Falange.

No puede haber dudas de que el apoyo de una institución tradicional —la Iglesia— legitimaba mucho más plenamente la soberanía de Franco en los años de posguerra que la modernísima ideología y la repulsiva retórica de la Falange. Explicable en razón de las persecuciones de 1936, tal apoyo era, en los primeros años, entusiasta e incondicional.¹⁹ El rasgo más saliente de la España de posguerra fue lo que el poeta Carlos Barral llamó el retorno de los «curas» y la recatolización del sistema educacional. Los años cuarenta presenciaron las misiones peregrinas dirigidas a reconvertir a España a una severa rama del catolicismo tridentino. La década de 1940 fue la del blütezeit del llamado «Nacional-Catolicismo», moderna versión de la antigua alianza del trono y el altar.

No sólo la Iglesia era parte integrante del sistema político —obispos para los cuales Franco era homo missu a Deo se sentaban en las Cortes—, sino que dos de sus organizaciones estaban específicamente interesadas en penetrar e influir en él.

Se trataba de la ACNP y el Opus Dei. Si bien sus proyectos diferían, ambas estaban concebidas como organizaciones de elite dedicadas a la captación de «valores selectos», un objetivo claramente expresado en el libro de cabecera del Opus Dei, escrito por el fundador de esta sociedad de laicos, el padre Escrivá, con su curiosa mezcla de piedad tradicional y adhesión al credo americano del éxito ganado a través de la conquista de amigos y la influencia sobre la gente. El Opus, con sus estatutos y la jerarquía de sus miembros mantenidos en secreto, era una imagen especular católica de la francmasonería; la oposición se refería a la organización como «la Santa Mafia» y desagradaba profundamente a los falangistas.²⁰ Los propagandistas de la ACNP fueron importantes en los primeros años, cuando sus conexiones con el catolicismo internacional dieron lugar al primer triunfo diplomático del régimen, el Concordato de 1953; los hombres del Opus, tras un asalto a la Universidad, comenzaron a destacar en la vida política como los tecnócratas del desarrollo en la década de 1960.

Los primeros recelos de aquellos católicos interesados en la resurrección espiritual de su fe en oposición a la recuperación por la Iglesia de una preeminencia política que había perdido en el siglo XIX, las esperanzas de los liberal-católicos, puestas en una reconciliación, sufrieron una derrota temprana, en 1956.²¹ Los jóvenes sacerdotes dispuestos en los años sesenta a protestar contra la persecución de nacionalistas vascos y catalanes o a transformar las organizaciones de trabajadores católicos legalmente autorizadas (la HOAC y la JOC) en instrumentos de protesta mediante huelga, fueron censurados por la jerarquía y tildados de marxistas por sus colegas de más edad.²² Pero en 1970 el catolicismo de la Cruzada era propiedad de un número cada vez más reducido de viejos obispos.²³ Para entonces, la «Iglesia de la confrontación» podía contar con el apoyo de Roma y de una nueva generación de obispos, incómoda ante la herencia de un apoyo incondicional a un régimen incompatible con los principios del Concilio Vaticano II. Esta deserción era incomprensible para el Caudillo; él la atribuía a la penetración comunista entre los sacerdotes.

La integración de los monárquicos como los vencedores socialmente más imponentes —entre ellos se contaban prestigiosos generales, terratenientes y banqueros— fue un interés primordial, incluso obsesivo, de Franco durante veinte años. En 1947 declaró que España era una monarquía que le tenía como Regente vitalicio y a cargo de la selección e imposición del sucesor en la corona. Había quienes apoyaban las pretensiones de Don Juan, hijo de Alfonso XIII, como heredero legítimo, pero Don Juan resultaba inaceptable para Franco desde que, en 1945, propuso su propia restauración como monarca constitucional como alternativa a Franco. Sus partidarios en España tendían a participar en conspiraciones de menor importancia y, en consecuencia, vivían en el ostracismo político.²⁴

Los monárquicos profranquistas estaban dispuestos a aceptar la instauración, no la restauración, de la monarquía, como continuación del franquismo, cuando y en las condiciones que el Caudillo escogiera.

Los monárquicos alfonsinos seguían siendo socialmente poderosos y económicamente influyentes. Los carlistas se dividían en líneas similares entre transigentes y seguidores irreconciliables del verdadero rey. Recibieron una compensación mínima, en términos políticos, por sus sacrificios en la Guerra Civil. La principal función de los monárquicos consistía en resistir a la preponderancia política de la Falange. Para Pedro Sainz Rodríguez, un Estado totalitario, de partido único, era «la peor de todas las fórmulas políticas».²⁵ La enemistad de familia entre monárquicos y falangistas era del dominio público.

En sus últimos años, con cada vez mayor frecuencia, los miembros de los gobiernos eran reclutados entre dos familias relacionadas: tecnócratas vinculados con el Opus Dei, que trataban de combinar el autoritarismo, el catolicismo tradicional y una «economía moderna», y funcionarios civiles, los «número uno» de las «oposiciones» (los exámenes muy competitivos para el ingreso en el funcionariado, del cual formaba parte la universidad), administradores capaces y hábiles, que pasaban de la cátedra a los ministerios y organismos gubernamentales.

Ambos grupos eran modernizadores a su manera: el profesor López Rodó, del Opus Dei, fue el arquitecto de los Planes de Desarrollo de los años sesenta y de las reformas administrativas necesarias para llevarlos a la práctica. El profesor Fraga, que había pasado todas las oposiciones como número uno perpetuo, fue el autor de la Ley de Prensa de 1966, la cual, cualesquiera fuesen sus limitaciones, cambió el clima cultural de España. Esta elite gubernamental se convirtió en el corazón del franquismo. De los últimos 21 ministros de Franco, 19 eran funcionarios públicos, 18 de ellos profesores. La perspectiva de una carrera y la movilidad social abiertas a los miembros ambiciosos de las clases medias, desempeñó su papel en cuanto a garantizar su lealtad.

Franco siempre pudo contar con el apoyo de sus incondicionales, en su mayoría colegas: el almirante Suances en los primeros años, el general Alonso Vega como ministro del Interior en un período difícil, y, sobre todo, su alter ego político, el almirante Carrero Blanco. «Soy un hombre —confesaba el almirante— totalmente identificado con el general Franco... mi lealtad a su persona y a su obra es absoluta.» Compartía la obsesión de su amo respecto de la francmasonería y su aversión hacia la pornografía como símbolo de la enfermedad democrática. Siempre presente en la vida política desde su designación como Secretario de la Presidencia en 1941, fue, como apóstol del continuismo (la supervivencia del franquismo como estructura institucional), escogido por el viejo Caudillo como primer ministro (Presidente del Consejo) cuando, en 1973, Franco abandonó su doble supremacía como Jefe del Estado y Jefe del Gobierno. Franco había preferido la absoluta lealtad a su persona, a la eficiencia. Cada vez que las más absurdas medidas de Arias Salgado (ministro de Información, a cargo de la prensa, la radio y el cine entre 1951 y 1961) eran criticadas, Franco respondía: «Sí, pero me es fiel».

3. Constitucionalismo cosmético

Si el sistema dependía esencialmente de la rotación en los ministerios de las familias políticas, decidida desde arriba por lo que se llamó «el dedo de Franco», experiencia de química política en la cual el Caudillo descollaba, sus abogados y teóricos políticos trataban de revestir el poder personal con ropajes institucionales decentes, dotar al franquismo de una constitución que convertiría a España en un Rechstaat, un estado de derecho.²⁶

El proceso de constitución, realizado por la vía de las Leyes Orgánicas, fue largo, extendiéndose desde el Fuero del Trabajo de 1938 hasta la Ley de los Principios del Movimiento Nacional de 1958 y la Ley Orgánica de 1966.²⁷ El régimen se enorgullecía de este lento proceso de «autoperfeccionamiento». El freno era impuesto por la «prudencia» del Caudillo, que creía que la sociedad debía asentarse, tras la Guerra Civil, antes de que fuera posible darle una forma política.

El principio que informaba la constitución era el de «democracia orgánica», opuesto al de la «democracia inorgánica» basada en el sufragio universal, el sistema de partidos y la responsabilidad parlamentaria de los gobiernos. La «democracia orgánica», aseveraban sus apologistas, era una verdadera democracia, en que se veían representados los grandes intereses de la sociedad, antes que los intereses egoístas de los votantes individuales.²⁸ Las organizaciones que representaban dichos intereses sociales —los sindicatos, los ayuntamientos, las corporaciones profesionales— eran los «cauces» por los cuales la opinión llegaba al gobierno. En teoría, era el «contraste de pareceres» entre los «cauces» en las Cortes lo que proporcionaba al gobierno el mecanismo para medir y evaluar la opinión. En la Ley de los Principios del Movimiento (17 de mayo de 1958), España se definía como una monarquía tradicional, católica social y representativa.

Las Cortes, instauradas en 1942, se entendían como satisfacción de este principio de representatividad. Seguían siendo un cuerpo de consejeros. Con la mayoría de sus miembros elegidos indirectamente o designados, no eran representativas de la opinión en su conjunto, ni siquiera después de la admisión de los representantes familiares elegidos por sufragio, ni tenían control efectivo alguno sobre el gobierno, que no podía ser removido mediante su voto, y que se encontraba sólidamente representado en la cámara, tanto directa como indirectamente: cerca de la mitad de los miembros de las Cortes pertenecían a la propia administración. Sus debates eran anodinos; si bien algunos constitucionalistas, mediante el ejercicio de lo que se llamó «derecho constitucional anticipatorio», aseguraban creer que el sistema podía ser liberalizado desde dentro, las Cortes nunca fueron un verdadero centro de poder, sino que conservaron su condición de caja de resonancia, antes que de formulador o crítico de las medidas de gobierno.²⁹

Otros dos cuerpos completaban la estructura: el Consejo del Reino, compuesto por los dignatarios del régimen, tenía una importante función: la selección de la «terna», la lista de tres personas de entre las cuales el Jefe del Estado debía elegir al presidente del Consejo de Ministros. No se trataba de una verdadera limitación de los poderes de Franco, si bien en 1973 se atuvo a los procedimientos constitucionales. El Consejo Nacional del Movimiento era un sustituto de la segunda cámara: tenía por misión el «perfeccionar» la institución política de España dentro del «espíritu del Movimiento».

El principio que informaba la «constitución» era el de «unidad de poder». El locus de tal poder era el Consejo de Ministros, designado y presidido personalmente por Franco. Es una de las paradojas del franquismo el que gobiernos compuestos por clanes en competencia fueran débiles debido a una frecuente falta de homogeneidad y de un programa común: los falangistas de viejo estilo, por ejemplo, se enfrentaban a los monárquicos en una lucha por la influencia. Cuando tales luchas se hacían insoportables, Franco despedía a los responsables por medio de su famoso «juicio de Salomón», como en 1942, 1956 y 1969.³⁰ Sin partidos que les apoyaran ni vínculos con la opinión pública, los ministros dependían de sus funcionarios civiles: de allí las habituales transferencias del funcionariado a los ministerios políticos. Como López Rodó iba a descubrir, no había coordinación administrativa en el área vital de la planificación económica: como profesor de derecho administrativo, organizó un cuerpo coordinador así en la década de 1960; pero nunca logró superar por entero las incoherencias derivadas de los choques de poderes entre ministros individuales ni las protestas por las asignaciones presupuestarias que hacían del Ministerio de Finanzas la figura clave.

Los mecanismos a disposición de los ciudadanos particulares para cuestionar el poder del gobierno, donde existían, eran imperfectos: el procedimiento de contra fuero, por el cual se podían discutir las decisiones políticas, estaba en gran parte controlado por el propio gobierno. El Fuero de los españoles, concebido en 1945 como una carta de derechos para dar una apariencia respetable a los aliados victoriosos, no proporcionaba ninguna salvaguardia legal: podía ser suspendido. «Todos los españoles pueden expresar libremente sus opiniones —rezaba el artículo 12—, en tanto no ataquen los principios fundamentales del Estado.» La definición de tal ataque quedaba a cargo de las jurisdicciones especiales: los tribunales militares y el Tribunal de Orden Público. La especulación acerca de si los principios del Movimiento eran inmutables o adaptables a las nuevas circunstancias constituía el inofensivo pasatiempo de los abogados constitucionalistas; fue un espejismo la idea de que mediante el ejercicio de lo que se llamó «derecho constitucional anticipatorio» se podría liberalizar el régimen desde dentro y convertir las Cortes en un verdadero centro de poder.³¹ La elección de representantes familiares intentaba lograr esto; tras un breve período de aparente independencia, el nuevo miembro fue descrito por el monárquico ABC como «calvo y rechoncho, con gafas de carey y un bigotillo, ensayando su discurso en las Cortes mediante la repetición de “Sí... Estoy de acuerdo... Tiene usted toda la razón”».

No se trataba únicamente de que el español corriente no disfrutase del derecho a votar; las libertades democráticas básicas, de expresión y asociación, le eran negadas. Las reuniones públicas eran severamente controladas por el Ministerio del Interior y su agente local, el Gobernador Civil. La censura siguió siendo uno de los rasgos característicos del régimen hasta 1966, y después los ataques al gobierno o a los principios del Movimiento acarreaban multas y encarcelamientos.

En esas condiciones, las posibilidades de una oposición pública siguieron siendo nulas. Se trataba en parte de una función de represión policial; pero los regímenes autoritarios, tras una represión física violenta y la eliminación de la oposición, como ocurrió en España con las ejecuciones y las largas condenas a prisión de principios de los años cuarenta, tienden a valerse de métodos menos drásticos, en lo que suele llamarse persecución administrativa —desde los obstáculos a una carrera hasta la dificultad de expedición de un pasaporte— procedimientos cuya eficacia difícilmente pueda comprender quien nunca ha vivido bajo regímenes arbitrarios. El control de los medios de comunicación —prensa, radio y TV— permitía a los gobiernos ahogar las críticas de la oposición o presentar sus actividades como traición a la patria: así, la reunión que la oposición realizó en Munich en 1962 para protestar contra la admisión de una dictadura en la Comunidad Europea de democracias³² fue presentada como un contubernio, el «sucio complot» de españoles antipatrióticos y «sin fe».

Las instituciones de la democracia orgánica tendían a reemplazar definitivamente las del liberalismo parlamentario. La batalla de Franco era contra las creaciones políticas del liberalismo del siglo XIX: el sistema de partidos y el gobierno responsable. Respetaba sus logros administrativos. Los liberales habían visto en la centralización uniforme un arma para acabar con el conservadurismo regional.³³ El rígido centralismo formaba parte de la Cruzada Nacional contra el separatismo, en nombre de España Una y Grande y la «unidad de poder». Este propósito dogmático de unidad buscaba destruir los sentimientos regional-nacionalistas, pero no lo logró. Finalmente, la represión se mostró ineficaz: intensificó los movimientos nacionalistas y amplió su base de apoyo. En 1970, la resurrección del nacionalismo periférico constituyó una seria amenaza para una dictadura centralista.

La otra creación del liberalismo del siglo XIX era un funcionariado basado en el modelo francés. La imitación era imperfecta, agrietada por el partidismo político en los cargos, la inestabilidad en los puestos y la presencia en la administración de poderosas corporaciones privilegiadas (cuerpos), que se resistían a la estandarización de promoción y remuneración. En los primeros años esos vicios persistieron: los nacionalistas entusiastas se consideraban dotados de un derecho prescriptivo al cargo, como los vencedores de cualquier pronunciamiento del siglo XIX. En 1970, sin embargo, esos pasajeros se iban desvaneciendo. Los burócratas que llegaron a constituir el corazón del gobierno de la elite franquista eran jóvenes tecnócratas eficientes, bien entrenados en modernos métodos de administración y conocedores de la economía poskeynesiana.³⁴ Eran ellos quienes elaboraban y ejecutaban políticas sin la molesta interferencia de representantes electos del pueblo español. En lo que se había llamado «Estado sin partidos», los intereses no estaban representados por una opinión organizada en plataformas partidarias, sino por la persona de ministros representativos de las familias del régimen. Sometidos al «dedo de Franco», los ministros eran, como declaró uno de ellos, «reyes» en su propio ministerio, pero «sacristanes» en relación con el Caudillo.

CAPÍTULO XVIII

LA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS

1. Política exterior, 1939-1953: del ostracismo a la aceptación

Sólo cinco meses después de la entrada victoriosa de Franco en Madrid, al finalizar la Guerra Civil, los aliados de la España Nacional entraron en guerra con Francia e Inglaterra en Europa. Así, la guerra mundial de 1939 parecía ser una prolongación de la lucha entre democracia y fascismo que había comenzado en la propia España. Durante los primeros tres años de la guerra, el totalitarismo fue en ascenso, y todo hizo pensar que la amalgama de Franco, de conservadurismo católico reaccionario y falangismo, encontraría un lugar en el Nuevo Orden Europeo de Hitler. En 1945, España estaba rodeada por las democracias victoriosas.

Franco estaba obligado a adecuar su política —tanto interior como exterior— a esos dramáticos cambios en el equilibrio de fuerzas europeo. Hasta 1943 su «prudencia» —una cualidad que sus apologistas alabaron como el supremo don de su condición de estadista providencial— estuvo en conflicto con sus convicciones y le impidió entrar en la contienda del lado de la Alemania de Hitler. Incapaz de adaptarse a la victoria de los Aliados, se abría la posibilidad de que los vencedores dieran apoyo activo a la oposición para acabar con un dictador «fascista». Se vio más tarde que esta era una de las grandes ilusiones de los resultados de la guerra.

Durante la guerra, la política oficial, reflejada en una prensa controlada que alababa cada victoria alemana y ocultaba, en la medida de lo posible, todas las derrotas, apoyaba abiertamente a los aliados de la Guerra Civil y profetizaba insistentemente la derrota de las democracias degeneradas a manos de un Nuevo Orden totalitario. El apoyo de Franco a Hitler fue callado en los primeros tiempos por su anticomunismo, que no podía aceptar la colaboración alemana con la Unión Soviética en el desmembramiento de la católica Polonia y en el ataque a Finlandia. Por lo tanto, Franco intentó mediar para poner fin a una guerra que, según confesión de Serrano Súñer, había estallado «en el momento en que menos nos convenía». Con el ataque alemán a Rusia en junio de 1941, las dificultades planteadas por el pacto nazi-soviético se desvanecieron.

Si bien las simpatías del régimen con el Eje nunca estuvieron en duda, España no intervino en la guerra en el Oeste. Los partidarios de Franco contribuyeron a aumentar su prudencia y fortalecieron su resistencia a lo que Ricardo de la Cierva llama «la gran tentación»: el apoyo militar de un Hitler victorioso. Desde un comienzo, Franco aclaró que «la política exterior española será determinada por los intereses españoles».¹ Esos intereses nunca indicaron la intervención: Hitler nunca estuvo dispuesto a pagar un precio lo bastante alto como para justificar los riesgos del aventurerismo militar para un país exhausto por su propia Guerra Civil. Frente a la penosa tarea de la reconstrucción de posguerra, sumada a la necesidad de alimentar a una población semihambrienta, las importaciones de alimentos esenciales y de petróleo dependían de la benevolencia de los Estados Unidos y los «navicerts» respaldados por los británicos. Franco no flaqueó en su convicción de que el Eje triunfaría hasta principios de 1944, y nunca ocultó sus simpatías; pero aclaró al embajador británico, sir Samuel Hoare, enfurecido por la propaganda progermana y los ataques a su embajada, que simpatía no era sinónimo de acción. En el mismo sentido, Churchill se opuso sistemáticamente a cualquier sanción que pudiera echar a Franco en los brazos de Hitler.

La caída de París fue aclamada en la prensa como «un golpe mortal a la democracia». El 13 de junio de 1940, España abandonó la neutralidad en favor de la no beligerancia. Ello le permitía colaborar con Alemania —por ejemplo, mediante el uso de los servicios de propaganda del régimen en América Latina y el aprovisionamiento de los submarinos alemanes—. El 14 de junio, Franco ofreció entrar en la guerra, del lado alemán, tras un período de preparación —consecuentemente, se negó a comprometerse en una fecha exacta—, a cambio de amplias concesiones, a expensas de Francia, en el Norte de África. Hitler no estaba dispuesto a deshacerse de Francia para ganar España; su interés por España sólo revivió tras el fracaso de su intento de invasión de Gran Bretaña. La Operación Félix hizo concebir la idea de separar a Gran Bretaña del Mediterráneo mediante la conquista de Gibraltar, operación que hacía esencial la cooperación española. Para Franco, los riesgos del caso eran inconcebibles sin promesas alemanas de provisión adecuada de alimentos, de rearme del ejército español y de una posición imperial importante en el Norte de África. El 15 de octubre, Serrano Súñer, cuyas declaraciones de simpatía por el Eje eran motivo de constante irritación para sir Samuel Hoare, sucedió al cauteloso Beigbeder como ministro de Relaciones Exteriores; pero el objetivo diplomático de Serrano Súñer consistía en evitar compromisos precisos y los peligros de una invasión alemana. En la famosa entrevista de Hitler con Franco, el 23 de octubre, en la estación ferroviaria de Hendaya —entrevista que Hitler comparó con una visita al dentista— la actitud de Franco fue cautelosa respecto de una posible fecha de intervención y sus plazos se dilataron.²

Nada surgió de la Operación Félix, a pesar de las constantes presiones alemanas. En febrero de 1941, en una entrevista con Mussolini, Franco reafirmó su fe en el triunfo del Eje; pero también repitió su fábula dilatoria acerca de un país empobrecido y agotado y expuso sus antiguas condiciones: trigo, petróleo, un imperio en el Norte de África.³ Los «charlatanes latinos», como Hitler llamaba a los españoles, a pesar de sus adulaciones al Führer, habían resistido sus presiones justamente en el momento en que el compromiso con su causa hubiese sido de mayor valor.

El ataque alemán a la Unión Soviética posibilitó a Franco el presentar su idea de dos guerras separadas: la guerra en el Oeste, en la cual los intereses españoles indicaban la no beligerancia, y la guerra del Este, la intervención en la cual resultaba un imperativo ideológico. «Rusia tiene la culpa de nuestra Guerra Civil», declaró Serrano Súñer en los balcones de la sede central del Movimiento. «El exterminio de Rusia es una demanda de la historia.» En julio de 1941, la División Azul, con 18.694 hombres, en su mayoría voluntarios falangistas, entre ellos el poeta Dionisio Ridruejo, desilusionado por el conservadurismo del régimen, partió hacia el frente ruso. Recrudeció el espíritu marcial. En febrero de 1942, Franco prometió que «un millón de españoles» abrirían el camino desde Berlín hacia Rusia. Gran Bretaña no podía aceptar la concepción de Franco de las dos guerras, en una de las cuales la División Azul no ayudaba al esfuerzo de guerra alemán contra los aliados de Inglaterra, sino que continuaba la Cruzada de la Guerra Civil contra el comunismo.⁴

Con la entrada de los Estados Unidos en la guerra (diciembre de 1941), la invasión aliada del Norte de África (noviembre de 1942) y la caída de Stalingrado (febrero de 1943), la marcha de la guerra comenzó a volverse en contra del Eje. La posibilidad de una derrota no fue oficialmente reconocida: la guerra había llegado a un punto muerto. Franco revivió, sin éxito, sus antiguos planes de mediación. Cuando fracasaron, al ser rechazados tanto por los alemanes como por los aliados, los días de no beligerancia en favor del Eje estuvieron contados. Aun cuando Franco encontrara difícil abandonar su fe en una victoria alemana, el problema que ahora se planteaba era el de la readaptación de la diplomacia española a una victoria aliada, que podía ser utilizada por los enemigos interiores de Franco para reemplazarle a él y a su régimen por una monarquía constitucional o una república respaldada por las potencias antifascistas.⁵ Había navegado entre dos aguas, entre los acuerdos en privado con los aliados y el apoyo público al Eje; ahora debía variar el rumbo.

El 17 de noviembre de 1943, la División Azul se retiró, dejando 4.000 muertos en Rusia. A comienzos de 1944, el embajador de los Estados Unidos, Carleton Hayes, consideró que España había entrado en un período de benevolente neutralidad.⁶ Sólo la provisión de tungsteno a Alemania persistía como residuo visible de las simpatías del régimen por el Eje. La presión norteamericana terminó con ella en mayo de 1944. Hitler, exasperado con Franco en 1942, declaró que España se había vendido a los aliados a cambio de comida; Franco vendía ahora la neutralidad española a cambio de petróleo. Si bien se trata de un indicador de su coherencia y equilibrio el que siguiera proveyendo a Alemania de tungsteno en secreto.⁷

Mientras la prensa española aún se afanaba por ocultar la enormidad de las derrotas alemanas —todavía en mayo de 1945 informaba acerca de exitosos contraataques en Berlín—, la última tentativa de Franco de hacer cuadrar sus convicciones con la necesidad de reparar sus puentes con una Gran Bretaña victoriosa y con los Estados Unidos consistió en resucitar la noción de las «dos guerras» y tratar de introducir una cuña entre el Este y el Oeste. Churchill, a pesar de sus expresiones de gratitud a Franco por su actitud colaboradora respecto de la invasión del Norte de África (24 de mayo de 1944) y su aún más tranquilizadora declaración de que los asuntos internos de España era únicamente de la incumbencia de los españoles, rechazó in toto toda idea de formar un frente antisoviético. En Potsdam, Stalin expuso los puntos de vista de la oposición española; Churchill resistió con éxito la intervención contra Franco; pero se acordó que España debía ser excluida de las Naciones Unidas.

España pagó por su apoyo público al Eje y no cosechó beneficio diplomático alguno derivado del doble juego de Franco. España fue excluida de las Naciones Unidas por cuanto su gobierno había llegado al poder con la ayuda del Eje y había colaborado con él durante la guerra. El número de equilibrista de Franco, tan elogiado por sus apologistas posteriores, entre sus convicciones y lo que Beigbeder había llamado «los intereses de España» había resistido hábilmente las presiones alemanas cuando las tropas de Hitler estaban al otro lado de los Pirineos y evitado el desastre definitivo de una entrada en la guerra de parte de los alemanes. Se trataba menos de una victoria por prudencia que de las necesidades de una economía postrada, un ejército mal equipado (los observadores alemanes en Hendaya comentaron la apariencia astrosa de los soldados) y del estrangulamiento por los aliados de importaciones vitales. Lo que Hitler prefirió tomar por excusas disfrazadas en un talento «judío» para las negociaciones difíciles, para Franco era una serie de violentas exigencias que imponían una doble política.⁸ Negativa en sus premisas, no podía alcanzar resultados positivos. España terminó la guerra aislada y sola, condenada al ostracismo por los vencedores.

Los últimos años de la década de 1940 y los primeros de la de 1950 fueron de crisis para el régimen: la «noche negra» del franquismo. En marzo de 1946, el gobierno francés cerró la frontera; en diciembre de 1946, las democracias retiraron sus embajadores de Madrid. Eran gestos simbólicos. Franco se mostraba imperturbable, volcado a su afición por la pintura, mientras las Naciones Unidas le excluían de su seno. Convirtió el aislamiento internacional en una demostración monstruosa de «resistencia numantina» a la resurrección de la Leyenda Negra por los comunistas.⁹

No sólo para el público interior batía Franco el tambor anticomunista. Con el advenimiento de la guerra fría, la teoría de las «dos guerras», otrora un obstáculo, se transformó en una carta de triunfo. Antes de la era de los misiles intercontinentales, la importancia de España para los planes estratégicos de los Estados Unidos era evidente: la idea de España como «reserva espiritual» anticomunista era atractiva para el Congreso. Sólo el presidente Truman rechazó los esfuerzos del Congreso en favor de la ayuda a España en 1950. En noviembre de 1952, las Naciones Unidas rescindieron su resolución de 1946 y los embajadores retornaron a España. En 1953 se llegó al acuerdo con los Estados Unidos relativo al establecimiento de bases en España a cambio de la promesa de un préstamo sustancial. En diciembre de 1955, España fue admitida en la ONU. España se iba haciendo internacionalmente respetable. «El tiempo —observaba el periódico monárquico ABC— trabaja en favor del general Franco.» Con sólo concesiones de fachada a las exigencias de democratización de su dictadura personal (el Fuero de los Españoles en 1945),¹⁰ el Caudillo había sido aceptado por la democracia más grande del mundo merced a su propia valoración de sí: el centinela de Occidente.¹¹ Cuando, en 1959, Franco recibió el abrazo del general Eisenhower a los acordes de «La rosa amarilla de Texas», pudo decir: «Ahora he ganado la Guerra Civil».

2. Los años de crisis, 1939-1957

Después de 1939, la ideología del régimen se fue coloreando y la distribución del poder entre sus familias estuvo condicionada por la guerra mundial y sus consecuencias.¹² No sólo la política del gobierno se vio afectada por la guerra. La posibilidad de que los aliados vencedores entraran en acción con la finalidad de restaurar la democracia hizo vacilar la confianza de los monárquicos conservadores en el franquismo, y dio a la oposición de los derrotados —republicanos y partidos de la clase trabajadora en el exilio o en la clandestinidad en el interior— la esperanza de ver llegar su día. Esas esperanzas probaron ser ilusorias; no obstante, aquellos fueron años en que la supervivencia del franquismo, aislado y en una Europa hostil, estuvo en duda.

Monárquicos convencidos, partidarios de la restauración de Don Juan, nunca habían aceptado el gobierno de Franco como una solución permanente; les desagradaban sus concesiones al «vulgar» falangismo. Las posibilidades de un triunfo aliado en la guerra intensificaron su inquietud: una dictadura fascista sería inaceptable para los vencedores y no podría garantizar por mucho tiempo la «paz social». La desintegración de la dictadura abriría el camino a las fuerzas de la izquierda. El 8 de marzo de 1948, Don Juan escribió a Franco, haciendo constar sus aspiraciones como rey aceptable en «la reorganización de Europa». Un grupo de diputados monárquicos en las nuevas Cortes hicieron una petición a Franco. El 8 de septiembre, los generales monárquicos —entre ellos Kindelán, artífice del ascenso de Franco al poder supremo, y Varela— escribieron a Franco, exigiendo una restauración «sin demora». Franco rechazó este gesto con desprecio. En marzo de 1945, cuando la victoria aliada parecía segura, Don Juan lanzó el Manifiesto de Lausana: proponía una monarquía constitucional de reconciliación. Se trataba de un desafío abierto: Franco se obsesionó con las intrigas de lo que él consideraba una camarilla de conspiradores de corte aristocrático, leales a Don Juan.

Mientras las conversaciones privadas de Franco estaban llenas de exabruptos contra Don Juan y su gente, pocas veces mencionaba la oposición de los vencidos. Ellos también ponían sus esperanzas en la cooperación de los aliados victoriosos; también ellos se iban a desilusionar.

Los monárquicos podían conspirar en Madrid; los líderes de los partidos republicanos estaban en el exilio —en México o en Francia—, donde continuaban las disputas de la Guerra Civil. Los seguidores de Prieto en el Partido Socialista luchaban con Negrín y los comunistas por el control de los fondos y organizaciones.

Si los aliados iban a restaurar la República, insistía Prieto, deben dar lugar a un gobierno con credibilidad, ajeno a las querellas entre facciones, y excluir a los comunistas, que nunca serán aceptables para Occidente. El gobierno del Dr. Giral (18 de septiembre de 1945) excluyó a los comunistas, incluyó a los republicanos y socialistas moderados y más tarde a dos representantes de la CNT, con el resultado de que el movimiento se escindió entre políticos y aquellos que permanecían leales al tradicional apoliticismo de la CNT. Giral no tenía idea de una lucha en la propia España; todas sus esperanzas estaban puestas en un derrocamiento de Franco con la ayuda activa de los aliados.

Para Giral el único gobierno legítimo era el de la República. Prieto estaba dispuesto a cooperar con los monárquicos si la cuestión del régimen era sometida a plebiscito. Gil-Robles y Prieto se reunieron con el secretario británico de Relaciones Exteriores, Ernest Bevin. Una vez que quedó en claro que Don Juan estaba tratando de llegar a un entendimiento con el Caudillo sobre la educación de su hijo, el príncipe Juan Carlos, toda esperanza de cooperación entre monárquicos y socialistas se desvaneció. Mientras los monárquicos negociaban con el PSOE, Don Juan se reunía con Franco en su yate Azor. Lo único que lograron Prieto y Gil-Robles con sus planes fue terminar con la apariencia de unidad republicana alcanzada por Giral (a cuyo gobierno se había unido el PCE), resentir a los monárquicos más duros y llevar a los monárquicos conservadores, espantados ante la audacia política de Gil-Robles, a un retorno al regazo franquista. Franco —confesó Gil-Robles— era inamovible. «Nunca una nación ha sido llevada a tal estado de locura colectiva.»¹³ Prieto declaró su «fracaso total» en noviembre de 1950. Su equivocada fe en los gobiernos democráticos de las grandes potencias le habían llevado, junto con su partido, al desastre.

Las vacilaciones de Don Juan entre la oposición absoluta en colaboración con los exiliados para una restauración respaldada por las democracias y un acuerdo con Franco fue, según opositores resueltos como Gil-Robles, un descrédito para la causa monárquica. Los comprometidos siguieron conspirando; los «cobardes y los egoístas», como les llamó Gil-Robles, hicieron su paz con Franco, convirtiéndose en sus partidarios entusiastas, muy favorecidos por puestos diplomáticos.

Las ilusiones y divisiones crónicas de los exiliados dejaron la lucha en manos de los perseguidos remanentes de los partidos y sindicatos obreros. Tres comités del Partido Socialista fueron arrestados en 1945, y seis huelgas de importancia en el País Vasco y Cataluña, organizadas por la U. G. T. y la C. N. T., fueron derrotadas por la represión en 1947.

Tras la Guerra Civil, los partidos obreros contaban con grupos de guerrilleros que no podían volver a la vida civil. Miles de exiliados —el mayor grupo en el XIV Cuerpo de las Fuerzas Francesas del Interior— habían luchado en el maquis; los tanques españoles —con nombres que evocaban antiguas batallas: «Guernica» y «Brunete»— llegaron con Leclerc al Hotel de Ville en la Liberación de París.¹⁴ El PCE organizó entonces (septiembre de 1945) a 4.000 voluntarios para invadir España a través de los Pirineos: fueron derrotados con relativa facilidad, pero el Partido se encargó de la coordinación y aprovisionamiento de los grupos guerrilleros dispersos en Galicia, Asturias, Andalucía y Aragón. La única esperanza de éxito, como el PCE reconocía, era el estallido de un levantamiento de masas destinado a poner la cuestión española en el centro de atención de las democracias: otro ejemplo de la gran ilusión de posguerra. Pero no podía haber respuesta de masas en una población aterrorizada y apática: la prensa controlada del régimen se refería despectivamente a los guerrilleros, tildándoles de bandidos —y en verdad, como en cualquier guerra de guerrillas, se hacían bandidos a medida que sus organizaciones se debilitaban y se veían obligados a robar en las poblaciones—. En octubre de 1948 el Partido, por orden de Stalin, abandonó la lucha guerrillera y se volcó al «entrismo» —penetración en los sindicatos franquistas—.

Las actividades de la guerrilla —que alcanzaron su punto más alto en 1946— y las huelgas no hicieron vacilar al régimen. La huelga de los tranvías de Barcelona, realizada en 1951 como protesta por el aumento de los billetes, y las que se sucedieron en Vizcaya, y aun en la «siempre leal» Navarra, indicaban un malestar generalizado.¹⁵ Despectivamente calificadas de obra de «rojos», eran menos huelgas «políticas» que protestas generalizadas contra las intolerables condiciones de los «años de hambre», años de aumentos en los precios y estabilidad en los salarios, una advertencia al régimen de que su política económica no había producido un mínimo de bienestar. Posteriores gobiernos variaron esa política. La respuesta inmediata fue la represión masiva: a veces, hasta mil trabajadores eran arrestados tras una huelga, y sus líderes condenados a largos años de prisión.

Entre 1939 y 1950 fueron ejecutados no menos de 20.000 españoles: maestros, dirigentes sindicales, alcaldes, comandantes republicanos y políticos como Companys, entregado por Vichy a sus verdugos.¹⁶ Los vencedores en cada pueblo y ciudad se cobraban viejas deudas «denunciando» a sus enemigos. El llamado «pacto de sangre» unía a los vencedores y hacía inconcebible la reconciliación con los vencidos. Quienes no aceptaran la nueva España de la unidad católica no eran españoles ni cristianos; el pelotón de fusilamiento y la prisión reemplazaban las mazmorras y las piras de la Inquisición.

3. Los gobiernos de la Época Azul (1939-1957)

En 1939 y los años siguientes, la vida social y política de todas las capitales de provincia estuvo dominada por las «autoridades»: el obispo, el gobernador militar y el alcalde falangista; se exhibían en interminables desfiles y actos públicos y tenían butacas reservadas, separadas de las restantes por cuerdas, en las salas de cine.¹⁷ La más ligera simpatía por los vencidos significaba desempleo: la floreciente burocracia del régimen era para los vencedores. El Frente de Juventudes y la Sección Femenina de la Falange adoctrinaban a la nueva generación en la ética del servicio al Nuevo Estado. El régimen se declaraba totalitario.¹⁸ Las clases se iniciaban en las escuelas con el saludo fascista y el canto del himno falangista, Cara al sol.¹⁹

A pesar de la retórica abarcadora imperial-falangista del régimen, el nombre de «el ausente» José Antonio en los muros de las iglesias y del yugo y las flechas a la entrada de cada pueblo, así como también de la vasta burocracia laboral en manos de los falangistas, se hizo evidente que el gobierno del Estado franquista no sería confiado a la Falange. La lucha entre las familias bajo Franco había comenzado; salió a la superficie en 1942. Los dos contendientes eran el general Varela, partidario de una restauración monárquica conservadora, y Serrano Súñer, arquitecto del Nuevo Estado, enamorado aún del fascismo italiano y de la creación de un partido falangista que sería paralelo y controlaría el aparato del Estado. La idea de un partido de masas como instrumento de la «revolución pendiente» falangista ya había sufrido un golpe con la caída, en julio de 1941, de su ideólogo Gerardo Salvador Merino, que confiaba en que la Falange pudiera, con un partido así, reclamar «todo el poder en nuestras manos».²⁰ El 16 de agosto de 1942, la tensión entre las ambiciones de los monárquicos y los falangistas hizo erupción en el santuario vasco de Begoña. Un grupo de carlistas prorrumpió en «vivas» al legítimo rey después de un acto masivo en el que había estado presente el general Varela; un falangista arrojó una bomba. Franco despidió tanto al general Varela como a Serrano Súñer. Era una advertencia tanto para los generales monárquicos como para los militantes falangistas.²¹

Hasta 1945, los gobiernos de Franco habían estado dominados por elementos militares, falangistas y monárquicos, entre ellos funcionarios supervivientes de Primo de Rivera.²² En el gobierno de julio de 1945, el Nacional Sindicalismo de la Falange cedió terreno al Nacional Catolicismo de la ACNP. La figura central del nuevo gobierno era el ministro de Relaciones Exteriores, Martín Artajo, miembro prominente desde antiguo de la Acción Católica. El falangismo se había convertido en una molestia en el plano internacional: en septiembre de 1945 se dejó de lado el saludo nazi.

No se trataba únicamente de que el Nacional Catolicismo de la ACNP hubiese eclipsado al Nacional Sindicalismo de la Falange. La tarea de Martín Artajo como ministro de Relaciones Exteriores consistía en ganar credibilidad, disipando la noción de que España era «fascista». En julio de 1945, el Fuero de los Españoles, con sus ilusorias promesas de «libertades», era un ensayo de cosmética constitucional para consumo en el exterior; fue bendecido por el cardenal primado como prueba de «el sentido de la libertad cristiana, opuesto al totalitarismo estatista». Los críticos internacionales de España no veían la aparición de la libertad cristiana, sino la evidente supervivencia del totalitarismo. Tampoco aquello que se entendía como un paso hacia la «institucionalización» de una dictadura personal convenció a nadie: en 1947, Franco declaró que España era una monarquía que le tenía por Regente perpetuo.²³ En julio de ese año, Franco se valió por primera vez del instrumento favorito de los gobiernos totalitarios: un referéndum sobre las nuevas reformas constitucionales. El aparato de propaganda del régimen amenazaba con una nueva Guerra Civil: «Franquismo o comunismo». La inevitable respuesta fue un 82 % de votos favorables.²⁴

No fueron estas chapuzas internacionales las determinantes de que España saliera del aislamiento internacional. La primera potencia importante que otorgó reconocimiento diplomático a Franco fue El Vaticano: no porque creyera en la «libertad cristiana», sino a causa del Concordato de 1953, que imponía el reconocimiento formal y establecía un Estado confesional católico en el cual estaba prohibida la profesión pública de otras religiones y se incluían las prohibiciones del derecho canónico en el Código Civil. El Acuerdo de Bases de septiembre de 1953 fue un producto de las necesidades estratégicas de los Estados Unidos.

Estos pasos en el camino de la respetabilidad internacional eran éxitos de Martín Artajo, que siguió siendo ministro de Relaciones Exteriores en el quinto gobierno de Franco (julio de 1951-febrero de 1957), al cual, acogiéndonos al beneficio de la visión retrospectiva del historiador, cabe considerar representativo de un estadio de transición tanto en el franquismo como en el carácter y las tácticas de la oposición. Este gobierno asistió a dos comienzos: los cautelosos primeros pasos de una nueva política económica y una aún más cautelosa tentativa de «liberalización» desde dentro. La primera cobraría la forma de una política relativamente coherente de fe en el capitalismo como motor del crecimiento económico; la segunda sería víctima de las medidas restrictivas que iban a caracterizar al franquismo hasta su finalización: en cuanto la «liberalización» amenazaba lo que se dio en llamar «la esencia del Estado», los ministros liberalizadores eran sumariamente despedidos.

El nacionalismo económico de la autarquía,²⁵ alentado desde el Estado, era congruente con el introvertido nacionalismo económico del franquismo de los primeros tiempos y sus miedos paranoicos a las conspiraciones internacionales.²⁶ Los primeros tímidos pasos hacia el abandono del intervencionismo estatal fueron dados por el nuevo ministro de Comercio, Manuel Arburúa, famoso por la facilidad con que otorgaba licencias de importación a sus selectos amigos. En segundo lugar, Joaquín Ruiz Giménez, ministro de Educación, un liberal católico y miembro de la ACNP, a quien Franco consideraba uno de los más dóciles de sus ministros, avanzó cautelosamente hacia lo que más tarde se llamaría «aperturismo»: una liberalización o «apertura» del régimen desde dentro. Esto bastó para que se produjera la primera exhibición pública de las luchas ocultas por el poder en el seno del franquismo desde 1942.

El tibio liberalismo católico de Ruiz Giménez, evidente en su apoyo a sus colegas universitarios liberal-católicos, generó una violenta reacción en la Falange. En la atmósfera de mayor libertad fomentada por Ruiz Giménez y Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid, los estudiantes solicitaron la celebración de un Congreso Nacional de Estudiantes, una protesta contra el monopolio por la Falange del sindicato estudiantil, SEU. La milicia de la Falange chocó con los estudiantes en las calles (9 de febrero de 1956). Franco cesó tanto a Ruiz Giménez, protector de los estudiantes, como al ministro secretario, el «camisa vieja» Fernández Cuesta, que había sido incapaz de controlar a sus matones. El régimen no podía tolerar protestas públicas. El episodio fue seguido por detenciones y Franco, en su discurso anual de Año Nuevo, advirtió contra «los vicios del liberalismo».

El suceso ilustraba no sólo los límites de tolerancia y la resistencia, inherente al régimen, a un proceso de «apertura», sino también las fisuras recurrentes del franquismo. También revelaba una importante transformación en la oposición: la oposición ya no podía ser despreciada y reducida a una conspiración de exiliados, y tampoco estaba limitada a la clase trabajadora. Los estudiantes universitarios procedían de respetables familias burguesas.

Fue en respuesta a estos cambios que el PCE anunció en 1956 su política de reconciliación nacional: la creación de un frente amplio que incluyera a la oposición burguesa.²⁷ Un régimen tambaleante —insistía Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista— puede ser derrocado por la «Huelga General Pacífica». En 1959 se demostró que ésta constituía un fiasco completo. No obstante, el PCE siguió siendo el tal vez más eficaz de los elementos de la oposición. Preparado para la clandestinidad, con militantes reclutados y educados en prisión, ganaba miembros menos por su marxismo que por el hecho de que su oposición fuese absoluta y por la prioridad que otorgaba a la lucha dentro de España. Las denuncias oficiales de los peligros del comunismo —el rasgo ideológico más persistente y fuerte del franquismo— adquirían visos de profecía que por su propia naturaleza tendía a cumplirse; daban al partido existencia visible.²⁸

Lo que resultaba más significativo aún, el monolítico apoyo de la Iglesia católica se estaba debilitando por la base; los jóvenes militantes de la HOAC se alineaban junto a los obreros en huelga; las huelgas empezaban a ser organizadas por comités de fábrica ad hoc, manejados por militantes comunistas y católicos.

No obstante, las proporciones del descontento no deben ser sobrevaloradas; debido a la censura de Arias Salgado y a la apatía de la mayoría de los españoles, la protesta de los intelectuales —muchos de ellos vinculados al PCE—, de los grupos socialistas y «cristiano-marxistas» en las universidades, de monárquicos liberales, de cristianos demócratas y de falangistas desilusionados no podían tener resonancia en el plano nacional. Además, el régimen estaba a punto de lanzarse a una política que elevaría el nivel económico hasta una relativa prosperidad que dotaría al franquismo de renovado vigor. Ya en 1952, un Ridruejo desilusionado observaba que el régimen disfrutaba de «apoyo social mayoritario».

La importancia de esta nueva era no escapó a Claudín ni a Semprún, los intelectuales más prominentes del Partido Comunista. El «subjetivismo» y el optimismo revolucionario de Carrillo se basaban en una profunda incomprensión de los cambios sociales «objetivos»: en 1964 ya no cabía concebir el régimen como la criatura de una camarilla reaccionaria al frente de una economía pobre. El bienestar —por limitado que fuera— ampliaba el área de apoyo y la marcha hacia el poder tendría que ser larga.²⁹

CAPÍTULO XIX

DEL CONFORMISMO AL CONFLICTO, 1957-1975

1. Neoconservadurismo

La nueva elasticidad del régimen que los disidentes comunistas advertían en 1964, la extensión de la apatía conformista que deprimía a la oposición intelectual, fueron percibidas por ambos como resultado de un ascenso en los niveles de vida ocurrido tras una larga época de escasez. La clave del llamado «milagro económico» de los sesenta y comienzo de los setenta fue el abandono de la política económica de autarquía en favor de lo que se conoce como «neocapitalismo», una economía abierta al mundo y en la cual los recursos escasos eran —en teoría— distribuidos, no por el gobierno, sino por los mecanismos de mercado. Después de una brusca dosis de deflación y una liberación de los salarios, la productividad y los niveles de vida se elevaron. El desempleo se vio aliviado por la válvula de seguridad de la migración a fábricas y granjas de Francia y Alemania; la balanza de pagos fue aprovisionada de combustible por los ingresos de los turistas, las remesas de los emigrantes y las inversiones extranjeras a largo plazo en lo que ahora parecía una economía promisoria.

La nueva política económica era obra de los «tecnócratas»: los ministros con formación universitaria y una generación de funcionarios civiles diferentes de los «amateurs» que habían ocupado sus puestos por «derecho de conquista» en los años de posguerra. El cambio ministerial tuvo lugar en febrero de 1957: Navarro Rubio ocupó el puesto clave en Finanzas; Ullastres fue ministro de Comercio; López Bravo llegó a Director General de Comercio Exterior (1959) y López Rodó a ministro de Planificación en 1965. Casi todos los miembros del nuevo equipo pertenecían al Opus Dei y estaban estrechamente conectados con el mundo de las finanzas. Su acceso al poder era la prueba definitiva de que la elite gobernante había dejado de ser una amalgama de generales, conservadores de viejo cuño y falangistas.

Los éxitos y fracasos de la nueva fe en el mercado y sus dramáticos efectos sobre la sociedad serán expuestos en otra parte.¹ Aquí nos aplicaremos a la consideración de sus implicaciones políticas más inmediatas, tanto para el régimen como para la oposición.

En la medida en que representaba una actitud política coherente, la nueva serie de medidas se basaba en la premisa de que la prosperidad aliviaría las tensiones sociales y políticas ya evidentes en los años cincuenta. López Rodó declaró que con un ingreso per capita de 2.000 dólares, desaparecerían; el propio Franco creía que con «ropas decentes», partidos de fútbol y TV —él mismo no se perdía jamás un Partido del Día en televisión— la clase trabajadora no tendría motivos de queja.² El crepúsculo de las ideologías (1965) de Fernández de la Mora era una apología de la tecnocracia que elevaba la apatía política a la altura de una filosofía; la apatía era el signo de una sociedad sólida.³ El defecto de la argumentación se encontraba en el hecho de que, una vez satisfechos con los bienes de consumo de Occidente, los españoles llegaron a ser cada vez más conscientes de la escasez de bienes políticos, de los que sus vecinos disfrutaban. Cuando, después de 1962, el gobierno buscó integrarse en la CEE, resultó ostensible que la falta de libertades democráticas elementales excluía a España de la Europa del Tratado de Roma, poniendo así en peligro el futuro de toda la prosperidad que, según aseveraba el régimen, era producto de la «paz de Franco».

La estabilidad —aquellos años vieron el «perfeccionamiento» de la «constitución» franquista de acuerdo con la inmutable «Ley de los Principios del Movimiento» (1958) y la Ley Orgánica de 1966— podía por lo tanto, y así se esperaba, lograrse sin sacrificio alguno de autoridad. Una liberalización de la economía era acompañada por un reforzamiento de los controles políticos; en el gobierno de 1957, el general Alonso Vega, amigo de Franco y durante mucho tiempo jefe de la Guardia Civil, llegó a ser ministro del Interior; era un «duro» para el cual las huelgas y las protestas estudiantiles parecían ser conspiraciones montadas por el comunismo internacional. Aun así la represión masiva de los primeros años se hizo cada vez más difícil. La policía política se mostró poco capaz de controlar una oposición con apoyo en una opinión pública que ya no estaba aterrorizada. Individualmente, los líderes obreros fueron objeto de largas condenas por el Tribunal de Orden Público (1963), que trató 4.317 casos en sus primeros cuatro años. Pero la represión se encontraba con la protesta pública tanto en el interior como en el extranjero.⁴

Fue el progreso económico del que el régimen se enorgullecía lo que engendró las contradicciones entre la nueva sociedad y el viejo Estado que iban a perturbar al franquismo hasta su fin. Una floreciente economía capitalista exigía una expansión de la educación superior; las universidades, especialmente la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, no produjeron una raza de dóciles tecnócratas, sino una generación de estudiantes radicales. Los Sindicatos Oficiales —último bastión de la concepción de una sociedad y una economía jerárquicamente ordenada— no podían satisfacer a los empresarios modernizadores, héroes de la nueva era, que demandaban negociaciones colectivas efectivas para concertar políticas de productividad y racionalización de la fuerza de trabajo. Las negociaciones colectivas habían sido legalizadas en 1958; pero los acuerdos salariales debían ser hechos por organizaciones en las cuales los trabajadores confiaran, lo que no era el caso de los burocratizados sindicatos «verticales» del Movimiento, en los cuales no estaban representados. En consecuencia, los empresarios estaban dispuestos a negociar con sindicatos no oficiales, ilegales. La huelga era parte esencial de los mecanismos de negociación. Para Franco, la huelga sólo era «lícita» en los sistemas liberales que no habían logrado terminar con la lucha de clases; en España, la lucha de clases había terminado y las huelgas eran, por lo tanto, ataques «criminales» al bienestar del Estado y sus ciudadanos.⁵ Sin embargo, a partir de 1967, las huelgas ocuparon cada vez más espacio en la prensa.

Como demostraba la intensidad de su represión, el régimen tenía mucho que temer de la resistencia obrera. Solís, ministro secretario del Movimiento desde 1957 hasta 1969, trató de renovar la imagen de los Sindicatos Oficiales del Movimiento y convertirlos en un instrumento más efectivo de ajuste ante las reivindicaciones salariales mediante la concesión del derecho de huelga (sólo en cuestiones laborales), la separación de los sindicatos de empresarios de los sindicatos obreros y la autorización de elecciones democráticas en las fábricas. La negociación de acuerdos colectivos podía tener lugar dentro de los Sindicatos Oficiales: un aspecto de los planes generales de Solís para dotar al régimen de un barniz moderno y democrático, ampliando el área de participación.

El camino hacia alguna forma de sindicalismo democrático dentro de los Sindicatos Oficiales parecía abierto; los obreros habían comenzado a darse su propia organización fuera de los Sindicatos Oficiales. La ola de huelgas de los años sesenta fue organizada por las independientes Comisiones Obreras (CC.OO.): en sus orígenes, en 1956-1960, eran comités de fábrica ad hoc, manejados por militantes comunistas y activistas católicos, efectivos por su dedicación a reivindicaciones inmediatas. A finales de la década de 1960, las CC.OO. se acercaban a la constitución de una organización de ámbito nacional y caían bajo el control de los comunistas.⁶ La UGT y el PSOE cometieron un grave error al rechazar el «entrismo» (es decir, la elección de trabajadores activos en las CC.OO. como jurados de empresa) sobre la base de la concepción de que entrar en los Sindicatos Oficiales hubiese sido caer en las redes de los planes de Solís. Cuando finalmente el gobierno, en 1968-1969, decidió acabar con las Comisiones, era demasiado tarde. El irónico legado de cuarenta años de sindicalismo oficial fue un movimiento obrero dominado por los comunistas: las huelgas de los años sesenta no fueron políticas en su origen: representaban las reivindicaciones de una nueva clase obrera en nuevas industrias, mediante nuevos métodos de negociación, para participar en los beneficios del auge económico. En este sentido, la gran huelga asturiana de 1962, en una industria en decadencia enfrentada con una productividad inaceptable, era una reliquia del pasado. Tuvo una amplia resonancia. La represión politizó la resurrección de la clase obrera de los años sesenta; de allí el incremento de las huelgas de «solidaridad» en apoyo de jurados de empresa electos despedidos.

La protesta estudiantil era un asunto burgués. Comenzó una década antes de la revolución estudiantil europea de 1968 y se convirtió en un disturbio endémico en la vida política y social de Madrid y Barcelona hasta las elecciones democráticas de 1977.⁷ Se inició como reacción ante el sindicato estudiantil «vertical» falangista, el SEU: «asambleas libres», huelgas, ocupación de edificios, terminaban en enfrentamientos rituales con la policía. La represión policial politizaba la protesta organizada por los comunistas, los católicos radicales y los «socialistas revolucionarios» del Frente de Liberación Popular (FLP). Empresa elitista de miembros reclutados por contacto personal entre familias de la clase media con un pasado republicano en sus orígenes, la protesta estudiantil sufrió un proceso de movilización de masas. Provisto de su propia subcultura marxistizante, el movimiento estudiantil se vio fragmentado por querellas bizantinas en grupúsculos que dieron lugar a la nueva izquierda de los años setenta. En 1970 estaba menos interesado en cuestiones específicamente políticas que en un violento ataque a los valores morales de la sociedad contemporánea y la transformación de la universidad, de un instrumento para la transmisión de cultura en un laboratorio para la experimentación social, sexual y pedagógica. El legado del régimen fue una universidad de masas en crisis.

La protesta estudiantil, más que una amenaza directa al régimen, era una prueba de su bancarrota intelectual y de su incapacidad para ganar la lealtad de una generación que no había pasado personalmente por la experiencia de la Guerra Civil, el recuerdo de la cual pesaba tan severamente sobre los españoles de mayor edad y que Franco explotaba con insistencia. El colapso del SEU, como la decadencia de los Sindicatos Oficiales, demostraba la erosión de los fundamentos institucionales del régimen.

Un síntoma aún más alarmante de este proceso de erosión fue el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el régimen al que anteriormente había legitimado. Habían pasado los días del Nacional Catolicismo, cuando El Vaticano había dotado de respetabilidad internacional a la España de la Cruzada con el Concordato de 1953. Juan XXIII pidió a Ruiz Giménez que difundiera su mensaje en España; su defensa del pluralismo ideológico y los derechos humanos era completamente incompatible con el papel de la Iglesia tal como Franco lo concebía.⁸

La renovación procedente de Roma se correspondía con un más prolongado proceso de renovación espiritual y autocrítica en la propia España. Los jóvenes sacerdotes y las organizaciones de obreros católicos, que disfrutaban de una limitada libertad de acción que les era negada a otros grupos, la HOAC y su sección juvenil, la JOC, habían desempeñado un importante papel en las luchas obreras de los años sesenta. La JOC distribuía panfletos en las puertas de las fábricas; los sacerdotes daban abrigo a las reuniones de las Comisiones Obreras. En su intento de crear una organización rival de los Sindicatos Oficiales, los activistas contaban con el apoyo ocasional del episcopado; pero, en general, los jóvenes sacerdotes no encontraban apoyo en los viejos obispos, todavía leales al gobernante providencial. Pero a finales de la década los irreemplazados cruzados iban muriendo. En 1969, Paulo VI impuso como primado a monseñor Enrique y Tarancón, un católico liberal convencido de que la antigua alianza entre la Iglesia y el Estado se oponía al control por la Iglesia de sus propios asuntos, particularmente la designación de obispos. Los obispos «franquistas» estaban cada vez más aislados.⁹ «Obispos rojos» como Cirarda, de Bilbao, que se negó a decir misa para celebrar la toma de su sede por Franco, estaban sujetos a los histéricos estallidos de un nuevo fenómeno: el anticlericalismo de derechas de los Guerrilleros de Cristo Rey. El cardenal Tarancón tenía protección policial.

Las acciones del obispo Cirarda en 1970 fueron en defensa de nacionalistas vascos encarcelados; sin embargo, en 1960, los obispos habían reprendido a los 339 sacerdotes que firmaban una carta exigiendo la libertad de los vascos «cegados por la pasión política». Mientras los obispos catalanes hacían caso omiso de las protestas de los nacionalistas catalanes, el abad de Montserrat atacaba al régimen en Le Monde y curas párrocos defendían a nacionalistas encarcelados.

La supresión de los derechos garantizados por la República a Cataluña y las provincias vascas representaba el triunfo de la «España Una e Indivisible» sobre las fuerzas desintegradoras del «separatismo». El rígido centralismo administrativo era acompañado por un intento de reforzar la uniformidad cultural: los catalanes iban a hablar «la lengua del Imperio». En los años de la inmediata posguerra, para la clase media, tanto del País Vasco como de Cataluña, el triunfo de la España Nacional representaba la salvación de las «hordas rojas»; en 1970, al menos sectores de la burguesía catalana se habían sumado al antifranquismo.¹⁰

Un renacimiento de la cultura catalana en los años cincuenta se convirtió en un sustituto del nacionalismo político e ilustró las limitaciones del centralismo autoritario. Algunas de sus manifestaciones fueron las creaciones de una «cultura underground» esotérica, europeizada; pero en los años sesenta la defensa de la lengua y la cultura catalanas llegó a ser una seria amenaza política porque tenía el apoyo de amplios sectores de las clases medias, las simpatías del clero y el entusiasmo se extendió a la juventud con la aparición de una cultura popular catalana.¹¹ En 1960, en presencia de cuatro ministros, el público presente en el Palacio de la Música cantó un himno nacional catalán prohibido, El cant de la senyera. Uno de los detenidos era Jordi Pujol —un médico que llegó a ser exitoso banquero—, típico representante de la burguesía que iba a dotar al nacionalismo catalán de una flexible e inteligente dirección. Sólo en Cataluña logró la oposición crear un movimiento unificado: la Asamblea de Cataluña de 1971. La oposición al franquismo había producido un profundo cambio en el panorama político del franquismo; en los años treinta, los partidos políticos de la clase obrera habían sido hostiles o indiferentes al catalanismo; ahora todos los partidos apoyaban la autonomía de Cataluña.

El nacionalismo vasco, si bien contaba con el apoyo del clero local, carecía de las sólidas raíces culturales —sólo unos 600.000, de los 2.300.000 habitantes de las provincias podían hablar euskera— y del sostén de la clase media característicos del nacionalismo catalán. Abrumado por el aflujo de inmigrantes castellanos que venían a las fábricas de Bilbao, el nacionalismo vasco estaba en crisis; la moderación y el legalismo del gobierno republicano vasco en el exilio no alcanzaban a dar una respuesta. La juventud nacionalista fundó ETA en 1959; pronto se vio influida por los nacionalismos del Tercer Mundo, el marxismo y la táctica de la «lucha armada», todo lo cual dividió repetidamente lo que, en sus orígenes, era una reivindicación nacionalista convencional.¹² Una vez en la senda de la lucha armada —sabotaje y asesinato—, sus teóricos se interesaron en destacar que los actos de terrorismo individuales no debían interpretarse como muestras de desprecio por la lucha de masas.¹³ El apoyo de masas de cierto tipo, la provisión de lo que Mao Tse-tung llamaba «agua para que el pez nade» (es decir, la simpatía generalizada sin la cual el terrorismo no puede sobrevivir), fue creado por la represión policial masiva, incapaz de distinguir entre culpables e inocentes. El juicio militar en Burgos a dieciséis jóvenes miembros de ETA (nueve condenas a muerte y 518 años de prisión) conmovió a la opinión española e internacional en una medida sin precedentes. Franco conmutó las penas de muerte —un acto que ni siquiera hubiese considerado en la década de 1940—; continuó la campaña de asaltos a bancos, secuestros, que iba a culminar en el asesinato del almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973, patente demostración de que la «paz de Franco» era cosa del pasado.

Finalmente, está lo que se ha llamado «oposición democrática», que en su mayoría operaba en la propia España, distinguida por su rechazo de toda cooperación con los comunistas que pudiese revivir recuerdos de la Guerra Civil aun cuando el Partido Comunista estuviese ahora abocado a una política de «reconciliación nacional» que incluiría elementos burgueses y católicos. La oposición democrática abarcaba desde los monárquicos liberales de la Unión Española de Satrústegui y el ala derecha de los demócrata-cristianos de Gil Robles, hasta el ala izquierda de los demócrata-cristianos de Ruiz Giménez y los social-demócratas de Dionisio Ridruejo. El que esa oposición fuese tolerada había llevado a la acusación de que su existencia fortalecía el régimen al permitirle afirmar que había libertad en España; se olvidaba al sostener eso cuál era su principal función: la erosión de la credibilidad moral de un régimen al que no podía derrocar porque carecía de toda posibilidad de apoyo de masas. Una oposición de notables y sus actas de présence —como en la reunión de Munich de 1962— irritaba más de lo que amenazaba.

Eran los inciertos y arbitrarios márgenes de tolerancia los que permitían la existencia de una oposición tolerada «legal»: el que esos márgenes variaran era señal de que el franquismo estaba entrando en los prolegómenos de la lucha por la alternancia en el poder entre el aperturismo y el inmovilismo.

Manuel Fraga, como ministro de Información desde 1962 hasta 1969, vio que una sociedad «moderna» no podía ser contenida en la camisa de fuerza impuesta en 1939. En 1966 fue abandonada la censura. La Ley de Prensa de Fraga, de ese año, a la vez que dejaba al gobierno (en su famoso artículo 2) las manos libres para suspender y multar editores, constituía una genuina «apertura» del régimen.¹⁴ Los resultados estuvieron lejos de agradar a los más duros; Carrero Blanco y la esposa del Caudillo estaban escandalizados por la aparición de películas y literatura «pornográficas».

La apertura cultural de Fraga fue acompañada por un intento de apertura «política» a cargo del ministro del Movimiento, Solís. Un «contraste de opiniones» basado en «asociaciones» dentro del Movimiento y bajo el control de su Consejo Nacional ampliaría —eso esperaba Solís— el área de participación y presentaría una imagen de pluralismo. Tan estrecha apertura fue rechazada de plano por la oposición democrática y, sin embargo, alarmó a los «inmovilistas». En julio de 1969 los oponentes a la modernización del Movimiento de Solís y a la «modernización» de la vida cultural de Fraga obtuvieron sus renuncias en un estallido público más de las querellas familiares.

En noviembre del mismo año, Franco designó al príncipe Juan Carlos como heredero. Era un triunfo para López Rodó, cuya modernización fue limitada a los asuntos económicos, y para el almirante Carrero Blanco, la corporización política del continuismo.¹⁵ Para la mayoría de los españoles, Juan Carlos aparecía como una criatura del Caudillo, al cual y a cuyo Movimiento había jurado lealtad y adhesión. Como Girón había recordado a los fieles, el Caudillo no era inmortal ni constituía un «fenómeno histórico repetible»¹⁶ y desde que un arma peligrosa le hiriera en 1961 el problema de la sucesión preocupaba, y hasta obsesionaba, a los círculos de allegados del franquismo. Con Juan Carlos entre bastidores, todo parecía seguro sobre el escenario.

2. La agonía del franquismo, 1969-1975

Franco seguía confiando en que «todo está atado y bien atado». Estaba cegado por sus antiguas obsesiones y estereotipos. Las dificultades eran debidas a la infiltración comunista en la Iglesia y las universidades; el nacionalismo catalán era «una tontería». Si sus seguidores incondicionales creían que, tras la muerte del dictador, el aparato institucional del franquismo aseguraría su supervivencia, sus ministros más perceptivos eran conscientes de la brecha existente entre un Estado autoritario y las democracias de la CEE, a la unión con las cuales se tendía, desde 1962, oficialmente. Con la oposición de los «inmovilistas», sus intentos de garantizar la respetabilidad democrática mediante la «apertura» del régimen precipitó la crisis de identidad que perduró hasta la muerte del Caudillo.

Fue Carrero quien formó y controló el gobierno de octubre de 1969; en junio de 1973 sucedió oficialmente a Franco como Jefe del Gobierno, en tanto el Caudillo seguía siendo Jefe del Estado. El ministerio de Carrero Blanco representaba un retorno al autoritarismo y el bienestar económico como receta para la estabilidad: de allí la presencia de tecnócratas del Opus Dei. Con la designación del nuevo gobierno el mercado de valores entró en alza; tras la recesión de 1969, a pesar de la inflación, los salarios reales se elevaron en 1971.

Ello no podía ocultar el que el régimen estuviera entrando en un proceso de descomposición que parecía encontrar paralelo en la decadencia física del propio Caudillo, aquejado del mal de Parkinson. La relativa libertad de prensa dio a esos años de autoritarismo nada prometedor su carácter paradójico. Con revistas como Cambio 16, la prensa llegó a ser, y siguió siéndolo, un cuarto poder. Sus críticas al régimen llevaban a la extrema derecha al frenesí. Por primera vez el público en general adquirió cierta noción de cuáles eran los programas de la oposición y los de los reformistas de dentro del régimen: El desarrollo político, de Fraga, un llamamiento a la más amplia participación como única garantía de estabilidad, fue publicado en 1971. Sobre todo, esto revelaba la erosión de la «paz de Franco». En marzo de 1972, las Comisiones Obreras organizaron, en la provincia natal del Caudillo, en Galicia, una violenta huelga seguida por un paro total en Pamplona, una ciudad provincial conservadora y tranquila que se había convertido en ciudad industrial. La prensa informó ampliamente sobre todo ello.

Hasta la muerte de Franco, el problema más espinoso fue el del terrorismo de ETA y de los revolucionarios izquierdistas del FRAP, modelado sobre la banda Baader-Meinhoff. En 1970, los Juicios de Burgos suponían un juicio al régimen, tanto como a los terroristas.¹⁷ El 20 de diciembre de 1973 ETA alcanzó su mayor éxito técnico: el automóvil de Carrero Blanco voló limpiamente hasta encima de una iglesia, en el más selecto barrio residencial de Madrid.¹⁸

Para quienes lo perpetraron, el propósito de este «magnicidio» consistía en empujar al gobierno hacia los brazos de la extrema derecha y obligarlo a depender del ejército, disparando así, según la teoría terrorista estándar, una revolución de las masas. En realidad, marcó el comienzo de la última tentativa de «abrir» el sistema político y de la lucha final entre las familias del régimen, en conflicto por la sucesión política del moribundo Caudillo. Por una parte estaban los aperturistas —los reformistas de dentro del régimen que creían que sólo una «apertura» del mismo podría contener las protestas y presiones de una sociedad que había llegado a parecerse a las de la Europa, a la que tan ansiosos estaban por unirse—.¹⁹ Por la otra, los inmovilistas del búnker.²⁰ Para ellos, con la consigna de «Después de Franco, las Instituciones», toda reforma parcial de la estructura elaborada a partir de 1939 ponía en peligro el conjunto: Carrero Blanco había dicho en una ocasión que ofrecer un cambio político a un español era como ofrecer una bebida a un alcohólico declarado. Permitir el retorno a la vida política de los vencidos en la Guerra Civil, afirmaba Girón, era permitir que el recuerdo de la Guerra Civil fuera «devorado por los cerdos». Ambas estrategias políticas eran fórmulas para la supervivencia de sectores de la elite gobernante.

La elección por Franco del sucesor de Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro, pareció anunciar un retorno a la edad del hielo; era llamado por la oposición «el Carnicero de Málaga» por sus actividades como acusador público en la Guerra Civil, y había sido ministro del Interior con Carrero, responsable de las fuerzas de seguridad que tan notoriamente habían fracasado en lo concerniente a la protección del almirante. Pero el discurso de Arias ante las Cortes, el 12 de febrero, galvanizó a España: el «camino de la adhesión» debía ser reemplazado por el «camino de la participación»; un nuevo Estatuto de Asociaciones permitiría la formación de asociaciones políticas.

Arias, sin embargo, se estaba convirtiendo —e iba a seguir siéndolo— en un prisionero del búnker. El 28 de abril, el viejo león del falangismo, Girón, publicó una denuncia de la libertad de prensa; Blas Piñar, organizador de las fuerzas del búnker en su Fuerza Nueva, denunció a los «enanos» que habían penetrado en el régimen con la finalidad de destruirlo desde dentro. En junio, Solís —otrora aperturista, hoy un duro— entró en el gobierno para fortalecer el inmovilismo. Las medidas liberales de Pío Cabanillas, como ministro de Información, habían alentado una ofensiva de la pornografía: los españoles redescubrían el desnudo femenino en revistas y filmes; en cualquier quiosco se podían comprar tratados marxistas.²¹ Para la derecha, ello era prueba de las consecuencias morales y políticas de la liberalización. En octubre dimitió Pío Cabanillas, a requerimiento de Franco. Con él renunciaron Barrera de Irimo al Ministerio de Finanzas y Ricardo de la Cierva, a cargo de las publicaciones. Era una declaración de que la burguesía financiera y los intelectuales del régimen —De la Cierva era el biógrafo oficial del Caudillo— estaban desertando.

Poco hacía pensar que la «apertura» anunciada por Arias en febrero fuera amplia. Para tener éxito debía dar lugar a los aperturistas, entre los cuales se contaban: Fraga, embajador en Londres desde 1973 y, para entonces, el político más conocido, si no el más popular, de España, con sus planes de democracia dosificada desde arriba «sin una revisión de las instituciones existentes»; monárquicos liberales como Areilza; el grupo Tácito, de jóvenes demócrata-cristianos. En junio de 1974, Emilio Romero pudo tranquilizar a la derecha al anunciar que los entusiastas del «espíritu del 12 de febrero» necesitarían un fanal para hallarlo bajo sus mecedoras.²² Cuando, en diciembre de 1974, llegó la Ley de Asociaciones de Arias, quedó claro que las asociaciones políticas serían vetadas por el Consejo Nacional del Movimiento y que las únicas formadas mientras estuviera vigente serían manejadas por franquistas, como la UDPE, con respaldo oficial, presidida por el ambicioso burócrata Adolfo Suárez, quien había hecho su carrera en el Movimiento. El nuevo estatuto fue despectivamente rechazado por la oposición. Los amigos de Fraga no fundaron una asociación bajo la nueva ley, sino FEDISA, una sociedad anónima aparentemente dedicada a la investigación política. Sin Fraga, sin Areilza y sin los Tácito, la apertura de Arias estaba condenada. «De puertas afuera» (es decir, con excepción de los franquistas declarados) «la respuesta ha sido un resonante NO».

Era la persistencia del malestar laboral —en un intento de contenerlo, el gobierno permitió elecciones de jurados de empresa en los Sindicatos Oficiales, sólo para facilitar una victoria de la oposición en las elecciones de 1975— y, sobre todo, la continuada actividad de los terroristas, lo que mantenía a Arias prisionero del búnker. En agosto de 1975 se promulgó la Ley Antiterrorista, que hacía obligatoria la pena de muerte para los terroristas; un mes más tarde, se aplicaba en las personas de cinco militantes de ETA y FRAP.

La remota posibilidad de que el reformismo aperturista pudiera privar a la oposición de alguno de sus argumentos se desvaneció: en 1973, el profesor Aranguren había escrito: «Para la burguesía, para las nuevas clases media y trabajadora, la oposición será cada vez más, no tanto peligrosa como sin propósito».²³ En realidad, el asociacionismo político —la receta de los aperturistas— se mostraba irreconciliable con las premisas políticas del Movimiento; para ser eficaces, aquellas asociaciones debían ser más que anodinas asambleas de creyentes; debían convertirse en partidos, extendiéndose más allá de los confines del Movimiento. Y aquéllos, había advertido Franco, «nunca retornarán».²⁴

La oposición no estaba tan interesada en el derrocamiento de Franco como en afirmar sus derechos a ser tenida en cuenta a la hora de repartir la herencia que la naturaleza —el Caudillo era un endeble anciano de ochenta y un años— pronto pondría en sus manos. Rechazaban una «democracia con adjetivos» otorgada por etapas desde arriba: la política de los reformistas en nombre de una «democracia sin adjetivos». Todos los partidos de la oposición habían adoptado la estrategia comunista: una edición modernizada del Frente Popular cuya dirección abarcaba desde los demócrata-cristianos (Carrillo se había negado explícitamente a cualquier retorno al laicismo militante de la Segunda República; de ser «el opio de los pueblos», la Iglesia se había convertido en «la levadura de la reforma») hasta la izquierda no revolucionaria. Recordando las tácticas de «Caballo de Troya» de los años treinta, la oposición democrática no podía aceptar la sinceridad de las intenciones eurocomunistas de Carrillo y su acatamiento al pluralismo ideológico. Esto era particularmente cierto para el PSOE, firmemente en manos del «interior» con la elección de Felipe González como Secretario General en 1974. Los socialistas competían con los comunistas por la lealtad de las clases trabajadoras. Así, aunque todos los partidos de oposición estaban comprometidos con la ruptura democrática —un neto corte con el franquismo por la vía de un gobierno provisional y una Asamblea Constituyente democráticamente elegida—, formaron dos organizaciones separadas: la Junta Democrática (julio de 1974) era considerada por socialistas y demócrata-cristianos como empresa de los comunistas; en consecuencia, constituyeron su propia Plataforma de Convergencia Democrática (julio de 1975).

Desairado por los reformistas, rechazado por la oposición, Arias luchaba en 1975 con El Vaticano por la liberación de su arresto domiciliario del obispo Añoveros, debido a su apoyo al nacionalismo vasco; con una severa depresión económica que amenazaba la prosperidad en la cual el régimen se basaba, con terrorismo y huelgas²⁵ que alimentaban la histeria de la extrema derecha. La represión reclamada por el búnker convenció a la oposición de que el régimen no podía garantizar siquiera las más elementales de las libertades democráticas. A la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la alternativa planteada ya no era —como en los días del asesinato de Carrero— entre el «inmovilismo» y la «apertura» de los reformistas. El dilema de la oposición era ahora reforma o ruptura.

La reforma desde arriba no podía satisfacer en ningún caso a la oposición. Sin embargo, la ruptura democrática entrañaba incalculables riesgos políticos y la división de la sociedad entre vencedores y vencidos de nuevo tipo. La capacidad política del presidente Suárez y el realismo combinado con la presión de la oposición sustituyeron la «ruptura democrática», dados sus peligros, por la «ruptura negociada». Legitimada por el heredero escogido por el Caudillo —el rey Juan Carlos—, la democracia adquirió existencia jurídica, pacífica y legalmente, merced a las mismas instituciones que tendían a perpetuar el sistema político que llevaba el nombre de Franco.²⁶

CAPÍTULO XX

LA SOCIEDAD DEL FRANQUISMO, 1939-1975

1. Apogeo y decadencia de la autarquía

«En 1940 —escribía París Eguilaz, uno de los arquitectos de la economía de guerra Nacional— el ingreso nacional, a precios constantes, había vuelto a ser el de 1914, pero, puesto que la población había aumentado, el ingreso per capita se reducía a niveles decimonónicos; es decir, la Guerra Civil había provocado una recesión económica sin precedentes.»¹ A partir de esta pobre economía, Franco debía proporcionar empleo y, sobre todo, comida a los españoles que había, en sus propios términos, «liberado».

La economía no había sido destruida —los republicanos quemaban iglesias, no fábricas—: se había detenido. El transporte era, según el embajador de los Estados Unidos, «indescriptiblemente malo»: los caminos habían degenerado, los puentes habían sido volados y la mitad del material rodante de los ferrocarriles se había perdido.

Hasta los últimos años de la década de 1950, España buscó llevar a cabo la reconstrucción con las herramientas de una economía de guerra basada en modelos fascistas. Fueron los años de la autarquía: una economía autosuficiente, autocapitalizante, protegida por aranceles creados y regulados por la intervención estatal, impulsaría un programa masivo de sustitución de importaciones.² «España —señalaba la Ley Industrial de 1939— debe ser rescatada de la importación de productos exóticos»; separada del mundo exterior, debía producirlo todo dentro de sus fronteras, sin reparar en el costo.

Todos los instrumentos consuetudinarios del intervencionismo florecieron en los años cuarenta: salarios controlados por el Ministerio de Trabajo; tipos de cambio fijos; cupos de importación; regulación gubernamental de la instalación de nuevas industrias. Los inconvenientes del exagerado intervencionismo y de los controles físicos directos eran los cuellos de botella y la corrupción —por ejemplo, en el otorgamiento de licencias de importación—. El mercado negro se convirtió en un modo de vida, inclusive en una aproximación equívoca a la flexibilidad de mercado.

En los años cuarenta, el autoabastecimiento era algo más que una característica ideológica del nuevo Estado. En la escasez de posguerra, pocos Estados europeos podían asumir los riesgos e incertidumbres de una economía de mercado. El rasgo exclusivo de la economía española no consistía en el racionamiento de los artículos que escaseaban, ni en el control de precios, sino en la torpeza del aparato que administraba los controles y en el hecho de considerar el dirigismo y la autarquía, no como expediente temporal, sino como política correcta y permanente para «un Estado imperial militar». Así, la autarquía no sólo era una respuesta al mundo de escasez de la posguerra: era una filosofía del Estado, y su conservación como política económica adecuada a un régimen totalitario alejaba a España de los préstamos del exterior que necesitaba desesperadamente para importar los bienes de capital que reequiparían su industria. La autarquía era el reflejo en el ámbito económico de la paranoia en política; para España, rodeada por un mundo hostil y conspirativo, la autarquía se presentaba como una necesidad patriótica.³ La idea descansaba también sobre la creencia en que España era un país rico en minerales y otros recursos.⁴ Como consecuencia de tal paranoia y tal orgullo, la economía española siguió siendo pobre durante los años cuarenta, y no hubo en ella producción ni consumo. Fueron los «años del hambre». Franco convirtió la disposición para apretarse el cinturón en una demostración de patriotismo. «No queremos una vida fácil, cómoda... Queremos una vida dura, la vida difícil de un pueblo viril.»⁵

Gran parte de la retórica de los primeros tiempos del régimen estuvo dirigida al enaltecimiento de la agricultura: ello era debido en parte a que el problema de la alimentación de los españoles era primordial, y en parte a que el régimen consideraba al campesino agricultor como la verdadera corporización de los valores de la Cruzada Nacional, en oposición al obrero urbano corrompido por el marxismo. España había pasado por un proceso de re-ruralización (el porcentaje de población activa en la agricultura se había elevado de un 45 % en 1930 a un 50 % en 1940), aun cuando la agricultura, carente de fertilizantes importados, producía menos a más altos costos: en 1950, la producción de trigo, que ocupaba el 40 % del total de tierras cultivadas, se encontraba aún por debajo de los niveles de 1930. La respuesta gubernamental era la regulación y el sostén de precios para el trigo y su comercialización por medio del Servicio Nacional del Trigo. Ello beneficiaba al gran productor, mantenía los precios agrícolas muy por encima de los industriales, impulsaba un floreciente mercado negro y no alcanzaba a cubrir la demanda: España sólo se salvó de la hambruna por las importaciones masivas y el «regalo» de trigo argentino, que convirtió a Evita Perón en una heroína nacional. Únicamente se llegó a poner remedio a la situación con la abundante cosecha de trigo de 1951. El estancamiento agrícola, que no permitió alzas en el mercado interno, retrasó el renacimiento industrial. «Un año de buenas cosechas —reza un informe del Banco de Bilbao— es un año de prosperidad para el comercio y la industria.» Era el clásico modelo decimonónico de subdesarrollo.

El verdadero centro de poder en los años cuarenta se hacía evidente en la política agraria del régimen, que daba marcha atrás respecto de las reformas distributivas de la Segunda República, al sustituirlas por los modelos de colonización del nuevo Instituto Nacional de Colonización, organizado a la manera italiana. Proyectos que disfrutaron de mucha publicidad, como el Plan Badajoz, tenían por finalidad el establecimiento de agricultores en tierras irrigadas del Estado; los planes beneficiaban a los grandes terratenientes, que se llevaban la parte del león, antes que a los colonos necesitados.⁶ El único beneficio obtenido por el pequeño agricultor era la garantía de la tenencia a un arriendo fijo; este aspecto de la política franquista nunca dejó de suscitar amargas quejas por parte de los grandes terratenientes. Como la seguridad del empleo en la industria, era el reflejo residual de la retórica anticapitalista de la Falange y del ideal católico de una sociedad justa.

Si bien el problema inmediato era la alimentación —el pan, sobre todo— y la retórica y la política de precios del régimen parecían favorecer los intereses agrícolas, su objetivo fundamental era la rápida industrialización, impulsada por el Estado, dentro de los límites de la autarquía. La inversión extranjera estaba paralizada mientras se garantizaba a empresarios nativos una ganancia mínima sobre nuevas inversiones, con objetivos estrechamente controlados por las regulaciones gubernamentales para la instalación de nuevas industrias. El monopolio gubernamental INI, puesto en 1941 bajo la dirección del almirante Suances, amigo de Franco, y creado según el modelo del IRI italiano, iba, «mediante la creación de nuevas industrias y la multiplicación de las ya existentes», a «dotar a los nuevos valores raciales del indispensable apoyo de una poderosa industria. Este renacimiento debe contar con un acelerado ímpetu, si vamos a llevar a cabo el programa que nuestro destino histórico exige». El INI proporcionaría la inversión en industrias básicas (acero, energía, automóviles) suplementando y, en algunos casos reemplazando, la inversión privada.⁷

Los años cuarenta y los primeros años cincuenta fueron de intenso sufrimiento para la mayor parte del pueblo español: el «largo invierno» de colas para obtener alimentos, de ropas remendadas, de estilográficas a plazos, de cepillos dentales reacondicionados.⁸ La dieta inadecuada hizo de la tuberculosis un azote; la miseria convirtió la prostitución en una profesión respetable; en un intento de desalentar a los mendigos, la policía multaba a quienes daban limosna. Aun la España rural, cuyas condiciones eran mejores que las de las ciudades, sufría terriblemente. «La gente come todo lo que logra encontrar: cardos y hierbajos... La piel se nos abre y ulcera por no tener bastante de comer, por no lavarnos. No había jabón... Cuando me vieron dar comida a mis perros empezaron a gritar... Muchos otros murieron así, no directamente de hambre, sino por comer únicamente hojas de col y cosas.»⁹ La represión política, combinada con la apatía generada por la lucha por la supervivencia, no daba ocasión para la protesta. Una feroz legislación no lograba erradicar un mercado negro que alcanzaba al total de la población pero enriquecía sólo a unos pocos afortunados.

Fue el obligado ahorro infligido a la gran masa de los españoles, una inflación alimentada por una política de dinero barato,¹⁰ lo que dio lugar al inicio de un resurgimiento industrial: entre 1950 y 1957 la producción industrial se elevó a casi el doble y la primacía de la agricultura en la economía dejó de ser tal por cuanto su contribución al ingreso nacional pasó del 40 % en 1951 al 25 % en 1957; el ingreso nacional en sí crecía a razón de un 6 % anual. El racionamiento del pan finalizó en 1952. En 1954, el ingreso per capita había vuelto a elevarse finalmente a los niveles de 1914.

A medida que la industria crecía, lo mismo ocurría con su necesidad de bienes de capital y materias primas del extranjero, que no se podían pagar con las exportaciones agrícolas tradicionales ni con las exportaciones industriales de alto costo. La balanza de pagos española empeoraba gradualmente. La situación había sido algo menos tensa durante un tiempo, gracias a los préstamos de los Estados Unidos que llegaron con el acuerdo de 1953.¹¹ Llegaron, en palabras de Sardá, como agua a un desierto, pero en 1957 España estaba al borde de la bancarrota y era cada vez más incapaz de financiar importaciones. La inflación superaba el 15 %, empeorada por un avance de los salarios del 30 %, impulsado por el ministro falangista Girón de Velasco. Era una respuesta a las protestas de la clase obrera de Barcelona y las provincias vascas contra una de las consecuencias de la autarquía: la inflación incontrolada combinada con los salarios controlados.

2. Neocapitalismo

A finales de los años cincuenta la economía de la autarquía estaba en crisis: la sustitución de importaciones, como siempre ocurre, se quedó sin combustible; las nuevas industrias requerían la importación de bienes de capital que no se podían adquirir con las exportaciones de una economía protegida de alto costo. El crecimiento posterior está estrangulado. «Llegó un momento en que el deseo de industrialización debió conciliarse con las condiciones que la industrialización requiere.» La autarquía deja de ser un estímulo; se convierte en una camisa de fuerza. Al régimen le quedan sólo dos alternativas: encerrarse nuevamente en sí mismo y afrontar una drástica reducción de los niveles de vida mediante un endurecimiento del control político, o abandonar su «miedo al mercado» y arriesgarse a abrir la economía al mundo exterior.

Si a principios de los años cincuenta Arburúa, como ministro de Comercio, había hecho tímidas aproximaciones a una economía de mercado, favorecido por los más importantes bancos industriales, fue la reconstrucción ministerial de febrero de 1957 la que abrió el camino a la segunda opción: la «liberalización» de la economía; el abandono de la armadura de controles físicos; la confianza en una política monetaria más ortodoxa y rígida para salir al paso a la inflación; y la adopción de un tipo de cambio uniforme, para reemplazar los tipos múltiples, discriminatorios. En síntesis, el abandono del «miedo al mercado» y una dependencia de los precios, antes que del Estado, para determinar la asignación de recursos escasos.

Los apóstoles del nuevo estilo eran Navarro Rubio, en el Ministerio de Finanzas, y Ullastres, en el Ministerio de Comercio. Tenían que librar una batalla de retaguardia contra los arquitectos de la autarquía aposentados en el INI y el Ministerio de Industria, para los cuales una economía de mercado ponía en peligro no sólo sus propias carreras políticas, sino el conjunto de la filosofía social del régimen. Los liberalizadores neocapitalistas estaban pasados de moda; y no sólo estaban pasados de moda, sino que eran indiferentes a los sufrimientos que el capitalismo irrestricto acarrearía a los menos afortunados. En 1957, el INI comenzaba su informe retrospectivo con las siguientes palabras: «Las viejas tesis del liberalismo económico, de la búsqueda de la ganancia personal y el dominio económico, del tecnicismo (un golpe para los tecnócratas del Opus Dei), han sido superadas por nuevos y más generosos ideales».¹²

Los liberalizadores tenían que convencer a Franco: la «luz verde» de El Pardo seguía siendo la condición necesaria para todo cambio de política.

¿Por qué tuvieron éxito? En parte, porque había que hacer algo. Las divisas se agotaban rápidamente; la inflación había levantado una ola de huelgas, las cuales, si bien se atribuían al «comunismo», eran la clara respuesta de la clase obrera a un brusco descenso de los salarios reales. La prensa no ocultaba al público los efectos de la inflación, a pesar de que su remedio seguía siendo el viejo remedio de los controles físicos dirigidos a la supresión de la «codicia» y la «especulación».

Indudablemente, los liberalizadores¹³ estaban influidos por un cambio desconocido en la marea de la opinión pública. La creación del Mercado Común, la convertibilidad de las monedas europeas, engendraron un miedo casi patológico a quedar al margen de las nuevas economías del continente. Arriba, al que era difícil considerar defensor del capitalismo libre, consideraba que España debía entrar en la nueva Europa o enfrentarse al colapso (22 de enero de 1959). Navarro tomó la iniciativa sin precedentes de consultar la opinión por medio de un cuestionario que exponía las opciones: una política comercial liberal; la necesidad de un penoso proceso de estabilización (es decir, la reducción de la inflación mediante una política monetaria) si la necesaria convertibilidad para poner a España a la altura del resto de Europa se constituía en posibilidad. Todos los organismos consultados (con la previsible y notoria excepción del INI) aceptaron el principio que alentaba la nueva política de Navarro: precios interiores estables y un tipo de cambio estable eran inseparables y lo que él mismo consideraba un «amargo» remedio a corto plazo era inevitable.¹⁴ Aun los Sindicatos, de los cuales se podía haber esperado resistencia, aconsejaron la inmediata entrada en Europa y se mostraron dispuestos a pagar el precio. Como Navarro señalaba a los demás ministros en su memorándum de enero de 1959, si no se hacía algo para satisfacer ese deseo generalizado de superar el atraso, la brecha entre España y Europa, las consecuencias políticas supondrían un grave riesgo: los españoles se sentirían languidecer en «una prisión sujetos a una serie de controles que sólo existen al otro lado del Telón de Acero».¹⁵ Era una argumentación muy fuerte para el Caudillo. No le gustó el sabor del nuevo medicamento; pero dijo «Que se haga».

Pocas dudas puede haber de que los principales impulsores hacia la nueva política económica fueron los organismos internacionales capaces de proporcionar los créditos para la obra de estabilización. En los dos años anteriores a la plena puesta en marcha del plan de estabilización de 1959, se había recorrido gran parte del camino hacia la restauración y saneamiento de la economía y el equilibrio del presupuesto. Como resultado de la reunión con el FMI y la OCDE, la comunicación final a estos organismos puso en claro la «aceptación de los organismos» por los liberalizadores, su crítica a las constricciones del antiguo sistema de espléndido aislamiento. «El gobierno cree que ha llegado el momento de adaptar la política económica con la finalidad de situar la economía española en el mismo plano que las de los países del mundo occidental y liberarla de intervenciones, provenientes del pasado, que no corresponden a la situación actual.» ¿Y cuál era la herencia del pasado? La declaración de ideales de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, de noviembre de 1939: «La creación de una economía española grande y próspera, liberada de la dependencia extranjera».

Una vez obtenida la luz verde de El Pardo, se aplicaron las recetas del capitalismo occidental ortodoxo: una rápida, brusca deflación que despejaría el camino para el desarrollo y la integración al capitalismo internacional; el control de la emisión de moneda; la reducción del gasto público; un tipo de cambio realista; una congelación de los salarios; una liberación parcial del comercio exterior. Sobre todo, la apertura de España a la inversión extranjera.

Los resultados fueron tan penosos como Ullastres había predicho: una dramática intensificación de la recesión que se había iniciado en 1958, reflejada en una violenta caída en las inversiones, despidos masivos y desempleo.

Pero el remedio surtió efecto, aun cuando la dosis recomendada por los consejeros extranjeros fuera mayor que la que los estómagos de los liberalizadores españoles podían tolerar. En 1961 se inició la recuperación y España estuvo en condiciones de entrar en un período de rápido crecimiento: el «milagro» de los años sesenta iba a continuar sin interrupción hasta 1966. Cuando, en 1952, se abrió la fábrica SEAT, sus directivos estaban preocupados porque el mercado absorbiera cien coches al mes; en la década de 1970, la industria automovilística llegó a producir cerca de un millón de unidades al año para una sociedad con hambre de vehículos. Las exportaciones industriales superaron a las de productos agrícolas como proveedoras de divisas. El ingreso de los españoles con empleo se triplicó entre 1960 y 1972.

El gobierno afirmaba que esos logros eran la consecuencia de las nuevas políticas y los planes de Desarrollo de los tecnócratas, desde 1974 en adelante, posibles sólo por las reformas administrativas de López Rodó, que buscaban transformar una burocracia incoherente en un instrumento de planificación global. Como en el caso de la planificación indicativa francesa (de la cual se derivaba inclusive la terminología empleada por los economistas españoles), los planes hacían las veces principalmente de «reductores de incertidumbre». Esto alentó la inversión privada extranjera: de 100 millones de dólares en 1960, llegó a los 5.980 millones en 1973.

Aún más importantes en la estimulación de la economía a través del suministro de divisas para la importación de bienes de inversión para el despegue industrial fueron los ingresos debidos a los turistas y las remesas de los emigrantes. Los primeros fueron el rendimiento del capital natural de sol y playas; en 1972, el millón de turistas se había convertido en una invasión anual de 34 millones. Las segundas eran la señal del fracaso de la nueva economía en lo tocante a absorber en la industria la mano de obra rural depauperada; en 1968, más de un millón de españoles trabajaban en fábricas y factorías de Francia, Alemania, Suiza y Bélgica.

Este desarrollo implicaba que la España de la autarquía y el racionamiento se había convertido en una sociedad de consumo relativamente rica, una economía capitalista de mercado —desfigurada, es cierto, por los bien atrincherados miembros del viejo aparato de regulación de los años cuarenta— dependiente para la conservación de su salud de la economía internacional de la que había llegado a formar parte. Para el marxista Tamames, España estaba a merced de una oligarquía financiera e industrial, aliada con el capital extranjero, una «neoautarquía» en la cual las palancas de la intervención estatal estaban a disposición de los intereses de los más poderosos.¹⁶ Para los defensores resueltos del mercado libre, aquella economía era una mezcla de retales y trozos unidos por el esparadrapo de la burocracia paternalista.¹⁷ La embriagadora dosis de liberalización de 1959-1960 no bastó a superar la inercia del sistema y los intereses en él agazapados. Los gobiernos, por los «circuitos privilegiados» de los tipos preferenciales de interés y los procesos de «acción concertada»,¹⁸ desviaban el flujo del ahorro hacia la inversión en sectores favorecidos.

El triunfalismo estadístico de la que el propio Franco llamaba «nueva era» no podía ocultar dos fallos. Mientras los salarios reales aumentaban, el ingreso no era redistribuido; la vieja brecha entre las «dos Españas», entre el interior rural estancado y las regiones industrializadas del triángulo nororiental, las prósperas periferias vasca, levantina y catalana. En 1970, el 70 % de los hogares de Madrid contaban con un aparato de televisión; sólo el 11 % de los de la provincia de Soria tenía igual elemento de confort. Ullastres era un creyente impenitente en el desarrollo desigual no dificultado por los desequilibrios regionales que dotaban a las regiones prósperas de ingresos tres veces superiores a los de las provincias pobres;¹⁹ los «curas progresistas» que criticaban los sufrimientos de la clase trabajadora durante la deflación y el congelamiento de salarios del Plan de Estabilización no entendían el funcionamiento de la economía y pedían caridad para los obreros en vez de confiar su bienestar al crecimiento del PNB. Las excesivas reivindicaciones salariales, insistía Ullastres, eran el arma secreta de los comunistas para destruir las economías occidentales mediante la inflación.

La Iglesia no dejaba de lado sus críticas ni su interés por los trabajadores. «Lo único que no se ha desarrollado como cabía esperar —observaba el cardenal Herrera en 1968— es la justicia social.» El cardenal Pla y Daniel, políticamente en la línea más dura, defendía a la HOAC del monopolio falangista de los trabajadores. Su manifiesto de 1961 era un ataque frontal al Plan de Estabilización. En cuanto a la oposición, mientras las críticas a la acción económica del gobierno eran toleradas a la vez que se suprimían los ataques al sistema político, concentraba sus ataques en una estructura impositiva regresiva y el fracaso en lo tocante a la provisión de viviendas dignas o servicios sociales a la clase trabajadora.²⁰

La oposición podía presentar así la economía del neocapitalismo como una defensa de la oligarquía. La banca privada constituía el rasgo más saliente del panorama económico. Donde las reservas de divisas eran escasas, desempeñaba un papel fundamental en la financiación de la industria y sus directores se sentaban en los consejos de administración de las empresas a las que apoyaban; sus conexiones con el gobierno crearon una red paralela.²¹ Se había discutido la existencia de un proceso de creciente «privatización» del sector público. El INI se convirtió, en el esquema de López Rodó, en subsidiario (y subsidiador) de la empresa privada; financiaba insolventes y perdía el control de su más brillante creación: la fábrica de coches SEAT. Los procesos de concentración, la creciente preponderancia de las industrias de alta intensidad de capital, la conexión entre los sectores público y privado, la cada vez mayor penetración de las compañías multinacionales, eran rasgos comunes al capitalismo occidental; España sólo era diferente en que se atribuían a la peculiar naturaleza del sistema político.²²

Mientras la proporción de los salarios en el ingreso nacional se aproximaba a los niveles europeos,²³ mientras el trabajador de las regiones industriales (y sólo allí, ya que el trabajador rural sólo disfrutaba del 40 % del salario medio) podía adquirir una amplia gama de bienes de consumo ofrecidos por las nuevas industrias,²⁴ la principal debilidad de la economía del franquismo era su incapacidad para ampliar las bases imponibles sobre las cuales descansaba el ingreso del Estado. Era, una vez más, la consecuencia de una estructura política integrada mayoritariamente por empresarios y dependiente del apoyo de las clases medias. El propio Franco se resistía invariablemente a una reforma impositiva que afectaría a los grupos de más altos ingresos. El sistema impositivo español era el más injusto, en términos sociales, de Europa: era regresivo, con un 65 % del ingreso procedente de impuestos indirectos que recaían pesadamente sobre las clases más pobres. Y no sólo socialmente era injusto.

Ello significaba que los gobiernos estaban condenados a lo que se llama presupuesto sobre rentas, característico de las ciudades «pobres» de los Estados Unidos:²⁵ todos los gastos deben estimarse sobre una base impositiva que sólo se amplía con el desarrollo de la economía. La situación se veía empeorada aún más por la evasión fiscal, que un ministro de Finanzas definió como «un fenómeno general y comúnmente aceptado, de colosales proporciones». Con los gastos generales limitados, sólo las prioridades podían cambiar —la educación, por ejemplo, superaba a los gastos militares—.²⁶ Los servicios sociales, con los cuales la Falange esperaba ganar la lealtad de la clase trabajadora, estaban depauperados. Los ministros, por lo tanto, estaban comprometidos en una constante batalla por la participación en un ingreso en lenta expansión, una batalla en la cual el ministro de Finanzas era el árbitro final. Aquellos que, como López Rodó, tenían una línea privada con Carrero Blanco o con el Caudillo, ganaban.

3. La España rural

La España rural siguió siendo el pariente pobre de la nueva España industrial. Los años sesenta vieron el éxodo masivo del campo, empobrecido por su alta tasa de natalidad, a las ciudades de España y las fábricas de Europa. En los años setenta se hablaba de la «crisis de la agricultura tradicional»: la España rural, antaño considerada «la reserva moral de la nación», se había convertido en la Cenicienta de una economía cuyo rumbo era el de un rápido crecimiento industrial.

Sin una vasta transferencia de recursos humanos del campo a las ciudades —especialmente a las áreas industrializadas desde antiguo de Cataluña y el País Vasco— no podía haber habido despegue industria1.²⁷ En 1970, más de un millón de andaluces vivía fuera de sus provincias nativas. Sólo en Barcelona había 712.000. Madrid drenaba sus alrededores: era la metrópolis de una Castilla desierta. La emigración al extranjero fue la respuesta a la brusca y cruel recesión de 1959; sin esa válvula de seguridad se hubiese presentado el desempleo masivo.

En los años cincuenta, la emigración era una salida de la pobreza insoportable; en los sesenta se convirtió en un camino hacia la movilidad social.²⁸ Al principio, los emigrantes se establecían en chabolas; en la década de 1970, en las viviendas dormitorio, que revolucionaron el paisaje urbano tanto como las modernas casas construidas por los emigrantes de regreso desfiguraron el paisaje de Galicia. El proceso de re-ruralización de la inmediata posguerra se invirtió: el éxodo rural dejó pueblos y pequeñas ciudades habitados sólo por viejos y niños; la desolación fue uno de los temas favoritos del novelista castellano Miguel Delibes. La agricultura como forma de vida perdió su atractivo frente a la «animación» y las oportunidades de las ciudades. Los hijos abandonaban los caseríos vascos, fortalezas tradicionales de los valores campesinos, y marchaban a las fábricas de Bilbao.²⁹ «La nostalgia por la vida campestre —escribe Amando de Miguel— es completamente utópica.» Gustos y valores son cada vez más los propios de la sociedad urbana.³⁰ En las poblaciones rurales catalanas, los granjeros adoptaron la «cultura de bar» de las ciudades.³¹

Al principio, el gobierno había intentado detener el flujo a las ciudades y al extranjero. En 1955, Arrese consideraba «cada casa que se construye en la ciudad» como «una nueva tentación para el campesino», un drenaje de la «reserva moral de la nación». En los años sesenta, el gobierno se inclinó ante las necesidades de la industrialización y, en lugar de impedir el flujo migratorio hacia el exterior, creó organismos gubernamentales para asistirlo. Fue uno de los cambios más dramáticos en la vida oficial de una sociedad española ideal.

La absorción de aquellos inmigrantes casi analfabetos que llegaban con sus maletas de madera a las estaciones ferroviarias atestadas, significó una grave carga para los servicios sociales y la infraestructura urbana de las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. En Cataluña, la absorción cultural de los inmigrantes de habla no catalana planteó un problema peculiar. En un comienzo, eran «espaldas mojadas» y se quejaban del «racismo» catalán que les mantenía en empleos de bajo salario. «Lo que quiero —es el grito angustiado del antihéroe murciano de la novela de Marsé sobre la vida de un suburbio de inmigrantes— es que la gente me respete.»³² Es tratado como un delincuente analfabeto por la madre de su novia catalana de clase alta. Alarmados al principio por la irrupción de los «charnegos» en la cultura catalana, los nacionalistas catalanes vieron que sólo una paciente política de educación podía absorber y convertir a ese elemento extranjero.

La salida del campo se vio alentada por los nuevos métodos de cultivo. Los gobiernos no atacaron los grandes latifundios; pero, mediante una política de concentración parcelaria aliviaron los males de la fragmentación en pequeños trozos de tierra, concentrando las explotaciones en unidades racionales. Pero la concentración tendía a beneficiar a los propietarios de parcelas más importantes, dejando a un lado a un proletariado rural de propietarios de aproximadamente una hectárea, para el cual la emigración era la única manera de escapar a un trabajo terrible y no rentable.

El desarrollo económico creó una raza de kulaks y un proletariado de agricultores de subsistencia. Sólo los campesinos más importantes podían modernizarse. El índice de inversión más notorio es el número de tractores: éste se multiplicó por cuarenta entre 1960 y 1970. La mecanización transformó las relaciones de trabajo del gran latifundio: los grupos de braceros contratados en la plaza local³³ fueron reemplazados por segadoras-trilladoras; la modernización significó la aparición de una casta de empresarios agrícolas. La rica campiña de Córdoba ha sido revolucionada por los fertilizantes artificiales, la mecanización y por cultivos comerciales que requieren menos trabajo.³⁴ Cada vez más el latifundista se ve a sí mismo, no como un rentista ausente, sino como un empresario modernizador, consciente de la relación costo-beneficio. La modernización y la mecanización aumentaron la disponibilidad de mano de obra emigrante.

Andalucía siguió siendo una zona deprimida con la más alta tasa de desempleo del país, la cual proporcionaría más tarde el mar de fondo social para un movimiento «nacionalista», tal como las inquietantes condiciones de los agricultores gallegos fueron el desencadenante del nacionalismo gallego. El árido Este, donde un par de años de malas cosechas significaban la bancarrota del pequeño campesino, aportaba su cuota de camareros en los hoteles para turistas de la costa y trabajadores de la vendimia de Francia.³⁵ Aun así, Andalucía es una sociedad cambiante. Como en otras partes de la España rural, el estricto control social de una sociedad personalizada se desvanece; el trabajador andaluz ya no es un paria en la sociedad de demoledora pobreza y respeto que era la base del poder de los muñidores electorales, los «caciques» del viejo sistema parlamentario. Ya no se sueña con invadir fincas. Se forma un sindicato.³⁶

Regiones enteras de España permanecieron intactas ante la modernización de la agricultura: la Andalucía oriental, gran parte de Galicia, donde los turistas acudían a inspeccionar una sociedad primitiva, grandes zonas del centro de Castilla. El gobierno había ganado la «batalla del trigo» de los años cuarenta; pero la agricultura «tradicional» no podía responder a las exigencias del cambio de hábitos dietéticos de las ciudades.³⁷ La superproducción de los cultivos tradicionales protegidos generaba superávits; en la primavera de 1977, los agricultores españoles imitaban a sus colegas franceses e interrumpían el tráfico de carretera con sus marchas de tractores. Reclamaban precios garantizados: precisamente el mecanismo que había sostenido los grandes monocultivos mediterráneos. «La protesta masiva de los agricultores —se comentaba en el informe de 1976 del Banco de Bilbao— está más justificada que la de cualquier otro sector de la sociedad.» En los primeros años del franquismo, los tipos de interés y los precios relativos de los bienes industriales y agrícolas favorecían a los agricultores; era la transferencia de sus ahorros a la industria lo que había ayudado a financiar los modestos inicios de una economía industrializada.³⁸

No sólo la agricultura estaba en dificultades. Los dos últimos años del franquismo coincidieron con la recesión mundial, con sus repercusiones en España, ahora sociedad industrializada, vinculada con la economía internacional. Las importaciones españolas de energía constituían la más alta proporción mundial respecto de los ingresos de la exportación; los trabajadores regresaban a España, debido a la contracción de las economías de la Europa occidental. 1975 fue el peor año desde 1959; el crecimiento, por primera vez, fue negativo. Para los empresarios, la edad de oro se había convertido en una edad de hierro; los beneficios cayeron del 9,5 % del ingreso nacional al 5,8 %. Con beneficios en proceso de reducción, sumados a las incertidumbres políticas de un régimen en crisis, las inversiones languidecieron. Los inversores de clase media que se habían lanzado al mercado en 1970 perdieron todas sus ganancias.³⁹ El gobierno, para paliar el déficit, como todos los de Europa, bombeó dinero hacia los sectores más deprimidos —el acero y la construcción—. Los planificadores volvieron a las políticas de stop-and-go. El Banco de Bilbao atribuyó la caída de las inversiones a «una profunda transformación»; un alza brusca en los salarios devoró los márgenes de beneficio. Ello reveló un nuevo equilibrio en la sociedad española.

4. Sociedad

En 1975, Madrid y Bilbao tenían los niveles más altos de contaminación atmosférica del conjunto de las ciudades europeas. Ello constituía una medida de la rápida industrialización y urbanización de los años sesenta. De una sociedad agraria con un apéndice industrial, España había pasado a ser una sociedad industrial con un apéndice agrario. En otras sociedades occidentales, tan dramática transformación había tenido lugar gradualmente, a lo largo de un extenso período; en España, el estadio final de la «revolución industrial» fue interrumpido por la Guerra Civil, y el advenimiento de la sociedad de consumo tuvo lugar en un país aún comprometido oficialmente con los valores católicos tradicionales.⁴⁰ Por lo tanto, los conflictos se produjeron por lo que los estudiosos de las economías en desarrollo llaman «modernización superficial».

Tales cambios iban a modificar la naturaleza del poder franquista. En sus primeros estadios —falangistas aparte—, todo hacía pensar que la amalgama de propietarios de la tierra y empresarios que, formada en el siglo XIX y amenazada por el «socialismo progresivo» de la Segunda República, había retornado al poder: sus miembros más prominentes eran los compañeros de cacería escogidos por Franco.⁴¹ Como muchos dictadores modernos, el Caudillo era admirador de los tecnócratas e ingenieros —«realizadores», por oposición a los «soñadores»— y le encolerizaban los «frívolos» aristócratas, cortesanos de Don Juan. Pero la parafernalia de su propia corte, sofocante rival de la anterior, sostenía valores aristocráticos. La nota de vulgaridad de la nueva España la daban los nouveaux riches de la Guerra Civil y los estraperlistas de los depauperados años cuarenta.

Tan pronto como el éxito de la industrialización echó por tierra la autarquía, se modificó el cómodo mundo de influencias que determinaba que «todo en España... se obtuviera porque se tenía un amigo».⁴² Las nuevas consignas de los años sesenta fueron las del mundo impersonal y competitivo de las corporaciones empresariales: eficiencia, racionalidad. Emilio Romero se quejaba: «El dogma ha sido arrojado por la ventana. Ahora tenemos los solucionadores, los chicos que han ido a la universidad, especialmente a la Facultad de Económicas». Si los ataques falangistas a los ricos pasaron de moda, el cambio no fue dramático: el objetivo de Ullastres y López Rodó consistía en propiciar una nueva simbiosis entre los valores católicos, un sistema político autoritario y el modo de vida americano.⁴³ La burocratización y la racionalización no significaron un gran cambio en la composición esencial de lo que la oposición llamaba la «oligarquía»: ésta se limitó a absorber nuevos talentos y convertirse en una clase empresarial.⁴⁴

El billete que garantizaba el acceso a las clases dirigentes era una educación universitaria; los «número uno» de las «oposiciones» profesionales —los exámenes de ingreso al funcionariado civil o a las cátedras— constituían la nueva aristocracia. La absorción de los profesionales universitarios más capaces, procedentes de lo que llamamos «clases medias tradicionales», por el aparato del régimen, como ministros y subsecretarios, fue un factor importante en la explicación de su longevidad. Falangistas y militares aparte, los últimos gobiernos de Franco estuvieron dominados por profesores: Ullastres, López Rodó —la más importante figura de la política económica—, Fraga. Estrechamente conectados con el mundo de la banca y las empresas, desplazaron a ministros como Benjumea.

La expansión del sector de servicios de «cuello blanco», que sobrevino como consecuencia de la expansión industrial (distinta de la inflación del sector de servicios característica de las economías subdesarrolladas), proporcionó los miembros de la llamada «nueva clase media». Pocas dudas podían caber de que sus cuadros superiores serían conformistas, agradecidos por la limitada movilidad social y la respetabilidad derivadas de la «paz de Franco». Los cuadros inferiores sufrieron un proceso gradual de radicalización que más tarde contribuiría a ampliar las filas del Partido Socialista. Los empleados de banca «se manifestaban» llegando al trabajo sin afeitar y sin corbata y abriendo cuentas de 5 pesetas.⁴⁵ Los funcionarios civiles, una vez seguros de tener asignado un lugar en la sociedad «decente» —«decente» es una palabra clave en el vocabulario de la clase media—, vieron erosionados sus ingresos y su jerarquía, tratando de organizar sindicatos, con la oposición de los miembros privilegiados de los «cuerpos» y de las clases medias altas. Ello representaba una doble amenaza para quienes se suponían dóciles ejecutores de políticas: no sólo los funcionarios civiles eran el 5 % de la población activa, sino que procedían de aquellas clases medias que constituían el principal sostén del régimen. Para los sucesivos gobiernos, «reforma» significaba eficiencia y modernización, antes que negociaciones y consultas. El funcionariado civil era una «familia», en mejores condiciones, les decía el almirante Carrero Blanco, bajo un régimen estable que en una democracia de «series efímeras de políticos» dispuestos a intervenir en las promociones con la finalidad de recompensar favores de partido.⁴⁶

Los empleados de banca y los funcionarios civiles no eran decididamente radicales; muchos de ellos eran conformistas, víctimas confundidas de lo que los sociólogos llaman «inconsistencia de estatus». Los empleados de banca apoyaban el «socialismo» y la nacionalización de los bancos privados; casi todos habían recibido una educación religiosa compulsiva y sólo una minoría era partidaria del control de la natalidad. Sin embargo, puesto que España alcanzó los niveles europeos en cuanto a tasa de natalidad, que fue la más baja del continente en las clases medias, han de haber estado practicando en privado lo que condenaban en público. Ello revela, en el más íntimo nivel de la vida personal, las contradicciones que se estaban desarrollando entre las costumbres particulares y la ideología oficial, típicas de los procesos de cambio y resistencia al cambio que caracterizaron al franquismo de los últimos días entre las clases medias urbanas españolas.

Todo esto se evidenciaba en el cambiante estatus de las mujeres. Un sector de servicios en expansión daba nuevas oportunidades a contables, mecanógrafas —es significativo que el trabajo tradicional de la mujer, la faena doméstica, empiece a contraerse—. Mientras el trabajo de la mujer fuera de casa —especialmente la mujer casada— se seguía considerando antinatural y la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo activa seguía siendo baja, tenía lugar una lenta y silenciosa revolución. Los valores entraban en conflicto con las necesidades y oportunidades de la vida económica: aun en pueblos en que el trabajo de la mujer fuera del hogar se considera «feo», es una práctica común.⁴⁷ La emancipación de las mujeres, cada vez más frecuentemente con educación universitaria, era resistida por la Iglesia, mientras la Falange, que había movilizado a las mujeres para el trabajo social en la guerra, las preparaba para su labor como «amas de casa». «En materia de moral —sostenía la hermana de José Antonio—, la Sección Femenina [de la Falange] siempre ha defendido la posición de la Iglesia.»⁴⁸ Pero el concepto católico según el cual el lugar de la mujer estaba en el hogar, que aún tenía peso en los años setenta, no podía sostenerse en una sociedad industrializada, cada vez más secularizada.⁴⁹

Con la decadencia del sector agrícola, la clase obrera urbana se convirtió en la más numerosa y potencialmente más poderosa de las clases de España. Pero ya no era la clase obrera manufacturera, aislada por modelos de conducta y vestimenta: la mitad de sus miembros eran trabajadores calificados y empleados del sector de servicios, que disfrutaban de un nivel de vida cada vez más de clase media baja, aun cuando tuvieran que trabajar más tiempo y más duramente que sus pares europeos para obtenerlo; esta «clase obrera con corbata» dio por tierra con la predicción marxista de que la industrialización produciría un proletariado homogéneo y con conciencia de clase.

En los años cuarenta los obreros estaban acobardados. Persecuciones políticas aparte, su vida era una lucha a muerte por conseguir un empleo y alimentar una familia. Era mejor mantener la cabeza gacha y no correr el riesgo de ser tildado de «rojo» creando problemas con el salario.⁵⁰ Con la naciente sociedad de consumo de principios de los años sesenta, poco puede sorprender que los trabajadores pensaran en las satisfacciones individuales —el aparato de TV, la educación de los niños «para salir de la clase obrera»— antes que en la acción colectiva; sólo en sectores con una larga tradición sindical había huelgas. Los Sindicatos Oficiales y los Tribunales del Trabajo atendían quejas individuales.

Con la legalización de las negociaciones colectivas, que abarcaban a un número cada vez mayor de trabajadores, se empezó a considerar el beneficio individual como una consecuencia de la acción colectiva. Los cambios en los procedimientos electorales en los sindicatos burocratizados abrieron posibilidades a la política de «entrismo» de los comunistas.⁵¹ La elección de comités de fábrica y de jurados de empresa adquirió relevancia. Solís confiaba en revivir el sindicalismo oficial con una auténtica representación de la clase obrera: «Trabajadores, vuestra voz debe ser oída».

Cuando esa voz se oyó, en las elecciones de 1975, fue el toque de difuntos del sindicalismo oficial. La persecución de las Comisiones Obreras en 1968 no logró impedir el triunfo del sindicalismo «democrático»; la «ocupación democrática de los sindicatos», con la elección de «auténticos» representantes responsables de los trabajadores en sus asambleas, fue saludada por los militantes como una nueva aurora. Para los ultrajados sindicalistas burocráticos, se trataba de la «oficialización de los rojos».

Esto no significó —con la excepción de grandes empresas como SEAT— el surgimiento de la conciencia de clase de los obreros, como los marxistas, obsesionados por los riesgos de embourgeoisement y la integración de los trabajadores en una sociedad neocapitalista más resistente, la definían.⁵² Las relaciones personalizadas persistieron en un sinnúmero de pequeñas empresas. Había un lumpenproletariado marginal, que entraba y salía de los empleos, y más de medio millón de hombres vivía sobre la base del salario mínimo legal, con el cual era imposible mantener una familia. Era la nueva clase trabajadora la que apoyaba a Comisiones Obreras. Aun así las huelgas siguieron siendo «económicas», en reclamo de una parte más sustanciosa de lo que el gobierno insistía en considerar como un pastel cada vez más grande; no obstante, las huelgas de solidaridad en apoyo de representantes electos despedidos aumentaron. Pero había una nueva militancia, especialmente en los trabajadores más jóvenes, que no habían experimentado los traumas de 1940 y 1959-1960. En 1966, un veterano de la CNT, que había participado en las grandes luchas de preguerra, dijo a su hijo: «No creas en estas cosas. Lo primero es estudiar. Mezclarte en política te puede costar la carrera». En 1975, el hijo pudo decir a su padre que hacía tiempo que se había mezclado en cuestiones políticas.⁵³

5. La necesidad de cambio

«España es diferente» había sido el eslogan con el cual el gobierno alentaba a los turistas. En 1975 ya no era diferente; era una sociedad industrializada de la Europa occidental. Un movimiento ecologista inició su protesta contra los aspectos inaceptables de la industrialización; las autopistas eran el símbolo de un intento de «japonizar» España, un sacrificio ritual «a una filosofía económica y social que elige el automóvil como símbolo de la sociedad occidental industrializada».⁵⁴ Una vez superados los grandes dolores del Plan de Estabilización de 1959, grandes sectores de la población disfrutaron de niveles de vida inconcebibles en los años anteriores; las playas atestadas no eran únicamente resultado de la invasión turística; eran, como Semprún advirtió en 1975, el «inconfundible signo de la expansión masiva del bienestar económico».⁵⁵ Franco llamaba «buenos» a quienes disfrutaban del bienestar, quienes se habían beneficiado de la «paz de Franco».

Si el comienzo de la opulencia tras las privaciones de los años cincuenta trajo aparejado lo que Aranguren denunció como «consumismo apolítico»⁵⁶ y Emilio Romero pudo recordar a la oposición que la ultima ratio del «presente sistema» era la negativa de los españoles a sacrificar la paz social y sus consecuencias materiales, entre la sociedad española y la mentalidad que sus gobernantes seguían representando se iba abriendo una brecha. López Rodó creía que la prosperidad traería paz política, un cálculo elemental erigido en filosofía política por Fernández de la Mora: la apatía política, había escrito en los años cincuenta, era el signo de una sociedad sana; en 1974 defendía al régimen como creador de una sociedad industrial, un «prometedor instrumento político» que sólo los locos podían rechazar.⁵⁷

Era indudable que la mayoría de los españoles se abstenía de la protesta política —aún en 1973 una encuesta determinó que el 53 % de los españoles no estaban interesados en política— porque temía por su propio bienestar.⁵⁸ ¿Cómo explicar entonces el total rechazo del franquismo en las primeras elecciones libres de 1977?

Indudablemente, los constantes ataques de la oposición habían minado la autoridad moral del régimen. El hecho de que la «democracia orgánica» aún mantuviera a España fuera de la CEE constituía un arma poderosa en sus manos. El deseo de cambio era evidente; se convirtió en la opción nacional en cuanto fue evidente que la democracia no implicaría, como Franco había amenazado constantemente, un retorno a la anarquía social. Una vez legitimado el cambio político por el sucesor escogido por Franco, el rey Juan Carlos, fue resueltamente aceptado.

No sólo el franquismo aparecía como un sistema político cada vez más arcaico y represivo aislado en Europa; su régimen gemelo cayó con la revolución portuguesa de 1974. Los cambios económicos interiores que el franquismo había presidido, aun cuando no los hubiera inducido —los miembros de la oposición sostenían que la prosperidad española era un mero reflejo del auge de los años sesenta en la Europa occidental, distorsionados por un gobierno inepto—, estaban en conflicto con los valores básicos sobre los cuales el sistema aún descansaba.

Más que derivados del totalitarismo, esos valores eran los de las clases medias tradicionales. Un catolicismo claustrofóbico, conservador, no aliviado por las escisiones creadoras alentadas por la disensión religiosa, proporcionó la ortodoxia social de la España de Franco. Nominal o sincero, siguió siendo una necesidad promocional de la vida oficial. Las novelas que describían las hipocresías sexuales y los conflictos personales que tan rígida ética infligía a la adolescencia, especialmente en los primeros años, se convirtieron en un género literario.⁵⁹ Mientras los valores católicos de austeridad y abstinencia «coincidían» con una sociedad autárquica de escasez, se veían erosionados por una sociedad cada vez más secularizada, cuyos «becerros de oro» eran el aparato de TV y el automóvil.

Como cabía esperar, esta incongruencia se evidenció por primera vez en la generación que no vivió en edad adulta la Guerra Civil. La diferencia de valores se advirtió primero en las ropas y en los gustos musicales —las topolinas de los años cuarenta, con sus cigarrillos Camel y las uñas de los pies pintadas, eran, en frase del novelista Umbral, «la vanguardia de una nueva moralidad»—. La cortesía formal y supervisada del noviazgo sobrevivía en la España rural, pero era rechazada por los estudiantes progres, para los cuales las mujeres no eran «cajas para poner niños». Una estructura moral aparentemente inmutable era objetada por quienes habían probado una cultura alternativa en las librerías de París. Lo que había comenzado como un sentimiento de repulsión estética de una minoría de estudiantes de clase media ante lo que uno de ellos (el poeta catalán Carlos Barral) llamó el mundo «terriblemente feo y vulgar» de los años de posguerra, con sus filmes tediosos, sus formalidades religiosas y su retórica vacía, se convirtió en un rechazo total del régimen: sólo eran posibles la indiferencia de la apatía o la rebelión. Se puede caer en la tentación de exagerar la medida de la rebelión de los intelectuales, llevándola hasta más allá del mundo universitario burgués, inmerso en su cultura submarxista, y subestimar la extensión de la apatía y la alienación. La cultura alternativa de protesta encontró poco eco en la juventud rural o de clase obrera.⁶⁰ No obstante, la invasión turística, contra la cual los obispos habían tronado en vano antaño, se convirtió, para los gobiernos, en una necesidad de supervivencia económica, compras de coches, estufas de butano, empleos (un millón de puestos al año) y un vislumbramiento de nuevas costumbres sexuales en la costa del Mediterráneo y su hinterland. La creciente brecha entre generaciones —inevitable consecuencia del debilitamiento de la autoridad paterna en las sociedades industrializadas— siguió siendo un fenómeno fundamentalmente burgués; pero reveló que el régimen que había «salvado» a los padres no había logrado la lealtad de los hijos.

Franco, sin embargo, murió en su cama como Caudillo de España. Al final, el franquismo gozaba de lo que Laín Entralgo llamó la «distraída pasividad de las grandes masas».⁶¹

6. El colapso cultural, 1939-1975

Si el franquismo estaba basado en la desmovilización política, los primeros años presenciaron una tentativa de crear una cultura de apoyo. Era una tarea difícil: los poetas, filósofos e historiadores que habían apoyado a la República eran la «otra España», la «España peregrina» en el exilio; en España quedaban un puñado de mercenarios que ocupaban puestos en las instituciones culturales del régimen y en la Universidad «por derecho de conquista».⁶² La cultura oficial era una extraña mezcla de entusiasmo imperial «viril» de los falangistas y exaltación de virtudes militares, combinada con una religiosidad emocional que identificaba España con la defensa del catolicismo tridentino. Los españoles llegaron a creer que esta curiosa amalgama de totalitarismo, con su «doctrina del caudillaje» (versión española del Führerprinzip), los anhelos imperiales de la Falange (Gibraltar y un trozo del África francesa del norte) y catolicismo tradicional encontraría un lugar y un eco en la Nueva Europa de Hitler. En 1945 era un absurdo. Aun cuando los médicos favorecidos por el régimen pudieran sostener que el psicoanálisis era un producto judío de la degeneración de las democracias,⁶³ las construcciones culturales propias parecían especímenes de una era arcaica encapsulados en una Europa democrática. El cordón sanitario de una feroz y ridícula censura demostró ser ineficaz para detener una lenta pero irreversible infección del exterior. En 1950 se permitió leer a Freud y los jóvenes sociólogos fueron a estudiar a América.

El nacional-catolicismo, que competía en influencia con la Falange en las alturas directivas de las instituciones culturales, no proporcionó una alternativa viable a largo plazo a la vacía retórica del Movimiento, ni una entrada en las corrientes del pensamiento europeo. Fue más bien una resurrección del aislacionismo intelectual de Menéndez y Pelayo y del integrismo de Donoso Cortés.⁶⁴

Las instituciones culturales más importantes eran la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (sic) del gobierno. Las funciones de la Universidad en el Nuevo Estado fueron expuestas en la Ley Universitaria de 1943. Los rectores debían ser falangistas militantes; pero el programa consistía en destacar la identificación de España con el catolicismo, excluyendo el corpus de la herencia liberal, en su totalidad, por «heterodoxo»; la «gran Universidad imperial» de Cisneros, «creador del ejército teológico que dio batalla a la herejía en defensa de la unidad católica» iba a ser resucitado y puesto «al servicio de los ideales de la Falange, que inspiran el Nuevo Estado».⁶⁵ En cuanto al CSIC, su finalidad era la de restablecer la unidad de la cristiandad y las ciencias destruida por las luces del siglo XVIII. «El CSIC —en la concepción de Ibáñez Martín, ministro de Educación de la ACNP— nació, sobre todo, para servir a Dios... para inyectar teología en todas nuestras actividades culturales.» Su periódico Arbor era la plataforma para los intelectuales del Opus; su objetivo, «recristianizar la cultura».⁶⁶ Su espíritu rector, Calvo Serer, empleaba la fórmula de los integristas del siglo XIX: protestantismo = iluminación = liberalismo = marxismo. La unidad católica de España había sido recreada por la victoria de Franco. La tentativa de revivir la España de Felipe II —a quien el Caudillo admiraba— se reflejaba en el estilo arquitectónico basado en el palacio-monasterio del rey en El Escorial y la moda de las imitaciones incoloras del poeta-soldado Garcilaso de la Vega.⁶⁷ Los historiadores, en su rechazo del liberalismo, reflejaban la visión del propio Caudillo: «el siglo XIX [es decir, el siglo del liberalismo], que hubiésemos querido eliminar de nuestra historia, es la negación del espíritu de España». Ese espíritu iba a hallarse en la «España imperial» del siglo XVI, de la cual el régimen se consideraba heredero: de las 54 tesis de la Universidad de Madrid en los años cuarenta, sólo 7 se dedicaban a historia contemporánea.⁶⁸

Quienes no podían digerir el nuevo estilo trabajaban en silencio, indiferentes a los ruidos del entorno: el historiador Carande, que expuso las consecuencias económicas de la grandeur imperial; el etnólogo Julio Caro Baroja; Vicens Vives, el gran historiador catalán que devolvió respetabilidad intelectual a la historia del siglo XIX.⁶⁹ Los espíritus más sensibles dentro del régimen trataron de recuperar la tradición intelectual perdida en 1939: Dionisio Ridruejo, el poeta falangista, en el periódico que editaba, Escorial, se manifestaba admirador de Ortega y Gasset, cuyo elitismo siempre había atraído a los jóvenes falangistas; Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid, cuya España como problema (1948) era un ataque menor a los fundamentos ideológicos del régimen en su admiración por los escritores de la «generación de 1898». Como Laín iba a confesar posteriormente, esa tímida apertura estaba condenada al fracaso: para Calvo Serer no había «problema» (publicó España sin problema en 1949), ya que había sido resuelto por la restauración de la unidad nacional y la concepción católica de la vida en 1939. Los católicos liberales favorecidos por Ruiz Giménez como ministro de Educación, eran para Calvo Serer «una mano tendida» a los liberales heterodoxos como Unamuno, una mano que en última instancia abrazaría la anti-España de los intelectuales de la oposición. Ruiz Giménez cayó en 1956.

El gobierno reaccionaba con virulencia. La brecha entre los intelectuales de la oposición, los «aperturistas» católicos y el público en general era mantenida por un régimen que controlaba la prensa y la profesión periodística, un control que no dio muestras de relajarse hasta 1966. La censura alcanzó niveles de comicidad por el absurdo en su imposición del catolicismo puritano que había florecido durante la Guerra Civil:⁷⁰ los torsos de los boxeadores se ocultaban en las fotografías de prensa mediante el expediente de pintarles camisetas; la palabra «muslo» fue suprimida en una obra de José María Pemán.⁷¹

En los años cuarenta, el panorama literario fue sacudido por las novelas «tremendistas»: el best seller de Carmen Laforet, Nada, era un retrato de las pretensiones y de la bancarrota moral de la burguesía parasitaria de Barcelona «salvada» por Franco en 1939; la violencia de La familia de Pascual Duarte (1942), de Camilo José Cela, revelaba las injusticias de la vida rural. La Castilla de las novelas de Miguel Delibes —un católico sincero, aficionado a la caza, que había combatido en la Marina Nacional— no era la cuna de las glorias nacionales, sino una tierra desolada de pueblos en ruinas y brutalidad.

Fue la obra maestra de Sánchez Ferlosio El Jarama (1956) la que reveló la verdadera textura de la España de los años cuarenta y cincuenta. He aquí un diálogo característico:

—Pues, no, la política para mí... sólo leo anuncios de cine.

—Pero debe tener más conciencia de lo que está sucediendo.

—¿Más conciencia? ¡Vamos! ¿Por qué?

A pesar de las campañas de propaganda, la mayoría de los españoles, si bien no tenía conocimiento de o interés por las actividades de los intelectuales disidentes, permanecía indiferente a la cultura impuesta por el régimen. «Los intelectuales —escribía Ridruejo en 1952— no han conocido otra época en que su influencia social haya sido tan restringida.» La masa de los españoles estaba inmersa en una cultura de evasión⁷² que iba a convertirse en la cultura de masas de la sociedad de consumo de los años setenta. Todas las sociedades tienen su cultura de evasión —por ejemplo, el cine comercial americano de los años treinta—. Era la manipulación de esta cultura por los gobiernos de Franco lo que la dotaba de un papel en el sistema como máscara arrojada sobre las duras realidades de la vida.

Uno de sus principales instrumentos era el fútbol profesional. En la pauperizada España de la posguerra, el Real Madrid, el orgullo de la capital, construyó un estadio para 100.000 espectadores; Barcelona y otras capitales no tardaron en seguirle. Se trataba de un deporte para espectadores deliberadamente revestido de nacionalismo. Cada victoria —especialmente sobre la «pérfida Albión»— era saludada como una expresión de la «furia española». El principal comentador radiofónico, que se especializaba en una línea de éxtasis nacionalistas, llegó a ser miembro designado de las Cortes.⁷³

Fue el cine el encargado de revelar las limitaciones y contradicciones que acosaban al régimen.⁷⁴ Los gobiernos eran plenamente conscientes de su influencia en un país con el más alto número de butacas cinematográficas de Europa. Aspiraban a satisfacer la demanda con filmes «heroicos» sobre la Guerra Civil y con tratamientos hiperbólicos de los grandes episodios de la historia de Castilla, o con trivialidades «folklóricas».⁷⁵ Pero eso no podía contentar las exigencias populares; se importaban películas de los Estados Unidos, Italia y Francia, y con ellas valores que el compulsivo doblaje oficial no podía eliminar. «El cine —escribió Francisco Umbral respecto de sus años mozos en la década de 1940— nos dio la medida de nuestra miseria.» Betty Grable encarnaba valores que no podían ser incorporados a una moral de continencia y austeridad. Los falangistas echaban botes de pintura a la pantalla cuando se proyectaba la Gilda de Rita Hayworth. Los obispos tronaban ante el filme, calificándolo de «agente de la herejía colectiva de Occidente».

A mediados de los años cincuenta fue evidente que la autarquía intelectual había muerto con la autarquía económica. Aunque el aparato represivo del régimen permaneció in situ para impedir el surgimiento de una cultura alternativa, sus esfuerzos por imponer una cultura propia fracasaron. Los llamados poetas y novelistas sociales se proponían dar voz a la «gente silenciosa» en una nación «idiotizada» por la prensa. Hasta mediados de los años sesenta sostuvieron un movimiento literario de abierta crítica social; y muchos de ellos se comprometieron con el comunismo.⁷⁶ Para el más dotado de ellos, el poeta Gabriel Celaya, «La poesía es un arma cargada de futuro». Novelas como Central eléctrica de López Pacheco, que describe la construcción de una central hidroeléctrica, tenían todos los grises defectos del realismo social; pero exponían las injusticias y conflictos sociales que contradecían al portavoz del gobierno que anunciaba en sus páginas que «una aurora, una nueva y espléndida aurora se alza». El dramaturgo Alfonso Sastre (nacido en 1926) exponía abiertamente sus simpatías por los mineros asturianos en huelga en Tierra roja; fue encarcelado y multado por el censor.

Aparte los estudiantes y otros intelectuales, los realistas sociales causaron poca impresión. La mayoría de los españoles estaba satisfecha con la «literatura de quiosco» —westerns y fotonovelas sentimentales—,⁷⁷ el cine extranjero, las comedias triviales de Alfonso Paso, que en los años sesenta tenía media docena de piezas en cartel simultáneamente, sólo en Madrid. Sobre todo, la televisión dominaba la vida social española como en ningún otro país. «Todo el mundo está mirando seriales de televisión con la boca abierta», escribía el catalán Josep Pla en 1972. «Es la cultura de hoy.» A diferencia del cine, la televisión estaba controlada por el gobierno; Adolfo Suárez, futuro primer ministro de la España democrática, puso este poderosísimo instrumento al servicio del gobierno y los prejuicios morales del almirante Carrero Blanco y la esposa de Franco.⁷⁸ Bastaba con esto para mantener a los hermanos Marx fuera de la pantalla.

En la década de 1970, las luminarias del falangismo y del nacional-catolicismo no eran leídas ni recordadas. Su único legado a la cultura española fue una prosa inflada. El régimen, declaraba Julián Marías, discípulo de Ortega, no logró crear un «solo falso prestigio»; sin embargo, España era el escenario de una «floreciente vida intelectual».⁷⁹ Los tecnócratas del régimen habían abierto la economía a Europa; la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, con todas sus limitaciones, abrió la vida cultural. Los filmes españoles describían, a menudo mediante sutiles simbolismos, la realidad española.⁸⁰ Los sociólogos y economistas, los fracasos de cuarenta años de franquismo.⁸¹ Los escritores prohibidos de los años cuarenta se podían comprar en cualquier librería. En 1969 se publicaron tres ediciones del Diario del Che Guevara en Bolivia. Revistas como Triunfo recuperaban la cultura del exilio. Las películas de Buñuel, antaño prohibidas, se exhibían, en la década de los setenta, en salas abarrotadas.

En Cataluña, con Barcelona, la más europeizada de las ciudades de España, el renacimiento catalán y la literatura de avant garde de finales de los años sesenta eran prueba —perfectamente conocida por Fraga— del fracaso en la imposición de la «lengua del Imperio». Ya en 1959 la protesta general en Barcelona había obligado al gobierno a pedir la dimisión del director de La Vanguardia por sus insultos al catalanismo. Para Miró, un pintor, como Tàpies, de fama mundial, los años del franquismo fueron un rasguño en la piel, incapaz de desarraigar el sólidamente asentado y perenne árbol de la «identidad catalana».⁸²

A la muerte de Franco, precisamente cuando los comunistas habían logrado hacerse con los sindicatos, el marxismo y una vaga mystique de gauche constituían la subcultura dominante de estudiantes e intelectuales; la cultura liberal de la República no había sido asesinada. Para Franco, se trataba de dos doctrinas «corruptas» gemelas, que habían «pervertido» a los españoles y que él había considerado como misión histórica desterrar del alma española.

La prolongada agonía de Franco fue un símbolo de la España que él y sus gobiernos habían creado. El Caudillo moribundo fue conectado a todos los modernos ingenios médicos; sobre su lecho estaba el manto de la Virgen del Pilar y sujetaba en la mano el brazo momificado de Santa Teresa de Ávila. Su legado consistía en una clase gobernante esquizofrénica y una sociedad esquizofrénica. «Hemos descubierto —escribía un periodista, acogiéndose a la relativa libertad de la primavera de 1966— que la sociedad española es una sociedad de conflictos.» El franquismo no podía contener esos conflictos; era tarea de la nueva democracia el resolverlos.

El que, al cabo de cuarenta años de franquismo, la democracia llegara a España pacíficamente asombró a Europa. Esta transición pacífica fue resultado de la capacidad de negociación de Adolfo Suárez y de la moderación de la oposición democrática. El fallecimiento de la «democracia orgánica» fue legitimado por el rey Juan Carlos como «motor del cambio», en palabras de Areilza. En 1978, una constitución que convirtió a España en una monarquía constitucional parlamentaria, basada en el sufragio universal y un sistema de partidos, no era, como lo habían sido las constituciones del siglo XIX, la imposición unilateral de un dogma partidario. Fue un acuerdo aceptado por la vasta mayoría de los españoles. Además de asegurar las libertades democráticas normales, prometió una solución de los problemas regionales que habían obsesionado a los españoles modernos. En la primera elección habida bajo la nueva constitución, el pueblo español votó por la moderación.

En 1978, como en abril de 1931, había la sensación generalizada de que la democracia, al ofrecer soluciones a todos los problemas, conduciría a una nueva era de paz y prosperidad. No fue así, y no podía serlo, sobre todo en un período de recesión económica que cargó de nuevas tensiones los sistemas políticos del mundo Occidental en su conjunto. La euforia se evaporó; sobrevino el desencanto, basado en una falsa expectación. La democracia no resuelve los problemas: proporciona el mecanismo para su solución y las reglas del juego político. Sólo puede sobrevivir si tales reglas son aceptadas. Aparte el desarrollo económico continuado, la incorporación del nacionalismo periférico a la constitución sigue siendo un problema sin resolver. Su explotación por los terroristas —particularmente en las Provincias Vascongadas— no ha dejado de constituir la más seria de las amenazas para la estabilidad del sistema democrático. Mientras, en un régimen autoritario, una minoría terrorista puede afirmar que representa una voluntad general reprimida, en una democracia en funcionamiento el terrorismo se convierte en la voz de una elite autodesignada para invalidar dicha voluntad general mediante la violencia. Su resultado, si no su propósito, en la jerga de nuestro tiempo, es la desestabilización del proceso democrático.

El legado del último de los hombres de hierro y los hábitos adquiridos bajo su régimen aún pesan sobre la sociedad española. La renuncia de una sociedad democrática a emplear la fuerza, da a los partidarios de la fuerza un arma para destruirla. Aquellos que miran hacia el pasado con nostalgia de la ordenada sociedad del autoritarismo, que protegía por igual sus intereses y sus valores, apelan al ejército para que los salve de lo que consideran la disolución del edificio político y social, a un ejército cuyos oficiales son asesinados por hombres violentos y cuya tradición les indica que, cuando el orden público está en crisis y la unidad de la patria se ve amenazada, la función de su cuerpo consiste en «salvar» la nación. La actitud de un monarca democrático en funciones de Comandante en Jefe del Ejército dio por tierra con las ambiciones de una minoría de agitadores militares el 23 de febrero de 1981. Pero un hombre no puede salvar la democracia. Sólo la resuelta determinación de una nación puede hacerlo, y aislar a la minoría violenta que suspira por la seguridad que siempre puede ser garantizada por aquel sacrificio de la libertad y la dignidad humanas que impide el desarrollo de las sociedades.

EPÍLOGO

ESPAÑA 1975-2008

1. La democracia en España

El asombro de Europa, al que aludía Raymond Carr, ante el restablecimiento de la democracia en España tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 iba a estar, como iremos viendo, plenamente justificado. Lo acontecido en la vida española entre 1975 y 2005 —restablecimiento de la democracia, creación de un complejo Estado autonómico, profunda transformación económica, social y cultural del país, incorporación a la Unión Europea, plena reaparición española en la escena internacional— fue, en efecto, extraordinario. Comparativamente al menos, los años 1975-2005 fueron los Treinta magníficos de la historia reciente española (por parafrasear la expresión, «Treinta gloriosos», con que la historiografía francesa designa el período 1945-75 de la historia de su país).

2. La transición a la democracia

Entre 1975 y 2005, en treinta años de democracia, cambió, efectivamente, el perfil histórico de España. Ciertamente, el desarrollo económico de los años 1960-1974, la crisis del franquismo desde 1969, la necesidad de la nueva Monarquía del rey Juan Carlos I, coronado como rey el 22 de noviembre de 1975, de liberarse de su origen franquista y dotarse de legitimidad propia y democrática, y el propio contexto internacional —caídas de las dictaduras portuguesa y griega en 1974, decidido apoyo de Europa occidental a una España democrática— posibilitaron el cambio que se produjo a partir de 1975.

Pero la transición a la democracia no fue en ningún caso ni fácil ni lineal. Al contrario, el proceso tuvo mucho de improvisado y azaroso, y su desenlace dependió en todo momento de muchos factores y circunstancias. A diferencia de lo que ocurrió en Portugal y Grecia, la dictadura española no fue derrocada: la transición a la democracia tuvo así que ser, necesariamente, un proceso de reforma hecho desde la propia legalidad de la dictadura franquista. El comienzo de la transición, la etapa entre noviembre de 1975 y julio de 1976 en que gobernó el gobierno continuista de Arias Navarro, último jefe de gobierno con Franco al que el rey Juan Carlos se vio forzado a ratificar en el cargo al asumir la Corona, fue decepcionante. ETA, la organización independentista y terrorista vasca creada en 1959 como vanguardia armada de la liberación vasca, mató en atentados entre 1975 y 1980 a un total de 236 personas. España quedó conmocionada cuando el 24 de enero de 1977 pistoleros de la extrema derecha asesinaron en Madrid a cinco abogados laboralistas próximos al Partido Comunista. El Ejército vio con considerable reserva el proceso hacia la democracia: el 23 de febrero de 1981, guardias civiles, algunos militares significados y los mandos de la región militar de Valencia provocaron, si bien sin éxito, un golpe militar contra la nueva democracia.

Con todo, y pese a los problemas que la instauración de la nueva democracia española pudo tener —los citados y muchos otros— la transición fue un gran éxito histórico. En efecto, la transición creó al menos un nuevo consenso histórico en el país, que con la Constitución de 1978 se configuró como una Monarquía democrática y como un Estado autonómico que confería un alto grado de autogobierno a regiones y nacionalidades (esto es, Cataluña, País Vasco y Galicia, las tres regiones históricamente nacionalistas); cristalizó en un régimen democrático estable y plural, hizo de España una de las economías más dinámicas de Europa, y un país que recobró en seguida un destacado papel internacional. España celebró sus primeras elecciones democráticas desde 1936, en junio de 1977. La izquierda, prohibida y reprimida durante los cuarenta años de la dictadura de Franco, llegó al poder en octubre de 1982. España se incorporó a la Comunidad Europea en junio de 1985.

El rey Juan Carlos —nacido en Roma en 1938, un hombre jovial, extravertido, informal: un «rey para la democracia», en palabras del historiador Charles Powell—¹ y su círculo de asesores impulsaron, indudablemente, la evolución hacia una monarquía constitucional y democrática. El rey cesó a Arias Navarro en julio de 1976. Arias, un hombre del franquismo, como ya se ha indicado, había llevado la situación en unos pocos meses a un callejón sin salida. Aunque reconoció la libertad de prensa y la existencia de hecho de los partidos políticos, su proyecto para una España después de Franco pareció consistir en un régimen de partidos que excluiría a los nacionalismos regionales y al Partido Comunista, y en un régimen bicameral con un Senado corporativo y un Congreso de «representación familiar», un proyecto en cualquier caso que no contemplaba ni proceso constituyente, ni amnistía, ni autonomías regionales, ni libertades sindicales, y que retenía parte sustancial del legado franquista. El país, hasta entonces mayoritariamente acomodado al franquismo, se movilizó. Entre enero y marzo de 1976 se registraron un total de 17.371 huelgas, que afectaron a fábricas, servicios públicos, comunicaciones e incluso al cine y al teatro. Hubo, además, grandes manifestaciones en demanda de amnistía y en Cataluña, País Vasco y Galicia, movilizaciones de masas a favor de la autonomía regional. Cinco trabajadores resultaron muertos en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en un choque con la policía en el curso de una de aquellas huelgas: se declaró, como protesta, la huelga general en el País Vasco y se registraron paros y manifestaciones violentas en numerosas provincias. Según la revista Newsweek, el propio rey Juan Carlos consideraba a Arias, que dimitiría finalmente el 1 de julio, como un «absoluto desastre»; la continuidad del jefe del gobierno habría sin duda puesto en peligro las posibilidades mismas de cambio en España.

La clave de la transición, o una de ellas, estuvo en la designación el 5 de julio de 1976 de Adolfo Suárez como nuevo jefe de gobierno, nombramiento que en principio fue una gran decepción —Suárez provenía del Movimiento, el partido único franquista, y había tenido cargos importantes en el régimen de Franco—, pero que, como en seguida se vería, fue un verdadero acierto histórico. Suárez, un hombre joven, nacido en 1932 y de innegable atractivo político y personal, supo entender muy bien el clima moral del país a favor de la democracia y supo resolver con audacia, decisión y desenvoltura sorprendentes, los numerosos y formidables problemas que se oponían a la apertura hacia la democracia.

La gestión de Suárez —que permaneció al frente del gobierno, con distintos gabinetes, entre julio de 1976 y enero de 1981, tras ganar las elecciones de 1977 y 1979— fue ciertamente decisiva. Tras lograr el asentimiento de las propias Cortes franquistas, respaldado por el referéndum popular celebrado el 15 de diciembre de 1976 en apoyo de su reforma política —reforma en buena medida diseñada por Torcuato Fernández Miranda, otro prohombre del franquismo, Presidente de las Cortes a la muerte de Franco y en su día uno de los preceptores del entonces príncipe Juan Carlos—, Suárez legalizó los partidos políticos y los sindicatos, incluido el Partido Comunista, legalizado, con gran malestar de los militares, en abril de 1977; liberó a todos los presos del franquismo, convocó elecciones constituyentes (15 de junio de 1977) que ganó creando un heterogéneo partido de centro, la Unión de Centro Democrático, que obtuvo el 34 % de los votos y 165 diputados, y logró un amplio consenso político con la oposición (Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, partidos nacionalistas catalanes y vascos…) en torno a las dos cuestiones entonces, 1977-1978, fundamentales: la economía y la Constitución.

Los pactos de la Moncloa de 27 de octubre de 1977 —un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores) y los partidos equivalente a un plan de estabilización para combatir la inflación y el paro, reducir el gasto público, devaluar la moneda, limitar los aumentos salariales, y acometer la reforma y liberalización de la economía, preparado por el vicepresidente del Gobierno, el economista Enrique Fuentes Quintana— fueron providenciales. Como toda Europa, España experimentó una muy grave crisis económica desde 1974-1975. Con una inflación en 1977 del 24,5 %, una deuda exterior para 1973-1977 de 12.000 millones de dólares, la economía en recesión y el paro en aumento constante, la democracia parecía seriamente amenazada. El PIB pasó de crecer el 5,7 % en 1974 a crecer sólo el 0,2 % en 1977 y el 1,3 % en 1978 y a decrecer el –0,6 % en 1982. Entre 1974 y 1984 se destruyeron un total de 2,2 millones de puestos de trabajo; se pasó de 367.000 parados en 1974 a 832.000 en 1977. Los pactos de la Moncloa, cuyos efectos paliativos empezaron a percibirse pronto, propiciaron, así, la estabilidad económica que la implantación de la nueva democracia española requería.²

La Constitución de 1978, aprobada por Senado y Congreso el 31 de octubre y por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de ese año, configuró, como ya se ha dicho, una Monarquía parlamentaria y un Estado autonómico con nacionalidades y regiones autónomas (de las que se formaron en los años siguientes hasta un total de diecisiete, más las ciudades de Ceuta y Melilla), cuyo derecho a la autonomía quedaba de esa forma garantizado. La Constitución, una constitución consensuada por todas las fuerzas políticas y elaborada por una ponencia de personalidades notables (Peces Barba, Roca Junyent, Solé Tura, G. Cisneros, Pérez Llorca, Herrero de Miñón, Fraga Iribarne), reconocía y garantizaba todas las libertades democráticas, los partidos políticos y los sindicatos, abolía la pena de muerte, fijaba la mayoría de edad en los 18 años, diseñaba un Estado aconfesional pero reconocía el significado de la Iglesia católica en la historia española, legalizaba el divorcio, y reconocía la libertad de empresa y la economía de mercado. España se redefinía, en suma, como un Estado social y democrático de derecho, como una democracia plena y avanzada.

Suárez logró, además, acuerdos especiales para Cataluña donde en 1977 restableció la Generalitat, el régimen histórico catalán reconocido por la Segunda República y abolido por Franco, a cuyo frente puso al presidente de Cataluña en el exilio, Josep Tarradellas, que regresó triunfalmente a su región en octubre de aquel año. Sólo tropezó en el País Vasco —pese a que también allí se estableció a finales de 1977 un régimen de preautonomía— por el efecto combinado de tres realidades: la violencia de ETA, cuyas acciones terroristas alcanzaron su punto álgido en 1979-1980; los planteamientos maximalistas del nacionalismo vasco histórico, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) —a cuyo frente apareció un nuevo liderazgo cuya personalidad más destacada fue Xabier Arzallus— que no votó la Constitución porque no reconocía la soberanía vasca; y la espinosa cuestión de la relación entre País Vasco y Navarra, provincia que a partir de 1977 optó por separarse del País Vasco, como ya ocurriera en los años de la Segunda República, y constituirse como Comunidad Autónoma (Foral) propia.

Pese a la decepción de los que habían querido una más profunda ruptura con el franquismo, y que olvidaban lo que reconocería Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, esto es, que «la oposición nunca, nunca, fue capaz de derribar el régimen»³ (de Franco); pese a la crisis económica que incluso con los pactos de la Moncloa se prolongaría hasta 1984-1985; pese a la presión terrorista de ETA y de otros grupos terroristas o de la extrema derecha o de la extrema izquierda (como el GRAPO), la democracia española estaba en marcha. A lo largo de 1978 se establecieron gobiernos preautonómicos en Galicia, Asturias, Castilla-León, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias, prefigurándose así la futura y muy descentralizada organización territorial del país. Las elecciones locales de marzo de 1979 modificaron radicalmente la vida local. El PSOE logró el poder en 31 de las 50 principales ciudades españolas (en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Valladolid, Pamplona…). El PNV ganó en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. El Partido Comunista lo hizo en Córdoba y su versión catalana, el PSUC, en Badalona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet. El socialismo andalucista logró las alcaldías de Sevilla y Jerez. Los estatutos de autonomía vasco y catalán fueron aprobados y plebiscitados en octubre de 1979. En marzo de 1980, se celebraron elecciones autonómicas en ambas regiones, en Cataluña —que ganó el nacionalismo moderado liderado por Jordi Pujol— y en el País Vasco, donde ganó el PNV. Los gobiernos vasco y catalán quedaron ya formalmente constituidos en abril, presididos respectivamente por Carlos Garaicoetxea, del PNV, y Jordi Pujol, el líder de Convergència i Unió. Galicia tuvo Estatuto de autonomía en 1980 y elecciones regionales y Gobierno gallego en octubre de 1981, elecciones que ganó la derecha española, Alianza Popular, y gobierno que presidió Gerardo Fernández Albor. Tras un complicado proceso hacia la autonomía, Andalucía celebró sus primeras elecciones autonómicas en mayo de 1982 que supusieron una gran victoria del PSOE (por lo que su líder en la región, Rafael Escuredo, formó, así, el primer gobierno andaluz en la historia).

Todo ello —regiones autónomas, ayuntamientos democráticos, gobiernos autonómicos nacionalistas, ayuntamientos de izquierda— suponía un cambio radical, una profunda reestructuración del poder político y territorial en España. La democracia, en efecto, se consolidaba. Suárez, desgastado por el terrorismo de ETA que golpeaba principalmente a las fuerzas de seguridad y al Ejército, que no ocultaban su malestar por la situación; por la crisis económica, por las tensiones internas en su partido que le habían obligado a reiterados cambios de gobierno, por el acoso de la oposición y por las derrotas de UCD en las elecciones vascas y catalanas, dimitió el 29 de enero de 1981. La joven democracia española superó sin problemas la caída del hombre clave de la transición, y lo que fue más importante: derrotó el intento de golpe de Estado que, encabezado por el teniente general de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán general de la región de Valencia, el general Miláns del Bosch, se produjo el 23 de febrero de 1981 (y en el que Suárez, todavía presidente en funciones, y su vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, se enfrentaron con valor admirable a los guardias civiles armados que habían penetrado en el propio edificio de las Cortes), y cuyo detonante muchos observadores vieron en el terrorismo de ETA. El rey Juan Carlos actuó con decisión para aplastar el golpe. Al rey, a sus asesores y a los altos mandos del Ejército y de los cuerpos de seguridad, se debió el mantenimiento de la disciplina militar: ninguna de las otras regiones militares secundó a Valencia. Millones de personas se manifestaron en toda España contra el golpe y en defensa de la democracia en las gigantescas manifestaciones que como respuesta se celebraron en los días posteriores al 23 de febrero.⁴ Normalizada la situación durante la etapa de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), que sucedió a Suárez al frente del ejecutivo, la sociedad española asumió ya, sin dificultad alguna, el retorno de la izquierda al poder —retorno al poder por primera vez desde la Guerra Civil de 1936-1939, al cabo, pues, de cincuenta años—, que se produjo tras la histórica victoria de los socialistas, dirigidos por Felipe González y Alfonso Guerra, en las elecciones de octubre de 1982, en las que el PSOE logró 10 millones de votos (Alianza Popular, el segundo partido, 5,4 millones de votos; UCD, 1,4 millones) y 202 de los 350 escaños del Congreso (AP, 106; UCD, el gran partido de la transición, sólo 12).

3. El turno democrático

La larga etapa de gobierno socialista (1982-1996), consolidada con las nuevas victorias electorales que el partido, con Felipe González al frente, logró en 1986, 1989 y 1993, tuvo importancia extraordinaria. Suárez, como acabamos de ver, restableció la democracia, aprobó la Constitución e inició el proceso autonómico. Calvo Sotelo recuperó la normalidad política tras el intento de golpe de 23 de febrero de 1981, pactó con el PSOE la racionalización del proceso autonómico —y bajo su mandato se aprobaron los Estatutos de autonomía de Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra—, y definió la «transición exterior» con la entrada en la OTAN, decidida por su gobierno en mayo de 1982, decisión que alineó inequívocamente a España en el mundo occidental. Pues bien; entre 1982 y 1996 Felipe González y los socialistas —que tuvieron que hacer frente a dos grandes desafíos inmediatos: el declive de industrias tradicionales como siderurgia, minería y construcción naval, y el desempleo, cercano en 1982 al 20 %, y que ratificar en referéndum el mencionado ingreso del país en la OTAN— propiciaron la entrada de España en Europa, la reconversión industrial, la reforma militar, la modernización de las infraestructuras del país, la terminación del Estado autonómico, la recuperación del papel internacional de España y varios años (1985-1991, 1993-1996) de fuerte crecimiento económico. Muy al principio de su mandato, habían procedido, además, a liquidar la prensa y los medios de información públicos, herencia del franquismo, a despenalizar (1983) varios supuestos de aborto recogidos en el Código Penal, y a completar, como ya ha quedado dicho, el desarrollo del Estado de las autonomías, con la aprobación de los Estatutos de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla-León. Muy pronto también acometieron reformas para reforzar el derecho a la educación primaria y secundaria pública, y cambiar la estructura y funcionamiento de la Universidad.⁵

Su gestión fue, pues, amplísima y sin duda, como decía, determinante. En efecto, pese a las amplias huelgas y disturbios laborales que sus medidas desencadenaron, los socialistas llevaron a cabo —para combatir la crisis económica— una dura política de ajuste económico y acometieron la reconversión industrial del envejecido y deficitario sector público creado por el franquismo, reconversión que afectó sobre todo a los sectores siderúrgico y minero y a la construcción naval. Apostaron abiertamente por la liberalización y la desregulación de la economía: en 1986, con la venta a Volkswagen de SEAT, la empresa nacional de automóviles que en algún momento había sido la primera empresa española por el número de trabajadores empleados, iniciaron el desmantelamiento y privatización del INI, el gran holding de empresas públicas del Estado. En la lucha contra ETA —otro de los grandes problemas, como sabemos, de la nueva democracia española—, los socialistas lograron, primero, la colaboración decidida de Francia. Buscaron, luego, la distensión con el PNV: entre 1987 y 1996 el País Vasco autónomo estuvo gobernado por gobiernos de coalición PNV-Partido Socialista de Euskadi, presididos por el nacionalista Ardanza. En 1988, tras haber explorado antes, en conversaciones en Argelia con líderes de ETA, la posibilidad de algún acuerdo con la organización, impulsaron la firma de pactos políticos (pactos de Madrid, Ajuria-Enea y Pamplona) con todas las fuerzas políticas democráticas para reafirmar el compromiso de la democracia española en la lucha contra el terrorismo. La policía logró, además, éxitos notables contra ETA, como la detención en marzo de 1992 en el sur de Francia de la «cúpula» de la organización (Francisco Múgica Garmendia, José L. Álvarez Santacristina, José Arregui Erostarbe), si bien ETA asesinó entre 1982 y 1996 a cerca de 300 personas y cometió algunos de sus atentados más sanguinarios, con la colocación de coches-bomba en una plaza de Madrid en julio de 1986 (12 muertos), en un supermercado de Barcelona en junio de 1987 (15 muertos) y en los cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza ese mismo año (11 muertos) y Vic en mayo de1991 (9 muertos).

La política exterior socialista, en buena medida a cargo del propio Felipe González (junto, lógicamente, a sus sucesivos ministros de Exteriores: Fernando Morán, Francisco Fernández Ordóñez, Javier Solana y muy al final y sólo durante unos meses, Carlos Westendorp), fue especialmente ambiciosa. Antes de 1982, los ministros de Exteriores Areilza (ministro en la etapa Arias, 1975-1976) y Oreja, ministro con Suárez (1976-1980), habían ido normalizando las relaciones diplomáticas con la práctica totalidad de países del mundo y habían contribuido decisivamente al restablecimiento del crédito internacional de España, seriamente dañado durante los años de la dictadura de Franco. Con todo, Suárez, no obstante la labor de su ministro Oreja y pese a haber iniciado en 1977 el proceso de incorporación de España a Europa, expresó muchas dudas sobre un eventual ingreso de España en la OTAN y se sintió particularmente cómodo con los países del llamado «tercer mundo» y no alineados. Su sucesor Calvo Sotelo y su ministro de Exteriores, Pérez Llorca, fueron, ya lo hemos visto, decididamente atlantistas y europeístas, y llevaron a España a la OTAN en mayo de 1982. González, y sus equipos ministeriales, fueron mucho más lejos: trataron de definir los principios permanentes de la política exterior española, fijar el «sitio» internacional de España, materializar el nuevo sistema exterior español. La política exterior global española definida a partir de 1982 supuso, de esa forma, la integración en Europa y en la OTAN, la universalización de las relaciones exteriores del país, relaciones especiales con Marruecos y Portugal, cooperación también especial y privilegiada con América Latina, atención particular al área mediterránea, relación equilibrada de ayuda económica y defensa mutua con los Estados Unidos, y replanteamiento del tema de Gibraltar sobre la base de negociaciones con Gran Bretaña. España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985. Por referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986, quedó, además, ratificada la permanencia de España en la OTAN.⁶

Especialmente con la entrada en Europa y en la OTAN, España encontraba su papel en el mundo y resolvía así un problema que parecía arrastrar desde 1898. El ingreso en la OTAN tenía un valor adicional: venía a dar al Ejército la misión exterior de que prácticamente carecía desde que España perdiera definitivamente su imperio y desde que en 1956 finalizase el protectorado colonial sobre Marruecos. Ello se completó con la reforma militar llevada a cabo por el gobierno socialista y por su ministro de Defensa, Narcís Serra, ministro entre 1982 y 1991, que amplió y culminó la «transición militar» iniciada en la etapa Suárez por el vicepresidente para Asuntos de la Defensa y ministro de Defensa entre 1977 y 1979, general Gutiérrez Mellado (y sus sucesores hasta 1982, Rodríguez Sahagún y Alberto Oliart, primeros ministros civiles a cargo del Ejército). Entre 1977 y 1982, se unificaron los ministerios militares del franquismo en un único ministerio de Defensa, se institucionalizó la figura de los jefes de Estado Mayor de las distintas armas y se aprobó una primera ley de bases de la defensa nacional. Entre 1984 y 1992, en la etapa socialista, se reformaron las plantillas de los tres ejércitos, se reformó el Código Penal Militar, se diseñó un nuevo Plan Estratégico Conjunto, se reformaron las leyes del régimen del personal militar y del Servicio Militar, y ya en 1992 se aprobó una nueva Directiva de Defensa Nacional. Todo ello significó la vertebración de las Fuerzas Armadas bajo la dirección política del gobierno y la reestructuración en profundidad de los tres ejércitos, sobre la base de la reducción de sus oficiales y plantillas, la progresiva profesionalización de sus efectivos, la renovación y modernización de equipamientos y material bélico, y cambios sustanciales en los objetivos de la defensa. En 1992, el Ejército español tenía 58.000 oficiales y suboficiales y 200.000 soldados, la mitad de ellos profesionales, un cambio radical respecto a lo que ese ejército era en 1975. En 1991, España había participado con una fragata y dos corbetas en la guerra del Golfo, la guerra contra Irak aprobada por la ONU como respuesta a la ocupación de Kuwait por Irak, en la que intervinieron un total de 29 países bajo el mando de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Arabia Saudita.

Estabilidad democrática, pactos de la Moncloa, reconversión industrial y entrada en Europa terminaron por dar sus frutos. La reactivación económica del país empezó a ser evidente a partir de 1985 y se prolongó hasta 1991, años en los que España pareció convertirse en una de las economías y de las sociedades más dinámicas de Europa. Entre 1986 y 1990, el PIB creció a una media del 4,5 % anual. La inversión extranjera entre 1986 y 1991 alcanzó los 60 billones de dólares. La red de autopistas y autovías pasó de 1.970 kilómetros en 1985 a 5.438 kilómetros en 1992; el parque de automóviles, de 9,2 millones en 1985 a casi 14 millones en 1994. En abril de 1992 se inauguró un modernísimo tren de alta velocidad, AVE, entre Madrid y Sevilla, una de las grandes obras de infraestructura de la etapa socialista. El número de turistas que visitaron España pasó de 43 a 52 millones entre 1985 y 1990. La ola de prosperidad permitió además extender considerablemente las prestaciones sociales. Entre 1982 y 1992, el gasto público en pensiones, sanidad y educación aumentó en 4,1 puntos del PIB: aumentaron notablemente el subsidio de desempleo y las pensiones de jubilación. España, diría en 1987 el ministro de Economía Carlos Solchaga, era «uno de los países donde más y más rápido» se podía «ganar dinero».⁷

En ese contexto, el triunfo en las elecciones de 1996 de la derecha, del Partido Popular, nacido de la refundación en 1987 de Alianza Popular y liderado desde 1989 por José M.ª Aznar, tuvo, como el de los socialistas en 1982, importancia extraordinaria. El triunfo fue posibilitado por el desgaste del PSOE tras su larga etapa de gobierno, por la ralentización del crecimiento tras la grave crisis económica que el país sufrió entre 1991 y 1993, y sobre todo por los escándalos de corrupción y evidencia de lucha sucia contra ETA que enturbiaron la gestión de los últimos gobiernos socialistas: denuncias sobre financiación ilegal del PSOE, apropiación de dinero de fondos reservados por el director de la Guardia Civil y otros altos cargos de Interior, sospechas de implicación del gobernador del Banco de España en negocios bursátiles particulares, asesinato de 28 personas relacionadas con ETA entre 1983 y 1987 por el GAL, un grupo armado posiblemente relacionado con los servicios secretos españoles; hallazgo de los cadáveres de dos etarras muertos, tal vez, por torturas; grandes escándalos financieros, denuncias contra el CESID, el centro de inteligencia de Defensa, por escuchas ilegales a políticos, empresarios, periodistas y hasta al propio rey… La importancia del triunfo del PP en 1996 estaba ante todo en su significación: representaba, simplemente, la alternancia política natural en una democracia consolidada.

El cambio de 1996 fue, así, un cambio político no traumático. Aznar y el Partido Popular, que gobernaron entre 1996 y 2004, tras volver a ganar las elecciones en 2000, esta vez por mayoría absoluta, dieron estabilidad a la acción del gobierno, mantuvieron (mejoraron de hecho) el crecimiento económico y en buena medida el consenso social. Reforzaron la lucha contra el terrorismo de ETA y la autoridad del Estado frente a las autonomías, especialmente así en el País Vasco, aquí como respuesta al decidido giro soberanista que Gobierno vasco y PNV impulsaron desde 1997. En política exterior y de defensa, el PP fue decididamente atlantista y pronorteamericano, especialmente tras los atentados islamistas contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Reformó, además, parcialmente aspectos de la educación, elaboró un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba grandes obras de trasvase entre distintas cuencas hidrográficas, y llevó a España a la integración monetaria europea y al euro, la moneda única europea nacida en 1999 y que en 2002 sustituyó a la peseta, la moneda histórica española.

Las políticas de disminución del gasto público, reducción de la presión fiscal, equilibrio presupuestario y privatizaciones (que afectaron en mayor o menor medida a empresas como Repsol, Telefónica, Endesa, Tabacalera o Iberia), políticas asociadas a la labor del ministro de Economía Rodrigo Rato, hicieron que la etapa Aznar fuera el período de mayor crecimiento y de mayor creación de empleo de la historia española. Entre 1996 y 2004, el PIB creció a una media del 3,4 % anual, con un máximo de 4,3 en 1998 y mínimo de 2 % en 2002. El PIB per capita pasó de 13.300 euros en 1996 a 21.800 euros en 2004. La tasa anual de desempleo bajó desde el 17,7 % en 1985 al 10,3 % en 2004. La población activa pasó de 16,3 millones en 1996 a 19,8 millones en 2004. Aunque en septiembre de 1998 ETA declaró una tregua que duró 14 meses y aunque el gobierno Aznar habló con la nueva dirección política etarra de cara a un posible fin de la lucha armada, ETA asesinó entre 1996 y 2004 a 70 personas (entre ellas políticos y personalidades relevantes o del PP o del PSOE, como Fernando Múgica, Fernando Buesa, Tomás y Valiente, Miguel Ángel Blanco, López de la Calle, Ernest Lluch, Joseba Pagazaurtundúa…; en 1995, había asesinado a Gregorio Ordóñez). La acción policial infligió, a cambio, importantes golpes a la organización: más de cien activistas de ETA y la práctica totalidad de su aparato militar fue detenida entre 1998 y 2004. El clima moral y político del País Vasco estaba, además, cambiando: el asesinato en julio de 1997 del joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco, provocó una verdadera conmoción moral que se tradujo en la movilización contra ETA y Batasuna de millones de personas en toda España, miles y miles de ellas en el propio País Vasco. Aunque la movilización en el interior de éste contra ETA fuera anterior, el asesinato de Ermua dio lugar a la creación de distintas plataformas cívicas de oposición a ETA y de defensa de los valores constitucionales y democráticos: el terrorismo de ETA y el carácter etnicista, soberanista y siempre excluyente del PNV aparecían como una amenaza para la democracia en el País Vasco. Una imponente manifestación contra ETA convocada por la plataforma Basta YA encabezada por conocidos intelectuales vascos no nacionalistas, recorrió las calles de San Sebastián el 23 de septiembre de 2000. El voto no nacionalista (PSE, dirigido entonces por Redondo Terreros; y PP, encabezado por Mayor Oreja, primer ministro de Interior de Aznar) representó el 46 % de los votos en las elecciones vascas de 2001 y puso en cuestión la hegemonía del PNV (que se había mantenido desde las elecciones vascas de 1980 y que volvió a confirmarse, pese a lo dicho, en 2001 en que el PNV logró el 52,19 % de los votos). La justicia española comenzó por su parte a procesar a dirigentes de Batasuna y de otras organizaciones proetarras por colaboración con «banda armada» y a cerrar periódicos y semanarios abiertamente simpatizantes de ETA (y posiblemente, financiados por ésta). La aprobación en junio de 2002 por el gobierno Aznar de una Ley de Partidos que prohibía los partidos colaboracionistas con el terrorismo, llevó a la ilegalización en 2003 de Batasuna, a todos los efectos el partido de ETA.

Pese a que hechos azarosos mal resueltos desde el gobierno —como la catástrofe ecológica en Galicia provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002, o la muerte de 63 militares al estrellarse en mayo de 2003, en Turquía, el avión que los transportaba tras cumplir su misión en Afganistán— pusieron en dificultades a Aznar y sus ministros, todo indicaba que el PP podría lograr en 2004 un tercer mandato electoral. El error, al menos visto lo sucedido después, estuvo en el apoyo incondicional que el propio Aznar dio a los Estados Unidos en la guerra de Irak de 2003, guerra muy impopular en España —que sin embargo, había aceptado la participación de tropas españolas en otros conflictos como Kosovo y Afganistán, o en la recuperación del islote de Perejil ocupado por Marruecos en julio de 2003— lo que permitiría a los socialistas, dirigidos ahora por una nueva generación encarnada por su nuevo secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, capitalizar electoralmente, ya en 2004, el intenso clima emocional creado por el terrible atentado —191 muertos, 1.500 heridos— perpetrado en Madrid por terroristas islámicos el 11 de marzo de ese año, y volver así al gobierno tras ganar las elecciones celebradas sólo tres días después, el domingo 14 de marzo de 2004.⁸

4. España, país democrático

El cambio de gobierno de 2004 cerraba, así, una etapa política de treinta años de democracia y de transformaciones decisivas de la vida española. La clave de esos treinta años estuvo en que a lo largo de ese tiempo nunca se quebró el consenso —por usar la palabra acuñada al principio de la transición— entre los grandes partidos (UCD, PSOE, PP) sobre el nuevo Estado español construido desde 1975 y definido por la Constitución de 1978. Consenso sobre el Estado no significó, nunca, ausencia de confrontación en política, que la hubo e intensa sobre todas las cuestiones esenciales: elecciones, gobiernos, ministros, legislación, política exterior, políticas sectoriales, temas vasco y catalán, sucesos catastróficos, corrupción, etcétera.

Problemas en treinta años hubo muchos. El paro, la temporalidad de muchos empleos, el envejecimiento de la población, la subcultura de alcohol y drogas de una gran parte de la juventud, la educación, la vivienda, la violencia doméstica, se constituyeron como los grandes problemas del país desde la década de 1980. En la década de 1990, España iba a convertirse en un país de inmigración masiva. UCD, el gran partido de centro que había hecho la transición y proporcionado todos los ministros de los cinco gobiernos que presidió Suárez entre 1976 y 1981, se deshizo tras la derrota electoral de 1982 y su desaparición hizo temer una posible polarización del país (lo que no se produjo). El Partido Comunista, el principal partido, y a veces el único, del antifranquismo en la clandestinidad quedó convertido en los años ochenta, al hilo de sucesivos descalabros electorales, en un partido residual. La nueva democracia española careció de una derecha democrática hasta la consolidación del Partido Popular a finales de la década de 1980. El PSOE, que a partir de 1982 apareció en muchos momentos como el partido «natural» de la nueva España, se fracturó, ya en los años noventa, por la división en su interior entre «renovadores» y «guerristas» y por la difícil sucesión de Felipe González al frente del partido, a partir de 1996.

El Estado autonómico, que funcionó mucho mejor de lo que se había temido en razón de su complejidad (17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), no parecía haber resuelto el problema nacionalista. ETA mantuvo —ya se ha visto anteriormente— la presión terrorista, como resultado de su concepción estratégica hacia la independencia, esto es, por una opción deliberada, no como resultado de una necesidad inevitable impuesta por las circunstancias o como prolongación de un conflicto secular y no resuelto. Los nacionalismos vasco y catalán, aun gobernando en sus respectivas regiones desde 1980 y aun coadyuvando a la gobernación de España —caso, en distintos momentos, del nacionalismo catalán moderado bajo el inteligente liderazgo de Jordi Pujol, presidente catalán entre 1980 y 2004—, seguían en 2005 manteniendo por razones ideológicas, por su concepción de los «hechos» vasco y catalán, sus aspiraciones a la constitución de Cataluña y Euskadi (y el nacionalismo gallego, la de Galicia, si bien careció de fuerza electoral significativa hasta 1997: el PP gobernó ininterrumpidamente en Galicia entre 1988 y 2005) como naciones soberanas, y la transformación de España en un Estado plurinacional. El giro soberanista de 1997 de PNV y Gobierno vasco al que antes se ha aludido y que se materializó en el pacto de Lizarra-Estella de 12 de septiembre de 1998 suscrito por el PNV y los restantes partidos y sindicatos nacionalistas incluido Herri Batasuna, el brazo político de ETA, y en la tregua que ETA declaró días después, exigía la negociación con ETA, en un clima de ausencia de violencia, sobre la territorialidad y la soberanía de Euskadi y su derecho a la autodeterminación. Los varios gobiernos vascos que entre 1999 y 2009 presidió el lehendakari peneuvista J. J. Ibarretxe, en razón de las victorias electorales que el PNV logró, no obstante el ascenso del no nacionalismo, en las varias elecciones vascas celebradas en ese tiempo, asumieron buena parte del espíritu frentista y soberanista de Lizarra-Estella.⁹

Pero los grandes problemas que desde el siglo XIX habían condicionado la política del país —la democracia política, la forma del Estado, el atraso económico, la organización territorial, el Ejército, la Iglesia— parecían ahora, 1975-2005, en buena medida resueltos. En razón del buen quehacer en sus funciones de toda la familia real —ampliada por los sucesivos matrimonios y descendencia de los hijos de los reyes—, la monarquía no estaba en cuestión. don Juan de Borbón, el padre del rey, renunció a sus derechos dinásticos el 14 de mayo de 1977, en una ceremonia de gran emotividad e indudable significación política. La sucesión del rey don Juan Carlos estaba asegurada en la figura de su hijo, don Felipe. El Ejército era ahora un ejército moderno, adecuado a las necesidades españolas de defensa y subordinado al poder civil, el ejército por el que habían abogado discretamente desde los años finales del franquismo militares reformistas como los generales Díez Alegría y Gutiérrez Mellado. La Iglesia, encabezada entre 1972 y 1981 por el cardenal Tarancón (1907-1994), había apoyado la transición —en la memorable homilía que el propio Tarancón había pronunciado el 27 de noviembre de 1975 en la misa que siguió a la proclamación como rey de don Juan Carlos— y había establecido aceptables relaciones de cooperación con el nuevo Estado español. El giro conservador de la Iglesia que, impulsado por los sucesores de Tarancón (cardenales Suquía y Rouco Varela, arzobispo Elías Yanes y otros), pudo apreciarse desde mediados de los años noventa, transformó la cooperación en progresivo distanciamiento —en razón de las muchas reservas de la Iglesia hacia el laicismo del estado español y su frontal desaprobación de prácticas familiares y sexuales para la Iglesia contrarias a la moral cristiana— pero sin que se rompiera, o no se rompiera dramáticamente, el clima de respeto mutuo entre Iglesia y Estado definido por la Constitución del 78.

En 2005, España, un país urbano y moderno de 43,1 millones de habitantes, no era ya ni un país agrario ni un país industrial. Servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transportes y comunicaciones, eran los motores del nuevo dinamismo de la economía española; la población urbana era ya el 77 % del total de la población. Entre 1976 y 2000, el PIB se incrementó, pese a la recesión de 1974-1984, en un 89 %. España, la octava economía del mundo en 2005, había invertido en América Latina en la década de 1990 una cifra cercana a los 90.000 millones de dólares. En torno a cuatro millones de inmigrantes —3,7 millones a 1 de enero de 2005: latinoamericanos, marroquíes, rumanos, chinos, africanos…—, se habían establecido en el país entre 1990 y 2005, otro cambio histórico formidable.

5. España, país europeo

La cuestión del paralelismo o no paralelismo entre España y Europa, por decirlo en palabras de Américo Castro, de si España era o no parte de Europa, se remontaba a finales del siglo XVIII, cuando desde la Ilustración francesa se puso en duda que la civilización debiese algo a España. La imagen romántica de España en el siglo XIX, uno de los estereotipos más exitosos sobre la identidad española jamás acuñado, fijó por mucho tiempo la imagen de España como un país no moderno, oriental, pintoresco y sólo marginalmente europeo. Tras la derrota de 1898 ante los Estados Unidos, la europeización de España se convirtió, al menos para intelectuales como Joaquín Costa (1844-1911) y José Ortega y Gasset (1883-1955), casi en un programa nacional, en una exigencia de regeneración. Ambos, pero de forma más explícita y sistematizada el joven Ortega, el Ortega de los años 1905-1914, vieron, en efecto, en Europa una respuesta a los complejos de marginalidad y atraso del país, y un ideal moral, político y social. Bajo el franquismo, Europa adquirió para los españoles, por lo menos para la España antifranquista, un extraordinario poder simbólico, como encarnación de democracia y modernidad. En 1986, tras su adhesión a la Comunidad Europea en julio del año anterior, España se incorporó a Europa con sorprendente facilidad, y trabajó en las instituciones europeas desde el primer momento con entusiasmo y eficacia. Entre 1986 y 2006, el sentimiento europeo de los españoles, el nivel de apoyo al proceso de integración y el grado de confianza en las instituciones europeas, fueron en todo momento elevadísimos, varios puntos siempre por encima de la media europea, según las encuestas.¹⁰

6. La europeidad española

España iba a ser una gran sorpresa para Europa. Formada en una visión de España que incorporaba una sucesión de estereotipos negativos —la leyenda «negra» de los siglos XVI y XVII; el país «oriental» de toreros y cigarreras del romanticismo; el país «trágico» de la Guerra Civil de 1936-1939; el tiempo de silencio y la España del subdesarrollo de los años de la dictadura franquista; la España «diferente» del turismo barato de las playas y el sol del Mediterráneo y Andalucía de la década de 1960—, Europa se encontraría con una España de comisarios, eurodiputados y eurofuncionarios (economistas, juristas, técnicos, ingenieros, diplomáticos) eficaces y competentes, que apoyaba decididamente el proceso de integración (Acta Única de 1986, Tratado de Maastricht de 1991), que cumplía rigurosamente los criterios para la unión económica y monetaria, que crecía sostenidamente y por encima de la media europea; que cuando le correspondía (1989, 1995, 2002) presidía con acierto y discreción la Unión Europea, implantaba sin problema alguno el euro, y se movía con absoluta comodidad en todos los foros internacionales (cumbres políticas o económicas, grandes reuniones regionales, congresos mundiales, grandes acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, un colosal éxito, etcétera).

Los estereotipos europeos sobre España contenían, indudablemente, perspectivas de verdad sobre la historia española y sobre la España del siglo XX. Pero no eran —nunca lo fueron— toda la verdad sobre la realidad española, ni posiblemente el fundamento correcto para interpretaciones competentes de su historia. Un ejemplo: cuando el 16 de septiembre de 2000, tuvo lugar en Zabalaga (Hernani), cerca de San Sebastián, en el País Vasco, el acto de inauguración del museo del escultor vasco Eduardo Chillida (1924-2002), con asistencia del rey Juan Carlos, del primer ministro alemán, Schröder, y del jefe del gobierno español, Aznar (y del presidente vasco, Ibarretxe), lo que se puso de relieve —intencionadamente o no— fue que la obra de Chillida, un mundo abstracto de formas innovadoras y complejas sobre el espacio, la luz y el vacío, era una de las manifestaciones más trascendentes de la cultura europea de la segunda mitad del siglo XX, en la que, además, la conexión alemana resultaba particularmente relevante (Chillida tenía, en efecto, obra pública en numerosas ciudades alemanas). Pero, por extensión, puesto que Chillida no fue un caso aislado, lo que el acto revelaba era que la cultura española del siglo XX era, sencillamente, una variable europea. Zuloaga y Sorolla, Ortega, Unamuno, Falla, la Revista de Occidente, El Sol, El País, Tàpies, Chillida, Oteiza, Cristóbal Halffter, Ricardo Bofill, Moneo, Santiago Calatrava, Semprún, Antonio López, Eduardo Arroyo, Juan Goytisolo, Barceló y, en los años noventa, Javier Marías, Fernando Savater y Pedro Almodóvar —no sólo, por tanto, los nombres obvios: Picasso, Miró, Dalí, Buñuel—, eran, en efecto, parte innegable de la cultura europea, no sólo gentes que se pudieron asomar ocasionalmente a ella.

País católico, rural, provinciano, con una cultura popular hecha de zarzuela, toros y fiestas locales, en la primera mitad del siglo XX coincidieron, pese a ello, en la vida cultural española personalidades, sin exageración, excepcionales, sin duda irrepetibles: Unamuno, Azorín, Baroja, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Machado, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Marañón, Menéndez Pidal, Falla, Gaudí, Picasso. Ortega y Gasset —que como indicaba anteriormente, asoció muy tempranamente regeneración de España con europeización del país— generó un amplio repertorio de grandes incitaciones intelectuales, plasmadas además en metáforas casi siempre oportunas y certeras: vida como circunstancia; la verdad como perspectiva; vida como quehacer y realidad radical (razón vital); minorías y masas como teoría de la sociedad; invertebración de España; europeización, liberalismo y nacionalización, como deberes generacionales; anticipación de la unidad europea; teoría de las generaciones; razón histórica. Paralelamente, Ortega impulsó o inspiró empresas culturales decisivas: España, El Sol, Revista de Occidente (1923-1936), revista que el historiador alemán Curtius definió como una mezcla de la Nouvelle Revue Française y el pensamiento alemán, y de la que en 1924 dijo que se trataba de una de las publicaciones «más inteligentes de Europa», y que ciertamente se ocupó de todo lo que fue verdaderamente esencial en la cultura occidental del período de entreguerras.

El pensamiento de Ortega, la obra de Falla, Picasso, Juan Gris, Miró, Julio González y Dalí, constituyeron —hay que insistir— episodios esenciales de la cultura europea de su tiempo. La poesía de la generación del 27, la pintura de los artistas reunidos en la exposición de Artistas Ibéricos de 1925, la música de Ernesto y Rodolfo Halffter, Óscar Esplá, Mompou y Robert Gerhard, la arquitectura racionalista de Josep Lluís Sert y José Manuel Aizpúrua, y el primer cine de Luis Buñuel, participaban plenamente de los planteamientos estéticos de las vanguardias europeas de los años veinte y treinta. Libros como Mi salón de otoño (1924) de Eugenio d’Ors; Literaturas europeas de vanguardia (1925) de Guillermo de Torre; La deshumanización del arte (1925) de Ortega y Gasset; Música y músicos de hoy (1929) y La música española contemporánea (1930) de Adolfo Salazar; los mismos estudios de arquitectura de los arquitectos Zuazo, García Mercadal y Sert, probaban el alto grado de conocimiento que en España se tenía de la cultura europea. El estreno de El amor brujo de Falla en París el 22 de mayo de 1925 fue un éxito fabuloso. La agonía del cristianismo (1925) de Unamuno se publicó antes en francés que en español. La rebelión de las masas (1930) de Ortega, en cuya segunda parte, por cierto, el autor apelaba a la formación de unos Estados Unidos de Europa, fue un verdadero best seller mundial. En la Exposición Internacional de París de 1937, España, esto es, la Segunda República, presentó un excepcional Pabellón Español, obra de los arquitectos Luis Lacasa y Josep Lluís Sert, que incluía piezas extraordinarias como El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, del escultor Alberto, el Guernica de Picasso y el mural de Miró El payés catalán en revolución (más una gran muestra de arte medieval catalán preparada por el Gobierno autónomo catalán, y una excelente selección de arte vasco del siglo XX que proporcionó el Gobierno vasco).

La Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura de Franco (1939-1975) supusieron el fin del excepcional momento cultural que España había vivido entre 1898 y 1936. Pero el hecho de que la cultura española de ese tiempo hubiera sido, como se ha indicado, una variable mejor o peor de la cultura europea, que la misma idea de europeización de España hubiese sido desde principios del siglo XX una exigencia de modernidad, tendría consecuencias en su momento decisivas. El proyecto ideológico fascistizante y católico del régimen franquista de restablecer a partir de 1939, tras su victoria en la Guerra Civil, el dogma católico y la tradición histórica e imperial española, a través del control estatal, la censura, las consignas oficiales y la indoctrinación de la sociedad vía la educación y la propaganda, terminó por fracasar, no obstante los frutos que hubiera podido dar en las dos primeras décadas del régimen de Franco. La derrota del Eje nazi-fascista en la Segunda Guerra Mundial desarticuló de alguna forma la cultura falangista; la progresiva secularización del país desde principios de la década de 1960 terminó por diluir la cultura católica. El vacío cultural así creado fue ocupado, por un lado, por la cultura de masas, hecha ahora —años cincuenta y sesenta— de fútbol, radio, toros, canción popular y pronto, desde 1956, televisión; y por otro, en el ámbito de la cultura académica y universitaria, por la misma cultural liberal, en buena medida de herencia orteguiana, que el franquismo había querido erradicar, y que continuaron filósofos, historiadores, críticos de arte y filólogos como Julián Marías, Zubiri, Laín Entralgo, Emilio García Gómez, Caro Baroja, Ramón Carande o Aranguren, por citar sólo unos pocos nombres.

Paralelamente, con la «generación realista de la posguerra» (Bardem y Berlanga en cine; los escritores Ferlosio, Aldecoa, los hermanos Goytisolo, Ferres, Caballero Bonald, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Martín Santos y muchos otros), novela, cine, poesía y teatro asumirían, en la medida en que la censura lo permitía, el papel de conciencia crítica de la sociedad. El marxismo era en los años sesenta y primeros setenta la subcultura dominante de la oposición intelectual y universitaria al franquismo. Con Tàpies, Chillida, Oteiza, Palazuelo y Luis Gordillo, y tras la aparición en 1957 del grupo El Paso (Antonio Saura, Canogar, Millares, Pablo Serrano…) y de la llamada «escuela de Cuenca» (Zobel, G. Rueda, Torner), el informalismo y la abstracción, que coexistirían con las nuevas formas de la figuración y el realismo (Eduardo Arroyo, Ibarrola, Genovés, Antonio López…), hegemonizaron las manifestaciones del arte español.

La «liberación» que el régimen de Franco pareció propiciar desde mediados de la década de 1960 permitió la aparición de un «nuevo cine español» (el productor Elías Querejeta; los directores Carlos Saura, Víctor Erice, José Luis Borau), la consolidación de revistas y editoriales independientes, el comienzo de un renacimiento de las culturas catalana, vasca y gallega tras años de marginamiento y silencio, y aún la recuperación de algunas manifestaciones de la cultura del exilio (la literatura de Francisco Ayala y Ramón J. Sender y el cine de Luis Buñuel, por ejemplo). La literatura española de los últimos años del franquismo (representada ante todo por Juan Benet) se definía ya por el experimentalismo y la voluntad de renovación en sus procedimientos narrativos. Por entonces, la filosofía española estaba instalada preferentemente en la filosofía analítica anglosajona, el pensamiento crítico frankfurtiano y el neonietzscheanismo. Ciencia económica, ciencia política y sociología habían tenido extraordinario desarrollo desde mediados de los años cincuenta: prácticamente la totalidad de la amplia producción que dichas ciencias sociales (y otras, como la historia y el derecho) desarrollaron en la última década del franquismo giró en torno a la democracia en España, su fracaso histórico y los dilemas —ideas, modelos constitucionales, sistemas de partidos, estructuras sociales, desarrollo económico…— para la construcción de un nuevo orden democrático estable y duradero. Fue entonces, especialmente tras la puesta en marcha por la Europa de los seis (Francia, Alemania Occidental Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) del proceso de construcción de la futura unión europea con el Plan Schuman de mayo de 1950 y los tratados de Roma de 1957, cuando la idea de Europa apareció, como se indicó antes, como una exigencia de democratización, como la respuesta a los problemas que en su día habían llevado a la Guerra Civil y a la dictadura de Franco.

En el momento de iniciarse en noviembre de 1975 la transición a la democracia, la cultura española tenía un más que discreto nivel de calidad y de modernidad. La labor de Ramón Carande, Caro Baroja, Xavier Zubiri, Emilio García Gómez, Julián Marías, Laín, Rodríguez Huéscar, Garagorri, Aranguren, Cela, Miguel Delibes, Torrente Ballester, José Antonio Maravall, Luis Díez del Corral, Fuentes Quintana, Luis A. Rojo, Juan Linz —de nuevo, por citar unos pocos nombres significativos en los ámbitos del pensamiento, las ciencias sociales y la literatura— había hecho al menos que España no fuese un desierto cultural entre 1939 y 1975. Con Tàpies, Chillida, arquitectos como Fisac, Alejandro de la Sota y Sáenz de Oíza, los pintores Antonio Saura, Antonio López y Eduardo Arroyo, los compositores Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, el cineasta Carlos Saura, y los escritores Juan Benet, Juan Marsé y Goytisolo, la cultura española había recuperado, además, el pulso de la modernidad. La cultura fue, en efecto, desde los años cincuenta una fuerza europeizadora, tanto como pudieron serlo los cambios económicos que España experimentó entre 1959 y 1975.¹¹

7. La entrada en Europa

Vicente Aleixandre en 1977 y Camilo José Cela en 1989 recibieron el Premio Nobel de Literatura. España protagonizó a partir de 1975 grandes acontecimientos culturales europeos: Europalia-1985, París a la hora de España (1987), la Feria del Libro de Frankfurt de 1991, el Salón del Libro de París de 1995. Arquitectos como Ricardo Bofill, Rafael Moneo, Enric Miralles, Campo Baeza, Santiago Calatrava, especializado en espectaculares puentes, torres, auditorios, estaciones y aeropuertos (como el Turning Torso de Malmoe de 2005 o el puente en Venecia de 2008), y Navarro Baldeweg tenían tanta obra fuera de España como dentro de ella. De Bofill era, por ejemplo, Le Palais d’Abraxas en Marnela-Vallée (Francia), de 1978-1982. Moneo, que en 1996 obtuvo el Premio Pritzker, hizo el Museo de Arte y Arquitectura de Estocolmo (1997); Miralles, el Parlamento escocés (1998-2002); Alejandro Zaera, la Terminal del puerto de Yokohama (2002), en Japón. El compositor Cristóbal Halffter (No queda más que el silencio, 1985; Variaciones Dortmund, 1986…), los artistas Tàpies, Chillida, Antonio López, Antonio Saura, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo, que ya habían logrado un amplio reconocimiento internacional antes de 1975, seguían siendo en 2000-2005 referencia obligada del arte español y eran parte esencial de las numerosas exposiciones que sobre España se hicieron, además de las antes citadas, a partir de aquel año en diversos lugares del mundo. El pintor Miquel Barceló (Felanitx, 1957), que irrumpió internacionalmente a raíz de su éxito en la Documenta de Kassel de 1982 y que en 1988 instaló su taller en Mali, fue objeto de una gran retrospectiva en el Centro Pompidou de París en 1996; en 2008 pintó la cúpula de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, un «mar agitado» de estalactitas en intensos colores. El escultor Juan Muñoz (1953-2001), que había aparecido en la escena internacional también en los ochenta, exhibió en 2001 parte de su obra —extrañas figuras humanas en escenarios inquietantes— en la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres, el lugar más prestigioso en ese momento en el mundo para la escultura. En 2000, el gobierno alemán colocó una poderosa escultura en hierro de Chillida en el patio de la nueva Cancillería construida en Berlín. Calvo Serraller (Madrid, 1948), el mejor historiador del arte de su generación e inspirador de muchas de las exposiciones internacionales de arte español aludidas, escribía en 2001, en El arte contemporáneo, que la obra de Barceló, José M.ª Sicilia, Susana Solano, Juan Uslé, Cristina Iglesias y Juan Muñoz, de los que decía eran requeridos desde los años ochenta por los más prestigios foros internacionales, estaba en sintonía «total» con lo que ocurría fuera de España.

Igualmente, tras el citado Salón del Libro de París de 1995, varios escritores españoles —Eduardo Mendoza, Javier Marías, Muñoz Molina, Bernardo Atxaga, y también Arturo Pérez-Reverte, autor de una serie de novelas de aventuras sobre la España imperial del siglo XVII protagonizadas por el capitán Alatriste— empezaron a ser profusamente traducidos. Con Corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí y Todas las almas, una novela sobre Oxford, Javier Marías obtuvo varios de los premios internacionales de novela de más prestigio (Premio L’Oeil et la Lettre, 1993; Premio Rómulo Gallegos, 1995; Premio Fémina extranjero, 1996…). La obra de Fernando Savater (San Sebastián, 1947), el más brillante, agudo, iconoclasta e inteligente ensayista de la transición con cerca de 50 libros publicados entre 1975 y 2005 (Nihilismo y acción, La tarea del héroe, Invitación a la ética, Ética para Amador, La infancia recuperada, Mira por dónde…) y cuya filosofía y ética de la libertad se correspondían admirablemente con la filosofía política de la nueva democracia española, era ampliamente leída y conocida en Italia, Francia y América Latina. El cine de Pedro Almodóvar, y especialmente Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Todo sobre mi madre (1999) y Volver (2006), tuvo a su vez extraordinaria repercusión en Europa y en los Estados Unidos.

Dicho de otro modo; antes sin duda, pero sobre todo a partir de 1975, España estaba instalada en la europeidad (por decirlo con la expresión que el politólogo Ignacio Sotelo usaba al analizar la cultura española hacia 1990 en la reaparecida Revista de Occidente, de julio de 1991). Paradójicamente, sin embargo, la entrada en Europa fue para España, como para Grecia y Portugal, países que solicitaron la adhesión al mismo tiempo que lo hacía España, también tras la restauración de la democracia después de años de dictadura, un proceso lento y laborioso. Las negociaciones para la integración, que España planteó formalmente el 28 de junio de 1977, bajo el gobierno Suárez, se prolongaron nada menos que durante siete años. Las razones fueron básicamente dos: la propia prolijidad burocrática del proceso y sobre todo, la complejidad de los problemas —políticos, económicos y estratégicos— que la adhesión española planteaba.¹² En primer lugar, España tuvo paralelamente que normalizar toda su política exterior, y que reforzar especialmente sus relaciones bilaterales con los países europeos, labor que absorbió la gestión de los dos primeros ministros de Exteriores de la transición, José M.ª Areilza (1975-1976) y Marcelino Oreja (1976-1980). En segundo lugar, Europa aplazó la apertura oficial de negociaciones hasta que España avanzara decididamente hacia la democracia, lo que no sucedió hasta la celebración de las elecciones de junio de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978. En tercer lugar, España tuvo que ir resolviendo al mismo tiempo la cuestión «entrelazada» de su política exterior de defensa, esto es, el problema de su entrada o no en la OTAN, un problema que dividía al país. En cuarto lugar, la Comunidad Económica Europea, nombre oficial en ese momento de la futura Unión Europea, consideró necesario —antes de proceder a su ampliación en el sur de Europa: España, Grecia, Portugal— resolver los graves problemas que se le plantearon como consecuencia de la crisis económica desatada por la elevación en 1973 de los precios del petróleo —crisis que se prolongó varios años—, y por la ampliación de la Europa de los Seis a la Europa de los Nueve tras la entrada de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, problemas que afectaron a los presupuestos comunitarios, a la política agraria común y a la contribución británica a los gastos de la CEE. Finalmente, la entrada de España planteaba a la CEE interrogantes económicos de considerable magnitud, en razón de las características y dimensiones de la agricultura y pesca españolas, de los desequilibrios regionales del país y de la especial situación de Canarias.

Las negociaciones, en cualquier caso, no comenzaron oficialmente hasta febrero de 1979. Entraron en un verdadero callejón sin salida a raíz del veto del presidente francés Giscard d’Etaing en junio de 1980 a toda ampliación de la CEE hasta la solución de los problemas comunitarios en torno a los presupuestos, la política agraria común y la contribución británica, impasse que se prolongó hasta 1983. Y en su tramo final, exigieron arduos esfuerzos sobre las cuestiones más espinosas: agricultura, pesca, circulación de mercancías, política regional, presupuestos, cuestiones monetarias. España contó en todo momento con el apoyo incondicional de Alemania (gobiernos socialdemócratas de Helmut Schmidt, 1974-1982, y democristiano de Helmut Kohl, 1982-1999). Francia, condicionada entre otras cosas por la decidida oposición de sus agricultores a la entrada de la agricultura española en la Comunidad, tuvo en cambio una actitud contradictoria: pleno apoyo inicial, veto posterior (1980-1982) del presidente Giscard a la ampliación de la CEE —que afectó ante todo a España, que frustró el decidido europeísmo de los gobiernos de Calvo Sotelo de los años 1981-1982 y que provocó profundo malestar en la relación entre ambos países—, y apoyo decidido, finalmente, desde 1983, ya con la presidencia del socialista Mitterrand (1981-1994), cuyo mandato coincidió con la larga etapa de gobierno socialista de Felipe González en España (1982-1996), hecho que facilitó el restablecimiento de la colaboración y la cordialidad en las relaciones franco-españolas.

En todo caso, Francia, a favor del nuevo clima de relaciones hispano-francés, desbloqueó definitivamente la ampliación de la CEE en el Consejo Europeo celebrado en junio de 1984. Pese a que aún quedarían por resolver problemas importantísimos —que afectaban a la agricultura y a la pesca, principalmente— para cuya solución se aceptaría la fijación de períodos transitorios, España pudo firmar por fin el Tratado y Acta de Adhesión a la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985, lo que se hizo en un acto de gran solemnidad en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, el mismo día en que también Portugal se integraba en Europa. Paralelamente, el gobierno español, rectificando las posiciones contrarias al ingreso en la OTAN que el partido del gobierno, el PSOE, había mantenido en la oposición, asumió la permanencia en la organización, tras someter, como ya se indicó en su momento, la cuestión a un arriesgado referéndum que se celebró, tras intensos debates, el 12 de marzo de 1986, y en el que ganó la opción favorable a la participación española en la organización atlántica: votó el 59,4 % del censo, el 52,5 % votó a favor de la OTAN y el 39,8 % lo hizo en contra.

España se convirtió, así, en miembro de pleno derecho de la CEE a partir de 1 de enero de 1986. Ingresó en la CEE, en la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) y en el Euratom o comunidad europea de la energía atómica, y se incorporó a los órganos e instituciones rectores y representativas de los mismos: Consejo Europeo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia, Comité Económico y Social, Tribunal de Cuentas, etcétera. En el Consejo, el órgano supremo político comunitario, España recibió, como quinto país más poblado de la CEE, ocho votos, frente a los diez de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y los cinco de Bélgica, Holanda, Grecia y Portugal. La Comisión Europea, el ejecutivo de la Comunidad, pasó a estar integrada por 17 Comisarios. A España le correspondieron dos (para los que se nombró a Manuel Marín, hasta entonces secretario de Estado para Relaciones con Europa en el gobierno socialista, y a Abel Matutes, de Alianza Popular, el partido conservador español), el mismo número que a Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, y uno más que al resto de los Doce. En el Parlamento, se atribuyeron a España 60 eurodiputados (a Portugal y Grecia, 24), cifra ligeramente inferior al número de eurodiputados de los «cuatro grandes», pero superior a la del resto de países miembros.

El Tratado de Adhesión obligaba a España a la adaptación a lo largo de un período de siete años (1986-1993) de sus estructuras económicas y financieras y de su producción agraria y pesquera al sistema económico y agrario común, mediante desarmes arancelarios y liberalizaciones graduales de exportaciones e importaciones, la supresión de las ayudas agrícolas, le reestructuración de determinados sectores (la siderurgia, por ejemplo) y la revisión de las condiciones de otros (como la pesca): en 1993, España quedaba plenamente integrada en el mecanismo financiero europeo, y aplicaba ya los aranceles comunes europeos a sus productos industriales y agrícolas, y la normativa común y las directrices comunitarias en todas las cuestiones económicas, comerciales y financieras.

España fue, así, parte activa en todo lo actuado por la Unión Europea entre 1986 y 2006: tratado de Maastricht de 1991; unión monetaria, ampliaciones de 1995 y 2004, el euro, los tratados de Ámsterdam y Niza (diciembre de 2000, el tratado que diseñó la ampliación de 2004 hacia los países de la Europa del este). La representación española y los gobiernos de González (1986-1996) y Aznar (1996-2004) se atribuyeron especial responsabilidad en el desarrollo de la llamada «Europa de los ciudadanos» (ciudadanía europea, pasaporte europeo), en la Europa «social» (políticas de empleo y cohesión social de la UE), en la construcción de la unión monetaria y económica, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y en la creación de Europa como un espacio de justicia, libertad y seguridad. España asumió, desde luego, papel relevante en la cooperación de la UE con los países del Mediterráneo (con la celebración en Barcelona, en 1995, de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo) y en la institucionalización de las relaciones de la Unión con América Latina. España celebró regularmente elecciones europeas a partir de 1987. Manuel Marín fue comisario en la Comisión Europea durante trece años (1986-1999); Abel Matutes, durante ocho (1986-1994). Pedro Solbes, Marcelino Oreja, Loyola de Palacio y Joaquín Almunia fueron luego, igualmente, comisarios europeos. Enrique Barón presidió el Parlamento Europeo entre 1989 y 1992; José M.ª Gil Robles lo hizo entre 1997 y 1999; Josep Borrell, a partir de 2004, tras la victoria de su partido, el PSOE, en las elecciones de ese año. Javier Solana, que había sido sucesivamente ministro de Cultura, Educación y Exteriores en los distintos gobiernos de Felipe González (1982-1996) y secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999, fue nombrado en 1999 para el nuevo cargo entonces creado de Alto Comisario de la Unión Europea para la Política Común Exterior y de Seguridad, la primera persona, por tanto, en ocupar dicho puesto y primer responsable en la historia de la política exterior y de defensa europea común. España presidió la Unión Europea en el primer semestre de 1989 y en el segundo semestre de 1995 —con Felipe González en el poder—, y en el primer semestre de 2002, en la etapa ya de gobierno de Aznar y el PP (por hacer referencia sólo a las primeras responsabilidades de dirección europea asumidas por España).

Entre 1986 y 2006, Europa iba a ser, además, para España una formidable operación económica. España (38,4 millones de habitantes en 1986; 44,1 millones en 2006) recibió en esos veinte años, en fondos para la agricultura, para el desarrollo regional y para la cohesión, una cifra cercana a los 150.000 millones de euros, con un saldo neto en torno a los 90.000 millones de euros. Casi todos los cambios infraestructurales que el país experimentó en esos veinte años —autovías, trenes de alta velocidad, puertos, desaladoras, presas…—, se hicieron con fondos europeos. Entre 1986 y 1990, el PIB español, si se recuerda, creció a una media del 4,5 % anual. Cuatro de cada 10 kilómetros de los casi 6.000 kilómetros nuevos de autovías y 38 de cada 100 euros invertidos en España en ferrocarriles (trenes de alta velocidad Madrid-Sevilla, Madrid-Lleida, Madrid-Toledo) se hicieron con dinero procedente de Europa. El 90 % de las inversiones recibidas entre 1986 y 2006, el 87 % de los turistas, el 66 % de las importaciones y el 74 % de las exportaciones, provinieron de la Unión Europea. El rigor con que España aplicó a partir de 1993 los criterios de convergencia para entrar en la unión monetaria (tipo de cambio, tasas de interés, inflación y déficit público) —hasta 1996 con Felipe González en el gobierno; desde 1996, con Aznar en el poder—, hizo que los ocho años de gobierno del PP y José M.ª Aznar, 1996-2004, fueran, como ya quedó dicho, el período de mayor crecimiento y creación de empleo de la historia española. El PIB creció en ese tiempo a una media del 3,4 % anual (media europea, 2,1 %). El nivel de la renta per capita de España respecto a la media comunitaria era en 1986 del 69 %; en 2004, del 86 %.

Europa redescubría a los españoles como «los alemanes del sur». Además, y por primera vez en casi dos siglos, España contaba en el mundo. En 1989 presidía, en efecto, la Comunidad Europea. Al año siguiente, participó, si bien muy limitadamente —recuérdese: con una fragata y dos corbetas—, en la guerra del Golfo (Pérsico), desencadenada por la invasión unilateral de Kuwait por Irak. En total, desde 1989 a 2006, tropas españolas participarían en un total de 47 operaciones militares internacionales (en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, en Irak…) comandadas o por la ONU o por la OTAN o por la propia UE —operaciones de «paz y ayuda humanitaria», pero en situaciones de guerra—, a las que destinó unos 67.000 soldados (si bien nunca hubo más de 2.300 soldados españoles participando en misiones internacionales al mismo tiempo).

En 1991, Madrid, por iniciativa de los Estados Unidos y Rusia, fue designada sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, un gran éxito organizativo de la diplomacia española (como éxitos fueron en 1992 los Juegos Olímpicos de Barcelona, el V Centenario del Descubrimiento de América y la Exposición Universal de Sevilla). En 1992, España fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En América Latina, España, sobre todo a raíz de la llegada de los socialistas al poder en 1982 y utilizando con acierto el importante papel simbólico de la figura del rey para América, sustituyó la vieja retórica de la Hispanidad por una política pragmática encaminada a reforzar los vínculos económicos con los distintos países latinoamericanos y a hacer de España el representante de los intereses latinoamericanos ante la Unión Europea. España tuvo papel principal en la creación en 1991 de las Cumbres Ibero-americanas, reuniones bianuales de los jefes de Estado y de gobierno latinoamericanos, español y portugués para tratar de asuntos comunes (desarrollo, integración regional, etc.); apoyó decididamente la democratización del continente (Perú, 1979; Bolivia, 1982; Argentina, 1982; Brasil, Uruguay, 1985; Chile, 1989; Paraguay, 1989), donde su propia transición democrática le había dado considerable prestigio; y los procesos de paz, elecciones y negociación con la guerrilla en Nicaragua (1990), El Salvador (1992-1994) y Guatemala (1993-1995).

El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, complementada por la incorporación a la OTAN, no eran, pues, sólo ni preferentemente iniciativas de política exterior y de defensa. Su alcance era mucho mayor. España resolvía de esa forma el problema de su identidad como nación y su papel en el contexto mundial. Con la incorporación de España a Europa, la democracia hizo posible la homologación del país con los estados y naciones de su entorno, la afirmación de la identidad española como país europeo. El pesimismo crítico y esencialista sobre la condición nacional que en su día había impregnado la obra y la visión de muchos intelectuales de los siglos XIX y XX (de Blanco White y Larra a Unamuno, la generación del 98, Ortega y Azaña) parecía ahora, 1975-2005, un anacronismo. Al margen de la repercusiones políticas que tuvo (derrota del Partido Popular y victoria del PSOE de Rodríguez Zapatero en las elecciones del día 14 de marzo y posterior retirada de las tropas españolas de Irak), la sociedad y las instituciones españolas asimilaron con serenidad admirable el terrible atentado perpetrado por terroristas islámicos en Madrid el día 11 de marzo de 2004 que costó la vida a cerca de 200 personas.

El entusiasmo europeísta de España estaba, pues, justificado. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea aprobaron el 29 de octubre de 2004 un primer proyecto de Constitución para Europa. El proyecto fracasó porque Francia y Holanda lo rechazarían. España fue, no obstante, el primer país en someter la Constitución europea a referéndum y el primero en aprobarla. El referéndum español se celebró el 20 de febrero de 2005: votó el 42,32 % del censo; los votos favorables a la Constitución fueron 10.804.464, el 76,73 % de los votos emitidos.

8. La revolución española

«¿Qué tipo de sociedad ha emergido [en España] de las múltiples influencias de los últimos veinticinco años?», se preguntaba el semanario británico The Economist en el «Informe sobre España» que publicó el 25 de noviembre de 2000. Y respondía: una sociedad más rica, con más instrucción y capacidades técnicas, mejores empleos, millones de coches, aparatos de televisión, teléfonos móviles y vacaciones en el extranjero. The Economist decía, por resumir, que España era un país «grandemente transformado». «Pero, ¿en lo más profundo?», se preguntaba retóricamente, y añadía: «Sí, también ahí, grandemente transformado».

9. España transformada

Se había transformado, en primer lugar, la propia demografía del país.¹³ El número de matrimonios y las tasas de fecundidad habían disminuido de forma muy notable desde 1976. Pero la población española había pasado de 35,8 millones de habitantes en 1976 a 44,1 millones en 2006, en razón fundamentalmente de la inmigración, un hecho nuevo y sorprendente en la historia de España, un país de emigrantes hasta avanzada la década de 1960, inmigración que comenzó a adquirir dimensiones considerables a partir de 1990, y que en 2006 se estimaba, como ya quedó dicho, en cifras cercanas a los cuatro millones de personas, casi el 10 % de la población total. Aunque hubo episodios aislados de violencia y xenofobia —los más graves, en El Ejido (Almería) en febrero de 2000 tras el asesinato de una mujer por un inmigrante— y experiencias dramáticas en el caso de la inmigración clandestina de africanos que trataba de llegar en barcas miserables a las costas españolas desde puertos del norte de África, la integración de la inmigración fue por lo general comparativamente no conflictiva. A 1 de enero de 2005, vivían en España, empleados principalmente en la construcción, en tareas agrícolas temporales y en servicios asistenciales y domésticos, 511.000 marroquíes, 497.000 ecuatorianos, 317.000 rumanos, 271.000 colombianos, y miles de bolivianos, búlgaros, chinos, peruanos, ucranios, dominicanos e inmigrantes de otras nacionalidades (entre ellos, aunque fuese cuestión distinta, 226.000 jubilados británicos, 135.000 alemanes y 35.000 escandinavos retirados en localidades costeras del sur y del Mediterráneo).

Había cambiado paralelamente, y de forma evidente y decisiva, el papel de la mujer. Pese a que existieran aún diferencias palmarias entre hombres y mujeres (en salarios, en tipos de actividad, en atención al trabajo doméstico y familiar) y subsistiesen ámbitos laborales con escasa presencia femenina (ingenierías, círculos financieros, cátedras universitarias...), y aunque desde los años noventa pareciese rebrotar la violencia doméstica (42 mujeres asesinadas en 1999; 71 en 2007), la España de 2008 era, en cualquier caso, una sociedad mucho más igualitaria que la España de 1976. Desde mediados de los años ochenta, eran ya más las mujeres que los hombres que cursaban estudios universitarios. En 1975 no había ninguna mujer en la Real Academia Española; en 2008 había cuatro (Carmen Iglesias, Margarita Salas, Ana M.ª Matute e Inés Fernández-Ordóñez). La tasa de ocupación femenina pasó del 22,7 % en 1983 al 44,1 % en 2008. En 1983 trabajaban algo más de 3 millones de mujeres; en 2008, lo hacían ya cerca de 8 millones y medio, prácticamente la mitad de la fuerza laboral española. El número de empresarias creció en un 37 % entre 2000 y 2007. En 2004, las mujeres eran el 64 % del total de jueces del país. En ese año, había un total de 12.205 mujeres en las Fuerzas Armadas españolas (de un total de 119.698 efectivos). En 1977-1979, había sólo 5 senadoras y 22 diputadas en la política española; en 2000, eran ya 54 y 99 respectivamente (en torno al 26 % del total). Calvo Sotelo nombró en diciembre de 1981 a Soledad Becerril ministra de Cultura, la primera mujer en llegar al gobierno en la democracia (y la primera, desde la Guerra Civil). Entre 1982 y 1996, Felipe González llevó a sus gobiernos a un total de cinco mujeres. En el primer gobierno Aznar, formado tras la victoria del Partido Popular en las elecciones de marzo de 1996, figuraron cuatro. Con el PP en el poder, Esperanza Aguirre fue presidenta del Senado (1999-2002) y Luisa Fernanda Rubí, del Congreso (2000-2004). En 2004, tras el triunfo del PSOE en las elecciones de marzo, Rodríguez Zapatero, el nuevo líder del partido y nuevo primer ministro, formó ya un gobierno paritario: 8 mujeres (una de ellas, M.ª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno); 8 hombres. Su gobierno aprobó ese mismo año una Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2006, una Ley de Igualdad para reforzar la presencia de mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. En abril de 2008, Zapatero nombró a una mujer, Carme Chacón, ministra de Defensa.

Ciertamente, como observaba The Economist, España se había enriquecido. Aunque subsistiesen desigualdades, pobreza y desequilibrios regionales y sectoriales, la riqueza nacional se duplicó entre 1976 y 2000. El PIB había pasado de 47.868.900 millones de pesetas en 1976 a 87.580.900 millones en 1999; pasó, luego, medido ya en euros, de 447.205 millones de euros en 1995 a 908.450 millones en 2005, y siguió creciendo a una media anual superior al 3 % entre 2005 y 2008. El PIB por habitante había pasado de 5.904 dólares en 1980 a 24.254 en 2004. El número de coches que en 1976 era de 7,6 millones se había elevado a 22,4 millones en 1999. Aunque el desempleo llegase a cifras cercanas al 20 % en períodos como 1984-1988 y 1993-1996 (22,8 %, concretamente, en 1996), la población activa pasó de 12,6 millones de personas en 1975 a 19,8 millones en 2004. El número de viviendas iniciadas por año estaba en torno a 300.000 en 1976; era de cerca de 700.000 en 2004. Sólo entre 2001 y 2006 se construyeron 2,6 millones de viviendas nuevas.

España se había prácticamente desagrarizado. En 2005, la agricultura, el principal problema del país a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, la causa histórica de su atraso y de su pobreza, representaba sólo el 3 % del Valor Añadido Bruto de la economía española (9,9 % en 1975) y el 5,3 % del empleo total (23,2 % en 1975). En 1976 había en torno a 2,3 millones de campesinos; en 2004, unos 865.000. Especialmente desde los años ochenta, reconversión industrial, la privatización desde finales de la década del viejo sector público del franquismo —que afectó a monopolios, bancos públicos, automóviles, siderurgia, minería, astilleros, empresas petroleras, de electricidad y comunicaciones—, fusiones bancarias, inversión extranjera y grandes obras de infraestructura (autopistas de peaje y autovías, aeropuertos, tren de alta velocidad) revolucionaron la economía española. Servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transportes y comunicaciones eran ahora —2000/2005— los principales sectores de la economía española, una economía que a principios del siglo XXI aparecía como la octava economía del mundo (aunque fuese una economía vulnerable y excesivamente dependiente de la construcción, como se pondría dramáticamente de manifiesto a partir de 2008, en que España, como muchos otros países, se vio afectada por la crisis económica mundial que se extendió a partir de aquel año). En 2004, la petrolera Repsol, Telefónica, los Bancos Santander y Bilbao-Vizcaya, Endesa (empresa de electricidad), El Corte Inglés —cadena de grandes almacenes— e Iberdrola, otra eléctrica, eran, por ese orden, las primeras empresas del país. El turismo alcanzaba cifras extraordinarias: 55,3 millones de turistas en 1992; 82 millones en 2003. Benidorm, en Alicante, mezcla de «manhattan» español y horror urbanístico, era el paradigma del sector: 5 millones de turistas al año, 128 hoteles y 40.000 plazas hoteleras, 343 restaurantes (cifras de 2006), centenares de bares, cafeterías y lugares de entretenimiento, y una sorprendente arquitectura de numerosas y elevadísimas torres de apartamentos.

España era un país urbano. En 2005, el 79 % de la población, esto es, unos 34 millones de personas, vivían en las grandes áreas urbanas del país. En 2007, 40 ciudades tenían más de 150.000 habitantes. Madrid, con 3.128.600 habitantes y Barcelona, con 1.605.602, en ese año eran las ciudades más grandes; Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca y Bilbao tenían entre 350.000 (Bilbao) y 800.000 habitantes (Valencia). Madrid sobre todo —la ciudad, pero también la Comunidad de Madrid, constituida en 1983 y que con 6,2 millones de habitantes en 2008 era la tercera Comunidad española, sólo superada en población por Andalucía y Cataluña— vivió, especialmente desde 1990, una auténtica explosión urbana, económica, cultural y social. La capital, capital del Estado, sede del gobierno, de los grandes bancos del país, de la Bolsa, de los grandes medios de comunicación (prensa, radios, televisiones) y de numerosas empresas nacionales y extranjeras, era en 2000 el principal centro financiero y comercial del país. Sede de importantes ferias comerciales, de grandes acontecimientos culturales, artísticos y deportivos, centro de las comunicaciones ferroviarias y aéreas del país, ciudad turística, Madrid había experimentado una espectacular transformación desde la llegada de la democracia: se habían construido nuevos museos (Reina Sofía, Thyssen Bornemisza), más facultades y escuelas universitarias, bibliotecas, auditorios, hoteles, centros feriales y palacios de congresos; nuevas instalaciones deportivas, grandes centros comerciales, numerosos pasos subterráneos, nuevas líneas de metro, parques, grandes carreteras de circunvalación, nuevas estaciones de ferrocarril y terminales aéreas, ensanches y barrios nuevos (Sanchinarro, Valdevebas…), espectaculares edificios (Torre Picasso, Torre Europa, Puerta de Europa I y II, la Terminal 4 de Barajas, los rascacielos Caja Madrid, Cristal, Sacyr y Espacio…). El dinamismo de la Comunidad de Madrid, gobernada por el socialista Joaquín Leguina entre 1983 y 1995 y luego por los conservadores Ruiz Gallardón (1995-2003) y Esperanza Aguirre, desde 2003, era igualmente extraordinario. Con diez localidades de más de 100.000 habitantes y otras diez de entre 50.000 y 100.000 habitantes (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe, Torrejón, Alcobendas, Pozuelo, Rivas-Vaciamadrid ) —centros industriales, centros de distribución de mercancías, ciudades-dormitorio de Madrid—, unidas a la capital por carreteras y autovías de circunvalación y un magnífico servicio de trenes de cercanías construido en los años noventa y algunas de ellas con Universidad y muy modernos servicios culturales, sociales, comerciales y hospitalarios, la Comunidad era en 2007 la región de mayor renta per capita de España. De 1993 a 2005, creció a una media anual superior al 3 %; en 2005, creció el 4 %, varias décimas más que la media española.¹⁴

Las grandes obras (estaciones de ferrocarril, nuevas terminales aeroportuarias, circunvalaciones, autopistas y autovías, puentes, instalaciones deportivas, hoteles…) que exigieron la celebración en 1992 de los Juegos Olímpicos y del V Centenario del descubrimiento de América cambiaron Barcelona y Sevilla, sedes respectivas de esos acontecimientos. La construcción en Valencia a partir de 1989, sobre terrenos del cauce enterrado del río Turia, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un asombroso conjunto arquitectónico y cultural —museos, salas de proyecciones, jardines, estanques, auditorio, centros de congresos…— diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela e inaugurado en 1998, transformó la ciudad. El Museo Guggenheim (1997), obra de Ghery, la construcción del metro, la regeneración de los terrenos de la ribera de su ría, nuevos centros comerciales, autovías y túneles, un nuevo aeropuerto, obra de Calatrava, todo ello hecho entre 1995 y 2005, transformaron Bilbao en una magnífica ciudad moderna. De su rival vasca, San Sebastián, que hacía mucho tiempo que había perdido la centralidad que en su día tuvo como capital de verano de España, escribía en 1992 David Gilmour, en Cities of Spain, que seguía siendo un muy buen centro turístico, con hoteles elegantes y un paisaje bellísimo, festivales internacionales de jazz y cine en verano, y la mejor gastronomía española.

La construcción del Estado de las autonomías hizo, en efecto, de las capitales de las comunidades autónomas y de muchas de las grandes ciudades regionales, el epicentro de la vida política y del desarrollo cultural de nacionalidades y regiones. La fisonomía urbanística y la vida social de casi todas ellas —las citadas y muchas otras— cambiaron de forma sustancial desde 1976. Sólo entre 1986 y 2000, se inauguraron el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el gran museo de arte contemporáneo español cuya pieza capital era el «Guernica» de Picasso, repatriado en 1981; el nuevo Auditorio Nacional de Música, el Museo Thyssen Bornemisza y el reformado Teatro Real, también en Madrid; el Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia, el Centro Atlántico de Arte Moderno y el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas; el Palacio de Festivales de Cantabria en Santander, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago, el Museo Domus en A Coruña; el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Guggenheim en Bilbao, el Palacio de Congresos y Auditorio de San Sebastián y Chillida-Leku, el museo al aire libre del escultor Chillida, en Hernani. Eran edificios, todos ellos diseñados por grandes arquitectos (Moneo, García de Paredes, O. Tusquets, Frank O. Ghery, Richard Meier, Salvadores y Jiménez, Sáenz de Oíza y otros) que nacían, además, como nuevos y en general excelentes hitos visuales de sus respectivas ciudades. «La arquitectura —escribía con razón Vicente Verdú en mayo de 2001, en el volumen especial que El País publicó para conmemorar sus primeros 25 años, 1976-2001— ha sido el signo más elegante de nuestra democracia.»¹⁵ Como expresión de la nueva modernidad española, Verdú mencionaba en su trabajo varios de aquellos edificios, y muchos otros, como el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Banco Bilbao Vizcaya de Madrid, de Sáenz de Oíza; el Peine de los Vientos de San Sebastián de Chillida y Peña Ganchegui, el Velódromo olímpico de Barcelona, la Casa Turégano, de Campo Baeza; la Biblioteca Pública de Zaragoza de López Cotelo y Carlos Puente, el Cementerio de Igualada, de Miralles y Pinós; la Estación de Santa Justa en Sevilla y el Estadio de la Peineta en Madrid, ambos de los arquitectos Cruz y Ortiz, y las Viviendas de realojo de la M-30 en Madrid, de Sáenz de Oíza. A ellos se añadieron además, entre 2001 y 2007, los museos de arte contemporáneo de León (de Tuñón y Mansilla) y Vitoria; la Torre Agbar, de Nouvel, en Barcelona, el edificio «Vels e Vents» de Valencia; y las ya mencionadas Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, obra de Rogers y Lamela, y las torres Caja Madrid, Cristal, Sacyr y Espacio, erigidas en la zona norte del mismo Madrid.

10. El comienzo de la postransición

En suma, entre 1975 y 2005 España había cambiado radicalmente. En 2005 España era un país democrático plenamente europeo y occidental, una economía desarrollada y dinámica y un país de inmigrantes. Era una sociedad dominada por el peso de las clases medias urbanas vinculadas a la gestión empresarial, a las profesiones liberales y al funcionariado, con niveles relativamente altos de bienestar y afluencia económica —como reflejaban sus elevados gastos en educación, vivienda y consumo—, una sociedad progresivamente igualitaria y definida por un alto grado de homogeneidad en gustos, valores y actitudes ante la vida y la sociedad. La cristalización a partir de 1975 de un régimen de libertades en el ámbito de la prensa y de los medios de comunicación se tradujo en la aparición de periódicos nuevos en toda España (El País, El Mundo…) y, tras la posterior autorización de televisiones autonómicas y privadas, en una renovación radical de la oferta de radio y televisión. Prensa y medios de comunicación fueron, desde luego, parte fundamental, a veces determinante, de la nueva democracia española. Como las demás sociedades occidentales desarrolladas, España se instaló, así, en una cultura generalista, atenta a la actualidad inmediata y efímera —hecha de política pero sobre todo de deportes, vida sentimental de los famosos, concursos de radio y televisión, formas de entretenimiento banal, escándalos y sucesos dramáticos— y dependiente de la excitación del momento. Personalidades de prensa, radio y televisión marcaban ahora la agenda de la actualidad del país y en buena medida, los temas e ideas vigentes.

En 2005, España era, además, una sociedad secularizada y permisiva. Aunque festividades religiosas como la Semana Santa o la Navidad, y muchas fiestas y devociones locales siguiesen celebrándose multitudinariamente, la caída de la práctica religiosa era palmaria: 58 % de católicos practicantes en 1975, 28 % en 2002. El número de matrimonios canónicos había disminuido entre 1976 y 1995 en cerca de 100.000; el de matrimonios civiles había aumentado en esos mismo años de 877 a 47.726, y a 89.000 en 2006. El número de seminaristas bajó de 2.004 en 1996 a 1.481 en 2006, año en que el total de efectivos de la Iglesia española era un 6,9 % inferior al de 2000. La venta de anticonceptivos fue legalizada en 1978; el divorcio en 1981; el aborto en 1985; los matrimonios homosexuales en junio de 2005. El número de abortos anuales se estimó en 1998 —por tomar un año cualquiera— en 53.487; el de divorcios, en 130.000 (en el año 2007).

En la década de 1990 empezaron a cristalizar ya de forma evidente los cambios generacionales que se habían ido produciendo desde la transición a la democracia. Para entonces, unos diez millones de españoles habían nacido después de 1975. A mediados de los noventa, las señas de identidad de los jóvenes menores de treinta años eran los atuendos de cazadoras, sudaderas, vaqueros y botas, los tatuajes y aros en orejas, nariz y labios, el consumo masivo de alcohol como forma colectiva de diversión los fines de semana, y el gusto por determinadas músicas y ritmos, los comics, los juegos de ordenador y los videoclips; drogas, sexo y alcohol eran los problemas de las nuevas generaciones españolas. Para las nuevas generaciones de la transición, el tipo de preocupaciones políticas, morales e históricas que habían impregnado a generaciones anteriores, y singularmente a las generaciones moldeadas por el espíritu de oposición al régimen de Franco, eran, si no inexistentes, al menos progresivamente irrelevantes, y en todo caso, nada urgentes y muy poco significativas.

En ese contexto, el terrible atentado perpetrado en Madrid por terroristas islámicos el 11 de marzo de 2004, que produjo la muerte de 191 personas y cerca de 1.500 heridos, fue como el fin, trágico y brutal, de los treinta magníficos años que España había vivido desde 1975. España asimiló con serenidad admirable el atentado de Madrid. Pero el clima emocional creado por el atentado —que buena parte de la opinión asoció a la participación del país por decisión del gobierno Aznar en la impopular guerra de Irak desencadenada por los Estados Unidos a partir de 2003— cambió el equilibrio político del país. Contra lo que se esperaba, una nueva victoria del Partido Popular, encabezado ahora por Mariano Rajoy, el atentado y la gestión que gobierno y oposición hicieron de los sucesos del 11 de marzo, dieron la victoria en las elecciones generales celebradas sólo tres días después al PSOE, a cuyo frente aparecía desde 2001 una nueva generación encabezada por el nuevo líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero. Toda la situación posterior a las elecciones de aquel 14 de marzo —no obstante la victoria legal y legítima del PSOE en ellas (logró el 42,5 % de los votos, esto es, 11 millones de votos y 164 escaños, frente a 9,7 millones de votos y 148 escaños del Partido Popular)— nació lastrada por su propia anormalidad de origen.

La llegada al poder de Zapatero, un hombre nacido en 1960, tuvo, en efecto, mucho de cambio generacional. El nuevo socialismo español, el socialismo de Zapatero y de los hombres y mujeres que le acompañaban en el gobierno y al frente del partido, era un socialismo débil: un vago sentimentalismo progresista asociado más a valores morales comunitarios que a grandes reformas económicas y sociales, y una concepción de la política que asociaba democracia sólo con izquierda. Entre 2004 y 2008, la política del nuevo gobierno se orientó de esa forma en tres direcciones: políticas de igualdad de género y de ampliación de derechos cívicos de los ciudadanos; política de apaciguamiento internacional y ante el terrorismo de ETA; política de entendimiento con la izquierda y con los nacionalismos, como fundamento de un nuevo orden democrático (del que se excluía al PP). Zapatero, que puso a Pedro Solbes, un hombre de la vieja guardia, al frente de Economía y Hacienda, continuó, por el contrario, la política económica de gobiernos anteriores, bien del PP (1996-2004), bien del PSOE de Felipe González (1982-1996), y con excelentes resultados en los cuatro primeros años de su gestión: el PIB español creció el 3,6 % en 2005, el 3,8 % en 2006, el 4 % en 2007 y el 2,7 % en 2008.

El gobierno Zapatero —un gobierno, si se recuerda, paritario, formado por 8 mujeres y 8 hombres— hizo, ciertamente, mucho. Retiró las tropas españolas de Irak (abril de 2004) y patrocinó —septiembre de ese año— una aparatosa Alianza de Civilizaciones para el diálogo entre Occidente y el mundo islámico. Regularizó la situación de los inmigrantes ilegales, agilizó el divorcio, aprobó leyes contra la violencia de género (finales de 2004), de igualdad (2006) y contra el consumo de tabaco (2005), y legalizó, en junio de 2005, los matrimonios homosexuales. Incrementó en 2004 el salario mínimo y aprobó (diciembre de 2006) una Ley de Dependencia de ayuda a familias con personas dependientes. En nombre del laicismo, en 2005 suprimió de hecho la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en la educación pública (al declararla, no evaluable). Anunció una ley de la Memoria Histórica de cara al reconocimiento de y compensación a las víctimas (republicanas) de la Guerra Civil y del franquismo, que se aprobó a finales de 2007, y creó este mismo año una asignatura obligatoria en el bachillerato, Educación para la Ciudadanía, para educar a los jóvenes en los valores de la democracia. El presidente Zapatero se comprometió a defender el nuevo Estatuto que viniese de Cataluña, estatuto anunciado por el nuevo gobierno catalán formado tras las elecciones de noviembre de 2003, que habían llevado al poder en aquella Comunidad a un gobierno tripartito que presidía el socialista Pasqual Maragall, un hombre consagrado por su espléndida actuación como alcalde de Barcelona entre 1981 y 1997, y obsesionado ahora por la idea de hacer de España un país federal y plurinacional, y del que formaba parte Esquerra Republicana de Catalunya, el partido del independentismo catalán. Zapatero, finalmente, especuló desde pronto con la posibilidad de algún tipo de entendimiento con ETA: cuando ésta hizo pública, el 22 de marzo de 2006, la declaración de una tregua indefinida, el presidente del gobierno anunció, ya en junio, el comienzo de un proceso de negociaciones de paz con la organización terrorista vasca.

Zapatero, por tanto, quiso profundizar la democracia española en sentido decididamente progresista. Razonables, innecesarias, negativas, polémicas —las medidas de Zapatero suscitaron toda clase de opiniones—, lo cierto fue que un buen número de ellas fueron bien asimiladas por la sociedad española, como sucedió con la retirada española de Irak, la regularización de los emigrantes, las leyes contra la violencia de género y de igualdad, la legislación antitabaco, el salario mínimo, las ayudas por dependencia e incluso, con los matrimonios homosexuales. El laicismo del gobierno, sus medidas en educación, provocaron, por el contrario y como era de esperar, malestar en la Iglesia y en la opinión católica. La retirada de Irak enemistó al gobierno español con los Estados Unidos; la pomposa Alianza de Civilizaciones, recibida con interés por países como Irán y Turquía, y con indiferencia por el mundo europeo y occidental, alejaba a España de sus posiciones atlantistas y erosionaba el prestigio que previamente se había ganado en la esfera internacional. La ley de la Memoria Histórica abrió de nuevo la polémica sobre la Guerra Civil, un debate que España había superado admirablemente a partir de 1975 —en buena medida, por voluntad de la izquierda que quiso, en palabras del historiador Santos Juliá, instaurar «una nueva era de concordia» en el país—¹⁶ y que había quedado ubicado donde era natural y deseable: en el ámbito de la historia académica (que, por cierto, se había ocupado de la guerra desde 1975 de forma casi inundatoria: libros, congresos, programas de televisión, exposiciones, fascículos de prensa, etc.). Y lo que fue más grave. Por un lado, la negociación con ETA rompió el consenso previo entre los partidos sobre el terrorismo —plasmado en los varios pactos antiterroristas suscritos por aquéllos desde 1988 y en la Ley de Partidos de 2002, y dio a ETA y a la izquierda «abertzale», esto es, al entorno político de ETA aglutinado en torno a Batasuna, legitimidad y un excepcional protagonismo político. Por otro lado, la aceptación por Zapatero del nuevo Estatuto de Cataluña, que hablaba de Cataluña como nación y que establecía una especie de relación bilateral entre Cataluña y España —y que fue aprobado, después de cambios y complicadas negociaciones, en 2006— reabría la siempre delicadísima cuestión de la organización territorial del Estado. Varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares…) plantearon la reforma de sus estatutos. El gobierno vasco, presidido desde 1998 por J. J. Ibarretxe, un nacionalista vasco soberanista y radical, aprobó en diciembre de 2004 un nuevo Estatuto Vasco —que rechazaría el Parlamento español ya en 2005— que quería hacer de Euskadi un Estado Libre Asociado.

Aunque lo que había era, probablemente, la división emocional del país ante iniciativas y medidas de obvia importancia y considerable trascendencia, pareció que el consenso de la transición se había roto. Incapaz de asimilar la derrota de marzo de 2004 y con problemas de liderazgo y divisiones internas evidentes, la oposición, el Partido Popular, no tuvo entre 2004 y 2008 más política que la negatividad, y el recurso final, con razón o sin ella, a la movilización emocional de las masas en la calle contra las políticas del gobierno. Gobierno y PSOE —que pasó a gobernar mediante pactos con nacionalistas y regionalistas, en Galicia tras las elecciones gallegas de 2005, y en otras comunidades tras las elecciones autonómicas y municipales de 2007— parecían haber perdido en cuestiones como el terrorismo y la reforma territorial el sentido de lo nacional. El proceso de paz, que terminó cuando ETA decidió en junio de 2007 relanzar la «lucha armada» (si bien, en diciembre de 2006 había colocado una potente bomba en el aeropuerto de Barajas matando a dos trabajadores inmigrantes), fue un fracaso del gobierno: sólo sirvió para que, mientras duró la tregua (marzo de 2006-junio de 2007), el debate político estuviera casi monopolizado por el lenguaje y las propuestas de los portavoces de la izquierda «abertzale» (diálogo ETA-gobierno, derecho de los vascos a decidir y territorialidad, esto es, unión de toda Euskal-Herría, como solución del «conflicto») y para que la izquierda independentista vasca conquistara en las elecciones municipales de 2007 un importante número de ayuntamientos vascos. El gobierno tuvo que rectificar radicalmente: en los primeros meses de 2008 detuvo, con la colaboración de Francia, a los principales líderes del aparato militar de ETA, ilegalizó a los partidos independentistas derivados de Batasuna, y procesó y encarceló a varios de sus dirigentes.

11. Nueva visión de España

España, o mejor: la política española, podía estar en crisis, o así pareció en los momentos más álgidos del debate político de 2004-2008. Lo que no estaba en cuestión era la democracia misma. El cambio operado en España desde 1975 era, como hemos tenido ocasión de ver, un cambio profundo, una transformación radical, una ruptura histórica. «Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y está enterrado en el Valle de los Caídos —escribía Jon Juaristi, uno de los intelectuales más brillantes de la transición, en La Tribu atribulada, 2002—. Su régimen —ironizaba— tuvo el detalle de suicidarse dos años después.» Los treinta años de democracia transcurridos en 2005 desde el fin de la dictadura de Franco conllevaron, efectivamente, nada menos que la refundación de España como nación. Con la consolidación de la democracia, España no se reconocía en modo alguno en el país dramático y pintoresco creado por el estereotipo romántico y sancionado por la pobreza de su vida rural en los siglos XIX y XX y la «tragedia» de la Guerra Civil de 1936-1939. Precisa y oportunamente, dos libros de historia, ambos excelentes, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), de José Álvarez Junco, e Historias de las dos Españas (2004), de Santos Juliá, pusieron de relieve la complejidad tanto de la misma idea moderna de España en tanto que nación, como de los grandes «relatos» que sobre la significación del país en la historia habían hecho sus intelectuales más significados. La misma cultura de masas desautorizaba ahora las imágenes tópicas de España. España, país, según el estereotipo, de toreros y procesiones de Semana Santa, era en 2005 un país de espléndidos equipos de fútbol y abundantes campos de golf, muchos de ellos en la propia Andalucía, «materia» esencial del estereotipo; de campeones de automovilismo y motociclismo, de grandes tenistas y jugadores de golf y excelentes atletas masculinos y femeninos. Fernando Alonso ganó el campeonato del mundo de coches de «Fórmula 1» en 2005 y 2006. España se proclamó campeón del mundo de baloncesto en 2006. El tenista Rafael Nadal ganó en 2008 los grandes torneos de Roland Garros y Wimbledon.

Al hilo, precisamente, de la labor de los historiadores y a través de la política de conmemoraciones de gobiernos, medios de comunicación, universidades y fundaciones públicas y privadas, España había ido recobrando la memoria íntegra de su pasado. En 1981, se conmemoró el 50 aniversario de la Segunda República, se produjo el regreso del «Guernica» de Picasso, un hecho de indudable valor simbólico para la democracia española, y se celebró una gran exposición en Madrid sobre «La Guerra Civil». En seguida, se erigieron, también en Madrid, monumentos a Pablo Iglesias, Besteiro, Prieto y Largo Caballero, los líderes históricos del socialismo, borrados de la memoria del país durante el franquismo. En 1983, se conmemoró el centenario del nacimiento de Ortega y Gasset, el intelectual, como sabemos, más influyente de todo el siglo XX, y que había hecho de europeización, liberalismo y nacionalización, las claves de su propuesta para la regeneración de España. Oviedo conmemoró profusamente en 1984 la Revolución asturiana de octubre de 1934. En 1986, año en que se cumplía el 50 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, Televisión Española produjo y proyectó una larga serie documental sobre la contienda y se celebraron numerosos congresos históricos y otras actividades conmemorativas sobre aquélla en Valencia («Valencia, capital de la República»), Granada, Salamanca y otras localidades, y se celebró paralelamente el «año Unamuno», que murió en diciembre de 1936. Al año siguiente, Televisión programó «Lorca, muerte de un poeta», un film, obra de Juan Antonio Bardem, sobre el asesinato del poeta granadino en la guerra. En 1988, se conmemoró el bicentenario de Carlos III, el gran rey de la Ilustración española del siglo XVIII. 1990 fue, por un lado, el año de Azaña, el líder de la Segunda República, recordado y homenajeado en congresos, exposiciones y libros, y por otro, el año de la apoteosis de Velázquez, objeto de una excepcional exposición en el Museo del Prado que constituyó un formidable éxito de masas. 1998 vio conmemoraciones de Carlos V y Felipe II; de Lorca, Cernuda, Alberti y Buñuel; de la guerra de 1898 y de la generación del 98. En los años siguientes, se celebraron exposiciones sobre Cánovas, Sagasta y Maura, los grandes políticos de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII, el período en que se creó el Estado español contemporáneo; sobre las fotografías de la Guerra Civil de Robert Capa (en el Museo Reina Sofía de Madrid); sobre Gaudí, ya en 2002; María Zambrano, en 2004; Ortega, de nuevo, en 2005; Pío Baroja, el escritor vasco, en 2006. En 2005, España celebró el IV centenario del Quijote. La Guerra Civil de 1936-1939, el hecho que más podría dividir la memoria de los españoles y que, como era lógico, dejó huella permanente en la conciencia del país, produjo durante la transición, además de lo ya dicho, miles de publicaciones de todo tipo (libros, ensayos, artículos), y un número considerable de novelas, películas, obras de teatro, series de televisión y fascículos de prensa. El resurgimiento de las culturas e historia de las comunidades autónomas que siguió, igualmente, al restablecimiento de la democracia tras 1975 y a la creación del Estado de las Autonomías —resurgimiento especialmente significativo en las llamadas nacionalidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia— pudo haber conllevado una cierta negación de la idea de España como nación en la historia, negación muy explícita en los argumentos de los nacionalismos catalán y vasco, pero impulsó al tiempo una nueva idea de España basada en el reconocimiento de su pluralidad cultural y lingüística y de la historia propia de sus antiguos reinos y territorios históricos.

La España democrática de 1975-2005, en suma, integraba en su nueva identidad etapas y hechos señeros de su pasado —como el camino de Santiago, la pintura de El Greco, Velázquez y Goya, la España imperial de Carlos V y Felipe II, el Quijote o la obra de Carlos III y la Ilustración— con la historia política contemporánea, esto es, con la Restauración de Cánovas y Sagasta, el socialismo de Pablo Iglesias, la Segunda República de Azaña y la Guerra Civil de 1936-1939; y con la misma transición iniciada en 1975. España asumía ahora las identidades particulares de nacionalidades y regiones. Se reconocía en su tradición intelectual liberal (Jovellanos, Giner, Unamuno, Ortega, Marañón), en la espléndida plenitud cultural que vivió entre 1898 y 1936 (la generación del 98, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Dalí, Miró, Picasso), en la cultura del antifranquismo (Goytisolo, Aranguren) y del exilio (María Zambrano, Francisco Ayala) y en la última modernidad del país que representaban entre otros, como se indicó anteriormente, creadores como Tàpies, Oteiza, Chillida, Eduardo Arroyo, Calatrava, Moneo, Almodóvar, Barceló, Antonio López o Juan Muñoz. España era al tiempo, lo hemos visto, un país europeo, con el Mediterráneo, el arco atlántico y el mundo hispánico de América, América Latina, como sus áreas espaciales y culturales naturales. Con cerca de 450 millones de hispanohablantes en el mundo, y unos 40 millones de «hispanos» o «latinos» en los Estados Unidos, el español era a principios del siglo XXI una de las primeras lenguas universales, y un instrumento de enorme valor cultural y económico.

12. Epílogo en 2008

La España de la transición democrática era, pues, una variable europea. Democracia e integración en Europa habían hecho que España recobrase el pulso de la modernidad. La modernización que el país experimentó desde 1975 —con los antecedentes que se quiera, y que han podido verse ya en este libro— fue la verdadera revolución española del siglo XX. Con su victoria en las elecciones generales de 9 de marzo de 2008 —en que obtuvieron 11 millones de votos y 169 escaños frente a los 10,1 millones de votos y 153 escaños del PP—, victoria limpia y a diferencia de la de 2004 no condicionada por ninguna anormalidad, Rodríguez Zapatero y el PSOE lograron un segundo mandato para gobernar el país.

Zapatero basó buena parte de su campaña electoral en la negación sistemática de que la economía española pudiera verse afectada por la crisis financiera y económica que en 2008 había empezado a manifestarse ya en los Estados Unidos y en distintos países europeos —y que los expertos temían podría tener dimensiones tan graves como la crisis de 1929—, y en la promesa de lograr más desarrollo, y más y mejor empleo para el país. Fue una falacia. En los meses inmediatamente posteriores a las elecciones cambió, vertiginosamente, el signo de la economía española. En los dos primeros trimestres de 2008, la economía creció sólo el 0,1 %, la tasa de crecimiento más baja desde 1993. En agosto, el paro alcanzó el 11,3 %, un tercio más que en agosto de 2007, y el peor registro en 30 años. En el primer trimestre de 2009, el PIB español había caído un 2,9 % respecto al primer trimestre de 2008. España había entrado técnicamente en recesión, lo que no había sucedido desde la crisis de 1991-1994. La Bolsa cayó alarmantemente; bancos y entidades financieras reducían sus beneficios de forma igualmente alarmante. A principios de 2009, el paro, que afectaba a todos los sectores pero de forma especial a la construcción, a los servicios y a la industria, aumentaba en unos 200.000 parados al mes; el número total de desempleados se aproximaba a la cifra de 3,5 millones (cerca, pues, del 16 %). Las estimaciones de muchos servicios de estudios españoles y extranjeros preveían que el PIB español podría caer en torno al 3,5 % en 2009 y que la tasa de paro podría alcanzar ese año en torno al 18 %. The party’s over, se acabó la fiesta, decía ahora, 11 de noviembre de 2008, The Economist, en un nuevo informe especial sobre España.

En 2008, España conmemoraba el bicentenario de la guerra de independencia que había estallado en 1808 como respuesta a la invasión francesa. La conmemoración, liderada mucho más por la Comunidad de Madrid que por el gobierno español, conllevó un muy amplio despliegue de actividades: grandes exposiciones («Miradas sobre la Guerra de la Independencia», «Goya en tiempos de guerra» del Museo del Prado), congresos, reediciones de obras clásicas, ciclos de conferencias, literatura, cine (como la novela de Pérez Reverte, Un día de cólera, y la película de José Luis Garci, Sangre de mayo), escenificación de algunas de las grandes batallas, restauración de lugares históricos, programas de televisión, libros nuevos e iniciativas de muy distinto tipo.¹⁷ La tesis de la conmemoración, al menos desde la Comunidad de Madrid, presidida desde 2003 por Esperanza Aguirre, y su Fundación 2 de mayo, dirigida por el historiador Fernando García de Cortázar, era clara: 1808 significó el nacimiento de España como nación, y como nación, además, liberal.

Este libro estudia, precisamente, la historia de la nación que así nació, a lo largo de 200 años, entre 1808 y 2008.

GRÁFICOS - TABLAS - MAPAS

FIG. 1. Construcción de ferrocarriles (miles de kilómetros).

A la izquierda, total acumulativo; a la derecha, construcción anual.

En 1979 habían 13.351 km, de los cuales, 5.469 estaban electrificados.

TABLA 1. Población

Año

Población

(millones)

Tasa de crecimiento

anual

1797

10,541

—

1797 = 100

1857

15,445

0,71

146,6

1860

15,645

0,41

148,4

1877

16,622

0,37

157,6

1887

17,534

0,55

166,3

1897

18,066

0,30

171,3

1900

18,594

0,98

176,3

1910

19,927

0,72

189,0

1920

21,303

0,69

202,09

1930

23,564

1,06

223,5

1940

25,878

0,98

245,4

1950

27,977

0,81

265,4

1960

30,903

1,29

293,1

1970

33,824

1,17

320,8

1980

37,746

1,06

358,0

FUENTE: INE, Censo de la población y viviendas de España, 1960 y 1970. Para 1980: BOE (24 de diciembre de 1981).

TABLA 2. Estructura demográfica regional

Excluidas las Islas Baleares y Canarias.

FUENTE: INE, Censo de la población y viviendas de España, 1950, 1960 y 1970. Para 1980: BOE (24 de diciembre de 1981).

TABLA 3. Distribución parcelaria por dimensiones y regiones (1962)

% de superficie según tamaño de las parcelas

Dimensión media

de las parcelas

(ha)

Menos

de 5

6 a 20
21 a 50
51 a 250

Más

de 250

Asturias y Santander

0,82

86,9

12,8

0,2

0,1

—

Galicia

1,45

80,4

12,5

4,4

2,7

—

País Vasco

3,17

33,1

58,5

6,2

2,2

—

Cataluña

3,24

25,5

35,0

19,4

20,1

—

Andalucía oriental

3,62

28,0

20,3

10,4

25,3

16,0

Levante

3,96

46,5

14,7

9,4

22,0

7,4

Rioja y Navarra

4,50

10,5

10,1

13,3

66,1

—

León

5,21

34,0

28,5

11,8

18,9

6,8

Aragón

7,47

45,7

27,5

13,1

12,1

1,6

Castilla la Vieja

9,21

18,8

37,4

24,0

13,0

6,7

Castilla la Nueva

10,83

8,2

21,1

15,3

38,7

16,7

Extremadura

13,24

8,3

19,6

6,3

21,1

43,7

Andalucía occidental

17,18

4,2

8,1

12,6

37,0

38,1

Dimensión media

de las parcelas

(ha)

Menos

de 1 (ha)

Dimensión media

de las explotaciones

España 1962

1,14

89

15,6

España 1972

1,66

83

18,1

Porcentaje de superficie según tamaño de las explotaciones

Menos de 5

6 a 20

21 a 50

51 a 300

Más de 300

España 1962

6,4

16,0

13,2

20,2

44,2

España 1972

5,9

14,1

12,0

23,2

44,8

MAPA 1. Utilización de la tierra (1975).

MAPA 2. Construcción de ferrocarriles..

MAPA 3. Guerra Civil 1936-1939.

MAPA 4. La América hispana, c. 1800.

TABLA CRONOLÓGICA

EL HUNDIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN, LA INVASIÓN FRANCESA Y LAS CORTES DE CÁDIZ, 1808-1814

1807

Diciembre

Napoleón ordena la ocupación militar de España.

1808

18-19 de marzo

Motín de La Granja: abdicación de Carlos IV, caída de Godoy y subida al trono de Fernando VII.

10 de abril

Fernando VII se va de Madrid para ir a ver a Napoleón.

2 de mayo

Insurrección popular en Madrid contra Murat.

5 de mayo

Carlos IV y Fernando VII ceden la corona a Napoleón en Bayona; la insurrección se extiende por España.

21 de julio

Castaños derrota en Bailén al ejército de Dupont.

1 de agosto

José I abandona Madrid

4 de diciembre

Madrid se rinde a los franceses.

1809

22 de mayo

La Junta Central convoca una reunión de las Cortes.

27-28 de julio

Batalla de Talavera.

19 de noviembre

Soult derrota en Ocaña al ejército de la Junta.

1810

enero-febrero

José I conquista Andalucía. La Junta Central se traslada de Sevilla a Cádiz.

19 de abril

El cabildo abierto de Caracas destituye al capitán general y establece una Junta Provisional en nombre de Fernando VII.

25 de mayo

Establecimiento de la Junta Provisional de las provincias del Río de la Plata.

16 de septiembre

Rebelión de Hidalgo en México; define su meta como: «La proclamación de la libertad e independencia de la nación mexicana». Es derrotada en enero de 1811.

24 de septiembre

Se reúnen las Cortes en la Isla de León.

1811

5 de julio

El Congreso de delegados de la capitanía general de Venezuela proclama la independencia del país respecto a España.

1812

19 de marzo

Se aprueba la Constitución liberal de Cádiz.

22 de julio

Wellington derrota a Marmont en Salamanca. José I se retira de Madrid.

1813

21 de junio

Vitoria. Los franceses se retiran de España.

LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA: FERNANDO VII, 1814-1820

1814

24 de marzo

Fernando VII el Deseado regresa a España.

22 de abril

Moción de los sesenta y nueve diputados «persas» contraria a la Constitución de 1812, que propone un retorno a las Cortes tradicionales.

4 de mayo

Fernando VII repudia la Constitución de 1812.

10 de mayo

Detención de los dirigentes liberales en Madrid.

1815

11 de mayo

El general Morillo entra en Caracas y en 1816 restablece la autoridad española en Venezuela y Nueva Granada.

Septiembre

Pronunciamiento frustrado de Porlier en La Coruña.

1817

Enero

San Martín comienza la invasión de Chile.

Abril

Es desarticulada la conspiración del general Lacy.

1818

Abril

Batalla de Maipú y derrota de las fuerzas reales españolas en Chile.

1819

Julio

La Bisbal y Sarsfield desarticulan la primera conspiración de Cádiz.

LA REVOLUCIÓN Y EL TRIENIO CONSTITUCIONAL, 1820-1823

1820

1 de enero

Riego y Quintana se pronuncian por la Constitución de 1820.

7 de marzo

Fernando acepta la Constitución y nombra un gabinete liberal.

9 de julio

Se reúnen las Cortes.

31 de agosto

Entrada triunfal de Riego en Madrid.

1821

24 de febrero

Itúrbide presenta su «plan de Iguala» por un México independiente y monárquico.

Marzo

Gabinete Bardaxí.

Septiembre

Revueltas provinciales contra el gobierno y «batalla de las Platerías» en Madrid (18 de septiembre).

8 de septiembre

San Martín entra en Pisco (Perú) y se declara en contra de España y de la Constitución de 1820, como «intento fraudulento de conservar un sistema colonial».

1822

28 de febrero

Gobierno de Martínez de la Rosa, compuesto por liberales conservadores; su programa de reforma constitucional se frustra debido a la rebelión de la guardia real del 7 de julio.

Agosto

Gabiente de Evaristo San Miguel (militares radicales).

Noviembre

Establecimiento de una Regencia monárquica en la Seo de Urgel, que es expulsada a Francia por Mina.

1823

7 de abril

Invasión francesa de los «Cien Mil Hijos de San Luis», bajo el mando del duque de Angulema.

1 de octubre

Se restablece el poder absoluto de Fernando VII; queda abolida toda la legislación de 1820-1823.

LA DÉCADA OMINOSA, 1823-1833

1823

Diciembre

Gobierno Caso Irujo, con de la Cruz en el ministerio de la Guerra y Ballesteros en el de Hacienda.

1827

Septiembre

Revuelta dels Agraviats en Cataluña.

1829

Diciembre

Casamiento de Fernando VII con María Cristina de Nápoles.

1830

Julio

Revolución en Francia y pronunciamientos derrotados de Mina y Torrijos (octubre de 1830 y enero de 1831).

10 de octubre

Nacimiento de la infanta Isabel.

1832

Septiembre

Los sucesos de La Granja: revocación de la Pragmática Sanción. Victoria provisional de don Carlos.

1 de octubre

Victoria del partido cristino y nombramiento del gobierno Cea Bermúdez.

1833

29 de septiembre

Muere Fernando. VII.

LA GUERRA CIVIL: CARLISMO Y LIBERALISMO, 1833-1840

1833

Octubre

Se inicia en el Norte la rebelión carlista contra Isabel II.

1834

15 de enero

Martínez de la Rosa sube al poder.

10 de abril

Se dicta el Estatuto Real; intento de arreglo constitucional no radical.

22 de abril

En Londres se firma la cuádruple alianza.

11 de julio

Don Carlos nombra a Zumalacárregui jefe supremo de las fuerzas carlistas del Norte.

16-18 de julio

Disturbios debidos a la epidemia de cólera y matanza de frailes en Madrid.

25 de diciembre

Amnistía para todos los liberales; retorno de los «exaltados».

1835

9 de junio

Toreno sustituye a Martínez de la Rosa como Primer ministro.

Junio

Primer asedio de Bilbao y muerte de Zumalacárregui.

3 de julio

Córdova es nombrado jefe supremo del ejército del Norte y gana la batalla de Mendigorría (15 de julio).

25-27 de julio

Disturbios en Barcelona: muere asesinado el general Bassa.

Agosto

Oleada de pronunciamientos progresistas en el Sur.

14 de septiembre

Mendizábal forma gobierno; en octubre decreta una quinta de 100.000 hombres.

1836

15 de mayo

Istúriz sucede a Mendizábal.

Julio-agosto

Se producen una serie de revueltas contra Istúriz.

13 de agosto

Motín de los sargentos de La Granja: la Regente instaura la Constitución de 1812.

15 de agosto

Quesada es asesinado en Madrid; Calatrava y Mendizábal (Hacienda) suceden a Istúriz.

1837

28 de junio

Promulgación de la Constitución de 1837, texto constitucional avanzado con ciertas modificaciones.

Junio-agosto

Motines en el frente del Norte; asesinatos de los generales Escalera y Sarsfield.

29 de julio

Se inicia la desamortización de los bienes eclesiásticos.

14-17 de agosto

Golpe de los oficiales de la guardia de Espartero en Aravaca; dimite el gobierno Calatrava.

Mayo-septiembre

Expedición real de don Carlos; es el último gran esfuerzo carlista (alcanza Madrid el 12 de septiembre).

1838

Enero

Cabrera toma Morella.

Noviembre

Los generales Córdova y Narváez, involucrados en el pronunciamiento de Sevilla; Muñagorri se esfuerza, en el Norte, por lograr una paz «moderada».

1839

17 de febrero

Maroto fusila a sus enemigos en Estella; el carlismo se desintegra.

Abril

Espartero y Maroto empiezan las negociaciones.

31 de agosto

Tratado de Vergara: fin de la guerra en el Norte.

2 de septiembre

Se abren unas Cortes progresistas, que serán disueltas el 31 de octubre; Alaix (representante de Espartero) abandona el gobierno.

1840

Mayo-julio

Espartero vence a Cabrera; fin del carlismo en Levante.

4 de junio

Unas Cortes moderadas aprueban la Ley Municipal (en oposición a los progresistas).

Julio

Espartero y la reina regente se encuentran en Barcelona (los progresistas desafían a los moderados y a la Corte).

1 de septiembre

Madrid se pronuncia contra María Cristina; Espartero se hace con el poder y la reina regente abdica el 12 de octubre.

LA REGENCIA DE ESPARTERO, 1841-1843

1841

9 de mayo

Espartero es proclamado Regente y nombra el gabinete González.

2-7 de octubre

Rebelión «moderada» contra Espartero; O’Donnell se pronuncia contra Espartero en Pamplona; intento de tomar el Palacio por parte de León y Concha en Madrid.

26 de octubre

Se suprimen los fueros vascos.

1842

Mayo

Se forma una coalición antigubernamental de los progresistas.

20 de junio

El general Rodil toma el poder.

15 de noviembre

Barcelona se pronuncia contra Espartero; la ciudad es bombardeada el 3 de diciembre.

1843

10 de mayo

López sube al poder con el general Serrano como ministro de la Guerra, rompe con Espartero y dimite.

27 de mayo

Los coronoles Prim y Milans del Bosch se pronuncian en Reus.

11-12 de junio

Pronunciamientos de moderados y de progresistas contrarios a Espartero en Sevilla, Valencia y Barcelona.

27 de junio

Narváez y sus aliados entran en Valencia y establecen un gobierno provisional bajo el mando de López y Serrano

22 de julio

El ejército de Seoane se reúne con Narváez en Torrejón de Ardoz.

30 de julio

Espartero embarca en el buque británico Malabar en Cádiz.

2 de septiembre

Los centralistas toman Barcelona, que se rinde a Prim después de un bombardeo (13 de noviembre).

EL HUNDIMIENTO DE LOS PROGRESISTAS Y LA HEGEMONÍA DE LOS MODERADOS, 1843-1854

1843

25-28 de noviembre

Gabinete progresista de coalición presidido por Olózaga; el gobierno que le sucede es el de González Brabo: la Corte aparta del poder a los progresistas.

1844

Enero-marzo

Pronunciamientos centralistas en Alicante, Valencia y Cartagena.

4 de mayo-13 de febrero de 1846

Narváez es nombrado Primer ministro y ministro de la Guerra (cargos que detentará hasta el 13 de febrero de 1846), con Mon en Hacienda.

Noviembre

Pronunciamiento frustrado de Zurbano.

1845

24 de mayo

Implantación de la Constitución de los moderados.

19-20 de agosto

Disturbios en Madrid a causa de los impuestos.

1846

2 de abril

Pronunciamiento en Lugo.

17 de marzo-4 de abril

Segundo gabinete Narváez; le sigue un período de aguda inestabilidad ministerial durante las negociaciones matrimoniales.

18 de octubre

Isabel II se casa con Francisco de Asís, duque de Cádiz, y la infanta Luisa con el duque de Montpensier.

1847

4 de octubre

Narváez vuelve al poder, con Sartorius como ministro del Interior.

1848

1 de marzo

Las Cortes conceden poderes excepcionales a Narváez.

26 de marzo

Alzamiento civil en Madrid, que fracasa.

7 de mayo

Motín del regimiento España, en Madrid.

23 de junio

Cabrera regresa a España; recrudescencia del carlismo en Cataluña. Cabrera es nuevamente expulsado por Gutiérrez de la Concha en abril-mayo de 1849.

1851

14 de enero

Bravo Murillo sube al poder.

16 de marzo

Se firma el Concordato con Roma.

1852

Mayo

Se constituye una liga de generales y políticos para oponerse a la reforma constitucional «autoritaria» propuesta por Bravo Murillo.

1853

Marzo

El gobierno recibe ataques por sus concesiones a Salamanca para la construcción de vías férreas.

19 de septiembre

El conde de San Luis accede al poder.

9 de diciembre

El Senado rechaza el proyecto de ley sobre ferrocarriles presentado por el gobierno.

1854

13 de enero

Generales de la oposición protestan contra el gobierno y son mandados al exilio.

LA REVOLUCIÓN DE 1854 Y EL BIENIO 1854-1856

1854

28 de junio

Los generales Dulce y O’Donnell se pronuncian: en Vicálvaro se produce un choque con las fuerzas del gobierno, de resultado indeciso (30 de junio). O’Donnell se dirige al país con la proclama del Manzanares (6 de julio).

17-19 de julio

Sublevación de Madrid; San Luis cede su puesto al duque de Rivas, y su ministro de la Guerra F. Fernández de Córdova al general San Miguel; los progresistas capitalizan la revolución. La reina acepta a Espartero como Primer ministro.

29 de julio

Espartero y O’Donnell entran en Madrid; O’Donnell sucede a San Miguel en el Ministerio de la Guerra: es decir, se produce una coalición de progresistas y de liberales moderados con exclusión de los demócratas.

17 de septiembre

Publicación del manifiesto de la Unión Liberal.

8 de noviembre

Se abren las Cortes Constituyentes.

1855

28 de abril

La reina niega su aprobación a un proyecto de ley de desamortización eclesiástica.

1856

Junio

Disturbios motivados por la falta de alimentos en Castilla la Vieja.

13 de julio

Crisis de gobierno; O’Donnell sucede a Espartero, y vence con el ejército a la Milicia nacional en las calles de Madrid. Derrota de los progresistas y demócratas.

15 de agosto

Es disuelta la Milicia nacional.

LA ERA DE LA UNIÓN LIBERAL Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA, 1856-1868

1858

30 de junio

Comienza el prolongado gobierno O’Donnell con Posada Herrera como ministro del Interior.

1 de octubre

División en el seno de los progresistas acerca de si deben apoyar o no a O’Donnell.

1859

28 de noviembre

O’Donnell entra en Ceuta: la guerra de África.

1860

1 de abril

Pronunciamiento carlista de Ortega en San Carlos de la Rápita.

1861

28 de junio

Alzamiento campesino de Pérez del Álamo en Loja.

1862

9 de abril

Conferencia de Orizava: fin de la intervención española en México.

1863

2 de marzo

Ministerio Miraflores; el intento de llevar a los progresistas a la política falla con el retraimiento del 8 de septiembre; Miraflores dimite en enero de 1864.

1865

10 de abril

Noche de san Daniel: una manifestación estudiantil es reprimida.

Junio

Pronunciamiento de Prim; comienzo de una serie de rebeliones contra el gobierno.

11 de junio

Último gabinete O’Donnell.

24 de junio

Reconocimiento del reino de Italia.

1866

22 de junio

Motín de San Gil reprimido en Madrid.

10 de julio

O’Donnell es sucedido por Narváez, con González Brabo. Vuelta a un gobierno «fuerte».

16 de agosto

Congreso en Ostende; negociaciones para una alianza revolucionaria entre progresistas y demócratas.

1868

20 de abril

Muere Narváez; segundo ministerio González Brabo.

7 de julio

Los generales Serrano, Zavala y Córdova son detenidos y desterrados; se establece una alianza entre los unionistas y los progresistas contra el gobierno, con exclusión de los demócratas.

18 de septiembre

El almirante Topete se pronuncia en Cádiz; se le unen Prim y Serrano.

30 de septiembre

Isabel II abandona España.

Octubre

Empieza la insurrección cubana; formación del partido republicano; alzamientos locales al disolverse las Juntas.

1869

Junio

Constitución de 1869; Serrano, regente, con Prim de Primer ministro; sublevaciones republicanas.

1870

16 de noviembre

Amadeo de Saboya, elegido rey de España; «monarquía constitucional» con gobiernos de los unionistas de O’Donnell, los progresistas de Sagasta o los radicales de Ruiz Zorrilla.

27 de diciembre

Asesinato del general Prim.

1872

2 de mayo

Don Carlos cruza la frontera. No consigue iniciar la guerra carlista.

1873

La dimisión de Serrano deja a la dinastía en dependencia de los radicales, cuya política militar motiva la abdicación de Amadeo (11 de febrero de 1873).

LA REPÚBLICA DE 1873

Presidentes: Figueras (febrero-24 de abril); Pi y Margall (24 de abril-julio); Salmerón (18 de julio-6 de septiembre); Castelar (6 de septiembre-diciembre).

Resurgimiento del carlismo y éxitos militares en el Norte: el 27 de junio el general Concha es muerto en Abarzuza.

Julio

Alzamientos cantonalistas (es decir, de los Republicanos federales extremistas) en Alcoy, Cartagena y Andalucía.

1874

Enero

Pronunciamiento del general Pavía contra una república de izquierda; gobierno conservador bajo la presidencia de Serrano.

29 de diciembre

Pronunciamiento del general Martínez Campos, que proclama a Alfonso XII rey de España.

LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA, 1875-1923

I. ALFONSO XII (enero de 1875-noviembre de 1885)

(Los principales gabinetes se reseñan en nota de la pág. 300. Hasta 1897 la mayoría de los gobiernos conservadores estuvieron presididos por Cánovas y los liberales por Sagasta.)

1876

30 de junio

Promulgación de la Constitución de 1876 (que estuvo vigente hasta septiembre de 1923).

1878

10 de febrero

Paz de Zanjón; fin de la guerra de Cuba.

1880

23 de mayo

Fundación del partido fusionista, que se convirtió en el partido liberal de Sagasta; asume el poder el 10 de febrero de 1881.

25 de noviembre

Muere Alfonso XII.

II. REGENCIA DE MARÍA CRISTINA

1885

27 de noviembre

Sagasta es llamado a formar gobierno; el «ministerio largo» promulga las «conquistas liberales» y la ley de sufragio universal (5 de mayo de 1890).

1890

Regreso de Cánovas; el partido liberal-conservador empieza a dividirse; enfrentamiento de Romero Robledo con Silvela; «disidencia» de Silvela (6 de diciembre de 1892).

1893

3 de junio

Proyecto de reforma de Maura de la administración cubana.

Septiembre

En Barcelona, explosiones de bombas de los terroristas.

1895

24 de febrero

Martí desembarca en Cuba; comienza la Guerra de Independencia.

1896

10 de febrero

Weyler sucede a Martínez Campos como capitán general de Cuba; medidas militares drásticas contra los rebeldes.

1897

8 de agosto

Asesinato de Cánovas.

4 de octubre

Gobierno Sagasta; concede la autonomía a Cuba pero no consigue evitar la intervención de Estados Unidos.

1898

Abril

Estados Unidos declara la guerra a España; destrucción de la armada española en Santiago de Cuba (3 de julio).

10 de diciembre

Tratado de París, por el que España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

1899

3 de marzo

Primer gabinete Silvela, con Polavieja y Durán y Bas como ministros. Primer intento de «regeneración» conservadora.

III. ALFONSO XIII

De diciembre de 1902 a junio de 1905

Ministerios conservadores de Silvela, Villaverde y Maura.

De junio de 1905 a diciembre de 1906

Gobiernos liberales de Montero Ríos y Moret. La ley de Jurisdicciones provoca conflictos con Cataluña; formación de Solidaritat Catalana, que derrota a los partidos tradicionales en las elecciones de 1907.

Del 25 de enero de 1907 al 21 de octubre de 1909

Gobierno de Maura; fracasa el intento de resolver la cuestión catalana con Cambó y Solidaritat Catalana.

1909

26 de julio

La Semana Trágica en Barcelona.

20 de octubre

La ejecución de Ferrer da lugar a la dimisión de Maura; ministerio Moret. Maura declara una «hostilidad implacable» contra los liberales.

1910

9 de febrero

Canalejas (liberal demócrata) forma gobierno.

23 de diciembre

Establecimiento del estatuto de las órdenes religiosas mediante la «Ley del Candado».

1912

12 de noviembre

Asesinato de Canalejas.

1913

27 de octubre

Gabinete Dato de conservadores ortodoxos; Maura abandona la jefatura del partido conservador y se convierte en cabeza del «maurismo».

1914

6 de abril

Establecimiento de la Mancomunidad de Cataluña.

1917

1 de junio

Manifiesto de las Juntas Militares de Defensa.

11 de junio

Gobierno Dato; toma fuerza el movimiento de la Asamblea de parlamentarios (coalición de catalanes, republicanos y socialistas contra los partidos tradicionales).

10 de agosto

Se inicia una oleada de huelgas.

3 de noviembre

El gobierno García Prieto pone fin a la Asamblea de parlamentarios.

1918

Del 22 de marzo al 9 de noviembre

Gobierno nacional de Maura.

1919-1923

Gobierno conservador hasta la subida de García Prieto el 7 de diciembre de 1922; huelgas y atentados, especialmente en Cataluña (huelga de la C.N.T. en la Canadiense, el 21 de febrero de 1919, que desencadena una huelga general de solidaridad). Fracasos en la campaña de Marruecos (desastre de Annual el 21 de julio de 1921).

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

(septiembre de 1923-abril de 1931)

1923

13 de septiembre

Golpe de estado del general Primo de Rivera.

1924

8 de marzo

Estatuto municipal.

14 de abril

Formación del partido del dictador, la Unión Patriótica.

1925

La cooperación franco-española en la guerra de Marruecos permite el desembarco en Alhucemas en septiembre, y lleva a la derrota de Abd el Krim (mayo de 1926).

Diciembre

Se forma un gobierno civil.

1926

27 de noviembre

Se forma la Organización Corporativa Nacional.

1927

11 de octubre

Se abre la Asamblea nacional consultiva.

1929

Enero

Rebelión de Sánchez Guerra en Valencia.

18 de febrero

Disolución del Cuerpo de Artillería; se rompe la «armonía de la familia militar»; huelgas estudiantiles.

1930

28 de enero

Primo de Rivera abandona el poder.

30 de enero

Gobierno Berenguer: la «Dictablanda».

17 de agosto

Los dirigentes republicanos, socialistas y catalanes firman el Pacto de San Sebastián; alzamiento en Jaca (12 de diciembre).

1931

31 de enero

Berenguer anuncia elecciones a Cortes; la abstención de los comunistas, republicanos y socialistas provoca su dimisión el 13 de febrero.

18 de febrero

Gobierno Aznar; agitación estudiantil.

12 de abril

Las elecciones municipales ponen de manifiesto que las grandes ciudades son republicanas.

14 de abril

Las negociaciones entre Romanones y los dirigentes republicanos conducen a la proclamación de un gobierno provisional; Alfonso XIII abandona España.

LA SEGUNDA REPÚBLICA

1931

18 de abril

Formación de la Generalitat de Cataluña.

11 de mayo

Quema de conventos en Madrid.

13 de octubre

Alcalá Zamora y Miguel Maura dimiten a consecuencia de la cuestión religiosa; se forma el gobierno Azaña con el apoyo socialista, es decir, poniendo fin a la cooperación con los radicales.

1932

Enero

Sucesos de Castilblanco y Amedo. Alzamiento cenetista en la cuenca del Llobregat y huelgas generales.

10 de agosto

Sublevación del general Sanjurjo en Sevilla.

Septiembre

Leyes del Estatuto de Cataluña y de Reforma Agraria.

1933

12 de enero

Matanza de Casas Viejas. Ataques al gobierno Azaña.

29 de octubre

José Antonio Primo de Rivera funda en Madrid la Falange Española.

19 de noviembre

Triunfo de las derechas en las elecciones; Lerroux forma gobierno con la «benevolencia» de Gil-Robles y la CEDA.

1934

13 de febrero

Fusión de la Falange con las J.O.N.S.

11 de abril

La Generalitat aprueba la ley de los rabassaires.

16 de mayo

Ruptura entre Lerroux y Martínez Barrio.

4 de octubre

Lerroux da entrada en su gobierno a ministros de la CEDA; ésta es la señal para la sublevación obrera en Asturias y la catalanista en Barcelona.

1935

Abril

Comienza el período de inestabilidad ministerial que terminará con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.

29 de octubre

Lerroux forzado a dimitir por causa del escándalo del estraperlo.

1936

16 de febrero

Victoria electoral del Frente Popular.

26 de febrero

Restablecimiento de la Generalitat y del gobierno Companys, suprimidos a raíz de la revolución de octubre.

10 de mayo

Azaña se convierte en presidente de la República y Casares Quiroga en Primer ministro.

Junio

Se acentúa la ruptura entre Prieto y Largo Caballero; aumenta la violencia en las calles; choques entre falangistas y socialistas.

12 de julio

Asesinato del teniente de la guardia de asalto José Castillo.

13 de julio

Asesinato de Calvo Sotelo.

LA GUERRA CIVIL

17-18 de julio

Alzamiento de la guarnición de Melilla; la sublevación militar se extiende por España.

Dimisión de Casares Quiroga; Martínez Barrio fracasa en su intento de arreglo negociado con los militares sublevados; se constituye el gobierno Giral (republicano); «armas para el pueblo».

4 de septiembre

Formación del gabinete Largo Caballero con participación cenetista desde el 5 de noviembre.

Noviembre

Avance del ejército nacionalista sobre Madrid. (El 8 de noviembre hace su aparición en el frente de Madrid la primera de las Brigadas Internacionales.)

1937

Febrero

Fracaso militar progresivo del sistema de las milicias; cae Málaga el 8 de febrero.

8 de marzo

Ataque de los italianos en el frente de Guadalajara; contraofensiva victoriosa de la República el 15 de marzo.

18 de abril

Unificación del movimiento nacionalista con la fusión de Falange y la Comunión Tradicionalista.

26 de abril

Bombardeo de Guernica.

3 de mayo

Choques en Barcelona entre CNT-POUM por un lado y republicanos y comunistas por otro; dan lugar a la caída del gobierno Largo Caballero; formación del gabinete Negrín (17 de mayo).

18 de junio

Caída de Bilbao; las acciones de Brunete (6 de julio) y Belchite (6 de septiembre) no consiguen salvar las posiciones republicanas en el Norte.

15 de diciembre

Los republicanos toman Teruel; el general Franco deja el frente de Madrid.

1938

23 de febrero

Reconquista de Teruel por los nacionalistas y ofensiva nacionalista en el frente de Aragón.

Julio

Última ofensiva republicana sobre el Ebro.

Diciembre

Ofensiva nacionalista sobre Cataluña.

1939

26 de enero

Los nacionalistas entran en Barcelona.

15 de marzo

Se forma el Consejo de Defensa en Madrid con la oposición de los comunistas; fracasan las negociaciones de paz con los nacionalistas.

1 de abril

Finaliza la guerra civil.

4 de septiembre

España se declara neutral.

24 de noviembre

Ley para la Defensa de la Industria Nacional.

1940

13 de junio

Declaración de no beligerancia de España.

23 de octubre

Reunión en Hendaya de Hitler y Franco.

1942

16 de agosto

Incidente de Begoña.

3 de septiembre

Dimisión de Serrano Súñer y el general Varela.

1943

17 de marzo

Apertura de las Cortes.

1945

19 de marzo

Manifiesto de Lausana de Don Juan contra Franco.

17 de julio

Promulgación del Fuero de los Españoles.

1946

12 de diciembre

Las Naciones Unidas recomiendan el boicot diplomático a España.

1951

1 de marzo

Huelga de Barcelona.

1953

27 de agosto

Firma del Concordato con El Vaticano.

20 de septiembre

Acuerdo de «las Bases» con Estados Unidos.

1955

14 de diciembre

Admisión de España en las Naciones Unidas.

1956

Febrero

Disturbios estudiantiles; cese de Ruiz Giménez y Fernández Cuesta.

1957

25 de febrero

Franco forma su sexto gobierno, incluyendo en él a los tecnócratas del Opus Dei.

1959

22 de julio

Anuncio del Plan de Estabilización.

1962

9 de febrero

España pide iniciar negociaciones con la CEE.

Abril-junio

Agitación obrera y estudiantil.

Estado de emergencia en el País Vasco y Asturias.

Mayo

Huelgas en Asturias y otras zonas; primera aparición de Comisiones Obreras.

5-6 de junio

Reunión en Munich de la oposición española.

10 de julio

Séptimo gobierno.

1963

28 de diciembre

Primer Plan de Desarrollo.

1964

30 de octubre

Protesta de los intelectuales contra la represión de la huelga minera de Asturias.

1965

11 de febrero

Octavo gobierno

1966

18 de marzo

Ley de Prensa de Fraga Iribarne.

22 de noviembre

Ley Orgánica del Estado presentada a las Cortes.

1967

21 de septiembre

Designación del almirante Carrero Blanco como Jefe del Gobierno.

1969

24 de enero-25 de marzo

Estado de emergencia en España.

29 de octubre

Noveno gobierno, dominado por el Opus Dei.

1970

3-28 de diciembre

Juicio de Burgos contra ETA

1971

Septiembre

Asamblea de Cataluña.

1972

10 de marzo

Importante huelga en El Ferrol, Galicia.

1973

8 de junio

Carrero Blanco es designado Primer ministro.

20 de diciembre

Asesinato de Carrero Blanco.

29 de diciembre

Designación de Arias Navarro como Primer ministro.

29 de diciembre

Sentencia de los principales líderes de CC.OO. a 12-20 años de prisión.

1974

12 de febrero

Arias Navarro anuncia la «apertura» del régimen.

9 de julio

Franco seriamente enfermo.

29 de julio

La oposición forma la Junta Democrática.

29 de octubre

Dimisión del ministro «liberal» de Información, Pío Cabanillas.

23 de diciembre

Nueva Ley de Asociaciones Políticas.

XIII Congreso (en el exilio) del PSOE. Felipe González, representante del «interior», es elegido Secretario General.

1975

Febrero

Ola de huelgas.

Junio

La oposición moderada forma la Plataforma de Convergencia Democrática.

Agosto

Nueva Ley Antiterrorista, al cabo de meses de actividad terrorista.

21 de septiembre

Ejecución de cinco miembros de ETA y FRAP. Protestas en toda la Europa occidental.

20 de noviembre

Muere Franco.

22 de noviembre

Juan Carlos es coronado rey.

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

1976

1 de julio

Dimisión de Arias Navarro. Adolfo Suárez, nuevo jefe del gobierno (5 de julio).

30 de julio

Ley de Amnistía.

15 de diciembre

Aprobada en referéndum la Ley para la Reforma Política.

1977

9 de abril

Legalización del Partido Comunista.

14 de mayo

Don Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos.

15 de junio

Primeras elecciones generales. Triunfo de Unión de Centro Democrático.

29 de septiembre

Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.

27 de octubre

Firma de los pactos de la Moncloa.

1978

6 de diciembre

Aprobación en referéndum de la nueva Constitución española.

1979

1 de marzo

Elecciones generales. Nueva victoria de UCD.

3 de abril

Primeras elecciones municipales de la democracia.

25 de octubre

Se aprueban en referéndum los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco.

1980

28 de febrero

Referéndum autonómico en Andalucía.

9 de marzo

Primeras elecciones autonómicas en el País Vasco: victoria del nacionalismo vasco.

20 de marzo

Primeras elecciones autonómicas en Cataluña: victoria del nacionalismo moderado catalán.

21 de diciembre

Referéndum autonómico en Galicia.

1981

29 de enero

Dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

23 de febrero

Intento de golpe de Estado contra la democracia.

25 de febrero

L. Calvo Sotelo (UCD), nuevo presidente del Gobierno.

20 de julio

Ley de Divorcio.

27 de octubre

Retorno del «Guernica» a España.

9 de diciembre

El Congreso aprueba el ingreso de España en la OTAN.

1982

30 de mayo

España, miembro de la OTAN.

28 de octubre

Victoria del PSOE (Felipe González) en las elecciones generales.

2 de diciembre

Primer gobierno de Felipe González.

1983

8 de mayo

Triunfo del PSOE en las elecciones autonómicas en 13 Comunidades Autónomas.

1985

25 de enero

José Antonio Ardanza (PNV) reemplaza a Calos Garaikoetxea como presidente del Gobierno vasco.

28 de abril

Aprobación de la Ley de despenalización del aborto.

11 de junio

Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea.

1986

1 de enero

España ingresa en la Comunidad Europea.

12 de marzo

Se aprueba en referéndum la permanencia de España en la OTAN.

22 de junio

Nueva victoria del PSOE en las elecciones generales.

1987

24 de febrero

El cardenal Suquía, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

10 de junio

Primeras elecciones europeas en España: victoria del PSOE.

19 de junio

Atentado de ETA con coche-bomba en un supermercado de Barcelona.

1988

12 de enero

Pacto de Ajuria-Enea, sede del Gobierno vasco, contra el terrorismo.

20 febrero

Julio Anguita, nuevo secretario del Partido Comunista.

29 de junio

Terceras elecciones autonómicas en Catalunya: nuevo triunfo de Jordi Pujol (Convergència i Unió).

14 de diciembre

Huelga general contra la política económica del gobierno.

1989

29 de octubre

Nuevo triunfo del PSOE en las elecciones generales.

1990

31 de enero

Fraga Iribarne, presidente de Galicia.

29 de marzo

José M.ª Aznar sustituye a Fraga como presidente del refundado Partido Popular.

1991

12 de enero

Dimisión del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: crisis en el PSOE.

20 de febrero

España participa en la guerra del Golfo.

30 de octubre

Conferencia de paz sobre Oriente Medio en Madrid.

1992

29 de marzo

Detención en Bidart (Francia) de la «cúpula» de ETA.

20 de abril

Exposición Universal en Sevilla.

24 de julio

Cumbre Iberoamericana en Madrid.

25 de julio

Comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

1993

6 de junio

Cuarta victoria del PSOE y Felipe González en las elecciones generales pero sin mayoría absoluta.

1994

29 de abril

Fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

5 de mayo

Detención del ex gobernador del Banco de España, M. Rubio, por el escándalo Ibercorp.

13 de junio

Victoria del PP en las elecciones europeas.

23 de diciembre

Detención del presidente de Banesto, Mario Conde.

1995

14 de febrero

El juez Garzón reabre el caso GAL: asesinato de 27 personas relacionadas con ETA entre 1983 y 1986.

21 de marzo

Hallazgo de los cadáveres de dos etarras detenidos por la policía.

28 de junio

Escándalo de los papeles del CESID: grabación de conversaciones privadas.

11 de diciembre

Atentado de ETA en Madrid (6 muertos).

1996

3 de marzo

Victoria de Aznar y del PP en las elecciones generales.

1997

1 de julio

Ortega Lara, liberado por la Guardia Civil, tras 532 días de secuestro por ETA.

12 de julio

ETA asesina al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

1998

12 de septiembre

Los partidos nacionalistas vascos suscriben el pacto de Lizarra-Estella como vía hacia la soberanía vasca.

16 de septiembre

ETA anuncia una tregua indefinida.

1999

12 de enero

J. J. Ibarretxe (PNV), nuevo presidente vasco.

2000

12 de marzo

Nuevo triunfo de Aznar y el PP en las elecciones generales.

22 de julio

J. L. Rodríguez Zapatero, nuevo secretario general del PSOE.

2001

13 de mayo

Victoria de J. J. Ibarretxe (PNV) en las elecciones vascas. Ascenso electoral del no nacionalismo.

21 de octubre

Fraga Iribarne (PP) gana nuevamente las elecciones gallegas.

2002

1 de enero

Puesta en circulación del euro.

11 de julio

Crisis con Marruecos por el islote de Perejil.

26 de agosto

El juez Garzón suspende las actividades de Batasuna, brazo político de ETA.

19 de noviembre

Catástrofe ecológica en Galicia, por naufragio del petrolero Prestige.

2003

15 de febrero

Grandes manifestaciones ante una posible guerra en Irak.

16 de marzo

Reunión en las islas Azores con el presidente Bush y el primer ministro británico Blair. El gobierno español apoya la guerra de Irak (que estalla el 20 de marzo).

27 de marzo

Ilegalización de Batasuna.

26 de mayo

62 militares españoles mueren en accidente aéreo en Turquía cuando regresaban de Afganistán.

16 de noviembre

Elecciones catalanas. Pasqual Maragall (PSOE-PSC), nuevo presidente de Cataluña.

2004

11 de marzo

Terrible atentado islamista en Madrid: 191 muertos, 1.500 heridos.

14 de marzo

Victoria del PSOE y Rodríguez Zapatero en las elecciones generales.

18 de abril

Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno. Zapatero ordena la retirada española de Irak.

22 de mayo

Boda del príncipe Don Felipe y D.ª Leticia Ortiz.

3 de octubre

La policía francesa detiene al líder de ETA, Mikel Antza.

30 de diciembre

El Parlamento vasco aprueba la reforma del Estatuto vasco, conocida como el Plan soberanista de Ibarretxe.

2005

1 de febrero

El Parlamento español rechaza el Plan Ibarretxe.

30 de junio

El Parlamento aprueba el matrimonio de parejas del mismo sexo.

2006

22 de marzo

ETA declara el alto el fuego permanente.

29 de junio

Zapatero anuncia el diálogo del gobierno con ETA.

6 de julio

Reunión del PSE (socialistas vascos) con la ilegalizada Batasuna.

19 de julio

Ley del nuevo Estatuto de Cataluña.

30 de octubre

Ley de Igualdad.

1 de noviembre

Elecciones catalanas. José Montilla (PSOE-PSC), nuevo presidente catalán.

30 diciembre

Bomba de ETA en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid.

2007

27 de mayo

Elecciones municipales y autonómicas. Gran victoria del PP en Madrid y Valencia; los socialistas, primera fuerza en Álava y Guipúzcoa.

5 de junio

ETA da por finalizado el alto el fuego.

28 de septiembre

Ibarretxe anuncia la celebración de una consulta popular en el País Vasco para el 25 de octubre de 2008.

2008

9 de marzo

Zapatero y el PSOE ganan nuevamente las elecciones generales.

ENSAYO BIBLIOGRÁFICO

Dado que uno de los objetivos declarados del general Franco consistía en eliminar el siglo XIX de la memoria colectiva de España, salvo como advertencia acerca de los peligros del liberalismo, y mientras la República y la guerra civil fueron temas delicados, no cabe sorprenderse demasiado ante el hecho de que los historiadores hayan concentrado su atención sobre áreas menos sensibles. El impacto de este renovado interés en la historia de los siglos XIX y XX es expuesto en J. M.ª Jover Zamora, «El siglo XIX en la historiografía contemporánea», en El siglo XIX en España, J. M.ª Jover Zamora, ed., 1974. El auge popular de la historia moderna puede juzgarse a través de los artículos de Historia 16, muchos de los cuales constituyen contribuciones originales y valiosas.

La nueva producción referida a la historia contemporánea amenaza con superar todo lo previsible. Esta bibliografía intenta alcanzar un equilibrio entre enfoques contemporáneos, obras generales y estudios detallados que arrojan una fuerte luz sobre temas significativos. Es, por lo tanto, altamente selectiva.

Para referencias completas correspondientes a las obras citadas en los capítulos I a XVI, consúltese el Indice bibliográfico; otros trabajos se dan con fecha de publicación.

1. BIBLIOGRAFÍAS

La bibliografía clásica de consulta de la historia española es la de B. Sánchez Alonso, Fuentes de la historia española e hispanoamericana, 3.ª ed., Madrid, 1952. Para todas las obras publicadas a partir de 1953, el Índice histórico español, Barcelona, desde 1953, es invalorable. Dos útiles bibliografías especializadas son las de J. del Burgo, Fuentes de la historia de España: Bibliografía de las luchas políticas y guerras carlistas en el siglo XIX, Pamplona, 1953-1955, y R. Lamberet, L’Espagne (1750-1936). Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bibliographie), París, 1953. Los volúmenes VII, VIII y IX de la Historia de España de A. Ballesteros Beretta, Barcelona, 1934, 1936, 1941, contienen, para cada capítulo, bibliografías amplias aunque poco selectivas. Para la guerra civil, véase R. de la Cierva y colaboradores, Bibliografía sobre la guerra de España (1936-1939) y sus antecedentes, 1968, y V. Palacio Atard, Cuadernos bibliográficos de la guerra de España, 1966. Para la historia del movimiento obrero en Cataluña, véase E. Giralt i Raventós, Bibliografia dels moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes, 1972, y en general R. Lamberet, L’Espagne (1750-1936). Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bibliographie), 1953.

Es excelente la obra de R. A. Humphreys, Latin American History: a guide to the literature in English, Londres, 1958. Para la bibliografía actual es indispensable el Handhook of Latin American Studies.

2. OBRAS GENERALES

La más interesante y original de las introducciones a la historia española sigue siendo la de Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth, 2.ª ed., Cambridge, 1950 (hay edición castellana, El laberinto español, Ruedo Ibérico, París, 1962 y Barcelona, 1977). Para la historia política del siglo XIX, contiene mucha información, difícil de obtener en general, el libro de H. Butler Clarke, Modern Spain. La Historia de España de F. Soldevila, vols. VI y VII, Barcelona, 1957 y 1959, es una historia moderna con referencias bibliográficas muy completas. La España de Salvador de Madariaga es un comentario «liberal».

La contribución de los estudiosos españoles a la historia del siglo XIX está bien representada en la serie publicada por Alfaguara: M. Artola, La burguesía revolucionaria, 1808-1869, 1973, y M. Martínez Cuadrado, La burguesía conservadora, 1896-1931, 1973. Para el período más tardío, véase Javier Tusell Gómez, La España del siglo XX. Desde Alfonso XII a la muerte de Carrero Blanco, 1975, y Ricardo de la Cierva, Historia básica de la España actual 1800-1974, 1974, que se concentra en el período posterior a 1875. Ambas poseen referencias bibliográficas. Hay una interpretación marxista en las dos obras de Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, 1968, y La España del siglo XX, 1966. Un complemento indispensable es M. Artola, Partidos y programas políticos, 2 vols., 1975. Las introducciones generales realizadas por estudiosos estadounidenses que han hecho contribuciones importantes son: Richard Herr, Spain, 1971, pp. 51-288, y Stanley Payne, A History of Spain and Portugal, 2 vols., 1973. La breve Histoire de l’Espagne de Pierre Vilar (hay trad. cast.: Historia de España, París, Librairie Espagnole, 1971, y Barcelona, Crítica, 1980) es sugestiva y buena parte de la labor más reciente se halla sintetizada en otra obra francesa, Histoire de l’Espagne contemporaine, de E. Témime, A. Broder y G. Chastagnaret, 1979 (hay trad. cast.: Historia de la España contemporánea, Ariel, Barcelona, 1982).

Economía y sociedad

La historia económica y, en menor medida, la social, del período recibe cada vez mayor atención de los historiadores españoles. J. Vicens Vives, Historia económica de España, 1977, 10.ª ed., es la obra de un gran pionero; para Cataluña, véase su Industrials i polítics del segle XIX, 1958. La escuela catalana ha seguido produciendo importantes estudios.

La información estadística básica es escasa comparada con la de otras economías de la Europa occidental; pero la situación está cambiando. El censo de 1799 fue criticado por J. Fontana en «El “Censo de frutos y manufacturas” de 1799», en Moneda y crédito, 1967, pp. 54 y ss. Dos primeras compilaciones son la breve Statistique de l’Espagne, de Moreau de Jonnès, 1934, y la vasta enciclopedia de Pascual Madoz, Diccionario estadístico histórico de España (1845-1850), en dieciséis volúmenes. Para períodos posteriores se puede emplear el Anuario Estadístico, y hay una útil colección en Estadísticas básicas de España 1900-1970, 1975. Para los precios agrícolas del siglo XIX, hay un buen análisis en N. Sánchez Albornoz, Materiales para la historia económica de España. Los precios agrícolas en la segunda mitad del siglo XIX, vol. 1, 1975. Para el período moderno, son de gran valor los Informes del Banco de Bilbao, así como también sus informes sobre el ingreso nacional y su distribución regional.

G. Anes Álvarez, Las crisis agrarias en la España moderna, 1970, y J. Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1971, abren la escena. El Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, 1973, examina los lazos entre economía y política. Para el medio siglo, las contribuciones de N. Sánchez Albornoz son fundamentales; véanse sus obras España hace un siglo: una economía dual, 1968, y Jalones en la modernización de España, 1975. J. Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España 1814-1913, 1975, y J. Tortella Casares, Los orígenes del capitalismo en España, 1973, intentan explicar el fracaso de la industrialización en España. S. Roldán et al., La consolidación del capitalismo en España, 1973, es un útil relato de los efectos de la guerra 1914-1918 en el País Vasco y Cataluña. Véanse también J. A. Lacomba, Introducción a la historia económica de la España contemporánea, 1969, y la obra fundamental de J. Sardà, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española, 1949. An economic history of modern Spain, 1978, de J. Harrison, es un breve informe con una excelente bibliografía. Para la evolución demográfica, véase J. Nadal, La población española. Siglos XVI al XX, 1971. José Luis García Delgado, Orígenes y desarrollo del capitalismo en España. Notas críticas, 1975, incluye capítulos sobre la Dictadura, el siglo XIX y el franquismo.

La historia rural, descuidada en el pasado, es actualmente tema de estudios científicos, como por ejemplo el de G. Anes sobre el siglo XVIII (véase apartado «El siglo XVIII y la guerra de la independencia»). M. Artola, Los latifundios, 1979, es el mejor estudio sobre las grandes fincas andaluzas y se complementa con A. Bernal, La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, 1974; véase también el ensayo de R. Herr incluido en D. Spring, European Landed Elites in the Nineteenth Century, 1977, pp. 98-126. J. Martínez Alier, en La estabilidad del latifundismo, 1968, describe los cambios que tuvieron lugar en Andalucía en la década de 1960. A. Balcells, en El problema agrari a Catalunya, 1968, se ocupa del destino de los rabassaires catalanes. Las obras de Pascual Carrión, Estudios sobre la agricultura española 1919-1971, 1974, y Los latifundios en España, 1931, siguen siendo obras clásicas.

La historia de la industria está mejor estudiada en monografías y biografías. F. Sánchez Ramos, La economía siderúrgica española, 1945, es detallada y a veces poco fidedigna. Sobre el ramo textil en sus primeros tiempos, véase J. C. La Force, The Development of the Spanish Textile Industry 1750-1850, 1965; un escueto informe es el de L. Beltrán Flórez, La industria algodonera española, 1943. Alberto del Castillo, en La Maquinista Terrestre y Marítima, 1855-1955, proporciona una excelente historia de una empresa de maquinarias; R. Medir Jofra, Historia del gremio corchero, es un estudio de una industria local. Sobre la importantísima naranja, véase M. Torres y H. Paris Eguilaz, La naranja en la economía española. La Historia del ferrocarril en España, edición del centenario, 1948, posee algunos materiales valiosos y otros triviales sobre el tema. Más sólidas son las obras de A. Casares Alonso, Estudio histórico económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX, 1973, y F. Wais, Historia general de los ferrocarriles españoles 1830-1941, 1967. Un siglo en la vida del Banco de Bilbao, 1957, es antes una historia de la industria que del banco. El Banco de Vizcaya y su aportación a la economía española, Bilbao, 1955, da cierta noción de la inversión vizcaína en general.

Sobre la banca y las finanzas en general hay importantes obras recientes. La banca española en la Restauración, ed. G. Tortella, 2 vols., 1974, y los dos trabajos publicados por el Servicio de Estudios del Banco de España: El Banco de España, una historia económica, 1970, y Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, 1970.

En cuanto a la política arancelaria, hay dos obras que reflejan el entusiasmo catalán por el proteccionismo: G. Graell, Historia del Fomento Nacional del Trabajo, 1911, y M. Pugés, Cómo triunfó el proteccionismo en España, 1931. Más general, P. de Alzola, La política económica mundial y nuestra reforma arancelaria, 1906, da una imagen de los intereses y consecuencias de la reforma arancelaria.

En 1966 escribí: «Para cuando este libro fue concebido, no me era posible establecer series a largo plazo de producción, etc., satisfactorias; por lo tanto, la información sobre la economía es forzosamente descriptiva. En el futuro cercano, tales grietas podrán rellenarse y muchas de las suposiciones de mi obra se verán destruidas. Como en el desarrollo económico, en el desarrollo de la narración histórica hay muchas falsas estrellas y mucha desolación». El trabajo de historiadores como Anes, Nadal, Sánchez Albornoz, Tortella y Fontana suplen las deficiencias de mi propia versión, y a sus obras remito al lector.

La historia social está mucho menos atendida, pero hay una introducción confiable en J. Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, 1959, vol. V, pp. 21-469, y en J. M. Jover, Política, diplomacia y humanismo popular, 1976, pp. 45-64 y 229-345. La colección publicada por Guadiana, Historia social de España. El siglo XIX, 1972, contiene interesantes ensayos individuales pero no proporciona una visión coherente de conjunto.

La historia de los movimientos obreros españoles está en desarrollo. Una buena introducción es la de M. Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, 1972. Un útil resumen del movimiento socialista (con algunos documentos) es el de A. Padilla, El movimiento socialista español, 1977. La obra de J. P. Fusi, Política obrera en el País Vasco, 1975, es esencial para conocer el PSOE. El de Ignacio Olabarri Gortazar, Relaciones laborales en Vizcaya 1890-1936, 1978, es un buen estudio de las relaciones entre trabajo y capital. El de G. H. Meaker, The Revolutionary Left in Spain 1914-1923, 1974, es un estudio detallado de un período crítico. La Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, reeditado en 1973, de J. Díaz del Moral, sigue siendo la obra clásica sobre el anarquismo rural. Un moderno estudio es el de Clara E. Lida, Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX, 1972. Excelentes estudios académicos de los orígenes del anarquismo en Cataluña son los de J. Termes, Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional 1864-1881, 1972, y C. Martí, Orígenes del anarquismo en Barcelona, 1959. El proletariado militante, de Anselmo Lorenzo, es un conmovedor (y prejuicioso) relato realizado por un prominente militante. Las obras de M. de Burgos, El verano de 1919 en gobernación, y de F. Madrid, Ocho meses, son importantes para el conocimiento de las corrientes subterráneas del anarcosindicalismo. Una historia general del movimiento obrero en Cataluña se encuentra en E. Giralt y A. Balcells, Els moviments socials en Catalunya, 1967; más detallado es el estudio de A. Balcells, Trabajo y organización obrera en la Cataluña contemporánea 1900-1936, 1974. Para la CNT, véase A. Balcells, El sindicalismo en Barcelona 1916-1923, 1965. Para los sindicatos externos a la CNT, véase M. Izard, Revolució industrial i obrerisme: Les Tres Clases de Vapor, 1970.

Sobre las condiciones de la clase obrera, son fundamentales los informes del Instituto de Reformas Sociales: el Informe de 1893, que proporciona detalles de la situación de la clase trabajadora, ha sido editado por A. Elorza y María del Carmen Iglesias, Burgueses y proletarios, 1973. El periodista francés A. Marvaud escribió un estudio interesante, aunque no brillante, La Question Sociale, en 1905, y es una pena que no haya encontrado sucesores. Los informes del IBS sobre las huelgas son fuentes muy importantes.

En cuanto a las clases medias, el ensayo de J. M.ª Jover, Conciencia burguesa, contiene interesantes observaciones. En lo que respecta a las clases superiores, es mucho lo que se puede obtener de fuentes extrañas, como por ejemplo biografías del estilo del tratamiento laudatorio dado al segundo marqués de Comillas, el pío industrial, por su biógrafo E. Fernández Regatill. Véase también, para la aristocracia, Marqués de Valdeiglesias, 1875-1949. La sociedad española vista por el Marqués de Valdeiglesias, 1957, y A. Hoyos y Vinent, El primer estado, 1931. La obra de J. Vicens Vives y Llorens Montserrat, Industrials i polítics, contiene tanto la historia de Vives de la economía catalana como una serie de breves y útiles biografías. La sociedad rural es descrita en M. Kenny, Spanish Tapestry (para Castilla), J. Pitt Rivers, People of the Sierra (para Andalucía) y Carmelo Lisón-Tolosana, Belmonte de los Caballeros, 1966 (para Aragón). Dos estudios modernos de los cambios ocurridos en Andalucía oriental y occidental, respectivamente, son los de M. Siguán, El medio rural en Andalucía oriental, 1972, y A. López Ontiveros, Emigración, propiedad y paisaje en la campiña de Córdoba, 1974.

Respecto de la Iglesia, véase R. García Villoslada, ed., Historia de la Iglesia en España, vols. IV y V, Madrid, 1979. Hay datos útiles en I. Sáez Marín, Datos sobre la Iglesia española contemporánea, 1768-1868, Madrid, 1975, y una gran cantidad de información en A. Martínez Albiach, Religiosidad hispana y sociedad borbónica, 1969. De las obras sobre la Iglesia, algunas de las más reveladoras son aquellas debidas a la piedad laboriosa o a la franca hagiografía, como por ejemplo A. Vinayo, El Seminario de Oviedo, M. González, Don Enrique de Ossó, J. Calasanz Bau, Historia de las Escuelas Pías de Cataluña. La biografía del padre Claret, de Mariano Aguilar, echa muchísima luz sobre la piedad del medio siglo. Las obras del padre Lesmes Frías, La provincia de España de la Compañía de Jesús y La provincia de Castilla de la Compañía de Jesús, 1815-1863, 1914, proporcionan una historia de los jesuitas. A. Peers hace una defensa de las Órdenes en su Spain, the Church and the Orders. Casi todas las obras de izquierdas se dedican al consabido ataque.

Respecto del ejército, véase el apartado «Los políticos de la restauración».

3. EL SIGLO XVIII Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La obra indispensable es la de G. Anes Álvarez, El Antiguo Régimen. Los Borbones, 1975. R. Herr, The Eighteenth Century Revolution in Spain, A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, y Gonzalo Anes Álvarez, Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, 1970, son todas excelentes. La brevedad de mi tratamiento de los precios está disculpada por la existencia de War and Prices in Spain, 1651-1800, de E. J. Hamilton. Gran cantidad de información puede extraerse de la ilegible Historia de la economía española, 3 vols., Barcelona, 1943-1947, de J. Carrera Pujal. Es magnífica la obra de P. Vilar, La Catalogne dans l’Espagne moderne, 3 vols., 1962 (hav edición castellana, Cataluña en la España moderna, Crítica, Barcelona, 1979). Es importante el estudio de D. R. Ringrose, Transportation and Economic Stagnation in Spain, 1750-1850, 1970. Respecto de los orígenes del pensamiento conservador, véase Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, 1973.

Sobre la Ilustración, además de Herr, véase J. Sarrailh, L’Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, París, 1954 (hay edición castellana, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Fondo de Cultura Económica, México, 1957, reimp. 1979). La obra de M. Defourneaux, Pablo de Olavide, es una biografía académica de uno de los principales exponentes de las luces; el de Laura Rodríguez, Reforma e Ilustración, 1975, es un estudio sobre un funcionario civil clave, Pedro de Campomanes; menos revelador es el estudio de G. Demerson sobre Don Juan Meléndez Valdés. La obra de J. Desdevizes du Dézert, L’Espagne de l’Ancient Régime, 3 vols., 1897-1904, contiene mucha información, pero muestra los signos del tiempo.

Las cuestiones interiores de la «revolución» de 1808 están tratadas en Los orígenes de la España contemporánea de Miguel Artola; su Antiguo Régimen es un sesudo estudio de los orígenes del liberalismo. Las obras de H. Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, 1951, y de M. Artola, Los afrancesados, 1953, se ocupan de los problemas intelectuales y políticos de los afrancesados, respectivamente. Para un estudio general, es útil Napoleon and the birth of Modern Spain, 1965. En cuanto al reinado de José, J. Mercader Riba, José Bonaparte, rey de España, 1808-1813, 1972, complementa a Artola. La obra de R. Solís, El Cádiz de las Cortes, contiene puntos de vista muy interesantes, y la de C. Corona Baratech, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, muchas ideas inquietantes. Existe una multitud de historias locales de la guerra de la Independencia y la ocupación francesa; entre ellas, sobresale la de J. Mercader, Barcelona durante la ocupación francesa, 1949. Un estudio de A. Fugier sobre la Junta Asturiana y La Junte supérieure de Catalogne, de Desdevizes du Dézert, ilustran los aspectos locales del gobierno de guerra.

La guerra en sí es estudiada en Peninsular War, de Charles Ornan, y la árida y estrictamente militar Guerra de la Independencia, de Gómez de Arteche.

4. FERNANDO VII

El estudio definitivo es el de M. Artola, La España de Fernando VII, volumen XXVI de la Historia de España editada por R. Menéndez Pidal, 1968. Hay muchas obras polémicas, útiles fundamentalmente como correctivo de la historiografía liberal, como por ejemplo las de F. Suárez, La crisis política del Antiguo Régimen de España, 1950, y M.ª del Carmen Pintos Vieites, La política de Fernando VII. La escuela conservadora es responsable de la publicación por el Seminario de Historia Moderna de material original en la serie Colección Histórica de la Universidad de Navarra. Si bien J. C. Comellas pertenece a esta escuela, su libro Los primeros pronunciamientos en España es indispensable, en tanto el de J. Azardún, Fernando VII y su tiempo, arroja nueva luz sobre el carácter del rey. De fundamental importancia es la obra de J. Fontana, La quiebra de la Monarquía absoluta, Barcelona, 1971, así como también su Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833, Madrid, 1973.

Un primer relato de la Revolución de 1820-1823, basado en fuentes diplomáticas, es el de H. Baumgarten, Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französichen Revolution. Obras más recientes arrojan luz sobre las finanzas y la cuestión eclesiástica: J. del Moral Ruiz, Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional (1820-1823), Madrid, 1975, y M. Revuelta González, Política religiosa de los liberales. El Trienio Constitucional, Madrid, 1973.

Los escritos de Alcalá Galiano, convenientemente compilados en la B.A.E., son muy esclarecedores, a pesar de sus argumentos especiosos. J. C. Comellas, Los realistas en el trienio constitucional, describe la reacción realista. J. Sarrailh, Martínez de la Rosa, es útil respecto del liberalismo «moderado».

Respecto del surgimiento de las colonias americanas, considerado desde un punto de vista español, hay un útil tratamiento en M. J. van Akens, Pan-Hispanism. La mejor exposición general del movimiento de independencia tal vez siga siendo la de W. S. Robertson, Rise of the Latin American Republics; Liberation in Latin America, de R. A. Humphrey, es un penetrante relato del movimiento en el Río de la Plata. Quizá el trabajo más esclarecedor de las actitudes españolas sea el de J. Delgado, España y México en el siglo XIX. Para la cuestión cubana, véase el apartado «la revolución de 1868 y la restauración de 1874-1875».

Además del Lista de Juretschke, el Luis López Ballesteros de Natalio Rivas Santiago arroja cierta luz sobre la política real entre 1823 y 1830. Para la crisis final del reinado, véase F. Suárez Verdeguer, Los sucesos de La Granja, y R. Ortega Canadell, «La crisis política española de 1823-1833», en E.H.M., V, 1955. Para un análisis crítico de la escuela de Suárez en lo tocante a los orígenes del carlismo, véase Estudios de Historia Contemporánea, V. Palacio Atard, ed., vol. 1, Madrid, 1976.

5. 1833-1840

Hay dos excelentes análisis del pensamiento liberal en España y entre los exiliados españoles: L. Díaz del Corral, El doctrinarismo, y V. Llorens Castillo, Liberales y románticos, México, 1954. De entre las exposiciones de los contemporáneos, la de J. de Burgos, Anales del reinado de Isabel II, es revelador de las actitudes de los conservadores liberales. La Historia político-administrativa de Mendizábal, de A. García Tejero, es de escasa importancia.

Se encuentra una estupenda historia del movimiento carlista en Román Oyarzún, Historia del Carlismo, 2.ª ed., 1944. Más detallados son los trabajos de Melchor Ferrer y sus colaboradores. Todas estas obras son de tono polémico. La extensa historia liberal de la guerra carlista de A. Pirala es indispensable: incluye una exposición de la Regencia de Espartero. Hay algunos excelentes estudios contemporáneos de la guerra carlista realizados por extranjeros, como por ejemplo Henningsen y Lichnowsky. El estudio de J. Múgica sobre el liberalismo conservador de San Sebastián, en Carlistas, moderados y progresistas, y el de J. M. de Areilza sobre Bilbao en Historia de una conspiración romántica, por la luz que arrojan sobre las interpretaciones convencionales, revelan la necesidad de más estudios locales. La historiografía del siglo XIX está maldita por la abundancia de historias políticas que tienden a derivarse unas de otras y todas de las fuentes más obvias, como por ejemplo los discursos de las Cortes o conocidos artículos de la prensa.

Desde la primera edición de este libro ha habido una considerable producción bibliográfica en lo tocante a la política liberal respecto de la tierra. Dos síntesis son las de F. Simón Segura, La desamortización española del siglo XIX, Madrid, 1973, y F. Tomás y Valiente, «Recientes investigaciones sobre desamortización: intento de síntesis», en Moneda y Crédito, n.º 131, 1974; la desamortización es situada en un contexto más amplio por Ricard Herr en el mismo número de Moneda y Crédito, en un artículo titulado «El significado de la desamortización en España». Un interesante estudio de las finanzas liberales es el de J. Fontana, La revolución liberal. Política y Hacienda, 1833-1845, Madrid, 1976. Algunas de sus consecuencias para la Iglesia se examinan en M. Revuelta González, La exclaustración, 1833-1840, Madrid, 1976, y más en general en J. M. Cuenca, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, 1971. P. Janke, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional 1790-1830, 1974, da detalles de los créditos liberales y las maniobras políticas del caso; para el primer acuerdo liberal moderado, véase J. Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), 1968.

6. 1840-1868

No existe exposición alguna satisfactoria del liberalismo militar. «Rule by generals», de R. Carr (en Soldiers and Politics, M. Howard, ed., Londres, 1957) está pasado de moda en muchos aspectos y sólo un general cuenta con una biografía adecuada en R. Olivar Bertrand, Prim, 2 vols., Barcelona, 1951. La obra de E. Christiansen, The Origins of Military Power in Spain 1800-1854, 1967, es un detallado estudio académico. Narváez iba a ser objeto de un estudio completo por parte del malogrado Jesús Pabón. Una indicación de su pensamiento se encuentra en La subversión contemporánea y otros estudios, Madrid, 1971. Dos historias generales son las de M. Alonso Baquer, El Ejército en la sociedad española, Madrid, 1971, y José R. Alonso, Historia política del Ejército español, Madrid, 1974.

La Historia contemporánea de A. Pirala sigue siendo el análisis más exhaustivo y es especialmente revelador en lo tocante a la historia más reciente del carlismo. G. Hubbard, Histoire contemporaine de l’Espagne, París, 1869-1885, en 6 vols., contiene mucha información, al igual que los varios trabajos de Garrido y el estudio de Vera y González sobre Pi y Margall. Fernández de los Ríos, Luchas políticas, es útil para la política del liberalismo, al igual que M. de Marliani, Histoire politique de l’Espagne moderne, 2 vols., París, 1940.

No hay ninguna biografía adecuada de O’Donnell: la de Navarro y Rodrigo, 1869, es hagiográfica e incompleta. El mejor estudio del comienzo de la revolución de 1868 se encuentra en R. Olivar Bertrand, Siglo de pasión política. Así cayó Isabel II, mucho mejor de lo que su título sugiere. Obras más recientes han iluminado las luchas políticas del período: J. L. Comellas, Los moderados en el poder, 1844-1854, 1970; A. Eiras Roel, El partido demócrata español, 1849-1868, 1961; para un estudio breve, véase «Qué fue la década moderada», en Estudios sobre la España del siglo XIX, 1972, de Tuñón de Lara. La revolución de 1854 es tratada por extenso en V. G. Kiernan, The Revolution of 1854 in Spanish History, 1966. Un trabajo útil sobre la milicia urbana es el de J. Pérez Garzón, Milicia nacional y revolución burguesa, 1978.

Es esencial estudiar las pocas memorias existentes: las numerosas producciones de Miraflores (véase Butler Clarke, 478) son tediosas; las compilaciones de F. Fernández de Córdoba, aunque triviales, contienen valiosa información. Las obras reunidas de Bravo Murillo son decepcionantes, salvo en materias financieras. Las obras de Borrego (especialmente Organización de los partidos, 1855 y España y la Revolución, 1856) son los más penetrantes de entre los análisis contemporáneos; los de Balmes y Donoso Cortés, si bien interesantes en sí mismos, han sido sobreestimados merced a la abundante literatura partidista. Hay un estudio sobre el primero realizado por J. M.ª García Escudero, y otro sobre el segundo, por E. Schramm, Donoso Cortés, 1936.

Respecto de los antecedentes intelectuales de los años sesenta, el de Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, es un espléndido estudio, pero no reemplaza a las primeras obras de P. Jobit, Les éducateurs de l’Espagne contemporaine, J. López Morillas, El Krausismo español, y J. B. Trend, Origins of Modern Spain. El libro Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, de Carlos Seco, 1973, proporciona una excelente introducción. La obra de S. Moxó, La disolución del régimen señorial en España, 1969, sigue siendo esencial en lo tocante a la aristocracia. Sobre los funcionarios y las reformas de Bravo Murillo, consúltese C. Carrasco Canals, La burocracia en la España del siglo XIX, 1975. Han aparecido nuevas obras sobre el sistema educacional: M. C. Simón Palmer, La enseñanza privada seglar en Madrid 1820-1868, Madrid, 1972, y M. y J. L. Peset, La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 1974; lo mismo sucede en relación con el mercado de alimentos y las condiciones sanitarias de Madrid: A. Fernández García, La alimentación en Madrid en el reinado de Isabel II, Madrid, 1971, y M. y J. L. Peset, Muerte en España. (Política y sociedad entre la peste y el cólera), Madrid, 1972.

7. LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y LA RESTAURACIÓN DE 1874-1875

Una buena introducción es la de M. Tuñón de Lara, «El problema del poder en el sexenio», en Estudios sobre el siglo XIX español; hay una colección de ensayos en Clara Lida e Iris Zavala, eds., La revolución de 1868, 1970.

Una estupenda y confiable guía de los políticas de la izquierda, 1868-1874, es la de C. A. M. Hennessy, The Federal Republic in Spain. De las muchas biografías de republicanos ilustres, la más esclarecedora es la de Gómez Chaix, Ruiz Zorrilla. Las obras casi contemporáneas de Bermejo y de Villarrasa y Gatell contienen mucha información prejuiciosa. Las reflexiones de Pi y Margall sobre la República de 1873 han sido editadas por A. Jutglar en 1970. El de M. Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, vol. I, 1976, es el mejor análisis en castellano. La interacción de las diplomacias europeas y la «búsqueda del rey» se exponen en A. Willard Smith, «Napoleon III and the Spanish Revolution of 1868», en Journal of Modern History, XXV, 1953, y L. D. Steefel, Bismarck, the Hohenzollern candidacy and the origins of the Franco-German War of 1870.

Respecto de la cuestión cubana, véase R. Guerra y Sánchez, Manual de historia de Cuba, La Habana, 1938, y Guerra de los Diez Años. La Historia de la nación cubana es desigual. G. Ely, Cuando reinaba su majestad el azúcar da una pintura vívida de la Cuba del medio siglo; P. de Alzola y Minondo, en Relaciones comerciales entre la Península y las Antillas y El problema cubano, 1898, refleja los puntos de vista españoles.

Los políticos monárquicos del período son estudiados por el marqués de Lema, De la Revolución a la Restauración, 1929, y, en un trabajo muy poco cuidado, por A. Houghton, Les origines de la restauration des Bourbons en Espagne. La mejor historia de la campaña carlista es la de F. Hernando, La campaña carlista.

8. LOS POLÍTICOS DE LA RESTAURACIÓN

Los estudios de M. Fernández Almagro, Cánovas, 1972, Historia política de la España contemporánea, 2 vols., 1959, e Historia política del reinado de Alfonso XIII, 1934, describen las vicisitudes de los políticos de la Restauración. Además de los apartados de p. 706, la obra de J. M.ª García Escudero, Historia política de las dos Españas, 4 vols., 1975, es sugestiva y singular. Javier Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía, 1976, y J. Varela Ortega, Los amigos políticos, 1977, son esenciales para comprender el funcionamiento de los dispositivos electorales. El libro de M. Martínez Cuadrado, Elecciones y partidos políticos, 1969, contiene todos los resultados electorales entre 1868 y 1931, basados en cifras oficiales. La de M. Artola, Partidos y programas políticos 1808-1936, 2 vols., 1974, es una historia de los partidos a la vez que de sus programas. El de L. Aguiló Lucía, Sociología electoral valenciana 1903-1923, 1976, es un estudio local útil sobre los políticos de Levante. La crisis de Estado español 1898-1936 (VIII Coloquio de Pau, 1978) es una colección de estudios particularmente útiles sobre la interacción de intelectuales y políticos.

Una defensa de Maura y una crítica «monárquica» de Alfonso XIII fue escrita por el hijo de Maura y M. Fernández Almagro en Por qué cayó Alfonso XIII, 1948. La versión maurista es criticada en C. Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, 1969, que será seguida en su biografía del rival de Maura en el liderazgo del Partido Conservador, Dato. Véase su esbozo preliminar en Perfil político y humano de un estadista de la Restauración: Eduardo Dato, Real Academia de la Historia, 1978.

Las obras de M. García Venero, Melquíades Álvarez, 1954, y Santiago Alba, monárquico de Razón, 1963, arrojan cierta luz sobre los políticos progresistas. Las biografías de Maura (1954) y Canalejas (1956) de D. Sevilla Andrés, representan una moderna reinterpretación, marcadamente favorable a Maura; los puntos de vista de Maura están reunidos en Antonio Maura: treinta y cinco años de vida pública, J. Ruiz-Castillo, ed.

Las crisis de 1909 y 1917 están estudiadas en detalle en J. Connelly Ullman, The Tragic Week (hay trad. cast.: La semana trágica, Barcelona, Ariel, 1972), 1968, y J. A. Lacombe, La crisis española de 1917, 1970. El de J. Benet, Maragall y la Semana Trágica, es un conmovedor estudio sobre las reacciones de un gran poeta ante la represión de 1909. La apología de Márquez está contenida en su trabajo Las Juntas de Defensa.

Para el problema del «regeneracionismo», es excelente la obra de J. Romero Maura, La rosa de fuego, 1975. Además de los antecedentes generales de la crisis de 1909, contiene una nueva interpretación de la figura de Lerroux, cuyos últimos años de carrera política se describen en O. Ruiz Manjón, El partido Republicano Radical, 1976.

No hay ninguna versión española satisfactoria del desastre de Cuba. La obra de Ernest May, Imperial Democracy, es muy esclarecedora, a pesar de ocuparse fundamentalmente de los problemas estadounidenses. Las memorias del general Weyler son extensas, pero se centran principalmente en las cuestiones de la administración militar (véase el apartado «1840-1868»).

Para la generación de 1898, véase Laín Entralgo, España como problema, 1956, y H. Ramsden, The 1898 movement in Spain. Towards a Reinterpretation, 1974. El libro de Laín contiene ensayos sobre el polígrafo católico Menéndez y Pelayo y sobre el neurólogo Ramón y Cajal. Los ensayos de J. B. Trend constituyen el mejor estudio en inglés. Hay dos interesantes estudios individuales: el de Luis Granjel, Retrato de Pío Baroia, Barcelona, 1953, y el de V. Marrero, Maeztu. Los intelectuales y la tragedia española, de Enrique Suñer, es un estallido patológico contra los intelectuales. La cuestión educacional está bien tratada por Y. Turin, L’éducation et l’école, además de en los trabajos de la sección 6, M.a Dolores Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea, 1963, hace la crítica de la interpretación liberal de la Institución Libre de Enseñanza, tratada con simpatía por V. Cacho Viu en su excelente La Institución Libre de Enseñanza, 1962. Véase la posición de la Iglesia protestante en J. D. Hughey, Religious Freedom in Spain.

J. Ferrater Mora expone el desarrollo del pensamiento de Ortega en Ortega y Gasset, Barcelona, 1958, y Gabriel Jackson el de Costa en «Costa et sa révolution par le haut», en E.H.M., 111, 1953. El Costa de Tierno Galván representa una interpretación moderna, diferente de la mía. Constituye una guía útil la obra de J. Maurice y C. Serrano, J. Costa: crisis de la Restauración y populismo 1875-1911, 1979. Un inteligente análisis marxista del panorama cultural es el que proporciona M. Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura española 1885-1936, 1976. Javier F. Lalcona, El idealismo político de Ortega y Gasset. Un análisis sintético de la evolución de su filosofía política, 1974, es un estudio de las ideas políticas de Ortega.

La obra esencial sobre la cuestión del clero en la política entre 1889 y 1913 es la de J. Andrés Gallego, La política religiosa en España, 1975. Hay una muy buena historia del sindicalismo católico: J. N. García Nieto, El sindicalismo cristiano en España, 1960. O. Alzaga, La primera democracia cristiana en España, 1973, estudia la tentativa de crear un partido demócrata-cristiano en 1922-1923, y ofrece una esclarecedora visión del colapso del sistema de la Restauración. J. Tusell continúa la historia de la democracia cristiana hasta 1939 en Historia de la democracia cristiana en España, 2 vols., 1974; véase también Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino, 1979.

Contamos actualmente con dos trabajos de académicos estadounidenses sobre el importantísimo papel del ejército en la política de la Restauración: S. Payne, Politics and the Military in Spain, 1967, y Carolyn Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain, 1979.

La obra de Berenguer Campañas del Rif es una exposición general de la guerra de Marruecos; en La ruta, Arturo Barea recoge las impresiones de un soldado. Hay un esbozo de la primera política española respecto de Marruecos en D. Andrés Sevilla, África entre la política española.

El catalanismo ha dado lugar a una abundante bibliografía. La obra de M. García Venero, Historia del nacionalismo catalán, 1944, fue escrita en la época de Franco; la más útil de las historias modernas es la de A. Balcells, Catalunya contemporània, 2 vols., 1974; Le problème national catalan, de J. Rossinyol, 1974, es fervientemente procatalán. Isidre Molas, Lliga Catalana, 2 vols., 1972, proporciona una descripción detallada de la organización de la Lliga; el libro de J. Pabón, Cambó, 3 vols., 1952-1969, es una lectura esencial, no sólo en lo tocante a la política catalana, sino respecto de la Restauración en general. Las relaciones entre el nacionalismo y la burguesía son analizadas en A. Jutglar, Història crítica de la burguesia a Catalunya, 1972, y en Borja de Riquer, Lliga regionalista: la burguesia catalana i el nacionalisme, 1977.

La bibliografía sobre el nacionalismo vasco crece rápidamente. Las mejores historias generales son las de J. M. Azoala, Vascunia y su destino, y Stanlev Payne, Basque Nationalism, 1975. La ideología del padre fundador Sabino de Arana ha sido diseccionada en J. J. Solórzabal, El primer nacionalismo vasco, 1975. Una visión desde la izquierda se encuentra en «Beltza», El nacionalismo vasco 1876-1936, 1976. El «valencianismo» es estudiado en A. Cucó, El valencianisme polític, 1971. Para Galicia, véase M. R. Saurín de la Iglesia, Apuntes y documentos para una historia de Galicia en el siglo XIX, 1977, y J. A. Durán, Agrarismo y movilización campesina en el país gallego, 1977.

9. LA DICTADURA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

G. Maura, en su Bosquejo histórico de la Dictadura, describe las cuestiones políticas básicas del período 1923-1930, y el revelador Seis años, de Calvo Sotelo, es especialmente valioso en lo que respecta a las reformas del gobierno local y la política financiera. La propia filosofía del dictador puede estudiarse en El pensamiento de Primo de Rivera, J. M. Pemán, ed.; el de Eduardo Aunós, La política social de la Dictadura, 1944, es un estudio de la legislación laboral realizado por uno de sus creadores.

En Política económica de la Dictadura, 1970, J. Velarde Fuentes hace un examen benévolo de las panaceas económicas del dictador; hay una útil y desigual colección de ensayos sobre la economía y la política de la Dictadura en Cuadernos Económicos del ICE, n.º 12. Grandel en Le monopole du pétrole, arroja luz sobre una crisis sintomática, mientras Cambó, en Valoración de la peseta, hace la crítica de los intereses monetarios. El Informe sobre el Patrón Oro es una condena de la política financiera del dictador hecha por un economista ortodoxo, Flores de Lemus.

Hay abundantes memorias, etc., sobre el período 1930-1931. De éstas, las más importantes son las del general Mola (reveladora pintura de un régimen autoritario en decadencia), las de La Cierva y las de Romanones (ambas con detalles de los últimos días de la monarquía). De la Dictadura a la República es la apología del general Berenguer. La muy descuidada obra de M. Burgos y Mazo da una interesante exposición de las conspiraciones de los constitucionalistas; los generales A. López Ochoa y Queipo de Llano revelan la actitud de los militares descontentos. La caída de un trono, de Alcalá Galiano, es el lamento de un inteligente y derrotado monárquico. El libro de J. Andrés Gallego, El Socialismo durante la Dictadura, 1977, tiene una lúcida introducción a una útil colección de documentos. La obra definitiva es la de S. Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, 1978. Para una disección de los testimonios sobre los últimos días de la monarquía, véase J. Pabón, Días de ayer, 1963, pp. 367-433; véase también Rafael Sánchez Guerra, Proceso de un cambio de régimen, 1932.

En el blütezeit del franquismo, la Segunda República sólo podía ser tratada con decidida hostilidad o con extrema cautela. La versión del sector Nacional es presentada en detalle en J. Arrarás, Historia de la Segunda República Española, Madrid, 1968. La obra de Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939 (hay trad. cast.: La república española y la guerra civil, Barcelona, Crítica, 1976), 1965, representa el sólido academicismo liberal. La Historia de España, época contemporánea, 1971, de Carlos Seco Serrano, es la mejor exposición del período hecha por un historiador español. S. Payne, The Spanish Revolution, 1970, es una dura crítica de la izquierda. Ricardo de la Cierva, en su Historia de la Guerra Civil Española. Antecedentes 1898-1936, 1969, ve a la República como condenada al fracaso.

De las memorias, las dos más importantes son las de J. M.ª Gil Robles, No fue posible la paz, 1968, una defensa de la CEDA, y, por contraste, las de Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, 1971. Los Discursos de Alcalá Zamora fueron recogidos en volumen, en 1979, con una introducción de M. Tuñón de Lara. Juan Marichal ha editado las Obras Completas de Azaña, en 4 volúmenes, en 1968. La obra de Miguel Maura Así cayó Alfonso XIII, 1962, es útil en cuanto historia del Gobierno Provisional. La Pequeña Historia de Lerroux evidencia la paranoia de su autor y el lado oculto de la vida política. Véase también N. Alcalá-Zamora, Memorias (segundo texto de mis memorias), 1977.

Las complicaciones de un sistema multipartidario son expuestas en Santiago Varela Díaz, Partidos y Parlamento en la II República Española, 1978, un esclarecedor estudio. Las elecciones de febrero de 1936, en J. Tusell Gómez, Las elecciones de frente popular en España, 1971. Diferentes concepciones del papel de la CEDA y de los socialistas presentan P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, 1978, y R. A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, 1970. Los artículos de P. Preston «Alfonsist Monarchism and the Coming of the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, vol. 7, n.º 3-4, 1972, y «El accidentalismo de la CEDA: ¿aceptación o sabotaje de la República?», Revista Internacional de Sociología, Madrid, 2.ª época, n.º 3-4, julio-diciembre, 1972, contienen material no incluido en su libro. El carlismo está bien tratado en M. Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain 1931-1939, 1975 (hay trad. cast.: Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1979); el pensamiento de la extrema derecha es estudiado por R. Robinson, «Calvo Sotelo’s Bloque Nacional and its ideology», en University of Birmingham Historical Journal, vol. X, n.º 2, 1966, pp. 160-184. Para la formación del Frente Popular, véase Santos Juliá, Orígenes del Frente Popular en España 1934-1936, 1979.

La actitud de la Iglesia es revelada en la correspondencia de Vidal i Barraquer, Església i Estat durant la Segona República Espanyola, 2 vols., 1971, escrupulosamente editada por M. Batllori y V. M. Arbeloa; en J. M. Sánchez, Reform and Reaction, 1963, hay una breve exposición.

La obra fundamental sobre la cuestión agraria es la de Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, 1970 (hay edición castellana: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1980, 4.ª ed. revisada). No hay ninguna obra sobre los problemas económicos generales de la República. La de Ramón Tamames, en Historia de España Alfaguara, tomo 7: La República. La era de Franco, 1977, 6.ª ed., contiene un breve análisis. Para Cataluña, es importante la contribución de A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña, 1971, así como también los últimos capítulos de su El problema agrari a Catalunya 1890-1936, 1971, que ayuda a explicar los antecedentes sociales de la revolución de octubre de 1934 en Cataluña. Para la revolución en Asturias, véase A. Ramos Oliveira, La revolución de octubre, y M. Grossi, La insurrección de Asturias, escritos ambos en 1935; para exposiciones modernas, véase P. Preston, «Spain’s October Revolution and the Rightist Grasp for Power», en Journal of Contemporary History, vol. 10, n.º 4, 1975, y J. A. Sánchez y García, La revolución de 1934 en Asturias, 1974.

La conspiración que llevó al estallido de la guerra civil es revelado en J. del Burgo, Conspiración y guerra civil, 1970, en A. Lizarza Iribarren, Memorias de la Conspiración, 1952, y en Félix Maix, Alzamiento en España, 1952. La obra de Stanley Payne, Falange, a History of Spanish Fascism, 1961, sigue siendo el clásico de consulta. J. A. Ansaldo, ¿Para qué?, 1951, revela el pensamiento de la derecha monárquica. Para la historia de los movimientos obreros, véase el apartado «Economía y sociedad». Además, está el libro de G. Mario de Coca, Anti-Caballero, que es lo que su título indica. Las propias memorias de Largo Caballero son decepcionantes: Mis recuerdos, 1953. Las de J. Maurín, especialmente Hacia la segunda revolución, 1935, representan un inteligente análisis marxista-leninista. Para una exhaustiva bibliografía de relatos contemporáneos, véase P. Preston, The Coming of Spanish War, pp. 238-242. La obra de J. Brademas, Anarco-sindicalismo y revolución en España, 1974, es de utilidad en lo tocante a la CNT; en cuanto a los socialistas, véase M. Cordero, Los socialistas y la revolución, 1932, y G. Picard Moch y J. Moch, L’Espagne Republicaine, 1936, siguen siendo indispensables.

10. LA GUERRA CIVIL

La bibliografía de la guerra civil amenaza con convertirse en algo incontrolable. Su extensión puede percibirse en la obra clásica de Hugh Thomas, The Spanish Civil War, Edición Pelican, 1965, pp. 992-1041 (hay ed. cast.: La guerra civil española, Barcelona, Grijalbo, 1976). Véase también Ricardo de la Cierva y V. Palacio Atard.

Para una visión desde la izquierda, véase P. Broué y E. Temime, The Revolution and the Civil War in Spain, 1972; desde la derecha, la obra de D. Sevilla Andrés, Historia política de la zona roja, aún es útil. La Historia ilustrada de la Guerra Civil Española, de Ricardo de la Cierva, 1971, refleja el tono más moderado de los últimos tiempos del franquismo.

Indico aquí únicamente aquellas obras que encuentro particularmente esclarecedoras. La de Ian Gibson, The Death of García Lorca, 1973 (hay edición castellana, La muerte de Federico García Lorca. La represión nacionalista en Granada, París, 1975, 2.ª ed. Hay edición corregida y aumentada publicada en España: Granada, 1936. El asesinato de Federico García Lorca, Barcelona, Crítica, 1979), da el clima de los primeros días en Granada, cosa que J. M.ª Fontana logra respecto de Barcelona, en Los catalanes en la guerra de España, 1951.

La mejor guía de las operaciones militares se encuentra en las historias de campaña de J. M. Martínez Bande, publicadas a partir de 1968. Los cuatro enormes volúmenes de Ramón Salas, Historia del Ejército Popular, 1973, contienen una masa de información sobre los ejércitos republicanos. R. Carr, The Spanish Tragedy, 1978, es más analítica que cronológica. El primer estudio de Burnett Bolloten sobre el papel del Partido Comunista ha sido reeditado con título The Spanish Revolution, 1979. El libro de D. Catell, Comunism and the Spanish Civil War, 1955, sigue siendo útil. The Blood of Spain, de Ronald Fraser, es una historia oral de la guerra, concentrada sobre los partidos proletarios. Para el papel de la CNT, véase J. Peirats, La CNT y la revolución española, 1971, y para el del POUM las varias obras de V. Alba (antiguo militante del POUM), especialmente El marxismo en España, 1970, y la Historia del POUM, 2 vols., 1974. V. Ramos, La Guerra Civil en la Provincia de Alicante, 3 vols., 1972, es una desordenada pero reveladora descripción de la guerra a nivel local.

Sobre los orígenes de la intervención alemana, véase A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, 1974, y respecto de la actitud británica, J. Edwards, The British Government and the Spanish Civil War 1936-1939, 1979. La intervención italiana se refiere por entero en J. F. Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, 1975. En cuanto a la política francesa, véase D. Wingate Pike, Les Français et la Guerre d’Espagne, 1975.

La colectivización es defendida en N. Chomsky, American Power and the War Mandarinas, 1967, pp. 62-129. Alberto Pérez Baró, Trenta mesos de colectivisme a Catalunya, 1970, considera la legislación y sus efectos sobre la realidad; J. M. Bricall, en Política económica de la Generalidad, 1970, da cifras de producción. Sobre los colectivos agrarios, véase R. Fraser, op. cit., pp. 347 y ss. y H. Thomas, en R. Carr, ed., The Republic and the Civil War in Spain, 1971. Para los dilemas de la CNT, véase C. M. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1961.

Para la política de la España Nacional, M. García Venero, Falange en la Guerra de España, 1967, y el Testimonio de M. Hedilla, 1972, dan la versión falangista de la unificación. El libro de Stanley Payne, Falange, 1961, es una historia del movimiento; tanto las de Serrano Súñer, Entre el silencio y la propaganda, 1979, como las de Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, 1976, son memorias de entusiastas desilusionados. La atmósfera general está descrita en R. Abella, La vida cotidiana durante la Guerra Civil, I, 1973, y en J. del Burgo, Conspiración y guerra civil, 1970.

Sobre el destino de los exiliados, véase la conmovedora obra de L. Stein, Beyond Death and Exile, 1979, la de P. W. Fagen, Exiles and Citizens: Spanish Republicans in Mexico, 1973, y la de D. Wingate Pike, Vae Victis, 1969.

Entre la multitud de relatos de testigos presenciales, los mejores son los de H. E. Kaminski, Ceux de Barcelone, 1937, el clásico de George Orwell, Homage to Catalonia, 1938 (hay edición castellana, Homenaje a Cataluna, Ariel, Barcelona, 1970) y el libro de F. Borkenau The Spanish Cockpit, 1937.

En cuanto a la campaña vasca, hay un relato comprensivo en G. L. Steer, The Tree of Guernika, 1938. La obra de H. Southworth, The Day Guernica Died, 1977, es una exposición definitiva del bombardeo de Guernica (hay edición castellana, Destrucción de Guernica, 1977).

En cuanto al colapso catalán, véase V. Rojo, Alerta los pueblos, 1939. Para el levantamiento de Madrid, la versión del propio S. Casado está en su The Last Days of Madrid, 1939 (hay edición castellana, Así cayó Madrid, 1977, 3.ª ed.) y hay un relato detallado en J. M. Martínez Bande, Los cien últimos días de la República, 1973. El «motín» de Cartagena está detalladamente descrito en L. Romero, Desastre en Cartagena, 1971. El último y mejor estudio sobre las Brigadas Internacionales es el de A. Castells, Las Brigadas Internacionales en la Guerra de España, 1974. Para una visión comunista, véase Luigi Longo, Le Brigate Internazionali in Spagna, 1956.

11. FRANQUISMO

El período de Franco, con el acento puesto sobre las transformaciones sociales y económicas, está tratado en R. Carr y J. P. Fusi, Spain: Dictatorship to Democracy, 1979; la Historia del Franquismo, de Ricardo de la Cierva, 1975, proporciona un relato detallado. El libro de R. Tamames, La República. La era de Franco, tomo 7 de Historia de España Alfaguara, 1977, 6.ª ed., es una destacable tentativa de crítica del régimen mientras éste aún existía. J. A. Biescas y M. Tuñón de Lara, España bajo la dictadura franquista 1939-1975, 1980, dan relevancia al papel de la oposición y los cambios económicos; Shlomó Ben-Ami, La revolución desde arriba, 1980, constituye un buen relato general. Las instituciones del franquismo están profundamente analizadas en K. N. Medhurst, Government in Spain: The Executive at Work, 1973, y en J. Amodia, Franco’s political legacy, 1977.

Un prejuiciado, aunque vívido, retrato del Caudillo surge de Mis conversaciones privadas con Franco, 1976, del teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo; para los puntos de vista de los españoles sobre Franco y su régimen, véase J. M. Gironella y R. Borrás, 100 españoles y Franco, 1979. Las declaraciones políticas de Franco han sido ordenadas temáticamente en Pensamiento político de Franco, ed. de A. del Río Cisneros, 2 vols., 1975.

La obra de A. López Pina y E. Aranguren, La cultura política de la España de Franco, 1970, es un penetrante resumen del trabajo reciente. Para la oposición, véase J. Tusell, La oposición democrática al franquismo, 1977, Guy Hermet, The Communists in Spain, 1974, y P. Preston, ed., Spain in Crisis, 1976. Para un violento ataque a los líderes, hecho por un disidente, Jorge Semprún, véase su Autobiografía de Federico Sánchez, 1977, así como también los artículos de Claudín. En cuanto a la ETA, desde el interior, véase «Ortzi», Historia de Euzkadi: el nacionalismo vasco y ETA, 1975 y J. Aguirre, Operación Ogro, 1975. Para Cataluña, véase el apartado «Los políticos de la restauración» y en esta misma página.

J. A. Maravall ha escrito dos importantes obras sobre la oposición estudiantil y obrera, El desarrollo económico de la clase obrera, 1970, y Dictatorship and Political Dissent, 1978. J. Amsden describe el funcionamiento de los sindicatos oficiales en Collective Bargaining and Class Struggle in Spain, 1972. C. W. Anderson, The Political Economy of Modern Spain, 1970, y J. Clavera, J. M. Esteban et al., Capitalismo español, 2 vols., 1973, discuten los cambios en la política económica. R. Gunther, Public Policy in a No-Party State, 1980, analiza el presupuesto para aclarar las prioridades de la decadencia del franquismo; el de M. J. González, La economía política del Franquismo 1940-1970, 1979, es un buen estudio de los cambios en la política económica bajo el franquismo. La atmósfera de la posguerra está recreada en R. Abella, Por el Imperio hacia Dios, 1979.

En cuanto a relatos hostiles de las actitudes católicas hacia Franco, véase A. Sáez Alba, La ACNP y el caso de «El correo de Andalucía», 1974, y Daniel Artigues, El Opus Dei en España, 1968. Para la historia cultural del franquismo, véanse las obras indicadas en Carr y Fusi, op. cit., pp. 263-266.

Una primera tentativa de analizar la composición social del ejército fue hecha por Julio Busquets en su El militar de carrera en España, 1971.

Para los cambios en la sociedad española bajo Franco, véase A. de Miguel, Manual de estructura social de España, 1974, y su Sociología del Franquismo, 1975; El poder económico en España, de Carlos Moya, edición sin fecha, es un sugestivo análisis de la elite económica, así como la obra de V. Pérez Díaz, Pueblos y clases sociales del campo español, 1974, lo es del medio rural. Hay gran cantidad de información sin elaborar en La España de los años 70 editada por M. Fraga, en Informe sociológico sobre la situación social de España, publicado por la fundación FOESSA en 1970, y en Comentario sociológico. Estructura social de España, publicado en 1978 por las Cajas de Ahorro. Para un esclarecedor estudio de algunos aspectos de la modernización, véase Ronald Fraser, The Pueblo, 1973.

12. NOVELAS Y VIAJES

Cuando las fuentes ortodoxas están mudas, las novelas y los libros de viajes adquieren especial valor. En el caso de los libros de viajes, ello es particularmente cierto por lo que hace al siglo XVIII (véase el apartado «El siglo XVIII y la guerra de la independencia») y al principio del XIX (Widdrington, Ford, y sobre todo la extraña obra maestra de George Borrow, La Biblia en España). Al avanzar en el siglo, la tradición se debilita, hasta renacer por obra de Gerald Brennan y V. S. Pritchett.

El valor de las novelas para el historiador suele encontrarse en proporción inversa a su mérito literario: las malas novelas son a menudo buenas fuentes. Las novelas históricas como tales no son de fiar, salvo en la medida en que en ellas encarna alguna interpretación tradicional corriente en la época de su composición. Así, los Episodios nacionales de Galdós se hacen más útiles cuanto más tardío es el período que describen; no obstante, para el historiador, sus novelas no históricas dan muchas veces una buena imagen de la sociedad española, especialmente de la vida de la clase media y de las presiones y tensiones creadas por el desafío de las ideas «modernas» en una sociedad religiosa tradicional. La Regenta de Clarín es extraordinaria como descripción de la sociedad provincial de la Restauración. Entre los novelistas ya más recientes, Pío Baroja es un observador muy agudo; su Aurora roja contiene una excelente descripción de las actitudes revolucionarias. Muchas novelas iluminan la crisis que se inicia en 1931; además de las conocidas obras de Arturo Barca, André Malraux, Ramón Sender y Georges Bernanos, Madrid, de Corte a cheka, 1938, de Agustín, conde de Foxá, es un impresionante cuadro de la atmósfera de la capital; Los cipreses creen en Dios, 1953, de J. M. Gironella, es una reconstrucción de conflictos en una pequeña ciudad catalana.

Ha estallado la paz, de Gironella, continúa la saga en los primeros años del franquismo. Las Memorias de un niño de derechas, 1972, de F. Umbral, y Años de penitencia, 1975, de Carlos Barral, son descripciones muy detalladas del mismo tétrico período revelado en la novela premiada de Carmen Laforet, Nada, 1945. La novela clásica del tremendismo es La familia de Pascual Duarte, de C. J. Cela, 1942. El realismo socialista está ejemplificado por Central Eléctrica, de López Pacheco. Dos buenos novelistas son Miguel Delibes y R. Sánchez-Ferlosio. Últimas tardes con Teresa, 1966, de Juan Marsé, es revelador de las actitudes catalanas hacia el inmigrante andaluz.

13. ESPAÑA 1875-2000

Para 2000, había aparecido ya un número considerable de estudios generales de la transición española. Entre los mejores estarían sin duda éstos: Charles Powell, España en democracia 1975-2000, 2001; Álvaro Soto, La transición a la democracia. España 1975-1982, 1998; M. Redero San Román (ed.), La transición a la democracia en España, 1994; A. J. Sánchez Navarro, La transición española en sus documentos, 1998; y La transición a la democracia (España, 1975-1982), 2007, de Javier Tusell, el gran historiador de la historia política española de los siglos XIX y XX, fallecido en 2005, con 59 años, en pleno vigor creativo. Como ensayos de teoría política sobre el modelo de transición española cabría citar, El cambio inacabable (1975-1985), 1986, de J. A. González Casanova; Teoría de la transición. Un análisis del modelo español (1973-1978), 1981; Elías Díaz, La transición a la democracia. Claves ideológicas (1976-1986), 1987; José M.ª Maravall, La política de la transición, 1984; Víctor Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil, 1987; y Juan Linz y E. García de Enterría (eds.), España: un presente para el futuro, 1984. La España real, 1998, recogió en un volumen los varios libros, hechos de artículos enjundiosos, que Julián Marías escribió entre 1976 y 1981. Al correr de los días. Crónicas de la transición 1975-1993, 1994, del historiador y académico Carlos Seco Serrano, tenía la ventaja de analizar la transición desde la perspectiva de toda la historia contemporánea española. Una comparación de la democracia española en dos momentos claves de su historia, en M. Álvarez Tardío, El camino a la democracia en España: 1931 y 1978, 2005. Utilísimo es Memoria de la Transición, 1996, un amplio volumen coordinado por Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquín Prieto, con entrevistas, ensayos y semblanzas sobre todos los aspectos y protagonistas de la transición; y también Victoria Prego, Diccionario de la Transición (1999).

El rey Juan Carlos contó desde muy pronto con excelentes biógrafos, como los ya citados Charles Powell y Javier Tusell, y Paul Preston (y otros): Ch. Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, 1995; Javier Tusell, Juan Carlos I. La restauración de la monarquía, 1995; Paul Preston, Juan Carlos: A People’s King, 2004 (hay traducción española). Para la Constitución de 1978: Óscar Alzaga, La Constitución de 1978, 1979; Jorge de Esteban, El estado de la Constitución, 1992; Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución de 1978, 1988; y Miguel Herrero de Miñón, Derechos Históricos y Constitución, 1998, cuatro libros de cuatro de los mejores (y brillantísimos) constitucionalistas españoles.

Por suerte para la historia, muchos protagonistas de la transición dejaron testimonio de su vida política. Por ejemplo: José M.ª de Areilza, Cuadernos de la transición (1983) y Diario de un ministro de la monarquía (1977); Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición (1990), Papeles de un cesante. La política desde la barrera (1999) y Sobre la transición exterior (2005); Santiago Carrillo, Memorias (1993); Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío (1993); R. Martín Villa, Al servicio del Estado (1984); J. Rupérez, Secuestrado por ETA. Memorias (1991); S. Sánchez Terán, De Franco a la Generalitat (1988); Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982) (2004) y Dejando atrás los vientos. Memorias 1982-1991 (2006); José M.ª Aznar, Ocho años de gobierno. Una visión personal de España (2004); Narcís Serra, La transición militar. Reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas (2008). Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política (1995), de Pilar y Alfonso Fernández-Miranda, se basa íntegramente en los papeles personales del protagonista del libro.

Como era esperable, el 23-F y ETA recibieron atención permanente. Sobre el 23-F: J. Busquets, M. A. Aguilar e I. Puche, El golpe (1981); R. Pardo Zancada, 23-F: la pieza que falta, testimonio de un protagonista (1998); Pilar Urbano, Con la venia… yo indagué el 23-F (1982) y Anatomía de un instante (2009), de Javier Cercás. Y sobre ETA: A. Elorza (coord.), La historia de ETA (2000) y J. L. Barbería y Patxo Unzueta, Cómo hemos llegado a esto. La crisis vasca (2003), aunque a modo de introducción pues la bibliografía era, cuando se escribieron esos libros, ya inmensa. Silvia Alonso Castrillo escribió la historia de UCD: La apuesta del centro. Historia de la UCD, 1996; García-Abadillo, el balance de los años de gobierno del PSOE (1982-1996) con El balance. Luces y sombras de la España del PSOE, 1997 (y además: A. Guerra y J. F. Tezanos, eds., La década del cambio: diez años de gobierno socialista 1982-1992, publicado en 1992).

La política exterior española cuenta con numerosas monografías. El libro de Juan C. Pereira (coord.), La política exterior de España 1800-2003 (2003), proporcionó un gran estudio del tema en perspectiva histórica; los libros de Fernando Morán (Una política exterior para España, de 1980, y España en su sitio, de 1990) resumían el pensamiento y la visión de quien fuera ministro de Exteriores en el primer gobierno de Felipe González. Santiago Delgado Fernández y Pilar Sánchez Millás estudiarían la figura de Francisco Fernández-Ordóñez en Francisco Fernández-Ordóñez. Un político para la España necesaria 1930-1992 (2007). Otros libros sobre la política exterior: J. M. Armero, Política exterior de España en democracia (1988); E. Barbé, La política europea de España (1999); F. Aldecoa y C. del Arenal (eds.), España y la OTAN. Textos y documentos (1986); J. Crespo MacLennan, España en Europa, 1945-2000 (2004); A. Moreno Juste, España y el proceso de construcción europea (1998) y R. Mesa, La reinvención de la política exterior española, 1996.

Gracias a muchos estudios de José Luis García Delgado (como los libros por él dirigidos: Lecciones de economía española, 8.a edición, 2007; o España, economía: ante el siglo XXI, 1999, y Economía española en la transición y la democracia, 1992; o como su trabajo en colaboración con Juan C. Jiménez, «La economía», en La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I. Tomo XLII. Historia de España de Menéndez Pidal, dirigida por José M.ª Jover Zamora, 2003), la historiografía dispone de excelentes aproximaciones a la transformación económica que España experimentó desde 1975. Además: Elvira Martínez Chacón (coord.), Economía española, 2.ª edición, 2009.

La cuestión de España como nación, nacionalismos, regiones, autonomías, identidad nacional e identidades regionales, y reinvención de España pasó a ser al hilo de la transición uno de los grandes temas de reflexión y debate, como mostraba la abundante bibliografía suscitada: J. Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España (1985); Andrés de Blas, Sobre el nacionalismo español (1989); J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001); Edurne Uriarte, España. Patriotismo y nación (2003); J. P. Fusi, España. La evolución de la identidad nacional (2000); S. Balfour y A. Quiroga, España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007); Santos Juliá, Historias de las dos Españas (2004); J. J. Solozábal, Nación y Constitución. Soberanía y autonomía en la forma política española (2004); Borja de Riquer i Permanyer, Identitats Contemporànies: Catalunya i Espanya (2000); P. Ysàs, La Transiciò a Catalunya i Espanya (1997); Josep M. Fradera, Cultura nacional en una societat dividida (1992); E. Ucelay da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España (2003); X. M. Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX) (1999); X. Bastida, La nación española y el nacionalismo constitucional (1998); A. Elorza, Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco (2001); J. Beramendi, De provincia a nación. Historia do Galeguismo político (2008); L. Castells y A. Cajal (eds.), La autonomía vasca en la España contemporánea 1808-2008 (2009). Los libros de Jon Juaristi (Bilbao, 1951), desde El linaje de Aitor (1987) hasta El reino del ocaso (2004), centrados en el País Vasco y los mitos de origen de pueblos y naciones, eran una mezcla admirable de erudición prodigiosa, ironía y sentido crítico; sus memorias, Cambio de destino (2006), eran una lúcida y amarga reflexión sobre la destrucción de su propia generación (vasca) y del propio País Vasco por el nacionalismo y la locura de la violencia de ETA, que era también en cierto modo el tema de su novela La caza salvaje (2007).

El paisaje de España dejó de ser durante la transición, o si se quiere desde los años sesenta, un paisaje rural y pintoresco. Ahora lo definía, como se argumenta en el texto, la arquitectura de sus ciudades. Sobre esto, véase: Arquitectura Viva, n.º 104, septiembre-octubre de 2005, un excelente número sobre la arquitectura contemporánea española a cargo de Luis Fernández Galiano, y G. Ruiz Cabrero, El moderno en España. Arquitectura 1948-2000 (2001).

NOTAS

1. Porque lo creo útil, he querido que figure el apéndice de J. Romero Maura a la sección 2, del capítulo XII, aunque no comparto necesariamente todos y cada uno de los extremos de su interpretación.

1. Está claro que el cortijo andaluz de 1930 tendría arados modernos, unos cuantos fertilizantes, y a la vez, entre los braceros, se discutía a porfía la «cuestión social».

2. Cfr. M. Gutiérrez Barquin, «La agricultura como factor de la decadencia económica española» (en De. Ec. IV, 10 (1956), 625 ss.). La primera visión pesimista del potencial agrícola español se remonta a unos pocos y toscos cálculos de Mallada, contenidos en Los males de la patria, publicados en 1890. Los cálculos de Mallada tenían mucho de conjetura: hablaba de 10 % de tierras yermas; 35 % de tierras muy pobres (secano, etc.); 45 % de tierras medianas, pero con escasez de agua; sólo un 10 % las consideraba «privilegiadas».

3. La primera división entre España seca y húmeda es de J. Brunhes en L’irrigation dans la Péninsule Ibérique et l’Afrique du Nord (París, 1902). Se basa en una precipitación de 600 mm. Más tarde los geógrafos alemanes afinaron la división por medio de índices de evaporación, número anual de días lluviosos, etc., llamando la atención acerca de la immerfeuchtes y la sommertrockenes lberien, esto es, áreas de aridez estival en oposición a áreas de ligeras precipitaciones (véase F. Fernández Alonso, «Ensayo de revisión de los conceptos “Iberia húmeda”, “Iberia seca”», E. G. XVIII, 1957).

4. Gatherings from Spain (Everyman, Londres), 10.

5. Fermín Caballero, Fomento de la población rural (1863), 105 et passim.

6. Cfr. el dictamen de la Misión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (The Economic Development of Spain, 1962). El informe reparte así la España agrícola: Galicia (tierra mediana, precipitaciones adecuadas, pero gran densidad de población); Cantabria oriental (desde Asturias a Vascongadas, con condiciones de suelo y climáticas favorables y agricultura diversificada); la Meseta septentrional (tierras altas de temperaturas extremas, destinadas antaño a bosques y pastos y ahora a una economía ganadera pobre); la Meseta meridional (temperaturas más suaves, con trigo, viñedos y pastos); Andalucía (clima suave con monocultivos de cereales y otras cosechas variadas, especialmente aceitunas y agrios); Levante (interior estéril con faja costera de «vergeles»); Cataluña (agricultura en muchos casos avanzada y diversificada). División de fácil crítica, como todas las demás.

7. H. Swinburne, Travels through Spain... 1775 and 1776 (Londres, 1779), 424. Álava tiene clima y aspecto análogos a los de la meseta y si bien su superficie equivale casi a la de la suma de las otras dos (Guipúzcoa y Vizcaya) contiene sólo una séptima parte de su población.

8. G. Bowles creía que la totalidad de la producción de esas provincias se gastaba en importar vino. Con anterioridad, la bebida regional fue la sidra, que aún lo era en las más pobres de Asturias: Introducción a la historia natural... de España (1782), 309.

9. En castellano, como otras muchas expresiones en cursiva en el original. (N. del t.)

10. El contraste entre el derecho castellano y el derecho vasco queda formalmente descrito en S. Moret y Prendergast, La familia foral y la familia castellana (1863). La familia vasca era un ejemplo ideal de la famille souche ou stable de Le Play, cf. L. Levillain, Les caractères de la famille stable (París, 1910).

11. La mujer vasca trabaja en el campo. Alguien ha dicho, exagerando, que en aquellas regiones españolas donde la mujer no trabaja fuera de su casa, su condición es inferior y «arabizante».

12. Para la descripción del régimen foral, véase «3. Ilustración y reforma, 1760-1790».

13. Lo cierto es que muchas veces la laya ha sustituido al arado por su gran superioridad en terreno montañoso, pese al gran esfuerzo que requiere. Y aun en los lugares en que era usado, el arado variaba de valle en valle, en pleno siglo XIX (en tanto que en Castilla presentaba gran uniformidad). En nuestros días han ganado terreno los arados estándar de Vitoria y Pamplona.

14. Cfr. J. Caro Baroja, Los Vascos (1949), 326 y ss., para la descripción de estas reliquias.

15. En pleno siglo XX sobrevivían vestigios de derechos feudales en Navarra. Ibid., 288.

16. Cfr. L. M. Enciso Real, Cuentas del «Mercurio» y la «Gaceta» (Valladolid, 1957), 137 y ss.

17. Sobre el carlismo, vid. infra, cap. V, sección 3.

18. Le Play, Les ouvriers européens (París, 1877), IV, 288-290. Según Le Play los municipios santanderinos desempeñaban un papel más importante que «ningún otro en la Europa occidental».

19. Característica curiosa de esas sociedades norteñas de campesinos acomodados era la exclusión de su seno, como si fuesen parias, de ciertos grupos dedicados al pastoreo, exclusión que subsistió en el resto de España a propósito de los gitanos. En las Provincias Vascongadas, los azotes (de quienes se decía que tenían cola), en la montaña de Santander los pasiegos (de los cuales citábase su manera de comer repugnante) y en Asturias los vaqueiros. Tales exclusiones, más que a factores raciales, obedecían a razones de endogamia y de vida sedentaria (ganadería). Para la descripción de las brañas pastoriles asturianas, ferozmente endógamas, véase brañas en S. de Miñano, Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal (1826), II, 158.

20. J. Townsend, A journey through Spain in the years 1786 and 1787 (Londres, 1791), I, 400. Hay años en que los días soleados no pasan de 16. Se hallará una excelente descripción de Asturias en A. Fugier, La Junte Supérieure des Asturias et l’invasion française (París, 1930).

21. Acerca de tal subdivisión consúltese el informe de la Comisión de 1887, La crisis agrícola y pecuaria (1887), IV, pp. 45, 52. Como en Irlanda, los arrendamientos eran repartidos entre los hijos casados, originándose una gran confusión en los títulos de propiedad.

22. La diseminación de las viviendas gallegas no era tan general como muchos creen. En el Sudeste existen pueblos de regular tamaño, mientras las zonas de máxima dispersión se hallan en el Centro y en el Norte. Sobre los tipos de vivienda véase Ibero-Amerikanisches Archiv, VIII (Berlín, 1934), 1.

23. Un ejemplo de nuestros días: una superficie de 117 hectáreas está repartida entre 263 propietarios y dividida en 2.486 parcelas.

24. Una descripción de los foros gallegos la encontrarnos en G. Brenan, The Spanish Labyrinth (Cambridge, 1936), 92-94. (Hay traducción castellana, El laberinto español, París, Ed. Ruedo Ibérico.)

25. El Monasterio de San Salvador cobraba 3.715 reales de sus foreros, los cuales lo subarrendaban por 923.116.

26. Acerca de la relación entre el reformismo borbónico antiaristocrático y la legislación liberal, vid. infra, esp. «3. La Guerra de la Independencia y sus secuelas, 1808-1814».

27. A. Rodríguez Villa, Don Pablo Morillo (1908), I, 565. Eran agentes electorales natos porque los litigios sobre el reparto de cuotas de un solo «foro» entre varios subarrendatarios ponía a éstos a merced de los abogados.

28. De ahí también, como en otras provincias septentrionales de viviendas diseminadas, que la mujer gozara de un estatus relativamente elevado. Véase el número de escritoras gallegas del siglo XIX; Concepción Arenal, reformadora del derecho social y penal; Rosalía de Castro, poetisa; Emilia Pardo Bazán, novelista.

29. Véase la gráfica descripción de la miseria gallega en P. Rovira, El campesino gallego (1904). En 1920 los salarios eran tan bajos en Galicia que los encajes de factura manual competían ventajosamente con los producidos en fábricas.

30. El mejor relato de las condiciones de la agricultura en Galicia es el de E. G. H. Dobbie, «Galicia», Geographical Review, XXVI (Nueva York, 1936), 555-580. A propósito de la importancia de la pesca, que experimentó gran auge gracias a la escasez del trigo a raíz de la guerra de 1936-1939, véase J. M. Casas Torres «Sobre la geografía humana de la ría de Muros», E. G., IV (1943), 559 y ss. Así, por ejemplo, la industria de los mejillones adquirió gran importancia a raíz de la guerra en la ría de Vigo. Acerca de la pesca a finales del siglo XIX, cfr. P. P., 1908, CXVI, 455. Mientras los varones se dedicaban a la pesca, muchas mujeres labraban la tierra.

31. Adiós, Cordera, de Clarín, ofrece una veraz descripción de estos emigrantes; incluso Palacio Valdés, cuyas novelas idealizan la aldea asturiana, presta a los niños pobres «la marca del vagabundo». No existe estudio alguno acerca de los efectos económicos de estas migraciones. Pero no cabe duda de que dieron lugar a importación de capitales desde otros lugares de España y desde el mundo exterior y que su efecto sobre el valor de la tierra fue pernicioso. Acerca de la emigración interior en el siglo XVIII véase A. Meijilde Pardo, «La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII», Estudios de historia social de España, IV, II (1960), 463 y ss.

32. Swinburne, Travels, 326. Cfr. D. Ramos, «El problema de las comarcas de la Bureba», Boletín de la R. S. Geográfica, LXXXIII (1947), 651-675; y I. Escagues de Javierre, La estructura del valle del Duero (1959): «En Castilla no existe comarca alguna que ofrezca peculiaridades de carácter auténtico».

33. Casi toda la tierra de labor de la meseta central se halla a más de 600 metros: Ávila, Segovia y Soria a unos 1.000 metros.

34. La historia de esta poderosa asociación de propietarios de ganado lanar, que defendió los derechos de los rebaños trashumantes que cruzaban el país en busca de pastos invernales, figura en J. Klein, The Mesta (Cambridge, Mass., 1920. Trad. española La Mesta, Madrid, 1936).

35. R. Miralbes Bedera, «La trashumancia soriana», E. G., XV (1954), 337 y ss. En algunas «zonas de recepción» el establecimiento de rebaños de ovejas estantes o estacionarias excluyó las trashumantes en el siglo XIX; así, las greyes de Soria hallaron nuevos pastos en Aragón. Los jornaleros eventuales de la aceituna, etc., empleaban las antiguas cañadas, abandonadas por los rebaños que las habían seguido antiguamente.

36. En numerosos lugares de España los campesinos eran a la vez agricultores y ganaderos: por lo mismo, la batalla se reñía contra los rebaños de otros propietarios de ganado. Mientras el Norte pleitea acerca de reses mostrencas, el Sur pleitea por el hurto del agua. Véase M. Kenny, Spanish Tapestry (Londres, 1961), 28. En Extremadura se daban pendencias muy complicadas entre propietarios de ganado de cerda y cultivadores de trigo, que en distintas épocas del año usaban la misma tierra para fines distintos.

37. Cfr. A. Cabo Alonso, «La Armuña y su evolución económica», E. G., LIX (1959), 367 y ss. Véase la repoblación de una gran finca: 189 habitantes a mediados del siglo XVIII; 393 en 1787; 436 en 1825 (aproximadamente) y 861 en 1887.

38. En Castilla la propiedad presenta formas muy variadas, desde la enfiteusis hasta la propiedad a precario: reparto de la cosecha, rentas en efectivo, posesión habitual (por ejemplo, el clásico «censo»), «propiedad campesina». Los propietarios eran tan multiformes como los tipos de renta.

39. La concentración de esfuerzos, y la obsesión del viajero romántico por la «España flamenca» han desembocado en la exageración del papel de Andalucía en la vida económica española. La España central (las dos Castillas y León, por ejemplo) contenían en 1797 el 29,2 % de la población y en 1940, el 24,9 %. La proporción es de 18,06 y del 20,17 % para Andalucía. Extremadura, la otra región «difícil», no tuvo nunca más de 4 o 5 % de la población total. El Handbook to Spain de Ford, escrito en 1844-1845, del cual existen ediciones corregidas, contribuyó poderosamente a configurar la actitud anglosajona hacia España.

40. J. F. Bourgoing, Voyage en Espagne (París, 1793), I, p. 219.

41. Acerca de la variedad de cultivos en los aledaños de Granada véase a W. Jacob, Travels in the South of Spain (Londres, 1811). En la vega, inadecuada, pese al riego, para el cultivo intensivo propio de la huerta, el trigo formaba parte, junto a los frutales, la morera o el cáñamo, de los frutos de regadío. Cfr. P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (3.ª edición, 1848-1850), VIII, 470, 482-483. Para Córdoba véase J. Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (Córdoba-Madrid, 1929), 6-10, 20. (Hay reedición, Madrid, 1967.)

42. J. Caro Baroja, Los pueblos de España (Barcelona, 1946), 396-400, sobre los orígenes del latifundio.

43. Véase la descripción en G. Martínez y González (una de las Memorias presentadas al Real Premio de Ensayo de 1903). Según afirma, el trabajo fijo era remunerado con 1,75 pesetas y el eventual con 4,50 pesetas diarias.

44. Como la duración del arriendo era de uno a seis años, el incremento de las rentas resultaba fácil. M. Defourneaux (Revue Historique, CLXVIII, 48) afirma que las rentas subían mucho más de prisa que los precios. Alguno de los casos que cita parecen increíbles; así, por ejemplo, el de una renta en la comarca de Ronda, multiplicada por seis en menos de 30 años. Acerca de la creación deliberada de despoblados dice un gobernador de Córdoba: «La existencia de los despoblados es en buena parte culpa de los dueños, que pretenden cultivar la tierra directamente». Análogas acusaciones se hicieron en la guerra del 14. Y es que tal vez los amos prefirieron los despoblados al control de las rentas, tanto en el siglo XVIII como en el XX.

45. G. de Jovellanos, Diarios, II, 101.

46. Acerca de los problemas de asentamiento, vid. infra.

47. J. Costa, Colectivismo agrario en España (1898), 129.

48. A. J. Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural... de Valencia (1797), I, 17. (Hay reedición, Valencia, 1958.)

49. Única dificultad, la obtención de abonos, que los fermaters recogían en las calles de las ciudades (Cavanilles, op. cit., 107). La algarroba, mezclada con miel silvestre, es un manjar bíblico.

50. Así, por ejemplo, Vinaroz, de 2.904 habitantes en 1714, pasa a tener 9.075 en 1770. En veinte años los precios de la mayor parte de los productos agrícolas se habían doblado (Cavanilles, op. cit., I, 105). Acerca de la construcción, ibid., 134.

51. René Dumont, Types of Rural Economy (Londres, 1957) afirma que estos cambios son «a todas luces retrógrados» (223-224). En la huerta murciana siete acres eran labrados en 1890 por dos caballos y un hombre; al cabo de 50 años, dos acres del mismo terreno eran labrados por un mulo y dos hombres; lo cual revela la existencia de un mal disfrazado subempleo. Una propiedad vacante valía diez veces más que una propiedad con arrendatario fijo.

52. Cfr. J. Caro Baroja, Razas, pueblos y linajes (1957), 77 y ss.

53. La batalla de Teruel, en el invierno de 1937-1938, se combatió con temperaturas de 19° bajo cero.

54. I. de Asso, Historia de la economía política de Aragón (Zaragoza, 1798. Reedición, Zaragoza, 1947), atribuye la decadencia a la Pragmática de 1773, que favoreció los cereales a expensas de los pastos; en realidad, toda la industria se hallaba en un proceso lento de decadencia (180-183). Sobre la notable decadencia de Cantavieja, ibid., 177. Cantavieja fue una de las dos fortalezas de Cabrera, el guerrillero carlista.

55. Los granjeros de la vega eran, por así decirlo, técnicamente arriesgados. Hacia 1880 abandonaron el arado romano y a partir de 1875 adoptaron los fertilizantes químicos. Véase una excelente descripción de la vega en J. I. Fernández Marco, Sobradiel (Zaragoza, 1955).

56. Costa es partidario entusiasta del sistema de reparto, que observa en algunos lugares del Alto Aragón. Véase J. Costa, La tierra y la cuestión social (1912), 67 y ss., 95 y ss. (Jaca) y 17, 26 (Zaragoza).

57. A. Young, Travels during the year 1787, 1788 and 1789 (Dublín, 1793), II, 307.

58. Cfr. F. Rahola Tremols, Comercio de Cataluña con América en el siglo XVIII (Barcelona, 1931) y E. Giralt y Raventós, «La viticultura y el comercio catalán del siglo XVIII», E. H. M., II (1952), 159-176.

59. Acerca de los precios véase E. J. Hamilton, War and prices in Spain, 1651-1800 (Cambridge, Mass., 1947).

60. Acerca del Banco véase E. J. Hamilton, «The Foundation of the Bank of Spain», Journal of Political Economy, LIII (1945), 97 y ss.

61. A. Christelow, «Great Britain and the Trades from Cadiz and Lisbon, 1759-1763», II. A. H. R., XXVIII (1948), 13.

62. Descrito ya a breves rasgos el progreso de los llanos de la costa, las páginas que siguen están dedicadas preferentemente al secano como problema económico agrario.

63. A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII (1955), 264 y ss. G. Desdevizes du Dezert, La richesse et la civilisation espagnole au XVIII siècle (París, 1928), 38; según sus cálculos, la producción de trigo per capita superaba la de Francia.

64. Según Fermín Caballero el pequeño agricultor roturaba unas 90 hectáreas, cuando su capacidad de cultivo no rebasaba las 8 o 10. El Informe de 1877 dice que de las áreas dedicadas al cereal a consecuencia de la venta de tierras de la Iglesia o municipales, «andando el tiempo, la mitad fue abandonada». Claro que en los siglos XVIII y XIX asistimos tan sólo a la aceleración de un proceso iniciado en los siglos XVI y XVII. Cfr. J. García Fernández, «Horche», E. G., XIV (1953), 265 y ss.

65. Los acertados juicios de Serrailh sobre las condiciones de la agricultura española quedan neutralizados por su insistencia en le poids de la routine (J. Serrailh, L’Espagne eclairée de la seconde moitié du XVIII siècle, París, 1954). (Hay trad. cast., México, F. de C.)

66. Todo aquel que haya intentado arar más de un acre con bueyes optará de buen grado por los mulos, de la misma manera que se guardará de criar caballos en una estepa sin hierba. Véase la apasionada crítica del mulo de Fermín Caballero, Fomento, 83, et passim. Según él, en 1850 el censo de mulos era cinco veces mayor que en 1750.

67. «Como consecuencia de ello (el reparto anual de las tierras municipales de Logrosán, en Extremadura) y de su deficiente administración, la plaza es en extremo pobre.» En Logrosán, población de 4.000 habitantes, escaparates y ventanas carecían de cristales (S. E. Widdrington, Spain and the Spaniards (Londres, 1844), I, 117-119; II, 407).

68. Así, por ejemplo, La Mancha era considerada por muchos una región de abundantes latifundios. Véase, sin embargo, W. Laver, «Tipos de cultivo en la España semiárida», E. G., XXI (1960), 519: «Los latifundios en La Mancha, supuesto de que exista alguno, quedan limitados a tierras marginales, de cultivo reciente». Los latifundios de Ciudad Real se hallan alejados de La Mancha, donde el área media de las fincas es de 4 hectáreas. Véase la tabla del Apéndice I para la moderna distribución de la propiedad rústica. Los grandes centros del latifundio son las provincias de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Sevilla y Córdoba; cfr. M. Defourneaux, Pablo de Olavide (París, 1959), 71, 161.

69. Acerca de las rentas andaluzas véase anteriormente, «Esta coexistencia de cambio…». Ejemplos aragoneses: I. Asso, Aragón, 126, y Cavanilles, Valencia, passim.

70. El reparto de la cosecha (p. ej., una porción de los productos es entregada al amo que pone la tierra y, a veces, una parte del capital) recibe el nombre de aparcería. No todas las aparcerías eran socialmente estables, ni entrañaban un reparto equitativo entre dueño y arrendatario. Como ejemplo de arriendo «confuso» véanse la serie de derechos acumulados sobre la misma parcela (para apacentar cerdos, para trigo y para corcho), práctica corriente en Extremadura.

71. Cfr. A. de Laborde, Itinéraire descriptif de l’Espagne (París, 1808), II, 121; «Las zonas dedicadas a grano y a pasto (extensivo) están casi deshabitadas». Lo cual era, hasta cierto punto, inexacto puesto que la gente que trabajaba en ellas vivía en las ciudades.

72. El libro de Fermín Caballero contiene datos interesantes acerca del trabajo y el asentamiento en sus más variadas modalidades. Véase un ejemplo de la mayor actualidad: el campesino que pretenda labrar un campo que dista seis millas de su casa —distancia más que normal en Andalucía— tendría que hacer dos viajes en mulo al día por ciento sesenta días al año.

73. Por razones técnicas las estadísticas del tamaño medio de la propiedad rústica son de difícil interpretación. En una finca de 20 acres entre El Escorial y Ávila encontré 42 parcelas. Cfr. J. García Fernández, Horche, 221 y ss. La superficie media de las fincas de un pueblo de Guadalajara oscila, al parecer, de 6 a 20 hectáreas, subdivididas en 14-20 campos o parcelas. Según la tabla siguiente hay zonas (Galicia) donde fincas y campos son de menguado tamaño, mientras que en otras (Burgos) todas las fincas de cierto tamaño están fraccionadas en parcelas ínfimas.

Provincia

Tamaño medio

de la finca

(hectáreas)

Tamaño medio

del campo

(hectáreas)

Álava

20,96

0,95

Burgos

20,55

0,51

Coruña

4,31

0,21

Cuenca

26,99

0,98

Guadalajara

33,85

0,66

Jaén

15,20

0,47

Logroño

11,81

0,70

Lugo

9,06

0,50

Orense

6,99

0,24

Oviedo

7,04

0,82

Pontevedra

2,97

0,16

Soria

29,14

0,51

74. Cfr. M. González Moreno y Balda, Concentración parcelaria y cotos acaserados (1951). Pese a sin ataque demasiado apasionado contra los inconvenientes de la fragmentación y de la concentración parcelaria, contiene algunas cifras interesantes.

75. En las grandes ciudades, como Barcelona, el ganado era alimentado continuamente con alfalfa traída del campo. La falta de agua en el subsuelo hacía imposible el cultivo de la alfalfa en secano.

76. En Córdoba el trigo exigía 5 a 6 veces el trabajo que requieren las zonas trigueras de Francia.

77. Puede que la decadencia registrada en el siglo XIX se deba en parte a enfermedad del gusano de seda. El estado de la industria no resulta claro en P. Madoz (Diccionario geográfico-estadístico, XV, 422); hacia 1845 no parece existir atraso técnico, pues había cuatro fábricas dotadas de fuerza motriz de vapor «magníficamente instaladas y equipadas».

78. Véase infra, en el capítulo II.

79. Acerca de la cuestión precios-salarios véase P. Vilar, «Élan urbain et mouvement des salaires», Revue d’histoire économique et sociale (1950), XXVII. (Hay traducción española en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1964.) La descripción clásica de la psicología industrial catalana es la de C. Pi y Sunyer, L’aptitud econòmica de Catalunya (2 tomos), Barcelona, 1927. Acerca de los privilegios fiscales véase a R. Herr, The Eighteenth-Century Revolution in Spain (Princeton, 1958. Hay traducción española, Madrid, 1964), 128-129.

80. Cataluña producía solamente el 3 % de la producción total de géneros de lana. Cfr. Salvador Lloret, E. G., VII (1946), 729 y ss.

81. Véase una síntesis de este desarrollo en L. Beltrán Flórez, La industria algodonera española (Barcelona, 1943). Existen copiosos detalles en J. Carrera Pujal, Historia de la economía española (Barcelona, 1947), vol. IV; y F. Torrella Nubió, El moderno resurgir textil de Barcelona (Barcelona, 1961), contiene la historia de los albores de la industria del percal y de su lucha contra los esfuerzos de los gremios por apoderarse de ella (34 y ss.). La hilatura de algodón comienza en 1765.

82. Véase infra, «La monarquía artificial, 1870-1873».

83. Véase R. Medir Jofra, Historia del gremio corchero (1953). Hacia 1840 la industria corchera empleaba 6.000 personas. Hacia 1850 el personal amotinado logró impedir la modificación de una máquina inglesa de 1812.

84. «Los gandules y los que aspiran a enriquecerse con el mínimo esfuerzo a expensas de sus vecinos no pueden tolerar que los catalanes se establezcan fuera de su principado. En cambio, las personas sensatas aprecian su trabajo y los consideran como españoles hermanos», dice Larruga en 1792. Cita de J. Vicens Vives, Historia social y económica de España y América (Barcelona, 1954), III, 194.

85. Correo mercantil, 10, I, 1803, citado por L. M. Enciso Real, La prensa económica del siglo XVIII (Valladolid, 1958), 48.

86. Townsend, Travels, I, 378.

87. «Nunca sufrieron los fabricantes aragoneses decaimiento mayor que el que experimentan ahora que la agricultura florece y la población aumenta», I. Asso, Aragón, 207. Aunque Asso esté imbuido de los prejuicios de su tiempo, su testimonio no debe ser desechado. Es signo de decadencia inequívoco el cese de la edificación a finales del siglo XVIII, que puede comprobarse en pueblos abandonados, como Mirambel.

88. La factoría de Guadalajara fue el ensayo más ambicioso, pues en su período mejor parece haber empleado 4.000 trabajadores. Acerca del largo esfuerzo por aplazar el desastre mediante inyección de subsidios estatales, véase J. Vicens Vives, Historia económica de España (Barcelona, 1959), 474-475. El coste de los transportes impidió que triunfara el intento de restablecer una industria sedera en Toledo (G. Desdevizes du Dezert, L’Espagne de l’ancien régime, París, 1904, III, 132) así como el de restablecer la industria lanera en Segovia, no obstante sus obvias ventajas de centro de una comarca lanera.

89. Véase B. D. Hussey, The Caracas Company, 1782-84 (Cambridge, Mass., 1934).

90. Cfr. J. B. Williams, «The establishment of British commerce with Argentina», H. A. H. R., XV, 193, 44 y ss. Acerca de las reacciones a las nuevas restricciones véase V. L. Brown, Smith College Studies in History, XV (1929). Desde 1772 no se había permitido a las flotas regulares el transporte de mercancías extranjeras, en tanto que antes las mercancías francesas y británicas superaban las españolas. A finales del siglo XVIII las exportaciones regulares a América se repartían por igual entre mercancías españolas y mercancías extranjeras. Cfr. M. Peuchet, État des colonies (París, 1821), 278.

91. A. Christelow, Trades, 19-27. Sin embargo, cfr. H. S. Fern, según el cual (Britain and Argentina in the Nineteenth Century) (Oxford, 1960) hacia 1763 el flujo de mercancías británicas hacia Hispanoamérica excedía a la demanda de este mercado y la dominación colonial española perjudicaba al comercio británico más por oponerse a una sociedad expansiva que por sus leyes discriminatorias del comercio, que venían siendo burladas hacía años.

92. Véase D. B. Goebel, «British trade to Spanish Colonies 1796-1823», American Historical Review, XLVIII (1930), 298. Humboldt, en su Essai politique sur l’isle de Cuba (París, 1826), se refiere a la incapacidad de España para suministrar mercancías baratas.

93. Acerca del antiguo sistema de extracción del hierro véase F. Sánchez Ramos, La economía siderúrgica española (1945).

94. Analizan la demografía española del siglo XVIII Domínguez Ortiz, Sociedad, 54-75 y más en detalle, referida a Palamós, J. Nadal, «Demografía y economía», E. H. M., VI (1959), 286 y ss. Cfr. las densidades por kilómetro cuadrado: Valencia 48; Valladolid 27; Ávila 22; Extremadura y La Mancha 14.

95. Cfr. esp. P. Vilar, La Catalogne et l’Espagne moderne, II, 337-344.

96. Vilar analiza los salarios después de 1774: los de Barcelona aumentan de 66 a 110 %; los de Madrid, 14 a 30 %. La población de Madrid pasa de 130.000 (1723) a 167.607 (1797); la de Barcelona de 37.000 (1714) a 115.000 (1802).

1. Según una estimación muy aproximada, la propiedad rústica en España hacia 1800 se repartía así: clero 9,09 millones de fanegas; nobleza 28,3; otros, 17,5 (fanega: 0,64 hectáreas). Algunas provincias estaban en manos de la nobleza en proporción mayor que la resultante de estas cifras; otras en proporción menor, como las Vascongadas.

2. Las órdenes de caballería influyeron extraordinariamente en el mantenimiento del espíritu de cuerpo de la nobleza; con todo, en el siglo XIX la prueba de la sangre queda reducida a una mera formalidad.

3. Cfr. Marqués del Saltillo, La nobleza en el pasado (1930), esp. 17 y ss. Véase, para un tratamiento anticuado, R. Carr, «Spain», en The European Nobility in the Eighteenth Century, ed. A. Goodwin (Londres, 1953).

4. Para la historia de la legislación desamortizadora véase J. Sempere y Guarinos, Historia de los vínculos y mayorazgos (1805).

5. Cavanilles y Asso no paran de denunciar casos de exacción abusiva; p. ej., Cavanilles, Valencia, I, 162; II, 34. Caballo de batalla de Asso es su descripción de Ribera de Jalón.

6. Asimismo se resienten los monopolios de la molienda de la aceituna en el Sur. Les Medinaceli pleitearon a este propósito por espacio de 149 años con una de sus ciudades. En Galicia los derechos feudales eventuales castigaban duramente a un campo mísero. Trátase de un problema local: en Vascongadas, p. ej., no quedaban de hecho vestigios feudales.

7. Discurso para la apertura de las Juntas Generales, que celebró la Sociedad Vascongada en la villa de Vergara (1785).

8. Cfr. el punto de vista, típicamente inglés, de Beckford, según el cual la renta elevada guarda relación con el cultivo esmerado: «Propiedades tan inmensas (del duque de Alba) están subarrendadas o mal cultivadas», Journal of W. Beckford 1787-88, ed. Boyd Alexander (Londres, 1954), 288.

9. A. Young, Travels, II, 323-325.

10. La lucha en la Edad Media la describe J. Vicens Vives, Historia de los remensas en el siglo XV (Barcelona, 1945).

11. Véase P. Vilar, Catalogne, II, 482 y ss.

12. J. Vicens Vives, Industrials i polítics del segle XIX (Barcelona, 1958), 121.

13. Los administradores franceses de Felipe V, que los despreciaban, los privaron de toda influencia haciéndoles trabajar en un despacho (similar al Ministerio de nuestros días) y vedándoles el acceso a los «Consejos» nobles. Al parecer Felipe siguió el consejo de Luis XIV: «Respeta todas las prerrogativas externas de su rango y, al mismo tiempo, prívalos del conocimiento de cualquier asunto susceptible de fortalecer su crédito». Correspondance de Louis XIV avec Amelot, ed. Baron de Giradot (Nantes, 1804), carta de 20 de agosto de 1705.

14. Acerca de la conspiración aristocrática «popular» contra Godoy, véase infra, p. 82.

15. La frase es del marqués de Miraflores, ministro de Isabel II.

16. Cfr. J. Sarrailh. Espagne éclairée, 518 y ss., para determinadas diatribas contra la aristocracia. La tendencia existe ya en Feijoo, padre de la ilustración, y se acentúa en escritores posteriores, como Cadalso. En la mayoría de los reformadores del siglo XVIII encontramos síntomas de esa hostilidad. Muchos de ellos, con todo (p. ej., Jovellanos), eran nobles de provincias, de ahí que su objetivo fuese convertir a la nobleza en una fuerza eficaz, de ningún modo su desaparición como fuerza social.

17. Cfr. más adelante, p. 66, V. Rodríguez Casado («La revolución burguesa del siglo XVIII», en Arbor, n.° 61 (1951), pp. 367-374) menciona una revolución burguesa a finales del siglo XVIII y la fundación de instituciones burguesas. Existen muy escasas pruebas de que el motín centra Esquilache en 1776 fuera una contrarrevolución aristocrática dirigida contra una monarquía burguesa.

18. Véase más adelante, «2. Las Cortes de Cádiz y la solución en España y América Latina, 1810-1813».

19. Véase R. Carr, Spain, 57-59.

20. El comentario acerca de esas huestes de servidores está en boca de todos los viajeros. Así, por ejemplo, W. Jacob, Travels, 14. Todos ellos «mantienen un número de servidores domésticos muy superior al de las familias inglesas de igual condición». Townsend (Travels, II, 155 y ss.) facilita detalles de las casas ducales de Alba y Medinaceli. Algunas de las grandes fincas presentan ligeros síntomas de métodos más modernamente orientados hacia la rentabilidad, mas, aun así, sobran tenedores de libros. La casa de Peñafiel tenía 29 empleados.

21. General Francisco Espoz y Mina, Memorias (1851-1852), II, 301. Hay reedición, Madrid, 1962.

22. Townsend, Travels, 305, 378. El número de iglesias en las ciudades castellanas es desconcertante. Burgos (población 9.000, con 14 parroquias y 42 monasterios y conventos). Olmedo (2.000, con 7 iglesias y 7 monasterios). Se decía que la catedral de Zaragoza ocupaba a 349 sacerdotes.

23. Marqués de Coustine, L’Espagne sous Ferdinand VII (París, 1838), II, 58: «La constitution du clergé espagnol est tont à fait républicaine».

24. El censo de 1797 arroja para el clero secular las cifras siguientes: párrocos 16.418; beneficiados 17.411; prebendados 18.669; órdenes menores 18.669; canónigos 2.393; clero regular (incluidos novicios, hermanos legos, etc.): varones 53.098, hembras 24.471. En Extremadura sólo había 1 párroco por cada 1.000 habitantes. Cfr. la situación en las ciudades castellanas.

25. Afirmación, aunque apasionada, aplastante de G. Desdevizes du Dezert, L’Espagne, II, 151. Las órdenes admitían novicios con excesiva facilidad; la mendicidad itinerante de las órdenes mendicantes relajaba la disciplina y obstaculizaba el estudio metódico.

26. Cfr. P. Lesmes Frías, Historia de la Compañía de Jesús en su existencia moderna de España (1933), I, 300 y ss. Para Cataluña véase P. Aragonés, Historia de los frailes franciscanos de Cataluña, 247-248.

27. Cita de P. Sanahuja, Historia de la seráfica provincia de Cataluña (Barcelona, 1959), 526. El tono de su obra es una revelación interesantísima de los sentimientos que abrigaban las órdenes hacia su destructor, el liberalismo.

28. En las grandes ciudades la función del párroco, más que apostólica era docente. De ahí que la de confesor fuera confiada preferentemente a un religioso. Cfr. M. Kenny, Spanish Tapestry (Londres, 1961), 146-147.

28 bis. El anticlericalismo a mediados de los años treinta parece que se intensifica por obra del odio que los ejércitos liberales del Norte sienten hacia las órdenes que auxiliaban a los carlistas. «El odio de los soldados hacia los monjes es inconcebible; no hablan sino de exterminarlos» (The Times, 30 de diciembre de 1833).

29. El análisis del fracaso de la revolución burguesa contra el «feudalismo» ha sido popularizado por Joaquín Maurín, uno de los líderes de los revolucionarios marxistas del P. O. U. M. Lo hallamos por vez primera en su Los hombres de la dictadura (1930).

30. Vid. infra.

31. Ríos Rosas, 17-III-1855, citado por L. Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español (1955), 109.

32. En Salamanca las cátedras tradicionales estaban relativamente bien dotadas; en cambio, las de disciplinas nuevas disponían de dotaciones miserables. Tal estado de cosas engendró, alrededor de 1770, un movimiento de oposición en el seno de la universidad tanto más favorable a la reforma efectiva de los sistemas de enseñanza, cuanto que las cátedras mejor pagadas se reservaban en exclusiva para los miembros de los colegios mayores. «El movimiento para la reforma (universitaria) fue, en cierto modo, una protesta del sector social menos favorecido de la colectividad académica contra sus opresores, alentado por un monarca simpático» (G. M. Addy, «The reform of 1771», H. A. H. R., XLI (1961), 3 y ss.).

33. Véase el divertido relato de la vida universitaria de un profesor a quien Gregorio Marañón tacha de «pícaro de plazuela» en la Vida de Torres Villarroel (Valencia, 1743). El que Torres Villarroel consiguiera la cátedra de matemáticas en la primera universidad española es un indicio del nivel moral e intelectual de la universidad.

34. Acerca de la persistente prevención contra los médicos véase R. Ford, Gatherings from Spain (Everyman ed., Londres, 1906), 230-235. «El bajo nivel de su condición es un hecho clásico» (ibid., 234).

35. Cádiz es, al parecer, el inventor del café público, futuro sustituto de la tertulia privada y una de las instituciones sociales fundamentales de la vida política liberal. Para la descripción de Cádiz véase R. Solís, El Cádiz de las Cortes (1958).

36. Procesos descritos con rigor histórico y con lujo de detalles en los tomos II y III de Catalogne, de P. Vilar. Era frecuente que se fundase una compañía ad hoc para cada empresa, de suerte que el pequeño inversor podía participar en negocios en los que intervenían los magnates del comercio y los contados nobles y funcionarios castellanos dedicados a la cosa mercantil.

37. Las crisis se producen en 1744-1748, en 1787 y en 1780, durante la guerra con Francia que dio al traste con las halagüeñas perspectivas de 1791-1793, y de nuevo en 1802-1805.

38. Para Remisa véase infra, p. 178.

39. Para el comercio de Hamburgo con Cádiz y Málaga véase H. Pohl, Die Beziehungen Hamburgs zu Spanien (Wiesbaden, 1963).

40. Fuera de las Provincias Vascongadas son normalmente promotores del progreso urbano los capitanes generales «ilustrados», por ejemplo, los de Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona. La mayoría de las ciudades castellanas eran demasiado pobres para progresar; verbigracia Zamora, cuyo Ayuntamiento se declaró en suspensión de pagos. Hasta en alguna pequeña ciudad del Bajo Aragón hallamos indicios de una ola de mejoras municipales que, según mis datos, se extingue en el período 1799-1808.

41. Para las Sociedades Patrióticas y Económicas véase más adelante, «En tanto que movimiento intelectual…».

42. Cfr. L. M. Enciso Real, Cuentas del «Mercurio» y la «Gaceta» (Valladolid, 1958). Entre los suscriptores de esos periódicos había numerosos sacerdotes y el mayor contingente de suscriptores radicaba en Vasconia.

43. Los autores se declaran, en su mayoría, a favor de los reformadores. Véase, no obstante, la postura apologética más reciente de A. Romeu de Armas, Historia de la previsión social en España (capítulos XX-XXII).

44. Frena ese decaimiento el desarrollo, relativamente tardío, de la industria lanera catalana.

45. Para el extremismo popular estaba fuera de discusión que la causa del alza de precios de los víveres era el impuesto de consumos. Un extremista afirma en 1820 que su implantación o supresión es el «termómetro de la revolución».

46. Townsend se asombra de que en la próspera Valencia «la miseria, la cochambre y los andrajos estén presentes en todas las calles» (Journey, III, 255).

47. Vid. infra, «El optimismo y la expansión de las décadas de mediados de siglo…» y «La amalgama de especuladores…». La beneficencia eclesiástica era incapaz de compensar la general subida de precios; aliviaba, eso sí, muchas tribulaciones fortuitas. La reforma estatal de la beneficencia promovió agudos conflictos locales entre los agentes de la reforma gubernamental y los clérigos encargados de la administración de la beneficencia; véanse las experiencias del poeta Meléndez Valdés, comisario gubernativo en Ávila y los esfuerzos de Olavide para desarticular las cofradías de Sevilla alegando que «despilfarraban» el dinero en procesiones. Estos conflictos locales son síntomas muy significativos de la oposición de la Iglesia a la reforma, así como del alcance de la «ilustración» en el seno de la Iglesia.

48. Cfr. C. Viñas y Mey, El problema de la tierra en el siglo XVI (1941), 124 y ss.

49. Cfr. los comentarios de J. M. Jover en Conciencia obrera en la España contemporánea (1956).

50. No obstante, el caso de Galicia prueba que una economía pobre acusa dentro de sus límites la variación de los precios.

51. No he encontrado más descripciones que las contenidas en la Miscelánea de Zabala, escrita en 1723; alguna que otra referencia en Madoz revela el poderío económico de los comerciantes de granos. Acerca del endeudamiento entre cosecheros de frutas y vinos y exportadores véanse los interesantes comentarios de Jacob, Travels, 245. Los productores de hebra de seda de Granada estaban perpetuamente endeudados con los industriales sederos. Véanse asimismo las alusiones de F. Bejarano, Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga (Madrid, 1947), 139 et passim.

52. C. Viñas y Mey, en Problema de la tierra (24 y ss.) atribuye el origen de los poderosos a la expansión agraria del siglo XVI.

53. Un funcionario real censura estos arriendos afirmando que son «manejos entre compadres a fin de que el pobre quede supeditado al rico». (Cfr. J. Costa, Colectivismo, 126-128.)

54. J. de Zugasti, El bandolerismo (10 tomos, 1876 y versión resumida de 1934) estudia con detenimiento sus conexiones con bandidos. Acerca de las cuadrillas véase J. Díaz del Moral, Agitaciones, 69. En Montilla los poderosos disponían de una cuadrilla para luchar contra los adversarios, políticos, y para defender la propiedad (1868-1873). Lógica es la figura de «Don Opando», el cacique de pueblo, de Estébanez Calderón, en Escenas andaluzas (Austral ed. 1941, 41-78).

54 bis. Se me ha acusado, atinadamente, de extrapolar en estos dos últimos párrafos, conceptos extraídos de la obra de Julian Pitt-Rivers, en la que se describe la situación de un pueblo andaluz que acaso no es representativo del conjunto de Andalucía. Pitt-Rivers apunta interesantes observaciones acerca del sexo y de la familia: en esta esfera impera una «igualdad moral» que rige las normas de conducta comunes a todos —hasta hace poco—. Esta igualdad no reza necesariamente en lo que hace a la concepción de la propiedad de la vida política. Por ello, ya no creo tan a cierraojos como antes en las consecuencias del absentismo. Los muertos en julio de 1936 por hallarse del lado terrateniente de la barricada no pagaron fundamentalmente su condición de absentistas. En los grandes pueblos de Andalucía, fueron los labradores residentes los asesinados; por razones palmarias eran objeto de mayor inquina que los pocos grandes absentistas, y además estaban físicamente presentes. Y la red de favores y mercedes (patronaje) que abarcaba a los fijos dejaba extramuros a los braceros. Ello es que son contadísimos los casos en que los labradores cordobeses aceptan apadrinar al hijo de un bracero. Hay un contraste muy acentuado entre las clases rurales conservadoras de Castilla y las masas campesinas andaluzas, al que no es ajena la función social desempeñada por el sistema de clientela en ambas regiones. Para el asombroso conservadurismo político de un pueblo de Guadalajara, véase V. Pérez Díaz, Estructura Social del Campo y Éxodo Rural, 1966. El autor no es un funcionalista conservador.

55. J. Caro Baroja presenta en su Razas, pueblos y linajes (1957), 263 y ss. una interesante relación de estos apodos. «Los habitantes de Haro, que saludan a cualquier aficionado al toreo y a cualquier forastero, les niegan el saludo a los de Logroño.» Logroño es la ciudad más próxima.

56. Según los demócratas centralistas, mientras no hubieran democratizado la Constitución unas Cortes Constituyentes, el único gobierno legítimo sería el de una junta central que representase a las juntas locales elegidas. No niego con ello que el federalismo de los años cincuenta tuviese fundamentos intelectuales y filosóficos del todo ajenos al patriotismo local. Para Pi y Margall el federalismo era una filosofía de la vida, fenómeno intelectual —no emocional ni localista—. Véase Antonio Jutglar, Federalismo y Revolución (Barcelona, 1966).

57. Estudia con detalle su estructura; Pitt-Rivers, The people of the Sierra (Londres, 1954) (véase nota 54 bis).

58. Véase un estudio de la reciprocidad del padrinazgo en M. Kenny, «Patterns of patronage in Spain», Anthropological Quarterly, Washington D. C. XXXIII (1960), 14-23.

59. «Se leen pocos libros» (Townsend, Travels, II, 154). Sin ánimo de agraviar a nadie, la escasez de libros en las casas acomodadas de España es asombrosa, y es que los españoles —que conste que no pretendo juzgarlos— opinan que tienen algo mejor que hacer. No me extrañaría que buena parte de España pasara sin transición de la era sin libros a la era de la televisión, como los países de América del Sur.

60. En la excesiva importancia atribuida al intercambio verbal y al periodismo radicaba una de las principales debilidades de la vida intelectual española: la conversación era uno de los pilares de la obra de Ortega y Gasset.

61. Sus figuras más eminentes son: Aranda (1718-99), noble aragonés y esprit fort, llamado al poder en 1766; Campomanes (1723-1802), administrador universitario que desde su cargo de fiscal del Consejo de Castilla impulsó la reforma, encargándose de la dirección central de la misma; Floridablanca (1728-1808), murciano, funcionario precavido y conservador, primer ministro de Carlos III en los últimos años de su reinado; Jovellanos (1744-1811) y Meléndez Valdés (1754-1817), humanistas que se abrieron paso en la administración pública. Cabarrús (1752-1810) y Olavide (1725-1803) fueron más bien unos técnicos, cuyos conocimientos de técnicas extranjeras parecieron útiles al Gobierno.

62. Acerca de la influencia francesa en las reformas del imperio colonial de Carlos III véase A. S. Aiton, «Spanish Colonial Reorganization», H. A. H. R. XII (1932), 269 y ss. y H. Priestley, José de Gálvez (Berkeley, 1916), 39-40.

63. M. Defourneaux, Olavide, 84-85.

64. De toda la monarquía tan sólo Cataluña, Valencia y Aragón contaban con un sistema tributario relativamente moderno, consecuencia de la reforma tributaria que siguió a su «rebelión» contra Felipe V. Acerca de la obra de Burgos véase más adelante, «Pero a pesar de los impuestos…» y «4. Las características de la sociedad liberal, 1830-1850».

65. Cataluña conservó su legislación civil. A finales del siglo XIX el catalanismo se erigió en defensor de esta legislación contra el código castellano uniforme y «liberal» y en campeón de la autonomía, con la pretensión de resucitar las libertades medievales perdidas en 1714.

66. En Guipúzcoa la Junta se componía de delegados municipales; en Vizcaya era elegida por los padres de familia. Navarra presentaba la excepción de no admitir la apelación judicial fuera de los límites provinciales. Comentan el sistema foral Desdevizes du Dezert, «Le régime foral en Espagne au XVIII siècle», R. Hist. 1896 y H. Baumgarten, Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution (Leipzig, 1865), II, 176 y ss.

67. El hecho aparece claro en la descripción de los fueros por Llorente, el cual escribió sus Noticias históricas para justificar un intento de Godoy, consistente en suprimir los fueros a fin de incorporar esas provincias a la administración española en aras de la homogeneización gubernativa y para castigar a los «separatistas» por haber negociado con el invasor francés en 1793-1795. Véase M. García Venero, Historia del nacionalismo vasco (1945), 46 y ss. Llorente, como buen afrancesado, conjugaba las tradiciones del despotismo ilustrado con el «liberalismo».

68. La descripción del gobierno español de G. Desdevizes du Dezert, L’Espagne de l’ancien régime, II; Les Institutions (París, 1899), aunque de estilo anticuado, es excelente.

69. Debido a las contradicciones entre las diferentes recopilaciones y a no haber sido solucionados los conflictos entre el derecho castellano y los códigos locales, el derecho español era en extremo confuso. Acerca de las demoras judiciales véase G. Desdevizes du Dezert, op. cit., 86; y Townsend, Travels, I, 363. Desde luego, estos vicios del sistema legal y administrativo eran típicos del ancien régime en Europa; tampoco Francia se libraba de ellos.

70. Acerca de los intentos de reforma municipal véase M. Defourneaux, Olavide y R. Leonhard, Agrarpolitik und Agrarreform in Spanien unter Carl III (Munich, 1909). Los ayuntamientos de las ciudades eran «aristocráticos», los de los municipios más pequeños estaban normalmente bajo el control de vecinos influyentes. Preocupada por la desidia de los oligarcas municipales, que descuidaban la regulación de los precios tan necesaria para el orden público, la corona hizo vanos esfuerzos para introducir síndicos de elección popular en los concejos municipales.

71. Era éste, sin duda, el caso de la imposición fiscal, del contrabando, y de toda la legislación impuesta para proteger los intereses de los indios. Según Gálvez, alto funcionario colonial, la reforma implicaba la imposición de una adhesión más rígida a los intereses supremos de la madre patria.

72. Cfr. L. E. Fisher, The Intendant System in Spanish America (1929), 62 y ss. y J. Lynch, Spanish Colonial Administration, 1783-1810 (Londres, 1958).

73. Véase la brillante descripción de las colonias en Razas de J. Caro Baroja, 205 y ss.

74. A mi juicio, el contraste entre ambas «escuelas» ha sido exagerado con fines polémicos. Los radicales eran remisos a las expropiaciones y fue Olavide quien acuñó el precepto: «El que compra, mejora».

75. H. Baumgarten, Geschichte Spaniens, I, 36 y ss., hace una exposición de la teoría de las regalías. Campomanes es el teórico del regalismo carolino. Su Tratado de la regalía de amortización (editado en 1765), que propugna el derecho del poder civil al control de las manos muertas, será un día el evangelio regalista. Tanucci y otros regalistas italianos influyeron seguramente en Carlos III y en sus servidores. Acerca de la controversia sobre el regalismo véase el interesante tratado de R. Herr, Eighteenth-century Revolution, 398-434.

76. Véase el trato que da Goya a los frailes en sus Caprichos: F. D. Klingender, Goya (Londres, 1948), 78 y ss. Acaso las ciencias médicas, gozando del apoyo real, constituyan otra excepción. La fama de algún médico de postrimerías del siglo XVIII cruza las fronteras; por ejemplo, la de Antonio de Gimbernat, cirujano catalán de humilde extracción, inventor de la técnica operatoria de la hernia, adoptada por el cirujano inglés Hunter, con cuyo nombre fue bautizado un ligamento del pubis. Acerca de Gimbernat véase Tres treballs premiats en el concurs d’homenatge a Gimbernat (Barcelona, 1936). El español más famoso del siglo XX es también un médico, el neurólogo Ramón y Cajal.

77. M. Menéndez y Pelayo, Ideas estéticas, O. C., VI, 93-95.

78. «Uno de los mayores obstáculos para la instalación de fábricas es la sopa de los conventos» observa E. J. Hamilton, War and prices, 93. El espíritu crítico hace mella en la propia Iglesia; unos obispos ilustrados instalan talleres y granjas modelo, método, a su entender, más moderno que la caridad indiscriminada para combatir la miseria. Cfr. J. Sarrailh, Espagne éclairée, 128-129. El obispo «economista» de Sigüenza fue uno de los prelados más dinámicos de finales del siglo XVIII.

79. Sobre las Sociedades Económicas véase R. J. Shafer, The Economic Societies in the Spanish World (Syracuse, N. Y., 1958).

80. Las actas de las sociedades tienen a menudo ese tono deprimente de bien intencionada afición seudocientífica, que tanto indignaba a Arthur Young en las sociedades agrícolas francesas. Véase un ejemplo típico en la obra del capitán Nicolás de Palma, Memorias de la Sociedad económica (Madrid, 1787). Sostiene N. de P. que los métodos modernos, cualquiera que sea el clima o las condiciones en que se apliquen, son preferibles a la inclinación del campesino «a seguir un método o una costumbre por el mero hecho de haberlos heredado de sus padres».

81. La influencia de las sociedades subsistió más de lo que comúnmente se cree: la Sociedad Matritense sobrevivió hasta convertirse en base del Ateneo (fundado en 1835), institución central literaria y política del liberalismo parlamentario. Cfr. R. M. de Labra, El Ateneo de Madrid (1878), 64. Una de las primeras conferencias se titula «Acerca de la influencia del siglo XVIII en la situación intelectual de España».

82. Véase R. Herr, Eighteenth-century Revolution, 239-268.

83. En 1793 Meléndez Valdés y sus seguidores se proponen sacar partido de la simpatía de Godoy por las luces publicando una revista destinada a difundir ideas modernas «sanas». Pero, ya sea por no haber puesto bastante interés en el proyecto, bien sea por fallarle algún resorte de poder, Godoy no consigue doblegar al Consejo, el cual torpedea el proyecto reafirmándose en el previo examen de los artículos por espacio de un año. (G. Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, París, 1962). En sus memorias, Godoy censura la «reacción» contra Caballero; véase, no obstante, su carta de 26-XI-1800 en Pereira, Cartas confidenciales de María Luisa y Godoy (s. f.), 378-379.

84. Acerca de los esfuerzos de la propaganda francesa véase B. F. Hyslop, «French Jacobin Nationalism and Spain» (en Essays inscribed to C. J. H. Hayes, ed. by E. M. Earle (Nueva York, 1950), 190-240). M. Santos Oliver en Los españoles en la revolución francesa (Madrid, 1914), observa que las referencias literarias a la revolución son raras.

85. Carta de Meléndez Valdés, s. f., G. Demerson, op. cit., apéndice t.

86. Cfr. C. Corona Baratech, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV (1957), 244-245. La Inquisición no contaba con suficientes sacerdotes para la lectura de tantos panfletos.

87. Godoy estaba convencido de que los demócratas, influidos por los franceses, estaban debatiendo el que sería problema clásico del republicanismo: los méritos relativos del federalismo y del unitarismo.

88. Cfr. la afirmación de Muriel, un contemporáneo, según el cual los libros franceses eran no sólo baratos, sino abundantes («Historia de Carlos IV», B. A. E., XCIV (1958), 269).

89. «Ya es hora de que los franceses vengan y arrojen del país a los que se muestran incapaces de gobernarlo» (Mensaje de Sandoz de 6-VIII-1794, citado por H. Baumgarten, Geschichte Spaniens, I, 530).

90. Acerca del espíritu belicoso de Cataluña véase A. Ossorio y Gallardo, Historia del pensamiento político catalán 1793-1795 (1931), 7 y ss.

91. Véase, acerca de Marchena, R. Herr, Revolution in Spain, 272-277, y A. Morel Fatio, «José Marchena et la propagande révolutionnaire en Espagne», Revue historique, XLIV (1890). El punto de vista conservador en M. Menéndez y Pelayo (El abate Marchena, Buenos Aires, 1946).

92. Acerca de este cambio de postura véase Cartas al Conde de Lerena (Edic. Rodríguez Villa, 1887). El autor, si bien convencido de que la monarquía «es el nervio de la reforma», esgrime el clásico argumento de que el poder absoluto requiere una sabiduría absoluta, imposible de alcanzar.

93. J. A. Maravall, «El pensamiento político en España a comienzos del siglo XIX» (R. E. P., 1955).

94. La obra de Martínez de la Rosa, La viuda de Padilla, fue representada en Cádiz estando las Cortes liberales reunidas.

95. Tal era el credo de Sempere y Guarinos, partidario de la monarquía absoluta, pero reformista y resuelto defensor de las reivindicaciones de la corona en orden a la Iglesia. Sempere y Guarinos se hizo afrancesado. Véase a este propósito R. Fernández Carvajal, «La historiografía constitucional de Sempere y Guarinos» (R. E. P., núm. 82, 1955), 68 y ss.

96. Los críticos conservadores de las luces y los investigadores franceses enamorados de la superioridad de la cultura propia y preocupados por su difusión han coincidido en exagerar la influencia del pensamiento francés. Nadie ha estudiado la influencia del pensamiento inglés e italiano.

97. La relación entre el despotismo ilustrado y el radicalismo democrático conviene buscarla en el humanitarismo de hombres como Meléndez Valdés (poeta y funcionario civil). Acaso la figura clave, que conecta el reformismo gubernativo con el radicalismo democrático sea Cabarrús, servidor de Carlos IV. Cabarrús fue hombre de tendencias mucho más radicales que el ministro de Carlos III, Floridablanca; lector asiduo de Rousseau, pensaba (en privado) que la monarquía no se salvaría sino inclinándose ante la voluntad popular (B. A. E., LXII, 552, 554, 568). Cabarrús tomó partido por el rey José, «el intruso»; Floridablanca se inclinó del lado de los patriotas.

98. Sus cartas rezuman saña anticlerical. Véase C. Corona Baratech, José Nicolás de Azara (Zaragoza, 1948), 86-87, 125.

99. Jovellanos, B. A. E., L, 41-45. (Véase L. Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado (Madrid, 1953), 128-130.)

100. Véase un ejemplo de los métodos de Feijoo en la destrucción de las flores milagrosas de la ermita de San Luis (B. A. E., LVI, pp. XIII y ss.). Habida cuenta de las condiciones del país, la venta de las obras de Feijoo fue extraordinaria; de los tomos V y VI de su Teatro crítico se imprimieron 3.000 ejemplares. Acerca de su influencia véase G. Delpy, L’Espagne et l’esprit européen, l’œuvre de Feijoo (París, 1936). Feijoo desempeña en España el papel de un Voltaire; es un vulgarisateur de la Ilustración y la mejor manera de enjuiciar las características de la Ilustración española es comparar la confusión de sus recopilaciones con la claridad de las Lettres philosophiques de Voltaire.

101. J. R. Spell, Rousseau in the Spanish World (Austin, 1938), afirma, no sin cierta exageración, que «los jefes del movimiento reformista... eran, casi sin excepción, amigos y admiradores de Rousseau» (49). Lo cual no deja de ser cierto en el caso de Cabarrús, el más ferviente de los ministros reformistas de Carlos IV. De Eusebio, plagio del Emilio, se vendieron 60.000 ejemplares. En los años ochenta y noventa Meléndez Valdés leyó gran número de libros franceses.

102. De nuevo nos hallamos en presencia de la ambivalencia de un hombre como Jovellanos, que había excluido la religión del programa de enseñanza. (Véase J. Sarrailh, Espagne éclairée, 134). Compruébese en sus Diarios 1790-1801 (1915), la amargura de Jovellanos por haberse opuesto las autoridades eclesiásticas a autorizar el empleo de textos modernos en el instituto.

103. M. Defourneaux, L’Inquisition espagnole et les livres français au XVIII siècle (París, 1963), ofrece una descripción excelente de la eficacia y la influencia de la Inquisición. Sostiene el autor que la Inquisición, mientras no conseguía evitar la difusión del libro francés, suscitaba en los intelectuales de la Ilustración «un sentiment d’infériorité qui peut constituer... une véritable souffrance» (105).

1. Para esta émente, el motín de Aranhuez, vid. infra, p. 83.

2. A. Alcalá Galiano, «Memorias», B. A. E., LXXXIII, 329.

3. Citado por C. Corona Baratech, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV (1957), 327.

4. Para su temprana relación con los reformadores, vid. R. Herr, Eighteenth-century Revolution, 348-375, C. Corona Baratech, Carlos IV, 274, y S. Serrano Poncela, «Godoy y los ilustrados», C. A. (1960), 180 y ss. Cfr. su programa «avanzado» en octubre de 1798 (ibid., 289).

5. Esta correspondencia se reproduce en C. Pereyra, Cartas confidenciales de María Luisa y Godoy (s. f.).

6. Cfr. A. Alcalá Galiano, Memorias, LXXXIII, 314-315. Típica actividad oposicionista era la negativa de un antiguo funcionario conservador a inscribirse en una fiesta en honor de Godoy.

7. El sistema de Godoy fue especialmente impopular en Cataluña, donde la guerra con Inglaterra (1804-1808) dio lugar a mucha penuria económica; vid. J. Mercader, Els capitans generals (Barcelona, 1957), 162-164.

8. El apodo hace referencia a la provincia natal de Godoy, Extremadura, centro de la ganadería porcina.

9. Estas actividades están descritas en H. Castro Bonez, «Manejos de Fernando VII contra sus padres y contra Godoy» (Boletín de la Universidad de Madrid, II (1930), 397-408, 493-503; II, 93-102).

10. Comentario de Mesonero Romanos en Memorias de un setentón (1881), I, 20. Por su descripción está claro que aunque Godoy era generalmente odiado el motín fue «obra de ciertas clases».

11. «Historia del levantamiento, guerra y revolución de España» (B. A. E., LXIV), 20.

12. Las negociaciones con la antigua corte se describen en Toreno, Levantamiento, 27 y ss. Carlos IV recurrió inmediatamente a Murat, como jefe de las fuerzas francesas en España, contra su hijo. Evidentemente, Murat tenía sus propias ambiciones privadas, pero ignoraba las intenciones de Napoleón. La carta de Napoleón del 27 de marzo es tal vez el punto de inflexión en toda esta confusa política (cfr. G. de Grandmaison, «Savary en Espagne», Revue des questions historiques, LXVIII (París, 1909), 188-213). Indudablemente los franceses salvaron a Godoy del juicio y tal vez del linchamiento.

13. Las primeras instrucciones de Fernando para la organización de la resistencia llegaron a Madrid después del 9 de mayo. Cfr. Azanza y O’Farrill, «Memoria» (B. A. E., XCVII), 296-297.

14. M. Artola, Orígenes de la España contemporánea (1959), 109-121, da una imagen de la debilidad del Consejo de Castilla mucho más dura que la de Desdevizes du Dezert en su detallado estudio «Le Conseil de Castille en 1808», R. H., XVII (1907), 66-378.

15. El episodio histórico del levantamiento del 2 de mayo se describe en J. Pérez de Guzmán, El 2 de mayo de 1808 (1908). Importa destacar que las tropas acuarteladas en Madrid no apoyaron a los oficiales artilleros, protagonistas del 2 de mayo. Parece que en todas partes solieron ser los oficiales jóvenes los que apoyaron la resistencia.

15 bis. Véase Toreno, op. cit., 63. Sin embargo, era empedernido enemigo de todo lo francés.

16. La eficacia de la acción de la multitud no se limitó a la ciudad en que tuvo lugar; así, las autoridades de Sevilla se alarmaron por el derramamiento de sangre en Cádiz, las de Murcia por los acontecimientos de Cartagena. La mejor descripción de esta reacción en cadena sigue siendo la de Toreno, Historia del levantamiento, 56-81. Para un resumen vid. M. Artola, Orígenes, I, 123-146.

17. Corona Baratech arguye (en Precedentes ideológicos de la guerra de Independencia, Zaragoza, 1959) que la revuelta fue encabezada por los complicados en la conspiración contra Godoy: de ahí su simultaneidad y el hecho de que las multitudes mostraran especial violencia contra «quienes habían gozado de más favor durante el reinado de Carlos IV». Cfr. Azanza y O’Farrill, «Memoria justificativa» (B. A. E., XCVII, 308b). En realidad los dirigentes parecen haber sido una variedad de personalidades locales —canónigos, monjes, frailes, funcionarios y médicos— y no aparece un cuadro muy claro. Los monjes y frailes fueron considerados por Napier, el historiador inglés, como los dirigentes «invariables», opinión compartida por Napoleón, que deseaba presentar la revolución «nacional» como la resistencia del fanatismo ciego a la reforma ilustrada. La dirección de los miembros de las órdenes regulares sólo ha quedado determinada en el período más anárquico en Valencia y Cádiz: se trata simplemente de una prueba más de su auténtica popularidad.

18. La Forest, cita al Ten. Cor. Clerc, Guerre d’Espagne, Capitulation de Baylen (París, 1903), 135. El cónsul francés en Cádiz creía que, a pesar de los tumultos antifranceses, todo dependía de los capitanes generales: «Les dispositions du pays sont bonnes» (ibid., 75). Savary era más rea lista: «L’insurrection s’organize et depuis six semaines nous n’avons pas fait un pas», citado por Desdevizes du Dezert, Conseil de Castille, 210.

19. Para el incidente de Oviedo, vid. R. Álvarez Valdés, Memorias del levantamiento de Asturias (Oviedo, 1889), 79 y ss.

20. «Memorias del Marqués de Ayerbe», B. A. E., XCVII, 245. Los peores desórdenes tuvieron lugar en Valencia; W. Napier, History of the War in the Peninsula (Londres, 1886), I, 23, va demasiado lejos al decir que «en León» todos los que se oponían a la voluntad popular fueron muertos; Toreno probablemente es demasiado optimista al estimar que en total los muertos fueron treinta en Valencia.

21. La Junta Catalana, que representaba el «egoísmo de los ricos», fue derribada por Campoverde y un congreso electo de «tribunos del pueblo». Cfr. la importante referencia de J. Vicens Vives, Industrials, 121-122. «Los sometents de 1808 a 1814 no solamente lucharon contra los franceses sino también contra los senyors y grandes propietarios.» En febrero de 1809, en Cádiz, una multitud soliviantada por la perspectiva de servicio militar obligatorio casi mató al gobernador y sólo pudieron contenerla los capuchinos.

22. Citado por C. Oman, A History of the Peninsular War (Oxford, 1902), I, 506.

23. Vid. W. R. de Villa-Urrutia, Relaciones entre España e Inglaterra durante la Guerra de la Independencia (1912), I. 164 et passim, para la competencia de las actividades de estos emisarios en Londres. Formaban cuerpos separados de diputados del Norte y del Sur. Regresaron a España en octubre dejando al almirante Apodaca como representante de la Junta Central; ello no impidió que posteriormente acudieran a poner dificultades a Canning otros emisarios de las provincias.

24. El pleito del Consejo contra la Junta Central se basó, característicamente, en deducciones de las disposiciones para la regencia de un menor contenidas en las Partidas medievales. Los agravios se reunieron en la Consulta del 19 de febrero de 1810. Jovellanos publicó su apasionada defensa de la Junta Central contra estas acusaciones (impresa en B. A. E. XLVI, 502-621).

25. Las cartas de Jovellanos a Lord Holland (B. A. E., LXXXVI) dan una viva descripción de las humillaciones de la Junta, y los Travels, de Jacob hacen lo mismo con sus oponentes (cfr. 370 y ss.).

26. Para el paralelismo con Prusia, vid. J. M. Jover Zamora, La guerra de Independencia en el marco de las guerras europeas de liberación (Zaragoza, 1958).

27. Archivo de Vaughan, 15 de diciembre de 1810. A. M. Artola, Orígenes de la España contemporánea (1959), I, 279.

28. La mejor exposición de Jovellanos de su credo en la evolución basada en las «antiguas formas» se halla en su carta a Lord Holland del 22 de mayo de 1809 (en B. A. E., LXXXVI, 377).

29. Las respuestas se recogen en el segundo volumen de M. Artola, Orígenes. También se discuten en J. Jiménez de Gregorio, «La convocación a Cortes Constituyentes» (E. H. M., V, 223 y ss.). Corresponden a los cahiers de 1789.

30. Sin embargo, está claro que el decisivo voto inicial que implantó la soberanía de la nación debió ser organizado de antemano, aunque no sabemos cómo.

31. Manuscritos de Vaughan, informe sobre las Cortes. Solís considera que es una exageración hablar de «presión de las galerías» (Cádiz, 275).

32. J. Jiménez de Gregorio, Convocación, 232. Facciosos significa rebeldes en facción, y posteriormente se aplicó por los liberales a los carlistas.

33. Por su interés para la reforma constitucional vid. H. Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista (Madrid, 1951), 53-55. Lista editó un periódico en Sevilla que mostraba un inteligente interés por la teoría y la práctica del gobierno representativo. La influencia de Bentham databa de la traducción de sus obras por Dumont en 1802 pero no se hizo poderosa hasta 1820 (Bentham, Works, ed. J. Bowring (Londres, 1843), VIII, 465-466).

34. En castellano en el original. (N. del t.)

35. Vid. supra, p. 76.

36. Las teorías contractualistas, naturalmente, tenían antecedentes respetables en Suárez y Molina, defensores de los orígenes populares del gobierno. Vid. L. Díez del Corral, El liberalismo doctrinario (1945), cap. XXI.

37. Veredicto de Sempere y Guarinos, en su Histoire des Cortes (Bordeaux, 1815), 334. Fue un afrancesado; los afrancesados se recrearon en mostrar los sofismas de los liberales para facilitar la obtención de favor para ellos a partir de 1814.

38. La deuda de la constitución de 1812 a las constituciones revolucionarias francesas es muy discutida, pero en términos generales parece bastante obvia.

39. Pese a todo debe advertirse que las Cortes sólo se reunían durante tres o cuatro meses a lo largo del año. Más tarde Bentham consideró que ésta era la mayor debilidad de la constitución.

40. El Español (Londres, 1809), V, 76.

41. Canga Argüelles, citado por M. Artola, B. A. E., XCVIII, Introducción, p. XXXVI. El cuerpo de oficiales estaba formalmente abierto a quienes no eran nobles, ejemplo de la convergencia en época de guerra de la necesidad y el principio de igualdad ante la ley, obra característica de las Cortes Constituyentes. El cuerpo de oficiales (salvo en lo que hace a la Guardia Real, a la artillería, y a la caballería) del antiguo régimen, no estaba de facto cerrado a los que no pertenecían a la nobleza: por lo menos la tercera parte de los oficiales habían ascendido de la categoría de suboficiales. Los oficiales de esta extracción rara vez ascendían más allá de capitán. El que la nobleza no supiese monopolizar la casta de los oficiales puede ser trasunto de su indiferencia hacia el servicio del estado.

42. Para el concepto de municipio medieval, vid. A. Posada, Evolución legislativa del régimen local (1910), 19 y ss. Toreno, por ejemplo, admitía el valor «natural» del pueblo, pero su doctrina de la soberanía de la nación omitía la concesión de poderes «independientes» a los ayuntamientos. «Los ayuntamientos son tan sólo agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico del pueblo», o sea, para la educación, salubridad, abastecimientos y distribución de los impuestos (D. S. C., IV, 2590). Las funciones del gobierno local se establecieron por el Real Decreto de 23 de junio de 1813.

43. Se dividió a Cataluña en cuatro provincias: Lérida, Barcelona, Gerona y Tarragona.

44. Algunos diputados advirtieron los peligros para la libertad y la independencia política de los poderes concedidos al jefe político (A. Posada, op. cit., p. 29).

45. Artola afirma (Orígenes, I, 506-536) que los compradores de vales de la deuda nacional de los años noventa, ahora despreciados, constituían un grupo de intereses que presionaba en favor del reconocimiento de la deuda y su garantía mediante la venta de las tierras eclesiásticas, mientras que los conservadores estaban dispuestos para el viejo remedio del absolutismo en bancarrota. Está claro que el problema de la deuda nacional afectó al problema de las ventas de tierras y está en la raíz de la alienación de la propiedad eclesiástica por Mendizábal a los tenedores de títulos de la deuda en los años treinta (vid. infra, p. 152).

46. Para estos esquemas vid. R. Konetzke, Die Politik des Grafen Aranda (Berlín, 1929). La autenticidad del memorial de Aranda en 1783 se discute en A. R. Wright, «The Aranda Memorial; Genuine or Forged?», H. A. H. R., XVIII (1938), 445-460, y en «The pseudo-Aranda Memoir», ibid., XVII (1937), 287-313.

47. Cfr. las violentas fluctuaciones en el comercio de Veracruz como consecuencia de las guerras europeas (R. S. Smith, «Shipping in the Port of Vera Cruz», H. A. H. R., XXIII (1943), 5-20). Como consecuencia de la guerra de 1796 y del bloqueo británico las exportaciones de Buenos Aires descendieron de 5.470.000 a 350.000 pesos (R. Levene, A History of Argentina, trad. W. S. Robertson (Chapel Hill, 1937), 134).

48. R. A. Humphreys, Liberation in South America (Londres, 1952), 4 y ss. Para el comercio británico vid. J. B. Goebel, «British trade in the Spanish Colonies, 1796-1823» (H. A. H. R., XLVIII (1930), 298 y ss., esp., 309-311). Para la expedición británica a Buenos Aires vid. H. S. Fern, Britain and Argentina, 18-51.

49. Al igual que en España, el hecho de que muchos de los funcionarios existentes fueran criaturas de Godoy complicaba la situación. Las confusiones inherentes a la «fidelidad» están patentes en las proclamaciones americanas de 1809-1810. Así, en la revuelta criolla de Quito (la capital del Ecuador moderno) la Junta afirmó en 1809 que «La América española no debe seguir el destino de España sino conservar la independencia de Nueva Granada de modo que Fernando VII pueda venir a gobernarla» (R. L. Gilmore, «The imperial crisis in New Granada», H. A. H. R., XL (1960), 2 y ss.). En México la revuelta de Hidalgo empleó parecidamente un lenguaje ambiguo. Afirmaba luchar por Fernando VII y por «la libertad de la nación». Para una interpretación que subraya con claridad el conservadurismo relativo de los patriotas en Chile, véase S. R. Villalobos, Tradición y Reforma en 1810 (Santiago de Chile, 1961).

50. Cita de un periódico de Lima de 1812 por J. Basadre, La iniciación de la República (Lima, 1929), I, 11. Las odas patrióticas de Quintana contra los franceses pudieron ser usadas contra la patria española por los hijos de Padilla en el Perú, donde se publicó una reseña del drama de Martínez de la Rosa sobre Padilla en marzo de 1814. L. Monguío, «Nacionalismo y protesta social en la literatura española», Cuadernos (París, 1962), LVIII, 42.

51. Opinión de Toreno. Argüelles (en su Examen histórico de la reforma que hicieron las Cortes, Londres, 1835) argüía igualmente que tanto España como América habían sido oprimidas y que en América, tras el decreto del 15 de octubre de 1810 (que extendía a América el derecho de representación) no había una base legítima para la revuelta.

52. Wellesley informó en julio de 1812: «Aquí (en Cádiz) no existe ninguna disposición a hacer concesiones comerciales, ni siquiera con la importante finalidad de tranquilizar América» (Correspondence, Despatches, and other Papers of Viscount Castlereagh (Londres, 1851), VIII, 269).

53. Cfr. la proclama de Bolívar a su ejército antes de que sus fuerzas invadieran el Perú. «Debéis completar la mayor empresa que el Cielo ha confiado a los hombres, la de salvar al mundo entero de la esclavitud», Proclamas y discursos del Libertador (ed. V. Lecuna, Caracas, 1959), 288-289.

54. Los revolucionarios de Buenos Aires justificaban el terrorismo como medida contra «esa especie de neutralidad que hasta entonces había sido observada por el grueso de la población» (J. Miller, Memoirs of General Miller (Londres, 1828), 67).

55. Este punto de vista se defiende en su forma más extremada en las obras polémicas de Laureano Vallenilla Lanz, especialmente en Cesarismo Democrático (4.ª ed. Caracas, 1961). Cfr. las observaciones de J. R. Poinsett sobre las tropas realistas mexicanas, Notes on Mexico (Londres, 1825), 239, y C. G. Griffin, «Economic and social aspects of the era of Spanish American independence» en H. A. H. R., XXIX (1949), 170 y ss.

56. La única victoria española de importancia después de Bailén fue la derrota de Marchant por del Parque en Tamames (octubre de 1809). Ocaña fue una derrota precipitada por la asombrosa combinación de vacilación y timidez de Areizaga; Oman consideró la decisión de Cuesta de luchar en Medellín como la acción de un lunático criminal (Peninsular War, II, 160).

57. Wellington creyó posteriormente que en Talavera se había frustrado un Waterloo español por la «locura» de Cuesta. Los españoles, a su vez, criticaron duramente a Wellington por su «deserción» al retirarse a Portugal tras la batalla. Las relaciones anglo-españolas nunca se recuperaron de esta controversia. Cfr. las observaciones de Wellington a su hermano: «Tiemblo cuando reflexiono sobre la enormidad de la tarea que emprendí..., sin asistencia de ningún tipo de los españoles» (Despatches, IX, 374; Supplementary Despatches, VII, 482-483).

58. Proclama de la Junta de Valencia, 7 de junio de 1809.

59. Para el ambiente de Andalucía antes de la conquista francesa, cfr. W. Jacob, Travels, 294.

60. J.-B. Jourdan, Mémoires militaires, ed. Grouchy (París, 1899), 187-188; cfr. los comentarios de J. Gómez de Arteche, Guerra de la Independencia (1868-1903), V, 420 y ss.

61. Las guerrillas mejor organizadas fueron empleadas así; Caffarelli quedó clavado en el Norte por la campaña de operaciones conjuntas Brooke-Popham con los «bandidos» de Porlier y Longa; esto liberó la presión sobre Wellington y le ayudó a ganar la batalla de Salamanca (junio de 1812).

62. Caffarelli a Berthier, 31 de octubre de 1811. Naturalmente, a los franceses les interesaba desacreditar a la resistencia.

63. F. Solano Costa, «Influencia de la Guerra de la Independencia», en J. Zurita, Cuadernos de Historia, 111, 116-117. Cfr. El guerrillero y su trascendencia (Zaragoza, 1959), del mismo autor.

64. En castellano en el original. (N. del t.)

65. Para las consecuencias de estos bandos en las operaciones militares vid. C. Oman, Peninsular War, I, 355 y ss.

66. Para una descripción del ambiente entre los oficiales del ejército de Aragón vid. Marqués de Ayerbe, Memorias, espec. 258-266.

67. Ayerbe, op. cit., 264-265.

68. Para el coup de Romana vid. A. Fugier, Asturies, 12 y ss., y 65 y ss.

69. Cfr. Manuscritos de Vaughan, Correspondencia de 1811, para las frases de O’Donnell de «poner fin al gobierno y a las Cortes».

70. Éste fue especialmente el caso en Cataluña, donde la disputa entre la Audiencia y la Junta abrió paso a una extensión de la justicia militar (G. Desdevizes du Dezert, La Junte Supérieure de Catalogne, Rev. H., XXII (1910), 119).

71. A. Fugier, La Junte Supérieure des Asturies (París, 1930), 77.

72. La mejor presentación del problema de los afrancesados es la de la «Memoria Justificativa» (B. A. E., XCVII, 277-343) de Azanza y O’Farrill. Cfr. el llamamiento de Azanza a Jovellanos (8 de junio de 1808) que resume todo el dilema afrancesado: «Le llamo para salvar a nuestra patria de los horrores que la amenazan si apoya la errónea idea de resistir las órdenes del Emperador de los Franceses que, en mi opinión, se encaminan al bienestar de España» (B. A. E., LXXXVI, 336).

73. Para las opiniones de La Forest acerca de las negociaciones, vid. G. de Grandmaison, Napoléon et l’Espagne (París, 1908), II, 177, 254, 409; III, 63.

74. Cfr. las restricciones de Savary a la política de conquistar los corazones. «La Forest veut gagner les cœurs; non, je réponds que je n’en voudrais pas de mille pour le prix de la ration d’un soldar» (citado por G. Desdevizes du Dezert, Conseil de Castille, 206).

75. P. Conard mantiene (La Constitution de Bayonne, Lyon, 1909) que la idea de Napoleón de limpiar España de «leyes horribles» se produjo más tarde y como reacción a la carta de Murat de 16 de mayo de 1808, escrita tras consultar a O’Farrill y a otros españoles (op. cit., 21).

76. Cfr. los interesantes casos de Jovellanos y Meléndez Valdés. No había gran diferencia entre los dos amigos poco antes de la segunda entrada de José en Madrid; Meléndez Valdés había escrito dos odas patrióticas contra los franceses. Mientras que Jovellanos escapó, los arreglos para la salida de Meléndez Valdés fallaron; se quedó en Madrid y escribió entusiásticas odas a José. Sin embargo, Jovellanos fue uno de los pocos que se percataron desde el principio de que ser patriota llevaba aparejado el riesgo de encender una guerra civil. Véase Hans Juretschke, Los Afrancesados en la Guerra de Independencia, 1962. Esta obra es un trabajo de suma utilidad como complemento y crítica de M. Artola, Los Afrancesados (1953).

77. Al igual que Llorente, aprovechó la oportunidad para examinar los documentos de la disuelta Inquisición. H. Juretschke, Lista, 61-71.

78. Vid. supra, p. 84, para las reacciones iniciales de las autoridades en Barcelona.

79. P. Conard, La Catalogne, 314 y ss. Casanova se pasó de la raya al asesinar a una de sus víctimas y fue destituido; parecido a Casanova era Ollivier, que «controlaba» las propiedades de los emigrantes.

80. Augereau empleó el catalán en los documentos oficiales (vid. J. Mercader Riba, Barcelona durante la ocupación francesa (1949), apéndice XXI). Está claro que no comprendió bien la política anexionista de Napoleón, que exigía un gobierno dependiente de París.

81. J. Mercader Riba, «El Mariscal Suchet», en J. Zurita, Cuadernos de Historia, II (1951), 127-142.

82. Para esta opinión vid. M. Méndez Bejerano en su «Historia política de los afrancesados» (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (1911), XXIV, 339-349, 498-509). Suárez Verdeguer califica a liberales y afrancesados de «hombres movidos por la misma ideología», es decir, por una ideología «opuesta a la nación» (F. Suárez Verdeguer, La crisis política del antiguo régimen (1950), esp. 41). Este punto de vista era ya el de Menéndez y Pelayo. Para un examen de las distintas acepciones del vocablo afrancesado, véase Juretschke, op. cit., pp. 111 y ss.

83. Estas limitaciones eran incomprensibles para los ingleses simpatizantes con la revolución española (p. ej., Lord Holland). Wellington fue uno de los pocos ingleses observadores que comprendió el poder de la Iglesia en España y la América Latina, quizá porque era un terrateniente irlandés.

84. Cfr. M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles (Madrid, 1881), III, 467. Representante típico del clero de formación más seria fue Villanueva, cuyo diario (impreso en B. A. E., XCVIII), es una valiosa fuente para las sesiones secretas de las Cortes.

85. Cfr. los Despatches de Wellington, X, 473; XI, 188; Supplementary Despatches (Londres, 1865), XI, 199, 216; VII, 635. Wellesley no abandonó nunca la idea de una revisión constitucional siguiendo «líneas inglesas».

86. «El poder absoluto sigue residiendo exclusivamente en el Rey y en su ausencia en los tribunales, es decir, el Consejo, y por consiguiente las Cortes no tienen más autoridad que la de reunir hombres y dinero para la guerra» (D. S. C., 15 oct. 1811).

87. Para las funciones de las audiencias, vid. supra, p. 68.

88. A. de Argüelles, Examen, II, 247; se puede decir que Toreno consideraba esto una exageración. Los regentes fueron acusados de nombrar a serviles para cargos en la España liberada y, al negarse a obligar al cumplimiento de la legislación liberal contra la Inquisición, parecían estar de acuerdo con la resistencia de sacerdotes y frailes.

89. Cfr. Manuscritos de Vaughan, 14 de enero de 1814. Los liberales ya no eran «reformadores»; el partido se había «convertido completamente en el de los jacobinos de la Revolución Francesa».

1. El aspecto «pervertido» del carácter de Fernando está corroborado por demasiadas fuentes para ser solamente una exageración propagandística de la historiografía liberal. Para una defensa reciente de Fernando VII vid. María del Carmen Pintos Vieites, La política de Fernando VII entre 1814 y 1820 (Pamplona, 1958), producto de la escuela de Suárez Verdeguer (vid. infra).

2. Esta escuela se halla representada por las obras de F. Suárez Verdeguer. La restauración de las cortes antiguas era imposible, pero véase la curiosa relación del barcelonés J. Coroleu (Memorias de un menestral, Barcelona (1946), 83). Basándose en las memorias de su padre rechaza la idea de que el programa persa fuera una «trampa»; tal vez representara el suave constitucionalismo evidente en las respuestas al cuestionario de 1809.

3. Según L. Comellas, Los primeros pronunciamientos en España (1958), «el carpetazo al proyecto de las Cortes estuvo íntimamente relacionado con la caída de Macanaz», autor de la proclama del 4 de mayo. Es cierto que el duque de San Carlos le hablaba a Wellesley como si las Cortes fueran algo seguro (S. D., XII, 37).

4. H. Baumgarten, Geschichte Spaniens, I, 161. Para los navíos rusos que se hundieron en puerto vid. M. de Saralegui y Medina, Un negocio escandaloso (1904).

5. Cfr. M. del Pintos Vieites, Fernando VII, 196 y ss., 210-211.

6. A. Rodríguez Villa, Morillo, 1, 332-355.

7. Las fuerzas realistas en Chile fueron destrozadas en la batalla de Maipú (abril de 1818). Había 5.000 hombres en cada bando, de los cuales murieron 2.500.

8. Para la política británica, vid. C. K. Webster, Britain and the Independence of South America (Londres, 1938).

9. En castellano, como otras muchas expresiones en cursiva, en el original. (N. del t.)

10. Para una discusión general vid. R. Carr en Soldiers and Governments (ed. M. Howard, Londres, 1957), 135-148 y la importante obra de Eric Christiansen The Origins of Military Power in Spain 1800-1854 (Oxford, 1967).

11. Así la Inquisición, a la que se confió el aplastamiento de la Conspiración Masónica de 1819-1820, se encenagó en anticuados procedimientos burocráticos. Las libertades de las prisiones españolas se debían en parte a la pobreza del Estado (los presos se pagaban su propio alimento, comprado en el exterior) y a la sensación que tenían los carceleros de que estaban tratando con los que podían ser sus superiores si tenía éxito una futura revolución (para la Inquisición como fuerza de investigación policíaca vid. J. L. Comellas, Pronunciamientos, 264-265).

12. A. Alcalá Galiano, Memorias (B. A. E., LXXXIV, 7-8) y Recuerdos de un anciano (B. A. E., LXXXIII, 114).

13. Las conjuras y pronunciamientos aludidos fueron: el intento de Mina de asediar Pamplona (1814); el levantamiento de Porlier en La Coruña, traicionándole sus tropas cuando trató de tomar Santiago (1815); la Conspiración del Triángulo para asesinar al rey (1816); el intento de Lacy en Cataluña y de Vidal en Valencia (1817), y la Conspiración de Cádiz (1819-1820).

14. Las cartas de Girón en J. Arzadun, Fernando VII y su tiempo (1942), dan una imagen muy clara de las «dos castas» del ejército (cfr. espec. 81, 88). Girón, que era realista, se queja amargamente de su paga. El 1 de julio de 1814 las guerrillas, amenazadas de disolución, invadieron el palacio (Manuscritos de Vaughan. Informes).

15. Por el propio relato de Mina (Memorias, II, 135-169) está claro que se vio empujado a la rebelión no por sus convicciones liberales sino por «feos» hechos a «su» ejército. Su posición como conspirador fracasado fue lo que determinó su liberalismo.

16. Cfr. las observaciones de Quintana, B. A. E., XIX, 544, y las descripciones de R. Mesonero Romanos del Madrid de la Restauración en Memorias, caps. X y XI.

17. Según E. Blanquière, autor «radical» inglés, Historical Review of the Spanish Revolution (Londres, 1822), 221.

18. A. Alcalá Galiano, Apuntes, B. A. E., LXXXIV, 330. Los conspiradores pueden haber recibido dinero de los rebeldes americanos: el interés de los americanos por una revolución que debilitara a la monarquía española es evidente; de ahí las curiosas relaciones entre los cubanos y una generación posterior de liberales. Había muchos liberales —entre ellos Istúriz— cuyos intereses comerciales estaban vinculados a América y que se opusieron, por tanto, a la relación con América del liberalismo.

19. Para la oferta de tierras de Quiroga vid. el despacho de Wellesley, F. O., 4 de febrero de 1820. Se revivía el radicalismo popular corriente en 1808-1812.

20. La conspiración «respetable» fue un intento del general conde de La Bisbal de emplear a su cuerpo de ejército para imponer una constitución al rey. La Bisbal vaciló en el último momento y arrestó a los conspiradores. Para descripción propia de su «traición», que le hizo perder siquiera la posibilidad de convertirse en el primero de los generales-políticos del siglo XIX, vid. su carta del 22 de marzo de 1820, publicada en el periódico El Despertador Constitucional.

21. La expedición andaluza de Riego está descrita por el general Evaristo San Miguel en Memoria sobre lo acaecido en la columna móvil al mando... de D. Rafael de Riego (Barcelona, 1820).

22. Opinión del cónsul británico en Sevilla (vid. sus informes en F. O., 7 de enero y posteriores). «No vi a nadie de la muchedumbre gritar a coro con las tropas.»

23. F. O., 17 de enero de 1820. El sentimiento liberal fue creciendo en Madrid entre enero y marzo. Según su estimación a finales de febrero «simpatizaban» dos terceras partes de la población con los rebeldes. Al darse la noticia de la rebelión gallega los bonos del gobierno bajaron un 10 %.

24. M. J. Quintana, B. A. E., XIX, 541.

25. Cfr. los informes del cónsul británico en Sevilla de febrero y del embajador en Madrid del 4 y 15 de mayo. La Junta de Cartagena amenazó con abrir el comercio a los productos textiles extranjeros si la Junta de Barcelona le negaba fondos. Todas las juntas locales abolieron los consumos.

26. M. Lafuente (Historia de España (Barcelona, 1889), XVIII, 315) creía que los afrancesados colaboraban ya en septiembre de 1820 con el rey y en contra de los liberales. Para Lista, vid. H. Juretschke, Lista, 84-120. Quintana era un representante típico de la generación anterior en que se respetaba el talento literario de los afrancesados, pero sin creer en sus buenas intenciones en materia política. Los afrancesados le parecían particularmente sujetos sospechosos al embajador inglés.

27. La Gaceta (oficial) del 22 de abril restauró en sus cargos a los funcionarios de 1814. Alcalá Galiano se convirtió en un radical descontento porque no fue ascendido en el Ministerio de Asuntos Exteriores como recompensa por sus servicios revolucionarios en 1820. El concepto de ascenso de carrera no existía; Alcalá Galiano no había realizado ningún trabajo oficial desde 1814. La relación entre la oposición política y los cargos queda ilustrada por el hecho de que, cuando los mismos radicales se convirtieron en ministros, tuvieron que enfrentarse con las peticiones de los comuneros en paro que afirmaban ser más patriotas que el gobierno. A los comuneros los militares radicales encumbrados se les antojaban «une nouvelle aristocratie filie de la révolution» (cit. por E. Christiansen, Origins, 26).

28. M. Quin, Visit to Spain (Londres, 1823). Una de las funciones de la banda consistía en apaciguar «la excitación».

29. Tradicionalmente, los pliegos de cordel relataban asesinatos famosos, robos, etc. Tanto el absolutismo extremo y el liberalismo extremo se sirvieron de las formas populares de romance y un estudio de éstas revela la violencia primitiva de la vida política. Dos pliegos de este tipo aparecen ilustrados en F. Soldevila, Historia de España, VI, 396-397.

30. Cfr. J. Carrera Pujal, Historia política de Cataluña, Barcelona (1957), II, 58-114. La hostilidad al restablecimiento de los impuestos representaba la resistencia tradicional de las autoridades provinciales catalanas (ayuntamiento y diputaciones provinciales) a las exigencias de los agentes del gobierno central (el intendente).

31. Cfr. su actitud respecto a la abolición de los señoríos. Los moderados deseaban proteger los pagos «feudales» que eran en realidad pagos de renta. Los radicales no mostraban el mismo respeto por los derechos de propiedad. En su hostilidad hacia la segunda cámara fueron apoyados por Bentham, Works, VIII, 465-486.

31 bis. Los liberales moderados de 1820 eran, por razones económicas y políticas, tan antimilitaristas como lo fueran en las Cortes de Cádiz.

32. Por ejemplo, en el sentido de un ejecutivo fuerte, Wellesley mantenía que «gran parte de la opinión», fuera de los clubs radicales, era favorable a la revisión constitucional. F. O., despachos de Wellesley de 20 de octubre de 1820, 25 de febrero, 10 de marzo y 18 de abril de 1821.

33. Ibid., 1, 4, 5 de febrero de 1821.

34. Eusebio Bardaxí (1776-1842) había sido secretario de las Cortes de Cádiz; fue un diplomático de convicciones políticas moderadas.

35. Para la tortuosa explicación de Mina de su conducta vid. sus Memorias, II, 382-467. El radicalismo de Mina no era tan firme como el de sus partidarios.

36. Fernando Fernández de Córdoba, en Mis memorias íntimas (1886), I, passim (hay reedición, Madrid, 1966), da una idea muy clara de lo que era la Guardia.

37. El dirigente de la conspiración «constitucional» fue Luis Fernández de Córdoba (hermano de Fernando), que propuso a Fernando VII que saliera de Madrid y otorgara una constitución conservadora-liberal; cuando el rey se negó a ello, los oficiales que seguían a Córdoba actuaron en contra del parecer de éste, derivando hacia el fracaso ineludible (F. Fernández de Córdoba, op. cit., I, 38 y ss.).

38. Para la defensa de Morillo vid. Vida, IV, 402 y ss. Para una defensa del gobierno vid. J. Sarrailh, Martínez de la Rosa (Burdeos, 1930), 120 y ss., y J. Puyol, Diego de Clemencín (Madrid, 1929), 41 y ss.

39. J. Arzadun, Fernando VII, 154. Amarillas exonera al rey de la acusación liberal de que incitó con gritos de caza a los soldados constitucionales a tirar sobre la Guardia. Mantiene que el rey simpatizaba abiertamente con los rebeldes (ibid., 173-174).

40. «Los realistas más decididos está furiosos al ver la conducta del rey», escribió el embajador prusiano, Schepeler (citado por H. Baumgarten, Geschichte Spaniens, II, 475). Según un informe de Vaughan del 5 de julio, si el rey se hubiera unido a la Guardia los mejores regimientos del ejército le hubieran apoyado; el ejército, salvo la artillería, estaba desilusionado ahora con los exaltados (ibid., 11 de abril) y hubiera apoyado a los moderados (es decir, la revisión constitucional).

41. Para las actividades de los realistas consúltese J. L. Comellas, Los realistas en el trienio constitucional (Pamplona, 1958). Los realistas carecían de un ejército verdadero. En la victoria «decisiva» de Pobla de Segur, Mina afirmó que sólo había perdido dos hombres (Memorias, III, 98). Para su dureza, piénsese en su destrucción de Castellfollit y en su proclama del 22 de octubre de 1822 (ibid., 70-74). Cuando entró en Cervera la halló desierta.

42. La adopción del nombre de comuneros muestra que incluso el radicalismo importado de Francia se reclamaba de la historia española; de ahí la idea de que los defensores en contra de la corona de los privilegios municipales del siglo XVI, eran los antecesores de los demócratas modernos.

43. Hay muchos paralelismos con 1936. En Cataluña hubo incluso un batallón de milicianas al mando de la viuda de Lacy.

44. Los decembristas, pequeño grupo en un país vasto e inerte, se interesaron por los pronunciamientos españoles, viendo en ellos un medio de efectuar cambios políticos radicales sin recurrir al descontento social de las masas. «Nuestra Revolución será parecida a la Revolución Española de 1820; no costará ni una gota de sangre, porque será realizada por el ejército solo, sin ayuda del pueblo»; vid. A. G. Mazour, The First Russian Revolution of 1825 (Stanford, 1961), p. 151. Para Italia vid. G. Spini, Mito e realtà della Spagna nella rivoluzione italiana del 1820-1821 (Roma, 1950).

45. «G. G. D. V.», Letters on the political state of Spain (Londres, 1825), 12, 255. Este libro de un exiliado piamontés, Vandancourt, brinda una descripción del lamentable estado de los exiliados en España. Vandancourt bombardeaba al gobierno con su plan para una invasión de Francia. Cuando se le dejó de lado se volvió hacia los «patriotas» de la izquierda.

46. La política de Canning queda muy explícita en su carta del 31 de marzo de 1823 (cfr. H. W. V. Temperley, The Foreign Policy of Canning (Cambridge, 1923), 81 y siguientes). A diferencia de los conservadores ingleses de 1936, dio al gobierno constitucional de España lo que Villèle denominaba un appui moral.

47. Para una descripción de estos disturbios, vid. M. Quin, Visit, 227-242. Quin fue testigo ocular de ellos.

48. Los liberales sostuvieron que el destronamiento del rey (a que daba lugar nuevamente el que se negara a aceptar otro traslado, esta vez a Cádiz) no era un acto de republicanismo sino un acto de necesidad; de no haberse depuesto al rey hubiera sido ultrajado por la turba de Sevilla (Alcalá Galiano, B. A. E., LXXXIV, pp. III, 255-258).

49. Quintana, B. A. E., XIX, 581. Solamente Mina, en Cataluña, trató de oponer una resistencia seria.

50. Para el intento de Morillo de constitución moderada, vid. A. Rodríguez Villa, Morillo, IV, 440-498.

51. F. Espoz y Mina, Memorias, IV, 339.

52. El asesinato del sacerdote Vinuesa (mayo de 1821), reproducido en muchísimos pliegos de cordel fue consecuencia del choque de estas dos fuerzas. Vinuesa estaba en la cárcel acusado de conspirar a favor de una restauración del gobierno absolutista; fue asesinado por milicianos y miembros de los clubs exaltados. Los exaltados extremos tomaron por emblema el martillo con que se le causó la muerte.

53. La ley del 25 de octubre de 1820 colocó a las órdenes religiosas bajo la dependencia de los obispos (acabando por lo tanto con las provincias autónomas), suprimió los monasterios más pequeños y permitió solamente un establecimiento por cada orden en cada ciudad, prohibiendo la recepción de novicios.

54. Exhumados en 1823, los restos de las monjas de Mora, fueron hallados «incorruptos y con un olor dulce». Por lo que hace al destino de los franciscanos vid. P. Sanahuja, Seráfica provincia de Cataluña, 539 y ss.

55. Vid. supra, p. 134, n. 1. La relación entre revolución liberal en España y libertad para América queda ilustrada por la expedición de Mina (sobrino del héroe radical) a México en 1817. Luchó en favor de un México constitucional —no independiente—, clara indicación de la diferencia entre los liberales criollos y peninsulares.

56. Los diversos borradores y su destino se describen en M. J. Van Aken, Pan-Hispanism (Berkeley, 1959), 8-14. Para un estudio del papel descorazonador jugado por los diputados americanos consúltese N. L. Bencon, México and the Spanish Cortes (Austin, 1966).

57. Vid. M. Fernández Almagro, La emancipación de América y su reflejo en la conciencia española (1944), 61 y ss., y J. Delgado, España y México en el siglo XIX (1950), 10 y ss.

58. Hay una descripción excelente de la batalla en las Memoirs de Miller, II, 157-179. (Hay traducción española, hecha por Torrijos, Londres, 1829, y reproducida en Madrid, 1910 y 1917.) Para la supuesta actitud ambivalente de los oficiales «masónicos», vid. M. Fernández Almagro, Emancipación, apéndices II y IX. S. de Madariaga, Bolívar (México, 1951, II, 300-301), arguye que la batalla fue «fija».

59. Hidalgo creía que a falta de ejército debía recurrir a las masas, de ser posible, sin perder por ello a los criollos. Para algunas de las dificultades del intento de orientar un movimiento popular en favor de los intereses de la elite criolla, vid. H. M. Hamill, «Early psychological warfare in the Hidalgo revolt» (H. A. H. R., XLI). La lealtad a Fernando VII fue uno de los artificios empleados para ocultar las rupturas (ibid., 211-212).

60. Calleja, que mandaba el ejército español, creía que los criollos que luchaban contra Hidalgo no eran fieles a pesar de ello a la vinculación con España; ello quedó claro cuando se sirvieron de la Constitución de 1812 para votar para determinados cargos a personas «interesadas en la ruina de España en este hemisferio» (cfr. sus informes citados por H. G. Ward, México in 1827 (Londres, 1828, 509-525).

61. Para el cambio de actitud del alto clero (que era español y opuesto al clero bajo, criollo) vid. K. M. Schmitt, «The Clergy and the Independence of New Spain» (H. A. H. R., XXXIV (1954), 289).

62. El deseo de reconciliación para preservar a Cuba de los ataques de las naciones independientes no reconocidas es la tesis principal de las Consideraciones sobre España y sus colonias (1834) de J. D. Flinter. Según Van Aken (Pan-Hispanism, 18 y ss.) este pobre folleto fue muy influyente al modelar la opinión hacia la idea de reconciliación.

63. La harina española era el doble de cara que la americana.

64. G. de Grandmaison, L’Expédition française en Espagne (París, 1929), 152. Angulema no podía tolerar represalias de las autoridades locales que quebrantaran los acuerdos entre oficiales franceses y las fuerzas constitucionales. Por la Ordenanza de Andújar (8 de agosto de 1823) prohibió los arrestos de las autoridades españolas, en zonas ocupadas por los franceses. El «jacobinismo» de Angoulême fue rechazado por su propio gobierno.

65. Tal es el veredicto de Donoso Cortés en su período conservador-liberal (O. C. (1946), I, 816); cfr. Javier de Burgos, Anales del reinado de Isabel II (Madrid, 1850), II, 12.

66. Pese a todo, los funcionarios que se habían afiliado a sociedades secretas (posiblemente la cuarta parte del total) no fueron readmitidos. Se convirtieron en una clase miserable. Lord Carnavon, Portugal and Galicia (Londres, 1848), describe a los oficiales «constitucionales» «en un estado de gran miseria... algunos habían muerto de hambre».

67. Las actividades de la Junta de la Fe en Valencia, que condenó a muerte a un maestro por herejía, fueron duramente censuradas incluso por Calomarde; cfr. E. R. Eggers, Zea Bermúdez y su época (1958), 97.

68. Para la reacción en Cataluña vid. J. Carrera Pujal, Cataluña, II, 180-190, et passim.

69. El único crédito disponible era el que originalmente concedió Gebhardt a la regencia absolutista. Fernando hizo un intento personal desastroso de conseguir fondos de Gebhardt vía Aguado, un amigo de Rossini, vendedor de fruta al por mayor que se había convertido en banquero. Éste pidió una comisión del 73 %. (Vid. la protesta de Ballesteros en Natalio Rivas Santiago, Luis López Ballesteros (1945), 129-140.)

70. Su deseo de regularidad financiera le puso en contra de los realistas; cfr. su disputa, como proteccionista, con los privilegios de los voluntarios realistas, en cuyos cuarteles no se podía entrar para perseguir el contrabando. Su filiación de liberal y afrancesado fue advertida por Mesonero Romanos, que le calificó de cabeza de una «falange política y literaria, semiliberal, compuesta por los notables del antiguo partido afrancesado».

71. Cfr. Juretschke, Lista, 132-149.

72. Cfr. «Los cuerpos de Voluntarios Realistas» (Anuario de historia del derecho español (1956), XXVI), esp. 84 y ss. Los voluntarios tenían su propio inspector general y de este modo escapaban a las órdenes de los capitanes generales.

73. Cfr. A. Pirata, Historia de la guerra civil (Madrid, 1889), I, 57.

74. Es característico de los conflictos de 1823-1830 que algunos de los fondos de los voluntarios habían sido distraídos para el «progreso», por ejemplo para el Canal de Urgel (J. Carrera Pujal, Cataluña, II, 254-255). Los liberales siempre tuvieron al general España por un ordenancista brutal; en realidad fue un militar consciente que se preocupaba mucho por el adiestramiento de sus tropas.

75. Para las cuestiones legales de la sucesión, vid. H. Butler Clarke, Modern Spain (Cambridge, 1906), 82-84. Las leyes de las Partidas que regían la sucesión estaban en armonía con el derecho español en general, es decir, daban preferencia a las mujeres en ausencia de herederos varones en igual grado de parentesco por consanguinidad. En 1713 Felipe V introdujo la Ley Sálica, que daba preferencia a los varones. En 1789 Carlos IV reinstauró las leyes originales en la Pragmática Sanción, aprobada por las Cortes pero no publicada. Los puntos débiles en el alegato carlista eran los siguientes: 1) la Pragmática Sanción de 1789 tenía el consentimiento de la «nación» en las Cortes, mientras que el acuerdo de 1713 era un decreto real; 2) para un partido tradicional era un mal argumento preferir el derecho de la familia Borbón a las Partidas medievales. Las flaquezas de la causa isabelina residían en lo siguiente: 1) la Pragmática Sanción de 1789 nunca había sido publicada (salvo en una ocasión durante la Guerra de la Independencia) ni había sido impresa en la colección legislativa; de este modo hasta 1830 todo el mundo suponía que don Carlos contaba con derechos válidos; 2) Carlos había nacido en 1788, antes de la Pragmática Sanción; su derecho, por tanto, era anterior, y no podía ser anulado por ella.

76. Marquis de Custine, L’Espagne, II, 326. Consideraba exagerados los temores del rey. España, salvo «el sur marítimo», no estaba «infectada». La falta absoluta de eco a la desesperada invasión de Torrijo prueba que incluso el campo era firmemente leal a Fernando VII.

77. Se cerraron los fondos para los voluntarios y el cuerpo quedó abierto a todos los ciudadanos «sin recuerdos rencorosos por sus antiguas opiniones», es decir, dejó de ser una fuerza puramente realista.

78. Para estos cambios, vid. infra, «4. Las características de la sociedad liberal, 1830-1850».

1. Hubo una correspondencia interminable dedicada a los éxitos y a los agravios de las tropas de Evans, qué eran voluntarios que cooperaban con los ejércitos liberales en el frente del Norte. Como en el caso de las Brigadas Internacionales, los conservadores impugnaban las motivaciones de los voluntarios, calificándolos de «rufianes y tunantes irlandeses» que prestaban sus servicios por dinero. La descripción por Evans de su misión está contenida en Memoranda of the Contest in Spain (Londres, 1840). La diferencia de actitud de los ingleses en 1830 y en 1936-1939 se debía a que, como consecuencia de las campañas de Wellington, muchos ingleses conocían bien España.

2. La mejor expresión de este punto de vista es la de las Reflexiones políticas de Miguel de Pedro (1834), de las que se toman las citas.

3. F. P. Guizot, Mémoires (París, 1858-1867), IV, 66, 316. Guizot tenía una elevada opinión de Cea. Para las ideas hostiles de Palmerston vid. C. Webster, The Foreing Policy of Palmerston (Londres), I, 374.

4. Para la descripción por Llauder de su propia acción, vid. Memorias documentadas del Teniente General Don Manuel Llauder (1844), 70 y ss. Llauder dijo basar su acción en el decreto de Fernando VII del 1 de mayo de 1814 que prometía restaurar las Cortes tradicionales, «nuestra anda de salvación».

5. Cfr. la opinión de Miraflores en Memorias (1843), V, I, XV, LXI; J. de Burgos, Anales, I, 168-170, 226. Burgos, después de haber apoyado primero a Cea, llegó a la conclusión de que era inevitable hacer concesiones limitadas.

6. Debe señalarse que las denominaciones de moderados y progresistas no fueron de uso común con anterioridad a 1840. Las agrupaciones sociales y las doctrinas políticas de ambos partidos están bastante claras ya en 1834 y finalmente, con la Revolución de 1836, empezaron a tomar cuerpo ambos partidos.

7. Para Javier de Burgos vid. p. 171.

8. Para el motín de La Granja, vid. infra, «En la primavera de 1836 el sistema de Mendizábal…».

8 bis. Utilizo la expresión «primitiva» en la acepción que le da E. J. Hobsbawn en su libro Rebeldes primitivos (trad. esp. Ediciones Ariel, Barcelona, 1968).

9. G. Borrow, Bible in Spain (ed. Everyman), 116. (Hay dos traducciones españolas. La mejor es la debida a Manuel Azaña, reeditada en Madrid, 1967.) Para una descripción de la milicia vid. Duncan, F., The English in Spain (Londres, 1877), 333, apéndice.

10. J. de Burgos, Anales, III, 44 y ss.; cfr. la reacción de las clases medias altas a la milicia en julio de 1936.

11. Alcalá Galiano opinaba que las Constituciones debían reflejar no ya abstractas teorías de la soberanía sino fuerzas sociales; así, cualesquiera que fuera su Constitución, Inglaterra sería una sociedad aristocrática. España era predominantemente una sociedad «plebeya» (de ahí la auténtica popularidad de Fernando VII). Para evitar el gobierno plebeyo en forma de «democracia realista» o de liberalismo «de la multitud», las clases medias y superiores debían unirse contra los plebeyos y monopolizar la condición de clase dominante.

12. Cfr. las opiniones ulteriores de Alcalá Galiano en Lecciones de Derecho (1843), 48.

13. Así Sartorius, un antiguo exaltado, se sintió atraído hacia los moderados por «sus relaciones sociales y su idealización de todo lo elegante» (Historia del Excmo. Sr. Don Luis Sartorius (1850), esp. 9 y ss.).

14. La Constitución de 1834 fue elaborada antes de que se unieran del todo los grupos que habían de formar el partido moderado; sin embargo, representa las ideas de quienes habrían de ser los dirigentes intelectuales de este partido.

15. Para una descripción de la táctica radical, vid. H. Baumgarten, Geschichte Spaniens, III, 282 y ss.

16. Para una breve discusión sobre la persistencia del ideal de un partido liberal único vid. Diego Sevilla Andrés, «Los partidos políticos hasta 1868» (Revista general de derecho, 1958), XIV, 682 y ss.

17. Así, The Times y el embajador inglés en sus informes empleaban una división tripartita. The Times denominaba a los tres partidos moderés, tiers parti y exaltés.

18. «Cuando las cámaras, sin mandato específico del pueblo, infringen la Constitución, entonces ocurre una de las dos cosas siguientes: o bien perece la Constitución y es ley el capricho de un Congreso tiránico... o muere el Congreso... y sus disposiciones no pueden ser sancionadas por la Corona ni crear obligaciones de obediencia en los súbditos» (Proclama de la Junta Provisional, 4 de septiembre de 1840, citado en Reseña histórica del glorioso alzamiento de 1840 (1840), 58-64).

19. F. Espoz y Mina, Memorias, V, 245. En un gobierno absoluto no existía derecho alguno a la revuelta; aparecía «cuando el pueblo ejercía la soberanía en unión con la Corona».

20. Vid. A. Pirala, Historia de la Guerra Civil, III, 614-615.

21. Los disturbios de Valencia en 1835 pueden tomarse como ejemplo del curso de la revolución. El 5 de agosto, en una ciudad llena de refugiados del campo carlista, el capitán general, Almodóvar, no puede impedir un ataque a la prisión. Al día siguiente la ciudad es invadida por campesinos que exigen la abolición de los consumos y de las cargas feudales. Mediante una Junta de progresistas respetables, Almodóvar vuelve a ejercer cierto control; en septiembre, las noticias de una matanza carlista suscitan una segunda revolución popular de multitudes inflamadas ante la cual Almodóvar opta por huir. Las filas de la milicia se abrieron a todos los ciudadanos, pero estos «elementos escandalosos» fueron derrotados una vez más (Vicente Boix, Historia de la ciudad y reino de Valencia (1845), III, 291 y ss.). Según Mariano de Cabrerizo (panfleto que contiene un artículo no impreso dirigido al Eco del Comercio, Cádiz, 1835) los «elementos escandalosos» eran unos sesenta; se trata de la única evaluación precisa que conozco de las dimensiones de un grupo extremista lo bastante fuerte para tomar el poder, aunque fuera por poco tiempo.

22. Las matanzas de presos corresponden generalmente a expediciones o atrocidades carlistas; por ejemplo, las matanzas de enero de 1836 en Barcelona ocurrieron al recibirse noticias de una ejecución de oficiales liberales por los carlistas en Horta.

23. The Times, 8 de diciembre de 1835. Estos meneurs daban forma a un brote revolucionario incoherente; así, como en 1936, la quema de conventos fue más organizada que espontánea; cfr. las observaciones de J. Coroleu, Memorias de un menestral (Barcelona, 1946), «los que lo perpetraron actuaron según un plan preparado».

24. Cfr. las dificultades de Mina como capitán general de Cataluña. Como progresista radical rindió homenaje al «heroico grito de Cataluña»; sin embargo, le parecía urgente lograr la absorción y el control de la espontánea junta de Barcelona por otra que fuera hechura del gobierno (Memorias, V, 256-270).

25. Hay un retrato característico de un pretendiente en los capítulos iniciales de su Mendizábal y sobre todo en la caricatura de la vida del pretendiente en Miáu.

26. A. Pirala, Guerra Civil, III, 712.

27. Pastor Díaz (O. C., V, 36-37) mantiene que los «mandarines» progresistas ejercían su influencia por medio de préstamos, etc.

28. La más famosa de estas sociedades fue la Isabelina, organizada según los modelos carbonarios por Aviraneta, el héroe de muchas novelas de Pío Baraja. Sus propósitos políticos son poco claros y en 1844 conjuraba en pro de una Constitución moderada bajo el patrocinio de don Francisco, tío de la reina. Comprendía a los más de los radicales exaltados.

29. Hay una espléndida descripción ocular del efecto del valor de Quesada sobre una gran muchedumbre en Bible in Spain de Borrow, 135-140.

30. Excepción a esta regla fue la oposición de 1845 al nuevo sistema fiscal. El embajador inglés creía que el motín del mes de agosto «podía haber sido otra revolución» de haber existido todavía la Milicia Nacional (F. O., 23 de agosto de 1845).

31. Para el curso de la guerra vid. sección 3, «Si el gobierno hubiera sido capaz de enviar al Norte…». El atractivo de la alianza francesa para los moderados resultó ser permanente y en 1840 María Cristina y los exiliados moderados iban a París como a un segundo hogar. Los radicales nunca se cansaron de dar ejemplos de las relaciones personales e intelectuales de los moderados con los opresores de 1808 y 1823, identificando así el patriotismo con el radicalismo.

32. Palabras de San Miguel a Elliot (que había llegado para negociar un acuerdo que salvase las vidas de los prisioneros de guerra) (F. O., Elliot a Palmerston, 11 de mayo de 1835).

33. El origen judío de Mendizábal lo explotaron sus adversarios. En las caricaturas se le retrataba con rabo y las palabras: «¡Ah, muchachos, al hebreo! Tira del rabo, Juanillo...» (F. Soldevila, Historia (1963), VII, 105-106).

34. A. García Tejero, Historia política-administrativa de Mendizábal (1858), 145-148.

35. Para la teoría y la práctica del cirujano de hierro, vid. infra, «1. La protesta radical: Joaquín Costa y la «generación del 98», «De ahí su confusión cuando se Enfrentaron…» y «Las doctrinas de los derechos Individuales…».

36. Algunos aspectos del sistema fueron añadidos tan sólo durante el gobierno Mendizábal-Calatrava de 1836-1837 (vid. infra, p. 157). Para hacer posible el análisis se han añadido estas últimas adiciones a la descripción del sistema en su conjunto.

37. C. Webster, Palmerston, I, 451; cfr. J. H. Palmer, Causes and Consequences of the Pressure on the Money Market (Londres, 1837). Los bonos españoles se convirtieron en el «fútbol de la Bolsa». Las cotizaciones de los bonos españoles «activos» en 1836-1837 son en chelines, como sigue (de The Times): 1835, abril, 69; junio, 34; septiembre, 41; noviembre, 48; 1836, enero, 51; marzo, 42; abril, 49; mayo, 38. La peor baja se produjo en septiembre de 1836, tras la revolución de La Granja, estando los bonos a 29 chelines. The Times (26 de julio de 1836) dice que estos movimientos constituyen «la más extraordinaria serie de fluctuaciones que se haya producido jamás».

38. El Vaticano ya había roto las relaciones diplomáticas con España antes de que llegara al poder Mendizábal. Para las objeciones a la anulación de ventas por Fernando VII, vid. Representación dirigida al rey (Cádiz, 1824). Según los peticionarios, 30.000 compradores de la propiedad fundiaria del clero regular habían perdido su dinero cuando Fernando anuló las ventas en 1823. Se alegó que la propiedad fundiaria de las órdenes sobrepasaba en muchos sus necesidades; así, en Jerez, donde se vendieron tierras por un valor de 20 millones de reales, había solamente 51 monjes (ibid., 19).

39. Para una descripción sumaria de esta legislación vid. P. Lesmes Frías, Historia de la Compañía de Jesús (1944), vol. II, parte I, 6 y ss.

40. Treinta y dos de las sesenta y dos sedes estaban «vacantes» durante la regencia de Espartero como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas, que hacía imposible la designación regular.

41. Pacheco (1808-1865), disidente moderado de fuertes convicciones católicas, dirigió una campaña contra las secularizaciones de Espartero pero no hizo nada, durante su breve gobierno de 1846, que interfiriese con las ventas. El resultado de estos remisos intentos de los moderados fue seguramente la confusión en lo que hace a las leyes aplicadas a los estipendios clericales, para desventaja del clero escasamente remunerado.

42. Cfr. la descripción de Menéndez y Pelayo del «escolasticismo póstumo» de los apologistas católicos a principios del siglo XIX. J. M. Quadrado, Ensayos (1893), Prefacio, XXXVII.

43. Lesmes Frías, Compañía de Jesús, II, 300 y ss., sostiene que los jesuitas se hallaban en un estado tan lastimoso que su expulsión en 1820 puede ser considerada como una «Providencia de Dios».

44. D. S. C. (1837), 3710, Discurso de Urquiona, 28 de mayo.

45. J. M. Antequera, La desamortización eclesiástica (1885), 183 y ss.

46. Los excesos de las autoridades locales se explican en parte por la confusión de las leyes que aplicaban, pero cfr. la secularización de cementerios, los desfiles burlescos con ropajes eclesiásticos que se produjeron nuevamente en 1936. El uso de las torres de las iglesias como puestos de tiro, depósitos de armas, etc., fue menos un mito en 1835 que en 1936.

47. Los libros de viajes contienen valiosas indicaciones acerca del destino de los edificios monásticos, por ejemplo, la Spain de Widdrington, I, 8-9, 36, 247, 345. Para el auge de la edificación subsiguiente a la disolución de conventos urbanos, cfr. su descripción de Madrid: «Todas las plazas, todos los rincones de las calles anchas, están ocupados por montones de material viejo» (ibid., I, 17).

48. Como en lo que hace a su legislación eclesiástica, todo había sido promulgado anteriormente en 1820-1823, y los comienzos de la liberación de la tierra fueron iniciados por la ley de los moderados de marzo de 1834 (venta de ciertos bienes comunales para mejora).

49. Vid. infra, p. 233.

50. La propuesta de Mendizábal de abolir los diezmos se dirigía específicamente a los labradores, a los cultivadores más prósperos.

51. A. García Tejero, Mendizábal, I, 189 y ss.

52. Cfr. el famoso veredicto del poeta Larra en su comentario a El ministerio Mendizábal de Espronceda (1836). Larra fue diputado por 9 días como partidario de Istúriz.

53. Para una descripción por uno de los sargentos que intervinieron en la revuelta vid. A. Gómez, Los sucesos de La Granja en 1836 (1864).

54. Gómez y los sargentos niegan que estuviesen ebrios: «El espíritu liberal predominó en todo lo que hicimos».

55. Vid. supra, p. 144, para la naturaleza «conservadora» de la Constitución de 1837.

56. Acróstico publicado en el periódico radical de Barcelona, La Bandera.

57. A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX (1879), I, 248.

58. Los oficiales, como las tropas, andaban escasos de paga. Una huelga de los oficiales de la Guardia en Pozuelo de Aravacas estaba al origen de la dimisión del gobierno Mendizábal-Calatrava (agosto de 1837). El resentimiento del Ejército llevó a Espartero a la política como oponente a la incompetencia radical; como los demás jefes, aborrecía las tentativas de los periodistas radicales de minar la disciplina para fines políticos.

59. «Como consecuencia de este acontecimiento (el motín de La Granja) el partido conservador atrajo hacia sí a toda la clase media», Historia del Excmo. Sr. D. Luis José Sartorius, 9. Para el nuevo conservadurismo de antiguos radicales convencidos como el comandante de la Milicia Nacional en Bilbao, vid. J. M. de Areilza, Historia de una conspiración romántica (Bilbao, 1950), 54-55.

60. Para la aparición del ejército en la política vid. supra.

61. Vid. infra, p. 161. Ya había derribado los gobiernos de Bardaxí y Ofalia.

62. J. de Burgos. Anales, lV, 12. Cfr. A. Posada, Régimen local, 119 y ss.

63. Para la manera en que la corona empleaba el «poder moderador» y sus consecuencias, vid. infra, p. 186.

64. Vid. supra, En qué se distinguían entonces los progresistas de los moderados?...». Los argumentos a favor de una rebelión legal no eran tan claros como mantenían los progresistas. Borrego, moderado sensato, consideraba la ley de los moderados como «legal pero carente de tacto».

65. Reseña histórica, 52. Cfr. la descripción por Mesonero Romanos de la revolución de 1843 en Andalucía como un «amigable desorden con guitarras y castañuelas», Memorias, II, 184.

66. C. Webster, Palmerston, I, 462.

67. Cfr. el comentario a Borrego de un dirigente progresista: «Prefiero ver a mi partido sucumbir a que deba su triunfo, en una cuestión puramente civil y política, a la intercesión de las bayonetas».

68. Está claro, por los informes de Rumigny (Archives Nationaux: Ministère des Affaires etrangères: Correspondence politique, Espagne, espec. febrero, marzo y abril de 1840), que aunque los moderados le consideraban como un imbécil y un hombre funesto, no le creían entregado por completo a los progresistas, sino que le veían como un «caballo terco» al que se podía manejar. Sin embargo, a algunas de las personas que rodeaban a Espartero —sobre todo su secretario Linaje y Van Halen— se les tenía por un grupo de presión peligroso de orientación radical; sin embargo, las salidas de Espartero contra los periodistas radicales permitían a los moderados conservar la esperanza de que se convirtiera en un hombre de orden respetable.

69. Este tipo de carlismo está representado por el Conde de Villemur: los «liberales» le relevaron de sus cargos de gobernador militar de Barcelona y de subinspector de los Voluntarios realistas. Erro, el «ministro universal» de Don Carlos, en 1836, había sido designado consejero de Estado y ministro de Hacienda en la reacción de 1823; cayó en desgracia en 1830. Cfr. el pasado realista del Barón de Hervás, uno de los más respetables dirigentes del carlismo aragonés («Aragón en la primera guerra carlista», en J. Zurita, Cuadernos, VI (Zaragoza), 1958).

70. Los empleados civiles formaban el núcleo del «partido castellano» del carlismo; para sus desastrosas consecuencias en la estrategia militar vid. infra, p. 167.

71. Vid. C. Seco, «Semblanza de un rey carlista en las páginas de su diario íntimo», Revista de la Universidad de Madrid, XIX (1956), 339. Seco refuta con éxito los alegatos de Verdeguer y de su escuela que ven en el carlismo de los años treinta una vía intermedia de reforma «española» entre el despotismo ministerial y el liberalismo «extranjero». Cfr. el resumen en B. A. E., CXXVII, Estudio Preliminar, XLIII-XLVIII.

72. Para una descripción de los fueros, vid. supra, «3. Ilustración y reforma, 1760-1790».

73. Cfr. Marqués de Miraflores: «La revolución política [radical] se mantuvo porque la cuestión carlista seguía sin resolver» (Memorias, I, 228).

74. Para una descripción hostil de las actividades de Muñagorri, vid. F. Duncan, The English in Spain, capítulo XVII.

75. Memorándum de San Sebastián, mayo de 1834, citado por Múgica, Carlistas, 292. Las primeras proclamas carlistas (por ejemplo, de Verastegui en Vitoria, 7 de octubre de 1833, en A. Pirala, Guerra Civil, Documento 31, I, 1033) hablan poco de los fueros; Santos Ladrón, el dirigente carlista de Navarra, no los menciona en absoluto.

76. Había, por ejemplo, desde antiguo, disputas en torno al ámbito jurisdiccional de cada uno, entre Bilbao y los distritos circundantes; la relación entre estas luchas y el carlismo de primera hora está todavía por estudiar.

77. El carlismo, naturalmente, contó con un puñado de aristócratas simpatizantes (por ejemplo, en la desastrosa Junta de Cataluña) pero fueron menos influyentes que los eclesiásticos o que personas sin posición social como Tejeiro. El Pretendiente, en varias ocasiones, se mostró amargado por el abandono en que le tenía la aristocracia. Merino, el caudillo guerrillero, le dijo una vez a don Carlos que la nobleza española contenía la suma de los desastres españoles; el segundo replicó: «Sí, en el futuro no habrá más nobles que los que yo cree». Para los sentimientos carlistas antiaristocráticos, cfr. M. Lassala, Historia política del partido carlista (1841), 32.

78. La ausencia de un pronunciamiento carlista se debió en parte a los cambios de jefatura en el último año del reinado de Fernando (vid. supra, p. 138). En 1833 ningún simpatizante carlista tenía un mando militar que le hubiera permitido iniciar con éxito un levantamiento militar (cfr. M. Ferrer, Historia del tradicionalismo español, Sevilla, 1941-1960, III, 130-135).

79. Vid. infra, p. 169 para la solución «fusionista».

80. La descripción de Lichnowsky se halla en su Erinnerungen aus den Jahren 1837-1839, 2 vols. (Frankfurt a. M., 1841) (hay traducción española: Recuerdos de la guerra carlista, Madrid, 1942), c. 1 de C. F. Henningsen en A Twelve months campaign with Zumalacárregui (Londres, 1836). (Hay dos traducciones españolas; la más asequible es la de R. de Oyarzun, reeditada en la colección Austral, Buenos Aires, 1947.)

81 Tejeiro fue nombrado «primer ministro» por don Carlos en 1837. Para las finanzas carlistas vid. A. Pirala, Guerra Civil, II, 928 y ss. Ocasionalmente llegaban fondos, por ejemplo, de Nápoles y Savoya (ibid., III, 149-151). Para subsidios posteriores, vid. Lichnowsky, op. cit., II, 355.

82. El máximo número de hombres movilizados en Cataluña en 1838 era probablemente de 10.000, en pequeñas partidas de 100 a 150 hombres.

83. La expresión «guerra lánguida» la utiliza el general Luis Fernández de Córdoba en su Memoria justificativa (1837), 48. Para la negativa del enemigo a luchar, ibid., 84 y siguientes. Cfr. las quejas de Oraa de que su ejército del Centro era un «espectador pasivo».

84. Las exigencias de la guerra hacían perder la simpatía de las autoridades locales y, como en la España liberal, a menudo los generales las pasaban por alto. Los impuestos aumentaron en un 30 % y con frecuencia había levas especiales. La deserción estaba severamente castigada desde un principio (cfr. el decreto de 28 de diciembre de 1833); al igual que en los ejércitos liberales, se producían motines por cuestiones de paga. La idea de una cruzada universalmente popular necesita ser modificada.

85. Las instrucciones de Gómez eran fomentar el alzamiento entre los carlistas locales en Galicia. Su extraordinaria carrera (ocupó Córdoba y las minas de Almadén) ocultó el hecho de que había fracasado en su misión de crear otra base regional para el carlismo en Galicia.

86. M. Lassala (Historia política) califica a estas expediciones de «destrucción del partido carlista». Para la falta de programa del carlismo, ibid., 112.

87. Sobre las dificultades de las fuerzas cristinas en Aragón, vid. Duncan, English in Spain, 283 y ss.

88. Cfr. J. de Burgos, Anales, VI, 197.

89. Los regimientos de Guipúzcoa se inclinaban por una «república foral» con Maroto como presidente. Aun de haber sido leal a su rey, Maroto hubiera topado con grandes dificultades en persuadir a los vascos a seguir luchando. Probablemente no intentó contener a Espartero: sus operaciones fueron para Duncan, un observador inglés, «completamente inexplicables»; cfr. Lichnowsky, Erinnerungen, II, 362.

90. A principios de los años cuarenta, los fusionistas confiaban en un matrimonio entre el hijo de don Carlos, conde de Montemolín, e Isabel; en 1854 planeaban un matrimonio en alguna fecha futura entre su hijo y la hija de Isabel II.

91. Vid. infra, «4. La Revolución y el bienio liberal, 1854-1856» para la revolución de 1854.

92. El pronunciamiento se había intentado primero en 1855, con un pronunciamiento de la caballería de Zaragoza, que fracasó.

93. Para este episodio, vid. condesa de Cardigan, My Recollections (Londres, 1909), 70-90. Estaba horrorizada de que «el pobre Montemolín», tan débil, hubiera abandonado a sus partidarios en 1849. Los carlistas consideraban a Miss Horsey como «la Dalila que ha acabado con el carlismo».

94. Conde de Rodezno, Carlos VII (1944), 38.

95. La flexibilidad táctica del carlismo es asombrosa: así, en 1867, los dirigentes carlistas estaban en contacto con los progresistas para una rebelión conjunta que hubiera convertido a Carlos VII en un rey elegido democráticamente. Los revolucionarios progresistas, naturalmente, buscaban el apoyo de las provincias del Norte para su pronunciamiento, ibid., 41-45.

96. Vid. infra, «5. La guerra carlista y la restauración borbónica, 1873-1874», para estos acontecimientos ulteriores.

97. Alcalá Galiano, Lecciones de derecho político (1843), 38.

98. Para estos proyectos vid. J. de Burgos, Anales, II, 1, 16-18.

99. (Base 1800 = 100)

España

Europa

1800

100

100

1850

149

145

1900

171

191

100. Para la población de Cataluña vid. J. Vicens Vives, Industrials i polítics... (Barcelona, 1958), 16 y ss. J. Nadal en E. H. M., VI (1959), 286 y ss., muestra que el incremento más notable en el pequeño puerto catalán de Palamós se inicia con el declinar de la mortalidad infantil en los primeros años del siglo XIX, debido tal vez a la introducción de la vacuna de Jenner contra la viruela en 1800 y el aumento de prosperidad que se inició con el desarrollo del comercio americano, de la navegación comercial y del corcho.

101. Miñano (Diccionario, II, 193) cita lo que es obviamente un cálculo estadístico francés sobre la renta de la provincia de Burgos: los cereales aportan la mitad del beneficio total neto, incluida la industria, etc. Pienso que los cuadros de Moreau de Jonnès en su Statistique de l’Espagne (París, 1834) (hay dos traducciones españolas, ambas de 1835. La mejor es la de Pascual Madoz, editada en Madrid, que contiene numerosas adiciones), se deben manejar con gran precaución. Llegó a la improbable conclusión de que España había duplicado su producción de cereales entre 1800 y 1830.

102. Cfr. el resumen de los argumentos de Larraz en Un siglo de vida del Banco de Bilbao (Bilbao, 1957), 9-10, y cfr. J. Vicens Vives en Historia económica de España (1958), 578-580.

103. Véase una estimación general de las cosechas y superficies cultivadas:

Superficie en millones de hectáreas

Cosecha anual por hectárea

1800

1860

1800

1860

2.900

5.100

6,31 qm

5,8 qm

104. Puesto que nos falta un conocimiento exacto del sistema de mercados, almacenamientos, etc., es difícil relacionar exactamente los precios con las cosechas, ni podemos evaluar sus efectos más lejanos sobre la economía y sobre la propensión al consumo de los diferentes grupos.

105. Vid. supra, «Síntoma de progreso económico…» para la historia inicial de la industria catalana.

106. Por ejemplo, Berga, Tarrasa, Sabadell, Igualada.

107. Para las actividades de los comerciantes franceses vid. Y. Roustit, «Raymond Durand (1808-1814)», E. H. M., VI, 311-401. Para la política deflacionista de Fernando VII, vid. J. Sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid, 1948). Las dificultades económicas de los gobiernos liberales, en 1820-1823 y a partir de 1833, favorecieron una política de créditos extranjeros y de devaluación que puede haber facilitado el desarrollo doméstico.

108. Un ejemplo de imitación catalana fue Ferrán Puig Gisbert que perfeccionó el hilado por lanzadera volante mediante visitas a Francia y Escocia. P. Madoz, Diccionario, III, 459 y ss., contiene valioso material estadístico principalmente derivado del informe de Sairó en 1841.

109. Así, el negocio de los Serra continuó como empresa privada hasta 1941; antes de esta fecha Eusebio Bertrand Serra poseía lo que probablemente era la mayor empresa algodonera del mundo, que tuviese un solo propietario.

110. En el caso de Xifré (vid. infra, p. 178) no hubo una inversión directa de las ganancias comerciales en empresas industriales: la propiedad urbana era siempre una inversión más segura.

111. Las importaciones de contrabando se valoraban en un 10 a 40 % de la producción catalana, y en 1828 el contrabando triplicó las exportaciones francesas a España en su conjunto; vid. W. O. Henderson, The Industrial Revolution on the Continent (Londres, 1961), 105. Gibraltar era evidentemente el punto de entrada de los productos textiles ingleses; cfr. los cuadros para principios de siglo: Moreau de Jonnès, Statistique, 192, y las vistas por contrabando en los tribunales de Algeciras y Cádiz (Anuario Estadístico, 1861).

112. F. de P. Mellado, Diccionario, 21-22. Madrid todavía era físicamente una ciudad pequeña; el recorrido a pie de punta a punta duraba unos veinte minutos.

113. Estos intereses se iniciaron en los años treinta (cfr. el interés de Ballesteros por el carbón asturiano, el alto horno de Heredia en Marbella, los Ybarra en Bilbao) pero su desarrollo pleno corresponde a un período posterior.

114. Cualquier guía o libro de viajes es suficientemente expresivo acerca de las posadas españolas. El defecto del sistema de carreteras era su inconsistencia: en la red de carreteras estaban algunas de las mejores y de las peores calzadas de Europa occidental, al tiempo que los caminos locales eran veredas. Madoz está lleno de quejas sobre los malos caminos locales. Para tomar un ejemplo: en Alicante, provincia relativamente desarrollada, donde había productos de exportación que era preciso llevar a los puertos, parece que en 1845 no había ni una sola carretera decente (Diccionario, I, 626). Muchas carreteras antiguas e importantes estaban ahora abandonadas «para perjuicio de la industria y del comercio», por ejemplo, la carretera de Córdoba a Málaga (ibid., VI, 640). Las provincias mejor servidas eran aquellas por las cuales pasaban las carreteras nacionales que llevaban a Madrid, por ejemplo, Ciudad Real. Ésta podía abastecer de vino a Madrid. La provincia de Ávila no disponía sino de una legua de carretera transitable para el tráfico rodado (III, 123).

115. El desarrollo urbano estaba en auge en los últimos años del reinado de Fernando VII. Fue entonces cuando Barcelona pavimentó sus calles. En Madrid las mejoras datan de la alcaldía del marqués de Pontejos (1835-1837).

116. Para la justificación de esta alianza por Alcalá Galiano, vid. supra, p. 143, nota 11.

117. Mesonero Romanos, Memorias, II, 141.

118. Hay una descripción romántica del intento de Osuna de elevar el gesto extravagante a ética personal en A. Marichalar, Duke of Osuna (Londres, 1932). La nobleza empezaba a imitar la moda inglesa. Esta imitación era muy primitiva: en la primera carrera de caballos venció un gitano.

119. J. Vicens Vives, Historia social, V, 84.

120. Para Remisa y Xifré, vid. las biografías por J. M. Ramón de San Pedro (Barcelona, 1953 y 1956), y pp. 227, 232, infra.

121. Cfr. la creación de fábricas en Berga (P. Madoz, Diccionario, IV, 253-55). Se establecieron muy pocas salvo en 1820-1823 y 1830-1832.

122. Así, recurrieron a María Cristina cuando, en 1829, se alarmaron seriamente por las concesiones arancelarias garantizadas a Dolfuss, el último de los muchos intentos gubernamentales de crear una industria textil a gran escala próxima a Madrid.

123. The Times, 11 de marzo de 1834. Para la Comisión de Fábricas vid. G. Graell, Historia del Fomento del Trabajo Nacional (Barcelona, s. f.), 29-61. Para la crisis de los treinta vid. R. Ortega Canadell, en E. H. M., V, 351-384. La monarquía desconfió siempre de la Comisión de Hilados y tendía a apoyar a los gremios por razones de conveniencia administrativa; para los gremios vid. Graell, ibid., 72-81. Uno de los primeros actos del gobierno liberal fue el restablecimiento de la libertad de manufactura contra las prácticas restrictivas de los gremios.

124. Esta última alianza era inestable. Los pequeños fabricantes de Cataluña, que luchaban con la competencia de las máquinas, eran los peores patronos.

125. Estas prácticas consistían sobre todo en las tarifas aplicables al trabajo a destajo relacionado con la anchura del tejido que había de producirse en máquinas antiguas y nuevas. Los trabajadores se oponían con tesón a los intentos de los patronos de ensanchar las piezas, constituyendo éste el principal pleito hasta 1845.

126. La tertulia de Soler pertenece a una época posterior. Sus actividades están ampliamente descritas en C. Roure, Recuerdos de mi larga vida (Barcelona, 1926).

127. Cfr. las aterradoras descripciones del desfile de los mutilados, esguerrats (antiguos soldados), en J. M. de Sagarra, Memòries (Barcelona, 1954), 214-218.

128. Para este inframundo de la mala gente en las ciudades del Sur vid. H. D. Inglis, Spain in 1830 (Londres, 1831), II, 50 (Sevilla), 181 (Málaga), 331 (Valencia). Inglis atribuía la existencia de los pobres desocupados a los bajos precios alimenticios y a la caridad eclesiástica: «En Valencia cualquier persona ociosa tiene la comida asegurada».

128 bis. Compárese el papel de los pobres urbanos en el Mediterráneo con el de los léperos en las revoluciones mexicanas.

129. La relación entre prensa libre y política progresista queda demostrada por los periódicos publicados en Barcelona: en 1815, dos; en 1820-1823, doce; 1823-1833, uno; 1834, dos; 1835, seis; 1837, seis; 1838, cuatro; 1839, cuatro; 1841, cinco; 1842, diez (incluido un periódico republicano); 1844, ocho. El número descendía súbitamente en tiempos de gobierno liberal conservador.

130. Para la importancia política del Ateneo vid. R. Labra, El Ateneo de Madrid (1878). Fue muy influyente como lugar de reunión de la oposición política, especialmente para los liberales conservadores en períodos de predominio radical.

131. Citado por H. Juretschke, Lista, 334.

132. Mientras que los románticos «castellanos» copiaron los modelos franceses, los románticos catalanes estaban influidos por las escuelas inglesa y alemana, por ejemplo, Scott. Para el romanticismo en general vid. E. Allison Peers, A History of the Romantic Movement in Spain (Liverpool, 1940).

133. La descripción clásica de un viaje romántico por España es el Voyage en Espagne de Gauthier publicado en 1843; cfr. Le Gentil, Le Poète Bretón de los Herreros (París, 1909), 245. «De 1830 a 1850 puede decirse que los españoles veían su país por reminiscencias francesas.»

134. Para un tratamiento interesante de los escritores costumbristas véase J. F. Montesinos, Costumbrismo y novela (Valencia, 1960). El modelo de los primeros costumbristas fue el escritor francés Jouy, mientras que la literatura de los personajes típicos derivaba de la literatura francesa de las «fisiologías». Este último rasgo fue explotado en la más conocida de estas obras, Los Españoles pintados por sí mismos, publicada en 1843-1844. Hubo una revista dedicada al costumbrismo llamada The Picturesque Weekly (1836).

1. La única excepción a la influencia conservadora de la corte fue el período 1840-1843, cuando Argüelles fue el tutor de la reina y la esposa de Mina su institutriz. Para una descripción de este período vid. Condesa de Espoz y Mina, Memorias (Madrid, Aguilar, 1944). Los progresistas sostuvieron enconada lucha con los antiguos cortesanos y los grandes de España, y finalmente fueron derrotados por ellos cuando Olózaga se vio obligado a dimitir (vid. infra, p. 196). Para sor Patrocinio, vid. R. Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II (Barcelona, 1955), apéndice II.

2. Un estudio prolongado de la prensa podría revelar cómo se elegían los candidatos; cfr. como un ejemplo la descripción de la selección de un diputado para el distrito andaluz de Carmona en El Heraldo, 21 de septiembre de 1844.

3. Muchos de los 349 distritos electorales de la Constitución de 1845 contaban con 200-500 electores; los distritos más pequeños estaban en Galicia (100-200 electores); los distritos de Barcelona y Madrid contaban entre 1.000 y 2.000. Así, la ampliación de los derechos políticos por O’Donnell (vid. infra, p. 252) hubiera podido tener importantes consecuencias si los progresistas hubieran estado decididos a aceptarla.

4. Para una descripción de estos artificios vid. T. M. Hughes, Revelations of Spain in 1845 (Londres, 1845), II, 266.

5. Un cálculo hecho a partir del Anuario Estadístico (1865) parece indicar que, al menos en algunos distritos electorales, casi la mitad del censo electoral estaba compuesto por empleados municipales y del gobierno o por personas pensionadas por este último. En 1849 los empleados civiles se calculaban en 103.000. Los moderados conservadores se retrajeron en las elecciones de 1839, que dieron a las Cortes correspondientes una amplísima mayoría radical; repitieron estas tácticas en la elección para las Cortes de Espartero (vid. supra, p. 158).

6. Así, en 1858 la media nacional fue la abstención de una tercera parte del cuerpo electoral: en algunos distritos barceloneses las abstenciones alcanzaron al 50 %, y en el distrito de Lavapiés de Madrid (plaza fuerte progresista-radical) hubo 399 votos en contra y 744 abstenciones. Ciudades como Málaga, Córdoba y Badajoz tenían elevado número de votantes.

7. Cfr. infra, p. 192, para los efectos de la falta de una oposición a la fuerza parlamentaria de Espartero.

8. Una comparación útil para mostrar las dificultades de enfrentar a un monarca consciente que actúe de «poder moderador» con partidos «falsos» la da la experiencia de Pedro II del Brasil. Los difíciles dilemas del reinado constitucional en estas condiciones se exponen en Oliveira Vianna, O ocaso do império (São Paulo, 1933), 12-66. La historia política española (a través de Portugal) no dejó de tener influencia en el Brasil.

9. Cfr. Historia militar yy política de Don Ramón Narváez (Madrid, 1849), 529 y ss. Córdoba recurrió a Narváez para que le ayudara en la «absurda e ilógica posición en que la junta actual» le había situado. Narváez dijo que trató de «calmar» la revolución y que sus acciones fueron interpretadas erróneamente por su superior, el general Clonard, y por un gobierno entregado a sus rivales militares, esto es, Espartero y su estado mayor. No es posible aceptar enteramente la explicación de Córdoba: tenía extrañas relaciones con los radicales del Sur y es probable que planeara formar un gobierno de Unión Liberal en que él fuera la figura principal. Para una interpretación reciente del pronunciamiento de 1838, véase E. Christiansen, Origins, Apéndice III.

10. Cfr. los intentos de ambos partidos por atraerse a Narváez en octubre de 1838. A ellos opuso «una serie de negativas» (ibid., 501), lo cual hizo que se intentara calumniarle (522).

11. Narváez a Clonard, 31 de marzo de 1838; Manuscritos de Clonard, Archivo Histórico Militar. Para la constante fricción entre las autoridades civiles y militares en Cataluña vid. J. Carrera Pujal, Cataluña, III, 258. La «tiranía» de De Meer como capitán general de Cataluña se ejercitó en contra del Ayuntamiento de Barcelona y de las diputaciones provinciales.

12. Narváez a Córdoba, 12 de mayo de 1838.

13. Naturalmente, el Ejército tenía sus propias facciones y divisiones, que se derivaban de la política interna: así, en 1836 el autor de un panfleto advertía tres divisiones: el partido de Ahumada (p. ej., Córdoba y Narváez, los generales «aristocráticos»); los generales ascendidos en 1820 (p. ej., López Baños, San Miguel), y los militares que habían luchado en América, llamados ayacuchos (p. ej., Espartero y Seoane). Estos últimos eran un grupo especialmente unido porque compartían la falta de haber derribado al capitán general del Perú, Pezuela, y siempre fueron sospechosos de «haberse vendido» antes de la batalla de Ayacucho. La milicia por dentro (Cádiz, 1836), passim. Para Ayacucho, vid. supra, p. 130.

14. Cfr. los comentarios del periodista moderado Pastor Díaz, El Conservador, enero de 1841, citado por E. Chao Espina, Pastor Díaz dentro del Romanticismo (1949), 84-95.

15. Pese a las muchas descripciones de este episodio, la falta de bajas sigue siendo inexplicable. Pudo ser consecuencia del ángulo existente entre las escaleras y el rellano.

16. Vid. M. García Venero, Nacionalismo Vasco, 107-181. La belleza de las instituciones vascas fue el tema del compositor y guitarrista popular, Iparraguirre (n. 1820), que escribió «El árbol de Guernica». Este árbol fue el símbolo central del romanticismo foralista (vid. infra, pp. 464-466, para el desarrollo posterior del nacionalismo vasco).

17. Cfr. A. Pirala, Guerra Civil, III, 707; presenta su ausencia como «un gran inconveniente para el partido progresista» y su disciplina parlamentaria. Cfr. supra.

18. S. Olózaga (1805-1873) y J. M López (1798-1855) eran ambos abogados; ambos sirvieron en la milicia y ambos habían estado relacionados con Calatrava, a quien López había servido como ministro de la Gobernación. La reputación de ambos y su aspiración a la dirección del ala izquierda progresista se basaban en sus lotes oratorias; piénsese en la famosa denuncia de Espartero por Olózaga («Dios salve a la Reina. Dios salve al País»). El eclipse de López a partir de 1843 proporcionó a Olózaga la dirección de los progresistas civiles.

19. Citado por J. Coroleu, Memorias, 216.

20. La campaña en favor de la prohibición fue algo frenético en su odio hacia Inglaterra: se sugería un levantamiento rebelde en Irlanda y la reconstrucción del sistema continental de Napo león para oponerse al contrabando inglés. La relación entre el libre comercio y la oposición a Espartero se demuestra por la creencia de que el cónsul británico había incitado a Espartero a bombardear Barcelona y había suministrado bombas a este efecto.

21. Las clases respetables deseaban desarmar los grupos y llegar a un acuerdo con Van Halen, que sitiaba la ciudad; éste se negó a un acuerdo razonable y a reconocer que la Junta y la Milicia Nacional habían impedido «un baño de sangre». Cfr. Reseña histórica de los actos de la Junta Conciliadora (Barcelona, 1843), especialmente Documentos 1-11.

22. Para los intentos de Seoane de acobardar a las autoridades de Barcelona, vid. J. Carrera Pujal, Cataluña, III, 310-317.

23. Arch. Nat., Informe de Rumigny del 20 de junio de 1843. En las ciudades andaluzas la Guardia Nacional estaba en contra de Espartero.

24. Cfr. la actitud del general Concha ante la Junta de Granada: «No interferiré en los asuntos de la Junta, pero no permitiré que nadie se mezcle en cuestiones militares, y fusilaré a todo soldado que desobedezca», es decir, a todo soldado que colocara los mandatos de la Junta por encima de los del general.

25. Hay una descripción excelente del pronunciamiento de Galicia en 1843 en S. W. Widdrington, Spain, 172 y ss. Algunos rebeldes progresistas parecen haber quedado sorprendidos cuando se les señaló que la rebelión se dirigía contra el regente (ibid., 252).

26. Este incidente hace las delicias de los historiadores españoles. Se afirmó que Olózaga encerró a la reina en su cuarto y la obligó a firmar un decreto de disolución no fechado. Si Olózaga quería tener éxito, aunque no empleara la fuerza, no debía revelar la existencia del decreto y al creer que una niña podía guardar un secreto se colocó en manos de sus enemigos en la corte. La reina le contó a Pidal una historia exageradísima y éste aconsejó la destitución del ministro. No es posible que la historia de la reina de que había sido encerrada en su habitación fuera completamente cierta; al parecer consiguió convencer en las Cortes porque el confesor de la reina era uno de los testigos de su afirmación. Tal vez Olózaga cerró la puerta para chasquear a los fisgones de la corte; no había cerradura.

27. Vid. infra, p. 204.

28. Para una descripción detallada vid. A. Pirala, Historia contemporánea (1875-1878), I, 31-89, y J. Carrera Pujal, Cataluña, III, 329 y ss. Hubo cuarenta bajas en Zaragoza y muchas más en Barcelona. También se produjeron movimientos aislados en León, Cádiz, Córdoba, Sevilla, varios pueblos del Sur y en Vigo. Para la actitud patológica de Prim, vid. R. Olivar Bertrand, El caballero Prim (Barcelona, 1952), II, 16-24.

29. Uno de los dirigentes republicanos, Abdón Terradas, había llegado a ser alcalde de Figueras en 1842. El republicanismo era en el Ampurdán lo bastante fuerte para intentar una revolución en 1869 (vid. infra, p. 266).

30. E. Rodríguez-Solís, Historia del partido republicano (1892), II, 406 y ss. Es bastante sorprendente que la emperatriz Eugenia (que era española) leyese en esta época obras de Fourier.

31. Cfr. la actitud de los demócratas ante la Revolución Francesa, a la que consideraban «progresiva en política» pero «retrógrada en economía». «El sistema político no es un fin en sí mismo sino un medio para llegar a un buen sistema social y político», escribió Orense, marqués de Albaida, noble valenciano que habría de convertirse en uno de los más influyentes dirigentes republicanos, en su panfleto Qué hará en el poder el partido progresista (1847).

32. Sixto Cámara (1825-1857), Pi y Margall (1824-1901) y Garrido (1821-1883) fueron todos ellos periodistas activos en la prensa democrática de los años cincuenta. Garrido estuvo influido por Fourier y, tras una visita a Rochdale, se convirtió en el principal partidario español de las cooperativas. Para el debate «socialista» vid. C. A. M. Hennessy, The Federal Republic in Spain (Oxford, 1962), 17 y ss. (Hay traducción española, Madrid, 1966.)

33. La famosa quinta, selección por sorteo con la posibilidad de que los ricos compraran su exclusión. Los demócratas fomentaron la agitación contra este sistema, que también era criticado por los militares profesionales. Para las dificultades de Espartero, vid. supra, p. 189.

34. «Nada es más corriente que ver a los oficiales españoles... pidiendo limosna en las calles de Madrid después de haber tratado en vano de ganarse la vida como criados en los hoteles» (The Times, 9 de agosto de 1847). El Grito del Ejército expresaba «el disgusto general» y el olvido posbélico de las «justas demandas» del Ejército. Tras veinte años de servicio, la pensión de jubilación era el 20 % de la paga; muchos oficiales del tiempo de guerra sirvieron solamente durante seis años y por tanto no tenían derecho a percibir una pensión.

35. Para Galicia vid. T. Tettamancy Gastón, La revolución gallega de 1846 (1909). Solís tenía solamente una parte del Regimiento de Zamora; puesto que las tropas enviadas contra los rebeldes procedían del mismo regimiento el armisticio era inevitable. Parece que los hermanos Concha, rivales militares de Narváez, tuvieron algo que ver con estos disturbios en la medida en que se dirigían contra su dictadura.

36. Para los disturbios de Madrid, El Heraldo para marzo y mayo de 1848, y The Times del 15 de mayo. Para las medidas de socorro social en Cataluña, A. Pirala, Historia contemporánea, II, 13.

37. El levantamiento más serio fue el pronunciamiento del general esparterista Zurbano en noviembre de 1844. Pese a que los historiadores progresistas lamentaban el efecto de la infiltración demócrata al suscitar una revolución inútil, nunca negaron el derecho a la revolución legal. La revolución de Zurbano fue una protesta legítima «en favor del derecho fundamental», esto es, la Constitución de 1837 abrogaba por los moderados. Cfr. A. Fernández de los Ríos, Luchas políticas, II, 108.

38. J. M. Quadrado, Ensayos (1893), I, 27. El sombrero fue considerado sospechoso como aditamento burgués en 1843; los observadores hicieron comentarios parecidos en julio de 1936.

39. Citas de El Heraldo, 27 de junio y 19 de julio de 1844.

40. Para una breve descripción de estos años en Cataluña vid. J. Vicens Vives, Industrials i polítics, 257-261.

41. Para sus orígenes e historia, vid. C. Ximénez de Sandoval, Las instituciones de seguridad pública (1958), y el resumen en E. Iglesia, Reseña histórica de la Guardia Civil (1898). El decreto de 1844 era una copia de la ley de la Gendarmerie napoleónica.

42. Como señala Brenan (Spanish Labyrinth, 256-257) los asesinos cometieron un acto colectivo cuya responsabilidad no se podía atribuir a ningún individuo.

43. Como sugirió Bravo Murillo, tal vez una de las razones que impulsaron al papado a aceptar el Concordato fue que reconocía claramente el derecho de la Iglesia a adquirir propiedades en el futuro después de haberla despojado de las posesiones heredadas del pasado. Opúsculos (1683), 181 y ss. Para un ejemplo de reducción de los clérigos superfluos piénsese en Oviedo; los ochenta canónigos y beneficiados de la catedral fueron reducidos a cincuenta y uno. A. Viñayo, El seminario de Oviedo (Oviedo, 1955), 62 y ss.

44. Los anticlericales declaraban que el Concordato autorizaba «otra» orden en toda España, no en cada diócesis. Para la exposición de la contraalegación católica, vid. E. Allison Peers, Spain, the Church and the Orders (Londres, 1939), 80-85. El mejor argumento de los católicos se basaba en el pleno reconocimiento del derecho canónico en los artículos 4 y 43.

45. No existe una historia adecuada del derecho español. Hay un comentario histórico en D. R. Domingo de Morato, Estudios de ampliación de la historia de los códigos españoles (Valladolid, 1856). La fuerza que estaba por debajo de la codificación del derecho penal era Pacheco. Vid. Romero Girón, «Pacheco y la legislación penal en España» (en España del siglo XIX, 1886-1887).

46. Está descrito en J. M. Tallada Pauli, Historia de las finanzas españolas en el siglo XIX (1946), 47 y ss.

47. Se ha calculado que los consumos representaban el 70 % del costo del vino, el 24 % del aceite y el 14 % de la carne. Sin embargo, la abolición posterior de los consumos no redujo los precios alimenticios. Para una breve historia de los consumos vid. A. Dutard, L’Octroi en Espagne (Toulouse, 1909). Una de las consecuencias del impuesto fue que convirtió el presupuesto de los municipios en algo dependiente del nivel fijado por el Estado para la tasa porque los impuestos municipales se calculaban como una proporción de los impuestos estatales. El impuesto, por lo general, se daba en arriendo localmente y pasaba a formar parte de la maquinaria de la política electoral local.

48. Cfr. V. Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza (1962), 46. Los decretos de 1845 fueron obra de, Antonio Gil de Zárate, un funcionario de indudables sentimientos liberales. Gil de Zárate describió su obra en su historia de la educación española, De la Instrucción pública en España (1855).

49. Cfr. el efecto de la supresión de la Facultad de Teología en las universidades estatales por la Revolución de 1868: «Fue renunciar a toda intervención o control del Estado en la educación del clero, al que todavía seguían confiadas elevadas funciones sociales y espirituales», J. Castillejo, War of Ideas in Spain (Londres, 1937), 87. El precio del control estatal consistió no solamente en ataques ocasionales a la libertad intelectual, sino en la constante intervención gubernamental en los planes de estudio y en la organización de la universidad.

50. D. S. C., 25-26 de noviembre de 1845. De ahí la exención fiscal de la gran propiedad. Para una explicación de la doctrina de la «constitución interna», vid. infra, p. 294.

51. Los dos gobiernos importantes de Narváez fueron los de mayo de 1844 a febrero de 1846, y de octubre de 1847 a enero de 1851. Estuvo también en el poder en marzo y abril de 1846, y fuera de él durante un día, el 20 de octubre de 1849.

52. The Times, 28 de noviembre de 1844. Su mejor jugada bursátil fue la compra de bonos del gobierno (que habían descendido en cotización con la noticia de un levantamiento pro-Espartero del general Zurbano en noviembre de 1844) cuando solamente él y sus agentes sabían que la rebelión había sido derrotada.

53. Ibid., 11 de junio de 1844. Cfr. Howden, 20 de abril de 1854, quien comentó el «dichoso y contento estado de Ejército, cuya comodidad y deseos materiales se atienden diligentemente».

54. F. Fernández de Córdoba, Memorias, III, 150. Obligó a dimitir a Bravo Murillo cuando su política de ahorro amenazó el presupuesto militar (noviembre de 1850).

55. Cfr. las observaciones de F. de Córdoba, que presentan a la guarnición de Barcelona como «devorada» por la conspiración. En La Coruña los oficiales eran atraídos al salón progresista de la condesa de Espoz y Mina, la viuda del héroe radical (cfr. T. Tettamancy Gastón, Revolución en Galicia, 32). Los regimientos eran trasladados frecuentemente para evitar esta contaminación: Solís tuvo que levantarse antes de que su regimiento marchara a una nueva plaza en el interior.

56. En 1844 firmaba su deseo de acabar con la persecución de los progresistas por González Brabo. Está claro que la dirección progresista se tomó en serio el liberalismo de Narváez, durante un breve período, a pesar de las dificultades de confiar en «aquellos que hoy predican la libertad pero que ayer no conocían más régimen que el de la espada» (vid. el progresista Eco del Comercio, mayo-julio de 1844).

57. F. O. Bulwer a Aberdeen, 21 de enero de 1844. Concha estaba dispuesto a intrigar contra Narváez hasta llegar a la sedición militar.

58. Cfr. las opiniones de Pastor Díaz sobre la prensa; se opuso a las continuas persecuciones a la prensa de Narváez sobre la base de que en política la prensa había sido una fuerza conservadora (cfr. El Heraldo, 14 de noviembre de 1844). Las ideas de Narváez sobre la prensa eran muy simples: «No es suficiente confiscar los periódicos; para acabar con los malos periódicos habría que matar a todos los periodistas».

59. Cfr. A. Borrego, De la situación y los intereses de España (1848).

60. Cfr. supra, p. 150 las observaciones sobre Mendizábal. González Brabo (un ex radical que había asumido la responsabilidad por la destitución de Olózaga en 1843) había intentado reconstruir la unidad liberal a partir de la derecha durante su breve gobierno. Sus planes fueron derrotados por los moderados «exclusivos» y por Narváez, que se opuso a González Brabo en favor de un gobierno puramente moderado (mayo de 1844). Para González Brabo, vid. L. de Taxonera, González Brabo y su tiempo (1941).

61. Entre febrero de 1846 y octubre de 1847 se sucedieron los gobiernos de Miraflores (enero-marzo de 1846), Narváez (abril de 1846), ahora sin el favor de la corte (marzo de 1846), Istúriz (marzo de 1846-enero de 1847), Sotomayor, Pacheco y Goyena García-Salamanca.

62. El matrimonio se celebró el 10 de octubre de 1846; para los detalles diplomáticos vid. E. Dones Parry, The Spanish Marriages, 1841-1846 (Londres, 1936). Francisco de Asís era primo hermano de Isabel; era un dévot y un hipocondríaco tal que se negaba a recibir a alguien que estuviera resfriado. Su hermana habría de casarse con el duque de Montpensier, y de este modo había una posibilidad (que pudo haber sido frustrada por uno de los supuestos amores de Isabel) de que el nieto de Luis Felipe llegara a convertirse en gobernante de España como heredero de Isabel y de su marido al que se creía impotente. Francisco de Asís, como clerical extremado, siempre corría el peligro de llegar a un acuerdo con los carlistas.

63. Al igual que en 1843, esto dividió a los progresistas en colaboradores y puros; vid. A. Pirala, Historia contemporánea (Madrid, 1875), II, 91, 128, 130.

64. Para el levantamiento carlista, vid. supra, «La única posibilidad real del carlismo residía…».

65. El extremismo de Donoso ha llamado la atención de los reaccionarios españoles y alemanes. Cfr. R. Fernández de Carvajal, «Las constantes de Donoso Cortés» (R. Est. Pl., XCV, 75-109).

66. Cfr. la declaración del dirigente carlista Masgoret en A. Pirala, Historia contemporánea, II, 15-16. Cfr. A. Borrego, Situación, 92, 106 y ss.

67. Para su regulación de la deuda nacional, vid. G. Hubbard, Histoire de l’Espagne contemporaine (París, 1869), V, 149-151. La mutilación de su proyecto por las Cortes aumentó su hostilidad a las dificultades para el buen gobierno. Para una crítica vid. E. Vera y González, Pi y Margall y la política contemporánea (Barcelona, 1886), I, 346-348.

68. Cfr. el comentario de Butler Clarke, Spain, 224: «La proyectada reforma de la constitución era, de hecho, poco más que un intento de codificar y legalizar la práctica real».

69. Incluso bajo Narváez, los generales disidentes habían afirmado un derecho a criticar, como senadores, a su superior militar, en este caso el propio Narváez.

70. The Times fue prohibido en España porque revelaba los escándalos de los ferrocarriles. Un monárquico sugirió que lo más adecuado era sobornar a The Times «como se ha hecho en otras ocasiones» con otros periódicos corno Punch (A. Pirala, Historia contemporánea, II, 219).

71. Este período ha sido estudiado detenidamente en la obra de V. G. Kiernan, The revolution of 1854 in Spanish History (Londres, 1966).

71 bis. Cfr. los comentarios de los diplomáticos ingleses, Howden y Otway, acerca del descontento de los capitalistas. F. O., 22 de marzo y 22 de mayo de 1854.

72. J. Carrera Pujal, Cataluña, IV, 235. En marzo los trabajadores se quejaban de los precios alimenticios. El cólera, indudablemente, aumentó la tensión prerrevolucionaria: los ricos abandonaban la ciudad y los pobres morían.

73. Esto es solamente una hipótesis de trabajo: Graell y Carrera Pujal, por ejemplo, dan descripciones muy diferentes de la actitud del capitán general ante las huelgas de los trabajadores. Madoz, como gobernador, aceptó los convenios colectivos. Cfr. C. Martí, «La correspondència oficial del cònsol francès a Barcelona 1854-1856» (Serra d’Or, noviembre de 1960).

74. Debo este punto al profesor Nicolás Sánchez Albornoz. Cfr. J. Carrera Pujal, Cataluña, III, 252. Después de haberse escrito este libro, el profesor N. Sánchez Albornoz ha publicado La crisis de subsistencias de España en el siglo XIX (Rosario, 1963).

75. Figuerola era un progresista radical; temía ser asesinado por los militantes obreros. Había una sección de la dirección demócrata (influida por Fourier, Cabet y los emigrados franceses de 1851) dispuestos a pensar en términos de un programa de la clase obrera.

76. Réplica de O’Donnell a Fernández de los Ríos (Luchas políticas, II, 361-362). Fernández de los Ríos, en cuya casa se hospedaba O’Donnell, trataba continuamente de llevar a éste a un programa que pudiera satisfacer a los progresistas. O’Donnell permaneció impertérrito, pero véanse las afirmaciones de Córdoba de que los generales no abrigaban proyectos en contra de la dinastía (Memorias, III, 354).

77. F. O., Informe de Howden del 25 de octubre de 1854. Marx, como Howden, argüía (Revolution in Spain, Nueva York, 1939; hay trad. cast., Barcelona, Ariel, 1960) que «la insurrección militar solamente ha obtenido el apoyo de una insurrección popular sometiéndose a las condiciones de esta última», y que esto suponía el fin del Ejército como factor revolucionario para fines privados.

78. Para una descripción del fracaso de Córdoba vid. sus Memorias, III, 377-406.

79. Al igual que en Barcelona en 1835, en Madrid la muchedumbre se reunió en una corrida de toros. Su expresión característica fue el saqueo de la casa de Salamanca y de la de San Luis y el fusilamiento, tras un juicio «popular», de un jefe de policía acusado de usura realizada con fondos proporcionados por criminales protegidos.

80. Para las divisiones del partido demócrata a comienzos de 1854 vid. supra, p. 199.

81. Vid. F. Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España (Barcelona, 1868-1869), III, 225.

82. «Un hombre honesto —reflexionaba Cánovas, consejero civil de O’Donnell— puede participar solamente en una revolución, y ello sólo porque no sabe lo que es.»

83. El desusado lenguaje de Espartero parece indicar que su identificación era real; así, su referencia a su cargo como un «amargo cáliz». Apenas sorprende que un retrato suyo, rodeado de velas, sustituyese a uno de la Virgen María. Howden daba muchas descripciones de Espartero en sus despachos; cfr. F. O., 21 de agosto de 1854: «el hombre más vanidoso que he visto en mi vida».

84. Howden, F. O., 28 de noviembre de 1854.

85. Los disturbios locales fueron utilizados por el gobierno para desarmar a las milicias (p. ej., en Zaragoza, tras unos disturbios por razón del precio de los alimentos, en noviembre de 1855).

86. Los esfuerzos de última hora de Calvo Asensio y Fernández de los Ríos para persuadir a Espartero de que apoyara a Escosura en su disputa con O’Donnell se describen en Fernández de los Ríos, Luchas políticas, II, 425-429.

87. El Ejército sufrió 38 muertos y 200 heridos. Para una descripción militar vid. Relación de los sucesos de Madrid (1856), con un mapa excelente. El factor decisivo fue la superioridad artillera (40 cañones contra 16) de las tropas regulares.

88. Para un resumen entusiasta de esta expansión, vid. F. Garrido, España contemporánea (Barcelona, 1865-1867). La Revolución era contemporánea del telégrafo eléctrico y de los comienzos del boom de los ferrocarriles.

89. Cfr. los discursos de Bueno y Madoz (D. S. C., 1859, II, 213). Cfr. Garrido, op. cit., I, 423 y ss. La ley de 1855 comprendía los bienes comunales de los municipios, las propiedades de las instituciones de caridad, las tierras de las órdenes de caballería, o sea, toda la propiedad colectiva. El 10 % del valor total debía satisfacerse en el momento de la venta y el resto se podía pagar durante un plazo de quince años.

90. Comparado con el período 1836-1844 (400 millones de reales valía la tierra del clero secular, y 500 millones la del clero regular), el período 1854-1856 muestra un acentuado declive de las ventas de tierra monástica, mucha de la cual se había vendido ya (80 millones), y cierta mengua en la de las tierras del clero secular (350 millones). Las cifras del gobierno acerca de la venta de las tierras de común son difíciles de manejar en un análisis por períodos. La legislación preveía una compensación monetaria sobre una base evaluada; los beneficios del Estado los constituía la diferencia entre esta evaluación y el precio de venta.

1. Manifiesto de Lisboa, de Prim, de 1865.

2. Las Novedades, 24 de mayo de 1861.

3. Lord Howden, embajador británico, discutiendo la posibilidad de un renovado intento de gobierno reaccionario bajo Bravo Murillo. F. O., 5 de enero de 1858.

4. Los escritos políticos de Campoamor se hallan en sus O. C., II. Para sus opiniones vid. R. Hilton, Campoamor, Spain and the World (Stanford).

5. La frase procede de un discurso de Bravo Murillo, D. S. C., 30 de enero de 1858.

6. R. Olivar Bertrand, Isabel II, 46, apéndices 1 y 8.

7. Corría el rumor frecuente de una coalición de oposición de antiunionistas puros y de moderados descontentos; esto resultó imposible, si no por otra razón, porque Olózaga detestaba a González Brabo, el dirigente moderado (cfr. Sir A. Buchanan, F. O., 22 de noviembre de 1860).

8. Aunque según Prim, jefe de la expedición mexicana, España se vería envuelta en una deshonrosa guerra con los liberales mexicanos dirigidos por Juárez para mantener a Maximiliano en el trono de un imperio mexicano. Prim se había casado con una sobrina del ministro de Justicia de Juárez y comprendía la escasa base de la exigencia de una restauración monárquica. De ahí su oposición a la peligrosa política de Serrano.

9. Cfr. D. Sevilla Andrés, África en la política española (1960), 84 y ss. Para la crítica del supuesto futuro africano de España, ibid., 87.

10. Hay una descripción excelente de la campaña en F. Hardman, The Spanish Campaign in Morocco (Edimburgo, 1860). Hardman creía que las tropas demostraron grandes cualidades de sobriedad y resistencia en condiciones en que un ejército inglés se habría amotinado. Estaba convencido de que el Ejército solamente buscaba la satisfacción propia (255 y ss.) y que únicamente los políticos civiles soñaban en ganancias territoriales permanentes. En el siglo XX esta postura se invirtió.

11. Cfr. discurso de Cánovas en 1894, D. S. C., 11, V (1894), 4107-4108.

12. Para una descripción del entusiasmo catalán vid. C. Roure, Recuerdos de mi larga vida (Barcelona, 1926-1927), I, 143-155. El Banco de Barcelona concedía créditos sin intereses; dramas y poemas adoptaron como tema el de los Voluntarios. Cfr. P. A. de Alarcón, Diario de un testigo de la guerra de África (O. C., III).

13. Para un panegírico de la prosperidad vid. C. M. Navarro y Rodrigo, O’Donnell y su tiempo (1869), 158.

14. Debe advertirse que los unionistas liberales más ilustrados fueron capaces de más previsión y de miras más amplias en la solución de los problemas sociales; Borrego, Ríos Rosas y Pastor Díaz fueron demócrata-cristianos primitivos. En 1858 Ríos Rosas pedía que la legislación social adoptara «la solución de Jesucristo», de modo que su programa fue tímido. Borrego era muy favorable a una solución «social» para los problemas que habían suscitado las ventas de tierras realizadas según estrictas premisas individualistas. Hay por tanto una relación entre los primeros radicales (por ejemplo, Flórez Estrada) y los reformadores sociales católicos posteriores. Para el antiindividualismo de Pastor Díaz vid. L. Legaz y Lacambra, «El socialismo visto por Nicomedes Pastor Díaz», en Estudios de historia social de España, III (1955), 125 y ss.

15. Las protestas conservadoras se hallan adecuadamente recogidas en Los presupuestos de 1859 (1860).

16. Para los ataques de Garrido, La España contemporánea (Barcelona, 1865, 2 vols.), passim. El punto de mayor importancia era la construcción de caminos, seguido, por este orden, de la Marina, los puertos, faros, etc., fortificaciones, cuarteles y riegos. La construcción de una escuadra naval manifestaba el empeño de O’Donnell de que España pudiera aparecer como una gran potencia y el deseo de favorecer a las nuevas industrias metalúrgicas en la medida en que ello fuera posible sin ofender a los librecambistas progresistas. Para los contratos de guerra vid. Alberto del Castillo, Maquinista, 108-115.

17. Para la evolución de Prim, revelada claramente en sus discursos en el Senado, vid. R. Olivar Bertrand, Así cayó, 163-165.

18. Para los cambios en el gobierno, aparentemente sin sentido, encaminados a recuperar la unidad gubernamental, vid. F. O., informes de Sir J. Crampton, 29 de enero a 21 de febrero.

19. J. Herrera Dávila, Colección de tratados breves (Sevilla, 1829), 5.

20. La Compagnie royale (Bruselas, s. f.), 29 y ss.

21. Vid. W. C. Nash, The Río Tinto Mine (Londres, 1904). El principal cambio realizado por la empresa británica fue la introducción de la minería de roza abierta. Según W. R. Lawson, Spain of Today (Londres, 1890), un consorcio de Londres y Bremen invirtió 8 millones de libras esterlinas inmediatamente después de la compra. Para las minas de Tharsis véase S. G. Checkland, The Mines of Tharsis (1967). En este libro se destaca lo crecido de las inversiones necesarias para el tendido de la línea a Huelva, así como para la explotación de roza abierta.

22. Solamente una línea próspera (Barcelona-Mataró) fue un éxito en los años cuarenta, pagando el 22 % el primer año. Para la construcción posterior, vid. figura 2.

23. En 1914 las compañías francesas controlaban el 85 % del sistema español. El Norte fue financiado originariamente por los Pereire y el M. Z. A. por los Rothschild. El capital francés se calculó en 70 millones de libras esterlinas, y los subsidios del Estado español en 24 millones de libras; cfr. R. E. Cameron, France and the Economic Development of Europe (Princeton, 1961), 248 y ss.

24. Higgins representa la opinión inglesa de que los técnicos del ferrocarril estatal formados en las líneas francesas eran «excesivamente paternalistas y demasiado molestos y engorrosos», Commercial and Industrial Spain (Londres, 1886), 63.

25. Para clarificar los problemas de que se trata, esta descripción excede de los límites cronológicos de este capítulo.

26. Para éste y otros muchos valiosos detalles, vid. Cien años de ferrocarriles (1945), I, esp. 67.

27. El Norte pagó el 6 % los primeros años, nada de 1865 a 1873 y de 1891 a 1906; M. Z. A. jamás aprobó un dividendo y la línea de Extremadura nunca pagó ninguno. En realidad las líneas andaluzas no pagaron jamás. Vid. G. L. Gloag, Railways of Spain (Londres, 1923), para algunas observaciones sobre las finanzas ferroviarias españolas.

28. Las pendientes constituyeron un problema serio, por ejemplo en los trenes carboneros de Asturias, que tenían que ser muy cortos. La longitud virtual de los ferrocarriles españoles oscila entre los 1.500 y los 3.000 metros, y las dificultades creadas por las montañas son evidentes para cualquiera que observe la antigua línea del Norte.

29. El régimen de licitación competitiva suscitó el hecho de que las compañías francesas subestimaran los costos y por lo tanto condujo directamente a las dificultades financieras que las persiguieron siempre.

30. Cfr. A. Pirala, Historia contemporánea, V, 53. En 1868-1873 era posible transportar fácilmente tropas leales a las zonas de disturbios: el orden se desmoronaba cuando no había tropas leales que transportar.

31. Hasta los años cincuenta el vapor sólo se empleó cuando faltaba un caudal de agua adecuado (por ejemplo, en el llano de Barcelona). Tarrasa y Sabadell habían sido ciudades algodoneras secundarias. Vid. J. Vilá Valentí, «El origen de la industria catalana moderna», E. G., LXXVIII (1960), 5 y ss. El primer fabricante de Tarrasa que se dedicó a la lana (en 1838) fue el padre del político catalán y millonario lanero Alfonso Sala Argemí.

32. Para esto y lo que sigue vid. J. Vicens Vives, Industrials i polítics, 52 y ss., y especialmente los diagramas 56-58.

33. Vid. supra, p. 191, para la abolición de los fueros.

33 bis. Para la relación normal entre el carbón y el hierro véase R. Hartshorne, «Location factors in the iron and steel industries» (Economic Geography Concord, julio, 1928, pp. 241-243).

34. Para estas compañías, vid. Banco de Bilbao, 156-158.

35. El primer horno de coque, construido en Asturias en 1848 en colaboración con una compañía inglesa, permaneció durante largo tiempo sin rivales. Los hornos de los Ybarra, los mayores de Vizcaya, fueron construidos para emplear carbón vegetal en 1859. Vid. F. Sánchez Ramos, La economía siderúrgica española (1945), I, 121 et passim.

36. Las cifras de Graell proporcionan una apreciación general de la distribución de las inversiones y del desarrollo en Cataluña (en millones de pesetas). Los totales incluyen las restantes inversiones.

Año

Ferrocarriles

Bancos

Industria

Seguros
marítimos

Barcos
de vapor

Total

1857

30

23

35,5

8

8,5

111,5

1859

77

30

42,5

8

9,5

167,5

1860

116

30

43,5

8

8,5

218,5

1862

160

27

36,5

6

8

260,5

1863

181

27

35

6

8

281,5

1864

194

36

38

6

8

298,5

Esto representa el capital nominal de las compañías registradas según las leyes de 1848 y 1856.

37. R. E. Cameron, France and the Economic Development of Europe, contiene muchos detalles interesantes sobre estas materias, esp. 90-92, 166-168, 275 y ss.

38. Cfr. A. Borrego, Historia... de las clases jornaleras, 1890. Las ideas de Pi están expuestas mejor que bien en C. A. M. Hennessy, The Federal Republic in Spain (Oxford, 1962) (hay traducción española: Madrid, 1966), 20 y ss.

39. Para tomar dos ejemplos, los arrieros, cuyas características son uno de los tópicos favoritos de los escritores de viajes, mantenían a muchos de sus animales en las tierras comunales; los carpinteros de los pueblos obtenían la madera de ellos.

40. P. G. F. Le Play, Les Ouvriers européens (París, 1877), IV, esp. 285-288. Como señaló Le Play, con alguna imprecisión, los derechos de caza, en la aristocrática Inglaterra privilegio de los propietarios, pertenecían en España a los municipios. Sus observaciones se basaron en el norte de Castilla; cfr. supra, p. 20.

41. Hacia 1860 habían tenido lugar las mayores ventas de tierras comunales, a diferencia de los comunes «reservados» en Extremadura y partes de Aragón; en los distritos pastoriles del Norte y en partes de Castilla la Vieja todavía perduraban cantidades sustanciales de tierras comunales. Para decir esto me baso en las cifras, difíciles de interpretar, del Anuario estadístico de 1860-1861, 451 y ss. Las tierras comunales nunca habían sido importantes en Galicia y Cataluña y así en algunas de estas provincias no llegaban, después de las ventas, al 1 % de la tierra. En Santander y León constituían todavía el 30 %.

42. A. Mori, Crónica de las Cortes Constituyentes (1932), VIII, 240 y ss.

43. Cfr. El Economista, enero de 1856, 35-36. El «crimen» de las ventas de tierras comunales ha entrado en la mitología campesina. Así, un agricultor castellano, que cultivaba alrededor de 10 hectáreas, me dijo en cierta ocasión que «ellos» habían robado a los pobres al vender las tierras comunales. Posteriormente descubrí que más de cuatro hectáreas de su propiedad habían sido tierras comunales.

44. Vid. supra, p. 20.

45. F. Jiménez de Gregorio, «La población en la Jara toledana» (E. G., XIV (1954), 214). Un reforzamiento parecido de los propietarios pequeños y medianos parece haberse producido en Ocaña. Los pagos exigidos por la legislación de 1855 fueron razonables.

46. Incluso en una zona supuestamente semilatifundista como La Mancha aumentaron sustancialmente los pequeños propietarios (vid. supra, p. 37).

47. Cfr. la experiencia india, descrita excelentemente por E. J. Long, «Economic Basis of Land Reform», en Land Economics (Wisconsin), XXXVII, 2.

48. Esta revista era el órgano oficial de la Asociación General de Labradores y se publicó durante unos cuantos años a partir de 1863. Su editor era un agente de maquinaria y abono artificial ingleses y franceses.

49. Cfr. El Azucarero, noviembre de 1846. En marzo de 1847 se había creado una fábrica con maquinaria belga. Este grupo (que incluía a Ramón de la Sagra) aparentemente confiaba en un capital de 260 millones de reales.

50. No puedo explicar (más que como error estadístico) la disminución de la superficie cultivada total en estos años; las estadísticas están en contradicción con otras pruebas. Ello puede deberse al rápido agotamiento de las tierras dedicadas a los cereales después de las ventas; tampoco puedo explicar el declinar de la ganadería. Las cifras son muy poco fiables, pero parecen indicar un declive numérico que se inició en 1860 y que perduraba todavía en 1890. Cfr. A. Cabo Alonso, «La ganadería española» (E. G., LXXIX (1960), 128).

51. Para cifras sobre el comercio del vino, vid. tablas en Figuerola. Hay una descripción del comercio de jereces en R. Ford, Gatherings from Spain, 166 y ss., y una vívida descripción de una gran fábrica de jerez y de las vicisitudes del comercio a finales del siglo XIX en La bodega de Blasco Ibáñez (1919), esp. 25 y ss.

52. P. P., LXXXIII (1877), 1516.

53. El «avance» en el pensamiento económico, trascendiendo el todavía afrancesado y dieciochesco tono de la Revista Económica de Madrid (1842) es notable. La Revista no era dogmática y no apoyaba el principal axioma de El Economista —que en la economía política hay verdades aplicables universalmente—. El Economista mantenía una campaña muy de arriba abajo con los aliados agrarios de los catalanes, cuyo órgano era El Eco de la Ganadería.

54. El arancel propuesto por Mon en 1849, aunque basado en consideraciones de renta, fue modificado en sentido proteccionista por la presión catalana. Mantenía únicamente catorce prohibiciones de importación (por ejemplo, cereales, barcos pequeños) y la prohibición general de importación de textiles fue sustituida por una prohibición de determinadas prendas.

55. Para sus opiniones, La Reforma arancelaria (Madrid, 1879).

56. F. O., Sir A. Buchanan, 19 de diciembre de 1860.

57. Así, La España Industrial interrumpió sus planes de establecer factorías fuera de Cataluña como consecuencia del arancel de 1849.

58. La Sociedad para el Fomento del Trabajo Nacional (1839) y el Instituto Industrial (1840) representan las primeras tentativas de crear un movimiento nacional proteccionista.

59. G. Graell, Fomento, 278 y ss. José Concha, que había defendido los aranceles de 1849 contra los librecambistas y cuyas relaciones con el Instituto Industrial catalán son calificadas de «íntimas» por Graell, fue el primero que ocupó la cartera de Colonias, creada recientemente. Para la defensa por el Instituto del trigo castellano, cfr. ibid., 280.

60. Galdós se refiere constantemente a la magia del crédito y a la corrupción financiera que lo acompañaba en sus novelas sobre este período, por ejemplo en O’Donnell y La familia de León Roch (1878). Para el escándalo de la piedra, vid. M. Fernández Almagro, Cánovas del Castillo (1951), 112 y ss. El ministro que sufrió las consecuencias fue engañado por un funcionario cohechador que escapó, como ocurre a menudo con los funcionarios, a las consecuencias del «error».

61. Para Salamanca, vid. Conde de Romanones, Salamanca (1940).

62. Nada nuevo hay en las finanzas ferroviarias de Salamanca. Para construir los ferrocarriles tuvo que obtener préstamos a alto interés, cubriendo los créditos o bien con dinero obtenido para ulteriores construcciones o vendiéndolas a banqueros extranjeros, como cuando vendió a los Rothschild la línea Aranjuez-Alicante por no poder emplear su influencia política para que el gobierno cubriera sus pérdidas.

63. Como financiero ferroviario Salamanca fue librecambista y de haber seguido siendo ministro de Hacienda, en 1846, hubiera reducido los aranceles. Su caída fue saludada con público regocijo en Cataluña.

64. Es interesante señalar que el valor de sus Goyas se quintuplicó entre 1867 y la última venta de 1875.

65. Para sus especulaciones vid. R. Olivar Bertrand, Prim, Apéndice II, CLXX; para su sed de dinero, XCIX, CCIX; para su fachenda, CXXIV.

66. Las cifras siguientes dejan bien claro el crecimiento de la Guardia Civil (en millares de hombres): 1845, 5,9; 1852, 8,1; 1856, 9,4; 1858, 10,9. La milicia fue abolida en 1844 y después del bienio en 1856.

67. Existe un paralelismo muy próximo con el mariscal Saldanha en Portugal.

68. Vid. supra, «El centro de España era aún un cúmulo de mercados locales…».

69. Cfr. J. López Morillas, El Krausismo español (México, 1956), 124. Naturalmente, hubieron excepciones, como Pastor Díaz y Bécquer.

70. Galdós escribió La Fontana de Oro en 1867.

71. Muestra de esta intolerancia fueron las crecientes molestias a los protestantes; en los años sesenta varios casos de encarcelamiento suscitaron protestas de las autoridades protestantes. La defensa inglesa de los derechos de los protestantes a cementerios, etc., dificultó las relaciones diplomáticas con España.

72. Para estas opiniones vid. D. S. C., 1855, 21 de enero. A. Aparisi y Guijarro, Obras (1873), 43, y Los presupuestos de 1859 (1859), 79 y ss.

73. Los neocatólicos ultramontanos dependían tanto de los modelos franceses como los liberales a los que atacaban. El último espíritu auténticamente independiente del catolicismo español fue Balmes, y su originalidad no reside en el aparato teológico de sus obras, sino en la finura y la penetración de sus análisis políticos y sociales.

74. Así las escuelas de la Orden de los Escolapios, que habían sido exceptuadas de la peor persecución, iniciaron un período de expansión en 1845 que habría de durar hasta finales del siglo. P. Calanza Bau, Historia de las Escuelas Pías (Barcelona, 1951), cfr. la estadística de alumnos en el apéndice X.

75. La biografía de Claret por Mariano Aguilar (1894) da una imagen muy reveladora de la devoción de mediados de siglo. El evangelismo de Claret parece que arraigó en una visión infantil del fuego infernal y en el hecho de haberse salvado milagrosamente de morir ahogado por intercesión de la Virgen.

76. Para sus sermones, ibid., I, 121; para sus relaciones aristocráticas, II, 91, 179 y siguientes.

77. Parece que la reina tuvo de él una visión rodeado de resplandores en misa (ibid., II, 223), y que le impresionaron sus milagros (II, 6). Su influencia continuada puede haberse debido a su éxito en encarrilar el matrimonio de Isabel con su marido beato. Las únicas críticas de Claret a Isabel se dirigieron a sus escotes.

78. Las excepciones fueron los periódicos de Borrego y el Diario de Barcelona a partir de 1847. Estos periódicos tenían inclinaciones políticas claramente definidas pero no fueron representantes serviles de los intereses de partido.

79. Los resultados de la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856 de Cerdá (la edición original publicada en Madrid, en el segundo tomo de la Teoría general de la Urbanización, en 1867, se reprodujo en Anales de Sociología, núm. 1, Barcelona, 1966) se resumen en J. Vicens Vives, Industrials i polítics, 149.

80. La larga duración de la controversia sobre las máquinas es tal vez otra indicación de la estructura primitiva y el desarrollo lento de la industria española. En 1877 el Fomento de las Artes publicaba todavía un premio de ensayos, con prefacio de Moret, para convencer «al trabajador modesto e inteligente» de los beneficios de la maquinización. El premio lo ganó un vizconde.

81. C. Martí, Correspondencia oficial, 16 y ss.

82. C. Martí, Orígenes del anarquismo en Barcelona (Barcelona, 1959), 34 y ss. Los progresistas emplearon el Ateneo para llevar a los «socialistas» por caminos individualistas, aunque de la correspondencia de Madoz se desprende que comprendieron su utilidad sólo después de su fundación.

83. Cfr. la oposición de Figuerola a la sustitución ordenada por el gobernador, de las selfactinas por lanzaderas intermitentes a petición de los trabajadores (1854). «Intervenir oficiosamente la autoridad para dictar condiciones de producción, oprimir, vejar, aterrar una u otra de las partes contratantes, es alterar abusivamente el precio de las cosas o constituir una sociedad comunista.» Los propagandistas empleaban la palabra «comunista» como sinónima de intervención estatal (G. Graell, Fomento, 243).

84. Iglesia, el historiador de la Guardia Civil, considera estos aumentos como «una medida política contra la llegada de la revolución», pero también reflejaban los temores de los terratenientes del Sur.

85. Cfr. infra, p. 250.

86. Vid. Cartas de conspiradores, editadas por V. Álvarez Villamil y R. Llopis (1929), 106-110.

87. Para el ataque de Narváez, cfr. D. S. C., 4, V (1863). Narváez creía que Prim se habría convertido en un político respetable si se le hubiera hecho nuevamente capitán general de Puerto Rico.

88. Para el constitucionalismo de Isabel, vid. capítulo VI, sección I.

89. Cfr. F. O., Sir J. Crampton, 27 de julio de 1865.

90. Para las vacilaciones de Madoz, vid. Olivar Bertrand, Prim, 130, apéndices 62, 74, 76 y 77.

91. Éste fue el tema de La reacción y la revolución de Pi y Margall (1854).

92. Vid. supra, p. 200. Hubo otros centros en Béjar (ciudad lanera en depresión), Castellón de la Plana y Teruel. Hay una viva descripción de los dramaturgos catalanes republicanos que se reunían en una tertulia en torno a Soler, el principal autor teatral catalán, en C. Roure, Memorias de mi larga vida, II, passim.

93. La Revolución está descrita por Pérez del Álamo en Apuntes históricos sobre dos revoluciones (Sevilla, 1872), 18-59. Los cabecillas Calvo y Pérez escaparon y posteriormente fueron perdonados. Calvo se convirtió en comisario de policía en Madrid por influencia de Marfori, el diputado por Loja de Narváez.

94. Cfr. C. Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario andaluz (Madrid, 1919).

95. Citado por A. Pirala, Historia contemporánea, III, 94.

96. El agente de Prim, Moriones, perdió el control de la conspiración de los sargentos con la consecuencia de que los civiles iniciaron la revolución antes de que se hubieran completado los planes de Prim (cfr. E. M. Vilarrasa y J. I. Gatell, Historia de la revolución de setiembre (Barcelona, 1875), I, 21-31). El general Pavía, que fue ayudante de campo de Prim, nunca perdonó a los civiles ni a sus consejeros militares, Hidalgo y Pierrad. En Pavía había un conflicto característico entre sus convicciones como revolucionario y como altivo oficial de artillería (cfr. sus conversaciones con A. Houghton en Les Origines de la restauration des Bourbons (París, 1890), 11-14).

97. Las algaradas estudiantiles mostraron una característica que había de convertirse en un factor permanente de la dinámica revolucionaria; es bien comprensible que los soldados apostados en las calles perdieran la serenidad bajo los continuos insultos, lluvia de piedras, etc. Consecuencia de ello fue la mano dura empleada en la represión de estas algaradas.

98. Vid. infra, p. 467; cfr. Navarro y Rodrigo, O’Donnell, 265, nota 1. Es curioso que los partidarios de O’Donnell describan la derrota de la rebelión (O’Donnell repitió su táctica de 1856 y dividió Madrid en dos, separando a los rebeldes) como si se tratara de una victoria nacional sobre un enemigo extranjero.

99. Cfr. L. West a Lord Russell, F. O., 27 de julio y 26 de agosto de 1865.

100. Citado por E. M. Vilarrasa y J. I. Gatell, Revolución, 101.

101. Vid. infra, p. 261.

102. Marqués de Rozalejo, Cheste (1939), 222: «La situación no puede mantenerse en Madrid y ellos [los generales] solamente procuran mantener el orden en la capital».

103. Estadísticas de comercio en L. Figuerola, Reforma arancelaria. El comercio con Cuba, por ejemplo, cayó en una tercera parte en 1867. La construcción de ferrocarril decayó a partir de 1864: en 1867 la importación de carriles, etc., se había reducido en cinco sextas partes. El comercio de exportación español sufrió una caída catastrófica en los precios de exportación del metal y sus importaciones europeas, consiguientemente, fueron muy gravosas.

104. El mercado de moneda de París había estado cerrado para el gobierno español desde 1861 y las dificultades financieras del gobierno aumentaron por las guerras de O’Donnell. La guerra con Chile y Perú, que culminó con el bombardeo del Callao (mayo de 1866), fue estúpida por sí misma y en especial enajenó a acreedores de Londres y París con intereses en las repúblicas del Pacífico.

105. A. Castillo, La Maquinista, contiene una descripción excelente de la crisis que afectó a la industria metalúrgica, 126-150.

106. En Sevilla el trigo se vendía a 275 reales la fanega, el séxtuplo del precio medio.

107. Para una formulación extrema de esta opinión, vid. E. Suñer, Los intelectuales y la tragedia española (San Sebastián, 1938). Por estilo paranoico se entiende ese tipo de pensamiento político que considera amenazada la existencia por una conjura «extranjera» todopoderosa y sutil. Hasta que aparecieron judíos y marxistas, la conjura era siempre de masones, protestantes y ateos.

108. El mejor examen del krausismo está contenido en J. López Morillas, El krausismo español, y en V. Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza (1962). Véase también María M.-D. Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea (1966).

109. «Lamento cada vez más la influencia que la filosofía y la cultura francesa han ejercido entre nosotros durante más de medio siglo. No nos ha dejado más que pereza para trabajar por nuestras propias fuerzas, falso saber y, sobre todo, deshonestidad intelectual y egoísmo petulante.» Sanz del Río, citado por Trend, op. cit., 33. La sobrevaloración del pensamiento alemán, que es evidente en escritores posteriores como Ortega y Gasset, fue el aspecto positivo de esta reacción.

110. Los que protestaron fueron catedráticos alemanes —entre ellos Bunsen y Helmholtz—. J. B. Trend, Origins of Modern Spain (Cambridge, 1934), 46.

111. La cuestión universitaria se discute en V. Cacho Viu, Institución Libre, 134-181. Está claro que el gobierno hubiera evitado la cuestión mediante el compromiso si éste hubiera sido posible. Pero tanto los krausistas radicales como los neocatólicos deseaban luchar hasta alcanzar la victoria.

112. El aspecto religioso del krausismo está tratado muy ampliamente en P. Jobit, Les éducateurs de l’Espagne contemporaine (París, 1936).

113. Esta pasmosa explosión se contiene en su correspondencia con Valera (carta del 2 de septiembre de 1886).

1. J. Paul y Angulo, Memorias íntimas de un pronunciamiento (1872), 9-10.

2. Para gran cantidad de información detallada sobre la industria cubana del azúcar, vid., Roland T. Ely, Cuando reinaba su majestad el azúcar (Buenos Aires, 1963), 87-105, 299-492.

3. Debe advertirse que, paralelamente a una decisión de conservar la isla a toda costa, en España había elementos dispuestos a acabar con Cuba y sus problemas mediante su venta a los Estados Unidos. En general la opinión española, que recordaba amargamente las expediciones de piratería de los años cincuenta, se oponía fuertemente a cualquier idea de venta a los Estados Unidos; cfr. A. A. Ettinger, The Mission to Spain of Pierre Soulé, 1853-1855 (New Haven, 1932).

4. Para un esbozo marxista de las luchas sociales de Cuba y su relación con la independencia, vid. S. Aguirre, Seis actitudes de la burguesía cubana en el siglo XIX (La Habana, 1961).

5. Para la represión de Lersundi y la política de concesiones de Dulce, vid. R. Guerra y Sánchez, A History of the Cuban Nation (La Habana, 1958), V, 14-54.

6. H. Portell Vila, Céspedes (1931), 103 y ss. La rebelión secesionista arraigó en las dos provincias de Oriente y Camagüey. En Oriente, el terreno es quebrado y la lucha se realizaba a pie; en Camagüey, que era una provincia ganadera, los rebeldes emplearon eficazmente la caballería. Vid. R. Guerra y Sánchez, Cuban Nation, 4-5 y 7-20 para las diferencias sociales entre Oriente y Camagüey, subyacentes a las divisiones en el campo revolucionario.

7. En Barcelona un grupo de poderosos intereses (esto es, los agricultores del Instituto de San Isidro y los industrialistas del Fomento) establecieron una «Comisión Permanente para la defensa de los intereses españoles en Cuba». Cfr. J. Carrera Pujal, Cataluña, V, 347-371, para una descripción de los intereses catalanes en Cuba.

8. El general Martínez Campos consideraba «insignificantes» las bajas en campaña en comparación con las fiebres y las heridas en las piernas que se derivaban de la guerra en una semijungla.

9. La única enmienda a las exigencias demócratas fue que la edad mínima para tener derecho al voto se fijó en los 25 y no en los 21 años. El sufragio se aplicó a todas las elecciones y su consecuencia inmediata fue la consecución por los republicanos del gobierno municipal en veinte capitales de provincia.

10. Rivero, en una carta citada por M. Fernández Almagro en Historia política de la España contemporánea, I, 158. Esto aclara lo hecho por Rivero en febrero de 1873 (vid. infra, p. 274).

11. Parece que el partido adoptó el federalismo, al menos en parte, por la incompetencia distraída del presidente en la reunión fundacional, Orense, según M. Villalba Hervás, De Alcolea a Sagunto (1899), 21. La cuestión adquirió nivel intelectual con la publicación de La forma de gobierno de Salmerón (1868).

12. Cfr. C. A. M. Hennessy, Federal Republic, 124 y ss. Los republicanos no pudieron conseguir una dirección reconocida hasta febrero de 1870, en el momento mismo en que se escindieron en unitarios y federalistas (M. Villalba Hervás, ibid., 99).

13. I. A. Bermejo, Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868 (1875-1877), 1, 386-401. Éste fue el mayor servicio al gobierno de Rivero como alcalde: los batallones de trabajo apartaron a unos 13.000 hombres de la tentación demagógica. Rivero se interesó por la replanificación urbana de Madrid propugnada por Fernández de los Ríos según las líneas del Segundo Imperio. 1868, como otras revoluciones, emprendió una demolición de edificios monásticos, etc., en interés de las mejoras urbanas.

14. Al principio, las Juntas fueron nombradas por aclamación y más tarde elegidas. Cuando el gobierno provisional excluyó a los demócratas, las Juntas fueron la única base de su poder (cfr. J. Paul y Angulo, Memorias, 70-77). Para la Junta de Madrid, vid. E. Rodríguez Solís, Memorias de un revolucionario (1880), 99-106.

15. E. M. Vilarrasa y J. Gatell, Revolución de Septiembre, I, 808, para la circular de Sagasta.

16. En Valls se quemaron los registros de la propiedad y se atacó a los propietarios ricos. En Valencia los propietarios de la tierra, más alarmados por la perspectiva de un bombardeo gubernamental que por una guerra de clases, intercedieron en favor de los rebeldes. La mejor descripción del levantamiento de Valencia se halla en I. A. Bermejo, Interinidad, I, 697-716.

17. D. S. C., 18, VII, 69, citado en el discurso de Sagasta.

18. R. Olivar Bertrand, Así cayó, apéndice 124. Carta del 11 de junio, profetizando que la estabilidad se seguiría de la supresión de la revolución.

19. Citado por Vilarrasa y Gatell, Revolución, I, 860.

20. En la sesión de octubre a diciembre de 1869 los debates ocuparon solamente 184 horas. Algunas sesiones duraban escasamente una hora.

21. M. Fernández Almagro, Cánovas, 178-187.

22. Prim no se atrevía a pensar en Montpensier porque conocía la oposición de Napoleón III a un candidato orleanista. «Prim me dijo una y otra vez que Napoleón había vetado la elección de Montpensier» (F. O., Layard a Grenville, 3 de enero de 1873).

23. La circular de Sagasta trata de explicar algunas de las acciones de Prim. Éste se defendía ingenuamente diciendo que no comprendía por qué habrían de producirse complicaciones europeas. Esto carece de sentido, dada su actitud ante la candidatura de Montpensier. Para una discusión de estas cuestiones, vid. D. Steefel, Bismarck, the Hohenzollern Candidacy and the Origins of the Franco-Prussian War (Cambridge, Mass., 1962).

24. Los telegramas se reproducen en Vilarrasa y Gatell, Revolución, I, 281-296. Traslucen la terrible ansiedad del gobierno por encontrar un rey.

25. La aristocracia había «emigrado» a Francia en 1868; esto era reflejo de la revolución política, más que su temor a la revolución social.

26. Lo más probable es que los asesinos fueran extremistas federalistas republicanos al estilo de Paul y Angulo: su periódico había dirigido terribles ataques contra Prim, al que ahora odiaba, tal vez porque Prim se negaba a pensar en él para embajador. Otros sospechosos pueden ser: los intereses esclavistas cubanos, Serrano (según Paul y Angulo) o los montpensieristas (según la viuda de Prim).

27. Para las ideas de Ruiz Zorrilla, vid. I. A. Bermejo, Interinidad, II, 571, 824. El amaño de las elecciones era inevitable en un país donde, como reconocía Ruiz Zorrilla, doce de los dieciséis millones de sus habitantes eran indiferentes en materia política. Como en todos los períodos hubo revelaciones alarmantes de corrupción electoral.

28. Las elecciones dieron a carlistas y republicanos una posición decisiva en las Cortes cuando la coalición se rompió; Nocedal, el dirigente carlista, podía hacer y deshacer gobiernos. Ello añadió tensión e irrealidad a la vida política puesto que, a priori, no se podía incitar a Nocedal a formar parte del gobierno.

29. El programa posterior de Ruiz Zorrilla es interesante por mostrar hasta qué punto era puramente un político radical: su proyecto principal consistía en una administración «moral» como medio de economías. Aparte de la abolición del sistema de quintas y de la reforma del Ejército, poco apoyo de la clase obrera podía obtener en un electorado con sufragio universal. La reforma de la instrucción se antepuso a la reforma agraria o del sistema de riego.

30. Cfr. I. A. Bermejo, Interinidad, II, 545. Ya habían enseñado los dientes en su ataque a la «prolongación» por el rey del corto gobierno de Malcampo, el incoloro sucesor de Ruiz Zorrilla. En una reunión en el Circo Price, Rivero puso la libertad por encima de la monarquía. Uno de los argumentos radicales es interesante como precedente del que obligó a Alfonso XIII a la abdicación tras la victoria republicano-socialista en las elecciones municipales de abril de 1931: puesto que los radicales como partido «de masas» habían ganado las elecciones municipales el rey tenía la obligación constitucional de designar un gobierno radical.

31. Sagasta dimitió tras un intento de ocultar la transferencia no autorizada de dos millones de pesetas del presupuesto cubano. Sagasta afirmó que había empleado los dos millones para una cuestión secreta que suscitó los más absurdos rumores, por ejemplo, que Castelar estaba dispuesto a embargar el Banco de España y Ruiz Zorrilla a quemar las fábricas catalanas. Los enemigos políticos creían que había empleado los dos millones para pagar sus elecciones; en realidad los usó para ocultar un escándalo en la vida privada de Amadeo I, M. Fernández Almagro, Historia política, I, 142.

32. Vid. infra, p. 274, para la rebelión republicana.

33. Castelar tenía amigos íntimos entre los radicales cimbrios, por ejemplo, Martos. Probablemente soñaba con crear el antiguo partido demócrata de los años sesenta sobre una base republicana unitaria.

34. Siguen sin conocerse bien sus planes de verdad: parece haber estado en contacto con generales conservadores como el marqués del Duero. Su caída, al acusarle Martos de tirano, es un ejemplo notable de los cambios repentinos a que están sujetas las alianzas en situaciones revolucionarias.

35. Vid. supra, p. 246, y C. Martí, Orígenes, 23-38.

36. A partir de octubre de 1868 Fanelli, el agente de Bakunin, predicaba que todas las alianzas políticas eran contrarrevolucionarias, pero no pudo encontrar nuevos partidarios entre los que apoyaban la alianza republicana (cfr. M. Nettlau, Bakunin y la Internacional en España (Buenos Aires, 1925), 32 y ss.).

37. La defensa republicana de la Internacional suscitó el más conocido debate de la Revolución. Entre todos los discursos interminables e ilegibles, el más famoso es el de Salmerón, que está lleno de su filosofía de la razón inmanente en la naturaleza humana. Este discurso no podría haber sido pronunciado en ninguna otra asamblea parlamentaria. Llenó el Congreso; hubiera vaciado la Cámara de los Comunes o la Asamblea Nacional francesa.

38. Por ejemplo, «oportunidades para los trabajadores», mejora intelectual y moral, leyes fabriles, reforma de los arrendamientos agrícolas (único signo de que los republicanos creían que había votantes potenciales entre los descontentos del campo), «generalización de la propiedad» por medio de la panacea de Pi y de los créditos a bajo interés. El límite extremo de su política social lo presenta su programa de febrero de 1872 (reproducido en E. Vera y González, Pi y Margall, II, 294-300); esbozado por Pi, el partido nunca lo aceptó.

39. Para las divisiones de la Internacional y el consiguiente predominio de Bakunin sobre Marx en España vid. G. Brenan, Labyrinth, 143 y ss.

40. Cfr. en E. Vera y González, Pi y Margall, II, 442 et passim, los juicios sobre las dificultades presentadas por el «fetiche de la legalidad» de los dirigentes.

41. Cfr. el discurso de Figueras en Barcelona (12 de marzo). A pesar de ser federalista por convicción personal, creía que, como jefe del Estado, declarar sus convicciones sería una «violación de la neutralidad», M. González Sugrañes, La república en Barcelona (Barcelona, 1896), 114.

42. El general Pavía sugirió a Francisco Salmerón (el hermano radical del dirigente republicano y presidente de la Comisión Permanente dominada por los radicales) que podía poner en escena un movimiento militar en apoyo de los derechos legales de las Cortes (ordinarias) y declararse en favor de un gobierno unitario, republicano y nacional. F. Salmerón se negó a ello y esto le perdió. Serrano no fue formalmente uno de los dirigentes de la conjura de abril, aunque su casa se empleó para una serie de conversaciones inconcluyentes e indecisas. Al fracasar el complot se afeitó el bigote y escapó a Biarritz.

43. Pi y Margall, La república de 1873 (en Opúsculos, 1914), 108. «Es indudable que tras el 23 de abril yo tenía un poder inmenso; a consecuencia de los acontecimientos del 23 de abril el gobierno se había convertido en una dictadura revolucionaria.»

44. Ibid., 109.

45. M. González Sugrañes, Barcelona, 104, 257. La Internacional se mostró particularmente activa en la propaganda entre la guarnición; el Ejército existía para pagar a los oficiales burgueses a costa del pueblo. El 6 de junio se produjo en Igualada un motín a gran escala.

46. Así, los voluntarios siguieron a sus oficiales contra los incendiarios de iglesias. Las peores crisis se produjeron el 21 de febrero, el 8-11 de marzo, el 23-24 de abril y del 12 al 19 de junio. Para los esfuerzos telegráficos de Pi y Figueras, ibid., 81 y ss., y apéndice L.

47. Para Prieto y Cervantes vid. J. Díaz del Moral, Agitaciones, 93 y ss. Roque Barcia fue un periodista revolucionario que había visto frustrarse sus esperanzas de obtener un alto cargo. Cfr. C. A. M. Hennessy, Federal Republic, 97.

48. Cfr. R. Coloma, La revolución internacionalista en Alcoy (Alicante, 1959), 28. Los trabajadores recibían salarios «antes inconcebibles». Los obreros del papel tuvieron que ser forzados a la huelga por piquetes armados.

49. Para la revuelta de Montilla vid. J. Díaz del Moral, Agitaciones, 73. Montilla tuvo un fuerte grupo federalista, muchos de cuyos miembros se convirtieron en internacionalistas.

50. En Cádiz, Salvochea (posteriormente dirigente anarquista), que proclamó el cantón, había fracasado al tratar de ser reelegido como alcalde. El papel de la Internacional, salvo en Alcoy, fue pequeño. Cantonalistas e internacionalistas no colaboraron efectivamente y los unos acusaban a los otros de los fracasos. Para Salvochea vid. C. A. M. Hennessy, ibid., 225.

51. Para la rebelión carlista vid. infra, sección 5.

52. En Sevilla sólo había 140 guardias civiles y carabineros. La facilidad con que Ripoll tomó Córdoba muestra que la más pequeña prueba de decisión podía haber derrotado a los rebeldes.

53. La declaración tuvo lugar el 12 de julio. El movimiento se inició localmente sin instrucciones del Comité Central. Los representantes de este Comité, Roque Barcia y Contreras, se unieron al movimiento ya iniciado.

54. Discurso del 30 de agosto.

55. M. Pavía y Rodríguez, La pacificación de Andalucía (1878), da una explicación de cómo Pavía se ganó a su propio ejército y triunfó de las fuerzas cantonalistas.

56. Las consecuencias más sorprendentes del localismo se advirtieron en la resistencia de las ciudades más pequeñas a los intentos de Cartagena y Sevilla por «absorber» los municipios circundantes. Cartagena bombardeó Almería cuando ésta se negó a contribuir con fondos al cantón de Murcia.

57. A. Houghton, La Restauration des Bourbons en Espagne (París, 1890), 86.

58. Vilarrasa y Gatell, Revolución, II, 832. Para Salmerón, la «abdicación de principios» de Castelar (por ejemplo, de la doctrina republicana de separación de la Iglesia y el Estado) quedaba demostrada por la designación de dos obispos. Castelar creía que ningún gobierno que declarase su hostilidad a los católicos españoles podría sobrevivir, y que para el Estado español era preferible designarlos a permitir que sus poderes se extinguieran. El primer punto estaba claro y solamente la obcecación de Salmerón podía negarlo; el segundo se convertía en algo sospechoso cuando estaba debatiéndose en las Cortes la separación de Iglesia y Estado.

59. Solamente en este sentido puede afirmarse que muchos españoles fueran carlistas de corazón, y solamente así puede aceptarse la extraña conclusión de Butler Clarke: «La mayoría de los españoles que se paran a pensar son carlistas cuando se lo dicen sus ánimos, a ciertas edades... pero el espíritu del carlismo desarma a los que son enviados a luchar contra él. Los carlistas tienen una causa definida, un objetivo, y un plan para llegar a él» (Spain, 370). No hay duda de que muchos españoles admiran la obstinación del carlismo, pero se trata de una reacción estética más que política.

60. Vid. supra, p. 271. Carlistas y republicanos podían conjugarse en defensa de aquellas libertades individuales que el gobierno negaba a sus enemigos declarados. Así, Sagasta, como ministro de la Gobernación, fue atacado por su fracaso en defender las manifestaciones «pacíficas» de fidelidad al Papa.

61. Montemolín, el pretendiente carlista que había aparecido en San Carlos de la Rápita, murió en 1861; su hermano don Juan era sospechoso de liberalismo y la pretensión carlista, consiguientemente, estuvo representada por su hijo, don Carlos María, que se titulaba a sí mismo duque de Madrid.

62. Para las disputas entre Cabrera y don Carlos, vid. I. A. Bermejo, Revolución y la interinidad, I, 595-610, y la correspondencia en A. Pirala, Historia contemporánea, III, 487-492.

63. Vid. la correspondencia de don Carlos con Rada después de haberle destituido por un fracaso que había profetizado. Vilarrasa y Gatell, Revolución, II, 538-542. Esto revela que además de las divisiones entre militantes y moderados carlistas también había divisiones entre los propios militantes.

64. F. Hernando, La campaña carlista; 1872-1876 (París, 1877), 116-118.

65. Irún era la principal aduana de la frontera; su captura hubiera proporcionado a los carlistas amplios ingresos.

66. Estas dificultades se describen ampliamente en De la revolución a la restauración del marqués de Lema (1927).

67. Carta de Martínez Campos a Alfonso del 21 de diciembre de 1874 (M. Izquierdo Hernández, Historia clínica de la restauración, 1946). Alfonso no tuvo tiempo de responder a esta carta antes del pronunciamiento del ejército del Centro.

68. Es interesante que Suñer, el diputado republicano por el Ampurdán, apoyara a los proteccionistas y que pasara al bando «reaccionario» en la polémica sobre las máquinas. Toda la cuestión muestra hasta qué punto una industria altamente protegida se había aferrado a métodos de producción arcaicos (R. Medir Jofra, Gremio corchero, 91-93).

69. Cfr. J. Sardá, Fluctuaciones, 163. Las anteriores leyes mineras, con su sistema de denuncias legales, inhibieron la inversión extranjera. La nueva legislación constituía, pues, condición sine qua non de la nueva ola de inversión en las minas. Para las trabas inherentes a la vieja legislación véase S. G. Checkland, Tharsis, cap. 6.

70. Cfr. M. Menéndez y Pelayo, Heterodoxos (en O. C., 1932), VII, 426 y ss. La historia de la revolución de Vilarrasa y Gatell, escrita en 1874, hace una lista de los ultrajes religiosos de la revolución.

71. Escrito del clero barcelonés a Serrano (citado por Vilarrasa y Gatell, Revolución, I, 82-831). Muchos de los clérigos se negaron a jurar la Constitución.

72. Por ejemplo, la reducción del estipendio del clero a la mitad, el matrimonio civil, la eliminación de la influencia católica en la instrucción pública. Todas estas medidas fueron reproducidas por la República de 1931 con consecuencias parecidas.

1. J. de la Cierva, Notas de mi vida (1955), 10.

2. Para sus relaciones con los intelectuales vid. A. M. Fabié, Cánovas del Castillo (Barcelona, 1928), 187, 200, 203 y 228. Su matrimonio de 1887, al separarle de sus antiguos círculos y relaciones con los intelectuales, debilitó su carrera posterior.

3. D. S. C., 27 de marzo de 1876. Debe recordarse que Cánovas había realizado su aprendizaje político en la Unión Liberal.

4. Para las ideas políticas de Cánovas vid. L. Díaz del Corral, Liberalismo, 529 y ss.

5. J. Carrera Pujal, Cataluña, VI, 9.

6. Vid. V. Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, 283 y ss. «Cuando la mayoría... de los españoles son católicos y el Estado es católico... el Gobierno no puede consentir que un dogma que es la verdad social de nuestro país sea atacado por profesores pagados por el Estado.»

7. Para las protestas vid. A. Jiménez, Ocaso y Restauración (México, 1948), 143, 152. Para los intentos de compromiso de Cánovas vid. V. Cacho Viu, op. cit., 292, 300.

8. «Los derechos individuales son imposibles en una nación sin creencias religiosas... pues desde el momento en que los hombres no poseen una conciencia que protege los derechos de los demás, tal protección ha de ser confiada inevitablemente al Estado.» D. S. C., 3 de noviembre de 1871.

9. Cánovas era sensible a la presión europea, especialmente a la ejercida desde las embajadas alemana y británica en favor de los derechos de los protestantes. «¿Adoptaremos el criterio... de oponernos al concierto de las naciones europeas?»

10. Para un resumen de la posición católica vid. J. M. Antequera, La unidad católica (1875), esp. 30-60.

11. Cfr. J. D. Hughes, Religious Freedom in Spain (Londres, 1955), Cánovas mantenía la estricta posición regalista de mediados de siglo. Felipe II, decía, habría exiliado al arzobispo de Toledo por imprimir la condena papal.

12. Para una información curiosa sobre este punto vid. H. E. Noyes, Church Reform in Spain and Portugal (Londres, 1897).

13. Cfr. «The Quest of Religious toleration in Spain in the nineteenth century», en Journal of Ecclesiastical History (Londres, 1957), VIII, 211 y ss. En 1884 el representante en España de la Sociedad Bíblica británica y extranjera informaba que «la palabra de Dios había sido difundida tan ampliamente en el país que le parecía imposible que se pudiera desarraigar». Pese a todo, como dijo en cierta ocasión Castelar, los españoles consideraban el protestantismo «demasiado frío» y preferían el ateísmo o los derivados krausistas del protestantismo. En 1933 sólo había 21.900 protestantes en el país.

13 bis. En la opinión de Nocedal, el manifiesto del Duque de Madrid (A. Pirala, España y la regencia, 1903, 113-114) «desatendería la supremacía de lo espiritual sobre lo temporal. Los reyes no eran, al cabo, sino “vicarios temporales”». Véase Marcial Solano, El Tradicionalismo político español y la ciencia hispana (1951), 19.

14. El programa de los años noventa, donde está mejor expuesto, es en la Biblioteca Popular carlista, publicada en Barcelona. Era proteccionista y regionalista —de ahí su fuerza en Cataluña— y esperaba obtener el apoyo de la clase obrera con un renacimiento del sistema gremial. Pero por debajo de esto estaba el viejo credo de 1833: un rey que «trabajara» y cuyos ministros fueran sus secretarios, y la idea de un movimiento nacional superior a los partidos, considerados como artificios liberales («No soy el jefe de un partido»).

15. Vázquez de Mella, Política tradicionalista (1932, II, 3).

16. Para las ideas de Vázquez de Mella sobre el regionalismo y sus ataques al nacionalismo «separatista» vasco y catalán, vid. J. Vázquez de Mella, Regionalismo y monarquía (1957). Las ideas sociales de Vázquez de Mella provenían de las encíclicas de León XIII y de los escritos de Albert de Mun. El lector inglés encuentra en el pensador carlista un profundo parecido con las ideas del escritor católico Hilaire Belloe.

17. Para el regeneracionismo vid. infra, cap. XII.

18. Para una apología moderna vid. P. Laín Entralgo, Menéndez y Pelayo (Buenos Aires, 1955).

19. Conde de Romanones, O. C., I, 104.

20. Liberales y liberales-conservadores se turnaron del modo siguiente: Cánovas, enero-septiembre de 1875, diciembre de 1875-marzo de 1879, diciembre de 1879-febrero de 1881; Sagasta, de 1881 a octubre de 1883; Cánovas, enero de 1884-noviembre de 1885; Sagasta, noviembre de 1885-julio de 1890; Cánovas, julio de 1890-diciembre de 1892; Sagasta, diciembre de 1892-marzo de 1895; Cánovas, marzo de 1895-agosto de 1896. Los gobiernos excepcionales, los de Jovellar, septiembre a diciembre de 1875 (una sustitución táctica para cubrir la resistencia de Cánovas a emplear el sufragio universal); Martínez-Campos, marzo-diciembre de 1879; Posada Herrera, octubre de 1883 a enero de 1884. Martínez Campos empezó como conservador disidente pero se unió a los fusionistas de Sagasta, mientras que el gobierno de Posada Herrera fue un intento, coronado por el éxito, de dar al traste con la Izquierda Dinástica, que potencialmente era un grupo divisor de los liberales, dándole el poder durante un tiempo.

21. Para una discusión más amplia de estas cuestiones vid. infra, capítulo XII.

22. Los detalles de la enfermedad del rey y de sus consecuencias políticas se describen en M. Izquierdo Hernández, Historia clínica.

23. Está además el hecho, que los críticos del Pacto de El Pardo no suelen destacar, de que Cánovas estaba seriamente debilitado por la impopularidad de los fracasos del gobierno en la disputa con Alemania por la cuestión de las Carolinas. Así, antes de la muerte del rey, los periodistas políticos profetizaban la caída de Cánovas y hablaban de «agotamiento de la situación».

24. Para la actitud de Castelar hacia el socialismo vid. P. Gómez Chaix, Ruiz Zorrilla (1934), 105-106.

25. Gómez Chaix, Ruiz Zorrilla, 170 y ss.; M. Tato y Amat, Sol y Ortega y la política contemporánea (1914), 69. Maura creía que todo el Ejército estaba maleado (cfr. carta del 15 de agosto de 1883 en Duque de Maura y M. Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII (1948), 402. Para una descripción posterior de los agravios de los sargentos que realmente fueron postergados en los ascensos a oficiales, vid. Muñoz de Quevedo en El porvenir de los sargentos (Madrid, 1895). El libro fue dedicado a Salmerón.

26. Salmerón cubría su alianza con los zorrillistas, a cuyo apoyo sabía que debía su escaño, con la fórmula «no emplear la fuerza para el poder, solamente para el derecho», o sea, que los republicanos podían rebelarse, pero que cualquier otra rebelión manifestaría el deleznable deseo de cargos y poder. Los comentarios de Galdós (Obras inéditas, I, 112, 119, 161, 174) son esclarecedores para este período de la carrera de Salmerón.

27. Ambas afirmaciones son de 1890. Sagasta temía que Cánovas diera apoyo electoral a los demócratas disidentes de Martos. Cánovas dio a entender claramente a Martos que no podía hacerlo (cfr. A. M. Fabié, Cánovas, 244, 255).

28. Romero Robledo (1838-1906) comenzó como unionista liberal y había servido a Sagasta como ministro de la Gobernación (1872); tras haber roto con Cánovas en 1885 trató de lograr una coalición electoral con López Domínguez, coalición que se convirtió en el partido reformista liberal, de corta vida.

29. F. Silvela, Artículos, discursos, conferencias y cartas (1933), II, 131-133.

30. Para las reformas de Silvela y sus implicaciones conservadoras vid. infra, p. 396.

31. Para los intentos de reconciliar a Cánovas y Silvela vid. F. Silvela, Artículos, II, 93, 103-106. Este segundo volumen es la mejor fuente para la historia de la disidencia.

32. Cfr. las cartas de Romero Robledo a Gamazo en F. de Llanos y Torriglia, Germán Gamazo (1942), 142 y ss.

33. Para una descripción de esta crisis desde el punto de vista de Sagasta, vid. Conde de Romanones, María Cristina (1957), 68. Los papeles comprometedores fueron quemados por Moret, heredero político de Sagasta.

34. «Cacique» se define en el Diccionario de la Academia como «persona que, por motivos políticos, ejerce una gran influencia en los asuntos de un pueblo o comarca». El término, importado de América, es empleado ya por Cervantes para designar un personaje local. Vid. P. Perissé, Les Élections legislatives en Espagne (Toulouse, 1909), para un esbozo de la maquinaria electoral.

35. Para una imagen idealizada de Gamazo como cacique bondadoso vid. F. de Llanos y Torriglia, Germán Gamazo.

36. J. de La Cierva, Notas, 21-24.

37. Estos distritos electorales explicaban las actas blancas, que escapaban al escrutinio parlamentario; a partir de 1907 no fueron discutidos, pues la Cláusula 29 de la ley de Maura los dejó en manos de los políticos locales. Sus caciques fueron llamados alternos. La correspondencia política de la época está llena de información sobre los pactos en tales distritos. La Cláusula 29 favorecía a los candidatos presentados por los políticos locales. Para figurar como tal, el candidato debía ser apoyado por la vigésima parte de los votantes —exigencia difícil— o ser nombrado por recomendación de un senador o diputado provincial.

38. J. Costa, Oligarquía y caciquismo (1902), 424 y ss. En los debates del Ateneo se opinó que el caciquismo era un fenómeno de parlamentarios inmaduro o de una sociedad decadente. Era ambas cosas.

39. Para la revuelta de silvelistas y regionalistas contra los manipuladores de Barcelona, vid. «4. La protesta catalana (1898-1919) y el nacionalismo vasco». Cfr. la revuelta de Granada contra su cacique (1917-1919) que había apoyado a un ministro del gobierno liberal a cambio del control absoluto del ayuntamiento, que mejoró la hacienda del cacique y costeó su escolta personal.

40. No conozco las estadísticas de suspensiones por orden de los gobernadores. Entre 1915 y 1923, cuando el sistema estaba en decadencia, 544 ayuntamientos fueron suspendidos por el ministro de la Gobernación. Pero no todas las suspensiones fueron políticas.

41. Estos ejemplos proceden de las historias municipales de Madrid, Málaga, Barcelona y Murcia.

42. De la novelista gallega Emilia Pardo Bazán es esta observación sobre la popularidad de los tiranos chicos. En 1918 se descubrió en Madrid una situación curiosa: los créditos para la contratación de peones para la construcción de carreteras habían pasado en donativos para 4.600 «parados».

43. Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo (1930), 187.

44. La campaña de Silvela exigía que el Estado iniciara un proceso contra la municipalidad de Madrid que había sido denunciada por los esfuerzos de un particular, el marqués de Cabriñana. Éste, tras sufrir un intento de asesinato, se convirtió en un héroe popular. La campaña en su defensa (diciembre de 1895) fue una de las pocas cuestiones políticas que levantaron a la «opinión» en la España de la Restauración.

45. Cfr. J. Pabón, Cambó (1951), I, 208, 218.

46. F. Largo Caballero, Mis recuerdos (México, 1954), 68-79.

47. Los procedimientos de apelación contra los funcionarios del gobierno se exponen en Santamaría de Paredes, Curso de derecho administrativo (varias ediciones). Los jueces municipales eran nombrados por las Audiencias y los colegios de abogados, generalmente por recomendación del diputado. La cláusula que favorecía a los candidatos cualificados parece haber sido letra muerta (J. Chamberlain, El atraso de España (Valencia, 1919), 121). Montero Ríos calificó los peldaños inferiores del sistema judicial de «organismo creado para las pasiones e intereses locales más que institución judicial» (Gaceta, 23, IV, 1893).

48. H. Puget, Le Gouvernement local en Espagne (París, 1920), 188. La intervención iba más allá de las facultades concedidas por la ley municipal. A copia de reales órdenes y decretos, el Ministerio de la Gobernación edificó un cuerpo de jurisprudencia formidable e incontrolado. Ningún ayuntamiento podía concertar una compra sin una declaración gubernamental de utilidad pública. Las reformas de otro conservador, Burgos y Mazo, transfirieron este poder esencial a los propios ayuntamientos.

49. Ibid., 157.

50. «Éstos forman el verdadero grupo de basureros de Madrid, y sin su ayuda las calles de nuestra ciudad serían pronto un montón de basura», Heraldo de Madrid, 19 de mayo de 1921.

51. Muchas de las ideas de Maura habían sido anticipadas por Silvela en los años noventa; cfr. Silvela, Discursos, II, passim.

52. Para una crítica liberal inteligente de las propuestas de Maura de 1907 vid. el prefacio a Régimen local de A. Posada.

53. Para estas críticas vid. su Reconstitución de España (s. f.).

54. G. Maura, hijo del gran Maura, cree que el «sistema» obligó a Sagasta a sacrificar una política nacional a la necesidad de mantener unidos los grupos disidentes, cada uno de los cuales poseía un liberum veto sobre la legislación benéfica de todo gobierno liberal; de ahí el fracaso de la legislación financiera de Camacho y de la reforma militar de Cassola en el gobierno largo de Sagasta. Los dos afectaban a una legión de intereses (tenedores de títulos de la deuda, proteccionistas, oficiales de artillería), e incluso un gobierno fuerte hubiera tenido que apartar a tales reformadores. Para una crítica moderna exagerada vid. J. M.ª García Escudero, De Cánovas a la república (1953).

55. La expresión se debe a Galdós. Durante la regencia (1885-1902) se produjeron veinticuatro «crisis», muchas de las cuales tuvieron su fisonomía y nomenclatura distintivas que, significativamente, tomaban de los apellidos y no de las cuestiones; por ejemplo, «la crisis de la corazonada del general Martínez Campos», «la crisis Martos», etc.

56. Siempre se consideró como una prueba de la decisión de Silvela de llevar a cabo unas elecciones honradas —llamadas siempre «sinceras» en la jerga política— el hecho de que en 1899 disolviera las Cortes antes de que se pudieran acordar los necesarios arreglos electorales (G. Maura, en Lafuente, Historia, XVI, 293).

57. En 1895 el orgullo de la flota, el Reina Regente, varó con toda la tripulación entre Gibraltar y Tánger. Para detalles vid. Sánchez de Toca, Reconstitución, 354-355, y especialmente los discursos de Maura de 13-14 de mayo de 1890, 8 de julio, 13 de diciembre de 1899 y 5 de diciembre de 1901.

58. Los unionistas deseaban a la vez una unión arancelaria con España (por ejemplo, el cabotaje de 1882) y un tratado comercial con los Estados Unidos, es decir, lo mejor de ambas partes.

59. P. Alzola y Minondo, Relaciones comerciales entre la península y las Antillas (1895), 16, 33, 107-110, ejemplo interesante del alegato español contra los hechos de la relación con los Estados Unidos.

60. Maura creía que no había peligro en cierto grado de autonomía porque el conflicto racial mantendría a los criollos, sin Ejército propio, dentro de la órbita española. No creía que el problema cubano fuera un problema sui generis, sino simplemente una muestra más de los peligros de la centralización aplastante que paralizaba las energías de España; cfr. su actitud respecto a Cataluña (D. S. C., 14 de julio de 1896). Las reformas de Maura fueron apoyadas en Cuba por los autonomistas y por los reformistas que se escindieron de los unionistas constitucionales.

61. Para una excelente discusión de las políticas cubanas de Cánovas vid. E. R. May, Imperial Democracy (Nueva York, 1961), 94 y ss. El 16 de mayo, la Reina Regente salió al balcón y agitó su pañuelo cuando Polavieja —enemigo político de Cánovas— desfilaba ante Palacio. Cánovas impuso a la Regente una nota oficiosa en la que se decía que todo ello había sido pura casualidad. La Época, 20 de mayo de 1897.

62. El partido se fundó entre los trabajadores del tabaco de Florida en 1891. Vid. R. Guerra y Sánchez, Cuban Nation, 123 y ss. El José Martí de Mañach (1933), aunque de tono hagiográfico, revela la tenacidad de Martí como revolucionario.

63. Para el concepto de «revolución frustrada» vid. S. Aguirre, en Cuba Socialista (La Habana, febrero de 1962, n.º 6, 1-21). El gran temor de Martí era la aparición de un caudillo militar y la subordinación de David (Cuba) a Goliat (EE.UU.); cfr. su última carta, muy citada en la Cuba de Castro.

64. Vid. los comentarios de Theodore Roosevelt, The Rough Riders (Londres, 1899) sobre el estado del Ejército español en Santiago. Como en todas las guerras coloniales en los trópicos, las muertes por enfermedad fueron muy superiores a las causadas por el combate. En 1897 el total de muertes españolas era de 32.500, de las cuales 14.500 se debían al tifus y la difteria, 6.000 a la fiebre amarilla, y 7.000 a la malaria. Para las condiciones en las fuerzas americanas vid. H. H. Sargent, The Campaign of Santiago de Cuba (Londres, 1907), III, esp. 45. El 3 de agosto los generales informaban que «o utilizamos de una vez este ejército o perecerá».

65. Cfr. Valeriano Weyler, Mi mando en Cuba (1910-1911), I, 165-166; IV, 533. Este libro es una larga refutación desde un punto de vista puramente militar, de la acusación de haber perpetrado atrocidades.

66. M. Fernández Almagro, Historia política, II, 331-333.

67. El texto de la nota de Olney se halla en O. Ferrara, The Last Spanish War (Londres, 1937). Desde 1896 España se esforzó constantemente por oponer a la intervención americana un llamamiento al concierto europeo; desde el Papa hacia abajo, la simpatía adoptó la forma de aconsejar que se hicieran concesiones antes de que la opinión obligara al presidente de los Estados Unidos a declarar la guerra (op. cit., 120-121). Cfr. el comentario de Bülow: «Admiro el valor que ha mostrado España, pero admiraría más una muestra de sentido común».

68. S. Flagg Bemis, The Latin American Policy of the United States (Nueva York, 1943), 136.

69. Para la increíble historia de la guerra naval vid. H. W. Wilson, The Downfall of Spain (Londres, 1900). Los técnicos españoles habían dicho que su flota era superior a la de Estados Unidos; sin embargo, su mayor debilidad consistía en que nunca tuvo medios para realizar prácticas de tiro, ni carbón lo bastante bueno como para sostener una gran velocidad.

1. No se examinarán con detalle los años posteriores a 1913 salvo cuando este análisis se siga naturalmente de lo anterior. Para los efectos de la guerra de 1914-1918, vid. «4. El desgaste de la guerra y la crisis de 1917: la reaparición del Ejército en la política». Para acontecimientos posteriores a 1923 vid. «La única reforma estructural…», «Fue esta desaparición del apoyo a su derecha…» y «Mientras que algunos marxistas revolucionarios como Maurín…».

2. Mortalidad infantil: en 1900, 200 por 1.000; en 1950, 90 por 1.000.

3. Cfr. las descripciones de los cónsules ingleses, p. ej., P. P., 1877, LXXXIII. 1496, para las consecuencias de la guerra carlista en el comercio marítimo y para la recuperación posbélica, 1877 fue «un año tranquilo y próspero», que señaló el comienzo del cambio ascendente.

4. Los depósitos vizcaínos más ricos (como Vera Campanil, 50 % de hierro) están agotados ahora. Para las importaciones e inversiones británicas vid. W. O. Henderson, Britain and Industrial Europe (Liverpool, 1954), 215 y ss. Las mayores empresas fueron la Orconera Iron (propiedad de Guest, Keen y Baldwin) y la Consett Iron Co. También se halla invertido capital belga, francés y alemán.

5. Las importaciones de algodón en crudo casi se habían triplicado en 1875-1889; las exportaciones de artículos de algodón se multiplicaron por diez entre 1882 y 1897. Vid. J. Vicens Vives, Industrials i polítics, 60-61.

6. Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña (Barcelona, 1885), 127.

7. P. P., 1880, LXXIV, 918.

8. Cfr. La crisis agrícola y pecuaria (1887), 350 y ss. (1885: 45 pesetas por hectolitro; 1887: 22 pesetas). En Aragón las grandes extensiones de viñedos no resultaron rentables.

9. Ello todavía se advierte a simple vista en la costa catalana. El turismo de la Costa Brava ha vuelto a poner en pie esta región creando una zona de precios elevados y de alto valor de la tierra.

10. Para la pérdida del mercado de arroz cubano en los años ochenta vid. los resultados de la investigación gubernamental en La crisis arrocera (1887), 63. Los molinos harineros de Santander fueron perdiendo gradualmente el mercado colonial a partir de 1877; en 1891 hubo una cosecha desastrosa.

11. Cfr. J. Fontana Lázaro, «La gran crisi bladera», en Serra d’Or (nov. 1960). Cfr. el suministro a Barcelona por ferrocarril (en millones de kg): 1884, 72; 1885, 54; 1886, 14. Por mar: 1884, 55; 1885, 76; 1886, 111. Para el conflicto entre los grandes cultivadores de trigo del centro y los grandes harineros de la costa vid. J. M. Azara, Apuntes sociales y agrarios (Zaragoza, 1919), 148.

12. Cfr. Martínez Maroto, op. cit., 320 y ss.

13. Esta campaña está descrita en M. Pugès, Proteccionismo, 150 y ss.

14. Cfr. en 1926 la concesión arancelaria a la importación de maíz fue «compensada» mediante una elevación de los aranceles para carne y huevos a los intereses perjudicados.

15. Puede afirmarse que la protección mantuvo el cultivo de la remolacha azucarera en valiosas tierras de regadío que hubieran podido ser mejor utilizadas en otros cultivos y que gran parte de la producción cerealícola era totalmente antieconómica. Los antiproteccionistas siempre podían alegar que el bajísimo consumo de azúcar en España era un reflejo de los elevados costes fomentados por la protección.

16. Los argumentos contrarios a la protección exagerada, así como la mejor bibliografía sobre el tema se hallan en la obra de Román Perpiñá Grau, De estructura económica y economía hispana (1952), esp. 283 y ss. Naturalmente, puede afirmarse que la vuelta a la dehesa era la solución «correcta». Un científico del suelo podía dar la misma respuesta que un librecambista radical, puesto que la competencia despiadada hubiera restablecido unas mejores condiciones del suelo convirtiendo a otros usos las tierras trigueras marginales.

17. Celedonio Rodrigáñez (El problema económico, 1910) fue uno de los pocos autores que en el diluvio de la polémica presupuestaria se mantuvo en contra de las economías insistiendo en la necesidad de fomentar un aumento de la producción mediante un aumento de la inversión. Propuso conseguir dinero para gastos productivos (entonces el 12 % del presupuesto) obteniendo créditos por valor de 2.000 millones de pesetas para ferrocarriles, riego y mejoras agrícolas y forestales. Estas ideas se convirtieron en la política de Primo de Rivera. Para un típico panfleto de «economías» vid. M. de la Paliza, La cuestión social y económica (1892).

18. El cónsul francés concluía diciendo que «les possessions d’outre-mer constituent les clients les plus sérieux de la Catalogne», Rapports consulaires: Barcelone (París, 1894), 322. En el comercio colonial las manufacturas de algodón (30 %) sobrepasaban ahora al calzado y los artículos de cuero (20 %) y superaban completamente al jabón (5 %) y al papel (10 %). El comercio total con Cuba era casi igual al que se mantenía con cada uno de los dos principales clientes europeos de España, Inglaterra y Francia. Las exportaciones de algodón, que se habían elevado de 3.500 a 12.000 toneladas entre 1892 y 1897, descendieron a la mitad en 1899-1900 y a la tercera parte entre 1900 y 1904. Los cónsules ingleses profetizaban un desastre para puertos como La Coruña y Santander, que comerciaban con las Antillas; cfr. P. P., 1897, 539, «el comercio consular de este distrito (el distrito consular de La Coruña) ciertamente puede extinguirse casi por completo con la pérdida de Cuba».

19. P. P., 1905, XCII. 533 (Málaga); 1903, LXVIII 10113 (Barcelona). Los cónsules observaron que la nueva prosperidad no alcanzaba a ciertas regiones, por ejemplo Cádiz, con su «inactividad total».

20. Sería aburrido detallar la multitud de tratados pesimistas, pero el de J. Senador Gómez, Castilla en escombros (Valladolid, 1915), puede ser más útil que los lamentos literarios de la «generación del 98».

21. Para la estructura del comercio exterior español vid. «El desarrollo del comercio exterior español» (R. Ec. Pol., VI. 2. 26 y ss., Madrid, 1953); Valentín Andrés Álvarez, «Las balanzas estadísticas de nuestro comercio exterior» (ibid., L. I), crítica de la estadística oficial; J. L. Ezcurdia, «La estructura de la balanza comercial española» (Boletín de estudios económicos, VIII (1953), 30 y ss.). Los cambios principales son: un cambio de mercados de Francia a Gran Bretaña y en menor medida a Alemania; la sustitución de las exportaciones de vinos (la exportación principal en 1877) por las de naranjas; el «año de oro» de 1916; la inversión de la relación real de intercambio en 1920.

22. Esta inmunidad se estudia en Lefaucheux, La peseta et l’économie espagnole depuis 1923 (París, 1935). Concluye que el aislamiento fue un factor de estabilización tan importante como la devaluación (131-135).

23. Para este punto vid. E. Halpern, La huerta de Valencia, y A. López Gómez, «Evolución agraria de la plana de Castellón» (E. G., XVIII (1957), 309 y ss.). En 1933 había 2.000 bombas eléctricas, 384 bombas de vapor y 742 de petróleo.

24. Cfr. M. de Torres y H. Paris Eguilaz, La naranja en la economía española (Madrid, s. f.), 10-15, 25-36. Hacia 1930 las naranjas habían asumido el papel que tenía el vino en los años noventa (21 % de las exportaciones totales; vino, 8 %). Para la estructura moderna vid. M. Liniger Goumaz, L’Orange d’Espagne (París, 1962).

25. La Maresma es la zona que rodea a Mataró; es el ejemplo más sorprendente de paso del trigo, la vid y las aceitunas a los cultivos de exportación.

26. La variación regional era todavía sorprendente; por ejemplo, en 1901 los rendimientos andaluces eran de la mitad, mientras que en Castilla y León eran normales (Rapports consulaires: Espagne, 1901).

27. Había al menos doble número de ovejas y cabras que de vacas y bueyes. Galicia (con la cuarta parte del vacuno español) y la costa cantábrica eran las únicas regiones en que la leche y la crianza de ganado resultaban fáciles. Uno de los propugnadores de un retorno a los pastos fue el economista Flores de Lemus en «Sobre una dirección fundamental de la producción rural española» (Moneda y crédito, 1951, 141-168).

28. Para la lucha social en Castilla vid. infra, Aunque los socialistas preferían la república a la monarquía…». Los gráficos del Instituto de Reformas Sociales y los informes para los Congresos de Agricultura revelan un extendido endeudamiento rural; el interés era del 10 al 15 % (Congreso agrícola nacional de Valencia, 22-23).

29. Un ejemplo de este proceso es la comarca de Cariñena. El progreso del ferrocarril centró el comercio en Zaragoza, que abastecía los mercados del Norte; ello condujo a la compra de la cosecha por comerciantes mayoristas en los años buenos, mientras que en los años malos los campesinos hacían el vino ellos mismos. Se probó la cooperación y fracasó, en los años noventa; y no prosperó hasta 1939, en que produjo una pequeña revolución rural. Cfr. M. Ferrer Regales, «Las cooperativas del campo de Cariñena», E. G., XVIII (1957), 429 y ss.

30. La cosecha de aceituna dependía en gran parte del tiempo (así la sequía de 1905 redujo a la mitad las exportaciones españolas), pero una mala cosecha de oliva, que podía hacer necesarias las importaciones de aceite, no iba siempre acompañada de una mala cosecha de uva.

31. Vid. supra, pp. 26-27. Cfr. A. Fribourg, «La transhumance en Espagne» (Annales de Géographie, XIX (1909), 231 y ss.). Unos excelentes mapas muestran cómo cambiaron las antiguas rutas, p. ej., la clásica Cañada leonesa. Las nuevas rutas iban de este a oeste y no de norte a sur como anteriormente. La primera tarifa ferroviaria especial para el ganado se implantó en 1899.

32. A. Huetz de Lemps, «El viñedo de la tierra de Medina», en E. G., XX (1959), 122-123.

33. J. B. Arranz, «Venta de Baños», en E. G., XX (1959), 495 y ss.

34. R. Aliberch, Eusebio Bertrand Serra (Barcelona, 1952), 110 y ss.

35. En Vizcaya la industria se concentró en torno de Bilbao; en Guipúzcoa estaba más diseminada; p. ej., Tolosa era la capital de España en el papel, mientras que la mayor fábrica de cemento de España estaba cerca de San Sebastián.

36. Rapports consulaires: Bilbao (1905), 541.

37. En 1904 había 310 empresas y 2.750 concesiones no explotadas. Para estas actividades vid. Rapports consulaires: Almería (1906, 551), Málaga (1907, 33, y 1904, 336).

38. El plomo declinó primero (a partir de 1901) y el cobre más tarde, pero ya era aventajado por el de U. S. A. en los años ochenta. Para cifras sobre el tema vid. N. Brown y C. Turnbull, A Century of Copper (Londres, 1906), 30 y ss.

39. La producción de acero se expandió en un 263 % entre 1900 y 1913, y en un 235 % entre 1920 y 1930; se trata del doble del ritmo de expansión de la producción mundial entre 1900 y 1950.

40. Vid. J. L. Martín Rodríguez y J. M. Ollé, Orígenes de la industria eléctrica barcelonesa (Barcelona, 1961), 35, para la compra de la Sociedad Española catalana por la A. E. G.

41. Riu, ardiente montañero como muchos catalanes de esta época, esperaba acabar con la Barcelona Traction con capital francés y alemán. En 1923 había sido derrotado. Para el «stock watering» y otras técnicas financieras de las compañías holding, dominadas por los grandes fabricantes de equipo eléctrico, vid. la obra muy detallada de J. L. Sureda, El caso de «Barcelona Traction» (Barcelona, 1959).

42. Para dar un ejemplo, el Banco de Vizcaya contribuyó a financiar la Hidroeléctrica Ibérica (más tarde unida a Saltos del Duero), la Compañía Sevillana de Electricidad (que absorbió a Mengenor, S. A.) y la Eléctrica de Viesgo, S. A. Las grandes fusiones fueron un proceso relativamente tardío, que se inició en los años veinte.

43. Para Getafe vid. F. Quirós Linares, «Getafe» (E. G., XXI, 1960), 211 y ss.

44. El cemento, naturalmente, necesitaba de una inversión de capital relativamente fuerte. En este sector se dieron dos empujones, el primero en los años siguientes a 1898 y el segundo de 1910 a 1914. Una de las debilidades de la industria era su dependencia del hierro barato (para el cemento armado) y del combustible barato, y las repentinas fluctuaciones de la demanda: en 1926 había sobreproducción; en 1928, importaciones de importancia; en 1932, sobreproducción. El consumo de cemento per capita superó al del hierro en 1930. Cfr. La industria del cemento en España (1933).

45. Para la industria química vid. Banco de Bilbao, 332-391.

46. P. ej., sobre la fabricación de nitratos sintéticos en contra de la importación de nitratos más baratos; vid. Izaguirre, La situación económica de la industria del nitrógeno sintético (1933). La producción de abonos artificiales se quintuplicó entre 1920 y 1930.

47. Así, durante la guerra de 1914-1918, los fabricantes de acero y corcho catalanes se vieron faltos, como muchos otros, de materias primas, procedentes de muy lejos. Los retrasos tal vez aumentaron por cierto sabotaje en 1917, una rotulación imperfecta y los cambios en los itinerarios anteriores, todo ello con un personal nuevo. Hubo grandes reclamaciones por retrasos, robos y daños.

48. Esta modernización se compadecía con el impulso en favor de una industria nacional: así, los pedidos de locomotoras mantuvieron en funcionamiento a La Maquinista la M. Z. A. tenía un fuerte paquete de acciones de esta empresa). Cosa bastante curiosa, fue Cataluña y no Vizcaya la que produjo más locomotoras (687 de 1.105).

49. La nacionalización fue exigida durante muchos años, por ejemplo, ya en la Asamblea de la Producción de 1907 (Ministerio de Fomento, 1907, 195 y ss.). La carga de las deudas hacía imposible la mejora, y las subvenciones estatales para socorrer a las compañías, caracterizadas como «estados extranjeros en nuestro país», eran inevitables pero «antipatrióticas». Si tenían que ser apoyadas por el Estado debían ser nacionalizadas. El Estado debía nacionalizar las compañías y ceder en arriendo los ferrocarriles. El alegato de Cambó en favor de la nacionalización se halla en el prefacio al vol. I de Elementos para el estudio del problema ferroviario en España (1918). La obra contiene una masa enorme de información técnica sobre índices, etc...

50. Para una buena descripción del sistema actual vid. I. B. R. D. Economic Development, 178-208, y los excelentes mapas sobre densidad del tráfico. Algunas máquinas de tren españolas tienen cien años. Todo el sistema se ha hecho más lento por el desgaste de los raíles (ibid., 183).

51. Vid. A. López Gómez, «El abastecimiento de pescado a Madrid» (E. G., XIV, 1953), 535 y ss. Hacia 1933 Madrid obtenía el 64 % del pescado por camión; París, el 4,5 %. Los ferrocarriles sólo podían competir cuando las carreteras eran malas. Cfr. P. Vilar, «Le rail et la route. Le rôle dans le problème général des transports en Espagne», A. H. E. S. (París, 1934), 571 y ss.

52. Cfr. Banking in Western Europe (ed. R. S. Sayers, Oxford, 1962), 354. La comisión parlamentaria de 1915 calificó al sistema existente de inadecuado, anticuado e inseguro. Las técnicas de la banca española eran atrasadas: no hubo un sistema central de compensación hasta 1923.

53. Ventosa, economista catalán, observó que el comercio exterior catalán estaba en gran parte en manos de bancos ingleses, franceses e incluso portugueses. Vid. J. Vicens Vives, lndustrials i polítics, 85, para una descripción de sus actividades en los años setenta. Cfr. D. S. C. Senado (7 de enero de 1901, discurso de Maluquer), para el alegato en favor de un mejor crédito institucional para el comercio marítimo.

54. Para una descripción exagerada del ambiente encogido de la banca catalana vid. J. M.a Tallada, Barcelona económica y financiera (1944), 72-74. La creación catalana que tuvo más éxito fue el Banco Español de Crédito (1901), creado especialmente para financiar el comercio exterior. En los años veinte las compensaciones catalanas se realizaban en un 38 % con bancos extranjeros y en un 32 % con bancos no catalanes.

55. El ataque socialista a la oligarquía financiera se ejemplifica en A. Ramos Oliveira, El capitalismo español al desnudo (Madrid, 1935). Cfr. el prefacio a C. Muñoz Linares, El monopolio en la industria eléctrica (1954). Este excelente estudio se dedica en gran parte a la situación posterior a 1940. Para el supuesto monopolio del papel vid. «Consideraciones sobre algunas actividades monopolísticas en el mercado papelero español» (R. Est. Ec., VI, 3 (1955), 29-125). Se trata de un ataque altamente polémico a la Papelera Española, que controlaba un tercio de la producción total y estaba financiada por el Banco de Bilbao; su rival (Papeleras Reunidas) estaba financiada por el Banco de Vizcaya. Esta controversia llamó mucho la atención en los años veinte por sus efectos en los periódicos. Papelera Española abastecía a El Sol (diario liberal con un propietario de derechas) y fue acusada de tratar de elevar las tarifas para dejar atrás a otros periódicos.

56. Vid. J. Vicens Vives, Historia social, V, 32. El impulso más importante procedía de la crisis de los años noventa.

57. Vid. D. S. C. 14 de enero de 1861. La ley de La Cierva de 1907, basada en sugerencias del Instituto de Reforma Social, suprimió muchos de los abusos de reclutamiento de los agentes navieros. Uno de los jardineros de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, llegó de Málaga vía Hawai.

57 bis. Cuba sigue teniendo importancia como receptor de inmigrantes hasta 1907, fecha en la que le gana la mano Argentina. Las crisis locales en los países receptores influyeron en la dirección que tomaba la emigración; así, la crisis de 1890 en Argentina, encauzó la emigración española hacia Brasil. La oleada hacia Argentina sobrevino en 1904. Para las cifras pertinentes, véase Dirección Nacional del Instituto Geográfico y Estadístico de la Emigración, desde 1882 en adelante.

58. Entre 1901 y 1910 el aumento general fue del 7,22 %; las capitales de provincia aumentaron en un 10,5 %. El flujo a las grandes ciudades fue todavía más acusado. Al comenzar el siglo XX, en algunos casos, la mitad de su población se componía de inmigrantes, de los cuales el 70 % habían sido trabajadores agrícolas. Las ciudades del Sur y del Este, que continuaron siendo reservas de trabajadores agrícolas, fueron descritas por Aznar como «aterradores mataderos humanos».

59. A. Floristán, «Movimientos migratorios de la provincia de Granada», en E. G., XVIII (1957), 301 y ss.

60. «Evolución del poblamiento del Vallés», E. G., III (1942), 751 y ss., y María de Bolós, ibid. (XX (1959), 209 y ss.), «La inmigración en Barcelona».

61. Entre 1900 y 1950 Castilla la Vieja perdió anualmente tal vez 3.000 habitantes por la emigración interna, mientras que Cataluña ganó 23.000. Estas conclusiones se basan en un texto inédito de J. M. Houston, Population Changes in Spain 1900-1950 (presentado al XVII Congreso Geográfico de 1956).

62. Por ejemplo, las murallas fueron derribadas o circunvaladas en Cartagena (hacia 1890), Jaca (1908) y Pamplona (1920). Entre los incentivos para el desarrollo figuraron las exposiciones internacionales: así las exposiciones de Barcelona (1888), Zaragoza (1908) y Sevilla (1924) se reflejaron en las nuevas edificaciones en torno a los lugares de exhibición.

63. Vid. L. Gordejuela Sanz, «La geografía urbana de San Sebastián» (Pirineos, XI, Zaragoza, 1955).

64. Para Albacete vid. Francisco del Campo Aguilar, Albacete contemporánea (Albacete, 1958); para Igualada, J. Mercader, La ciutat d’Igualada (Barcelona, 1953). Albacete pasó de 25.000 habitantes en 1916 a 64.000 en 1942; Igualada declinó de 14.000 (1857) a 10.000 (1900). En Igualada no había energía hidráulica para hacer funcionar la maquinaria moderna y en cambio se había beneficiado de excelentes carreteras. Con mucha frecuencia el abastecimiento de agua fue el factor limitador del crecimiento urbano; por ejemplo, Albacete hasta 1905 y nuevamente a partir de 1925.

65. J. L. Martín Galindo, «La ciudad de León» (E. G., XVIII, 1957), 95-169.

66. Para una discusión técnica del paro estacional en regiones de monocultivo vid. El paro estacional campesino (Sindicato Vertical del Olivo, 1946). Monocultivos típicos son los de la vid en La Mancha y el olivo en Jaén.

67. Severino Aznar, Despoblación y colonización (Barcelona, 1930), daba un esbozo de un programa de colonización católico. Para su actitud respecto de la propiedad vid. pp. 56 y ss. Para el incremento no asimilado, vid. P. Carrión, La concentración de la propiedad y el regadío en Andalucía. En la región regada del Guadalcaín, de 8.959 hectáreas, 6.932 pertenecían a trece propietarios. Algunos de los terratenientes andaluces habían introducido colonos, pero bajo condiciones muy onerosas para éstos.

68. La primera obra «científica» sobre la propiedad de la tierra fue la de Pascual Carrión, Los latifundios en España (1932). Se basaba en estadísticas realizadas en los años veinte.

69. En particular tendían a no conceder atención a aquellas zonas en las que se obtenían arrendamientos razonablemente satisfactorios.

70. Cfr. H. Paris Eguilaz, El estado y la economía (1939), 172-176. Estima que aproximadamente un millón de agricultores debían ser apartados del campo para dedicarlos a ocupaciones más rentables.

71. Para el problema de los arrendamientos únicos vid. Vizconde de Eza, El problema agrario andaluz (1919), 6 y ss. Naturalmente, había excepciones, incluso dentro de las zonas de pago en metálico. En las zonas del Sur donde era posible desde el punto de vista agrícola la producción a pequeña escala había arrendamientos estables en aparcería, incluso de partes de las grandes fincas. Para la división de los arriendos, etc., en la provincia de Córdoba, vid. J. Carandell, Distribución y estructura de la propiedad rural en la provincia de Córdoba (1934).

72. Para la literatura sobre bandidos vid. J. Caro Baroja, Los pueblos, 406. Para una descripción famosa de la labor de un apóstol en los cortijos cercanos a Jerez, vid. la novela de Blasco Ibáñez La bodega.

73. Para una breve descripción del conflicto vid. Un segle de vida catalana (Barcelona, 1961), 839 y ss.

74. Para la lucha en la región del Penedés, vid. «La rabassa morta y su reforma» (I. R. S., 1923), esp. 175 y ss., para las consecuencias de las condiciones posbélicas.

75. Vid. supra, pp. 23-24. Bernaldo de Quirós, El problema de los foros (1923), esp. 33, 45 y ss., y apéndices II y IV. La Unión Campesina anarquista exigía la abolición; Solidaridad Gallega, más moderada, la redención de los foros. Una de las dificultades de esta última era la oscuridad jurídica de los arrendamientos tradicionales y las dificultades de compensación consiguientes.

76. El problema estaba mitigado en cierta medida por la Campiña Gallega, según la cual los coherederos vendían su parte. Cosa bastante rara, el valor nutritivo de la patata nunca parece haber sido explotado por los gallegos de la misma manera que por los irlandeses.

77. La expresión es de J. M. Azara, un dirigente de los sindicatos agrarios católicos. Para su campaña contra los bancos y sus alegatos en favor del crédito a los campesinos, vid. sus Apuntes sociales y agrarios (Zaragoza, 1919).

78. Para los sindicatos católicos vid. infra, «3. La reforma social a partir de 1890».

79. Sin embargo, fue la actitud favorable a los bancos rurales —de los que no sólo eran partidarios los católicos— lo que condujo a la propuesta de Alba de un Banco Agrícola (1916), y, posteriormente, a la institución bancaria, más modesta, que fundó el vizconde de Eza, uno de los reformadores agrarios católicos más importantes.

80. Cfr. los precios en la década de 1850: regadío de Teruel, 12.519 reales por fanega; secano, 220. En las zonas agrícolas de Salamanca la tierra buena se valoraba en una renta de 500 a 700 reales por fanega; el regadío, en Alicante o Murcia, oscilaba entre 18.000 y 44.000 reales.

81. Para un examen excelente vid. J. M. Houston, «Irrigation as a solution to the agrarian problems of Spain» (Geographical Journal, CXV, 1950), 55 y ss.

82. El argumento de «última instancia» se formula en The Economic Development of Guatemala (I. B. R. D., Washington, 1951), esp. 71 y ss.

83. Cfr. L. Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Función del estado en la transformación del secano en regadío (1934).

84. Si esto se pusiera en duda, podría alegar que he visto un centenar de hayas jóvenes descortezadas por un asno en menos de un mes; el ganado lanar prefiere la hierba y el pasto seco, y he seguido a este ganado durante varios días en Aragón sin verle destruir los pimpollos; las cabras, por otra parte, además de descortezar los árboles, llegan a derribarlos para comerse el follaje.

85. En algunas partes de España la quema de la hierba seca para mejorar los pastos es una práctica corriente aunque ilegal. A veces los fuegos causan grandes daños en años secos y su origen se atribuye a enemistades privadas o a pastores «descuidados», tardío vestigio de las viejas pendencias entre pastores y agricultores. El turista puede observar tales fuegos en la Costa Brava, entre Port de la Selva y Cadaqués.

86. En Aragón un campesino me dijo que había talado todos sus árboles hacia 1939 y que había supuesto que se repondrían naturalmente. En 1952 aún no había síntomas de reposición natural.

87. E. G. H. Dobby, «The Agrarian Problem in Spain» (Geographical Review, Nueva York, XXVI (1936), 187). Para un examen de las partidas presupuestarias destinadas a la repoblación forestal vid. Celedonio Rodrigáñez, El problema económico, 87. Había un funcionario forestal por cada 41.387 hectáreas, comparado con uno por 3.862 hectáreas en Francia. La mitad de la «tierra cultivable» de España estaba clasificada como bosques; el 58 % de la misma carecía de árboles. Es comprensible que la producción de madera per capita figurara entre las más bajas de Europa (Portugal, 1,59 metros cúbicos; Francia, 0,63; España, 0,10).

88. Puede argüirse que la dehesa de los latifundios (cfr. J. Carandell, Córdoba, 14, para su extensión en una zona típicamente latifundista) respetaba el suelo e impedía la erosión de las aguas. Esto es cierto solamente allá donde las malezas no tienen que soportar un fuerte pastoreo.

89. El flujo de riada de algunos ríos españoles es mil veces superior al normal. Gran parte de la repoblación forestal española se hacía con eucaliptos, lo cual es un remedio dudoso (cfr. la experiencia sudafricana).

90. Versión exagerada de Senador Gómez (vid. supra, nota 20, p. 332). Las más de las aldeas tenían policía y moral, aunque careciesen de lo demás. Respecto de los pájaros, hay que decir que la vida ornitológica española es enormemente rica y ni siquiera los Monegros carecen de interés en este sentido. Con unas pocas excepciones distinguidas, los españoles —y en especial los españoles del campo— carecen de conocimientos y de interés por los pájaros. Ello es parte de su indiferencia total por su contorno. Una nación que no observe la naturaleza nunca podrá manipularla, es decir, sentar plaza de pionera en el desarrollo económico e industrial. Lo anterior, en la edición inglesa, se me ha criticado mucho. Así, se ha dicho que los campesinos españoles, en tanto son capaces de identificar las distintas especies de pájaros con menos exactitud que el campesino inglés, saben atrapar los pájaros, y ahuyentarlos de sus cosechas. Queda, sin embargo, lo dicho, a título de inventario. Existe una correlación positiva entre el índice per capita de ornitólogos y el de crecimiento económico. Wordsworth y Audubon acaso tengan que ver con el crecimiento agrícola de Gran Bretaña y Estados Unidos. Otros dirán.

91. Cfr. H. Paris Eguilaz, La expansión de la economía española (1944). Cfr. sus cálculos sobre los salarios reales en Valencia y en España en general (1914 = 100): 1920, Valencia 117, España 79; 1925, 145 y 106; 1929, 163 y 103. La divergencia entre la España central y la España periférica se advierte en los impuestos sobre la renta de las distintas provincias (cfr. Estadística tributaria, 1897, con mapas excelentes). En la España central las excepciones son Valladolid y Zaragoza; en la España periférica, Galicia en su totalidad, Castellón y Valencia. Los contrastes en el consumo de tabaco, que revelan la presencia o ausencia de cierto grado de bienestar, son especialmente sorprendentes.

92. Cfr. el desarrollo del Club de Fútbol Barcelona. El fútbol empezó como diversión de unos cuantos ingenieros escoceses. Los primeros soplos de profesionalismo se dieron en el R. C. D. Español y hacia 1920 el Barcelona tenía 20.000 socios que prestaron dinero para la construcción del nuevo estadio en 1924 (cfr. A. Maluquer y Maluquer, Historia del Club de Fútbol Barcelona, Barcelona, 1949).

93. Cfr. los frescos de Sorolla en el edificio en Nueva York de la Hispanic Society of America (representan diversas escenas regionales), o las pinturas «españolas» de Manet, o, anteriormente, las ilustraciones de Doré. En el período de Primo de Rivera floreció el folklore (es decir, las danzas regionales, salvo la sardana catalana). El interés por las posibilidades turísticas de la España «tradicional» y la conservación de monumentos históricos data de la Comisión Real de 1911.

94. La proporción de personas dedicadas a la agricultura era todavía casi de la mitad. En 1956 había descendido al 47 % (cfr. Francia, 34 %). En 1913 Vandellós (reimpreso en Rev. de Ec. Pol., VI, 2, Madrid, 1953) calculaba que el 66 % de la renta nacional procedía de la agricultura; en 1953 se fijaba esta proporción en el 42 % (J. Plaza Prieto, «El producto nacional de España» (De. Ec., VI, 1953), con mapas para ilustrar la distribución).

95. Cfr. E. de Figueroa, «La escasez de capital», en R. Ec., VI, 24, 1933, esp. 766 y ss. Una prueba es la dimensión relativa de la población «activa»: 46,9 % en Gran Bretaña: 37,5 % en España.

96. Para el papel de la protección en las economías subdesarrolladas vid. R. Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (Oxford, 1960), 104-109. (Hay traducción española: México, 1955.)

1. Así, Álvaro de Albornoz, El temperamento español (Barcelona, s. f.). «La incomprensión que España, toda España, desplegó ante este gan acontecimiento solamente puede explicarse por la falta de conciencia nacional» (op. cit., 95).

2. Los historiadores subrayan acertadamente la persistencia en España de culturas regionales, pero cfr. el occidente de Gales en 1830, una sociedad aislada y distinta, cuyo descontento peculiar suscitó los disturbios de Rebecca. En la España de 1890 podían descubrirse paralelismos con la sociedad del oeste de Gales. Al conseguirse mejorar las comunicaciones, las sociedades separadas de Gales quedaron destruidas.

3. S. Casado, The Last Days of Madrid, 25-26 (Londres, 1939).

4. La influencia inglesa era saludable y necesaria. La caza «inglesa» se convirtió en una pasión con Alfonso XIII, al igual que el polo. Las listas de los invitados a las cacerías reales son índice de las fuerzas sociales que influían en la mentalidad privada del rey: las partidas se componían principalmente de aristócratas cortesanos con algún patricio político profesional como Romanones, mal tirador pero invitado frecuente. Proust señaló la importancia social que tenía la caza para Alfonso XIII. Utilizaba tres escopetas, con las que solía matar dos aves al frente, dos por encima suyo y dos detrás. Era tan buena escopeta como Jorge V (Field, 28 de septiembre de 1967).

5. Con posterioridad a 1875 fueron creados 214 marqueses, 167 condes y 30 vizcondes; estos nuevos títulos arrollaron a la antigua aristocracia.

6. Cfr. el retrato de la aristocracia en la novela histórica del conde de Foxá, Madrid de Corte a Cheka (1938), 7-88.

7. Marqués de Villavieja, Life Has Been Good (Londres, 1938), 303. Este libro es un testimonio extraordinario del alejamiento de la aristocracia de la sociedad «ordinaria».

8. En Madrid la industria se desarrolló poco hasta los años veinte. La energía eléctrica se instaló en 1915 pero, como en Barcelona, con anterioridad a esta fecha se empleaba ya para fines industriales. Las empresas de la electrificación acostumbraban estar dominadas por los políticos (cfr. los ferrocarriles anteriormente) y, como grupo de intereses, se enfrentaron violentamente con el consejo de Canal de Isabel II, que suministraba el agua que constituyera la base del desarrollo de Madrid como gran ciudad. Para este conflicto interno de las clases conservadoras vid. Memorias, informes y documentos relativos a la gestión de la Comisaría Regia... en el año 1907 (1908). La Eléctrica de Santillana (que estaba relacionada con Maura, el dirigente conservador) quería vender agua al Canal de Isabel II (del que era presidente el político conservador Sánchez Toca); por lo tanto, se opuso a los planes del consejo del Canal para combinar el abastecimiento de agua con la producción de energía eléctrica (op. cit., espec. 161 y ss.).

9. Para un curioso retrato de Comillas vid. E. F. Regatillo, Un marqués modelo (Santander, 1950). Resulta un curioso capricho de la historia y una muestra de la importancia económica de Comillas que el héroe de Huysman, des Esseintes, tuviera un cartel de la Transatlántica en su habitación.

10. Uno de los pocos millonarios vascos que fue nacionalista vasco fue Ramón de la Seta y Llano. No era auténticamente vasco de nacimiento.

11. A menudo fueron influyentes políticamente: así, Francisco Silvela se casó con una heredera Loring. El hermano del dirigente falangista José Antonio Primo de Rivera se casó con una Larios.

12. C. Pi Sunyer, Aptitud, II, 246. J. Vicens y Vives (Industrials i polítics, 73-75) subraya los efectos traumáticos de la crisis de 1866. Los manufactureros textiles tuvieron que agruparse para hacer frente a la crisis de 1902-1907 en la Mutua de Fabricantes, pero el boom de la guerra restauró la anarquía hasta la Comisión Reguladora de 1926. En toda esta época, los manufactureros catalanes obraron guiándose de su sola experiencia personal en lo tocante a los mercados exteriores; su sentido del interés común lo creó la lucha por la protección doméstica.

13. La CHADE era el gran complejo eléctrico creado parcialmente para salvaguardar los intereses alemanes tras la Primera Guerra Mundial.

14. Por ejemplo, Chávarri, los Ibarra y los Echevarría unieron sus intereses metalúrgicos hacia 1900 (Banco de Bilbao, 160-161).

15. Una de las actividades culturales catalanas menos castellanas fue el movimiento coral: iniciado con los coros obreros de Clavé (vid. supra, p. 246), se convirtió en orgullo de toda Cataluña. Es bastante significativo que sólo existieran otros coros de calidad en Bilbao y San Sebastián.

16. Así, la obra inicial de Picasso dependió en cierto grado de pintores como S. Rusinyol, que estaban familiarizados con la pintura francesa. Para la vida de Picasso en Barcelona, vid. J. Sabartés, Picasso (Nueva York, 1948), y A. Cirici Pellicer, Picasso avant Picasso (Ginebra, 1950). (Hay edición española, Barcelona, 1947.) Es característico de las influencias culturales relativas el hecho de que a Picasso no le gustara Madrid y que finalmente abandonara Barcelona por París en 1904.

17. Cfr. la sección llamada Revistas varias de la Hemeroteca de Madrid para los años 1919-1925.

18. Cfr. el curioso Heraldo de la Clase Media publicado (solamente un número) en 1919. Los obreros se hacían fuertes en sus exigencias de una organización estricta y esto significaba que las «clases medias» estaban siendo «descuidadas». Su exigencia principal era la de unos alquileres urbanos razonables, lo que revela un conflicto de intereses con los propietarios de la gran burguesía.

19. Enrique Suñer, autor de la polémica más asombrosa y violenta contra los universitarios republicanos, a quienes tachaba de «aventureros ignorantes», había sido relegado por la República (cfr. su Los intelectuales y la tragedia española, San Sebastián, 1938). Parece que Suñer creía en una conspiración judeo-masónico-marxista para conseguir el dominio de la universidad; esta conspiración se centraba en la Institución Libre de la Enseñanza («con los ojos puestos en el ideal y las manos en la panera»), y dirigida, por catedráticos ricos y con cartel como Negrín, contra los profesores católicos, fieles y austeros.

20. Cfr. los agudos comentarios de J. Marías en Los españoles, 15-17.

21. Muchos cálculos subrayan la estabilidad de los salarios (por ejemplo, de dos pesetas diarias en la agricultura), frente al rápido aumento de los precios alimenticios. Para la extrema variación regional en los salarios agrícolas y los precios de las subsistencias vid. «Resumen de la información acerca de los obreros agrícolas en las provincias de Andalucía y Extremadura» (I. R. S., 1905). Para los salarios en 1895 vid. A. Barthe, Le salaire des ouvriers en Espagne (1896). Barthe calculó que los precios de los alimentos habían aumentado en un 60 % desde 1877, mientras que los salarios de muchos empleados en los oficios artesanos parecían haber permanecido dentro de la «norma» de 2 pesetas diarias: así sucedía en la sastrería, la zapatería, etc. Barthe calculó que el salario «medio» para un albañil o carpintero debía ser de 3,5 a 4 pesetas. Los mejores salarios los pagaban las empresas mineras extranjeras (Huelva, 6,5).

22. Para la emigración vid. C. Bernaldo de Quirós, «La emigración obrera» (I. R. S., 1920).

23. Cfr. la estructura actual de la venta callejera de cigarrillos. Hay descripciones excelentes del mundo digno de Dickens de los pobres de Madrid en las novelas de Galdós y en Aurora roja, de Pío Baroja.

24. Para esta oleada, vid. «Estadística de la asociación obrera» (I. R. S., 1904). Los sindicatos clasificados como «sociedades de resistencia» eran: en 1898, 19; 1899, 80; 1900, 198; 1901, 129; 1902, 166; 1903, 224; 1904, 193.

25. Anselmo Lorenzo, El proletariado militante (México, s. f.), 292, 295 y 342.

26. La expresión fue utilizada por el joven catalanista Nieolau d’Olwer para describir la reacción de sus compañeros estudiantes frente al socialismo. Aurora roja, de Pío Baroja (publicada en 1904), contiene un esbozo penetrante de la psicología anarquista: el idealista republicano —el federalista sobre todo—, desilusionado llegaba inevitablemente a ponerse al lado de los anarquistas.

27. Los procedimientos de la policía fueron divulgados por F. Tarrida del Mármol, Les inquisiteurs de l’Espagne (publicado en 1897). El autor contribuyó a la leyenda negra en las páginas de Twentieth Century.

28. Vid. infra, p. 402.

29. En 1883 hubo una huelga para la abolición del trabajo a destajo; es posible que detrás de ella figurase alguna organización terrorista anarquista; vid. C. Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario andaluz (Madrid, 1919), 30-33. La huelga fue disuelta haciendo trabajar a los soldados. Después de ella no hubo ninguna otra huelga importante hasta 1900.

30. El más querido de los apóstoles fue Salvochea, convertido por los anarquistas en el santo del movimiento, en el Cristo del anarquismo que daba sus ropas a los pobres. Hay un espléndido retrato suyo en la novela de Blasco Ibáñez, La bodega, y una descripción excelente del «obrero consciente» en J. Díaz del Moral, Agitaciones, 226-227. En fecha posterior Sánchez Rosa fue el apóstol de la provincia de Córdoba. La Voz del Campesino y otras publicaciones anarquistas dieron al bracero andaluz el sentido de su propia dignidad y, en las columnas de correspondencia, se entró en contacto con los militantes emigrados a América del Sur.

30 bis. No estoy ya tan seguro acerca del carácter milenario de estos impulsos. Los enconos tenían su fuente directa en las condiciones objetivas del trabajo.

31. El supuesto desprecio de los anarquistas por la «organización» debe ser matizado (vid. infra, p. 377). Como señala E. Hobsbawn (Primitive Rebels, Manchester, 1959, 89. Trad. cast. cit.), el milenarianismo puede haber sido a veces solamente un reflejo de la «falta de organización, aislamiento y debilidad relativa» de los anarquistas de los pueblos.

32. M. Buenacasa, El movimiento obrero español (Barcelona, 1928), 151. E. Hobsbawn, op. cit., 79, habla de un ciclo de diez años a partir de 1860. Las regiones áridas muestran con frecuencia fases de pasividad y de acción violenta; Euclides da Cunha ha demostrado que la lucha de las tierras altas del nordeste del Brasil contra la sequía pertinaz produce «una exaltación impulsiva y una apatía e inactividad enervantes» (Rebellion in the Backlands, Chicago, 1944, 112).

33. Según Ángel Pestaña, en 1915 la C. N. T. tenía solamente 15.000 afiliados; en 1919, eran 600.000 (cfr. Leviatan, núm. 1, Madrid, 1934).

34. Esto quedó claro en las objeciones de ambos elementos al sindicato único o sindicato local de fábrica (1918) que se convirtió en la base de la fuerza organizada de la C. N. T. Fuera de Cataluña el reformismo era débil; especialmente, en ciudades como Sevilla y Zaragoza, la tradición anarquista pura triunfó más fácilmente.

35. M. Sastre, Las huelgas en Barcelona (Barcelona, 1904), 5. Sastre escribe con el prejuicio de un adversario católico del sindicalismo «materialista». Sin embargo, sus estadísticas son sorprendentes. Así, las huelgas de 1903 trajeron consigo 264 encarcelamientos y dejaron a 2.000 trabajadores sin trabajo. 7.000 personas abandonaron los sindicatos militantes. De las 33 huelgas importantes, 16 se perdieron, 11 terminaron con un compromiso y 6 se ganaron.

36. Para la influencia de Guesde vid. J. J. Morato, Pablo Iglesias (1931), 77-78. No todos los socialistas eran tan ortodoxos como los del círculo de Iglesias: cfr. la interpretación de Balbontín en sus tiempos socialistas (La España de mi experiencia, México, 1952), 142. Fue atraído al comunismo por la idea marxista de «extinción gradual del Estado». Pablo Iglesias, como socialista ortodoxo, estaba ocupado en levantar un Estado de los trabajadores.

37. Vid. supra, «Estas actividades revolucionarias…» y «Sagasta era un artista de gran estilo…».

38. Para un examen detallado de las exigencias de los mineros vascos vid. J. Pujol y Alonso, «Informe referente a las minas de Vizcaya» (I. R. S., 1904). La división entre los obreros fijos y los demás originó divergencias de opinión (por ejemplo, sobre la preferencia por la paga semanal) que fueron explotadas por los patronos, quienes también denunciaron la alianza «impura» de socialistas y tenderos pequeño-burgueses contra las tiendas de las compañías. Éstas y los dormitorios generalmente estaban en manos de los capataces. Cuando alguien buscaba trabajo le preguntaba al capataz: «¿Hay una cama en la casa?». Por ello las huelgas se dirigían a menudo más contra los capataces que contra las empresas.

39. La única ciudad andaluza donde el socialismo continuó siendo una fuerza fue Granada (cfr. G. Brenan, Labyrinth, nota A, 228).

40. Entre 1888 y 1896 la U. G. T. había pasado de 3.355 a 6.154 miembros; en 1902 tenía 34.778, y en 1904, 43.665. Para el derrumbamiento posterior vid. Marvaud, La question sociale en Espagne (París, 1910). El partido consiguió 3.101 votos en 1898 y 7.858 en 1901. En 1906 descendió a 6.000.

41. Cfr. Estadística de huelgas, 1905-1908, para las huelgas perdidas y la disminución de la actividad sindical.

42. Tras la huelga de 1905 los patronos crearon una «Lista Negra» para excluir a los socialistas; se excluyó incluso a los trabajadores que se alojaban con socialistas. Vid. J. Pujol y Alonso, «Informe acerca de la fábrica y los obreros de Mieres» (I. R. S., 1907), 16-17 y 33.

43. F. Largo Caballero, Mis recuerdos (México, 1954), 74; cfr. sus esfuerzos por denunciar los contratos dolosos, la evasión de impuestos municipales, etc. (68-70). Al obtener las concejalías, el primer acto de los socialistas fue una ordenanza de renuncia a la utilización por ellos de los favores municipales, a que recurrieran por turnos los concejales y que había sido un mecanismo esencial para los tratos electorales.

44. Vid. infra, «Para derrotar a este dictador parlamentario».

45. El repentino aumento de los votos de Iglesias en Madrid hizo clara toda la importancia de la alianza republicana: en 1907 había reunido 6.000 votos, pocos más que en 1901. En 1909 consiguió 40.599; a partir de 1919, cuando la unión con los republicanos finalizó, pasó de 36.469 (1919) a 17.047.

46. Para la actitud de Galdós, vid. H. C. Berkowitz, Pérez Galdós (Madison, 1948), 402; cfr. Díaz del Moral, Agitaciones, 163, n. B.

47. El periodista Luis Araquistain fue uno de los intelectuales que se unieron al partido y que apoyaron a los Aliados.

48. Para la crisis de 1917 y sus efectos en el partido, vid. infra, «La mayoría de los españoles reconocían las limitaciones…».

49. La amargura de algunos anarquistas como consecuencia de la decepción republicana se expresa en el juicio de la Mano Negra (cfr. El proceso de «La mano negra» (Toulouse, 1958), 25).

50. Vid. infra, p. 551.

51. E. Conze, Spain Today (Londres, 1936), 69.

52. Mis recuerdos, 54. También se burla del vegetarianismo de los anarquistas, que siempre irritó a los que no lo eran.

53. Tal es el veredicto de J. Álvarez del Vayo en The Last Optimist (Londres, 1960), 196. Los conspiradores republicanos de 1924-1930 consideraban a los oficiales del ejército como aliados de más confianza que los anarquistas, porque no pasaban a constituir un problema por sus indiscreciones, tras de un fracaso revolucionario.

54. Debe recordarse que tanto los dirigentes socialistas como los anarquistas estaban constantemente amenazados de prisión.

55. Segundo certamen socialista (Barcelona, 1890), passim, esp. 173-213.

56. Cfr. la ponencia del Congreso de Zaragoza (mayo de 1936), reproducida en J. Peirats, La C. N. T. en la revolución española (Toulouse, 1951), I, 120 y ss. El congreso preconizó el amor libre y el tratamiento médico del delincuente.

57. Lema de Concepción Arenal. Para una discusión de las ideas de Concepción Arenal vid. J. Jobio Fernández, Las ideas sociales de C. Arenal (1960).

58. Para el padre Vicent, vid. M. Llorens, «El P. Antonio Vicent, S. J.» (E. H. M., IV (1954), 339 y ss.), y el padre F. del Valle, S. J., El P. Antonio Vicent (1947).

59. Socialismo y anarquismo (Valencia, 1895). Gran parte de la obra del padre Vicent fue una traducción de las encíclicas de León XIII a través de los Congresos Católicos Franceses.

60. Cfr. Vicent, Socialismo, prefacio, XXIX: «Si el ilustre marqués de Comillas, modelo de capitalistas católicos, hubiera encontrado muchos imitadores entre los patronos, habríamos recorrido un largo trecho hacia la solución de la cuestión social» (Carta al arzobispo de Valladolid, diciembre de 1895). Para la extraordinaria salida del obispo de Salamanca, vid. F. del Valle, Vicent, 283.

61. Característico del sindicalismo español fue que el primer sindicato de trabajadores fuera el Sindicato de Tipógrafos Católicos (1897). El primer sindicato independiente de trabajadores católicos en el Norte fue fundado en 1906. El Círculo de Burgos organizó un sindicato en 1905, pero quedó en una modificación del antiguo tipo de sindicato mixto. Uno de los subproductos más sorprendentes del sindicalismo católico fue la proliferación de pequeños folletos y periódicos en el período de 1919-1923.

62. Para las objeciones de los patronos católicos a los Sindicatos de Trabajadores Católicos como cosa opuesta a los sindicatos «mixtos» conciliatorios vid. S. Aznar, Impresiones de un demócrata cristiano, 71. En el Padre Vicent hubo siempre algo de candidez: creía que se podía garantizar la contabilidad honesta en las cooperativas empleando a monjas.

63. Los éxitos más importantes se consiguieron en los ferrocarriles, donde los católicos afirmaban tener 20.000 afiliados; en Asturias y las Provincias Vascongadas muchos sindicatos pequeños eran católicos; Solidaridad Vasca era una federación compuesta de tales sindicatos.

64. Para una discusión interesante del problema de la confesionalidad en los sindicatos católicos vid. Juan García Nieto, El sindicalismo cristiano en España (Bilbao, 1960), 196-206 et passim.

65. Cfr. la Semana Social de Pamplona de 1912 para una denuncia especialmente violenta del «déficit fisiológico» implícito en los salarios de una peseta diaria. Para el relativo fracaso de los esfuerzos de Torres Cabrera y de los católicos en Córdoba vid. J. Díaz del Moral, Agitaciones, 233; cfr. la distribución geográfica de los sindicatos: La Rioja (148), Palencia (106), Valladolid (125), Astorga (84), Navarra (99); en el otro extremo estaban Murcia (25), Cuenca (15). No hay datos para Andalucía. Para la obra de Yoldi en Navarra vid. A. Marvaud, La question sociale en Espagne (París, 1910), 206.

66. Para Pastor Díaz, vid. L. Legaz y Lacambra, «El socialismo visto por P. Díaz» (R. I. S., 1955, III, 125).

67. Pastor Díaz, O. C., IV, 13 y ss.

68. Cfr. Práxedes Zancada, El obrero en España (Barcelona, 1902), 230-231. André Barthe (en 1896) calculó que los «artesanos» superaban a la población industrial en la proporción de cuatro a uno. Para las dificultades de los inspectores para implantar la jornada de ocho horas frente a la indiferencia de los comités locales del Instituto de Reforma Social vid. «Aplicación de la jornada de ocho horas» (I. R. S., 1920), esp. 18 y ss.

69. Sus informes, que he utilizado ampliamente, constituyen la fuente más valiosa para las condiciones de trabajo en 1900-1924. Su biblioteca se halla ahora en el Ministerio del Trabajo.

70. Para un esbozo de sus ideas, vid. M. Carbajosa Álvarez, El ideario de Maluquer (1934).

71. La relativa escasez de «técnicos» en España es patente en el hecho de que el administrador principal y el actuario eran, respectivamente, un inglés y un belga. Cfr. Severino Aznar, Recuerdos del tiempo viejo (1946), 11 y ss. La relación con el catolicismo social fue muy estrecha.

72. El temor de Maluquer al Estado que todo lo invadía se advierte en la importancia que concedía a la iniciativa local en contraposición a la dirección central. Como catalán y admirador de Pi y Margall, era regionalista moderado.

73. Para la historia del movimiento cooperativo, vid. J. Reventós Carner, El movimiento cooperativo en España (Barcelona, 1960).

74. Cfr. el fracaso de las cooperativas de consumo en las zonas mineras vascas. Cuando sus miembros no obtenían amplios beneficios acusaban a los administradores de malgastar y derrochar. Vid. J. Pujol y Alonso, Minas de Vizcaya, 17.

75. Citado por J. Reventós Carner, op. cit., 120.

76. Esta división se disimulaba con frecuencia. El padre de Azcárate, un médico radical de la clase media, perdió la fe pero se sometió a la «hipocresía obligatoria» de su época. «Esta franqueza en las opiniones políticas y el disimulo en las creencias religiosas —señalaba el hijo en 1876— es un contraste que desgraciadamente ha existido siempre en nuestro país, sin interrupción hasta la fecha.»

77. Álvaro de Albornoz, El temperamento español, 139.

78. Para la situación de la filosofía católica, vid. R. Ceñal, «La filosofía en la segunda mitad del siglo XIX» (Revista de Filosofía, XV, 1956), 400 y ss. Uno de los pocos católicos que comprendieron el pensamiento moderno fue Moreno Nieto, conservador ineficaz con escasa influencia fuera de la universidad y el Ateneo.

79. A Galdós le deprimió profundamente el ambiente inicial de la Restauración: su tema principal (adelantado primero en León Roch) son las consecuencias destructivas de la devoción ciega y conformista en la vida privada, tema que culmina en su más famosa novela, Doña Perfecta; cfr. H. C. Berkowitz, Galdós (Madison, 1958), 154. Para un duro ataque a las organizaciones caritativas católicas, vid. M. Nelken, La condición social de la mujer en España (Barcelona, s. f.), 147. Margarita Nelken fue socialista y feminista.

80. Para una descripción de la obra de De Ossó, vid. M. González, Don Enrique de Ossó (Barcelona, 1953).

81. J. M. Garrut, «La dimensió humana d’Antoni Gaudí», en La Renaixença, avui (M. Arimany y otros, Barcelona, 1960). La mayor creación de Gaudí es, naturalmente, la Sagrada Familia de Barcelona, edificio (inacabado) maravilloso.

82. Cfr. la extática sentimentalidad de las obras de devoción de De Ossó (por ejemplo, «Preces a Santa Teresa», M. González, de Ossó, 249). Este romanticismo adulterado es un eco lejano de la literatura religiosa verdaderamente grande de la propia Santa Teresa o de San Juan de la Cruz.

83. D. J. M. Ortí y Lara, El deber de los católicos con los poderes constituidos (Madrid, s. f.), 74.

84. Cfr. el libro de Sardá Salvany, El liberalismo es pecado y el catecismo para los obreros de Manjón (Y. Turin, L’Éducation et l’école en Espagne de 1874 à 1902 (París, 1959), 336) (reed. en Barcelona).

85. El positivismo era la filosofía oficial de la dictadura de Porfirio Díaz.

86. La Asociación de Padres Católicos empezó a perseguir judicialmente a la prensa por obscenidad y ateísmo y organizó campañas menores contra los catedráticos «ateos» conocidos. Consiguió expulsar a la bailarina Bella Chiquito de los escenarios de Madrid.

87. Cfr. H. C. Berkowitz, Galdós, 352-364. Un periodista joven la calificó de «manifiesto magnífico de las aspiraciones de la juventud intelectual de España, que, en su reciente preparación para la batalla contra el clericalismo, ha descubierto en Pérez Galdós un dirigente indiscutible».

88. Cfr. Y. Turin, Éducation, 312 y ss.

89. Ibid., 320.

90. Incluso las publicaciones de una editorial ortodoxa como La España Moderna proporcionaban ediciones baratas (3 pesetas el ejemplar) de Zola, Renan, Ibsen, Spencer y Nietzsche (catálogos de 1894 y 1914).

91. Cfr. Rafael Shaw, Spain from Within (Londres, 1910), para una serie de estas creencias populares. Para la penetración del «materialismo» entre las clases trabajadoras vid. P. A. Vicent, Socialismo, 42. Margarita Nelken parece haber pensado que la regulación del trabajo doméstico era imposible porque proporcionaría una garantía indebida a las monjas costureras de los conventos (Condición de la mujer, 89-90).

92. Ello no significa que los hombres de la Institución no simpatizaran con la reforma social; antes bien, Azcárate fue un reformador social toda su vida, presidente del Instituto de Reforma Social.

93. Cossío estuvo en Londres y Oxford, donde visitó a Jowett. La influencia inglesa era acusada en algunos sectores del liberalismo de izquierda. Azcárate, uno de los más importantes seguidores de Sanz del Río, emparentó por matrimonio con una familia escocesa y fue en su casa donde Giner aprendió a admirar la civilización anglosajona. Moret, el futuro primer ministro liberal, era nieto de un general inglés. Permaneció en Londres de 1871 a 1875 y al final de su vida leía The Times. Cfr. V. Cacho Viu, Institución libre, 233-236. Parece que el primer balón de fútbol no llegó hasta 1889.

94. Esto era una necesidad para administradores educativos como Castillejo, preocupados por obtener fondos para enviar al extranjero a estudiantes de un Estado oficialmente católico.

95. Pero cfr. el veredicto de J. B. Trend (Origins, 69), de que la Institución «ha hecho más por el progreso de la educación española que todas las reformas propuestas o realizadas por el Estado».

96. La Institución recogía información útil sobre métodos modernos de enseñanza, que publicaba (vid. Y. Turin, Education, 262, para la lista de seis revistas en las provincias y seis en Madrid sobre temas pedagógicos). Comentario curioso a la índole «cerrada» del krausismo lo da el hecho de que Fröbel fuera recibido como un maestro en gran parte porque admiraba a Krause.

97. Hubo excepciones. Unamuno tiene que haber sido un maestro exigente. Pero cfr. la descripción de Pío Baroja de las clases del fisiólogo Letamendi: «trucos de prestidigitador... sin una sola idea profunda... solamente palabras y frases ampulosas» (O. C., II, 467; VII, 587).

98. Para una descripción de la obra de Castillejo vid. su War of Ideas in Spain. Alberto Jiménez da una viva descripción de los ideales y los hechos de la Residencia de Estudiantes en Ocaso y Restauración (México, 1948).

99. En 1901 tal vez el 63 % de la población en edad escolar y más era analfabeta, lo cual significa una reducción de quizá el 7 % en veinticuatro años.

100. Barcelona, por ejemplo, contaba con un «Instituto de enseñanza» ubicado en el edificio de la Universidad.

1. Los efectos del desastre de 1898 sobre los críticos del sistema se examinan en el capítulo XIII.

2. «La formación de un partido liberal... constituye la mayor de las preocupaciones actuales de Maura» (Ossorio y Gallardo, octubre de 1909, citado J. Pabón, Gambó, 365). Maura criticó repetidamente la mecánica del turno pero no perdió la fe en un sistema de dos partidos antes del colapso de su propio partido conservador. Todos los tratos electorales «corrompidos» (además de ir dirigidos a excluir a republicanos y socialistas por una combinación de liberales y conservadores) iban encaminados a reforzar la ficción de un sistema bipartidista. En 1905 el ministro liberal de la Gobernación respetó «la debida preponderancia» de los conservadores en ciertos distritos electorales, para así originar un partido de oposición. Véase la correspondencia electoral en G. Maura y M. Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII (Madrid, 1948), 110 (1903), y 1905 (apéndice 19).

3. Citado M. Fernández Almagro, Historia política, II, 716.

4. Denominada así por el Palacio de Oriente de Madrid, edificado en el siglo XVIII.

5. Esto se vio en el último gabinete de Sagasta (marzo de 1901diciembre de 1902). Silvela atacó a Sagasta como «amigo del rey», heredado de la regencia, y mantenido en el poder por favor real contra los deseos del país.

6. Para esta oposición interna vid. Romanones, Notas, II, 245; La Cierva, Notas, 158; D. Sevilla Andrés, Canalejas (Barcelona, 1956), 319. Maura calificó las peticiones de Moret de «inconcebiblemente inconstitucionales» por más que formuló petición similar en 1909 (vid. infra, p. 403).

7. Silvela: marzo de 1899octubre de 1900 y diciembre de 1902julio de 1903; Maura: diciembre de 1903diciembre de 1904 y enero de 1907octubre de 1909.

8. Para un estudio más detallado del programa conservador de reforma de la administración local, vid. supra, «Al centrarse en los perniciosos efectos…»; para el fracaso de la política catalana de Maura, vid. infra, «La Lliga fue una organización autocrática…».

9. Véase el discurso del 12 de enero de 1892, citado por J. M.ª García Escudero, «El juego limpio en el liberalismo español: Don Antonio Maura», en Historia de España, estudios publicados en la revista «Arbor» (1953), 622.

10. En Barcelona se fundó un comité de catalanistas para ganar adictos al programa de Polavieja; dio dinero a Prat con el cual se fundó La Veu de Catalunya, el periódico catalán más importante. Para el aumento de la exigencia catalana de autonomía, vid. infra, capítulo XIII, secciones 3 y 4.

11. Para un esquema de los planes de Villaverde, véase J. M.ª Tallada Paulí, Historia de las finanzas españolas en el siglo XIX (1946), 148 y ss.

12. Para una evaluación de la obra de Villaverde, véase el prefacio por José Larraz a R. Mazo, Villaverde (1947).

13. La concesión máxima de Silvela era la facultad de formar mancomunidades, es decir, la asociación de las provincias y los municipios catalanes para ciertos fines limitados. También estaba dispuesto a favorecer el regionalismo en sus nombramientos (por ejemplo, el doctor Robert como alcalde de Barcelona y el regionalista Torres y Bages como obispo de Barcelona), fundando una comisión para examinar el derecho civil catalán, y salvarlo de los centralizadores castellanos.

14. Véase El Imparcial, 25 de julio, 1900. Romero Robledo se opuso a Torres y Bages (cuyo nombre no sabía pronunciar) por teólogo ignorante cuyos trabajos consistían en «dos folletos separatistas»: J. de Camps i Arboix, Durán i Bas (Barcelona, 1961), 151 y ss.

15. Maura alarmó a don Alfonso en 1909, por razones similares, en la elección municipal de Bilbao de aquel año, 29 escaños fueron ocupados por partidos antidinásticos.

16. Las convicciones políticas fundamentales de Maura se hallan en su discurso de 1913 a la Real Academia de Jurisprudencia (véase J. Ruiz-Castillo, Treinta y cinco años de vida pública, ed. de 1953, 59-65, útil resumen del ideario de Maura). El «trust» figura en todas las apologías mauristas; se formó tanto para reducir gastos de impresión como para derrotar a Maura mediante un monopolio de la opinión. Véase nota al final de esta sección.

17. Las leyes de asociaciones dificultaban la acción policíaca contra los terroristas; la inmunidad parlamentaria de los diputados republicanos servía, según Maura, para encubrir actividades sediciosas.

18. Así, se negaron a unirse aquellos que, como Sol y Ortega, querían avivar una agitación de las masas acusando a Maura de corrupción personal. Tato y Amat, Sol y Ortega, 465. La campaña de Sol tuvo por objeto acusar a Maura de anteponer sus intereses como accionista en la Eléctrica de Santillana al interés público de tener agua barata, y de hacer un contrato sucio con Vickers Armstrong. El argumento de Sol rezaba que aunque Maura fuera inocente, la «opinión» exigía su dimisión; procedió entonces a crear la «opinión» mediante una campaña de mítines populares.

19. Había una cierta agitación contra el cierre gubernativo de mancebías y casas de juego. J. La Cierva, Notas, 133-139.

20. El Imparcial, 8 de julio de 1909.

21. Algunos incendios de las iglesias fue lo que más tarde se denominó «incendiarismo administrativo», es decir, obra más bien de los agitadores que del populacho airado. Para una versión coetánea ilustrada véase J. Brissa, La Revolución de Julio en Barcelona (Barcelona, 1910), esp. 172-196. Ninguna de las revoluciones en las ciudades pequeñas fueron serias y todas fueron extinguidas por fuerzas locales, salvo la de Sabadell.

22. Carta, 16 sep. 1909, citada en J. Pabón, Cambó, I, 329. Anselmo Lorenzo consideraba de igual modo la semana trágica como una revolución «espontánea», acéfala y social que se «fraguó» en las calles y que empeoró el empleo de la tropa. Las «clases conservadoras» se negaron a actuar; se retiraron simplemente (véase Diario de Barcelona, 20 de agosto de 1909).

23. Para una defensa de Ferrer véase W. Archer, The Life, Trial and Death of Francisco Ferrer (Londres, 1911). El cargo contra Ferrer se fundó en su presencia y actividades en Barcelona el 26 de julio y en su conexión con débiles tentativas revolucionarias en dos pequeñas ciudades. Los testimonios contra él vinieron de enemigos políticos (republicanos radicales que no habían sabido dirigir la revolución y que ahora la querían desautorizar), mientras que no se autorizó la comparecencia a aquellos que podrían haberle exculpado. La propia defensa de Ferrer parece confusa y poco satisfactoria, tal vez porque quiso encubrir a sus asociados.

24. Véase los discursos de Moret del 18 y 21 de octubre de 1909 y el comentario de El Imparcial en aquellas fechas.

25. Para una discusión (favorable a Maura) de la crisis y de sus implicaciones, véase G. Maura, Por qué cayó Alfonso XIII, 147-156. Para una defensa del comportamiento del rey véase Conde de Villares, Estudios del reinado de Alfonso XIII (1948), 60 y ss. Villares considera las tentativas de Maura de «asustar» al rey como «pronunciamiento de levita».

26. Véase R. Shaw, Spain from Within (Londres, 1910), para una discusión inteligente, aunque a veces inexacta y siempre tendenciosa, de la atmósfera política después de 1909, esp. 115 y ss.

27. La elección de Romanones revela la curiosa mentalidad de los jefes del partido. Romanones vio que si su rival García Prieto era nombrado jefe del gobierno, este hecho le daría elementos para recabar la jefatura del partido, con Romanones como subordinado; «como defensor de la monarquía parlamentaria, no podía aceptarlo». Véase lo que hizo al ser derrotado, en octubre de 1913. Ya que Romanones sabía que Maura apoyaría a García Prieto en las elecciones, aconsejó al rey que llamara a Dato. Conde de Romanones, Notas de una vida 1912-1931 (1947), 14.

28. Nota del 31 de diciembre de 1912.

29. Es imposible comprender la importancia de la declaración de Maura de hostilidad implacable si no recordamos que (debido a la laxitud de la disciplina parlamentaria a tenor del reglamento) el gobierno no podía pasar la esencial legislación financiera sin una cierta ayuda por parte de la oposición, y que estaba expuesto a la obstrucción por parte de los republicanos.

30. El principal periódico de Maura se llamó significativamente La Acción: el maurismo también tenía un semanario, Vida Ciudadana, y una revista satírica, El Mentidero. Las caricaturas del maurismo fueron tan brillantes como triviales y retóricos sus catecismos. Para ambos véase J. Gutiérrez-Rayé, Yo fui un joven maurista (s. f.).

31. Véase Pradera, O. C. (1945), 58 para una descripción carlista del proceso de «entrega». Maeztu siempre destacó las afinidades de Maura con el carlismo.

32. Este hecho atrajo hacia él a hombres como el vizconde de Eza, y Burgos y Mazo. Véase vizconde de Eza, El sindicato obligatorio (1919), para el interés que este grupo de conservadores sentía por una legislación social «moderna». (Vid. supra, p. 383.)

33. Álvaro de Albornoz, El temperamento español (Barcelona, s. f.), 142. La actitud retadora de Maura fascinaba la mentalidad «taurina» de los españoles; lo que no quitaba para que constituyesen un desastre político.

34. Vid. infra, p. 441. En páginas sucesivas de este libro se destaca la influencia de Costa en la ideología antidemocrática ulterior, señaladamente en la dictadura de Primo de Rivera. Es de recordar, sin embargo, que el Costa de los años 1898-1908, que fueron los de su actividad política, fue, si no un perfecto liberal, en todo caso un demócrata convencido, partidario de «el régimen parlamentario como ideal, el régimen presidencial (...) como transición». J. Costa, Oligarquía y caciquismo (Madrid, 1902), 2.ª ed., p. 108 (reed., Madrid, 1967).

35. Durante la guerra de Cuba el Heraldo llegó a tirar 120.000 ejemplares. Pero después del tratado de París, y para un tiempo, se derrumbaron los tirajes. (Voz «España», pp. 1481 ss., Encicl. Espasa Calpe, XXI, edición de 1923). Sin embargo, este descenso de los tirajes tras 1898 no parece haber sido un fenómeno general de toda España. Aunque no se tienen las cifras de circulación, es indudable que la prensa catalana, por ejemplo, logró mayores tirajes después de la paz de París. Se sostuvieron los grandes periódicos que ya existían —aunque algunos, como el Diario de Barcelona, con grandes dificultades—, aumentó la circulación de la Publicidad (tirajes normales de 50.000 ejemplares, llegándose a los 100.000 en diversas ocasiones), y se crearon nuevos periódicos (La Veu, el 1-I-1899; El Progreso, el 29-V1-1906) con tirajes cercanos a los 50.000.

36. «(...) hoy ya no se trata de proteger con los recursos gubernamentales y con los medios de la autoridad los sentimientos y los intereses que forman permanente y naturalmente la base conservadora de la sociedad y de todo Estado. Porque hoy son las muchedumbres, son las masas enteras quienes personalmente están ya en el estadio de la política con el sufragio universal (...) Y delante de eso, temerario había de ser quien creyera que podía proteger los intereses permanentes de las derechas con los recursos gubernamentales o con (...) la falsificación electoral (...) Por eso es menester oponer a las izquierdas que están en la vida pública (...) todas las derechas y traerlas con plenitud de fuerzas sociales a la vida y a la influencia en el Estado; por eso la política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos, y las garantías constitucionales y los derechos individuales que son ahora (...) la única fuerza conservadora disponible.» A. Maura, D. S. C., 19-II-1906.

37. Durante el gobierno Silvela-Polavieja se inició ya la alianza abierta de los católicos con el partido conservador. Los hermanos Pidal sirvieron bajo Silvela. En 1899 el General de los Jesuitas circulaba cautelosamente nuevas Reglas al respecto. Por una indiscreción, fueron a parar a manos de S. Pey Ordeix, sacerdote entonces todavía dentro de la Iglesia. Las publicó en su periódico El Urbión, 19 de mayo de 1899, ss. El caso Nozaleda (1904) contribuyó mucho a ganar para Maura las simpatías de los católicos. Durante su gobierno largo, Maura logró importantes desprendimientos entre los nocedalistas, que pasaron a formar en las filas conservadoras. El afán simultáneo de Maura de separar religión y política: siempre sostuvo la independencia de ambas (véanse los discursos de la antología de J. Ruiz-Castillo, Antonio Maura, I, cap. IV). En la práctica, siguió igual pauta cuando se le presentó el problema con mayor agudeza, como en el caso del presupuesto de cultura del ayuntamiento de Barcelona (1908). El clericalismo que sus oponentes veían en Maura nacía de su misma insistencia en no discutir los asuntos religiosos, cuando el mantenimiento del statu quo eclesiástico y de los derechos adquiridos cobraba, para liberales e izquierdas, figura de provocación.

38. La disociación entre conservadurismo político y confesionalismo católico se había consolidado en Francia, y se operó muy rápidamente en Cataluña durante la primera década del siglo, aunque no sin dificultades. En 1905 la candidatura mixta regionalista-católica sacó triunfantes a los regionalistas y quedaron derrotados los candidatos «católicos». Desde entonces, la Lliga —y con mayor razón la Solidaridad— se negaron a coaligarse oficialmente con los católicos. El Comité de Defensa Social presentó candidatos suyos en elecciones subsiguientes, y ninguno salió elegido.

39. Hubo, en la oposición al voto corporativo, mucho de estrictamente ideológico: «No puedo abandonar la ley del sufragio universal sin que mi conciencia me lo reproche», declaró Moret, D. S. C., 29 de febrero de 1908; Canalejas ya había hablado de «la intangibilidad del sufragio universal» (D. S. C., 25-II-1908). El argumento de Ildefonso Suñol era cristalino: o la ley de Maura modificaba el sufragio universal y sus efectos, en cuyo caso había que defender el sufragio universal, o no lo cambiaba, en cuyo caso no servía para nada (discurso del mitin del Tívoli, 26-I-1908). Pero buena parte, acaso la más importante, de la oposición al voto corporativo no nacía de los principios sino del temor de que, con él, se apoderasen las oligarquías de municipios y diputaciones. Así lo dijo Suñol en el mencionado discurso. Así lo dijo Sol y Ortega en el Senado el 27 de enero de 1909 (añadiendo en otro discurso posterior que él no se oponía al voto corporativo como tal, sino tan sólo a la forma que tenía en el proyecto Maura. D. S. S., 8-III-1909). Tampoco se oponía Azcárate en esencia al principio corporativo, aunque muchos republicanos sí, hasta tal punto que trasluce claramente del discurso de Canalejas de 25-III-1908 que una de las razones por las que los liberales debían oponerse al voto corporativo estribaba en la necesidad de no enajenarse las simpatías republicanas.

40. Sobre la necesidad de un partido liberal fuerte, Maura se expresó a menudo, en público y en privado. Véase, por ejemplo, D. S. C., 9-XI-1906. Sobre la atracción de las izquierdas: «estoy deseando que toda esa minoría (señalando a la republicana) vaya al partido liberal» (D. S. C., 12IV-1902); «(...) las atracciones de la izquierda (...) ¡Las he deseado siempre!» (D. S. C., 9-XI-1906).

41. D. S. C., 11-IV-1902.

42. D. S. C., 15-VII-1901; 2-VI-1913.

43. Para la insistencia de Maura en la necesidad de un programa para todo partido que aspirase a gobernar, véase D. S. C., 10-XI-1906, 18-IV-1914.

44. Acerca de los manejos de Romero Robledo, véase A. M. Fabié, Cánovas del Castillo (Barcelona, 1928), 112. Para la caza de gamacistas en 1901, F. Llanos y Torriglia, Germán Gamazo (Madrid, 1942), 231 y ss.

45. Sobre las elecciones de 1918, M. Fernández Almagro, Reinado de Alfonso XIII, 357-358.

46. Carta a Canalejas, 13-IX-1911, reprod. en G. Maura y M. Fernández Almagro, Por qué cayó, p. 197.

47. «Hay un hombre en la política española que se diferencia de estos partidos, y frente al cual no hay otro remedio sino reconocer que lleva tras él una realidad. Es el señor Maura.» J. Ortega y Gasset, Vieja y Nueva política (1914), O. C., I, 294. «Si me preguntáis cuál es hoy el hombre más respetado, más admirado, más venerado en España, os diría sin vacilar que lo es Maura.» M. de Unamuno. La Nación (Buenos Aires), VI, 1915 (cit. en Conde de Aresti, A la memoria de D. Antonio Maura, Madrid, s. f., 191).

48. La Época, 12 de enero de 1913.

49. Y. Turín, L’Éducation et l’école en Espagne (París, 1959), esp. 374 y ss. La instrucción primaria estaba en manos de comités municipales; las exigencias de los liberales de pago estatal a los maestros de escuela fueron motivadas, no tanto por la consideración a los maestros miserablemente pagados, como por el deseo de quebrantar el dominio de los sacerdotes y otras influencias conservadoras en los asuntos locales.

50. Disgustaba a Moret el regalismo brutal de Montero Ríos; Canalejas rechazó la esperanza de Moret de un acuerdo negociado con el Vaticano como cosa mala en sí; véase su encarnizado ataque del 2 de noviembre de 1902: «Yo hubiera planteado el problema del anticlericalismo si hubiera sabido que el partido liberal lo desecharía después de haberlo empleado para tomar el poder».

51. Véase sus comentarios en Notas de una vida (1934), 148-149, 164.

52. Véase El partido liberal, ed. Daniel López (1912). Basado en las conversaciones con Canalejas, se trata de una interpretación autorizada de sus intenciones.

53. Véanse «Este cambio de clima se evidencia en el abandono…» y «La impresión general es la misma que en Cataluña…».

54. Me parece que los historiadores han exagerado las dificultades de Canalejas con el partido liberal: aunque nunca libres de intrigas, la mayoría de los liberales le reconocieron como el jefe más egregio que el partido había tenido. Véase la confesión de Romanones de que, mientras Canalejas vivía, no le cupieron esperanzas para su propia jefatura. «La personalidad de Canalejas le dio una superioridad tan manifiesta que la esperanza de sucederle era un sueño.» (Notas, II, 320.)

55. Véase D. Sevilla Andrés, Canalejas (Barcelona, 1956), 354-372. La ley (diciembre de 1910) detenía el crecimiento ulterior de las órdenes sin autorización del gobierno hasta la promulgación de una nueva ley de asociaciones (este permiso no se otorgaría a una orden si más de la tercera parte los miembros eran extranjeros). La concesión a los conservadores estribaba en la cláusula de que si dentro de dos años no se promulgaba tal Ley de Asociaciones, la ley de Candado caducaría. Para la actitud procatólica del rey, véase M. Fernández Almagro, Historia del reinado de Don Alfonso XIII (Barcelona, 1934), 184. Sólo con dificultad pudo evitarse que presidiera la sesión inaugural del Congreso Eucarístico que hubiera redundado en una declaración pública contra su propio jefe de gobierno.

56. Canalejas fue un oponente convencido de la pena de muerte, pero su gabinete acordó la ejecución del Chato Cuqueta, un anarquista que había asesinado a un juez. El rey conmutó la pena del Chato Cuqueta y Canalejas «dimitió» formalmente. La conmutación dio popularidad al rey entre las gentes de izquierda, a costa de Canalejas.

57. Véase Melquíades Álvarez, el 26 de junio de 1912, en M. García Venero, Melquíades Álvarez (1954), 247.

58. Para más detalles, véase «Con tan poca cosa Cambó no podía esperar impedir…».

59. Para sus ideas, véase sus Problemas de España (Madrid, 1916). Santiago Alba creía que las escuelas prusianas habían vencido en 1870 y las escuelas norteamericanas en 1898.

60. Para los republicanos reformistas, vid. infra, «Esta revolución no necesitaba de programas…».

61. Renovación o revolución, un relato de 1917 publicado por partidarios de Marcelino Domingo, el republicano catalán (Barcelona, 1917), 7-8.

62. Así, la Real Compañía Minera de Asturias (una creación típica de mediados de siglo, financiada por capital extranjero, para explotar la mena del país en refinerías francesas de cinc) estableció una refinería en España cuando sus fábricas francesas fueron capturadas: es de gran importancia el que esta especulación se financiara en gran parte con capital español. El complejo siderúrgico más ambicioso en España (el de Sota en Sagunto) fue una creación del tiempo de guerra.

62 bis. El aumento de la producción y los enormes beneficios alcanzados (en la industria textil sobre todo) gracias a las exportaciones a los países beligerantes y a la sustitución de importaciones en el interior, venían, no de la instalación de nuevas plantas industriales, sino de trabajar más turnos con la maquinaria existente. Éste es un fenómeno corriente en expansiones inducidas por la guerra, cuando la importación de nueva maquinaria es difícil. Suele resultar de ello el deterioro de las instalaciones existentes por desgaste excesivo.

63. Véase F. Bernis, Consecuencias económicas de la guerra (1923). El capital del Banco de España dobló, el de los bancos privados se dobló con creces. Bernis atribuyó el hundimiento de 1920 en parte a la ausencia de una tradición bancaria central «inglesa» (op. cit., 320) que pudiera influir en los precios interiores mediante la manipulación de la tasa de descuento (vid. supra, «España compartía muchas de estas dificultades con otros países…»).

64. «Estadística de huelgas» (I. R. S.), XXVIII, XXXII. Salarios industriales: 1914, 100; 1920, 186. Salarios generales: 1914, 100; 1920, 156. Precios: 1913, 100; 1915, 115; 1917, 149; 1920, 188; 1921, 182; 1922, 162 (F. G. Quijano, «El nivel de precios en España», Moneda y Crédito, núm. 65).

Industrias eléctricas

Textiles

Metalurgia

Año

Especialistas

Peones

Especialistas

Peones

Especialistas

Peones

1914

100

100

100

100

100

100

1920

200

233

208

255

229

239

1925

262

250

220

295

290

297

65. Existe mucha literatura sobre estos problemas. Un ejemplo típico es Dos ideales políticos de Luis Araquistain, esp. 103 y ss. El ambiente era de pasión por los esfuerzos de propaganda de los beligerantes. Por ejemplo, lord Northeliffe, declaró que la política española estaba dictada por su colonia alemana.

66. R. Altamira, La guerre actuelle et l’opinion espagnole (París, 1919, pero escrito en 1915).

67. Para la actitud de Romanones, véase sus Notas (1912-1931), 106 y ss. Romanones creía que España no podía eludir la alianza francesa ya que ambos países tenían un interés común en Marruecos; también había tomado muy a pecho el torpedeo de los barcos españoles.

68. Vid. infra, p. 468, para más amplia consideración de las juntas como institución militar.

69. Si el sindicalismo llegó a influir en los oficiales, tuvo que ser de «una manera curiosa e indirecta» (S. de Madariaga, Spain, 235). Véase el comentario de uno de los junteros: «La infantería tenía puestos los ojos en las otras armas, como la artillería, que tenía la escala cerrada» (es decir, promoción por estricta antigüedad). En 1916 el movimiento juntero comenzó en la Cuarta Región Militar (Cataluña) y con el arma de caballería, y se corrió a toda la infantería.

70. Véase general E. Mola, O. C., IV, 65, 73-75. Más tarde, Mola atacó a los «burócratas rellenadores de formularios» y calificó a las juntas de «un sindicato militar legalizado por la debilidad del gobierno... un sindicalismo estúpido y tiránico, refugio de las malas pasiones». Sin embargo, el manifiesto de las juntas se hacía eco del punto de vista general del Ejército, es decir, que 1898 fue culpa de los políticos, que hicieron pasar hambre al Ejército y luego esperaban que ganase batallas. Las dos declaraciones clave están reproducidas en Renovación y Revolución, 92-116.

71. Así, el mejor periódico de España El Sol (independiente) aclamaba a los junteros.

72. Vid. supra, p. 85.

73. F. Largo Caballero, Mis recuerdos, 54.

74. Para Melquíades Álvarez y los republicanos reformistas, vid infra, «Las lecturas del militante republicano…».

75. A pesar de negar Cambó categóricamente todo afán separatista, el Ejército desconfiaba del movimiento asambleísta: considerar su función como la de una reserva política, último recurso para obligar al rey a aceptar un gobierno nacional. Véase B. Márquez, Las Juntas militares de defensa (1923), 46. Las juntas intentaron lograrlo enviando dos delegaciones a Alfonso XIII (3 de agosto y 26 de diciembre de 1917); cuando el rey apoyó a sus ministros, Márquez se volvió contra el rey que por su «desdén hacia la opinión popular... despreciaba al Ejército». Fue la actitud del rey en diciembre la que dividió las juntas de defensa (ibid., 70 y ss.).

76. G. Mura, Por qué cayó Alfonso XIII, 495-498, 505. Cambó opinaba que el futuro del conservadurismo estaba en la política regionalista que haría del partido liberal el partido de las clases obreras. Véase Discursos, 204. El hecho de que los candidatos favoritos de las juntas fueran La Cierva (Notas, 184) y Maura, indica lo poco que tenían en común el cuerpo de oficiales y los renovadores de izquierdas.

77. Cambó se percataba de los peligros que ello entrañaba, envió a Nadal a Madrid para ganarse el apoyo de la derecha conservadora. Se le negó. El rey sugirió un gobierno nacional; fue rechazado por Cambó. Véase J. M. de Nadal, Seis años con D. F. Gambó (Barcelona, 1957), 13.

78. Véase Solidaridad Obrera, 19 de julio de 1917.

79. Véase el ataque encarnizado a Cambó por el conservador M. de Burgos y Mazo en Páginas históricas de 1917 (Madrid, s. f.), 106 y ss., 139.

80. Para un rechazo completo de estos cargos, en lo que se refiere al gobierno, véase M. de Burgos y Mazo, Páginas históricas, 167 y ss. Por otro lado, la compañía del Norte interpuso todas las dificultades posibles en la senda de la reconciliación (ibid., 208 y ss.).

81. En Barcelona, casi toda la lucha fue originada por el intento del Ejército de conservar el tránsito de los tranvías; los conductores de tranvías bajo la influencia de Foronda, diputado monárquico, no participaron en la huelga y fueron atacados por los huelguistas. El 13 de agosto se declaró el estado de sitio: todas las tiendas, teatros y cafés estuvieron cerrados durante dos días. La lluvia el día 15, y los arrestos el día 16, desarticularon el movimiento, que causó 33 víctimas. En Sabadell, donde las relaciones entre los obreros y la policía eran notoriamente malas, 10 personas resultaron muertas.

82. Véase el juicio de Largo Caballero. «El progreso de la actividad política de los obreros debe atribuirse fundamentalmente a aquel movimiento revolucionario» (Mis Recuerdos, 51).

83. La solución de La Cierva a la sedición militar consistía en satisfacer las exigencias profesionales de las juntas y desacreditar a Márquez y a los junteros políticos con una «consideración y tolerancia inexplicables en otros tiempos». De hecho, tanto los oficiales como La Cierva se alarmaron ante la extensión del movimiento juntero a los sargentos y a la tropa: sometieron con dureza este auténtico sindicalismo militar.

84. Cambó explica sus proyectos en Vuit mesos al Ministeri de Foment (Barcelona, 1919), IX-LXXV, y la forma de llevarlos a cabo, 5-322.

85. Citado por J. Pabón, Cambó, I, 671.

86. Véase, E. Aunós, España en crisis (Buenos Aires, 1942), 244.

87. Para la modernización del programa del partido por los datistas, véase, Revista Quincenal, 25 de febrero de 1918.

88. Véase M. de Burgos y Mazo, El verano de 1919 en Gobernación (Cuenca, sin fecha), 190 y ss. para un ataque encarnizado contra La Cierva. A La Cierva le acusaron continuamente de «domesticar» las juntas de defensa como instrumento político particular.

89. Para el punto de vista de Largo Caballero véase Crisis de la edificación (I. R. S., 1922), 4 y ss. Parece que hay alguna justificación en la actitud de los patronos, en el caso de empresas más pequeñas. En Asturias, donde el número de los mineros había doblado entre 1913 y 1920, sólo las grandes minas, bien equipadas, podían esperar conservar a los obreros de cuando la guerra, durante la crisis de la posguerra y a pesar de la invasión del carbón británico. En la huelga de Serón, la oposición de los patronos a todos los esfuerzos gubernamentales por mediar parecen comprensibles; al mismo tiempo que la producción disminuía rápidamente, los obreros pedían doble salario (véase I. R. S., informe para 1923 y «Crónica acerca de los conflictos en las minas de carbón» (I. R. S., 1922), esp. 24 y ss.).

90. Su paso de poner al gobernador civil en un tren que se lo llevara a Madrid, aunque no fuera tan violento como se ha dado en suponer, revelaba el carácter ambivalente del gobierno de Cataluña. Véase Romanones, Notas, III. 164 y ss., y El Sol (20 de marzo de 1919) para la versión de Morote sobre su misión en Barcelona para resolver la huelga de la Canadiense, y sobre sus dificultades con las autoridades militares.

91. Las primeras etapas de la huelga de la Canadiense están descritas en «Estadística de huelgas» (I. R. S., 1919).

92. La negativa a la readmisión inmediata se justificó con los argumentos técnicos de que toda la maquinaria no podía ponerse en marcha de inmediato después de una huelga: una excusa similar se alegó después de la huelga en la Real Compañía Minera de Asturias. Los obreros vieron en ello un escarnio.

93. Este período está descrito en F. Madrid, Ocho meses y un día en el gobierno civil de Barcelona (Barcelona, 1932).

94. La fuerza policíaca privada de los patronos fue organizada por un antiguo jefe de policía, Bravo Portillo, que probablemente había sido un agente alemán comprometido en sabotajes de fábricas, etc., que suministraban a los aliados. Repuesto en su cargo de investigador especial por Milans de Bosch, le asesinaron, y su «gang» fue heredado por un verdadero aventurero, «Barón Konig» que alquilaba sus servicios a los patronos individuales. De esta manera se implicó en las rencillas oscuras que afligían la Federación patronal, donde tenía el apoyo del tesorero; su vivienda fue asaltada por el presidente.

95. Véase vizconde de Eza, El problema agrario andaluz (1919). Los agricultores arrendatarios, estaban ellos mismos demasiado cerca de la ruina para poder ceder. A menudo se olvida que estos labradores eran los opresores inmediatos, ya que arrendaron los cortijos. En algunos casos los pequeños agricultores hicieron causa común con los trabajadores, pero eso no fue cosa corriente. Para una brillante descripción de estas huelgas, véase Brenan, Labyrinth, 179-182.

96. M. Buencasa, Movimiento obrero, 167.

97. La «Estadística de huelgas» (I. R. S., 1920 y 1921) da la proporción siguiente de huelgas totales: 1920: Madrid, 5 %; Barcelona, 11 %; 1921: 21 y 7,7 %, respectivamente.

98. Véase la huelga de los carpinteros en agosto de 1922. Después de un mes la presión de los trabajadores que deseaban sindicatos «independientes» (es decir, no políticos) hizo imposible la continuación de la huelga; por lo tanto fracasó en su exigencia principal —que los sindicatos deberían controlar los despidos— («Huelga del ramo de la madera en Madrid», I. R. S., 1923). La huelga bancaria fue la única de la baja clase media. Los empleados de banca en Barcelona establecieron un Sindicato Libre que tuvo cierto éxito; después de un período de entusiasmo repentino, la huelga de Madrid fue un fiasco porque la U. G. T. negó su apoyo a una organización rival y los mismos empleados bancarios se dividieron. Véase, «Historia de las huelgas de empleados de banca y bolsa» (I. R. S., 1923), esp. 10 y ss.

99. La huelga de Río Tinto tal vez fuera la más encarnizada en la historia obrera de España. Las dos terceras partes de los obreros emigraron a otras ciudades después de haber vendido sus camas y ropas. La C. N. T. luchaba contra la compañía y la U. G. T., a cuya participación en la dirección de la huelga se negó la C. N. T., insistiendo en que la Unión General debía «limpiarse de interferencias políticas», es decir, declararse no socialista. Los jefes socialistas dijeron estar convencidos de que la compañía respaldaba a la C. N. T. con el objeto de destruir a la más «seria» U. G. T. («Huelgas 1920», I. R. S., 126-128.)

100. En Vigo vivió el más celebrado de los escritores anarquistas españoles, Ricardo Mella, republicano federal «convertido» por la Revista Social. En octubre de 1920 hubo una huelga general de tres semanas en La Coruña, y en Santiago los huelguistas consiguieron la destitución del alcalde.

101. Véase E. Santiago, La Unión General de Trabajadores ante la revolución (1932).

102. Para un contraataque violento dirigido a los patronos, y una defensa del gobierno conservador de Sánchez de Toca en 1919, véase M. de Burgos y Mazo, El verano de 1919 en Gobernación, esp. 171, 196, 306. Burgos y Mazo era el ministro de la Gobernación de Sánchez de Toca: la Federación Patronal barcelonesa le insultaba y amenazaba insistentemente, e incluso le acusó de pasar armas a los sindicalistas.

103. Según La Cierva.

104. El Annual de Eduardo Ortega y Gasset (1922) da una imagen de la atmósfera del desastre, lo mismo que The Track (Londres, 1958) [La Ruta] de Arturo Barea.

105. La Compañía Española de Minas del Rif fue fundada en 1908; hasta 1916 no exportó mineral.

106. M. Fernández Almagro, Historia contemporánea, I, 371 y ss.

107. Véase el veredicto de Romanones: «Marruecos fue para España su última oportunidad de mantener su posición en el concierto de Europa» (Notas de una vida, 1912-1931, 34).

108. Romanones calificó la delimitación del territorio español de «absurda», añadiendo que fue lo más que se pudo obtener de Francia. Para las bases económicas, véase R. Perpiñá, De estructura económica (1952), 209-217. Aún en 1940 los contribuyentes españoles aportaban 86 millones a un presupuesto total marroquí de 113 millones. El interés del Marruecos español para los negocios estaba en las minas de hierro del Rif; para ellas véase J. A. Gutiérrez de la Pax, «La explotación de mineral de hierro en el Rif» (en De Ec., IV (1951), 16 y ss.). No está claro hasta qué punto los intereses económicos respaldaron la conquista militar; véase el caso de Romanones que era accionista de las minas del Rif.

109. W. B. Harris, France, Spain and the Rif (Londres, 1927), 52.

110. Hubo una controversia sin fin, acerca de hasta qué punto la Comandancia de Melilla estuvo bien abastecida cuando lo de Annual, es decir, hasta dónde podían los militares culpar de la derrota a los políticos «mezquinos». Según mi opinión estaba suficientemente abastecida para la clase de operación que emprendió.

111. D. Berenguer, Campañas del Rif (1923), 11-14, 50-54. Esta conquista era precaria porque Berenguer no había subyugado a ninguna de las cábilas entre Xauen y Tetuán.

112. El vizconde de Eza, ministro de la Guerra entonces, defendió a Silvestre de la acusación de actuar independientemente sin informar ni a su jefe inmediato, Berenguer, ni al gobierno (El desastre de Melilla (1923), 28, 51). Ambos habían acordado operaciones de menor cuantía y discutieron una operación contra Alhucemas. El desastre llegó como una sorpresa absoluta (ibid., 56). Berenguer defiende su punto de vista en su Campañas del Rif.

113. Vizconde de Eza: Mi responsabilidad ante el desastre de Melilla (1923), 5, 12 y ss., y El desastre de Melilla (1923), 66. Casi todas las dificultades españolas en la campaña radicaron en la protección de los convoyes de agua a los puestos alejados. Un tanque o dos coches blindados podían acaso haber salvado Monte Arruit. Referente a una descripcion de los horrores, véase A. Barea, The Track, esp. 90-92, y C. Martínez Campos, Ayer.

114. Berenguer creía que El Raisuli aguantó sólo porque especulaba con librarse mediante un cambio de sistema y el abandono de la «acción militar», preconizados por la presión de la oposición.

115. Alcalá Zamora, D. S. C., 24 de noviembre de 1922.

116. Prieto, ibid., 16 de noviembre.

117. Alfonso XIII consultó a Maura en agosto de 1923. Aunque éste consideraba a los partidos incapaces para gobernar, creía que la Corona no podía arriesgarse a una dictadura ya que no existiría la manera de volver a la normalidad (G. Maura, Bosquejo histórico de la dictadura (1930), 20-21). Profecía notable.

1. R. Macías Picavea, El problema nacional (1899). Esta obra pobre, afeada por su insistencia en la metáfora orgánica de un cuerpo enfermo, consiguió cierta fama. Significativo de la función de 1898 como liberación de la crítica madurada anteriormente es el hecho de que Picavea confesase que había pensado escribir su obra desde algún tiempo atrás.

2. El papel de los partidos proletarios se analiza en las pp. 366-379 y 426-432.

3. Cfr. La tierra y la cuestión social, de J. Costa, p. 53. Su programa era una curiosa mezcla de remedios europeos (por ejemplo, el sistema de parcelación inglés) y de tradicionalismo español. Costa recogió todos los indicios de cultivo comunal, todas las citas de las obras de Vives, Mariana, etcétera, de la supuesta opinión «tradicional» de que los grandes propietarios podían ser expropiados si no cumplían su función social. Cosa típica suya, cuando Dato le consultó sobre un sistema moderno de seguridad social, su respuesta daba ejemplos de supervivencias comunales medievales que habrían de servir de base para un sistema de pensiones de vejez.

4. A primeros de 1900, ambas organizaciones se fundieron, adhiriéndose la Liga de Costa a la Unión Nacional, nombre adoptado por la organización de las Cámaras de Comercio en I, 1900. Para su programa vid. M. Fernández Almagro, Historia contemporánea, II, apéndice número 36.

5. «La incapacidad de los españoles» (España Moderna, XXIV (1912), 36).

6. La expresión es de Ortega y Gasset (cfr. O. C., I, 265 y ss.). Pío Baroja dijo que España se entregó a estos hombres no como una mujer a su amante, sino como golfilla a su chulo; cfr. «Azorín» en Obras selectas, 104-105. Unamuno fue especialmente violento en su crítica a sus antiguos profesores; los consideraba unos «asnos» a los que no se podía confiar el gobierno de una universidad autónoma. Cfr. Yvonne Turin, Miguel de Unamuno, universitaire (París, 1962), 29.

7. Pío Baroja, O. C., V, 579.

8. La grandeza de Ramón y Cajal estriba en que fue la suya la mayor contribución hecha por un español a la ciencia y su obra constituye el fundamento de la neurología moderna. Lo más sorprendente es que Cajal trabajó en total aislamiento intelectual y con limitados recursos científicos. En 1870, según el propio Cajal, ningún científico español sabía emplear un microscopio. Hubiese querido ser bacteriólogo, pero los instrumentos necesarios eran demasiado costosos para los laboratorios españoles.

9. Idearium español, publicado en 1896.

10. Para la influencia de Nietzsche vid. Rukser, Nietzsche in der Hispania (Berna, 1962). El «radicalismo aristocrático» de Nietzsche influyó en pensadores tan alejados entre sí como Ortega y el dirigente de la C. N. T., Seguí.

11. Para las relaciones del modernismo con la generación del 98, vid. G. Díaz Plaja, Modernismo frente a noventa y ocho (1951). «Clarín», el crítico, se opuso al modernismo de Rubén Darío como «galicismo interno», mientras que Maeztu y Baroja entendían poco de estética —por ejemplo, «olvidaban» a Góngora (cuya complicada lírica entusiasmaba a los modernistas), mientras convertían en héroe suyo a Larra por ser un crítico social—. Unamuno escribió en periódicos anarquistas contra la «consideración del arte por el arte».

12. Maeztu, que en su juventud fue un europeizante entusiasta, se convirtió en un apasionado defensor de la hispanidad, y en 1936 era el único intelectual importante de derechas. Para sus ideas vid. V. Marrero, Maeztu (1955).

13. Cfr. J. Marías, Los españoles (1962), 9. «Había un sentido, a principios de este siglo, en que el principal problema para un español no era otro que España misma.» ¿Qué significa esto?

14. Los escritores del 98 fueron los primeros españoles que sintieron el campo como lo habían sentido los autores ingleses, aunque resulta significativo que siempre lo vieran como un símbolo de los problemas españoles, es decir, ética más que estéticamente. Ensalzaban siempre la belleza de España frente a la repugnante vulgaridad de la vida de una capital artificial como Madrid.

15. Unamuno quedaba exceptuado de este juicio, aunque su religión era algo altamente personal, a veces casi protestante (cfr. P. Laín Entralgo, España, II, 110).

16. Cfr. su explosión en La educación (Ensayos, I, 334), y especialmente Mi religión (ibid., II). Sostenía la opinión de que España no era verdaderamente católica (cfr. Azaña) pero que «para salir adelante», uno tenía que hacer como que era católico.

17. Cfr. L. Alas, Cuentos, ed. J. M.ª Martínez Cachero (1953). En El cura de vericueto (1896) satiriza a un estudiante de medicina «que se creía un gran positivista porque había leído una traducción de Spencer y revistas francesas», y denuncia «la gran ola positivista, el enjambre de petits faits, según Taine, que predominan [en la Universidad] (Un grabado (1896), 105). El héroe de este relato es un viudo excéntrico que enseña que Dios Padre existe.

18. Ortega y Gasset lamentaba la escasa dimensión del público lector, y consideraba el culto a Ramón y Cajal como un sacrificio hecho para ocultar la indiferencia general hacia la inteligencia («El poder social», en O. C., III, 482 y ss.; cfr. el prefacio a la segunda edición de España invertebrada).

19. Para la división de los republicanos, véase supra, p. 304. La «traición» de Castelar dejó como grupos competidores a los centralistas de Salmerón, los progresistas de Ruiz Zorrilla y los federalistas de Pi y Margall.

20. Gómez Chaix, Ruiz Zorrilla, 168 y ss.

21. Para la historia de Solidaridad Catalana, véase a continuación, p. 459.

22. Los logros republicanos en materia de reforma municipal eran menos impresionantes que los propios de los socialistas. Los republicanos tendían a desarrollar una forma suya de caciquismo y abundaron las acusaciones de cohecho, etc. Véase E. Vaquero, El drama de Andalucía (Córdoba, 1923), p. 129.

23. Su rival para la jefatura de lo que quedaba de las «huestes» de Ruiz Zorrilla, fue Sol y Ortega, respetable abogado de Barcelona que esperaba levantar los decaídos ánimos republicanos con una campaña de mítines populares.

24. Carta a Ferrer, 1 de diciembre de 1899, cit. por S. Canals, Los Sucesos de 1909, vol. II, p. 49.

25. Cit. por D. Sevilla Andrés, Canalejas, p. 393. El artículo lo escribió Baroja después del motín frustrado del guardacostas Numancia, acto aislado de una marinería engañada.

26. D. S. C., 10 de febrero de 1904, p. 3782. Las novelas de Blasco Ibáñez daban publicidad a las injusticias sociales en Andalucía y en Valencia. Poco importante como literato, su energía le proporcionó sin embargo un amplio auditorio; fue el único novelista español contemporáneo ampliamente leído fuera de España. Falleció en 1928.

27. Vaquero, Andalucía, XVI, 95, 97.

28. Azcárate conocía bien la política inglesa y tradujo obras inglesas sobre derecho romano y librecambismo. Para sus ideas, véase J. B. Trend, Modern Spain, 169-191. Su mejor libro es su descripción del gobierno parlamentario moderno (El régimen parlamentario en la práctica, prólogo de A. Posada, 1932).

29. Sin embargo, la revisión del artículo 11 de la Constitución fue su cardinal exigencia en la alianza con los liberales. Véase M. García Venero, Melquíades Álvarez (1954), pp. 320-325.

30. M. García Venero, Melquíades Álvarez, p. 338, para un enfoque corregido de la versión que da Romanones de la alianza liberal-reformista.

31. Cit. por J. B. Trend, Modern Spain, pp. 186-187, de G. de Azcárate, Minuta de un Testamento, publicado en 1876 (reeditado en Barcelona, 1967).

32. J. Carrera Pujal, Cataluña, VI, 125-126, 140.

33. M. Pugés, Proteccionismo, 305-306.

34. Probablemente sea cierto que el acento catalán fuese menos aceptable socialmente que el deje andaluz: el primero representaba la vulgaridad del comerciante; el segundo, el hablar descuidado que el aristócrata «rural» había tomado de sus criados y servidores.

35. La arbitrariedad de esta fecha queda mostrada por el hecho de que Aribau nunca volviera a escribir en catalán. Se convirtió en representante de intereses comerciales catalanes en Madrid.

36. Cfr. el veredicto de Nicolau d’Olwer, «con los versos de Verdaguer su generación aprendió a leer el catalán» (José Santaló, «La vida política de Luis Nicolau d’Olwer», C. A. CXXVII (1963), 71).

37. Para una viva descripción de Soler, sus amigos y sus relaciones, vid. C. Roure, Larga vida, II, 47 y ss. En una nota manuscrita coetánea de mi ejemplar del libro de Roure se indica que el grupo de Soler se convirtió en «una asociación para el bombo mutuo periodístico». Ésta era tendencia que existía en muchos grupos catalanistas, y solía limitar su influencia.

38. Verdaguer tuvo el apoyo del marqués de Comillas. Fue una personalidad atormentada y, como tal, enormemente susceptible en las relaciones personales. Para su historia, vid. J. Pabón, El drama de mosén Jacinto Verdaguer (Barcelona, 1954).

39. Así, Alfonso Sala, el diputado por Tarrasa, fue atacado duramente como traidor a Cataluña de 1906 a 1910. Ya en 1888 Sala había advertido que el renacimiento histórico y el sentimentalismo sobre los perdidos derechos provinciales eran irrelevantes ante las reivindicaciones «realistas» del regionalismo moderado y que había que cambiar de objetivo. «Creo que los siglos no han pasado en balde y que han cambiado radicalmente las condiciones económicas, sociales y políticas de Cataluña, para que apliquemos a su gobierno presente los principios y las ideas del siglo XV» (sic). A. Joaniquet, Alfonso Sala Argemí (1955), 90. Esta obra voluminosa debe leerse como correctivo a las tesis catalanas o castellanas.

40. A. Rovira y Virgili, El nacionalismo catalán (Barcelona, 1917), 123 y ss.

41. En La tradició catalana, publicado en 1893.

42. Lo catalanisme (1886) de Almirall fue la biblia originaria del catalanismo. La crítica realista de Almirall de las deficiencias catalanas y su falta de idolatría sentimental por todo lo catalán le alejaron de los nacionalistas literarios puros.

43. Memoria, 26-27, 64 y 118.

44. En el Memorial hay una fuerte vena de francofobia. La uniformidad centralizadora según el modelo francés carecía de futuro, como mostraban la derrota francesa de 1870 y la superioridad del autogobierno local inglés (op. cit., 93). La defensa del derecho catalán estaba muy influida por Savigny y la escuela histórica alemana.

45. Op. cit., 177, 179.

46. Aunque los autores del Memorial no reclamaban la autonomía política, su tesis de que el futuro del derecho catalán dependía de la existencia de un órgano capaz de modificarlo implicaba una especie de legislativo o tribunal supremo catalán.

47. Esta Lliga, que debe distinguirse de la posterior organización de Prat de la Riba, era un grupo minoritario de literatos que se separó del Centro Catalán de Almirall (vid., «La sede de Vic se convirtió en un centro de difusión…»).

48. E. Prat de la Riba y P. Montanyola, Compedi de la doctrina catalanista, popularmente conocido como Catecismo, Sabadell, 1894, p. 11. La obra teórica de Prat, La nacionalitat catalana, escrita en 1906, fue traducida por un crítico del nacionalismo catalán en 1917. En Cataluña se vendieron cien mil ejemplares del Catecismo.

49. Las Bases se reproducen en M. García Venero, Historia del nacionalismo catalán, 1793-1936 (1944).

50. Para el fracaso de la colaboración catalana y la dimisión de Durán y Bas y del Dr. Robert, vid. supra, p. 398.

51. Sobre Cambó, vid. «Así, el segundo marqués de Comillas controlaba la mayor empresa…».

52. La organización izquierdista se llamó «Centre Nacionalista Republicá». Sus principales figuras fueron Suñol y Jaime Carner; cfr. J. Pabón, Cambó, I, 240-243.

53. Solidaridad Catalana se formó debido a la repentina e inesperada oferta de Salmerón de una alianza a los catalanes en el debate sobre la suspensión de las garantías constitucionales en Cataluña (noviembre de 1905). Cambó advirtió inmediatamente las posibilidades del ofrecimiento para el catalanismo: «Aceptamos inmediatamente con ojos cerrados». J. Pla, Cambó (Barcelona, 1928), II, 139 y ss. Solidaridad se formó en febrero de 1906.

54. Sentencia de Adolfo Posada en Régimen Local, prefacio, XXIX.

55. Ossorio y Gallardo, que como gobernador civil había advertido el talento de Cambó como organizador de la victoria de Solidaridad, no tenía dudas sobre el conservadurismo de Cambó y fue una de las primeras personas que incitó a la colaboración con Maura. J. Pabón, Cambó, I, 175-176.

56. Suñol, el hipersensible dirigente de la izquierda, estaba dispuesto a rechazar de antemano la propuesta ley de gobierno local de Maura. «Era mejor no resolver nada que resolverlo mal.» Esto significaba el final de toda posibilidad de conseguir ventajas para Cataluña a partir del proyecto de Maura. Cambó confiaba en modificarlo: «Si rechazamos el proyecto perderemos la posibilidad de realizar parte de nuestras aspiraciones, y nadie sabe cuándo volverá a presentarse esa oportunidad» (A. Rovira y Virgili, Nacionalismo, 164).

57. Vid. M. Tato y Amat, Sol y Ortega y la política contemporánea (1914). Muchos republicanos consideraban la alianza de Salmerón con Solidaridad Catalana como un desastre incomprensible, y no podían entender la colaboración con «las supervivencias históricas y los pequeños intereses» cuya destrucción había sido misión del liberalismo.

58. El partido de Corominas, la Unió Federal Nacionalista Republicana, existió de 1910 a 1914. Su nombre indica su divergencia respecto de la Lliga, que nunca fue republicana y que nunca se denominó partido nacionalista. La U. F. N. R. fue sucedida por diversos grupos nacionalistas izquierdistas de ideas republicanas, ninguno de los cuales causó gran impacto en el electorado.

59. Pero aun así la Mancomunidad fue apoyada en el Senado; consiguientemente no fue promulgada por ley, sino por Real Decreto de diciembre de 1913.

60. Para la obra de la Mancomunidad, vid. L’obra realitzada, 1914-1923 (Barcelona, 1923). Era la patrocinadora del Institut d’Estudis Catalans, el centro de la investigación filológica e histórica catalanista. Financió museos, bibliotecas, escuelas de verano, cursos (la lista de la página 61 revela las obsesiones culturales de los catalanistas) y escuelas técnicas y de agricultura. Estas actividades, junto con unas costosas obras públicas, obligaron a la Mancomunidad a lanzar empréstitos, cuya existencia demostraba, para los anticatalanes, la «incapacidad gubernamental» de los catalanes.

61. Cfr. A. Rovira y Virgili, Nacionalismo, 281.

62. Cfr. las observaciones de Joan Estelrich sobre su sinceridad en Al servei dels ideals (Barcelona, 1934), 14.

63. Debe recordarse que el autocrático comité político permanente de la Lliga podía concluir las alianzas que deseara.

64. Para el Movimiento de la Asamblea, vid. supra, «Desde 1916 era evidente que los jefes de la clase obrera…».

65. Nicolau d’Olwer, uno de los miembros de Acció Catalana, habría de ser ministro en la Segunda República. Los partidos republicanos mantenían todavía entidades separadas, y muchos catalanistas no superaron jamás su invencible repugnancia por Lerroux.

66. Para la hagiografía de Macià, vid. J. Aymamí, Macià (Barcelona, 1933).

67. Para un ataque a la cultura y a las pretensiones lingüísticas vascas, vid. S. de Madariaga, Spain (1942), 176 y ss. (Hay edición castellana: España. Ensayo de historia contemporánea, Buenos Aires, 1964, 7.ª ed.) Si el vascuence es residuo de un idioma que alguna vez fue común a toda Iberia y que solamente sobrevive en las provincias que no fueron romanizadas, entonces, sostiene Madariaga, no puede proporcionar una base lingüística para el gobierno local vasco. Considera a los vascos no como representantes de una civilización distinta y definible sino como representantes de la «tendencia dispersadora» de todos los españoles.

68. Para las ideas de Unamuno, vid. sus Ensayos, III, 104 y ss. y VI, 142 y ss. Las opiniones de Unamuno sobre la decadencia inevitable de la lengua vasca le hicieron impopular entre los nacionalistas. Los extremistas mantenían que si el vasco declinaba, debían adoptar el francés o el inglés antes que el castellano.

69. Esta etapa se describe ampliamente en F. de Lasala y Collado. Última etapa de la unidad nacional. Los fueros vascongados en 1876 (1924), 2 vols.

70. En tanto que unidad política, Euzkadi fue una invención.

71. Cfr. el primer esbozo del programa político de Sabino de Arana en 1894. «Vizcaya debe basarse en la subordinación completa e incondicional de la política a la religión, del Estado a la Iglesia», citado por M. García Venero, Nacionalismo vasco, 244.

72. La idea, sin embargo, no dejaba nunca de salir a la superficie. A finales de los años ochenta algunos observadores (por ejemplo, P. Vasili, La Société de Madrid (París, 1886), 102) creyeron que los liberales podían imponerse al rey por medio de un general, Salamanca, que había conquistado la popularidad en el Ejército proporcionando suministros farmacéuticos baratos. Más tarde, los liberales de la oposición y los carlistas esperaron que el general Weyler, cuya campaña cubana no le desacreditó ante la opinión española, iniciara un pronunciamiento. Para el cambio de actitud de los carlistas hacia el que habían creído ejército «liberal» véase A. Pirala, Regencia, I, 79. Para el fracaso de las negociaciones carlistas con Weyler, véase Conde de Melgar, Veinte años con Don Carlos, 216-217.

73. Romanones, D. S. C., 11 de noviembre de 1916. Esta inhibición era en parte consecuencia de la complicación de los presupuestos militares. Éstos eran una ficción deliberada. Romanones confesó que en veinte años de vida política, nunca los había comprendido.

73 bis. En R. O. de 15 enero 1914 el rey reivindicaba su derecho a comunicarse directa y personalmente con todo oficial, que a su vez quedaba libre de contestarle sin pasar por las canales ministeriales.

74. Cfr. F. Navarro Muñoz, Apuntes para un ensayo de organización militar (Madrid, 1884), 70-76.

75. Los oficiales de artillería aceptaban el ascenso dentro del Ejército, pero no dentro del arma de artillería; esto tenía por consecuencia un complicado «doble escalafón»; por ejemplo, un capitán de artillería podía ser coronel en el escalafón general del Ejército.

76. Para las opiniones de la artillería sobre la reforma vid. L. Vidart, Las reformas militares (1887), 13-20. Los oficiales de artillería siempre fueron reformadores, en el sentido de que deseaban construir un Ejército profesional y apartado de la política. Su defensa del ascenso en «escala cerrada» se debía precisamente a que pretendía esto último; y las reformas de Cassola entrañaban un Ejército político.

77. Cfr. Capitán de Serignan, L’Armée espagnole (París, 1883), espec. 165, 195-196. Cada arma del Ejército tenía su propia revista; cfr. A. Blázquez, La administración militar española (Ávila, 1886).

78. Cfr. un discurso típico del republicano Sol sobre corrupción en la campaña cubana. Vid. Tato y Amat, Sol y Ortega, 240.

79. B. Pérez Galdós, Obras inéditas, II, 260.

80. Vid. supra, «La Lliga fue una organización autocrática…». Una vez más podía decirse que el rey actuaba en interés del país si sus garantías evitaban un golpe militar. El general Weyler amenazó con «resistencia insuperable», y a Canalejas se le dijo que la guardia civil no defendería las Cortes contra el Ejército.

81. Coronel Márquez y J. M. Capo, Las juntas militares de defensa (Barcelona, 1923), 156. Para un examen más amplio vid. supra, pp. 420-421.

1. Esto no puede aplicarse plenamente a su política económica y social; vid. infra, p. 510.

2. «Hablo ahora tras un día de duro trabajo que tengo que reemprender dentro de cuatro horas.» El pensamiento de Primo de Rivera, editado por J. M. Pemán (1929), 169.

3. Ibid., 146. Discurso tras una acción en Marruecos.

4. Cfr. J. Cortés Cavanillas, La dictadura y el dictador (1929), 313-323.

5. La democracia se definía como un espíritu, como «un nivel de cultura cívica», sin implicaciones institucionales. Si se convertía en un mecanismo político podía ser manipulada; así, en España el sufragio universal se había convertido, en manos de hábiles manipuladores, en antidemocrático.

6. J. M. Pemán, El hecho y la idea de la Unión Patriótica (1929), 301.

7. En 1926 una mujer fue condenada a prisión por afirmar que la Virgen María dio a luz a otros hijos después del nacimiento de Jesús. Cfr. J. D. Hughey, Religious Freedom, 112.

8. Maura y su hijo Gabriel se negaron a aconsejar a los mauristas la adhesión a la U. P. Maura calificó equivocadamente la dictadura de «hechura y sirviente» de las Juntas de Defensa. Los militares habían de gobernar si no permitían a otros que lo hicieran, pero él estaba decididamente resuelto a permanecer ciudadano sin uniforme.

9. Los teóricos políticos del dictador arguyeron, consiguientemente, que la unidad real de la historia española era el municipio y no la región, que había sido superada por la marcha civilizadora de la nación histórica.

10. Cfr. G. Maura, Bosquejo, 265. Me parece que los críticos hostiles, para demostrar que Primo de Rivera incumplió su palabra, exageran sus compromisos de 1923 con los regionalistas. Según Mola, muy bien pudo pensar que no estaba obligado hacia los industriales catalanes porque no llegó a necesitar el dinero que éstos le ofrecían.

11. Así, Alfonso Sala Argemí apoyó a Primo de Rivera y sirvió como presidente de la Mancomunidad, pero luchó contra los intentos de reducir sus poderes a medida que el dictador caía bajo la influencia de asimilacionistas inflexibles. Al igual que Girona y otros capitalistas catalanes, se retiró de la política en 1925 (cfr. A. Joaniquet, Sala, 276-267, 296, 315). Primo de Rivera parece haber estado decidido a impedir todo contacto con el rey por parte de estos catalanes moderados.

12. En Por la concordia, publicado en octubre de 1927.

13. Para la difusión del catalán, vid. A. Peers, Catalonia Infeliz (Londres, 1937), 181; en la Feria del Libro de Barcelona de 1929 se vendieron 40.000 libros en catalán y 5.000 en castellano (F. Cambó, Concordia, 36 y ss.).

14. Macià formó en Perpiñán un «ejército catalán»; en octubre de 1926 la policía francesa impidió su «invasión» de España.

15. La línea de Pestaña fue rechazada por muchos de sus camaradas. La C. N. T. se opuso con acritud a la legislación laboral del dictador en nombre de la acción directa, principio tan fundamental como el apoliticismo. Los anarquistas temían que la designación de miembros de las comisiones mixtas convirtiera a los trabajadores en burócratas —un golpe a la U. G. T.— mientras que el voto decisorio del presidente hacía inútiles los comités como órganos para la solución de conflictos. Peiró, que se oponía a Pestaña, era tan hostil como el propio Pestaña al purismo revolucionario de la F. A. I.

16. Cfr. G. Moch Picard y J. Moch, L’Espagne républicaine (París, 1937).

17. Hacia 1929 los Comités Paritarios habían concluido convenios colectivos que afectaban a más de un millón de trabajadores.

18. A. Ramos Oliveira, Politics, Economics and Men of Modern Spain (Londres, 1946), 197.

19. G. Morón, El partido socialista ante la realidad política de España (Madrid, 1929), 67, 75, 103, 116. Morón era un bracero andaluz que se había hecho socialista. Los republicanos anhelaban apoyar a quienes pensaban como Morón: Álvaro de Albornoz escribió un prefacio para el libro, del que se toma la última cita.

20. J. Maurín, Los hombres de la dictadura (1930), 173 et passim. La mayoría de los escritores socialistas daban unas cifras de los avances en el campo muy inferiores a las de Maurín.

21. E. Santiago, La Unión General de Trabajadores ante la revolución (Madrid, 1932), 27, 44, 45. Una de las curiosas ventajas de la colaboración de Largo Caballero, decían sus defensores, era la posibilidad de descubrir secretos gubernamentales, por ejemplo, que Primo de Rivera sobornaba a The Times (!) [ibid., 42].

22. Las luchas más enconadas tuvieron lugar en las Vascongadas, donde la alianza local de los sindicatos católicos (Solidaridad Vasca) podía rivalizar con la U. G. T.; vid. J. N. García Nieto, S. J., El sindicalismo cristiano en España (Bilbao, 1960), 106-108.

23. S. Nevares, S. J., El por qué de la sindicación obrera católica (1930), 95 y ss. El clerical El Debate, que apoyaba al régimen en su lucha contra los intelectuales y los estudiantes, criticaba duramente el aparato laboral de Aunós por favorecer «al enemigo común».

24. «Abd el Krim nos ha derrotado. Tiene la inmensa ventaja del terreno y de unos seguidores fanáticos. Nuestras tropas están cansadas de la guerra y lo han estado durante años... Personalmente, soy partidario de que nos retiremos totalmente de África y de que la dejemos a Abd el Krim.» Primo de Rivera sostenía que España estaba obligada a continuar en Marruecos porque los ingleses no deseaban que los franceses ocuparan el Marruecos español, y que los ingleses, a través de la reina (pariente de Eduardo VII), tenían una gran influencia sobre el rey. La política marroquí fue seguramente una de las primeras ocasiones de fricción entre el dictador y su rey.

24 bis. Según el general Queipo de Llano, el teniente coronel Francisco Franco fue oponente empecinado de Primo de Rivera.

25. Para un resumen del debate y para documentos vid. De Ec., VIII (1955), 188 y ss. Los peores adversarios eran El Debate (ahora periódico de oposición) y el ABC, donde el vizconde de Eza (como adversario consecuente de la dictadura por razones políticas) publicó una larga serie de artículos desde enero a marzo de 1927. Calvo Sotelo se defendía contra tales «aristócratas» y «financieros» en La Nación (diciembre de 1926 a enero de 1927).

26. Se describen en la apología de Calvo Sotelo Mis servicios al Estado (1931), 123-193.

27. Para las viviendas vid. Qué es una casa barata (1928). El Instituto de Reformas Sociales, entonces disuelto, había propugnado durante mucho tiempo la construcción de viviendas baratas para trabajadores. Basados en la legislación anterior (modificada en 1924), los proyectos de Primo de Rivera en cuestiones de viviendas evidencian una de las características esenciales de su mando: el cumplimiento de promesas anteriores, a escala modesta pero con mucha publicidad; por ejemplo, la extensión de la seguridad social a las mujeres encintas.

28. Para un violento ataque contra la CAMPSA, vid. J. Graudel, Le Monopole du pétrole en Espagne (París, 1935).

29. Una de las consecuencias secundarias fue el descontento local originado por el cierre de las gasolineras de las antiguas compañías «competidoras». Se trata de algo muy característico en la oposición de los grupos de intereses locales que infestaban el gobierno del dictador. Así, en su intento de disminuir los costos de distribución, la CAMPSA sólo tenía en España en 1933 2.703 gasolineras. Francia tenía 80.000. El turista incauto sufre todavía las consecuencias.

30. En el punto álgido de la campaña el lenguaje de Calvo Sotelo se hizo tan violento que Primo de Rivera aseguró personalmente a Río Tinto, empresa británica, que estaba a salvo de la nacionalización.

31. Hubo críticas constantes que afirmaban que sus carreteras eran «turísticas» y no «económicas». Esto carece de sentido: se trataba de carreteras, generales, y, de cualquier modo, España necesitaba las divisas extranjeras que le proporcionaba el turismo. Menos fructífera y más exhibicionista fue la Exposición de Sevilla, que formaba parte de una campaña por «revalorizar» Andalucía.

32. Para una lista de ellos vid. R. Perpiñá, De estructura económica, 317-319.

33. Vid. M. Lorenzo Pardo, La conquista del Ebro. Lorenzo Pardo es una figura típica de los tecnócratas con proyectos ambiciosos. Estaba obsesionado por las posibilidades del Ebro. Entre 1906 y 1926 el Estado gastó 162 millones de pesetas para el riego de 16.000 hectáreas; entre 1926 y 1931 se gastaron 160 millones en planes de irrigación que abarcaban 175.000 hectáreas. Para una imagen menos optimista de las Confederaciones Hidrográficas vid. L. Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Función del Estado.

34. G. Maura, Bosquejo, 211. M. de Burgos y Mazo, La dictadura y los constitucionales (1934), 77-83.

35. Aunque sometida a la censura, la prensa podía publicar críticas de algunos aspectos del régimen (p. ej., la política económica) y le cabía hacerlo en determinadas ocasiones (p. ej., durante los debates constitucionales). Esta crítica, especialmente en forma de caricaturas (el caricaturista de El Imparcial era un genio) la habrían suprimido sin piedad los dictadores posteriores.

36. Nota del 5 de junio de 1926 (G. Maura, Bosquejo, 202). Una serie de decretos de 1926 colocó al gobierno por encima de cualquier limitación legal: el único derecho era el administrativo y los únicos jueces los designados por el gobierno. Estos decretos se hallan adecuadamente resumidos en R. Bec, La Dictature espagnole (Montpellier, 1935). Tales poderes amplísimos casi no se utilizaron en 1926-1927, pero su uso se hizo más frecuente, a medida que aumentaba la oposición, en 1928 y 1929.

37. Para una descripción del mundo emigrado de París vid. F. Madrid, Els exiliats de la dictadura (Barcelona, 1930). Estaban representadas todas las tendencias políticas imaginables, desde la C. N.T. a Juan March, desde el general Millán Astray hasta Blasco Ibáñez.

38. Para estas actividades vid. J. López-Rey, Los estudiantes frente a la dictadura (1930), esp. 191 y ss., 219, 294.

39. Vid. E. López Ochoa, De la dictadura a la república (1930), 78-98. Queipo de Llano, El General Queipo de Llano (1930), 214-223.

40. Había un grupo de «legalistas» que deseaban zanjar los ascensos en litigio (esto es, los posteriores a 1920) mediante acuerdos especiales, pero los moderados quedaron en minoría, votándose la proposición de «abandonar el camino judicial y llevar el conflicto al terreno político».

41. Según López Ochoa, Dictadura, 120 y ss.

42. «Aconsejamos al general Primo de Rivera que abandone su puesto», El Sol, 16 de junio de 1928; cfr. El Sol, 23 de febrero 1928 (censurado), criticando el plebiscito propuesto; ibid., 12 de julio de 1929 (señalando que los poderes legislativos de las Cortes estaban totalmente sometidos al Consejo de Estado); 16 de julio (criticando los poderes ilimitados en materia de suspensión de garantías constitucionales).

43. N. Pazcazio, La rivoluzione di Spagna, 59.

44. Yanguas y la dirección de U. P., a quienes Primo de Rivera se propuso en un momento dado encargar la transición a la normalidad, consideraban la constitución de la asamblea como viable únicamente si era ratificada por un plebiscito, perspectiva que Calvo Sotelo contemplaba «con horror». Finalmente el gabinete votó en favor de un parlamento de cámara única que debía ser convocado en septiembre de 1930. Calvo Sotelo, Seis años, 336 y ss.

45. Las dictaduras de F. Cambó fue una tentativa de encuadrar el régimen español en un contexto europeo. Las dictaduras son, decía, inevitables en los países subdesarrollados, pero, si se prolongan, pueden resultar perecederas y perniciosas, a menos que, como en Rusia y en Italia, encarnen una auténtica revolución.

46. Aunós fue ministro de Trabajo de Primo de Rivera. Para sus opiniones véase España en crisis (Buenos Aires, 1942), 267-333.

47. Cfr. El Sol, 27 de enero de 1928. El superávit presupuestario se había convertido en «una formalidad carente de sentido. El problema financiero del país pasa del Presupuesto Ordinario al Presupuesto Extraordinario».

48. La argumentación de Cambó era que la peseta se había elevado como consecuencia de compras llevadas a cabo por especuladores que anticipaban una estabilización a la par o próxima a ésta. Según él, el gobierno debía haber intervenido contra esta especulación en vez de tratar posteriormente de mantener una cotización alta, falsa, mediante el «intervencionismo» en los cambios (Valoración de la peseta, caps. I y II).

49. El banco se negó a colaborar con el ministro de Hacienda y no suministró información a Rist, un economista francés llamado por Calvo Sotelo,

50. F. Cambó, Valoración, 83.

51. La conspiración andaluza tuvo características curiosas; Goded insistió primero en la colaboración de la Marina y, cuando esto fue imposible, de la Fuerza Aérea. Y ello porque temía que el gobierno recurriera al ejército de Marruecos para aplastar la revuelta. Se revela así, por vez primera, la importancia del «incontaminado» ejército de Marruecos en cualquier cálculo de fuerzas. Entre los conspiradores de la aviación figuraba un hermano del general Franco, el aviador. Al in sistir en exigencias de cuño republicano, Franco eliminó a Goded de la conspiración (cfr. M. de Burgos y Mazo, Constitucionalistas, II, 173 y siguientes).

52. «¿Puedo designar un gobierno socialista bajo la nueva Constitución?», preguntó ansiosamente a La Cierva. J. de La Cierva, Notas, 306.

53. Para la hostilidad de los aristócratas, vid. A. de Hoyos y Vinent, El primer estado (1931). «La aristocracia de Madrid manifestaba por el marqués de Estella (Primo de Rivera) el respeto que el rey ordenaba; la aristocracia de las provincias tenía para el rey el respeto que mandaba Primo de Rivera» (op. cit., 225).

54. Cfr. la carta de Fabié comentando el nombramiento de Berenguer (30 de enero de 1930): «Los amigos del rey están radiantes de gozo», citado por M. de Burgos y Mazo, Los constitucionalistas, II, 26.

55. Los constitucionalistas representaban una difícil alianza de republicanos de derechas y monárquicos reformistas. La fórmula del partido constitucionalista era la aceptación de la decisión que tomasen unas Cortes Constituyentes, fórmula consagrada para embozar las divergencias internas en parecidas alianzas políticas desde 1868. Para los monárquicos convencidos esto era poco menos que el republicanismo; de ahí que los defensores de la monarquía consideraran a los constitucionalistas como iniciadores de un alud de traiciones.

56. Cataluña fue «arrastrada por Madrid y había perdido la hegemonía política de España», F. Solá Cañizares, El moviment revolucionari (Barcelona, 1932), esp. 46, 59, 87. Era tan grande el temor a la C. N. T. y tan insegura su colaboración que el «plan Maura» exigía la revolución fuera de Barcelona.

57. El plan de Mola parece haber consistido en controlar la C. N. T. echando mano de la supervisión gubernamental prescrita por las leyes que regulaban el derecho de asociación; de esta manera esperaba contener el desarrollo de sindicatos de ramo revolucionarios que podían paralizar de golpe toda una industria. Berenguer no compartía los temores de Mola ni apoyaba su política. De este modo, el gobierno tendió a favorecer los sindicatos libres en contra de la C. N. T., política que Mola consideraba una provocación desastrosa.

58. Para estas complicadas negociaciones vid. R. Pou, Un año de conspiración (Barcelona, 1933), esp. 160 y ss. Peiró, el primer director del periódico Solidaridad Obrera en ésa su nueva época, firmó el pacto de Inteligencia Republicana (acción por unas Cortes Constituyentes y una República federal); cfr. J. Peirats, La C. N. T. en la revolución española (Toulouse, 1951), I, 22-25. Los problemas de la colaboración en este período se expresan en la Memoria del Congreso de junio de 1931 (Barcelona, 1931).

59. General E. Mola, O. C., 272-290.

60. General Queipo de Llano, El movimiento reivindicativo de Cuatro Vientos (1933), 29 y ss.

61. El consiguiente disgusto de Lerroux por los acuerdos de San Sebastián se refleja en su libro La pequeña historia (Buenos Aires, s. f.), 53-59.

62. Según Enrique Santiago, en La Unión General de Trabajadores ante la revolución (1932), los planes de San Sebastián fueron «revelados» en Solidaridad Obrera del 21 al 25 de octubre. Cfr. las pp. 69-70 para el fracaso de Penó y Pestaña en controlar a los militantes: «en vez de dimitir siguie ron con ellos».

63. Fueron a disuadir a Galán unos enviados de Madrid. Agotados, pasaron la noche en un hotel, quedando incumplida su misión.

64. Los ferroviarios transportaron a las tropas que derrotaron a Galán. La inacción reflejaba los temores suscitados en los socialistas reformistas como Besteiro por el fracaso de la huelga re volucionaria de 1917. J. Álvarez del Vayo, The Last Optimist (Nueva York, 1950), 204. Cfr. M. Cordero, Los socialistas y la revolución (1932), 80-87.

65. Él y Queipo de Llano escaparon en avión a Portugal. La mejor descripción de lo sucedido en Cuatro Vientos es la de Queipo de Llano, Cuatro Vientos, esp. 92 y ss. Franco atribuyó al fracaso del conato a pequeños defectos de organización; de hecho no había ninguna posibilidad de éxito.

66. Para estas huelgas, omitidas por casi todas las fuentes españolas, vid. The Times, 14 a 20 de diciembre.

67. Cfr. A. Alcalá Galiano, La caída de un trono (1933), 95-124.

68. Cfr. el libro de E. Llopis, Cómo se forja un pueblo, que ensalza el sistema educativo soviético con su «fe en el futuro». Se trata de uno de los primeros ejemplos de un nuevo género de literatura, entusiasta del «experimento ruso». Llopis no pudo publicar su libro en forma de artículos en El Sol: «Quien desee expresar sus ideas libremente debe recurrir necesariamente a la forma de libro» (ibid., 10).

69. Cfr. las observaciones de Indalecio Prieto en «La ideología de Marañón», Cuadernos americanos, XIX (México, 1960), 114 y ss.

70. Los tres volúmenes de sus memorias están impresos en sus O. C. (Valladolid, 1940).

71. La Cierva se consideraba el candidato más obvio para el Ministerio de la Gobernación, pero este puesto clave, en vez de a un luchador, se confió al neutral Marqués de Hoyos. El propio don Alfonso estaba más cerca de Romanones que de La Cierva y se sentía atraído por el último proyecto de Cambó, un partido monárquico de centro (cfr. J. de La Cierva, Notas, 342-343).

72. La Cierva estaba dispuesto a encabezar un gabinete de resistencia. El rey se negó a ello desabridamente. Solamente después de la abdicación reconoció la fidelidad de La Cierva con las palabras «No me guardes rencor, Juan».

73. Romanones trató de obtener unos cuantos días de tregua y un gobierno presidido por el constitucionalista Villaverde para «preparar el futuro con serenidad». Alcalá Zamora indicó que los gobernadores civiles estaban ya en contacto con él y no con el gobierno (I. Prieto, Marañón, 121).

74. La naturaleza de la presión de las masas el 14 de abril ha sido muy discutida. Fue un movimiento templado, pero se hubiera salido de madre si el rey no hubiese partido por la tarde.

75. E. Vila, Un año de república en Sevilla (Sevilla, 1932), 18 y ss.

76. A. de Hoyos y Vinent, El primer estado, 245. La frase más emocionante del rey fue acaso su observación a Lord Londonderry. «Charlie, hasta la marina me volvió la espalda», R. Sencourt, King Alfonso (1942), 231.

1. Cfr. los pactos que con los feudos electorales del antiguo régimen hicieron los republicanos. En La Coruña los republicanos estaban divididos. Casares Quiroga concluyó una alianza con un grupo de caciques monárquicos, y su rival de la Alianza Republicana, con otro. Cfr. Quiroga Ríos, Quién es y adónde va Santiago Casares (La Coruña, 1932), esp. 33 y siguientes. No cabe duda de que perduraba un caciquismo residual; no obstante, los partidos se echaban en cara intenciones caciquistas, argumento cómodo para justificar derrotas electorales. Para la crítica del caciquismo de derechas véase El Socialista, 19 de abril y 6 de mayo de 1931; para el contraataque de la derecha, alegando un caciquismo de izquierdas de nuevo cuño véase ABC, 21, 25, 28 de abril de 1931. Los nuevos distritos provinciales se crearon en vistas a la debilitación de los caciques; la medida tuvo efecto por más que dejara las cosas como antes en algunos distritos rurales, especialmente en el Sur y en Galicia. Véase D. Quiroga Ríos, Contra los nuevos oligarcas (La Coruña, 1932), 42-43.

2. Para una discusión del «socialismo humanista» vid. Cuadernos Americanos, LXXVIII (México, 1954), 83-113. Los radical-socialistas representaban algunas de las peores tradiciones del republicanismo español, especialmente su violencia verbal pequeño-burguesa. Algunos de los peores gobernadores civiles del nuevo régimen fueron los parásitos del partido.

3. Para el funcionamiento del comité jurídico, vid. A. Posada, La Nouvelle Constitution Espagnole (París, 1932), esp. 110-111.

4. El paralelismo más próximo es el del artículo 27 de la Constitución Mexicana, que es históricamente significativa, puesto que, mientras intentaba convertir la función social de la propiedad en parte del derecho constitucional, también podía cubrir la defensa del statu quo o las reformas radicales de Cárdenas (cfr. Tannenbaum, México (Nueva York, 1950), 102-112).

5. Para las virtudes y peligros del monocameralismo, vid. H. Tremolet, La Chambre unique dans la constitution espagnole (Montpellier, 1935). Si la Constitución hubiera poseído una segunda cámara, hubiera funcionado en contra del radicalismo en 1931-1934, pero podía haberlo sostenido en 1934-1936.

6. Álvaro de Albornoz, La política religiosa de la República (1934), 13 y ss., 70 y 153-157.

7. Cfr. A. Mori, Crónica de las Cortes Constituyentes (1932-1933), III, 159 y ss., 187 y ss. Lo extremado del argumento evidencia en la afirmación de Leizaola de que la supresión de los frailes españoles supondría el desplazamiento del castellano por el inglés en la América Latina.

8. Este ataque en las escuelas secundarias consiguió más que nada enajenarse a las clases cuyos hijos habían sido educados tradicionalmente por la Iglesia. El hecho de haberse iniciado la campaña anticlerical por medio de decretos dio pábulo a acusaciones de despotismo ministerial.

9. «¿Cómo se puede negar que los colaboradores más destacados de la Dictadura se formaron en Deusto [la universidad de los jesuitas] y en El Escorial?», ibid., 49.

10. El discurso de Azaña contiene un examen fascinante de la posición de la Iglesia tras las leyes desamortizadoras. La supresión de los conventos produjo la generación revolucionaria de 1868 y 1873, que pudo ser educada sin la influencia clerical. Cuando la Iglesia recuperó su influencia a partir de 1874, «en vez de hacerse con la propiedad, se hizo con la conciencia de los propietarios y de este modo se adueñó tanto de las conciencias como de la propiedad». De este modo los nietos de los colaboradores de Mendizábal se veían empujados a abrazar la dictadura y el despotismo. «En esta evolución se halla comprendida toda la historia política de nuestro país en el último siglo.»

11. La quema de iglesias se produjo cuando el gobierno provisional estaba todavía en el poder. La única excepción a la debilidad general fue la de Miguel Maura, ministro de la Gobernación. Sus requerimientos en favor de una acción válida por parte de la Guardia Civil fueron rechazados por Azaña y sus amigos, sobre quienes recae la culpabilidad por este desastre. Cfr. M. Maura, Así cayó Alfonso XIII... (Barcelona, 1966), 252-253. Para una descripción hostil de la quema de iglesias vid. J. Arrarás, Historia de la Segunda República Española (1956), I, 75-100.

12. Para una versión popular de los sufrimientos de la Iglesia, vid. Cipriano Nievas, En torno a la República (1933).

13. Cfr. J. Tusquets, Orígenes de la revolución española (Barcelona, 1932), 93 y ss., 140 y 200. Debe recordarse que cuatro miembros del gobierno provisional eran masones.

14. Marcelino Domingo, La revolución de octubre (1935), 157 y ss.

15. Al parecer Prieto tuvo que amenazar con sacar el Ejército y la Guardia Civil antes de que Macià volviera a la realidad. Cfr. A. Ossorio, Companys (Buenos Aires, 1943), 81-88.

16. Para las elecciones vid. E. A. Peers, Catalonia Infelix (Londres, 1937), 200-202. La decisión de catalanizar el sistema educativo (por ejemplo, que los profesores dieran clases en catalán a estudiantes castellanos) representa la preocupación obsesiva del catalanismo por el lenguaje nacional, que encontró una válvula de escape nada peligrosa en la traducción al catalán de los rótulos de los museos. Este arreglo educativo irritó a los no catalanes que asistían a la universidad y a las escuelas en Cataluña.

17. Cfr. J. Larraz, La hacienda pública y el Estatuto Catalán (1932) para una crítica de las soluciones financieras subyacentes al Estatuto. Vid. A. Mori, Cortes, VI, para el debate sobre el Estatuto.

18. M. Cordero, Los socialistas y la revolución (Madrid, 1932), 308 y ss. Cordero era un concejal municipal muy trabajador, y diputado en las Cortes Constituyentes.

19. Cfr. El Debate, 24 y 26 de noviembre de 1931.

20. La mejor descripción de esta legislación se halla en G. Picard-Moch y J. Moch, L’Espagne républicaine (París, 1933), 254-276.

21. M. Cordero, Los socialistas, 325, 335 y 336.

22. Vid. supra, p. 349, para las consecuencias económicas de la Ley de términos municipales. Mientras que era justificable dar poder de negociación a la fuerza de trabajo local, los límites entre los municipios guardaban muy poca relación con las fronteras del empleo. Ello hizo que la ley fuera casi impracticable.

23. De ahí la enorme serie de libros sobre el tema, muchos de ellos con deficiente información. Para un ejemplo respetable vid. V. Rodríguez Revilla, El agro español y sus moradores (1931). El autor admite la agudeza del problema de los minifundios pero insiste en que la reforma de la tierra debe satisfacer «al espíritu triunfante en el campo», es decir, al deseo de «posesión individual».

24. A. Mori, Cortes, VIII, 301 y ss.

25. La falta de estadísticas adecuadas, pese a todo, seguía siendo una dificultad: cfr. la admisión por el gobierno del principio de que la expropiación debía basarse en la tierra comprendida en cada municipio porque «no existe ningún documento público por el que podamos inferir [la totalidad de] las propiedades pertenecientes a un único propietario», ibid., VIII, 32.

26. La confiscación previa de los señoríos era un caso de jacobinismo casi carente de sentido. Cfr. vizconde de Eza, La exhumación de los señoríos (1932). Eza apoyaba una reforma agraria moderada.

27. El Debate, 17 de junio de 1932, y A. Mori, Cortes, VIII, 240, 253, 317 y ss.

27 bis. La abundancia misma de la cosecha triguera creó incontables problemas en las zonas rurales donde el pequeño propietario se encontró cogido entre la legislación de salarios y el hundimiento de los precios del trigo.

28. La preocupación de la República por la instrucción como premisa de un gobierno democrático fue una de sus características más nobles. El problema era unir las sutilezas de la relación maestro-discípulo de Giner con un fuerte programa de educación de masas en un país subdesarrollado, para convertir la educación en un «escudo contra la reacción», sin abandonar por ello las tradiciones tolerantes de secularismo militante de la Institución Libre de Enseñanza (cfr. los comentarios de José Castillejo en War of Ideas in Spain, Londres, 1937). Parte de la fiebre educativa de la República tuvo por consecuencia una feliz improvisación, y parte un caos administrativo (cfr. S. de Madariaga, Spain, 316).

29. J. Ventosa y Calvell, La situación política y los problemas económicos de España (Barcelona, 1932), esp. 47, 102-103, 130. Ventosa había sido ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar.

30. Vid. sus O. C., II, esp. 65 y ss.

31. J. A. Ansaldo, Mémoires d’un monarchiste espagnol (Mónaco, 1953), 18-21 (traducción francesa de ¿Para qué?, Buenos Aires, 1951); J. A. Aguirre, Entre la libertad y la revolución (Bilbao, sin fecha pero escrito en 1935), 151-155. Aguirre consideraba que estaba dentro de sus obligaciones para con su partido revelarle los planes de Orgaz, pero no creía que entre sus obligaciones para con la República figurara la de revelar estos planes al gobierno. Para la refutación por Orgaz de la versión de Aguirre vid. M. García Venero, Nacionalismo Vasco, 426-429.

32. En los últimos días de abril y primeros de mayo, el director de ABC entrevistó a Alfonso XIII en Londres; éste condenó explícitamente la rebelión militar e insistió en que la monarquía solamente podía ser restaurada mediante sufragio universal (ABC, 5 de mayo de 1931). ABC era el principal periódico monárquico.

33. Para el programa tradicionalista vid. infra, p. 534.

34. J. A. Aguirre, Libertad, 93 y ss.

35. Así, el general Goded estaba en contacto con Sanjurjo, pero los conspiradores no le informaron de sus planes, y fue detenido por la policía en El Escorial. Cfr. M. Goded, Un faccioso cien por cien (Zaragoza, 1938), 20. Para la actitud de Azaña y el conocimiento que se tenía de los planes de los rebeldes, vid. sus Memorias íntimas, 186 y ss.

36. Cfr. E. Esteban Infantes, La sublevación del general Sanjurjo (1933).

37. Hasta que el término nacional fue prohibido, el movimiento de Gil-Robles se denominó Acción nacional.

38. Para una descripción de la carrera inicial de Gil-Robles vid. J. Arrabal, Gil Robles (Madrid, 1933).

39. En sus primeros tiempos, Ángel Herrera hablaba del «modelo belga» y fue indudablemente un demócrata-cristiano ortodoxo; posteriormente Gil-Robles se vio influido por Austria y por su formación tradicionalista. Empleó su lenguaje más amenazador en la campaña electoral de 1933.

39 bis. Para la posición «legalista» de Gil-Robles cuando la fundación de Acción Popular véase El Debate, 23 de octubre de 1932. Para un ataque contra la posición de Gil-Robles, véase E. Vegas Latapié, Catolicismo y República (1932), donde se dice que la táctica que inspiró el ralliement del catolicismo francés fue «estéril» y trajo el hundimiento del partido político francés. El canónigo Castro Albarrán defendía el derecho a la rebeldía, alegando que Au milieu des solicitudes de León XIII tan sólo rezaba para Francia porque estaba escrita en francés.

40. El Debate, 2 de enero de 1932. Fueron posibles estas acusaciones porque la campaña revisionista (lanzada en octubre de 1931) fue pagada por una «unión de la derecha» que comprendía a tradicionalistas y alfonsinos así como a «accidentalistas». Además, el movimiento juvenil de Acción Popular empleaba un lenguaje casi fascista. Los socialistas nunca aceptaron el argumento de Gil-Robles a cuyo tenor era «legal» establecer un estado corporativo por la vía democrática. Esto era tanto como implantar la solución «fascista».

41. 1933 fue un año malo para el comercio y el número de jornadas perdidas en huelgas pasó de los tres millones a la cifra récord de doce millones. Los textiles estaban en expansión, pero la industria textil refleja la tendencia general de las huelgas a una extensión exagerada (el número de días perdidos por las huelgas se multiplicó por diez).

42. Para una descripción de la actitud de Prieto vid. The Times, 18 de diciembre de 1932.

43. Vid. F. Madrid, Ocho meses, 134 y ss. Carlos Esplá, sucesor de Companys en el Gobierno Civil, propuso a los dirigentes de la C. N. T. encarcelar a los extremistas para aumentar la fuerza de la moderación dentro de la C. N. T. No es muy sorprendente que esta extraordinaria sugerencia fuera rechazada.

44. A. G. Gilabert, La C. N. T., la F. A. I. y la revolución española (s. f.), 14.

45. Diego Abad de Santillán en Solidaridad Obrera del 29 julio de 1931.

46. Vid. E. A. Peers, The Spanish Tragedy (Londres, 1936), 96.

47. Para la política y la inquietud en Sevilla, tal como la veía un periodista de derechas, vid. E. Vila, Un año de República en Sevilla (Sevilla, 1932). La inquietud era peor en la zona portuaria; fue muy exagerada por la prensa de derecha (por ejemplo, el ABC).

48. Para una descripción de estos acontecimientos vid. G. Brenan, Labyrinth, 247-248, 255-256, y E. Hobsbawm, Primitive Rebels, 84-86. (Hay traducción española: Rebeldes primitivos, Barcelona, 1968.) El gobierno actuó con vigor porque no podía permitir que la «blandura» le enajenara fuerzas políticas.

48 bis. La crítica se centraba sobre todo en la Ley de Defensa de la República que otorgaba al gobierno amplísimos poderes para reprimir los desórdenes.

49. Albiñana, un aprovechado, fue confinado en Las Hurdes, que es una zona desértica. Sus lamentaciones se contienen en Confinado en las Hurdes (1933). El título de su obra inicial era España bajo la Dictadura republicana, Crónica de una época petrificada (Madrid, 1932). Vid. también J. del Moral, Oligarquía y enchufismo (Madrid, 1932); este título juega con el de una obra de Costa.

50. Para unos comentarios sobre esta «deserción» de los intelectuales, vid. Carlos M. Rama, La crisis española del siglo XX (México, 1960). Me parece una exageración decir que la actitud crítica hacia la democracia de la República por parte de pensadores tan conocidos como Ortega «paralizó el liberalismo de la clase media».

51. Vid. infra, p. 522.

52. Para estos acontecimientos, desde el punto de vista de Lerroux, vid. sus ataques a Alcalá Zamora en La pequeña historia (Buenos Aires, s. f.), esp. 103, 123, 141, 151; sus quejas son análogas a las de Moret, cuando Alfonso XIII le negó una disolución de las Cortes en 1906 (vid. supra, p. 396).

53. M. Domingo, La revolución de octubre (1935), 95-97. Su mitin fue tan alborotado que telefoneó a Azaña y a Prieto para que cancelaran sus respectivos mítines en Aragón.

54. Los aliados más valiosos de la C. E. D. A. eran los agrarios, cuya fuerza estaba en los distritos electorales rurales de Castilla. La alianza de la C. E. D. A. y los radicales en Badajoz, Jaén, Granada y Cáceres hizo descender la representación socialista en las Cortes de treinta y ocho escaños a once.

55. Los resultados finales de las elecciones fueron: C. E. D. A., 110 escaños; tradicionalistas, 20; agrarios, 36; Renovación Española, 15; nacionalistas vascos, 12; nacionalistas «españoles», 1; independientes, 18; radicales, 102; Lliga, 26; republicanos conservadores, 18; liberal-demócratas, 9; progresistas, 3; socialistas, 60; Esquerra, 18; O. R. G. A. (republicanos gallegos), 6; Acción Republicana, 5; radical-socialistas, 4; comunistas, 1.

55 bis. En esta sección he introducido modificaciones subsiguientes a la edición inglesa, debidas a los nuevos datos encontrados por R. Robinson, cuya tesis sobre la C. E. D. A. está en curso de elaboración (Oxford University).

56. El precio para los radicales de la alianza con Gil-Robles era el de una revisión constitucional que modificase las normas anticlericales. Gil-Robles tuvo que hacer frente a la deserción de su derecha que quería la destrucción de la República, que no hacerla llevadera. La defensa de Gil-Robles contra el cargo de cooperar con los masones era que Cristo compartía su condumio con los pecadores.

56 bis. Cfr. S. Galindo Herrero, Partidos, 130 y ss.; para la actitud de Alfonso XIII respecto de la C. E. D. A. en 1935 vid. J. Cortés Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII (1951), 106. Los monárquicos deseaban evitar disputas con la C. E. D. A.; Gil-Robles «hallaría, en el momento oportuno, la oportunidad de escapar a sus promesas al régimen».

57. Vid. los comentarios de Salvador de Madariaga en Spain, 328. Madariaga califica a la presión socialista de «descabellada, inconstitucional y rebelde».

57 bis. Véase el discurso de Prieto, D. S. C., 19-20 de diciembre de 1933 y el tono de los editoriales en El Socialista en el mes de diciembre.

58. Cataluña había seguido también la tendencia general hacia la derecha en las elecciones generales de 1933, pero en las elecciones municipales volvió a dominar la Esquerra.

59. Para esta disputa vid. The Times, 15 de agosto de 1934.

60. La Pasionaria (Dolores Ibárruri) era vasca. Para los años 1933-1934 en el País Vasco vid. M. García Venero, Nacionalismo vasco, 443-457.

61. J. de Camps y Arboix, Historia del derecho catalán moderno (Barcelona, 1958), 292-293.

62. Según el testimonio de Dencás, Companys habló en junio de revuelta armada; citado por C. Seco Serrano, Historia de España (Barcelona, 1962), VI, 91.

63. Cfr. A. Ramos Oliveira, La revolución de octubre, 19, 111. Escrita en prisión tras la revolución, esta obra aclara la actitud de los militantes socialistas.

64. F. Largo Caballero, Mis recuerdos, 134 y ss.

64 bis. No cabía esperar ayuda de los republicanos burgueses; se trataba de una alianza puramente obrera (véase El Socialista, 25, 27, 28 de julio de 1934).

65. Dencás dijo que la lentitud con que los servicios gubernamentales prometidos en el Estatuto fueron transferidos a Cataluña condujo a la idea de Estat Català (es decir, al separatismo), y que, con conocimiento de la Generalidad, organizó una fuerza de 4.000 guardias paramilitares «contra España» (ABC, 7 de marzo de 1936).

66. Sus palabras textuales fueron: «Ja està fet! Ja veurem com acabarà, i a veure si ara també direu que no sóc catalanista!», Aymamí i Baudina, El 6 d’Octubre tal com jo l’he vist (Barcelona, 1935), 103.

67. Cfr. M. Azaña, Mi rebelión en Barcelona (Bilbao, 1935), 106-112; Ángel Ossorio, Companys, cap. XXIII.

68. Los socialistas, a pesar de sus afirmaciones en sentido contrario, deseaban mantener el predominio socialista de la Alianza Obrera y estaban «temerosos de unirse demasiado estrechamente a los sindicatos anarquistas», cfr. Álvarez del Vayo, The Last Optimist, 267. Para la situación de la C. N. T. vid. J. Peirats, La C. N. T. en la revolución española (Toulouse, 1951-1953), I, 78-79.

69. Citado por D. C. Cattell, Communism and the Spanish Civil War (Berkeley, 1955), 39.

70. M. Grossi, La insurrección de Asturias (Valencia, 1935), 218. Este libro, al igual que el de Ramos Oliveira, fue escrito en la cárcel.

71. Para la izquierda, los juicios, los 30.000 presos políticos y una censura de prensa que perduró hasta diciembre de 1935 justificaban la acusación de fascismo y de brutalidad; pese a su ferocidad, la represión no constituyó la eliminación de la izquierda deseada por la derecha cedista. Para mantener unido al gobierno, Gil-Robles tuvo que resistir al clamor de la derecha por que Lerroux se tornase en el nuevo Thiers español y ahogase en sangre la revolución. No obstante el gobierno se deshizo en marzo de 1935 y se reconstituyó en mayo con una representación más crecida de la C. E. D. A.

72. Estas acusaciones de Azaña están contenidas en Discursos en campo abierto (Bilbao, 1936).

72 bis. La cuestión de los desahucios extremeños se debatió en las Cortes en febrero de 1934. Acción Popular había amenazado con echar de sus filas a los propietarios miembros que se aprovechasen de la revocación de las leyes salariales para rebajar los jornales. El P. Gafo arremetió contra los plutócratas cristianos que pagaban un jornal familiar de 1,80 pesetas.

73. Vid. A. Mendizábal, The Martyrdom of Spain (Londres, 1938), 231 y ss.

74. Se trata del escándalo del straperlo, que dio a la lengua española un término para designar el mercado negro. El caso Nombela se refería a la compensación debida por un contrato rescindido en la Guinea española. Vid. los Orígenes del Frente Popular de Martínez Barrio (Buenos Aires), 67 y ss.

75. Para los intentos de obtener jueces favorables, vid. Álvaro de Albornoz, Al servicio de la República (1936).

76. J. Peirats, C. N. T., I, 102.

77. Gil-Robles, desde luego, no quería una alianza electoral con los radicales que solamente podía durar «hasta las elecciones». Vid. su discurso del 11 de febrero (ABC, 12 de febrero).

78. Cfr. C. M. Rama, Ideología, regiones y clases sociales en la España contemporánea (1958), 11 y ss. Calvo Sotelo alegaba la necesidad de acabar con el Estatuto Catalán poniendo a Irlanda por ejemplo: la autonomía había conducido allí a la separación (ABC, 30 de abril de 1935).

79. A. Ramos Oliveira, Octubre, 19, 111; cfr. la tesis de Marcelino Domingo de que quienes invertían la «revolución pacífica» de la República eran los verdaderos autores «responsables» de la Revolución de Octubre (La revolución de octubre, 17).

80. Había una base para la creencia de que la supervivencia residual del caciquismo (de la derecha en el campo) oscurecía la fuerza de la izquierda, especialmente en el Sur y el Oeste. La «defensa» de la derecha era que los socialistas habrían creado nuevas formas de caciquismo en las ciudades.

81. Cfr. el testimonio del embajador americano, Claude Bowers (My Mission to Spain, Nueva York, 1954). Para una breve descripción del ambiente prerrevolucionario, vid. B. Bolloten, The Grand Camouflage (Londres, 1961) (hay trad. esp., Barcelona, 1967), 18-24.

82. Puede ser cierto, como señala F. E. Manuel (Politics of Modern Spain, Nueva York, 1938, 168), que la mejor fuente de información exacta sobre las huelgas sea la prensa extranjera: The Times daba amplia información. Sin embargo, periódicos como ABC dedicaban una página entera a los conflictos laborales. La drástica censura (visible porque los editores insertaban «Lea ABC» en lugar de los pasajes censurados) agravó más que ocultó la atmósfera de guerra social (cfr. los números del 9 y 10 de julio). En junio casi todos los números de ABC aparecieron fuertemente censurados.

83. Solidaridad Obrera, 2 de junio de 1936.

84. E. Conze, Spain Today (Londres, 1936), 118.

85. Federica Montseny era miembro de la F. A. I.; sus observaciones se citan en Camouflage, de Bolloten (p. 26).

85 bis. Para sus ideas de control estatal del capitalismo sin responsabilidad, véase J. Calvo Sotelo, El capitalismo contemporáneo y su evolución (1935).

86. Para los preparativos carlistas, vid. A. Lizarra Iribarren, Memorias de la conspiración (Pamplona, 1953), esp. 16 (sacerdotes), 25 y ss. (las entrevistas con Mussolini). El carlismo todavía estaba dividido, y a menudo profundamente (32 y ss.), según fisuras consagradas de viejo. El conde de Rodezno quería y apoyaba la vía pacífica, y una alianza con los alfonsistas. Fal Conde, abogado integrista, estaba dispuesto a echar mano de la violencia, y recelaba de los alfonsistas. El criterio de Fal Conde triunfó cuando fue designado secretario en 1934. Con esto prevalecían el punto de vista de las Juventudes Navarras, y el repudio de los métodos caciquiles de los alfonsistas.

87. Las ideas de Giménez Caballero tenían el atractivo de una poderosa fantasía. Se pueden estudiar muy bien en su Genio de España (1932).

88. El mejor resumen de las ideas de Onésimo Redondo es O. Redondo, caudillo de Castilla (1937). Ni Ledesma ni Redondo tenían idea alguna acerca de la economía del nacionalsindicalismo (cfr. op. cit., 108), aunque Redondo había organizado un sindicato de cultivadores de remolacha.

89. Se hallan en su colección de discursos y escritos, de donde se toma el resumen que sigue. Prieto se lo tomó seriamente, tributo que nunca hubiera concedido a un mero intelectual estudioso. Su vena mística y ascética, pese a todo, le hizo escribir muchos sinsentidos.

90. Para las dificultades de la unión del «sindicato nacionalista antiburgués y revolucionario de las J.O.N.S.» con la Falange de los señoritos, vid. F. Bravo Martínez, Historia de la Falange Española de las J.O.N.S. (1940), 13 y ss.

91. Sus propuestas de reforma de la agricultura eran radicales y juiciosas. Cfr. la actitud de Giménez Caballero en En España sale el sol de Basaldúa (Buenos Aires, 1948), esp. 12-13.

92. El dirigente falangista derivaba sus dos ideas principales —la de la función de la elite como minoría creadora y la de nación como unidad de destino— de Ortega, al que admiraba enormemente. F. Bravo Martínez, op. cit., 61.

93. D. Jato, La rebelión de los estudiantes (1953), 69 y ss.

94. Cfr. F. Beltrán Güell, Preparación y desarrollo. Para la actitud de los «militares de orden» tradicionales vid. la carta de Franco a Casares Quiroga de 23 de junio. Hay una descripción de las relaciones de un oficial del Ejército con la Falange en la novela de Gironella, Los cipreses creen en Dios (51.ª edición, Barcelona, 1966).

95. De ahí la necesidad de rebelarse antes de que la paga de 1936 llegara a los cuarteles.

96. Para los detalles, vid. Luis Bolin, España, los años vitales (Madrid, 1967) primera parte.

97. J. Zugazagoitia en Historia de la guerra de España (Buenos Aires, 1940), 5 y ss., da una buena imagen de la apatía del gobierno, pero la descripción se dirige a la justificación de Prieto a expensas de Largo Caballero.

1. Teniente general Carlos Martínez Campos (St. Antony’s Seminars), describiendo la llegada de los voluntarios carlistas.

2. Gustav Regler, The Owl of Minerva (Londres, 1959), p. 273.

3. R. Gambra, La monarquía social y representativa (1954), 8.

4. Para la actitud de Bevin y Greenwood, vid. Report of the 36th. Conference of the Labour Party, 170-171.

5. L. E. Smith, Mexico and the Spanish Republicans (Berkeley, 1955), 166. La batalla de Teruel fue perdida por los ejércitos republicanos en el invierno de 1938.

5 bis. El caso de la Galicia urbana reviste especial interés. Las organizaciones obreras eran bastante fuertes en las ciudades y el alzamiento militar empero no se produjo hasta el día 20. Sin embargo, no cabía resistencia efectiva alguna porque —salvo Vigo— los obreros carecían de armas. Esto tiene importancia porque la pérdida de Galicia fue el más desastroso de los fracasos republicanos durante la primera fase de la guerra.

6. El asalto a los cuarteles se describe en los primeros capítulos de L’Espoir de Malraux (París, 1937) (hay trad. cast.).

7. Para una descripción nacionalista del fracaso en Barcelona, véase F. Lacruz, El alzamiento, la revocación y el terror en Barcelona (Barcelona, 1943). Los rebeldes habían contado con la cooperación de la Guardia Civil (ibid., 99); la lealtad a la República del general Llano de la Encomienda «confundió» las posibilidades rebeldes al igual que las negociaciones del gobierno de Martínez Barrio.

8. La entrega de armas a la población tendió siempre a favorecer a la extrema izquierda, como había previsto el gobierno. Cfr. el comentario de G. L. Steer sobre el curso de los acontecimientos en San Sebastián: «A pesar de las armas, todo el mundo se espantó: nadie, salvo los extremistas, estaba organizado». Tree of Gernika (Londres, 1938), 18.

9. Dolores Ibárruri, Speeches and Articles (Londres, 1938), 214.

10. Estas matanzas fueron severamente criticadas por la F. A. I., y el gobierno y la prensa socialista se opusieron fuertemente a ellas (Solidaridad Obrera, 30 de julio).

11. Borkenau y otros observaron este fenómeno: muchos trabajadores eran indiferentes hacia la Iglesia y no salvajemente hostiles a ella.

12. Observación de A. Peña Boeuf. Sus Memorias de un ingeniero político (1954) son una viva descripción de las creencias de un técnico de las clases medias altas. Escapó para convertirse en ministro de Obras Públicas de Franco. Debe observarse que el peligro de la indumentaria burguesa en época de revolución se advirtió por vez primera en 1843.

13. C. N. T.F. A. I., Boletín de Información, 5 de agosto de 1936.

14. Estas pequeñas colectivizaciones existieron aunque la colectivización legalmente obligatoria sólo comprendía a las empresas de más de cincuenta trabajadores (H. E. Kaminski, Ceux de Barcelone (París, 1937), 222 y ss.). Los decretos que regulaban los diversos grados de control de los trabajadores fueron tremendamente complicados: unos 100 decretos precedieron al Decreto General sobre Colectivización de octubre de 1936 que trató de racionalizar y legalizar la apropiación de los trabajadores. El principio general era la colectivización obligatoria de las grandes empresas y la supervisión de las pequeñas empresas por comités de trabajadores. La coordinación por parte del Consejo General de la Industria fue muy imperfecta: Fábregas, el ministro de la C. N. T., no tenía estadísticas ni un registro de almacén y ventas. J. Peirats describe la estructura formal de las empresas colectivas en C. N. T., I, 354 y ss. Hubo una activa discusión sobre cuestiones tales como la paga uniforme, el control de la «fábrica» contra la dirección por juntas que representaran a todo un sector de la industria, etc.

15. La correspondencia entre Prieto y Companys se reproduce en A. Ossorio, Companys, 207-242.

16. C. N. T.F. A. I., Boletín de Información, 6 de septiembre de 1936.

17. Para una descripción de ello vid. A. Souchy, Entre los campesinos de Aragón (Barcelona, 1937).

18. Cfr. B. Bolloten, Camouflage, 57 y ss.

19. Cfr. La Batalla, 15 de noviembre de 1936.

20. Para una denuncia por parte del P. O. U. M. del fracaso de la C. N. T. y la ceguera ante la cuestión del control político de los trabajadores, vid. Julián Gorkin, Caníbales políticos (México, 1940), 67 y ss.

21. El P. S. U. C. era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, de tendencia comunista; se formó localmente sin consulta con los dirigentes de la U. G. T. y llegó a controlar los sindicatos socialistas catalanes.

22. Cfr. Solidaridad Obrera, 20, 24 de enero de 1937. Los poetas sindicalistas exaltaban las virtudes de la raza española y veían las raíces de la revolución en Don Quijote y en el Romancero.

23. Cfr. su destitución del general Asensio y su conversión del general Miaja, el defensor de Madrid, en una celebridad internacional. El embajador ruso, Rosenberg, se interfería constantemente en los ascensos.

24. Diego Abad de Santillán (jefe del Comité de milicianos e importante intelectual de la F. A. I.), citado en H. E. Karninski, Barcelone, 253.

25. La actitud se refleja en Solidaridad Obrera del 2 de mayo: «La garantía de la revolución es el proletariado armado. Que nadie entregue sus armas». El P. O. U. M. (contrario a la dirección de la C. N. T.) se opuso a la abolición del Comité de milicianos antifascistas. En diciembre de 1936 los representantes del P. O. U. M. fueron excluidos del gobierno catalán.

26. La Batalla, 2, 3 y 6 de enero de 1937. La Batalla llevó a cabo una campaña contra Juan Comorera (dirigente del P. S. U. C.) como responsable de la escasez de pan; fue una jugada incendiaria.

27. La C. N. T. había estado interceptando mensajes del gobierno, según Guerra y Revolución en Cataluña (México, 1946, p. 424), de Benavides, miembro del P. S. U. C. Consiguientemente la acción de Salas fue presentada como una acción policíaca no provocadora para finalizar con un vestigio de «gobierno doble», restableciendo el control total del gobierno de la Generalidad.

28. Para un resumen de la posición intermedia de Largo Caballero véase H. Rabasseire, Espagne creuset politique (París, 1938), 152. Hay traducción española, Buenos Aires, 1966.

29. Según Juan Pericó (Problemas y cintarazos, Rennes, 1946), la demanda de disolución se basó únicamente en la lectura de pasajes de La Batalla, el diario del P. O. U. M.

30. J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army, 201.

31. Para las relaciones en esta época de Prieto y los socialistas moderados con los comunistas, vid. B. Bolloten, Camouflage, 301-306.

32. Mundo Obrero, 5 de mayo de 1937.

33. Algunas de las colectivizaciones de Aragón se volvieron a fundar posteriormente.

34. Cfr. J. Gorkin, Caníbales, 99 y ss. La ferocidad de este proceso eliminatorio la muestran el asesinato de Andrés Nin y los ataques contra todos los que defendían la posición del P. O. U. M.: por ejemplo, «los Brockmay (sic), los Maxton, los Sam Baron» (Mundo Obrero, 2 de agosto de 1937). La «línea de mayo» se advierte en todos los informes comunistas posteriores, por ejemplo, en Ludwig Renn y L. Longo. Para el asesinato de Nin vid. P. Broué y E. Témime, La révolution et la guerre d’Espagne (París, 1961), 275-80 (hay trad. cast.).

35. Para las diferencias de Prieto con los comunistas vid. L. Fischer, Men and politics (Londres, 1941), 432. D. Sevilla Andrés, Historia política de la zona roja, 371. Los comunistas temían tanto que una victoria en Teruel (vid. infra, p. 570) reforzara la posición de Prieto que, según sus peores enemigos, «decidieron torpedear a Prieto a costa de la pérdida de Teruel». «No se trata de liquidar el Frente Popular, sino de hacerle hacer lo que queremos. Desacreditaremos a los socialistas y a los anarco-sindicalistas, y mostraremos al pueblo que los comunistas son los únicos que pueden defender Teruel.» (El Campesino, Listen Comrades, Londres, 1952, 22 y ss.)

36. Claridad, 5 de mayo de 1937.

37. Individualmente los comunistas experimentaban con frecuencia una extraña simpatía por la C. N. T.; para hombres como Kolzov el frente antifascista era algo más que un artificio de la política exterior soviética (cfr. A. Garosci, Gli intellettuali e la guerra di Spagna, 1959, 282 y ss.).

38. Naturalmente, esta relación no era explícita, como revelan los telegramas de Companys al gobierno de Valencia (impresos en Ossorio, Companys, 178 y ss.). Deseaba acabar con los disturbios por medio de negociaciones, pero las condiciones de la C. N. T. (dimisión del jefe de la policía) «hubieran hecho que ésta (la C. N. T.) saliera más fuerte de la lucha».

39. Las peores matanzas de detenidos tenían lugar tras las incursiones aéreas (por ejemplo, el 4 de enero de 1937, cuando fueron muertas 124 personas), y para resistir a estos brotes de violencia originada por los refugiados la U. G. T. se puso al lado de la policía vasca.

40. Así ocurrió especialmente con la aviación militar. La aplastante superioridad de los nacionalistas era consecuencia de la incapacidad (el frente del Norte estaba más allá de su alcance) y, tal vez, de la indiferencia de un gobierno central duramente apremiado. En abril de 1937 los vascos tenían pocos aviones operacionales. Y se vieron privados de alimentos por la política británica.

41. Cfr. el veredicto de Hitler: «La auténtica tragedia de España fue la muerte de Mola (en un accidente de aviación); él era el auténtico cerebro, el verdadero dirigente... Franco llegó al poder como Poncio Pilato en el Credo». Hitler, Tabla Talk (ed. H. R. Trevor-Roper, Londres, 1953), 608 (hay trad. cast.).

42. Discurso del 18 de julio de 1937: «Estamos realizando una profunda revolución social inspirada en las enseñanzas de la Iglesia católica. Habrá pocos ricos, pero también pocos pobres».

43. Hasta la conquista del poder supremo por Franco la España nacionalista había sido gobernada por una junta de generales apoyada por el esqueleto de una burocracia. Los administradores reales eran, naturalmente, militares. Para una descripción hostil de esta primera época de Burgos vid. A. Ruiz Vilaplana, Burgos Justice (Londres, 1939). Ed. castellana, Doy fe, Barcelona, 1937.

44. Franco le dijo a Faupel el 11 de abril que estuvo «a punto de decidir la ejecución de Fal Conde... pero que se había abstenido de hacerlo porque hubiera producido una mala impresión en los requetés del frente, que estaban luchando valientemente». Documents on German Foreign Policy, Serie D, III, núm. 243.

45. Según A. Bahamonde y Sánchez de Castro (Memoirs of a Spanish Nationalist, Londres, 1939, p. 12. Edición original titulada Un año con Queipo de Llano, Madrid, 1938), el general Queipo de Llano, en Sevilla, estaba «obsesionado» por la Falange, «en la que no tenía la menor confianza». El partido sólo pudo tener influencia en aquellas zonas en que, como Badajoz, el mando militar no podía ejercer su control directo (ibid., p. 50).

46. Esta etapa de la historia de la Falange está descrita en S. G. Payne, Falange, 117-131, 148-173 (traducción española, Ruedo Ibérico, París, 1965).

47. El complicado nombre del nuevo partido reflejaba su heterogénea composición: Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., conocido por F. E. T.

48. Serrano Súñer insinúa que Faupel simpatizaba con los disidentes (Entre Hendaya y Gibraltar, Madrid, 1947). En realidad Faupel compartía la opinión de Serrano de que Franco trataba demasiado severamente a los rebeldes y le acusaba de actuar demasiado bruscamente en la cuestión de la unificación, sin dar tiempo a Hedilla para «integrarse». (Documents on German Foreign Policy, núm. 248.)

49. Fue Kindelán, jefe de la Aviación y decidido monárquico, quien preparó la elevación de Franco a la Jefatura del Estado.

50. Documents on German Foreign Policy, núm. 586. La represión inicial fue más bien obra de falangistas, da los viejos grupos derechistas, etc.; la posterior fue obra de los tribunales; en el lado republicano también se observó el mismo paso de la represión espontánea a la represión organizada.

51. Según cálculos nacionalistas entre julio de 1936 y enero de 1937 fueron muertos unos 5.000 clérigos; cfr. A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España (1961), 762. Los sacerdotes habían bendecido las tropas, aparecido junto a los generales, etc., desde los primeros momentos. La famosa pastoral de julio de 1937, consiguientemente, consagró una posición adoptada desde hacía mucho tiempo: se destinó al consumo europeo, no al interior.

52. Greenwood afirmaba que para rechazar la no intervención habría que pasar «sobre el cuerpo de Léon Blum». Dalton, que tal vez le conocía mejor, adoptó una postura similar. Cid 36th. Conference, 171, y Bevin en Tribune, 19 de marzo de 1937.

53. Para las entregas francesas de aviones, vid. P. Cot, Le Procés de la République (Nueva York, 1944), II, 332, en Les Événements survenus en France. Rapport fait au nom de l’Assemblée nationale. Témoignages (París, 1951), 219. Blum declara que él y los gobiernos que le sucedieron facilitaron las entregas de contrabando.

54. No hay pruebas documentales de una promesa formal de ayuda antes del alzamiento. Los contactos de Mussolini con Goicoechea no parecen haber continuado y los emisarios nacionalistas tuvieron dificultades superiores en convencer a Mussolini que en ganarse a Hitler.

55. S. Mattiolo, L’Aviazione legionaria in Spagna (Roma, 1940), 16-17. Franco dijo a Mussolini que los aviones del Eje llegaron demasiado tarde para ser decisivos y que una docena de bombarderos disponibles en los primeros días le hubiera permitido ganar la guerra en un mes.

56. Para las primeras negociaciones vid. Manfred Merkes, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg (Bonn, 1961), 17 y ss., 68 y ss. Para el papel de las organizaciones del partido nazi y la subsiguiente «degradación» del Ministerio de Asuntos Exterior, vid. E. von Weizsäcker, Memoirs (Londres, 1951), 106-107.

57. Documents on Germen Foreign Politics, núm. 73. Cfr. núm. 85: «Ahora, sin embargo, cuando las fuerzas nacionalistas están bien abastecidas... Alemania e Italia tienen mucho interés en que el embargo se mantenga estrictamente»; posteriormente, el «peligro ruso» les obligó a revisar su actitud (núm. 100).

58. Cfr. F. W. Deakin, en St. Antony’s Seminars.

59. La Legión Cóndor constaba de cuatro escuadrones. Hitler decidió enviar la Legión a finales de octubre. Aunque la mantuvo en pie de combate, no incrementó la ayuda aérea después.

60. Cfr. el juicio de Cantalupo, el embajador italiano: «España creó el Eje», y la observación de Mussolini a Goering en G. Ciano, L’Europa verso la catastrofe (1948), 133.

61. Hitler, Table Talk, 520 (hay trad. cast.).

62. Para los suministros soviéticos véase D. C. Cattell, Communism and the Spanish Civil War (Berkeley, 1955), 65, 69-83. Para la organización inicial de los suministros vid. General W. Krivitsky, I was Stalin’s Agent (Londres, 1939); las armas adquiridas por los socios de Krivitsky en el mercado internacional (consiguientemente comprendían armas alemanas) empezaron a llegar a España en octubre. Según un informe americano (marzo de 1937) sólo 8 de un total de 400 aviones no eran soviéticos. Para algunas informaciones interesantes sobre los aviones e instructores soviéticos vid. L. Tinker, Some Must Die (Londres, 1938, espec. 42, 140-141, 173). Hasta abril de 1937 los aviones rusos, modelados según el Boeing P. 12, daban a la República la superioridad en el frente oriental.

63. Cfr. H. Paris Eguilaz, Die Währungspolitik des spanischen Befreiungskrieges (Weltwirtschaftliches Archiv, Jena, LXII, sept. 1940, 330 y ss.). Los precios se elevaron más que los salarios en ambas zonas, pero de forma menos dramática en la España nacionalista.

64. F. Borkenau, Spanish Cockpit (Londres, 1937), 165; cfr. ibid., 211-228, y H. Buckley, Life and Death of the Spanish Republic (Londres, 1940), 248-249. Para Toledo, vid. L. Fischer, Men and Politics (Londres, 1941), 348-349, y su duro juicio: «Esperaba hallar este heroísmo en Toledo y en los demás frentes, pero nunca lo encontré». El general Duval, que visitó las líneas nacionalistas en 1938, llamaba a la línea de Huesca a Zaragoza «une position de surveillance plutôt que de résistance», Les Espagnols et la guerre d’Espagne (París, 1939), 2. La falta de artillería (allí había tres baterías republicanas) tendía a producir situaciones de estancamiento.

65. J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Arme (Londres, 1939), 291.

66. Los técnicos soviéticos estaban bajo el control de Berzin y Stachevski —ambos ejecutados posteriormente al igual que muchos de los soviéticos que estuvieron en España—. Es muy difícil apreciar la influencia de los soviéticos en las operaciones militares: cfr. la opinión extrema de Krivitski sobre las operaciones de Madrid: «El general Berzin y su plana mayor dirigieron silenciosamente la lucha que el general Miaja mandaba públicamente y que Kleber, el general de la Comintern, dramatizaba ante el mundo». Todos las jefes republicanos que he conocido niegan esta afirmación in toto, tal vez de modo natural.

67. Documents on German Foreign Policy, núm. 148.

68. La frase es de Álvarez del Vayo. El análisis de la importancia del «laboratorio español» para el pensamiento militar alemán lo hace F. O. Miksche, Blitzkrieg (Londres, 1941), 35-43. Debe recordarse que los franceses y, al parecer, los soviéticos extrajeron conclusiones equivocadas de las batallas con tanques de la guerra.

69. Los convoyes aéreos y marítimos trasladaron a España tropas en número de 20.248 personas entre julio y septiembre de 1936. Para el importante convoy del 5 de agosto vid. M. Aznar, Historia militar de la guerra española (1940), 83-91. Las órdenes del general Kindelán dan un total de diecinueve aviones, en su mayoría italianos (St. Anthony’s Seminars). Posteriormente desempeñaron un importante papel los 52 junkers.

70. Para la batalla de Madrid vid. M. Aznar, op. cit., 280-294; R. G. Colodny, The Struggle for Madrid (Nueva York, 1958), 37-91, y A. López Fernández, Defensa de Madrid (México, 1954), que subraya el papel de las fuerzas españolas en contraste con el citado más frecuente de las Brigadas Internacionales.

71. Para la batalla del Jarama véase T. Wintringham, English Captain (Londres, 1939).

72. Para un relato italiano de esta batalla véase F. Belforte, La guerra civile in Spagna (Milán, 1938), II. Para una explicación comunista vid. L. Renn, Der Spanische Krieg (Berlín, 1956), 196 y ss.

73. Véanse los comentarios de Von Thoma (que mandaba el contingente alemán de 180 tanques) en B. H. Liddell Hart, The other Side of the Hin (Londres, Panther Books, 1956), 88.

74. Para los temores alemanes véanse Documents on German Foreign Policy, núm. 710 (1 de julio, sobre el empantanamiento de la ofensiva sobre Valencia); núms. 743, 754-755, para su valoración de la situación en octubre de 1938; para Cataluña, ibid., núm. 828.

75. Para las dificultades en los eslabones inferiores del mando, vid. L. Renn, Spanische Krieg, 344 y ss. Renan se ocupó mucho de problemas de educación militar.

76. El general Rojo en su España heroica (México, 1961) es más piadoso que en su obra anterior, Alerta los pueblos (Buenos Aires, 1939). Para una ilustración de la debilidad de una ofensiva (en la batalla de Brunete) véase Luigi Longo, Le brigate internazionali in Spagna (1956), 371 y ss.

77. Desde un punto de vista militar Durango y Guernica fueron operaciones con éxito para dividir a un ejército en retirada y confundir a la retaguardia.

78. Hay una clara explicación militar de la campaña del Norte en el libro del general Duval, Leçons militaires de la guerre d’Espagne (París, 1937). Para la superioridad artillera desde los primeros momentos vid. G. L. Steer, Gernika, 49. La superioridad aérea (100 a 15), ibid., 154-155, 161 y ss. Para la debilidad de las milicias de la C. N. T. que arruinaban los planes de los jefes competentes, ibid., 219 y ss.; para la «desvergüenza y descalabro general» finales, ibid., 339-341.

79. Teniente general García Valiño, Guerra de Liberación (1949), espec. 187. Para la explicación del general Rojo sobre Teruel véase España heroica, 101-112.

80. Los republicanos tenían poca artillería, ningún apoyo aéreo y sus tropas estaban maltrechas: el comisario de la 117 Brigada Mixta escribió: «Además de estar desmoralizados, sus oficiales están con permiso por enfermedad», y sugería, claro, una expulsión general.

81. Cfr. general Kindelán (St. Antony’s Seminars): «Traté de disuadirle de esta operación, que me parecía sin sentido».

82. En estos encuentros los elementos motorizados italianos mostraron su eficacia en rápidos avances. Para el pánico del XII Cuerpo y la resistencia, en cambio, del XXI Cuerpo vid. general Vicente Rojo, España heroica, 113 y ss.

83. García Valiño (Guerra de liberación, 143) escribe que en agosto sus tropas estaban «en una situación muy delicada, rendidas de fatiga... con una apreciable disminución de su espíritu de lucha, una acusada pérdida de eficiencia... y 2.528 bajas, entre las que figuraban pérdidas irreparables en jefes de regimiento y de batallón».

84. Yagüe, al mando del sector hostigado, esperaba un ataque, pero no tenía una idea clara de su procedencia o de su importancia (cfr. su despacho del 28 de julio, Archivo Histórico Militar).

85. La orden de operaciones del 22 de julio de Rojo al general Modesto disponía una fuerte cabeza de puente en las proximidades de Gandesa «para servir de base a futuras operaciones». Al cabo de dos días las órdenes eran «atrincherarse y resistir a toda costa».

86. Cfr. García Valiño, Guerra de liberación, 231. El éxito de la operación contra la pequeña bolsa de Mequinenza-Fayón, al norte de la principal cabeza de puente, parece haber producido un optimismo injustificado en el alto mando nacionalista; las órdenes del 26 de julio y del 17 de agosto implican un empuje general hacia el Ebro (Archivo Histórico Militar). La diferencia del comportamiento de los ejércitos republicanos en el Ebro (cfr. la resistencia de las Divisiones 27 y 11 en la Sierra de Pàndols) y en algunas fases de la ofensiva de Aragón es verdaderamente asombrosa.

87. Para la caída del XII Cuerpo véase general Rojo, Alerta los pueblos, 103. Una de las brigadas era la 179 de carabineros, una de las unidades mejor equipadas en el ejército republicano; cfr. el pánico que abrió el camino a Cubells (ibid., 120) y a Santa Coloma (141-143).

1. Juan Fernández Figueroa, «La Izquierda: voto sin voz», Índice, 1967 (citado por Ludovico Garrucco, Spagna senza miti, 1968, p. 361).

2. Francisco Franco Salgado, Mis conversaciones privadas con Franco, 1976, p. 530. Franco Salgado era primo de Franco y jefe de su Casa Militar.

3. P. Laín Entralgo, Descargo de conciencia, 1976, p. 418.

4. El caudillismo, una versión española del Führerprinzip, era un producto del laboratorio ideológico del régimen: el Instituto de Estudios Políticos. Acerca del caudillismo, véase F. J. Conde, Contribución a la doctrina del Caudillaje, 1942.

5. Los funcionarios del Banco Mundial quedaron estupefactos ante una conferencia sobre los males de la francmasonería. La suspicacia paranoide de Franco alcanzaba inclusive al Lions Club. Véase José Antonio Ferrer Benimeli, «Franco contra la masonería», Historia 16, n.º 15, pp. 37-51.

6. R. Abella, Por el Imperio hacia Dios, 1978, pp. 24-36.

7. Además de sus vacaciones de verano en Galicia, Franco marchaba a expediciones de caza que le dejaban tan sólo diez días de trabajo por mes (Francisco Franco Salgado, op. cit., p. 143). Res pecto de las cacerías, véase Luis Alonso Tejada, «Las cacerías del franquismo», Historia 16, n.º 37, pp. 19-30.

8. La situación del franquismo en la taxonomía de los Estados dictatoriales ha dado lugar a considerable controversia entre los politicólogos. El fracaso del intento de los falangistas (véase más adelante, p. 579) de instaurar un Estado totalitario basado en un partido de masas y la movilización política llevó a Juan Linz a definir el franquismo como un «régimen autoritario estabilizado» basado en la desmovilización política: un «sistema político con pluralismo político limitado, no responsable; sin una ideología rectora elaborada (pero con una mentalidad distintiva); sin movilización política intensiva ni extensiva (salvo en algunos puntos de su desarrollo) y en el cual un líder (u ocasionalmente un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante fáciles de percibir». Esta definición era inaceptable para quienes definían el franquismo como un compromiso «fascista» entre los diferentes grupos de una elite dirigente capitalista decidida a excluir del poder a la clase obrera. Para un agudo análisis de Linz y sus críticos, véase J. M. Maravall, Dictatorship and Dissent. Workers and Students in Franco’s Spain, 1978, cap. 1.

9. Las familias del régimen están disecadas en Amando de Miguel, Sociología del franquismo, 1975. Las familias, con la excepción de los carlistas, no tenían vida política autónoma ni ideología distintiva definible. Adquirieron estilos de pensamiento característicos.

10. Franco era plenamente consciente de las desventajas de un ejército sobresaturado de oficiales. Si bien las reformas del ejército de 1952, 1953 y 1958 permitieron una cada vez mayor profesionalización, no terminaron con el problema.

11. Véase Jesús Infantes, El ejército de Franco y de Juan Carlos, 1976.

12. Franco nunca confió en los más antiguos generales monárquicos: Aranda y Kindelán cayeron en desgracia. Los generales García Valiño y Martínez Campos fueron considerados sospechosos. Nunca se encontró a gusto con Muñoz Grandes, jefe de la División Azul y un posible sucesor en la Regencia. Franco se fue apoyando cada vez más en oficiales más jóvenes, como Barroso, jefe de su Casa Militar.

13. Las cortes marciales de Burgos de 1970 revelaron que algunos oficiales habían, sin embargo, llegado a ver los riesgos de la utilización del ejército como fuerza de policía. El general García Valiño —el «fabricante de ataúdes» de la campaña de Aragón— temía que pruebas de torturas desacreditaran al ejército y a Franco. «La identificación del ejército con el régimen sólo intensifica el alejamiento del pueblo.»

14. Para la estructura sociológica del ejército, véase J. Brugulat Busquets, El militar de carrera en España, 1967.

15. Juan Benet et al., Dionisio Ridruejo: de la Falange a la oposición, 1976, pp. 31, 90.

16. Acerca de las ideas de Arrese, véase J. L. Arrese, El Estado totalitario en el pensamiento de José Antonio, 1945, y Escritos y discursos, 1945. Arrese (1905-1986) había sido falangista desde 1933. Llegó a Secretario General del Movimiento en 1941. En aquellos primeros años comenzó a rechazar la noción de que José Antonio era totalitario. Franco no tardó en escribir a Don Juan que la Falange «no es un partido, es un movimiento», del cual él era el «conductor» («soy yo su conductor»).

17. Arrese fue uno de los pocos ministros que dimitieron, debido, cosa significativa, a que se le negó una asignación presupuestaria para llevar a la práctica su plan de viviendas.

18. En 1964, el «camisa vieja» Fernández Cuesta admitió la modestia de las aspiraciones de Falange. «El Estado ordena y ejecuta. El Movimiento inspira y colabora.» Para Franco, la función permanente de la Falange consistía en proveer gobernadores civiles dignos de confianza (véase Conversaciones, p. 253). Criticó al general Alonso Vega, a la sazón ministro del Interior, por escuchar al ministro del Movimiento, «que es responsable de la política del gobierno».

19. La oposición del cardenal Segura, de Sevilla, uno de los más acabados exponentes de la línea puritana en el catolicismo español, era visceral; detestaba a los falangistas y se negó a la inscripción del nombre de José Antonio en el muro de su catedral. Una pastoral del cardenal primado, Gomá, en que se abogaba por la reconciliación, fue prohibida (8 de agosto de 1939). Gomá murió oportunamente, en 1940, y fue reemplazado por un admirador de Franco, Pla y Daniel.

20. El primer ideólogo del Opus Dei fue Calvo Serer, cuya «Tercera Fuerza» —una monarquía antiparlamentaria— no resultaba nada grata a Franco. Respecto del Opus, véase Daniel Artigues, El Opus Dei en España, 1968, especialmente pp. 71 y ss.; respecto de la ACNP, A. Sáez Alba, La otra «cosa nostra»: La Asociación Católica de Propagandistas, 1974. La línea de la «Santa Mafia» es estudiada por J. Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei, 1970.

21. Véase el apartado «Los gobiernos de la Época Azul (1939-1957)»

22. No obstante, la jerarquía, por medio de la Acción Católica, protestaba contra las injusticias sociales. Además, los conflictos jurisdiccionales —relacionados en su mayoría con la designación de obispos— se hicieron cada vez más agudos en los últimos años del franquismo.

23. Los efectos de este cambio generacional han sido examinados en N. Cooper, «The Church: from Crusade to Catholicism», en P. Preston, editor, Spain in Crisis, 1976, especialmente pp. 72 y ss.

24. Para una discusión más detallada, véase más adelante, p. 592.

25. Citado de Amando de Miguel, Sociología del franquismo, 1975, p. 180.

26. Los constitucionalistas españoles estaban, en los primeros tiempos, muy influidos por el concepto alemán de Rechstaat, una noción considerablemente distinta de la inglesa, de imperio de la ley.

27. Una traducción al inglés de la Constitución Española se encuentra en José Amodia, Franco’s Political Legacy, 1977, pp. 239-279.

28. Esta idea franquista de las imperfecciones de la democracia encontraba apoyo en el pensamiento católico. La democracia basada en el sufragio universal no podía tener base en la moralidad o el Derecho Nacional. El tema se desarrolla en Torcuato Fernández Miranda, El hombre y la sociedad, 1969. En las democracias basadas en el sufragio universal, «no puede haber certidumbre acerca de lo que es verdad o error... Todo es materia de opinión... Todo lo que el pueblo desea se hace legítimo. Es una doctrina de la soberanía absoluta de la voluntad popular, característica del liberalismo extremo, que ha sido expresamente condenada por la Iglesia Católica» (ibídem, pp. 30 y ss.).

29. Fue la docilidad de las Cortes lo que hizo innecesario a Franco el ejercicio de los poderes personales legislativos conferidos en 1939 y confirmados por la Ley Orgánica de 1967. Para una exposición detallada de la cuestión, véase R. Fernández Carvajal, «El gobierno, entre el Jefe del Estado y las Cortes», en Revista de Estudios Políticos, números 183-184, mayo de 1972, pp. 5-21.

30. K. N. Medhurst, Government in Spain, 1973, pp. 84 y ss.; véase más adelante, pp. 596-597.

31. Las filigranas de los abogados especializados nos han dejado una extensa literatura de interpretación de los valores que supondría la constitución una vez rigiera plenamente (a la muerte de Franco o al traspasar éste sus poderes a un monarca). Se trataba de una tarea inocua. ¿Eran ilimitados los poderes monárquicos, como sostenía M. Herrero de Millón en El principio monárquico (1972)? J. de Esteban expone los argumentos de los evolucionistas en Desarrollo político y constitución española, 1973. Para una visión de conjunto, véase J. Zafra Valverde, Régimen político español, 1973.

32. Xavier Tusell, La oposición democrática al franquismo, 1977, pp. 388-520.

33. Véase anteriormente, capítulo XVII.

34. La edad promedio de los funcionarios civiles de alta jerarquía en la España de los años setenta era sorprendentemente más baja que la de sus pares británicos, y más aún que la de los italianos. Véase Richard Gunther, Public Policy in a No-Party State, 1980, p. 84. Gunther concluye: «La administración del Estado español era sorprendentemente joven y eficiente».

1. Von Stohrer, el embajador alemán, lo hace constar en el resumen de una conversación sostenida el 1 de septiembre de 1939 con Beigbeder, el ministro español de Relaciones Exteriores. Citado en Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo. Orígenes y configuración 1939-1945, 1975, p. 150.

2. Respecto de Hendaya, véase, además de las diversas declaraciones de Serrano Súñer, Donald Detwiller, Hitler, Franco und Gibraltar. Die Frage des Spanischen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, 1962, pp. 55 y ss.

3. Durante todo este período, el almirante Canaris, relacionado desde antiguo con España, a la cual visitó oficialmente en relación con la Operación Félix, aclaró a sus amigos, entre ellos el general Martínez Campos, Jefe del Estado Mayor, lo poco recomendable que resultaba la entrada de España en la guerra. Véase André Brissand, Canaris: la guerra española y la II guerra mundial, 1972.

4. Como para demostrar la artificialidad del concepto de una guerra dividida y las consecuencias para Occidente de una Cruzada en el Este, el discurso de Serrano Súñer fue seguido por un ataque falangista a la Embajada británica.

5. Respecto de las consecuencias interiores de una victoria aliada, véase más adelante, p. 592.

6. J. H. Carlton Hayes, Wartime Mission in Spain 1942-1945, 1945.

7. Las divisas proporcionadas por la provisión de tungsteno a ambos beligerantes era un elemento vital para la balanza de pagos y la capacidad de importación de alimentos y petróleo de España; las exportaciones de tungsteno se elevaron de 2,1 millones de pesetas oro en 1940, a 200 millones en 1944.

8. En junio de 1940 Beigbeder le dijo a Stohrer, el embajador alemán, que «sólo la difícil situación económica» impedía a España unirse al esfuerzo bélico alemán. En su carta del 14 de junio, Franco expresaba su ansiedad por entrar en la guerra, pero explicaba que «la terrible situación económica» le obligaba a ser neutral.

9. La ciudad fortificada de Numancia, cerca de Soria, fue escenario de una desesperada resistencia por parte de las tribus nativas contra los conquistadores romanos.

10. Véase en el capítulo anterior.

11. Cf. El Centinela del Occidente, 1956, un ejemplo de verbalismo propagandista del director de La Vanguardia Luis de Galinsoga.

12. Las fechas de designación y la composición de los once gobiernos de Franco que se sucedieron entre 1939 y 1957 constan en E. de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, Apéndice 3, pp. 520-525.

13. Véase J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, 1976, p. 170.

14. Para un conmovedor relato de los sufrimientos de los exiliados y de su contribución al esfuerzo de guerra francés, véase L. Stein, Beyond Death and Exile, 1979, pp. 124-181. Los franceses negaron sistemáticamente la importancia de esa contribución.

15. Félix Fanés, La vaga de tramvies del 1951. Una crònica de Barcelona, 1977.

16. Esta cifra mínima está basada en las investigaciones de R. Salas Larrazábal.

17. Para una imagen novelística de la Gerona de posguerra, véase J. M. Gironella, Ha estallado la paz.

18. Por ejemplo, en el preámbulo del Estatuto de constitución del Instituto Nacional del Libro (mayo de 1939).

19. J. Caro Baroja, Los Baroja, 1972, p. 360.

20. Véanse sus «Aspectos políticos del sindicalismo español», en Sistema, n.º 13, 1976.

21. La caída de Serrano Súñer ha sido atribuida no a las tensiones entre el Ejército y la Falange, sino a la supuesta rectificación de la política de apoyo al Eje. En sus memorias (Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue, 1977, cap. XVII), Serrano aclara que no fue ese el caso.

22. Las fechas de designación y la composición de los once gobiernos de Franco entre 1939 y 1975 se encuentran en E. de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, Apéndice 3, pp. 520-525.

23. La ley de sucesión fue rechazada por Don Juan porque «convertía una dictadura personal en una dictadura vitalicia».

24. A pesar de la presión oficial, la abstención alcanzó el 11,4 %. Es significativo el hecho de que la tasa de abstención en Barcelona fuese del 20 %, con un 7,5 % de votos anulados, es decir, el doble de la media nacional.

25. Véase el capítulo XX.

26. Para la autarquía y su abandono véase el apartado «Apogeo y decadencia de la autarquía» del capítulo XX. Para la conexión entre autarquía y política exterior, véase Ángel Viñas, «Autarquía y política exterior en el franquismo», Revista de Estudios Internacionales, enero-marzo de 1980, especialmente pp. 71 y ss.

27. P. Preston, «The anti-Francoist opposition: the long march to unity», en P. Preston, ed., Spain in Crisis, 1976, pp. 125-156.

28. Véase Guy Hermet, The Communists in Spain, 1971, pp. 171 y ss.

29. Carrillo ignoraba las críticas y les restaba trascendencia por provenir de intelectuales frustrados; el entusiasmo de los militantes difícilmente pudiera mantenerse con lamentos por la perduración del franquismo. En 1964, Claudín y Semprún fueron expulsados del partido; sin embargo, su análisis herético llegó a ser la base de la estrategia de Carrillo, los primeros pasos hacia el eurocomunismo. Para las diferencias entre Semprún, Claudín y la que ellos consideran estalinista dirección de Carrillo, véase Jorge Semprún, The Autobiography of Federico Sánchez, 1979, pp. 50 y ss., especialmente pp. 204-210, y Fernando Claudín, Documentos de una divergencia comunista, 1978. Para los puntos de vista de Carrillo, Después de Franco, ¿qué?, 1967.

1. Véase el apartado «Apogeo y decadencia de la autarquía» del capítulo XX.

2. Cfr. Conversaciones, cit.

3. Esta defensa de los remedios tecnocráticos en una sociedad en que ha cesado la conflictividad guarda semejanzas con la de las primeras obras de Daniel Bell y Seymour Lipset. Véase Patrick Moynihan, On the Practice of Government, 1973.

4. Tanto la represión de los mineros asturianos en 1962-1963 como la ejecución tras un juicio militar, a cargo de un pelotón de fusilamiento, del militante comunista Grimau, el 20 de abril de 1963 (que levantó una ola de protesta internacional desconocida desde 1909 y determinó la cancelación de un préstamo francés) fueron «justificadas» por el ministro de Información, Fraga.

5. Discurso ante la IV Asamblea de Hermandades Sindicales de Agricultores y Ganaderos, en 1951.

6. F. Claudín, «Le nouveau mouvement ouvrier», Les Temps Modernes: Espagne 1964, Dossier n.º 357, pp. 8-56; y Nicolás Sartorius, El resurgir del movimiento obrero, 1976, passim.

7. J. M. Maravall, Dictatorship and Political Dissent, 1978, pp. 98-165, y A. Peña, «Diez años de movimiento universitario», Materiales, marzo-abril de 1977.

8. Sobre la influencia de Juan XXIII, véase Cuadernos para el diálogo, julio, 1964, y S. Giner, «Metamorfosis de la Iglesia en diez años», id., diciembre, 1973.

9. N. Cooper, «The Church: from Crusade to Christianity», en P. Preston, ed., Spain in Crisis (1976).

10. J. A. González Casanova, La lucha por la democracia en Cataluña, 1979, cap. 4.

11. Un relato favorable del renacimiento catalán se presenta en J. Rossinyol, Le problème national catalan, 1974, pp. 412 y ss.

12. Sobre ETA, véase «Ortzi», Historia de Euzkadi: el nacionalismo vasco y ETA, 1975 y S. Payne, El nacionalismo vasco: de sus orígenes a la ETA, 1974.

13. En cuanto a este interés por demostrar que estos actos de terrorismo individuales no debilitaban la actividad huelguística, véase Julián Aguirre, Operation Ogro, trad. B. Solomon, 1975, pp. 18, 98, 176.

14. Cuadernos para el diálogo, editada por Ruiz Giménez, ahora demócrata-cristiano de izquierda, estaba abierta a todos y publicaba artículos que en ningún caso hubiesen podido aparecer antes de 1962. Sufrió multas y suspensiones, como el Madrid de Calvo Serer, que fue clausurado.

15. Para el éxito de la «operación Juan Carlos», véase L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, 1977.

16. J. A. Girón de Velasco, Reflexiones sobre España, 1975, p. 109.

17. Para una presentación de los Juicios de Burgos y la gran crisis del franquismo, véase E. de Blaye, op. cit., pp. 279-323.

18. Para un vívido relato del asesinato —uno de los más brillantes jamás planeados en la historia del terrorismo— véase J. Aguirre, op. cit., passim. La protección con que contaba Carrero Blanco era poca: su domicilio figuraba en la guía de teléfonos. El asesinato constituyó la primera operación de envergadura de ETA fuera del País Vasco.

19. J. Meliá, El largo camino de la apertura, 1975. Es un buen relato hecho por un aperturista.

20. A. Álvarez Solís, Qué es el búnker, 1976. El punto de vista de un representante típico, J. A. Girón de Velasco, se revela en su Reflexiones sobre España, 1975.

21. La relación, establecida por la derecha, entre democracia y colapso de los estándares morales convencionales data de 1868 y fue moneda corriente bajo la Segunda República. Carrero Blanco y la esposa de Franco habían protestado contra las consecuencias morales de la «apertura» como estímulo para la pornografía comercial desde la primera aparición en la pantalla de una mujer en bikini. Véase C. Alonso Tejada, La represión sexual en la España de Franco, 1977, y su artículo en El Viejo Topo, Extra número 1, 1977, pp. 43 y ss.

22. Romero era un viejo falangista de muy buena pegada. Véase su artículo «Luz verde» en Pueblo, 19 de junio de 1974.

23. J. L. López Aranguren, «Política nacional», España; Perspectiva 1973, 1973, p. 30.

24. La incompatibilidad de las asociaciones políticas que llegarían a ser partidos y el Movimiento había sido destacada por Fernández Miranda en 1972. Decir «sí» o «no» a las asociaciones era caer en lo que el ministro del Movimiento, misteriosamente, llamaba «una trampa saducea... la cuestión consiste en ver si al decir sí o no a las asociaciones políticas también decimos sí o no o si no decimos sí pero no a los partidos políticos». «El ministro habla», en Cuadernos para el diálogo, marzo, 1972.

25. 1974 vio el más alto número de huelgas registrado en la historia de España. Además, por primera vez, esas huelgas y la ineptitud de las medidas económicas del gobierno para afrontar la inflación se encuentran detalladamente expuestas en revistas como Cambio 16 y Actualidad Económica.

26. Este proceso ha sido examinado en detalle en R. Carr y J. P. Fusi: Spain: Dictatorship to Democracy, 1979, pp. 207-252.

1. Evolución política y económica de España, 1969, p. 82.

2. Para una exposición crítica de la economía de la autarquía, véase J. Clavera y otros, Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, 1973, vol. I.

3. Véase A. Viñas, op. cit., especialmente pp. 67-68. El embajador de los Estados Unidos rechazó como «mera falsificación de los hechos» la afirmación de que España estaba obligada a la autarquía, como otras naciones después de 1945.

4. Véase anteriormente, capítulo XVIII.

5. Discurso del 18 de julio de 1940.

6. En total, los colonos constituían el 56 % de la población agrícola activa. Eran responsables del sistema de compra a plazos de sus pequeñas propiedades. Pascual Carrión calcula que el 80 % de las nuevas tierras irrigadas pasaron a manos de grandes propietarios en Sevilla; véase su «Transformación de las tierras de secano en regadío», en Anales de Economía, diciembre, 1971, pp. 30 y ss.

7. Para un relato detallado de las actividades del INI, véase J. M. López de Letona y otros, La empresa pública industrial en España, 1973.

8. Para un vívido relato, véase R. Abella, op. cit., especialmente pp. 90, 110. Alguna idea de los resultados de las deficiencias de nutrición se puede adquirir en los diferentes números de la Revista de Sanidad.

9. R. Fraser, The Pueblo, 1973, pp. 77, 83 y passim.

10. La banca podía literalmente acuñar moneda mediante el redescuento de los préstamos gubernamentales.

11. Véase el apartado «Los gobiernos de la Época Azul (1939-1957)»

12. Citado por M. J. González, La economía política del franquismo, 1979, p. 31.

13. Entre ellos se contaban economistas como Sardá y Fuentes Quintana, del Banco de España, que empleaban Información Comercial para propagar su fe en la empresa privada y la economía de mercado.

14. Para el cuestionario de Navarro, véase C. W. Anderson, The political economy of Modern Spain, 1970.

15. M. J. González, op. cit., pp. 180 y ss.

16. Véase su clásica exposición en R. Tamames, Los monopolios en España. Es revelador del grado de crítica abierta a las políticas económicas del franquismo, el que este libro se haya publicado en 1967.

17. Véase el Informe económico del Banco de Bilbao de 1967, p. 237.

18. La «acción concertada» era la provisión de fondos públicos a ciertas industrias que se mo dernizaban de acuerdo con las «indicaciones» de los Planes de Desarrollo. Un caso particularmente llamativo de control gubernamental de las inversiones fue la canalización de fondos de las Cajas de ahorro —cuyas cada vez más importantes reservas eran, no obstante, signo del nuevo y generalizado bienestar— hacia empresas privadas escogidas.

19. Véanse las cifras detalladas del ingreso familiar en Encuesta de equipamiento y nivel cultural de las familias, publicada por la Presidencia del Gobierno en 1975. El abandono de la planificación regional hasta los años setenta y la concentración en el crecimiento agregado se expone en H. W. Richardson, Regional Development Policy and Planning in Spain, 1975. No era la menor de las dificultades el temor a que la creación de unidades de planificación racionales para las cincuenta provincias alentara las exigencias regionalistas en Cataluña, Euskadi y Galicia. Cuando los planificadores percibieron que el «desbordamiento» de la inversión no alcanzaba a las regiones más pobres, introdujeron en el Tercer Plan las Comisiones de Planificación Territorial, que Richardson considera «un típico método de desarrollo de instituciones seudodemocráticas en una sociedad autoritaria» (p. 90).

20. Para un catálogo de dichos fracasos, véase Salustiano del Campo y M. Navarro, Crítica de la planificación española 1964-1975, 1976.

21. La construcción de modelos de esta red era una de las ocupaciones favoritas de los economistas de la izquierda, como S. Roldán y otros. Véase Qué es el capitalismo español, 1977, p. 39.

22. Para una crítica socialista del papel de las compañías multinacionales, véase F. Maravall, Crecimiento, dimensión y concentración de las empresas industriales españolas, 1976, pp. 64 y ss.

23. Se trata de una cuestión controvertida y complicada. Para una visión crítica, véase T. Alcaide, «Así se distribuyen la riqueza y la renta en la sociedad española», Revista Sindical de Estadística, 1974.

24. Cuando se le preguntó a la mujer de un obrero qué implicaba la huelga de Vitoria de 1977, replicó: «He tenido que dejar de usar sprays y detergentes y volver al agua y al jabón». Era la respuesta de la mujer de un obrero en una sociedad de consumo de relativa abundancia.

25. Richard Gunther, op. cit., p. 51.

26. En 1953, el 30,4 % del presupuesto total fue destinado a gastos militares; en 1975, habíase reducido la proporción al 13,8 %. La parte correspondiente a educación se había elevado en el mismo período del 8,2 al 17,8 %. Aun así, los gastos en educación de España eran los más bajos de Europa; y en 1973 sólo Luxemburgo gastó menos en su ejército que España. (Reino Unido: 4,4 %; España: 1,5 % del PNB.)

27. La concentración de la producción en centros industrializados preexistentes y la consecuente agudización de los desequilibrios regionales es característica de todos los países en proceso de industrialización. El aumento del ingreso per capita de las provincias más pobres reflejaba no un alza de los niveles de vida, sino una menor población. El primer economista que puso el acento sobre la concentración en áreas «núcleo» industrializadas fue Román Perpiñá; véase su «La problemática de la determinación espacial y regional», Boletín de Estudios Económicos, n.º 83, 1971, pp. 675 y ss. Para la población en general, véase J. Díez Nicolás, «Tamaño, densidad y crecimiento de la población española», Revista Internacional de la Sociología, n.º 109, 1970, pp. 87-123.

28. Mientras los emigrantes interiores se establecían en las ciudades, aquellos que marchaban al extranjero solían regresar para instalar pequeños comercios (por ejemplo, empresas de transporte) o comprar tierra (muchas veces para volver a fracasar). Algunos emigrantes gallegos veteranos han logrado la prosperidad; retornan a su Galicia natal para las vacaciones en automóviles llamativos.

29. Para los efectos de la industrialización sobre el caserío, véase Miren Etxezarreta, en R. Aracil y M. García Bonafé, Lecturas de historia económica, vol. II, pp. 357-379.

30. Amando de Miguel, Manual de estructura social de España, 1974, p. 102.

31. Para la «cultura de bar», véase E. C. Hansen, Rural Catalonia under the Franco Regime, 1977, p. 119. Su aparición está relacionada con la represión de las antiguas asociaciones y los contactos sociales necesarios para la modernización agrícola (encuentros con representantes de empresas, agentes de gobierno, etc.).

32. Para una vívida descripción de las condiciones de vida de un suburbio de inmigrantes, véase Los otros catalanes, de Francisco Candel (1974). La novela de Marsé a que aludimos, publicada en 1966, es Últimas tardes con Teresa.

33. R. Tamames, Introducción a la economía española, 1973, p. 84. Para los efectos de la contratación en un pueblo, véase V. Pérez Díaz, Pueblos y clases sociales en el campo español, 1974, pp. 58-125.

34. Las primeras etapas de estos desarrollos están descritas en J. Martínez Alier, La estabilidad del latifundio en España, 1968. Para la renuencia de los terratenientes a arrendar tierra con un beneficio mayor que el que podrían obtener por el cultivo directo para no perder su legitimación como productores «útiles», véase pp. 366 y ss. Para las transformaciones en la campiña, véase A. López Ontiveros, Emigración, propiedad y paisaje agrario en la campiña de Córdoba, 1974.

35. Para las condiciones en la Andalucía oriental, véase M. Siguán, El medio rural en la Andalucía oriental, 1972, y el Estudio socioeconómico de Andalucía, publicado por Estudios de desarrollo económico, 1970, pp. 195-224.

36. Esto no se permitía bajo el franquismo.

37. Esto era especialmente cierto respecto de la carne. Entre 1940 y 1980, el consumo per capita se multiplicó por 30; la producción, por 10.

38. Para un examen detallado de la contribución del sector agrícola al desarrollo industrial, véase J. L. Leal y otros, La agricultura en el desarrollo capitalista español, 1975.

39. Objetivos e instrumentos de la política económica de España, Servicio de Estudios, Banco Urquijo, 1973, pp. 121-136.

40. Para el fracaso de una revolución industrial en España, véase J. Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España 1814-1913, 1975. No pretendo negar que la industrialización forzada de los años cuarenta echó las bases del decisivo avance de los años sesenta, ni que el proceso de «recuperación del atraso» de España, que partía de un nivel bajo, fuera inevitable.

41. L. Alonso Tejada, «Las cacerías del franquismo», Historia 16, n.º 37, pp. 19-30.

42. Dionisio Ridruejo, Escrito en España, 1962, p. 134.

43. Carlos Moya, El poder económico en España, 1975, pp. 189 y ss. Cfr. el preámbulo del Tercer Plan de Desarrollo: «La política de desarrollo combina modernización y tradición simultáneamente». L. López Rodó, Política y desarrollo, 1976, p. 59.

44. Los nuevos empresarios son analizados en A. de Miguel y Juan Linz, Los empresarios ante el poder público, 1966.

45. Respecto de los «cuerpos, véase anteriormente, p. 582. Respecto de los empleados de banca, véase J. F. Tezanos, Estructura de clases en la España actual, 1975, pp. 75 y ss.

46. Respecto de los intentos de sindicalizar a los funcionarios civiles, véase el relato (de uno de sus organizadores: Ciriaco de Vicente, La lucha de los funcionarios públicos, 1977, pp. 185 y ss.

47. M. García Ferrando, Mujer y sociedad rural, 1977, pp. 184 y ss.

48. El País Semanal, 21 de agosto de 1977.

49. Cfr. A. Ferrándiz y Vicente Verdú, Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, 1974, pp. 131 y ss. Los autores también ven las relaciones auténticas entre hombres y mujeres como imposibles en la sociedad burguesa porque no tienen «valor de mercado». Los críticos marxistas atacaron tanto la sociedad tradicional como la nueva.

50. Algunos de los estudios más esclarecedores, si bien no académicos, sobre las actitudes de la clase obrera, son los de F. Candel, Ser obrero no es ninguna ganga, 1969, y Los que nunca opinan, 1971.

51. Véase anteriormente, capítulo XIX.

52. El problema de la conciencia de clase se expone en A. C. Comín y J. M. García Nieto, Juventud obrera y conciencia de clase, 1974, un estudio sobre un barrio obrero de Barcelona.

53. A pesar de la creciente militancia obrera, la clase no se radicalizó en sus hábitos sociales. Los trabajadores eran conservadores en lo tocante a la posición de la mujer. Sus hijos —especialmente en el caso de quienes procedían de un medio rural— no se unían a las filas de los estudiantes radicales.

54. Tales protestas se originaban en los radicales de los Estados Unidos: Baran, Sweezy, Nader, etc. Para una visión general, véase Triunfo, 22 de diciembre de 1973. Respecto de las autopistas, véase M. Gaviria, La autopista como ideología, 1973, y su Libro negro sobre la autopista de la Costa Blanca, 1973. Gaviria también se opuso —como todos, aunque por otras razones— a la destrucción de la costa mediterránea, lo que él llama «la explotación colonial de las playas». Véase su Ecologismo y ordenación del territorio en España, 1976. Propuso la nacionalización de la industria turística.

55. Jorge Semprún, The Autobiography of Federico Sánchez, 1979, p. 252.

56. J. L. L. Aranguren, La cruz de la monarquía española actual, 1974, p. 30. Las palabras de Romero están citadas de X. Tusell, La oposición democrática al franquismo, p. 47.

57. G. Fernández de la Mora, «El estado de obras», ABC, 1 de abril de 1973.

58. El fenómeno de la apatía se examina en A. López Piña y E. L. Aranguren, La cultura política de la España de Franco, 1976, esp. pp. 55 y ss. Hay que señalar que las encuestas realizadas durante el franquismo desestimaban toda expresión de disenso.

59. La autobiografía de Carlos Barral Años de penitencia, 1977, y las Memorias de un niño de derechas, 1972, de Francisco Umbral, son obras clave para entender los años cuarenta. Las palabras «feo» y «sórdido» aparecen repetidamente en Barral. De confiar en las pruebas literarias (y en mi experiencia personal de 1950), el recurso de los adolescentes a las prostitutas era rasgo corriente de aquellos años.

60. Para un estudio de actitudes que revela la extendida apatía, especialmente entre los jóvenes obreros no especializados en la España rural, véase J. R. Torregosa, La juventud española, 1972, pp. 131 y ss., 143, 148.

61. Véase P. Laín Entralgo, Descargo de conciencia, 1975, pp. 385 y ss.

62. El propio Franco estaba poco interesado en la vida cultural; además, el Estado era demasiado pobre para embarcarse en un programa ambicioso.

63. Carlos Castilla del Pino, «La psiquiatría española», en La cultura bajo el franquismo, 1977, pp. 79 y ss.

64. Véase el apartado «El sistema político» del capítulo XVII.

65. A. Fontán, Los católicos en la universidad española, 1968, pp. 90 y ss.

66. Cfr. el discurso de Franco del 10 de abril de 1940 ante los miembros de la Acción Católica: «Debemos recristianizar al sector del pueblo que ha sido pervertido y envenenado por doctrinas corruptas». Respecto de Arbor, véase D. Artigues, L’Opus Dei en Espagne, 1968, pp. 41-43.

67. El más asombroso ejemplo del estilo Escorial era el edificio del Ministerio del Aire; de la «grandeur imperial», el Arco de Triunfo de la carretera de entrada a la Ciudad Universitaria (véase Palacio Atard, «El arco de Triunfo de la Ciudad Universitaria», en Cinco historias de la República y de Guerra, 1973, pp. 121-140).

68. J. M. Jover, «Corrientes historiográficas de la España contemporánea», en el Boletín Informativo de la Fundación March, marzo, 1975.

69. Vicens Vives reemplazó la retórica por la historia cuantitativa y fundó la escuela catalana de historiadores económicos (Nadal, Reglá y Fontana). La revista que fundó en 1951, Estudios de historia moderna, fue el semillero de una tradición historiográfica que alcanza los mejores niveles europeos. Fue perseguido por el régimen, negándosele la cátedra.

70. Véase R. Carr, The Spanish Tregedy, 1977.

71. Pemán era uno de los «intelectuales» del régimen. Su drama «El ángel y la bestia» exponía el concepto de España y anti-España, central en su concepción.

72. Respecto de la cultura de evasión, véase R. Carr y J. P. Fusi, Spain: Dictatorship to Democracy, 1979, pp. 118-123. La revista —un género musical ligero— fue el primer vehículo de la cultura de evasión: su estrella era Conchita Piquer. Para una espléndida descripción, véase M. Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de España, 1971.

73. J. M. García, El bisturí del fútbol español, 1975.

74. D. Font, Del azul al verde. El cine español durante el franquismo, 1976.

75. El propio Franco era muy aficionado al fútbol y al cine; escribió el guión de Raza, una glorificación de los valores españoles.

76. P. Gil Casado, La novela social española, 1973, pp. 119 y ss. El teórico de la literatura social fue el crítico J. M. Castellet; véase su Un cuarto de siglo de poesía española, 1968. Más tarde, Castellet rechazó la poesía social y auspició a los cuasi surrealistas novísimos, un movimiento de avant-garde cuyos miembros eran antifranquistas en sus concepciones personales.

77. Una de éstas —Simplemente María— vendió 170.000 ejemplares semanales durante dos años. El novelista Benet consideraba un éxito 5.000 ejemplares al año. Respecto de las fotonovelas, véase M. J. Campo, Simplemente María y su repercusión entre la clase obrera, 1975, y A. Amorós, «Fotonovelas», en Ínsula, junio, 1969.

78. Respecto de la carrera de Suárez como director de TV Española, véase G. Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Planeta, Barcelona, 1979.

79. Véase su Los españoles, 1963, p. 216.

80. Por ejemplo, La caza, de Saura, 1965; el primer filme abiertamente político fue Nueve cartas a Berta, 1965, de Patino. El «nuevo cine» decayó después de 1968. Cfr. C. Santos Fontenla, Cine español en la encrucijada, 1966. Pero en 1975 llegó Cría cuervos, de Saura, y el más sutil filme de Erice, El espíritu de la colmena. Para un análisis minucioso del «nuevo cine», véase V. Molina Foix, New Cinema in Spain, 1977.

81. Una de las más destacables y exitosas publicaciones de 1973 fue una historia que simpatizaba con la República, con un examen crítico del franquismo, escrita por el economista comunista Ramón Tamames.

82. Entrevista en El País del 19 de febrero de 1978.

1. Charles Powell, Juan Carlos. Un Rey para la democracia, 1995. Para todo el período de la transición es excelente del mismo autor, Charles Powell, España en democracia. 1975-2000, 2001.

2. Para la economía de la transición, son excelentes: J. L. García Delgado y J. C. Jiménez, «La economía» en La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I. Tomo XLII. Historia de España Menéndez Pidal, 2003; y J. L. García Delgado, «Claves de unos años decisivos», en J. L. García Delgado (dir.), Economía española de la transición y la democracia 1973-1986, 1992.

3. S. Juliá, J. Pradera y J. Prieto (coord.), Memoria de la Transición, 1996, p. 53.

4. Una muy interesante versión literaria del 23 de febrero es J. Cercas, Anatomía de un instante, 2009.

5. Una aproximación de conjunto a la etapa de gobierno del PSOE entre 1982 y 1996 en C. García-Abadillo, El balance. Luces y sombras de la España del PSOE, 1997.

6. Un muy amplio recorrido histórico de las relaciones exteriores de España desde 1800 con capítulos sobre la transición y el nuevo papel internacional de España en Juan Carlos Pereira (coord.), La política exterior de España (1800-2003). Historia, condicionantes y escenarios, 2003.

7. Además de los trabajos de J. L. García Delgado citados en nota anterior, es muy útil Elvira Martínez Chacón (coord.), Economía española, 2.ª edición actualizada, 2009.

8. Para la etapa de gobierno del PP (1996-2004), véase la versión del propio presidente del gobierno, José M.ª Aznar, Ocho años de Gobierno, 2004.

9. Para ETA, la mejor introducción es A. Elorza (coord.), J. M. Garmendia, G. Jáuregui, F. Domínguez, epílogo de P. Unzueta, La historia de ETA, 2000. Para el nacionalismo vasco, son imprescindibles, entre otros, los libros de Antonio Elorza La religión política. «El Nacionalismo sabiniano» y otros ensayos sobre nacionalismo e integrismo, 1995, y Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, 2001; y además, J. L. de la Granja Sainz, El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco en la España del siglo XX, 2003. Para la transición en Cataluña: B. de Riquer y Joan B. Culla, El franquisme i la transició democràtica 1939-1988. Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Volum VII, 1989.

10. El libro de J. L. García Delgado, J. P. Fusi y J. M. Sáchez Ron, España y Europa. Volumen 11. Historia de España. J. Fontana y R. Villares (dirs.) 2008, está en buena parte dedicado al tema aquí estudiado. Contiene bibliografía, cronología, cartografía, datos estadísticos, documentos y testimonios sobre el tema de España como país europeo.

11. Una introducción a la historia de la cultura española en el siglo XX y hasta 2007 en J. P. Fusi, «La cultura», en S. Juliá, J. L. García Delgado, J. C. Jiménez y Juan P. Fusi, La España del siglo XX, edición actualizada, 2007.

12. Dos excelentes estudios sobre los problemas de la relación entre España y la Unión Europea son A. Moreno Juste (ed.), España y el proceso de construcción europea, 1998; y J. Crespo MacLennan, España en Europa 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, 2004.

13. Contiene abundante información social y excelentes trabajos sectoriales el libro de Juan J. González y M. Requena (eds.), Tres décadas de cambio social en España, 2.ª edición, 2008.

14. Un magnífico estudio sobre la Comunidad de Madrid en A. Fernández García, «La Comunidad de Madrid», en La España de las Autonomías. Volumen LXIII. Historia de España Menéndez Pidal dirigida por José M.ª Jover Zamora, coordinación por Juan P. Fusi Aizpúrua y Guadalupe Gómez-Ferrer Morant, 2 vols., 2007. La obra, a cargo de 26 especialistas, estudia la historia de las 17 comunidades y de las ciudades de Ceuta y Melilla desde su creación hasta las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007.

15. V. Verdú, «Seducción de piedra y acero», El País de nuestras vidas 1976-2001. Especial 25 años, 2001, p. 188. Este volumen conmemorativo de sus primeros veinticinco años que El País publicó en 2001 es utilísimo para conocer la transformación social de España entre 1976 y 2001.

16. Santos Juliá, «Amnistía como triunfo de la memoria», El País, 24 de noviembre de 2008.

17. Tres excelentes ejemplos: R. García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la Independencia, 2007; R. Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de Independencia 1808-1814, 2006; E. de Diego (dir.) y J. L. Martínez Sanz (coord.), El comienzo de la Guerra de la Independencia. Congreso Internacional del Bicentenario. Madrid, 8-11 de abril de 2008, 2009.

España 1808-2008

Raymond Carr

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Título original: Spain 1808-2008

© 1966, Oxford University Press

© 1966 y 1982, Raymond Carr

Traducción de: Juan Ramón Capella, Jorge Garzolini, Gabriela Ostberg y Horacio Vázquez Rial

Epílogo: Juan Pablo Fusi

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Primera edición en libro electrónico (epub): julio de 2017

ISBN: 978-84-344-2686-3 (epub)

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