Clarisa Ercolano

Escuchas ilegales

La guerra de espías que tiene a Macri, Nisman, la SIDE, la AMIA, el Poder Judicial y el kirchnerismo en la mira

Sudamericana

A mi mamá, por su incondicionalidad

a prueba de todo.

A mi papá, que desde algún lugar

me mira orgulloso.

A Cristian, por el amor en

este tiempo bravo.

PRÓLOGO

Rápidamente, al avanzar en la investigación periodística de Clarisa, uno percibe dos cosas: por un lado, la apasionada tarea de una periodista de investigación que se zambulle sin medir las consecuencias en una causa compleja, atravesada por los servicios y la intriga. Por el otro, quienes conocemos el métier advertimos de inmediato los síntomas de una enorme operación política, de esas que son plaga en la historia reciente de nuestro país. Jueces que liberan imputados con una facilidad asombrosa y que envuelven a políticos opositores en causas inconsistentes justo antes de elecciones.

En estos casos, además de la investigación en sí, lo más difícil es la lucha que el periodista debe dar con un entorno que se contenta con los titulares, que casi siempre dicen otras cosas que son tomadas por la opinión pública como verdades absolutas. Este es un caso en el que la autora debió nadar contra la corriente durante toda la investigación, y la publicación del resultado no va a eximirla de ello, más allá de lo que el texto diga.

Cuando me tocó investigar justamente la mencionada causa del ataque contra la mutual de la comunidad judía, la situación era similar. Por fuera, una sólida construcción mediática que sostenía un relato aceptado a rajatabla por todos y una causa que, independientemente de las arbitrariedades del juez, indicaba todo lo contrario.

Macri pinchó los teléfonos de un familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA. ¿Qué puede ser más execrable como conducta desde el poder? Esto es lo que se instaló.

Más simple para Ercolano habría sido analizar cómo vivía y cómo vive el perjudicado antes y después de este incidente para darnos cuenta de que la oveja es en realidad un lobito. Pero Clarisa, con gran paciencia y asombrosa curiosidad, fue desarmando esta verdadera galleta de pescador, y a partir de su trabajo nos encontramos que en esta causa, como en tantas otras, la historia oficial y la verdad son cosas muy distintas.

GABRIEL LEVINAS

INTRODUCCIÓN

Habían pasado apenas ocho minutos de las ocho de la noche del martes 22 de septiembre de 2009. El sonido del teléfono rompió la calma. Glenda Burstein levantó el tubo y escuchó una voz que le disparó, sin detenerse ni para tomar aire: “El teléfono de tu viejo, que termina en 3107, lo tiene ‘pinchado’ el Fino Palacios”. Un eco breve anunció el fin de la escueta comunicación.

Una hora después, la joven efectuó la denuncia en el juzgado de turno, a cargo de Norberto Oyarbide, acompañada por un patrullero de la Policía Federal. Su padre, Sergio Burstein, titular de la Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, se encontraba en Estados Unidos junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno argentino estaba a punto de reafirmar su posición en la asamblea de Naciones Unidas respecto de las responsabilidades del Estado iraní en la voladura de la sede de la mutual judía, ocurrida el 18 de julio de 1994.

Durante los días siguientes, la vorágine. Oyarbide inició una investigación que arrojó resultados sorprendentes. El magistrado federal estableció que el Juzgado N.º 1 de Posadas, Misiones, había aceptado una denuncia contra Burstein, aparentemente involucrado en un delito ocurrido en agosto de 2005, lo que avalaba la escucha. El empresario Carlos Ávila había sido víctima de un proceso similar. Allí se conoció la primera de una serie de casualidades: el teléfono pinchado era el que Burstein usaba para comunicarse con el fiscal que en aquel momento llevaba la causa AMIA, Alberto Nisman.

El encargado de intervenir las líneas telefónicas con respaldo judicial misionero había sido el hasta ese momento enigmático abogado, ex policía federal y flamante contratado por el Ministerio de Educación porteño, Gerardo Ciro James. Ducho para los trabajos de inteligencia y con un extenso currículum en el rubro, Ciro James retiraba los casetes en la Secretaría de Inteligencia (SI) y los enviaba a Misiones. Fue arrestado el 6 de octubre de 2009 acusado de haber realizado las escuchas.

Una tormenta se desató sobre el gobierno porteño. Jorge Alberto “Fino” Palacios, íntimo de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había estado al frente de la promocionadísima Policía Metropolitana por muy poco tiempo, en medio de críticas y objeciones. Partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos lo tenían en la mira por su participación en los sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 2001. Su foja también incluía una defensa del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Los familiares de los fallecidos en la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), por su parte, lo acusaban de haber encubierto el atentado.

El jefe de gobierno, incluso a pesar de los consejos de sus colaboradores más allegados, entre ellos Gabriela Michetti, lo sostuvo en el cargo. A fines de agosto, cuando llevaba menos de dos meses de gestión, Palacios no soportó la presión y plantó a su amigo, mientras desde distintos medios daban por hecho que el ex comisario de la Federal iba a ser procesado por la causa AMIA. En breve le iba a corresponder, al igual que a James, ingresar en el Penal de Marcos Paz.

Al poco tiempo, Macri sumó un nuevo disgusto: su cuñado, Néstor Leonardo, casado con su hoy fallecida hermana, Sandra Macri, cayó en la misma red de espionaje. Leonardo no anduvo con rodeos y acusó públicamente a la “familia” de estar detrás de la oscura maniobra.

El ovillo de dudas y de coincidencias parecía interminable. ¿Quién era el misterioso James? ¿Qué relación tenía con Palacios, a quien al menos había conocido en 2003 y había sido quien lo recomendó para ingresar en la Policía Metropolitana? ¿Desde dónde y quién efectuó la supuesta llamada que avisó a la hija de Burstein de la pinchadura? ¿Por qué se eligió Misiones para dar marcha a procedimientos viciados de nulidad? ¿Existía relación entre la causa AMIA y el espionaje porteño? ¿Por qué James ingresó en la administración porteña a través del Ministerio de Educación? ¿Había jugado algún rol la Secretaría de Inteligencia?

Atravesado por la política, el caso adquirió características inimaginables. Disputas por poderes, problemas de familia, ineptitud gubernamental… Todo se entremezcló en un peligroso cóctel, sazonado con casualidades y causalidades, y con el silencio (o la negación) como protagonista omnipresente.

CAPÍTULO 1
Los secretos de un secuestro

¡Es un asco! Es una droga de los argentinos pinchar teléfonos.

MAURICIO MACRI

Habían pasado quince minutos desde la una de la mañana del 24 de agosto de 1991 cuando Mauricio Macri, hijo de Franco Macri, portador de una de las fortunas más suculentas de la Argentina, y actual candidato a la presidencia para 2015, fue secuestrado en Tagle 2804, a pocos pasos de Canal 7 y de la luminosa y siempre transitada avenida Figueroa Alcorta. Fue interceptado por dos hombres cuando intentaba ingresar en su casa. Los enfrentó a golpes de puño y forcejeó hasta que uno de los captores lo tomó del cuello, presionándolo desde atrás. No pudo hacer más. En cuestión de segundos, lo despojaron de su traje beige y de su reloj de marca, lo maniataron con alambre y le taparon la boca con cinta adhesiva.

Lo subieron a una camioneta, pero no se contentaron con dejarlo inmóvil: también lo encerraron en un ataúd. Los dos hombres se sentaron encima del cajón y el vehículo se puso en marcha. Mauricio Macri entró en pánico. Jadeaba. A medida que corrían los minutos, el oxígeno disponible comenzaba a escasear. Semidesnudo y en posición fetal, apenas podía mover sus extremidades. En el féretro, pasó confinado media hora que le resultó infinita.

La camioneta detuvo su marcha. Macri oyó el ruido que se produce al abrir y cerrar un portón. Los captores lo sacaron del ataúd y lo llevaron caminando al interior de la casa de Juan de Garay 2882, casi Chiclana, en Parque Patricios. Tras unos pocos pasos, se detuvieron. Abrieron una puerta y lo arrojaron sobre una cama. De inmediato, le colocaron unas cadenas alrededor de los tobillos que se unían a otra sujeta al piso. En la pieza —un sótano acondicionado para la ocasión— había dos luces enclavadas en los muros, un viejo televisor, un catre, una mesa con su correspondiente silla y una pileta empotrada en la pared. La comida llegaba envuelta en una bolsa de nylon a través de una tubería que pasaba por el techo de la “cueva”.

Para establecer puentes de diálogo con la familia, los secuestradores redactaban exigencias que posteriormente le hacían grabar a Macri. Luego, llamaban por teléfono a Franco, que debía asentir o rechazar cada requerimiento: “Habla Mauricio Macri, con mi padre por favor”, disparaba el grabador. El texto se repetía hasta que la voz del padre se escuchaba del otro lado de la línea.

Tiempo después, la causa judicial reveló que durante el sexto día de cautiverio, los miembros de la banda tuvieron fuertes altercados debido a la repercusión mediática que había tomado el caso. Estuvieron a punto de derribar los puentes de diálogo con la familia y discutían si liberar al joven hombre de negocios que en ese entonces tenía 32 años, y resignar el dinero del rescate, o proseguir con el plan.

Finalmente, el 5 de septiembre, pasadas las 21:30, Mauricio sintió que abrían la puerta de aquella suerte de tumba. Entró uno de los secuestradores, le vendó los ojos, lo liberó de los grilletes y le dejó un conjunto de jogging. Minutos después, estaba en el baúl de un coche con rumbo desconocido. El auto detuvo el motor luego de circular durante una hora.

Mario, quien había jugado el rol de “bueno” durante la operación, lo ayudó a bajar del Dodge 1500, le entregó un puñado de billetes para que pudiera tomar un taxi y algunos cospeles telefónicos. Le explicó que tenía que morderse las ataduras alrededor de las muñecas, que esperase diez minutos para quitarse la venda de los ojos y que dijera que lo habían liberado en Lomas de Zamora.

Se saludaron. Mauricio se sentó en el cordón de la vereda. El Dodge 1500 se desdibujó en la inmensa anatomía de la noche. Una vez transcurrido el tiempo prudencial, Mauricio pudo saber dónde se hallaba: en un terreno baldío cercano al cruce entre Dellepiane y Ricchieri. “Sé que estaba atrás del Autódromo. Vi una luz a lo lejos y empecé a correr sin parar hasta que llegué allí, subí a un colectivo, un lugar donde hubiese gente para bajar, no quería estar más solo. Realmente uno queda un poquito cucú”, relató días después a la prensa.

Para volver a encontrarse con su hijo mayor, sano y salvo, Franco había desembolsado 6 millones de dólares, aunque durante años negó haber hecho ese pago. A las 2:30 del 6 de septiembre, Mauricio, Franco y el ministro del Interior, José Luis Manzano, brindaron una conferencia de prensa improvisada en la que se brindaron detalles del operativo de rescate. Faltaban dos días para el primer examen electoral del menemismo.

* * *

En los años 90, la Argentina atravesaba tiempos de cambios profundos. La maquinaria de la “reforma del Estado” estaba en marcha. Los grandes grupos económicos ocupaban lugares estratégicos en distintas áreas de la administración y del gabinete. Las empresas estatales eran néctar para las abejas golosas que habían sido favorecidas por las directrices económicas de la dictadura y que volvían a vivir su cuarto de hora de la mano de un gobierno escudado bajo los estandartes del peronismo.

El secuestro de Mauricio Macri no estuvo al margen de esa atmósfera viciada. Tras una sucesión de hechos poco claros, el hermetismo fue regla. El entorno optó por el ocultamiento y la negación, lo que produjo el brote incesante de especulaciones políticas. Ante las versiones sobre la ausencia del delfín de SOCMA (Sociedad Macri), Fernando Marín, socio del grupo y quien fue gerente de Racing Club en 2001, declaró a la revista Noticias: “No hubo ningún intento de secuestro, ni Francisco ni Mauricio han sido víctimas de hechos de esta naturaleza”. También aclaró que la ausencia del joven empresario se debía a un surmenage. La familia optó por no presentar denuncia, pero los organismos de seguridad se pusieron en marcha de oficio, de la mano sagaz de José Luis Manzano. Lo mismo sucedió con la justicia. El magistrado Nerio Bonifati actuó a partir de las directrices que provenían de la Federal.

Desde el gobierno admitieron haber sabido de la desaparición al día siguiente de ocurrido el secuestro, pero prefirieron el silencio, de acuerdo con lo pactado con la familia, para no “entorpecer la investigación”. Sin embargo, un mes y medio después de su liberación, Mauricio contrarió las versiones oficiales y confesó: “El Gobierno tomó conocimiento de mi secuestro porque los teléfonos de la casa de mi padre estaban pinchados […]. ¡Es un asco! Es una droga de los argentinos pinchar teléfonos”.

El Ministerio del Interior acusó a las “fuentes policiales” de las filtraciones a la prensa y se desató una interna entre los mismos periodistas. Daniel Hadad, por ejemplo, confirmó al aire de Radio América su amistad con Macri y reconoció, días después, que estaba al tanto de los acontecimientos pero que prefirió sumarse al pacto de silencio. La noticia se oficializó recién el jueves 29. El presidente de la Nación, Carlos Menem, visitó a Franco ese mismo día en su casa de Eduardo Costa 3030, que ya era un hervidero de periodistas. Luego, el mandatario sostuvo que se trató de “delincuentes comunes” y afirmó que las fuerzas de seguridad trabajaban denodadamente para esclarecer el episodio.

Por allí comenzaron a desfilar visitas ilustres, desde Ramón Hernández y Miguel Ángel Vicco —secretarios privados de Menem—, hasta el corredor de autos Osvaldo Abel “Cocho” López. Terence Todman, embajador de Estados Unidos en Buenos Aires y amigo de don Franco, le hizo una oferta que no podía rechazar: poner a su disposición agentes de la CIA y del FBI (Central Intelligence Agency y Federal Bureau of Investigation, respectivamente). El empresario agradeció el gesto y aceptó el convite, más allá de que públicamente lo negara a capa y espada.

Mike Kortan, agente especial del FBI y jefe de relaciones con la prensa en Washington, sostuvo: “No hay motivos para negar que estamos trabajando en un operativo de cooperación, con satélites y escuchas. Luego de la Guerra del Golfo, estamos alertas ante determinados grupos e individuos que se pueden dedicar a secuestros de personalidades en cualquier punto del planeta. También pensamos crear una unidad especial del FBI para estos casos […]. En ese momento, expertos estaban trabajando, según trascendidos, para los señores Crow y McQueeny, que coordinan agencias en el extranjero”. Por esos días, Franco conoció personalmente al agente especial del FBI George Kiszynski y a Mike Ackerman, titular de la empresa de seguridad Ackerman Group, contratada especialmente para el caso y que tuvo protagonismo posteriormente, durante el secuestro de Florencia Macri.

Había una certeza: las apariciones mediáticas de Mauricio no se limitaban a las páginas del corazón o a los eventos de la high society. Gracias al caso, gran parte de la sociedad conoció las influencias de ese grupo de poder llamado SOCMA. Una vez blanqueada la situación, el escenario se vio atravesado por un sinfín de operaciones y trascendidos que hicieron que todo se volviera más confuso. Algunos medios hicieron hincapié en la pata política del secuestro, aunque fue el protagonista quien deslizó el tema: “Los secuestradores me preguntaban sobre el gobierno y hablaban de la corrupción como tratando de disculpar su actitud”. Días después, se supo que Mauricio en persona se había reunido antes de su cautiverio, en representación de SOCMA, con allegados a los ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Interior, José Luis Manzano. ¿El objetivo de los encuentros? Reclamar importantes sumas de dinero que el Estado les adeudaba.

La trama económica sumó otras aristas: cuando llevaba menos de veinticuatro horas en libertad, Macri se comunicó con funcionarios del Banco Nación y también les reclamó “que le debían plata”. Según admitió en varios reportajes, la cifra provenía de un crédito para colocar bonos que el Estado le otorgaba a su grupo en concepto de deudas, pero que desde la llegada de Cavallo a Economía se había encontrado con una respuesta taxativa: un millón de dólares como máximo por cada crédito. El súper ministro había dado su visto bueno por 12 millones, pero después del secuestro les dijo: “No vamos a darles nada, porque si no, van a pensar que tiene algo que ver [con el hecho]”.

Manzano se mostró como la cara del éxito de la negociación, al igual que cuando intercedió en los alzamientos carapintadas de Semana Santa de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Sectores periodísticos afines al menemismo ensalzaron la “eficiencia gubernamental” en la liberación. Para agregar confusión, Macri deslizó en algunos medios que la idea inicial de los secuestradores era liberarlo después de las elecciones, pero que él había logrado persuadir a uno de ellos, el tal Mario, para que lo hicieran antes. No obstante, la misma familia reforzó la idea de la eficacia de las autoridades. En un comunicado, de puño y letra de Franco, se leía: “Solo en un país ordenado y que transita por los caminos que lo conducen a su prosperidad, estos episodios desgraciados pueden resolverse con celeridad. Este ha sido nuestro caso […] el desenlace confirma el rumbo que está recorriendo nuestro país”.

* * *

Entre todas las versiones que circulaban, una era la más escuchada: “Fue un ajuste de cuentas con el gobierno, utilizando a los Macri como rehenes, para obtener el dinero reclamado”. El polémico periodista Guillermo Patricio Kelly advirtió por aquel entonces, y con tono premonitorio, que había notificado a “muchísimos presidentes de compañías importantes” que tuviesen cuidado porque “se estaba preparando la banda de Aníbal Gordon”, el histórico jefe de la Triple A y mano de obra en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti durante la última dictadura militar.

Cada fuerza de seguridad hizo su juego. Los “amigos norteamericanos” de los Macri, servidos en bandeja por Todman, despertaron celos y reactivaron rencillas en la Policía Federal y en la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado). ¿Nació allí el lazo de confianza entre los Macri y Jorge “Fino” Palacios? Eso piensan algunas fuentes consultadas, porque el luego comisario habría trabajado palmo a palmo con los colaboradores de la CIA y el FBI en la investigación, junto con sus camaradas de la vieja y temible Coordinación Federal (luego Seguridad Federal) de la calle Moreno, que contaba con avezados expertos en espionaje desde los años de plomo. El vínculo se habría reforzado a partir de la participación de Palacios en otro secuestro familiar: el de Florencia, hermana de Mauricio, en 2003.

Sin embargo, el propio Mauricio se encargó de desestimar esta versión en una charla dada en la sede Pilar de la Sociedad Hebraica Argentina (SHA), a mediados de 2010. “Yo al Fino Palacios no lo conozco porque participó en el secuestro mío o de mi hermana. Lo conozco desde 2002, cuando le pedí a Eugenio Burzaco [jefe de la Policía Metropolitana entre 2009 y 2011] que consultara a los servicios de inteligencia [extranjeros] sobre el mejor elemento de la policía”, precisó, en declaraciones reproducidas en un artículo publicado por Walter Goobar en Miradas al Sur (“Macri entrampado en su telaraña”, 5 de septiembre de 2010). En ese momento, Macri preparaba su proyecto para desembarcar en la ciudad y ya promocionaba en su campaña la creación de una policía.

“Entre su secuestro en 1991 y su candidatura en 2002 había transcurrido más de una década, lo que excede cualquier margen de error involuntario. Según esta nueva versión, el Fino Palacios entró en la vida de Macri tan solo en 2002, cuando perdió el balotaje contra Aníbal Ibarra. En 2002, Palacios aún revistaba en la Federal, de donde fue dado de baja en 2004, al conocerse su relación con Jorge Sagorsky, un reducidor de autos que luego fue condenado a seis años y seis meses de prisión por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg”, cita Goobar.

Más idas y vueltas en la versión: posteriormente, Mauricio se obstinó en asegurar que los primeros contactos con el comisario fueron entre 2005 y 2007, cuando lo llevó a Boca Juniors. Gabriela Michetti y el propio Palacios habían declarado, con anterioridad, que la relación se remonta hasta septiembre de 1991. Incluso, varios periodistas dijeron y escribieron que fue el Fino quien liberó a Mauricio de las garras de sus captores. Con el mismo empeño con que negó conocerlo, lo sostuvo al frente de la Policía Metropolitana hasta las últimas consecuencias.

En el momento del secuestro se instaló otra afirmación, supuestamente nacida en sectores relacionados con los carapintadas y con la inteligencia del Ejército: que la liberación llegaría después de las elecciones. La SIDE estuvo en la mira desde un primer momento.

El periodista Joaquín Morales Solá escribió entonces un texto que no perdió actualidad: “Es evidente que se trató de un secuestro extorsivo y que la familia de la víctima pagó el rescate, como es evidente que las tratativas se entorpecieron cuando se enteraron los organismos oficiales. ¿Dónde estaba el servicio oficial de espionaje? Seguramente revolviendo los archivos para encontrar datos falsos sobre las personas de bien que critican al gobierno”.

Franco Macri recibió una carpeta de ocho carillas de fuerte tinte político, proveniente —en teoría— de un sector radicalizado de la izquierda peronista. Allí se remarcaban críticamente las “relaciones carnales” del poder político menemista con los dueños de las cúpulas militares y económicas, y se denunciaban corruptelas varias, incluyendo citas directas de diputados del disidente Grupo de los Ocho, encabezado, entre otros, por Carlos “Chacho” Álvarez.

Para superar el trance del secuestro, Mauricio viajó a Europa. Se afincó en la isla de Cerdeña, donde habitan parientes de la famiglia. En la Argentina, el trabajo de los “amigos norteamericanos” con los policías federales seguía su curso, lejos de los flashes. Funcionarios, periodistas, políticos… ninguno estaba en condiciones de afirmar los móviles del secuestro, sus autores o el rol de las fuerzas de seguridad.

* * *

Más de sesenta días después de que el empresario apareciera sano y salvo, la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal (comandada por amigos y compañeros de “banda” de Palacios, los comisarios Carlos Alberto Sablich y Vicente Palo) dio con los presuntos secuestradores tras una serie de operativos y allanamientos. Se recuperaron casi dos millones y medio de dólares, que habían sido microfilmados antes de ser entregados a los captores, y se dio a conocer una vivienda ubicada en la esquina de Constitución y La Rioja, donde la víctima reconoció la tele y el ataúd donde lo habían encerrado.

Entre el 18 y el 24 de noviembre de 1991, los suboficiales de la Policía Federal Juan Carlos Bayarri, Miguel Ángel Ramírez y Carlos Alberto Benito fueron detenidos en distintos puntos del país por personal de su propia fuerza, en medio de sonoros operativos.

Bayarri fue interceptado el 18 a las 10 de la mañana en la avenida Mitre, partido de Avellaneda. Los policías lo trasladaron encapuchado en su propio auto hacia la Capital, a la División de Automotores enclavada en Ramón Falcón y Lacarra, barrio de Floresta, más conocida como lo que fue el centro clandestino de detención El Olimpo. Permaneció seis días bajo la custodia de sus camaradas de armas. Luego, prácticamente fue arrastrado hasta el Departamento Central de la Federal, donde confesó su participación en cuatro secuestros, incluido el de Macri, ante la presencia inquisidora de Palo. El sospechoso fue golpeado brutalmente, picaneado en distintas partes del cuerpo, en especial en la zona genital, y sometido al “submarino seco”. Sufrió una fuerte hemorragia por la rotura de un tímpano.

Al mes de haber sido detenido, reveló que su declaración había sido producto de los tormentos e identificó a los subcomisarios Carlos Jacinto Gutiérrez y Carlos Alberto Sablich como responsables de las aberraciones. El médico de la Policía Federal Andrés Barriocanal certificó que presentaba numerosas lesiones recientes, confirmadas por el médico de guardia del Centro de Detención Judicial, José Cohen.

El mismo 18 de noviembre, en Córdoba, fue detenido Benito. Durante su viaje a Buenos Aires denunció haber sido golpeado y maltratado, al punto de haber perdido varios dientes. El cuadro fue certificado por los facultativos que atendieron el caso Bayarri y por el médico del Servicio Penitenciario Federal, Juan Carlos Basile, que constató la rotura de piezas dentales. Benito afirmó que sus camaradas lo trasladaron a un centro clandestino de detención donde sumergieron su cabeza en agua y le clavaron púas debajo de las uñas.

Ramírez fue apresado el 22 de noviembre, también en Córdoba, y trasladado de urgencia al Departamento Central, donde padeció las manos de hierro del subcomisario Gutiérrez y de otro policía que no pudo identificar. Su situación fue diferente de la de Bayarri. Si bien había testigos, no se pudieron comprobar los apremios debido al tiempo transcurrido entre el momento de su arresto y la pericia. No obstante, estas detenciones hicieron que las fechorías de la “Banda de los Comisarios” se hicieran conocidas para la sociedad.

El 9 de agosto de 2001, el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral condenó a reclusión perpetua, por cinco secuestros cometidos entre 1978 y 1991 —el de Macri incluido—, al ex subcomisario de la Federal José “Turco Joe” Ahmed y a los ex suboficiales Juan Carlos “Pelado” Bayarri y Miguel Ángel “Jopo” Ramírez. En la misma resolución, se sentenció a Ramón Ávalos a quince años, al ex suboficial Carlos Benito a once, al ex mayor carapintada del Ejército Héctor Daniel Ferrer a ocho y al comisario mayor Raúl González a cinco. Fueron absueltos los comisarios Juan Carlos Arza y Luis Hugo Andersen.

“Para entender en qué asuntitos anduvimos, tendrían que saber que yo trabajé en las brigadas de Seguridad Federal, a cargo del Turco Ahmed y del Poroto [Alfredo Vidal, detenido años después], en la época de la denominada ‘guerra sucia’”, explicó Ramírez con escabrosa frialdad. También dio detalles de cómo funcionaba la banda: planeaban los secuestros extorsivos dentro de la misma policía, en la Superintendencia de Seguridad Federal, con mano de obra adiestrada y logística aprehendida en los años de plomo. Se comprobó que las operaciones les reportaron 12 millones y medio de dólares. En trece años de acción policial, se recuperaron poco más de 2 millones.

“El primer hecho que hicimos fue el de Karina Werthein [de 16 años], hija de un banquero, en 1978. La propuesta me la hizo Ahmed en el mismo edificio de Seguridad Federal. Bayarri y yo nos metimos en el edificio, redujimos al chofer de la chica y la esperamos. Cuando apareció, la metimos en un canasto de mudanzas y la cargamos en una camioneta. Ahmed controlaba todo desde la puerta”, detalló Ramírez. Werthein fue liberada seis meses después a cambio de 500 mil dólares. Al año siguiente, la banda “levantó” a Roberto Apstein y lo encerró en un pozo de un metro y medio cuadrado durante cuatro meses, hasta que sus familiares abonaron la misma cifra que los Werthein. “Ahmed era uno de los socios. Yo, Ramírez y Benito éramos operativos, los soldados que recibíamos órdenes”, explicó Bayarri.

Siguió el caso del empresario Julio Ducdoc, en 1980. Los policías cobraron un millón y medio de dólares, pero el cautivo nunca apareció “por falta de garantías”. En 1984, ya en democracia, la banda capturó a Sergio Meller, un empresario textil que estuvo encerrado cuatro meses en la casona de Garay 2882 y que recuperó la libertad tras un pago de cuatro millones de dólares.

Tiempo después, Ahmed fue detenido por participar en el primer secuestro de Osvaldo Sivak, por lo que se suponía que el grupo se iba a “guardar”. Camilo Ahmed, hermano del Turco Joe, quedó al mando de la banda y fue el encargado de mantenerla con vida: en 1988 secuestraron a Rodolfo “Ralph” Clutterbuck, titular del Banco Central durante el mandato de facto de Reynaldo Bignone y directivo de Alpargatas. A fines de 2001 se comprobó la vinculación de la Banda de los Comisarios con este hecho gracias a una máquina de escribir Olivetti secuestrada en la Seguridad Privada San Jorge, cuyos propietarios eran los hermanos Ahmed y el Jopo Ramírez, empleado.

Al año siguiente de la liberación del que sería presidente de Boca Juniors, Camilo Ahmed fue víctima de un suicido curioso: se arrojó de un altísimo edificio marplatense para, una vez en el suelo, darse un balazo en la sien. “Éramos como hermanos, de tantos trabajos juntos, sobre todo de la época de la lucha contra la subversión”, explicó Benito en el momento de su captura, confirmando la existencia de bandas integradas por “mano de obra desocupada” con fines delictivos. Otro eslabón que unió los grupos de tareas con los secuestros extorsivos fue la presencia de Raúl Guglielminetti, alias “Mayor Guastavino”, temible ex agente de la SIDE que estuvo procesado por el caso Meller como encargado de cobrar parte del dinero para el rescate.

El de Macri, con un botín de seis millones de dólares, fue el último secuestro de la Banda de los Comisarios, cuya carrera delictiva había llegado a su fin.

* * *

El misterio alrededor del secuestro de Mauricio Macri sigue flotando. El pasado, como un fantasma que no puede conciliar su descanso en la eternidad, volvió a mostrar su dentadura, amenazante. Catorce años después, la justicia ordenó la liberación y la absolución de culpa y cargo de Bayarri y Benito, ya que sus testimonios, fundamentales, habían sido producto de tormentos y vejaciones. Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, camaristas federales porteños, justificaron su decisión en la teoría del “fruto del árbol venenoso”: los frutos recogidos de un tronco viciado padecen de todos sus vicios.

Hubo más novedades. Durante el proceso para esclarecer la saga Macri, se desarrolló en paralelo otra causa, más silenciosa, en la que se acusaba a Sablich y a varios uniformados de la División Estafas por privación ilegítima de la libertad y tormentos, de acuerdo con las denuncias efectuadas, y luego constatadas, por Bayarri y Ramírez. Sería el primer revés para Sablich y su banda.

A fines de 2004, el otrora respetado comisario inspector y jefe de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina pedía el pase a retiro, antes de ser eyectado, en medio de una fuerte convulsión pública a raíz del caso de Axel Blumberg. Su segundo, Juan Schettino, al frente de la División Antisecuestros, fue separado de la fuerza por vínculos sospechosos y presunto encubrimiento con los secuestradores. Miguel Ángel Colombo, también subordinado a Sablich, debió dejar su cargo. Un año después, tras una puja judicial extensa, el juez de instrucción Luis Zelaya dispuso la prisión preventiva de seis comisarios y suboficiales por las torturas a los integrantes de la Banda de los Comisarios: Sablich, Palo (jefe de Defraudaciones y Estafas en 1991), Carlos Gutiérrez (segundo jefe), Marcelo Leiva, Daniel Ródenas, Alberto Armentano y los suboficiales Julio Ontivero y Délfor Panelli, este último involucrado en una causa con Vicente Massot por un polémico sistema de monitoreo para patrulleros. Todos fueron excarcelados. Lo que no se pudo establecer es si existió relación alguna entre los secuestradores de Mauricio Macri y la Banda de los Comisarios. Un interrogante que quedó sepultado por el misterio.

Mauricio Macri se indignó con tal disposición judicial. Calificó a Sablich como “el mayor experto antisecuestro de la Argentina” y agregó: “Los que me secuestraron están libres y los que los agarraron, presos. Este es el país en el que vivimos”.

Los miembros de la Banda de los Comisarios fueron recuperando su libertad en medio de tormentas y sacudones de los tribunales. Bayarri fue indemnizado por el Estado en 2008 por casi 300 mil dólares, luego de una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una paradoja del destino de lo que sucedería después, González quedó libre de culpa y cargo. Al momento del secuestro del empresario, era jefe de la Superintendencia Técnica de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Fue responsabilizado como “facilitador” de datos a los secuestradores, a partir de la pinchadura de teléfonos de los Macri. El hombre sostuvo que las escuchas fueron realizadas por orden de la jefatura de la Policía y, por ende, del Ministerio de Interior. En su declaración judicial, Manzano dijo no recordar tal episodio, aunque “no descartó” que hubiese sido como sostenía González.

El 30 de noviembre de 2012, la investigación en torno al secuestro de Mauricio Macri se reabrió luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara el sobreseimiento de Gustavo Adolfo Storni, ex director de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, involucrado en la causa. La intención era profundizar la investigación y determinar si participó del operativo de detención ilegal y tormentos al ex sargento Juan Carlos Bayarri y a su padre.

Durante la tortura, habría participado una persona apodada Colorado, mismo sobrenombre que poseía Storni antes de egresar de la Escuela de la Policía, en 1976, según la agencia de noticias Télam. La votación que anuló el sobreseimiento fue dictada por Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, con la disidencia de Eduardo Riggi. Borinsky fue parte de los fiscales que enjuiciaron al ex presidente Menem y a otros funcionarios por contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Por su parte Sablich, estrechamente ligado al Fino Palacios y a Mauricio Macri, comenzó una prolífica labor como asesor y experto en consultoría en seguridad junto con antiguos colaboradores de armas, como Colombo y Schettino. La política también lo sedujo: trabajó para Francisco de Narváez en territorio bonaerense en las elecciones de junio de 2009 e integró un grupo de trabajo junto con su amigo Miguel Ángel Toma, ex secretario de inteligencia, en el Hotel Savoy, propiedad de Luis Barrionuevo. Los propósitos operacionales políticos eran poco claros, pero contaron con sustento económico y tecnológico de punta.

Mauricio Macri, cuyo teléfono fue pinchado por el gobierno menemista, fue procesado casi veinte años después por integrar, presuntamente, una asociación ilícita dedicada a escuchar teléfonos ajenos. Paradojas de la vida, caprichos del destino o, simplemente, esa manía de espiar, impresa como un sello en el aparato político argentino. El líder de la CGT Azopardo (Confederación General del Trabajo), Hugo Moyano, ex aliado del kirchnerismo, señaló: “No me caben dudas de que el gobierno pincha teléfonos”. A comienzos de 2013, en el canal TN, lo repitió, tomándoselo casi a la ligera: “Me deben escuchar hasta cuando peleo con mi mujer”.

Desde entonces, los escándalos jurídicos y mediáticos por causas relacionadas con el espionaje fueron in crescendo. Proyecto X o el espía camuflado como periodista, Américo Balbuena, fueron algunos de los casos más resonantes donde quedó expuesta la fortaleza de la Secretaría de Inteligencia —que hoy por hoy busca disolver la Presidenta— y su omnipresencia y carrera a la par de los gobiernos, inalterable, aun con más de treinta años de democracia ininterrumpida.

CAPÍTULO 2
La nena de papá:
el secuestro de Florencia

El secreto es tan indispensable para los seres humanos como el fuego, e igual de temido. Mejora y protege la vida, pero también puede ahogar, arrasar y extenderse fuera de control.

SISSELA BOK

Se suele decir que todas las familias tienen una oveja negra. La de los Macri, no sería la excepción. Florencia, la hija menor de Franco, era presentada, al menos desde el punto de vista de los medios de comunicación, como la “rebelde” del clan. Acostumbrada a atuendos que lejos estaban de la etiqueta filial, con piercings en las orejas, colores de pelo extravagantes y cortes vanguardistas, llamaba la atención de propios y extraños. En su afán de llevarse el mundo por delante, ignoró la marca indeleble que lleva de por vida, su apellido.

Esa insignia fue suficiente para sufrir un secuestro, al igual que su hermano, solo que doce años después. ¿Quién podría creer que uno de los hombres más poderosos de la Argentina ofrecería pagar el rescate en Lecop, bonos de emergencia emitidos en 2001 que circulaban junto a Patacones y otros en pleno “corralito”? ¿Quién habría apostado a que todo fue planeado por una sola persona, que pasaba sus días en una celda, leyendo coloridas páginas de revistas que fueron el detonador de la idea? ¿Quién habría imaginado que la joven víctima terminaría en pareja con un acusado de secuestro?

En julio de 2003, Florencia confesaba en las páginas de la revista Gente: “Me resulta más difícil aceptar mi secuestro ahora que al principio. Antes me parecía una película, algo irreal. Ahora caigo en lo que viví, aunque prefiero ni acordarme”. También Mauricio se animó a hablar sobre lo sucedido: “Florencia es absolutamente inocente respecto de las cosas terribles que suceden en estos tiempos”, dijo.

“Martín es un tipo muy inteligente, sabía que la piba era adicta y todos los días le daba cocaína para que no tuviera recaídas.” Así describen los abogados Mariano Marcovecchio y Belisario Otaño Moreno a Martín Zidar, el secuestrador de Florencia Macri que, en abril de 2003, la “levantó” cuando salía de la Universidad del Cine, ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Cumplió una condena de cinco años por robo de auto a mano armada en 1999 y en la cárcel se entretenía con las revistas de la farándula. Una nota capturó su atención: Florencia Macri, que no aceptaba tener guardaespaldas, estudiaba de noche. Zidar se puso en contacto con un hombre apodado El Tero, recomendado por su compañero de celda, y durante la salida transitoria del 29 de abril de 2003 la interceptó en el pasaje Giuffra al 300, mientras la joven trataba de subir a su Peugeot 206. A partir de ese momento, continuó la tarea en total soledad.

Se movió primero con el vehículo de su cautiva hacia el oeste del conurbano bonaerense. Abandonó el auto en Villa Tesei y con otro vehículo la trasladó hasta una casa alquilada en la localidad de La Reja, cerca de Moreno, donde la mantuvo atada y con una venda en los ojos durante cinco días y doce horas.

Para comunicarse con la familia, Zidar utilizó el celular de Florencia. Las negociaciones fueron con Franco y con Gianfranco, el hermanastro. Según los abogados, tanto en las comunicaciones con Zidar como en el juicio, el padre se manejó con total frialdad. Ante los magistrados, Florencia apenas pudo reconocer un pantalón de jogging y un par de zapatillas de quien la había mantenido secuestrada. Con la cabeza inclinada hacia abajo, mientras se tocaba el cabello rubio, desteñido, musitaba que ni siquiera estaba segura de lo poco que podía recordar.

El dinero del rescate nunca apareció. Fuentes allegadas al expediente desplegaron la hipótesis del autosecuestro, en particular porque la familia tiene una póliza de seguro que contempla ese siniestro. Los abogados de Florencia suponen que el dinero pudo haber sido robado en el momento en el que se allanó la casa de Zidar.

“Lecop no, hermano. La suma es en dólares”, respondió Zidar, sorprendido, a Franco, cuando este ofreció pagar la suma del rescate con 400 mil unidades de esa moneda, producto de la crisis de 2001. “Señor, no insulte mi inteligencia”, dictaminó el hombre que era, en ese momento, dueño de la vida de la heredera menor. Antes de cortar, establecieron un pago de 755 mil dólares, exactamente la mitad de lo exigido originalmente.

Cuando la vorágine informativa de las primeras horas le ganaba al chequeo de los datos, corrió con fuerza la versión de que el captor había trabajado a principios de los 90 en Sevel, del Grupo SOCMA, que luego fue desmentido por los abogados de Zidar.

El secuestro estuvo signado por pequeños detalles “de color”. Uno de ellos fue el que puso a Zidar tras las rejas. En el momento del cobro del rescate, el celular de Florencia se quedó sin batería, por lo que el secuestrador apeló a un segundo aparato a metros de encontrarse con quien iba a entregarle el dinero. Fue rastreado de inmediato por la SIDE, que dio con el nombre de Ricardo Zidar, padre del victimario.

En los días sucesivos, ese mismo teléfono recibió varios llamados de un joven llamado Juan Pablo Butita para reclamar su parte del rescate. Butita quedó libre por falta de mérito. Ya con el celular intervenido, fue fácil encontrar el domicilio de sus padres, con quienes vivía en un monoblock ubicado en Luis María Campos, a unos metros de la estación ferroviaria de Morón.

Otra particularidad fue el escape de Zidar con el botín. La entrega se concretó en los descampados de la parte trasera del Club Hípico San Jorge, en el partido de Hurlingham, sobre la calle Combate de Pavón al 2200. El fondo del complejo termina en un arroyo afluente que forma parte de la cuenca del río Reconquista, donde Zidar esperó que Gianfranco depositara la plata y se fuera. Con la seguridad de que no había nadie, se acercó al dinero, lo tomó y huyó para el lado del arroyo. Sabía que podía cruzarlo a pie sin riesgo de ahogarse. Pero la Policía Federal, menos arriesgada, decidió que podía ser peligroso el cruce de agua y se retiró sin perseguirlo.

* * *

Gracias al teléfono móvil, los investigadores dieron con el paradero de Martín Zidar. Los datos de Ricardo Zidar, titular de la línea, fueron ubicados en el padrón electoral. La compañía de comunicaciones aportó la lista de llamadas entrantes y salientes, una de las cuales estaba dirigida a un teléfono fijo a nombre de Olga Pissi, esposa de Ricardo y madre de tres hijos con él. Uno de ellos, Martín, con una causa penal. Pissi tenía domicilio en Luis María Campos 625, 1.º “A”. Martín sabía que la policía lo buscaba y en el barrio habían advertido su prolongada ausencia, excusada por sus allegados como “viaje de negocios”.

Las disputas entre fuerzas de seguridad estuvieron a punto de arruinar la aprehensión de Zidar. Los vecinos del sospechoso notaron movimientos poco comunes y llamaron a la policía para denunciarlos. Ignoraban que se trataba de agentes de la SIDE que rodeaban el departamento del secuestrador. Cuando la Policía Bonaerense llegó, con todo su despliegue, Zidar había tenido tiempo de sobra para escaparse. Finalmente, la mañana del 16 de mayo de 2003, Martín Zidar pidió un remise que lo pasó a buscar por la puerta de su casa. El Ford Galaxy gris comenzó a ser perseguido por varios autos con hombres armados a bordo. El remisero pensó que se trataba de un asalto y aceleró, hasta que se topó con un patrullero. Allí terminó el raid.

Los primeros encargados de la custodia de Zidar fueron agentes de la Prefectura Naval Argentina, decisión que no fue tomada al azar. Por quién era y lo que había hecho, su vida corría peligro en una cárcel común. Por lo tanto, tuvo un trato privilegiado hasta el momento del juicio, como explicaron Mariano Marcovecchio y Belisario Otaño Moreno. Cualquier otro preso, en conocimiento de que había cobrado 755 mil dólares de rescate, podría haberlo “sentenciado a muerte”. En el juicio estuvo custodiado por efectivos de la Federal y protegido por un chaleco antibalas.

Luego fue derivado a la Unidad 19 del Complejo Federal de Ezeiza, donde empezó a estudiar Ciencias Económicas gracias a un programa de la Universidad de Buenos Aires.

El juicio, efectuado en noviembre de 2004, estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal N.º 16, en Lavalle al 1100, Ciudad de Buenos Aires. Intervinieron los jueces Carlos Acerbi, Carlos Currais y Gustavo Arandón, el fiscal Julio Castro y los abogados defensores Otaño Moreno y Marcovecchio. La familia Macri no se presentó como querellante y se mostró sosegada durante todo el proceso, incluyendo a Florencia. El patriarca fue más locuaz que la joven, a quien el subconsciente —o la mala memoria— le jugó una mala pasada.

Franco recordó que inicialmente le requirieron un millón y medio de dólares y que la voz en el teléfono era de una persona mayor, que cambió luego por la de una “más joven”. Recalcó que pagó la mitad de esa cifra, que jamás recuperó, y admitió que no quiso intervención policial. “Mi prioridad absoluta era que no le pasara nada a Florencia”, justificó. Mauricio, entonces presidente de Boca Juniors, en su breve pasaje por el tribunal explicó que no había participado en las negociaciones y que se había limitado a hacer la denuncia policial. También aclaró que pasó “muchas horas” en la casa de su padre porque fue “un momento muy difícil”. Otro de los testigos fue el comisario Juan Schettino, a cargo de investigar el caso. En el estrado, afirmó haber seguido de cerca el pago del rescate realizado por Gianfranco, pero aseguró que no pudo atrapar al “cobrador” por la oscuridad de la zona.

Por su parte, Gianfranco evocó que en una de las dos pruebas de vida que llegaron hasta la familia se incluyó una amenaza para mantener alejada a la policía: “El bisturí corta bien, te pedimos bajo perfil”, se leía en un papel que simulaba tener manchones de sangre. Luego llegó el turno de Ariel Castellini, que trabajaba en una remisería del partido de Moreno a la que Florencia recurrió después de recuperar su libertad. En el segundo día, siete policías y agentes de la SIDE que intervinieron en la investigación también juraron decir la verdad y nada más que la verdad.

En la primera instancia del juicio oral, Zidar se declaró inocente y exigió que la audiencia se hiciera a puertas cerradas, para preservar que sus dichos no fuesen divulgados de forma negativa y empañaran la investigación. Durante su declaración, inculpó a los detenidos por la causa de Patricia Nine, hija del dueño de un shopping ubicado en Moreno. Al segundo día, la historia dio un vuelco rotundo: el acusado reconoció haber ideado y concretado el secuestro en un 90%, pidió perdón a la familia Macri, a su propia familia, agradeció a su novia, María, a la que conoció mientras estaba detenido y quien lo convenció para que admitiese su culpabilidad, y se disculpó por no cumplir la promesa de ser el padre de sus cinco hijos, a pesar de que no eran de él. Finalmente fue sentenciado como coautor del delito de secuestro extorsivo, a once años de cárcel, que al unificarse con la condena anterior se convirtieron en dieciséis, a pesar de los esfuerzos de los abogados, que habían pedido cinco años argumentando que el daño a la víctima había sido mínimo y el perjuicio monetario a su económicamente poderosa familia, insignificante.

* * *

La causa del secuestro estuvo a cargo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, de Miguel Ángel Toma, en ese momento titular saliente de la SIDE y luego asesor de imagen de Mauricio Macri, y Sablich. También fue relevante el rol de Adrián Pelacchi, un ex Interpol y secretario de Seguridad de Carlos Menem, que durante el caso de Florencia Macri había sido jefe de la Policía Federal. Su nombre estaría luego relacionado con la causa de las escuchas telefónicas durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires.

Pelacchi es titular de la firma AP Security, contratada en 2008 por Ackerman Group, empresa de seguridad que, a su vez, participó en el rescate de Mauricio Macri en 1991. ¿El objetivo? Resguardar a la familia e investigar al ex novio de Florencia y al parapsicólogo Néstor Leonardo, casado con Sandra Macri, segunda hija de Franco, quien falleció de cáncer en junio de 2014. Pelacchi jamás negó haberse vinculado con los Macri en esas fechas. Por esos cruces incomprensibles del destino, Luis Conde, el abogado que hoy defiende a Leonardo, fue profesor de Ciro James en la Universidad de Morón. En una entrevista dada a mediados de 2012 al periodista Gustavo Sylvestre, señaló: “Había un montón de gente que estaba siendo escuchada por medios legales pero no lícitos. Esas escuchas telefónicas se ordenaban por medio de jueces de Misiones, a los que no les interesaba para nada lo que se había escuchado. Porque inventaban causas judiciales y los jueces, por intermedio de sus secretarios, ordenaban las escuchas y se lo pasaban a la SIDE para que lo hiciera y después esos casetes eran retirados increíblemente por el mismo que los escuchaba, que era Ciro James”.

El secuestro de Florencia se produjo cuando el país apenas empezaba a despejar el humo que había quedado luego de la explosión de diciembre de 2001. Felipe Solá gobernaba la provincia de Buenos Aires y Eduardo Duhalde, luego de la sucesión de presidentes que se dio en pocos días, conducía al país. Mauricio estaba en campaña. Con los colores azul y oro como escenografía victoriosa y popular, peleaba por primera vez la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, frente a Aníbal Ibarra.

A la hora de definir el rol de Macri en la negociación con los captores y las fuerzas de seguridad, las versiones son contradictorias. Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte en el gobierno kirchnerista y caído luego en desgracia por la tragedia ferroviaria de Once — ocurrida en febrero de 2012—, era en aquel entonces el encargado de ir y venir entre la quinta presidencial de Olivos y la casa de Barrio Parque, más hermética que nunca. El mismo que irónicamente llamaba “silla eléctrica” al espacio reservado para el jefe de gobierno porteño, fue en esos días de desconcierto el jefe de campaña macrista y el principal operador político del ideólogo del PRO (Propuesta Republicana).

* * *

“Mi papá los va a mandar a matar a todos, uno por uno.” La frase fue dicha por Florencia Macri a un grupo de fotógrafos que buscaban detalles sobre su relación sentimental con Nicolás Barlaro, once meses mayor que ella y secuestrador. Al mismo tiempo, Franco le habría dicho a Barlaro: “Podés salir con mi hija, pero sabé que te seguimos de cerca”. Habían pasado apenas once meses del juicio a Zidar y la rebelde de los Macri volvía a conquistar las tapas de las revistas.

El 16 de octubre de 2002 un joven judío, Ariel Strajman, fue secuestrado en el barrio de Villa Urquiza. Tres días más tarde, la policía lo halló vivo en la quinta La Bonanza, de Pilar. Le habían amputado uno de sus meñiques con una tenaza. En septiembre de 2004, Barlaro recibió una condena a tres años de prisión por encubrimiento en ese caso, pero como ya había cumplido 19 meses en el Penal de Ezeiza, le concedieron el beneficio de la libertad condicional. Su perfil distaba mucho del de un criminal tradicional: relacionista público, de buen aspecto, alquilaba una quinta en Pilar y organizaba fiestas importantes, para las cuales empleaba a la empresa de seguridad Go Q, que también se dedicaba a la custodia personal y de la cual era socio con los hermanos Sommaruga, líderes de la “Banda de los Patovicas”, integrada por el resto de su familia de Villa Ortúzar y encabezada por Adrián “El Nene” Sommaruga. Todos fueron señalados como responsables del secuestro de Strajman.

El Nene y Barlaro habían trabajado en sociedad para el fallecido public relations Javier Lúquez. Se encargaban, de modo exclusivo, de la seguridad de uno de los boliches icónicos de los 90: La Morocha. “Frente a las evidencias y la contraposición de las contradicciones, el tribunal le dejó el cargo de ideólogo a Sommaruga y de encubridor a Barlaro, lo cual le valió una pena mucho menor”, explicó Carlos Wiater, abogado de la víctima, en rueda de prensa. Aclaró que su representado había sido maltratado durante todo el cautiverio por su “condición” de judío.

Barlaro nació en Acassuso pero vivió siempre en el barrio porteño de Belgrano, en el seno de una familia de clase media alta. Hijo de Mario y Haydeé Leticia Quintana, tiene tres hermanos. La más chica, Soledad, era su mano derecha en una de sus pasiones: el tatuaje. Muchos cubren sus brazos y su espalda. Antes de figurar en las secciones policiales de los diarios, era reconocido por sus participaciones en la organización de la Convención Internacional de Tattoo Argentina.

Conoció a Florencia Macri en vísperas de 2006, cuando ella pasaba sus días en el complejo Manantiales, propiedad de la familia y cercano a Punta del Este, y él trabajaba allí como chef. Tenía experiencia en la cocina: la había practicado cuando estaba preso y hasta había logrado ganar dinero y respeto enseñando a otros reclusos a preparar platos gourmet y a hablar inglés. Cuando recuperó la libertad, se asoció con el hijo del empresario teatral Gerardo Sofovich, Gustavo, para montar una empresa para organizar barras en boliches de temporada y fiestas rave con DJ internacionales.

Hasta ese momento, Florencia había experimentado dos momentos mediáticos: su noviazgo con el Conejo Bourel, ex pareja de una de las novias del músico Gustavo Cerati, y la participación en un corto titulado Mientras estés conmigo. Sin embargo, ninguno de los dos hechos tuvo la relevancia del romance con Barlaro. Poco después, su rostro impávido apareció también en los afiches de una marca de ropa híper moderna nacida en las entrañas de Palermo. Convencida por sus amigos, los hermanos Martín, Diego y Noel Romero y Angeles Chevallier, hizo un fotomontaje con Robert De Niro como telón de fondo y, debajo, el logo de la marca, AY Not Dead. El tiempo pasó y la marca sigue vigente, sin revelar jamás lo que es ya un mito urbano: ¿significa el nombre “Alfredo Yabrán no murió”?

Nadie desconoce los vínculos entre Yabrán y Franco Macri: en 1994 habían trabajado juntos cuando Ciccone Calcográfica, en manos del primero, imprimía los documentos de identidad que el Correo Argentino, propiedad del segundo, distribuía. Fue un convenio que generó dudas que fueron investigadas en ese entonces por el juez federal Ariel Lijo.

A un mes de haberse conocido, Flor y Barlaro se instalaron juntos en el piso que él alquilaba en las costas uruguayas. Luego se fueron a vivir juntos a Brasil y, posteriormente, a España, en un departamento que les compró Franco Macri. Ella dejaba traslucir su felicidad: decía que el amor y el casi anonimato del cual gozaban en el Viejo Continente llenaban sus días de calma. La pareja no volvió al país durante los siguientes dos años, excepto para participar de una fiesta de cierre de temporada que organizó la automotriz Fiat en la disco Tequila. En ese momento, el novio evitó los flashes y Mauricio ni se acercó al evento. Flor pasó la jornada con su padre y su entonces novia, la joven Nuria Quintela, con quien ella mantenía una excelente relación.

A principios de 2012, la menor de los Macri —separada ya de Nicolás Barlaro— llevó a Manantiales a su nueva pareja. Facundo Pellegrino tenía entonces 24 años y trabajaba como modelo. Además de desfilar para Dior y el belga Kris van Assche en París, editaba una revista que él mismo definió como “contracultural”. Por su parte, Barlaro volvió a ser noticia por dos muertes presuntamente asociadas con el consumo de alcohol y drogas durante la segunda edición del Ultra Music Festival en Buenos Aires, en 2013, del que era uno de los organizadores.

CAPÍTULO 3
El Fino

Si no se trata bien a los espías, pueden convertirse en renegados y trabajar para el enemigo.

SUN TZU, El arte de la guerra

Estaba parado frente a la ventana con las manos en la cintura. Hablaba con la vista clavada en un punto fijo. Repetía las mismas frases de un modo extraño, como si le hablase a alguien que no estaba en su oficina. “La puta madre, enano. ¿Qué te cuesta atender?” El hombre que hablaba entre dientes y con la vista clavada en la nada era Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal, constructor de su propia leyenda, intrépido creador de la mítica División Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA) y quien supo guardar en el máximo secreto a presuntos terroristas encerrados en las celdas de la sección “Triple Frontera” de dicha división, instalada en Puerto Iguazú, prisioneros capturados en Ciudad del Este, Paraguay, y entregados clandestinamente a la CIA. Solo atinaba a girar para encender un cigarrillo.

“Este enano de mierda… Ya le mandé dos emisarios y nada. Está confundido. Se equivoca conmigo y él lo sabe. No sé quién carajo le llenó la cabeza a este pelotudo”, soltaba mientras miraba el vidrio. El enano era su íntimo enemigo, Antonio “Jaime” Stiusso, el espía más poderoso, de mayor reputación y más odiado de la ex SIDE. Otro hombre de acción que, al igual que el Fino, había sabido construir su propia leyenda.

Mientras Palacios puteaba sin pausa, sobre su escritorio reposaba la planificación de lo que cuatro meses más tarde se convertiría en la Policía Metropolitana, proyecto en el que trabajaba en las sombras y en absoluto secreto. Pero el ex comisario sabía que el primer paso que debía dar para que la nueva fuerza llegara a la calle era pactar con la Secretaría de Inteligencia (SI). Para lograrlo, debía hablar con su archienemigo. También debía negociar con sus antiguos camaradas de la Federal, pero ese era “un paso menor”, según contestó secamente cuando alguien se lo preguntó. No había mucho más que responder, era una pregunta estúpida: el Fino mantenía injerencia sobre los azules, donde tenía varios compañeros y subalternos que lo veían como un modelo. También sus enemigos hacían fila. Uno era el jefe de la fuerza, el comisario Néstor Jorge Valleca, cuestionado por organismos de derechos humanos. Al Fino tampoco le interesaba la opinión del gobierno. Consecuente con su áspero oficio, no es un hombre de contemplaciones. “Esa mina nunca me quiso”, dijo en referencia a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Estaba estático. Pensaba cómo solucionar lo que, presentía, se estaba gestando. Creía que lo iban a infiltrar y que, si no estaba atento, iba a pisar en falso. Respiró profundo y aplastó la colilla en un cenicero que tenía el escudo de la DUIA estampado. “Va a ser difícil pero se puede arreglar. Quiero sentarme a hablar con él, lo que tengamos que hablar. Si no, esto va a ser una guerra.” Conocía a Stiusso y sus mañas. Tal vez no podía olvidar que cuando lo acusó por un manejo irregular de fondos, Jaime se le apareció desde atrás de una maceta, como si fuese un paso de comedia, y le juró que si no podía probar lo que decía, lo iba a ver preso.

Diez minutos antes, el ex comisario Osvaldo Chamorro había dejado el despacho de Palacios, en la oficina del séptimo piso de la calle Maipú. Era un lugar pequeño, cargado de cuadros, fotos y otros recuerdos de su paso por la Federal: desde una medalla de la CIA hasta reconocimientos de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del FBI de 1993, cuando, vestido como operario de telefonía, capturó en un campo cercano a la ciudad cordobesa de La Carlota a Samuel Merkin, buscado durante ocho años por la DEA y por el FBI. También tenía espadas, algunas armas antiguas y una réplica de un FAL (fusil automático ligero). Asimismo, obsequios de diferentes policías del mundo, como gorras de las fuerzas francesa, inglesa e italiana, y recortes de diarios con la actuación de uno de sus alumnos más aplicados, el ex comisario Roberto Salvador Ontivero, cuando atrapó a la viuda del máximo capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar Gaviria, Victoria Henao Vallejo. El recuerdo que más apreciaba el Fino era un portarretratos con una foto, en blanco y negro, de un policía con el antiguo correaje cruzado: su padre.

* * *

Cuando comenzaron los roces entre Cristina Fernández y Palacios, ninguno de ellos imaginaba que el entonces gobernador de Santa Cruz y marido de la senadora, Néstor Kirchner, iba a sentarse en el sillón de Rivadavia. Los primeros cortocircuitos se dieron cuando ella era integrante de la comisión bicameral que investigó el ataque terrorista contra la AMIA y él era jefe de la DUIA y policía estrella. Cristina se había imbuido en la causa del atentado y no dejaba de tirar tierra sobre las pistas que siguieron Palacios y su gente. El comisario la desairaba en público, la llamaba “señora” con un tono irónico. Después de una sesión secreta de la bicameral, Palacios la cruzó adrede en un pasillo y le soltó una frase que la actual presidenta aún no olvidó: “Usted tendría que ocuparse más en su hogar, que está tan lejos”.

Él defendía su rol en la investigación del atentado y, al mismo tiempo, se cubría de los embates de un sector de la SIDE. Por esos indescifrables trazos del destino, en aquella época Cristina incluyó entre sus estrechos colaboradores a Fernando “Gordo” Pocino, un espía de carrera de la SIDE, de origen radical, al que siempre le gustó navegar con el oleaje político. Pocino, uno de los hombres más poderosos del servicio de inteligencia y el único al que Stiusso le tenía respeto, aportaba información sobre los claroscuros en la investigación del atentado.

La situación de Palacios empeoró cuando Cristina quedó a cargo de la bicameral, en reemplazo del justicialista Carlos Soria, posteriormente jefe de la SIDE durante la primera parte del mandato presidencial de emergencia de Eduardo Duhalde y que terminó muerto a manos de su mujer, Susana Freydoz, cuando asumió la gobernación de Río Negro.

El 9 de agosto de 1999, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer los detalles del informe de la bicameral durante el programa televisivo Día D, conducido por Jorge Lanata. Un documento contundente que apuntaba la responsabilidad hacia los organismos de seguridad interior y de inteligencia por no haber realizado los aportes necesarios para profundizar la investigación del atentado. Indicaba que la Policía Federal, que en aquel momento dependía del ministro del Interior, Carlos Ruckauf, había extraviado material clave inventariado en una serie de allanamientos. Principalmente, los casetes que registraron las conversaciones del reducidor de autos robados Carlos Telleldín, el vendedor de la camioneta Renault Trafic que causó la explosión del 18 de julio de 1994. Las cintas habrían sido desgrabadas por los federales.

Desde que comenzó a trabajar en la investigación del atentado, Palacios estrechó fuertes vínculos con Alejandro Brousson, un ex mayor del Ejército y jefe de la Sala Patria, una unidad de la SIDE especializada en contraterrorismo. Otra área que trabajó en el caso fue la de Contrainteligencia, dirigida en ese momento por Jorge Lucas y Stiusso. Ambos sectores estaban enfrentados. El entonces juez a cargo de la causa, Juan José Galeano, había tomado partida por las pistas aportadas por la Sala Patria y tenía una buena relación con el Fino.

* * *

Mauricio Macri y Néstor Kirchner tenían al menos cuatro puntos en común: el gusto por el poder y las escuchas telefónicas, y el hecho de que en algún momento de sus vidas coincidieron en que Carlos Menem y el Fino Palacios eran el mejor presidente y el mejor policía del país, respectivamente. “¿Pero el presidente habló con su esposa?”, atinó a decir Palacios cuando Gustavo Béliz, que ya planificaba la transformación de las fuerzas, aunque aún le faltaban unos días para asumir como ministro de Justicia y Seguridad, le informó que Néstor lo nombraría al frente de la jefatura de la Policía Federal. Corría mayo de 2003.

Palacios tomó la novedad con escepticismo. Sabía que debía “barrer” a varios comisarios más antiguos que él y era consciente de que se iba a encontrar con la resistencia de la senadora Cristina Fernández y de un importante sector de la Secretaría de Inteligencia. Al poco tiempo de ceñirse la banda presidencial, Kirchner lo citó en la Casa Rosada y le ofreció formalmente la jefatura de la Federal. “Le agradezco, señor presidente, me pongo a disposición, pero creo que no es mi momento”, fue la respuesta. El santacruceño le extendió secamente la mano para despacharlo, sin que medie ninguna otra palabra. Béliz y el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se quedaron mudos. Palacios salió de la Casa de Gobierno con un nudo en la garganta y con el presentimiento de que sus días en la fuerza estaban contados. Jamás volvió a hablar con Kirchner.

El Fino se manejó siempre como los perros de caza, por el olfato. Los años le fueron desgastando la sensibilidad y se volvió propenso a cometer errores. “No sé por qué, pero el día que Néstor me lo propuso, olí algo que no me gustaba. Por eso le dije que no”, dijo seis años después. Extrañamente, la SIDE pidió que fuera el presidente quien relevara a sus espías la obligación del secreto. Néstor accedió y, a partir de allí, quedó decretada la caída libre del Fino. Kirchner veía un ejército de fantasmas a su alrededor. Hablaba de la existencia de un complot. En la lista de los confabuladores, varios eran magistrados federales. Uno de ellos era Galeano. El expediente por las irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA estaba en el juzgado de Claudio Bonadio y la causa era vital para Kirchner.

El 1 de octubre de 2003, durante el juicio por el atentado, Stiusso se presentó para prestar declaración. Con un portafolio repleto de documentación clasificada, Jaime comenzó a contar su verdad y, con total educación y un discurso cargado de sutilezas e ironías, llenó de lodo a Galeano, a sus camaradas de la Sala Patria y al Fino Palacios. El aporte del súper agente dio vuelta una causa que ya era un laberinto de mentiras y millonarios desmanejos.

Faltaban minutos para que el reloj marcara las diez de la noche cuando Jaime colocó lentamente los documentos sobre la mesa y, con un hablar pausado, comenzó a desvincular a los ex policías bonaerenses que en ese momento estaban siendo juzgados por el ataque. Aseguró que habían sido imputados por “la sociedad” que, a su juicio, había formado un sector de la central de inteligencia con Galeano, cuando se estaba profundizando la denominada pista siria. Jamás existió tal pista, pero Jaime eludió ese pequeño detalle que afirmaba el fiscal de la causa, Alberto Nisman.

El director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia había investigado la causa AMIA desde el momento de la explosión, cuando tenía el cargo de jefe de operaciones de Contrainteligencia. Durante su declaración, dijo que los policías bonaerenses tuvieron la Renault Trafic en sus manos antes de que estallara contra la mutual judía, pero que ese escenario no se comparecía en sintonía con las investigaciones del organismo. También contó que cuando expuso esas versiones ante Galeano en 1996, el juez lo apartó de la investigación en torno a la “conexión local”, aunque le permitió seguir con la pista internacional. Desde ese momento, el magistrado dejó de mantener contacto fluido con Contrainteligencia y les entregó la tarea a los agentes de la Sala Patria. Stiusso se estaba dando una panzada. Dijo que la “sociedad” entre la línea interna de la SIDE y Galeano “se quebró” cuando se conoció públicamente el video de las conversaciones entre el magistrado y Carlos Telleldín, en las cuales negociaba el pago de 400.000 pesos al acusado, antes de que declarara contra el ex comisario Juan José Ribelli y los policías juzgados. El video salió a la luz en el canal América, pero Jaime jura que no tuvo nada que ver con la filtración.

Durante su declaración, también reveló que en el organismo hay registros contables de un pago de 475.000 pesos de Sala Patria. Dijo que 400.000 corresponden a lo pactado con Galeano y los otros 75.000 equivalen a quince cuotas mensuales de 5.000 pesos que habría cobrado Carlos Telleldín desde el momento en que decidió imputar a la bonaerense. Agregó que en enero de 1996, Jorge Lucas, su jefe, le mostró un papel con la hipótesis que manejaba el juzgado: que Telleldín había sido extorsionado por policías y que en ese contexto les entregó la camioneta. La descartó porque no había testigos ni datos que lo avalaran. Posteriormente, cuando vio el video, pudo cerrar las relaciones.

Aquel “enano de mierda”, como llamaba Palacios a Stiusso, no fue el único en hablar frente al tribunal. También lo hicieron algunos de los “buenos muchachos” de la Sala Patria, que se explayaron sobre los supuestos vínculos entre “Jaimito el travieso” y la cúpula de la “mejor policía del mundo”, dirigida en aquella época por el fallecido Pedro Klodczyk, que le legó a la bonaerense el mote de “la maldita policía”.

La llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia devolvió a Stiusso su poder, a raíz de una serie de sumarios administrativos que se realizaron dentro de la SIDE. Después llegó la purga que realizó Fernando de Santibañes como jefe del organismo. Los integrantes de la Sala Patria fueron eyectados de a uno: Brousson, Patricio Finnen y Héctor Maiolo, entre otros. Stiusso prolongó su crecimiento con las nuevas gestiones. Fue designado a cargo de la Dirección de Operaciones por Carlos Soria, apenas Eduardo Duhalde llegó al poder y despidió a todos los jefes de las direcciones que habían quedado de la gestión de De Santibañes. Nombró en su lugar a hombres de carrera. Luego, Miguel Ángel Toma, sucesor de Soria, lo ratificó en el cargo. Kirchner no cambiaría las cosas.

Se estima que durante el duhaldismo ingresaron más de 700 agentes a la secretaría. Su actuación en la jornada de junio de 2002 en la que fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón, en los límites de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a poner al organismo en medio de todas las sospechas por “trabajos” de difamaciones, mentiras y operaciones sucias.

* * *

Palacios contaba con el respaldo de Béliz y del secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Muchos reclamaban a Kirchner esas dos cabezas, situadas en las antípodas ideológicas del gobierno. Sin embargo, el patagónico solía justificarlos en pos de un “pluralismo”, para desacreditar a los núcleos rígidos del conservadurismo, que lo catalogaban como un “nostálgico setentista”. Pese al desplante que le había hecho en la Casa Rosada, Palacios logró ascender y pasó de ser el jefe de la DUIA a dirigir la Superintendencia de Investigaciones. Virtualmente, el tercer puesto de mayor importancia dentro de la fuerza. Quienes conocían lo estricto que se había puesto Néstor Kirchner a la hora de decidir un ascenso en una fuerza de seguridad o en las Fuerzas Armadas, no entendían por qué volvía a apostar por quien le había dado la espalda. La más sorprendida seguía siendo la primera dama, la senadora Fernández.

Además de su polémica participación en el caso AMIA, Palacios tenía otra causa judicial en el placard. La jueza federal María Servini de Cubría analizaba su procesamiento en carácter de imputado, junto con otros integrantes de la fuerza, por la matanza que se desató el caótico 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, lugar al que el entonces comisario inspector había acudido “por iniciativa propia”, aunque ese día no estaba de servicio. Una vez más, los buenos oficios de Béliz y Quantín salvaguardaron la carrera del Fino.

La salida de Palacios de la Federal la determinó la desgrabación de una escucha telefónica de 2001, en la que el Fino dialogaba con Jorge Sagorsky, uno de los detenidos vinculados al secuestro y homicidio de Axel Blumberg. La decisión de Kirchner fue tomada el mismo día en que, en La Plata, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, ponía en funciones a León Arslanian como ministro de Seguridad provincial. Mientras tanto, Blumberg, padre de la víctima, pedía a gritos: “Hay que investigar más a fondo, esta banda tiene sus primeras acciones en el año 2000 y mataron gente para robar vehículos, con protección de la Policía Federal”.

La grabación apareció de la nada. Se había traspapelado en una causa en la que se investigaba a una banda dedicada a la falsificación de documentos de automóviles en la zona de Warnes. El expediente estaba en manos del entonces juez federal Gabriel Cavallo y Gendarmería Nacional encabezaba la tarea.

Meses antes, por orden de Palacios, un grupo de federales casi se enfrenta a tiros con gendarmes que efectuaban controles debajo de uno de los puentes de la avenida General Paz. El comisario no quería ver a los “verdes” dentro de la capital y decidió detener a los centinelas. “Yo no los detuve, simplemente les expliqué dónde estaban los límites de la Capital Federal. Los gendarmes se habían perdido y les mostré el mapa para que supieran orientarse”, contestó Palacios cuando desde el Ministerio de Justicia y Seguridad le ordenaron soltar a los gendarmes. Así era el Fino, un incontrolable al que cada tanto le encantaba mostrar su poder. Con esa actitud y una avasallante soberbia, compraba enemigos y lealtades.

La revista Noticias sacó a la luz la conversación con Sagorsky y otro jefe policial. La publicación originó un sumario que dirigió Asuntos Internos de la Policía Federal y fue el motivo para que Kirchner devolviera la gentileza. Hacía menos de un mes, el 23 de marzo de 2004, el cadáver de Axel Blumberg había sido hallado en un descampado de la localidad de La Reja, en Moreno, una semana después de haber sido secuestrado. A dos días del crimen, la policía detuvo a Sagorsky. Martín “El Oso” Peralta intentó vender el Volkswagen Passat azul robado a Guillermo Ortiz de Rosas, ejecutivo de la firma Arcor, que estuvo cautivo junto con Axel. Antes de que lo detuvieran, Sagorsky llamó al subcomisario Daniel Gravina, que se desempeñaba en la Comisaría 23.ª de la Policía Federal y que había trabajado en la División Sustracción de Automotores.

Aquella tarde de abril, ni el enfado de Béliz hizo dudar a Kirchner cuando ordenó el pase a disponibilidad del superintendente de Investigaciones de la Policía Federal. Era martes 13. Ese día, después de que el jefe de la fuerza, comisario general Eduardo Héctor Prados, le notificara telefónicamente la decisión del presidente, Palacios pronunció la misma frase que cinco años después les dijo a sus principales colaboradores antes de irse de la Policía Metropolitana: “Me voy, pero cuando pase todo, algún culo voy a hacer sangrar”. El comisario quería que el primero en la lista fuera Stiusso.

Hoy, Palacios cuenta la misma historia que narró, antes de que lo echaran, a dos funcionarios del gobierno de Kirchner: “Yo estaba tomando un café con el ex comisario Carlos Gallone y alguien lo llama al celular. Gallone dice: ‘Che, estoy con alguien que te quiere meter preso. Estoy con el Fino Palacios y está con ganas de comprar una camioneta para ir a pescar’. Y después me pasa el celular a mí. Yo ni sabía quién estaba del otro lado. Saludo a la otra persona y le digo que un día de estos vamos a tomar un café. Yo pensaba que era un tipo de una concesionaria que se llamaba Jorge y punto. Después Gallone me dice que era Sagorsky. Nunca más hubo algo que me vinculara con este tipo”.

Gallone, cuyo nombre de guerra era Duque, había sido alcanzado por la Ley de Punto Final, promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El ex comisario retirado tenía un expediente en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), donde figura como integrante de una de las patotas que operaba donde funcionó, entre 1976 y 1978, la Superintendencia de Seguridad Federal, uno de los centros de tortura y privación ilegítima de la libertad de la Policía. Gallone había sido uno de los jefes del joven Palacios cuando este daba sus primeros pasos en la fuerza. Ofició de estrecho colaborador del ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. También fue partícipe de la “masacre de Fátima”, en la que militares secuestraron y fusilaron a treinta personas en la madrugada del 20 de agosto de 1976. Una foto en la que su alta figura envuelve con los brazos a una menuda integrante de Madres de Plaza de Mayo, en 1982, recorrió el mundo. En 2008 fue condenado a prisión perpetua.

Al mismo tiempo que Palacios era pasado a disponibilidad, dos de sus amigos caían como por un tobogán. El tribunal que llevaba el juicio por el atentado contra la AMIA había decidido apartar del proceso a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Meses atrás, y por las mismas razones, la Cámara Federal había desplazado de la investigación a Galeano. El círculo que se tejía alrededor de los principales investigadores del ataque terrorista contra la mutual judía comenzaba a cerrarse.

Una de las personas que salieron en defensa de los fiscales desplazados y de quienes habían llevado adelante la investigación, entre ellos Palacios, fue uno de los familiares de las 85 víctimas del atentado. Cuando los escombros aún humeaban, nadie sabía quién era Sergio Burstein. Sin embargo, una fuente que tuvo acceso a toda la causa desde que se inició, da detalles: “Burstein por ese entonces vendía artículos robados o de contrabando en la calle Libertad. Cuando el atentado le cuesta la vida a su ex esposa, descubre que la tragedia le daba un manto de impunidad que de otro modo no podría conseguir. Fue desplazando a los familiares hasta que concentró todo el poder, tanto que cuando Cristina Fernández de Kirchner viajó a Washington para investigar la pista iraní, lo llevó en la comitiva”. Es el mismo que, cinco años más tarde, denunció a Palacios por la intervención ilegal de uno de sus seis teléfonos.

No fue el único que en ese momento criticó a los miembros del tribunal. También lo hicieron Marta Nercellas, por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas); Juan José Ávila, por la AMIA; y Julio Federik, por los deudos del ataque. “Es una barbaridad lo que han hecho estos jueces. Si siguen así, van a terminar diciendo que no hubo bomba, que no hubo explosión, que no existió nada. El presidente Kirchner ha dicho que esta causa es una vergüenza nacional. Y esta resolución lo es”, declaró Burstein al diario La Nación, cuando todavía no expresaba culto al kirchnerismo como en la actualidad (por ejemplo, participó de jornadas en pos de la aplicación de la Ley de Medios).

El 20 de abril de 2004, el presidente Kirchner firmó el fin de la carrera policial de Jorge Palacios. El pase a retiro obligatorio del Fino fue festejado por un sector de la SIDE y de la Policía Federal.

Dos semanas después, diferencias entre sectores de la comunidad judía argentina enturbiaron el clima previo a la distinción que el Comité Judío Americano (AJC) le otorgó a Kirchner por su posición en la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos. El conflicto, según informó Clarín el jueves 6 de mayo, surgió a raíz de un comunicado que difundió la DAIA, el órgano político de la colectividad judía argentina. “La DAIA considera que no es tiempo de distinciones y que esta causa requiere de una voluntad política real para el esclarecimiento de la verdad”, se leía en el documento, en obvia alusión al papel del gobierno en la investigación. “El estancamiento que sufre la investigación se vio agravado por recientes decisiones políticas y por los desvíos producidos por parte del tribunal oral que juzga a los imputados por su participación necesaria”, agregaba.

Sergio Burstein (en el centro, con chomba), rodeado por los legisladores y comuneros del Frente para la Victoria Aníbal Ibarra, Delia Bisutti y Daniel Grisafi.

En ese momento, la conducción de la DAIA estaba a cargo de su vicepresidente, Jorge Kirszenbaum, representante de la línea política del ex titular de la entidad, Rubén Beraja, detenido durante dos años tras la quiebra del Banco Mayo, que ocasionó perjuicios contra el Estado y contra cientos de ahorristas por más de 200 millones de dólares. Reemplazaba a Gilbert Lewi, de licencia por enfermedad. El comunicado no decía —aunque sí lo admitían algunos de sus voceros en privado— que el enojo con el gobierno era por haber relevado a Palacios. Incluso, fuentes de la comunidad arriesgaron a decir que el malestar se debía a que en el juicio “se comenzó a ventilar el armado de la causa y la participación del juez Galeano, el gobierno de Menem y la propia DAIA”. Para gran parte de la comunidad judía, el premio que recibió Kirchner estaba bien merecido: había ordenado que se abrieran los archivos secretos de la SIDE y de la Policía Federal en torno al atentado.

Desde Washington, donde participaba de una cumbre internacional, Kirchner ordenó que Béliz y Alberto Fernández anunciaran una purga sin precedentes en la Policía Federal. De un plumazo, borrarían a 107 de sus jefes máximos. Desde el gobierno se argumentó que se debía a una reestructuración de la fuerza y a que al menos el 50% de los que pasaron a disponibilidad o retiro tenía sumarios administrativos o causas abiertas por irregularidades. Con esas bajas, la guadaña K ya había alcanzado en total a 582 oficiales y suboficiales. El único sobreviviente fue el comisario Eduardo Héctor Prados, sucesor de Roberto Giacomino.

Además de confirmar a Prados, Béliz dio los nombres de la nueva cúpula: el comisario mayor Néstor Jorge Valleca, uno de los principales enemigos de Palacios en la Federal, asumía como subjefe y el comisario mayor Jorge Humberto Oriolo, como jefe de la Superintendencia de Investigaciones. Entre los oficiales pasados a degüello se encontraban dos íntimos del Fino: el comisario mayor Osvaldo Chamorro, a cargo de Planeamiento, y el comisario general Miguel Ángel Colella, de Asuntos Internos.

“Fue el día más triste de mi vida”, dijo Palacios un mes después, en medio de un asado al que había acudido una decena de oficiales de la Federal alcanzados por la purga. “Nos están haciendo mierda”, concluyó, justo antes de levantar su copa para brindar.

* * *

El tembladeral no iba a terminar con la salida de Palacios y de los otros 107 oficiales. Kirchner debía demostrar que también podía echar sin anestesia a integrantes de su propio gabinete. De una u otra manera, tanto Quantín como Prados habían apañado al Fino.

Los desmanes que tuvieron como escenario a la Legislatura porteña, a fines de julio de 2004, fueron para el presidente motivo suficiente para empujar a ambos al vacío. Por ese mismo precipicio caminaba el ministro de Justicia y Seguridad. “El gran error de Béliz fue pedir que esa misma purga se hiciera en la SIDE”, explicó un ex funcionario de esa cartera, que aportó información con la condición de que su nombre sea mantenido en reserva.

Quantín, en una entrevista concedida al diario La Nación el 27 de julio de 2004, dijo que solo compartió dos reuniones de trabajo con el presidente Kirchner y que en la última presenció el “poder que la SIDE ejerce” sobre el gobierno. “Aquello de que el presidente analizaba en persona los legajos de comisarios para hacer una profunda depuración en la Policía Federal fue una ficción. Esa fue la última vez que vi a Kirchner en una reunión de trabajo.” El ex funcionario fue directamente al hueso de la cuestión: “Aquello no fue más que una pantalla para que la SIDE decidiera qué enemigos sacaría de circulación. Fue la SIDE la que hizo el saneamiento. Se mezclaron honestos con deshonestos. Eso fue una falta de respeto para muchos hombres que habían dedicado su vida a la profesión y a la fuerza en forma noble y que debieron irse por la puerta trasera y explicarles a sus hijos que no eran coimeros”. “¿Quién, por ejemplo?”, preguntaron los periodistas. “El Fino Palacios. O los policías que habían desbaratado en los 80 a la Banda de los Comisarios, responsable de varios secuestros”, respondió. “No se puede mezclar inteligencia con investigación; eso es ilegal. Cuando a un policía le llega un dato, debe volcarlo inmediatamente en un acta y entregársela al juez. En cambio, si la CIA le pasa a un agente de la SIDE un dato y este se lo da a un juez, la CIA no le pasa nunca más un dato. No podemos hacer investigaciones con gente que usa nombres supuestos, que anda en autos con chapas cambiadas, que porta armas sin identificación y que usa fondos reservados de los que no da cuenta a nadie. ¿Esto es un Estado democrático o qué?”¹

Béliz sabía que sus días como ministro estaban contados y decidió patear el tablero. El domingo 25 de julio de 2005 se presentó en el programa televisivo de Mariano Grondona y dijo: “A mí me han echado, y me han echado por teléfono, y me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina, que es la palabra ‘SIDE’”. Luego, denunció: “A mí me montaron una especie de ministerio paralelo”. Sin saber qué más iba a decir, Grondona lo dejó hacer catarsis. “Dejo la política, estoy desilusionado”, agregó antes de disparar artillería pesada contra el organismo de inteligencia. “En el ámbito de la SIDE se ocultan las cuestiones más irregulares que tienen que ver con el transcurso de toda la democracia.” Luego, definió a la secretaría como “una cara que es enormemente negativa, que tiene costados de total falta de control y que representa una irregularidad muy fuerte”. Y siguió: “No tienen identidad ni declaraciones juradas de bienes. Es una policía secreta sin control”.

Para Béliz, el jefe del organismo no era el “pingüino” Héctor “Chango” Icazuriaga, titular en los papeles, sino el jefe de Operaciones, Stiusso. El ministro mostró la foto del espía en actividad al aire, algo equivalente, cuando se trata de un agente de inteligencia, a mandarlo ante un pelotón de fusilamiento. “Tenía que esconderse de la comunidad judía porque lo responsabilizaban por los defectos en la investigación”, agregó. “El control político de la SIDE no lo tiene Héctor Icazuriaga sino el subsecretario Francisco Larcher, que es el que tiene la relación con este hombre, Stiusso”, aclaró.

Luego lanzó una catarata de proyectos que le había propuesto a Kirchner durante la campaña presidencial y que habían sido abortados luego de la llegada al poder. Uno de ellos era la creación la Agencia Federal de Investigaciones, una especie de FBI dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo que Béliz omitió aquella noche de desenfado era que la idea había nacido de la cabeza del Fino. Para terminar, cargó contra el propio Kirchner. “Con el presidente también es muy complicado dialogar. A veces somete a la humillación a los colaboradores. Casi es una lógica del terror. Es una idea brutal del ejercicio del poder y genera espacios de silencio en los que uno no sabe cómo moverse”, dijo.

“Yo fui intendente, gobernador y ahora soy presidente, no nací ayer en la política, y no podía permitir que desafiaran mi autoridad”, le había dicho Kirchner a uno de sus colaboradores, que lo relató a Página/12 con pedido de reserva de identidad. Vale recordar que en aquellos tiempos, cuando Néstor hacía gala de su “decisionismo presidencialista”, contaba con altísima consideración de la población.

* * *

Con su foto dando vueltas por el mundo, Jaime dejó de ser un agente encubierto y su carrera en el espionaje comenzó a correr riesgos. Cuando vio su rostro en la pantalla de televisión, pensó en renunciar. Sabía que tenía las puertas abiertas en servicios de inteligencia de cuatro países, que le habían ofrecido trabajo un tiempo atrás. Estaba convencido de que el Fino había entregado esa instantánea a Béliz para que este la exhibiera ante el país. Ahora, Stiusso tenía más de un motivo para arruinar a Palacios. El derrotero del ex comisario recién comenzaba.

Días antes de la caída de Quantín y Prados, la SIDE sacó de la galera un remito con la firma de Palacios en el que consta que se llevó 45 de 66 cintas hacia la División Operaciones Federales. Se trata de los famosos casetes desaparecidos en el caso AMIA. Ante un pedido de investigación desde la mutual judía, el juez Norberto Oyarbide puso manos en el asunto e instruyó una causa específica sobre los casetes y las irregularidades iniciales de la pesquisa. En el expediente quedó imputado el entonces jefe del Departamento Protección del Orden Constitucional (POC), Carlos Castañeda.

Stiusso quedó como el dueño de la pelota. Quienes lo habían ninguneado durante parte de la investigación por la voladura de la AMIA, estaban en una situación más que comprometida, y esto incluía a los miembros de la Sala Patria, que “pateaban la calle” y mendigaban trabajo, a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, a Galeano y, por supuesto, al Fino. Para Palacios, las escuchas entre él y Sagorsky habían sido una “cama” más de todas las que dice que le tendieron o intentaron.

El ex comisario desconfía de todo el mundo. Es un hombre poco afectuoso, de sonrisa parca, amante de la pesca y de las camperas. Publicó Terrorismo en la aldea global, un libro por el cual se lo criticó por caer “en lugares típicos de la derecha”. Son 397 páginas en las que describe el terrorismo como una amenaza de la que “nadie está a salvo, no importa donde se encuentre”.

“Fino Palacios y Jaime Stiusso están en guerra hace quince años. La causa AMIA es el escenario donde la batalla se puso de manifiesto.” La fuente —que por haber vivido con custodia durante más de dos años, prefiere guardar el anonimato— aporta un relato categórico: “Stiusso es el Grondona [fallecido ex presidente de la AFA] de la SIDE: ningún gobierno pudo desprenderse de él. Cuando asumió Néstor Kirchner, le entregó en mano los legajos de todas las escuchas que venía realizando, incluidas las de su esposa, Cristina”.

A fines de 2013, el periodista Miguel Bonasso no dudó en afirmar que las movidas realizadas por la presidencia con la incorporación de Oscar Parrilli a la cabeza de la Secretaría de Inteligencia estaban ligadas a las nuevas denuncias realizadas por él mismo.

“Hace un año dijimos junto con Pino Solanas y Gustavo Vera [legislador del Partido Bien Común] que el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiusso, era una de las cabezas de la trata y del narcotráfico. Denunciamos a los prostíbulos que junto con Raúl Martins sigue manteniendo en funcionamiento en Buenos Aires”, afirmó Bonasso. Luego, redoblando la apuesta, señaló: “¿No será que Stiusso tiene también una carpeta de Cristina Fernández de Kirchner también y por eso nadie dice nada?”. Bonasso definió la información que maneja Stiusso como una “red cinematográfica donde grababa a personas del poder en sus prostíbulos y en hoteles alojamientos” y también “en un boliche swinger que puso a nombre de su madre”.

Meses antes de que asumiera formalmente como jefe de la Metropolitana, una persona fue a ver a Palacios a su oficina. El visitante vestía una campera enorme. El Fino lo hizo pasar, lo abrazó y comenzó a tocar el abrigo. “Che, qué buena campera. A mí me encantan las camperas impermeables porque me gusta ir de pesca. Está muy buena. ¿Cuánto te costó?”, le dijo mientras tanteaba. En realidad, le importaba un bledo la campera: estaba cacheando al visitante para ver si portaba un micrófono o algún otro dispositivo de grabación.

* * *

A mediados de 2012, Palacios y su entorno supieron por trascendidos que el juicio oral sería inevitable y que el ex comisario Osvaldo Chamorro, su segundo y sucesor en la Metropolitana, lo acompañaría. Chamorro renunció a la jefatura de la policía macrista cuando se conoció que desde la agencia y consultora de seguridad que dirigía Palacios, Security Strategic Consultancy SRL, investigó el patrimonio financiero de diputados porteños y sindicalistas opositores al gobierno de Mauricio Macri mediante un sistema denominado Nosis, de similares características al Veraz y al que cualquier ciudadano puede acceder pagando una cifra mensual que le habilita una clave y un usuario. Tanto Palacios como Chamorro fueron procesados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“En la causa se demostró que desde la consultora se accedió a información reservada de los entonces legisladores opositores Silvia La Ruffa, Diana Maffía y Gonzalo Ruanova, y de Patricio Datarmini, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires [SUTECBA]”, señalan desde el juzgado de Oyarbide. Hasta el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, figuraba en esos informes.

La Cámara Federal porteña también confirmó el procesamiento pero con una salvedad: “No puede obviarse que la consultora Security Strategic, adscripta a nombre de Jorge Palacios, efectivamente poseía un número de usuario. No se violó un sistema de confidencialidad o seguridad, sino que se accedió a través del mecanismo previsto por la empresa de información comercial para sus clientes, uno de los cuales era esa consultora”, se lee en el escrito de los camaristas. Este litigio es un desprendimiento de la causa madre, las escuchas ilegales, por la cual Palacios ya fue procesado y enviado a juicio oral y público.

Para los laderos de Oyarbide, el Fino no podía buscar datos relacionados con funcionarios públicos ya que la Ley de Inteligencia Nacional, N.º 25.520, lo prohíbe. Como antiguo miembro jerárquico de la Federal, Palacios debía saberlo. Trató de excusarse diciendo que el espionaje fue efectuado de manera “personal”, para despegar a Macri, a quien de tanto en tanto todavía ve en reuniones que se llevan a cabo en el Hipódromo de Palermo y que ambos suponen —erróneamente— que realizan en el más absoluto de los secretos.

1 En: http://www.lanacion.com.ar/622210-fue-la-side-la-quehizo-la-purga

CAPÍTULO 4
Están pinchando: la trama judicial

La peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños, y al final, un disgusto muy grande.

JACINTO BENAVENTE

La noticia corrió tan rápido que dio lugar a confusiones. En algunos medios se llegó a decir que Palacios y James habían vuelto a prisión. El pedido de elevación a juicio de la causa de las escuchas que incrimina al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, era una estampida esperable. El impacto no podía mermarse. Ese mismo día, inmediatamente antes del cierre de la instrucción, la defensa de Ciro James realizó una nueva presentación tendiente a esclarecer la veracidad de la llamada a la hija de Sergio Burstein que disparó el inicio de la causa. En esa comunicación se esconde la piedra basal que podría determinar la nulidad de todo lo actuado. La ecuación es simple: entre el número que figura en el listado de tickets secuestrado del locutorio desde donde se efectuó la comunicación y el número de teléfono de la casa de Burstein hay, justamente, un número de diferencia. El teléfono que aparece en los tickets es 4982-5506, mientras que el de Burstein es 4983-5506. La comunicación que advertía a Burstein sobre la pinchadura de su teléfono no consta en los registros del locutorio ni en los de las telefónicas. La defensa de Ciro James asegura que si no se prueba su existencia, la causa se vuelve nula.¹

Hacia ese lugar apuntan las estrategias defensivas de James: sin prueba no hay delito y sin delito, no hay causa. “El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, que conduce Norberto Oyarbide, nunca había esclarecido, justamente, esta llamada”, señalan off the record. Sin esa comunicación, la causa en la que también se imputa al ex ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, a Palacios, a Macri y a Ciro James, lisa y llanamente no habría existido.

A pedido de las defensas, la empresa Telefónica de Argentina presentó un listado en el que la llamada no está registrada. De inmediato, Oyarbide cerró la instrucción. “Tras un año sin tomar medidas relevantes, resuelve que no se pueden incorporar más pruebas”, se quejó Valeria Corbacho, abogada de James. Las quejas contra el juez de este equipo de defensa no fueron nuevas: previamente ya habían advertido que el magistrado se negaba a prestar atención al tema de la llamada inicial. Hasta se reservaron un párrafo para la comisión investigadora que actuó en el seno de la Legislatura porteña: “Era un corso de gente que iba a twittear y a ver quién hacía el comentario más ampuloso”, dijeron. “Que un patrullero haya ido hasta la misma casa de Burstein para tomar la denuncia y que Oyarbide jamás haya profundizado la investigación en torno a esa supuesta llamada es algo que, por lo menos, genera suspicacias”, agregaron. Incluso, pensaron en pedir intervención de la justicia internacional por la desconfianza que les generaba el sistema jurídico argentino. “Abrir el despacho de Oyarbide es como abrir la caja de Pandora”, se sinceró uno de los letrados.

En el mismo sentido, agregaron: “Mientras había que investigar, no se hacía, y dos personas pasaban sus días en [el Penal de] Marcos Paz”. Algunos prefieren creer que desde la comisaría se conmovieron ante la denuncia y que del mismo modo actuó el juez. Una suerte de visión “caritativa”, ironiza una fuente con pleno acceso al expediente. Como decía el estratega chino Sun Tzu en El arte de la guerra, “cuando la justicia y la caridad flotan en el aire, la mayoría saca partido de la situación. Para ellos, la caridad y la justicia son trampas, de tal forma que pronto estas virtudes quedan asociadas al fraude y la hipocresía. Entonces todo el mundo empieza a dudar de la verdad de las distintas situaciones y en ese momento empiezan los problemas”.

Hasta el momento del cierre de este libro, solamente se mantenían las querellas de Néstor Leonardo, Jorge Enrique Navarro Castex y Sergio Burstein. En el futuro, Sebastián Norberto Casanello deberá resolver en la causa contra Mauricio Macri por escuchas ilegales. Casanello tiene 39 años y asumió como titular del Juzgado Federal N.º 7 luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello pidiera la elevación a juicio oral y público para todos los procesados.

Fuentes judiciales indicaron que el mentor de Casanello, el camarista Eduardo “Chiche Freiler”, miembro de la Sala I de la Cámara Federal porteña, de la que también forman parte Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero, está “cercano al gobierno nacional”. La Sala I fue la que cerró la investigación por sospechas de coimas y sobreprecios en el caso Skanska y desestimó correos electrónicos que indicaban presuntos sobornos en el caso del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Además, la diputada nacional Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, denunció al juez federal por supuesto “encubrimiento agravado” a favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en la causa en la que lo investiga por presunto lavado de dinero.

¿Qué puede pasar luego de la elevación? Para la doctora Corbacho, “en este país estamos todos en libertad condicional. El juez Oyarbide y la cámara se empecinaron. Ahora necesitan justificar tanto desgaste del sistema jurídico”. La letrada también indicó: “Misiones es donde se cometió el delito y Oyarbide nunca hizo allanar. Se basó solamente en la planilla de Excel presentada por [la empresa de telecomunicaciones] Iplan y en las testimoniales de Burstein y de su hija Glenda. Justamente, en ese listado figura el número de Burstein, pero falta otro llamado que consta en los tickets”.

Para explicar que en la justicia argentina todo puede pasar, la abogada recordó el caso de Sandra Montero, declarante en la causa de las coimas en el Senado, que vivía en un departamento que pertenecía a los suegros de Daniel Rafecas, juez de la cámara, que luego compró. “Como era muy obvio, le tipiaron otro domicilio, a una cuadra”, rememoró Corbacho y se encogió de hombros, como intentando buscar una respuesta lógica.

Oyarbide encabezó durante tres años consecutivos el podio de los más denunciados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de nombrar, controlar y destituir a los jueces de todo el país. Durante 2012, la Comisión de Disciplina y Acusación recibió seis denuncias en su contra, incluyendo algunas de diputados nacionales, como Paula Bertol y Federico Pinedo (ambos del PRO).

“El 21 de septiembre de 2009 se efectivizó la pinchadura al teléfono particular de Burstein (4983-5506), hecho que marca el puntapié inicial de la causa. En esa época, Palacios no era jefe de la Metropolitana porque había renunciado a fines de agosto. Eso prueba que el ex comisario no pudo ordenarla, ya que no le servía para nada escuchar a Burstein. Si en verdad alguien avisó sobre una pinchadura, el hecho es clave porque solo un integrante de un organismo de seguridad podía saber tan rápido que la línea estaba intervenida. Todo nos hace suponer que esa persona pertenece a la SIDE, que se encarga de realizar todas las pinchaduras telefónicas del país y cuenta con los elementos técnicos necesarios para una operación de esa envergadura”, señalan desde una de las defensas.

Sectores opositores al PRO, en contraposición, aseguran aún hoy que la Policía Metropolitana colocaba el manto de legalidad de una unidad para prevención del delito para escudar la intención de legitimar un sistema de investigación ilegal, con ribetes similares a lo que en su momento fue la controvertida UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), la archivada “fuerza antiacampe y antipiquete” o el proyecto para la Dirección de Inteligencia Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenía como objetivo de interceptar redes delictivas y detectarlas in fraganti.

En marzo de 2008, a tres meses de la primera asunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, se anunció la creación de la nueva fuerza policial y, paralelamente, de un instituto de formación para capacitar a los futuros agentes. La idea inicial era que los primeros mil egresados salieran a la calle a fines de 2009, “para colaborar con la Policía Federal” en la prestación del servicio de seguridad a los vecinos. El 28 de octubre, la Legislatura aprobó su creación con las manos del kirchnerismo en alto. Votaron en contra la Coalición Cívica y Nueva Izquierda. En menos de quince días, vía Internet, comenzó el reclutamiento y la insignia se presentó en sociedad. El presupuesto de Justicia y Seguridad porteña se aumentó un 12%. El ministro de esa cartera, Guillermo Montenegro, dijo a los legisladores que destinaría 50 millones de pesos a la nueva policía.

El 3 de julio de 2009 se oficializó que el Fino quedaría al frente. De inmediato comenzaron los cuestionamientos por las sombras en el legajo: la escucha telefónica que lo relacionaba con un acusado en el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg y la imputación en la causa AMIA. Mediáticamente, los familiares de los fallecidos en el ataque contra la mutual judía, conducidos por Burstein, fueron los que más presionaron para que Palacios dejara su cargo.

En ese contexto enrarecido llegó el llamado anónimo a Glenda Burstein, hija de Sergio. Una hora después de la enigmática comunicación, a eso de las nueve de la noche del 22 de septiembre de 2009, Dora Beatriz Viotti, madre de Glenda, se comunicó con la Comisaría 11.ª de la Policía Federal para hacer la denuncia. Minutos más tarde, un patrullero llegó a su casa. El caso fue asignado al juzgado de turno, a cargo de Norberto Oyarbide, que arrestó a Gerardo Ciro James tres días después, con el argumento de que con una orden de un juez de Misiones había logrado pinchar los teléfonos de Burstein. Además, detuvo a Palacios y lo acusó de encabezar una asociación ilícita para interferir los teléfonos de Burstein y del cuñado de Macri, entre otros.

“Lo que dijo Guarda es palabra santa, pese a ser él quien pide las intervenciones telefónicas”, ironizaban en los pasillos de tribunales en plena ebullición de la causa. Más allá de las chicanas, Diego Guarda, entonces auxiliar de inteligencia en Misiones, era quien pedía las intervenciones telefónicas. Pese a ese antecedente, no se allanó su casa, como tampoco las de sus jefes. No se cruzaron sus teléfonos con colegas y jueces de su provincia. “¿Vendió Guarda información o tuvo amigos en el poder, como el ahora kirchnerista ex puertista dirigente de la Sociedad Rural misionera?”, deslizó una fuente reservada. Todo podría ser. Oyarbide no buscó otras hipótesis ni siguió otra línea de investigación, a pesar de que había más procesados, además de Macri, James y Palacios. Héctor María Maya, ex senador por el peronismo entrerriano y ex subjefe de la SIDE, aseguró que Oyarbide le comentó en una reunión informal, sin muchos reparos y sin ponerse colorado: “Me voy a llevar puesto a Macri”. En ese mismo lugar, un restaurante de Recoleta, le admitió que tenía pocas pruebas.

En off, las defensas manejan al menos dos teorías. Una, que a Burstein lo investigaban por contrabando, en el marco de una causa de mayor envergadura. Otra, que lo colocaron en la causa adrede, porque siempre se dijo sottovoce que se dedicaba al contrabando, para usarlo luego como el eslabón que desencadenaría el escándalo de las escuchas. “Creo más en la segunda que en la primera”, afirmó una de las defensas.

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“Es ilegítima y vamos a pedir la nulidad de todo lo actuado. Si no existe la llamada, tampoco la causa”, argumenta la defensa. En los tickets del locutorio desde donde se habría efectuado la comunicación, incorporados en el expediente, el número que pertenece a Burstein no aparece. Las empresas consultadas por el juzgado de Oyarbide confirmaron que desde allí no se realizó una llamada en el día y horario denunciados en un primer momento por Glenda.

“Oyarbide nunca pidió a las empresas telefónicas el listado de llamadas entrantes en la casa de la familia Burstein. Como no estaban registradas en los tickets y como las respuestas de las compañías fueron negativas, se conformó con la declaración de un empleado de Telefónica que sugirió que, por venir de un locutorio, la llamada podría no figurar”, relató Corbacho, abogada de Ciro James. Y amplió: “Lo único que tiene es un archivo de Excel, en el que, encima, falta una de las llamadas registradas en las filmaciones del locutorio y justamente aparece la de Burstein. Es en el único documento donde figura. Un Excel es un documento que se puede alterar con una facilidad increíble”. Añadió otro dato, fácilmente comprobable a simple vista: los llamados ni siquiera están en orden cronológico: uno que comenzó a las 11:30 figura antes que otro que se inició a las 10.

Las máquinas tickeadoras de los locutorios son similares a las de los supermercados. No pueden abrirse ni alterarse. Guardan la información durante cinco años seguidos. Desde el juzgado nunca se ordenó el secuestro de la registradora ni el identificador de llamadas conectado al teléfono de los Burstein. En el registro, consta una llamada que comenzó el 22 de noviembre de 2009 a las 20:06 al número, 4982-5506 que, como se dijo, difiere en un dígito del de los Burstein. El ticket con ese número no estaba en el locutorio desde donde supuestamente partió la llamada ni en los peritajes que las empresas de telefonía realizaron sobre la línea de los Burstein. Esto hizo sospechar que nunca recibieron una llamada de ese locutorio, identificado bajo el 5219-6565. La llamada la recibió Mónica Manfredi, domiciliada en la calle Ambrosetti, del barrio porteño de Caballito. Al igual que el personal del locutorio, ella jamás fue citada a declarar. Esta información consta en el expediente de la causa judicial N.º 12.466/2009, caratulada “James, Ciro Gerardo y otros s/ escuchas ilegales y otros delitos”.

“La investigación no se encuentra agotada, ya que debe verificarse indefectiblemente, previo a correrse vista a las acusadoras, la materialidad de la llamada mediante la cual se promueve la presente denuncia”, planteó Corbacho en el juzgado. En ese mismo documento, señaló: “Un detalle que no podía ser desatendido por la Instrucción, que se vincula a que en los tickets figura un número que no aparece en el listado y en el listado aparece un número que no tiene ticket, y llamativamente es nada más y nada menos que el teléfono de la familia Burstein”.

El disparador de la causa no está. O, al menos, no puede probarse. Eso da pie a la defensa de James para sugerir irregularidades en la investigación del juez Oyarbide. Por eso Corbacho reclama que se incorporen estas nuevas medidas de prueba. “Asimismo, llama poderosamente la atención que la empresa Telefónica de Argentina, por intermedio de la Empresa TGestiona, informa, a pedido de esta parte al tribunal, las llamadas entrantes al teléfono con el número 4982-5506, desde el cual no cabe duda alguna de que se produjo un llamado desde el locutorio ya que así lo demuestra el ticket en cuestión, y al número 4983-5506 [de la familia Burstein], del cual desconocemos hasta la fecha si efectivamente se comunicaron o no se comunicaron desde el locutorio, ya que las pruebas por el momento indican que no”, especificó.

Según el video grabado por las cámaras de seguridad del locutorio ubicado en Avenida de Mayo 1343, que James analizó una y otra vez, a las 20:07 ingresó un hombre de jeans y campera negra al que luego se identificó como Hugo David Álvarez. Pidió cabina, llamó, salió, pagó y se retiró a las 20:10. Consultados por personal policial, como consta en el expediente, empleados del locutorio coincidieron en que resulta imposible que no se facture una llamada efectuada ni adulterar la máquina registradora. A las 20:06 (las diferencias pueden surgir por el horario de las cámaras de seguridad) se inició una llamada al 4982-5506 (es decir, no al número de Burstein). De esto se da cuenta en la declaración del sargento primero Carlos Alberto Núñez, enviado al locutorio a certificar los hechos.

El 25 de septiembre de 2009, con las firmas de Oyarbide y del secretario del juzgado, Gustavo Russo, se dejó constancia de las diferencias entre ambos números y se pidió de forma urgente que las empresas de telefonía informasen si desde ese lugar habían partido comunicaciones al domicilio de Burstein. Un segundo chequeo volvió a arrojar resultado negativo. La llamada no figuraba en ninguna parte.

Documento donde consta la llamada para citar a los damnificados por parte del juzgado.

La comunicación fue efectuada al número que figuraba en el ticket y sucedió lo esperable: quien atendió dijo que allí no vivía ningún Burstein. “Atendió un femenino indicando que el llamado era equivocado”, dejó constancia el comisario inspector Jorge Guillermo Rojo, quien señaló, además, que convocó a la mujer y a la hija de Burstein mediante una citación al domicilio. “No se pudo tomar contacto telefónico con la damnificada ya que la línea correspondía a otra persona”, finaliza el escrito de Rojo.

Por si algo faltara, Dora Beatriz Viotti, concubina de Burstein, confirmó en tribunales que la llamada de interés para la investigación había ingresado en el 4983- 5506, lo que no coincide con el número registrado en el ticket agregado a las actuaciones oportunamente elevadas, donde quedó asentado el 4982-5506. Ante este cuadro, se pidió en el locutorio la serie de tickets anteriores y posteriores por un lapso de una hora, aproximadamente. El número de Burstein siguió sin aparecer. Todo el procedimiento consta en el acta del 25 de septiembre de 2009 del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal, firmada por el comisario inspector Guillermo Rojo y el principal Marcelo Martin.

Durante la investigación para este libro, se consultó al menos en diez locutorios de la ciudad, incluyendo el de Avenida de Mayo, si una llamada efectuada y contestada podía no aparecer en los comprobantes de la tickeadora. La respuesta en todos los casos fue igual: las llamadas, sean contestadas por una persona, un contestador o una máquina de fax, aunque duren segundos, se computan y se facturan por ticket. “Si del otro lado levantan el tubo y cortan, la ficha cae igual”, explicó uno de los empleados convocados. “La única manera de que no se registre es que no se haya hecho”, agregó. Y para que no queden dudas, concluyó: “El cartelito que está en las puertas de todos los locutorios dice que si atienden, así no respondan, la ficha cae y hay que pagar igual”.

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El 12 de octubre de 2010, Rodrigo Velasco, gerente comercial de Coto, y el abogado penalista Francisco Castex desvincularon al gobierno porteño de la pinchadura de sus teléfonos, en el marco de la Comisión Investigadora, un organismo creado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo nunca quedó del todo claro, aunque colocó en primer plano las responsabilidades e implicancias políticas del voluminoso expediente, para dejar de lado la preponderancia meramente judicial que venía teniendo el conflicto. Su titular, el legislador de Igualdad Social Martín Hourest, le pidió a Oyarbide acceso a la causa. Luego, los integrantes de la comisión confeccionaron una lista de 170 testigos.

Velasco admitió que sospechaba que tanto su teléfono particular como el de flota habían sido intervenidos por la competencia. “No es una práctica habitual, pero es factible”, dijo. Ante las preguntas del bloque del PRO, negó vinculaciones con el gobierno de la ciudad o que este tuviera “interés” en escucharlo. “No conozco a Macri ni a Palacios”, aseguró. “Por la información que manejamos (costos, rentabilidad, etc.) y por ser la línea directa con el presidente de la compañía, entiendo que por eso podría tener el teléfono intervenido”, agregó. Además, expresó que cuando declaró en la causa judicial se le preguntó por sucesos relacionados con un asesinato en Misiones.

Media hora después fue el turno de Susana Saint Porres, quien aseguró que su ex esposo, Valentín Hugo Breitman, mandó intervenir su teléfono por cuestiones personales y que él estaba vinculado a Mauricio Macri a través de los aportes que había realizado a la campaña para postularse como jefe de gobierno porteño. En una declaración que generó risas, ella dijo: “Macri no tiene un interés en mí, ojalá”. Aclaró que se presentó dos veces ante Oyarbide y que el secretario, Gustavo Russo, le había preguntado si recordaba algún vínculo con Macri. Entonces comentó lo de los aportes. Según expresó, su ex esposo era “anticuario, con inversiones en bienes raíces”. Negó que en algún momento se le haya preguntado en el juzgado de Oyarbide por la causa AMIA. “Russo me preguntó por mi vinculación con Macri, con su ex o con mi ex”, concluyó.

Pasadas las 13, comenzó su testimonio Francisco Castex, abogado penalista, querellante y víctima de las escuchas. “Mis sospechas, al inicio que tomé conocimiento y después, cuando me enteré de que habían escuchado a mi primo, Jorge Navarro Castex, están dirigidas hacia una persona y las expresé en el expediente. Sin embargo, del expediente surge que quien retiró las escuchas de mi teléfono fue Ciro James. Después, quién compró o pidió, estoy pidiendo que se investigue. Desconozco que Mauricio Macri tuviera interés en escucharnos. No tengo actividad política. Fui asesor de algún legislador nacional, pero no tengo actividad. No tengo sospecha de que esté vinculado a causa política. Parecía ser que era más un interés privado”, dijo.

El empresario Carlos Ávila también aseguró que Macri “no tiene nada que ver” con el tema de las escuchas, aunque no concurrió a la Comisión Investigadora porque estaba de viaje, planeado con anticipación. “Creo que [las escuchas] pueden ser por otras cosas que han pasado antes. Puede ser por el tema del fútbol, porque otra historia no hay. Me imagino que espionaje industrial-empresarial siempre existe, porque saber lo que pasa en una industria al competidor siempre le sirve”, afirmó. Y remarcó, al aire, por FM Identidad: “Lo importante es saber quién encargó el servicio, porque creo que tanto Ciro James como Palacios harían el trabajo, pero alguien se lo encargó a otro, es decir que también se tercerizaba un poco el servicio”.

Un día después de que varios de los implicados en la causa bajaran el ánimo de los opositores a Macri, un ex jerarca de la Policía Metropolitana aseguró que se iba a crear un área de inteligencia y que James trabajaría en ella. El ex comisario Roberto Ontivero —uno de sus miembros más importantes, detrás de los ex jefes de la fuerza Palacios, detenido en el Penal de Marcos Paz, y quien había sido su segundo y reemplazante, Chamorro— señaló ante los legisladores, luego de ser consultado sobre su función en la policía porteña: “Lo conocí a Palacios en la Superintendencia de Drogas Peligrosas en 1990, cuando los dos estábamos en la Policía Federal. Fue uno de mis mejores jefes y en veinte años de relación jamás me pidió nada ilegal. No me pidió que espíe. Yo hago inteligencia. Él me convocó cuando la Metropolitana era un proyecto y yo iba a estar a cargo del área que iba a ser de inteligencia o análisis criminal. Luego me pidieron que elaborase un departamento de prevención de adicciones, otro de los temas que conozco. A James lo conocí en el Ministerio de Seguridad para tomarle algunos datos porque iba a trabajar conmigo, luego de la renuncia del Fino, ya que cuando ingresé a la Metropolitana Palacios no estaba, porque el pase a disponibilidad de la Federal me salió el 22 de agosto de 2009”.

A la hora de describir su relación con James, Ontivero señaló: “Chamorro me pidió reunirme con él, ya que era abogado. Antes yo lo había visto una o dos veces y me enteré de que era policía federal cuando tomó contacto conmigo. En la Federal no lo vi nunca. Por otro lado, Palacios me había adelantado que iba a entrar un muchacho, James, que iba a trabajar conmigo. Es un hombre que había traído el comisario de la Federal Gabriel Pittaluga”.

Para finalizar, confirmó la reunión con el secretario de Políticas Criminales del gobierno porteño, Agustín Gamboa, en la cual participó James. “Todas las directivas me las daba Chamorro, si bien yo seguía hablando con Palacios. Hablé con Palacios por la reunión, porque era un compromiso que había asumido él. Palacios me pidió que fuera con James y me lo reconfirmó Chamorro, en función de que era abogado. Unos días antes del encuentro, me comunico con Ciro y me entero de que estaba en Mar del Plata. Luego hablo con Chamorro para anoticiarlo del problema para reunirnos, que surge con James afuera, y me responde que había una incompatibilidad, ya que Ciro trabajaba en el Ministerio de Educación porteño y para el nombramiento en la Metropolitana faltaba un mes. Una vez superado el tema, el encuentro con Gamboa se llevó a cabo. Y una vez finalizado, me comuniqué con Palacios para informarle del resultado, pese a que ya no era jefe de la fuerza”, detalló.

Según el periodista Antonio Lizzano, hay un dato que ayuda a entender la magnitud de los dichos del ex policía: por ley, la Metropolitana tenía prohibidas las tareas de inteligencia. Pese a ello, el Fino convocó a Ontivero para trabajar en esa área. A eso se agrega que Ontivero aseguró que James iba a desempeñarse allí. Con esto se demostraría que el espía no era un “loquito suelto” que pinchaba teléfonos por su cuenta, sino que estaba bajo las directivas de uno de los jerarcas más importantes de la Policía Metropolitana.

Pese a las acusaciones, el legislador de la ciudad Martín Ocampo, oficialista e integrante de la Comisión Investigadora, proclamó la inocencia del jefe porteño y minimizó las palabras del ex comisario. “La oposición confunde malintencionadamente los términos ‘inteligencia’ y ‘espionaje’, ya que para ellos son sinónimos. Una palabra no tiene nada que ver con la otra. Ontivero habló de inteligencia, pero nunca dijo que realizó tareas de espionaje”, argumentó.

El 16 de noviembre de 2010, la Comisión Investigadora seguía sus largas jornadas de declaraciones, chicanas y peleas por el protagonismo. Entonces llegó el turno de Miguel Ángel Toma, titular de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Su declaración generaba gran expectativa por su impacto político y porque ayudaría a la hipótesis del PRO acerca de que la Secretaría de Inteligencia es la principal responsable en la causa. Toma expuso generalidades sobre su experiencia en el campo de la inteligencia y la seguridad, pero dijo poco y nada sobre el desarrollo de la causa. Confirmó, en varias oportunidades, su opinión positiva respecto de Palacios. Este hombre, que presidió la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja entre 1987 y 1997 y que fue secretario de Seguridad Interior durante los últimos años del menemismo, se saludó afectuosamente con los legisladores del PRO y con sus asesores. Ese mismo día, lejos del revuelo en Legislatura de la calle Perú, Macri se casó por civil con la diseñadora Juliana Awada.

El legislador oficialista Cristian Ritondo comenzó con las preguntas. Coincidió con Toma cuando este explicó que, por la complejidad de los delitos actuales, una estructura de seguridad sin inteligencia es una estructura boba. “Un oficial de la Federal no podía estar trabajando en la ciudad sin que su jefe supiera porque, por contrainteligencia, el jefe siempre sabe”, opinó Toma, para apuntalar la visión del PRO que asegura que es muy improbable que la Federal no supiera del paso de Ciro James por la Universidad de La Matanza y por el Ministerio de Educación de la ciudad. Entonces, ante una consulta de Martín Ocampo sobre la vinculación de la SI, Toma disparó: “No tenga ninguna duda, la SIDE puede armar esto y mucho más también”. Como ejemplo, mencionó amenazas de las que él y su familia habían sido víctimas y puso el foco de la acusación en el gobierno nacional, al que llamó, varias veces, “el régimen”.

“El Fino era un oficial excelente, con buenas referencias de Alemania, Francia, Estados Unidos e Israel”, certificó Toma cuando a la mesa llegaron los legisladores que faltaban: Gabriela Cerruti, Marcelo Parrilli, Eduardo Epszteyn y Julio Raffo. A la primera le recordó que si la oposición pretendía que la Metropolitana no hiciese inteligencia, que cambiaran los artículos 14 y 15 del capítulo 4 de la ley que permite la creación de la metropolitana, que dicen lo contrario. Algo alterado por la aparición de una cuenta de Facebook trucha que le adjudicaba declaraciones, también le respondió al por entonces kirchnerista Diego Kravetz sobre los equipos adquiridos por la nueva fuerza. Dijo que eran elementos de “inteligencia pasiva”. “A Macri y a su padre los conozco hace mucho, pero no soy amigo; a James lo conocí por los medios y el Fino era una parte sustantiva de las investigaciones. Infinitamente participó de intervenciones, porque investigaba terrorismo”, precisó, antes de recordar que el 21 de junio de 2007 le habían pinchado los teléfonos, al igual que a Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones y presidente provisional en los convulsionados días de 2001. “Es sistemática y permanente la pinchadura de teléfonos por parte del Estado nacional. Ni qué hablar de la operación mediática perpetrada por el monopolio estatal.”

Sobre Sergio Burstein, disparador de la investigación que complica a Macri, solo dijo que le tiene “un gran aprecio”. También aclaró que nunca asesoró a la Metropolitana sobre el tema, excepto las opiniones que vertió públicamente. “No charlé con Macri sobre Palacios ni participé en la resolución del secuestro de Florencia Macri”, se excusó. Por otra parte, remarcó que Palacios no contaba con herramientas para detectar y neutralizar al espía James, pero aclaró que, hasta que se pruebe lo contrario, “los dos son inocentes”. Toma, mencionado en torno a operaciones de inteligencia en general y al caso de las escuchas en particular, jamás fue llamado a declarar por Oyarbide.

Un día después estaba citado Franco Macri, pero no concurrió, envió su declaración por escrito. En el texto, con una serie de respuestas numeradas, reconoció haber contratado una empresa de seguridad a cargo de velar por la custodia de su hija Sandra, la esposa del espiado Leonardo, un hombre desconocido para la familia, y esos informes le llegaban a él. Así, Ackerman Group fue contactada con el objetivo de “preservar su seguridad [la de Sandra] y la de mis nietos”. También alegó que su hijo Mauricio desconocía dicho acuerdo. Para excusarse por no haberse presentado, indicó que debía atender “compromisos preexistentes impostergables”.

En correspondencia con una carta enviada por él mismo a diferentes diarios después de que se hicieran públicas las escuchas realizadas a Leonardo, Macri padre explicó: “La seguridad de mi familia siempre constituyó para mí una preocupación primordial. […] siempre contraté distintas empresas especializadas en la materia”. Dicha preocupación estaría fundamentada por los secuestros sufridos por Mauricio y Florencia.

Sobre el caso, alegó que Mauricio y el resto de sus hijos se habían manifestado en contra de que contratara un servicio de seguridad que pudiera interferir con la vida de Sandra. Explicó que no les dijo que estaba trabajando con Ackerman Group ni les dio a conocer el resultado de los informes. “No me consta ni descarto que Ackerman Group haya subcontratado localmente los servicios de terceros”, completó. Cuando el caso tomó estado público, liberó a la empresa de seguridad del secreto profesional estipulado en su contrato.

Franco no aprecia a su yerno Leonardo. Y no se preocupa por esconderlo. Después de que saliera a la luz la pinchadura de teléfono de la que había sido víctima el marido de Sandra, que no dudó en señalar al empresario por el hecho, este replicó mediante una carta enviada a diferentes diarios del país en la que calificaba a su hija de “imán irresistible para potenciales cazafortunas y oportunistas”. También rechazaba las imputaciones que Leonardo había hecho en su contra y se refería a este como “un personaje sin otro logro que exhibir ante la sociedad más que el ejercicio de misteriosas actividades esotéricas”. Además, dijo: “Parece ser que al personaje en cuestión no le ha caído bien que mi hija y su descendencia se encuentren a salvo de abusos y, eventualmente, malos tratos y haya aprovechado su comparendo ante un magistrado de la nación para canalizar alguna frustración”. Para concluir, afirmó: “Lo cierto es, sin embargo, que si el nombrado ha sido víctima de algún tipo de ilícito sonsacamiento, mal hace en atribuírmelo”. En noviembre de 2009, fecha cercana a su declaración ante el juez Oyarbide por las escuchas, Leonardo recibió dos disparos en su casa de Ituzaingó, en un episodio confuso.

El 20 de noviembre de 2010, el periodista Antonio Lizzano apuntó en el semanario político Noticias Urbanas: “El significado práctico de la afirmación produce un efecto terrorífico en el oyente neutral. Y si a eso se agrega que la frase fue dicha por un ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, la declaración asusta mucho más. ‘La SIDE puede armar esto y mucho más también, y aunque no tengo pruebas, poseo la íntima convicción de que a Ciro James lo infiltró el kirchnerismo’, acusó Miguel Ángel Toma ante los diputados que integran la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña que indaga sobre las responsabilidades políticas del jefe de gobierno de la ciudad en la causa de las pinchaduras clandestinas de teléfonos”.

Tanto el kirchnerismo como el macrismo tenían el objetivo de deslindarse de James y, en la medida de lo posible, vincularlo con su oponente político. Para Toma, el oficialismo nacional lo infiltró en la administración macrista. Nadie sabía en aquel entonces que la relación de James con los Kirchner no era precisamente estrecha. Ni siquiera cuando salió de Marcos Paz y, según aseguró una fuente, ofreció conversar con los legisladores kirchneristas para contar su verdad. “James le hizo llegar el mensaje a uno de los encargados de prensa y principales asesores de uno de los cuatro líderes de La Cámpora. Sin embargo, se negaron a recibirlo.” Y agregó: “Me deja la impresión de que alguien quiso apurar los hechos y decidió el montaje de la causa”.

El testimonio de Toma tuvo lugar un día después de que el titular de la bancada legislativa del PRO, Cristian Ritondo, acusara al jefe de los senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, de haber intercedido para que James ingresara en la Policía Federal en 2003. “El espía fue recomendado a la Federal por Pichetto, quien asumió su banca en el Senado en diciembre de 2002. Queríamos preguntar eso y no pudimos porque en los meses que transcurrieron desde que comenzó a funcionar la [Comisión] Investigadora no tuvimos el testimonio de un solo testigo nacional. No vino nadie de la Policía, tampoco el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ni el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”, denunció Ritondo sobre la vinculación entre James y altos políticos del kirchnerismo. Pichetto salió a desmentirlo en un comunicado: “Niego rotunda y absolutamente que haya recomendado a James para que ingrese a la Policía, persona a la que, además, no conozco”.

Pese a la defensa K, se produjo enseguida otro testimonio en la Comisión Investigadora que volvió a vincular a la Secretaría de Inteligencia en el caso que lleva adelante Oyarbide. El periodista de Clarín Daniel Santoro aportó datos sobre la actuación “irregular” de agentes secretos en la causa. En junio anterior había publicado una nota que decía: “Una persona de apellido Álvarez era espía de la SIDE y habría hecho la llamada anónima al domicilio particular del líder de la agrupación judía Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, para decirle que tenía el teléfono intervenido ilegalmente por el ex jefe de la Metropolitana, Jorge ‘el Fino’ Palacios”. Santoro ratificó lo publicado ante el juez e indicó que el titular de la Secretaría de Inteligencia, el “pingüino” Héctor Icazuriaga, confirmó que Álvarez era agente del organismo.

En el penúltimo día de las rondas de testigos ante la Comisión Investigadora, la exposición del dirigente de Boca Juniors y ex diputado nacional Roberto Digón marcó el termómetro de la jornada. Aportó fotografías en las que se ve a un hombre parecido a Ciro James actuando como Policía Federal bajo las órdenes de Palacios (en ese momento, director de seguridad del club) que retira a Digón de la cancha de Boca, aplicando el derecho de admisión. Según se sabe hoy, la persona señalada no era James. “Las fotos que acerqué al juzgado quedaron en el juzgado, yo no las analicé. Eso pregúntesele al juzgado […]. Yo no conozco a Ciro James ni sus vínculos en Boca. Solo sé lo que dije, que algunos empleados de seguridad me dijeron en los pasillos que era James y él venía habitualmente a buscar a Jorge Palacios a Boca”, declaró Digón. Ante las preguntas del legislador Eduardo Epszteyn, ratificó que había visto un recibo en el que constaba que Palacios cobraba 25 mil pesos del club y que el hoy funcionario porteño Andrés Ibarra manejaba el dinero de la caja chica del club. Los legisladores PRO remarcaron durante todo el testimonio la debilidad de la exposición, la calificaron de “vergonzosa” y llegaron a pedirle que se retirase del salón. “Si se niega a decir lo que sabe, que se levante y se vaya”, dijo el legislador Ocampo.

Cristian Ritondo, por su parte, recordó que conoció a Mauricio Macri en una reunión del Partido Justicialista por iniciativa de Roberto Digón y acusó al testigo de expresar sus declaraciones de manera tendenciosa para perjudicar a Macri en su carrera presidencial. “Diputado Ritondo, si usted no hubiera cambiado, también estaría acá”, respondió el testigo. Las rencillas políticas y los rencores atrasados primaban por sobre la causa y su esclarecimiento.

El tercero y último testigo de la jornada, el ex director del canal Ciudad Abierta, Juan Puigbó, fue citado para prestar declaración por un artículo periodístico en el que se consignó que, durante su gestión y por orden de Gregorio Centurión (secretario de Comunicación Social del gobierno de Mauricio Macri que se suicidó en diciembre de 2010), Ciro James pidió una cámara al canal, en nombre del Ministerio de Educación, para filmar una marcha de docentes en septiembre de 2009. Puigbó reconoció el método como usual. “Desde distintas áreas del gobierno solicitaban cámara y camarógrafo”, dijo. Cuando detalló los mecanismos de la forma de entrega, reconoció: “La cámara sola no se le prestaba a nadie, siempre iba con el camarógrafo del canal”. También ratificó haber negado el permiso.

El 16 de diciembre, los integrantes de la comisión presentaron sus dictámenes. El PRO realizó uno propio. La oposición se alineó detrás de un extenso escrito con duras críticas contra el gobierno que hacía hincapié en la formación de la Metropolitana, en los equipos comprados supuestamente para hacer espionaje y en las tareas de inteligencia que habría realizado Ciro James. Cinco legisladores oficialistas (Ocampo, Ritondo, Fernando de Andreis, Martín Borrelli y Lidia Saya) continuaron con la teoría de una causa armada e irregular. Lo segundo, al menos, se comprobó con el correr del tiempo.

No aceptaron presentarse funcionarios del Estado, policías, miembros de la SIDE ni el secretario del juzgado de Oyarbide. Luego de siete días, el juez liberó a James y al Fino, ante el impedimento de probar “la existencia de un riesgo procesal que justifique la prolongación de la medida excepcional de restricción de la libertad de Palacios”. Los jueces recordaron: “En este mismo proceso, el tribunal se vio obligado a anular un fallo del juez a quo, relativo justamente al encierro de Palacios, por serios defectos en su fundamentación. Ya en esa ocasión se le dijo que no era un hecho menor que el imputado se encontrase detenido desde el 17 de noviembre de 2009”.

Más allá de lo testimonial, la posibilidad de un juicio político contra Mauricio Macri era inexistente.

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El informe es contundente. A esa conclusión llegó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el martes 15 de febrero de 2011 por la tarde. En el escrito, los peritos del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal habían descartado que el incendio producido pasadas las 7:30 del lunes 14 en la oficina del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde funciona el Juzgado Federal N.º 7, a cargo de Norberto Oyarbide, fuera causado por un desperfecto eléctrico, como se creyó al principio, o producto de la casualidad. El siniestro había sido provocado. En el informe se asegura que se originó por “un agente capaz de arder a llama libre, como un encendedor o fósforo” y que “no hubo ningún desperfecto técnico”, ya que, según los primeros datos, el fuego se había iniciado por el mal funcionamiento de un aire acondicionado encendido durante todo el fin de semana. El resultado del peritaje motivó que el magistrado a cargo de la investigación pidiera un listado de las personas que habían entrado a la sede judicial la mañana del suceso y un inventario de las cosas quemadas. Además, ordenó a los bomberos más peritajes para ampliar el informe inicial y citó a declarar al personal de seguridad y a los custodios del edificio.

El fuego se inició pasadas las 7:30 en la deshabitada oficina donde se tramita la causa del espionaje porteño y donde, por consiguiente, se guardan elementos relacionados con el caso. Aunque no hay una versión oficial sobre los daños, la rápida actuación de tres dotaciones de bomberos impidió que las llamas quemaran el archivo de la causa, pero no evitó las pérdidas. La puerta de ingreso nunca fue forzada.

“Aunque no se diga oficialmente, parte del archivo judicial se quemó, pero gracias a los bomberos se evitó un desastre. Es evidente que si no hubieran actuado rápido, los daños habrían sido mucho mayores. Igualmente, todo lo perdido se puede recuperar, ya que la mayor parte del expediente está guardada en una computadora y varios de los abogados defensores de los imputados tienen fotocopiada buena parte de la pesquisa”, relató una fuente judicial.

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El 16 de mayo de 2012, Oyarbide dio un paso más para llevar a juicio oral a todos los procesados en la causa por escuchas telefónicas ilegales, entre ellos Mauricio Macri y Jorge Palacios. El magistrado dio por cerrada la investigación, pese a que la Cámara Nacional de Casación todavía tendría temas pendientes porque entendió que se habían agotado los tiempos de “espera razonable”. “Llama la atención que dos años a posteriori de iniciada la causa, luego de que se presente una nueva medida de prueba, se tome esta decisión”, deslizaron con bronca desde la defensa de James, también involucrado. No desestimaban que parte de la jugada era “para ganar tiempo” y que la causa fuera llevada por otro juez. Algo que finalmente ocurrió.

Macri siempre estuvo convencido de que la causa judicial número 12.466/2009, caratulada “James, Ciro Gerardo y otros s/ escuchas ilegales y otros delitos”, que se tramita en el Juzgado Federal N.º 7 de Oyarbide, estaba direccionada políticamente en su contra. El miércoles 5 de mayo de 2010, sintió que su teoría se corroboraba. Ese día debió presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. O sea, en calidad de sospechoso de un presunto delito. El viernes 14, el juez lo procesó como partícipe necesario de la asociación ilícita montada en el gobierno porteño para realizar pinchaduras telefónicas. Ante la gravedad de la resolución, Macri respondió con dureza y acusó a Oyarbide de ser un juez kirchnerista que ya tenía decidido procesarlo mucho antes de llamarlo a declaración indagatoria. Según sus letrados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, la causa está viciada de nulidad desde el inicio, y esa es la prueba fundamental que exigirán para intentar derrumbar la investigación de Oyarbide. También las defensas de Palacios, Narodowski y James sostienen el pedido de nulidad.

Los abogados de Macri decidieron una ofensiva basada en las pruebas existentes en el expediente que, según ellos, demostrarían que Oyarbide “accionó abiertamente para perjudicar a su cliente”, y que en esa trama participaron la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia, “siendo funcional a un supuesto plan político del kirchnerismo para perjudicar las chances presidenciales del líder de Propuesta Republicana (PRO)”.

En la declaración indagatoria, Macri reveló una disputa en torno a la creación de la Metropolitana y resaltó la oposición de la Federal, “que no quería bajo ningún concepto que existiera otra fuerza de seguridad en la ciudad”. En menor medida, acusó a la Secretaría de Inteligencia de tener la misma posición. “Acaso también participó la SIDE en la disputa contra la Metropolitana, debido a su actuación en la causa de las escuchas ilegales”, afirmó en un escrito presentado ante la justicia.

Para probar las afirmaciones, los letrados ponen en duda el disparador. “La causa se inició por una denuncia del líder de la agrupación de Familiares y Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, quien recibió una llamada anónima que le advertía que estaba siendo víctima de una escucha clandestina ordenada por el ex jefe de la Metropolitana, Jorge ‘Fino’ Palacios. El llamado anónimo se hizo un día después de que fuera pinchado el teléfono, con lo cual se sospecha que vino de una fuerza de seguridad, único organismo capaz de enterarse tan rápido de una intervención. Sospechamos de la SIDE, ya que se encuentra a cargo de la casi totalidad de ese tipo de intervenciones”, indicó la fuente consultada. Otro dato que, según la defensa, verificaría la parcialidad de Oyarbide es la existencia de una foto del denunciante anónimo, que nunca fue investigado por el juez. Para más suspicacias, el subinspector Marcos Ariel Mutto, que se presentó en el domicilio de Burstein tras la denuncia, declaró —según consta en la foja 1 del expediente— que no vio el dispositivo identificador de llamadas conectado al teléfono familiar.

“El magistrado inició la causa en tiempo récord, sin enviarla a sorteo, que era lo que correspondía, demostrando que alguien quería que él estuviera al frente. Otro hecho que prueba esa afirmación es que, en su comienzo, el delito era de acción privada, o sea, una denuncia anónima de intervención a la línea de un particular, y, sin embargo, Oyarbide actuó de oficio, lo que solo se puede hacer en caso de que sea un delito de acción pública”, acusaron desde el macrismo. También descartaron que Palacios ordenara la pinchadura. “La intervención a la línea de Burstein se efectivizó el 21 de septiembre y Palacios renunció a la Metropolitana a fines de agosto. Eso desmorona la idea de que fue ordenada por el Fino.”

Los teléfonos de James y Palacios fueron explorados por un sistema similar al Excalibur, que permitía averiguar a quién pertenecía cada uno de los números con los cuales se comunicaron. Sin embargo, las líneas del resto de los imputados no pasaron por este proceso.

El “poder” de los medios quedó de manifiesto una vez más cuando el fiscal Jorge Di Lello pidió una nueva prórroga para expedirse sobre el juicio oral y, al día siguiente de que se publicara el dato en el semanario Noticias Urbanas, fue revertida fuera de horario judicial. Di Lello estaba atiborrado por causas de peso político, como la que involucra a la ex imprenta Ciccone Calcográfica, el supuesto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou y su entonces pareja, Agustina Kämpfer, la investigación por desvío de fondos por parte de Sergio Schoklender, la denuncia que el senador Daniel Filmus le hizo al asesor político macrista Jaime Durán Barba por una supuesta campaña sucia y otra acusación por vínculos poco claros con la Policía Metropolitana.

Planeaba pedir más prórrogas, pero cambió de parecer por algo o por alguien. Efectivamente, la instrucción no fue reabierta, por lo cual las defensas no pudieron incorporar nuevas medidas de prueba. La Cámara de Apelaciones respondió negativamente a la solicitud de la abogada de James, Corbacho, que solicitaba la incorporación de pruebas tendientes a demostrar la inexistencia de la llamada a Burstein.

Desde el juzgado se admite que el inicio de la causa reside en una llamada “supuestamente originada en un llamado anónimo de un integrante de la SI que advirtió de las pinchaduras telefónicas”, el desencadenante no podrá volver a ser cuestionado. Para hacerlo, Corbacho deberá esperar al juicio oral y exponer allí sus pruebas, de manera que no podrá evitar el desfile por las escalinatas de tribunales de su cliente, de Palacios ni de Macri.

“¿Por qué la policía no secuestró el aparato identificador de la casa de Sergio Burstein cuando su hija denunció la llamada que le advertía sobre la pinchadura? ¿Por qué tampoco secuestraron la máquina de tickets del locutorio desde el cual se efectuó la llamada?”, se pregunta Corbacho. La abogada subrayó que la respuesta de la empresa de telefonía Iplan demoró siete días en llegar hasta el juzgado de Oyarbide. “¿De esta manera custodian la prueba?”, inquirió. Otro abogado, que también defiende a una de las partes involucradas, da un paso más: “Oyarbide comete el delito de prevaricato al no investigar la falta de coincidencia entre el número que figura en los tickets que generan la causa y el número de teléfono de la familia Burstein”. Y agrega: “Ante esta duda, debería frenar todo el caso e investigar en esa línea antes que nada. Burstein, entre otras cuestiones, estaría cometiendo el delito de estafa”.

Ante el rechazo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación a avanzar con una denuncia realizada por diputados del PRO contra Oyarbide, Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura, presentó un dictamen para citar al magistrado a declarar por qué la causa de las escuchas se centró en Mauricio Macri. De acuerdo con la denuncia de Fargosi, Oyarbide negó la producción de pruebas ofrecidas por Macri, no citó a quienes tenían comunicaciones asiduas con James ni a las agencias privadas de investigaciones, no explicó por qué investigó a Macri y no a quienes sí establecieron vínculo con el espía procesado. Este pedido está en sintonía con el de Corbacho.

Para el ex consejero, Oyarbide procesó a Macri como miembro de una asociación ilícita a partir de indicios y presunciones que no tienen que ver ni con la lógica, ni con el sentido común ni con las constancias del expediente. Surge así la semiplena prueba de que la investigación no estuvo dirigida a averiguar la verdad de los hechos, sino a inculpar al jefe de gobierno.

La pregunta es quién dice la verdad. O si, por diferentes razones, todos mienten. “La única certeza es que la llamada no figura. En derecho, si no hay registro de algo, no existe. Esto no quiere decir que no se hayan realizado escuchas. Solamente indica que el proceder con la causa fue absolutamente irregular, por donde se lo mire”, confía una fuente de tribunales que no descarta que Glenda Burstein “pueda ser citada a declarar por falso testimonio”, ya que fue quien dijo haber recibido la llamada inicial. “Si todo fuera limpio, las medidas de prueba que piden las defensas serían aceptadas y Oyarbide no estaría sentado arriba de la causa”, advierte la misma fuente, que conoce a Burstein y a Palacios desde que la causa AMIA los convirtió en enemigos declarados.

Desde que los Burstein llamaron a la policía hasta la aparición de un patrullero de la Comisaría 11.ª pasó solo una hora. El caso cayó en el juzgado de turno, a cargo de Oyarbide. Burstein se encontraba junto con la presidenta Cristina Fernández en Estados Unidos. El resto era historia conocida. Hasta ahora.

1 Al cierre de la edición de este libro, la causa mantiene procesados también a Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Rubén Alberto Quintana, Mónica Elizabeth González, Lidia Beatriz Kruchowski, Fernando Javier Castelli, Augusto Gregorio Busse y Jorge Alberto Palacios.

CAPÍTULO 5
James, Ciro James

Las personas reales están repletas

de seres imaginarios.

GRAHAM GREENE

“Hola, soy Gerardo James”, dijo la voz del otro lado del teléfono. “Ciro James, soy Ciro James”, aclaró. Luego explicó que su primer nombre era Gerardo, pero que para la prensa Ciro era más “marketinero”, más nombre de espía. El agente secreto, ahora conocido por todo el mundo, hablaba por primera vez con una periodista. Cortante, respondía al llamado que Corbacho le había pasado. Al poco tiempo, concretó el encuentro. James era el hombre clave en la causa de las escuchas telefónicas. Desconfiaba hasta de su sombra, pero también quería hacer oír su verdad.

La cita fue en la oficina de Corbacho, donde actualmente ejerce su profesión de abogado. Traje impecable, parado al borde de una gran mesa, aclaró que no quería fotos ni grabaciones. Al final aceptó que le tomaran algunas imágenes. “No era tan gordo, en la cárcel subí de peso”, explicó. Algunos periodistas, en el afán de saber más sobre su vida, llegaron a buscar a su psicóloga, con la esperanza de que develara algo de lo vedado por los códigos de ética profesional. Las dudas de James ante la prensa estaban justificadas.

Era 16 de febrero de 2011 y Corbacho, que había obtenido la excarcelación de James mediante un recurso otorgado por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, lo escoltaba. Ciro siempre había querido ser abogado y estudió mientras se desempeñaba en el área de los servicios. La vida, sin embargo, lo llevó por otros caminos.

Todo cambió de un momento a otro cuando quedó en el ojo de la tormenta en la causa por el espionaje porteño. “Macri cortó el hilo por lo más delgado, como siempre”, disparó en aquella nota publicada por el semanario Noticias Urbanas. Esa sola frase generó tal revuelo que hizo que en la Legislatura porteña trataran de impedir la circulación del medio, sin conocer con certeza su contenido, adelantado en la versión online. James decía que en el gobierno porteño es común eludir responsabilidades. “Siempre la culpa la tiene otro”, se quejaba.

El ex policía todavía estaba conmocionado. Había pasado la mitad de la vida de su hijo en prisión “solo por retirar casetes en sobres de papel madera”. Entre las personas espiadas figuran Burstein, Néstor Leonardo, el empresario Carlos Ávila y su yerno, Valentín Hugo Breitman; dos gerentes de la cadena de supermercados Coto, el abogado Francisco Castex y la cuñada del empresario Juan Navarro, del Grupo Exxel. Una fuente con pleno acceso a la Secretaría de Inteligencia asegura que, en el caso de Castex, hay una “operación” que luego le endilgaron a Macri. Su fundamento, aunque básico, es cuanto menos atendible. “Pancho” Castex es uno de los abogados del Grupo Clarín, apoderado de Cablevisión y, en su momento, asesor de Elisa Carrió. Su línea estuvo intervenida durante casi un año.

Hoy, James prefiere la palabra “oír” a “escuchar”, que ya no forma parte de su vocabulario. Su currículum fue, según comenta con ironía su abogada, la prueba más rotunda que guardaba Oyarbide para incriminarlo. En tono de complicidad, James deslizó: “¿Quién no ‘infló’ su CV alguna vez para conseguir un mejor trabajo?”.

James sigue procesado, al igual que Macri, Palacios, los policías que llevaron adelante las tareas de investigación para un juzgado de Misiones y los ex jueces (destituidos por juicio político) José Luis Rey y Horacio Gallardo, que ordenaron las grabaciones telefónicas. Siente que cuenta con un grado menor de protección que sus compañeros de causa. Macri está amparado por sus fueros. Palacios, en una situación de poder muy distinta de la suya: es desconocido por el macrismo y señalado por el kirchnerismo en un contexto de polarizaciones. Sin dudas, el peor lugar. Paradojas de la justicia, la misma cámara que resolvió dejar en libertad al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a los hermanos Schoklender, le mantuvo la prisión preventiva.

“La valija para pinchar teléfonos era, en realidad, una caja utilizada para medir el estado en el que se encontraban las líneas de una empresa en la que trabajaba brindando ese servicio a los usuarios que tenían problemas […] Las cámaras a las que alude la causa estaban destinadas a monitorear a la mujer que cuidaba de su pequeño hijo y que se quedaba sola con él por obligaciones laborales suyas y de su esposa […] Los famosos micrófonos ambientales eran material que había usado mientras aportaba información e instrucción en su labor dentro de la Policía Federal”, refería sobre el resultado del allanamiento que se realizó en su casa.

Corbacho denuncia: “Tan tocados estaban algunos expedientes por los misioneros que hasta figuraban llamados sábados, domingos y días en los que estaba de vacaciones en Brasil. Según ellos, trabajaba veinticuatro horas. Lo tomaron como rehén jurídico. De repente, nadie lo conocía, pero todos le echaban la culpa”. Esto fue constatado por peritos, pero puede verse fácilmente sin ser experto. Ejemplo burdo: para acomodar las fechas, al número 9 se le continuaba un semicírculo, a mano alzada y con lapicera, que lo hacía parecer un 8.

Siguiendo la premisa borgeana, el destino es fatal con las mínimas distracciones y con las casualidades. James llegó a la Federal por intermedio de Gabriel Pittaluga, comisario retirado (desplazado en 2004 como parte de la purga dispuesta por el gobierno de Néstor Kirchner), quien creó un curso de instrucción dedicado a investigar robos y hurtos. Eligió a James para que se desempeñara como docente en las áreas que abarcaban el uso de tecnología. Luego, indicó su nombre a Palacios para que integrara la recién creada Metropolitana. James y Pittaluga se habían conocido en un velorio, el del policía de la división Robos y Hurtos Rafael Herro. Esa amistad sigue hasta hoy. Pittaluga jamás pensó que al abrirle a James la puerta de la Metropolitana, también le abría la de la cárcel.

Convencido de que la vida le dará una nueva oportunidad, hoy James sostiene que, poco a poco, “el 95% de las mentiras que vertieron los grandes medios se va a ir desvaneciendo”. Su abogada asegura que durante su detención no tuvo privilegios y que si bien su primer nombre es Gerardo, se lo llamó mediáticamente Ciro porque tenía más impacto. Según recuerda, con la comparación con el memorable espía James Bond, lo cargaron desde que era pequeño. Casi un estigma.

James tuvo un pasado como fotógrafo y documentalista. Llegó a filmar con cadenas internacionales, hizo buceo y fue calificado como “hábil buzo táctico”. Jamás pensó que terminaría evaluando la opción del suicidio cuando la cárcel lo puso en un lugar que le molesta al día de hoy. “Pedir permiso para que te abran hasta una puerta, que te digan que podés o no salir al patio, es algo que jamás se te borra”, evoca.

Algo similar sucedió cuando se denunció el locutorio que, se dijo, él quería montar en pleno Parque de la Ciudad, cerca de las antenas repetidoras del Ejército y de la SIDE. Quienes trabajaron con James en esa instancia aseguran que no llegaron “ni a entrar los ladrillos, porque la coima que les pedían era de 40 mil dólares”. Es que, en un intento de despegarse, en una conferencia de prensa, el diputado Ritondo había hecho el anuncio de que James había sido habilitado por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, para tratar de vincularlo con el gobierno nacional. Ibarra habló acompañado por su compañero de bloque, Eduardo Epszteyn, pero no pudo contar el porqué de la no concreción del locutorio. También mencionó en ese entonces a la agencia de seguridad Lyon, para la que James trabajó en blanco. El dueño de la agencia jamás fue citado a declarar.

“Gerardo queda detenido por las declaraciones de los misioneros. Desde esa provincia se proveyeron los expedientes, llenos de irregularidades, sobrescritos y hasta escritos realizados todos con una misma lapicera”, acusa la doctora Corbacho, que empezó a elaborar la estrategia de la libertad luego de que la cámara le confirmara el procesamiento a su cliente. Respecto del currículum, Corbacho señala que pidió oficios a todas las fuerzas donde se decía que James había tomado capacitación y que la respuesta en todos los casos fue la misma: “Que ahí Gerardo Ciro James no había estado”.

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La esposa de James, Daniela, con quien vive desde hace quince años, jamás se había imaginado en esa situación: parada en plena mañana del domingo, con su hijo recién nacido en brazos, en una hilera interminable, detrás de otras mujeres que esperaban lo mismo que ella, visitar a sus maridos en el Penal de Marcos Paz.

Daniela no podrá borrar de su cabeza aquel primer día de visita. Un mundo totalmente desconocido, en el que estaba sola, sin saber qué hacer, qué decir ni cómo actuar. Pese a todo, considera que tuvo suerte. La mujer del compañero de celda de James se apiadó de ella y del pequeño hijo, y decidió cuidarla y acompañarla en cada visita. Así, la compañía hizo que ese trámite tortuoso, que se repitió durante casi dos años, resultara un poco más llevadero. Luego, Daniela debía volver a la casa con su bebé y contener la angustia para no trasmitirle la sensación de impotencia que la perseguía día y noche. Lejos habían quedado los días en que su marido, impedido de ingresar a un evento en Puerto Madero, le acercó a un prefecto azorado un celular desde el que salió la voz de un ex presidente argentino pidiendo que lo dejaran pasar sin más.

Algo no terminaba de encajar en la historia. Daniela había conocido a un hombre que siempre había hecho lo mismo: inteligencia. Era simplemente su trabajo, no un delito. “Hasta cuando rendía exámenes hice inteligencia: a los 23 estaba recibido de abogado”, recuerda James con una sonrisa pícara que no le borró el tiempo que pasó a la sombra.

Más allá de la causa que lo volvió famoso a su pesar, la vida de James parece una novela. Adrián Suar le propuso filmarla, pero no aceptó y la sola oferta le resulta graciosa. Incluso, un ex presidente le sugirió que escribiera su biografía, en la que hay de todo.

Abandonado por su padre cuando tenía un año y medio, tuvo una infancia humilde en el barrio de Mataderos, una carrera temprana en el Liceo Naval que comenzó a los once años, “buscando límites, ejemplos de los que carecía por no tener un padre a quien tomar de referente”, un viaje a Croacia a los 22, rescates con ribetes épicos en plena frontera y un presente como uno de los abogados que intervienen en un centro de salud de reconocida trayectoria en la ciudad. Por esas cosas del destino, allí trabajó a pocos metros de un grupo de militantes de La Cámpora designados para la misma tarea y que lo miraron de reojo cuando supieron quién era. Finalmente, le pidieron que siguiera realizando su labor pero desde su casa.

James no pudo con su genio: rastreó y encontró a su padre. Llegó a verlo, siempre desde cierta lejanía. Algunos amigos lo ayudaron en la búsqueda. Al día de hoy, no se perdona no haberse acercado a hablarle cuando lo tuvo a pocos metros, después de tantos años de distancia incomprensible. Al poco tiempo, su padre enfermó y murió, antes de que pudieran cruzar palabra.

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El primer enfrentamiento entre James y los Kirchner se dio mucho antes de que estos lo señalaran como el espía macrista por excelencia. Néstor recién asumía la presidencia, en 2003, cuando James y sus compañeros fueron convocados por Daniel Peralta, actual gobernador de Santa Cruz y conocido por haber pedido tiempo después una rinoscopia a los funcionarios K para luego volver a adherir al kirchnerismo provincial. En ese entonces, Peralta era diputado electo por el kirchnerismo y hombre de confianza de Néstor en temas de seguridad. Luego de pedir los rangos de cada agente, excluyó a los de menor catadura. James se opuso. Consideraba que nadie era menos que los demás y que no había secretos. Algunas fuentes aseguran que le dijo en la cara a Peralta que todavía tenía olor a oveja como para venir a darle órdenes, aludiendo a su reciente llegada de la Patagonia. “Me juego la vida con mis compañeros y este tipo me quiere venir a correr”, aseguran que dijo casi a los gritos. Si en algo coinciden los que conocen a James, en particular dentro de los grupos donde se desempeñó laboralmente, es en que es incapaz de decir algo solo por quedar bien. “Uno de los funcionarios de alto rango del gobierno de Menem se ponía unos trajes súper ridículos pero todos lo alababan. Cuando se acercó a Gerardo y le pidió opinión, le dijo que lo disculpara, pero que parecía un payaso”, cuentan. Pero ni Peralta era ese funcionario ni los Kirchner son el antiguo menemato. Al día siguiente de su desplante ante el ahora gobernador, James fue notificado por una persona cercana que casualmente trabajaba junto con un influyente empresario K que mantiene su poder: le dijo que había sido calificado como “rebelde”.

Como tantos otros, James arriesgó incontables veces su vida en distintos puntos conflictivos del país, en misiones ligadas al narcotráfico, a la trata de personas y al tráfico de órganos. Conviven en él amor a la patria, el espíritu de cuerpo, compañerismo, lealtad, disciplina y orden. Un joven astuto que inventaba services para empresas de mantenimiento de computadoras para ganarse unos pesos. “En realidad, las limpiábamos y los tipos se quedaban contentos”, bromea. Un hombre maduro que abultó su currículum para ingresar en la Metropolitana. “Yo era buzo deportivo y puse que era buzo táctico.”

Sus colegas afirman que se rige por un código ético estricto y particular, similar al del bushido de los samuráis. Dicen que, por sobre todas las cosas, exigía lealtad y honor hasta la muerte. Aseguran que mira a los ojos cuando habla de compañerismo en medio de un operativo, cuando cada agente confía su vida en el que está a su lado. “Ahí tenés que cuidarte espalda con espalda con el otro, porque de otra forma perdés la vida”, sentencia. “A su lado nos sentíamos tranquilos”, señalan quienes compartieron terreno con él. Diplomas, medallas y placas, todo archivado en cajas, certifican un pasado de gloria que, según sus compañeros, “él no extraña… más bien siente un poco de bronca”.

Hubo dos casos que fueron las gotas que rebasaron el vaso. En el sur del conurbano, formó parte de un grupo que desbarató una banda de secuestradores cuyo rehén era una niña de clase media, “valiosa” porque su padre había cobrado una indemnización laboral. El rescate implicó una persecución en moto y un enfrentamiento cruento en el que, por una bala que no salió, James siente que nació dos veces. El segundo, en la frontera, fue crítico. Halló dos cuerpos de chicos en una heladera a la espera de ser vendidos por sus órganos. Poco más se sabe de esta situación. Con esto, James decidió ponerle punto final a esa etapa de su vida. La opción de la Metropolitana representaba tranquilidad, salir de esos operativos donde la vida y la muerte se jugaban segundo a segundo y que le generaban un estado tal de descompostura que lo hacían vomitar un día entero.

Tener un hijo también le cambió la vida. Asegura que, de no existir el niño, otra habría sido su reacción al salir de la cárcel. “Ver cómo se iban él y a mi mujer de la visita, era el dolor más grande. Lloré cada noche que dormí adentro, nunca había tenido ni una multa de tránsito y, de repente, ahí estaba yo”, recuerda. Los ojos se le vuelven a poner vidriosos. Admite que la cárcel operó algunas modificaciones en su cabeza. “Cuando entré, me pusieron en una celda común, con un delincuente que tenía dieciséis homicidios en su prontuario. Hacer compartir celda común a alguien de la fuerza es mandarlo al muere. Para colmo, me habían enseñado que los delincuentes no valían nada. Sin embargo, ese tipo fue el primero en acercarme un plato con comida cuando no tenía nada”, reconoce. “Ahí te das cuenta de lo que es Dios, de lo equivocado que vivís.”

En su vida, muchos círculos siguen sin cerrarse. Pese a que el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó que James haya sido parte de la Metropolitana, él continúa siendo empleado del SWAT porteño al cierre de este libro. Fue anotado en el organismo tributario como su integrante, con un sueldo de 7.200 pesos, que correspondería a un cargo de inspector. El “alta” está registrada el 12 de septiembre de 2009. La inapelable documentación de la Administración Federal de Ingresos (AFIP) así lo demuestra.

Antes, James había trabajado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. El afán del PRO por despegarse hizo que no quieran ni cruzarlo en las dependencias públicas a las que cualquier ciudadano, James incluido, podría acercarse. “Cualquier trámite para él se vuelve exprés”, cuenta un amigo, entre risas. James también se hace un lugar para el humor cuando su madre, jubilada, dice que volvería a votar al kirchnerismo porque le aumentaron sus haberes, por más que Oyarbide sea un juez oficialista y el responsable de los días en prisión de su propio hijo. “No me queda otra que reírme, es mi vieja”, señala él.

Pese a la crítica contra Macri, no descarta las “connotaciones políticas” en torno a la causa y supone un direccionamiento por parte de algún sector de fuerzas de seguridad. Asegura que la justicia necesitaba procesados y detenidos para sostenerse y se pregunta por qué no intervinieron los teléfonos suyos y los de Palacios si sospechaban de una organización ilícita de semejante magnitud. Precisamente de la mano del Fino iba a pasar a la Metropolitana, al igual que Pittaluga, pero todo explotó antes. A Palacios, James lo conoció en 2004, cuando el Fino lo felicitó por un operativo en el que había participado tomando imágenes para una causa de tráfico de armas. “A Macri y a los funcionarios del PRO jamás los crucé”, aclara James. Según su versión, en la Metropolitana se iba a desempeñar en el área de legales, por lo que pidió la baja en la Federal. Un mejor sueldo, más tranquilidad y la posibilidad de ejercer como abogado le cerraban perfectamente. Pero nada de eso pasó. Llegó a presenciar una reunión con los fiscales en el Ministerio de Seguridad de la ciudad y se juntó con el fiscal Agustín Gamboa y con el comisario Roberto Ontivero.

La “casualidad” hizo su trabajo. El diario Miradas al Sur puso en tapa un artículo que daba cuenta de informes de la empresa Nextel sobre la ubicación del celular de Ciro. “Permitieron hacer la triangulación de una comunicación del celular de James en la esquina de Libertador y Tagle, cerca de donde vivía Macri, el 27 de agosto de 2008 a las 23:05.” Con ese dato, el texto periodístico consignaba que el celular investigado estaba “quieto o desplazándose a muy baja velocidad” en esa zona. Algo muy similar a decir que estaba caminando o parado cerca de la casa del jefe de gobierno. El dato puede parecer relevante para quien desconoce sobre comunicaciones e ignora que los Nextel se van registrando en distintas celdas que, en caso de estar ocupadas, utilizan de manera automática la siguiente, sin que esto signifique necesariamente una ubicación segura. La defensa de James, además, realizó un peritaje que certifica y explica la versión. Algo más: en una causa relacionada con escuchas, el juez no pidió, precisamente, hacer escuchas. “No se hizo ni una. El juez toma conocimiento el viernes y el lunes me detiene. Si se hubiesen intervenido los teléfonos, estaría todo aclarado”, dice James. Respecto de Palacios, opina: “Alguien que no lo quiere, de la Federal o de algún otro organismo, le direccionó esto”.

La defensa de James también desconoce si Oyarbide ordenó escuchar los casetes con las conversaciones de Burstein. La única transcripción efectuada fue la de Leonardo. Si James debía escuchar a Burstein para Palacios… ¿por qué el casete estaba en Misiones, sin desgrabar? Otra incógnita para esta maraña judicial.

* * *

El informe psicotécnico le dio un coeficiente intelectual de 178 puntos. Según la defensa, en la causa ese dato fue usado en su contra porque decían que no era un tonto y que no podía estar ajeno a lo que pasaba. En ese mismo estudio se da cuenta de que es un hombre que no puede hacer nada en contra de su manera de ver y valorar las cosas. Desde ese mismo círculo, aseguran que James fue visitado dos veces en Marcos Paz y que en esos encuentros le ofrecieron que incriminase a Macri para quedar en libertad. Sintéticamente, la pericia psicológica no lo revela como el arquetipo que la mayoría de los medios pretendió instalar. El único punto flojo que le observan es la angustia (que, reconoce, persiste aún hoy) y la sensación de carencia casi constante por la falta del padre.

La versión del juzgado asegura que James era el encargado de proporcionar a los misioneros los números de teléfono que debían ser intervenidos. Lo acusan de utilizar órdenes judiciales emitidas en esa provincia para recopilar material para Palacios y Macri. Sin embargo, en el allanamiento realizado en su casa no se encontraron casetes, CD, transcripciones ni ningún otro material que pudiese tener relación directa con la causa. En plena investigación, un grupo de agentes de la Secretaría de Inteligencia arribó a Misiones y secuestró los casetes, con un detalle: todos estaban en estado virgen, nunca habían sido grabados. A pesar de que así quedó certificado en la instrucción, igualmente se le imputa a James haberlos retirado y escuchado.

Este no es el dato más relevante en torno a la trama de las escuchas. La historia que terminó con James y Palacios presos, y Macri tambaleando en el poder, comenzó cuando el hijo de Franco ni siquiera había asumido como jefe de gobierno de la ciudad. Así puede comprobarse mediante las constancias emitidas por el juzgado de Misiones a las que, de manera exclusiva, se accedió para esta investigación. Los dos primeros casetes se retiraron en 2007 y, desde ese momento, el policía Diego Guarda, mediante un oficio firmado por el juez, pidió que James los retirase desde la Secretaría de Inteligencia y los enviase por encomienda hasta Misiones. “Fue un favor, una devolución de gentilezas, ya que en 2005 una comisión de la que formé parte fue a buscar tres prófugos a Misiones y se comportaron muy bien con nosotros”, cuenta James.

Uno de sus antiguos subordinados recuerda cómo, en medio de un enfrentamiento con un grupo de narcotraficantes que les disparaban en la oscuridad, James se bajó del vehículo que los puso luego a salvo y regresó a buscarlo. “Me había agarrado una ataque de pánico, era mi primer enfrentamiento, los tiros pasaban por todos lados y yo estaba duro, no podía moverme. Si Gerardo no volvía por mí, me hubiese muerto en ese lugar. Me dijo: ‘Chicos, o salimos todos o nos quedamos todos’”, relata, conmovido. Y añade: “Cuando se hizo el informe, Gerardo dijo que él había tenido el ataque de pánico, nos exculpó a nosotros y hasta nos terminaron dando un premio”.

James había sido designado en comisión para ir hasta la provincia mesopotámica tras un prófugo de peso: el sobrino de Antonio “Leka” Figueredo, un delincuente con dos condenas por hurto calificado, buscado por asesinato y que era una obsesión para la policía local, que lo tenía en la mira como integrante de una banda que se dedicaba a cometer distintos ilícitos en los diferentes distritos de la provincia. En especial, se lo buscaba por el homicidio del contador José María Píccoli. Los misioneros allanaron una vivienda a sabiendas de que Leka ya no estaba allí, pero posibilitaron la detención de otros tres delincuentes que buscaban James y su equipo.

Más allá de las versiones de la defensa, la documentación certifica que las investigaciones en torno a Sergio Burstein estarían vinculadas a una pesquisa de mayor envergadura, donde él era una de las piezas a investigar. La que James denomina “la causa madre”, entonces, había arrancado en 2005. Guarda declaró — así consta en el expediente— que la intervención a la línea de Burstein “se correspondía a una investigación de un año y medio, cuyo fin era dar con el paradero del requerido Figueredo”. Tanto Guarda como James coinciden en que nada sabían del posterior líder de familiares fallecidos en la mutual judía y que el único dato que tenía el primero era que se trataba de “un comerciante que estaría comprando elementos robados, contrabandeando, y que integrantes de esa banda o el buscado Figueredo realizaban negocios con esa persona, la cual habitaría en la provincia de Buenos Aires”, según la declaración de Guarda ante Oyarbide. Poco se dice en torno a las intervenciones de los teléfonos de Ávila y Leonardo.

El 3 de septiembre de 2009 James pidió la baja en la Federal. En sus planes ya figuraba el ingreso en la Metropolitana. El teléfono de Burstein fue intervenido un mes después, en octubre, cuando James seguía encargándose de llevar los casetes hasta la oficina de despacho que los enviaba a Misiones. Si bien no lo dicen con todas las letras, desde el entorno del ex agente aseguran que se esperó el retiro de las dos cintas de Burstein para que la rueda comenzara a girar. “Aparentemente, los allanamientos se habrían hecho en blanco, esto quiere decir que laburarían y después el juez, que confiaría en la policía, les habría firmado la orden”, reveló una fuente cercana a las fuerzas misioneras. “Burstein fue usado para que la causa pudiese arrancar, porque estaban esperando que el juzgado de Oyarbide estuviera de turno para hacer la intervención”, señalan desde la defensa. “Hay que poner atención en el momento en que se empieza con la intervención a Burstein más que en la fecha en la que se la solicita.”

Parte de esa estrategia se basa en el oficio de carácter secreto, al que se accedió para realizar la investigación que derivó en este libro. Con fecha del 24 de agosto de 2009, se informa al jefe de la Dirección de Investigaciones el estado de las medidas relativas a las intervenciones. Allí consta el número de Burstein, pero se consigna que está “pendiente”. “En relación al servicio telefónico pendiente de conexión, se informa que los limitados canales de observación que la empresa tiene asignados a esta dirección, se encuentran momentáneamente ocupados con intervenciones dispuestas por otros magistrados, lo que imposibilita proceder de inmediato con la intervención, motivo por el cual, una vez producida la vacante respectiva, se procederá a su conexión”, detalla el escrito, firmado por Ramón Alberto Pared, del área de Observaciones Judiciales. “Justo la línea de Burstein era la que no se podía intervenir”, señalan, con perspicacia, desde la defensa.

James y Guarda tomaban mate bajo el calor aplastante de Ciudad del Este. Se sorprendieron cuando les llegó la noticia de que Burstein había elevado un hábeas corpus porque había sido avisado sobre una intervención en su teléfono celular. En ese clima parsimonioso de descanso, no obstante, no pudieron imaginar lo que vendría.

Cuando regresó a Buenos Aires, James recibió una llamada por parte de un ex jefe suyo que, preocupado y sin medias tintas, le disparó: “¡Qué cagada te mandaste!”. Al enterarse de que se lo vinculaba como parte de una asociación ilícita entre Macri, Palacios y los misioneros, se puso a disposición. “Tenían mi dirección vieja, yo les dije dónde vivía y mi teléfono. Si quería, me fugaba, pero estaba tranquilo porque no había hecho nada”, cuenta James.

Después, vino la cárcel. Un año y tres meses de los que, jura, nunca se va a poder olvidar.

CAPÍTULO 6
El socio

El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única.

HORACIO QUIROGA

La Triple Frontera, esa zona donde Argentina, Paraguay y Brasil son casi una misma cosa, se ganó la fama de ser un territorio pesado en el que es mejor no desembarcar en caso de tener pocos contactos. Allí, palabras como “tráfico” o “contrabando” están insertas en el vocabulario popular. Una suerte de meca de compradores y un lugar donde las fuerzas de seguridad se ponen a prueba desafiando sus propios límites.

El calor, la selva y los insectos son solo algunas de las cuestiones a soportar para quienes quieran, o deban, permanecer en ese territorio en el que la falta de caminos y de rutas y los pobres controles cautivan la atención de distintas organizaciones delictivas. Desde contrabandistas hormiga que van y vienen una y otra vez por los pasos limítrofes, hasta los traficantes de personas o niños, que llevan y traen seres humanos como si se tratase de cualquier otro producto mercantil.

“Es cierto que la zona es un descontrol, pero también se generó un mito alrededor de todo esto. Hay turistas que vienen y quieren ver terroristas como si fuese una parte más del paisaje. Por supuesto, está el remisero que se aviva y les pide a dos amigos que hagan de extras y cobra en dólares por el supuestamente riesgoso tour”, confiesa un efectivo que trabaja allí desde que se calzó un uniforme por primera vez.

Más allá de lo anecdótico, en la Triple Frontera vuelven a cruzarse los apellidos Macri, James y Burstein, al igual que los ríos que trazan esos intrincados límites. Allí se libraron los oficios que autorizaron las intervenciones telefónicas que pusieron en jaque al jefe de gobierno porteño. La trama, para los detractores de Macri, va más allá. Mauricio es amigo del ex gobernador Ramón Puerta. Actualmente, Humberto Schiavoni, uno de sus jefes de campaña, viene de la provincia de la tierra colorada. Desde el PRO aseguran que la elección es para mostrar una imagen federal del partido, que sigue teniendo su base fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Para la oposición, el Fino Palacios era un habitué de las oficinas porteñas del misionero. Schiavoni había sido designado en 2007 como presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, aunque conoce a Macri desde mucho antes. Ambos se habían visto las caras unos quince años atrás, cuando confluyeron en la estancia yerbatera de Puerta, el amigo en común que los vinculó. Schiavoni había sido designado por Eduardo Duhalde como director del Ente Binacional Yacyretá.

Luego del escándalo, gente de confianza de Puerta inició un operativo despegue de la llamada “conexión Misiones”. De hecho, el ex gobernador figura en una escucha que se subió a YouTube hace muchos años, donde dialoga con Miguel Ángel Toma. Allí Puerta dice riéndose que Macri “cobraba certificados” en Misiones, y durante su gestión como gobernador, por “obras que no hacía”. La relación comenzó a hacerse pública apenas Puerta asumió su primera gestión al frente de su provincia, en 1991. Macri fue el constructor de la represa de Urugua-í, el contratista para la pavimentación de la ruta 103 y quien prestó su avión, que aterrizó en Apóstoles, al ex presidente Carlos Menem.

Según los archivos del diario El Territorio, Macri llegó a la provincia de Puerta para “felicitar” a su amigo por las privatizaciones, concretamente la del Banco de la Provincia de Misiones. Además, estaba interesado en la empresa eléctrica EMSA y, en la época en que presidía Boca Juniors, jugaba partidos con dirigentes de Luz y Fuerza y periodistas. Por entonces, Humberto Schiavoni era el subsecretario de Economía de la provincia y llevaba adelante la ola privatizadora del puertismo. Incluso tenía en carpeta los medios de comunicación estatales.

Más adelante en la historia, surgió el nombre de Diego Gastón Guarda, el mismo que tomaba mate con James cuando este se enteró del hábeas corpus de Burstein. Guarda fue procesado por supuesta asociación ilícita, ya que dirigía la Sección Escuchas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal de Misiones. El oficial aseguró que James lo había engañado, abusando de su confianza. Ciro respondió, como siempre, que solo hacía un favor, que consistía en retirar los casetes.

Las pinchaduras eran realizadas por la SIDE, en el marco de causas judiciales misioneras, con el aval de los jueces de Misiones José Luis Rey y Horacio Gallardo. En documentación incorporada a la causa pueden leerse las autorizaciones con sello y firma de los magistrados, que además, en todo momento, agradecen a James por retirar las escuchas y enviarlas, no por practicarlas ni por analizarlas. “Presta la remisión del material a esta ciudad capital”, especifican las notas firmadas por Raúl Alberto Rojas.

Si bien Rey negó en su momento conocer a James, al igual que a Palacios o a Macri, el oficio 2422/09 autorizó a James el retiro de las escuchas y su posterior envío. En tanto, Gallardo falleció en Posadas luego de su destitución, en abril de 2010. Anteriormente Oyarbide había librado la orden de detención. Al enterarse de la medida judicial, Gallardo sufrió una descompensación y tuvo que ser internado en una clínica privada en Posadas, donde permaneció varios días bajo custodia policial. Sus allegados coinciden en que jamás pudo recuperar su salud.

Guarda declaró que la intervención de la línea de Burstein se correspondía “a una investigación de un año y medio, cuyo fin era dar con el paradero del Leka Figueredo, contando para ello con la colaboración de James, quien realizaba las pertinentes averiguaciones en la Ciudad de Buenos Aires”.

Una fuente de tribunales vinculada con la colectividad judía, que no quiso que se revelara su nombre porque sufrió amenazas, señaló: “Siempre se había vinculado a Burstein con el contrabando, por lo que en caso de que James hubiera dado ese dato, no se trataría de algo agarrado de los pelos sino que tendría una lógica”. Burstein está inscripto como monotributista categoría D y, al ser consultado sobre su profesión o el origen de sus ingresos, declaró que se dedica “a la compra y venta de artículos usados”.

Guarda sostuvo que en 2007 solicitaron colaboración a James para ubicar a una persona imputada de homicidio en Misiones y agregó que en ninguna oportunidad le mandaron oficio por ello a la Policía Federal Argentina, sino que el pedido se lo hicieron directamente a él por teléfono. Aclaró —consta en el documento judicial— que durante esa investigación se intervinieron teléfonos de Misiones y de Buenos Aires, y que como la Secretaría de Inteligencia tardaba mucho en enviar los casetes por bolsa, le pidieron a James si podía retirarlos y mandárselos. El hombre accedió, lo que hizo que la Policía de Misiones mandara un oficio para facultarlo. Luego le pidieron que hiciera lo mismo para dar con el paradero de Leka Figueredo. En esa investigación tenían intervenido un teléfono de Posadas, desde el cual surgió un abonado de la provincia de Buenos Aires. Se autorizó a James a retirar los casetes y enviarlos a Posadas. A veces los llevaba personalmente cuando viajaba. Nunca los escuchaba. La declaración de Guarda ayuda de alguna forma a James. Si no oía el contenido, la hipótesis del favor tiene más peso.

Guarda postuló, a su vez, que la semana previa a su declaración había estado en Misiones junto con un amigo de nombre Jorge Zenarruza. “[…] En un momento, cuando llegó el hábeas corpus, Diego le dijo, estando Zenarruza: ‘Esa información me la dieron en La Placita’, no recordando si dijo ‘teléfono’ o ‘información’. Que eso fue entre el miércoles o viernes de la semana pasada […] Que cuando tomó conocimiento del hábeas corpus le dijeron que el teléfono era de Burstein y supo quién era este a raíz de las noticias”, consta en el expediente judicial.

“El dato de la placita lo pasa un ‘buche’ apodado Sapito. Le acerca a Guarda la información sobre el teléfono de Burstein para interceptar. El Sapito aportaba información en la causa del Leka”, confían agentes que trabajaron entre Buenos Aires y Misiones. La Placita es una suerte de feria de ventas a cielo abierto, ubicada cerca del Paraná, donde los yuyos para el tereré conviven con ropa a precios insólitos y con electrodomésticos y celulares cruzados desde Paraguay.

El 8 de septiembre, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo del agente procesado con el que pretendía que se ordenaran nuevas pruebas referidas al llamado anónimo que dio origen a la pesquisa y se suspendiera el trámite para enviarla a juicio oral. Como se dijo, en el allanamiento a la casa de James no se encontró ningún material que pudiese incriminarlo. En el documento labrado en ese momento se lee: “Se dejó consignado también el secuestro de dos remitos de correo de la empresa Singer, enviado como remitente Gerardo James y destinatario Diego Guarda —Oficial Inspector— Terminal Posadas, el primero con número 00448328 de fecha 11/8/09, y el segundo número 00448350 de fecha 24/9/09 (Posadas-Buenos Aires), y un oficio sellado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N.º 22, a cargo del doctor Guillermo Rongo, Secretaría N.º 148, César López Cabanillas, de fecha 27/9/07 dirigido al Jefe del Departamento Delitos contra la Propiedad, en la causa 44505/07, caratulada ‘Bareiro Venialgo Sindulfo s/ abuso sexual agravado’, en el que se autorizaba a personal de dicha dependencia a viajar a la provincia de Misiones, a efectos de continuar con las investigaciones en el marco de las actuaciones mencionadas. Una valija con equipo localizador y para analizar averías telefónicas; una valija de armado casero conteniendo un monitor LCD, un receptor de comunicaciones de banda ancha. Una mini cámara de video; un transmisor de líneas telefónicas; un cable USB y otros elementos de video […] Los elementos descriptos en los párrafos precedentes fueron secuestrados junto con un contrato de locación de servicios N.º 2636 de fecha 30 de mayo de 2008 cuyas partes son el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el señor Ciro James”.

A través de la instrucción de la causa se logró determinar que, durante diversos períodos temporales, se interceptaron comunicaciones telefónicas particulares de los ciudadanos Néstor Daniel Leonardo, Rodrigo Blas Velasco, Carlos Ávila, Daniela Rocca, Sergio Leonardo Burstein, Federico Carlos Infante, Jorge Enrique Navarro Castex, Francisco Castex y Susana Beatriz Saint Porres.

Leonardo tuvo intervenido su teléfono desde el 23 de mayo de 2008 hasta el 22 de junio de 2008. Blas Velasco, desde el 22 de julio de 2009 hasta el 21 de agosto de 2009. Ávila, en tres oportunidades; la primera, desde el 25 de octubre hasta el 24 de diciembre de 2007; la segunda, desde el 18 de febrero hasta el 17 de julio de 2008; la última, entre el 17 de marzo y el 6 de octubre de 2009. Rocca, desde el 28 de mayo hasta el 27 de julio de 2009. Burstein, desde el 21 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2009. Infante, entre el 17 de septiembre y 16 de noviembre de 2007. Jorge Navarro Castex, entre el 7 de marzo de 2008 y el 1 de abril de 2009. Francisco Castex, desde el 6 de febrero hasta el 5 de julio de 2008. Saint Porres, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de 2007. De acuerdo con el fallo de la cámara, todas las intervenciones fueron ordenadas por los Juzgados de Instrucción N.º 1 y N.º 2 de Posadas.

“La primera de las investigaciones —tiene como víctima al señor Píccoli— tramita ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de la ciudad de Posadas, bajo el número 153/05, y el principal acusado de ese crimen es Pedro ‘Leka’ Figueredo, que se encuentra prófugo y se sospechaba que podría estar escondido en los alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de la mencionada causa, la División Homicidios de la Policía de la Provincia de Misiones presentó notas al juzgado y solicitó la intervención telefónica de los abonados utilizados por los señores Infante, Ávila (tercera intervención), Leonardo, Velasco, Navarro Castex, Burstein y Rocca. El fundamento de esas solicitudes radicaba en que los números de teléfono de los ciudadanos mencionados serían utilizados por Figueredo, o sus allegados, y que, mediante su intervención, se podría saber dónde se encontraba y aprehenderlo. En las notas policiales, confeccionadas por Diego Gastón Guarda y firmadas por los comisarios que se encontraban a cargo de la División Homicidios, se solicitó que el Auxiliar 4.º de la Policía Federal Argentina, Gerardo Ciro James, con prestación de servicios en la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza federal (División Robos y Hurtos) en esta ciudad, retirara personalmente el material producido por las escuchas y lo remitiera a la provincia de Misiones”, señala el fallo.

La cámara de Ballestero, Freiler y Farah entiende que “las personas mencionadas nada tenían que ver ni se encontraban vinculadas con Figueredo”. Pero deja constancia de que las intervenciones fueron ordenadas por Rey, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, y que se autorizó a James a retirar el producto de las escuchas de la Secretaría de Inteligencia.

* * *

La versión de que Burstein estaba siendo investigado por contrabando cobró fuerza cuando integrantes de la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña recibieron información confidencial sobre ciertos movimientos en los bancos Santander Río y HSBC. En el reporte se daba cuenta de que Burstein es dueño de una joyería en la calle Libertad 274, esquina Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires, y que había estado involucrado en una presunta causa por comprar oro de origen dudoso. Los legisladores se basaron en datos revelados por la justicia federal, que investigó a un grupo de joyeros argentinos con negocios ubicados sobre esa misma calle por el supuesto contrabando de oro y plata a Brasil. La denuncia la formuló el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), Mariano Borinsky, ante el juez en lo penal económico Mariano Brugo. El caso fue bautizado por la policía como Operación Hydra por la cantidad de cabezas que tiene, similar a la causa de la “mafia del oro” que fue investigada por el ex fiscal Pablo Lanusse en los 90. En la Legislatura, Burstein evitó el tema. A la insistente pregunta del PRO sobre su trabajo, señaló que eso tenía que ver “con mi vida privada”.

Mientras tanto, en Misiones, Rey salió a cruzar a Oyarbide: “Siempre que pidieron colaboración, se la dimos. Es mentira que no lo hacemos en este caso”, afirmó en los diarios misioneros. Rey se hizo cargo de la causa por la enfermedad de su colega Horacio Gallardo, quien había ordenado las escuchas inicialmente, a pedido supuestamente de los policías Hugo Rojas, jefe de Homicidios, y el propio Guarda. “Lamentablemente, esta causa le costó la vida a […] Gallardo”, acusó Rey más adelante. “Estoy preparado para ir a juicio, pero estoy convencido de que es un tema político”, afirmó. “Lo pintoresco es que el juez Oyarbide hizo muchas intervenciones telefónicas en Misiones. El muerto se asusta del degollado.” Puerta había tenido a Rey como asesor (a pesar de que el ex gobernador lo negara al principio), bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Un decreto del 3 de febrero de 1997 aprobó su designación al frente de la Dirección de Personas Jurídicas con el cargo de subdirector.

“No sabemos ni sabíamos de la existencia de Burstein ni de Ávila. La Brigada de Investigaciones presenta una solicitud de intervención telefónica, dando cuenta al juez de la causa que es Horacio Gallardo, yo lo estoy subrogando, donde le informan que se habían detectado números fijos de familiares directos de Leka Figueredo (el sospechoso del asesinato de Píccoli) en Buenos Aires y que se relacionarían con algunos comerciantes y un grupo de personas que operarían bajo la modalidad de piratas del asfalto y contrabando que era la actividad que habitualmente desarrollaba Figueredo, entonces, pienso, habrán imaginado la línea investigativa que hacía falta para lograr la detención de esta persona, el juez libra la orden, la orden se implementa, aunque no en la fecha en que debería hacerse”, declaró Rey a la prensa. Recordemos que Guarda declaró ante la justicia que la intervención a la línea de Burstein se correspondía con una investigación de larga data para dar con el paradero de Figueredo.

A fines de 2012, Guarda y los comisarios inspectores Raúl Alberto Rojas y David Santiago Amaral fueron reincorporados por orden de la jefatura de la Policía de Misiones. Nuevamente, Guarda fue destinado al sector Comunicaciones de la residencia del gobernador.

CAPÍTULO 7
Somos el FBI

Los norteamericanos, al tener la civilización más compleja que haya visto el mundo, siguen queriendo verse como un pueblo simple.

RAYMOND CHANDLER

Dieciocho años. Ese es el tiempo que Marie France Peña Luque vivió dentro del clan Macri. Desde que se casó con Mariano hasta que, al regresar de un viaje a China, le pidió intempestivamente el divorcio. Separarse del hermano de Mauricio no fue un trámite legal sencillo. El alejamiento de la familia hizo que Marie France llegara a vivir con siete teléfonos celulares, porque asegura que sus líneas estaban pinchadas.

“Con mi vida ya quieren hacer un libro. Estos hijos de puta de Ackerman me espiaron durante tres años, mientras yo todavía vivía en Brasil”, cuenta y se acomoda el pelo largo, rubio, enredado con medallas de santos y vírgenes. Marie France asegura que quiere decirlo todo. Habla de las escuchas, de su hijo que mira películas con ella hasta que se queda dormida y del famoso hacedor de horóscopos Horangel… todo en una misma frase. “Yo me di cuenta de lo que eran los Macri cuando me separé. Pincharon mi teléfono y cuando aún estaba en Brasil, personal de Ackerman Group me seguía. Hasta llegó a filmarme. Mi ex marido y Franco un día me mostraron las cintas. Ahí me di cuenta de que espiar a los que se salen del círculo es común para ellos. Creía que Mariano era la oveja blanca de la familia, pero en esa familia no hay ovejas blancas. Están tan convencidos de que su impunidad es absoluta, que Mauricio no se dio cuenta de que el gobierno no era otra empresa suya ni su casa. Nunca me voy a olvidar cuando mi ex, delante de él, me hizo un gesto tocándose la billetera cuando discutíamos por la tenencia de los chicos.” El gesto fue un golpe del puño contra la palma de la mano, cuyo significado es ampliamente conocido: el que paga, puede conseguir prácticamente todo: desde declararla insana para que los chicos en común quedasen bajo su tutela hasta sacarle los bienes gananciales que le correspondían por ley.

“Ackerman es omnipresente en la vida de los Macri. Cuando nos mudamos a Brasil, el dueño en persona vino con Franco y diagramó el recorrido que tenían que hacer mis hijos para ir a la escuela. Chequearon todo: las puertas y ventanas de la casa, los autos…”, detalla Marie France. Luego se mete de lleno en la causa que puede terminar con las aspiraciones presidenciales de Mauricio. “Nunca escuché hablar de Ciro James, me enteré de todo por los medios, pero es cierto que a Isabel la manda a escuchar desde que se separó. No es raro que ahora se diga que ella también aparece en las escuchas, pero por 53 millones de dólares, ella pactó no hablar mal de la familia, así que olvidate de que te diga algo.” Isabel es Menditeguy, ex modelo y ex mujer de Mauricio, con quien se casó en 1994.

Una escena grabada en la memoria de esta mujer — que para terminar de resolver su conflictiva separación debió recurrir a una abogada de Córdoba porque en Buenos Aires nadie quería tomar su caso— es la que se vincula con el secuestro de Mauricio: “Nos enteramos cuando estábamos organizando el bautismo de mi nena. La casa no parecía una casa sino una embajada. El bautismo fue un caos. Todo lo fue”. Al respecto, agrega: “Tan mal no la pasó. Contó que le llevaban material de lectura, que comía bien, que jamás lo maltrataron… pero supo capitalizar eso de ponerse en víctima. Si Franco tiene la sangre fría en un 90%, Mauricio la tiene en un 98%. No es un tonto niño rico, es todo lo contrario”. Según su visión, Franco es el tipo que va al casino y regala fichas de mil dólares a desconocidos solo para que hablen de él, mientras que eso a Mauricio no le importa. “Es la única persona que maneja a 200 kilómetros por hora en la ciudad, se cree el dueño de todo. Hace un tiempo, un custodio que debía seguirlo a esa velocidad se estrelló contra una columna y se mató. Por supuesto, tapó todo muy rápido”, revela Marie France.

“Todavía no sé qué pasó ahora, porque Franco le lamía los pies a Mauricio pese a que aparentaba otra cosa. Creo que lo del esposo de Sandra es clave [la pinchadura telefónica a Leonardo]. Franco, si bien repartió la herencia con reserva de usufructo, está algo más lejos de todo. Mauricio dijo muchas veces que ese parapsicólogo le iba a gastar todo a Sandra y hasta admitió que cualquier persona que tuviese en la familia a alguien como Leonardo, lo haría escuchar. A Leonardo no lo mataron porque no habrán contratado matones suficientemente buenos, no es creíble que le pegaron dos tiros dos ladrones y ni le tocaron el reloj.” Al parapsicólogo le dispararon en la puerta de su casa en Ituzaingó, en pleno escándalo por las escuchas. Fue herido de bala en una mano. “Mi hermana me dijo que se trató de un intento de robo en el que sufrió un rasguño en la mano sin consecuencia y estamos todos tranquilos”, dijo Macri en su momento. “Esto tiene que ver con la inseguridad que padecemos todos los ciudadanos, pero lo bueno es que no pasó nada”, agregó el funcionario ante los medios.

También es distinta la memoria de Marie en relación con la historia oficial que se contó en torno al secuestro de Florencia: “No es cierto que Franco estaba destruido. Cuando llegamos de Brasil, nos preguntó a qué habíamos ido. No compartía ni entendía nuestra preocupación. No parecía una persona a la que le habían raptado una hija. Tampoco es verdad que las negociaciones para la liberación las dirigió Mauricio. Franco y mi ex esposo hicieron casi todo”. Para poner de manifiesto lo que es para ella el poder casi omnipresente de la familia, cuenta que al salir de la cárcel, uno de los acusados del secuestro de Florencia “volvió a robar para que lo encierren. Prefiere estar adentro porque está muerto de miedo, le da pánico estar en la calle, más que en la cárcel… Yo lo entiendo”.

Marie France fue requerida como testigo en la Comisión Investigadora. En su declaración, dejó entrever que el espionaje era un modus operandi dentro de la familia. Los diputados del PRO se encargaron de enrostrarle el mote de “mujer despechada” en cada oportunidad que encontraron. Peña Luque brindó detalles sobre las prácticas de seguridad que se aplicaban en el entorno familiar. De acuerdo con su declaración, su marido le informó que Ackerman Group colocaría un automóvil en la puerta de su casa para registrar quiénes ingresaban y salían, entre otras medidas destinadas a preservar la seguridad familiar. “Sé que fui espiada”, aseguró, pero aclaró: “Si Mauricio Macri mandó pinchar los teléfonos de alguien, no lo sé […] Viví mi propia experiencia con respecto al espionaje. Creo que todavía me siguen”. Agregó que tenía grabado material con información a modo de resguardo, “por si me pasaba algo”. Se preocupó en dejar claro que su presencia allí no era para “ayudar” a ningún interés político, aunque no dudó en decir: “En esa familia, todo lo digitan entre Franco, Mauricio y Mariano. Me habían avisado que los Macri eran una mafia”.

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Habían pasado casi veinte años desde la primera vez que se vieron. Al igual que aquella ocasión de 1991, cuando fueron presentados por el embajador norteamericano Terence Todman, el agente del FBI George Kiszynski se puso a entera disposición de su amigo Franco Macri. Esta vez el trabajo consistía en oficiar de sombra de Néstor Leonardo. Don Franco tenía una corazonada con gusto a certeza que ponía en la mira a ese yerno maldito, un chanta que se habría aprovechado de la candidez de su hija para seducirla y exprimirle hasta el último céntimo. Lo que se conoce popularmente como un “cazafortunas”. Así lo denominaba el suegro en selectas reuniones privadas.

El hombre de apellido polaco, que había pasado su infancia en Buenos Aires y desempeñado funciones como responsable del FBI en esta parte del globo durante el menemismo, en especial en la Triple Frontera, puso en marcha el aparato logístico de la poderosa Ackerman Group, integrada por ex agentes de la CIA, el “buró” y antiguos oficiales del área de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Una demostración más de la estrecha ligazón entre aparatos de inteligencia privados y el glamoroso universo de los negocios, encarnado por grandes grupos económicos que crecieron al amparo de las dictaduras.

En noviembre de 2009, el capo del clan hizo público este vínculo en una carta publicada en el diario La Nación que sirvió como respuesta a los dichos de su yerno, primero en tribunales y luego ante los medios: Leonardo lo había acusado de ser el ideólogo de la pinchadura de su teléfono, cuando el Watergate porteño ya había estallado por el aire. Allí consigna que “he tratado por todos los medios lícitos a mi alcance garantizar la seguridad y la integridad de mi descendencia, por el único medio posible a mi alcance, o sea, recurriendo a servicios de custodia y seguridad privada brindados por The Ackerman Group, prestigiosa agencia debidamente y legalmente constituida y autorizada por las autoridades pertinentes”. El principal escollo para tal argumento es que la firma no figura en los registros oficiales de la Ciudad de Buenos Aires ni en la cámara que agrupa a las empresas de seguridad habilitadas para trabajar en el país.

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The Ackerman Group LLC tiene su sede central en Kennedy 1666, suite 506, en el corazón “gusano” de Miami, estado de Florida. Esta megaempresa tiene sucursales en distintos enclaves mundiales, como Londres, Hong Kong, África y Oriente Medio. Se especializa en asesoramiento en un amplio abanico de temas relacionados con la investigación y la seguridad. Su foco está puesto en áreas como contraterrorismo, análisis de riesgos, protección de personal y planteamiento de contingencia y recuperación de rehenes en caso de secuestros. En Sudamérica, operó en varias ocasiones en la Triple Frontera: allí sus hombres estrecharon lazos con el Fino Palacios.

El creador de la compañía es E. C. Mike Ackerman, un funcionario jubilado de la CIA de extensísimo currículum en el ámbito del espionaje y el tráfico de información. Participó en operaciones clandestinas orquestadas por la Agencia hasta su renuncia en 1975, tras una investigación que encabezó el Congreso norteamericano sobre actividades sospechosas en el organismo.

Los directivos de la empresa que comanda Mike cuentan con una extensa foja de servicios y amplísima experiencia dentro de la gama de trabajos que ofrecen. Wesley Odom Jr., por ejemplo, es vicepresidente ejecutivo. Se integró en 1990, tras una carrera de más de quince años de tareas clandestinas en la CIA. Es especialista en operaciones contra el terrorismo y se desempeñó como instructor del programa de capacitación operativa. Licenciado y magíster por la Universidad de West Florida, fue Seabee (C. B., batallón de construcción de la Marina de los Estados Unidos) en la Guerra de Vietnam. Frank Pedrozo es otro de los vicepresidentes del directorio. Durante casi tres décadas años trabajó en el Ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de coronel. Integró las temibles Fuerzas Especiales, conocidas como “boinas verdes”, expertas en contrainsurgencia, la oficina de Enlace Militar en México y el batallón boina verde del V Cuerpo de Ejército en Europa. Se licenció en la Universidad de West Point, es magíster en planificación estratégica en el Colegio Nacional de Guerra y en relaciones internacionales en Salve Regina. Fue asesor militar en El Salvador durante el conflicto armado que desangró al país centroamericano entre 1980 y 1992.

Otro militar de extensa trayectoria —27 años en el Ejército estadounidense— forma parte de la vicepresidencia. Se trata del coronel William Graves, agregado de Defensa y del Ejército en Colombia durante una de las tantas campañas militares contra las FARC. También dejó su huella en Paraguay y Perú. Una vez retirado, fue gerente regional para América Latina de una importante multinacional que está en el top 20 de Fortune, según consta en su currículum, disponible en el sitio web de la compañía. Egresado de West Point y graduado de la Wharton Business School del programa para ejecutivos de seguridad, fue condecorado con la medalla de Servicio Superior de Defensa, Legión de Mérito y con la medalla Nacional de Inteligencia de la CIA.

El periodista y licenciado en ciencias políticas Bill Reynolds, especializado en servicios analíticos, también ocupa ese cargo. Ingresó en Ackerman en 2001, aunque sus máximas virtudes se llevaron a cabo una vez derrumbada la Cortina de Hierro en la Europa del Este comunista: trabajó en la ex Checoslovaquia como corresponsal de varios diarios norteamericanos hasta 1993. Se trasladó a Ucrania y, entre 1998 y 2001, tradujo al inglés y editó el principal periódico de Azerbaiyán.

Pero la ligazón más fuerte en la cadena Ackerman-Macri es Kiszynski, vicepresidente del sector Investigaciones. Se desempeñó en el FBI, con sede en Miami, por más de treinta años. Allí construyó una considerable reputación por sus conocimientos sobre secuestros, tráfico de drogas y terrorismo. Estuvo involucrado en una serie de oscuros episodios de espionaje internacional. Jim McGee, periodista del Miami Herald, reveló en diciembre de 1983 una serie de choques entre la policía local y el FBI respecto a las investigaciones sobre el terrorismo anticastrista afincado en Miami. De acuerdo con el cronista, un informante del departamento de policía había reportado que miembros de la banda cubano-norteamericana CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas) preparaba un atentado contra un avión que unía La Habana con el aeropuerto de la capital del estado de Florida. Con la idea de sabotear el plan, los uniformados se reunieron con Kiszynski y les entregaron un informe de inteligencia con detalles del plan y las fichas de cada uno de los sospechosos. Pocos días después, trascendió que los terroristas tenían en su poder las carpetas confeccionadas por la policía. Todos los cañones apuntaron al especialista en terrorismo del FBI. Una investigación interna lo sindicó como responsable, ya que había dejado “accidentalmente su maletín durante varias horas con sospechosos de terrorismo”. Su cercanía con la Fundación Nacional Cubano Americana, think tank de la oposición a Fidel Castro, lo volvió aún más sospechoso.

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Ackerman Group no se inquieta por el hecho de no estar autorizado para operar en Buenos Aires. Como suelen hacer otras empresas dedicadas al rubro, apuesta a tender cabezas de playa con firmas asentadas en suelo argentino. El negocio de la inteligencia privada transnacional, ligado con los grandes grupos de poder y la compraventa de información, mueve millones de dólares al año: creció en el auge del menemismo y resurgió con fuerza después de la crisis de 2001. En países periféricos como la Argentina, que durante los últimos veinte años experimentaron un incremento de la violencia urbana, las grandes multinacionales necesitan datos sobre condiciones sociales, políticas y económicas del sitio donde van a invertir, cuál es la envergadura de una eventual competencia, qué rol tienen los políticos y las elites locales, adiestramiento de custodios para ejecutivos y familiares, etcétera. Pero las organizaciones del sector también llevan adelante labores que rozan la ilegalidad, como el espionaje corporativo, el montaje de cámaras ocultas y las pinchaduras de teléfonos.

En la Argentina funcionan varias empresas de capital extranjero dedicadas a tales tareas. Al igual que Ackerman, su tropa proviene de los organismos norteamericanos de inteligencia. Por lo general, cimentaron excelentes migas con la Policía Federal y las cúpulas de distintas fuerzas de seguridad nacional, no solo por la accesibilidad a información epidérmica de lo que pasa en la calle, sino porque también varias de ellas son proveedoras de insumos tecnológicos como videocámaras, micrófonos y equipos tecnológicos de alta gama. Con la ex SIDE sucede todo lo contrario: los espías locales no admiten competencia y suelen despreciar a los “gringos”.

Kroll Associates, por ejemplo, es una de las pioneras en la materia. Fue fundada por un ex hombre de la CIA, Jules Kroll, posee más de cincuenta oficinas en distintos puntos del planeta y se calcula que es la que más dinero factura en todo el mundo en su rubro. Conocida también como Kroll-O’Gara, por la fusión de hace unos años con Eisenhardt Armoring Company y O’Gara, es líder en el mercado de seguridad industrial y autos blindados. Por su cartera de clientes desfilaron empresas como Hewlett-Packard, Philip Morris, Telecom y Banco Galicia. En los 90, el representante de la firma fue el ex agente de la CIA Frank Holder, que pisó suelo argentino de la mano del entonces embajador Todman. El Exxel Group, aquel famoso monstruo empresarial que adquirió gran parte del imperio Yabrán, fue uno de sus clientes más destacados.

Los hombres de la CIA no monopolizan el gremio. El FBI, al igual que Kiszynski, construyó firmes relaciones con políticos y grandes empresarios. En 2000 la empresa Smith Brandon International desembarcó en el país para competir con Kroll y Holder. Su nombre deviene de los apellidos de los creadores: Gene Smith, que se desempeñó varios años en el servicio exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Harry Brandon, jefe de la oficina del FBI en Puerto Rico y máximo responsable de la División Antiterrorista Mundial. Eduardo Eurnekian, ex CEO de grupos de multimedios argentinos y hombre fuerte de Aeropuertos Argentina 2000, la contrató en su momento.

En la Argentina, Smith Brandon encontró una consultora que le facilitó la llegada y aceitó los infaltables contactos con el poder local: ARL System Corporation, capitaneada por Alejandro Ruiz Laprida, un empresario de filiación radical adiestrado en las artes del lobby y la operación por Enrique “Coti” Nosiglia. Fue concejal porteño y gran amigo de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa y del ex capo de la Federal Rubén Santos. Víctor Fogelman, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde y responsable de la pesquisa del caso por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, percibió jugosas sumas de efectivo gracias a sus conocimientos en el sistema de escuchas Excalibur.

Trident es otra oficina de inteligencia privada que opera en el país. Su número uno es el uruguayo nacionalizado estadounidense John Battaglia Ponte, coordinador del Plan Cóndor en los años de plomo, integrante de la agencia y admirador confeso de los oficiales de la dictadura Emilio Massera y Alfredo Astiz. El propietario es Oliver North, asesor en seguridad del ex presidente Ronald Reagan, muy comprometido en el affaire Irán-Contras. Las vueltas de la vida: en esos tiempos convulsionados conoció a Kiszynski.

Pinkerton Business Risk International gozó de los servicios del ex comisario federal y secretario de Seguridad de Menem, Adrián Pelacchi, que a su vez tiene su propia consultora de investigación, AP Security. Entre sus clientes de fuste está Sideco Americana, propiedad del clan Macri. Algo parecido ocurre con la firma de origen israelí SIA, fundada por miembros del Mossad y con arraigo en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

The Ackerman Group, vía Kiszynski, tercerizó o subcontrató a la mayoría de esas empresas a lo largo de los últimos años. Conocen a casi todos los personajes “destacados” del ambiente. Jefes policiales, funcionarios de ayer y de hoy, empresarios todopoderosos… Muchas más personas de lo que cualquier mortal podría llegar a imaginar. Sin embargo, fuentes vinculadas a la Secretaría de Inteligencia son contundentes, y si bien no niegan la tercerización, señalan que Ackerman nunca pudo operar en el país. “Acá, todo se maneja de otra forma y los gringos se volvían locos tratando de meter un pie en un terreno que les resulta ajeno.”

Una fuente vinculada de modo directo con la causa señaló: “Ackerman trató de armar una consultora en sociedad con [el ex secretario de la Juventud Peronista y militante guerrillero devenido en millonario] Rodolfo Galimberti, pero fracasó. La competencia era C3 Consulting, cuyo titular es uno de los pesos pesados de la secretaría”. ¿Por qué el clan Macri admitió los servicios de Ackerman en suelo argentino? La fuente concluyó: “Fue una bomba mediática. Franco prefirió cargarse todo ese tema para darle algo de aire a Mauricio, pero lo cierto es que Franco no necesita de Ackerman en este país cuando puede tener a quien quiera. El hombre que se encarga de los negocios con China tiene media Secretaría de Inteligencia a disposición”.

CAPÍTULO 8
La guerra

La guerra es desatar con los dientes un nudo político que no se puede deshacer con la lengua.

AMBROSE BIERCE

Las medusas no tienen cerebro,

pero tienen veinticuatro ojos.

ANÓNIMO

Inoxidable al advenimiento de la democracia, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) es el único poder que resiste el paso del tiempo y de los distintos frentes políticos y económicos en la Argentina. El manejo de la información que logró concentrar a través de los años explica el aura intocable que se posa sobre este organismo del Estado.

El Fino Palacios y Jaime Stiusso estuvieron en guerra durante quince años. “La causa AMIA es el escenario donde esa guerra se pone de manifiesto por primera vez.” La fuente —que por haber vivido con custodia durante más de dos años prefiere guardar el anonimato— dice que esa lucha sin cuartel es el revés de la trama en la causa por asociación ilícita que avanza contra el jefe de gobierno porteño.

Recién asumido Néstor Kirchner, habría mantenido una reunión de más de medio día con Stiusso. “Tenía biblioratos de cada uno de los tipos del gobierno. Estuvo desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde y después se volvió triunfante a la base Estados Unidos, donde estaba operando en ese momento”, cuenta la fuente.

En noviembre de 2012, el sitio periodístico plazademayo.com reveló la conexión entre el secuestro de Alfonso Severo, testigo en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, y un sector de la ex SIDE opuesto a Stiusso. De acuerdo con la fuente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no estaba al tanto de la operación aunque Stiusso sí. “Dejó seguir porque sabía que en algún momento iba a saltar todo por el aire, porque hacen todo de modo muy desprolijo y porque se sienten impunes”, indica la fuente. “Stiusso es capaz de esperar quince años a alguien para verlo caer. Si no, pregúntenle a Brousson”, refiere. Alejandro Brousson es un ex agente estrella de la SIDE que cayó en desgracia luego de la causa AMIA. Stiusso confirmó una vez más su poder y además, en poco tiempo, se llevó la cabeza del ministro K Gustavo Béliz, luego de que este apareciera mostrando una foto suya en el programa Hora Clave, de Mariano Grondona, y denunciara al organismo como una “Gestapo con una caja millonaria”.

“Kirchner también sabía de la efectividad de Palacios y lo convocó para formar parte de su equipo, aunque la respuesta que obtuvo fue un no rotundo”, continúa la fuente. Palacios había logrado que naciones geopolíticamente distantes, como Alemania, Israel o Estados Unidos, lo condecorasen. Luego del atentado contra la AMIA, el Fino fue el encargado de investigar la supuesta complicidad de la Policía Bonaerense, con la que “Stiusso tenía buenas relaciones”, acota el informante.

La causa AMIA, histórica deuda de la justicia argentina, estaba enfocada en hallar a los encubridores del atentado. Para la justicia, son los mismos que antes oficiaban de investigadores y, entre ellos, se encuentra apuntado el nombre del Fino. La última testigo que prestó su testimonio fue Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem y primera dama en el momento de la explosión, que apuntó sus dardos al juez Galeano y a su “mal desempeño”.

La investigación contaba con pocos fondos estructurales y económicos para esclarecer el atentado terrorista más grande perpetrado en la Argentina. La interna omnipresente entre la SIDE y la Federal —interna en la que Stiusso también resulta inmune— sale cada tanto a la luz. Hace un año, el sitio web de la Policía Federal sufrió un hackeo y la información oficial fue cambiada por un listado detallado de jefes y comisarios con domicilios, jurisdicciones y otros datos personales, como el lugar de destino habitual, correos electrónicos y las correspondientes claves para acceder a cada uno. Todo era material confidencial. La movida se realizó el 13 de septiembre, mientras sucedía el primer cacerolazo de 2012 contra el gobierno nacional. Ningún fiscal actuó de oficio.

“Una parte de la SIDE no es kirchnerista y nunca lo será. La alianza con Stiusso tampoco garantiza el manejo de toda la secretaría”, indicó ese mismo día una fuente involucrada en la causa de las escuchas, que repite a menudo: “En la fuerza hay mucho malestar, tanto en la Federal como en la SIDE, porque mucha gente trabaja por amor a la patria y todos dicen que nunca en su vida vieron tanta corrupción. Antes la frontera era un colador. Ahora, directamente, es un agujero”.

* * *

“La causa comienza con una situación de absoluta irregularidad, por eso pedí a la [Comisión] Bicameral que investigue el punto de partida de la investigación”, dijo Valeria Corbacho cuando su cliente todavía estaba en el Penal de Marcos Paz. Corbacho acudió directamente al Congreso para que analizara si la Secretaría de Inteligencia había violado la ley para realizar una operación política y elevó una denuncia ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. “La causa se enfrenta con la paradoja de haberse iniciado a partir de una posible intromisión ilegal del Estado que permitió accionar el sistema judicial.” Por eso “el conflicto de intereses que habilita la intervención de la comisión es claro”. Pidió a la comisión que determinara, indagara y dictaminara “sobre los abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia”. En esa estrategia se anotó también Palacios, aunque nada prosperó. Claro ejemplo del descontrol que nadie parece querer controlar.

La periodista Marina Dragonetti aclara algunos ítems respecto de la Comisión Bicameral: “Es una de las pocas comisiones que cuenta con presupuesto propio, y el más abultado. Para 2012 se presupuestaron 5,5 millones de pesos [en 2011, 4,4 millones] y debe vigilar las actividades y los gastos del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, entre otros organismos. Las actividades de la Bicameral son secretas, incluso la cantidad de reuniones que mantienen, y los legisladores no pueden hablar sobre ninguna cuestión relativa a ella excepto las opiniones relativas a proyectos legislativos. Sin embargo, diputados que estuvieron en la comisión aseguran que no existe control alguno sobre los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia […] La falta de control se debe, en parte, a debilidades propias de la ley: hay una limitación extra que dicta que el acceso a la documentación reservada de inteligencia está sujeto a la autorización del secretario de Inteligencia. Si bien se presentaron proyectos para modificar este condicionamiento y para tener más control sobre los gastos reservados, hechos por la Oficina Anticorrupción en la Resolución 219/03, esto nunca fue revisado. La resolución de la Oficina Anticorrupción fue acompañada por carpetas de investigaciones sobre posibles hechos de corrupción en la Secretaría de Inteligencia”.

La periodista agrega que, según la legislación vigente, la comisión debe elaborar un informe anual secreto para evaluar las actividades de la Secretaría de Inteligencia y describir todas las actividades de control realizadas, y luego lo eleva al Congreso y al Poder Ejecutivo. “También puede pedir información a la Dirección de Observaciones Judiciales, y a las empresas que presten servicios de telecomunicaciones, informes sobre las interceptaciones y derivaciones telefónicas”, acota Dragonetti.

Desde 2001 Comisión Bicameral fue presidida por el oficialismo, excepto un período en el que estuvo al frente Adriana García, diputada de La Pampa por el Peronismo Federal. Las actividades de control de fondos reservados e intercepción de comunicaciones que realiza son “más formales que efectivas”, según José Manuel Ugarte, co-redactor de la ley. En el caso de las escuchas de Macri, la Coalición Cívica hizo un pedido formal que no prosperó para que la Comisión Bicameral tomara participación y convocara al ex número uno Héctor Icazuriaga para conocer la participación de la SIDE.

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El atentado contra la sede de la mutual judía volvió a ocupar el centro de la escena cuando el fiscal federal Alberto Nisman le encargó al juez Ariel Lijo, en pleno escándalo de las escuchas, que ampliase el procesamiento por encubrimiento al ex comisario Jorge Palacios, por su supuesta participación en las “maniobras tendientes a encubrir a Alberto Kanoore Edul como miembro de la conexión local en el atentado”. Tanto en la Secretaría de Inteligencia como en tribunales abundan las fuentes que mencionan la existencia de un vínculo entre Stiusso y Nisman.

Palacios está procesado, pero el fiscal quería que Lijo ampliara los cargos en su contra a raíz de su “participación en la confección de cuatro documentos públicos falsos, vinculados con las actas que instrumentaron los frustrados allanamientos a diversas viviendas de Alberto Kanoore Edul, y a las irregularidades y falsedades documentadas en ellas”. Esta investigación se abrió como un desprendimiento de la causa central del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos tras la voladura de la sede de Pasteur 633.

Lijo procesó a Palacios, a los hermanos Menem, al titular de la SIDE en el menemismo, Hugo Anzorreguy, a su segundo, Carlos Anchezar, y al destituido juez federal Juan José Galeano, resoluciones confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones del fuero.

Varias fuentes de la arena política y de la policial aseguran que Stiusso cree hasta hoy que Palacios convenció a Béliz de mostrar su cara en televisión. Béliz se apartó del gobierno, Palacios se hacía fuerte en el sector privado y Jaime ya preparaba su venganza, que encontró en el supuesto aparato de espionaje del gobierno porteño. En plena convulsión por la causa de las escuchas, un vocero del PRO aseguraba que Aníbal Fernández les había hecho un favor. El verborrágico funcionario había asegurado ante los medios que “por mucho menos que este espionaje, Richard Nixon renunció a la presidencia de los Estados Unidos”. Macri aprovechó, habló de una probable desestabilización por parte del kirchnerismo y aseguró que iban por su cabeza. Un vocero del macrismo afirmó: “Nos dieron la oportunidad de pelearnos con Kirchner y en esta ciudad eso siempre paga buenos dividendos”.

Béliz, en cambio, no pudo con Stiusso y por eso pegó el manotazo de ahogado. Su ministerio repudiaba el proceder de la SIDE. Pero 33 años en la secretaría y 24 en contrainteligencia producen un peso que es difícil de voltear. Con ese peso, Jaime acomodó en la opinión pública las desavenencias de la causa AMIA de acuerdo a su conveniencia. Logró la declaración de un testigo que aseguró que el ex presidente Menem había cobrado dinero por el encubrimiento. Quienes circulan por Casa Rosada aseguran que Jaime tiene una carpeta de cada político, oficialista u opositor, con grabaciones, fotos y correos que asustarían a cualquiera.

El periodista Jorge Boimvaser, muy cercano a fuentes de inteligencia y conocedor como pocos de las internas de la Secretaría de Inteligencia, afirma: “Stiusso es un genio de la tecnología. Capaz de jugar al metegol con una mano y hackear a Bill Gates con la otra. Es dueño del Musimundo de la información. La tiene grabada hasta a Lilita [la diputada Elisa Carrió]”. Stiusso estuvo vinculado al ex agente Raúl Martins, denunciado por su hija Lorena por ser propietario de prostíbulos en la Argentina y en México. Casualmente, cuando Página/12 publicó la demanda, el sitio web del diario estuvo caído casi un día, víctima de un hackeo. Stiusso y Martins regenteaban un sauna llamado The One, al que iban políticos que desconocían la existencia de cámaras ocultas. Stiusso luego vendía imágenes a los mismos políticos in fraganti, que abrían sus billeteras sin chistar con tal de evitar difusión.

Lorena Martins llegó a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivos (UFASE) junto con el abogado Claudio Lifschitz, ex abogado de su padre. El periodista Lucas Schaerer indica que las diferencias nacieron cuando Raúl Martins presionaba a Lifschitz para cambiar su testimonio en la causa del atentado contra la AMIA, de la que había sido protagonista en su rol de secretario del primer juez, Juan José Galeano, destituido.

Desde su separación de Martins, el abogado cuenta con custodia personal, ya que recibió una balacera, situación que lo acercó a Lorena, que también sufrió el rigor de su padre a través del Lauchón, un agente operativo de la Secretaría de Inteligencia que respondía al todo poderoso Stiusso. Peluquero de oficio y propietario de siete empresas, según la constancia en AFIP, Lauchón se iba a jubilar enseguida y planeaba retirarse a Miami, pero murió desangrado el 9 de julio de 2013 a las 6:40 de la mañana en el baño de su casa, Rocha Blaquier 1502, Moreno, cuando la Policía Bonaerense realizaba 18 allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, en el marco de una causa por narcotráfico. Si bien se intentó disimular su muerte como un caso policial, tras el tiroteo entre policías de un grupo especial y el agente, subyace la misma guerra de espías de siempre. El Lauchón no era un agente más de la Secretaría de Inteligencia. Era amigo íntimo y lugarteniente de Stiusso. “Tocarlo fue tocar a Stiusso”, repetían algunas de las ochenta personas que participaron de sus exequias.

Ese mismo día, Cristina Fernández dijo en su discurso del Día de la Independencia en Tucumán: “Me corre frío por la espalda cuando escucho que nos estaban espiando los del norte en nuestro propio país”. Aprovechó la referencia a las escuchas de Estados Unidos para recordar al “inexistente” Proyecto X, a través del cual Gendarmería realizó tareas de espionaje sobre dirigentes sociales y gremiales. “Claro, es mucho más cool la CIA que un gendarme”, ironizó. Casi al mismo tiempo, Fernando “Pino” Solanas denunciaba a la Secretaría: “Lo que está saliendo a la luz es algo muy grave. La SIDE se lleva 1.400 millones de pesos sin aportar ninguna investigación a las grandes causas penales argentinas”. El cineasta y político agregó: “[La SIDE] No está haciendo nada por averiguar el paradero de Jaime [ex ministro de transporte, en ese momento prófugo de la justicia por diversas causas de corrupción], aportó pistas falsas a la causa de la AMIA, y nos debe la explicación de cómo un sujeto como Pedro Viale, Lauchón, ejerció un alto cargo en el organismo”.

Oyarbide ingresó en la justicia federal en 1976 gracias a las buenas gestiones de su entonces jefe, el juez correccional Roberto Calandra, que terminó patrocinando al dictador Roberto Viola en el juicio a las juntas militares y, tiempo después, al proxeneta Raúl Martins. “No es llamativo que el azar del sorteo computarizado en los tribunales federales uniera a los socios: el juez Oyarbide debería imputar a Martins cuando en realidad son íntimos, al punto de que el magistrado le vendió un nicho en el cementerio”, consigna Schaerer en una investigación publicada en plazademayo.com.¹

En la cueva de los espías, Martins conoció a la Negra Norma Esther Oviedo, espía y proxeneta. En ese entonces se dedicaba a marcar militantes que después eran chupados en campos de concentración de la Capital Federal, como Automotores Orletti. Dicen que ella lo metió en el negocio de la trata y el proxenetismo gracias a sus familiares de la Policía Federal. El primer emprendimiento criminal del Pelado Martins y la Negra fue un privado. Después, el negocio creció y aprovecharon los contactos en la SI para implementar la extorsión a través de filmaciones a poderosos que caían en el pecado del sexo pago.

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Infidelidades y compra de estupefacientes es el contenido de algunas de las grabaciones favoritas de Jaime y su arma secreta para ser inoxidable del poder. “Stiusso y sus hombres son intocables y manejan un Estado paralelo, con una caja inmensa que usan sin rendir cuentas; la policía, al lado de ellos, son nenes de pecho”, asegura una fuente que aún trabaja en la secretaría. “Las internas, pelearse con Jaime o que él crea que le hiciste algo, son un pase seguro a un sinfín de problemas. Eso le pasó al Fino.”

En la Argentina se pinchan de manera ilegal alrededor de 48.000 líneas telefónicas por día, según expertos del Proyecto de Seguridad Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires.

Hugo Álvarez, el agente operativo Hugo Altamirano de la SIDE, habría recibido el 22 de septiembre la orden de llamar a la casa de Sergio Burstein. Hasta ese momento, era otro ignoto agente. Realizó la tarea desde un locutorio con cámaras de seguridad. Su imagen entrando y saliendo de la cabina lo volvió un rostro conocido.

Según las pruebas, Álvarez marcó un número de teléfono erróneo. Se equivocó por un dígito. Cuando lo atendieron, descargó el mensaje, salió, pagó y se fue. La orden le habría llegado desde un alto jefe de la Secretaría de Inteligencia y le tocó por estar sin tarea asignada en ese momento. La duda que surge es cómo supieron en la Secretaría sobre la pinchadura a Burstein si las actuaciones de la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como “Ojota”) son secretas y solo las conocen los magistrados que piden las intervenciones. En este caso, los dos misioneros procesados. Si la Secretaría de Inteligencia detectó irregularidades en las tareas de James, ¿por qué no realizó una denuncia judicial? Para el macrismo, la idea era operar un domingo para que Oyarbide estuviera de turno y evitar así un sorteo. Más adelante, la defensa de James siguió la misma línea de pensamiento.

Un correo electrónico interceptado que forma parte de una denuncia judicial por causas armadas, da muestras de la buena relación que existía entre Nisman y Burstein, al menos hasta el momento en el que el fallecido fiscal decidió involucrar en su investigación a la mismísima presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Antes de volverse el fantasma más pesado que enfrenta hoy por hoy el kirchnerismo, ese Nisman tuvo un antes, respaldado por el oficialismo y apoyado por el agente estrella del kirchnerismo, el ahora negado y expulsado agente Jaime Stiusso. Ese Nisman es ahora vapuleado, por más que ya es cadáver, por Burstein. Ese Nisman era el mismo Nisman que era aplaudido por Burstein meses atrás. El mensaje lo envió el fiscal desde su casilla aanisman@yahoo.com, y tenía enlaces a dos noticias vinculadas con la causa de las escuchas que provenían del sitio web de noticias policiales online-911.com. Nisman preguntaba a Burstein qué sabía del tema. Burstein respondió desde payasos@fibertel.com.ar y dijo: “Alberto, acabo de llegar a Nueva York y no puedo ver las notas”. Las capturas de pantalla pertenecen al ex agente Héctor Alderete, habitué de las denuncias contra Stiusso y un dolor de cabeza para una buena parte de la Secretaría de Inteligencia. Las comunicaciones son del 8 de octubre, cuando todavía no se había pedido la detención de James ni la de Palacios.

Sobre el costado izquierdo de la pantalla, donde están los contactos para chatear, aparecen agentes de la secretaría con sus verdaderos nombres, pero que son fácilmente reconocibles para ex agentes o para personal en servicio. “Una buena pregunta es por qué Nisman chateaba con agentes de la Secretaría de Inteligencia”, ironiza una de las fuentes reservadas que permitieron que estas pruebas se sumasen a la investigación.

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A la luz de los acontecimientos, el destino parece empeñado en cruzar a Palacios con Oyarbide y a revivir de tanto en tanto la causa AMIA. Osvaldo Chamorro, expulsado de la Policía Metropolitana luego de que estallara la causa de las escuchas, dejó en su computadora una pista inquietante: pedidos de informes financieros sobre el fallecido Sebastián Forza, cuyo asesinato destapó el tráfico de efedrina en la Argentina, y un grupo de droguerías entre las que figuraba San Javier. Además, se habían buscado datos sobre Julio César Posse, un ex agente de inteligencia que había sido guardaespaldas de Forza. En las investigaciones figuraba Unifarma, droguería que se hizo famosa luego del triple crimen de General Rodríguez. Pertenecía a Ariel Vilán, empresario que se suicidó luego de que los cadáveres de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieran en un descampado de esa localidad bonaerense.

Unifarma figuraba como prestadora de servicios del gobierno porteño en el área de salud, al igual que en otras provincias argentinas como Santa Fe y San Luis. Los datos persistían en el Boletín Oficial, al menos hasta 2010. Un encargado del depósito, que cobraba su sueldo en dólares en parte para pagar su fidelidad, aclara: “Si los ex empleados declaráramos, de esa causa no zafa nadie”.

¿Por qué Forza y su socio Martín Magallanes eran indagados junto con Unifarma? Según una fuente reservada, Palacios habría sido jefe de seguridad de los Laboratorios Abbott, cuyos apoderados legales son Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales de la causa AMIA y amigos de Guillermo Montenegro. Posse reaparece en escena porque declaró bajo un alias en el marco de la investigación de la AMIA, donde admitió trabajos para la SIDE aunque, en una investigación que en su momento le había iniciado el juez Claudio Bonadio, se le encontraron vínculos con la DEA de Estados Unidos.

Por su parte, y según aseguran las fuentes consultadas, Forza, convencido por Posse, le habría ofrecido información a cambio de protección y una licencia de importación a quien en ese momento era el jefe de la Policía Metropolitana, el Fino. El vínculo Forza-Palacios consta en la causa judicial que guarda Oyarbide.

Stiusso también vuelve a aparecer en una causa que investiga el mediático y cuestionado juez, la de la valija de Guido Antonini Wilson. Un informe de la propia SIDE revelado por el diario La Nación demuestra que Jaime efectuó varias llamadas telefónicas a Claudio Uberti, ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Uberti y el venezolano viajaban juntos cuando fueron detenidos por intentar ingresar al país 800 mil dólares de manera ilegal. El propio Wilson lo definió más adelante como “un criminal”. “Antonio Stiusso sabe que cuando deje la SIDE será un cadáver con patas, igual que Oyarbide cuando deje de ser juez”, asegura sin medias tintas una fuente vinculada al Estado nacional. El informante explica que la magnitud y la lista de enemigos que ambos personajes supieron conseguir son su espada de Damocles.

Por eso Stiusso, que ingresó a la secretaría en plena dictadura militar, sorteó todos los vaivenes políticos hasta llegar al kirchnerismo, donde se mantuvo hasta diciembre de 2014, cuando Oscar Parrilli, al frente de la secretaría, le solicitó la renuncia. Antes, solamente una vez alguien se animó a mojarle un poco más que la oreja. En 2004 tirotearon la casa de su ex esposa en un momento en que se encontraba junto con su hija. Dicen allegados que Jaime guarda como trofeo de guerra un dedo en formol que le habría cortado a un guerrillero y que lo usa como pisapapeles en su escritorio.

* * *

Apenas unos meses antes de que estallara el escándalo de las escuchas, Lifschitz, testigo estrella en la causa AMIA, involucró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su vocero, Miguel Núñez, en las maniobras para desvirtuar la investigación del atentado. Es que cuando la entonces senadora formaba parte de la comisión parlamentaria creada para supervisar la investigación, el juez Galeano y Palacios eran sus enemigos declarados, y también enemigos de Stiusso.

En su presentación, Lifschitz no solo denunció a Cristina y a Stiusso. Agregó a Carlos Menem, a Galeano, al espía Fernando Pocino, al juez de Lomas de Zamora Alberto Patricio Santamarina, y pidió que se investigue al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y a su número dos, Juan Carlos Anchezar. Lifschitz —en su momento, aliado de Jaime— le cobraba una factura. Ya no existía la amistad. Este testimonio fue clave para la nulidad de todo lo actuado por Galeano, que luego fue destituido por mal desempeño. Tiempo después, Lifschitz declaró ante Lijo que Diego Buranello, segundo de Miguel Núñez en el área de Comunicación Presidencial, le ofreció trabajar con ellos con el fin de limpiar la imagen de Jaime Stiusso. Añadió que Buranello le pidió “no complicarlo con las denuncias” que había hecho respecto de las irregularidades en la investigación, donde llegó a decir que el Sector 85 de la SIDE —a cargo de Stiusso— sabía del atentado antes de que se cometiera y que “lo dejó correr” hasta que a último momento los terroristas “se les escaparon de las manos”. Por eso desde un primer momento “taparon todo”, para que no se descubriera su accionar irregular.

Según Lifschitz, al gobierno le interesaba ubicar a Stiusso lejos del escándalo, porque Néstor Kirchner, que recién iniciaba su presidencia, había decidido mantenerlo como director de Contrainteligencia. Meses antes, el 18 de julio de 2009, justo el día en que se cumplían quince años del atentado contra la AMIA, Lifschitz denunció que a las 2:40, en Merlo, un auto salió al cruce del que él conducía y que un hombre bajó y le efectuó tres disparos. Sin dudarlo, aseguró: “La SIDE está detrás de todo esto”.

Casi como si se tratara de una vuelta capciosa del destino, la causa AMIA, Stiusso y el juez Oyarbide aparecen en algunas de las causas judiciales más resonantes de los últimos tiempos.

Stiusso, recientemente “descubierto” por el gobierno que lo había designado en su momento como ayudante del fiscal Nisman para resolver los puntos más oscuros de la investigación, es hoy por hoy una incógnita. Reivindicado ante cámaras por el propio Nisman, días antes de su muerte, el agente rechazó un pase al extranjero y, al cierre de esta edición, no estaba en el país y había pedido seguridad para sus hijas.

Por otro lado, Lifschitz patrocina a Lorena Martins, hija de Raúl, ex socio de Stiusso, hoy con residencia en México.

Los ex fiscales de la AMIA Mullen y Barbaccia eran apoderados de los Laboratorios Abbott, en los cuales intervenía el Fino Palacios, que guardaba en su computadora información sobre Sebastián Forza que se incorporó luego al expediente de la causa por la mafia de los medicamentos.

Mullen también patrocinó a Southern Winds en la causa que investigaba el transporte de droga a España mediante esa ahora inexistente línea aérea, causa que también recayó en el juzgado de Oyarbide. Claudio Uberti mantuvo comunicaciones frecuentes con Stiusso durante la investigación del caso de Antonini Wilson.

Las tres causas, Martins, medicamentos y Wilson, comparten juez: Oyarbide.

Con el Fino Palacios al frente de la Metropolitana, Nisman volvió a la carga y pidió al juez Lijo su reprocesamiento.

Las autoridades de la AMIA empezaron el año 2013 reunidas con el fiscal para analizar nuevas pruebas vinculadas con la causa que apuntan en forma directa contra el ex agregado cultural de la embajada.

El periodista Gabriel Levinas, en su libro La ley bajo los escombros, aclara el panorama: “En la Argentina, los jueces actúan como investigadores y fiscales. En teoría al menos, la policía y los organismos de seguridad deben ayudar a los jueces. Pero el sistema rara vez funciona”.

1 En: http://www.plazademayo.com/2012/01/el-cafishio-eljuez-su-fiscal-y-su-alcalde/

CAPÍTULO 9
Maldita Metropolitana

Añadirán su propio idealismo e impaciencia. Prometerán un futuro. Harán sus demandas.

Alguien hablará de grandeza y sacrificio.

INGMAR BERGMAN, El huevo de la serpiente

Como si se tratara de una sentencia tácita, la policía argentina carga con una maldición inexplicable. A mediados de los años 60, la pluma de Rodolfo Walsh comenzó por definir a la Bonaerense como la “maldita policía”, un mote que le quedó grabado para siempre a una institución cada vez más salpicada por su complicidad con el delito en todo su territorio, con un accionar que tuvo su origen en aquel Plan Conintes — ideado tras el derrocamiento de Juan Perón y puesto en funcionamiento alrededor de 1960 por Arturo Frondizi— que permitía declarar zonas militarizadas a las principales ciudades del país. Los paros sindicales, la efervescencia estudiantil y el peronismo revolucionario que reclamaba el regreso de su líder eran el embrión de las primeras organizaciones de lucha que, en aquellos 60, conformaron las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Montoneros, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), entre otras.

La fracasada lucha por el traspaso de la policía, la pelea en la Legislatura porteña para crear la nueva fuerza, la discusión por el presupuesto, las dificultades para el reclutamiento, las quejas por el cierre de un predio y la polémica generada en torno a las armas que debían portar fueron solo algunos de los problemas que enfrentó el gobierno porteño para lanzar su Policía Metropolitana, esa que se presentaba como el caballo de batalla de la candidatura de Macri y que se terminó transformando en un caballo de Troya.

El descubrimiento de un espía contratado en el Ministerio de Educación de la ciudad, la renuncia y posterior detención de un jefe que había sido defendido contra viento y marea, y el desplazamiento de otro por estar inculpado en un caso de espionaje ilegal convulsionaron todavía más la breve historia de esta fuerza, que aún no pisaba la calle. El 28 de octubre de 2008 la Legislatura aprobó la creación de la nueva policía. El huevo de la serpiente ya se estaba incubando.

En menos de quince días, vía Internet, comenzó el reclutamiento de los futuros agentes y su insignia fue presentada en sociedad: alas, laureles y la celeste y blanca flameando en el fondo. Además, el presupuesto de Justicia y Seguridad porteña se aumentó un 12%. El ministro Guillermo Montenegro había dicho a los legisladores que destinaría 50 millones de pesos a la nueva policía de la ciudad. Los diputados opositores comenzaron a hacer desfilar sus críticas.

Actualmente, un oficial con experiencia en una fuerza de seguridad que ingresa en la Policía Metropolitana tiene un sueldo de 7.400 pesos y trabaja ocho horas diarias, con un descanso semanal de 48 horas. En cambio, en la Policía Bonaerense tiene que hacer 120 cores (compensación recargo de servicio, horas extras en la misma seccional en la que se trabaja) para llegar a un sueldo de 4.000 pesos. Otro ejemplo: un comisario inspector con 27 años de experiencia en la Bonaerense tiene un sueldo de 9.900 pesos. En la Metropolitana, un comisario gana más de 20.000 por mes. La “de Macri” tiene cobertura médica de Proteger Salud, que brinda el plan 210 de OSDE, mientras que la provincial cuenta con la obra social IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires).

En abril se produjo otro acto que no fue bien recibido por la opinión pública. El gobierno porteño decidió cerrar Puerto Pibes, un predio situado en Costanera Norte para actividades recreativas infantiles, con el fin de convertirlo en una futura sede policial. El 3 de julio, además, se oficializó el anuncio de que Jorge Alberto “Fino” Palacios estaría al frente de la policía que se estrenaba. En su legajo había sombras demasiado oscuras: la escucha telefónica que lo relacionaba con un acusado en el caso de Axel Blumberg, una imputación en la causa AMIA y textos de su puño y letra que, para muchos, justificaban el accionar militar durante la última dictadura.

Mediáticamente, los familiares de los muertos en la AMIA fueron los que más presionaron para que Palacios dejara su cargo. Sin embargo, un ex legislador porteño y miembro de la colectividad, y quien también lo había criticado, días después ordenó a sus agentes de prensa aquietar las aguas. “No toda la colectividad piensa que investigó mal en la AMIA, tenemos que callarnos la boca”, sentenció.

El 25 de agosto, casi un mes y medio después del derrotero de críticas, Palacios renunció y alegó motivos personales. Macri, que había defendido férreamente su nombramiento, dio marcha atrás e informó, en conferencia de prensa, la decisión del uniformado. “Jorge Palacios presentó la renuncia al cargo de jefe de la Policía porteña por razones personales. Es un gesto de grandeza, que lo enaltece”, sostuvo. Exaltó que el Fino no quiso complicar la gestión de su gobierno. Habían transcurrido solo cinco semanas. Al cierre del libro, la justicia había procesado a Palacios como “partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y del delito de violación de medios de prueba” en la causa por las irregularidades en la investigación del ataque contra la mutual judía de la calle Pasteur.

Con un panorama cada vez más turbulento, el ministro de Justicia y Seguridad porteño resolvió nombrar como jefe de la nueva fuerza al comisario mayor retirado Osvaldo Chamorro, hasta ese momento número dos de la Metropolitana. Una de sus primeras ideas fue dotarla de un cuerpo especial para actuar frente a piquetes que impidiesen o anulasen la circulación en la capital. Las críticas entraron en escena otra vez.

* * *

“Soy cuidadoso con el que me responde pero perverso con el que me caga. No voy a dudar en destrozar al que se equivoque a propósito.” Lejos de un discurso formal, Guillermo Montenegro se dirigió así en una charla en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Parque Avellaneda, a 400 agentes de la Metropolitana que estaban por terminar el curso de formación. El ministro no supo cuidar la lengua y recibió acusaciones de “agresivo, amenazante y perverso”.

El último día de septiembre de 2011, la cúpula sufrió otra baja. Daniel Pastor, rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, dio un paso al costado, pese a que nunca había llegado a asumir de modo formal. Nada iba bien en el SWAT porteño, pero todo podía empeorar. En octubre fue detenido Gerardo Ciro James, con lo que la policía identificó como un kit de espía compuesto por equipos de grabaciones, de control de líneas telefónicas y de interceptación de comunicaciones. Estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño desde 2008 y había iniciado los trámites para incorporarse a la nueva fuerza. A fines de octubre, fue procesado con prisión preventiva. Unos días antes, Palacios había admitido en una entrevista al diario La Nación que había recomendado a James, aunque negó haber realizado tareas de espionaje.

Los cruces entre el gobierno nacional y el porteño comenzaron con una ferocidad inusitada y jamás tuvieron freno. Se acusaron mutuamente de infiltrar al espía. “El gobierno no ha parado de intentar boicotear el lanzamiento de la Policía Metropolitana.” Sintéticamente, Macri habló sobre la polémica en torno a las escuchas ilegales. Sin embargo, la justicia descubrió cientos de llamadas entre James y las oficinas donde funciona la nueva fuerza de seguridad de la ciudad, y desde las filas del PRO comprendieron que la salida a esa espiral de denuncias estaba demasiado lejos de su alcance.

Presionado al extremo por el escándalo, Macri decidió buscar el nuevo jefe en el mundo civil. Le ofreció el puesto al diputado nacional Eugenio Burzaco, uno de los referentes del PRO en materia de seguridad, que entró en funciones el 11 de diciembre, secundado por Chamorro. Junto con el diputado oficialista Jorge Triaca (hijo) y el escurridizo ex agente de inteligencia Daniel Medina formó una tríada propensa a repetir viejos errores. “Para nosotros la seguridad no se inventa, sino que se construye en el día a día y se hace en forma cooperativa entre todos.” Con esa suerte de máxima, Triaca —hijo del ex ministro de Trabajo de Carlos Menem e integrante de la Fundación Pensar— trazó el epílogo del Plan General de Seguridad Pública, del cual se muestra como gestor y parte.

Los tres tienen como amigo en común al banquero y ex jefe de la cuestionada SIDE en épocas de la Alianza, Fernando de Santibañes. Burzaco, como públicamente lo confiesa, fue asesor de la SIDE durante la Alianza. Triaca es un gran amigo del banquero que ahora cría caballos en Estados Unidos y Medina fue jefe de seguridad de Santibañes en la agencia de espías. Burzaco no hace diferencias. El ex jefe de la Metropolitana de Macri asesoró en seguridad a quien fue el primer candidato a diputado nacional del kirchnerismo Martín Insaurralde. La Subsecretaría de Seguridad de Lomas de Zamora es una estrecha colaboradora de Burzaco, que brinda su know how a otros municipios y cobra unos 80 mil pesos por mes.

Desde su despacho en el Congreso, Triaca hablaba de los contratos de la Policía porteña sin pelos en la lengua. Para que todo quedase en familia, contrató a dos hijos de Daniel Medina, ex integrante de la Secretaría de Inteligencia: el varón es su asesor de prensa y la mujer, su secretaria personal. Medina fue mano derecha, histórico chofer y guardaespaldas de Santibañes. Quienes conocen de cerca el vínculo entre ambos aseguran que la relación no tiene matices. Santibañes le debe la vida Medina, quien en sus épocas de custodio se la habría salvado en una ocasión que solo ellos dos conocen y cuyos detalles son un secreto infranqueable.

Luego de la llegada de Burzaco, la calma fue casi nula. La justicia revisó la computadora personal de Chamorro y encontró pedidos de informes a una empresa comercial sobre la situación patrimonial y financiera de un grupo de políticos porteños. Había opositores y también macristas, incluido el mismísimo jefe de Gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En 2012, Burzaco dejó su cargo rodeado de rumores que daban cuenta de una interna creciente en el mundo de la seguridad PRO. El 17 de noviembre de 2009 Macri desplazó a Chamorro. Ese mismo día, Palacios fue detenido y trasladado al Penal de Marcos Paz.

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Cuando Macri no imaginaba que una causa por escuchas ilegales podía poner bajo amenaza sus aspiraciones presidenciales, los legisladores Cristian Ritondo y Daniel Amoroso —antes de que el segundo se uniera a las lides de Francisco de Narváez— tenían listo un proyecto para crear la Dirección de Inteligencia Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ambos, la idea pasaba por interceptar redes delictivas in fraganti. Desde sectores opositores aseguran que bajo el manto de una unidad para la prevención del delito, se escudaba la intención de legitimar un sistema de investigación ilegal. El proyecto establecía que, de entrar en funciones, la dirección iba a estar facultada para obtener y reunir información referida a las actividades criminales, planificar y ejecutar tareas de obtención y análisis de información para la producción de inteligencia criminal y, al mismo tiempo, ejecutar tareas de contrainteligencia ante toda persona o accionar que, a su juicio, pusiera en peligro la seguridad porteña.

“El ministerio público ya se encarga de esa tarea, por lo cual se superpondrían las funciones, además de ir a contramano de lo que se hace a escala mundial, que es separar las áreas de investigación del resto de la fuerza, para que no se desvirtúen las funciones”, explica el ex legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova. “Si bien es necesaria la inteligencia criminal, está la salvedad de que en el ministerio rige la cláusula de protección de datos e información.” Más allá de las implicancias legales, detalla: “Hay cincuenta efectivos de inteligencia de la Federal que ya fueron blanqueados dentro de la Metropolitana, pero como no aprobaron el psicofísico, no pueden salir a la calle y entonces se los deja hacer lo que ya venían haciendo, tareas de espionaje. Son espías, sirven para eso y lo van a seguir haciendo”.

Eduardo Alem, quien fue agente de prensa de Burzaco, admitió la existencia de un grupo de agentes de civil que se dedican, entre otros casos, a “investigar y desbaratar bandas que pirateaban CD, desmantelar salones de juego clandestino y detectar bocas de expendio de medicamentos por fuera del circuito farmacéutico”. A ellos se refirió el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili, quien denunció la presencia de cuatro miembros de la Metropolitana en una reunión del preconsejo en el Centro de Gestión y Participación de la Comuna 15 y que previamente al encuentro tuvieron una cita con el director. “Tenemos que estar atentos, esto es preocupante. Sabemos que el veedor que fue desde la Defensoría registró este hecho y queremos ver qué dice el gobierno. Estas presencias buscan asustar al vecino y son propias de la paranoia del oficialismo, de querer controlar todo lo que se dice o hace […] En la historia de este país, que en una reunión de vecinos el director que representa al Estado recurra a la policía de civil y no identificada, que tomen notas y se lleven el listado de los participantes, es bochornoso.” Solo dos días alcanzaron para dar más fuerza a las explicaciones de Gentili: el coordinador del Centro Cultural Osvaldo Pugliese, que funciona en una escuela de la misma comuna, fue despedido.

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La Comisión de Seguridad del gobierno porteño, presidida en 2011 por el diputado Martín Borrelli, estaba a cargo de realizar un estudio sobre los 900 legajos de cada agente ingresado a la fuerza. Si bien aseguran que el trabajo se hizo con absoluta dedicación, los opositores tienen una visión diametralmente opuesta. La kirchnerista Gabriela Alegre denunció desde el inicio del reclutamiento: “Hay una gran cantidad de agentes que provienen de inteligencia, además de casos dudosos en los que habría incompatibilidad de funciones, por trabajos en agencias de seguridad privada […] Montenegro tampoco pudo explicar la situación del comisionado de la Metropolitana, Ricardo Ferrón, quien, en el momento en que el macrismo quería llevar un destacamento policial a Puerto Pibes, firmó documentación pública como funcionario de la Metropolitana a pesar de que su nombramiento se produjo once meses después, lo que podría resultar un caso de usurpación de cargo […] Tenemos información de que hubo personal de inteligencia contratado en otras áreas de gobierno, por lo que podemos decir que era una práctica generalizada. Hasta el mismo Montenegro lo admitió cuando dijo en la Legislatura que mientras no estaba la estructura usaban otros mecanismos de contratación”.

Un informe preliminar fechado a mediados de julio y elaborado por la Comisión de Evaluación de la Incorporación del Personal, proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana, informó que cuatro de cada cinco jefes nombrados por Macri venían de la dictadura y que “el proceso de recopilación de la información requerida ha sido obturado de manera tal que dificulta un análisis preciso que corresponda de manera efectiva al objeto que le ha sido encomendado a esta comisión […] La revisión de los legajos aporta un bajo nivel de información con respecto al desempeño de los oficiales. La mayor parte de la información es provista por el propio ingresante”. El estudio, además, denuncia la falta de “exámenes psicofísicos y de conocimientos profesionales”.

Por si fuera poco, luego de las idas y venidas tras la confirmación de la Cámara de Casación, el jefe de gobierno prohibió hacer públicos los informes sobre las políticas de seguridad. Así lo advirtió la diputada Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que presentó un proyecto en rechazo a la norma publicada en el Boletín Oficial de la ciudad y que establece que todos los documentos elaborados a requerimiento de la Legislatura deberán ser elevados a conocimiento del ministro de Justicia y Seguridad, previamente a su remisión al cuerpo legislativo, y que todos los producidos por el comité tendrán carácter reservado y no podrán ser dados a publicidad sin el consentimiento expreso y escrito de la mayoría absoluta de sus miembros. Sánchez Andía jamás disimuló su sorpresa. Luego de la confirmación del procesamiento de Macri, este elaboró una norma que “transforma a un organismo estatal encargado del seguimiento del sistema de seguridad pública, en una oficina al servicio exclusivo del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya producción permanecerá oculta mientras dicho organismo así lo quiera”.

El 6 de agosto, los legisladores encargados de revisar al personal de la nueva fuerza dieron su veredicto, aclararon que no pudieron tener acceso directo a los legajos en papel y que debieron arreglarse con versiones digitales. Hay que destacar que la modalidad de acceso elegida determinó que solo se observaran 52 legajos, todos de la plana mayor, pero que constituyen el 5,6% del total del personal de la Metropolitana (926) proveniente de otras fuerzas. En numerosos casos no se exigió la presentación de foja de servicios policial o el certificado de antecedentes penales es posterior al ingreso a la fuerza. La falta de constatación respecto de la incompatibilidad entre el desempeño en la Metropolitana y en empresas de seguridad privada también brilló por su ausencia.

Hasta ese día, el gobierno de Mauricio Macri removió al menos a 22 agentes —entre los que se incluyen seis comisionados— con antecedentes penales. En su mayoría, habían sido denunciados desde la Legislatura o por investigaciones periodísticas. De 52 altos mandos, el 73% —es decir, 38, incluidos los cuatro superintendentes— tuvo actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en sitios como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos o comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención. En el informe, elaborado por los miembros del PRO de la comisión, se minimizó la situación y se apeló a argumentos como la obediencia debida y la falta de condenas. Además, el 17% (9) proveniente de la Policía Federal fue pasado a disponibilidad en 2004. El 50% de ellos tenía alguna causa judicial abierta o se le impulsaba algún sumario administrativo. Pese a esto, el gobierno de la ciudad no realizó ninguna averiguación con la Policía Federal que permitiera saber si estuvieron implicados en delitos o sanciones disciplinarias.

Al leer los currículums presentados por los aspirantes, se verifica que varios de los miembros de conducción se capacitaron en materias como “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la dictadura y con posterioridad. Casi sordo a las declaraciones de los diputados opositores, Macri anunció la instalación de 500 cámaras de seguridad en la ciudad, al hacer una serie de consideraciones sobre los avances del Plan Integral de Seguridad.

El hombre que declaraba la intención de crear una policía que hiciera eje en la prevención del delito y la proximidad con los ciudadanos, estaba cada vez más distanciado de su meta. El sueño de la policía propia es una pesadilla recurrente. La matriz desde la que fue armada tuvo otros resultados: tanto Palacios como el aspirante Ciro James terminaron presos y el mismo Macri tiene un proceso firme en su contra. Los patrulleros circulan lustrosos por las calles de algunos barrios porteños, los diputados del PRO continúan bregando por la prohibición de cuidacoches, motoqueros y manifestantes, y las pistolas Taser —armas que descargan electricidad sobre el cuerpo del posible delincuente— duermen en algún depósito. Las detenciones de indigentes realizadas en agosto de 2012 en un descampado de Villa Urquiza, con notorios abusos de autoridad retratados por el fotógrafo Horacio Paone, que desde su ventana fue testigo preferencial del hecho, reavivaron la conexión entre la Metropolitana y una expresión que el PRO quiere esconder: fuerza represiva.

Un año antes, el oficial de la Metropolitana Enzo Fabián Álvarez, de 25 años, le disparó a corta distancia y en la cara a Bruno Pappa, de 26, pese a que este no había opuesto resistencia y estaba “armado” con una pistola de juguete. Pappa vivía en el asentamiento del barrio de Chacarita conocido como El Playón.

Además, la Metropolitana irrumpió en las instalaciones de la Cooperativa Casco, en Villa Ortúzar, a principios de 2012, donde incautó material que fue arrojado a un camión triturador. Antes, había trascendido la intención del oficialismo de crear una fuerza antiacampe, en septiembre del año anterior, cuando se daba cuenta de la intención del PRO de prohibir por ley los campamentos de protesta en el espacio público y las personas durmiendo o alojándose en las veredas o espacios públicos.

La lista de intervenciones desmedidas de la fuerza porteña incluye también el asesinato de Rodrigo Romero y Jesuán Marchioni a manos de David Alejandro Barrios, uno de sus agentes. Barrios estaba armado, sin uniforme, y se dirigía a su puesto, en la Comuna 12 de Saavedra, cuando según sus declaraciones advirtió que los jóvenes iban a asaltar a los pasajeros y, de acuerdo con los testigos, “disparó antes de que los supuestos ladrones reaccionaran. A uno lo mató de dos disparos y al otro lo remató”.

Otra zona “caliente” donde las demandas son una constante es la Villa 31 de Retiro, donde la policía local se enfrentó con gases y balas de goma con los vecinos que cortaban el tránsito en la bajada de la Autopista Illia y la avenida Castillo, para reclamar al gobierno porteño el pago de un subsidio y la posibilidad de construir sus viviendas en terrenos linderos a la autovía.

La violencia policial incluso cruzó los límites de la ciudad cuando en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere una oficial de la Metropolitana mató de un balazo en el pecho a un joven que presuntamente pretendió asaltarla junto con otros dos muchachos, de 16 y 18 años. El joven murió antes de que pudiera ser atendido por los médicos. Fue identificado como Gastón Osvaldo Bustamante, de 25.

Además, desde que los manteros salieron de la peatonal Florida, la organización contabilizó oficialmente más de 250 decomisos formales pero más de 1.000 denuncias “por el robo literal de la mercadería por parte de inspectores y Policía Metropolitana, con total violencia e impunidad”, según Omar Guaraz, uno de sus representantes.

Por su parte, el ex legislador porteño Julio Raffo, de Proyecto Sur, solicitó al gobierno que informe la cantidad de efectivos de la Metropolitana que provienen de las Fuerzas Armadas. De la información brindada por el Ministerio de Seguridad al 25 de enero de 2013, se desprende que un 5% (186 efectivos) son o fueron militares. De ellos, un 76% (142) pertenece a la Armada. El 72% (135) está ubicado en rangos operativos de la policía, oficial y oficial mayor.

Signada por las denuncias de una red de espionaje, la Metropolitana no arrancó con el pie derecho. La detención del Fino Palacios fue apenas la primera mancha. Luego, llegaron las denuncias de que parte de las cúpulas y el personal estaban vinculados a violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción.

* * *

Cuando la causa de las escuchas parecía haber quedado en punto muerto, el juez federal Sebastián Casanello envió a once de los procesados a juicio oral, pero exceptuó de esa medida a Mauricio Macri por entender que no había pruebas suficientes. Al cierre de esta investigación, el ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, el ex agente Ciro James y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, deberán desfilar por tribunales según la resolución del magistrado.

Casanello entendió que la carga contra Macri “se agota en una suerte de responsabilidad por organigrama”, por ser la cabeza del gobierno porteño, y que más allá de la responsabilidad política que tenga, no hay pruebas suficientes para atribuirle la responsabilidad penal de haber formado una asociación ilícita. Además, remarcó, el cierre de la etapa de instrucción realizado por el juez Oyarbide “fue prematuro”. Algo en lo que coinciden las defensas de todos los imputados.

Sin embargo, para Macri el alivio duró poco, ya que el fiscal Jorge Di Lello —actual encargado de investigar la causa— piensa en las antípodas de Casanello: “Entiendo que la decisión del doctor Casanello es errada en tanto y en cuanto para mí, con los elementos que hay hasta aquí, se puede iniciar el juicio oral para todo el mundo”, afirmó Di Lello en una entrevista radial, en la que agregó: “En el verdadero juicio donde se pueden tomar las pruebas que faltan es en la etapa oral”.

“Hace un año se había cerrado la etapa de instrucción y se había establecido, con fallo de cámara que confirma el procesamiento de todos, que debía hacerse el juicio oral. Al asumir, Casanello decide, en el marco de sus facultades, que para elevar a juicio lo correspondiente a la conducta del ingeniero Macri todavía faltaban algunas pruebas, de manera que separa a todos los demás procesados de Macri”, explicó el fiscal, quien recordó que una vez iniciado el juicio oral es posible pedir la instrucción complementaria.

A la fecha de cierre de este libro, las defensas de los imputados casi toman con sorna la decisión del juez: “Entonces somos todos una manga de delirantes que pinchábamos teléfonos por gusto”, bromean en relación con la medida de Casanello, y agregan: “si no espiábamos para Macri, esto era un hobby”. Sin embargo, el planteo formal se mantiene y esperan que en el juicio las acusaciones caigan. “Si las cintas de las escuchas no están siquiera desgrabadas por mí, ¿cómo es que yo espiaba?”, inquiere James finalmente.

A MODO DE COLOFÓN

Al cierre de la edición de este libro, el kirchnerismo anunció con un rodeo de victoria pero sin un solo papel o documentación que lo confirmase que el temido y criticado agente Stiusso había sido finalmente desplazado de la Secretaría de Inteligencia. En una nota sin firma publicada en Página/12, el kirchnerismo anunciaba el recambio de la cúpula y designaba en el nuevo cargo al ex secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli.

“Lo que el gobierno muestra como una batalla ganada con la renuncia de Stiusso, en realidad es un arreglo por la caja y algo que tiene que ver con la ley y la lógica, ya que está establecido, al igual que con el Ejército o la Policía, que si se desplaza al jefe o al general, se desplaza al resto de la cúpula.” De esta manera, una fuente en extremo conocedora de los manejos de la ex SIDE explicó que el kirchnerismo no ganó nada con la salida de Stiusso, ya que su partida estaba signada al promoverse el desplazamiento de Héctor Icazuriaga, ex director de la Secretaría de Inteligencia.

Desde el gobierno se hizo correr la versión de que la renovación del área de Inteligencia era total y que el cuestionado “señor 5”, Jaime Stiusso, “había renunciado” a su cargo luego del ingreso de Oscar Parrilli. “Toda la cúpula debe irse si se va el director, no es que hayan conseguido nada”, dijo la fuente, y si bien remarcó que no es alguien por quien sienta aprecio, sino todo lo contrario, “con todo lo que hizo por el kirchnerismo, que le hayan dado salida es algo que traerá coletazos”.

La fuente aclaró, además, que sigue en funciones el enemigo de Stiusso, el director de Reunión Interior, Fernando Pocino, que debería haber dimitido ya que su jefe general, Icazuriaga, ya no conduce el organismo. Pero Pocino tiene buena relación con César Milani, jefe de Estado Mayor General del Ejército. “Milani es uno de los nuevos hombres fuertes de la Secretaría de Inteligencia”, aclaró.

Más allá del control de la información, los 500 millones de pesos por mes que maneja Inteligencia de manera discrecional son el eje de las luchas de poder que siempre están a la orden del día. De hecho, Stiusso hizo notar parte de su enojo y mientras el anuncio del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia se hacía efectivo, fuentes judiciales y policiales confirmaron que ese mismo día el agente pasó por los tribunales de Comodoro Py para presenciar una declaración testimonial derivada del supuesto secuestro de Alfonso Severo, testigo clave en el juicio de Mariano Ferreyra, donde un sector de la Secretaría de Inteligencia es fuertemente investigado por el fiscal José María Campagnoli.

En el gobierno nacional entendieron el mensaje y le ofrecieron al agente el traslado a otro país, pero aludiendo cuestiones personales, este no aceptó.

* * *

Un simple anuncio poco significa en las lides del espionaje: “¿Dónde está la dimisión firmada, la publicación oficial, un anuncio que se haga más allá de Página/12?”, se preguntó el abogado Mario Ganora, quien representa al periodista Miguel Bonasso, uno de los denunciantes más férreos de Stiusso. “Poco significa un simple anuncio, ¿dónde está la dimisión, la publicación oficial?”, se quejaron desde la ONG La Alameda, que tiene más que un tema personal con Jaime, a quien señalan como el capo de varios prostíbulos donde se ejercen la trata y la explotación sexual.

La reflexión final de Bonasso es inquietante: “La Argentina no es una democracia escandinava, ciertamente, pero exagera para el otro lado: a la sociedad no parece importarle mucho que funcionarios que integran una secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación se dediquen a la trata y el tráfico de estupefacientes. Pocos ligan la creciente inseguridad en calles, casas o autobuses, con el crimen organizado y protegido desde arriba”.

* * *

El kirchnerismo parece decidido a disciplinar a la justicia, pese a que uno de sus emblemas en plena campaña, allá por 2003, haya sido justamente renovar la famosa “corte adicta” ideada por el menemismo. El mejor ejemplo es el caso del fiscal Campagnoli, puesto en el ojo de la tormenta por investigar al empresario más cercano a la familia Kirchner, Lázaro Báez.

Pero el kirchnerismo ya tenía en la mira a Campagnoli y lo de Báez no fue otra cosa más que la gota que rebalsó el vaso. Fue cuando el fiscal estuvo demasiado cerca de esclarecer el secuestro de Alfonso Severo, ex empleado ferroviario abordado a punta de pistola antes de declarar en el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, donde era testigo clave.

Campagnoli había logrado detectar dos teléfonos asignados a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la zona donde Severo fue abordado. Los aparatos se correspondían con dos agentes encubiertos apodados Perico y Raitano. La pista del fiscal era correcta, pero lo que Campagnoli no sabía era que Perico y Raitano eran el chofer y el secretario de Fernando Pocino, respectivamente.

Fernando Pocino era y sigue siendo el director de Reunión Interior de la Secretaría de Inteligencia y uno de los tres hombres fuertes del organismo. Quienes trabajaron en su repartición no dudan en señalarlo como uno de “los intocables”. A pesar de las sospechas de Campagnoli, los camaristas decidieron que el caso fuera a un juzgado de garantías de Lomas de Zamora, departamento judicial donde ocurrió el secuestro y donde la causa quedó cajoneada.

Cuando los mismos agentes y ex agentes que seguían en contacto con la fuerza hicieron trascender el dato, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien le había pedido de modo personal al fiscal esclarecer el caso, montó en cólera. Le reprochó al fiscal de Saavedra no haberla cuidado y unos meses más tarde fue ella misma la encargada de impulsar el jury.

En ese momento, la balanza había empezado a torcerse en contra del fiscal y el respaldo popular y de varios sectores de la oposición fueron las dos herramientas que finalmente salvaron, por ahora, lo que seguramente era un destino alejado de la fiscalía.

* * *

A mediados de 2014, la Sala I de la Cámara Federal decidió no aceptar el pedido de nulidad por parte de la defensa del vicepresidente Amado Boudou en torno a los testimonios de Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick. Una sorpresa al menos en el mundo judicial, ya que la cámara se caracterizaba por tener fallos “benévolos” en torno a las causas que rozaban al gobierno en sus distintos estamentos. Es la misma cámara que resolvió dejar en libertad al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a los hermanos Schoklender, y decidió procesar al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, como presunto miembro de una organización destinada al espionaje telefónico.

Pero ¿cuándo se tensaron las buenas relaciones? Fue cuando la cámara declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento firmado con la República Islámica de Irán y refrendado por el Congreso de la Nación para que el juez y el fiscal que investigan el atentado contra la AMIA puedan indagar en Teherán a los sospechosos de haber cometido el ataque terrorista contra la mutual judía. “La cámara responde a un sector de la Secretaría de Inteligencia alineado a Jaime Stiusso”, confirma una fuente del riñón de la secretaría.

Otra fuente relacionada de manera directa con la Secretaría de Inteligencia agrega que “la cantidad de información sensible que ostenta Stiusso lo llevó a firmar la paz con los Kirchner. Pero a mediados de 2013 corrió fuerte el rumor de que Cristina pensaba descabezar a la secretaría y todo se volvió un hervidero”.

Finalmente, el statu quo se mantuvo, al menos en apariencia. Por eso la decisión de la cámara en torno al caso Ciccone, que valida los testimonios de los supuestos damnificados, y además al citar a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, puede explicarse desde la omnipresencia que tiene el entramado del esquema de la inteligencia argentina, desde mucho antes de que los Kirchner fuesen gobierno.

AGRADECIMIENTOS

A Pablo Avelluto, por confiar en esto que alguna vez fue un proyecto.

A Sylvia do Pico, simplemente por haber sido la jefa más maravillosa y por enseñarme a confiar cada vez más en mí.

A Laura Di Marco, mi madrina de Fopea, por su buena onda durante todo este proceso.

A mis colegas y amigas, por ser las pilas que a veces se me agotaron, por sostenerme y por bancarme, que no es nada fácil.

A Pili, Chacho y Yaya, mi familia rosarina.

A mis colegas, con los que no comparto un trabajo pero sí un oficio, por su respaldo y su compañía. Ustedes saben quiénes son. Y son muchísimos, por suerte.

A las redacciones y a los medios en los que trabajo y en los que trabajé, por permitirme vivir de lo que quiero.

Al Foro de Periodismo Argentino (Fopea), por ser el faro y el sostén necesarios en una época brava para la prensa.

A todos los que me dijeron que se podía, que yo podía, y me dispensaron una dosis de su energía.

A todos los que también pensaron que no iba a poder, porque de las bajezas ajenas también se aprende.

Ercolano, Clarisa

Escuchas ilegales. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2015

(Investigación periodística)

EBook.

ISBN 978-950-07-5153-7

1. Investigación periodística. I. Título

CDD 070.4

Edición en formato digital: marzo de 2015

© 2015, Penguin Random House Grupo Editorial

Humberto I 555, Buenos Aires.

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ISBN 978-950-07-5153-7

Diseño de tapa: César Pucciarello

Conversión a formato digital: Libresque

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CLARISA ERCOLANO

Nació en Montevideo en junio de 1981. Es geminiana, hija única y periodista obsesiva. Se crió en San Jorge, estudió periodismo en Rosario y se especializó en una maestría en la Universidad de San Andrés que justificó su mudanza definitiva a Buenos Aires. Durante cinco años trabajó en el diario La Capital de Rosario, en la radio de ese mismo multimedio y en diversas tareas vinculadas a su profesión. En Buenos Aires fue movilera de Radio América, productora periodística en América Televisión y colaboradora para la revista Viva de Clarín y para diferentes secciones de los diarios Perfil, La Nación, Página/12, Tiempo Argentino, el semanario Noticias Urbanas, la revista Noticias y para el sitio web Narcisa.com y el sitio de investigación Plaza de Mayo.com. En radio, pasó también por Radio Palermo y Radio El Mundo. Actualmente es editora senior del diario MDZ On line y miembro de Fopea. Sus catarsis de género las canaliza en la revista femenina Victoria Rolanda. Se define como una convencida absoluta de que “todo puede hacerse si nos sacamos el miedo”. Escuchas ilegales es su primer libro.

Foto: © Cristian Minzer